El 2 de abril de 2025, Karmelo Anthony mató de una puñalada en el pecho a Austin Metcalf bajo una carpa en un torneo de atletismo escolar en Frisco, Texas.

Fue condenado a 35 años de prisión. Pero lo que el jurado nunca supo es que, horas antes del crimen, la novia de Anthony le había advertido a un directivo de la escuela que él la acosaba y le había enviado una foto de un cuchillo con el texto: “Estoy al límite”.

Ese detalle forma parte de un expediente de 75 páginas que fiscales y defensores acordaron, de forma verbal, mantener fuera del debate oral.

Valeria Perez, que siguió en pareja con Anthony tras la condena, estuvo presente en las audiencias de apelación y mantuvo contacto visual con él mientras ingresaba al tribunal esposado.

El material incluye fotos con armas, mensajes racistas y un historial de comportamiento violento que la justicia decidió no mostrar.

Permaneció reservado hasta agosto de 2026, cuando la nueva defensa de Anthony lo incorporó al expediente judicial durante la audiencia de apelación, y el Daily Mail accedió a él.

El acuerdo que dejó al jurado sin información clave

El fiscal principal del condado de Collin, Bill Wirskye, explicó que la decisión buscó reducir la tensión en torno a un caso que había movilizado a grupos extremistas de ambos lados.

Los Proud Boys y el Black Panthers se manifestaron frente al tribunal durante el proceso. Ambas familias recibieron amenazas de muerte.

A cambio de excluir el historial de Anthony, la defensa aceptó no presentar el pasado de Metcalf, que incluía una causa juvenil por grafitis con contenido racista.

Wirskye reconoció que quería evitar echar “más combustible al fuego”. El acuerdo, sin embargo, no tiene valor legal vinculante.

Fotos con armas y mensajes que apuntaban a una espiral de violencia

Las imágenes del dosier ubican a Anthony con armas en al menos tres momentos distintos. En noviembre de 2024, cinco meses antes del crimen, aparece sin camisa con una pistola en la mano.

El 5 de mayo de 2024, a los 16 años, posó junto a tres adolescentes sosteniendo un rifle tipo AK-47.

El 4 de enero de 2025, un video lo muestra apuntando un arma hacia una vivienda antes de salir corriendo. No se identificó a quién pertenecía la casa.

Los mensajes de texto refuerzan ese perfil. En noviembre de 2024, Anthony le contó a su novia, Perez, que había llevado un arma y un cuchillo a la escuela.

En octubre del mismo año, le dijo que podía ir preso por allanamiento de morada: afirmó haber robado un reloj en la casa de un vecino. “El robo con allanamiento puede llegar a un año”, le escribió.

Los mensajes de odio que los jurados nunca conocieron

El dosier también incluye intercambios con contenido racista y homofóbico. En marzo de 2025, Anthony le envió a Perez una serie de mensajes contra las mujeres negras: “Las odio profundamente. Necesitan morirse”, escribió.

En junio de 2021, cuando tenía 14 años, le escribió a un amigo que odiaba a las personas homosexuales y que prefería a Donald Trump sobre Joe Biden porque, afirmó, Trump no apoyaba a ese colectivo.

El caso sigue abierto. La defensa de Anthony argumenta que el “gentleman’s agreement” lo privó de un juicio justo. Un juez de Texas rechazó en agosto la solicitud de nuevo juicio.

Los abogados advirtieron que el proceso de apelación puede extenderse por años. En paralelo, la familia del condenado salió a pedir más donaciones públicas, pese a haber recaudado más de USD 600.000 antes de la condena y a contar con seis abogados que trabajan de forma pro bono.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha absuelto al agente de la Policía Local de Oviedo que disparó tres veces contra un turismo en el que viajaban dos personas durante una intervención en un aparcamiento de Oviedo en junio de 2022. La Sala de lo Civil y Penal revoca así la condena a dos años de prisión que había impuesto en marzo la Audiencia Provincial y considera que, aunque la actuación policial fue “innecesaria y desproporcionada” y creó una situación de peligro “total y absolutamente impropia” de un agente, los daños psicológicos sufridos por los ocupantes no reúnen los requisitos para ser considerados penalmente un delito de lesiones psíquicas.

La resolución estima el recurso presentado por el agente y deja sin efecto tanto la condena penal como las indemnizaciones fijadas a favor de las dos personas que viajaban en el vehículo. También elimina las medidas cautelares que estuvieran vigentes y declara de oficio las costas de la apelación. El fallo precisa que aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La absolución no parte de considerar correcta la actuación del policía. Al contrario. El TSJ mantiene el relato de hechos de la Audiencia y dedica buena parte de la resolución a cuestionar la versión ofrecida por los dos agentes que participaron en el operativo. La clave para dejar sin efecto la condena está en otro punto: la Justicia considera acreditado que los disparos guardaron una relación causal directa con el estrés sufrido por los ocupantes, pero entiende que ese resultado debe tratarse como una secuela indemnizable y no como el delito de lesiones psicológicas por el que se condenó al agente.

Una intervención de paisano que acabó a tiros

Todo ocurrió sobre las nueve de la noche del 24 de junio de 2022 en el aparcamiento conocido como El Pozo de San Lázaro de Paniceres, en Oviedo. Eugenio y Belinda estaban dentro de un Toyota Aygo estacionado cuando llegaron dos policías locales en un vehículo camuflado y vestidos de paisano. Los agentes se acercaron al coche y uno de ellos, Juan, se situó junto a la puerta del conductor y pidió a Eugenio que bajara la ventanilla y se identificara.

El conductor, según los hechos que ahora da por buenos el TSJ, no estaba seguro de que quienes se acercaban fueran policías y se asustó al creer que tanto él como su acompañante podían encontrarse en peligro. Arrancó entonces el vehículo y realizó una maniobra para abandonar el aparcamiento. Cuando ya había recorrido algunos metros, Juan sacó su pistola reglamentaria, una Walter P99 de calibre 9 milímetros, y efectuó tres disparos con la intención de impedir que el coche continuara la marcha.

Las tres balas alcanzaron el lateral izquierdo del Toyota. Dos perforaron la puerta trasera izquierda y otra impactó debajo de la manilla de la puerta delantera, provocando además la rotura de la ventanilla y la proyección de cristales hacia el habitáculo del conductor. Pese a los disparos, Eugenio continuó conduciendo y abandonó el lugar. Belinda llamó al 112 para pedir ayuda mientras los agentes iniciaban la persecución. Finalmente fueron interceptados en la calle Luis José de Ávila Fernández.

La primera sentencia consideró que aquella actuación había causado lesiones psicológicas a los dos ocupantes. Eugenio sufrió un subsíndrome de estrés postraumático y necesitó tratamiento farmacológico y psicológico durante 60 días, mientras que Belinda padeció un síndrome de estrés postraumático y un proceso depresivo mayor asociado, con agravación de un cuadro depresivo previo, y precisó tratamiento durante 210 días. Ninguno de los dos quedó con secuelas médicas reconocidas en esos términos. El coche sufrió daños valorados en 1.886,50 euros.

La Audiencia Provincial había condenado al policía a dos años de prisión por un delito de lesiones y le había impuesto además dos años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas. También fijó indemnizaciones de 3.861,01 euros para Eugenio y de 7.499,10 euros para Belinda. El otro agente que intervino aquella noche fue absuelto.

El TSJ cuestiona la versión policial sobre el origen del incidente

En la apelación, el policía defendió que había disparado únicamente para detener el vehículo y para proteger la integridad de su compañero, al considerar que existía riesgo de atropello. El TSJ rechaza esta última explicación: no encuentra pruebas que permitan concluir que el otro agente estuviera realmente en peligro de ser arrollado cuando se efectuaron los disparos. Sí acepta que Juan pudo actuar movido por el propósito de que el coche se detuviera.

La valoración de lo ocurrido es especialmente severa con la actuación previa de los dos policías. La resolución señala que la instrucción que tenían era controlar carreras ilegales en la zona, mientras que Juan había explicado inicialmente que realizaban labores de prevención del menudeo de droga. El tribunal considera que no constaba autorización o petición de colaboración para desarrollar una actuación de ese tipo y destaca que los agentes se acercaron a los ocupantes sin uniforme y sin un vehículo policial identificable.

La resolución considera también relevante que Belinda y Eugenio detuvieran el vehículo cuando finalmente percibieron las señales acústicas de los coches policiales y que no opusieran resistencia. Para los magistrados, ese comportamiento encaja con la explicación de que inicialmente huyeron porque no sabían que las personas que se habían acercado a su vehículo eran agentes.

Por tanto, la resolución deja sin efecto la condena de dos años de prisión y todos sus pronunciamientos asociados, incluidas las responsabilidades civiles fijadas en primera instancia, al considerar que, una vez descartado el delito de lesiones, ya no existe responsabilidad penal derivada de él. El TSJ deja expresamente a salvo las acciones que pudieran corresponder en otras jurisdicciones.

Una franquicia de Round Table Pizza en Dinuba, en el corazón del Valle Central de California, se convirtió en la fachada de una operación de narcotráfico.

El caso expuso, además, la presencia de una red más amplia de crimen organizado con raíces en comunidades de camioneros de origen indio en el estado, según la Fiscalía Federal del Distrito Este de California.

Kawal Preet Singh, ciudadano indio de 50 años sin residencia legal en el país, era el operador del local. Un gran jurado federal lo imputó con cargos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas tras un operativo que incautó más de 18 kilogramos (40 libras) de metanfetamina y tres armas de fuego.

La investigación que derivó en su detención no empezó por la pizzería, sino por una denuncia anónima sobre un traficante apodado “Camy”, un nombre que las autoridades tardarían meses en vincular con Singh.

La investigación comenzó con una denuncia y un apodo

A partir de esa pista, los investigadores comenzaron a trazar un perfil. La descripción apuntaba a alguien con acceso a rutas de larga distancia y conexiones dentro de una comunidad cerrada, lo que orientó la búsqueda hacia el sector del transporte de carga.

“La información identificaba al narcotraficante como ‘Camy’ y lo describía como un hombre Sikh involucrado en el transporte de larga distancia”, precisó una declaración jurada del FBI, reproducida por The Fresno Bee. El documento añadió que el sospechoso trabajaba con una red de otros camioneros Sikh para trasladar narcóticos.

El Central Valley High Intensity Drug Trafficking Area Task Force (CVC HIDTA) identificó a Singh como objetivo de la pesquisa.

Los fiscales federales informaron que las órdenes de allanamiento, firmadas el 13 de agosto, abarcaban al imputado, su vivienda y el restaurante.

El operativo que dejó al descubierto el arsenal

El 18 de agosto, agentes federales siguieron a Singh desde el restaurante hasta su domicilio y luego realizaron registros simultáneos en ambos lugares. En la vivienda, los investigadores hallaron aproximadamente 13,8 kilogramos (más de 30 libras) de metanfetamina, tal como informó The Fresno Bee.

Otros 4,9 kilogramos (casi 11 libras) de la misma sustancia fueron encontrados en el interior del Hyundai Sonata de Singh, estacionado frente al local. La droga estaba distribuida en cinco bolsas plásticas transparentes. Además, se incautó una pistola semiautomática.

El Departamento de Justicia difundió fotografías del operativo que muestran dos armas de mano —una de ellas con marco de color verde azulado— y bolsas con una sustancia cristalina identificada como metanfetamina.

Ante los investigadores, Singh declaró que no había vendido metanfetamina durante aproximadamente dos meses y sostuvo que guardaba la droga a pedido de un amigo, de acuerdo con lo consignado por The Fresno Bee.

La cadena de pizzerías deslindó responsabilidades

La empresa matriz de Round Table Pizza, FAT Brands, se desvinculó rápidamente del caso. Erin Mandzik, directora sénior de comunicaciones corporativas, aseguró ante The Fresno Bee que el local era de propiedad y operación independiente.

Mandzik también señaló que los dueños locales no tenían conocimiento de las actividades ilegales y que cooperaban de manera plena con las autoridades.

El restaurante de Dinuba figura actualmente como cerrado de forma permanente en Google Maps.

La investigación también detectó vínculos con una red más amplia. Los fiscales determinaron que un grupo de camioneros transportaba cientos de kilogramos de cocaína desde México hacia territorio estadounidense para un cartel mexicano no identificado. Singh, sin embargo, no enfrenta cargos relacionados con cocaína.

Cargos y próximos pasos en el proceso judicial

El gran jurado federal imputó a Singh por distribución de metanfetamina, posesión con intención de distribuir y tenencia de un arma de fuego en el marco de un delito de narcotráfico. En su comparecencia, se declaró no culpable.

La Fiscalía aclaró que los cargos son acusaciones y que el imputado goza de presunción de inocencia.

De ser hallado culpable, Singh enfrentaría una pena mínima de 10 años de prisión por los cargos de drogas, a los que se sumarían al menos 5 años adicionales por el cargo relacionado con armas de fuego.

Actualmente está en libertad, según precisó el diario. Su próxima audiencia en el tribunal federal está fijada para el 4 de noviembre.

Siria comenzó a destruir armas químicas y materiales vinculados al antiguo régimen de Bashar al Asad, bajo verificación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), según informó este jueves el Consejo de Seguridad de la ONU.

Ante el organismo internacional, el representante sirio, Ibrahim Olabi, calificó el operativo como “el primer proceso de destrucción desde que nos liberamos del régimen anterior” y precisó que se trata también del primero “en destruir materiales químicos en territorio sirio en más de una década”.

La Alta Representante de la ONU para Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu, precisó que un equipo de la OPAQ constató el mes pasado la eliminación irreversible de 42 bombas aéreas, avance que atribuyó a la “estrecha colaboración” con Damasco.

“Siria cuenta con los acuerdos y las aprobaciones necesarias para iniciar las actividades de destrucción bajo verificación de la Secretaría Técnica de la OPAQ”, declaró. El director general del organismo ya había informado un día antes a su Consejo Ejecutivo que las actividades habían comenzado.

En mayo de 2026, Siria había reportado el hallazgo de arsenales que no figuraban en declaraciones previas del gobierno. Las autoridades detallaron una instalación adicional vinculada a compuestos químicos, una sustancia precursora para la fabricación de agentes nerviosos, municiones vacías y dos instalaciones de almacenamiento. Las inspecciones posteriores de la OPAQ confirmaron la exactitud de esos inventarios, lo que dio paso a la etapa de destrucción certificada esta semana.

Siria ingresó a la OPAQ en 2013, cuando se comprometió a revelar y entregar su arsenal tóxico ante la presión conjunta de Rusia y Estados Unidos, en un contexto marcado por la amenaza de ataques aéreos de Washington y sus aliados. La decisión llegó tras un presunto ataque químico en Guta Oriental, suburbio de Damasco, que causó la muerte de más de 1.000 personas según la inteligencia estadounidense y fue atribuido al gobierno de Bashar al Asad, quien negó su participación y responsabilizó a los rebeldes.

El régimen sirio nunca declaró la totalidad de su programa y buscó eludir a los inspectores internacionales, una conducta que en 2021 derivó en la suspensión de su derecho al voto en el organismo, tras comprobarse el uso de sarín y gas cloro contra población civil.

En paralelo, el Gobierno de transición encabezado por Ahmed al Shara impulsa una causa judicial contra los responsables de crímenes cometidos durante la gestión de Asad, con decenas de arrestos, entre ellos por el episodio de Guta Oriental.

Sobre el proceso, Olabi declaró: “Reitero nuestra postura sobre la justicia: una postura firme en materia de rendición de cuentas que no admite concesiones ni interpretaciones. Seguiremos por este camino, con el objetivo de fomentar la cooperación internacional para apoyar la justicia a nivel nacional”.

La enviada estadounidense, Tammy Bruce, instó a las nuevas autoridades sirias a mantener la cooperación con la OPAQ y describió esa labor como una forma de “honrar a los hombres, mujeres y niños sirios cuyas vidas fueron arrebatadas”. China y Rusia, por su parte, respaldaron los pasos dados por Siria en esta etapa del proceso de desarme.

(Con información de AFP y EP)

La justicia de Uganda autorizó la extradición de Katungi Michael Mpeirwe a Estados Unidos por un presunto complot para abastecer armas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un caso que lo colocó en una investigación por tráfico de armamento valuado en USD 54 millones y por su supuesta participación en una red internacional que operaba desde al menos septiembre de 2022.

Tras la resolución judicial, el exteniente ugandés quedó en prisión mientras se formalizaba su traslado. El tribunal desechó las objeciones preliminares que presentó la defensa y validó que la solicitud del gobierno estadounidense cumplía con los requisitos legales para proceder con la entrega.

La acusación incluyó armamento de grado militar y una red de cuatro países

La acusación presentada en el estado de Virginia sostuvo que Mpeirwe habría formado parte de una conspiración para enviar ametralladoras, lanzacohetes, granadas, equipos de visión nocturna, rifles de francotirador, minas antipersona y armas antiaéreas a cárteles mexicanos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Ese mismo expediente también lo señaló por cargos relacionados con tráfico de cocaína, posesión de armas de fuego y conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, en referencia al CJNG. Las autoridades describieron a ese grupo criminal como una de las organizaciones transnacionales más violentas y prolíficas de México.

La investigación ubicó a Mpeirwe dentro de una red integrada además por Peter Dimitrov Mirchev, de Bulgaria; Elisha Odhiambo Asumo, de Kenia, y Subiro Osmund Mwapinga, de Tanzania. Según la acusación, el grupo buscó abastecer al cártel con armamento de uso militar mediante operaciones coordinadas entre varios países.

Uno de los datos centrales del caso fue el supuesto uso de un certificado de control de armas falso de la República Unida de Tanzania. Ese documento habría servido para simular la importación legal de fusiles AK-47.

La acusación también detalló un envío de prueba: 50 fusiles de asalto automáticos AK-47, junto con cargadores y munición, salieron de Bulgaria con la supuesta intención de que fueran recibidos por el CJNG. Ese movimiento apareció como una muestra de la capacidad operativa de la red antes de concretar operaciones de mayor escala.

El exmilitar fue colaborador del jefe del ejército ugandés

Mpeirwe fue un colaborador cercano de Muhoozi Kainerugaba, jefe del ejército ugandés e hijo del presidente Yoweri Museveni. También ocupó el cargo de director de Relaciones Exteriores del partido de Kainerugaba.

Esa posición terminó después de que en julio de 2025 se presentó una acusación formal en Estados Unidos. Kainerugaba lo destituyó de su cargo político tras ese señalamiento.

Pese a la pérdida de esa función, el exmilitar siguió en libertad en Kampala durante varios meses, aun cuando otros coacusados ya estaban detenidos en distintos países. Su captura no ocurrió sino hasta junio.

El caso avanzó en paralelo con otras detenciones. Mirchev fue arrestado en España en abril de 2025 y después fue extraditado a Estados Unidos este año.

La resolución de Uganda respondió de manera directa al punto central del expediente: el país aceptó entregar a Mpeirwe para que enfrente en territorio estadounidense el proceso por su presunta intervención en una operación internacional destinada a suministrar armas al CJNG. Mientras se completaba el trámite, permaneció bajo custodia.

• Uganda autorizó la extradición de Katungi Michael Mpeirwe a Estados Unidos por su presunta participación en un complot para armar al CJNG.
• La acusación incluyó armamento de grado militar y un valor estimado de USD 54 millones, además de un envío de prueba de 50 fusiles AK-47.
• Mpeirwe fue colaborador de Muhoozi Kainerugaba, perdió su cargo en 2025 y fue detenido en junio, mientras otros implicados ya enfrentaban arrestos en varios países.

La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró 23 mil 733 armas en México entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026, los cuales revelan que casi dos de cada tres piezas son armas largas con calibres propios de fusiles de guerra, y que Sinaloa concentra la mayor proporción del armamento incautado en el país durante la administración federal en curso.

Los datos de la Sedena muestran que los fusiles dominan el arsenal decomisado: de 10 mil 689 piezas de la base individualizada, 5 mil 234 corresponden a esa categoría, casi la mitad del total registrado. El hallazgo sitúa a México ante un mercado ilícito de armas largas con capacidades propias de conflictos armados, no de delincuencia común.

Los calibres de fusil que más aparecen en los decomisos de la Sedena

El calibre 7.62x39 milímetros —el del AK-47 y sus variantes— encabeza la lista de fusiles asegurados, con mil 706 registros en la base. Le sigue el calibre .223 con mil 26 piezas; el 7.62 milímetros con 971, y el 5.56 milímetros con 798.

El calibre 5.56x45 es el que equipa al M16, el M4, el HK416 y el FN SCAR-L, fusiles de uso militar estándar en varios ejércitos del mundo. El 7.62x51 milímetros, conocido como .308 Winchester, se emplea en el M14, el FN FAL, el HK G3 y en rifles de tirador designado como el M110.

Entre las armas cortas, el panorama cambia de forma clara. El calibre 9 milímetros domina con 2 mil 147 piezas, y su uso se concentra principalmente en pistolas.

Los cuatro calibres predominantes de armas largas —7.62x39, 5.56, .223 y 7.62 milímetros— suman en conjunto más de 5 mil piezas dentro de la base individualizada. Esa cifra representa la columna vertebral del armamento de largo alcance que circula en el mercado ilícito nacional.

Las 179 armas calibre .50 y su concentración en Sinaloa y Chihuahua

Las 179 armas calibre .50 registradas en la base de datos que consultó Milenio constituyen uno de los hallazgos más graves del periodo. La Sedena las clasifica entre las de mayor potencia, ya que los rifles Barrett de ese calibre son capaces de inutilizar aeronaves o vehículos blindados.

De esas 179 piezas, 69 fueron aseguradas en Sinaloa, equivalentes a casi 4 de cada 10. Le siguieron Chihuahua con 22, Michoacán con 18, Sonora con 17, Tamaulipas con 14, Jalisco con 12 y Nuevo León con 11.

La base de la Sedena identificó alrededor de 140 armas fabricadas por Barrett Firearms Manufacturing, casi todas en calibre .50. Sinaloa concentró también la mayor cantidad de Barrett identificados por marca, seguido de Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas y Sonora.

El arsenal decomisado no se limita a fusiles y pistolas. La base también registra lo siguiente:

• 221 ametralladoras.
• 14 lanzagranadas.
• Seis lanzacohetes.
• 45 subametralladoras.
• 14 subfusiles.
• Dos obuses.
• Mil 144 granadas.
• Más de 4 millones de cartuchos.

Glock, AK-47, AR-15 y Barrett: las marcas identificadas en los decomisos

La Sedena asentó en miles de registros de marca, por lo que solo una parte del universo permite identificar fabricante. Entre las piezas con marca disponible, Glock y Century Arms son las que más aparecen.

La base también registra cientos de piezas bajo las denominaciones comerciales AK-47 y AR-15. Otras marcas presentes son Taurus, Smith & Wesson, Beretta, Ruger, Colt y Barrett.

El perfil por tipo de arma confirma la diversidad del mercado ilícito. Los 3 mil 548 registros de pistolas colocan a esa categoría en segundo lugar tras los fusiles, seguida de 398 carabinas, 393 escopetas, 365 revólveres y 297 rifles.

Sinaloa lidera la categoría de fusiles con mil 323 piezas. Le siguen Sonora con 653, Michoacán con 464, Chihuahua con 462, Nuevo León con 338 y Tamaulipas con 295.

El perfil de Baja California difiere del resto de los estados con alta concentración de armas. Ahí el calibre más común fue el 9 milímetros con 262 piezas, un patrón más propio de armas cortas que de fusiles de guerra.

El corredor de decomiso de armamento más activo se ubica en el noroeste del país, encabezado por Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Esa franja concentra la mayor parte de los fusiles y de los calibres de mayor alcance y potencia registrados por las fuerzas federales en el periodo analizado.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el primero de los procedimientos se realizó en inmuebles ubicados en la ciudad de Alderetes, a partir del caso de la alumna de 12 años que llevó un arma de fuego a su escuela y se los contó a sus compañeros. El episodio ocurrió este jueves en la Escuela N° 110 de Los Gutiérrez.

Después del aviso, el personal directivo del colegio retuvo a la alumna que llevaba en el bolsillo de su buzo un revólver calibre 22 marca Bagual, seis cartuchos y dos vainas servidas. El hecho fue calificado como tenencia y portación de armas y explosivos.

A partir de ese episodio, la Fiscalía ordenó un allanamiento en un inmueble de Alderetes. Allí, los agentes secuestraron cinco cartuchos calibre 9 mm marca CBC y 15 cartuchos calibre 12 AT marca Orbea.

El segundo allanamiento fue ordenado luego del caso del alumno de 14 años que llevó un arma a la Escuela Secundaria Congreso de Tucumán, de la capital provincial, y disparó dentro del aula. Allí, las fuerzas de seguridad incautaron en el lugar un revólver Taurus calibre 38, un proyectil y una vaina servida.

De acuerdo con las primeras informaciones, el estudiante llevó el arma al interior del edificio y la detonación se produjo al manipularla. Minutos después del incidente, efectivos de la Comisaría Segunda llegaron al lugar para resguardar a la comunidad educativa e iniciar las primeras actuaciones.

El momento previo al disparo quedó registrado en imágenes que comenzaron a circular entre los propios alumnos. En el video se observa al adolescente mientras manipulaba el arma y colocaba las balas en el tambor, antes de efectuar la detonación dentro del salón.

Según trascendió, el estruendo tomó por sorpresa al profesor que dictaba la clase de Historia, quien en un primer momento creyó que se trataba de un petardo.

“Ayer (por el martes) en momentos de hora de clase, un alumno se presentó con un arma de fuego. En medio de la clase se disparó la pistola. Afortunadamente ningún alumno está herido y el docente que estaba en la clase también”, dijo José Soria, vicedirector del colegio, en diálogo con medios locales.

“Obviamente, va a haber que trabajar con los chicos y con el docente por la situación vivida. Más allá de que no haya habido nadie lastimado, hay secuelas emocionales también que tenemos que trabajar tanto con el docente, con los alumnos y con el resto del personal y de los alumnos de la institución”, agregó.

Por orden de la Justicia, la Policía realizó un allanamiento en una vivienda de San Miguel de Tucumán, que permitió hallar una caja vacía con la inscripción Taurus, correspondiente al arma que ya había sido secuestrada. Durante la inspección, la madre del adolescente declaró que otra arma de la familia se encontraba en casa de un familiar.

La comitiva judicial y policial se trasladó a esa segunda vivienda de la capital tucumana, donde el titular entregó de forma voluntaria una pistola Bersa Thunder 9 Ultra Compact Pro calibre 9 mm, con su cargador vacío y su caja original.

España y Portugal dieron este martes un paso importante hacia la modernización de sus ejércitos con la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) para la adquisición conjunta de vehículos militares todoterreno de alta movilidad táctica, conocidos como VAMTAC. El acto oficial tuvo lugar en la Fortaleza de San Juan Bautista de la Foz, en Oporto, y fue presidido por la ministra española de Defensa, Margarita Robles, y su homólogo portugués, Nuno Melo.

Ambos países han acordado iniciar esta compra bajo el paraguas del recurso europeo ‘Security Action for Europe’ (SAFE), un mecanismo de la Unión Europea que pretende agilizar las inversiones de los Estados miembros en equipamiento militar considerado esencial, y que fomenta la compra y colaboración interna. La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y el subdirector general de Armamento y Patrimonio de Defensa Nacional de Portugal, contralmirante Antonio Mateus, firmaron el documento en representación de sus respectivos ministerios.

Así es el VAMTAC

El vehículo de alta movilidad táctica es un recurso fundamental para las operaciones militares modernas por su versatilidad y rendimiento en diversos escenarios. El acuerdo marco establece la compra conjunta de vehículos con capacidad para transportar hasta 1.500 kilos de carga útil. Estos vehículos han sido diseñados para moverse en todo tipo de terrenos. Por ello, se caracteriza por su capacidad para cumplir múltiples funciones, desde exploración y mando hasta apoyo de fuego o transporte de personal y material.

Su diseño permite operar en terrenos difíciles, gracias a una motorización diésel de seis cilindros con inyección directa y un sistema de transmisión automático Allison AT-542 de cuatro velocidades. La autonomía de este vehículo supera los 600 kilómetros, lo que facilita desplazamientos prolongados sin necesidad de reabastecimiento frecuente, un aspecto estratégico en misiones de largo alcance.

Puede superar pendientes de hasta el 70%, siempre que las condiciones de adherencia del terreno lo permitan. Además, su diseño admite la integración de una amplia gama de sistemas de armas, desde misiles y cañones sin retroceso hasta lanzagranadas y ametralladoras, adaptándose a las necesidades tácticas del operativo. La combinación de movilidad, autonomía y capacidad de armamento convierte a este vehículo en un elemento clave para las fuerzas armadas españolas.

Memorando entre España y Portugal

La firma del memorando entre España y Portugal fortalece la cooperación bilateral y refuerza la capacidad terrestre de ambos ejércitos, destacando el compromiso conjunto con la defensa europea. Margarita Robles ha resaltado que este acuerdo, dentro del Programa SAFE, pone en valor el trabajo coordinado y la integración industrial y operativa en el ámbito comunitario. La ministra ha señalado también que estos pasos contribuyen a construir una Europa más segura, promoviendo la integración de la base industrial de defensa.

El representante portugués ha subrayado la importancia de la interoperabilidad, facilitando la colaboración en ejercicios conjuntos y la intercambiabilidad de equipos, lo que incrementa la eficacia en misiones y la respuesta ante crisis. La adquisición conjunta de vehículos VAMTAC se inscribe en el contexto del refuerzo de la capacidad de defensa europea, en línea con la prioridad de autonomía estratégica de la Unión Europea. Este acuerdo quiere impulsar la cohesión industrial y sentar bases para futuros proyectos compartidos.

La captura de Ramón Álvarez Ayala, “R1”, no significó el fin de la estructura criminal que encabezaba en Michoacán y Jalisco. Tras su detención —a finales de julio— las autoridades mexicanas identificaron a su hermano Rafael Álvarez Ayala, “R2”, como el presunto sucesor al frente de Los Rs, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El reacomodo quedó expuesto esta semana con una acusación presentada ante una corte federal de Washington. Un gran jurado del Distrito de Columbia imputó a ambos hermanos por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con el objetivo de importarlas a Estados Unidos, además de delitos relacionados con armas de fuego. De ser declarados culpables, cada uno enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.

La acusación estadounidense se refiere a actividades que presuntamente se extendieron desde 2004 hasta diciembre de 2023, lo que coloca a los hermanos dentro de una estructura de narcotráfico con casi dos décadas de operaciones documentadas por las autoridades de ese país.

Pero la situación de ambos es distinta. R1 está preso en México, mientras que R2 permanece prófugo y, de acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habría asumido el control de Los Rs después de la captura de su hermano.

La caída de R1 abrió un relevo

Ramón Álvarez Ayala fue detenido el 30 de julio en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante un operativo en el que participaron fuerzas federales. La captura ocurrió después de un enfrentamiento en el que murió un integrante de su círculo de seguridad y también fue detenido Jesús Salvador Vela Salazar, “El Chuy”.

Las autoridades mexicanas ubicaban a R1 como responsable de una estructura con presencia en Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Huandacareo, Tacámbaro y Tzitzio, además de distintos puntos de Jalisco.

Tras su captura, fue trasladado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México. Ahí enfrenta procesos tanto por delitos federales relacionados con armas y drogas como por el homicidio del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo.

El 7 de agosto, un juez de control lo vinculó a proceso por el asesinato de Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en Uruapan. La investigación de las autoridades mexicanas sostiene que R1 habría ordenado y financiado el crimen.

A ese expediente se sumó otro proceso federal por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión de cartuchos y posesión con fines de comercio de metanfetamina y cocaína.

Sin embargo, la salida de R1 de las calles no habría dejado acéfala a la organización.

R2, el relevo que ahora busca Estados Unidos

Después de la captura de Ramón Álvarez Ayala, García Harfuch señaló públicamente a Rafael Álvarez Ayala como el sucesor de la estructura.

A diferencia de su hermano, R2 no se encuentra bajo custodia y es buscado por las autoridades. Esa condición adquiere especial relevancia después de que Estados Unidos lo incluyera formalmente en la acusación federal junto con R1.

El Departamento de Justicia estadounidense sostiene que ambos participaron en una conspiración para introducir cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense y utilizaron armas de fuego para facilitar las actividades de narcotráfico.

La acusación no incluye cargos por terrorismo contra los hermanos, aunque el Departamento de Justicia recordó que el CJNG fue designado por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera.

La diferencia es relevante: la designación del grupo no implica que todos sus integrantes sean acusados automáticamente bajo una figura de terrorismo. En este caso, Washington optó por imputaciones relacionadas directamente con narcotráfico y armas.

Una acusación que trasciende a los dos hermanos

El caso también muestra cómo Estados Unidos está utilizando sus investigaciones contra organizaciones criminales mexicanas para perseguir a integrantes de estructuras regionales, incluso cuando sus operaciones tienen una base territorial en México.

La investigación que derivó en la acusación fue desarrollada por la DEA en Los Ángeles con cooperación de autoridades mexicanas. El Departamento de Justicia ubicó el expediente dentro del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, una iniciativa interinstitucional creada para perseguir a organizaciones criminales transnacionales y sus redes de tráfico.

La situación coloca a R1 y R2 frente a escenarios distintos. Ramón Álvarez Ayala deberá enfrentar primero los procesos abiertos en México, incluido el expediente por el asesinato de Carlos Manzo, mientras Rafael permanece fuera del alcance de las autoridades y señalado como el nuevo responsable de Los Rs.

Por ahora, la acusación estadounidense deja una conclusión distinta a la que podría sugerir la captura de R1: la estructura del CJNG que ambos hermanos habrían comandado no quedó desarticulada con la detención de uno de ellos. Las autoridades mexicanas sostienen que el mando pasó al segundo y ahora Estados Unidos también lo colocó en la mira.

Un juez de California suspendió el proceso penal contra Jeanine John Taele, un exmarine de 38 años detenido cerca del campo de golf de Donald Trump en Rancho Palos Verdes, en Los Ángeles, al considerar que no está “mentalmente apto” para enfrentar el juicio.

Taele, residente de Downey, había sido arrestado pocos días antes de una visita prevista del presidente para participar en una cena de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano, reportó Associated Press.

Según las autoridades, en el momento de su detención llevaba munición consigo y tenía un arma cargada dentro de su vehículo estacionado en el predio.

El acusado enfrenta varios cargos estatales, entre ellos portación de arma oculta en un vehículo y recepción o posesión de un cargador de gran capacidad. Además, enfrenta un cargo federal por posesión de un fusil recortado no registrado, un delito con una pena máxima de 10 años de prisión.

Al momento de la detención, ya poseía un cargo de robo en segundo grado vinculado a otro episodio previo. En noviembre de 2025, fue arrestado en una tienda de AT&T por acusar que un empleado lo espiaba con unas gafas Meta y robarlas. Luego, fue hallado mientras murmuraba solo en el estacionamiento.

La decisión judicial y la evaluación de salud mental

El magistrado John J. Lonergan Jr. resolvió derivar el caso al Tribunal de Salud Mental de Hollywood y rechazó fijar una fianza. Taele permanecerá detenido al menos hasta la audiencia programada para el 9 de septiembre, precisó The New York Times.

La decisión se basó en una evaluación preliminar en la que el acusado afirmó falsamente haber trabajado durante 14 años para el Departamento de Estado.

Durante la comparecencia, Taele se presentó con un chaleco de prevención de suicidio o autolesiones. Su abogado, Anthony Bayne, sostuvo ante el tribunal que su cliente no estaba en condiciones de comprender la naturaleza del proceso ni de colaborar en su defensa, informó CBS News.

Más tarde, el defensor público expresó: “Es un veterano, sirvió a nuestro país y, aunque no tengo suficiente información ahora mismo, tiene una familia que lo quiere y que le brinda un gran apoyo”. A su vez, alegó que “la gente da por sentado demasiados motivos” sobre su arresto.

Taele es un exintegrante condecorado del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Según un portavoz del cuerpo, sirvió entre 2008 y 2016, con despliegues en Irak y Afganistán, alcanzó el rango de cabo y recibió varias distinciones por su servicio.

Las dos visitas al campo de golf y las armas secuestradas

De acuerdo con la acusación, Taele fue visto en el club de golf en al menos dos ocasiones antes de la visita de Trump. En una primera visita tomó fotografías y filmó a agentes federales mientras realizaban tareas de planificación de seguridad.

En una segunda visita, volvió a observar los preparativos y llevaba un auricular. Por consiguiente, se acercó a agentes federales de civil para decirles que trabajaba para el Departamento de Estado y que estaba allí como parte de un operativo de seguridad, indicó The New York Times.

El propio Taele les dijo a los agentes que tenía un arma cargada en su automóvil. Después de que se dio aviso a la oficina del sheriff, hallaron en uno de sus bolsillos un cargador de 16 cartuchos con munición de punta hueca.

En el vehículo, encontraron una pistola de 9 milímetros cargada, más munición, binoculares y una placa con la inscripción “agente de protección de seguridad”.

Posteriormente, durante un registro en su vivienda, los investigadores incautaron un arsenal que incluía un fusil estilo AR-15 modificado ilegalmente, una pistola calibre .45, chaleco antibalas, cargadores de gran capacidad, abundante munición y equipos de radio.

Los escritos que encendieron la alarma

Uno de los elementos que más preocupación generó en el tribunal fueron los cuadernos y escritos encontrados en el allanamiento de su domicilio.

El juez contó haber revisado un cuaderno con bocetos del campo de golf de Trump y una lista que contenía nombres de agentes del Servicio Secreto, junto con sus funciones y horarios.

Entre los escritos también figuraban cronogramas de la primera dama, Melania Trump, y de integrantes del equipo de seguridad presidencial, además de listas detalladas para sobrevivir “fuera de la red”.

“Este caso en sí mismo es alarmante en estos tiempos, con la violencia que se está infiltrando en nuestra vida cotidiana, especialmente con el partidismo que impera en el entorno político”, aseveró el magistrado Lonergan.

La Operación “Última Llamada” resultó en la detención de 44 personas vinculadas al comercio ilícito de armas y estupefacientes en Nashville. Este despliegue masivo, ejecutado durante cinco días entre el 19 y el 23 de agosto de 2026, desarticuló redes de tráfico mediante compras encubiertas para reducir la violencia armada en la ciudad, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de sus canales oficiales.

El operativo permitió el decomiso de un volumen significativo de armamento y sustancias ilegales en diversos puntos críticos de la urbe. Las autoridades federales y locales coordinaron esfuerzos para identificar a responsables de la venta de estos productos, enfocándose en incidentes reales de violencia que victimizaron a ciudadanos inocentes.

Planificación y ejecución táctica

La iniciativa combinó el trabajo de la Fiscalía Federal para el Distrito Medio de Tennessee, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville. Agentes federales encubiertos efectuaron compras controladas de armas y narcóticos para documentar los ilícitos en múltiples sectores.

La selección de las áreas de acción ocurrió tras una revisión de tres años sobre llamadas de disparos, crímenes armados y análisis de la Red Nacional Integrada de Información Balística. Una agencia externa procesó los datos para definir los puntos de intervención sin considerar factores socioeconómicos o demográficos, lo cual garantizó que el operativo se basara exclusivamente en incidentes de violencia.

Armamento y sustancias incautadas

Las fuerzas de seguridad retiraron de las calles un inventario compuesto por los siguientes elementos:

• Más de 160 armas de fuego, entre las cuales destacan rifles de estilo asalto equipados con cargadores de alta capacidad.
• Múltiples accesorios ilegales conocidos como interruptores, los cuales transforman pistolas convencionales en ametralladoras.
• Más de 2 kilogramos de metanfetamina.
• Más de 1 kilogramo de fentanilo.
• Cantidades superiores al medio kilogramo de cocaína en polvo y crack.

Antecedentes de los detenidos

27 de los 44 individuos poseen condenas previas por delitos graves. Entre los antecedentes figuran agresiones agravadas, robos, posesión ilícita de armas y tráfico de estupefacientes.

Además, 10 de los capturados cumplían periodos de libertad condicional, libertad supervisada o fianza al momento de cometer los nuevos actos señalados, lo cual subraya la reincidencia como un factor presente en el caso.

Foco geográfico del operativo

El análisis de datos orientó la presencia policial hacia corredores donde los incidentes de disparos y delitos violentos afectaron a la población. Las autoridades priorizaron el corredor de Harding Place e Interestatal 24 y el área de Bell Road-Murfreesboro Pike, zonas identificadas por el alto volumen de actividad criminal.

El despliegue abarcó también el corredor de Brick Church Pike-Trinity Lane y el barrio de Napier-Sudekum. El jefe de policía, John Drake, subrayó que estas acciones buscan garantizar entornos pacíficos para los residentes, al evitar que el armamento decomisado participe en homicidios o robos futuros, permitiendo así una recuperación de la seguridad en comunidades vulnerables.

Cargos y perfiles legales

Las imputaciones ante la justicia federal abarcan delitos que van desde el tráfico de sustancias hasta la venta de armamento sin licencia. A continuación, se clasifican los perfiles según la naturaleza predominante de sus cargos:

Tráfico de estupefacientes y armas

• KeDarious Bell (21): Distribución de metanfetamina, armas en delitos de narcotráfico, posesión de ametralladora, transferencia ilegal y venta de armas sin licencia.
• Corian Bowling (26): Conspiración para distribuir metanfetamina y posesión de armas en delitos de narcotráfico.
• Lewis Dawson (26): Posesión de armas por delincuente convicto, distribución de metanfetamina y crack, y posesión de armas en delitos de narcotráfico.
• Peter McKinnie (46): Distribución de fentanilo y posesión de armas en delitos de narcotráfico.
• James Oliver (39): Posesión de armas por delincuente convicto, intento de distribución de fentanilo y posesión de armas en delitos de narcotráfico.
• Lilburn Reynolds (56): Distribución de crack, uso de armas en delitos de narcotráfico y posesión de armas por delincuente convicto.
• Courtney Skinner (41): Distribución de fentanilo y metanfetamina, posesión de armas en delitos de narcotráfico y posesión de armas por delincuente convicto.
• Corey Wilson (43): Distribución de metanfetamina y fentanilo, posesión de armas en delitos de narcotráfico y posesión de armas por delincuente convicto.
• Tyrone Hudson (41): Distribución de metanfetamina y uso de armas en delitos de narcotráfico.

Distribución de narcóticos

• Aron Capps (27), Alexi Contreras (39), Danny DeMoss (38), Shomari Milliken (40): Distribución de fentanilo.
• Cory Cotton (45): Distribución de fentanilo y crack.
• Ulises Cruz (26), Terry Fields (42), Jerron Huey (40), Aiden Johnson (20), Timothy Schields (35), Tyler Sloan (30), Cameron Thompson (26): Distribución de metanfetamina.
• William Henderson (37), Ronnie Wellington (47): Distribución de metanfetamina y fentanilo.
• Latherio Fizer (42), Andre Vaughn (37): Distribución de cocaína y crack.
• William Givens (67), Tiffany Givens (42): Distribución de crack.
• Taurus Booker (51), Brandon Dardy (39): Distribución de cocaína y posesión de armas por delincuente convicto.
• James Braden (47), Gregory Brooks (30), Jeremy Mimms (38): Posesión de armas por delincuente convicto y distribución de metanfetamina.
• Frank Newsom (38): Posesión de armas por delincuente convicto y distribución de fentanilo.
• Ladon Robertson (40): Distribución de crack, fentanilo y metanfetamina.
• Jermaine Morgan (27): Posesión de dispositivo de conversión a ametralladora, distribución de cocaína y posesión de armas por delincuente convicto.

Tráfico de armas y accesorios

• Kenyon Blackman (21), Imari Calloway (20): Transferencia ilegal y venta de armas sin licencia.
• Miguel De La Rosa (24): Distribución de metanfetamina y transferencia ilegal de armas.
• Easan Harris (19): Posesión de dispositivo de conversión a ametralladora.
• Brian Ging (28): Posesión de arma con número de serie borrado.
• Waldorf Coleman (42), Barry Robertson (40): Posesión de armas por delincuente convicto.
• Joshua Selmon (36): Posesión ilegal de armas tras condena por violencia doméstica y venta sin licencia.

Valoraciones de las autoridades

El fiscal federal Braden H. Boucek destacó el impacto positivo de la colaboración entre las agencias policiales. Según el funcionario, la operación se centró en incidentes reales de violencia que victimizaron a ciudadanos, demostrando que el trabajo conjunto entre niveles de gobierno resulta eficaz en la lucha contra el tráfico ilegal.

El agente especial de la oficina de alcohol y armas, Jamey VanVliet, señaló que cada arma y narcótico retirado de manos de personas prohibidas ayuda a salvar vidas. A su vez, el alguacil Denny King enfatizó la disposición de su agencia para asegurar que los acusados rindan cuentas ante un tribunal, reafirmando el compromiso con la seguridad de la comunidad.

Los casos avanzan bajo la responsabilidad de un equipo de fiscales federales. Todas las acusaciones en las actas de procesamiento constituyen alegaciones. El sistema judicial mantiene la presunción de inocencia para cada involucrado hasta que un tribunal determine su culpabilidad, para garantizar el debido proceso en todas las etapas legales.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) realizaron un operativo en un rancho del municipio de Champotón, Campeche, donde aseguraron una avioneta, miles de litros de hidrocarburo, armas de fuego, dinero en efectivo y 61 vehículos terrestres, además de detener a seis personas.

El cateo se llevó a cabo como parte de una investigación iniciada en abril de 2026 por probables delitos relacionados con el manejo y traslado ilegal de hidrocarburos. La diligencia fue ejecutada con autorización de un juez de Control en un inmueble ubicado en la comunidad de El Cerrito, en Champotón.

De acuerdo con la FGR, la investigación comenzó luego de que ciudadanos presentaron una denuncia anónima ante la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Campeche.

En la denuncia se alertó que, mediante una empresa, presuntamente se realizaba el traslado irregular de hidrocarburos desde Mérida, Yucatán, hacia Campeche.

Con la información recabada durante las investigaciones, el Ministerio Público de la Federación solicitó y obtuvo de un juez de Control la autorización para realizar el cateo en el predio señalado.

Aseguran casi 9 mil litros de combustibles

Durante la operación, elementos de la FGR, con apoyo de la Marina y otras instituciones, localizaron y aseguraron aproximadamente 5 mil 912 litros de hidrocarburo, además de 3 mil litros de gas avión.

En total, se trata de casi 9 mil litros de combustibles y derivados asegurados dentro del inmueble.

El operativo estuvo encabezado por personal del Ministerio Público de la Federación (MPF), agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la FGR, además de personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Entre los objetos asegurados también se encontró una avioneta, cuya presencia forma parte de los elementos incorporados a la investigación.

Las autoridades aseguraron además 61 vehículos terrestres, así como dos tanques con gas LP y documentación diversa localizada dentro del inmueble.

Hallan armas y más de 777 mil pesos

El cateo también permitió localizar un importante arsenal.

De acuerdo con la Fiscalía, fueron aseguradas cinco armas largas y tres armas cortas, además de 12 cargadores y aproximadamente mil cartuchos de diversos calibres.

Entre el equipo localizado había también dos visores nocturnos, dos chalecos balísticos y dos aditamentos para arma de fuego.

