Personal del Museo y Memorial del 11-S identificó al sospechoso alrededor de las 5 de la tarde y alertó a la Policía Portuaria (Port Authority Police), que procedió a detenerlo. Tijerina enfrenta cargos por daños criminales y por realizar grafitis, según informó News 12 Long Island. De acuerdo con la información policial recogida por el mismo medio, las autoridades lo trasladaron a Manhattan Central Booking para su procesamiento.

Un testigo británico relata el vandalismo en el Memorial del 11-S en Nueva York

Ed Duffy, un joven de 16 años de visita desde el Reino Unido, presenció el ataque y describió lo que observó a CBS News: “Vi a alguien con pintura roja en aerosol y roció ‘just stop killing kids’ (solo dejen de matar niños) sobre algunos de los nombres. En menos de un minuto, la policía llegó y lo arrestó”.

El propio Tijerina grabó toda la secuencia —su caminata hacia el memorial, el momento en que sacó la lata de su mochila y la inscripción sobre los paneles— y publicó los videos en Instagram. En una de las grabaciones declaró: “Mi nombre es Jon Tijerina y acabo de rociar con pintura ‘just stop killing kids’ en el Memorial del 11-S”.

Los daños al Memorial del 11-S superaron los USD 2.500

Las autoridades estimaron el costo de los daños en más de USD 2.500, cifra que agrava los cargos contra el acusado, según New York Post. El equipo de seguridad y mantenimiento del memorial eliminó la pintura con rapidez y no registró daños permanentes en las inscripciones de bronce.

Un portavoz del Memorial y Museo del 11-S calificó el lugar como sagrado en un comunicado oficial recogido por CBS News: “El Memorial del 11-S es un lugar sagrado de reflexión en el corazón de un World Trade Center reconstruido, que honra a las 2.983 víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y del 26 de febrero de 1993”. El vocero añadió que el personal de seguridad y las fuerzas del orden abordaron el incidente de inmediato y restauraron el área a su estado conmemorativo.

Qué exige Jonathan Tijerina con su campaña “Just Stop Killing Kids”

Lejos de mostrar arrepentimiento, Tijerina presentó su arresto como una victoria para su causa. A través de su organización de “resistencia civil no violenta”, exigió respuestas del presidente Donald Trump y del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, según publicó New York Post.

Su sitio web plantea dos demandas concretas: la implementación de verificaciones universales de antecedentes para la compra de armas y la creación de un registro nacional de armas de fuego. En la página, la organización argumenta: “Tenemos dos demandas específicas y alcanzables. Ambas cuentan con apoyo mayoritario del público. Ambas ya existen en otros países de altos ingresos. Ninguna requiere derogar la Segunda Enmienda”.

El tiroteo masivo de Florida A&M, el detonante que citó Tijerina

Como justificación de su acción, Tijerina citó el tiroteo masivo ocurrido tras el partido de fútbol americano del homecoming de Florida A&M el 24 de octubre, donde al menos 11 personas resultaron heridas —seis de ellas menores de edad—, de acuerdo con el relato de New York Post.

El vandalismo al memorial no fue su primer intento por captar atención mediática. Días antes, el propio Tijerina completó un ayuno de siete días para exigir la construcción de 2 millones de unidades de vivienda asequible en la ciudad en un plazo de cinco años. La falta de repercusión de esa protesta, según reconoció el acusado al mismo medio, lo llevó a optar por un acto de mayor impacto en uno de los sitios más emblemáticos de Nueva York.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este 27 de octubre que, a iniciativa de México, se adoptó por unanimidad una resolución sobre el Protocolo sobre Armas de Fuego de la ONU. La decisión se tomó el pasado viernes 23 de octubre, durante la 13ª Conferencia de las Partes de la Convención de Palermo, realizada del 19 al 23 de octubre en Viena, Austria.

Qué se aprobó en la Conferencia de las Partes

De acuerdo con el comunicado No. 213/2026, la resolución fue presentada por el Gobierno de México por la prioridad que el país concede al tema. La dependencia también señaló que el texto busca impulsar la cooperación internacional contra el tráfico ilícito de armas.

La SRE planteó que la medida busca que la comunidad internacional continúe cerrando espacios a las organizaciones criminales. Según la cancillería, estas organizaciones utilizan el tráfico de armas de fuego para exacerbar la violencia y los conflictos en distintas regiones del mundo.

Los ejes de la ruta propuesta

Según la SRE, la resolución plantea una ruta para los próximos años. Entre sus puntos destacados se encuentran:

• Combate a la corrupción y al lavado de dinero vinculados con el tráfico de armas, incluida la responsabilidad penal de las empresas que faciliten el tráfico ilícito.
• Uso de nuevas tecnologías para hacer frente a este delito.
• Recolección de información para generar más estudios sobre las dinámicas y modalidades del tráfico ilícito de armas de fuego.

El comunicado no detalla el texto completo de la resolución, el número de países que participaron en la votación ni los mecanismos de seguimiento.

¿Qué es el Protocolo sobre Armas de Fuego?

La Asamblea General de la ONU aprobó el Protocolo mediante su resolución 55/255, como complemento de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Su propósito es que los Estados Parte prevengan, combatan y erradiquen la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones.

La Conferencia de las Partes cuenta con un Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego. Según un texto publicado en la revista digital de la SRE, México lo ha presidido en varias ocasiones.

Antecedentes: la estrategia de México contra el tráfico de armas

La resolución se suma a otras acciones del Gobierno mexicano en foros internacionales y tribunales de Estados Unidos:

• Diciembre de 2021: el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó, con 12 votos a favor y tres abstenciones, una resolución propuesta por México contra el tráfico de armas.
• Agosto de 2021: el Gobierno de México presentó en Boston una demanda por 10 mil millones de dólares contra empresas como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock.
• Octubre de 2022: México presentó una segunda demanda ante la Corte Federal de Distrito de Tucson contra cinco tiendas de armas de Arizona.
• 5 de junio de 2025: la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó por unanimidad la demanda presentada en 2021. De acuerdo con reportes, el tribunal determinó que la ley estadounidense PLCAA protege a los fabricantes de responsabilidad legal.

Tras ese fallo, la SRE rechazó la decisión. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración continuaría con los esfuerzos legales contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos. Reportes de aquel momento señalaban que la demanda contra las armerías de Arizona seguía su curso. No se verificó su estatus actual.

La dimensión del problema, según estimaciones

Las cifras sobre el flujo de armas varían según la metodología. Un estudio de la Universidad de San Diego, citado en un dictamen del Senado, estimó que en 2021 el tráfico anual de armas de Estados Unidos a México oscilaba entre 500 mil y 873 mil unidades.

Un análisis del Seminario sobre Violencia y Paz documentó 683,927 homicidios dolosos en México entre 1990 y 2024, de los cuales 372,525 (54%) se cometieron con arma de fuego.

Qué sigue

Con la adopción de la resolución, la SRE sostiene que el Gobierno mexicano contribuye a que la comunidad internacional cierre espacios a las redes criminales. Hasta el momento, la cancillería no ha detallado en el comunicado los plazos ni los mecanismos para aplicar la ruta aprobada. Tampoco ha precisado la postura de otros países sobre el texto, más allá de la unanimidad en su adopción.

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• Meta-descripción (149 caracteres): La ONU adoptó por unanimidad la resolución de México contra el tráfico de armas: corrupción, lavado de dinero y responsabilidad penal de empresas.
• Palabra clave principal: tráfico de armas de fuego
• Secundarias: Convención de Palermo; resolución ONU México SRE; Protocolo sobre Armas de Fuego

Reino Unido y Polonia han acordado desarrollar misiles de defensa aérea y tecnologías contra drones para reforzar su capacidad militar conjunta en el flanco oriental de Europa. El objetivo declarado por ambos gobiernos es “disuadir las amenazas rusas”, según el Ministerio de Defensa británico. El acuerdo, denominado Plan de Defensa de Varsovia, contempla cooperación en tierra, mar, aire, ciberseguridad e industria militar. Prevé la producción conjunta de armamento, la protección de infraestructuras críticas y un aumento de las maniobras defensivas en el mar Báltico.

El secretario británico de Defensa, Wes Streeting, presentó este martes en Varsovia la primera fase de colaboración junto a su homólogo polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz. El plan se inscribe en el marco del tratado bilateral de seguridad y defensa que ambos países firmaron a comienzos de año. Londres y Varsovia aseguran que la iniciativa contribuirá en gran medida a reforzar la seguridad europea y la capacidad de respuesta de la OTAN.

Misiles, respuesta ante drones y colaboración naval

Uno de los ejes del acuerdo será la fabricación y el desarrollo de una nueva generación de misiles de defensa aérea. Reino Unido y Polonia también trabajarán en el diseño de drones y de sistemas destinados a neutralizarlos, con el objetivo de proteger a la población y a instalaciones estratégicas. El comunicado explica que es una respuesta al aumento de las incursiones de drones en Reino Unido y Europa y plantea una cooperación técnica para afrontar ese tipo de amenazas. Los dos gobiernos buscan desarrollar herramientas que permitan detectar, seguir e interceptar aparatos no tripulados que puedan afectar a aeropuertos, instalaciones militares, redes energéticas u otros servicios esenciales.

La ciberseguridad también forma parte del plan. Ambos países prevén reforzar su capacidad para proteger infraestructuras militares y civiles frente a ataques hostiles y mejorar la resistencia de sus sistemas digitales. La colaboración se extenderá al ámbito naval. Las fuerzas británicas y polacas aumentarán su actividad defensiva en el Báltico mediante ejercicios y mecanismos de coordinación regional. El propósito es proteger las rutas marítimas y las líneas de comunicación consideradas esenciales para la seguridad de la zona.

Cooperación industrial y misiones militares

El pacto también da un papel central a las empresas de defensa de ambos países. BAE Systems, del Reino Unido, y el grupo polaco PGZ ampliarán su capacidad de producción de munición de gran calibre. Quieren acercar sus procesos de adquisición militar para facilitar nuevos contratos conjuntos. Polonia ya ha recurrido a la industria británica para su sistema de defensa aérea Narew, suministrado por MBDA UK. La nueva etapa busca profundizar ese vínculo comercial e industrial, con programas de formación, educación especializada y movilidad laboral entre las compañías de los dos países.

Otra de las áreas previstas es el intercambio de experiencias sobre fragatas. Reino Unido desarrolla el modelo Tipo 31, mientras que Polonia construye los buques Miecznik a partir de un diseño común. La cooperación pretende aprovechar esa base compartida para mejorar las capacidades navales de ambas armadas. Los ejércitos de los dos países mantendrán su participación en maniobras como Steadfast Defender, Polish Dragoon y Joint Warrior. Esos ejercicios incluirán prácticas vinculadas a la guerra electrónica, la defensa antimisiles y la lucha contra drones. Reino Unido y Polonia preparan además un ejercicio de la Coalición de Voluntarios (grupo de apoyo a Ucrania) que tendrá lugar en territorio polaco el próximo mes con miles de militares implicados.

Una investigación sobre el destino de casi un millón de municiones y pertrechos bajo custodia estatal derivó en la condena de una mujer que admitió haber participado en una red vinculada con la sustracción de material de la Policía Nacional de República Dominicana.

El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional condenó a Miguelina Bello Segura a tres años de prisión. La sentencia se dictó luego de que la acusada alcanzara un acuerdo con el Ministerio Público, reconociera los hechos imputados y aceptara colaborar con la investigación.

El expediente no se refiere a armas del Ejército dominicano, sino a municiones y pertrechos pertenecientes a la Intendencia de Armas de la Policía Nacional. Según la acusación, Bello Segura vendió de forma clandestina a ciudadanos haitianos municiones de distintos calibres que procedían de esa dependencia policial.

La condena incluye un año y seis meses de prisión domiciliaria

El acuerdo homologado por la jueza Kenya Romero estableció la suspensión de la mitad de la pena bajo reglas de conducta. Bello Segura deberá cumplir un año y seis meses de prisión domiciliaria, mientras que el período restante quedará condicionado al cumplimiento de medidas judiciales.

La condenada deberá mantener un domicilio fijo e informar al Ministerio Público y al juez de Ejecución de la Pena si cambia de residencia. También tendrá prohibido salir de República Dominicana sin autorización judicial, portar armas de fuego y consumir bebidas alcohólicas de forma abusiva.

Además, deberá presentarse cada mes ante la autoridad que se determine para supervisar el cumplimiento de las condiciones. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 5 de noviembre de 2026, a las 15:00, según una publicación de Diario Libre.

El caso involucra a exjefes de la Intendencia de Armas

La condena de Bello Segura forma parte de la Operación Pandora, una causa en la que el Ministerio Público investiga una presunta estructura dedicada a extraer municiones, armas y otros equipos que estaban bajo custodia de la Intendencia de Armas.

Entre los acusados que irán a juicio de fondo está el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de esa dependencia. También figura el capitán Nelson Valdez, quien dirigía el Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos de la Policía Nacional.

El auto de apertura a juicio también alcanzó a Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez. A varios de ellos, el tribunal les sustituyó la prisión preventiva por una garantía económica de 500 mil pesos, mediante fianza de una aseguradora, junto con la prohibición de salir del país.

La acusación calcula un perjuicio de más de 92 millones de pesos

El Ministerio Público sostiene que la red provocó al Estado un perjuicio de 92.2 pesos dominicanos. La investigación apunta a la sustracción de miles de municiones y pertrechos durante la gestión de Féliz Romero al frente de la Intendencia de Armas.

Los procesados enfrentan acusaciones por coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores. La causa también incluye presuntas violaciones a la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

En septiembre, otro imputado, Marino Antonio Rodríguez Toribio, recibió una condena de cinco años de prisión domiciliaria. La Justicia ordenó además el cierre definitivo de la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L., el decomiso de los bienes incautados y el pago de una multa equivalente a 10 salarios mínimos del sector público.

Europa sigue preparándose para la posibilidad de una guerra. Más de 2.500 militares de Francia y Reino Unido participaron en el ejercicio ‘Rhino Titan’ en el Centro de Entrenamiento de Sennelager, en Alemania. Según explican desde el Ministerio de Defensa británico, las maniobras reunieron durante siete semanas a tropas, aeronaves y unidades de apoyo para ejecutar una de las mayores operaciones aerotransportadas de las dos últimas décadas. La actividad puso a prueba a los soldados ante amenazas de drones y guerra electrónica. Las fuerzas británicas y francesas ensayaron operaciones coordinadas de despliegue rápido con el objetivo de preparar una respuesta ante un supuesto conflicto que implique a la OTAN.

El comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, el general Alexis G. Grynkewich, avisó hace 10 días, en el Foro de Seguridad de Varsovia, que la Alianza está preparada para responder a cualquier agresión contra su territorio. Su “teoría de la victoria” plantea bloquear un ataque inicial, frenar la ofensiva y, si persiste, destruir las fuerzas y sistemas que la sostengan. Grynkewich descartó que el conflicto sea “inminente o inevitable”, pero defendió la necesidad de estar preparados. “Si somos atacados, estamos listos para luchar esta misma noche”, afirmó. Ejercicios como este despliegue ponen más fichas sobre esta apuesta por el rearme europeo.

Drones, guerra electrónica y saltos en paracaídas

Unos 600 paracaidistas realizaron saltos a baja altura desde cuatro aviones A400M Atlas de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF). Los militares descendieron en varias oleadas durante un único ejercicio táctico, con tropas y material especializado. El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, afirmó que “las amenazas que afrontamos en el siglo XXI requieren una aproximación actualizada y moderna a la guerra”. También sostuvo que las maniobras con Francia y el apoyo de Alemania demostraron que los aliados pueden “desplegar capacidad aerotransportada de gran alcance allí donde sea necesaria para defender el territorio de la OTAN”.

La 16.ª Brigada de Asalto Aéreo, la Fuerza de Respuesta Global de las Fuerzas Armadas británicas, encabezó el despliegue del Reino Unido en el ejercicio Rhino Titan. Durante las maniobras, la unidad se enfrentó a una fuerza adversaria que empleó drones de reconocimiento y ataque, además de recursos de guerra electrónica. El 1.er Batallón de los Fusileros Reales Gurkhas asumió el papel de enemigo. El brigadier Ed Cartwright, comandante de la brigada, afirmó que sus tropas afrontaron “un desafío realista para defender territorio de la OTAN” y sostuvo que ese escenario representa “lo que encontraríamos en el campo de batalla moderno”.

El dispositivo incluyó al 1.er Batallón del Regimiento Real Irlandés, que probó una nueva función de reconocimiento ligero y ataque. También participaron el grupo de combate del 3.er Batallón del Regimiento de Paracaidistas británico y una compañía del 3.er Regimiento de Paracaidistas de Infantería de Marina francés. Tres helicópteros Chinook de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) dieron apoyo a las operaciones, entre ellas el traslado por aire de una estación de recepción médica. Cartwright destacó que las maniobras permitieron demostrar “la estrecha asociación con la RAF”, que calificó como esencial para la capacidad de la brigada de ejecutar operaciones aéreas.

Rhino Titan forma parte de la Fuerza de Tarea Aerotransportada Conjunta, que integra capacidades del Ejército y de la RAF para trasladar a larga distancia efectivos, suministros y equipos especializados ante amenazas emergentes. El segundo comandante de la Fuerza de Movilidad Aérea, el capitán de grupo Jim Rycroft, afirmó que el ejercicio mostró cómo ambas ramas pueden “generar y desplegar potencia de combate con rapidez, alcance y escala”. La Fuerza de Movilidad Aérea dispone de aviones A400M, C-17 Globemaster y Voyager para realizar transporte estratégico y táctico, reabastecimiento en vuelo y traslado de personal.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó que los decomisos de narcóticos en los cruces entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, aumentaron entre dos y tres veces en algunas categorías durante el año fiscal 2026, mientras que las incautaciones realizadas por su División Aérea crecieron más de 700%. La corporación atribuyó los resultados a inspecciones reforzadas, tecnología de revisión y operativos dirigidos contra organizaciones criminales transnacionales.

Los datos fueron expuestos durante una conferencia en el Puente de las Américas, también conocido como Puente Libre, donde directivos de la CBP presentaron el saldo de las acciones de seguridad fronteriza al cierre del ejercicio fiscal. Las autoridades también informaron sobre aseguramientos de armas, municiones, dinero en efectivo y vehículos presuntamente vinculados con actividades criminales.

El director de la Oficina de Campo de la CBP en El Paso, Ray Provencio, señaló que los oficiales detectaron cantidades mayores de droga durante las inspecciones a personas y vehículos que ingresaron a Estados Unidos por los puertos internacionales de la región. Según explicó, algunas categorías de narcóticos registraron decomisos dos o tres veces superiores a los del año fiscal anterior.

“Nuetros oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos estuvieron incautando entre dos y tres veces más narcóticos en algunas categorías durante las inspecciones de este año fiscal en comparación con el año pasado”, declaró Provencio. El funcionario relacionó el aumento con la experiencia del personal, los sistemas de inspección no intrusiva, los portales de baja energía y el trabajo de equipos caninos entrenados para localizar sustancias ilícitas.

Las revisiones hacia México buscaron interceptar dinero, armas y municiones

La CBP también reforzó las revisiones de automóviles que circulaban desde Estados Unidos hacia México. El objetivo de estas inspecciones fue interceptar divisas ilícitas procedentes de la venta de drogas, además de armas de fuego y municiones que tendrían como destino a organizaciones criminales mexicanas.

Provencio afirmó que las acciones en dirección sur buscaron afectar las fuentes de ingresos y abastecimiento de los cárteles que operaban en la zona fronteriza. “Nuestros oficiales de la CBP también estuvieron realizando inspecciones en dirección sur para interceptar divisas ilícitas provenientes de la venta de narcóticos, armas de fuego y municiones, con el fin de privar a los cárteles mexicanos de armas e ingresos”, manifestó.

El director advirtió que las organizaciones criminales mexicanas que Estados Unidos designó como organizaciones terroristas extranjeras enfrentaron disposiciones federales más estrictas. Bajo ese marco, las personas que colaboraran con ellas podrían ser procesadas por proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas.

El director de Operaciones Aéreas y Marítimas de la CBP en El Paso, Efrén González, indicó que la División Aérea incrementó sus incautaciones totales de narcóticos en más de 700% durante el año fiscal 2026. El área trabajó con corporaciones federales, estatales, locales e internacionales para localizar redes de narcotráfico, identificar sus rutas y asegurar drogas, recursos económicos, armas y vehículos.

La Patrulla Fronteriza registró menos de 20 mil detenciones de migrantes

Las operaciones aéreas de El Paso derivaron en más de 2 mil detenciones, además de 10 arrestos y nueve rescates humanitarios durante el mismo periodo. La corporación no precisó la cantidad de narcóticos, armas, dinero en efectivo o vehículos asegurados en esas intervenciones.

Mientras los decomisos de droga aumentaron, la Patrulla Fronteriza registró una reducción superior a 95% en las detenciones de migrantes que cruzaron de manera irregular por el Sector El Paso. El jefe de la corporación en esa región, Jesse Muñoz, informó que en el año fiscal 2023 hubo más de 420 mil detenciones, cifra que bajó a menos de 20 mil durante 2026.

Muñoz también indicó que los encuentros diarios con migrantes descendieron de un promedio de 2,700 en 2023 a menos de 50. El funcionario atribuyó esa reducción al reforzamiento de la vigilancia, la instalación de nuevas barreras y el despliegue de personal federal y militar en la frontera.

La estrategia de seguridad fronteriza de la administración del presidente Donald Trump incluyó inspecciones en ambos sentidos de la frontera y operaciones coordinadas entre agencias estadounidenses para combatir el narcotráfico y a las organizaciones criminales transnacionales.

Los Montes Cámbricos, en Gales, volvieron a poner a prueba la resistencia y la preparación de los militares en la ‘Cambrian Patrol 2026′, uno de los ejercicios de patrullaje más exigentes de la OTAN. Durante 48 horas, los participantes afrontaron pendientes pronunciadas, niebla y condiciones meteorológicas adversas, cargados con equipos de entre 25 y 35 kilos y sometidos a pruebas de orientación, tiro, primeros auxilios y navegación táctica. En este exigente escenario, el equipo del Regimiento Príncipe 3, en representación de la Brigada ‘Galicia’ VII (BRILAT) y de España, logró la categoría plata.

La competición, organizada cada año por el Ejército británico en Gales, reunió en esta edición a más de 1.000 soldados, el número más alto en sus 67 años de historia, de 35 ejércitos internacionales hace algo menos de dos semanas. El objetivo es preparar a los militares y mostrar fuerza al mundo. “Nuestros soldados deben estar en su mejor forma para que nosotros seamos lo más fuertes posible y podamos disuadir a nuestro adversario”, explica el Jefe del Estado Mayor de la Defensa y Mariscal del Aire, Sir Richard Knighton.

Competencia con medalla de plata para España

Este año, la organización amplió el programa con dos fases adicionales para atender al incremento de participantes, que debían concentrarse en las proximidades de Beulah, en el centro de Gales. ‘Cambrian Patrol’ plantea un recorrido de unos 60 kilómetros a lo largo de 48 horas. Las patrullas deben desplazarse por un terreno de montaña con pendientes, niebla, bajas temperaturas y humedad, además de superar tareas militares durante el trayecto. La prueba exige orientación con mapa y brújula, navegación en terreno abierto, ejercicios de puntería, atención a heridos y capacidad para tomar decisiones bajo presión.

El brigadier Mark Davis, jefe del Ejército en Gales y director de ‘Cambrian Patrol’, afirmó que el ejercicio reprodujo algunas de las condiciones de los conflictos actuales. Según explicó, los equipos debieron avanzar en un entorno en el que podían ser observados, detectados y rastreados de forma constante. “Este desafío sigue siendo un gran nivelador donde el rendimiento es la única moneda de cambio que importa”, señaló Davis.

La clasificación final incluyó 10 medallas de oro, 69 de plata y 20 de bronce. Las medallas de oro fueron para equipos de la Academia Militar de Estados Unidos de West Point, la Fuerza de Seguridad de Kosovo, Bélgica, Nepal, India y distintas unidades del Ejército británico, entre ellas varios grupos gurkhas. Richard Knighton, participó en una de las ceremonias de entrega de premios celebradas en Sennybridge. El mando británico señaló que los participantes acuden a Gales para acreditar sus capacidades, su liderazgo y su aptitud para resolver problemas en un entorno táctico. Definió ‘Cambrian Patrol’ como “el ejercicio más importante y probablemente el más exigente del mundo”. El equipo de la BRILAT completó el ejercicio y recibió la categoría plata. Cada participante debe afrontar el itinerario con cargas de entre 25 y 35 kilogramos, mientras mantiene la coordinación con el resto de la patrulla. La exigencia del recorrido se reflejó en el balance final. Varios equipos no alcanzaron el área de reunión prevista y 14 patrullas no terminaron la misión.

La exasesora Eva Ferrer volvió a declarar ante la Fiscalía General de la Nación dentro de la indagación abierta tras la difusión de audios en los que habló de una presunta red de influencias alrededor de Verónica Alcocer.

La diligencia tiene como propósito contrastar sus afirmaciones con los documentos, registros y grabaciones que la exfuncionaria pretende entregar. La investigación busca establecer quiénes aparecen mencionados en el material y si hay elementos que justifiquen actuaciones adicionales.

Previo a la diligencia, Semana filtró un video de la exconsejera presidencial en el que juró decir la verdad durante el proceso.

Ferrer promete aportar grabaciones y documentos a la investigación

Esta será la segunda comparecencia de Ferrer ante el ente investigador. El 21 de octubre de 2026, la exasesora declaró de manera virtual desde España, en una sesión que, de acuerdo con su abogado, Jhony Batalla, se prolongó cerca de cuatro horas.

Batalla afirmó que su representada entregará elementos para sustentar sus denuncias. Durante la primera declaración, Ferrer habría presentado registros y audios vinculados con los hechos que expuso públicamente.

Los señalamientos incluyen supuestos movimientos de dinero, presuntas actividades irregulares relacionadas con vuelos oficiales a Venezuela y posibles anomalías en designaciones dentro de entidades estatales. Ninguna de esas acusaciones ha sido probada judicialmente.

La española también informó que viajará a Washington el 28 de octubre de 2026 para entregar material al Departamento de Estado y a la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. No precisó públicamente el contenido de los elementos que llevará ante las autoridades estadounidenses.

Por su parte, Verónica Alcocer rechazó las versiones difundidas por la exasesora. La ex primera dama sostuvo que los desplazamientos oficiales a Venezuela tienen respaldo en registros y agendas institucionales, y negó que esos vuelos hubieran transportado dinero o drogas.

La Fiscalía General de la Nación deberá revisar las declaraciones, documentos y grabaciones que reciba antes de definir si existen fundamentos para ampliar o continuar las actuaciones en este caso.

Verónica Alcocer entregó dosier a la Fiscalía para defenderse de las denuncias de Eva Ferrer

Verónica Alcocer presentó el 20 de octubre de 2026 ante la Fiscalía General de la Nación un dosier para controvertir las acusaciones de Eva Ferrer sobre un presunto traslado de estupefacientes a Venezuela y el ingreso de al menos USD 2,5 millones en efectivo a Colombia durante un viaje oficial realizado el 31 de enero de 2023.

La defensa calculó que esa suma, en billetes de USD 100, equivaldría a 25.000 unidades con un peso neto de 25 kilogramos, sin contar el embalaje. Si hubiera sido el pago por cocaína, el escenario hipotético planteado supondría cerca de 500 kilogramos de droga distribuidos en entre 15 y 25 maletas.

El abogado Ricardo Gaviria Ramírez entregó el informe preliminar de investigación de campo a la Fiscalía 76 de la Dirección Especializada contra la Corrupción. El material reúne fotografías, videos, una reconstrucción del itinerario y cálculos sobre el volumen que habría ocupado la carga mencionada por Ferrer, según informó Cambio.

La visita a Caracas respondió a una invitación para conocer el sistema de formación musical creado por el maestro José Antonio Abreu. Alcocer sostuvo que el propósito era estudiar el modelo venezolano y analizar una posible adaptación en Colombia.

El entonces presidente Gustavo Petro autorizó el desplazamiento y designó a Alcocer para encabezar la delegación. Su defensa afirmó que su cliente no participó en la organización del transporte ni eligió la aeronave asignada por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

La bitácora incorporada al expediente identifica entre los viajeros al entonces viceministro de la Creatividad del Ministerio de Cultura, Jorge Ignacio Zorro Sánchez; las pianistas y pedagogas Clara Inés y Pilar Leyva Durán; el empresario español Manel Grau Pujadas, y la capitán Daniela Lozano, responsable de la seguridad de Alcocer. Para la defensa, esa integración respalda el carácter cultural de la misión.

Los registros revisados ubican a Alcocer en el aeropuerto internacional de Maiquetía a las 11:24 a. m. del 31 de enero de 2023. Allí fue recibida por Diva Guzmán León, entonces ministra venezolana para la Mujer y la Igualdad de Género, y Tatiana Pugh, viceministra para Asia y Oceanía.

Las fotografías muestran a Alcocer descender de la aeronave sin las dos maletas mencionadas por Ferrer. La defensa considera que esa secuencia contradice la afirmación de que habría bajado del avión con equipaje que contenía estupefacientes.

El dosier también incluye una imagen de la cartera naranja que llevaba durante su llegada. El investigador contratado por Alcocer estableció que el bolso medía aproximadamente 30 centímetros de largo, 15 de ancho y 25 de alto, por lo que su capacidad no sería compatible con las cantidades de efectivo o droga descritas en la acusación.

El 6 de octubre, agentes del FBI detectaron conversaciones en redes sociales que apuntaban a una posible amenaza contra Corona High School, una secundaria del condado de Riverside, en California.

La alerta derivó en una investigación que destapó un plan de tiroteo masivo atribuido a dos alumnas de 15 años.

Ambas permanecen bajo custodia por conspiración para cometer asesinato. La Fiscalía del condado revisa el expediente, aunque su portavoz Molly Smith declaró a KTLA que aún no confirmó si se presentaron cargos formales.

Las restricciones legales que protegen la privacidad de menores limitan la información que puede hacerse pública sobre el caso y sobre las identidades de las detenidas.

Cómo avanzó la investigación tras la alerta del FBI

La advertencia del FBI derivó en el arresto inmediato de una alumna de 15 años del establecimiento, indicó la Policía de Corona en un comunicado.

Los detectives obtuvieron órdenes judiciales para revisar dispositivos electrónicos y registraron varias viviendas de la zona.

Esas diligencias permitieron identificar a una segunda implicada, de la misma edad, que asistía a Norco High School. Ambas instituciones pertenecen al Distrito Escolar Unificado de Corona-Norco.

La policía informó que entrevistó a decenas de estudiantes, trabajadores del sistema educativo y otras personas conectadas con la investigación.

Lo que revelaron los mensajes entre las dos adolescentes

Las pesquisas determinaron que las dos jóvenes dedicaron varios meses a analizar tiroteos en escuelas y a conversar sobre un posible ataque contra Corona High School en una fecha no determinada. La información fue difundida por el Departamento de Policía de Corona y recogida por Los Angeles Times.

Los intercambios también abordaron formas de obtener armas de fuego pese a que las involucradas eran menores de edad. El teniente Steve Montanez precisó en declaraciones a la cadena KTLA que los investigadores hallaron conversaciones sobre la manera de entrar al campus para ejecutar la agresión.

Sin embargo, las autoridades no encontraron armamento durante los registros. Montanez afirmó que las adolescentes seguían en una etapa de planificación, sin haber fijado una fecha ni haber conseguido armas. El funcionario subrayó que, por ese motivo, no existían indicios de que el ataque fuera inminente.

El Distrito Escolar confirmó que ninguna de las dos volvió a los campus desde que comenzó la investigación. La entidad coopera con el FBI, la Oficina del Sheriff del condado y la policía local en las diligencias, que siguen abiertas.

El posible móvil detrás del plan y lo que falta esclarecer

Montanez describió el caso como un posible plan vinculado con una venganza. Sin embargo, el mismo funcionario reconoció que no conoce un motivo específico que permita establecer qué impulsó las conversaciones atribuidas a las adolescentes.

La policía tampoco identificó posibles víctimas ni objetivos concretos dentro de la escuela. La falta de esos datos impide determinar si el presunto plan se dirigía contra personas determinadas o contra la comunidad educativa en general.

El director del FBI, Kash Patel, sostuvo en un comunicado que “un posible acto de violencia dirigida contra una escuela secundaria del sur de California fue frustrado antes de que alguien sufriera daños”.

El funcionario agregó que “no hay una prioridad mayor que proteger a nuestros niños” y que las amenazas contra las escuelas recibirán la respuesta conjunta de las autoridades federales y sus organismos asociados, tal como recogió Los Angeles Times.

El Consejo de Ministros autorizó este martes dos acuerdos marco para sostener la entrada en servicio, el mantenimiento y la gestión del ciclo de vida de los vehículos de combate sobre ruedas VCR 8x8 Dragón. La inversión acordada por el Gobierno asciende a los 68,4 millones de euros. No son unos vehículos militares cualquiera. Se trata de una de las grandes apuestas del Ejército de Tierra que ha provocado varias polémicas en los últimos años por las críticas a sus capacidades o los retrasos en las entregas.

El primer acuerdo para el mantenimiento de los VCR 8x8 Dragón tendrá un valor estimado de 53,996 millones de euros, una vigencia inicial de cuatro años y la opción de prorrogarse por otros dos. Prevé apoyo técnico especializado, suministro de repuestos y asistencia para las tareas que excedan las capacidades del Ejército de Tierra, además de la atención de incidencias y otras necesidades. El segundo contrato, destinado a la entrada en servicio y a la gestión del ciclo de vida de los vehículos, estará vigente desde su formalización hasta finales de 2029, sin posibilidad de prórroga, y contará con un importe estimado de 14,41 millones de euros. También prevé la creación de la Oficina Técnica de Apoyo al Ciclo de Vida del Vehículo, responsable de gestionar su sostenimiento.

Polémicas del 8x8 Dragón

El programa del Vehículo de Combate sobre Ruedas VCR 8x8 Dragón acumuló demoras en las entregas y cuestionamientos políticos y técnicos durante su fase de desarrollo. El blindado se convirtió en objeto de debate en el Congreso después de que no se entregaran las 92 unidades previstas para 2024. En febrero de 2025, el diputado del PP Agustín Conde pidió al Gobierno que reconsiderara la continuidad del proyecto. Tras una comparecencia de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, el popular sostuvo que el programa “está siendo un fracaso” y cuestionó sus capacidades.

El parlamentario afirmó que la torre de 30 milímetros no alcanzaba la precisión requerida y que su peso elevaba la masa total del blindado. Según su planteamiento, esa situación afectaba la potencia, movilidad y capacidad de transporte aéreo del vehículo en aviones A400M. También advirtió sobre la falta de un sistema de protección activa frente a cohetes y drones. Conde propuso limitar el programa a su primera fase y reorientar las etapas posteriores hacia otro modelo.

Valcarce rechazó los cuestionamientos del PP y defendió el trabajo de la industria española de defensa. La secretaria de Estado informó entonces de que los vehículos habían superado pruebas de rodadura y de que 10 unidades estaban en proceso de certificación y calificación. No obstante, en octubre de 2025, el Ministerio de Defensa trasladó a Indra su preocupación por los retrasos y por el incumplimiento del calendario pactado con Tess Defence, consorcio responsable del programa. La advertencia llegó tras una reunión entre la ministra Margarita Robles, la cúpula de la empresa y mandos militares. Ese mismo mes, el Ejército de Tierra recibió los primeros 10 Dragón en la base de Viator, en Almería.

El Reino Unido ampliará su apoyo militar defensivo a Arabia Saudí con el despliegue de cazas Typhoon de la Real Fuerza Aérea británica (RAF). Según explica el Ministerio de Defensa británico, lo hará para proteger el espacio aéreo saudí frente a ataques de drones y misiles atribuidos a los hutíes. Londres también enviará un avión de transporte A400M y asesores militares en respuesta a la escalada de la violencia en la región.

La decisión supone una ampliación de la cooperación defensiva que el Gobierno británico ya mantenía con Riad. Los aviones de combate efectuarán misiones aéreas defensivas destinadas a contribuir a la protección de ciudades y de infraestructuras nacionales consideradas críticas ante posibles ataques desde el aire. Según el anuncio británico, los Typhoon no participarán en bombardeos ni en otras operaciones ofensivas contra los hutíes. Su cometido se limitará a tareas de defensa aérea, con el objetivo de ayudar a interceptar amenazas.

“Los continuos ataques de los hutíes contra nuestro aliado, Arabia Saudí, son absolutamente despreciables”, ha afirmado el secretario de Defensa británico, Wes Streeting. “El ataque contra el aeropuerto de Riad, en particular, demuestra hasta dónde están dispuestos a llegar los hutíes para escalar la situación en la región”, ha declarado para explicar la decisión de dar un paso más en la implicación británica en el conflicto.

El refuerzo británico incluye un A400M de la RAF para trasladar material de defensa dentro de Arabia Saudí y asesores militares para colaborar con los oficiales saudíes. El Ministerio de Defensa no ha detallado ni la cifra de efectivos ni el calendario de llegada. La cooperación previa ya contemplaba el envío de sistemas de defensa aérea, pero ahora añade a sus propios cazas. Reino Unido también extenderá el apoyo de reabastecimiento en vuelo para las operaciones defensivas saudíes, incluidas las dirigidas contra objetivos militares hutíes en Yemen.

Situación en Arabia Saudí

El conflicto entre Arabia Saudí y los rebeldes hutíes de Yemen ha registrado una escalada militar desde el fin de la tregua en julio. Los insurgentes intensificaron desde entonces sus ataques con drones y misiles contra infraestructuras estratégicas y aeropuertos saudíes, con decenas de víctimas civiles. El ataque contra el aeropuerto figura entre los episodios de mayor impacto. La escalada también ha agravado la crisis humanitaria. La ONU estima que más de 250.000 yemeníes huyeron de sus hogares desde agosto por los bombardeos y el asedio.

Arabia Saudí acusa a Irán de alentar el recrudecimiento de las hostilidades. El ministro de Asuntos Exteriores saudí denunció ante la Asamblea General de la ONU “ataques flagrantes” contra objetivos civiles y económicos en la región y pidió a la comunidad internacional que condene a los hutíes por las amenazas a la navegación comercial en el mar Rojo. Como respuesta, la coalición liderada por Riad lanzó una contraofensiva de gran escala en apoyo del Ejército yemení en frentes como Taiz y el estrecho de Bab al-Mandab. Según el texto, las operaciones destruyeron más de un centenar de objetivos militares hutíes.

Cuando el narcotráfico empezó a expandirse, un grupo de italianos y estadounidenses trató de imponer un orden y dotar al negocio de una estructura. Los grandes capos siempre han sido aquellos capaces de transformar sus actividades ilegales en auténticas empresas, con una organización y un funcionamiento propios de cualquier negocio legal. Hace casi 70 años, nombres como Lucky Luciano, Joseph Bonanno o Frank Carrol se reunieron en un hotel de Palermo para organizar el tráfico de drogas entre Italia y Estados Unidos. Entre el 12 y el 16 de octubre de 1957, el Hotel delle Palme albergó un encuentro entre los principales líderes mafiosos.

Esta historia circuló en medios y entornos del crimen o la policía durante décadas, pero tardaría años en llegar a una cámara oficial. En el año 2000, la Comisión Parlamentaria Antimafia italiana, a través de la pluma del senador Giovanni Russo Spena, reconstruyó aquellos días en su informe sobre el caso Impastato. El documento cuenta lo negociado en aquella reunión clandestina a partir de investigaciones, informes policiales, procedimientos judiciales y declaraciones posteriores de mafiosos colaboradores de la justicia. Siete décadas después sigue sirviendo para entender los pilares del narcotráfico.

Rostros conocidos y una reunión clandestina

Russo Spena recoge a lo largo de sus 125 páginas de informe el análisis del investigador Umberto Santino. Según relató este experto, el hotel recibió a los referentes de la Cosa Nostra siciliana y de la mafia italoamericana. Entre los asistentes llegados desde Estados Unidos figuraban Lucky Luciano, deportado y residente en Italia; Joseph Bonanno, conocido como Joe Bananas; Francesco Garofalo, llamado Frank Carrol en Estados Unidos, y Joseph Palermo, relacionado con la familia Lucchese. La nómina siciliana incluía a Giuseppe Genco Russo, Gaspare Magaddino, los hermanos Greco, Luciano Liggio, los hermanos La Barbera y Gaetano Badalamenti, jefe mafioso de Cinisi.

Para Russo Spena, el encuentro no puede entenderse sin la reunión de Apalachin, celebrada un año antes en Nueva York, en la residencia de Joseph Barbara, otro de las caras principales de la mafia italoamericana, llamado Joe The Barber. Allí se sentaron las bases de lo que luego se llevaría a cabo en Sicilia. El informe atribuye a la cumbre dos asuntos centrales. El primero era la reorganización del tráfico internacional de drogas. El segundo punto era la creación de una estructura de coordinación en Sicilia, inspirada en la comisión mafiosa estadounidense. Hombres como Luciano o Frank Costello ya habían creado en la ‘Gran Manzana’ un núcleo de mafiosos que se reunían para solventar disputas y evitar -cuando lo conseguían- baños de sangre.

Dos objetivos: narcotráfico y orden

La revolución de Fidel Castro cerró la gran base logística que la mafia utilizaba en Cuba y el Caribe. Eso obligaba a rediseñar las rutas de traslado de estupefacientes, especialmente hacia Estados Unidos. En ese nuevo esquema, Sicilia adquiría una posición estratégica por su ubicación en el Mediterráneo y por sus conexiones aéreas y marítimas. En otras palabras: buscaban reemplazar las rutas caribeñas por un circuito en el que Sicilia funcionara como punto de paso, recepción, transformación y envío de droga. Esto implicaba una red importante de proveedores, transportistas y reparto en Estados Unidos. El hotel recibió a los principales mafiosos entre los que habían representantes de los distintos ‘sindicatos’.

El segundo objetivo era superar la fragmentación de las distintas cosche o familias mafiosas de Sicilia. La idea era adoptar un modelo parecido al de la mafia estadounidense: una comisión coordinadora que permitiera resolver conflictos internos, ordenar los negocios comunes y evitar guerras entre grupos. El texto explica que, inicialmente, se formó un organismo provincial palermitano y que después se consolidó una estructura de mando más estable: la futura Comisión de Cosa Nostra, conocida popularmente como la “Cúpula”.

Toda reconstrucción en base a testimonios tiene lagunas. Tommaso Buscetta, antiguo integrante de Cosa Nostra y luego colaborador de justicia, confirmó un encuentro entre mafiosos de ambos lados del Atlántico. Sin embargo, sostuvo que se celebró en el restaurante Spanò, frente al mar, y no en el Hotel delle Palme. También negó que el narcotráfico hubiera sido parte de la agenda y afirmó que Bonanno planteó, sobre todo, la formación de una comisión.

Cuatro ciudadanos nicaragüenses fueron capturados en la aldea Banco Grande, jurisdicción del municipio de Trojes, en el departamento de El Paraíso, en el oriente de Honduras. El operativo fue ejecutado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) con apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y las Fuerzas Armadas de Honduras, en el marco de la Operación Escudo de Honduras.

Los cuatro hombres, de entre 18 y 45 años, todos residentes en la aldea donde se realizó la detención, fueron aprehendidos en flagrancia por su presunta vinculación con tráfico de drogas y portación ilegal de armas de fuego. Su responsabilidad penal deberá establecerse en el proceso judicial correspondiente.

Los cuerpos de seguridad indicaron que la operación se enmarca en una estrategia para fortalecer las labores de prevención, investigación y combate del delito en distintos sectores del territorio nacional.

Durante el operativo, los agentes decomisaron varios objetos que serán sometidos a peritajes para determinar su posible relación con los delitos imputados.

Entre los indicios figura un arma de fuego tipo fusil, de color café, que no presenta marca ni número de serie. Las autoridades deberán establecer sus características, su procedencia y las circunstancias en que se hallaba en poder de los detenidos.

También se incautaron tres bolsas plásticas con hierba seca, señalada preliminarmente como supuesta marihuana. La naturaleza de la sustancia deberá verificarse mediante los procedimientos técnicos correspondientes.

Posible vinculación con la estructura “Los Nica”

Uno de los aspectos señalados en el informe policial es la posible relación de los cuatro detenidos con una estructura delictiva conocida como “Los Nica”.

Según información preliminar de las autoridades, los sospechosos presuntamente integrarían ese grupo, por lo que los investigadores buscan establecer si mantienen vínculos con otras personas involucradas en actividades ilícitas en la zona.

Las autoridades también buscan determinar si los cuatro hombres estarían relacionados con distribución, almacenamiento o traslado de sustancias ilícitas, y si existen otros hechos delictivos vinculados con el caso.

Otro señalamiento del reporte policial se relaciona con presuntas amenazas contra pobladores de la aldea Banco Grande y caseríos cercanos.

Según la versión preliminar de las autoridades, los sospechosos habrían intimidado a habitantes de esas comunidades para evitar que denunciaran sus actividades ante los organismos de seguridad.

Por ahora, no se han proporcionado detalles sobre denuncias formales previas, el número de personas presuntamente amenazadas ni las fechas en que habrían ocurrido esos incidentes. Las autoridades deberán corroborar los señalamientos antes de establecer responsabilidades individuales o determinar si existen otros delitos que incorporar a la investigación.

Indagan envió de droga a Nicaragua

Las diligencias también buscan esclarecer una posible conexión de los detenidos con la siembra y el cultivo de supuesta marihuana en sectores de Trojes y sus alrededores, y con su posterior traslado hacia Nicaragua.

El reporte disponible no confirma el hallazgo de plantaciones durante la intervención ni establece las cantidades de droga que presuntamente podrían estar vinculadas con esas actividades.

Hasta que esos extremos sean comprobados, las supuestas actividades de cultivo y traslado se mantienen como hipótesis investigativas.

El municipio de Trojes integra la zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua, lo que lo convierte en un punto de interés para las operaciones de vigilancia y prevención de los organismos de seguridad. Las acciones coordinadas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el sector incluyen la localización de sospechosos, el decomiso de posibles pruebas y la investigación de actividades presuntamente vinculadas con el crimen.

Tras su detención, los cuatro sospechosos serán remitidos a las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal por los delitos que se les imputan. Las instancias judiciales deberán examinar los elementos presentados por los organismos de investigación y determinar las medidas que correspondan conforme a la legislación hondureña.

El Comando General de las Fuerzas Militares ordenó una inspección al Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE), luego de que comenzaran a conocerse señalamientos sobre presuntos cobros irregulares para adelantar trámites relacionados con armas en Colombia.

La revisión podría derivar en cambios dentro de esa dependencia si la auditoría encuentra elementos que comprometan actuaciones administrativas o a funcionarios responsables de los procedimientos.

De acuerdo con información revelada por El Tiempo, las primeras alertas no surgieron únicamente de denuncias divulgadas recientemente en redes sociales.

Durante el proceso de empalme en el mando militar, altos oficiales habrían recibido comunicaciones de ciudadanos que aseguraban haber sido objeto de solicitudes de dinero para gestionar procedimientos ante el DCCAE.

La dependencia tiene entre sus funciones el control de los trámites relacionados con armas, municiones y explosivos, por lo que los señalamientos llevaron al alto mando a ordenar una verificación interna.

Auditores especializados revisarán procedimientos

La inspección será adelantada por la Inspección del Comando General de las Fuerzas Militares, con participación de auditores especializados en los procesos que desarrolla el DCCAE.

Según una fuente conocedora del caso citada por el medio, la decisión de iniciar la revisión no respondió exclusivamente a las denuncias públicas conocidas durante los últimos días.

Los primeros indicios habrían aparecido mientras se revisaban asuntos pendientes y actuaciones administrativas de la dependencia durante el proceso de transición en la cúpula militar.

Fue entonces cuando comenzaron a llegar comunicaciones de ciudadanos que afirmaban haber recibido solicitudes de dinero para facilitar o adelantar procedimientos relacionados con armas.

Esos testimonios, todavía materia de verificación, llevaron a revisar la manera como se estaban adelantando determinados trámites y la posible intervención de funcionarios encargados de autorizarlos.

Por ahora, no se han identificado públicamente funcionarios responsables ni se ha establecido que los cobros denunciados efectivamente hayan ocurrido.

Precisamente, uno de los objetivos de la inspección será determinar el alcance de los señalamientos, revisar los expedientes involucrados y establecer si existen elementos administrativos o disciplinarios que requieran nuevas actuaciones.

