En medio de las discusiones entre el Senado y la Casa Rosada por la generosidad hacia Diputados -en detrimento de la Cámara alta- con los fondos establecidos en el ahora sancionado y vigente Presupuesto 2026, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, activó el 16 de diciembre último un retiro voluntario “plata en mano” con un “cupo máximo de 50 beneficiarios, sujeto a la disponibilidad presupuestaria correspondiente”.

La decisión de la funcionaria se consumó tras meses agitados en el Senado y versiones espeluznantes sobre el accionar del principal gremio del Congreso, APL. Lo comanda el cristinista Norberto Di Próspero, quien mantiene una relación de respeto y odio con Villarruel, según la semana. Lo curioso es que nada se habla del vínculo del sindicalista con Diputados, donde pareciera no existir problema alguno. Así, quien suele pagar los platos rotos del Poder Legislativo suele ser la Cámara alta.

Veamos la letra chica del decreto 632/25, que se publicó varios días después de su fecha original en la web oficial. “El presente Régimen rige respecto del personal del H. Senado de la Nación de planta permanente, que cuente con una antigüedad en el Organismo de entre DOS (2) y VEINTICINCO (25) años, siendo la edad requerida para las mujeres hasta los CINCUENTA y CUATRO (54) años de ‘edad y para los hombres hasta CINCUENTA y NUEVE (59) años de edad”.

En el anexo del documento se detalla que “el incentivo consiste en una compensación económica no remunerativa, calculada sobre la base de la remuneración bruta, mensual, normal, habitual y permanente correspondiente al mes de noviembre de 2025”. La misma “se abonará un mes por cada año de servicio efectivo (excluyendo conceptos variables como viáticos, riesgos, comidas y S.A.C.) con un tope máximo de VEINTICINCO (25) años”.

Además, la cuenta “se hará por años completos de antigüedad, no siendo computable si se encuentra usufructuando licencia sin goce de haberes o bien bajo el régimen de adscripción”. En tanto, el pago “se efectuará una vez aceptada la renuncia”. Según consta en el texto, la solicitud de adhesión debió ser presentada “durante el mes de diciembre de 2025”, aunque la fecha de publicación del decreto es del 16 del mes pasado. Llamativo. Y Recursos Humanos puede “denegar la petición atendiendo a razones de servicio, presupuestaria o de oportunidad, mérito y conveniencia”.

En el artículo octavo del anexo se deja en claro que “la presentación de la solicitud de adhesión al presente régimen deberá incluir una renuncia irrevocable del personal a su empleo público con este H. Senado de la Nación quedando sujeta a la concesión del beneficio”. Y agrega que ello implicará la imposibilidad de “formular reclamos administrativos o judiciales por causas anteriores a la fecha de aceptación del beneficio”.

Quien logre desvincularse de la Cámara alta “no podrá ser designado en planta temporaria o permanente, ni incorporado bajo ninguna modalidad de contratación, con o sin relación de dependencia en este H. Senado de la Nación, por un plazo de 10 años a partir de su baja efectiva”.

Otro ítem a considerar es el de los excluidos. Allí se apunta que no será tenido en cuenta el “personal que se encontrare sometido a sumario administrativo del que pudiera surgir las sanciones de cesantía o exoneración”. Por ende, uno debiera suponer que, si existió un problema o falla grave con algún jerarca del gremio, se encontraría en esta condición. De mínima.

Tampoco podrán ingresar al sistema quienes hayan “iniciado algún reclamo administrativo o demanda judicial”, así como los que tengan “ausencias injustificadas por las cuales se le pueda aplicar la sanción de cesantía, aun cuando el trámite no estuviera iniciado, siempre que dichas ausencias hayan sido notificadas fehacientemente al interesado”.

El Senado volverá a debatir hoy sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), tras el proyecto que la Cámara alta aprobó semanas atrás y Diputados devolvió con modificaciones. Lo hará en un momento delicado, tras la mini movilización que agitó ayer el principal gremio del Congreso, APL, para blindar a una histórica funcionaria del riñón del jefe del sindicato en cuestión, Norberto Di Próspero, que pasó de acordar recategorizaciones con Victoria Villarruel y varios bloques a pintarse la cara y amenazar con llegar al “recinto” en los próximos días.