En el lugar fueron encontrados además 777 mil 750 pesos en efectivo y cinco dólares, recursos que quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte de los indicios de la investigación.

El inmueble también fue asegurado por las autoridades mientras continúan las indagatorias para determinar el origen del combustible, la función de los vehículos y la posible relación de los objetos encontrados con las actividades investigadas.

Seis personas quedan bajo custodia

Durante la diligencia fueron detenidas seis personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación. Los detenidos fueron identificados como: José Alfredo González Gómez de 31 años, Manuel Jesús Moo Martin de 42 años, Luis Andrés Chi Buenfil de 53 años, Víctor Enrique Hernández Sandoval de 28 años, Ulis Antonio Monterrosa Chin de 27 años y Jorge Jonathan Camacho Ortega de 49 años.

La FGR informó que será el MPF el encargado de determinar su situación jurídica dentro del plazo constitucional y conforme al debido proceso.

Las investigaciones continúan para establecer si los detenidos están relacionados con el traslado irregular de hidrocarburos denunciado y con los demás indicios encontrados en el rancho de Champotón.

Las autoridades indicaron que los hechos podrían constituir delitos contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, además de aquellos que puedan resultar de las investigaciones.

El operativo contó con apoyo de seguridad perimetral de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en un despliegue coordinado entre autoridades federales.

La FGR precisó que las personas detenidas son consideradas inocentes mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

El aseguramiento ocurre mientras las autoridades federales mantienen investigaciones contra posibles redes dedicadas al traslado, almacenamiento y comercialización irregular de combustibles, particularmente en rutas que conectan distintas entidades del sureste del país.

El Gobierno reorganizó el Registro Nacional de Armas (RENAR) con la firma del decreto 770/2026. Se enfocó en los objetivos y atribuciones dentro de una estructura que viene implementando transformaciones en el último tiempo.

La norma, publicada este viernes en Boletín Oficial, expresa las funciones específicas, la estructura del organigrama y la participación del organismo en investigaciones por delitos.

En lo que refiere a los alcances de su accionar, el decreto señala el registro, autorización, control y fiscalización de toda actividad vinculada a la fabricación, comercialización, tenencia, portación, importación, exportación y destrucción de armas de fuego, municiones, pólvoras, explosivos y materiales afines, con la única excepción del armamento perteneciente a las Fuerzas Armadas.

En el listado de objetivos principales, el Gobierno resume que tendrá competencia sobre todo el universo de materiales controlados en manos civiles y de las fuerzas de seguridad, pero no sobre el armamento militar. Esto también incluye el manejo del Banco Nacional de Materiales Controlados y su red de depósitos, donde se registran las armas de fuego municiones y otros materiales que luego serán destruidos.

El RENAR participará de campañas públicas, colaborará en investigaciones de delitos vinculados a armas de fuego y explosivos y llevará adelante operativos e inspecciones territoriales.

Más allá del control y el registro, el decreto también le asigna al organismo un rol activo en materia de prevención de la violencia armada y combate al tráfico ilícito de armas. A eso se suma la obligación de producir estadísticas periódicas sobre hechos y actividades vinculadas al uso de armas, información que deberá compartir con los organismos encargados de diseñar estrategias contra el tráfico ilícito.

El organismo quedará a cargo de un director ejecutivo con rango y jerarquía de secretario, asistido por un subdirector ejecutivo con rango de subsecretario, ambos designados directamente por el Poder Ejecutivo. El decreto aprueba además la estructura de primer y segundo nivel operativo, aunque faculta al titular del Ministerio de Seguridad a modificar este segundo nivel sin incremento de unidades ni de partidas presupuestarias, siempre que cuente con la intervención previa de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional.

Al mismo tiempo, adecua los cargos de la cartera que conduce Alejandra Monteoliva en el nomenclador del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), con incorporaciones, derogaciones y homologaciones que no implican un aumento en la cantidad de unidades organizativas ni en el presupuesto asignado.

El decreto también elimina dos objetivos que figuraban en el decreto 50 del año 2019. Se trata de punto 12 de la Secretaría de Seguridad Nacional y el punto 11 de la Subsecretaría de Intervención Federal, dependiente de esa misma secretaría. Ambos estaban vinculados a las funciones que hasta ahora se superponían con las competencias propias del RENAR, y su supresión busca despejar esas duplicaciones dentro del organigrama del Ministerio.

La norma también deroga la decisión administrativa 479/2016 y la Resolución de la ex-ANMaC 20/2016, que habían aprobado la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del anterior organismo descentralizado. Con ese paso, el decreto cierra formalmente el ciclo institucional de la ANMaC y consolida al RENAR como el único marco normativo vigente para el control de materiales controlados en el país.

Inscripción de usuarios de explosivos y sustancias controladas

Una de las últimas medidas tomadas por el organismo actuante estableció la plataforma Trámites a Distancia (TAD) como el único canal válido para que usuarios de explosivos, nitrato de amonio, pirotecnia y otras sustancias controladas tramiten su inscripción o reinscripción ante el organismo.

La medida, oficializada a través de la resolución 47/2026 publicada el 11 de este mes, digitaliza por completo un procedimiento que hasta ahora podía realizarse en soporte papel, sin alterar los requisitos técnicos, jurídicos ni de seguridad vigentes.

La norma establece que toda documentación cargada en TAD tendrá carácter de declaración jurada, siendo el solicitante el único responsable de su autenticidad, integridad y veracidad. Además, fija que la fecha y hora registradas por el sistema serán las que rijan en los procesos administrativos.

Las solicitudes presentadas por fuera de la plataforma no serán admitidas, salvo que la Dirección Ejecutiva del RENAR lo autorice expresamente ante situaciones de caso fortuito, fuerza mayor o indisponibilidad del sistema. Las áreas técnicas del organismo conservan la facultad de requerir documentación adicional durante la tramitación de cada expediente.

Europa necesita defenderse. El aumento de las tensiones geopolíticas, la guerra en Ucrania, la de Irán y la urgencia por reducir su dependencia militar de Estados Unidos están empujando a los países de la Unión Europea a incrementar sus presupuestos en defensa y a reconstruir capacidades industriales que durante años habían quedado relegadas. El gasto total en defensa podría alcanzar los 381.000 millones de euros en 2025, equivalentes al 2,1% del PIB comunitario, según un análisis realizado por Banor.

La cifra supone superar en una décima el objetivo de gasto establecido por la OTAN y consolida una tendencia ascendente que ya se hizo visible en 2024. Ese año, el desembolso de los países de la UE creció un 19% interanual, hasta los 343.000 millones de euros, frente a los 288.000 millones del ejercicio anterior.

A juicio de los analistas de Banor, el cambio no consiste únicamente en gastar más, sino en transformar la estructura industrial que sostiene la seguridad europea. “Europa está desarrollando un nuevo ciclo industrial en defensa que se basa en el cambio de modelo, desde la protección de Estados Unidos y escasas inversiones a la seguridad, la autonomía industrial y la preparación operativa como prioridades”, señala el informe.

Ese proceso, sin embargo, no está exento de obstáculos. Europa debe “afrontar su fragmentación, las restricciones fiscales, los procesos de contratación lentos y la posibilidad de una desescalada geopolítica, que podrían producir picos de volatilidad. Y, sobre todo, mucho tiempo con escasas inversiones”, incide el equipo de análisis de Banor en su estudio.

Europa vs Estados Unidos

La apuesta europea por la defensa se enfrenta, no obstante, a una comparación inevitable: Estados Unidos. El presupuesto estadounidense de defensa para 2026 se sitúa cerca del billón de dólares, unos 860.000 millones de euros.

La diferencia no se limita al volumen de dinero. También existe una brecha en la estandarización de sistemas, los programas plurianuales, la contratación centralizada, las cadenas de suministro y la profundidad tecnológica. “Europa se ha dado cuenta de que tiene que reducir la brecha con Estados Unidos, porque no es sostenible tanta dependencia en un mundo más inestable”, sostienen los expertos de Banor. Inciden en que el rearme europeo se ha convertido en una estrategia industrial de mayor recorrido.

Inicio de un nuevo ciclo industrial

“En 2026 el rearme europeo continúa, no solo como respuesta a la invasión de Ucrania, sino como el inicio de un nuevo ciclo industrial”, apunta el informe. Subraya que el año actual será “clave” para las compañías del sector y que defensa “podría convertirse en una oportunidad de inversión muy atractiva para el medio y largo plazo”.

La industria ya está recibiendo señales de esa transformación. Europa está impulsando proyectos destinados a aumentar la producción de munición, mejorar las capacidades de defensa aérea, acelerar la transformación tecnológica y reforzar la capacidad de fabricación propia. El objetivo es que una parte creciente del dinero destinado a defensa permanezca dentro del tejido industrial europeo.

La fragmentación del mercado es, sin embargo, uno de los principales desafíos. Frente a la industria estadounidense, mucho más integrada, Europa mantiene numerosos fabricantes nacionales con intereses y cadenas de suministro propias. Banor cita entre ellos a la alemana Rheinmetall, la italiana Leonardo, las francesas Thales y KNDS France —antigua Nexter— y la sueca Saab. El análisis no menciona a la española Indra.

La existencia de estos ‘campeones nacionales’ constituye, según la firma, “otro obstáculo para crear una industria homogénea y coordinada a nivel europeo”. La cuestión no es menor, asegura, ya que aumentar el gasto sin conseguir una mayor coordinación entre los países podría limitar la capacidad de la UE para convertir los nuevos presupuestos en una verdadera autonomía estratégica.

Por ello, Banor considera que la coordinación entre Estados y la creación de una industria europea más integrada serán “necesarias” para aprovechar el nuevo ciclo. En ese proceso cobran importancia iniciativas como Readiness 2030, SAFE, el Fondo Europeo de Defensa y la Estrategia Industrial Europea de Defensa, diseñadas para aumentar las capacidades militares y favorecer que una parte significativa de las inversiones se dirija a empresas europeas.

Convertir los presupuestos en pedidos y los pedidos en beneficios

El aumento del gasto no garantiza por sí solo el éxito de las compañías. Según el informe, el siguiente paso será comprobar si los grandes anuncios presupuestarios se traducen realmente en contratos, producción e ingresos. La capacidad industrial será determinante en un sector en el que no basta con disponer de tecnología: también hacen falta fábricas, certificaciones, proveedores y cadenas de suministro capaces de producir a gran escala.

Los analistas de Banor identifican varios elementos que marcarán la evolución del sector durante 2026. Entre ellos figuran la conversión de los presupuestos públicos en pedidos reales, la evolución económica de Alemania, el futuro de la guerra en Ucrania, los posibles cuellos de botella industriales y las valoraciones alcanzadas por las empresas de defensa.

“Las compañías deberán demostrar que crecen los pedidos, que se convierten en ingresos, disciplina en costes y capacidad de generar un flujo de caja sostenible”, concluye el informe.

Un buen momento para invertir

También los analistas de Bankinter ven en el sector de defensa una oportunidad de inversión: “Continuará beneficiándose del aumento estructural del gasto en defensa por parte de los gobiernos. Las tensiones en el frente geoestratégico ponen de manifiesto que Europa tiene que estar preparada ante futuras amenazas”.

Inciden en que en julio el sector defensa recuperó las caídas de junio en un mes en el que los resultados corporativos mostraron “el buen momento” que atraviesa el sector en Europa. También reconocen que la demanda se mantiene “fuerte” y la visibilidad a medio plazo con respecto a los fundamentales “aumenta”.

“En nuestra opinión, 2026 se trata de un año en el que el mercado comienza a exigir evidencias de cumplimiento por parte de las compañías, con el fin de comprobar si las promesas de los gobiernos se traducen efectivamente en nuevos pedidos. De momento, los resultados del segundo trimestre están confirmando esta tendencia, así como el compromiso europeo con la ejecución del plan de rearme”, argumentan desde Bankinter.

En este contexto, consideran que los fundamentales permanecen “intactos” y que los niveles actuales ofrecen “oportunidades de entrada” por parte de los inversores a valoraciones de las acciones “atractivas”.

El robo de armas llevó a un operativo a gran escala que llevó al hallazgo de un arsenal en San Lucas Sacatepéquez, municipio ubicado a 21 kilómetros de la Ciudad de Guatemala.

La diligencia se realizó en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) y el Ejército de Guatemala, donde las autoridades localizaron armas con reporte de robo, municiones, dinero en efectivo, placas para vehículos, pasaportes y otros objetos en una residencia y en un terreno baldío.

Entre lo incautado había Q10.011 (USD 1.283) y USD 1 mil 245 en efectivo, además de seis teléfonos celulares, cuatro tabletas, un dron, una pica para abrir puertas, una ganzúa y una mochila.

El reporte oficial también incluyó un sobre con siete pares de placas para vehículos y pasaportes, sin que hasta ahora se haya precisado a quién pertenecen.

La diligencia estuvo a cargo de investigadores de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos de la PNC y del Ministerio Público, con apoyo del Ejército.

Según la información divulgada por las autoridades, el operativo se realizó como seguimiento a una investigación por robo de armas de fuego.

El operativo permitió ubicar al menos seis armas y tres tenían reporte de robo

La Policía Nacional Civil informó primero que en las afueras de un inmueble fueron localizadas cinco armas de fuego, cargadores y municiones. Después, la institución indicó que dentro de la propiedad fue hallada un arma con reporte de robo y que en un terreno aledaño aparecieron otras cinco.

El Ejército de Guatemala detalló una relación de seis armas de fuego: dos carabinas y cuatro pistolas. De ese total, una carabina y dos pistolas tenían reporte de robo.

Las fuerzas de seguridad también encontraron 13 cargadores para pistola de 9 mm, un cargador para carabina calibre .223 y municiones de distintos calibres. Según el reporte militar, parte de los objetos estaba en una residencia y otra parte en un terreno baldío.

Las autoridades no informaron capturas ni el origen de las placas y pasaportes

Las acciones incluyeron puestos de control, patrullajes a pie y allanamientos en distintos puntos de San Lucas Sacatepéquez. El despliegue fue coordinado por la Segunda Brigada de Policía Militar “General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales”, junto con la PNC y el MP.

De acuerdo con el reporte castrense, las armas localizadas estaban dentro de una mochila ubicada en el terreno baldío, mientras que en el allanamiento de una residencia se ubicaron otros indicios.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas vinculadas con las diligencias. Tampoco han precisado cuándo ni dónde fueron robadas las armas recuperadas, ni a quién corresponden los pasaportes y las placas halladas durante el operativo.

El Ejército señaló que los indicios fueron embalados y puestos a disposición de los órganos jurisdiccionales correspondientes para fortalecer las investigaciones en curso. La institución añadió que estas acciones forman parte de operaciones coordinadas para prevenir hechos ilícitos y se suman a despliegues del Plan Anillo de Contención y a incursiones previas en zonas del país.

Alemania ha confirmado la aportación de 50 millones de euros para reparar el Nuevo Confinamiento Seguro de la Central Nuclear de Chernóbil, dañado en febrero de 2025 tras un ataque con un dron ruso, según informó el Ministerio de Energía de Ucrania. El anuncio se produjo tras una reunión en Kiev entre el primer viceprimer ministro ucraniano y titular de Energía, Denys Shmyhal, y el ministro federal de Medio Ambiente y Seguridad Nuclear de Alemania, Karsten Schneider. El acuerdo contempla que la contribución de Alemania se canalice mediante la Cuenta de Cooperación Internacional para Chernóbil (CCICh), fondo destinado a administrar recursos internacionales para la seguridad nuclear en la zona.

Durante la visita a la central, la delegación alemana recorrió la infraestructura del Nuevo Confinamiento Seguro y evaluó los daños ocasionados por el ataque. Los representantes también visitaron la nueva planta solar instalada en el área industrial del complejo, iniciativa orientada a diversificar la generación energética en Chernóbil. Finalmente, la delegación participó en una ceremonia en memoria de los liquidadores y trabajadores implicados en la respuesta al desastre de 1986.

El Nuevo Confinamiento de Chernóbil fue construido para aislar los restos radiactivos del reactor accidentado, pero en febrero de 2025 resultó dañado tras un ataque ruso con dron, lo que incrementó la alarma internacional respecto a la estabilidad de las infraestructuras nucleares ucranianas y la urgencia de garantizar su protección ante el conflicto bélico en curso, intensificando el debate sobre la seguridad energética en Europa.

Cooperación internacional para la seguridad nuclear

El proyecto de reconstrucción del arco de Chernóbil se ha convertido en uno de los mayores retos de seguridad nuclear en Europa. La restauración de la estructura de confinamiento, conocida como el “arco”, es considerada fundamental para la seguridad nuclear de Ucrania y del conjunto del continente, por lo que constituye una preocupación compartida por las autoridades ucranianas, alemanas y diversas organizaciones internacionales.

El coste total estimado para la reparación ronda los 500 millones de euros, según cálculos iniciales del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. De acuerdo con el Gobierno de Ucrania, la Comisión Europea, Estados Unidos y el Reino de Noruega han manifestado su intención de sumarse a la financiación para la reconstrucción de la estructura.

El Ministerio de Energía de Ucrania subrayó la rápida respuesta de Alemania, valorando esta decisión como un paso clave para la seguridad nuclear continental y la prevención de riesgos de contaminación tanto para Ucrania como para el resto de Europa. Las autoridades ucranianas señalaron que la inversión alemana se gestionará a través de mecanismos multilaterales, reforzando el compromiso europeo con la protección de infraestructuras nucleares en el país.

La restauración del confinamiento, según la cartera de Energía, se considera prioritaria para evitar posibles fugas radiactivas y contribuir a la estabilidad de la región. La cooperación entre Ucrania y Alemania, junto al respaldo de otros socios internacionales, marca una nueva etapa en la defensa de instalaciones críticas frente a los riesgos derivados del conflicto con Rusia y los ataques a objetivos estratégicos.

En los últimos años, la industria de defensa en España ha cambiado su forma de comprar y fabricar material militar. Ha buscado más colaboración internacional para mejorar su defensa aérea, sobre todo con socios europeos, mientras que sigue confiando principalmente en empresas nacionales para los sistemas de tierra y mar. Esta tendencia queda clara al analizar los contratos firmados entre 2022 y 2026, entregados o pactados para los próximos años, donde se observa la apertura hacia Europa en el aire a través de los contratos mixtos, que incluyen al menos a un socio de la Unión Europea (UE).

El informe de BBVA Research, basado en datos de IISS Military Balance+, muestra que desde 2022 el compromiso español con contratos de defensa ha crecido considerablemente, al igual que en el resto del continente. El aumento en el sector aéreo se explica por la participación de España en grandes proyectos con otros países europeos, como el Eurofighter. También corresponde a acuerdos con empresas de Estados Unidos, que ocupan una parte importante de los contratos en este ámbito, aunque en menor porcentaje que el resto de la UE. En el caso de la industria naval y de tierra, la presencia de gigantes empresariales en España como Navantia o Indra limita la llegada de otros organismos.

España abre su defensa aérea a socios

Entre 2022 y 2026, los contratos en sistemas aéreos reflejan una combinación de socios y orígenes. De los aproximadamente 18.000 millones de euros comprometidos para invertir en este ámbito, unos 5.000 millones corresponden a fabricantes españoles, 2.760 a empresas de la Unión Europea, cerca de 9.000 se destinan a contratos mixtos con participación de algún país de la UE y 1.300 a proveedores de Estados Unidos.

Esta distribución señala una apuesta por la cooperación europea, especialmente en grandes programas multinacionales, y un menor peso, aunque relevante, de Estados Unidos. Esta tendencia permite a España acceder a tecnología avanzada y reforzar su presencia en iniciativas conjuntas europeas. Sin embargo, ni mucho menos son todo éxitos. El principal fracaso es el conocido avión de combate europeo (FCAS), que ha acabado por cancelarse por las diferencias empresariales entre sus dos socios, Francia y Alemania.

Predominio nacional en tierra y mar

El panorama es distinto en los sectores terrestre y naval. En sistemas de tierra, los contratos nacionales suman en torno a 9.000 millones de euros, mientras que los firmados con empresas estadounidenses rondan los 3.000 millones. La industria española sigue liderando ampliamente la provisión de vehículos, blindados y equipamiento terrestre para las Fuerzas Armadas, con poca presencia de fabricantes europeos.

En el sector naval, la apuesta por la producción propia es aún más clara. Los acuerdos cerrados con empresas españolas superan los 4.500 millones de euros en el periodo 2022-2026, con una presencia residual de proveedores extranjeros. Esto refleja la capacidad de los astilleros nacionales para responder a las necesidades de la Armada. Desde hace décadas, Navantia domina este sector en España. En los últimos años destacan las nuevas fragatas que serán la nueva cara de la Armada, la serie F-110.

En cuanto al área espacial, aunque todavía representa una parte menor del gasto total, España ha firmado contratos por cerca de 900 millones de euros en el mismo periodo. El desarrollo de capacidades en este ámbito avanza de manera gradual, con predominio de empresas nacionales y limitada intervención de socios europeos o estadounidenses.

El embajador de Estados Unidos en México Ronald Johnson celebró la declaración de culpabilidad contra Chandler Britain Bradford, un hombre de Texas de 37 años que traficó piezas para fabricar armas destinadas a México, porque el caso exhibió una ruta de abastecimiento que habría permitido ensamblar cerca de 5,700 rifles semiautomáticos y mover más de USD 3.5 millones en una operación vinculada con la delincuencia organizada.

En un mensaje publicado en X, Johnson sostuvo que el fallo mostró por qué las autoridades debían desmantelar redes completas, seguir el rastro de las armas, del dinero y de quienes facilitaban esas operaciones. Añadió que trabajaban con socios y colegas mexicanos para frenar el tráfico ilegal de armamento y evitar que ese arsenal alimentara más crímenes.

El veredicto fue emitido el lunes por un jurado federal del Distrito Oeste de Texas, al cierre de un juicio de una semana. Bradford quedó expuesto a una pena de hasta 20 años de prisión federal.

El esquema incluyó piezas, herramientas y asesoría técnica

La acusación estableció que Bradford participó en una trama para abastecer sin licencia a un ciudadano mexicano radicado en la zona de Monterrey, Nuevo León, con piezas de armas enviadas desde Estados Unidos hacia México. El esquema no se limitó al traslado de componentes.

De acuerdo con las pruebas judiciales, el acusado también proporcionó herramientas y conocimientos técnicos para montar una operación completa de fabricación de armas en el norte del país. Las autoridades incautaron cajas con piezas y documentaron el uso de una unidad de almacenamiento como depósito de los componentes.

A cambio de ese suministro, Bradford recibió más de USD 3.5 millones de su contacto en Monterrey. El jurado lo declaró culpable de siete cargos en total.

Los delitos incluyeron un cargo de conspiración para el contrabando de mercancías desde Estados Unidos, un cargo de conspiración para transferir armas de fuego destinadas a la comisión de un delito grave, cuatro cargos de complicidad en el contrabando de mercancías desde Estados Unidos y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

Ese bloque de cargos respondió a la pregunta central del caso: qué hizo Bradford y por qué el fallo fue considerado de alto peso por las autoridades. El jurado concluyó que no solo movió piezas, sino que ayudó a establecer la capacidad para fabricar miles de armas en territorio mexicano.

Fiscales señalaron a los cárteles como destino final de las armas

El titular de la fiscalía federal Justin R. Simmons afirmó que a Bradford solo le importaba el dinero que obtenía de la actividad delictiva y no las vidas estadounidenses que podrían verse afectadas. También sostuvo que los cárteles de la droga usaban esas armas para asegurar territorio y rutas para introducir estupefacientes en Estados Unidos.

Michael Weddel, agente especial a cargo de la ATF en Houston, señaló que el acusado proporcionó medios y conocimientos técnicos para facilitar la fabricación ilegal de miles de armas de fuego dirigidas a un mercado criminal en México. Añadió que la agencia seguiría trabajando con socios federales, locales e internacionales para desmantelar a quienes se beneficiaban de ese tipo de operaciones.

La investigación estuvo a cargo de la ATF con apoyo de la Oficina de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio y de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El caso fue presentado como parte del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, una iniciativa creada mediante la Orden Ejecutiva 14159, “Protección del pueblo estadounidense contra la invasión”.

Ese esquema institucional reunió a varias agencias del gobierno federal con el objetivo de desarticular redes de apoyo a los cárteles mexicanos. Los fiscales federales adjuntos Brian Nowinski y Ryan Groomer quedaron a cargo de la acusación.

El expediente incluyó condenas previas y dos prófugos

El caso no se limitó a Bradford. En enero de 2025, Jose Francisco Garcia-Cervantes y Ricardo Rodriguez-Sotelo fueron condenados a prisión federal, mientras que Troy Vernon Erbe y Jesus Guzman-Delgado se declararon culpables.

Dos coacusados permanecieron prófugos: Julio Gomez-Mendoza y Octavio Quiroga-Treviño. La ATF solicitó información sobre su paradero a través de su línea de denuncias y de un correo electrónico habilitado para recibir pistas.

La sentencia contra Bradford quedó en manos de un juez de distrito federal, que debía evaluarla conforme a las directrices federales para la imposición de penas y otros factores legales.

• Chandler Britain Bradford fue declarado culpable por traficar piezas para fabricar cerca de 5,700 rifles semiautomáticos en México y por conspiración para lavar más de USD 3.5 millones.

• El acusado abasteció a un contacto en Monterrey con componentes, herramientas y asesoría técnica para instalar una operación de fabricación de armas en el norte de México.

• El embajador Ronald Johnson celebró el fallo y afirmó que Estados Unidos y México mantenían el compromiso de frenar el tráfico ilegal de armas hacia la delincuencia organizada.

Siete personas fueron detenidas durante una serie de cateos simultáneos realizados en seis municipios de Querétaro, donde también fueron aseguradas sustancias con características de cristal, metanfetamina y cocaína en piedra, así como armas y cartuchos útiles, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

La dependencia señaló que las diligencias se realizaron en Querétaro, El Marqués, San Juan del Río, Tequisquiapan, Pedro Escobedo y Amealco.

De acuerdo con la información, entre las personas detenidas se encuentran individuos a quienes se les imputan posibles delitos contra la salud, violencia familiar y otros ilícitos que son investigados por las autoridades.

Aseguran armas durante los cateos

Además de los narcóticos, los agentes localizaron un arma de fuego, una escopeta y un rifle, así como una réplica de arma tipo revólver y cartuchos útiles.

La Fiscalía señaló que todos los objetos asegurados fueron incorporados a las investigaciones para establecer su posible relación con los hechos que dieron origen a las diligencias.

Los cateos se realizaron bajo la estrategia Sinergia Por Querétaro, mediante la cual participaron distintas corporaciones de seguridad para llevar a cabo las intervenciones de manera coordinada.

En el operativo participaron elementos de la Policía de Investigación del Delito, Policía Estatal, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y policías municipales.

Operativo se extendió por seis municipios

Las acciones abarcaron municipios de la zona metropolitana y distintas regiones de Querétaro, con diligencias simultáneas en inmuebles relacionados con las carpetas de investigación.

La Fiscalía estatal informó que las siete personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Sinergia acumula otros operativos contra el narcomenudeo

Los cateos forman parte de una serie de acciones recientes realizadas en Querétaro mediante la estrategia Sinergia, particularmente durante agosto, con intervenciones en distintos municipios y aseguramientos de narcóticos, armas y otros indicios.

El 7 de agosto, seis cateos derivados de investigaciones por delitos contra la salud dejaron cuatro personas detenidas. En esas diligencias fueron aseguradas metanfetamina, cocaína en piedra, cocaína en polvo y marihuana, con un estimado de mil 60 dosis individuales. También fueron recuperados un vehículo con reporte de robo y tres inmuebles quedaron asegurados.

Cinco días después, el 12 de agosto, la Fiscalía informó de otro despliegue con 10 cateos simultáneos en los municipios de Querétaro, Amealco de Bonfil y Pedro Escobedo. El operativo terminó con 10 personas detenidas: siete adultos y tres adolescentes.

En esas diligencias se localizaron sustancias con características de narcóticos, dinero en efectivo y básculas digitales. En Pedro Escobedo fueron aseguradas armas de fabricación artesanal, cartuchos útiles y metanfetamina durante una intervención relacionada con una investigación por armas prohibidas y lesiones dolosas.

El 17 de agosto, las autoridades reportaron además cinco cateos que derivaron en cinco detenciones. En ese caso fueron aseguradas más de 110 dosis de sustancias con características de metanfetamina, cocaína en piedra y cocaína en polvo, además de plantas con características de marihuana, teléfonos, computadoras y otros indicios. Dos inmuebles quedaron asegurados.

Ese mismo día, una acción operativa en San Juan del Río derivó en la detención de cuatro personas y el aseguramiento de tres armas de fuego, cinco cargadores y 150 cartuchos útiles. También fueron decomisadas sustancias que, de acuerdo con la Fiscalía, equivalían aproximadamente a 8 mil 748 dosis de narcóticos, entre metanfetamina, cocaína en piedra, cocaína en polvo y tussi.

La sucesión de operativos muestra que Sinergia mantiene acciones simultáneas en distintos municipios de Querétaro, con investigaciones que abarcan principalmente delitos contra la salud, además de otros hechos delictivos.

En el caso más reciente, los indicios asegurados y las personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible relación con otros delitos.

Dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murieron durante un operativo conjunto en Colima, luego de que los elementos de seguridad fueran agredidos y repelieran el ataque, informó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

La intervención fue realizada de manera coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Colima, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General del Estado, corporaciones que desplegaron acciones que permitieron asegurar un arsenal compuesto por armas, cartuchos, granadas, cargadores, equipo táctico y droga.

De acuerdo con el reporte oficial, ningún elemento de las instituciones participantes resultó lesionado durante el enfrentamiento.

Entre los objetos asegurados se encuentran más de 2 mil 500 cartuchos de distintos calibres, correspondientes a armas largas y cortas, así como cinco armas cortas y dos granadas de fragmentación.

El despliegue también permitió localizar aproximadamente 25 cargadores para fusil AK-47 y 60 cargadores para armas calibre 5.56, además de tres armas cortas calibre 9 milímetros y otras dos del mismo calibre que fueron encontradas junto a los dos hombres que murieron durante la agresión.

Localizan restos humanos durante el operativo

Uno de los hallazgos que abrió una nueva línea de investigación fue la localización de restos humanos dentro de la zona intervenida.

La Mesa de Coordinación Estatal señaló que la identidad de la persona y las circunstancias en las que murió serán establecidas mediante los estudios periciales y las investigaciones correspondientes.

Los restos quedaron bajo investigación de la autoridad ministerial, que deberá determinar si existe alguna relación con otros casos de desaparición u homicidio registrados en Colima.

Además de las armas y municiones, fueron asegurados chalecos portaplacas, equipo táctico, aparatos de comunicación y paquetes con hierba verde con características similares a la marihuana.

Entre los indicios llamó particularmente la atención el hallazgo de 20 distintivos con siglas y leyendas atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal con presencia en distintas regiones del estado.

Placas podrían estar relacionadas con homicidio de exfuncionario

Durante las diligencias también fueron aseguradas seis placas de circulación vehicular pertenecientes a distintos estados de la República.

De acuerdo con información de inteligencia en poder de las corporaciones, una de esas placas presuntamente estaría relacionada con el homicidio de una persona que se desempeñó como asesor y director de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima durante la administración estatal anterior.

La Fiscalía General del Estado será la encargada de analizar el indicio y establecer su procedencia, así como determinar si existe alguna relación con ese homicidio o con otros hechos delictivos registrados en la entidad.

El hallazgo podría abrir nuevas líneas de investigación sobre la operación de grupos criminales en Colima, particularmente por la posible conexión entre los objetos encontrados y casos de alto impacto ocurridos previamente en el estado.

Aseguran equipo utilizado por grupos criminales

El operativo permitió retirar de circulación dos granadas de fragmentación, además de decenas de cargadores, armas y equipo táctico que, de acuerdo con las autoridades, podrían formar parte de la capacidad logística utilizada por organizaciones criminales.

Todos los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente, que continuará con las investigaciones para determinar su procedencia y posible relación con otros delitos.

Las autoridades estatales y federales informaron que mantendrán los operativos coordinados en la entidad como parte de las acciones destinadas a afectar la capacidad logística y operativa de las organizaciones criminales, tanto en la capital como en otros municipios.

Hasta el momento, el reporte oficial no identifica a los dos hombres que murieron durante el enfrentamiento ni establece públicamente el inmueble exacto donde se realizó el operativo.

Cuatro personas fueron detenidas durante un operativo realizado en Mapimí, Durango, donde fuerzas federales localizaron un arsenal compuesto por 12 armas de fuego y 4 mil 715 cartuchos, además de droga y equipo táctico.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que las acciones ocurrieron el 15 de agosto, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres efectuados por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

El despliegue se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el reporte oficial, entre las armas localizadas había ocho largas y cuatro cortas, acompañadas por 87 cargadores y municiones de diversos calibres. La cantidad de cartuchos asegurados ascendió a 4 mil 715.

Durante las mismas acciones fueron localizados 6.665 kilogramos de una hierba verde con características similares a la marihuana, además de un vehículo y equipo táctico diverso.

La Defensa no informó si las personas detenidas fueron sorprendidas en posesión directa del armamento o la droga, ni proporcionó detalles sobre su identidad, posible actividad delictiva o alguna relación con un grupo criminal.

Tampoco se dio a conocer el sitio específico donde ocurrió el aseguramiento dentro del municipio de Mapimí ni se precisaron los calibres de las armas y cartuchos decomisados.

Los cuatro detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en Gómez Palacio, autoridad que continuará con las investigaciones y realizará las diligencias periciales correspondientes.

Será el Ministerio Público federal el que determine la situación jurídica de los detenidos y establezca las responsabilidades que pudieran derivarse del hallazgo del armamento, las municiones y la presunta droga.

La operación forma parte de los patrullajes realizados por las fuerzas federales en Durango como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

La Defensa señaló que las acciones se efectuaron dentro del marco legal y con respeto a los derechos humanos, sin proporcionar por ahora información adicional sobre el origen del arsenal o el destino que presuntamente tendría.

Durango acumula otros aseguramientos de armas y explosivos durante agosto

Los hechos de Mapimí se suman a otros operativos recientes realizados por fuerzas federales en Durango, donde también han sido localizados armamento, municiones y artefactos explosivos. En los reportes correspondientes a los días 7, 8 y 9 de agosto, el Gabinete de Seguridad informó que en Tamazula fueron asegurados 43 artefactos explosivos, mientras que en Pueblo Nuevo se localizaron 4 mil 100 cartuchos y 14 artefactos explosivos improvisados.

A finales de julio, otro operativo en Tamazula derivó en el aseguramiento de 15 artefactos explosivos, un fusil Barrett, 163 cartuchos, cinco cargadores, cordón detonante, presunta marihuana y cinco vehículos, de acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad.

La actividad de las fuerzas federales en la entidad también ha incluido acciones contra infraestructura presuntamente utilizada para actividades delictivas. El 1 de julio, elementos de la Guardia Nacional, Ejército y FGR catearon un inmueble en Durango y aseguraron 16 vehículos, tres de ellos con blindaje de fábrica y dos con reporte de robo. Ese mismo reporte señaló que en Tamazula fue localizada e inhabilitada un área de concentración de materiales para la elaboración de metanfetamina, con mil 350 litros y 150 kilos de sustancias químicas.

Con estos antecedentes, el aseguramiento registrado en Mapimí se incorpora a una serie de operaciones recientes en distintos puntos de Durango, aunque la Defensa no estableció una relación entre los casos ni atribuyó los objetos decomisados a una organización criminal específica.

Un hombre fue detenido en Suchiapa, Chiapas, luego de que presuntamente se hiciera pasar por integrante de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) al portar prendas similares a las utilizadas por la corporación, pero con insignias señaladas como apócrifas. Durante el operativo también le aseguraron un arma de fuego, cartuchos, presunta droga y un vehículo.

La detención de Bulmaro “N” ocurrió en la colonia 3 de Marzo, donde elementos de seguridad y de investigación realizaban recorridos cuando detectaron al hombre. De acuerdo con la información difundida por autoridades de Chiapas, durante la intervención localizaron entre sus pertenencias y objetos relacionados con él un uniforme similar al de la Fuerza Pakal, además de un chaleco balístico y una funda para pistola.

Las autoridades señalaron que las insignias del uniforme eran falsas, por lo que el detenido quedó bajo investigación para determinar si utilizaba la vestimenta para hacerse pasar por integrante de una corporación de seguridad.

Le encuentran una pistola, 32 cartuchos y 15 envoltorios

Durante la revisión también fue asegurada una pistola calibre 9 milímetros, dos cargadores y 32 cartuchos útiles. A ello se sumaron 15 envoltorios transparentes con una sustancia granulada con características similares a la denominada piedra.

Los agentes también aseguraron dinero en efectivo y un Volkswagen Jetta blanco, en el que presuntamente se desplazaba el detenido.

Bulmaro “N” y los objetos decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, que deberán determinar su situación jurídica y establecer qué delitos pueden configurarse a partir de los objetos encontrados durante el operativo.

La investigación también tendrá que precisar si el hombre únicamente portaba las prendas apócrifas o si efectivamente realizó actos propios de un integrante de la Fuerza Pakal. La diferencia es relevante debido a que la legislación contempla sanciones distintas para la usurpación de funciones públicas y para el uso indebido de uniformes o insignias.

El uso de uniformes falsos puede ser castigado con hasta seis años de prisión

El Código Penal Federal contempla una sanción específica para quienes utilicen uniformes o insignias falsificadas de las Fuerzas Armadas o de instituciones de seguridad pública.

El artículo 250 Bis 1 establece una pena de uno a seis años de prisión y de 100 a 300 días multa para quien almacene, distribuya, posea, adquiera o utilice uniformes, divisas, balizaje, credenciales de identificación o insignias falsificadas de las instituciones señaladas.

La misma disposición contempla el uso de uniformes, insignias o divisas que, aun cuando no sean una copia exacta de los originales, tengan una apariencia similar o puedan confundirse con los emitidos legalmente cuando sean utilizados con el objetivo de hacerse pasar por servidor público.

Por ello, esta legislación podría ser relevante para el caso de Suchiapa si durante la investigación se acredita que las prendas aseguradas fueron utilizadas para aparentar que Bulmaro “N” pertenecía a la Fuerza Pakal.

La pena concreta, sin embargo, no puede determinarse en esta etapa, ya que dependerá de la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público, de los peritajes y de las conductas que eventualmente sean acreditadas ante un juez.

El Código Penal para el Estado de Chiapas también contempla una conducta relacionada con el uso de uniformes oficiales, condecoraciones, grados jerárquicos o insignias a los que una persona no tenga derecho. El artículo 411 establece una pena de tres meses a cinco años de prisión y de 20 a 100 días de multa cuando se actualicen los supuestos previstos por esa disposición.

En consecuencia, será la autoridad ministerial la que determine si el caso se procesa bajo la legislación estatal, federal o por la posible concurrencia de otros delitos.

La pistola calibre 9 milímetros también será analizada

Otro elemento que podría aumentar la gravedad del caso es el arma asegurada. El hecho de que se trate de una pistola calibre 9 milímetros no permite por sí solo determinar qué delito de portación se configura, ya que la clasificación depende de las características específicas del arma.

La legislación federal establece restricciones para determinadas armas de ese calibre, por lo que será necesario que los peritos determinen el modelo y sus características antes de establecer si corresponde a un arma reservada para el uso de las Fuerzas Armadas.

A esto se suma la sustancia localizada en los 15 envoltorios. Hasta que concluyan los análisis periciales, debe ser considerada presunta droga, sin afirmar que se trata de algún narcótico específico.

El plazo judicial venció a las 00.01 del jueves 13 de agosto y el gobierno de Estados Unidos no presentó una apelación de emergencia. Con esa omisión, entró en vigor el fallo del juez James Wesley Hendrix, del distrito norte de Texas, que dejó sin efecto una parte central de la National Firearms Act, la ley federal de armas aprobada en 1934.

La resolución desactivó el sistema que exigía registro, huellas digitales y autorización previa para comprar supresores y armas largas con cañón corto. El cambio no abrió una vía libre en todo Estados Unidos, pero sí expuso un giro político dentro de la propia administración de Donald Trump, que el año pasado había promulgado una reforma clave para el desenlace del caso.

The New York Times informó que el expediente sigue abierto, porque el Departamento de Justicia todavía dispone de 52 días para presentar una apelación.

Aun así, la falta de una respuesta inmediata permitió que la sentencia produjera efectos concretos y reabriera la pelea entre los sectores que reclaman más controles y los grupos que defienden una lectura amplia de la Segunda Enmienda.

Qué parte de la ley quedó afectada

El fallo no aplica a toda la población de Estados Unidos. The Trace indicó que la decisión protege sobre todo a las personas, grupos y empresas que impulsaron la demanda, además de sus clientes actuales o futuros.

La resolución tampoco eliminó todos los controles. The New York Times precisó que quienes compren estas armas o accesorios todavía deben pasar el chequeo de antecedentes exigido por la ley federal, mientras las restricciones de cada estado siguen vigentes.

En California, Nueva York y el distrito de Columbia, por ejemplo, la venta y tenencia de supresores y armas de cañón corto continúan prohibidas. La parte de la ley que regula las ametralladoras quedó fuera del fallo, afirmó The New York Times.

El argumento constitucional detrás del fallo

El conflicto empezó con una reforma impulsada por los republicanos en el Congreso y promulgada por Trump el año pasado. Esa ley eliminó el impuesto federal de USD 200 que formaba parte del trámite para comprar supresores y rifles de cañón corto.

A partir de ese cambio, grupos de presión y empresas del sector argumentaron que el Congreso ya no tenía la misma base constitucional para sostener esa regulación, porque la norma había dejado de recaudar dinero.

Hendrix aceptó esa tesis en una resolución de 66 páginas. Allí escribió que, como la ley ya no genera ingresos, “sus disposiciones regulatorias no pueden sostenerse bajo la potestad tributaria”, tal y como reprodujo The New York Times.

Ese impuesto había perdido fuerza con el paso del tiempo. La nota recordó que los USD 200 habían sido pensados en 1934 como una barrera económica severa, pero en 2026 equivalían a una parte menor del precio de un arma moderna o de un supresor.

Reacciones enfrentadas tras la entrada en vigor del fallo

Las organizaciones proarmas celebraron la entrada en vigor del fallo. CBS News informó que ya se concretaron operaciones sin registro federal entre actores alcanzados por la demanda. Para esos grupos, se trató de un hecho sin precedentes desde 1934.

Otros referentes del mismo sector pidieron cautela. La Second Amendment Foundation advirtió que “todavía no es momento de descorchar el champán”, porque siguen abiertas dudas sobre cómo aplicará el gobierno la decisión, citó The New York Times.

Del otro lado, las organizaciones que promueven mayores restricciones cuestionaron la falta de reacción oficial. Kris Brown, presidenta de la Brady Campaign to Prevent Gun Violence, aseguró al The New York Times que el Departamento de Justicia “tuvo la oportunidad de actuar para proteger nuestra seguridad, pero no lo hizo”.

El Departamento de Justicia evitó fijar una posición más precisa. En una declaración citada por The New York Times, el organismo afirmó que “respeta los derechos de los estadounidenses bajo la Segunda Enmienda y evalúa el impacto del fallo”.

Un cambio con efecto inmediato y final abierto

Entre las empresas alcanzadas por la demanda figura Palmetto State Armory, una de las mayores tiendas online de armas del país, detalló The New York Times.

La ley de 1934 nació en respuesta al crimen armado de la era de la Prohibición y al intento de asesinato contra el presidente electo Franklin D. Roosevelt.

Noventa y dos años después, una combinación de reforma legislativa, presión política y decisión judicial dejó en suspenso una de sus herramientas más emblemáticas.

En el marco de la investigación por la estafa a Brian Lanzelotta, ex participante de Gran Hermano, la Policía de Mendoza detuvo a un hombre en marco de una serie de opertivos realziados este jueves en dos domicilios del departamento de San Martín.

El procedimiento, a cargo de la División Delitos Económicos de la Dirección General de Investigaciones, culminó con el secuestro de documentación y varios elementos relevantes para la causa, además del hallazgo de dos armas de fuego —uno de seis alvéolos con la inscripción “Colt” en la empuñadura y otro de cinco alvéolos sin marcas visibles— y cinco cartuchos de diferentes calibres.

La acción judicial se enmarca dentro de una causa impulsada por la Fiscalía interviniente de la provincia de Buenos Aires, que busca esclarecer el mecanismo a través del cual se habría concretado la supuesta maniobra fraudulenta. El operativo puso el foco en dos puntos específicos de Palmira: un depósito situado en calle Javier Molina y una vivienda ubicada en el costado oeste del carril San Pedro.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno de Mendoza, las diligencias permitieron el secuestro de tres remitos, paquetes y bolsones de papel higiénico, que serían parte de la encomienda que envió Lanzelotta a Mendoza. Además, también incautaron dos celulares. Todo el material quedó bajo custodia para ser sometido a un análisis detallado, con el objetivo de determinar su relación con la denuncia presentada por estafa.

El procedimiento se desarrolló sin incidentes, aunque uno de los ocupantes de los domicilios allanados fue trasladado en calidad de aprehendido. El individuo quedó a disposición de la Justicia para su identificación y para definir su eventual situación procesal en el marco de la causa.

La causa se inició tras la denuncia presentada por Lazelotta en la Fiscalía N° 8 de delitos complejos de San Martín, donde llegó acompañado por su abogado, el doctor Gastón Jordanes. De acuerdo con su relato, todo comenzó cuando recibió el pedido de un supuesto cliente de Mendoza, que le solicitó el mayor cargamento de su historia empresarial. El trato exigía la entrega de 3.200 bolsones de papel higiénico en un plazo de siete días.

Para conseguir los insumos necesarios, el músico y su familia gestionaron préstamos: “Mi suegro pidió prestado un préstamo para poder asumir este riesgo, asumir esta responsabilidad con este pedido que yo iba a pensar que me iba a cambiar la vida. Literalmente me la cambió, no para bien, pero me la cambió”.

El viernes, el supuesto comprador solicitó los datos bancarios para transferir $17.500.000. Primero, el comprobante de pago tenía un error en el DNI de la esposa de Lanzelotta, por lo que envió un nuevo alias personal. Recibió otro comprobante, pero los estafadores alegaron que, por tratarse de una transferencia entre bancos distintos y ser fin de semana, el dinero podía demorar hasta 48 horas en acreditarse.

A pesar de la falta de confirmación bancaria, Lanzelotta decidió despachar la mercadería a Mendoza el sábado a la noche: “El sábado, a las nueve de la noche, envié todo el papel higiénico. Todos los bolsones los envié a Mendoza”. Al poco tiempo, se percataron de que era una estafa.

Según pudo precisar su abogado, lograron identificar que sus productos se venden en redes sociales, a través de TikTok y que algunos bloquearon a Lanzelotta para que él no pueda contacarlos.

Pese a los últimos avances en la causa, la investigación continuará su curso para dar con todos los responsables.

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento de 11 personas acusadas de integrar una organización dedicada al desvío sistemático de armas de fuego desde circuitos legales hacia mercados ilícitos, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El caso, a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, se inició el 26 de julio de 2024, a raíz de una denuncia presentada por la entonces ANMAC —actualmente RENAR—, que señaló la existencia de maniobras de adquisición aparente de armas por canales lícitos y su posterior desvío a circuitos informales.

