La defensa del general en retiro Mauricio Alfonso Santoyo Velasco presentó un recurso de apelación contra la decisión adoptada el 16 de febrero de 2026 por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ordenó su expulsión del sistema tras considerar que no cumplió con los compromisos exigidos dentro del régimen de condicionalidad. Santoyo, que fue comandante del Gaula de la Policía en Medellín entre 1997 y 2001, había comparecido ante este tribunal como parte del modelo de justicia transicional.

La medida se produjo luego de que la JEP concluyera que el exoficial no aportó “verdad plena” sobre los hechos que se le atribuyen, lo que derivó en la pérdida de los beneficios obtenidos al acogerse a este mecanismo.

En un fallo de 65 páginas, los magistrados Pedro Elías Díaz Romero y Carlos Alberto Suárez López determinaron que Santoyo no contribuyó de manera sustantiva al esclarecimiento de crímenes como desapariciones forzadas y presuntos vínculos con grupos paramilitares, lo que motivó su remisión a la justicia ordinaria y la orden de captura inmediata, teniendo en cuenta una medida de aseguramiento vigente desde abril de 2019.

Argumentos de la defensa

El recurso de apelación sostiene que la decisión adoptada por la JEP desconoce garantías fundamentales y parte de una interpretación errónea sobre el deber de aportar verdad en el marco de la justicia transicional. Según el abogado defensor, existe una diferencia entre contribuir con información y aceptar responsabilidad penal.

De acuerdo con el documento, Santoyo ha participado en el proceso, ha asistido a audiencias y ha respondido a los requerimientos de la jurisdicción. En ese sentido, la defensa señala que su actuación no implica la aceptación automática de culpabilidad. “Aunque existiera tal cosa como un incumplimiento a los deberes propios del Sistema Integral de Paz, la consecuencia aplicada resulta dramáticamente desproporcionada, puesto que se ha dado cumplimiento material a los requerimientos de las autoridades y no se demostró la existencia alguna de mala fe en su proceder – desconocimiento injustificado del precedente vertical”, indica el recurso conocido por Blu Radio.

El documento también plantea cuestionamientos sobre la valoración probatoria realizada por la JEP. Según la defensa, se habrían dado por ciertos hechos que no han sido establecidos mediante decisiones judiciales en firme en Colombia, y no se habrían valorado de manera equilibrada los testimonios y explicaciones entregados por el compareciente.

En relación con la condena que Santoyo aceptó en Estados Unidos, la defensa sostiene que dicho proceso no puede ser considerado como una verdad completa dentro del sistema colombiano. “Cuando la magistratura indica que parte del incumplimiento que se endilga al compareciente proviene de que debió aportar verdad respecto de aquellas situaciones determinadas por un juez extranjero en los Estados Unidos, deja de lado las especiales circunstancias en que se dio esa aceptación”, señala el documento.

Asimismo, el recurso advierte que durante el proceso se habrían presentado situaciones en las que se incentivó al compareciente a aceptar responsabilidad: “La constante presión para que el compareciente acepte participación en hechos de los que ha indicado expresamente que se pretende defender, es una flagrante vulneración a la presunción de inocencia y una indebida presión para que renuncie a sus garantías procesales”.

Régimen de condicionalidad y evaluación de la JEP

La apelación también cuestiona la proporcionalidad de la sanción impuesta, al considerar que no se probó un incumplimiento grave ni la ocultación de información relevante. En ese sentido, el documento afirma que la decisión de expulsión estaría basada en la negativa del compareciente a aceptar responsabilidad.

“Por todo lo anterior, declarar que el Compareciente Forzoso incumplió con su deber de aportar a la verdad plena por cuenta de insistir en su inocencia (...) desconoce su situación particular y, en la práctica, lleva a requerir que un ciudadano se desprenda de sus derechos fundamentales”, señala el recurso.

Durante su proceso, Santoyo fue requerido en varias ocasiones para entregar información relacionada con hechos de graves violaciones a los derechos humanos. Entre estos, se encuentra la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, ocurrida en Medellín en el año 2000.

Según la evaluación de la jurisdicción, el exoficial negó su participación en estos hechos y no presentó elementos nuevos que permitieran avanzar en su esclarecimiento. Adicionalmente, su intento de colaboración con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas fue considerado insuficiente, al estimarse que la información entregada no resultó útil para avanzar en la localización de víctimas.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) presentó un recurso de apelación tras la liberación de 11 policías municipales de Ecuandureo, acusados de servir como informantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante los bloqueos que siguieron al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Once elementos, incluido el director de Seguridad Pública Municipal, enfrentaban acusaciones por su presunta responsabilidad en conductas delictivas, entre ellas la posesión de droga. Un juez determinó que los datos de prueba presentados eran insuficientes, por lo que los imputados quedaron en libertad condicional mientras continúa el proceso judicial.

El Poder Judicial de Michoacán informó que el caso se encuentra ya en segunda instancia y será revisado por una magistratura penal, según un comunicado difundido el pasado viernes 27 de marzo.

De acuerdo con reportes previos de este medio, los once uniformados fueron detenidos en la región de Zamora a bordo de una patrulla oficial, en posesión de drogas e insignias relacionadas con el CJNG.

Comunicado oficial del Poder Judicial de Michoacán sobre la apelación

La FGE interpuso un recurso de apelación contra la resolución judicial que permitió la liberación de 11 policías municipales de Ecuandureo. El Poder Judicial de Michoacán informó que el caso ya fue turnado a una magistratura penal en segunda instancia, la cual revisará el expediente y emitirá una nueva determinación conforme a derecho.

Además, el comunicado del Poder Judicial señala que el Tribunal de Disciplina Judicial, organismo encargado de vigilar e investigar el desempeño de los servidores públicos judiciales, está atento al proceso.

La autoridad judicial reiteró su compromiso de actuar con profesionalismo y apego a la ley, garantizando una justicia cercana y efectiva para la ciudadanía.

Lo que se sabe del caso de los policías de Ecuandureo y su presunta relación con el CJNG

Once policías municipales de Ecuandureo, entre ellos el director de Seguridad Pública, fueron detenidos tras los bloqueos y hechos violentos registrados en la región luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG.

De acuerdo con reportes previos de la Fiscalía de Michoacán, los agentes fueron capturados en la zona de Zamora a bordo de una patrulla oficial; durante su detención se les hallaron drogas y objetos relacionados con la organización criminal, como parches alusivos al CJNG.

Las investigaciones indican que los policías informaban sobre los movimientos de fuerzas estatales y federales mediante grupos de WhatsApp vinculados al CJNG, con el objetivo de facilitar los bloqueos y ataques ordenados tras la muerte de “El Mencho”. Ninguno de los detenidos estaba registrado ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Posterior a la detención, el alcalde de Ecuandureo, Jorge Luis Estrada Garibay, declaró que desconocía los presuntos vínculos de los agentes con el crimen organizado y explicó que la corporación policial ya estaba conformada antes del inicio de su administración.

Tras la liberación de los 11 elementos, el fiscal del estado, Carlos Torres Piña, reveló durante entrevistas detalles del proceso judicial. Entre ellos, destacó que un juez negó en dos ocasiones la solicitud de la fiscalía para incorporar elementos clave a la investigación, como la revisión de los dispositivos de los detenidos, lo que provocó retrasos significativos en el desarrollo del caso.

El Senado de la República expidió la Resolución 214 del 20 de marzo de 2026, mediante la cual se dispone la creación de una comisión accidental encargada de analizar el recurso de apelación presentado contra la negación del proyecto de reforma a la salud.

La decisión fue adoptada por la Mesa Directiva de la corporación como parte de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La medida se produce luego de que la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado negara la iniciativa que propone transformar el sistema de salud en Colombia. En diciembre de 2025, dicha comisión votó en contra de la reforma impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, después de varios meses de parálisis legislativa. La votación terminó con ocho votos en contra y cinco a favor. Frente a esta decisión, varios congresistas interpusieron un recurso de apelación que ahora deberá ser evaluado conforme a lo establecido en la ley.

Composición de la comisión accidental

De acuerdo con la resolución, la Comisión Accidental estará integrada por los presidentes de seis comisiones constitucionales del Senado. Los designados son Julio Elías Chagüi Flórez (Comisión Primera, Partido de La U); Óscar Mauricio Giraldo Hernández (Comisión Segunda, Partido Conservador); Jairo Alberto Castellanos (Comisión Tercera, Alianza Verde); Enrique Cabrales Baquero (Comisión Cuarta, Centro Democrático); Édgar Díaz Contreras (Comisión Quinta, Cambio Radical); y Álex Flórez Hernández (Comisión Sexta, Pacto Histórico).

Además, el senador Óscar Mauricio Giraldo Hernández fue designado como coordinador de la comisión accidental, según lo establecido en el artículo tercero del documento oficial.

El acto administrativo cita diversas disposiciones constitucionales y legales que sustentan la creación de la comisión. Entre ellas, el artículo 41 de la Ley 5ª de 1992, que faculta a la Mesa Directiva del Senado para adoptar medidas orientadas a mejorar la organización interna y la eficiencia de la labor legislativa.

Asimismo, se invoca el artículo 66 de la misma ley, el cual establece que “los presidentes y las mesas directivas de las Cámaras y sus comisiones permanentes podrán designar comisiones accidentales para que cumplan funciones y misiones específicas”, como parte del desarrollo legislativo y administrativo.

En cuanto al trámite de la apelación, la resolución hace referencia al artículo 166 de la Ley 5ª de 1992, que regula los procedimientos cuando un proyecto es negado o archivado. Esta norma establece que “Negado un proyecto en su totalidad o archivado indefinidamente, cualquier miembro de la Comisión o el autor del mismo, el Gobierno o el vocero de los proponentes (…) podrán apelar de la decisión ante la Plenaria de la respectiva Cámara”.

De igual forma, se precisa que la plenaria deberá tomar una decisión previa a la presentación del informe por parte de la comisión accidental. En caso de que la apelación sea aceptada, el proyecto será remitido a otra comisión constitucional para surtir nuevamente el primer debate. Si la apelación es rechazada, se procederá al archivo definitivo de la iniciativa.

La solicitud de apelación fue presentada por los senadores Fabián Díaz Plata, Martha Peralta Epieyú, Wilson Arias Castillo, Omar de Jesús Restrepo Correa y Ferney Silva Idrobo, que acudieron a este mecanismo tras la decisión adoptada en la Comisión Séptima.

Finalmente, el documento dispone que se expidan copias de la resolución a los integrantes de la comisión, a la Dirección General Administrativa, a la Mesa Directiva del Senado y a la Presidencia de la República. Asimismo, se establece que la resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

La decisión fue suscrita por el presidente del Senado, Lidio Arturo García Turbay; la segunda vicepresidenta, Ana María Castañeda Gómez; y el secretario general, Diego Alejandro González González.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a un tribunal federal de Nueva York desestimar la apelación presentada por Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad en México durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, quien estuvo al frente del país de 2006 a 2012.

La apelación de García Luna es en contra de la sentencia que se le impuso en octubre de 2024 por cargos de crimen organizado y narcotráfico.

Por medio de un documento de más de 100 páginas, que se encuentra firmado por el fiscal especial Adam Amir, en representación del fiscal en jefe del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, el gobierno de Estados Unidos afirma que la carga probatoria presentada en el juicio no deja lugar a dudas de la cooperación que García Luna habría brindado a al Cártel de Sinaloa, más allá de posibles errores menores que se hayan cometido.

El fiscal en jefe, en su posicionamiento, menciona que las pruebas presentadas en el juicio de cinco semanas demuestran más allá de toda duda razonable que García Luna era un funcionario corrupto de las fuerzas de seguridad que aceptó millones de dólares en sobornos de la organización del narcotráfico más grande y sofisticada de México.

En 2024 García Luna fue declarado culpable

En febrero de 2024, tras un juicio de cinco semanas en la corte federal en Brooklyn, un jurado encontró culpable a García Luna de cinco cargos relacionados con el tráfico de drogas y delincuencia organizada.

El jurado validó la hipótesis de los fiscales de los fiscales respecto a la ayuda que el ex funcionario habría brindado al cártel a cambio de sobornos millonarios.

El 18 de octubre, también de 2024, y tras desestimar una moción para que se repusiera el proceso, el juez Brian Cogan impuso una condena de 38 años de prisión contra el exfuncionario, fijando su fecha de liberación para el 2052. Luego de varios cambios de centros penitenciarios, García Luna finalmente fue llevado al penal de súper máxima seguridad de Florence, en Colorado, en el que permanece en la actualidad.

Casi un año después, la defensa del mexicano presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York la apelación formal en contra del juicio y de la sentencia impuesta al exfuncionario.

La defensa sostiene en su apelación que la corte del juez Cogan aceptó indebidamente por tres razones: denegó su petición de un nuevo juicio, debido al presunto perjurio en el que ocurrieron testigos y a problemas con la divulgación de pruebas; se admitió evidencia sobre su patrimonio innecesaria y se le limitaron contrainterrogatorios y se le privó el acceso a pruebas clasificadas.

En su respuesta formal, los fiscales desestimaron todos los argumentos de la defensa y, por el contrario, señalaron que se cumplió en exceso con los requisitos de transparencia y entrega de evidencia a la contraparte, al haberles dado acceso a más de un millón de documentos.

El representante a la Cámara Modesto Enrique Aguilera Vides comunicó mediante un escrito dirigido a la opinión pública que no comparte el fallo emitido por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia y que presentará la apelación ante la instancia competente.

En su comunicado, el congresista afirmó: “Confío plenamente que en el curso del proceso y dentro de las garantías del debido proceso, se esclarecerán los hechos. Continuaré defendiendo mi honor, mi nombre y mi integridad con las pruebas que reposan en el expediente y que demuestran que nunca estuve en el lugar donde se dice que ocurrieron los hechos. Tengo la convicción de que la verdad prevalecerá”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La sentencia impuesta incluye la prohibición de suspender la ejecución de la pena, la negativa a conceder prisión domiciliaria y la orden de librar la captura del congresista para que cumpla la sanción una vez quede en firme el fallo condenatorio. Además, la Corte dispuso que Aguilera Vides pague a la víctima una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de los hechos, por perjuicios morales y agencias en derecho correspondientes.

Los hechos que originaron la condena se registraron entre finales de octubre y comienzos de noviembre de 2020. La víctima, una joven, fue llevada a un hotel en Barranquilla bajo la supuesta excusa de una reunión política, donde quedó a solas con Aguilera Vides. Allí, según el fallo, el congresista la sujetó, la besó en el cuello, realizó tocamientos y practicó actos de onanismo sin su consentimiento.

La Corte consideró determinante el testimonio de la víctima, apoyado en elementos de corroboración que permitieron establecer tanto la materialidad de la conducta como la responsabilidad penal de Aguilera Vides. La Sala aplicó la perspectiva de género en el análisis del caso, de acuerdo con la Constitución, normas supraconstitucionales y leyes como la Ley 1257 de 2008 y la Ley 1719 de 2014, que buscan prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de delitos sexuales.

En la determinación de la pena, la Corte resaltó la gravedad de los hechos y la instrumentalización de la posición de poder del congresista, quien utilizó su ascendencia sobre la víctima al convocarla al hotel, facilitando así la agresión. La Sala concluyó: “La magnitud del daño trascendió la integridad sexual para impactar el proyecto de vida de la víctima y su familia, provocando la fractura del tejido familiar y la afectación psicológica que requirió intervención. Este escenario de victimización múltiple evidencia que la conducta desbordó la mera transgresión típica para generar consecuencias de difícil reparación, lo que justifica un juicio más severo en la dosificación de la pena.”

Investigación adicional

La Corte compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar a Jonathan Enrique Torregrosa Viana, primo de la víctima, quien la habría llevado al hotel y la dejó sola con el congresista. En el expediente se identificaron evidencias de posible manipulación de información del registro de personas que ingresaron al hotel durante ese periodo, así como de acercamientos de Torregrosa Viana con la gerencia del establecimiento.

Según la sentencia, los hechos habrían sucedido durante el periodo en que Torregrosa Viana mantenía contactos con la gerencia del hotel, lo que llevó a que el caso se remitiera a las autoridades correspondientes para que evalúen posibles responsabilidades penales adicionales.

A lo largo del proceso, la Corte Suprema de Justicia analizó las pruebas presentadas y determinó que el testimonio de la víctima fue clave para confirmar la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad penal del acusado. El alto tribunal señaló que dicha declaración contaba con elementos de corroboración que respaldaron la veracidad de lo denunciado.

La defensa del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, apeló el procesamiento como supuesto jefe de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo.

“Es inadmisible en términos probatorios alegar que una asistencia a un domicilio o portar un bolso son motivos para sospechar que una persona es miembro de una asociación ilícita y que en esa oportunidad recibió dinero en concepto de dadivas”, sostuvo la defensa en el escrito que estudiará la sala II de la Cámara Federal porteña.

Además, aludió a presuntas evidencias que son “una mera conjetura que a lo sumo podría dar curso a la toma de medidas para su esclarecimiento pero, bajo ningún punto de vista, reúne los elementos para constituir un fundamento en términos incriminatorios para avanzar hacia un procesamiento”.

A Spagnuolo se le realizó una “imputación generalizada por delitos y maniobras de las cuales no rezan constancias que, en los seis (6) meses de instrucción, las sostengan”, agregó el abogado del ex funcionario, Pablo Parera.

“Además, si se sostiene que mi asistido era jefe de una asociación ilícita, conformada por sujetos de la órbita pública y privada, donde obtenían un beneficio económico al defraudar la administración pública, ¿Cómo se sostiene una maniobra de cohecho atribuible a mi asistido?”, se preguntó.

También reiteró que una máquina de contar billetes encontrada en un allanamiento en su casa se compró en mayo de 2022, cuando “realizaba tareas en la Asociación Civil Cooperadora del Sistema de Salud Malvinas Argentinas” y no tiene nada que ver con el caso ANDIS.

Las apelaciones serán analizadas por los camaristas Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, quienes la semana pasada confirmaron una decisión que mantiene retenidos 80.000 dólares y 2.000 euros que le fueron secuestrados a Spagnuolo del interior de una caja de seguridad a su nombre.

Cómo sigue la causa

Los recursos de apelación ya fueron concedidos por el juzgado federal 11, que está vacante y no tiene un magistrado titular. Desde esta semana quedó a cargo por sorteo del juez federal Ariel Lijo, quien será subrogante por un año.

Los procesamientos fueron resueltos por el anterior juez del caso, Sebastián Casanello, quien trabó un embargo de 202.247.451.393 millones de pesos sobre los bienes de Spagnuolo y montos similares para cada uno de los principales acusados.

Entre las 19 apelaciones presentadas está también la de la ex funcionaria del Ministerio de Economía Ornella Calvete, quien aseguró que los casi USD 700.000 secuestrados en su domicilio no le pertenecen. Según su declaración, los fajos de billetes encontrados durante un allanamiento en su departamento de la calle México 55 eran, en gran parte, propiedad de su padre, Miguel ángel Calvete, otro de los acusados.

La causa investiga presuntos direccionamientos y retornos en las compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia a por lo menos cuatro droguerías sospechadas por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La denuncia judicial se produjo tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo en los cuales se mencionaba un supuesto esquema de pago de “retornos” dentro del organismo.

La defensa sostuvo que esos audios fueron editados y puso en duda su validez legal, algo que la Cámara Federal porteña ya ordenó al juez revisar. Sin embargo, los investigadores consideran que las acusaciones se basaron en prueba diferente y que nunca se sustentaron en el contenido de esos audios.

Según la fiscalía, habría existido un manejo irregular del sistema de compras de prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI), productos esenciales para personas con discapacidad, vulnerabilidad social y sin otra cobertura médica.

Horas antes de estampar su firma a la citación a declaración indagatoria del titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y demás dirigentes, acusados por una presunta multimillonaria retención indebida de aportes al fisco nacional, el juez en lo penal económico Diego Amarante recibió una apelación contra su rechazo al cierre del caso por inexistencia de delito. Tapia insiste en ser sobreseído.

Esa apelación llegó ahora a la Cámara Nacional en lo Penal Económico y de su decisión dependerá más temprano que tarde el futuro inmediato de la pesquisa. Los abogados de la AFA y de Tapia sostienen que no hay delito. La querella de ARCA y la fiscalía postularon lo contrario y sus argumentos fueron respaldados por el juez. Esto dio lugar al recurso.

