“Día 44, presa en Brasil. En realidad, retenida, porque no estoy presa, no estoy en una cárcel, pero tengo una tobillera electrónica que parece un teléfono de tan grande. Y la verdad es que me siento muy del o.... Este fin de semana para mí ha sido crucial, la he pasado muy mal. He estado todos los tres días espantillada porque mis niveles de ansiedad iban cada vez más altos”, contó la joven.

“Es difícil estar sola, tener que ser yo sola la que se da la fuercita y decirse: ‘Arriba ese velón, arriba ese velón. Agostina, dale, levántate de la cama’”, continuó con su relato, mientras se alistaba para bajar al bar del edificio para pedirse algo de comer.

“Si bien tengo un acompañamiento de mi familia, de mi tía, de mi papá, de mis amigas, igual cuesta. (...) ¿Para qué me pongo mal si yo venía a contarles que me voy a bajar al bar a comer? Como les he dicho, estoy en un complejo que tiene un bar adentro y hoy mi tía me dice: ‘Te regalo el almuerzo, así que andá y pedite lo que quieras’“, dijo la abogada.

En ese sentido, reveló que algunos de los días de su arresto no comió y se mantuvo sólo con el consumo de mate, pese al pedido de su familia para que no dejara de ingerir alimentos. Sin embargo, el día que muestra en el video, optó por ir al restaurante del edificio y comer ñoquis con salsa boloñesa. En el medio, aprovechó nuevamente para pedir disculpas por sus actos discriminatorios en ese país y decir una vez más que no hay justificación para los gestos que hizo.

“Voy a ir así nomás (al bar) con la remera del pijama y un pantalón, colita, bien fiera. Me he clavado lentes porque todo el tiempo estoy tan sensible que lloro por todo. Me está pegando muy fuerte estos días. La estoy pasando del orto. Consecuencias de reacciones. No hay que reaccionar de la forma en que yo he reaccionado. De eso me arrepiento”, expresó.

Y continuó: “La reacción que no he podido controlar y estas son las consecuencias que estoy pagando y las asumo. Y sé que he estado mal. (...) Mi familia se preocupa mucho, obviamente tengo días que no como nada o que me tomo mate y nada más. Así que nada, vamos a ver qué voy a pedir”

“Para mi familia que dice que no como, me acabo de terminar un plato de ñoquis. Lo que pasa es que hay días que como y días que no como. Hoy ha tocado comer. Eso ha sido toda mi hazaña de hoy, comer. Y ahora me vuelvo al departamento”, finalizó Páez mientras camina por el pasillo que la conduce a la unidad donde pasó sus días presa.

El 1 de abril pasado, la joven abogada -oriunda de Santiago del Estero- regresó a Argentina, tras más de dos meses detenida en Brasil.

Agostina viajó junto a su equipo legal, entre quienes se encontraba su defensora Carla Junqueira, con quien compartió las primeras imágenes del retorno desde el aeropuerto brasileño. El arribo se produjo alrededor de las 19:20 en el Aeroparque Jorge Newbery.

El retorno de la joven a Argentina fue posible tras la decisión de la justicia brasileña de otorgarle un hábeas corpus, lo que le permitió salir de Brasil y aguardar la resolución final en Santiago del Estero. Para ello, Páez debió abonar una fianza de 20.000 dólares, transferencia que concretó este martes luego de que se aceptara el recurso presentado por su defensa.

El proceso judicial contra la abogada comenzó a mediados de enero, cuando fue denunciada por injuria racial en Río de Janeiro. La figura penal contempla penas de dos a cinco años de prisión. En la última audiencia, el tribunal decidió unificar los cargos, y la acusación pidió una condena de dos años, la mínima prevista.

Durante el proceso, la defensa solicitó que Páez pudiera regresar al país para cumplir tareas comunitarias desde Santiago del Estero. Tanto la querella como la fiscalía avalaron el pedido y ahora la jueza de la causa debe decidir si homologa el acuerdo.

Mientras tanto, Páez cuenta con permiso para permanecer en Argentina a la espera del veredicto, que podría conocerse a partir de mediados de este mes.

Un presunto conductor ebrio desató una larga persecución policial que abarcó varios condados del sur de California la noche del martes, poniendo en alerta a la Patrulla de Carreteras de California y a los habitantes de la región. Todo comenzó alrededor de las 20:40, cuando los agentes detectaron a una camioneta plateada zigzagueando en la autopista 91 en dirección oeste, a la altura de Anaheim, dentro del condado de Orange. La forma errática en la que el vehículo circulaba llevó a los oficiales a sospechar que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol, por lo que decidieron iniciar una persecución que rápidamente se transformó en un operativo de amplia escala.

La persecución se desencadenó tras la observación directa de los patrulleros, quienes advirtieron el peligro potencial que representaba el conductor para los demás usuarios de la vía. El hecho de que la camioneta no mantuviera una trayectoria recta y presentara movimientos bruscos fue el factor determinante para que los agentes elevaran el nivel de alerta, considerando la posibilidad de encontrarse ante un caso de conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas. En ese momento, se priorizó la seguridad pública, iniciando una acción coordinada que derivó en un extenso seguimiento a lo largo de distintas carreteras y jurisdicciones.

Los primeros minutos de la persecución estuvieron marcados por maniobras evasivas del conductor, quien no acató las señales de alto y continuó desplazándose a gran velocidad. El trayecto inicial se mantuvo sobre la autopista 91, pero pronto la situación se volvió más compleja. El vehículo, en lugar de detenerse, tomó rumbo norte y se adentró en el condado de Los Ángeles, ampliando el radio de acción de las fuerzas policiales. La ruta de escape no fue lineal ni predecible: tras pasar por Los Ángeles, el sospechoso regresó hacia el sur, dirigiéndose al Inland Empire, una vasta región que comprende zonas metropolitanas de Riverside y San Bernardino.

El recorrido incluyó tramos por la autopista 15 en dirección este, lo que llevó al conductor al condado de Riverside. Sin embargo, apenas unos minutos después, cambió de rumbo y se incorporó a la autopista 60, transitando hacia el condado de San Bernardino. Este ir y venir entre condados complicó la labor de coordinación de las patrullas involucradas, obligando a los agentes a mantener comunicación constante y ajustar la estrategia de seguimiento conforme el sospechoso iba cambiando de jurisdicción y autopista.

En medio de la persecución, el conductor volvió brevemente al condado de Riverside, saliendo de la autopista en la zona de Jurupa Valley. Esta parada no supuso el final del operativo, ya que el individuo retomó la autopista y cruzó nuevamente hacia San Bernardino, para después dirigirse otra vez al condado de Los Ángeles, específicamente al este del valle de San Gabriel. La movilidad del sospechoso, sumada a su aparente conocimiento de las conexiones entre autopistas, dificultó que los agentes pudieran anticipar el desenlace del operativo.

El extenso recorrido tuvo un nuevo giro cuando el conductor optó por regresar al condado de Orange, esta vez a través de la autopista 57. Este desplazamiento por un circuito de autopistas regionales mantuvo en vilo a los agentes durante varias horas, con el riesgo latente de que el conductor, presuntamente ebrio, pudiera provocar un accidente mayor o poner en peligro a otros automovilistas. Las autoridades siguieron de cerca cada movimiento, manteniendo la presión y estableciendo puntos de vigilancia en diferentes salidas y accesos a las principales vías de circulación.

Finalmente, poco antes de las 22:30, la persecución llegó a su desenlace. El sospechoso se incorporó a la autopista 22 y, tras recorrer un corto tramo, decidió salir y detenerse en una gasolinera en Garden Grove. Allí, los agentes de la Patrulla de Carreteras de California procedieron a su arresto sin que se reportaran incidentes adicionales. Hasta el momento, la identidad del individuo no ha sido dada a conocer por las autoridades.

El detenido no ofreció resistencia al momento de ser abordado por los uniformados, quienes lograron contener la situación y evitar que la persecución concluyera en un hecho violento. La intervención final en la gasolinera, tras más de dos horas de seguimiento constante, fue posible gracias a la coordinación y persistencia de los equipos desplegados. Este arresto puso fin a una secuencia de riesgos en carretera, donde el principal objetivo fue prevenir daños a terceros y restablecer el control del tránsito en las zonas afectadas.

Durante el desarrollo de la persecución, las imágenes mostraron hasta seis patrullas de la Patrulla de Caminos de California participando activamente en el seguimiento del vehículo. El despliegue de recursos y personal fue considerable, dado el carácter interjurisdiccional del incidente y la necesidad de mantener la seguridad en las diferentes autopistas por las que transitó el sospechoso. La coordinación entre los departamentos de los condados de Orange, Los Ángeles, Riverside y San Bernardino fue fundamental para evitar que el vehículo se perdiera en alguno de los múltiples accesos y salidas de las vías rápidas.

Las autopistas involucradas en la persecución incluyeron la 91, 605, 405, 71, 15 y 60, mostrando la magnitud del operativo y la complejidad logística que enfrentaron los agentes para mantener el control de la situación. El caso ilustra la capacidad de reacción y cooperación entre los distintos cuerpos de seguridad vial del sur de California ante situaciones de emergencia en la red de carreteras.

Un presunto enriquecimiento injustificado por $1.9 millones en perjuicio del Estado panameño mantiene bajo arresto domiciliario con impedimento de salida del país al exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, a quien la Corte Suprema de Justicia le rechazó una advertencia de inconstitucionalidad.

Mediante un edicto, la máxima corporación de justicia negó los cuestionamientos que de los artículos 39 y 44 del Código Penal hiciera la defensa legal de Carrizo, el abogado Pedro Meilán, señalando que la advertencia no cumplía con los requisitos para su admisión.

El artículo 39 del Código Penal panameño establece que no es culpable quien, conociendo las condiciones o las circunstancias del hecho que integran la conducta, por error invencible ignora su ilicitud.

Según el Ministerio Público, lo anterior significa que si una persona no puede comprender la licitud de su acción debido a un error invencible, no será considerado culpable de este hecho.

Por su parte, el artículo 44 del Código Penal señala que nadie podrá ser procesado ni penado por un hecho no descrito expresamente como delito por la ley vigente al tiempo de su comisión.

El Ministerio Público explica que ello significa que solo se pueden castigar conductas que estén claramente definidas en la ley penal panameña. Además, el artículo menciona que las infracciones de la ley penal se dividen en delitos y faltas, y que la ley penal se aplicará a los hechos punibles cometidos en el territorio nacional y en otros lugares sujetos a la jurisdicción del Estado.

El proceso penal al exvicepresidente José Gabriel Carrizo tiene su origen en un informe de la Contraloría General de la República, que en noviembre de 2025 ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias por hasta $1.3 millones, en el marco de una investigación administrativa por presunto enriquecimiento injustificado.

Posteriormente, la Contraloría remitió el expediente al Ministerio Público, elevando el caso a la esfera penal al detectar un supuesto incremento patrimonial no justificado que asciende a $1.9 millones.

Carrizo fue aprehendido el pasado 27 de enero a su regreso a Panamá procedente de Guatemala, en cumplimiento a una orden formal de aprehensión y conducción emitida por la Fiscalía Superior Anticorrupción, donde tenía previsto ser juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), acto que finalmente nunca se realizó.

Fue llevado a una audiencia de garantías en el Sistema Penal Acusatorio, donde se legalizó su aprehensión, se le imputaron cargos y se le impusieron las medidas cautelares que hoy cumple, y que también fueron confirmadas por el Tribunal Superior de Apelaciones.

José Gabriel Carrizo llegó a ocupar la vicepresidencia de la República de la mano de su mentor el expresidente Laurentino Cortizo durante el periodo 2019 al 2024.

Posteriormente, fue candidato a presidente por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) en las elecciones de 2024, adjudicándose tan solo el 5.88% de los votos del electorado, quedando de sexto entre ocho candidatos.

El ganador de las elecciones con un 34,23% de los votos fue el hoy presidente, José Raúl Mulino, cercano al expresidente Ricardo Martinelli, hoy asilado en Colombia.

La pérdida electoral de Carrizo fue catalogada como un “descalabro” para las aspiraciones de la vuelta al poder del PRD, partido fundado por el general Omar Torrijos Herrera en 1979.

En esa elección de 2024 participó Martín Torrijos, hijo del extinto militar, quien había sido presidente de 2004 a 2009 por el PRD, aunque en esta oportunidad corrió bajo la bandera del Partido Popular, de tendencia demócrata cristiana, en otrora acérrimo opositor a su padre.

El 19 de marzo, la Oficina de Relaciones con el Inmigración (ERO) de Los Ángeles arrestó a Orlando Antonio Olivar-Martínez, un ciudadano de El Salvador de 31 años, señalado por las autoridades como integrante de la organización criminal MS-13 y considerado presunto terrorista conocido. El arresto de Olivar-Martínez se produjo como parte de un operativo dirigido contra individuos con antecedentes delictivos graves y vínculos con agrupaciones consideradas peligrosas.

De acuerdo con el reporte del ICE, Olivar-Martínez presenta antecedentes penales en Estados Unidos por allanamiento de morada, daños a la propiedad y reingreso ilegal al territorio estadounidense. Las autoridades explicaron que el detenido había sido deportado previamente e ingresó nuevamente al país por vías irregulares, una acción considerada delito federal conforme a la normativa migratoria vigente.

La ERO, organismo dependiente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mantiene a Olivar-Martínez bajo custodia mientras avanza su proceso de deportación. El caso forma parte de una estrategia para identificar y remover a personas consideradas amenaza para la seguridad pública. “El arresto de personas con historial criminal y afiliaciones con pandillas es una prioridad para ICE”, señaló una fuente oficial a Reuters.

La identificación de Olivar-Martínez se logró mediante una investigación conjunta entre autoridades migratorias y agencias federales. En ese contexto, se estableció su presunta participación en actividades de la MS-13, catalogada como una de las pandillas de mayor presencia transnacional y violencia. El gobierno de EE.UU, mantiene desde hace años una política de cero tolerancia frente a integrantes de este tipo de organizaciones, según lo consignado por Associated Press.

El caso de Olivar-Martínez se suma a una serie de operativos recientes realizados por la ERO, en los que han sido detenidos varios miembros de grupos considerados terroristas o de alta peligrosidad.

Fuentes oficiales detallaron a Associated Press que en 2025, más de 2,000 personas con antecedentes similares fueron arrestadas en distintos puntos del país. Desde el organismo confirmaron que “el procedimiento de deportación seguirá su curso conforme a la ley, y el individuo permanecerá bajo custodia hasta su resolución”.

Casos recientes del ICE: arrestos de salvadoreños en Estados Unidos

En los últimos meses, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha incrementado sus operativos dirigidos a ciudadanos de El Salvador relacionados con delitos graves o agrupaciones delictivas. Según cifras oficiales, estas acciones han resultado en múltiples detenciones en diferentes ciudades del país.

A comienzos de marzo, Associated Press informó sobre la captura de varios salvadoreños identificados como miembros de la MS-13 en operativos simultáneos en Texas, Nueva York y California. Entre los casos destacados figura el de un hombre de 28 años detenido en Houston, buscado en El Salvador por homicidio agravado y otros delitos vinculados con organizaciones criminales.

En Nueva York, agentes arrestaron a otro ciudadano salvadoreño con antecedentes por extorsión y robo agravado, quien había ingresado de manera irregular. En Los Ángeles, además de la detención de Olivar-Martínez, el ICE reportó la aprehensión de dos salvadoreños identificados como colaboradores de células delictivas transnacionales.

Ambos individuos están en proceso de deportación y enfrentan cargos en Estados Unidos y en su país de origen. La cooperación con autoridades salvadoreñas ha facilitado la localización y captura de personas buscadas por la justicia centroamericana.

Un accidente fatal durante una discusión al interior de un vehículo terminó con un arresto que conmocionó al mundo del deporte adaptado en Estados Unidos: Dayton Webber, conocido por ser el primer cuadriamputado en competir a nivel profesional en la American Cornhole League, fue acusado de asesinar de un disparo a Bradrick Michael Wells mientras conducía en Maryland.

La situación impactó no solo a la liga deportiva, sino también a la opinión pública, debido al perfil de Webber como referente de superación personal en ámbitos deportivos inclusivos, un hecho que la propia liga calificó como “un asunto extremadamente grave”, según una declaración recogida por NBC News.

Poco después del incidente, las autoridades localizaron el cadáver de Wells, de 27 años, en el jardín de una residencia en Charlotte Hall, una zona situada aproximadamente a 22 kilómetros al este de La Plata, ciudad de residencia de ambos implicados; un dato confirmado por la oficina del sheriff del condado de Charles e informado por el medio estadounidense USA Today. Webber fue detenido en Charlottesville, Virginia, al ser identificado en un hospital donde buscaba atención médica por una condición no especificada.

Oficiales del condado de Albemarle arrestaron a Webber al recibir el alta médica, con cargos de fugitivo de la justicia y a la espera de extradición para enfrentar imputaciones por homicidio en primer y segundo grado, detalló NBC News.

Las horas críticas tras el disparo: reconstrucción de los hechos

El domingo 22 de marzo de 2026, según reportó el departamento del sheriff de Charles County al medio local WDBJ 7, cuatro personas viajaban juntas y mantenían una relación previa.

Testigos que iban en el asiento trasero aseguraron a la policía que Webber detuvo el vehículo tras el disparo y les pidió que le ayudaran a sacar el cuerpo de Wells. Los pasajeros se negaron y descendieron del auto para solicitar auxilio a la policía de La Plata. Este grupo de testigos constituye el eje sobre el cual la fiscalía construye su caso, como informaron varios medios estadounidenses.

Webber, de 27 años, huyó del lugar con la víctima aún en el automóvil, lo que precipitó un operativo policial a lo largo de diversas jurisdicciones. La búsqueda culminó aproximadamente dos horas después, cuando un residente de Charlotte Hall alertó al 911 sobre un cuerpo en su jardín. Las autoridades confirmaron que el fallecido era Bradrick Michael Wells, también de 27 años.

De símbolo de tenacidad a acusado de homicidio

La figura de Dayton James Webber trasciende por sus logros deportivos. Según un perfil publicado por ESPN en agosto de 2024, Webber perdió brazos y piernas con solo 10 meses de edad, tras sufrir una infección bacteriana que le dejó únicamente 3% de probabilidades de sobrevivir. El propio Webber explicó en el medio estadounidense TODAY en 2023 que la amputación total de sus extremidades fue el resultado de una grave infección por estreptococo neumonía en sangre.

Pese a la adversidad física, aprendió a escribir, conducir karts y finalmente alcanzar la elite del cornhole, disciplina en la que compite de manera profesional. Su canal de YouTube, verificado por el medio estadounidense NBC News, contiene vídeos en los que aparece disparando armas de fuego. Uno de los títulos señala: “No hands no feet shooting (Tiros sin usar las manos ni los pies)”, aludiendo explícitamente a su discapacidad.

La American Cornhole League lo llegó a calificar como “un ejemplo brillante de nuestro lema: cualquiera puede jugar, cualquiera puede ganar”, según se recoge en un video y declaraciones del año 2023.

El proceso judicial en marcha

Tras ser localizado en Virginia, Webber está actualmente bajo custodia y espera ser extraditado a Maryland. Las autoridades detallaron que se le imputarán cargos por homicidio en primer y segundo grado y otros asociados. El caso pone en el centro del debate la situación de personas con discapacidades y su representación en los medios y el deporte.

Hasta el momento, la defensa pública de Charles County y los abogados previos de Webber, quienes anteriormente lo representaron en asuntos de conducción con licencia restringida, no emitieron comentarios, de acuerdo con NBC News.

La American Cornhole League manifestó que continuará informando cuando lo considere apropiado, sosteniendo que sus pensamientos están con la familia y los seres queridos de Bradrick Michael Wells, frase citada por USA Today.

El material muestra la interacción del cantante con oficiales del departamento de policía del condado de Suffolk durante su detención. Según la grabación, un oficial le pidió al artista que revisara documentación antes de firmarla.

En ese momento, Timberlake bromeó sobre la indicación de su raza en el formulario. “¿Blanco?”, preguntó, para luego aclarar entre risas: “Es broma, es broma, hombre”.

En otro momento, mientras permanecía en la celda de detención, expresó que los oficiales eran “salvajes” al comunicarle que permanecería detenido hasta la mañana siguiente. “¿Todo la noche?”, preguntó, y tras la confirmación respondió: “Ustedes son salvajes, hombre”.

La grabación también revela que Justin Timberlake expresó sentirse tratado como un criminal y se negó a realizar una prueba química posterior al arresto.

“No, no voy a hacer la prueba química. Chicos, no quiero hacer daño. Ustedes me están tratando como si fuera un criminal”, dijo.

También consultó a los oficiales sobre los protocolos habituales para un arresto por manejar bajo la influencia del alcohol y preguntó si era normal que un detenido estuviera esposado.

El arresto se produjo luego de que el artista dejara el American Hotel and Restaurant en Sag Harbor, Nueva York, el 18 de junio de 2024. Además de la acusación por conducir ebrio, recibió dos citaciones: una por no detenerse en un señalamiento de alto y otra por no mantener su vehículo en el carril.

Su abogado, Edward Burke Jr., sostuvo que el cantante “no estaba intoxicado” al momento de la detención. Posteriormente, en septiembre de 2024, Justin alcanzó un acuerdo judicial y aceptó declararse culpable de un cargo menor.

Durante la detención, el cantante indicó que había consumido “un martini” antes de conducir y pidió a un oficial detalles sobre las infracciones que se le imputaban.

Tras la explicación de que no se detuvo en un alto, se desplazó fuera de su carril y se movió de forma continua hacia la izquierda, Timberlake comentó: “Bueno, solo estaba siguiendo a mis amigos”.

En otra parte de la grabación, agregó: “Aprecio que hagan su trabajo, hombre. Sí, agradezco que hagan su trabajo. Tomé un martini, seguí a mis amigos a casa y aprecio que hagan su trabajo”.

El material también muestra el momento del arresto inicial, cuando Justin Timberlake, que en ese momento encabezaba su gira Forget Tomorrow, intentó identificarse ante los oficiales.

Explicó que había estado usando un auto alquilado durante unos días y que se encontraba de gira mundial. Cuando el oficial pidió aclaración, el intérorete respondió: “Es difícil de explicar… um… soy Justin Timberlake”.

Anteriormente, el famoso había presentado una acción legal para impedir la publicación del video, alegando que la difusión de las imágenes de la cámara corporal vulneraría su privacidad.

Según el documento presentado en la Corte Suprema del Condado de Suffolk, la liberación del material “causaría un daño grave e irreparable a la reputación personal y profesional de Justin Timberlake, lo expondría a burlas y acoso público y no serviría a ningún interés público legítimo”.

La publicación del material proporciona un registro directo de la conducta y declaraciones del cantante durante su arresto, así como su interacción con los oficiales del departamento de policía del condado de Suffolk.

Una persecución registrada por cámaras del sistema C5i Hidalgo permitió la detención de cuatro personas señaladas por robo de vehículos en la zona metropolitana de Pachuca y carreteras federales, este martes 17 de febrero.

El episodio ocurrió en la zona conocida como Río de las Avenidas, donde elementos de la Policía Estatal interceptaron a los ocupantes de un Mazda 3, modelo antiguo, los cuales estarían relacionados con una serie de robos en la región.

El operativo, fue el resultado de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSP) y el sistema de videovigilancia C5i. Según informó la propia dependencia estatal, personal del C5i notificó en tiempo real a los agentes desplegados en campo sobre la ubicación precisa del vehículo sospechoso, lo que permitió iniciar la persecución y llevar a cabo el aseguramiento.

Detalles del operativo y perfil de los detenidos

De acuerdo con los reportes, los uniformados lograron interceptar y detener a cuatro individuos identificados con las siguientes iniciales:

• A. M. Q.
• G. G. G.
• J. L. G.
• S. I. A.

Los primeros indicios apuntan a que los arrestados serían originarios de Tlaxcala y del Estado de México.

En el momento de la detención, los agentes estatales aseguraron un arma corta -calibre 9mm- y varias dosis de distintas drogas en posesión de los detenidos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo destacó que la acción fue posible gracias a la coordinación operativa y al monitoreo constante de las cámaras urbanas, lo que permitió actuar de manera inmediata ante la presencia del vehículo sospechoso.

La persecución se desarrolló sobre una de las avenidas principales, con intervención de diferentes unidades de la Policía Estatal, que lograron cercar el Mazda 3.

El operativo concluyó con el aseguramiento del automóvil y la remisión de los detenidos ante las autoridades ministeriales.

Cómo fue la persecución

Un video compartido por la SSP Hidalgo revela el modo en que los elementos estatales lograron detener a los 4 presuntos robacoches.

Las cámaras de seguridad del estado muestran que eran las 7:43 de la mañana cuando se localizó el automóvil. Posteriormente, a las 8:01, una patrulla estatal realiza el acercamiento, por lo que los supuestos delincuentes aceleran su marcha.

En las imágenes se muestra como el conductor intenta evadir en diversas ocasiones a las fuerzas estatales, realizando cambios bruscos de carril y poniendo en riesgo a los automovilistas cercanos.

Por último, el mazda se encuentra con el trafico de la ciudad, por lo que los 4 sujetos salen corriendo. Tras la huida, los elementos realizaron un cerco en la zona y lograron detenerlos a pocos metros.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo confirmó que la investigación continuará para determinar la posible relación de los detenidos con otros hechos delictivos ocurridos en la zona metropolitana y en carreteras federales.

El portavoz del Servicio Secreto de Estados Unidos, Anthony Gugliemi, confirmó que varias entradas y calles cercanas a la Casa Blanca permanecieron cerradas de forma temporal durante la mañana, ya que agentes investigaban un vehículo sospechoso tras un incidente que involucró un choque en Lafayette Square, al norte de la residencia presidencial. Según informó CBS, el conductor del vehículo fue detenido en el lugar después de embestir su automóvil contra una zona de seguridad cercana a la sede presidencial en Washington DC, en un hecho que no dejó heridos.

De acuerdo con lo publicado por CBS y tal como detalló el Servicio Secreto, el suceso ocurrió poco antes de las 6:30 horas locales. La investigación inicial llevó a las autoridades a desalojar el área y restringir el acceso tanto de peatones como de vehículos, mientras los agentes aseguraban el perímetro y analizaban el automóvil implicado. La medida buscó garantizar la seguridad tanto del personal de la Casa Blanca como de los transeúntes habituales de la zona, una de las áreas más transitadas de la capital estadounidense por su proximidad al centro de gestión del gobierno federal.

La cadena CBS reportó que, tras la detención, las pesquisas se concentraron en descartar amenazas adicionales y determinar las motivaciones del conductor, aunque hasta el momento el Servicio Secreto no proporcionó más detalles sobre las causas que llevaron al individuo a embestir la barrera. El suceso provocó una rápida movilización de recursos policiales y técnicos para evaluar si existían explosivos u otros elementos de riesgo en el vehículo.

Este tipo de incidentes se ha repetido en distintas ocasiones en el entorno de la Casa Blanca, uno de los recintos con mayor nivel de seguridad en Estados Unidos. Según contextualizó CBS, en octubre del año pasado, una persona fue arrestada después de empotrar su auto contra una puerta destinada exclusivamente al acceso de vehículos del Servicio Secreto. Aquel episodio tampoco dejó heridos, pero generó interrupciones en el flujo habitual y reforzó los procedimientos de inspección del perímetro.

Otro antecedente destacado por CBS tuvo lugar en mayo de 2023, cuando un conductor embistió un camión contra una de las puertas de acceso de la Casa Blanca y, según las autoridades, manifestó su intención de asesinar al entonces presidente Joe Biden tras ser detenido. Dichos acontecimientos obligaron a realizar revisiones de los protocolos de seguridad y reforzaron el monitoreo de vehículos en los alrededores del complejo.

El incidente más reciente en Lafayette Square reaviva el debate sobre los desafíos de proteger instalaciones de alto perfil en Washington DC, donde las restricciones a la movilidad y las revisiones a conductores se han incrementado en los últimos años frente al aumento de episodios similares. Según reiteraron portavoces del Servicio Secreto y lo difundido por CBS, si bien en la mayoría de estos casos no se registraron víctimas, la respuesta inmediata forma parte de una política de tolerancia cero frente a riesgos potenciales en zonas sensibles.

El Servicio Secreto habitualmente refuerza la presencia policial y establece cierres intermitentes de accesos, una estrategia que, de acuerdo con lo reportado por CBS, pretende disuadir intentos de irrumpir en el complejo y garantizar la seguridad de los ocupantes y visitantes. El organismo reiteró a través de sus voceros que toda amenaza relacionada con la Casa Blanca se investiga de forma exhaustiva, sin importar si se trata de incidentes presuntamente accidentales o posibles actos deliberados.

Aunque tras este episodio no se han revelado información adicional sobre la identidad del detenido ni sobre posibles antecedentes, la investigación sigue su curso mientras el perímetro vuelve gradualmente a la normalidad. CBS señaló que el cierre afectó a turistas, trabajadores gubernamentales y habitantes de la zona, quienes debieron buscar rutas alternativas hasta que los accesos reabrieron poco después.

La seguridad en las inmediaciones de la Casa Blanca continúa en revisión permanente, con refuerzos tecnológicos y humanos, según ha documentado CBS en el seguimiento de casos previos. Desde la proliferación de incidentes como el de mayo de 2023, el Servicio Secreto aplica inspecciones aleatorias y refuerza los controles, aunque no comparte detalles estratégicos sobre sus procedimientos para no comprometer su eficacia.

Las autoridades insisten en que la actuación rápida y la coordinación de agencias de seguridad ha evitado hasta ahora consecuencias mayores en este tipo de incidentes, pese a la complejidad de operar en una zona urbana densa y con alto tráfico. CBS remarcó que la gestión inmediata de incidentes se considera prioritaria en la rutina diaria del Servicio Secreto, quien mantiene canales de comunicación con otras entidades policiales y de emergencia en Washington DC para responder frente a cualquier acción inusual cerca de la residencia presidencial.

La colisión se produjo aproximadamente a las 6:37 de la mañana, hora local (10:37 GMT), después de que el vehículo atravesara una barrera instalada en la avenida Connecticut, informó el MPD de acuerdo con la información publicada por EFE. Tras el incidente, los agentes establecieron un perímetro de seguridad y mantuvieron cerradas varias calles adyacentes a la Casa Blanca para asegurar la zona y proceder con las investigaciones correspondientes.

El despliegue de seguridad se desarrolló mientras el presidente Donald Trump seguía en la residencia oficial. De acuerdo con EFE, estaba previsto que el mandatario partiera cerca del mediodía hacia el estado de Kentucky, cumpliendo así uno de los puntos en su agenda nacional, que se produce en un momento en el que Estados Unidos mantiene una operación militar conjunta con Israel contra Irán.

El Departamento de Policía Metropolitana indicó que la respuesta de las fuerzas de seguridad tuvo como objetivo garantizar la integridad de los ocupantes de la Casa Blanca y de las personas que transitan por las inmediaciones. Pese a la magnitud del suceso, las autoridades confirmaron que no hubo lesionados como consecuencia del impacto.

Según consignó EFE, este suceso es el más reciente dentro de una serie de incidentes similares que han requerido la intervención tanto del Servicio Secreto como de la policía metropolitana. Un caso anterior ocurrió en enero, cuando un hombre fue arrestado en Ohio acusado de causar daños materiales y romper ventanas en la residencia del vicepresidente JD Vance, quien no se hallaba presente en el momento del hecho.

El incidente de la avenida Connecticut fue registrado en horas de la madrugada, lo que llevó al cierre de varios accesos y generó demoras en la movilidad habitual del entorno de la Casa Blanca. Las autoridades no ofrecieron detalles inmediatos sobre la identidad del conductor ni sobre sus posibles motivaciones, informó en su cobertura EFE.

La actuación coordinada del MPD y del Servicio Secreto estadounidense incluyó una inspección del vehículo involucrado para descartar cualquier riesgo adicional, detalló la agencia. A medida que avanzan las investigaciones, se mantienen bloqueados diversos puntos de acceso a las inmediaciones de la residencia presidencial, medida que busca prevenir posibles amenazas adicionales y proteger a los funcionarios.

El estricto dispositivo de seguridad implementado tras el impacto de la camioneta forma parte de los protocolos habituales en situaciones que comprometen la seguridad del área. El cierre de calles y el refuerzo de la vigilancia continuarán según los procedimientos establecidos hasta que concluyan las pesquisas, de acuerdo con lo que reportó EFE en su despacho desde Washington.

El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, agradeció y expresó su reconocimiento a las autoridades mexicanas tras la captura de Samuel Ramírez Jr., uno de los fugitivos incluidos en la lista de los 10 más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Según el embajador, la detención de Ramírez Jr. en Sinaloa, acusado de un doble homicidio en el estado de Washington, refuerza la cooperación bilateral en materia de seguridad y extradición.

Declaración del embajador Ronald Johnson

Ronald Johnson, jefe de la misión diplomática estadounidense en México, destacó públicamente la colaboración de las autoridades mexicanas y subrayó que “cuando nuestros países trabajan juntos y comparten información, los fugitivos no tienen dónde esconderse”.

El diplomático agradeció el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), institución encabezada por Omar García Harfuch, y resaltó que la acción es resultado de la cooperación impulsada por la Casa Blanca y el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Según Johnson, “la justicia prevalecerá”, tras la extradición de Samuel Ramírez Jr. a territorio estadounidense. Esta declaración, difundida a través de redes sociales, enfatiza la importancia de la alianza entre los dos países para combatir delitos transfronterizos.

Quién es el detenido buscado por el FBI en EEUU

Samuel Ramírez Jr., de 33 años, fue detenido el pasado 10 de marzo en Culiacán, Sinaloa, tras un operativo coordinado entre diversas fuerzas federales de México.

La captura, informada este 12 de marzo, se realizó apenas una hora y 13 minutos después de que Ramírez Jr. fuera incluido en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI, lo que representa el récord de arresto más rápido desde la creación de este programa.

El proceso se realizó bajo un esquema de cooperación internacional y seguimiento puntual a las alertas emitidas por las agencias estadounidenses.

Ramírez Jr. era requerido por un doble homicidio ocurrido el 21 de mayo de 2023 en el Stars Bar and Grill de Federal Way, Washington, donde murieron Jessyca Hohn y Katie Duhnke.

Las autoridades de EEUU señalaron que poco después del crimen, el sospechoso abandonó Estados Unidos.

Tras su arresto, Ramírez Jr. fue deportado para enfrentar cargos de asesinato en primer y segundo grado, así como intento de asesinato.

La recompensa ofrecida por información que llevara a su captura había sido elevada de 25 mil a 1 millón de dólares, esto al ser incluido en la lista de los más buscados.

Quinta captura en México de los más buscados por el FBI, en meses recientes

La detención de Samuel Ramírez Jr. eleva a cinco el número de integrantes de la lista de los 10 más buscados por el FBI que han sido capturados en México entre 2025 y el primer trimestre de 2026.

Los otros cuatro son Ryan Wedding, Alejandro Rosas Castillo, Daniel Alfredo “N” (alias “El Cubano”) y Francisco Javier Román Bardales (alias “El Veterano”).

• Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense, era buscado por homicidio, tráfico de drogas y lavado de dinero, y se le identificaba como uno de los principales enlaces extranjeros del Cártel de Sinaloa. Autoridades mexicanas señalan que se entregó en enero de 2026 en la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, aunque su defensa sostiene que fue capturado en un operativo conjunto entre las dos naciones.
• Alejandro Rosas Castillo fue arrestado en Pachuca, Hidalgo, el 17 de enero de 2026. Estaba acusado de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro, delitos cometidos en 2016. Según autoridades estadounidenses, asesinó a una excompañera de trabajo y huyó a México, donde fue capturado y extraditado.
• Daniel Alfredo “N”, conocido como “El Cubano”, era operador logístico del Cártel de Sinaloa y coordinaba envíos de drogas sintéticas hacia Estados Unidos. Fue detenido en Culiacán, Sinaloa, el 15 de enero de 2026 durante un operativo nocturno y extraditado poco después.
• Francisco Javier Román Bardales, alias “El Veterano”, líder de la Mara Salvatrucha (MS-13), fue arrestado en Veracruz el 17 de marzo de 2025. Se le acusaba de conspiración para cometer homicidio, extorsión y tráfico de personas, además de coordinar operaciones violentas y administrar rutas de tráfico de migrantes y drogas hacia Estados Unidos. Fue extraditado en menos de 48 horas después de su arresto.

Todos los capturados han sido extraditados, incluido el más reciente, Samuel Ramírez Jr.

Un operativo policial en el condado de Suffolk derivó en la detención de tres jóvenes de origen salvadoreño, quienes fueron sorprendidos portando cócteles Molotov durante una parada de tráfico en Central Islip, en las primeras horas del martes 10 de marzo.

Las autoridades locales investigan el alcance del incidente tras el hallazgo de artefactos incendiarios caseros en el interior de un automóvil, un hecho que reaviva el debate sobre la seguridad pública y la vigilancia migratoria en la región.

Según informó Newsday, agentes del Tercer Precinto interceptaron un Honda Accord 2008 alrededor de las 2:28 a.m. en la intersección de Lexington Avenue y Calebs Path debido a una conducción irregular. Durante la inspección, la policía localizó varias botellas de vidrio cargadas con combustible y un recipiente adicional con gasolina dentro del vehículo.

Los detenidos fueron identificados como:

• Elvis Osvaldo Romero-Martínez, de 20 años
• Brentwood; Albert Yanes-Morán, de 20 años
• Lorenzo Nohely Alvarado-Navarrete, de 18 años.

Proceso judicial y posible deportación: las claves legales tras la detención

De acuerdo con un reporte de News12 Long Island, los tres jóvenes enfrentan cargos por Posesión Criminal de un Arma en Tercer Grado, tipificado como delito grave de Clase D bajo las leyes del estado de Nueva York.

La legislación estatal prevé penas de hasta siete años de prisión para este tipo de delito. El proceso judicial se desarrollará íntegramente en territorio estadounidense, y, en caso de una sentencia condenatoria, los implicados deberán cumplir la totalidad de la pena antes de que intervengan las autoridades migratorias.

El caso ha generado interrogantes sobre el futuro migratorio de los acusados. Un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) explicó a El Diario NY que una condena por delito grave activa automáticamente una alerta migratoria.

Si los jóvenes son hallados culpables, podrían enfrentar la deportación permanente a El Salvador una vez finalizada su condena, salvo que un juez de inmigración ordene su expulsión anticipada durante el proceso judicial.

Libertad bajo palabra y aumento de la vigilancia en Long Island

Actualmente, los tres imputados se encuentran en libertad bajo palabra, luego de comparecer ante un tribunal local, en concordancia con las recientes reformas a las leyes de fianza en Nueva York.

Esta medida ha provocado críticas públicas del Fiscal de Distrito, Raymond Tierney, quien declaró: “Mi oficina trabajará para asegurar que quienes pongan en peligro a los ciudadanos enfrenten la justicia”, subrayando que, aunque no existe vinculación con terrorismo, la amenaza era tangible. Newsday detalló que la decisión de liberar a los jóvenes responde a la normativa vigente, la cual limita la prisión preventiva para ciertos delitos.

El caso se inserta en un contexto de aumento de la vigilancia sobre jóvenes inmigrantes en sectores como Long Island, donde las fuerzas del orden intensifican operativos ante incidentes previos vinculados a armas y artefactos incendiarios.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la relación de los involucrados con grupos delictivos organizados como la MS-13, aunque reconocen la preocupación social por la presencia de pandillas en la región.

“El peligro era real, y la vigilancia se mantendrá sobre este tipo de casos”, insistió el fiscal Tierney en declaraciones recogidas por News12 Long Island. Las investigaciones continúan para determinar si existen otros hechos relacionados o posibles vínculos con incidentes previos en la zona.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó este 11 de marzo la detención de una mujer identificada como Monstserrat “N”, acusada de tentativa acabada de homicidio, tras su presunta relación con el ataque armado contra la comandancia de la Policía Ministerial en Acapulco.

Según reportes de medios locales, el incidente del que se le acusa ocurrió el pasado 22 de febrero en la colonia Emiliano Zapata, cuando sujetos armados irrumpieron en la comandancia y abrieron fuego.

El operativo para detenerla fue encabezado por la FGE en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero (SSP).

Tras el hecho no se reportaron elementos fallecidos, únicamente con lesiones.

La FGE no detalló cuál habría sido el rol de la mujer detenida, ni si existe una presunta relación de esta con algún grupo criminal.

Investigación y coordinación interinstitucional

La FGE Guerrero precisó que la detención de Monstserrat “N” se logró tras obtener una orden de aprehensión.

La colaboración de distintas corporaciones federales y estatales permitió ejecutar la orden de aprehensión en el municipio de Acapulco de Juárez.

De acuerdo con el comunicado oficial, la imputada será puesta a disposición del Juez de Control que la requiere para determinar su situación jurídica conforme a derecho.

El ataque, según información publicada por el medio local por El Sol de Chilpancingo, se registró minutos después del mediodía en la calle 12 de la colonia Emiliano Zapata.

Testigos indicaron que los agresores arribaron al sitio a bordo de motocicletas y dispararon contra la comandancia, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

En el lugar se localizaron más de 30 casquillos percutidos de distintos calibres.

El comunicado de la Fiscalía General del Estado de Guerrero detalló que la agresión armada tuvo como víctimas a Jorge “N”, Liliana “N” y David “N”, todos integrantes de la institución policial.

Tras el ataque, elementos de seguridad acordonaron la zona para permitir las diligencias correspondientes, mientras peritos de la Fiscalía se encargaron del levantamiento y análisis de los indicios balísticos.

Compromiso institucional y acciones futuras

En el comunicado, la FGE Guerrero destacó el trabajo conjunto con la SEDENA, la Guardia Nacional, la SEMAR, la SSPC y la SSPGro.

La institución reafirmó su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atenten contra la vida, la integridad de las personas y las instituciones de procuración de justicia en la entidad.

La Fiscalía enfatizó que la detención de Monstserrat “N” representa un avance en las investigaciones sobre el ataque registrado en febrero y reiteró que continuará con las indagatorias para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

No es la primera vez que atacan la comandancia en Acapulco

En diciembre del 2021 la Comandancia Ministerial ubicada en la colonia Zapata sufrió una agresión similar.

En ese entonces, la Fiscalía del Estado señaló que los servidores públicos no se encontraban en las instalaciones, por lo que únicamente contabilizaban daños materiales.

El medio Quadrantín reportó en tal ocasión que fueron localizados 16 casquillos de calibre .223 y una granada, la cual no detonó. Al sitio acudió el escuadrón antibombas para retirar mediante protocolo el explosivo.

La fotografía de detención tomada tras el arresto de Britney Spears por conducir bajo la influencia del alcohol no será difundida públicamente. Según informes de medios locales, las autoridades del condado de Ventura, en California, decidieron mantener en privado la imagen de la cantante.

La razón de la reserva en la difusión se debe a que la foto tomada tras la detención de Spears no entra dentro de los criterios establecidos por el departamento “y se considera discrecional”, dijeron funcionarios de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura a Us Weekly. Según la política de la institución, tales imágenes conocidas como mugshots se hacen públicas principalmente cuando se trata de delitos violentos o cuando una persona representa una amenaza inmediata para la seguridad común. Los cargos que enfrenta Spears no corresponden a ninguna de esas categorías.

La medida evita que la cantante se sume a la larga lista de celebridades cuyas fotos policiales se han vuelto virales tras sus arrestos.

El incidente en la autopista

El arresto ocurrió la noche del miércoles 4 de marzo, cuando Spears fue detenida por agentes de la California Highway Patrol en el condado de Ventura. De acuerdo con una llamada al 911 que obtuvo el Daily Mail, los operadores recibieron reportes de un vehículo que conducía de forma errática en la autopista 101.