También deberá determinarse si los casos reportados corresponden a situaciones aisladas o si existe algún patrón dentro de determinados procedimientos.

Revisión podría terminar en relevos de personal

La auditoría no se limitaría a revisar documentos.

Según las fuentes consultadas por El Tiempo, sus conclusiones podrían convertirse en el fundamento para ordenar relevos o retiros de militares vinculados al DCCAE, en caso de que se determinen irregularidades.

Sin embargo, cualquier modificación de personal dependerá del resultado de la inspección y de las decisiones administrativas que adopte posteriormente el mando militar.

El informe final tendrá un papel central porque deberá establecer los elementos que sustenten cualquier determinación y evitar que se produzcan cambios sin respaldo documental.

La revisión también pretende determinar si los procedimientos que se adelantan en la dependencia cumplen los protocolos establecidos y si existen vulnerabilidades que puedan facilitar actuaciones irregulares.

El DCCAE ocupa una posición sensible dentro de la estructura estatal debido a que interviene en procesos relacionados con la tenencia, porte, comercio y control de armas, municiones y explosivos.

Por esa razón, los señalamientos sobre posibles pagos para agilizar o gestionar trámites llevaron al Comando General a activar mecanismos internos de control.

Hasta ahora, la actuación corresponde a una inspección administrativa y no implica que se haya establecido responsabilidad individual.

El resultado de la auditoría determinará si existen méritos para adoptar medidas disciplinarias, administrativas o cambios de personal y si los hallazgos deben ser trasladados a otras autoridades.

Mientras concluye la revisión, el alto mando busca esclarecer el origen de los reportes y establecer si dentro del departamento encargado del control de armas se presentaron actuaciones contrarias a los procedimientos establecidos.

Cuatro hombres fueron detenidos en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Estatal. Las autoridades los vincularon con una célula dedicada al tráfico, traslado, mantenimiento y reparación de armamento para el Cártel de Sinaloa, facción “Los Chapitos”.

Durante el operativo fueron asegurados una ametralladora, tres armas cortas, 16 cargadores, 417 cartuchos, 200 dosis de cristal y un vehículo. Germán G. y Mario Alberto G., alias “Pokémon”, tenían órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de armas.

La investigación identificó domicilios en Culiacán relacionados con las actividades de la célula delictiva. En las labores participaron la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscrita a la FGR, y la SSPC, en coordinación con Defensa, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

El despliegue se realizó a partir de trabajos de inteligencia, investigación e intercambio de información con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, mediante Homeland Security Investigations (HSI).

Operativo interinstitucional derivó en cuatro detenciones

La información recabada permitió ubicar los inmuebles y organizar una operación conjunta en Culiacán. En ella también fueron detenidos Adolfo G. y Pavel Santiago R., quienes quedaron vinculados con la misma célula.

Dos de los detenidos contaban con órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada y tráfico de armas. Las autoridades no precisaron en el comunicado la fecha de emisión de esos mandamientos judiciales.

Tras su captura, los cuatro hombres fueron informados de sus derechos. Después quedaron, junto con las armas, los cartuchos, las dosis de cristal y el vehículo asegurados, a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

El representante de la FGR determinaría la situación jurídica de los detenidos. La operación interrumpió las labores de traslado, mantenimiento y reparación del armamento que utilizaban integrantes de la organización criminal.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantuvieron acciones coordinadas de inteligencia e investigación, además de mecanismos de cooperación internacional, para combatir el tráfico de armas y debilitar estructuras criminales.

• Cuatro hombres fueron detenidos en Culiacán por su presunta relación con una célula dedicada al tráfico y mantenimiento de armas.
• Dos de los detenidos tenían órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de armas.
• El operativo dejó como saldo el aseguramiento de una ametralladora, tres armas cortas, 16 cargadores, 417 cartuchos, 200 dosis de cristal y un vehículo.

También debilitan a Los Mayos desintegrando a Los Rugrats

Un operativo federal dejó siete personas detenidas en Culiacán, Sinaloa, tras la ejecución de cinco órdenes de cateo contra la célula delictiva “Los Rugrats”, vinculada a la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. Entre los capturados figuran cuatro familiares directos de Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, objetivo prioritario para México y Estados Unidos.

Las diligencias se concentraron en la localidad de Laguna Colorada, al sur de la capital sinaloense, señalada como zona de operación de la organización criminal.

Entre las siete personas aprehendidas se encuentran Leslie Dennise Pereda García y Aglaee Ramírez Páez, ambas primas de Carlos Alberto Páez Pereda alias “Carlitos Rugrats”. Las autoridades las consideran operadoras logísticas de la célula delictiva.

También fueron detenidos Claudia Selene García Ontiveros y Francisco Javier Ramírez Agüero, identificados como tía y tío del líder de “Los Rugrats”. Con ellos suman cuatro los familiares directos capturados en el operativo.

El listado de los siete detenidos se completa con Carlota Murillo Avendaño, María Alejandrina Páez Sainz y Ana Cristina Ramírez Páez, cuya relación con Páez Pereda no fue especificada, ni su rol dentro del brazo armado ligado a la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

También capturaron a “El Wicho” operador financiero de Los Rugrats en Tijuana

José Luis Ojeda Aguirre, alias “El Wicho”, fue detenido este martes 13 de octubre en Villa Unión, Mazatlán, señalado como operador financiero y logístico de Los Rugrats, una célula vinculada con Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó la captura hasta este miércoles en un comunicado en donde también precisó que “El Wicho” era requerido por el Distrito Central de California por posesión de cocaína con intención de distribuirla.

Elementos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, personal del Ejército y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa participaron en el operativo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió al presidente libanés Joseph Aoun que no devuelva al grupo terrorista Hezbollah cientos de kilos de explosivos confiscados y que haga responsables a quienes ordenaron, financiaron y dirigieron el envío, según Arab News.

El Gobierno libanés prohibió el 2 de marzo las actividades militares de Hezbollah después de que el grupo lanzara cohetes contra Israel en respaldo al régimen teocrático de Irán. La medida involucró al Líbano en el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Teherán, iniciado el 28 de febrero, que dejó miles de muertos.

Rubio también instó a Aoun a establecer una comunicación directa entre las fuerzas militares libanesas e israelíes para evitar incidentes. El funcionario estadounidense sostuvo que la devolución de los explosivos a Hezbollah debía quedar fuera de toda consideración.

El diputado de Hezbollah Hassan Fadlallah reconoció que el material incautado la semana pasada pertenecía al grupo y afirmó que iba a utilizarse contra Israel. Un funcionario de la organización y una fuente de seguridad libanesa dijeron a Reuters que los explosivos, hallados en un automóvil, estaban destinados a drones cargados con explosivos para atacar a tropas israelíes.

Aoun respondió que el Ejército y las fuerzas de seguridad libanesas aplicaban plenamente las decisiones destinadas a impedir demostraciones armadas, confiscar armas y combatir el contrabando. El presidente pidió a Rubio que presionara a Israel para detener los ataques contra pueblos y localidades del sur del Líbano.

Según el acuerdo alcanzado en conversaciones entre Israel y el Líbano con mediación de Estados Unidos, Beirut se comprometió a desarmar a Hezbollah a cambio de una retirada gradual de las tropas israelíes. El grupo se ha negado a entregar sus armas mientras las fuerzas israelíes permanezcan en territorio libanés, y los ataques israelíes contra el sur del país han continuado.

Un legislador de Hezbollah afirmó el jueves que los cientos de kilogramos de explosivos incautados la semana pasada por las fuerzas de seguridad libanesas pertenecían a su grupo terrorista, mientras persisten las tensiones por el impulso del Gobierno para desarmar al movimiento respaldado por Irán.

Las autoridades libanesas detuvieron la semana pasada en un puesto de control de la región oriental de la Bekaa un vehículo cargado de explosivos y arrestaron a dos personas que viajaban en él.

En ese momento, las autoridades no dijeron a quién pertenecía el vehículo, lo que generó una preocupación generalizada en Líbano de que los explosivos estuvieran destinados a asesinatos con coches bomba u otros ataques desestabilizadores dentro del país.

En declaraciones a periodistas en el Parlamento libanés el jueves, el legislador Hassan Fadlallah dijo que Hezbollah tenía la intención de utilizar los explosivos contra Israel, cuyas tropas ocupan extensas zonas del territorio libanés tomadas durante la guerra de este año.

Un funcionario del grupo terrorista y una fuente de seguridad libanesa dijeron a Reuters que los explosivos incautados en el vehículo la semana pasada estaban destinados a ser utilizados en drones explosivos contra tropas israelíes.

Fadlallah afirmó que Hezbollah se puso inmediatamente en contacto con las agencias de seguridad para aclarar que el vehículo y la carga eran de su propiedad, y para exigir que se devolvieran los materiales y se liberara a los detenidos.

Desde hace semanas, los casos de agresiones por parte de militares a migrantes en Ceuta han cobrado relevancia por investigaciones periodísticas y de asociaciones. La última noticia, según ha podido confirmar Infobae, es que el Ministerio de Defensa ha trasladado a la Fiscalía los audios que publicó elDiario.es donde varios soldados conversan sobre la violencia contra migrantes. “Sin guantes mola más”, llega a afirmar uno de ellos. “Se remite la información a los efectos oportunos y para preservar el buen nombre de las Fuerzas Armadas”, afirma Defensa en su comunicado.

El 30 de septiembre, Amnistía Internacional denunció presuntos casos de “tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes” contra personas migrantes en Ceuta, que atribuyó a miembros de las Fuerzas Armadas. Defensa remitió el informe a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta para que analizaran las denuncias, a lo que ahora se unen los audios publicados este jueves. También pidió al Mando de Operaciones que abriera una investigación interna para determinar posibles responsabilidades individuales. Este viernes, en el canal 24H, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, ha pedido transparencia y una “investigación exhaustiva” sobre estas indagaciones.

Denuncias de posibles agresiones y torturas

La ONG elaboró su informe después de una visita a la ciudad entre el 10 y el 15 de septiembre. Durante ese periodo, entrevistó a más de 65 migrantes. De ellos, 22 atribuyeron a militares palizas, acoso, humillaciones o robos. Entre las personas entrevistadas había 31 menores de entre 13 y 17 años y 26 mujeres, dos de ellas embarazadas. Amnistía sostiene que las denuncias, dirigidas en particular contra integrantes de Regulares y de la Legión, “parecen responder a un patrón”, aunque reconocen que no pueden demostrar que sigan órdenes.

El informe recoge el relato de un migrante que afirmó haber sido inmovilizado, trasladado en un vehículo y golpeado. “Me pusieron bridas y me metieron en el maletero”, declaró. Según su testimonio, después fue amordazado, golpeado contra un árbol y arrojado por un terraplén. Amnistía también denunció expulsiones sumarias, uso de espray irritante, insultos, obstáculos para pedir asilo y trato discriminatorio hacia personas de origen marroquí.

A esta primera investigación de Amnistía, que recogieron muchos medios hace dos semanas, se ha unido ahora la de elDiario.es. Según sus pruebas y testimonios, militares desplegados en Ceuta relataron entre risas supuestas agresiones contra migrantes durante una conversación grabada la noche del 21 al 22 de septiembre. En uno de los audios, un soldado comenta: “Sin guantes mola más, porque suena”. Otro responde: “Sin guantes suena; con guantes, duele”. Los militares también describen el supuesto engaño a dos personas para llevarlas detrás de un vehículo. “Le hemos dicho: “¿Tenéis carta? ¿Necesitáis tarjeta?”, relata uno. Otro añade: “Y se la he dado sin que se la espere”. Las conversaciones incluyen referencias a golpes, traslados en vehículos militares y una presunta práctica en la que se obligaba a migrantes a golpear a otros bajo amenaza de castigo. Un soldado la comparó con las pruebas de películas de terror: “Me recordó a las pruebas de Saw”. Los uniformados no han podido ser identificados ni se ha confirmado la unidad a la que pertenecían.

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) identificó 131 armas de fuego con irregularidades en sus registros en operativos realizados en las regiones de Junín y Pasco. Los hallazgos forman parte de una estrategia del Ministerio del Interior (Mininter) orientada a reforzar la fiscalización del armamento de uso civil y evitar su desvío hacia circuitos ilegales, según informó la agencia Andina.

El organismo trabajó de manera conjunta con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público en ambos casos, que ya fueron derivados a las fiscalías correspondientes para determinar responsabilidades penales y esclarecer el destino final de las armas.

Caso de Satipo: 84 armas sin paradero

En la comunidad nativa Betania-Chauja, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo (Junín), personal de Sucamec y de la PNP verificó la situación de 84 armas registradas a nombre de tres hermanos cuyas licencias habían sido canceladas previamente. El lote incluye 77 carabinas calibre .223 REM y siete pistolas calibre 9x19 milímetros.

Durante la intervención, los agentes ubicaron a Diego Nialdo Chumpati Martín y Kioshi Chumpati Martín, quienes manifestaron que ya no tenían el armamento en su poder. El tercer titular, Richard Chumpati Martín, no fue hallado. Las diligencias arrojaron indicios de una presunta transferencia de las armas a terceros, además de referencias a personas y empresas vinculadas con su comercialización, datos que fueron contrastados con los registros institucionales. El caso quedó en manos de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Satipo, que dispuso el inicio de diligencias preliminares.

Pozuzo: internamiento parcial de 15 armas

El segundo caso se registró en la localidad de Prusia, distrito de Pozuzo, región Pasco. Allí, Sucamec, la PNP y el Ministerio Público tenían programada una diligencia de inspección a José Luis Sánchez Livelli, titular de una licencia cancelada que registraba 47 armas: 23 carabinas, 16 escopetas, seis pistolas y dos revólveres.

Tras ser notificado de la inspección, Sánchez Livelli se trasladó a Lima e internó 15 armas de fuego en la sede central de Sucamec, un número que representa menos de un tercio del total registrado a su nombre. La Fiscalía Provincial de Oxapampa dispuso continuar con las acciones de inspección, verificación e incautación de las 32 armas restantes, y solicitó que las ya internadas fueran puestas a su disposición para realizar los peritajes correspondientes y determinar si estuvieron involucradas en hechos delictivos.

Propuesta legislativa en paralelo

Los operativos se desarrollan en simultáneo con una iniciativa legal que el ministro del Interior, César Astudillo, presentó ante el Congreso de la República. La propuesta busca modificar la regulación de las armas de uso civil y establecer límites a la cantidad de armas que pueden registrarse bajo las categorías de caza, deporte y colección, un punto que según el sector busca reducir el margen para la acumulación irregular de armamento.

El Mininter sostiene que esta medida normativa complementa el trabajo de fiscalización en territorio, al apuntar a las causas estructurales que permiten la proliferación de armas sin control efectivo sobre su titularidad.

Declaraciones oficiales y coordinación interinstitucional

El superintendente nacional de Sucamec, Eswin Manay Guerrero, explicó el enfoque de la entidad frente a estos hallazgos. “Estamos fortaleciendo la fiscalización en territorio y los resultados ya se están dando. Nuestro trabajo no termina cuando detectamos una irregularidad: articulamos con la Policía Nacional y llevamos los casos ante el Ministerio Público para que sean investigados”, afirmó el funcionario, citado por Andina.

Manay agregó que “combatir la criminalidad también significa anticiparnos, esclarecer el destino de las armas y evitar su desvío hacia circuitos ilegales”. La Sucamec indicó que continuará las labores de fiscalización y coordinación con la PNP y el Ministerio Público para verificar la situación legal del armamento registrado a nivel nacional y prevenir su uso en actividades ilícitas.

Conforme avanza la semana, se van conociendo más detalles de la incursión de Marruecos en aguas ceutíes el día de la entrada masiva de migrantes. El mismo 30 de julio, como adelantó El País, un buque militar llegó a la costa de la ciudad autónoma, lo que exigió una respuesta de la Armada. Por el momento, mientras fuentes militares españolas y el propio Pedro Sánchez han reconocido este suceso, al otro lado de la frontera no se pronuncian a nivel institucional. Sí que lo hace la prensa, que duda de la noticia y plantea si supone una invasión de dominio marítimo si Marruecos no reconoce Ceuta como española.

La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 fija las reglas para delimitar los espacios marítimos, aunque también deja margen a los acuerdos entre países y contextos excepcionales. El Estrecho de Gibraltar siempre ha supuesto un ‘mar’ de dudas por su compleja situación, al bañar sus aguas hasta a tres países. La realidad es que, como explica José María Lancho a Infobae, especialista en derecho marítimo, España tiene la competencia de las aguas de todos sus territorios y Ceuta es una ciudad española como cualquier otra. En cambio, la visión marroquí es que no tienen por qué cumplir como si fuese un territorio peninsular. Al igual que reclaman el control sobre Septa, al considerarla una “ciudad ocupada”, no aceptan el control español en el mar.

Marruecos rechaza dominio español

La Convención no resuelve por sí misma los conflictos. Para José María Lancho, el punto de partida es que “la soberanía marítima deriva de la soberanía sobre el territorio terrestre”. Ceuta es territorio español y España ejerce allí plenamente su autoridad. Marruecos rechaza este dominio, pero Lancho subraya que esa reclamación “no elimina por sí misma los derechos que España ejerce”. El experto recuerda que Marruecos ratificó la Convención en mayo de 2007 y presentó entonces una declaración en la que reivindicaba Ceuta y Melilla. España respondió ante Naciones Unidas en diciembre de 2008, con un rechazo formal a esa pretensión. La ONU no reconoció las demandas marroquíes, al igual que nunca valoró incluir las ciudades autónomas en la lista de territorios a descolonizar, como sí hizo con el Sáhara Occidental.

La norma internacional prevé que los Estados puedan establecer un mar territorial de hasta 12 millas náuticas. Cuando hay costas enfrentadas o adyacentes, como entre España y Marruecos, se sigue el principio de equidistancia (línea fronteriza situada a igual distancia entre dos territorios), salvo que exista un acuerdo bilateral o circunstancias especiales. Por tanto, el experto aclara que “no existe ningún vacío jurídico”, sino que hay “una controversia política y territorial que dificulta la delimitación a gusto de Marruecos”.

Movimiento habitual, despiste o incursión

La entrada de un buque extranjero en aguas territoriales no constituye de forma automática una vulneración de la soberanía. El Derecho del Mar reconoce el paso inocente, que debe ser rápido, ininterrumpido y ajeno a actividades como la pesca, la recogida de información, los ejercicios con armas o el uso de la fuerza. Lancho explica que, en el caso de los barcos que cruzan el Estrecho, también puede aplicarse el régimen de paso en tránsito. Ese régimen es más amplio, aunque obliga a los buques a atravesar la zona “sin demora”, en su modo normal de navegación y sin desarrollar actividades ajenas al desplazamiento.

Por eso, el análisis depende de los hechos. “Lo determinante no es que un buque marroquí haya entrado en aguas españolas, sino su comportamiento concreto: trayectoria, velocidad, maniobras, permanencia, comunicaciones y posible interferencia con unidades españolas”, señala. Si se acreditan las entradas reiteradas o las maniobras ajenas a una navegación normal que adelantó la prensa y confirmó el Gobierno, la conducta de esos buques no podría considerarse paso inocente conforme a los artículos 18 y 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Constituiría, por tanto, una violación del mar territorial español y, en consecuencia, un hecho internacionalmente ilícito atribuible a Marruecos.

La respuesta española debería ser “firme pero proporcionada”, según el experto. La Ley de Navegación Marítima establece que la Armada puede requerir a los buques de guerra extranjeros que cesen una conducta contraria a las normas y, si corresponde, abandonen las aguas españolas. También considera necesaria una protesta diplomática formal si España entendió que se produjo una vulneración de su soberanía. “Hay que dejar constancia fehaciente de cada incidente”, advierte.

Este episodio de dio en Kaplava, en el distrito letón de Krāslava. Según la versión delgrupo ultra, volvieron a penetrar en territorio letón en las proximidades de la aldea de Matyushki y actuaron sin ser detectado. Tras atribuirse el golpe, han lanzado una amenaza. “Pronto verán una escena similar en otros tramos de nuestra frontera”, han afirmado en su canal. También han señalado que “la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) caerán tras nuestro primer golpe”.

El comunicado se dirige de forma directa a Letonia. “Los guardias fronterizos letones por fin tuvieron la dicha de conocer personalmente a los Rusos Negros”, han dicho la grabación. ‘Black Rus’ ha asegurado que sus militantes entraron “en confrontación con militares letones”. La organización ha defendido la acción como “una prueba de la resistencia de los letones”, que, según el mensaje, las autoridades del país báltico no superaron.

Reivindicación de la unidad con Rusia

Otros dos comunicados publicados por ‘Black Rus’ sitúan su discurso en la defensa de una identidad común entre Bielorrusia y Rusia, así como en la preparación ante una eventual confrontación. En uno de ellos, dedicado a un Foro de la Juventud Eslava, el grupo sostiene que la iniciativa reúne a jóvenes bielorrusos y rusos “conscientes de sus raíces y orientados hacia la construcción”. El texto defiende los contactos entre jóvenes de ambos países como una forma de “diplomacia popular” y afirma que los proyectos conjuntos muestran la capacidad de responder a “los desafíos de la época”.

El comunicado concluye con una consigna: “Un pueblo. Valores comunes. Un Estado indivisible”. En Narva, un territorio rusoparlante de Letonia cercano a la frontera, existen movimientos cada vez más fuertes que empujan por proclamar una república para abandonar el país y unirse a Rusia. De esta manera, la entrada de ciudadanos rusos o bielorrusos en la nación báltica puede tener como objetivo fomentar este proceso de unión.

En otra publicación, el grupo emplea un tono militar. “Nos preparamos para la guerra para evitarla. No tenemos intención de atacar a nadie”, señala el mensaje, que atribuye esas palabras al “Presidente”, sin identificarlo. También reclama una estructura coordinada entre el Ejército, la reserva de movilización, la defensa territorial y “el aliado ruso”. “La mejor manera de prevenir una agresión es demostrar al adversario la inevitabilidad de una respuesta dura y devastadora”, afirma. La reivindicación del incidente en la frontera letona traslada esos discursos a un hecho concreto que el grupo presenta como una primera advertencia.

Armas y fentanilo: “no los puede resolver un país”

Salazar sostuvo que hay problemas que afectan a ambas naciones y que ningún país puede resolver por sí solo. Mencionó dos:

• Las armas provenientes de Estados Unidos que, dijo, causan la muerte de miles de mexicanos.
• El fentanilo, que según el exembajador provoca más de 100 mil muertes en territorio estadounidense.

En ambos casos, afirmó, la solución tiene que ser conjunta.

García Harfuch y “los cárteles se tienen que desmantelar”

El diplomático afirmó que “se tienen que desmantelar estos cárteles” y que la violencia que existe en México es “una violencia internacional” que también golpea a Estados Unidos.

Reconoció que, desde la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, y bajo la dirección del titular de Seguridad, Omar García Harfuch, México ha hecho “bastante”. Añadió que Estados Unidos debe trabajar “a la mano” y que la cooperación necesita un marco legal que respete la soberanía de ambos países.

Una alianza de seguridad como la del T-MEC

La propuesta central de Salazar es construir alianzas de seguridad en “marcos durables y legales”, con el modelo del T-MEC. Si el comercio logró un marco para los 500 millones de habitantes de América del Norte, dijo, la seguridad también debe tenerlo.

Entre los componentes que planteó:

• Fronteras modernas, con intercambio de tecnología, inteligencia e información.
• Más inversión y planificación conjunta en cruces como Otay Mesa, Matamoros, Brownsville y Nuevo Laredo.
• Confianza de ambos lados, además de un diálogo constante.

Afirmó que quienes aspiren a la presidencia de EU en 2028 deberán asumir esa agenda para los tres países.

Trump: “¿por amenazas o con comunicación?”

Al ser cuestionado sobre las amenazas del presidente Donald Trump, Salazar recurrió a una analogía: con un vecino, ¿la relación se lleva “por amenazas” o “con una comunicación”? Dijo que esa comunicación, “en este momento no existe”.

Sobre el panorama político en su país, afirmó que Estados Unidos “está en guerra” por decisión de “un hombre” y estimó que “80% o más” de la población se opone, aunque se trata de una apreciación suya y no de una encuesta. Señaló que el conflicto golpea el precio de la gasolina y el diésel.

T-MEC: “Están equivocados”

Sobre la decisión del gobierno de Trump de no ratificar el tratado por 16 años más y optar por revisiones anuales, Salazar fue tajante: “Están equivocados”, porque las empresas no invierten pensando en un solo año, sino a cinco, diez o dieciséis.

Criticó los vaivenes en la relación comercial (“un día sí, un día no”) y aseguró que demócratas y republicanos en el Congreso estadounidense apoyan que el tratado continúe. Aun así, reconoció que necesita cambios y propuso incluir educación y medio ambiente. Comparó que había unos 4 mil estudiantes mexicanos en universidades de EU, frente a más de 350 mil chinos.

Elecciones del 3 de noviembre y el caso Mayo Zambada

Salazar dijo que las elecciones intermedias del 3 de noviembre pueden traer “un cambio” y prevé que un Congreso dividido tendría “muchísimo más poder” frente a la Casa Blanca.

Sobre el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, evitó dar nuevos detalles: dijo que “ya está en el libro” y que lo importante es “mirar hacia adelante”. El tema fue motivo de polémica en julio, cuando Sheinbaum cuestionó si el exembajador había faltado a la verdad al negar la participación de agencias estadounidenses en la operación.

Contexto

Salazar fue embajador de Estados Unidos en México de 2021 a enero de 2025, durante el gobierno de Joe Biden. Borderlands llega a México de la mano de la editorial Porrúa y plantea la necesidad de una nueva alianza entre Estados Unidos, México y Canadá frente a retos económicos, de seguridad y climáticos.

La detención de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, dejó al descubierto el uso de drones, fusiles de asalto y municiones por parte de una estructura criminal en Costa Rica. El operativo contra el fugitivo más buscado del país dejó ocho agentes heridos tras cerca de 50 minutos de enfrentamiento.

La acción se realizó el 24 de julio de 2026 en Sarapiquí, cerca de la frontera con Nicaragua. Según BBC News, citado por Diálogo Américas, el resultado reveló el poder de fuego y la capacidad tecnológica que han adquirido las organizaciones criminales en el país.

La operación puso fin a una década de fuga de Arias Monge. Infobae informó que las autoridades decomisaron pistolas, fusiles de asalto, más de 2,700 municiones y drones que la organización utilizaba para vigilar su zona de influencia y detectar con anticipación los movimientos de la Policía.

El caso de alias Diablo muestra que las estructuras criminales costarricenses ya no solo emplean armas para cometer delitos, sino que incorporan equipos tecnológicos para defender sus operaciones, controlar territorios y anticipar respuestas estatales.

El hallazgo de drones y armamento de alto poder confirmó una ampliación de sus recursos tácticos.

El abastecimiento ilegal incorpora armas desviadas, piezas y fabricación artesanal

La directora de la escuela de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, Karen Jiménez, sostuvo que el mercado ilegal de armas en Centroamérica atraviesa una transformación. “El mercado ilícito de armas en Centroamérica está evolucionando hacia un modelo más diversificado, flexible y difícil de controlar”, dijo a Diálogo Américas.

Jiménez explicó que esas redes ya no dependen de una sola vía de suministro. El circuito combina armas robadas, armamento adquirido de forma legal que luego ingresa en canales criminales, piezas trasladadas por separado, ensamblaje dentro de los países, fabricación artesanal e impresión 3D.

La especialista añadió que Costa Rica dejó atrás una violencia armada asociada principalmente con hechos aislados o delincuencia común. En su diagnóstico, la expansión de las economías ilegales, las disputas por el territorio y la acción del crimen organizado cambiaron el perfil de la violencia.

“Las armas de fuego se han convertido en el principal instrumento de letalidad criminal”, indicó Jiménez. La académica relacionó ese fenómeno con debilidades legales, problemas de trazabilidad, circulación regional de armas y una mayor demanda de las organizaciones delictivas.

El informe Violencia armada en Costa Rica: Hallazgos de una década 2014-2024, elaborado por la Fundación para la Paz y la Democracia, señaló que más del 77% de los homicidios registrados durante ese período se cometió con armas de fuego. El estudio caracterizó esos años como la década más violenta de la historia reciente del país.

Los decomisos reflejan la circulación de armas y la expansión de las redes criminales

Durante el primer semestre de 2026, las autoridades costarricenses incautaron unas 1,100 pistolas y revólveres. La cifra refleja la presencia de armas en manos de grupos delictivos y plantea un desafío para las fuerzas encargadas de investigar su origen y destino.

La especialista consultada por Diálogo advirtió que el problema no se limita al volumen de los decomisos. Para Jiménez, se trata de una red de abastecimiento criminal que conecta fallas institucionales, rutas regionales y estructuras delictivas con capacidad de adaptarse a nuevos mecanismos de ingreso y producción.

Los operativos contra el narcotráfico también permitieron detectar esa relación. El periódico CR Hoy informó que la Policía de Control de Drogas concluyó 23 allanamientos en Puntarenas y Alajuela el 18 de junio, con el decomiso de más de 500 kilogramos de droga, ocho armas de fuego y nueve vehículos.

La investigación desarticuló una organización que, de acuerdo con las autoridades, pasó del narcomenudeo al tráfico internacional marítimo de drogas. El hallazgo conjunto de estupefacientes, vehículos, armas y otros recursos mostró que el armamento forma parte de la infraestructura que permite sostener esas actividades.

Honduras y Guatemala también reportaron operativos contra arsenales ilegales

El Ministerio Público de Honduras comunicó que la Agencia Técnica de Investigación Criminal encontró armas largas, municiones y granadas en un taller de autobuses urbanos de Puerto Cortés. El procedimiento ocurrió el 10 de julio y las autoridades sospechan que el material estaba destinado a una estructura criminal de la zona norte.

En Guatemala, la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, junto con otras unidades policiales y fiscales del Ministerio Público, realizó allanamientos contra grupos vinculados con la extorsión y el robo de vehículos.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que los procedimientos dejaron 29 detenidos y permitieron incautar armas, vehículos y municiones. La cartera ordenó análisis balísticos de los fusiles y las pistolas para determinar si habían sido utilizados en homicidios o atentados.

Estos casos muestran que el tráfico de armas no se limita a un solo país. Las organizaciones aprovechan fronteras terrestres, puertos, aeropuertos y servicios de mensajería para movilizar armas completas o componentes que luego pueden ensamblarse.

La cooperación regional apunta al rastreo y al intercambio de información

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Belice y República Dominicana integran la Hoja de Ruta Centroamericana para Prevenir el Tráfico y la Proliferación Ilícita de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos. El mecanismo fue adoptado en 2025 con apoyo de organismos regionales e internacionales.

La iniciativa busca articular políticas de prevención, investigación, rastreo e intercambio de datos. El objetivo es identificar tanto las armas incautadas como las redes que las desvían, trasladan y emplean en actividades criminales.

El Sistema de la Integración Centroamericana informó que El Salvador avanzó en julio de 2026 hacia la etapa final de su Plan Nacional contra el Tráfico Ilícito de Armas. El proceso cuenta con respaldo de la Secretaría General del SICA, la Organización de los Estados Americanos y el centro regional de las Naciones Unidas.

El plan pretende fijar prioridades, distribuir responsabilidades entre las instituciones y mejorar los mecanismos de coordinación. También contempla el intercambio de información para contener la circulación de armas, municiones y explosivos.

La captura de Arias Monge contó con apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la Administración para el Control de Drogas, conocida como DEA. La agencia patrocinó una solicitud de recompensa administrada por el Departamento de Estado y mantuvo durante más de un año una línea telefónica y un correo electrónico para recibir información sobre el fugitivo.

La DEA también respaldó a las autoridades costarricenses con pedidos de investigación e inteligencia que contribuyeron a la operación. El caso dejó en evidencia que el combate contra estas estructuras requiere análisis balístico, rastreo de armas, inteligencia y cooperación internacional.

Un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre Verónica Alcocer situó nuevamente bajo escrutinio internacional a la esposa del expresidente Gustavo Petro, en medio de denuncias que son materia de una indagación en Colombia. Según lo divulgado por NTN24, la dependencia estadounidense confirmó que Alcocer permanece incluida en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

La posición se refiere a una designación sustentada, conforme a lo expuesto por el Tesoro, en la Orden Ejecutiva 14-059. El organismo indicó que Alcocer habría proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico, bienes o servicios en favor de Petro. La mención no constituye, por sí sola, una decisión de autoridades judiciales colombianas sobre las acusaciones recientes, pero añade un elemento internacional a la controversia.

“Verónica del Socorro Alcocer García fue incluida en la lista OFAC en virtud de la Orden Ejecutiva 14-059 por haber proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material tecnológico o bienes y servicios en apoyo de Gustavo Petro”, puntualiza el documento oficial.

El Tesoro vinculó la sanción con presunto apoyo a Gustavo Petro

El Departamento del Tesoro sostuvo que Petro ha concedido beneficios a organizaciones que calificó como narcoterroristas dentro de la política de Paz Total, entre otras medidas. La dependencia estadounidense afirmó que esas decisiones se han dado en un contexto de aumento de los cultivos de coca, de acuerdo con la misiva a la que accedió el canal.

“Ha concedido beneficios a las organizaciones narcoterroristas bajo los auspicios de su Plan de Paz Total, entre otras políticas, lo que ha dado lugar a niveles récord de cultivos de coca”, señala la comunicación.

A propósito, recordó el antecedente del nombramiento de Alcocer como embajadora en misión especial. Ese encargo fue anulado por la justicia colombiana, que concluyó que contravenía el artículo 126 de la Constitución Política, referido a la prohibición de que el presidente designe a su cónyuge o pareja en determinados cargos públicos.

“La primera dama Verónica del Socorro Alcocer García fue nombrada en su momento de forma inconstitucional por Gustavo Petro para desempeñar el cargo de embajadora en misión oficial. Posteriormente, un tribunal colombiano anuló el nombramiento al considerar que este infringía el artículo 126 de la Constitución colombiana, que prohíbe al presidente colombiano nombrar a su cónyuge o pareja”.

En su respuesta, la dependencia estadounidense señaló que la entonces primera dama fue designada de manera inconstitucional para esa misión oficial y subrayó que un tribunal dejó sin efecto la medida.

Las denuncias de Eva Ferrer motivaron una indagación preliminar

Eva Ferrer, que se desempeñó como consejera para la Reconciliación entre 2022 y 2023, afirmó en una entrevista concedida a Semana que Alcocer habría usado una aeronave asignada a la Presidencia para transportar cerca de USD 2,5 millones desde Venezuela. También mencionó un supuesto traslado de cargamentos ilícitos entre los dos países. Estas afirmaciones no han sido probadas judicialmente.

Tras conocerse esos señalamientos, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). El propósito del procedimiento es establecer si existieron irregularidades relacionadas con el transporte de dinero en efectivo o sustancias prohibidas en un avión oficial.

El abogado de Ferrer, Johnny Batalla Mena, aseguró que su representada cuenta con elementos para sustentar sus versiones ante las autoridades colombianas y, si fuese requerida, ante instancias internacionales. Añadió que la Fiscalía General de la Nación debe actuar de oficio ante una denuncia de este tipo. La estratega catalana decidió hacer públicas sus acusaciones por preocupaciones relacionadas con su seguridad, explicó su defensor.

El expresidente Gustavo Petro rechazó los señalamientos de la exfuncionaria y los calificó de calumnia. En efecto, cuestionó en sus redes sociales que la publicación se basara, según sostuvo, en una versión indirecta, y anunció acciones legales contra el propietario de la revista.

Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, dijo que las denuncias deben ser investigadas con respeto por la autonomía de la Fiscalía y el debido proceso.

La fragata Santa María ha asumido el mando de la operación Atalanta de la Unión Europea en el océano Índico. Lo hace después de superar la avería que obligó a relevarla durante el despliegue frente a la presencia de unidades militares marroquíes en aguas de Ceuta. El 30 de julio, en medio de la entrada masiva, la Armada tuvo que responder a la incursión de buques de Marruecos. Primero lo hizo con el buque ‘Rayo’ y después con esta fragata, que tuvo que ser sustituida por la Navarra por sufrir daños mecánicos.

Ya recuperado, el buque, de la serie F-80, ha iniciado sus patrullas en el golfo de Adén tras relevar a la fragata Numancia como nave de mando de la misión europea contra la piratería. El buque zarpó de la Base Naval de Rota a finales de septiembre rumbo a la zona de operaciones de Atalanta. Durante el tránsito por el Mediterráneo y antes de cruzar el canal de Suez, la dotación completó los preparativos para una misión que se desarrolla entre los estrechos de Bab el Mandeb y Ormuz. La fragata realizó además una escala logística en Souda, en la isla griega de Creta.

En esa base, el equipo de abordaje participó en ejercicios sobre técnicas y procedimientos de interdicción marítima dentro de un programa de preparación de la OTAN. El relevo con la fragata Numancia se formalizó después en el puerto de Yibuti, en un acto presidido por el contralmirante Javier Vázquez Sanz, comandante de la fuerza saliente. La Santa María embarcó al nuevo Estado Mayor multinacional, dirigido por el contralmirante portugués Jose Rodrigues Pedra, y a un equipo de operaciones especiales de la Fuerza de Guerra Naval Especial de la Armada.

Lidera Atalanta hasta el final del mandato europeo

La Santa María desarrolla desde su incorporación a Atalanta labores de vigilancia marítima y prevención de la piratería en el golfo de Adén. Según explica el Estado Mayor en su comunicado, la tripulación también ha iniciado contactos con comunidades locales para facilitar el intercambio de información en un área con riesgos para la navegación comercial. Estas tareas incluyen el seguimiento de la actividad marítima y la coordinación con los medios desplegados por los países participantes. La misión busca reforzar la seguridad de las rutas comerciales que conectan el mar Rojo, el océano Índico y el Mediterráneo a través del canal de Suez.

La dotación celebró el 12 de octubre el Día de la Fiesta Nacional a bordo, mientras mantenía su actividad operativa. El nombre del buque remite a la nao con la que Cristóbal Colón llegó a América en 1492. El mandato de la operación naval de la Unión Europea se extiende hasta el 28 de febrero de 2027, tras la prórroga aprobada por el Consejo de la Unión Europea a finales de 2024. La zona de actuación comprende el golfo de Adén, la cuenca somalí, el mar Rojo, los golfos de Suez y Aqaba y áreas próximas a Mascate, en Omán. España aporta medios navales y aéreos a la misión y alberga en Rota su Cuartel General Operacional. Con la Santa María como buque de mando, la Armada vuelve a dirigir una fuerza destinada histórica y que pronto tendrá que iniciar una nueva etapa.

El desfile del 12 de octubre quedó este lunes eclipsado por una noticia que elevó aún más la tensión que ya rodeaba la visita de los reyes a Ceuta. Fuentes del Gobierno, y el propio Pedro Sánchez, según señalaron varios medios presentes, confirmaron lo que adelantó el periodista Miguel González en El País. Un buque de guerra de Marruecos cruzó a aguas de Ceuta el 30 de julio, coincidiendo con la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma. Este episodio suma un nuevo argumento sólido sobre el posible papel de autoridades marroquíes en la oleada de migrantes que generó la crisis de Ceuta. El Gobierno optó por no desvelar este suceso, pero ha terminado por conocerse por filtraciones a la prensa.

Según adelantó este mismo periodista y ha podido confirmar Infobae con fuentes militares, España actuó al conocer que un barco marroquí cruzaba a la costa ceutí y envió una embarcación de la Armada. El Buque de Acción Marítima Rayo (P-42) es una de las unidades que las Fuerzas Armadas pueden desplegar para tareas de vigilancia, presencia naval e intervención ante incidentes en aguas de soberanía española. El ‘Rayo’ protagonizó el inicio de la respuesta, pero no fue el único actor. Para elevar el tono, España mandó a la fragata ‘Santa María’, de la serie F-80. El País contó que tuvo que ser relevada por otra fragata, la Navarra, tras sufrir una avería que, según ha confirmado Infobae, sufrió justo aquellos días y ya se ha arreglado.

El buque Rayo que se desplegó primero

El ‘Rayo’ es un buque de la clase Meteoro, diseñado para la vigilancia y con base en Las Palmas de Gran Canaria. Nació en 2010 en el astillero de Navantia y se unió a la Armada en 2011. Mide 93,9 metros de eslora, desplaza 2.670 toneladas y cuenta con una autonomía que permite sostener operaciones durante periodos muy prolongados. Sus equipos están preparados para realizar tareas de identificación, seguimiento y, si es necesario, intervención de embarcaciones.

Lleva un cañón OTO Melara de 76 milímetros (el cañón naval de calibre medio más utilizado), dos montajes MK-38 Mod (sistemas de artillería preparados para atacar buques cercanos, lanchas o drones), ametralladoras Browning de 12,7 milímetros (familia histórica de este armamento que permite largas ráfagas de disparos) y lanzadores de chaff (dispositivos que expulsan tiras de aluminio para confundir misiles guiados y despistar). Además, el sistema de combate ‘Scomba’ recibe información de sensores, comunicaciones en tierra y armamento, mientras que el equipo de guerra electrónica ‘Rigel’ aporta medios de detección y autoprotección de amenazas.

Para actuar a corta distancia, el buque dispone de dos lanchas semirrígidas RHIB, con capacidad para 18 personas y una velocidad de hasta 34 nudos. Estas embarcaciones pueden emplearse en inspecciones, abordajes y tareas de control marítimo. El ‘Rayo’ también cuenta con hangar y cubierta para operar un helicóptero, incluso de noche. La dotación habitual es de 46 militares, aunque puede aumentar hasta 76 al embarcar personal adicional. También cuenta con equipos de Infantería de Marina, personal sanitario, medios de buceo o apoyo a operaciones aéreas.

Las fragatas de la serie F-80

Las fragatas Navarra (F-85) y Santa María (F-81) pertenecen a la 41ª Escuadrilla de Escoltas de la Armada, con base en Rota, Cádiz. Ambas integran una serie de seis unidades construidas a partir del diseño estadounidense Oliver Hazard Perry y adaptadas a las necesidades operativas españolas. Con 138 metros de eslora, 3.900 toneladas de desplazamiento y una velocidad máxima de 29 nudos, estos buques están preparados para operar tanto en alta mar como en zonas litorales, como el entorno del Estrecho de Gibraltar.

Su función inicial estuvo ligada a la guerra antisubmarina y a la protección de grupos navales o mercantes. Con el paso de los años, sus cometidos se ampliaron hacia la identificación de embarcaciones, seguimiento de tráficos sospechosos, abordajes e inspecciones. Las dos fragatas disponen de lanzadores de misiles Standard y Harpoon, un cañón OTO Melara de 76 milímetros y tubos lanzatorpedos. Sus radares de vigilancia aérea y de superficie les permiten detectar y seguir objetivos aéreos, navales y submarinos. Además, pueden embarcar hasta dos helicópteros SH-60B Seahawk o combinar una aeronave con drones Scan Eagle. La Navarra, que asumió el despliegue definitivo ante el buque marroquí tras la avería de su predecesor, puede alcanzar una capacidad de 229 personas.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso contra cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con fines de acopio de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los imputados fueron identificados como Juan Manuel Brambila Brindas, Diego Chávez Hernández, Amado Montiel Sánchez y Jaime Navarro Mora, quienes fueron detenidos en septiembre de 2024 en el municipio de Huajicori, Nayarit.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, durante el operativo en el que fueron capturados se les aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores y granadas de fragmentación, entre otros objetos.

La nueva resolución judicial ocurre después de que los cuatro hombres ya habían sido sentenciados por delitos relacionados con el armamento asegurado durante su detención.

Ya habían recibido una sentencia por armas

En julio de 2025, el Ministerio Público de la Federación (MPF) obtuvo mediante un procedimiento abreviado una sentencia condenatoria contra los cuatro individuos por los delitos de acopio de armas, posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como portación de arma de fuego sin licencia.

Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía continuaron para determinar si existían otros elementos que permitieran establecer la posible participación de los detenidos en una estructura de delincuencia organizada.

Como resultado de esas indagatorias, la Fiscalía Federal en Nayarit, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), formuló una nueva imputación contra los cuatro hombres.

La autoridad ministerial presentó ante el juez de Control los elementos de prueba que, de acuerdo con la FGR, permiten establecer de manera probable la participación de los imputados en el delito de delincuencia organizada con fines de acopio de armas de fuego de uso exclusivo.

Luego de analizar los datos presentados por el Ministerio Público, el juez determinó que existían elementos suficientes para dictar la vinculación a proceso.

La autoridad judicial fijó además un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía y la defensa podrán continuar con la presentación de elementos relacionados con el caso.

La nueva imputación no sustituye la sentencia obtenida en 2025 por los delitos relacionados directamente con las armas y municiones aseguradas al momento de su captura, sino que corresponde a una investigación distinta relacionada con la probable pertenencia a una organización criminal.

El caso ocurre tras la detención de “El Tanque”

La resolución contra los cuatro presuntos integrantes del CJNG se conoce pocos días después de la detención de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, señalado por autoridades como operador regional del grupo criminal y presunto líder de una red dedicada al robo de hidrocarburos.

Cazarín Molina fue detenido el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, y posteriormente trasladado ante autoridades federales. El pasado jueves 8 de octubre, un juez federal le impuso prisión preventiva oficiosa y ordenó su traslado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La audiencia inicial se realizó mediante videoconferencia desde instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México.

La FGR imputó a “El Tanque” cuatro delitos: delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, delitos contra la salud, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y posesión de cartuchos.

La acusación presentada durante esa audiencia se concentró en los hechos documentados tras su captura en Zapopan y no incorporó por el momento otros señalamientos que distintas autoridades le han atribuido, entre ellos homicidio, extorsión y robo de hidrocarburos.

De acuerdo con información de Milenio, la defensa de Cazarín Molina cuestionó que los argumentos de la Fiscalía fueran suficientes para sostener la imputación. El juez, sin embargo, consideró que los datos presentados por el Ministerio Público permitían establecer una probable participación en los delitos señalados.

En ese procedimiento, el juez otorgó un plazo de 144 horas para resolver la situación jurídica de fondo. La audiencia para determinar si “El Tanque” sería vinculado a proceso estaba prevista para el 13 de octubre.

Los dos casos forman parte de investigaciones federales relacionadas con presuntas estructuras del CJNG, aunque corresponden a expedientes, hechos y acusaciones diferentes.

El sabado 10 de octubre de 2026, Eva Ferrer acusó a Verónica Alcocer de encabezar una presunta red de tráfico de dinero, drogas y armas, y sostuvo que la ex primera dama habría trasladado USD 2,5 millones desde Venezuela a Colombia. La exconsejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia del anterior gobierno también vinculó al expresidente Gustavo Petro con esa supuesta estructura, aunque sus afirmaciones no fueron respaldadas con documentos, fotografías ni versiones de los señalados.

La catalana describió a Alcocer como la persona que impartía órdenes dentro de la organización que denuncia, aunque aseguró que no tenía una exposición pública directa. “Ella se ha dedicado a organizarse, siendo ella la cabeza, pero una cabeza no visible, teniendo muchas piezas y haciendo que todo sirva”, afirmó en entrevista con Semana.

Al ser consultada sobre si consideraba que Alcocer era la jefa de una mafia, respondió: “A día de hoy digo que sí”. Ferrer explicó que inicialmente pensaba que terceros podían estar utilizando a la entonces primera dama, pero dijo haber llegado a la conclusión de que ella tenía intereses económicos propios.

También involucró a Gustavo Petro en lo que definió como una estrategia encabezada por Alcocer. Cuando le preguntaron qué papel habría tenido el entonces mandatario, la exasesora respondió: “Pues una pieza de esa estrategia”, y ante la consulta sobre una posible complicidad añadió: “Para mí, a día de hoy, sí”.

Petro rechazó las afirmaciones de Eva Ferrer sobre él y Verónica Alcocer

El expresidente de la República Gustavo Petro rechazó en sus redes sociales las acusaciones formuladas por Eva Ferrer contra la madre de sus hijas menores y aseguró que los aviones oficiales de su administración “jamás viajaron con armas clandestinas ni drogas”. También afirmó que apartó de sus cargos a funcionarios sospechosos de esas prácticas antes de su llegada al gobierno.

El dirigente sostuvo que la denuncia contra su familia carece de pruebas y cuestionó que se basara en un testimonio indirecto. “He solicitado a todas las personas afectadas por un infundio tan enorme y que cuenta como prueba con el dicho de Eva de que: ‘una persona me dijo’”, expresó en su cuenta de X.

