Cargado con una provisión portátil de botes de pintura, el artista se deslizó hasta el tejado antes del amanecer y empezó a intervenir traviesamente una valla publicitaria de moda.

Esto ocurrió a finales del verano de 2000 en el Meatpacking District de Manhattan, entonces un barrio orgullosamente transgresor. La prostitución y los bares de cuero sadomasoquistas coexistían con distribuidores de comida que emitían un hedor nauseabundo al aire, y sangre y grasa a las calles adoquinadas.

La figura que pintarrajeaba el cartel destacaba; al menos para las dos trabajadoras sexuales que lo observaban desde la calle.

"Pensaron que estaba haciendo algo antigay", dijo Ivy Brown, la galerista que había pedido al atrevido artista, un conocido, que pintarrajeara el anuncio. Brown alquilaba un local en el edificio sobre el que estaba ubicada la valla.

Pero antes de que el artista pudiera terminar, apareció la policía y lo detuvo por un delito grave de daños a propiedad.

Fue una detención de rutina. Lo procesaron en el Juzgado Penal de Manhattan, en el número 100 de la calle Centre, y firmó una confesión manuscrita en la que explicaba que había pintarrajeado la valla publicitaria tras una noche de copas.

La firma de la confesión estaba tan mal escrita que el apellido era indescifrable. Pero mecanografiado en los documentos judiciales que la acompañaban, el nombre era claro como el agua: Robin Gunningham.

Las autoridades no lo sabían, pero --al menos según una reciente investigación de Reuters-- acababan de atrapar a Banksy, quien iba a convertirse en el artista callejero más escurridizo y con más éxito del siglo XXI, con obras que se venden por decenas de millones de dólares. Durante décadas, el anonimato celosamente guardado de Banksy ha cautivado al mundo del arte casi tanto como su obra.

Una vez que su nombre entró en el sistema judicial de Nueva York, pasó a formar parte del registro público y cualquiera podía encontrarlo, pero solo si sabía dónde buscar. Y después de 26 años, alguien lo hizo.

El oscuro expediente judicial fue localizado por Reuters, cuya larga investigación de la semana pasada se basó en gran medida en la detención como confirmación de que Banksy es Gunningham, nacido en Bristol, Inglaterra, en 1973.

Al investigar el informe de la detención y el expediente judicial, Reuters confirmó de hecho una teoría que había circulado desde una nota de 2008 de The Mail on Sunday y que habían adelantado otras investigaciones.

Los representantes de Banksy llevan mucho tiempo negando que sea Robin Gunningham, o cualquier otra persona. Pest Control, una agencia que autentica sus obras, dijo en un correo electrónico que ni la agencia ni el artista ni su abogado de toda la vida, Mark Stephens, harían comentarios.

No se respondieron las solicitudes enviadas al bufete de abogados de Stephens en Londres, pero este dijo a Reuters que el artista "no acepta que muchos de los detalles contenidos en tu consulta sean correctos".

El expediente judicial de 2000 proporciona las evidencias más concretas hasta la fecha sobre la identidad de Banksy.

La detención fue quizás un error de novato.

En aquel momento, era un artista novel que aún estaba encontrando su estilo. Hacía poco que había empezado a cultivar el estilo y la imagen del arte callejero que le harían famoso, utilizando una serie de alias que incluían Robin Banks, Banks y, finalmente, Banksy.

Sin embargo, tenía algo a su favor. En el momento de la detención, la policía no sabía quién era.

"No se había hecho un nombre, al menos en Estados Unidos", dijo Steve Mona, comandante de la brigada de vandalismo del Departamento de Policía de Nueva York en aquel momento.

"Desde luego, no había llegado al nivel de estar en nuestro radar", dijo Mona, que ahora está jubilado y no logró recordar la detención ocurrida 26 años atrás. "O no se nos notificó, o si se nos notificó, pasamos de ello, lo que probablemente se debió a que lo que había hecho no era una tag, algo que pudiéramos identificar o relacionar con otros incidentes".

Sin eso, lo más probable es que la travesura de Banksy con la valla publicitaria se considerara un delito de grafiti común y corriente, una travesura provocada por la bebida.

La acusación inicial de delito grave se redujo y, tras cinco días de servicios a la comunidad, Banksy dejó atrás la detención, con su anonimato intacto.

'Un ajuste humorístico'

El edificio del 675 de la calle Hudson, en el corazón del Meatpacking District, es conocido como el Pequeño Edificio Flatiron por su huella triangular, similar a la de su homólogo más famoso de la Calle 23.

La estructura está ahora rodeada de los adornos de la Manhattan turística: boutiques de lujo, hoteles elegantes y una Apple Store. El High Line y el Chelsea Market también están cerca.

En 2000, el distrito era un barrio mucho menos acogedor. El Pequeño Flatiron estaba en pleno submundo de la vida nocturna --dentro del edificio estaban los clubes Manhole y Hellfire-- y estaba rodeado de galerías vanguardistas.

Brown, conocida del artista, vivía y dirigía una galería en el edificio. En una entrevista concedida esta semana, dijo que había llegado a conocerle a través de un amigo común del mundo del arte.

Durante la Semana de la Moda de Nueva York del año 2000, dijo que le había hablado a Banksy de una horrible valla publicitaria que se había colocado recientemente en el techo de su edificio.

Era un anuncio de ropa de Marc Jacobs que mostraba la cara de un joven con el lema "A los chicos les encanta Marc Jacobs".

"Todo aquello me molestaba", recordó Brown. "Pensé que afeaba el edificio". Odiaba el anuncio y le pidió a Banksy que pintara algo --lo que fuera-- sobre él.

"Le dije: 'Oye, B, tengo una cosa en el tejado que me tiene de mal humor. ¿Quieres hacer algo ahí arriba?".

"Él dijo: 'Sí, déjame verlo'", y pasó los días siguientes en el Gaslight Lounge, al otro lado de la calle, mirando el cartel.

"Pensé: esto es lo que él hace. Explora su ubicación", dijo Brown, quien le dio un juego de llaves y le dejó las decisiones artísticas a él. "Las cosas que se le ocurrieron fueron brillantes. Simplemente confié en él para que hiciera algo genial".

Hasta ese momento, Banksy se centraba en el arte callejero; era menos conocido por el característico estilo de estarcido que le haría famoso. Según Reuters, para el encargo en el Meatpacking invocó una escena de la película de 1975 Tiburón, en la que un cartel turístico de una mujer tumbada en una balsa está trucado para incluir una aleta de tiburón en el agua y unos ojos saltones para la mujer.

"Utilizando una llave entré en el edificio donde había estado guardando algunas pinturas y utilizando una escalera pinté con sombra de ojos una nueva boca y una burbuja de diagolo [sic] al cartel", escribió Banksy en su confesión, que calificó de "ajuste humorístico" realizado después de "beber en un club nocturno con amigos".

Debajo de la confesión hay una firma que incluye un nombre descuidado y un apellido ilegible que empieza por la letra G.

El expediente judicial es una ventana a los primeros años de Banksy en Nueva York. Dijo a las autoridades que se alojaba en el Hotel Carlton Arms, un lugar de Manhattan famoso por permitir a los artistas alojarse gratis si decoraban las habitaciones.

Como los daños causados a la valla publicitaria superaron los 1500 dólares --los registros legales cifran el coste de la reparación en 1742,82 dólares--, las autoridades acusaron inicialmente a Banksy de un delito grave. Al final se redujo, y la multa y los honorarios ascendieron a 310 dólares.

En los registros judiciales figura como abogado de Banksy Julian White. Contactado esta semana, White, que ahora ejerce la abogacía en Manhattan, confirmó que era su nombre el que figuraba en los expedientes, pero dijo que no recordaba el caso, ni si había representado a Banksy tras su comparecencia.

Al fin y al cabo, dijo White, representó a unas 1100 personas durante los tres años que trabajó en la organización de asistencia jurídica Legal Aid como joven abogado de oficio recién salido de la facultad. Dijo que se ocupaba sobre todo de casos de delitos menores en el turno de noche del Juzgado Penal de Manhattan.

El modo en que se llevó el caso de Banksy fue "sin duda el modo en que yo lo habría llevado en aquel momento", dijo.

"Ese habría sido el objetivo, conseguir que se sobreseyera el caso o que se declarara inocente", dijo. "Con un primer delito grave, el objetivo es evitar los antecedentes penales, reduciendo los cargos a una infracción como alteración del orden público, y eso es lo que acabó ocurriendo".

Robert Clarke, portero nocturno del Carlton Arms cuando Banksy empezó a alojarse allí, dijo que se hizo amigo de Banksy en 1995. "Deben de haberse arrepentido de haberlo arrestado y de que ahora sea tan conocido", dijo en una entrevista telefónica desde Bristol, Inglaterra.

Nueva York ayudó al artista a desarrollar su estilo distintivo y su método de sigilo, dijo Clarke, hasta el punto de que era capaz de ejecutar una obra estarcida en segundos y reaparecer por la manzana esperando a que te dieras cuenta.

Después de que la policía dio con Banksy aquella noche de verano de 2000, Brown dijo que recibió una llamada de un detective que le dijo: "Tenemos a alguien que dice que es un invitado tuyo y está haciendo algo en tu azotea".

El expediente judicial muestra que Banksy tuvo que entregar su pasaporte antes de pagar una fianza de 1500 dólares. Solo estuvo detenido durante la mañana y fue puesto en libertad a mediodía.

"Unas horas después, salió, lo que me pareció asombroso", dijo Brown. "Llamó y dijo: 'Estoy fuera y voy a subir por Grand Street'".

Recordó la explicación de Banksy por haber sido puesto en libertad tan rápidamente: había encandilado a la jueza.

"Me di cuenta de que parte de su arte consistía en librarse de los problemas", dijo.

Corey Kilgannon es un periodista del Times que escribe sobre la delincuencia y la justicia penal en Nueva York y sus alrededores, así como sobre noticias de última hora y otros reportajes.

"Esperemos que este pueda ser el primer paso de un cambio muy esperado que debe producirse en la vida de Britney", dijo un representante de la estrella del pop.

Britney Spears fue detenida el miércoles por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol después de que los agentes la observaran manejando de forma errática a alta velocidad, según un portavoz de la Patrulla de Carreteras de California.

Spears fue detenida poco antes de las 09:30 p. m. del miércoles y puesta en libertad poco después de las 6 a. m. del jueves.

Un portavoz de la fiscalía del condado de Ventura dijo que aún no se le había presentado ningún caso relacionado con Spears y que no podía tomar una decisión sobre la presentación de cargos hasta que eso ocurriera.

"Ha sido un desafortunado incidente totalmente inexcusable", dijo un representante de Spears, de 44 años, en un comunicado. "Britney va a tomar las medidas adecuadas y a cumplir la ley, y esperemos que este pueda ser el primer paso de un cambio muy esperado que debe producirse en la vida de Britney. Esperemos que pueda obtener la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles".

"Sus hijos van a pasar tiempo con ella", continúa el comunicado. "Sus seres queridos van a idear un plan, necesario desde hace mucho, para que alcance el éxito y el bienestar".

Gracias a una serie de éxitos de finales de los 90 y principios de los 2000, como "… Baby One More Time" y "Toxic", Spears se convirtió en una de las estrellas más omnipresentes de la música y en un símbolo de la nueva era del pop meloso. Consiguió cinco números 1 en la lista de singles Hot 100 de Billboard y vendió decenas de millones de álbumes.

Su rostro en la portada de una revista musical o de una publicación de chismes de supermercado también garantizaba grandes ventas, sobre todo cuando se metía en líos.

En 2006, fue fotografiada conduciendo su todoterreno con su hijo Sean en el regazo, y no en un asiento infantil como exige la ley. Al año siguiente, se le vio con la cabeza rapada, golpeando el coche de un fotógrafo con un paraguas. Para entonces, las luchas personales de Spears se habían apoderado de su imagen pública.

En 2008, cuando tenía 26 años, fue puesta bajo tutela después de que su padre solicitara a un tribunal de California autoridad sobre la vida y las finanzas de su hija, alegando sus problemas públicos de salud mental y su posible abuso de sustancias.

Permaneció bajo tutela durante 13 años. En junio de 2021, Spears habló ante el tribunal y dijo a la juez que supervisaba la tutela: "Solo quiero recuperar mi vida". Ese mismo año, la juez, Brenda Penny, puso fin a la tutela.