La llamada comenzó alrededor de las 8:13 p. m., cuando testigos alertaron que un sedán negro circulaba cambiando de carril de forma irregular. En la grabación, uno de los operadores describía el vehículo como “un sedán negro con frenadas erráticas, zigzagueando y sin una luz trasera”.

Minutos después, los agentes identificaron el automóvil como un BMW convertible negro modelo 2026. A las 9:13 p. m., el centro de despacho confirmó que la conductora había salido del automóvil y los oficiales comenzaron a hablar con ella. Finalmente, Spears fue detenida aproximadamente a las 9:30 p. m.

Según funcionarios de la patrulla de carreteras, la cantante tenía “signos de incapacidad” al manejar y accedió a realizar una serie de pruebas de sobriedad en el lugar. Durante el procedimiento, un agente solicitó la presencia de un experto en reconocimiento de drogas (DRE), un especialista entrenado para evaluar si un conductor está bajo la influencia de sustancias.

Cuando los oficiales detuvieron el vehículo, también encontraron pastillas de Adderall que la cantante habría comprado en México. Las autoridades indicaron que los comprimidos serán analizados para confirmar si se trata de Adderall puro o si contienen otras sustancias.

Spears fue trasladada a custodia esa misma noche y permaneció detenida durante varias horas. De acuerdo con Daily Mail, fue liberada alrededor de las 6 de la mañana del jueves. Fuentes citadas por MZ señalaron que la cantante se encontraba “extremadamente emocional” durante su estancia en la cárcel.

Tras el arresto, un representante de la artista declaró al Daily Mail que el incidente fue “desafortunado y completamente inexcusable” y aseguró que la cantante planea cumplir con la ley y tomar las medidas necesarias para afrontar la situación. Según esa misma versión, Spears estaría dispuesta a seguir un plan de tratamiento e incluso considerar ingresar a rehabilitación.

La intérprete de “Toxic” tiene programada una audiencia judicial para el 4 de mayo, donde deberá responder por el cargo de conducir en estado de ebriedad.

Britney Spears puso fin a su relación con el exconvicto Paul Soliz meses antes de ser detenida por presuntamente conducir bajo la influencia de sustancias en California.

La cantante de 44 años fue arrestada el miércoles 4 de marzo por la Patrulla de Caminos de California tras reportes de conducción errática, un incidente que quedó registrado en un despacho de emergencia 911.

Fuentes cercanas a la artista indicaron a TMZ que la relación intermitente entre Spears y Soliz terminó de manera discreta después de una serie de conflictos que generaron distancia entre ambos. Desde la ruptura, la pareja no ha tenido contacto, según los reportes.

Personas próximas a la intérprete de “Toxic” señalaron que, aunque la dedicación de Paul Soliz a sus hijos era considerada admirable, esto limitaba el tiempo que Britney Spears deseaba para ella misma.

La cantante había intentado integrarse a la vida de los hijos de su entonces pareja, pero finalmente se sintió relegada como prioridad, lo que contribuyó a la separación.

Fuentes cercanas también afirmaron que integrantes del círculo íntimo de la artista habían advertido que Paul podría no ser la pareja adecuada, opinión con la que Britney finalmente coincidió.

Actualmente, la cantante se encuentra soltera y, según los informantes, enfrenta la situación con sensación de soledad y afectada por experiencias pasadas.

La relación entre Britney Spears y Paul Soliz se inició tras su separación de Sam Asghari en 2023 cuando fueron vistos en diversas citas por Los Ángeles.

En mayo de 2024, un altercado en el hotel Chateau Marmont casi dejó a la cantante hospitalizada. La pareja se separó inicialmente en julio de 2024, se reconcilió brevemente en febrero de 2025, pero se distanció de manera definitiva pocos meses después.

En los dos últimos años, la residencia de la famosa ha sido escenario de 14 llamadas a la policía, según reportes de medios locales. Entre estos incidentes se incluyen alarmas, verificaciones de bienestar y reportes de intrusos.

La más reciente data del 23 de octubre de 2025, cuando se notificó un presunto allanamiento en curso. Los registros muestran que la propiedad ha recibido atención policial de manera frecuente desde principios de 2024.

Meses antes de su arresto por manejar bajo la influencia del alcohol, Britney Spears obtuvo una orden de restricción permanente contra un hombre que supuestamente acudió a su domicilio en Los Ángeles.

Además, fuentes informaron que la cantante despidió a varios miembros de su equipo de seguridad y de su grupo de apoyo a la sobriedad semanas antes del incidente, tras concretar un acuerdo por los derechos de su música y regresar a su hogar en Los Cabos, México.

El arresto de Britney Spears se produjo mientras conducía un BMW convertible negro de 2026. Según la grabación del 911, la policía rastreó su vehículo tras recibir reportes de maniobras erráticas y conducción sin luces traseras.

El seguimiento inició alrededor de las 20:13 y culminó una hora más tarde cuando la cantante fue detenida. Un especialista en reconocimiento de drogas fue solicitado para evaluar si la artista conducía bajo la influencia de alguna sustancia.

Tras el arresto, un representante de Spears declaró que se trató de “un incidente desafortunado y completamente inexcusable” y afirmó que la cantante seguirá los procedimientos legales correspondientes mientras recibe apoyo para su bienestar.

La detención de siete hombres armados y equipados con chalecos tácticos en el sector Valle Alto, al norte de Culiacán, marcó una nueva acción encabezada por el Ejército Mexicano en coordinación con el grupo interinstitucional en Sinaloa.

El operativo, realizado el 9 de marzo de 2026, se originó tras una denuncia anónima recibida a través del 089, que alertó a las autoridades sobre la presencia de personas armadas en un inmueble de la zona.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP Sinaloa), el operativo permitió asegurar armas largas, cargadores abastecidos, chalecos tácticos, placas balísticas, un vehículo con blindaje de fábrica y un inmueble.

Las autoridades no informaron si los 7 hombres detenidos estarían vinculados con alguna de las células criminales que operan en la región; entre las que destacan “La Mayiza”, “Los Chapitos” y los “Beltrán Leyva”.

Denuncia anónima y despliegue de fuerzas federales

El comunicado de la SSP Sinaloa destaca que la denuncia anónima recibida en el 089 resultó determinante para la respuesta inmediata de los cuerpos de seguridad.

Tras recibir el reporte sobre movimientos sospechosos en una vivienda del sector Valle Alto, las autoridades desplegaron un operativo táctico que culminó con la localización y detención de siete civiles en el lugar.

En el sitio, el personal militar aseguró un vehículo con blindaje de fábrica, que al ser revisado no presentó reporte de robo.

Además, los elementos hallaron lo siguiente:

• 7 armas largas
• 2 armas cortas
• 42 cargadores abastecidos
• Mil 260 cartuchos útiles
• 3 chalecos tácticos
• 6 placas balísticas
• Diverso equipo táctico

Indicios asegurados y traslado al Ministerio Público

Los detenidos y los indicios materiales decomisados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, dependiente de la Fiscalía General de la República.

Las diligencias ministeriales buscan determinar la procedencia del armamento y la posible relación de los hombres asegurados con estructuras delictivas que operan en la región.

Además, el inmueble intervenido quedó bajo resguardo de la autoridad federal para su inspección y procesamiento pericial. El objetivo es establecer el origen y el destino de las armas, cargadores y equipo táctico, así como recabar información relevante para las investigaciones en curso.

“Las instituciones de seguridad continuarán trabajando de manera coordinada para proteger a la sociedad”, señaló la SSP Sinaloa en el comunicado difundido tras el operativo.

Llamado a la denuncia ciudadana y continuidad de operativos

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para que utilice el 089 en caso de detectar situaciones sospechosas y el 911 para emergencias.

El comunicado de la SSP Sinaloa enfatiza que la colaboración ciudadana resulta fundamental para la efectividad de los operativos de seguridad y la prevención de hechos violentos.

La investigación ministerial permanece abierta, mientras se mantiene el resguardo del inmueble y de los bienes incautados por parte de las autoridades federales.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decidió extender hasta el lunes 9 de marzo la detención de la mujer arrestada en Las Palmas de Gran Canaria, quien fue localizada en horas nocturnas por el barrio de San Cristóbal llevando a su hija, una bebé de aproximadamente 20 meses, ya sin signos vitales. Según informó el TSJC, la investigación se mantiene bajo secreto de sumario mientras el Juzgado de Violencia Contra la Infancia y la Adolescencia de la ciudad dirige las diligencias para determinar las circunstancias que rodearon la muerte de la menor.

De acuerdo con lo publicado este sábado por el TSJC, la mujer ha permanecido bajo custodia policial desde su detención la noche del miércoles 4 de marzo. La intervención de las autoridades inició cuando varios vecinos advirtieron la presencia de la madre con la niña inmóvil en brazos y dieron aviso inmediato a la Policía Nacional. A su llegada, los agentes, junto a equipos sanitarios, intentaron reanimar a la pequeña en el lugar, trasladándola posteriormente al Hospital Universitario Materno-Infantil de Gran Canaria. El personal médico confirmó el fallecimiento de la niña tras su ingreso al centro hospitalario.

El medio informó que, tras constatarse la muerte de la menor, las fuerzas de seguridad abrieron una investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y el posible grado de implicación de la madre. La autoridad judicial de guardia, atendiendo a la gravedad de la situación y bajo solicitud de los investigadores, resolvió prorrogar la detención para permitir la continuación de las pesquisas sin restricciones procesales inmediatas.

Según consignó la Policía Nacional, el suceso provocó la intervención coordinada de diferentes cuerpos de emergencia, movilizados a raíz del aviso vecinal por la situación anómala de la mujer deambulando con la menor por un conocido barrio marinero de la capital grancanaria. El TSJC puntualizó que, debido a la naturaleza sensible del caso y a la investigación en curso, la instrucción del sumario permanece reservada, por lo que no se divulgan detalles específicos sobre las líneas investigativas ni sobre los primeros resultados periciales.

El caso fue asumido en su totalidad por el Juzgado de Violencia Contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, órgano especializado encargado de la tutela judicial durante la fase de instrucción. Según publicó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, este juzgado busca aportar claridad tanto acerca del desarrollo de los hechos como sobre la causa exacta del fallecimiento de la menor, cuestiones que permanecen sin esclarecer y sujetas a evaluación judicial y forense.

Tanto fuentes judiciales como policiales han reiterado, según informó el TSJC, que cualquier novedad relevante sobre el avance de la investigación se notificará en correspondencia con el levantamiento del secreto de sumario o una vez se haya producido una resolución judicial inicial. Hasta entonces, la madre continúa privada de libertad, a la espera de futuras decisiones en el marco de la instrucción penal.

Britney Spears fue arrestada bajo sospecha de conducir bajo los efectos de drogas y alcohol en California, un incidente que ocurrió en el condado de Ventura y que actualmente continúa bajo investigación por parte de las autoridades estatales.

Según un comunicado emitido por la Patrulla de Carreteras de California (CHP, por sus siglas en inglés), el hecho ocurrió cuando un BMW 430i negro conducido por la cantante fue reportado al centro de comunicaciones de la CHP en Ventura por presuntamente circular de manera errática y a alta velocidad.

Tras recibir el aviso, agentes detuvieron el vehículo para realizar una revisión.De acuerdo con el oficial Ryan Ayers, durante la intervención Spears mostró señales de posible alteración y accedió a someterse a una serie de pruebas de sobriedad en el lugar.

Posteriormente, fue arrestada bajo sospecha de conducir bajo la influencia de una combinación de drogas y alcohol. La cantante fue trasladada y registrada por las autoridades antes de ser liberada y regresar a su domicilio durante la madrugada del jueves 5 de marzo.

De acuerdo con una fuente citada por PEOPLE, la artista de 44 años busca fortalecer sus relaciones personales y pasar más tiempo con personas cercanas. Según esa misma persona, la cantante vive actualmente una etapa de aislamiento que, según indicó, ha tenido impacto en su bienestar emocional.

“No quiere nada más que estar rodeada de amigos. Ella vive una vida muy solitaria y eso no la ayuda emocionalmente. Anhela conexiones”, indicó la fuente.

También agregó que las personas suelen entrar y salir de su vida con frecuencia y que muchas de sus relaciones personales no se mantienen durante largos periodos.

“Muchas relaciones son de corta duración. Realmente le cuesta mantener amistades”, añadió la fuente.

Tras la detención, un representante de Britney Spears emitió posteriormente una declaración en la que calificó el arresto como “un incidente desafortunado que es completamente inexcusable”.

“Britney va a tomar las medidas correctas y cumplir con la ley, y esperamos que este pueda ser el primer paso hacia un cambio que lleva mucho tiempo pendiente en su vida. Esperamos que pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita durante este momento difícil”, señaló la representante.

Y añadió: “Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos van a desarrollar un plan necesario desde hace tiempo para ayudarla a lograr bienestar y estabilidad”.

El incidente ocurre en un contexto de varios cambios recientes en la vida personal y profesional de Spears. En noviembre de 2021, un juez del condado de Los Ángeles puso fin a la tutela legal que había estado vigente durante 13 años y que regulaba varios aspectos de su vida personal, médica y financiera.

El final de esa tutela marcó un cambio importante en la situación legal de la artista, quien desde entonces ha retomado el control directo sobre sus decisiones personales y financieras.

En el ámbito profesional, también se han registrado movimientos recientes relacionados con su carrera musical. El mes pasado se confirmó que Spears vendió su catálogo musical, aunque no se han hecho públicos los detalles financieros del acuerdo.

A través de su abogado, Kevin Federline se refirió recientemente al arresto de su exesposa Britney Spears, ocurrido el pasado 4 de marzo en el estado de California por sospecha de conducir bajo la influencia de alcohol y drogas.

Mark Vincent Kaplan, compartió una declaración con el medio TMZ en la que abordó la situación a nombre de su representado. En el mensaje, señaló que el exesposo de la cantante espera que la situación tenga un desenlace positivo.

“Kevin espera lo mejor para Britney y, si necesita ayuda, espera que ella no se resista ni a esa ayuda ni a las personas que intenten trabajar con ella. La preocupación es si esto es solo un hecho aislado o si se trata de uno más”, indicó.

El arresto ocurrió en la ciudad de Ventura. De acuerdo con un comunicado difundido por la California Highway Patrol, las autoridades recibieron un reporte sobre un vehículo que circulaba de forma errática y a alta velocidad.

Según la información oficial, el automóvil, un BMW 430i de color negro, fue reportado al centro de comunicaciones de la patrulla de carreteras antes de que los agentes procedieran a detenerlo.

El comunicado policial indicó que la conductora, identificada como Britney Spears, de 44 años, presentaba signos de posible deterioro al momento de la detención. De acuerdo con el informe, la cantante accedió a realizar una serie de pruebas de sobriedad en el lugar.

Posteriormente fue arrestada bajo sospecha de conducir bajo la influencia de una combinación de drogas y alcohol, lo que en Estados Unidos se conoce como DUI. Tras el procedimiento, la artista fue fichada por las autoridades.

Las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación y que los resultados de las pruebas químicas realizadas después del arresto aún están pendientes. Spears fue liberada y regresó a su domicilio durante la madrugada del mismo 4 de marzo.

Un representante de la cantante emitió posteriormente una declaración sobre el incidente. En el mensaje, calificó lo ocurrido como “un incidente desafortunado que es completamente inexcusable”.

“Britney va a tomar las medidas correctas y cumplir con la ley, y esperamos que este pueda ser el primer paso hacia un cambio que desde hace tiempo necesita ocurrir en su vida”, indicó el comunicado.

Y añadió: “Sus hijos van a pasar tiempo con ella. Sus seres queridos van a elaborar un plan necesario desde hace tiempo para ayudarla a avanzar hacia el bienestar”.

Tras el arresto, una fuente citada por TMZ señaló que la cantante se encontraba afectada emocionalmente por la situación. Según esa versión, Britney se sentía “muy emocional y arrepentida” al día siguiente del incidente.

La misma fuente indicó que la artista también estaba preocupada por el impacto que la situación podría tener en su relación con sus hijos. “Está avergonzada por cómo esto podría afectarlos. Los ama mucho y nunca quiere que sientan que los está decepcionando”, señaló el informante.

Federline, de 47 años, y Spears estuvieron casados entre 2004 y 2007. Durante su relación tuvieron dos hijos: Sean Preston Federline, de 20 años, y Jayden James Federline, de 19 años.

El nombre de Britney Spears volvió a generar revuelo en redes después de que la cantante fuese arrestada en California bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

El arresto, realizado por la Patrulla de Caminos estatal en el condado de Ventura, marcó el episodio más reciente de una larga relación de la estrella del pop con la polémica y con las autoridades.

El arresto de Spears ocurrió durante la madrugada del 4 de marzo cerca de su vivienda en el condado de Ventura. De acuerdo con el Departamento del Sheriff, la cantante fue ingresada en la cárcel a las 3:03 a.m. y posteriormente liberada a las 6:07 a.m. del mismo día.

Las autoridades también confirmaron que la próxima audiencia judicial relacionada con el caso está programada para el lunes 4 de mayo.

Tras conocerse el arresto, un representante de Britney Spears emitió una declaración a Us Weekly el jueves 5 de marzo. En el comunicado se señaló que el incidente fue “lamentable” y que la artista planea cumplir con los procedimientos legales correspondientes.

“Britney va a tomar las medidas correctas y cumplir con la ley. Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para un cambio tan esperado en su vida", indicó.

Y añadió: “Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles. Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario para que alcance el éxito y el bienestar”.

Aunque Spears no ha acumulado una larga lista de condenas penales, su vida pública ha estado atravesada por incidentes con la policía, enfrentamientos con paparazzi y, sobre todo, una intensa batalla legal con su exesposo, el bailarín y rapero Kevin Federline, por la custodia de sus dos hijos.

A continuación, algunos de los enfrentamientos más intensos de la cantante con la ley y el escrutinio público.

Britney Spears condujo con su hijo Sean Preston en el regazo

Uno de los momentos más polémicos de Britney ocurrió en 2006, cuando fue fotografiada conduciendo con su hijo Sean Preston en el regazo, un episodio que generó una fuerte reacción mediática y fue duramente criticado por especialistas en seguridad infantil.

En ese momento, la cantante tenía 24 años y su hijo tenía aproximadamente cuatro meses.

Fotografías publicadas por medios y agencias de paparazzi mostraron a la artista conduciendo un SUV en Malibu, California, mientras sostenía al bebé en su regazo en lugar de llevarlo en un asiento infantil en la parte trasera del vehículo, como exigen las normas de seguridad vial.

Tras la difusión de las fotografías, la famosa declaró que la decisión ocurrió durante un momento de tensión con fotógrafos que la seguían.

En una entrevista con Access Hollywood, Britney Spears explicó que había tenido un “horrible y aterrador encuentro con los paparazzi” y que actuó por instinto para salir de la situación. “Cometí un error y supongo que es lo que es”, sentenció.

Sin embargo, X17, la agencia que tomó las fotos, dijo que se tomaron “en un contexto muy pacífico, en el que los fotógrafos no exhibieron un comportamiento agresivo”.

Pese a que violó las leyes viales, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles indicó que no presentaría cargos relacionados con el incidente.

La vez que golpeó el vehículo de un paparazzi con una sombrilla

El 21 de febrero de 2007, Britney Spears se acercó a un automóvil perteneciente a un fotógrafo y golpeó repetidamente el vehículo con una sombrilla metálica. El hecho ocurrió en un estacionamiento de una estación de servicio en Tarzana, un barrio del Valle de San Fernando en Los Ángeles.

En ese momento, Spears atravesaba un periodo de intensa atención mediática relacionada con su vida personal. La cantante se encontraba en medio de su proceso de divorcio de Kevin Federline y de disputas relacionadas con la custodia de sus dos hijos.

Durante esos meses, la artista era seguida de forma constante por fotógrafos y equipos de video. Las imágenes del incidente con la sombrilla circularon ampliamente en tabloides, canales de televisión y sitios web de celebridades.

De hecho, una noche antes, Britney Spears se afeitó la cabeza en el salón de belleza Esther’s Haircutting Studio, un hecho que también generó amplia cobertura mediática.

El propio paparazzi cuyo vehículo fue golpeado posteriormente restó importancia al incidente y señaló públicamente que no tenía intención de presentar cargos.

El choque y la fuga que agravó su pelea por la custodia de sus hijos

El hecho ocurrió el 6 de agosto de 2007 en un estacionamiento de Los Ángeles, cuando Britney Spears intentaba estacionar su automóvil. De acuerdo con reportes policiales y videos difundidos por paparazzi, la cantante golpeó un vehículo estacionado mientras realizaba la maniobra.

Las imágenes mostraban a la famosa descendiendo de su vehículo y revisando brevemente el daño antes de retirarse del lugar sin dejar datos de identificación ni contactar al propietario del automóvil afectado.

Es así que en octubre de 2007, la fiscalía de la ciudad de Los Ángeles presentó dos cargos menores contra Spears: uno por golpear un vehículo estacionado y el segundo por abandonar el lugar de un accidente.

Estos cargos estaban relacionados con normas de tránsito de California que exigen que un conductor proporcione información o intente localizar al propietario cuando se produce un choque con un vehículo estacionado.

Sin embargo, Britney no compareció inicialmente ante el tribunal cuando fue citada para responder a las acusaciones, lo que llevó a que el juez emitiera una orden de arresto, aunque posteriormente fue retirada después de que pagara una fianza y el proceso continuara.

Durante el procedimiento judicial, la defensa argumentó que la cantante no sabía que debía proporcionar información en ese tipo de situación. El caso se resolvió en diciembre de 2007, cuando Spears aceptó un acuerdo judicial.

Como parte del acuerdo, la cantante fue sentenciada un año de libertad condicional, así como tomar clases de conducción y seguridad vial. Además, la artista pagó 1000 dólares a la dueña del vehículo afectado.

Pese a que la intérprete de “Toxic” se hizo responsable, en octubre de 2007, un juez determinó que Kevin Federline debía tener la custodia principal de los dos hijos que tuvieron en común.

El tribunal argumentó que la medida respondía al interés superior de los menores, citando preocupaciones sobre el entorno en el que vivían durante las visitas con su madre.

El matrimonio relámpago con Kevin Federline

Para entender el origen de muchos de los conflictos legales que marcaron la vida de Spears, hay que retroceder a 2004, cuando la artista sorprendió al mundo al iniciar una relación con Kevin Federline, entonces bailarín de respaldo.

La relación avanzó rápidamente. Ese mismo año la pareja se comprometió y contrajo matrimonio en una ceremonia privada en California. En los meses siguientes se convirtieron en una de las parejas más perseguidas por los paparazzi.

Entre 2005 y 2006 nacieron sus dos hijos: Sean Preston y Jayden James, lo que en principio parecía consolidar la relación familiar. Sin embargo, el matrimonio se deterioró con la misma rapidez con la que había comenzado.

En noviembre de 2006, Spears solicitó el divorcio alegando “diferencias irreconciliables”. Lo que siguió fue una guerra legal por la custodia de los niños que acaparó titulares durante meses.

Tras la separación, Spears y Federline comenzaron un proceso judicial para determinar quién tendría la custodia principal de los menores.

En un principio, el tribunal estableció un acuerdo de custodia compartida, permitiendo que ambos padres convivieran con los niños en igualdad de condiciones. Sin embargo, la situación se complicó rápidamente.

Durante 2007, la cantante atravesaba una etapa personal particularmente caótica: persecuciones constantes de paparazzi, salidas nocturnas captadas por los medios y episodios que despertaron preocupación pública sobre su estabilidad emocional.

Los abogados de Federline utilizaron esa situación para argumentar ante la corte que Spears no estaba en condiciones de garantizar un entorno estable para los menores.

La policía llegó hasta el domicilio de Britney Spears

El 3 de enero de 2008, Britney Spears tenía programado devolver a sus hijos —Sean Preston y Jayden James — a su padre, Kevin Federline, después de una visita de custodia.

Sin embargo, cuando llegó el momento de entregarlos en su casa en Los Ángeles, la famosa se negó a devolver a uno de los niños, lo que llevó a que el equipo de seguridad de Federline llamara a la policía.

De acuerdo con los reportes de la época, la cantante permaneció durante horas dentro de su casa con el niño mientras agentes y negociadores intentaban resolver la situación.

Finalmente, la cantante fue trasladada a un hospital para una evaluación médica, mientras el menor era entregado a su padre. Según reportes de la época, Britney fue ingresada temporalmente bajo una retención psiquiátrica involuntaria de 72 horas, conocida en California como “5150”.

En entrevistas posteriores, Federline incluso señaló que, pese a los conflictos del pasado, lo más importante para ambos era el bienestar de Sean Preston y Jayden James.

Britney Spears fue arrestada el miércoles 4 de marzo en el condado de Ventura, en Ventura County, California, bajo el cargo de conducir bajo la influencia (DUI), según información proporcionada por la oficina del sheriff local.

El hecho ocurre después de que registros policiales señalaran múltiples llamadas previas a las autoridades relacionadas con su domicilio en la zona.

De acuerdo con datos publicados por The California Post, desde el 1 de enero de 2024 se registraron 14 llamadas al Departamento del Sheriff del condado de Ventura vinculadas a la residencia de la artista en el sur de California.

La publicación indicó que no está confirmado cuántos de esos reportes estuvieron directamente relacionados con la cantante, quien actualmente tiene 44 años.

Entre los registros mencionados figura una llamada para una verificación de bienestar realizada en septiembre de 2025. Según la información disponible, esa solicitud fue posteriormente cancelada.

Asimismo, se reportaron dos verificaciones de bienestar el mismo día en noviembre de 2024; la segunda también fue cancelada.

El reporte más reciente vinculado al domicilio fue registrado alrededor de la medianoche del 23 de octubre de 2025. En ese caso, el motivo consignado fue una presunta invasión de propiedad en curso. No se han dado a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias de ese incidente.

El arresto de Spears ocurrió durante la madrugada del 4 de marzo cerca de su vivienda en el condado de Ventura. De acuerdo con el Departamento del Sheriff, la cantante fue ingresada en la cárcel a las 3:03 a.m. y posteriormente liberada a las 6:07 a.m. del mismo día.

Las autoridades también confirmaron que la próxima audiencia judicial relacionada con el caso está programada para el lunes 4 de mayo. Según una fuente familiar citada por Us Weekly, allegados a Spears consideran que el episodio podría representar un punto de inflexión para la cantante.

Tras conocerse el arresto, un representante de Britney Spears emitió una declaración a Us Weekly el jueves 5 de marzo. En el comunicado se señaló que el incidente fue “lamentable” y que la artista planea cumplir con los procedimientos legales correspondientes.

“Britney va a tomar las medidas correctas y cumplir con la ley. Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para un cambio tan esperado en su vida", indicó.

Y añadió: “Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles. Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario para que alcance el éxito y el bienestar”.

La noticia del arresto se produce casi cinco años después del final de la tutela legal que controló aspectos personales y financieros de la artista durante más de una década. Ese proceso concluyó en noviembre de 2021 tras una decisión judicial que puso fin al arreglo legal que había estado vigente desde 2008.

En los años posteriores al término de la tutela, Britney Spears ha mantenido un perfil público más bajo. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, la artista ha pasado gran parte de ese tiempo en el sur de California intentando fortalecer su relación con sus hijos.

Justin Timberlake presentó una demanda para impedir la difusión de imágenes captadas por cámaras corporales policiales durante su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol en 2024 en Nueva York.

La acción legal, interpuesta el lunes contra el pueblo de Sag Harbor y su departamento de policía, sostiene que la divulgación del material afectaría de manera significativa la privacidad del artista al exponer “detalles íntimos, altamente personales y sensibles”.

Según el documento judicial, la publicación del video también provocaría “daño severo e irreparable” a su reputación al someterlo a “burla pública y acoso”.

En la demanda se indica que las grabaciones muestran al cantante en un “estado agudamente vulnerable” durante el encuentro en carretera con las autoridades.

El texto señala que las imágenes incluyen detalles sobre su apariencia física, comportamiento, forma de hablar y desempeño durante las pruebas de sobriedad en el lugar, así como momentos posteriores a su arresto y durante su permanencia bajo custodia en las horas siguientes.

Una audiencia se celebró el lunes 2 de marzo en un tribunal estatal en Riverhead. De acuerdo con Vincent Toomey, abogado que representa a Sag Harbor, el juez Joseph Farneti no emitió un fallo inmediato.

En su lugar, solicitó a ambas partes que dialoguen para explorar una posible resolución y que informen nuevamente ante el tribunal más adelante en la semana.

El exintegrante del grupo NSYNC se declaró culpable en septiembre de 2024 de un cargo relacionado con conducción en estado de deterioro. El acuerdo judicial redujo la acusación inicial por un delito menor a una infracción de tránsito no penal.

Según la policía, el incidente ocurrió en junio de 2024 cuando Justin Timberlake presuntamente no respetó una señal de alto en el centro de Sag Harbor, se desvió de su carril y fue detenido mientras conducía un BMW. Las autoridades indicaron que el cantante presentaba olor a alcohol al salir del vehículo.

De acuerdo con los reportes policiales, el artista manifestó a los agentes que había consumido un martini y que seguía a unos amigos de regreso a sus hogares en la zona.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Timberlake aceptó participar en un anuncio de servicio público sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol.

Además, fue sentenciado a pagar una multa de 500 dólares, cumplir 25 horas de servicio comunitario y enfrentar la suspensión de su licencia de conducir por 90 días.

Tras su comparecencia judicial en 2024, el cantante declaró públicamente: “Incluso si has tomado una sola bebida, no te pongas al volante”. Añadió que esperaba que otras personas pudieran aprender de su experiencia.

En la nueva demanda, los abogados de Justin Timberlake afirman que fueron notificados el domingo de la intención de las autoridades locales de divulgar parte de las grabaciones, con ciertas ediciones, para cumplir con solicitudes de acceso a registros públicos.

El material total, según el escrito, abarca aproximadamente ocho horas e incluye la detención inicial, el interrogatorio policial, las pruebas de sobriedad y el arresto.

El alcalde de Sag Harbor, Thomas Gardella, señaló que las autoridades revisaron cuidadosamente el contenido para garantizar que no se divulgara información que pudiera poner en riesgo a agentes o al público.

Asimismo, indicó que la ley estatal de acceso a la información generalmente exige la publicación de grabaciones de cámaras corporales policiales.

El tribunal deberá determinar si la difusión parcial del material procede conforme a la legislación vigente o si prevalecen los argumentos de privacidad planteados por la defensa del artista.

Elijah Blue Allman, hijo de la cantante Cher, fue arrestado nuevamente tras incidentes recientes en el estado de New Hampshire, según información obtenida por TMZ.

El pasado domingo 1 de marzo, Allman fue detenido bajo cargos de robo con agravantes en Windham, apenas dos días después de ser arrestado el viernes por presunto asalto.

De acuerdo con los documentos policiales, Allman ingresó a una vivienda en Windham, lo que llevó a que una de las residentes se refugiara en un armario durante el incidente.

Los oficiales del Concord Police Department llegaron al lugar y encontraron a Elijah sentado en el sofá de la sala, fumando un cigarrillo. Según el reporte, fue arrestado sin resistencia y no se reportaron objetos faltantes dentro de la vivienda.

Aunque no se registró robo alguno, la policía indicó que el acusado habría causado daños materiales estimados en unos 1,700 dólares a la puerta de la casa y cerca de 1,000 dólares a una alfombra, luego de que un cigarrillo encendido cayera sobre esta última.

El arresto del domingo se suma al de viernes 27 de febrero, cuando Elijah Blue Allman fue liberado sin necesidad de pagar fianza tras ser imputado por dos cargos de asalto simple y un cargo por invasión de propiedad, además de amenazas criminales y conducta desordenada.

En esa ocasión, la detención se produjo en la escuela preparatoria St. Paul’s, en Concord, donde el músico de 49 años habría generado un disturbio en el comedor del centro educativo.

Los oficiales indicaron que no tiene vínculo formal con la institución y que se desconocen los motivos de su presencia en el lugar.

Las fuentes citadas por TMZ indicaron que las autoridades continúan investigando las circunstancias de los hechos y evaluando posibles medidas legales adicionales.

Cabe destacar que la salud mental y el historial de adicciones de Allman han sido foco de atención pública desde diciembre de 2023, cuando Cher solicitó una tutela temporal sobre su patrimonio, argumentando que su hijo enfrentaba serios problemas de consumo de sustancias y desequilibrios emocionales.

Sin embargo, madre e hijo llegaron posteriormente a un acuerdo privado y la interprete de “Believe” retiró la petición voluntariamente.

“Este resultado permite que las partes se enfoquen en sanar y reconstruir sus vínculos familiares, un proceso que comenzó durante la mediación y continúa hoy en día”, indicaron los abogados de Allman, Avi Levy y Steven Brumer, en un comunicado proporcionado a la revista PEOPLE.

Ese mismo año, Marieangela King afirmó ante un tribunal que Cher habría contratado a cuatro hombres para sacar a Elijah de su habitación de hotel, en un intento por intervenir en su situación de salud.

Aunque, la cantante negó tajantemente esa versión y prefirió no ahondar en detalles: “Ese rumor no es cierto”, puntualizó.

En una declaración anterior, la famosa habló con franqueza sobre el dolor de ver a un hijo luchar contra sus demonios.

“No estoy sufriendo por algo que millones de personas en Estados Unidos no sufran. Soy una madre. Mi trabajo, de una forma u otra, es intentar ayudar a mis hijos. Harías cualquier cosa por ellos. Cuando puedes ayudarlos, simplemente lo haces, porque eso es ser madre”, expresó.

Sin embargo, la estrella de Mamma Mia! 2 admitió que su obligación como madre la lleva a apoyar siempre a sus hijos.

Shia LaBeouf se refirió públicamente a su arresto del 17 de febrero en Nueva Orleans y afirmó que no considera que tenga un “problema con la bebida”. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con el canal de YouTube Channel 5, conducida por Andrew Callaghan.

Durante la conversación, el intérprete de 39 años abordó el incidente ocurrido durante las celebraciones de Mardi Gras en el barrio francés de la ciudad. El actor señaló que no justifica la conducta que derivó en su detención y reconoció su responsabilidad en lo sucedido.

“Mi comportamiento fue una tontería. Tengo que lidiar con eso. ¿Eso significa que tengo que volver a rehabilitación? No me interesa. No creo que mis respuestas estén ahí. Si realmente lo creyera, iría”, afirmó.

El actor también explicó que, a su juicio, sus dificultades están más relacionadas con cuestiones de ira que con el consumo de alcohol.

“No creo que tenga un problema con la bebida. Creo que tengo un problema diferente y voy a abordarlo. Creo que tengo un complejo de hombre pequeño. Creo que tiene que ver más con la ira y el ego que con mi consumo de alcohol”, sostuvo.

Y añadió: “En ese punto me encuentro ahora mismo en mi camino y estoy intentando navegarlo. Lo resolveré”.

Por si fuera poco, Shia LaBeouf señaló además que no ha estado sobrio durante aproximadamente nueve meses. Indicó que el incidente que motivó su arresto fue responsabilidad suya.

El 17 de febrero, el actor fue detenido bajo dos cargos menores de agresión simple tras un altercado en el establecimiento Royal Street Inn & R Bar, en el contexto de las festividades de Mardi Gras.

De acuerdo con un informe policial inicial obtenido por medios estadounidenses, una de las presuntas víctimas declaró haber sido golpeada en el rostro con el puño cerrado, lo que habría provocado una posible dislocación de la nariz.

El informe también señala que LaBeouf habría utilizado en varias ocasiones un insulto homofóbico durante el incidente.

Como condiciones para su liberación, el actor fue obligado a inscribirse en un programa de tratamiento por abuso de sustancias, someterse a pruebas de detección de drogas y pagar una fianza de 100 mil dólares.

El 28 de febrero, Shia LaBeouf fue arrestado nuevamente en Nueva Orleans tras ser acusado de un cargo adicional de agresión simple relacionado con el mismo episodio del 17 de febrero.

Una orden de arresto fue emitida el 27 de febrero por este nuevo cargo. El actor se entregó voluntariamente a las autoridades antes de una audiencia de fianza y pagó una caución de 5 mil dólares, tras lo cual fue liberado.

LaBeouf ha enfrentado incidentes legales anteriores en distintos estados de Estados Unidos. En esta ocasión, el proceso judicial continuará en los tribunales de Luisiana, donde deberán resolverse los cargos pendientes.

Las próximas audiencias judiciales determinarán el avance del caso relacionado con los hechos ocurridos durante las celebraciones de Mardi Gras en Nueva Orleans.

Un grupo de personas presentes en un mercadillo de Fuengirola intervino al advertir que un hombre intentaba alejarse con una niña de cinco años. Esta acción permitió retener al individuo hasta que la Policía Local acudió y efectuó la detención, según informó Europa Press. El incidente se produjo este domingo en uno de los mercados populares del municipio malagueño, donde la niña acompañaba a su padre, quien es comerciante en uno de los puestos.

De acuerdo con Europa Press, los hechos ocurrieron cuando familiares de la menor y otros testigos notaron que el hombre, un ciudadano de unos 45 años y origen finlandés, se aproximaba a la niña e intentaba llevársela del lugar. Los familiares y visitantes del mercadillo actuaron con rapidez y lograron impedir que el individuo escapara con la menor.

La Policía Local de Fuengirola llegó al lugar poco después. Tras constatar la situación y recabar testimonios, los agentes arrestaron al sospechoso. Posteriormente, el hombre fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial, de acuerdo a lo que detalló Europa Press. Las autoridades abrieron una investigación judicial para esclarecer las circunstancias exactas del intento de secuestro y determinar la posible implicación del detenido en los hechos.

Según consignó Europa Press, la rápida reacción tanto de los familiares como de otros presentes resultó decisiva para evitar que el sospechoso abandonara el mercado junto a la menor. Las fuentes consultadas precisaron que la intervención evitó que el posible secuestro se consumara y facilitó la pronta actuación policial.

El caso ha generado una investigación para recabar más datos sobre el detenido y su posible relación con la niña o sus familiares. Las autoridades judiciales examinarán los motivos del detenido y las pruebas aportadas por los testigos, así como cualquier antecedente relevante para esclarecer el intento de sustracción. Europa Press indicó que el hombre de origen finlandés continúa a disposición de las instancias judiciales, en tanto avanzan las diligencias correspondientes.

La presencia de testigos y la acción colectiva de los asistentes permitieron neutralizar la amenaza de manera inmediata. Según informó Europa Press, los testigos colaboraron con la Policía proporcionando descripciones y detalles sobre el momento en que el detenido intentó llevarse a la menor, datos clave para la investigación en curso y la posterior toma de declaraciones.

El Ayuntamiento de Fuengirola y las fuerzas de seguridad locales no han emitido declaraciones adicionales mientras sigue abierta la investigación. Según publicó Europa Press, la menor ya se encuentra a salvo junto a su familia después del susto sufrido en la jornada dominical.

La Policía Local, de acuerdo con lo reportado por Europa Press, ha reforzado su presencia y sus labores de vigilancia en los puntos de mayor afluencia en el municipio, especialmente en mercadillos y espacios concurridos, como medida preventiva tras el episodio registrado. Las diligencias judiciales continúan para determinar si existen otros factores involucrados en este intento de secuestro y si hay otras denuncias similares relacionadas con el detenido.

De acuerdo con las fuentes policiales citadas por Europa Press, este tipo de sucesos en zonas comerciales y de ocio intensifican las alertas y motivan nuevas revisiones en los protocolos de seguridad de eventos públicos y mercadillos de la región.

El hombre detenido tiene alrededor de 45 años y es de nacionalidad finlandesa, según detalló Europa Press. Por el momento, las autoridades centrales y locales trabajan coordinadamente en la gestión de las pruebas y el escrutinio de los testimonios para determinar la intención detrás del intento de sustracción, en lo que se considera un caso en proceso de esclarecimiento.

La captura en video del acto imputado fue revisada por la pareja, Billy y David Sonhopper, luego de que indicios médicos alertaron de una posible intoxicación.

David Sonhopper relató a la prensa local, en declaraciones recogidas por la emisora regional KHTS, que descubrieron el episodio tras una visita a la sala de emergencias, donde análisis de sangre sugirieron el consumo de sustancias tóxicas.

Esa sospecha llevó a la pareja a inspeccionar las cámaras que el propietario había instalado en su hogar, fusionando así la sospecha clínica con la evidencia documental.

En el registro audiovisual quedó documentado cómo Bradbury, vestido con una sudadera azul y usando una máscara antigás, esparcía desde una botella azul un líquido sobre la despensa, frutas, verduras, cereales, especias y la cafetera. “Roció todo, absolutamente todo lo nuestro”, aseguró Billy Sonhopper a la emisora regional KHTS citada por Fox News Digital.

El señuelo, según los Sonhopper, existía desde hacía meses: “En el video encontramos eso, además de todo lo que ya hizo durante el año que llevamos aquí; pero todavía desconocíamos si se trataba de veneno para ratas o insecticida”, precisó David Sonhopper.

El sospechoso permaneció atrincherado dos horas antes de entregarse

La vivienda ya presentaba antecedentes. La pareja denunció que Bradbury había intentado prender fuego a la casa y destrozado prendas, pero no contaban con pruebas materiales antes de obtener las imágenes de la cámara. Por estos episodios, Billy Sonhopper describió el último año como “un infierno”, una situación agravada por las complicaciones de salud de uno de los miembros del matrimonio.

El 24 de febrero, oficiales de la estación de Sheriff del Valle de Santa Clarita respondieron al llamado en el domicilio. El sospechoso se negó a salir; familiares informaron a los agentes que Bradbury tenía diagnosticada una discapacidad de salud mental.

El caso fue remitido al grupo especializado del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, la Mental Evaluation Team, que intervino tras dos horas de negociación hasta lograr que el acusado depusiera su resistencia y abandonara voluntariamente la vivienda.

Las autoridades ejecutaron una orden de registro tras la detención e incautaron sustancias y objetos relacionados con la denuncia. La información oficial indica que Timothy Bradbury fue arrestado bajo cargos de envenenamiento deliberado de alimentos, bebidas, medicinas o agua con intención de causar daño.

La salud del matrimonio se vio deteriorada y las sospechas surgieron tras pruebas médicas

Los Sonhopper manifestaron que el temor y el estrés derivados de la convivencia con Bradbury aumentaron a raíz de los problemas de salud experimentados por uno de ellos, motivo que los llevó al área de emergencias.

Los análisis clínicos sugirieron la presencia de sustancias tóxicas, reforzando la sospecha de que eran víctimas de un acto deliberado.

La pareja expresó a Fox News Digital que, tras la detención de Bradbury, esperan recuperar la tranquilidad: “No queremos vivir más con miedo. Queremos estar a salvo”, declaró Billy Sonhopper. Por el momento, la policía continúa las investigaciones y el caso permanece bajo análisis judicial.

De acuerdo con la información publicada por EFE, el joven de 27 años fue arrestado tras la difusión masiva de videos en redes sociales que mostraron a una multitud lanzando bolas de nieve a miembros del NYPD. El suceso tuvo lugar el lunes posterior a una nevada que las autoridades describieron como la más fuerte registrada en Nueva York desde el año 2016, acumulando más de 24 horas de precipitaciones. La convocatoria para la batalla de nieve se propagó a través de plataformas digitales, logrando reunir a cientos de personas, entre adultos y menores de edad, quienes participaron del evento en el emblemático parque de Manhattan.

El medio EFE detalló que la Fiscalía sólo ha presentado contra Coulibaly cargos relacionados con obstrucción a la administración gubernamental y acoso, catalogados como ofensas de menor gravedad dentro del marco jurídico local. La decisión se basó en el análisis de las pruebas, que no evidenciaron que las lesiones manifestadas por los policías resultaran de las acciones del imputado. Según la información de la Oficina del Fiscal de Distrito, los agentes resultaron con heridas menores en áreas como el rostro y el cuello, incluyendo un hematoma ocular y dolor de cabeza, y recibieron atención médica en el Hospital Northwell Greenwich Village.