Petro vinculó el conflicto con solicitudes de contratación que, según afirmó, no aceptó. “La acusación de Eva contra la madre de mis hijas menores, sin ninguna prueba, es de una maledicencia total”, dijo.

En esa misma línea, defendió a la familia de Alcocer y mencionó al abogado y periodista Jorge Emilio Alcocer, a quien atribuyó apoyo en su lucha contra el narcoparamilitarismo en Sucre. Aseguró que esa familia se apartó del poder y la codicia durante el período de violencia y masacres contra campesinos en la región.

“Se de que lugar inmundo y sanquinario proviene el ataque a mi familia mostrándola como narcotraficante de drogas y armas, cuando conozco de la ayuda que me dio el señor, abogado y periodista Jorge Emilio Alcocer en la lucha contra el narcoparamilitarismo de Sucre y del apoyo que recibe de Emilio Alcocer uno de los fundadores del departamento de Sucre, abuelo y bisabuelo de mis hijas, sin una mancha de corrupción en sus vidas públicas y profesionales (sic)”, expuso.

Petro afirmó que hace 37 años firmó un acuerdo de paz mediante el cual abandonó personalmente el uso de armas en la política. “He cumplido letra por letra”, sostuvo al negar que hubiera participado en negocios de armas, drogas o dinero mediante aeronaves estatales.

El líder de la oposición pidió que los afectados presenten denuncias ante los tribunales contra Eva, la directora y el dueño de la revista que difundió las acusaciones, en caso de que no exista una retractación pública con la misma difusión de la denuncia.

La madrugada del sábado en West Filadelfia empezó como cualquier otra llamada de servicio: dos agentes respondieron al reporte de un hombre armado en un porche del barrio.

Lo que ocurrió a continuación derivó en la muerte de un oficial, 10 agentes heridos y un caso que volvió a poner en cuestión los límites del sistema de antecedentes penales en Estados Unidos, informó Fox News.

El atacante fue identificado como Eric Lewis, de 35 años, empleado del Departamento de Aguas de Filadelfia. Según el fiscal del distrito, no tenía ningún impedimento legal para portar armas de fuego.

La pérdida más concreta la absorbió la Policía de la ciudad: Shane Seiber, un oficial con dos hijos pequeños y 10 años de servicio, no regresó a su casa esa noche. El episodio dejó a Lewis detenido con 76 cargos penales en su contra.

La noche del ataque

El incidente se produjo alrededor de las 12:20 de la madrugada del sábado, cuando Seiber y su compañero acudieron a un reporte de hombre armado en la cuadra 100 de North 52nd Street.

Según una fuente de las fuerzas del orden citada por The Philadelphia Inquirer, Seiber tocaba la puerta de una vivienda cuando Lewis se acercó por detrás y le preguntó por qué los policías estaban en su porche.

Un forcejeo breve precedió al estallido de los disparos. Seiber recibió tres impactos de bala y murió horas después en el Penn Presbyterian Medical Center.

Refuerzos policiales y un equipo SWAT llegaron poco después y hallaron a los dos agentes heridos. Los disparos continuaron, lo que llevó a las autoridades a declarar una situación de atrincheramiento.

Nueve policías más que acudieron como refuerzo también recibieron disparos, hecho que explica los 10 cargos adicionales por intento de homicidio de agentes que figuran en la acusación, detalló Fox News.

Lewis fue finalmente capturado y trasladado bajo custodia. Al momento de la detención, tenía en su poder dos pistolas y una escopeta; una de las pistolas pertenecía al oficial herido en el ataque.

Su compañero de patrullaje, de 33 años, padre de cinco hijos y con nueve años en la fuerza, recibió 12 disparos y fue ingresado en estado crítico. El comisionado de Policía, Kevin Bethel, advirtió que, aunque su condición se estabilizó, el agente todavía no estaba fuera de peligro.

La situación judicial

El domingo por la mañana, los cargos contra Lewis quedaron formalizados: homicidio, homicidio de un agente de la ley, intento de homicidio, agresión agravada y amenazas terroristas, entre otros.

Quedó detenido sin posibilidad de fianza en el Centro Correccional Curran-Fromhold y tiene representación de la Defender Association of Philadelphia. Su próxima audiencia está programada para el 26 de octubre.

El comisionado habló ante la prensa horas después del ataque. “Luchó con valentía, pero perdió la vida”, aseguró sobre Seiber, y añadió que su esposa pudo estar a su lado antes de que falleciera.

Los antecedentes del atacante

Los registros judiciales del estado de Pensilvania revisados por Fox News muestran que Lewis tiene antecedentes desde 2012.

Ese año fue condenado por robo y recepción de bienes robados; en 2013, por delitos relacionados con armas y agresión simple.

En ambos casos, recibió libertad condicional. En 2018 se declaró culpable de alteración del orden público y volvió a recibir una pena de probatoria.

El fiscal del distrito, Larry Krasner, aclaró en conferencia de prensa que ninguno de esos antecedentes inhabilitaba legalmente a Lewis para obtener un arma de fuego.

Calificó el episodio como “un acto de violencia descarado y perturbador” contra las fuerzas del orden y aseguró que su oficina buscaría una rendición de cuentas completa.

Krasner también declinó precisar si Lewis había disparado con la pistola del oficial herido o cómo había conseguido las otras armas.

La OTAN y Marruecos han reforzado esta semana sus contactos políticos y de seguridad. Días antes de la llegada de Felipe VI a Ceuta, que no gusta en el país vecino, la Alianza Atlántica ha estado presente en Rabat para anunciar nuevos avances con el país norteafricano para “profundizar en la cooperación”. Concretamente, estos nuevos pasos se han producido con la tercera visita oficial a Rabat de Javier Colomina, representante especial del secretario general para la Vecindad Meridional, y con la celebración de una conferencia internacional sobre el control de armas pequeñas y ligeras.

Colomina se desplazó a la capital marroquí los días 6 y 7 de octubre, en una agenda que incluyó reuniones con altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Reales. Las conversaciones abordaron la relación bilateral, la evolución de la seguridad en el norte de África y el Sahel, así como las posibilidades de ampliar la cooperación entre la Alianza y el Reino. Según ha informado la OTAN, los intercambios también trataron amenazas compartidas como el terrorismo, la seguridad marítima y otros riesgos emergentes. La organización subrayó que el vínculo con Marruecos se apoya en tres décadas de colaboración dentro del Diálogo Mediterráneo, mecanismo al que Rabat se incorporó en 1994.

El representante especial ha afirmado que “Marruecos es un socio clave en la región y que la ”cooperación no hará más que fortalecerse”. La Alianza ha destacado los “sólidos cimientos” construidos durante las últimas tres décadas. En Rabat, las partes analizaron el estado de sus relaciones y las perspectivas para profundizar los trabajos conjuntos. Los comunicados no precisan nuevos acuerdos concretos, compromisos operativos ni proyectos adicionales surgidos de los encuentros. El Plan de Acción para la Vecindad Meridional fue aprobado durante la Cumbre de Washington de 2024 y prevé una mayor coordinación con países socios de esa área geográfica. En los últimos años, Marruecos ha subido puestos como aliado del grupo y de Estados Unidos.

Conferencia regional sobre armas

La conferencia de Rabat se celebró los días 6 y 7 de octubre y contó con un discurso de apertura de Javier Colomina. Entre los asistentes hubo altos funcionarios de países aliados y socios de distintas regiones, además de delegados de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Liga de los Estados Árabes, Interpol y la Organización Mundial de Aduanas. Intercambiaron experiencias, iniciativas y prácticas sobre el control de armas pequeñas y ligeras, con atención particular a Oriente Medio y el norte de África. Las discusiones incluyeron los obstáculos existentes y posibles respuestas en los planos regional y global.

La OTAN señaló que mantiene una trayectoria de cooperación en esta materia y que participa en la aplicación del Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, aprobado en julio de 2001. Entre sus vías de apoyo a países socios figuran los cursos de formación, la destrucción de arsenales y municiones, la construcción de infraestructuras y el suministro de equipos. El Comité de Control de Armamentos, Desarme y No Proliferación de la OTAN mantiene además reuniones periódicas con socios de la organización para tratar el control. Según la Alianza, ese foro sirve para el intercambio de información, la coordinación de políticas y la ejecución de proyectos.

Como es habitual, militares, policías y otras autoridades desfilarán por la capital como homenaje al 12 de octubre. Miles de españoles se reúnen en Madrid desde primera hora de la mañana de este lunes para observar la cita militar más emblemática del país. En esta ocasión, comenzará a las 11:00 de la mañana en Atocha y avanzará hacia Colón. El desfile central del Día de la Fiesta Nacional reunirá a 4.380 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros organismos públicos. El acto combinará decenas de medios aéreos, vehículos militares y de emergencias y unidades a pie.

El rey Felipe VI presidirá el acto como mando supremo, justo antes de viajar a Ceuta y Melilla. A poco más de un mes para las elecciones, el Gobierno y, por tanto, la ministra de Defensa Margarita Robles, pueden estar ante su último desfile. El apartado político es indivisible. En los últimos años, a los protagonistas habituales —los paracaidistas, los cazas, la Legión con su cabra o la familia real— se ha unido el ya constante recibimiento entre insultos y pitos a Pedro Sánchez.

Pero, en lo militar, todo apunta a que la edición seguirá el mismo orden y funcionamiento de cualquier año. El programa comenzará con el salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA). El cabo primero Lago será el encargado de portar una bandera de España de 24 metros cuadrados y 15 kilos de peso. Tras los honores, el público podrá ver el paso de aviones de combate, helicópteros, vehículos blindados, medios de lucha contra incendios, embarcaciones remolcadas y unidades como la Legión, los Regulares o la Guardia Real.

Aviones de combate y helicópteros

El desfile aéreo contará con 82 aeronaves, según el dosier del desfile. Entre ellas habrá cazas F-18 y Eurofighter, que abrirán y cerrarán el recorrido aéreo, así como cuatro Harrier de la Armada, pertenecientes a la aviación embarcada. Uno de los momentos destacados será la formación dedicada al reabastecimiento en vuelo, compuesta por un Airbus A330 del Ala 45 acompañado por un F-18 y un Eurofighter. También participarán dos Airbus A400M de transporte operacional y otros aviones destinados al transporte estratégico, la aeroevacuación y el reconocimiento.

La presencia de medios de servicio público tendrá un papel importante. El 43 Grupo desplegará tres aviones apagafuegos Bombardier CL-215T y CL-415. La Guardia Civil participará con aeronaves dedicadas a vigilancia y rescate marítimo, mientras que el Cuerpo Nacional de Policía, la Dirección General de Tráfico y el Servicio de Vigilancia Aduanera mostrarán helicópteros utilizados en tareas de seguridad, control del tráfico y vigilancia.

El bloque de helicópteros reunirá aparatos del Ejército del Aire y del Espacio, el Ejército de Tierra, la Armada y la Guardia Civil. Se podrán ver modelos como el NH-90, el Chinook, el Tigre, el Cougar, el Super Puma, el Seahawk y el H135. El Ejército de Tierra aportará 10 helicópteros, entre ellos dos Tigre de ataque y dos Chinook de transporte pesado. El cierre aéreo correrá a cargo de tres Eurofighter del Ala 14, que han cobrado especial relevancia tras la retirada de la Patrulla Águila. Antes pasarán seis Pilatus PC-21 de la Academia General del Aire y del Espacio, empleados en la formación de pilotos.

Vehículos blindados y unidades a pie

La parte terrestre movilizará más de 160 vehículos y motocicletas. La sección de motos de la Guardia Real abrirá este bloque con 21 Harley-Davidson Electra Glide. También participarán motos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la UME. El Ejército de Tierra exhibirá algunos de sus principales vehículos: un carro de combate Leopardo 2E, un vehículo de combate de infantería Pizarro, un vehículo de zapadores Castor y dos obuses autopropulsados M-109. Estos medios circularán sobre plataformas de transporte. También habrá vehículos 8x8 Dragón de la Legión, blindados Centauro de la Brigada Paracaidista y vehículos de comunicaciones, ambulancias y sistemas de mortero.

La Armada estará representada por la Brigada de Infantería de Marina, con vehículos Vamtac de mando, carga, ambulancia, comunicaciones y sistemas anticarro y antiaéreos. El Ejército del Aire y del Espacio mostrará vehículos del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, incluidos lanzadores Mistral, morteros embarcados y equipos de desactivación de explosivos. La UME llevará medios empleados en emergencias: autobombas forestales, vehículos de intervención en zonas contaminadas, ambulancias, un vehículo con cuña quitanieves y dispensador de sal, además de dos drones Asturcón destinados a la lucha contra incendios.

Guardia Civil y Policía Nacional completarán el desfile motorizado con vehículos de Tráfico, GEOS o Seprona. El desfile a pie reunirá a unidades de la Guardia Real, academias militares, Infantería de Marina, UME, Guardia Civil, Policía y Ejército de Tierra. También participarán Protección Civil, Salvamento Marítimo, la Agencia Española de Cooperación Internacional y Guardacostas de Galicia. No faltará la mascota del Tercio ‘Don Juan de Austria’ 3º de la Legión: una cabra de dos años llamada Babieca.

Las bases aéreas francesas han participado en una nueva edición del ejercicio ‘Basex’, diseñado para evaluar su capacidad de mantener las operaciones militares en escenarios de crisis. Durante casi 10 días, los militares se enfrentaron a simulaciones de intrusiones, amenazas con drones, incidentes químicos y biológicos, ataques informáticos y actos de terrorismo. Los escenarios exigieron activar los centros de gestión de crisis, reforzar la protección de las zonas sensibles y garantizar la continuidad de las misiones pese a las alteraciones en la seguridad, las comunicaciones o la disponibilidad de las instalaciones.

De esta manera, el ejercicio parte de un supuesto de crisis múltiples, en el que las amenazas pueden combinarse y comprometer la capacidad de respuesta de las fuerzas armadas. El objetivo es comprobar que las bases pueden seguir operativas incluso cuando parte de sus recursos o infraestructuras quedan fuera de servicio. Las maniobras, coordinadas por el Mando Territorial del Ejército del Aire y del Espacio francés (CTAAE), se desarrollaron de forma simultánea en distintas instalaciones del país entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre.

Coordinación entre bases ante una crisis

El CTAAE dirigió las maniobras desde Burdeos para coordinar a las distintas instalaciones y facilitar los recursos necesarios cuando una emergencia supera la capacidad de respuesta de una sola base. Durante las pruebas, los militares tuvieron que actuar ante paquetes sospechosos, accesos no autorizados, manifestaciones hostiles y posibles atentados. También practicaron la respuesta a incidentes NRBQ —nucleares, radiológicos, biológicos y químicos—, el traslado de aeronaves a otras ubicaciones y ataques con drones.

Cada situación exigió procedimientos específicos, como controlar los accesos, atender al personal afectado o reorganizar la actividad aérea. El entrenamiento también incluyó a militares que no pertenecen a unidades especializadas en la protección de instalaciones. La intención era reforzar la preparación de todo el personal y comprobar que conoce los protocolos de actuación ante una emergencia, incluidos los ataques digitales y las campañas de desinformación. La base aérea 116, conocida como LCL Papin, incorporó además a reservistas operativos que trabajaron junto a los militares en activo.

Un ataque químico con drones

Uno de los escenarios más exigentes simuló un ataque con drones que provocaba la dispersión de sustancias tóxicas en la base 116. Los equipos tuvieron que delimitar la zona afectada y establecer un perímetro de exclusión para evitar que la contaminación se extendiera. Los militares que se encontraban en el área fueron identificados, aislados y trasladados a un espacio seguro, donde recibieron atención especializada. El resto del personal permaneció fuera del perímetro para evitar nuevas exposiciones y permitir que la instalación siguiera funcionando.

La prueba combinó la detección de una amenaza aérea con la aplicación de los protocolos de emergencia química. El reto consistía en controlar la situación sin paralizar toda la base y mantener las tareas de las unidades que no se habían visto afectadas. Según la información difundida, las maniobras sirvieron para evaluar la respuesta del personal, la actuación de los equipos especializados y la coordinación entre los responsables de gestionar la crisis.

La Operación Trigger X se desarrolló entre el 22 de junio y el 5 de julio. Según explica el comunicado de Interpol, parte del arsenal intervenido estaba vinculado a conflictos pasados o aún activos en los Balcanes, Europa oriental y Nagorno Karabaj. En Armenia, Kirguistán y Tayikistán se decomisaron o entregaron voluntariamente armas de la época soviética. Las fuerzas de seguridad interceptaron además a 15 personas sujetas a notificaciones internacionales, entre ellas cinco fugitivos buscados con alertas rojas a sus espaldas. Las autoridades de Georgia detuvieron a una persona reclamada por Turquía bajo sospecha de asesinato.

Dos camiones con más de 1.000 escopetas

Una de las principales incautaciones se produjo en el paso fronterizo de Lesovo, entre Bulgaria y Turquía. Los agentes de aduanas interceptaron dos camiones que transportaban más de 1.000 escopetas de uso militar. Harald Arm, director ejecutivo de Capacidades Policiales de Interpol, señaló que la operación puso de manifiesto “el elevado riesgo de que armas utilizadas en conflictos armados sean desviadas hacia canales del crimen organizado, donde se emplean para cometer otros delitos”. “Estas incautaciones demuestran la importancia de una acción internacional coordinada para identificar rutas de tráfico, desmantelar redes criminales y evitar que las armas de fuego ilícitas lleguen a quienes buscan utilizarlas con fines delictivos”, añadió.

En el puesto fronterizo búlgaro de Kapitan Andreevo, las autoridades hallaron 73 pistolas falsificadas dentro de un camión que transportaba piezas de automóviles hacia Europa occidental. 23 de ellas estaban ocultas bajo el colchón del conductor. Las actuaciones se extendieron a Serbia, donde se produjo la mayor incautación individual de granadas: 68 artefactos traficados desde Bosnia y Herzegovina, dentro de un total de 268 decomisados durante la operación. La policía localizó también un taller clandestino destinado a transformar pistolas de gas y de fogueo en armas de fuego. El registro concluyó con una detención y la intervención de pistolas, componentes de armas y 280 cartuchos de nueve milímetros.

20 lanchas para tráfico de migrantes

La operación también incluyó intervenciones contra las redes dedicadas al tráfico de migrantes. En Bulgaria, las autoridades decomisaron 20 botes neumáticos que aparecían registrados como colchones hinchables y tenían como destino declarado un país de Europa occidental. La información de inteligencia relacionó el envío con organizaciones criminales dedicadas al traslado ilegal de personas. Los botes tenían como posible destino los cruces clandestinos del canal de la Mancha.

Las autoridades interceptaron a cinco migrantes en Macedonia del Norte. La policía fronteriza serbia detuvo a otra persona cerca de la frontera con Hungría, que llevaba un rifle automático y varios cartuchos. Además del armamento y las embarcaciones, los agentes intervinieron cocaína, marihuana, cigarrillos falsificados, productos textiles sin declarar y alimentos no declarados ante las autoridades aduaneras.

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 18 años como presunto autor material del asesinato del cirujano plástico Alexander Alsani, quien recibió varios disparos en la cabeza dentro de la clínica que fundó en Marbella, tal y como adelantó La Opinión de Málaga y ha confirmado Infobae. El arresto se produjo este jueves, menos de 24 horas después del crimen. Los investigadores localizaron el escondite del sospechoso, que no reside en la provincia de Málaga.

Según apuntaba EFE, se trataría de un joven de nacionalidad sueca. Desde hace años, la presencia de ciudadanos de Suecia en crímenes con armas de fuego no es una novedad. La sueca se ha convertido en unas de las principales redes de sicarios de todo el continente. De hecho, no es el primer caso similar que se produce en Málaga en los últimos meses. No obstante, la causa se encuentra bajo secreto de sumario, de manera que las fuentes policiales no han dado detalles del sospechoso. La investigación continúa abierta para determinar quién ordenó el ataque, con qué motivo y qué personas pudieron colaborar con el detenido.

Entró en la clínica y disparó al médico en su despacho

El homicidio ocurrió poco antes de las 18:00 del miércoles en la clínica Cirumed, situada en el edificio Panorama, en la zona de Río Real. Alexander Alsani, de 57 años y origen alemán, estaba en su despacho cuando el supuesto asesino entró en su búsqueda. Según la reconstrucción inicial, el agresor llegó a las inmediaciones del centro médico en una motocicleta. Vestía de negro, llevaba el rostro cubierto y utilizaba casco y capucha para evitar ser identificado por las cámaras de seguridad o los testigos.

Tras estacionar el vehículo frente a la clínica, accedió al edificio, se dirigió al despacho del cirujano y abrió fuego en varias ocasiones. Los disparos impactaron en la cabeza del médico, que murió como consecuencia de las heridas. El autor huyó de inmediato. Abandonó el lugar a bordo de la motocicleta y tomó una ruta secundaria. Esa vía, con menor tránsito y escasa iluminación, le permitió evitar la carretera N-340, una de las zonas más transitadas de Marbella.

La Policía desplegó desde el miércoles un operativo para identificar al tirador. La detención del sospechoso ha permitido avanzar en una investigación que ahora busca establecer el móvil y el posible vínculo entre el presunto ejecutor y quienes habrían planificado el crimen. Entre las posibles teorías, se analiza si el asesinato puede guardar relación con algún paciente.

Alsani dirigía la clínica que había fundado en 2018

Alsani fundó Cirumed Clinic en 2018, después de haber dirigido entre 2008 y 2018 los departamentos de Cirugía Plástica de los hospitales Quirón Málaga y Quirón Marbella. El médico se había especializado en cirugía estética, lipoescultura, transferencia de grasa e intervenciones corporales combinadas con implantes. Su formación comenzó en Sudáfrica, donde realizó la residencia de cirugía plástica en el King Edward Hospital de Durban y completó estudios en cirugía craneofacial.

Después desarrolló parte de su trayectoria profesional en Austria, Alemania y Reino Unido. En Marbella, su clínica atendía a pacientes internacionales y se había convertido en uno de los centros privados dedicados a la cirugía estética de la Costa del Sol. El asesinato se suma a otros episodios recientes con armas de fuego registrados en la provincia de Málaga. En Marbella, un hombre de 33 años murió el 24 de agosto tras recibir dos disparos en el abdomen.

El cuerpo calcinado y desmembrado de un joven de 23 años, encontrado dentro de una maleta en el sector de Loma Costa, distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste, fue identificado como Carlos Zambrano, después de que sus familiares acudieran al Ministerio Público y reconocieran los restos mediante un tatuaje que tenía en uno de sus brazos.

La identificación permitió establecer la identidad de la víctima de uno de los hallazgos más violentos reportados recientemente en esa provincia. Sin embargo, todavía falta esclarecer cuándo ocurrió el homicidio, quiénes participaron y cuáles fueron las circunstancias en las que el cuerpo terminó abandonado en ese sector del distrito de La Chorrera.

El hallazgo ocurrió el domingo 4 de octubre, durante la madrugada, cuando un residente que se dirigía a trabajar observó bolsas abandonadas en una cuneta junto a la carretera. Al acercarse, descubrió que contenían restos humanos parcialmente quemados, por lo que alertó a las unidades de la Policía Nacional que acudieron al lugar.

Durante la inspección, personal de Criminalística encontró una maleta y varias bolsas negras con partes anatómicas. Las diligencias permitieron trasladar los restos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se realizaron los procedimientos de identificación y las evaluaciones necesarias para determinar la causa de muerte.

Los familiares reconocieron a Zambrano el martes 6 de octubre, mientras la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste continúa las investigaciones. Hasta ahora, no se ha confirmado públicamente desde qué fecha estaba desaparecido el joven, si existía una denuncia por su ausencia ni dónde habría ocurrido el crimen.

Residentes del área señalaron que durante la noche anterior al descubrimiento escucharon detonaciones, aunque todavía no se ha determinado si esos sonidos guardan relación con la muerte del joven. Los investigadores también buscan establecer si el lugar donde aparecieron los restos corresponde a la escena original del homicidio o si fueron trasladados posteriormente.

La identificación se produjo mientras otros episodios de violencia armada fueron reportados en distintos sectores del país. Durante la madrugada del miércoles 7 de octubre, un ataque cerca de la estación del Metro de San Miguelito dejó un hombre muerto y otros dos heridos, después de una persecución protagonizada por sujetos que viajaban en motocicleta.

Por este último caso, la Policía Nacional aprehendió a un ciudadano venezolano de 25 años, localizado inicialmente en un punto de observación de la vía Transístmica. Según el reporte oficial, el sospechoso desatendió la orden de detenerse y emprendió una huida que terminó en la vía España, donde fue interceptado por los uniformados.

Ese mismo miércoles, una balacera registrada cerca de la escuela de Koskuna, en Veracruz, dejó un hombre herido. El ataque ocurrió alrededor de la hora de salida de los estudiantes, situación que llevó a los docentes a cerrar temporalmente las instalaciones educativas mientras las autoridades atendían la emergencia.

En otro operativo, desarrollado en El Chumical de Arraiján, tres personas fueron aprehendidas durante una intervención policial en una residencia donde se encontraron bolsas con presuntas sustancias ilícitas. Mientras tanto, en Portobelo, provincia de Colón, las autoridades decomisaron 11,402 municiones calibre 5.56, ocultas en siete tanques plásticos.

Estos acontecimientos ocurren cuando Panamá mantiene elevados niveles de violencia homicida. Según cifras del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales, hasta el 20 de septiembre de 2026 se habían contabilizado 434 homicidios, incluidos 426 intencionales, dos más que durante el mismo período del año anterior.

Las estadísticas muestran que 365 de los homicidios intencionales fueron cometidos con armas de fuego, equivalentes aproximadamente al 86% del total. Los casos vinculados al pandillerismo aumentaron de 41 a 69, un incremento del 68%, mientras los femicidios pasaron de 12 a 19 víctimas.

La provincia de Panamá concentraba 264 homicidios intencionales hasta el 20 de septiembre, seguida por Colón, con 75; Panamá Oeste, con 36; y Chiriquí, con 24. En ese período, La Chorrera acumulaba diez casos, antes del hallazgo de Zambrano y de otros episodios registrados durante octubre.

La investigación sobre la muerte del joven continúa abierta, mientras las autoridades intentan reconstruir sus últimas horas de vida e identificar a los responsables. El caso se suma a los hechos violentos que mantienen bajo atención policial a Panamá Oeste, una de las provincias donde persisten investigaciones por homicidios y ataques armados.

Durante meses, la pequeña comunidad de Tumbler Ridge, en la Columbia Británica, creyó que el ataque más mortífero en una escuela canadiense en una década había sido obra de una sola persona. Este martes, las autoridades federales de Estados Unidos demostraron que no fue así.

Tal como informó AP News, James Cody Bryant, de 30 años y residente de Bellingham, en el estado de Washington, fue arrestado y acusado de haber guiado, financiado y alentado a la autora de la masacre durante seis meses.

El fiscal interino Neil Floyd calificó el cargo —“conspiración para cometer asesinato en un país extranjero”— como “novedoso” para un caso de estas características.

El ataque y la autora

La tiradora fue Jesse Van Rootselaar, de 18 años, una mujer trans que había comenzado su transición aproximadamente seis años antes del ataque.

La propia Real Policía Montada de Canadá (RCMP) la identificó tal como ella se identificaba pública y socialmente: como mujer.

El 10 de febrero de 2026 mató a su madre y a su padrastro en su domicilio antes de atacar la Tumbler Ridge Secondary School, en la Columbia Británica.

Dentro del establecimiento, asesinó a cinco estudiantes de entre 12 y 13 años y a un asistente educativo, e hirió a otras 25 personas.

Van Rootselaar murió por una herida de bala autoinfligida mientras se encontraba en el interior del colegio.

La comunidad, ubicada en el piedemonte de las Montañas Rocosas a más de 1.000 kilómetros al noreste de Vancouver, cuenta con una escuela secundaria de unos 175 alumnos.

Bryant y Van Rootselaar se habían conocido años antes a través de Omegle, una plataforma de videochat. Según la acusación formal, los dos mantuvieron contacto diario durante los seis meses previos al ataque.

En una comunicación, canalizada por la plataforma Discord, Bryant ofreció en repetidas ocasiones consejos tácticos sobre cómo llevar a cabo los asesinatos para causar el mayor impacto posible.

El rol de Bryant antes de la masacre

El papel de Bryant no se limitó a la planificación verbal. Las autoridades federales afirmaron que el detenido transfirió dinero a Van Rootselaar para que comprara un encendedor destinado a fabricar un dispositivo explosivo.

Bryant también le indicó que eliminara los mensajes intercambiados y que usara redes privadas virtuales (VPN) para evitar ser rastreado.

Según AP News, Bryant también acordó retransmitir el ataque a través de Twitch para amplificar la notoriedad de la autora.

“Además de proveer fondos, asesoramiento técnico y artículos concretos para el tiroteo, Bryant acordó transmitir en vivo el ataque para maximizar la notoriedad de la autora”, aseguró Floyd durante una conferencia de prensa.

Las investigaciones y las consecuencias legales

De acuerdo con AP News, los investigadores accedieron a la cuenta de Twitch de Van Rootselaar y reconstruyeron que, antes de entrar al colegio, la autora había iniciado una transmisión desde su vehículo con un rifle y un fusil en el regazo.

El caso tiene una dimensión adicional de alcance tecnológico y legal. En abril de 2026, siete familias de víctimas presentaron una demanda civil contra la empresa OpenAI después de que se revelara que Van Rootselaar había utilizado ChatGPT para planificar el ataque.

En paralelo, la jefatura forense de Columbia Británica ordenó una pesquisa pública para examinar las circunstancias de la tragedia y formular recomendaciones de prevención. El anuncio situó como eje la identificación y atención de personas en crisis, en especial en comunidades rurales y remotas.

El asistente comisionado de la RCMP, Elija Rain, indicó que las autoridades canadienses contactaron al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos poco después del tiroteo, a partir de pistas halladas en las cuentas en línea de la autora.

Bryant realizó su primera comparecencia judicial este martes por la tarde y quedó detenido a la espera de una audiencia preliminar fijada para el 20 de octubre. La oficina del defensor público federal que lo representa no respondió a las solicitudes de comentario.

“Nada devolverá las ocho vidas arrebatadas en febrero, pero es importante que quienes son responsables rindan cuentas”, afirmó Floyd ante los periodistas.

En abril pasado, en el parque para perros de Centerville Mills, en Bainbridge Township, Ohio, se materializó de la forma más literal posible: dos desconocidos sacaron sus armas y se dispararon mutuamente en el estacionamiento después de discutir sobre Donald Trump.

Uno se fue en su auto con agujeros en la puerta del conductor. El otro terminó con una bala en la columna.

Emmanuel Mathews, de 80 años y retirado de la industria de distribución de carne, estaba en el parque con su corgi Frankie y un ejemplar de The Wall Street Journal con un titular sobre la guerra con Irán.

David Mattai, mecánico de montacargas de 55 años, había llegado esa tarde con Bob, su cavalier king charles spaniel.

Ninguno de los dos fue a buscar problemas. Sin embargo, ambos se fueron con consecuencias que cambiarán el resto de sus vidas, tal y como reconstruyó The New York Times a partir de entrevistas, registros policiales y grabaciones de cámaras corporales.

Cómo empezó todo

El único testigo presencial fue Jamie Jedlinsky, de 70 años, quien al llegar al parque con su perra Willow hizo un comentario sobre ese titular ante Mathews. El anciano discrepó y expresó su apoyo al presidente. Mattai, que escuchaba desde una mesa cercana, intervino.

“Trump es el peor presidente de la historia”, le dijo Mattai a Mathews. Mathews respondió que era el mejor.

Lo que siguió fue una escalada de gritos que Jedlinsky describió al diario como “dos hombres furiosos consigo mismos, furiosos con el mundo, que encontraron al adversario perfecto”.

Ante la insistencia de Jedlinsky, Mattai dejó de discutir y llevó a su perro al auto. Comenzó a salir del estacionamiento, pero Bob no quería irse. Mattai dio la vuelta y regresó al parque.

Lo que pasó en el estacionamiento

Una vez dentro, le exigió a Mathews que fuera él quien se retirara. El anciano avanzó hacia su Cadillac, pero al cruzar el portón se detuvo y le preguntó a Mattai si su madre lo había “dejado caer de la cabeza”

Mattai respondió: lo aferró por el cabello a través de una reja. Jedlinsky los separó y les ordenó a ambos que se fueran.

Mientras los tres llevaban sus perros a los autos, Jedlinsky escuchó a Mattai decir: “¿Vos tenés uno? Yo también tengo”. Segundos después, sonaron disparos.

Mathews sacó una pistola calibre .45 de su Cadillac y disparó primero. Al intentar un segundo disparo, el arma falló. Mattai respondió con su pistola de 9 milímetros y efectuó al menos cuatro disparos, que perforaron la puerta y el asiento del conductor cuando el anciano huía. Las balas lo rozaron por centímetros.

Uno de los disparos entró por la zona lumbar de Mattai y salió por el abdomen. Cuando llegó el primer oficial de policía, encontró a Mattai tendido sobre el asfalto. Su perro esperaba en el asiento delantero del Hyundai, ileso.

La versión de Mathews ante la policía

Mathews no llegó a la comisaría por sus propios medios. A pocos minutos de la escena, interceptó a un patrullero que ya acudía al llamado y le dijo: “¿Vas al tiroteo? Fui parte de él”. Esto quedó registrado en la cámara corporal del oficial.

En el asiento trasero del patrullero, con lágrimas y un pequeño corte en la mejilla, Mathews le explicó su versión. “Dije ‘siento que mi vida está en peligro’. Lo dije porque sé que eso es lo que hay que decir”, declaró, tal y como consta en el video. Afirmó que Mattai había rodeado el vehículo con una pistola en la mano antes de que él abriera fuego.

También sostuvo que Mattai lo había golpeado con la cabeza antes del tiroteo, algo que Mattai negó. “Si lo hubiera golpeado con la cabeza, no se habría ido manejando”, afirmó Mattai en declaraciones al diario.

Durante la estadía en comisaría, Mathews preguntó cuatro veces por el estado de su perro Frankie. No preguntó por el hombre al que había baleado.

El estado de Mattai y lo que confesó después

En el hospital, los médicos advirtieron a la esposa de Mattai, Sally, que la cirugía de emergencia podía no ser suficiente.

Mattai sobrevivió, pero la bala le destrozó los intestinos y le fracturó la columna. Necesitó una segunda intervención al día siguiente y meses de rehabilitación.

Mattai reconoció haber consumido alcohol ese día. También admitió haber exagerado durante años la duración de su servicio en los Marines: les dijo a varios interlocutores que había servido una década, pero el cuerpo confirmó que fue menos de un año. “Es como la fachada que construí para el mundo”, confesó.

Dos semanas después del tiroteo, Mattai fue dado de alta. Al llegar a su casa, tiró todas sus calcomanías políticas a la basura. También volcó su vodka por el desagüe.

Los cargos penales y el estado judicial del caso

Mathews fue imputado por agresión dolosa, un delito de segundo grado en Ohio que puede implicar entre tres y ocho años de cárcel.

Quedó en libertad tras pagar una fianza de USD 50.000 y porta un monitor GPS en el tobillo. Su juicio está previsto para febrero de 2027.

Su abogado, Ian Friedman, anticipó que la defensa alegará legítima defensa bajo la ley de stand your ground aprobada por la legislatura republicana de Ohio en 2020, que exime del deber de intentar huir antes de usar fuerza letal ante una amenaza grave.

“Este caso nunca tuvo que ver con la política ni con ninguna otra motivación”, aseguró Friedman al diario, “salvo que Mathews se enfrentó a una situación de vida o muerte y actuó para salvar su vida”.

El fiscal local se excusó del caso porque su madre convive con Mathews, y derivó la causa a la Fiscalía General de Ohio. Esa oficina, a su vez, no recibió solicitud de evaluar cargos contra Mattai.

Cuatro meses después del tiroteo, sin embargo, un fiscal de otro condado imputó a Mattai por agresión leve y conducta desordenada, con base en esa misma denuncia.

Mattai enfrenta hasta seis meses de prisión y dijo estar dispuesto a declararse culpable o a no disputar los cargos si eso le permite evitar la cárcel.

Camina con dificultad desde entonces y no pudo retomar su trabajo como mecánico de montacargas. Jedlinsky, por su parte, se mantuvo alejado del parque durante un largo tiempo y afirmó que no recuerda haber visto el cabezazo ni planea tomar partido en el proceso judicial.

“Este país está muy dividido”, dijo Jedlinsky a The New York Times. “Hay que elegir un bando y odiar al otro”. Al final, llegó a una conclusión: después de todo lo ocurrido, ninguno de los dos hombres cambió de opinión.

Marruecos avanza en la renovación de sus medios aéreos y terrestres militares con la incorporación futura de cazas F-16 Block 72 y un nuevo lote de tractores y remolques destinados al transporte de vehículos blindados. Los anuncios, difundidos por empresas estadounidenses vinculadas a los contratos, apuntan a ampliar la capacidad de despliegue de las unidades marroquíes.

El primer F-16 Block 72 destinado a las Fuerzas Reales del Aire completó su vuelo inaugural, según informó Lockheed Martin, el martes 6 de octubre. La aeronave continuará ahora con su programa de ensayos antes de ser entregada a Marruecos. La compañía indicó que incorpora aviónica renovada, sensores actualizados y mejoras en los sistemas de misión. También señaló que el modelo cuenta con cambios orientados a elevar la seguridad y la fiabilidad de la plataforma.

Oshkosh Defense anunció un pedido de 50 tractores HET A1 y 50 remolques MN573, que permitirán trasladar carros de combate, vehículos de recuperación y sistemas de artillería autopropulsada. El contrato fue gestionado por Optimum Vehicle Logistics, distribuidor de vehículos y equipos logísticos estadounidenses para Marruecos. Las empresas no comunicaron el valor de la operación ni las fechas previstas para las entregas.

El caza continúa el avance de EEUU en Marruecos

Marruecos ya cuenta con aviones F-16 y C-130 Hercules, además de radares y helicópteros Black Hawk. Lockheed Martin también participa en un proyecto industrial en territorio marroquí a través de Maintenance Aero Maroc, responsable de un centro de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves en Benslimane. La instalación tendrá más de 8.000 metros cuadrados y, en una primera etapa, estará enfocada en trabajos de mantenimiento pesado y modernización de los C-130.

El proyecto contempla una posible expansión hacia otras aeronaves, entre ellas el F-16. De esta forma, el caza, además de suponer un nuevo medio para el ejército marroquí, significa un paso más en la entrada de la industria estadounidense en el país vecino. Desde hace años, ambos países han mejorado sus relaciones hasta convertirse en socios fiables, lo que también tiene resultados a nivel industrial.

50 tractores HET A1 y 50 remolques especializados

Por otro lado, la otra compra corresponde a un conjunto de 100 unidades de transporte pesado. Estos sistemas están concebidos para mover vehículos de gran peso sin que deban recorrer largas distancias por sus propios medios. Esa capacidad reduce el desgaste mecánico de los blindados y facilita el traslado de unidades entre bases, zonas de entrenamiento y áreas de despliegue. Pat Williams, director de programas de Oshkosh Defense, señaló que el segundo encargo responde a la demanda de medios de movilidad preparados para misiones militares. El acuerdo incluye repuestos, asistencia técnica y capacitación para la operación de los equipos.

Los remolques MN573 proceden de una colaboración con Broshuis BV, fabricante neerlandés especializado en plataformas de carga. La empresa produce remolques multiextensibles, semirremolques de plataforma baja, modelos planos y equipos portacontenedores para aplicaciones civiles y militares. Con los nuevos cazas y los vehículos de transporte pesado, Marruecos amplía dos áreas diferentes de sus fuerzas armadas. Por un lado, la a disponibilidad de medios de combate aéreo y, por otro, la capacidad logística para desplazar sus plataformas terrestres de mayor tonelaje.

La maniobra forma parte del Ejercicio Strike Warrior, unas operaciones de entrenamiento en Escocia que movilizan a más de 2.000 efectivos de Reino Unido, Países Bajos, Canadá, Alemania, Noruega y Estados Unidos. El despliegue abarca las Islas Occidentales, los accesos noroccidentales, Galloway, la región de Borders y el mar del Norte. La operación se enmarca en una prueba dirigida por comandos que busca ensayar la capacidad aliada para responder a crisis en el Alto Norte y el Atlántico Norte, dos zonas claves para la OTAN.

Fuego naval desde los acantilados de Cabo Wrath

Una de las operaciones incluidas en Strike Warrior contó con la participación de miembros de la 148.ª Batería de Observación Avanzada de Comandos, una unidad integrada por especialistas de la Armada y del Ejército británicos. Su cometido incluye las tareas de reconocimiento y la dirección de fuego naval desde posiciones situadas tras las líneas enemigas. Los efectivos se aproximaron a la costa en botes inflables de asalto y establecieron un puesto de observación en los acantilados de Cabo Wrath. Desde allí transmitieron indicaciones para que el buque portugués NRP Dom Francisco de Almeida dirigiera sus cañones contra posiciones identificadas como enemigas.

La secuencia combinó capacidades submarinas, movimientos anfibios, observación avanzada y apoyo de artillería naval. El objetivo consistía en comprobar la coordinación entre unidades de distintos países y ramas militares en un escenario que simula una respuesta ante una amenaza en el Atlántico Norte. La presencia de fuerzas de seis países permite ensayar procedimientos comunes entre contingentes aliados. El entrenamiento se extiende por distintos puntos de Escocia y sus aguas próximas. La salida desde un submarino alemán refleja además la participación multinacional prevista en estas maniobras.

Coordinación inédita en casi 30 años

El oficial de operaciones de la 148.ª Batería, cuya identidad no se ha divulgado por razones operativas, afirmó que el ejercicio ha permitido reunir recursos y capacidades que su unidad no coordinaba desde hace décadas. “Este nivel de complejidad y coordinación de recursos operativos no se había alcanzado en la 148.ª Batería en casi 30 años”, señaló el mando militar.

“Queríamos demostrar a nuestros socios de la Fuerza de Comandos del Reino Unido, la Defensa del Reino Unido en general y la comunidad de Fuerzas de Operaciones Especiales de la OTAN el tipo de misiones que estamos preparados para ejecutar contra futuras amenazas”, afirmó, según recoge el comunicado oficial. La operación desarrollada en Cabo Wrath resume ese planteamiento: una infiltración desde el mar, un desembarco en embarcaciones ligeras, la instalación de un punto de observación y la coordinación de fuego desde un buque aliado, todo ellos con varios países implicados.

La tripulación del carguero Alfa Watan, con bandera de Togo, ha desaparecido después de que el buque se hundiera frente a la costa de Bulgaria tras sufrir daños en un ataque con drones durante la madrugada de este martes. El director del Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Varna, Rumen Nikolov, confirmó el hundimiento y la desaparición de los tripulantes en una entrevista con Radio Nacional de Bulgaria (BNR). Las autoridades desplegaron una operación de búsqueda y rescate en la zona.

El Alfa Watan fue uno de los dos barcos alcanzados. El otro, el Able, de bandera de Palaos, sufrió un incendio después del ataque. Sus 18 tripulantes lograron abandonar la embarcación y fueron rescatados por un ferri búlgaro que modificó su ruta para asistirlos. Entre ellos hay varios heridos, según informó la emisora pública búlgara BNR. El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, convocó una reunión de emergencia para abordar los hechos, cuya autoría no ha sido determinada por el momento.

Los ataques se produjeron hacia las 4.00 horas, hora local, a unas 80 millas (130 kilómetros) de la costa de Bulgaria. La zona afectada se encuentra al este del cabo de San Atanasio y de la localidad de Byala, en el mar Negro. Según refleja el portal Marine Traffic, el buque tenía como destino el Puerto de Sulina, situado en el distrito de Tulcea, Rumanía. Esta plataforma no refleja movimientos del barco desde la pasada madrugada, casi tres horas antes de la hora a la que se registró el ataque.

Segundo ataque tras uno atribuido a Rusia

El suceso ocurrió un día después de otro ataque contra un mercante de bandera turca frente a las costas de Rumanía, también en el mar Negro. Dos miembros de la tripulación murieron tras el impacto de un dron. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, atribuyó ese episodio anterior a Rusia y lo calificó de “ataque atroz” contra “un buque civil en aguas neutrales”. También sostuvo que Kiev ha planteado en repetidas ocasiones medidas para reducir la tensión y reforzar la seguridad marítima en la zona. “Rusia opta sistemáticamente por el terror y el hundimiento de buques civiles en lugar de la navegación marítima normal”, afirmó Zelenski.

La semana pasada, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que Ucrania debía “pagar un precio” por sus ataques en el mar Negro. Añadió que Moscú pretende “cortar completamente” el suministro marítimo de material militar a Kiev. No obstante, no hay todavía pruebas de que el Kremlin esté detrás de esta ataque ni de que el buque se dirigiese a Ucrania, de manera que solo es una teoría con fundamento por apoyarse en lo sucedido 24 horas antes.

Siete personas fueron detenidas en la Ciudad de México durante una serie de cateos y una acción paralela contra una célula delictiva identificada como “El Güero Fresa” que, de acuerdo con las investigaciones, tiene presencia en el oriente de la capital, así como en municipios del Estado de México e Hidalgo.

Cinco de las capturas ocurrieron durante siete cateos simultáneos realizados en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, mientras que otras dos personas fueron detenidas en flagrancia en una acción desarrollada en Iztapalapa. Las autoridades aseguraron diversas dosis de narcóticos, dos réplicas de armas de fuego, teléfonos celulares y vehículos.

Entre los detenidos durante los cateos se encuentran Ignacio “N”, de 48 años; Hugo Enrique “N”, de 42; César “N”, de 37; Verónica Esmeralda “N”, de 35; y Javier “N”, de 22.

En una acción paralela realizada en la colonia San Antonio, Iztapalapa, fueron detenidos Damián Ulises “N”, de 30 años, y Karen Guadalupe “N, de 29, quienes llevaban 139 dosis de narcóticos.

Las autoridades identificaron a los siete como presuntos integrantes de una célula denominada “El Güero Fresa”, a la que atribuyen actividades relacionadas con la venta, distribución y almacenamiento de drogas en la zona oriente de la Ciudad de México y con presencia en el Estado de México e Hidalgo.

Los cateos se concentraron en Iztapalapa y Tláhuac

Uno de los operativos se realizó en un inmueble de la calle 2, en la colonia José López Portillo, Iztapalapa, donde fueron localizados 22 paquetes con una sustancia con características de cocaína, siete bolsas con una sustancia similar a la piedra, cinco envoltorios con una sustancia sólida y dos teléfonos celulares. En el lugar fueron detenidos Verónica Esmeralda “N” e Ignacio “N”.

En otro inmueble de la calle 14, también en la colonia José López Portillo, fue detenido Hugo Enrique “N”. En ese sitio fueron aseguradas dos réplicas de armas de fuego, 18 bolsas con marihuana, 48 envoltorios con una sustancia con características de cristal y cuatro teléfonos celulares.

El tercer cateo con información detallada se realizó en la calle 4 de la misma colonia, donde fueron encontrados 25 envoltorios con marihuana, una bolsa con la misma sustancia a granel, 24 bolsas con narcóticos y 17 envoltorios con una sustancia con características de cocaína. Ahí fueron detenidos César “N” y Javier “N”.

Los otros cuatro cateos se realizaron en inmuebles ubicados en las colonias José López Portillo, Valle de San Lorenzo y Área Rural, en Iztapalapa y Tláhuac. La información difundida por las autoridades no detalló los objetos asegurados en cada uno de esos domicilios.

Dos detenidos en flagrancia llevaban 139 dosis de narcóticos

Mientras se desarrollaban los cateos, agentes realizaron una acción paralela en la colonia San Antonio, Iztapalapa, donde detuvieron a Damián Ulises “N” y Karen Guadalupe “N”.

A ambos les fueron aseguradas 139 dosis de narcóticos, además de una motocicleta y un vehículo tipo motoneta, de acuerdo con la información oficial.

Después de las capturas, las siete personas fueron trasladadas ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Los inmuebles cateados quedaron asegurados y bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones. En las acciones participaron elementos de SSPC, FGR, Defensa y GN, en coordinación con la SSC y la Fiscalía CDMX.

El Güero Fresa: origen, antecedentes y cómo opera la organización en el oriente de CDMX

El nombre de “El Güero Fresa” comenzó a aparecer en investigaciones de autoridades capitalinas al menos desde 2020, cuando comerciantes y transportistas de Iztapalapa y Tláhuac denunciaron amenazas y extorsiones atribuidas a un hombre que se identificaba con ese alias. En ese momento, las autoridades todavía no habían establecido públicamente la identidad de quien encabezaba la estructura.

