La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York programó para el 16 de abril una audiencia clave en el juicio por la expropiación de YPF, donde se discutirán tanto las apelaciones de entrega del 51% de las acciones a los beneficiarios del fallo por USD 16.100 millones como la solicitud de discovery sobre chats de funcionarios y ex funcionarios. En ese contexto, la Procuración del Tesoro de la Nación Argentina recibió una confirmación inusual: el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó participar activamente en la audiencia para exponer oralmente en defensa de la posición argentina.

La intervención de la cartera judicial estadounidense constituye un hecho sin precedentes, ya que es la primera vez que pide formalmente un espacio para hablar en favor de la Argentina en el marco del proceso judicial que enfrenta al país con Burford Capital. El pedido oficial de la Procuración incluyó una solicitud para ampliar el tiempo de exposición, con el objetivo de que el representante estadounidense cuente con una mayor intervención durante la audiencia.

La decisión de Estados Unidos de presentarse “codo a codo” junto a la defensa argentina representa la segunda señal concreta de apoyo del país norteamericano en la causa tras el escrito presentado a fines de febrero ante la Corte de la jueza Loretta Preska para manifestar su oposición al pedido de los fondos demandantes de declarar al país en desacato y aplicar sanciones económicas.

La jornada del 16 de abril incluirá las apelaciones por el fallo de Preska que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF (turnover), la presentación realizada por la ONG Republic Action for Argentina (RAFA) y el discovery sobre chats de funcionarios y ex funcionarios.

El primer respaldo

Este nuevo movimiento del Departamento de Justicia no es un hecho aislado, sino la profundización de un giro estratégico que comenzó a visibilizarse a fines de febrero. En aquel entonces, la administración de Donald Trump ya había marcado la cancha ante la jueza Loretta Preska mediante un escrito de 29 páginas que funcionó como un “escudo” diplomático para la Casa Blanca.

En ese documento, Washington fue tajante al advertir que castigar a un Estado soberano en tribunales locales podría generar un efecto bumerán, afectando la reciprocidad que el propio gobierno estadounidense espera recibir en cortes extranjeras.

La disputa se centró en la fase de intercambio de pruebas o discovery. Los demandantes habían solicitado a la justicia neoyorquina la aplicación de multas coercitivas de USD 1 millón por día y la ejecución de “sanciones de preclusión”.

¿Qué buscaban con esto? Que la jueza asumiera como un hecho que organismos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas son simples “alter egos” del Estado, facilitando así el embargo de sus activos. Sin embargo, el respaldo de EE.UU. subrayó dos puntos que la defensa argentina, liderada por la Procuración del Tesoro, sostiene como banderas.

Por un lado, el Departamento de Justicia consideró que exigir comunicaciones privadas de altos funcionarios (como chats de WhatsApp o correos de Gmail) resulta incompatible con las normas de cortesía internacional.

Por otra parte, se destacó que el país ya entregó más de 115.000 páginas de documentación, demostrando voluntad de cooperar dentro de los límites de su inmunidad soberana.

De los escritos a la voz en el estrado

Si bien en febrero la Casa Blanca intervino mediante una “presentación de interés espontánea” (sin llegar a ser un amicus curiae formal), lo que ocurrirá el 16 de abril escala la apuesta. Por primera vez, el apoyo dejará de ser solo de papel para convertirse en una defensa oral frente a los tres jueces de la Cámara de Apelaciones.

Para los analistas del caso, como Sebastián Maril, este patrón muestra que Estados Unidos ha decidido jugar un rol activo en temas específicos como la entrega de acciones (turnover) y el desacato, aunque todavía mantiene cautela respecto al fondo de la apelación principal por los USD 16.100 millones. Aun así, para la estrategia argentina, contar con el representante del Departamento de Justicia hablando “codo a codo” en la audiencia es un activo político y legal que busca inclinar la balanza en un momento de máxima tensión financiera.