En los últimos meses, las publicaciones de Spears en Instagram, donde regularmente comparte videos bailando sola, han generado alarma.

Una publicación de finales de febrero la mostraba muy desaliñada y con el maquillaje corrido. Se le veían los pechos desnudos, aunque cubiertos con un emoji de corazón rojo. Una publicación de noviembre mostraba vendajes alrededor de sus manos y muñecas, así como en una rodilla. "Me caí por las escaleras en casa de una amiga", escribió en el pie de foto.

El jueves por la mañana se desactivó su página de Instagram.

Spears publicó unas memorias, La mujer que soy, en 2023, y ha insinuado un posible regreso a la música. Recientemente, llegó a un acuerdo con la empresa musical Primary Wave para vender su participación en su catálogo de canciones.

Está previsto que Spears comparezca ante el Tribunal Superior del Condado de Ventura el 4 de mayo.

Maya Salam colaboró con reportería.

Ben Sisario, periodista especializado en música y la industria musical, lleva más de 20 años escribiendo para el Times.

Michaela Towfighi es una reportera de arte y cultura del Times y forma parte de la generación 2025-26 de Times Fellowship, un programa para periodistas al comienzo de sus carreras.

Maya Salam colaboró con reportería.

Londres, 19 feb (EFE).- El expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, fue fotografiado este jueves a su salida de una comisaría de Norfolk (este de Inglaterra) casi 10 horas después de haber sido arrestado por la Policía británica bajo sospecha de mala conducta en un cargo público por presuntas filtraciones de información sensible al pedófilo convicto Jeffrey Epstein, publican medios británicos.

Londres, 19 feb (EFE).- El arresto este jueves de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, es el último capítulo de una serie de episodios polémicos que han sacudido a la familia real británica desde la abdicación del rey Eduardo VIII en 1936.

Andrés, antiguo duque de York, que hoy cumple 66 años, fue detenido en una casa de campo en Sandringham, en el este de Inglaterra, por supuesta conducta en cargo público cuando era representante especial de Comercio, puesto que ocupó entre 2001 y julio de 2011.

Estos son los principales escándalos históricos en la familia real británica en el último siglo:

El 10 de diciembre de 1936, el entonces rey Eduardo VIII firmó la carta de abdicación tras llegar a la conclusión de que ni la opinión pública de entonces ni el gobierno aceptaban su deseo de casarse con la divorciada estadounidense Wallis Simpson.

Esta decisión, que provocó una herida muy profunda en la familia real, le llevó a Eduardo VIII a exiliarse en Francia con el título de duque de Windsor, pero la polémica continuó después por la visita que hizo a Alemania en 1937 para reunirse con Adolf Hitler.

Este controvertido encuentro entre Eduardo, ya como duque de Windsor, Simpson y Hitler generó sospechas en la clase dirigente británica de que actuaba en contra de los intereses del Reino Unido.

Tras la abdicación de Eduardo VIII, su hermano Alberto, padre de la reina Isabel II, ocupó el trono con el nombre de Jorge VI.

En los pasados años cincuenta otro escándalo sacudió a la familia real cuando salió a la luz que la princesa Margarita, hermana de la entonces reina Isabel II, se había enamorado perdidamente del capitán Peter Townsend, un héroe de guerra divorciado.

Según cuentan los historiadores, la relación fue descubierta en la coronación de Isabel II en la Abadía de Westminster en junio de 1953 a raíz de un gesto íntimo. Ante la fuerte presión del gobierno y la Iglesia de Inglaterra, Margarita anunció en 1955 que no se casaría con él a fin de dar prioridad a su deber como miembro de la familia real y por lealtad a la corona británica.

En los pasados años noventa, la reina Isabel II tuvo que lidiar con la separación de Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson después de que éstos se casaran en la Abadía de Westminster en julio de 1986, que por entonces subía la popularidad de la familia real.

El palacio de Buckingham comunicó la separación de los entonces duques en 1992, el mismo año en que el entonces príncipe de Gales, Carlos, se separó oficialmente de la princesa Diana.

El 9 de diciembre de 1992, el entonces primer ministro, el conservador John Major, comunicó en la Cámara de los Comunes del Parlamento la separación de los príncipes de Gales por ser herederos al trono.

La reina Isabel II calificó 1992 como su "Annus Horribilis" por la separación de dos de su hijos, a lo que se sumó el devastador incendio en el castillo de Windsor, que vino a representar para mucha gente las turbulencias por las que atravesaba la Casa Real.

La separación de Carlos y Diana fue la culminación de meses de escándalos después de que los periódicos revelasen la relación extramarital que el heredero de la corona mantenía con Camila, su actual esposa y con la que se casó en 2005.

En 1995, Diana concedió una entrevista explosiva al programa Panorama de la BBC, en la que admitió que "éramos tres en este matrimonio", en referencia a Camila. Tras esta entrevista, Carlos y Diana se divorciaron en agosto de 1996.

El escándalo alcanzó su punto máximo en 1997 cuando Diana perdió la vida en un accidente de coche en París en agosto de ese año, lo que provocó una crisis de popularidad sin precedentes para la monarquía británica ante su fría reacción inicial a la tragedia.

En enero de 2020, el príncipe Enrique, hijo menor de Carlos III, y su mujer Meghan, renunciaron a sus funciones reales para mudarse a Estados Unidos. En entrevistas posteriores, Meghan, duquesa de Sussex, acusó a la familia real de racismo dentro de la institución de la monarquía, algo que le afectó por ser mestiza.

En los últimos años, el hijo "favorito" de Isabel II se vio envuelto en el escándalo de Jeffrey Epstein, enfrentando acusaciones de abuso sexual que lo llevaron a retirarse de la vida pública y perder sus títulos nobiliarios y todos sus honores.

El arresto del expríncipe Andrés fue ordenado por la Policía del Valle del Támesis, que investiga el envío de documentos sensibles del Gobierno al pederasta convicto Jeffrey Epstein por parte del antiguo duque de York cuando hacía las labores comerciales.

Viviana García

El monarca utilizó un lenguaje claro y directo en sus primeros comentarios públicos tras la detención del expríncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein.

En sus primeros comentarios públicos desde la detención de Andrew Mountbatten-Windsor el jueves, el rey Carlos III fue claro y directo. La declaración se emitió apenas unas horas después de que la policía detuviera a su hermano por acusaciones de mala conducta en un cargo público en relación con sus vínculos con Jeffrey Epstein, el delincuente sexual convicto.

La declaración fue impactante porque se dirigía directamente a la opinión pública británica, pero también porque estaba firmada por el rey personalmente en lugar de ser emitida por el Palacio de Buckingham.

He aquí la declaración del rey en su totalidad:

He recibido con la más profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público. Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado por el que este asunto sea investigado de la manera apropiada y por las autoridades competentes. En esto, como he dicho antes, cuentan con nuestro pleno y sincero apoyo y cooperación.

Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso. Como este proceso continúa, no sería correcto por mi parte hacer más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos en nuestro deber y servicio a todos ustedes.

Charles R.

Ravi Mattu es el director editorial de DealBook, con sede en Londres. Se incorporó a The New York Times en 2022 procedente del Financial Times, donde ocupó varios puestos de responsabilidad en Hong Kong y Londres.

La detención se produjo días antes de que se ordenara al expresidente el inicio de una condena de 27 años de prisión por planear un golpe de Estado fallido.

La policía de Brasil detuvo el sábado al expresidente Jair Bolsonaro ante el temor de que pudiera escapar del arresto domiciliario para evitar cumplir una condena de 27 años de prisión por una conspiración fallida para cometer un golpe de Estado, según una orden judicial brasileña.

Bolsonaro, político de derecha que dirigió Brasil de 2019 a 2022, fue condenado en septiembre tras ser declarado culpable de liderar un plan para aferrarse al poder tras perder su intento de reelección.

Las autoridades brasileñas vigilaban estrechamente a Bolsonaro, quien llevaba un monitor de tobillo desde agosto en su domicilio de Brasilia, la capital. Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal que supervisa el caso, había considerado que existía riesgo de fuga.

Bolsonaro no había comenzado a cumplir su condena porque el tribunal, hasta hace poco, estaba revisando sus apelaciones.

Fue detenido por agentes de la policía federal el sábado por la mañana. Se trataba de una medida preventiva para proteger su seguridad y mantener el orden público antes de una manifestación planeada por sus partidarios frente a su domicilio, según un alto cargo policial con conocimiento directo de la situación, quien habló de forma anónima para comentar un caso confidencial.

Una orden del Supremo Tribunal que autorizaba la detención, a la cual tuvo acceso The New York Times, afirmaba que el monitor electrónico de tobillo de Bolsonaro había sido manipulado poco después de la medianoche del sábado. La manipulación, decía la orden judicial, demostraba que Bolsonaro pretendía romper su monitor de tobillo y escapar, "facilitado por el tumulto provocado por la manifestación".

Los abogados de Bolsonaro no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

En agosto, la policía dijo que se había incautado un documento que sugería que Bolsonaro había planeado solicitar asilo en Argentina el año pasado, poco después de que las autoridades llevaran a cabo una amplia operación contra el expresidente, confiscaran su pasaporte y detuvieran a algunos de sus aliados cercanos.

Días después de esa operación, Bolsonaro pasó dos noches en la embajada de Hungría en Brasil, en un aparente intento de obtener asilo en un país dirigido por un aliado de derecha, el primer ministro Viktor Orbán. En una entrevista a principios de año, Bolsonaro se negó a explicar por qué había dormido en la embajada.

La detención del sábado se produjo apenas unos días antes de que el Supremo Tribunal de Brasil tuviera previsto ordenar que comenzara a cumplir su condena.

Los abogados de Bolsonaro habían pedido al tribunal que le permitiera cumplirla en casa debido a problemas de salud, que él atribuyó a complicaciones derivadas de un ataque con arma blanca durante la campaña electoral de 2018.

La condena de Bolsonaro se basó en multitud de pruebas que demostraban que él y su círculo íntimo habían pasado meses socavando la confianza de los votantes en los sistemas electorales de Brasil y luego, después de que perdiera por un estrecho margen la votación frente a Luiz Inácio Lula da Silva, habían intentado mantenerlo en el poder.

Esos planes preveían disolver el Supremo Tribunal, anular el resultado de las elecciones y otorgar amplios poderes a los militares. Los fiscales también acusaron a Bolsonaro y a sus aliados de conspirar para asesinar a supuestos enemigos, entre ellos Lula, su compañero de fórmula y un juez del Supremo Tribunal que había abierto varias investigaciones sobre Bolsonaro.

Finalmente, fue condenado por planear un golpe de Estado, socavar violentamente la democracia y formar parte de una organización criminal armada, entre otros delitos.

Bolsonaro siempre ha negado las acusaciones y ha afirmado que no tenía conocimiento de ningún plan de asesinato. Dijo que buscó vías dentro de la Constitución de Brasil para corregir lo que, según él, fueron unas elecciones robadas, aunque una revisión realizada por el ejército brasileño no encontró pruebas de fraude electoral.

Leonardo Coelho colaboró con reportería.

Ana Ionova es una colaboradora del Times que vive en Río de Janeiro y cubre Brasil y países vecinos.

Leonardo Coelho colaboró con reportería.

Shimon Hayut, conocido como Simon Leviev, ha sido acusado de utilizar múltiples alias para estafar por millones de dólares a mujeres a través de aplicaciones de citas. Su caso inspiró el documental de Netflix 'El estafador de Tinder'.

Un hombre israelí que fue acusado de estafar a mujeres que conoció por internet y que fue el tema del documental de Netflix El estafador de Tinder, ha sido detenido en Georgia, a petición de Alemania, por las acusaciones de fraude a una mujer en Berlín, dijo el martes su abogado.

El hombre, Shimon Hayut (también conocido como Simon Leviev), de 34 años, deslumbraba a sus citas de Tinder con romances arrolladores que incluían viajes en aviones privados y estancias en hoteles de cinco estrellas, antes de estafarlas por millones de dólares, según el documental de Netflix de 2022.

Hayut se hizo pasar por el hijo de un oligarca y luego estableció líneas de crédito y préstamos a nombre de mujeres que conoció en aplicaciones de citas, antes de desaparecer, según el documental.

Hayut, que tiene al menos cinco alias distintos, fue detenido en 2019 y condenado a 15 meses de prisión en Israel por fraude. Fue puesto en libertad cinco meses después. Canal 12, una cadena de televisión israelí, calculó que estafó por unos 10 millones de dólares a mujeres entre 2017 y 2019.