Posteriormente, investigaciones revelaron que bajo ese apodo se encontraba Pedro Contreras Galindo, señalado como líder de un grupo dedicado al narcomenudeo y la extorsión, con actividad principalmente en el oriente de la capital. Para octubre de 2020 ya existían denuncias de comerciantes que colocaron mantas para señalarlo como responsable de exigir dinero a cambio de permitirles continuar con sus actividades.

Una de las investigaciones documentó amenazas contra transportistas. De acuerdo con la carpeta de investigación CI-FIIZP/IZP-6/UI-1 C/D/01302/08-2020 —consultada por Infobae México—, integrantes del grupo exigían cuatro mil pesos por cada unidad de una ruta y una cuota semanal de 400 pesos por vehículo, bajo amenazas de incendiar los autobuses si no realizaban los pagos. En otro caso incluido en la misma carpeta, un chofer reportó que uno de sus autobuses fue incendiado después de recibir amenazas relacionadas con el cobro de cuotas.

La actividad atribuida a la estructura no se limitaba a la extorsión. Las investigaciones de la Fiscalía capitalina también la relacionaron con la venta y distribución de drogas y con el despojo de inmuebles en Iztapalapa y Tláhuac. En 2021, además, autoridades identificaron a integrantes del grupo en puntos de narcomenudeo de la colonia José López Portillo, donde fueron aseguradas cantidades de marihuana y cocaína, así como armas y cartuchos.

Pedro Contreras fue detenido en diciembre de 2021 en la colonia Bondojito, en Gustavo A. Madero. Durante el operativo le aseguraron un fusil tipo AR, una pistola y marihuana. La Fiscalía lo identificó entonces como posible líder de un grupo que operaba en Iztapalapa y Tláhuac y lo puso a disposición de un juez por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho.

La estructura también fue relacionada con una disputa territorial con remanentes del Cártel de Tláhuac. Las investigaciones ubicaron su actividad en colonias como Barrio San Antonio, El Rosario, José López Portillo, Jardines de San Lorenzo, Barrio Guadalupe y Villa del Mar, además de distintas zonas de Tláhuac.

La detención de Pedro Contreras no significó que desaparecieran las células asociadas con el nombre. En julio de 2021, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó la captura de 10 presuntos integrantes del grupo en Tláhuac e Iztapalapa, a quienes aseguró cocaína, piedra, marihuana y dinero en efectivo.

En años posteriores, las autoridades continuaron identificando operadores relacionados con esta estructura. En abril de 2025 fue asesinado Rafael Contreras Galindo, conocido como “El Fantasma” y hermano de Pedro Contreras, en Valle de San Lorenzo, Iztapalapa. Las investigaciones lo señalaban como integrante de la estructura y lo relacionaban con extorsión y narcotráfico en el oriente de la capital.

Los reportes sobre el grupo también muestran una operación mediante células y operadores en distintos puntos del oriente capitalino. En 2025 fue detenido en Valle de Chalco un presunto operador identificado como Williams Jesús “N”, señalado de pertenecer a la estructura y relacionado con narcomenudeo, extorsión, despojo, robo y homicidio de integrantes de grupos rivales.

La actividad atribuida a la organización continuó apareciendo en investigaciones durante 2026. En julio, un juez vinculó a proceso a Israel “N”, identificado como presunto integrante de una célula de “El Güero Fresa”, por un caso de homicidio calificado en grado de tentativa ocurrido durante un enfrentamiento en Iztapalapa. Las autoridades lo relacionaron con una estructura dedicada, entre otros delitos, a extorsión, narcomenudeo y homicidio.

El operativo de octubre de 2026 vuelve a ubicar a la estructura en Iztapalapa y Tláhuac. Los antecedentes documentados muestran una estructura que ha sido vinculada a narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, amenazas, despojo y hechos violentos.

Una niña de 12 años, Khloe Ishway, perdió la vida sin ser el blanco de nadie: su familia había ido al parque a dejar algo y las balas la alcanzaron antes de que pudieran irse.

La víctima asistía al evento de homecoming —una celebración de fin de temporada propia de la cultura deportiva estadounidense— organizado por una liga de fútbol americano juvenil en el Leon Day Park, en el bloque 1200 de North Franklintown Road.

La policía recibió múltiples llamadas por disparos alrededor de las 6:15 p.m. y al llegar encontró a la menor y a una mujer de 25 años con heridas de bala. La niña fue trasladada de urgencia a un hospital, donde falleció.

El detonante del tiroteo

El comisionado de la Policía de Baltimore, Richard Worley, brindó detalles del episodio en una conferencia de prensa recogida por Fox News. Afirmó que la disputa entre los dos atacantes habría comenzado por un espacio para estacionar.

“Hubo algún tipo de discusión entre dos cobardes y, por supuesto, ambos se dispararon mutuamente”, declaró el funcionario. Worley precisó que la menor no era el blanco de ninguno de los dos atacantes.

Los dos hombres involucrados en el tiroteo huyeron del lugar. Los investigadores encontraron indicios de dos armas distintas en la escena, aunque no se precisó cuántos disparos se efectuaron en total.

Hasta la noche del domingo, la búsqueda de al menos dos sospechosos, descritos como hombres adultos, continuaba activa sin arrestos.

El saldo de una noche que pudo terminar diferente

Además de la menor fallecida y la mujer de 25 años hallada en la escena, dos hombres —de 28 y 23 años— llegaron por sus propios medios a hospitales del área con heridas de proyectil.

Horas más tarde, alrededor de las 10 p.m., la policía fue notificada de un cuarto adulto herido: una mujer de 35 años que acudió a un centro médico con una rozadura de bala en la espalda. Los cuatro sobrevivientes permanecieron en condición estable, tal como precisaron las autoridades.

El evento de homecoming convocaba a padres, jugadores y vecinos del barrio para una jornada festiva de la liga juvenil.

La reacción de las autoridades

El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, reaccionó con visible consternación ante lo sucedido. “Lo que pasó aquí hoy es una de las cosas más repugnantes que he visto en mi vida”, aseguró el mandatario en declaraciones recogidas por WJZ.

Scott señaló que lo ocurrido refleja una escalada de violencia armada que afecta de forma directa a los espacios de encuentro comunitario.

“Nunca vamos a ver su potencial completo”, dijo Scott en referencia a la menor. “Su familia va a sufrir por esto el resto de su vida. Sus compañeros de clase van a sufrir. Su comunidad va a sufrir”. El alcalde extendió sus condolencias a la familia de la víctima.

La investigación quedó en manos de los detectives de homicidios de la ciudad. Las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana: quienes tengan información pueden comunicarse con la unidad de homicidios al 410-396-2100 o con Metro Crime Stoppers al 1-866-7LOCKUP.

También es posible enviar pistas de forma anónima a través de Metro Crime Stoppers of Maryland. La organización de fútbol juvenil involucrada en el partido aclaró, en un comunicado enviado a WJZ, que el tiroteo no tuvo origen en el homecoming ni involucró a los equipos participantes.

Según la entidad, la discusión por el estacionamiento comenzó en el barrio ubicado por encima del parque, aunque la policía no confirmó ese detalle de forma independiente.

Khloe Ishway, la niña que “siempre estaba ahí”

La menor fallecida fue identificada como Khloe Ishway, de 12 años. Su familia reveló a WJZ que el tiroteo los sorprendió en el peor momento posible.

Su madre, Kristin Reese, pidió justicia con palabras que resumen el dolor de una pérdida que no debería haber ocurrido. “Llevar un arma a un evento de niños ya es un acto de payaso. Eso no se hace”, afirmó. “Y quiero justicia para mi bebé”, añadió.

La abuela de Khloe describió a la niña como su compañera inseparable. “Siempre estaba conmigo. Era mi mejor amiga. Me llamaba todos los días. ¿Quién va a llamar a mi teléfono ahora? Mi teléfono ya no suena”, dijo entre lágrimas.

En su honor, la comunidad organizó una caminata por la paz para el lunes a las 5 p.m. en el mismo barrio donde la niña creció.

La violencia ha dejado cuatro muertes en el inicio de octubre en Panamá, después de que septiembre cerrara con 44 personas asesinadas.

El primer fin de semana de octubre registra un homicidio en el corregimiento de la 24 de Diciembre, un hombre herido de gravedad en Colón y tres muertes de menores en San Joaquín, Monterrico y La Chorrera.

Las circunstancias de los fallecimientos de los menores de edad aún cuentan con escasa información oficial.

El homicidio del hombre ocurrió durante la tarde del sábado en el sector de Altos del Ángel, en el área de Nuevo Tocumen.

La víctima se encontraba dentro de su vehículo cuando varios sujetos llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones.

El individuo murió en el sitio tras el ataque, y la información inicial no precisa la identidad de la víctima ni los posibles motivos de la agresión.

El hecho se produjo después de un mes que dejó 44 muertes vinculadas a la violencia en Panamá. Esa cifra expuso la continuidad de los ataques con armas de fuego en distintas zonas del país.

Otro hombre en la provincia de Colón sufrió heridas graves luego de que un pistolero le disparara en la comunidad del Valle de San Judas Tadeo.

El agresor escapó durante la noche tras perpetrar el ataque, y las personas que auxiliaron a la víctima la trasladaron a la sala de urgencias del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde recibió atención médica.

Las autoridades también investigan los fallecimientos de tres menores ocurridas en San Joaquín, Monterrico y la Loma de Guadalupe, esta última en el distrito de La Chorrera, Panamá Oeste.

Los datos conocidos hasta ahora muestran que se trata de hechos con circunstancias distintas y que parte de la información todavía permanece bajo verificación.

El caso ocurrido en La Chorrera involucró a un niño de cuatro años. Según la información preliminar, el menor jugaba entre las divisiones de los cuartos mientras su madre se bañaba.

En ese momento, el niño presuntamente quedó enredado de manera accidental con una soga que utilizaban para tender ropa. Los peritos continúan con las diligencias para determinar las circunstancias precisas del fallecimiento.

El periodista Raúl Vega informó a través de su red social que la investigación busca establecer cómo ocurrió el hecho que afectó a la comunidad de la Loma de Guadalupe. La versión disponible no atribuye responsabilidades ni adelanta conclusiones sobre el caso.

De los otros dos fallecimientos de menores, las autoridades ofrecieron pocos detalles. Se conoce que el caso de Monterrico estuvo relacionado con un disparo y ocurrió en las cercanías de una cancha de fútbol.

La falta de información adicional impide establecer por ahora las circunstancias en las que se produjeron ambos hechos. Tampoco se difundieron datos sobre la edad o identidad de las víctimas.

En Panamá las estadísticas oficiales citadas por distintos medios señalan que el país terminó 2025 con 593 homicidios a nivel nacional.

El número mantiene la preocupación por la criminalidad violenta y el impacto de las armas de fuego.

Los datos describen un escenario marcado por disputas entre bandas, conflictos personales y otros episodios de violencia letal. Estas situaciones forman parte de un problema sostenido de seguridad pública.

La Policía Nacional informó que en lo que del 2026 ha decomisado 2.293 armas de fuego en operativos y acciones preventivas desarrolladas en el país.

El registro incluye 967 pistolas, 546 fusiles y 316 revólveres.

El desglose también contempla 155 escopetas, 102 rifles, 99 armas tipo pellet, tres mini Uzi, dos subametralladoras y un arma tipo niple. La institución presentó esos resultados como parte de sus estrategias contra los hechos delictivos.

Las operaciones policiales permitieron además la captura de 48.407 personas por delitos y faltas. De ese total, 31.538 correspondieron a personas requeridas mediante oficio.

La entidad registró además 302 capturas por homicidio, 13.985 por faltas administrativas, 2.272 por microtráfico y 310 por delitos relacionados con narcotráfico.

En otro balance, la institución indicó que incautó 19.390 paquetes de presunta sustancia ilícita y 2.191 armas de fuego. Las cifras reflejan la magnitud de las operaciones desplegadas mientras continúan las investigaciones por los hechos ocurridos al inicio de octubre.

Una réplica de aire comprimido fue secuestrada preventivamente en la Escuela Primaria Provincial N° 69 Hielos Continentales de la localidad santacruceña de Caleta Olivia, luego de que las autoridades advirtieran que un alumno la tenía entre sus pertenencias. Tras activarse el protocolo de emergencia, intervino la Justicia de Menores.

El hecho ocurrió el jueves pasado en el horario del turno tarde. La comunidad educativa fue notificada mediante un comunicado del Equipo de Gestión, que confirmó la detección del elemento y remarcó que se aplicaron las medidas previstas por la normativa.

De la misma manera, las autoridades informaron que el objeto permaneció bajo resguardo dentro del establecimiento hasta la llegada del personal policial. Luego, los efectivos realizaron el secuestro preventivo para incorporarlo a las actuaciones del caso.

La escuela buscó llevar tranquilidad a la comunidad educativa al precisar que la situación fue atendida de manera inmediata. También sostuvo que se realizaron las intervenciones previstas por la normativa vigente, sin brindar detalles sobre la edad del estudiante ni sobre las circunstancias en las que se detectó el elemento.

De acuerdo con la información obtenida por La Opinión Austral, no se consignó que hubiera personas lesionadas, amenazas ni agresiones dentro de la institución. Tampoco precisó si el arma de aire comprimido estaba cargada o en condiciones de ser utilizada.

Tras el aviso de las autoridades escolares, intervino el personal policial, que retiró el objeto y concretó el secuestro preventivo. Según la información difundida sobre el procedimiento, las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la Secretaría del Juzgado Penal Juvenil.

La participación judicial se vincula con la presencia de un menor de edad y con la necesidad de determinar las circunstancias del hecho. Por ese motivo, no trascendieron mayores precisiones sobre las medidas adoptadas ni sobre la situación del alumno involucrado.

En las horas posteriores al episodio circuló una versión según la cual el estudiante habría llevado el arma de aire comprimido hasta un baño durante un recreo y habría efectuado un disparo contra una puerta.

No obstante, ni la EPP N° 69 ni las autoridades policiales o judiciales confirmaron esa versión. De hecho, el comunicado de la institución no hizo referencia a disparos, daños materiales, amenazas o situaciones de violencia dentro del edificio escolar.

Después de lo ocurrido, el Equipo de Gestión solicitó a las familias revisar las pertenencias de los estudiantes antes de que concurran a la escuela. Además, pidió fortalecer el diálogo en los hogares sobre el cuidado personal y la prevención de este tipo de situaciones.

“Solicitamos, por favor, revisar las pertenencias de los estudiantes antes de asistir a la escuela, dialogar en familia sobre la importancia del cuidado y prevención de sí mismo y de sus pares”, expresaron desde la institución.

Los episodios recientes reavivaron el debate por la prevención escolar

El caso ocurrió pocos días después de otro hecho registrado en Caleta Olivia, donde se detectó la presencia de un cuchillo en el Instituto Marcelo Spínola. En aquella ocasión, la institución activó el protocolo y aclaró que no se había producido una amenaza ni una agresión dentro del establecimiento.

También existen antecedentes recientes en la provincia relacionados con armas de aire comprimido. En abril, un alumno de séptimo grado de la Escuela Primaria N° 40 de Pico Truncado ingresó con una pistola de este tipo y, según la información difundida entonces, la habría apuntado hacia compañeros durante una clase de Educación Física.

Ese mismo mes, dos adolescentes fueron demorados en Caleta Olivia en el marco de una investigación por amenazas de un supuesto tiroteo contra una institución educativa. El procedimiento incluyó intervenciones policiales y el secuestro de dispositivos electrónicos.

La sucesión de estos casos volvió a poner en primer plano la importancia de los mecanismos de prevención, la comunicación entre las familias y las escuelas, y la respuesta inmediata de las autoridades cuando se detectan elementos que pueden generar riesgo en el ámbito educativo.

Los delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos fueron los más frecuentes en las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República (FGR) durante 2025, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal del INEGI, publicado el 1 de octubre de 2026.

Según el instituto, este tipo de delitos representó 21.4 % de los 84 144 delitos que la dependencia registró en ese periodo.

Los cinco delitos más registrados por la FGR

El INEGI presenta los cinco delitos con mayor frecuencia en la FGR. Estas son las cifras de 2024 y 2025:

• Armas, explosivos y otros materiales destructivos: de 14 847 a 17 985 delitos.
• Robo en todas sus modalidades: de 13 mil 554 a 12 397, con 14.7 % del total en 2025.
• Hidrocarburos y sus derivados: de 6 mil 807 a 9 568, con 11.4 %.
• Delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos: de 6 mil 057 a 6 652.
• Vías de comunicación y correspondencia: de 5 mil 535 a 6 mil 337.

Con base en las cifras del INEGI, el cálculo de variación porcentual indica que los delitos en materia de armas y explosivos aumentaron cerca de 21 % frente a 2024. Los de hidrocarburos crecieron alrededor de 41 %, mientras que el robo disminuyó aproximadamente 8.5 %.

Un año con más delitos en la FGR

El instituto precisa que los delitos registrados por la FGR aumentaron 7.0 % respecto a 2024, al pasar de 78 611 a 84 144. En contraste, los registrados por las fiscalías estatales disminuyeron 4.9 %.

Con ello, la FGR concentró 4.0 % de los 2 102 812 delitos registrados a nivel nacional en carpetas de investigación abiertas. El 96.0 % restante correspondió a las fiscalías generales o procuradurías estatales.

El INEGI aclara que en una carpeta de investigación pueden registrarse uno o más delitos.

Carpetas, determinaciones y pendientes

Además de los delitos, el censo reporta que la FGR abrió 84 mil 144 carpetas de investigación en 2025. En la etapa de investigación inicial se registraron 104 mil 334 determinaciones o conclusiones, y quedaron 32 023 procedimientos pendientes de concluir al cierre del año.

El INEGI señala que, en el caso de la FGR, la cifra de pendientes solo incluye la etapa de investigación inicial. La fiscalía reportó no contar con información sobre los procesos de la etapa de investigación complementaria.

Presupuesto ejercido

El comunicado indica que la FGR ejerció 14 513.5 millones de pesos en 2025, a precios de la segunda quincena de julio de 2018. Esto representa una disminución de 1.1 % frente a 2024.

¿Qué considerar al leer los datos?

El censo describe los delitos registrados en carpetas de investigación abiertas y no establece causas de las variaciones. El comunicado tampoco incluye explicaciones de la FGR sobre el comportamiento de cada delito. Para conocer los detalles técnicos, el INEGI remite a su reporte de resultados en el sitio oficial.

Musk trabajará junto a Palmer Luckey, fundador de la empresa de defensa Anduril, y el exparlamentario Newt Gingrich, quien presidió la Cámara de Representantes en la década de 1990. El director de Tecnología del Pentágono, Emil Michael, supervisará el proyecto.

El grupo, que incluirá funcionarios, académicos, expertos en políticas públicas y representantes de la industria, tendrá 120 días para presentar un informe final público no clasificado, acompañado por un anexo reservado.

El Proyecto Meridian busca dominar los campos de batalla del futuro

El Proyecto Meridian no está orientado a elaborar nuevas estrategias ni políticas militares. “El objetivo es identificar los dominios que debemos conquistar y las capacidades que debemos dominar”, según Hegseth.

El programa examinará escenarios de combate en un espectro que va desde el subsuelo hasta el espacio cislunar —la región comprendida entre la Tierra y la Luna—, es decir, desde túneles y cavernas hasta las órbitas más lejanas que rodean nuestro planeta.

La premisa central es que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos deben anticipar los requerimientos tecnológicos antes de que los conflictos los hagan urgentes. Para eso, el Pentágono convoca a actores del sector privado con experiencia en innovación, a quienes considera más ágiles que la burocracia institucional para detectar brechas tecnológicas y proponer soluciones.

Musk y Luckey diseñarán el arsenal mientras sus empresas compiten por contratos de defensa

La designación de Elon Musk y Palmer Luckey abre interrogantes sobre posibles conflictos de interés, dado que ambos dirigen empresas con contratos vigentes con el Departamento de Defensa, según informó CNBC.

SpaceX, la compañía aeroespacial de Musk, concentra una parte significativa de ese vínculo. En mayo de 2026, la Fuerza Espacial adjudicó a la empresa un contrato de USD 4.160 millones para desarrollar satélites diseñados para rastrear y localizar amenazas aéreas. Días antes, SpaceX había recibido otro contrato de USD 2.290 millones para construir una red militar de comunicaciones satelitales. Por su parte, Anduril —cofundada por Luckey— obtuvo en 2025 un contrato de hasta USD 642 millones del Cuerpo de Marines para sistemas de defensa contra drones.

Ninguno de los tres codirectores —Musk, Luckey ni Gingrich— tiene experiencia de servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, según CNBC. El propio Musk reconoció haber emigrado a Canadá en parte para eludir el servicio militar obligatorio en Sudáfrica.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos no abordó en su comunicado oficial los potenciales conflictos de interés derivados de la participación de estos empresarios.

El Pentágono crea un nuevo mando para la guerra autónoma y los drones

El Proyecto Meridian forma parte de un paquete de seis iniciativas presentadas por Hegseth en Quantico, según el comunicado del Departamento de Guerra. La más significativa en términos estructurales es la creación del Autonomous Warfare Command (AWC, Mando de Guerra Autónoma), un nuevo mando de combate funcional de cuatro estrellas destinado a expandir el uso de sistemas autónomos y robóticos en toda la fuerza conjunta. La previsión oficial es que el AWC quede operativo el 1 de octubre de 2027.

En paralelo, el Pentágono pondrá en marcha el Proyecto Agincourt, enfocado en acelerar la incorporación de drones y plataformas autónomas. Hegseth señaló que la guerra en Ucrania demostró la importancia de combinar armamento convencional de alto nivel con grandes volúmenes de sistemas autónomos de menor costo, según EFE.

FORTRESS America y otras medidas del paquete de Hegseth

Entre las restantes iniciativas anunciadas figura FORTRESS America —acrónimo de Federal Operations for Resilience, Troop Resources, Energy, Supply, and Survivability (Operaciones Federales para la Resiliencia, los Recursos de las Tropas, la Energía, el Suministro y la Supervivencia)—, un programa para reforzar la autonomía energética de las bases militares, repatriar cadenas de suministro estratégicas y constituir reservas nacionales de municiones, combustible y materiales críticos, según el Departamento de Guerra.

El secretario también lanzó el proyecto Next Great American Base (La Gran Nueva Base Americana), una convocatoria abierta a gobernadores estatales para construir una nueva instalación militar de gran escala en suelo estadounidense.

Además, anunció la creación de la Oficina de Asuntos Religiosos, con dependencia directa de la Secretaría de Defensa, y el programa America’s Corps of Cadets (Cuerpo de Cadetes de América), destinado a ampliar la formación de futuros oficiales en universidades seleccionadas como Louisiana State University, Liberty University, Tuskegee University, Mississippi State University y Hillsdale College.

El avión cisterna A400M del Ala 31 del Ejército del Aire y del Espacio ha regresado a España tras completar dos meses de despliegue en Rumanía, donde reabasteció en vuelo a 80 cazas aliados y transfirió 170 toneladas de combustible, según ha explicado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD). La aeronave estuvo integrada en el Destacamento Aéreo Táctico (DAT) Paznic, instalado en Constanza, en el flanco este de la Alianza Atlántica.

Durante la rotación, el A400M acumuló más de 150 horas de vuelo. Su misión consistió en reforzar las capacidades de reabastecimiento en vuelo de los aviones aliados desplegados en la zona, una función que permite ampliar el tiempo de permanencia de los cazas en el aire y, por tanto, su capacidad de actuación en operaciones de vigilancia, adiestramiento y defensa aérea. España mantiene en Rumanía una misión que incluye cazas F-18 y que ahora incorpora otras capacidades, entre ellas helicópteros NH-90 del Ala 48.

El A400M reabasteció a 80 aviones aliados

El A400M no solo ha operado junto a los medios españoles presentes en Rumanía. También ha dado apoyo a cazas de países aliados bajo la estructura de mando y control de la OTAN. En total, reabasteció a 80 aeronaves de combate durante las misiones desarrolladas desde Constanza. El reabastecimiento en vuelo es una de las capacidades que permite a los cazas prolongar sus vuelos sin necesidad de aterrizar para cargar combustible. En operaciones aéreas, esa función amplía la autonomía de las aeronaves y facilita que mantengan durante más tiempo su presencia en una zona determinada.

Este avión participó en misiones de Opciones de Disuasión Flexible, conocidas por sus siglas en inglés como FDO. Se trata de ejercicios que permiten a los aliados coordinar medios de distintos ámbitos y ensayar respuestas ante posibles escenarios de crisis. Estas maniobras se ajustan a los principios del Empleo Ágil del Combate, un modelo que contempla la dispersión de medios y su desplazamiento rápido entre distintas bases o puntos de operación. El objetivo es que las fuerzas aéreas puedan maniobrar con mayor flexibilidad y que un posible adversario tenga más dificultades para prever su respuesta.

Los helicópteros NH-90 del Ala 48 toman el relevo

La salida del A400M de Rumanía pone fin a una fase del despliegue aéreo español en el DAT Paznic, pero no supone el cierre de la participación nacional en la zona. España mantiene su contribución a las misiones de defensa colectiva de la OTAN con el relevo de capacidades y la incorporación de los helicópteros NH-90 del Ala 48. Estos helicópteros pasan a formar parte de los medios españoles desplegados en el flanco este. Su llegada amplía las opciones operativas disponibles en un contexto marcado por la necesidad de responder a distintos tipos de amenazas, entre ellas las relacionadas con sistemas aéreos no tripulados.

El Ejército del Aire y del Espacio explica que la incorporación es parte de la arquitectura multicapa de 360 grados de la Alianza. Este concepto engloba medios que operan en tierra, mar y aire para reforzar la vigilancia, la disuasión y la defensa de los países aliados. Con el regreso del A400M, España concluye una rotación centrada en el reabastecimiento en vuelo y abre otra etapa con medios de ala rotatoria.

Las armas de fuego se convirtieron en un factor central de la violencia en Uruguay, según el Ministerio del Interior. De hecho, siete de cada 10 homicidios en el país se cometen con estos artefactos. En la última década aumentaron los homicidios armados y también los delitos vinculados al uso, el porte y la circulación. Ante este escenario, el gobierno de Yamandú Orsi propuso una estrategia para controlar las armas y las municiones en el país.

La nueva normativa incluye una mejora en la trazabilidad, un fortalecimiento de los controles y la fiscalización y una mayor coordinación institucional, según lo difundido por el gobierno.

“Este escenario se desarrolla en un país con altos niveles de disponibilidad de armas y con señales cada vez más preocupantes de desvío hacia los mercados ilegales”, dice el comunicado del Ministerio del Interior.

Según datos oficiales, entre 2013 y 2025 se denunciaron cerca de 16.000 hurtos de armas, mientras que los casos de tenencia y porte ilegal se duplicaron y las denuncias por tráfico interno crecieron de forma exponencial.

“Las armas no explican por sí solas la violencia, pero sí la vuelven más letal: aumentan la capacidad de fuego de las organizaciones criminales, agravan la violencia asociada a otros delitos y transforman conflictos que podrían terminar en lesiones en hechos que terminan en muertes”, explica el gobierno.

El fortalecimiento del sistema de control de armas fue uno de los objetivos trazados por el gobierno de Orsi y está incluido en el Plan Nacional de Seguridad Pública, presentado como el “modelo uruguayo” para hacer frente a la delincuencia.

Uruguay es el único país del Mercosur que no tiene límites para la adquisición de municipios por parte de civiles, algo que las autoridades consideran que es “un riesgo” para el tráfico internacional.

Este dato, que forma parte de un diagnóstico elaborado por el gobierno, se suma a otras debilidades que fueron identificadas sobre el control y la trazabilidad.

Es por eso que una de las propuestas de esta estrategia uruguaya es la de “mejorar la trazabilidad”, lo que incluye “definir mejor de dónde vienen las armas que se utilizan para cometer delitos, quién las posee y cómo circulan”.

Un segundo elemento, publicado en un documento del Ministerio de Interior, es el de “actualizar regulaciones, incorporar estándares internacionales y cerrar vacíos normativos que hoy pueden ser aprovechados por actores criminales”.

El tercer punto del plan es el de mejorar la coordinación institucional, lo que implica “garantizar que la información circule de manera rápida y segura entre los organismos competentes para aumentar la capacidad preventiva y de investigación del Estado”.

En resumen, para el Ministerio del Interior el plan implica que haya un Estado “más moderno, más inteligente y más eficaz para controlar las armas de fuego”.

Los puntos de la estrategia:

El Ministerio del Interior aplicará esta estrategia a través de un decreto que envió el ministro del Interior, Carlos Negro, al presidente de la República. Estos son alguno de los puntos del plan:

1. Prohíbe la importación, fabricación, ensamblaje, adquisición y utilización de armas y componentes producidos mediante tecnologías digitales, incluidas las armas fabricadas por impresión 3D. 
2. Mantiene el límite general de ocho armas por usuario, pero establece un máximo de cuatro armas cortas o de puño y de dos pistolas, considerando su mayor riesgo de desvío hacia mercados ilícitos y su utilización en actividades delictivas. 
3. Establece límites de adquisición de municiones 
4. Habilita la compraventa de municiones entre particulares en circunstancias excepcionales y bajo condiciones reguladas. 
5. Exige que todas las armas de fuego importadas cuenten con marcaje conforme a estándares internacionales de identificación y trazabilidad. 
6. Prohíbe la importación de armas cuyo marcaje haya sido realizado exclusivamente mediante láser cuando ello comprometa su adecuada trazabilidad. 
7. Regula de forma integral la adquisición, tenencia, comercialización, almacenamiento, control y recarga de municiones, pólvora y fulminantes, incorporando requisitos de registro, obligaciones de trazabilidad, límites de almacenamiento y un régimen específico de sanciones. 

Siete niños y adolescentes asesinados a balazos en el primer semestre

Durante el primer semestre del año se registraron siete asesinatos de niños y adolescentes que murieron por crímenes cometidos con armas de fuego. La incidencia de las muertes se concentra en los adolescentes, pero también se reportaron casos en las tres franjas etarias determinadas por esta cartera, informó el diario El País.

Los siete asesinatos con armas de fuego en menores de edad son la misma cantidad de los que hubo en 2021 y similar a los registrados en 2022 (cuando hubo ocho, uno más) y en 2016 (nueve). Supone también la mitad de los asesinatos con balaceras de todo el año pasado (13). Los cirujanos pediátricos quedan impactados con las balaceras sobre menores.

El presidente de la Sociedad Uruguaya de Cirugía Pediátrica, Carlos Kirszenbaum, declaró a El País que la balacera genera una “repercusión importantísima” para la salud. “La bala es un cambio de vida en un segundo de ese niño”, comentó el profesional, en referencia a que el impacto genera una “distorsión completa” entre el paciente y su familia.

Panamá registró 1.520 armas recuperadas entre enero y agosto de 2026, una cifra que representa una caída de 49,6% frente a las 3.015 contabilizadas durante el mismo período del año pasado.

Sin embargo, detrás de esa reducción aparece un comportamiento contrario: la recuperación de rifles aumentó 167% y pasó a encabezar las categorías reportadas.

Durante los primeros ocho meses del año, las autoridades recuperaron 564 rifles, frente a los 211 registrados entre enero y agosto de 2025. La diferencia representa 353 unidades adicionales en apenas un año, pese a que el volumen general de armas recuperadas se redujo prácticamente a la mitad en la comparación interanual.

El cambio también alteró la composición de las armas encontradas por las autoridades. En 2025, los rifles representaban apenas 7% de las recuperaciones, mientras que este año concentran aproximadamente 37% del total. De esa manera, desplazaron a las pistolas como la categoría con mayor número de unidades registradas hasta agosto.

Las pistolas siguieron una trayectoria completamente diferente. Su número cayó de 1.174 a 511 unidades, equivalente a una reducción de 56,5%. El descenso fue todavía mayor entre los revólveres, que pasaron de 782 a 146, lo que supone una disminución de 81,3% respecto al mismo período de 2025.

También disminuyeron las escopetas y los fusiles recuperados. Las primeras pasaron de 265 a 94 unidades, una reducción de 64,5%, mientras los fusiles descendieron de 121 a solamente 15, equivalente a una caída de 87,6%. La categoría denominada “otros” bajó de 462 a 190 armas.

El comportamiento adquiere relevancia después de que el Gobierno decidiera suspender durante un año la importación de determinados rifles semiautomáticos de uso particular.

La medida comenzó a regir el 22 de septiembre y busca evaluar su circulación y reforzar los controles, incluyendo aspectos relacionados con la trazabilidad, el destino final y posibles desvíos hacia el mercado ilícito.

La evolución mensual presenta además un comportamiento atípico durante junio, cuando fueron recuperadas 654 armas. La cifra contrasta con las 158 de enero, 120 de febrero, 118 de marzo, 114 de abril y 134 de mayo. Después del repunte, el registro volvió a bajar a 169 en julio y 53 en agosto.

Solo junio concentró 43% de todas las armas recuperadas durante los primeros ocho meses de 2026. Frente a las 189 contabilizadas durante ese mes en 2025, el resultado supone un incremento de aproximadamente 246%, equivalente a 465 unidades adicionales. Fue, además, el único salto extraordinario dentro de la serie mensual.

La comparación con 2025 muestra una diferencia especialmente marcada al inicio del período. En enero del año pasado fueron recuperadas 1.274 armas, frente a 158 este año, mientras febrero pasó de 566 a 120. En agosto también hubo una reducción importante, de 183 a apenas 53 unidades.

La distribución territorial muestra una concentración todavía mayor. La provincia de Panamá acumuló 1.004 armas recuperadas, aproximadamente 66% del total nacional. Muy por detrás aparecen Colón con 114, Panamá Oeste con 107 y Chiriquí con 91. Veraguas registró 56 y Herrera otras 46, según las cifras acumuladas hasta agosto.

En el resto del país, Coclé contabilizó 25 armas y Bocas del Toro 21, mientras que la comarca Ngäbe Buglé registró 18 y Los Santos 14. Darién acumuló ocho y Guna Yala solamente tres, lo que refleja una fuerte concentración de las recuperaciones en la provincia de Panamá y áreas urbanas cercanas.

Las estadísticas también muestran un cambio en la forma en que las armas quedaron bajo control de las autoridades. Durante 2026, el 81% aparece clasificado como decomisado, mientras que los indicios representan otro 14%. Las categorías de incautado y recuperado representan 1% cada una, con una participación mucho menor dentro del registro total.

El balance hasta agosto deja así dos movimientos que avanzan en direcciones opuestas. Panamá registra casi la mitad de armas recuperadas que hace un año, pero al mismo tiempo los rifles aumentaron de 211 a 564 unidades. Ese crecimiento ocurre mientras el país comienza a aplicar nuevas restricciones sobre la importación de determinados rifles semiautomáticos.

La aeronave autónoma de largo alcance puede orientarse sin depender de señales de posicionamiento por satélite, según la compañía. El sistema analiza el relieve del terreno sobre el que vuela y lo compara con un mapa mundial de acceso libre. Ballistic Defense System afirmó que, en esas circunstancias, muchos aparatos pierden su capacidad de orientación, mientras que su prototipo puede continuar el vuelo mediante sus propios sensores y el análisis del terreno. Otro de los contenidos divulgados por la firma define el aparato como un “dron kamikaze” y afirma que puede alcanzar objetivos situados a 2.000 kilómetros.

Fases de actuación y sistemas de IA

La compañía difundió una secuencia con seis fases de funcionamiento autónomo: despegue, vuelo sin GPS, búsqueda del objetivo, detección e identificación, cálculo de una trayectoria de aproximación y picado final. Según la descripción de Ballistic Defense System, el primer sistema de inteligencia artificial se encarga de la navegación sin GPS, a partir de la lectura del terreno y de la comparación con mapas de elevación almacenados en el aparato. Al aproximarse al objetivo, un segundo agente de inteligencia artificial localiza el blanco. Un tercero asume el ataque de de alta precisión. “El dron percibe, decide y actúa por sí solo”, aseguró la empresa.

La firma presentó esta arquitectura como un sistema capaz de operar de forma autónoma desde el despegue hasta el ataque. La información difundida no precisa el grado de supervisión humana durante la misión ni los mecanismos de control que tendría el operador sobre las decisiones de la aeronave antes de la fase terminal. La empresa afirmó que su rendimiento de navegación se compara favorablemente con investigaciones publicadas por universidades de Estados Unidos y Europa. También señaló que el aparato fue concebido para una producción a escala y a un coste inferior al de sistemas comparables.

Desarrollo de ingenieros marroquíes

La compañía presentó el prototipo como una tecnología soberana desarrollada íntegramente en Marruecos. Según su comunicado, el conocimiento técnico, los datos y la propiedad intelectual permanecerán en el país. “Todo fue diseñado, programado, construido y probado en Marruecos por ingenieros marroquíes, sin externalización”, afirmó la empresa. Ballistic Defense System vinculó el proyecto con la estrategia del rey Mohamed VI de impulsar una industria nacional de defensa y desarrollar capacidades tecnológicas en sectores estratégicos.

El comunicado agradeció el apoyo del Ministerio de Industria y del Fondo de Apoyo a la Innovación. A la vez, una de las imágenes distribuidas por la compañía afirma que cinco ingenieros marroquíes desarrollaron el dron durante tres años con sus propios fondos. Sitúa la elaboración del prototipo en menos de 18 meses y con un presupuesto inferior a 1,15 millones de dólares. Anunció que el siguiente paso será una demostración en directo en condiciones reales. También prevé desarrollar una nueva generación de la plataforma aérea y ampliar su equipo.

Cinco personas fueron detenidas durante un cateo en un inmueble de San José del Peñasco, en la región de la Sierra Sur de Oaxaca, donde fueron aseguradas armas de alto poder, cartuchos, marihuana y metanfetamina.

El operativo se realizó en un predio ubicado en el Camino al cerro Galavillina, en el municipio de San José del Peñasco, Miahuatlán. La intervención derivó de una investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), que ubicó el inmueble como un punto utilizado para el almacenamiento y empaquetado de drogas.

De acuerdo con la investigación, desde ese sitio presuntamente se preparaban y distribuían narcóticos hacia distintos puntos del estado. La ruta identificada por las autoridades atravesaba Miahuatlán y Ejutla, continuaba por el corredor de Ocotlán y comunidades cercanas y llegaba hasta los Valles Centrales y Oaxaca de Juárez.

La Fiscalía también señaló que el inmueble mantenía conexión con una ruta hacia la región de la Costa de Oaxaca, aunque el comunicado no precisa qué localidades eran abastecidas ni la cantidad de droga que habría sido movilizada.

El inmueble, un centro de almacenamiento y distribución

En el inmueble fueron detenidas cinco personas, entre ellas una mujer. La Fiscalía las identificó mediante las iniciales T. J. G. S., J. C. L. M., C. G. S., C. G. R. y B. G. S.

Las autoridades señalaron que los detenidos presuntamente operaban el inmueble utilizado como centro de almacenamiento y distribución. Su situación jurídica deberá ser determinada por el Ministerio Público conforme avance la investigación.

El cateo fue realizado con la participación de agentes de la Fiscalía estatal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina.

El arsenal asegurado en San José del Peñasco

Durante la inspección fueron localizadas dos armas largas: una calibre .223 y otra 7.62x39. También se aseguró una escopeta calibre 12 y dos armas cortas calibre 9 milímetros.

A ese armamento se sumaron seis cargadores, tres para armas largas y tres para armas cortas, así como una mira holográfica y una chamarra equipada con placas balísticas.

El personal que participó en el operativo también encontró cartuchos útiles de distintos calibres, entre ellos .223, 7.62, 5.56, 9 milímetros y .22, además de municiones para escopeta.

La presencia de este armamento formó parte de los objetos asegurados dentro del inmueble, aunque la Fiscalía no informó en el comunicado si alguna de las armas estaba relacionada con investigaciones previas o si serán sometidas a pruebas periciales para determinar su posible utilización en otros delitos.

Marihuana, cristal y material para empaquetar las dosis

Además de las armas y municiones, en el predio fueron encontrados envoltorios con hierba con características de la marihuana y diversas dosis de una sustancia con características de metanfetamina, conocida como cristal.

También fueron aseguradas básculas y bolsas que, de acuerdo con la Fiscalía, eran utilizadas para el empaquetado de las sustancias.

El comunicado no detalla el peso total de la marihuana ni la cantidad exacta de metanfetamina localizada durante el cateo.

Las cinco personas detenidas, junto con las armas, cartuchos, drogas y demás objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente. Será esa instancia la que determine la situación jurídica de los detenidos y defina las siguientes diligencias de la investigación.

Seguridad en la Sierra Sur de Oaxaca: un corredor disputado por células vinculadas al Cártel de Sinaloa

El cateo realizado en San José del Peñasco ocurre en una zona que durante 2026 ha sido señalada por las autoridades estatales como parte de un corredor utilizado para el traslado y distribución de drogas entre la Costa de Oaxaca y los Valles Centrales. Miahuatlán, Ejutla y Ocotlán aparecen en investigaciones recientes como puntos conectados dentro de esa ruta.

Uno de los principales antecedentes ocurrió en julio, cuando la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó la detención de J.M.G.G., alias “El Miky” o “El 086”. De acuerdo con la investigación de la dependencia, era presunto segundo al mando de una célula vinculada con el Cártel de Sinaloa y encabezada por un hombre identificado como “El Bogar”.

La FGEO ubicó la zona de influencia atribuida a esa estructura en un corredor que incluía Miahuatlán y Ejutla, en la Sierra Sur, además de Ocotlán de Morelos, Zimatlán, Lachigoló y Mitla. Según el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, la célula vigilaba la distribución de distintas drogas y contaba con grupos armados para enfrentar a organizaciones rivales.

La detención de “El Miky” también permitió a las autoridades describir la importancia logística de ese corredor: conecta zonas de la Costa y el Istmo de Tehuantepec con los Valles Centrales y la ciudad de Oaxaca.

La Fiscalía señaló entonces que la estructura investigada tenía actividades relacionadas con la distribución de narcóticos y que algunas líneas de investigación la vinculaban con homicidios de líderes de grupos rivales. Estas últimas son imputaciones de la investigación ministerial, no hechos judicialmente acreditados.

Miahuatlán ya había sido escenario de operativos contra el narcomenudeo

El antecedente más directo del cateo de San José del Peñasco se encuentra en Miahuatlán de Porfirio Díaz. En abril de 2026, la Fiscalía ejecutó tres órdenes de cateo en ese municipio por investigaciones relacionadas con narcomenudeo y aseguró metanfetamina, cannabis y armas de fuego; tres personas fueron detenidas.

Meses antes, en enero, la Fiscalía había desplegado junto con Marina, Defensa y Guardia Nacional un operativo permanente en el corredor Ejutla-Ocotlán-Miahuatlán. El despliegue incluyó más de 150 elementos, cateos y filtros de seguridad, con el objetivo de ubicar a personas consideradas objetivos prioritarios por las autoridades.

Ese antecedente resulta relevante para el cateo de San José del Peñasco porque muestra que la intervención de septiembre no ocurre de manera aislada: durante 2026 las autoridades han concentrado investigaciones y operativos contra el narcomenudeo y estructuras dedicadas a la distribución de drogas en este corredor.

La disputa criminal alcanza las rutas que conectan la Costa con los Valles Centrales

La información disponible apunta a una estructura criminal fragmentada, más que a un solo grupo con control uniforme sobre toda la Sierra Sur. La propia Fiscalía ha descrito células con vínculos con organizaciones nacionales y ha identificado corredores específicos de operación.

En el caso de la estructura atribuida a “El Bogar”, la Fiscalía la vinculó con el eje Cártel de Sinaloa-Beltrán Leyva y situó su actividad en la conexión entre la Costa, la Sierra Sur y los Valles Centrales. La dependencia también informó que “El Miky” habría recibido instrucciones para establecer una estructura local y controlar plazas para garantizar la distribución de narcóticos.

La situación no significa que todo el territorio de la Sierra Sur esté bajo control de esa organización. Las investigaciones oficiales describen zonas de influencia y corredores concretos, mientras que otros reportes periodísticos y análisis recientes identifican la presencia de diferentes células en distintas regiones de Oaxaca.

Por ello, para el caso de San José del Peñasco, el dato más sólido es la conexión territorial que la Fiscalía establece entre el inmueble cateado y una ruta de distribución que atraviesa Miahuatlán y Ejutla, pasa por Ocotlán y llega a los Valles Centrales. La dependencia no atribuyó en el comunicado del 29 de septiembre el inmueble asegurado a una organización criminal específica.

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, pidió este lunes en Washington al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que avance la aplicación del acuerdo marco con Israel, concluido en junio bajo auspicio estadounidense. El pacto contempla la retirada gradual de las fuerzas israelíes y el desarme de Hezbollah, pero su ejecución se ha estancado.

Según el comunicado de su despacho, Salam reclamó pasar a la fase de aplicación del marco tripartito y traducir los principios de reciprocidad y aplicación por etapas en medidas prácticas y resultados sobre el terreno. El fin, indicó, es restablecer la plena soberanía libanesa, lograr la retirada israelí completa y concentrar las armas en manos del Estado en todo el territorio.

La reunión se celebró en el Departamento de Estado, con el canciller libanés, Youssef Rajji, la embajadora libanesa, Nada Hamadeh Mouawad, y el embajador estadounidense en Beirut, Michel Issa. Rubio reafirmó el compromiso de Washington con Líbano y sus instituciones, según la versión libanesa.

Salam pidió un mecanismo de verificación creíble que vigile la aplicación y garantice el cumplimiento de los compromisos. También reclamó apoyo estadounidense continuado al ejército libanés, al que corresponde la difícil misión de desarmar a Hezbollah. Según el texto difundido, añadió que el marco incluye apoyo a la recuperación, la reconstrucción y el regreso de los desplazados, y advirtió de que la falta de avances no debe servir de pretexto para obstruir el proceso.

Cómo se llegó hasta aquí

El grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Teherán, arrastró a Líbano a la guerra regional en marzo al atacar a Israel. La respuesta israelí, con bombardeos masivos y una invasión terrestre, ha causado más de 4.300 muertos, según cifras de Líbano. En abril, Rubio ya había acogido conversaciones entre ambas partes, cuando los combates amenazaban con hacer descarrilar el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán firmado el 7 de abril.

El acuerdo se firmó en Washington el 26 de junio, sin presencia de Hezbollah. Rubio lo describió entonces como “el principio del principio”. El texto no obliga a Israel a abandonar la amplia zona del sur que ocupa, cerca de una quinta parte del territorio libanés, según Al Jazeera, y Jerusalén parece dispuesta a seguir atacando si lo considera necesario.

El pacto prevé el despliegue del ejército libanés en el sur, empezando por áreas de prueba llamadas zonas piloto. Según el Washington Institute for Near East Policy, centro de estudios estadounidense especializado en Medio Oriente, estas zonas son el mecanismo de redespliegues graduales y verificados de ambos ejércitos. La retirada israelí no es automática, y el anexo de seguridad no aclara si el desarme será consensuado, coercitivo o ambos. El acuerdo creó además un Grupo de Coordinación Militar trilateral, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel permanecerá en la zona de seguridad del sur mientras coordina su retirada.

Un despliegue parcial

En julio, tras las negociaciones de Roma, el Departamento de Estado condicionó el paso a conversaciones técnicas ampliadas a la puesta en práctica de las zonas piloto. Funcionarios de ambos países mencionaron las localidades de Froun, Ghandouriyeh y Zawtar. Issa visitó este mes una de esas zonas, que acababa de pasar al control del ejército libanés, para evaluar los avances y las dificultades.

El avance, sin embargo, es limitado. Hezbollah se niega a deponer las armas, e Israel mantiene los ataques y la ocupación de una franja del sur pese al acuerdo. El mismo lunes, Líbano denunció una gran explosión provocada por el ejército israelí en la localidad sureña de Mansouri. El ejército israelí dijo haber concluido allí una operación y desmantelado lo que llamó infraestructura terrorista.

Un análisis de UPI —agencia de noticias estadounidense— de julio señalaba que el éxito de las zonas piloto depende de la buena fe de Israel, de la capacidad del ejército libanés y de la determinación de Washington. Añadía que el desarme de Hezbollah depende en buena parte de Teherán, y que Irán y el grupo insisten en vincular a Líbano con la negociación entre Estados Unidos e Irán.