Dos jueces para un Tribunal

La causa se tramita en un contexto particular, una situación crítica por la falta de cobertura de vacantes en la Justicia. En el fuero penal económico este cuadro lleva años, pero los despachos de Avenida de los Inmigrantes 1950 están mucho más lejos del radar mediático que su primo cercano, el federal de Comodoro Py 2002. Salvo excepciones. Y ahora, la causa AFA parece ser una de ellas.

El tribunal de apelaciones que debe definir el futuro procesal de la causa cuenta sólo con dos miembros de un total de seis, lo que genera cuatro vacantes. Sus titulares son la jueza Carolina Robiglio y su par Roberto Hornos. Cuando no logran llegar a un acuerdo, uno de ellos se aparta del expediente, se toma vacaciones o licencia por algún otro motivo, es necesario convocar magistrados de la Cámara Federal porteña.

El Tribunal de apelaciones del fuero federal está completo con seis jueces titulares. Todos son subrogantes en penal económico y se resuelve por sorteo quién interviene en cada ocasión. Este sistema ha permitido avanzar con resoluciones en decenas de expedientes y ahora podría ser el caso del que involucra a la conducción de la AFA si los dos camaristas de penal económico lo llegan a considerar necesario. Si esto sucede, será el bolillero el que defina qué juez subrogante pondrá la firma.

Qué está en juego

La apelación ya fue concedida. Los abogados de Tapia, Norberto Frontini y Lucio Simonetti, insistieron con el sobreseimiento y cierre de la denuncia en base a resoluciones del Ministerio de Economía que suspenden las ejecuciones fiscales contra clubes, de las cuales derivaría la imposibilidad del Estado para exigir el cobro por la vía penal.

En concreto se mencionó la Resolución 17/2024 y sus prórrogas (que extienden beneficios hasta julio de 2026), mediante las cuales el Gobierno ordenó a ARCA (ex AFIP) suspender el inicio de juicios de ejecución fiscal contra asociaciones civiles sin fines de lucro.

Para la defensa, si el Estado no puede ejecutar la deuda civil, entonces el contribuyente tendría “derecho” a no ingresarla y no hay delito.

La fiscalía y ARCA se opusieron y el juez de primera instancia les dio la razón. Amarante rechazó la “excepción de falta de acción” y ratificó la vigencia de la causa penal que investiga la falta de ingreso de retenciones por $19.353.546.843,85.

“La circunstancia de que el organismo recaudador haya recibido instrucciones para suspender transitoriamente el inicio de ejecuciones fiscales (...) no implica, en modo alguno, que la obligación tributaria no se encontrara vencida ni que el contribuyente se encontrara jurídicamente habilitado a omitir su ingreso”, sentenció el magistrado.

Para el juez, la prueba de que la deuda era exigible es que la propia normativa de alivio fiscal prevé el cobro de intereses resarcitorios. “El interés resarcitorio (...) no tiene otra génesis que la circunstancia que esa misma parte pretende desconocer: que las obligaciones habían vencido”, explicó.

Los delitos tributarios son definidos por el Congreso de la Nación y una resolución del Ministerio de Economía no puede “desincriminar” una conducta ni modificar el Código Penal, agregó. “Admitir que resoluciones emanadas del Poder Ejecutivo puedan incidir sobre la vigencia o alcance de una norma penal tributaria importaría una afectación directa al principio de legalidad”.

Además, recordó la naturaleza del delito imputado (artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario): lo que se castiga no es tener una deuda, sino quedarse con dinero de terceros. La AFA actuó como agente de retención: descontó dinero a sus empleados y proveedores en concepto de Ganancias, IVA y Seguridad Social, pero no lo depositó en las arcas públicas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, según la denuncia.

Poco después de suscripta esta resolución, el juez avanzó con dos declaraciones clave en la causa, la de una gerenta y una empleada contable de AFA. En calidad de testigos y bajo juramento de verdad, coincidieron en ubicar al tesorero Pablo Toviggino como quien daba orden de concretar los pagos al fisco, como adelantó Infobae.

Tras este trámite y a pedido de ARCA, el juez avanzó el jueves último con las citaciones a declaración indagatoria que comenzarán el 5 de marzo con la AFA como Asociación y Tapia en su calidad de presidente.

En un comunicado, la AFA sostuvo que la citación a indagatoria es “prematura” y que la Asociación “no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia” porque ya fueron canceladas con pago voluntario que se hizo “en forma previa a su vencimiento”.

En medio de las reacciones frente al fallo judicial, Yoon Suk Yeol expresó su inquietud por la cantidad de funcionarios del Ejército, la Policía y la administración pública que afrontan procesos legales en relación con la declaración de la ley marcial ocurrida en diciembre de 2024. El exmandatario lamentó públicamente el sufrimiento que atraviesan tanto los investigados como sus familias y asumió la responsabilidad exclusiva por la determinación tomada durante su gobierno. Según informó la agencia Yonhap, estas declaraciones se produjeron a raíz de la condena a cadena perpetua impuesta a Yoon por su papel en los acontecimientos.

El viernes, Yoon Suk Yeol defendió públicamente su decisión de instaurar la ley marcial, señalando que su juicio y acción tuvieron como único objetivo proteger los intereses nacionales y servir al pueblo surcoreano. El medio Yonhap detalló que, en un comunicado, el expresidente afirmó: “Mi juicio y decisión de declarar la ley marcial el 3 de diciembre fue únicamente por el bien del país y su gente, y su sinceridad y propósito permanecen inalterados”. A pesar de la firmeza en la defensa de su actuación, Yoon dirigió sus “disculpas sinceras al pueblo” por las consecuencias negativas asociadas a sus decisiones, expresando arrepentimiento ante las dificultades y frustraciones sufridas por la ciudadanía.

El exlíder surcoreano profundizó en su mensaje al recalcar que la declaración de la ley marcial buscaba evitar un daño irreparable para la estabilidad del país y defendió que su finalidad era “salvar al país”. No obstante, también admitió fallos durante la aplicación de las medidas adoptadas, enfatizando la responsabilidad que asume por los errores cometidos. En su mensaje, Yoon subrayó la gravedad de las circunstancias que impulsaron su decisión y reiteró la falta de motivaciones personales o políticas ajenas al interés general.

Según publicó Yonhap, Yoon consideró “afortunado” que el tribunal no adoptara la tesis central del fiscal especial, quien alegaba que la ley marcial se declaró únicamente para permitir la proyección de un gobierno a largo plazo. El exmandatario objetó ese punto de vista y manifestó su desacuerdo con la interpretación de los hechos como un conflicto interno de carácter civil por el despliegue de fuerzas militares en la Asamblea Nacional. “Es difícil aceptar la lógica de que se trató de una guerra civil simplemente porque los militares acudieron a la Asamblea Nacional”, afirmó en su mensaje difundido por la agencia.

En el mismo comunicado, Yoon lamentó la situación de “tantos soldados, policías y funcionarios públicos luchando mientras se someten a investigaciones y juicios”, describiendo las emociones y el dolor que atraviesan sus familias ante el proceso judicial. El expresidente reiteró su petición para que estos trabajadores y sus allegados no se vean sometidos a más persecución ni juicios severos derivados de las decisiones adoptadas durante su administración. Así, insistió en presentarse como el responsable principal de las acciones tomadas y buscó desmarcar al resto de los involucrados en el gobierno.

Sobre su caso personal, Yoon Suk Yeol calificó el proceso como una situación donde queda en duda la independencia del sistema judicial y se mostró escéptico respecto a la posibilidad de obtener una sentencia apoyada en la ley y la conciencia. Según reportó Yonhap, el exmandatario expresó serias dudas sobre la utilidad de apelar la decisión y cuestionó el sentido de continuar con la disputa legal dadas las condiciones actuales que, a su juicio, no garantizan un proceso justo.

Las declaraciones del expresidente aparecen en línea con las afirmaciones de su defensa, quienes, en la víspera, habían criticado lo que consideraron como un procedimiento judicial cuyo desenlace ya estaba determinado desde el inicio. De acuerdo con la información de Yonhap, el equipo legal del exgobernante manifestó su intención de persistir hasta agotar todos los recursos disponibles, anunciando su voluntad de apelar. El medio puntualizó que se espera la presentación de la apelación a la sentencia durante la próxima semana.

En suma, el desarrollo del caso Yoon Suk Yeol genera debate sobre la legitimidad de las medidas adoptadas en momentos de crisis, así como sobre la independencia judicial y el futuro de los numerosos funcionarios relacionados con la declaración de la ley marcial norteña de diciembre de 2024, según ha seguido informando la agencia Yonhap y los actores involucrados en el proceso legal.

La cartera ambiental indicó que solicitará una nueva revisión ante el Consejo de Estado, tras considerar cumplidas las órdenes emitidas previamente por ese alto tribunal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la entidad, la actuación se produjo luego de acatar las instrucciones judiciales y adelantar ocho jornadas de trabajo con el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica (Cech), proceso que culminó con una audiencia pública el 26 de noviembre de 2025 y con la solicitud de levantamiento de las medidas cautelares adoptada por ese organismo el 4 de diciembre del mismo año.

Según informó la ministra encargada Irene Vélez Torres, el Ministerio considera que cumplió lo ordenado por el alto tribunal en relación con los espacios de concertación institucional. “Como Ministerio de Ambiente, tenemos la certeza de haber cumplido con lo ordenado por el Consejo de Estado. Mantenemos la firme convicción de que la vida no es negociable. La Sabana de Bogotá es un ecosistema vivo de humedales, una realidad ecosistémica que debemos conservar y defender frente a cualquier modelo depredador que ponga en riesgo nuestra seguridad hídrica y el bienestar colectivo”, señaló la funcionaria.

La cartera ambiental explicó que las Directrices Ambientales de la Sabana responden a compromisos del Gobierno nacional incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo y a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, con el propósito de garantizar el ordenamiento territorial alrededor del agua y la preservación de los ecosistemas estratégicos.

En ese contexto, la ministra agregó: “El ordenamiento alrededor del agua es una prioridad que se hace aún más urgente en escenarios de cambio climático. Decisiones como el racionamiento por más de un año y las 41 emergencias registradas por las lluvias del pasado 11 de febrero de 2026 en Bogotá, reportadas por el Idiger, así lo demuestran”. La referencia corresponde a situaciones recientes registradas en Bogotá, relacionadas con disponibilidad hídrica y eventos asociados a precipitaciones.

Antecedentes del proceso de concertación

El Gobierno nacional indicó que el objetivo de las directrices es avanzar en una deuda histórica de más de tres décadas frente al ordenamiento territorial alrededor del agua en la Sabana. En marzo de 2025, el tribunal administrativo suspendió la vigencia del documento construido mediante un proceso participativo, lo que llevó al Ministerio de Ambiente a solicitar claridad ante el Consejo de Estado.

En junio de ese mismo año, el alto tribunal ordenó desarrollar espacios de concertación con el Cech. Como parte del proceso participativo, el ministerio reportó la realización de 165 jornadas de diálogo, la recepción de 6.500 aportes virtuales, más de 10.000 visitas al proyecto de resolución y la participación presencial de más de 20.000 personas. Entre los asistentes se incluyeron habitantes de la Sabana, colectivos ciudadanos, autoridades locales y representantes del sector privado.

De acuerdo con la información oficial, estos espacios permitieron que los actores involucrados y el Gobierno alcanzaran un consenso para ordenar la Sabana alrededor del agua, en cumplimiento de las órdenes judiciales previamente emitidas.

En ese sentido, el Ministerio de Ambiente defendió el documento de directrices ambientales, señalando que busca orientar el desarrollo de más de 420.000 hectáreas distribuidas en 31 municipios del área de influencia de la Sabana de Bogotá. Entre sus propósitos se encuentran el fortalecimiento de la resiliencia climática, la garantía de seguridad hídrica para más de 10 millones de personas, la protección de ríos, quebradas y humedales, y la restauración ecológica de páramos, bosques andinos y ecosistemas de alta montaña.

Asimismo, plantea acciones dirigidas a permitir el crecimiento urbano en armonía con los ecosistemas y a asegurar el uso sostenible de los recursos naturales en la región.

En declaraciones ante el tribunal de apelaciones de París, Marine Le Pen defendió que durante los años en los que contrató a asistentes parlamentarios en 2004, 2009 y 2014 no tuvo la percepción de haber incurrido en ninguna ilegalidad. Según precisó la líder de Agrupación Nacional (AN), sus decisiones no respondieron a fines ilícitos, sino que correspondieron a procedimientos habituales de contratación. Esta comparecencia se llevó a cabo en el contexto de la nueva fase judicial que enfrenta sobre el presunto uso indebido de fondos provenientes del Parlamento Europeo entre 2004 y 2016. De acuerdo con la información reportada por BFM TV, Le Pen y otros miembros de su partido están siendo juzgados nuevamente tras recurrir una condena anterior por malversación de recursos comunitarios destinados al pago de personal del AN.

La Fiscalía sostiene que los fondos europeos destinados a las dietas de los diputados ultraderechistas sirvieron de fuente para costear no solo a asistentes parlamentarios, sino también a empleados cuyos servicios beneficiaron directamente al partido, incluidos guardaespaldas, según consignó la cadena BFM TV. Esta estrategia, según los fiscales, buscó aliviar las cuentas de la formación política, desviando recursos europeos que deberían haber servido exclusivamente a la función parlamentaria.

En su declaración frente al tribunal este martes, Le Pen señaló: “No tengo ninguna sensación de haber cometido ningún delito cuando en 2004, 2009 y 2014 contratamos a nuestros asistentes”. Este testimonio forma parte de la defensa desplegada por la política francesa, quien también enfatizó su desconocimiento de cualquier irregularidad en los procesos por los que está siendo acusada.

El abogado de Le Pen, Patrick Maisonneuve, expresó ante los medios previos al inicio del juicio que el supuesto fraude resultó en una pérdida para la institución europea y, consecuentemente, para los ciudadanos franceses y europeos, según recogió BFM TV. El letrado argumentó que el Parlamento Europeo figura como víctima de la trama investigada, ya que los recursos desviados ascendieron a varios millones de euros.

En la sentencia recurrida, la anterior candidata presidencial francesa recibió una pena de cuatro años de prisión, de los cuales dos deberían cumplirse bajo libertad vigilada, además de una multa de 100.000 euros y la inhabilitación inmediata para ocupar cargos públicos durante cinco años. Esta última consecuencia la privaría de participar en las elecciones presidenciales de 2027, como detalló la cadena BFM TV. Junto con Le Pen, otros diez de los veinticuatro condenados por este caso presentaron también recurso de apelación, entre ellos la propia Agrupación Nacional en calidad de persona jurídica.

El fallo condenatorio estableció que las partidas mensuales asignadas por el Parlamento Europeo para cubrir los gastos de personal de los representantes, en su lugar, fueron canalizadas para cubrir obligaciones de la estructura del partido, afectando así el uso legítimo de los fondos públicos. El tribunal anterior consideró probado que dicha práctica se extendió durante doce años y permitió a la formación ultraderechista optimizar sus recursos internos.

Tanto la dimensión económica como el alcance político del caso han adquirido relevancia en Francia debido a las implicaciones sobre la participación futura de Le Pen en la escena electoral. Según publicó BFM TV, el juicio de apelación se centra no solo en la responsabilidad penal de los acusados, sino también en el impacto que la presunta malversación tiene sobre la confianza pública en los mecanismos de financiación de la política europea.

El proceso judicial involucra a doce encausados, incluyendo a figuras destacadas del AN y personal que, de acuerdo con las investigaciones y lo afirmado por la Fiscalía, desempeñó funciones para el partido bajo un contrato parlamentario que debía limitarse a labores institucionales. Tanto los abogados defensores como los representantes legales del Parlamento Europeo presentaron sus alegatos sobre la legalidad o ilegalidad de tales contrataciones, argumentando en torno a la finalidad de los recursos públicos y la transparencia en su gestión.

Durante la jornada inaugural del juicio de apelación, Le Pen y los otros implicados insistieron en la inexistencia de dolo y en la naturaleza política del proceso que, según su versión, trasciende los límites estrictamente judiciales. Por su parte, la Fiscalía reiteró la existencia de pruebas documentales sobre la canalización de fondos hacia estructuras partidistas que no correspondían con los fines parlamentarios para los que originalmente se otorgaron.

La repercusión de este proceso se percibe también en el debate nacional sobre la utilización de recursos de la Unión Europea en los partidos políticos dentro de Francia, analizó BFM TV. La resolución de este caso determinará no solo las responsabilidades penales, sino también las consecuencias políticas para un sector que, hasta la fecha, ha mantenido una presencia significativa en la política francesa y europea.

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, presentará esta semana de manera formal la apelación de su condena a poco más de 38 años de cárcel en los Estados Unidos.

Este proceso fue informado por su abogado, César De Castro, desde que el exfuncionario mexicano recibió su condena el 16 de octubre de 2024 por cargos de narcotráfico relacionados con el Cártel de Sinaloa.

Luego de múltiples complicaciones logísticas y tras la solicitud de su defensa ante la Corte de Apelaciones de Nueva York de una extensión de 90 días para presentar el recurso de impugnación, García Luna tendrá hasta el jueves 18 de diciembre de este año para apelar.

Defensa aplazó la apelación por incomunicación con su cliente

Los aplazamientos se realizaron en tres ocasiones luego de que la defensa argumentó que presentaban dificultades para comunicarse con su cliente por las restricciones de comunicación que le impusieron en diversos momentos de su reclusión, así como por los cambios constantes de penal.

En agosto pasado, el exsecretario de Seguridad Pública denunció junto a sus abogados sufrir de condiciones extremas dentro de prisión, ya que dijo ser forzado a comer sin cubiertos, no tener comunicación con sus abogados, haber perdido 14 kilos y no permitir que se bañe.

Además, señalaron que desde diciembre de 2024 García Luna no había tenido acceso a sus materiales legales ni a las transcripciones del juicio que se realizó en su contra.

La primera fecha límite que se fijó por la Corte de Nueva York fue el 19 de septiembre, por lo que tras el periodo adicional de 90 días, se estableció este jueves 18 de diciembre de 2025 para hacerlo. Con esto, la defensa busca demostrar que García Luna no tenía nexos con integrantes del cártel.

“La denegación de acceso a nuestro cliente ha creado dificultades excesivas y extremas que han impedido nuestra capacidad para completar el escrito de apertura. Recordamos que el Sr. García Luna participó muy activamente en su propia defensa en el juicio y, comprensiblemente, desea tener un papel activo y sustancial en la formación y presentación de sus alegaciones de apelación.

Nunca antes hemos tenido la imposibilidad de comunicarnos con nuestro cliente. En ocho meses, solo se nos han concedido tres horas de comunicación con nuestro cliente", señaló la defensa en un escrito compartido por el periodista Arturo Ángel.

Corte deberá decidir si la sentencia puede ser modificada

Una vez que la defensa presente su apelación de manera formal, la Fiscalía de Nueva York tendrá un plazo de 30 días para responder y defender el juicio que se realizó en contra de García Luna.

Luego de un proceso en el que la defensa podrá replicar, el tribunal deberá decidir si es caso puede iniciar una fase de argumentación oral que derive en la resolución final: confirmar la condena en su contra, realizar ajustes mínimos, iniciar un nuevo juicio o incluso solicitar la liberación del sentenciado.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 20 años de prisión al coronel en retiro Publio Hernán Mejía Gutiérrez por su responsabilidad en 72 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, cometidas entre 2002 y 2003 cuando estuvo al mando del Batallón de Artillería Nº 2 La Popa, con sede en Valledupar.

Se trata de una decisión histórica, al ser la primera condena dictada en un juicio adversarial contra un alto oficial del Ejército, un formato procesal caracterizado por la confrontación de pruebas y alegatos entre las partes ante los magistrados, en el desarrollo de la justicia transicional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Blu Radio reveló que la sentencia fue proferida por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, luego de un proceso en el que Mejía Gutiérrez negó de manera reiterada su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tortura.

Precisamente por no aceptar los cargos ni aportar verdad plena, el oficial retirado no accedió a los beneficios restaurativos contemplados por la jurisdicción y enfrentó un juicio con una posible pena de hasta 20 años de prisión, la sanción más severa prevista por la JEP.

No obstante, el fallo no quedará en firme de inmediato. La defensa del coronel en retiro apelará la decisión y, solo cuando se resuelva la segunda instancia, la condena adquirirá carácter definitivo, de acuerdo con Caracol Radio.