El análisis de la operatoria surgió de un relevamiento de usuarios de armas que, entre enero de 2022 y la investigación, adquirieron al menos cinco armas en un corto período. De este universo, se detectaron inconsistencias entre los ingresos declarados por los compradores y la cantidad de armas adquiridas.

Además, se registraron coincidencias en direcciones, contactos y gestores utilizados en los trámites, incidencias reiteradas en ciertas armerías y operadores registrales, así como irregularidades en domicilios de guarda y datos aportados en documentos oficiales.

Como resultado, se identificaron 147 casos sospechosos y se realizaron 38 inspecciones. En 35 de ellas, se encontraron irregularidades.

El material recolectado sirvió para determinar la existencia de una organización que, de manera sistemática, adquiría, registraba, transfería y hacía circular armas, valiéndose de una estructura que incluía usuarios interpuestos, gestores, operadores de armerías y personal de organismos de control.

El 22 de abril de 2025, la Policía Federal ejecutó 140 allanamientos que derivaron en múltiples detenciones, entre ellas las de Ricardo Javier Mascato, Martín José Núñez, el policía Walter Claudio Nahuel Moreno, Maximiliano Herminio Gómez Veras, Mirta Vanesa Lazzati, Daniel Ribeiro, Yanina Micaela Ribeiro, Daniel Niver Iglesias, Roberto Daniel Rean, Pablo Augusto Iannarelli y el funcionario de la ANMAC Fernando Héctor Rodríguez. Días después fue detenido Juan José Fogliani.

Los procesados están imputados por los delitos de asociación ilícita (con el agravante de organizador para Mascato) y por los previstos en el artículo 189, inciso 4 del Código Penal, ambos en concurso real. Moreno enfrenta además una acusación adicional por ser funcionario público.

Así operaban

En esta etapa, la Sala consideró que el análisis de la conducta de los imputados permitió advertir un patrón común de maniobras: adquisición recurrente de armas, uso de datos de terceros, presentación de información falsa y dificultades para justificar la tenencia de armamento.

En algunos casos, tras las inspecciones oficiales o allanamientos, los investigados presentaron denuncias de robo para explicar la falta de las armas registradas a su nombre. La investigación también detectó circulación relevante de dinero entre los imputados, flujos que se correspondían con las transferencias de armamento.

De acuerdo con el expediente, solo 20 de las 700 armas registradas a nombre de los distintos usuarios fueron halladas en poder de sus titulares.

La estructura de la organización, según la acusación, se dividía en núcleos de responsabilidad: armerías que vendían o intermediarían en la transferencia de armas, certificantes que avalaban los trámites registrales y usuarios irregulares que justificaban la tenencia legal como paso previo a la desviación del material hacia el circuito ilegal.

En este esquema, el exfuncionario de la ANMAC, Rodríguez, y el oficial de la Policía de la Ciudad, Moreno, aparecen señalados por su rol en la certificación de documentos que permitían las transferencias cuestionadas.

En el análisis individual, la Cámara consideró que Mascato, a quien se le atribuye el papel de organizador, intervino activamente en la compra y transferencia de armas y en la captación de usuarios interpuestos, además de administrar los trámites ante organismos de control y denunciar robos para justificar la falta de armas en su poder. Núñez, por su parte, también figura como uno de los principales operadores de las transferencias, identificado en escuchas como colaborador directo de Mascato.

El tribunal también confirmó el procesamiento de Daniel Niver Iglesias, titular de una armería, por su intervención en certificaciones y operaciones, y de Yanina y Daniel Ribeiro, responsables de la armería “La Nona”, por transferencias reiteradas a usuarios irregulares y su papel en la inscripción de nuevos supuestos legítimos usuarios.

En el caso de Rodríguez, se confirmó su procesamiento por su participación activa brindando apoyo desde su posición institucional y como gestor, incluido el cobro de contraprestaciones por certificaciones.

La resolución, firmada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y el secretario Darío Emmanuel Figueiras, también ratificó el procesamiento de Moreno por sus reiteradas certificaciones y transferencias como oficial policial, Maximiliano Herminio Domingo Gómez Veras, Juan José Fogliani, Mirta Vanesa Lazzati y Roberto Daniel Rean por su rol como usuarios, gestores e intermediarios dentro de la estructura.

Respecto de Iannarelli, la Cámara revocó su procesamiento y la medida de embargo, al no hallar elementos suficientes que lo vincularan dolosamente a las maniobras investigadas, ordenando su inmediata libertad.

Por último, los camaristas confirmaron los embargos dispuestos sobre los imputados, por 100 millones de pesos para cada uno y 120 millones en el caso de Mascato, medida que el tribunal justificó por la magnitud de las maniobras, el volumen de armamento y su equivalencia en el mercado informal.

El Gobierno oficializó un nuevo esquema para la tenencia de armas, accesorios y portaciones, con una resolución del Registro Nacional de Armas (RENAR) que reglamenta cambios introducidos por el Decreto 306/2026. La medida, publicada este 13 de agosto de 2026 en el Boletín Oficial, fija nuevas exigencias documentales, controles y criterios más detallados.

Uno de los cambios más relevantes consiste en la incorporación de supresores o moderadores de sonido y de dispositivos o miras nocturnas adosados o adosables a armas de fuego capaces de dirigir el tiro en la oscuridad dentro de la categoría de materiales de uso civil condicional. A partir de esa nueva clasificación, los legítimos usuarios vigentes de armas de uso civil condicional podrán pedir autorización de tenencia por adquisición, introducción definitiva o transferencia, bajo un régimen específico.

Para acceder a esa autorización, el solicitante deberá acreditar que integra una entidad de tiro autorizada e inscripta ante el RENAR o presentar una licencia o permiso de caza vigente expedido por autoridad competente para actividad cinegética en un predio habilitado. La resolución también exige declarar el material controlado cuya registración se solicita y demostrar que el usuario posee armas compatibles registradas a su nombre.

La registración de estos dispositivos será autónoma respecto del arma: la autorización de tenencia no implicará que el accesorio quede afectado de manera exclusiva a una sola arma determinada, aunque el organismo sí podrá verificar la compatibilidad técnica y funcional entre el dispositivo y el material que figure en el legajo del usuario.

Los anexos publicados junto con la norma muestran cómo se traducirá ese cambio en la práctica administrativa. El Anexo I aprueba una declaración jurada para la solicitud de autorización de tenencia de supresores, moderadores de sonido y miras nocturnas. El formulario exige consignar los fundamentos del pedido, los datos del solicitante, los datos del vendedor y la identificación del material, con campos para tipo de material, marca, modelo, número de serie y CUIM.

Cualquiera de estos accesorios que ingrese al país sin numeración de fábrica deberá tramitar ante el RENAR la asignación de un número de serie. Ese identificador tendrá que grabarse sobre el cuerpo del dispositivo mediante técnicas compatibles con su estructura y funcionamiento. Además, la fabricación, importación, exportación y comercialización de estos materiales solo podrá ser realizada por usuarios comerciales inscriptos y habilitados en el rubro correspondiente.

Tenencia de armas heredadas

Otro de los ejes de la norma es el procedimiento simplificado para registrar armas de fuego recibidas por herencia cuando no exista declaratoria judicial previa. La persona que pretenda registrar la tenencia de materiales controlados inscriptos a nombre del causante deberá contar con condición vigente de legítimo usuario o iniciar ese trámite en simultáneo, acreditar el vínculo con documentación respaldatoria y presentar una declaración jurada certificada.

El Anexo II incluye el nuevo formulario de declaración jurada, que contempla distintas opciones de trámite, entre ellas registración por herencia sin declaratoria judicial, regularización de tenencia hereditaria, cambio de responsable registral y reempadronamiento de material heredado. El solicitante debe informar sus datos personales, su situación ante el RENAR, los datos del causante fallecido y el detalle del material cuya tenencia solicita, con identificación de tipo de arma, sistema de disparo, marca, calibre, número de serie y largo de caño.

El formulario incorpora además una sección para familiares que avalan la declaración o confieren derecho, otra para informar la existencia de otros posibles herederos y una declaración específica sobre ausencia de conflicto. Allí el firmante debe indicar si conoce controversias familiares, judiciales o extrajudiciales sobre el arma o el material declarado. Esa previsión muestra que la vía simplificada no elimina la posibilidad de disputa, sino que obliga a informarla y habilita controles posteriores.

La resolución subraya que la registración por esta vía no constituye reconocimiento de calidad de heredero ni acredita dominio civil sobre el bien. Su efecto es exclusivamente administrativo y registral. También dispone que solo podrá existir un único responsable registral por cada arma y que el sistema impedirá la tramitación simultánea de más de una solicitud sobre el mismo material. Si aparece una oposición administrativa de un tercero con interés legítimo o se verifica un conflicto manifiesto, el organismo podrá suspender el trámite hasta que exista una resolución judicial o un acuerdo suficiente.

Portación de armas de guerra

El tercer bloque relevante de la medida se refiere a la portación de armas de guerra para legítimos usuarios individuales de armas de uso civil condicional. La reglamentación establece que esos pedidos solo podrán formularse respecto de armas cuya tenencia ya esté registrada a nombre del solicitante.

Para avanzar con la solicitud, se exigirá documento de identidad vigente con domicilio actualizado, informe del Registro Nacional de Reincidencia sin anotaciones, certificación de aptitud psicofísica, acreditación de idoneidad en el manejo y porte de armas de fuego y demostración de un medio lícito de vida.

El Anexo III desarrolla el examen de idoneidad requerido para portadores. La certificación deberá ser emitida por un instructor de tiro habilitado e inscripto ante el RENAR y tendrá una validez de 60 días corridos desde la fecha de emisión. La evaluación abarcará conocimientos básicos de legislación y seguridad, clasificación legal de armas y municiones, conocimiento de distintos tipos de armas cortas y descripción de sistemas de disparo y operación.

El formulario añade prácticas concretas, entre ellas desenfunde y enfunde seguros, carga, descarga y recarga del arma, empuñe y posición de tiro, tiro apuntado a 20 metros, tiro por señalamiento a 7 metros, tiro con desenfunde con vestimenta de trabajo y un ejercicio de búsqueda, localización e identificación positiva de blancos bajo presión. La constancia final deberá consignar si el legítimo usuario resulta apto o no apto para el manejo y porte de armas de fuego.

La reglamentación también contempla situaciones específicas para usuarios colectivos inscriptos como empresas, personal retirado de fuerzas armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, y funcionarios nacionales o extranjeros alcanzados por normas particulares. Con esta resolución, el Gobierno precisó la aplicación práctica de los cambios introducidos por el Decreto 306/2026 y fijó un marco más detallado para la registración, la trazabilidad y el control administrativo de materiales alcanzados por la normativa de armas.

Una mujer de 71 años fue víctima de una violenta entradera en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, durante la mañana del miércoles, cuando dos delincuentes ingresaron a su vivienda, la agredieron físicamente y huyeron con una suma de dinero en dólares, armas heredadas y joyas.

El hecho ocurrió alrededor de las 10 en una casa ubicada en Córdoba al 300, barrio Unviersitario, una zona residencial que en los últimos meses ha registrado episodios de inseguridad que preocupan a sus habitantes.

La víctima, identificada como Elisa, relató que fue sorprendida por los intrusos tras abrir las puertas que comunican con el patio trasero de su casa. En ese momento, los atacantes aprovecharon la vulnerabilidad del acceso para irrumpir sin forzar cerraduras ni alertar a la mujer de lo que estaba sucediendo.

Según el relato de la jubilada, los asaltantes no exhibieron armas de fuego, pero la redujeron mediante golpes y amenazas verbales, logrando inmovilizarla en el interior de la vivienda. En consecuencia, Elisa permaneció en estado de shock hasta la llegada de la Policía.

De acuerdo con lo informado por el portal La Brújula 24, la investigación policial quedó a cargo de la UFIJ Nº 7, que trabaja para identificar a los responsables. El personal policial realizó tareas de relevamiento en la escena, tomó declaración a la víctima y recolectó indicios materiales. Se informó que la prioridad es dar con los responsables, por lo que se revisan registros de imágenes y posibles testimonios de vecinos que hayan advertido movimientos previos o posteriores al hecho.

A principios del mes de junio, una familia de la localidad bonaerense de Ramos Mejía vivió momentos de extrema tensión durante la madrugada cuando una banda de delincuentes irrumpió en su vivienda y amenazó con agredir a sus hijos ante la resistencia de los propietarios.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Castelli al 1100, en el partido de La Matanza. Las cámaras de seguridad instaladas en el frente de la propiedad registraron toda la secuencia que se extendió por apenas cinco minutos, desde el ingreso de los asaltantes hasta su huida.

Según se observa en las imágenes, los delincuentes comenzaron a merodear la zona alrededor de las 3:20 de la madrugada, pasando varias veces frente al domicilio. Tres minutos después concretaron el ingreso tras forzar una de las rejas y acceder al interior de la vivienda. Eran seis en total.

Una vez dentro, se dirigieron hacia la habitación principal, donde descansaba el matrimonio. Allí, intentaron abrir la puerta mediante la fuerza, pero la pareja logró cerrarla con llave y permanecer resguardada del otro lado.

Al no conseguir ingresar, los delincuentes comenzaron a amenazar a los dueños de casa con hacerles daño a sus hijos, de 6 y 11 años, que se encontraban durmiendo en habitaciones separadas.

De acuerdo con lo relatado por la familia, el mayor escuchó ruidos y voces dentro de la vivienda, alcanzó a ver personas encapuchadas y decidió hacerse el dormido mientras los intrusos revisaban cajones y revolvían la habitación. El menor, en cambio, no llegó a advertir lo que estaba ocurriendo.

Mientras los asaltantes intimidaban a la pareja, la mujer logró salir al balcón y comenzó a pedir ayuda a los gritos. A las 3:27, según se desprende de los registros, los delincuentes abandonaron la vivienda y escaparon del lugar.

La investigación quedó a cargo de la UFIJ N.º 3, encabezada por el fiscal Gastón Bianchi, y por estas horas se realizan tareas de investigación.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la alcaldía Iztapalapa a Toshiro Tadeo Segura Hernández, de 26 años, identificado como primo de Irving Jonathan Herrera Sánchez, alias “El Irving”, uno de los últimos líderes de la Unión de Tepito.

El hombre fue arrestado con 145 dosis de posible droga, un arma de fuego corta, cartuchos útiles, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo, de acuerdo con datos oficiales.

Una fuente consultada por Infobae México reveló que Segura Hernández habría formado parte de una célula de la Unión de Tepito dedicada al narcomenudeo, la extorsión y el robo, que operaba en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztapalapa. Esta detención se suma a una serie de golpes que las autoridades capitalinas han realizado contra el entorno familiar y operativo de “El Irving” en los últimos meses.

La detención ocurrió en la colonia Sinatel tras una persecución a pie

Según reportes, los hechos ocurrieron mientras uniformados de la SSC realizaban trabajos de investigación de gabinete y campo en la colonia Sinatel, en la alcaldía Iztapalapa. En la esquina de las avenidas Río Churubusco y Andrés Molina Enríquez, los oficiales detectaron a un hombre en actitud inusual que, al notar su presencia, echó a correr.

Los policías lo interceptaron metros adelante. En la revisión preventiva que le practicaron, le aseguraron un arma de fuego corta con cargador, 10 cartuchos útiles y un cilindro metálico color gris, que pareciera ser un silenciador de arma corta.

También le hallaron 96 bolitas de plástico transparente con una hierba verde y seca similar a la marihuana, una bolsa del mismo vegetal a granel y 50 envoltorios color amarillo con una sustancia cristalina. Además, le retiraron dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los Herrera Segura, la familia que opera el primer cuadro de la ciudad para La Unión Tepito

La detención de Toshiro Tadeo Segura Hernández se inscribe en un patrón documentado por las autoridades capitalinas: el círculo cercano a “El Irving” está compuesto en gran medida por familiares directos que sostienen la operación del grupo delictivo en la zona central de la capital.

Entre los parientes con antecedentes delictivos figura Hugo Alexis Herrera, alias “El Moño”, primo de El Irving, detenido en enero de 2025 en las calles de Donceles y República de Chile, en la colonia Centro. También aparece en los registros Édgar Herrera, alias “El Pollo”, capturado en abril de 2021 en la colonia Morelos.

Irving Jonathan Herrera Sánchez fue detenido el 15 de septiembre de 2025 por agentes de inteligencia de la SSC en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, tras un operativo que rastreó sus movimientos mediante cámaras de seguridad de la Ciudad de México. Tenía en su poder un arma corta, drogas y una camioneta de lujo, en la que se movía por la capital.

Uno de los último crímenes relacionados con esa familia ocurrió el pasado 27 de julio de 2026, Edgar Iván Herrera Segura, de 42 años, alias “El Valentín” —tío de El Irving e identificado como operador de la célula familiar Los Herrera Segura dentro de La Unión Tepito—, fue ejecutado a balazos en el cruce de República de Brasil y Belisario Domínguez, en el Centro Histórico. El cuerpo quedó cerca de la entrada a los negocios de imprentas que se localizan en la plaza de Santo Domingo.

La estructura financiera de “El Irving” también recibió un golpe en marzo de 2026

El desmantelamiento del entorno de El Irving no se ha limitado a sus parientes consanguíneos. En marzo de 2026, las autoridades detuvieron a Angélica García, alias “La Guasona”, en la colonia Buenavista de la alcaldía Cuauhtémoc, señalada como operadora financiera de la facción de El Irving dentro de La Unión Tepito.

Una fuente de seguridad consultada por Infobae México reveló que “La Guasona” se encargaba de recolectar y resguardar el efectivo generado por el narcomenudeo en la zona, para que el dinero circulara de forma segura hasta los mandos superiores de la organización.

Al momento de su detención, las autoridades le aseguraron mil dosis de una sustancia similar a la cocaína, 132 envoltorios de presunta metanfetamina, siete bolsas con marihuana, dos básculas, un arma de fuego corta, cartuchos útiles y tres teléfonos celulares.

Junto con “La Guasona” fue detenido Romel Campuzano, alias “El Rommi”, señalado como cuñado de “El Betito”, exlíder de La Unión Tepito capturado el 9 de agosto de 2018. Cateos posteriores a dos domicilios vinculados a “La Guasona” arrojaron más de 800 dosis de drogas listas para su venta y dos operadores detenidos.

Uno de cada cinco armas decomisadas en México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum fue incautada en Sinaloa, según reveló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desde Palacio Nacional.

El funcionario presentó el balance de la estrategia nacional de seguridad ante una pregunta de una reportera sobre el control del flujo ilegal de armamento procedente de Estados Unidos y el retorno de dinero del crimen organizado.

El dato central del informe fue que más de 30 mil armas de fuego han sido aseguradas entre octubre de 2024 y julio de 2026, y que más del 80% de ese arsenal proviene de territorio estadounidense.

Sin embargo, la concentración de decomisos en Sinaloa —alrededor del 20% del total nacional— refleja la intensidad operativa en un estado que sigue siendo uno de los principales destinos del tráfico ilegal de armamento.

Por otra parte, una reportera cuestionó a Omar García Harfuch sobre la capacidad del gobierno para identificar las rutas de ingreso de armas desde Estados Unidos y para rastrear el retorno de recursos del crimen organizado. El titular de Seguridad respondió con datos de incautaciones y reconoció que la Unidad de Inteligencia Financiera debe ofrecer mayor detalle sobre los flujos económicos.

García Harfuch enfatizó que la coordinación con Estados Unidos se basa en el principio de responsabilidad compartida. Según el funcionario, el consumo de drogas en el país vecino y el tráfico de armas hacia México forman parte de un mismo fenómeno que ambos gobiernos deben abordar en conjunto.

Cifras globales de la Estrategia Nacional de Seguridad entre octubre de 2024 y julio de 2026

El balance presentado por Harfuch va más allá del tema armamentista. Entre octubre de 2024 y el 31 de julio de 2026, las fuerzas federales detuvieron a 63 mil 564 personas por delitos de alto impacto y aseguraron 32 mil 824 armas de fuego, cifra que supera las 30 mil mencionadas en el contexto de la procedencia estadounidense.

En materia de drogas, los operativos arrojaron 518.7 toneladas de sustancias decomisadas, entre ellas más de 5 millones de pastillas de fentanilo y 2 mil 381.6 kilogramos de la misma droga en polvo. El Ejército y la Marina destruyeron 2 mil 725 laboratorios clandestinos en 23 entidades del país.

Harfuch señaló que todos estos aseguramientos afectan de forma directa la capacidad financiera y logística de las organizaciones criminales. La estrategia nacional contra la extorsión, en particular, permitió la detención de mil 847 personas en 24 estados entre julio de 2025 y julio de 2026.

La red de Arizona y la ruta por Sonora

Los datos de Harfuch se enmarcan en una serie de operativos recientes que ilustran cómo funciona el tráfico. El 4 de agosto de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito de Arizona desarticuló una red de 21 personas —incluido un ciudadano mexicano— que enviaba armamento a una organización criminal en México entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025.

La investigación, coordinada por la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF), acumuló 158 cargos criminales y derivó en la incautación de más de 100 armas y 125 mil cartuchos de munición. El arsenal incluía una ametralladora tipo Browning calibre .50, un rifle Barrett calibre .50 y fusiles tipo AR-15.

Según datos de la ATF publicados por Milenio, la ruta Arizona-Sonora concentra alrededor del 9% del tráfico total de armas hacia México. Ocho de cada 10 armas que ingresan al país terminan en manos de estructuras del Cártel de Sinaloa o del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La UIF y el retorno del dinero: una respuesta pendiente

Ante la pregunta sobre el retorno del dinero del crimen organizado desde Estados Unidos hacia México, Harfuch reconoció que la UIF es la instancia con mayor capacidad de análisis sobre el tema y pidió que la dependencia ofreciera una explicación “más precisa y profunda”. La UIF, encabezada por Omar Reyes, no presentó sus datos en esa misma conferencia.

Lo que sí está documentado es la acción antilavado más significativa del año: el 23 de julio de 2026, la UIF y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) incorporaron a 63 personas físicas y morales a sus respectivas listas de bloqueo por vínculos con una estructura financiera del CJNG. La operación fue simultánea en ambos países.

El reclamo mexicano por las armas y los bienes decomisados

La segunda pregunta de la reportera apuntó a un desequilibrio percibido: mientras Estados Unidos exige a México resultados en materia de drogas y migración, ¿puede México medir con igual precisión lo que Washington hace por la seguridad mexicana a través de la ATF? Harfuch respondió que sí, y reiteró el principio de responsabilidad compartida y diferenciada como eje de la relación bilateral.

Ese principio también guía la postura de la presidenta Sheinbaum sobre los bienes decomisados a narcotraficantes mexicanos en Estados Unidos. El 4 de agosto, la mandataria anunció que México solicitará la entrega de esos activos cuando el daño principal haya ocurrido en territorio nacional, dentro del marco legal de los acuerdos de cooperación vigentes.

La UIF ya concretó una primera recuperación en ese sentido: USD 500 mil vinculados al caso del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien cumple condena en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. El gobierno federal confirmó que esos recursos serán destinados al beneficio público, aunque no precisó el mecanismo presupuestario específico.

Luis Felipe de Jesús Cortés Escobedo, alias “El Canelo” o “El Rojo”, presunto mando medio de “Los Rusos”, fue detenido durante un operativo conjunto desplegado en el Kilómetro 57, una comunidad ubicada en la zona limítrofe entre Mexicali, Baja California, y San Luis Río Colorado, Sonora.

La captura ocurrió alrededor de las 17:00 horas del pasado lunes 10 de agosto, cuando elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal implementaron un operativo en esa zona.

De acuerdo con la información disponible, Cortés Escobedo viajaba a bordo de un vehículo acompañado por quien sería su escolta. Ambos fueron interceptados por los agentes y, tras una breve persecución, fueron detenidos.

Durante la intervención fueron aseguradas dos armas de fuego, entre ellas un fusil AR-15, arma que, por sus características, se encuentra dentro de las de uso reservado para las Fuerzas Armadas.

Tras su captura, “El Canelo” fue trasladado a Mexicali, donde las autoridades preparaban su puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar su situación jurídica.

Señalado como sucesor de “La Piruja”

Autoridades estatales y federales ubican a “El Canelo” como un objetivo relevante dentro de la estructura criminal que opera en el Valle de Mexicali. De acuerdo con información de inteligencia citada en el reporte, es considerado uno de los presuntos generadores de violencia de mayor peligrosidad en la región.

El detenido es señalado además como sucesor de Javier Gabriel Mora Pino, alias “La Piruja”, quien fue detenido en diciembre pasado durante un operativo especial realizado por la FESC.

Después de aquella captura, la estructura dedicada presuntamente a actividades como narcomenudeo y homicidios en distintas zonas del Valle de Mexicali habría quedado debilitada y sin un liderazgo definido. Posteriormente, según la información proporcionada, “El Canelo” habría asumido un papel de mayor relevancia dentro de la organización.

“Los Rusos” son señalados como un grupo delictivo con presencia en esta región fronteriza y cuyo liderazgo es atribuido a Juan José Ponce Félix.

Un historial con múltiples detenciones

Cortés Escobedo, de 29 años, cuenta con antecedentes que han sido relacionados con diversos delitos y faltas, de acuerdo con información obtenida por el semanario ZETA.

Entre los registros que se le atribuyen se encuentra una averiguación previa por un delito del fuero federal iniciada en 2014, así como una detención por robo de vehículo de motor.

También aparecen registros relacionados con robo a casa habitación en 2020, una investigación por robo calificado a lugar cerrado durante ese mismo año y una detención por robo con violencia en 2021.

Además, se le atribuyen 39 detenciones realizadas por elementos de la Policía Municipal de Mexicali, la Policía Ministerial y la Policía Municipal de San Luis Río Colorado, por distintos motivos, entre ellos faltas administrativas, portación de arma prohibida, posesión de enervantes, robo de vehículo y delitos contra la salud.

Hasta el momento no se han dado a conocer públicamente mayores detalles sobre su situación jurídica ni se ha precisado si existe alguna orden de aprehensión vigente en su contra. Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación legal tras la puesta a disposición.

Mediante una resolución oficial, el Registro Nacional de Armas (RENAR) estableció la utilización de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) como único canal para la inscripción o reinscripción de usuarios de materiales peligrosos.

La medida se oficializó esta madrugada, a través de la publicación de la resolución 47/2026 del RENAR, esta implementación no modifica las exigencias técnicas, jurídicas o de seguridad ya previstas en el régimen actual, sino que traslada el procedimiento a un circuito íntegramente electrónico.

El texto señala que el organismo, en su carácter de autoridad de aplicación, mantiene sus funciones de autorización, registración, fiscalización y control sobre actividades relacionadas con explosivos -sustancias o mezclas capaces de producir una explosión por reacción química-, nitrato de amonio -que puede usarse como componente de explosivos-, pirotecnia y otras sustancias sometidas a supervisión pública. En ese marco, la nueva resolución fija que todas las presentaciones deberán canalizarse mediante los trámites habilitados en TAD.

Cada solicitud deberá incorporar la documentación requerida y cumplir los requisitos establecidos en el anexo que acompaña la medida, el cual detalla qué papeles y condiciones corresponden a las distintas categorías de usuarios alcanzadas por el régimen. Entre los puntos destacados de la resolución, se estableció que la documentación cargada en la plataforma tendrá carácter de declaración jurada “siendo de exclusiva responsabilidad del solicitante la autenticidad, integridad, vigencia y veracidad de la documentación e información aportada”.

El texto oficial firmado por el director del organismo precisó que la presentación digital producirá los mismos efectos jurídicos que la documentación entregada en soporte papel y remarcaron que la fecha y la hora registradas por el sistema serán las tenidas en cuenta en los procesos administrativos, donde el cumplimiento de plazos y la constancia de ingreso de expedientes resultan determinantes para la validez de las actuaciones.

En los considerandos, el RENAR sostuvo que la implementación de una modalidad digital única permitirá “optimizar la recepción y gestión de solicitudes, fortalecer la trazabilidad de las actuaciones, facilitar las notificaciones electrónicas y mejorar los mecanismos de control documental”. La resolución añade que ese esquema busca aportar mayor transparencia, celeridad y eficiencia al procedimiento.

La norma también prevé que las áreas técnicas competentes podrán requerir documentación adicional durante la sustanciación de cada expediente, en caso de que resulte necesaria para verificar el cumplimiento de la ley y de las disposiciones específicas aplicables a cada usuario. Ese control complementario seguirá en manos de las dependencias técnicas con competencia en materia de explosivos.

Otro artículo fija que toda referencia existente en la normativa vigente a formularios o documentación en soporte papel deberá entenderse, desde ahora, como alusiva a presentaciones efectuadas a través de TAD. A su vez, establece que las solicitudes no serán admitidas por otra vía, salvo una disposición expresa y fundada de la Dirección Ejecutiva en situaciones de caso fortuito, fuerza mayor o indisponibilidad del sistema.

La resolución quedó formalmente vigente desde su publicación de este martes en el Boletín Oficial, por lo que desde esa fecha los usuarios alcanzados deberán recurrir a la plataforma digital para iniciar o renovar su inscripción ante el organismo. El nuevo procedimiento quedó establecido en el primer artículo de la resolución: “Apruébase la utilización de la Plataforma Trámites a distancia (TAD) como modalidad única, obligatoria y exclusiva para la presentación de las solicitudes de inscripción y reinscripción de usuarios” comprendidos en la normativa vigente.

La operación se realizó el jueves 6 de agosto a partir de una denuncia presentada por un hombre que acudió al establecimiento para visitar a su hermano. El denunciante señaló que su familiar habría sido internado contra su voluntad meses antes, por lo que se inició una investigación para determinar las condiciones en las que permanecía dentro del inmueble.

Con una orden de cateo, Policías de Investigación ingresaron al centro acompañados por personal de Trabajo Social y de la Dirección de Inspección y Vigilancia de Guadalajara. Además de las armas y el dinero, durante la revisión fueron encontrados teléfonos celulares, un disco duro y diversas herramientas.

Hasta el momento, no se ha informado el origen del millón 220 mil 487 pesos ni se ha establecido públicamente si alguno de los objetos asegurados está relacionado con un delito.

Jalisco suma al menos 14 centros clausurados

El operativo en Guadalajara ocurre mientras autoridades de Jalisco mantienen revisiones en centros de rehabilitación de la entidad. Hasta el 23 de julio, se habían realizado 131 operativos y por lo menos 14 establecimientos habían sido clausurados durante 2026, de acuerdo con la Vicefiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo.

En nueve de las intervenciones se detectaron casos relacionados con privación ilegal de la libertad o alguna actividad delictiva, mientras que 10 personas fueron detenidas o vinculadas, de acuerdo con el mismo reporte.

La cifra corresponde al último corte público localizado al 23 de julio, por lo que representa al menos 14 clausuras durante el año y podría haber aumentado después de esa fecha.

Localizan a 167 personas en el inmueble

Durante el cateo del jueves fueron encontradas 167 personas: 150 hombres, tres mujeres trans, nueve adolescentes masculinos y cinco hombres adultos con algún tipo de discapacidad.

Personal ministerial entrevistó a las personas para determinar si alguna se encontraba privada de su libertad o había sido víctima de un delito. Según las entrevistas realizadas durante la diligencia, ninguna manifestó encontrarse en esa situación.

Durante la revisión, se detectó que el establecimiento operaba con sobrepoblación: había camas para 126 personas, aunque en el inmueble se encontraban 167.

Detienen a un hombre buscado por fraude

Los datos de las personas localizadas fueron contrastados con registros de personas desaparecidas y órdenes de aprehensión. En ese proceso fue identificado José de Jesús “N”, quien tenía un mandato judicial vigente por el delito de fraude.

La investigación continúa para determinar si existen responsabilidades relacionadas con el dinero y los objetos encontrados dentro del lugar.

La muerte de una adolescente en un anexo de Tapachula dejó 13 detenidos

Días antes del cateo en Guadalajara, una adolescente de 16 años, identificada como Renata, fue localizada sin vida dentro del centro de rehabilitación Filipenses 4:13, en Tapachula, Chiapas. La joven, presuntamente originaria de Huixtla, permanecía en el inmueble cuando ocurrió su muerte.

El caso provocó un operativo en el establecimiento, donde fueron detenidas 13 personas: 12 hombres y una mujer. La investigación quedó abierta para establecer qué ocurrió con la adolescente y determinar las responsabilidades de quienes se encontraban a cargo o dentro del centro al momento de los hechos.

El fallecimiento ocurrió en medio de las revisiones a centros de rehabilitación que han expuesto distintos tipos de irregularidades.

La alerta se activó este lunes 3 de agosto de 2026 a las 12:36 horas, cuando se solicitó auxilio médico para atender a la menor en el ejido Álvaro Obregón. Cuando los paramédicos llegaron al inmueble, confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales.

El exjugador de la NBA Terry Rozier volvió a quedar en el centro de una controversia judicial después de que fiscales federales de Brooklyn lo mencionaran en una presentación vinculada a una causa por supuesto arreglo de partidos y apuestas deportivas.

En ese escrito, las autoridades lo asociaron a publicaciones en redes sociales en las que aparecía posando con armas junto a amigos de la infancia dentro de un grupo identificado como GMB.

La información fue difundida por New York Daily News, que detalló que esa referencia apareció en el marco de un pedido para que Deniro Laster, señalado como presunto cómplice y allegado de Rozier desde hace años, permanezca detenido mientras avanza el expediente.

De acuerdo con la acusación, distintos testimonios y registros digitales permitirían vincular a ambos con ese entorno.

El argumento de los fiscales y el uso de las redes como prueba

En la presentación judicial, el fiscal asistente David Berman afirmó que varios testigos identificaron a Rozier, Laster y otros conocidos de la infancia como integrantes del grupo. A eso, añadió que publicaciones en redes sociales reforzaban esa descripción.

Tal y como planteó la acusación, miembros de ese círculo se mostraban públicamente con acceso a armas, algo que, siempre en base al expediente, podía observarse en fotografías compartidas antes de que se formularan cargos en esta causa.

Entre ese material, los investigadores incluyeron imágenes en las que se veía al exbasquetbolista junto a Laster y otras personas posando con armas. Ese señalamiento no implicó una acusación específica contra Rozier por delitos vinculados a armas de fuego.

Más bien, formó parte de la estrategia oficial para sostener que Laster debía seguir preso, en un contexto en el que la fiscalía intenta demostrar riesgos de presión sobre testigos y posible entorpecimiento del proceso.

La defensa niega cualquier vínculo criminal detrás de GMB

La respuesta de la defensa fue inmediata. El abogado de Rozier, David Markus, rechazó la lectura de los fiscales y aseguró que GMB no tiene ninguna connotación delictiva. Afirmó que las siglas significan “Get More Blessings” (conseguir más bendiciones) y que remiten al lema de la fundación benéfica del exjugador, 12 Blessings.

Además, aseguró que ese nombre se remonta a la etapa escolar de Rozier y consideró “absurdo” que el Gobierno intentara presentar esa denominación como si se tratara de una organización criminal.

Markus también remarcó que su cliente no fue acusado por delitos con armas ni por intimidar testigos, y sostuvo que el escrito busca perjudicarlo en el terreno público más que fortalecer el caso en términos jurídicos.

En esa misma línea, ironizó con la propia sigla al afirmar que, en este expediente, GMB podría interpretarse como “Government’s Massive Blunder” (error monumental del Gobierno), una expresión con la que buscó dejar en claro que, a criterio de la defensa, la teoría oficial carece de solidez.

El eje del caso: la sospecha de manipulación en un partido de la NBA

Más allá de la discusión por las imágenes en redes, el corazón del expediente sigue siendo la presunta manipulación de un partido de la NBA.

Rozier y Laster fueron acusados de intervenir en una conspiración para beneficiar apuestas, con foco en un encuentro de Charlotte Hornets disputado el 23 de marzo de 2023.

La hipótesis de los investigadores sostiene que el exjugador habría avisado con anticipación que abandonaría ese partido temprano por una supuesta lesión, dato que luego habría sido aprovechado para apostar. La defensa intentó desactivar esa acusación al apoyarse en un mensaje de texto enviado días después.

En ese intercambio, Laster escribió: “Dont tell chum bout the bet” (“No le digas a Chum sobre la apuesta”). “Chum” sería el apodo de Rozier. A partir de esa frase, sus abogados argumentaron que no tendría sentido ocultarle una apuesta a alguien que supuestamente formaba parte del arreglo, y presentaron ese punto como un elemento favorable para pedir que se desestimen los cargos.

La fiscalía, sin embargo, rechazó esa interpretación y aseguró que la investigación incorporó pruebas procedentes de múltiples fuentes.

También sostuvo que esa conversación no estaba relacionada con apuestas deportivas, por lo que descartó que el mensaje debilitara la acusación central.

Las acusaciones contra Deniro Laster y la sospecha de amenazas veladas

En paralelo, el caso también se apoya en cuestionamientos específicos contra Deniro Laster. Los fiscales aseguraron que mantuvo contacto con coacusados pese a una orden judicial que se lo impedía.

Incluso, indicaron que en diciembre se comunicó con uno de ellos para deslizar que todos estarían en una mejor posición si ninguno colaboraba con las autoridades.

Además, una publicación en Instagram vinculada a Laster con un emoji de rata fue interpretada por los investigadores como un gesto de intimidación hacia posibles testigos.

Ese episodio fue conectado, además, con otro comentario similar realizado meses antes desde una cuenta que usaba la imagen de un miembro fallecido del mismo entorno. Para el Gobierno, ese tipo de mensajes sugiere una amenaza implícita.

Por ahora, el expediente sigue abierto y la distancia entre ambas partes es total. Mientras los fiscales buscan consolidar una trama de apuestas, contactos indebidos y presión sobre testigos, la defensa de Rozier insiste en que las autoridades están forzando la evidencia y construyendo una lectura distorsionada de los hechos.

La agresión fue reportada entre la mañana y el mediodía en las inmediaciones del crucero de Piaxtla, a la altura del arco de entrada a la sindicatura. En ese punto se escucharon detonaciones de arma de fuego y se desplegaron corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

El dato que cambió el saldo preliminar fue la condición del civil lesionado. Aunque en un primer momento trascendió que un presunto agresor había muerto, después se precisó que se trató de un hombre herido, identificado como Roberto “N”, de 39 años, quien fue auxiliado por personal naval y trasladado a un hospital de Mazatlán por la gravedad de la lesión.

El operativo se realizó en un inmueble señalado como presunta casa de seguridad

La información preliminar ubicó el origen del choque armado en un inmueble señalado como presunta casa de seguridad. Elementos de la Secretaría de Marina llegaron a ese sitio como parte de un operativo y, al arribar, habrían sido recibidos a disparos por sujetos armados.

A partir de esa agresión se produjo el intercambio de fuego en la zona. Cerca del inmueble intervenido quedaron esparcidos varios casquillos percutidos de distintos calibres, como indicios del tiroteo registrado en la comunidad.

En redes sociales circuló un video en el que se observó a elementos de la Marina descender de una unidad y avanzar hacia lo que parecía ser un inmueble. En la grabación también se escucharon disparos mientras los marinos presuntamente respondían a la agresión.

La presencia federal se mantuvo después del enfrentamiento. Personal de seguridad realizó recorridos por distintas calles de la sindicatura y conservó un despliegue preventivo en el área mientras continuaban las diligencias sobre lo ocurrido.

Las autoridades no confirmaron detenidos, aseguramientos ni un saldo definitivo

Hasta el cierre de la información, ninguna autoridad había emitido una versión oficial completa sobre el resultado del operativo. Tampoco había detalles confirmados sobre personas detenidas, armas aseguradas o víctimas adicionales.

Ese vacío de información oficial alimentó versiones contradictorias durante varias horas. Unos reportes señalaron que un civil armado habría sido abatido; otros sostuvieron que el saldo real fue de un herido. La única identidad difundida fue la de Roberto “N”, quien presentó la lesión en el cuello y fue llevado a recibir atención médica.

El enfrentamiento generó alerta entre habitantes de Coyotitán por la intensidad de las detonaciones y por la movilización posterior de fuerzas federales. La zona del crucero de Piaxtla y el acceso principal de la sindicatura quedaron bajo resguardo mientras continuaban las revisiones.

La respuesta directa al hecho central fue esta: marinos que ejecutaban un operativo en un inmueble de Coyotitán fueron atacados a balazos, repelieron la agresión y, de manera preliminar, el saldo conocido fue un civil herido, no un abatido confirmado por autoridad.

Durante el mismo viernes también se mencionó que en Sinaloa se registraron otras agresiones contra corporaciones de seguridad. Esos ataques habrían ocurrido en Mazatlán, contra policías estatales, y en Guasave, donde fueron agredidos elementos de la Guardia Nacional.

En el caso de San Ignacio, la información disponible siguió siendo preliminar. Lo confirmado hasta ese momento fue la existencia del choque armado, el despliegue de la Marina en la comunidad, el traslado del lesionado a un hospital y la ausencia de un parte oficial que fijara de forma definitiva el saldo del operativo.

• El enfrentamiento ocurrió este viernes en Coyotitán, San Ignacio, cerca del crucero de Piaxtla.
• Roberto “N”, de 39 años, resultó herido en el cuello y fue trasladado a un hospital de Mazatlán.
• Hasta ese momento no había confirmación oficial sobre detenidos, aseguramientos ni saldo definitivo.

Sicarios se pasean cor metralletas frente a las fuerzas dse seguridad en Culiacán

En otro hecho no relacionado circuló un video donde sicarios armados ostentan armas de alto poder frente a elemntos de fuerzas de seguridad sin que ellos se percaten del hecho. Esto fue en Culiacán, Sinaloa.

Los hombres armados estaban equipados con un rifle PAC Hellpup AKMS de Polish Pioneer Arms Corps y una carabina AR-15 (aparentemente variantes civiles contrabandeadas desde EEUU).

La intervención policial contra presuntas organizaciones delictivas continúa con operativos dirigidos a inmuebles identificados durante labores de inteligencia. En distintos distritos de Lima, las investigaciones buscan identificar a personas vinculadas con delitos como extorsión, tenencia ilegal de armas y tráfico de sustancias ilícitas, además del acopio de material explosivo.

En ese contexto, un nuevo despliegue policial se desarrolló en el distrito de Ate, donde efectivos especializados ejecutaron una intervención que permitió la captura de varios sospechosos y la incautación de diversos elementos que serán sometidos a pericias. La diligencia forma parte de las acciones destinadas a enfrentar la criminalidad organizada.

La operación incluyó el registro de una vivienda previamente identificada por los investigadores. Durante la inspección, los agentes encontraron armas, municiones, explosivos, equipos de comunicación y sustancias que serán analizadas como parte de las investigaciones en curso.

La Policía Nacional informó que las diligencias continúan con el propósito de establecer la participación de cada uno de los intervenidos y determinar el origen de los objetos incautados, así como su posible relación con hechos delictivos registrados en la jurisdicción.

Operativo permitió capturar a cuatro investigados

La intervención estuvo a cargo de agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Ate-Santa Anita, unidad perteneciente a la División de Investigación Criminal Este (Dirincri-PNP). Según la Policía Nacional, el operativo respondió a labores de inteligencia e investigación enfocadas en la desarticulación de la presunta banda criminal denominada “Los Injertos Foraja”.

Como resultado de la acción policial, cuatro personas quedaron detenidas. Entre ellas figura Christian Omar Aliaga Pariona, de 27 años, conocido con los alias de “Piko” o “Culón”, identificado de manera preliminar por la institución policial como presunto cabecilla del grupo investigado.

La relación de intervenidos también incluye a Shirley Nicole Dela Cruz Sánchez, de 28 años, alias “Shirley”; Luis David Gavino Chumbimune, de 27 años, alias “Kaluka”; y una adolescente de 17 años conocida como “Dayana”.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, todos los detenidos fueron trasladados a la unidad especializada, donde continúan las diligencias para determinar el grado de participación de cada uno dentro de la investigación.

Registro del inmueble permitió incautar explosivos y armamento

Durante la inspección del inmueble intervenido, el personal policial encontró diversos objetos que, según la información oficial, serían utilizados para actividades delictivas.

Entre las evidencias incautadas figuran tres cartuchos de dinamita con sus respectivas mechas de seguridad. Además, los agentes encontraron una granada, cuyo tipo específico será establecido mediante los exámenes periciales correspondientes.

La diligencia también permitió el decomiso de un arma de fuego. La Policía indicó que sus características técnicas permanecen pendientes de evaluación especializada. Junto con esa arma se incautaron 24 municiones, cuyo calibre también será determinado durante las pericias.

Las autoridades señalaron que cada uno de estos elementos formará parte de la investigación fiscal con el objetivo de establecer su procedencia y posible utilización en hechos delictivos que son materia de investigación.

Sustancias y equipos de comunicación serán sometidos a pericias

En el mismo inmueble, los agentes encontraron una bolsa de plástico negra que contenía varias bolsas tipo Ziploc con hojas, tallos y semillas secas. Según la información preliminar proporcionada por la Policía Nacional, ese material sería cannabis sativa, conocido como marihuana.

Las muestras serán remitidas a los laboratorios correspondientes para confirmar su composición y establecer si existe relación con otros delitos que forman parte de las investigaciones.

Asimismo, durante el operativo se incautaron tres equipos de telefonía celular. La Policía informó que estos dispositivos serán sometidos a las diligencias técnicas previstas para identificar información que pueda contribuir al esclarecimiento de las actividades investigadas.

Las acciones desarrolladas por el Departamento de Investigación Criminal Ate-Santa Anita continúan con la recopilación de evidencias y la ejecución de las pericias dispuestas dentro del proceso de investigación, mientras las autoridades competentes evalúan los resultados obtenidos durante la intervención.

En los últimos años, las calles de Santo Domingo han sido testigo de un fenómeno inquietante: una de cada cuatro armas de fuego incautadas en toda la República Dominicana fue recuperada en la capital, según cifras recientes de la Policía Nacional.

El dato pone en primer plano la magnitud del tráfico y uso de armas ilegales en la principal provincia del país, en un contexto donde el control de la violencia y la seguridad ciudadana se mantienen como prioridades urgentes.

La información recopilada por Diario Libre, detalla que entre 2020 y lo que va de 2026 las autoridades decomisaron 1,102 armas de fuego a nivel nacional, de las cuales 270 corresponden a Santo Domingo.

Este porcentaje, equivalente al 24.5% del total, supera ampliamente a otras regiones, lo que destaca la presión particular que enfrenta la capital en materia de seguridad.

En declaraciones recogidas por el medio, funcionarios de la Dirección Central de Análisis y Documentación Delictiva enfatizaron que el Distrito Nacional ocupa el segundo lugar con 146 armas incautadas, seguido por San Cristóbal con 82.

Las estadísticas oficiales atribuyen estos resultados a operativos focalizados y un fortalecimiento de los patrullajes en áreas urbanas. “La concentración poblacional y la dinámica de la delincuencia en Santo Domingo exigen intervenciones constantes”, explicó un portavoz de la dirección policial.

