Un alumno de 13 años llevó una arma de fuego dentro de su mochila a una escuela técnica de Carmen de Patagones. El hallazgo se produjo cuando las autoridades del establecimiento advirtieron la presencia de la pistola y solicitaron la intervención policial.

El episodio ocurrió alrededor de las 11 de la mañana durante la jornada del miércoles en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 1 Ingeniero Mario Rovere, ubicada en Jaime Harris 41.

Según informó La Brújula 24, se trataba de un arma calibre 32 que presentaba un importante deterioro y signos de oxidación. Además, tenía colocado un cargador sin municiones y se encontró un proyectil calibre 9 milímetros suelto.

Uno de los puntos que deberá determinar la investigación es si el arma estaba en condiciones de efectuar disparos. Debido a su estado de conservación, esa cuestión quedó sujeta a las pericias correspondientes. Hasta el momento de las primeras informaciones, no se había establecido cómo llegó a las manos del adolescente ni por qué la había llevado al establecimiento.

Luego de constatar la situación, los efectivos secuestraron la pistola para someterla a los estudios pertinentes. El estudiante fue trasladado preventivamente a una dependencia policial y posteriormente quedó al cuidado de sus familiares responsables.

En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Bahía Blanca. Las actuaciones se iniciaron por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, relacionado con la tenencia de armas de fuego.

Por tratarse de un menor de edad, la investigación deberá desarrollarse bajo las garantías correspondientes al régimen de responsabilidad penal juvenil. Las autoridades buscan establecer cómo obtuvo el arma.

Un alumno de 17 baleó a un compañero en La Matanza

Un estudiante de 18 años recibió dos disparos dentro de la Escuela N.º 58 de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza. El episodio también ocurrió el miércoles 14 de octubre, en uno de los baños del establecimiento, y la víctima debió ser trasladada de urgencia a un hospital, donde ingresó al quirófano por las heridas sufridas en el abdomen y uno de sus brazos.

Según informó Infobae, la Policía recibió un llamado al 911 a las 12.56 y efectivos de la Comisaría Sur 4.ª de Villa Dorrego llegaron al colegio cinco minutos después. Para entonces, docentes ya habían trasladado al joven herido en un vehículo particular hasta un centro de salud.

El alumno de 17 años señalado como responsable de los disparos fue demorado. Los investigadores buscan establecer cómo ingresó el arma al establecimiento y en qué circunstancias se produjo el ataque.

Uno de los datos que surgieron durante las primeras actuaciones fue el relato que la víctima habría brindado al personal de enfermería antes de ingresar al quirófano. Según esa versión, el joven dijo que el otro estudiante era su amigo y que los disparos se habrían producido accidentalmente mientras le mostraba una pistola calibre .22.

Sin embargo, esa explicación todavía no había sido corroborada por las autoridades, por lo que las circunstancias del episodio continuaban bajo investigación. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º2 de La Matanza, que deberá esclarecer cómo ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Los dos hechos volvieron a poner el foco en la presencia de armas de fuego dentro de las escuelas y los riesgos que esto implica para la comunidad educativa. Mientras que en Carmen de Patagones el arma fue detectada antes de que se registraran heridos, en González Catán un estudiante recibió dos disparos y debió ser trasladado de urgencia a un hospital.

Un adolescente de 15 años fue aprehendido este martes durante un operativo policial desplegado después de un robo agravado de un automóvil Peugeot 208. El procedimiento incluyó una persecución por distintas calles de Mar del Plata, el abandono de una motocicleta y la posterior localización del joven en el entretecho de una vivienda.

Según la información oficial del caso, el hecho comenzó en inmediaciones de Juan Ángel Peña al 5200, donde dos personas que circulaban en moto habrían sustraído un Peugeot 208 de color gris. En la secuencia denunciada, los autores habrían mostrado un arma de fuego.

Según lo informado por el portal del diario La Capital, el Comando de Patrullas Norte recibió la alerta y puso en marcha un seguimiento junto con un operativo cerrojo en distintos sectores de la ciudad. Mientras tanto, el vehículo que había sido denunciado como robado fue hallado sin ocupantes en la zona de Río Negro y Ecuador.

Durante el despliegue policial, los sospechosos dejaron una motocicleta en las cercanías de Strobel al 8200 y continuaron la fuga a pie. De acuerdo con los datos aportados por la investigación, uno de ellos logró alejarse inicialmente a través de un descampado y de los patios de varias propiedades.

El adolescente fue interceptado después de esa huida. Personal policial lo localizó oculto en un entretecho, donde concretó la aprehensión. La investigación continúa para establecer la identidad y el paradero de la segunda persona señalada como involucrada en el episodio.

El operativo permitió recuperar el Peugeot 208 gris que había sido sustraído. El automóvil se encontraba sin personas en su interior cuando fue localizado, por lo que quedó a disposición de las actuaciones judiciales correspondientes.

En el procedimiento, los efectivos secuestraron una motocicleta Corven 110 cc negra, sin dominio colocado. Según se informó, el rodado tenía un pedido de secuestro activo desde el 29 de septiembre de 2026, solicitado por la Comisaría 6ta. en el marco de una causa por robo.

Además, dentro del compartimento del rodado se encontró un revólver calibre .22. El arma tenía la numeración suprimida y carecía de martillo percutor, de acuerdo con la información incorporada al expediente. También se incautó un casco negro con detalles naranjas.

La investigación fue puesta a disposición de la UFI del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 3, a cargo del fiscal Walter Martínez Soto. Desde esa dependencia se dispuso la realización de las diligencias de rigor y la remisión de las actuaciones junto al adolescente a sede judicial.

Además de la imputación vinculada con la sustracción del auto y el encubrimiento por la motocicleta, se ordenaron actuaciones por portación ilegal de arma de fuego de uso civil. También se incorporó una presunta infracción al artículo 289 del Código Penal, figura que contempla, entre otras conductas, la alteración o supresión de numeraciones identificatorias de determinados objetos.

El adolescente, cuya identidad no fue difundida por tratarse de una persona menor de edad, fue trasladado con las actuaciones a disposición de la autoridad judicial. El expediente seguirá bajo la órbita del fuero especializado, que evaluará las pruebas obtenidas en el procedimiento y definirá los pasos procesales posteriores.

Tres hombres armados y con el rostro cubierto con mascarillas perpetraron un robo a mano armada en una joyería del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala durante horas del día.

El un hecho quedó registrado en un video difundido en redes sociales. El atraco se realizó en la 9.ª calle, entre la 6.ª y 7.ª avenida de la zona 1 capitalina, un área transitada y ubicada a pocas cuadras del Congreso de la República y del Palacio Nacional de la Cultura.

La grabación, con una duración aproximada de 28 segundos, fue captada por usuarios que se desplazaban a bordo de un autobús colectivo sobre la arteria vial.

En las imágenes se observa la irrupción de los tres delincuentes, quienes vestían sudaderos oscuros y mascarillas para ocultar sus rostros.

Con el uso de armas de fuego y fuerza física, los asaltantes rompieron los cristales de las exhibidoras para sustraer diversas piezas de valor.

Mientras duró la maniobra dentro del comercio, los sospechosos guardaron los objetos robados en mochilas. Ante el riesgo de disparos, las personas que filmaban el hecho desde el vehículo de transporte instaron a los demás pasajeros a agacharse y resguardarse dentro de la unidad para evitar heridas.

Testigos reportaron intercambio de disparos antes del escape de los sospechosos

Diversos testigos presentes en las inmediaciones relataron que se produjo un intercambio de disparos cuando los individuos abandonaron el local.

A pesar de los intentos de algunos transeúntes por encarar a los atacantes, los tres sujetos lograron darse a la fuga sin que se lograra su aprehensión en el lugar.

Tras el escape, la joyería permaneció con las persianas metálicas a medio cerrar. En el interior del establecimiento quedaron dispersos los restos de vidrio sobre el suelo, mientras el personal del local intentaba verificar las cámaras de seguridad para recuperar las imágenes internas del suceso.

Por su parte, el Ministerio de Gobernación (Mingob) confirmó a Infobae que comenzó una investigación formal en coordinación con las fiscalías del Ministerio Público (MP) para dar con la identidad de los responsables.

La zona 1 concentra el mayor índice de denuncias por asaltos y robos comerciales

El sector donde ocurrió el atraco forma parte de uno de los perímetros con mayor incidencia de la delincuencia común en la capital guatemalteca.

De acuerdo con informes estadísticos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del MP, el Centro Histórico encabeza los registros urbanos de denuncias por asaltos a transeúntes, hurtos en comercios y despojo de pertenencias.

Las estadísticas oficiales destacan que vías como la 9.ª avenida y sus intersecciones concentran un porcentaje significativo de las denuncias por delitos contra el patrimonio.

Solo en el último año, la fiscalía contabilizó más de 500 denuncias por robo de celulares en la zona 1, la cifra más alta registrada entre todas las jurisdicciones de la Ciudad de Guatemala.

La PNC mantiene operativos focalizados en el sector ante el incremento de atracos perpetrados en comercios situados en las cercanías de sedes gubernamentales.

Rubén Darío Lescano fue condenado a 29 años de prisión por el homicidio de Franco José Demarchi, ocurrido durante un intento de robo en la ciudad de Santa Fe en julio de 2023. El tribunal también lo declaró reincidente por una condena anterior dictada en 2019.

La pena se resolvió este jueves al mediodía mediante un juicio abreviado en los tribunales de la capital provincial. Lescano, de 29 años, admitió su responsabilidad en tres hechos: el crimen de Demarchi, otro ataque armado contra dos compradores de un teléfono celular y una tentativa de homicidio ocurrida en 2022.

La causa reconstruyó una modalidad basada en publicaciones de venta en redes sociales. Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), las víctimas eran citadas con el pretexto de adquirir vehículos o dispositivos electrónicos y luego eran atacadas en los puntos de encuentro acordados.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe, el juicio abreviado estuvo presidido por el juez Sergio Carraro, junto con la jueza Celeste Minniti y el juez Pablo Ruiz Staiger. El fiscal Estanislao Giavedoni representó al MPA durante la audiencia, mientras que la investigación había estado a cargo del fiscal Carlos Lacuadra.

El acusado y sus abogados defensores aceptaron la calificación legal de los delitos, el monto de la pena, su forma de cumplimiento y la vía abreviada elegida para cerrar el proceso.

La sentencia comprendió los delitos de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego, tentativa de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

El homicidio de Demarchi ocurrió pocos minutos después de las 8:30 del viernes 21 de julio de 2023, en las inmediaciones de Hipólito Yrigoyen al 4.200, en Santa Fe. La víctima residía en Sancti Spiritu, localidad del departamento General López, y había llegado a la capital provincial acompañado por un amigo.

Ambos buscaban concretar la compra de una Honda Tornado de 250 centímetros cúbicos, modelo 2013, publicada por $1.200.000 en un perfil de redes sociales identificado como “Aylu Lxcolon Lxcolon”. La operación había sido coordinada previamente mediante mensajes.

Giavedoni indicó que Demarchi y su acompañante se trasladaron en camioneta hacia el sitio convenido. Allí, según sostuvo el fiscal, Lescano y otras dos personas se presentaron armadas y les ordenaron que descendieran del vehículo para quitarles sus pertenencias.

Ante esa situación, Demarchi encendió la camioneta e intentó retirarse. Durante la fuga, uno de los atacantes efectuó tres disparos. Uno de los proyectiles alcanzó la cabeza de la víctima y le provocó la muerte en el lugar, de acuerdo con la acusación aceptada por Lescano.

La pesquisa determinó que el número telefónico utilizado para coordinar el supuesto encuentro de compraventa figuraba a nombre de la madre de un hombre identificado con las iniciales W.A.C. De acuerdo con el MPA, ese teléfono era usado por él mientras permanecía detenido en la comisaría Sexta de la ciudad.

El fiscal señaló que W.A.C. está imputado como partícipe principal del hecho. La reconstrucción de las comunicaciones estableció que Demarchi envió un mensaje por WhatsApp a las 8:23 para avisar que había llegado al lugar pactado.

Un minuto después de ese mensaje, el acusado se comunicó con Lescano para que él y sus acompañantes fueran a cometer el robo —afirmó Giavedoni durante la audiencia—. Ese intercambio fue uno de los elementos considerados en el avance de la causa.

Otros hechos

La condena también incluyó un episodio del 8 de junio de 2023. En ese caso, dos hombres interesados en comprar un teléfono celular respondieron a una publicación realizada desde el mismo perfil de redes sociales y acordaron reunirse cerca de La Rioja al 4.200.

Según la acusación, desde la comisaría Novena —donde se encontraba alojado entonces— el otro imputado transmitió a Lescano el horario y el lugar de la cita. Cuando los compradores llegaron a la zona, Lescano les disparó con un arma de fuego.

Las víctimas lograron escapar en el automóvil en el que se movilizaban y no llegaron a ser despojadas de sus bienes. Por este hecho, Lescano fue condenado por tentativa de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego.

El tercer caso atribuido a Lescano tuvo lugar el 6 de agosto de 2022, en la zona de Lisandro de la Torre y Estrada. La víctima caminaba junto a una mujer cuando fue atacada con un arma de fuego.

El hombre sufrió heridas graves en diferentes partes del cuerpo, pero sobrevivió tras recibir atención médica. Por ese episodio, el condenado reconoció ser autor de una tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

En la misma audiencia estaba previsto que W.A.C. recibiera una condena a través de otro juicio abreviado. Sin embargo, Giavedoni informó que, aunque había firmado el acuerdo, el imputado manifestó ante el tribunal que no aceptaba los términos convenidos.

Ante esa decisión, el MPA solicitó que se reanude de forma inmediata la audiencia preliminar que había quedado suspendida por el acuerdo abreviado. El acusado continuará bajo prisión preventiva mientras se desarrollan las instancias judiciales necesarias para llevar el caso a juicio oral.

Un adolescente de 15 años murió en Cartagena tras recibir un disparo mientras manipulaba un arma de fuego con otro menor, de 14 años, en un presunto reto visto en redes sociales. La Policía investiga cómo llegó el arma a la vivienda y las circunstancias exactas en que fue accionada.

El hecho ocurrió hacia las 6:30 p. m. del miércoles 7 de octubre dentro de una residencia del barrio Camilo Torres, en Cartagena. El adolescente herido fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, pero perdió la vida a causa del impacto.

La versión preliminar fue entregada por la capitana Andrea Corrales, jefe del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Cartagena. Las primeras averiguaciones indican que los dos adolescentes manipulaban el arma mientras respondían a un desafío que habían encontrado en Internet.

El menor de 14 años, cercano a la víctima según Noticias RCN, quedó a disposición de la autoridad competente, que deberá definir las circunstancias jurídicas del caso. Por tratarse de adolescentes, el procedimiento se rige por las normas especiales de responsabilidad penal y las garantías previstas para niños, niñas y adolescentes.

La procedencia del arma y el contenido visto en Internet

La investigación busca determinar de dónde provenía el arma, quién la tenía bajo custodia y de qué forma llegó a manos de los menores. La hipótesis comunicada por la Policía apunta, por ahora, a que el disparo habría sido accidental.

Las autoridades también deberán establecer qué contenido observaron los adolescentes y cuál fue su relación con la manipulación del arma. La Policía señaló que el caso estaría vinculado con un reto difundido en redes sociales, aunque esa conexión aún debe ser precisada.

La advertencia está dirigida a padres, familiares y cuidadores para que conozcan los contenidos que consumen los menores en Internet, los desafíos que siguen y las personas con las que interactúan. Ante publicaciones que involucren armas, desafíos físicos, sustancias o conductas peligrosas, la recomendación es alejar a los menores de esa situación y buscar ayuda profesional.

Un especialista pidió acompañamiento de los adultos en el uso de redes

El psiquiatra y psicoterapeuta Guillermo Dager señaló a Noticias RCN que los adolescentes todavía desarrollan habilidades para valorar riesgos y anticipar consecuencias. Por ello, planteó que padres y cuidadores conozcan el entorno digital de los menores, conversen con ellos y establezcan límites sobre los contenidos que consumen.

“Esto es cada vez más común de lo que creemos. Se piensa que los adolescentes, jóvenes de 14 y 15 años, son conscientes de lo que hacen, miden el peligro y las consecuencias de sus actos, pero eso no es cierto. La neurociencia ha demostrado que el lóbulo prefrontal, que es donde está el control, donde el miedo al peligro, se desarrolla sobre los 25 años”, comentó el especialista.

Dager sostuvo que la orientación no pasa por impedir por completo el acceso a las redes sociales, sino por acompañar a los adolescentes y mantener canales de comunicación que permitan identificar conductas de riesgo.

“Las redes llegaron para quedarse y los padres no pueden ser ajenos a esta realidad. Al contrario, lo que debemos hacer es acercarnos, conocer el mundo de nuestros hijos, el mundo de las redes, para poder guiarlos, porque no podemos evitar que ingresen, pero podemos orientarlos y poner límites”, señaló el experto.

La Policía recordó que las situaciones que amenacen a un niño, niña o adolescente pueden reportarse a la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o al 123 de la Policía Nacional.

“La Policía Nacional realiza recomendaciones para la protección y el cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes. Usted, como padre de familia y cuidador, debe tener mucho cuidado con lo que revisan e imitan sus niños en redes sociales”, comentó la capitana.

Una riña registrada este jueves al interior del Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, dejó al menos seis personas muertas y, al menos, 15 heridas, de acuerdo con información preliminar.

El incidente fue reportado alrededor de las 10:30 horas, cuando se alertó sobre disparos de arma de fuego dentro del centro penitenciario.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, las detonaciones se registraron durante un enfrentamiento entre personas privadas de la libertad. Elementos de seguridad se movilizaron hacia el penal para atender la situación.

Hasta ahora, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa no ha emitido información oficial sobre el número de víctimas ni ha detallado las circunstancias en que ocurrió el enfrentamiento.

La cifra de personas fallecidas y heridas podría modificarse conforme las autoridades tengan acceso al lugar y se realice la evaluación correspondiente.

Algunos reportes en redes sociales sostienen que un comando armado habría ingresado a las instalaciones penitenciarias de El Castillo y habría ejecutado de manera directa a seis personas, además de dejar heridas a 18 más.

Hasta el cierre de esta nota informativa aún no hay información oficial sobre la cantidad de muertos y heridos.

Antecedentes de violencia en el penal El Castillo

El episodio ocurre apenas dos semanas después de otro hecho de violencia dentro del mismo penal. El 24 de septiembre, dos internos murieron luego de una discusión que derivó en una agresión con un objeto punzocortante en el área de talleres. La Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó entonces ambos fallecimientos y dio aviso a la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones.

Uno de los internos fallecidos en aquella ocasión fue identificado como Cristian Daniel “N”, de 20 años, quien había ingresado al penal el 1 de septiembre y llevaba aproximadamente tres semanas recluido por una acusación relacionada con la portación de un arma de fuego. El segundo interno no había sido identificado públicamente en ese momento.

La violencia dentro de El Castillo ya había generado una movilización preventiva meses antes. El 31 de mayo, personal de seguridad realizó una revisión en los módulos después de un reporte sobre una posible riña. La visita familiar fue suspendida ese día y algunos internos fueron reubicados por motivos de seguridad, aunque el director del centro aseguró que no había personas lesionadas.

A esos episodios se suman otros fallecimientos registrados durante 2026, aunque con circunstancias diferentes. El 26 de junio, un interno fue localizado sin vida en su módulo después de que se detectara su ausencia durante el pase de lista; la autoridad señaló entonces que se investigaba como un probable suicidio.

El 26 de agosto, otro interno fue encontrado muerto dentro de su módulo. La Secretaría de Seguridad Pública informó que también se investigaba de manera preliminar un probable suicidio. Con ese caso, el penal acumulaba tres fallecimientos de personas privadas de la libertad entre mayo y agosto, antes de la riña de septiembre que dejó otros dos muertos.

Revisiones contra objetos prohibidos

El Castillo también ha sido objeto de revisiones relacionadas con la introducción de objetos prohibidos. En mayo de 2025, elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional inspeccionaron los módulos y aseguraron drogas, 16 teléfonos celulares, cuatro módems, ocho memorias USB y tres chips, además de otros artículos.

El centro penitenciario tiene además una población que participa en actividades de capacitación y talleres. En marzo de 2026, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que 706 personas privadas de la libertad participaban en alguna actividad dentro del penal y que se buscaba ampliar los cursos de capacitación.

Como antecedente más antiguo, en agosto de 2023 dos internos resultaron heridos durante una riña en el área de Observación. Uno de ellos tuvo que ser trasladado a un hospital de Mazatlán mientras el otro recibió atención en la enfermería del penal.

La situación registrada este jueves mantiene un operativo de seguridad en el centro penitenciario. Mientras las corporaciones permanecen en el lugar, se espera que las autoridades determinen el número definitivo de personas fallecidas y heridas, así como las circunstancias en que se produjeron los disparos.

El exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala, Javier Maldonado Quiñónez, fue localizado con una herida de bala en el cráneo dentro una vivienda ubicada en una zona exclusiva de la capital.

El hecho ocurrió la noche de este martes 6 de octubre, donde socorristas del Cuerpo de Bomberos Municipales acudieron al inmueble ubicado en la 3a calle y 18 avenida, zona 15 de la Ciudad de Guatemala.

En el lugar, Técnicos en Urgencias Médicas brindaron soporte vital avanzado al exfuncionario y lo trasladaron en estado agónico a un centro asistencial privado, donde ingresó bajo al sector de medicina intensiva después de ser identificado por sus familiares.

Hasta ahora se desconocen los detalles de lo ocurrido y no se ha presentado ninguna versión sobre las causas del hallazgo.

Javier Maldonado Quiñónez integró el gabinete de Alejandro Giammattei

El exfuncionario asumió la titularidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) el 1 de julio de 2021, tras ser juramentado por la Presidencia de la República en el gobierno de Alejandro Giammattei.

Antes de asumir el cargo de ministro, Maldonado Quiñónez se desempeñó durante nueve meses como viceministro de Edificios Estatales y Obra Pública.

En su trayectoria dentro de la administración pública guatemalteca, también ejerció la dirección de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE).

Hasta el momento, las fuerzas de seguridad y los cuerpos de socorro no han determinado las circunstancias en las que se produjo el ataque armado dentro de la residencia ni han proporcionado detalles sobre la autoría del hecho.

El gobierno del presidente Bernardo Arévalo presentó denuncias por corrupción y anomalías contra el exministro

Durante el año 2024, la administración del presidente Bernardo Arévalo presentó una serie de acciones legales contra Maldonado Quiñónez por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la cartera de infraestructura.

Entre los casos denunciados por el CIV, destaca un fraude en el programa de cocinas temporales por un monto de Q53 millones (unos USD 6.9 millones), donde las autoridades detectaron mil 140 registros duplicados y triplicados en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).

De las 590 estructuras previstas, los inspectores ubicaron solo 516 construidas y reportaron nueve unidades no localizadas. Esta misma empresa ejecutó las obras de las escuelas bicentenario, un proyecto salpicado por anomalías similares valoradas en 630 millones de quetzales.

A estas acusaciones se sumó la denuncia por el abandono de la construcción del Hospital de San Pedro Necta, en Huehuetenango.

Según la verificación oficial, las autoridades de la administración anterior pagaron el 90% del costo total de la obra cuando el avance físico real alcanzaba solo el 38%, lo cual dejó el proyecto paralizado durante 11 meses y perjudicó a más de 42 mil pobladores.

Por este caso, el Ministerio de Salud y Asistencia Social, junto al CIV y la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), denunciaron por delito de fraude a Maldonado Quiñónez, a otros dos exfuncionarios y al representante legal de la empresa contratista.

Asimismo, en mayo de 2024, la exministra Jazmín de la Vega denunció la existencia de una red administrativa dentro del ministerio que funcionaba como un “catálogo de edecanes”.

Las empleadas contratadas en puestos secretariales devengaban sueldos de entre Q10 mil (USD 1.298) y Q12 mil (USD 1.558) para prestar servicios de acompañamiento a funcionarios, un hallazgo que derivó en una investigación de la CNC por posible trata de personas dentro de la institución.

Un joven de 25 años murió luego de recibir un disparo en el tórax durante una pelea en el barrio Parque Industrial, en la ciudad de Neuquén. La División Homicidios trabaja para identificar a las personas involucradas, establecer qué originó el conflicto y determinar quién accionó el arma.

El hecho ocurrió el sábado cerca de las 20:30 en calle Centeno, entre La Soja y Lino. La víctima, que vivía en el barrio, ingresó herida al Hospital Regional. Murió como consecuencia de la lesión provocada por el arma de fuego, según la información difundida por la Policía. Hasta el momento, no se informó la identidad del joven ni hubo personas identificadas como presuntos autores.

Las primeras hipótesis apuntan a que el crimen se produjo después de una discusión entre varias personas. Sin embargo, todavía resta determinar el motivo de la pelea, cuántos participantes hubo y en qué circunstancias uno de ellos habría extraído un arma de fuego.

La intervención comenzó a partir del aviso sobre el ingreso de un hombre herido al hospital. Efectivos de la Comisaría 20° tomaron conocimiento del caso y se activaron las tareas para determinar dónde se produjo el ataque y quiénes pudieron haber estado presentes.

El comisario mayor Julio Muñoz, subdirector de Delitos, explicó al medio local LM Neuquén, que las diligencias iniciales permitieron confirmar que la víctima vivía en Parque Industrial. A partir de ese dato, la Policía se concentró en reconstruir la situación ocurrida en el sector de calle Centeno.

La causa está a cargo de la División Homicidios del Departamento Seguridad Personal, que continuó con las tareas en el barrio durante el domingo. La investigación busca reunir información de las personas que pudieron observar parte de lo ocurrido y contrastarla con los indicios obtenidos en el lugar.

Como parte de las medidas posteriores al homicidio, los efectivos realizaron una ampliación de la inspección ocular en el lugar donde habría ocurrido el ataque. Durante ese procedimiento levantaron nuevos indicios, que serán analizados en el marco de la causa.

Muñoz señaló que los elementos reunidos permiten sospechar que en el hecho se utilizó un arma calibre 9 milímetros.

Otra de las líneas de investigación apunta a un vehículo en la secuencia. Los agentes intentan establecer cuáles son las características de ese auto, para poder identificarlo y determinar qué relación tuvo con el hecho. La presencia de este, constituye otro de los aspectos que los investigadores deben aclarar, junto con la identidad de quienes participaron en la discusión.

Otro homicidio bajo investigación en Neuquén

En una investigación distinta, el mismo sábado, un hombre de aproximadamente 53 años fue encontrado sin vida en cercanías de las vías del tren, en la ciudad de Neuquén. El cuerpo estaba tendido sobre calle 12 de Septiembre, a pocos metros de Gobernador Anaya, y presentaba una herida de arma blanca en el tórax.

El hallazgo fue advertido por una pareja que transitaba por la zona. De acuerdo con la información difundida, las dos personas se acercaron para asistir al hombre luego de verlo en el suelo y advirtieron que tenía una lesión grave en el pecho. Luego dieron aviso al Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN), cuyo personal constató que la víctima no tenía signos vitales.

La Policía tomó conocimiento del caso cerca de las 22. Hasta el momento de la publicación, el hombre no había sido identificado. Las primeras informaciones indicaban que se trataría de una persona en situación de calle, aunque esa circunstancia todavía debía ser confirmada en el marco de la causa.

La Fiscalía, la Policía y personal de Criminalística intervienen para determinar cómo se produjo el ataque e identificar al autor. La investigación aguarda el resultado de la autopsia, que permitirá precisar las circunstancias de la muerte. Como no se registraron testigos presenciales de la agresión, la Justicia dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad del sector.

Por el momento no se informaron detenciones ni se difundieron hipótesis sobre el móvil del crimen. El caso se investiga de manera independiente del homicidio del joven de 25 años ocurrido en Parque Industrial.

Un hombre de nacionalidad uruguaya fue asesinado este domingo a balazos dentro de un departamento situado en Costa Rica al 5600, en el barrio porteño de Palermo, donde, según relataron familiares de la víctima, irrumpieron entre tres y cuatro personas. El hombre había ingresado a la Argentina hacía algunas semanas, confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

La Policía de la Ciudad llegó al lugar luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona fallecida dentro del departamento. Al arribar, los efectivos se entrevistaron con familiares de la víctima, quienes afirmaron que varias personas habían ingresado al inmueble sin violentar la puerta ni la cerradura. Una vez dentro, efectuaron varios disparos contra el hombre y escaparon.

Las circunstancias en las que el grupo accedió al departamento forman parte de la investigación en la que interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 26, a cargo de Damián Ignacio Kirszenbaum. Los investigadores buscan establecer si la víctima conocía a quienes ingresaron y determinar la secuencia del ataque y el móvil. Las fuentes consultadas no descartan que se haya tratado de un ajuste de cuentas narco.

Dos sospechosos detenidos

A partir de las descripciones aportadas por los testigos, la Policía de la Ciudad detuvo a dos sospechosos en el marco del operativo desplegado tras el crimen.

En las inmediaciones de Santa Fe y Bullrich, frente al predio del Regimiento de Infantería 1 “Patricios” del Ejército, los efectivos encontraron un arma que, según la información policial, habría sido arrojada por uno de los sospechosos durante la huida. Además, en un auto que habría sido utilizado para escapar encontraron otro revólver.

Ambas armas serán sometidas a peritajes para determinar si alguna de ellas fue utilizada para asesinar al ciudadano uruguayo.

En Santa Fe y Bullrich, la fuerza de seguridad porteña colocó una carpa para proteger el arma encontrada en ese lugar de los aspersores del parque, indicaron las fuentes.

También fue convocado personal de la Policía Científica para trabajar en el departamento y resguardar la escena del crimen.

La investigación continúa con la búsqueda de otros dos sospechosos que, según la información aportada por los familiares, habrían participado del ataque.

Una discusión bajo los efectos del alcohol terminó con la muerte de un hombre a manos de su sobrino, quien luego del hecho fue capturado y luego puesto a disposición de las autoridades competentes.

El incidente se produjo durante la noche del sábado 3 de octubre en el barrio La Cruz, del municipio de Purulhá, del departamento de Baja Varapaz en Guatemala.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), el presunto agresor, identificado como William “N”, de 20 años, se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas junto a su familiar.

Durante la convivencia, una disputa verbal generada al calor de los tragos escaló de forma repentina. El joven desenfundó un arma de fuego y realizó múltiples disparos contra la humanidad de su tío.

Al escuchar las detonaciones, vecinos y familiares alertaron de inmediato a socorristas y a la policía. Al lugar se hicieron presentes Técnicos de Urgencias Médicas de la Cruz Roja Guatemalteca quienes prestaron los primeros auxilios a la víctima.

Según indicaron, el hombre, identificado como Melvin Josué Fortín, de 37 años, presentaba heridas de gravedad en la región del cuello y una trayectoria con entrada y salida en la zona parietal del cráneo.

Los socorristas lo trasladaron hacia el Centro de Atención Permanente (CAP) local. Sin embargo, el personal médico confirmó su fallecimiento al momento del ingreso al centro asistencial.

Quiso escapar

Posterior a la agresión, el sospechoso intentó darse a la fuga a pie por las calles aledañas, pero los agentes de la Policía Nacional Civil concretaron su persecución y posterior arresto.

Al momento de la aprehensión, las fuerzas de seguridad lograron la incautación de una pistola calibre 9 mm marca Glock, la cual portaba de forma ilegal y con la que presuntamente cometió el crimen.

El detenido fue remitido ante el juzgado correspondiente para resolver su situación jurídica.

Las autoridades registran un incremento en la incautación de armas e intervenciones policiales

El suceso ocurre en medio de operativos de seguridad desplegados en el territorio nacional para controlar la portación ilegal de armamento.

Cifras de la Plataforma para la Comunicación de Datos Estadísticos de la Incidencia Criminal (Pladeic), adscrita al Ministerio de Gobernación (Mingob), registran la incautación de más de 1.700 armas de fuego en lo que va del año, cifra que representa un aumento del 39 % respecto al mismo lapso del año anterior.

A nivel operativo, la Policía Nacional Civil reporta más de 17.000 capturas por diversos delitos en el país.

En el departamento de Baja Verapaz, el trabajo de las fuerzas de seguridad ha permitido que seis municipios mantengan estadísticas bajas de violencia homicida, aunque la proliferación de armas sin licencia continúa desencadenando sucesos fatales en riñas comunitarias.

La intolerancia en reuniones familiares provocó múltiples tragedias recientes en el país

Los conflictos entre familiares asociados al consumo de alcohol y el uso de armas representan una causa recurrente de homicidios en la nación centroamericana.

Datos de la institución policial señalan que los motivos emocionales y la venganza personal concentran el 57 % de las muertes violentas registradas en Guatemala.

Casos recientes evidencian esta tendencia. En la zona 16 de la Ciudad de Guatemala, una alteración bajo los efectos de bebidas embriagantes derivó en el asesinato de un ex viceministro a manos de su propio hijo mediante el uso de un arma blanca.

De igual forma, en la zona 6 de Mixco, un altercado entre parientes terminó en una balacera que dejó un saldo de dos personas fallecidas y dos heridos de gravedad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a utilizar las vías de denuncia pacífica para evitar que los desacuerdos intrafamiliares escalen a hechos trágicos.

Un hombre identificado como Fausto Eduardo “N”, de 51 años y originario de Culiacán, Sinaloa, fue detenido en Tijuana, Baja California, durante un operativo conjunto de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y la Guardia Nacional.

De acuerdo con las autoridades, las primeras investigaciones relacionan al detenido con actividades de tráfico y venta de armas, sicariato y la realización de distintos encargos para un presunto jefe criminal.

La captura ocurrió durante un recorrido de vigilancia efectuado por agentes estatales y federales en la colonia Jardín Dorado, como parte de las acciones para reforzar la presencia de las corporaciones de seguridad y prevenir la comisión de delitos en la zona.

Intentó escapar al detectar el convoy

La detención se registró en el cruce de las calles Azucenas y Violetas, donde los agentes observaron al hombre durante el recorrido.

Según el reporte oficial, Fausto Eduardo “N” arrojó una bolsa al suelo al percatarse de la presencia del convoy de seguridad y posteriormente intentó escapar del lugar.

Los elementos de seguridad reaccionaron de inmediato y lograron darle alcance a pocos metros, por lo que fue asegurado en el mismo punto.

Al revisar la bolsa que presuntamente había arrojado, los agentes encontraron aproximadamente 25 gramos de una hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

Posteriormente, durante una inspección corporal, localizaron entre sus pertenencias un arma de fuego corta con la leyenda Smith & Wesson, además de un cargador metálico que contenía cuatro cartuchos útiles calibre .40.

El hallazgo del arma derivó en el aseguramiento del hombre y de los objetos encontrados durante la intervención.

Autoridades investigan posible vínculo con sicariato

Además de los objetos asegurados, las autoridades señalaron que las investigaciones preliminares relacionan a Fausto Eduardo “N” con actividades delictivas que incluirían la venta de armas de fuego y el sicariato.

La información oficial también refiere que el detenido presuntamente habría recibido instrucciones de un jefe inmediato para realizar distintos encargos.

Hasta el momento, estos señalamientos forman parte de las investigaciones y no constituyen una sentencia ni una determinación judicial sobre su responsabilidad en esos delitos.

Tras su captura, los agentes le colocaron candados de manos y procedieron a darle lectura de los derechos que le corresponden en calidad de detenido.

El arma de fuego, los cartuchos y la sustancia asegurada quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte de las actuaciones correspondientes.

Fausto Eduardo “N” fue posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que será responsable de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

La autoridad ministerial deberá establecer, entre otros aspectos, la procedencia del arma asegurada, la naturaleza y peso exactos de la sustancia encontrada y si existen elementos que permitan acreditar su posible participación en actividades de tráfico de armas, sicariato u otros delitos.

¿Qué debe hacer un niño o adolescente si encuentra un arma de fuego o queda expuesto a una situación en la que una de ellas está involucrada? Esa es una de las preguntas que la Sucamec busca llevar directamente a las aulas.

La iniciativa aparece en un momento en que el movimiento de armas de uso civil también muestra cifras relevantes. En una presentación ante el Congreso realizada en abril, la Sucamec informó que 2025 fue el año con mayor emisión de licencias de armas de fuego. Solo durante el primer trimestre de 2026 ya se había otorgado aproximadamente un tercio de todo lo registrado el año anterior. La defensa personal concentraba el 41,43% de las solicitudes.

A ello se suma otro frente de preocupación: las armas que dejan de estar bajo control de sus propietarios. Entre 2022 y abril de este año, la entidad registró 10.407 armas declaradas como perdidas, robadas o hurtadas. De ellas, 606 correspondían a 2026 hasta la fecha del reporte.

Ese escenario ha llevado a la entidad a reforzar no solo la fiscalización, sino también el trabajo preventivo con una población que puede quedar expuesta a estos riesgos sin saber cómo reaccionar. La estrategia también incluye los peligros asociados a los productos pirotécnicos, cuya manipulación inadecuada puede provocar quemaduras y otras lesiones.

Durante 2026, más de 37 mil estudiantes de primaria y secundaria participaron en estas jornadas. Las actividades forman parte de “Sucamec va a tu cole”, programa que ya llegó a instituciones educativas de 15 regiones y adapta sus contenidos según la edad de los alumnos.

¿Qué aprenden los escolares durante las jornadas?

Las sesiones no están orientadas a explicar cómo manipular estos objetos, sino a que niñas, niños y adolescentes puedan identificar situaciones de peligro, comprender sus consecuencias y adoptar conductas para protegerse.

En el caso de las armas de fuego, se busca que los escolares reconozcan que encontrarlas o entrar en contacto con ellas puede representar un riesgo y que su manipulación no debe ser tomada como un juego.

Con los pirotécnicos ocurre algo similar. La Sucamec ha advertido anteriormente que ningún niño o adolescente debería manipular estos productos, incluso bajo supervisión de un adulto, debido a los componentes que contienen y a la posibilidad de sufrir quemaduras, lesiones en las manos, daños oculares y otros accidentes.

El riesgo cobra especial relevancia conforme se acercan los últimos meses del año, cuando aumenta el uso de fuegos artificiales. Durante 2025, el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña atendió 200 casos de menores con quemaduras de diferentes tipos y advirtió que estas emergencias suelen incrementarse durante las fiestas de fin de año. En diciembre de 2024, 15 pacientes fueron atendidos específicamente por lesiones relacionadas con pirotecnia.

“La niñez es clave y debemos trabajar desde esta etapa para prevenir riesgos y fortalecer una cultura de prevención”, señaló Eswin Manay Guerrero, superintendente nacional de la Sucamec.

Para el funcionario, el trabajo de seguridad no debe limitarse a intervenir una vez ocurrido un incidente. “Combatir la criminalidad también implica anticiparnos”, sostuvo al explicar la estrategia dirigida a escolares.

Más de 6.600 escolares participaron solo en septiembre

Desde su implementación, “Sucamec va a tu cole” ha llegado a 37.229 estudiantes de Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Piura, Puno, Tacna, Tumbes y Ucayali.

La cifra representa el 67,34% de la meta prevista para 2026. Solo durante septiembre, 6.651 escolares participaron en las jornadas desarrolladas en distintos centros educativos del país.

La intervención se realiza en coordinación con las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), que permiten organizar el ingreso a las instituciones y ampliar progresivamente la cobertura.

La iniciativa constituye la primera estrategia preventiva institucionalizada de la Sucamec dentro del ámbito educativo y complementa las tareas de control y fiscalización que la entidad desarrolla sobre armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil.

Una mujer fue aprehendida por su presunta vinculación con la muerte del tatuador en Pedregal y deberá comparecer ante un juez de garantías, donde la Fiscalía solicitará la imputación correspondiente y la aplicación de medidas cautelares.

Una mujer fue aprehendida por su presunta vinculación con el homicidio de un tatuador ocurrido dentro de una residencia en Pedregal, en la ciudad de Panamá. La víctima, identificada como Alfonso Antonio Pérez Correa, de 30 años, presentaba una herida de bala en la cabeza.

El crimen ocurrió el 23 de septiembre en Altos del Naranjal, en el corregimiento de Pedregal, donde Pérez Correa se dedicaba a realizar tatuajes. De acuerdo con las investigaciones preliminares, ese día recibió en la vivienda a tres mujeres para realizarles un trabajo.

Horas después de la llegada de las mujeres, los vecinos escucharon una detonación proveniente de la residencia. Testigos observaron posteriormente a las tres visitantes abandonar el lugar a pie, mientras el tatuador permanecía dentro de la propiedad con una herida mortal.

El cuerpo de Pérez Correa fue encontrado posteriormente sin signos vitales y con una lesión en la cabeza. Las autoridades iniciaron las diligencias para reconstruir lo sucedido durante las horas en que las tres mujeres permanecieron junto a la víctima en la residencia.

Como parte de las pesquisas, los investigadores obtuvieron imágenes de cámaras de videovigilancia que captaron a las mujeres en el área aproximadamente durante el período en que ocurrió el homicidio. Ese material forma parte de los elementos analizados para determinar la participación de cada una.

La investigación avanzó hasta lograr la aprehensión de una de las mujeres presuntamente relacionadas con el caso. La captura se hizo efectiva en las instalaciones de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, ubicadas en el corregimiento de Ancón.

La sospechosa deberá comparecer ante un juez de garantías para enfrentar las solicitudes del Ministerio Público, que pedirá la imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares. Será durante esa audiencia cuando se conocerán mayores detalles sobre la vinculación atribuida a la aprehendida.

Por el momento, las autoridades no han informado cuál habría sido el móvil detrás del homicidio del tatuador, ni han establecido públicamente quién realizó el disparo. Tampoco se ha precisado si las otras dos mujeres observadas abandonando la residencia están siendo buscadas.

El caso permanece bajo investigación de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, con apoyo de la Policía Nacional. Las diligencias buscan determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y establecer las responsabilidades individuales de las personas presuntamente involucradas.

El nuevo homicidio investigado en Pedregal se conoce mientras las autoridades mantienen abiertas distintas causas por hechos violentos en la provincia de Panamá. Esta semana también se produjo una condena relacionada con el asesinato de un menor de edad ocurrido en Pacora en diciembre de 2021.

Un Tribunal de Juicio condenó a un hombre a 25 años de prisión por homicidio doloso agravado, luego de validar procedimientos alternos dentro del proceso. Además, deberá cumplir 15 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas una vez finalizada la pena principal.

El crimen ocurrió la tarde del 29 de diciembre de 2021, cuando varios hombres llegaron en un taxi hasta los sectores 3 y 4 de Pacora. Los atacantes realizaron múltiples disparos frente a una residencia y uno de los proyectiles alcanzó al menor, causándole la muerte.

En otro procedimiento desarrollado en Colón, la Policía Nacional aprehendió a un hombre que mantenía 12 órdenes de captura vigentes, relacionadas con investigaciones por delitos contra el patrimonio económico. Los requerimientos habían sido emitidos por diferentes despachos judiciales por casos de hurto y apropiación indebida.

La captura se produjo durante labores de control y verificación ciudadana, cuando los agentes consultaron los datos del hombre en el sistema policial. La revisión permitió establecer la existencia de los 12 requerimientos pendientes y el sospechoso quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

El sábado por la tarde, un sargento de la Policía de Dublín, California, que circulaba por la zona encontró a un hombre tendido en el estacionamiento del complejo deportivo Dublin Sports Grounds con múltiples heridas de bala.