El caso de Mejía contrasta con el de otros 12 exintegrantes del mismo batallón, quienes reconocieron su participación en al menos 135 falsos positivos y recibieron sanciones propias, enfocadas en medidas restaurativas y restricciones efectivas de la libertad, tras aceptar responsabilidad y aportar verdad ante la JEP.

La estela de sangre del batallón La Popa

La sentencia profundiza en el contexto operativo y territorial en el que actuó el Batallón La Popa durante los años más intensos de la política de seguridad democrática.

De acuerdo con la JEP, las operaciones se concentraron en municipios del Cesar como Valledupar, La Paz, Bosconia, Pueblo Bello y San Diego, con extensión hacia zonas de la Sierra Nevada.

En ese escenario, decenas de civiles fueron asesinados y posteriormente presentados como bajas en combate, una práctica que incluyó enterramientos en fosas comunes y, en algunos casos, la exhumación y reubicación de cuerpos para encubrir los crímenes.

En el último tramo del proceso, los magistrados identificaron diez patrones criminales reiterados.

Las víctimas eran, en su mayoría, personas en condiciones de vulnerabilidad: habitantes de calle, recicladores, vendedores ambulantes, indígenas —incluida población arhuaca—, menores de edad y ciudadanos sin documentos, así como campesinos señalados sin sustento como colaboradores de grupos armados ilegales, según Pares.

Esta selección sistemática, según la JEP, evidencia una lógica de resultados que priorizó la contabilización de “bajas” por encima de la protección de la población civil.

Los alegatos de las víctimas atribuyeron a Mejía Gutiérrez un rol central de mando y dirección. Lo señalaron como el “arquitecto” de un aparato organizado de poder que no solo toleró, sino que incentivó las ejecuciones extrajudiciales mediante órdenes, prácticas operativas y mecanismos de encubrimiento.

La acusación sostiene que su participación abarcó desde la planificación hasta el ocultamiento de los hechos, consolidando una sistematización de la violencia durante su comandancia.

También se expusieron presuntos vínculos operativos con estructuras paramilitares y una lógica interna que premiaba la muerte sobre la captura, incluso en casos de personas rendidas o heridas.

Según los representantes de las víctimas, estas prácticas se articularon con estigmatizaciones y señalamientos infundados contra población rural para justificar los asesinatos.

El proceso contra los militares del Batallón La Popa se fortaleció desde 2019 con la apertura del macrocaso 03 de la JEP, dedicado a las ejecuciones extrajudiciales.

A partir de testimonios de exintegrantes de la unidad, la jurisdicción logró reconstruir los hechos y diferenciar las consecuencias penales según el grado de reconocimiento de responsabilidad.

El fallo contra el coronel (r) Mejía reafirma que la JEP combina incentivos a la verdad con sanciones severas cuando esta se oculta, y sitúa el rol de mando como un eje central de responsabilidad.

Para las víctimas, el caso representa un paso decisivo en la lucha contra la impunidad; para el país, una prueba clave sobre la capacidad de la justicia transicional de juzgar a quienes, desde posiciones de poder, dirigieron o permitieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

El Gobierno nacional apeló la decisión del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien declaró inválido el artículo del decreto presidencial que suspendió la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad y ordenó que sea ejecutada de inmediato en todo el país.

La decisión judicial del 12 de diciembre pasado fue apelada por la Procuración del Tesoro de la Nación por “causar agravio al Estado Nacional”. El escrito lleva la firma del procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla con el patrocinio letrado del subprocurador, Julio Comadira.

El juez concedió la apelación "con efecto devolutivo”, lo que implica que el fallo apelado seguirá vigente mientras la causa es revisada por la Cámara Federal de San Martín. Además dio un plazo de cinco días al Estado para fundar el recurso.

La presentación ratifica una decisión política del Gobierno que ayer generó tensión en el Congreso: la oposición logró rechazar el capítulo del Presupuesto que incluía la derogación definitiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada el año pasado por la oposición.

Ahora la Casa Rosada aspira a revertir esa votación en el Senado y volver a insistir en Diputados con la redacción general del Presupuesto, algo que quedó demostrado ayer que no será sencillo.

El fallo cuestionado

González Charvay declaró la invalidez del artículo 2 del decreto presidencial 681/2025, que suspendió la ejecución de la Ley de Emergencia en Discapacidad con el argumento de falta de partidas presupuestarias asignadas a ese financiamiento.

El juez ordenó su “inmediata aplicación”, advirtió por una violación del sistema republicano. El conflicto se desató cuando el Ejecutivo, tras ver rechazado su veto por el Congreso, promulgó la norma pero suspendió su aplicación invocando la Ley de Ejecución Presupuestaria, que establece que cualquier legislación que autorice gastos debe prever su financiamiento.

El juez sostuvo que la cláusula suspensiva “resulta ser inválida a todos sus efectos, ya que violenta de manera objetiva y directa el mandato constitucional”, al subordinar una decisión de los representantes del pueblo a una reglamentación de jerarquía inferior (el artículo 2 del decreto 681/2025).

El juez de Campana también objetó el argumento presupuestario y calificó esta justificación como engañosa, dado que la propia Ley de Emergencia faculta al Jefe de Gabinete a reasignar partidas.

El fallo advirtió que se trataba de un “argumento falaz cuya falsía queda evidenciada en la simple lectura” del texto, que otorgaba las herramientas necesarias para cubrir los gastos.

Los fundamentos

Al evaluar los fundamentos del decreto impugnado y sus consecuencias en los hechos, el juez federal de Campana concluyó que la medida y sus resultados “no son otra cosa que un caso de clara discriminación a personas con discapacidad”, afectando también a niños y adultos mayores que sufren una doble vulnerabilidad.

González Charvay agregó que el Gobierno usó decretos para modificar el presupuesto en otras áreas, pero se negó a hacerlo en este caso. Según sentenció, aceptar la postura oficial implicaría validar un “uso parcializado y discriminado de recursos por parte del PEN”, lo cual contradice las obligaciones asumidas por el Estado argentino.

La resolución judicial ahora apelada también ponderó la gravedad de la crisis que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones prestadoras. El magistrado describió la situación actual como una “alarmante pérdida de poder adquisitivo” que “redunda en una merma en la calidad y la continuidad de todas las acciones destinadas a proteger, promover y restaurar la salud”.

Este panorama, según se desprende del fallo, mantiene en una situación de vulnerabilidad extrema a quienes el Estado “está obligado a proteger” con mayor celo.

La sentencia también invocó el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, que prohíbe tomar medidas que disminuyan los niveles de protección ya alcanzados. El juez consideró que la suspensión de la norma provocaba, como resultado directo, un “deterioro progresivo de servicios y prestaciones a la salud”, afectando a un grupo social que requiere una tutela especial.

Finalmente, la Justicia desestimó el intento del Estado de presentar como solución la posible inclusión de fondos en el presupuesto del año 2026.

González Charvay determinó que esa promesa futura no resolvía la emergencia actual y reafirmó que “se impone una protección reforzada y la adopción de acciones positivas” de manera inmediata para garantizar una respuesta a la emergencia del sector.

La Corte Constitucional aceptó estudiar una demanda presentada por la Corporación Defensoría Militar, cuyo propósito es que los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) puedan apelar todas las decisiones de selección de casos, sin diferenciación entre decisiones positivas o negativas.

La acción fue interpuesta por el abogado Juan Daniel Mora Herrera, en representación de la corporación, y plantea que la interpretación vigente en la JEP limita el derecho a la segunda instancia en procesos de justicia transicional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La controversia tiene origen en la Sentencia Interpretativa TP-SA SENIT 3 de 2022, emitida por la Sección de Apelación de la JEP. En esa decisión, el tribunal de paz concluyó que la apelación solo procede cuando la selección de un caso es negativa; es decir, la interpretación excluye la posibilidad de presentar recurso cuando la selección es positiva.

Según la demanda, esta lectura desconoce lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1922 de 2018, que establece que todas las decisiones de selección son susceptibles de apelación, sin hacer diferencia entre los tipos de decisión. El escrito sostiene que la JEP habría restringido mediante jurisprudencia un derecho procesal consagrado por el legislador.

La Corporación Defensoría Militar también argumenta que esta interpretación impacta derechos como la defensa, la contradicción y el acceso a recursos judiciales efectivos. La entidad señaló que las decisiones de selección positiva fijan elementos centrales de los procesos, entre ellos la determinación de conductas atribuibles, la identificación de patrones macrocriminales, la delimitación del reconocimiento de responsabilidad y la eventual imposición de sanciones.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar estudió la demanda y, en su auto de admisión, determinó que cumplía con los requisitos constitucionales y legales para ser analizada de fondo. La decisión ordenó comunicar la acción a las principales autoridades del Estado y habilitó el proceso para intervenciones de la ciudadanía, conceptos técnicos y la participación del Ministerio Público.

La Corporación Defensoría Militar precisó que la acción busca que la Corte declare la inconstitucionalidad de la interpretación definida en la Sentencia Interpretativa TP-SA SENIT 3 de 2022, al considerar que se modificó la ley por vía jurisprudencial. También indicó que pretende restablecer el derecho de los comparecientes —incluidos numerosos miembros de la Fuerza Pública— a recurrir todas las decisiones de selección adoptadas por la JEP.

Según la entidad, la restricción analizada constituye una extralimitación de funciones, pues la modificación del alcance del recurso de apelación corresponde exclusivamente al Congreso mediante ley estatutaria o legislación ordinaria, según el ámbito.

Segunda demanda admitida en 2025

Esta es la segunda acción presentada por la Corporación Defensoría Militar que la Corte Constitucional admite durante 2025, en búsqueda de la protección de las garantías judiciales de los militares comparecientes y de las víctimas involucradas en procesos de justicia transicional.

En este caso específico, la acción pública de inconstitucionalidad también pidió garantizar el derecho a la apelación frente al Auto de Determinación de Hechos y Conductas dentro de los procesos de la JEP. El abogado Juan Daniel Mora Herrera sostuvo que este derecho está expresamente previsto en la Ley 1922 de 2018 y que la interpretación judicial cuestionada genera límites no contemplados por el legislador.

La corporación reiteró que “la interpretación judicial, al restringir ese derecho, modifica la ley por vía jurisprudencial y vulnera principios constitucionales como la legalidad, el debido proceso, la defensa, la contradicción y el acceso a la justicia”, argumentando que esto afecta las garantías judiciales de los comparecientes y de las víctimas.

La demanda admitida recientemente seguirá su curso dentro del trámite habitual de la Corte Constitucional, que deberá resolver si la interpretación adoptada por la JEP se ajusta o no a la Constitución y a las normas que regulan el funcionamiento del sistema de justicia transicional en Colombia.

La situación legal de Christian Nodal dista mucho de estar resuelta. Tras el fallo favorable que otorgó la no vinculación a proceso penal al cantante y a sus padres el pasado 19 de noviembre, la disquera Universal Music no tardó en mover nuevamente el tablero legal: ya presentó una apelación ante el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México.

El conflicto por presunta falsificación de contratos ligados a los derechos sobre algunos de los discos más importantes del intérprete de regional mexicano sigue en curso y amenaza con alargarse.

Universal Music no suelta el caso y lanza recurso legal

El proceso estalló en 2021, cuando Christian Nodal buscó los derechos de sus canciones grabadas bajo el sello Universal y la disquera cuestionó la autenticidad de hasta 32 contratos, algunos supuestamente avalados por el notario Luis Fernando Ruibal Coker, quien se desligó de cualquier vínculo profesional con el cantante o sus representantes.

Esta revelación fue decisiva para que Universal solicitara una investigación y para que, años después, el expediente penal siga avanzando.

Según el comunicado oficial, la apelación —recibida por la administradora del centro judicial, Liliana Cárdenas Tapia— busca que el caso continúe su camino en contra de Silvia Cristina Nodal Jiménez, Jesús Jaime González Terrazas y Christian Jesús González Nodal.

¿Qué implica la apelación para Nodal y su familia?

El recurso presentado se ampara en el último párrafo del artículo 375 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. El objetivo es claro: que la parte acusadora tenga oportunidad de presentar nuevas evidencias y argumentos para que el juez revalúe su decisión.

En palabras de la promotora: “El órgano jurisdiccional en la causa penal número: 497/2025, recibió nuevas promociones procesales relacionadas con el avance del caso, entre ellas destaca que tanto la Fiscalía General de la República como la asesoría jurídica privada de la ofendida interpusieron recurso de apelación contra la resolución dictada el pasado 19 de noviembre de 2025…”.

La familia Nodal cuenta con tres días para dar respuesta formal al recurso. Si la apelación es aceptada y es suficiente para modificar el criterio de la jueza Diana Selene Medina Hernández, Nodal podría volver a estar en riesgo de ser vinculado a proceso penal.

El largo camino: antecedentes, contratos y alegatos

La disputa entre Nodal y Universal lleva más de tres años acumulando declaraciones, rumores y audiencias. Desde el inicio, el reclamo del cantante ha sido retener el control sobre los derechos de sus discos Me Dejé Llevar, Ahora y Ayayay!, mientras que la disquera sostiene que la documentación presentada por el equipo de Nodal podría contener firmas falsas o irregularidades.

El abogado de Universal, Ulrich Richter Morales, confirmó desde el año pasado que tanto Nodal como sus padres fueron llamados a explicar el origen de los documentos y que la carpeta de investigación incluye peritajes en grafoscopía. A la fecha, el caso avanza “entre revisiones, peritajes y audiencias que se extendieron por años”.

Por el momento, el asunto no sólo sigue abierto, sino que Universal parece decidido a agotar cualquier recurso por la vía legal. Nodal, mientras tanto, mantiene su posición de que se encuentra actuando conforme a la ley y defendió su inocencia ante los tribunales.

La Corte Suprema de Brasil declaró definitiva la condena contra el ex presidente Jair Bolsonaro por su papel en un plan para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia tras las elecciones de 2022. Con esta decisión, el tribunal cerró cualquier vía de apelación y definió que la pena deberá cumplirse en las dependencias de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.

El fallo fue firmado por el magistrado Alexandre de Moraes, quien indicó en una resolución interna que la causa llegó a su “tránsito en juzgado”, lo que en el sistema brasileño significa que ninguna instancia superior puede revisar la sentencia.

La decisión también alcanza a otros ex funcionarios que integraron el núcleo principal de la trama, entre ellos el ex director de la Agencia Brasileña de Inteligencia Alexandre Ramagem y el ex ministro de Justicia Anderson Torres.

Bolsonaro había sido sentenciado en septiembre por la Primera Sala del tribunal tras una investigación que concluyó que dirigió una estructura que buscó alterar el resultado electoral y frustrar la toma de posesión del mandatario electo. Según el expediente, el grupo discutió escenarios para impedir el traspaso del poder e incluso evaluó acciones violentas. El fallo estableció una pena de 27 años y 3 meses de prisión en régimen cerrado.

En el caso de Ramagem, la pena fijada es de 16 años, mientras que Torres deberá cumplir 24. Ambos, al igual que otros ex colaboradores militares y civiles investigados en la misma causa, aguardan que el tribunal determine el lugar y el momento en que deberán comenzar a cumplir sus condenas. Hasta ahora, las defensas alegaron que podrían presentar nuevos recursos, pero la propia Corte señaló que esos instrumentos no se aplican cuando no existen votos favorables a la absolución, como ocurrió en este juicio.

La situación jurídica del ex mandatario se volvió más compleja desde el sábado, cuando fue detenido de manera preventiva en la sede de la Policía Federal en Brasilia. Su arresto no está vinculado directamente con la causa del intento de golpe, sino con la sospecha de que intentó manipular el dispositivo de monitoreo electrónico que debía utilizar bajo orden judicial. La Policía informó que el equipo presentaba señales de haber sido alcanzado por una herramienta térmica.

De Moraes sostuvo en su decisión que existían “indicios serios” de una posible tentativa de fuga, agravados por la convocatoria pública de una vigilia religiosa organizada por el senador Flávio Bolsonaro frente a la residencia del ex presidente.

El magistrado apuntó que ese tipo de movilizaciones ya había sido utilizada por otros investigados para entorpecer órdenes judiciales. También mencionó que la casa del ex mandatario se encuentra a poca distancia de la embajada de Estados Unidos.

Durante una audiencia el domingo, Bolsonaro negó ante el tribunal cualquier intención de escapar y afirmó que fue víctima de “confusión mental por la medicación” recetada por distintos médicos para tratar episodios persistentes de hipo.

En un documento citado por el tribunal, el ex jefe de Estado insistió en que no intentó romper la correa del monitor. Horas antes, sin embargo, un video divulgado por la Corte mostraba al político explicando que se acercó al dispositivo “por curiosidad”.

Los abogados del ex mandatario habían pedido al tribunal que le permitiera cumplir su condena en prisión domiciliaria debido a su estado de salud, un planteo que el tribunal aún no evaluó.

Hasta su arresto, Bolsonaro llevaba más de cien días bajo vigilancia electrónica por otra causa en la que se investigan contactos con sectores políticos en Estados Unidos para presionar a favor de una intervención externa tras la derrota electoral.

La Primera Sala del tribunal mantuvo el lunes la prisión preventiva. En su voto, De Moraes señaló que Bolsonaro “actuó de manera consciente” al alterar el monitor y reiteró el riesgo de fuga en un contexto en el que su condena ya es definitiva.

(Con información de AFP y EFE)

El Tribunal Supremo de Eslovaquia evaluará la apelación presentada por Juraj Cintula, sentenciado a 21 años de prisión por cargos de terrorismo tras el atentado perpetrado contra el primer ministro del país, Robert Fico, en mayo de 2024. Según informó Europa Press, el abogado defensor Namir Alyasry confirmó que el fallo condenatorio fue recurrido y que la alta instancia judicial deberá decidir sobre el caso una vez que reciba la documentación correspondiente.

De acuerdo con las declaraciones de Alyasry recogidas por Europa Press, la decisión de presentar la apelación se anunció inmediatamente tras la sentencia. El defensor señaló que dará a conocer los fundamentos concretos de este recurso en cuanto disponga del texto completo del veredicto por escrito. Por su parte, la representante del Tribunal Penal Especializado (STS), María Horakova, notificó que el trámite de apelación se formalizó, y precisó a la agencia oficial eslovaca TASR que, una vez recibidos los comprobantes de notificación de todas las partes procesales, remitirá el expediente al Tribunal Supremo para continuar con el procedimiento.

Cintula, de 72 años, fue hallado culpable por disparar cinco veces contra el primer ministro Robert Fico delante de cámaras de televisión y en presencia de varios simpatizantes, mientras este último saludaba a ciudadanos en la ciudad de Handolová, situada a unos 200 kilómetros de Bratislava. El ataque ocurrió a la salida de una reunión oficial y generó una fuerte conmoción en el país centroeuropeo.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el arresto de Cintula se produjo de inmediato tras lo sucedido, y el propio acusado admitió su autoría en el atentado durante el proceso judicial, aunque rechazó calificarse como terrorista. En palabras de su defensor, "estaba claro que era responsable del ataque", pero insistió en que el objetivo era evitar una condena de cadena perpetua para el acusado.

El incidente dejó a Robert Fico con heridas de gravedad, que lo obligaron a permanecer alejado del escenario público durante casi dos meses mientras avanzaba su recuperación. Según detalló Europa Press, Cintula defendió que su intención no era asesinar al primer ministro, sino presionarlo para que reconsiderara políticas que, en su opinión, resultaban perjudiciales para Eslovaquia.

La reacción judicial incluyó la catalogación de los hechos como terrorismo, criterio avalado por la competencia del Tribunal Penal Especializado. La formalización de la apelación mantiene abierto el proceso judicial, cuyas próximas fases quedarán en manos del Tribunal Supremo. Fuentes judiciales citadas por Europa Press y la agencia TASR remarcaron que el traslado del expediente se efectuará tan pronto todas las partes reciban la correspondiente notificación oficial del fallo.

A lo largo del juicio, tanto la defensa como la Fiscalía expusieron argumentos sobre la gravedad del ataque y las circunstancias que rodearon tanto la acción como la motivación del acusado. La repercusión del caso alcanzó a la población y a las instituciones eslovacas y europeas, ante el inusual intento de magnicidio en la región. Europa Press informó que la condena inicial a 21 años y los cargos de terrorismo respondieron a la evaluación de la intencionalidad y al potencial efecto social del ataque.