El análisis de la incautación revela que las armas decomisadas no se distribuyen de manera homogénea en el país. Algunas provincias, como La Altagracia y Puerto Plata, reportan 52 casos cada una; mientras que otras, como Santiago y San Pedro de Macorís, suman 49 y 48 respectivamente. En contraste, zonas fronterizas como Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez no registraron decomisos en el periodo analizado, lo que marca una diferencia clara frente a las áreas urbanas y turísticas.

De acuerdo con el reporte, el tipo de armamento incautado está dominado por las pistolas, que representan el 82.5% del total con 909 unidades. Les siguen 123 revólveres, 63 escopetas, cinco fusiles y dos rifles.

Este predominio de armas cortas responde, según las autoridades, a la facilidad de ocultamiento y portabilidad, factores que inciden en su uso para la comisión de delitos en entornos urbanos. Un agente de la Policía Nacional explicó que “la mayor parte de las incautaciones se dan en el contexto de intervenciones preventivas y denuncias ciudadanas”.

El comportamiento anual de las incautaciones muestra fluctuaciones significativas. En 2024, se registró el mayor pico con 447 armas decomisadas, seguido por 315 en 2023. El año pasado, la cifra descendió a 128, mientras que en lo que va de 2026 se contabilizan 49. Los años de la pandemia desde 2020, 2021 hasta 2022 presentaron cifras más bajas, con 33, 44 y 86 armas incautadas respectivamente.

Las autoridades destacan que la lucha contra la posesión ilegal de armas cuenta con respaldo legal en la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. Esta normativa establece penas de tres a cinco años de prisión para quienes porten armas sin licencia, además del decomiso y sanciones económicas que pueden alcanzar hasta 50 salarios mínimos del sector público.

“La aplicación rigurosa de la ley es fundamental para reducir la circulación de armas y prevenir hechos violentos”, afirmó un funcionario de la dirección legal de la Policía.

El informe también pone de relieve la disparidad regional en la presencia de armas ilegales. Mientras en provincias como Azua, María Trinidad Sánchez, Monte Plata y Hato Mayor las cifras oscilan entre 15 y 22 incautaciones, en otras, como Elías Piña, solo se reportó un caso. La tendencia, según los analistas policiales, responde tanto a factores geográficos como a la intensidad de los operativos y la colaboración comunitaria.

Las autoridades subrayan que el combate a la tenencia ilegal de armas requiere la participación activa de la ciudadanía, así como la continuidad de los controles en puntos estratégicos y el fortalecimiento de la inteligencia policial.

“El desarme es una tarea permanente que solo rinde frutos cuando existe coordinación entre los distintos sectores sociales”, concluyó el portavoz de la Dirección Central de Análisis y Documentación Delictiva.

Durante la intervención, uno de los detenidos protagonizó una escena que llamó la atención. Se trata de César Antonio Riera Machí, alias ‘La Locura’, quien afirmó ante los agentes que no podía firmar ningún documento porque no sabe leer ni escribir. Mientras tanto, las autoridades continúan reuniendo evidencias para esclarecer el destino de las armas robadas y determinar el grado de participación de cada uno de los investigados en este caso de robo agravado y banda criminal.

Operativo de la PNP permitió capturar a presuntos responsables del robo de una armería en Surco

El operativo se realizó luego de aproximadamente 63 días de investigación, periodo en el que especialistas de la División de Investigación de Robos de la Dirincri analizaron imágenes de videovigilancia, rutas de escape y otros elementos que permitieron identificar a los presuntos responsables del asalto ocurrido el 28 de mayo en el Centro Comercial La Alborada, en Santiago de Surco.

Las diligencias se ejecutaron de manera simultánea en los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Miraflores, Pachacámac y otros puntos de Lima, con participación del Ministerio Público. Como resultado fueron intervenidos César Riera Machí, Edgar Gabriel del Valle Rodríguez Balza, Rafael Rodríguez Soto, Junior José Reyes Guevara, Carlos Tisnao Bedón, Eduar Mosquera Arias y Olga Guevara Romero, todos de nacionalidad extranjera, según información proporcionada por la PNP.

Uno de los momentos que marcó la intervención ocurrió cuando César Riera Machí, conocido con el alias de ‘La Locura’, manifestó a los policías que no podía suscribir ningún documento porque no sabe leer. “Yo no sé leer, entonces yo no puedo firmar porque no sé leer. Necesito que suba mi mamá para que ella lo lea y me diga dónde firmar”, expresó mientras permanecía bajo custodia policial.

Durante los allanamientos, los agentes también incautaron un vehículo, dinero en efectivo, municiones, teléfonos celulares, droga, documentos, equipos electrónicos y otros objetos considerados de interés para la investigación. Según informó la Policía, en los celulares intervenidos se hallaron fotografías y videos del armamento robado, además de otros elementos que podrían contribuir a reconstruir las actividades de la organización.

Asimismo, los efectivos recuperaron dos armas de fuego que formarían parte del lote sustraído durante el asalto, además de precintos utilizados para el traslado del armamento. Las autoridades indicaron que todas estas evidencias serán sometidas a peritajes como parte de las diligencias fiscales.

Así fue el asalto a la armería donde fueron robadas 37 armas de fuego

La investigación se remonta a la noche del 28 de mayo de 2026, cuando un grupo de delincuentes ingresó a la tienda Impala Sport, ubicada en el segundo piso del Centro Comercial La Alborada, simulando ser clientes interesados en comprar armas y accesorios.

Las cámaras de seguridad registraron cómo los sujetos recorrieron inicialmente el establecimiento observando los productos exhibidos. Segundos después redujeron a los trabajadores bajo amenazas y comenzaron a retirar el armamento de los mostradores para colocarlo en bolsas preparadas previamente para la fuga.

Según las pesquisas fiscales, los delincuentes lograron llevarse 37 armas de fuego, entre ellas 29 pistolas, seis escopetas y dos carabinas. Tras abandonar el establecimiento, escaparon utilizando cuatro motocicletas y un automóvil, siguiendo una ruta previamente coordinada.

Las investigaciones permitieron establecer que el grupo se dirigió posteriormente hacia un centro recreacional de Pachacámac, lugar donde presuntamente ocultaron el armamento dentro de bolsas con el objetivo de evitar que fuera localizado durante las primeras horas posteriores al robo.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Policía, una mujer habría permanecido en el exterior del establecimiento realizando labores de vigilancia mientras el resto de los integrantes ejecutaba el asalto. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad fueron fundamentales para identificar el patrón de actuación de los sospechosos y seguir sus desplazamientos.

El jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, coronel PNP Roger Cano, indicó que uno de los investigados habría ingresado armado al establecimiento y posteriormente escapó en una motocicleta que fue ubicada durante los allanamientos. Además, precisó que los teléfonos celulares decomisados contienen información relacionada con la presunta comercialización de las armas sustraídas.

Las autoridades continúan desarrollando diligencias para ubicar el resto del armamento que aún permanece desaparecido e identificar a otras personas que habrían participado en el traslado, ocultamiento o posible distribución de las armas robadas en Surco. Mientras avanzan las investigaciones, los intervenidos permanecen detenidos en instalaciones de la Dirincri, donde son investigados por los presuntos delitos de robo agravado y banda criminal.

Un ciudadano de nacionalidad costarricense fue condenado en Panamá a 80 meses de prisión y 60 meses de prohibición para portar arma de fuego, tras ser hallado responsable por el delito de posesión de armas de fuego y explosivos.

El fallo se dictó pocos días después de su detención ocurrida en el distrito de David, provincia de Chiriquí, según comunicó la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Regional de Chiriquí.

La audiencia de control, celebrada ante las autoridades judiciales panameñas, permitió que el Ministerio Público solicitara la legalización de la aprehensión del imputado.

Durante este proceso, la Fiscalía procedió a la formulación del cargo, sustentando que el ciudadano costarricense mantenía en su poder un arma de fuego, hecho que motivó la apertura de la causa penal y la posterior sentencia.

De acuerdo con la información oficial, la detención se realizó en el contexto de labores de patrullaje y control en el distrito de David, capital de la provincia chiricana.

Los agentes policiales ubicaron al ciudadano extranjero con el arma, hecho que derivó en su inmediata puesta a disposición del sistema de justicia panameño.

La Procuraduría General de la Nación detalló que la condena de 80 meses de prisión se complementará con una prohibición adicional de 60 meses para portar armas de fuego una vez cumplida la condena principal, reforzando la política de sanción para delitos relacionados con armas y explosivos en el país.

Esta normativa busca disuadir la tenencia ilegal y fortalecer la seguridad interna, según señalaron voceros del Ministerio Público panameño a medios locales.

El caso fue abordado bajo el marco legal vigente en Panamá, que contempla penas severas para la posesión ilícita de armamento y materiales explosivos, en especial cuando estos implican riesgos para la seguridad pública.

Según datos del Ministerio Público, la provincia de Chiriquí ha intensificado en los últimos años los operativos de control para combatir el tráfico y tenencia ilegal de armas, en colaboración con organismos de seguridad regionales.

La audiencia de control permitió que la Fiscalía presentara evidencia relevante para sustentar la acusación, incluyendo el arma incautada y testimonios de los agentes intervinientes.

El proceso se desarrolló conforme al Código Procesal Penal panameño, que establece procedimientos expeditos para delitos flagrantes y la protección de las garantías fundamentales del imputado.

Las autoridades de Costa Rica no han emitido, hasta el momento, declaraciones públicas sobre la situación judicial de su ciudadano condenado en Panamá.

El caso ha llamado la atención de organizaciones defensoras de derechos humanos en la región, que han solicitado acceso a información sobre las condiciones de detención y el respeto a las garantías procesales.

La Procuraduría General de la Nación reafirmó en su comunicado la importancia de la cooperación internacional para combatir la criminalidad transfronteriza, especialmente en regiones cercanas a fronteras terrestres como la de Chiriquí.

“La coordinación entre países resulta esencial para prevenir y sancionar delitos que afectan la seguridad regional”, indicó la institución.

El condenado deberá cumplir su pena en un centro penitenciario de Panamá, bajo los lineamientos establecidos por las autoridades judiciales del país.

Tras completar la condena principal, permanecerá sujeto a la restricción para portar armas durante un periodo adicional de cinco años, una medida que refuerza la política de cero tolerancia frente a delitos armados.

La causa penal se suma a otros procesos recientes en Panamá relacionados con la posesión ilegal de armas y explosivos, en el marco de una estrategia nacional orientada a reducir los índices delictivos y fortalecer el control de materiales peligrosos en todo el territorio.

La Armada de México rescató a una persona privada de la libertad y decomisó un arsenal durante tres operativos en el estado de Sinaloa, en el marco de operaciones de vigilancia y mantenimiento del Estado de derecho coordinadas por la Cuarta Región Naval.

En tres eventos distintos, personal naval aseguró armas de fuego, municiones, equipo táctico y dosis de presunta metanfetamina en los municipios de San Ignacio y El Rosario, y rescató a un joven de 20 años retenido por presuntos integrantes de la delincuencia organizada en Culiacán.

Persona rescatada en la colonia Paseo del Rey

Durante recorridos de vigilancia en la colonia Paseo del Rey, en Culiacán, efectivos navales localizaron a un hombre de 20 años con signos de violencia. La víctima declaró ante el personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) que se encontraba privada de la libertad por presuntos miembros de la delincuencia organizada.

Al revisar el área, los marinos aseguraron un vehículo en estado de abandono. La persona fue trasladada de inmediato ante las autoridades competentes para recibir la atención correspondiente.

El hallazgo se produjo en una ciudad donde la tensión entre grupos del crimen organizado ha derivado en múltiples hechos de alto impacto en semanas recientes. El 28 de julio, se reportó un caso en el sector Los Girasoles de Culiacán, donde una persona presuntamente secuestrada fue encontrada esposada y con golpes tras ser arrojada desde un vehículo en movimiento.

Arsenal decomisado en San Ignacio

El primer operativo tuvo lugar durante un recorrido terrestre en inmediaciones del poblado El Duranguito, municipio de San Ignacio. Ahí, personal naval aseguró dos armas de fuego, 597 cartuchos útiles, ocho cargadores, cinco chalecos tácticos y 10 placas balísticas.

El material fue puesto a disposición de las autoridades competentes. El municipio de San Ignacio forma parte del corredor serrano del sur de Sinaloa, zona donde las fuerzas federales han intensificado los recorridos de reconocimiento ante el incremento de actividad de grupos armados.

Camioneta abandonada en El Rosario revela armas y droga

El segundo aseguramiento se realizó durante un recorrido de seguridad y vigilancia terrestre en apoyo a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). En inmediaciones del sitio pesquero de la laguna costera El Ostial, municipio de El Rosario, efectivos navales localizaron una camioneta tipo pick up en estado de abandono.

Dentro del vehículo hallaron seis armas largas, 15 cargadores, 520 cartuchos, cuatro cintas eslabonadas, dos chalecos tácticos, cuatro placas balísticas, 32 dosis de una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina y $920 en numerario.

La coordinación con CONAPESCA subrayó el alcance de las operaciones navales en zonas costeras e ictícolas, donde la presencia de grupos delictivos representa también una amenaza para las actividades pesqueras de las comunidades locales.

Operativos en un Sinaloa bajo presión federal creciente

Los tres eventos se enmarcan en un despliegue federal sostenido en el sur de Sinaloa. Según información del gabinete de seguridad federal, los operativos en la región han incluido en días recientes la inhabilitación de campamentos clandestinos en Concordia y el aseguramiento de arsenales en Mazatlán y El Rosario por parte del Ejército Mexicano y la propia Marina.

El punto de mayor impacto de la semana fue la captura, el 28 de julio, de Adrián “N”, alias “El 20”, identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como jefe regional del Cártel del Pacífico en al menos seis municipios de Sinaloa, entre ellos Mazatlán, El Rosario y Escuinapa. El operativo fue conjunto entre el Ejército, la Guardia Nacional, la SEMAR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Sinaloa.

Ese contexto de reforzamiento es el telón de fondo de los aseguramientos reportados por la SEMAR. La Armada opera en Sinaloa a través de la Cuarta Región Naval y ha multiplicado sus acciones terrestres y costeras en respuesta al incremento de hechos violentos registrados en la entidad durante las últimas semanas.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este 30 de julio un paquete de medidas estatales para neutralizar los cambios que la administración Trump impulsa en la agencia federal de armas de Estados Unidos. El detonante: un paquete de 34 propuestas de desregulación presentadas por la ATF el 29 de abril de 2026, el mayor desmantelamiento de normas sobre armas en la historia de esa agencia.

La ATF —siglas en inglés del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, la agencia federal que regula la compra, venta y porte de armas en Estados Unidos— publicó esos cambios en el Registro Federal en mayo, bajo la Orden Ejecutiva 14206 sobre derechos de la Segunda Enmienda, la cláusula constitucional que garantiza el derecho de los ciudadanos a portar armas. Varios períodos de comentario público vencen en agosto de 2026.

Qué cambiaría a nivel federal

The New York Times describió el paquete como la reforma más amplia de regulaciones de armas en la historia de la agencia. Entre las propuestas más debatidas figuran cuatro cambios de fondo:

• Ventas en línea con envío a domicilio. Hoy, toda compra por internet debe completarse en una tienda con licencia federal, donde el comprador realiza en persona la verificación de antecedentes —el proceso que confirma que una persona no tiene condenas ni impedimentos legales para adquirir un arma. La propuesta eliminaría ese requisito.
• Umbral más alto para sancionar comerciantes. Ya no bastaría con demostrar una infracción; habría que probar que el comerciante sabía que estaba violando la ley.
• Restauración del gun show loophole. Este vacío legal de ferias de armas permitía comprar armas en ferias y ventas privadas sin verificación de antecedentes. Fue cerrado en años anteriores; la propuesta lo reabre.
• Ampliación de derechos para personas con antecedentes de salud mental o dificultades para gestionar sus finanzas.

Las medidas inmediatas de Nueva York

Ante ese panorama, Hochul activó tres acciones que no requieren esperar una nueva ley:

• Inspecciones prioritarias. La Policía Estatal de Nueva York visitará en persona a todos los comerciantes vinculados a armas usadas en crímenes y trabajará con la Fiscalía General para aumentar la presión sobre los establecimientos que aparezcan de forma reiterada en los registros de rastreo.
• Expansión del Grupo de Trabajo Interestatal sobre Armas Ilegales, creado por Hochul en 2022. El grupo ya reúne agencias de Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island y Vermont. Sus miembros deberán desarrollar una respuesta coordinada a los recortes de la ATF y compartir datos sobre armas halladas en un estado pero compradas en otro.
• Campaña de educación para comerciantes. La División de Servicios de Justicia Criminal enviará correos postales y electrónicos para recordarles que las leyes estatales de Nueva York siguen vigentes aunque las normas federales se relajen.

La legislación que viene

Para la próxima sesión legislativa, Hochul prepara dos proyectos de ley:

• Venta en persona obligatoria. Toda transacción de armas en Nueva York debería realizarse de forma presencial, en respuesta directa a la propuesta federal de permitir envíos a domicilio. Con ese cambio, las armas quedarían alineadas con las municiones, cuya venta ya exige transacción presencial en el estado.
• Verificación de antecedentes con aprobación expresa. Los comerciantes deberían recibir una confirmación afirmativa antes de cerrar la venta, en lugar de poder proceder si no reciben respuesta dentro del plazo de revisión. El estándar replicaría el que ya rige para la venta de municiones.

Las voces del debate

La gobernadora fue directa al atribuir responsabilidad: “Una y otra vez vemos a la administración Trump ceder ante el lobby armamentista”, y calificó los recortes de “otro regalo” con efectos “devastadores y peligrosos” para todo el país.

Marianna Mitchem, asesora sénior en Everytown for Gun Safety y ex subdirectora asociada de Operaciones de Campo de la ATF, sumó una perspectiva desde adentro de la agencia: “Es profundamente decepcionante que la agencia a la que dediqué mi carrera haya decidido servir a la industria en lugar de regularla adecuadamente”.

Kris Brown, presidenta de Brady: United Against Gun Violence, amplió el argumento hacia las consecuencias humanas: los cambios “redefinirán cómo se compran y venden armas” en un país donde, según advirtió, la violencia armada es la principal causa de muerte entre los niños.

El fiscal del Bronx, Darcel Clark, ancló el debate en un caso concreto: el fin de semana anterior, un niño de 12 años murió en un fuego cruzado en ese condado.

El historial de Nueva York en materia de armas

Nueva York llega a este enfrentamiento con una base legislativa consolidada. Desde que asumió el cargo, Hochul destinó más de USD 4.000 millones a iniciativas de seguridad pública y duplicó los fondos para combatir la violencia armada.

Entre las medidas ya vigentes en el estado:

• La Red Flag Law o Ley de Bandera Roja, que permite retirar armas a personas que representen un riesgo para sí mismas o para terceros.
• El endurecimiento de las normas de porte oculto tras el fallo Bruen de la Corte Suprema en 2022.
• La “prohibición de Glock” incorporada al presupuesto 2026-2027, que veda la venta de pistolas convertibles en armas automáticas, una iniciativa del senador estatal Zellnor Myrie.

Los cambios federales de la ATF aún están en período de comentario público. Mientras ese proceso sigue abierto, Nueva York ya movilizó sus herramientas propias.

La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) del estado de Baja California detuvo en menos de 24 horas a cuatro hombres en posesión de armas de fuego durante operativos preventivos en los municipios de Tijuana, Mexicali y Tecate.

Entre los arrestados se encontró un ciudadano de Estados Unidos de 23 años que conducía de forma errática con dos pistolas ocultas en su vehículo. Según los reportes oficiales, los cuatro fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por el tipo de armas y calibres.

Los resultados fueron informados este 29 de julio por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California.

Estadounidense detenido en Tijuana con dos armas y placas fronterizas

Sobre la avenida Baños de Agua Caliente, en la colonia 20 de Noviembre de Tijuana, agentes de la FESC interceptaron a Alexis Yair “N”, de 23 años, tras detectarlo conduciendo de manera errática y a exceso de velocidad un Chevrolet Aveo blanco modelo 2020 con placas fronterizas.

Al realizar la revisión precautoria del vehículo, los oficiales hallaron en el área del portavasos una pistola tipo Glock 26 abastecida con siete cartuchos útiles calibre 9 milímetros. En la consola del mismo automóvil localizaron una segunda arma corta calibre .380 con seis cartuchos útiles en su cargador.

La detención de un ciudadano de Estados Unidos con dos armas de fuego y placas fronterizas en una de las principales avenidas de Tijuana representó uno de los hallazgos más relevantes de la jornada operativa. Alexis Yair “N” quedó detenido sin que se registraran incidentes adicionales durante la intervención.

Segundo detenido en Tijuana portaba droga y dos cargadores

En otros hechos, la colonia Ejido Francisco Villa, también en Tijuana, fue testigo de la aprehensión de Luis Alberto “N”, quien fue sorprendido empuñando un arma de fuego en plena vía pública. Al percatarse de la presencia de los agentes de la FESC, el sujeto intentó escapar entre las calles de la zona, pero fue interceptado sobre la calle del Viejo 14 tras una persecución inmediata.

Los oficiales le aseguraron una pistola calibre .380 con tres cartuchos útiles en su cargador, más un segundo cargador metálico con tres cartuchos del mismo calibre. La revisión posterior arrojó el hallazgo de 98 envoltorios de metanfetamina con un peso aproximado de 64 gramos.

Luis Alberto “N”, de 29 años y originario del estado de Guerrero, fue detenido sin que se produjeran incidentes adicionales. Su caso suma al aseguramiento de armas el componente de posesión de narcóticos, lo que amplía los cargos que la FGR deberá valorar.

Conductor en Mexicali portaba pistola visible desde el exterior del vehículo

Además, en seguimiento a los patrullajes preventivos en la zona rural de Mexicali, agentes estatales detectaron un auto de la marca Subaru, color azul, que circulaba de forma imprudente sobre la carretera San Luis Río Colorado-Mexicali. Mediante códigos y sirena, solicitaron al conductor detener su marcha sobre la avenida Gabriel Leyva, esquina con la carretera mencionada, en el ejido Sinaloa.

Al entrevistarse con el conductor, identificado como Isael “N”, de 31 años y originario de Magdalena Kino, Sonora, los oficiales observaron a simple vista un arma de fuego en el interior del vehículo. La inspección precautoria confirmó el aseguramiento de una pistola color gris con un cargador metálico abastecido con 10 cartuchos útiles calibre 9mm.

Isael “N” quedó detenido conforme a los protocolos de actuación policial y fue trasladado junto con los indicios a disposición de la FGR.

En La Rumorosa, hombre de 58 años intentó ocultar arma ante la presencia policial

Por último, en el poblado La Rumorosa, municipio de Tecate, elementos del Grupo Proteo “4-25” de la FESC realizaban recorridos de prevención cuando observaron a un hombre junto a un vehículo Honda Accord que aparentemente portaba un objeto con características de arma de fuego fajada a la cintura.

Al notar la presencia de los agentes, el individuo abordó el automóvil e intentó retirarse del lugar. Los oficiales solicitaron mediante altoparlantes que detuviera su marcha sobre la misma vialidad. Al entrevistarse con quien se identificó como Carlos “N”, de 58 años y originario de Tepalcatepec, Michoacán, los agentes advirtieron movimientos dirigidos a ocultar un objeto dentro del vehículo.

Durante la inspección precautoria localizaron en el área del portavasos una pistola corta con un cargador abastecido con cinco cartuchos útiles calibre .45. Carlos “N” fue detenido conforme a los protocolos legales y puesto a disposición de la FGR junto con el arma asegurada.

Según informes oficiales, a los cuatro detenidos se les realizó la lectura de sus derechos constitucionales antes de ser trasladados ante la autoridad federal.

Siete personas víctimas de privación ilegal libertad fueron liberadas en Veracruz tras operativos realizados del 24 al 26 de julio por la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, con apoyo de Semar, Defensa, Guardia Nacional, la FGR y corporaciones estatales. En ese mismo despliegue fueron detenidas 36 personas y se aseguraron 461 dosis de presuntas sustancias ilícitas.

Las liberaciones se realizaron en Acultzingo, Tlalixcoyan y Villa Aldama, donde también se aseguraron vehículos sin reporte de robo. Las corporaciones trasladaron a las víctimas para su resguardo y presentaron los indicios ante las autoridades competentes para integrar las investigaciones.

En acciones contra delitos contra la salud, 14 personas fueron detenidas y se aseguraron 342 dosis y una bolsa de una sustancia con características similares al cristal, además de 60 dosis y 500 gramos de hierba verde con características de la marihuana. En esos mismos operativos también fueron aseguradas básculas, seis motocicletas —tres con reporte de robo— y un camión sin reporte de robo.

Por la presunta portación ilegal de arma de fuego, cuatro hombres fueron detenidos. A los implicados se les aseguraron tres armas largas, dos armas cortas, cargadores, cartuchos útiles, chalecos y cascos tácticos, así como una camioneta y una motocicleta sin reporte de robo.

En el municipio de Alvarado, dos presuntos integrantes de una célula delincuencial fueron detenidos durante una intervención en la que se aseguró armamento y presuntas sustancias ilícitas. La autoridad no detalló el tipo ni la cantidad de lo decomisado en ese punto.

En materia de recuperación de vehículos con reporte de robo, las corporaciones localizaron ocho motocicletas, dos automóviles, dos camionetas y un tractocamión; cinco personas fueron detenidas por este ilícito. En el mismo despliegue se aseguraron dos motocicletas sin reporte de robo, ocho dosis de una sustancia con características similares al cristal y ponchallantas.

Como parte del apoyo a la Fiscalía General del Estado, las corporaciones participantes realizaron cateos en Papantla, Tihuatlán, Poza Rica, El Higo, Chicontepec, Córdoba y Minatitlán, donde detuvieron a cinco personas. En esas diligencias se aseguraron seis dosis y una bolsa de una sustancia con características similares al cristal, además de 11 dosis, una bolsa y una bolsita con hierba seca con características de la marihuana.

En esos mismos cateos fueron asegurados cartuchos útiles, un cargador, una camioneta y un automóvil con reporte de robo, así como una motocicleta con el NIV alterado y dos camionetas sin reporte de robo. Todo lo decomisado quedó a disposición de las autoridades para continuar con las indagatorias correspondientes.

En otro cateo en Minatitlán, fue detenido un presunto integrante de un grupo delincuencial. En el sitio se aseguraron ocho dosis de una sustancia con características similares al cristal, cuatro bolsitas con hierba con características de la marihuana, un arma larga, cartuchos útiles, cargadores, radios portátiles y teléfonos celulares.

En el municipio de Veracruz, durante cateos encabezados por la FGR, fueron aseguradas 15 máquinas tragamonedas, cámaras de videovigilancia, un DVR y una cubeta con monedas de diversas denominaciones. La autoridad no precisó el sitio exacto de las diligencias ni si hubo personas detenidas en ese caso.

En Tlalixcoyan, cinco personas fueron detenidas por no acreditar la legal procedencia de seis bidones con 45 litros de hidrocarburo. En el operativo se aseguró un tractocamión y dos autotanques sin reporte de robo.

Las personas detenidas, así como las presuntas drogas, objetos y vehículos asegurados, quedaron a disposición de las autoridades competentes para el seguimiento de las investigaciones.

• Liberaron a siete víctimas de privación ilegal de la libertad en Acultzingo, Tlalixcoyan y Villa Aldama.
• Detuvieron a 36 personas y aseguraron 461 dosis de presuntas sustancias ilícitas entre el 24 y el 26 de julio.
• Aseguraron armas, vehículos con reporte de robo, máquinas tragamonedas y 45 litros de hidrocarburo sin acreditar procedencia.

La Guardia Nacional detuvo a 10 personas —ocho adultos y dos menores de edad— en la colonia Francisco I. Madero de Escuinapa, Sinaloa, durante un operativo de prevención y vigilancia coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. La acción ocurrió mientras los elementos federales realizaban reconocimientos y localizaron al grupo armado en las inmediaciones de un domicilio particular en el sur del estado.

El decomiso incluyó 10 fusiles de asalto, 2.500 cartuchos, 44 cargadores, dos artefactos explosivos improvisados y ocho chalecos tácticos. Todo el material confiscado corresponde a equipo de uso exclusivo de las fuerzas armadas o está estrictamente prohibido para civiles, según las autoridades.

Tras estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a proceso a los detenidos por portación ilegal de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores restringidos, así como por la posesión de explosivos improvisados. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional, que presentó los datos de prueba ante el juez de control.

Entre los adultos procesados se encuentran José Luis “N”, Alexis “N”, Víctor “N”, José “N”, Jesús “N”, Evaristo “N”, Edgar “N” y otro José “N”. A ellos se suman dos adolescentes, cuyas identidades permanecen reservadas por tratarse de personas menores de edad.

La detención y el aseguramiento de armas y explosivos fueron resultado de la coordinación entre las instituciones federales y forman parte de las acciones para combatir el uso de armamento prohibido en la región. Todos los detenidos enfrentan cargos, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

La FGR lleva a proceso a ocho adultos ante juez federal en Nayarit

El Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa presentó los datos de prueba ante el juez de control. El juez emitió la vinculación a proceso en contra de los ocho adultos por los delitos imputados.

El juzgador también impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a los ocho adultos. El cumplimiento de esa medida se llevará a cabo en el Centro Federal de Reinserción Social Número 4 “Noroeste”, ubicado en Tepic, Nayarit.

La prisión preventiva oficiosa aplica de forma automática en delitos que involucran armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Este tipo de medida impide que los imputados enfrenten el proceso en libertad mientras avanza la investigación.

Los delitos imputados contemplan la portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y la posesión de cartuchos y cargadores de ese mismo tipo. A esos cargos se añade la posesión de artefactos explosivos improvisados, que agrava la situación jurídica de los procesados.

Los dos menores, ante la jueza especializada en Mazatlán

Las dos personas menores de edad enfrentan los mismos cargos que los adultos, pero su proceso se tramita en un tribunal distinto. La jueza tercera especializada en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con sede en Mazatlán, asumió la competencia del caso.

La vinculación a proceso de los adolescentes se sustenta en los mismos ilícitos. Sin embargo, la FGR precisó que la presunción de inocencia rige para todas las personas mencionadas en el caso. Ninguna de ellas tiene sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial competente.

El caso expone la presencia de armamento de alto poder y materiales explosivos en el sur de Sinaloa. El uso de artefactos explosivos improvisados es un elemento que las autoridades federales señalan como parte del equipamiento de grupos del crimen organizado en la región.

Hasta el momento, la FGR no precisó la filiación de los detenidos con algún grupo criminal específico. Las investigaciones del Ministerio Público Federal continúan abiertas en el marco del proceso judicial.

En materia de operativos, las fuerzas de seguridad registraron uno de los mayores decomisos de armamento recientes en San Luis Río Colorado, Sonora: 81 armas largas —entre ellas cuatro ametralladoras antiaéreas de alto calibre—, 128 cargadores y casi 275 mil cartuchos fueron asegurados por una operación conjunta del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, la FGR y corporaciones estatales y municipales.

En el frente judicial, la Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de cinco integrantes de las células La Glendisa y UJ-40 —esta última ligada a La Unión Tepito— por extorsión agravada y narcomenudeo. Además, la Fiscalía del Estado de México vinculó a proceso a “El Geisler”, presunto integrante de Los Vallarta, célula del CJNG relacionada con el lanzamiento de un explosivo en los juzgados del penal Neza-Bordo el 14 de febrero.

En el caso Ayotzinapa, un juez federal canceló la prisión preventiva domiciliaria del exprocurador Jesús Murillo Karam, quien a partir de ahora portará un brazalete electrónico. Y desde Sinaloa, el Gabinete de Seguridad federal desmintió un video viral que atribuía un dispositivo militar al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya; las autoridades aclararon que las imágenes correspondían al operativo de seguridad del secretario de Seguridad del estado.

Esas fueron las noticias del viernes. A continuación, las noticias de este sábado.

Asesinan a Óscar Arellano, agente de la FESC, en Tijuana

Un agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) identificado como Óscar Arellano fue asesinado a balazos la tarde de este sábado 25 de julio en Tijuana, mientras se encontraba dentro de un vehículo particular en la colonia Nuevo Milenio. Una mujer que lo acompañaba al momento del ataque resultó herida pero se reporta estable.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar e intentaron salvar la vida del agente, además de brindar atención a la mujer. A pesar de los esfuerzos, Arellano no sobrevivió a la agresión.

El vehículo utilizado por los agresores fue identificado por las autoridades. En respuesta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) desplegó un operativo en coordinación con otras fuerza de seguridad para localizar a los responsables.

La SSCBC confirmó los hechos y señaló que la investigación se realiza en coordinación con la Fiscalía General del Estado. El organismo lamentó la muerte del agente y anunció que redoblaría esfuerzos para esclarecer los hechos.

En un primer momento se informó que la mujer herida era esposa del agente. La SSCBC aclaró posteriormente que no existía ese vínculo.

Reportes extraoficiales de medios locales presumieron que el auto de los criminales sería un Toyota Camry de color gris oscuro.

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FGR incinera mil 662 litros de metanfetamina líquida en Sonora

La Fiscalía General de la República incineró mil 662 litros de metanfetamina líquida asegurados tras diligencias en dos casos distintos.

La destrucción se llevó a cabo en un predio ubicado sobre la carretera Hermosillo-Bahía Kino, en Sonora, bajo instrucciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y conforme a las determinaciones ministeriales y judiciales correspondientes.

El operativo contó con el apoyo del personal de la Fiscalía Federal en el estado de Sonora y estuvo supervisado por el Órgano Interno de Control de la institución. Según reportes oficiales, durante todo el proceso se garantizó la observancia de la cadena de custodia.

Los más de mil 600 litros de droga correspondían a dos carpetas de investigación activas. Con la destrucción del estupefaciente, la FGR evitó que el cargamento fuera distribuido y llegara a la población.

La metanfetamina líquida es una de las formas de transporte más utilizadas por el crimen organizado para evadir controles de seguridad, ya que puede ser trasladada en recipientes convencionales y procesada posteriormente para su comercialización.

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No es una emergencia: Marina realizará ejercicios con humo y bengalas en Acapulco

La Secretaría de Marina informó que los días 25, 26 y 27 de julio realizaría ejercicios de adiestramiento naval en la Bahía de Acapulco, Guerrero, e hizo un llamado a la población y a la comunidad marítima a no alarmarse ante maniobras que podrían incluir humo y bengalas.

La dependencia precisó que las actividades forman parte del adiestramiento permanente del personal naval. El comunicado fue difundido en la cuenta oficial de Marina en X.

Las bengalas son artificios pirotécnicos de señalización. El Diccionario Naval de Marina las define como “artificios luminosos que despiden claridad muy viva, utilizados para señales, iluminar de noche o pedir auxilio”. La Marina regula su uso en embarcaciones nacionales y exige cuatro luces de bengala de mano de 700 candelas para navegación de cabotaje.

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Operativo desde Azcapotzalco termina con decomiso de drogas

Una persecución policial que se extendió desde la alcaldía Azcapotzalco hasta el municipio de Naucalpan de Juárez terminó con la detención de un hombre que llevaba consigo envoltorios de varias drogas, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El operativo comenzó tras un aviso de detonaciones en la calzada San Isidro, cerca de la Segunda Cerrada de San Isidro, en la colonia San Bartolo Cahualtongo. Los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente recibieron el reporte y enviaron a los agentes al lugar.

Al arribar, los policías observaron una riña en la vía pública. Al notar la presencia de las autoridades, varias personas se dispersaron. Uno de los sujetos, que guardó envoltorios sospechosos entre sus ropas, abordó un automóvil rojo y huyó, circulando en sentido contrario por la calzada San Isidro.

La persecución concluyó en el municipio mexiquense, sobre la calzada Echegaray, a la altura de la calle Miguel Velázquez Mancilla, en la colonia Bosques de Echegaray. Allí, los oficiales interceptaron al vehículo y detuvieron al conductor, un hombre de 38 años.

En la revisión preventiva realizada conforme al protocolo, los agentes encontraron cinco bolsitas de aparente marihuana, siete dosis y una bolsa con sustancia sólida similar a cocaína, nueve envoltorios con probable crystal y dinero en efectivo. El sospechoso fue informado de sus derechos y trasladado junto con el vehículo y lo asegurado ante el Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

De acuerdo con la SSC, tras un cruce de información, se confirmó que el detenido cuenta con cinco ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: cuatro por robo calificado (en 2008, 2010, 2014 y 2018) y uno más por delitos contra la salud en 2019.

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SSC arresta a presunto asaltante en Venustiano Carranza

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras un llamado de emergencia en la alcaldía Venustiano Carranza.

Según el reporte policial, el detenido habría utilizado un objeto punzocortante para posiblemente asaltar a dos ciudadanos que transitaban por la zona.

La autoridad no especificó el nombre del sospechoso ni la ubicación exacta donde ocurrieron los hechos, pero afirmó que la intervención se dio poco después del incidente reportado.

El sujeto fue presentado ante el Ministerio Público, que será la instancia encargada de determinar la situación jurídica y las posibles imputaciones legales que enfrentará.

Hasta el momento, la SSC no ha informado sobre el estado de salud de las víctimas ni si se recuperaron objetos robados durante el operativo.

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La Armada de México realizó este sábado la detención de un presunto infractor de la ley en las inmediaciones de Mazatlán, Sinaloa, tras una operación coordinada por la Cuarta Región Naval. En el lugar, el personal aseguró dos vehículos, un arma larga, seis cargadores, 155 cartuchos, dos chalecos —uno de ellos con presunta identificación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)—, dos placas balísticas y un radio de comunicación.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Marina, los hechos tuvieron lugar en dos eventos distintos en zonas estratégicas del municipio. Ambas acciones formaron parte de las tareas de vigilancia enfocadas en mantener el Estado de derecho y garantizar la seguridad en la región.

El hallazgo de un chaleco presuntamente vinculado al CJNG resalta como el elemento más relevante del operativo por su posible relación con actividades de grupos delictivos organizados. La localización de este equipo táctico dentro de un vehículo con reporte de robo abre nuevas líneas de investigación para las autoridades ministeriales.

Las autoridades señalaron que todo el material asegurado, así como el detenido, fueron puestos a disposición de las instancias competentes para la integración de la carpeta de investigación. La dependencia federal reiteró su compromiso de continuar con acciones que contribuyan a la paz y seguridad de la población en Sinaloa.

Primer evento: vehículo robado con armamento en El Roble

El primer evento se desarrolló en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el poblado El Roble. El personal naval inspeccionó un vehículo y confirmó que contaba con reporte de robo vigente.

Dentro de la unidad, los elementos aseguraron un arma larga, seis cargadores y 155 cartuchos útiles. También hallaron dos chalecos, dos placas balísticas y un radio de comunicación.

Uno de los chalecos porta presunta identificación del Cártel Jalisco Nueva Generación. La totalidad del material asegurado quedó a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación.

El arma larga, la munición y el equipo de comunicación constituyen un conjunto de materiales cuya portación es de uso exclusivo de las fuerzas armadas y de seguridad pública. Las instancias ministeriales determinarán el alcance penal de los hallazgos conforme a la legislación aplicable.

Segundo evento: motocicleta con reporte de robo en la Avenida del Mar

El segundo evento ocurrió durante un recorrido de vigilancia en motocicleta sobre la Avenida del Mar, en Mazatlán. El personal naval localizó y aseguró una motocicleta con reporte de robo activo.

Este aseguramiento se suma al vehículo recuperado en El Roble, con lo que la Armada de México retiró de circulación dos unidades con reporte de robo en una misma jornada operativa. Ambas unidades quedaron a disposición de las instancias competentes.

Derechos del detenido y puesta a disposición ante la autoridad competente

Al término de los eventos, el personal naval leyó sus derechos al detenido en apego a la normativa vigente. El presunto infractor fue trasladado junto con todos los efectos asegurados ante las autoridades competentes.

La carpeta de investigación correspondiente queda en manos de las instancias ministeriales, que determinarán la situación jurídica del imputado. El proceso seguirá su curso conforme a la legislación penal aplicable.

Cuarta Región Naval refrenda presencia operativa en Sinaloa

La Secretaría de Marina reiteró su compromiso con el mantenimiento del Estado de derecho en Sinaloa. La dependencia señaló que continuará con operaciones orientadas a la paz y la seguridad de la población en la entidad.

La Cuarta Región Naval opera de forma permanente en el puerto de Mazatlán y sus municipios aledaños. Sus acciones se enmarcan en una estrategia de presencia territorial sostenida que ha derivado en múltiples aseguramientos de armamento y equipo táctico en lo que va del año.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Destacamento Vial San Nicolás, a la altura del kilómetro 231 de la Ruta 9. Allí los agentes interceptaron una camioneta Toyota Hilux gris conducida por Gabriel Alejandro Godoy, de 41 años, domiciliado en la ciudad de Resistencia, Chaco.

Durante el cacheo preventivo, los policías encontraron en uno de los bolsillos del conductor un cargador de pistola calibre 9 milímetros con diez municiones intactas. Luego, al requisar el vehículo, hallaron junto al asiento del conductor una pistola semiautomática Ruger Max-9 calibre 9 milímetros, de color negro, para la cual el hombre no pudo presentar documentación que acreditara su portación.

La inspección continuó y permitió establecer que Godoy transportaba un cargamento de armas provenientes de las firmas importadoras Rodamientos Severino SRL, SAM Pacífico SRL y Trampia SRL, ubicadas en la localidad santafesina de Pueblo Esther, con destino a la armería NGA Defense SA, en la ciudad bonaerense de Pilar.

Sin embargo, según informaron fuentes policiales, el conductor no contaba con la autorización exigida por la ANMAC para el transporte comercial de material controlado, motivo por el cual se procedió al secuestro de la totalidad de la carga.

El recuento arrojó un total de 131 armas de fuego, todas nuevas, de fábrica y sin uso, destinadas presuntamente a la venta. Entre ellas había:

• 58 pistolas Taurus calibre 9 mm.
• 32 pistolas Beretta calibre 9 mm.
• 3 pistolas Beretta calibre .40.
• 8 revólveres Taurus calibre .38 Special.
• 2 revólveres Taurus calibre .44 Magnum.
• 2 escopetas Beretta calibre 12.
• 5 escopetas Rossi calibre 12.
• 4 escopetas Rossi calibre 20.
• 5 fusiles Rossi calibre .22 LR.
• 10 carabinas Rossi calibre .22 LR.
• 1 fusil Rossi calibre .308.
• 2 carabinas Taurus calibre .223.

En el caso tomó intervención el fiscal Rubén Darío Giagnorio, de la UFI Nº 3 de San Nicolás, quien dispuso la aprehensión de Godoy por el delito de portación ilegal de arma de guerra. Quedó detenido y será indagado en las próximas horas. La camioneta y el armamento quedaron a disposición de la Justicia.

Se trata de una operación iniciada en mayo por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Comisaría Provincial de Málaga (UDYCO Costa del Sol). Según la información obtenida, el caso se abrió cuando los agentes interceptaron un vehículo que transportaba armas largas automáticas y granadas de mano en un control policial. El conductor, responsable del traslado del arsenal, fue arrestado en el lugar y trasladado posteriormente a prisión provisional.

La incautación inicial permitió destapar todo un entramado criminal dedicado al tráfico de armas y drogas, que requería técnicas avanzadas de investigación y la colaboración de unidades especiales como el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y la Unidad de Medios Aéreos, explica la Policía Nacional en su comunicado. El operativo inicial permitió el decomiso de seis armas largas automáticas, tres granadas de mano, varios cargadores y munición de alto calibre, lo cual facilitó la identificación de otros presuntos miembros de la organización.

La detención del primer implicado fue clave para acceder a información relevante sobre la estructura de la banda. A partir de este punto, los agentes comenzaron a desplegar dispositivos de vigilancia y seguimiento que contribuyeron a la localización y posterior detención de tres personas adicionales, señaladas como integrantes activos del grupo criminal. Durante las actuaciones, los investigadores identificaron rutas, domicilios y métodos de almacenamiento de armas y drogas, lo que permitió profundizar en el análisis de las conexiones de la red. Así, se acabó encontrando el resto del arsenal.

Capturas y más armas en varios registros

Las pesquisas condujeron a registros simultáneos en diferentes municipios de Málaga, donde los agentes localizaron un arsenal aún mayor. Los operativos culminaron con la incautación de 30 fusiles de asalto, 11 granadas de mano, 11 pistolas, siete silenciadores, ocho chalecos antibalas, dos placas balísticas aptas para soportar munición de guerra y más de 5.000 cartuchos de diversos calibres. Además, los registros permitieron el decomiso de 120 kilos de cocaína, 60 kilos de hachís, 3.000 pastillas de éxtasis y 650 gramos de tusi.

La operación, coordinada por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vélez-Málaga y respaldada por el Ministerio Fiscal, permanece bajo secreto de sumario. Se trata de una de las redes de tráfico de armas y drogas más peligrosas y especializadas detectadas en los últimos años, destacan desde las fuentes policiales en declaraciones. Los cuatro detenidos han quedado a disposición judicial mientras continúa la investigación para determinar el alcance y las posibles ramificaciones internacionales de la organización.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha documentado seis nuevos casos de municiones con uranio empobrecido tras ataques rusos en la región de Cherníhiv. Las investigaciones revelan que drones de ataque tipo “Geran-2” lanzados contra esa zona, entre abril y junio de 2026, portaban componentes radiactivos. Las autoridades han advertido que los fragmentos recuperados muestran niveles de radiación muy superiores a los permitidos y representan un riesgo directo para la salud pública y el medio ambiente.

Los hallazgos siguen sumando a la preocupación internacional por el uso de tecnología militar no convencional en el conflicto. La inteligencia ucraniana, el equipo de investigación del Servicio de Seguridad de Ucrania y el Servicio Estatal de Emergencias han identificado estos componentes peligrosos en en misiles R-60M, adaptados para su uso mediante sistemas aéreos no tripulados.

Las pruebas impulsadas por el SBU han confirmado, mediante equipos dosimétricos y un complejo radiológico móvil automatizado, que las cabezas de combate de los misiles contenían material nuclear identificado como Uranio-235 y Uranio-238. Durante las inspecciones realizadas en los lugares impactados, los expertos han registrado niveles de radiación ambiental hasta 80 veces superiores a los habituales.

El análisis radiológico de los fragmentos reveló que el nivel de radiación gamma oscilaba entre 8,3 y 24 microsieverts por hora, cuando la normativa sanitaria establece un máximo de 0,3 microsieverts por hora. Según la documentación del SBU, esta contaminación supone una amenaza directa tanto para las personas como para el entorno.

Los especialistas han destacado que la exposición a estos niveles puede provocar daños severos en la salud de quienes manipulen o se encuentren cerca de los restos. Tras la localización y el análisis de las municiones, se llevaron a cabo operaciones integrales para neutralizarlas y proteger a la ciudadanía. Las autoridades han subrayado la importancia de actuar con rapidez para evitar la propagación de la radiactividad en las zonas afectadas.

Recomendaciones y proceso judicial

Las autoridades ucranianas han abierto un proceso penal por estos hechos bajo la acusación de crímenes de guerra, conforme al artículo 438 del Código Penal de Ucrania. El procedimiento está supervisado por la Fiscalía Regional de Cherníhiv y sigue en curso. El Servicio de Seguridad de Ucrania ha reiterado su llamado a la población para que tome medidas de precaución si encuentra restos de drones, misiles u otros tipos de munición.