DNU

A principios de septiembre último, una envalentonada oposición metió 56 voluntades -sobrados dos tercios- para avanzar con una iniciativa que impone que los DNU pasarán a tener un plazo de 90 días de corrido para ser aprobados sin excepción y “con mayoría absoluta” por Diputados y el Senado. En la actualidad, si ambas Cámaras no lo voltean -sin registro de tiempo-, los mismos siguen en curso. Además, el texto incorpora que, ante la votación negativa de un solo Cuerpo, también caerían, salvo los derechos adquiridos durante el potencial y corto tiempo de vida.

La yapa del proyecto es que cada decreto deberá referirse a un área en particular, con el fin de evitar una ensalada de temas. En resumen, una más que tardía restricción a la ley que impulsó Cristina Kirchner como senadora en 2006 y que fue usufructuada por todas las administraciones. Según la oposición, Javier Milei abusó de la metodología y ahora, a casi 20 años de uso y en un rapto de razón, hay una demanda para revisarla con premura.

Quien intenta colgarse la medalla de esta mini batalla contra el Ejecutivo es la peronista disidente y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, la otrora aliada libertaria Alejandra Vigo (Córdoba), de Provincias Unidas. La primera vez que se trató la iniciativa, su trámite fue exprés.

¿Qué pasó en Diputados? No llegó a la mayoría absoluta el artículo de los 90 días. Como ahora es avalar ese cambio o insistir con la versión original, los senadores irían por la segunda opción para firmar despacho y dejar todo preparado para sesionar. Ante una hipotética sanción, la Casa Rosada podrá vetar la ley. Y, en un escenario de insistencia -dos tercios-, ya habrá un Congreso reconfigurado con los ingresantes de diciembre. Es decir, quedaría trunca la expedición.

Más allá de las opciones a ocurrir en el corto plazo, primero hay que conseguir el dictamen y después ir al recinto. También hay un inconveniente allí, entre la agenda de la oposición, las intenciones del oficialismo -hacer nada- y las de la propia Villarruel.

Guerra

Infobae que contó que el clima interno del Senado volvió a acercarse a la ebullición, luego de semanas de tranquilidad entre Villarruel, el gremio y los legisladores, quienes venían de pactar un lote de recategorizaciones sin nombres ni número de legajos, entre otras cosas. La causa tiene nombre y apellido: Mónica Nieto, histórica directora de Personal, una butaca llena de secretos y nervios sensibles. Hasta lograron que Di Próspero -compañero de lista de Cristina Kirchner en el PJ- apareciera un lunes al mediodía, en un pasillo interno del Palacio Legislativo, para anunciar que si la gestión libertaria no hace “por única vez un análisis político de lo que está pasando hoy acá”, y si “si se mantienen con la posición que tienen, en la próxima, estamos en el recinto”.

Por fuera de los aplausos en videos que circularon ayer aguardan centenares de trabajadores del Congreso sin padrino o madrina. A éstos no arribaron nunca las mejoras, aunque anoche circulaba la idea de un formulario para que haya evaluaciones, caso por caso. Para los que ya ganaron, mirada hacia un costado y pasado pisado. También buceó la versión de un supuesto ofrecimiento a Nieto para que continuara en una flamante subdirección, ya que Villarruel dinamitó un puñado de estructuras y creó otras nuevas días atrás, sin contemplar a la mimada por APL. Las fuentes deslizaron “fuertes aprietes”.

Siempre es llamativo -aunque no sorprendente- que algunas de estas peripecias también incluyen a Diputados, que no publica nada y parece blindado desde el siglo anterior, con un más que generoso silencio sobre su actual titular, Martín Menem. Ejemplo: en la web de la Cámara baja no se puede hallar el decreto presidencial 1 de 2024 y la última decisión administrativa -caja- data de 2022, según la revisión que realizó ayer este medio. Di Próspero prefiere pelearle a Villarruel, que desde al menos un año hace agua en lo político y comunicacional. La conformación del 10-12 vendrá por el resto de lo que le queda y por ello la preocupación, con Patricia Bullrich y la Casa Rosada al frente de esa misión.

Tras la desactivación temporal de octubre pasado por diversas irregularidades y, pese a haber prometido una solución que nunca llegó -según deslizó su entorno en ese entonces-, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, cerró de manera definitiva el jardín de infantes de la Cámara alta. Ni 10 años duró el establecimiento.

A fines de julio de 2015, el ex vicepresidente kirchnerista Amado Boudou -luego condenado por corrupción- inauguró el “Jardín del Bosque” junto a quien era ministro de Educación en ese momento, Alberto Sileoni, y los entonces senadores Juan Manuel Abal Medina (Frente para la Victoria) y Alfredo Martínez (Unión Cívica Radical). Vale destacar que, entre el también ex ministro de Economía y Villarruel pasaron las administraciones de la macrista Gabriela Michetti y la propia Cristina Kirchner.