Las autoridades del NYPD mantienen en curso la búsqueda de al menos tres personas más que habrían estado implicadas en el enfrentamiento, conforme publicó EFE. El operativo policial iniciado tras la viralización de los videos busca identificar a otros participantes que fueron captados en las imágenes mientras lanzaban bolas de nieve y se enfrentaban a los agentes presentes en el lugar.

Respecto a la reacción de las autoridades municipales, el alcalde Zohran Mamdani se pronunció en la red social X, manifestando que había visto "videos de niños lanzando bolas de nieve a agentes del NYPD en Washington Square Park". El mandatario local resaltó el trabajo realizado por los policías durante la intensa tormenta para salvaguardar la integridad de los habitantes y pidió que el trato a los oficiales fuera de respeto, según reportó EFE.

El evento, que comenzó como una actividad recreativa organizada espontáneamente tras la histórica nevada, provocó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad. Según precisó el medio EFE, los videos captados muestran a algunos agentes empujando a quienes participaban en el lanzamiento de bolas de nieve. La interacción rápidamente se transformó en un altercado, motivando que el Departamento de Policía abriera una investigación interna y pidiera colaboración ciudadana para identificar a otros posibles implicados.

En suma, el historial judicial de Coulibaly a raíz de este incidente se limita, por el momento, a las acusaciones menores ya mencionadas, y no enfrenta cargos de agresión. A la par, la policía de Nueva York ha reiterado su compromiso de esclarecer toda la secuencia de hechos, asegurando la identificación de todos los involucrados. EFE remarcó la relevancia que cobró el caso en los medios y redes sociales, donde se generó un debate sobre la actuación de las autoridades y la naturaleza del enfrentamiento ocurrido en Greenwich Village tras la intensa nevada.

El presidente de la Cámara de los Comunes del Reino Unido dijo el miércoles que avisó a la policía que Peter Mandelson, el ex embajador en Estados Unidos que enfrenta acusaciones de filtrar información al fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, existía un posible riesgo de fuga.

Mandelson fue arrestado el lunes en su domicilio del norte de Londres bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Quedó en libertad bajo fianza la madrugada del martes tras más de nueve horas de interrogatorio.

Los abogados de Mandelson, ex ministro de alto rango del gabinete, dijeron que el arresto fue el resultado de una “sugerencia infundada” de que planeaba huir del país y se llevó a cabo a pesar de un acuerdo de que hablaría voluntariamente con la Policía Metropolitana de Londres cuando se le solicitara.

El presidente de la Cámara de Representantes, Lindsay Hoyle, dijo a los legisladores que pasó información “relevante” a la policía, sin revelar la fuente.

“Para evitar cualquier especulación inexacta, me gustaría confirmar que, tras recibir la información que consideré relevante, la transmito de buena fe a la Policía Metropolitana, como es mi deber y responsabilidad”, declaró Hoyle. “Es lamentable que esto haya desaparecido rápidamente en los medios”.

Hoyle agregó que no sería apropiado que dijera nada más porque la investigación sobre Mandelson estaba en curso.

“La principal prioridad de Peter Mandelson es cooperar con la investigación policial, como lo ha hecho durante todo este proceso, y limpiar su nombre”, dijeron sus abogados del bufete Mishcon De Reya después de su liberación.

El arresto de Mandelson se produjo cuatro días después de que el ex príncipe Andrés fuera arrestado por la misma sospecha de mala conducta en un cargo público vinculado a Epstein.

Ambos hombres enfrentan acusaciones de haberle entregado información confidencial del gobierno al financiero caído en desgracia. Las acusaciones surgieron después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara el mes pasado un conjunto de más de tres millones de páginas de documentos relacionados con Epstein.

Mandelson, de 72 años, parece haber enviado a Epstein, a quien se refería como su “mejor amigo”, información gubernamental sensible que potencialmente podría influir en los mercados cuando era ministro principal del gobierno británico en 2009 y 2010.

Un informe interno del gobierno abordó la posible venta de activos gubernamentales para recaudar fondos para el Reino Unido tras la crisis financiera mundial de 2008. También pareció decirle a Epstein —quien se suicidó en una prisión de Nueva York en 2019— que presionaría a otros miembros del gobierno para que redujeran un impuesto sobre las bonificaciones de los banqueros.

Los registros de pago sugieren que Epstein entregó a Mandelson o a su esposo, Reinaldo Ávila da Silva, 75.000 dólares en 2003 y 2004. Mandelson afirmó no recordar haber recibido ese dinero y cuestionó la autenticidad de los extractos bancarios. Ha negado haber actuado mal.

Mandelson no enfrenta acusaciones de conducta sexual inapropiada.

El ex príncipe Andrés, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, también ha negado cualquier irregularidad en sus vínculos con el delincuente sexual convicto Epstein, pero no ha respondido directamente a las últimas acusaciones derivadas de los llamados Archivos Epstein.

(con información de AP)

El funcionario japonés Masanao Ozaki afirmó que la privacidad resulta prioritaria en el proceso, mientras el gobierno mantiene contacto directo tanto con el ciudadano retenido en Irán como con su familia y otras partes involucradas. Así, las autoridades locales continúan sin divulgar detalles sobre la identidad o el motivo del arresto ocurrido en Teherán, lo que suma incertidumbre en torno al caso. De acuerdo con lo reportado por la cadena NHK y recogido por diversos medios, el Gobierno de Japón solicitó que Irán libere a la persona afectada, tras confirmarse que el incidente tuvo lugar el 20 de enero de 2026.

Según informó la cadena NHK, el Ejecutivo japonés demandó "enérgicamente" a las autoridades iraníes actuar de inmediato para asegurar la liberación del ciudadano detenido. El subsecretario de gabinete, Masanao Ozaki, señaló públicamente durante una conferencia de prensa que el Gobierno sigue brindando apoyo al afectado, enfatizando la voluntad de continuar con la asistencia bajo la perspectiva de resguardar la seguridad y protección de los nacionales japoneses en el extranjero.

Ozaki detalló, según recogió la cadena NHK, que el Gobierno ha estado instando de manera constante a Irán a que proceda a la liberación. Al abordar las preguntas sobre la veracidad de reportes mencionados por Iran International —una cadena televisiva satelital en persa con sede en Londres— acerca de la posible profesión del ciudadano detenido, específicamente si pertenecería al equipo periodístico de NHK, Ozaki declinó presentar confirmaciones. El portavoz evitó divulgar información sobre el nombre y ocupación del afectado, argumentando la necesidad de respetar la privacidad y la seguridad del individuo.

La cadena NHK, por otro lado, ofreció comentarios limitados respecto a los señalamientos sobre la identidad del detenido. “Siempre priorizamos la seguridad de nuestro personal. No hay nada que podamos decir en este momento”, declararon representantes del medio, quienes optaron por no confirmar ni negar si se trata de un periodista vinculado a su organización.

Desde mediados de enero, destacó NHK, las autoridades japonesas han mantenido comunicación con la familia del individuo, así como con organismos y partes relacionadas, para proveer la asistencia necesaria. El Ejecutivo reiteró su disposición a expandir cualquier tipo de apoyo en función de la evolución de la situación y en atención a las necesidades del ciudadano afectado.

En sus declaraciones a la prensa, Ozaki subrayó que cualquier información adicional sobre la causa de la detención o los detalles específicos sobre el ciudadano permanecerá reservada. Esta postura responde al interés tanto por resguardar la privacidad como por evitar cualquier afectación a la seguridad o al proceso de negociación diplomática.

La noticia, tal como consignó NHK, ha generado atención en la opinión pública japonesa y elevó la presión sobre la diplomacia nipona para clarificar las circunstancias del caso. Mientras tanto, persistía la falta de claridad sobre los hechos que motivaron la detención y sobre la identidad de la persona en cuestión, en tanto las autoridades iraníes no ofrecieron aclaraciones públicas ni revelaron información contextual hasta el momento.

El caso puso en el centro del debate la seguridad de los ciudadanos japoneses en contextos internacionales conflictivos y el rol del Gobierno para proteger a sus nacionales que afrontan incidentes legales o situaciones de detención en el extranjero. El Ejecutivo enfatizó que mantiene vigentes canales de comunicación con los representantes iraníes, al tiempo que apela a la transparencia y la cooperación para resolver la situación cuanto antes.

Según publicó la cadena NHK, diversas instancias diplomáticas japonesas continúan gestionando reuniones y contactos con sus homólogos iraníes, pero las solicitudes formales para obtener detalles sobre el caso, incluidos posible fundamento legal del arresto, aún no han recibido respuesta oficial. Mientras tanto, la familia del afectado cuenta con el acompañamiento de las autoridades japonesas, quienes reafirman el compromiso de mantenerlos informados y respaldados durante el proceso.

La incertidumbre sobre el desenlace y la ausencia de información oficial acerca de la identidad y la ocupación del detenido genera inquietud entre medios locales e internacionales. Además, la imposibilidad de confirmar la relación laboral del afectado con NHK mantiene abierta la especulación sobre la naturaleza del caso y sobre sus implicaciones en la relación bilateral entre Japón e Irán.

El despacho judicial también ordenó el pago de una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, al considerar que no se acreditó la ejecución efectiva de lo dispuesto previamente por otro juzgado en favor de la accionante.

La medida se originó por el presunto desacato a una sentencia de tutela que había ordenado el reintegro de Lizarazo Peñaranda, así como la adopción de decisiones administrativas en caso de que no fuera posible su reubicación. El caso se remonta a una decisión adoptada el 19 de diciembre de 2025 por el Juzgado Segundo de Familia de Los Patios.

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En esa providencia, el despacho judicial ordenó al gobernador William Villamizar reintegrar a la señora Lizarazo a la notaría del municipio, señalando que existían vacantes disponibles para su reubicación, siempre que cumpliera con los requisitos del cargo.

En caso de no ser posible el reintegro, la orden establecía la expedición de un acto administrativo de retiro debidamente motivado, en el que se explicaran las razones de la decisión y se garantizaran las cotizaciones faltantes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y pensiones hasta completar las semanas necesarias para la pensión de vejez.

Antecedentes de la tutela

El 13 de enero de 2026, Cruz Belén Lizarazo Peñaranda informó al juzgado que la Gobernación de Norte de Santander no había dado cumplimiento a la orden de reintegro ni había efectuado los pagos correspondientes.

En respuesta, la administración departamental sostuvo que los notarios no ostentan la calidad de empleados públicos y que, en su condición de nominadora, no estaba obligada al pago de salarios, prestaciones sociales ni aportes pensionales. Para sustentar su postura, argumentó jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

El 14 de enero, el juzgado requirió al gobernador para que en un término de 48 horas cumpliera lo ordenado, lo que incluía la revisión de vacantes disponibles y la expedición de los actos administrativos motivados en caso de no ser viable el reintegro.

Según lo informado al despacho judicial, la Gobernación realizó gestiones internas para atender el requerimiento. Indicó que ofició al área de talento humano y a la asamblea departamental con el fin de certificar la estructura de personal, y que solicitó información a la Superintendencia de Notariado y Registro y a Colpensiones para verificar aspectos relacionados con la situación laboral y pensional de la accionante.

Requerimiento judicial y defensa de la Gobernación

Pese a esas actuaciones, el juzgado consideró que la entidad no acreditó la ejecución concreta de la sentencia de tutela. En la decisión se señaló que la Gobernación se limitó a alegar una imposibilidad jurídica y presupuestal para cumplir la orden.

La Administración departamental también cuestionó la condición de “prepensionada” de la accionante y solicitó verificaciones sobre las semanas cotizadas al sistema de pensiones. Según su argumentación, de comprobarse que no cumplía con los requisitos, se eliminaría el fundamento que dio origen a la tutela.

El 29 de enero de 2026, el juzgado abrió un incidente de desacato y solicitó un informe detallado sobre las gestiones adelantadas para cumplir la orden judicial. En el trámite, la Gobernación sostuvo que cumplir la decisión implicaría vincular a una persona a un cargo inexistente y asumir aportes sin respaldo presupuestal.

De acuerdo con su tesis, esa situación contradecía la Constitución y podría generar responsabilidad disciplinaria y fiscal para los funcionarios involucrados.

Decisión final del juzgado

Tras analizar los argumentos presentados por la Gobernación, la jueza Malbis Leonor Ramírez Sarmiento concluyó que no se evidenciaron acciones concretas orientadas al cumplimiento de la tutela.

En la providencia se determinó que las respuestas entregadas por la entidad se centraron en objeciones jurídicas sobre la naturaleza del cargo y en consideraciones presupuestales, sin que se acreditara la adopción de medidas efectivas para dar cumplimiento a lo ordenado en diciembre de 2025.

Como resultado, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Villa del Rosario resolvió imponer tres días de arresto al gobernador William Villamizar y el pago de una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La decisión señala la obligación de los funcionarios públicos de acatar las sentencias judiciales en los términos dispuestos por los despachos competentes. El fallo establece que las interpretaciones sobre la naturaleza del cargo o las limitaciones presupuestales no eximen del deber de cumplir las órdenes impartidas mediante acción de tutela.

El fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro, confirmó que la investigación sobre Evo Morales ha finalizado y que el Ministerio Público presentó todas las acusaciones y pruebas pertinentes ante el tribunal encargado de llevar adelante el juicio. Según consignó el medio boliviano El Deber, este avance procesal implica que la responsabilidad de señalar la fecha y hora para el inicio del juicio oral ahora recae en el órgano judicial. En tanto, el caso contra Morales, vinculado a un presunto delito de trata de personas agravado, ha acaparado la atención nacional por la implicación directa del expresidente y el impacto político de la investigación.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, informó el lunes que existe la disposición oficial de proceder con la detención de Evo Morales. Según publicó el diario La Razón, Oviedo declaró que la administración actual tiene “la intención de ir y aprehender al señor Morales”, resaltando que sobre el exmandatario pesa una orden judicial activa. Oviedo remarcó que Morales se encuentra acusado por una relación con una menor en 2015 y detalló que la orden de captura se emitió “por rehuir a la justicia”. El funcionario recalcó que el exlíder podría resolver la situación si se presenta ante el juzgado correspondiente, interrogándolo directamente: “¿A qué teme?”.

En respuesta, Evo Morales reconoció públicamente la existencia de una orden de aprehensión en su contra, pero rechazó las acusaciones de haberse dado a la fuga. Según declaraciones citadas por La Razón, Morales manifestó que “solo estoy protegido por el pueblo porque —no contentos con proscribirme— los enemigos de los indígenas me quieren matar”. En ese contexto, sostuvo que sus adversarios políticos intentan eliminarlo no solo judicialmente, sino también físicamente.

Tal como publicó El Deber, la Fiscalía de Tarija completó la etapa investigativa y entregó el pliego acusatorio junto con las pruebas de cargo al tribunal encargado del caso. El fiscal Mogro explicó que corresponde ahora al órgano judicial continuar con los procedimientos, permitiendo que Morales ejerza su derecho a la defensa y presente las pruebas de descargo necesarias, antes de que se fije la fecha para la audiencia oral.

De acuerdo con lo consignado por ambos medios, el proceso judicial que enfrenta Morales ha generado un debate nacional debido al trasfondo político, mediático y social del caso. La acusación de trata de personas agravada se sustenta en la relación que supuestamente mantuvo Morales con una menor de edad en 2015, un hecho que la Fiscalía investigó durante varios meses antes de remitir la causa al Poder Judicial. Las autoridades sostienen que Morales evitó comparecer ante la justicia, lo que motivó la emisión de una orden de arresto activa.

En este contexto, el Gobierno boliviano ha explicado que mantiene su postura de avanzar con el proceso judicial en cumplimiento del mandato legal y que existen mecanismos establecidos para permitir la defensa del acusado. Según declaraciones oficiales recogidas por La Razón y El Deber, el tribunal deberá fijar los próximos pasos del proceso, y mientras tanto, tanto el Ejecutivo como la Fiscalía esperan que Morales acuda voluntariamente ante las autoridades.

El caso continúa despertando atención tanto en el ámbito político como entre organismos sociales y de derechos humanos, dado el perfil de Morales como exjefe de Estado y su protagonismo político actual. Mientras tanto, las autoridades reiteraron que cualquier avance dependía ahora exclusivamente del Poder Judicial, que tiene la responsabilidad de garantizar tanto el cumplimiento de la ley como los derechos procesales del acusado.

El 20 de febrero de 2026, el aspirante informó que fue arrestado por la Policía; indicó que aceptaría su privación de la libertad pero elevó una crítica por su detención. “Santandereanos, colombianos, aquí estoy en la estación de policía en la ciudad de Bucaramanga, pagando una condena, porque enfrenté cara a cara a los delincuentes, a los bandidos, a los miserables de la izquierda, a todos esos sinvergüenzas del Partido Verde”, aseveró.

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De acuerdo con su explicación, sus declaraciones en contra de los integrantes de la colectividad estaban relacionadas con los problemas actuales del país, por los cuales los responsabilizó. Aunado a ello, afirmó que su arresto tendría un objetivo claro: evitar que llegue al Congreso de la República. Por eso, pidió el respaldo de la ciudadanía.

“Estos tres días de cárcel, de arresto, los voy a pagar con gusto por la libertad, por mi país, porque por esta patria hay que hacernos molestar”, indicó el aspirante a la Cámara.

Luego de que se efectuara el arresto del político y de que este fuera divulgado por los medios de comunicación, la ciudadanía convocó a manifestaciones en Bucaramanga. En la tarde del 22 de febrero, decenas de personas salieron a las calles de la capital santandereana con pancartas con la fotografía del candidato, exigiendo su liberación.

De acuerdo con la abogada Evelyn Deibe Mulford, no se ha tenido acceso a la providencia judicial mediante la cual se ordenó el arresto de Martínez Triana. “A esta hora no se conoce cuál fue la providencia del juez con base en el cual la Policía ordenó la captura de @mauriciomatri. Dos días preso sin conocer sustento jurídico. La ciudadanía se moviliza para apoyar al candidato y se dirige hacia donde se encuentra recluido”, denunció.

En las grabaciones difundidas en redes sociales se escucha a la ciudadanía gritar arengas en favor del aspirante: “‘MaTri’, amigo, el pueblo está contigo”. De igual manera, una de las manifestantes cuestionó a la justicia por la privación de la libertad del político del Centro Democrático y la aparente falta de acción ante desacatos de otras personalidades políticas como el presidente Gustavo Petro.

“Exigimos los derechos de Mauricio ‘Matri’. Estamos exigiendo las garantías judiciales para nuestro amigo Mauricio ‘Matri’. Aquí estamos apoyando y estamos diciéndole a la justicia: ¿qué pasa, justicia? ¿Por qué no se han tramitado los desacatos al presidente de la República y a todos sus seguidores que han sido objeto de desacato? ¿Por qué?”, cuestionó la ciudadana.

Asimismo, informó que están a la espera de que se resuelva un habeas corpus, advirtiendo que el término vence a las 8:00 p. m. del 22 de febrero.

El partido Centro Democrático emitió un comunicado en el que informó que se ha estado comunicando con el aspirante al Congreso de la República, así como con su equipo jurídico y con las autoridades, con el fin de hacer siguimiento a su situación legal. Indicó que, en efecto, se está a la espera de que se resuelva un recurso de habeas corpus que fue interpuesto por su defensa.

Asimismo, aseguró que requiere una aclaración por parte de la jueza de tutela que decretó su arresto, para conocer el alcance de la medida.

“Expresa su solidaridad con Mauricio “Matri”, quien previamente ha sido objeto de amenazas y hoy enfrenta esta circunstancia en medio de su campaña. El Centro Democrático espera se garanticen de manera integral los derechos fundamentales y las garantías procesales del candidato", concluyó.

El Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga ordenó al aspirante al Congreso de la República cumplir con tres días de arresto por haber incurrido en el desacato de un fallo de tutela, en el que se le ordenó eliminar ciertas publicaciones que hizo en redes sociales en contra del candidato Luis Ferley Sierra.

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Al respecto, el partido político confirmó su respaldo al aspirante encarando la situación judicial mientras desarrolla su campaña. “El Partido está a la espera de que se resuelva el recurso de habeas corpus interpuesto por la defensa y de que la juez de tutela que decretó la medida de arresto precise y aclare el alcance de su decisión”, precisó la colectividad.

Aunado a ello, insistió en la importancia de que se aseguren los derechos fundamentales y las garantías procesales de Martínez. Además, recordó que el aspirante fue víctima de amenazas, por lo que expresó su “solidaridad” con el político.

“El Centro Democrático reitera su respeto por la justicia y confía en que el caso será resuelto con imparcialidad y estricto apego a la ley”, añadió.

En sus redes sociales, el aspirante a la Cámara de Representantes confirmó su arresto. Grabó un video desde una estación de Policía, en el que aseguró que su privación temporal de la libertad responde a la molestia que causaron sus declaraciones entre los políticos de izquierda.

“Santandereanos, colombianos, aquí estoy en la estación de policía en la ciudad de Bucaramanga, pagando una condena, porque enfrenté cara a cara a los delincuentes, a los bandidos, a los miserables de la izquierda, a todos esos sinvergüenzas del Partido Verde”, señaló en candidato al Congreso.

Afirmó que a sus detractores “les dolió” sus comentarios, en los que los tildó de ser “petristas” y de ser responsables de los problemas actuales que presenta el país. Sin embargo, aseguró que está dispuesto a continuar “dando la pelea”, advirtiendo, además, que habría personas interesadas en impedir que llegue al Legislativo.

“No me van a detener estos miserables sinvergüenzas que están intentando destruir a Colombia. Quieren evitar a toda costa que yo llegue al Congreso de la República. Necesito el apoyo y el respaldo de todos ustedes. Estos tres días de cárcel, de arresto, los voy a pagar con gusto por la libertad, por mi país, porque por esta patria hay que hacernos molestar”, aseveró.

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo se solidarizó con el aspirante. Desde su perspectiva, su arresto fue injusto y la multa que le fue impuesta por desacato, que es equivalente a cuatro salarios mínimos, es una “desproporción total”. No obstante, el candidato debe pagarla, por lo que algunas personas están haciendo “vaca” para contribuir al pago de la obligación.

Según explicó Polo Polo, que también quiere seguir en el Congreso, a través de ayudas económicas se ha logrado recolectar $500.000, a los que se suman una donación de $1.000.000 del representante.

“Necesitamos que los patriotas se sumen a esta causa, y también que @CeDemocratico respalde este caso. Hoy es él; mañana puede ser cualquiera. Y esto no lo hago por cálculo político. De hecho, MaTri es prácticamente mi competencia en términos electorales. Lo hago porque es un soldado que merece llegar al Congreso y porque cuando la injusticia toca a uno, nos corresponde a todos reaccionar”, indicó.

A lo largo de su vida, Willie Colón hizo de Colombia uno de sus sitios predilectos para presentarse en vivo. El país fue uno de los que acogió con más entusiasmo el boom de la salsa en los 70, y fue así que el cantante, compositor, productor, instrumentista y arreglista desarrolló una relación cercana con el público nacional que celebró sus canciones de manera incondicional.

Las anécdotas del “Malo” de la salsa en el país también son abundantes, y una de las más recordadas tuvo lugar en Medellín, el 7 de septiembre de 1985.

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Ese día, Willie tenía programada una presentación que se iba a celebrar en el Coliseo Iván de Bedout. El público abarrotó el lugar, sin saber que tras bambalinas había un conflicto que tenía en jaque la realización del concierto.

En un principio, hubo dificultades logísticas debido al retraso del vuelo desde Bogotá que transportaba a Willie y su orquesta, impidiendo que el artista llegara a la tarima a las 9:00 p. m. como estaba pactado originalmente, teniendo que posponer la presentación hasta la medianoche.

Pero una vez Colón llegó al Iván de Bedout se produjo un conflicto contractual con los empresarios de Rumba Producciones, Giovani Andrés Ulloa y Diego A. Parra. Según denunció el salsero, estos no habían cancelado el pago acordado, por lo que se negó a subir al escenario y propició la cancelación del concierto.

Al conocerse la noticia, el público que había esperado por horas, desató una violenta revuelta arrojando sillas al escenario y provocando todo tipo de desmanes que, de acuerdo con lo reportado en su día por El Tiempo, dejaron un saldo de seis heridos y daños materiales estimados en casi diez millones de pesos de la época (unos 690 millones de pesos al cambio actual).

Ante la magnitud de los hechos, la policía intervino y arrestó a Willie Colón, junto a los 13 músicos de su orquesta, trasladándolos a la estación de policía del barrio Belén bajo cargos de incumplimiento de contrato y estafa.

El grupo permaneció detenido durante dos días en una celda de la unidad de inteligencia F2, hecho que quedó retratado en una fotografía que el propio Willie Colón compartió en su cuenta de Twitter (hoy X) en 2021, acompañado de algunos de los miembros de su orquesta. Tras su liberación, el citado medio afirmó que los empresarios fueron detenidos por las autoridades debido a lo sucedido en el Iván de Bedout.

“Especial No. 5″, la canción que contó toda la historia

Fue precisamente esta experiencia la que inspiró al “Malo del Bronx” a componer Especial Número 5i, pista que cierra su placa Contrabando, publicada el 6 de marzo de 1986.

El título hace referencia directa al número de la celda donde estuvo recluido en Medellín, mientras que la letra de la canción es básicamente una crónica musical de aquel episodio, en el que Colón narra su versión de los hechos y la frustración vivida por el engaño de los promotores, apelando a la ironía para defender su integridad y denunciar lo que consideró un arresto injusto.

“En especial No. 5, por fin pudieron encerrar a uno de los grandes peligros para la comunidad. Eran un chorro de bandidos que venían de Bogotá, declaraba el coronel, que aspiraba a general”. Así inicia la primera estrofa, refiriéndose a sí mismo y su reputación como el “Malo” de la salsa.

Otra parte del tema habla de las condiciones a las que fueron sometidos durante el encarcelamiento. “Ni tan siquiera un banquito pa’ poderse apoyar. Tomando soda en saquitos, ni una galleta pa’ zamar. Sucios, cansados y humildecitos, veinte horas de esperar”.

A partir de ese momento, la pista adquiere más intensidad y alterna con repeticiones del refrán “Amor con amor se paga” como algo que le habría dicho a las autoridades durante el arresto. En la parte final, Colón sumó una singular referencia en la que afirmaba estar en la misma celda que alguien incluso más peligroso que él: “Por lo menos cámbialo de celda, que estamos con Pedro Navaja”.

(con imágenes de AFP, AP y Reuters)

El escrito de la Fiscalía relata que la noche del 14 de marzo de 2021, cuando varias patrullas policiales se movilizaron por la alerta de un posible delito de violencia de género en Palma, la intervención derivó en una confrontación que hoy enfrenta en los juzgados tanto a la presunta víctima como a los agentes implicados. Según detalló el medio, durante el juicio celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, se debatió la versión del hombre acusado, quien denunció haber recibido graves agresiones durante el arresto, y la de los policías nacionales procesados, que alegan haber usado únicamente la fuerza imprescindible para proceder a la detención.

De acuerdo con la información publicada, la vista oral comenzó con la declaración del hombre que denuncia la supuesta paliza y que también está procesado por lesionar y causar daños a los agentes durante los hechos investigados. Según su testimonio, esa noche tuvo una discusión con su pareja, aunque aseguró que no la agredió ni la amenazó. Tras separarse, la mujer contactó al 112, extremo que el acusado manifestó desconocer. Poco después, se encontró con un grupo de policías nacionales. El denunciante expuso ante el tribunal que pensó que se trataba de una redada o de una posible sanción por no portar mascarilla, hasta que uno de los agentes, en un tono que describió como alterado, le espetó: “te voy a enseñar a respetar a las mujeres”, y acto seguido comenzó a golpearlo con la porra. Según reportó el medio, el hombre afirmó que intentó únicamente cubrirse para protegerse de los golpes y solicitó reiteradamente que lo detuvieran, pero pidió que cesaran las agresiones. Declaró también que el arresto le causó lesiones en la mandíbula que le dificultaron la alimentación durante tres meses.

El hombre reconoció que tras los golpes se volvió violento e incluso causó desperfectos en el vehículo policial, justificando su reacción por el temor a que agredieran a su familia, que se hallaba presente en el lugar de la intervención. Pese a ello, negó haber iniciado ninguna agresión contra los policías: “Lo último que se me ocurre es dar un manotazo a un agente”, sostuvo en su declaración recogida en la audiencia.

Los agentes implicados, por su parte, defendieron que aplicaron únicamente la fuerza mínima e imprescindible, usando las defensas reglamentarias únicamente sobre las piernas del acusado, y justificaron la actuación por la actitud que calificaron como “chulesca y prepotente” del individuo. El primer agente explicó que los golpes tuvieron como objetivo hacer que el sospechoso perdiera el equilibrio para detenerlo y afirmó que en ningún momento golpeó al arrestado en la cabeza, argumentando que esa zona presenta riesgos graves. “Como mucho, le golpeé en la parte baja de la espalda o la zona lumbar. Nunca tuve intención de lesionar. En toda mi carrera he utilizado la defensa reglamentaria en contadas ocasiones. No es agradable pegar a nadie”, expresó según consignó el medio.

Este mismo agente explicó que, cuando dialogaba con la mujer que llamó para denunciar el caso de violencia de género, vio que el denunciado se aproximaba mostrando una actitud desafiante. Relató que le colocó el brazo en el pecho para solicitarle que guardara la distancia de seguridad y que, sin mediar palabra, el hombre le golpeó en el brazo y, posteriormente, de un impacto en la cara le tiró las gafas.

El segundo agente, que en aquel momento realizaba prácticas profesionales, coincidió con la versión de su compañero. Explicó que emplearon las porras únicamente tras la agresión inicial contra el primer agente y que dirigieron los golpes a las piernas y los glúteos del arrestado con el fin de reducirlo, evitando otras zonas del cuerpo. Así, ambos defendieron que su actuación se mantuvo dentro de los límites pautados por el reglamento y solo buscaron controlar la situación para proceder a la detención.

La Fiscalía solicita una condena de once meses de prisión para los dos policías nacionales, a quienes acusa de delito de lesiones, y pide tres años y dos meses de prisión para el hombre por los delitos de lesiones, daños y atentado contra la autoridad. El Ministerio Público sostiene en su escrito de acusación que los golpes asestados con las defensas reglamentarias por los policías no eran estrictamente necesarios, sobre todo los dirigidos a la cabeza, y que provocaron traumatismos diversos al detenido.

El relato de los hechos en la acusación de la Fiscalía apunta que la entrada de los agentes en acción se produjo tras la llamada de la pareja del acusado al 112 por el supuesto episodio de violencia de género. Cuando los agentes arrestaron al sospechoso, este supuestamente agredió a uno de los policías dándole un manotazo. Una vez en el vehículo policial, el hombre golpeó la luna y la puerta trasera, daños que la acusación valora en más de 200 euros, según publicó el medio.

El desarrollo de la vista mostró la confrontación de versiones: mientras el procesado niega haber agredido a los agentes y afirma haber recibido una paliza injustificada, los policías sostienen que respondieron a una agresión y se limitaron a aplicar una fuerza proporcional para controlar a una persona que, según su relato, presentaba una actitud hostil. La instrucción del caso continúa a la espera de que la Audiencia Provincial de Palma valore los testimonios y las pruebas presentadas para determinar si hubo exceso en la actuación policial o si esta se ajustó a los procedimientos.

El padre de Dashia Rocío, joven señalada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como presunta extorsionadora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido por elementos de seguridad mexiquenses.

El sujeto, identificado como Ramsés “N”, enfrenta cargos por el delito de abuso sexual.

Información compartida a Infobae México por la Secretaría de Mujeres confirmó el arresto, el cual fue realizado la madrugada de este 12 de febrero de 2026 en la Ciudad de México.

Tras su captura, la cual habría ocurrido aproximadamente a las 4:30 de la mañana, Ramsés “N” fue trasladado al penal de Barrientos, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Caso Dashia,

Según reportes previos hechos por este medio y consultados en información proporcionada por el periodista Ignacio Villaseñor, Dashia habría sufrido abuso sexual por parte de su padre -el ahora detenido-, el cual estaría sustentado en una serie de mensajes enviados en el chat que mantenían padre e hija.

Tras el delito, la joven habría buscado apartarse, mientras que Ramsés “N” presuntamente le ofreció diversos objetos y regalos a cambio de su silencio por el abuso.

El 26 de noviembre de 2025 presuntamente el padre citó a la joven en una agencia de vehículos para regalarle uno. Sin embargo, ese habría sido el momento en que se realizó su captura, fundamentada en que la joven presuntamente habría realizado una extorsión al nombre del CJNG.

Tras los hechos, organizaciones de derechos humanos y la Secretaría de las Mujeres se pronunciaron al respecto, calificando de ilegal la detención y señalando faltas al debido proceso de Dashia, lo que alertó sobre una posible fabricación del caso.

Actualmente Dashia se encuentra llevando su proceso en libertad, luego de el pasado 21 de diciembre de 2025 un juez lo dictó.

Mensajes sobre el presunto abuso de Ramsés “N” a Dashia

De acuerdo con reportes previos de este medio, el periodista Ignacio Villaseñor reveló la existencia de mensajes atribuidos a Ramsés “N” y a Dashia Rocío, que apuntarían a un posible caso de abuso previo a la detención de la joven.

Según el reporte, los mensajes, fechados el 2 de septiembre de 2025, muestran disculpas reiteradas del padre, así como intentos de reconciliación.

Algunas de las frases atribuidas a Ramsés “N” serían: “Vamos a olvidar todo y empecemos de nuevo”, “no te vayas”, “no me dejes”.

Mientras que, en las respuestas presuntamente enviadas por Dashia, se leen expresiones como: “Antes no me violaste”, “confiaba en ti” y “y o sea todavía me querías bajar los calzones”.

Otros fragmentos de mensajes incluyen: “eres mi papá”, “no mi esposo”, “no mi amante”.

Semanas después, se presentó una denuncia anónima en contra de Dashia, donde la acusaron de hacerse pasar por integrante del CJNG para extorsionar a un comerciante.

El reportaje señaló como un hecho relevante que la cuenta bancaria utilizada para el supuesto cobro de la extorsión era la misma donde Dashia recibía la manutención de su padre.

Acompañamiento en el caso

Tras la detención de Dashia, la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández Mora, acompañó el proceso y cuestionó la actuación de las autoridades estatales, señalando la falta de pruebas sólidas y posibles irregularidades en la detención.

Informes oficiales sobre el caso, publicados por la dependencia antes mencionada, indican que la joven de 19 años habría denunciado a su padre, Ramsés “N”, por el delito de abuso sexual.

Además, la familia de Dashia ha denunciado públicamente que la causa penal por extorsión se derivó como represalia por la denuncia de abuso sexual contra su padre, el ahora detenido.

Este lunes 2 de febrero, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó la detención de Alan “N” y José “N”, presuntos responsables de un homicidio ocurrido en el municipio de Jiquipilco e identificados como miembros de La Familia Michoacana.

La captura se realizó tras una alerta por el asesinato de una persona a causa de disparos de arma de fuego, en un caso en el que participaron varios sujetos.

Las primeras investigaciones apuntan a la implicación directa de los detenidos en el hecho violento, reforzando su vínculo con el grupo delictivo.

En su intento de huida abandonaron una pickup marca Cadillac y cambiaron de vehículo, lo cual fue descubierto por las autoridades mediante el uso de drones.

Operativo de búsqueda y localización de los sospechosos

Tras recibir la alerta por el homicidio, elementos de la Policía Estatal y la Policía Municipal de Jiquipilco implementaron de inmediato una consigna operativa para ubicar la camioneta en la que se transportaban los presuntos agresores.

Dicho automóvil, marca Cadillac, fue localizado poco después en la comunidad de San Martín Morelos, no obstante, al llegar al lugar, los agentes no encontraron a los ocupantes.

Ante las dificultades del terreno boscoso, las autoridades informaron que se recurrió al uso de drones de la Secretaría de Seguridad del Estado de México para ampliar la búsqueda.

Gracias a la tecnología aérea, se determinó que los sospechosos habían cambiado de vehículo, abandonando el primero y abordaron un automóvil sedán, el cual fue rastreado hasta la comunidad de San Diego Alcalá, en el municipio de Temoaya.

Esta acción permitió continuar con el operativo y cerrar el cerco sobre los responsables.

Posteriormente Alan “N” fue localizado y detenido en la comunidad de San Diego Alcalá, situada en el municipio de Temoaya.

Por su parte, José “N”, de 33 años, fue aprehendido en San Martín Morelos, misma localidad donde se halló inicialmente uno de los vehículos utilizados durante la huida tras el homicidio en Jiquipilco.

Las autoridades no dieron detalles sobre las detenciones individuales.

Presentación ante las autoridades y situación legal de los detenidos

Luego de su captura, Alan “N” y José “N” fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Ambos quedaron bajo custodia para que se determine su situación legal conforme avance la investigación por el homicidio registrado en Jiquipilco.

El proceso judicial continuará en manos de las instancias correspondientes, que deberán analizar las pruebas recabadas y definir las responsabilidades legales de los implicados.

La presentación formal ante el Ministerio Público marca el siguiente paso para esclarecer el caso y definir el futuro de los detenidos en el marco de la ley.

Coordinación de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Policía Municipal

Según reportes oficiales, la acción conjunta entre la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Policía Municipal fue determinante para la localización y detención de los sospechosos.

Desde el primer momento, ambas corporaciones coordinaron esfuerzos para desplegar un operativo de búsqueda en la zona.

La participación de los efectivos estatales y municipales permitió cubrir rápidamente diferentes comunidades, como San Martín Morelos y San Diego Alcalá, donde se detectó la presencia de los presuntos responsables.

La labor conjunta también facilitó el intercambio de información y la reacción inmediata ante los movimientos de los sospechosos, lo que resultó clave en la captura de ambos individuos vinculados con el homicidio en Jiquipilco.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX llevaron a cabo una acción este jueves 29 de enero que derivó en la detención de dos sujetos identificados como René Francisco “N” y Ángel Uriel “N”, quienes están señalados como los presuntos responsables de un asalto a un ciudadano que intentaba comprar un automóvil anunciado en redes sociales.

Ambos hombres fueron arrestados tras una persecución que culminó en la colonia Lomas de Becerra de la alcaldía Álvaro Obregón.

Los implicados habrían utilizado una motocicleta para huir con el dinero obtenido mediante engaño.

Las autoridades aseguraron una réplica de arma de fuego y otros objetos tras la detención. Además, se confirmó que las investigaciones continúan para ubicar y detener a otros posibles involucrados en este esquema delictivo.

Según información revelada por el periodista Carlos Jiménez, los dos detenidos fingieron ser una mujer para dar confianza en la venta y poder enganchar a su víctima

Las autoridades capitalinas no informaron anunciaron la recuperación del dinero robado.

Relato del incidente

Según reportes oficiales, el asalto se produjo cuando un ciudadano, tras acordar la compra de un vehículo a través de mensajes por una aplicación de mensajería instantánea, acudió al punto de encuentro pactado en la colonia María G. de García Ruiz, en la alcaldía Álvaro Obregón.

La víctima aguardaba la llegada del supuesto vendedor cuando fue abordada por dos sujetos.

Los agresores lo amenazaron con lo que parecía ser un arma de fuego y lo despojaron del dinero en efectivo que llevaba consigo para la compra del automóvil.

Tras cometer el asalto, los implicados huyeron rápidamente a bordo de una motocicleta de color negro con rojo.

Acción policial

En respuesta a la denuncia recibida por la frecuencia de radio, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se movilizaron de inmediato al cruce de las calles Uruguayos y Antigua Vía a la Venta de la alcaldía Álvaro Obregón.

Con el apoyo de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, los uniformados implementaron un cerco virtual para rastrear la ruta de escape de los sospechosos.

La motocicleta fue localizada en calles de la colonia Lomas de Becerra y en el mismo punto atraparon a los presuntos responsables en la intersección de Puente de Ixtlá y 3 de Mayo.

Según reportes de la SSC, la coordinación entre los elementos en campo y el monitoreo por cámaras permitió la detención poco después del hecho.

Objetos asegurados y procedimiento de detención

En el lugar donde interceptaron a los dos hombres, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron una revisión preventiva conforme al protocolo policial.

Durante esta inspección, aseguraron lo siguiente:

• 5 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos
• Una réplica de arma de fuego

También se incautó la motocicleta negra con rojo que, de acuerdo con los hechos, fue utilizada por los presuntos responsables para escapar tras el robo.

Las autoridades detallaron que los dos detenidos cuentan con 24 y 31 años de edad.

Los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público junto con los indicios augurados.

Cabe señalar que las autoridades no reportaron la localización del dinero que habrían robado a la víctima.

Recomendaciones de la SSC para evitar este tipo de robos

Ante el incremento de fraudes y asaltos vinculados a la compra de vehículos en plataformas digitales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró una serie de medidas preventivas dirigidas a la ciudadanía.

Entre las principales sugerencias, destaca la importancia de elegir comercios establecidos o plataformas empresariales formales para realizar transacciones de compra-venta de automóviles. Esta recomendación busca reducir el riesgo de encuentros con personas que emplean engaños para cometer delitos.

La dependencia también invita a utilizar los Módulos de Compra Segura operados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ), para la compra segura de vehículos.

De igual forma, recomendó a los capitalinos utilizar la aplicación “Mi Policía” a solicitar el acompañamiento de un oficial durante la compra o venta de un vehículo.

En un operativo reciente, personal de la Secretaría de Marina en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvo en Sinaloa a Israel Vizcarra Beltrán, alias “Palillo”, y a Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, hermanos señalados como operadores de segundo y tercer nivel de “Los Mayos”.

De acuerdo con fuentes federales consultadas por Infobae México, Israel Vizcarra Beltrán es identificado como jefe de plaza en la zona de El Dorado y presunto líder de una celular dedicada a la elaboración de drogas con presencia en Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Estado de México.

Su relevancia lo posicionaría como colaborador de segundo nivel en la estructura criminal de “Los Mayos”, solo por detrás Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”.

Además, mantiene una orden de aprehensión vigente en el estado de Guanajuato.

Por su parte, Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, es identificado como segundo al mando en las plazas de Quilá y El Dorado, ocupando un tercer nivel en la estructura criminal.

La acción se enmarca en labores de inteligencia realizados durante varios meses y patrullajes terrestres en la zona de Tierra y Libertad Uno, municipio de Culiacán, donde se concretó la detención de ambos sujetos.

Las autoridades federales destacan la coordinación interinstitucional como factor clave para el resultado de este operativo.

Coordinación interinstitucional y desarrollo del operativo

El despliegue que permitió la detención de Israel Vizcarra Beltrán y Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán fue resultado de una estrategia coordinada entre la Marina y la SSPC.

El operativo formó parte de acciones conjuntas que involucraron meses de labores de campo y gabinete, enmarcadas en el intercambio de información y la inteligencia institucional.

Según reportes de autoridades, el punto clave de esta intervención fue un recorrido de vigilancia terrestre en el área denominada Tierra y Libertad Uno, dentro del municipio de Culiacán, Sinaloa. En ese contexto, las autoridades lograron ubicar y detener a los presuntos integrantes de la estructura criminal.

La participación de distintas dependencias federales permitió fortalecer la capacidad de reacción y consolidar la operación, según refieren fuentes federales.

Este esfuerzo conjunto buscó neutralizar actividades ilícitas en una zona de alta incidencia delictiva y con presencia de grupos ligados al narcotráfico, específicamente contra estos dos hombres, presuntamente relacionados con la el grupo criminal de “Los Mayos”, liderados por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”.

Objetos asegurados durante la detención

Durante la detención de Israel Vizcarra Beltrán y Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, el personal de la Secretaría de Marina incautó diversos objetos relacionados con las actividades ilícitas que presuntamente encabezaban los detenidos.

Entre los bienes asegurados se encuentran un fusil y un arma corta, así como 220 cartuchos de diferentes calibres.