La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal por parte del Gobierno de Estados Unidos ha colocado a miles de familias frente a un escenario cargado de incertidumbre y riesgos económicos, sociales y jurídicos, según advierten analistas y representantes de las comunidades afectadas.

El futuro del TPS depende ahora de las acciones legales que las organizaciones migrantes promuevan en los tribunales y del grado de negociación que los gobiernos de los países de origen logren entablar con Estados Unidos. Voces consultadas coinciden en que la decisión actual puede no ser definitiva. José Palma, presidente de la Alianza Nacional de tepesianos, destaca que los abogados analizan alternativas judiciales tras la cancelación y asegura: “Definitivamente es una mala decisión en contra de la comunidad, pero el caso continúa. Los abogados están evaluando cuáles pueden ser las diferentes avenidas legales”, informó al medio fuente, y anticipó que comunicarán nuevas acciones en pocos días.

Esta posición mantiene viva la esperanza de los migrantes en una solución vía los tribunales, apelando a precedentes como el caso Ramos y litigios anteriores para venezolanos y haitianos.

Desde el ámbito sindical, Dolores Valenzuela, presidente de la Federación de Sindicatos FECITRAN en Honduras, recalca el peso del TPS en la economía hondureña. Alerta que, de concretarse la devolución masiva de migrantes, el país sufriría un golpe considerable, ya que “para nosotros como hondureños, esto representa un impacto negativo enorme. Muchas familias dependen de las remesas; si estas personas son enviadas de regreso, se incrementará la crisis económica”, dijo Valenzuela.

Remarca además que Honduras enfrenta ya más de un millón de personas sin empleo formal y unos 800.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, a lo que se sumaría un aumento de la precariedad laboral y la informalidad, teniendo en cuenta que los salarios no siguen el ritmo del encarecimiento de la canasta básica.

La perspectiva de nuevos intentos diplomáticos sigue vigente. El Hondureño Juan Flores, director de la Fundación 15 de Septiembre, atribuye parte de la situación a gestiones previas del gobierno hondureño, pero considera posible revertir la cancelación.

Exhorta a una ofensiva directa ante Washington. Sostiene que “es una oportunidad producto de la reunión del presidente Narra Fura con Trump, en la que se habló sobre el TPS”, en referencia a un reciente encuentro entre los presidentes de Honduras y Estados Unidos. Flores enfatiza que el fallo actual “no representa necesariamente la última palabra”, ya que existen procedimientos legales en marcha para disputar la medida.

Mirando al pasado, el TPS nació en respuesta a desastres naturales: en el caso de Honduras y Nicaragua, tras el devastador huracán Mitch de 1998 que provocó miles de víctimas y destruyó infraestructura; para Nepal, tras el terremoto de 2015. Aunque estaba diseñado como esquema temporal, con el tiempo permitió a decenas de miles de personas consolidar familias, viviendas y proyectos empresariales en Estados Unidos.

Su cancelación ahora no solo implica la posible separación de familias, sino la pérdida de patrimonio, ahorros y oportunidades de desarrollo, según plantean portavoces de las comunidades.

La voz de Itsmania Platero, defensora de derechos de los migrantes en Honduras, centra su análisis en. “No solo es la economía que está en juego en Estados Unidos, es el potencial, son 20 años del sudor de los tepesianos, son el capital que ellos tienen en los bancos, son sus empresas, es la separación de familias”, remarcó Platero. Argumenta que la nación cinco estrellas carece de infraestructura adecuada y no representa un país seguro para el retorno masivo de migrantes, aspecto clave en los debates judiciales abiertos en Estados Unidos.

El analista Roberto Murillo observa que la anulación del TPS ilustra la fragilidad de las políticas migratorias temporales ante cambios administrativos. Destacó que cuando falta respaldo legal permanente, decisiones como esta pueden generar un “efecto dominó” que trasciende al colectivo migrante, con impacto sobre el flujo de remesas y la estabilidad social en los países emisores. Instó a adoptar estrategias multilaterales para proteger a estas comunidades.