“La Presidenta Cristina lleva adelante la tarea de reparar un pasado horrible, construir el presente y sembrar el futuro para todos. Hoy estamos terminando esta etapa de gobierno con la sensación de que tenemos un presente juntos y también un futuro”, dijo Boudou durante el acto realizado en 2015 sobre su ex compañera de fórmula, hoy con prisión domiciliaria.

En octubre pasado, Villarruel decretó el cierre temporal. La resolución suspendió todo tipo de actividad otorgó a los 72 padres de los menores que concurrían a la institución una licencia especial hasta el 31 de diciembre. Esto generó una insólita situación debido a que en dicho lote se encontraba la actual senadora santacruceña Natalia Gadano. La legisladora aún no respondió a Infobae en cuanto a si hizo uso de la opción para no cobrar el último aumento salarial en las dietas para el pleno de la Cámara alta, hoy en $9,5 millones en bruto.

Según se comunicó en aquella ocasión, la decisión se sostuvo “en un informe elaborado por la Dirección de Obras y Mantenimiento y acompañado por las actas de inspección de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En el texto se destacó que “el ‘Jardín Del Bosque’ no cumplía con la normativa correspondiente a la Unidad Ejecutora de Escuelas Seguras, UERESGP”. Entre las irregularidades mencionadas aparecen problemas con “el plano de instalaciones contra posibles incendios (porque no declara los usos y ocupaciones real de todo el edificio y las instalaciones contra incendio solo abarca planta baja y 1er piso)”.

Por otra parte, no se respetaba “con el Plan de autoprotección (no incluye a todo el edificio en un simulacro de evacuación ni a la totalidad de los ocupantes)”; y el edificio era compartido y se requería “independizar el funcionamiento de los diferentes usos (también funciona un centro de capacitación de APL, Asociación del Personal Legislativo)”.

En cuanto al último punto, se trata nada menos que del principal gremio del Congreso, que comanda desde hace largos años el kirchnerista Norberto Di Próspero. La resolución de Villarruel encomendó a la Dirección General de Administración la elaboración de un plan de acción para la subsanación de las observaciones edilicias informadas, respecto del inmueble afectado a la Guardería y Jardín Materno Infantil.

Un reciente decreto presidencial de la titular de la Cámara alta dejó claro que “la Dirección de Obras y Mantenimiento evaluó distintas propuestas con la intención de acondicionar el inmueble citado a la normativa vigente”, aunque “el área concluyó que su readecuación no resulta posible por sus condiciones de base” y que “no existiendo la posibilidad de reabrir allí la guardería ni habiendo otra finalidad para el inmueble en cuestión que lo torne útil para el H. Senado, corresponde proceder a su devolución”.

En tanto, en otro decreto se responde de forma afirmativa a los pedidos de APL y de Diputados para la donación de diferentes bienes patrimoniales. Según el caso, se trata de sillas de comer, sube y baja caballito doble, pizarrones, mantas didácticas, mesas y sillas de caño, minipelotero, camillas y practicunas, entre otros puntos.

Durante los últimos largos años y, más allá olvidos selectivos en casos específicos, la web oficial del Senado siempre estuvo más adelantada en cuanto a transparencia en relación con la de Diputados, donde reinó la oscuridad de las administraciones kirchneristas, macrista y, ahora, libertaria. Por ello la preocupación de los últimos días en la Cámara alta, donde dos decretos firmados por la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, desaparecieron tras ser publicados: las resoluciones contienen nada menos que recategorizaciones de decenas de agentes -que responden a legisladores y, claro está, a los gremios- con un aditivo extra, al haber sido presentados sin los anexos correspondientes, en modo fantasma.

El embrollo incluye también el adiós, por ahora, de toda la nómina de la planta permanente, la temporaria, y de los contratos de locación. La pestaña aún existe, aunque al querer revisar los datos aparece el mensaje “página web en mantenimiento”. El acceso a este tipo de cuestiones sirvió en el pasado, como disparador, para investigaciones en las que Infobae reveló la contratación de una modelo que hizo el senador misionero renovador -no massista- Carlos Arce y que, a los 20 días, eyectó; o el caso del ex empleado que mantuvo relación con la Cámara alta pese a que tenía una condena por amenazas y usaba tobillera electrónica, y que Villarruel desvinculó.