Además, informes oficiales revelaron que los efectivos confiscaron aproximadamente un kilo de presunta droga, equipos de comunicación y un vehículo de la marca Dodge, el cual era utilizado por los ahora detenidos al momento de su captura.

Estos artículos fueron decomisados en el lugar de la detención y forman parte de las pruebas que las autoridades pusieron a disposición de las instancias competentes, con el objetivo de fortalecer el proceso judicial y esclarecer la naturaleza de las operaciones del grupo criminal.

Acusaciones y antecedentes judiciales de Israel Vizcarra

Israel Vizcarra Beltrán, alias “Palillo”, enfrenta diversas acusaciones relacionadas con su presunta participación en actividades delictivas.

Fuentes federales refirieron a Infobae México que se le vincula con los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro de una organización criminal con presencia en varios estados de la República.

Además, cuenta con una orden de aprehensión vigente en el estado de Guanajuato por presunta asociación delictuosa.

La información proporcionada a indica que estas acusaciones se suman a su rol como jefe de plaza y líder operativo dentro de la facción “Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Estos antecedentes judiciales refuerzan el señalamiento de las autoridades sobre el nivel de liderazgo y la relevancia de Israel Vizcarra Beltrán dentro de la estructura criminal desmantelada en el operativo.

El exatleta olímpico canadiense, Ryan James Wedding, se declaró no culpable de los cargos imputados por narcotráfico y homicidio durante una audiencia realizada este lunes 26 de enero en el estado de California.

La Fiscalía Federal de EEUU lo acusa de liderar una red internacional dedicada al tráfico de drogas y de estar vinculado al asesinato de un testigo colaborador en Medellín, Colombia.

Sobre la postura de Ryan, también conocido bajo el apodo de “Enemigo Público”, su abogado, Anthony Colombo, emitió una declaración a los medios de comunicación, en la que afirmó que México no esta en lo correcto tras afirmar que el presunto capo se entregó en una embajada.

Declaraciones de la defensa de Ryan James Wedding

El abogado defensor de Ryan James Wedding, Anthony Colombo, declaró que es muy pronto en el proceso de su cliente tras las preguntas hechas por diversos medios de comunicación.

Además, afirmó que Wedding presentó una declaración de no culpabilidad a ambas acusaciones de las que se le imputan.

“Las acusaciones no son pruebas, solo son una imputación”, afirmó Colombo.

Asimismo, señaló que el sistema de EEUU es acusatorio, no inquisitivo, afirmando que durante el litigio, surgirán más datos sobre este caso en particular.

La defensa de Wedding señala que no se entregó

El abogado de Ryan Wedding, Anthony Colombo, negó la versión oficial del gobierno mexicano sobre la supuesta entrega voluntaria del exatleta.

En declaraciones tras la audiencia en Los Ángeles, Colombo afirmó: “Él no se entregó. Fue detenido, fue arrestado. Así que cualquier versión que el gobierno de México esté difundiendo sobre que él se entregó es incorrecta".

Además, señaló lo siguiente: “creo que si hay alguien en posición de saber cómo fue su arresto y detención, es su abogado. Esos informes sobre lo que pasó, de que se entregó, son completamente falsos”.

Esto contrasta con lo expresado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien declaró que Wedding se presentó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en México y negó la existencia de operativos conjuntos para su detención.

Asimismo, la defensa de Wedding consideró que las declaraciones oficiales de México podrían estar motivadas por la tensión reciente que acusa una intervención de EEUU en México.

“Si el gobierno de Estados Unidos entra unilateralmente a un país soberano y arresta a alguien, se entiende la preocupación que esa entidad soberana podría tener", señaló el abogado de Wedding.

Colombo subrayó que su cliente ejercerá su derecho a un juicio justo y que espera que, a medida que avance el proceso, los hechos se esclarezcan.

De qué es señalado el exatleta olímpico

Las autoridades estadounidenses lo señalan como responsable de coordinar operaciones de narcotráfico y homicidios de alto impacto, incluyendo el tráfico de toneladas de cocaína desde Colombia y México hacia Estados Unidos y Canadá.

También lo acusan de ordenar decenas de asesinatos en distintos países, entre ellos Estados Unidos, Canadá y naciones de Latinoamérica.

Tras su captura, la noche del pasado 22 de enero en la Ciudad de México, se concretó un objetivo claro, detener a uno de los 10 hombres más buscados por el FBI.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó este lunes 26 de enero la detención de Efigenio “N”, señalado como excomandante de la policía municipal de Poza Rica por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada.

La orden de aprehensión fue ejecutada por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

La autoridad identificó al exservidor como Efigenio “N”, quien respondería al nombre de Efigenio Jiménez Bernabé, señalado en medios locales como exdirector de seguridad municipal y también excomandante de la policía municipal de Poza Rica.

Según datos corroborados por Infobae México mediante el Registro Nacional de Detenciones, la detención fue realizada al interior de las instalaciones de la Policía Municipal de Poza Rica.

Las autoridades han detallado que aún se mantenía en activo, sin embargo, no estaría en un rango alto.

La ficha de detención refiere que la captura fue realizada a las 6:57 de la mañana de este 26 de enero, cuando Jiménez portaba el uniforme de la corporación.

Operativo y proceso judicial

Las autoridades señalaron que Efigenio “N” ocupaba un cargo público municipal en Poza Rica al momento de los hechos.

La operación contó con la colaboración de fuerzas estatales y federales, lo que permitió cumplir la orden judicial sin incidentes reportados.

La Fiscalía General del Estado precisó que el detenido será presentado ante el órgano jurisdiccional competente, donde se determinará su situación jurídica conforme al proceso legal.

Efigenio fue detenido portando el uniforme de la policía municipal de Poza Rica, compuesto por una camisola y pantalón azul marino, gorra del mismo color y botas tácticas negras. El exfuncionario, de aproximadamente 1.65 metros de altura y tez moreno claro, se encontraba vestido con este equipo al momento de su detención.

Hasta el momento, no se han detallado las circunstancias de la extorsión ni se ha dado información adicional sobre las víctimas, debido a la reserva legal.

La dependencia indicó que el procedimiento se realizó bajo respeto a los derechos humanos y al debido proceso, y reiteró el compromiso de combatir delitos como la extorsión agravada mediante la coordinación entre instancias de seguridad y procuración de justicia.

Quién es Efigenio “N”

Según reportes de medios locales, Efigenio Jiménez Bernabé se desempeñó como Director de Seguridad Municipal en Poza Rica, Veracruz.

Posteriormente, en julio del año 2025, asumió el cargo de comandante de la policía en ese mismo municipio, sin embargo, actualmente se encontraría en un rango más bajo.

En redes sociales circulan diversas entrevistas al hoy detenido, en las cuales informaba a los medios de comunicación las acciones que se llevaban a cabo desde la policía del municipio para pacificar la región.

El caso de Ryan Wedding cobró visibilidad por la propia publicación del presunto jefe del narcotráfico en sus redes sociales, donde expresó su intención de entregarse en la Embajada de Estados Unidos en México. Este detalle fue recordado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien abordó la controversia surgida tras su detención. Según informó el medio original, Sheinbaum enfatizó que la aprehensión de Wedding, quien se encontraba entre los diez fugitivos más buscados por Washington, no resultó de una operación conjunta entre fuerzas mexicanas y estadounidenses.

En una conferencia matutina celebrada este lunes, Sheinbaum respondió a declaraciones del director general del FBI, Kash Patel, quien había afirmado que el arresto se produjo a través de una operación bilateral. La mandataria rechazó categóricamente esta versión, según publicó la fuente, y explicó que Wedding decidió entregarse voluntariamente acudiendo a la sede diplomática de Estados Unidos en la capital mexicana.

La presidenta reiteró que “tiene que quedar muy claro. No hay operaciones conjuntas en México... No permitiríamos eso”, según citó el medio. Sheinbaum puntualizó que este principio fue expresado al entonces presidente Donald Trump en conversaciones previas y que la soberanía mexicana no admite intervenciones operativas extranjeras en su territorio. Además, añadió que la verdadera dinámica de colaboración que se mantiene con agencias estadounidenses se limita al intercambio de información entre autoridades de ambos países, pero sin acciones conjuntas dentro del territorio nacional, de acuerdo con los comentarios difundidos por la prensa.

De acuerdo con la información reunida, primero el ministro mexicano de Seguridad, Omar García Harfuch, ya había desmentido que existiera tal coordinación operativa, seguido después por el propio embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, quien también negó la existencia de una operación conjunta. Sheinbaum dejó en manos del secretario general del FBI la explicación sobre las razones que condujeron a la difusión de la versión original sobre un trabajo conjunto en la detención de Wedding.

Según detalló el reporte, Wedding, de 44 años, estaba en busca y captura bajo cargos relacionados con el tráfico de cocaína a gran escala y acusaciones de homicidio. Fue aprehendido en México el jueves por la noche y, tras su entrega voluntaria, las autoridades lo trasladaron de forma inmediata a Estados Unidos. Tal como consignó el medio, este arresto coincidió con la visita oficial del director general del FBI, Kash Patel, a la capital mexicana.

El historial de Wedding incluye una condena previa en 2010 cuando fue detenido y sentenciado a cuatro años de prisión por intento de trasladar 24 kilogramos de cocaína desde San Diego hacia Canadá, según reportó el medio. Un año después de la sentencia, fue liberado y posteriormente deportado a Canadá. La trayectoria de Wedding no se limita a actividades ilícitas; también formó parte del equipo canadiense de snowboard durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, las acusaciones recientes contra Wedding apuntan a su pertenencia al Cártel de Sinaloa, donde habría dirigido operaciones de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Canadá durante los últimos años. Washington lo incluyó en una de sus listas de criminales más buscados antes de que se materializara su detención en el territorio mexicano.

En su rueda de prensa, la presidenta insistió en diferenciar los procedimientos de coordinación existentes con la entrega voluntaria del presunto criminal. “Los agentes de Estados Unidos, el FBI y de alguna otra agencia, tienen muy claras sus limitaciones”, subrayó Sheinbaum, según recogió el medio, remarcando que cualquier colaboración actual entre países se limita estrictamente a canales de información y no a operaciones logísticas en campo dentro del territorio mexicano.

Hasta ahora, el entorno diplomático y de seguridad permanece atento a las repercusiones de este caso, especialmente debido al cruce de versiones entre autoridades mexicanas y estadounidenses respecto a la naturaleza del arresto. La presidenta reiteró su postura y la de sus colaboradores, deslindando al gobierno mexicano de cualquier acción conjunta que contravenga las políticas de soberanía nacional.

Kiefer Sutherland fue arrestado en Los Ángeles tras un presunto altercado con un conductor de una aplicación de transporte, según confirmó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

El incidente ocurrió poco después de la medianoche del lunes 12 de enero, en las inmediaciones de Sunset Boulevard y Fairfax Avenue, una zona concurrida del oeste de Hollywood.

De acuerdo con un comunicado del LAPD obtenido por Us Weekly, los agentes respondieron a una llamada de radio alrededor de las 12:15 a.m. por una supuesta agresión que involucraba a un conductor de ride-share.

“La investigación determinó que el sospechoso, posteriormente identificado como Kiefer Sutherland, ingresó a un vehículo de transporte compartido, agredió físicamente al conductor (la víctima) y realizó amenazas criminales contra él”, señala el informe policial.

Las autoridades informaron que Kiefer Sutherland fue arrestado en el lugar por el cargo de “amenazas criminales”, en violación del Código Penal de California, sección 422, un delito grave.

Según la policía, la presunta víctima no sufrió lesiones que requirieran atención médica en el sitio. El caso quedó a cargo de la División Hollywood del LAPD, que continuará con la investigación.

Hasta el momento, los representantes del actor no han emitido comentarios públicos sobre lo ocurrido. Sutherland, de 58 años, deberá comparecer ante un tribunal el próximo lunes 2 de febrero, de acuerdo con la información preliminar difundida por las autoridades.

El arresto vuelve a colocar al protagonista de 24 en el centro de la atención mediática por problemas legales, un terreno que no le resulta ajeno. A lo largo de las décadas, el actor británico-canadiense ha tenido varios encuentros con la justicia, en su mayoría relacionados con conducción bajo los efectos del alcohol.

En 1989, Kiefer Sutherland fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y acusado de portar un arma cargada; ese cargo fue desestimado tras declararse “no culpable” por la infracción de tránsito.

En 1993, el actor fue detenido nuevamente y, tras llegar a un acuerdo con los fiscales, se declaró “no contest”, lo que derivó en más de 200 horas de servicio comunitario, según reportó ABC News en ese momento.

Años después, en 2004, volvió a ser arrestado por conducir bajo la influencia de sustancias tóxicas. En esa ocasión recibió cinco años de libertad condicional y la orden judicial de someterse a tratamiento por abuso de sustancias, de acuerdo con Reuters.

Sin embargo, en septiembre de 2007 fue arrestado nuevamente mientras aún se encontraba en libertad condicional, lo que constituyó una violación de su acuerdo y derivó en una breve estancia en prisión.

El propio Kiefer Sutherland ha hablado públicamente de esa experiencia con una mezcla de humor y autocrítica. En una entrevista de 2008 con Late Night With David Letterman, relató anécdotas de su paso por la cárcel, incluyendo su primer día en las duchas, bromeando con que se sentía un “cliché”.

Años más tarde, en 2022, durante su participación en el pódcast Kyle Meredith With, reconoció que el humor fue un mecanismo para sobrellevar el encierro, aunque subrayó que nunca perdió de vista la gravedad de sus actos.

“No hay sonido que haya aprendido a odiar más que el de la reja de la cárcel del condado cerrándose”, confesó.

Más allá de su historial legal, Sutherland cuenta con una extensa carrera en cine y televisión, y es hijo del fallecido actor Donald Sutherland. Es padre de Sarah Sutherland, conocida por su papel de Catherine Meyer en la serie Veep, fruto de su primer matrimonio con Camelia Kath.

También estuvo casado con Elizabeth Kelly Winn entre 1996 y 2004, y desde 2017 mantiene un compromiso con la actriz Cindy Vela.

Pedro Gil, fundador de la plataforma 'Venezolanos en Bilbao Bizkaia', destacó este domingo que la detención de Nicolás Maduro genera alivio entre muchos de los venezolanos que residen en Bilbao, señalando que la medida abre nuevas posibilidades de cambio político en su país. La declaración tuvo lugar en el contexto de una concentración convocada para las 17:00 horas frente al Ayuntamiento de Bilbao, en respuesta a los recientes acontecimientos que derivaron en el arresto del presidente venezolano en Caracas tras los ataques de Estados Unidos, y su posterior traslado a territorio estadounidense.

De acuerdo con información publicada por Europa Press, la movilización convocada por la plataforma 'Venezolanos en Bilbao Bizkaia' busca expresar la satisfacción de la comunidad venezolana en la capital vizcaína ante lo que consideran un hecho significativo en la historia contemporánea del país sudamericano. Según detalló el medio, la iniciativa cuenta con un respaldo mayoritario entre los ciudadanos venezolanos residentes en la región, que ven en la detención de Maduro una oportunidad para avanzar hacia un proceso de transición política.

Pedro Gil explicó a Europa Press que la respuesta colectiva corresponde a una "celebración ciudadana espontánea" motivada por el deseo de expresar públicamente el final de una etapa marcada, según sus palabras, por el sufrimiento de miles de familias venezolanas divididas por fronteras a raíz de la situación política y económica del país. Gil afirmó que el arresto del expresidente venezolano representa para quienes han salido de ese país "una esperanza" ante la posibilidad de iniciar nuevos procesos sociales y políticos, tras años en los que Maduro "ha sido una persona que insultaba al poder en Venezuela".

Europa Press consignó en su reporte que la concentración tiene lugar en un contexto internacional marcado por la intervención militar estadounidense en Caracas y áreas circundantes, lo que desencadenó la captura de Maduro. El fundador de la plataforma destacó que la figura de Maduro simbolizaba la resistencia a cualquier forma de transición pacífica y ordenada, y añadió que el liderazgo del exmandatario impedía todo avance hacia un entendimiento político entre las distintas fuerzas del país.

Las familias venezolanas radicadas en Bilbao consideran que el arresto de Maduro significa el principio de una posible reunificación familiar, al disminuir los motivos de desplazamiento derivados de la crisis política y social. Según señaló Europa Press, la convocatoria enfatiza el sentimiento colectivo de alivio experimentado por buena parte de la diáspora venezolana en el País Vasco.

Los organizadores esperan que esta movilización sirva para visibilizar las demandas y aspiraciones de quienes residen fuera de Venezuela, así como para subrayar la importancia de las decisiones políticas que, según Gil, han llevado al exilio a una parte considerable de la población. "El motivo de que Nicolás Maduro haya sido capturado, para nosotros es un motivo de esperanza y de celebración porque ha sido una persona que se ha negado a permitir una transición pacífica y ordenada, y había usurpado el poder", reiteró Pedro Gil a Europa Press.

De acuerdo con lo reportado por el citado medio, la concentración de la plataforma 'Venezolanos en Bilbao Bizkaia' enfatiza el sentido colectivo de expectativa frente al futuro político de Venezuela, así como la voluntad de sus miembros de permanecer atentos y participativos en los acontecimientos que puedan conducir a transformaciones sociales y políticas en su país de origen.

La primera imagen de Nicolás Maduro tras su captura fue difundida este sábado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red social Truth Social. En la fotografía, Maduro aparece de pie, esposado, vestido con un conjunto de mono gris, usando gafas de protección y audífonos protectores, mientras sostiene una botella de agua en las manos. Esta imagen se convierte en la primera confirmación visual del arresto del líder venezolano, realizado luego de una operación en la que participaron las fuerzas del orden estadounidenses.

El mandatario estadounidense acompañó la foto con el mensaje: “Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”. En la imagen se aprecia que es acompañado por un funcionario de la DEA.

El presidente de Estados Unidos,Donald Trump, informó este sábado en la madrugada que el dictador Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió en un mensaje en su red Truth Social.

Y agregó: “Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 AM (16:00 GMT) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”.

Más tarde, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aseguró Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York y recordó la acusación formal que desde 2020 pesa sobre el mandatario del país caribeño por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.

"Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados ​​formalmente en el Distrito Sur de Nueva York“, escribió Bondi en un mensaje en la red social X en el que recordó también la imputación amparada por un gran jurado en marzo de 2020 contra Maduro, capturados hoy en un operativo relámpago de las fuerzas especiales estadounidenses en Venezuela

Maduro está desde 2020 acusado de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos contra EEUU.

En EEUU estos cargos podrían acarrear penas de entre veinte años y cadena perpetua.

“Pronto se enfrentarán a todo el peso de la justicia estadounidense en territorio estadounidense y ante tribunales estadounidenses”, añadió Bondi, que agradeció al presidente estadounidense y al ejército su actuación de hoy en Venezuela.

"En nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al presidente Trump por tener el valor de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión para capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales“, concluyó la fiscal general.

Desde su imputación en 2020, el Gobierno estadounidense -que no reconoce a Maduro como presidente legítimo de su país- ha aumentado desde 15 a un récord de 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su arresto.

Tal como publicó el medio, Anasagasti vinculó esta percepción colectiva al contexto político venezolano, al calificar el sistema de su país natal como “una dictadura”. El político vasco sostuvo que no se puede tratar igual a un régimen autoritario que a un gobierno democrático, remarcando la especificidad de Venezuela frente a otros escenarios internacionales. En sus palabras: “Sería intolerable si a un gobierno democrático una potencia internacional le invadiera, pero esto no es un gobierno democrático”.

De acuerdo con detalló el medio, Anasagasti valoró que tanto los ataques estadounidenses en Venezuela como la detención del presidente Nicolás Maduro representan novedades significativas al iniciar el año. Consideró el arresto como “la mejor noticia para empezar el año”, argumento que justificó con la posibilidad de abrir un proceso que facilite la solución de los problemas estructurales en Venezuela.

El político, que subrayó su origen venezolano, manifestó que atraviesa estos días “con mucha expectación” y esperanza en la apertura de una transición política pacífica. Según consignó el medio, enfatizó su deseo de que Venezuela logre una transición democrática sin el despliegue de violencia. Al referirse tanto al presente como al futuro inmediato de su país natal, recalcó: “La violencia no está justificada, pero tampoco la dictadura está justificada”.

El medio informó además que Iñaki Anasagasti calificó a Maduro como “un dictador cruel” y aseveró que el arresto abre la puerta para abordar los problemas que enfrenta la sociedad venezolana. Expresó su satisfacción personal ante los acontecimientos actuales y reiteró que es “la mejor noticia para empezar el año” dada la dimensión del exilio venezolano, que asciende a nueve millones de personas fuera del país.

La realidad de los migrantes venezolanos en España, especialmente en Euskadi y otras comunidades limítrofes, refleja las implicancias de la situación política en Venezuela para quienes debieron abandonar su país. Según detalló el medio, este grupo de migrantes reacciona con optimismo a la posibilidad de cambios en Venezuela tras la detención de su antiguo presidente.

Anasagasti concluyó que se siente aliviado y optimista ante la eventual apertura de una etapa democrática en Venezuela, frente a lo que considera el fin de un periodo de dictadura que marcó a millones de ciudadanos, muchos de los cuales buscan mejores oportunidades lejos de su patria.

El senador republicano Mike Lee comunicó que el secretario de Estado Marco Rubio le informó sobre la detención y extracción de Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, quienes fueron llevados fuera de Venezuela por personal estadounidense. Este hecho se produce después de una operación militar realizada en territorio venezolano, en un contexto de máxima tensión diplomática y militar entre ambos países, según reportó el medio que brindó la información de origen.

De acuerdo con lo consignado por la fuente, Estados Unidos declaró a Nicolás Maduro “bajo arresto”, confirmando que el expresidente venezolano será procesado judicialmente en suelo estadounidense por delitos que aún no se han detallado. El anuncio fue realizado este jueves luego de una intervención nocturna ejecutada por el ejército norteamericano, la cual incluyó ataques aéreos con el objetivo de proteger a las fuerzas encargadas de dar cumplimiento a la orden de detención. El presidente norteamericano Donald Trump confirmó que el propio Marco Rubio le notificó acerca de la captura, ocurrida durante la madrugada, y aseguró que ambos, Maduro y Flores, fueron extraídos de Venezuela tras la intervención.

La misma acción desencadenó reacciones inmediatas en la esfera política de Estados Unidos. Varios senadores demócratas manifestaron reparos respecto a la legalidad de la operación, exigiendo explicaciones sobre el fundamento constitucional empleado para justificarla. Ante esto, Mike Lee argumentó que probablemente la intervención se ha enmarcado en la autorización inherente otorgada al Presidente bajo el Artículo II de la Constitución de Estados Unidos, lo que autorizaría acciones para proteger a ciudadanos estadounidenses de amenazas reales o inminentes.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, se sumó a los pronunciamientos oficiales. A través de su cuenta de X, manifestó que “el tirano se ha ido”, aludiendo a la remoción de Maduro, y describió la situación como “un nuevo amanecer para Venezuela”. Landau afirmó que el exmandatario venezolano finalmente enfrentará la justicia debido a sus acciones, aunque hasta el momento no se han especificado cuáles serán los cargos que deberá afrontar en Estados Unidos.

Según detalló la misma fuente, la operación se enmarca dentro de la serie de medidas adoptadas por Estados Unidos en medio de una escalada de tensiones con el gobierno venezolano durante los últimos meses. Estas acciones incluyeron el despliegue de buques de guerra en las costas venezolanas, la incautación de petroleros y amenazas abiertas de ataque militar, justificadas en el combate al narcotráfico.

El desarrollo de la intervención militar estadounidense, que culminó en la detención de Maduro y Cilia Flores, marca un punto de inflexión en la crisis bilateral. La fuente original indicó que, por el momento, las autoridades estadounidenses no anticipan más acciones directas en Venezuela tras la detención. Tampoco han trascendido datos sobre el estado de salud de Maduro ni del resto de su entorno inmediato.

El medio informó que el episodio ha acelerado el colapso de las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas, acentuando el clima de confrontación entre ambas administraciones en los meses previos. Si bien la narrativa oficial estadounidense presenta la captura como un “nuevo amanecer” para el país sudamericano, persisten interrogantes sobre los procedimientos judiciales que se seguirán adelante y sobre la reacción de los sectores leales a Maduro en Venezuela.

El periodista Gustavo Adolfo Infante atravesó en 2025 uno de los años más complejos de su carrera, marcado por una serie de demandas y conflictos legales que involucraron a figuras del espectáculo mexicano y argentino.

A pesar del entorno adverso, el conductor de “De primera mano” cerró el año con un mensaje de gratitud y resiliencia.

“Fue un año complicado, de un montón de demandas”: el balance de Gustavo Adolfo Infante al cierre de 2025

El 31 de diciembre, durante la última emisión de su programa anual en Imagen Televisión, Gustavo Adolfo Infante ofreció un mensaje personal sobre los desafíos de los últimos meses.

“Yo nada más les tengo que agradecer, fue un año complicado, de un montón de demandas, pero haciendo un balance fue un año maravilloso, con mis hijos universitarios, enamorado de mi esposa, con mi mamá, con salud, un equipo de trabajo sólido. Feliz año 2025”, expresó el conductor al aire.

Las declaraciones de Infante reflejaron el clima de presión mediática y judicial que lo acompañó durante los últimos doce meses, al tiempo que subrayó su estabilidad familiar y profesional a pesar de las controversias.

La disputa con Javier Ceriani: orden de restricción y acusaciones cruzadas

Uno de los episodios más sonados de 2025 involucró la confrontación entre Gustavo Adolfo Infante y el conductor argentino Javier Ceriani.

El 26 de agosto, el periodista mexicano anunció en su canal de YouTube que tanto él como su esposa solicitaron una orden de restricción contra Ceriani, después de que el argentino difundiera señalamientos sobre una supuesta infidelidad con Mayela Laguna.

“Todo tiene un principio y un fin, a la gente hay que ponerles un alto cuando se pasan de mentirosos, malosos, extorsionadores, delincuentes, rateros algunos, abusivos, infelices otro. Lo tengo absolutamente todo con papeles”, afirmó Infante frente a sus seguidores.

El conductor explicó que la medida judicial buscaba frenar lo que consideró un ataque directo a su vida personal y profesional.

Infante también sostuvo que Ceriani ya no puede referirse ni a él ni a su esposa públicamente.

“A partir de hoy Javier Ceriani tiene una orden de restricción y no puede hablar de mí, ni de mi esposa. Lo voy a llevar legalmente, porque él decidió que fuera una guerra tope donde tope y estoy dispuesto a llegar a donde sea, porque voy a defender mi trabajo y mi familia”, sentenció.

Maribel Guardia y la orden de arresto contra Gustavo Adolfo Infante

El conflicto judicial más relevante del año para Gustavo Adolfo Infante ocurrió en noviembre, cuando un juez de la Ciudad de México ordenó 12 horas de arresto administrativo contra el periodista por violar las medidas de restricción dictadas a solicitud de la actriz Maribel Guardia.

De acuerdo con la información divulgada por el periodista Carlo Uriel, la resolución judicial se emitió el 13 de noviembre, luego de que se determinó que el conductor volvió a referirse a la artista de manera despectiva en redes sociales.

La justicia local prohibió a Infante cualquier contacto o mención hacia Guardia y su esposo, incluso a través de programas televisivos o plataformas digitales bajo su administración.

La sanción incluyó la eliminación de videos, imágenes o publicaciones relacionadas con la pareja y la notificación a plataformas como YouTube para el retiro del contenido.

Entre las diversas consecuencias que dejaron las manifestaciones en Madagascar, una de las situaciones más destacadas fue el cese reciente de Richard Ravalomanana como presidente del Senado, luego de no asistir a las sesiones dedicadas a los Presupuestos de 2026. Este hecho ocurrió en medio de crecientes tensiones y movilizaciones, en las que la represión gubernamental derivó en más de 20 personas fallecidas y más de un centenar resultaron lesionadas, según datos ofrecidos por Naciones Unidas. De acuerdo con la información difundida por las autoridades malgaches, publicada por el Ministerio de Justicia en redes sociales y reportada por distintos medios internacionales, la detención de Ravalomanana responde a una investigación que apunta directamente a su rol durante estos episodios de violencia, y lo vincula a delitos como complicidad en homicidio, complicidad en daños físicos, usurpación de funciones y alteración del orden público.

El Ministerio de Justicia de Madagascar detalló, a través de un comunicado oficial publicado la jornada del domingo, que estas acusaciones se basan en pruebas y documentación actualmente en poder de las autoridades. Además, la institución subrayó que las calificaciones jurídicas asignadas al caso pueden variar durante el desarrollo de la investigación, para adaptarse a los hallazgos y disposiciones judiciales. Según consignó este organismo, la imputación a Ravalomanana se produce en el marco constitucional y bajo jurisdicción de los tribunales ordinarios, en concordancia con la legislación del país.

De acuerdo con lo citado por el Ministerio, “los delitos en cuestión fueron cometidos al margen del ejercicio de sus funciones oficiales”, lo que implica que los involucrados no son juzgados bajo fueros parlamentarios especiales, sino conforme a los procedimientos ordinarios. Las autoridades insistieron además en que toda persona, independientemente de su posición, grado jerárquico o historial de cargos públicos, permanece bajo el alcance de la justicia cuando las condiciones legales lo permitan. “Nadie está por encima de la ley”, aseguró el Ministerio en su pronunciamiento, acentuando el principio de igualdad ante la justicia establecido en la Constitución malgache.

El medio que reportó la noticia resaltó que Ravalomanana no solo ejercía como presidente del Senado al momento de las protestas, sino que también mantenía un vínculo político cercano con el entonces presidente Andry Rajoelina, líder del gobierno que terminó enfrentando la oleada de descontento. Las manifestaciones masivas, desarrolladas entre septiembre y octubre, se dirigieron contra la administración de Rajoelina y culminaron en hechos de violencia respaldados por segmentos de las fuerzas de seguridad.

Durante ese periodo, la respuesta estatal frente a las protestas fue duramente cuestionada por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, al confirmarse un saldo superior a 20 víctimas fatales y un número considerable de personas heridas. Naciones Unidas ofreció un balance que da cuenta de la magnitud de los enfrentamientos y de las acciones represivas desplegadas durante las movilizaciones.

Según lo relatado por los medios, la situación política de Madagascar experimentó un cambio relevante después de que una de las principales unidades de élite del Ejército, dirigida por Michael Randrianirina, retirara su apoyo al gobierno y optara por respaldar a los manifestantes. Este movimiento dentro de las fuerzas armadas tuvo como consecuencia directa la salida del país de Rajoelina, quien denunciaría posteriormente un golpe de Estado de carácter militar con el fin de apartarlo del poder. Posteriormente, Randrianirina se hizo cargo de la presidencia del período de transición en el país africano.

El Ministerio de Justicia de Madagascar reiteró en diferentes pasajes su decisión de garantizar la aplicación “rigurosa” de la legalidad y la estabilidad institucional durante el proceso judicial. Según detalló el propio ministerio, el Poder Judicial se reconoce como la instancia encargada de preservar tanto la justicia como el cumplimiento de la ley, en defensa del orden público y los fundamentos constitucionales de la República.

En relación a la situación de los acusados, las autoridades subrayaron la importancia de que el proceso se mantenga independiente y se ciña a las pruebas recabadas hasta el momento, aunque explicaron que estos elementos pueden evolucionar a medida que avance la instrucción y sean examinados por los correspondientes tribunales. El comunicado oficial recalcó la vigencia de los tribunales competentes y la sujeción de los procedimientos a la normativa vigente en Madagascar.

Por otra parte, las informaciones publicadas por el medio incluyen que las protestas masivas coincidieron con un periodo de acusaciones cruzadas entre líderes gubernamentales y fuerzas de oposición, en un contexto de crisis institucional agravada por el descontento social. La figura de Ravalomanana surgió como uno de los focos de la indignación popular, en tanto que su posición de autoridad se vinculó a las acciones del gobierno durante los enfrentamientos.

El proceso judicial iniciado tras la detención del exsenador se inscribe en el contexto de un clima político caracterizado por la incertidumbre y el escrutinio tanto nacional como internacional sobre las condiciones en que se produjeron las muertes y los heridos, según evidencia la información publicada por los medios. Diversas organizaciones de derechos humanos se mantienen a la expectativa de cómo evolucione el caso, pendiente del respeto de los procedimientos adecuados y de la resolución de las acciones legales emprendidas.

Finalmente, el Ministerio de Justicia, según publicó en sus comunicados y declaraciones recogidas por la prensa, enfatizó que la aplicación de la ley se ejerce sin distinciones y que todos los ciudadanos, como la exautoridad ahora arrestada, tienen derecho a las garantías procesales previstas en la Constitución, en resguardo tanto de la legalidad como de la integridad del sistema judicial malgache.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista en Italia considera que Mohamed Hannun, presidente de la Asociación de Palestinos en Italia, figura como un posible miembro activo de Hamás y presunto líder de una “célula italiana”. Según consignó La Repubblica, el Ministerio del Interior lo acusa de canalizar fondos desde iniciativas humanitarias hacia actividades del movimiento islamista y de haber desviado en las últimas dos décadas hasta 7,2 millones de euros con este destino. El caso adquiere mayor peso tras descubrirse que las operaciones de Hannun alcanzaron un volumen total de transferencias superior a 10 millones de euros, según detalló el medio italiano.

El pasado sábado, autoridades italianas arrestaron a Hannun en Génova, junto a otros ocho sospechosos, bajo cargos de presuntos vínculos financieros con Hamás. Esta acción se enmarca en una investigación coordinada por la Dirección Antimafia y Antiterrorista del Distrito de Génova, la cual incluyó también la incautación provisional de bienes y activos financieros valorados en más de 8 millones de euros, tal como informó el Ministerio del Interior en un comunicado publicado en la plataforma X. La decisión de proceder con los arrestos deriva de las pesquisas sobre movimientos de dinero que, bajo el argumento de ayuda a la población palestina, habrían servido para fines distintos a los declarados, de acuerdo con los resultados expuestos por las autoridades.

Según La Repubblica, el operativo se dio a conocer de manera oficial a través de las redes sociales del Ministerio del Interior, señalando la dimensión y la gravedad de la supuesta red financiera. El titular del Ministerio, Matteo Piantedosi, afirmó en el comunicado: “A pesar de la necesaria presunción de inocencia que siempre debe reconocerse en esta fase, se ha desvelado el comportamiento y las actividades que, tras la fachada de iniciativas en beneficio de la población palestina, ocultaban el apoyo y la participación en organizaciones con verdaderos fines terroristas de naturaleza islamista”. La declaración remarca que las evidencias obtenidas durante la investigación habrían permitido detectar que los recursos gestionados por las personas arrestadas terminaron eventualmente en manos de Hamás, considerado por la Unión Europea un grupo terrorista.

Además de señalar a Hannun como figura clave, las autoridades investigan el rol de la Asociación de Palestinos en Italia dentro de este esquema, describiendo cómo operaron, bajo el paraguas de la ayuda humanitaria, transferencias y canales que habrían servido para el movimiento ilícito de fondos. Según publicó La Repubblica, los investigadores creen que desde hace veinte años Hannun habría asumido la función de conectar a la organización en Italia con las estructuras internacionales del movimiento islamista.

Respecto a los arrestos, el operativo incluyó registros en varios puntos estratégicos, enfocados en localizar documentos, equipos informáticos y otros elementos que permitan completar el mapeo financiero desarrollado a partir de informes de inteligencia. El método utilizado, según detalla el medio italiano, consistía en presentar los recursos como parte de campañas de solidaridad, destinadas formalmente a cubrir necesidades humanitarias en la población de Gaza, si bien las pesquisas rastrearon la circulación del dinero hasta Hamás.

El caso desató una respuesta institucional, en la que el propio Ministerio subrayó la voluntad del gobierno de perseguir hasta sus últimas consecuencias las actividades de financiación del terrorismo bajo cualquier pretexto, sintagma repetido en mensajes oficiales. Paralelamente, la investigación plantea que, a pesar del control sobre la actividad formal de las organizaciones presentes en Italia, los mecanismos financieros empleados consiguieron eludir la detección durante años mediante la fragmentación de las transferencias y la colaboración entre distintas entidades.

La Repubblica también mencionó que el total de activos incautados asciende a más de 8 millones de euros, cifra que incluye bienes muebles e inmuebles, así como valores en cuentas bancarias asociadas a los investigados. Las autoridades italianas esperan que, con estas medidas, puedan interrumpir el flujo monetario y profundizar en el esclarecimiento de los cauces empleados para el presunto desvío de fondos.

Dentro de la documentación pública hasta el momento, la Fiscalía Nacional Antiterrorista justifica la operación por la necesidad de frenar lo que describe como “infiltración de actividades criminales en estructuras de titularidad humanitaria”. Las investigaciones continúan sobre la posible implicación de más personas y organizaciones, siguiendo pistas relacionadas con la recopilación y transferencia de recursos obtenidos en campañas solidarias.

Expertos legales citados por La Repubblica subrayan la complejidad del caso, por lo que también se prevé la participación de organismos internacionales en la investigación. Por ahora, los arrestados permanecen en custodia de las autoridades italianas, pendientes de nuevas diligencias y de las consecuencias judiciales de la operación.

De acuerdo con la cobertura de NBC, la detención ocurrió después de que fuentes policiales comunicaran que el individuo portaba un arma con “características únicas” que coincidirían con el arma empleada en el ataque de la universidad. Aunque la persona arrestada permanece bajo custodia, de momento no se le ha imputado ningún cargo, detalló la misma fuente.

El tiroteo, registrado el sábado en las instalaciones de la Universidad de Brown, dejó como saldo al menos dos personas fallecidas y otras siete heridas. El medio NBC subrayó que las fuerzas del orden investigan si el arma incautada pertenece efectivamente al atacante, ya que las características del objeto confiscaron corresponden a las reportadas por los testigos del suceso.

En la conferencia ofrecida por el alcalde Smiley, se informó que entre los heridos, seis presentan estado estable, mientras que uno permanece grave. El funcionario explicó que se mantiene la asistencia médica a las víctimas y se efectúan todos los procedimientos requeridos para dar atención a quienes resultaron afectados. NBC reportó que la investigación continúa, con la colaboración tanto de la policía local como de equipos forenses encargados de analizar la evidencia encontrada.

Por parte de la Universidad de Brown, su rectora Christina Paxon anunció que la orden de clausura, que se había declarado tras el tiroteo por motivos de seguridad, fue levantada en las horas siguientes una vez que la policía determinó que no existía una amenaza inminente. Según indicó Paxon en declaraciones reproducidas por NBC, la decisión busca restablecer la actividad normal cuanto antes, aunque se mantienen refuerzos en la vigilancia y medidas adicionales para garantizar la seguridad en el campus.

Los investigadores se centran en esclarecer las circunstancias que derivaron en el tiroteo y en averiguar si el sospechoso actuó solo o con cómplices, indicó el medio estadounidense. Se aguarda información adicional de los equipos forenses para determinar si el arma decomisada corresponde definitivamente a la utilizada en el ataque. Las autoridades no han dado a conocer la identidad del sospechoso ni de las víctimas.

La policía, según añadió NBC en su cobertura, ha solicitado la colaboración ciudadana para recabar más datos que contribuyan a dilucidar los hechos. Continúan las entrevistas con testigos presenciales y se analizan grabaciones de cámaras de vigilancia instaladas en el perímetro universitario.

La comunidad universitaria manifestó su consternación por lo ocurrido y exhortó a brindar asistencia psicológica a estudiantes y empleados. La administración de la Universidad de Brown emitió un comunicado dirigido a los familiares de los afectados, expresando disposición para ofrecer apoyo y recursos durante el proceso de recuperación. NBC informó que las clases y actividades académicas se reanudarán conforme a las indicaciones de las autoridades educativas y sanitarias.

Hasta el momento, el caso se encuentra en desarrollo, bajo la estricta supervisión de organismos estatales y federales, remarcó NBC en su cobertura. Las fuerzas de seguridad mantienen controles reforzados en la zona, al tiempo que avanzan en la recopilación de pruebas para esclarecer cómo se produjo el ataque y delimitar responsabilidades.

Después del año 2004 era imposible ver una película sin ver también aquel agresivo anuncio que argumentaba que, si “no robarías un coche”, la piratería debería parecer igual de mal. Por aquel entonces lo más común en términos de consumo ilegal de películas era encontrarlas en alguna sábana en la calle, en fundas con portadas mal impresas en un folio A4 doblado a la mitad y, en su interior, un DVD con el título correspondiente escrito en rotulador.

Más adelante, en pleno auge del Internet, llegó la piratería de los Torrent, de poner a descargar una película temprano por la mañana a ver si, con mucha suerte, al terminar el día uno podía sentarse a verla. Y algo después llegaron las páginas web pirata en las que no hace falta descargar nada para ver nada pero que, con toda probabilidad, entre anuncio cuestionable y anuncio denunciable, se cobraban la interacción metiendo algún troyano en el dispositivo de cualquiera sin que uno pudiese hacer mucho por evitarlo.

El caso es que la piratería de contenido audiovisual ha existido desde que era posible, en distintos formatos y con mayor o menor riesgo para el consumidor; y que sigue existiendo a pesar de todos los esfuerzos que las empresas productoras hacen por intentar que sea imposible, o muy difícil. Un caso que ha salido a la luz recientemente en Elche (Alicante) deja claro que, por lo menos de momento, la piratería no se va a ir a ninguna parte.

La operación ‘Pecadora’: intervenidos más de 1.300 DVDs con telenovelas piratas

‘Mientras haya vida’, ‘La encrucijada’, ‘Cuando me enamoro’ o ‘Amor sin límites’ son solo algunas de las telenovelas de un catálogo pirata puesto a la venta en Milanuncios que ha llevado a la detención de una mujer alicantina de 52 años. La Policía Nacional ha adelantado a EFE que la detenida, española y sin antecedentes, ha sido ya puesta en libertad con cargos por un presunto delito contra la propiedad intelectual.

La operación, denominada ‘Pecadora’ y dirigida por el juzgado de Instrucción número 1 de Elche, se ha desarrollado con una investigación de la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) de la comisaría de la Policía de la ciudad ilicitana que consideran “inédita” por el hecho de que el contenido pirateado sean telenovelas, algo que, parece ser, es poco habitual.

El alijo intervenido por la Policía es de alrededor de 1.300 DVD’s falsificados, siete discos duros, y un ordenador de mesa en los cuales la detenida guardaba series enteras de telenovelas. ‘Corazón salvaje’, ‘Pasión’, ‘Mi verdad oculta’, ‘Cautiva de amor’, ‘Con esa mirada’, ‘Fugitivas’, ‘La madame’, ‘Un camino hacia el destino’, ‘Teresa’, ‘Alondra’, ‘Rubí’ o ‘La antorcha encendida’, entre otras muchas: lo único que tenía que hacer cualquier interesado era ponerse en contacto con la mujer a través de Milanuncios.com para que ella enviase el producto, por precios de entre 5 y 7 euros por temporada (mas gastos de envío), grabado en los DVDs en formato .mp4 o .mkv.

El negocio iba bien, o por lo menos iba, hasta que, en julio de 2025, la Entidad de Gestión de Derechos de Productores Audiovisuales (EGEDA), interpuso una denuncia sobre la reproducción y distribución masiva de copias piratas de obras. Desmantelado quedó todo el pasado 2 de diciembre tras el arresto y registro domiciliario - y la consecuente incautación del material - de la mujer, quien prestó declaración en la comisaría de la ciudad y, posteriormente, quedó en libertad con cargos y a la espera de la resolución del juzgado que lleva el caso.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump manifestó su desacuerdo con la posibilidad de que las autoridades venezolanas detuvieran a Machado. "No me gustaría que la arrestaran, no estaría contento con eso", respondió Trump cuando periodistas le preguntaron por una eventual privación de libertad de la dirigente venezolana, según informó la agencia EFE. El mandatario estadounidense declaró que no tenía conocimiento de planes específicos para detener a Machado, pero recordó la gentileza de la opositora al dedicarle palabras durante la distinción del Nobel. Trump sostuvo: "Machado fue muy amable al dedicarme el Nobel de la Paz cuando fue anunciado", en referencia a su habitual reivindicación de ese galardón.