Ha advertido que, en ningún caso, se debe acercar, tocar ni mover los objetos sospechosos y ha instado a comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia a través de los números habilitados, entre ellos el SBU, el del Servicio Estatal de Emergencias y de la Policía Nacional del país. El incidente subraya la peligrosidad del material empleado en los ataques y la necesidad de mantener los protocolos de seguridad ante hallazgos de restos bélicos. La investigación permanece abierta mientras las autoridades refuerzan las labores de neutralización y protección de la ciudadanía en las zonas afectadas. También transmite la urgencia de establecer controles más estrictos sobre el armamento utilizado en el conflicto de Ucrania.

Un vehículo de superficie no tripulado desarrollado en Alemania ha superado la fase de pruebas en mar abierto tras ser lanzado desde un tubo de torpedos estándar de submarino. Las pruebas, realizadas en la costa báltica en junio, evaluaron la capacidad de este dron –bautizado como Ranger– para operar de manera autónoma y navegar en superficie tras su despliegue desde un sumergible.

El ensayo representa un paso en la tendencia internacional de incorporar sistemas autónomos a las flotas navales, en un contexto de creciente demanda de soluciones que reduzcan el riesgo humano en misiones de inteligencia y vigilancia. Según los datos técnicos que describe el comunicado de las compañías, el sistema puede emerger por sí mismo tras ser lanzado desde tubos de torpedos de 21 pulgadas, lo que facilita operaciones discretas y amplía las posibilidades tácticas de los submarinos modernos.

El Ranger, resultado de la cooperación entre los equipos de Gabler y la tecnológica Flanq, mide 4,5 metros y está equipado con sensores plegables, propulsión eléctrica y una bahía configurable para distintas misiones. La primera asumirá la comercialización y la integración del sistema en navíos de clientes europeos, mientras que la segunda aporta el desarrollo de software, autonomía basada en inteligencia artificial y arquitectura abierta.

El objetivo principal es ejecutar tareas de reconocimiento e inteligencia sin intervención humana directa, accediendo a zonas de riesgo o difíciles de patrullar con medios convencionales. Las pruebas de aceptación en el mar se llevaron a cabo con equipos conjuntos de ambas compañías. Durante los ensayos se registraron datos sobre la integración de los sistemas de navegación, la estabilidad en superficie y la capacidad autónoma del dron para completar trayectorias preprogramadas. Según explican, los resultados fueron positivos y validaron el funcionamiento de los componentes principales y su capacidad para coordinarse con plataformas navales existentes.

El futuro de la guerra naval

La apuesta por vehículos marinos no tripulados responde a la evolución de las estrategias navales en escenarios de alta incertidumbre, donde la protección del personal y la recolección de información ganan protagonismo. Este tipo de drones pueden emplearse tanto en tareas de vigilancia como en versiones de ataque de uso único, denominadas OWA (One-Way Attack), que están en fase de desarrollo.

El modelo Ranger se suma así a una generación de vehículos diseñados para ampliar la flexibilidad operativa de las flotas y permitir el despliegue de sistemas desechables a bajo coste. La industria naval europea observa este tipo de avances como un elemento estratégico para mantener la competitividad y responder a las nuevas necesidades de seguridad marítima.

El siguiente paso será la entrega de las primeras unidades operativas a usuarios finales, mientras la cooperación entre las dos compañías continúa para adaptar la plataforma a diferentes escenarios y requisitos. Alemania es uno de los países europeos que más está apostando por la industria de defensa, a través del desarrollo de tecnologías navales autónomas. En esta última ocasión, marcan un precedente para la integración de vehículos no tripulados en las operaciones submarinas convencionales.

Un estudiante de 12 años llevó un revólver en la mochila a su colegio en la ciudad de Rosario y fue demorado por la Policía. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el episodio ocurrió este martes en la tarde en la escuela primaria José Rondeau Nº 120 de barrio Azcuénaga, ubicada en Liniers y San Luis.

Fue la directora del establecimiento educativo la que dio aviso a la Policía, luego de advertir la presencia del arma. Cuando los agentes llegaron a la escuela, constataron que se trataba de un revólver marca Galand MR calibre .22 largo, sin municiones, con numeración, que fue secuestrado.

Por disposición de la Fiscalía de Menores el chico fue trasladado en un patrullero y quedó demorado. Posteriormente, el arma fue remitida a Criminalística para las pericias correspondientes. Se realizaron las notificaciones correspondientes a los familiares del chico.

Según el medio Rosario 3, en base a fuentes del Ministerio de Educación, algunos compañeros del chico vieron el arma cuando abrió la mochila y le avisaron a la docente a cargo.

Luego se le informó a la directora y se activó el protocolo correspondiente a estos casos. Este miércoles se dictaron clases normales y se van a programar reuniones con las familias de los alumnos. El expediente fue calificado como portación de arma de fuego.

Otro episodio con un arma en Rosario

Casi en paralelo, se registró otro incidente en un establecimiento escolar de la misma ciudad. En esta oportunidad, un adolescente de 13 años fue aprehendido este martes en la Escuela N.º 338 “Constancio C. Vigil”, ubicada en Alem 3098, tras exhibir una réplica de arma de fuego dentro de la escuela.

Según indicaron fuentes oficiales a este medio, La intervención se produjo cerca de las 13:10 horas cuando personal policial acudió al lugar por orden de la Central 911, luego de recibir una alerta sobre la presencia de un menor armado.

Al arribar, los agentes entrevistaron al director de la institución, quien autorizó el ingreso policial. En presencia del directivo, el alumno fue identificado y reconoció portar una réplica de pistola, la cual entregó voluntariamente.

El objeto incautado era una réplica de pistola tipo “Lock 22 Austria 40 SW”, de color negro y material plástico, señalaron las fuentes consultadas por Infobae.

La Fiscalía de Menores, a cargo del fiscal Ernesto Ducase, tomó intervención en el hecho e impartió las directivas correspondientes. Finalizadas las actuaciones en la escuela, el procedimiento fue trasladado a la Comisaría 16ª.

El Ministerio de Defensa británico ha confirmado que un buque de guerra ruso, al que medios de Reino Unido lo han identificado como “Neustrashimy”, llevó a cabo un ejercicio de tiro real en aguas internacionales a unos 74 kilómetros (40 millas náuticas) al sur de Plymouth, en el suroeste de Inglaterra, mientras era seguido de cerca por la Royal Navy. Según ha podido saber Infobae, la maniobra se dio tras un aviso previo. No obstante, despertó inquietud por la proximidad del despliegue militar ruso a una zona de tráfico marítimo clave y a instalaciones estratégicas británicas.

Un portavoz del Ministerio de Defensa británico indicó que “un buque naval ruso, seguido por la Royal Navy, realizó un ejercicio de tiro real en aguas internacionales aproximadamente”. La fuente oficial detalló que su ejército “supervisó el ejercicio en todo momento” y que “continúa siguiendo de cerca la actividad del buque y está preparada para proteger la seguridad nacional del Reino Unido”.

El “Neustrashimy” notificó a la fragata británica HMS Tyne su intención de realizar prácticas de artillería antes de iniciar el ejercicio. “Antes de iniciar la serie de disparos, el buque ruso informó su intención de realizar una actividad de artillería y solicitó que el barco se reubicara a una distancia más segura, lo que el HMS Tyne hizo”, explica el portavoz. El Ministerio añadió que la operación rusa se llevó a cabo finalmente en aguas internacionales y se extendió durante 30 minutos.

Coincide con el relevo en Reino Unido

El nuevo secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, ha criticado con dureza las recientes maniobras militares realizadas por Rusia cerca de las costas británicas, al calificar el ejercicio como “irresponsable” y una muestra de provocación. “Debemos considerar los acontecimientos de ayer como una actuación teatral e irresponsable”, declaró Streeting al ser consultado por medios tras su primera reunión de gabinete junto al primer ministro Andy Burnham.

El titular de Defensa subrayó que este tipo de incidentes no resultan aislados, sino que forman parte de una estrategia reiterada por parte del gobierno ruso. “No es la primera vez que Rusia se comporta así y, francamente, es solo la punta del iceberg de las amenazas diarias a las que se enfrentan este país y nuestros aliados”, advirtió el ministro ante la prensa, enfrentándose a un asunto espionoso en sus inicios en el cargo.

De acuerdo con lo comunicado por el Gobierno, durante la operación se siguieron los protocolos habituales de seguridad marítima y la Royal Navy mantuvo vigilancia constante sobre el desarrollo del ejercicio. A pesar de ello, el ejecutivo británico no ha dudado en rechazar este tipo de maniobras, al venir de un rival como Rusia y producirse en una zona que puede suponer un peligro. El incidente ocurre en un contexto de renovadas tensiones diplomáticas entre Reino Unido y Rusia, reforzando la preocupación de las autoridades británicas respecto a la seguridad nacional y la protección de las rutas marítimas clave.

La fragata F-101 “Álvaro de Bazán” de la Armada Española efectuó el 17 de julio el lanzamiento de un misil Harpoon contra el “Peleliu”, un buque anfibio de la Marina de Estados Unidos retirado en 2015. Lo hizo durante el ejercicio multinacional ’Rimpac 26′, considerado el mayor del mundo en su tipo y desarrollado en aguas del archipiélago hawaiano. Según informaciones oficiales, la acción se ajustó a estrictas medidas de seguridad marítima y aérea, así como de protección ambiental, con especial atención a la fauna y los santuarios marinos de la región para garantizar la preservación del entorno natural.

El ejercicio reunió a 31 países, 40 buques y submarinos, 200 aeronaves y más de 30.000 efectivos. El hundimiento controlado del antiguo buque estadounidense se llevó a cabo mediante diversos disparos reales por parte de unidades de distintas nacionalidades. La fragata española coordinó su ataque con el destructor japonés JS ‘Kongo’, en una maniobra conjunta que puso a prueba los sistemas de combate de ambas armadas en un entorno simulado de alta intensidad y colaboración multinacional.

La operación sirvió para que las tripulaciones pudieran entrenar con armas reales sobre objetivos navales y poner en práctica tácticas junto a otras marinas. Este tipo de ejercicios mejora la coordinación y la capacidad de trabajar en equipo entre diferentes países, fomentando el intercambio de experiencias y procedimientos. El hundimiento controlado de buques es habitual en estas maniobras y siempre se lleva a cabo siguiendo las normas, reforzando los lazos operativos y permitiendo que las flotas colaboren de manera más efectiva con sus aliados internacionales.

Capacidad y despliegue de la fragata

La ‘Álvaro de Bazán’, primera unidad de su clase y construida en Ferrol por la empresa Navantia, incorpora el sistema de combate AEGIS, una tecnología que le proporciona capacidades avanzadas de defensa antiaérea y gestión de amenazas múltiples en tiempo real. Estas fragatas, reconocidas entre los escoltas más versátiles y modernos de Europa, serán pronto sometidas a una modernización destinada a reforzar sus prestaciones y adaptarlas a los desafíos de la guerra naval contemporánea, incluyendo mejoras en sistemas electrónicos y de armamento.

El buque español, con una dotación de 190 personas, permanecerá más de cinco meses desplegado en el Pacífico participando en ejercicios navales organizados por la Marina estadounidense y en los que intervienen fuerzas de numerosos países aliados. Durante este periodo, la tripulación afrontará diferentes escenarios tácticos y misiones coordinadas, lo que fortalecerá su preparación y capacidad de respuesta ante situaciones complejas, así como su habilidad para adaptarse a entornos operativos cambiantes y exigentes.

Como explica en su comunicado la Armada, la presencia de la fragata en la edición actual del ‘Rimpac’ coincide con el V Centenario del nacimiento de Don Álvaro de Bazán y Guzmán, figura histórica de la Armada, cuyo legado inspiró a la hora de darle nombre. El ejercicio representa una oportunidad para que la Armada Española afiance su integración en operativos multinacionales de alto nivel, reforzando la formación y el prestigio de sus tripulaciones en el ámbito internacional.

La madrugada del domingo estuvo marcada por la violencia y sacudió el centro de Tucson. En medio de una zona de ocio densamente concurrida, un tiroteo dejó a nueve personas heridas y a un sospechoso hospitalizado tras ser baleado por la policía.

El incidente, ocurrido aproximadamente a las 2:00, generó alarma en la comunidad y activó operativos de emergencia y seguridad. Según informó el portavoz del Departamento de Policía de Tucson, Frank Magos, agentes asignados a patrullaje a pie escucharon detonaciones y se dirigieron de inmediato hacia el foco del ataque.

Al llegar a la intersección de East Congress Street y North 6th Avenue, los oficiales se encontraron con un hombre adulto identificado como sospechoso. Magos aseguró que los policías emitieron órdenes reiteradas antes de que uno de ellos utilizara su arma reglamentaria e hiriera al individuo.

Los uniformados prestaron asistencia médica tanto al herido como a las víctimas hasta la llegada de personal especializado del Departamento de Bomberos de Tucson.

Detalles de la intervención y la investigación

El saldo del ataque incluyó nueve personas adultas con heridas de bala en las extremidades, quienes fueron trasladadas en estado crítico a hospitales de la zona.

El propio sospechoso resultó herido de gravedad por los disparos policiales y también fue remitido a un centro médico, tal y como detalló Reuters, que sumó al atacante en el conteo total de heridos. Las fuentes oficiales confirmaron que ningún agente policial sufrió lesiones durante la intervención.

El motivo detrás de la agresión permanece bajo análisis. Fuentes policiales citadas por la filial local KGUN indicaron que la investigación evalúa si el incidente se originó a partir de una confrontación previa entre dos grupos, circunstancia que habría derivado en que transeúntes terminaran alcanzados por los disparos.

La policía solicitó colaboración a quienes presenciaron el hecho o posean vídeos del episodio, invitando a comunicarse con las autoridades de manera anónima mediante el canal 88-CRIME y haciendo referencia al expediente 260719048.

La magnitud del suceso motivó la activación del Pima Regional Critical Incident Team (PRCIT) para conducir la investigación criminal principal, mientras que la revisión del uso de la fuerza policial quedó en manos de la Oficina del Sheriff del Condado de Pima.

A la par, el Departamento de Policía de Tucson abrió una pesquisa interna para determinar posibles infracciones a sus normativas. Según lo habitual en casos donde intervienen armas reglamentarias, las conclusiones serán remitidas a la Oficina del Fiscal del Condado de Pima para su evaluación.

Reacciones y contexto nacional sobre la violencia armada

El ataque se produjo en un contexto nacional de creciente preocupación por los tiroteos masivos en Estados Unidos. La organización Gun Violence Archive elevó a 257 la cifra de incidentes de este tipo registrados en lo que va de año, caracterizados por involucrar al menos cuatro víctimas heridas o fallecidas.

La alcaldesa de Tucson, Regina Romero, emitió un comunicado donde lamentó el hecho: “Anoche, Tucson experimentó otro acto de violencia armada. Un tirador comenzó a disparar temerariamente en una zona concurrida e hirió a nueve personas antes de ser detenido por un oficial de policía de Tucson”.

Romero añadió que, gracias a la atención brindada por bomberos y agentes, todas las víctimas fueron estabilizadas y trasladadas al hospital, manifestando esperanza en su recuperación. Más adelante, la funcionaria señaló que “el fácil acceso a las armas y las débiles leyes de seguridad con armas de Arizona han seguido poniendo a todos en riesgo”.

Diversas voces públicas se sumaron a las muestras de conmoción y solidaridad. Gabby Giffords, exrepresentante federal y sobreviviente de un intento de asesinato en 2011, expresó su pesar en un mensaje difundido el domingo: “Me rompe el corazón saber que nueve personas recibieron disparos temprano esta mañana en el centro de Tucson. Demasiadas vidas han cambiado para siempre por la crisis de violencia armada de Estados Unidos, en mi ciudad natal y en todo el país”.

Por su parte, la cobertura local de KVOA News 4 Tucson y KOLD 13 News incluyó testimonios de testigos presenciales que describieron escenas de pánico y el rápido accionar de los equipos de emergencia.

El presidente de la Asociación de Oficiales de Policía de Tucson, Darrell Hussman, destacó que la proximidad de los agentes al lugar fue determinante para controlar la situación y evitar una tragedia mayor.

Procedimientos y próximos pasos

Las autoridades mantienen activa la investigación sobre el origen del ataque y el perfil del sospechoso, quien permanece hospitalizado bajo custodia.

El proceso judicial y las revisiones administrativas seguirán su curso, con la expectativa de que nuevos datos surjan de los peritajes y testimonios recabados.

El episodio de Tucson reavivó el debate sobre la tenencia de armas y la seguridad pública en el estado de Arizona, así como el reclamo por reformas legislativas que permitan prevenir tragedias similares en el futuro.

Mientras tanto, la comunidad permanece atenta a la evolución del estado de salud de las víctimas y al avance de las investigaciones oficiales.

Francia y Alemania han dado un paso relevante en su política de defensa común al completar su primer ejercicio aéreo conjunto orientado a la “disuasión avanzada”. Según informó el Ministerio de defensa francés, el Comando de las Fuerzas Aéreas Estratégicas y la Luftwaffe alemana ejecutaron una maniobra de entrenamiento que no involucró armas nucleares pero sirvió como base para la preparación de posibles escenarios operativos futuros.

La operación consistió en la participación de dos cazas Rafale de la base aérea de Saint-Dizier y dos Eurofighter alemanes procedentes de la base de Nörvenich. Ambas escuadrillas se coordinaron con un avión cisterna MRTT Phenix de Francia, que permitió a los cazas realizar reabastecimiento en vuelo sobre el espacio aéreo europeo. Este tipo de actividad representa un avance técnico clave para la integración de las fuerzas aéreas de ambos países en la defensa colectiva.

Maniobras conjuntas e impulso estratégico

El aterrizaje simultáneo de los aviones en la base de Nörvenich puso fin a unas maniobras aéreas que sirvieron como punto de encuentro para los ministros y altos mandos de Francia y Alemania. Coincidiendo con la celebración del Consejo Franco-Alemán de Defensa y Seguridad, el foro permitió a ambos gobiernos examinar los resultados del ejercicio y definir nuevas líneas de trabajo en materia de cooperación estratégica.

De acuerdo con la versión difundida por el Ejecutivo francés, la operación validó la capacidad operativa de los escuadrones y dejó patente la voluntad política de aplicar el acuerdo firmado en marzo por el presidente Emmanuel Macron y el canciller Friedrich Merz. Esta iniciativa constituye el primer paso operativo de la agenda bilateral, centrada en consolidar una defensa común y fortalecer la integración militar entre ambos países.

Basada en la estrategia francesa de “disuasión avanzada”, la maniobra incluyó ejercicios de combate y coordinación aérea, sin que se contemplara el uso de armas nucleares. La colaboración entre los cazas Rafale y Eurofighter, además del MRTT Phenix, permitió a las tripulaciones comprobar la interoperabilidad de los sistemas, un aspecto clave para los equipos técnicos. El objetivo de estos ejercicios es mejorar la capacidad de respuesta conjunta ante amenazas en el continente europeo y sentar las bases de una integración militar más profunda y duradera.

Cooperación tras el fracaso del FCAS

El acercamiento entre París y Berlín se produce tras la ruptura del programa conjunto Future Combat Air System (FCAS), el ambicioso proyecto para desarrollar un caza europeo de sexta generación. Ambas capitales han decidido renovar su cooperación en defensa para hacer frente a la pérdida. En la reunión ministerial celebrada en Colonia, Macron y Merz anunciaron que soldados alemanes participarán por primera vez en ejercicios nucleares franceses durante este año, un gesto que simboliza la superación de diferencias recientes y la intención de reforzar la defensa europea.

Asimismo, Alemania se incorporará a un ejercicio multinacional impulsado por Francia en otoño, en el marco de la Coalición de los Voluntarios pro-Ucrania. Los gobiernos de ambos países reiteraron su apoyo a Ucrania y se comprometieron a avanzar en iniciativas como el Main Ground Combat System y el desarrollo de capacidades conjuntas, para fortalecer la respuesta europea ante desafíos globales.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali incorporará 421 armas de fuego, entre largas y cortas, como parte de un programa de fortalecimiento del equipamiento policial financiado con recursos estatales y federales.

La entrega del armamento se realizó durante un acto encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California en el municipio de Tecate, donde también se informó que la inversión destinada a las siete corporaciones preventivas del estado supera los 48 millones de pesos.

De acuerdo con la DSPM, el lote asignado a Mexicali está integrado por 269 armas largas, 152 armas cortas, 266 mil cartuchos útiles y 349 cargadores, lo que representa la mayor adquisición de armamento para la corporación desde su creación.

El director de la Policía Municipal, Luis Felipe Chan Baltazar, afirmó que el nuevo equipamiento permitirá reforzar las labores de vigilancia, así como la capacidad de respuesta de los agentes durante los operativos.

El mando policial señaló que la renovación del armamento forma parte de la estrategia de fortalecimiento institucional y busca dotar a los elementos de mejores herramientas para el desempeño de sus funciones.

La corporación precisó que la adquisición fue posible mediante gestiones realizadas por el Gobierno de Mexicali en coordinación con autoridades estatales y federales.

Entrega de armamento ocurre en medio del reforzamiento de la seguridad en Tecate

La entrega del equipamiento se realizó en Tecate, municipio donde en las últimas semanas se han registrado hechos de violencia que mantienen abiertas diversas investigaciones.

El pasado 14 de julio, la regidora de Morena María de Jesús Quijada Maldonado sobrevivió a un ataque armado directo en el que murió su esposo, Jesús Pereida Ruiz. Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado de Baja California no ha informado el móvil de la agresión ni ha reportado personas detenidas.

Además, autoridades estatales han señalado que la violencia en Tecate se desarrolla en un contexto de disputa entre grupos del crimen organizado por el control de rutas fronterizas.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, ha atribuido parte de estos hechos a la confrontación entre una alianza integrada por una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Chapitos, contra Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa.

En los últimos meses, esa confrontación también se ha reflejado en agresiones contra corporaciones de seguridad. Entre los casos recientes se encuentran el ataque a una base militar en La Rumorosa el pasado 16 de junio, una agresión contra elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana sobre la carretera Tecate-Ensenada el 4 de mayo y un enfrentamiento contra policías municipales ocurrido el 1 de julio durante un operativo en ese municipio.

La Guardia Civil ha llevado a cabo una de las mayores operaciones de destrucción de material de guerra, tras descubrir un arsenal de grandes dimensiones en dos naves industriales de Quintana de la Serena, Badajoz. Más de 33 toneladas de armas inutilizadas y material explosivo han sido retirados y destruidos bajo la supervisión de agentes especializados. El hallazgo se dio tras contactar con las autoridades una familia del municipio que acababa de heredar las instalaciones.

En total, el arsenal incluía 2.416 fusiles de asalto Cetme, 737 ametralladoras, 63 subfusiles “Naranjeros” MP-28, 11.069 granadas de mortero, 4 fusiles tipo Mauser y numerosos cargadores adicionales. Todo el material fue trasladado a una empresa de Jerez de los Caballeros especializada en la gestión de residuos y chatarras industriales.

La Guardia Civil intervino tras la notificación de los herederos. Según dice el Instituto Armado en su comunicado, los agentes retiraron y destruyeron el material, evitando posibles accidentes y eliminando una amenaza latente para la seguridad local. La operación subraya la importancia de avisar a las autoridades ante la presencia de objetos peligrosos, incluso si permanecieron inactivos durante años. La colaboración ciudadana permitió una respuesta rápida y eficaz, lo que resultó clave para retirar de circulación un acopio de grandes proporciones y preservar la seguridad de la zona, minimizando riesgos para la población.

Operativo para incautar armas

El operativo se puso en marcha a principios de julio, después de que los herederos de Quintana de la Serena alertaran a las autoridades sobre la existencia de armas y artefactos explosivos en dos naves industriales que formaban parte de su herencia. Al recibir el aviso, la Guardia Civil activó un dispositivo especial para inspeccionar el lugar y catalogar todo el material almacenado de forma segura.

Durante la inspección, los agentes de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz realizaron un recuento detallado del arsenal, en presencia del representante de los herederos. Para garantizar la seguridad durante el proceso, se utilizó un vehículo articulado de gran tonelaje para la carga y posterior traslado de todos los elementos hasta su destino final.

Destrucción completa y destino de otros materiales

Una vez en la empresa de Jerez de los Caballeros, se procedió a la destrucción y fundición de todas las armas y artefactos explosivos. El proceso permitió reducir el armamento a más de 33.000 kilos de chatarra, garantizando así que ninguna de estas piezas pudiera volver a circular ni ser utilizada de forma indebida. La destrucción completa del arsenal se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad y en presencia de responsables de la Guardia Civil.

Además de las armas y explosivos, los agentes hallaron otros objetos de interés histórico, como 540 bayonetas, que fueron entregadas de forma legítima a una armería autorizada para su conservación como piezas de coleccionismo. Por su parte, la munición que se encontraba aparentemente inutilizada fue remitida al Área de Industria de la Delegación del Gobierno en Extremadura para su eliminación segura, de acuerdo a la normativa vigente.

A principios de semana, París fue escenario de una reunión de alto nivel en la que 10 países europeos, entre ellos España, reafirmaron su compromiso con la defensa de Ucrania y la seguridad en el continente. Pedro Sánchez participó en la sesión plenaria de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, donde se abordaron nuevas medidas para sostener el apoyo a Kiev frente a la invasión rusa.

Antes de la reunión principal, se realizó la sesión de la Coalición Anti-Misiles Balísticos, una iniciativa que reúne a Ucrania, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Noruega y España. El grupo persigue la integración de tecnologías y capacidades de defensa aérea para responder a la creciente amenaza de misiles balísticos contra el continente europeo.

Los países miembros de esta coalición firmaron una Declaración Conjunta en la que remarcan el carácter defensivo de la coalición y su apoyo al “Flagship Project”, un programa que busca desarrollar una arquitectura de defensa aérea integrada y capaz de proteger a los estados miembros frente a ataques externos. La coalición antimisiles plantea la colaboración tecnológica y operativa como vía para reforzar la seguridad regional.

Ejes de la estrategia europea

Durante su intervención, Pedro Sánchez señaló que el refuerzo del respaldo europeo debe centrarse en tres ejes: el suministro de apoyo militar a Ucrania, la intensificación de la presión económica sobre Rusia y la preparación de una estrategia común para futuras negociaciones. El mandatario español recalcó la urgencia de avanzar en la adopción de un nuevo paquete de sanciones contra Moscú.

Sería el paquete de sanciones número 21 desde el inicio de la guerra. El presidente defendió que la Unión Europea debe presentarse unida en cualquier proceso de diálogo que pueda abrirse. Desde el Gobierno insisten en que la postura española se basa en la premisa de que la seguridad de Ucrania es también la seguridad de Europa, y que solo una acción coordinada puede garantizar la estabilidad futura.

Compromiso con la defensa conjunta

El mensaje central de la reunión fue la continuidad del apoyo a Ucrania, sin descartar la posibilidad de nuevas medidas de presión si la situación sobre el terreno lo exige. El proyecto contempla la integración progresiva de sistemas de defensa y la participación de la industria europea, con España como uno de los actores implicados. Según La Moncloa, la presencia de Sánchez en la reunión refleja el interés del Ejecutivo en consolidar el papel de España dentro de los mecanismos europeos de defensa.

El acuerdo alcanzado en París prevé que la cooperación en defensa antimisiles se convierta en uno de los ejes centrales de la política de seguridad europea en los próximos años. La jornada concluyó con el compromiso de mantener la colaboración activa en los tres frentes señalados, quedando abierta la puerta a nuevas acciones conjuntas si la situación bélica lo requiere. Los líderes europeos acordaron reforzar la coordinación política y técnica para responder de manera eficaz a los desafíos de seguridad que plantea la prolongación de la guerra.

Dos ciudadanos argentinos fueron detenidos en el Complejo Fronterizo Los Libertadores por intentar cruzar a Chile, con armas de fuego y municiones.

Los operativos tuvieron como protagonistas a un mendocino, de 58 años, y a un cordobés de 53, interceptados en procedimientos independientes y simultáneos. La actuación conjunta del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y el cuerpo de Carabineros permitió detectar y evitar el paso ilegal de armamento, generando preocupación por los mecanismos de tráfico en la región.

El primer incidente se produjo durante el control de un colectivo de pasajeros procedente de la provincia de Mendoza con destino a Santiago de Chile. Según informaron las autoridades, el pasajero fue sometido a una revisión exhaustiva al presentar indicios de ocultar elementos no declarados. Durante la inspección, los funcionarios detectaron que el hombre llevaba adosados a su abdomen, mediante una faja, objetos cuyo peso y forma despertaron sospechas.

Según lo informado por el portal El Sol, al realizar la requisa, los agentes hallaron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros con la numeración de serie adulterada, tres cargadores con capacidad para 17 proyectiles cada uno, un cargador rápido y diversos accesorios asociados a las armas. La modalidad empleada por el detenido evidencia un intento deliberado de evadir los controles aduaneros y policiales, complicando la trazabilidad del armamento y dificultando su posible identificación en eventuales delitos.

Y mientras se desarrollaba este operativo, un segundo procedimiento se realizaba de manera independiente sobre otro ciudadano argentino, de 53 años, originario de Córdoba. El hombre viajaba en un vehículo particular con destino a la ciudad chilena de Los Andes. Durante la inspección del automóvil, los agentes encontraron una pistola Bersa Thunder 9 calibre 9 milímetros desarmada y distribuida en diferentes compartimentos del vehículo, estrategia que buscaba eludir la detección mediante rayos X y revisiones manuales.

Junto al arma, se secuestró un cargador y 18 municiones sin percutar del mismo calibre, lo que refuerza la hipótesis de un intento planificado de contrabando de armas.

De acuerdo con los reportes oficiales, los implicados quedaron a disposición de la justicia chilena, que deberá determinar su situación procesal y las eventuales imputaciones por contrabando y tenencia ilegal de armas.

La coordinación entre aduanas y fuerzas de seguridad de ambos países es considerada fundamental para enfrentar el tráfico de armas, un fenómeno que preocupa tanto a las autoridades argentinas como chilenas. La frontera entre Mendoza y la Región de Valparaíso es uno de los puntos más transitados del Cono Sur, lo que obliga a mantener controles estrictos y permanentes.

El ingreso ilegal de armas de fuego y municiones está penado tanto por la legislación chilena como argentina, con sanciones que incluyen prisión efectiva y la incautación de los bienes utilizados en el traslado.

En los últimos años, las autoridades chilenas han reportado un aumento en los intentos de ingreso de armas por pasos fronterizos terrestres, lo que ha llevado a reforzar los controles y la capacitación del personal. Los operativos recientes refuerzan la política de tolerancia cero frente al contrabando de armamento, considerado un factor de riesgo para la seguridad pública y la criminalidad organizada.

Honduras puso en marcha dos decretos legislativos publicados en La Gaceta: uno habilita por 12 meses la regularización de armas de fuego de uso comercial en poder de particulares, y otro autoriza cambios contractuales para obras de infraestructura educativa y hospitalaria aprobadas por el Congreso Nacional.

La normativa establece un régimen especial para que los ciudadanos puedan registrar armas de fuego de uso comercial que poseen pero carecen de factura de compra, documentación legal o registro oficial. Cabe resaltar que La amnistía aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional y solo permite inscribir armas no vinculadas a hechos delictivos o investigaciones criminales.

El beneficio también abarca las armas de colección, siempre que no cuenten con aguja percutora. Las armas de uso militar, prohibido o restringido quedaron excluidas del proceso de regularización.

Según el decreto publicado en La Gaceta número 37,183, con fecha del 2 de julio de 2026, la amnistía tendrá una vigencia de doce meses. Durante ese período, los interesados deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados para obtener el registro correspondiente.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional en el pasado mes de junio y tiene como objetivo permitir únicamente la inscripción de armas que no estén vinculadas a hechos delictivos o investigaciones criminales.

Obras en cinco departamentos

En otra disposición publicada oficialmente, el decreto legislativo 137-2026 autoriza modificaciones contractuales para desarrollar obras de infraestructura educativa en los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira y Ocotepeque.

Los trabajos contemplan la construcción de 18 módulos de aulas y la rehabilitación de siete centros educativos, con el objetivo de mejorar las condiciones de enseñanza para miles de estudiantes en zonas priorizadas del país.

Las obras serán ejecutadas por el Programa de la Red Solidaria junto con el Consorcio Centroamericano de Construcción Sociedad de Responsabilidad Limitada (Coceco), responsable del desarrollo de los proyectos contemplados en el decreto.

Las modificaciones contractuales aprobadas por el Congreso Nacional también abarcan proyectos orientados al fortalecimiento del sistema sanitario.

Entre las obras autorizadas figura la construcción de la nueva sala de neonatología del Hospital Escuela, en Tegucigalpa, así como el diseño y supervisión de proyectos en el Hospital Regional de Occidente, en Santa Rosa de Copán; el Hospital Roberto Suazo Córdova, en La Paz; el Hospital San Francisco, en Juticalpa, Olancho; y el Hospital Santa Teresa, en Comayagua.

El decreto 137-2026 fue publicado en La Gaceta número 37,190, correspondiente al 10 de julio de 2026, con lo que las reformas contractuales entraron en vigencia y permiten avanzar con la ejecución de las obras.

En los próximos meses, las autoridades deberán avanzar en la implementación de la amnistía para el registro de armas y en el desarrollo de los proyectos educativos y hospitalarios, con el objetivo de fortalecer los servicios públicos y atender necesidades prioritarias en distintas regiones del país.

A partir de ahora, las instituciones involucradas deberán ejecutar los mecanismos establecidos en la ley para garantizar el avance de las obras de infraestructura, cuya finalidad es fortalecer la seguridad, ampliar la cobertura educativa y mejorar la capacidad de atención del sistema público de salud en distintas zonas del país.

Desde hace años, militares españoles llevan a cabo labores decisivas en Líbano, cuya peligrosidad se ha incrementado en los últimos meses por los constantes ataques entre Israel y Hezbolá. El último episodio destacado ha consistido en que un equipo de la Brigada Líbano XLV ha desactivado con éxito los restos de un vehículo aéreo no tripulado con carga explosiva en el sur de Líbano, después de detectarlos durante una patrulla a pie en la zona de responsabilidad del Sector Este de la misión de Naciones Unidas (UNIFIL), liderada por España.

La intervención ha contado con la participación de la Unidad de Ingenieros y el Equipo de Desactivación de Explosivos, quienes han asegurado el área y eliminado el riesgo para el personal y la población local. La rápida detección y actuación de los equipos EOD ha sido clave para mantener la libertad de movimientos en la zona y reducir los riesgos de sufrir daños a raíz del explosivo.

Intervención de los militares españoles

Durante la patrulla, los militares españoles han localizado los restos de un UAV en un sector donde la presencia de artefactos explosivos derivados del conflicto sigue representando un peligro. Tras la identificación de la amenaza, se ha activado el Equipo de Desactivación de Explosivos (EDE 1), especializado en intervenciones de este tipo. El equipo ha efectuado un reconocimiento técnico de los restos, ha señalizado y balizado la zona para impedir el acceso y ha confirmado la existencia de elementos explosivos en el artefacto.

Una vez asegurada la zona y autorizado el procedimiento, los especialistas han procedido a la neutralización controlada del dispositivo, operación que se ha realizado sin incidentes y que ha permitido restablecer la seguridad para las fuerzas de UNIFIL y la población civil. El Estado Mayor de Defensa (EMAD) señala que actuaciones de este tipo reflejan la preparación de las unidades españolas y la capacidad de respuesta frente a amenazas derivadas de restos explosivos, contribuyendo así a un entorno más seguro y estable en el área de operaciones.

Compromiso de España con la misión internacional

España mantiene una presencia continuada en la misión de la ONU en Líbano desde septiembre de 2006, con lo que busca transmitir su compromiso con la paz y la estabilidad en la región. El contingente español, compuesto por unos 650 militares, tiene su base principal en Miguel de Cervantes, en Maryayún, donde se ubica el Cuartel General del Sector Este, bajo mando español, y dispone de efectivos en el Cuartel General de UNIFIL en Naqoura.

La labor de las tropas españolas no se limita a tareas operativas. Además de su participación en la aplicación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, impulsan diversas acciones de cooperación cívico-militar, que han fortalecido los lazos con la población local y han contribuido al bienestar de las comunidades del sur de Líbano. Esta labor refleja el compromiso de España con la seguridad, el desarrollo y la confianza mutua en la región, en un contexto marcado por la inestabilidad y los desafíos derivados del conflicto.

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) modernizó el marco regulatorio de la actividad bancaria al incorporar un enfoque basado en riesgos que fortalece los mecanismos para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La normativa para la SBP es el resultado de un amplio proceso de construcción con el sector bancario, desarrollado mediante un diálogo técnico que permitió diseñar una regulación moderna, equilibrada y alineada tanto con la realidad operativa de las entidades supervisadas como con los estándares internacionales.

Kuldip Singh, secretario general de la SBP, señaló que entre las principales innovaciones se encuentran el fortalecimiento de los procesos de conocimiento del cliente y del beneficiario final, así como la incorporación de metodologías para la clasificación y segmentación de riesgos, la aplicación de medidas diferenciadas de debida diligencia.

También se perfeccionaron los mecanismos de monitoreo, al igual que el fortalecimiento de las estructuras de gobierno corporativo para una gestión más robusta de los riesgos de cumplimiento, manifestó Singh durante una reciente jornada de capacitación dirigida a representantes de las entidades bancarias.

La capacitación estuvo dirigida a oficiales de cumplimiento, ejecutivos de las áreas de negocio y personal responsable de la actualización de datos, por tratarse de funciones directamente vinculadas con las obligaciones establecidas en el Acuerdo No. 1-2026 sobre la prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios en el país, y con la relación permanente entre las entidades bancarias y sus clientes.

Durante la actividad también se analizaron los desafíos que plantea la transformación digital del sistema financiero, enfatizando la necesidad de compatibilizar la innovación con controles efectivos que permitan gestionar adecuadamente los riesgos asociados a los nuevos canales y servicios financieros.

Recientemente la Junta Directiva de la SBP emitió el Acuerdo No. 3-2026 de 29 de mayo de 2026, mediante el cual se establecen los criterios para la imposición y graduación de las sanciones administrativas aplicables a los bancos por incumplimientos al régimen de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La nueva normativa tiene como objetivo fortalecer la seguridad jurídica, la transparencia y la objetividad en la aplicación de sanciones por parte de la SBP, proporcionando parámetros claros para la evaluación y determinación de las medidas administrativas correspondientes.

El Acuerdo será aplicable a las entidades bancarias que incurran, por acción u omisión, en incumplimientos al régimen de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En Panamá el Centro Bancario Internacional mantiene una sólida posición financiera, respaldada por adecuados niveles de liquidez y solvencia, así como por el crecimiento sostenido de la actividad crediticia.

El Informe de Actividad Bancaria correspondientes a mayo de este año indica que al cierre del período, el índice de liquidez se ubicó en 60%, mientras que el índice de adecuación de capital alcanzó 16.04%, niveles que superan ampliamente los mínimos regulatorios de 30% y 8%, respectivamente.

Por su parte, la cartera crediticia neta del Centro Bancario Internacional alcanzó los $102,191.2 millones, con un crecimiento interanual de 3.7%, equivalente a $3,685.2 millones adicionales respecto al mismo período del año anterior.

En tanto, la cartera externa neta aumentó $3,472.3 millones 9.71%, hasta situarse en $39,234.5 millones, mientras que la cartera interna neta registró un incremento de $212.9 millones.

Estados Unidos y Marruecos han firmado un acuerdo para crear el Centro Africano de Entrenamiento y Experimentación Multidominio (AMTEC), una instalación pionera que impulsará la formación de soldados, el desarrollo de drones y la innovación tecnológica en África. De esta forma, los dos países siguen engrasando una relación cada vez más sólida y con un importante peso de lo militar. Según ha informado la Oficina de Asuntos Públicos del Comando África de los Estados Unidos, el memorando de entendimiento se hizo oficial en la sede de Africom, en Stuttgart, Alemania, con la participación de las Fuerzas Armadas Reales del Reino de Marruecos.

El futuro complejo estará ubicado en Tan-Tan, Marruecos, y su apertura está prevista para el año 2030. AMTEC integrará tres áreas principales. Una sería unn Área de Entrenamiento Multidominio, otra una Academia de Drones y la tercera un Centro de Innovación y Experimentación. Según ha detallado la Oficina, el acuerdo busca fortalecer la preparación militar y la cooperación tecnológica entre ambos países, ampliando las capacidades de respuesta ante amenazas en el continente.

El general Mohammed Berrid, inspector general de las Reales Fuerzas Armadas Marroquíes y comandante de la Zona Sur, ha destacado la preparación de Marruecos y la cualificación de su personal, señalando que estas condiciones permitirán avanzar con rapidez. Para Berrid, “la preparación de Marruecos, demostrada por nuestras instalaciones existentes y nuestro personal cualificado, garantiza un rápido progreso desde el concepto hasta la realidad operativa y proporciona a las industrias de Marruecos y EEUU un socio fiable y capaz”.

Formación militar y capacitación con drones

El Área de Entrenamiento Multidominio (MDTA) estará destinada a la preparación de fuerzas militares y sistemas en entornos variados, incluidos los que presentan interferencias electromagnéticas o condiciones conflictivas. La infraestructura permitirá ejercicios prácticos y simulaciones para ajustar tácticas y capacidades a diferentes escenarios operativos.

La Academia de Drones formará a operadores, planificadores e instructores tanto de Marruecos como de otros países africanos. El enfoque estará en fortalecer las capacidades antiterroristas a través del uso de sistemas aéreos no tripulados (UAS). El plan de estudios incluirá integración de drones en maniobras, inteligencia, vigilancia y coordinación en el espacio aéreo. Los drones se han consolidado como una herramienta imprescindible para los ejércitos. Contar con la enseñanza de EEUU supondrá un salto de capacidad militar para Marruecos.

El Centro de Innovación y Experimentación tiene previsto acelerar el desarrollo y validación de nuevas capacidades militares, priorizando herramientas de bajo coste y aplicación inmediata en operaciones de seguridad regional. La colaboración con instituciones académicas permitirá incorporar equipos técnicos multidisciplinarios al diseño y prueba de tecnologías.

La iniciativa también contempla la participación de la industria en la experimentación de sistemas inalámbricos y soluciones de detección. El ejercicio African Lion 2027, que se celebrará en Marruecos, funcionará como plataforma de prueba para estas tecnologías, integrando inteligencia artificial y dispositivos autónomos en operaciones conjuntas. El Comando África de los Estados Unidos ha destacado que el objetivo es traducir la inversión en innovación en capacidades operativas aplicables en toda la región.

Una pareja fue detenida en Ciudad Juárez, Chihuahua, tras ser encontrada en posesión de un lanzacohetes antitanque, un arsenal y aproximadamente mil pastillas de fentanilo, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). La captura se realizó durante un operativo derivado de una investigación por homicidio.

De acuerdo con la dependencia, la intervención ocurrió la tarde del 12 de julio en la colonia Parajes del Sol, luego de que las autoridades identificaran un Toyota Corolla presuntamente relacionado con un homicidio doloso.

Con apoyo de drones y del sistema de videovigilancia de la Plataforma Centinela, agentes estatales dieron seguimiento al automóvil hasta que se detuvo junto a una camioneta Ford Escape, donde se llevó a cabo la inspección.

Durante la revisión de ambos vehículos, policías localizaron a simple vista el armamento, por lo que detuvieron a Jonathan G. R. y Maritza P. G.

Entre lo asegurado se encuentran cuatro armas largas, una pistola, un lanzacohetes antitanque, cargadores y 580 cartuchos útiles.

Además, los agentes decomisaron alrededor de mil pastillas de fentanilo, con un peso aproximado de 100 gramos, según el reporte oficial.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal junto con las armas, la droga y los vehículos asegurados, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible participación en el homicidio que originó el operativo y establecer si mantienen vínculos con algún grupo delictivo.

La detención fue realizada por elementos de la SSPE con apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional como parte de un operativo conjunto en Ciudad Juárez.

El aseguramiento ocurre tras una serie de cateos y decomisos de alto impacto en Ciudad Juárez

El aseguramiento del lanzacohetes antitanque se produce en medio de una serie de operativos contra grupos delictivos en Ciudad Juárez, donde durante las últimas semanas las autoridades han intensificado las investigaciones por homicidios y otros delitos de alto impacto.

El caso más relevante ocurrió el pasado 10 de junio, cuando más de 600 elementos de corporaciones estatales y federales ejecutaron 21 cateos simultáneos en distintos sectores de la ciudad. El despliegue dejó 15 personas detenidas y el aseguramiento de armas de fuego, droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de comunicación y un dron, como parte de una investigación relacionada con homicidios y privaciones de la libertad.

En ese contexto, el decomiso de un lanzacohetes antitanque representa uno de los hallazgos más inusuales registrados recientemente en la frontera norte. Este tipo de armamento está diseñado para destruir vehículos blindados, fortificaciones o posiciones protegidas y es considerado de uso militar. Su presencia en manos de presuntos integrantes del crimen organizado es poco frecuente y suele asociarse con organizaciones que buscan incrementar su capacidad de fuego frente a corporaciones de seguridad o grupos rivales.

Aunque en Chihuahua son relativamente comunes los aseguramientos de fusiles de asalto, cartuchos y equipo táctico, los lanzacohetes antitanque figuran entre las armas de mayor poder que han sido decomisadas en operativos contra células criminales.

Pablo Vázquez Camacho informó que un operativo de la SSC en Cuauhtémoc y Venustiano Carranza dejó cuatro detenidos por presunta generación de violencia. Yahir “N”, Rafael “N”, Lucio Enrique “N” y Ramsés “N” quedaron en posesión de dos armas cortas, cartuchos útiles y dosis de presunta droga.

Los arrestos ocurrieron en las colonias Morelos y Zona Centro, donde los jóvenes con antecedentes delictivos posiblemente realizaban actividades para un grupo que mantenía una disputa con otra célula delictiva en la zona centro de la capital.

“No daremos ni un paso atrás en el combate a los delitos de alto impacto y la detención de quienes los cometen, para cumplir con nuestra encomienda de construir una ciudad más segura, justa y en paz”, afirmó el secretario.

Capturaron a Emiliano, de 19 años, de La Unión Tepito

Emiliano P. , de 19 años, es acusado de pertenecer a una banda de presuntos extorsionadores y matones que pelean contra la Anti Unión.

Lo señalan por participar en el asesinato de un hombre que vendía aguas en el centro histórico, lo acusó de ser también narcomenudista.

Detienen a mujer de 37 años con droga, 3 veces pisó la cárcel

Una mujer de 37 años fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México durante un operativo de vigilancia en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, tras ser sorprendida en posesión de dosis de aparente marihuana y cocaína.

De acuerdo con la corporación, la detenida estaría presuntamente relacionada con un grupo delictivo generador de violencia que opera en la zona centro de la capital y que es investigado por actividades de narcomenudeo, extorsión y homicidio.

La mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Matamoros y Jesús Carranza, en la colonia Morelos, donde policías realizaban recorridos preventivos para combatir la incidencia delictiva.

Los uniformados observaron a una mujer manipulando varias bolsas de plástico similares a las utilizadas para la venta de narcóticos.