La cobertura televisiva del suceso contribuyó a documentar minuciosamente el momento del atentado y, junto a los testimonios incorporados durante el proceso, reforzó la base probatoria en contra de Cintula. Según información difundida por Europa Press, tras quedar bajo custodia policial, el acusado entregó una confesión admitiendo su responsabilidad.

El proceso judicial iniciado tras el atentado incluyó varias audiencias en las que se analizaron las circunstancias, los antecedentes del acusado y las repercusiones del acto, tanto a nivel personal para las víctimas como en la esfera política. Los trámites de apelación, ahora en curso, podrían modificar el desenlace judicial inicial, según la evaluación que realice el Tribunal Supremo con base en la impugnación presentada por la defensa.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la falta de motivaciones ideológicas claras asociadas a organizaciones terroristas fue uno de los elementos discutidos por la defensa durante el proceso, mientras que la Fiscalía subrayó la peligrosidad y el impacto político y social del ataque realizado por Cintula.

Robert Fico, jefe de gobierno eslovaco, permanece en funciones tras su convalecencia y retomó gradualmente su participación en eventos públicos. El atentado motivó declaraciones de condena y solidaridad desde varios países europeos, así como debates sobre la seguridad de autoridades y la polarización política en Eslovaquia, según el reportaje de Europa Press.

La continuación del caso en el Tribunal Supremo se perfila como un episodio clave dentro del sistema judicial eslovaco y mantiene la atención del público ante las derivaciones políticas y jurídicas que puede implicar, conforme al seguimiento informativo de la agencia TASR y Europa Press.

La Registraduría Nacional del Estado Civil volvió a poner freno a la aspiración del exalcalde de Medellín Daniel Quintero a la Presidencia de la República. A través de la Resolución 14328 de 2025, rechazó un recurso de apelación presentado por el exmandatario.

El recurso en cuestión tenía como fin dejar sin efectos la Resolución 13881 de 2025, proferida por el registrador delegado en lo Electoral, mediante la cual rechazó el registro del comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos que le permitiría a Quintero postular su inscripción como candidato a la Presidencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras estudiar la apelación, la Registraduría decidió confirmar la decisión adoptada pro el registrador delegado. “La Secretaria General (E) de la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmará la Resolución 13881 de 2025, por la cual se rechaza el registro del comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos denominado “Reset Total Contra el Narco y los Corruptos” que postula al señor Daniel Quintero Calle como candidato a la presidencia de la República para el periodo constitucional 2026 — 2030″, se lee en el documento.

El problema que rodea a Quintero y que hoy deriva en esta decisión responde a una postulación previa que hizo el exalcalde: se inscribió como precandidato del Pacto Histórico para participar en la consulta interna de la colectividad, que se llevó a cabo el 26 de octubre de 2025. Sin embargo, días antes de que citar a la ciudadanía a las urnas, el aspirante dio un paso al costado y renunció a la consulta.

El hecho de haberse inscrito como precandidato a esa consulta y con el respaldo del Pacto, impide que vuelva a inscribirse, ahora por recolección de firmas. No obstante, de acuerdo con el exmandatario local, su participación en la consulta no se hizo efectiva en ningún momento, por tal motivo, tendría derecho a continuar con su aspiración a la Presidencia.

La Registraduría rechazó los argumentos del precandidato, asegurando que el hecho de que Quintero no pueda volverse a inscribir a la contienda electoral por otra colectividad, supone una restricción para inscribir su comité de recolección de firmas.

“Razón por la que procedía el rechazo de la inscripción del comité que pretende inscribir su candidatura a la presidencia por fuera de los partidos que convocaron la consulta”, detalla el documento.

Así las cosas, la Registraduría confirmó la decisión del registrador delegado, contra la cual no procede ningún recurso.

Daniel Quintero reaccionó a la decisión y anunció tutela

El precandidato Daniel Quintero se pronunció sobre la determinación de la Registraduría a través de un video publicado en sus redes sociales. Aclaró que pretende presentar un nuevo recurso para dejar sin efectos esa decisión y advirtió que habría intereses políticos detrás.

“Quieren pararnos de todas las formas, pero no nos vamos a rendir. Hoy mismo vamos a interponer tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, que hoy negó nuevamente un nuevo intento, una nueva solicitud para que nos dejaran participar en las elecciones presidenciales”, explicó el exalcalde de Medellín.

Aunado a ello, explicó que su renuncia a la consulta se debió al “desorden” del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Registraduría, autoridades a las que señaló de convertir la consulta en un “Frankenstein” y de intentar torpedear el proceso.

En consecuencia, insistió en que no escatimará esfuerzos en tratar de tumbar la decisión de la Registraduría y en llegar a la Presidencia.

“Todo esto es el intento de un sistema que se enrosca para que no sea cambiado. Y ese ha sido precisamente mi objetivo y lo seguirá siendo: cambiar este país, entregarle computadores a los niños para que tengan futuro, lavadoras a las madres, convertir a Colombia en una potencia tecnológica”, dijo.

De acuerdo con la entidad, el exmandatario local está inhabilitado para participar en el proceso electoral debido a que se inscribió como precandidato a la consulta interna del Pacto. Además, el Juzgado 62 Administrativo negó una tutela presentada por Quintero, con la que buscaba que la Registraduría lo dejara inscribir el comité.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, el precandidato no acatará estas decisiones: aseguró que recurrirá a un recurso de apelación. Su determinación se basó en una comunicación del Pacto en la que se aclara si Quintero efectivamente participó o no en la consulta del 26 de octubre.

“El Pacto Histórico acaba de emitir un comunicado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que esta mañana nos había negado la inscripción, en la que le dicen que yo efectivamente no estoy inhabilitado y eso me va a permitir, por tanto, hacer una apelación a la decisión de la Registraduría y poderme inscribir”, precisó el exalcalde.

¿Qué dijo el Pacto Histórico sobre la participación de Quintero?

En respuesta a la solicitud del registrador delegado de lo electoral, Jaime Hernando Suárez Bayona, el Pacto Histórico aclaró el enredo que rodeó la participación del precandidato Daniel Quintero en la consulta interna del 26 de octubre.

De acuerdo con la comunicación que compartió, Quintero Calle no figura como militante ni afiliado de ninguno de los partidos Unión Patriótica, Partido Comunista Colombiano y Polo Democrático Alternativo.

De igual manera, explicó que el nombre del exalcalde fue inscrito de manera provisional en la consulta debido a una decisión judicial de tutela, la cual ordenó a la Registraduría Nacional habilitar temporalmente las inscripciones del movimiento político. Sin embargo, esta medida fue revocada posteriormente por una decisión judicial de fondo, lo que alteró las condiciones bajo las cuales se desarrolló la consulta.

Como resultado, según el Pacto, no se configuró una participación “efectiva” ni “vinculante” de Daniel Quintero en la consulta. Además, indicó que el exmandatario local tampoco participó en ninguna otra consulta partidista o interpartidista.

Asimismo, recordó que la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano renunciaron a participar en la consulta, decisión que formalizaron mediante una comunicación presentada pocos días antes de que se realizara la consulta: el 22 de octubre.

Por otro lado, indicó que los precandidatos presidenciales Iván Cepeda Castro, senador, y Diana Carolina Corcho Mejía, exministra de Salud, oficializaron su participación en la consulta a través del Polo Democrático Alternativo, partido que no se desvinculó del proceso electoral y que sí llevó a cabo la consulta interna, cumpliendo con la normativa vigente.

Según el precandidato Quintero, las explicaciones que aportó el Pacto Histórico lo benefician, toda vez que son un indicativo de que no hay ninguna causal que le impida inscribir su comité de firmas y, por ende, hacer parte de la contienda electoral.

“Esto es una gran noticia, porque lo que dice es que sí vamos a poder participar en las elecciones presidenciales del próximo año. Vamos a radicar mañana mismo una apelación, incluyendo este comunicado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que nos deje inscribir por firmas”, expuso.

Aseguró que espera que la Registraduría Nacional del Estado Civil actúe con celeridad y que, luego de que se resuelva la situación, haga entrega del formulario que necesita Quintero para hacer la recolección de firmas. Debe recolectar un millón de firmas en un “tiempo récord”.

El próximo 26 de noviembre se llevará a cabo la audiencia para tratar la apelación del sobreseimiento dictado en favor de Cristian Graf, el excompañero de Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años cuyos restos aparecieron en el jardín de una casa, lindera a una vivienda en la que vivió Gustavo Cerati, en el barrio porteño de Coghlan y después de más de cuatro décadas de búsqueda.

Según confirmaron a Infobae, la jornada se llevará a cabo en la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, a cargo de los jueces Julio Marcelo Lucini, Hernán Martín López e Ignacio Rodríguez Varela.

Serán ellos quienes resolverán si hace lugar al pedido del fiscal Martín López Perrando, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61 quien apeló en las últimas semanas el sobreseimiento porque sostiene que el excompañero de la víctima encubrió el homicidio del adolescente enterrado en el jardín de su casa.

“En el caso de que el recurrente no se encontrase en el Tribunal a la hora indicada, para lo cual se concede una tolerancia de treinta minutos, el recurso será considerado desistido”, señala la resolución de la Cámara, que lleva la firma del juez Rodríguez Varela.

Y agrega: “La parte recurrente o adherente contará con diez minutos para el uso de la palabra, mientras que las restantes partes constituidas que no hayan recurrido, en el supuesto de comparecer, tomarán cinco minutos a ese fin”.

Acerca de los magistrados a cargo del caso, la Cámara aclaró que el magistrado López “hará uso de licencia del 1 al 5 de diciembre y será reemplazado por el juez Pablo Guillermo Lucero”.

El recurso de apelación fue presentado ante el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56, Alejandro Litvack, quien había dictado el sobreseimiento a favor de Graf, imputado por “encubrimiento agravado” y “supresión de evidencia”.

De acuerdo con la resolución del magistrado, el delito de homicidio, sucedido hace más de 41 años, se consideraba prescripto y, en consecuencia, también el encubrimiento.

En su apelación, López Perrando resaltó que el encubrimiento, figura por la que acusa a Graf, es un delito autónomo y solicitó revocar el sobreseimiento para continuar con la investigación.

El fiscal argumentó que la falta de imputación formal contra un presunto autor impide declarar la prescripción del caso, motivo por el que consideró improcedente el sobreseimiento. La apelación citó jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, que sostiene que el encubrimiento puede investigarse incluso sin identificarse al autor principal del delito precedente, siempre que el hecho esté objetivamente acreditado.

Además, describió tres explicaciones que ofreció el acusado a los presentes sobre el origen de los restos: una supuesta tumba vinculada a una iglesia, la existencia de un antiguo establo o la posibilidad de que un camión de tierra los hubiera depositado en el lugar.

“Las manifestaciones de N.C.G. resultan absolutamente inverosímiles, y denotan un conocimiento previo de la existencia de esos restos”, afirmó el fiscal. Sostuvo que las acciones del imputado “encuadran exactamente en la figura del encubridor” y remarcó la importancia de no clausurar la investigación.

Para López Perrando, el encubrimiento se mantuvo en el tiempo y sólo cesó con el hallazgo de los restos. Consideró probado que el cadáver, tras ser desmembrado, fue ocultado deliberadamente y que la protección de la fosa, sumada a la actitud del acusado, confirman una intención de encubrimiento prolongado.

En la parte final del recurso, López Perrando reflexionó sobre el efecto del fallo en la familia de la víctima y expresó que “a Diego Fernández lo volvimos a matar”. El fiscal llamó a la justicia a develar la verdad de los hechos y concluyó que “clausurar esta investigación no puede ser la respuesta a este suceso”, reiterando el pedido de revocar el sobreseimiento y que la causa avance hacia el juicio oral, ya que “contamos con elementos suficientes para continuar con el proceso”.

El Tribunal Superior de Bogotá está próximo a resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Jhonier Rodolfo Leal Hernández, condenado por el asesinato de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y de su madre, Marleny Hernández Tabares.

El proceso se encuentra en la Sala Penal del tribunal, integrada por los magistrados Juan Carlos Garrido, Harold Echeverry y Dagoberto Hernández Peña, siendo Garrido el magistrado ponente. La ponencia ya fue radicada y el despacho avanza en la fase final del estudio jurídico que determinará el rumbo del caso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Un proceso judicial con múltiples giros

El doble homicidio ocurrido entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de noviembre de 2021, en el conjunto residencial Arboletto de La Calera, cambió de rumbo desde sus primeras diligencias. Inicialmente, las autoridades consideraron la posibilidad de un homicidio-suicidio, pero las inconsistencias encontradas por los investigadores y las pruebas forenses descartaron esa hipótesis.

Tiempo después, Leal admitió su responsabilidad durante una audiencia pública, pero posteriormente se retractó, argumentando que su confesión había sido producto de presión y que su defensa inicial no había actuado de forma adecuada. Este cambio de versión dio origen a nuevos planteamientos jurídicos y a la revisión minuciosa de la validez de las pruebas presentadas en juicio.

La publicación de un video que muestra los últimos minutos de vida de Mauricio Leal, conocida luego de dictarse la condena, reabrió el debate público sobre lo sucedido aquella madrugada. No obstante, dicho material no podrá ser incorporado como prueba en segunda instancia, ya que no fue aportado durante la etapa probatoria ni analizado en el juicio de primera instancia.

Los fundamentos de la condena

La sentencia de primera instancia estableció que los asesinatos fueron “premeditados, fríamente calculados y ejecutados” por Jhonier Leal, que residía en la misma vivienda con sus familiares meses antes de los hechos.

Según el fallo, Leal habría planeado los homicidios utilizando medicamentos como zopiclona e hidrocodona para sedar a su hermano antes de atacarlo con un arma blanca. “Es claro que no se trató de unas lesiones accidentadas. Se trató de actos premeditados, fríamente calculados y ejecutados”, señaló la jueza al emitir la condena.

El despacho también determinó que, tras cometer los crímenes, Leal alteró la escena, movió los cuerpos e inventó mensajes desde el teléfono de su hermano para simular un homicidio-suicidio. Además, intentó apropiarse de bienes, dinero y del manejo legal del negocio familiar. “El acusado alteró, ocultó y destruyó elementos materiales de prueba con el propósito de distraer la investigación”, agrega la sentencia.

La jueza impuso una pena de 55 años y 3 meses de prisión por los delitos de doble homicidio agravado y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio. En la lectura del fallo, sostuvo que el móvil del crimen fue la ambición económica. “Fue su propio hijo quien, por motivos de avaricia, culminó con su vida”, expresó.

Escenarios jurídicos en segunda instancia

Con la apelación en curso, el Tribunal Superior de Bogotá deberá analizar los argumentos presentados por la defensa, que busca la revocatoria o modificación de la sentencia. Los magistrados podrán optar por tres escenarios jurídicos posibles: confirmar íntegramente la condena, modificarla parcialmente —ya sea en la pena o en la calificación jurídica de los delitos— o revocar el fallo de primera instancia.

Si el tribunal confirma la sentencia, Leal continuará cumpliendo su condena en un establecimiento de máxima seguridad. En caso de que se modifique, los magistrados podrían reducir la pena o cambiar la tipificación de los delitos, dependiendo de la valoración que hagan sobre las pruebas y los fundamentos jurídicos empleados en el fallo inicial.

En manos del Tribunal Superior de Bogotá está entonces resolver uno de los procesos judiciales más seguidos por la opinión pública desde 2021 y que continúa generando atención nacional.

La empresa tecnológica World Foundation anunció que interpondrá recursos legales contra la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que ordenó el cierre inmediato y definitivo de sus operaciones de tratamiento de datos personales en Colombia.

La medida también cobija a Tools for Humanity Corporation, compañía vinculada al mismo proyecto tecnológico. La decisión del ente regulador se fundamenta en presuntos incumplimientos de las normas legales sobre la recolección, manejo y protección de información biométrica de los ciudadanos colombianos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante sus operaciones en Colombia, la empresa utilizó un dispositivo llamado “Orb” para capturar imágenes del iris de las personas, las cuales eran procesadas mediante sistemas de inteligencia artificial que generaban un identificador único o “código de iris”, destinado a la creación de la llamada World ID.

Este procedimiento se realizaba en puntos de registro habilitados por la empresa, donde los ciudadanos eran invitados a participar a cambio de una compensación económica. De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, el proceso implicaba el tratamiento de datos biométricos sensibles, que están protegidos por la legislación colombiana de privacidad y protección de datos personales.

La versión de World Foundation

A través de un comunicado oficial, World Foundation manifestó su desacuerdo con la medida y aseguró que la resolución “es preliminar y de primera instancia, y World presentará recursos para asegurar una comprensión completa de su tecnología, lo que permite continuar operando de manera normal y legal, ya que los recursos tienen efecto suspensivo”.

La empresa sostuvo que los resultados de la investigación son parciales, al señalar que “son incompletos, al estar basados en políticas y tecnologías desactualizadas”. En su pronunciamiento, la compañía aclaró que no almacena datos biométricos y que el consentimiento de los usuarios se confirma en múltiples etapas del proceso de verificación.

Asimismo, explicó que el token Worldcoin “es adicional y está completamente separado del proceso de verificación”. El documento concluye expresando que la compañía espera establecer un “diálogo abierto con la SIC para aclarar cómo funciona esta importante tecnología”.

La decisión de la Superintendencia

La Superintendencia de Industria y Comercio informó que, mediante la Resolución 78798 del 3 de octubre de 2025, sancionó a World Foundation y Tools for Humanity Corporation con el cierre inmediato y definitivo de toda operación relacionada con el tratamiento de datos personales en Colombia. La autoridad determinó que las empresas no cumplieron con los requisitos legales establecidos en la Ley 1581 de 2012, que regula la protección de datos personales en el país.

De acuerdo con la resolución, las compañías no contaban con políticas de tratamiento que cumplieran los estándares exigidos, ni con procedimientos adecuados para la atención de consultas o reclamos de los titulares de los datos. La entidad señaló que la Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales verificó además que no se implementaron medidas de seguridad suficientes para prevenir riesgos asociados al manejo de información sensible.

El informe de la entidad también señala que World Foundation condicionó la aceptación del tratamiento de información sensible al ofrecimiento de un incentivo económico, y que los participantes no recibieron información clara, transparente ni comprensible sobre las finalidades específicas del tratamiento de sus datos biométricos.

Ante la gravedad de las irregularidades detectadas, la Superintendencia ordenó la eliminación de los datos personales sensibles, incluidos los códigos de iris almacenados en sus bases de datos y servidores, recolectados desde el inicio de operaciones hasta la fecha de ejecutoria de la sanción. Además, dispuso el cierre definitivo de toda actividad que involucre el tratamiento de datos personales en territorio colombiano.

La entidad enfatizó que estas medidas buscan proteger el derecho constitucional al habeas data de los ciudadanos y evitar que la información sea tratada por fuera de los parámetros legales vigentes. En su pronunciamiento oficial, la SIC indicó que la decisión “reafirma el deber de cualquier empresa que opere en Colombia de respetar la Constitución y las leyes de la República, en especial el régimen de protección de datos personales”.

Asimismo, la Superintendencia aclaró que su actuación no pretende desincentivar el desarrollo tecnológico ni las libertades económicas, sino asegurar que los modelos de negocio basados en el tratamiento de información personal cumplan con los principios éticos y jurídicos establecidos en el país.

La Corte Suprema rechazó el lunes una apelación de Ghislaine Maxwell, la exnovia encarcelada de Jeffrey Epstein.

En el primer día de su nuevo mandato, los jueces se negaron a aceptar un caso que habría llamado renovada atención sobre la sórdida saga de abuso sexual después de que la administración del presidente Donald Trump intentara acallar las críticas por su negativa a publicar más archivos de investigación del caso de Epstein.

Los abogados de Maxwell, una socialité británica, argumentaron que nunca debió ser juzgada ni condenada por su participación en atraer a adolescentes para que fueran abusadas sexualmente por Epstein, un financiero neoyorquino. Cumple una condena de 20 años de prisión, aunque fue trasladada de una prisión federal de baja seguridad en Florida a un centro penitenciario de mínima seguridad en Texas tras ser entrevistada en julio por el fiscal general adjunto Todd Blanche.

Como es su costumbre, los jueces no explicaron por qué rechazaron la apelación.

La administración republicana de Trump había instado al tribunal superior a mantenerse al margen del caso.