Los decretos presidenciales -DP- 368 y 369 de 2025 fueron descargados por Infobae el 30 de junio a las 17.33 y 17.34, respectivamente. En ese momento, se encontraban disponibles en la web oficial. El primero apunta a que la “Dirección General de Recursos Humanos propició la recategorización de un grupo determinado de agentes en cumplimiento de una política institucional orientada a la mejora continua de las condiciones laborales y el fortalecimiento de la carrera administrativa”.

El texto agrega: “Esta medida procura consolidar trayectorias laborales que contribuyen al mejor funcionamiento del servicio legislativo, promoviendo criterios objetivos de crecimiento dentro de la estructura institucional. En ese marco, las recategorizaciones se sustentan en el reconocimiento del mérito individual, la experiencia acumulada y el compromiso sostenido de los agentes en sus respectivos ámbitos de desempeño. Asimismo, se valoran los antecedentes de formación que fortalecen el perfil profesional del personal, en el marco de una política de jerarquización de la carrera administrativa”.

Por su parte, el 369 está orientado a otra decisión de Recursos Humanos para los trabajadores “que han asumido funciones que corresponden a una categoría superior a la que revistas de modo titular”. En ese sentido, detalla: Dichas recategorizaciones se propician en función a la categoría correspondiente, conforme a las tareas y funciones que vienen desempeñando de manera sostenida, responsable y competente en sus respectivos cargos”.

En los considerandos, además, se manifiesta que, con lo ejecutado, se consolidan “derechos adquiridos mediante el ejercicio constante, idóneo y responsable de funciones propias de una categoría superior”. E indica: “En tal sentido, no sólo se regulariza una situación de hecho, sino que también se ratifica el compromiso institucional con la transparencia y la valorización del trabajo realizado”. En el artículo 1 de ambos decretos se le “asignan a los agentes mencionados en el Anexo I, que forma parte del presente, la categoría que se indica para cada uno de ellos, a partir del 1 de junio de 2025). El inconveniente es que la documentación extra nunca se cargó. Ahora, ni si siquiera los dos DP.

¿Qué hay detrás de todo esto? Meses de tira y afloje con los muy silenciosos gremios. El principal es APL, del temido por unos y respetado por otros Norberto Di Próspero, quien forma parte del PJ nacional de la hoy condenada Cristina Kirchner. Como las magras negociaciones paritarias derivaron en un malestar generalizado -muchos empleados del Congreso cumplen desde hace años con su tarea y, como suele ocurrir, son los más perjudicados-, las recategorizaciones fueron el camino elegido para descomprimir la tensión. Imposible saber los beneficiados.

Tras una nueva paritaria para los empleados del Congreso y, como los senadores se volvieron a atar el año pasado sus dietas a las actualizaciones de los agentes legislativos, el pleno de la Cámara alta pasará a cobrar, desde el mes próximo, poco más de $9,5 millones en bruto.

La reciente paritaria fue firmada horas atrás, con aval de los presidentes de Diputados y el Senado, Martín Menem y Victoria Villarruel, respectivamente, e implica un 1,3% de actualización en marzo -retroactivo- que se repite, con la misma mecánica, para abril y mayo.

Repasemos la cronología. En abril de 2024, oficialismo y oposición pactaron sin chistar y en secreto un nuevo sistema y lo aprobaron en el recinto. Desde ahí, los haberes pasaron a estar compuestos por 2.500 módulos -con los que cobran los agentes del Congreso, y por eso la atadura vigente-, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 extra, por desarraigo. Con la renovación del mismo a $2376,04 -aproximadamente- es que se llega a los más de $9,5 millones en bruto a recibir, a partir del mes próximo.

En cuanto al desarraigo, sólo cuatro no lo reciben. Además, los legisladores se agregaron en abril de 2024 una dieta más a las 12 actuales, como para “compensar” el aguinaldo. La única senadora que no entró en esta lógica es Alicia Kirchner: cuando ingresó en la Cámara alta prefirió mantener su jubilación.

Durante el segundo semestre de 2024, tras otra paritaria, los senadores volvieron al recinto y congelaron sus haberes hasta el 31 de diciembre de 2024. Cuando eso cayó, los legisladores le tiraron la mochila a Villarruel, quien primero dudó y luego estiró el freezer hasta el 31 de marzo. La titular de la Cámara alta deslizó en ese momento que la medida, adoptada durante el receso estival, era la última que tomaba y que una próxima decisión tendría ser de los propios bloques en una sesión.