Sagiv Rotenberg, abogado de Hayut, dijo que su cliente fue detenido el domingo en el aeropuerto internacional de Batumi, Georgia, tras varias horas de interrogatorio.Un tribunal dictaminó el martes que permanecerá en prisión durante tres meses, o hasta que Alemania, que había pedido a Interpol que emitiera una solicitud para su detención, lo extradite. Rotenberg dijo que Hayut estaba apelando su detención en Georgia y también intentando que se desestimara el caso en Alemania.

Las acusaciones alemanas se derivan de acusaciones de que Hayut estafó a una mujer en Berlín entre 2017 y 2019, según documentos de Interpol vistos por The New York Times.

Según los documentos, los fiscales alemanes acusan a Hayut de robar casi 44.000 euros (unos 52.000 dólares) a la mujer y de incurrir en miles de dólares de gastos utilizando una tarjeta de crédito y un contrato telefónico a nombre de ella. La mujer también pagó casi 9000 euros (unos 10.600 dólares) en gastos de hotel y vuelos para él en las Islas Caimán, después de que él le dijera que su tarjeta de crédito estaba bloqueada, y nunca se lo devolvió, según las acusaciones.

Hayut ha negado las acusaciones y no entiende por qué Alemania no solicitó directamente a Israel su interrogatorio o extradición, según Rotenberg, su abogado.

"Está recluido en condiciones de detención extremadamente duras, sin alimentación adecuada y esposado la mayor parte del tiempo", dijo Rotenberg sobre su cliente, con quien habló el martes. Rotenberg dijo que su cliente no había sido acusado de ningún delito en Alemania.

Hayut dispone de siete días para apelar la sentencia del tribunal de Georgia, según los documentos emitidos por el Tribunal Municipal de Batumi.

Rotenberg dijo que su cliente había viajado libremente en los últimos años. "Estuvo en Dubai, en Europa y en otros lugares de Europa Oriental", dijo. "No fue detenido. No tuvo ningún problema".

Aaron Boxerman colaboró con reportería desde Jerusalén e Ivan Nechepurenko desde Moscú.

Jenny Gross es una reportera del Times que cubre noticias de última hora y otros temas.

Un miembro de la élite de Haití enfrenta acusaciones de haber respaldado a pandillas violentas que han sembrado el caos en la nación caribeña.

El gobierno de Estados Unidos acusó públicamente a una de las figuras más ricas y poderosas de Haití de estar detrás de una "campaña de violencia y apoyo a las bandas", culpando por primera vez a un destacado miembro de la élite de ese país de la violencia desenfrenada que impera ahí.

Pierre Reginald Boulos, de 69 años, un médico que amasó una riqueza extrema a través de una cadena de supermercados y un concesionario de automóviles, fue detenido el jueves de la semana pasada por la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés), en el condado de Palm Beach, Florida, donde reside.

"Si apoyas y colaboras con líderes de bandas haitianas, ya puedes reservar un billete de vuelta a casa", escribió el Departamento de Seguridad Nacional en una publicación de redes sociales.

La detención es un acontecimiento importante en la lucha de Haití contra las bandas violentas. Aunque las autoridades han lanzado ofensivas contra los líderes de las bandas y han puesto recompensas millonarias sobre sus cabezas, los críticos han argumentado que las fuerzas del orden en Haití y Estados Unidos no han hecho lo suficiente para perseguir a los ricos agentes del poder que ayudaron a financiar o incluso a crear las bandas.

Desde hace tiempo se sabe que los dirigentes empresariales pagan a las bandas por cosas como protección y acceso a los puertos. Los partidos políticos usan a las bandas para hacer que las comunidades apoyen a determinados candidatos o inicien protestas callejeras contra sus rivales.

Los críticos afirman que el apoyo de la élite haitiana fue crucial para el establecimiento de bandas en el país. Sin embargo, en años recientes los grupos armados han crecido en número, armas y dinero hasta el punto de que ya no necesitan a la élite, señalaron los expertos.

La detención de Boulos "es una situación que cambia las reglas del juego", dijo Francois Pierre-Louis, un exministro del gabinete de Haití que ahora da clases en la City University de Nueva York. "Va a hacer que otras personas se alineen o tengan miedo, y puede que dejen de apoyar a las bandas, aunque muchas de ellas ya no las controlen realmente".

Este parece ser el caso de Boulos, dijo, porque las bandas han incendiado varios de sus negocios. Si Boulos hubiera tenido influencia sobre las bandas, los negocios habrían estado protegidos, señaló.

"Las bandas se han convertido en sus propios jefes", comentó Pierre-Louis.

Boulos se encontraba retenido en un centro de detención del ICE, y no se le pudo contactar para que hiciera comentarios. Sus hijos adultos no respondieron a las peticiones de comentarios, y no estaba claro si había contratado a un abogado.

Un aliado de Boulos, que habló bajo condición de anonimato para evitar verse implicado en una investigación federal, dijo que muchos empresarios de Haití le pagaban a las bandas porque los extorsionaban. Boulos, dijo la persona, llegó a Estados Unidos en 2021 temiendo por su vida.

Boulos, quien tiene ascendencia libanesa y siria, era un agente de poder en Haití y ayudó a proporcionar armas a la policía durante periodos de crisis de seguridad, según cables publicados por WikiLeaks.

Boulos es expresidente de la Cámara de Comercio de Haití, y fue miembro de una comisión dirigida por el expresidente Bill Clinton que distribuyó ayuda tras un terremoto devastador en Haití.

En 2019, Boulos fundó un nuevo partido que se promovía como un movimiento progresista de justicia social para los adultos jóvenes, la diáspora haitiana, los agricultores y las mujeres. Cuando planteó la idea de postularse a la presidencia, se refirió a los líderes de las bandas como "líderes comunitarios" y financió actividades sociales en los barrios que controlaban.

"Nunca he ayudado a líderes de bandas", dijo Boulos en una entrevista concedida en 2020 a la televisión haitiana. "He ayudado a líderes comunitarios, aunque eso signifique que después algunos de ellos se hayan convertido en líderes de bandas. No soy responsable de ello".

En 2021, fue citado para ser interrogado en relación con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Él negó rotundamente haber estado involucrado, y nunca fue acusado.

"Se ha mencionado el nombre de todo el mundo", dijo Boulos entonces a The New York Times, "incluyendo el mío".

En un giro inusual, Boulos fue detenido por las autoridades de inmigración, a pesar de haber nacido en Nueva York.

Renunció a su ciudadanía estadounidense antes de postularse a las elecciones en Haití, porque la ciudadanía extranjera habría impedido su candidatura. Boulous regresó a Estados Unidos con un visado en 2021, y recibió la tarjeta verde el año pasado, según documentos internos del gobierno revisados por The New York Times.

Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, determinó que Boulos podría ser expulsado porque su permanencia en el país tendría "consecuencias adversas potencialmente graves para la política exterior de Estados Unidos porque Boulos ha participado en una campaña de violencia, apoyo a bandas y tráfico de armas y drogas que ha contribuido a la desestabilización de Haití", dicen los documentos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dijo en un comunicado el martes que, cuando Boulous solicitó la residencia, no reveló que había participado en la formación de un partido político en Haití y que el gobierno haitiano lo había remitido a los tribunales por uso indebido de préstamos. La omisión de esos dos hechos constituye, según la agencia, un motivo para deportarlo por fraude.

El gobierno de Donald Trump declaró a las bandas haitianas "organizaciones terroristas extranjeras", lo que permite al gobierno estadounidense deportar a residentes legales que se sepa que han apoyado a estos grupos.

André Paultre colaboró con reportería desde Puerto Príncipe, Haití.

Frances Robles es una reportera del Times que cubre América Latina y el Caribe. Lleva más de 25 años informando sobre la región.

Hamed Aleaziz cubre el Departamento de Seguridad Nacional y las políticas migratorias.

André Paultre colaboró con reportería desde Puerto Príncipe, Haití.

Guevara, Mario (Journalist) Demonstrations, Protests and Riots Illegal Immigration Freedom of the Press Immigration Detention Immigration and Emigration Immigration and Customs Enforcement (US) DeKalb County (Ga) El Salvador

El periodista, Mario Guevara, es originario de El Salvador y lleva más de 20 años en Estados Unidos, según sus abogados.

Un periodista conocido por cubrir las detenciones de migrantes en Georgia fue puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos el miércoles, tras ser detenido mientras informaba sobre una protesta contra las políticas de inmigración del gobierno de Donald Trump durante el fin de semana.

El periodista, Mario Guevara, es originario de El Salvador y lleva más de 20 años viviendo en Estados Unidos, dijo uno de sus abogados, Zach Gaeta. Guevara no era residente legal permanente ni ciudadano, pero tenía permiso de trabajo y número de Seguro Social, dijo Gaeta.

No estaba claro dónde se encontraba Guevara el miércoles por la mañana, tras ser puesto en libertad de la cárcel del condado de DeKalb, dijo Gaeta. Guevara estaba encarcelado desde que fue detenido el sábado en una protesta a unos 24 kilómetros al noreste de Atlanta. Gaeta dijo que el equipo jurídico de Guevara tenía previsto impugnar su detención y tratar de encontrarle una vía para obtener un estatus legal.

"Creemos que tiene un caso defendible y seguimos siendo optimistas sobre su liberación", dijo Gaeta.

Guevara, quien se ganó un gran número de seguidores cubriendo temas de migración en Georgia, era conocido sobre todo por documentar las detenciones de migrantes. Fue objeto de un minidocumental producido por el departamento de Opinión de The New York Times en 2019.

En el documental, Guevara dijo que fue agredido y amenazado mientras trabajaba como reportero en El Salvador, por lo que pidió asilo en Estados Unidos. Vive en Georgia desde 2004, dijo Gaeta.

Guevara trabajó varios años en Mundo Hispánico, una organización de noticias en español, antes de fundar su propia organización de noticias, MGNews. Tiene muchos seguidores en las redes sociales, entre ellos más de 405.000 en TikTok y más de 782.000 en Facebook hasta el martes por la mañana.

El sábado, cuando fue detenido, estaba transmitiendo en directo una protesta contra las políticas de migración del gobierno de Trump.

En las imágenes se ve a Guevara de pie junto a un grupo de personas cuando los agentes de policía empiezan a acercarse a él. De repente, le tapan la cámara y se oye a Guevara decir: "Oficial, oficial, soy un miembro de los medios de comunicación, oficial".

La grabación continúa durante unos 20 minutos más. El video está oscurecido la mayor parte de ese tiempo y no queda claro por el sonido qué estaba ocurriendo ni por qué detuvieron a Guevara.

"Si las fuerzas del orden se acercaban y caminaban hacia él, en mi opinión, no era nada que alguien estuviera haciendo algo mal", dijo Gaeta. "De repente, el agente decidió: 'Si sigues aquí, voy a detenerte'".

Guevara fue detenido por los cargos de entrada indebida de un peatón en la calzada y obstrucción a las fuerzas del orden, según los registros de la cárcel. El lunes se añadió un tercer cargo, reunión ilegal, dijo Gaeta.

El Departamento de Policía de Doraville y el ICE no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Una orden de detención emitida por el Departamento de Policía decía que Guevara hizo caso omiso de las repetidas instrucciones de los agentes de que se apartara de la calzada, informó The Atlanta Journal-Constitution.

Atlanta Civic Circle, un sitio de noticias sin fines de lucro, dijo que sus reporteros se encontraban "a pocos pasos" de Guevara cuando fue detenido.

Justo antes de que detuvieran a Guevara, los agentes habían desplegado gases lacrimógenos por tercera vez e intentaban alejar a los periodistas del lugar de la protesta, informó Atlanta Civic Circle. Los agentes dijeron que detendrían a los periodistas y a los manifestantes si no se marchaban, y Guevara estaba acatando las órdenes de retroceder, informó el sitio de noticias. Estaba más cerca de los policías que otros miembros de la prensa, dijo el sitio de noticias.

Katherine Jacobsen, coordinadora del programa para Estados Unidos, Canadá y el Caribe del Comité para la Protección de los Periodistas, dijo en un comunicado que Guevara debía quedar en libertad. "Su detención en curso indica una espantosa erosión de la libertad de prensa en Estados Unidos", dijo.