Minutos antes, testigos habían visto a una pareja alejarse del lugar con calma. Se trataba de los suegros de la víctima.

Jonathan McKinsey era director de ingeniería del departamento de juegos de The New York Times, donde trabajaba desde 2023, luego de pasar por empresas como Splunk, Coursera y Oracle.

Tenía 40 años, atravesaba un divorcio y había acusado a su familia política de maltratarlo por ser un hombre transgénero. El sábado fue asesinado, presuntamente, por los padres de su esposa.

La pareja detenida tiene 76 años y enfrenta cargos de homicidio

Las autoridades arrestaron a Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 76 años, residentes del área y padres de la esposa de McKinsey, Candice Jang.

La pareja fue detenida sin posibilidad de fianza por sospecha de asesinato, descarga intencional de arma de fuego con negligencia grave, conspiración y puesta en peligro de menores con probabilidad de causar lesiones graves o la muerte.

La vinculación del último cargo con un menor en particular no quedó del todo clara.

Assad Razawi, un testigo que se encontraba junto a su automóvil frente a un supermercado cercano, declaró al San Francisco Chronicle que escuchó entre cinco y seis detonaciones provenientes del parque.

Al girar, vio a un hombre caer al suelo y a una pareja alejarse con calma. Los testigos presentes señalaron a Zhang y Chen como los responsables.

El matrimonio atravesaba un proceso de divorcio con acusaciones cruzadas de violencia doméstica

Cada uno había solicitado órdenes de restricción por violencia doméstica contra el otro en el condado de Alameda durante el año anterior.

McKinsey era un hombre transgénero y, en su solicitud de orden de restricción presentada en diciembre de 2025, acusó a su esposa y a sus suegros de haberlo maltratado a causa de su identidad.

Según ese escrito, McKinsey había denunciado que su suegra lo llamó a él y a uno de sus hijos “pervertido” y “monstruo” después de que el niño se probara vestidos, y que su suegro lo golpeó en el pecho mientras se recuperaba de una doble mastectomía en 2010.

McKinsey también había acusado a Jang de haberlo golpeado en la cabeza con una sartén, de haberlo obligado a ingerir una cucaracha y de haberle propinado otro golpe en la cabeza con un espejo que, al romperse, le seccionó un tendón y un nervio en la mano, lo que requirió cirugía y le dejó una pérdida permanente de sensibilidad en el pulgar.

“Cuando protestaba por cualquiera de estas cosas, ella me amenazaba con hacerme daño o decía que llamaría a la policía y les diría que yo estaba lastimando a nuestros hijos”, afirmó McKinsey en su presentación ante la justicia, recogida por The New York Times.

En su propia solicitud de octubre de 2025, Jang declaró que McKinsey la había tomado por los antebrazos durante una discusión y la había arrojado contra el borde de una mesa, fracturándole una vértebra en la parte superior de la espalda.

También lo acusó de maltratar emocionalmente a su madre. Los intentos por contactar a Jang y a su abogada el lunes no tuvieron éxito, según The New York Times.

McKinsey enfrentaba cargos por abuso infantil y sostenía que había sido incriminado

En paralelo al conflicto conyugal, McKinsey había sido imputado en el Tribunal Superior del condado de Alameda por dos cargos de delito menor de abuso infantil vinculados a dos incidentes separados.

Se había declarado no culpable en ambos casos y fue liberado bajo la condición de completar 12 clases de crianza. Una audiencia previa al juicio estaba programada para el mes siguiente.

Según un informe policial, el 17 de octubre de 2025, un oficial tomó contacto con Jang, quien señaló que su esposo había golpeado a su hijo de 6 años en la cara con la mano abierta.

Al concurrir al domicilio, los agentes hallaron a un menor de 2 años solo y sin supervisión en una habitación del piso superior, y determinaron que McKinsey lo había dejado durante más de una hora mientras salía de compras.

McKinsey negó los hechos en su solicitud de orden de restricción y sostuvo que Jang era la responsable de los hijos durante la semana laboral y que no le había avisado antes de salir que el niño dormía en su cuna. “Ella hizo esto a propósito, para tenderme una trampa”, escribió, según recogió The New York Times.

Ese mismo mes inició los trámites de divorcio y manifestó que, pese a que su esposa había obtenido la custodia total de los hijos, temía por la seguridad de ellos.

Zhang y Chen tienen programada su presentación ante el juez para el miércoles. Hasta el momento, se desconoce si cuentan con representación legal.

Dos denuncias por agresiones callejeras quedaron bajo investigación en Arturo Seguí, partido de La Plata, luego de que la Policía encontrara juntos a dos hombres que afirmaron haber sido atacados en puntos distintos del barrio.

Uno de ellos, de 30 años, tenía una herida de arma de fuego en el muslo derecho; el otro, de 18, presentaba un corte en la cabeza.

La intervención policial se inició tras un llamado al 911 que ubicó a los efectivos en la zona de las calles 412 y 154. Allí, hallaron al hombre baleado y al joven lesionado, pese a que ambos situaron los episodios que denunciaron en esquinas separadas por varias cuadras.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, la Justicia investiga si los dos ataques denunciados en Arturo Seguí estuvieron relacionados o si se trató de hechos independientes. Los dos recibieron atención médica y obtuvieron el alta horas más tarde. Por el momento, la causa fue calificada como “Lesiones”.

Según la declaración del hombre de 30 años, el ataque ocurrió cuando caminaba por la intersección de las calles 412 y 154. La víctima indicó que tres motos se le cruzaron en el camino y que, durante esa secuencia, recibió un disparo en la pierna.

La bala impactó en su muslo derecho. Tras el aviso recibido por la central de emergencias, personal policial se dirigió al lugar señalado y constató que el hombre necesitaba asistencia sanitaria.

Y junto al hombre baleado se encontraba un joven de 18 años, quien tenía sangre en la cabeza al momento de la llegada de la Policía. Según explicó, había sido agredido en la zona de las calles 411 y 151, una ubicación distinta de aquella en la que el otro denunciante dijo haber recibido el disparo.

El joven relató que, tras sufrir la lesión, se dirigió a pedir ayuda a la vivienda del hombre de 30 años.

Por el momento, los relatos aportados por los dos hombres son la base inicial de la causa. Las autoridades no comunicaron detalles sobre eventuales testigos, registros de cámaras de seguridad o elementos secuestrados que permitan reconstruir los episodios.

Ante la demora de la ambulancia solicitada para asistirlos, los agentes resolvieron trasladar a los dos heridos a un centro de salud. El procedimiento permitió que ambos fueran evaluados por personal médico luego de las lesiones denunciadas.

Ambos fueron atendidos y obtuvieron el alta médica horas después, de acuerdo con la información incorporada al caso.

Las actuaciones también deberán precisar si la presencia del joven lesionado en la casa del hombre baleado fue posterior a un ataque ocurrido de manera autónoma o si existe una conexión entre los hechos.

La investigación fue caratulada como “Lesiones” y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°9. En el expediente intervienen además el Juzgado de Garantías N°6 y la Unidad Funcional de Defensa N°21.

La grabación muestra la llegada de dos hombres en motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo y, junto a su acompañante, ingresó al local con armas de fuego. Ambos intimidaron a las personas que se encontraban en el sitio y les exigieron sus objetos personales.

Tras tomar las pertenencias de los comensales, los dos sospechosos salieron del restaurante y escaparon en la motocicleta por la antigua vía entre Guarne y Medellín, de acuerdo con la información divulgada junto al video.

El registro circuló bajo la etiqueta #DenunciaCiudadana y expuso la preocupación de habitantes y comerciantes por los robos en establecimientos comerciales del municipio. La publicación sostuvo que este tipo de hechos representan un riesgo para trabajadores, propietarios y clientes.

La autopista Medellín-Bogotá concentra restaurantes, estaciones de servicio y otros negocios que reciben visitantes de distintos municipios del oriente antioqueño. Por esa razón, el caso generó llamados para reforzar las medidas de seguridad y la presencia de las autoridades en los corredores viales cercanos.

Hasta el momento, no se reportó información oficial sobre capturas relacionadas con el atraco ni sobre la apertura de una investigación. Las autoridades deberán verificar la identidad de los responsables, la ruta de escape y las circunstancias en las que ocurrió el hurto.

Esto dijo el gobernador de Antioquia sobre el asalto con arma de fuego en Guarne

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que conduzca a la captura y judicialización de los dos hombres señalados de amenazar y robar a una familia en un restaurante de Guarne.

El mandatario divulgó el ofrecimiento a través de su cuenta en X, donde compartió imágenes obtenidas por las cámaras del Nodo Departamental de Seguridad. Según indicó, el sistema registró la secuencia del atraco ocurrido el lunes 21 de septiembre de 2026.

“Ayúdennos a cazar a estos delincuentes”, escribió Rendón en su publicación. El gobernador ratificó que los sospechosos utilizaron armas de fuego para intimidar a las víctimas antes de tomar sus pertenencia.

Intento de hurto de alcancía en la Catedral Metropolitana de Medellín terminó con el cofre abandonado

La Policía recuperó una alcancía con limosnas que intentaron sacar de la Catedral Basílica Metropolitana de Medellín tras la eucaristía de las 12:00 del domingo 20 de septiembre de 2026. El recipiente apareció a pocos metros de la entrada del templo, luego de que quienes lo transportaban desistieran de llevárselo.

De acuerdo con la información conocida, varias personas aprovecharon la salida de los asistentes y el movimiento en el sector para retirar el cofre. Lo cubrieron con una bolsa plástica, al parecer para ocultar su contenido mientras se alejaban de la iglesia.

El peso del objeto frustró el plan. Los sospechosos no lograron avanzar con la alcancía y la abandonaron en el exterior antes de escapar. Personas que advirtieron la bolsa avisaron a los uniformados al descubrir que guardaba el recipiente destinado a recibir las donaciones de los fieles.

Los agentes acudieron al lugar y coordinaron el retorno del cofre a la catedral. Como estaba sellado, no fue posible establecer el monto que contenía ni verificar de inmediato si el dinero sufrió alguna alteración durante el traslado.

La investigación se apoya en cámaras de seguridad ubicadas en la zona. Los registros permitirán determinar la ruta de huida y establecer cuántos participantes intervinieron. Algunos testigos hablaron de dos personas, aunque las autoridades no descartan que hubiera más implicados.

El párroco de la iglesia, Leonardo Martínez García, confirmó el episodio y mencionó los problemas de seguridad que afectan el entorno del edificio. “Se presentan muchos otros problemas”, afirmó.

El religioso también corrigió una versión inicial sobre el material del cofre. Indicó que la caja no era de mármol italiano, sino de madera.

El ataque ocurrió a las 8 de la mañana -hora local- frente al Instituto Vocacional y Técnico Anatólico Inci Uzmez, en el distrito de Turgutlu. El sospechoso, alumno de noveno grado cuya identidad no fue divulgada por ser menor de edad, disparó de manera indiscriminada contra sus compañeros cuando llegaban al colegio. Once de ellos fueron trasladados a hospitales de la zona.

El menor tomó el arma de la casa de sus abuelos y su familia fue detenida

Según informó el canal turco HaberTürk, citado por AP, el joven llegó al lugar con un rifle de caza que tomó de la vivienda de su abuelo y disparó al azar antes de intentar escapar. El ministro de Justicia, Akın Gürlek, confirmó en un comunicado en X, que la madre, el padre y el abuelo del sospechoso fueron arrestados por haber conocido la existencia del arma.

Gürlek designó dos fiscales jefes para el caso e informó que la investigación busca establecer cómo el menor accedió al rifle, en qué condiciones estaba guardado y si los padres cumplieron con su deber de supervisión. El ministro aclaró que el móvil del ataque no está establecido. Las autoridades también analizan si el joven era víctima de acoso escolar, aunque esa hipótesis no fue confirmada.

Por su parte, el vicepresidente turco Cevdet Yılmaz confirmó la gravedad del hecho en una declaración recogida por HaberTürk. “Nuestros ministros de Educación e Interior se están trasladando al lugar. Se inició todo tipo de investigación judicial y administrativa. Tenemos dos heridos graves”, precisó.

Mientras los equipos policiales y sanitarios acordonaban el área, padres y familiares de los alumnos se congregaron frente al instituto. Según consignó AP, se produjeron enfrentamientos entre algunos de ellos y los efectivos que impedían el acceso al edificio. Las autoridades investigan además a nombre de quién estaba registrado el arma utilizada en el ataque.

El tiroteo ocurrió un día después de que el gobierno anunciara un protocolo de seguridad escolar

El ataque en Manisa se produjo apenas 24 horas después de que el ministro de Educación, Yusuf Tekin, y el ministro del Interior, Mustafa Çiftçi, firmaran un protocolo de seguridad para el ciclo lectivo 2026-2027, iniciado el 14 de septiembre. En ese marco, el gobierno desplegó por primera vez 31.000 supervisores en patios de escuelas de todo el país.

Las medidas también incluyeron la asignación de efectivos policiales permanentes en establecimientos de mayor riesgo, controles reforzados en buses escolares y revisión de edificios abandonados cerca de los colegios. El Ministerio de Educación anunció el envío de tres inspectores nacionales a Manisa y suspendió las clases en el instituto afectado.

En paralelo, el organismo regulador de medios turco, el Consejo de Radio y Televisión (RTÜK), impuso una prohibición de difusión sobre el caso por orden judicial, con el argumento de proteger la integridad de la investigación en curso.

Es el tercer tiroteo escolar en Turquía durante 2026

El episodio en Manisa es el tercer ataque armado en un colegio turco durante 2026, según AP. El 14 de abril, un joven de 19 años abrió fuego en una escuela secundaria en Siverek, provincia de Şanlıurfa, y disparó contra estudiantes, con un saldo de 16 heridos antes de quitarse la vida. Al día siguiente, en Kahramanmaraş, un alumno de 14 años mató a un docente y nueve estudiantes de entre 10 y 11 años; el atacante murió en el lugar.

Tras esos hechos, el presidente Recep Tayyip Erdoğan destituyó a un viceministro de Educación y prometió controles más estrictos sobre la tenencia de armas, informó la agencia de noticias.

El país cuenta con legislación que exige licencias, evaluaciones psiquiátricas y antecedentes penales para portar armas, pero parlamentarios de la oposición advirtieron que más de 32 millones de armas circulan sin registro. El ataque del martes se produjo en la primera semana plena del nuevo año escolar, el mismo período en que las autoridades desplegaron las medidas prometidas tras los atentados de abril.

Los homicidios dejan consecuencias que se extienden mucho más allá del día en que ocurren. Las investigaciones pueden tomar años antes de llegar a juicio, mientras las familias esperan una respuesta judicial. Esta semana, tres procesos por crímenes cometidos en distintas provincias de Panamá registraron avances, aunque no todos han concluido.

En ese contexto, el Ministerio Público informó esta semana una condena de 40 años de prisión en Colón y tres sentencias de 35 años por un crimen cometido en Herrera. En un tercer caso, ocurrido en la capital, un hombre fue declarado culpable, pero aún espera la lectura de su sentencia.

La pena más alta corresponde a un ataque armado ocurrido el 9 de junio de 2024 en María Chiquita, provincia de Colón. Según la investigación, un hombre disparó contra varias personas que estaban en la cancha deportiva de la comunidad. Una persona murió y otras dos resultaron heridas durante el hecho por el que fue llevado a juicio.

La Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales ante el Tribunal de Juicio. Tras valorar lo expuesto durante el proceso, el tribunal condenó al acusado a 40 años de prisión por homicidio doloso agravado y dos tentativas de ese delito.

La sentencia también establece que, una vez cumplida la pena de cárcel, el condenado tendrá prohibido portar armas de fuego durante 20 años. Se trata de una pena accesoria que comenzará después de la principal. El comunicado de la Fiscalía no identifica al sentenciado ni ofrece detalles sobre el motivo del ataque en la cancha.

Otro de los casos ocurrió en Los Higos de Parita, provincia de Herrera, donde una mujer de 62 años fue encontrada sin vida dentro de un minisúper el 1 de septiembre de 2025. De acuerdo con el Ministerio Público, seis personas ingresaron al establecimiento y sustrajeron $2,700, además de dos alcancías y el teléfono celular de la víctima.

La Fiscalía Regional de Herrera informó que tres de los seis implicados aceptaron su culpabilidad y recibieron condenas individuales de 35 años de prisión. Las sentencias comprenden los delitos de homicidio doloso agravado, robo agravado y asociación ilícita para delinquir. Cada pena equivale a 420 meses de cárcel.

El proceso continúa para las otras tres personas imputadas, cuya audiencia está prevista para el 29 de octubre de 2026. Por tanto, las condenas anunciadas alcanzan únicamente a quienes aceptaron su responsabilidad y ya fueron sentenciados. El Ministerio Público no detalló qué participación atribuye a cada uno de los acusados restantes.

En la ciudad de Panamá, un tercer expediente está relacionado con un homicidio ocurrido en El Chorrillo el 3 de junio de 2020, alrededor de las 8:00 de la noche. La Sección de Homicidios y Femicidios de la Fiscalía Metropolitana informó que un hombre fue declarado culpable de homicidio doloso agravado tras un juicio oral.

En ese caso, la Fiscalía solicitó una pena de 30 años de prisión, pero todavía no se ha comunicado una condena de esa duración. La lectura de sentencia quedó programada para el 25 de septiembre de 2026, a las 3:00 de la tarde. Será entonces cuando se conozca la pena que imponga el tribunal.

Estos procesos judiciales se producen en un país que acumuló 402 homicidios hasta agosto de 2026, 17 más que en el mismo periodo del año anterior. Solo en agosto se registraron 50 muertes. La provincia de Panamá concentró 250 homicidios intencionales y Colón sumó 68, según el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales.

El informe también muestra un aumento de los homicidios vinculados con pandillas, que pasaron de 30 a 63 frente a los primeros ocho meses de 2025. Otras 24 personas murieron como víctimas de daño colateral. Esas cifras describen el contexto de violencia del país, sin atribuir esas causas a los tres expedientes judiciales.

Un hombre fue detenido con prisión preventiva, acusado de intentar matar a su socio dentro del taller que compartían en Chacarita.

Carpintero de profesión, el criminal le disparó dos veces en el rostro mientras dormía y luego habría intentado ahorcarlo con un cable.

La imputación es por homicidio simple en grado de tentativa, agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil condicional. La medida fue solicitada por la auxiliar fiscal Natalia Pla y concedida por la jueza Karina Andrade. El hombre quedó preso mientras se reúnen las pruebas suficientes para elevar el caso a juicio.

Cómo fue el ataque

El violento hecho, informado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, ocurrió el miércoles 2 de septiembre en una habitación del taller de carpintería, donde la víctima descansaba en su cama.

El acusado ingresó al lugar armado con un revólver calibre .22 y efectuó dos disparos a quemarropa que impactaron en el pómulo derecho del hombre.

La víctima logró reaccionar después de los disparos y comenzó a forcejear con el presunto agresor. Durante esa pelea, el hombre le habría apoyado el revólver en el cuello, lo amenazó de muerte y gatilló al menos tres veces más, aunque el arma no se accionó.

El acusado también habría intentado ahorcar a su socio con un cable. El hombre consiguió liberarse, se acercó a una ventana y pidió auxilio a los gritos.

Los vecinos escucharon el pedido de ayuda y llamaron al 911. Poco después, un patrullero llegó al taller y agentes de la Policía de la Ciudad redujeron al sospechoso, que fue detenido en el lugar.

Tras el arresto, el imputado quedó a disposición de la Unidad Flagrancia Norte. La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 5, encabezada por el fiscal Miguel Ángel Kessler, continuará con la investigación.

Un hombre que permanecía prófugo fue imputado por el ataque a tiros contra una vivienda de Zapala, provincia de Neuquén, que causó la muerte de Cristian Ariel Montesino, de 37 años, y dejó a otra persona herida. La fiscalía sostiene que actuó junto a un segundo acusado, ya detenido, durante el episodio ocurrido el 13 de agosto en el barrio Don Bosco.

La reformulación de cargos alcanzó a S.D.P.B., quien fue detenido luego de permanecer prófugo durante un mes.De acuerdo con la hipótesis fiscal, los hechos comenzaron cerca de las 21:00 del 13 de agosto. El primer imputado de la causa, J.A.E., se presentó en una vivienda de la calle Primeros Pobladores, donde se encontraba Montesino junto a dos de sus hermanos y otras personas.

Allí, el imputado les exigió a los hermanos de la víctima el pago de una suma de dinero que oscilaba entre 40.000 y 100.000 pesos. La fiscalía vinculó ese reclamo con una presunta comercialización de estupefacientes, aunque ese punto forma parte de la investigación en curso.

Tras discutir con Montesino y sus familiares, J.A.E. se retiró de la vivienda. Antes de irse, según la reconstrucción de la fiscalía, les advirtió: “Si no me pagan, la casa va a terminar quemada”. Después, habría enviado mensajes amenazantes a las personas que estaban en el domicilio.

Cerca de las 22:00, J.A.E. volvió a la vivienda acompañado por S.D.P.B. Ambos llegaron en una camioneta junto a una mujer que todavía no fue identificada. Los investigadores sostienen que los dos hombres ingresaron al patio delantero del domicilio y abrieron fuego contra quienes estaban presentes.

Según la acusación, S.D.P.B. portaba un arma tipo metralleta y efectuó una ráfaga de disparos, mientras que J.A.E. habría usado otra arma de menor calibre. Para la fiscalía, ambos actuaron de manera coordinada y con intención de matar.

Montesino recibió 13 impactos de bala y murió en el lugar a causa de un shock hemorrágico. Un amigo suyo, que también estaba en la vivienda de Zapala, sufrió heridas y fue trasladado al hospital local, donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

La situación judicial de los detenidos

La hipótesis fiscal derivó en una imputación por homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego. Además, por el ataque contra el sobreviviente, los acusados también enfrentan cargos por homicidio calificado en grado de tentativa.

Ambas figuras fueron atribuidas en calidad de coautores, aunque la responsabilidad penal de los imputados deberá ser resuelta en las próximas etapas del proceso judicial.

J.A.E. ya estaba detenido con prisión preventiva desde la audiencia de formulación de cargos realizada el 15 de agosto. Esa medida fue prorrogada por un mes más, debido a que vencía este martes. Por su parte, S.D.P.B., había permanecido prófugo después del ataque. Su detención permitió que quedara formalmente acusado.

Al momento del hecho, S.D.P.B. estaba en libertad condicional por otro expediente. Tras ser capturado, aceptó un acuerdo de pena de 10 años de prisión efectiva por una causa tramitada en la ciudad de Cutral Co.

De acuerdo con la información publicada por LM Neuquén, el imputado ya comenzó a cumplir esa condena. Sin embargo, aquella pena corresponde a un caso distinto y no define su situación procesal por el ataque armado en Zapala. En caso de ser declarado responsable en este expediente, la Justicia deberá determinar la pena correspondiente y su vínculo con la condena que ya se encuentra ejecutando.

Mientras tanto, el juez Ignacio Pombo validó la reformulación de cargos y mantuvo el plazo de investigación en cuatro meses. Como ya había transcurrido un mes desde la primera audiencia, la fiscalía contará con el tiempo restante para profundizar las pericias, analizar los testimonios y avanzar en la identificación de la mujer que acompañaba a los sospechosos.

El crimen de un reconocido empresario hotelero y gastronómico y piloto de carreras de Misiones mantiene en vilo a toda la ciudad de Puerto Iguazú luego de que fuera encontrado muerto en un predio en construcción. Como principal sospechoso fue señalado su suegro, un hombre de 82 años, quien permanece hospitalizado en una clínica local bajo custodia policial.

Todo ocurrió este viernes cerca de las 11:15 horas en la zona de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en el barrio Zona Industrial. Después de que se diera aviso a las autoridades de lo sucedido, la víctima fue identificada como Alfredo Matías Wiebel Giampaoli, de 48 años.

En el momento en el que los efectivos de la Unidad Regional V acudieron al lugar, encontraron a Wiebel Giampaoli tendido en el suelo, sin signos vitales. Las primeras actuaciones establecieron que presentaba una herida de arma de fuego, presuntamente causada por un arma calibre 9 milímetros.

De acuerdo con la información obtenida por El Territorio, el médico policial examinó el cuerpo y solicitó la autopsia. Por este motivo, se ordenó que los restos fueran trasladados al Cuerpo Médico Forense de Posadas para su correspondiente análisis.

En línea con la reconstrucción inicial del hecho, las sospechas apuntaron hacia Ángel Ramón Z. Se trata del suegro de la víctima, de 82 años, quien fue señalado como presunto responsable del homicidio. Según los datos obtenidos por Primera Edición, el sospechoso habría escapado de la escena del crimen en una camioneta Toyota SW4.

Después de que se activara un operativo para dar con su paradero, cerca de las 16:30 horas, la Policía de Misiones determinó que el hombre había ingresado a una clínica de Puerto Iguazú para recibir atención médica.

Desde ese momento, el sospechoso permanece internado bajo una consigna policial. Asimismo, informaron que las autoridades aguardan la evolución de su estado de salud y las condiciones necesarias para formalizar su detención.

Por otro lado, el personal de Criminalística y las autoridades judiciales realizaron pericias en el predio donde ocurrió el ataque. No obstante, afirmaron que todavía continúa activa la búsqueda del arma que habría sido utilizada en el hecho.

Otra de las incógnitas que buscarán resolver los investigadores se relaciona con el origen del episodio y la secuencia previa al homicidio. Asimismo, profundizarán en los motivos que podrían haber desencadenado el ataque mortal.

Las autoridades de Cali investigan la muerte de una niña de cinco años, tras recibir un disparo dentro de una vivienda del barrio San Marino, en el nororiente de Cali, Valle del Cauca.

El hecho ocurrió ocurrida durante la madrugada del lunes 7 de septiembre, cuando la menor fue llevada a un centro asistencial, pero ingresó sin signos vitales, según confirmó la Policía Metropolitana de Cali.

El caso es investigado por la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que buscan establecer cómo se produjo el disparo, quién tenía el arma y bajo qué condiciones se encontraba dentro del inmueble. Las versiones iniciales señalan que el arma de fuego no fue encontrada durante las primeras diligencias.

La Personería pidió protección para el niño y su familia

El personero distrital de Santiago de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, informó que una de las versiones iniciales apunta a que el hermano de la víctima habría encontrado un arma dentro de la casa. El funcionario aclaró que esa posibilidad debe ser confirmada por las diligencias oficiales.

La Personería Distrital solicitó que las entidades competentes activen las rutas de atención necesarias para el niño presuntamente involucrado y para sus familiares. El organismo también anunció que hará seguimiento a las actuaciones institucionales.

Mendoza Castrillón expresó su acompañamiento a los allegados de la niña: “Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia ante esta dolorosa tragedia, que hoy enluta a toda la ciudad”.

El personero remarcó que el menor de siete años requiere apoyo psicológico, al igual que su núcleo familiar. La petición parte de la información preliminar que lo menciona en relación con el disparo.

El funcionario llevó el caso al debate sobre la custodia de armas en hogares donde viven menores de edad. “Este lamentable caso debe generar una reflexión urgente sobre la responsabilidad de los adultos frente a la tenencia y custodia de armas de fuego”, afirmó Mendoza Castrillón.

También advirtió que las armas no pueden quedar disponibles para niños, niñas y adolescentes. “Ningún arma debe permanecer cargada, sin seguro o al alcance de niñas, niños y adolescentes”, sostuvo el personero distrital.

La niña llegó sin signos vitales al centro asistencial

El teniente coronel Luis Díaz, comandante del Distrito 2 de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que la víctima fue trasladada a un centro médico después de resultar herida dentro de una vivienda. El procedimiento de urgencia no logró salvarle la vida.

“La Policía Nacional lamenta profundamente un doloroso hecho registrado en la madrugada de este lunes 7 de septiembre en el barrio San Marino de la ciudad de Cali”, manifestó Díaz al referirse a la muerte de la menor.

El oficial indicó que las primeras indagaciones situaron el disparo en el interior del inmueble. La institución no precisó inicialmente de qué forma la niña sufrió la herida.

“Una menor de 5 años de edad fue ingresada de urgencias a un centro asistencial con herida por arma de fuego, a donde lamentablemente llegó sin signos vitales”, señaló el comandante del Distrito 2.

Las versiones conocidas durante las primeras horas del caso señalan que el arma vinculada al hecho no fue encontrada. Ese elemento forma parte de los aspectos que las autoridades intentan esclarecer.

Tras la muerte de la niña, investigadores de Policía Judicial y unidades de Infancia y Adolescencia iniciaron actuaciones en coordinación con el CTI. Las diligencias buscan reconstruir la secuencia de lo sucedido y determinar las circunstancias exactas del disparo.

Díaz explicó que la investigación incluyó entrevistas, verificaciones técnicas y otras actuaciones urgentes. El trabajo también contempla la recolección de información dentro del inmueble donde ocurrió el hecho.

“De manera articulada con el CTI y nuestras capacidades de policía judicial e infancia y adolescencia, se adelantaron los actos urgentes, entrevistas y verificaciones técnicas para esclarecer con total precisión lo ocurrido”, explicó el teniente coronel Díaz.

El domingo, Callejero Fino quedó en el centro de la escena después de ser detenido por la Policía Bonaerense, que encontró en la camioneta en la que viajaba una pistola Glock calibre 40 con la numeración limada. El artista, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga, tiene 31 años y se trasladaba en una Volkswagen Amarok que circulaba sin patente, una irregularidad que derivó en el control policial y después en su arresto. En ese contexto, el cantante iba camino al cumpleaños de J Rei, pareja de María Becerra, y fue el propio músico quien salió a expresarle su respaldo en las redes sociales.

La reacción de J Rei apareció poco después de que se conociera el episodio y tuvo forma de mensaje público. “Fuerza Nata y familia”, escribió en sus historias o publicaciones, según la información compartida, en una muestra de apoyo a su amigo. Para acompañar esa dedicatoria eligió la imagen de “Tu turrito”, uno de los temas que grabaron juntos. La relación artística entre ambos se fue consolidando a lo largo de los años con varias colaboraciones, entre ellas también “Trapisteros”, lo que volvió todavía más visible ese gesto de cercanía en medio del momento judicial que atraviesa el referente del RKT.

La noticia del arresto de Callejero Fino sacudió rápidamente el ambiente de la música urbana y generó repercusión entre sus seguidores. Según pudo saber Infobae, al momento del procedimiento el cantante explicó frente a los agentes que se dirigía al festejo de cumpleaños de J Rei en una quinta de la zona. En medio de esa situación, su primera reacción quedó registrada en una frase breve y elocuente. “Me quiero matar”, dijo, al advertir el escenario que tenía enfrente.

Junto a Simón Natanael Alvarenga viajaba además un joven de 27 años con domicilio en Presidente Derqui, que también terminó detenido. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, a cargo del fiscal Cosme Iribarren, y ambos fueron imputados por tenencia ilegal de arma de guerra. Como parte del procedimiento, tanto el arma como la camioneta quedaron incautadas por la Justicia.

La detención se produjo, además, en un momento de alta exposición para el artista, con una agenda profesional activa y compromisos ya pautados. Callejero Fino tenía previsto presentarse este mismo domingo en el Movistar Arena, aunque la realización de ese show quedó envuelta en incertidumbre a partir de su situación judicial. La posibilidad de que ese recital se llevara adelante empezó a ponerse en duda apenas se conoció el arresto.

En paralelo con el impacto de la detención, otro aspecto empezó a pesar en su situación judicial. Los antecedentes de Simón Natanael Alvarenga ya se habían convertido en una preocupación para su defensa, que se constituyó este lunes por la mañana en la UFI de Benavídez. El punto más delicado está en un antecedente penal de hace seis años: el cantante cumplió una condena por robo a mano armada.

Ese dato, de acuerdo con la información disponible, fue central en la evaluación del fiscal Cosme Iribarren para mantenerlo detenido. Según una alta fuente judicial citada en la información, ese antecedente cambia el encuadre de la situación actual del músico. “En caso de condena, sería un reincidente”, aseguró esa fuente, en una definición que dejó ver el peso que puede tener el pasado penal del artista dentro del expediente abierto por la tenencia del arma encontrada en la camioneta.

Mientras tanto, desde el entorno laboral de Callejero Fino también hubo una reacción pública. La productora Wesaisons, vinculada al cantante y a otras figuras de los géneros urbanos, difundió un comunicado en su perfil de Instagram para referirse al caso. En ese texto, la empresa buscó fijar una posición sobre el estado actual del músico y sobre el vínculo con el trámite judicial que enfrenta.

Allí sostuvieron que Alvarenga se encuentra “atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”. Con esa frase, la productora intentó llevar tranquilidad y marcar que el artista está respondiendo dentro del marco legal correspondiente, mientras avanza la causa que se abrió tras su detención del domingo.

No era una película del Viejo Oeste, sino un robo a mano armada dentro de un minisúper de Río Hato, en la provincia de Coclé. Dos sujetos encapuchados ingresaron al establecimiento junto con un caballo, amenazaron a las personas presentes y, después de apoderarse de dinero y pertenencias, huyeron utilizando el mismo animal.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio y las imágenes circularon rápidamente en redes sociales. La grabación muestra cómo los sospechosos introdujeron el equino dentro del minisúper, una maniobra tan inusual como arriesgada que convirtió al animal en una pieza importante dentro de la investigación policial.

De acuerdo con la información disponible, los implicados amenazaron a las personas presentes y se apoderaron de sus pertenencias, además del dinero disponible en la caja registradora.

Después abandonaron el establecimiento utilizando el caballo como medio de transporte, en una huida que, lejos de facilitarles el anonimato, quedó expuesta ante las cámaras de vigilancia.

Aunque inicialmente se informó sobre la posible utilización de un arma de nueve milímetros, las autoridades no han confirmado públicamente que esta haya sido recuperada. Tampoco se ha precisado cuánto dinero fue sustraído ni el valor de las pertenencias tomadas durante el asalto, por lo que esos elementos continúan sujetos a la investigación oficial.

Las diligencias posteriores permitieron aprehender a un menor de edad, señalado como uno de los presuntos participantes. La Policía Nacional también informó que el segundo sospechoso ya fue identificado, aunque hasta el último reporte disponible no había comunicado su captura ni detallado la participación atribuida a cada uno de los investigados.

La subcomisionada María Gutiérrez explicó que se efectuaron allanamientos en diferentes puntos del sector para localizar indicios relacionados con el caso. Entre los objetivos de estas operaciones figura, además del otro implicado, la ubicación del caballo utilizado durante el robo, cuyo rastro podría conducir hasta otras personas relacionadas con el hecho.

El equino no está acusado, desde luego, pero sí puede funcionar como evidencia dentro del expediente. Las autoridades buscan establecer quién es su propietario y si posee un herrete u otra señal de identificación, debido a que su ingreso al comercio y posterior utilización en la fuga podrían ayudar a vincular a los sospechosos con el asalto investigado.

Reportes periodísticos señalan que la marca utilizada para identificar al caballo podría ofrecer pistas sobre su procedencia y propietario. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado oficialmente si el animal fue localizado o si pertenece a alguno de los involucrados, por lo que esa línea permanece abierta dentro de las diligencias desarrolladas en Río Hato.

La Fiscalía abrió de oficio una investigación tras conocer las imágenes y disponer de elementos para identificar a los presuntos responsables. El proceso continúa en marcha pese a la decisión inicial de la víctima del robo.

El Ministerio Público deberá presentar los elementos recabados ante la jurisdicción correspondiente, mientras un juez determinará la legalidad de la actuación, la posible imputación y las medidas aplicables.

El episodio ganó notoriedad por el inusual medio empleado para cometer el delito, pero detrás de la escena casi cinematográfica permanece un asalto ejecutado mediante amenazas y con un arma. La ironía termina justamente allí: hubo personas expuestas a un peligro real, un adolescente bajo investigación, otro sospechoso buscado y un caballo convertido involuntariamente en evidencia policial.

La recién nacida que fue extraída mediante una cesárea de emergencia, luego de que su madre embarazada fuera asesinada en el sector de Guarumal, en Panamá Norte, murió en el Hospital del Niño, donde permanecía internada en condición crítica.

La bebé era hija de Raiza Díaz, de 29 años, quien perdió la vida la noche del domingo 23 de agosto tras ser alcanzada por un disparo. La mujer tenía ocho meses de embarazo cuando ocurrió el ataque armado contra una residencia del corregimiento de Caimitillo.

Después de resultar gravemente herida, Díaz fue trasladada inicialmente al Policentro de San Isidro y posteriormente al Hospital San Miguel Arcángel. Aunque la mujer no sobrevivió, el personal médico realizó una cesárea de urgencia para intentar salvar a la bebé.

La recién nacida fue extraída sin signos vitales, pero los médicos lograron reanimarla durante el procedimiento. Debido a la gravedad de su condición, fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Niño, donde permaneció con pronóstico reservado durante varios días.

Pese a los esfuerzos del equipo médico, la menor falleció debido a las complicaciones sufridas después del ataque, según reportaron medios locales. Su muerte eleva a dos el número de víctimas mortales de un hecho que comenzó con varios disparos efectuados contra una vivienda.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 8:30 p. m. del domingo, en el sector de Guarumal. De acuerdo con información preliminar publicada por medios panameños, antes de los disparos se habría producido un altercado entre el presunto agresor y la pareja sentimental de Díaz en una cancha de fútbol.

Tras aquella discusión, la pareja habría regresado a su residencia. El hombre señalado por las autoridades presuntamente llegó posteriormente hasta el inmueble y realizó varias detonaciones. Uno de los proyectiles alcanzó por la espalda a la mujer embarazada y le provocó heridas que terminaron causándole la muerte.

Por este caso, un ciudadano de 31 años permanece bajo detención provisional, luego de ser imputado por la presunta comisión de homicidio doloso agravado, en perjuicio de Díaz, y homicidio en grado de tentativa contra la bebé y otras dos personas.

La medida cautelar fue ordenada por la jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio del Primer Circuito Judicial de Panamá, Sandra Castillo. Durante la audiencia, la juzgadora también legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación sustentada por el fiscal Jorge Luis Ferguson.

La jueza fundamentó la detención en la naturaleza y gravedad de los hechos, así como en los riesgos de fuga, afectación de medios de prueba y peligro para la comunidad. También consideró el número de delitos investigados y el riesgo existente para las víctimas, informó el Órgano Judicial.

En la audiencia intervino la defensora pública Beryl Lazarus en representación de las víctimas, mientras que la asistencia legal del imputado estuvo a cargo de la defensora pública Katrina Campos. El hombre deberá permanecer recluido mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público.

La imputación fue formulada cuando la recién nacida todavía permanecía con vida en cuidados intensivos. Por esta razón, su fallecimiento introduce una nueva circunstancia dentro del proceso penal y podría llevar a la Fiscalía a solicitar otra audiencia para modificar la calificación jurídica correspondiente a la menor.

Hasta el momento de la comunicación oficial del Órgano Judicial, el investigado enfrentaba un cargo de homicidio consumado y tres tentativas. Cualquier cambio deberá ser solicitado por el Ministerio Público y admitido por un tribunal.

La investigación permanece en desarrollo para determinar el motivo del ataque, reconstruir la secuencia de los disparos y establecer las responsabilidades penales.

Al menos 19 personas murieron y otras 12 resultaron heridas en Guatemala durante el fin de semana del sábado 22 y domingo 23 de agosto, en una seguidilla de ataques armados, hallazgos de cadáveres y otros hechos violentos reportados en distintos puntos del país, según reportes de cuerpos de socorro.

La cifra incluye, al menos, siete fallecidos registrados el domingo 23 en varios municipios, de acuerdo con bomberos Voluntarios, Municipales y Municipales Departamentales.

Entre esos casos hubo dos personas encontradas atadas de pies y manos en Mixco, un cuerpo calcinado en la antigua ruta entre Amatitlán y Villa Nueva, un hombre asesinado en Fraijanes y otro en Villa Nueva.

El recuento del fin de semana también dejó siete heridos. Tres de ellos fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios tras un ataque armado en la aldea Las Canoas, zona 25, y otro hombre ingresó al mismo centro asistencial después de ser localizado con heridas de bala en la 24 calle y 1.ª avenida de la zona 1 capitalina.

El sábado concentró ataques armados en la capital, Mixco y Villa Nueva

Durante la jornada del sábado 22, los socorristas reportaron el hallazgo de una mujer de unos 25 años, muerta y atada de pies y manos, en la 3a. calle A y avenida Elena A de la zona 1 de la capital. En ese mismo sector, un hombre herido por arma de fuego fue encontrado en la 24 calle y 1a. avenida.

En Villa Nueva, elementos de Bomberos Voluntarios atendieron un ataque armado dentro de una vivienda en Bárcenas, donde un hombre murió por heridas de bala.

En la colonia Renacimiento Municipal, zona 18, dos personas fueron localizadas con impactos de proyectil y los paramédicos intentaron restablecerles los signos vitales, pero ambas fallecieron.

Bomberos Municipales Departamentales también localizaron el sábado a un hombre fallecido por heridas de arma de fuego en el kilómetro 33 de la ruta entre San Lucas Sacatepéquez y Santiago Sacatepéquez.

El domingo hubo víctimas atadas, un cuerpo calcinado y un ataque en Quetzaltenango

El domingo 23, Bomberos Voluntarios reportaron el hallazgo de dos personas fallecidas y atadas de pies y manos en el bulevar Sur de Condado Naranjo, zona 4 de Mixco. Las víctimas no han sido identificadas y la Policía Nacional Civil fue notificada para resguardar la escena.

En otro punto, socorristas fueron alertados sobre el aparente cuerpo calcinado de una persona en la antigua ruta entre Amatitlán y Villa Nueva. Bomberos de la 29 compañía acudieron al lugar y avisaron a las autoridades.

Durante horas de la noche del domingo también se reportaron hechos armados, uno de ellos en los campos El Agodonal, Bárcena, zona 3 de Villa Nueva, donde una persona fue asesinada. Socorristas reportaron varios impactos de proyectil de arma de fuego.

En la aldea Puerta del Señor, en Fraijanes, los socorristas localizaron a otro hombre muerto en un hecho que habría involucrado un arma de fuego.

En Coatepeque, Quetzaltenango, un ataque armado en el barrio El Jardín, donde falleció José Miguel López, de 23 años. En ese mismo incidente, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas para recibir atención médica.

En la aldea El Sauce, Agua Blanca, Jutiapa, una mujer murió después de ser localizada con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. Bomberos coordinaron con agentes de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público los procedimientos correspondientes.

También, por la noche, Bomberos Voluntarios informaron sobre un hombre fallecido por proyectiles de arma de fuego. El ataque se desarrolló dentro de un billar ubicado en la 3a. venida y 5a. calle de la zona 01 de San José Pinula.

Otro hecho armado dejó a otro hombre muerto frente a la puerta de su casa ubicada en el cantón San Juan Alotenango, Sacatepéquez.

La Cruz Roja Guatemalteca también reportó una persona agredida en el municipio de Cobán, en Alta Verapaz. Y otro más herido con arma de fuego en el kilómetro 19 jurisdicción de San Pedro Sacatepéquez, quien fue atendido y trasladado por Bomberos Voluntarios.

En hora de la noche, Bomberos Municipales atendieron a cuatro hombres atacados con arma de fuego, dos de ellos fallecieron y dos más fueron trasladados de urgencia. El hecho armado ocurrió en la 25 avenida 20-43, colonia 30 de Junio, zona 6 de la Ciudad de Guatemala.