La petición de Salam apunta a lo que el texto deja abierto: quién comprueba el cumplimiento de cada parte y con qué consecuencias. La ampliación de las zonas piloto será la primera medida de si el marco de junio se convierte en un proceso o queda en una declaración de intenciones.

Según informó The New York Times, un funcionario estadounidense declaró que la Casa Blanca no prevé vender armas a China. El Departamento de Estado dijo al diario: “La ley estadounidense prohíbe la venta de armas a China” y añadió que no existe una oferta ni una planificación en ese sentido.

Perdue contó en una entrevista con Fox News que Trump respondió a las objeciones de Beijing por el suministro de armas a Taiwán con una propuesta dirigida a Xi. “¿Le gustaría comprar algunas?”, relató el embajador que preguntó el mandatario estadounidense a su par chino.

El representante diplomático también sostuvo que Trump y Xi abordan en cada reunión posibles ventas vinculadas a la relación bilateral. Washington aprobó en diciembre una operación de armamento para Taiwán por USD 11.100 millones, que Perdue calificó como la mayor desde 1979 bajo una presidencia estadounidense.

La disputa por las armas destinadas a Taiwán

La venta de armamento a Taiwán mantiene una disputa sostenida entre Washington y Beijing. China reclama la isla, que tiene presidente y Parlamento elegidos democráticamente, como parte de su territorio y ha advertido que podría tomarla por la fuerza.

Estados Unidos está obligado por ley a suministrar armas defensivas a Taiwán. En mayo, Washington suspendió una compra taiwanesa de armamento por USD 14.000 millones, después de que Trump la definiera como “una muy buena ficha de negociación” en sus conversaciones con China.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino no respondió de forma directa a las declaraciones de Perdue. La cancillería sostuvo que el país “siempre ha fortalecido sus capacidades de defensa nacional sobre la base de sus propias necesidades” y que mantiene su compromiso con la paz y la estabilidad mundial.

Durante su viaje a Washington, Xi pidió a Trump que actuara con “prudencia” respecto de Taiwán y reclamó que Estados Unidos se oponga explícitamente a la independencia de la isla. Ambos mandatarios confirmaron que volverán a reunirse en la cumbre de APEC de noviembre, en Shenzhen, y en el foro del G20 de diciembre, en el complejo Doral de Trump, en Miami.

La semana comenzó con avisos de Polonia o Francia sobre el aumento de la amenaza híbrida del Kremlin y terminó con varios episodios de intervención española para vigilar drones rusos. La misión de la OTAN en el flanco oriental sigue de cerca cualquier movimiento aéreo y, cuando se encuentra una aeronave no identificada, los cazas despegan para supervisar la situación.

España tiene un papel clave en la Policía Aérea de la Alianza con medios desplegados en Estonia y Rumanía. Mientras el destacamento de Estonia se encarga de la vigilancia aérea en el Báltico, los aviones situados en Rumanía apoyan la protección de la frontera aliada próxima a Ucrania. Y ahora, cuatro activaciones de cazas españoles en una semana han puesto a los militares españoles en primera línea. El último, este domingo, desembocó en el derribo de un dron ruso.

Tres intervenciones españolas en una semana

La primera intervención tuvo lugar el 22 de septiembre desde la base de Ämari, en Estonia. Dos cazas EF-18M del Destacamento Aéreo Táctico Ámbar recibieron la orden de despegar para identificar un avión ruso que sobrevolaba aguas internacionales del mar Báltico. El aparato había partido del área de San Petersburgo sin presentar un plan de vuelo, con el transpondedor apagado y sin contacto con los servicios civiles de control aéreo, lo que hizo saltar las alertas.

Los cazas españoles localizaron la aeronave, confirmaron visualmente su identidad y la escoltaron durante parte de su recorrido. Según el Estado Mayor de la Defensa, el avión ruso no penetró en el espacio aéreo de Estonia ni de otro país aliado. La operación fue la primera activación real del contingente desplegado en el país báltico, que cuenta con cuatro EF-18M y alrededor de 110 militares.

Dos días después, el 24 de septiembre, otros dos F-18 españoles despegaron desde la base aérea Mihail Kogălniceanu 57, en Rumanía. Los radares militares detectaron un grupo de objetivos aéreos al norte de Chilia Veche, junto a la frontera ucraniana y el delta del Danubio. Las autoridades rumanas indicaron que los aparatos realizaron maniobras dentro del territorio de Ucrania. No se registró ninguna incursión en el espacio aéreo rumano, aunque el Centro Nacional de Mando Militar activó medidas preventivas para la población del norte del distrito de Tulcea. El sistema de alerta pública RO-Alert envió un aviso a los teléfonos de los residentes.

La madrugada del 26 de septiembre se produjo la tercera salida de los cazas españoles desde la misma instalación. Los radares rumanos detectaron un dron ruso cerca de Vâlcov, localidad ucraniana situada frente a la ribera rumana del Danubio. Los dos cazas controlaron la evolución del objetivo hasta el fin de la alarma, a la 01:30, sin que llegara a entrar en su espacio aéreo.

Finalmente, este domingo, dos cazas españoles EF-18M interceptaron y abatieron un dron ruso tipo Gerbera tras una persecución de 75 minutos en la frontera entre Rumanía y Moldavia. La aeronave no tripulada fue localizada sobre las 03:00 horas por el radar del contingente español Paznic asignado a la OTAN. Los cazas mantuvieron el rastreo e identificación del objetivo hasta su derribo definitivo en una zona deshabitada, culminando la cuarta alerta de interceptación española en una semana.

El “riesgo real” de “ataques híbridos” rusos

Europa ha elevado su alerta ante el riesgo de que Rusia amplíe sus acciones contra países europeos, después de semanas marcadas por incursiones de drones, ejercicios militares, ataques próximos a la frontera y el refuerzo de la vigilancia aérea en el este del continente. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reconoció tras reunirse con los líderes parlamentarios que “el riesgo ha aumentado”. El primer ministro polaco, Donald Tusk, fue más contundente. “El plan ruso, según las evaluaciones de inteligencia, incluye ataques híbridos con drones y misiles contra los países que apoyan a Ucrania, incluida Polonia”, afirmó en su Parlamento.

La preocupación se intensificó tras el ataque de un dron ruso contra un tren de pasajeros a dos kilómetros de la frontera polaca con Ucrania, la aproximación más cercana a territorio aliado desde el inicio de la invasión. Polonia activó sus cazas y emitió alertas en las regiones de Podkarpacie y Lublin. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos informó que, entre agosto de 2024 y febrero de 2026, varios drones sobrevolaron el espacio aéreo de 12 miembros de la OTAN.

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) incautó 2,977 paquetes de droga entre enero y agosto de 2026, mientras que decomisó 8,829 dosis, correspondientes a pequeñas porciones de sustancias ilícitas ya fraccionadas y empacadas para su venta o distribución mediante el microtráfico.

Durante sus operaciones también fueron retiradas de circulación 56 armas y 2,650 municiones, según las estadísticas de la institución.

El comportamiento de las incautaciones muestra dos tendencias distintas frente al mismo período de 2025: los paquetes disminuyeron de 6,237 a 2,977, una reducción del 52.3%, mientras las dosis aumentaron de 5,023 a 8,829, equivalente a un crecimiento del 75.8%.

Abril concentró el mayor decomiso de paquetes, con 1,164, seguido de agosto, con 827. Entre ambos meses reunieron el 66.9% del total. En cambio, marzo encabezó las incautaciones de dosis, con 1,853, seguido de julio, con 1,670, según los registros operacionales.

El Senafront es el Servicio Nacional de Fronteras, un organismo de la Fuerza Pública adscrito al Ministerio de Seguridad Pública. Sus funciones incluyen la vigilancia de las zonas fronterizas, la prevención del delito y el apoyo a investigaciones y comunidades bajo su jurisdicción.

En ese trabajo, los agentes realizaron 530 allanamientos y 652 acciones operativas, además de prestar 972 apoyos a otras instituciones. Los documentos también consignan 97 medios aprehendidos, renglón que identifica vehículos y embarcaciones, junto con 126 víctimas auxiliadas durante el período.

El dinero incautado suma $73,549.96 en los reportes que incluyen este dato. Junio concentró $54,914.90, cerca de tres cuartas partes de esa cantidad. El documento de agosto no presenta el renglón monetario, por lo que su resultado queda fuera de esa suma.

Los cuadros de capturas registran 1,448 aprehensiones por oficio, correspondientes a requerimientos de las autoridades, y 794 por flagrancia, cuando la intervención ocurre ante un hecho delictivo. También aparecen 1,442 por faltas administrativas, una categoría separada de los registros por delitos relacionados con drogas.

En estos últimos figuran 163 aprehensiones por microtráfico y 53 por narcotráfico. Los desgloses también reportan 24 por tráfico de personas y 48 por minería ilegal, actividades que forman parte de las intervenciones desarrolladas por los agentes en territorio fronterizo.

La suma de esas categorías arroja 3,972 registros de aprehensiones, aunque los documentos presentan diferencias entre sus desgloses y totales. Por ello, esa cantidad constituye una suma de los renglones publicados, pendiente de aclaración institucional para establecer un balance definitivo de capturas.

Por ejemplo, marzo presenta 497 aprehensiones en el desglose, pero 312 en otro cuadro; mayo suma 567 por categoría y publica 570 como total. En julio, el desglose arroja 445, mientras una casilla indica 455. Estas diferencias persisten en los documentos.

Los gráficos de delitos registran 232 casos de violencia doméstica, 159 hurtos, 49 lesiones personales, 40 robos, siete homicidios y 21 delitos sexuales. Algunas cifras difieren de las tablas por brigada, por lo que deben mantenerse como resultados preliminares de esos gráfico

También figuran 130 registros por posesión de drogas, 72 por contrabando e infracciones aduaneras y 31 por tráfico de drogas. Los gráficos consignan ocho por tráfico ilícito de migrantes, siete por posesión de armas y dos por extracción de recursos naturales.

Por brigadas, los totales publicados reúnen 192 casos en la Occidental, 166 en la Oriental, 142 en Panamá Este y tres en la Caribe. El balance operacional agrega 111 registros de antecedentes penales y 15 alertas biométricas, según las categorías del organismo fronterizo.

Entre las intervenciones del año, el Senafront informó sobre 324 paquetes de presunta droga encontrados el 31 de agosto en una embarcación artesanal en Darién. En esa acción fueron aprehendidos tres ciudadanos, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía de Drogas.

En marzo, la operación Alborada permitió, según la institución, 21 aprehensiones vinculadas a una presunta red de tráfico de personas. La investigación abarcó Darién, Panamá Este y Paso Canoas, donde operaban conductores, guías y facilitadores de hospedaje mediante rutas clandestinas y vehículos alquilados.

Dos aviones F-18 de España despegaron esta madrugada para vigilar la frontera entre Rumanía y Ucrania, después de que los radares rumanos detectaran un dron ruso cerca de la localidad de Vâlcov. El Ministerio de Defensa Nacional rumano informó de que la activación formaba parte del servicio de Policía Aérea Reforzada de la OTAN que España presta desde la Base Aérea Mihail Kogălniceanu 57. La alerta terminó a la 01:30, sin que se registraran incursiones en el espacio aéreo rumano.

Tras detectar el objetivo, el Centro Nacional de Mando Militar rumano avisó a la Inspección General para Situaciones de Emergencia con el fin de alertar a los habitantes del norte del distrito de Tulcea, la región fronteriza con Ucrania a través del Danubio. A las 00:15, las autoridades enviaron un mensaje mediante el sistema RO-Alert a los teléfonos móviles de los residentes en las zonas afectadas.

El comunicado no detalló las características técnicas del aparato ni indicó que hubiera caído en territorio rumano. Tampoco informó de daños personales o materiales. Los servicios de emergencia activaron el aviso ante la posibilidad de que la actividad aérea próxima a la frontera afectara a la población. España no ha difundido más detalles sobre la operación. Los dos cazas, desplegados en la Base Aérea Mihail Kogălniceanu 57, participan en las tareas de vigilancia aérea reforzada de la Alianza Atlántica en el flanco oriental europeo. Su misión fue controlar la evolución de la situación mientras permanecía activa la alerta en Tulcea.

Mismo episodio hace dos días

Hace dos días, dos cazas F-18 españoles despegaron tras un escenario prácticamente igual. Los radares militares detectaran un grupo de objetivos aéreos cerca de la frontera de Rumanía con Ucrania. El Ministerio de Defensa rumano indicó que los blancos realizaron maniobras al norte de Chilia Veche, una localidad situada en el condado de Tulcea, aunque permanecieron en territorio ucraniano. Las autoridades también precisaron que no hubo incursiones en el espacio aéreo de Rumania.

El Centro Nacional de Mando Militar también notificó el pasado 24 de septiembre a la Inspección General para Situaciones de Emergencia sobre la situación y dispuso medidas de prevención para los habitantes del norte de Tulcea. A las 04:41, el sistema de advertencia pública emitió el mensaje RO-Alert destinado a la población local. La alarma aérea concluyó a las 05:44, según el parte difundido por las autoridades rumanas.

Los dos aviones de las Fuerzas Aéreas y Espaciales de España cumplían la misma función que en esta ocasión, la misión de vigilancia de la OTAN en el flanco oriental de Europa. Las aeronaves despegaron para seguir la evolución de los objetivos detectados por el radar. Tras el operativo, no recibió reportes sobre intrusiones en el espacio aéreo nacional. Tampoco detalló el tipo de aeronaves o dispositivos detectados del lado ucraniano ni precisó su cantidad. Ahora, la madrugada de este viernes vuelve a repetirse, lo que demuestra una escalada de la tensión entre la Alianza Atlántica y Rusia, como están advirtiendo los países bálticos y líderes internacionales como Emmanuel Macron o Donald Tusk.

Francia y Reino Unido reforzarán la defensa de infraestructuras energéticas en Arabia Saudí ante los ataques de los rebeldes hutíes y la escalada de violencia en Oriente Próximo. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado el envío de soldados, radares y sistemas de defensa al complejo petrolífero de Yanbu, mientras que Londres aportará un avión cisterna de la Real Fuerza Aérea británica para apoyar la actividad defensiva saudí, según informó su Ministerio de Defensa.

La iniciativa sitúa la seguridad de las rutas y terminales de exportación de crudo como la prioridad de París y Londres. Ambos Gobiernos apuntan que defender estas instalaciones es clave para conseguir una nueva estabilidad regional y, a su vez, para evitar nuevas subidas de los precios que afectan a todo el planeta. “Estamos tomando medidas para proteger este emplazamiento porque hace apenas unas semanas salían de él más de cinco millones de barriles diarios”, ha explicado Macron.

Macron prevé enviar soldados y sistemas de defensa

El presidente de la República Francesa ha confirmado que su país aportará medios para proteger el complejo de Yanbu, una de las infraestructuras petroleras saudíes con salida al mar Rojo. “Enviaremos recursos militares, soldados, radares y sistemas de defensa para proteger las instalaciones petrolíferas”, ha declarado Macron durante una entrevista en la cadena TF1. Macron ha dejado abierta la posibilidad de ampliar el dispositivo francés si la situación empeora. En ese escenario, Francia podría recurrir a aviones de combate Rafale, aunque el presidente no ha anunciado por ahora una decisión concreta sobre su despliegue.

El mandatario ha presentado el despliegue como una medida para asegurar la continuidad de las exportaciones saudíes en medio de los ataques hutíes. Según ha señalado, la actividad del complejo tiene incidencia directa en el mercado energético internacional debido al volumen de crudo que puede gestionar. Yanbu es la principal terminal saudí de exportación de petróleo situada en el mar Rojo. Su ubicación permite al reino canalizar parte de sus envíos sin necesidad de utilizar el estrecho de Ormuz, que continúa envuelto en el conflicto entre Irán y Estados Unidos.

Londres enviará un avión Voyager y más defensa

El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha informado que proporcionará apoyo militar defensivo adicional a Arabia Saudí después de la reanudación de los ataques hutíes y del aumento de la violencia en la zona. El Ejecutivo británico ha aceptado, a petición del Gobierno saudí, el envío de un avión Voyager de reabastecimiento en vuelo de la Real Fuerza Aérea. La aeronave apoyará las operaciones defensivas saudíes vinculadas al respaldo al Gobierno reconocido de Yemen.

El comunicado británico advierte de que la escalada en el golfo puede tener consecuencias dentro de Reino Unido. “El aumento de las tensiones puede provocar precios más altos, interrupciones en el suministro energético y costes adicionales para las empresas británicas”, señala el texto. Londres ha condenado “inequívocamente” los ataques hutíes contra territorio saudí y ha sostenido que Arabia Saudí y la República de Yemen tienen derecho a defenderse.

El apoyo anunciado se suma a la contribución militar británica ya existente para la defensa aérea saudí. Reino Unido mantiene desplegados equipos de defensa antiaérea y personal militar que colabora en la protección frente a ataques con misiles y drones. “Es interés nacional económico y de seguridad de Reino Unido que los hutíes no tengan éxito”, ha indicado el Ministerio de Defensa. El comunicado añade que ambas naciones son socios desde hace muchos años para Londres y que la estabilidad regional resulta necesaria para proteger el comercio y los suministros energéticos.

Reino Unido abrirá a 12 empresas el acceso a una base de datos ucraniana con más de seis millones de registros militares para desarrollar modelos de inteligencia artificial aplicados a enjambres de drones. El proyecto parte de información recopilada por sistemas aéreos no tripulados durante la guerra y pretende mejorar la capacidad de las aeronaves para operar cuando fallen las comunicaciones o no haya señal de navegación por satélite.

El acuerdo convierte a Reino Unido en el primer socio internacional con acceso a los laboratorios Avengers AI Labs de Ucrania, según la información del Ministerio de Defensa británico a la que ha accedido Infobae. Las empresas seleccionadas deberán presentar propuestas con aplicaciones válidas para las Fuerzas Armadas de Ucrania y las británicas. La plataforma reúne imágenes y vídeos obtenidos con sensores diurnos y térmicos instalados en drones que las autoridades ucraniana han empleado en el frente.

Tanques, drones Shahed o guerra submarina

Los enjambres de drones son grupos de vehículos no tripulados que pueden coordinarse mediante inteligencia artificial para repartir tareas y tomar decisiones dentro de los límites definidos por sus operadores. La base de datos a la que accederán las compañías británicas incluye registros de tanques, piezas de artillería, sistemas de defensa antiaérea, tropas de infantería, objetivos aéreos, drones Shahed y vehículos no tripulados de reconocimiento.

El Gobierno británico espera que los modelos permitan a grupos de aeronaves mantener su actividad en situaciones de interferencia electrónica. Los drones podrían ejecutar misiones de abastecimiento, vigilancia o localización de capacidades militares enemigas sin depender por completo de un operador remoto. Para las Fuerzas Armadas británicas, este sistema permitiría que un número reducido de soldados, marineros o tripulantes aéreos dirija un volumen mayor de aparatos a la vez. El Ministerio de Defensa ha citado posibles usos concretos como el envío a la búsqueda de submarinos en el Atlántico Norte. La tecnología podría aplicarse a vehículos que vuelen, naveguen o se desplacen por tierra.

Un “acceso único” a datos del frente

La iniciativa forma parte de la Asociación de Inteligencia Artificial entre Reino Unido y Ucrania, creada tras un acuerdo entre el primer ministro británico, Andy Burnham, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, en Kiev. El objetivo es diseñar tecnologías capaces de coordinar grupos de drones que actúen por aire, tierra o mar. El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, ha defendido el acuerdo tras una visita a Kiev.

“Este acceso, único en el mundo, a datos reales del campo de batalla permitirá a las empresas británicas seguir ampliando las fronteras de la innovación en defensa”, ha señalado. Streeting ha añadido que la cooperación servirá para “disuadir a nuestros enemigos”, mejorar la seguridad dentro de Reino Unido y reforzar el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. “Ucrania es la primera línea de la libertad para todos nosotros”, ha afirmado.

La iniciativa estará dirigida por la Fuerza de Tarea de Entrega Rápida de Inteligencia Artificial, conocida como RAID por sus siglas en inglés. Este equipo busca acelerar la incorporación de herramientas digitales para que el personal militar disponga de sistemas que ayuden a evaluar situaciones y asumir tareas de mayor riesgo. El ministro de Inteligencia Artificial, Kanishka Narayan, ha presentado el programa como una combinación de la experiencia ucraniana en la guerra y el desarrollo tecnológico británico. “

Navantia ha completado con éxito las pruebas del sistema de propulsión independiente del aire (AIP) que equipará al submarino S-83 ‘Cosme García’, la tercera unidad de la serie S-80 de la Armada Española. Los ensayos se han desarrollado en el astillero de Cartagena y permiten avanzar en la integración de una tecnología destinada a ampliar la autonomía de navegación bajo el agua. El sistema permitirá que los submarinos permanezcan sumergidos durante semanas, frente a los pocos días que alcanzan los modelos convencionales equipados únicamente con baterías de plomo-ácido.

La sección del S-83 que incorpora el AIP, de 12 metros de longitud y unas 400 toneladas de peso, será enviada ahora para su unión con el resto del casco resistente. Las pruebas comenzaron en junio, después de que Navantia terminara la puesta en marcha y la verificación de los equipos instalados en su configuración definitiva a bordo. La campaña ha servido para comprobar la integración del sistema, su rendimiento y sus capacidades operativas antes de que el módulo quede incorporado al submarino.

Sistema que le permite autonomía

El AIP del S-83 funciona con oxígeno líquido y bioetanol. A partir de esos elementos, el sistema produce el hidrógeno que alimenta una pila de combustible, encargada de generar electricidad para el submarino durante la inmersión. Se trata de un sistema de tercera generación que evita el almacenamiento de hidrógeno a bordo. En su lugar, lo obtiene bajo demanda a partir de un combustible líquido.

Según Navantia, esta solución supera las limitaciones de autonomía de las tecnologías AIP anteriores y refuerza la capacidad del submarino para operar sin ser detectado durante periodos más prolongados. La empresa ha sometido la sección del S-83 a los ensayos en una instalación especial del astillero cartagenero. El banco de pruebas puede reproducir las condiciones de navegación y simular tanto la proa como la popa del submarino, además de parámetros como la profundidad de inmersión y la velocidad de avance. La infraestructura ha permitido demostrar la generación de potencia necesaria para recargar las baterías en inmersión, bajo distintas condiciones operativas.

Programa S-80 de la Armada

La campaña supone un nuevo paso en el desarrollo del AIP integrado por Navantia, que ya había superado las pruebas de aceptación en fábrica realizadas en tierra. El sistema también había acreditado su capacidad para cargar las baterías del S-81, primer submarino de la serie. El presidente de la compañía, Ricardo Domínguez, afirmó que el resultado “consolida la madurez tecnológica del sistema” y muestra la capacidad de la industria española para abordar desarrollos complejos. También atribuyó el avance a la participación de centros tecnológicos y profesionales nacionales durante las pruebas.

El programa S-80 contempla la construcción de cuatro submarinos de nueva generación para la Armada Española. Mientras el S-83 avanza hacia la integración de su módulo AIP en el casco, el S-82 realiza pruebas de puerto y de mar. El S-84 continúa en distintas fases de construcción en Cartagena. Los submarinos de esta serie incorporan sistemas de combate, sensores y un diseño orientado a operaciones prolongadas. Con la validación del AIP en el S-83, España mantiene su posición entre los países con capacidad industrial para diseñar, construir e integrar submarinos convencionales de última generación.

Desde hace meses, palabras como ‘rearme’ o ‘escalada’ se leen habitualmente en la prensa cuando se refieren a la guerra de Rusia y Ucrania o a su posible extensión a otros países de Europa. Las últimas semanas se han empleado con argumento: Suecia y Alemania han realizado ejercicios en el Báltico, cazas españoles han vigilado aviones rusos sobre este mar, mientras un misil del Kremlin impactó a dos kilómetros de la frontera de Polonia, a lo que han respondido reforzándose militarmente. Donald Tusk, primer ministro polaco, aseguró en su Parlamento que “el plan ruso, según las evaluaciones de inteligencia, incluye ataques híbridos con drones y misiles contra los países que apoyan a Ucrania”. La misma advertencia que está utilizando el presidente francés, Emmanuel Macron, la última semana.

El Instituto de Estudios de Guerra (ISW), un organismo estadounidense que elabora informes y estudios de conflictos, ha tratado de exponer cómo sería una ofensiva rusa sobre un país de la Unión Europea (UE). Concretamente, el supuesto objetivo sería Estonia. A través de mapas, textos e ilustraciones, ha explicado las principales zonas sensibles o cuál sería el alcance que podría tener el Kremlin. El instituto aclara que “una invasión rusa a gran escala de un estado de la OTAN es extremadamente improbable”, pero advierte que esta “no es la única opción de Putin para escalar convencionalmente”.

Según expone el think tank, Rusia “podría llevar a cabo operaciones terrestres limitadas utilizando drones de alcance táctico y operativo contra uno o más estados de la OTAN, no con el propósito de conquistarlos o apoderarse de territorio, sino con el objetivo de romper la Alianza”. Los ataques híbridos son una realidad y tienen este mismo objetivo. Injerencias rusas como el sabotaje al aeropuerto de Leipzig (Alemania les acusó directamente) buscan desestabilizar desde dentro, pero, por el momento, Rusia no se ha atrevido a hacerlo a través de las armas.

Así sería la incursión del Kremlin en Estonia

El ISW plantea un escenario hipotético en el que Rusia podría lanzar una incursión limitada en Narva, ciudad estonia situada en la frontera oriental de Europa. El análisis pretende examinar cómo podría desarrollarse un ataque de baja escala, qué efectos políticos buscaría Moscú y cuáles serían las dificultades para responder con rapidez. La hipótesis arranca con el complejo escenario que vive esta ciudad. Está habitada mayoritariamente por rusohablantes y, desde hace meses, vive una intensa campaña de propaganda por parte de canales rusos en redes sociales. Como avisó en su momento el portal Propastop, desde principios de marzo se han difundido mensajes que muestran mapas y símbolos separatistas y que llaman a realizar sabotajes y protestas.

El supuesto plan comenzaría con agentes rusos ya presentes en Narva ocupando edificios públicos, zonas cercanas al puente fronterizo y el paseo ribereño, mientras expanden la idea de “opresión” sobre los rusos. Concretamente, el ISW apunta al Museo de Narva y al Ayuntamiento. Tras esto, proclamarían una supuesta “República Popular de Narva” y solicitarían protección a Moscú bajo el argumento de que la población rusa de Estonia sufre una persecución. El Kremlin negaría una invasión directa y alegaría que actúa para defender a ciudadanos rusos. “La situación en Narva es un asunto interno”, sería uno de los ejes de esa narrativa, según el estudio.

Entonces, Rusia apoyaría a los grupos armados con drones de visión en primera persona (FPV), municiones merodeadoras y aparatos de largo alcance desplegados desde su propio territorio, con capacidades de hasta 60 kilómetros de distancia. Para ello, también podrían activar estaciones repetidoras en el Báltico. El propósito sería dificultar el avance de fuerzas estonias hacia la ciudad, situada a unos 40 kilómetros de la base militar de Jõhvi. El informe considera que Moscú buscaría evitar un despliegue terrestre amplio, que podría restar recursos a la guerra en Ucrania y provocar una respuesta militar más contundente de la OTAN. Las ilustraciones del estudio, que abren este artículo, reflejan cómo se daría este despliegue de drones y sus alcances.

Entre los posibles objetivos rusos, el ISW menciona la intención de crear una crisis que cuestione la aplicación del Artículo 5, la cláusula de defensa colectiva. También apunta a “fracturar la alianza” entre Estados Unidos, Europa y los países bálticos, además de desviar recursos que estén destinados a Ucrania. El documento advierte que una ofensiva limitada podría generar dudas políticas sobre cómo debe ser la respuesta contra Rusia. Otro efecto podría ser aumentar el apoyo en Europa a los partidos euroescépticos y hostiles a la OTAN.

Diversas dosis de droga y cartuchos de diferentes calibres para armas de fuego fueron incautados junto a 13 toneladas (13 mil kilogramos) de tabaco ilegal empaquetado en cajas para su distribución en la Ciudad de México informaron las autoridades.

Este resultado fue gracias al operativo realizado por trabajos de inteligencia e investigación relacionados con la venta y distribución de productos ilegales, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ejecutaron seis órdenes de cateo en diversos inmuebles.

Mediante labores de investigación de gabinete y campo, los agentes de seguridad identificaron seis inmuebles relacionados con la venta y distribución de tabaco ilegal en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, por lo que implementaron vigilancias fijas y móviles para recabar los datos de prueba suficientes, con los cuales un Juez de Control otorgó las órdenes de cateo.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron aproximadamente 650 mil cajetillas de cigarros, además de diversas dosis de droga, mercancía apócrifa y cartuchos de diferentes calibres.

Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades, en tanto los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

Con estas acciones, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad y las autoridades de la Ciudad de México refrendaron su compromiso de mantener la coordinación para combatir la comercialización y distribución de mercancía ilegal que representa un riesgo para la salud de la población además de atacar a las bandas delincunciales.

Decomisaron más de 5 mil cigarros en el AICM

El pasado 2 de septiembre Acciones de inspección y vigilancia en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), personal de la Secretaría de Marina (Marina), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró precautoriamente 5 millones 438 mil 400 cigarros, con un peso total de 9 mil 160 kilos, durante dos operaciones realizadas a embarques internacionales procedentes de Singapur.

Esta mercancía había sido declarada como bocinas y básculas eléctricas, el decomiso quedó bajo resguardo mientras la autoridad aduanera determinaba su situación jurídica y la legalidad de su importación.

El volumen total del aseguramiento alcanzó 9 mil 160 kilos, equivalentes a más de nueve toneladas de productos de tabaco. En conjunto, los dos cargamentos sumaron 271 mil 920 cajetillas distribuidas en 454 cajas y 29 pallets.

Las autoridades detectaron inconsistencias entre lo declarado en la guía aérea y el contenido real de los embarques. Para ello aplicaron inteligencia aduanera, análisis y gestión de riesgos, revisión documental, tecnología de inspección no intrusiva con equipos de Rayos X e inspección física.

Inacutaron toneladas de cigarros provenientes de Tailandia

El pasado 13 de agosto Autoridades federales aseguraron 2 millones 208 mil cigarrillos de presunta procedencia ilícita durante un operativo conjunto realizado en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El cargamento, procedente de Bangkok, Tailandia, fue detectado mediante mecanismos de análisis de riesgo, revisión documental y vigilancia aduanera.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), identificó el embarque como parte de las acciones permanentes para detectar mercancías que pudieran representar un riesgo para el país o presentar inconsistencias en las operaciones de comercio exterior.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el cargamento estaba compuesto por 138 cajas, con un peso aproximado de 2 mil 832 kilogramos. Los cigarrillos fueron considerados presuntamente apócrifos, por lo que quedaron bajo resguardo de la autoridad mientras continúan las investigaciones para establecer su situación jurídica.

La identificación de los productos ocurrió como resultado de los mecanismos institucionales implementados por la ANAM para fortalecer la vigilancia sobre las mercancías que ingresan al territorio nacional.

Las autoridades señalaron que la detección fue posible mediante procesos de gestión de riesgo, análisis estratégico, revisión documental e inspección operativa, herramientas utilizadas para identificar operaciones que requieren una revisión especializada.

De Corea a CDMX: aseguran más de 1 millón de cigarrillos apócrifos en el AICM

También el 3 de junio un cargamento de más de un millón de cigarrillos presuntamente apócrifos fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La mercancía salió de Corea y tenía como destino la capital del país. Los uniformados revisaron el cargamento debido a que estaba etiquetado como “mercancía diversa”. Lo anterior derivó en el hallazgo de inconsistencias entre los documentos y los objetos presentados.

Como resultado de la revisión los agentes encontraron 60 mil cajetillas de cigarrillos, lo que equivale a 1 millón 200 mil unidades, las cuales estaba en 50 cajas que dieron un peso mayor a 1.6 toneladas.

Bobb’e J. Thompson, el actor que millones de niños conocieron en la pantalla de Disney Channel, lo comprobó el 16 de septiembre pasado cuando el juez Leonard T. Strand le impuso una pena que deberá cumplir en su totalidad, sin posibilidad de reducción, informó Los Angeles Times.

Thompson tiene 30 años, es oriundo de Kansas City, Misuri, y construyó su carrera desde la infancia en producciones de alto perfil.

La sentencia, dictada en Sioux City por el Tribunal del Distrito Norte de Iowa, cerró un proceso que arrancó exactamente un año antes, el 22 de septiembre de 2025, con una detención que en principio parecía una infracción de tránsito menor.

Una carrera infantil que arrancó en Disney Channel

Thompson debutó frente a las cámaras siendo un niño. Tuvo un papel recurrente en That’s So Raven, la popular serie de Disney Channel, y más tarde participó en producciones como 30 Rock, Role Models y Tyler Perry’s House of Payne.

Su trayectoria lo consolidó como una de las caras infantiles más reconocidas de la televisión estadounidense de los 2000.

La detención comenzó con una persecución a alta velocidad

Un oficial de tránsito interceptó el vehículo de Thompson luego de detectar que circulaba a 167 kilómetros por hora (104 millas por hora), más de 50 kilómetros por hora (30 millas por hora) por encima del límite permitido en la zona, de acuerdo con KTIV.

Al acercarse a la ventanilla, el agente advirtió que el conductor y el acompañante cambiaron de lugar y percibió olor a marihuana proveniente del interior, lo que habilitó la requisa del vehículo.

En el vehículo había una pistola robada con una bala en la recámara

El registro del auto arrojó el hallazgo de una mochila con bolsas de marihuana adquiridas en dispensarios, junto con una pistola calibre .40 completamente cargada con un cargador de 15 balas y una bala ya en la recámara, según precisó el portal Rolling Out.

Las autoridades verificaron que el arma había sido denunciada como robada en Misuri.

Thompson acumula tres condenas anteriores al fallo de Iowa

El historial judicial del actor ya era extenso antes del episodio en Iowa. En 2020 fue condenado por lesiones corporales graves y por agresión, en dos procesos separados, tal como recogió TMZ.

Dos años más tarde, en 2022, una nueva condena lo encontró culpable de posesión prohibida de arma de fuego, condición que convirtió el episodio de Iowa en un delito federal de mayor peso.

Ese antecedente fue determinante: en abril de 2026, Thompson se declaró culpable del cargo de posesión ilegal de arma de fuego por parte de un condenado. La fiscalía subrayó que los registros previos agravaron la imputación.

Strand lo sentenció a 30 meses de prisión, a los que se suman tres años de libertad supervisada una vez que complete el fallo.

La Oficina del Fiscal Federal destacó una característica determinante del sistema penitenciario estadounidense: no existe la libertad condicional en el ámbito federal, por lo que Thompson deberá cumplir la totalidad de la pena.

Hasta el momento, permanece bajo custodia del Servicio de Alguaciles Federales (U.S. Marshals) a la espera de su traslado a una instalación del sistema federal de prisiones, según confirmó Yahoo Entertainment.

Su excompañero de elenco Kyle Massey reaccionó al fallo en declaraciones a TMZ. “Ese es mi hermano. Lo amamos y lo apoyamos, sin importar nada. Siempre es una pena ver a un amigo o a alguien que uno quiere atravesar algo así”, dijo Massey.

El actor cerró su mensaje con una frase directa hacia Thompson: “Mantén la cabeza en alto, estamos aquí y te amamos. Te amamos muchísimo, hermano”, tal como recogió Los Angeles Times.

Dos cazas EF-18M españoles han vuelto a detectar un avión ruso. Han sido dos aeronaves del Destacamento Aéreo Táctico Ámbar, que dentificaron y escoltaron a una rusa mientras hacían sus labores de vigilancia sobre aguas internacionales del mar Báltico. Se trata de la primera activación real del contingente español durante su actual despliegue en Estonia. Los aviones españoles despegaron desde la base aérea de Ämari tras recibir una orden del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Uedem, organismo encargado de coordinar las operaciones de vigilancia y defensa aérea de la OTAN en esa parte de Europa.

La aeronave rusa había partido del área de San Petersburgo y volaba sin plan de vuelo presentado, con el transpondedor desconectado y sin comunicación con los servicios civiles de control aéreo. Esa situación motivó la activación de una misión de Alpha Scramble, el término que emplea la OTAN para una salida real de los medios de alerta de reacción rápida. Tras volar junto a ella para garantizar que no se convirtiese en una amenaza, el avión del Kremlin abandonó la zona.

Los dos EF-18M localizaron el aparato, efectuaron la identificación visual y lo acompañaron durante su tránsito. Según la información facilitada por el Estado Mayor de la Defensa, la aeronave rusa se mantuvo en todo momento sobre aguas internacionales y no entró en el espacio aéreo de Estonia ni en el de ningún otro país aliado. Tras concluir la operación, los cazas regresaron a la base de Ämari. La misión implicó a pilotos, personal de operaciones, mantenimiento, armamento, comunicaciones, protección de la fuerza y otros equipos de apoyo que sostienen la disponibilidad de los aviones asignados a la misión.

La orden de despegue activó la alerta de la OTAN

La intervención se produjo después de que el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Uedem detectara el vuelo de la aeronave rusa en el área de responsabilidad del destacamento. Desde esa instalación se dirigen las operaciones de vigilancia aérea de la OTAN en la zona norte y oriental de Europa. La salida de los cazas españoles se enmarcó en el sistema de Alerta de Reacción Rápida, conocido por sus siglas en inglés QRA. Este mecanismo permite que las aeronaves asignadas a la defensa aérea despeguen cuando la cadena de mando aliada considera necesaria una identificación, una vigilancia o una escolta.

El jefe del DAT Ámbar, el comandante Antonio Mancebo Marín, destacó el funcionamiento del dispositivo tras la primera activación real. “Esta primera activación real demuestra que el destacamento está preparado para responder con rapidez y precisión cuando lo ordena la cadena de mando de la OTAN. Es el resultado del entrenamiento y del trabajo diario de todas las personas que mantienen operativa nuestra capacidad”, afirmó. La identificación visual constituye una de las fases de este tipo de operaciones. Permite confirmar las características de la aeronave detectada y comprobar su trayectoria antes de que los aviones de combate regresen a su base o reciban nuevas instrucciones de los mandos aliados.

El destacamento español permanecerá en Estonia

El DAT Ámbar está formado por unos 110 militares de distintas unidades del Ejército del Aire y del Espacio. La aportación principal procede del Ala 15 y de la Escuadrilla de Apoyo al Despliegue Aéreo, ambas con base en Zaragoza. El contingente dispone de cuatro aviones EF-18M y permanecerá desplegado en Estonia hasta comienzos de octubre de 2026. Su actividad desde Ämari incluye la prestación de servicios de alerta aérea y ejercicios de adiestramiento con fuerzas de otros países aliados.

La activación de este 22 de septiembre fue la primera misión real del destacamento en el actual despliegue. El dispositivo español asumió la identificación y escolta tras la orden del centro de mando aliado, con los medios de apoyo preparados para sostener la salida de los dos cazas. España participa desde Ämari en la defensa aérea del Báltico, una tarea que combina la vigilancia del espacio aéreo, la disponibilidad de aeronaves de reacción inmediata y la coordinación con otros miembros de la OTAN.

Rene B. Lopez tenía 31 años y una condena de 29 por cumplir cuando fue asesinado por cinco compañeros de prisión en un ataque planificado.

El crimen ocurrió el jueves 18 de septiembre en Pelican Bay, en el norte de California, y reaviva el debate sobre la violencia interna en las cárceles del estado en un año donde los homicidios carcelarios ya duplican el ritmo de reducción que las autoridades esperaban consolidar.

El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) informó que los guardias hallaron a Lopez herido en su unidad habitacional alrededor de las 6 de la tarde.

Fue trasladado a la clínica del penal, donde murió una hora después. Cumplía condena por agresión con arma de fuego en el condado de Los Ángeles.

Dos asesinos convictos ejecutaron el ataque con armas improvisadas

Las cámaras de vigilancia del establecimiento registraron el momento en que Joseph W. Morales y Richard Garcia agredieron a Lopez con elementos fabricados dentro del penal. Ambos tienen condenas previas por homicidio.

Garcia, de 52 años, cumple cadena perpetua desde 1997 por los delitos de asesinato y agresión en el condado de San Luis Obispo.

Morales, de 40, fue condenado en 2019 por matar a un hombre en Woodcrest, una comunidad no incorporada al sur de Riverside.

El historial de Morales dentro del sistema penitenciario es extenso. Mientras aguardaba juicio en una cárcel del condado de Riverside, atacó con un cuchillo a otro interno con tanta fuerza que la punta del arma quedó incrustada en el cuerpo de la víctima, de acuerdo con un fallo del tribunal de apelaciones del estado. Ese hombre sobrevivió.

Tres reclusos más participaron del crimen, incluido uno que desechó las armas

El mismo registro dejó en evidencia que, tras el ataque, Morales y Garcia entregaron las armas a un tercer recluso: Estevan Saucedo, quien las arrojó a un cesto de basura.

Saucedo, de 30 años, purga cadena perpetua por el asesinato a tiros de un hombre en el barrio de Florence-Firestone, cerca de Huntington Park, en 2016, afirmó el CDCR.

Otros dos presos también fueron señalados como partícipes del crimen: Jose D. Rodriguez, de 28 años, y Freddie G. Sanchez, de 35. Las autoridades no precisaron cuál fue la función de cada uno en el hecho.

Rodriguez fue sentenciado el año pasado por un juez del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles a 31 años de prisión por homicidio culposo e intento de asesinato.

Sanchez, en tanto, cumple cadena perpetua por agresión con arma de fuego, robo con allanamiento y disparos contra un vehículo ocupado.

El historial de Sanchez también incluye un ataque a otro recluso durante su encarcelamiento, lo que le sumó ocho años adicionales a su condena, según consta en registros del departamento.

El homicidio es el decimoséptimo en las cárceles de California en lo que va del año

La muerte de Lopez es el homicidio número 17 registrado en el sistema carcelario del estado en lo que va de 2026, según el registro oficial del CDCR. La cifra contrasta con los 30 homicidios registrados en el mismo período del año anterior.

El pico de violencia del año pasado llevó a las autoridades a tomar medidas de fuerza en la mayoría de las instalaciones del estado: se recortaron privilegios, se restringió la circulación de los internos y se intensificaron los operativos de requisa de armas y contrabando, de acuerdo con lo que informó el organismo.

El penal alberga a algunos de los reclusos considerados más peligrosos de California.

Los últimos movimientos revelan el temor real a que Rusia traspase fronteras con sus ataques. Países por toda Europa han anunciado nuevos ejercicios militares, inversiones y acuerdos entre líderes como respuesta a la “intensificación” de las amenazas del Kremlin. El presidente francés, Emmanuel Macron, convocó el viernes a los líderes de los partidos representados en el Parlamento para debatir la situación internacional. Tras este encuentro, reconoció ante la prensa que “el riesgo ha aumentado”. Antes del francés, su homólogo polaco avisó en su Parlamento: “El plan ruso, según las evaluaciones de inteligencia, incluye ataques híbridos con drones y misiles contra los países que apoyan a Ucrania, incluida Polonia”, afirmó Donald Tusk.

Dentro de la ofensiva rusa, hay que diferenciar entre la “zona gris”, es decir, los ataques híbridos que ya sufre Europa, y un ataque físico directo. Para SAP, el servicio oficial de inteligencia de Letonia, uno de los países más afectados, “la posibilidad de un ataque convencional contra los países bálticos y la OTAN es actualmente y en un futuro próximo muy baja”. No obstante, esta semana un dron ruso atacó un tren de pasajeros a dos kilómetros de la frontera de Polonia con Ucrania, lo que supuso una aproximación no vista hasta ahora en el conflicto. La guerra híbrida hace años que es una realidad, con agentes rusos detrás de desestabilizaciones internas, injerencia con drones o los buques de la conocida flota fantasma.

El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) advierte en uno de sus últimos estudios sobre la intensificación de la campaña rusa de drones en Europa. Entre agosto de 2024 y febrero de 2026, aeronaves no tripuladas sobrevolaron el espacio aéreo de 12 miembros de la OTAN. Según el informe, provocaron el cierre de aeropuertos y alertas en instalaciones militares sensibles. El último caso ha sido el de Leipzig. Alemania atribuyó a Rusia el hallazgo de un dron con explosivos en el aeropuerto de Leipzig-Halle a comienzos de septiembre. Este sábado, se añadía Luxemburgo a la lista de posibles objetivos. Las autoridades aseguran haber avistado drones rusos que obligaron a interrumpir los vuelos. Y también hace pocos días, cazas de la OTAN interceptaron un dron cerca de Kaunas, en Lituania.

Rearme y preparación de Europa

Los movimientos militares en el Báltico, la activación aérea polaca y una nueva estrategia suiza de seguridad han reflejado esta semana la creciente preocupación europea. En Gotland, isla sueca situada en el mar Báltico, fuerzas de Suecia y Alemania han realizado un ejercicio de despliegue rápido. El objetivo fue ensayar el refuerzo inmediato de ese territorio estratégico y garantizar la seguridad marítima en el norte de Europa, según explicaron las Fuerzas Armadas del país nórdico. Participaron unidades navales y aéreas, además de capacidades avanzadas como los sistemas de misiles de crucero de defensa costera.

En paralelo, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia desplegó el sábado su aviación militar ante los ataques rusos con drones contra objetivos en Ucrania cercanos a la frontera. Los sistemas terrestres de defensa antiaérea y vigilancia por radar también alcanzaron un estado de alerta. Días antes, Polonia había movilizado cazas en dos oportunidades tras ataques contra el oeste ucraniano. Las alertas incluyeron sirenas en Podkarpacie y Lublin, además de suspensiones temporales en los aeropuertos de Rzeszów y Lublin.

Por otro lado, el Consejo Federal de Suiza aprobó el 18 de septiembre su Estrategia de Política de Seguridad 2026, que contempla 10 objetivos y 46 medidas. El plan prioriza el fortalecimiento de la resiliencia estatal, la protección civil y las capacidades de defensa. El Gobierno suizo advirtió que la invasión rusa a Ucrania, los ciberataques y las dependencias críticas han elevado los riesgos. De esta manera, incluso un país históricamente neutral comienza a armarse para tener capacidad de respuesta.

Los drones en los ejércitos actuales son recursos imprescindibles, como ha demostrado la guerra de Ucrania. Por tanto, también es fundamental la preparación para poder defenderse de ellos. Indra ha presentado ‘Drizzle’, una familia de drones interceptores destinada a reforzar la protección de infraestructuras, convoyes, vehículos terrestres, helicópteros y unidades militares desplegadas. El sistema fue mostrado el 17 de septiembre en Madrid, durante UNVEX, la feria española de sistemas no tripulados.

La compañía ha diseñado el proyecto para responder a ataques con aeronaves no tripuladas de bajo coste, una amenaza que ha ganado presencia en los conflictos recientes. La propuesta combina interceptores de pequeño tamaño, sistemas de detección y navegación, y una plataforma nodriza capaz de ampliar el radio de actuación de los aparatos. Según la información difundida por Indra, ‘Drizzle’ puede integrarse en soluciones antidrón o instalarse en vehículos y aeronaves como mecanismo de autoprotección. El sistema está concebido como un efector de neutralización física, lo que supone que busca destruir o inutilizar la amenaza durante la interceptación, frente a otras soluciones basadas en interferencias electrónicas.

400 kilómetros por hora o sensores infrarrojos

El interceptor cuenta con un sistema de propulsión que le permite, según la compañía, superar los 400 kilómetros por hora. Su alcance inicial se sitúa en torno a los 80 kilómetros, aunque puede ampliarse con el apoyo de una plataforma aérea que transporte varios aparatos hasta las proximidades del objetivo. La compañía atribuye una parte central de la capacidad del sistema a sus mecanismos de búsqueda, detección y selección de blancos.

El interceptor incorpora sensores electroópticos e infrarrojos, que recogen información durante la fase final de la misión. Esos datos alimentan el sistema de procesamiento a bordo, encargado de identificar la amenaza y guiar el aparato hacia el objetivo. Indra señala que el sistema puede navegar en entornos saturados, donde confluyen varios drones, comunicaciones, señales electrónicas y otros factores que dificultan el desplazamiento y la localización de objetivos. La empresa trabaja además en una futura incorporación de radar para reforzar las capacidades de detección.

Dron nodriza permitiría extender su alcance

La arquitectura de ‘Drizzle’ incluye un dron nodriza que puede transportar varios interceptores de menor tamaño. Este vector despegaría con los aparatos a bordo y recorrería la primera parte de la misión antes de liberarlos cerca de la zona donde se encuentra el objetivo. Según Indra, el dron nodriza puede volar a 30.000 pies, unos 9.100 metros, durante los primeros 80 kilómetros. Después liberaría los interceptores, que dispondrían de otros 50 kilómetros de autonomía. La combinación elevaría el alcance total hasta unos 130 kilómetros.