Al abordar la relevancia del premio, Trump explicó que su interés principal al intervenir en conflictos internacionales radica en salvar vidas, más allá del reconocimiento que otorgan distinciones como el Nobel, detalló EFE. El mandatario ha reiterado en diversas ocasiones que los galardones no constituyen su motivación principal, sino que su enfoque se orienta a impedir sufrimientos y resolver situaciones de guerra.

Machado, que habría permanecido oculta en Venezuela durante el último año por temor a una posible detención, no pudo llegar a tiempo a la ceremonia oficial en Oslo, reportó EFE. No obstante, aseguró que estaría presente en la capital noruega en las horas siguientes. El medio The Wall Street Journal, citado por EFE, indicó que funcionarios estadounidenses monitorizaron el trayecto de Machado desde Venezuela hasta Curazao, antes de su viaje final a Noruega, en medio de estrictas medidas de precaución para evitar su captura por parte del gobierno de Maduro.

El caso de María Corina Machado se ha convertido en un punto de tensión entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. La dirigente se mantiene como una de las voces más visibles de la oposición, y la atención internacional se ha enfocado en su seguridad ante la posibilidad de represalias por parte de las autoridades venezolanas. La preocupación expresada por el presidente de Estados Unidos se suma a los señalamientos de organizaciones internacionales que han seguido de cerca la situación de figuras críticas en Venezuela, según detalló EFE.

La decisión de Machado de ausentarse temporalmente del país se habría producido en un contexto de inestabilidad política y judicial. Fuentes estadounidenses explicaron al periódico The Wall Street Journal, replicado por EFE, que la dirigente salió la noche del martes rumbo a Curazao en un viaje organizado discretamente. Esto formó parte de esfuerzos coordinados para evitar una detención que pudiera impedirle asistir al acto de entrega del Nobel en Oslo.

La reacción local e internacional a los hechos se intensifica mientras el gobierno de Maduro no ha hecho declaraciones formales acerca de eventuales órdenes de arresto para Machado, según consignó EFE. Por su parte, sectores de la oposición venezolana y miembros de la comunidad internacional han expresado inquietud frente a la posibilidad de que se limite la libertad de Machado mediante acciones judiciales o policiales.

A pesar de los riesgos asociados a su desplazamiento y la vigilancia en su entorno, Machado reiteró su intención de asistir a Oslo en las próximas horas. La líder opositora ha mantenido en distintos mensajes a la prensa que su objetivo es asumir el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz, otorgado en reconocimiento a su labor y a la de otros actores en la defensa de derechos y libertades en Venezuela.

La jornada en la que Trump expresó su descontento recoge parte de los desafíos que enfrenta el liderazgo opositor en Venezuela, mientras el país continúa bajo la mirada internacional por el trato a sus figuras políticas y sociales. Las autoridades estadounidenses, según las versiones reflejadas en The Wall Street Journal y consignadas también por EFE, continuaban atentas al desarrollo de los acontecimientos relacionados con Machado y su situación jurídica.

El despido inmediato de Sherrone Moore como entrenador principal de fútbol americano de la Universidad de Michigan ha sacudido al programa en un momento clave de la temporada, cuando los Wolverines se preparan para enfrentar a la Universidad de Texas en el Citrus Bowl el 31 de diciembre.

La decisión, anunciada por el director atlético Warde Manuel, se fundamentó en la existencia de “pruebas creíbles” que demostraban que Moore mantuvo una “relación inapropiada” con un miembro del personal, lo que constituye una violación directa de la política universitaria y motivó su destitución con causa justificada.

Horas después de la destitución, Moore, de 39 años, fue detenido por la policía.

La Universidad de Michigan reafirmó su postura de acuerdo con actitudes antideportivas

El Departamento de Policía de la Ciudad de Saline informó a ESPN que colaboró en la localización y detención del exentrenador, quien fue entregado al Departamento de Policía del Municipio de Pittsfield para su investigación por posibles cargos.

La declaración oficial subrayó la gravedad de la situación: “El Sr. Moore fue entregado al Departamento de Policía del Municipio de Pittsfield para su investigación por posibles cargos”, según el comunicado recogido por ESPN.

La universidad, a través de Warde Manuel, reiteró su postura de tolerancia cero: “Esta conducta constituye una clara violación de la política de la Universidad, y la UM mantiene tolerancia cero ante tal comportamiento”.

Varios equipos de alto perfil han optado por despedir a sus entrenadores en momentos importantes de la temporada

La salida de Moore se produce en un contexto de inestabilidad en el fútbol universitario, con varios equipos de alto perfil, como Virginia Tech y UCLA, que también han despedido a sus entrenadores principales en las últimas semanas.

Michigan, considerado uno de los puestos más codiciados del país, enfrenta ahora la urgencia de encontrar un reemplazo, ya que muchos candidatos potenciales han renovado sus contratos tras aparecer en otras búsquedas.

El director atlético Manuel dispone de poco margen de maniobra, dado que el portal de transferencias abrirá el 2 de enero, lo que podría desencadenar un efecto dominó en el mercado de entrenadores si opta por un interino.

La universidad designó a Biff Poggi, entrenador asociado, como entrenador principal interino “con efecto inmediato”, según confirmó Manuel. Poggi asume el liderazgo en vísperas de un partido crucial, mientras el equipo busca estabilidad tras una temporada marcada por sobresaltos.

Sherrone Moore estaba tenido una temporada de récords y suspensiones

Moore había sido nombrado entrenador principal de los Wolverines en 2024, tras seis años en el cuerpo técnico ofensivo y después de la salida de Jim Harbaugh hacia los Los Angeles Chargers de la NFL.

Su nombramiento fue histórico, al convertirse en el primer entrenador principal afroamericano en la historia del programa. Durante la temporada 2023, Moore ya había ejercido como entrenador interino en dos ocasiones, liderando al equipo a victorias clave contra Penn State, Maryland y, especialmente, Ohio State, el número dos del país en ese momento.

En la temporada más reciente, Moore condujo a Michigan a un récord de 9-3, aunque también enfrentó una suspensión de dos partidos por su implicación en la investigación sobre el esquema ilegal de exploración anticipada, conocido como el caso de los Connor Stalions, según informó ESPN. Además, se preveía que Moore se perdería el primer partido de la temporada 2026 por una suspensión adicional de un partido.

El impacto de la destitución de Moore se amplifica por el momento en que ocurre, justo antes de un enfrentamiento de alto perfil en el Citrus Bowl y en medio de un mercado de entrenadores en plena ebullición. La incertidumbre sobre el futuro inmediato del programa y la investigación policial en curso mantienen a la Universidad de Michigan en el centro de la atención nacional.

Uno de los individuos que reportó a las autoridades las actividades de Bonnie Blue en Bali —detenida la semana pasada— reveló a News.com.au cómo logró rastrearla y por qué decidió intervenir.

La estrella de OnlyFans, cuyo nombre real es Tia Billinger, ganó notoriedad tras aparecer en un documental en el que afirmó haber tenido sexo con 1,057 hombres en 12 horas.

Su presencia en Indonesia terminó en detención luego de que las autoridades la señalaran por presuntamente producir contenido pornográfico, algo ilegal tanto de realizar como de consumir en el país.

La detención ocurrió en una villa-estudio en Pererenan, un suburbio de Bali, donde agentes encontraron a 15 australianos y dos ciudadanos británicos adicionales, todos hombres, quienes también fueron arrestados.

Las autoridades señalaron que se realizaban grabaciones de contenido catalogado como pornográfico, lo cual violaría la Ley Número 44 de 2008 sobre pornografía en Indonesia.

Un informante, un expatriado radicado en Bali que pidió no revelar su identidad, detalló que rastrear a Blue no fue un proceso complejo. “No fue particularmente complicado; simplemente la seguimos a través de su ‘bangbus’”, explicó.

Según su testimonio, las autoridades locales tardaron en comprender la situación.

“Tuvimos que explicarles que había alrededor de 20 hombres con ella. No podían entenderlo al principio. Entonces enviaron agentes encubiertos y los detuvieron”, dijo.

El informante aseguró que, tras explicar que Bonnie Blue circulaba en el vehículo mientras afirmaba públicamente haber tenido encuentros con jóvenes visitantes de Schoolies —algunos, según él, “apenas mayores de edad”— y que planeaba distribuir el material globalmente, la policía confirmó que se trataba de una actividad ilegal y activó operativos.

La legislación indonesia contempla castigos severos. Si es procesada y hallada culpable bajo la Ley 44 de 2008, la creadora de contenido para adultos podría enfrentar hasta 15 años de prisión y una multa de 6 mil millones de rupias (alrededor de 542,000 dólares).

Los fiscales también podrían aplicar la Ley ITE, principal normativa del país en materia de información electrónica, que establece penas de hasta 12 años de prisión y multas que alcanzan los 12 mil millones de rupias (aproximadamente 1,084,000 dólares).

Las mismas sanciones podrían extenderse a los dos británicos arrestados con ella, presuntamente sus videógrafos, ambos de 27 años. Sin embargo, el informante señaló que procesar estos casos no será sencillo.

“Lo que la policía tenía que hacer era atraparla en el acto, con las cámaras grabando, y llegaron justo antes”, dijo.

Además, aseguró que su motivación para reportar el caso no fue moral, sino la preocupación por la imagen de Bali. “No soy puritano y no la estoy juzgando. Pero ‘Bonnie Blue’s Bali Gang Bang’ no es la reputación que queremos. Bali no es Tailandia ni Filipinas”, explicó.

Agregó que la comunidad empresarial, migrante y local rechazaba la situación, subrayando que la pornografía y el trabajo sin permiso son ilegales en el país.

“No queremos que se publique y se comparta alrededor del mundo algo llamado ‘Bonnie Blue’s Gang Bang from Bali’. Bali no necesita ese tipo de publicidad”, añadió.

Catorce de los quince australianos encontrados en el sitio fueron liberados poco después, aunque las autoridades retuvieron sus pasaportes por considerarlos testigos. Los otros individuos —los dos británicos, un australiano no identificado y Blue— fueron liberados de forma condicional el fin de semana, según medios locales.

Un portavoz de Bonnie Blue confirmó que coopera con las autoridades. “Ha sido liberada, está colaborando con las autoridades y la policía continúa investigando”, informó.

La investigación seguirá esta semana con nuevas entrevistas y la revisión de los materiales incautados en la villa, mientras las autoridades indonesias evalúan los posibles cargos.

Un reconocido bajista y profesor universitario de Rhode Island perdió la vida tras ser atropellado por una conductora con un extenso historial delictivo, mientras paseaba a su perro en la localidad de Hopkinton.

El caso ha generado conmoción tanto por la trayectoria de la víctima, Roderick Macleod, como por el perfil de la presunta responsable, quien acumulaba más de 100 arrestos y decenas de infracciones de tránsito, según informó el Departamento de Policía de Hopkinton a CBS News y The New York Post.

La investigación policial, que permanece abierta, apunta a que Shannon N. Godbout, de 41 años, circulaba hacia el este por Spring Street (Ruta 138) cuando perdió el control de su vehículo, impactando contra varios objetos, incluidos dos postes telefónicos, antes de atropellar a Macleod, quien caminaba por el arcén con su perro.

El músico fue trasladado en ambulancia al hospital donde se confirmó su fallecimiento

De acuerdo con la información publicada por el medio The New York Post, el accidente ocurrió alrededor de las 7:20 horas, la mañana del sábado 6 de diciembre de 2025.

El músico fue trasladado en ambulancia al Hospital de Rhode Island, donde fue declarado muerto. El perro sobrevivió y regresó solo a su domicilio, según detalló la policía.

La policía arrestó a la mujer y le decomisaron narcóticos ilegales

En el lugar del siniestro, los agentes hallaron a Godbout en posesión de numerosos narcóticos ilegales y materiales de embalaje asociados con la distribución de drogas, lo que motivó su arresto inmediato.

La policía precisó que enfrenta cargos preliminares por conducción peligrosa con resultado de muerte y posesión de narcóticos de las Listas I/II con intención de distribuir, en lo que constituye al menos su tercera infracción de este tipo. Además, permanece bajo custodia en el hospital, a la espera de comparecer ante un juez de paz y de ser presentada ante la Oficina del Fiscal General de Rhode Island.

La mujer cuenta con un extenso historial delictivo

De acuerdo con la información del medio CBS News, el historial criminal de Godbout es extenso: más de 100 arrestos, 82 órdenes judiciales previas y 40 multas de tránsito, de las cuales siete fueron emitidas por la propia Policía de Hopkinton. Ocho de sus detenciones anteriores corresponden a ese mismo departamento.

La policía indicó que podrían presentarse cargos adicionales conforme avance la investigación y se recopilen más pruebas.

Roderick Macleod, de 70 años, fue una figura destacada en la escena musical de Rhode Island

Integró la banda Roomful of Blues en la década de 1980, con la que obtuvo una nominación al Grammy, y fue incluido en el Salón de la Fama de la Música de Rhode Island en 2012, según confirmó la propia institución a The New York Post.

En los últimos años, Macleod se desempeñaba como profesor asociado en la Universidad de Brown y dirigía la Old-Time String Band de la casa de estudios.

Compañeros y allegados han recordado su versatilidad y dedicación. James, colega del músico, destacó: “Fue una buena incorporación a todo lo que hizo. Pocas personas juegan tan bien en todo, y él lo hizo”. Añadió que Macleod se esforzaba en cada proyecto, aunque siempre daba la impresión de que todo le resultaba natural: “Él realmente trabajaba duro en todo lo que hacía, pero nunca lo parecía, siempre le salía con mucha facilidad”.

El accidente, que involucró a una persona con antecedentes penales tan extensos, ha reavivado el debate sobre la reincidencia y la supervisión judicial en el estado de Rhode Island. La policía local, con el apoyo del Equipo de Reconstrucción de Accidentes de la Policía Estatal, continúa recabando información para esclarecer todos los detalles del caso.

La madrugada del viernes, una niña de dos años fue hallada descalza y sola en un bosque de San Antonio, Texas, mientras las temperaturas rondaban los 4 °C, lo que representaba un riesgo grave para su vida, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar.

El hallazgo desencadenó la detención de su madre, Haley Peoples, y de su abuela, Rebecca Kelly, quienes enfrentan cargos relacionados con el abandono y la interferencia en una investigación de abuso infantil.

De acuerdo con el comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar (BCSO), la intervención policial comenzó tras la alerta de un vecino que, al revisar las imágenes de su cámara de vigilancia alrededor de las 6:00 horas (hora local), observó a la menor deambulando sola y vestida únicamente con un vestido, sin calzado, a las 3:00 horas de la madurada.

La mujer encontró a la niña sin avisar a las autoridades mientras una búsqueda estaba en marcha

La oficina del sheriff subrayó la gravedad de la situación: “Con temperaturas de alrededor de 4 grados, esta pequeña niña enfrentaba un peligro potencial que ponía en peligro su vida a esa hora”.

Mientras los agentes desplegaban la búsqueda, la madre de la niña, Haley Peoples, contactó a la policía a las 7:20 horas. Según el BCSO, Peoples declaró que había encontrado a su hija fuera de la casa a las 4:15 horas, pero no notificó a las autoridades durante varias horas, a pesar de que la búsqueda ya estaba en marcha.

Esta demora fue destacada en el informe oficial: “Haley afirmó que encontró al niño afuera a las 4:15 am, pero no se comunicó con la policía durante varias horas mientras los agentes lo buscaban activamente”, según la oficina del sheriff.

La vivienda de la familia fue encontrada en condiciones deplorables

Al inspeccionar la vivienda familiar, los agentes detectaron “condiciones de vida inseguras, incluyendo basura, ropa sucia, comida podrida, excrementos de rata y un fuerte olor a orina”, según el comunicado del BCSO.

Además, la menor presentaba signos de suciedad, lo que motivó que los servicios médicos de emergencia solicitaran una evaluación médica. Sin embargo, Peoples rechazó la atención y se negó a cambiarle la ropa a la niña, lo que contribuyó a su detención inmediata por parte de las autoridades.

Las autoridades consideraron que la abuela de la menor intervino en la investigación policial

Durante la investigación, la abuela de la menor, Rebecca Kelly, intentó retirar a los tres hermanos de la niña de la escuela primaria antes de las 9:00 horas. El personal escolar informó que Kelly argumentó que el Servicio de Protección Infantil (CPS) acudiría al lugar y pidió a los niños que no hablaran sobre el incidente, calificándolo como un “asunto familiar privado”.

Según la declaración del BCSO, este intento de interferir en la investigación sobre la seguridad infantil “puso aún más en peligro a los hermanos y obstruyó los esfuerzos legales para garantizar su bienestar”.

Las mujeres fueron encarceladas y los menores trasladados a un hospital

Ambas mujeres fueron ingresadas en la cárcel del condado de Bexar: Haley Peoples por abandono y poner en peligro a un menor con riesgo inminente de lesiones corporales, y Rebecca Kelly por interferencia en la investigación de abuso o negligencia, según la información oficial.

Los cuatro niños de la familia, todos menores de ocho años, fueron trasladados a un hospital para su evaluación, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar.

El destino de Trinity Shockley, la joven de Indiana que ideó un ataque armado contra su escuela secundaria, quedó sellado tras la intervención de una amiga que alertó al FBI.

La adolescente, que tenía 19 años al momento de la sentencia, recibió una condena de 20 años de prisión, de los cuales deberá cumplir 12, mientras que los ocho restantes fueron suspendidos.

Además, enfrentará cinco años de libertad condicional, según los registros judiciales citados por People.

Una amiga de la adolescente denunció que Shockley planeaba realizar un tiroteo masivo en su escuela

De acuerdo con la información publicada por el medio People, el caso se remonta a febrero, cuando la línea de información de Sandy Hook del FBI recibió un aviso crucial: una amiga de Shockley denunció que la joven, entonces estudiante de duodécimo grado en Mooresville High School, planeaba perpetrar un tiroteo masivo el 14 de febrero.

La declaración jurada, obtenida por NBC News, ABC News y la filial de CBS WLKY, detalla que la informante advirtió sobre el acceso de Shockley a un rifle AR-15 y su reciente adquisición de un chaleco antibalas.

Además, la adolescente manifestaba admiración por Nikolas Cruz, responsable del ataque en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, Florida, que dejó diecisiete víctimas mortales en 2018.

La joven utilizó Snapchat para enviar mensajes amenazantes

La investigación reveló que Shockley utilizó la red social Snapchat bajo el seudónimo “Jamie” para difundir mensajes inquietantes, entre ellos: “Parkland parte dos” y “He estado planeando esto durante un AÑO”, según ABC News y la declaración jurada. Estos mensajes reforzaron la preocupación de las autoridades sobre la seriedad de sus intenciones.

Durante el proceso judicial, Shockley expresó su arrepentimiento en la sala del tribunal. Entre lágrimas, se dirigió a la víctima y a la comunidad: “Siento mucho haberlos puesto en esa situación de miedo”, declaró, según WFYI-FM.

La joven también hizo referencia a su salud mental, afirmando: “Ha mejorado mucho desde que estoy rodeada de gente que se preocupa por mí”.

La defensa de Shockley argumentó que la joven nunca tuvo una intención real

En su defensa, el abogado Joseph Gaunt sostuvo que su clienta nunca tuvo la intención real de ejecutar el ataque. “Sabía que no podía hacerlo, pero siguió hablando de ello”, explicó Gaunt a WFYI-FM, subrayando la complejidad del caso.

Por su parte, la fiscal adjunta principal del condado de Morgan, Cassie Mellady, consideró que la sentencia representaba un “resultado justo”, en palabras recogidas por WTHR: “En este caso, hubo mucha planificación, así que intenté que el acuerdo de culpabilidad se ajustara a eso”.

La declaración jurada también recoge que Shockley afirmó a la policía que sus amenazas eran una broma y que había sido víctima de acoso escolar. Además, manifestó su deseo de recibir tratamiento de salud mental, aunque, según su testimonio, le fue denegado, de acuerdo con NBC News.

Tras conocerse la sentencia, la oficina del FBI en Indianápolis difundió un mensaje en redes sociales en el que calificó el caso como un “poderoso recordatorio de que cuando el público habla, se pueden salvar vidas”, según People.

Erik J. Crump, de 21 años, enfrenta cargos graves tras ser acusado de provocar el incendio de su casa en Beach Park, Illinois luego de una disputa familiar la noche del Día de Acción de Gracias.

La secuencia de los hechos comenzó la tarde del jueves 27 de noviembre, cuando los agentes respondieron a un llamado por una “disputa doméstica verbal no violenta” en una residencia ubicada en la cuadra 40100 de North Lone Oak Road.

Los familiares manifestaron su malestar por el comportamiento de Crump, quien mantenía constantes discusiones con otros miembros del hogar.

Los agentes rastrearon al hombre que huyó a pie, en un callejón sin salida

Los agentes lograron calmar la situación y, de acuerdo con el comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Lake, “ni Crump ni los demás cometieron un delito, y Crump aceptó mantener su privacidad durante el resto de la noche”.

Aproximadamente una hora después, a las 20:40, los servicios de emergencia regresaron a la misma dirección tras recibir reportes de que la casa estaba en llamas. Al llegar, los bomberos observaron a un hombre armado con un cuchillo, cuya descripción coincidía con la de Crump, de pie al borde de la carretera a una cuadra de la residencia, según la Oficina del Sheriff del Condado de Lake.

El sospechoso huyó a pie, lo que llevó a los agentes a establecer un perímetro y desplegar un equipo canino que rastreó su olor hasta un callejón sin salida, lo que indicaba que había abandonado la zona en un vehículo.

La búsqueda concluyó cuando los agentes localizaron a Crump en una instalación de almacenamiento en la cuadra 39400 de North Lewis Avenue, donde fue detenido “sin incidentes”, según la Oficina del Sheriff del Condado de Lake.

El incendio causó daños significativos en la vivienda, aunque no se reportaron heridos

La investigación posterior reveló que, tras la discusión familiar, la familia informó a Crump que debía irse de la vivienda. El joven salió, pero regresó poco después y se dirigió a su dormitorio, situado cerca del garaje.

Luego volvió a salir y, momentos después, la familia notó que el humo comenzaba a llenar la casa, lo que los llevó a evacuar de inmediato. Los detectives concluyeron que Crump utilizó un acelerante para incendiar su habitación antes de huir, según la Oficina del Sheriff del Condado de Lake.

El sheriff del condado de Lake, John D. Idleburg, expresó en un comunicado citado por People: “Es una verdadera bendición que nadie resultara herido ni muerto en este acto sin sentido”.

Añadió: “Mientras las familias de todo el condado de Lake celebraban el Día de Acción de Gracias, nuestros despachadores respondían a la llamada y nuestros agentes estaban fuera respondiendo. Nuestro equipo, junto con nuestros compañeros del servicio de bomberos, respondió en minutos, aseguró la zona, ayudó a asegurar la extinción del incendio y detuvo a esta persona antes de que nadie más corriera peligro”.

El hombre fue acusado por delito grave de clase 1

Crump fue acusado de incendio provocado con agravantes, considerado un delito grave de clase X, e incendio residencial, clasificado como delito grave de clase 1. Compareció ante el tribunal el viernes 28 de noviembre.

Durante la audiencia, el fiscal estatal adjunto del condado de Lake, Nicholas Shepherd, explicó al juez que la discusión del Día de Acción de Gracias “comenzó por un perro” y escaló hasta que Crump vertió gasolina en la casa y la incendió, según Lake & McHenry County Scanner. Shepherd añadió, según el medio: “El acusado declaró que decidió hacer lo que hizo y que no le importa realmente la seguridad ni el bienestar de su familia”.

El acusado deberá regresar a la corte el lunes 1 de diciembre para una audiencia de detención.

El historial judicial de Zachery Ty Bryan volvió a ocupar la atención pública tras su reciente detención en Eugene, Oregon, donde el actor fue acusado de violar los términos de su libertad condicional, impuesta por una condena previa por violencia doméstica.

Este nuevo arresto, ocurrido el sábado 29 de noviembre, representa el sexto en los últimos cinco años para el exintérprete de Home Improvement, según informó People.

Bryan, de 44 años, permanece bajo custodia en la Cárcel del Condado de Lane sin derecho a fianza, con una fecha de liberación prevista para el miércoles 3 de diciembre, de acuerdo con los registros penitenciarios. Junto a él, su prometida Johnnie Faye Cartwright también fue arrestada y encarcelada en la misma institución.

La prometida del actor enfrenta al menos cinco cargos

Cartwright enfrenta cinco cargos: uno por conducir bajo la influencia del alcohol, tres por imprudencia temeraria y uno por intento de agresión en primer grado, según los mismos registros. Hasta el domingo 30 de noviembre, Cartwright continuaba detenida.

No se ha confirmado si Bryan o Cartwright cuentan con representación legal que pueda emitir declaraciones en su nombre, según People.

El historial reciente de Bryan muestra una secuencia de incidentes legales

En enero, fue arrestado en Myrtle Beach, Carolina del Sur, acusado de violencia doméstica en segundo grado. Un informe policial obtenido por People detalla que una mujer, identificada como Cartwright, declaró haber sido agredida por Bryan, con quien comparte tres hijos: Kennedy, Parker y Sequoia. Según el informe, la mujer relató que Bryan “la estranguló y la golpeó en la cara varias veces”, y que había otras personas presentes en la vivienda durante el incidente.

A lo largo de 2024, Bryan fue arrestado en dos ocasiones por cargos de conducir bajo la influencia del alcohol, la primera en febrero y la segunda en octubre. En 2023, enfrentó acusaciones de agresión grave en cuarto grado, robo en tercer grado y acoso menor.

Finalmente, se declaró culpable de agresión grave en cuarto grado, lo que constituye violencia doméstica, según explicó el fiscal de distrito adjunto del condado de Lane, Chris Parosa, a People. Por este delito, Bryan fue sentenciado a siete días de prisión.

Parosa precisó que el segundo cargo fue desestimado como parte de una “resolución negociada”. En lugar de enfrentar una condena de entre 19 y 20 meses de cárcel, Bryan recibió una reducción de la pena: “36 meses de libertad condicional supervisada, siete días de cárcel, las condiciones habituales de violencia doméstica y la prohibición de contacto con la víctima sin la aprobación del agente de libertad condicional”, detalló el fiscal. La libertad condicional de Bryan se extiende hasta octubre de 2026, según reportó el medio local KEZI.

El historial de detenciones del actor se originó en 2020

El historial de detenciones de Bryan se remonta a 2020, cuando fue arrestado por presuntamente estrangular a su entonces pareja en una vivienda de Oregon. En esa ocasión, se declaró culpable de dos delitos menores de violencia doméstica y fue sentenciado a 36 meses de libertad condicional.

En 2023, Cartwright expresó públicamente su respaldo a Bryan, afirmando: “Siempre querría lo mejor para el padre de mis hijos”. En una declaración a Us Weekly, añadió: “El trauma puede traer consigo dificultades de muchas formas. Es una situación horrible que se va a manipular de muchas maneras. He aprendido de primera mano que la verdad nunca coincidirá con lo que se ha dicho. Les pido a todos que respeten nuestra privacidad por el bien de los niños y sus familias para que pueda comenzar el proceso de sanación”.

La carrera de Bryan alcanzó notoriedad en la década de los noventa gracias a su papel como Brad Taylor en las ocho temporadas de “Mejorando la casa”, donde compartió pantalla con Tim Allen y Patricia Richardson. Además, participó en episodios de “El príncipe de Bel-Air”, “Boston Public”, “Centro del Universo” y “Veronica Mars”, así como en la película “Rápidos y Furiosos: Reto Tokio” de 2006.

En 2023, Bryan confesó a The Hollywood Reporter las dificultades que enfrentó tras el final de la comedia de ABC en 1999: “En realidad fue muy difícil encontrar estabilidad como actor después de que la comedia concluyó”.

La detención de Pei-Yun Chung, una influencer taiwanesa de Nueva York, ha generado inquietud entre los propietarios de restaurantes y la comunidad digital tras conocerse que enfrenta al menos siete cargos por presuntamente marcharse sin pagar en diversos establecimientos de la ciudad.

La creadora de contenido, de 35 años, permanece en el centro de detención de Rikers Island bajo una fianza de 4.500 dólares, según los registros de encarcelamiento consultados por People.

El caso de Chung ha llamado la atención no solo por la reiteración de los incidentes, sino también por el patrón que describen los afectados.

La influencer se tomaba numerosas fotografías en los restaurantes pero se negaba a pagar la cuenta

De acuerdo con The New York Times, la influencer, que cuenta con más de 26.000 seguidores en Instagram, visitaba restaurantes, tomaba numerosas fotografías de los platos y, al momento de abonar la cuenta, supuestamente se negaba a pagar.

En ocasiones, habría propuesto a los encargados publicar imágenes de la comida en sus redes sociales como forma de compensación, según relataron varios propietarios al mismo medio.

Entre los establecimientos afectados figuran Misi, un restaurante italiano en Brooklyn, donde la cuenta ascendió a 100 dólares; Sea Thai Brooklyn, con una factura de 123 dólares; y Mole Mexican Bar & Grill, donde la suma llegó a 149 dólares.

Por este último episodio, Chung fue procesada el sábado 22 de noviembre, según informó The New York Times. Además, la influencer habría cenado en dos ocasiones en Francie, una brasserie galardonada con una estrella Michelin, sin abonar el importe correspondiente, de acuerdo con el mismo medio.

La situación ha provocado que los dueños de restaurantes de la ciudad se mantengan en alerta

Liad Matatyahu, propietario del restaurante israelí 12 Chairs Cafe, relató a The New York Times que la comunidad gastronómica comenzó a compartir información y fotografías de Chung para advertir a otros locales.

“Los restaurantes empezaron a llamar a otros restaurantes para informarles de lo que estaba pasando, y esta era la foto si ella entraba”, afirmó Matatyahu. “Al menos eso ha sido un rayo de esperanza, recordándonos que somos fuertes y estamos conectados”.

El gerente general de Motorino, Alberto Sánchez, describió a ABC 7 un episodio en el que Chung permaneció durante cinco horas en el local, consumiendo dos entradas, dos tartas completas, postre y bebidas calientes, todo para una sola persona. Sánchez detalló que, al intentar cobrar la cuenta, ambas tarjetas de crédito de la influencer fueron rechazadas.

“Le dije que si podía, que llamara a alguien, me diera el número de la tarjeta de crédito o algo y pagara por ella. Que dejara algo como una identificación y volviera a pagar”, explicó Sánchez. “Me dijo que no. Le dije: ‘Mira. La solución es llamar a la policía’”. Cuando los agentes llegaron, reconocieron de inmediato a Chung, según el testimonio recogido por ABC 7.

El comportamiento de la influencer también ha sorprendido a sus vecinos

Calvin, residente del mismo edificio, relató a ABC 7 que la policía ha acudido en varias ocasiones y que Chung ha arrojado objetos por la ventana, incluyendo tocadiscos, prendas de ropa y sombreros. “No parece el tipo de persona que haría esas cosas. Muchas veces la veo sentada en el vestíbulo frente a una computadora y cosas así”, comentó Calvin.

La última actualización en la cuenta de Instagram de Chung data del 23 de octubre, cuando publicó imágenes de una comida en Francie, según The New York Times.

El proceso judicial continúa, y de acuerdo con los registros de la ciudad de Nueva York, se esperaba que Chung compareciera ante el tribunal el 26 de noviembre. No obstante, ABC 7 informó que, en lugar de presentarse ante el juez el miércoles, la acusada está siendo sometida a una evaluación de salud mental. El gerente de Motorino expresó su preocupación por el trasfondo de estos hechos: “Me siento muy mal por eso. Sería bueno que ella pudiera recibir alguna ayuda”, declaró Sánchez a ABC 7.

La investigación sobre Yezmar Angeanis Ramos Figueroa, una profesora de gimnasia de 22 años en Florida, ha revelado que la docente fue detenida tras admitir el envío de mensajes de texto y una fotografía de carácter inapropiado a una estudiante de 13 años.

La detención se produjo el miércoles 26 de noviembre, cuando los detectives de la OCSO trasladaron a Ramos Figueroa a la cárcel del condado, donde permanece a la espera de comparecer ante un juez.

De acuerdo con la información publicada por el medio People, la alerta sobre el comportamiento de Ramos Figueroa surgió a mediados de octubre, cuando la madre de la víctima contactó a las autoridades para denunciar que la profesora había mantenido un contacto inadecuado con su hija, estudiante de la Central Pointe Christian Academy en Kissimmee, a unos 32 kilómetros al sur de Orlando.

La adolescente fue interrogada por las autoridades como protocolo de la investigación

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola (OCSO) en un comunicado de prensa citado por People, los detectives entrevistaron a la menor, la cual no fue revelado su nombre y obtuvieron acceso a los mensajes de texto y a la fotografía que, según la investigación, la docente le había enviado.

La OCSO confirmó que, durante el interrogatorio, Ramos Figueroa reconoció haber enviado tanto los mensajes como la imagen a la estudiante.

Los cargos imputados en contra de Ramos Figueroa

La policía ha imputado a Ramos Figueroa dos delitos graves: distribuir material obsceno a un menor y transmitir material dañino a un menor, cargos que, de acuerdo con la OCSO, se habrían cometido mientras la acusada ejercía como profesora de educación física en la Central Pointe Christian Academy.

Esta institución privada cuenta con varias sedes en Florida, aunque Ramos Figueroa trabajaba específicamente en la sede de Kissimmee.

Después de continuar con las investigaciones, la policía no encontró indicios de contacto físico entre la profesora y la estudiante

Según la información proporcionada por la OCSO a People, los investigadores no han hallado pruebas de contacto físico o de conducta física entre la profesora y la estudiante, pero han calificado el contenido de los mensajes como alarmante.

La oficina del sheriff también señaló que se encuentra revisando si existen otros posibles menores afectados por la conducta de la docente.

Ramos Figueroa recibió una fianza y le quedó prohibido acercarse a la adolescente

En la primera comparecencia judicial, celebrada el jueves posterior a la detención, el tribunal impuso a Ramos Figueroa una fianza de 10.000 dólares y le prohibió cualquier contacto con la víctima, así como con otros menores de edad, además de restringirle el acceso a Internet.

El abogado de la acusada declaró que, en la actualidad, ella no está ejerciendo labores docentes.

La Central Pointe Christian Academy no ha emitido comentarios sobre el caso, ya que la escuela permanecía cerrada por el Día de Acción de Gracias al momento de solicitarse su versión. Según los agentes del sheriff, la institución educativa estaría al tanto de la situación.

Awad Talodi Azrag decidió abandonar su país natal con 35 años, atravesando por el periodo más complicado que ha tenido en su vida. Ahora, con 67 años, con los últimos 29 residiendo en España, se posiciona como uno de los candidatos en las listas para las elecciones autonómicas de Extremadura para el próximo 21 de diciembre. El ingeniero aeronáutico, residente del pequeño municipio de Medina de las Torres, en Badajoz, donde residen poco más de mil personas, tomó la decisión de irse por una cuestión muy simple: “Aquí hay democracia y yo soy ciudadano español, tengo derechos y voy a trabajar duro para ayudar donde haga falta”, sostiene para EFE desde su vivienda, donde vive junto con su esposa y cuatro hijos.

Nacido en 1958, Talodi pertenece a los Nuba, una tribu históricamente marginada en el territorio sudanés. Trabajó durante once años para el ejército de Sudán, encargado de la reparación de aviones, hasta que el estallido del conflicto interno del país lo puso frente a un dilema ético insalvable: “Me fui porque no podía ayudar a bombardear a mi gente, eso no le gustó al gobierno y tuve que salir porque no me dejaban en paz”, afirma en la entrevista. De esta forma, en 1996, tras tres años de desplazamiento forzado por diferentes países africanos y asiáticos, logró llegar a España.

“Cuando iba al pueblo les hablaba de sus derechos... y me arrestaron”

Tal y como ha pregonado en la entrevista con EFE, esa huida lo llevó en primer lugar a Libia, a la que llegó “en camión pasando siete días en el desierto”. Posteriormente, el viaje incluyó escalas en Siria y Líbano, hasta que obtuvo un visado de Cuba –por entonces, la única alternativa posible para un ciudadano sudanés– y viajó rumbo a la península ibérica. Al aterrizar en el aeropuerto de Madrid, Talodi pasó 17 días retenido y recurrió a la huelga de hambre para forzar su liberación.

Después de todo lo que había pasado, la llegada a España supuso el inicio de una nueva etapa. Talodi permaneció seis meses en un albergue, aprendió español y desempeñó distintos empleos hasta adquirir la residencia y, posteriormente, la nacionalidad en 2005. “En España si trabajas puedes vivir bien, si hay dinero no hay problema, depende de uno mismo y de cómo quieras integrarte”, apunta.

Pese a la forma en la que tuvo que salir de allí, el vínculo con Sudán nunca se rompió. El ingeniero impulsó proyectos comunitarios en su tierra natal y denunció las condiciones de vida de su aldea, con consecuencias directas sobre su seguridad personal. “Cuando iba al pueblo les hablaba de sus derechos, les explicaba que podían participar y mejorar su vida, pero eso no gustó al Gobierno y me arrestaron en 2011; estuve quince días encarcelado”, afirma.

Esta detención ilegal, producida en el mes de junio por la policía secreta sudanesa, tuvo lugar justo cuando Talodi trataba regresar a territorio español, un episodio que generó inquietud en la comunidad diplomática y motivó gestiones de la Embajada de España en Jartum para conocer su paradero, según documentó en ese momento Asturiamundial.

Además, la ONG Acavie (Asociación por la Calidad de Vida y Equidad), presidida por el propio Talodi, denunció que el arresto ocurrió después de que participara en actividades humanitarias y en labores asociadas al Movimiento por la Paz y la Liberación de Sudán. De hecho, algunos cooperantes y entidades como Paso a Paso y el equipo de la productora Lacomuna Vertical pidieron públicamente la liberación del activista, alegando que la persecución obedecía a motivos políticos vinculados a la represión del gobierno sudanés frente a las reivindicaciones de los Nuba.

“Mi hijo de tres años lloró al ver a la policía”

El año pasado logró traer a su esposa y a sus cuatro hijos menores, que permanecían en Sudán en situación de peligro. “La situación era tremenda: violaciones, matanzas, niñas de 12 años secuestradas, la edad de una de mis hijas”, detalla para EFE. No obstante, el miedo no se quedó en Sudán, sino que a su llegada a España han pasado por episodios de terror. “Mi hijo de tres años lloró en la feria de Zafra al ver a la policía y sus armas, el miedo viene de allí”, dice Talodi, satisfecho ahora de que sus hijos puedan vivir en un entorno seguro.

PUM+J (Por Un Mundo Más Justo), partido por el que participa como candidato, constituye para Talodi un espacio acorde con sus principios humanistas: “El nombre del partido ya lo dice todo”, resume. Asimismo, el ingeniero considera que la inmigración enriquece al país receptor y defiende la importancia de la integración: “La inmigración no es mala, España necesita inmigrantes, hay trabajos que deben hacerse y nosotros también pagamos a la Seguridad Social. Si un inmigrante trabaja y respeta, no hay problema”.

La familia Talodi se encuentra plenamente instalada en Medina de las Torres, acostumbrándose a una vida alejada de la violencia y de los controles militares, cumpliendo su deseo de estabilidad y participación activa en la comunidad.

Julión Álvarez negó, en un comunicado oficial, la supuesta detención de uno de sus pilotos en Honduras, luego de que la noticia se viralizara y aseguraran que un miembro de su equipo había sido arrestado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El cantante aseguró que ninguno de sus colaboradores fue detenido y que él, junto a su staff, viajó sin contratiempos de regreso a México.

El intérprete utilizó sus historias de Instagram para aclarar lo ocurrido y frenar la ola de desinformación, en donde detalló que su piloto José Alvarado, su copiloto Jesús Cortez, parte de su equipo y él mismo abordaron horas antes un Learjet 31 sin enfrentar ningún tipo de incidente.

Subrayó que todos se encontraban ya en territorio mexicano al momento en que comenzaron a circular los señalamientos.

Álvarez pidió a sus seguidores, así como a los medios, evitar difundir versiones no verificadas y no “hacer caso a noticias falsas”, expresando además su agradecimiento por las muestras de preocupación que recibió mientras la versión falsa se expandía.

Qué ocurrió en Honduras y cómo nació la confusión

La aclaración del cantante surgió luego de que la Dirección Nacional de Policía Antidrogas de Honduras informara sobre la detención de un piloto privado en el Aeropuerto Internacional Toncontín, en Tegucigalpa.

El hombre, originario de Guadalajara, fue aprehendido por agentes antidrogas tras detectarse una alerta internacional en su contra por “actos preparatorios para el tráfico de drogas”.

Entre los objetos que le fueron asegurados se encontraba un pasaporte perteneciente a otra persona, lo que alimentó especulaciones sobre un posible vínculo con el equipo del cantante.

Sin embargo, Julión Álvarez fue contundente: el detenido no trabaja para él.

Además, insistió en que su equipo de vuelo estaba plenamente identificado y que todos viajaron juntos sin contratiempos, por lo que cualquier relación con la persona arrestada es completamente falsa.

El comunicado buscó detener la cadena de rumores, en un contexto donde el nombre del cantante suele atraer especulaciones vinculadas con su historial legal.

Julión es una figura constantemente rodeada de señalamientos

Aunque esta vez Julión Álvarez únicamente se vio involucrado por una confusión mediática, el episodio reavivó la conversación sobre las controversias que han acompañado su carrera en los últimos años.

En 2017 fue incluido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la lista de personas investigadas por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que derivó en la cancelación de su visa y el congelamiento de sus cuentas.

Tras un largo proceso, en 2023 la OFAC retiró su nombre y la Unidad de Inteligencia Financiera permitió liberar sus recursos, marcando un giro favorable para su situación.

No obstante, en 2025 volvió a enfrentar contratiempos cuando se reportó una nueva cancelación de su visa, obligándolo a suspender actividades en Estados Unidos.

A ello se sumó la detención de su padre en Campeche por presunta portación ilegal de armas y uso de un vehículo con reporte de robo.

Pese a este historial, el cantante recalca que en el caso reciente de Honduras no existe ningún vínculo y que la información difundida fue incorrecta.

El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia se pronunció sobre la decisión del Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Montería de imponer una sanción de cinco días de arresto y una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes contra la ministra encargada Irene Vélez.

En un comunicado emitido el 9 de noviembre de 2025, la cartera aseguró que la medida aún no está en firme y recordó que esta será objeto de revisión por parte del superior funcional.

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“Conforme al Decreto 2591 de 1991, la sanción se encuentra en grado jurisdiccional de consulta, lo que significa que no está en firme y deberá ser evaluada por el superior funcional. En dicha revisión se verificará la existencia del cumplimiento y la proporcionalidad de la medida, elementos que permiten prever que la sanción sea revocada”, señaló el Ministerio en el comunicado.

Igualmente, el Ministerio de Ambiente indicó que el incidente se remonta a la gestión de un derecho de petición por parte del abogado Manuel Navarro Manchego, la cual, según la cartera, la respuesta fue enviada en los tiempos establecidos.

“Dicho requerimiento fue atendido plenamente y dentro de los tiempos ordenados por la autoridad judicial. El Ministerio ya había remitido la respuesta al ciudadano de manera completa y enviado al juzgado los soportes y certificaciones de envío correspondientes al día en que se notificó la decisión que impone la sanción”, agregaron.