Lo mismo ocurrió frente al lote 684, colonia Maya, zona 18, donde dos hombres presentaron heridas con arma de fuego, uno de ellos falleció y otros más resultó gravemente herido.

Un supuesto pleito familiar terminó en tragedia en Guatemala, luego de que uno de los involucrados sacara su arma de fuego y disparara contra su suegra, su esposa y luego contra él mismo.

El hecho ocurrió la noche de este jueves 20 de agosto en el interior de una vivienda ubicada en la 1a. Avenida, B 30-44 colonia La Esperanza, zona 6 de Mixco, dejando como saldo dos personas fallecidas y dos heridas.

Entre los fallecidos se encuentra Pablo Esteban Mariucci Vásquez, de 42 años, un estudiante de Ciencias de la Comunicación especializado en administración y asistencia gerencial y, su suegra, Blanca Elizabeth Gómez Ávila, de 65 años.

La emergencia fue cubierta por Bomberos Municipales de Mixco, quienes reportaron la localización sin vida de las dos personas, tras recibir múltiples heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego.

La emergencia movilizó a varias unidades de socorro, que también atendieron a Cindy Gabriela Pérez Gómez, de 26 años, y Cristian Bernardo Pérez Gómez, de 23 años, quienes resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica.

Preliminarmente se informó que Cindy Gabriela era esposa del atacante, mientras que Cristian Bernardo, era su cuñado.

Causas del incidente y versión preliminar

Las primeras versiones recabadas por los cuerpos de socorro, sostienen que el ataque se habría desatado tras una discusión entre Mariucci Vásquez y su esposa, por lo que intervinieron su suegra y su cuñado, lo que provocó una confrontación colectiva.

En medio del conflicto, el presunto agresor disparó contra todos los integrantes de la familia, quitándole la vida a su suegra. Al verse en esa situación, Mariucci Vásquez decidió quitarse la vida dentro de la misma vivienda.

Investigación y diligencias en curso

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) mantienen acordonada la escena para efectuar los peritajes correspondientes y esclarecer los hechos.

Según informaron voceros del MP, la investigación sigue en curso y no se descarta ninguna hipótesis sobre la dinámica exacta de lo sucedido.

Mientras que el caso ha generado conmoción en la comunidad local, que permanece a la espera de los resultados de las pesquisas oficiales.

Impacto en la comunidad y contexto

La tragedia ocurrida en la zona seis de Mixco se suma a los casos de violencia intrafamiliar que, en los últimos meses, han recibido atención prioritaria por parte de las autoridades guatemaltecas.

Según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), los incidentes de violencia armada en contextos familiares han mostrado un incremento sostenido en el área metropolitana de Guatemala durante el último año.

La presencia de agentes de la PNC y fiscales del Ministerio Público en el lugar evidencia el interés institucional por esclarecer los hechos y garantizar transparencia en las investigaciones.

En tanto, los dos heridos permanecen bajo observación médica y su evolución será clave para las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades han reiterado que la información disponible es de carácter preliminar y que los resultados oficiales se comunicarán una vez se complete el análisis forense y las entrevistas a los testigos.

La defensa el comerciante de Mar del Plata, acusado de asesinar de un disparo a un adolescente y herir a otro durante un confuso episodio en la madrugada del domingo, solicitó la excarcelación de manera inmediata.

El suceso ocurrió en el barrio Regional cuando el detenido se encontraba en una camioneta junto a un amigo, y un grupo de jóvenes habría intentado abrir las puertas del vehículo. En ese momento, se produjo una balacera en donde hubo al menos siete disparos.

El abogado del hombre de 36 años -identificado como U.A.C.-, Gonzalo Lamenza, fundamentó el pedido realizado ante la Justicia de Garantías, señalando una serie de condiciones que le permitirían a su defedido atravesar el proceso judicial en libertad. En diálogo con La Capital , argumentó que el propio comerciante dio aviso a la Policía tras el episodio y colaboró con la investigación. Además, remarcó que su arraigo en la ciudad se encuentra debidamente acreditado. A eso sumó que no existirían elementos que permitan sostener un eventual entorpecimiento del proceso ni un riesgo de fuga.

El letrado indicó que aguardan en los próximos días la resolución de la jueza del Juzgado de Garantías N° 3, respecto a la petición. En tanto, U.A.C. permanece alojado en un sector de aislamiento dentro de la Unidad Penitenciaria N° 44 de Batán desde el día del episodio.

Los disparos se ejecutaron cerca de las 5, en la intersección de la avenida Champagnat y la calle Saavedra, y según declaró el amigo del comerciante, les habían querido abrir la puerta de la Toyota Hilux donde se encontraban ambos custodiando el local, que había sido asaltado el día anterior. Los jóvenes circulaban en bicicleta, dieron la vuelta a la manzana y reaparecieron junto al vehículo momentos después, relataron.

Uno de los proyectiles impactó en el pecho de un adolescente de 16 años que murió a pocos metros del vehículo; mientras que un menor de 15 resultó herido en la mano y debió ser intervenido quirúrgicamente aunque sufrió la pérdida de tres dedos.

Tras los disparos, el grupo escapó. El herido ingresó al Hospital Regional horas más tarde y, en un primer momento, aseguró que lo habían asaltado en una estación de servicio, aunque luego reconoció haber estado en el lugar del hecho y conocer a la víctima fatal. En la escena, el personal de la Comisaría 4ª encontró siete vainas servidas y secuestró, dentro de la Hilux, una escopeta Taurus cargada con siete cartuchos, una pistola Taurus calibre 9 milímetros y un arma de aire comprimido, además de cargadores y municiones.

La fiscal Constanza Mandagarán, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de Mar del Plata, imputó al comerciante por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, lesiones graves y portación de arma atenuada. El acusado se negó a declarar ante la fiscal.

En tanto, la UFI N° 7 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Carlos Russo, investiga si los adolescentes intentaron efectivamente asaltar a los ocupantes de la camioneta. Para el caso, la Fiscalía aguardaba el relevamiento total de las cámaras de seguridad de la zona, el análisis de los videos y los informes periciales balísticos de la Policía Científica.

El ataque ocurrido el fin de semana no es el primero en el que el vendedor se encuentra envuelto. En enero de 2024, le disparó en la pierna derecha a un hombre que había ingresado a su fábrica ubicada en Magallanes al 7800, en el barrio Santa Rita, luego de que se activara la alarma del establecimiento.

En aquella oportunidad, la fiscal María Florencia Salas, de la UFI N° 1, lo notificó por homicidio en grado de tentativa y luego lo procesó por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, aunque dispuso que permaneciera en libertad. Por aquel entonces tenía credencial de legítimo usuario vigente pero no autorización para portar el arma.

Un joven que circulaba en bicicleta fue asesinado a balazos la noche del sábado 15 de agosto en la zona de Casas Ara, en Tizayuca, Hidalgo, a pocos metros de un módulo policial y de una cámara de videovigilancia conectada al C4.

El ataque ocurrió apenas tres días después de que el municipio pusiera en operación su nuevo Centro de Coordinación para la Paz y la Seguridad (C4 CECOPAS), creado para fortalecer el monitoreo en tiempo real, la coordinación entre corporaciones y la atención de emergencias.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima tenía entre 25 y 30 años y recibió al menos dos impactos de arma de fuego. Tras la agresión, quedó tendida sobre la vía pública, cerca de una tienda 3B.

Los responsables habrían sido tres personas que viajaban en una motocicleta y que escaparon del lugar después de disparar contra el joven. Esta versión forma parte de los primeros reportes y deberá ser confirmada por las autoridades encargadas de la investigación.

Elementos de seguridad acudieron al sitio y acordonaron la zona para preservar los indicios. Posteriormente, personal ministerial y pericial realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por el homicidio ni sobre una hipótesis relacionada con el móvil del ataque.

Tizayuca destinó más de 15 mdp a un nuevo centro de seguridad

El homicidio ocurrió en un municipio que durante 2026 ha reforzado su infraestructura de vigilancia. En abril, la alcaldesa Gretchen Atilano informó que se habían destinado más de 15 millones de pesos a la construcción del Centro de Coordinación para la Paz y la Seguridad, como parte de una inversión de 50 millones de pesos para fortalecer la seguridad municipal.

En ese momento, la presidenta municipal también señaló que Tizayuca contaba con 200 cámaras de videovigilancia instaladas desde 2020 y que todas se encontraban en funcionamiento. El proyecto contemplaba además nuevos puntos de monitoreo equipados con tecnología supervisada por personal del C5i de Hidalgo.

Sin embargo, el nuevo centro fue puesto en operación el 13 de agosto, apenas dos días antes del homicidio del ciclista. El C4 CECOPAS fue presentado como un espacio para concentrar labores de videovigilancia, monitoreo en tiempo real y radiocomunicación, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y hechos delictivos.

Cámara del C4 podría aportar pistas sobre los responsables

El punto donde ocurrió el asesinato se encuentra cerca de un módulo policial recién instalado y, en la contraesquina, existe una cámara de videovigilancia conectada al C4.

Las imágenes podrían permitir a los investigadores reconstruir los momentos previos y posteriores al ataque, identificar los vehículos o personas que estuvieron en la zona y establecer la ruta que siguieron los presuntos responsables después de abandonar el lugar.

De acuerdo con reportes publicados tras el homicidio, las autoridades también desplegaron un operativo en los alrededores y recurrieron a las cámaras de videovigilancia como parte de las acciones para intentar ubicar a los responsables.

La investigación deberá establecer quiénes participaron en el ataque, determinar el móvil y corroborar la información sobre la motocicleta en la que presuntamente huyeron los agresores.

Por ahora, pese a que el homicidio ocurrió junto a infraestructura policial y de videovigilancia recientemente reforzada, no se han reportado personas detenidas por el asesinato.

El plazo judicial venció a las 00.01 del jueves 13 de agosto y el gobierno de Estados Unidos no presentó una apelación de emergencia. Con esa omisión, entró en vigor el fallo del juez James Wesley Hendrix, del distrito norte de Texas, que dejó sin efecto una parte central de la National Firearms Act, la ley federal de armas aprobada en 1934.

La resolución desactivó el sistema que exigía registro, huellas digitales y autorización previa para comprar supresores y armas largas con cañón corto. El cambio no abrió una vía libre en todo Estados Unidos, pero sí expuso un giro político dentro de la propia administración de Donald Trump, que el año pasado había promulgado una reforma clave para el desenlace del caso.

The New York Times informó que el expediente sigue abierto, porque el Departamento de Justicia todavía dispone de 52 días para presentar una apelación.

Aun así, la falta de una respuesta inmediata permitió que la sentencia produjera efectos concretos y reabriera la pelea entre los sectores que reclaman más controles y los grupos que defienden una lectura amplia de la Segunda Enmienda.

Qué parte de la ley quedó afectada

El fallo no aplica a toda la población de Estados Unidos. The Trace indicó que la decisión protege sobre todo a las personas, grupos y empresas que impulsaron la demanda, además de sus clientes actuales o futuros.

La resolución tampoco eliminó todos los controles. The New York Times precisó que quienes compren estas armas o accesorios todavía deben pasar el chequeo de antecedentes exigido por la ley federal, mientras las restricciones de cada estado siguen vigentes.

En California, Nueva York y el distrito de Columbia, por ejemplo, la venta y tenencia de supresores y armas de cañón corto continúan prohibidas. La parte de la ley que regula las ametralladoras quedó fuera del fallo, afirmó The New York Times.

El argumento constitucional detrás del fallo

El conflicto empezó con una reforma impulsada por los republicanos en el Congreso y promulgada por Trump el año pasado. Esa ley eliminó el impuesto federal de USD 200 que formaba parte del trámite para comprar supresores y rifles de cañón corto.

A partir de ese cambio, grupos de presión y empresas del sector argumentaron que el Congreso ya no tenía la misma base constitucional para sostener esa regulación, porque la norma había dejado de recaudar dinero.

Hendrix aceptó esa tesis en una resolución de 66 páginas. Allí escribió que, como la ley ya no genera ingresos, “sus disposiciones regulatorias no pueden sostenerse bajo la potestad tributaria”, tal y como reprodujo The New York Times.

Ese impuesto había perdido fuerza con el paso del tiempo. La nota recordó que los USD 200 habían sido pensados en 1934 como una barrera económica severa, pero en 2026 equivalían a una parte menor del precio de un arma moderna o de un supresor.

Reacciones enfrentadas tras la entrada en vigor del fallo

Las organizaciones proarmas celebraron la entrada en vigor del fallo. CBS News informó que ya se concretaron operaciones sin registro federal entre actores alcanzados por la demanda. Para esos grupos, se trató de un hecho sin precedentes desde 1934.

Otros referentes del mismo sector pidieron cautela. La Second Amendment Foundation advirtió que “todavía no es momento de descorchar el champán”, porque siguen abiertas dudas sobre cómo aplicará el gobierno la decisión, citó The New York Times.

Del otro lado, las organizaciones que promueven mayores restricciones cuestionaron la falta de reacción oficial. Kris Brown, presidenta de la Brady Campaign to Prevent Gun Violence, aseguró al The New York Times que el Departamento de Justicia “tuvo la oportunidad de actuar para proteger nuestra seguridad, pero no lo hizo”.

El Departamento de Justicia evitó fijar una posición más precisa. En una declaración citada por The New York Times, el organismo afirmó que “respeta los derechos de los estadounidenses bajo la Segunda Enmienda y evalúa el impacto del fallo”.

Un cambio con efecto inmediato y final abierto

Entre las empresas alcanzadas por la demanda figura Palmetto State Armory, una de las mayores tiendas online de armas del país, detalló The New York Times.

La ley de 1934 nació en respuesta al crimen armado de la era de la Prohibición y al intento de asesinato contra el presidente electo Franklin D. Roosevelt.

Noventa y dos años después, una combinación de reforma legislativa, presión política y decisión judicial dejó en suspenso una de sus herramientas más emblemáticas.

Un joven de 18 años con diez antecedentes penales por delitos contra la propiedad, el primero de ellos registrado cuando tenía apenas 13, fue detenido junto a un cómplice de 22 años por la Policía de la Ciudad tras intentar robarle a una persona en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Ambos circulaban en una moto robada y portaban un arma de fuego. La detención se produjo en el interior de la villa 1-11-14, adonde huyeron para evadir el operativo policial.

El historial del menor de los imputados abarca causas por robo, tentativa de robo, encubrimiento, robo en poblado y en banda y encubrimiento agravado. Al momento de la detención, además, registraba una causa vigente por robo con armas ante el Juzgado Nacional de Menores 1 y una solicitud de paradero por comparendo en otra investigación por robo en poblado y en banda, radicada ante el Juzgado de Menores 7. Su acompañante, cuatro años mayor, acumulaba dos antecedentes por robo agravado por el uso de arma, ambos correspondientes a marzo de 2023.

El episodio tomó estado policial cuando una mujer realizó un llamado al 911 para alertar que dos hombres armados, a bordo de una moto negra, habían intentado asaltar a un transeúnte en la calle Zelarrayán al 1800. Según el relato de la denunciante, los sujetos escaparon hacia la zona de la villa 1-11-14 luego del intento fallido.

Con la descripción de los sospechosos y del vehículo, efectivos de la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo cerrojo en los alrededores del asentamiento. En cuestión de minutos, lograron avistar a dos hombres que respondían a las características aportadas: circulaban en una moto negra y sin casco. Al recibir la voz de alto, los sujetos ignoraron la orden, abandonaron el vehículo en la vía pública y emprendieron la fuga a pie por los pasillos internos del barrio.

La patrulla se dividió en dos grupos para no perderlos de vista y logró demorar a ambos imputados a pocos metros del punto donde habían dejado la moto. Durante la persecución, uno de los sospechosos arrojó un arma de fuego al suelo, maniobra que el personal policial advirtió de inmediato. Tras asegurar a los detenidos, los agentes procedieron al secuestro del elemento descartado: un revólver Smith & Wesson calibre 32 con numeración visible y una munición en el tambor.

La moto tampoco resultó ajena a los antecedentes del caso. Al verificar los datos del vehículo, una Motomel Skua 150 de color negro, se constató que registraba un pedido de secuestro activo por hurto agravado en la vía pública. La solicitud había sido emitida por la Comisaría Vecinal 7A con fecha del 27 de julio de 2026, hace apenas semanas. Junto con el vehículo, también fue secuestrado un teléfono celular Samsung que se encontraba en poder de los imputados.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 44, a cargo del juez Alejandro Ferro, con intervención de la Secretaría 115, bajo la responsabilidad de Karina González. El tribunal dispuso labrar actuaciones por encubrimiento, desobediencia y portación ilegal de arma de fuego, ordenó la detención de ambos imputados y el secuestro de todos los elementos incautados durante el procedimiento.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este viernes a un hombre de apellido Villalobos, de 27 años, señalado como presunto responsable de realizar publicaciones en redes sociales en las que habría amenazado a la presidenta de Costa Rica,Laura Fernández, con utilizar un arma de fuego contra su integridad física.

La captura se produjo durante un allanamiento realizado en Desamparados de Alajuela, alrededor de las 6:00 de la mañana, como parte de una investigación desarrollada por agentes de la Sección de Delitos Varios del Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con el Ministerio Público.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la investigación comenzó a partir de publicaciones efectuadas en redes sociales el 8 de mayo, en el contexto de la toma de posesión de Fernández como presidenta de la República.

Los investigadores realizaron diferentes diligencias para determinar quién estaba detrás de los mensajes y lograron establecer, de manera preliminar, la participación de Villalobos, quien fue localizado en el cantón de Alajuela.

Durante el operativo también fueron decomisados varios dispositivos electrónicos. Estos serán sometidos a análisis forense para determinar con mayor profundidad el contenido de las publicaciones, la participación del sospechoso y otros elementos que puedan resultar relevantes para el expediente.

Después de su detención, el hombre fue puesto a la orden del Ministerio Público, instancia que deberá determinar las acciones judiciales correspondientes.

La captura ocurre en un contexto en el que las autoridades han investigado durante este año diferentes amenazas dirigidas contra Fernández, tanto durante el periodo en que fue presidenta electa como después de asumir oficialmente el cargo.

Fernández ha denunciado alrededor de nueve amenazas

El caso adquiere especial relevancia porque la propia Laura Fernández reveló en julio que había recibido alrededor de nueve amenazas contra su integridad física.

Según explicó la mandataria, algunas de esas amenazas estaban relacionadas con supuestos ataques mediante francotiradores. Fernández también señaló que las intimidaciones no solamente estaban dirigidas contra ella, sino que involucraban a integrantes de su familia y su gabinete.

La información, según indicó la presidenta, fue trasladada al Ministerio Público para que se realizaran las investigaciones correspondientes.

Ese antecedente permite ubicar la detención de este viernes dentro de una serie de casos que las autoridades han investigado durante 2026 y no como un hecho aislado.

Uno de los primeros episodios conocidos públicamente ocurrió en febrero, cuando una mujer de 26 años fue investigada en Cartago por presuntas amenazas contra Fernández mediante redes sociales. La sospechosa quedó en libertad, aunque con medidas cautelares, según información divulgada por medios nacionales.

Posteriormente, en marzo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó investigaciones contra dos personas por presuntas amenazas dirigidas contra el entonces presidente Rodrigo Chaves y Fernández, quien en ese momento era presidenta electa.

Uno de esos casos involucró a Alfredo Trejos Salas, de 58 años, quien fue relacionado con declaraciones y videos que presuntamente contenían amenazas contra ambos políticos. La investigación fue remitida al Ministerio Público por un posible delito de amenazas agravadas.

En ese mismo periodo, agentes judiciales detuvieron en Osa a Tatiana Gamboa Freer, también investigada por publicaciones realizadas en redes sociales. Durante el allanamiento de su vivienda fueron decomisados una computadora, un teléfono celular y dos dispositivos USB.

La Fiscalía de Osa impuso posteriormente medidas cautelares a la sospechosa, entre ellas la prohibición de acercarse a menos de un kilómetro de Casa Presidencial y la obligación de abstenerse de realizar nuevas amenazas contra los funcionarios involucrados.

Otro caso ocurrió durante una gira de Fernández en junio

La lista de investigaciones continuó en junio, cuando un hombre de apellidos Ordóñez Vargas fue denunciado por una presunta amenaza de muerte contra Fernández.

El caso se originó a partir de un comentario publicado en redes sociales relacionado con la visita de la mandataria a la Zona Norte. Posteriormente, el sospechoso fue detenido por las autoridades.

El episodio ocurrió durante una gira presidencial que estuvo marcada por un incidente de seguridad. Fernández tuvo que ser evacuada después de que se escuchara una explosión cerca del sitio donde inspeccionaba una zona afectada por minería ilegal.

Aunque las autoridades no determinaron que se tratara de un ataque contra la presidenta, el incidente generó preocupación debido al contexto de las amenazas que ya habían sido detectadas contra la mandataria.

Ahora, la investigación contra Villalobos vuelve a colocar las redes sociales en el centro de una pesquisa por presuntas amenazas contra la presidenta.

Por ahora, Villalobos permanece a la orden del Ministerio Público y se mantiene como presunto responsable de los hechos investigados. Será el avance de la investigación y la valoración de las pruebas lo que determine las eventuales responsabilidades penales.

Una investigación iniciada por una denuncia interna permitió descubrir en Panamá un presunto esquema para conseguir permisos de armas mediante documentación falsa, con participación de funcionarios, exservidores públicos y particulares.

La Operación Tamiz dejó inicialmente seis personas aprehendidas y abrió una nueva investigación sobre los controles utilizados para autorizar la tenencia y portación de armas de fuego.

El operativo fue desarrollado por la Fiscalía Anticorrupción junto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y alcanzó diferentes puntos de Panamá, Panamá Oeste y Colón. Las diligencias, autorizadas previamente por un juez de garantías, permitieron además recuperar armas, documentación y dispositivos tecnológicos que serán sometidos a análisis dentro de la investigación.

El elemento central del expediente es la posible manipulación del procedimiento utilizado ante la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP), dependencia encargada, entre otras funciones, de tramitar y controlar permisos relacionados con armas.

Los investigadores intentan establecer cuántas autorizaciones pudieron obtenerse irregularmente y durante cuánto tiempo habría funcionado el mecanismo.

Según los primeros elementos conocidos, usuarios interesados en conseguir permisos habrían presentado documentos falsificados y contado presuntamente con la colaboración de personas vinculadas al servicio público.

Esa coordinación habría permitido introducir información irregular dentro de los trámites necesarios para adquirir o portar legalmente armas de fuego en Panamá.

La investigación no surgió de manera fortuita. La propia DIASP presentó una denuncia en febrero de 2026 después de detectar posibles irregularidades en los procesos bajo su responsabilidad.

A partir de esa información, la Fiscalía Anticorrupción comenzó a reconstruir actuaciones, documentos y vínculos entre los usuarios que realizaban los trámites y funcionarios que podían intervenir en ellos.

Uno de los aspectos que eleva la relevancia del caso es el perfil de algunas de las personas presuntamente relacionadas con el esquema. Entre los aprehendidos figuran funcionarios activos, exfuncionarios y particulares, mientras las investigaciones también alcanzan a integrantes de unidades especiales y de la policía regular, según la información divulgada tras el desarrollo de los allanamientos.

La participación de servidores vinculados a los organismos de seguridad es precisamente uno de los puntos que deberá esclarecer la Fiscalía.

Los investigadores tendrán que determinar qué función desempeñó cada persona dentro del supuesto mecanismo, si existieron pagos o beneficios a cambio de facilitar los trámites y si las irregularidades fueron episodios aislados o respondían a una estructura organizada.

Los allanamientos dejaron además elementos que podrían resultar importantes para reconstruir esas actuaciones. Las autoridades encontraron armas de fuego de distintos tipos, documentos y varios equipos tecnológicos, materiales que serán sometidos a las correspondientes verificaciones.

Parte de la investigación deberá determinar si las armas localizadas guardan relación directa con permisos obtenidos mediante documentación presuntamente adulterada.

El nombre escogido para el operativo, “Tamiz”, hace referencia precisamente a un instrumento utilizado para separar o filtrar elementos, una denominación que coincide con una investigación centrada en los controles aplicados a quienes buscan acceder legalmente a armas.

Ahora, la Fiscalía deberá establecer dónde fallaron esos filtros institucionales y si fueron deliberadamente burlados desde dentro del sistema.

La DIASP mantiene entre sus responsabilidades el control y regulación de actividades relacionadas con armas, municiones y materiales sujetos a supervisión estatal.

Por esa razón, una eventual alteración de sus procedimientos trasciende la falsificación documental: podría implicar que personas que no cumplían los requisitos establecidos consiguieran autorizaciones que de otra manera no habrían recibido.

El Ministerio Público investiga los hechos bajo la posible comisión de delitos de corrupción de servidores públicos y contra la fe pública.

Sin embargo, la responsabilidad individual de cada aprehendido tendrá que establecerse durante el proceso. Las seis detenciones constituyen una fase inicial de la investigación y no representan una declaración de culpabilidad.

Los aprehendidos deberán ser llevados ante un juez de garantías para las audiencias correspondientes al Sistema Penal Acusatorio, donde la Fiscalía presentará los elementos recopilados hasta ahora.

En esa instancia se discutirá la legalidad de las aprehensiones, la eventual imputación de cargos y las medidas cautelares que podrían aplicarse mientras continúan las investigaciones.

La Operación Tamiz deja ahora varias interrogantes abiertas para los investigadores, principalmente cuántos permisos pudieron tramitarse utilizando información falsa y cuántas armas terminaron en manos de sus beneficiarios.

También deberá establecerse si existen más personas involucradas y hasta dónde alcanzó la presunta colaboración interna que habría permitido superar los controles establecidos para acceder legalmente a armas de fuego en Panamá.

Una tarde que transcurría con tranquilidad terminó en tragedia en Candelaria, Valle del Cauca, luego de que un adolescente de 16 años resultara gravemente herido durante un incidente con un arma de fuego y posteriormente falleciera en un centro asistencial.

El hecho ocurrió en una zona común de un conjunto residencial, donde se encontraban el joven y otro adolescente, de 15 años. De acuerdo con los testimonios conocidos hasta ahora, ambos estaban junto a un arma cuando comenzaron a manipularla. En medio de esa situación se produjo un disparo. El proyectil impactó al menor de 16 años, quien quedó gravemente herido. Los primeros indicios conocidos apuntan a que el arma se accionó de manera accidental, aunque las autoridades adelantan las diligencias necesarias para establecer con precisión cómo ocurrió el episodio.

El estruendo del disparo alertó a los habitantes del conjunto residencial, quienes salieron de sus apartamentos para verificar qué había ocurrido y encontraron al adolescente gravemente herido en una de las zonas comunes. Ante la gravedad de la situación, varias personas reaccionaron de inmediato y lo trasladaron a un centro asistencial para que recibiera atención médica.

Aunque el personal de salud realizó los procedimientos correspondientes para intentar salvarle la vida, la lesión resultó fatal y el menor falleció poco después de su ingreso. Ahora, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho, establecer cómo llegó el arma a manos de los menores y determinar si alguna persona tenía conocimiento de su presencia antes del incidente que terminó en tragedia.

Mientras la familia enfrenta la pérdida, la Policía llegó al conjunto residencial y procedió con la detención del otro menor que estaba involucrado en el hecho. Su situación quedó a disposición de las autoridades, que comenzaron a recopilar información para esclarecer lo sucedido. Uno de los principales puntos que deberán establecer los investigadores es el origen del arma de fuego que estaba en poder de los adolescentes. También será necesario determinar bajo qué circunstancias llegó hasta el lugar y qué ocurrió exactamente antes de que se produjera el disparo.

Según la información conocida sobre el caso, los dos menores habrían manifestado que el hecho fue accidental. Sin embargo, esa versión deberá ser contrastada con las evidencias y los elementos que sean recopilados durante la investigación. Hasta ahora, las autoridades no entregan un pronunciamiento oficial con detalles adicionales sobre el caso. Por ello, las circunstancias precisas del incidente permanecen bajo investigación y será el avance de las diligencias el que permita establecer responsabilidades y aclarar la secuencia de los hechos.

La administración del conjunto residencial se pronunció tras lo ocurrido. A través de un mensaje dirigido a la comunidad, expresó sus condolencias y manifestó su solidaridad con las familias involucradas en esta tragedia. Además, pidió a los residentes actuar con prudencia mientras avanzan las investigaciones y evitar conclusiones anticipadas sobre lo ocurrido. El llamado busca mantener la tranquilidad dentro del conjunto mientras las autoridades reúnen los elementos necesarios para esclarecer el caso.

La administración también dirigió una recomendación a los padres de familia y acudientes. Les pidió acompañar y supervisar permanentemente a los menores, especialmente frente a situaciones que puedan representar algún peligro para ellos o para otras personas.

El caso vuelve a poner la atención sobre los riesgos asociados con la manipulación de armas de fuego por parte de menores de edad, aunque las autoridades todavía deben determinar el origen del arma y las circunstancias concretas que rodearon el disparo. Por ahora, la investigación continúa y será necesario esperar los resultados de las diligencias para conocer con mayor precisión qué ocurrió en la zona común del conjunto residencial en Candelaria.

Seis personas fueron aprehendidas este lunes pasado en la ciudad de Santa Fe tras un conflicto vecinal que derivó en la intervención policial y el secuestro de un arma de fuego.

El incidente se produjo en el barrio Cabal, específicamente en la zona de la calle Boneo al 5600, y movilizó a efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido cuando la Central de Emergencias 911 recibió una denuncia sobre un enfrentamiento entre vecinos y disparos de arma de fuego en la mencionada dirección.

Al arribar al lugar, los agentes encontraron a varios individuos que se acusaban entre sí de agresiones, amenazas, daños y lesiones. Este escenario de tensión entre residentes motivó una inspección inmediata en el entorno.

Según informó el portal Aire, la intervención policial permitió encontrar un revólver calibre .38 en los patios linderos de las viviendas involucradas, lo que llevó a su secuestro como prueba para la investigación en curso.

El hallazgo del arma de fuego se consideró relevante para la causa, ya que existían denuncias sobre detonaciones previas a la llegada de los uniformados y será sometida a peritajes para determinar su participación en los hechos, así como su procedencia y si cuenta con la documentación correspondiente.

La investigación permanece abierta con el objetivo de esclarecer las circunstancias que originaron el conflicto y determinar la responsabilidad de los involucrados. La Justicia busca establecer si el arma secuestrada fue utilizada durante el altercado y si alguno de los detenidos tenía antecedentes relacionados con hechos similares.

Pelea entre vecinos de San Fernando terminó con un joven baleado en el cráneo

A fines del mes pasado, una feroz pelea entre vecinos ocurrió en el barrio Aviación de San Fernando, detrás del aeropuerto de la zona. Las cámaras de seguridad de la cuadra revelaron cómo cuatro sospechosos intentaron irrumpir en la casa de un hombre de 55 años para atacarlo a tiros. Un llamado al 911 alertó a las autoridades, que enviaron a una ambulancia y al Comando de Patrullas de la localidad.

Los médicos que actuaron en el lugar descubrieron que la víctima recibió un disparo en la zona dorsal. Hubo un segundo herido, un chico de 13 años. El niño, asegura un informe del caso, recibió una bala en el cráneo, que fracturó el hueso, pero no logró penetrar al cerebro. Ambos se encuentran fuera de peligro.

La Policía Bonaerense -con un operativo a cargo de la Superintendencia AMBA Norte I, con el comisario general Lucas Borge-, acudió al lugar detuvo a cuatro sospechosos luego de que se fugaran a bordo de una Ford EcoSport, entre ellos una mujer trans. El acusado de ser el tirador fue identificado como Nahuel Acosta, de 18 años. Marcelo Alejandro Acosta, detenido como partícipe necesario, acumula causas desde 2007 por robo agravado, resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de guerra, entre otros delitos.

Así, deberán responder ante la fiscal Lida Osores Soler, que inició una causa en su contra por el delito de tentativa de homicidio. El conflicto, según las primeras versiones del expediente, comenzó por una disputa de propiedad: los tiradores reclamaban la casa de la víctima como suya. Entonces, fueron a expropiarlo a punta de pistola.

La filmación no es la única prueba con la que cuenta la Justicia: el arma supuestamente empleada en el hecho también fue incautada por la Policía Bonaerense.

El ex campeón de boxeo Matías Vidondo (49) fue demorado el martes por la noche luego de que fuera denunciado por presuntamente haber amenazado con un arma a un hombre para que se retirara de un bar de la ciudad de Rosario. Después de que le retiraran el arma, fue alojado en una comisaría local.

Todo ocurrió en un local ubicado en la intersección de la Avenida Presidente Perón y Alsina, en plena zona céntrica. El ex boxeador se encontraba en el interior del lugar cuando un joven de 25 años ingresó para intentar hablar con su ex novia, quien sería una empleada.

Según la reconstrucción del episodio, Vidondo lo interceptó antes de que pudiera acercarse y le exigió que se retirara. Acto seguido, le habría mostrado que portaba un arma de fuego, con la intención de intimidarlo y que desistiera de acercarse a la mujer.

De acuerdo con la denuncia, el joven permaneció fuera del establecimiento mientras esperaba a que un amigo lo pasara a buscar. En ese momento, el excampeón argentino y latinoamericano de boxeo se acercó nuevamente y, mostrando una pistola que llevaba en la cintura, le advirtió que se alejara y no regresara.

Luego de que se fuera del lugar, el denunciante relató estos hechos ante las autoridades, quienes intervinieron en el lugar. Según la información obtenida por La Capital, el propio Vidondo se presentó voluntariamente y entregó el arma de fuego en cuestión. Se trataba de una pistola calibre 9 milímetros que se encontraba cargada.

A raíz de esto, el arma de fuego fue secuestrada por las fuerzas de seguridad, mientras que el ex boxeador fue trasladado hacia la comisaría 32ª. Finalmente, el acusado fue imputado por el delito de amenazas calificadas y permanece a disposición de la Justicia. No obstante, indicaron que la investigación continúa en proceso para determinar cómo fue el incidente ocurrido en el bar.

Demoraron a un estudiante que había ingresado a una escuela primaria de Rosario con un arma de fuego

El martes por la tarde, un protocolo de seguridad se activó en la escuela primaria José Rondeau Nº 120, la cual se ubica en la intersección de las calles Liniers y San Luis, en el barrio Azcuénaga, de la ciudad de Rosario, luego de que la directora descubriera que uno de los alumnos había ingresado al establecimiento educativo con un arma de fuego.

De acuerdo con la información publicada por Rosario 3, se trataba de un estudiante de 12 años, quien había escondido un revólver en su mochila. No obstante, apenas se advirtió de la presencia del arma, se dio aviso de inmediato a la Policía de Santa Fe.

El peligro había sido advertido por algunos compañeros del alumno señalado, quienes vieron el arma al abrir la mochila y alertaron a la docente a cargo. La información fue luego comunicada a la directora, quien activó el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones.

Al arribar al colegio, los agentes constataron que el arma era un revólver marca Galand MR calibre .22 largo, que se encontraba sin municiones y con numeración visible. El mismo fue secuestrado por las autoridades, con la intención de que fuera remitido a Criminalística para la realización de pericias.

En paralelo, por disposición de la Fiscalía de Menores, el menor fue trasladado en un patrullero y quedó demorado mientras se notificaba a sus familiares. Finalmente, la causa fue calificada como portación de arma de fuego.

Este miércoles, la escuela dictó clases con normalidad y se anunció la programación de reuniones con las familias de los alumnos. El procedimiento incluyó la intervención de la Fiscalía de Menores y la comunicación a los responsables legales del menor involucrado.

El homicidio ocurrió la noche del pasado 19 de julio en el municipio de Polonuevo, cuando un hombre llegó en motocicleta hasta la Panadería Santander, ubicada en el barrio Centro, y abrió fuego en repetidas ocasiones contra el establecimiento. En medio del ataque, uno de los proyectiles impactó a la menor en la cabeza, causándole heridas que posteriormente le provocaron la muerte.

Tras el crimen, la Gobernación del Atlántico ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para obtener información que permitiera identificar y ubicar a los responsables. Según explicó Verano, el operativo permitió localizar al principal sospechoso en menos de 24 horas.

“La rápida reacción de la Policía del Atlántico y la Fiscalía permitió que, en menos de 24 horas, diéramos con el presunto responsable del homicidio de la niña Celeste, de Polonuevo. Hoy está en manos de las autoridades competentes y confiamos en que sobre él recaerá todo el peso de la ley”, manifestó el mandatario departamental.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, mientras avanzan las audiencias preliminares y se define su situación jurídica. Entretanto, los investigadores continúan recopilando pruebas para establecer con precisión el móvil del ataque y determinar si otras personas participaron en la acción criminal.

La familia había denunciado amenazas antes del atentado

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del caso es que la familia de la menor ya había alertado a las autoridades sobre presuntas amenazas extorsivas.

La abuela de Celeste y propietaria de la panadería presentó una denuncia el 17 de julio, apenas dos días antes del atentado. En el documento aseguró haber recibido mensajes intimidatorios por WhatsApp de personas que afirmaban pertenecer a una organización criminal.

Según la denuncia, los remitentes demostraban conocer los movimientos del negocio e incluso enviaron un video grabado frente al establecimiento comercial. Posteriormente exigieron la entrega de una pistola o el pago de 6 millones de pesos, acompañando sus amenazas con fotografías de armas de fuego, una granada y llamadas realizadas desde diferentes números telefónicos.

Tres días después de esa denuncia se produjo el ataque armado que terminó con la vida de la niña.

El ataque ocurrió mientras la menor compartía con su familia

La noche del crimen, Celeste Valentina se encontraba dentro de la panadería junto a varios familiares cuando el atacante disparó en múltiples ocasiones contra el local.

Tras resultar herida, la niña fue trasladada inicialmente al hospital municipal de Polonuevo y posteriormente remitida a la Clínica Reina Catalina, en Baranoa. Sin embargo, ingresó sin signos vitales.

La madre de la menor, Aliana Valentina Duque Pineda, aseguró que desde hacía varios días la familia venía siendo víctima de amenazas y sostuvo que las autoridades ya tenían conocimiento de la situación.

En declaraciones entregadas a El Heraldo, explicó que también entregaron videos en los que aparecía una persona grabando el frente del negocio antes del atentado.

“Eso fue la noche del domingo, llegaron unos hombres, no sé quiénes eran e hicieron disparos hacia el negocio, justo en ese momento mi niña estaba jugando con su abuela”, relató.

En medio del dolor, la mujer recordó las últimas palabras que intercambió con su hija antes del ataque.

“Yo le estaba dando su comida y ella me dijo: ‘Gracias, mamá’. Yo no sabía por qué me lo decía; después me abrazó y volvió a decirme: ‘Gracias, mamá’”, contó.

Las autoridades mantienen abiertas varias hipótesis

Aunque la principal línea de investigación apunta a un posible caso de extorsión contra la propietaria de la panadería, las autoridades mantienen abiertas otras hipótesis.

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, señaló, según información divulgada por El Tiempo, que el padre de la menor permanece privado de la libertad por un proceso relacionado con extorsión.

Por ello, la Fiscalía también analiza si el atentado podría tener relación con actividades delictivas vinculadas al establecimiento o con retaliaciones criminales.

La madre de la niña rechazó esa versión y aseguró que su familia era la víctima de las intimidaciones.

Además, recordó que el pasado 10 de junio las autoridades realizaron un allanamiento en la vivienda familiar, un hecho que, según afirmó, afectó emocionalmente a la menor y motivó que recibiera atención psicológica y posteriormente psiquiátrica.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en Polonuevo con el despliegue de 25 uniformados motorizados de la Unipol, unidades de reacción y personal del Gaula Militar, además de mantener activos tres cuadrantes permanentes de vigilancia.

El alcalde Óscar Ávilez también mantuvo vigente un toque de queda entre las 9:00 de la noche y las 4:00 a. m., como parte de las acciones para contener la violencia.

Según cifras entregadas por el mandatario local, el municipio registra 11 homicidios en lo corrido de 2026, una cifra que contrasta con los tres casos reportados durante todo 2025.

La Fiscalía continúa analizando grabaciones de cámaras de seguridad, testimonios y demás elementos probatorios para establecer si el objetivo del atentado era el establecimiento comercial o si existía otra motivación detrás del crimen que acabó con la vida de Celeste Valentina.

Según informó la Policía Nacional, los uniformados interceptaron el automóvil y, durante la inspección, hallaron un arma de fuego oculta dentro de una maleta en la cajuela.

De acuerdo con el reporte oficial, los capturados fueron sorprendidos cuando transitaban sin autorización por una vía exclusiva del sistema de transporte masivo.

La institución señaló que “la actitud de los ocupantes del vehículo alertó a las patrullas que realizaban labores de control en la zona”. Uno de los arrestados tiene más de 14 antecedentes judiciales, lo que elevó el nivel de alerta durante el procedimiento.

La Fiscalía General de la Nación recibió tanto a los detenidos como el arma incautada y el vehículo inmovilizado. “Todos los elementos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para la respectiva judicialización”, indicó la Policía Metropolitana de Bogotá.

La presencia de extranjeros entre los implicados agregó una línea de investigación sobre posibles conexiones con otros hechos delictivos recientes.

Las autoridades subrayaron la importancia de los controles en rutas exclusivas de transporte público para prevenir delitos y garantizar la seguridad de los usuarios.

“Este tipo de intervenciones evitan que personas armadas transiten por la ciudad y pongan en riesgo a la ciudadanía”, afirmaron.

El operativo, realizado durante labores rutinarias de patrullaje, forma parte de una serie de acciones en la capital orientadas a fortalecer la vigilancia en corredores clave del sistema de transporte.

Desmantelaron grupo delincuencial Los Seguros en Bogotá, la Policía capturó a sus presuntos cabecillas

La Policía Metropolitana de Bogotá desarticuló esta semana una estructura criminal, conocida como “Los Seguros”, señalada de distribuir sustancias ilícitas en el barrio Siete de Agosto.

Según informó la institución, el operativo permitió la captura de 12 personas, entre ellas una madre y su hijo, identificados como presuntos líderes del grupo. La organización obtenía cerca de 2.500.000 de pesos diarios por la venta de estupefacientes, reportó la Policía.

Durante el procedimiento, las autoridades señalaron que los capturados estarían vinculados a actos de tortura contra miembros de la misma agrupación.

“Los investigados fueron privados de la libertad”, subrayó la Policía Metropolitana de Bogotá en su balance semanal.

De acuerdo con la versión oficial, el operativo se desarrolló en el barrio Siete de Agosto, una zona que ha registrado diversas denuncias por microtráfico y hechos violentos.

“Entre los detenidos hay una mujer y su hijo, señalados como los principales responsables de la estructura”, detalló la institución. Los ingresos diarios del grupo delincuencial, según los cálculos policiales, refleja la magnitud de la actividad ilegal desmantelada.

Policía de Bogotá detuvo a dos hombres tras robo de vehículo en Puente Aranda y recuperó el automotor

En otro hecho relevante, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron detener en la localidad de San Cristóbal a dos individuos acusados de robar un vehículo mediante atraco en el sector de Puente Aranda.

“Gracias al Plan Candado, el automotor fue recuperado y se incautó un arma traumática”, indicó la fuente. Uno de los capturados portaba un brazalete del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por hechos previos relacionados con el mismo tipo de delito. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El balance de la semana, divulgado por la Policía, señaló que en Bogotá se registraron 540 capturas por diferentes delitos. Además, se incautaron 29.298 gramos de sustancias ilícitas, 3.136 armas blancas, ocho armas de fuego, ocho vehículos y once motocicletas.