Jacobsen también escribió a los funcionarios del condado de DeKalb pidiéndoles que retiraran los cargos. "Seguir presentando estos cargos contra Guevara no solo desencadenaría una costosa batalla legal sobre los derechos establecidos en la Primera Enmienda de los periodistas a informar sobre asuntos de interés público", dijo en la carta, "sino que podría crear una vía para deportar a un hombre que ha sido un valioso miembro de la comunidad de Atlanta durante más de 20 años".

Giovanni Diaz, uno de los abogados de Guevara, dijo en una rueda de prensa celebrada el martes por la noche que Guevara fue el único periodista detenido en la protesta.

La hija de Guevara, Katherine Guevara, dijo en la conferencia de prensa que, tras la detención de su padre el sábado, su familia esperaba que lo pusieran en libertad el domingo. La familia se preparó para darle la bienvenida a casa el Día del Padre con adornos y un pastel encargado especialmente.

"Descubrir que no iba a ser así fue muy, muy triste", dijo Guevara. "Tuvimos que quitarlo todo y cancelar el pedido del pastel".

Amanda Holpuch cubre noticias de última hora y otros temas.

Illegal Immigration Courts and the Judiciary Elections, Mayors Immigration and Customs Enforcement (US) Office of the Comptroller (NYC) Homeland Security Department Democratic Party Lander, Brad New York City

Brad Lander, contralor de la ciudad de Nueva York y candidato a la alcaldía, fue esposado cuando intentaba proteger a un hombre de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Brad Lander, el contralor de la ciudad de Nueva York que se ha postulado como candidato a la alcaldía, fue detenido el martes por agentes federales en un tribunal de inmigración del Bajo Manhattan cuando intentaba escoltar a un migrante a quien los oficiales pretendían detener.

Lander, demócrata, observaba los procedimientos en el principal tribunal de inmigración de la ciudad, en el 26 de Federal Plaza, donde en las últimas semanas los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han detenido a un número cada vez mayor de migrantes que comparecen ante el tribunal. Posteriormente, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que Lander había agredido e impedido el paso a un agente de las fuerzas del orden, aunque hasta el martes por la tarde no había sido acusado formalmente.

Videos tomados por periodistas en el juzgado muestran a Lander junto a un migrante en un pasillo del piso 12 cuando varios hombres vestidos de civil que parecen agentes de la ley, algunos con máscaras, se abren paso entre la multitud del pasillo para detener al migrante.

[El video a continuación muestra que agentes de ICE arrestaron a Lander cuando intentó acompañar a un migrante para salir del edificio sin ser arrestado]

Lander pregunta repetidamente a los agentes si tienen una orden judicial, y se niega a soltar al hombre mientras los agentes intentan llevarlo hacia los ascensores, según uno de los videos, publicado en las redes sociales por un reportero de The City, un medio de noticias digital.

"Lo soltaré cuando me enseñes la orden judicial", dice Lander, con la mano derecha sobre el cuerpo del hombre.

Se ve a los agentes intentando apartar a Lander. Al final lo separan del hombre, lo empujan contra una pared junto a los ascensores y le colocan unas esposas.

"No tienen autoridad para detener a ciudadanos estadounidenses", dice Lander repetidamente, según el video. "No estoy obstruyendo. Estoy aquí en el pasillo. He pedido ver la orden judicial". (Los agentes no necesitan órdenes judiciales para efectuar detenciones en los tribunales migratorios porque son espacios públicos, dijeron los abogados de migración).

Los agentes llevaron a Lander hasta un ascensor del edificio, acompañado por un miembro de su equipo de seguridad. Dora Pekec, vocera de Lander, dijo que "fue llevado por agentes enmascarados y detenido por el ICE".

Lander permaneció retenido en el 26 de Federal Plaza durante varias horas antes de ser puesto en libertad el martes por la tarde, mientras la gobernadora Kathy Hochul y otros demócratas se presentaban en las oficinas federales para exigir su liberación.

En una conferencia de prensa, Lander rechazó las afirmaciones de que su detención había sido un truco publicitario premeditado y negó que hubiera agredido a nadie, diciendo: "¿En serio?".

"No he venido hoy esperando que me detuvieran", dijo Lander. "Pero realmente creo que hoy he fracasado porque mi objetivo era realmente sacar a Edgardo del edificio", añadió, en referencia al migrante que el ICE había detenido.

En un comunicado, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, la agencia matriz del ICE, dijo que Lander "fue detenido por agredir a las fuerzas del orden e impedir el paso a un agente federal".

"Nuestros heroicos agentes de las fuerzas de seguridad del ICE se enfrentan a un aumento del 413 por ciento de agresiones contra ellos", añadió. "Está mal que los políticos que aspiran a cargos más altos socaven la seguridad de las fuerzas del orden para conseguir un momento viral. Nadie está por encima de la ley, y si pones una mano encima de un agente del orden, te enfrentarás a las consecuencias".

Un portavoz de la fiscalía de Manhattan dijo en un comunicado que la fiscalía investigaba las acciones de Lander, pero no señaló nada sobre cargos penales. El portavoz, Nicholas Biase, señaló que la ley federal prohibía agredir a las fuerzas del orden y a otros funcionarios públicos, así como obstruir los procedimientos oficiales.

La detención de Lander fue la última de una serie de detenciones de funcionarios electos demócratas a manos de agentes federales, en un momento en que los demócratas se esfuerzan por contrarrestar la campaña de deportación del presidente Donald Trump.

Se produjo cinco días después de que el senador Alex Padilla, demócrata por California, fuera empujado fuera de una sala y esposado por agentes federales tras intentar interrogar a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, durante una rueda de prensa.

El mes pasado, los agentes federales detuvieron aRas J. Baraka, alcalde de Newark, y posteriormente acusaron ala representante LaMonica McIver, ambos demócratas, en relación con un enfrentamiento frente a un centro de detención de migrantes de la ciudad.

Y en abril, agentes del FBI detuvieron a una jueza de Milwaukee acusada de haber protegido de los agentes federales a un migrante indocumentado.

La detención de Lander se produjo una semana antes de las primarias demócratas para la alcaldía. El contralor se presenta en un campo muy concurrido y ha estado compitiendo por abrirse camino frente al exgobernador Andrew Cuomo, el favorito que ha encabezado casi todas las encuestas. Zohran Mamdani, asambleísta del estado, quien ocupa el segundo lugar en las encuestas, y Lander se han apoyado mutuamente.

Tanto Cuomo como Mamdani, así como otros demócratas neoyorquinos, condenaron la detención, mientras que el Partido Republicano del estado la calificó de "disparate performativo".

En una publicación en X, Cuomo calificó la detención de "último ejemplo de la brutalidad extrema del ICE de Trump, que está fuera de control". Mamdani fue uno de los pocos legisladores demócratas que se presentaron en el 26 de Federal Plaza tras el altercado, mientras cientos de personas se congregaban cerca del edificio para protestar por la detención de Lander.

"En este momento exacto, los neoyorquinos esperan que los líderes estén a la altura de este momento, que muestren el valor necesario", dijo Mamdani fuera del edificio. "Lo que hizo Brad fue participar en ese preciso momento de valentía. Nos mostró cómo puede ser el liderazgo".

Hochul, demócrata, fue más contundente: "Es una tontería", dijo a los periodistas ese mismo día. Añadió en una rueda de prensa posterior a la liberación de Lander que tenía entendido que "se habían retirado los cargos".

El alcalde Eric Adams, a quien Lander aspira a sustituir, no respondió a las preguntas sobre el incidente mientras los periodistas le preguntaban a gritos a la salida de su rueda de prensa semanal. Pero el antiguo jefe de gabinete del alcalde, Frank Carone, publicó una foto de la detención de Lander y sugirió que se trataba de una maniobra política, diciendo: "El premio de la Academia es para…".

"Hoy no debería tratarse de Brad Lander", dijo más tarde en un comunicado Kayla Mamelak Altus, portavoz del alcalde, y añadió que se trataba de asegurarse de que las personas indocumentadas de Nueva York no se "escondieran en las sombras".

Lander, que forma parte del flanco izquierdo de su partido, ha pasado buena parte de su campaña argumentando que es el candidato mejor posicionado para hacer frente a los intentos de Trump de recortar la financiación y deportar a los migrantes de la ciudad de Nueva York.

Ha hablado repetidamente de proteger las leyes santuario de la ciudad, que limitan la cooperación entre los organismos municipales y el gobierno federal en materia de aplicación de las leyes de inmigración. Y ha pedido un aumento de la financiación municipal para proporcionar representación legal a los migrantes que se enfrentan a la deportación y no tienen abogados.

El martes era la tercera vez que Lander comparecía ante los tribunales migratorios de la ciudad, donde los agentes del ICE, normalmente enmascarados, se han convertido en una presencia habitual a medida que la agencia intensifica las detenciones de migrantes que se presentan a las audiencias judiciales rutinarias.

Los fiscales del Departamento de Seguridad Nacional han sorprendido a varios migrantes al desestimar sus casos cuando comparecen ante el tribunal, una táctica legal que abre la puerta a que los agentes del ICE los detengan en los pasillos una vez que salen y los sometan a un procedimiento acelerado de deportación sin audiencias.

Varios políticos demócratas, incluidos miembros del Congreso, se han presentado en los tribunales migratorios en las últimas semanas para protestar contra las nuevas tácticas del gobierno de Trump.

En sus anteriores apariciones, Lander se sentó en silencio durante las audiencias y luego escoltó a algunas familias que parecían correr el riesgo de ser detenidas fuera del tribunal y hasta una estación de metro cercana. Su detención del martes supuso su primer altercado con agentes federales que patrullaban por los pasillos, vestíbulos y ascensores del tribunal.

Su esposa, Meg Barnette, publicó en las redes sociales un video del episodio desde la cuenta oficial de la campaña de Lander.

Barnette, que se encontraba en el tribunal durante la detención, dijo en una conferencia de prensa que el martes la pareja había presenciado cómo los jueces desestimaban casos contra migrantes, la mayoría sin abogados, que no sabían que la desestimación de sus casos probablemente conduciría a su detención.

Calificó esta práctica de "absolutamente inaceptable".

"Me siento realmente inquieta y asustada, y mi marido es candidato a alcalde, es un funcionario electo de la ciudad, es ciudadano estadounidense, tiene pasaporte estadounidense, y sé que con toda probabilidad va a estar bien", dijo. "Todas las demás personas de ese edificio se arriesgan a que sus familias sean destrozadas con una explicación inadecuada. Es una abominación".

Lander subrayó ese sentimiento al ser puesto en libertad, al decir que, a diferencia del migrante que había conocido, Edgardo, él tenía un abogado que defendería sus derechos si fuera acusado.

"Edgardo está detenido por el ICE, y esta noche no va a dormir en su cama", dijo Lander.

Jonah E. Bromwich, Emma G. Fitzsimmons, Joseph Goldstein, Jeffery C. Mays, Benjamin Oreskes y Nate Schweber colaboraron con reportería.

Luis Ferré-Sadurní cubre inmigración, centrándose en la afluencia de inmigrantes que llegan a la región de Nueva York.

Jonah E. Bromwich, Emma G. Fitzsimmons, Joseph Goldstein, Jeffery C. Mays, Benjamin Oreskes y Nate Schweber colaboraron con reportería.

El Salvador Bukele, Nayib Prisons and Prisoners Human Rights and Human Rights Violations Human Rights Watch Trump, Donald J Cristosal

Ruth López fue detenida el domingo en lo que, según grupos de derechos humanos, representa una escalada en la represión de la disidencia por parte del presidente Nayib Bukele. La fiscalía general confirmó la detención.

Una destacada abogada salvadoreña conocida por acusar públicamente al gobierno del presidente Nayib Bukele de corrupción y actividades ilícitas fue detenida por las autoridades el domingo por la noche, según afirma la organización de derechos humanos para la que trabaja.

Ruth López, quien lidera la unidad de anticorrupción y justicia de la organización Cristosal, aún no había sido acusada formalmente el lunes, y se desconocía su paradero, según un comunicado emitido por el grupo.

La detención fue confirmada por la fiscalía general del país, que en una publicación en redes sociales afirmó que la "detención administrativa" de López tenía que ver con su anterior trabajo como "mano derecha" de Eugenio Chicas, un magistrado y exfuncionario gubernamental.

Chicas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, quien también fue secretario de prensa del expresidente Salvador Sánchez Cerén, fue detenido en febrero por acusaciones de enriquecimiento ilícito.

"Ruth López colaboró en la sustracción de fondos de las arcas del Estado", dijo la Fiscalía General en su comunicado.