Los abogados de Maxwell sostuvieron que un acuerdo de no procesamiento alcanzado en 2007 por los fiscales federales en Miami y los abogados de Epstein también protegía a sus “potenciales co-conspiradores” de cargos federales en cualquier parte del país.

Maxwell fue procesada en Manhattan, y el tribunal federal de apelaciones dictaminó que el proceso fue procedente. Un jurado la declaró culpable de tráfico sexual de una adolescente, entre otros cargos.

El juicio de Maxwell incluyó relatos de explotación sexual de niñas de tan solo 14 años contados por cuatro mujeres que describieron haber sido abusadas cuando eran adolescentes en los años 1990 y principios de los años 2000 en las casas de Epstein.

Ni los abogados de Maxwell ni la Oficina Federal de Prisiones han explicado el motivo de su traslado, pero uno de sus abogados, David Oscar Markus, ha dicho que ella es “inocente y nunca debería haber sido juzgada, y mucho menos condenada”. Markus también fue el abogado principal en su caso ante la Corte Suprema.

“Aún hay graves asuntos legales y seguiremos agotando todas las vías para que se haga justicia”, ha señalado, según la cadena CNN.

Maxwell fue entrevistada por Blanche en un tribunal de Florida. Se le concedió inmunidad limitada, lo que le permitió hablar libremente sin temor a ser procesada por nada de lo que dijera, salvo en caso de falsa declaración. Negó reiteradamente haber presenciado interacciones sexuales inapropiadas con Trump, según registros publicados en agosto con el objetivo de distanciar al presidente del desacreditado financista.

Epstein fue arrestado en 2019 por tráfico sexual y acusado de abusar sexualmente de decenas de adolescentes. Un mes después, fue encontrado muerto en una celda de una cárcel de Nueva York en lo que los investigadores describieron como un suicidio.

El caso Epstein había consumido a la administración de Trump luego de un anuncio del FBI y el Departamento de Justicia en julio de que Epstein se había suicidado a pesar de las teorías conspirativas que decían lo contrario, que una “lista de clientes” que la Fiscal General Pam Bondi había insinuado que estaba sobre su escritorio en realidad no existía, y que no era apropiado publicar ningún documento adicional de la investigación de alto perfil.

El anuncio provocó la indignación de los teóricos de la conspiración y los partidarios de Trump, quienes esperaban ver pruebas de un encubrimiento gubernamental. Esta expectativa se vio impulsada en parte por los comentarios de funcionarios, como el director del FBI, Kash Patel, y el subdirector, Dan Bongino, quienes, en podcasts antes de asumir sus cargos actuales, habían promovido repetidamente la idea de que se estaban ocultando detalles perjudiciales sobre personas prominentes.

Patel, por ejemplo, dijo en al menos una entrevista de podcast antes de convertirse en director del FBI que el “libro negro” de Epstein estaba bajo el “control directo del director del FBI”.

Sin embargo, el Departamento de Justicia afirmó que su revisión de las pruebas en posesión del gobierno determinó que no sería apropiada ni justificada ninguna divulgación adicional. El departamento señaló que gran parte del material fue sellado por un tribunal para proteger a las víctimas y que solo una fracción se habría divulgado públicamente si Epstein hubiera sido juzgado.

Ante la furia de su base, Trump intentó pasar página rápidamente, interrumpiendo el interrogatorio de Bondi sobre Epstein en una reunión del Gabinete de la Casa Blanca y ridiculizando como “débiles” a los partidarios que, según él, estaban cayendo en el “engaño de Jeffrey Epstein”.

(con información de AP y EP)

En la tarde del martes 30 de septiembre de 2025, un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó al abogado Diego Cadena a siete años de prisión por el delito de soborno en la actuación penal.

Asimismo, le impuso una multa equivalente a 375 salarios mínimos mensuales legales e inhabilidad para ejercicio de derechos y funciones públicas por 84 meses.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Diego Cadena fue encontrado culpable en primera instancia por el delito de soborno en actuación penal por el ofrecimiento de beneficios jurídicos al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.

Al respecto, Iván Cepeda, víctima en este proceso, que también involucra al expresidente Álvaro Uribe, condenado en primera instancia por fraude procesal y soborno en actuación penal, anunció que apeló la decisión del juez ante el Tribunal Superior de Bogotá.

A través de su cuenta de X, Cepeda afirmó que la bancada de víctimas, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación presentaron apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para que se revoque la absolución por duda razonable y se condene a Diego Cadena y al abogado Juan José Salazar Cruz por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

El senador y precandidato presidencial anunció que los presuntos delitos están relacionados con el caso del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor.

“La bancada de víctimas, la Fiscalía y el Ministerio Público interpusimos recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con la pretensión de que se revoque la decisión de absolver, por duda razonable, a Cadena Ramírez y a Salazar Cruz, por soborno en actuación penal y fraude procesal, en el caso de Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor y, en consecuencia, se les condene por la comisión de estos delitos, en calidad de coautores materiales”, indicó Cepeda.

Iván Cepeda aseguró que la condena en primera instancia contra Diego Cadena se suma a las sanciones disciplinarias previas.

El senador explicó que en enero de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá lo suspendió por tres años del ejercicio de la abogacía por hechos relacionados con Juan Guillermo Monsalve.

Posteriormente, según el precandidato presidencial, en junio de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca le impuso otra suspensión por 34 meses. En esa misma decisión también sancionó al abogado Juan José Salazar Cruz, quien fue suspendido por 27 meses.

“Esta condena se suma a la decisión adoptada el 14 de enero de 2022, por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá que sancionó al abogado Cadena Ramírez con la suspensión en el ejercicio de la profesión, por el término de 3 años, por el hecho relacionado con Juan Guillermo Monsalve Pineda; y, a la decisión de 30 de junio de 2022, adoptada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, que lo sancionó con la suspensión en el ejercicio de la profesión, por el término de 34 meses, y al abogado Juan José Salazar Cruz, por el término de veintisiete 27 meses”, explicó Iván Cepeda.

La Fiscalía, en un comunicado, indicó que apeló el fallo de primera instancia, pues considera que el abogado Cadena Ramírez estaría involucrado en otros eventos delictivos en los que habría prometido dadivas, regalos, asesorías jurídicas y dinero a otros privados de la libertad para que también modificaran sus testimonios.

Detalles de la condena contra Diego Cadena

De acuerdo con la decisión, en febrero de 2018, el hoy sentenciado visitó en dos oportunidades a Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota de Bogotá, donde permanecía privado de la libertad.

En los encuentros le pidió cambiar una declaración rendida ante la Corte Suprema de Justicia y retractarse de sus señalamientos contra el expresidente y exsenador, Álvaro Uribe Vélez.

A cambio, le ofreció una acción de revisión de la condena en su contra y la realización de trámites para su incorporación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El viernes 26 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocatoria de la visa de ese país al presidente colombiano Gustavo Petro.

Según comunicó el gobierno estadounidense, la decisión obedeció a las declaraciones del mandatario nacional durante una protesta en contra del genocidio en Gaza, que se realizaba en Nueva York, cerca a la sede de las Naciones Unidas.

Durante su intervención, el mandatario colombiano instó públicamente a los militares estadounidenses a desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump y detener sus operaciones en la franja de Gaza, en medio de la ofensiva del gobierno de Benjamin Netanyahu contra el grupo terrorista Hamas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Hoy (26 de septiembre), el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Le revocaremos la visa a Petro por sus acciones imprudentes e incendiarias”, según informó el organismo en su cuenta de X.

Ante esta situación, varios sectores políticos, empresariales y sociales del país han reaccionado a la revocatoria del documento al jefe de Estado colombiano.

Mientras que algunos celebraron la decisión de la administración de Donald Trump, otros salieron en respaldo de las acciones realizadas por el primer mandatario de los colombianos.

En medio de la polémica, algunos indagaron sobre la posibilidad de que el presidente Petro y otros connacionales, a quienes también les fue revocada su visa puedan anular lo determinado por la Casa Blanca.

Apelación de revocatoria

Según menciona el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, las personas que consideren que fue injusta la revocación de su visa pueden apelar la decisión.

“Una apelación es una petición para que una autoridad diferente revise una decisión desfavorable. Usted puede apelar ciertas decisiones de Uscis a la Oficina de Apelaciones Administrativas de Uscis (AAO) o la Junta de Apelaciones Casos de Inmigración (BIA), una oficina dentro del Departamento de Justicia”, señaló la entidad norteamericana.

Para ello, el organismo indica que dicha apelación se debe presentar en el formulario I-290B (“Notificación de Apelación o Moción”) o el Formulario EOIR-29 si se trata de apelaciones relacionadas con el Formulario I-130, el cual tiene un plazo establecido de 30 días después de la notificación.

Posteriormente, el organismo estadounidense aseveró que la decisión final sobre su apelación podría tomar más de 180 días (6 meses). “Podría necesitarse documentación adicional para completar el expediente o el caso podría ser más complejo y requerir evaluación adicional”, indicó el Departamento de Seguridad.

Waiver o Perdón migratorio

No obstante, también existe el mecanismo denominado Waiver o perdón migratorio, que consiste en una solicitud formal que una persona presenta ante las autoridades migratorias de Estados Unidos para que se le permita superar ciertos impedimentos de inadmisibilidad o descalificación, como la presencia ilegal en el país, fraude migratorio, delitos, entre otros.

Según el departamento de Seguridad de EE.UU., existen diferentes tipos de waiver según la inadmisibilidad, y cada uno tiene requisitos específicos. Uno de los más comunes es el Formulario I-601 (“Solicitud de Exención de Causal de Inadmisibilidad”).

Para que se otorgue el perdón, generalmente, el solicitante debe demostrar que la negativa a permitir su entrada causaría un sufrimiento extremo a un familiar inmediato que sea ciudadano o residente legal permanente de EE.UU.

El trámite implica presentar el formulario correspondiente, el pago de una tarifa y la aportación de documentos probatorios que justifiquen la situación. El proceso de obtención del perdón puede demorar entre 6 y 24 meses, aunque en ocasiones el plazo puede extenderse aún más. La confirmación final del perdón corresponde al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis).

La gestión adecuada de los trámites y el cumplimiento de los plazos de estadía resultan esenciales para evitar la revocación de la visa y la necesidad de iniciar un proceso de perdón migratorio ante las autoridades estadounidenses.

Si no es viable apelar, las autoridades recomiendan presentar una nueva solicitud de visa, teniendo en cuenta que, desde septiembre de 2025, hay cambios importantes en este proceso, como la obligatoriedad en la asistencia a una entrevista presencial para todas las edades, así como el pago de una tarifa adicional de USD $250 (Visa Integrity Fee), además de los costos tradicionales de la visa.

La Sala de Tutelas número tres de la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que concedió la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La decisión se fundamentó en que el juzgado que ordenó su detención inmediata no presentó argumentos claros y suficientes para justificar la privación de su libertad, como lo exige la legislación colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El caso se originó luego de que, el 1 de agosto de 2025, el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá condenara a Uribe Vélez a 144 meses de prisión y a pagar una multa equivalente a 2.420,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en concurso homogéneo y heterogéneo. El fallo incluyó la orden de detención domiciliaria inmediata.

Tras la condena, la defensa de Uribe Vélez interpuso un recurso de tutela argumentando que la decisión vulneraba los derechos fundamentales a la libertad, al debido proceso y a la presunción de inocencia. Sostuvo que la orden de captura carecía de motivación suficiente y contenía premisas contrarias a la Constitución.

El recurso fue resuelto inicialmente por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que el 19 de agosto de 2025 revocó la orden de detención inmediata y dispuso la expedición de una boleta de libertad hasta que se resuelva el recurso de apelación en curso. Según el tribunal, los argumentos utilizados por el juzgado eran “vagos, indeterminados e imprecisos” y no demostraban un riesgo real que justificara la medida restrictiva.

En el fallo, el tribunal señaló que no se probó la intención de fuga de Uribe ni la existencia de elementos que indicaran peligro para la sociedad o posibilidad de reincidencia. Además, destacó que el expresidente había asistido voluntariamente a todas las diligencias judiciales y no había entorpecido el proceso.

Argumentos de la Corte Suprema

La decisión fue impugnada por la Fiscalía y los representantes de las víctimas, incluido el senador Iván Cepeda, quienes pidieron que se negara el amparo. Sin embargo, la Corte Suprema confirmó el fallo del Tribunal al concluir que la privación de la libertad de Uribe Vélez no cumplía con los estándares constitucionales de motivación exigidos para este tipo de medidas.

En su análisis, la Sala estableció que, aunque el juzgado enumeró varias razones para justificar la captura —como preservar la convivencia ciudadana, evitar una percepción negativa de la sociedad y prevenir un riesgo de fuga— estas no fueron sustentadas con hechos concretos ni pruebas específicas. El alto tribunal explicó que “una cosa es explicar y otra justificar una decisión”, indicando que la exposición del juzgado se limitó a enunciaciones generales sin un análisis detallado sobre la necesidad, proporcionalidad e idoneidad de la medida.

La providencia resalta que la libertad es la regla en el proceso penal y que su restricción debe ser excepcional y estar respaldada por argumentos claros y verificables. En ese sentido, el alto tribunal recordó que, desde 2023, la jurisprudencia exige que al ordenar una captura se presenten fundamentos jurídicos y fácticos específicos que demuestren por qué la medida es indispensable.

Es importante aclarar que el fallo de la Corte Suprema no anula la condena impuesta a Uribe Vélez, sino que se limita a suspender los efectos inmediatos de la orden de detención domiciliaria mientras se resuelve el recurso de apelación. Esto significa que el expresidente continuará en libertad hasta que la segunda instancia defina de manera definitiva su situación jurídica.

La Corte Suprema de Justicia también analizó la solicitud de otras tutelas acumuladas en el proceso, promovidas por miembros y simpatizantes del partido Centro Democrático, entre ellos Gabriel Jaime Vallejo Chujfi y Jesús Baena Álvarez. Estos recursos fueron declarados improcedentes al no demostrar que la privación de la libertad de Uribe afectara directamente sus derechos fundamentales.

En la decisión, se destacó además que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la sentencia SU-220 de 2024, establece que cuando se trata de una captura ordenada en el sentido del fallo o en la sentencia escrita, la acción de tutela es un mecanismo válido para proteger los derechos fundamentales si no existen otros medios idóneos y eficaces para hacerlo.

La defensa de Harold Daniel Barragán Ovalle, conocido como alias Harold, presentó una apelación para revocar la medida de aseguramiento que lo mantiene privado de libertad por su presunta participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Este recurso, interpuesto un mes después del crimen, buscaría revertir la decisión del juez de control de garantías que consideró a alias Harold un peligro para la comunidad y para el proceso judicial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según La FM, el abogado defensor, Carlos Montaño, argumentó que durante la captura de su representado se vulneraron derechos fundamentales y el debido proceso. Montaño sostuvo ante el tribunal que no existen pruebas materiales que vinculen a alias Harold con el reclutamiento del menor de edad que ejecutó el crimen, ni con la instrucción en el uso del arma homicida.

“De este rol que se le indica a mi prohijado, no hay elemento material probatorio que indique que él reclutó al menor, mucho menos con las controversias ya encontradas dentro de todos los elementos, mucho menos que él enseñó a manipular el arma”, afirmó el abogado.

Además, calificó de ilegal la recolección del teléfono móvil y la declaración de su defendido, solicitando que tales pruebas sean declaradas nulas y excluidas del proceso.

“Y ese es el rol principal que supuestamente tiene mi prohijado dentro de la organización, aparte del tráfico de estupefacientes. Está plagado de ilegalidad este procedimiento en contra de mi prohijado, su señoría, y se indicó desde el principio. La recolección del celular y la declaración de mi prohijado es completamente ilegal, nula, no se debe tener en cuenta, señoría", anotó la defensa durante la audiencia.

El juzgado de primera instancia respaldó la posición de la Fiscalía, que considera a alias Harold una pieza clave dentro de la organización criminal responsable del asesinato. La fiscal delegada enfatizó que la privación de libertad no responde a un ánimo de venganza, sino a la necesidad de garantizar la administración de justicia y evitar posibles obstrucciones al proceso.

Según la Fiscalía, alias Harold habría tenido conocimiento y participación desde la planeación hasta la ejecución del atentado contra Uribe Turbay.

Avances de la investigación y participación de menores

El avance de la investigación ha permitido la captura de al menos cinco personas implicadas en la ejecución material del crimen: Cristian Camilo González Ardila, Catherine Martínez, alias Gabriela; Carlos Eduardo Mora, William Fernando González Cruz, alias El Hermano; y Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño.

Las autoridades continúan con operativos para identificar y judicializar a otros miembros de la organización, especialmente a quienes habrían actuado como enlaces con los determinadores del magnicidio, según detalló el medio mencionado.

Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la participación de un menor de edad como autor material del asesinato. Respecto a la sentencia judicial contra el joven sicario, un juez del sistema de responsabilidad penal para adolescentes impuso una sanción de siete años de reclusión en un centro especial, decisión que ha generado debate público sobre el uso de menores en crímenes de alto impacto y los años de condena.

En cuanto a los antecedentes judiciales, alias Harold cuenta con más de una década de historial delictivo, incluyendo condenas por tráfico de estupefacientes y estafa. Otros implicados en la organización también presentan registros penales, lo que refuerza la hipótesis de la Fiscalía sobre la peligrosidad y el carácter estructurado de la red criminal.

Mientras la defensa insiste en la nulidad de pruebas y la supuesta vulneración de derechos, las autoridades judiciales y de investigación han intensificado sus esfuerzos para identificar y judicializar a quienes habrían actuado como enlaces con los determinadores del asesinato de Miguel Uribe Turbay, en un proceso que permanece abierto y bajo la atención mediática.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez comunicó el lunes 25 de agosto de 2025 su intención de renunciar a la prescripción en el proceso penal que enfrenta por soborno a testigos y fraude procesal.

La misiva enviada al Tribunal Superior de Bogotá generó diferentes reacciones en el país. Mientras que algunos aseveran que esta decisión del exmandatario tiene relación con el inicio de la campaña electoral en el país, otros exaltaron la postura del exjefe de Estado y lo califican como un acto de gallardía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ese fue el caso de la organización denominada Grupo de los 38 que, por medio de un comunicado a la opinión pública, lo calificaron como un buen gesto que busca garantizar una revisión exhaustiva y de fondo de las pruebas, más allá de los tecnicismos procesales.

Este colectivo de juristas subrayó que la acción del exmandatario implica el sacrificio de una garantía procesal en favor de otra igualmente esencial: el derecho a un debido proceso y a un juicio justo.

“Se trata del sacrificio de una garantía procesal para procurar otra igualmente fundamental, como es el respeto pleno del derecho al debido proceso y a un juicio justo; concretamente a que su condena de primera instancia pueda ser efectivamente revisada en forma completa e integral por el Tribunal Superior de Bogotá. Lo dicho, constituye la esencia del derecho a la doble instancia establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de Derechos Humanos”, indicaron los juristas en el comunicado.

Así mismo, enfatizaron que la renuncia a la prescripción debe entenderse como una medida que permite al tribunal realizar una revisión integral y completa del acervo probatorio, tal como exige la doble instancia consagrada en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos.

Además, explicaron que, con esta decisión, habría disponibilidad de tiempo para examinar la apelación a la decisión emitida por la jueza Sandra Liliana Heredia, que a finales de julio, lo condenó a doce años en prisión domiciliaria.

“La obligación del Tribunal no se limita al examen de los recursos y los documentos presentados por los sujetos procesales para efectos de resolver la segunda instancia, sino que también implica hacer un estudio de fondo frente a los puntos de inconformidad, lo que incluye naturalmente el examen de las numerosas pruebas practicadas durante el juicio, que se prolongó durante más de setenta días y comprendió aproximadamente noventa testigos", afirmaron.

En su análisis, el Grupo de los 38 citó el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece garantiza el “derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”, lo que implica que el tribunal debe realizar “un examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior”, según ha establecido la Corte Interamericana.

Los juristas señalaron que la justicia requiere tiempo y medios adecuados para que los jueces puedan dictar sentencias fundamentadas en derecho, con un análisis crítico de las pruebas y sin presiones externas.

Esta medida, según el grupo, no debe confundirse con una estrategia dilatoria, sino que “constituye una garantía para que la segunda instancia disponga de las condiciones temporales necesarias para emitir un fallo resultado de un análisis sereno e integral de la prueba”.