La institución afirmó que “las acciones operativas buscan fortalecer la seguridad y convivencia de la ciudad”.

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su compromiso con el combate a la delincuencia y el respaldo a la comunidad. “Seguimos golpeando la criminalidad y trabajando con contundencia por la seguridad de Bogotá”, concluyó la entidad en su comunicado.

De acuerdo con Edwin Usla, jefe de la Oficina de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación de Bogotá, el personal del colegio siguió el procedimiento establecido para casos de violencia dentro de las instituciones educativas.

En primer lugar, se conoció que el disparo fue accidental —por parte de un estudiante que llevó el arma al centro educativo “por algunas intimidaciones que estaba sufriendo el mismo adolescente por parte de otros compañeros”, según el reporte de la Policía— y que los docentes y autoridades del colegio activaron de inmediato los protocolos de emergencia para proteger la integridad de la menor.

Usla explicó que los docentes también llamaron a la línea de emergencia 123 y solicitaron apoyo médico para la estudiante afectada.

El funcionario distrital informó que actualmente hay un acompañamiento oficial de la Secretaría de Educación en favor, tanto de la familia de la estudiante herida como la del adolescente involucrado en el hecho.

Ambos grupos están recibiendo asistencia psicosocial y orientación dentro del proceso institucional.

De la misma manera, el servidor distrital extendió un fuerte llamado de la Secretaría de Educación a padres, madres y cuidadores de la ciudad para reforzar la supervisión sobre los objetos que los menores llevan a las escuelas.

“Los niños y las niñas no pueden tener acceso a las armas de fuego, no pueden tener acceso en general a ningún arma. Saber qué lleva nuestro hijo o nuestra hija en la mochila antes de llegar al colegio se convierte en una práctica de cuidado para todos y todas dentro de las instituciones educativas”, enfatizó Usla.

Por su parte, las autoridades no han dado a conocer nuevos detalles sobre el estado actual de salud de la estudiante, más allá de la notificación de que su vida “no corre peligro”, ni sobre las circunstancias exactas que permitieron el ingreso del arma al plantel.

Así ocurrieron los hechos

La joven de 15 años fue herida en sus extremidades inferiores, luego de que el estudiante que accionó el arma le habría advertido a la víctima antes del ataque que le dispararía.

Según el testimonio de la madre de la víctima, su hija pensó que se trataba de una broma, pero segundos después recibió el impacto en las piernas. “El chico puso una alarma, mi hija estaba mirando hacia el frente, él se lanzó al piso y luego ella manifestó que no sentía sus piernas”, narró la madre en entrevista con Noticias Caracol.

La joven fue trasladada de inmediato al Hospital de Kennedy, donde permanece bajo observación médica y recibe tratamiento por las lesiones.

Las primeras indagaciones señalan que el arma utilizada pertenecería al padre del menor aprehendido, que sería un integrante activo de la Policía Nacional.

Esta situación generó inquietud entre los familiares de la víctima, que exigen justicia y transparencia en el proceso, y temen una posible impunidad debido al cargo del progenitor del agresor.

“Yo quiero que este caso no quede impune. Toca hacer justicia porque esto no puede pasar en los colegios, que estén dejando entrar alumnos con armas”, reclamó la madre de la adolescente.

La investigación se centra ahora en establecer cómo el estudiante tuvo acceso al arma y por qué los controles de seguridad del colegio no evitaron su ingreso.

Sin embargo, el caso dio un giro tras declaraciones de la congresista María Fernanda Carrascal, confirmadas por la Policía Nacional, que puntualizaron que el adolescente responsable del disparo habría ingresado el arma al colegio tras sufrir episodios de acoso escolar.

“Un niño hijo de un policía en Bogotá. Dicen que el niño sufría de matoneo”, escribió Carrascal en su cuenta de X.

El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), coronel Jhon Fredy Zambrano López, confirmó en rueda de prensa que el menor habría llevado el arma en respuesta a intimidaciones de otros estudiantes.

Según el oficial, “el muchacho, el menor de edad, traslada esa arma de fuego dentro de su maleta hacia el colegio, hacia el centro educativo, al parecer por algunas intimidaciones que estaba sufriendo por parte de otros compañeros”. Zambrano López explicó que, estando en el salón, durante la manipulación de la maleta, el arma se disparó accidentalmente y causó la lesión de la menor.

Una estudiante de 15 años permanece bajo observación en el Hospital de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, tras resultar herida por un disparo dentro del colegio donde estudia.

El hecho ocurrió en la mañana del 15 de julio de 2026, según un comunicado de la Secretaría de Educación del Distrito, que informó que las circunstancias “son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”. La entidad señaló que, tras el reporte, se activó la ruta de atención con la Secretaría Distrital de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Policía de Infancia y Adolescencia.

La madre de la menor le aseguró a Blu Radio que su hija le describió como ocurrio la escena repentina en el salón en medio de un sesión regular de clases.

“Un niño en el salón, estaban en clase con dos profesores más. Mi hija se encontraba al lado de, de este niño, donde el niño le dice a la niña: “Voy a pegarle un tiro”. En la ingenuidad de mi hija, ella pensó que era por recocha y le dijo: “Bueno”. La compañerita que estaba al lado se queda mirando y dice: “¿Y este qué?”. Cuando es que el chico pulsó una alarma y mi hija estaba mirando hacia el frente y fue cuando ella dice que se tira al piso y dice: “No siento mis piernas”. , aseguró.

La mujer también mencionó que su preocupación principal es que el caso tenga consecuencias judiciales y que se revise el ingreso de armas a instituciones educativas. “Yo quiero que este caso no quede impune. Toca hacer justicia porque esto no puede pasar en los colegios, que estén dejando entrar alumnos con armas”, afirmó.

En el mismo comunicado, la Secretaría de Educación del Distrito sostuvo que la estudiante fue trasladada “de inmediato a un hospital cercano” y que, según los últimos reportes oficiales, “se encuentra fuera de peligro”. También indicó que brinda acompañamiento a “los dos estudiantes y a sus familias”.

La versión de la familia difiere sobre ese punto. La madre aseguró que no ha recibido apoyo institucional durante el día posterior al ataque: “En todo el día no he tenido acompañamiento ni por Secretaría de Educación ni por parte del colegio. Estoy sola con mi esposo y mi hija”.

La Alcaldía Mayor de Bogotá informó que el manejo del caso se rige por normas de protección a menores de edad, con el fin de evitar la revictimización y priorizar “el respeto al derecho a la intimidad de las partes involucradas”.

Menor portaba arma como medida de “protección”

El coronel Jhon Fredy Zambrano López, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (E). se refirió a los hehcos, y asegur´po que de acuerdo a los primeros resultados de la investigacióin, el joven portaba el arma como medida de “protección ante presuntas intimidaciones en su contra:

Se logra establecer que el muchacho, el menor de edad, traslada esa arma de fuego dentro de su maleta hacia el colegio, hacia el centro educativo, al parecer por algunas intimidaciones que tenía el mismo, que estaba sufriendo el mismo adolescente por parte de otros compañeros. Sin embargo, ya estando en el salón, en medio de la manipulación de su maletagenera una mala manipulación de esta arma de fuego y lamentablemente se acciona, la misma, ocasionando lamentablemente la lesión en contra de la, de la menor".

Niña lanzó a su compañera al piso mientras le propinaba fuertes puños

La agresión escolar registrada en el colegio Nueva Zelandia de Suba el 22 de abril de 2026 ha encendido las alarmas entre familias y autoridades en Bogotá. El video difundido por el concejal David Saavedra muestra cómo una estudiante fue golpeada por otra alumna dentro de un aula, mientras varios compañeros observaban sin intervenir, hasta que una tercera estudiante decidió frenar la golpiza.

El episodio, llevó a Saavedra a solicitar públicamente la intervención de la Secretaría de Educación de Bogotá. De inmediato, la secretaria Julia Rubiano respondió que ya se están ejecutando acciones para responder a la situación y reforzar la seguridad en los colegios.

En Bogotá, los casos de matoneo escolar preocupan a los padres y cuidadores, quienes temen por la seguridad de los menores en las aulas. Solo en esta ciudad, se reportan en promedio 18 incidentes de bullying al día, según lo expuesto por Saavedra en su red social.

La agresión quedó registrada en imágenes donde se ve a una de las niñas sujetando a su compañera del cabello, arrojándola al piso y golpeándola en la cabeza. “La Secretaría de Educación adelanta estrategias como la Política de Entornos Escolares Inspiradores, pero el desafío sigue siendo inmenso para enfrentar los 18 casos de matoneo que en promedio se registran a diario en Bogotá”, alertó el concejal a través de X.

En el mismo mensaje, Saavedra hizo un llamado específico a Julia Rubiano para que la entidad a su cargo priorice el restablecimiento de los derechos de la menor agredida. También afirmó que el Concejo de Bogotá dará seguimiento a la evolución del caso.

Un niño de cuatro años disparó y mató a su primo de dos años tras encontrar un arma que no tenía el seguro puesto en el interior de un vehículo en Kissimmee, Florida, el domingo 13 de julio de 2026. El hecho involucró a una familia de Georgia que había viajado para pasar unas vacaciones y fue confirmado por la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola. El caso ha vuelto a poner en discusión la seguridad en el almacenamiento de armas en hogares y vehículos cuando hay menores presentes.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola, el incidente ocurrió poco antes de las 16 horas en una vivienda de alquiler ubicada en Scrapbook Street, a donde la familia había llegado para celebrar el cumpleaños número tres del menor fallecido. De acuerdo con el reporte policial, los dos niños se encontraban solos en el automóvil cuando el mayor encontró el arma, propiedad de la madre del menor fallecido, y la accionó accidentalmente. El sheriff Chris Blackmon explicó en una conferencia de prensa que el arma estaba “literalmente al descubierto”, sin seguro ni funda, lo que facilitó que los niños pudieran acceder a ella.

El caso ha tenido amplia repercusión nacional, según reportó ABC News, y reavivó la preocupación sobre el acceso a armas de fuego en presencia de menores. La familia, identificada como proveniente de Louisville, Georgia, se encontraba en Kissimmee para celebrar el cumpleaños de Brayden Tennyson, quien sufrió la herida mortal. El incidente se suma a otros similares registrados este año en Florida y en otras partes de Estados Unidos, según datos oficiales y de organizaciones especializadas.

¿Qué pasó en Kissimmee, Florida, el 13 de julio de 2026?

El tiroteo accidental tuvo lugar en el estacionamiento de una vivienda de alquiler turístico en Kissimmee, una ciudad en el centro de Florida. La familia había llegado desde Georgia para unas vacaciones y se encontraba descargando el vehículo cuando ocurrió el incidente. De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola, el menor de dos años, Brayden Tennyson, estaba dentro del automóvil junto a su primo de cuatro años, quien encontró el arma y disparó accidentalmente.

En ese momento, los adultos estaban fuera del vehículo. Al oír el disparo, ingresaron rápidamente al automóvil y solicitaron ayuda a los servicios de emergencia. Según el comunicado oficial, el menor fue trasladado de inmediato a un hospital local, donde se confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso. La información fue ratificada por Fox 35 Orlando y Click Orlando.

¿Quién era la víctima y cómo ocurrió el disparo?

La víctima fue identificada como Brayden Tennyson, un niño de dos años oriundo de Louisville, Georgia. Según la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola, la familia había viajado a Kissimmee para celebrar el cumpleaños del niño, que habría cumplido tres años dos días después del incidente. El arma involucrada pertenecía a la madre de Brayden y se encontraba sin resguardo dentro del vehículo.

El sheriff Chris Blackmon detalló en rueda de prensa que el arma no estaba guardada en un estuche ni tenía seguro. “Estaba literalmente al descubierto. Si hubiese estado en una funda, quizá el niño no habría podido manipularla. Pero así, solo tenía que tomarla y apretar el gatillo”, indicó Blackmon, según reprodujo Fox 35 Orlando. El menor de cuatro años, primo de la víctima, encontró el arma y la disparó accidentalmente, alcanzando a Brayden.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el almacenamiento de armas y la responsabilidad?

El caso fue investigado por la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola, que incautó el arma y entrevistó a los involucrados. El sheriff Chris Blackmon insistió durante su comparecencia ante los medios en la importancia de mantener las armas de fuego fuera del alcance de los niños. “Esto es algo tan sencillo como ponerle un seguro al arma y así evitar que los niños tengan acceso”, declaró Blackmon, citado por Fox 35 Orlando.

La oficina del sheriff recordó que ofrece dispositivos de bloqueo para armas de forma gratuita a los residentes del condado. Además, las autoridades señalaron la importancia de seguir las recomendaciones de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), que aconseja guardar las armas descargadas y bajo llave, lejos del alcance de los menores, como medida preventiva.

¿Qué acciones legales se contemplan tras el incidente?

La Oficina del Sheriff del Condado de Osceola informó que la investigación continúa abierta. Hasta el momento, no se han presentado cargos penales, pero la fiscalía estatal está analizando el caso. Los investigadores buscan determinar si hubo negligencia por parte de los adultos responsables del arma y del cuidado de los menores. Según ABC News, la fiscalía estatal indicó que “dado que la investigación sigue activa, no hay información disponible para difundir en esta etapa”.

El sheriff Blackmon señaló que las autoridades mantienen contacto con la fiscalía estatal para evaluar si corresponde presentar cargos. “El caso sigue bajo investigación y se están evaluando los posibles cargos”, afirmó la oficina del sheriff en un comunicado recogido por ABC News. El arma involucrada fue incautada y la causa de muerte fue confirmada por la oficina forense local.

¿Cuál es la frecuencia de incidentes similares en Florida y Estados Unidos?

El caso de Brayden Tennyson no es un hecho aislado. Según la organización Gun Violence Archive, al menos 122 niños de hasta 11 años han muerto por disparos accidentales en Estados Unidos entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026. Solo en Florida, este es el tercer caso fatal de un menor de 13 años en lo que va del año, de acuerdo con estadísticas citadas por Mirror.

Diversas organizaciones, como la Academia Estadounidense de Pediatría, insisten en la necesidad de medidas de seguridad estrictas para evitar tragedias de este tipo. La AAP recomienda mantener las armas descargadas, guardadas bajo llave y en lugares separados de la munición, especialmente en hogares donde viven o visitan niños.

¿Cómo impacta este caso en la discusión sobre seguridad de armas en vehículos y hogares?

El incidente ocurrido en Kissimmee ha reavivado el debate sobre la seguridad en el almacenamiento de armas en presencia de menores, tanto en vehículos como en viviendas. Las autoridades de Osceola y organizaciones nacionales han reiterado la importancia de la educación sobre el uso responsable y seguro de armas de fuego.

La Oficina del Sheriff del Condado de Osceola reforzó la campaña para la distribución gratuita de dispositivos de seguridad que bloquean el acceso a las armas, recordando que estos recursos están disponibles para cualquier residente. El sheriff Blackmon subrayó que el objetivo es evitar que tragedias como la que sufrió la familia de Brayden Tennyson vuelvan a repetirse.

¿Qué medidas de prevención recomiendan las autoridades para evitar accidentes con armas?

• Guardar siempre las armas descargadas y bajo llave, usando cajas fuertes o candados especiales.
• Mantener las municiones en un lugar separado del arma.
• No dejar armas de fuego en lugares accesibles para menores, ni siquiera por períodos breves.
• Solicitar dispositivos de bloqueo gratuitos en las oficinas policiales locales.
• Educar a los niños sobre los peligros de manipular armas de fuego.

La Oficina del Sheriff del Condado de Osceola informó que cualquier residente puede solicitar sin costo un candado para armas en la sede policial. Además, la institución recomienda a los padres y tutores revisar periódicamente las medidas de seguridad en el hogar y el vehículo.

¿Qué se puede esperar tras la investigación del caso en Kissimmee?

El proceso de investigación iniciado por la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola y la fiscalía estatal determinará si se formulan cargos penales contra los adultos responsables del arma. Se esperan definiciones en las próximas semanas, según las autoridades. Mientras tanto, el caso ha impulsado nuevas campañas de concienciación en el estado y a nivel nacional sobre la seguridad en el almacenamiento de armas de fuego.

La muerte de Brayden Tennyson ha tenido impacto en la comunidad local y ha generado un debate renovado sobre la responsabilidad de los adultos que poseen armas de fuego, especialmente en entornos donde viven o transitan menores de edad.

Tres hombres muertos y un herido dejó una riña con disparos en el bar “La Terraza” de Cabo San Lucas, Baja California Sur, durante la madrugada de este domingo. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.

La alerta llegó a las 03:50 horas del 12 de julio, cuando elementos de Seguridad Pública reportaron detonaciones de arma de fuego en ese establecimiento comercial, ubicado en la esquina de las calles Salvatierra y Camino al Faro Viejo, dentro de la colonia Ampliación Matamoros, en el municipio de Los Cabos.

Al arribar, las autoridades ministeriales y periciales encontraron a tres hombres sin signos vitales con heridas por proyectil de arma de fuego. Una cuarta persona, también involucrada en el enfrentamiento, fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Qué ocurrió dentro de “La Terraza”

Según las primeras indagatorias de la PGJE, los cuatro involucrados se encontraban en el interior del local cuando uno de ellos inició la riña. En el transcurso del altercado, esa persona sacó un arma de fuego y accionó el gatillo.

Alguno de los presentes repelió la agresión, también con disparos. El resultado fue el saldo que informó la Procuraduría: tres muertos y un herido que requirió hospitalización.

La dependencia no precisó quién fue el agresor inicial, quién repelió la agresión ni cuál de los cuatro es el sobreviviente. Tampoco detalló el tipo de arma utilizada ni el número de disparos registrados en la escena.

Víctimas identificadas, de tres estados del país

Los tres occisos fueron identificados por las autoridades. Tenían 23, 25 y 33 años de edad, y eran originarios de Tabasco, Sinaloa y Guanajuato, respectivamente.

La PGJE no divulgó los nombres de los fallecidos ni información sobre el herido: su identidad, edad o estado de salud al momento del reporte.

Peritos e investigadores tomaron la escena

De manera inmediata, especialistas de la Dirección de Servicios Periciales y agentes de la Investigación Criminal, adscritos a la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto, acordonaron el perímetro del establecimiento.

El equipo procesó la escena del crimen, recolectó indicios y dio inicio a las primeras diligencias conforme a los protocolos establecidos. La zona permaneció resguardada para preservar la integridad de las evidencias.

La apertura de la carpeta de investigación activa la maquinaria ministerial formal: a partir de ese momento, la PGJE tiene la obligación legal de documentar cada hallazgo, identificar a los responsables y sostener la acusación ante los tribunales correspondientes.

PGJE promete investigación exhaustiva

La Procuraduría reafirmó, en su comunicado, el compromiso de llevar a cabo una investigación “exhaustiva, profesional y transparente” hasta el total esclarecimiento de los hechos.

La dependencia no informó sobre detenciones al momento de emitir el reporte, ni señaló si alguno de los cuatro involucrados, incluido el herido hospitalizado, se encuentra bajo custodia o como probable responsable dentro de la carpeta abierta.

El establecimiento “La Terraza”, ubicado en la colonia Ampliación Matamoros, quedó como escena del crimen bajo resguardo ministerial.

Un ex policía municipal de Mexicali, Baja California, fue detenido el pasado jueves por la noche en posesión de un arma de fuego tras un operativo de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en el fraccionamiento Quintas del Rey.

El sujeto fue identificado como Juan Israel N, de 41 años de edad, quien cuenta con historial delictivo y su nombre figura en diversas investigaciones por su presunta relación con el crimen organizado. Fuentes estatales señalaron a Infobae México que el detenido estaría relacionado con el grupo delictivo de Los Rusos, una estructura criminal ligada al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de La Mayiza.

De acuerdo con información difundida por las autoridades, la captura se llevó a cabo en la calzada Anáhuac, entre las calles Fonemas y Colmenar, donde el sujeto circulaba en un vehículo Jeep Compass modelo 2017.

Al revisar los antecedentes del detenido se descubrió que, estando activo en la corporación municipal, fue investigado por delitos de daño en propiedad ajena en 2016, detenido por impedir actuar a la autoridad.

Un año después, en 2017, fue ligado a un delincuente apodado El Chito, quien se encuentra cumpliendo una condena por diversos ilícitos relacionados al crimen organizado.

Juan Israel N fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) por la posesión de arma y para investigaciones correspondientes.

Capturan a El Rodilla de Los Rusos

Apenas a mediados del pasado mes de junio se dio a conocer la detención de Miguel “N”, alias “El Rodilla”, presunto integrante de la célula criminal “Los Rusos”y señalado por su probable participación en la privación ilegal de la libertad de varias de las víctimas halladas en las fosas clandestinas del poblado Miguel Alemán, en Mexicali.

El Rodilla habría sido detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, específicamente, agentes de la Agencia Estatal de Investigación, tras trabajos de inteligencia de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.

La investigación estableció que al menos cinco personas habían sido privadas de la libertad y trasladadas a un domicilio en Mexicali, donde permanecieron retenidas contra su voluntad y, presuntamente, sometidas a agresiones físicas por parte de sus captores.

Tras de las víctimas, identificadas como Hiram “N”, René “N” y María Lizbeth “N”, contaban con reporte de desaparición y fueron identificadas posteriormente entre los cuerpos encotrados en las fosas.

Autoridades revelaron recientemente que han sido localizados 44 cuerpos en las fosas clandestinas del poblado de Miguel Alemán.

Las indagatorias permitieron descubrir que El Rodilla mantenía vínculos con Marco Antonio Valenzuela, alias El Cabezón, quien fue identificado como uno de los principales operadores de Los Rusos en la región. Valenzuela fue abatido durante un operativo de fuerzas federales en San Luis Río Colorado en fechas recientes.

La captura de “El Rodilla” se enmarca en una investigación más amplia. La FGE identificó a otros integrantes de la organización criminal como colaboradores de “El Cabezón”, y las líneas de investigación apuntan a determinar el grado de participación de cada uno en los hechos relacionados con las fosas.

Según las líneas de investigación, las víctimas fueron privadas de la libertad en un primer momento y llevadas a un domicilio en Mexicali. Ahí permanecieron retenidas contra su voluntad y presuntamente fueron sometidas a agresiones físicas por parte de sus captores antes de ser trasladadas al sitio donde fueron localizadas.

Su identificación fue posible gracias a las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.

Un adolescente de 13 años sufrió una herida de bala en el antebrazo izquierdo durante una clase en el CPEM 6 de Cutral Co, en la provincia de Neuquén. El menor de edad permanece internado bajo observación médica y según el parte oficial del Ministerio de Salud de Neuquén, se encuentra en estado clínicamente estable y lúcido.

El incidente ocurrió durante la tarde del martes 30 de junio, cuando otro alumno ingresó al aula portando un arma de fuego que se disparó accidentalmente e hirió a su compañero. De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Salud, la lesión implicó sólo compromiso de piel y partes blandas, sin afectación ósea.

El Ministerio de Salud de Neuquén informó que el paciente permanece internado en el hospital de complejidad VI de Cutral Co-Plaza Huincul, donde recibe atención interdisciplinaria. El esquema de tratamiento incluye antibióticos y antiinflamatorios para evitar infecciones y controlar el dolor.

El paciente fue sometido a estudios radiológicos que descartaron fracturas. Según detalló LM Neuquén, el adolescente se encuentra bajo monitoreo permanente para evaluar su evolución neurológica y la recuperación de la fuerza motora.

El parte oficial advirtió que, en caso de complicaciones, se recurriría a una exploración quirúrgica de la zona afectada para limitar posibles daños. Hasta el momento, la evolución del adolescente es estable y no se detectaron lesiones que comprometan su vida.

El episodio tuvo lugar en horario de clases, dentro de las instalaciones del Consejo Provincial de Educación 6. De acuerdo con lo comunicado por el CPEM, la situación se originó cuando un estudiante ingresó con un arma de fuego al aula y, tras manipularla, se produjo el disparo que lesionó a su compañero.

Las autoridades escolares intervinieron rápidamente, trasladando al menor herido para recibir atención médica y aislando al alumno portador del arma en otro sector del edificio. “La institución fue evacuada en forma inmediata, de manera preventiva, y se llevan adelante ahora los protocolos periciales de rigor”, señala el comunicado del CPE.

La comunidad educativa y los equipos docentes, de apoyo pedagógico y de conducción participaron en la asistencia inicial y coordinaron la aplicación de los protocolos junto a las fuerzas de seguridad. El hecho generó preocupación entre las familias y el personal escolar, dada la gravedad del incidente y el contexto en el que ocurrió.

El incidente activó los protocolos de seguridad y peritaje en el establecimiento escolar: el Consejo Provincial de Educación confirmó que los equipos de gobierno y conducción del CPEM 6 colaboran con las autoridades judiciales para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades. La evacuación preventiva y la intervención de los equipos interdisciplinarios buscaron garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal.

Según LM Neuquén, el caso será objeto de seguimiento por parte de los organismos competentes, que evalúan tanto la dimensión judicial como la contención psicosocial de los involucrados. “La prioridad es la recuperación del adolescente y el acompañamiento de su familia”, señalaron fuentes sanitarias. La comunidad educativa de Cutral Co permanece atenta a la evolución del paciente y a los avances de la investigación.

Por su parte, familiares del menor herido relataron el impacto emocional del episodio. “Él estaba sentado en el banco, atrás había más chicos sentados, escuchan una explosión, él siente que le arde el brazo y yo vengo y lo encuentro todo lleno de sangre. Él se encuentra estable, va a quedar internado, por suerte fue con orificio de entrada y salida”, contó la tía del adolescente en diálogo con La Voz de Neuquén.

El caso abre el debate sobre el acceso de menores a armas de fuego y pone en jaque los protocolos de intervención ante situaciones de riesgo. Luego del caso, que generó conmoción en la comunidad de Cutral Co, padres y docentes manifestaron su inquietud por la seguridad escolar y la necesidad de reforzar estas medidas de prevención en los establecimientos educativos.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el jueves una ley de Hawái que exigía a los portadores de armas obtener el permiso expreso de cada propietario antes de ingresar con un arma a negocios y espacios privados abiertos al público. La decisión, de 6 votos contra 3, fue redactada por el juez Samuel Alito con el respaldo de la mayoría conservadora del tribunal.

“Este régimen obstaculiza lo que protege la Segunda Enmienda: el derecho de los estadounidenses a portar armas para su autodefensa en su vida cotidiana”, escribió Alito. “Declaramos la ley inconstitucional.”

El fallo se enmarca en una semana de expansión acelerada de los derechos sobre armas. Días antes, el tribunal decidió por unanimidad restringir la aplicación de una ley federal que prohibía poseer armas a ciertos consumidores de drogas, una medida que amenazaba los derechos de millones de estadounidenses que usan marihuana y poseen armas de fuego.

La ley impugnada

La norma de Hawái, aprobada en 2023, establecía que nadie podía ingresar con un arma a una propiedad privada abierta al público —una tienda, un restaurante— sin la autorización explícita del dueño, mediante señalización visible o permiso verbal o escrito. También designaba más de una docena de “lugares sensibles” donde las armas quedaban prohibidas, entre ellos playas y establecimientos que sirven alcohol.

El tribunal consideró que esa norma invertía la regla del derecho consuetudinario, bajo la cual cualquier persona puede ingresar a una propiedad abierta al público salvo que se le prohíba expresamente. Hawái hizo lo opuesto: nadie con un arma puede entrar sin autorización previa.

El caso fue iniciado por tres residentes de Maui con permisos para portar armas de forma oculta y por la Coalición de Armas de Hawái, con el respaldo de la administración de Donald Trump.

El test Bruen, eje del debate

Ambos fallos recientes se apoyan en el llamado test Bruen, surgido de la decisión de 2022 redactada por el juez Clarence Thomas en el caso New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen. Bajo ese estándar, una ley de control de armas no puede justificarse por promover un interés gubernamental legítimo: debe demostrar raíces en la tradición histórica de regulación de armas del país.

El único precedente que superó ese test fue el caso Rahimi de 2024, en el que el tribunal —con 8 votos contra 1— mantuvo la ley federal que prohíbe tener armas a personas sujetas a órdenes de protección por violencia doméstica.

El profesor Jacob Charles, de la Facultad de Derecho Caruso de la Universidad Pepperdine, explicó a Reuters que los dos fallos recientes “confirman el escepticismo extremo del tribunal ante todo tipo de regulaciones sobre armas, especialmente las nuevas”.

El test, añadió, “hace extremadamente difícil para los legisladores crear leyes de armas para proteger a sus ciudadanos”.

Consecuencias para otros estados

El fallo en el caso Wolford v. Lopez no afecta solo a Hawái. Otros cuatro estados —Nueva York, Nueva Jersey, Maryland y California— adoptaron leyes similares tras Bruen, con la misma presunción de que los propietarios prohíben el ingreso de armas salvo autorización expresa. Esas normas quedan ahora bajo serio cuestionamiento legal.

El fallo sí deja en pie las restricciones en lugares como iglesias o edificios gubernamentales. Los negocios como supermercados o centros comerciales podrán seguir prohibiendo el ingreso de armas, pero deberán hacerlo mediante avisos visibles.

Las voces en contra

La jueza Ketanji Brown Jackson redactó la disidencia —acompañada por la jueza Sonia Sotomayor— y argumentó que el caso era sobre derechos de propiedad, no sobre la Segunda Enmienda, y que la ley era constitucional porque preservaba el derecho de los dueños a excluir personas de sus propiedades.

Kris Brown, presidenta del grupo de control de armas Brady, fue más directa. “Esta opinión mayoritaria profundamente peligrosa privilegia las armas por encima de todo y de todas las personas en la sociedad”, dijo, y acusó al tribunal de haber “manipulado un test de su propio diseño para lanzar este ataque contra la seguridad pública”.

Más casos de armas en el horizonte

Con el término actual del tribunal próximo a concluir, los grupos de defensa de la Segunda Enmienda ya tienen la vista puesta en el ciclo que comienza en octubre. Entre los recursos bajo análisis figuran impugnaciones a las restricciones estatales sobre rifles de asalto tipo AR-15 y cargadores de alta capacidad.

Stephen Stamboulieh, abogado del grupo Gun Owners of America, afirmó a Reuters que “ya es hora de que el tribunal aplique” sus fallos anteriores contra ese tipo de restricciones.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, pidió a una corte federal que anule la espera de tres días para la mayoría de las compras de armas en el estado, al sostener que esa exigencia viola la Segunda Enmienda.

La definición reabre un debate sobre una norma aprobada por 84 % de los votantes y que, según críticos de su eliminación, ayuda a reducir suicidios con armas y homicidios con armas de fuego.

Uthmeier presentó ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida una propuesta de fallo conjunta con los demandantes del caso Dunn contra Glass. El documento plantea que el estado reconozca la inconstitucionalidad del período de espera y deje de aplicarlo, aunque mantenga los controles de verificación de antecedentes.

Según WUSF Public Media, el planteo del fiscal implica que el propio estado no defenderá la norma en juicio y que el caso quedará en manos del tribunal federal, que debe decidir si acepta el acuerdo y elimina el requisito para la mayoría de las compras.

La medida en discusión nació en 1990 con una enmienda constitucional aprobada por más del 84% de los votantes de Florida. Casi tres décadas después, tras el tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, los legisladores extendieron el requisito a rifles y escopetas.

La presentación judicial y el alcance de la norma

SegúnWCTV, Uthmeier y otros abogados del estado presentaron un “Offer of Judgment” y pidieron que el tribunal federal declare la norma inconstitucional bajo la Segunda Enmienda. El medio detalló que el texto del planteo califica el período de espera como “arbitrario” y “sin relación con el tiempo requerido para completar una verificación de antecedentes”.

Según WUSF Public Media, el ofrecimiento del fiscal prevé que Florida deje de aplicar el período de espera, mientras se mantendrían los requisitos de verificación de antecedentes. El mismo medio indicó que, bajo esa propuesta, los demandantes también recibirían USD 10.000 en honorarios de abogados.

La norma vigente prevé excepciones para quienes tienen licencias de porte oculto, para permutas de armas y para algunos cazadores. Su alcance recae sobre todo en las ventas minoristas.

La demanda y los argumentos contra el “período de enfriamiento”

La demanda fue presentada en agosto de 2025 por la Asociación Nacional del Rifle, comercios de armas y compradores particulares. Su argumento es que las disposiciones del llamado período de enfriamiento no encajan en la tradición histórica de regulación de armas en Estados Unidos y resultan inconstitucionales.

Según WUSF Public Media, Uthmeier sostuvo esa misma posición en una rueda de prensa. “Aquí en Florida no vamos a violar la Segunda Enmienda. Son derechos importantes. Los fundadores la colocaron en el número dos, creo, por una buena razón”.

Según FOX 13 Tampa Bay, Uthmeier también cuestionó que la espera sea una demora “arbitraria” y la desvinculó del tiempo necesario para completar una verificación de antecedentes.

Críticas demócratas y advertencias sobre seguridad pública

La eliminación del período de espera provocó rechazo entre dirigentes demócratas y organizaciones de seguridad pública. Su objeción central es que esos días de demora pueden frenar decisiones impulsivas en momentos de crisis.

La líder de la minoría demócrata en el Senado estatal, Lori Berman, cuestionó que el fiscal busque terminar con el requisito en vez de defenderlo. “Creo que es una dejación de sus funciones como fiscal general. El fiscal intenta deshacer lo que los ciudadanos del estado, así como los legisladores, han hecho, y esto está mal”.

Las advertencias sobre el impacto de la medida

Tanya Schardt, asesora principal de la organización Brady contra la violencia armada, advirtió que retirar esa barrera temporal tendría un costo humano. “Cuando se crea esa barrera de tiempo, se genera una oportunidad para que alguien quizá cambie de opinión y no realice esa actividad”.

Andrew Morral, investigador de políticas sobre armas de la corporación RAND, sostuvo que las pruebas disponibles respaldan ese tipo de medidas.

“Hemos revisado varios estudios y concluido que el respaldo a los períodos de espera es moderadamente sólido, que parecen reducir los suicidios con armas de fuego y el total de homicidios”.

Durante años, compradores y vendedores de armas habían cuestionado la espera por considerarla una demora arbitraria, sobre todo en los casos en que la verificación de antecedentes se aprueba de inmediato y obliga a volver días después al comercio. El tribunal federal debe resolver ahora si esa exigencia continúa vigente o si Florida deja de aplicarla.

El acto de intolerancia quedó registrado en video y se difundió en redes sociales, lo que desató inquietud en la comunidad. El episodio ocurrió en la mañana del 22 de junio, hacia las 10:00, en la intersección de la avenida Suba con la avenida Cali.

Según la denuncia ciudadana, varias personas increparon al ocupante de una camioneta gris Susuki, placas LOQ 042, por una supuesta maniobra peligrosa. Ante el reclamo, el conductor habría respondido mostrando un arma de fuego, según relataron los presentes.

En las imágenes divulgadas se observa el instante en que el hombre saca el arma desde el interior del vehículo. Testigos afirman que la acción tuvo como objetivo intimidar a quienes lo habían confrontado. Luego del enfrentamiento, el protagonista del hecho se retiró rápidamente de la zona.

De esta manera, la comunidad manifestó su preocupación por la facilidad con la que se exhiben armas en situaciones cotidianas.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Pelear es de dos partes déjelo pasar y siga con su paz mental pero quería conflictos y salió uno armado”; “Próximamente incidentes diarios en los trancones de Bogotá, porque al intolerante le van a dar su juguete para amenazar o apuntar a su antojo”; “La viva representacion de lo que pasaría con el porte de armas legal”; “Fijo es de los que no se pierde una misa el domingo 😅“; ”Por estos católicas la gente sea ha retirado de las eucaristías, terrible"; “Buenas noches. Y supuestamente con una imagen de una virgen en la parte de atrás”; “Sicarios en carros blindados ! Una plaga sarnosa como dijo ADLE”; “Uno lo saca un arma si no es para usarla y no se saca por un incidente de tránsito, viejo loco”: fueron algunos de los mensajes.

Requisitos, restricciones y precios: esto es lo que exige la ley en Colombia para comprar y portar un arma de fuego

El proceso para adquirir legalmente un arma de fuego en Colombia experimentó ajustes recientes, sobre todo en los costos, tras la actualización de precios realizada por la Industria Militar (Indumil). Este cambio responde a una revisión de su estructura de costos y a la optimización de sus procesos productivos.

Antes de cualquier compra, quienes deseen acceder a un arma deben inscribirse obligatoriamente en el Sistema de Información de Armas, Explosivos y Municiones (Siaem 2.0). Este registro es un paso inicial y esencial para legalizar el trámite ante las autoridades.

A la inscripción, se suma la exigencia de presentar un certificado de aptitud psicofísica, expedido únicamente por centros médicos autorizados por la Dirección General de Sanidad Militar. Este documento acredita que la persona cuenta con las condiciones físicas y psicológicas necesarias para manipular un arma.

El proceso contempla, además, la acreditación de formación específica en el manejo de armas. Los solicitantes pueden cumplir este requisito mediante un curso certificado o, si corresponde, presentando la libreta militar de primera clase.

La normativa colombiana establece que los permisos para civiles solo se otorgan a mayores de 25 años. Una excepción aplica para miembros activos de la Fuerza Pública, quienes pueden postularse antes de esa edad.

El permiso para portar o adquirir armas no es automático. Aunque el solicitante cumpla con todos los requisitos documentales, la decisión final recae sobre la autoridad militar competente, que evalúa cada caso de forma individual y puede negar la autorización si considera que no hay justificación suficiente.

En Colombia, quienes fabriquen, trafiquen, porten o posean armas de fuego sin la autorización correspondiente enfrentan sanciones penales. Por eso, cumplir con todo el proceso administrativo y legal es indispensable para evitar consecuencias judiciales.

El episodio se desencadenó en las inmediaciones de las calles 17 y 54, donde G.M.L. de 71 años —identificado como vecino de la zona— se acercó al comercio denominado “La Catedral” e insultó a sus propietarios antes de golpear uno de los vidrios del local con el hacha.

Las víctimas, los hermanos B.V. y L.V., son dueños de la panadería. Ante la agresión, B.V. llamó por teléfono a su hermano, quien se dirigió al domicilio de G.M.L., ubicado a unos 100 metros del comercio. Fue en ese momento cuando el agresor extrajo un arma de entre sus ropas y efectuó un disparo al piso.

El Grupo de Trabajo Operativo (GTO) de la Superintendencia de Seguridad Regional I tomó conocimiento del hecho a partir de reportes sobre detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, el personal policial se entrevistó también con efectivos del Servicio de Apoyo a la Seguridad Urbana (SASU), quienes se acercaron al sitio de forma simultánea. Juntos recabaron el testimonio de los damnificados.

Al trasladarse al domicilio de G.M.L., el propio imputado abrió la puerta y entregó voluntariamente el arma: un revólver calibre 32 largo, marca CTG. Al momento de la incautación, el cilindro contenía seis proyectiles intactos calibre 32 largo, lo que indica que solo se realizó un disparo.

La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 1 y el Juzgado de Garantías 6 intervienen en la causa, caratulada por los delitos de daños, abuso de arma, tenencia ilegítima de arma de fuego y amenazas agravadas.

La fiscalía de turno recibió la consulta policial y fue requerida una orden de allanamiento de urgencia —al amparo del artículo 59 del Código Procesal Penal— con el fin de secuestrar el hacha utilizada en el ataque y verificar la existencia de otras armas en el inmueble. La autorización no fue concedida.

G.M.L. quedó aprehendido y fue trasladado junto con las víctimas a la sede policial jurisdiccional. El procedimiento no dejó heridos. El personal médico del Área de Salud Mental aguarda para realizar la evaluación del detenido.

Una mujer fue a reclamar por el mal trato de la dueña de un almacén a su hermana y terminaron a los golpes

Una discusión por el trato recibido en un almacén de barrio derivó en una pelea física entre una clienta y la dueña del local, en Neuquén. El episodio quedó grabado por las cámaras de seguridad del comercio y el video se propagó con rapidez por redes sociales, donde acumuló cientos de reacciones.

Todo comenzó cuando la hermana de la protagonista compró papas fritas en el almacén y, según la versión de la familia, recibió un trato inadecuado por parte de la propietaria. Minutos después, la joven regresó al local con la bolsa de papas en mano para reclamar por lo ocurrido. La respuesta de la dueña fue, de acuerdo con los comentarios que circularon en redes, despectiva, y la discusión verbal escaló con rapidez.

En un momento que quedó registrado en las cámaras, la clienta arrojó el paquete de papas contra la dueña. Ese fue el punto de quiebre: ambas mujeres se tomaron del cabello y el intercambio de golpes y empujones se extendió por varios minutos dentro del comercio, frente a otros clientes que se encontraban en el lugar.

Cuando la situación parecía encaminarse a una resolución y la clienta se disponía a retirarse, una frase pronunciada por la cajera la hizo volver de forma abrupta, según consignó la agencia NA. Ese comentario reavivó el enfrentamiento y lo tornó más violento.

Un joven que realizaba compras en el local intentó separarlas, pero no pudo controlar la situación. El forcejeo continuó hasta que dos personas más ingresaron al comercio y lograron apartar a las mujeres.

Un juez de control vinculó a proceso a Silvia “N” por el delito de transporte de un arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, luego de que elementos de la Secretaría de Marina la detuvieran en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con una pistola tipo escuadra cargada en su maleta.

La decisión judicial fue lograda luego de que agentes del ministerio público de la Fiscalía General de la República (FGR) expusieran datos de prueba solidos contra la mujer.

Fue dictado un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

El arma fue detectada el pasado 26 de mayo durante una revisión de rayos X que la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP) aplica de forma rutinaria al equipaje de los pasajeros.

Las imágenes compartidas tras el aseguramiento muestran cartuchos dorados cuyo tamaño y forma son similares a la munición de 9mm. Las autoridades, sin embargo, no especificaron el calibre en ninguno de sus comunicados.

La Marina retiró el equipaje y ubicó a la pasajera antes de la apertura

Reportes previos de este medio informaron que la UNAPAP, adscrita a la Armada de México por conducto de la Región Naval Central, retiró la maleta del área de revisión para localizar a su propietaria.

La corporación precisó que el procedimiento establece que la apertura del equipaje debe realizarse en presencia del pasajero, por lo que primero se identificó a Silvia “N” entre los usuarios de la terminal.

Una vez presente, el personal naval procedió a abrir la maleta de forma formal. El hallazgo fue confirmado: en el interior había una pistola tipo escuadra abastecida con 17 cartuchos útiles.

Tras esa verificación, la mujer fue asegurada de inmediato y se le leyeron sus derechos.

La Marina señaló que el operativo fue ejecutado por personal especializado en tareas de protección aeroportuaria, una función orientada a reforzar los controles de seguridad en áreas de acceso y revisión de pasajeros.

La dependencia también recordó que portar armas de calibres no legales para civiles constituye un delito federal y reiteró el llamado a respetar las normas de seguridad aeroportuaria en todas las terminales del país.

El incidente generó movilización de elementos federales dentro de la terminal, aunque las actividades en el aeropuerto continuaron con normalidad.

La FGR formuló imputación en audiencia inicial y obtuvo la vinculación a proceso

La detenida y los objetos asegurados fueron entregados al Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Esa instancia fue la encargada de integrar la carpeta de investigación, establecer el origen del arma y revisar si la pasajera contaba con autorización para su portación.

El MPF recabó los datos de prueba suficientes para llevar a cabo la audiencia inicial.