Al notar la presencia de los agentes, la sospechosa intentó escapar, pero fue interceptada metros adelante.

Tras una revisión preventiva, realizada conforme a los protocolos de actuación policial, los oficiales aseguraron:

20 envoltorios con una hierba verde con características similares a la marihuana.

Cinco dosis de una sustancia sólida con apariencia de cocaína en piedra.

La posible droga fue asegurada y entregada al Ministerio Público junto con la detenida para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Como parte de las investigaciones, la SSC informó que, tras un cruce de información, se estableció que la mujer cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Dos de ellos ocurrieron en 2024 por delitos contra la salud, mientras que el tercero se registró en 2025 por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho.

Cae El Gregory, presunto integrante de La Unión Tepito, en Coyoacán

El Gregory, presunto integrante de La Unión Tepito, fue detenido durante un cateo en la alcaldía Coyoacán.

Derivado de una investigación por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo, elementos de la Fiscalía de Justicia capitalina ejecutaron un cateo en un inmueble ubicado al sur de la demarcación.

Durante la intervención, agentes de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron a Gregory “N”, alias “El Gregory” o “El J”, identificado como objetivo prioritario de autoridades y probable integrante de la célula delictiva.

Además, en el inmueble fueron asegurados dos vehículos de alta gama, así como diversos objetos e indicios para su posterior análisis pericial y ministerial.

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía CDMX, el imputado estaría relacionado con:

• Homicidios
• Lesiones por disparo de arma de fuego
• Extorsión
• Narcomenudeo

Y otros ilícitos cometidos principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Detienen a hombre de 74 años con marihuana en Tlalpan

Personal de la Policía Auxiliar (PA), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvo a un sujeto en posesión de varias bolsitas con probable marihuana y un cargador de arma de fuego abastecido, en calle de la alcaldía Tlalpan.

La acción policial se registró cuando los uniformados de la PA realizaban sus patrullajes de seguridad y vigilancia y al circular por el cruce de la avenida 5 de Mayo y la calle Cerrada 5 de Mayo, en la colonia San Pedro Mártir, y observaron a un hombre que en actitud nerviosa y evasiva comenzó a acelerar el paso.

Para descartar un probable hecho delictivo le dieron alcance y en apego a los protocolos de actuación policial le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron una mochila en la que llevaba un cargador para arma de fuego corta con seis cartuchos útiles y seis bolsitas de plástico transparente con aparente marihuana.

Por lo anterior, el hombre de 74 años de edad, quien no pudo comprobar la legal portación del cargador fue detenido, enterado de sus derechos de ley y junto con lo asegurado, presentado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

La destrucción de mil 148 armas vinculadas al crimen organizado de Baja California marcó el Día Internacional de la Destrucción de Armas el pasado jueves 9 de julio, en una ceremonia celebrada en el Cuartel Morelos de la Segunda Zona Militar de Tijuana. El acto reunió a autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC).

El lote destruido incluyó 878 armas cortas y 270 largas, junto con mil 191 cargadores y 45 mil 555 cartuchos de distintos tipos y calibres. El 70 por ciento de ese armamento tiene como origen Estados Unidos, dato que el secretario de Seguridad Ciudadana estatal, el general Laureano Carrillo Rodríguez, calificó como uno de los principales retos en materia de seguridad para la entidad.

El general Carrillo aclaró que el armamento destruido no proviene de decomisos recientes, sino de operativos realizados en años anteriores a organizaciones delictivas con presencia en Baja California. Dichas armas permanecieron bajo resguardo mientras avanzaban los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes.

El proceso exige que cada arma sea puesta a disposición de la FGR por tratarse de un delito federal. Solo tras verificar que el armamento ya no está vinculado a investigaciones activas, la fiscalía lo entrega a la Defensa para su destrucción definitiva.

El procedimiento de destrucción, paso a paso

De acuerdo con las autoridades, la destrucción se ejecutó mediante cinco etapas ordenadas:

1. Verificación: se confirma que cada arma corresponde al lote autorizado.
2. Peritaje: un interventor de otra jurisdicción militar examina el arma para dar fe y legalidad al procedimiento.
3. Registro fotográfico: se genera una base documental de cada pieza.
4. Inutilización: maquinaria hidráulica practica cortes seccionales que hacen irreparable el arma.
5. Clasificación de materiales: las partes resultantes se separan en contenedores etiquetados como “desecho de plástico”, “desecho ferroso” y “desecho de madera”.

Cada etapa contó con personal militar asignado. La cadena de custodia garantizó que ninguna pieza saliera del proceso sin registro.

Los municipios con más armas aseguradas en 2026

Tijuana, Tecate y Mexicali concentran la mayor cantidad de armas decomisadas en lo que va del año. En 2026, las autoridades estatales han asegurado alrededor de 800 armas en toda la entidad, de las cuales la Fuerza Estatal recuperó aproximadamente 150.

La cifra contrasta con las mil 600 armas aseguradas durante todo 2025. Carrillo Rodríguez consideró que la tendencia de 2026 se mantiene en un rango similar al del año previo.

“Todas provienen, en su mayoría, del crimen organizado. Cada arma que es retirada de la calle tenemos que entender que es una vida que estamos salvando; es un delito que estamos evitando, ya sea un asalto, un secuestro, una extorsión o un homicidio”, declaró Carrillo Rodríguez durante la ceremonia.

El funcionario subrayó que el armamento destruido pertenece a todas las organizaciones delictivas con presencia en Baja California, sin distinción de grupo.

En la ceremonia participaron el coordinador estatal de la Guardia Nacional, coronel Rafael Sánchez Calvo; Teófila González Lozada, en representación de la FGR; y José Alejandro Avilés Amecua, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal.

La concurrencia de los tres órdenes de gobierno reflejó el carácter interinstitucional del proceso. Cada institución tuvo un rol específico en la cadena que va desde el aseguramiento en calle hasta la destrucción final del armamento.

El contexto nacional: más de 11 mil armas recaudadas desde 2024

La destrucción en Tijuana se enmarca en una estrategia más amplia. Según informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el programa Sí al desarme, sí a la paz recaudó 11 mil 679 armas de fuego en los 32 estados del país entre octubre de 2024 y el 6 de julio de 2026.

Ese total incluye seis mil 404 armas cortas, 3 mil 419 rifles y mil 856 granadas, además de más de 700 mil cartuchos. La cifra nacional dimensiona el volumen del problema que el acto de Tijuana enfrenta a escala estatal.

En una extensa operación nocturna, personal de la División de Operaciones Rurales (DOR) de Puerto Deseado decomisó más de 190 cortes de carne de fauna silvestre y dos armas de fuego tras interceptar una camioneta en la ruta provincial Nº 62, a la altura del establecimiento “Cerro Mojón”. El procedimiento, realizado la madrugada de ayer y expuso la magnitud de la caza furtiva en la región.

La intervención se desarrolló durante un control de rutina a unos 80 kilómetros de Puerto Deseado, cuando los agentes detuvieron una camioneta Toyota Hilux que circulaba en dirección a la ciudad. Al inspeccionar la caja de carga, cubierta con lona, los efectivos hallaron numerosos cortes de carne de guanaco faenada. La requisa se extendió al interior del vehículo, donde se encontraron más piezas, un chulengo entero con cuero y despanzado y un avestruz también despanzado, revelando una operación de caza ilegal a gran escala.

La suma total del decomiso incluyó 66 cuartos, 62 paletas, un cogote, 65 lomos y diversos trozos de pulpa y lomillos, además de los dos ejemplares completos. Toda la carne incautada fue destruida posteriormente en el Vaciadero Municipal bajo supervisión de la Dirección de Inspección General, con el objetivo de evitar su comercialización clandestina.

Durante el procedimiento, el conductor de la camioneta reconoció portar dos armas de fuego: un fusil calibre .22 con mira telescópica y una carabina calibre .223 Remington. Si bien el hombre presentó la documentación de propiedad de ambas armas, los efectivos constataron que la credencial de Legítimo Usuario (CLU) estaba vencida desde noviembre de 2021. Por tal motivo, ambas armas fueron secuestradas en cumplimiento de la normativa vigente.

Según fuentes consultadas por el portal La Opinión Austral, la intervención se realizó por presunta infracción a la Ley Provincial Nº 1764/85, que regula la caza y conservación de especies silvestres en la provincia. El Juzgado de Instrucción, Penal y Juvenil N.º 1 de Puerto Deseado tomó intervención inmediata, ordenando el secuestro definitivo de la carne y las armas.

La investigación judicial buscará determinar el origen de los animales, la posible existencia de una red dedicada al tráfico de carne silvestre y los vínculos del involucrado con otras actividades ilícitas en la zona. La Dirección de Inspección General colaboró en la destrucción de la carne para evitar riesgos sanitarios y desalentar el consumo de productos provenientes de la caza clandestina.

A principios de abril, dictaron seis meses de prisión preventiva para un hombre de La Pampa, acusado de tenencia de arma de fuego y violación de la Ley Nacional de Conservación de la Fauna.

El fallo, que recayó sobre Luis Miguel Mauna, de 38 años, se produjo tras la homologación de un acuerdo de juicio abreviado presentado en forma conjunta por la fiscala María Virginia Antón, la defensora oficial Nydia Conde y el propio imputado, quien admitió la autoría de los hechos. La sentencia fue dictada por Laura Moscoso Mendieta, la jueza de control de General Acha.

De acuerdo con lo consignado por El Diario de La Pampa, los hechos que dieron lugar a la condena ocurrieron entre la noche del 6 de enero y la madrugada del 7, cuando Mauna, en compañía de su esposa Silvia Noemí Cáceres y su vecino Ángel Alberto Salazar, mataron un ciervo colorado hembra.

La resolución judicial detalla que el grupo trasladó los restos cárnicos en la caja de una camioneta Fiat Strada conducida por Salazar. El trayecto concluyó con la interceptación del vehículo por agentes de la subcomisaría de Quehué en la intersección de la ruta provincial 9 y el camino vecinal conocido como “de la viruta”.

El ingreso de drogas y armas a los centros penitenciarios en Panamá no es nada nuevo. Las requisas realizadas en las cárceles dan cuenta de ello: drogas, celulares, armas blancas, e incluso de fuego, son encontradas con regularidad.

Además, las autoridades han declarado que desde las prisiones se dan las órdenes para fuera de esas estructuras cometer ilícitos e incluso atentar contra la vida de personas.

Ante esta realidad, el presidente José Raúl Mulino denunció el ingreso de drogas y armas a los centros penitenciarios, señalando que estos elementos entran por complicidad interna o mediante drones.

“Estamos implementando un sistema de bloqueo del espacio aéreo para que por encima de la cárcel ya no puedan volar drones”, afirmó.

El objetivo, según dijo, es impedir que desde áreas cercanas se utilicen drones para transportar o arrojar droga en las cárceles. Sobre la telefonía, explicó que se trabaja en un sistema técnico para bloquear señales en un radio determinado.

“Toda esa droga, todas esas armas, que entran a las cárceles, pasan por una puerta y ahí hay alguien, sea custodia o sea Policía Nacional, alguien permite que eso entre, y la que cae por dron, pero también hemos elaborado y estamos implementando un sistema de bloqueo del espacio aéreo para que por encima de la cárcel ya no puedan volar drones”, reiteró.

Sobre el nombramiento de Chanan Singh, como nuevo director del Sistema Penitenciario, dijo que este cuenta con experiencia para enfrentar la crisis de organización y corrupción que hay en las cárceles.

Singh se ha desempeñado como jefe nacional de seguridad del Banco Nacional de Panamá, asesor de inteligencia de la Presidencia de la República durante la administración del presidente Ricardo de la Espriella (1982-1984) y director encargado de la creación del cuerpo de seguridad de la Universidad de Panamá.

“Espero que limpie eso. Ese es un sistema que colapsó no solo por organización, sino también por corrupción”, afirmó el mandatario.

Recientemente, 195 privados de libertad protagonizaron la primera fuga masiva en el país, al evadirse del centro penitenciario La Joyita. “Alguien también dejó la puerta abierta”, apuntó Mulino.

Las declaraciones del presidente se dieron durante una visita a la atlántica provincia de Bocas del Toro donde también recorrió las instalaciones de la empresa bananera Chiquita, que de acuerdo a la nota divulgada por la Presidencia de la República se apresta a exportar unos 11 millones de cajas del producto para los próximos meses y aproximadamente 15 millones de cajas para el siguiente año.

Durante la recorrido, se dijo que el mandatario constató la actividad productiva de la Finca 12, plantación de 200 hectáreas, una de las 20 zonas que se trabajan en la actualidad.

Mulino también inauguró una instalación deportiva que en esta primera fase cuenta con una Arena Multipropósito, con el edificio del Centro de Alto Rendimiento para deportes de combate, gimnasia artística y un gimnasio de pesas, así como con una piscina olímpica techada con especificaciones internacionales y capacidad para 500 personas, también cuenta con estacionamientos y obras complementarias, de acuerdo con una nota de prensa oficial.

El plan maestro, según la información, proyecta también un estadio de fútbol con capacidad para 3,000 aficionados, un estadio de béisbol de pequeñas ligas, auditorio, plazas públicas, áreas recreativas, ciclovías, fondas y otros espacios destinados al desarrollo integral del deporte y la convivencia comunitaria.

De igual manera, Mulino también entregó unos 125 títulos de propiedad de tierras, que benefician a 500 personas, además de 80 soluciones habitacionales.

La tarde de este 9 de julio de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezo el evento “Sí al desarme, sí a la paz”, a las afueras de la Basílica de Guadalupe, donde recordó que el mayor número de armas que se trafican hacia México vienen del vecino del norte: Estados Unidos.

“La mayor parte de las armas vienen del país del norte, de los Estados Unidos, y cruzan ilegalmente nuestra frontera para sembrar violencia y arrebatar vidas en México”, reiteró la mandataria.

Sheinbaum hace llamado a EEUU para detener el tráfico ilegal de armas

También recordó que en el país no se fabrican las armas, por lo que insistió en que la administración de Donald Trump debe “detener el tráfico ilegal“, detallando que el gobierno mexicano sigue trabajando para detener la ”llegada de drogas" a Estados Unidos.

“75 por ciento de las armas que se han incautado o entregado en México provienen de los Estados Unidos. La seguridad y la paz son responsabilidades compartidas”, precisó Sheinbaum en medio de las tensiones en materia de seguridad que atraviesa la relación bilateral.

La presidenta argumentó que “la seguridad y la paz” son responsabilidades compartidas entre ambas naciones, aprovechó el evento para hacer un llamado a las familias mexicanas e invitarlas a entregar las armas:

“¿Qué se gana al quitarle la vida a otra persona? Nada... Hacemos un llamado a todas las familias de México, a las madres y a los padres. Abracen a sus hijas e hijos, escúchenlos, acompáñenlos, sepan con quién conviven, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus sueños. Ninguna política pública puede sustituir el amor, el cuidado y la presencia de la familia”.

La mandataria agregó que además del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, el gobierno federal lleva a cabo la construcción de “escuelas, espacios deportivos, promueve la cultura y el deporte e impulsa los Programas para el Bienestar y la generación de empleos dignos como parte de la atención a las causas, uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.

Más de 40 mil armas salieron de las calles

El impacto de esta política pública en materia de seguridad ha llevado al retiro de casi 40 mil armas de circulación desde el inicio de la actual administración federal. Las cifras, confirmadas por el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, agrupan tanto las armas entregadas voluntariamente a través de programas oficiales como las incautadas durante operativos conjuntos del Gabinete de Seguridad.

Estas acciones han resultado en la recolección de 11 mil 679 armas de fuego mediante el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, según detalló Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación. De este total, 6 mil 404 correspondieron a armas cortas, 3 mil 419 a armas largas y mil 856 a granadas. Además, la iniciativa permitió retirar 700 mil cartuchos, reforzando el objetivo de reducir la presencia de armamento ilícito en las comunidades.

Programas en materia de seguridad también impactan en cultura

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, explicó que el año pasado se puso en marcha la convocatoria “Desarmar, intervenir, reconstruir”. Esta propuesta busca convertir las armas recolectadas en obras artísticas, con la participación de creadores de 20 entidades.

Hasta ahora, tres proyectos ganadores avanzan en su producción y serán instalados en Morelos, Michoacán y Estado de México, espacios que se promueven como territorios de paz.

En la Ciudad de México, la jefa de gobierno Clara Brugada Molina reportó la salida de mil 800 armas y 191 municiones solo en la capital. Adicionalmente, se canjearon 700 juguetes bélicos por juguetes lúdicos, los cuales serán intercambiados por libros con el propósito de fomentar la cultura entre la niñez.

Brugada Molina subrayó la reducción de casi el 50 por ciento en homicidios dolosos y señaló que, en junio pasado y durante la Copa Mundial FIFA 2026, la capital registró el nivel de incidencia más bajo en los últimos 15 años.

El programa Sí al Desarme, Sí a la Paz tiene como fin principal retirar armas y municiones de los espacios públicos, reducir la violencia y fomentar una cultura de paz. En menos de un sexenio, estas políticas han logrado que miles de armas y cientos de miles de cartuchos ya no estén en manos civiles, lo que contribuye a la disminución de delitos y a crear entornos más seguros en todo el país.

Un usuario de TikTok vio que en una transmisión en vivo que se estaba haciendo en Uruguay tres hombres mostraban armas de fuego. Por eso decidió llamar al 911 para denunciarlos. La Policía encontró el lugar y fue hasta allí, donde debió montar un fuerte operativo para detenerlos.

Según informó el noticiero Telemundo de Canal 12, las tareas de inteligencia de la Policía permitieron determinar que la dirección de la casa en la que se estaba haciendo la transmisión. Pero, en una primera instancia, los efectivos que fueron hasta el barrio Plácido Ellauri (en la periferia de Montevideo) no tuvieron éxito.

Los agentes se encontraron con un joven que estaba en la puerta de su casa, que negó lo que había denunciado el usuario de TikTok. Los efectivos no pudieron entrar a la vivienda tras la negativa de este hombre para hacer un chequeo.

Cuando la Policía se fue del lugar, los hombres salieron de la vivienda y dispararon al aire sin darse cuenta que los efectivos seguían monitoreando el área a través de un dron. La imagen obtenida por este artefacto permitió comprobar que los hombres estaban armados y esto permitió que se monte un fuerte operativo policial en la zona.

Varias divisiones de la Policía uruguaya rodearon la vivienda para detener a los sospechosos: un joven de 21 años y dos de 29. Uno de ellos tenía antecedentes penales. Sobre el mediodía de este miércoles, los sospechosos fueron arrestados, informó Telemundo. Varios móviles y efectivos que estaban armados llegaron al lugar.

Pero restaba saber qué pasó con el arma de fuego con la que habían disparado. En la calle habían quedado casquillos de bala, que fueron objeto de investigación de la Policía Científica.

La madre de uno de los detenidos era la dueña de la casa. Cuando la mujer estuvo allí, aceptó que los agentes ingresaran a la vivienda a buscar el arma que faltaba. En el interior del hogar un niño de ocho años estaba solo, esperando por un mayor.

El arma estaba escondida en uno de los dormitorios, como quedó reflejado en una imagen que fue consignada por ese medio. Además, del arma había municiones.

La Fiscalía está investigando el caso.

Un homicidio tiroteo en Marconi

Otro hecho policial que sucedió este miércoles en Montevideo ocurrió en el barrio Marconi, también en la periferia de Montevideo. En la noche trabajaba la Policía Científica en un lugar en el que se habían encontrado 11 casquillos de bala, informó Teledoce. Los balazos en este punto de Montevideo se han reiterado: días atrás una persona había sido asesinados.

La información policial indica que no hubo personas heridas como consecuencias de los disparos. Fueron dos personas en moto las que llegaron al lugar, dispararon varias veces y se fugaron.

A 300 metros de la zona del ataque a balazos, en la noche anterior hubo un homicidio y, según la información consignada por el noticiero, todo apunta a que los episodios están relacionados.

En ese barrio la Policía aplica el operativo Dominio, que este miércoles también tuvo novedades porque se detuvo a un adolescente en una recorrida preventiva de los agentes.

Los efectivos observaron a un adolescente que, al advertir la presencia policial, emprendió la fuga a pie y arrojó una bolsa hacia el patio frontal de una vivienda. Tras una persecución por varias cuadras, los policías lograron interceptarlo, informó el Ministerio del Interior. Durante el registro personal le incautaron una riñonera que contenía un teléfono celular, cuatro envoltorios con sustancia vegetal y dinero en efectivo.

El joven fue trasladado al centro de reclusión de menores Inisa, según lo que resolvió la Fiscalía.

El pasado lunes 6 de julio se dio a conocer que Ismael El Mayo Zambada, ex líder del Cártel de Sinaloa y ex socio de Joaquín El Chapo Guzmán, había aceptado una condena de cadena perpetua en Estados Unidos.

Esto, por medio de una carta de recomendación de condena que entregó el abogado defensor de El Mayo al juez federal encargado de su caso, parte del proceso antes de que se dicte sentencia.

Ahí se reiteró que el acusado aceptaba su culpabilidad y reconoció que eso implicaba la imposición obligatoria de una cadena perpetua y resaltó su voluntad de aceptar las consecuencias de su proceso judicial desde que fue entregado de manera involuntaria a las autoridades estadounidenses.

La misiva, redactada por el abogado defensor Frank A. Pérez y enviada al juez federal Brian Cogan en el tribunal del distrito este en Brooklyn, contrasta el comportamiento de Zambada con el de su ex socio Joaquín Guzmán Loera. Subrayó que con su declaración de culpabilidad, Zambada García no solo le ahorró los costos millonarios de un juicio de alto perfil al sistema judicial estadounidense, como ocurrió con el juicio de 11 semanas de El Chapo Guzmán, sino enfatiza que también está evitando que testigos y víctimas sean sujetos a el temor y riesgo de ser expuestos al ser convocados a declarar en un juicio.

“La aceptación inequívoca de responsabilidad de Zambada ha sido una característica definitoria de su conducta desde su llegada involuntaria a Estados Unidos hace poco menos de dos años”, afirma Pérez en la carta. Insiste en que Zambada no está buscando negociar una reducción de su condena a cambio de su cooperacion. Se asegura que el acusado “no otorgó asistencia sustancial y no está buscando ahora, ni en el futuro, cualquier moción para una condena reducida”.

El Mayo Zambada, antes de ser llevado a Estados Unidos en contra de su voluntad, tras ser “secuestrado” como él lo ha asegurado, nunca había sido capturado por autoridades ni de México ni de EEUU.

Sin embargo, ese no es el caso de su hijo mayor, Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, quien fue detenido varios años antes de la detención de su padre.

Detención de El Vicentillo

Era el mes de marzo de 2009 cuando el Gobierno de México, en ese entonces encabezado por el panista Felipe Calderón Hinojosa, quien era presidente del país, informó que había dado un duro golpe al narcotráfico, pues se había capturado a Vicente Zambada Niebla, hijo mayor de El Mayo Zambada.

En un comunicado que aún se puede encontrar en la red, se lee que el 18 de marzo del año mencionado, en el marco de la campaña permanente contra el narcotráfico y el combate integral a la delincuencia organizada, la Secretaría de la Defensa Nacional informaba que personal militar había logrado la detención de El Vicentillo, a quien identifico como hijo de El Mayo y capo de la organización Guzmán Loera.

La detención se dio en la Ciudad de México, luego de diversas denuncias relacionadas con la presencia de personas a bordo de vehículos en la colonia Lomas del Pedregal.

“Personal Militar en coordinación con elementos pertenecientes a la AFI adscritos a la SIEDO, al efectuar patrullajes en dicha zona en la madrugada del 18 de marzo de 2009, localizó frente a la casa número 269 de la calle lluvia de la citada colonia, varios individuos en vehículos de modelo reciente, portando armas de uso exclusivo y en actitud sospechosa, sorprendiendo en flagrante delito a VICENTE ZAMBADA NIEBLA (a) “EL VICENTILLO” con 5 individuos más que fungían como su escolta personal y los cuales portaban 3 armas cortas y 3 armas largas, 3 vehículos, numerario en moneda nacional y diversa documentación", se lee en el comunicado. 

Según la información, Zambada Niebla es originario de Sinaloa y a raíz de la captura de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, en 2008, su padre, El Mayo Zambada, le había delegado el control la estructura operativa, logística y de seguridad a favor de la organización Guzmán Loera, posicionándose en la estructura delictiva al mismo nivel que Joaquín Guzmán Loera e Ignacio Coronel Villarreal, alias Nacho Coronel. Además, se le atribuía la autoría intelectual de diversas ejecuciones en contra de autoridades e integrantes de grupos antagónicos en el citado Estado.

A Zambada Niebla se le aseguraron 3 Fusiles AR-15, Cal. 2.23”. 3 Pistolas Cal. 38” súper, 1 auto VW Passat color blanco, 1 BMW 540 I color gris oxford y un Audi A6 color blanco, así como 67,480 pesos y 866 dólares americanos. Zambada Niebla, se informó, contaba con una orden de aprehension en el Juzgado 3/ero. de Distrito en materia de procesos penales Federales, en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

Tras su detención, El Vicentillo fue extraditado a Estados Unidos y en 2019 fue sentenciado a 15 años de prisión, contando el tiempo que ya llevaba retenido, sin embargo, tras ser uno de los testigos estrella en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán en Brooklyn, Nueva York, fue liberado poco tiempo después.

Un adolescente ha irrumpido en un centro escolar al sur de Alemania y ha dejado a cuatro menores heridos. El incidente ha sucedido en el instituto Welfen-Gymnasium de Schongau, en Múnich, según informan desde el departamento de bomberos, la policía y los servicios de rescate en sus canales oficiales. Dos de las víctimas, alumnas de 13 años, han sufrido heridas graves por arma blanca durante el altercado. Por lo que han tenido que ser atendidas de inmediato por los servicios médicos.

Las autoridades han desplegado un amplio operativo esta mañana, movilizando a numerosos efectivos en la zona de Dornauer Weg, ubicada detrás del propio instituto. El comunicado de la policía aclara que “el presunto autor sería un joven de 16 años”, aunque la identidad aún no ha sido confirmada oficialmente por la policía.

Tras la intervención de las fuerzas especiales, el sospechoso fue detenido en el lugar y “se encuentra bajo custodia policial”. La policía permanece en el área con un amplio despliegue y ha solicitado a la población evitar la zona próxima al Welfen-Gymnasium y la calle Dornauer Weg, reiterando esta advertencia en diversas ocasiones a lo largo del día.

Algunos medios locales indican que podría ser un ciudadano croata

Según los datos recabados hasta el momento por los equipos de emergencia y la policía, “al menos cuatro personas han resultado heridas”. El comunicado precisa que “dos chicas de 13 años sufrieron heridas graves por puñaladas”. La información sobre la gravedad de las lesiones del resto de víctimas continúa bajo revisión, ya que las investigaciones siguen en curso. Las autoridades han aclarado también “si hay más heridos graves y cuál es la gravedad de las lesiones del resto de víctimas”.

El ataque movilizó a seis helicópteros del servicio de rescate aéreo del ADAC. “Al menos uno de ellos se utilizó para el transporte o la atención médica de los heridos”, han afirmado en el comunicado. Además, las fuerzas especiales han inspeccionado tanto el edificio del centro educativo como los alrededores para descartar la presencia de otros posibles peligros.

Medios de comunicación alemanes han señalado que el sospechoso portaba, además del cuchillo, un arma de fuego. Pero, las autoridades han informado que “hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si se utilizó dicha arma ni de qué forma”. También permanece sin confirmar la nacionalidad del agresor, sobre quien algunas versiones apuntan a que sería ciudadano croata. Asimismo, las autoridades encargadas de la investigación no han facilitado por el momento datos sobre el motivo del ataque.

De esta manera, el departamento de policía local continúa desarrollando las pesquisas. “La investigación avanza a toda marcha”, aseguraron los responsables del operativo, que insisten en la necesidad de mantener despejada la zona. Se ha habilitado un centro de atención para los familiares de los menores involucrados, que se encuentran recibiendo apoyo y asistencia.

La policía reitera el llamado a la ciudadanía: “La policía sigue pidiendo a la población que evite la zona alrededor del instituto”. Mientras tanto, los equipos de investigación permanecen en el lugar recabando pruebas y recopilando testimonios a fin de esclarecer el desarrollo exacto de los hechos. “Los motivos del suceso, así como el alcance exacto de lo ocurrido, siguen siendo objeto de la investigación en curso”, subrayaron las autoridades en su último parte.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla detuvo a Diego “N”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien vinculó con el incendio de un automóvil en el que se hallaron restos humanos en la entidad. La corporación informó que el arresto se realizó en la capital poblana y que el hombre tenía 30 años.

De acuerdo con la SSP, el detenido viajaba en un vehículo presuntamente relacionado con los hechos ocurridos el lunes 22 de junio de 2026 en el Periférico Ecológico, donde un auto fue incendiado y en su interior se localizaron restos humanos.

La SSP detalló que, durante la intervención, las fuerzas de seguridad aseguraron al detenido un arma de fuego corta, cartuchos útiles, dinero en efectivo y envoltorios con presunta droga: marihuana, cristal y piedra. La dependencia no precisó cantidades ni el tipo de arma.

En las labores operativas y de inteligencia participaron la Secretaría de Marina (Semar), la SSP y la Fiscalía General del Estado (FGE), según la autoridad estatal. La corporación señaló que la detención formó parte de acciones coordinadas para ubicar a posibles responsables relacionados con hechos de violencia en Puebla.

Tras el arresto, el probable responsable quedó a disposición del Agente del Ministerio Público para profundizar en las investigaciones y definir su situación jurídica. La SSP no informó si la detención derivó en cateos, órdenes de aprehensión adicionales o el aseguramiento de más personas.

Sobre el caso al que se le asoció, la autoridad reportó que el 22 de junio de 2026 se localizó un vehículo incendiado con restos humanos calcinados en la lateral del Periférico Ecológico, a la altura de la 14 Sur, frente al Parque Centenario Chapulco, en Puebla. El reporte incluyó que se trató de un hecho registrado por la mañana.

Cuerpos de emergencia acudieron para sofocar el incendio de un automóvil SEAT Ibiza. Después de apagar las llamas, se descubrieron los restos humanos al interior de la unidad, según la información oficial.

La SSP agregó que, junto al vehículo abandonado, se localizó una cartulina con un mensaje de amenazas firmado por el grupo criminal identificado como el CJNG. La autoridad no difundió el contenido del mensaje ni informó si fue incorporado como indicio en la carpeta de investigación.

La dependencia estatal sostuvo que, con acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, las instituciones de seguridad y procuración de justicia reafirmaron su compromiso de combatir a los grupos generadores de violencia y garantizar la tranquilidad de la población en Puebla.

• Detuvieron a Diego “N”, presunto integrante del CJNG, ligado al incendio de un auto con restos humanos en Puebla.
• La SSP aseguró un arma corta, cartuchos, efectivo y presunta droga; el detenido tenía 30 años.
• El hecho asociado ocurrió el 22 de junio de 2026 en el Periférico Ecológico, donde hallaron un SEAT Ibiza incendiado y una cartulina con amenazas firmadas por el CJNG.

El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) opera en Puebla principalmente a través de su brazo armado autodenominado “Operativa Barredora”.

Su presencia se centra en delitos como el narcomenudeo, el cobro de piso, la extorsión y la violencia de alto impacto, como ejecuciones y abandono de restos humanos.La presencia del grupo y las recientes acciones de seguridad incluyen:

Zonas de Operación: Sus actividades se concentran en la capital del estado (Área Metropolitana) y municipios de la región conocida como el Triángulo Rojo, como Tecamachalco.

Actos de Violencia: El grupo ha sido vinculado a hechos violentos recientes en la zona metropolitana, incluyendo el hallazgo de vehículos calcinados con restos humanos en el Periférico Ecológico y atentados con explosivos.

Golpes de la Autoridad: En operativos recientes de fuerzas federales y estatales, autoridades de la Secretaría de Marina (SEMAR), la SSP y la Fiscalía General del Estado (FGE) han logrado capturar a presuntos operadores de alto nivel y sicarios vinculados a esta célula.

Dos vehículos con reporte de robo, un fusil Barrett calibre .50, un lanzagranadas y seis granadas fueron hallados al interior de dos camionetas abandonadas a un costado de un canal en la comunidad de Lomas de Monterrey, en Mazatlán, Sinaloa.

El operativo, dado a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP Sinaloa) este 1 de julio, fue ejecutado por el Grupo Interinstitucional que opera en la entidad, integrado por fuerzas como el Ejército Mexicano, la Policía Estatal Preventiva, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Según los reportes, elementos de seguridad localizaron las unidades durante reconocimientos terrestres en la zona. Además del fusil Barrett y el lanzagranadas con sus seis explosivos calibre 40 mm, en el interior de los vehículos se encontraron un fusil AK-47, un fusil M16, dos escopetas y más de 3 mil 400 cartuchos de distintos calibres, junto con 40 cargadores.

Todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Jeep Wrangler 2024 y Mazda CX-50 2025, los vehículos asegurados

Uno de los vehículos era un Jeep Wrangler 2024 sin placas; el otro, una Mazda CX-50 2025. Ambos tenían reporte de robo activo.

Las dos camionetas se encontraban en aparente estado de abandono a un costado de un canal cuando fueron detectadas durante los reconocimientos terrestres.

Fusil Barrett calibre .50 y lanzagranadas, entre las armas de mayor poder

El fusil Barrett calibre .50 es una de las armas de mayor alcance y poder de penetración que circula entre los grupos de la delincuencia organizada en el país. Su presencia en el cargamento, junto con el aditamento lanzagranadas calibre 40 mm y las seis granadas del mismo calibre, marcó el nivel de armamento que portaban las unidades aseguradas.

El resto del arsenal incluyó un fusil AK-47 de calibre 7.62 × 39 mm, un fusil M16 calibre .308 y dos escopetas calibre 12.

En total, cinco armas largas fueron retiradas de circulación en este operativo. Hasta el momento no se conoce a qué grupo delictivo estaría relacionado el arsenal.

El grueso de las municiones correspondió a 2 mil 870 cartuchos calibre 7.62 mm. A estos se sumaron 490 del calibre 5.56 mm, 36 del calibre .50 para el Barret y 20 del calibre 12, para un total de 3 mil 416 cartuchos asegurados.

La variedad de calibres localizados correspondía directamente con las armas incautadas, lo que sugería que el cargamento estaba organizado para el uso operativo de cada pieza.

Según el comunicado de la SSP Sinaloa, fueron elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano quienes participaron directamente en los reconocimientos terrestres. El resto de las autoridades estatales y federales involucradas sirvieron en tareas de coordinación como parte del grupo interinstitucional.

El hallazgo ocurre días después de la captura de “El Güero Pin” en Escuinapa

El aseguramiento en Mazatlán tuvo lugar menos de una semana después de que el Grupo Interinstitucional detuviera en Escuinapa a Misael Guerrero Pérez, alias “El Güero Pin” o “El Güero Pink”, identificado extraoficialmente como presunto jefe de plaza de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Junto a él fue capturado Hilario Javier Martínez Gómez, exsecretario de Seguridad del municipio, quien presuntamente era su escolta.

Las detenciones, ocurridas el pasado 25 de junio, desencadenaron narcobloqueos en la zona, los cuales fueron reportados como controlados horas después.

El Güero Pin fue señalado por la Secretaría de la Defensa Nacional como probable participe en el secuestro y asesinato de los mineros en el municipio de Concordia, así como presunto vinculado con el secuestro de turistas originarios del Estado de México en Mazatlán en enero y febrero de 2026.

“El Güero Pin” y el exdirector de Seguridad de Escuinapa fueron trasladados al penal del Altiplano tras permanecer bajo custodia de autoridades federales en Culiacán.

El 6 de junio de 1944, más de 160.000 soldados de las fuerzas aliadas, con 5.000 barcos y 13.000 aviones, llegaron a las costas de Normandía, al noroeste de Francia. El desembarco, que se transformó en uno de los episodios más intensos, costosos y conocidos de la Segunda Guerra Mundial, tuvo su punto más crítico en Omaha Beach, donde la resistencia alemana generó un escenario de combate especialmente sangriento. Décadas después, aquella orilla no puede olvidar lo ocurrido.

La sociedad intenta pasar página con un difícil equilibrio entre conocer el pasado y pensar en el futuro. La naturaleza, sin embargo, no puede protegerse por sí sola de las consecuencias de la metralla o los químicos. Un estudio geológico de The Sedimentary Record, publicado en 2011, señala que, más de 40 años después, el 4% de la arena todavía era metralla. El Día D marcó para siempre la playa de Omaha Beach.

No es la única evidencia de los efectos de la guerra humana en los entornos naturales. En 2018, un estudio publicado en Anthropocene demostró cómo un enfrentamiento militar de la Segunda Guerra Mundial “dejó una huella clara en los bosques del norte de Noruega, rastreable más de 70 años después”. Los fiordos noruegos sufrieron ataques al ser utilizados por el ejército nazi como lugar donde resguardarse.

La metralla de Normandía

En la mañana del 8 de junio de 1988, 44 años después del desembarco aliado, Earle McBride, de la Universidad de Texas y Dane Picard, de la de Utah, recolectaron una muestra de arena en Omaha Beach, cerca del Monumento a la Guerra. Aunque la playa había sido limpiada de restos evidentes de la batalla, todavía habían señales como trincheras y casamatas solitarias. Al analizar la arena, los científicos hallaron una alta concentración de granos angulares de magnetita, fragmentos de metralla y pequeñas esferas de hierro y vidrio.

“En pocos días, concluimos que las partículas de metal y vidrio eran de origen humano—partículas generadas por las explosiones de municiones durante los desembarcos de Normandía”, señalaron los autores. La muestra, dominada por cuarzo, contenía feldespato, carbonatos, minerales pesados y cerca de un 4% de metralla. Este hallazgo evidenció cómo la guerra dejó una huella profunda y persistente en el entorno. No obstante, también advirtieron que ese porcentaje equivalía a la muestra conseguida y que la presencia de la metralla no sería infinita: la sal y el movimiento del agua lo harían desaparecer poco a poco.

El daño en los bosques noruegos

Durante los veranos de 2016 y 2017, una serie de investigadores, entre ellos Claudia Hartl, analizaron varias especímenes de anillos de árboles en bosques cercanos al Kåfjord, Noruega. En aquel bosque permaneció oculto el acorazado alemán Tirpitz en 1944 a través de la creación de humo y camuflaje entre árboles. El barco vio como la Royal Navy y los cazas Air Force One de los aliados descubrieron su escondite y se lanzaron contra el buque del régimen nazi.

Los datos revelan que el uso de humo artificial para ocultar el acorazado provocó daños significativos al liberar sustancias químicas tóxicas como ácido clorosulfónico, zinc y hexacloroetano. En los bosques más próximos, el 60% de los pinos mostró anillos ausentes en 1945, lo que supuso una fuerte defoliación y una recuperación que tardó hasta 12 años. Esta afectación disminuyó con la distancia al punto de anclaje del Tirpitz. A unos tres kilómetros, el 50% de los pinos fue afectado, mientras que a seis kilómetros apenas se registraron casos.

Los investigadores observaron que el impacto del humo no solo generó una disminución abrupta del crecimiento, sino también alteraciones en las edades del bosque, por “una interrupción en la producción de nuevas células debido a condiciones de crecimiento extremadamente desfavorables”. No produce células nuevas y, a simple vista, parece que el árbol “salta” un año de vida. El estudio ilustra cómo un evento bélico puntual dejó huellas ecológicas profundas y de larga duración en la vegetación.

Una serie de nuevas normativas estatales entra en vigor el 1 de julio de 2026 en Estados Unidos, provocando cambios directos en la vida diaria de millones de residentes de California, Florida, Connecticut, Virginia, Tennessee, Colorado y el Distrito de Columbia. Las nuevas leyes, impulsadas por legislaturas estatales y organismos oficiales, abordan temas como vivienda, educación, regulación tecnológica, derechos laborales, control de armas e igualdad de género.

Según información publicada por Newsweek y confirmada por fuentes estatales como el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California, la Junta de Regentes de Connecticut y el Departamento de Trabajo del Distrito de Columbia, estos cambios buscan actualizar los marcos regulatorios en respuesta a demandas sociales, avances tecnológicos y necesidades económicas. Las reformas aprobadas durante 2025 y 2026 responden a ciclos legislativos que priorizaron la revisión de normas en sectores estratégicos.

El contexto detrás de estas leyes incluye un escenario marcado por presiones sociales en torno al acceso a la vivienda, la seguridad escolar, la protección de datos y la transparencia comercial. El impacto esperado es amplio, ya que las regulaciones afectan tanto a personas físicas como a empresas, así como a instituciones educativas y organismos gubernamentales.

¿Cuáles son las nuevas leyes de vivienda en California y cómo impactan a los residentes?

California estrena una normativa que permite la construcción de edificios de departamentos más altos cerca de centros de transporte público, con el objetivo de aumentar la oferta habitacional en las principales ciudades. Según datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario, el plan apunta a sumar más de un millón de unidades nuevas durante la próxima década. Esta medida responde a la crisis de vivienda que afecta a sectores medios y bajos en ciudades como Los Ángeles y San Francisco, donde la demanda supera ampliamente la oferta existente.

El acceso a la vivienda también se ve beneficiado por la eliminación de ciertas restricciones municipales que impedían el desarrollo de proyectos de densidad media en zonas comerciales o mixtas. De acuerdo con Newsweek, las ciudades ya no podrán rechazar propuestas de hasta 16 unidades por falta de estacionamiento, salvo que se demuestre un impacto negativo comprobado en la salud pública.

¿Qué restricciones escolares y cambios en baños neutros entran en vigor en California?

En el ámbito educativo, California establece que todos los distritos escolares públicos y charter deben definir políticas para limitar o prohibir el uso de teléfonos inteligentes por parte de los estudiantes durante el horario de clases. Según la Asamblea Legislativa estatal, cada distrito cuenta con autonomía para decidir el alcance y aplicación, pero la meta es reducir distracciones y mejorar el ambiente de aprendizaje.

Además, la nueva ley exige que todas las escuelas públicas y charter cuenten con al menos un baño de género neutro, accesible para cualquier estudiante y con señalización clara. Esta medida, impulsada por organizaciones de derechos civiles y educativas, busca garantizar la inclusión y la seguridad de estudiantes transgénero y no binarios. Según SierraDailyNews.com, los distritos podrán adaptar baños individuales existentes para cumplir con la normativa.

¿Cómo cambian las etiquetas de alimentos y la transparencia comercial en California y Florida?

California implementa la exigencia de etiquetas estandarizadas en todos los productos alimenticios envasados, diferenciando fechas de calidad y de seguridad con los términos “BEST if Used By” para calidad y “USE By” para seguridad. Esta medida, aprobada por la legislatura y citada por SierraDailyNews.com, elimina la confusión entre consumidores e intenta reducir el desperdicio de alimentos.

En Florida, la legislación exige que restaurantes y negocios declaren de manera visible todos los cargos adicionales que se suman al precio anunciado en menús físicos y digitales. Según Newsweek, la ley obliga a informar el porcentaje o monto exacto de cada cargo y su finalidad antes de que el cliente ordene. Las facturas y recibos deben mostrar cada cargo por separado, lo que modifica la forma en que los consumidores evalúan el costo total de una comida o servicio.

¿Qué novedades existen en inteligencia artificial y centros de datos en Connecticut y Florida?

En Connecticut, parte de una ley integral sobre inteligencia artificial entra en vigor y obliga a la Junta de Regentes para la Educación Superior a crear la “Connecticut AI Academy” antes del 31 de diciembre. Esta academia, según lo informado por el portal oficial del estado y CT Mirror, ofrecerá cursos online de inteligencia artificial, promoverá la alfabetización digital y desarrollará programas de capacitación para nuevos perfiles laborales.

A la vez, en Florida, las empresas de servicios públicos no podrán trasladar los costos derivados de la instalación y operación de centros de datos de inteligencia artificial a clientes residenciales ni a pequeños negocios. Esta regulación, documentada por Newsweek, busca proteger a los consumidores ante el crecimiento acelerado de la infraestructura tecnológica y el aumento en la demanda de energía asociada a la inteligencia artificial.

¿En qué consiste la nueva ley de voto por correo en Connecticut?

Desde el 1 de julio, cualquier votante en Connecticut puede solicitar una boleta de voto por correo sin necesidad de justificar la solicitud. De acuerdo con CT Mirror, esta disposición extiende el acceso al voto y coloca al estado junto a otros 28 que ya ofrecen la opción de sufragio por correo sin excusa. Los votantes pueden permanecer en una lista para recibir automáticamente la boleta en cada elección, a menos que sean dados de baja del padrón electoral.

La legislación también introduce nuevas reglas sobre el uso de mascarillas en las inmediaciones de los centros de votación y expande los programas de transporte gratuito para estudiantes y veteranos, con financiación estatal y control de gastos por parte de las juntas escolares y el Departamento de Asuntos de Veteranos.

¿Qué armas están prohibidas en Virginia y cómo se aplicará la ley?

En Virginia, desde el 1 de julio de 2026 está prohibida la compra, venta, transferencia o fabricación de armas de asalto según una nueva definición legal. El texto de la ley, citado por Newsweek, establece criterios técnicos que incluyen fusiles semiautomáticos y ciertos accesorios. El objetivo central es restringir el acceso a armamento de alto poder en el estado, en línea con tendencias regulatorias observadas en otras jurisdicciones tras incidentes de violencia armada.

¿Qué impacto tienen las nuevas reglas sobre religión en las escuelas y migración en Tennessee?

La “Charlie Kirk American Heritage Act” dispone que las agencias educativas locales, escuelas públicas y universidades de Tennessee incluyan en su currículo la enseñanza de los efectos positivos de la religión en la historia del país. Esta disposición, de acuerdo con el texto legal citado por Newsweek, responde a demandas de organizaciones religiosas y conservadoras que buscan fortalecer el contenido sobre la influencia religiosa en la formación de los Estados Unidos.

Por otro lado, la ley SB 1486 introduce penas de hasta clase E para cualquier funcionario que difunda información confidencial sobre operaciones migratorias o identidades de agentes involucrados en dichas operaciones. El objetivo, según fuentes oficiales, es reforzar la protección de datos y la seguridad de los agentes en tareas de control migratorio.

¿Qué medidas sobre armas impresas en 3D y derechos contra la terapia de conversión rigen en Colorado?

Colorado prohíbe la fabricación de armas funcionales o componentes clave mediante impresión 3D. Esta restricción responde a advertencias de autoridades federales y estatales sobre el crecimiento de armas no rastreables. Según información oficial recogida por Newsweek, la ley busca frenar la circulación de armamento casero y aumentar la trazabilidad de armas de fuego.

En paralelo, se habilita a residentes sometidos a terapias de conversión a demandar a profesionales de salud mental responsables de esos tratamientos. La normativa, respaldada por asociaciones profesionales y grupos de derechos civiles, pretende desalentar prácticas consideradas dañinas por la comunidad científica y garantizar vías de reparación para las víctimas.

¿Cuál es el nuevo salario mínimo en el Distrito de Columbia y a quiénes beneficia?