La detención de López generó protestas inmediatas, tanto dentro como fuera de El Salvador, por parte de grupos de derechos humanos y expertos quienes dijeron que Bukele, envalentonado por su relación con el presidente Donald Trump desde que aceptó encarcelar a los migrantes deportados de Estados Unidos, había intensificado los ataques contra aquellos que lo critican.

"Durante años, Ruth López ha denunciado con valentía la corrupción y las violaciones de derechos humanos en El Salvador", dijo en un comunicado Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. "Su detención no es un incidente aislado, sino que supone una peligrosa escalada en los esfuerzos del presidente Bukele por silenciar la disidencia".

Desde 2022, Bukele mantiene un estado de excepción que permite que las autoridades realicen detenciones a voluntad, eludiendo el debido proceso.

El estado de excepción, impuesto inicialmente para reprimir la violencia de pandillas, ha provocado una drástica reducción de la delincuencia, pero también ha hecho que al menos 80.000 personas hayan sido detenidas e ingresadas en el infame sistema penitenciario de El Salvador.

Cristosal, la organización en la que trabaja López, ha surgido como una fuerza importante en la denuncia de abusos, tanto en el sistema penitenciario como en otros ámbitos. En repetidas oportunidades, el grupo ha acusado al gobierno de Bukele de mantener a personas en prisión preventiva sin acceso a abogados ni a sus familias, una situación que el director de la organización, Noah Bullock, ha dicho que equivale a una desaparición forzada.

Cristosal dijo que López ahora era víctima de ese delito, que describió como "una grave violación de los derechos humanos conforme al derecho internacional".

López ha liderado investigaciones sobre posible corrupción o negligencia del gobierno de Bukele. Una investigación está relacionada con el uso indebido de fondos para la pandemia y otra con la contaminación del suministro local de agua provocada por la construcción de la megaprisión del país, conocida como CECOT. Otra denuncia el uso de fondos públicos para pagar el software Pegasus que fue utilizado para espiar a periodistas y grupos de derechos humanos en El Salvador.

"El vínculo con Chicas en el caso de Ruth es un invento, un dudoso pretexto para encarcelarla arbitrariamente", dijo Napoleón Campos, analista político salvadoreño. Campos afirmó que la detención debe ser vista en el contexto de "los abusos a los derechos humanos, al acoso a defensores ambientales, y al ataque más amplio del régimen de los Bukele contra la sociedad civil".

Este mes varios periodistas de El Faro, un medio independiente salvadoreño de investigación, huyeron de El Salvador tras enterarse de que el gobierno estaba preparando órdenes de detención en su contra. El medio de comunicación dijo que tal medida supondría "el ataque estatal más frontal contra la libertad de prensa en El Salvador desde que Bukele llegó al poder en 2019".

Durante años, El Faro ha investigado al gobierno de Bukele y sus supuestas negociaciones con los líderes de las bandas del país, y ha dicho que, como consecuencia de eso, sus periodistas fueron sometidos a vigilancia e intimidados.

Wendy Ramos, portavoz de la presidencia, no respondió a las preguntas sobre qué motivos tenía el gobierno para solicitar la detención de López o de los periodistas de El Faro.

El gobierno salvadoreño ha desestimado sistemáticamente las críticas a Bukele y a sus políticas de seguridad, calificándolas de esfuerzos de miembros de la oposición política por manchar la imagen del presidente.

Los índices de aprobación de Bukele se han mantenido siempre por encima del 80 por ciento en las encuestas de opinión pública.

Bullock, director de Cristosal, ha puesto en duda estos altos índices, afirmando que, ante las detenciones masivas, la población salvadoreña tiene miedo de expresar su descontento con el presidente y su mano dura.

Annie Correal reporta desde Estados Unidos y América Latina para el Times.

DeportationIllegal ImmigrationImmigration DetentionImmigration and Customs Enforcement (US)Denver (Colo)Trump, Donald JUnited States Politics and Government

Jeanette Vizguerra, quien fue noticia nacional en Estados Unidos por eludir la deportación en el sótano de una iglesia, es la activista más recientemente detenida por agentes federales de migración.

Una mujer indocumentada en Denver, convertida en símbolo de la resistencia de los migrantes en el primer mandato del presidente Donald Trump al eludir la deportación, fue detenida el lunes en su trabajo por agentes federales de migración, dijeron su familia y activistas promigrantes.

Jeanette Vizguerra, de 53 años, se encontraba en su descanso en una tienda Target cerca de Denver cuando agentes de migración la detuvieron, dijo Jordan Garcia, defensor de los derechos de los migrantes del American Friends Service Committee, quien conoce a Vizguerra desde hace 15 años.

Al relatar los detalles de la detención que Vizguerra había transmitido a su familia, Garcia dijo que uno de los agentes le dijo: "Por fin te tenemos".

Vizguerra atrajo la atención nacional cuando, a principios de 2017, hizo las maletas y se trasladó con sus tres hijos menores al sótano de una iglesia de Colorado, con la esperanza de que el santuario de una casa de culto la protegiera de los planes de deportación de Trump. En 2021, el gobierno de Joe Biden le concedió una suspensión de un año de la deportación, pero sus amigos dijeron el martes que era consciente del peligro que corría.

Su detención ya ha provocado la reacción de políticos demócratas de Colorado y partidarios de los derechos de los migrantes, quienes acusaron al gobierno de Trump de intentar silenciar a quienes critican sus medidas represivas contra la migración.

El alcalde de Denver, Mike Johnston, condenó la detención de Vizguerra como una "persecución de disidentes políticos al estilo de Putin" que había atrapado a una madre de clase trabajadora que había dedicado su vida a ayudar a otros migrantes indocumentados.

"No vemos esto como una represión de la migración", dijo en una entrevista. "Se trata de atacar a oponentes políticos y utilizar la fuerza del gobierno para castigarlos".

El senador Michael Bennet, demócrata por Colorado, calificó a Vizguerra de "pilar de su comunidad" e instó a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos a que la pusieran en libertad. La agencia no hizo comentarios inmediatos sobre su caso.

El martes, los abogados de Vizguerra presentaron un recurso contra su detención ante un tribunal federal. Manifestantes y familiares velaban ante el centro de detención de migrantes de Aurora, en las afueras de Denver, donde estaba recluida.

Vizguerra ha sido la más reciente migrante de alto perfil detenida o expulsada por las autoridades federales, en un momento en que el gobierno de Trump intensifica su represión de la migración. Aunque otros casos saltaron a la fama por su implicación en controversias de Medio Oriente, Vizguerra puede ser la primera que haya llamado la atención por su defensa de los derechos de los migrantes.

Una profesora y médica de la Universidad Brown con un visado válido fue expulsada el fin de semana después de que funcionarios de Seguridad Nacional dijeran que había asistido al funeral de un dirigente de Hizbulá durante un viaje al Líbano. A principios de este mes, un residente legal permanente que encabezó las protestas en el campus de la Universidad de Columbia por la guerra en Gaza fue detenido por agentes de inmigración sin cargos penales, pero acusado por el gobierno de Trump de "ponerse del lado de los terroristas".

Los partidarios de Vizguerra dijeron que ella había pasado años temiendo --y preparándose para-- este momento.

De ciudadanía mexicana, cruzó sin autorización a Estados Unidos en 1997, encontró trabajo como limpiadora de casas y conserje en Denver y tuvo tres hijos nacidos en Estados Unidos, todos ellos ciudadanos, según los expedientes judiciales.

Su larga y enredada saga con el sistema de inmigración estadounidense comenzó en 2009, cuando la pararon en un control de tráfico en los suburbios de Denver.

El agente que la detuvo le preguntó si estaba en Estados Unidos legal o ilegalmente, y le registró el bolso cuando ella se negó a contestar, según los documentos legales presentados posteriormente por sus abogados. El agente encontró un número de Seguro Social inventado que ella había utilizado para solicitar trabajo, y Vizguerra fue acusada de un delito menor de usurpación de identidad. Se declaró culpable y fue condenada a 21 días de cárcel.

A continuación, Vizguerra fue sometida a un procedimiento de expulsión, contra el que luchó y apeló durante años. En 2013, tras regresar a México para visitar a su madre moribunda, fue detenida a su regreso por Texas y declarada culpable de entrada ilegal.

Tras cinco aplazamientos de la deportación, Trump fue elegido. A principios de 2017, huyó a una iglesia.

"Mi intuición", dijo entonces Vizguerra, "me dice que si entro, no saldré".

Los políticos se unieron a su caso, y Time la nombró una de las personas más influyentes de 2017.

Más de siete años después, Colorado y Vizguerra vuelven a estar en el centro de la batalla sobre la aplicación de las leyes de inmigración.

Unos 42.000 inmigrantes llegaron a Denver en los últimos años, muchos de ellos en autobuses enviados por el gobernador de Texas en el momento álgido de la crisis migratoria. La afluencia puso a prueba el presupuesto y los servicios municipales de Denver y se convirtió en forraje para la campaña presidencial.

Trump hizo una serie de afirmaciones exageradas de que las bandas venezolanas habían invadido edificios de apartamentos en ruinas en Aurora. A principios de este mes, el alcalde de Denver fue convocado al Congreso por legisladores republicanos que lo acusaron a él y a otros demócratas de grandes ciudades de intentar burlar las medidas de deportación de Trump.

Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, Vizguerra y sus aliados reconocieron que volvía a ser vulnerable.

"Su caso es un enorme error judicial", dijo Hans Meyer, su antiguo abogado de migración y amigo de Vizguerra desde hace 20 años.

Garcia, del American Friends Service Committee, dijo que, en los últimos meses, Vizguerra había ayudado a informar a los migrantes sobre sus derechos legales y a prepararse para la posibilidad de deportación redactando un poder notarial. Ella había hecho preparativos similares.

"Tenía que vivir su vida y cuidar de sus hijos", dijo Garcia. "Si pueden hacerle esto a Jeanette, pueden hacérselo a cualquiera".

Miriam Jordan colaboró con reportería desde Denver.

Jack Healy es corresponsal con sede en Phoenix que cubre la política y el clima frenético del suroeste de Estados Unidos. Ha trabajado en Irak y Afganistán y se graduó de la escuela de periodismo de la Universidad de Misuri. Más de Jack Healy

Jazmine Ulloa es reportera de política nacional para el Times y cubre la campaña presidencial de 2024. Tiene su base en Washington. Más de Jazmine Ulloa

Miriam Jordan colaboró con reportería desde Denver.

War Crimes, Genocide and Crimes Against HumanityDuterte, RodrigoPhilippinesPolitics and GovernmentHuman Rights and Human Rights ViolationsVigilantes

La Corte Penal Internacional ha estado investigando la mortífera represión en la campaña antidrogas que Duterte, detenido el martes en Manila, supervisó cuando estuvo en el poder.

Durante años, se acumularon los cadáveres.

A algunos les dispararon justicieros anónimos en motocicletas. A otros les dispararon en la cabeza, al estilo ejecución. En una matanza tras otra, la policía solo describía a las víctimas como "sospechosos de narcotráfico" que se habían resistido al arresto, una acusación que rara vez se sostenía al más mínimo escrutinio. Sin embargo, la matanza continuó impunemente, a instancias de quien fue elegido presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte.

Pero el martes, casi tres años después de que Duterte dejara el cargo, se dio un paso importante hacia la rendición de cuentas para miles de filipinos que llevaban mucho tiempo buscando justicia para sus seres queridos. Actuando en virtud de una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional, la cual había estado investigando la campaña antidroga de Duterte, las autoridades filipinas lo detuvieron en el principal aeropuerto de Manila cuando regresaba de un viaje a Hong Kong. El martes por la noche, embarcó en un avión con destino a La Haya, sede del tribunal, según dos personas con conocimiento del asunto.

La CPI acusa a Duterte, de 79 años, de crímenes de lesa humanidad durante su mandato como presidente y cuando era alcalde de la ciudad de Davao. Su caso será una prueba de alto nivel para el tribunal, que en los últimos meses ha solicitado la detención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y del jefe de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing, por los mismos cargos que Duterte. Pero es poco probable que esas órdenes lleguen a buen puerto, al igual que la orden de detención del tribunal contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dictada hace dos años.