En ella formuló imputación en contra de Silvia “N” por su posible participación en el delito de transporte de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y obtuvo ante un juez de control la vinculación a proceso.

Junto con la vinculación, el juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria. Durante ese periodo, la FGR deberá profundizar en las circunstancias del caso, incluido el origen del arma y la trayectoria que siguió antes de ser detectada en el aeropuerto.

La FGR precisó que a Silvia “N” se le presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

La Sección 22 mantiene bloqueos en puntos estratégicos de la ciudad de Oaxaca y su zona conurbada, de acuerdo con el reporte. En Mitla, pobladores desalojan a maestros que sostenían un bloqueo y, durante ese retiro civil, se reportan detonaciones de arma de fuego.

En días recientes, las movilizaciones de docentes generan choques y fricciones con elementos policiales al intentar instalar plantones en inmediaciones del Zócalo de la CDMX. Autoridades locales mantienen presencia de vigilancia en las zonas afectadas y remiten a reportes oficiales para el monitoreo de vialidades afectadas.

La secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, Yenny Araceli Pérez Martínez, informa que hoy interrumpe la mesa de justicia instalada en la Secretaría de Gobernación tras denunciar agresiones contra integrantes del magisterio movilizados en Oaxaca, durante un bloqueo carretero con dirección a Villa de Mitla.

Según sus declaraciones, la dirigencia responsabiliza al presidente municipal Esaú López Quero por llegar “con lujo de violencia” al punto del bloqueo para amenazar con retirarlo y, después, por una agresión “con disparos” contra sus compañeros.

Pérez Martínez también atribuye responsabilidad al gobierno estatal y menciona al gobernador Salomón Jara Cruz, al secretario de Gobierno Jesús Romero y al secretario Yáñez, a quienes exige garantizar la seguridad e integridad física de los manifestantes, al sostener que se trata de una movilización pacífica.

La líder sindical asegura que hay reportes de compañeros “golpeados” y “retenidos” en el contexto de los últimos “dos y tres días” de movilizaciones a nivel estatal y nacional.

En medio de los bloqueos de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca y la Ciudad de México, maestras y maestros del magisterio oaxaqueño reciben depósitos adelantados de sus quincenas. Docentes consultados señalan que desde este miércoles ya aparece reflejado el pago.

Según versiones de los propios maestros, el adelanto busca reducir la presión del paro indefinido y contener las protestas, con la intención de anticipar pagos pendientes de mayo y junio, además de cubrir retroactivos y otros adeudos por prestaciones del sector educativo.

La liberación anticipada de recursos divide opiniones dentro del magisterio: algunas personas la ven como un alivio ante afectaciones económicas derivadas de las movilizaciones, mientras otras sostienen que la medida no cambia la postura de la Coordinadora ni lleva al levantamiento del paro.

La dirigencia sindical mantiene que las protestas siguen mientras no haya respuestas a su pliego de demandas, que incluye temas salariales, laborales y administrativos. Hasta ahora, la Sección 22 sostiene bloqueos en distintos accesos de la capital oaxaqueña y acciones de protesta en la Ciudad de México, donde continúan mesas de negociación con autoridades federales.

Muere maestro de la CNTE en plantón del Centro Histórico en CDMX

Un integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) murió la madrugada de este martes en el plantón instalado en la calle 5 de Mayo del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital informó que un grupo de personas solicitaron el apoyo de policías que realizaban recorridos de seguridad en la zona por la presencia de un hombre inconsciente en el campamento de maestros.

Los uniformados solicitaron los servicios de emergencia; sin embargo, al arribar paramédicos del ERUM solo pudieron confirmar que el hombre de 44 años de edad ya no contaba con signos vitales.

El reporte indica que las causas deberán determinarse, pero se apunta a un posible infarto agudo al miocardio. Los datos del hombre fueron proporcionados por la representante sindical de la Delegación DI29.

La zona fue acordonada para la realización de las diligencias correspondientes por parte de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Maestros fueron encapsulados para evitar su ingreso al Zócalo capitalino

Este lunes un grupo de manifestante de la CNTE se movilizaron rumbo al Zócalo capitalino como parte de nuevas protestas llevadas a cabo por los maestros.

La marcha tuvo un momento de tensión en calles del Centro Histórico luego de que elementos de la SSC implementaron cercos y encapsularon a los maestros para impedirles el ingreso a la plancha del Zócalo.

De acuerdo con reportes, los docentes avanzaban sobre Paseo de la Reforma y Avenida Juárez cuando los uniformados bloquearon el acceso a la Plaza de la Constitución, lo que provocó empujones y reclamos.

Una mujer fue detenida en el AICM después de que personal de Semar detectó una pistola abastecida y 17 cartuchos útiles dentro de su equipaje, un hallazgo que derivó en su puesta a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica por la portación ilegal del arma.

La revisión ocurrió en uno de los filtros de inspección del aeropuerto, donde el equipaje pasó por equipos de rayos X. De acuerdo con Semar, el análisis de la imagen permitió identificar un objeto con características similares a un arma de fuego dentro de la maleta.

El caso activó la intervención de elementos de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, UNAPAP, adscrita a la Armada de México por conducto de la Región Naval Central. Según Semar, el equipaje fue retirado para ubicar a su propietaria y realizar la apertura en su presencia.

Una vez abierta la maleta, el personal naval confirmó que en el interior había un arma de fuego abastecida con un cargador y 17 cartuchos útiles. Tras esa verificación, la pasajera fue asegurada de inmediato, se le leyeron sus derechos y quedó a disposición de las autoridades competentes junto con los indicios asegurados.

El hallazgo se realizó durante la inspección con rayos X

Semar informó que la detección comenzó con el análisis de imagen de RX en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ese procedimiento permitió advertir un artefacto sospechoso antes de una inspección física del equipaje.

El aseguramiento del arma se realizó después de una revisión más detallada. Según la dependencia, la inspección confirmó que se trataba de una pistola con cargador abastecido, además de municiones, por lo que se inició el procedimiento legal correspondiente.

El incidente generó movilización de elementos federales dentro de la terminal aérea. A pesar de esa presencia adicional de seguridad, las actividades en el aeropuerto continuaron bajo vigilancia.

La respuesta central al caso es esta: la mujer fue detenida por llevar un arma de fuego abastecida y cartuchos útiles en su equipaje dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y ahora el Ministerio Público deberá determinar si contaba o no con permisos legales y cuál será su situación jurídica.

La pasajera quedó a disposición del Ministerio Público

Semar precisó que la detenida y los objetos asegurados fueron entregados a las autoridades competentes para integrar la carpeta de investigación. Esa instancia será la encargada de establecer el origen del arma, revisar si existía autorización para su portación y deslindar responsabilidades.

La dependencia también recordó que portar armas sin autorización constituye un delito federal. Esa advertencia fue reiterada junto con el llamado a respetar las normas de seguridad aeroportuaria en las terminales del país.

El operativo fue ejecutado por personal naval encargado de tareas de protección aeroportuaria, una función orientada a reforzar los controles de seguridad en áreas de acceso y revisión de pasajeros. En este caso, la intervención comenzó con tecnología de inspección no intrusiva y concluyó con la detención de la pasajera.

Semar señaló que esta acción forma parte de su colaboración con instituciones de seguridad y procuración de justicia. La corporación agregó que mantiene capacidades operativas y de vigilancia en el aeropuerto para atender hechos que puedan representar un riesgo para usuarios, trabajadores e instalaciones.

El caso quedó documentado como una detención derivada de controles de revisión dentro del AICM. La indagatoria seguirá su curso con base en el arma de fuego, el cargador y los cartuchos asegurados.

• Una mujer fue detenida en el AICM tras ser localizada con una pistola abastecida en su equipaje.
• El arma fue detectada por personal de Semar mediante equipos de rayos X y en la maleta había 17 cartuchos útiles.
• La pasajera quedó a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica e investigará el origen del arma.

Las estadísticas de homicidios continúan mostrando una tendencia al alza en Panamá durante 2026, pero detrás de cada asesinato consumado existe otro fenómeno que preocupa a las autoridades: las tentativas de homicidio.

Se trata de ataques en los que existe la intención de matar, pero por distintas circunstancias la víctima sobrevive, ya sea por atención médica oportuna, fallas en la ejecución del ataque o factores ajenos a la voluntad del agresor.

De acuerdo con el más reciente informe del Ministerio Público, entre enero y abril de 2026 se contabilizaron 193 víctimas de homicidio a nivel nacional, frente a 180 registradas en el mismo período de 2025, lo que representa un incremento de 7%. Panamá, San Miguelito, Panamá Oeste y Colón concentran la mayor cantidad de casos registrados durante los primeros cuatro meses del año.

Aunque las cifras oficiales de tentativas de homicidio no forman parte del informe de víctimas de homicidio divulgado hasta abril, los casos reportados por el Ministerio Público durante los últimos días muestran que este delito continúa teniendo una presencia significativa en distintas regiones del país.

Jurídicamente, una tentativa de homicidio ocurre cuando una persona inicia la ejecución de una acción destinada a causar la muerte de otra, pero el resultado fatal no se concreta por circunstancias ajenas a su voluntad.

Uno de los casos más recientes se registró en el corregimiento de Cerro Silvestre, distrito de Arraiján, donde varios hombres llegaron a bordo de un vehículo Kia Picanto y realizaron disparos contra personas que se encontraban en un establecimiento comercial.

El ataque dejó tres heridos y una de las víctimas falleció posteriormente en un centro hospitalario. Por este caso, la Fiscalía Regional de Panamá Oeste logró la detención provisional del conductor del vehículo presuntamente utilizado durante el hecho.

Otro expediente se desarrolla en la provincia de Coclé. La Sección de Homicidio y Femicidio logró que un Tribunal de Garantías ordenara la detención provisional de un ciudadano de 27 años acusado de homicidio doloso agravado en grado de tentativa.

Según la investigación, el hombre ingresó a un jardín de expendio de licor en el corregimiento Virgen del Carmen, en Aguadulce, y disparó contra otro joven de 27 años sin mediar palabras. La víctima sufrió una lesión en una arteria del brazo que puso en peligro su vida y le generó una incapacidad médico-legal provisional de 45 días.

También en la provincia de Panamá, la Fiscalía Metropolitana obtuvo una condena de 15 años de prisión contra un hombre de 32 años hallado responsable del delito de homicidio doloso agravado en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2022 en la barriada Parque Real, en Las Mañanitas, cuando el ahora sentenciado realizó detonaciones contra una persona que permanecía en una residencia junto a otras personas. El proyectil impactó a la víctima y comprometió seriamente su vida.

La violencia también alcanzó a miembros de los estamentos de seguridad. En Veracruz, distrito de Arraiján, dos hombres de 20 y 35 años fueron enviados a detención provisional por una presunta tentativa de homicidio en perjuicio de dos unidades de la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones, los agentes realizaban un recorrido cuando recibieron disparos de cuatro sujetos. Uno de los policías resultó herido por un impacto de bala en el lado izquierdo de la cabeza.

Mientras tanto, en San Miguelito concluyó recientemente un proceso judicial relacionado con un homicidio ocurrido en 2019 en el sector de El Futuro, corregimiento Arnulfo Arias.

El Tribunal de Juicio Oral condenó a 24 años de prisión a un hombre por homicidio e inviolabilidad de domicilio, luego de acreditarse que ingresó a una residencia y realizó varios disparos que provocaron la muerte de un adolescente de 16 años.

Las estadísticas de homicidios muestran además que las armas de fuego continúan siendo el principal instrumento utilizado en los hechos violentos. De las 193 víctimas registradas entre enero y abril, 165 murieron por disparos, equivalentes al 85.5% de los casos. Los jóvenes entre 18 y 24 años constituyen el grupo más afectado, con 56 víctimas, seguidos por las personas de 25 a 29 años, con 34 casos.

Los casos recientes de tentativa de homicidio reflejan que muchos ataques armados no terminan en muerte, pero sí dejan secuelas físicas y psicológicas en las víctimas, además de una carga importante para el sistema judicial.

La situación ocurrió durante hora pico en la estación Romero Rubio, donde el hombre, según un video difundido en redes sociales, guardó la presunta pistola tipo escuadra en una cangurera.

Después del incidente, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que no hay registro ni solicitud de apoyo relacionados con el video, y llamó a las personas usuarias a reportar inmediatamente cualquier situación anómala o de peligro con el personal policial en torniquetes o en los andenes.

Ante la difusión de la grabación, distintos usuarios reclamaron en redes sociales que los policías en la estación no detuvieron al individuo y exigieron la instalación o activación de arcos de detección de metales en el Metro, para evitar que armas ingresen a las instalaciones.

El STC aseguró que tras los hechos se refuerzan los recorridos de vigilancia en trenes, pasillos y andenes para reforzar la seguridad y el bienestar de los usuarios.

El incidente ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el transporte público de la capital, donde existe presión social para que las autoridades instauren mecanismos más efectivos de detección y contención de riesgos al interior del sistema.

• Un hombre habría sido visto con un arma en Línea B del Metro CDMX durante la noche en estación Romero Rubio.
• STC refuerza vigilancia tras incidente y solicita a usuarios reportar riesgos de inmediato.
• Usuarios exigen arcos de detección de metales y critican falta de acción policial tras la difusión del video.

En 2025 un hombre disparó su arma en Centro Médico

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre que portaba un arma de fuego luego de que usuarios del Metro de CDMX denunciaron que realizó disparos en las escaleras de la estación Centro Médico.

Los hechos ocurrieron la mañana del martes 30 de septiembre de 2025.

En videos captados por usuarios del Sistema de Transporte Colectivo se observa al sujeto discutir con otras personas mientras sostiene una pistola en la mano derecha. Luego de intercambiar gritos con algunos de los presentes, el hombre armado continúa su camino dentro de la estación.

Al respecto, la SSC informó que un testigo denunció que previamente el hombre detonó el arma en las escaleras que dan acceso a la estación donde convergen las líneas 3 y 9 del Metro de CDMX.

Así fue la detención del hombre armado en el Metro de CDMX

De acuerdo con una tarjeta informativa difundida por la Policía capitalina, el reporte de disparos se produjo en el cruce de la Avenida Cuauhtémoc y Eje 3.

“En el lugar, un hombre solicitó su apoyo y denunció que, momentos antes, sostuvo una discusión con un sujeto en la escalera de la estación Centro Médico, del Sistema de Transporte Colectivo (STC Metro), momento en que dicha persona desenfundó un arma de fuego y disparó hacia el suelo”, detalla el comunicado.

Tras recibir el reporte, elementos de la SSC realizaron un dispositivo de búsqueda y ubicaron al sujeto responsable, de 54 años de edad.

Luego de realizar una revisión, hallaron un arma de fuego con 28 cartuchos útiles y tres cargadores.

Un policía de Chicago murió y otro resultó en estado crítico tras un tiroteo en el hospital Endeavor Health Swedish, ubicado en el barrio Ravenswood. Según NBC News, el incidente ocurrió poco antes de las 11:00h del sábado, cuando ambos agentes trasladaban a un sospechoso bajo custodia para una evaluación médica.

Según informó el Departamento de Policía de Chicago, el sospechoso había sido arrestado en relación con un presunto robo y fue llevado al hospital para una revisión rutinaria.

De acuerdo con ABC7 Chicago, el hospital activó sus protocolos de seguridad: el sospechoso fue examinado con un detector de metales portátil a las 9:00h y permanecía escoltado por agentes. Sin embargo, el individuo logró hacerse con un arma de fuego y disparó contra los dos oficiales.

Uno de los agentes, John Bartholomew, de 38 años y con una década de servicio, recibió un disparo en la cabeza y murió en el acto. El segundo policía, de 57 años y con 21 años de experiencia, permanece internado en estado crítico en el Illinois Masonic Hospital.

El tiroteo movilizó a unidades tácticas y equipos SWAT, que aseguraron el hospital y establecieron un perímetro de seguridad.

El hospital quedó cerrado y bajo confinamiento hasta las 14:00h, cuando se levantó la restricción tras confirmar que no existía una amenaza activa para pacientes o personal. El sospechoso intentó huir tras el ataque y fue detenido fuera del hospital. Se recuperó un arma en la escena.

Investigación policial y operativo tras el ataque

La investigación sigue en curso y las autoridades no divulgaron el motivo exacto por el cual el sospechoso pudo acceder a un arma dentro del hospital. Algunas fuentes, como NBC News y ABC7 Chicago, mencionan la posibilidad de que el detenido haya desarmado a uno de los oficiales, aunque la policía no lo confirmó oficialmente.

Tampoco se precisó por qué el detenido fue trasladado para observación médica, aunque el superintendente Larry Snelling explicó que es común llevar a personas bajo custodia a una evaluación si presentan señales de enfermedad.

Fuentes oficiales indicaron que el hospital está colaborando plenamente con la investigación. El centro reiteró que ningún paciente ni miembro del personal resultó herido. Además, se recuperó un arma de fuego en la escena y el sospechoso permanece bajo custodia policial.

La zona de Ravenswood estuvo bajo fuerte presencia policial durante varias horas. Residentes describieron escenas de pánico por la movilización de patrullas y ambulancias.

Reacciones oficiales y estado actual del caso

El oficial fallecido fue identificado por la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook, que determinó la causa de muerte como herida de bala en la cabeza y catalogó el hecho como homicidio. La autopsia se realizó el domingo. El oficial herido continúa en estado crítico y recibe atención especializada.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, describió el episodio como “una tragedia” para la ciudad y expresó su apoyo a las familias de los oficiales.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, también transmitió sus condolencias y destacó el sacrificio de las fuerzas de seguridad: “Illinois está de luto por la muerte del oficial. Que su memoria sea una bendición”, publicó en sus redes.

Hasta el momento, la policía no emitió información adicional sobre la identidad del sospechoso ni sobre los cargos que enfrentará.

La investigación continúa y no se reportaron actualizaciones relevantes en las últimas horas, según los principales medios estadounidenses de la zona como NBC News, ABC7 Chicago y KHOU.

El hospital Endeavor Health Swedish fue reabierto al público tras el levantamiento del confinamiento, y las autoridades aseguraron que no existen amenazas adicionales para la comunidad.

En declaraciones brindadas a medios de comunicación, la directora sostuvo que el caso se encuentra bajo investigación y que, por ahora, la hipótesis que maneja la institución apunta a un presunto reto viral en redes sociales, conocido como challenge, replicado por un grupo reducido de escolares.

Mientras tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras autoridades continúan realizando diligencias para esclarecer cómo llegaron los casquillos al establecimiento y si hubo participación de menores en este episodio que encendió la preocupación de los padres de familia.

“No hemos recibido ningún tipo de extorsión”: la versión oficial del colegio Trilce de Chorrillos

Rosana Manrique Hoyos fue enfática al rechazar las versiones que circularon sobre un supuesto atentado criminal dentro del colegio. “Aquí en el colegio no hemos recibido ningún tipo de extorsión, amenaza, comunicados, ni nada por el estilo que atente contra la integridad de nuestros alumnos o el mismo personal”, señaló la directora al responder por el caso ocurrido en la sede de Chorrillos.

La autoridad escolar también negó que se haya hallado un arsenal o evidencia de un ataque armado. “De igual forma, no hemos encontrado armas, sangre, no ha habido balacera, metralletas, como lamentablemente se ha ido informando”, declaró, en un intento por frenar la difusión de datos que, según dijo, han generado una preocupación mayor entre las familias de la comunidad educativa.

De acuerdo con su versión, lo ocurrido sería un episodio aislado, vinculado a conductas que la institución viene revisando directamente con los estudiantes. “Esto es más que todo, y de la parte de donde nosotros lo vemos, ha sido un acto, digamos, algo es muy aislado aquí en el colegio. Estamos haciendo las indagaciones con los alumnos acerca de las conductas también”, precisó.

La directora también confirmó que, en el lugar, se hicieron presentes representantes de la policía del distrito, Serenazgo, Seguridad Ciudadana, la UGEL, la DREM y el Ministerio de Educación, además de personal especializado que ya trabaja en las indagaciones. Según explicó, incluso la división correspondiente de la PNP ya tomó intervención en el caso y el material encontrado pasó a peritaje.

“Sabemos que ya está en peritaje. Ellos hacen su trabajo y nosotros aquí también hacemos nuestras indagaciones”, agregó la directora, al remarcar que la institución no busca cerrar información, sino colaborar con todo lo que sea necesario para el esclarecimiento del hecho.

La hipótesis del “challenge” y el refuerzo de la seguridad escolar

Uno de los puntos que más llamó la atención en sus declaraciones fue la posibilidad de que el incidente esté relacionado con un reto de internet. Manrique Hoyos señaló que la policía les informó sobre la circulación de este tipo de desafíos entre escolares. “Casualmente, el día de ayer, cuando nos ha visitado también, de la comisaría, nos hicieron mención que se estaban dando estos challenge y ellos venían justo de una institución educativa en donde se estaba dando esto mismo, este mismo challenge, este mismo reto”, comentó.

A partir de esa referencia, la directora sostuvo que no se descarta que el caso haya tenido como origen una imitación irresponsable de dinámicas virales. Aunque insistió en que todo continúa bajo investigación, admitió que esa línea preliminar coincide con lo que la institución viene revisando junto a las autoridades.

Frente a esta situación, el colegio anunció que viene reforzando el trabajo de orientación con alumnos y padres. La directora recordó que desde el inicio del año escolar se puso en marcha una campaña enfocada en el uso correcto de las plataformas digitales, debido a los riesgos que representan ciertas prácticas difundidas en internet.

La directora también aseguró que el colegio entregó toda la información requerida por las autoridades, incluidas las grabaciones de las cámaras de seguridad de la institución. Según dijo, esa evidencia ya está en manos de la policía para seguir el curso legal de las investigaciones.

Según la información recabada por el medio Latina Noticias, el mensaje que provocó la alerta no solo consistía en pintas de advertencia sobre un ataque a balazos, sino que también iba acompañado del cuerpo de una paloma. Los padres recibieron un comunicado del colegio confirmado que la seguridad ha sido reforzada tras el hallazgo y que la vigilancia se mantiene tanto en el interior como en el exterior del plantel, donde operan agentes designados por la Subgerencia de Seguridad Ciudadana de Sullana.

Este episodio no constituye un hecho aislado en Piura. La propia institución ha registrado incidentes similares en ocasiones anteriores, con pintas anónimas que amenazaban con la posibilidad de tiroteos, según advirtió Exitosa. Esta cadena de amenazas recurrentes ha incrementado el nivel de preocupación de la comunidad educativa, que ve cómo la seguridad de sus hijos se encuentra bajo amenaza constante.

Refuerzan seguridad en colegio tras amenaza de tiroteo

La reacción institucional fue inmediata: directivos solicitaron la presencia de una patrulla de serenazgo, mientras la Policía Nacional y el Ministerio Público acudieron para custodiar las instalaciones y recabar evidencias. Personal especializado inició investigaciones revisando los espacios compartidos del colegio y recogiendo testimonios que puedan conducir a la identificación de los responsables.

Un agente de serenazgo designado afirmó a Latina Noticias que el despliegue busca “brindar seguridad” a la población estudiantil luego de que se confirmara la aparición tanto del mensaje como del animal muerto en los baños. Preservar la integridad en un contexto marcado por amenazas reiteradas es la misión central de los equipos intervinientes, mientras se mantienen activados los protocolos de emergencia establecidos para situaciones de riesgo en centros educativos.

Aunque desde la dirección del colegio Santa Rosa no hubo declaraciones públicas directas, se comunicó por correo electrónico a los padres de familia que “se han tomado las medidas necesarias”, en alusión a la ampliación del resguardo y la coordinación con fuerzas de seguridad. La intervención del Ministerio Público, sumada al despliegue policial ordinario, mantiene bajo monitoreo toda la actividad del plantel durante el desarrollo de las clases.

Padres molestos por decisión de mantener clases presenciales pese a amenaza

El anuncio de que las clases continuarían de forma regular, pese a la gravedad de la amenaza, generó un fuerte malestar entre los padres de familia, muchos de los cuales optaron por acudir personalmente al colegio para retirar a sus hijos, tal como constató Latina Noticias. Otros, inquietos por el clima reinante, han manifestado su desacuerdo con la decisión de mantener abiertas las aulas y reclaman información detallada sobre las acciones que se están tomando para prevenir incidentes.

El temor por la seguridad motivó escenas de padres esperando en los accesos, mientras que algunos menores fueron retirados preventivamente. Según las declaraciones recogidas, la principal preocupación recae en que no se conoce la identidad de los responsables ni las motivaciones específicas del mensaje, lo que deja a la población en situación de vulnerabilidad.

Los funcionarios y equipos de seguridad aseguran que la presencia continua en el colegio y las averiguaciones iniciadas tienen como objetivo “prevenir cualquier peligro que pueda ocurrir aquí en este colegio”, en palabras de los agentes consultados por el canal de televisión. La comunidad educativa, sin embargo, exige garantías definitivas para la protección de los alumnos y solicita que, ante la reiteración de amenazas, se evalúe la pertinencia de modificar o suspender temporalmente el horario escolar, una posibilidad que no ha sido contemplada hasta el momento por los directivos.

Según reportó RPP Noticias, la administración del centro educativo solicitó a los padres acudir de inmediato para recoger a sus hijos, luego de que se conociera el incidente durante la mañana de este miércoles 22 de abril.

Padres de familia relataron que, tras el hallazgo, surgió un mensaje en la puerta del baño que advertía un posible tiroteo el viernes 24, lo que aumentó el temor y la incertidumbre.

“Hay un mensaje que les han puesto en la puerta del baño de los niños, amenazante, que el día viernes habría un tiroteo, que no venga nadie”, explicó una madre durante declaraciones al referido medio.

El clima de alarma se intensificó cuando circularon rumores entre los padres acerca de una posible extorsión escolar y la presencia de alumnos transferidos de otras instituciones, asociados a incidentes previos de violencia.

De acuerdo con testimonios recogidos por RPP Noticias, las familias solicitaron a la dirección del colegio Trilce un pronunciamiento oficial y medidas concretas para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Algunos padres señalaron situaciones de intimidación y maltrato entre alumnos, lo que alimentó la preocupación y la exigencia de mayor vigilancia. “Hay una mamá que me comentó que a su hijo le han ‘cogoteado’ y yo creo que eso no es ninguna broma”, sostuvo otra madre en referencia a la tensión que se vive en el colegio.

La Policía Nacional del Perú (PNP) acudió al lugar para iniciar las investigaciones, mientras los padres esperaban afuera del colegio la salida de sus hijos. La administración escolar no permitió el ingreso de los padres al recinto, lo que derivó en escenas de nerviosismo y desconcierto en el exterior. Los agentes policiales aseguraron la zona y recopilaron evidencias para esclarecer el origen del arma y las municiones halladas.

Alarma por antecedentes de armas en colegios de Lima

El caso del colegio Trilce no es un hecho aislado en la capital peruana. En los últimos años, se han reportado varios casos de ingreso de armas de fuego en instituciones educativas de Lima, situación que mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad educativa. Anteriormente se documentaron incidentes similares en distritos como Breña, Surquillo, San Juan de Lurigancho, Callao y Ate.

En marzo de 2025, un adolescente ingresó con un arma de fuego a un colegio parroquial en Breña y amenazó a sus compañeros, lo que llevó a los padres a exigir mayor seguridad.

En noviembre de 2024, se difundió un video donde un estudiante de secundaria de Surquillo manipulaba un arma dentro del colegio San Vicente de Paúl, tras tomarla sin permiso de su casa.

En julio de 2023, dos alumnos del colegio Fe y Alegría N°5 de San Juan de Lurigancho fueron encontrados con armas cargadas durante una actividad escolar, lo que derivó en una protesta por parte de los padres.

En abril de 2024, la Policía Nacional intervino a dos escolares en el Politécnico Nacional del Callao por portar un arma y municiones. Más recientemente, en abril de 2026, se reportó en Ate un caso de violencia escolar con el uso de un machete a la salida de un colegio.

Un incidente en la colonia Santa Catarina, en la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México provocó la movilización de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), un alumno habría ingresado armado a la Secundaria Técnica 15 generó la movilización inmediata de la policía.

Un menor que ingresó con una supuesta arma de fuego y aparentes cartuchos, el objeto fue detectado por personal escolar, lo que llevó al desalojo preventivo del plantel y a la intervención de las autoridades.

La movilización policial en la Secundaria Técnica 15 de Azcapotzalco ocurrió luego de que se identificó la presencia de un alumno de primer grado, grupo “D”, con un arma de fuego corta y cuatro cartuchos útiles en el interior de la escuela. El hecho fue conocido inicialmente a través de mensajes entre estudiantes y padres en grupos de WhatsApp, quienes alertaron sobre el riesgo antes de la intervención oficial.

La alerta fue difundida en la comunidad escolar por estudiantes adolescentes mediante WhatsApp, según versiones de padres de familia. La información se compartió entre las familias, lo que contribuyó a que la situación fuera informada rápidamente y que la escuela solicitara apoyo a las autoridades.

Movilización policial y desalojo en la Secundaria Técnica 15

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que sus elementos acudieron al plantel 15 Secundaria Técnica, ubicado en calzada Azcapotzalco-La Villa, colonia Santo Tomás, tras recibir el reporte de la dirección escolar. De acuerdo con el comunicado de la SSC, “al llegar, la subdirectora del plantel refirió que detectaron a un alumno que portaba un objeto similar a una pistola”.

La respuesta incluyó el desalojo del inmueble como medida preventiva para proteger a la comunidad educativa. No se reportaron disparos ni personas lesionadas, confirmó la SSC en su informe.

Aseguramiento del arma y presentan al alumno ante el MP

Después del ingreso de los policías, se aseguró una arma de fuego corta y cuatro cartuchos útiles que estaban en posesión del menor, detalló la SSC. El estudiante y sus padres fueron acompañados fuera de la escuela para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales.

Las instancias competentes iniciaron las investigaciones correspondientes sobre la portación y origen del arma. Según la SSC, la actuación siguió el protocolo para transparentar el proceso y salvaguardar la legalidad.

El procedimiento concluyó cuando el alumno, en compañía de sus padres, fue trasladado ante la autoridad ministerial, que determinará su responsabilidad y las circunstancias en las que obtuvo el arma.

Una adolescente de 16 años sufrió un ataque a disparos en el norte de Bucaramanga (Santander) y permanece bajo observación médica tras recibir una herida en el pecho con posible afectación en la columna.

Este hecho, ocurrido la noche del sábado 28 de febrero en el barrio Campo Madrid, marca el segundo ataque armado en la ciudad en menos de 24 horas.

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El incidente tuvo lugar alrededor de las 11:10 p. m., cuando dos hermanas esperaban un domicilio en una zona conocida como Las Escaleras, según información del diario regioanl Vanguardia.

Según los familiares de la víctima, quienes presentaron la denuncia ante las autoridades, dos individuos en motocicleta se aproximaron vistiendo uniformes aparentemente asociados a una empresa de mensajería. Esa estrategia, de acuerdo con los relatos iniciales, permitió que los atacantes pasaran inadvertidos en el vecindario.

La situación cambió abruptamente cuando, frente a las jóvenes, el pasajero desenfundó un arma de fuego y disparó directamente contra la menor, quien cursa estudios de medicina veterinaria.

La agresión generó escenas de pánico y confusión entre los presentes, mientras los responsables escaparon en dirección al sector del parqueadero, donde se perdió su rastro.

Después del ataque, la adolescente recibió los primeros auxilios y fue trasladada al Hospital Local del Norte. Ante la gravedad de la lesión, los médicos ordenaron su remisión inmediata al Hospital Universitario de Santander (HUS).

Allí, el equipo profesional confirmó que la paciente presentaba una herida en el pecho con posible impacto en la columna del lado izquierdo y permanece bajo estricto monitoreo médico.

Este caso se suma a otro ataque armado registrado en la capital santandereana en menos de 24 horas, lo que pone en evidencia la preocupación por la seguridad en sectores como Campo Madrid.

Las autoridades investigan si existe algún patrón o vínculo entre los hechos recientes y han intensificado la presencia policial en zonas consideradas de alto riesgo.

Por el momento, la investigación continúa y se espera que los testimonios recogidos permitan avanzar en la identificación de los responsables.

Sujeto atacó a cuchillo a otro en medio de un acto de intolerancia en vía de Bucaramanga: Policía lo capturó en flagrancia

Un enfrentamiento con arma blanca entre los barrios Gaitán y San Francisco de Bucaramanga, terminó la tarde del miércoles 3 de febrero con un hombre muerto y otro bajo custodia policial.

El episodio, que tuvo lugar alrededor de las 6:05 p. m., quedó registrado por cámaras de seguridad y conmocionó a los residentes de la zona.

La reunión, que inicialmente parecía un diálogo entre Alexander Rojas y Leonardo Carreño Cárdenas de 53 años, se transformó en un altercado violento en plena vía pública.

Según testigos, la discusión escaló rápidamente cuando Carreño extrajo un arma cortopunzante y atacó a Rojas, ocasionándole dos heridas graves: una en el cuello derecho y otra en la clavícula. Rojas, habitante del barrio Girardot y seguidor del Atlético Bucaramanga, intentó alejarse, pero cayó herido mientras los presentes pedían ayuda.

La Policía Nacional desplegó unidades que patrullaban las inmediaciones, trasladando a Rojas en un vehículo oficial al Hospital Universitario de Santander (HUS). Los esfuerzos médicos resultaron infructuosos y Rojas falleció horas más tarde debido a la gravedad de sus lesiones, dejando una hija pequeña.

El presunto agresor buscó escapar tras el ataque, pero la intervención de las patrullas permitió su captura en las cercanías. Leonardo Carreño Cárdenas fue detenido en flagrancia y posteriormente entregado a la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso judicial.

Mientras la Fiscalía avanza en la investigación y prepara la audiencia de legalización de captura, el caso reabre el debate sobre la seguridad en espacios públicos y la necesidad de estrategias preventivas en sectores urbanos en la capital de Santander.

Un joven artista del género urbano fue asesinado en la noche del pasado martes 17 de febrero en el barrio Olaya Herrera, sector Estela, en Cartagena. El hecho se registró cuando la víctima salía caminando de un centro comercial de la zona.

La víctima fue identificada como Andrés Felipe Manjarrés Álvarez, cartagenero de 22 años que se dedicaba a la música urbana, específicamente al género trap, y que era conocido en el ámbito artístico como ‘Felo Millones’.

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De acuerdo con el reporte de la Policía conocido por El Tiempo, el caso fue clasificado como homicidio con arma de fuego y quedó registrado oficialmente a las 7:55 p. m., hora en la que se produjo el ataque.

Según la información recopilada por las autoridades, el joven fue abordado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta cuando se encontraba en inmediaciones del centro comercial del sector Estela.

Testigos informaron que el parrillero descendió del vehículo, desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra Manjarrés Álvarez. El ataque se produjo en plena vía pública y, de acuerdo con los reportes preliminares, no hubo intercambio de palabras previo a los disparos.

El informe policial al que tuvo acceso El Tiempo recoge la versión entregada por la comunidad sobre la forma en que se produjo el atentado:

“Según lo manifestado por la comunidad, el occiso fue abordado por una persona que iba de parrillero en una motocicleta y le dispara en varias ocasiones, falleciendo en el lugar de los hechos”.

Como consecuencia del ataque, la víctima murió en el lugar, antes de recibir asistencia médica. Su cuerpo quedó tendido sobre el pavimento mientras residentes y transeúntes alertaban a las autoridades.

En videos difundidos posteriormente en redes sociales se observa que vestía zapatos deportivos, bermuda de jean y suéter amarillo de manga larga al momento del crimen.

Procedimiento de inspección y traslado del cuerpo

Tras el ataque, la zona fue acordonada por unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena, que iniciaron los actos urgentes correspondientes en este tipo de casos.

La institución confirmó que al lugar acudieron funcionarios de Criminalística de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) para adelantar la inspección judicial. El reporte oficial consigna que la “inspección técnica a cadáver” fue realizada por la Seccional de Investigación Criminal, como parte del procedimiento establecido por la ley.

Durante varias horas, los investigadores realizaron la fijación fotográfica, la recolección de evidencias y la documentación de la escena del crimen. Asimismo, iniciaron la recopilación de testimonios de personas que se encontraban en el sector al momento de los hechos.

Una vez culminado el procedimiento en la vía pública, el cuerpo fue trasladado la misma noche del martes a la morgue de Medicina Legal, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para los trámites forenses y legales correspondientes.

Antecedente judicial registrado en 2022

El documento conocido por el medio ya mencionado, también deja constancia de un antecedente judicial del joven artista. De acuerdo con el informe oficial, “al occiso le registra una anotación judicial por el delito de porte ilegal de armas de fuego (2022)”.

Además, se puntualizó que figuraba una anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por ese mismo delito en el año 2022. Hasta el momento, las autoridades no han determinado si dicho antecedente tiene relación con el homicidio ocurrido en el barrio Olaya Herrera.

La información hace parte del análisis preliminar que realizan los investigadores para establecer el contexto completo del caso y definir posibles líneas de investigación.

Investigación para esclarecer los móviles

La Seccional de Investigación Criminal de Cartagena asumió formalmente el caso y adelanta labores de inteligencia y verificación en el sector Estela. Entre las acciones en curso se encuentra el análisis de cámaras de seguridad ubicadas en el área cercana al centro comercial y en vías aledañas, con el fin de identificar la motocicleta utilizada por los responsables y establecer la ruta de escape.

Igualmente, los investigadores trabajan en la ampliación de testimonios y en la verificación de información que pueda aportar datos sobre la identidad de los atacantes.

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que la investigación permanece abierta y que se están evaluando diferentes hipótesis sobre los móviles del crimen.

Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con el asesinato, mientras continúan las diligencias orientadas a esclarecer las circunstancias en que se produjo el ataque armado.

En la noche del sábado, un nuevo hecho de violencia armada sacudió al Barrio La Gloria en Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Allí, Maximiliano Garate, de 25 años, falleció como consecuencia de un disparo en el cuello.

El incidente ocurrió cerca de la medianoche, cuando vecinos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego y una persona herida en la Manzana “L” del barrio, según se informó a través de la línea de emergencias 911.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 52° hallaron a Garate dentro de una vivienda, acompañado por su hermano. Según el relato de este último, ambos permanecían en el domicilio cuando se escucharon ráfagas de disparos fuera de la propiedad. Momentos después, Garate ingresó al inmueble sujetándose el cuello, antes de desvanecerse en el comedor.

De acuerdo con la información publicada por el medio local Los Andes, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó rápidamente al sitio. Los profesionales médicos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron salvarle la vida, constatando el deceso a causa de la herida.

Durante la inspección ocular, peritos recolectaron tres vainas servidas en la vía pública, lo que refuerza la hipótesis de un ataque violento.

El informe policial añade que la víctima tenía antecedentes penales. Su historial delictivo comenzó en 2019 e incluye causas por robo agravado y simple, lesiones con arma de fuego, homicidio agravado, resistencia a la autoridad y desobediencia.

Las actuaciones judiciales están a cargo de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, que busca establecer el motivo del ataque e identificar a los autores.

Desarticularon una banda narco en Mendoza y secuestraron más de 500 dosis de cocaína listas para la venta

La semana pasada, la Policía de Mendoza desarticuló una banda dedicada al narcotráfico en el barrio Campo Papa de Godoy Cruz, tras una serie de operativos que permitieron el secuestro de más de 500 dosis de cocaína y la detención de varios sospechosos implicados en la distribución de sustancias ilícitas.

La investigación, que se inició por denuncias anónimas y tareas de inteligencia, posibilitó a las autoridades identificar puntos de fraccionamiento y venta de drogas en una de las zonas más vigiladas del oeste provincial. El procedimiento principal se llevó a cabo en una vivienda donde los efectivos incautaron 561 envoltorios de nylon con cocaína en polvo, además de 19 cigarrillos de marihuana, $105.200 en efectivo, teléfonos móviles y 24 paquetes de bicarbonato de sodio, utilizado para adulterar narcóticos.

Según la Fiscalía Federal de Mendoza, el principal sospechoso, un hombre de 27 años, fue arrestado y trasladado a la Unidad de Detención Federal U-32. Además, una mujer fue citada a comparecer ante los Tribunales Federales para ampliar la causa. El despliegue continuó en la misma manzana, donde una segunda vivienda funcionaba como centro de procesamiento. En ella, la Policía secuestró tres máquinas multiprocesadoras y una balanza digital con restos de cocaína, junto a materiales para el fraccionamiento y empaque, como bolsas de nylon, láminas de polietileno y tijeras.

En ese domicilio, se identificó a dos hombres que quedaron a disposición de la Justicia Federal. Durante los allanamientos, los investigadores recolectaron anotaciones manuscritas, consideradas clave para profundizar el análisis de la red de distribución y su posible vínculo con otros grupos delictivos. Fuentes judiciales informaron que la Fiscalía ordenó la continuidad de las medidas investigativas para determinar el verdadero alcance de la organización y esclarecer la ruta de comercialización en la región.

Horas atrás en la provincia de Córdoba, una banda dedicada a la venta de droga frente a un centro de rehabilitación de adicciones fue desarticulada tras un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico(FPA), coordinado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

Según informó Rosario3, el episodio, ocurrido durante la mañana del miércoles, se desarrolló en cuestión de minutos y provocó un gran desorden dentro del pequeño local, con cajones caídos y productos esparcidos tras la pelea.

El delincuente eligió actuar cuando Luis comenzaba su jornada. “Llegué a las 10 de la mañana, no terminé de poner música, que entró aceleradísimo”, relató el verdulero.

“Tenía una máscara de plástico, que se le salió”, detalló Luis sobre el aspecto del delincuente. La situación se volvió aún más tensa tras esto: “Me quiso meter en el baño y me pegó una piña en el pecho. Me mostró un arma, entonces me tiré encima”.

“Nos caímos y se tumbaron todos los cajones. Me intentó sacar el celular”, continuó con su relato. “Yo agarré la cuchilla y lo amenacé, entonces tiró el teléfono al piso y salió corriendo”, contó el empleado sobre el episodio.

De hecho, el empleado llegó a perseguirlo unos metros blandiendo el cuchillo. Finalmente, el atacante escapó hacia el oeste, por la calle Ituzaingó y la víctima lo perdió de vista.

Balearon a un hombre por resistirse al robo de su moto que compró hace dos meses

La noche del lunes en la ciudad de Rosario estuvo marcada por un violento hecho en el barrio Parque Casas, donde un hombre de 53 años fue baleado en la pierna izquierda tras resistirse al robo de su motocicleta, que había adquirido hacía poco tiempo.

La secuencia ocurrió pasadas las 21 horas en la cuadra de Ghiraldo al 2400, una zona residencial con episodios repetidos de inseguridad en las últimas semanas.

Según la reconstrucción del hecho aportada por Héctor, la víctima de 53 años, el ataque sucedió cuando regresaba a casa junto a su pareja. “Fue el cumpleaños de mi hija, así que fui a comprar una torta. Al volver, fui a la casa de mi hermano porque tenía que darle un dinero. En ese momento, estando de espaldas a la calle Ghiraldo, me pegan en el brazo. Era uno con un revólver, me dijo que me bajara de la moto o me mataba”, relató.

Tras el primer golpe, el hombre reaccionó enfrentando al asaltante. “Después me abalanzo sobre él y ahí me da un disparo en la rodilla”, continuó.

El vehículo, una moto Wave gris, tenía la llave colocada cuando se desencadenó el forcejeo, lo que permitió al agresor encenderla y avanzar unos metros.