La empresa contempla el empleo coordinado de varios drones nodriza. Cada uno podría transportar y liberar distintos interceptores, una posibilidad que permitiría aumentar el número de aparatos disponibles contra una amenaza concreta o lanzar ataques contra objetivos protegidos por sistemas defensivos. Tras liberar los interceptores, los drones nodriza también podrían asumir una función de ataque, de acuerdo con la descripción facilitada por la compañía. El nombre del sistema hace referencia a esa posibilidad de desplegar una cantidad elevada de interceptores desde varias plataformas, como una lluvia fina sobre una zona determinada.

Indra plantea el desarrollo como una alternativa para fuerzas armadas que necesitan ampliar sus capacidades frente a ataques masivos de drones. La compañía sostiene que el carácter fungible de los interceptores favorecería la producción a escala, aunque no ha divulgado datos de fabricación, comparativas de costes ni resultados de pruebas operativas independientes.

El Gobierno panameño decidió detener durante un año la entrada de rifles semiautomáticos de uso particular. La medida comenzará el 22 de septiembre de 2026 y responde, según el decreto publicado en la Gaceta Oficial, a la necesidad de evaluar su circulación y reforzar los controles sobre unas armas que las autoridades consideran de posible riesgo para la seguridad pública.

El Decreto Ejecutivo No. 19 establece una suspensión temporal de las importaciones, vigente hasta el 21 de septiembre de 2027. Su alcance es preciso: comprende rifles de uso particular con mecanismo de disparo semiautomático.

No prohíbe de forma general su tenencia o porte ni cambia la clasificación legal de las armas prevista en la Ley 57 de 2011.

Un rifle semiautomático dispara una vez por cada presión del gatillo y prepara automáticamente el siguiente cartucho para efectuar otro disparo. Esa característica lo distingue de un arma automática, capaz de realizar varios disparos mientras se mantiene presionado el gatillo. El decreto se refiere al mecanismo semiautomático, pero incorpora excepciones según el calibre.

Quedan fuera de la suspensión los rifles semiautomáticos de calibres .22 Short, .22 Long, .22 Long Rifle, .22 Magnum y .22 Hornet. Esa excepción no significa que puedan ingresar libremente al país: cada importación deberá cumplir las autorizaciones, los requisitos y los controles establecidos por la legislación sobre armas y sus reglamentos.

La decisión se fundamenta en la preocupación oficial por el aumento de armas con capacidades tácticas y elevado poder de fuego en circulación e inventario. El Ejecutivo considera necesario examinar periódicamente su trazabilidad y destino final, además del flujo de importaciones hacia el mercado panameño y los posibles desvíos al comercio ilícito.

El decreto plantea, por ello, una evaluación técnica integral durante el período de suspensión. El objetivo declarado es fortalecer la fiscalización estatal y reducir riesgos para el orden público.

La aplicación estará a cargo del Ministerio de Seguridad Pública, por medio de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP). Esta dependencia deberá coordinar la fiscalización con la Autoridad Nacional de Aduanas y otras entidades competentes. Mientras dure la medida, no expedirá nuevas resoluciones que autoricen importar los rifles comprendidos en la suspensión.

Si se presentan solicitudes durante ese año, la DIASP deberá resolverlas mediante una decisión motivada, respetando los plazos y garantías del procedimiento administrativo general. El decreto no indica que las peticiones queden aprobadas por el solo hecho de presentarse. También deja claro que las excepciones por calibre requieren autorización previa conforme a la Ley 57.

Para las armas que ya ingresaron legalmente a Panamá, la suspensión no cancela por sí sola los certificados de tenencia ni las licencias de porte. Sus propietarios continúan sujetos a las obligaciones y controles vigentes. La restricción opera sobre nuevas importaciones del tipo señalado, sin modificar los permisos existentes únicamente por la entrada en vigor del decreto.

Entre enero y junio de 2026, las autoridades panameñas recuperaron 1.278 armas de fuego. Los rifles fueron la categoría más numerosa, con 551 unidades, equivalentes al 43 % del total, según el informe del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales.

En ese mismo período se recuperaron 389 pistolas, 119 revólveres y 71 escopetas. El registro incluye además 15 fusiles y 133 armas clasificadas como «otros». El informe contabiliza los rifles como una sola categoría, sin separarlos por mecanismo de disparo o calibre.

La cifra de rifles recuperados no corresponde exclusivamente a modelos semiautomáticos: el reporte tampoco permite establecer cuántos pertenecen a los calibres exceptuados por el decreto. Así, las 551 unidades representan el total de rifles registrados en el primer semestre, no la cantidad alcanzada por la suspensión de importaciones.

La nueva disposición entrará en vigor el 22 de septiembre, cuatro días después de su publicación en la Gaceta Oficial. Durante los doce meses siguientes, el Gobierno mantendrá cerrada la importación de los rifles comprendidos en el decreto mientras evalúa los controles sobre su circulación, trazabilidad y destino en el mercado nacional.

Al otro, un hombre de más de 70 años sostiene otra cámara y filma sin apartar la mirada. Cuando la mujer pierde el conocimiento, el video continúa.

Esa grabación fue recuperada de uno de los más de 50 discos duros encontrados en una casona del barrio de Olney, en el norte de Filadelfia. El hombre que aparece en el video murió en 2025, a los 82 años, sin haber sido arrestado.

Su hijo lleva meses en prisión preventiva por cargos de armas. Y la Policía sigue sin poder responder la pregunta más básica del caso: qué pasó con las mujeres que entraron a esa casa y nunca volvieron a salir.

El caso arranca en la calle

El 19 de junio de 2026, pasadas las ocho de la noche, un guardabosques federal patrullaba a pie la cuadra 600 de Market Street, en el corazón histórico de Filadelfia. Frente al Independence Mall — el parque donde se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos — había un BMW negro estacionado en una zona prohibida. El agente se acercó.

Dentro del vehículo estaban Eugene Horsch y una mujer sin identificar. Al pedirle documentación, la mujer entregó un carnet a nombre de Blair Tonzelli, de 35 años, desaparecida desde 2023.

Según declaraciones posteriores a la Policía, fue el propio Horsch quien le había dado esa identificación. En el asiento trasero había dos pistolas y aproximadamente USD 8.000 en drogas ilegales.

En los bolsillos de Horsch, credenciales que lo acreditaban como agente de la Agencia Antidrogas (DEA) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Todas falsas.

Horsch fue detenido. Pero lo que dijo a continuación fue lo que transformó un arresto rutinario en una investigación de homicidio. Según documentos judiciales, el hombre afirmó que la mujer desaparecida “jamás volvería a ser vista”.

Esa frase llevó a los investigadores hasta la casona en el norte de la ciudad.

La casa de West Chew Avenue

Olney es un barrio de clase trabajadora, con una densa red de casas adosadas, comercios de barrio y comunidades de inmigrantes.

La casa del bloque 400 de West Chew Avenue no llamaba la atención desde fuera. Adentro, era otra cosa.

El 20 de junio, la Policía ejecutó la primera orden de allanamiento. Encontraron una planta de marihuana, una insignia falsa del FBI, al menos un arma adicional y cinco urnas con restos que parecen ser cenizas humanas. Todavía no se confirmó a quién pertenecen.

El 25 de junio los policías regresaron con una segunda orden, esta vez acompañados por agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y una unidad de desactivación de explosivos.

Lo que encontraron desbordó cualquier expectativa: más de 50 discos duros con más de 600.000 imágenes, 70.000 videos y 10.000 escritos y dibujos.

En el sótano, un laboratorio improvisado con recipientes de una sustancia aceitosa no identificada.

Los investigadores sospechan que esa sustancia pudo haberse usado para disolver cadáveres o destruir pruebas biológicas. Las muestras fueron enviadas a un laboratorio federal en Chicago para análisis.

Los técnicos también excavaron tuberías subterráneas frente a la propiedad. Hallaron, además, una nota manuscrita sin firma que, según documentos obtenidos por el canal local WPVI, hacía referencia al asesino serial Ted Bundy y describía métodos para deshacerse de “basura”.

Los protagonistas

Raymond “RC” Horsch tenía 82 años cuando murió, en 2025, antes de que comenzara la investigación. Era fotógrafo y productor de material pornográfico con temática sadomasoquista.

También escribía libros de ficción erótica cuyos protagonistas eran asesinos en serie que cazaban mujeres. Según testimonios de familiares y personas que lo conocieron, Horsch ejercía una autoridad absoluta dentro de su entorno.

Su exesposa, Amy McHale, de 44 años, fue vista por última vez en 2016 en esa misma casa. Era una de sus modelos y figura entre las mujeres cuyo paradero se desconoce.

Eugene Horsch es el hijo de Raymond. Tenía 44 años y, al momento de su arresto, no registraba antecedentes por delitos violentos, aunque sí una condena previa que le impedía legalmente portar armas.

Vivía en esa misma casa junto a su padre y fue imputado formalmente en julio por posesión de armas de fuego —incluyendo una con el número de serie borrado— y por uso de credenciales federales falsas.

Hasta la fecha, no enfrenta cargos relacionados con las mujeres desaparecidas.

Gabrielle Amarando tenía 22 años cuando desapareció en 2012. Sus amigos de la infancia recuerdan una joven que luchaba contra la adicción a las drogas.

“Era un alma maravillosa. De verdad”, declaró Ashley Levin, amiga de la infancia, en declaraciones al noticiero local Action News. “La adicción y la salud mental pueden llevar a la gente a lugares muy oscuros, pero eso no define a una persona”.

Catorce años después de su desaparición, la madre de Amarando recibió la confirmación que temía: los investigadores le mostraron videos de su hija con vida y fotografías halladas e incautadas en la casa, en las que aparecía aparentemente muerta, con la cara pálida y el cuerpo en una posición que los médicos forenses interpretaron como inequívoca.

Maribel Fresses desapareció en 2018, también a los 27 años. Aparece en el mismo conjunto de imágenes que Amarando. Los archivos están fechados en 2017.

Nicole Fusaro tenía 27 años cuando fue vista por última vez, en 2018. Su primo confirmó su vinculación al caso a través de WPVI.

Según fuentes de la investigación citadas por ABC News, el video de la apertura de esta historia — el que muestra a una mujer esposada y con un precinto al cuello — podría ser el de Fusaro.

La Policía no lo confirmó oficialmente: el Comisionado Adjunto Frank Vanore describió la secuencia en ese encuentro con la prensa sin identificar a la víctima por nombre.

Blair Tonzelli desapareció en 2023, la más reciente de las víctimas identificadas. Fue la primera en ser nombrada públicamente, cuando la mujer detenida junto a Eugene Horsch presentó su documentación.

Las otras dos mujeres vinculadas al caso aparecen en el material digital en estado de inconsciencia o con lesiones visibles.

Una de ellas fue identificada por la Policía pero su familia pidió que no se revelara su nombre. La identidad de la séptima sigue sin determinarse.

Lo que muestran los videos

El miércoles 16 de septiembre de 2026, la Policía de Filadelfia convocó a los medios para ofrecer el estado de la investigación.

El comisionado Vanore describió lo que los agentes habían encontrado en el material digital. “Hay miles y miles de videos que hay que revisar. Necesitamos corroborar lo que vemos”, afirmó el funcionario, según la cadena NBC10.

De las 58 personas identificadas en el material, 4 aparecen inconscientes o sin vida. Otras 10 murieron posteriormente por sobredosis en distintos puntos de Filadelfia, aunque no en la casa de West Chew Avenue.

Dieciséis fueron localizadas con vida pero se negaron a colaborar con los investigadores. Los detectives trabajan para contactar a otras 25.

La investigación enfrenta un obstáculo central: ningún cuerpo fue recuperado. Sin restos físicos, los cargos de homicidio son más difíciles de sostener ante un tribunal.

“Sin cuerpos, no hay una fuente fácil de ADN para cotejar con cualquier evidencia forense que encuentren en la casa”, explicó el ex agente del FBI JJ Klaver en declaraciones a Action News.

La Policía ejecutó cerca de 100 órdenes de allanamiento sobre la propiedad y su contenido. El FBI revisó apenas el 30% del material digital. La agencia aumentó el número de agentes asignados al caso para acelerar el proceso de autenticación de imágenes.

El estado actual

Las familias de las siete mujeres vinculadas al caso aguardan. La casa de West Chew Avenue sigue bajo custodia policial. Las autoridades tienen previsto regresar a la propiedad con una nueva orden de allanamiento antes de que finalice septiembre de 2026.

“Tenemos un deber”, dijo el Comisionado de Policía Kevin Bethel en la rueda de prensa. “Un deber con esas familias que están preocupadas por si su ser querido perdió la vida en esa casa o en algún otro lugar”.

El agente especial al mando de la oficina del FBI en Filadelfia, Wayne Jacobs, fue más escueto: “El objetivo es la exhaustividad, no la velocidad”.

Quien cuente con información puede llamar a la Policía de Filadelfia al 215-686-8477. Para contactar directamente a un investigador de la Unidad de Homicidios: 215-686-3334.

“Por mucho que ustedes quieran saberlo, Beijing quiere saberlo aún más”, afirmó el miércoles el teniente general Greg Gagnon, comandante del Mando de Fuerzas de Combate de la Fuerza Espacial, encargado del entrenamiento del personal para operar sistemas como esta arma en órbita.

El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, anunció el lunes en una conferencia que EEUU cuenta ahora con un arma espacial destinada a proteger a las fuerzas estadounidenses, lo que provocó una advertencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia sobre las “consecuencias más graves” en caso de ser utilizada.

El dispositivo constituye el componente orbital del actual arsenal espacial estadounidense, el cual ha estado integrado por inhibidores terrestres diseñados para interrumpir temporalmente —aunque no destruir— las comunicaciones de satélites chinos y rusos.

Los inhibidores actuales se conocen como el “Sistema de Contra-Comunicaciones” (Counter Communications System), una gran arma con antena satelital desplegada desde 2020; un modelo móvil más pequeño denominado “Meadowlands”, operativo desde julio; y el sistema aún más móvil llamado Terminal Modular Remoto (Remote Modular Terminal), a punto de ser desplegado por completo.

“No vamos a hablar sobre los detalles específicos de lo que estamos haciendo: si lo hemos probado, si no lo hemos probado o cualquier otra cosa”, declaró Meink a los periodistas el lunes tras la revelación.

Al ser consultado sobre cómo encaja esta capacidad en órbita recién revelada con el arsenal actual, Gagnon señaló que “todos los sistemas de armas se complementan entre sí y se integran cuando los sincronizas en operaciones militares”.

Sin embargo, “esta tiene su base en el espacio, por lo que ya es diferente”, explicó Victoria Samson, analista de armas espaciales de la fundación Secure World Foundation. “Hay informes de que se cree que China y Rusia poseen inhibidores espaciales y me parecía extraño que nosotros no los tuviéramos”, añadió.

Samson también indicó que los inhibidores podrían ser más fáciles de colocar en órbita que las armas de láser o de haces de partículas.

Aun así, si EEUU se limitara a desplegar inhibidores que enceguezcan temporalmente a un satélite chino o ruso, “podría quedar la impresión de que Estados Unidos tal vez no esté dispuesto a utilizar armas cinéticas en el dominio espacial físico”, advirtió Clayton Swope, especialista en espacio y aeronáutica del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), en referencia a tecnologías de mayor poder destructivo.

Política sobre basura espacial

En 2022, Estados Unidos se comprometió a no realizar pruebas destructivas de misiles antisatélite de ascensión directa.

“Se trata de un compromiso muy específico”, afirmó Swope.

“La idea detrás de esa moratoria de pruebas en particular era que no hay razón para generar escombros que puedan poner en peligro el uso del espacio en tiempos de paz”, continuó, agregando que “el tiempo de guerra es otra historia”.

Gagnon declaró el miércoles que la política estadounidense que prohíbe la generación de basura espacial se aplica a las pruebas, aunque no llegó a afirmar que dicha prohibición no aplique a la nueva arma.

“La razón por la que contamos con estas capacidades es para contribuir a la disuasión”, concluyó Gagnon. “Cuando vas a la guerra, destruyes cosas”.

© 2026 , Bloomberg

El Estado Islámico (ISIS) reclutó a un joven de Pensilvania que, desde la adolescencia, ya tenía antecedentes de planificar matanzas.

Jonathan Hunter Kramer, de 21 años, fue arrestado el domingo por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en un hotel de Cranberry Township, días después de que las autoridades detectaran que había adquirido armamento y elaborado un plan concreto de ataque contra civiles, informó NBC News.

El caso pone de manifiesto las dificultades del sistema judicial para contener a individuos radicalizados a edad temprana.

Kramer había pasado casi tres años en un centro de detención juvenil por actividad extremista previa y, al quedar en libertad en marzo de este año, retomó de inmediato sus contactos con redes yihadistas.

Fue imputado por la recepción de un arma de fuego con la intención de utilizarla en un delito o acto de terrorismo.

El arresto y lo que encontraron en el hotel y en su casa

Al momento de la detención, los investigadores hallaron dentro de la habitación del hotel un rifle semiautomático marca Panther Arms, más de 150 balas, dos cargadores, un bípode y una mira telescópica.

También incautaron un tapete de oración, gas pimienta y dos teléfonos. Uno era un dispositivo descartable; el otro estaba guardado en dos bolsas Faraday, que bloquean la señal de los aparatos para impedir su rastreo.

Al ver a los agentes, Kramer habría expresado espontáneamente que estaba “jodido”, tal y como consta en la denuncia penal, según informó NBC News.

En el domicilio de sus padres, el FBI encontró 30 cuchillos y una nota manuscrita sin fecha. “No me busquen. No sé qué hice pero no puedo vivir con miedo constante”, rezaba el escrito, según el documento judicial.

El historial del acusado y cómo volvió al radar del FBI

El caso tiene raíces en 2023. Ese año, el FBI allanó el hogar de Kramer y encontró en su computadora una grabación en la que él recitaba un juramento de lealtad al ISIS.

En el mismo período, las autoridades lo vincularon a una sala de chat en Telegram donde, bajo el nombre de usuario @ShootIntoACrowd, publicó amenazas, instrucciones para fabricar explosivos, C4 y bombas de automóvil, y recibió material de abuso sexual de un menor.

Kramer estuvo recluido en un centro juvenil desde abril de 2023 hasta marzo de 2026. Al momento de su egreso, un oficial de libertad condicional alertó al FBI de que el joven tenía en su poder un estandarte negro, identificado por los agentes como una bandera del ISIS. La organización usa de forma característica una bandera oscura con texto blanco.

Apenas libre, retomó sus actividades. Una persona cercana a Kramer advirtió al FBI en marzo de que el joven recibía paquetes “misteriosos” que ocultaba de sus padres y que había reanudado el contacto con sus antiguos interlocutores en línea.

Las pesquisas revelaron que su computadora contenía propaganda del ISIS y de Hamás.

Los planes de ataque y los blancos que el acusado tenía en mente

Bajo el alias “Hamza Al Rashid”, Kramer administraba documentos compartidos en los que describía estrategias para atacar a los kuffar —término árabe que refiere a los no musulmanes—.

En uno de esos archivos planteó el uso del fuego como herramienta de destrucción masiva. “El fuego causa mucho más caos y desplazamiento” que otras formas de ataque, escribió, según el agente especial del FBI Gregory Battaglia.

El acusado también evaluó la utilización de venenos, vehículos de gran porte y armas de fuego como métodos para “incrementar la destrucción de la yihad”.

Entre los blancos que identificó como propicios figuran boliches, teatros, conciertos, edificios de departamentos y escuelas con poca seguridad.

Battaglia añadió que Kramer promovía la idea de distraer a los servicios de emergencia como parte de la táctica de ataque.

El 26 de mayo pasado, el acusado habría escrito a su comunidad en línea: “Pronto podría llevar a cabo una operación contra los kuffar. Rueguen por mi éxito, hermanos”, según consta en la denuncia radicada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Pensilvania.

Los investigadores también rastrearon las compras de Kramer tras su liberación. Entre los artículos adquiridos en Amazon figura un cuchillo de 12,7 centímetros (5 pulgadas), que el FBI interpretó como parte de los preparativos.

Las reacciones de las autoridades federales

El director del FBI, Kash Patel, subrayó que el arrestado “supuestamente planeaba un ataque violento en apoyo al ISIS, involucrándose con propaganda de la organización en línea, elaborando conceptos de ataque y expresando de forma reiterada una retórica extremista, todo mientras adquiría armas que se presume eran parte de los preparativos”, tal y como declaró en un comunicado oficial.

El Fiscal General Todd Blanche destacó el momento del operativo. Los agentes “frustraron este presunto ataque antes de que pudieran perderse vidas inocentes”, afirmó, en alusión directa a la conmemoración del 11 de septiembre. Blanche atribuyó el resultado al “trabajo extraordinario” de las fuerzas de seguridad federales.

Kramer compareció ante un juez este lunes, quien ordenó su prisión preventiva, de acuerdo con NBC News.

Indra ha presentado ‘Squall’, un misil de crucero de bajo coste diseñado para alcanzar objetivos situados a más de 300 kilómetros. El sistema, que puede instalarse en plataformas terrestres y navales, está planteado para atacar infraestructuras y capacidades militares situadas en la retaguardia. La compañía ha expuesto el proyecto como una solución para actuar contra centros de mando y control, sistemas de defensa aérea e instalaciones militares de alto valor. Según la información difundida por el fabricante, el misil combina capacidad de ataque a distancia, sistemas de guiado orientados a resistir interferencias y la posibilidad de realizar lanzamientos coordinados con varias unidades.

La presentación se ha producido en la feria UNVEX en Murcia, dedicada a drones y tecnologías de defensa, que tiene como marco señalado el contexto internacional en el que los ejércitos europeos analizan la necesidad de reforzar la producción de municiones, sistemas no tripulados y armas de precisión. El comunicado no detalla el estado de desarrollo del programa ni fija una fecha para el inicio de la fabricación o la entrega de las primeras unidades. Tampoco se han divulgado datos sobre sus dimensiones, velocidad, carga útil, propulsión o precio. La denominación de misil de bajo coste parte de la comparación con sistemas convencionales, aunque la empresa no ha facilitado referencias económicas concretas ni contratos asociados al proyecto.

Preparado para dificultar la detección

‘Squall’ está concebido para operar a baja cota, un perfil de vuelo que puede complicar su detección por los radares. La compañía sostiene que esta capacidad permitiría aproximarse al objetivo con menor exposición a los sistemas de vigilancia del adversario. El misil dispone de varios sistemas de guiado y navegación. El objetivo es mantener la capacidad de alcanzar el blanco ante posibles acciones de interferencia electrónica o de engaño contra los sistemas de posicionamiento.

La capacidad de atacar a más de 300 kilómetros sitúa al sistema en el grupo de los medios de ataque de precisión a larga distancia. Desde una plataforma terrestre o naval, podría emplearse contra objetivos ubicados fuera de la línea directa de contacto. El sistema está preparado para su lanzamiento desde rampas, contenedores o vehículos tácticos. Esa compatibilidad busca ampliar las opciones de despliegue y permitir su integración en distintas configuraciones. Por el momento no se han determinado cuáles serán las plataformas o vehículos navales y terrestres que podrían incorporarlo.

Capacidad de ataques masivos

El elemento central de la propuesta es el uso de un misil cuyo coste sea inferior al de otros modelos convencionales. Según la compañía, ese factor permitiría recurrir a unas pocas unidades para ataques puntuales o emplear un número mayor de misiles en operaciones coordinadas. El sistema contempla lanzamientos sincronizados para saturar las defensas adversarias, una táctica orientada a obligar al enemigo a repartir o agotar sus recursos de interceptación. El fabricante considera que esta modalidad puede aumentar la presión sobre los sistemas defensivos si los activos atacados y los misiles empleados para protegerlos tienen un valor económico elevado.

La empresa también ha destacado que el diseño se apoya en una cadena de suministro nacional, con componentes sobre los que mantiene control. El objetivo declarado es preservar la capacidad de producción si una crisis afecta a las rutas logísticas internacionales o restringe el acceso a materiales. La incorporación progresiva de funciones de inteligencia artificial figura también entre las líneas de desarrollo anunciadas para estos sistemas.

Un alumno de 15 años ingresó con un arma de fuego a un colegio privado de Villa Dorrego, en La Matanza, y provocó una detonación accidental cuando apoyó su mochila en el piso. El episodio ocurrió en el Instituto Privado Jesús María Plaza, ubicado en Matienzo al 6200, y no hubo personas heridas, según supo Infobae.

Fuentes del caso indicaron que el director de la institución fue quien alertó a la Policía y explicó que el alumno había llegado al establecimiento con el arma. Al dejar su mochila en el suelo se produjo el disparo, aunque el adolescente no amenazó ni apuntó contra ninguna persona.

Los efectivos de la Comisaría Sur 4ª de Villa Dorrego secuestraron en el lugar un revólver calibre .32, sin marca visible y con numeración de serie. El arma tenía cinco municiones intactas y una sexta que había sido percutada. Tras el episodio, se preservó el lugar a la espera de la llegada de los peritos.

Al colegio también se presentó la madre del adolescente, quien manifestó desconocer cómo su hijo había obtenido el arma. Según declaró, el revólver pertenecería al padre del menor, quien se había retirado del domicilio luego de mantener una discusión con ella.

La fiscalía interviniente dispuso las diligencias de rigor para determinar las circunstancias en las que el adolescente ingresó con el arma al establecimiento. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el adolescente fue sometido a un precario médico a fin de evaluar si tiene lesiones y luego determinarán si queda o no detenido. De acuerdo al nuevo régimen penal juvenil, podría ser arrestado.

Fuentes policiales, por su parte, informaron que las autoridades de la fuerza bonaerense están trabajando en la escuela con los directivos.

“Que un menor tenga un arma es algo gravísimo”

Luego de que se conoció la noticia, el director del establecimiento, Alberto Bean, habló con los medios y dio detalles de lo ocurrido. Según dijo, se activó el protocolo previsto para las escuelas secundarias y anticipó que el miércoles habrá clases y una reunión con las familias.

Consultado sobre si el adolescente tenía antecedentes de indisciplina, respondió: “No, para nada. Igual, mucho no puedo contar, hay menores involucrados”, expresó ante la prensa. Además explicó que lo ocurrido sorprendió a las autoridades y será abordado con los equipos de asistencia correspondientes.

“Hay un grupo de psicólogos para contener a los chicos y para contener a las familias también. Hay dos grupos que van a venir mañana para trabajar en forma conjunta con nosotros. Son estructuras territoriales que nos van a dar una mano en esto que sucedió”, detalló e indicó que debía presentarse en la comisaría para declarar.

“Entiendan que son menores y que hay cuestiones que yo no puedo decir, porque lo que necesitamos es abordarlo conjuntamente con los adolescentes”, explicó.

Por último, el directivo reflexionó sobre lo ocurrido: “Que un menor tenga un arma es algo gravísimo, algo nos está pasando como sociedad”, dijo y pidió a las familias que dialoguen con los adolescentes. “Hay una responsabilidad parental, tienen que hablar con sus hijos, charlar, dialogar mucho, ver qué es lo que les pasa, qué es lo que sucede”, concluyó.

Los principales cambios de la nueva ley penal juvenil

La reforma penal permite que los adolescentes de 14 años puedan ser judicializados por delitos previstos en el Código Penal, estos seguirán enmarcados bajo un sistema especial. Esta normativa contempla condenas, medidas alternativas y, en determinados casos, privación de la libertad.

Entre los cambios centrales, la norma prohíbe las penas de reclusión y prisión perpetua para adolescentes. Al mismo tiempo que fija que el máximo de las penas privativas de libertad será de 15 años, la ley prevé la posibilidad de que accedan a la libertad condicional. Sin embargo, deberán cumplir los dos tercios de la condena y verificarse las condiciones exigidas para ese beneficio.

Cabe destacar que la entrada en vigencia del régimen no implica que todo delito cometido por un menor de 18 años derive automáticamente en encierro. En este sentido, se contemplarán sanciones alternativas para determinados casos, sobre todo cuando la pena prevista supera los tres años y llega hasta los diez.

El secretario de la Fuerza Aérea, Troy E. Meink, dijo el lunes que Estados Unidos apostó armas en la órbita terrestre, el primer reconocimiento público de ese tipo por parte de un funcionario del Pentágono, luego de años de preparativos para contrarrestar posibles despliegues de Rusia y China.

“Estamos aumentando la preparación frente a las amenazas existentes, y Estados Unidos cuenta con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta contra acciones hostiles de adversarios”, afirmó en una convención en Maryland, según un comunicado de prensa publicado en el sitio web de la Fuerza Aérea.

Meink no ofreció detalles sobre el tipo de armas ni indicó cuándo fueron desplegadas. Hizo sus declaraciones en un discurso de apertura en la Conferencia Aérea, Espacial y Cibernética en National Harbor, Maryland, un foro anual organizado por la Asociación de las Fuerzas Aérea y Espacial, una organización sin fines de lucro para miembros de ambas fuerzas.

La Fuerza Espacial no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el lunes a última hora.

El Pentágono teme desde hace tiempo que China y Rusia estén avanzando en operaciones espaciales que podrían amenazar a las fuerzas terrestres estadounidenses, así como a los satélites norteamericanos.

Guo Jiakun, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo el martes, en respuesta a una pregunta sobre los comentarios de Meink, que China se opone a “una carrera armamentista en el espacio exterior”.

“Instamos al lado estadounidense a que deje de expandir su fuerza militar y de prepararse para la guerra en el espacio exterior”, declaró en una rueda de prensa habitual.

En 2024, The New York Times informó que las agencias de inteligencia estadounidenses habían manifestado preocupación de que Rusia pudiera estar planeando colocar un arma nuclear en el espacio, una amenaza que podría interrumpir las redes satelitales vitales para todo, desde las comunicaciones hasta las operaciones militares.

Poco después de que el presidente Trump regresara a la Casa Blanca el año pasado, firmó una orden ejecutiva para ampliar las defensas aéreas de Estados Unidos, incluido el desarrollo y despliegue de “interceptores basados en el espacio”.

El proyecto, denominado Cúpula Dorada, estaría diseñado para defenderse de armas como los misiles hipersónicos, que Rusia desplegó en Ucrania.

En mayo, Trump dijo que el general Michael Guetlein, vicejefe de operaciones espaciales de la Fuerza Espacial, supervisaría el proyecto.

Estados Unidos, Rusia y China comenzaron a probar armas capaces de destruir satélites hace décadas, pero desde entonces Estados Unidos renunció a ese tipo de armamento porque deja campos de escombros destructivos en órbita.

En los últimos años, la Fuerza Aérea empezó a desarrollar “armas de baja generación de escombros” capaces de interrumpir o inhabilitar satélites enemigos, dijo a The Times en una entrevista de 2024 Frank Kendall, quien se desempeñó como secretario de la Fuerza Aérea bajo el presidente Joe Biden.

El general Chance Saltzman, quien se desempeñó como jefe de operaciones espaciales de la Fuerza Espacial durante las administraciones de Biden y el segundo mandato de Trump hasta su retiro el mes pasado, le dijo a una comisión del Senado en 2023 que los nuevos sistemas de armas espaciales estarían plenamente operativos para 2026.

Ni Kendall ni el general Saltzman especificaron cómo funcionarían los sistemas. Otros exfuncionarios del Pentágono dijeron que probablemente incluirían láseres, sistemas de microondas de alta potencia o incluso satélites estadounidenses capaces de aferrar o desplazar satélites enemigos.

Kendall dijo en 2024 que era prudente reconocer que el espacio “es un lugar que puede usarse para ventaja militar”.

“La amenaza existe”, dijo en ese momento. “Es un dominio en el que tenemos que ser competitivos”.

© The New York Times 2026

Microsoft presentó esta semana un código provisional para que sus modelos de inteligencia artificial (IA) permanezcan bajo control humano, no fabriquen armas ni promuevan hábitos alimentarios poco saludables.

La empresa prevé que estas reglas orienten el desarrollo de sus sistemas desde 2027, en medio de advertencias de Anthropic y OpenAI sobre los riesgos de una competencia por tecnologías cada vez más autónomas.

El documento permanecerá abierto a comentarios durante seis semanas y Microsoft publicará una versión actualizada a finales de año. Esa guía deberá aplicarse a los modelos que desarrolle a partir de 2027.

Bajo el nombre “Código de conducta para una IA humanista”, la compañía establece que sus herramientas deben estar “al servicio de las personas”, respetar los objetivos definidos por quienes las usan y evitar la formación de conductas propias. “Las personas importan más que la IA”, dice Microsoft.

La compañía fija un límite absoluto para sus sistemas: “Cualquier sistema que no pueda estar bajo control humano debe ser rechazado”. El principio apunta a impedir que los modelos actúen con fines distintos de las instrucciones de los usuarios o de los mecanismos de supervisión establecidos.

Cuáles límites pone Microsoft a sus modelos de inteligencia artificial

Los modelos de Microsoft no podrán ayudar a fabricar armas, facilitar la obtención de sustancias peligrosas ni impulsar conductas alimentarias perjudiciales. Las restricciones incluyen la prohibición de generar contenido violento o sexualmente explícito.

El código exige que los sistemas eviten desarrollar metas propias y que no adopten conductas destinadas a ocultar errores o actuaciones indebidas. Busca impedir formas de comunicación incomprensibles para las personas.

Esta última preocupación surgió tras unas pruebas de ciberseguridad de OpenAI, en las que varios agentes de inteligencia artificial se comunicaron entre sí y accedieron a sistemas de la plataforma Hugging Face. Microsoft incluyó ese tipo de situaciones entre los comportamientos que pretende prevenir.

Por qué crece el debate sobre el control de la inteligencia artificial

El debate se profundizó después de la renuncia de Jacob Coxon, investigador de Anthropic que había trabajado antes en OpenAI. Coxon acusó a ambas empresas de priorizar la carrera por desarrollar una inteligencia artificial más avanzada por encima de los riesgos de seguridad.

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, pidió ralentizar el desarrollo de los modelos más avanzados. Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, respaldó la propuesta, y ambos advirtieron sobre los riesgos de una carrera hacia sistemas con mayor autonomía.

El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó este domingo los pedidos para desacelerar el desarrollo de la tecnología. Defendió que Estados Unidos debe preservar su liderazgo tecnológico frente a otras potencias.

Qué empleos podrían quedar obsoletos ante la inteligencia artificial

La expansión de la inteligencia artificial puede modificar el mercado laboral, con impacto inicial en ventas, atención al cliente, ingeniería de software y asistencia jurídica. Bill Gates, fundador de Microsoft, identificó esas áreas como las primeras en enfrentar reemplazos de trabajadores humanos por sistemas automatizados.

Las actividades comerciales y de atención al cliente por internet o teléfono figuran entre las más expuestas. Los sistemas actuales ya pueden responder consultas, clasificar pedidos, orientar a usuarios y procesar información comercial con un alto grado de autonomía.

Asimismo, la ingeniería de software enfrentará una transformación temprana porque las herramientas de IA pueden generar código, detectar errores, automatizar pruebas y asistir en la documentación. Esas funciones modifican parte de las tareas que antes realizaban desarrolladores con menor experiencia.

En la asistencia jurídica, la revisión de expedientes judiciales, la búsqueda de antecedentes, la comparación de contratos y la clasificación de información legal contienen procesos repetitivos y documentales que la IA puede ejecutar en menos tiempo.

Gates sostuvo que la transformación no dependerá de un ciclo económico y afectará con mayor fuerza a los puestos básicos e intermedios, donde suelen comenzar los trabajadores jóvenes.

Durante casi tres décadas, mientras Estados Unidos y la Unión Soviética acumulaban decenas de miles de cabezas nucleares, Thomas Graham Jr. fue uno de los pocos funcionarios con acceso real a las negociaciones que buscaban poner límites a esa carrera.

Abogado de formación y diplomático por vocación, Graham murió el 3 de septiembre en su domicilio de Washington a los 92 años, según confirmó su hijastra, Missy Ryan.

En 27 años de carrera, Graham negoció todos los grandes acuerdos nucleares de la Guerra Fría

Su trayectoria arrancó en 1970, cuando se incorporó como letrado joven a la Agencia de Control de Armas y Desarme (ACDA), y no se detuvo hasta 1997, cuando se retiró con rango de embajador tras servir como representante especial del presidente Bill Clinton para el control de armas.

En ese lapso, fue asesor legal principal de la ACDA bajo cuatro presidentes y tuvo injerencia directa en el SALT, el START y el resto de los grandes tratados que durante décadas marcaron el eje de la política de seguridad nacional estadounidense.

La magnitud de lo negociado nunca dejó de perturbarlo. “Estados Unidos construyó más de 70.000 armas nucleares y los soviéticos, 55.000; en el pico, que fue en los años 60 para Estados Unidos, teníamos 32.500 en nuestro arsenal y los soviéticos llegaron a tener 45.000, muchas más armas de las que jamás podrían haber tenido misiones, incluso en la guerra nuclear más desatada”, señaló en una historia oral publicada en 2013, según recogió el New York Times, en diálogo con la Asociación para Estudios Diplomáticos y de Capacitación.

El memorándum sobre la “Guerra de las Galaxias” encendió un debate político en el Congreso

En 1985, Graham desató una tormenta política con un memorándum legal en el que argumentó que la Iniciativa de Defensa Estratégica propuesta por el presidente Ronald Reagan —el llamado sistema antimisiles “Guerra de las Galaxias”, de despliegue terrestre y espacial— violaba técnicamente el Tratado sobre Misiles Antibalísticos de 1972.

La reacción fue inmediata: el Congreso, de mayoría demócrata, bloqueó los intentos de reinterpretar el acuerdo y el debate se extendió por meses.

Esa capacidad para sostener posiciones incómodas fue una constante de su carrera. Graham se movió a veces dentro del Partido Republicano y a veces dentro del Demócrata, pero su brújula fue siempre técnica antes que ideológica.

“Tom era alguien que dedicó su carrera a reducir el riesgo de proliferación nuclear”, dijo Daryl G. Kimball, director ejecutivo de la Asociación para el Control de Armas (ACA), en declaraciones al New York Times.

La extensión indefinida del Tratado de No Proliferación, su logro más duradero

El mayor hito de su trayectoria llegó en 1995, cuando Graham lideró la campaña diplomática que obtuvo la extensión indefinida del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), firmado en 1970 y suscrito por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia. Kimball calificó ese resultado de “increíblemente importante” en declaraciones al diario neoyorquino.

Graham enfrentó a lo largo de su carrera la presión constante de congresistas y funcionarios conservadores que lo acusaban de ceder demasiado en las negociaciones. A sus interlocutores soviéticos, en cambio, los trató siempre con respeto profesional.

El negociador jefe soviético, Vladimir S. Semyonov, “daba la impresión de ser inflexible, inconmovible y difícil”, recordó en la historia oral. “Lo era, pero también era un profesional. Quería avanzar”.

Formado en Princeton y Harvard, Graham estudió con Henry Kissinger antes de llegar a la diplomacia

Thomas Graham Jr. nació el 9 de octubre de 1933 en Louisville, Kentucky, hijo único de Thomas Graham, banquero de inversiones con actividad en la política local demócrata, y de Charlotte (Henriques) Graham.

Cursó el bachillerato en el Louisville Male High School, se graduó en 1955 con una licenciatura en la Escuela de Asuntos Internacionales Woodrow Wilson de la Universidad de Princeton y estudió en el Institut d’Études Politiques de París, conocido como Sciences Po.

Tras cumplir servicio militar entre 1956 y 1958, cursó derecho en Harvard, donde tomó clases con el profesor Henry Kissinger, con quien luego trabajó en la administración Nixon.

Entre sus libros figuran Disarmament Sketches: Three Decades of Arms Control and International Law (2002), Common Sense on Weapons of Mass Destruction (2004) y The Alternate Route: Nuclear-Weapon Free Zone (2017).

Su familia incluye a su esposa Christine Ryan, con quien estuvo casado 43 años; sus hijas Eliza Graham y Clover Graham Hackett; su hijo Tommy, los tres fruto de su primer matrimonio con Clover Nicholas; su hijastro Thomas Ryan; su hijastra Missy Ryan; y siete nietos.

El principio que guió su trabajo a través de años de negociaciones con los soviéticos, según explicó, fue uno solo: “La visión era muy clara: tenemos que llegar a algún acuerdo con los soviéticos para moderar esta competencia, o se nos irá de las manos”.

El 2 de abril de 2025, Karmelo Anthony mató de una puñalada en el pecho a Austin Metcalf bajo una carpa en un torneo de atletismo escolar en Frisco, Texas.

Fue condenado a 35 años de prisión. Pero lo que el jurado nunca supo es que, horas antes del crimen, la novia de Anthony le había advertido a un directivo de la escuela que él la acosaba y le había enviado una foto de un cuchillo con el texto: “Estoy al límite”.

Ese detalle forma parte de un expediente de 75 páginas que fiscales y defensores acordaron, de forma verbal, mantener fuera del debate oral.

Valeria Perez, que siguió en pareja con Anthony tras la condena, estuvo presente en las audiencias de apelación y mantuvo contacto visual con él mientras ingresaba al tribunal esposado.

El material incluye fotos con armas, mensajes racistas y un historial de comportamiento violento que la justicia decidió no mostrar.

Permaneció reservado hasta agosto de 2026, cuando la nueva defensa de Anthony lo incorporó al expediente judicial durante la audiencia de apelación, y el Daily Mail accedió a él.

El acuerdo que dejó al jurado sin información clave

El fiscal principal del condado de Collin, Bill Wirskye, explicó que la decisión buscó reducir la tensión en torno a un caso que había movilizado a grupos extremistas de ambos lados.

Los Proud Boys y el Black Panthers se manifestaron frente al tribunal durante el proceso. Ambas familias recibieron amenazas de muerte.

A cambio de excluir el historial de Anthony, la defensa aceptó no presentar el pasado de Metcalf, que incluía una causa juvenil por grafitis con contenido racista.

Wirskye reconoció que quería evitar echar “más combustible al fuego”. El acuerdo, sin embargo, no tiene valor legal vinculante.

Fotos con armas y mensajes que apuntaban a una espiral de violencia

Las imágenes del dosier ubican a Anthony con armas en al menos tres momentos distintos. En noviembre de 2024, cinco meses antes del crimen, aparece sin camisa con una pistola en la mano.

El 5 de mayo de 2024, a los 16 años, posó junto a tres adolescentes sosteniendo un rifle tipo AK-47.

El 4 de enero de 2025, un video lo muestra apuntando un arma hacia una vivienda antes de salir corriendo. No se identificó a quién pertenecía la casa.

Los mensajes de texto refuerzan ese perfil. En noviembre de 2024, Anthony le contó a su novia, Perez, que había llevado un arma y un cuchillo a la escuela.

En octubre del mismo año, le dijo que podía ir preso por allanamiento de morada: afirmó haber robado un reloj en la casa de un vecino. “El robo con allanamiento puede llegar a un año”, le escribió.

Los mensajes de odio que los jurados nunca conocieron

El dosier también incluye intercambios con contenido racista y homofóbico. En marzo de 2025, Anthony le envió a Perez una serie de mensajes contra las mujeres negras: “Las odio profundamente. Necesitan morirse”, escribió.

En junio de 2021, cuando tenía 14 años, le escribió a un amigo que odiaba a las personas homosexuales y que prefería a Donald Trump sobre Joe Biden porque, afirmó, Trump no apoyaba a ese colectivo.

El caso sigue abierto. La defensa de Anthony argumenta que el “gentleman’s agreement” lo privó de un juicio justo. Un juez de Texas rechazó en agosto la solicitud de nuevo juicio.

Los abogados advirtieron que el proceso de apelación puede extenderse por años. En paralelo, la familia del condenado salió a pedir más donaciones públicas, pese a haber recaudado más de USD 600.000 antes de la condena y a contar con seis abogados que trabajan de forma pro bono.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha absuelto al agente de la Policía Local de Oviedo que disparó tres veces contra un turismo en el que viajaban dos personas durante una intervención en un aparcamiento de Oviedo en junio de 2022. La Sala de lo Civil y Penal revoca así la condena a dos años de prisión que había impuesto en marzo la Audiencia Provincial y considera que, aunque la actuación policial fue “innecesaria y desproporcionada” y creó una situación de peligro “total y absolutamente impropia” de un agente, los daños psicológicos sufridos por los ocupantes no reúnen los requisitos para ser considerados penalmente un delito de lesiones psíquicas.

La resolución estima el recurso presentado por el agente y deja sin efecto tanto la condena penal como las indemnizaciones fijadas a favor de las dos personas que viajaban en el vehículo. También elimina las medidas cautelares que estuvieran vigentes y declara de oficio las costas de la apelación. El fallo precisa que aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La absolución no parte de considerar correcta la actuación del policía. Al contrario. El TSJ mantiene el relato de hechos de la Audiencia y dedica buena parte de la resolución a cuestionar la versión ofrecida por los dos agentes que participaron en el operativo. La clave para dejar sin efecto la condena está en otro punto: la Justicia considera acreditado que los disparos guardaron una relación causal directa con el estrés sufrido por los ocupantes, pero entiende que ese resultado debe tratarse como una secuela indemnizable y no como el delito de lesiones psicológicas por el que se condenó al agente.

Una intervención de paisano que acabó a tiros

Todo ocurrió sobre las nueve de la noche del 24 de junio de 2022 en el aparcamiento conocido como El Pozo de San Lázaro de Paniceres, en Oviedo. Eugenio y Belinda estaban dentro de un Toyota Aygo estacionado cuando llegaron dos policías locales en un vehículo camuflado y vestidos de paisano. Los agentes se acercaron al coche y uno de ellos, Juan, se situó junto a la puerta del conductor y pidió a Eugenio que bajara la ventanilla y se identificara.

El conductor, según los hechos que ahora da por buenos el TSJ, no estaba seguro de que quienes se acercaban fueran policías y se asustó al creer que tanto él como su acompañante podían encontrarse en peligro. Arrancó entonces el vehículo y realizó una maniobra para abandonar el aparcamiento. Cuando ya había recorrido algunos metros, Juan sacó su pistola reglamentaria, una Walter P99 de calibre 9 milímetros, y efectuó tres disparos con la intención de impedir que el coche continuara la marcha.

Las tres balas alcanzaron el lateral izquierdo del Toyota. Dos perforaron la puerta trasera izquierda y otra impactó debajo de la manilla de la puerta delantera, provocando además la rotura de la ventanilla y la proyección de cristales hacia el habitáculo del conductor. Pese a los disparos, Eugenio continuó conduciendo y abandonó el lugar. Belinda llamó al 112 para pedir ayuda mientras los agentes iniciaban la persecución. Finalmente fueron interceptados en la calle Luis José de Ávila Fernández.

La primera sentencia consideró que aquella actuación había causado lesiones psicológicas a los dos ocupantes. Eugenio sufrió un subsíndrome de estrés postraumático y necesitó tratamiento farmacológico y psicológico durante 60 días, mientras que Belinda padeció un síndrome de estrés postraumático y un proceso depresivo mayor asociado, con agravación de un cuadro depresivo previo, y precisó tratamiento durante 210 días. Ninguno de los dos quedó con secuelas médicas reconocidas en esos términos. El coche sufrió daños valorados en 1.886,50 euros.

La Audiencia Provincial había condenado al policía a dos años de prisión por un delito de lesiones y le había impuesto además dos años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas. También fijó indemnizaciones de 3.861,01 euros para Eugenio y de 7.499,10 euros para Belinda. El otro agente que intervino aquella noche fue absuelto.

El TSJ cuestiona la versión policial sobre el origen del incidente

En la apelación, el policía defendió que había disparado únicamente para detener el vehículo y para proteger la integridad de su compañero, al considerar que existía riesgo de atropello. El TSJ rechaza esta última explicación: no encuentra pruebas que permitan concluir que el otro agente estuviera realmente en peligro de ser arrollado cuando se efectuaron los disparos. Sí acepta que Juan pudo actuar movido por el propósito de que el coche se detuviera.

La valoración de lo ocurrido es especialmente severa con la actuación previa de los dos policías. La resolución señala que la instrucción que tenían era controlar carreras ilegales en la zona, mientras que Juan había explicado inicialmente que realizaban labores de prevención del menudeo de droga. El tribunal considera que no constaba autorización o petición de colaboración para desarrollar una actuación de ese tipo y destaca que los agentes se acercaron a los ocupantes sin uniforme y sin un vehículo policial identificable.