Para el Grupo de los 38, la autonomía del tribunal permanece intacta, “ya que la decisión del expresidente no impone la obligación de postergar irrazonablemente la resolución del caso. La Sala Penal conserva la facultad de determinar el tiempo que considere adecuado, en función del volumen de la sentencia, los recursos y el expediente en general, para dictar la decisión correspondiente en derecho”.

Renuncia de Uribe a la prescripción

En su misiva divulgada a la opinión pública el lunes 25 de agosto, Álvaro Uribe subrayó que, aunque la prescripción del caso se produciría el 16 de octubre de 2025, no pretende acogerse a ese beneficio jurídico.

El exmandatario enfatizó: “nunca ha buscado ni ha querido beneficiarse de la prescripción de la acción penal”, y solicitó expresamente que el tribunal acepte su renuncia a ese derecho, conforme al artículo 85 del Código Penal. Además, pidió que la decisión se adopte únicamente en función de lo probado en juicio, de acuerdo con la ley y la justicia.

El exjefe de Estado argumentó que, pese a que la ley le ofrece una vía rápida para concluir el proceso, no puede aceptarla, ya que considera injusta la condena y mantiene su compromiso con la verdad.

En su comunicación al tribunal, manifestó: “A pesar de que la ley me otorga un camino corto y sencillo para salir de este tortuoso proceso, no puedo aceptarlo, pues, aún con el peso de la injusta condena y estando mi libertad en juego, no puedo declinar el camino de la verdad”.

Adicionalmente, el expresidente calificó su decisión como un acto de coherencia ética. “Servir a Colombia ha sido el máximo honor que he recibido en mi vida. La confianza depositada en mí, por la patria y mis compatriotas, me impone dar ejemplo y optar por el camino que, por más difícil o riesgoso, es correcto y coherente con lo que he defendido a lo largo de mi vida: la verdad”, afirmó.

En el marco del juicio por la expropiación de YPF, Argentina le había pedido a la jueza Loretta Preska, titular del tribunal de Segundo Circuito de Nueva York, EEUU, que reconsiderara el fallo que obligaba al país a recolectar mensajes y comunicaciones encontrados en los dispositivos móviles de ciertos funcionarios y ex funcionarios públicos. En las últimas horas se conoció la respuesta de la jueza, quien rechazó el pedido y ratificó el fallo inicial.

“El discovery es un mecanismo del derecho norteamericano que permite solicitar información para intentar localizar activos ejecutables. La República Argentina sostuvo que los requerimientos cuestionados resultan contrarios a la jurisprudencia de los Estados Unidos y a la legislación argentina, que protege los datos personales y las comunicaciones privadas”, aseguró la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de la representación de la Argentina en el litigio.

La Procuración considera que la decisión de la jueza “es incorrecta y, por lo tanto, se encuentra analizando las vías procesales para su impugnación”.

Asimismo, destacó que “aún se encuentra pendiente de resolución la segunda moción presentada, que solicita limitar los pedidos de discovery únicamente a activos potencialmente ejecutables, conforme a jurisprudencia relevante como el precedente de la Corte Suprema en el caso NML Capital”.

Qué había pedido el Gobierno

“La Juez Loretta Preska rechazó el pedido de la Argentina de reconsiderar el fallo que obliga al Gobierno a entregar el contenido de los dispositivos móviles de ciertos funcionarios y exfuncionarios. Probablemente el país apele este fallo. La magistrada dice que no se discute que la República carece de ‘posesión’ o ‘custodia’ de las comunicaciones, pero afirma que tiene ‘control’ sobre dichas comunicaciones”, explicó el analista de litigios internacionales, Sebastián Maril.

Más temprano, desde la Procuración del Tesoro habían detallado las dos mociones que se presentaron ante la jueza. “La primera moción de reconsideración se produce sobre el requerimiento a la República Argentina de recolectar y producir comunicaciones y documentos almacenados en dispositivos, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería personales de ciertos funcionarios actuales y anteriores”, destacaron.

La argumentación se basa en que el tribunal pasó por alto una cuestión previa fundamental: bajo el derecho estadounidense, solo se puede ordenar la producción de documentos que estén en “posesión, custodia o control” del requerido, y Argentina no tiene tal control sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios.

El escrito también sostiene que según el derecho argentino, dichos elementos son propiedad inviolable de sus titulares, y que ni siquiera el propio gobierno argentino tiene acceso a ellos. Por lo tanto, solicita que se reconsidere la orden, al no haberse demostrado el requisito de control exigido por la norma aplicable.

“La segunda moción solicitó reconsideración sobre los pedidos de discovery sobre activos de la República Argentina que no son susceptibles de ejecución. Se solicitó que se reconsidere la orden de la jueza por haber desatendido jurisprudencia relevante como el precedente de la Corte Suprema en el caso NML Capital, indicando que solo puede ordenarse el discovery de activos potencialmente ejecutables, y que permitir solicitudes irrestrictas es contrario a ese criterio”, se agregó.

La orden de Preska

A fines de julio, Preska le había ordenado al Estado argentino que entregue un importante cúmulo de información sobre actuales y ex funcionarios. Entre ellos, el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y Sergio Massa, último titular del Palacio de Hacienda de la gestión de Alberto Fernández y candidato presidencial en 2023.

Se trata de un conjunto amplio de datos que abarca mensajes personales, correos electrónicos oficiales y privados, además de contenidos de aplicaciones como WhatsApp. Entre la documentación también figura información del Banco Central. El procedimiento se desarrolla en el marco del proceso conocido como “discovery” del alter ego, destinado a probar que el Estado y la petrolera actúan como una misma entidad.

Todo esto se contextualiza en el extenso litigio por la expropiación de YPF, dispuesta en 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner. En esa causa, Preska condenó hace dos años al Estado a pagar una suma multimillonaria que, con intereses, asciende a unos USD 18.000 millones.

Según había precisado Sebastián Maril, Burford Capital, principal beneficiario del fallo, busca que el Estado le otorgue todo tipo de información acerca de las compañías que el Ejecutivo busca privatizar, es decir, activos argentinos susceptibles a ser embargados.

Mientras tanto, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió a mediados de agosto que la Argentina podrá esperar el resultado de la apelación sobre la entrega de acciones de YPF sin necesidad de desprenderse de esos títulos ni de aportar otras garantías. En la práctica, quedó en suspenso la orden dictada por la jueza el 30 de junio.

El fallo se inclinó entre las alternativas posibles por la que resultaba más favorable para el país. “Las acciones del gobierno en la petrolera podrán permanecer en la Caja de Valores mientras la Corte analiza la apelación”, explicó Maril. “De este modo, la Argentina puede apelar la entrega de los títulos sin tener que comprometer activos como garantía”, agregó el especialista.

La decisión fue celebrada de inmediato por el Ministerio de Economía, que además resaltó que el tribunal aceptó la participación del gobierno de Estados Unidos como “amicus curiae” a favor del país.

Por su parte, la Procuración del Tesoro destacó la resolución firmada por Catherine O’Hagan Wolfe, secretaria del tribunal: “Esta decisión garantiza que la República Argentina mantenga la participación mayoritaria del Estado en la compañía mientras se desarrolla la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”.

La Cámara Federal de Comodoro Py comienza a definir el procesamiento del ex presidente de la Nación Alberto Fernández en la causa de corrupción por la contratación de seguros durante su gobierno. La decisión será clave porque si la ratifica el ex mandatario quedará en condiciones de ser enviado a juicio oral y público, instancia en la que está en el expediente por violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama Fabiola Yañez.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la Sala II de la Cámara recibió las apelaciones de Fernández y del resto de los acusados, quienes fueron procesados hace un mes por el juez federal Sebastián Cassanello.

El tribunal tiene que resolver los planteos. Para eso le consultó a todas las partes si quieren una audiencia oral para ampliar sus fundamentos o si optan por hacerlo por escrito. Cuando contesten, y si piden audiencia, se fijará una fecha. Luego de eso, los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah quedarán en condiciones de resolver.

Fernández fue procesado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y recibió un embargo de 14.634.220.283 de pesos sobre sus bienes. “Las evidencias reunidas permiten sostener que el ex Presidente de la Nación se interesó, en sentido jurídico-penal, en el proceso formativo de la voluntad estatal que culminó con la materialización de las contrataciones por parte del Poder Ejecutivo Nacional”, sostuvo el juez en su resolución.

Concretamente como presidente de la Nación, Fernández firmó el decreto 823/21 que obligó a todos los ministerios y organismos del Estado nacional a contratar con Nación Seguros. A su vez, el broker Héctor Martínez Sosa y sus empresas cobraron el 60 por ciento de las comisiones por las contrataciones con Nación Seguros. Fueron más de dos mil millones de pesoss. Martínez Sosa es amigo de Fernández y su esposa, María Cantero, era la secretaria privada del entonces presidente.

“Existen fuertes sospechas de que construyó una oficina de Presidencia que pasó a ser asiento de los negocios del grupo empresarial de los cuales él mismo había participado”, dice el fallo.

Martínez Sosa y Cantero también fueron procesados, al igual que el ex titular de Nación Seguros Alberto Pagliano, ex miembros del directorio del organismo y empresarios de seguros.

Los teléfonos y los chats fueron claves para la investigación. El fallo destaca una frase de Cantero a Martínez Sosa apenas asumió Fernández en la Rosada. “Tenemos que estar más tranquilos y todo va a encaminarse. Vos tenés que estar tranquilo y ocuparte solo de las cosas importantes. Tenés un amigo Presidente. Esto pasa una vez en la vida. Y hay que ir con calma. Yo soy tu respaldo al lado de tu amigo Presidente. Somos equipo, no necesitamos más que eso. Estamos de acuerdo?”.

“Ayer la (in) Justicia Federal dispuso mi procesamiento. Ya no me cuestiona un decreto que firmé para poner fin a la cartelización y a los negociados que se hacían con los seguros del Estado. Ahora, repentinamente, se me imputa no haber advertido el ‘riesgo’ que suponía nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguros”, dijo el ex presidente tras su procesamiento en su cuenta de la red social X.

En esa línea, el expresidente aseguró que la decisión judicial “fuerza la interpretación de pruebas” para mantenerlo “arbitrariamente ligado al proceso”. “Como alguien que cree en la república, aún cuando advierto la enorme crisis que sufren hoy las formas republicanas, seguiré intentando que la Justicia Federal cumpla su función de impartir Justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación”, agregó en el descargo.

La abogada del ex presidente, Mariana Barbitta, apeló el procesamiento, al igual que el resto de los acusados. El juez Casanello aceptó los planteos y los remitió a la Cámara Federal. Si el tribunal los ratifica, Fernández quedará en condiciones de ser enviado a juicio oral.

En la causa de los seguros se analizaron teléfonos y del celular de Cantero se encontraron las conversaciones con Yañez en las que la entonces primera dama le contaba que Fernández la golpeaba. También le mandó fotos. De esas conversaciones se inició la causa penal por violencia de género contra el ex presidente.

En ese expediente también está procesado -decisión que ratificó la Cámara- y la semana pasada el fiscal federal Ramiro González pidió que el ex presidente sea enviado a juicio oral por los delitos de lesiones leves y graves agravadas, en los dos casos, por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, y por amenazas coactivas.

El recurso de apelación de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que consta de 904 páginas, fue radicado ante el Tribunal Superior de Bogotá con la expectativa de que se revoque su condena y se dicte una sentencia absolutoria.

Los abogados de Uribe argumentan que la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, incurrió en errores sustanciales y transgredió la imparcialidad judicial, al ejercer lo que califican como un “ejercicio parcializado de la prueba”. Según la apelación, la magistrada habría actuado de manera “política”, “subjetiva” y “sesgada” durante la audiencia del 1 de agosto, en la que anunció el sentido del fallo condenatorio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uno de los ejes centrales del recurso es la supuesta omisión de la jueza Heredia al no valorar el contexto político de los protagonistas del caso. La defensa señala que la magistrada ignoró el interés político de Iván Cepeda, senador del Polo Democrático y víctima acreditada en el proceso, a pesar de que este reconoció su oposición frontal a Uribe, incluyendo debates de control político y gestiones relacionadas con la hacienda Guacharacas.

Apelación menciona presunta “cercanía” entre el gobierno Santos y Cepeda

El documento subraya que tampoco se consideró si la posición de Cepeda en el Congreso y su cercanía al Gobierno de Juan Manuel Santos pudieron influir en la obtención o presentación de pruebas.

“La sentencia minimizó la relevancia de la relación y del poder institucional de Cepeda y aplicó criterios distintos para valorar los vínculos de los testigos con las partes, en donde la cercanía con Uribe fue utilizada para restar credibilidad o como presunción de confabulación, mientras que la cercanía con Cepeda fue ignorada o reinterpretada favorablemente al dicho de este último. Esto confirma un doble estándar que comprometió la imparcialidad del fallo”, se lee en el documento de apelación.

Es decir, la apelación dedica un apartado a la relación entre Uribe y Santos, recordando que ambos compartieron partido en los orígenes de la U y que Santos fue ministro de Defensa durante el gobierno de Uribe.

La defensa resalta que la enemistad política surgió tras el giro de Santos hacia la política de paz, que culminó con el desarme de las FARC y la obtención del Premio Nobel de la Paz. Según el recurso, este contexto político no fue debidamente ponderado por la jueza al analizar la actuación de Cepeda y la construcción de la narrativa acusatoria.

Las pruebas de Cepeda que resultaron cruciales en la condena

El papel de Cepeda resulta determinante en la génesis del proceso judicial contra Uribe: las entrevistas que realizó en 2011 a los paramilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra en cárceles, y que un año después expuso en un debate en la Cámara de Representantes sobre los presuntos nexos de Uribe con las Autodefensas, constituyen el punto de partida del caso.

La defensa sostiene que la jueza Heredia redujo el rol de Cepeda a un “simple receptor de pruebas”, sin explorar si su intervención activa y su poder político influyeron en la acusación.

El recurso también cuestiona la valoración de la prueba por parte de la jueza, en particular la inclusión de interceptaciones telefónicas entre Uribe y su abogado Diego Cadena. Los abogados de la defensa alegan que la magistrada incurrió en un vicio que genera nulidad del proceso y que mostró un sesgo contra los testigos que declararon favorablemente sobre Uribe.

Además, critican que la jueza considerara a Uribe como determinador, es decir, como quien indujo a otros, como Cadena, a buscar testimonios de paramilitares presos mediante sobornos y promesas judiciales, con el objetivo de desacreditar las declaraciones de Sierra y Monsalve y desprestigiar las gestiones de Cepeda.

En otro fragmento, la apelación califica la audiencia del 28 de junio, en la que se comunicó el sentido del fallo condenatorio, como una “especie de evento teatralizado” y advierte sobre la existencia de “sesgos de naturaleza política, configurando una forma de politización del presente asunto judicial”.

Los abogados insisten en que la jueza aplicó un doble estándar al evaluar la credibilidad de los testigos, favoreciendo a quienes tenían vínculos con Cepeda y desestimando a quienes estaban relacionados con Uribe.

El documento presentado por Granados y Lombana busca que el Tribunal Superior de Bogotá revoque la condena y absuelva a Uribe Vélez, argumentando que la sentencia de la jueza Heredia estuvo marcada por errores, parcialidad y una valoración desigual de las pruebas y los actores políticos involucrados.

Un punto de inflexión se aproxima en el caso que involucra al actual presidente del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada. La Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia anunció que va a estudiar la apelación presentada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, sobre el caso que precluyó a favor de Prada, cuya investigación se había cerrado en torno al delito de instigación a delinquir.

“La Sala Especial de Primera Instancia se pronuncia acerca del recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto por la apoderada de presunta víctima contra la decisión AEP036 del 25 de marzo de 2025, que resolvió declarar el fenómeno jurídico de la caducidad de querella y en consecuencia precluir la investigación a favor de ÁLVARO HERNÁN PRADA ARTUNDUAGA, actual magistrado del Consejo Nacional Electoral, por el presunto punible de instigación a delinquir, previsto en el actual artículo 348 del C.P.”, se lee en el radicado emitido por el alto tribunal.

La decisión significa un revés en el caso de Prada Artunduaga, luego de que en marzo de 2025 la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia decidiera precluir la investigación contra el presidente del CNE, tras la denuncia presentada por el exfiscal general en 2021.

“DECLARAR que en el presente asunto se presentó el fenómeno jurídico de la caducidad de la querella. En consecuencia, PRECLUIR la investigación a favor de ALVARO HERNÁN PRADA ARTUNDUAGA, de condiciones civiles y personales registradas en la actuación”, puntualizó el fallo del alto tribunal emitido para entonces.

La raíz del caso: una denuncia contra Álvaro Uribe por dos masacres

El origen de la denuncia se remonta al 4 de agosto de 2020, cuando Montealegre anunció su intención de demandar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta vinculación con las masacres de El Aro y La Granja, perpetradas en 1996 y 1997, respectivamente.

En ese contexto, la Corte Suprema de Justicia impuso medida de detención domiciliaria a Uribe mientras avanzaba la investigación por fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal, que concluyó con su condena a 12 años de prisión.

A raíz de estos hechos, Montealegre denunció que fue objeto de ataques en redes sociales por parte de congresistas del Centro Democrático, entre ellos Álvaro Hernán Prada, que para la época era representante a la Cámara. Según el exfiscal, estos mensajes buscaban intimidarlo por ejercer su derecho constitucional.

Poco después, el partido Centro Democrático, liderado por Uribe Vélez, planeaba presentar una denuncia contra Montealegre ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Montealegre sostuvo que las acciones de los congresistas no solo pretendían desacreditarlo, sino que también habrían instigado la comisión de delitos en su contra. Por ello, el 12 de marzo de 2021, presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, señalando a Prada y a otros legisladores como Margarita Restrepo Arango, Carlos Felipe Mejía, Gabriel Jaime Velasco Ocampo, Paloma Valencia y Paola Holguín.

El caso experimentó un giro cuando, según información de Cambio, el exfiscal general Francisco Barbosa solicitó la preclusión de la investigación contra Prada, al considerar que sus publicaciones en redes sociales no constituían delito.

Esta solicitud llevó a la postergación del proceso, especialmente después de que Prada fuera elegido magistrado del CNE en 2022. Ante este nuevo escenario, Montealegre argumentó que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema carecía de competencia para juzgar a Prada, lo que obligó al tribunal a analizar su jurisdicción sobre el caso.

La Sala concluyó que la acción cuestionada —la republicación de información en redes sociales— no guardaba relación con las funciones de Prada como congresista, por lo que sí tenía competencia para resolver el proceso, dado que la ley le otorga jurisdicción sobre magistrados del CNE.

“En vista de que el señor exfiscal general de la nación se opone a la realización de la audiencia por considerar que la Sala Especial de Primera instancia carece de competencia funcional, con fundamento en el artículo 341 de la Ley 906 de 2004, que reglamenta el trámite de impugnación de competencia, se dispone la remisión de la actuación a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que allí se dirima la controversia planteada”, precisó el fallo, citado por Cambio.

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó el miércoles 13 de agosto, ante el Tribunal Superior de Bogotá, un recurso de apelación contra la sentencia que lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

El documento, firmado por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, tiene un total de 904 páginas y solicita la revocatoria de la decisión proferida el 1 de agosto por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el texto, los defensores sostienen que la jueza incurrió en “una serie de errores de hecho y de derecho” al dictar la condena y piden que, en consecuencia, se anule el proceso o, en su defecto, se absuelva al exmandatario.

Argumentos de la defensa del expresidente

En el documento dirigido a la “Honorable Sala de Decisión Penal” del Tribunal Superior de Bogotá, los abogados precisan: “Mediante el presente recurso de apelación, esta defensa procederá a exponer de manera amplia, rigurosa y pormenorizada cómo a lo largo de las consideraciones contenidas en la sentencia proferida el 1 de agosto de 2025, el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá incurrió en una serie de errores de hecho y de derecho (…)”.

En su solicitud, la defensa pide tres escenarios alternativos: la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de formulación de acusación; la nulidad desde la audiencia de lectura del fallo; o, como petición final, la absolución de Uribe. También señalan que “la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez debe ser restablecida”, incluso si la decisión de fondo se mantiene en estudio.

El escrito enfatiza que no existe necesidad de que el exmandatario permanezca detenido mientras el fallo cobra firmeza, una orden que califican de equivocada.