Sin embargo, la reacción a distancia de la víctima frustró el escape: “Se subió a la moto y llegó a hacer unos metros hasta Ghiraldo. Ahí agarré una piedra y se la tiré. Se la di en la cara. Me acerqué y ahí hizo cuatro o cinco disparos. Tiraba a matarme”, continuó.

Este pasaje de violencia dejó a Héctor herido en la pierna izquierda y obligó a su traslado al hospital Alberdi. Por otro lado, el asaltante logró huir.

La moto había sido adquirida hacía muy poco tiempo por la víctima. “La compré el 3 de diciembre, hace exactamente dos meses”, cerró Héctor.

La causa ahora está bajo investigación de la Fiscalía en turno, que busca determinar la identidad de los autores y dar con el paradero del vehículo. En tanto, testigos y vecinos del barrio aportan su testimonio para aportar pruebas a las autoridades.

Según publicó el TSXG, la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña impuso a Martínez una condena de 24 años y 4 meses de prisión. Los jueces lo consideraron autor de dos delitos de homicidio en grado de tentativa, teniendo en cuenta la circunstancia agravante de reincidencia, además de un delito de robo con violencia en casa habitada mediante el uso de un arma de fuego sin licencia y de un delito de tenencia ilícita de arma corta con el número de serie borrado. También le atribuyeron un delito de coacciones y un delito leve de hurto. El tribunal entendió probado que actuó con dolo directo, dado el uso del arma y la violencia ejercida, según detalló el medio.

En la sentencia, la sala señaló que Martínez accedió a la vivienda con la intención de robar y empleó un arma de fuego ilegal, lo que llevó a que la situación derivara en un violento enfrentamiento con los ocupantes de la casa. Durante el proceso de intento de robo de un vehículo, Martínez efectuó varios disparos. Los magistrados consideraron que su objetivo era terminar con la vida de dos de las personas que se encontraban en la vivienda esa noche.

De acuerdo con la sentencia, Martínez fue sorprendido por seis residentes que dormían en la vivienda. Según relataron las víctimas ante la Audiencia, Martínez disparó directamente desde una distancia inferior a dos metros a uno de los habitantes, causándole una herida en el abdomen. Además, realizó un disparo dirigido a la esposa del lesionado, el cual no impactó. Tras esta secuencia, la madre del herido intervino y recibió un golpe de puño por parte del acusado, cayendo al suelo. En ese momento, Martínez le apuntó en la cabeza y, aunque accionó el arma, esta no disparó. “Le apuntó a la cabeza y le dijo 'tú te lo buscaste', escuché un click, por suerte la pistola se debió de encasquillar", comunicó uno de los hijos durante el juicio, según detalló el TSXG. “Si no falla la pistola, estamos todos muertos”, agregó el testigo.

Respecto a la intencionalidad homicida, la defensa de Martínez argumentó que su cliente no pretendía matar a nadie. “No he querido matar a nadie”, declaró Martínez al término de la vista oral, según recogió el medio. La abogada argumentó que el disparo que hirió a uno de los residentes ocurrió durante un forcejeo y propuso que el hecho debía calificarse como un delito de lesiones con utilización de instrumento peligroso. Además, insistió en que Martínez padece esquizofrenia, que no estaba correctamente tratada, y que esa condición habría afectado sus capacidades volitivas y de comprensión en el momento de los hechos. “Falta una prueba psiquiátrica para conocer las consecuencias de la enfermedad en el momento de los hechos”, añadió la letrada ante la sala, alegando que podría existir una eximente completa o, en todo caso, una atenuante muy cualificada.

La versión de Martínez ante el tribunal sostuvo su inocencia en cuanto a las intenciones atribuidas por la acusación. Según su testimonio, realizó “cuatro o cinco disparos al aire” solo para demostrar que portaba un arma de fuego y evitar que los residentes se le acercaran. Añadió: “Entré por comida”, y expuso que no planificó el robo del coche, aunque reconoció: “he robado coches toda mi vida”. Comentó que la intención del robo del vehículo surgió en el momento, según consignó el TSXG.

A pesar de los intentos de la defensa por demostrar la ausencia de intencionalidad homicida y la posible afectación psíquica de su cliente, el tribunal concluyó que Martínez actuó de manera consciente. Consideró que la violencia ejercida y la disposición de utilizar un arma corta con el número de serie borrado reforzaron el diagnóstico de dolo directo. Sobre la eximente planteada por la presunta enfermedad mental, el TSXG resaltó de forma textual: “No existe ánimo homicida en ninguno de los casos”, sin encontrar argumentos suficientes para modificar la calificación de los delitos atribuidos.

La sentencia incluye la posibilidad de recurso ante el propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por lo que aún no ha alcanzado firmeza, conforme informó el propio organismo judicial.

Momentos de tensión se registraron en una zona rural del municipio de Yacopí, en Cundinamarca, luego de que uniformados de la Policía atendieran un llamado ciudadano relacionado con la presencia de un vehículo cuyos ocupantes generaban sospechas entre los habitantes del sector.

La alerta permitió activar un operativo que derivó en un intercambio de disparos y en la captura de dos personas, según el reporte oficial conocido este 27 de enero de 2026.

De acuerdo con la información entregada por la Policía de Cundinamarca, los hechos ocurrieron en una vereda del municipio, donde residentes informaron sobre una camioneta que se desplazaba de manera inusual.

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La comunicación oportuna de la comunidad fue clave para que las autoridades iniciaran acciones inmediatas, con el fin de verificar la situación y prevenir posibles delitos en la zona.

La institución explicó que, tras recibir el aviso, se desplegó un procedimiento de seguridad que incluyó el cierre de rutas estratégicas. Los uniformados pusieron en marcha el denominado ‘Plan Candado’, una estrategia utilizada para interceptar vehículos sospechosos y limitar su capacidad de escape en áreas urbanas y rurales del departamento.

En el informe oficial, la Policía señaló: “Los hechos se registraron cuando la ciudadanía alertó oportunamente sobre la presencia de una camioneta, cuyos ocupantes presuntamente pretendían cometer un hurto en la vereda ‘El Silencio’. De inmediato, nuestros uniformados activaron el ‘Plan Candado’, logrando interceptar el vehículo en zona rural. Al notar la presencia de los policías y con el fin de evitar su captura, los sujetos accionaron armas de fuego contra los uniformados, lo que desencadenó un intercambio de disparos”.

Durante el procedimiento, se produjo un cruce de disparos entre los ocupantes del vehículo y los policías, sin que se reportaran heridos entre los uniformados ni entre la comunidad. La situación generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes permanecieron resguardados mientras se desarrollaba el operativo en la vía rural.

Como resultado de la intervención, las autoridades lograron la captura en flagrancia de dos sujetos, quienes fueron señalados por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Así mismo, se incautaron tres armas de fuego y se inmovilizó la camioneta en la que se movilizaban los presuntos implicados.

La Policía indicó además que los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió los trámites judiciales correspondientes para definir su situación legal. El material incautado fue incorporado a la investigación como elemento probatorio dentro del proceso.

En información adicional citada por Semana, la Policía de Cundinamarca dio a conocer que, en un procedimiento distinto desarrollado en el municipio de Girardot, fue detenida otra persona señalada de afectar a usuarios del sistema financiero. Se trató de un hombre de 44 años, quien habría sido identificado tras la detección de maniobras irregulares en cajeros automáticos.

Según la autoridad, este caso se presentó en el barrio San Miguel, en un punto ubicado en la Carrera 10 con Calle 14, donde la central de monitoreo de cámaras de seguridad de los cajeros electrónicos alertó a la patrulla del cuadrante. El aviso permitió una reacción inmediata de los uniformados, que se desplazaron hasta el lugar señalado.

La Policía explicó en su reporte: “Los hechos se registraron en el barrio San Miguel, específicamente en la Carrera 10 con Calle 14. La alerta se generó gracias a la oportuna comunicación de la central de monitoreo de cámaras de los cajeros electrónicos, quienes informaron a la patrulla del cuadrante sobre la presencia de un sujeto que manipulaba de forma sospechosa el dispositivo”.

Al llegar al sitio, los uniformados realizaron un procedimiento de registro al ciudadano. Durante la inspección, se evidenció que el hombre había aplicado pegamento en la ranura lectora de tarjetas, una práctica utilizada para bloquear los plásticos de los usuarios y facilitar el posterior engaño.

La Policía agregó: “Al llegar al lugar, los uniformados abordaron al ciudadano descrito. Durante el procedimiento de registro, se evidenció que el sujeto había aplicado pegamento en la ranura lectora de tarjetas del cajero, una modalidad delictiva utilizada para bloquear el plástico de la víctima y, posteriormente, mediante engaños, realizar el denominado “cambiazo”. En poder del capturado se hallaron 14 tarjetas de débito de diferentes entidades bancarias, las cuales presuntamente utilizaba para intercambiarlas con las de sus víctimas".

En este segundo caso, el detenido también fue dejado a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las indagaciones para establecer si existen más personas involucradas y si el capturado estaría vinculado con otros hechos similares en la región.

Autoridades municipales aseguraron a un alumno de secundaria tras una denuncia por la presunta portación de un arma de fuego dentro del plantel educativo Secundaria General No. 1 “Lázaro Cárdenas”, ubicada en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con información oficial, los hechos se registraron la tarde del jueves 22 de enero, cuando directivos del plantel alertaron a la Policía Municipal, a través del número de emergencias 9-1-1, sobre un estudiante que habría ingresado a la escuela con un arma en su poder.

Tras el reporte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) activó de inmediato un operativo de revisión al interior de las instalaciones educativas, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y autoridades del sector educativo.

Localizan arma calibre 9 milímetros

Bajo la supervisión de directivos escolares y en presencia de la madre del menor, los agentes localizaron al estudiante identificado como Diego “N”, de 16 años de edad, quien portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros.

El adolescente fue asegurado sin que se registraran detonaciones o personas lesionadas y puesto a disposición de la autoridad competente, a fin de que se inicien las acciones legales correspondientes por la posible comisión del delito de portación de arma de fuego.

Posteriormente, la SSPCM convocó a padres y madres de familia para informar sobre la situación, las medidas adoptadas y el proceso legal que seguirá el caso, subrayando que la seguridad de la comunidad escolar fue prioritaria.

Detienen a menor que baleó a joven en Tlatelolco

En un hecho distinto, ocurrido en la Ciudad de México, un menor de edad fue detenido por su probable responsabilidad en un ataque armado que dejó a un joven gravemente herido en la colonia Nonoalco Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los hechos ocurrieron la noche del 20 de enero de 2026, cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro reportaron a una persona lesionada por arma de fuego en las canchas de futbol ubicadas en Manuel González, entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Paseo de la Reforma.

Al arribar al sitio, los oficiales localizaron a un joven de 17 años de edad con manchas hemáticas, por lo que solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil diagnosticaron al adolescente con tres heridas por disparo de arma de fuego, localizadas en abdomen, vejiga y húmero, motivo por el cual fue trasladado de urgencia a un hospital.

En el lugar fue detenido el presunto responsable, un menor identificado como Nicolás “V”, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Durante su aseguramiento, un policía de 40 años resultó lesionado, presentando luxación de tobillo derecho, por lo que fue atendido por paramédicos del ERUM y trasladado a un nosocomio.

Versiones preliminares señalan que el menor detenido habría llegado en una bicicleta eléctrica, acompañado de otro sujeto que logró huir. Vecinos reportaron haber escuchado al menos seis detonaciones.

Las autoridades informaron que la investigación continúa, ya que existen versiones contrastantes sobre lo ocurrido, por lo que se espera información oficial que esclarezca plenamente los hechos.

Las restricciones impuestas por la hospitalización de uno de los imputados han dejado sin fecha el proceso judicial previsto en la Audiencia Provincial de Cantabria para determinar responsabilidades en un presunto intento de asesinato en Santander. El caso involucra a un matrimonio señalado como responsable de tratar de quitar la vida a dos hermanos el año anterior. Según reportó la agencia de noticias, la Fiscalía reclama para cada uno de los acusados una condena de siete años de prisión, junto con la imposición de ocho años de alejamiento y prohibición de comunicación con las supuestas víctimas.

El medio ha dado cuenta de que la vista oral, inicialmente programada para las 9:30 de la mañana de este miércoles, no pudo iniciar debido a la situación médica de uno de los procesados. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria comunicó la suspensión del juicio hasta nuevo aviso, sin establecerse aún una fecha alternativa para la reanudación. Fuentes judiciales explicaron que la medida resulta insoslayable ante el ingreso hospitalario del acusado.

La acusación, tal como detalló el medio, sostiene que los hechos investigados tuvieron lugar en el aparcamiento del tanatorio La Montañesa, donde tanto los encausados como las presuntas víctimas se encontraban presentes. De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, el matrimonio habría actuado en conjunto y de manera premeditada al coincidir con los hermanos en aquel lugar. Conforme al relato de la acusación pública, la mujer habría extraído de su bolso un arma de fuego corta para entregarla a su esposo con la intención expresa de acabar con la vida de ambos hermanos.

La declaración recogida por el medio describe cómo el hombre, tras recibir el arma, la preparó y disparó hacia sus objetivos en al menos tres ocasiones desde una distancia inferior a los 20 metros. La Fiscalía precisa que ninguno de los proyectiles alcanzó a los hermanos, quienes buscaron resguardo entre dos vehículos estacionados en el entorno, logrando así evitar las balas.

La petición del Ministerio Público, recogida en la acusación, contempla no solo las penas de prisión para ambos acusados, sino también la imposición de ocho años de restricción de acercamiento y comunicación con las víctimas. Según la calificación de los hechos, el matrimonio enfrenta cargos por un delito de homicidio en grado de tentativa. El resultado del proceso judicial, pospuesto de modo indefinido debido a la asistencia médica requerida por uno de los procesados, permanece pendiente de la reanudación de la vista oral y de la posterior deliberación de la Audiencia Provincial de Cantabria.

Fiscales y funcionarios judiciales esperan poder retomar el juicio en cuanto la situación médica del acusado lo permita. La suspensión del procedimiento mantiene en espera el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las posibles responsabilidades penales del matrimonio implicado, informó el medio de acuerdo con las fuentes consultadas en el ámbito judicial de la provincia cántabra.

El texto de la acusación indica que la mujer proporcionó a su esposo una pistola cuando ambos se encontraban en la zona de estacionamiento del tanatorio La Montañesa en Santander, acto durante el cual el hombre la habría manipulado y disparado contra dos hermanos a corta distancia. Según informó la Fiscalía, el objetivo era terminar con la vida de estas personas, aunque los proyectiles no alcanzaron su objetivo ya que los hermanos lograron refugiarse entre dos vehículos cercanos. La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará hoy a la pareja por estos hechos, que el ministerio público considera constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa y por el que solicita siete años de prisión para cada acusado.

De acuerdo con los datos presentados por la Fiscalía, el incidente se produjo cuando los procesados, actuando en acuerdo mutuo y con la supuesta intención de perpetrar el ataque, prepararon el arma y realizaron al menos tres disparos desde una distancia inferior a los 20 metros. El fiscal detalla además que la pistola utilizada se encontraba inicialmente en el bolso de la mujer, quien se la entregó a su marido al aparecer las víctimas en la zona de aparcamiento, añade el escrito de acusación.

El ministerio público también ha solicitado para ambos acusados la imposición de una prohibición de aproximarse y comunicarse con los dos hermanos durante un periodo de ocho años, en caso de condena. El juicio tendrá lugar a partir de las 9:30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, según consignó el medio que sigue el caso. La acusación recalca que el fallo de los acusados al no alcanzar a las víctimas se debió a que estas lograron encontrar cobertura entre los automóviles estacionados.

La petición de la Fiscalía establece que tanto la entrega del arma por parte de la mujer como los posteriores disparos efectuados por el hombre habrían respondido a una actuación conjunta y premeditada, lo que sustentaría la acusación de homicidio en grado de tentativa, según publicó el ministerio público. La Fiscalía considera que los indicios reunidos durante la instrucción del caso demuestran la existencia de dolo en la conducta de ambos procesados.

El caso ha sido asignado para ser enjuiciado en una única sesión, en cumplimiento de los plazos habituales establecidos por la Audiencia para este tipo de delitos graves. El ministerio público argumenta que la gravedad de los hechos y el peligro generado por el uso de un arma de fuego en un espacio público justifican la solicitud de penas de prisión y de restricción de contacto con las presuntas víctimas.

Las cámaras de seguridad de una tienda D1 en Málaga, Santander, captaron el momento en que un hombre armado cometió un millonario robo en la caja del establecimiento.

Gracias a estas grabaciones, la Policía local logró identificar y capturar al presunto responsable, aunque tres meses después del hecho.

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La captura fue notificada por las autoridades en las horas de la mañana del 22 de enero de 2026.

Según los reportes oficiales, la pieza gráfica fue clave para el avance de la investigación y la realización de la captura. El atraco ocurrió el 12 de octubre de 2025. En las imágenes, el sospechoso descendió de un taxi y entró al establecimiento simulando ser un cliente.

Vestía camiseta roja, jean y un buzo gris que usó para cubrirse la cabeza. De acuerdo con el relato oficial, el hombre se dirigió directamente a una de las cajas y, desde un canguro, extrajo un arma de fuego con la que intimidó a la empleada del local.

La trabajadora, ante la amenaza, entregó el dinero de la venta del día. Según datos de la Policía de Santander, el monto hurtado ascendió a aproximadamente dos millones de pesos. El asaltante huyó en un vehículo que lo esperaba afuera.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, explicó al medio santandereano Vanguardia que, al quedar registrado en las cámaras de seguridad, “se nos permitió establecer con claridad el modus operandi del sujeto y recopilar elementos materiales probatorios que fortalecieron la investigación”.

A través de labores de policía judicial y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, las autoridades lograron materializar la orden de captura emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Andrés.

La detención se realizó sin contratiempos y el presunto responsable quedó a disposición de las autoridades competentes.

Ladrón pide auxilio a la Policía en Bogotá

Un presunto ladrón fue retenido por vecinos en el barrio Pontevedra, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, y terminó pidiendo auxilio a la Policía cuando fue rodeado durante el incidente, según registró un video ampliamente difundido en redes sociales.

El episodio ocurrió junto a un establecimiento comercial y quedó registrado en imágenes difundidas por el medio local Rumba del Café.

En el video se observa al hombre protegiéndose cerca de una motocicleta oficial mientras suplica: “Señor agente, ayúdeme. Déjeme quieto”, en presencia de uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Tras el intento de hurto, un residente alertó a otros vecinos que interceptaron al sospechoso y esperaron la llegada de las autoridades.

El momento derivó en forcejeos hasta que la fuerza pública asumió el control. Las autoridades no precisaron si el hombre fue formalmente capturado, ni si existía una denuncia en su contra al momento del hecho.

Tampoco se informó sobre su estado de salud, aunque se confirmó que fue atendido en el sitio.

Datos de la Secretaría de Seguridad indican que de enero a octubre de 2025 se reportaron 132.204 robos en Bogotá, de los cuales 113.148 correspondieron al hurto a personas. Según estas cifras, en 2025 los hurtos a personas aumentaron en más de 4.000 casos respecto al año anterior.

La localidad de Suba se mantiene como el área con mayor número de robos a personas en la ciudad, con 10.360 casos entre enero y octubre de 2025, además de liderar los hurtos a residencias, con 636 reportes, y los robos a comercios, con 792 denuncias, de acuerdo con datos oficiales.

En robos de vehículos, la localidad de Kennedy encabezó el listado ese año con 510 automotores hurtados y 648 motocicletas, seguida por Engativá y Ciudad Bolívar en incidencia de estas modalidades. Respecto a hurtos residenciales, Engativá registró 539 casos y en comercios, Usaquén fue la segunda localidad más afectada, con 646 denuncias.

Una remisería de la localidad de San José, en el partido de Almirante Brown, fue víctima de un ataque a tiros, en el que dos hombres abrieron fuego contra el local y contra dos vehículos estacionados. Gracias a la intervención policial, un sospechoso fue detenido a unos 300 metros del lugar con un arma en su poder.

La Fiscalía calificó el hecho como “portación ilegal de arma de guerra y abuso de armas” y dispuso peritajes sobre el revólver incautado, en tanto la investigación sigue su curso para determinar si hubo más participantes en el ataque.

Según pudo averiguar Infobae, el episodio tuvo lugar aproximadamente a las 02:00 en la calle Bynnon al 5800, donde el sistema de emergencias 911 reportó disparos. Al llegar, efectivos del Comando de Patrullas hallaron seis vainas servidas calibre 9 milímetros y constataron daños por bala en un Renault Sandero y un Chevrolet Spin, cuyos propietarios resultaron ilesos.

Los testigos indicaron que debieron resguardarse ante el ataque, sin poder identificar de inmediato a los responsables.

Poco después, agentes de la Fuerza Barrial de Aproximación detectaron a un hombre huyendo a pie e interceptaron a R. A. C. (41), incautándole un revólver calibre .38 Special con dos vainas servidas. La Unidad Funcional de Instrucción N.º 3 de Almirante Brown avaló la aprehensión y ordenó diversas diligencias.

Balearon a un repartidor en Rosario para robarle la moto mientras trabajaba

Un nuevo hecho de violencia sacudió a Rosario la noche del miércoles: un repartidor fue atacado a balazos cuando circulaba cerca de Parque Oeste, con el objetivo de robarle la moto que utiliza para trabajar.

Tras esto, la víctima, identificada como un joven de entre 26 y 27 años, recibió un disparo en la pierna. Aunque la herida no fue clasificada como grave por los médicos del SIES que lo atendieron en la esquina de La Paz y Solís, los agresores lograron huir llevándose la moto, según informó el programa Telenoche Rosario de El Tres.

El hecho ocurrió en una zona marcada por la reciente muerte de Yahir Thiago González, un adolescente de 16 años asesinado de varios disparos en la cabeza frente al Club Infantil Libertad el 2 de enero. El episodio generó inquietud por un posible vínculo con las disputas territoriales entre organizaciones delictivas, y mantiene a la comunidad bajo un clima de creciente temor.

La investigación del homicidio permanece a cargo de la fiscal Marisol Fabbro y del equipo de la Unidad Fiscal de Violencia Altamente Lesiva, que evalúan la posibilidad de que ambos hechos estén conectados dentro de las luchas por el control territorial entre bandas criminales.

Un eje central para la pesquisa radica en determinar si González fue ejecutado en el mismo sitio donde apareció su cadáver. Para esclarecer este punto, los investigadores analizan en detalle las imágenes de cámaras de vigilancia públicas y privadas, incluyendo los domos de 360 grados que enfocan el club, en busca de pistas sobre los responsables del crimen.

Según El Ciudadano, la principal hipótesis que exploran los fiscales es la de un homicidio mafioso enmarcado en enfrentamientos entre bandas. González, de acuerdo con registros judiciales y testimonios mencionados por el mismo medio, había sido objeto de sucesivas amenazas y atentados vinculados a su negativa y la de su entorno a participar en la venta de drogas para la banda Los Menores en la zona de Parque Oeste.

El historial de amenazas se remonta a incidentes documentados durante 2024. El 1° de noviembre, Bruno Ayala —posteriormente condenado a ocho años de prisión— hirió a González disparándole en las piernas mientras este compartía una bebida con amigos. Apenas dos días después, Ayala volvió a buscarlo y disparó nuevamente, aunque González resultó ileso. En ese ataque una vecina recibió un disparo en la cabeza pero sobrevivió.

La dinámica violenta se extendía también a otros adolescentes del barrio que intentaban desvincularse de Los Menores: varios testimonios recogidos por El Ciudadano revelan que quienes rechazaban involucrarse en el tráfico de drogas sufrían represalias similares.

Hasta ahora, las autoridades no proporcionaron información sobre la identidad de los atacantes que balearon al repartidor ni brindaron detalles concluyentes sobre la conexión con los hechos previos. La fiscal Fabbro y su equipo mantienen abiertas todas las líneas de investigación: el análisis de los registros fílmicos y los peritajes forenses continúan en curso, con el propósito de dilucidar las circunstancias y la autoría de ambos hechos.

La Policía Local de Illescas intervino en la avenida de Castilla-La Mancha después de que amigos de O.B. lo trasladaran herido tras expulsarlo del lugar donde se produjo el disparo, según consignó Europa Press. El Ministerio Público ha solicitado una pena de diez años de prisión para B.F.S.M., acusado de atacar con arma de fuego a O.B. durante una discusión en Illescas, Toledo. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzgará a B.F.S.M. el miércoles 14, enfrentando cargos derivados de los hechos que ocurrieron el 22 de marzo de 2024, en los que O.B. recibió un disparo en el pie derecho.

La cronología, de acuerdo con el informe de la Fiscalía obtenido por Europa Press, comenzó alrededor de las 20:30 cuando O.B. y tres amigos se encontraban en las inmediaciones del antiguo Cuartel de la Guardia Civil de Illescas. En ese momento, ‘J.’, cuyo nombre es J.R.V.R., contactó con O.B. por vía telemática solicitando su presencia en la casa de sus padres para resolver un conflicto relacionado con una supuesta deuda personal. Temiendo que ‘J.’ pudiera causar daño a sus padres, O.B. acudió al domicilio paterno en Illescas acompañado de sus amigos, pero no encontraron a nadie en la vivienda.

Ante la ausencia de ‘J.’ en el domicilio indicado, O.B. y sus acompañantes se dirigieron a una segunda dirección en el mismo municipio en busca de la persona con la que existía la disputa. Los cuatro, desplazados en el auto de O.B., llegaron alrededor de las 21:00. O.B. y Y.E.Y. accedieron al portal del edificio, mientras que M.A. permaneció en el exterior y B.B. se quedó en el coche. O.B. golpeó con fuerza la puerta del bajo —donde suponía que podría encontrarse ‘J.’— solicitando su presencia.

El informe de acusación, citado por Europa Press, recoge que al escuchar los golpes, B.F.S.M. salió desde el interior del bajo empuñando una pistola corta de calibre 9 milímetros Parabellum. Según el Ministerio Público, B.F.S.M. habría proferido amenazas directas a O.B., entre ellas: “Te voy a pegar un tiro, hijo de puta, vete de aquí, te voy a pegar un plomazo”. Tanto O.B. como Y.E.Y. abandonaron el portal hacia la calle; Y.E.Y. y M.A. buscaron protección tras una furgoneta estacionada, mientras que O.B. quedó expuesto en la calzada.

Testigos y acusación coinciden en que, tras un intercambio verbal en el que O.B. desafió al acusado para resolver el conflicto físicamente, B.F.S.M. disparó el arma. El primer disparo impactó en un vehículo aparcado. El segundo, dirigido al pie derecho de O.B., provocó una herida con entrada en la zona del antepié y salida por la región inframaleolar.

Europa Press reportó que, tras el incidente, los acompañantes de O.B. lo subieron a su coche y se alejaron del lugar con dirección a la avenida de Castilla-La Mancha, donde dos agentes de la Policía Local acudieron en auxilio. Estos contactaron inmediatamente con los servicios médicos de emergencia, que trasladaron a O.B. al Complejo Hospitalario de Toledo para una intervención urgente.

En el lugar del altercado, una inspección ocular de la Guardia Civil localizó dos casquillos de bala percutidos correspondientes a calibre 9 milímetros Parabellum, según detalló el mismo medio. Las lesiones provocadas por el impacto obligaron a practicar una intervención quirúrgica a la víctima, clasificando el riesgo asociado como categoría 2.

En relación con la recuperación de O.B., la Fiscalía especifica que el periodo total de curación y estabilización incluyó 2 días de perjuicio grave, 30 días de perjuicio moderado y 13 días de perjuicio básico. Las secuelas permanentes afectan la movilidad de tres dedos del pie derecho y persisten dos cicatrices: una en el antepié derecho de 50x30 milímetros, de disposición oblicua y apariencia queloidea, y otra redondeada de 20 milímetros en la región inframaleolar externa, también queloidea. La Fiscalía valora el perjuicio estético como ligero, determinándolo en 3 puntos dentro de la escala habitual de evaluación de secuelas.

La acusación pública atribuye a B.F.S.M. la comisión de un delito de lesiones usando arma de fuego, considerando la inutilidad provocada en un miembro no principal, solicitando seis años de prisión por este delito. El escrito, según refiere Europa Press, incluye también la petición de dos años de cárcel por amenazas no condicionales y otros dos años por tenencia ilícita de armas.

La víctima, a su vez, sostiene ante el tribunal tanto acciones penales como civiles por los daños sufridos, reclamando las compensaciones legales correspondientes. La investigación judicial ha considerado distintos elementos probatorios recogidos en la escena por la Guardia Civil, así como los partes médicos del Complejo Hospitalario de Toledo.

Este proceso penal se añade a una serie de escenarios de violencia personal asociados a disputas no resueltas, en este caso derivadas, según la acusación, de una deuda entre particulares. La Fiscalía subraya la gravedad de los hechos, por la utilización de arma de fuego ante una confrontación motivada por diferencias personales y el consiguiente menoscabo físico y psicológico para la víctima.

De acuerdo con la información conocida, un ciudadano logró grabar con la cámara de su teléfono celular parte del momento en el que un joven, que se movilizaba en motocicleta junto a una mujer, fue abordado por varios delincuentes que se desplazaban en motocicletas.

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Según el registro audiovisual, los responsables del hecho intimidaron a la víctima con un arma de fuego para despojarla de sus pertenencias. Durante el atraco, el ciudadano recibió dos impactos de bala, lo que provocó que cayera al suelo junto con la motocicleta en la que se movilizaba, mientras su acompañante descendía para auxiliarlo.

Policía entregó detalles del caso

El coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante operativo de Apoyo Especializado de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que unidades de atención de la localidad de Kennedy se desplazaron hasta el sector de Caldas, sobre la avenida Las Américas, para atender la situación.

“De manera violenta e intimidándolo con arma de fuego le hurtaron sus elementos. Durante estos hechos,”, señaló el oficial, según declaraciones esta persona resultó herida y fue trasladada a la Clínica de Occidente, donde recibió asistencia médica y, a la hora, no reviste gravedad recogidas por El Tiempo.

Las autoridades confirmaron que el ciudadano fue atendido de manera oportuna por el personal médico y que su estado de salud no es de gravedad.

Así actuaron los responsables del robo

En el video grabado por el testigo se observa cómo uno de los sujetos, vestido con camiseta blanca, toma lo que sería un bolso que portaba la víctima y huye corriendo, mientras espera la llegada de un cómplice en motocicleta.

De manera simultánea, otros dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta diferente abandonan el lugar. La grabación muestra cómo el ciudadano herido permanece en el suelo junto a su vehículo, mientras su acompañante intenta prestarle ayuda.

Avanza la investigación con apoyo de cámaras

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, con apoyo de las unidades de investigación criminal, se adelantan labores para identificar a los responsables. Para ello, las autoridades cuentan con videos aportados por ciudadanos y con imágenes captadas por cámaras de seguridad del sector.

Según la institución, el material audiovisual permitirá establecer las características de las motocicletas, la ruta de escape y otros elementos relevantes para dar con el paradero de los implicados en el hecho.

Otros casos de robo a motociclistas en la ciudad

Las autoridades también han documentado otros robos a motociclistas en distintas localidades de Bogotá, algunos de los cuales han quedado registrados en cámaras de seguridad.

Hurto de motocicleta en Engativá

Uno de estos casos recientes ocurrió en el barrio Quirigua, en la localidad de Engativá, donde un video de seguridad registró el momento en el que dos hombres robaron una motocicleta.

En las imágenes se observa cómo los sujetos se acercan a un motociclista que acababa de estacionarse para dejar a su acompañante. Uno de ellos vestía sudadera roja, mientras que el otro llevaba un saco con capota.

El hombre con capota intimidó al conductor con lo que aparenta ser un arma de fuego, obligándolo a descender del vehículo. Posteriormente, su cómplice se subió a la motocicleta y exigió la entrega de un casco adicional antes de huir.

Tras el robo, ambos sujetos escaparon del lugar. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este hecho.

Cifras de hurto de motocicletas en Bogotá

De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional (Siedco) de la Policía Nacional, entre enero y noviembre de 2025 se registraron 4.364 hurtos de motocicletas en Bogotá, lo que representa una reducción del 20,8% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Pese a la disminución, el delito se concentró en varias localidades. Kennedy reportó 723 casos, seguida de Ciudad Bolívar (489), Engativá (475), Bosa (440) y Suba (311). Estas zonas continúan siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier información que contribuya a la identificación de los responsables y al esclarecimiento de los hechos registrados en la avenida Las Américas y en otros puntos de la ciudad.

Un hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sector de Ciudad del Campo, en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, por su presunta responsabilidad en el delito de disparo de arma de fuego con proyectil letal o disparos al aire injustificados, contemplado en el artículo 356A del Código Penal Colombiano.

El procedimiento se llevó a cabo en las primeras horas de la madrugada del 1 de enero, en el marco de los operativos de control y vigilancia adelantados por unidades adscritas al CAI Ciudad del Campo, como parte de las acciones permanentes de seguridad ciudadana en la zona.

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Cámaras de seguridad permitieron identificar al sospechoso

De acuerdo con el reporte oficial, la captura fue posible gracias al monitoreo continuo del sistema de videovigilancia instalado en el sector, el cual permitió observar a un individuo manipulando un arma de fuego y efectuando disparos al aire en la vía pública.

Las imágenes captadas por las cámaras fueron analizadas por el centro de monitoreo, que de inmediato alertó al cuadrante correspondiente. Paralelamente, la Policía recibió llamadas de la comunidad, que reportaban la situación y solicitaban la presencia de las autoridades.

Ante esta información, los uniformados se desplazaron de manera inmediata al lugar indicado para verificar los hechos y adoptar las medidas correspondientes.

Registro y hallazgo del arma de fuego

Una vez en el sitio, las unidades policiales procedieron a realizar el registro a persona, encontrando en poder del sospechoso un arma de fuego calibre 9 milímetros, marca Córdoba y munición calibre 9 milímetros.

Según las autoridades, el ciudadano fue capturado en flagrancia y se le informó el motivo de su detención, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

El mayor Jonathan Hernández Carrero, subcomandante de la Estación de Policía de Palmira, explicó que la reacción oportuna fue posible gracias al apoyo tecnológico con el que cuenta la institución.

“Gracias al sistema de videovigilancia se observa a un sujeto manipulando un arma de fuego y realizando disparos al aire. De manera inmediata, el cuadrante llega al lugar, efectúa el registro y halla el arma en su poder”, señaló el oficial.

Conducta sancionada por el Código Penal

Las autoridades recordaron que el artículo 356A del Código Penal Colombiano sanciona a cualquier persona que realice disparos al aire de manera injustificada, incluso si cuenta con permiso para el porte o la tenencia de armas de fuego, debido al riesgo que esta conducta representa para la vida e integridad de terceros.

El mayor entregó un reporte detallado del procedimiento y reiteró el alcance de la norma:

“Informamos a la comunidad de Palmira que el día 1 de enero, en horas de la madrugada, unidades adscritas al CAI Ciudad del Campo materializaron una captura por el artículo 356A del Código Penal, el cual sanciona a quien, aun portando permiso para porte o tenencia de armas de fuego, realice disparos al aire injustificadamente, sin garantizar su integridad ni la de terceros”, indicó.

El uniformado agregó que las cámaras de seguridad permitieron evidenciar claramente la conducta del capturado, facilitando la intervención inmediata del personal policial.

Puesto a disposición de la Fiscalía

El hombre capturado, junto con el arma de fuego y la munición incautadas, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió el caso y será la encargada de adelantar el proceso judicial correspondiente y definir su situación jurídica.

Las autoridades señalaron que este tipo de procedimientos hacen parte de las estrategias para prevenir hechos que puedan afectar la convivencia y la seguridad ciudadana, especialmente durante fechas en las que se incrementan las reuniones y celebraciones.

Llamado institucional a la ciudadanía

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la comunidad para denunciar de manera oportuna cualquier comportamiento que represente un riesgo para la seguridad, destacando la importancia de la colaboración ciudadana y el uso adecuado de los canales de comunicación oficiales.

Asimismo, recordó que el uso indebido de armas de fuego constituye una conducta penal, independientemente de que el portador cuente con permisos legales, y que estas acciones pueden tener consecuencias graves para la vida y la integridad de las personas.

La Guardia Civil de Alicante fue alertada del incidente el 21 de diciembre a través de una llamada telefónica que daba cuenta de la muerte violenta en la urbanización Campoamor, situada en el municipio de Orihuela. De acuerdo con Europa Press, la intervención rápida de las fuerzas de seguridad llevó al desplazamiento inmediato del equipo de homicidios de la Guardia Civil hasta el lugar de los hechos. El propósito central del operativo consistió en asegurar la zona y recabar indicios que permitieran avanzar en la reconstrucción de los hechos que rodearon el fallecimiento del joven.

Según detalló Europa Press citando información proporcionada por la Benemérita, el proceso de esclarecimiento se encuentra bajo reserva debido a la declaración del secreto de sumario por parte del juzgado competente. Esta medida impide la publicación de detalles específicos acerca de las circunstancias, los posibles móviles o la identidad de personas relacionadas con el caso, con el objetivo de no interferir en las líneas de investigación abiertas.

El medio Europa Press indicó que la víctima era originaria del Reino Unido y residía en la zona donde se produjo el homicidio. Las primeras diligencias judiciales y policiales se centran en analizar las causas subyacentes del suceso, además de identificar a los posibles responsables. Desde la llamada inicial, las autoridades han priorizado el estudio de pruebas forenses y la recolección de testimonios de vecinos, quienes podrían aportar elementos para clarificar el contexto en el que se desarrollaron los hechos.

El despliegue de los agentes de la Guardia Civil y la rápida puesta en marcha del equipo de homicidios reflejan el carácter prioritario que las autoridades han otorgado a la resolución del caso, subrayó Europa Press. Los esfuerzos coordinados entre los cuerpos policiales y el juzgado buscan delimitar con exactitud qué desencadenó la muerte del joven y cuáles pueden ser las motivaciones detrás del uso de un arma de fuego.

Hasta el momento, según consignó Europa Press, no se han difundido detalles adicionales sobre la identidad de la víctima, ni sobre posibles sospechosos vinculados al caso. La investigación permanece abierta y los informes oficiales se mantienen restringidos, de modo que únicamente la autoridad judicial y la Guardia Civil manejan la información sensible del expediente.

El suceso en Campoamor ha generado inquietud en la comunidad local, donde vecinos han mostrado preocupación tanto por la seguridad de la urbanización como por el impacto de hechos de violencia similares. De acuerdo a Europa Press, las actualizaciones sobre el avance de la investigación quedan supeditadas al levantamiento del secreto de sumario y a los comunicados oficiales que pueda emitir el juzgado de instrucción de Orihuela.

En el proceso actual investigativo en el barrio de Bolueta, las autoridades se plantean si existen antecedentes o amenazas previas que ayuden a contextualizar el reciente incidente con arma de fuego, o si se trata de un caso aislado. La noticia principal es la activación de un protocolo policial por parte de la Ertzaintza tras el hallazgo de restos de proyectil y otras pruebas balísticas, con el propósito de identificar a la persona responsable y determinar si el episodio tiene vínculos con incidentes anteriores, según detalló el medio de referencia.

El Departamento vasco de Seguridad informó que la alerta que motivó la intervención policial se registró poco después de las tres de la madrugada. Residentes y personas presentes en la vía pública se comunicaron con las autoridades tras percibir varias detonaciones cerca de un local nocturno en la zona de Bolueta, en Bilbao. Ante esta situación, agentes especializados de la Ertzaintza se desplazaron con rapidez al sector, donde hallaron indicios balísticos que confirmaban el uso reciente de un arma de fuego, tal como publicó la fuente original.

Posteriormente, los equipos procedieron a acordonar el área para asegurar el perímetro e iniciaron el trabajo de recogida de pruebas técnicas. Entre el material físico recopilado se incluyeron fragmentos de proyectil y marcas de impacto localizadas en superficies cercanas al lugar de los hechos, según consignó el medio consultado. Los agentes también tomaron declaraciones a testigos y comenzaron una investigación formal orientada a esclarecer los hechos e identificar al autor de los disparos.

El operativo desplegado por la Ertzaintza incluyó la búsqueda inmediata del sospechoso en los alrededores. No obstante, ninguna persona pudo ser localizada ni identificada en las inmediaciones del local, una circunstancia que ha complicado la detección y la obtención de datos directos sobre la autoría del incidente. Las primeras indagaciones indican que quien disparó logró evitar ser visto directamente, lo que llevó a las autoridades a centrar esfuerzos en el análisis de videovigilancia.

Fuentes del Departamento vasco de Seguridad detallaron que una parte relevante de la investigación consiste en revisar las grabaciones obtenidas por cámaras municipales y dispositivos instalados en establecimientos próximos. El análisis de estos materiales podría aportar información clave para reconstruir la secuencia de los disparos y perfilar posibles sospechosos, según recogió el medio.

El protocolo adoptado contempla también un estudio forense minucioso de todas las pruebas balísticas encontradas. Este procedimiento implica realizar análisis en laboratorio que permitan identificar el tipo y calibre del arma utilizada, así como determinar la dirección y la trayectoria de los disparos. Paralelamente, la Ertzaintza mantiene entrevistas con el personal del establecimiento nocturno, clientes que estuvieran presentes en el momento del suceso y transeúntes del área, medidas que buscan precisar la cronología de los hechos y establecer posibles móviles detrás del episodio.

De acuerdo con lo publicado por el medio original, las autoridades destacan la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en la resolución del caso. El Departamento vasco de Seguridad ha solicitado formalmente a cualquier persona que disponga de información sobre los hechos que la aporte a la policía, subrayando que estos datos pueden ser determinantes para identificar a la persona responsable y asegurar la protección del entorno social.

El despliegue policial se explica por la preocupación en torno a las consecuencias potenciales del uso de armas de fuego en espacios públicos con una alta concurrencia, especialmente durante las noches de fin de semana, cuando numerosos vecinos y visitantes se congregan en zonas de ocio. El objetivo central del operativo es reducir cualquier riesgo para la población y dar una respuesta efectiva ante este tipo de incidentes, tal como reportó el medio consultado.

El protocolo vigente permite a la Ertzaintza cubrir todas las vías posibles de investigación, desde la recopilación científica de evidencias hasta el seguimiento continuo de testimonios y la vigilancia activa del área, informaron fuentes del Departamento vasco de Seguridad. La investigación permanecerá abierta mientras los agentes continúan recolectando datos y examinando los posibles antecedentes del suceso. Las autoridades expresan su compromiso en esclarecer los hechos y evitar la repetición de casos similares tanto en Bolueta como en otros puntos de Bilbao donde la vida nocturna genera gran concentración de público.

El desarrollo del proceso investigativo depende en gran medida del análisis de las pruebas recogidas en la noche del incidente y de la información que se aporte tanto por el vecindario como por testigos presenciales. Según reportó la fuente original, el objetivo final es garantizar la seguridad en espacios urbanos de ocio y dar respuesta rápida ante cualquier manifestación de violencia con armas en lugares comunes.

La comunidad de Belencito, en el municipio de Floridablanca (Santander) se encuentra consternada, después de que Jean Carlos Garnica González muriera al intervenir en un acto de intolerancia.

Según testigos, la noche del 7 de diciembre, vecinos decoraban la cuadra con motivo de la tradicional celebración de velitas, mientras numerosos niños disfrutaban en la vía pública.