La resolución considera también relevante que Belinda y Eugenio detuvieran el vehículo cuando finalmente percibieron las señales acústicas de los coches policiales y que no opusieran resistencia. Para los magistrados, ese comportamiento encaja con la explicación de que inicialmente huyeron porque no sabían que las personas que se habían acercado a su vehículo eran agentes.

Por tanto, la resolución deja sin efecto la condena de dos años de prisión y todos sus pronunciamientos asociados, incluidas las responsabilidades civiles fijadas en primera instancia, al considerar que, una vez descartado el delito de lesiones, ya no existe responsabilidad penal derivada de él. El TSJ deja expresamente a salvo las acciones que pudieran corresponder en otras jurisdicciones.

Una franquicia de Round Table Pizza en Dinuba, en el corazón del Valle Central de California, se convirtió en la fachada de una operación de narcotráfico.

El caso expuso, además, la presencia de una red más amplia de crimen organizado con raíces en comunidades de camioneros de origen indio en el estado, según la Fiscalía Federal del Distrito Este de California.

Kawal Preet Singh, ciudadano indio de 50 años sin residencia legal en el país, era el operador del local. Un gran jurado federal lo imputó con cargos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas tras un operativo que incautó más de 18 kilogramos (40 libras) de metanfetamina y tres armas de fuego.

La investigación que derivó en su detención no empezó por la pizzería, sino por una denuncia anónima sobre un traficante apodado “Camy”, un nombre que las autoridades tardarían meses en vincular con Singh.

La investigación comenzó con una denuncia y un apodo

A partir de esa pista, los investigadores comenzaron a trazar un perfil. La descripción apuntaba a alguien con acceso a rutas de larga distancia y conexiones dentro de una comunidad cerrada, lo que orientó la búsqueda hacia el sector del transporte de carga.

“La información identificaba al narcotraficante como ‘Camy’ y lo describía como un hombre Sikh involucrado en el transporte de larga distancia”, precisó una declaración jurada del FBI, reproducida por The Fresno Bee. El documento añadió que el sospechoso trabajaba con una red de otros camioneros Sikh para trasladar narcóticos.

El Central Valley High Intensity Drug Trafficking Area Task Force (CVC HIDTA) identificó a Singh como objetivo de la pesquisa.

Los fiscales federales informaron que las órdenes de allanamiento, firmadas el 13 de agosto, abarcaban al imputado, su vivienda y el restaurante.

El operativo que dejó al descubierto el arsenal

El 18 de agosto, agentes federales siguieron a Singh desde el restaurante hasta su domicilio y luego realizaron registros simultáneos en ambos lugares. En la vivienda, los investigadores hallaron aproximadamente 13,8 kilogramos (más de 30 libras) de metanfetamina, tal como informó The Fresno Bee.

Otros 4,9 kilogramos (casi 11 libras) de la misma sustancia fueron encontrados en el interior del Hyundai Sonata de Singh, estacionado frente al local. La droga estaba distribuida en cinco bolsas plásticas transparentes. Además, se incautó una pistola semiautomática.

El Departamento de Justicia difundió fotografías del operativo que muestran dos armas de mano —una de ellas con marco de color verde azulado— y bolsas con una sustancia cristalina identificada como metanfetamina.

Ante los investigadores, Singh declaró que no había vendido metanfetamina durante aproximadamente dos meses y sostuvo que guardaba la droga a pedido de un amigo, de acuerdo con lo consignado por The Fresno Bee.

La cadena de pizzerías deslindó responsabilidades

La empresa matriz de Round Table Pizza, FAT Brands, se desvinculó rápidamente del caso. Erin Mandzik, directora sénior de comunicaciones corporativas, aseguró ante The Fresno Bee que el local era de propiedad y operación independiente.

Mandzik también señaló que los dueños locales no tenían conocimiento de las actividades ilegales y que cooperaban de manera plena con las autoridades.

El restaurante de Dinuba figura actualmente como cerrado de forma permanente en Google Maps.

La investigación también detectó vínculos con una red más amplia. Los fiscales determinaron que un grupo de camioneros transportaba cientos de kilogramos de cocaína desde México hacia territorio estadounidense para un cartel mexicano no identificado. Singh, sin embargo, no enfrenta cargos relacionados con cocaína.

Cargos y próximos pasos en el proceso judicial

El gran jurado federal imputó a Singh por distribución de metanfetamina, posesión con intención de distribuir y tenencia de un arma de fuego en el marco de un delito de narcotráfico. En su comparecencia, se declaró no culpable.

La Fiscalía aclaró que los cargos son acusaciones y que el imputado goza de presunción de inocencia.

De ser hallado culpable, Singh enfrentaría una pena mínima de 10 años de prisión por los cargos de drogas, a los que se sumarían al menos 5 años adicionales por el cargo relacionado con armas de fuego.

Actualmente está en libertad, según precisó el diario. Su próxima audiencia en el tribunal federal está fijada para el 4 de noviembre.

Siria comenzó a destruir armas químicas y materiales vinculados al antiguo régimen de Bashar al Asad, bajo verificación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), según informó este jueves el Consejo de Seguridad de la ONU.

Ante el organismo internacional, el representante sirio, Ibrahim Olabi, calificó el operativo como “el primer proceso de destrucción desde que nos liberamos del régimen anterior” y precisó que se trata también del primero “en destruir materiales químicos en territorio sirio en más de una década”.

La Alta Representante de la ONU para Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu, precisó que un equipo de la OPAQ constató el mes pasado la eliminación irreversible de 42 bombas aéreas, avance que atribuyó a la “estrecha colaboración” con Damasco.

“Siria cuenta con los acuerdos y las aprobaciones necesarias para iniciar las actividades de destrucción bajo verificación de la Secretaría Técnica de la OPAQ”, declaró. El director general del organismo ya había informado un día antes a su Consejo Ejecutivo que las actividades habían comenzado.

En mayo de 2026, Siria había reportado el hallazgo de arsenales que no figuraban en declaraciones previas del gobierno. Las autoridades detallaron una instalación adicional vinculada a compuestos químicos, una sustancia precursora para la fabricación de agentes nerviosos, municiones vacías y dos instalaciones de almacenamiento. Las inspecciones posteriores de la OPAQ confirmaron la exactitud de esos inventarios, lo que dio paso a la etapa de destrucción certificada esta semana.

Siria ingresó a la OPAQ en 2013, cuando se comprometió a revelar y entregar su arsenal tóxico ante la presión conjunta de Rusia y Estados Unidos, en un contexto marcado por la amenaza de ataques aéreos de Washington y sus aliados. La decisión llegó tras un presunto ataque químico en Guta Oriental, suburbio de Damasco, que causó la muerte de más de 1.000 personas según la inteligencia estadounidense y fue atribuido al gobierno de Bashar al Asad, quien negó su participación y responsabilizó a los rebeldes.

El régimen sirio nunca declaró la totalidad de su programa y buscó eludir a los inspectores internacionales, una conducta que en 2021 derivó en la suspensión de su derecho al voto en el organismo, tras comprobarse el uso de sarín y gas cloro contra población civil.

En paralelo, el Gobierno de transición encabezado por Ahmed al Shara impulsa una causa judicial contra los responsables de crímenes cometidos durante la gestión de Asad, con decenas de arrestos, entre ellos por el episodio de Guta Oriental.

Sobre el proceso, Olabi declaró: “Reitero nuestra postura sobre la justicia: una postura firme en materia de rendición de cuentas que no admite concesiones ni interpretaciones. Seguiremos por este camino, con el objetivo de fomentar la cooperación internacional para apoyar la justicia a nivel nacional”.

La enviada estadounidense, Tammy Bruce, instó a las nuevas autoridades sirias a mantener la cooperación con la OPAQ y describió esa labor como una forma de “honrar a los hombres, mujeres y niños sirios cuyas vidas fueron arrebatadas”. China y Rusia, por su parte, respaldaron los pasos dados por Siria en esta etapa del proceso de desarme.

(Con información de AFP y EP)

La justicia de Uganda autorizó la extradición de Katungi Michael Mpeirwe a Estados Unidos por un presunto complot para abastecer armas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un caso que lo colocó en una investigación por tráfico de armamento valuado en USD 54 millones y por su supuesta participación en una red internacional que operaba desde al menos septiembre de 2022.

Tras la resolución judicial, el exteniente ugandés quedó en prisión mientras se formalizaba su traslado. El tribunal desechó las objeciones preliminares que presentó la defensa y validó que la solicitud del gobierno estadounidense cumplía con los requisitos legales para proceder con la entrega.

La acusación incluyó armamento de grado militar y una red de cuatro países

La acusación presentada en el estado de Virginia sostuvo que Mpeirwe habría formado parte de una conspiración para enviar ametralladoras, lanzacohetes, granadas, equipos de visión nocturna, rifles de francotirador, minas antipersona y armas antiaéreas a cárteles mexicanos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Ese mismo expediente también lo señaló por cargos relacionados con tráfico de cocaína, posesión de armas de fuego y conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, en referencia al CJNG. Las autoridades describieron a ese grupo criminal como una de las organizaciones transnacionales más violentas y prolíficas de México.

La investigación ubicó a Mpeirwe dentro de una red integrada además por Peter Dimitrov Mirchev, de Bulgaria; Elisha Odhiambo Asumo, de Kenia, y Subiro Osmund Mwapinga, de Tanzania. Según la acusación, el grupo buscó abastecer al cártel con armamento de uso militar mediante operaciones coordinadas entre varios países.

Uno de los datos centrales del caso fue el supuesto uso de un certificado de control de armas falso de la República Unida de Tanzania. Ese documento habría servido para simular la importación legal de fusiles AK-47.

La acusación también detalló un envío de prueba: 50 fusiles de asalto automáticos AK-47, junto con cargadores y munición, salieron de Bulgaria con la supuesta intención de que fueran recibidos por el CJNG. Ese movimiento apareció como una muestra de la capacidad operativa de la red antes de concretar operaciones de mayor escala.

El exmilitar fue colaborador del jefe del ejército ugandés

Mpeirwe fue un colaborador cercano de Muhoozi Kainerugaba, jefe del ejército ugandés e hijo del presidente Yoweri Museveni. También ocupó el cargo de director de Relaciones Exteriores del partido de Kainerugaba.

Esa posición terminó después de que en julio de 2025 se presentó una acusación formal en Estados Unidos. Kainerugaba lo destituyó de su cargo político tras ese señalamiento.

Pese a la pérdida de esa función, el exmilitar siguió en libertad en Kampala durante varios meses, aun cuando otros coacusados ya estaban detenidos en distintos países. Su captura no ocurrió sino hasta junio.

El caso avanzó en paralelo con otras detenciones. Mirchev fue arrestado en España en abril de 2025 y después fue extraditado a Estados Unidos este año.

La resolución de Uganda respondió de manera directa al punto central del expediente: el país aceptó entregar a Mpeirwe para que enfrente en territorio estadounidense el proceso por su presunta intervención en una operación internacional destinada a suministrar armas al CJNG. Mientras se completaba el trámite, permaneció bajo custodia.

• Uganda autorizó la extradición de Katungi Michael Mpeirwe a Estados Unidos por su presunta participación en un complot para armar al CJNG.
• La acusación incluyó armamento de grado militar y un valor estimado de USD 54 millones, además de un envío de prueba de 50 fusiles AK-47.
• Mpeirwe fue colaborador de Muhoozi Kainerugaba, perdió su cargo en 2025 y fue detenido en junio, mientras otros implicados ya enfrentaban arrestos en varios países.

La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró 23 mil 733 armas en México entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026, los cuales revelan que casi dos de cada tres piezas son armas largas con calibres propios de fusiles de guerra, y que Sinaloa concentra la mayor proporción del armamento incautado en el país durante la administración federal en curso.

Los datos de la Sedena muestran que los fusiles dominan el arsenal decomisado: de 10 mil 689 piezas de la base individualizada, 5 mil 234 corresponden a esa categoría, casi la mitad del total registrado. El hallazgo sitúa a México ante un mercado ilícito de armas largas con capacidades propias de conflictos armados, no de delincuencia común.

Los calibres de fusil que más aparecen en los decomisos de la Sedena

El calibre 7.62x39 milímetros —el del AK-47 y sus variantes— encabeza la lista de fusiles asegurados, con mil 706 registros en la base. Le sigue el calibre .223 con mil 26 piezas; el 7.62 milímetros con 971, y el 5.56 milímetros con 798.

El calibre 5.56x45 es el que equipa al M16, el M4, el HK416 y el FN SCAR-L, fusiles de uso militar estándar en varios ejércitos del mundo. El 7.62x51 milímetros, conocido como .308 Winchester, se emplea en el M14, el FN FAL, el HK G3 y en rifles de tirador designado como el M110.

Entre las armas cortas, el panorama cambia de forma clara. El calibre 9 milímetros domina con 2 mil 147 piezas, y su uso se concentra principalmente en pistolas.

Los cuatro calibres predominantes de armas largas —7.62x39, 5.56, .223 y 7.62 milímetros— suman en conjunto más de 5 mil piezas dentro de la base individualizada. Esa cifra representa la columna vertebral del armamento de largo alcance que circula en el mercado ilícito nacional.

Las 179 armas calibre .50 y su concentración en Sinaloa y Chihuahua

Las 179 armas calibre .50 registradas en la base de datos que consultó Milenio constituyen uno de los hallazgos más graves del periodo. La Sedena las clasifica entre las de mayor potencia, ya que los rifles Barrett de ese calibre son capaces de inutilizar aeronaves o vehículos blindados.

De esas 179 piezas, 69 fueron aseguradas en Sinaloa, equivalentes a casi 4 de cada 10. Le siguieron Chihuahua con 22, Michoacán con 18, Sonora con 17, Tamaulipas con 14, Jalisco con 12 y Nuevo León con 11.

La base de la Sedena identificó alrededor de 140 armas fabricadas por Barrett Firearms Manufacturing, casi todas en calibre .50. Sinaloa concentró también la mayor cantidad de Barrett identificados por marca, seguido de Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas y Sonora.

El arsenal decomisado no se limita a fusiles y pistolas. La base también registra lo siguiente:

• 221 ametralladoras.
• 14 lanzagranadas.
• Seis lanzacohetes.
• 45 subametralladoras.
• 14 subfusiles.
• Dos obuses.
• Mil 144 granadas.
• Más de 4 millones de cartuchos.

Glock, AK-47, AR-15 y Barrett: las marcas identificadas en los decomisos

La Sedena asentó en miles de registros de marca, por lo que solo una parte del universo permite identificar fabricante. Entre las piezas con marca disponible, Glock y Century Arms son las que más aparecen.

La base también registra cientos de piezas bajo las denominaciones comerciales AK-47 y AR-15. Otras marcas presentes son Taurus, Smith & Wesson, Beretta, Ruger, Colt y Barrett.

El perfil por tipo de arma confirma la diversidad del mercado ilícito. Los 3 mil 548 registros de pistolas colocan a esa categoría en segundo lugar tras los fusiles, seguida de 398 carabinas, 393 escopetas, 365 revólveres y 297 rifles.

Sinaloa lidera la categoría de fusiles con mil 323 piezas. Le siguen Sonora con 653, Michoacán con 464, Chihuahua con 462, Nuevo León con 338 y Tamaulipas con 295.

El perfil de Baja California difiere del resto de los estados con alta concentración de armas. Ahí el calibre más común fue el 9 milímetros con 262 piezas, un patrón más propio de armas cortas que de fusiles de guerra.

El corredor de decomiso de armamento más activo se ubica en el noroeste del país, encabezado por Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Esa franja concentra la mayor parte de los fusiles y de los calibres de mayor alcance y potencia registrados por las fuerzas federales en el periodo analizado.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el primero de los procedimientos se realizó en inmuebles ubicados en la ciudad de Alderetes, a partir del caso de la alumna de 12 años que llevó un arma de fuego a su escuela y se los contó a sus compañeros. El episodio ocurrió este jueves en la Escuela N° 110 de Los Gutiérrez.

Después del aviso, el personal directivo del colegio retuvo a la alumna que llevaba en el bolsillo de su buzo un revólver calibre 22 marca Bagual, seis cartuchos y dos vainas servidas. El hecho fue calificado como tenencia y portación de armas y explosivos.

A partir de ese episodio, la Fiscalía ordenó un allanamiento en un inmueble de Alderetes. Allí, los agentes secuestraron cinco cartuchos calibre 9 mm marca CBC y 15 cartuchos calibre 12 AT marca Orbea.

El segundo allanamiento fue ordenado luego del caso del alumno de 14 años que llevó un arma a la Escuela Secundaria Congreso de Tucumán, de la capital provincial, y disparó dentro del aula. Allí, las fuerzas de seguridad incautaron en el lugar un revólver Taurus calibre 38, un proyectil y una vaina servida.

De acuerdo con las primeras informaciones, el estudiante llevó el arma al interior del edificio y la detonación se produjo al manipularla. Minutos después del incidente, efectivos de la Comisaría Segunda llegaron al lugar para resguardar a la comunidad educativa e iniciar las primeras actuaciones.

El momento previo al disparo quedó registrado en imágenes que comenzaron a circular entre los propios alumnos. En el video se observa al adolescente mientras manipulaba el arma y colocaba las balas en el tambor, antes de efectuar la detonación dentro del salón.

Según trascendió, el estruendo tomó por sorpresa al profesor que dictaba la clase de Historia, quien en un primer momento creyó que se trataba de un petardo.

“Ayer (por el martes) en momentos de hora de clase, un alumno se presentó con un arma de fuego. En medio de la clase se disparó la pistola. Afortunadamente ningún alumno está herido y el docente que estaba en la clase también”, dijo José Soria, vicedirector del colegio, en diálogo con medios locales.

“Obviamente, va a haber que trabajar con los chicos y con el docente por la situación vivida. Más allá de que no haya habido nadie lastimado, hay secuelas emocionales también que tenemos que trabajar tanto con el docente, con los alumnos y con el resto del personal y de los alumnos de la institución”, agregó.

Por orden de la Justicia, la Policía realizó un allanamiento en una vivienda de San Miguel de Tucumán, que permitió hallar una caja vacía con la inscripción Taurus, correspondiente al arma que ya había sido secuestrada. Durante la inspección, la madre del adolescente declaró que otra arma de la familia se encontraba en casa de un familiar.

La comitiva judicial y policial se trasladó a esa segunda vivienda de la capital tucumana, donde el titular entregó de forma voluntaria una pistola Bersa Thunder 9 Ultra Compact Pro calibre 9 mm, con su cargador vacío y su caja original.

España y Portugal dieron este martes un paso importante hacia la modernización de sus ejércitos con la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) para la adquisición conjunta de vehículos militares todoterreno de alta movilidad táctica, conocidos como VAMTAC. El acto oficial tuvo lugar en la Fortaleza de San Juan Bautista de la Foz, en Oporto, y fue presidido por la ministra española de Defensa, Margarita Robles, y su homólogo portugués, Nuno Melo.

Ambos países han acordado iniciar esta compra bajo el paraguas del recurso europeo ‘Security Action for Europe’ (SAFE), un mecanismo de la Unión Europea que pretende agilizar las inversiones de los Estados miembros en equipamiento militar considerado esencial, y que fomenta la compra y colaboración interna. La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y el subdirector general de Armamento y Patrimonio de Defensa Nacional de Portugal, contralmirante Antonio Mateus, firmaron el documento en representación de sus respectivos ministerios.

Así es el VAMTAC

El vehículo de alta movilidad táctica es un recurso fundamental para las operaciones militares modernas por su versatilidad y rendimiento en diversos escenarios. El acuerdo marco establece la compra conjunta de vehículos con capacidad para transportar hasta 1.500 kilos de carga útil. Estos vehículos han sido diseñados para moverse en todo tipo de terrenos. Por ello, se caracteriza por su capacidad para cumplir múltiples funciones, desde exploración y mando hasta apoyo de fuego o transporte de personal y material.

Su diseño permite operar en terrenos difíciles, gracias a una motorización diésel de seis cilindros con inyección directa y un sistema de transmisión automático Allison AT-542 de cuatro velocidades. La autonomía de este vehículo supera los 600 kilómetros, lo que facilita desplazamientos prolongados sin necesidad de reabastecimiento frecuente, un aspecto estratégico en misiones de largo alcance.

Puede superar pendientes de hasta el 70%, siempre que las condiciones de adherencia del terreno lo permitan. Además, su diseño admite la integración de una amplia gama de sistemas de armas, desde misiles y cañones sin retroceso hasta lanzagranadas y ametralladoras, adaptándose a las necesidades tácticas del operativo. La combinación de movilidad, autonomía y capacidad de armamento convierte a este vehículo en un elemento clave para las fuerzas armadas españolas.

Memorando entre España y Portugal

La firma del memorando entre España y Portugal fortalece la cooperación bilateral y refuerza la capacidad terrestre de ambos ejércitos, destacando el compromiso conjunto con la defensa europea. Margarita Robles ha resaltado que este acuerdo, dentro del Programa SAFE, pone en valor el trabajo coordinado y la integración industrial y operativa en el ámbito comunitario. La ministra ha señalado también que estos pasos contribuyen a construir una Europa más segura, promoviendo la integración de la base industrial de defensa.

El representante portugués ha subrayado la importancia de la interoperabilidad, facilitando la colaboración en ejercicios conjuntos y la intercambiabilidad de equipos, lo que incrementa la eficacia en misiones y la respuesta ante crisis. La adquisición conjunta de vehículos VAMTAC se inscribe en el contexto del refuerzo de la capacidad de defensa europea, en línea con la prioridad de autonomía estratégica de la Unión Europea. Este acuerdo quiere impulsar la cohesión industrial y sentar bases para futuros proyectos compartidos.

La captura de Ramón Álvarez Ayala, “R1”, no significó el fin de la estructura criminal que encabezaba en Michoacán y Jalisco. Tras su detención —a finales de julio— las autoridades mexicanas identificaron a su hermano Rafael Álvarez Ayala, “R2”, como el presunto sucesor al frente de Los Rs, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El reacomodo quedó expuesto esta semana con una acusación presentada ante una corte federal de Washington. Un gran jurado del Distrito de Columbia imputó a ambos hermanos por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con el objetivo de importarlas a Estados Unidos, además de delitos relacionados con armas de fuego. De ser declarados culpables, cada uno enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.

La acusación estadounidense se refiere a actividades que presuntamente se extendieron desde 2004 hasta diciembre de 2023, lo que coloca a los hermanos dentro de una estructura de narcotráfico con casi dos décadas de operaciones documentadas por las autoridades de ese país.

Pero la situación de ambos es distinta. R1 está preso en México, mientras que R2 permanece prófugo y, de acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habría asumido el control de Los Rs después de la captura de su hermano.

La caída de R1 abrió un relevo

Ramón Álvarez Ayala fue detenido el 30 de julio en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante un operativo en el que participaron fuerzas federales. La captura ocurrió después de un enfrentamiento en el que murió un integrante de su círculo de seguridad y también fue detenido Jesús Salvador Vela Salazar, “El Chuy”.

Las autoridades mexicanas ubicaban a R1 como responsable de una estructura con presencia en Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Huandacareo, Tacámbaro y Tzitzio, además de distintos puntos de Jalisco.

Tras su captura, fue trasladado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México. Ahí enfrenta procesos tanto por delitos federales relacionados con armas y drogas como por el homicidio del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo.

El 7 de agosto, un juez de control lo vinculó a proceso por el asesinato de Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en Uruapan. La investigación de las autoridades mexicanas sostiene que R1 habría ordenado y financiado el crimen.

A ese expediente se sumó otro proceso federal por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión de cartuchos y posesión con fines de comercio de metanfetamina y cocaína.

Sin embargo, la salida de R1 de las calles no habría dejado acéfala a la organización.

R2, el relevo que ahora busca Estados Unidos

Después de la captura de Ramón Álvarez Ayala, García Harfuch señaló públicamente a Rafael Álvarez Ayala como el sucesor de la estructura.

A diferencia de su hermano, R2 no se encuentra bajo custodia y es buscado por las autoridades. Esa condición adquiere especial relevancia después de que Estados Unidos lo incluyera formalmente en la acusación federal junto con R1.

El Departamento de Justicia estadounidense sostiene que ambos participaron en una conspiración para introducir cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense y utilizaron armas de fuego para facilitar las actividades de narcotráfico.

La acusación no incluye cargos por terrorismo contra los hermanos, aunque el Departamento de Justicia recordó que el CJNG fue designado por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera.

La diferencia es relevante: la designación del grupo no implica que todos sus integrantes sean acusados automáticamente bajo una figura de terrorismo. En este caso, Washington optó por imputaciones relacionadas directamente con narcotráfico y armas.

Una acusación que trasciende a los dos hermanos

El caso también muestra cómo Estados Unidos está utilizando sus investigaciones contra organizaciones criminales mexicanas para perseguir a integrantes de estructuras regionales, incluso cuando sus operaciones tienen una base territorial en México.

La investigación que derivó en la acusación fue desarrollada por la DEA en Los Ángeles con cooperación de autoridades mexicanas. El Departamento de Justicia ubicó el expediente dentro del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, una iniciativa interinstitucional creada para perseguir a organizaciones criminales transnacionales y sus redes de tráfico.

La situación coloca a R1 y R2 frente a escenarios distintos. Ramón Álvarez Ayala deberá enfrentar primero los procesos abiertos en México, incluido el expediente por el asesinato de Carlos Manzo, mientras Rafael permanece fuera del alcance de las autoridades y señalado como el nuevo responsable de Los Rs.

Por ahora, la acusación estadounidense deja una conclusión distinta a la que podría sugerir la captura de R1: la estructura del CJNG que ambos hermanos habrían comandado no quedó desarticulada con la detención de uno de ellos. Las autoridades mexicanas sostienen que el mando pasó al segundo y ahora Estados Unidos también lo colocó en la mira.

Un juez de California suspendió el proceso penal contra Jeanine John Taele, un exmarine de 38 años detenido cerca del campo de golf de Donald Trump en Rancho Palos Verdes, en Los Ángeles, al considerar que no está “mentalmente apto” para enfrentar el juicio.

Taele, residente de Downey, había sido arrestado pocos días antes de una visita prevista del presidente para participar en una cena de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano, reportó Associated Press.

Según las autoridades, en el momento de su detención llevaba munición consigo y tenía un arma cargada dentro de su vehículo estacionado en el predio.

El acusado enfrenta varios cargos estatales, entre ellos portación de arma oculta en un vehículo y recepción o posesión de un cargador de gran capacidad. Además, enfrenta un cargo federal por posesión de un fusil recortado no registrado, un delito con una pena máxima de 10 años de prisión.

Al momento de la detención, ya poseía un cargo de robo en segundo grado vinculado a otro episodio previo. En noviembre de 2025, fue arrestado en una tienda de AT&T por acusar que un empleado lo espiaba con unas gafas Meta y robarlas. Luego, fue hallado mientras murmuraba solo en el estacionamiento.

La decisión judicial y la evaluación de salud mental

El magistrado John J. Lonergan Jr. resolvió derivar el caso al Tribunal de Salud Mental de Hollywood y rechazó fijar una fianza. Taele permanecerá detenido al menos hasta la audiencia programada para el 9 de septiembre, precisó The New York Times.

La decisión se basó en una evaluación preliminar en la que el acusado afirmó falsamente haber trabajado durante 14 años para el Departamento de Estado.

Durante la comparecencia, Taele se presentó con un chaleco de prevención de suicidio o autolesiones. Su abogado, Anthony Bayne, sostuvo ante el tribunal que su cliente no estaba en condiciones de comprender la naturaleza del proceso ni de colaborar en su defensa, informó CBS News.

Más tarde, el defensor público expresó: “Es un veterano, sirvió a nuestro país y, aunque no tengo suficiente información ahora mismo, tiene una familia que lo quiere y que le brinda un gran apoyo”. A su vez, alegó que “la gente da por sentado demasiados motivos” sobre su arresto.

Taele es un exintegrante condecorado del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Según un portavoz del cuerpo, sirvió entre 2008 y 2016, con despliegues en Irak y Afganistán, alcanzó el rango de cabo y recibió varias distinciones por su servicio.

Las dos visitas al campo de golf y las armas secuestradas

De acuerdo con la acusación, Taele fue visto en el club de golf en al menos dos ocasiones antes de la visita de Trump. En una primera visita tomó fotografías y filmó a agentes federales mientras realizaban tareas de planificación de seguridad.

En una segunda visita, volvió a observar los preparativos y llevaba un auricular. Por consiguiente, se acercó a agentes federales de civil para decirles que trabajaba para el Departamento de Estado y que estaba allí como parte de un operativo de seguridad, indicó The New York Times.

El propio Taele les dijo a los agentes que tenía un arma cargada en su automóvil. Después de que se dio aviso a la oficina del sheriff, hallaron en uno de sus bolsillos un cargador de 16 cartuchos con munición de punta hueca.

En el vehículo, encontraron una pistola de 9 milímetros cargada, más munición, binoculares y una placa con la inscripción “agente de protección de seguridad”.

Posteriormente, durante un registro en su vivienda, los investigadores incautaron un arsenal que incluía un fusil estilo AR-15 modificado ilegalmente, una pistola calibre .45, chaleco antibalas, cargadores de gran capacidad, abundante munición y equipos de radio.

Los escritos que encendieron la alarma

Uno de los elementos que más preocupación generó en el tribunal fueron los cuadernos y escritos encontrados en el allanamiento de su domicilio.

El juez contó haber revisado un cuaderno con bocetos del campo de golf de Trump y una lista que contenía nombres de agentes del Servicio Secreto, junto con sus funciones y horarios.

Entre los escritos también figuraban cronogramas de la primera dama, Melania Trump, y de integrantes del equipo de seguridad presidencial, además de listas detalladas para sobrevivir “fuera de la red”.

“Este caso en sí mismo es alarmante en estos tiempos, con la violencia que se está infiltrando en nuestra vida cotidiana, especialmente con el partidismo que impera en el entorno político”, aseveró el magistrado Lonergan.

La Operación “Última Llamada” resultó en la detención de 44 personas vinculadas al comercio ilícito de armas y estupefacientes en Nashville. Este despliegue masivo, ejecutado durante cinco días entre el 19 y el 23 de agosto de 2026, desarticuló redes de tráfico mediante compras encubiertas para reducir la violencia armada en la ciudad, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de sus canales oficiales.

El operativo permitió el decomiso de un volumen significativo de armamento y sustancias ilegales en diversos puntos críticos de la urbe. Las autoridades federales y locales coordinaron esfuerzos para identificar a responsables de la venta de estos productos, enfocándose en incidentes reales de violencia que victimizaron a ciudadanos inocentes.

Planificación y ejecución táctica

La iniciativa combinó el trabajo de la Fiscalía Federal para el Distrito Medio de Tennessee, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville. Agentes federales encubiertos efectuaron compras controladas de armas y narcóticos para documentar los ilícitos en múltiples sectores.

La selección de las áreas de acción ocurrió tras una revisión de tres años sobre llamadas de disparos, crímenes armados y análisis de la Red Nacional Integrada de Información Balística. Una agencia externa procesó los datos para definir los puntos de intervención sin considerar factores socioeconómicos o demográficos, lo cual garantizó que el operativo se basara exclusivamente en incidentes de violencia.

Armamento y sustancias incautadas

Las fuerzas de seguridad retiraron de las calles un inventario compuesto por los siguientes elementos:

• Más de 160 armas de fuego, entre las cuales destacan rifles de estilo asalto equipados con cargadores de alta capacidad.
• Múltiples accesorios ilegales conocidos como interruptores, los cuales transforman pistolas convencionales en ametralladoras.
• Más de 2 kilogramos de metanfetamina.
• Más de 1 kilogramo de fentanilo.
• Cantidades superiores al medio kilogramo de cocaína en polvo y crack.

Antecedentes de los detenidos

27 de los 44 individuos poseen condenas previas por delitos graves. Entre los antecedentes figuran agresiones agravadas, robos, posesión ilícita de armas y tráfico de estupefacientes.

Además, 10 de los capturados cumplían periodos de libertad condicional, libertad supervisada o fianza al momento de cometer los nuevos actos señalados, lo cual subraya la reincidencia como un factor presente en el caso.

Foco geográfico del operativo

El análisis de datos orientó la presencia policial hacia corredores donde los incidentes de disparos y delitos violentos afectaron a la población. Las autoridades priorizaron el corredor de Harding Place e Interestatal 24 y el área de Bell Road-Murfreesboro Pike, zonas identificadas por el alto volumen de actividad criminal.

El despliegue abarcó también el corredor de Brick Church Pike-Trinity Lane y el barrio de Napier-Sudekum. El jefe de policía, John Drake, subrayó que estas acciones buscan garantizar entornos pacíficos para los residentes, al evitar que el armamento decomisado participe en homicidios o robos futuros, permitiendo así una recuperación de la seguridad en comunidades vulnerables.

Cargos y perfiles legales

Las imputaciones ante la justicia federal abarcan delitos que van desde el tráfico de sustancias hasta la venta de armamento sin licencia. A continuación, se clasifican los perfiles según la naturaleza predominante de sus cargos:

Tráfico de estupefacientes y armas

• KeDarious Bell (21): Distribución de metanfetamina, armas en delitos de narcotráfico, posesión de ametralladora, transferencia ilegal y venta de armas sin licencia.
• Corian Bowling (26): Conspiración para distribuir metanfetamina y posesión de armas en delitos de narcotráfico.
• Lewis Dawson (26): Posesión de armas por delincuente convicto, distribución de metanfetamina y crack, y posesión de armas en delitos de narcotráfico.
• Peter McKinnie (46): Distribución de fentanilo y posesión de armas en delitos de narcotráfico.
• James Oliver (39): Posesión de armas por delincuente convicto, intento de distribución de fentanilo y posesión de armas en delitos de narcotráfico.
• Lilburn Reynolds (56): Distribución de crack, uso de armas en delitos de narcotráfico y posesión de armas por delincuente convicto.
• Courtney Skinner (41): Distribución de fentanilo y metanfetamina, posesión de armas en delitos de narcotráfico y posesión de armas por delincuente convicto.
• Corey Wilson (43): Distribución de metanfetamina y fentanilo, posesión de armas en delitos de narcotráfico y posesión de armas por delincuente convicto.
• Tyrone Hudson (41): Distribución de metanfetamina y uso de armas en delitos de narcotráfico.

Distribución de narcóticos

• Aron Capps (27), Alexi Contreras (39), Danny DeMoss (38), Shomari Milliken (40): Distribución de fentanilo.
• Cory Cotton (45): Distribución de fentanilo y crack.
• Ulises Cruz (26), Terry Fields (42), Jerron Huey (40), Aiden Johnson (20), Timothy Schields (35), Tyler Sloan (30), Cameron Thompson (26): Distribución de metanfetamina.
• William Henderson (37), Ronnie Wellington (47): Distribución de metanfetamina y fentanilo.
• Latherio Fizer (42), Andre Vaughn (37): Distribución de cocaína y crack.
• William Givens (67), Tiffany Givens (42): Distribución de crack.
• Taurus Booker (51), Brandon Dardy (39): Distribución de cocaína y posesión de armas por delincuente convicto.
• James Braden (47), Gregory Brooks (30), Jeremy Mimms (38): Posesión de armas por delincuente convicto y distribución de metanfetamina.
• Frank Newsom (38): Posesión de armas por delincuente convicto y distribución de fentanilo.
• Ladon Robertson (40): Distribución de crack, fentanilo y metanfetamina.
• Jermaine Morgan (27): Posesión de dispositivo de conversión a ametralladora, distribución de cocaína y posesión de armas por delincuente convicto.

Tráfico de armas y accesorios

• Kenyon Blackman (21), Imari Calloway (20): Transferencia ilegal y venta de armas sin licencia.
• Miguel De La Rosa (24): Distribución de metanfetamina y transferencia ilegal de armas.
• Easan Harris (19): Posesión de dispositivo de conversión a ametralladora.
• Brian Ging (28): Posesión de arma con número de serie borrado.
• Waldorf Coleman (42), Barry Robertson (40): Posesión de armas por delincuente convicto.
• Joshua Selmon (36): Posesión ilegal de armas tras condena por violencia doméstica y venta sin licencia.

Valoraciones de las autoridades

El fiscal federal Braden H. Boucek destacó el impacto positivo de la colaboración entre las agencias policiales. Según el funcionario, la operación se centró en incidentes reales de violencia que victimizaron a ciudadanos, demostrando que el trabajo conjunto entre niveles de gobierno resulta eficaz en la lucha contra el tráfico ilegal.

El agente especial de la oficina de alcohol y armas, Jamey VanVliet, señaló que cada arma y narcótico retirado de manos de personas prohibidas ayuda a salvar vidas. A su vez, el alguacil Denny King enfatizó la disposición de su agencia para asegurar que los acusados rindan cuentas ante un tribunal, reafirmando el compromiso con la seguridad de la comunidad.

Los casos avanzan bajo la responsabilidad de un equipo de fiscales federales. Todas las acusaciones en las actas de procesamiento constituyen alegaciones. El sistema judicial mantiene la presunción de inocencia para cada involucrado hasta que un tribunal determine su culpabilidad, para garantizar el debido proceso en todas las etapas legales.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) realizaron un operativo en un rancho del municipio de Champotón, Campeche, donde aseguraron una avioneta, miles de litros de hidrocarburo, armas de fuego, dinero en efectivo y 61 vehículos terrestres, además de detener a seis personas.

El cateo se llevó a cabo como parte de una investigación iniciada en abril de 2026 por probables delitos relacionados con el manejo y traslado ilegal de hidrocarburos. La diligencia fue ejecutada con autorización de un juez de Control en un inmueble ubicado en la comunidad de El Cerrito, en Champotón.

De acuerdo con la FGR, la investigación comenzó luego de que ciudadanos presentaron una denuncia anónima ante la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Campeche.

En la denuncia se alertó que, mediante una empresa, presuntamente se realizaba el traslado irregular de hidrocarburos desde Mérida, Yucatán, hacia Campeche.

Con la información recabada durante las investigaciones, el Ministerio Público de la Federación solicitó y obtuvo de un juez de Control la autorización para realizar el cateo en el predio señalado.

Aseguran casi 9 mil litros de combustibles

Durante la operación, elementos de la FGR, con apoyo de la Marina y otras instituciones, localizaron y aseguraron aproximadamente 5 mil 912 litros de hidrocarburo, además de 3 mil litros de gas avión.

En total, se trata de casi 9 mil litros de combustibles y derivados asegurados dentro del inmueble.

El operativo estuvo encabezado por personal del Ministerio Público de la Federación (MPF), agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la FGR, además de personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Entre los objetos asegurados también se encontró una avioneta, cuya presencia forma parte de los elementos incorporados a la investigación.

Las autoridades aseguraron además 61 vehículos terrestres, así como dos tanques con gas LP y documentación diversa localizada dentro del inmueble.

Hallan armas y más de 777 mil pesos

El cateo también permitió localizar un importante arsenal.

De acuerdo con la Fiscalía, fueron aseguradas cinco armas largas y tres armas cortas, además de 12 cargadores y aproximadamente mil cartuchos de diversos calibres.

Entre el equipo localizado había también dos visores nocturnos, dos chalecos balísticos y dos aditamentos para arma de fuego.

En el lugar fueron encontrados además 777 mil 750 pesos en efectivo y cinco dólares, recursos que quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte de los indicios de la investigación.

El inmueble también fue asegurado por las autoridades mientras continúan las indagatorias para determinar el origen del combustible, la función de los vehículos y la posible relación de los objetos encontrados con las actividades investigadas.

Seis personas quedan bajo custodia

Durante la diligencia fueron detenidas seis personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación. Los detenidos fueron identificados como: José Alfredo González Gómez de 31 años, Manuel Jesús Moo Martin de 42 años, Luis Andrés Chi Buenfil de 53 años, Víctor Enrique Hernández Sandoval de 28 años, Ulis Antonio Monterrosa Chin de 27 años y Jorge Jonathan Camacho Ortega de 49 años.

La FGR informó que será el MPF el encargado de determinar su situación jurídica dentro del plazo constitucional y conforme al debido proceso.

Las investigaciones continúan para establecer si los detenidos están relacionados con el traslado irregular de hidrocarburos denunciado y con los demás indicios encontrados en el rancho de Champotón.

Las autoridades indicaron que los hechos podrían constituir delitos contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, además de aquellos que puedan resultar de las investigaciones.

El operativo contó con apoyo de seguridad perimetral de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en un despliegue coordinado entre autoridades federales.

La FGR precisó que las personas detenidas son consideradas inocentes mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

El aseguramiento ocurre mientras las autoridades federales mantienen investigaciones contra posibles redes dedicadas al traslado, almacenamiento y comercialización irregular de combustibles, particularmente en rutas que conectan distintas entidades del sureste del país.

El Gobierno reorganizó el Registro Nacional de Armas (RENAR) con la firma del decreto 770/2026. Se enfocó en los objetivos y atribuciones dentro de una estructura que viene implementando transformaciones en el último tiempo.

La norma, publicada este viernes en Boletín Oficial, expresa las funciones específicas, la estructura del organigrama y la participación del organismo en investigaciones por delitos.

En lo que refiere a los alcances de su accionar, el decreto señala el registro, autorización, control y fiscalización de toda actividad vinculada a la fabricación, comercialización, tenencia, portación, importación, exportación y destrucción de armas de fuego, municiones, pólvoras, explosivos y materiales afines, con la única excepción del armamento perteneciente a las Fuerzas Armadas.

En el listado de objetivos principales, el Gobierno resume que tendrá competencia sobre todo el universo de materiales controlados en manos civiles y de las fuerzas de seguridad, pero no sobre el armamento militar. Esto también incluye el manejo del Banco Nacional de Materiales Controlados y su red de depósitos, donde se registran las armas de fuego municiones y otros materiales que luego serán destruidos.

El RENAR participará de campañas públicas, colaborará en investigaciones de delitos vinculados a armas de fuego y explosivos y llevará adelante operativos e inspecciones territoriales.

Más allá del control y el registro, el decreto también le asigna al organismo un rol activo en materia de prevención de la violencia armada y combate al tráfico ilícito de armas. A eso se suma la obligación de producir estadísticas periódicas sobre hechos y actividades vinculadas al uso de armas, información que deberá compartir con los organismos encargados de diseñar estrategias contra el tráfico ilícito.

El organismo quedará a cargo de un director ejecutivo con rango y jerarquía de secretario, asistido por un subdirector ejecutivo con rango de subsecretario, ambos designados directamente por el Poder Ejecutivo. El decreto aprueba además la estructura de primer y segundo nivel operativo, aunque faculta al titular del Ministerio de Seguridad a modificar este segundo nivel sin incremento de unidades ni de partidas presupuestarias, siempre que cuente con la intervención previa de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional.

Al mismo tiempo, adecua los cargos de la cartera que conduce Alejandra Monteoliva en el nomenclador del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), con incorporaciones, derogaciones y homologaciones que no implican un aumento en la cantidad de unidades organizativas ni en el presupuesto asignado.

El decreto también elimina dos objetivos que figuraban en el decreto 50 del año 2019. Se trata de punto 12 de la Secretaría de Seguridad Nacional y el punto 11 de la Subsecretaría de Intervención Federal, dependiente de esa misma secretaría. Ambos estaban vinculados a las funciones que hasta ahora se superponían con las competencias propias del RENAR, y su supresión busca despejar esas duplicaciones dentro del organigrama del Ministerio.

La norma también deroga la decisión administrativa 479/2016 y la Resolución de la ex-ANMaC 20/2016, que habían aprobado la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del anterior organismo descentralizado. Con ese paso, el decreto cierra formalmente el ciclo institucional de la ANMaC y consolida al RENAR como el único marco normativo vigente para el control de materiales controlados en el país.

Inscripción de usuarios de explosivos y sustancias controladas

Una de las últimas medidas tomadas por el organismo actuante estableció la plataforma Trámites a Distancia (TAD) como el único canal válido para que usuarios de explosivos, nitrato de amonio, pirotecnia y otras sustancias controladas tramiten su inscripción o reinscripción ante el organismo.

La medida, oficializada a través de la resolución 47/2026 publicada el 11 de este mes, digitaliza por completo un procedimiento que hasta ahora podía realizarse en soporte papel, sin alterar los requisitos técnicos, jurídicos ni de seguridad vigentes.

La norma establece que toda documentación cargada en TAD tendrá carácter de declaración jurada, siendo el solicitante el único responsable de su autenticidad, integridad y veracidad. Además, fija que la fecha y hora registradas por el sistema serán las que rijan en los procesos administrativos.

Las solicitudes presentadas por fuera de la plataforma no serán admitidas, salvo que la Dirección Ejecutiva del RENAR lo autorice expresamente ante situaciones de caso fortuito, fuerza mayor o indisponibilidad del sistema. Las áreas técnicas del organismo conservan la facultad de requerir documentación adicional durante la tramitación de cada expediente.

Europa necesita defenderse. El aumento de las tensiones geopolíticas, la guerra en Ucrania, la de Irán y la urgencia por reducir su dependencia militar de Estados Unidos están empujando a los países de la Unión Europea a incrementar sus presupuestos en defensa y a reconstruir capacidades industriales que durante años habían quedado relegadas. El gasto total en defensa podría alcanzar los 381.000 millones de euros en 2025, equivalentes al 2,1% del PIB comunitario, según un análisis realizado por Banor.

La cifra supone superar en una décima el objetivo de gasto establecido por la OTAN y consolida una tendencia ascendente que ya se hizo visible en 2024. Ese año, el desembolso de los países de la UE creció un 19% interanual, hasta los 343.000 millones de euros, frente a los 288.000 millones del ejercicio anterior.

A juicio de los analistas de Banor, el cambio no consiste únicamente en gastar más, sino en transformar la estructura industrial que sostiene la seguridad europea. “Europa está desarrollando un nuevo ciclo industrial en defensa que se basa en el cambio de modelo, desde la protección de Estados Unidos y escasas inversiones a la seguridad, la autonomía industrial y la preparación operativa como prioridades”, señala el informe.

Ese proceso, sin embargo, no está exento de obstáculos. Europa debe “afrontar su fragmentación, las restricciones fiscales, los procesos de contratación lentos y la posibilidad de una desescalada geopolítica, que podrían producir picos de volatilidad. Y, sobre todo, mucho tiempo con escasas inversiones”, incide el equipo de análisis de Banor en su estudio.

Europa vs Estados Unidos

La apuesta europea por la defensa se enfrenta, no obstante, a una comparación inevitable: Estados Unidos. El presupuesto estadounidense de defensa para 2026 se sitúa cerca del billón de dólares, unos 860.000 millones de euros.

La diferencia no se limita al volumen de dinero. También existe una brecha en la estandarización de sistemas, los programas plurianuales, la contratación centralizada, las cadenas de suministro y la profundidad tecnológica. “Europa se ha dado cuenta de que tiene que reducir la brecha con Estados Unidos, porque no es sostenible tanta dependencia en un mundo más inestable”, sostienen los expertos de Banor. Inciden en que el rearme europeo se ha convertido en una estrategia industrial de mayor recorrido.

Inicio de un nuevo ciclo industrial

“En 2026 el rearme europeo continúa, no solo como respuesta a la invasión de Ucrania, sino como el inicio de un nuevo ciclo industrial”, apunta el informe. Subraya que el año actual será “clave” para las compañías del sector y que defensa “podría convertirse en una oportunidad de inversión muy atractiva para el medio y largo plazo”.

La industria ya está recibiendo señales de esa transformación. Europa está impulsando proyectos destinados a aumentar la producción de munición, mejorar las capacidades de defensa aérea, acelerar la transformación tecnológica y reforzar la capacidad de fabricación propia. El objetivo es que una parte creciente del dinero destinado a defensa permanezca dentro del tejido industrial europeo.

La fragmentación del mercado es, sin embargo, uno de los principales desafíos. Frente a la industria estadounidense, mucho más integrada, Europa mantiene numerosos fabricantes nacionales con intereses y cadenas de suministro propias. Banor cita entre ellos a la alemana Rheinmetall, la italiana Leonardo, las francesas Thales y KNDS France —antigua Nexter— y la sueca Saab. El análisis no menciona a la española Indra.

La existencia de estos ‘campeones nacionales’ constituye, según la firma, “otro obstáculo para crear una industria homogénea y coordinada a nivel europeo”. La cuestión no es menor, asegura, ya que aumentar el gasto sin conseguir una mayor coordinación entre los países podría limitar la capacidad de la UE para convertir los nuevos presupuestos en una verdadera autonomía estratégica.