El Distrito de Columbia eleva el salario mínimo a 18,40 dólares por hora, uno de los más altos del país. De acuerdo con el portal de cumplimiento laboral Nextep, la actualización beneficia a trabajadores de todos los sectores formalmente registrados en la jurisdicción y se ajusta cada año con base en el índice de precios al consumidor. Este incremento busca mejorar el poder adquisitivo en un contexto de inflación sostenida y altos costos de vida en la capital estadounidense.

¿Cómo repercuten las nuevas leyes en los sectores involucrados y qué sigue a partir de ahora?

La entrada en vigor de estas leyes implica cambios inmediatos para residentes, empresas, instituciones educativas y organismos públicos. Los sectores más afectados deberán adaptar sus políticas internas, procedimientos y estructuras de costos para cumplir con las nuevas normativas. De acuerdo con Newsweek y CT Mirror, los gobiernos estatales han dispuesto periodos de revisión y mecanismos de ajuste, de modo que la implementación se supervise y, si es necesario, se modifique para responder a desafíos prácticos o reclamos formales.

La expectativa oficial es que los organismos reguladores monitoreen el cumplimiento y realicen auditorías periódicas, mientras que las entidades educativas y empresariales ajustan sus programas y servicios para alinearse con los nuevos estándares. Los residentes pueden consultar las páginas web oficiales de cada estado para obtener información actualizada sobre los procedimientos y requisitos específicos en cada área de impacto.

La SSC-CdMx detuvo este lunes a dos menores de 16 años señalados como presuntos integrantes de La Antiunión Tepito en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, donde les aseguraron armas largas, droga, equipo táctico y solventes después de que intentaron ocultarse en una vecindad al detectar la presencia policiaca.

La captura ocurrió en la calle Caridad, a la altura de Florida, durante recorridos de seguridad. Los agentes observaron a los adolescentes mientras manipulaban armas de fuego y, cuando los jóvenes corrieron para evadir a la autoridad, entraron al inmueble para interceptarlos.

Dentro de la vecindad, los oficiales aseguraron dos armas largas, alrededor de dos kilogramos de aparente marihuana, una báscula gramera, dos radios transmisores, 10 frascos con solventes y un chaleco azul con paneles balísticos. La corporación capitalina también indicó que los detenidos forman parte de una célula delictiva que mantenía una disputa con otro grupo en la zona centro.

El titular de la corporación, Pablo Vázquez Camacho, informó que los dos adolescentes fueron ubicados en la colonia Morelos y que, además de las armas y la droga, portaban un chaleco balístico. Tras la detención, ambos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, que definiría su situación jurídica.

La policía capitalina precisó que los dos implicados eran menores de edad. En versiones periodísticas sobre el caso también fueron identificados como Dilan “N” y Osmar “N”, y se indicó que declararon pertenecer a La Antiunión.

Un adolescente fue detenido por un homicidio en avenida Tláhuac

Un adolescente de 16 años fue detenido en la alcaldía Iztapalapa por su presunta participación en una agresión con arma de fuego en avenida Tláhuac y calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Año de Juárez, ataque en el que un hombre murió y una mujer resultó lesionada.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el joven fue localizado después de un seguimiento en tiempo real realizado por operadores del C2 Oriente. El monitoreo permitió ubicarlo cuando viajaba a bordo de una motocicleta gris, lo que derivó en una alerta para los policías en campo.

La intercepción ocurrió en la calle Begonia, entre Benito Juárez y avenida Del Árbol, en la colonia Lomas de San Lorenzo. Ahí, los uniformados le realizaron una revisión preventiva y le aseguraron un arma de fuego corta con cuatro cartuchos útiles, una cangurera, un casco de motociclista, ropa y dinero en efectivo.

Dentro de la cangurera también llevaba 16 envoltorios de cocaína en piedra. La SSC añadió que el detenido fue presentado ante la autoridad ministerial correspondiente junto con la droga, el arma y la motocicleta.

Sobre la agresión previa, la policía indicó que un joven fue asesinado y una mujer sufrió lesiones. Reportes periodísticos señalaron que la víctima mortal recibió un disparo en el pecho, mientras que la mujer fue alcanzada por una bala perdida en el muslo izquierdo.

El caso quedó bajo investigación para determinar la responsabilidad del adolescente en el homicidio y en las lesiones. La detención se sumó a las acciones de seguimiento con apoyo de cámaras de videovigilancia en el oriente de la Ciudad de México.

• La SSC-CdMx detuvo en la colonia Morelos a dos adolescentes de 16 años, presuntos integrantes de La Antiunión Tepito.
• A los menores les aseguraron dos armas largas, alrededor de dos kilogramos de marihuana, radios, solventes y un chaleco balístico.
• En Iztapalapa, otro adolescente de 16 años fue capturado por su presunta relación con un homicidio; le hallaron un arma corta, cuatro cartuchos y 16 envoltorios de cocaína en piedra.

Van a casa de menor de 14 años y le disparan en Guanajuato

Un adolescente de 14 años se debate entre la vida y la muerte tras un ataque directo con armas de fuego dentro de su casa en la colonia Morelos, en Valle de Santiago, Guanajuato.

Según el reporte, el hecho ocurre minutos antes de las 17:00 horas, cuando el 911 recibe llamadas por disparos en la calle Prolongación Camembaro.

Dos sujetos armados irrumpen de forma violenta en el domicilio y disparan contra el menor, identificado como Jonathan. Después suben a una camioneta blanca y escapan.

Ante la gravedad de las heridas, la madre del adolescente y otros familiares deciden no esperar una ambulancia y lo trasladan en un auto particular a una unidad médica.

España se ha visto muy afectada por la discusión empresarial entre Francia y Alemania que ha terminado con el proyecto del FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate). La incapacidad de Airbus y Dassault por llegar a un acuerdo de reparto de tareas ha hecho que los gobiernos intercedan para cancelar el programa. Esta decisión ha desplegado un abanico de alternativas. El GCAP, desarrollado por Reino Unido, Italia y Japón, parece abierto a incorporar nuevos socios. Las empresas también valoran embarcarse en la construcción de su propio caza de manera independiente.

En Estados Unidos han leído la noticia y no han tardado en mover ficha. El F-35, avión desarrollado por Lockheed Martin, es uno de los principales proyectos en el futuro de los cazas. Hace casi un año, España no quiso descartar su adquisición pero sí reconoció que no era una “prioridad”. Sumar, como socio de Gobierno, presionó para no acordar adquisiciones de este modelo para desligarse de los estadounidenses. Ahora, el fracaso del FCAS plantea la posibilidad de volver a valorar esta opción.

A principios de esta semana, cuatro congresistas estadounidenses, dos del Partido Republicano y dos del Demócrata, viajaron a Madrid para reunirse con la comisión de defensa del Congreso de los Diputados. Como confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el F-35 estuvo en boca de los visitantes durante gran parte de la conversación. Muchos países europeos ya han acordado la compra de unidades del caza de quinta generación.

El F-35 no era una “prioridad”

El País adelantó en agosto de 2025 que el Gobierno había dejado en suspenso la adquisición de aviones de combate estadounidenses F-35. Este modelo era considerado la mejor alternativa para la Armada Española por su capacidad de despegue vertical, indispensable para operar desde los portaviones actuales. Margarita Robles no habló de una exclusión definitiva, pero admitió que estos aviones “no son una prioridad”.

La explicación fue que la Armada tenía que invertir en fragatas y submarinos para cumplir con sus compromisos en la OTAN. La ministra de Defensa también se apoyó en que España estaba involucrada en el FCAS. Su cancelación modifica los planes de modernización previstos y deja en incertidumbre el papel de la industria española, que puede quedarse fuera de todos los proyectos.

Visita de congresistas de Estados Unidos

Esta semana, cuatro congresistas estadounidenses llegaron a España con el objetivo de mantener una serie de encuentros con autoridades locales. Las conversaciones se centraron en ámbitos como la defensa, la energía y la inteligencia artificial. Nathaniel Moran, Jim Costa, Brendan Boyle y Craig Goldman se reunieron con el nuevo embajador de Estados Unidos en Madrid, Benjamín León, así como con el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Durante la visita, los congresistas abordaron cuestiones vinculadas a la cooperación tecnológica y al fortalecimiento de la colaboración en sectores clave. Carlos Cuerpo subrayó en sus redes sociales que “la solidez de nuestra relación bilateral es clave para las empresas de ambos países y trabajaremos juntos para continuar reforzándola”. Cuando tocó hablar de defensa, el F-35 fue el verdadero protagonista.

Un hombre fue detenido en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, luego de ser sorprendido en posesión de un fusil AK-47, cientos de cartuchos útiles, cargadores y equipo táctico, informó la Seguridad Pública estatal.

La captura ocurrió en la comunidad de El Roblito, donde elementos de seguridad realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron a un individuo armado.

De acuerdo con los reportes oficiales, el sospechoso intentó escapar al notar la presencia de los agentes y corrió hacia una vivienda abandonada con la intención de ocultarse. Sin embargo, fue alcanzado y detenido antes de lograr su objetivo.

Durante la intervención, los elementos de seguridad localizaron un fusil calibre 7.62x39 milímetros tipo AK-47, siete cargadores abastecidos, 219 cartuchos útiles, un chaleco táctico con placas balísticas y una motocicleta.

Tanto el detenido como el armamento y el resto de los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia encargada de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica del sospechoso.

La detención se realizó en un operativo conjunto en el que participaron elementos estatales y federales desplegados en el sur de Sinaloa como parte de las acciones de vigilancia en la región.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el hombre detenido tiene vínculos con algún grupo delictivo que opere en la zona ni si cuenta con antecedentes penales.

Detención reciente de “El Güero Pin” mantiene a Escuinapa bajo operativos y con despliegues de seguridad

La reciente detención de Misael Guerrero Pérez, alias “El Güero Pin”, junto con la de un exsecretario de Seguridad municipal en Escuinapa, ha mantenido un escenario de alta actividad operativa en el sur de Sinaloa, con presencia de fuerzas federales y estatales en comunidades rurales y carreteras del municipio.

Tras esos hechos, se han mantenido despliegues de seguridad en distintos puntos de Escuinapa, donde continúan los patrullajes, revisiones y recorridos en zonas de acceso como la autopista Mazatlán–Tepic y la carretera libre hacia la cabecera municipal, ante la persistencia de movimientos de grupos armados en la región.

En ese contexto reciente, las autoridades han reportado nuevas acciones de vigilancia y aseguramientos en la zona, lo que ha mantenido la atención operativa en comunidades como El Roblito y otros puntos rurales del municipio, donde se han concentrado intervenciones de fuerzas de seguridad.

El ambiente en la región sur de Sinaloa se ha mantenido activo en materia de seguridad tras las detenciones, con presencia constante de operativos federales y estatales en Escuinapa y sus alrededores.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó este sábado 27 de junio sobre el hallazgo y decomiso de un importante lote de armas de fuego en un inmueble abandonado dentro del municipio de Sipacate, en el occidental departamento de Escuintla.

El operativo, derivado de la cooperación ciudadana, pone nuevamente en relieve las complejas dinámicas de almacenamiento y ocultamiento que emplean las estructuras criminales en las zonas periféricas y rurales del territorio guatemalteco.

De acuerdo con el reporte oficial detallado por las autoridades de seguridad, la vivienda bajo investigación se localiza específicamente en el sector conocido como Quiebrapatas, ubicado en el interior de la finca Las Morenas, perteneciente a la aldea El Paredón Buena Vista. En el interior de la propiedad deshabitada, los agentes del orden incautaron un total de 11 armas de fuego de diversos calibres, compuestas rigurosamente por siete escopetas y cuatro armas de fuego cortas.

A través de sus canales oficiales en la red social X, la institución policial enfatizó que este golpe a la logística delictiva fue posible gracias a una oportuna denuncia comunitaria. Inmediatamente después del hallazgo, peritos y agentes del ente investigador procedieron al embalaje técnico de todo el armamento para su traslado y posterior análisis forense y balístico, con el objetivo primordial de determinar si estas armas fueron utilizadas en hechos de sangre recientes en la costa sur del país.

Analistas y expertos en seguridad ciudadana explicaron que la constante localización de armas de fuego y arsenales en caletas subterráneas, terrenos baldíos o viviendas deshabitadas no es un hecho aislado, sino un fiel reflejo de la delincuencia común y el crimen organizado transnacional.

Según los expertos, las estructuras criminales y las pandillas suelen recurrir al alquiler de propiedades en áreas periféricas o al uso de fincas de difícil acceso para establecer almacenes temporales de pertrechos, reduciendo el riesgo de ser interceptados con el material bélico en los controles de carreteras cotidianos.

Las armas ilegales en Guatemala según la ley

El marco jurídico guatemalteco regula estrictamente la posesión y el uso de armamento mediante la Ley de Armas y Municiones (Decreto Número 15-2009 del Congreso de la República).

Según esta legislación, se consideran armas ilegales todas aquellas que no cuenten con el registro oficial y la debida autorización de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM), o bien, aquellas cuya tenencia y portación esté explícitamente prohibida para la población civil, tales como fusiles de asalto, armas automáticas y pertrechos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La ley tipifica como delitos graves tanto la tenencia ilegal como la portación ilegal de armas de fuego, imponiendo severas penas de prisión que van desde los cinco hasta los doce años de cárcel inconmutables, dependiendo de la tipificación del arma y el contexto del arresto. A pesar de estas drásticas sanciones contempladas en el código penal guatemalteco, la realidad operativa muestra una brecha alarmante en el control fiscal de la violencia armada.

Actualmente, la DIGECAM mantiene bajo estricto registro un aproximado de 630 mil armas legales en manos de civiles en todo el territorio centroamericano. Sin embargo, las estimaciones de los expertos en criminología y seguridad son profundamente alarmantes: se calcula que en el país circulan cerca de un millón de armas de fuego (pistolas, revólveres, rifles y escopetas) de forma ilegal y sin ningún tipo de control estatal.

Una nueva controversia sacude a las agencias de seguridad de Estados Unidos luego de que el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, solicitara una investigación independiente sobre una operación que presuntamente permitió la distribución masiva de fentanilo en el estado de Nuevo México durante dos años para rastrear a organizaciones criminales.

Aunque las circunstancias y los delitos investigados son distintos, el caso ha sido comparado con el polémico operativo “Rápido y Furioso”, desarrollado entre 2009 y 2011, cuando autoridades estadounidenses permitieron que miles de armas cruzaran ilegalmente hacia México con la intención de identificar a los líderes de los cárteles que las adquirían.

En ambos casos, el elemento que ha generado mayor polémica es la presunta decisión de permitir que actividades ilícitas continuaran temporalmente como parte de una estrategia de inteligencia, con el propósito de seguir la ruta de los responsables hasta niveles superiores de las organizaciones criminales.

La estrategia que marcó el caso Rápido y Furioso

El operativo “Rápido y Furioso” comenzó a gestarse el 26 de octubre de 2009, cuando altos funcionarios del gobierno estadounidense, entre ellos el entonces director de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Kenneth Melson; la administradora de la DEA, Michele Leonhart; y el director del FBI, Robert Mueller, acordaron implementar una estrategia para combatir el tráfico de armas hacia México.

El plan consistía en no detener inmediatamente a los compradores sospechosos de adquirir armamento de alto poder. En cambio, los agentes debían seguir el recorrido de las armas hasta identificar a los integrantes de los cárteles mexicanos que finalmente las recibían.

La operación arrancó pocos días después, cuando una tienda de armas alertó a la ATF sobre un hombre que había comprado varios rifles AK-47. Conforme avanzó la investigación, las compras crecieron hasta sumar cientos de armas, mientras los agentes recibían instrucciones de limitarse a observar su traslado sin intervenir.

De acuerdo con investigaciones posteriores, alrededor de 2 mil 500 armas terminaron cruzando ilegalmente la frontera hacia México.

Sin embargo, la estrategia fue duramente cuestionada desde sus primeras etapas por agentes que consideraban insuficiente el marco legal para evitar que ese armamento terminara siendo utilizado en hechos violentos.

Las críticas se intensificaron en diciembre de 2010, cuando el agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry fue asesinado y, durante la investigación, se determinó que una de las armas recuperadas estaba vinculada con el operativo.

La existencia de “Rápido y Furioso” se hizo pública en 2011 tras diversas filtraciones, lo que provocó una crisis política entre ambos países y abrió investigaciones tanto en Estados Unidos como en México.

Mientras el gobierno mexicano aseguró inicialmente desconocer la operación, posteriormente surgieron versiones encontradas sobre el grado de conocimiento que tuvieron autoridades nacionales. Años después, la Fiscalía General de la República reabrió el caso y obtuvo órdenes de aprehensión contra exfuncionarios mexicanos presuntamente relacionados con la estrategia.

La nueva investigación por el presunto libre tránsito de fentanilo

Quince años después de aquella polémica, una nueva denuncia vuelve a colocar bajo escrutinio las tácticas empleadas por agencias estadounidenses.

El administrador de la DEA, Terrance C. Cole, solicitó que la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia realice una investigación independiente sobre las acusaciones hechas por el agente especial David M. Howell.

Según el denunciante, entre 2023 y 2025 se permitió deliberadamente la venta y distribución de grandes cantidades de fentanilo en Nuevo México con el objetivo de seguir las cadenas de distribución y fabricación de esta droga sintética.

Las acusaciones, difundidas por medios estadounidenses, sostienen que la estrategia buscaba identificar a integrantes de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de narcóticos, aun cuando el fentanilo ya representaba una grave crisis de salud pública en Estados Unidos.

Ante ello, Cole señaló que las decisiones operativas adoptadas por agentes que enfrentan diariamente a organizaciones criminales deben ser revisadas mediante una evaluación independiente y objetiva para determinar si existieron irregularidades.

Hasta el momento, la DEA no ha confirmado que dicha operación haya ocurrido en los términos denunciados, por lo que el caso permanece bajo investigación.

Similitudes y diferencias entre ambos casos

Aunque uno involucra armas de fuego y el otro presuntamente drogas sintéticas, ambos expedientes comparten un principio operativo similar: permitir que una actividad ilícita continúe bajo vigilancia con la intención de identificar a los responsables de mayor jerarquía dentro de organizaciones criminales.

No obstante, existen diferencias importantes.

En el caso de “Rápido y Furioso”, la operación fue confirmada oficialmente tras las investigaciones realizadas por el Congreso estadounidense y derivó en consecuencias políticas, judiciales y diplomáticas entre México y Estados Unidos.

En contraste, la presunta operación relacionada con el fentanilo aún se encuentra bajo revisión y su existencia depende de las conclusiones que arroje la investigación solicitada por la propia dirección de la DEA.

Pese a ello, el paralelismo ha reavivado el debate sobre los límites de las operaciones encubiertas y los riesgos de permitir que armas o drogas permanezcan en circulación como parte de estrategias de inteligencia. Para especialistas en seguridad, ambos casos ilustran el delicado equilibrio entre la obtención de información para desmantelar redes criminales y las posibles consecuencias de dejar que productos altamente peligrosos lleguen a manos de organizaciones delictivas.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el jueves una ley de Hawái que exigía a los portadores de armas obtener el permiso expreso de cada propietario antes de ingresar con un arma a negocios y espacios privados abiertos al público. La decisión, de 6 votos contra 3, fue redactada por el juez Samuel Alito con el respaldo de la mayoría conservadora del tribunal.

“Este régimen obstaculiza lo que protege la Segunda Enmienda: el derecho de los estadounidenses a portar armas para su autodefensa en su vida cotidiana”, escribió Alito. “Declaramos la ley inconstitucional.”

El fallo se enmarca en una semana de expansión acelerada de los derechos sobre armas. Días antes, el tribunal decidió por unanimidad restringir la aplicación de una ley federal que prohibía poseer armas a ciertos consumidores de drogas, una medida que amenazaba los derechos de millones de estadounidenses que usan marihuana y poseen armas de fuego.

La ley impugnada

La norma de Hawái, aprobada en 2023, establecía que nadie podía ingresar con un arma a una propiedad privada abierta al público —una tienda, un restaurante— sin la autorización explícita del dueño, mediante señalización visible o permiso verbal o escrito. También designaba más de una docena de “lugares sensibles” donde las armas quedaban prohibidas, entre ellos playas y establecimientos que sirven alcohol.

El tribunal consideró que esa norma invertía la regla del derecho consuetudinario, bajo la cual cualquier persona puede ingresar a una propiedad abierta al público salvo que se le prohíba expresamente. Hawái hizo lo opuesto: nadie con un arma puede entrar sin autorización previa.

El caso fue iniciado por tres residentes de Maui con permisos para portar armas de forma oculta y por la Coalición de Armas de Hawái, con el respaldo de la administración de Donald Trump.

El test Bruen, eje del debate

Ambos fallos recientes se apoyan en el llamado test Bruen, surgido de la decisión de 2022 redactada por el juez Clarence Thomas en el caso New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen. Bajo ese estándar, una ley de control de armas no puede justificarse por promover un interés gubernamental legítimo: debe demostrar raíces en la tradición histórica de regulación de armas del país.

El único precedente que superó ese test fue el caso Rahimi de 2024, en el que el tribunal —con 8 votos contra 1— mantuvo la ley federal que prohíbe tener armas a personas sujetas a órdenes de protección por violencia doméstica.

El profesor Jacob Charles, de la Facultad de Derecho Caruso de la Universidad Pepperdine, explicó a Reuters que los dos fallos recientes “confirman el escepticismo extremo del tribunal ante todo tipo de regulaciones sobre armas, especialmente las nuevas”.

El test, añadió, “hace extremadamente difícil para los legisladores crear leyes de armas para proteger a sus ciudadanos”.

Consecuencias para otros estados

El fallo en el caso Wolford v. Lopez no afecta solo a Hawái. Otros cuatro estados —Nueva York, Nueva Jersey, Maryland y California— adoptaron leyes similares tras Bruen, con la misma presunción de que los propietarios prohíben el ingreso de armas salvo autorización expresa. Esas normas quedan ahora bajo serio cuestionamiento legal.

El fallo sí deja en pie las restricciones en lugares como iglesias o edificios gubernamentales. Los negocios como supermercados o centros comerciales podrán seguir prohibiendo el ingreso de armas, pero deberán hacerlo mediante avisos visibles.

Las voces en contra

La jueza Ketanji Brown Jackson redactó la disidencia —acompañada por la jueza Sonia Sotomayor— y argumentó que el caso era sobre derechos de propiedad, no sobre la Segunda Enmienda, y que la ley era constitucional porque preservaba el derecho de los dueños a excluir personas de sus propiedades.

Kris Brown, presidenta del grupo de control de armas Brady, fue más directa. “Esta opinión mayoritaria profundamente peligrosa privilegia las armas por encima de todo y de todas las personas en la sociedad”, dijo, y acusó al tribunal de haber “manipulado un test de su propio diseño para lanzar este ataque contra la seguridad pública”.

Más casos de armas en el horizonte

Con el término actual del tribunal próximo a concluir, los grupos de defensa de la Segunda Enmienda ya tienen la vista puesta en el ciclo que comienza en octubre. Entre los recursos bajo análisis figuran impugnaciones a las restricciones estatales sobre rifles de asalto tipo AR-15 y cargadores de alta capacidad.

Stephen Stamboulieh, abogado del grupo Gun Owners of America, afirmó a Reuters que “ya es hora de que el tribunal aplique” sus fallos anteriores contra ese tipo de restricciones.

La Secretaría de Marina detuvo a dos hombres y aseguró $755 mil en efectivo, armas cortas y un vehículo en Cabo San Lucas, Baja California Sur, durante un recorrido terrestre de disuasión y vigilancia que formó parte de los operativos coordinados para mantener la paz y la seguridad en la región.

El aseguramiento incluyó siete cargadores, dos equipos de radiocomunicación, un automóvil y aproximadamente $755,000 pesos mexicanos. Todo quedó a disposición de la autoridad competente junto con los detenidos, para que se integrara la investigación y se definiera su situación jurídica.

La acción se realizó en el municipio de Los Cabos con participación de la Armada de México, la FGR, Defensa, la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad pública estatales y municipales. La intervención ocurrió durante un patrullaje preventivo en el que las autoridades detectaron a dos personas que, al notar la presencia de los elementos de seguridad, mostraron una actitud evasiva.

Esa conducta derivó en la revisión por parte del personal naval y del resto de las instituciones que participaron en el despliegue. A partir de esa inspección, las fuerzas de seguridad localizaron el armamento, el efectivo, los radios y el vehículo.

El operativo reunió a fuerzas federales, estatales y municipales

La operación fue ejecutada por el Sector Naval de Cabo San Lucas como parte de un esquema de vigilancia con presencia de personal de los tres órdenes de gobierno. La Secretaría de Marina indicó que este tipo de recorridos buscó disuadir conductas delictivas y reforzar las tareas de seguridad en una zona con despliegues permanentes de autoridades civiles y militares.

En la acción participaron elementos de la Armada de México en coordinación con la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y corporaciones locales. El objetivo, según lo informado por la dependencia, fue mantener una estrategia conjunta frente a posibles actividades ilícitas en el municipio.

Los dos hombres quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial, que sería la encargada de integrar la carpeta de investigación. Ese procedimiento también incluyó el resguardo del armamento, el numerario y el automóvil para las diligencias correspondientes.

El dinero, las armas y el vehículo quedaron bajo investigación

Lo decomisado estuvo compuesto por dos armas cortas, siete cargadores, dos radios de comunicación, un vehículo y alrededor de $755 mil pesos en efectivo. Ese conjunto de objetos fue incorporado al proceso ministerial para establecer su procedencia y posible relación con hechos ilícitos.

La dependencia naval sostuvo que el trabajo coordinado con instituciones federales, estatales y municipales continuó como parte de su estrategia para combatir actividades fuera de la ley. También señaló que estas acciones buscaron contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad tanto en la región de Baja California Sur como en el resto del país.

El caso avanzó a la etapa de definición jurídica de los detenidos, una vez que fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Esa instancia sería la que determinaría, con base en las indagatorias y en los objetos asegurados, la condición legal de ambos hombres.

• Fueron detenidos dos hombres durante un recorrido de vigilancia en Cabo San Lucas.
• Las autoridades aseguraron dos armas cortas, siete cargadores, dos radios, un vehículo y aproximadamente $755,000 pesos.
• En el operativo participaron Marina, FGR, Defensa, Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales.

El caso generó amplio debate sobre la preparación táctica del personal policial, especialmente después de que se difundieran videos en los que un agente enfrenta a un delincuente armado sin hacer uso de su arma reglamentaria. El hecho ocurrió tras el robo de más de S/ 52 mil a un cambista que fue baleado dentro del templo ubicado en el Jirón de la Unión, uno de los espacios más concurridos y turísticos de la capital.

PNP reforzará entrenamiento en armas para todos sus efectivos tras críticas por intervención policial

El comandante general de la institución, Óscar Arriola, informó que la decisión responde a la necesidad de fortalecer la preparación operativa de los agentes ante situaciones de alto riesgo que pueden presentarse en cualquier momento.

“Esto parece que fuera cíclico, siempre se presentan cosas de esta naturaleza. Hemos inmediatamente realizado las coordinaciones para que, con esta adquisición de las armas de fuego, vengan 200 cartuchos para un entrenamiento vasto de todos los integrantes de la Policía”, declaró durante una conferencia de prensa.

La máxima autoridad policial explicó que el objetivo es que los efectivos reciban una capacitación permanente y puedan reaccionar adecuadamente frente a escenarios que involucren delincuentes armados o situaciones de violencia extrema.

Las críticas surgieron después de la captura de Walter Trujillo Ramírez, uno de los implicados en el asalto al cambista ocurrido el pasado 22 de junio. Durante su intento de fuga por la avenida Emancipación, el delincuente amenazó a un integrante del Serenazgo y forcejeó con un policía antes de ser reducido.

Las imágenes difundidas posteriormente abrieron un debate sobre los protocolos de intervención y el entrenamiento que reciben los agentes que desempeñan funciones administrativas o comunitarias, pero que igualmente portan armamento reglamentario.

Arriola precisó que el efectivo cuestionado pertenece al área de Policía Comunitaria y presta servicios en la comisaría de Monserrat, donde realiza principalmente labores de correspondencia y notificaciones.

“Este efectivo policial realiza un trabajo de correspondencia al interior de una comisaría y porta un arma de fuego. Hemos revisado la capacitación de este efectivo y la cantidad de veces que ha realizado prácticas de tiro”, sostuvo.

La revisión interna permitió verificar que la última sesión de entrenamiento con armas del agente había ocurrido aproximadamente un mes antes del enfrentamiento con el delincuente.

La institución busca ahora ampliar la frecuencia de estas prácticas y garantizar que todo el personal, independientemente de sus funciones habituales, mantenga la capacidad de responder ante emergencias o hechos delictivos.

El asalto al cambista que motivó la decisión policial

La medida anunciada por la PNP tiene como antecedente uno de los episodios de inseguridad más impactantes registrados recientemente en el Centro de Lima.

Cuatro delincuentes armados ingresaron a la Basílica Nuestra Señora de La Merced, en pleno Jirón de la Unión, y atacaron a balazos al cambista Julio Eduardo de la Cruz Tagle, de 65 años, quien acababa de retirar una fuerte suma de dinero de una entidad bancaria cercana.

Según las investigaciones, los criminales habrían seguido a la víctima hasta el interior del templo, donde acostumbraba rezar. Cuando intentó retirarse, fue interceptado por los asaltantes, quienes le dispararon en un brazo para arrebatarle un morral que contenía aproximadamente S/ 52.000.

El ataque provocó escenas de pánico entre los fieles que se encontraban en el recinto religioso. Testigos aseguraron haber escuchado al menos dos detonaciones y observaron cómo los asistentes corrían para ponerse a salvo.

La captura de uno de los responsables permitió además descubrir otro elemento relevante para la investigación. El arma utilizada por el detenido había sido reportada como robada durante un asalto cometido el pasado 8 de junio en San Juan de Lurigancho, donde delincuentes despojaron de su revólver a un vigilante de seguridad tras el robo de más de S/ 26 mil a una persona que acababa de retirar dinero de una entidad financiera.

De acuerdo con la Policía, el revólver marca Taurus sustraído en aquel hecho fue el mismo que posteriormente empleó Walter Trujillo Ramírez durante el asalto al cambista en el Cercado de Lima.

Las autoridades también confirmaron que el detenido acumula numerosos antecedentes por delitos graves, entre ellos homicidio, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y fabricación de explosivos. Asimismo, informaron que los otros tres participantes del robo ya han sido identificados y que los equipos de inteligencia continúan desarrollando operativos para ubicarlos y proceder con su captura.

El Ministerio Defensa de Alemania ha decidido cancelar la construcción de seis fragatas F126 por importantes retrasos, el aumento de los costes y los riesgos adicionales que supondría realizar un cambio de contratista en pleno desarrollo del proyecto. La decisión afecta a un contrato que estaba valorado inicialmente en 10.000 millones de euros y que contemplaba la entrega del primer buque para 2028, así como la finalización de toda la serie para el año 2033.

El proyecto, iniciado en 2020, tenía como objetivo renovar la capacidad de guerra antisubmarina de la Marina alemana, como parte de los compromisos adquiridos por el país con la OTAN y de las crecientes exigencias de seguridad en el ámbito europeo. Tras cancelar el proyecto, han buscado alternativa y ya han encontrado un ganador. Defensa ha señalado su intención de adquirir ocho fragatas MEKO A-200 DEU.

Un proyecto frustrado por retrasos y sobrecostes

La empresa Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), adjudicataria original del contrato, no logró cumplir ni los plazos ni el presupuesto pactados para las fragatas F126. La compañía comunicó oficialmente al Gobierno alemán que no podría entregar los buques dentro de los términos acordados y tampoco mantener la retribución establecida en el contrato inicial.

Ante esta situación, el Ministerio de Defensa evaluó la posibilidad de transferir el proyecto a Naval Vessels Lürssen (NVL), lo que habría elevado el coste total a 15.200 millones de euros. Además, todas las tareas ya realizadas por DSNS y los contratos complementarios elevarían el gasto total por encima de los 18.000 millones de euros. Desde el Ministerio señalan que un eventual cambio de contratista obligaría a Alemania a renunciar contractualmente a posibles reclamaciones por daños y perjuicios, algo que consideran incompatible con una gestión responsable del dinero público. El importe de las reclamaciones se encuentra actualmente bajo revisión judicial.

Ocho fragatas MEKO A-200 como nueva estrategia

Como alternativa, el Ministerio de Defensa, en coordinación con el Inspector de la Marina, presentará al Comité de Presupuestos la propuesta de adquirir ocho fragatas MEKO A-200 DEU. Este modelo, según indican, permitirá cumplir el núcleo de la misión antisubmarina de la flota y facilitará un sistema más eficiente en cuanto a operación, mantenimiento y formación, gracias a la homogeneidad de la serie.

El precio de adquisición de las primeras cuatro unidades se sitúa en 6.300 millones de euros, a falta de la aprobación parlamentaria, con una opción para comprar otras cuatro hasta finales de 2026 por 5.300 millones de euros. El Ministerio de Defensa aspira a que la compra de las nuevas fragatas se apruebe con rapidez para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos ante la OTAN.

Esta decisión pone fin a uno de los proyectos navales más ambiciosos y costosos de la última década en Alemania y redefine la estrategia de modernización y capacidades de la Marina alemana para los próximos años. No obstante, también supone un señalamiento y críticas por tiempo y dinero que quizás no sea recuperable, en medio de un contexto de gran exigencia por el desarrollo militar.

La guerra en Ucrania ha provocado el desarrollo de innovaciones tecnológicas adaptadas a las necesidades del frente. Entre estas iniciativas destacan los drones, un ámbito en el que se han convertido en líderes mundiales. Ha surgido otra innovación que ha llamado especialmente la atención. Se trata del ‘Parabella’, un refugio militar móvil creado por una empresa siderúrgica ucraniana con casi 70 años de experiencia en ingeniería pesada.

Esta estructura metálica permite a las tropas ucranianas tener una protección avanzada y móvil en los puntos más expuestos a los ataques. El proyecto surgió tras la invasión de Rusia en 2022, que hizo que parte del personal de la empresa se incorporara a la defensa del país. El resto de los trabajadores se dedicaron a buscar soluciones para salvaguardar vidas bajo el fuego enemigo.

Características y pruebas superadas

‘Parabella’, presentado en la feria internacional de defensa Eurosatory, ha superado pruebas bajo estándares ucranianos y de la OTAN, y cuenta con la aprobación oficial de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La estructura, fabricada en acero blindado de 16 milímetros, pesa 3.300 kilogramos y ofrece una cobertura modular de 3,25 metros por lado y 90 centímetros de altura. El montaje requiere 45 minutos y el desmontaje puede realizarse en 15 minutos, lo que facilita su transporte en vehículos militares y su rápida reinstalación en diferentes escenarios del frente.

El refugio se diseñó no solo como una barrera estática, sino como una solución móvil capaz de adaptarse a los movimientos y cambios constantes del frente. El búnker resiste impactos directos de proyectiles de artillería de 152 milímetros, explosiones simultáneas de minas de 120 milímetros y disparos con munición incendiaria perforante de hasta 14,5 milímetros lanzados desde granadas. También ha demostrado capacidad para soportar ataques con drones armados, daños por escombros, ondas expansivas y variaciones extremas de temperatura y precipitaciones, soportando lluvias torrenciales de hasta 2.000 litros en cinco minutos.

Innovación al servicio de la defensa

La empresa fabricante, bajo la marca Zalizna Volya, fue la primera en Ucrania en producir refugios de acero para zonas de combate, según la propia compañía. Tras la experiencia acumulada en la protección de civiles y soldados, sus ingenieros apostaron por un diseño completamente nuevo con el objetivo de cubrir las necesidades del Ejército en condiciones de combate cada vez más impredecibles.

El desarrollo de ‘Parabella’ refleja la transición de la industria pesada ucraniana hacia la producción de equipamiento militar de alto nivel tecnológico. La compañía ha subrayado que la calidad del producto y su capacidad de resistir distintos tipos de ataques lo convierten en una herramienta clave para salvar vidas en el teatro de operaciones, como han tratado de demostrar en la feria internacional.

“Tras la invasión, no podíamos quedarnos de brazos cruzados”, señalan desde la empresa, que mantiene su actividad en la retaguardia mientras parte de su personal combate en el frente. Zalizna Volya continúa adaptando sus procesos a las demandas del contexto bélico, consolidando su papel en la defensa del país mediante soluciones tecnológicas y materiales de última generación.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, pidió a una corte federal que anule la espera de tres días para la mayoría de las compras de armas en el estado, al sostener que esa exigencia viola la Segunda Enmienda.

La definición reabre un debate sobre una norma aprobada por 84 % de los votantes y que, según críticos de su eliminación, ayuda a reducir suicidios con armas y homicidios con armas de fuego.

Uthmeier presentó ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida una propuesta de fallo conjunta con los demandantes del caso Dunn contra Glass. El documento plantea que el estado reconozca la inconstitucionalidad del período de espera y deje de aplicarlo, aunque mantenga los controles de verificación de antecedentes.

Según WUSF Public Media, el planteo del fiscal implica que el propio estado no defenderá la norma en juicio y que el caso quedará en manos del tribunal federal, que debe decidir si acepta el acuerdo y elimina el requisito para la mayoría de las compras.

La medida en discusión nació en 1990 con una enmienda constitucional aprobada por más del 84% de los votantes de Florida. Casi tres décadas después, tras el tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, los legisladores extendieron el requisito a rifles y escopetas.

La presentación judicial y el alcance de la norma

SegúnWCTV, Uthmeier y otros abogados del estado presentaron un “Offer of Judgment” y pidieron que el tribunal federal declare la norma inconstitucional bajo la Segunda Enmienda. El medio detalló que el texto del planteo califica el período de espera como “arbitrario” y “sin relación con el tiempo requerido para completar una verificación de antecedentes”.

Según WUSF Public Media, el ofrecimiento del fiscal prevé que Florida deje de aplicar el período de espera, mientras se mantendrían los requisitos de verificación de antecedentes. El mismo medio indicó que, bajo esa propuesta, los demandantes también recibirían USD 10.000 en honorarios de abogados.

La norma vigente prevé excepciones para quienes tienen licencias de porte oculto, para permutas de armas y para algunos cazadores. Su alcance recae sobre todo en las ventas minoristas.

La demanda y los argumentos contra el “período de enfriamiento”

La demanda fue presentada en agosto de 2025 por la Asociación Nacional del Rifle, comercios de armas y compradores particulares. Su argumento es que las disposiciones del llamado período de enfriamiento no encajan en la tradición histórica de regulación de armas en Estados Unidos y resultan inconstitucionales.

Según WUSF Public Media, Uthmeier sostuvo esa misma posición en una rueda de prensa. “Aquí en Florida no vamos a violar la Segunda Enmienda. Son derechos importantes. Los fundadores la colocaron en el número dos, creo, por una buena razón”.

Según FOX 13 Tampa Bay, Uthmeier también cuestionó que la espera sea una demora “arbitraria” y la desvinculó del tiempo necesario para completar una verificación de antecedentes.

Críticas demócratas y advertencias sobre seguridad pública

La eliminación del período de espera provocó rechazo entre dirigentes demócratas y organizaciones de seguridad pública. Su objeción central es que esos días de demora pueden frenar decisiones impulsivas en momentos de crisis.

La líder de la minoría demócrata en el Senado estatal, Lori Berman, cuestionó que el fiscal busque terminar con el requisito en vez de defenderlo. “Creo que es una dejación de sus funciones como fiscal general. El fiscal intenta deshacer lo que los ciudadanos del estado, así como los legisladores, han hecho, y esto está mal”.

Las advertencias sobre el impacto de la medida

Tanya Schardt, asesora principal de la organización Brady contra la violencia armada, advirtió que retirar esa barrera temporal tendría un costo humano. “Cuando se crea esa barrera de tiempo, se genera una oportunidad para que alguien quizá cambie de opinión y no realice esa actividad”.

Andrew Morral, investigador de políticas sobre armas de la corporación RAND, sostuvo que las pruebas disponibles respaldan ese tipo de medidas.

“Hemos revisado varios estudios y concluido que el respaldo a los períodos de espera es moderadamente sólido, que parecen reducir los suicidios con armas de fuego y el total de homicidios”.

Durante años, compradores y vendedores de armas habían cuestionado la espera por considerarla una demora arbitraria, sobre todo en los casos en que la verificación de antecedentes se aprueba de inmediato y obliga a volver días después al comercio. El tribunal federal debe resolver ahora si esa exigencia continúa vigente o si Florida deja de aplicarla.

La presencia de organizaciones criminales dentro de espacios vinculados al Estado vuelve a generar preocupación en el Callao. Una investigación fiscal y policial reveló cómo una presunta red delictiva logró obtener reconocimiento formal ante una entidad pública y acceder posteriormente a instalaciones relacionadas con servicios esenciales, mientras mantenía actividades ilegales paralelas.

El caso expone mecanismos utilizados por grupos criminales para obtener apariencia de legalidad mediante asociaciones reconocidas oficialmente y contratos laborales gestionados a través de empresas tercerizadoras. Las pesquisas también identificaron presuntas irregularidades en la documentación presentada por algunos integrantes para acceder a puestos de trabajo.

La investigación, difundida por el programa Cuarto Poder, recoge información obtenida tras dos años de seguimiento por parte de agentes especializados y representantes del Ministerio Público. Según las autoridades, la organización conocida como Los Bemos de Puerto Nuevo extendió sus operaciones más allá de las actividades ilícitas que desarrollaba en las calles del Callao.

Una estructura criminal con presencia en entidades públicas

De acuerdo con los investigadores, Los “Bemos de Puerto Nuevo” consolidaron influencia en sectores del Callao mediante actividades relacionadas con extorsiones y tráfico de drogas. Sin embargo, las pesquisas determinaron que parte de su estrategia consistió en buscar acceso a espacios estatales.

Un representante de la investigación explicó que el grupo utilizó una vía formal para constituir una organización reconocida por el Gobierno Regional del Callao. Según indicó, “había seguido un mecanismo legal, por decirlo así, conformando un sindicato de trabajadores ante el Gobierno Regional”.

La investigación sostiene que ese reconocimiento permitió a integrantes de la organización acceder a puestos laborales mediante una empresa de servicios que mantenía contratos vinculados a Sedapal. Para los agentes, dicha estructura funcionaba como una fachada que facilitaba el ingreso de presuntos delincuentes a instalaciones públicas.

El reconocimiento otorgado por el Gobierno Regional del Callao

Las pesquisas identificaron que en octubre de 2023 fue reconocida formalmente la organización social Fuerza Comunal Puerto Nuevo mediante una resolución emitida por el Gobierno Regional del Callao durante la gestión de Ciro Castillo.

Según la documentación revisada por las autoridades, la directiva de dicha organización estaba encabezada por Humberto Cosme Rodríguez, conocido como “Toro”, acompañado por su hermano Diego Cosme Rodríguez, alias “Murris”, y Michael Torres Amésquita.

Uno de los investigadores señaló que varios integrantes de esa directiva terminaron involucrados en el proceso penal. “Lo hemos agarrado al presidente, a un vocal y al secretario”, afirmó, al referirse a miembros de la organización que fueron identificados como presuntos integrantes de la red criminal.

Instalaciones utilizadas como centro de operaciones

Las diligencias realizadas por la policía y la fiscalía permitieron intervenir un espacio vinculado a Sedapal en Puerto Nuevo. Según la descripción de los agentes, el lugar presentaba condiciones incompatibles con una actividad laboral regular.

Durante la intervención fueron encontrados cerca de tres kilos de marihuana y municiones. Un investigador calificó el inmueble como “un búnker”, debido a los elementos hallados y al presunto uso que se le daba.

Las autoridades sostienen que el espacio servía para almacenar droga, armamento y municiones. Además, la investigación plantea que desde ese lugar se coordinaban actividades ilícitas vinculadas a la organización.

Imágenes obtenidas durante el seguimiento policial mostraron el ingreso frecuente de integrantes de la red a las instalaciones. De acuerdo con la investigación, los accesos se realizaban sin restricciones aparentes.

Otro aspecto relevante del caso involucra la documentación presentada por algunos miembros de la organización para obtener empleo.

La fiscalía revisó certificados utilizados durante los procesos de contratación y concluyó que al menos uno de ellos carecía de autenticidad. Un representante del Ministerio Público afirmó: “Por lo tanto, se concluye que la documentación presentada para acceder a este puesto de trabajo era falsa”.

Las pesquisas identificaron a Michael Steven Torres Amézquita como una de las personas que presentó documentación observada por las autoridades. Según la investigación, estos documentos permitieron acreditar estudios y experiencia laboral exigidos para determinadas funciones.

Contratos mediante empresas tercerizadoras

La investigación también reconstruyó la trayectoria laboral de varios integrantes de la organización dentro de empresas contratistas.

Según la información recogida por la fiscalía, algunos de ellos trabajaron inicialmente para una empresa privada. Posteriormente, tras la finalización de ese vínculo contractual, pasaron a formar parte del consorcio Global Micha.

Un representante de la investigación sostuvo que, pese a figurar en planillas y recibir remuneraciones, los involucrados no realizaban funciones efectivas. Las boletas de pago y contratos revisados por las autoridades forman parte del material incorporado al expediente fiscal.

Respecto al uso de estos espacios, un fiscal señaló: “Son delincuentes que accedieron a un lugar que utilizaron como caleta para guardar armamento, para guardar droga, para guardar armas o municiones”.

Detenidos y personas aún buscadas

El operativo ejecutado contra la organización permitió la captura de nueve personas. Todos permanecen con mandato de prisión preventiva por 36 meses mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades además mantienen la búsqueda de Lesly Llerena Navarro y de Jesús del Piero Berríos Llerena. Según la hipótesis fiscal, este último tendría participación en el asesinato de dos adolescentes de 16 años en el contexto de una disputa vinculada al control de la venta de drogas en el Callao.

Tras más de dos años de seguimiento, vigilancia y análisis de información, la policía y la fiscalía continúan con las diligencias para determinar el alcance completo de las actividades atribuidas a Los Bemos de Puerto Nuevo y los mecanismos que permitieron su presencia dentro de espacios relacionados con el Estado.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el decomiso de 43 mil cartuchos de munición realizado recientemente en Arizona representa una muestra de la coordinación que existe entre las autoridades mexicanas y estadounidenses para combatir actividades vinculadas con la delincuencia organizada.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, la mandataria señaló que el aseguramiento refleja una mayor atención de las instituciones estadounidenses al tráfico de armas y municiones que terminan en territorio mexicano.

Sheinbaum consideró que este tipo de acciones responden a los planteamientos que su administración ha realizado de manera constante en los encuentros bilaterales con autoridades de Estados Unidos, donde México ha insistido en la necesidad de que ambos países asuman responsabilidades compartidas en materia de seguridad.

La mandataria sostuvo que, así como las autoridades mexicanas trabajan para impedir el traslado de drogas hacia Estados Unidos, el gobierno estadounidense debe reforzar las medidas para evitar que armas y municiones crucen ilegalmente la frontera sur de ese país.

La presidenta indicó que el decomiso registrado en Arizona constituye un ejemplo de los resultados que pueden obtenerse cuando existe comunicación y coordinación entre ambos gobiernos. Asimismo, destacó que en los últimos meses se han registrado acciones por parte de distintas instituciones estadounidenses para impedir el tráfico de armamento con destino a México.