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En ese contexto, el ambiente festivo se tornó tenso cuando un hombre conocido como El Azulejo, que compartía bebidas alcohólicas con otros adultos, comenzó a realizar disparos al aire.

La reacción de Garnica González, de 30 años, fue instar a su vecino a detener los disparos ante la presencia de menores en la calle.

Varios habitantes afirmaron que el reclamo enfureció a El Azulejo que, sin mediar palabra, desenfundó su arma y efectuó múltiples disparos contra Jean Carlos.

El informe médico posterior detalló que la víctima ingresó sin signos vitales a la Clínica Bucaramanga, presentando dos lesiones de bala en la cabeza, situación que –según los especialistas– le provocó muerte inmediata.

Tras el tiroteo, el agresor intentó retirarse tranquilamente del lugar, pero la llegada de la patrulla policial lo llevó a huir hacia una zona boscosa cercana. Durante el escape, descartó el arma de fuego utilizada.

Sin embargo, el sujeto fue capturado poco después por los agentes del cuadrante, que contaron con la colaboración de la ciudadanía, que no dudó en identificar al señalado como el responsable.

Además, las cámaras de vigilancia dejaron ver imágenes claras del ataque, lo que fortalece la investigación en curso por parte de las autoridades.

Actualmente, el presunto homicida permanece bajo custodia judicial, mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer los detalles exactos del hecho.

Las autoridades locales resaltaron la gravedad del caso y el peligro que representan los disparos irresponsables, especialmente en contextos donde pueden verse involucrados menores de edad.

Dos adultos mayores fueron asesinados en caso de intolerancia: un vehículo se estrelló en su vivienda y habían acordado dos millones de pesos por los daños

La investigación en Armenia tomó un giro clave tras la inmovilización del vehículo con el que, según la Policía, un grupo de agresores perpetró un doble homicidio en el barrio Porvenir. El suceso se desató horas después de que las víctimas y el conductor responsable de un choque acordaran una compensación económica, sin poner el caso en conocimiento de las autoridades.

El propio coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío, declaró a Caracol Radio que las diligencias de identificación y verificación ya están en marcha para ubicar y capturar a los responsables.

El desenlace se produjo la tarde del domingo 16 de noviembre de 2025. Según reportaron medios locales, la jornada comenzó con un accidente vehicular: el automóvil de uno de los implicados impactó la fachada de la vivienda donde residían Luz Amparo Moscoso Palomino, de 65 años, y su padre, Julio César Moscoso Echeverri, de 89. Los afectados y el conductor optaron por resolver el incidente sin intervención policial, acordando entre ellos una indemnización de 2 millones de pesos.

Contrario a lo esperado tras la conciliación, el propio conductor regresó después, ahora acompañado por otras personas y armado tanto con armas de fuego como blancas. Irrumpieron en la vivienda y, en presencia de quienes minutos antes habían pactado indemnización, dispararon y provocaron heridas mortales a las dos víctimas.

Los atacantes huyeron a pie, dejando consternada a la comunidad. Vecinos que escucharon los disparos notificaron a las autoridades, quienes confirmaron los decesos al llegar al sitio.

El comandante Atuesta atribuyó el crimen a una escalada de intolerancia, recalcando que toda la secuencia fue detonada por un altercado derivado de un incidente vial. “De acuerdo a las primeras indagaciones, de un accidente de tránsito que se dio horas antes, habrían llegado ya a una conciliación por un valor al parecer de 2 millones de pesos, por eso no llamaron en ese momento a unidades de tránsito ni tampoco a la Policía Nacional, pero sobre la 1:45 p. m. aproximadamente de la tarde llegan en un vehículo que ya tenemos inmovilizado unas personas y lamentablemente accionan armas de fuego y también le causan heridas con armas blancas a estas personas”, detalló el oficial a Caracol Radio.

Las autoridades de Cartagena confirmaron la identidad del hombre asesinado a plena luz del día en las playas del corregimiento de La Boquilla, uno de los sectores turísticos más concurridos de la ciudad

Se trata de Andrés Bedoya Betancour, ciudadano natural de Medellín, quien registraba once anotaciones judiciales y fue víctima de un ataque sicarial ocurrido en la tarde del miércoles 3 de diciembre.

El crimen se registró hacia las 3:00 p. m., cuando Bedoya Betancour se encontraba en compañía de otras dos personas en un establecimiento ubicado sobre la zona de playa, según informó el diario El Universal.

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Testigos relataron que el grupo había adquirido cervezas en una carpa ubicada frente al mar. Mientras sus acompañantes permanecían de pie, la víctima fue la única persona que se dirigió a sentarse en unas sillas dispuestas en el lugar.

En ese momento, un hombre se le acercó y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones. El ataque fue directo y certero.

Uno de los acompañantes, que se encontraba hablando por teléfono al momento del atentado, huyó de inmediato del lugar, mientras que la otra persona permaneció en la escena.

La reacción de los bañistas, trabajadores del sector y turistas fue casi instantánea. En cuestión de segundos, la playa fue desalojada ante el temor de un nuevo ataque, generando escenas de pánico y confusión.

Minutos después, solo permanecían algunos curiosos observando el procedimiento adelantado por las autoridades.

Pocas horas después del homicidio, la Policía Metropolitana de Cartagena confirmó oficialmente la identidad de la víctima e informó sobre el inicio de las investigaciones para dar con los responsables.

En su reporte oficial, la institución señaló: “En la tarde de este miércoles 3 de diciembre se presentó el homicidio del señor Andrés Bedoya Betancour, de 31 años de edad, natural de la ciudad de Medellín”.

Los uniformados que atendieron el caso confirmaron que Bedoya Betancour falleció casi de inmediato debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala. Funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) realizaron la inspección técnica del cadáver en plena playa y posteriormente el cuerpo fue trasladado a la morgue de Medicina Legal.

Uno de los elementos que más llamó la atención de las autoridades es el amplio historial judicial que tenía la víctima. De acuerdo con la Policía, Bedoya Betancour acumulaba 11 anotaciones judiciales. Seis de ellas correspondían al delito de hurto calificado, registradas entre los años 2015 y 2025. Además, tenía dos denuncias por amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos en el año 2019.

El prontuario se complementa con una anotación por concierto para delinquir en 2025, otra por fuga de presos en 2023 y una más por lesiones personales en 2018. Con base en estos antecedentes, las autoridades investigan si el homicidio estaría relacionado con su pasado criminal o si se trataría de un ajuste de cuentas producto de disputas recientes.

Este homicidio se suma a la preocupante ola de violencia que continúa golpeando a Cartagena. De acuerdo con cifras del programa Cartagena Cómo Vamos, hasta el mes de octubre se habían contabilizado 279 homicidios en la ciudad.

Posteriormente, el diario El Heraldo reportó que en el mes de noviembre se registraron 29 asesinatos adicionales, lo que eleva la cifra a 302 personas asesinadas en lo que va del año.

En su más reciente informe, Cartagena Cómo Vamos advirtió que “la violencia homicida tiene un impacto profundo en la calidad de vida, al afectar la confianza ciudadana, la seguridad comunitaria y las dinámicas sociales. En Cartagena, los casos de sicariato —homicidios por encargo— continúan influyendo en las rutinas barriales y en la percepción de seguridad”.

El mismo reporte subrayó que la reducción de los homicidios no solo representa un reto en materia de seguridad, sino también una necesidad urgente para garantizar el bienestar social y el desarrollo económico, especialmente en zonas de alta afluencia turística como La Boquilla, donde este tipo de hechos genera un fuerte impacto en la imagen de la ciudad.

Un operativo en el barrio Envión 3 de Haedo, en la zona oeste del Conurbano bonaerense, culminó con la detención de una joven apodada “La Manu”, quien, a pesar de cumplir arresto domiciliario con tobillera electrónica por una causa previa de venta de drogas, utilizaba su vivienda como centro de distribución de estupefacientes.

La intervención se produjo tras una serie de denuncias anónimas de vecinos, quienes alertaron sobre el constante movimiento de personas desconocidas y los disturbios generados en el domicilio ubicado en la intersección de las calles París y Directorio.

Según informó Primer Plano Online, la Secretaría de Seguridad del Municipio de Morón y la Justicia local recibieron estos reclamos y dispusieron tareas encubiertas para verificar la situación. Las investigaciones, coordinadas por la Fiscalía N.º 9 de Morón, determinaron que la joven, ampliamente reconocida en la zona, organizaba la venta de drogas al menudeo desde su departamento, el mismo en el que cumplía la medida de arresto domiciliario.

El personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón realizó un seguimiento en el área, documentando el flujo constante de compradores y proveedores a lo largo del día. Con estos elementos, la jueza de Garantías, Laura Mariel Pinto, titular del Juzgado de Garantías N° 1 de Morón, ordenó un allanamiento en la propiedad.

Durante el operativo, los agentes detuvieron a “La Manu” y secuestraron una importante cantidad de dosis de cocaína ya fraccionadas y listas para la venta, además de un arma semiautomática calibre nueve milímetros cargada y apta para disparar. También incautaron un teléfono celular, que actualmente está bajo peritaje.

La joven perdió el beneficio del arresto domiciliario y enfrenta ahora una doble imputación: tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego, según detalló Primer Plano Online. La causa previa que motivó la colocación de la tobillera electrónica también estaba vinculada a la venta de drogas.

Una familia quiso eludir un control policial y quedó presa por narcomenudeo

Este mismo miércoles, una operación de patrullaje preventivo en el barrio porteño de Villa Urquiza derivó en la detención de tres integrantes de una familia de nacionalidad peruana por presunto narcomenudeo, tras un intento fallido de evadir un control policial. El procedimiento, realizado por la Policía de la Ciudad durante la madrugada, permitió el secuestro de tusi, cocaína y marihuana, además de una importante suma de dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

El episodio se desencadenó alrededor de las 3:00 de la mañana, en la intersección de Tamborini y Aizpurua, cuando los agentes detectaron una Ford EcoSport gris que circulaba con “dos tubos plásticos de gran tamaño sobresaliendo parcialmente del sector del baúl, en aparente forma irregular de transporte”. Al advertir la presencia policial, el conductor aceleró de manera abrupta e intentó eludir el control, maniobrando con la aparente intención de fugarse. Sin embargo, los efectivos lograron interceptar el vehículo a pocos metros e identificaron a sus ocupantes.

Dentro del automóvil viajaban José F.V., de 40 años y nacionalidad peruana, quien conducía el rodado; su pareja, María C.M., también peruana y de 51 años; y la hija de ambos, L. F. C., argentina de 20 años. Todos residen en el barrio porteño de Paternal. Además, se encontraba a bordo un menor de 15 años, quien fue entregado a su madre por disposición judicial, sin que se adoptaran medidas en su contra.

Durante la identificación, el conductor manifestó que no poseía registro de conducir. Ante esta situación, los agentes requisaron el vehículo. En la guantera hallaron dos cajas blancas que contenían 1.633.000 pesos en efectivo y 1.865 dólares, junto a numerosos sobrecitos de papel madera de diferentes colores, presuntamente utilizados para fraccionar droga. También encontraron tres bolsas Ziploc con sustancia pulverulenta de colores (presunta tusi), envoltorios de nailon con sustancia blanquecina (presuntamente cocaína) y, debajo del asiento del acompañante, una bolsa con marihuana.

El operativo permitió además el secuestro de cinco teléfonos celulares, una cartera negra, dos cámaras fotográficas y otras bolsas con material estupefaciente. Los test orientativos realizados a las sustancias incautadas arrojaron resultado positivo para cocaína y marihuana.

El peso total de la cocaína fue de 776,9 gramos, el de la marihuana 8,62 gramos y se detectaron 24 gramos de tusi.

Tanto José F.V. como María C.M. registran antecedentes penales: en 2016 por “lesiones y amenazas” y en 2019 por “allanamiento” en una causa vinculada a drogas. La cantidad de droga y el valor de los elementos secuestrados motivaron la imputación por presunta comercialización, quedando la Ford EcoSport incautada para peritajes.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de la zona Norte (UFLA Norte), que determinará los pasos a seguir en el marco de la causa.

Un partido de fútbol amateur en El Salto, Jalisco, terminó en violencia y generó alarma social cuando José “El Tepa” Lomelí, exfutbolista profesional de los Leones Negros y tesorero del Club Deportivo Atlante, fue señalado de sacar un arma de fuego e intentar disparar durante una pelea campal.

El incidente involucró a jugadores y aficionados de los equipos Atlante y Potros, lo que llevó a la intervención de las autoridades y a la apertura de una investigación policial, principalmente por el tema del exjugador.

¿Qué sucedió?

El enfrentamiento ocurrió en las canchas del Club Deportivo Atlante, donde se disputaba un partido correspondiente a la liga local. El encuentro transcurría con normalidad hasta que la tensión entre los equipos aumentó. Jugadores del Atlante agredieron a futbolistas rivales y a integrantes de la porra, lo que desató una gresca generalizada.

En medio del caos, Lomelí, identificado como exjugador profesional y directivo del Atlante, descendió de las gradas y accedió al campo por un hueco en la malla, portando una pistola que le entregó un hombre con gorra.

Según el video difundido por el periodista David Medrano, el exfutbolista intentó accionar el arma, pero esta aparentemente se encasquilló, lo que impidió que se produjera un disparo. La violencia continuó: jugadores de ambos equipos y miembros de las porras invadieron la cancha y protagonizaron una pelea masiva. Como resultado, un hombre sufrió lesiones en el rostro y el cuerpo, por lo que fue trasladado a una unidad médica para recibir atención.

¿Qué pasará con el equipo del ‘Tepa’?

Ante la gravedad de los hechos, la Comisaría de Seguridad Pública de El Salto anunció la clausura del Club Deportivo Atlante y la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido. Además, se implementó un operativo para localizar a los responsables, entre ellos Lomelí, cuya participación quedó registrada en los videos que circularon ampliamente en plataformas digitales.

El lesionado, cuya identidad no fue revelada, recibió atención médica tras los golpes sufridos durante la trifulca. No se proporcionaron detalles adicionales sobre su estado de salud.

¿Quién es el ‘Tepa’ Lomelí?

José Inés Lomelí López, conocido como “El Tepa”, tiene 31 años y comenzó su carrera profesional en 2017. Se desempeñó como mediocampista de contención en equipos de divisiones menores, incluyendo Leones Negros, y alcanzó su mayor valor de mercado en 2019, cuando su ficha fue tasada en EUR 200 mil, según datos de Transfermarkt.

La Comisaría de Seguridad Pública de El Salto reiteró su postura de tolerancia cero ante hechos violentos en eventos deportivos y subrayó que no permitirá que situaciones de este tipo se repitan en la localidad.

Un incidente con arma de fuego registrado al interior de la Central de Abasto (CEDA) de la Ciudad de México interrumpió parcialmente los festejos por el 43 aniversario del mercado mayorista más grande del país. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre señalado como posible responsable de lesionar a un comerciante tras una riña ocurrida en la zona de Flores y Hortalizas Sección 1, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el reporte policial, los uniformados fueron alertados por operadores del Centro de Comando y Control (C2) CEDA sobre la presencia de una persona herida en la colonia Central de Abasto. Al arribar al sitio, los oficiales encontraron a un hombre con una mancha hemática en el antebrazo izquierdo, quien relató que momentos antes había sostenido una discusión con otro comerciante.

Durante el altercado, el agresor presuntamente sacó un arma de fuego de entre sus ropas y realizó varios disparos hacia el suelo. Uno de los proyectiles rebotó y provocó una lesión en la mano izquierda del afectado.

Personal médico acudió de inmediato y diagnosticó al lesionado, de 52 años, con una herida lacerante en la mano izquierda y una contusión en la cabeza. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención especializada.

En tanto, en el mismo punto fue localizado un hombre de 26 años que fue plenamente identificado por la víctima como el agresor. Los oficiales procedieron a su detención, le informaron sus derechos y fue presentado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

El incidente ocurrió en el marco de la celebración del 43 aniversario de la CEDA, evento que incluyó actividades culturales, presentaciones musicales y oferta gastronómica. A pesar del altercado, las autoridades de la Central destacaron que los festejos se desarrollaron en un ambiente mayoritariamente familiar y con una importante afluencia.

Durante la ceremonia oficial, la coordinadora general de la CEDA, Mónica Pacheco Skidmore, subrayó el compromiso de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para impulsar la rehabilitación y el fortalecimiento de la infraestructura del mercado. “Estamos trabajando bajo las indicaciones de la Jefa de Gobierno para hacer de la Central de Abasto un lugar más eficiente para los trabajadores y visitantes”, señaló.

Pacheco añadió que las labores de mejora incluyen la rehabilitación del drenaje, la recuperación de áreas verdes, el impulso a programas culturales y el reforzamiento de las acciones de seguridad. Actualmente, la CEDA cuenta con 630 cámaras conectadas al C5 y mantiene coordinación permanente con la Guardia Nacional para la realización de recorridos preventivos.

“Estamos comprometidos con la transformación de la Central de Abasto y agradecemos el apoyo de todos los que hacen posible este proyecto”, enfatizó.

Los festejos del aniversario número 43 reafirmaron la importancia de la Central de Abasto como punto neurálgico de abastecimiento para la capital del país, un espacio que, pese a incidentes como el registrado, mantiene su papel como “el corazón que alimenta a la Ciudad de México”.

Un hombre de 31 años fue hallado muerto con un disparo en la cabeza junto a su moto en un camino rural en Napenay, provincia del Chaco. El hecho ocurrió en la tarde del jueves y la víctima fue identificada como Facundo Gorzelowski, de 31 años.

El cuerpo fue encontrado aproximadamente a cuatro kilómetros del casco urbano, en una zona vecinal al sur de la Ruta 16, según informaron fuentes policiales a Diario Norte.

La víctima yacía en posición de cúbito dorsal, con las piernas sobre una motocicleta Keller de 110 cc, color gris. De acuerdo con los primeros informes, presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza, específicamente un orificio de entrada en la parte posterior del cráneo, sin salida, lo que indica que fue ejecutado desde atrás.

El personal médico que acudió al lugar constató que Gorzelowski ya no presentaba signos vitales.

La División Criminalística y la División de Medicina Legal trabajaron en el lugar de los hechos bajo las directivas de la Fiscalía N° 3 de Sáenz Peña, a cargo de Marcelo Fabián Soto.

El fiscal dispuso las primeras medidas judiciales, entre ellas la intervención de la División Investigaciones y el traslado del cuerpo a la morgue judicial. Además, se procedió a la incautación de un arma de fuego marca Bersa Thunder calibre 22 mm, con un cargador que contenía siete cartuchos, hallada en la cintura de la víctima, así como su teléfono celular, según informó Opción de Noticias.

La investigación se orienta bajo la hipótesis de un posible homicidio. Las autoridades buscan avanzar en el esclarecimiento del caso mediante la toma de declaraciones a familiares y testigos.

En este contexto, la Policía demoró a un hombre identificado como M. J., mayor de edad, quien, de acuerdo con manifestaciones de allegados, habría tenido conflictos previos con Gorzelowski.

Mientras tanto, la Fiscalía y las fuerzas policiales continúan con las diligencias para determinar las circunstancias y los responsables del asesinato.

Un chico de 14 años apuñaló y mató a un hombre durante un partido de fútbol en Chaco

Un adolescente de 14 años fue señalado como el presunto autor del homicidio de un hombre de 28 años durante un partido de fútbol barrial en la localidad de Gancedo, en el sudoeste de Chaco. La víctima, identificada como Maximiliano Belizán, falleció tras un paro cardiorrespiratorio.

El episodio se produjo en la tarde del domingo en el barrio 12 de Octubre, donde una disputa en el marco de un encuentro deportivo derivó en una agresión con arma blanca.

Al arribar al lugar, efectivos de la Policía provincial hallaron a Belizán con una herida grave en el tórax. Testigos identificaron como presunto autor del ataque a un adolescente de 14 años, quien fue localizado poco después y trasladado a la comisaría acompañado por su madre, de 33 años, de acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales a Infobae.

La víctima fue asistida inicialmente en el centro de salud local y luego derivada al hospital 9 de Julio, en Las Breñas, para recibir atención especializada.

El parte médico consignó que Belizán presentaba una herida de aproximadamente cinco centímetros en el hemitórax derecho y un cuadro de shock hipovolémico. Ante la gravedad de la lesión, los médicos dispusieron un nuevo traslado, esta vez al hospital 4 de Junio, en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

En el lugar de los hechos, los policías secuestraron un cuchillo de fabricación artesanal de unos veinticinco centímetros de longitud, presuntamente utilizado en la agresión.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía en turno, que dispuso la intervención de la Unidad de Protección Integral (UPI) de Charata y del Juzgado de la Adolescencia, Niñez y Familia N.º 2, cuyas autoridades ordenaron que el menor permaneciera bajo la custodia de sus padres.

La carátula inicial del expediente fue modificada a “Tentativa de Homicidio” tras el segundo traslado hospitalario, pero pasadas las 22 horas, los profesionales del hospital 4 de Junio informaron el deceso de Belizán a raíz de un paro cardiorrespiratorio. A partir de ese momento, la causa pasó a ser investigada como “homicidio” bajo la órbita de la fiscal María Gabriela Anton Rafart, titular de la Fiscalía de Investigación N.º 3 de Charata.

Gustavo Amaro Villar Santos, un joven de 27 años, fue asesinado de un balazo en la localidad de Picún Leufú, en Neuquén, durante la mañana del sábado, mientras que el presunto atacante permanece internado bajo custodia policial en el hospital de Cutral Co.

Su madre, Mary Villar, relató en redes sociales que su hijo “venía del boliche en busca de su moto para irse a trabajar, y al salir del portón, una persona le disparó a quemarropa”.

La intervención policial se activó a las 8:03, tras un llamado a la Comisaría Novena que alertó sobre una pelea en la vía pública entre dos hombres.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre tendido en el suelo y, a pocos metros, a otro individuo que intentaba alejarse de manera disimulada. Este último portaba un arma de fuego y un arma blanca. Estaba gravemente herido. De esta manera, fue demorado sin oponer resistencia, según detalló el medio local LM Neuquén.

El personal médico trasladó de inmediato al herido al hospital local, pero durante el trayecto hacia el hospital de Cutral Co, el médico de guardia constató que el joven había fallecido.

La Fiscalía de Cutral Co y la Policía del Neuquén desplegaron un operativo para preservar la escena, que abarcó un tramo de 150 metros desde la vivienda de los padres de la víctima hasta la intersección de Sarmiento y Avenida Maestro Sosa. En ese sector, los investigadores recolectaron indicios relevantes, entre ellos un arma de fuego tipo recortada y un cuchillo pertenecientes al sospechoso demorado, así como un machete que portaba la persona hallada en la vía pública.

La autopsia, solicitada por los fiscales Gastón Leotard y Matías Alonso, determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por una lesión de arma de fuego en el abdomen. Este resultado fue clave para orientar la investigación, que continúa bajo la supervisión de la fiscalía.

El presunto autor del disparo, un hombre de 38 años oriundo de Santo Tomás, también resultó herido durante el enfrentamiento. Velázquez confirmó que “presentaba lesiones en ambas extremidades superiores producto de los machetazos que había recibido”.

Debido a la gravedad de las fracturas en ambos brazos, fue sometido a una cirugía y permanece internado en el hospital de Cutral Co bajo custodia policial.

Durante las diligencias, la Policía localizó a varios testigos del ataque, quienes aportaron información relevante a pedido de la fiscalía. Mientras tanto, el cuerpo de Santos será entregado a su familia para el sepelio, en tanto las autoridades continúan con la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer las circunstancias y responsabilidades del hecho.

Discutió con su pareja y la mató: arrojó su camioneta por un barranco

Un hombre de 39 años fue detenido e imputado por el femicidio de Mabel Rosana López Fernández en la Ruta Provincial 13 de Neuquén, tras precipitar una camioneta por un barranco el domingo. El hecho, que en un principio fue considerado un accidente, cambió de carátula luego de que testigos informaran sobre una discusión violenta entre la pareja minutos antes del siniestro.

La fiscal Laura Pizzipaulo sostuvo que el acusado, identificado como A. R., “colocó la camioneta en marcha, aceleró y la dirigió deliberadamente hacia el precipicio”, tras ordenar a los dos trabajadores que los acompañaban que descendieran del vehículo. La víctima, que no llevaba el cinturón de seguridad, fue expulsada del habitáculo y hallada con múltiples fracturas, aun con vida, pero falleció camino al hospital de Zapala.

Durante la audiencia del lunes, la jueza de garantías Bibiana Ojeda aceptó la imputación por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, y dispuso dos meses de prisión preventiva para el acusado, al considerar el riesgo de fuga y la posibilidad de que influya sobre los testigos, uno de los cuales es menor de edad.

La investigación reveló que la noche anterior al hecho, tras consumir alcohol en una cabaña de Moquehue, A. R. agredió físicamente a López Fernández, quien logró escapar y pedir ayuda a los trabajadores, llegando a comunicarse con su hermano para alertar sobre la situación. Horas después, el agresor la convenció de subir nuevamente a la camioneta con la promesa de regresar a Cutral Co.

La defensa del imputado argumentó que se trató de “un accidente” y solicitó la recalificación a “homicidio culposo”, alegando que él también resultó herido. El tribunal rechazó este pedido y respaldó la hipótesis de la Fiscalía, que sostiene que “no fue un accidente ni un impulso momentáneo. Hubo planificación, agresiones previas y una clara intención de matar”.

El caso se enmarca en un contexto de violencia de género sostenida, con antecedentes de agresión física y psicológica. Las pericias mecánicas y los testimonios serán clave para reconstruir los momentos previos a la caída.

Un hombre quedó detenido este fin de semana en una zona sub rural de la provincia de Chubut, después de dispararse accidentalmente en su pie al descender de un taxi. Tras el hecho y luego de recibir asistencia médica, quedó detenido.

El episodio provocó la intervención inmediata de la Policía, que patrullaba el área sobre el Camino Sub Rural 51, entre las Chacras 164 y 165, en Gaiman, cerca de las 18:30.

La información brindada por ADN Sur detallaba que la secuencia comenzó cuando personal de la Comisaría Distrito Gaiman observó a un hombre herido. Al acercarse hasta él, les relató que el disparo se había producido al bajar del vehículo, impactando en su pie izquierdo. Minutos después, los agentes pudieron corroborar que el herido portaba el artefacto en un bolso.

Automáticamente, los efectivos solicitaron asistencia médica para el hombre y convocaron a la Policía Científica para llevar adelante las pericias de rigor y proceder al secuestro del arma involucrada, según señaló Diariohuarpe.

Como consecuencia, el sujeto quedó detenido en averiguación de infracción por la tenencia y portación de armas de fuego de manera ilegal. En el caso intervino la funcionaria fiscal de turno, la doctora Verónica Allabart, que como medida inicial, dispuso el secuestro y resguardo del revólver y posteriormente ordenó la requisa de la mochila que llevaba el aprehendido.

Una nena se disparó en la cara con un rifle

El 19 de octubre, en el barrio Villa Boedo, al sur de la ciudad de Córdoba, una niña de 13 años se disparó accidentalmente en la cabeza mientras manipulaba un rifle dentro de la vivienda familiar.

El hecho, ocurrido durante el mediodía del domingo, dio inicio a una investigación judicial para determinar las circunstancias exactas del incidente.

Según relataron familiares, la adolescente se encontraba en la casa de su abuelo junto a otro menor cuando, en una habitación, hallaron un rifle calibre .22. De acuerdo con los testimonios recogidos, se escucharon dos detonaciones y, al acercarse, el abuelo y otros familiares encontraron a la niña gravemente herida por un disparo en la cabeza. De inmediato, fue trasladada al Hospital Florencio Díaz, donde los médicos lograron estabilizarla y luego derivarla al Hospital de Niños de la capital cordobesa. Allí permanecía internada en la Unidad de Terapia Intensiva, intubada y bajo observación, tras haber sido sometida a una intervención quirúrgica para descomprimir la presión craneal.

El hecho fue reportado al personal policial por el hospital que recibió a la víctima. En paralelo, uno de los familiares se presentó ante la seccional policial y entregó el arma utilizada en el accidente: un rifle de pequeño calibre, habitualmente empleado para tiro deportivo o caza recreativa. El arma quedó secuestrada por orden de la fiscalía interviniente, que dispuso la realización de peritajes balísticos.

En tanto, la causa quedó a cargo de la fiscalía de turno, que trata de establecer si la niña se encontraba sola o acompañada al momento del disparo y verificar si hubo algún tipo de negligencia o participación por parte de terceros. Si bien la principal hipótesis señala que todo ocurrió mientras los menores manipulaban el arma de manera accidental, los investigadores continúan evaluando los distintos testimonios y peritajes pendientes y no descartan ninguna línea.

En declaraciones a la prensa local, el abuelo de la niña expresó su desesperación por lo sucedido y lamentó el acceso a un arma de fuego dentro del domicilio. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal continúa con las investigaciones y la familia espera la evolución favorable de la niña.

Un estudiante de 15 años fue sorprendido con un arma de fuego dentro del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) número 185, ubicado en la comunidad de San Miguel La Toma, municipio de Chietla, Puebla. El hallazgo, que no resultó en agresiones ni personas heridas, activó de inmediato los protocolos de seguridad escolar y generó una movilización de fuerzas federales y locales,

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Municipal de Chietla y una ambulancia acudieron al plantel para asegurar la zona y retirar el arma. A la par, directivos y maestros mantuvieron la calma entre los alumnos y establecieron una barrera de contención para evitar cualquier riesgo.

El incidente se produjo cuando autoridades escolares detectaron la presencia del arma en poder del menor, aunque no se precisó quién descubrió el hecho ni las características del arma. Tras confirmar la situación, los responsables del CBTA 185 notificaron a la policía municipal, quien junto con los elementos de la Semar implementaron el protocolo de seguridad.

El estudiante, tras dialogar con las autoridades, accedió a entregar el arma sin oponer resistencia.

La responsabilidades de los padres del adolescente armado en Puebla

Una vez controlada la situación, los padres del menor fueron informados y se presentaron en la escuela, donde el estudiante quedó bajo resguardo de las autoridades competentes. La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició una investigación y confirmó que, por tratarse de un menor de edad, el caso será procesado bajo el Sistema de Justicia para Adolescentes.

En tanto, las versiones preliminares de la autoridad estatal detallan que podría haber responsabilidad legal para los padres si se determina que estaban a cargo de la posesión del arma.

Medios locales dieron a conocer que, aunque no se ha confirmado la razón por la que el alumno llevó el arma al plantel, algunas versiones apuntan a un posible intento de venta a un compañero. La posesión de un arma de fuego por un menor constituye un delito grave, por lo que los padres podrían enfrentar consecuencias legales.

Por ello, la investigación podría derivar en responsabilidades legales para los tutores, dependiendo de los resultados de las indagatorias.

Ante este caso tan alarmante en Puebla, las autoridades reiteraron el llamado a padres y tutores para que mantengan una supervisión constante y fomenten la comunicación con sus hijos, con el objetivo de evitar que hechos de este tipo se repitan en el entorno educativo.

Durante la madrugada del último domingo, la localidad de Las Heras, en la provincia de Mendoza, volvió a ser escenario de un hecho violento con heridos por arma de fuego. La víctima, R. D. C., de 26 años y conocido en la zona como “El Bebe”, ingresó a la guardia del Hospital Carrillo cerca de la 1:45 con una herida de bala en el brazo derecho. Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos previos en los que se vio involucrado: es la tercera vez que lo atacan a tiros en seis años.

La balacera ocurrió en la intersección de Calle Lamadrid y Callejón Martino, según la escueta declaración del propio R. D. C., quien no brindó muchos más detalles sobre lo sucedido a los médicos. Su reticencia deja a los investigadores con pocos elementos para avanzar en la pesquisa por el momento.

El personal médico diagnosticó una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en el brazo derecho, sin que se registraran lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Según informó el portal del diario Los Andes, el caso quedará a cargo de la fiscalía de turno, que busca recabar testimonios en la zona y acceder a registros de cámaras de seguridad que pudieran aportar información relevante sobre la identidad de los autores del disparo.

El historial violento que envuelve a la familia de la víctima y sus vínculos con disputas pasadas reavivan temores por posibles nuevos episodios en el futuro inmediato.

La historia de esta familia ha estado atravesada por hechos de gravedad. El 26 de enero de 2020, un grupo de jóvenes se presentó en la vivienda de la familia, ubicada en el barrio Espejo. De acuerdo a la reconstrucción informada por medios locales, tras una breve charla con “El Bebe”, se desencadenó una discusión que terminó a los tiros.

En esa ocasión, Emanuel, hermano del joven ahora herido, intentó intervenir y defenderlo. Recibió entonces un balazo en el abdomen que resultó fatal. R. D. C. también fue herido, aunque el disparo impactó en una de sus piernas.

En declaraciones previas recogidas por los investigadores, “El Bebe” había señalado a los agresores y remarcó que la disputa era personal: “El problema era conmigo y mi hermano la ligó de arriba”, manifestó en su momento ante la Justicia de Mendoza.

Este antecedente permitió orientar parte de la investigación y vincular el hecho con otros sucesos violentos ocurridos en la localidad.

Meses antes de ese ataque, otro grupo relacionado con los apodados “Los Canavis” había buscado a R. D. C. también sin éxito. Aquella tentativa terminó con el asesinato de dos jóvenes: Alexis Corzo (15 años) y Daniel Roldán (22), ambos atacados el 18 de noviembre de 2019, según registros judiciales.

La escalada de violencia en la zona tuvo un giro significativo en julio de 2020. Mauricio “Pollito” Sarmiento Alvea, identificado como integrante de “Los Canavis”, se sometió a un juicio abreviado por el homicidio de Emanuel.

De acuerdo con la información difundida por fuentes judiciales y recogida por medios locales, Sarmiento Alvea reconoció su responsabilidad en el crimen y acordó con la fiscalía de Homicidios una pena de 16 años de cárcel.

Minutos antes del mediodía, las autoridades detuvieron a un menor de edad en la alcaldía Miguel Hidalgo, en Polanco, luego de que le disparó con un arma de fuego a su madre por haberle quitado el celular como castigo.

De acuerdo con reportes preliminares, el niño de 13 años habría actuado de esta manera en represalia a su madre, quien lo descubrió consumiendo bebidas alcohólicas en su habitación, por lo que procedió a castigarlo retirándole el teléfono celular.

El menor, identificado como Viggo “N”, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de acuerdo con el reporte emitido por C4 Jiménez en su cuenta oficial de X. Hasta el momento se desconoce mayor información pero se espera que las autoridades informen más detalles de los hechos en las próximas horas.

****Información en desarrollo****

El asesinato del magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Álvaro Restrepo Valencia, ocurrido el viernres 10 de octubre en el restaurante Mi Pueblo, sobre la vía Manizales–Pereira, sigue generando incertidumbre.

El crimen, inicialmente atribuido a un intento de robo, ahora enfrenta un nuevo giro tras conocerse que nuevos detalles del arma incautada al único capturado por el crimen.

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De acuerdo con las primeras versiones, el magistrado se encontraba en el establecimiento ubicado en el sector de Tarapacá II, en el municipio de Chinchiná (Caldas), acompañado de familiares y amigos, luego de asistir al funeral de su padre, Luis Eduardo Restrepo. En ese momento, dos hombres habrían ingresado con la intención de cometer un hurto, lo que desencadenó un intercambio de disparos dentro del restaurante.

El hecho dejó como saldo la muerte del magistrado, quien fue trasladado con heridas graves a un centro asistencial, donde falleció minutos más tarde. En el lugar, las autoridades lograron capturar a uno de los presuntos implicados, un hombre de 29 años con antecedentes por homicidio, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

Sobre el arma incautada

Durante las audiencias preliminares se conoció que el arma decomisada al capturado en flagrancia es de fogueo, por lo que no habría sido utilizada para causar la muerte del magistrado. Según conoció Blu Radio, el abogado penalista Juan Camilo Puerta, miembro de la bancada de defensores de víctimas, explicó que este detalle cambia el rumbo del proceso judicial, pues el arma incautada no puede considerarse un elemento de prueba para imputar el homicidio.

Así las cosas, la Fiscalía deberá adelantar las respectivas pruebas de balística para determinar de qué arma provino el disparo que acabó con la vida del funcionario. Los resultados serán presentados en las próximas audiencias, en las que se espera establecer responsabilidades precisas.

Mientras tanto, el detenido enfrenta cargos únicamente por tentativa de hurto, ya que la evidencia recogida hasta el momento no lo vincula directamente con la muerte del magistrado. Sin embargo, en la mañana del martes 14 de octubre, el procesado aceptó los cargos por ese delito, y se espera que el juez defina si le será impuesta una medida de aseguramiento.

Hipótesis de fuga y cámaras sin registro

Fuentes de la investigación señalaron a El Espectador que fuera del restaurante un segundo sospechoso habría esperado al agresor en una motocicleta tipo Scooter, posiblemente una BWS, con el fin de facilitar la huida. Sin embargo, hasta el momento no se ha producido una segunda captura, y las autoridades continúan con labores de rastreo para identificar a esa persona.

Así mismo, de manera extraoficial se conoció que el restaurante cuenta con cámaras de seguridad que podrían haber registrado lo sucedido, pero el dispositivo de almacenamiento no ha sido encontrado. Una de las hipótesis plantea que las cámaras no estaban en funcionamiento al momento de los hechos.

En el lugar, los investigadores encontraron la cadena de oro que había sido sustraída al acompañante del magistrado. El objeto fue recuperado en la entrada del establecimiento, donde el presunto delincuente cayó herido con dos impactos de bala mientras intentaba escapar.

Por su parte, la coronel Rocío Milena Melo Puerto, comandante del Departamento de Policía Caldas, aseguró que la principal hipótesis apunta a un intento de hurto. La oficial confirmó que uno de los escoltas presentes, perteneciente a la Unidad Nacional de Protección (UNP), reaccionó al percibir la amenaza y, en ese momento, se produjo un intercambio de disparos dentro del restaurante.

Las autoridades judiciales, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía, mantienen la investigación activa para determinar las circunstancias exactas del homicidio, establecer quién disparó el arma mortal y definir si existieron fallas en el procedimiento de seguridad o en la reacción armada que se produjo durante el intento de robo.

El hombre de 48 años fue arrestado en el barrio Aldea Alta, de Girón (Santander), tras amenazar con un arma de fuego a varios vecinos desde la ventana de un segundo piso, según informó la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

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En las imágenes registradas hacia las 5:00 p. m., se observa al sujeto, identificado como Gustavo Porras Pinilla, sin camisa y discutiendo con una persona fuera de cámara. Durante la confrontación, el hombre apunta un arma hacia la calle y advierte en voz alta: “no me toree, no me toree”, antes de bajar el arma y continuar la discusión.

Desde el andén de la vivienda, una mujer, aparentemente familiar del sujeto, intentaba calmarlo para evitar una tragedia; sin embargo, el hombre no prestó atención de lo que le decía.

De acuerdo con declaraciones del comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, William Quintero, el rápido aviso de los ciudadanos permitió la intervención policial. Quintero señaló: “Gracias a la oportuna información de los ciudadanos, se logró la captura de un hombre que estaba generando zozobra entre los habitantes del sector. Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier hecho que altere la tranquilidad y seguridad de sus barrios”.

Las autoridades informaron que, al llegar a la residencia, la esposa del implicado permitió el ingreso voluntario de los uniformados, quienes hallaron una escopeta marca Winchester calibre 41g y un cartucho. Tras la requisa, Porras Pinilla, que no presentaba antecedentes judiciales, fue detenido y trasladado a la sede de la Policía de Girón. Las autoridades lo acusan de los delitos de tráfico, fabricación y porte de arma de fuego.

Capturan a presunto implicado en ataque armado que dejó dos muertos y tres heridos en Girón

Reinaldo Rangel Rondón fue capturado por las autoridades tras ser señalado como uno de los presuntos responsables de un ataque armado ocurrido el 14 de agosto de 2022 en el barrio Convivir, por la vía Chimita, en Girón.

La detención se produjo luego de más de dos años de investigación y seguimiento por parte de las agencias judiciales, según información suministrada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

El caso remonta a la noche en que, de acuerdo con las pesquisas desarrolladas por el CTI, cuatro personas llegaron hasta la vía principal del sector, específicamente frente a la casa número 148, donde varias personas se encontraban reunidas. Luego, en cuestión de segundos, los atacantes abrieron fuego contra el grupo, desencadenando una escena de violencia que conmocionó a los habitantes del barrio.

En el ataque murieron Jeffy Arley Estrada Márquez, de 29 años, conocido por el alias de Morocho, y Juan Camilo Vásquez Maza, de 17 años. Según el relato de vecinos, Estrada Márquez era apreciado en la comunidad como un hombre dedicado a labores como cotero y arenero; no obstante, las autoridades precisaron que sobre él pesaban varias anotaciones judiciales por delitos como hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Además de las dos víctimas mortales, otros tres adolescentes, cuyas edades oscilan entre los 14 y 16 años, resultaron heridos a consecuencia de los disparos hechos por los agresores. La Fiscalía aclaró que los lesionados fueron atendidos en centros asistenciales y que la gravedad de sus heridas mantuvo en alerta a las familias del sector.

Tras analizar los elementos materiales probatorios y testimonios recabados a lo largo de la investigación, las autoridades señalaron a Rangel Rondón como uno de los presuntos partícipes del múltiple homicidio. Su paradero fue objeto de búsqueda durante más de dos años y, una vez hallado, fue puesto a disposición de la Fiscalía Sexta Seccional de Vida de Bucaramanga, donde un juez de control de garantías decidirá su situación jurídica frente a los cargos que pesan en su contra.

La comunidad de Convivir expresó su expectativa frente al avance de este proceso y reiteró el llamado a la justicia para que casos como este sean esclarecidos, asegurando mayor tranquilidad en el sector.

Lo que parecía ser una discusión familiar escaló rápidamente en una heladería de San Juan. Un hombre peleaba con su hijo, cuando sacó un arma y le apuntó directamente. Luego de su arresto, se supo que había sido presidente del Club Sportivo Desamparados.

El incidente, que tuvo lugar el 29 de septiembre, involucró a G. G. (72) y a su hijo, G. M. G. (49), quienes se encontraban en un local ubicado sobre la Avenida Libertador, en una de las zonas más distinguidas de la localidad de Rivadavia.

La situación se tornó violenta cuando, en medio de una acalorada discusión, el padre extrajo un revólver calibre 22 y lo apuntó hacia su hijo, según relataron testigos a las autoridades. Ante la gravedad de la escena, los presentes solicitaron asistencia por medio de un llamado al 911.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo de San Juan, al arribar los efectivos, el ex dirigente mostró resistencia y mantuvo una discusión con los uniformados. A pesar de esto, finalmente lograron reducirlo y desarmarlo. El arma fue incautada y el hombre quedó a disposición de la Justicia.

Respecto a la trayectoria de G. G. en Sportivo Desamparados, se sabe que asumió la dirección del club en 1990, con 36 años. Permaneció en el cargo durante un año.

Posteriormente, tras la renuncia de Luis Moyano el 28 de diciembre de 2007, G. G., que entonces ocupaba la Vicepresidencia, volvió a liderar la institución durante dos años más. Entre sus gestiones más destacadas figura la implementación de la iluminación artificial en el estadio Serpentario.