El 17 de mayo pasado, Infobae publicó la advertencia del kirchnerismo en cuanto a que no votará más nada en el recinto y delegó una potencial resolución del tema en el oficialismo, dialoguistas y Villarruel. “Nos hartaron. Que hagan lo que quieran”, manifestó un legislador con peso en el interbloque que comanda el formoseño José Mayans.

Otro solado de Cristina Kirchner afirmó a este medio: “En la previa a la sesión por Ficha Limpia, el oficialismo movió una vez más el avispero y luego no pasó nada. Entonces, si hay libertarios y dialoguistas consternados con esto, que se pongan de acuerdo y resuelvan con Villarruel. Nosotros no nos metemos más. Que insulten y critiquen, pero nos cansamos de los que hablan de más y luego se borran o esconden la mano. Si se llevan tan bien entre todos y están tan preocupados, supongo no tardarán mucho en llegar a un acuerdo. Espero no se dé vuelta nadie, como con Ficha Limpia”.

La novela de las dietas corrió en paralelo a las quejas de los gremios para abrir paritarias. El principal es APL, que lidera Norberto Di Próspero y que, luego de meses de llamativa pasividad, consiguió que los interbloques del Frente de Todos presentaran notas a Villarruel y a Martín Menem para encontrar una solución. Es decir, legisladores que adoptan la tarea que corresponde a los sindicatos, que tampoco quieren quedar mal con las autoridades del Congreso. Nada que no haya ocurrido en gobiernos anteriores, ya sea el macrista o los kirchneristas. Ahora, con los libertarios.

En medio de todas estas peripecias aún nada el flamante secretario administrativo, Emilio Viramonte Olmos, cuyo anuncio de renuncia -aún no oficial- derivaría, en caso de concretarse, en un papelón institucional. La vicepresidenta prometió devolverle las potestades que le quitó a su antecesora, la eficiente María Laura Izzo. Por ahora, no lo hizo.

A todo esto se suman los mazazos de Villarruel a un sector de aduladores, y guiños y creaciones de jugosas estructuras a favor de otros fans, junto a designaciones más que delicadas. Menem mira de costado todo esto por no tener el mismo esquema, en una Cámara baja muy oscura en cuanto al acceso a resoluciones oficiales -no así en el Senado, donde es prolijo y actualizado el acceso, salvo raras excepciones-, algo histórico y que cruza también a las gestiones kirchneristas y macrista.

Los recientes acuerdos paritarios en el sector público y privado volverán a depositar la lupa en el Senado, donde la presión para mejorar los golpeados sueldos de los empleados crece cada semana. El inconveniente es que los legisladores ataron sus dietas a la de los agentes en 2024 y también serían beneficiados en sus haberes, hoy en más de $9 millones en bruto, con un movimiento que podría dejar esta situación blindada: el peronismo avisó en los últimos días que no votará más nada en el recinto y delegó una potencial resolución del tema en el oficialismo, dialoguistas, y la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

“Nos hartaron. Que hagan lo que quieran”, manifestó a Infobae un legislador con peso en el interbloque que comanda el formoseño José Mayans. “En la previa a la sesión por Ficha Limpia, el oficialismo movió una vez más el avispero y luego no pasó nada. Entonces, si hay libertarios y dialoguistas consternados con esto, que se pongan de acuerdo y resuelvan con Villarruel. Nosotros no nos metemos más. Que insulten y critiquen, pero nos cansamos de los que hablan de más y luego se borran o esconden la mano. Si se llevan tan bien entre todos y están tan preocupados, supongo no tardarán mucho en llegar a un acuerdo. Espero no se dé vuelta nadie, como el miércoles pasado”, lanzó a este medio otro soldado de Cristina Kirchner.

Lo cierto es que la posición del Frente de Todos, si bien es la más cómoda de adoptar -a favor de sus intereses-, al menos implica una definición concreta y evita tanta voltereta y cinismo en relación con las dietas. “Lo que nadie quiere discutir es el financiamiento de la política. Por eso es más fácil pegarle a diputados -reciben menos, aunque la información pública en la Cámara baja siempre fue pésima, en comparación con la Cámara alta- y senadores. Pero nadie puede hacerse el distraído: todos los que estamos en el Congreso y venimos del interior tenemos claro lo que sale vivir en su provincia y acá. Entonces, te pregunto, ¿de dónde sale la plata para alquilar un par de micros o un salón chico para un acto? ¿De mi sueldo?”, sentenció una legisladora dialoguista a este medio.