El bando de Duterte dijo que su detención era ilegal, argumentando en parte que la CPI carecía de jurisdicción en Filipinas porque él había retirado al país de la Corte cuando era presidente. Pero en la orden judicial, un panel de tres jueces escribió que investigaba asesinatos durante el tiempo en que Filipinas aún era miembro del tribunal. Y el país sigue siendo miembro de la Interpol, la cual puede solicitar detenciones en nombre de la CPI. Un representante de la Interpol estaba presente cuando Duterte fue detenido.

La detención de Duterte perforó la cultura de impunidad que había construido en torno a sus llamados escuadrones de la muerte. Incluso después de terminar su único mandato de seis años, parecía estar por encima de la justicia. Su sucesor, Ferdinand Marcos hijo, ascendió a la presidencia tras formar una alianza política con la hija de Duterte, Sara, quien se convirtió en vicepresidenta. Al principio de su gobierno, Marcos indicó que no cooperaría con la CPI.

Pero los lazos entre Marcos y Duterte se deshicieron rápidamente y de forma espectacular. A finales de 2023, el gobierno de Marcos había permitido discretamente la entrada en Filipinas de investigadores del CPI.

Harry Roque, portavoz de Duterte, dijo que sus abogados se apresuraban a presentar una petición ante el tribunal para su puesta en libertad.

En un comunicado, Sara Duterte dijo que a su padre "se lo llevaban por la fuerza a La Haya". Y añadió: "Esto no es justicia, es opresión y persecución".

Antes de ser elegido en 2016, Duterte anunció que iba a tomar medidas enérgicas contra las drogas y que era mejor que los "traficantes de drogas, atracadores y holgazanes" del país se marcharan porque él los "mataría". Los grupos de derechos humanos afirman que aproximadamente 30.000 personas resultaron muertas en su guerra contra las drogas.

Poco después de la toma de posesión de Duterte, un grupo de policías irrumpió en el pequeño apartamento de Mary Ann Domingo, matando a su pareja y a su hijo. El pasado junio, en una condena inusual, un juez declaró culpables de homicidio a los cuatro policías que participaron en la operación. Pero aún no han sido encarcelados.

"No tengo ninguna sensación de justicia", dijo Domingo. "Duterte no tiene remordimientos".

Aunque asumió la responsabilidad de la matanza, Duterte parecía intocable, hasta el martes. Su detención provocó lágrimas de alegría y frustración.

"Tomó tanto tiempo y tantas vidas", dijo Grace Garganta, de 32 años, cuyo padre y hermano fueron asesinados por hombres enmascarados con solo unas horas de diferencia en julio de 2016 en Navotas.

"Casi perdí la esperanza, pero esto ha renovado en mí el sentimiento de esperanza, porque incluso las pequeñas víctimas como nosotros podemos tener una oportunidad contra Duterte y sus hombres poderosos", dijo entre lágrimas.

En Manila, una cafetería atendida principalmente por madres, esposas, hermanas e hijas de las víctimas de la guerra contra las drogas ofreció a los clientes un descuento del 50 por ciento en las bebidas. En Ciudad Quezon, se organizó una misa especial para recordar a las víctimas, con sus fotografías colocadas frente a unas velas.

"Estoy extasiada", dijo Leila de Lima, exsenadora que estuvo detenida seis años por criticar la guerra contra las drogas de Duterte. "Esto es algo por lo que había estado esperando y rezando. Y aquí está, el momento del ajuste de cuentas está ante nosotros".

Durante décadas, Duterte actuó aparentemente sin restricciones. Como alcalde de Davao, la segunda ciudad más grande de Filipinas, durante más de dos décadas, dirigió con impunidad una mortífera represión antidrogas. En 2016, aprovechó sus credenciales en materia de orden público para ganar las elecciones presidenciales, a pesar de que los expertos decían que el país no tenía un gran problema con las drogas.

Incluso al llorar a sus familiares, muchos filipinos no podían imaginar el día en que Duterte fuera detenido. El viernes, Duterte se embarcó en lo que parecía un viaje repentino a Hong Kong. Abundaron las especulaciones: ¿Intentaba eludir una detención de la CPI?

Pero el martes regresó a Filipinas y se mostró desafiante.

"Tendrán que matarme primero si van a aliarse con extranjeros blancos", dijo Duterte al bajar del avión procedente de Hong Kong, según un video publicado por GMA News, una cadena de televisión filipina.

Poco después, se le entregó una orden de detención de la CPI. En la orden sellada de la CPI, etiquetada como "secreta" y obtenida por The New York Times, tres jueces de la CPI dijeron que creían que Duterte era responsable de las matanzas de la guerra contra el narcotráfico que tuvieron lugar cuando era presidente y alcalde de Davao, y que había motivos razonables para creer que estos ataques eran "tanto generalizados como sistemáticos".

Raquel Fortun ha examinado 117 cadáveres --muchos con múltiples disparos en la cabeza y el torso-- de la guerra contra las drogas, en su función de patóloga forense. Dijo que siempre había pedido ayuda a cada uno de ellos para buscar justicia.

"Aún los tengo en mis mesas", dijo. "Ahora no puedo ir a verlos, pero le dije a mi personal: '¿Pueden decirles, por favor, que han capturado a Duterte?".

El año pasado, la Cámara de Representantes de Filipinas inició una investigación sobre la guerra contra las drogas de Duterte. El expresidente se negó a declarar ante la Cámara, pero en octubre compareció en una audiencia en el Senado, donde cuenta con un apoyo considerable.

"Por todos sus éxitos y defectos, yo, y solo yo, asumo toda la responsabilidad legal", dijo sobre la campaña antidroga. "Por todo lo que hizo la policía siguiendo mis órdenes, asumo la responsabilidad. Yo debería ser el encarcelado, no los policías que obedecieron mis órdenes".

Con los acontecimientos del martes, eso parecía una posibilidad.

Marlise Simons olaboró con reportería dese París, y Aie Balagtas See desde Manila.

Sui-Lee Wee es la jefa del buró del sudeste asiático del Times y supervisa la cobertura de 11 países de la región. Más de Sui-Lee Wee

Marlise Simons olaboró con reportería dese París, y Aie Balagtas See desde Manila.

Robberies and TheftsDeaths (Fatalities)Super BowlCredit CardsTelemundo Communications Group IncAdan ManzanoColbert, DanetteNew Orleans (La)Kenner (La)Jefferson Parish (La)Las Vegas (Nev)

El reportero de Telemundo Kansas City fue hallado muerto en una habitación de hotel cerca de Nueva Orleans. Una mujer con la que fue visto por última vez ha sido acusada de robarle la tarjeta de crédito y el teléfono.

Una mujer que se ha enfrentado a repetidas denuncias de que ha robado a hombres después de drogarlos fue detenida el jueves en Nueva Orleans en relación con la muerte --ocurrida el miércoles-- de un reportero de Telemundo Kansas City que estaba en la ciudad para cubrir el Super Bowl, dijeron las autoridades.

La mujer, Danette Colbert, de 48 años y residente en Slidell, Louisiana, fue la última persona vista con Adan Manzano, de 27 años, antes de que se descubriera su cadáver el miércoles en su habitación de hotel, dijo el viernes Keith A. Conley, jefe de la policía de Kenner, Louisiana, durante una conferencia de prensa.

Colbert también había robado el teléfono móvil de Manzano y una de sus tarjetas de crédito, la cual utilizó en varias tiendas de la zona de Nueva Orleans, dijo Conley.

Los investigadores dijeron que seguían esperando los resultados de la autopsia para determinar cómo había muerto Manzano, quien perdió a su esposa en un accidente de tránsito el año pasado y tenía una hija de corta edad.

La Oficina Forense de Jefferson Parish no respondió inicialmente el viernes a una solicitud de información sobre el estado de la autopsia de Manzano.

Aun así, Conley dijo que los métodos de Colbert, que hasta ahora está acusada de delitos relacionados con fraude y robo, se ajustaban a un patrón enfocado en hombres.

"Juega a ganarse la confianza", dijo. "Sin duda es una delincuente profesional".

En 2022, Colbert fue acusada de varios delitos graves en Nevada, después de que dos hombres dijeran a la policía que habían sido drogados y robados mientras se alojaban en casinos del Strip de Las Vegas, informó entonces The Las Vegas Review-Journal.

Uno de los hombres dijo a los investigadores que, tras invitar a Colbert y a otra mujer a su habitación, se despertó con la nariz ensangrentada y que le faltaban 50.000 dólares en efectivo, un reloj Rolex valorado en 30.000 dólares, 11.000 dólares en fichas de casino, un bolso Louis Vuitton de 5000 dólares, su iPhone 11 y una cartera de 2000 dólares, informó el periódico. El otro hombre dijo que había pasado por una experiencia similar: había desaparecido su reloj Audemars Piguet Royal Oak, valorado en 60.000 dólares, además de 1500 dólares en fichas de casino y su tarjeta de crédito.

Los registros judiciales mostraron que ambos casos, que las autoridades mencionaron en la conferencia de prensa del viernes, habían sido desestimados. No está claro por qué los fiscales no siguieron adelante con los cargos contra Colbert, quien la policía de Kenner dijo que había estado implicada en otro caso de administración de narcóticos hace dos años en Jefferson Parish, Luisiana. El viernes no se disponía de información sobre el resultado de ese caso.

Tampoco estaba claro si Colbert, que fue detenida el jueves por la noche en Nueva Orleans, contaba con un abogado.

Durante la conferencia de prensa del viernes, las autoridades dijeron que los videos de vigilancia tomados en el Comfort Suites de Kenner mostraban a Manzano ingresando a su habitación de hotel con Colbert sobre las 4:30 a. m. del miércoles. Poco después, Colbert salió de la habitación y volvió, quedándose hasta las 6 a. m. aproximadamente, dijo la policía. Manzano no volvió a aparecer en el video. Su cadáver fue descubierto más tarde, el miércoles, durante un control de bienestar, después de que no se presentara a una cita.

Conley dijo que los agentes de policía de la zona ya conocían a Colbert.

"La detenían con bastante frecuencia en el Barrio Francés", dijo, "y es conocida por estas estafas".

Cuando los investigadores registraron la cartera de Manzano, dijo el jefe de policía, se dieron cuenta de que faltaba la tarjeta de crédito que había utilizado para registrarse en el hotel. También faltaba su teléfono móvil, que, según dijo el jefe, fue hallado con la tarjeta de crédito robada en casa de Colbert.

"Esto saca a la luz que hay gente que se aprovecha de otras personas y las hace de su confianza y las victimiza", dijo Conley. "Éste es el tipo de cosas que pueden ocurrir si estás solo en cualquier ciudad".

Manzano era presentador deportivo y reportero de KGKC, la filial en Kansas City de la cadena en español Telemundo, que lo calificó de "estrella en ascenso" en una publicación en su sitio web y en las redes sociales. Estaba en Nueva Orleans para cubrir el Super Bowl LIX para la emisora y para Tico Sports, que retransmite en español los partidos de los Chiefs de Kansas City . Los Chiefs, que van a por su tercer campeonato consecutivo, jugarán contra los Eagles de Filadelfia el domingo.

Esta habría sido la tercera vez que Manzano cubría el Super Bowl. Un perfil publicado antes del partido del año pasado por el canal de televisión KSNT de la NBC decía que Manzano, oriundo de Ciudad de México y licenciado por la Universidad Estatal de Kansas, había cubierto la victoria de los Chiefs el año previo. Vivía en Topeka, Kansas, según la emisora. Manzano dijo a la emisora que estaba orgulloso de su papel en la ampliación de la audiencia hispanohablante de los partidos de fútbol americano.

"Los estilos, las culturas, tienen su propia cultura", dijo. "El fraseo, el ritmo, el tono de voz que utilizas: el momento del partido".

En una de sus últimas publicaciones en Facebook, el 6 de enero, Manzano compartió una foto suya y de su esposa, Ashleigh Boyd, celebrando el primer cumpleaños de su hija. Boyd, de 24 años y maestra de primaria, murió en un accidente automovilístico frontal ocurrido en abril de 2024 en Kansas, en el que también resultó herida la hija de la pareja.

Steve Downing, director general de Telemundo Kansas City, dijo el viernes en un correo electrónico que la cadena estaba al tanto de que se había producido una detención en relación con la muerte de Manzano. Dijo que la familia de Manzano había pedido privacidad y no tenía ningún comentario que hacer.

Neil Vigdor cubre temas políticos para el Times, con un enfoque en cuestiones relacionadas con el derecho al voto y la desinformación electoral. Más de Neil Vigdor

Russian Invasion of Ukraine (2022)Moscow (Russia)Russia

La fiscalía rusa dijo que el sospechoso, un ciudadano uzbeko de 29 años, confesó haber colocado la bomba por orden de agentes ucranianos.