Por ello, Banor considera que la coordinación entre Estados y la creación de una industria europea más integrada serán “necesarias” para aprovechar el nuevo ciclo. En ese proceso cobran importancia iniciativas como Readiness 2030, SAFE, el Fondo Europeo de Defensa y la Estrategia Industrial Europea de Defensa, diseñadas para aumentar las capacidades militares y favorecer que una parte significativa de las inversiones se dirija a empresas europeas.

Convertir los presupuestos en pedidos y los pedidos en beneficios

El aumento del gasto no garantiza por sí solo el éxito de las compañías. Según el informe, el siguiente paso será comprobar si los grandes anuncios presupuestarios se traducen realmente en contratos, producción e ingresos. La capacidad industrial será determinante en un sector en el que no basta con disponer de tecnología: también hacen falta fábricas, certificaciones, proveedores y cadenas de suministro capaces de producir a gran escala.

Los analistas de Banor identifican varios elementos que marcarán la evolución del sector durante 2026. Entre ellos figuran la conversión de los presupuestos públicos en pedidos reales, la evolución económica de Alemania, el futuro de la guerra en Ucrania, los posibles cuellos de botella industriales y las valoraciones alcanzadas por las empresas de defensa.

“Las compañías deberán demostrar que crecen los pedidos, que se convierten en ingresos, disciplina en costes y capacidad de generar un flujo de caja sostenible”, concluye el informe.

Un buen momento para invertir

También los analistas de Bankinter ven en el sector de defensa una oportunidad de inversión: “Continuará beneficiándose del aumento estructural del gasto en defensa por parte de los gobiernos. Las tensiones en el frente geoestratégico ponen de manifiesto que Europa tiene que estar preparada ante futuras amenazas”.

Inciden en que en julio el sector defensa recuperó las caídas de junio en un mes en el que los resultados corporativos mostraron “el buen momento” que atraviesa el sector en Europa. También reconocen que la demanda se mantiene “fuerte” y la visibilidad a medio plazo con respecto a los fundamentales “aumenta”.

“En nuestra opinión, 2026 se trata de un año en el que el mercado comienza a exigir evidencias de cumplimiento por parte de las compañías, con el fin de comprobar si las promesas de los gobiernos se traducen efectivamente en nuevos pedidos. De momento, los resultados del segundo trimestre están confirmando esta tendencia, así como el compromiso europeo con la ejecución del plan de rearme”, argumentan desde Bankinter.

En este contexto, consideran que los fundamentales permanecen “intactos” y que los niveles actuales ofrecen “oportunidades de entrada” por parte de los inversores a valoraciones de las acciones “atractivas”.

El robo de armas llevó a un operativo a gran escala que llevó al hallazgo de un arsenal en San Lucas Sacatepéquez, municipio ubicado a 21 kilómetros de la Ciudad de Guatemala.

La diligencia se realizó en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) y el Ejército de Guatemala, donde las autoridades localizaron armas con reporte de robo, municiones, dinero en efectivo, placas para vehículos, pasaportes y otros objetos en una residencia y en un terreno baldío.

Entre lo incautado había Q10.011 (USD 1.283) y USD 1 mil 245 en efectivo, además de seis teléfonos celulares, cuatro tabletas, un dron, una pica para abrir puertas, una ganzúa y una mochila.

El reporte oficial también incluyó un sobre con siete pares de placas para vehículos y pasaportes, sin que hasta ahora se haya precisado a quién pertenecen.

La diligencia estuvo a cargo de investigadores de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos de la PNC y del Ministerio Público, con apoyo del Ejército.

Según la información divulgada por las autoridades, el operativo se realizó como seguimiento a una investigación por robo de armas de fuego.

El operativo permitió ubicar al menos seis armas y tres tenían reporte de robo

La Policía Nacional Civil informó primero que en las afueras de un inmueble fueron localizadas cinco armas de fuego, cargadores y municiones. Después, la institución indicó que dentro de la propiedad fue hallada un arma con reporte de robo y que en un terreno aledaño aparecieron otras cinco.

El Ejército de Guatemala detalló una relación de seis armas de fuego: dos carabinas y cuatro pistolas. De ese total, una carabina y dos pistolas tenían reporte de robo.

Las fuerzas de seguridad también encontraron 13 cargadores para pistola de 9 mm, un cargador para carabina calibre .223 y municiones de distintos calibres. Según el reporte militar, parte de los objetos estaba en una residencia y otra parte en un terreno baldío.

Las autoridades no informaron capturas ni el origen de las placas y pasaportes

Las acciones incluyeron puestos de control, patrullajes a pie y allanamientos en distintos puntos de San Lucas Sacatepéquez. El despliegue fue coordinado por la Segunda Brigada de Policía Militar “General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales”, junto con la PNC y el MP.

De acuerdo con el reporte castrense, las armas localizadas estaban dentro de una mochila ubicada en el terreno baldío, mientras que en el allanamiento de una residencia se ubicaron otros indicios.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas vinculadas con las diligencias. Tampoco han precisado cuándo ni dónde fueron robadas las armas recuperadas, ni a quién corresponden los pasaportes y las placas halladas durante el operativo.

El Ejército señaló que los indicios fueron embalados y puestos a disposición de los órganos jurisdiccionales correspondientes para fortalecer las investigaciones en curso. La institución añadió que estas acciones forman parte de operaciones coordinadas para prevenir hechos ilícitos y se suman a despliegues del Plan Anillo de Contención y a incursiones previas en zonas del país.

Alemania ha confirmado la aportación de 50 millones de euros para reparar el Nuevo Confinamiento Seguro de la Central Nuclear de Chernóbil, dañado en febrero de 2025 tras un ataque con un dron ruso, según informó el Ministerio de Energía de Ucrania. El anuncio se produjo tras una reunión en Kiev entre el primer viceprimer ministro ucraniano y titular de Energía, Denys Shmyhal, y el ministro federal de Medio Ambiente y Seguridad Nuclear de Alemania, Karsten Schneider. El acuerdo contempla que la contribución de Alemania se canalice mediante la Cuenta de Cooperación Internacional para Chernóbil (CCICh), fondo destinado a administrar recursos internacionales para la seguridad nuclear en la zona.

Durante la visita a la central, la delegación alemana recorrió la infraestructura del Nuevo Confinamiento Seguro y evaluó los daños ocasionados por el ataque. Los representantes también visitaron la nueva planta solar instalada en el área industrial del complejo, iniciativa orientada a diversificar la generación energética en Chernóbil. Finalmente, la delegación participó en una ceremonia en memoria de los liquidadores y trabajadores implicados en la respuesta al desastre de 1986.

El Nuevo Confinamiento de Chernóbil fue construido para aislar los restos radiactivos del reactor accidentado, pero en febrero de 2025 resultó dañado tras un ataque ruso con dron, lo que incrementó la alarma internacional respecto a la estabilidad de las infraestructuras nucleares ucranianas y la urgencia de garantizar su protección ante el conflicto bélico en curso, intensificando el debate sobre la seguridad energética en Europa.

Cooperación internacional para la seguridad nuclear

El proyecto de reconstrucción del arco de Chernóbil se ha convertido en uno de los mayores retos de seguridad nuclear en Europa. La restauración de la estructura de confinamiento, conocida como el “arco”, es considerada fundamental para la seguridad nuclear de Ucrania y del conjunto del continente, por lo que constituye una preocupación compartida por las autoridades ucranianas, alemanas y diversas organizaciones internacionales.

El coste total estimado para la reparación ronda los 500 millones de euros, según cálculos iniciales del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. De acuerdo con el Gobierno de Ucrania, la Comisión Europea, Estados Unidos y el Reino de Noruega han manifestado su intención de sumarse a la financiación para la reconstrucción de la estructura.

El Ministerio de Energía de Ucrania subrayó la rápida respuesta de Alemania, valorando esta decisión como un paso clave para la seguridad nuclear continental y la prevención de riesgos de contaminación tanto para Ucrania como para el resto de Europa. Las autoridades ucranianas señalaron que la inversión alemana se gestionará a través de mecanismos multilaterales, reforzando el compromiso europeo con la protección de infraestructuras nucleares en el país.

La restauración del confinamiento, según la cartera de Energía, se considera prioritaria para evitar posibles fugas radiactivas y contribuir a la estabilidad de la región. La cooperación entre Ucrania y Alemania, junto al respaldo de otros socios internacionales, marca una nueva etapa en la defensa de instalaciones críticas frente a los riesgos derivados del conflicto con Rusia y los ataques a objetivos estratégicos.

En los últimos años, la industria de defensa en España ha cambiado su forma de comprar y fabricar material militar. Ha buscado más colaboración internacional para mejorar su defensa aérea, sobre todo con socios europeos, mientras que sigue confiando principalmente en empresas nacionales para los sistemas de tierra y mar. Esta tendencia queda clara al analizar los contratos firmados entre 2022 y 2026, entregados o pactados para los próximos años, donde se observa la apertura hacia Europa en el aire a través de los contratos mixtos, que incluyen al menos a un socio de la Unión Europea (UE).

El informe de BBVA Research, basado en datos de IISS Military Balance+, muestra que desde 2022 el compromiso español con contratos de defensa ha crecido considerablemente, al igual que en el resto del continente. El aumento en el sector aéreo se explica por la participación de España en grandes proyectos con otros países europeos, como el Eurofighter. También corresponde a acuerdos con empresas de Estados Unidos, que ocupan una parte importante de los contratos en este ámbito, aunque en menor porcentaje que el resto de la UE. En el caso de la industria naval y de tierra, la presencia de gigantes empresariales en España como Navantia o Indra limita la llegada de otros organismos.

España abre su defensa aérea a socios

Entre 2022 y 2026, los contratos en sistemas aéreos reflejan una combinación de socios y orígenes. De los aproximadamente 18.000 millones de euros comprometidos para invertir en este ámbito, unos 5.000 millones corresponden a fabricantes españoles, 2.760 a empresas de la Unión Europea, cerca de 9.000 se destinan a contratos mixtos con participación de algún país de la UE y 1.300 a proveedores de Estados Unidos.

Esta distribución señala una apuesta por la cooperación europea, especialmente en grandes programas multinacionales, y un menor peso, aunque relevante, de Estados Unidos. Esta tendencia permite a España acceder a tecnología avanzada y reforzar su presencia en iniciativas conjuntas europeas. Sin embargo, ni mucho menos son todo éxitos. El principal fracaso es el conocido avión de combate europeo (FCAS), que ha acabado por cancelarse por las diferencias empresariales entre sus dos socios, Francia y Alemania.

Predominio nacional en tierra y mar

El panorama es distinto en los sectores terrestre y naval. En sistemas de tierra, los contratos nacionales suman en torno a 9.000 millones de euros, mientras que los firmados con empresas estadounidenses rondan los 3.000 millones. La industria española sigue liderando ampliamente la provisión de vehículos, blindados y equipamiento terrestre para las Fuerzas Armadas, con poca presencia de fabricantes europeos.

En el sector naval, la apuesta por la producción propia es aún más clara. Los acuerdos cerrados con empresas españolas superan los 4.500 millones de euros en el periodo 2022-2026, con una presencia residual de proveedores extranjeros. Esto refleja la capacidad de los astilleros nacionales para responder a las necesidades de la Armada. Desde hace décadas, Navantia domina este sector en España. En los últimos años destacan las nuevas fragatas que serán la nueva cara de la Armada, la serie F-110.

En cuanto al área espacial, aunque todavía representa una parte menor del gasto total, España ha firmado contratos por cerca de 900 millones de euros en el mismo periodo. El desarrollo de capacidades en este ámbito avanza de manera gradual, con predominio de empresas nacionales y limitada intervención de socios europeos o estadounidenses.

El embajador de Estados Unidos en México Ronald Johnson celebró la declaración de culpabilidad contra Chandler Britain Bradford, un hombre de Texas de 37 años que traficó piezas para fabricar armas destinadas a México, porque el caso exhibió una ruta de abastecimiento que habría permitido ensamblar cerca de 5,700 rifles semiautomáticos y mover más de USD 3.5 millones en una operación vinculada con la delincuencia organizada.

En un mensaje publicado en X, Johnson sostuvo que el fallo mostró por qué las autoridades debían desmantelar redes completas, seguir el rastro de las armas, del dinero y de quienes facilitaban esas operaciones. Añadió que trabajaban con socios y colegas mexicanos para frenar el tráfico ilegal de armamento y evitar que ese arsenal alimentara más crímenes.

El veredicto fue emitido el lunes por un jurado federal del Distrito Oeste de Texas, al cierre de un juicio de una semana. Bradford quedó expuesto a una pena de hasta 20 años de prisión federal.

El esquema incluyó piezas, herramientas y asesoría técnica

La acusación estableció que Bradford participó en una trama para abastecer sin licencia a un ciudadano mexicano radicado en la zona de Monterrey, Nuevo León, con piezas de armas enviadas desde Estados Unidos hacia México. El esquema no se limitó al traslado de componentes.

De acuerdo con las pruebas judiciales, el acusado también proporcionó herramientas y conocimientos técnicos para montar una operación completa de fabricación de armas en el norte del país. Las autoridades incautaron cajas con piezas y documentaron el uso de una unidad de almacenamiento como depósito de los componentes.

A cambio de ese suministro, Bradford recibió más de USD 3.5 millones de su contacto en Monterrey. El jurado lo declaró culpable de siete cargos en total.

Los delitos incluyeron un cargo de conspiración para el contrabando de mercancías desde Estados Unidos, un cargo de conspiración para transferir armas de fuego destinadas a la comisión de un delito grave, cuatro cargos de complicidad en el contrabando de mercancías desde Estados Unidos y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

Ese bloque de cargos respondió a la pregunta central del caso: qué hizo Bradford y por qué el fallo fue considerado de alto peso por las autoridades. El jurado concluyó que no solo movió piezas, sino que ayudó a establecer la capacidad para fabricar miles de armas en territorio mexicano.

Fiscales señalaron a los cárteles como destino final de las armas

El titular de la fiscalía federal Justin R. Simmons afirmó que a Bradford solo le importaba el dinero que obtenía de la actividad delictiva y no las vidas estadounidenses que podrían verse afectadas. También sostuvo que los cárteles de la droga usaban esas armas para asegurar territorio y rutas para introducir estupefacientes en Estados Unidos.

Michael Weddel, agente especial a cargo de la ATF en Houston, señaló que el acusado proporcionó medios y conocimientos técnicos para facilitar la fabricación ilegal de miles de armas de fuego dirigidas a un mercado criminal en México. Añadió que la agencia seguiría trabajando con socios federales, locales e internacionales para desmantelar a quienes se beneficiaban de ese tipo de operaciones.

La investigación estuvo a cargo de la ATF con apoyo de la Oficina de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio y de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El caso fue presentado como parte del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, una iniciativa creada mediante la Orden Ejecutiva 14159, “Protección del pueblo estadounidense contra la invasión”.

Ese esquema institucional reunió a varias agencias del gobierno federal con el objetivo de desarticular redes de apoyo a los cárteles mexicanos. Los fiscales federales adjuntos Brian Nowinski y Ryan Groomer quedaron a cargo de la acusación.

El expediente incluyó condenas previas y dos prófugos

El caso no se limitó a Bradford. En enero de 2025, Jose Francisco Garcia-Cervantes y Ricardo Rodriguez-Sotelo fueron condenados a prisión federal, mientras que Troy Vernon Erbe y Jesus Guzman-Delgado se declararon culpables.

Dos coacusados permanecieron prófugos: Julio Gomez-Mendoza y Octavio Quiroga-Treviño. La ATF solicitó información sobre su paradero a través de su línea de denuncias y de un correo electrónico habilitado para recibir pistas.

La sentencia contra Bradford quedó en manos de un juez de distrito federal, que debía evaluarla conforme a las directrices federales para la imposición de penas y otros factores legales.

• Chandler Britain Bradford fue declarado culpable por traficar piezas para fabricar cerca de 5,700 rifles semiautomáticos en México y por conspiración para lavar más de USD 3.5 millones.

• El acusado abasteció a un contacto en Monterrey con componentes, herramientas y asesoría técnica para instalar una operación de fabricación de armas en el norte de México.

• El embajador Ronald Johnson celebró el fallo y afirmó que Estados Unidos y México mantenían el compromiso de frenar el tráfico ilegal de armas hacia la delincuencia organizada.

Siete personas fueron detenidas durante una serie de cateos simultáneos realizados en seis municipios de Querétaro, donde también fueron aseguradas sustancias con características de cristal, metanfetamina y cocaína en piedra, así como armas y cartuchos útiles, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

La dependencia señaló que las diligencias se realizaron en Querétaro, El Marqués, San Juan del Río, Tequisquiapan, Pedro Escobedo y Amealco.

De acuerdo con la información, entre las personas detenidas se encuentran individuos a quienes se les imputan posibles delitos contra la salud, violencia familiar y otros ilícitos que son investigados por las autoridades.

Aseguran armas durante los cateos

Además de los narcóticos, los agentes localizaron un arma de fuego, una escopeta y un rifle, así como una réplica de arma tipo revólver y cartuchos útiles.

La Fiscalía señaló que todos los objetos asegurados fueron incorporados a las investigaciones para establecer su posible relación con los hechos que dieron origen a las diligencias.

Los cateos se realizaron bajo la estrategia Sinergia Por Querétaro, mediante la cual participaron distintas corporaciones de seguridad para llevar a cabo las intervenciones de manera coordinada.

En el operativo participaron elementos de la Policía de Investigación del Delito, Policía Estatal, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y policías municipales.

Operativo se extendió por seis municipios

Las acciones abarcaron municipios de la zona metropolitana y distintas regiones de Querétaro, con diligencias simultáneas en inmuebles relacionados con las carpetas de investigación.

La Fiscalía estatal informó que las siete personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Sinergia acumula otros operativos contra el narcomenudeo

Los cateos forman parte de una serie de acciones recientes realizadas en Querétaro mediante la estrategia Sinergia, particularmente durante agosto, con intervenciones en distintos municipios y aseguramientos de narcóticos, armas y otros indicios.

El 7 de agosto, seis cateos derivados de investigaciones por delitos contra la salud dejaron cuatro personas detenidas. En esas diligencias fueron aseguradas metanfetamina, cocaína en piedra, cocaína en polvo y marihuana, con un estimado de mil 60 dosis individuales. También fueron recuperados un vehículo con reporte de robo y tres inmuebles quedaron asegurados.

Cinco días después, el 12 de agosto, la Fiscalía informó de otro despliegue con 10 cateos simultáneos en los municipios de Querétaro, Amealco de Bonfil y Pedro Escobedo. El operativo terminó con 10 personas detenidas: siete adultos y tres adolescentes.

En esas diligencias se localizaron sustancias con características de narcóticos, dinero en efectivo y básculas digitales. En Pedro Escobedo fueron aseguradas armas de fabricación artesanal, cartuchos útiles y metanfetamina durante una intervención relacionada con una investigación por armas prohibidas y lesiones dolosas.

El 17 de agosto, las autoridades reportaron además cinco cateos que derivaron en cinco detenciones. En ese caso fueron aseguradas más de 110 dosis de sustancias con características de metanfetamina, cocaína en piedra y cocaína en polvo, además de plantas con características de marihuana, teléfonos, computadoras y otros indicios. Dos inmuebles quedaron asegurados.

Ese mismo día, una acción operativa en San Juan del Río derivó en la detención de cuatro personas y el aseguramiento de tres armas de fuego, cinco cargadores y 150 cartuchos útiles. También fueron decomisadas sustancias que, de acuerdo con la Fiscalía, equivalían aproximadamente a 8 mil 748 dosis de narcóticos, entre metanfetamina, cocaína en piedra, cocaína en polvo y tussi.

La sucesión de operativos muestra que Sinergia mantiene acciones simultáneas en distintos municipios de Querétaro, con investigaciones que abarcan principalmente delitos contra la salud, además de otros hechos delictivos.

En el caso más reciente, los indicios asegurados y las personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible relación con otros delitos.

Dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murieron durante un operativo conjunto en Colima, luego de que los elementos de seguridad fueran agredidos y repelieran el ataque, informó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

La intervención fue realizada de manera coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Colima, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General del Estado, corporaciones que desplegaron acciones que permitieron asegurar un arsenal compuesto por armas, cartuchos, granadas, cargadores, equipo táctico y droga.

De acuerdo con el reporte oficial, ningún elemento de las instituciones participantes resultó lesionado durante el enfrentamiento.

Entre los objetos asegurados se encuentran más de 2 mil 500 cartuchos de distintos calibres, correspondientes a armas largas y cortas, así como cinco armas cortas y dos granadas de fragmentación.

El despliegue también permitió localizar aproximadamente 25 cargadores para fusil AK-47 y 60 cargadores para armas calibre 5.56, además de tres armas cortas calibre 9 milímetros y otras dos del mismo calibre que fueron encontradas junto a los dos hombres que murieron durante la agresión.

Localizan restos humanos durante el operativo

Uno de los hallazgos que abrió una nueva línea de investigación fue la localización de restos humanos dentro de la zona intervenida.

La Mesa de Coordinación Estatal señaló que la identidad de la persona y las circunstancias en las que murió serán establecidas mediante los estudios periciales y las investigaciones correspondientes.

Los restos quedaron bajo investigación de la autoridad ministerial, que deberá determinar si existe alguna relación con otros casos de desaparición u homicidio registrados en Colima.

Además de las armas y municiones, fueron asegurados chalecos portaplacas, equipo táctico, aparatos de comunicación y paquetes con hierba verde con características similares a la marihuana.

Entre los indicios llamó particularmente la atención el hallazgo de 20 distintivos con siglas y leyendas atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal con presencia en distintas regiones del estado.

Placas podrían estar relacionadas con homicidio de exfuncionario

Durante las diligencias también fueron aseguradas seis placas de circulación vehicular pertenecientes a distintos estados de la República.

De acuerdo con información de inteligencia en poder de las corporaciones, una de esas placas presuntamente estaría relacionada con el homicidio de una persona que se desempeñó como asesor y director de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima durante la administración estatal anterior.

La Fiscalía General del Estado será la encargada de analizar el indicio y establecer su procedencia, así como determinar si existe alguna relación con ese homicidio o con otros hechos delictivos registrados en la entidad.

El hallazgo podría abrir nuevas líneas de investigación sobre la operación de grupos criminales en Colima, particularmente por la posible conexión entre los objetos encontrados y casos de alto impacto ocurridos previamente en el estado.

Aseguran equipo utilizado por grupos criminales

El operativo permitió retirar de circulación dos granadas de fragmentación, además de decenas de cargadores, armas y equipo táctico que, de acuerdo con las autoridades, podrían formar parte de la capacidad logística utilizada por organizaciones criminales.

Todos los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente, que continuará con las investigaciones para determinar su procedencia y posible relación con otros delitos.

Las autoridades estatales y federales informaron que mantendrán los operativos coordinados en la entidad como parte de las acciones destinadas a afectar la capacidad logística y operativa de las organizaciones criminales, tanto en la capital como en otros municipios.

Hasta el momento, el reporte oficial no identifica a los dos hombres que murieron durante el enfrentamiento ni establece públicamente el inmueble exacto donde se realizó el operativo.

Cuatro personas fueron detenidas durante un operativo realizado en Mapimí, Durango, donde fuerzas federales localizaron un arsenal compuesto por 12 armas de fuego y 4 mil 715 cartuchos, además de droga y equipo táctico.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que las acciones ocurrieron el 15 de agosto, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres efectuados por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

El despliegue se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el reporte oficial, entre las armas localizadas había ocho largas y cuatro cortas, acompañadas por 87 cargadores y municiones de diversos calibres. La cantidad de cartuchos asegurados ascendió a 4 mil 715.

Durante las mismas acciones fueron localizados 6.665 kilogramos de una hierba verde con características similares a la marihuana, además de un vehículo y equipo táctico diverso.

La Defensa no informó si las personas detenidas fueron sorprendidas en posesión directa del armamento o la droga, ni proporcionó detalles sobre su identidad, posible actividad delictiva o alguna relación con un grupo criminal.

Tampoco se dio a conocer el sitio específico donde ocurrió el aseguramiento dentro del municipio de Mapimí ni se precisaron los calibres de las armas y cartuchos decomisados.

Los cuatro detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en Gómez Palacio, autoridad que continuará con las investigaciones y realizará las diligencias periciales correspondientes.

Será el Ministerio Público federal el que determine la situación jurídica de los detenidos y establezca las responsabilidades que pudieran derivarse del hallazgo del armamento, las municiones y la presunta droga.

La operación forma parte de los patrullajes realizados por las fuerzas federales en Durango como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

La Defensa señaló que las acciones se efectuaron dentro del marco legal y con respeto a los derechos humanos, sin proporcionar por ahora información adicional sobre el origen del arsenal o el destino que presuntamente tendría.

Durango acumula otros aseguramientos de armas y explosivos durante agosto

Los hechos de Mapimí se suman a otros operativos recientes realizados por fuerzas federales en Durango, donde también han sido localizados armamento, municiones y artefactos explosivos. En los reportes correspondientes a los días 7, 8 y 9 de agosto, el Gabinete de Seguridad informó que en Tamazula fueron asegurados 43 artefactos explosivos, mientras que en Pueblo Nuevo se localizaron 4 mil 100 cartuchos y 14 artefactos explosivos improvisados.

A finales de julio, otro operativo en Tamazula derivó en el aseguramiento de 15 artefactos explosivos, un fusil Barrett, 163 cartuchos, cinco cargadores, cordón detonante, presunta marihuana y cinco vehículos, de acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad.

La actividad de las fuerzas federales en la entidad también ha incluido acciones contra infraestructura presuntamente utilizada para actividades delictivas. El 1 de julio, elementos de la Guardia Nacional, Ejército y FGR catearon un inmueble en Durango y aseguraron 16 vehículos, tres de ellos con blindaje de fábrica y dos con reporte de robo. Ese mismo reporte señaló que en Tamazula fue localizada e inhabilitada un área de concentración de materiales para la elaboración de metanfetamina, con mil 350 litros y 150 kilos de sustancias químicas.

Con estos antecedentes, el aseguramiento registrado en Mapimí se incorpora a una serie de operaciones recientes en distintos puntos de Durango, aunque la Defensa no estableció una relación entre los casos ni atribuyó los objetos decomisados a una organización criminal específica.

Un hombre fue detenido en Suchiapa, Chiapas, luego de que presuntamente se hiciera pasar por integrante de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) al portar prendas similares a las utilizadas por la corporación, pero con insignias señaladas como apócrifas. Durante el operativo también le aseguraron un arma de fuego, cartuchos, presunta droga y un vehículo.

La detención de Bulmaro “N” ocurrió en la colonia 3 de Marzo, donde elementos de seguridad y de investigación realizaban recorridos cuando detectaron al hombre. De acuerdo con la información difundida por autoridades de Chiapas, durante la intervención localizaron entre sus pertenencias y objetos relacionados con él un uniforme similar al de la Fuerza Pakal, además de un chaleco balístico y una funda para pistola.

Las autoridades señalaron que las insignias del uniforme eran falsas, por lo que el detenido quedó bajo investigación para determinar si utilizaba la vestimenta para hacerse pasar por integrante de una corporación de seguridad.

Le encuentran una pistola, 32 cartuchos y 15 envoltorios

Durante la revisión también fue asegurada una pistola calibre 9 milímetros, dos cargadores y 32 cartuchos útiles. A ello se sumaron 15 envoltorios transparentes con una sustancia granulada con características similares a la denominada piedra.

Los agentes también aseguraron dinero en efectivo y un Volkswagen Jetta blanco, en el que presuntamente se desplazaba el detenido.

Bulmaro “N” y los objetos decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, que deberán determinar su situación jurídica y establecer qué delitos pueden configurarse a partir de los objetos encontrados durante el operativo.

La investigación también tendrá que precisar si el hombre únicamente portaba las prendas apócrifas o si efectivamente realizó actos propios de un integrante de la Fuerza Pakal. La diferencia es relevante debido a que la legislación contempla sanciones distintas para la usurpación de funciones públicas y para el uso indebido de uniformes o insignias.

El uso de uniformes falsos puede ser castigado con hasta seis años de prisión

El Código Penal Federal contempla una sanción específica para quienes utilicen uniformes o insignias falsificadas de las Fuerzas Armadas o de instituciones de seguridad pública.

El artículo 250 Bis 1 establece una pena de uno a seis años de prisión y de 100 a 300 días multa para quien almacene, distribuya, posea, adquiera o utilice uniformes, divisas, balizaje, credenciales de identificación o insignias falsificadas de las instituciones señaladas.

La misma disposición contempla el uso de uniformes, insignias o divisas que, aun cuando no sean una copia exacta de los originales, tengan una apariencia similar o puedan confundirse con los emitidos legalmente cuando sean utilizados con el objetivo de hacerse pasar por servidor público.

Por ello, esta legislación podría ser relevante para el caso de Suchiapa si durante la investigación se acredita que las prendas aseguradas fueron utilizadas para aparentar que Bulmaro “N” pertenecía a la Fuerza Pakal.

La pena concreta, sin embargo, no puede determinarse en esta etapa, ya que dependerá de la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público, de los peritajes y de las conductas que eventualmente sean acreditadas ante un juez.

El Código Penal para el Estado de Chiapas también contempla una conducta relacionada con el uso de uniformes oficiales, condecoraciones, grados jerárquicos o insignias a los que una persona no tenga derecho. El artículo 411 establece una pena de tres meses a cinco años de prisión y de 20 a 100 días de multa cuando se actualicen los supuestos previstos por esa disposición.

En consecuencia, será la autoridad ministerial la que determine si el caso se procesa bajo la legislación estatal, federal o por la posible concurrencia de otros delitos.

La pistola calibre 9 milímetros también será analizada

Otro elemento que podría aumentar la gravedad del caso es el arma asegurada. El hecho de que se trate de una pistola calibre 9 milímetros no permite por sí solo determinar qué delito de portación se configura, ya que la clasificación depende de las características específicas del arma.

La legislación federal establece restricciones para determinadas armas de ese calibre, por lo que será necesario que los peritos determinen el modelo y sus características antes de establecer si corresponde a un arma reservada para el uso de las Fuerzas Armadas.

A esto se suma la sustancia localizada en los 15 envoltorios. Hasta que concluyan los análisis periciales, debe ser considerada presunta droga, sin afirmar que se trata de algún narcótico específico.

El plazo judicial venció a las 00.01 del jueves 13 de agosto y el gobierno de Estados Unidos no presentó una apelación de emergencia. Con esa omisión, entró en vigor el fallo del juez James Wesley Hendrix, del distrito norte de Texas, que dejó sin efecto una parte central de la National Firearms Act, la ley federal de armas aprobada en 1934.

La resolución desactivó el sistema que exigía registro, huellas digitales y autorización previa para comprar supresores y armas largas con cañón corto. El cambio no abrió una vía libre en todo Estados Unidos, pero sí expuso un giro político dentro de la propia administración de Donald Trump, que el año pasado había promulgado una reforma clave para el desenlace del caso.

The New York Times informó que el expediente sigue abierto, porque el Departamento de Justicia todavía dispone de 52 días para presentar una apelación.

Aun así, la falta de una respuesta inmediata permitió que la sentencia produjera efectos concretos y reabriera la pelea entre los sectores que reclaman más controles y los grupos que defienden una lectura amplia de la Segunda Enmienda.

Qué parte de la ley quedó afectada

El fallo no aplica a toda la población de Estados Unidos. The Trace indicó que la decisión protege sobre todo a las personas, grupos y empresas que impulsaron la demanda, además de sus clientes actuales o futuros.

La resolución tampoco eliminó todos los controles. The New York Times precisó que quienes compren estas armas o accesorios todavía deben pasar el chequeo de antecedentes exigido por la ley federal, mientras las restricciones de cada estado siguen vigentes.

En California, Nueva York y el distrito de Columbia, por ejemplo, la venta y tenencia de supresores y armas de cañón corto continúan prohibidas. La parte de la ley que regula las ametralladoras quedó fuera del fallo, afirmó The New York Times.

El argumento constitucional detrás del fallo

El conflicto empezó con una reforma impulsada por los republicanos en el Congreso y promulgada por Trump el año pasado. Esa ley eliminó el impuesto federal de USD 200 que formaba parte del trámite para comprar supresores y rifles de cañón corto.

A partir de ese cambio, grupos de presión y empresas del sector argumentaron que el Congreso ya no tenía la misma base constitucional para sostener esa regulación, porque la norma había dejado de recaudar dinero.

Hendrix aceptó esa tesis en una resolución de 66 páginas. Allí escribió que, como la ley ya no genera ingresos, “sus disposiciones regulatorias no pueden sostenerse bajo la potestad tributaria”, tal y como reprodujo The New York Times.

Ese impuesto había perdido fuerza con el paso del tiempo. La nota recordó que los USD 200 habían sido pensados en 1934 como una barrera económica severa, pero en 2026 equivalían a una parte menor del precio de un arma moderna o de un supresor.

Reacciones enfrentadas tras la entrada en vigor del fallo

Las organizaciones proarmas celebraron la entrada en vigor del fallo. CBS News informó que ya se concretaron operaciones sin registro federal entre actores alcanzados por la demanda. Para esos grupos, se trató de un hecho sin precedentes desde 1934.

Otros referentes del mismo sector pidieron cautela. La Second Amendment Foundation advirtió que “todavía no es momento de descorchar el champán”, porque siguen abiertas dudas sobre cómo aplicará el gobierno la decisión, citó The New York Times.

Del otro lado, las organizaciones que promueven mayores restricciones cuestionaron la falta de reacción oficial. Kris Brown, presidenta de la Brady Campaign to Prevent Gun Violence, aseguró al The New York Times que el Departamento de Justicia “tuvo la oportunidad de actuar para proteger nuestra seguridad, pero no lo hizo”.

El Departamento de Justicia evitó fijar una posición más precisa. En una declaración citada por The New York Times, el organismo afirmó que “respeta los derechos de los estadounidenses bajo la Segunda Enmienda y evalúa el impacto del fallo”.

Un cambio con efecto inmediato y final abierto

Entre las empresas alcanzadas por la demanda figura Palmetto State Armory, una de las mayores tiendas online de armas del país, detalló The New York Times.

La ley de 1934 nació en respuesta al crimen armado de la era de la Prohibición y al intento de asesinato contra el presidente electo Franklin D. Roosevelt.

Noventa y dos años después, una combinación de reforma legislativa, presión política y decisión judicial dejó en suspenso una de sus herramientas más emblemáticas.

En el marco de la investigación por la estafa a Brian Lanzelotta, ex participante de Gran Hermano, la Policía de Mendoza detuvo a un hombre en marco de una serie de opertivos realziados este jueves en dos domicilios del departamento de San Martín.

El procedimiento, a cargo de la División Delitos Económicos de la Dirección General de Investigaciones, culminó con el secuestro de documentación y varios elementos relevantes para la causa, además del hallazgo de dos armas de fuego —uno de seis alvéolos con la inscripción “Colt” en la empuñadura y otro de cinco alvéolos sin marcas visibles— y cinco cartuchos de diferentes calibres.

La acción judicial se enmarca dentro de una causa impulsada por la Fiscalía interviniente de la provincia de Buenos Aires, que busca esclarecer el mecanismo a través del cual se habría concretado la supuesta maniobra fraudulenta. El operativo puso el foco en dos puntos específicos de Palmira: un depósito situado en calle Javier Molina y una vivienda ubicada en el costado oeste del carril San Pedro.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno de Mendoza, las diligencias permitieron el secuestro de tres remitos, paquetes y bolsones de papel higiénico, que serían parte de la encomienda que envió Lanzelotta a Mendoza. Además, también incautaron dos celulares. Todo el material quedó bajo custodia para ser sometido a un análisis detallado, con el objetivo de determinar su relación con la denuncia presentada por estafa.

El procedimiento se desarrolló sin incidentes, aunque uno de los ocupantes de los domicilios allanados fue trasladado en calidad de aprehendido. El individuo quedó a disposición de la Justicia para su identificación y para definir su eventual situación procesal en el marco de la causa.

La causa se inició tras la denuncia presentada por Lazelotta en la Fiscalía N° 8 de delitos complejos de San Martín, donde llegó acompañado por su abogado, el doctor Gastón Jordanes. De acuerdo con su relato, todo comenzó cuando recibió el pedido de un supuesto cliente de Mendoza, que le solicitó el mayor cargamento de su historia empresarial. El trato exigía la entrega de 3.200 bolsones de papel higiénico en un plazo de siete días.

Para conseguir los insumos necesarios, el músico y su familia gestionaron préstamos: “Mi suegro pidió prestado un préstamo para poder asumir este riesgo, asumir esta responsabilidad con este pedido que yo iba a pensar que me iba a cambiar la vida. Literalmente me la cambió, no para bien, pero me la cambió”.

El viernes, el supuesto comprador solicitó los datos bancarios para transferir $17.500.000. Primero, el comprobante de pago tenía un error en el DNI de la esposa de Lanzelotta, por lo que envió un nuevo alias personal. Recibió otro comprobante, pero los estafadores alegaron que, por tratarse de una transferencia entre bancos distintos y ser fin de semana, el dinero podía demorar hasta 48 horas en acreditarse.

A pesar de la falta de confirmación bancaria, Lanzelotta decidió despachar la mercadería a Mendoza el sábado a la noche: “El sábado, a las nueve de la noche, envié todo el papel higiénico. Todos los bolsones los envié a Mendoza”. Al poco tiempo, se percataron de que era una estafa.

Según pudo precisar su abogado, lograron identificar que sus productos se venden en redes sociales, a través de TikTok y que algunos bloquearon a Lanzelotta para que él no pueda contacarlos.

Pese a los últimos avances en la causa, la investigación continuará su curso para dar con todos los responsables.

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento de 11 personas acusadas de integrar una organización dedicada al desvío sistemático de armas de fuego desde circuitos legales hacia mercados ilícitos, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El caso, a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, se inició el 26 de julio de 2024, a raíz de una denuncia presentada por la entonces ANMAC —actualmente RENAR—, que señaló la existencia de maniobras de adquisición aparente de armas por canales lícitos y su posterior desvío a circuitos informales.

El análisis de la operatoria surgió de un relevamiento de usuarios de armas que, entre enero de 2022 y la investigación, adquirieron al menos cinco armas en un corto período. De este universo, se detectaron inconsistencias entre los ingresos declarados por los compradores y la cantidad de armas adquiridas.

Además, se registraron coincidencias en direcciones, contactos y gestores utilizados en los trámites, incidencias reiteradas en ciertas armerías y operadores registrales, así como irregularidades en domicilios de guarda y datos aportados en documentos oficiales.

Como resultado, se identificaron 147 casos sospechosos y se realizaron 38 inspecciones. En 35 de ellas, se encontraron irregularidades.

El material recolectado sirvió para determinar la existencia de una organización que, de manera sistemática, adquiría, registraba, transfería y hacía circular armas, valiéndose de una estructura que incluía usuarios interpuestos, gestores, operadores de armerías y personal de organismos de control.

El 22 de abril de 2025, la Policía Federal ejecutó 140 allanamientos que derivaron en múltiples detenciones, entre ellas las de Ricardo Javier Mascato, Martín José Núñez, el policía Walter Claudio Nahuel Moreno, Maximiliano Herminio Gómez Veras, Mirta Vanesa Lazzati, Daniel Ribeiro, Yanina Micaela Ribeiro, Daniel Niver Iglesias, Roberto Daniel Rean, Pablo Augusto Iannarelli y el funcionario de la ANMAC Fernando Héctor Rodríguez. Días después fue detenido Juan José Fogliani.

Los procesados están imputados por los delitos de asociación ilícita (con el agravante de organizador para Mascato) y por los previstos en el artículo 189, inciso 4 del Código Penal, ambos en concurso real. Moreno enfrenta además una acusación adicional por ser funcionario público.

Así operaban

En esta etapa, la Sala consideró que el análisis de la conducta de los imputados permitió advertir un patrón común de maniobras: adquisición recurrente de armas, uso de datos de terceros, presentación de información falsa y dificultades para justificar la tenencia de armamento.

En algunos casos, tras las inspecciones oficiales o allanamientos, los investigados presentaron denuncias de robo para explicar la falta de las armas registradas a su nombre. La investigación también detectó circulación relevante de dinero entre los imputados, flujos que se correspondían con las transferencias de armamento.

De acuerdo con el expediente, solo 20 de las 700 armas registradas a nombre de los distintos usuarios fueron halladas en poder de sus titulares.

La estructura de la organización, según la acusación, se dividía en núcleos de responsabilidad: armerías que vendían o intermediarían en la transferencia de armas, certificantes que avalaban los trámites registrales y usuarios irregulares que justificaban la tenencia legal como paso previo a la desviación del material hacia el circuito ilegal.

En este esquema, el exfuncionario de la ANMAC, Rodríguez, y el oficial de la Policía de la Ciudad, Moreno, aparecen señalados por su rol en la certificación de documentos que permitían las transferencias cuestionadas.

En el análisis individual, la Cámara consideró que Mascato, a quien se le atribuye el papel de organizador, intervino activamente en la compra y transferencia de armas y en la captación de usuarios interpuestos, además de administrar los trámites ante organismos de control y denunciar robos para justificar la falta de armas en su poder. Núñez, por su parte, también figura como uno de los principales operadores de las transferencias, identificado en escuchas como colaborador directo de Mascato.

El tribunal también confirmó el procesamiento de Daniel Niver Iglesias, titular de una armería, por su intervención en certificaciones y operaciones, y de Yanina y Daniel Ribeiro, responsables de la armería “La Nona”, por transferencias reiteradas a usuarios irregulares y su papel en la inscripción de nuevos supuestos legítimos usuarios.

En el caso de Rodríguez, se confirmó su procesamiento por su participación activa brindando apoyo desde su posición institucional y como gestor, incluido el cobro de contraprestaciones por certificaciones.

La resolución, firmada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y el secretario Darío Emmanuel Figueiras, también ratificó el procesamiento de Moreno por sus reiteradas certificaciones y transferencias como oficial policial, Maximiliano Herminio Domingo Gómez Veras, Juan José Fogliani, Mirta Vanesa Lazzati y Roberto Daniel Rean por su rol como usuarios, gestores e intermediarios dentro de la estructura.

Respecto de Iannarelli, la Cámara revocó su procesamiento y la medida de embargo, al no hallar elementos suficientes que lo vincularan dolosamente a las maniobras investigadas, ordenando su inmediata libertad.

Por último, los camaristas confirmaron los embargos dispuestos sobre los imputados, por 100 millones de pesos para cada uno y 120 millones en el caso de Mascato, medida que el tribunal justificó por la magnitud de las maniobras, el volumen de armamento y su equivalencia en el mercado informal.

El Gobierno oficializó un nuevo esquema para la tenencia de armas, accesorios y portaciones, con una resolución del Registro Nacional de Armas (RENAR) que reglamenta cambios introducidos por el Decreto 306/2026. La medida, publicada este 13 de agosto de 2026 en el Boletín Oficial, fija nuevas exigencias documentales, controles y criterios más detallados.

Uno de los cambios más relevantes consiste en la incorporación de supresores o moderadores de sonido y de dispositivos o miras nocturnas adosados o adosables a armas de fuego capaces de dirigir el tiro en la oscuridad dentro de la categoría de materiales de uso civil condicional. A partir de esa nueva clasificación, los legítimos usuarios vigentes de armas de uso civil condicional podrán pedir autorización de tenencia por adquisición, introducción definitiva o transferencia, bajo un régimen específico.

Para acceder a esa autorización, el solicitante deberá acreditar que integra una entidad de tiro autorizada e inscripta ante el RENAR o presentar una licencia o permiso de caza vigente expedido por autoridad competente para actividad cinegética en un predio habilitado. La resolución también exige declarar el material controlado cuya registración se solicita y demostrar que el usuario posee armas compatibles registradas a su nombre.

La registración de estos dispositivos será autónoma respecto del arma: la autorización de tenencia no implicará que el accesorio quede afectado de manera exclusiva a una sola arma determinada, aunque el organismo sí podrá verificar la compatibilidad técnica y funcional entre el dispositivo y el material que figure en el legajo del usuario.

Los anexos publicados junto con la norma muestran cómo se traducirá ese cambio en la práctica administrativa. El Anexo I aprueba una declaración jurada para la solicitud de autorización de tenencia de supresores, moderadores de sonido y miras nocturnas. El formulario exige consignar los fundamentos del pedido, los datos del solicitante, los datos del vendedor y la identificación del material, con campos para tipo de material, marca, modelo, número de serie y CUIM.

Cualquiera de estos accesorios que ingrese al país sin numeración de fábrica deberá tramitar ante el RENAR la asignación de un número de serie. Ese identificador tendrá que grabarse sobre el cuerpo del dispositivo mediante técnicas compatibles con su estructura y funcionamiento. Además, la fabricación, importación, exportación y comercialización de estos materiales solo podrá ser realizada por usuarios comerciales inscriptos y habilitados en el rubro correspondiente.

Tenencia de armas heredadas

Otro de los ejes de la norma es el procedimiento simplificado para registrar armas de fuego recibidas por herencia cuando no exista declaratoria judicial previa. La persona que pretenda registrar la tenencia de materiales controlados inscriptos a nombre del causante deberá contar con condición vigente de legítimo usuario o iniciar ese trámite en simultáneo, acreditar el vínculo con documentación respaldatoria y presentar una declaración jurada certificada.

El Anexo II incluye el nuevo formulario de declaración jurada, que contempla distintas opciones de trámite, entre ellas registración por herencia sin declaratoria judicial, regularización de tenencia hereditaria, cambio de responsable registral y reempadronamiento de material heredado. El solicitante debe informar sus datos personales, su situación ante el RENAR, los datos del causante fallecido y el detalle del material cuya tenencia solicita, con identificación de tipo de arma, sistema de disparo, marca, calibre, número de serie y largo de caño.

El formulario incorpora además una sección para familiares que avalan la declaración o confieren derecho, otra para informar la existencia de otros posibles herederos y una declaración específica sobre ausencia de conflicto. Allí el firmante debe indicar si conoce controversias familiares, judiciales o extrajudiciales sobre el arma o el material declarado. Esa previsión muestra que la vía simplificada no elimina la posibilidad de disputa, sino que obliga a informarla y habilita controles posteriores.

La resolución subraya que la registración por esta vía no constituye reconocimiento de calidad de heredero ni acredita dominio civil sobre el bien. Su efecto es exclusivamente administrativo y registral. También dispone que solo podrá existir un único responsable registral por cada arma y que el sistema impedirá la tramitación simultánea de más de una solicitud sobre el mismo material. Si aparece una oposición administrativa de un tercero con interés legítimo o se verifica un conflicto manifiesto, el organismo podrá suspender el trámite hasta que exista una resolución judicial o un acuerdo suficiente.

Portación de armas de guerra

El tercer bloque relevante de la medida se refiere a la portación de armas de guerra para legítimos usuarios individuales de armas de uso civil condicional. La reglamentación establece que esos pedidos solo podrán formularse respecto de armas cuya tenencia ya esté registrada a nombre del solicitante.

Para avanzar con la solicitud, se exigirá documento de identidad vigente con domicilio actualizado, informe del Registro Nacional de Reincidencia sin anotaciones, certificación de aptitud psicofísica, acreditación de idoneidad en el manejo y porte de armas de fuego y demostración de un medio lícito de vida.

El Anexo III desarrolla el examen de idoneidad requerido para portadores. La certificación deberá ser emitida por un instructor de tiro habilitado e inscripto ante el RENAR y tendrá una validez de 60 días corridos desde la fecha de emisión. La evaluación abarcará conocimientos básicos de legislación y seguridad, clasificación legal de armas y municiones, conocimiento de distintos tipos de armas cortas y descripción de sistemas de disparo y operación.

El formulario añade prácticas concretas, entre ellas desenfunde y enfunde seguros, carga, descarga y recarga del arma, empuñe y posición de tiro, tiro apuntado a 20 metros, tiro por señalamiento a 7 metros, tiro con desenfunde con vestimenta de trabajo y un ejercicio de búsqueda, localización e identificación positiva de blancos bajo presión. La constancia final deberá consignar si el legítimo usuario resulta apto o no apto para el manejo y porte de armas de fuego.

La reglamentación también contempla situaciones específicas para usuarios colectivos inscriptos como empresas, personal retirado de fuerzas armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, y funcionarios nacionales o extranjeros alcanzados por normas particulares. Con esta resolución, el Gobierno precisó la aplicación práctica de los cambios introducidos por el Decreto 306/2026 y fijó un marco más detallado para la registración, la trazabilidad y el control administrativo de materiales alcanzados por la normativa de armas.