Del mismo modo, la entidad sostuvo que la medida ordenada puede ser revocada por el tribunal, al considerar dos aspectos como el cumplimiento previo de la orden impartida y la consideración de que la medida resulta desproporcionada frente a los hechos verificados.

En relación con la responsabilidad en los incidentes de desacato, precisaron que esta medida “es subjetiva y recae exclusivamente sobre el funcionario directamente encargado de ejecutar la orden. En este caso, el trámite del derecho de petición no estaba asignado al despacho de la ministra, por lo que no existe responsabilidad personal ni conducta negligente atribuible a ella”.

Por último, el Ministerio reiteró su respeto absoluto por las decisiones judiciales y reafirmó su compromiso con la colaboración armónica entre instituciones.

“La entidad reafirma que continuará atendiendo de manera rigurosa, diligente y transparente las solicitudes de la ciudadanía y las órdenes de la jurisdicción constitucional, en el marco de los principios de buena fe, lealtad procesal y garantía plena de derechos”, concluyeron.

A qué se debe el arresto a Irene Vélez

El proceso se originó cuando el abogado Manuel Navarro Manchego presentó un incidente de desacato tras no recibir respuesta a su solicitud de información, realizada el siete de julio de 2025.

El requerimiento estaba dirigido a obtener detalles sobre los convenios suscritos entre el Ministerio de Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), relacionados con la ecorregión de La Mojana, parte del complejo de humedales de la Depresión Momposina (Caribe colombiano).

El fallo de tutela, emitido el 29 de agosto de 2025, tuteló el derecho fundamental de petición del abogado y ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible responder de fondo a la solicitud en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde la notificación.

La omisión de la ministra encargada en cumplir con esta orden judicial fue considerada un incidente de desacato, lo que derivó en la sanción impuesta por el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Montería.

“La sanción de multa impuesta deberá consignarse en la cuenta corriente del Banco Agrario de Colombia denominada CSJ-MULTAS y SUS RENDIMIENTOS ‘CUN 4 3-0820-000640-8 número de convenio 13474 dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión y de no cancelarse oportunamente, se procederá a su cobro coactivo por el ente competente”, se lee en la decisión.

La orden de arresto y la multa solo se harán efectivas si el Tribunal Superior de Montería confirma la decisión, a la que ya fue remitido el caso para su revisión.

El juzgado ordenó que cumpla con cinco días de arresto y con el pago de una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, que corresponde a más de $7 millones. El accionante que presentó el incidente de desacato es el abogado Manuel Navarro Manchego.

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“La sanción de multa impuesta deberá consignarse en la cuenta corriente del Banco Agrario de Colombia denominada CSJ-MULTAS y SUS RENDIMIENTOS ‘CUN 4 3-0820-000640-8 número de convenio 13474 dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión y de no cancelarse oportunamente, se procederá a su cobro coactivo por el ente competente”, se lee en la decisión.

No obstante, la orden del juzgado se hará efectiva siempre y cuando sea confirmada por el Tribunal Superior de Montería, al cual le fue enviada la decisión. Además, podría no ejecutarse la sanción si la funcionaria, como representante de la cartera, cumple con el fallo de tutela.

“REMÍTASE en consulta lo actuado, al Honorable Tribunal Superior de Montería Sala Civil/Familia/Laboral. Las sanciones antes anotadas, se harán efectivas una vez sea confirmada esta resolución, luego de surtida la consulta. En caso de cumplimiento posterior, podrá solicitarse ante este despacho la inaplicación de las sanciones impuestas en la presente providencia”, detalla el documento.

¿Por qué se ordenó el arresto de Irene Vélez?

La ministra de ambiente encargada fue sancionada por no haber allegado información sobre convenios suscritos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), relacionados con La Mojana, una ecorregión que hace parte del complejo de humedales de la Depresión Momposina. Así lo confirmó el abogado accionante en un video.

“Acaban de sancionar con cinco días de arresto a la ministra del Medio Ambiente, doctora Irene Vélez, por negarse a entregarme los documentos del convenio que tiene el Ministerio del Medio Ambiente con el Pnud relacionados con La Mojana”, señaló.

El profesional en Derecho solicitó la información sobre La Mojana el 7 de julio de 2025 y, al parecer, hasta el momento no ha recibido respuesta de la cartera.

Por eso, en el fallo de tutela que Vélez incumplió, el cual fue proferido el 29 de agosto de 2025, se ordenó tutelar el derecho fundamental de petición del abogado Manuel Navarro. En consecuencia, se instó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a dar una respuesta de fondo a la solicitud de información que hizo el accionante en un plazo máximo de 48 horas contadas a partir de la notificación de esa decisión.

La cartera, a cargo de Irene Vélez, no entregó la información solicitada por el abogado, pese a que hay un fallo de tutela que se lo ordenó. Esto constituye un incidente de desacato que derivó en la orden de arresto y el pago de la millonaria multa.

La ministra encargada afronta otro incidente de desacato por presuntos retrasos en el proceso de delimitación del páramo de Santurbán. Un alto tribunal había ordenado a la cartera avanzar en el desarrollo de estudios técnicos y establecer mecanismos de participación ciudadana requeridos para delimitar correctamente el páramo. Se está estudiando si la funcionaria, como titular del ministerio, incumplió con esta orden.

Por otro lado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sancionó a Irene Vélez con una multa equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes por otro desacato relacionado con una demanda de la Fundación Al Verde Vivo.

En septiembre de 2025 se viralizó la detención de la ciudadana colombiana Tatiana Martínez, en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, que fue registrada en video porque la creadora de contenido estaba transmitiendo en vivo los hechos, a través de sus redes sociales.

En la prensa local, y especialmente por parte de migrantes en el país norteamericano, el arresto, que fue ejecutado por oficiales federales del ICE —Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por sus siglas en inglés—, fue catalogado como “agresivo”, o como un “ataque”.

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De hecho, Carlos Jurado, el abogado de Martínez, dijo en entrevista con ABC7 Los Ángeles, que “creemos, en este momento, basándonos en lo que le han dicho, que fue atacada por estar grabando actividades de ICE“.

No obstante, en redes sociales también se están viralizando críticas en contra de Martínez, frente a la denuncia de que la colombiana estaría “soplando” a inmigrantes ilegales de Los Ángeles los puntos en los que se estarían realizando redadas por parte de oficiales federales de la institución de regulación migratoria.

En una de las críticas, una ciudadana de Estados Unidos dijo: “Tatiana, acércate, por favor. ¿De verdad creías que ibas a desenmascarar a estos agentes del ICE, revelar toda su información personal y salirte con la tuya? Son agentes federales. Del mismo modo que tú tienes acceso a su información, ellos tienen mucho más acceso a la tuya”, dijo la mujer, en un video publicado en Tiktok.

Agregó: “No puedes venir al país de otra persona y decirle cómo debe gobernarlo. Y desde luego no puedes venir al país de otra persona y animar a la gente a atacar, acosar y hostigar a los agentes federales por intentar hacer su trabajo”.

En el video, la estadounidense agregó un fuerte mensaje de advertencia en contra de la ciudadana colombiana.

“Tus acciones son la razón por la que están tratando de deportar a estos criminales. Eres una criminal. ¿Te das cuenta de lo rápido que te han localizado? Estos agentes no están jugando contigo, y sé que pensabas que eras intocable y que no te encontrarían tan rápido. Sin embargo, si hay algo por lo que se conocen estos agentes federales, es precisamente por localizar y encontrar a alguien. Tatiana, escúchame. No juegues con los agentes federales. Ya lo sabes".

Los comentarios de la página que difundió esta crítica fueron en apoyo a la ciudadana norteamericana.

Uno de ellos dice: “Es lo que pasa cuando gente estúpida decide la política de inmigración de EE. UU. en la mesa de la cocina fuera de EE.UU. en lugar de ir a la embajada y averiguar cuáles son las políticas y procedimientos reales de inmigración”

Así fue el arresto de Tatiana Martínez

La influencer colombiana de 24 años, con más de 47.000 seguidores en TikTok, fue arrestada por agentes federales de inmigración mientras transmitía en vivo desde su automóvil en el centro de Los Ángeles.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) informó al medio norteamericano Newsweek que la detención de Martínez se debió a una condena previa por conducir bajo los efectos del alcohol en Los Ángeles.

Se conoció, además, que tras el arresto, fue trasladada a un centro de detención en Calexico, donde permanece bajo custodia de ICE. Según el comunicado oficial, durante el procedimiento, la joven manifestó dificultad para respirar y recibió atención médica.

El abogado de Martínez, Carlos Jurado, sostuvo que la detención ocurrió mientras ella estaba estacionada en su edificio de apartamentos y que los agentes, quienes llevaban máscaras, no le mostraron una orden judicial pese a su insistencia.

Jurado afirmó que la influencer fue llevada al hospital tras desmayarse por el trauma y que, al visitarla, pudo observar moretones en su cuerpo.

El jurista consideró que la detención podría estar relacionada con la actividad de Martínez en redes sociales, donde reportaba acciones de ICE. Martínez llegó a Estados Unidos hace aproximadamente cuatro años y, según el DHS, ingresó al país en 2022 antes de ser puesta en libertad por el gobierno de Joe Biden.

El incidente, que él mismo documentó en video, ha desatado debate sobre racismo, prejuicios y el uso de la autoridad en espacios públicos.

“Fui arrestado en el tren del MTA hacia Connecticut, me sacaron, esposaron y detuvieron”, escribió en Instagram.

En un video publicado en la red social, el guionista filmó a los oficiales que lo escoltaban fuera del vagón y señaló directamente a la mujer que habría iniciado la queja.

“Una anciana blanca se subió al tren e inmediatamente me señaló y me dijo que corrigiera cómo estaba sentado. Me negué, así que fue al director y se quejó. ¿Van a arrestar al único hombre negro en el tren porque esta mujer blanca dijo que no le gustaba cómo estaba sentado?”, cuestionó frente a la cámara.

Según su testimonio, la pasajera —una mujer mayor con cubrebocas— le pidió que corrigiera su postura. Ante su negativa, acudió al conductor para reportarlo.

El tren fue detenido y se llamó a la policía, que retiró a Alex O’Keefe del vagón sin, según él, siquiera escuchar la versión de la denunciante.

En el pie de foto de su publicación, el escritor agregó que el episodio estuvo cargado de comentarios discriminatorios. Aseguró que la acompañante de la mujer le dijo: “Ya no eres la minoría”.

Por si fuera poco, O’Keefe relató que al negarse a abandonar el tren sin explicación legal, los agentes lo acusaron de “alterar el orden público” y lo sacaron por la fuerza.

“Pregunté qué estaba haciendo ilegalmente. Dijeron que estaba perturbando la paz al no salir del tren. Me sacaron del tren y me arrestaron sin siquiera hablar con la ‘Karen’ que denunció a la única persona negra en el tren. Solo la gente negra permaneció cerca y grabaron el arresto”, escribió.

El guionista añadió que, tras exigir un abogado y recalcar que los policías no habían tomado declaración de la pasajera, finalmente fue liberado sin cargos. “Este país se está volviendo más psicótico cada día. ¿Qué van a hacer al respecto?”, cuestionó a sus seguidores.

La denuncia de Alex O’Keefe ha generado miles de comentarios de apoyo y repudio al accionar policial. La periodista Eliana Chinea comentó en su publicación: “Es horrible. Ojalá tengas un buen abogado para que esto no quede impune”.

Otros usuarios con gran alcance en Instagram, como Kari Ferrell, exigieron respuestas de las autoridades locales y de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. “¡Controlen a sus matones!”, escribió.

La DJ Anna Morgan fue más allá y animó a Alex a emprender acciones legales contra la pasajera, el conductor y los oficiales involucrados.

Incluso, un video adicional del incidente, subido a TikTok por la usuaria Nalae, ha superado las 160 mil reproducciones, amplificando la discusión en torno al caso y comparándolo con otros episodios virales en los que ciudadanos blancos han recurrido a la policía contra personas negras por motivos aparentemente triviales.

Hasta el momento, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) no ha emitido declaraciones sobre lo sucedido.

Nicholas Braun, conocido mundialmente por su papel de Greg Hirsch en la multipremiada serie Succession, enfrenta un proceso judicial luego de ser arrestado el pasado 30 de agosto en New Hampshire bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

Dos semanas después del incidente, el actor de 37 años ingresó una declaración de “no culpable” a los cargos menores que se le imputan. El viernes 12 de septiembre, el artista ingresó formalmente su declaración de inocencia ante el tribunal de New Hampshire.

Inicialmente, estaba programada una audiencia de lectura de cargos para el martes 16 de septiembre, pero el acto judicial fue cancelado tras la presentación de su alegato.

Según informó el Departamento de Policía de Moultonborough, Nicholas Braun, fue detenido alrededor de las 11:15 p.m. del sábado 30 de agosto. En ese momento, los oficiales lo arrestaron por presunta conducción bajo influencia (DUI-impairment) y por circular sin luces encendidas en su vehículo.

El medio TMZ fue el primero en dar a conocer la noticia, detallando que el actor fue trasladado a la cárcel del condado de Carroll, de donde fue salió poco después sin necesidad de pagar fianza, tras ser puesto en libertad bajo reconocimiento propio.

Los documentos del caso, obtenidos posteriormente por la revista PEOPLE, precisan que Nicholas Braun enfrenta un cargo menor de DUI y una infracción adicional por operar un vehículo sin luces.

Como parte de sus condiciones de libertad bajo fianza, el actor tiene prohibido consumir alcohol o cualquier droga ilegal o sustancia controlada mientras dure el proceso.

De acuerdo con la información judicial disponible, el juicio no se celebrará hasta enero de 2026, lo que extiende la incertidumbre sobre el desenlace del caso.

Cabe destacar que el arresto llega en un momento en que el actor parecía disfrutar de estabilidad personal.

En octubre de 2023, Braun contó a la revista PEOPLE que había pasado un “momento de absoluta dicha” en la cabaña de la familia de su novia, la fotógrafa Hyunji Ward, a orillas del lago Michigan, donde desconectaron de la tecnología y pasaron días cocinando juntos.

“La familia de mi novia tiene una cabaña en el lago Michigan. Siempre que vamos, no hay señal, y solo estamos horneando pasteles. De hecho, he aprendido a hacer la masa, todo. Puedo hacerlo todo”, dijo.

La relación fue confirmada públicamente en marzo de 2024, cuando el famoso publicó en Instagram un mensaje por el cumpleaños de Ward, , refiriéndose a ella como su “dulce, dulce y querida novia”.

“¡Me haces ser la mejor versión de mí misma! Como cuando dijiste que me quedaba bien esta camisa llena de tenedores. Tenías razón”, escribió.

Cabe recordar que Nicholas Braun alcanzó gran reconocimiento gracias a Succession, la serie de HBO que concluyó en 2023 tras cuatro temporadas.

Su interpretación de Greg Hirsch, el torpe pero ambicioso primo de los Roy, le valió tres nominaciones al Emmy, además de un premio del Sindicato de Actores (SAG Award) como parte del elenco.

Antes de conquistar la televisión, Braun había hecho carrera en producciones juveniles de Disney, como Sky High (2005), Minutemen (2008) y Princess Protection Program (2009).

Más recientemente, sorprendió con papeles más arriesgados: en 2024 encarnó a figuras icónicas como Andy Kaufman y Jim Henson en la película Saturday Night, además de participar en Splitsville, cinta presentada en el Festival de Cannes.

Un residente del condominio ubicado cerca de Happy Valley, en el condado de Clackamas, Oregón, reportó recientemente escuchar “ruidos extraños” en el subsuelo de su vivienda, revelando una insólita situación de ocupación clandestina. Las autoridades arrestaron a Beniamin Bucur, de 40 años, tras descubrir que este había adaptado y habitado el espacio de acceso de la propiedad, según indicó la Oficina del Sheriff del Condado de Clackamas. Bucur había logrado acondicionar el lugar con una cama, luces, televisores, cargadores y una serie de aparatos electrónicos conectados a la electricidad de la vivienda.

El hallazgo se produjo tras el aviso de un testigo que, según relataron las fuentes policiales citadas por FOX News, observó a un hombre desconocido estacionar su vehículo y dirigirse hacia la parte posterior de uno de los edificios del complejo. El testigo se percató de que la puerta del espacio de acceso se encontraba abierta y una luz iluminaba el interior, justo antes de que la misma puerta se cerrara momentos después.

Al llegar a la escena, los agentes notaron daños visibles en la puerta y que el acceso permanecía cerrado. Un cable de extensión se extendía a través de un respiradero, conectando el espacio con la fuente eléctrica del domicilio. Tras contactar al propietario y verificar que nadie autorizado debía estar en el subsuelo, los agentes recibieron las llaves, pero no lograron abrir la puerta. Ante esta situación, forzaron el acceso al área restringida, encontrando allí a Bucur en condiciones de residencia prolongada, informaron las autoridades en declaraciones recogidas por FOX News.

Condiciones del espacio subterráneo: una vivienda improvisada con plena conexión eléctrica

La inspección del lugar por parte de la Oficina del Sheriff del Condado de Clackamas permitió documentar el nivel de adaptación del espacio. Los oficiales hallaron una cama, televisores de pantalla plana —uno de ellos sujeto a una viga con correas—, luces colgantes distribuidas en el techo para dar mayor claridad y varios dispositivos electrónicos conectados mediante extensiones a la red eléctrica de la vivienda principal.

Las imágenes divulgadas por los investigadores mostraron que Bucur se había provisto de elementos básicos para la comodidad, utilizando parte del cableado del inmueble para abastecer sus necesidades energéticas. La policía indicó que el acusado “había tomado medidas significativas para mejorar las condiciones en el espacio de acceso y claramente residía allí”. La investigación preliminar sugiere que Bucur habría vivido en el espacio durante un periodo prolongado.

Elementos hallados en la intervención: drogas y pruebas materiales

Durante la intervención, los agentes localizaron una pipa con residuos blancos. Posteriores pruebas confirmaron la presencia de metanfetamina, lo cual agravó la situación judicial del acusado. La investigación en el espacio permitió evidenciar no solo el uso clandestino de la infraestructura eléctrica del condominio, sino también la presencia de estupefacientes, lo que derivó en cargos adicionales.

Las fuentes oficiales aseguraron, según FOX News, que la pesquisa fue iniciada a raíz del testimonio de una persona que alertó sobre “la presencia de una persona no autorizada que estacionó su coche y caminó hasta la parte trasera del complejo”, y que las declaraciones del propietario sobre ruidos inusuales resultaron vitales para la apertura del caso.

Cargos, condena potencial y reacción institucional

La Oficina del Sheriff del Condado de Clackamas confirmó que Beniamin Bucur fue acusado formalmente de robo en primer grado y posesión ilícita de metanfetamina. Tras su detención, la fianza establecida para su liberación fue fijada en 75.000 dólares.

Las autoridades reiteraron la importancia de reportar rápidamente cualquier actividad o sonido sospechoso en las áreas comunes de los complejos residenciales para evitar situaciones similares. El caso despertó inquietud entre la comunidad local sobre la seguridad de los espacios de acceso y la vulnerabilidad de las instalaciones.

La investigación sigue su curso, mientras las autoridades evalúan si Bucur podría estar vinculado a incidentes similares en la zona. Según las fuentes policiales y los reportes difundidos por FOX News, no se han identificado otros implicados en el caso ni reportes de daños graves a la propiedad más allá de la ocupación ilegal y el consumo de electricidad.

El propietario del inmueble, cuya identidad no fue revelada, manifestó haber escuchado “ruidos extraños” en ocasiones previas al reporte, sin sospechar la existencia del improvisado espacio habitacional en el subterráneo.

La situación ocurrió en Alhambra, a aproximadamente 14 kilómetros al noreste de Los Ángeles, cuando una empleada del establecimiento percibió la señal de auxilio realizada por la víctima. Gracias a una rápida reacción, el trabajador alertó a la policía local que al llegar al sitio pudo confirmar la existencia de un caso de violencia doméstica. La identidad de la mujer no ha sido revelada por las autoridades, que destacaron la importancia de la comunicación no verbal empleada para solicitar intervención policial.

La señal utilizada por la víctima fue creada y promovida por la Canadian Women’s Foundation. Consiste en colocar el pulgar bajo los cuatro dedos de la mano y cerrar los dedos sobre el pulgar, un gesto simple que permite pedir ayuda sin levantar sospechas ante posibles agresores. La policía de Alhambra explicó en su página de Facebook, citada por NBC News, que este “pequeño movimiento” permitió que una persona reconociera el llamado de emergencia y solicitara su presencia.

Detalles de la intervención policial revelan la secuencia del operativo

Las imágenes extraídas de la cámara corporal de los oficiales documentan el desarrollo del operativo. De acuerdo con la reconstrucción policial difundida a través de redes sociales y reseñada por NBC News, al llegar al estacionamiento del 7-Eleven, los agentes identificaron rápidamente a John Palombi y le solicitaron permanecer en el lugar para una revisión. Durante esos momentos, Palombi intentó alejarse del sitio; sin embargo, los policías le dieron alcance y procedieron a su detención.

Las autoridades comunicaron que en el momento de su arresto, Palombi era buscado bajo una orden de detención activa y hallaron en su poder una pistola eléctrica, también conocida como arma de descarga. Ningún otro cliente del establecimiento resultó herido o estuvo en peligro directo durante el incidente, según relató la policía local en sus declaraciones a los medios.

La importancia del reconocimiento rápido y la colaboración ciudadana

El incidente pone de manifiesto la relevancia de que tanto el público como trabajadores de atención al cliente reconozcan las señales internacionales de auxilio. NBC News relató la declaración de uno de los empleados del 7-Eleven, Shamsher Singh, quien valoró la decisión de su colega de llamar a la policía en ese momento. “Él hizo un gran trabajo porque ella necesitaba ayuda,” afirmó Singh en entrevista para NBC Los Angeles. “Tomó una buena decisión.”

El papel de los empleados del comercio fue fundamental, ya que observaron el gesto que la víctima realizó intencionalmente para alertar sobre su situación, y respondieron de manera rápida y decisiva. La cooperación entre la comunidad y las fuerzas policiales resultó esencial para asegurar que la intervención ocurriera antes de que la situación escalara o la víctima pudiera sufrir daños mayores.

Contexto actual de la señal de ayuda y su difusión en espacios públicos

La señal de ayuda con la mano se ha difundido en muchos países como un método discreto para solicitar auxilio en contextos de abuso doméstico u otros riesgos. La Canadian Women’s Foundation difundió este gesto especialmente durante la pandemia de COVID-19, cuando los confinamientos complicaron las posibilidades de pedir ayuda a través de métodos tradicionales. Las autoridades y organizaciones de apoyo recomiendan mantenerse informados y atentos a las señales, tanto en espacios públicos como privados, para detectar posibles casos antes de que deriven en situaciones irreversibles.

El caso ocurrido en Alhambra subraya la necesidad de capacitación para empleados de establecimientos comerciales y de la difusión continua de información sobre señales de emergencia en la sociedad. La policía de Alhambra continúa recabando información y ha reiterado el valor de la colaboración ciudadana en la prevención y atención de la violencia doméstica, señaló NBC News.

Elmoncy Sercle, de 28 años, fue arrestado en Aventura, Florida, tras ser acusado de atropellar a una modelo de pies con la que había acordado un encuentro en un hotel, según documentos policiales consultados por PEOPLE. La mujer víctima sostuvo que conoció a Sercle a través del portal de citas Seeking.com y que fue atacada en el estacionamiento del hotel después de negarse a una solicitud considerada “incómoda”.

El incidente ocurrió el 24 de agosto, cuando los dos se reunieron por primera vez en dicho hotel. De acuerdo con el relato de la modelo recogido en el acta de arresto, Sercle le propuso, dentro del cuarto, oler sus pies y adquirir sus zapatillas usadas. “Cuando llegué, solo quería oler mis pies y no me sentí cómoda con eso”, declaró la víctima a la cadena Local 10, citada por PEOPLE. La mujer aceptó venderle las zapatillas, aclarando que costaban 1.000 dólares y que las tenía guardadas en su automóvil.

El encuentro dio un giro inesperado cuando la modelo decidió ir al baño y Sercle abandonó la habitación rápidamente. Según la denuncia, la mujer pensó que él había tomado sus pertenencias, por lo que salió tras él y lo localizó en el garaje del hotel. Allí, vio a Sercle dentro de una camioneta roja, y fue entonces cuando sucedió el presunto atropello.

Cita en un hotel termina en persecución y lesiones en estacionamiento tras desacuerdo económico

Los oficiales indicaron en su informe que, en un primer momento, Sercle pasó en su vehículo junto a la víctima sin detenerse. Sin embargo, tras girar el automóvil, el acusado condujo en dirección a la mujer y la impactó con la camioneta, provocándole heridas, entre ellas abrasiones en los brazos y el pecho. Las lesiones fueron descritas por la policía como “raspones” y hematomas, acordes a los detalles proporcionados por la víctima.

La afectada relató a PEOPLE que el ataque ocurrió después de que pusiera como condición un pago de 1.000 dólares para acceder a la petición de olerle los pies. “Podía quedarse con mis zapatillas si quería, son solo zapatillas viejas. Hay gente a la que le gustan cosas extrañas”, explicó la mujer, quien subrayó que no aceptó la solicitud de Sercle al no sentirse cómoda con la situación.

Tras el incidente, Sercle abandonó el lugar rápidamente, aunque su escape fue breve. La policía informó, según el parte consultado por PEOPLE, que el acusado fue localizado y arrestado el 28 de agosto cuando intentó alquilar una habitación en el mismo hotel donde sucedieron los hechos.

Detención del sospechoso y antecedentes de otros posibles incidentes similares bajo investigación

El acta policial señala que, al momento de su detención, Sercle fue identificado como sospechoso de otros ataques con un patrón similar, aunque hasta el momento los registros judiciales no muestran cargos adicionales vinculados a esos hechos. Las autoridades actualmente mantienen activa una investigación para determinar si existen más víctimas o situaciones comparables que puedan relacionarse con el acusado.

Según PEOPLE, los documentos judiciales revelan que Sercle enfrenta formalmente cargos de agresión agravada, y que su declaración ante el tribunal ha sido de no culpable. La naturaleza de los ataques previos supuestamente vinculados a Sercle no fue detallada en los partes oficiales disponibles.

Contexto del suceso: encuentro concertado en línea y peticiones no convencionales generan preocupaciones de seguridad

El incidente resalta posibles riesgos asociados a los encuentros concertados mediante aplicaciones y portales de citas como Seeking.com. De acuerdo con el relato recogido por Local 10 y repetido en PEOPLE, la víctima sostuvo que no previó riesgos al pactar la transacción, ya que esperaba simplemente vender zapatillas usadas a cambio de la remuneración acordada.

Finalmente, la mujer aseguró que desconocía la posibilidad de un desenlace violento derivado de la negativa a la particular solicitud de Sercle. Las autoridades recomiendan precaución a quienes trabajan como modelos no convencionales o acuerdan reuniones personales a través de internet. El proceso judicial continuará, mientras los investigadores revisan la posible conexión de Sercle con hechos similares.

El presidente de la Junta Electoral del Condado de Surry, James Yokeley Jr., renunció a su cargo tras ser arrestado por presuntamente introducir drogas ilícitas en helados consumidos por sus nietas, según informó CBS News. El incidente ocurrió el 8 de agosto en el condado de Surry, Carolina del Norte, y fue reportado a las autoridades cuando Yokeley, de 66 años, pidió ayuda a un oficial en una estación de servicio. En ese momento, alertó que dos de sus nietas, de quienes no trascendió la identidad, habían encontrado pastillas dentro de los helados que acababan de adquirir en una sucursal de la cadena Dairy Queen cercana.

La policía de Wilmington indicó que las menores, bajo tutela de Yokeley durante ese fin de semana, no llegaron a consumir ninguno de los comprimidos. Tras los hechos, se realizaron pruebas preliminares que identificaron las sustancias como narcóticos ilegales. Una orden judicial revisada por WGHP, afiliada regional de Fox, detalló después que los comprimidos encontrados en los helados contenían MDMA y cocaína. Las autoridades comenzaron una investigación basada en el testimonio de Yokeley y en registros de video que supuestamente lo muestran colocando las sustancias en los postres.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Departamento de Policía de Wilmington y recogido en CBS News, la investigación sigue en curso y hasta el momento no se ha revelado ningún posible móvil detrás de la acción. La cobertura de WGHP consignó que Yokeley era el tutor de las menores durante el incidente y que la colaboración con la policía fue inmediata después de que las niñas detectaran las pastillas en los alimentos antes de ingerirlos.

La cadena de hechos: desde la denuncia hasta la detención de James Yokeley Jr.

El episodio se desarrolló el 8 de agosto, cuando Yokeley se acercó, visiblemente afectado, a la estación de servicio Sheetz en Surry County. En ese lugar, relató al agente la situación y solicitó intervención policial. Los procedimientos preliminares incluyeron el análisis de los comprimidos recuperados de los envases de helado y el posterior aseguramiento de los elementos como evidencia. Posteriormente, la policía accedió a material videográfico que, según las autoridades, muestra imágenes del propio Yokeley colocando las pastillas en el helado.

Según la información publicada por CBS News, los investigadores consideran clave el material audiovisual recogido en la sucursal de Dairy Queen y en inmediaciones donde se llevó a cabo la compra y consumo de los alimentos. No obstante, el reporte policial dejó claro que no se han registrado incidentes similares asociados a la misma sucursal.

Cargos judiciales y medidas adoptadas tras el arresto

Después de la identificación y aseguramiento de las sustancias ilegales, el Departamento de Policía de Wilmington procedió con la detención de Yokeley. Entre las acusaciones formales figuran la contaminación intencional de alimentos o bebidas con una sustancia controlada—delito tipificado en las leyes locales—, así como abuso infantil grave y posesión de narcóticos de la Lista I. Tras su arresto, las autoridades trasladaron a Yokeley al Centro de Detención del Condado de New Hanover, donde quedó bajo custodia y posteriormente obtuvo su liberación al abonar una fianza de 100.000 dólares.

El registro judicial, según WGHP, señala que la posesión de MDMA y cocaína se considera una falta grave bajo la legislación estatal y federal. Las audiencias judiciales relacionadas con los cargos imputados estaban programadas para semanas posteriores al arresto. Por el momento, las autoridades no han proporcionado detalles acerca de las posibles motivaciones detrás del acto ni de la evolución emocional o psicológica de las víctimas menores de edad.

Renuncia al cargo y reacción institucional ante el caso

Antes del arresto, Yokeley había sido designado en junio como presidente de la Junta Electoral del Condado de Surry, institución de la que era miembro desde 2023. Tras la difusión del caso y los reclamos crecientes para su dimisión, la Junta Estatal de Elecciones confirmó que la renuncia se formalizó el jueves 14 de agosto.

En su carta de renuncia, reproducida por CBS News, Yokeley expresó: “Sigo confiando en la oración en que seré exonerado de todas las acusaciones formuladas en mi contra”. Las instituciones electorales del estado aseguraron que continúan revisando los procedimientos internos y colaboran con las autoridades para esclarecer el incidente.

La investigación por parte del Departamento de Policía de Wilmington y las autoridades judiciales permanecía activa al cierre de este informe, sin novedades sobre posibles vínculos adicionales o la participación de terceras personas asociadas a los hechos.

El rapero Lil Nas X, cuyo nombre real es Montero Hill, compareció este lunes en una corte de Van Nuys tras ser acusado formalmente de cuatro delitos graves, entre ellos agresión con lesiones a un oficial de policía y resistencia a la autoridad.

El artista de 26 años se declaró inocente durante la audiencia y su fianza fue fijada en 75,000 dólares. Unas horas más tarde, TMZ captó al artista saliendo de prisión.

El caso ha generado amplia atención mediática desde la madrugada del jueves 21 de agosto, cuando Hill fue visto semidesnudo y actuando de forma errática en Ventura Boulevard, en Studio City, San Fernando Valley.

De acuerdo con el reporte policial, al momento de ser confrontado por los agentes, el músico se abalanzó contra ellos, lo que provocó lesiones a al menos tres oficiales. Esa acción derivó en tres de los cargos por delitos graves.

El arresto y los primeros cargos

Inicialmente, Lil Nas X fue detenido bajo un cargo menor de obstrucción a la labor de un oficial y trasladado a la cárcel de Valley en Van Nuys, donde permaneció durante el fin de semana sin derecho a fianza.

Antes de ser llevado al centro de detención, los policías lo condujeron a un hospital, ya que sospechaban que estaba bajo los efectos de drogas. Posteriormente fue dado de alta y trasladado a prisión.

Videos difundidos por el portal TMZ muestran al rapero caminando en ropa interior y botas de vaquero blancas, aparentemente desorientado, en una de las avenidas principales de Los Ángeles.

Un día antes, también fue captado deambulando en las inmediaciones de un hotel en West Hollywood, lo que reforzó las especulaciones sobre un episodio de crisis de salud.

En la audiencia de este lunes, los abogados defensores Drew Findling y Christy O’Connor insistieron en que el episodio no define al artista y que se trata de un hecho aislado en su vida.

“Él nunca ha tenido problemas con la justicia ni un historial de violencia. No podemos permitir que un evento cambie la trayectoria de su vida increíble”, declaró Findling ante los medios.

O’Connor, por su parte, cuestionó la versión policial que relaciona el comportamiento del rapero con el consumo de drogas. Según dijo, aún no existen resultados médicos que confirmen esa hipótesis.

El juez del caso solicitó, no obstante, que Hill se inscriba en un programa de tratamiento de abuso de sustancias como medida preventiva.

Findling también pidió no juzgar al artista en su “peor momento”: “Es un joven de 26 años bajo una enorme presión por su fama internacional. Cualquiera que tenga hijos sabe que estas situaciones, aunque graves, no son tan extrañas”.

Su padre, Robert Stafford, ofreció declaraciones tras la audiencia y aseguró que su hijo se encuentra con buen ánimo pese a la gravedad de los cargos. “Derramamos lágrimas, también reímos, pero él está en gran espíritu. Dios es bueno todo el tiempo. Manténganlo en sus oraciones”, dijo.

Cabe destacar que este año ha sido especialmente difícil para Lil Nas X. En abril reveló que sufría de parálisis facial parcial y un mes más tarde canceló su presentación principal en el festival Outloud Pride en West Hollywood, alegando problemas médicos.

Ahora, el cantante deberá enfrentar el proceso judicial por los cuatro cargos de delito grave: tres por agresión con lesiones a un oficial y uno por resistencia a la autoridad.

El fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, emitió un comunicado de prensa confirmando que Lil Nas X hirió a 3 oficiales de policía y enfrenta hasta 5 años de prisión estatal si es declarado culpable de los cargos.

Mingus Reedus, hijo del actor Norman Reedus, quien es reconocido internacionalmente por su papel en la serie The Walking Dead y de la supermodelo danesa Helena Christensen, fue formalmente acusado luego de haber sido arrestado por su presunta participación en un altercado violento en Nueva York.

De acuerdo con las autoridades, una mujer de 33 años estaba presente en la escena con lesiones en el cuello y la pierna.

Según registros judiciales a los que accedió el medio estadounidense TMZ, el joven de 25 años enfrenta tres cargos: lesión física imprudente, acoso agravado y acoso en segundo grado.

Sin embargo, Reedus se declaró inocente de todos los cargos y fue liberado sin necesidad de pagar fianza ni estar bajo vigilancia, una decisión judicial que su abogada considera contundente.

La abogada de Mingus, Priya Chaudhry, declaró este domingo 24 de agosto a TMZ que los cargos presentados “son delitos menores que dicen mucho, y hablan mucho más fuerte que los comentarios sin fundamento del fiscal en la audiencia”.

Además, destacó la importancia de que el juez decidiera liberar al joven bajo su propia responsabilidad

“Esa decisión judicial significativa amplifica el mensaje. Mingus es inocente hasta que se demuestre lo contrario y se ha declarado no culpable. A medida que los hechos salgan a la luz, su inocencia quedará clara”, señaló.

La próxima comparecencia judicial de Mingus está prevista para el martes 26 de agosto, donde se espera que la fiscalía presente más detalles del caso. Por ahora, la defensa se mantiene firme en su postura de que los hechos demostrarán la inocencia del acusado.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Mingus Reedus enfrenta un proceso judicial por un incidente similar.

En septiembre de 2021, fue arrestado tras ser acusado de agredir a una mujer durante un evento en Manhattan. Según el testimonio de la presunta víctima, el modelo la golpeó en el rostro, aunque él sostuvo que actuó en defensa propia.

“Fue instinto. Estaba reaccionando a que nos estaban rodeando y temía por la seguridad de mi grupo. No pensamos que fuera algo importante, pero estas cinco chicas nos siguieron por dos cuadras, arrojándonos comida y gritando”, dijo en ese entonces al New York Daily News.

Y añadió: “Les pedimos que nos dejaran en paz, pero siguieron amenazando con hacerle daño a mi novia y a su amiga”.

Como resultado de aquel incidente, Mingus se declaró culpable de alteración del orden público y fue sentenciado a asistir a cinco sesiones de consejería.

Hasta el momento, ni Norman Reedus, de 56 años, ni Helena Christensen, también de 56 años, han hecho comentarios públicos sobre el más reciente arresto de su hijo.

La ex pareja, que tuvo a Mingus en 1999 y se separó cuatro años después, ha mantenido una relación de crianza compartida marcada por el respeto y la cordialidad.

En 2021, Christensen habló abiertamente sobre el fuerte vínculo que mantiene con su hijo.

“Mi hijo significa muchas cosas para mí. Puedes enseñarle muchas cosas a tus hijos mientras crecen, pero de repente esa dinámica cambia y lo siguiente que ocurre es que los escuchas a ellos, y te ves a ti misma a través de sus ojos. Es una experiencia realmente increíble”, dijo en una entrevista con L’Officiel.

Por su parte, Reedus ha mantenido una vida familiar con su actual pareja, la actriz Diane Kruger, con quien comparte una hija de seis años, Nova.

El primer contacto fue una voz que no quería conversar, sino anunciar:

—Buenas noches. Hablamos del “Comando por la reivindicación de los Derechos Humanos”, [...] en el día de la fecha hemos procedido a la detención de vuestra señora madre [...]. Trasládese al domicilio de su madre [...], recibirá instrucciones dentro de una hora.

Del otro lado de la línea, según los registros de llamadas recopilados por la Justicia, Oscar Prado no llegó a responder. Era la noche del 23 de julio de 1985. Prado tenía 36 años y hacía horas se preguntaba dónde estaría su madre y por qué no había llegado a la agencia de venta de autos que la familia administraba sobre la avenida Independencia, en el barrio porteño de Almagro.

Cada día, alrededor de las 20, la madre —Nélida Bollini de Prado— salía de su departamento y caminaba seis cuadras hasta la concesionaria, donde pasaba un rato con su hijo y juntos cerraban el negocio. Así era siempre. Hasta esa noche. Hasta ese llamado.

Durante cuatro meses Arquímedes Puccio, un contador y exfuncionario de la Cancillería, quien hacía del secuestro y asesinato un negocio familiar, la había estado vigilando. Uno de los socios criminales de Puccio la había marcado. El perfil de la mujer era una promesa para la banda: viuda, con propiedades y dos hijos dispuestos a pagar por su rescate.

Arquímedes y uno de sus hijos, Daniel —apodado “Maguila”—, aprendieron la rutina nocturna de la mujer. La salida del edificio. La caminata por la vereda impar de la calle Mármol. El desvío corto por la avenida Independencia. La entrada a la agencia de autos.

Esa noche una voz interrumpió la secuencia.

—¡Prado!

—¿Sí? —alcanzó a decir la mujer, que en segundos desapareció tragada por una de las puertas de una Mitsubishi amarilla con franjas naranjas.

Esa noche y las siguientes, a lo largo de un mes, se extenderían los llamados.

—Hola, ¿Oscar? —preguntó el 27 de julio, cuatro días después del secuestro, la voz. Era otra diferente a la de la primera llamada y a la que había sobresaltado a Bollini de Prado en la calle, pero para entonces los hijos de la mujer se habían acostumbrado a hablar con distintas voces masculinas que muchas veces se identificaban bajo un mismo nombre: Mario.

—Sí —asintió Oscar.

—Se cortó.

—Sí, se cortó.

—Tiene que ir al domicilio de su madre.

—Sí, señor.

Los secuestradores pactaban horarios y teléfonos a los que llamarían. Era 1985, las conversaciones telefónicas se caían en forma abrupta. En una misma noche los llamados podían empezar en el departamento de la madre de los Prado, seguir en la casa de los hijos y pasar de la casa de los hijos a la concesionaria y de la concesionaria a un galpón familiar.

—Bueno escúcheme, nos vamos a comunicar mañana en la calle Quintino Bocayuva porque este teléfono es muy difícil —dijo la voz —una de las tantas— días más tarde.

—No anda, señor, ese teléfono hace tres meses que no anda —respondió Oscar.

—¿No anda ese?

—No anda.

—Y, este es muy difícil, es un infierno —se quejó la voz.

—Bueno, qué quiere que haga... digáme señor.

En algunos contactos, la voz en el teléfono enviaba a los hermanos Prado a una dirección precisa, a buscar objetos en el frente de una casa abandonada. Ahí solían encontrar un cassette o un sobre de papel madera o un atado de cigarrillos que guardaba indicaciones.

En textos escritos a máquina se detallaba cuánta plata recaudar —186.000 dólares, el número crecería a 250.000—, qué tipo de billetes incluir —usados, sin numeración correlativa, ni marcados— y dónde colocarlos —en un bolso cerrado, sin traba ni llave—. “Cualquier transgresión ocasionará de inmediato la suspensión del operativo”, advertían los documentos. Recurrir a la Policía, denunciar el secuestro, significaba la muerte de la mujer.

Pero los Puccio y sus colaboradores ignoraban que la familia Prado había roto esa orden. La denuncia estaba hecha desde casi el inicio del secuestro.

—Yo no puedo reunir ese dinero, para colmo es sábado. Hoy fui a ver a dos o tres amigos. Llego a tener 41.000 dólares acá —presionó en una de las negociaciones posteriores Oscar.

—Bueno, escúcheme, tómese el tiempo que usted quiera.

—Sí, pero no es fácil. La gente no tiene plata. Yo escucho el casette de mi mamá...

—Yo soy otra persona, no puedo tener diálogo con usted. ¿Mañana a qué hora quiere que llamemos?

—Y no sé, llame a la noche pero deme tiempo, lo único que le pido.

—Está bien, tiempo tiene todo el que quiera.

—Otra cosa señor, le pido por favor, ¿Mi mamá cómo está?

—Está perfectamente bien.

—Cuando yo escucho el casette… ¿Ella qué come? ¿Está comiendo bien?

—Sí.

—¿Usted es lo mismo que con la otra persona?

—No, no es lo mismo. Nosotros lo vamos a llamar mañana a las 20.

—Entonces, cómo hago con la otra persona, ¿Quién es?

El secuestrador cortó. Lo mismo hizo Oscar. También, la policía que en simultáneo seguía el origen del llamado.

La Policía Federal trabajaba en forma conjunta con Entel, la empresa estatal de telecomunicación de la época. Juntos trazaron un mapa con cada llamada. La repetición reveló un patrón: los secuestradores usaban teléfonos públicos ubicados en el centro y sur de la Ciudad de Buenos Aires.

El 23 de agosto de 1985, un mes después del rapto, se montó la trampa. Entel dejó fuera de servicio decenas de teléfonos públicos situados dentro del área de acción de los Puccio. La estrategia era forzarlos a usar alguno de los aparatos que seguían en funcionamiento.

El teléfono público de una estación de servicio de las calles Gregorio de Laferrere y Mariano Acosta, en el barrio porteño de Parque Avellaneda, tenía tono. Y los Puccio lo usaron.

Distribuidos en la zona, en autos particulares, vestidos de civil, los policías esperaban. La orden para actuar era una clave de tres palabras.