Las autoridades rusas dijeron el miércoles que habían detenido a un sospechoso del asesinato de un militar de alto rango, el teniente general Igor Kirillov, un importante avance en el caso de asesinato político más destacado en el país desde el inicio de la guerra en Ucrania.

El sospechoso, un ciudadano uzbeko de 29 años cuyo nombre no se ha revelado, fue detenido en un pueblo de las afueras de Moscú, dijo una portavoz de la fiscalía rusa.

La portavoz dijo que el detenido había confesado que los servicios de inteligencia ucranianos lo habían reclutado para matar a Kirillov, de 54 años, quien estaba al mando de las fuerzas militares rusas de protección contra armas nucleares y químicas.

Un funcionario del servicio de seguridad ucraniano, conocido como SBU, dijo el martes que Ucrania había sido responsable del asesinato, que tuvo lugar el martes en el centro de Moscú. Habló de información confidencial bajo condición de anonimato.

El detenido viajó a Moscú y colocó una bomba debajo de un escúter cerca de la casa del general, dijo la portavoz de la fiscalía.

Este hombre también instaló una cámara en el interior de un coche de alquiler estacionado que transmitía los movimientos del general a agentes de inteligencia en Ucrania, añadió la portavoz. Le prometieron 100.000 dólares y un salvoconducto a Europa para llevar a cabo el complot, añadió. Un ayudante del general también murió al detonar la bomba.

"Tenemos una prueba más de que el régimen de Kiev no se detiene ante nada, incluido el terrorismo", declaró el miércoles a la prensa Dmitri S. Peskov, portavoz del Kremlin. Añadió que el presidente Vladimir Putin había dado el pésame a la familia del general.

Kirillov era el oficial ruso de más alto rango asesinado fuera del campo de batalla desde el comienzo de la guerra. Intentos de asesinato anteriores habían estado dirigidos contra propagandistas rusos y oficiales militares de menor rango.

El miércoles, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, dijo que el país plantearía el asesinato del general Kirillov en la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prevista para el viernes.

"Estamos seguros de que se encontrará y castigará a todos los organizadores y ejecutores del asesinato de Igor Kirillov, sean quienes sean y estén donde estén", dijo Zakharova.

El asesinato del general es la vergüenza más reciente de la agencia rusa de inteligencia interior, el FSB, que ha asumido mayor poder e influencia desde el inicio de la guerra en Ucrania hace casi tres años.

El FSB ha culpado a Ucrania de la mayoría de los atentados terroristas y accidentes graves ocurridos en el país desde la invasión, normalmente sin mostrar pruebas.

Los críticos han dicho que tales tácticas han permitido a las agencias de inteligencia rusas desviar la culpa de sus propios fallos a la hora de detectar amenazas internas, a menudo asociadas a grupos islamistas.

Los analistas han dicho que el FSB se ha visto sorprendido por varios atentados asociados al islamismo, incluido el atentado terrorista más mortífero en Rusia en más de una década, porque estaban excesivamente enfocados en combatir las operaciones de sabotaje y terrorismo ucranianas.

Que un funcionario de los servicios de inteligencia ucranianos admitiera que Kiev orquestó el asesinato del general sugiere que el FSB ahora ha fracasado en proteger a los dirigentes del país precisamente de una amenaza de este tipo.

Tras el asesinato, algunos comentaristas ultranacionalistas rusos acusaron a los servicios secretos del país de ineptitud.

"Los servicios secretos del enemigo actúan impunemente en el territorio de la Federación Rusa, y sobre todo en la capital y las metrópolis", escribió el martes en redes sociales Yuri Kotenok, destacado corresponsal de guerra ruso. "Esto es el caos".

La ciudadanía uzbeka del sospechoso podría tener consecuencias. Una combinación de fervor bélico nacionalista y participación de ciudadanos de países centroasiáticos en recientes atentados terroristas ha provocado un aumento de la xenofobia y un endurecimiento de las leyes de inmigración en Rusia.

La reacción contra los inmigrantes centroasiáticos, con mucho el mayor grupo de trabajadores extranjeros en Rusia, se ha producido en un momento de escasez récord de mano de obra.

A los grupos empresariales rusos les preocupa que las nuevas medidas contra los inmigrantes endurezcan aún más el mercado laboral, con efectos desestabilizadores para la economía.

Milana Mazaeva colaboró con reportería desde Estambul.

Anatoly Kurmanaev cubre Rusia y su transformación tras la invasión a Ucrania. Más de Anatoly Kurmanayev

Milana Mazaeva colaboró con reportería desde Estambul.

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Jordan Goudreau, de 48 años, se había atribuido el intento fallido de golpe de Estado contra Nicolás Maduro. Se enfrenta a cargos federales por contrabando ilegal de armas.

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Un ex boina verde de Estados Unidos que orquestó un desastroso intento fallido de golpe de Estado contra el presidente autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro, en 2020, fue arrestado el martes en Nueva York por cargos federales de contrabando de armas.

Las autoridades federales acusaron a Jordan G. Goudreau, de 48 años, y a una coconspiradora, Yacsy Alexandra Alvarez, de exportar rifles, dispositivos de visión nocturna, láseres, silenciadores y otros equipos militares sin licencia hacia Colombia a partir de noviembre de 2019 para su uso en la realización de "actividades en Venezuela", dijo el Departamento de Justicia a través de un comunicado de prensa el miércoles.

Los cargos parecen referirse a la fallida incursión transfronteriza llevada a cabo en mayo de 2020 por decenas de combatientes armados y autoproclamados por la libertad, incluidos exsoldados venezolanos y exoperadores de las Fuerzas Especiales estadounidenses, cuyo objetivo era derrocar a Maduro.

Goudreau, de Melbourne, Florida, quien no participó en la incursión, se atribuyó públicamente el mérito del intento fallido conocido como Operación Gedeón, y dijo haberla planeado con funcionarios venezolanos descontentos. La audaz rebelión hizo que observadores de todo el mundo se preguntaran por qué un condecorado soldado retirado de las Fuerzas Especiales estadounidenses que había servido en varias misiones en Irak y Afganistán, lideraba una insurrección en el extranjero.

Un grupo de unos 60 hombres había planeado desembarcar en suelo venezolano cerca de la capital, Caracas, desde lanchas rápidas y, en última instancia, capturar a Maduro. Pero fueron repelidos por las fuerzas de seguridad venezolanas. Seis hombres murieron y otros 13 fueron detenidos, entre ellos dos boinas verdes retirados que habrían sido reclutados por Goudreau, según The Associated Press. Los estadounidenses fueron condenados a 20 años de prisión por las autoridades venezolanas en agosto de 2020, pero fueron liberados en un acuerdo de intercambio de prisioneros con Estados Unidos a finales del año pasado.

Goudreau y Alvarez, de nacionalidad venezolana, ambos residentes de Tampa, Florida, se enfrentan a cargos de conspiración para violar las leyes de exportación, contrabando de mercancías desde Estados Unidos y violación de las leyes federales de control de exportación de armas de fuego, según la fiscalía.

Goudreau se enfrenta a cargos adicionales de violación de la Ley Nacional de Armas de Fuego y posesión ilegal de ametralladoras, dijeron los fiscales.

Los dos se enfrentan a penas de prisión máximas de cinco años por conspiración, 10 años por contrabando, 20 años por violación de la ley de control de exportaciones y 10 años por cada violación de la Ley Nacional de Armas de Fuego y posesión ilegal de una ametralladora, dijeron los fiscales.

El miércoles no fue posible ponerse en contacto con el abogado de Goudreau. Christopher A. Kerr, abogado de Alvarez, dijo a The Associated Press que su cliente tenía previsto declararse no culpable.

Los cargos fueron anunciados pocos días después de que el órgano electoral de Venezuela declarara a Maduro ganador de otro mandato de seis años como presidente en una votación que se vio empañada por irregularidades generalizadas y rechazada por la oposición del país y otras naciones, incluido Estados Unidos.

Hace cuatro años, Goudreau presumió su participación en el intento frustrado de destituir a Maduro, un hombre conocido por supervisar la caída de Venezuela en una crisis económica crónica y por utilizar la violencia para aplastar la disidencia y mantener un dominio absoluto del cargo que ocupa desde 2013.

Maduro afirmó entonces que la operación era un intento fallido de golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. El gobierno del entonces presidente Donald Trump negó estar "directamente involucrada".

Goudreau, propietario de una empresa de seguridad con sede en Florida llamada Silvercorp, afirmó que la operación fue el resultado de un acuerdo multimillonario que había alcanzado con la oposición venezolana, encabezada por el líder respaldado por Estados Unidos, Juan Guaidó, y quien se declaró el líder legítimo de Venezuela.

Un asesor de Guaidó dijo a The New York Times que tal acuerdo se había alcanzado brevemente en octubre de 2019, pero fue rescindido a los pocos días por la oposición, y dijo que Goudreau había procedido al golpe por su cuenta.

Los documentos judiciales detallaron una larga lista de pedidos de equipos y armas de fuego realizados por Goudreau en 2019 y principios de 2020, intercambios de mensajes con asociados y varios viajes que él y Alvarez habían hecho a Colombia.

Según los fiscales federales, en un mensaje de texto a un socio en diciembre de 2019, Goudreau escribió: "Def necesitamos nuestras armas", al discutir qué artículos llevar en un viaje.

Goudreau y Alvarez exportaron las armas de fuego y otros equipos a Colombia a través de la empresa de seguridad de Goudreau, dijeron los fiscales. Algunos de los artículos fueron incautados por las autoridades colombianas, dijeron.

Una base de datos de prisiones federales mostró que Goudreau estaba recluido en un centro de detención de Brooklyn.

Orlando Mayorquín es un reportero que cubre noticias de última hora, radicado en Nueva York, y es miembro de la clase 2023-24 de la Times Fellowship, un programa de becas para periodistas al comienzo de sus carreras. Más de Orlando Mayorquín

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Las autoridades estadounidenses dijeron que Joaquín Guzmán López emboscó a Ismael Zambada, lo subió a un avión privado y lo llevó sin su permiso a través de la frontera.

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En las horas posteriores a la detención de Ismael Zambada García, el último padrino del cártel mexicano de Sinaloa, las autoridades de Estados Unidos ofrecieron sus primeros indicios sobre el misterio central: ¿cómo un fugitivo que había evadido la captura durante décadas terminó siendo entregado directamente en sus manos?

Zambada García, según los funcionarios, había sido atraído por un hijo de su antiguo socio, el famoso capo de la droga conocido como el Chapo, a un avión privado que lo llevó sin su permiso a través de la frontera.

Sin embargo, tras una verificación más exhaustiva del relato del hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López, con personas que tenían conocimiento del mismo, los funcionarios estadounidenses han llegado a una versión diferente y más dramática de lo que ocurrió en México.

Ismael Zambada, uno de los hombres más buscados de su país, había bajado de un escondite en las montañas la semana pasada y fue emboscado en la ciudad mexicana de Culiacán en lo que pensó que sería una reunión amistosa con Guzmán López, según tres funcionarios federales que hablaron de forma anónima para discutir detalles sensibles del caso. A continuación, Guzmán López obligó a Zambada García a cruzar la frontera en un Beechcraft King Air turbohélice, donde fue detenido por agentes federales de Estados Unidos, según los funcionarios.

Esta versión de los hechos coincide con la ofrecida recientemente por el abogado de Zambada García, quien declaró a The New York Times y a otros medios de comunicación que su cliente no había sido engañado para subir al avión, sino que había sido secuestrado. Según el abogado, Guzmán López asaltó a Zambada García con un grupo de secuaces que lo esposaron, le pusieron una bolsa en la cabeza y lo introdujeron a la fuerza en un coche y luego en el avión, donde permaneció atado durante todo el vuelo.

"Mi cliente no se entregó ni negoció ninguna condición con el gobierno de Estados Unidos", dijo el abogado, Frank Pérez, en una declaración a la prensa. "Joaquín Guzmán López secuestró por la fuerza a mi cliente".

Esto marca el más reciente giro narrativo de un relato turbio y cambiante, moldeado por varias partes con intereses en su resultado: funcionarios estadounidenses y mexicanos, fuentes de los cárteles y abogados de los capos. Mientras siguen apareciendo nuevas versiones de la captura, lo único que está claro es que nadie ha contado aún públicamente toda la historia.