“Es un buen ejemplo de cómo hay comunicación (entre México y EEUU). Nosotros hemos insistido mucho en que así como nosotros ayudamos a que no llegue droga a los Estados Unidos, ellos tienen que trabajar para que no pasen armas a México. Y ya ha habido acciones importantes. Una de ellas, es esta de Arizona”, afirmó.

Durante su intervención, Sheinbaum subrayó que las autoridades mexicanas mantienen una estrategia permanente de combate a la delincuencia que incluye programas de atención a las causas de la violencia, tareas de inteligencia y operativos coordinados para detener a presuntos integrantes de grupos criminales.

En ese contexto, afirmó que el esfuerzo debe ser compartido y que Estados Unidos también enfrenta retos internos relacionados con la operación de organizaciones delictivas dentro de su territorio.

La mandataria señaló que una parte importante de las armas utilizadas por grupos criminales en México proviene de establecimientos ubicados en Estados Unidos y posteriormente ingresa al país de manera ilegal. Por ello, insistió en que las autoridades estadounidenses deben fortalecer las acciones de vigilancia, investigación y aseguramiento de armamento.

“Nosotros en México hacemos nuestro trabajo todos los días. Desde la atención a las causas hasta la coordinación permanente para poder detener a presuntos delincuentes y generadores de violencia. Estados Unidos tiene que hacer su parte porque allá, hay armas que se compran en Estados Unidos y que pasan a México de manera ilegal”, aseguró Sheinbaum.

Además, sostuvo que el combate a las redes criminales no debe limitarse al tráfico de drogas hacia el exterior, sino que también debe contemplar medidas contra las organizaciones encargadas de distribuir narcóticos dentro de Estados Unidos.

“Hay organizaciones criminales en Estados Unidos, pues no se podría pensar en la cantidad de droga que se vende en EEUU de manera ilegal si no existieran organizaciones delictivas en Estados Unidos”, dijo.

Sheinbaum agregó que otro aspecto relevante es el combate a las estructuras financieras que permiten el funcionamiento de grupos delictivos, por lo que consideró necesario reforzar las investigaciones relacionadas con operaciones de lavado de dinero realizadas en territorio estadounidense.

“Ellos en EEUU tienen que hacer su trabajo en detener armas que vienen a México, pero también en hacer detenciones de las organizaciones delictivas que distribuyen la droga en EEUU y de lavado de dinero en Estados Unidos porque no todo es hacia afuera, ellos tienen que trabajar también hacia adentro, eso es algo que comentamos permanentemente en las reuniones bilaterales y, por lo menos en el caso de armas, ha habido incautaciones por parte de distintas instituciones de EEUU para evitar que pasen a México”, comentó la presidenta.

La presidenta explicó que estos planteamientos forman parte de los temas abordados de manera recurrente en las reuniones entre funcionarios de ambos países, donde México ha insistido en la necesidad de fortalecer la corresponsabilidad en materia de seguridad.

Las declaraciones ocurrieron después de que autoridades estadounidenses informaran sobre el decomiso de 43 mil cartuchos de munición en Arizona, un aseguramiento que, de acuerdo con Sheinbaum, muestra avances en la cooperación binacional para frenar el flujo de armas y municiones hacia México.

Desde el 1 de julio, California aplica un paquete de reformas legales que transforma escuelas, comercios, derechos civiles y servicios urbanos, según reportó San Francisco Chronicle.

El nuevo marco normativo, que coincide con el inicio del año fiscal, abarca desde la vida cotidiana en las aulas hasta el funcionamiento de vehículos sin conductor, pasando por salarios, etiquetados y procesos judiciales.

Escuelas: más inclusión y control sobre la tecnología

En el ámbito escolar, la nueva legislación establece restricciones estrictas al uso de teléfonos celulares en clase. Todos los distritos y escuelas chárter deben desarrollar políticas para mantener las aulas libres de smartphones.

La medida, impulsada por el gobernador Gavin Newsom, responde a investigaciones que vinculan el uso excesivo de dispositivos móviles con problemas de salud mental en menores.

Paralelamente, la ley SB760 exige la presencia de baños de uso común para todos los géneros en cada centro educativo de K-12 que disponga de más de un baño femenino y masculino, en un esfuerzo por promover la inclusión y la seguridad de estudiantes transgénero y no binarios.

En cuanto a la salud emocional, las credenciales estudiantiles de séptimo a duodécimo grado, así como las universitarias públicas, deberán incluir el número de la línea de prevención del suicidio de The Trevor Project, un recurso especializado en jóvenes LGBTQ+.

Cambios en alimentación y condiciones laborales

Las cadenas de restaurantes con más de 20 sucursales en California están obligadas a identificar en sus menús tanto impresos como digitales los platos que contienen alguno de los nueve principales alérgenos alimentarios. La ley SB68 apunta a reducir el riesgo de reacciones graves entre personas alérgicas.

La normativa AB660 también transforma el etiquetado de alimentos perecederos, eliminando la leyenda sell by y estableciendo el uso obligatorio de la fecha best by, para evitar confusiones y contribuir a la reducción del desperdicio de alimentos.

En cuanto a salarios, ciudades como San Francisco, Berkeley y Alameda ajustan el salario mínimo local con incrementos menores a USD 1 por hora. A nivel estatal, los trabajadores del sector salud verán subir sus ingresos hasta un rango de USD 22 a USD 25 la hora, dependiendo del tamaño del establecimiento, una medida que beneficia a cientos de miles de empleados.

Derechos, vivienda y nuevas reglas para armas y tecnología

La privacidad en los trámites judiciales de cambio de nombre, género o marcador de sexo se refuerza con la ley SB59, impulsada por el senador Scott Wiener.

A partir de julio, estos expedientes serán confidenciales, una protección especialmente valorada por colectivos transgénero y no binarios.

En materia de vivienda, la ley SB79 facilita el desarrollo de edificios residenciales de mayor densidad cerca de nodos de transporte público y terrenos de agencias de tránsito, superando restricciones locales. Esta reforma busca aportar soluciones al déficit de vivienda asequible.

Respecto a la regulación de armas, California prohíbe la venta en comercios de pistolas Glock y modelos similares, tras su reclasificación como armas susceptibles de convertirse en automáticas. Además, los vendedores deberán completar una capacitación anual sobre prevención de riesgos y detección de conductas de alerta en compradores.

En el sector tecnológico, la ley AB1777 sanciona a los vehículos autónomos por infracciones viales y obliga a empresas como Waymo a instalar líneas telefónicas de emergencia para los pasajeros, con respuesta garantizada en menos de 30 segundos.

Datos clave adicionales sobre el impacto de las nuevas leyes

• Más de 6 millones de estudiantes en escuelas públicas de California estarán sujetos a las nuevas políticas de uso de celulares y baños inclusivos.
• El cambio en el etiquetado de alimentos perecederos se estima que podría reducir en un 10% el desperdicio alimentario en el estado, según proyecciones de organizaciones de consumidores.
• La prohibición de pistolas Glock afecta a más de 2.000 armerías registradas, que deberán revisar su catálogo y adaptarse a los nuevos requisitos de capacitación.
• El desarrollo de vivienda densa cerca de estaciones de transporte público tiene el potencial de agregar hasta 250.000 nuevas unidades habitacionales en la próxima década, de acuerdo a estimaciones de la California Housing Partnership.
• En 2025, más de 400.000 trabajadores de la salud recibirán el aumento salarial implementado desde julio.

Las nuevas regulaciones sitúan a California en la vanguardia de la legislación estadounidense en materia de inclusión, transparencia y protección al consumidor, conforme a lo documentado por San Francisco Chronicle. Las autoridades, empresas y ciudadanos deberán adaptarse a estos cambios que ya están en vigor.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Chihuhua detuvo la noche del 19 de junio en Ciudad Juárez a Nicolás P. V., alias “El Nico” o “El Comandante Nico”, de 26 años, identificado por la corporación como presunto líder criminal y generador de violencia en la zona de El Valle de Juárez; al momento del arresto viajaba en un Audi negro con placas de Texas acompañado por dos mujeres originarias de El Paso, y los agentes le aseguraron seis armas largas, cargadores abastecidos y cartuchos de uso exclusivo militar.

El decomiso incluyó cinco fusiles calibre .223 y un arma larga 7.62x39 milímetros, conocida popularmente como “cuerno de chivo”. También fueron asegurados cargadores completamente abastecidos, cartuchos útiles y el vehículo de alta gama en el que circulaban los detenidos.

La intervención ocurrió en el cruce del bulevar Gómez Morín y la calle Faraday, en la colonia Partido Senecú. La acción policial se realizó la noche del viernes, cuando agentes estatales interceptaron la unidad en la que se desplazaba el presunto operador criminal.

Junto con Nicolás P. V. fueron detenidas Iraís R. A., de 35 años, y Anabel C., de 20 años, ambas originarias de El Paso, Texas. Los tres quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para que se determinara su situación jurídica.

El detenido ya era un objetivo prioritario en el Valle de Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado consideraba a “El Nico” como un objetivo prioritario. La dependencia lo ubicaba como pilar operativo de un grupo criminal que mantenía bajo asedio la zona de El Valle de Juárez.

Ese seguimiento no comenzó con la captura. Durante febrero se había desplegado un operativo para dar con su paradero, después de que las autoridades lo identificaron como principal generador de violencia y líder de una célula que operaba en esa franja del estado.

La información oficial también lo ubicó como integrante de un grupo delictivo que trabajaba para el cártel de Sinaloa, en la facción de “Mayito Flaco”. En otra versión del mismo caso, el detenido fue referido como sicario del Cártel de Juárez y líder criminal en la misma región fronteriza.

El presunto jefe delictivo era originario de El Porvenir, en el Valle de Juárez. Su captura se realizó fuera de esa zona, en una de las vialidades más transitadas de Ciudad Juárez.

El aseguramiento abrió una investigación por armas de uso exclusivo militar

La autoridad estatal indicó que el caso se turnó para investigaciones por la probable responsabilidad de los detenidos en delitos relacionados con la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El expediente quedó en manos de la autoridad federal por el tipo de armamento y municiones localizadas.

La revisión al Audi negro permitió ubicar un arsenal que las autoridades describieron como poder de fuego de alto calibre. El aseguramiento abarcó las seis armas largas, los cargadores y los cartuchos útiles de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El vocero de la corporación, Jorge Armendáriz, confirmó la detención e indicó que el operativo se concretó en Partido Senecú. La captura cerró una búsqueda activa que las autoridades habían intensificado desde febrero.

La detención también colocó bajo custodia a las dos mujeres estadounidenses que viajaban con el presunto líder criminal. Hasta ese momento, la autoridad únicamente informó sus edades, su lugar de origen y que se encontraban dentro del automóvil al momento de la intervención.

• La SSPE detuvo en Ciudad Juárez a Nicolás P. V., “El Nico” o “El Comandante Nico”, de 26 años, señalado como presunto líder criminal en El Valle de Juárez.• En el Audi negro con placas de Texas fueron aseguradas 6 armas largas, entre ellas cinco fusiles calibre .223 y un arma 7.62x39 milímetros, además de cargadores y municiones de uso exclusivo militar.• Junto con el detenido capturaron a dos mujeres de El Paso, Texas, y los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación.

El Gobierno de Reino Unido ha anunciado el envío de 150.000 drones, más de 350 misiles y radares de defensa aérea a Ucrania antes de fin de año, como parte de un nuevo paquete de apoyo militar. La medida, revelada por el secretario de Defensa, Dan Jarvis, durante una serie de reuniones en Bruselas, busca fortalecer la capacidad defensiva ucraniana frente a la ofensiva rusa. La financiación proviene del préstamo británico Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), que utiliza fondos de activos soberanos rusos inmovilizados.

El paquete incluye drones de fabricación ucraniana y sistemas de última generación, entre ellos misiles multirrol ligeros (LMM) y radares terrestres, con entregas previstas hasta finales de 2026. “Esta entrega permitirá a Ucrania reforzar su defensa frente a los ataques aéreos rusos”, señaló el ministro Jarvis, tras su conversación con el presidente ucranianio, Vladimir Zelenski.

La ayuda económicamente se basa en el paquete de 750 millones de libras. El conjunto también incluye 210 millones de libras en financiación para la red eléctrica ucraniana y una batería de sanciones contra la logística y la financiación ilícita de Moscú. El apoyo militar británico se suma a recientes medidas energéticas y sanciones contra el Kremlin. Entre ellas figura la interdicción del buque ruso Smyrtos, parte de la llamada “flota fantasma”, y nuevas restricciones a las cadenas de suministro militar rusas.

Cooperación con Ucrania y recomposición británica

La reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania (UDCG) celebrada en Bruselas reunió a representantes de cerca de 50 países, centrados en analizar las necesidades urgentes del campo de batalla ucraniano. El evento estuvo copresidido por el secretario de Defensa británico y su homólogo alemán Boris Pistorius. El objetivo es coordinar la entrega de equipos, mejorar la protección contra misiles y drones rusos y apoyar la producción militar local en Ucrania. Durante las sesiones, se discutió el suministro de nuevos sistemas de defensa y la posibilidad de ampliar la cooperación tecnológica con socios europeos y norteamericanos, especialmente en sistemas antiaéreos, logística y formación de tropas ucranianas.

“Es un privilegio asistir a mi primera reunión de ministros de Defensa de la OTAN y copresidir el Grupo de Contacto con Alemania”, declaró Jarvis, quien también confirmó que el Reino Unido asumirá el mando del Cuartel General de la Fuerza Multinacional para Ucrania (MNF-U). Jarvis ha asumido el cargo tras la dimisión de John Healey por sus diferencias con el gasto en defensa del gobierno de Keir Starmer.

El general Tom Bateman encabezará la coordinación multinacional para preparar la regeneración de las fuerzas ucranianas en caso de un acuerdo de paz. En paralelo, el secretario de Defensa británico mantuvo encuentros bilaterales con líderes de Estados Unidos, Francia, Alemania, Noruega, Estonia, Dinamarca y Finlandia, y acordó intensificar la cooperación en guerra antisubmarina junto a Alemania y Noruega. Además, se abordaron estrategias para mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas aliadas y reforzar la presencia militar conjunta en el flanco oriental de la OTAN, ante la persistencia de la amenaza rusa en la región, y poco antes del encuentro de los ministros de Defensa de la Alianza.

La Corte Suprema de Estados Unidos limitó el alcance de una disposición de la Ley de Control de Armas de 1968 que prohíbe la tenencia de armas a ciertos consumidores de drogas.

Según la agencia de noticias Reuters, el tribunal confirmó por nueve a cero la desestimación del cargo contra Ali Hemani y dejó en duda que el gobierno pueda encuadrar a millones de usuarios habituales de marihuana como personas peligrosas bajo la Segunda Enmienda.

En su decisión unánime, el tribunal sostuvo que, en este caso, el gobierno no cumplió con la carga de justificar el proceso penal en relación con el derecho constitucional a “poseer y portar armas”. El fallo fue redactado por el juez conservador Neil Gorsuch, de acuerdo con Reuters.

El alcance del pronunciamiento, planteó la defensa, excede la situación de Hemani. Cecillia Wang, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y representante legal del acusado, afirmó que casi la mitad de los estadounidenses declara haber consumido marihuana alguna vez y que la sentencia limita la capacidad del gobierno de imponer sanciones a gran escala sobre esa base.

El fallo puso el foco en la falta de pruebas sobre “peligrosidad”

La disposición discutida integra la Ley de Control de Armas de 1968 y prohíbe la posesión de armas de fuego a cualquier persona que sea consumidora ilegal o adicta a una sustancia controlada.

La Corte Suprema no fijó con precisión hasta dónde puede llegar esa regla ni definió qué drogas, si alguna, implican un riesgo particular de uso indebido de armas.

Gorsuch escribió que la acusación contra Hemani quedó debilitada porque las autoridades ni siquiera alegaron que fuera adicto. Según el razonamiento del tribunal, el gobierno tampoco probó que el consumo habitual de marihuana del acusado lo volviera un peligro para sí mismo o para otros.

La sentencia ratificó lo resuelto por un tribunal inferior que había anulado el cargo por posesión ilegal de armas contra Hemani, un residente de Texas con doble nacionalidad estadounidense y paquistaní. En el caso, Hemani declaró a las autoridades que consumía marihuana de manera habitual.

Gorsuch también subrayó que la administración del presidente Donald Trump suavizó a mitad del proceso su defensa de la prohibición aplicada a consumidores de marihuana.

Ese giro, escribió el juez, “lo deja en una posición incómoda para sugerir que los millones de estadounidenses que ahora consumen marihuana con regularidad son categórica e inusualmente peligrosos”.

Naz Ahmad, abogada de Hemani, afirmó: “El fallo unánime del tribunal protegerá a millones de estadounidenses de castigos draconianos, simplemente porque consumen marihuana y poseen un arma de fuego”.

Wang consideró que la sentencia “envía un mensaje de que el gobierno no puede criminalizar la conducta de un gran número de personas basándose en suposiciones categóricas e infundadas sobre si son peligrosas o no”.

La letrada añadió: “Dado que casi la mitad de los estadounidenses declaran haber consumido marihuana en algún momento de su vida, este fallo protege los derechos de millones de personas y limita la capacidad del gobierno para imponer sanciones arbitrarias y discriminatorias”.

La investigación incluyó una redada del FBI en Texas

Hemani fue acusado en 2023 después de una redada de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en la casa que compartía con sus padres en el condado de Denton. Durante el registro, los agentes encontraron una pistola de 9 mm, marihuana y cocaína, y Hemani declaró que consumía marihuana aproximadamente cada dos días.

Las autoridades no lo acusaron de estar bajo los efectos del alcohol o las drogas en el momento del operativo.

Según documentos judiciales del Departamento de Justicia, el FBI había investigado a Hemani por un viaje a Irán y por la asistencia de su hermano a una universidad iraní, aunque la acusación solo incluyó un cargo bajo la Ley de Control de Armas.

En paralelo, la restricción debatida había cobrado notoriedad nacional en 2024, cuando fiscales federales la usaron para condenar a Hunter Biden, quien luego recibió ese mismo año un indulto de su padre, el entonces presidente Joe Biden.

Según Reuters, el hijo del presidente fue acusado de mentir sobre su consumo de narcóticos en 2018, cuando compró una pistola Colt Cobra.

El debate por la clasificación de la marihuana y un estándar de 2022

La marihuana estuvo durante años clasificada en la Lista I de la Ley de Sustancias Controladas de Estados Unidos, junto con la heroína, el éxtasis y el peyote, una categoría que implica alto potencial de abuso y ausencia de valor médico.

Después de que Trump firmara una orden ejecutiva sobre la marihuana, el Departamento de Justicia flexibilizó en abril las restricciones sobre algunos productos derivados y reclasificó la droga como menos peligrosa.

Ante la Corte Suprema, los abogados del Departamento de Justicia sostuvieron que la marihuana consumida por Hemani debía tratarse como sustancia de la Lista I porque esa era su clasificación al momento del presunto delito.

A la vez, argumentaron que el tribunal podía reconocer una excepción a la restricción de armas para productos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) o cubiertos por licencias estatales de marihuana medicinal.

Hemani pidió que se desestimara la acusación por considerar que violaba la Segunda Enmienda. También invocó el criterio fijado por la Corte Suprema en una decisión de 2022, que exige que las leyes sobre armas sean “coherentes con la tradición histórica nacional de regulación de armas de fuego” para ser compatibles con la Constitución.

En 2025, el tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, anuló el cargo y concluyó que la prohibición no puede aplicarse a una persona salvo que esté bajo la influencia de drogas mientras posee un arma.

El tribunal descartó la analogía con los “borrachos habituales”

En su apelación, el Departamento de Justicia pidió a la Corte Suprema una regla que permitiera procesar a “consumidores habituales” de drogas ilícitas y comparó esa restricción con leyes del siglo XIX que autorizaban desarmar temporalmente a los “borrachos habituales”.

Gorsuch rechazó esa analogía. “Se dirigieron a distintos tipos de personas, con distintos propósitos y de maneras diferentes”, escribió. Y agregó: “No es necesario que decidamos si alguno de estos problemas, tomado de forma aislada, resultaría fatal para la causa del gobierno. Considerados en conjunto, sostenemos que sin duda lo son”.

Se espera que la Corte Suprema emita a finales de junio otro fallo sobre la Segunda Enmienda, en un caso que cuestiona una ley de Hawái que restringe el porte de armas en propiedades privadas abiertas al público, como la mayoría de los comercios, sin permiso del propietario.

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas informó la detención de un hombre identificado como Alejandro “N”, de 33 años, durante un operativo realizado la madrugada de este jueves en la colonia Las Huertas.

De acuerdo con la autoridad ministerial, la intervención se originó a partir de una denuncia previa por conductas violentas e inusuales reportadas en la zona, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación y la solicitud de una orden de cateo para ingresar a un domicilio señalado.

Durante el despliegue también se cumplimentó una orden de aprehensión contra el señalado, en el marco de las diligencias relacionadas con los hechos denunciados, según informó la Fiscalía estatal.

El operativo fue ejecutado por agentes ministeriales en coordinación con corporaciones de seguridad, quienes ingresaron al inmueble durante la madrugada como parte de las acciones de investigación en curso.

En el lugar, las autoridades aseguraron un arma de fuego, equipo táctico, prendas de uso militar y siete plantas de marihuana, además de otros indicios que quedaron bajo resguardo del Ministerio Público.

Todo lo decomisado fue integrado a la carpeta de investigación abierta por presuntos delitos federales y amenazas, mientras que el detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

La Fiscalía estatal indicó que las indagatorias continúan con el objetivo de establecer si el detenido podría estar relacionado con otros hechos delictivos en la zona, sin que hasta el momento se hayan informado más personas involucradas.

Armas, droga y equipo táctico: el contexto de los recientes operativos en Zacatecas

El aseguramiento de un arma de fuego, equipo táctico, prendas de uso militar y plantas de marihuana en la colonia Las Huertas ocurre en un contexto de operativos permanentes desplegados por autoridades estatales y federales en distintos puntos de Zacatecas durante los últimos meses.

Tan sólo en junio, fuerzas de seguridad reportaron la detención de cinco personas en la capital del estado, a quienes les aseguraron armas de fuego, dosis de droga, equipo táctico y artefactos ponchallantas durante un operativo realizado en la zona centro de la ciudad. Las autoridades señalaron que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Días antes, corporaciones estatales informaron sobre la captura de dos hombres en posesión de un arma larga, cargadores, explosivos artesanales y presunta droga durante recorridos de vigilancia en el municipio de Zacatecas. El caso derivó en una investigación por posibles delitos relacionados con la posesión de armamento y sustancias ilícitas.

Los aseguramientos también se han extendido a otros municipios de la entidad. En mayo, fuerzas federales localizaron un inmueble presuntamente utilizado por integrantes de grupos delictivos, donde decomisaron armas, cartuchos, explosivos, vehículos y equipo táctico, además de diversas cantidades de droga.

Las autoridades han sostenido que este tipo de operativos buscan reducir la capacidad operativa de grupos generadores de violencia, así como retirar de circulación armas, narcóticos y otros objetos utilizados en actividades ilícitas.

En ese contexto, el cateo realizado en la colonia Las Huertas se suma a una serie de intervenciones que durante 2026 han derivado en el aseguramiento de armamento, droga y equipo táctico en distintos puntos de Zacatecas, mientras la Fiscalía estatal mantiene abiertas diversas investigaciones relacionadas con hechos de violencia y posibles delitos del orden federal.

El reciente fallo del Cuarto Distrito de Apelaciones de Florida marcó un giro en la política estatal sobre armas al declarar inconstitucional la prohibición del porte oculto para adultos de 18 a 20 años. Desde 1987, la ley vigente impedía a jóvenes de ese rango de edad portar armas ocultas, pero el tribunal consideró que esa restricción violaba la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La decisión, unánime entre los magistrados del panel, sostiene que estos adultos jóvenes forman parte de “el pueblo” protegido por el derecho a la autodefensa, y que el estado no pudo demostrar la existencia de una tradición histórica que justifique su exclusión del porte de armas.

La resolución judicial se produjo en un contexto de creciente debate nacional sobre el alcance de los derechos constitucionales en materia de armas. El tribunal analizó el texto de la Segunda Enmienda y los antecedentes históricos relevantes, concluyendo que negar a los mayores de 18 años la posibilidad de portar armas ocultas no está respaldado por una práctica histórica reconocida. El juez Spencer D. Levine, encargado de redactar la opinión del tribunal, fue enfático al señalar que restringir este derecho a los jóvenes de 18 a 20 años—quienes integran la misma “comunidad política” que otros adultos respetuosos de la ley—equivale a degradar la garantía constitucional y convertir la Segunda Enmienda en un derecho de “segunda clase”.

En palabras del magistrado, la contradicción resulta evidente: una persona de 18 años puede ser llamada a servir en las fuerzas armadas de Estados Unidos sin restricciones, pero se le imponen severas limitaciones para ejercer su derecho individual a la autodefensa. El tribunal remarcó que cualquier distinción legal basada únicamente en la edad, sin fundamentos históricos sólidos, carece de sustento constitucional. En consecuencia, consideró que la ley de 1987 debe ser anulada por contravenir los principios establecidos en la Segunda Enmienda.

El fallo tiene su origen en el caso de Jaylen Eubanks, un joven residente del condado de Broward que fue arrestado en 2024, a los 18 años, acusado de portar un arma oculta—aunque se trataba de un delito grave punible con hasta cinco años de prisión. Inicialmente, un tribunal de primera instancia desestimó su impugnación a la constitucionalidad de la norma, pero la corte de apelaciones revirtió esa condena y devolvió el caso para nuevos procedimientos. Este caso fue especialmente relevante porque puso en evidencia la existencia de criterios contradictorios en el propio condado: mientras que el juez Frank Ledee había desestimado en octubre de 2025 un caso similar por inconstitucionalidad de la prohibición, la jueza Lorena Mastrarrigo había ratificado la validez de la misma ley meses antes.

La postura adoptada por el fiscal general Ryan Uthmeier resultó determinante en el desenlace del proceso. Uthmeier, a cargo de la defensa de la norma estatal, no solo se negó a defender la ley ante el tribunal, sino que abiertamente pidió su anulación. En declaraciones públicas, el fiscal celebró la decisión judicial como “otra victoria para los derechos inalienables de los floridanos”, y subrayó que la sentencia del 4to DCA coincidía con su posición respecto a la inconstitucionalidad de la norma. Uthmeier también anunció que no solicitará una revisión adicional de la sentencia y que colaborará con el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor para implementar la orden judicial.

La decisión del tribunal y la actitud del fiscal general generaron reacciones inmediatas y contrapuestas entre los grupos defensores y detractores del control de armas. Entre quienes promueven mayores controles, la medida fue recibida con preocupación y rechazo. Señalan que permitir el porte oculto a jóvenes de 18 a 20 años debilita las salvaguardas legales adoptadas tras el tiroteo de 2018 en la escuela Marjory Stoneman Douglas de Parkland, donde murieron 17 personas. Fred Guttenberg, padre de una de las víctimas de ese ataque, calificó de profundamente preocupante la negativa del fiscal a defender la prohibición. Por su parte, Emma Brown, directora ejecutiva del grupo Giffords, anticipó que su organización combatirá cualquier intento de revertir las regulaciones vigentes sobre armas en el estado.

El fallo del Cuarto Distrito de Apelaciones se suma a una serie de cambios legislativos y judiciales recientes que han ampliado los derechos de porte de armas en Florida. En 2023, entró en vigor la ley que permite el porte sin licencia para mayores de 21 años, una de las reformas más amplias en la historia local respecto a la portación. Posteriormente, en septiembre de 2025, otro tribunal de apelaciones declaró inconstitucional la prohibición del porte abierto de armas, consolidando una tendencia hacia la flexibilización de las restricciones estatales. Estos sucesos reflejan una transformación significativa en la interpretación de los derechos vinculados a la Segunda Enmienda en el escenario legal de Florida.

Esta pasada madrugada, el cazaminas Fulda y el buque de apoyo Mosel de la marina alemana cruzaron el canal de Suez junto al buque logístico británico Lime Bay, rumbo al mar Rojo. Según información difundida por el Ministerio de Defensa de Alemania, estas unidades forman parte de un despliegue multinacional y permanecerán bajo mandato de la misión Eunavfor Aspides, una operación de la Unión Europea centrada en la vigilancia marítima y la protección de la navegación en aguas estratégicas.

El objetivo de la presencia de estos buques es reforzar la seguridad marítima y garantizar la libre navegación en una de las rutas más transitadas del mundo. Eunavfor Aspides tiene como tarea principal la protección de buques civiles frente a amenazas en la zona. El despliegue en el mar Rojo forma parte de una estrategia más amplia de disuasión y protección de la navegación internacional, en especial ante la posibilidad de nuevas tensiones en el Estrecho de Ormuz tras la firma del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Para una eventual operación en el Estrecho de Ormuz, el Ejecutivo alemán ha establecido tres condiciones: el cese sostenido de hostilidades en la región, una base jurídica internacional clara y la obtención de un mandato del Bundestag. Según el Ministerio de Defensa, se prevé que la solicitud de autorización parlamentaria se trate antes del descanso de verano. Mientras tanto, las unidades navales permanecerán en estado de alerta y avanzarán con su preparación técnica y operativa.

Así es el despliegue europeo

Eunavfor Aspides es una operación naval de la Unión Europea lanzada en febrero de 2024 para proteger la navegación comercial en el mar Rojo y zonas adyacentes, ante la amenaza de ataques de los hutíes desde Yemen. Su objetivo es garantizar la seguridad del transporte marítimo, fundamental para el comercio internacional y el suministro energético global.

Bajo el mando de la UE, buques de Francia, Alemania, Italia y Grecia han escoltado más de 600 barcos y derribado tanto misiles como drones hostiles. Los planteamientos de una misión europea en Ormuz para asegurar la libre navegación se han estudiado principalmente como una ampliación de funciones de este despliegue, aunque para ello tienen que darse las condiciones exigidas.

Aportación alemana a la misión

El parlamento alemán renovó en octubre de 2025 el mandato de participación de Alemania en la misión hasta octubre de 2026, con un máximo de 350 efectivos autorizados. Durante el trayecto hacia el puerto de Yibuti, que se prevé que durará entre cinco y siete días, el Fulda y el Mosel operarán en coordinación con otras fuerzas navales europeas y aliados. En Yibuti, las unidades alemanas recibirán apoyo logístico y completarán los preparativos para futuras tareas.

De acuerdo con el comunicado oficial, ambas embarcaciones han sido equipadas con sistemas autónomos, buzos expertos en desactivación de minas y equipos de protección de buques, lo que incrementa su capacidad de respuesta ante incidentes. En total, unas 140 personas integran las tripulaciones alemanas destacadas en la región. El gobierno federal alemán manifestó su disposición a participar de manera sustancial y visible en una coalición internacional orientada a salvaguardar la libertad de tránsito marítimo en esa zona.

El agresor, que abordó la moto bajo el nombre de Javier, sacó un arma de fuego de su cangurera, amenazó al conductor y le arrebató su celular junto con la cantidad de entre 250 y 300 pesos antes de huir a pie.

La cámara montada en su casco registró el robo completo. El ladrón notó el dispositivo y dijo que no le importaba.

El video fue publicado el pasado 15 de junio en el canal Cobra Independiente. El asalto ocurrió en las primeras horas de la mañana, alrededor de las 9 o 10 horas, cuando realizaba un servicio con destino al barrio de Olivos.

Asaltante abordó la moto con una pistola en la cangurera

El pasajero subió a la moto vestido con un conjunto de pants con logos de la escudería Mercedes-Benz de Fórmula 1, un chaleco azul y tenis Jordan.

Portaba una cangurera de la que extrajo el arma al llegar al punto de destino. En el audio se escucha cómo le ordenó al conductor que no opusiera resistencia: “Ya te la sabes, ¿va?. Nada más no me hagas ni un iris”.

Le exigió el celular y el contenido de la cangurera y aclaró que no se llevaría la moto. La víctima entregó el teléfono y el dinero sin resistencia.

El ladrón huyó a pie, no sin antes aventarle las llaves de la motocicleta. Sabía que lo documentaban y lo dijo en voz alta: “Me vale verga que me estés grabando”.

Cobra Independiente narró el robo a su audiencia desde el lugar de los hechos con la cámara del casco aún activa.

“Nos acaban de atracar. Se llevó el pinche celular. Lo bueno es que tengo el otro”, dijo.

Uber bloqueó su cuenta y tuvo que ir en persona a las oficinas de la calle de Hamburgo

Con el celular robado, la sesión de la aplicación de transporte quedó abierta. Cuando el conductor intentó acceder desde otro dispositivo, Uber le bloqueó la cuenta.

Según su relato, envió mensajes al soporte para explicar la situación y pedir que le cancelaran el viaje activo, pero la empresa no resolvió nada por esa vía y terminó por cerrarle el acceso por completo.

Tuvo que trasladarse en persona a las oficinas de Uber en la calle de Hamburgo, en el Centro de la Ciudad de México, antes de las 4 de la tarde. Un empleado le reactivó la aplicación, le explicó que el bloqueo fue una medida para evitar que el asaltante hiciera mal uso de la cuenta, y le gestionó un pago compensatorio que llegó ese mismo día.

“Por esa parte qué chido por Uber”, dijo en el video. Sin embargo, afirmó que perdió dos días de trabajo a causa del robo.

Bloqueó el IMEI y compró un celular para seguir trabajando

Tras recuperar el acceso a la aplicación, acudió a atención a clientes de la marca de su celular, donde le indicaron que se dirigiera a Telcel para bloquear el equipo.

En Telcel dieron de baja el IMEI del Oppo A5 Pro, valuado en 6 mil pesos según la víctima, de modo que el teléfono quedó inutilizable independientemente del chip que se le insertara.

Para continuar trabajando compró un Motorola de gama básica. En el video le dijo directamente al asaltante: “Esos trescientos pesos que te llevaste, espero que los hayas utilizado para dar el gasto o llevar a tu familia a echar unos taquitos”.

Le aclaró que de poco le serviría el celular robado: “Si lo vendes, pues véndelo bien para que puedas sacar algo de ahí, al menos por unos días. Pero ya fui a Telcel y se dio de baja”.

No guardó rencor con el asaltante, le deseó bendiciones y dejó el asunto en manos de lo que él llama su “guionista”. Cerró el video con un mensaje a su audiencia para confirmar que seguiría adelante.

Hasta el momento no se sabe si el conductor acudió a presentar denuncia ante las autoridades ni si el ladrón ya fue detenido.

La FGEO ejecutó el cateo de un inmueble en Pinotepa Nacional el 17 de junio de 2026. La intervención dejó siete detenidos y el aseguramiento de armas, presuntas drogas y vehículos, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

La diligencia se realizó en el barrio La Posta, como parte de trabajos de inteligencia criminal y acciones coordinadas para atender el fenómeno delictivo en la región Costa, según la propia fiscalía.

El operativo interinstitucional fue encabezado por la Vicefiscalía Regional de la Costa. En el despliegue participaron la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Municipal, la Secretaría de Marina y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), precisó la FGEO.

Durante la acción, las autoridades detuvieron a dos mujeres identificadas como M.A.L. y L.D., además de cinco hombres identificados como B.L.V., E.J.C.M., F.J.H.G., V.R.S.M. y C.A.N.B., detalló la fiscalía estatal.

La FGEO informó que todas las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, con el fin de que se determinara su situación jurídica conforme a derecho.

En el inmueble cateado, la fiscalía estatal aseguró un arma larga tipo AR-15, además de cargadores y cartuchos útiles. También decomisó una pistola calibre .380, así como cargadores abastecidos con cartuchos calibre 9 milímetros, según el reporte oficial.

En el mismo lugar se localizaron bolsas con sustancia con características similares a la droga conocida como cristal, una báscula gramera y teléfonos celulares, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Como parte del aseguramiento, las autoridades también incautaron cuatro motocicletas y otras dos unidades que se encontraban semidesmanteladas, indicó la FGEO al detallar el resultado del cateo.

La fiscalía estatal vinculó la intervención a una estrategia de investigación y coordinación institucional orientada a fortalecer la persecución del delito en las distintas regiones de Oaxaca y a llevar ante la justicia a quienes presuntamente participan en actividades ilícitas, según su comunicado.

Lo asegurado tras el cateo

• 1 arma larga tipo AR-15.
• 1 pistola calibre .380.
• Cargadores abastecidos con cartuchos calibre 9 milímetros.
• Bolsas con sustancia con características similares a la droga conocida como cristal.
• 1 báscula gramera.
• Teléfonos celulares.
• 6 motocicletas .

• Siete personas fueron detenidas tras un cateo en Pinotepa Nacional el 17 de junio de 2026
• La FGEO aseguró un arma tipo AR-15, una pistola .380 y presuntas drogas
• También decomisaron cuatro motocicletas y dos unidades semidesmanteladas

En marzo detuvieron a otros siete con metralletas

El pasado 30 de marzo como resultado de una intensa persecución en la ciudad de Pinotepa Nacional, elementos de la Policía Estatal en coordinación con elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata (FERI) detuvieron a siete presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en la región de la Costa.

A los imputados se les aseguró un arma de fuego larga AR-15 calibre .223, con un cargador de disco, un arma de fuego, Marca Smith&Wesson, calibre 9mm, dos vehículos; uno de la Marca Nissan, tipo Sentra, color blanco y una Camioneta de la Marca Dodge Ram, color blanco.

7 personas fueron aseguradas, de las cuales cuatro fueron identificados con las iniciales: C.A.C, de 27 años de edad, F.G.D, de 38 años de edad, I.R.E, de 38 años de edad y E.M.H de 33 años de edad, tres de ellos resultaron lesionados.

Francia impulsa el desarrollo de nuevas capacidades para su flota de aviones A400M, al integrar el innovador sistema de misión paralela (PMS) que permitirá gestionar de forma multirrol operaciones con drones, bombas y misiles desde la bodega del aparato. Esta transformación tecnológica, coordinada por la Dirección General de Armamento francesa (DGA), abre la puerta a una operativa más flexible y eficaz en escenarios de combate colaborativo.

El PMS se instalará en la bodega de los A400M franceses y dotará a estos aviones de nuevas funcionalidades, como el control avanzado de comunicaciones, sensores y efectores. El objetivo es que los A400M puedan intervenir en futuras misiones multirrol, gestionando tanto los lanzamiento de armamento como la coordinación de acciones con tropas en tierra y con otras aeronaves, incluidos helicópteros como el Tigre o el Caracal, así como aviones de combate.

El sistema PMS se inscribe en la lógica de combate colaborativo, basada en el intercambio en tiempo real de información entre plataformas y en la coordinación de todas sus acciones a través de un único entramado digital. Este enfoque busca aumentar la eficacia y la capacidad de respuesta en entornos complejos. Los avances están en fase de desarrollo y se prevé que el primer ejemplar equipado con el PMS esté calificado y certificado antes de que finalice 2028.

El plan contempla la adquisición de seis kits completos de sistema de misión y sensor, así como la modificación de 20 unidades del A400M. Cada kit podrá instalarse de forma intercambiable en cualquiera de los aviones adaptados, lo que facilitará la flexibilidad operacional. Además, el contrato estipula que el Servicio Industrial de la Aeronáutica (SIAé) podrá modificar los A400M de la Fuerza Aérea y Espacial francesa (AAE) para acelerar la puesta en servicio de estas capacidades.

A400M Atlas: tecnología y cooperación europea

El A400M Atlas, fabricado por Airbus Defence and Space, es actualmente el principal avión de transporte táctico y logístico de la Fuerza Aérea y Espacial francesa. El modelo permite el despliegue de personal y material, la evacuación de ciudadanos en situaciones de crisis, operaciones de lanzamiento aéreo, evacuaciones sanitarias y el reabastecimiento en vuelo de aviones y helicópteros. Además, sustituye progresivamente a la flota de C160 Transall y, a largo plazo, a la de C-130H, ampliando las capacidades tácticas y estratégicas del país.

Entre sus innovaciones tecnológicas destaca la posibilidad de aterrizar en pistas sin iluminar o poco preparadas, incluso sobre hielo, y su capacidad para seguir el terreno a baja altura sin visibilidad o bajo condiciones meteorológicas adversas. El A400M Atlas cuenta con un alcance estratégico que permite a la AAE realizar misiones regulares en cualquier teatro exterior y en los territorios de ultramar.

Este programa de modernización y cooperación se desarrolla bajo la supervisión de la OCCAR (Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento), junto con Alemania, Bélgica, España y el Reino Unido. El desarrollo del A400M genera más de 10.000 empleos directos en Europa, de los cuales 2.400 corresponden a Francia. Más de 80 empresas participan en el territorio nacional, incluidas varias pequeñas y medianas.

A casi dos años de iniciada la actual administración, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal presentó un balance integral del combate frontal a las organizaciones criminales, revelando cifras que ilustran la magnitud del despliegue logístico y operativo del Estado mexicano. El reporte, que abarca desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 31 de mayo de 2026, expone el aseguramiento de un arsenal que supera las 30 mil armas de fuego y el decomiso de casi 420 toneladas de diversos narcóticos a lo largo del país.

Durante la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en representación de las instituciones de seguridad federales, detalló que estos resultados son producto de una estrecha coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y las fiscalías.

Golpe frontal a la producción de fentanilo y drogas sintéticas

Uno de los ejes principales de la Estrategia Nacional de Seguridad ha sido la asfixia a la infraestructura química del narcotráfico. El informe destaca el aseguramiento histórico de más de 5 millones de pastillas de fentanilo, un opioide sintético que representa el núcleo de las operaciones transnacionales hacia el norte del continente.

A la par de estos decomisos, las Fuerzas Armadas han desplegado operaciones de rastreo e inteligencia que culminaron con el desmantelamiento de 2,407 laboratorios clandestinos y áreas de concentración dedicadas a la elaboración de metanfetamina, con presencia en 22 estados de la República. Un ejemplo de la capacidad de fuego encontrada en estas áreas se evidenció recientemente en Guasave, Sinaloa, donde además de inhabilitar seis puntos de producción química, se incautó armamento de grado militar, incluyendo un fusil Barrett, explosivos y más de 6 mil cartuchos útiles.

El cerco marítimo y el desarme masivo de células delictivas

Por su parte, el control de las aguas territoriales ha fungido como un muro de contención esencial. La Secretaría de Marina reportó que, en este periodo, ha asegurado más de 71 toneladas de cocaína en operaciones de altamar. Apenas en acciones de vigilancia recientes en las costas de Chiapas y Guerrero, los marinos interceptaron dos embarcaciones cargadas con más de tres toneladas y media de cocaína, deteniendo a 10 tripulantes vinculados al trasiego internacional.

Estas incautaciones de droga han ido de la mano con una intensa campaña de desarme. En menos de dos años, las autoridades lograron retirar de las calles cerca de 30 mil armas de fuego y ejecutaron la detención de más de 56 mil personas por delitos de alto impacto. Entre los detenidos figuran jefes de plaza, operadores financieros y generadores de violencia de cárteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Beltrán Leyva.

García Harfuch subrayó que estos decomisos masivos no solo evitan que millones de dosis de estupefacientes lleguen a los consumidores, sino que vulneran severamente las estructuras financieras de las organizaciones criminales, lo que a su vez ha sido un factor clave para lograr la reducción del 46 por ciento en el promedio diario de homicidios en todo el país.

El Gobierno de Panamá autorizó mantener bajo confidencialidad los pliegos de cargos de varias contrataciones relacionadas con la seguridad pública, una decisión que limitará el acceso público a información sobre los bienes, equipos y obras que serán adquiridos por el Estado.

Las resoluciones aprobadas por el Consejo de Gabinete y publicadas este lunes en la Gaceta Oficial autorizan procesos de preselección de proponentes para al menos cuatro contrataciones estratégicas vinculadas a seguridad pública e infraestructura institucional.

Entre ellas figuran el suministro de equipamiento de protección personal y operativa para unidades de seguridad pública; la compra de insumos y equipos para unidades especiales de la Policía Nacional; la adquisición de equipos y herramientas para unidades especializadas de la institución; y el estudio, diseño, construcción y mantenimiento de la nueva sede principal del Servicio Nacional de Migración.

En todos los casos, el Gabinete autorizó expresamente que los pliegos de cargos sean confidenciales. Esto implica que los interesados deberán firmar acuerdos de confidencialidad para obtener acceso a la documentación a través de PanamáCompra, tal como lo permite el numeral 13 del artículo 39 del Texto Único de la Ley 22 de Contrataciones Públicas para adquisiciones sensibles vinculadas a la seguridad y defensa del Estado.

La consecuencia práctica es que buena parte de la información que normalmente acompaña un acto público no estará disponible para consulta abierta. Las especificaciones técnicas, cantidades requeridas, capacidades operativas buscadas y otros detalles permanecerán reservados durante el proceso de contratación estatal.

En el caso de las compras para la Policía Nacional, el Ministerio de Seguridad Pública argumenta que divulgar información sobre equipos, herramientas, municiones, agentes químicos o elementos de protección podría revelar capacidades operativas del Estado y ser aprovechada por estructuras criminales organizadas.

Según las resoluciones, la publicación abierta de esos datos permitiría anticipar tácticas, identificar fortalezas o debilidades operativas y comprometer la seguridad institucional del país.

Los documentos señalan además que parte de estos equipos tienen varios años sin ser renovados y que el abastecimiento busca fortalecer la capacidad de respuesta de los estamentos de seguridad frente al crimen organizado y otras amenazas a la seguridad ciudadana.

Sin embargo, la confidencialidad también alcanzará un proyecto de infraestructura civil de gran magnitud: la nueva sede principal del Servicio Nacional de Migración, que será construida en Curundú, corregimiento de Ancón.

El proyecto incluye el estudio, diseño, construcción y mantenimiento del edificio, pero la resolución no revela el costo estimado de la inversión ni las características técnicas de la futura instalación pública.

El Ministerio de Seguridad sostiene que la reserva responde a que la divulgación de información sobre la estructura física del edificio, controles tecnológicos, ubicación de documentos y sistemas institucionales podría afectar la seguridad de la entidad y la continuidad de sus operaciones. T

ambién argumenta que la actual sede de Migración, ubicada en Betania, enfrenta limitaciones de espacio, deterioro estructural y una creciente demanda de servicios derivada del aumento de los flujos migratorios.

Otro elemento llamativo es que las resoluciones no detallan montos de referencia para ninguna de las contrataciones. Tampoco se divulgan las cantidades específicas de equipos o insumos requeridos, información que habitualmente permite dimensionar el alcance económico de una compra pública en el país.

Las cuatro contrataciones se desarrollarán mediante procesos de preselección de proponentes. Una vez concluida esa etapa, únicamente podrán participar en los actos públicos las empresas previamente calificadas por el Estado.

La decisión reabre el debate sobre el equilibrio entre la protección de información sensible relacionada con la seguridad nacional y los principios de transparencia que rigen las contrataciones públicas.

Aunque la legislación panameña contempla excepciones para adquisiciones vinculadas a la defensa y seguridad del Estado, la extensión de la confidencialidad a proyectos de infraestructura institucional plantea interrogantes sobre los límites de la reserva y el acceso ciudadano a información sobre el uso de recursos públicos.