Ahora, repasemos la cronología. En abril de 2024, oficialismo y oposición pactaron sin chistar y en secreto un nuevo sistema y lo aprobaron en el recinto. Desde ahí, los haberes pasaron a estar compuestos por 2.500 módulos -con los que cobran los agentes del Congreso, y por eso la atadura vigente-, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 extra, por desarraigo.

Sobre este último punto, sólo cuatro no lo reciben. Además, los legisladores se agregaron una dieta más a las 12 actuales para compensar el aguinaldo. Esto significó, desde mayo del año pasado, más de $7 millones en bruto. La única senadora que no entró en esta lógica es Alicia Kirchner: cuando ingresó en la Cámara alta prefirió mantener su jubilación.

Durante el segundo semestre de 2024, tras otra paritaria, los senadores volvieron al recinto y congelaron sus haberes hasta el 31 de diciembre de 2024. Cuando eso cayó, los legisladores le tiraron la mochila a Villarruel, quien primero dudó y luego estiró el freezer hasta el 31 de marzo. La titular de la Cámara alta deslizó en ese momento que la medida, adoptada durante el receso estival, era la última que tomaba y que una próxima decisión tendría ser de los propios bloques en una sesión.

Desde el mes pasado, un festival de especulaciones y operaciones abrazaron la discusión de las dietas que, por supuesto, quedaron en la nada. Una posibilidad muy lejana en ese entonces fue aprovechar el nuevo módulo para que los senadores cobraran ya actualizados y, posterior a ello, otro freezer por unos meses. Ni siquiera eso prosperó.

Con la decisión del Frente de Todos, que cuenta a 34 integrantes de 72 -al menos, hasta el 10 de diciembre-, se aguarda algún movimiento del zigzagueante grupo de 38 oficialistas y dialoguistas. Allí se encuentran, por caso, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes días atrás se dieron vuelta y votaron en contra de Ficha Limpia. O los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, que ni siquiera apoyaron la designación del nuevo secretario administrativo, Emilio Viramonte, hombre de confianza de Villarruel.

La novela de las dietas corre en paralelo a las quejas de los gremios para abrir paritarias. El principal es APL, que lidera Norberto Di Próspero y que, luego de meses de llamativa pasividad, consiguió que los interbloques del Frente de Todos presentaran notas a Villarruel y a su par de Diputados, Martín Menem, para encontrar una solución. Es decir, legisladores que adoptan la tarea que corresponde a los sindicatos, que tampoco quieren quedar mal con las autoridades del Congreso. Nada que no haya ocurrido en gobiernos anteriores, ya sea el macrista o los kirchneristas. Ahora, con los libertarios.

Otro punto que se sigue de cerca son las últimas estructuras y nombramientos en la Cámara alta. Desde varios despachos apuntaron, por ejemplo, a una ladera de Villarruel que, en los últimos meses, fue señalada como responsable de errores que ralearon la gestión. Ni hablar del grave problema por retenciones en Ganancias tras una medida cautelar empujada por APL, que se tomó la representación de todos los trabajadores del Congreso. En resumidas cuentas, trifulcas en diversas áreas y con el diálogo quebrado entre las bancadas luego de Ficha Limpia. No todo es mala vibra: el jueves último, un mensaje emitido por Recursos Humanos anunció recategorizaciones y recordó un puñado de beneficios.

Un tema que olvida más del 99% de los diputados y senadores no sólo en la actualidad, sino hace añares, volvió a ser solicitado: dos legisladores reclaman la desactivación de los descuentos compulsivos en los haberes de empleados del Congreso, con el fin de habilitar la triangulación de los mismos hacia la prepaga o servidor de salud que cada uno de los agentes crea conveniente.

Los discursos, ideas e intenciones en este sentido chocaron siempre con la misma muralla gremial: la Asociación del Personal Legislativo (APL), que comanda el temido por muchos y respetado por otros Norberto Di Próspero, el mandamás del sindicalismo parlamentario. Es que la Dirección de Ayuda Social (DAS) es una de las áreas más deliciosas, así como la histórica imprenta y la Biblioteca del Congreso, entre otras dependencias.

En medio de esta situación quedan miles de cumplidores trabajadores que se agotaron a la hora de reclamar una solución definitiva. Suelen ser los más perjudicados, mientras otros tantos aún ni fichan su presencia. Hablar suele tener consecuencias. La última experiencia, algo traumática, fue la famosa auditoría que la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y su entonces secretario administrativo, Helio Rebot, no quisieron dar a conocer. Al menos, desde la vía formal, con la para nada despreciable ayuda de operadores extra oficiales de turno.