El desmontaje del TPS amenaza también a la estructura social en Estados Unidos, donde unas comunidades que han pagado impuestos, fundado empresas y generado empleo local, afrontan ahora la posibilidad de expulsión. Analistas coinciden en que si la cancelación avanza sin un plan alternativo, los efectos se reflejarán tanto en la vida de los afectados como en los indicadores migratorios, la estabilidad laboral y las relaciones diplomáticas regionales.

Para los expertos, el desenlace depende de la efectividad de los recursos legales y del alcance de las negociaciones bilaterales, mientras miles de familias esperan entre la incertidumbre y la amenaza a sus derechos, su sustento y la estabilidad de sus comunidades.

Nueva York, 7 ene (EFE).- El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, sumó este martes un nuevo intento de detener su sentencia en el caso por los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels en Nueva York, prevista para este viernes, con una demanda contra el juez Juan Merchan.

Los abogados de Trump, que fue condenado en ese caso penal en mayo de 2024, solicitaron hoy en una corte de apelaciones la "paralización inmediata" del proceso argumentando que las últimas decisiones de Merchan, que niegan su inmunidad presidencial, son "incorrectas".

La defensa se acoge, según el documento entregado en el tribunal, al Artículo 78, una provisión legal de Nueva York que permite cuestionar la legalidad de las decisiones de un funcionario o agencia del Estado.

Se refiere, en concreto, a las decisiones de Merchan del 16 de diciembre y el 3 de enero en las que rechaza anular el veredicto de culpabilidad de Trump y desestimar el caso bajo sus argumentos de inmunidad presidencial.

La semana pasada, Merchan ordenó a Trump comparecer "en persona o virtualmente" en la lectura de su sentencia este viernes a las 9:30 hora local (14:30 GMT), pero adelantó que no incluirá una pena de prisión.

"Las decisiones erróneas de Merchan amenazan la institución de la Presidencia y van llanamente en contra de precedentes establecidos que desautorizan cualquier proceso penal contra un presidente electo, así como prohíben el uso de pruebas de los actos oficiales de un presidente en un proceso penal", indica la demanda.

Ayer mismo, el juez ya rechazó otra moción para paralizar la sentencia, que está programada diez días antes de la investidura del político, que será el 20 de enero.

En mayo de 2024, un jurado declaró culpable a Trump de 34 delitos de falsificación de registros comerciales para comprar el silencio de Daniels antes de las elecciones de noviembre de 2016, que ganó, y evitar que saliera a la luz durante la campaña una supuesta aventura extramatrimonial. EFE

La condena de la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner por el caso Vialidad en Santa Cruz tendrá una semana de apelaciones. Hasta el viernes todas las partes tienen plazo para recurrir el fallo de la Cámara Federal de Casación que en noviembre pasado confirmó la condena de la ex mandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El objetivo es llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La defensa de CFK, a cargo del abogado Alberto Beraldi, y el fiscal de Casación, Mario Villar, ya anunciaron que apelarán. Cada uno por motivos distintos. La defensa objetará la condena y pedirá la absolución -lo mismo que el resto de los condenados- y la Fiscalía reclamará que se agrave a 12 años por el delito de asociación ilícita y que se revoquen las absoluciones.

Así, a lo largo de la semana todas las partes presentarán sus recursos. Las fuentes consultadas señalaron que algunas ya lo han hecho. Con eso se abrirá otra etapa. Habrá 10 días para que la Fiscalía responda las apelaciones de las defensas y viceversa. Luego los jueces de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña quedarán en condiciones de resolver.

Los magistrados puedan aceptar las apelaciones y enviar la causa a la Corte Suprema o rechazar los planteos. O aceptar algunos y rechazar otros. En el caso de que Casación los revoque las partes podrán de todas forma ir a la Corte Suprema a través de lo que se conoce como recurso de queja.