Incluso ahora, los hechos precisos del pasado jueves que acabaron con Zambada García y Guzmán López bajo custodia de Estados Unidos en un aeropuerto regional cerca de El Paso, Texas, siguen siendo inciertos. El miércoles, cuando Ismael Zambada comparezca ante el tribunal de El Paso, podrían conocerse más detalles sobre lo ocurrido ese día.

Los tres funcionarios dijeron al Times que el gobierno estadounidense no había participado en los métodos específicos utilizados para llevar a Zambada García a Estados Unidos, ni tuvieron conocimiento de ellos en tiempo real. Sin embargo, el gobierno de EE. UU. obtuvo más información sobre lo que ocurrió en México la semana pasada, dijeron, después de un interrogatorio más completo de las fuentes con conocimiento de lo que había sucedido.

Según uno de los funcionarios, la emboscada de Culiacán se tornó violenta cuando los guardaespaldas leales a Guzmán López se enfrentaron a los de Zambada García.

Los expertos jurídicos afirman que, aunque Zambada García llegara a Estados Unidos bajo coacción física, ello podría no tener ningún efecto sobre los cargos penales a los que se enfrenta. Existe un precedente legal de larga data que permite a los fiscales desplegar casos contra acusados que fueron traídos a Estados Unidos en contra de su voluntad, dijeron los expertos.

"La ley de Estados Unidos es bastante clara en el sentido de que incluso los secuestros que violan los tratados de extradición no proporcionan una base para beneficio del acusado", dijo Daniel Richman, ex fiscal federal y profesor de la Facultad de Derecho de Columbia.

Pero es posible que el abogado de Zambada García intente sacar provecho de las acusaciones de secuestro, lo que podría complicar los esfuerzos de las fuerzas de seguridad de EE. UU. por procesarle, si no por una cuestión jurídica, quizá por una cuestión diplomática.

Las relaciones entre las fuerzas de seguridad estadounidenses y las autoridades mexicanas han sido tensas desde 2020, cuando agentes federales estadounidenses detuvieron en Los Ángeles a Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional de México, solo para liberarlo y retirar los cargos después de que el gobierno de México expresara su indignación por no haber sido informado de la operación. El gobierno mexicano ha afirmado que no participó en las detenciones de los dos principales jefes de los cárteles de El Paso y que fue informado de las mismas solo después de que se produjeran.

"La cuestión tiene más que ver con sutilezas diplomáticas y relaciones públicas que con el hecho de que un tribunal de Estados Unidos pueda atender esta acusación", declaró Richman.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Icela Rodríguez, dijo el lunes que las autoridades habían abierto su propia investigación sobre los hechos en México y "los delitos que pudieron haber ocurrido".

Una persona cercana a Guzmán López, junto con dos funcionarios y dos exfuncionarios de Estados Unidos que no estaban autorizados a hablar públicamente sobre el caso, afirmaron que no se llegó a ningún acuerdo formal con él antes de su entrega.

Pero su papel en la captura de Zambada no surgió de la nada, sino que fue la culminación de un canal secreto que un pequeño equipo de agentes del FBI había mantenido con él y algunos de sus hermanos durante años, dijeron los funcionarios actuales y anteriores.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la existencia de ese canal en su conferencia de prensa matutina diaria del lunes, afirmando que funcionarios estadounidenses habían estado en contacto discreto con Guzmán López durante algún tiempo. La secretaria de Seguridad mexicana dijo que las autoridades de Estados Unidos habían sido informadas en múltiples ocasiones de que Guzmán López estaba considerando entregarse a las autoridades de ese país.

Las conversaciones con los hijos, que tuvieron lugar directamente y a través de intermediarios, comenzaron hace casi cinco años, poco después de que el Chapo --cuyo verdadero nombre es Joaquín Guzmán Loera-- fuera condenado por cargos de conspiración de narcotráfico en un juicio en Brooklyn y sentenciado a cadena perpetua, dijeron tres de las personas familiarizadas con las conversaciones.

El objetivo de las conversaciones siempre había sido persuadir a los hijos de Guzmán Loera, conocidos colectivamente como los Chapitos, de que evitaran el destino de su padre y se entregaran en Estados Unidos, donde todos ellos se enfrentan a cargos federales. Las conversaciones se hicieron más intensas y frecuentes, según las personas familiarizadas con ellas, después de que uno de los hijos, Ovidio Guzmán López, fuera extraditado de México el pasado otoño para ser juzgado en Chicago.

Este hecho dio lugar a una conversación con funcionarios estadounidenses sobre la posibilidad de que Joaquín se entregara y trajera consigo a Ismael Zambada García, ya fuera voluntariamente o no, según uno de los funcionarios actuales y otro exfuncionario.

Tal movimiento tendría dos beneficios directos para los hermanos Guzmán: aumentaría la posibilidad de que Joaquín y Ovidio obtuvieran condiciones favorables en cualquier futuro acuerdo con la fiscalía estadounidense y ayudaría a los dos hermanos que permanecen en México al eliminar a uno de sus principales rivales en el cártel de Sinaloa, Zambada García.

Las conversaciones con Joaquín se intensificaron este mes, dijeron dos de las personas familiarizadas con ellas, cuando comenzó a decir a sus interlocutores estadounidenses que estaba cerca de persuadir a Zambada García para que se reuniera con él sin su típico operativo de seguridad.

No es inaudito que las fuerzas de seguridad de Estados Unidos mantengan contactos discretos incluso con los traficantes mexicanos más violentos.

De hecho, durante varios años, algunos de los mismos funcionarios estadounidenses que hablaban con los hijos del Chapo también estaban en comunicación con Zambada García, tratando de negociar la posibilidad de su propia entrega, según uno de los funcionarios.

El jueves por la mañana, cuando al parecer se confirmó el viaje, los interlocutores de Guzmán López notificaron a un pequeño grupo de funcionarios de Estados Unidos quienes estaban interesados en procesar a Zambada García, según el funcionario.

Los agentes federales estadounidenses fueron entonces informados, dijo el funcionario, mientras se llevaba a cabo la reunión y el avión despegaba rumbo a El Paso con Zambada García a bordo. El avión entró tranquilamente en el espacio aéreo estadounidense con la ayuda de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Los agentes lo esperaban en el Aeropuerto Internacional del Condado de Doña Ana, un pequeño aeropuerto a las afueras de El Paso.

Emiliano Rodríguez Mega colaboró con reportería desde Ciudad de México.

Alan Feuer cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el ataque del 6 de enero al Capitolio y contra el expresidente Donald Trump. Más de Alan Feuer

Natalie Kitroeff es la jefa del buró de redacción del Times en Ciudad de México, que lidera la cobertura de México, Centroamérica y el Caribe. Más de Natalie Kitroeff

Emiliano Rodríguez Mega colaboró con reportería desde Ciudad de México.

Drug CartelsDrug Abuse and TrafficFugitivesGuzman Loera, JoaquinGuzman Lopez, JoaquinZambada Garcia, IsmaelMexicoUnited States

Los hombres dirigen el Cártel de Sinaloa, uno de los grupos delictivos más dominantes de México.

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Los dos líderes de mayor rango del poderoso Cártel de Sinaloa, uno de los grupos delictivos predominantes en México, se han entregado a las autoridades de EE. UU. y se encuentran en custodia del país, según cuatro personas familiarizadas con el asunto que no tenían autorización de hacer declaraciones en público.

Los operadores, Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López, son de los narcotraficantes más poderosos de México y dirigen enormes negocios trasnacionales de cocaína y fentanilo que distribuyen narcóticos a Estados Unidos, Europa y el resto del mundo.

Desde hace años, Estados Unidos ha buscado a Zambada García, conocido como el Mayo, quien ha sido acusado en varios casos federales que abarcan más de dos décadas.

A diferencia de su principal aliado, Joaquín, el Chapo, Guzmán Loera, a Zambada nunca se le ha encarcelado. Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos y condenado en una corte federal de Brooklyn en 2019 y sentenciado a cadena perpetua por cargos de conspiración de narcotráfico.

Por su parte, Guzmán López es el hijo del Chapo y se dice que ascendió en el liderazgo del cártel junto con sus tres hermanos luego de la extradición de su padre en 2017. Su hermano Ovidio Guzmán López fue detenido en México y extraditado a EE. UU. en septiembre.

Alan Feuer cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el ataque del 6 de enero al Capitolio y contra el expresidente Donald Trump. Más de Alan Feuer

Natalie Kitroeff es la jefa del buró de redacción del Times en Ciudad de México, que lidera la cobertura de México, Centroamérica y el Caribe. Más de Natalie Kitroeff.

Adam Goldman escribe sobre el FBI y seguridad nacional. Es periodista desde hace más de dos décadas. Más de Adam Goldman

Sídney (Australia), 17 may (EFE).- La Policía australiana detuvo este viernes en Sídney a tres futbolistas profesionales, entre ellos el mexicano Ulises Dávila, por su presunta participación en el control del número de tarjetas amarillas en varios partidos, que se cree se dirigía desde Sudamérica para corromper el resultado de las apuestas.

La Policía del estado australiano de Nueva Gales del Sur informó en un comunicado de que un jugador veterano, que no identificó, supuestamente recibía instrucciones de un hombre, que se cree se encontraba en un país sudamericano para "organizar la acumulación de tarjetas amarillas durante determinados partidos a cambio de beneficios".

Este jugador veterano sería el capitán del club Macarthur, el centrocampista mexicano Ulises Alejandro Dávila Plascencia, de 33 años y quien fue el primer jugador de su país en fichar por el Chelsea de la Premier League inglesa en 2011, según informó la cadena pública australiana ABC.

La Policía de Nueva Gales del Sur, que busca a un cuarto jugador, alegó que este futbolista logró manipular las tarjetas amarillas en partidos disputados por su club entre el 24 de noviembre y el 9 de diciembre del 2023 (cuando el Macarthur se enfrentó al Melbourne Victory y al Sydney FC, respectivamente).

Asimismo, Dávila habría intentado, sin éxito, controlar el número de tarjetas amarillas durante los partidos de los pasados sábados 20 de abril y 4 de mayo de 2024 jugados por este club del suroeste de Sídney.

El comisario adjunto de la Policía de Nueva Gales del Sur, Michael Fitzgerald, explicó en una rueda de prensa en Sídney que se alegará que "la imposición de cuatro tarjetas amarillas y las sanciones subsiguientes derivadas de esas mismas pudieron cambiar el resultado del partido".

La Policía también acusa al veterano jugador de pagar a sus compañeros unos 10.000 dólares australianos (6.662 dólares estadounidenses o 6.135 euros) para que busquen que se les impongan estas tarjetas, siguiendo las instrucciones de un mafioso sudamericano.

Por su lado, el detective superintendente Peter Faux, de la Brigada contra el Crimen Organizado de la Policía estatal de Nueva Gales del Sur, explicó en la rueda de prensa que las apuestas, calculadas en "varios cientos de miles de dólares", se realizaron "predominantemente en Sudamérica".

Los otros dos jugadores detenidos son el neozelandés Clayton Lewis y el australiano de origen sudafricano Kearyn Baccus, también del Macarthur FC, según el portal de noticias news.com.au.

Este portal señaló que los tres comparecieron ante un tribunal de Parramatta, en el oeste de Sídney y los tres están en libertad provisional hasta su próxima comparecencia: Baccus el 30 de mayo, Dávila el 24 de junio, Lewis el 27 de ese mes.

La Policía estatal precisó que los tres jugadores, detenidos en tres lugares de Sídney, serán acusados de dos cargos de participar en una conducta que corrompe el resultado de las apuestas de un evento, y de otros dos cargos de facilitar una conducta que corrompe el resultado de las apuestas de un evento.

Las detenciones fueron realizadas por la unidad Beaconview, que fue creada en diciembre de 2023 con la asistencia de la Comisión del Juego del Reino Unido para investigar este escándalo de la manipulación de tarjetas amarillas, según el comunicado policial.

El Macarthur Football Club, al que pertenecen los tres detenidos, emitió un comunicado en que reconoció su arresto y se mostró "en shock", al tiempo que se ofreció a colaborar con las autoridades porque "la integridad es un pilar fundamental" del fútbol.

Por su parte, la Liga Profesional Australiana también dijo estar al tanto de las detenciones y se mostró dispuesta a trabajar con las autoridades para "proteger la integridad" del fútbol en Australia.