La relación de ambos con el kirchnerista Di Próspero -apareció en la lista del PJ nacional que hoy maneja sin chistar la ex presidenta- se inició con complejidad y luego viró de manera notable, pese a las furiosas críticas del gremio contra la gestión de Mauricio Macri.

En Diputados, la situación fue mucho mejor, con Emilio Monzó como titular de la Cámara baja y Florencia Romano de secretaria administrativa. A ambos se los recuerda por un acto cargadísimo de emoción junto a Di Próspero y otros sindicalistas kirchneristas en Pasos Perdidos para celebrar los “logros de gestión”. Fue en noviembre de 2019, a días de que Macri perdiera las elecciones presidenciales contra Alberto Fernández, con la economía ya incendiada.

La iniciativa para romper con la retención de aportes obligatorios para la DAS -que tiene un convenio desde hace unos años con la prestadora OMINT- fue presentada el mes pasado por la diputada Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), y su colega del PRO y aliado libertario Fernando Iglesias.

En los argumentos del proyecto y, en referencia a lo ocurrido con Michetti y Rebot, recordaron: “En Noviembre de 2016, Poder Ciudadano denunció públicamente el amedrentamiento que sufrieron varios empleados de esta Casa, quienes a través de un amparo judicial solicitaron que el Senado entregue la auditoría que la vicepresidenta Gabriela Michetti ordenó realizar sobre la obra social del Congreso, ante las fuertes sospechas de corrupción en el manejo de los millonarios recursos que administra (entre ellos un fondo para trasplantes) y el reiterado reclamo de los empleados del Congreso por su mal servicio, lo que en muchos casos los obliga a pagar una prepaga porque, por ley, no pueden optar por otra obra social”.

Los diputados y senadores se encuentran exentos de esta trifulca y evitan confrontar con APL, como explicaron los impulsores del texto en cuestión. En ese sentido, advirtieron que “en el año 2001, los legisladores nacionales que aportaban a PAMI y a la DAS decidieron la creación de su propia obra social –OSLERA- que fue regulada por la resolución 451/2001 de la Superintendencia de Seguros de Salud”. Con ello, “se sustrajeron a la obligación de aportar a la Dirección de Ayuda Social para el personal del Congreso, que ya en aquel entonces tenía serias dificultades económicas”. Pasaron tan sólo 24 años de eso.

“Contrariar el principio general establecido por toda la normativa que involucra al colectivo de trabajadores, y que como en el caso que nos ocupa se encuentra cautivo, importa un claro acto de discriminación por cuanto viola el principio de igualdad que pregona nuestra Carta Magna. No podemos permitir que esto se siga postergando en el tiempo”, resaltaron Campagnoli e Iglesias.

Sólo un ejemplo que grafica a la entidad. El año pasado, Infobae contó cómo un clan kirchnerista estuvo hasta 118 días sin trabajar y que, al enterarse de la revisión que realizaba la gestión iniciada por la libertaria Victoria Villarruel, renunció el 1 de julio. Entre ellos se encontraba Joel Dor Sebastián Lascano, hijo de la ex directora de la DAS Liliana Korenfeld —también ex estilista de Cristina Kirchner y otrora poderosa titular de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSS)—. En ese momento, fue clave aquí la ahora ex secretaria administrativa María Laura Izzo. Hoy ya no forma parte del equipo.

Miami, 27 dic (EFE).- La sonda solar Parker de la NASA se encuentra en "buen estado y operando normalmente" tras su aproximación más cercana al Sol, ocurrida el pasado martes 24 de diciembre, informó la agencia espacial estadounidense.

El equipo de operaciones de la misión en el Laboratorio de Física Aplicada (APL) de Johns Hopkins en Laurel, Maryland, recibió la una señal justo antes de la medianoche EST del 26 jueves de diciembre, detalló la NASA en un comunicado.

El equipo no tuvo contacto con la nave espacial durante la aproximación más cercana, que ocurrió el 24 de diciembre, cuando la sonda solar Parker pasó a solo 3,8 millones de millas de la superficie solar (unos 6.1 millones de kilómetros) mientras se movía a aproximadamente 430.000 millas por hora (unos 690.000 kilómetros).

Se espera que la nave espacial envíe datos telemétricos detallados sobre su estado el próximo 1 de enero.