La definición de la Corte Suprema será clave porque es la última instancia y si confirma las condenas se deberán aplicar. Pero nadie espera que sea este año. El caso lleva un trámite en el que primero tiene que opinar el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, pero también porque es un año electoral en el que Cristina Kirchner podría ser candidata. El otro aspecto central es que hoy la Corte tiene solo tres jueces -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- mientras el Senado debate los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los candidatos que propuso el presidente de la Nación Javier Milei, para completar el máximo tribunal.

La Cámara de Casación ratificó el fallo que en diciembre de 2022 había dictado el Tribunal Oral Federal 2. Además de Cristina Kirchner fueron condenados el empresario Lázaro Báez (6 años de prisión), el ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), el ex titular de Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años), los ex funcionarios del área de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), José Raúl Santibañez (4 años), Mauricio Collareda (4 años) y Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses). Y fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, el ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y Carlos Kirchner, ex funcionario de Planificación Federal y primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner. También fue ratificado el embargo de 84 mil millones de pesos.

“Que desde 2003 a 2015 funcionarios públicos nacionales y provinciales, entre los que se encontraba la dos veces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, llevaron a cabo una maniobra fraudulenta que perjudicó de manera trascendente a las cuentas del Estado nacional, pues se desvió el dinero público en favor del empresario Lázaro Antonio Báez a partir de la asignación de obra pública vial a sus empresas”, sostuvieron los jueces de Casación en su resolución.

El tribunal señaló que Báez accedió a las licitaciones para las obras públicas de manera irregular: “se demostró que se seleccionó una modalidad de contratación específica, convirtiéndose para la provincia de Santa Cruz en regla lo que para las demás fue una excepción. Esto permitió la cartelización de la obra pública en la referida provincia en favor de un grupo de empresas que respondían al aludido Báez.

Otra prueba relevante para Casación fue el decreto 54/2009 que firmó Cristina Kirchner a instancias de López por el cuál se modificó el fideicomiso que comenzó a ser manejado por la Dirección Nacional de Vialidad, a cargo de Periotti.

Los magistrados también destacaron lo que el fiscal Diego Luciani llamó en el juicio oral el “plan limpiar todo”. Se trató de los mensajes de whatsapp que se encontraron en el celular de López cuando fue detenido en junio de 2016 en el convento de General Rodríguez con bolsos con nueve millones de dólares y por los que fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito.

En esos mensajes se hallaron conversaciones entre López y Báez y la organización de reuniones del ex secretario de Obras Públicas con Cristina Kirchner para hablar del cierre de las empresas y del pago de todas las deudas antes que la entonces presidenta deje el gobierno y asuma Mauricio Macri.

La disidencia que tuvieron los jueces de Casación fue sobre la aplicación o no del delito de asociación ilícita para los acusados. Los magistrados Barroetaveña y Borinsky señalaron que no se comprobó la “pluralidad de planes delictivos” que requiere la asociación ilícita, sino que fue un único plan criminal sobre la obra pública. En tanto, Hornos sí entendió que en el caso se cometió ese delito, tal como reclama la Fiscalía.

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) ofrece a los solicitantes de beneficios un mecanismo formal para apelar decisiones que consideran incorrectas. El formulario SSA-561, denominado Solicitud de Reconsideración, permite que cualquier persona que haya recibido una negativa o una modificación en el monto de sus beneficios pueda solicitar una revisión del caso. Esta herramienta es parte del proceso administrativo de apelaciones de la SSA y puede aplicarse a decisiones relacionadas con beneficios por jubilación, discapacidad y otros programas gestionados por la agencia.

El proceso de apelación del Seguro Social es fundamental para garantizar que los solicitantes reciban los beneficios adecuados. La SSA informa que los errores pueden surgir durante el proceso de evaluación inicial, lo que justifica la existencia de este mecanismo de reconsideración. Los beneficiarios que creen que su caso fue evaluado incorrectamente tienen derecho a presentar una apelación formal dentro de los plazos establecidos por la agencia.