Cuando la llamada de los Puccio entró en la central telefónica, la radio policial transmitió la clave —“Tero en el aire”— y la dirección exacta de la estación de servicio.

En ese instante, todos se dirigieron hacia la gasolinería. El subcomisario Luis Rubén Motti y la suboficial Liliana Zunini —embarazada de tres meses— fueron los primeros en llegar.

Ahí parados, a pocos metros del teléfono público, estaban Arquímedes Puccio, su hijo Daniel y uno de los colaboradores de la banda, Guillermo Fernández Laborda.

Frente a la voz de alto, Daniel intentó escapar pero fue atrapado. Arquímedes permaneció calmo, quieto. Entre su ropa tenía el diario Crónica. Al diario le faltaba la tapa, que minutos más tarde apareció tirada en una fosa de la estación. Algunos testimonios dicen que, al desplegarla, los policías encontraron los nombres de distintos integrantes de la familia Prado y sus respectivos números de teléfono. Otros afirman que la tapa tenía escrita la firma de Bollini de Prado; era una prueba de vida.

Sea como fuere, los policías habían detenido a los secuestradores, pero la mujer seguía cautiva. Restaba saber dónde estaba y liberarla. Daniel, “Maguila”, habría sido el primero en confesar:

—La tenemos en el sótano de mi casa.

Para llegar a la casona de los Puccio, en Martín y Omar 544, en el centro histórico de San Isidro, un grupo de efectivos rodeó la manzana, entró a través del portón de la vivienda, bajó al sótano y retiró un armario que ocultaba una puerta. Del otro lado, estaba Bollini de Prado. Había sobrevivido sentada en una cama de sábanas manchadas, con un grillete en el tobillo que la encadenaba a una pared.

La Policía rescató a la mujer y arrestó a Alejandro Puccio, el hijo mayor de la familia, y a su novia, quienes estaban en la casa cuando ocurrió el allanamiento. Entre las 21:45 y las 22:15 de esa noche, a las detenciones de Alex —como lo apodaban— y su pareja se les sumaron las de Silvia y Adriana Puccio, otras hijas del matrimonio, y Estefanía Angeles Calvo, la madre del clan.

La noticia se esparció en la cuadra, en el barrio, en el Club Atlético de San Isidro (CASI), donde Alejandro jugaba al rugby, y en la Catedral que la familia visitaba cada domingo. Entre los vecinos, la única pregunta posible nacía de un error: “¿Asaltaron a los Puccio?”.

Un mes después de los arrestos, la jueza a cargo de la investigación, María Romilda Servini, hizo un pedido insólito aunque fundado en la sospecha de que detrás del caso existía una trama delictiva por descubrir.

Pidió que se presentaran en el Palacio de Tribunales aquellas personas que habían sufrido un secuestro o el secuestro de un familiar en Capital y en Gran Buenos Aires a partir de 1982. En los despachos judiciales de la época se empezaban a relacionar investigaciones irresueltas con el modus operandi de los Puccio. La captura de otros implicados, peritajes y confesiones de algunos de los secuestradores, conectarían, años más tarde, los cabos sueltos.

El clan Puccio debutó el 22 de julio de 1982, con la captura del empresario Ricardo Manoukian. El joven de 24 años, hijo de los dueños de la cadena de supermercados Tanti, estuvo atado durante nueve días en la bañera de la casa de los Puccio hasta ser asesinado de tres tiros en la nuca. La familia había pagado su rescate. Alejandro fue el entregador. Eran amigos.

La segunda víctima fue el ingeniero Eduardo Aulet, desaparecido el 5 de mayo de 1983. Lo interceptaron mientras circulaba en su auto por Libertador y Austria, en el barrio porteño de Recoleta. Le hicieron señas y él detuvo su marcha. La familia pagó 100.000 dólares. Los Puccio lo asesinaron apenas cobraron el rescate. Su cuerpo apareció cuatro años más tarde. Aulet también conocía a Alejandro. Jugaban juntos al rugby.

El empresario Emilio Naum, dueño de la firma de ropa y zapatos Mc Taylor, también tenía el destino marcado por el clan. El 22 de junio de 1984 paró su auto cuando vio que Puccio le hacía señas. Ya era un secuestrado más. Al darse cuenta, se resistió. Lo mataron de un tiro en el pecho.

“Maguila”, eludir el sistema para quedar impune

En Argentina, un condenado a prisión puede esconderse. Esperar. Y, una vez cumplidos los años de cárcel que le impuso la Justicia, reaparecer, sin que nadie lo detenga. Eso hizo Daniel “Maguila” Puccio.

En 1998, Daniel fue condenado por participar del secuestro de Nélida Bollini de Prado. Lo sentenciaron a 13 años de cárcel. Pero eludió su castigo. Estuvo prófugo más de una década. Y en 2011 la Justicia declaró extinguida su pena.

Daniel era el segundo hijo varón del matrimonio Puccio. Sus amigos, sus padres, sus hermanos lo apodaban “Maguila” por el gorila de un dibujo animado popular en los años 60. Antes del secuestro de la mujer, vivió en Australia y en Nueva Zelanda. Su padre le enviaba cartas en las que lo invitaba a volver, le hablaba de futuros negocios y le pedía que leyera entre líneas cuando le mencionaba esos negocios. Maguila no era tonto, conocía a su padre: sabía que lo que le proponía era ilegal.

En 1985 Maguila volvió al país y enseguida empezó a trabajar en el secuestro de la mujer. El 23 de agosto lo detuvieron en la estación de servicio.

Después del arresto, Maguila estuvo casi tres años preso. Pero su causa se demoró tanto que, en 1988, lo liberaron a la espera del juicio. Diez años más tarde, cuando por fin lo condenaron, ya estaba prófugo. Fue el único integrante de la banda que no cumplió ni un día de la pena que le impusieron. Se cree que permaneció un tiempo en Brasil y en Nueva Zelanda. También, en la provincia de San Luis. Fue paciente. Esperó. Dejó que el tiempo hiciera su trabajo.

En derecho penal, el tiempo es muy importante. Salvo excepciones, como los delitos de lesa humanidad y otros, el Estado tiene un límite temporal para investigar, juzgar y condenar un delito. Eso garantiza que existan plazos razonables y, si esos plazos no se cumplen, el delito o la pena prescriben.

En el Código Penal argentino hay dos tipos de prescripción. La de la acción penal y la de la pena. La diferencia es que una corre antes de que haya una condena y la otra, después. En el caso de Maguila lo que prescribió fue la pena.

Lo condenaron a 13 años. Y, como pasó escondido todo ese tiempo, la pena caducó. Venció. Así, quedó libre, no por ser inocente, sino por haber permanecido oculto el tiempo necesario.

El 29 de agosto de 2011, la Justicia declaró la extinción oficial de su pena. Dos años después, “Maguila” visitó los tribunales de Lavalle y, en un certificado, se llevó su boleto de libertad. Ya nadie podía detenerlo ni obligarlo a cumplir su pena.

Esta postura de la ley genera polémica porque en algún punto premia al condenado y deja a las víctimas con la sensación de que no hubo justicia.

¿Existe el derecho a salirse con la suya? Maguila es el ejemplo de un hombre que eludió el sistema para quedar impune.

Lo que comenzó como un encuentro para “hablar y aclarar las cosas” entre exparejas terminó en una noche marcada por la violencia. El pasado 23 de julio, Elizabeth Lawlor accedió a reunirse con su exnovio Sean Knight Nicholson, nieto mayor de la leyenda de Hollywood Jack Nicholson.

Al finalizar la noche, Lawlor estaba inconsciente y había perdido parte de un diente frontal. Según un informe policial y fuentes consultadas por la revista PEOPLE, la joven de 28 años declaró que el productor musical, la contactó tras una presunta estancia en rehabilitación.

Alegó que quería retomar el contacto como amigos y hablar sobre un periodo difícil en su vida. Sean, quien se encuentra en recuperación de adicciones y ha sido diagnosticado con esquizofrenia, tiene antecedentes de mezclar medicamentos recetados con drogas ilícitas, de acuerdo con el resumen policial de las declaraciones de la víctima.

La relación, que inició en abril de 2023, había estado marcada por múltiples rupturas, reconciliaciones y denuncias previas de violencia doméstica.

El día del incidente, Elizabeth Lawlor relató que Sean Knight Nicholson le envió un mensaje afirmando haber ingerido una botella entera de Valium y amenazando con suicidarse si ella no acudía a verlo.

Preocupada por su bienestar, fue a su apartamento en Venice, California, pese a que no se veían ni hablaban desde el año anterior.

La conversación inicial derivó en una discusión sobre infidelidad. En un momento, Elizabeth tomó el teléfono de Nicholson para comprobar si consumía drogas nuevamente, algo que él había negado.

Hacia las 5:30 p.m., según el informe, Sean presuntamente la sujetó por el cuello y la cabeza, arrojándola contra un objeto duro no identificado, provocando que perdiera el conocimiento.

“Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que su diente estaba roto”, detalla el reporte. Aturdida y con dolor, la joven huyó del apartamento y fue localizada por un guardia de seguridad, aunque poco después el actor la acompañó de nuevo al interior.

De acuerdo con una fuente, Elizabeth Lawlor envió fotos de sus lesiones a la madre de Sean Knight Nicholson, Jennifer Nicholson, quien llamó al 911.

La policía llegó al lugar, tomó fotografías y registró que la víctima presentaba dolor en la cabeza y la boca. Fue trasladada en ambulancia al Hospital Marina Del Rey, donde recibió tratamiento por una fractura dental que requerirá cirugía, puntos de sutura y atención por lesiones faciales.

El 7 de agosto, el Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó el arresto de Nicholson bajo el cargo de “lesión corporal a cónyuge o conviviente” —un delito grave— y “agresión con arma mortal”, especificando como arma “manos, pies y dientes”.

Sin embargo, fue liberado esa misma noche tras pagar una fianza de 50 mil dólares y deberá presentarse en corte el 26 de agosto. Si es hallado culpable, enfrenta hasta cuatro años de prisión estatal.

Asimismo, dos semanas después del incidente, Lawlor solicitó una orden de restricción, concedida temporalmente por un juez el 11 de agosto. La audiencia final está programada para el 2 de septiembre en la corte de Santa Mónica.

¿Quién es Sean Knight Nicholson?

Sean Knight Nicholson, quien no ha respondido públicamente a las acusaciones, es hijo de la diseñadora Jennifer Nicholson y nieto mayor del actor Jack Nicholson. Jennifer es la primogénita del intérprete, fruto de su matrimonio con la actriz Sandra Knight en 1963.

Sean estudió cine en Emerson College y actualmente trabaja como productor musical. Su hermano menor, Duke, es actor y ha participado en películas como Us y Dreamland.

La situación de Ethan Guo, el joven influencer estadounidense que buscaba batir un récord mundial de aviación, cambió drásticamente después de que una incursión no autorizada lo dejara varado durante semanas en una remota base militar chilena en la Antártida.

El joven explicó que permanecía en la Antártida esperando la aprobación de su vuelo de salida. Esperaba “sinceramente” que se la dieran pronto para que “yo y mi avión podamos continuar con mi misión original”, según declaraciones citadas por The Associated Press (AP).

Las autoridades chilenas informaron que Guo, que partió en su aeronave Cessna 182Q como parte de una campaña para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil, enfrentó cargos por haber aterrizado ilegalmente y proporcionar información falsa sobre su plan de vuelo. La fiscalía especificó que el joven solo contaba con autorización para sobrevolar Punta Arenas, pero desoyó las restricciones y continuó rumbo a la Antártida, según detallaron al abrir la investigación.

Cómo Guo quedó varado en la Antártida chilena

El fiscal chileno Cristián Crisoto explicó que la situación legal de Guo se resolvió este lunes, luego de que un juez desestimara los cargos como parte de un acuerdo extrajudicial: Guo deberá donar 30.000 dólares a una fundación contra el cáncer infantil en un plazo de 30 días y abandonar Chile tan pronto las condiciones meteorológicas lo permitan.

Además, tendrá prohibido ingresar a territorio chileno durante los próximos tres años. El fiscal agregó que el avión de Guo "no tiene la capacidad para volar”, aunque no proporcionó más detalles técnicos sobre esa situación.

A pesar de no estar obligado a permanecer en la base militar, hasta ahora el joven influencer estadounidense no ha logrado salir del continente debido al “duro invierno en esa zona del hemisferio sur”, que ha imposibilitado la existencia de vuelos comerciales disponibles. La situación de su Cessna también permanece incierta, pues el propio Guo comentó que analiza junto a sus abogados si podrá volarla nuevamente.

La fiscalía remarcó que el joven debe cubrir no solo los costos de su estadía y la seguridad de la aeronave, sino también todos los gastos de su regreso. Tras conocer el fallo del juez, Guo expresó a AP que se sentía “aliviado por el resultado”. Este episodio pone en pausa la misión original del joven de convertirse en la persona más joven en volar sola a los siete continentes mientras apoyaba la causa de la investigación del cáncer infantil.

El joven que soñaba con batir un récord histórico

A mediados del año pasado, AP reportó sobre la hazaña del joven estadounidense, quien relató durante una entrevista que tuvo la idea de ver cómo podían trabajar en todo esto juntos y en cómo “hacer de este mundo un lugar mejor”.

En aquel entonces, la agencia de noticias reportó que había recaudado cerca de 20.000 dólares, sin embargo, esperaba conseguir más donaciones. Igualmente, mostró a AP una serie de correos electrónicos que intercambió con un funcionario de Guinness World Records sobre su intento de convertirse en “la persona más joven en viajar en solitario a siete continentes”.

El joven obtuvo su licencia de piloto a los 17 años, cuatro después de que aprendiera a volar, sin embargo, se cruzó con un inconveniente para iniciar su aventura: las compañías aseguradoras se negaron a cubrir a un menor de edad. Al momento de dicha entrevista, había acumulado un total de 700 horas de vuelo y había surcado los cielos de los 48 estados contiguos de EEUU.

“A través de mis experiencias, como una falla de motor al comienzo del viaje, me vi obligado a enfrentar el hecho de que podía morir en cualquier momento. Te mentiría si no tuviera miedo. Pero cada día me reafirmo. Digo: ‘Esto es en lo que creo’, así que lucharé hasta el final”, concluyó.

Un tribunal de Corea del Sur ordenó el martes el arresto de la esposa del ex presidente encarcelado Yoon Suk Yeol, mientras los investigadores buscan acusarla de varios delitos sospechosos, entre ellos soborno, manipulación de acciones e intromisión en la selección de un candidato.

Al conceder una orden de arresto solicitada por un fiscal especial cerca de la medianoche, el Tribunal del Distrito Central de Seúl dijo que Kim Keon Hee representa un riesgo de destrucción de pruebas.

La investigación sobre Kim es una de las tres investigaciones especiales iniciadas bajo el nuevo gobierno liberal de Seúl dirigidas a la presidencia de Yoon, un conservador que fue destituido de su cargo en abril y arrestado nuevamente el mes pasado por su breve imposición de la ley marcial en diciembre.

Si bien la caída autoinfligida de Yoon prolongó una racha de décadas de presidencias surcoreanas que terminaron mal, él y Kim son la primera pareja presidencial en ser arrestada simultáneamente por acusaciones criminales.

La sorprendente, aunque mal planificada, toma de poder de Yoon el 3 de diciembre se produjo en medio de un enfrentamiento aparentemente rutinario con los liberales, a quienes describió como fuerzas “antiestatales” que abusan de su mayoría legislativa para bloquear su agenda. Algunos opositores políticos han cuestionado si las acciones de Yoon estuvieron motivadas, al menos en parte, por las crecientes acusaciones contra su esposa, que perjudicaron su popularidad y dieron argumentos políticos a sus rivales.

Kim no habló con la prensa al llegar al tribunal de Seúl el martes para una audiencia de varias horas sobre la solicitud de orden judicial. Permanecerá recluida en un centro de detención en el sur de Seúl, separado del centro donde se encuentra Yoon.

El equipo de investigación dirigido por el fiscal especial Min Joong-ki, designado en junio por el nuevo presidente liberal Lee Jae Myung, interrogó a Kim durante aproximadamente siete horas el miércoles de la semana pasada antes de decidir buscar su arresto.

Kim habló brevemente con los periodistas cuando apareció para el interrogatorio de la semana pasada, emitiendo una vaga disculpa por causar preocupación pública, pero también insinuando que negaría las acusaciones en su contra, presentándose como “alguien insignificante”.

Los investigadores sospechan que Kim y Yoon ejercieron influencia indebida sobre el conservador Partido del Poder Popular para nominar a un candidato específico en las elecciones legislativas parciales de 2022, presuntamente a petición del intermediario electoral Myung Tae-kyun. Myung enfrenta acusaciones de realizar encuestas de opinión gratuitas para Yoon utilizando datos manipulados que posiblemente le ayudaron a ganar las primarias presidenciales del partido antes de su elección como presidente.

Kim está vinculada por separado a múltiples acusaciones de corrupción, incluidas afirmaciones de que recibió regalos de lujo a través de un adivino que actuaba como intermediario para un funcionario de la Iglesia de la Unificación que buscaba favores comerciales, y una posible participación en un esquema de manipulación de precios de acciones vinculado a una empresa concesionaria local de BMW.

Mientras estuvo en el cargo, Yoon desestimó repetidamente los pedidos de investigar a su esposa, denunciándolos como ataques políticos sin fundamento.

(con información de AP)

La sorpresa dominó a la familia Yang tras conocer que You Chen Yang, de 56 años, permanecía en el centro de detención de ICE en Batavia, Nueva York, luego de un procedimiento migratorio que consideraban rutinario.

La situación resultó especialmente desconcertante porque el propio Yang acababa de avanzar en el trámite para obtener la residencia legal estadounidense, según relató su hija Elizabeth Yang a la televisora local WHAM-TV “él simplemente fue pensando que todo iba a salir bien”.

De acuerdo con la cobertura del medio, el arresto sucedió el 14 de julio, día en que Yang, quien regentó por años el Hong Kong Restaurant en Perry, Nueva York, acudió a su cita habitual con las autoridades migratorias.

Fue arrestado durante una visita de rutina

“Le preguntó a su abogado, y este le dijo: ‘Está bien, porque debería estar bien’, porque recientemente le habían aprobado el primer paso para solicitar su tarjeta de residencia permanente (green card)”, contó su hija.

Según la estación local y confirmado por un comunicado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la detención de Yang se debió a una orden de deportación emitida por un juez de inmigración en 2002.

“Este ciudadano extranjero ha tenido el debido proceso y ha permanecido prófugo durante más de 20 años”. El portavoz del ICE añadió que la prioridad bajo la administración de Donald Trump y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, es “la deportación de los migrantes indocumentados que representan una amenaza para la seguridad de nuestras comunidades, así como aquellos que tengan una orden final de deportación. Yang está bajo custodia en espera de su deportación de EEUU”.

El caso ocurre en el contexto de un endurecimiento de las políticas migratorias del actual gobierno. A principios del segundo mandato de Trump, las autoridades informaron la deportación de unas 100.000 personas consideradas inmigrantes ilegales, tras invocar la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, de acuerdo con Newsweek.

El uso de este mecanismo legal ha suscitado críticas y bloqueos judiciales, mientras que encuestas recientes sugieren que parte de la ciudadanía estadounidense cuestiona que incluso individuos sin historial criminal o con delitos no violentos sean objeto de expulsión.

Una pieza clave de la comunidad

De acuerdo con la familia, Yang había residido en el condado de Wyoming durante las últimas décadas y, aunque existía una orden pendiente, mantenía contacto regular con inmigración y contaba con un permiso de trabajo vigente. Tras abandonar la administración diaria de su restaurante el año anterior, concentró sus esfuerzos en formalizar su situación migratoria. Su familia señaló que las convocatorias de ICE hasta la fecha consistían en chequeos de rutina en persona o por teléfono.

Actualmente, los familiares han logrado mantener el contacto telefónico con Yang, e incluso han podido visitarlo en Batavia. Explicaron que junto a su abogado, analizan opciones legales para revertir la situación y permitir que Yang permanezca en el país.

En tanto, el Departamento de Seguridad Nacional y ICE no han emitido comentarios públicos adicionales respecto al caso tras la solicitud realizada este fin de semana para conocer su postura sobre la detención, según reportó WHAM-TV.

Elizabeth aseguró que su padre cuenta con una tarjeta de autorización de trabajo. Mientras que Josh Marcks, uno de los allegados de la familia, afirmó haber conocido a Yang, “como muchas otras personas que viven en el pueblo de Perry”, a través del restaurante Hong Kong.

“Vi una publicación en Facebook al respecto y me quedé completamente impactado. Sabes, es alguien que, en mi opinión, ha formado parte de esta comunidad desde siempre. Este es exactamente el tipo de persona que quieres en tu comunidad, que está ahí y cría a su familia. Está arraigado y es parte de ella, y eso me parece una locura”, comentó durante un diálogo con la televisora local.

Las fuerzas de seguridad de Marruecos han detenido a una activista marroquí acusada de difundir en redes sociales una foto en la que aparece con una camiseta con un mensaje considerado “ofensivo hacia Dios”, informó la Fiscalía.

El Ministerio Público ha abierto una investigación por este caso, al tiempo que se reserva el derecho a tomar “todas las medidas legales correspondientes” una vez concluyan las pesquisas en marcha, según la agencia de noticias oficial MAP.

Insultar la divinidad es considerado un delito en Marruecos.

La misma fuente indica que la imagen fue acompañada de “una publicación que contiene un insulto a la religión islámica”.

“Dado el carácter imperioso de la investigación se decidió poner a la persona implicada bajo custodia policial”, se lee en la nota.

La misma fuente añadió que se tomarán “las medidas legales correspondientes en función de los resultados de la investigación una vez que esta haya concluido”.

La detenida, de la que dicha agencia no da detalles, sí ha sido identificada en otros medios como Ibtissame Lachgar, una activista conocida por sus alegatos feministas y LGTBI y fundadora del Movimiento Alternativo para las Libertades Individuales (MALI).

MALI es conocido por iniciativas consideradas como provocadoras en Marruecos, como la organización en 2013 de la celebración de “un beso colectivo” u otras en defensa de las libertades individuales.

Lachgar divulgó en redes una fotografía suya en la que posaba con una camiseta con el mensaje “Alá es lesbiana”, una frase que, como ella misma reconocía el domingo en X, le había valido “miles de insultos sexistas, amenazas de violación y de muerte, llamamientos al asesinato, a la lapidación, etc.” durante los últimos días.

Junto a la foto publicó un texto que califica al islam “como toda ideología religiosa”, de “fascista, falocrático y misógino”.

“El 99 por ciento (de estas amenazas) provienen de hombres. Están orgullosos de sus violencias misóginas, basadas en un marco religioso”, lamentó.

La publicación generó fuertes reacciones en redes sociales y algunos internautas pidieron su arresto.

Lachgar afirmó en Facebook que ha sido víctima de ciberacoso y que ha recibido “miles de amenazas de violación, muerte y llamados a linchamiento y lapidación” por la camiseta “con un eslogan (modificado) feminista muy conocido”.

La fiscalía de Rabat declaró el domingo en un comunicado que ordenó abrir una investigación y detener a la activista debido a la difusión de la foto con “expresiones ofensivas hacia Dios” y “un texto que contenía una ofensa a la religión islámica”.

El código penal marroquí prevé una pena de seis meses a dos años de prisión y una multa de 20.000 a 200.000 dírhams (2.210 a 22.100 dólares) por cualquier ofensa contra la religión islámica, pudiendo llegar a cinco años de prisión si la “ofensa” se comete en un medio público, incluidos los electrónicos.

(con información de AFP, EFE y EP)

Michael Brown, el hombre de 45 años acusado de asesinar a cuatro personas en un bar de Anaconda, fue finalmente capturado tras permanecer una semana prófugo en las montañas, según confirmó el gobernador de Montana, Greg Gianforte.

La detención de Brown puso fin a una intensa búsqueda multiagencial que se desplegó desde el 1 de agosto, fecha en la que, de acuerdo con las autoridades, abrió fuego en The Owl Bar y provocó una tragedia que conmocionó a la pequeña localidad.

La noticia de la captura fue difundida por el propio Gianforte a través de redes sociales, donde destacó la labor de las fuerzas del orden y expresó: “Que Dios siga acompañando a las familias de las cuatro víctimas que aún lloran su pérdida”.

El veterano de guerra con antecedentes de problemas mentales, entró al bar que se encuentra a lado de su casa y mató a cuatro persona

De acuerdo con la información publicada por el medio CBS News, el caso, que ha sacudido a la comunidad, se caracteriza por la aparente ausencia de un motivo claro y por el perfil del sospechoso, un veterano militar con antecedentes de problemas de salud mental.

Según el fiscal general de Montana, Austin Knudsen, el ataque ocurrió en la mañana del 1 de agosto, cuando Brown ingresó al bar y disparó contra Daniel Edwin Baillie (59 años), Nancy Lauretta Kelley (64 años), David Allen Leach (70 años) y Tony Wayne Palm (74 años).

Tras el tiroteo, Brown, escapó en una camioneta blanca que posteriormente abandonó

Tras el tiroteo, Brown escapó y, según las autoridades, se deshizo de parte de su ropa y otras pertenencias. Las imágenes difundidas poco después del ataque lo mostraban sin camisa, descalzo y vestido únicamente con un pantalón corto negro.

Posteriormente, se sospecha que obtuvo ropa nueva de un vehículo robado. Los investigadores sostienen que utilizó su propio rifle durante el ataque, según la información de CBS News.

Knudsen describió el hecho como un acto perpetrado por “un individuo inestable que entró y asesinó a cuatro personas a sangre fría sin motivo alguno”. La investigación reveló que Brown residía junto al bar y era un cliente habitual, lo que añade un matiz inquietante a la relación entre el agresor y el lugar del crimen.

Debido a su trayectoria como militar en un despliegue en Irak, Brown desarrolló problemas psicológicos

Además, el historial militar de Brown abarca desde 2001 hasta 2005 en el Ejército, con un despliegue en Irak, y posteriormente en la Guardia Nacional de Montana entre 2006 y 2009, hechos que lo hicieron desarrollar problemas mentales con el paso de los años.

Este pasado militar se vincula, según testimonios recogidos por The Associated Press y CBS News, con los problemas de salud mental que arrastraba el sospechoso. Su sobrina, Clare Boyle, relató que Brown había luchado durante años con una enfermedad mental, mientras que varios residentes locales confirmaron que conocían sus dificultades.

Kristian Kelley, hija de una de las víctimas, explicó que Brown “tenía problemas de salud mental y trastorno de estrés postraumático (TEPT) por su servicio militar”. Añadió que nunca lo había conocido por su violencia, sino por contar historias extrañas. Otro vecino, Shane Charles, recordó que Brown solía relatar fantasías en las que afirmaba haber sido “John Wick” o la mano derecha del presidente.

La comunidad de Anaconda permanece consternada por la pérdida de cuatro de sus miembros más apreciados. Charles, quien conocía a Nancy Kelley, la describió como “una persona divertida y alegre, siempre feliz, con una sonrisa en el rostro, siempre la primera en decir ‘Hola, ¿qué tal tu día?’”. Subrayó que todas las víctimas eran personas queridas y que la localidad atraviesa un momento de profundo dolor por su ausencia.

Las agencia armenias, citando al Comité de Anticorrupción, precisaron que el empresario, detenido anoche, estaba acusado de "participar ilegalmente en actividades empresariales, prácticas anticompetitivas y blanqueo de capitales".

Arutiunián, nacido en 1975, dirigió Gazprom en la república de Armenia entre 2014 y 2016, empresa en la que trabajaba desde el año 2000.

Aquel mismo año fue nombrado director del Comité de Ingresos del Estado de Armenia hasta que dimitió en 2018 coincidiendo con la llegada al poder del actual primer ministro, Nikol Pashinián.

En 2017 ya comenzaron a circular rumores sobre supuestos conflictos de intereses entre su cargo público y su paso por la gasística rusa.

El gobierno de Pashinián arremetió este año contra sus opositores y e impulsó un proceso de nacionalización de la Red Eléctrica de Armenia, empresa propiedad de un empresario multimillonario prorruso, Samvel Karapetián, contra quien también se inició un proceso.

Hoy mismo Pashinián se encuentra en Estados Unidos, donde con mediación del presidente estadounidense, Donald Trump, firmará un histórico acuerdo de paz con el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev.EFE

El 25 de julio, cinco mujeres de entre 20 y 30 años viajaban en una camioneta Mercedes rumbo a Kingsland para celebrar el cumpleaños número 23 de Thalia Salinas.

El plan era pasar el fin de semana junto al lago, en el lugar favorito de la homenajeada, acompañadas por sus amigas de la secundaria.

La celebración se truncó cuando, alrededor de las 18:00 horas (hora local), una camioneta que remolcaba ganado invadió el carril contrario en la US 281, en el condado de Burnet.

Ambos vehículos colisionaron de frente provocando el incendio de la camioneta de las mujeres

El vehículo primero impactó a un Chevy Malibu y luego colisionó de frente con la camioneta Mercedes. El choque provocó que la SUV volcara y se incendiara, causando la muerte de todas las ocupantes.

Las víctimas fueron identificadas por el Departamento de Seguridad Pública de Texas como Thalia Salinas, Ruby Cruz, Brianna Valadez, Desiree Cervantez y Jacqueline Velazco, según informaron KVUE y KTBC. La noticia del accidente se propagó rápidamente, y la magnitud de la tragedia se reflejó en las declaraciones de los familiares. En un comunicado dirigido a CBS News, la familia de Salinas expresó:

“No hay palabras para describir lo devastados que estamos. Íbamos camino a celebrar el cumpleaños de Thalia en Kingsland, Texas, en su lugar favorito, en el lago, con toda su gente favorita. Entonces nos enteramos del fallecimiento de las niñas en el peor accidente que jamás pudiéramos imaginar. Nunca nos recuperaremos de la pérdida de Thalia, Brianna, Ruby, Jackie y Desi”.

El dueño de la camioneta fue arrestado semanas después del incidente

La investigación policial avanzó durante casi dos semanas hasta que, el 5 de agosto, las autoridades arrestaron a Kody Lane Talley, de 37 años, residente de Leander y propietario de la camioneta Ram 2018 involucrada en el accidente.

Según KTBC, Talley fue ingresado en la cárcel del condado de Burnet y enfrenta cinco cargos de homicidio involuntario. Los medios locales, como KVUE y KTBC, han seguido de cerca el proceso judicial, aunque hasta el 7 de agosto no se había confirmado si Talley contaba con representación legal ni se habían difundido declaraciones oficiales de su defensa. El Departamento de Seguridad Pública de Texas no respondió a las solicitudes de información adicional realizadas por People.

El dolor de las familias se ha hecho visible tanto en declaraciones públicas como en iniciativas de apoyo

En una publicación de Facebook, un familiar de Salinas describió la muerte de las jóvenes como un “fallecimiento repentino y muy trágico” y agradeció las muestras de solidaridad recibidas: “La familia estaba increíblemente agradecida por las muestras de amor, los mensajes amables y el apoyo durante este momento”. Paralelamente, se han creado campañas de GoFundMe para cada una de las víctimas.

La familia de Salinas compartió que Thalia acababa de convertirse en tía y la definió como “ingeniosa, inteligente, leal y la verdadera administradora de nuestro hogar, manteniéndonos siempre a todos bajo control”. El mensaje en la plataforma de recaudación de fondos subrayó: “Estaba llena de vida, y esta pérdida ha dejado un vacío que jamás podrá llenarse”.

La familia de Brianna Valadez, quien se preparaba para iniciar la escuela de enfermería, manifestó en GoFundMe: “Estábamos atravesando un dolor que las palabras no pueden expresar realmente”. Añadieron que la recordarán siempre por la luz que transmitía y que su historia merece ser contada.

Mientras la investigación oficial continúa, la comunidad ha encontrado formas de rendir homenaje a las jóvenes. Los corazones con sus nombres, alineados en el lugar del accidente, se han convertido en un símbolo del duelo colectivo y del impacto que la tragedia ha tenido en quienes las conocieron.

A pesar de haber pasado más de 40 años en territorio estadounidense, Pang Nhia Hang Bailey, madre de cuatro hijos, permanece detenida en el Centro de Procesamiento ICE del Sur de Luisiana.

Bailey fue arrestada el 30 de julio durante lo que su esposo describió como un “reporte anual” ante las autoridades migratorias, y posteriormente fue trasladada desde el Centro de Detención Port Isabel en Texas al actual centro en Luisiana.

La situación de Bailey, quien ha vivido en Estados Unidos desde 1978 después de haber llegado como refugiada tras pasar por Francia, coincide con un contexto nacional en el que, la administración estadounidense actual busca lanzar la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos.

Vive en EEUU desde hace más de 40 años y aún así fue arrestada

Este endurecimiento de políticas migratorias también ha impactad tanto a inmigrantes sin documentación como a aquellos con visas o residencia permanente legal (“green cards”) en regla.

Scott Bailey, esposo de la detenida, ofrece información relevante en GoFundMe, una página de recaudación de fondos, recordando que la tarjeta de residencia de su esposa expiró en 1995. También describe que su pareja “nunca ha vivido en Laos”, nación a la que las autoridades estadounidenses podrían deportarla, tal y como reveló Newsweek.

El propio Bailey y su esposa estuvieron envueltos en un caso de fraude bancario en 2000, hecho por el cual Pang Bailey se declaró culpable. No está claro cuál fue la sentencia resultante, según el medio.

La representante estatal de Michigan, Mai Xiong, señaló que alrededor de 15 refugiados Hmong fueron inesperadamente detenidos por ICE cuando se les pidió que se presentaran a una oficina de campo de la agencia migratoria para una entrevista.

Xiong, la primera legisladora Hmong estadounidense en Michigan, explicó en una publicación en redes sociales que “estas personas nacieron en campos de refugiados en Tailandia y llegaron legalmente a Estados Unidos como hijos de veteranos Hmong que lucharon junto al país durante la Guerra de Vietnam y en La Guerra Secreta en Laos. Son padres, hijos, esposos, una es esposa e hija, empleados leales, contribuyentes y miembros de nuestra comunidad. Algunos no tienen representación legal y otros no pueden comunicarse fluidamente en inglés”.

Toda una comunidad afectada por su detención

Según el Censo estadounidense de 2023, citado también por Newsweek, existen aproximadamente 360.000 ciudadanos Hmong en EEUU, localizados principalmente en California y Minnesota. La detención de Bailey y otros miembros de esta comunidad subraya la incertidumbre migratoria que enfrentan quienes, si bien llegaron como refugiados y han vivido la mayor parte de sus vidas en el país, carecen de documentación o han tenido dificultades para regularizar su estatus.

El Asian Law Caucus puntualizó en un comunicado publicado el 29 de julio: “Laos no tiene un acuerdo formal de repatriación con EEUU. Históricamente, Laos rara vez ha emitido documentos de viaje para deportaciones. En junio de 2025, EEUU impuso una prohibición parcial de viajes a Laos y suspendió la emisión de visas para ciertos ciudadanos laosianos citando ‘excesos de estadía en visas y falta de cooperación con la política de deportación estadounidense’”.

Este jueves, Newsweek confirmó la detención de Bailey en la base de datos de ICE y notificó que ha solicitado comentarios tanto a ICE como al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Mientras tanto, la comunidad se prepara para movilizaciones. Xiong encabeza la organización de una concentración frente al Capitolio Estatal de Michigan en Lansing el próximo 8 de agosto a las 17:30 horas, en protesta por las recientes detenciones de refugiados Hmong.

El futuro de Pang Bailey y otros individuos en situaciones similares sigue incierto, dado que “no está claro a dónde pueden ser deportados”, según apunta la propia familia.

Mark Raymond Gibbon, ciudadano británico de 62 años, fue arrestado y enfrenta cargos de intento de asesinato y agresión grave en Florida luego de un incidente sumamente violento ocurrido la noche del domingo en el Solterra Resort de Davenport. La información proviene de la Oficina del Sheriff del condado de Polk, en un reporte al que tuvo acceso People. Gibbon permanece retenido sin derecho a fianza, a la espera de presentarse ante la justicia en Estados Unidos.

Las autoridades detallaron que el hecho se desencadenó tras una discusión entre Gibbon y su nuera, Jasmine Wyld, que fue subiendo de tono hasta transformarse en una acción física que puso en peligro la vida de la víctima. El desencadenante de la confrontación fue una disputa en torno al testamento de Gibbon, lo que derivó en una serie de episodios dentro de la piscina de la residencia vacacional familiar.

El reporte policial, citado por People y reproducido por medios locales, señala que el altercado fue presenciado por varios miembros de la familia, incluida la hija de Wyld, una niña de 9 años que intentó frenar el ataque de su abuelo a su madre. El relato de los testigos y las declaraciones posteriores de los protagonistas fueron claves para la acusación.

La discusión familiar sobre la herencia que terminó en violencia física

De acuerdo con el informe de la Oficina del Sheriff del condado de Polk, la discusión entre Gibbon y su nuera Wyld comenzó mientras conversaban sobre estipulaciones incluidas en el testamento de Gibbon. El desacuerdo fue escalando hasta que derivó en agresión física. Según declaró Wyld ante las autoridades, su suegro le puso ambas manos sobre la cabeza y las usó para intentar sumergirla bajo el agua en repetidas ocasiones.

El testimonio de Jasmine Wyld aporta detalles sobre cómo la charla acerca de sus hijos y el legado terminó abruptamente en una acción violenta. En su declaración, Wyld señaló que intentó defenderse mientras era empujada bajo el agua, pero la fuerza de su suegro lo impidió.

Una testigo presencial, entrevistada por los agentes, observó cómo Gibbon sumergió la cabeza de Wyld bajo el agua varias veces y la arañó en el pecho durante la lucha. Asustada por la posibilidad de un desenlace fatal, la testigo pidió a una amiga que llamara al 911 para solicitar auxilio, expresó el reporte policial citado por People. La preocupación de los presentes fue determinante para la intervención de las autoridades y el posterior arresto de Gibbon.

El intento de rescate de la hija de nueve años y la reacción de los testigos

Uno de los momentos más dramáticos expuestos en los informes policiales es el intento de rescate protagonizado por la hija de Wyld, de apenas 9 años. La menor observó la agresión desde el interior de la residencia y, al percatarse de la situación, salió apresurada y se arrojó a la piscina para tratar de separar a su abuelo de su madre.

De acuerdo con los testimonios incluidos en el reporte, Gibbon reaccionó empujando a la niña para impedirle continuar con el rescate. A pesar de su corta edad, la menor logró captar la atención de otros adultos presentes y éstos intervinieron, mientras una testigo realizaba la llamada de emergencia.

La policía concluyó que la intervención de la niña y la pronta acción de los presentes resultaron decisivas para evitar que el desenlace fuera aún más grave. Los daños físicos sobre Wyld se limitaron a un arañazo visible en el pecho, aunque la víctima manifestó temor por su vida durante el ataque. Gibbon, en tanto, no presentaba lesiones al momento de ser examinado por los agentes.

La detención de Mark Gibbon y las declaraciones posteriores

Tras ser detenido y trasladado a la cárcel del condado de Polk, Mark Raymond Gibbon fue entrevistado por los agentes, quienes le leyeron sus derechos. En esa instancia, Gibbon reconoció haber tenido una discusión con su nuera y admitió haberla empujado bajo el agua “varias veces”. Sin embargo, afirmó que su intención en ningún momento fue ahogarla ni causarle un daño grave, según consta en el reporte citado por People.

Las autoridades policiales señalaron que la evaluación médica de Gibbon no mostró signos de lesiones, mientras que Wyld contaba con marcas en el pecho atribuidas al forcejeo. El informe completo de la Oficina del Sheriff será puesto a disposición de la fiscalía, que deberá determinar la acusación formal y el eventual proceso judicial contra el detenido.

El caso permanece bajo investigación y la familia recibe apoyo psicosocial. Tanto el reporte de la policía como las declaraciones de los involucrados y los testigos constituyen hasta ahora las únicas fuentes oficiales de información sobre este hecho que alteró de manera drástica unas vacaciones familiares en Florida.

El hallazgo de un rifle AR-15 completamente cargado y varios cuchillos ocultos bajo una manta en el asiento de un vehículo de alquiler, estacionado en una zona restringida del Aeropuerto Internacional de Palm Beach, marcó el punto de inflexión en la intervención policial que culminó con la detención de Michael Rodrigues.

Según la información difundida por la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, el incidente se produjo la mañana del martes, cuando el personal de operaciones del aeropuerto detectó la presencia sospechosa de un hombre junto a un automóvil oscuro en un área de acceso limitado.

La secuencia de los hechos comenzó poco después de las 7:00 horas (hora local), cuando los empleados del aeropuerto solicitaron la presencia de las autoridades tras observar a Rodrigues en actitud inusual.

Rodrigues fue arrestado por actividad sospechosa y ser descubierto con un rifle y cuchillos en su auto

De acuerdo con la información publicada por CBS News, al llegar al lugar, los agentes encontraron al sospechoso fuera del vehículo, mientras se vestía. La inspección inicial del automóvil, registrado a nombre de Rodrigues y alquilado para su uso, llevó a los agentes a revisar la guantera, donde localizaron un cargador de AR-15 completamente cargado.

La posterior revisión del interior del coche permitió descubrir el arma de fuego y los cuchillos, todos ocultos bajo una manta.

Rodrigues, de 41 años, fue arrestado en el lugar sin oponer resistencia y trasladado para ser interrogado por los detectives.

El detenido enfrenta cargos previos como posesión de cocaína y tenencia de armas

Las autoridades confirmaron que enfrenta cargos por allanamiento en zona operativa del aeropuerto, posesión de cocaína y tenencia de armas siendo un delincuente convicto.

El historial criminal de Rodrigues incluye antecedentes por agresión, robo con fuerza y robo de vehículos, delitos cometidos en los últimos años, lo que agrava la gravedad de los cargos actuales.

La Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach detalló en un comunicado que la investigación sigue abierta y que, hasta el momento, no se han identificado amenazas directas contra las instalaciones aeroportuarias ni contra los pasajeros.

El personal de operaciones informó sobre la presencia de Rodrigues en el área restringida

El comunicado oficial, difundido a través de la red social X (anteriormente conocida como Twitter), precisó que la intervención se produjo a las 7:10 horas, cuando el personal de operaciones notificó a los agentes sobre la presencia de Rodrigues en el área restringida.

La secuencia de la inspección y el hallazgo de las armas fue confirmada por la propia oficina, que anunció que se presentarán cargos adicionales conforme avance la investigación.

Registros de incidentes relacionados con armas de fuego incautadas en los aeropuertos de Florida

Este caso se inscribe en un contexto más amplio de incidentes relacionados con armas de fuego en aeropuertos de Florida. Según el informe anual de la Transportation Security Administration (TSA), en 2024 se incautaron 6.678 armas de fuego en puntos de control aeroportuario en Estados Unidos, de las cuales 817 correspondieron a Florida, situando al estado entre los que registran mayor número de decomisos, según datos publicados por EFE. La reiteración de estos episodios subraya la preocupación de las autoridades por la seguridad en las terminales aéreas y la necesidad de reforzar los controles en zonas sensibles.

La información proporcionada por la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach indica que la investigación permanece en curso y que se divulgarán nuevos datos conforme se desarrollen las diligencias.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE-Sinaloa), concretó la detención de María Luisa “N”, de 31 años de edad, identificada como probable responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada, en hechos ocurridos en Nogales, Sonora.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por las autoridades de Hermosillo, Sonora el pasado lunes 4 de agosto de 2025, la detención se realizó por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en la calle José María Pino Suárez, ubicada en la colonia La Azteca del municipio de Mazatlán, Sinaloa.

El operativo se derivó de una orden de reaprehensión solicitada por la FGJES el 29 de julio de 2025. La colaboración interinstitucional permitió localizar y asegurar a la imputada que era requerida por autoridades judiciales sonorenses.