Este estudio de cerca del Sol permite a la sonda solar Parker tomar medidas que ayuden a los científicos a comprender mejor cómo el material en esta región se calienta a millones de grados y rastrear el origen del viento solar (un flujo continuo de material que escapa del Sol).

También ayuda a descubrir cómo las partículas energéticas se aceleran hasta casi la velocidad de la luz.

Los acercamientos anteriores han ayudado a los científicos a determinar el origen de las estructuras del viento solar y a cartografiar el límite exterior de la atmósfera del Sol.

La sonda solar Parker se desarrolló como parte del programa 'Living With a Star' de la NASA para explorar aspectos del sistema Sol-Tierra que afectan directamente la vida y la sociedad.

El programa está gestionado por el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la agencia en Greenbelt, Maryland, para la Dirección de Misiones Científicas de la NASA en Washington.

APL diseñó, construyó y opera la nave espacial y gestiona la misión para la NASA.EFE

Los pozos ciegos sobre los que comenzó a indagar en el Senado la gestión que comanda la vicepresidenta, Victoria Villarruel, generaron la primera trifulca con los gremios legislativos, que desde hace más de dos meses vaciaron la Comisión de Análisis de la Dotación (CAD) de la Cámara alta, creada a fines de abril pasado para la “revisión funcional” de la “capacidad y ubicación laboral de las plantas permanentes, temporaria y contratados, las recategorizaciones, los agentes con destino en trámite y con requisitos jubilatorios” de los últimos dos años.

En el tercer artículo del decreto presidencial 27/24 se invitó a “los representantes legales de las Asociaciones Sindicales con actuación en el H. Senado de la Nación a participar de las actividades que indique la comisión creada por el presente en calidad de veedores”, algo que los sindicatos no aceptaron. Como suele ocurrir en el Congreso, quien cargó con la bandera de la réplica a Villarruel fue la Asociación del Personal Legislativo (APL), de la que Norberto Di Próspero es mandamás desde julio de 2004.

Di Próspero fue siempre kirchnerista, aunque también mantuvo un excelente vínculo durante la era Cambiemos gracias el ex secretario administrativo del macrismo Helio Rebot. Ahora, el poderoso referente legislativo debe lidiar con Villarruel -y su equipo- y realizó una presentación en contra de la CAD, al igual que Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Personal Superior del Congreso de la Nación (APES). “No corresponde tomar temperamento alguno, por ser simples negativas a participar de las actividades de la Comisión creada”, respondió el Senado, a través de la Secretaría Administrativa de la Cámara alta, el 3 de julio último.

En dicha resolución se detalló que APL sostuvo que el decreto de Villarruel “afecta con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta el colectivo de los trabajadores del H. Senado de la Nación”. El gremio agregó, como argumento, algunos artículos de la ley de personal legislativo -muchas veces olvidada hasta por los propios gremios- e, incluso, de la Constitución.

“Resulta improcedente la impugnación del DP-27/24 por parte de APL, al no verse afectado ningún interés colectivo de afiliados que dicha asociación sindical representa”, replicaron las autoridades de la Cámara alta. De hecho, dejaron en claro que lo actuado en la CAD “no produce efectos inmediatos ni definitivos ni afecta derechos subjetivos, no siendo consecuentemente susceptible de impugnación”.

Para exponer a los sindicatos, en la resolución se resaltó que “respecto de la manifestación de rechazo a la invitación a participar como veedores enunciada en el artículo 3 del decreto en cuestión -en referencia al que creó la CAD-, resulta contrario a lo dispuesto en el estatuto de APL, que en su artículo 3 establece como fines defender a los empleados, colaborar con el Estado como órgano técnico y consultivo en el estudio y solución concernientes a la actividad, entre otros”. Al haber sido rechazada por “improcedente” la presentación realizada por APL, se agotó la vía administrativa y el conflicto podría terminar en la justicia.

En paralelo a todo esto, al Senado continúa con otra resolución para que, a partir de agosto o septiembre próximos, la planta permanente y un sector de los trabajadores temporarios estén obligados a marcar su asistencia. A fines de junio pasado, Infobae contó que cerca de 1500 empleados de diferentes reparticiones de la Cámara alta comenzaron a registrar la huella y, según pudo averiguar, se ausentaron 200.

De dicha cifra, alrededor de 140 agentes incumplieron el trámite sin justificación, mientras que unas 70 fundamentaron su inasistencia. Es decir que entre un 8-10% de los involucrados no argumentó su ausencia. En las próximas semanas se conocerá el resultado final.