El formulario SSA-561 también permite a los solicitantes corregir errores administrativos o presentar nueva evidencia que pueda influir en la decisión final. La SSA aclara que este proceso no garantiza una resolución favorable, pero ofrece una vía para que los beneficiarios expresen su disconformidad con las decisiones adoptadas por la agencia.

¿Qué es el formulario SSA-561 y para qué sirve?

Según el sitio oficial de la Administración del Seguro Social, el formulario SSA-561 debe presentarse en un plazo no mayor a 60 días desde la recepción de la notificación con la decisión que se desea apelar. El formulario puede obtenerse directamente desde el portal web de la SSA o solicitándolo en una oficina local. El proceso también permite enviar la apelación por correo.

El SSA explica que el formulario debe completarse con información precisa y detallada. Los solicitantes deben incluir datos personales como el nombre completo, el número de Seguro Social y dirección actualizada. Además, deben especificar claramente la decisión que desean que se revise, ya sea la denegación de beneficios, la modificación en el monto o cualquier otra resolución emitida por la SSA.

Pasos para llenar el formulario SSA-561 correctamente

La SSA recomienda que los solicitantes expliquen con claridad las razones por las cuales consideran que la decisión es incorrecta. Es necesario detallar cualquier error identificado durante el proceso de evaluación, presentar pruebas adicionales y adjuntar documentos relevantes como registros médicos, informes de especialistas o estados de cuenta. La agencia enfatiza que proporcionar información detallada y precisa aumenta las probabilidades de que la reconsideración sea favorable.

En su página oficial, la SSA proporciona guías paso a paso sobre cómo completar el formulario SSA-561. Según estas guías, es importante asegurarse de que el formulario esté firmado y fechado correctamente. Cualquier error u omisión en este proceso puede resultar en retrasos o en la negación de la apelación.

¿Qué hacer si la reconsideración no es favorable?

El sitio web de la SSA también detalla que el formulario SSA-561 es parte de un proceso de apelación de varios niveles. Si la reconsideración no produce el resultado deseado, los solicitantes pueden solicitar una audiencia ante un juez de derecho administrativo, presentar una revisión ante el Consejo de Apelaciones o, en última instancia, acudir a los tribunales federales.

Para aquellos que necesitan asistencia adicional durante el proceso de apelación, la SSA recomienda contactar con abogados especializados en temas de Seguro Social o con representantes autorizados. Además, indica que existen organizaciones locales que ofrecen asesoría legal gratuita a solicitantes que cumplen ciertos requisitos. La SSA subraya que el proceso de apelación es un derecho de todos los solicitantes, y que la agencia está obligada a revisar cada caso de manera imparcial.

Apelaciones relacionadas con el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI)

El proceso de reconsideración aplica tanto a beneficios por discapacidad como a otros programas, incluidos los pagos de Seguro de Ingreso Suplementario (SSI). De acuerdo con la SSA, el SSI es un programa dirigido a personas con bajos ingresos y recursos limitados, y el formulario SSA-561 puede utilizarse para apelar decisiones relacionadas con la elegibilidad o el monto de los pagos.

En casos de denegación por motivos médicos, la SSA aclara que los solicitantes pueden incluir informes recientes de sus médicos tratantes o exámenes complementarios que no fueron considerados durante la evaluación inicial. La SSA también acepta declaraciones personales que expliquen cómo la condición médica afecta la capacidad de trabajo o las actividades diarias.

¿Cómo se revisa una apelación del Seguro Social?

El sitio web ssa.gov indica que una vez recibida la solicitud de reconsideración, la SSA asigna el caso a un examinador distinto al que realizó la evaluación inicial. Este procedimiento busca garantizar una revisión objetiva y justa. La decisión resultante de esta reconsideración será notificada por escrito al solicitante.