Contexto del caso

Según los antecedentes de la investigación, el 27 de enero de 2013, María Luisa “N”, junto con otras cuatro mujeres, privó de la libertad a Nancy Guadalupe “N” en Nogales. Las presuntas responsables introdujeron a la víctima en un vehículo, donde le propinaron golpes y la despojaron de sus pertenencias.

Tras este acto, liberaron a la afectada en circunstancias que fueron esclarecidas posteriormente por las autoridades ministeriales. El caso quedó sustentado en el expediente correspondiente, donde se atribuyen razones de tipo personal como móviles del delito.

Después de la denuncia y la apertura de la carpeta de investigación, las autoridades lograron identificar la probable participación de María Luisa “N” y solicitaron la cooperación de la FGE-Sinaloa para localizarla.

La imputada cuenta con antecedentes penales registrados por robo con violencia en las cosas, cometido en 2013, y robo con violencia en las personas, en 2015. Estos antecedentes refuerzan la presunción de su involucramiento en conductas delictivas y justifican la actuación de las autoridades para cumplir la orden de reaprehensión.

Tras su detención en Sinaloa, María Luisa “N” fue trasladada al Centro de Reinserción Social (CERESO) Femenil de Nogales, Sonora. Ahí permanecerá a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

El operativo conjunto entre la FGJES y la FGE-Sinaloa es reflejo de la reciente mejora en la coordinación interinstitucional para garantizar la procuración de justicia. La Fiscalía de Sonora reafirma que continuará con acciones que permitan presentar ante las autoridades competentes a quienes sean requeridos por la justicia, independientemente de la antigüedad de los delitos imputados.

En medio de una intensa búsqueda policial de siete días, el arresto de Austin Robert Drummond puso fin al operativo que desplegó a las autoridades en Jackson, Tennessee. El hombre de 28 años fue localizado por agentes del Buró de Investigación de Tennessee (TBI) en un área boscosa.

Su arresto ocurrió apenas un día después de que la policía difundiera una imagen capturada por una cámara de seguridad doméstica. En ese momento, existía una recompensa de hasta 30.000 dólares para quien aportara información relevante para su detención.

Según datos ofrecidos por el Departamento de Policía de Jackson (JPD), y citados por ABC News, Drummond era considerado “armado y peligroso” y es señalado como el principal responsable del asesinato de Cortney Rose, de 38 años; sus hijos Adrianna Williams, de 20 años, y Braydon Williams, de 15 años, además del novio de Adrianna, James “Michael” Wilson, de 21 años.

Mató a cuatro personas y abandonó a un bebé en la casa de un desconocido

Los investigadores hallaron los cuerpos el 29 de julio, junto a una carretera en el condado de Lake, en el noroeste del estado. Ese mismo día, las autoridades encontraron a la hija de Wilson y Williams, una bebé que fue abandonada en una silla de auto frente al domicilio de un desconocido en el vecino condado de Dyer. El Sheriff de Dyer County informó que la pequeña fue hallada en el patio delantero.

Autoridades del TBI acusaron a Drummond de cuatro cargos de asesinato en primer grado, uno por secuestro agravado, cuatro por ser un delincuente en posesión de armas de fuego y otro por portar un arma durante la comisión de un delito grave peligroso. Por el momento, el motivo de los asesinatos es desconocido y sigue bajo investigación, según detallaron las autoridades.

En el transcurso de la búsqueda, la policía también arrestó a otras cuatro personas acusadas de actuar como cómplices tras los homicidios. Las fuerzas de seguridad enfatizaron que la coordinación de varios departamentos resultó clave para el desenlace del operativo y reiteraron que la investigación para esclarecer todos los detalles del caso sigue en marcha.

Un dato que ha estremecido a la comunidad es el hallazgo, horas después de los asesinatos, de un bebé —hijo de Wilson y Williams— abandonado en un asiento de seguridad infantil en la entrada del domicilio de una persona en el condado vecino de Dyer.

Drummond y la inesperada relación con sus víctimas

Drummond había sido visto por última vez el 29 de julio. Aunque se desconoce el motivo exacto de sus ataques, las fuerzas del orden admitieron que los asesinatos no son actos aleatorios de violencia, según declaraciones recogidas por NBC News. “Con toda la información que tenemos, parece que se trató de un incidente selectivo”, puntualizaron.

Un familiar de las víctimas aseguró que existía un parentesco con el atacante, pues admitió que salía con la hermana de Rose, una de sus víctimas. Incluso dijo que él solía ser muy cercano a su familia.

“Ha sido literalmente increíble con nosotros y nuestros hijos cada vez que ha estado con nosotros hasta este momento”, escribió en una publicación de Facebook.

Anteriormente, Drummond había tenido otros encuentros con la justicia. En el pasado fue condenado por cometer robo con agravantes y pasó casi una década tras las rejas. Se encontraba en libertad bajo fianza tras ser liberado el año pasado, sin embargo, fue acusado de intento de asesinato tiempo después.

Se espera que, tanto Drummond como sus cuatro supuestos cómplices, comparezcan este jueves ante un tribunal.

Brandi Asher, una mujer originaria de Kentucky, fue arrestada en Walt Disney World Resort luego de que autoridades detectaran que una sustancia que tenía en su poder diera positivo para metanfetaminas.

El reporte policial indicó que el peso total de sustancias ilegales incautadas fue de 1.5 gramos. Un documento del Departamento del Sheriff del Condado de Orange (OCSD), citado por la revista estadounidense People, muestra que  fue detenida en el área del Ticket and Transportation Center del famoso parque de Orlando.

Este incidente ocurrió el pasado 20 de mayo, cuando personal de seguridad del parque interceptó a la visitante de 37 años tras observar una lata con objetos sospechosos.

Sus “golosinas” resultaron ser drogas duras

El reporte sostiene que la empleada de seguridad preguntó directamente a Asher sobre el contenido y recibió como respuesta que se trataba de “golosinas”.

La mujer reflejaba nerviosismo y pidió que los objetos fueran desechados, pero el personal aclaró que eso no era posible y le exigió mantener los artículos en su sitio hasta la llegada de los agentes.

“Al abrir la lata, observé sustancias blanquecinas, transparentes y cristalinas en su interior. También noté un tubo cilíndrico hueco. Por mi formación y experiencia como agente del orden público, sé que estos objetos están relacionados con narcóticos ilegales”, expresó el agente Lucas Arreguin en su informe policial.

Tras un análisis visual y una prueba de campo, el resultado confirmó la presencia de metanfetamina y un tubo utilizado para inhalar la sustancia.

La detenida manifestó que viajaba con su familia y que se hospedaban en el West Gate Resort de Orlando. Según su relato, un desconocido le ofreció la droga en el hotel. El reporte agrega que no le contó a su esposo sobre las metanfetaminas.

“Creía que la droga estaba en otra bolsa que había dejado en el hotel y que no se dio cuenta de que la llevaba consigo hasta que el guardia la sacó durante la revisión de seguridad”, explicaron las autoridades en el informe policial.

No podrá regresar a Disney World

Tras su arresto, Brandi Asher recibió una advertencia de no regresar a las instalaciones de Disney World y fue llevada al centro de detención y liberación tras pagar una fianza de 5.000 dólares. El 1 de junio se declaró no culpable de los cargos.

Durante este mismo mes, se produjo otro incidente en el parque relacionado con violencia. Martha Lucía Zapata Echeverri, una ciudadana de España de 51 años, fue arrestada el 21 de julio acusada de abuso infantil luego de que presuntamente tomara del brazo y apartara a una adolescente para obtener una mejor vista durante un desfile en Magic Kingdom, causando un hematoma y una abrasión en el brazo derecho de la menor.

La abogada de la mujer comunicó a la televisora local WESH que, durante una comparecencia, el juez le fijó una fianza reducida de 2.500 dólares y le prohibió el regreso a las instalaciones de Disney. La defensa señaló que tenía programado su regreso a España para el 23 de julio, según reveló People.

Echeverri dijo a los investigadores que, al momento del incidente, seguía a su hija para tratar de llegar al frente de la multitud y así ver el desfile. Aseguró que la víctima la empujó diciendo que era “su lugar”.

Agentes del orden reportaron que no hubo otros testigos ni grabaciones que constataran el incidente.

Cinco armas de fuego, incluyendo dos rifles de asalto, se hallaron en el vehículo de Denzel Perryman durante una detención policial el viernes por la noche, un hecho que ha desembocado en una investigación penal y ha dejado al veterano linebacker de Los Angeles Chargers sin derecho a fianza en la estación del sheriff del sur de Los Ángeles.

Según información del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, citada por la agencia de noticias EFE, se espera que el jugador comparezca ante el tribunal de Inglewood el próximo martes 5 de agosto.

Ron Butler, agente del jugador, reconoció la investigación en un pronunciamiento a través de NFL Network, expresando: “Estamos al tanto de los informes recientes sobre el arresto de Denzel Perryman en Los Ángeles. Actualmente, seguimos recopilando información ”.

Perryman permanece detenido sin derecho a fianza

Igualmente, Butler explicó la postura de la defensa a ESPN: “Denzel y nuestro equipo seguimos recabando información y trabajando estrechamente con su asesor legal. Aunque no puedo referirme a los detalles en este momento, confiamos en que el asunto se resolverá adecuadamente a través del proceso judicial”.

La noche del viernes, oficiales de la Estación South Los Ángeles detuvieron a Perryman, de 32 años, por presuntas violaciones al código vehicular. Durante el registro al automóvil hallaron las cinco armas, de las cuales dos son catalogadas como rifles de asalto por las autoridades.

El linebacker se mostró colaborador durante el procedimiento, según un reporte del incidente citado por Fox News Digital.

El departamento policial informó que el 1 de agosto de 2025, al rededor de las 21:30 horas, uniformados de la organización realizaron una parada de tráfico al jugador Denzel Perryman, de 32 años, por infracciones al código vehícular. Durante esta detención, los oficiales descubrieron cinco armas de fuego, incluidos los ya mencionados rifles de asalto.

Tras el arresto, el linebacker veterano de Los Angeles Chargers fue fichado por cargos graves poco después de las 22:00 horas, tiempo local. Desde entonces, permanece sin fianza, conforme a los registros oficiales citados por el medio estadounidense.

A la espera de comparecer

Butler compartió además a NFL Network que el jugador es un “veterano respetado en la NFL, un padre, compañero y profesional dedicado”.

“Si bien no tomamos esta situación a la ligera, confiamos en que el asunto se resolverá de forma justa y conforme a la ley. Por respeto al proceso y a todas las partes involucradas, no haremos más comentarios por el momento”, puntualizó.

Denzel Perryman, nacido el 5 de diciembre de 1992 y seleccionado por los Chargers en la segunda ronda del Draft 2015 (en aquel entonces jugaban en San Diego), fue parte de la defensa del equipo entre 2017 y 2020.

Luego de una breve estancia en los Carolina Panthers, jugó para los Raiders de Las Vegas entre 2021 y 2022, donde obtuvo su selección al Pro Bowl. El retorno del linebacker al conjunto angelino ocurrió en 2024, con miras a la temporada 2025, de acuerdo con información compartida por EFE.

En su historial profesional se registran 717 tackleadas, 7.5 capturas de mariscal de campo, 4 balones forzados, 3 recuperaciones de balón, 14 pases defendidos y 5 intercepciones, según la agencia de noticias.

Su cita ante la justicia está programada para el 5 de agosto en la corte de Inglewood, mientras la investigación y el equipo legal continúan su curso.

El hallazgo de 14 artefactos explosivos improvisados en una vivienda de Old Fort, en el estado de Tennessee, marcó un punto de inflexión en la investigación sobre las amenazas de muerte dirigidas a funcionarios públicos y agentes policiales.

Según la información publicada en Facebook por la Oficina del Sheriff del Condado de Polk, los detectives determinaron que el propietario de la casa, Kevin Wade O’Neal, había planeado detonar los explosivos en el momento en que las fuerzas del orden llegaran para arrestarlo.

Esta revelación, confirmada tras el registro de la vivienda, subraya la gravedad de la situación y la inminencia del peligro al que se enfrentaron los agentes cuando fueron a detener a O´Neal.

La policía tenían órdenes de arresto por amenazas de muerte

La intervención policial se produjo el viernes, cuando agentes y detectives del sheriff acudieron a la residencia de O’Neal, ubicada a unos 70 kilómetros al este de Chattanooga, con órdenes de arresto vigentes por amenazas de muerte contra funcionarios públicos y personal policial.

Durante el operativo, los oficiales detectaron que algo estaba ardiendo en el dormitorio donde localizaron al sospechoso. Al inspeccionar el lugar, identificaron lo que parecía ser un artefacto explosivo improvisado, lo que motivó la evacuación inmediata de la vivienda y la solicitud de apoyo especializado.

La respuesta incluyó la participación de la Brigada de Bombas del Departamento de Policía de Chattanooga y de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Los agentes señalaron que O´Neal intentó activar los explosivos cuando los agentes llegaron a su domicilio

De acuerdo con la informació publicada por The Associated Press (AP), tras una inspección minuciosa, los agentes hallaron 14 dispositivos explosivos en el interior de la casa, según el comunicado oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Polk.

Los investigadores concluyeron que O’Neal intentó activar los explosivos tanto a la llegada de los agentes como durante el proceso de detención, aunque ninguno de los dispositivos llegó a detonar, de acuerdo con la directora de asuntos públicos de la policía de Chattanooga, Elisa Myzal.

El conjunto de cargos presentados contra O’Neal refleja la magnitud del riesgo que enfrentaron los agentes y otras personas presentes en la escena.

El hombre enfrenta acusaciones por intento de asesinato y posesión de armas prohibidas

La Oficina del Sheriff del Condado de Polk precisó que el detenido, de 54 años, fue acusado de 11 cargos de intento de asesinato en primer grado, 14 cargos de armas prohibidas y un cargo de posesión de componentes explosivos.

Los cargos de intento de asesinato corresponden tanto a los nueve detectives y agentes que participaron en el arresto como a otras dos personas que se encontraban en el lugar.

O´Neal permanece bajo custodia policial

El acusado, O’Neal permanece bajo custodia en la Cárcel del Condado de Polk, a la espera de que se determine su fianza. Hasta el momento, no se ha confirmado si cuenta con representación legal. La Oficina del Sheriff del Condado de Polk, que centraliza la investigación, no ha proporcionado detalles adicionales sobre la naturaleza o el momento exacto de las amenazas, ni ha aclarado si la detención respondió a la percepción de un peligro inminente.

Tanto la policía de Chattanooga como la ATF han remitido las consultas sobre el caso a la oficina del sheriff, que no disponía de portavoces para responder preguntas al cierre de la información.

La operación policial en Old Fort pone de manifiesto la coordinación entre agencias locales y federales ante situaciones de alto riesgo, así como la capacidad de respuesta ante amenazas directas contra funcionarios públicos. La incautación de los 14 artefactos explosivos y la neutralización del intento de detonación evitaron consecuencias potencialmente fatales para los agentes y para quienes se encontraban en las inmediaciones.

Las autoridades del Condado de Fairfax han difundido imágenes de vigilancia que muestran el instante en el que un hombre presuntamente intentó llevarse a una niña pequeña dentro del Fair Oaks Shopping Center, en la localidad de Fair Oaks, Virginia. De acuerdo con Fox News, el incidente ocurrió el 18 de julio alrededor de las 11:45 horas, cuando la menor abandonó el área de juegos infantil del centro comercial y fue presuntamente interceptada por Andrés Cáceres Jaldin, de 26 años.

La actuación rápida de los padres permitió recuperar a la niña en cuestión de minutos. Según el informe proporcionado por la Policía del Condado de Fairfax y citado en Fox News, los padres de la menor lograron localizar a Cáceres en la segunda planta del centro comercial y así rescatar a su hija antes de que la situación escalara.

Tras el rescate, el sospechoso huyó del centro comercial. Sin embargo, fue arrestado poco después en un establecimiento hotelero cercano. Las autoridades precisaron que la detención se llevó a cabo en el hotel Extended Stay de Chantilly, Virginia, donde Andrés fue interceptado por la policía cuando intentaba abandonar su habitación.

Las imágenes aportadas por las cámaras muestran la secuencia del suceso en el Fair Oaks Shopping Center

Las imágenes de vigilancia proporcionadas por la policía y difundidas por Fox News demuestran el momento en que Jaldin se acerca a la niña. La menor, tras salir del área de juegos, fue levantada por el individuo, quien caminó con ella en brazos alejándose del lugar. Los padres, al notar la ausencia de su hija, emprendieron una búsqueda inmediata por las instalaciones del centro comercial. Su rápida reacción permitió encontrar al sospechoso en la segunda planta, donde intervinieron para recuperar a la niña.

Según el informe del Departamento de Policía del Condado de Fairfax, los agentes recibieron la alerta y acudieron al lugar minutos después del incidente. Al conocer la identidad del sospechoso, se inició la búsqueda en establecimientos de la zona hasta dar con su paradero.

El arresto se produjo poco después en un hotel de la localidad de Chantilly

Luego del rescate, Andrés Cáceres abandonó el centro comercial y se desplazó hasta el hotel Extended Stay en la zona de Chantilly, a pocos kilómetros de Fair Oaks. Fox News indicó, citando a la policía, que el arresto se efectuó mientras el hombre salía de su habitación en el establecimiento hotelero. Durante la detención, los oficiales procedieron a notificarle los cargos en su contra.

Uno de los elementos destacados en la investigación fue que Jaldin estaría implicado en un robo de vehículo ocurrido momentos antes del incidente en el centro comercial. La policía informó que el sospechoso habría sustraído un automóvil de un taller mecánico cercano, en una acción independiente al intento de rapto.

Los cargos incluyen sustracción de una menor y hurto mayor, según las fuentes policiales

Como resultado de la investigación, Cáceres enfrenta cargos por sustracción de una menor y hurto mayor, hechos que se formalizaron tras ser presentado ante las autoridades correspondientes. De acuerdo con Fox News y la Policía del Condado de Fairfax, el detenido permanece bajo custodia en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Fairfax y no tiene derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.

La policía no ha revelado más detalles sobre los posibles motivos del sospechoso ni sobre el estado posterior de la menor, quien fue recuperada por sus padres sin que la autoridad reportara lesiones tras el incidente.

El caso ha generado atención en la comunidad local por las circunstancias en que se produjo el hecho y la rápida intervención familiar, según lo informado por Fox News y los comunicados oficiales de la policía. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer todas las aristas de lo ocurrido el pasado 18 de julio en el Fair Oaks Shopping Center.

El tráfico y consumo de fentanilo representa uno de los retos más serios en materia de seguridad pública debido a las características de esta sustancia ilícita.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó la detención de Janelle Yadai “N”, ciudadana estadounidense de 29 años, quien contaba con una orden de arresto activa por delitos relacionados con la posesión y distribución de narcóticos, específicamente fentanilo.

La captura se realizó el 30 de julio de 2025 en San Luis Río Colorado, producto de un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

La ubicación y aseguramiento de Janelle Yadai “N” fue posible gracias a una investigación binacional en la que participaron la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la FGJES y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals), así como corporaciones federales.

Contexto del caso

La orden de arresto contra la detenida fue emitida el 17 de marzo de 2025 por autoridades del condado de Yuma, Arizona, donde era buscada por su presunta responsabilidad en delitos asociados al tráfico de fentanilo, considerado una de las drogas sintéticas más letales y vinculadas a emergencias de salud pública en la frontera.

Janelle Yadai “N” fue localizada en las inmediaciones de la Avenida Nuevo León y calle 25, en la colonia Federal, una zona al sur de San Luis Río Colorado. La identificación y detención de la imputada se derivó de esfuerzos de inteligencia y vigilancia, que incluyeron el intercambio de información en tiempo real entre agencias de los dos países.

Una vez concretada la detención, la imputada fue puesta a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), conforme a los protocolos de cooperación internacional. Tras los trámites administrativos correspondientes y la verificación de la orden judicial, Janelle Yadai “N” fue entregada a las autoridades estadounidenses en la Garita Internacional de San Luis, Arizona, para enfrentar el proceso legal en el sistema de justicia de ese país.

La FGJES subrayó que la colaboración entre autoridades de México y Estados Unidos permitió ejecutar con eficacia y legalidad el operativo, evitando que la persona buscada eludiera la acción de la justicia amparándose en la movilidad entre ambas naciones. De esta manera, la detención se llevó a cabo sin incidentes y bajo los estándares exigidos para los procedimientos de detención y traslado internacional de personas con cuentas pendientes con la justicia.

El caso se enmarca en la estrategia conjunta para combatir delitos transfronterizos, en particular el tráfico de drogas sintéticas. El fentanilo, en particular, ha sido motivo de alerta en ambos lados de la frontera por su carácter adictivo y el alto riesgo de sobredosis, además de su utilización recurrente en mercados ilegales de sustancias controladas.

Las autoridades estadounidenses han intensificado la persecución de grupos y personas vinculadas a la posesión y distribución de dicha droga, mientras que en México, la cooperación permanente busca evitar que estos individuos utilicen el territorio nacional como escondite o como base para actividades delictivas. En este sentido, la FGJES reiteró que Sonora no será refugio para quienes pretendan evadir la justicia, y que se reforzarán los mecanismos de intercambio de información y vigilancia en las fronteras estatales e internacionales.

La FGJES y las agencias estadounidenses recalcaron la eficiencia de los canales de comunicación establecidos, gracias a los cuales personas requeridas por la justicia no encuentran condiciones para escapar o establecerse en México, eludiendo procesos legales pendientes en su país de origen.

La Fiscalía hizo énfasis en que la continuidad de estas acciones conjuntas es fundamental para garantizar la seguridad y el combate a los delitos transnacionales. Destacó que el trabajo coordinado es clave para enfrentar retos como el tráfico de fentanilo, cuyas consecuencias afectan de forma directa a comunidades tanto en México como en Estados Unidos.

La entrega de Janelle Yadai “N” a las autoridades estadounidenses corresponde al compromiso tanto de la FGJES como de los organismos federales involucrados en la persecución y sanción de quienes infringen la ley a ambos lados de la frontera.

En octubre de 2019, a sus 82 años, Jane Fonda fue arrestada en Washington D.C. durante una protesta pacífica contra el cambio climático organizada por Greenpeace.

Aunque su carrera actoral abarca décadas y ha sido dos veces ganadora del Óscar, fue esta noche en prisión la que le reveló con más fuerza las profundas desigualdades del sistema penal estadounidense.

La detención de la artista, ampliamente difundida en medios y redes sociales, formaba parte de una serie de manifestaciones semanales conocidas como Fire Drill Fridays, en las que la estrella de Hollywood se unía a otros activistas para exigir acciones urgentes frente a la crisis climática.

Pero lo que comenzó como un acto de protesta terminó siendo una poderosa lección sobre raza, pobreza y abandono institucional. “Era muy consciente de que me trataron diferente por ser blanca y famosa”, explicó en una entrevista con la revista People.

Le asignaron una celda individual, recibió jugo cuando lo pidió y fue custodiada constantemente por guardias femeninas. Mientras tanto, desde el fondo del pasillo, escuchaba gritos y golpes. “Se oían lo que parecían brotes psicóticos que nadie atendía”, contó.

En medio del frío de la celda, Jane Fonda se cruzó con una mujer temblorosa. Sin dudarlo, le prestó su abrigo.

“En cuanto se lo envolvió, se irguió más, levantó la cabeza, y pude ver lo hermosa que era. Si su vida hubiera sido más fácil, podría haber sido modelo”, reflexionó.

Al día siguiente, la actriz fue trasladada a una celda compartida con otras cuatro mujeres negras. Cuando Fonda explicó que estaba ahí por una protesta ambiental, las reclusas apenas reaccionaron. “Se sentaron y prestaron un poco más de atención… pero no demasiada”, recordó.

La desconexión era clara: las preocupaciones de esas mujeres estaban en otro nivel. Sobrevivir fuera de la cárcel, encontrar trabajo, salir de relaciones abusivas. “Muchas de ellas no deberían estar en prisión, sino en centros de salud mental o recibiendo apoyo comunitario”, señaló.

Fonda comprendió entonces algo esencial: su encarcelamiento no era comparable con la experiencia diaria de las mujeres que realmente viven dentro del sistema penal. “Mi celda estaba limpia, tranquila. Me trataron con respeto. No fue así para las demás”, explicó.

La actriz reconoció que el sistema carcelario estadounidense castiga con especial dureza a quienes ya enfrentan múltiples formas de exclusión: mujeres pobres, racializadas, con problemas de salud mental o atrapadas en dinámicas de violencia estructural.

Aunque la estancia fue breve, el impacto fue profundo. Fonda ya era una figura reconocida por su activismo desde los años setenta —cuando se opuso a la guerra de Vietnam y abrazó causas feministas y ambientales—, pero esta vivencia renovó su compromiso con las luchas por la justicia social.

A partir de entonces, utilizó su plataforma para hablar no solo del cambio climático, sino también de la necesidad urgente de reformar el sistema penitenciario.

“Necesitan atención en cuestiones de salud mental, empleos dignos y una comunidad que las apoye”, sentenció, con la misma claridad con la que antes denunciaba la guerra o el sexismo en Hollywood.

El 8 de julio, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestaron a Jesús Terán, un inmigrante venezolano de 35 años, ingeniero civil y carpintero residente en Imperial, Pensilvania.

La detención ocurrió durante un registro de rutina en la oficina de campo del ICE en Pittsburgh.

Terán no tiene antecedentes penales y fue trasladado primero a la Cárcel Regional del Norte en Moundsville, Virginia Occidental, y luego al Centro de Procesamiento de Moshannon Valley, gestionado por el Grupo GEO en Phillipsburg, Pensilvania, a más de tres horas de su hogar.

La comunidad católica creó una campaña de recaudación de fondos para ayudar a la familia de Terán

El caso, ha movilizado a la comunidad católica local y a organizaciones sin fines de lucro, quienes estaban estrechamente relacionadas con Terán.

La Iglesia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en Meadow Lands y la Parroquia San Óscar Romero han liderado la respuesta, organizando apoyo para la familia y recaudando fondos a través de campañas como GoFundMe.

La base de datos del ICE no contenía ningún registro de Terán hasta el miércoles por la tarde, según informó el medio Newsweek, que también contactó a la agencia para obtener comentarios.

La ausencia de antecedentes y la integración de Terán en la vida local han intensificado la reacción de la comunidad.

El impacto de la detención se refleja en la vida cotidiana de la familia

Chris McAneny, director de vivienda de la organización sin fines de lucro Wellness Collective, relató al Observer-Reporter: “Estaba construyendo una vida para él y su familia. Ha estado contribuyendo a su comunidad y es muy respetado en ella. Quería formar parte del jardín comunitario y fue una parte importante de él”.

McAneny añadió: “Y cuando pusimos las plantas, él estaba aquí dos días a la semana regándolas”.

La familia de Terán, su esposa y dos hijas, es conocida en la comunidad, participando en actividades como el huerto comunitario, donde colaboraban en la siembra y el cuidado de los cultivos. Una de las hijas solía llevar jugo de sandía casero para quienes trabajaban en el lugar.

Antes de ser carpintero, desempeñó otros trabajos y asistía correctamente a sus citas con ICE

De acuerdo con la información publicada por el medio Newsweek, antes de obtener un aprendizaje de carpintería en el invierno de 2024, Terán desempeñó varios empleos, incluyendo trabajos en tiendas de conveniencia y como conductor de DoorDash, según explicó Barbara Hopkins, su ex maestra, a The Bulwark.

La comunidad ha enviado más de 20 cartas de apoyo a las autoridades, firmadas por líderes religiosos y sindicales, en respaldo a su liberación.

“Llevaba más de cuatro años asistiendo fielmente a sus citas con el ICE, seguía los protocolos del ICE y cumplía con todo lo que debía. De repente, lo detuvieron”.

Así describió el reverendo Jay Donahue, vicario parroquial principal de la Parroquia San Óscar Romero, la detención de Jesús Terán en conversación con el Observer-Reporter.

El caso ha trascendido el ámbito local

El exrepresentante demócrata de Pensilvania, Conor Lamb, escribió en X: “Quizás esto llegue a los cristianos. En mi antiguo distrito, un carpintero sindicalizado, literalmente llamado Jesús, estaba entre rejas. Buen historial, hijos, iglesia, trabajo. Vino de Venezuela en 2021, el año en que se les otorgó el TPS. Esto es una locura”, según informó el medio Newsweek.

Un abogado ha presentado una orden judicial para solicitar la liberación de Terán. Mientras tanto, familiares y amigos no han podido visitarlo en persona y dependen de costosas llamadas telefónicas diarias para mantener el contacto, según informó Newsweek.

Un hombre de 38 años fue arrestado por la policía de Burbank, California, luego de ser captado por cámaras de seguridad perpetrando un acto considerado lascivo contra una clienta en el interior de un establecimiento comercial. La detención sucedió el martes 22 de julio, luego de que testigos alertaron sobre la presencia sospechosa del individuo en el área de mujeres de una tienda Nordstrom Rack localizada en el Empire Center, sobre Victory Place.

Según detalló la policía en un comunicado oficial, el sospechoso, identificado como Calese Carron Crowder, fue visto merodeando el sector destinado a clientas mujeres. Una vez que la policía arribó al comercio tras el llamado, Crowder ya había salido del lugar, pero fue localizado poco después en un Walmart situado en el mismo complejo comercial.

La secuencia de los hechos quedó registrada gracias al sistema de videovigilancia, que permitió a los agentes revisar la actividad del individuo mientras se desplazaba por distintos departamentos del establecimiento. Estas evidencias resultaron fundamentales para su detención e imputación.

Las cámaras de seguridad, pieza clave en la identificación y localización del sospechoso

El rol de las cámaras de vigilancia del comercio resultó determinante. Según la información oficial difundida en un parte de prensa por el Departamento de Policía de Burbank, los agentes observaron en las imágenes cómo el sospechoso seguía de forma persistente a una clienta y se posicionaba cerca de ella, momento en el que ejecutó el comportamiento catalogado como lascivo.

En los videos, se apreció al hombre agachándose y olfateando de manera inapropiada la zona de los glúteos de la mujer, sin que ella advirtiera en ese instante lo sucedido. Esta conducta fue descrita por la policía como “comportamiento lascivo” e “inapropiado”, motivo por el cual se procedió a su búsqueda y posterior detención.

Las grabaciones facilitaron la identificación del sospechoso, permitiendo a los agentes localizarlo rápidamente en la misma zona comercial. Tras su aprehensión, Crowder fue informado de los cargos en su contra y se dispuso su traslado a la dependencia policial.

El acusado enfrenta cargos y permanece bajo custodia; establecen una fianza de cien mil dólares

El Departamento de Policía de Burbank, en concordancia con el comunicado oficial, confirmó que Calese Carron Crowder fue imputado específicamente por el cargo de merodeo con intención de cometer un delito. El juez de la causa estableció una fianza de 100.000 dólares para el acusado, cuyo proceso judicial prevé la celebración de una audiencia el próximo 1 de agosto.

La policía informó además que Crowder es un delincuente sexual registrado y cuenta con antecedentes por delitos similares en las localidades de Glendale y Burbank, en sucesos que datan desde el año 2021. Esta reincidencia influyó en la determinación de la fianza y el seguimiento judicial de su caso.

En la comunicación pública difundida por las autoridades, se invita a posibles testigos o a quienes dispongan de información sobre otros hechos vinculados a Crowder a comunicarse con la División de Investigaciones del Departamento de Policía de Burbank al teléfono (818) 238-3210. El objetivo es reunir elementos adicionales que puedan fortalecer la causa penal y aportar datos relevantes para la investigación en curso.

Reiteran antecedentes previos y refuerzan el llamado a la colaboración ciudadana

El historial de Crowder como reincidente resulta un elemento destacado en el manejo del caso. Con registros de arrestos previos por conductas de la misma naturaleza en ciudades vecinas, las autoridades redoblaron el pedido de colaboración para identificar otras posibles víctimas de hechos similares en el área.

La policía subrayó que desde 2021 se detectaron varios episodios de comportamientos indecentes atribuidos al acusado en diferentes puntos de Glendale y Burbank, lo cual refuerza la preocupación de las autoridades por impedir la reiteración de estos incidentes en espacios públicos y comerciales.

De acuerdo con la información aportada por Burbank Police Department, la intervención oportuna del personal de seguridad y el uso eficiente de los sistemas de monitoreo son instrumentos clave en la prevención y persecución de este tipo de delitos.

Por el momento, Crowder permanece bajo custodia a la espera de su próxima comparecencia ante el tribunal judicial, donde se definirá el curso de la investigación y las medidas a adoptar en función de los antecedentes y la gravedad del hecho imputado. Su situación procesal podría verse afectada por su estatus como reincidente y el contexto en el que ocurrieron los hechos.

El 19 de julio de 2024, Matthew N. Edwards, soldador de profesión, regresaba a su domicilio tras su jornada laboral. Al llegar a la intersección de las calles Third y Madison, se encontró detrás de un vehículo policial detenido pese a que el semáforo ya marcaba luz verde.

Tras una breve espera, Edwards tocó la bocina de forma leve para alertar al agente. La reacción del oficial de policía, Taylor Gamache fue girar a la izquierda sin señalizar, lo que llevó a Edwards a modificar su ruta para evitar cualquier confrontación.

En este contexto, Edwards presentó una demanda federal contra el Departamento de Policía de Troy (TPD), el agente Gamache y la propia ciudad.

El agente Gamache, siguió a Edwards hasta que estacionó su auto

De acuerdo con la información publicada por Newsweek, el relato de la demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York, detalla que Edwards estacionó temporalmente su vehículo a unos 30 centímetros de la acera para mover los contenedores de basura y poder aparcar correctamente.

En ese momento, el agente Gamache, que lo había seguido, activó la cámara corporal y procedió a detenerlo. La acusación formal incluyó el uso indebido de la bocina y el estacionamiento a más de 30 centímetros de la acera, supuestas infracciones a la Ley de Vehículos y Tránsito del estado.

Los oficiales arrestaron a Edwards de manera inapropiada

La situación escaló cuando, con apoyo de otros agentes y un sheriff del condado de Rensselaer, Gamache redujo a Edwards al suelo y lo arrestó. Durante el forcejeo, Edwards repitió en varias ocasiones: “Estás sobre mi pelvis, hermano, estás sobre mi pelvis... Estás violando mis derechos”, según informó Newsweek.

El abogado Arthur R. Frost, representante de Edwards, explicó a Newsweek que su cliente sufrió lesiones graves en la mano derecha, lo que requirió dos cirugías y le impidió trabajar durante aproximadamente un año.

La demanda sostiene que el arresto constituyó una represalia ilegal y provocó múltiples violaciones constitucionales, entre ellas arresto injustificado, uso excesivo de la fuerza y procesamiento malicioso. Además, todos los cargos presentados contra Edwards fueron posteriormente desestimados.

La demanda exige medidas cautelares para evitar que se repitan este tipo de incidentes

El escrito legal presentado por Frost subraya que la actuación de Gamache fue motivada por “mala intención y una indiferencia temeraria o cruel”. La demanda no solo reclama una compensación económica por daños compensatorios y punitivos, sino que también exige medidas declaratorias y cautelares para evitar que se repitan incidentes similares.

Entre los argumentos, se señala que el Departamento de Policía de Troy y la ciudad no han proporcionado la formación ni la supervisión adecuadas a sus agentes, ni han implementado políticas eficaces sobre el uso de la fuerza y la interacción con la ciudadanía.

El proceso judicial se encuentra en sus primeras fases

La administración municipal, encabezada por la alcaldesa Carmella Mantello, ha optado por no emitir comentarios públicos debido al litigio en curso, según confirmó a Newsweek. La demanda de Edwards, además de centrarse en su caso particular, plantea que este tipo de actuaciones policiales forman parte de un patrón más amplio y persistente en la ciudad, lo que genera inquietud sobre la responsabilidad institucional y la protección de los derechos civiles.

El 3 de julio de 2025 se emitieron las citaciones a los acusados y ambas partes deberán presentar un plan de gestión del caso antes del 24 de septiembre de 2025. La audiencia para establecer la hoja de ruta procesal está programada para el 1 de octubre de 2025 ante el magistrado Daniel J. Stewart en Albany.

Momentos después de aterrizar tras un segundo intento debido a una densa niebla, un centenar de pasajeros que viajaban en el vuelo 2809 de Delta Air Lines procedente de Minneapolis vivieron una situación inesperada y desconcertante.

Un nutrido grupo de agentes federales y locales ingresó abruptamente en la aeronave, arrestando a uno de los pilotos poco después de que el Boeing 757-300 tocara pista en el Aeropuerto Internacional de San Francisco aproximadamente a las 21:35 horas del sábado.

La crónica de los acontecimientos, apoyada en testimonios de quienes iban en la cabina de primera clase, describe un operativo inusitadamente visible. “Un grupo de personas con placas, armas y chalecos de diferentes agencias avanzó por el pasillo hacia la cabina de pilotaje”, detalló una pasajera en un correo electrónico dirigido al periódico The San Francisco Chronicle. La fuente calculó la presencia de al menos diez efectivos, pertenecientes tanto a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de San Francisco como a personal identificado como air marshals.

Piloto de Delta Airlines es arrestado por agentes federales

Los agentes irrumpieron en la cabina de mando, esposaron al copiloto, lo arrestaron, lo condujeron por el pasillo y lo bajaron del avión utilizando una de las puertas situadas entre primera clase y clase turista, afirmó la misma pasajera.

Añadió que poco después, otro grupo de oficiales retornó a bordo para recoger los efectos personales del copiloto. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado el nombre del detenido.

Al ser consultada por el San Francisco Chronicle, una portavoz de Homeland Security Investigations en San Francisco confirmó la participación de la agencia en apoyo a las autoridades locales para ejecutar una orden de arresto. “Esta es una investigación local en curso con la Oficina del Sheriff del Condado de Contra Costa”, afirmó la portavoz.

Durante el incidente, la confusión dominó entre quienes se encontraban en el interior del avión. La pasajera entrevistada tildó la situación de “impactante y desconcertante”, criticando la ausencia de información por parte de la tripulación. El otro piloto, que quedó a cargo, expresó a los viajeros: “No tengo idea de lo que acaba de suceder”.

Un incidente que aún no se esclarece del todo

La aerolínea Delta optó por no emitir declaraciones y redirigió todas las preguntas a las autoridades correspondientes, tal y como reportó el periódico de San Francisco. Imágenes del operativo, mostrando a los agentes saliendo de la cabina de mando, fueron difundidas posteriormente por el blog especializado en aviación A View From the Wing.

En ellas se observa a un puñado de oficiales portando sus placas y saliendo de la cabina, mientras caminan a lo largo del pasillo de la aeronave.

Hasta el momento de redacción de esta nota, el motivo del arresto sigue sin conocerse oficialmente. No obstante, la cobertura inicial del San Francisco Chronicle desencadenó nuevas versiones en redes sociales y medios nacionales.

El corresponsal Bill Melugin, de Fox News, citó a una fuente federal no identificada para afirmar que el copiloto habría sido detenido bajo sospecha de delitos relacionados con material de abuso sexual infantil. Las agencias policiales, sin embargo, no han confirmado de forma independiente esa información.

La noticia del arresto coincidió con otro episodio embarazoso para la aerolínea, después de que días antes un piloto de Delta fuera retenido en Ámsterdam tras supuestamente no superar un control de alcoholemia, según documentó el periódico californiano. En ese caso, el veredicto positivo del test se mantiene en entredicho mientras continúa la investigación.

Con esta secuencia de eventos, la aerolínea suma dos incidentes notorios vinculados con sus tripulaciones en menos de una semana, uno de ellos bajo la lupa de investigadores federales y locales en los Estados Unidos por razones aún reservadas. El vuelo 2809, procedente de Minneapolis, volvió a estar en los titulares.

La Policía Estatal de Nuevo México identificó a John Fuentes, de 18 años, como el principal sospechoso del tiroteo que tuvo lugar en la madrugada del viernes 25 de julio en el complejo residencial Casas del Río, dentro del campus de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque.

Según el comunicado oficial difundido por la policía estatal, Fuentes fue arrestado en el condado de Valencia durante la tarde del mismo día, tras una parada de tráfico realizada por los agentes.

El joven permanece bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Albuquerque, enfrentando cuatro cargos, entre ellos asesinato en primer grado, agresión agravada, asalto agravado y manipulación de pruebas.

Un adolescente de 14 años fue encontrado sin vida en el interior de la habitación

La secuencia de los hechos comenzó a la 1:36 de la madrugada, cuando la policía del campus respondió a una alarma en Mesa Vista Hall, un edificio académico. Al llegar, los agentes encontraron ventanas rotas y rastros de sangre.

Tras inspeccionar los edificios cercanos, hallaron el cuerpo sin vida de un joven de 14 años en uno de los dormitorios.

Poco después, el Hospital de la Universidad de Nuevo México notificó a las autoridades que un hombre de 19 años había ingresado con una herida de bala, declarando que le dispararon en el campus. La universidad confirmó en sus redes sociales que el joven de 14 años fue declarado muerto en el lugar, mientras que el herido recibió atención médica y sus lesiones no ponen en riesgo su vida.

Tras los disparos, todos, incluido el propio Fuentes, huyeron de la habitación

La investigación preliminar de la NMSP determinó que el incidente involucró a cuatro personas que se encontraban en una habitación del complejo Casas del Río.

Según el portavoz del Departamento de Policía de la Universidad de Nuevo México, Joe Silva, los presentes estaban jugando videojuegos cuando, por motivos aún bajo investigación, el sospechoso abrió fuego contra los demás ocupantes.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima mortal ni de los otros implicados, y tampoco han confirmado si Fuentes era estudiante de la universidad.

El jefe de la Policía Estatal de Nuevo México, Troy Weisler, informó que la detención de Fuentes se produjo alrededor de las 14:30 del viernes. Aunque los cargos formales estaban pendientes en ese momento, Weisler anticipó que el sospechoso enfrentaría al menos un cargo de asesinato y otros adicionales.

El funcionario también aseguró que el incidente parece ser un hecho aislado y que no existen amenazas adicionales para el campus o la comunidad. “No se cree que haya otros sospechosos involucrados”, afirmó Weisler, quien añadió que la orden de confinamiento en el campus se levantó la noche del viernes, aunque el campus central permaneció cerrado y se reforzó la presencia policial en la zona.

La rectora de la universidad ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas

La universidad, a través de la rectora Stokes, expresó su pesar y solidaridad con las víctimas y sus familias, asegurando que la seguridad de la comunidad universitaria es la “máxima prioridad”.

Stokes anunció que el campus permanecería cerrado durante el día siguiente y que se incrementaría la vigilancia policial en los alrededores. Además, la institución ofreció apoyo psicológico y logístico a los estudiantes afectados, especialmente a quienes participaban en las actividades de orientación.

Los estudiantes del campus fueron evacuados y la investigación continúa en curso

El alcalde de Albuquerque, Tim Keller, manifestó su consternación por la tragedia y agradeció la rápida detención del sospechoso. “La UNM debe ser un espacio seguro para nuestros jóvenes y seguiremos apoyando a la comunidad en los próximos días”, declaró Keller, reconociendo el temor que el suceso generó entre los habitantes de la ciudad y la comunidad universitaria.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias previas y posteriores al tiroteo, así como la relación entre los cuatro implicados y si el joven de 14 años era el objetivo del ataque. La identidad de las víctimas y detalles adicionales se darán a conocer próximamente, según confirmaron los responsables policiales.

La evacuación del campus no fue obligatoria, pero los estudiantes residentes recibieron instrucciones sobre cómo acceder a servicios básicos como la alimentación durante el cierre temporal de las instalaciones.

La rectora Garnett S. Stokes reconoció el impacto emocional del suceso, subrayando que el incidente “puede ser especialmente angustiante para los nuevos estudiantes y sus familias que están aquí esta semana para la orientación”.