Imputaron a un hombre por intentar matar a piedrazos a su tío

A casi un mes de que presuntamente atacara a piedrazos a su tío durante una pelea familiar, se confirmó la imputación de A. J. S. (29). El principal acusado había estado prófugo, hasta que este martes se presentó en los Tribunales de Caucete.

El episodio, que inicialmente se investigaba como tentativa de homicidio, ahora se tramita bajo la figura de lesiones graves, luego de que la víctima, M. G. S. (45), mostrara una evolución en su salud. Pese a que sufrió fracturas de cráneo y otras lesiones de gravedad, el médico legista certificó 45 días de reposo para su recuperación.

El hecho ocurrió el 2 de septiembre durante una celebración familiar en el barrio Las Talas. Según la acusación presentada por el fiscal Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Victoria Salinas de la UFI CAVIG, una discusión en la casa familiar derivó en una pelea entre ambos.

La confrontación se trasladó a las inmediaciones de un canal, donde el joven habría derribado a su tío. Al aprovechar que este se encontraba en el suelo, le arrojó piedras a la cabeza y otras partes del cuerpo. Demás familiares intercedieron e impidieron que la situación escale aún más.

Tras el ataque, M. G. S. permaneció internado en terapia intensiva, asistido por respirador mecánico. Mientras tanto, A. J. S. se mantuvo prófugo durante varias semanas, hasta que en la última semana se presentó ante la Justicia acompañado por su defensora, la abogada María Filomena Noriega, lo que permitió que se levantara el pedido de captura en su contra.

Durante la audiencia celebrada este martes en Tribunales, la defensa propuso la vía del juicio abreviado. No obstante, el juez de garantías Matías Parrón rechazó esa alternativa, dado que la víctima aún permanece internada. En consecuencia, el magistrado dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses, bajo la calificación de lesiones graves, y ordenó que continúe en libertad.

Algunos familiares del acusado manifestaron que resultaría imposible que él hubiera agredido a su tío, debido a que le falta la mano derecha. La causa, por el momento, sigue su curso mientras se aguarda la evolución clínica de la víctima y el avance de la investigación judicial.

Un hombre sin identificar fue hallado muerto la mañana del martes 30 de septiembre de 2025 en una zona rural de Barrancas, La Guajira, con signos de violencia en la cabeza, presuntamente provocados por un arma de fuego.

Según explicaron en El Heraldo, el cuerpo apareció en las inmediaciones del hotel Hawai, en un área cubierta de vegetación a escasa distancia de la carretera que conecta con el municipio de Fonseca, lo que generó alarma entre los habitantes del sector.

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El descubrimiento se registró cuando residentes de la zona se toparon con el cadáver y notificaron de inmediato a las autoridades. Al llegar al lugar, una unidad del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial acordonó la escena y llevó a cabo los procedimientos urgentes para preservar las pruebas.

Durante la inspección inicial, los peritos confirmaron que la víctima no portaba documentos de identidad, por lo que permanece registrada como N.N.

Las autoridades forenses trasladaron el cuerpo a la sede local de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde adelantan las labores para determinar tanto la identidad del fallecido como las causas exactas de su muerte.

Tras el levantamiento del cadáver, la investigación quedó en manos de la Policía Judicial, que trabaja en coordinación con personal de Inteligencia Policial y el Grupo de Homicidios. Hasta el momento, los móviles del crimen no han sido esclarecidos y las autoridades continúan con las diligencias para establecer las circunstancias que rodearon este hecho.

Casos de homicidio, una constante en La Guajira

Y es que La Guajira ha experimentado una constante preocupante en cuanto a los homicidios, los cuales han crecido tanto en frecuencia como en gravedad.

Durante el primer semestre de 2024, por ejemplo, se registraron 121 homicidios en La Guajira, cifra que supera los 111 del mismo período del año anterior; de estos 121, 105 fueron cometidos con arma de fuego, lo que evidencia la prédica armada como medio predominante en estos crímenes.

Una mirada más desagregada muestra que estos homicidios no son homogéneos en todo el territorio. Los municipios más afectados han sido Riohacha, Maicao, Dibulla, Fonseca, Albania, Uribia, Barrancas, San Juan del Cesar y Villanueva.

Según explicaron en el medio La Guajira Noticias, en el segundo trimestre de 2024, por ejemplo, Riohacha concentró 24 asesinatos, seguida por Maicao con 17, Dibulla con 9 y Fonseca con 7.

Además, algunos casos han sido particularmente atroces: homicidios dobles, víctimas halladas en costales o asesinadas al interior de sus viviendas.

Las cifras mes a mes también muestran que la violencia se mantiene sistémica, sin una tendencia clara de descenso. Mayo de 2024 cerró con 25 homicidios en La Guajira, siendo Riohacha el municipio con más crímenes, mientras que otros municipios como Maicao y Dibulla también presentaron elevadas cifras.

Las causas de esta violencia son múltiples y complejas. Se mezclarían factores como la desigualdad socioeconómica, la presencia de grupos al margen de la ley, el narcotráfico y el contrabando, la debilidad en la presencia institucional en zonas rurales, la impunidad y la falta de oportunidades para jóvenes.

Autoridades han pedido resultados a la fuerza pública frente a la inseguridad en La Guajira

Frente a este tipo de casos, el gobernador Jairo Aguilar Deluque ha pedido la militarización de las vías del departamento y un incremento del pie de fuerza móvil para reforzar el control territorial.

Además, el dirigente ha exigido resultados contundentes de la fuerza pública (Policía y Ejército) para restablecer la seguridad ciudadana, especialmente en carreteras y zonas vulnerables.

Por otro lado, el Ministerio del Interior ha convocado mesas interinstitucionales de trabajo junto con entidades nacionales, locales y de seguridad para revisar la situación del orden público, atender violaciones de derechos humanos, liderazgos comunitarios y reforzar la protección de la población.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que presuntamente realizó disparos frente a la estación Centro Médico del Sistema de Transporte Colectivo (STC Metro), en la alcaldía Cuauhtémoc.

Operadores del Centro de Comando y Control (C2) recibieron reportes sobre detonaciones en la avenida Cuauhtémoc y el Eje 3, en la colonia Roma Sur, por lo que policías capitalinos se desplazaron al lugar para atender la emergencia.

En el sitio, una persona declaró que momentos antes había tenido una discusión con un hombre en las escaleras de la estación, quien sacó un arma de fuego y realizó disparos al suelo.

Tras implementar un operativo de búsqueda, los oficiales localizaron al presunto responsable y, durante la revisión de seguridad realizada conforme a los protocolos, le aseguraron un arma de fuego con 28 cartuchos útiles distribuidos en tres cargadores, así como una identificación vigente de una dependencia federal militar.

Luego de ser notificado sobre sus derechos constitucionales, el detenido, de 54 años, fue trasladado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones y determinar su situación legal.

Penas por realizar disparos en la CDMX

Realizar disparos de arma de fuego en espacios públicos, sin una razón justificada, puede acarrear penas que van de dos a cinco años de prisión en la Ciudad de México. La ley considera “justificada” cualquier acción que busque proteger la vida, la integridad física o el patrimonio propio o de otras personas, pero fuera de estos casos, los responsables enfrentan sanciones legales.

Las consecuencias se agravan si los disparos provocan lesiones o la muerte de otra persona. Quien cause la muerte de alguien a través de un arma de fuego puede recibir entre ocho y veinte años de prisión, mientras que las lesiones tienen castigos escalonados según su gravedad.

Cuando las heridas tardan entre quince y sesenta días en sanar, la pena puede ir de seis meses a dos años. Si la recuperación supera los 60 días, se establecen de dos a tres años y medio de prisión. Las lesiones que dejen cicatrices permanentes y visibles en el rostro se sancionan con entre dos y cinco años de cárcel.

Las consecuencias legales son aún más severas cuando los disparos afectan la funcionalidad de órganos o miembros. La ley contempla penas de tres a cinco años si se reduce alguna facultad, y de seis a ocho años si se pierde alguna función vital, se produce deformidad o la vida de la víctima queda en peligro.

En suma, la legislación capitalina busca restringir los disparos al aire libre y proteger tanto la integridad física como la seguridad de la población, estableciendo un marco claro de responsabilidades y sanciones para quienes actúen fuera de los límites permitidos.

Un operativo policial realizado el sábado por la mañana en la ciudad de Córdoba concluyó con la detención de cuatro personas sorprendidas mientras desarmaban un auto dentro de un garaje del barrio Villa Siburu.

El procedimiento comenzó cuando un patrullaje detectó movimientos inusuales en avenida Domingo Zipoli al 600. Según la Policía de Córdoba, el personal advirtió la maniobra de un grupo en el interior de un garaje residencial. Al acercarse, los agentes vieron a cuatro adultos desarmando un vehículo. Los sospechosos intentaron huir al notar la presencia policial, pero los oficiales lograron detenerlos dentro de la propiedad.

Durante la inspección, la Policía incautó un arma de fuego, municiones, dinero en efectivo, documentos presuntamente falsos y dos vehículos que presentaban pedido judicial. Ambos autos, hallados en el garaje, mostraban signos claros de manipulación en sus sistemas mecánicos y electrónicos.

Pese a que los detenidos opusieron resistencia al arresto, el operativo terminó sin antecedentes, tal como detalló el portal del diario La Voz.

Todos los aprehendidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a una dependencia policial, donde quedaron a disposición del juez correspondiente. La documentación incautada, incluidas varias tarjetas verdes sospechadas de ser apócrifas, permanece bajo análisis para determinar su relación con posibles maniobras fraudulentas vinculadas al comercio de automóviles.

Además, se incautaron herramientas diseñadas para desarmar y manipular rodados, una práctica típica en grupos que operan en el mercado ilegal de autopartes, lo que refuerza la hipótesis sobre la posible existencia de una banda organizada.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Judicial N° 18 de Córdoba. Los cuatro detenidos serán indagados en las próximas horas, mientras se determina su grado de participación.

Desmantelaron una banda dedicada al robo y desarme de camionetas 4x4

La Policía de la Ciudad, desmanteló una organización criminal dedicada al robo y desguace de camionetas 4x4 tras una serie de operativos realizados en las localidades bonaerenses de Moreno y Paso del Rey. Como resultado de los allanamientos, las autoridades detuvieron a cuatro hombres y secuestraron cientos de autopartes preparadas para la venta ilegal.

La investigación se inició a raíz de una denuncia por el robo de una Volkswagen Amarok ocurrido en la calle Guaminí al 1300, en el barrio porteño de Mataderos. Ante el llamado a 911, la División Investigaciones de la Comisaría 9 se movilizó al lugar y dio comienzo a una serie de tareas de investigación, que permitió establecer la conexión entre distintos hechos similares cometidos en la región y la existencia de una banda que operaba tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el oeste del Conurbano bonaerense.

La pesquisa incluyó trabajos de inteligencia, vigilancia y análisis de movimientos hasta concretar los allanamientos realizados en dos domicilios ubicados en las calles San Ignacio de Loyola al 5300 y Araucanos al 6200, ambos en Moreno, y en la Avenida De la Ribera y Merlo, en Paso del Rey, todos ordenados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 26, a cargo de Buisel Quintana.

Durante el procedimiento en uno de los depósitos situados en Camino de la Ribera y Merlo, los efectivos sorprendieron a cuatro personas, todos argentinos mayores de edad, quienes fueron inmediatamente detenidos.

En el interior del predio, se incautaron además cientos de autopartes. Entre ellas, 26 puertas, 36 ópticas delanteras, 21 ópticas traseras, 16 guardabarros, 23 radiadores, 21 computadoras (ECU) y 14 tableros.

También secuestraron 5 capots, 2 portones traseros, 15 paragolpes, 43 butacas de diferentes rodados y siete herramientas de corte.

Según señalaron fuentes policiales, en el lugar había vehículos con pedido de secuestro vigente y partes de vehículos con numeraciones adulteradas.

La investigación detalló que la banda utilizaba tecnología especializada para copiar de manera remota las frecuencias de llaves electrónicas, lo que les permitía ingresar y encender los vehículos sin forzar puertas ni ventanas.

Para llevar adelante los allanamientos, participaron grupos especiales de irrupción y contención de la Policía de la Ciudad, a fin de reforzar la seguridad y efectividad del operativo. En el lugar, los investigadores constataron el uso de herramientas específicas para el desguace y la manipulación de autopartes, así como la posibilidad de intervención sobre sistemas electrónicos de los vehículos.

El hallazgo de un arma de fuego cargada en un colectivo del centro de Rosario activó este sábado un operativo policial y abrió una investigación judicial. Luego de que fuera analizada, lograron identificar a su dueño, quien se trataría de un inspector de la Policía de Investigaciones.

La secuencia se inició cuando un pasajero advirtió al chofer de la línea 131 sobre la presencia de una pistola en uno de los asientos. Según informó la división Tercio Charly del Comando Radioeléctrico, esta se encontraba cerca de una de las escaleras de descenso.

Frente a esto, el conductor detuvo el vehículo en la intersección de San Luis y Paraguay para verificar la situación y solicitó la intervención de efectivos policiales que patrullaban la zona. Después de que los agentes constataran la existencia del arma, notificaron de inmediato al 911.

De acuerdo a la información publicada por Rosario3, la pistola encontrada resultó ser una semiautomática Taurus de nueve milímetros. De la misma manera, confirmaron que estaba equipada con un cargador y tenía 17 cartuchos intactos en su interior.

Posteriormente, desde la central policial se logró identificar al propietario del arma: un inspector de la Policía de Investigaciones. Al presentarse en la unidad de transporte, el funcionario reconoció que la pistola le pertenecía y explicó que probablemente se le habría caído de la pistolera muslera.

A pesar de esto, el caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía en turno, que dispuso el secuestro del arma como parte de la causa en curso. Asimismo, no se habría tomado ningún tipo de temperamento respecto al accionar del oficial señalado.

La Policía de Santa Fe secuestró cuatro armas de fuego durante una serie de patrullajes

El despliegue de efectivos del Comando Radioeléctrico de Santa Fe en distintos puntos de la capital provincial concluyó con el secuestro de cuatro armas de fuego, municiones y la detención de cuatro personas, que quedaron a disposición de la Justicia tras ser trasladados a dependencias policiales.

Según fuentes oficiales del caso, las intervenciones respondieron a directivas de la Jefatura de Policía provincial y a comisiones de la CAE 911, en el marco de patrullajes preventivos. Los mismos comenzaron el viernes y finalizaron en la madrugada del sábado.

De esta manera, indicaron que el primer hallazgo ocurrió durante la tarde del viernes, cuando una patrulla asignada al sector de Gdor. Vera al 4200 detectó a dos hombres, de 27 y 29 años, dentro de un automóvil estacionado. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron ocultarse, lo que motivó su identificación y requisa, tanto personal como del vehículo.

En el interior del auto, los agentes hallaron un revólver con cartuchos intactos, cuya tenencia y portación no pudieron ser justificadas por los ocupantes. Además, sobre la vereda, muy cerca del rodado, se encontró una pistola 9 mm con carga en su interior, que uno de los sujetos habría descartado al notar la llegada de los uniformados.

Tras la aprehensión de ambos y la notificación a la Fiscalía competente, el procedimiento fue trasladado a la Seccional 1ra., donde se realizaron las actuaciones procesales correspondientes.

Horas después, ya entrada la noche, otra patrulla intervino en la zona de Espora y Padre Vieyra. Allí, en circunstancias similares, los efectivos interceptaron a un hombre de 31 años que circulaba a pie. Durante la identificación, se le secuestró un revólver calibre 38 que llevaba oculto entre sus prendas. El procedimiento fue comunicado a la Unidad Fiscal y formalizado en la Seccional 8va., donde se labró el acta procesal.

La tercera patrulla del CRE santafesino fue comisionada por la CAE 911 ante la denuncia de presuntos disparos en el Barrio Loyola Norte. Fue así que en las inmediaciones de Fray Santa Maria de Oro y Misiones, los agentes lograron secuestrar una pistola calibre 22 y detener a un hombre de 31 años, presuntamente vinculado al hecho.

Según el relato policial, el sospechoso habría intentado huir en moto junto a otro individuo, quien consiguió escapar. Finalmente, el aprehendido fue alcanzado tras intentar evadirse a pie y, por razones jurisdiccionales, el procedimiento fue formalizado en la sede policial correspondiente, con la debida notificación al fiscal de turno.

Por último, el Comando Radioeléctrico de Santa Fe confirmó la incautación de una escopeta, una pistola 9 mm, una pistola calibre 22 y dos revólveres calibre 38, además de municiones, en distintos puntos de la capital. Los cuatro adultos detenidos permanecen a disposición de la Justicia, mientras las actuaciones continúan en las sedes policiales involucradas.

Un nuevo episodio de violencia se registró durante la madrugada en La Plata, cuando un taxista fue víctima de un asalto a mano armada por parte de quienes, minutos antes, se habían hecho pasar por pasajeros. “Transferíme o te quemo”, le dijeron.

El conductor, que había recogido a cuatro personas en la zona de Plaza Matheu, relató que la situación se tornó crítica al finalizar el viaje, cuando los delincuentes intentaron sustraerle dinero mediante una transferencia bancaria forzada.

El incidente se produjo cerca de las 3:50, cuando el chofer detuvo su vehículo en la intersección de 1 y 66, donde dos hombres y dos mujeres abordaron el taxi y solicitaron ser llevados hasta 2 bis y 78.

El trayecto transcurrió sin incidentes hasta que arribaron a destino. En ese momento, las dos mujeres, que según la estimación del conductor tendrían alrededor de 27 años, descendieron del automóvil. Los dos hombres permanecieron en el interior, uno en el asiento trasero y el otro en el acompañante.

Fue entonces cuando el pasajero ubicado en la parte trasera le indicó al taxista que abonaría el viaje mediante una transferencia bancaria. El conductor, confiando en la operación, permitió que el hombre utilizara su teléfono móvil para escanear un código QR. Sin embargo, al observar la pantalla, el chofer notó que en realidad estaban intentando extraer dinero directamente de su cuenta bancaria.

Al percatarse del engaño, el taxista intentó recuperar su dispositivo, pero la situación escaló rápidamente. El delincuente, que se encontraba en el asiento trasero, extrajo un arma de fuego y la apoyó en la cabeza del conductor, exigiendo: “Transferime toda la plata o te quemo”, según consta en la denuncia presentada en la Comisaría 8ª de La Plata.

En ese instante, el asaltante también intentó arrebatarle las llaves del vehículo, pero el taxista logró retenerlas y huyó a pie hacia la calle 1. Desde allí, activó la alarma del automóvil y solicitó auxilio al 911.

De acuerdo con la descripción aportada por la víctima, los hombres serían mayores de edad, con edades estimadas entre 24 y 30 años. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía correspondiente, que ya interviene en el caso.

Este episodio no constituye un hecho aislado en la ciudad. La denuncia del taxista se suma a la de otros conductores, incluidos varios que trabajan con aplicaciones de transporte, quienes alertaron sobre la presencia de falsos pasajeros que utilizan el mismo modus operandi para perpetrar robos.

Otro caso similar en La Plata

A finales de junio, un taxista de 64 años fue víctima de un violento ataque en la localidad de Arturo Seguí, en las afueras de La Plata. El hecho se produjo cuando estaba concluyendo un viaje y el pasajero, antes de descender, lo golpeó y apuñaló sin mediar palabra. Todo terminó con el vehículo en una zanja, tras el intento del conductor de escapar.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 419 y 151. De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes policiales, la secuencia se inició en la Estación de Trenes de Villa Elisa, donde el taxista, identificado como H.E.R., levantó a una pareja que solicitó un viaje hasta la mencionada localidad al noroeste del centro de La Plata.

La víctima, que conducía un auto Chevrolet, trasladó a los pasajeros sin sobresaltos hasta que llegaron al destino pautado, donde todo se volvió violento. La mujer descendió primero del vehículo, pero el hombre —que iba en el asiento trasero— sacó un objeto cortante y comenzó a amenazar y agredir al conductor, propinándole heridas en el rostro, el cuello y el cuero cabelludo.

Según el relato de la víctima, no pudo distinguir qué tipo de arma utilizaba el agresor. Sin embargo, optó por acelerar de manera repentina para poder escapar de la situación, pero perdió el control del vehículo y cayó en una cuneta al costado del camino.

El agresor escapó rápidamente de la zona, rompiendo una ventanilla y pinchando una de las ruedas de la unidad antes de darse a la fuga. La mujer, al igual que el individuo, desapareció de la escena, y ambos permanecen prófugos. El caso quedó bajo la órbita de la UFIJ N°9 de La Plata, que caratuló el expediente como “tentativa de robo”.

Un hombre denunció a su ex pareja luego de recibir agresiones y vivir con miedo. Una serie de hechos que incluyeron amenazas con un arma de fuego y diferentes daños materiales fueron el punto de quiebre para que se anime a pedir ayuda. La investigación policial en el Barrio Almafuerte de San Justo, partido de La Matanza, culminó con la detención de la mujer y el secuestro de una pistola semiautomática, municiones y dinero en efectivo. La agresora está vinculada a la venta de drogas en la zona.

Según pudo saber Infobae de fuentes cercanas a la investigación, la causa se originó a partir de la denuncia presentada el martes 9 de septiembre por un hombre de 39 años, quien relató haber mantenido una relación de 17 años con una mujer, con la que tiene dos hijos, de 16 y 14 años.

En línea con su relato, el vínculo se tornó violento durante el último año, con diferentes episodios de agresión verbal y física, incluido un hecho en el que la mujer usó un cuchillo para amedrentarlo.

El hombre indicó que, aunque intentó separarse en varias ocasiones, no logró concretarlo debido a que ella habría amenazado con quitarse la vida en repetidas oportunidades. Finalmente, en febrero de 2025, decidió poner fin a la relación ante la escalada de violencia.

Tras la separación, el denunciante afirmó que cada encuentro casual en la vía pública derivaba en nuevas amenazas verbales.

El 8 de septiembre, alrededor de las 22:00, el hombre visitó el domicilio de su ex, acompañado de su nueva pareja, lo que provocó la molestia de su hija. En consecuencia, la madre de la menor comenzó a enviarle audios al denunciante.

En esos mensajes, la mujer expresa: “Anda y enchalecate, este es mi barrio, el día que le des un sopapo a mi hija, vas a estar enterrado en el Villegas, vas a tocar de la villa, hoy me vas a conocer”.

Más tarde, cerca de las 23:00, el hombre escuchó gritos e insultos provenientes del exterior de su vivienda y reconoció la voz de su ex pareja. Al salir, observó que su automóvil presentaba rayones en el capó y las puertas.

A las 4:00 del día siguiente, escuchó varias detonaciones y, al revisar el vehículo, constató que tenía cuatro impactos de bala en la cubierta, las llantas, la puerta trasera y el guardabarros.

Ante estos hechos, decidió radicar la denuncia por temor a su integridad física. La intervención de la DDI La Matanza se produjo a solicitud del Ministerio Público Fiscal, que encomendó esclarecer los hechos.

Las tareas investigativas incluyeron la recolección de testimonios que describieron a la mujer como una persona de carácter sumamente agresivo, conocida en el barrio por exhibir armas de fuego. Además, las pesquisas arrojaron indicios de una posible vinculación con la comercialización de estupefacientes.

Con estos elementos, se emitió una orden de allanamiento, secuestro y detención para el domicilio de la mujer. El operativo permitió incautar tres teléfonos celulares, USD 600, una pistola semiautomática Bersa Mini Thunder calibre 40 con la numeración suprimida, 16 proyectiles calibre 40 mm, y un proyectil calibre 9 mm.

El procedimiento, autorizado por el Juzgado de Garantías N° 03 a cargo de Ruben Norberto Ochipinti y la UFI Especializada N° 01, se realizó este martes 16 de septiembre en una vivienda ubicada en la intersección de La Rioja y 25 de Mayo.

La agresora, de 40 años, fue detenida y trasladada a sede judicial, donde se cumplimentaron los recaudos legales correspondientes.

La autoridad judicial interviniente dispuso la continuidad de las actuaciones y el resguardo de los elementos secuestrados.

Oficiales de la Policía Auxiliar (PA), adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a un hombre de 27 años de edad que fue sorprendido en posesión de un arma de fuego corta cuando pretendía abordar un autobús con destino al estado de Zacatecas desde la Central de Autobuses del Norte.

Los hechos ocurrieron en la terminal ubicada sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde los elementos de la SSC realizaban labores de seguridad y vigilancia. Fue personal de seguridad interna de una línea de transporte quien solicitó la intervención de la policía, luego de que, durante una revisión rutinaria mediante el sistema de rayos X, detectaron el arma en el interior de una maleta.

Al llegar al punto, los oficiales se entrevistaron con el sujeto, quien presentó un boleto válido para abordar el autobús con salida hacia Zacatecas. Sin embargo, al inspeccionar nuevamente su equipaje a través del escáner y después abrirlo, los uniformados confirmaron la presencia de una pistola junto con cuatro cartuchos útiles.

Al ser cuestionado, el hombre no presentó documentación alguna que acreditara la legal portación del arma, por lo que, a petición del personal de seguridad privada, fue detenido conforme a los protocolos establecidos. Tras informarle sus derechos de ley, el sujeto fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con el arma y los cartuchos asegurados, para definir su situación jurídica.

Cabe destacar que la legislación mexicana prohíbe estrictamente el transporte de armas de fuego en medios de transporte público, incluidos los autobuses foráneos, salvo que se cuente con un permiso oficial expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que autorice su portación o traslado.

Esta medida busca proteger la seguridad de los pasajeros, operadores y personal de las terminales, y forma parte de una política de prevención del delito que ha sido reforzada en centrales camioneras del país, particularmente en puntos de alto flujo como la Central del Norte.

Además, los sistemas de seguridad de estas instalaciones están equipados con tecnología de detección, como escáneres y rayos X, que permiten identificar objetos prohibidos o potencialmente peligrosos antes de que los pasajeros aborden las unidades. La SSC hizo un llamado a la ciudadanía a evitar trasladar armas u objetos que puedan representar un riesgo para la seguridad colectiva y recordó que toda persona que intente introducir este tipo de artículos sin autorización será sancionada conforme a la ley.

Este tipo de acciones forman parte de los operativos permanentes para garantizar viajes seguros y libres de violencia, en coordinación con empresas de transporte y cuerpos de seguridad privada. La dependencia reiteró su compromiso con la prevención del delito y exhortó a los usuarios del transporte público foráneo a colaborar con las revisiones y respetar las disposiciones legales vigentes.

En el barrio Laureles, al occidente de Medellín, la Policía realizó la captura de un ciudadano estadounidense de 42 años, quien portaba un arma de fuego y fue interceptado durante un operativo de rutina, según comunicó la institución.

De acuerdo con la información divulgada por la Policía de Medellín, los hechos ocurrieron cuando patrullas de vigilancia notaron la actitud sospechosa del extranjero, quien caminaba por la vía pública y, al percatarse de la presencia de los uniformados, “intentó evitar a nuestros uniformados”.

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El comunicado resalta que, tras ser interceptado y registrado, los agentes encontraron “escondido, en el bolsillo de su pantalón, un revólver calibre veintidós con cinco cartuchos para el mismo”.

Tanto el arma como el detenido fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación bajo cargos de “porte, tráfico, fabricación y tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones”.

La Policía de Medellín afirmó que continúan implementando operativos y acciones orientadas a la “prevención del delito y la garantía de la seguridad ciudadana” dentro de la estrategia ‘seguros, cercanos y presentes’.

Colombia expulsa a estadounidense buscado por homicidio

La reciente expulsión de un ciudadano estadounidense requerido por homicidio en su país de origen evidenció la intensificación de la cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra el crimen transnacional.

El procedimiento, ejecutado en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro (Antioquia), involucró a Migración Colombia, la Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y el grupo Marshals estadounidense, quienes coordinaron la detención y posterior entrega del individuo a las autoridades norteamericanas.

La directora regional de Migración Colombia en Antioquia, Paola Salazar, confirmó la medida y resaltó la colaboración interinstitucional que permitió poner bajo custodia migratoria al extranjero.

En palabras de Salazar, “un trabajo articulado de Migración Colombia, la Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y el Grupo Marshals de los Estados Unidos, permitió poner bajo custodia de la autoridad migratoria a un ciudadano estadounidense, requerido en su país por el delito de homicidio”.

La entidad precisó que se impuso “una medida de expulsión” al individuo, asegurando que “abandonó el país custodiado por oficiales de Migración Colombia quienes lo entregaran a las autoridades norteamericanas”.

La operación, desarrollada el miércoles 20 de agosto, se enmarca en la estrategia de fortalecimiento de la cooperación judicial entre ambos países para enfrentar delitos de alto impacto con repercusiones internacionales.

El grupo Marshals de Estados Unidos desempeñó un papel central en la captura y entrega del ciudadano, reafirmando el compromiso de las instituciones involucradas en el combate contra el crimen organizado. Hasta el 15 de julio de 2025, las autoridades migratorias habían expulsado a 32 ciudadanos extranjeros en el departamento de Antioquia, de acuerdo con datos oficiales.

Este contexto de acciones firmes contra la criminalidad internacional se reflejó también en la reciente expulsión de Allan Aquino de Souza, ciudadano brasileño, quien recibió una orden de salida obligatoria tras ser identificado como partícipe principal en los disturbios ocurridos después del partido entre Atlético Nacional y São Paulo F.C. en el estadio Atanasio Girardot.

La decisión de expulsar a Aquino de Souza se tomó luego de su aprehensión en el aeropuerto José María Córdova, respaldada por denuncias de alteración del orden público derivadas del encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Migración Colombia comunicó en su perfil oficial de la red social X que “expulsó del país al ciudadano brasileño Allan Aquino de Souza, por participar en hechos de alteración del orden público, durante el partido entre Atlético Nacional y São Paulo F.C, por los octavos de final de la Copa Libertadores”.

El caso adquirió notoriedad tras las declaraciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien manifestó en la misma red: “Con nosotros no es jugando. Quien venga a Medellín a generar violencia, sale expulsado. Este ciudadano de Brasil fue quien generó el desorden y la violencia en el partido entre Nacional y São Paulo. Ese mismo día actuamos con prontitud”.

En el municipio de Granada, Meta, las autoridades confirmaron la captura de un hombre señalado como el presunto responsable del feminicidio de Jennifer Camila Jaramillo, una joven de 26 años y madre de dos niños.

El hecho ocurrió en el barrio La Sabana, cuando, según versiones iniciales, la víctima fue atacada con arma de fuego.

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De acuerdo con Noticias RCN, el señalado agresor fue identificado como Jhon Carlos Santos. Los reportes indican que aproximadamente a las 10:00 de la noche de ese lunes, el individuo habría accionado una escopeta en contra de la mujer, causándole graves heridas que obligaron a su traslado inmediato a un centro asistencial de la zona. Pese a los esfuerzos médicos, la joven perdió la vida poco después de su ingreso debido a la gravedad de los impactos recibidos.

El caso generó conmoción en la comunidad de Granada, donde vecinos del sector fueron los primeros en alertar a las autoridades y a los organismos de socorro sobre la emergencia. Los testigos señalaron que tras el ataque la joven quedó en estado crítico, situación que movilizó a residentes y cuerpos de seguridad.

Pocas horas después del hecho, se produjo la captura del presunto autor, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía.

Andrea Lizcano, secretaria de Gobierno del Meta, expresó a través de declaraciones recogidas por Noticias RCN que “pedimos que se investigue rápidamente los motivos de este nuevo hecho que deja muerta una mujer de nuestro departamento, pero que además nos golpea como sociedad ante situaciones que no se pueden seguir presentando”.

La funcionaria insistió en la necesidad de esclarecer el caso y remarcó que la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema de gran impacto en el departamento.

Por su parte, la Alcaldía de Granada se pronunció mediante un comunicado oficial. El alcalde Juan Carlos Mendoza manifestó que “este crimen, que dejó a dos niños sin el amor y el cuidado de su madre, no solo afecta a una familia, sino que golpea el corazón de toda la sociedad granadina. Ninguna diferencia, circunstancia personal o relación afectiva puede justificar la violencia. La vida y la dignidad de las mujeres deben ser sagradas y protegidas por encima de todo”, reseñó Noticias RCN.

De acuerdo con lo informado por las autoridades locales, el capturado será presentado ante un juez con el fin de realizar la legalización de su detención y continuar con el proceso judicial correspondiente. Se espera que la Fiscalía exponga ante el despacho las pruebas recopiladas en las primeras horas de la investigación para avanzar en la imputación de cargos.

El crimen ha reavivado el debate sobre la situación de violencia de género en el Meta. Según datos del Observatorio Colombiano de Feminicidios, entre enero y julio de 2025 se han documentado ocho feminicidios en ese departamento. A nivel nacional, la cifra asciende a 501 casos en el mismo periodo, de los cuales 58 corresponden a mujeres afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras, y 12 corresponden a mujeres trans, según el mismo informe citado por Noticias RCN.

Estos datos reflejan una problemática de alcance nacional que continúa afectando a comunidades urbanas y rurales. En el caso particular de Granada, la muerte de Jennifer Camila Jaramillo ha generado un fuerte llamado a la acción por parte de líderes sociales y autoridades locales, quienes insisten en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección para las mujeres en riesgo.

Asimismo, se recordó a la ciudadanía que la línea nacional 155 está disponible las 24 horas del día para atender reportes de violencia basada en género y orientar a las víctimas. En situaciones en curso, las llamadas son redirigidas a la línea de emergencias 123 de la Policía Nacional, con el fin de activar una respuesta inmediata y garantizar la atención necesaria.

En cuanto a la situación familiar de la víctima, allegados señalaron que Jennifer Camila era madre de dos menores, quienes ahora quedan bajo el cuidado de su familia. El hecho ha profundizado el impacto emocional en el municipio, donde organizaciones comunitarias han expresado solidaridad con los hijos y los parientes de la joven.

El proceso judicial contra el presunto responsable apenas comienza, y serán las autoridades competentes las que determinen su responsabilidad en el crimen. Entre tanto, el caso se suma a la lista de hechos violentos que han encendido las alarmas en el Meta y que han motivado a las autoridades a reforzar la atención a las denuncias por violencia de género.

En la localidad de Esquina, en la provincia de Tucumán, a unos 35 kilómetros al este de la capital, un policía usó su arma reglamentaria para matar a un perro y amenazó a la dueña cuando fue a increparlo. “Acordate que vos tenés dos hijos”, lanzó. La víctima grabó el violento episodio y denunció al agente. Este lunes, fue imputado formalmente por el delito de amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego, en calidad de autor.

El incidente se produjo el viernes pasado cuando, tras un descuido en un campo dedicado a la cría de caballos peruanos, tres perros guardianes escaparon por un portón abierto.

Uno de ellos, Black, de raza Pampa Argentino, llegó hasta la vivienda de un vecino que resultó ser policía. Poco después, familiares del propietario del campo escucharon dos disparos y, al acercarse, hallaron al animal muerto.

Esta raza se caracteriza por su gran fuerza física, mandíbulas poderosas, musculatura desarrollada y contextura robusta. Generalmente, presentan pelaje blanco y negro, alcanzan entre 65 y 73 centímetros de altura y pesan entre 40 y 55 kilos.

El agente fue fotografiado y filmado con la pistola en la mano y, al percatarse de que estaba siendo grabado, se dirigió a una de la dueña del animal y la amenazó: “Acordate que vos tenés dos hijos”.

Tras el hecho, el abogado Javier Lobo Aragón, representante de la familia denunciante, confirmó que iban a llevar la causa judicial hasta las últimas instancias.

“No se puede permitir que una persona actúe de esta forma, y menos aún un policía que porta un arma. Por eso radicamos la denuncia y decidimos llevar el caso hasta las últimas consecuencias”, afirmó el letrado.

Además, sostuvo que existen pruebas contundentes, entre ellas grabaciones y testimonios, para que el Ministerio Público Fiscal avance con cargos tanto por el asesinato del animal como por las amenazas.

Lobo Aragón advirtió: “¿Quién me garantiza que alguien capaz de matar a un perro no pueda hacer lo mismo con una persona?”. También anticipó que solicitará medidas de protección para la familia afectada.

Desde el Ministerio de Seguridad de Tucumán están al tanto de lo sucedido y colaborarán con la investigación judicial. El funcionario policial denunciado será sometido a una investigación sumaria interna, en paralelo al proceso penal.

Este lunes, el Ministerio Fiscal, a través de la Unidad Criminal II, imputó formalmente al agente por el delito de amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego, en calidad de autor.

La auxiliar de fiscal, Daniela Falchi, detalló cómo fueron los hechos. El viernes 15 de agosto, alrededor de las 09:30, la denunciante salió a buscar a su perro en la zona de Esquina y Mancopa, a aproximadamente 1 kilómetro al oeste de la Ruta Nacional 9.

De acuerdo a la información brindada por el medio local El Tucumano, tras el hecho, el imputado se presentó voluntariamente en la comisaría local y entregó el arma utilizada.

La auxiliar de fiscal solicitó al juez medidas restrictivas de menor intensidad por seis meses, entre ellas la prohibición de acercamiento a la víctima en un radio no menor a 200 metros y el impedimento de portar armas.

La Fiscalía también pidió que se notificara a la Jefatura de Tucumán para garantizar el cumplimiento estricto de estas disposiciones. El juez actuante autorizó todas las medidas requeridas.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a Hugo Edgar “N” y Rodolfo “N”, señalados en la investigación de una agresión que tuvo lugar en un inmueble del fraccionamiento Nuevos Paseos de San Juan, en el municipio de Zumpango, donde una menor de edad resultó lesionada.

El incidente ocurrió el 14 de agosto de 2025, cuando los dos ahora detenidos, junto con otro individuo, irrumpieron en la vivienda y realizaron detonaciones de arma de fuego. A consecuencia de estos disparos, la menor recibió heridas y fue trasladada a un hospital de la zona, donde permanece bajo atención médica.

Los actos de investigación efectuados por la FGJEM, sustentados en testimonios recabados en el lugar de los hechos, apuntan inicialmente a un posible robo como móvil principal. No obstante, la información reunida sugiere que la propiedad en cuestión podría estar relacionada con la venta de narcóticos, línea que continúa bajo análisis por parte de la institución ministerial, a fin de fortalecer las hipótesis existentes en la carpeta de investigación.

La detención de Hugo Edgar “N”, de 39 años, y Rodolfo “N”, de 43 años, se realizó en la calle Paseo Francia, dentro del mismo fraccionamiento donde sucedieron los hechos. Los Policías de Investigación encontraron en posesión de los individuos varios envoltorios con narcóticos y un arma de fuego. Como resultado, ambos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público por delito flagrante, tras ser sorprendidos con estos objetos ilícitos al momento de su aprehensión.

El Representante Social continúa integrando el expediente relativo a la agresión que dejó lesionada a la menor, para con ello proceder a la ejecución de acción penal en contra de los presuntos responsables. Hasta que no se emita una sentencia condenatoria, Hugo Edgar “N” y Rodolfo “N” serán considerados inocentes, conforme a lo establecido en los principios legales aplicables.

La Fiscalía del Estado de México mantiene abiertas ambas líneas de investigación, analizando los elementos relacionados tanto al posible robo como a la actividad de narcomenudeo en la vivienda donde ocurrieron los hechos, sin omitir la integración de pruebas y testimonios que permitan esclarecer la agresión perpetrada el 14 de agosto en el municipio de Zumpango.

Las autoridades de la entidad han habilitado múltiples canales de comunicación para recibir denuncias ciudadanas relacionadas con hechos delictivos que puedan ocurrir en la región, según la información proporcionada.

Entre los recursos disponibles se encuentra la línea telefónica 800 702 8770, diseñada para atender de manera directa las denuncias. Adicionalmente, los ciudadanos pueden utilizar el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx como una vía alternativa para reportar cualquier incidente.

La comunidad en la zona rural de Rionegro, en el departamento de Santander, se encuentra consternada tras la muerte de una menor de 12 años tras recibir un disparo en la garganta.

La tragedia ocurrió mientras la niña pescaba junto a su padre y un vecino en el sector conocido como El Bambú, en el kilómetro 30 vía a El Playón.

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Según testigos, la menor fue alcanzada por el proyectil disparado por un hombre que les reclamó por estar en el lugar y, según versiones, estaría vinculado a una mina de arena cercana.

Víctor Prada, habitante de la zona, detalló que “ellos iban a pie por el río porque es bajito, estaban con los anzuelos pescando, al parecer el vecino les había dicho que ir en la noche a pescar”.

En medio de la jornada, el sujeto apareció y, tras discutir con los presentes, realizó dos disparos, uno de los cuales impactó a la niña.

En un intento desesperado por salvarla, su padre la llevó hasta la vivienda del propio Prada, quien relató: “Yo estaba comiendo cuando llegó el papá con la menor herida y me dijo que los llevara en mi camioneta a un hospital”.

La menor fue trasladada en una camioneta particular hacia el hospital de Rionegro, pero falleció a la gravedad de sus heridas antes de poder recibir atención médica.

Las autoridades emprendieron la investigación para esclarecer lo ocurrido, identificar plenamente al agresor y determinar las responsabilidades del caso.

El fatal episodio ha impactado a la comunidad, que exige respuestas y justicia frente a lo sucedido a orillas del río en el tranquilo sector de El Bambú.

Bebé herida en medio de un acto de sicariato en Risaralda sobrevivió a la primera cirugía, pero está en coma inducido

Mientras la comunidad de La Virginia lucha por asimilar el impacto del reciente ataque armado en el barrio La Milagrosa, una bebé de un año continúa internada en coma inducido en el Hospital San Jorge tras haber recibido dos disparos en la cabeza.

El hecho conmocionó a vecinos y autoridades, quienes recalcaron la urgencia de frenar la ola de violencia que afecta al municipio de Risaralda.

De acuerdo con las autoridades locales, el ataque sicarial ocurrió cuando sicarios en motocicleta abrieron fuego contra Rubén Darío Osorio, un joven de diecinueve años que se encontraba en una esquina del sector. Durante la ráfaga de disparos, la menor, que asistía a un evento de primera comunión en la zona, resultó herida por dos proyectiles perdidos.

El joven Osorio murió en el lugar a causa de múltiples impactos de bala, mientras la niña fue trasladada de emergencia al centro hospitalario.

Según Camilo Bayer, secretario de Gobierno de La Virginia, los médicos realizaron una intervención quirúrgica poco después del ataque para intentar salvar la vida de la menor.

Bayer confirmó que la familia y el equipo médico mantienen la esperanza, aunque la condición sigue siendo crítica: “Quedó herida en ese atentado. Se encuentra en el Hospital San Jorge. Ya le realizaron una cirugía, tenía dos impactos de bala en la cabeza. En este momento está en coma inducido hasta el jueves (31 de julio de 2025)”, detallaron desde la administración municipal.

El reporte policial indica que los agresores perseguían a Osorio por motivos que aún permanecen bajo investigación. Durante la persecución, la niña quedó atrapada en la línea de fuego, lo que incrementó la gravedad del suceso.

Las autoridades, incluidas la Policía Metropolitana de Pereira y la Sijín, han iniciado investigaciones para dar con el paradero de los responsables y esclarecer las causas detrás de este ataque.

La administración municipal de La Virginia manifestó su “rechazo al ataque” y reiteró el compromiso de reforzar las labores de seguridad y prevención, además de solicitar la colaboración ciudadana para esclarecer este caso.

El llamado a la comunidad insiste en la importancia de brindar información que pueda contribuir a capturar a los autores materiales e intelectuales, y evitar que este tipo de hechos se repitan, afectando especialmente a la población más vulnerable.