Contexto del caso y fallo histórico

La condena del 1 de agosto marcó un precedente en la historia judicial de Colombia: es la primera vez que un expresidente es sentenciado a prisión por un delito común. La jueza de conocimiento determinó que Uribe dio instrucciones “precisas y constantes” a su abogado Diego Javier Cadena Ramírez para que convenciera a un grupo de exparamilitares de retractarse de declaraciones en su contra, ofreciéndoles beneficios económicos y asesorías jurídicas.

La retractación tenía como objetivo que los testigos acusaran directamente al senador Iván Cepeda de ser la “mente maestra” detrás de un plan para vincular a Uribe en un proceso criminal, abierto por la Corte Suprema de Justicia en 2018. Cadena, que fue pieza clave en la ejecución de las presiones, podría enfrentar su propia sentencia el próximo 15 de agosto por estos mismos hechos.

La Procuraduría General también intervino recientemente en el caso, solicitando que se tumbe el fallo condenatorio al considerar que las pruebas no demuestran que el expresidente fuera “determinador” de los actos investigados. Esta coincidencia entre la defensa y el Ministerio Público podría jugar un papel relevante en la revisión de segunda instancia.

Lo que está en juego en la segunda instancia

El recurso de apelación no solo busca la libertad inmediata de Uribe, sino que abre la puerta a un debate jurídico sobre la valoración de las pruebas y la interpretación de la figura del “soborno en actuación penal”.

En términos procesales, la segunda instancia permite que un tribunal superior revise integralmente la sentencia, evaluando tanto los fundamentos jurídicos como la apreciación de las pruebas. En este caso, la defensa argumenta que la jueza basó su decisión en una lectura sesgada y en inferencias que no tienen sustento suficiente.

La resolución de esta apelación será decisiva para el futuro judicial de Álvaro Uribe Vélez, que ha sostenido su inocencia y ha insistido en que su proceso responde a motivaciones políticas. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá podría revocar, modificar o confirmar la sentencia.

El miércoles 13 de agosto de 2025 se cumple el tiempo establecido para que se interpongan los recursos de apelación contra el fallo en primera instancia que condenó a 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Aunque el plazo inicial de cinco días hábiles para presentar la apelación vencía el lunes 11 de agosto, la juez de conocimiento Sandra Liliana Heredia accedió a la solicitud de la defensa del exmandatario colombiano y de la Procuraduría General de la Nación, concediendo dos días adicionales para la radicación del recurso, dada la extensión y complejidad de la sentencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá será la encargada de resolver la apelación de la condena impuesta al expresidente entre 2002 y 2010.

La sentencia, de 1.114 páginas, fue emitida el viernes 1 de agosto de 2025 por la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, en la que halló a Uribe Vélez responsable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Además de la pena privativa de libertad, la decisión incluyó una multa de 2.420 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (Smlmv) y una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 100 meses y 20 días (8 años y 4 meses). El beneficio de prisión domiciliaria fue concedido, condicionado al pago de una caución equivalente a cuatro Smlmv.

Se espera que, dentro de su argumentación en el recurso de apelación, el equipo jurídico del exmandatario argumente que, durante el juicio de primera instancia —que se extendió por cinco meses—, el juzgado omitió la valoración de pruebas documentales, testimoniales y técnicas aportadas por la defensa.

Además, han manifestado que las conclusiones del fallo carecen de sustento jurídico y probatorio, por lo que solicitarán la revocatoria de la sentencia y la absolución de Uribe Vélez.

“Habrá la oportunidad por sujetos públicos de conocerse y debatirse públicamente para que sean honorables de tomar su plazo a votar quien tenga la última palabra al respecto”, expresó Jaime Granados, abogado defensor de Álvaro Uribe, en diálogo con La FM de RCN Radio.

Apelación de la Procuraduría

El lunes 11 de agosto, el delegado de la Procuraduría General de la Nación, Bladimir Cuadro Crespo, presentó el recurso de apelación al fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe, al considerar que la sentencia de primera instancia adolece de graves deficiencias en la valoración de pruebas y en la aplicación de la figura de la determinación penal, lo que, a juicio del órgano de control, debió haber conducido a la absolución del exmandatario.

En el documento de 81 páginas, el funcionario expuso que la sentencia emitida por el juzgado de conocimiento incurrió en una “incorrecta observación objetiva” de las pruebas, lo que habría derivado en errores en la apreciación de los hechos y en una indebida imputación de responsabilidad al expresidente colombiano.

El procurador argumenta que la conducta atribuida al expresidente no quedó debidamente establecida y que la omisión de la aplicación del artículo 7 de la ley 906 favorecía la exoneración del procesado. Además, recordó sus alegatos de conclusión, presentados a finales de junio, en donde insistió en que la Fiscalía General no logró demostrar su teoría del caso, por lo que solicitó la absolución total de Uribe Vélez.

“No se estableció más allá de toda duda razonable que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tuviera el grado de conocimiento exigible para atribuirle la presunta responsabilidad como determinador de cada uno de los eventos acusados. La sentencia de primera instancia no se ocupó de examinar detalladamente este aspecto medular para cada uno de los episodios examinados”, explicó el procurador.

De igual manera, el documento expresa que “la juez no cuenta con respaldo en el expediente, ya que se evidenció que el propio procesado, a través de medios masivos de comunicación, incitaba a la entrega de información para esclarecer los hechos, dada la naturaleza jurídica de la discusión mientras era congresista”.

El tribunal tendrá hasta el mes de octubre para decidir si avala o niega los recursos presentados por la defensa del expresidente y de la Procuraduría.

La Procuraduría General de la Nación presentó ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá un recurso de apelación contra el fallo de primera instancia emitido por el juzgado 44 de conocimiento de Bogotá, que condenó a doce años de prisión al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Se trata de un documento de 81 páginas firmado por el procurador Bladimir Cuadro Crespo, que fue presentado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el cual sostiene que la sentencia tiene vacíos en la valoración y evaluación de pruebas fundamentales, lo que habría derivado en una aplicación incorrecta de la figura de la determinación penal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el análisis de la Procuraduría General, uno de los puntos críticos radica en la supuesta “incorrecta observación objetiva” de las pruebas, lo que, según el procurador Cuadro Crespo, condujo a errores en la apreciación de los hechos y a una indebida imputación de responsabilidad al expresidente.

El recurso enfatiza que la tipicidad de la conducta atribuida a Uribe Vélez no quedó debidamente establecida, lo que, a juicio del órgano de control, debió haber resultado en la absolución del procesado.

El procurador Cuadro argumenta que la sentencia omitió la aplicación del artículo 7 de la ley 906, disposición que, de haberse considerado, habría favorecido la exoneración del exmandatario. En sus alegatos de conclusión, presentados a finales de junio, Cuadro Crespo reiteró que la Fiscalía General no logró demostrar su teoría del caso, por lo que solicitó la absolución total de Uribe Vélez.

“No se estableció más allá de toda duda razonable que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tuviera el grado de conocimiento exigible para atribuirle la presunta responsabilidad como determinador de cada uno de los eventos acusados. La sentencia de primera instancia no se ocupó de examinar detalladamente este aspecto medular para cada uno de los episodios examinados”, señala el documento.

En el documento, la Procuraduría también solicitó que se verificara una información que él había recibido, y por la cual a juicio del procurador Cuadros confirió un poder al abogado Diego Cadena para que lo representara en la indagación y obtención de esos datos.

“(...) la juez no cuenta con respaldo en el expediente, ya que se evidenció que el propio procesado, a través de medios masivos de comunicación, incitaba a la entrega de información para esclarecer los hechos, dada la naturaleza jurídica de la discusión mientras era congresista. Además, la copiosa prueba documental y testimonial demostró que también utilizó a sus abogados para aportar información previamente verificada con Diego Cadena”, se lee en el recurso de apelación.

La defensa del expresidente, encabezada por el abogado penalista Jaime Granados Peña, tiene previsto radicar su propio recurso de apelación el próximo 13 de agosto.

Los magistrados del Tribunal de Bogotá que estudiaran la apelación de Uribe

La oficina de prensa del Tribunal Superior de Bogotá oficializó la designación de los tres magistrados que integrarán la Sala Penal N.º 9, responsable de analizar el recurso de apelación presentado por la defensa del exmandatario. El tribunal ha establecido un plazo máximo de dos meses para emitir su decisión, ya que el expediente prescribirá en octubre, lo que imprime urgencia al trámite.

La composición de la Sala Penal N.º 9, detallada por el propio tribunal, incluye a los magistrados Alexandra Ossa Sánchez, Leonor Oviedo Pinto y Manuel Antonio Merchán, quien ejercerá como presidente de la Sala y ponente de la decisión. Según explicó Bernal Suárez, los tres magistrados poseen una trayectoria consolidada en la Rama Judicial, formación especializada y evaluaciones periódicas que acreditan su idoneidad y suficiencia para abordar un caso de esta envergadura.

El tribunal ha dispuesto que los magistrados dediquen atención exclusiva al estudio del proceso, con el objetivo de acelerar la resolución de fondo antes de que se cumpla el término de prescripción. Esta medida, según la información oficial, pretende garantizar que la decisión se adopte con la mayor celeridad posible, sin sacrificar el rigor en la valoración de las pruebas.

“No hay temor de que actuarán con imparcialidad, transparencia, autonomía e idoneidad suficiente”, afirmó el presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Fabio David Bernal Suárez, al referirse a los magistrados que revisarán el caso del expresidente.

El equipo jurídico del exmandatario argumentará que, durante el juicio de primera instancia —que se extendió por cinco meses—, el Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá habría omitido la valoración de pruebas documentales, testimoniales y técnicas aportadas por la defensa. Además, sostendrán que las conclusiones del fallo carecen de sustento jurídico y probatorio, por lo que solicitarán la revocatoria de la sentencia y la absolución de Uribe Vélez.

El Consejo Seccional de la Judicatura autorizó a la Sala 19 Penal del Tribunal Superior de Bogotá a dedicarse exclusivamente a resolver la apelación del fallo de primera instancia que condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión, tras haber sido declarado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

El Consejo Seccional ordenó que desde el 5 de agosto de 2025 hasta el 20 del mismo mes, la Sala 19 suspenda el reparto de las acciones de tutela para enfocarse en el estudio y fallo del proceso contra el exmandatario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Sala 19 Penal del Tribunal Superior está conformada por los magistrados Alexandra Ossa Sánchez, Manuel Antonio Merchán Gutiérrez y María Leonor Pinto.

“Suspender desde el 5 de agosto de 2025 hasta el 20 de agosto de 2025 (inclusive), sin que sea objeto de compensación, el reparto de acciones de tutela, a la sala de decisión penal n.° 9, despachos 4, 11 y 13 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, integrada por los magistrados Alexandra Ossa Sánchez, Manuel Antonio Merchán Gutiérrez y María Leonor Pinto”, se lee en la decisión del Consejo Seccional de la Judicatura.

La decisión fue notificada a la Presidencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a la Oficina de Apoyo Judicial-Reparto y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

La defensa del expresidente Álvaro Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados Peña, sostiene en su recurso de apelación que durante el juicio de 67 sesiones no se valoraron en su totalidad las pruebas documentales, testimoniales y técnicas aportadas.

Argumentan que la sentencia de primera instancia admitió como válidas algunas pruebas que consideran ilegales, como interceptaciones telefónicas ordenadas por la Corte Suprema al senador Nilton Córdoba Manyoma, en las que resultaron escuchas al propio Uribe entre marzo y abril de 2018.

La defensa también cuestiona la validez de videos grabados por el testigo Juan Guillermo Monsalve desde la cárcel La Picota, en los que se observa al abogado Cadena presionando para que Monsalve modificara su versión.

Sostienen que esos videos fueron alterados, como lo señalan peritajes de la Fiscalía y peritos de la misma defensa. Además, exponen una serie de inconsistencias en las declaraciones rendidas por Monsalve tanto ante la Fiscalía como ante la Corte Suprema.

El equipo legal de Uribe plantea que Monsalve ha incurrido en contradicciones significativas y pone en duda su credibilidad. Según la defensa, el testigo habría buscado beneficios a cambio de sus declaraciones, entre ellos la reducción de su condena de 44 años, facilidades en la prisión y apoyo económico.

Añaden que estas ventajas habrían sido ofrecidas por el senador Iván Cepeda, parte en el proceso, lo que lleva a considerar que las afirmaciones de Monsalve carecen de confiabilidad y objetividad. La defensa insiste en que estos aspectos deben ser considerados para que la decisión judicial sea revisada en la instancia superior.

Por ahora, el expresidente Álvaro Uribe continuará bajo detención domiciliaria mientras se define la acción de tutela en extenso.

“No decretar la medida provisional solicitada por el apoderado del ciudadano Álvaro Uribe Vélez. Comunicar al accionante y a su apoderado esta decisión por el medio más expedido y eficaz, y advertir que en su contra no proceden recursos”, se lee en el fallo.

Según la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, liderada por el abogado penalista Jaime Granados, hubo una presunta vulneración a los derechos del expresidente, motivo por el cual presentaron una tutela este lunes 4 de agosto en el Tribunal Superior de Bogotá con el propósito de que el exmandatario recupere su libertad.

La acción judicial, que cuenta con 91 páginas, pide suspender la decisión de la jueza 44 de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, que además de condenarlo a 12 años de prisión solicitó la detención domiciliaria.

La defensa del líder natural del Centro Democrático advierte que la detención domiciliaria en contra del exmandatario colombiano (2002-2010) no tiene justificación.

“En caso de que ya se haya dado cumplimiento al referido numeral cuarto de la sentencia del primero de agosto de 2025, ordenar a quién corresponda el restablecimiento inmediato de la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez, hasta tanto se proceda a resolver de fondo la presente solicitud de protección constitucional”, se lee en el documento.

El 1 de agosto de 2025, durante más de tres horas, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez presentó los argumentos por los cuales apelará el fallo de la jueza Sandra Heredia, que lo encontró culpable de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.

La sentencia dictó una condena a 12 años de prisión que podrá pagar en su domicilio y el pago de una multa de más de $2.000 millones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En su intervención, el expresidente abordó el argumento de la presunción de inocencia, subrayando que, aunque el fallo aún no está ejecutoriado, la difusión pública de la sentencia generó un daño irreparable a su imagen. “Se ha dicho que este condenado todavía tiene presunción de inocencia, porque el fallo no está ejecutoriado. Y que, entonces, como a este condenado todavía le asiste el favor de la presunción de inocencia, no se podía avanzar en la publicidad del fallo, porque afectarían la honra de este condenado”, explicó Uribe, para luego cuestionar el alcance real de esa protección legal en su caso.

El exmandatario sostuvo que las afectaciones a su honra no se limitaron al momento de la sentencia, sino que se manifestaron a lo largo del proceso penal. Según su relato, el “discurso político” que permeó las distintas etapas del juicio, terminó por juzgar no solo su conducta, sino también su carácter y su papel en la vida pública. “Por Dios, honorables magistrados, ¿qué más afectación de mi honra?”, exclamó, enfatizando la dimensión personal del daño sufrido.

Uribe Vélez también defendió la naturaleza de sus intervenciones públicas, asegurando que siempre fueron orientadas a esclarecer la verdad y no a encubrir conductas ilícitas. Rechazó que su insistencia en la verdad sea un “eslogan estratégico para disimular el delito” y afirmó que la decisión judicial constituye una ofensa a su trabajo por la dignidad en el ámbito político, donde, según sus palabras, asumió con verticalidad todas sus responsabilidades.

De igual manera, habló sobre el rol de Deyanira Gómez y los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra. La jueza Heredia pidió a Álvaro Uribe finalizar sus descargos, debido a que sus alegatos comenzaron a desviarse de la sentencia.

“Perdón, señor Uribe, disculpe, discúlpeme, pero evitemos, ese tipo de agravios no son necesarios. Además que no fue parte del fallo que usted está apelando en la apelación. Usted solamente puede referirse a las circunstancias que fueron tenidas en cuenta para emitirlo. La verdad he sido muy paciente, le he puesto cuidado, pero ya estamos desbordando los límites”.

Y agregó: “Por favor le solicito por favor que reconsidere sus alegatos para evitar transgredir derechos que le corresponden a las presuntas víctimas. Bueno, entonces. Sí. No, tranquilo. No. Sí, señor. Discúlpeme. (...) No, no, No pierda los frenos. Señor Uribe”.

El líder del Centro Democrático insistió y también mencionó que durante el juicio se le hizo ver como un criminal, pese a que ha servido al país en reiteradas ocasiones.

“El fallo cambia la narrativa de la historia. Pone a los bandidos como héroes. El fallo tiene una narrativa para defender bandidos y acusarme de bandido”, dijo Uribe. También aseguró que se trató de un fallo que buscaba acallar la voz de la oposición en el país.

La jueza escuchó la intervención del exmandatario, y al final de la audiencia, cuando este ya había concluido, dijo: “Se ha surtido la sustentación del recurso de apelación. Suspendemos este acto procesal... se les autoriza a que se retiren. Que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana”.

El expresidente contestó: “No feliz, pero de todas maneras gracias, señora juez”.

Con un fallo de más de 1.000 páginas, que se negó a leer ante la petición de los abogados del imputado, la jueza Sandra Heredia condenó a Álvaro Uribe Vélez, primer expresidente de Colombia que ha sido declarado culpable por la justicia ordinaria.

En los aspectos más relevantes, Heredia confirmó que el exmandatario deberá pagar una condena de 12 años en prisión domiciliaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uribe Vélez también tendrá que pagar una multa de más de 2.000 millones de pesos y será inhabilitado de ocupar un cargo público durante los próximos ocho años y cuatro meses.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la opinión pública es que la jueza solicitó la inmediata orden de captura del expresidente, lo que fue calificado como un comportamiento “desmedido” por parte de figuras de la derecha política en Colombia.

Por fuera de las posturas políticas, el abogado penalista Jhoan Andrés Montenegro, en diálogo con Infobae Colombia, analizó el fallo condenatorio y señaló un posible error que podría provocar una intervención internacional en el caso.

Montenegro indicó que hay claridad de que el expresidente atendió en libertad todas las audiencias del juicio en su contra, por lo que no existe un argumento de peso para afirmar que es necesaria su captura tras el fallo en primera instancia.

“El fallo de la juez confirma lo que se había denunciado, un poco sorprende la medida de aseguramiento con el subrogado de prisión domiciliaria, entendiendo que el expresidente mantuvo el juicio en libertad y había atendido el proceso, es algo que no es necesario, sino hasta la segunda instancia”.

El jurista anticipó que, aunque falta agotar los recursos de apelación disponibles en Colombia, él considera que en caso de ser reafirmada la condena, la defensa de Uribe podría pedir la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Falta la apelación, pero yo creo que hay una defensa internacional posible, que se podrá registrar cuando se agoten los recursos nacionales, podrán apelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y revisar si hay lugar a unas medidas cautelares, pero hay unos requisitos de procedimiento, puesto que demanda que se agoten las vías jurídicas a nivel nacional”.

Montenegro comparó este caso y la posible intervención de la corte internacional con la inhabilitación que fue apelada en su momento por el presidente Gustavo Petro, cuando fue alcalde de Bogotá.

“Tal vez, la medida que tomó la juez Heredia, de suspender la libertad del expresidente, podría habilitar a la corte interamericana por las medidas cautelares, como paso en el fallo del presidente Petro cuando era alcalde de Bogotá”.

En conclusión, el penalista indicó que, desde una postura de defensor, él considera que hay posibilidades de que se determine que se vulneraron los derechos del expresidente.

“La defensa podrá atacar la medida que tomó la jueza a través de una tutela, siempre y cuando considere que se violaron los derechos esenciales del expresidente; sin embargo, la respuesta la tendrá el tribunal de Bogotá”.

Esta postura fue compartida por el abogado penalista Rogelio Roldán, que en diálogo con Infobae Colombia también calificó la petición de la captura como algo “excesivo”.

“La orden de encarcelamiento inmediata, para el criterio de este defensor es excesiva, entendiendo que nuestro código indica que las actuaciones procesales deben seguirse en criterios de razonabilidad, la doctrina y el derecho internacional han señalado que la orden de captura es para personas que no tienen presunción de inocencia, situación que no ocurre en el caso del señor Álvaro Uribe Vélez. No se ha argumentado cuál es la necesidad de la orden para la privación inmediata de la libertad”.

"Hay que pensar mucho más en la solución que en el problema. Por eso estoy en la preparación de la argumentación para sustentar la apelación de mi defensa material", dijo Uribe en su cuenta de X.

La jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, que el pasado lunes condenó a Uribe, de 73 años, por dos delitos y lo absolvió del de soborno simple en un caso que lo enfrenta con el senador de izquierdas Iván Cepeda, convocó a las partes a las 14:00 hora local de este viernes (19:00 GMT) para la lectura de la sentencia que puede ser de entre cuatro a ocho años de cárcel.

Sin embargo, la Fiscalía ha pedido una pena mayor, de nueve años de prisión.

El abogado Jaime Granados, que encabeza la defensa del exmandatario, anunció esta semana que el próximo 11 de agosto apelara la decisión de la jueza ante el Tribunal Superior de Bogotá y es en eso que ya trabaja Uribe, según dijo hoy el líder del partido derechista Centro Democrático.

El Tribunal Superior de Bogotá tiene plazo hasta el próximo 16 de octubre para pronunciarse y la defensa no descarta llevar el caso hasta una casación en la Corte Suprema de Justicia, en caso de que la decisión de segunda instancia no sea favorable.

Uribe, que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, señaló hoy que en sus exposiciones sobre liderazgo suele decir "que las crisis más difíciles son las de afectación personal" como la que vive en la actualidad.

"Estas crisis personales necesitan la familia, los seres queridos, los amigos, los compatriotas convencidos que han apoyado, los lejanos pero con curiosidad objetiva. Y fundamentalmente la oración", agregó el exjefe de Estado colombiano. EFE

Colombia ha sido noticia mundial por la confirmación de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez deberá cumplir con una condena de 12 años de prisión al ser declarado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Mientras, figuras políticas se pronuncian a favor y en contra de la jueza del caso, juristas aclaran que se trata de un fallo en primera instancia, que debe ser analizado tras la apelación de la defensa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al respecto, en diálogo con Infobae Colombia, el jurista Rogelio Roldán indicó que el expresidente Uribe “aún goza de presunción de inocencia”, reafirmando que es una realidad que “el fallo no es ejecutorio, es decir, no está en firme”.

Roldán explicó que la primera apelación se debe registrar antes de que pasen cinco días después del fallo en primera instancia, lo que ha sido acogido por la defensa del exmandatario, que ya anunció el uso de este recurso.

“Dentro del proceso penal existen varias instancias, unas de carácter ordinario y otros de carácter extraordinario. El expresidente aún tiene una herramienta jurídica llamada apelación, que puede interponer el recurso contado los cinco días a partir del fallo para su sustentación, que puede ser de manera escrita u oral”.

El penalista aclaró que la apelación deberá contar con argumentos claros sobre los errores que consideran, cometió la jueza durante el proceso.

“Por otro lado, hay que tener en cuenta el alcance de la apelación, en el que se deben hacer los reparos concretos con motivaciones de hecho y derechos, fundamentando los errores que pudo haber cometido la jueza de primera instancia. Se debe argumentar por qué no está de acuerdo y cuál es la decisión correcta a tomar, siempre nombrando la norma o jurisprudencia debida”.

El experto aclaró que la apelación no solo puede ser presentada por la defensa, sino que también podrá ser realizada por la Fiscalía General de la Nación, que tiene derecho a estar en contra de la condena para pedir que el castigo sea mayor.

“Si el expresidente es apelante único, tendrá un principio que se trata en no reformar a peor, que es cuando se apela por la defensa y el tribunal no podrá agravar las condiciones impuestas, pero esta situación varía si la fiscalía apela el fallo, que es cuando la institución considera que el castigo tuvo que haber sido peor o que se condene por los delitos por los que fue absuelto”.

Debido a que no se tiene previsto que la fiscalía apele la condena, Rogelio Roldán explicó los escenarios probables que se podrían registrar en el caso.

“Si solo hay apelación por la defensa, hay dos escenarios: la absolución total por todos los cargos y la libertad inmediata, o lo segundo, que lo absuelvan por algunos delitos y esto provoque una reducción de la condena impuesta”.

Por último, aclaró que en octubre de 2025 debe terminar el caso protagonizado por el expresidente, tiempo en el que su defensa podrá recurrir a otros recursos, y que en caso de que la fecha sea alcanzada, hay posibilidad de que esto termine en prescripción.

“La sentencia o el asunto no ha sido resuelto, nuestra constitución tiene un concepto de pronta resolución, ese término previsto sería para octubre de este año y sigue corriendo. El tribunal de la segunda instancia deberá resolver esto antes de la fecha de prescripción o daría a lugar al no cumplimiento del castigo. La defensa cuenta con diversas herramientas jurídicas como la revisión o la casación, que tienen características propias de carácter formal para que sean admitidas”.

El 1 de agosto de 2025, en el juzgado 44 de conocimiento de Bogotá se confirmó la condena de 12 años para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de ser hallado culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Luego de la lectura del fallo, la jueza Sandra Heredia dictaminó detención domiciliaria señalando que ninguno de los crímenes supera los ocho años de sentencia de manera individual.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Además, expuso los motivos por los que impuso la condena al exmandatario. Entre los más importantes destacó que la Fiscalía General de la Nación logró determinar que por medio del abogado Diego Cadena, el líder del Centro Democrático cometió el delito de soborno durante los acercamientos a Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez, alias Víctor y Eurídice Cortés, alias Diana.

Frente a los argumentos expuestos por la funcionaria, el expresidente solicitó al abogado defensor Jaime Granados apelar a la condena en primera instancia de manera inmediata.

“Lo ejerceré hoy mismo de manera oral aquí en esta audiencia. Corresponde solo a lo que es la defensa material que me toca adelantar y que nada tiene que ver con nada. Puede afectar la decisión que ha manifestado Granados”.

A su vez, el exgobernador de Antioquia señaló que el documento técnico que se presentará ante la justicia colombiana será entregado por su defensa en el tiempo establecido por la ley, por lo que solicitó al litigante limitarse a sustentar el recurso.

“El recurso de defensa técnica que se ejercerá se sustentará por escrito dentro de los términos de la ley, para lo cual también él ha pedido que le permitan dar unas razones. Entonces, en el momento oportuno, en esta misma audiencia, le ruego, se limita a sustentar el recurso de apelación en lo que corresponde a mi defensa material”.

El rifirrafe entre Álvaro Uribe y Sandra Heredia

Mientras transcurría la sesión, la juez Sandra Heredia y Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, protagonizaron una discusión porque la funcionaria planteó la posibilidad de que los hijos del exmandatario entregaron información sobre el fallo a los medios de comunicación. Estas palabras surgieron luego de que Tomás Uribe publicara en sus redes la condena a su padre.

De inmediato, el exgobernador de Antioquia no dudó en defender a su familia. “Protesto enérgicamente sobre este tratamiento a mis hijos, usted me ha tratado a mí de la peor manera, lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”.

Posteriormente, Jaime Granados, abogado defensor, intervino señalando que Tomás y Jerónimo no están implicados en la filtración de la sentencia. Con respecto a la aireada contestación de Uribe Vélez, la jueza sostuvo que en ningún momento intentó faltar el respeto a los familiares, por lo que pidió al exsenador mantener la tranquilidad mientras se adelanta la diligencia en su contra.

“Señor Uribe, en ningún momento me he metido con su familia y nunca lo haré, tranquilo. Siempre lo he respetado como persona y por los honores que ha tenido por estar frente de esta patria. Sin embargo, solo quiero dejar constancia de lo que ocurrió en horas de la mañana”.

Lejos de ceder a los reclamos, Heredia exigió a Uribe Vélez respetar el uso de la palabra y hacer silencio mientras ella hablaba.

“Le pido que se calle, si usted quiere hablar le doy el uso de la palabra. Además, para que quede la constancia, aquí están las publicaciones, yo no estoy faltando a la verdad. Simplemente, las publicaciones están así. Por eso, le pido a las autoridades que investiguen los hechos”.

En la mañana del martes 29 de julio de 2025, Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, anunció que el lunes 11 de agosto de 2025 será presentado el recurso de apelación contra el fallo emitido por la jueza Sandra Liliana Heredia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras ser hallado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, pero fue absuelto del delito de soborno simple.

“Tenemos una apelación que ya estamos preparando. Solo hasta el viernes (1 de agosto) conoceremos la sentencia y a partir de allí tendremos cinco días hábiles, es decir, hasta el lunes 11 de agosto, para radicar nuestro escrito de apelación”, explicó el jurista en diálogo con W Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De igual forma, Granados aseguró que, una vez se conozca la sentencia contra el exmandatario colombiano, que se conocerá el viernes 1 de agosto de 2025, acudirán al Tribunal Superior de Bogotá para presentar el recurso judicial que, según él, tendrá la justificación por las que consideran ‘erróneos’ los argumentos expuestos por la jueza Sandra Heredia.

“Una vez esté radicado este escrito ya se podrá hacer un debate amplio sobre los argumentos, pero es claro que vamos a radicar esta apelación (...) nuestra apelación estará desprovista de cualquier otra condición que no sea el análisis de los argumentos”, agregó.

Igualmente, señaló que “nadie está por encima de la ley y nadie está por debajo de la ley. Ya conocerán los argumentos por los cuales discrepamos profundamente de la decisión”.

Además, en diálogo con La FM de RCN Radio, Jaime Granados ha sostenido que su cliente tiene derecho a la libertad durante el proceso, citando el artículo 450 del Código Penal colombiano, que establece la libertad como regla general.

Según el abogado, “no es una concesión graciosa, sino un derecho establecido”, y solo por excepción se justificaría una medida restrictiva.

“Entendemos que es de su sorte hacerlo aunque no estemos en acuerdo con ella y que habrá la oportunidad de presentar una vez que conozcamos la sentencia el día viernes (1 de agosto) a las 2:00 p.m., habrá la oportunidad ya de completar la tarea que empezamos de construir los alegatos de la apelación y que el próximo lunes 11 de agosto deberíamos estar radicando mediante dicha apelación y habrá la oportunidad por sujetos públicos de conocerse y debatirse públicamente para que sean honorables de tomar su plazo a votar quien tenga la última palabra al respecto”.

Prisión domiciliaria

Frente a la posibilidad de que su cliente podría tener medida de aseguramiento, Granados aclaró que “no hay ninguna posibilidad jurídica” y añadió que, en caso de ser necesario, Uribe tendría derecho a prisión domiciliaria por los delitos imputados.

Sobre la reacción de Álvaro Uribe tras escuchar el fallo, Granados explicó que el gesto de negar con la cabeza durante la audiencia fue una respuesta humana. “Obvio que él se encuentra decepcionado, preocupado, pero... tranquilo en cuanto a su convicción de su inocencia”, manifestó en La FM.

Respecto a los señalamientos finales de la juez Heredia, quien cuestionó el ejemplo que representa Uribe, el abogado reiteró que la defensa del exmandatario esperará leer el texto completo de la sentencia antes de responder. “Nuestro pronunciamiento de fondo (...) será con el beneficio de haber leído la sentencia”, concluyó.

En cuanto a los procedimientos inmediatos, la jueza Heredia entregará el texto completo de la sentencia a las partes de manera confidencial, con el objetivo de agilizar la audiencia posterior.

Durante la audiencia del primero de agosto, se anunciará formalmente la pena y sus efectos, momento en el que los intervinientes podrán presentar recursos. La defensa ha aclarado que solo apelará en caso de condena, no si se produce una absolución.

El plazo de cinco días hábiles para interponer el recurso de apelación comenzará el lunes siguiente a la notificación, pero debido al festivo del jueves 7 de agosto, vencerá el lunes 11 de agosto. Posteriormente, quienes no hayan apelado tendrán la oportunidad de responder, y finalmente el Tribunal Superior de Bogotá resolverá los recursos presentados.

Los hermanos Germán y Sebastián Kiczka apelaron ante el Superior Tribunal de Misiones el fallo que los condenó a 14 y 12 años de prisión por consumir y distribuir material de abuso infantil.

Germán ocupó una banca en la Legislatura misionera hasta septiembre del año pasado. Fue expulsado luego de fugarse de la Justicia tras haber perdido sus fueros. Su hermano también quiso escapar de la ley. Fueron ubicados de inmediato. El exdiputado estaba escondido en un camping de Corrientes. Sebastián se había ocultado en un paraje no muy lejos de Apóstoles, la ciudad que los vio nacer.

Ambos fueron condenados en abril de este año. El Tribunal Penal 1º de Posadas los encontró culpables del delito de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). Los magistrados intervinientes fueron Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Antonio Yaya (subrogante).

Las defensas de Germán y Sebastián presentaron una apelación a esta decisión. El planteo fue interpuesto ante los mismos jueces que los condenaron. De allí se elevará, para su tratamiento, al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia (STJ).

El máximo órgano judicial misionero deberá resolver si durante el proceso y el juicio hubo inobservancia o interpretación errónea de una ley sustantiva. También evaluará si se registró la vulneración de alguna garantía constitucional.

El plenario del STJ, integrado por nueve miembros, podrá confirmar el fallo de primera instancia u ordenar la anulación parcial o total del juicio. En estos últimos casos, dispondrá que se dicte una nueva condena. La decisión estará en manos de Rosanna Pía Venchiarutti Sartori; Cristina Benítez; Froilán Zarza; María Laura Niveyro; Roberto Uset; Juan Manuel Díaz; Ramona Velázquez; Jorge Rojas y Cristina Leiva.

En caso de que se ratifique la pena, a los imputados les queda la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí podrán llegar vía un recurso extraordinario, que deberá ser habilitado por el STJ, o por queja, en caso de negativa del máximo órgano judicial misionero.

El caso

La estrategia defensiva de Germán y Sebastián corrió por carriles separados aunque respondía al mismo objetivo: despegar al exdiputado y cargar todas las culpas sobre el otro hermano.

Sebastián llegó a pedir perdón a Germán en varias de las ampliaciones de declaración indagatoria que realizó ante el Tribunal. Adujo que quien consumía ese material era él. “Era yo el que utilizaba la computadora Acer. Por enésima vez, quiero pedirle disculpas a mi hermano por meterlo en este embrollo”, planteó.

La maniobra se completaba con buscar la inimputabilidad de Sebastián por incomprensión de la criminalidad del acto.

“No sabía que era ilegal mirar estos videos en Internet”, alegó en un momento. “Me puse a tomar cerveza y aproveché la oportunidad para ver esto (por el material de pedofilia) porque soy una persona ansiosa”, agregó.

Durante las audiencias se vivieron hechos escalofriantes. La Fiscalía debió proyectar las imágenes y los videos encontrados en los distintos dispositivos que se secuestraron en los allanamientos.

En la causa se reveló que entre el 2 de diciembre de 2023 y el 10 de enero del 24, el entonces legislador provincial habría descargado y compartido 603 archivos de videos y fotos de explotación sexual infantil. También se comprobó que distribuyó “imágenes de prácticas zoofílicas” que involucran a menores de 13 años.

Germán Kiczka había sido electo diputado de la Legislatura unicameral de Misiones en 2021. Integraba el Partido Activar que, por ese entonces, era miembro de la alianza Juntos por el Cambio. La fuerza respondía a Pedro Puerta, hijo del exgobernador y presidente interino Ramón Puerta. Luego de que Javier Milei se impusiera en el balotaje, Activar se corrió hasta el espacio libertario.

El expediente por la expropiación de YPF llegó a un momento crítico con la decisión que debe tomar este lunes la jueza Loretta Preska en Nueva York. La magistrada notificó que dará a conocer si acepta el pedido de la Argentina para suspender la orden que la obliga a entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos litigantes mientras se tramita la apelación.

El Gobierno argentino formalizó la semana pasada la apelación ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. En medio de tensiones políticas y negociaciones internas, el equipo legal intentó ganar tiempo y evitar la cesión de las acciones antes de que se resuelva la cuestión de fondo.

En Washington, la expectativa política se combinó con la preocupación por el impacto que pueda tener un eventual embargo sobre activos públicos. Este lunes constituía la fecha límite original para que el país depositara las acciones en custodia en un banco de Nueva York, en cumplimiento de la sentencia dictada por Preska en junio.

La magistrada de Nueva York le comunicó por escrito a la Argentina y a los beneficiarios del fallo, los fondos Burford y Eton Park, que definirá hoy sobre el pedido del Gobierno y, por ende, las posibles sanciones al país por incumplimiento- mientras se sustenta la apelación. Preska además les dio a las partes “tres días adicionales” para ir a la Corte de Apelaciones, algo que la Argentina hizo el jueves pasado, al adelantarse a lo que esperan sea un fallo adverso de Preska.

“El lunes era la fecha tope para que el país depositara los papeles de YPF en custodia en un banco de Nueva York y Preska no va a definir si cancela o revierte la orden que dio el 30 de junio. Sí decidirá si suspende o no la entrega de las acciones mientras la Argentina apela", aclaró Sebastian Maril, de Latam Advisors.

Y agregó: “Si la suspende, los beneficiarios del fallo no podrán ejecutar la sentencia mientras la Argentina apela”, explicó el analista, quien sigue al detalle los juicios contra el país en el exterior.

El Gobierno busca evitar que se materialice la entrega de las acciones de YPF, algo que según los abogados del Estado implicaría una pérdida definitiva de control sobre la compañía. La defensa resaltó que la ley argentina de expropiación de 2012 exige una mayoría de dos tercios en el Congreso para cualquier cesión de la participación estatal en la petrolera.

Para el oficialismo, permitir el traspaso forzoso vulneraría la soberanía nacional y sentaría un precedente jurídico peligroso. El Ministerio de Economía advirtió sobre el impacto que podría tener en las finanzas públicas la pérdida de un activo estratégico en medio de las negociaciones por la deuda y el ajuste fiscal.

El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, se mantuvieron al tanto de las novedades del expediente. En las últimas semanas, Caputo y su equipo revisaron los términos de la apelación y coordinaron con la Procuración del Tesoro para reforzar la estrategia judicial.

En el plano legal, la defensa argentina sostiene que la orden de Preska viola la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y representa un ejercicio indebido de jurisdicción extraterritorial. Los abogados remarcaron que obligar al Estado a entregar las acciones implicaría forzarlo a incumplir sus propias leyes o a cambiar la normativa vigente.

El Gobierno también alertó que la transferencia accionaria provocaría un “daño irreparable” debido a que los fondos litigantes planean vender los títulos apenas los reciban. Según la estrategia oficial, esto imposibilitaría revertir la situación aunque la apelación prosperara en la instancia superior.

Expectativa del mercado

En el mercado local, la causa se siguió de cerca por el impacto potencial en el valor de YPF, la percepción de riesgo país y el acceso a financiamiento externo. La expectativa sobre el resultado de este lunes marcó la agenda de consultoras, bancos y fondos en los últimos días, que evalúan escenarios de resolución para el conflicto.

La administración nacional se prepara para sostener la apelación en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. Incluso, anticipó la posibilidad de llegar a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos si la situación lo requiere. Para los estrategas legales del oficialismo, extender los plazos es clave para preservar margen de negociación.

La sesión del lunes en Nueva York se espera como un paso técnico pero decisivo. El otorgamiento del “stay” representaría un alivio parcial para el Gobierno, al frenar la cesión de las acciones hasta que el tribunal de alzada resuelva la apelación. En cambio, un rechazo implicaría quedar expuesto a medidas de embargo o ejecución inminente.

El proceso judicial no involucra directamente a YPF como demandada en esta instancia. La propia Preska retiró a la compañía como parte principal del juicio, centrando las presuntas responsabilidades en el Estado nacional. El presidente de la petrolera, Horacio Marín, remarcó que su rol es exclusivamente técnico y que la conducción de la defensa corresponde al Gobierno.

Marín declaró que YPF no tiene participación en el expediente ni en las negociaciones judiciales en Nueva York, y explicó que la empresa no forma parte de la estrategia procesal ni del equipo legal que elabora las presentaciones.

En las discusiones previas, los acreedores del fallo, encabezados por Burford y Eton Park, exigieron la entrega inmediata de las acciones. Argumentaron que la demora en la ejecución menoscaba sus derechos como titulares de la sentencia, cuyo monto asciende a más de US$17.000 millones incluyendo intereses.

El origen de la controversia

El origen de la controversia se remonta a la expropiación de 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner decidió nacionalizar la participación de Repsol en YPF. Aunque se firmó un acuerdo con la empresa española, otros accionistas minoritarios no recibieron el mismo tratamiento, motivo que desató la demanda internacional.

El juicio se tramitó en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde Preska dictó sentencia contra la Argentina en septiembre de 2023. Esa condena reconoció la validez del reclamo de los fondos que habían comprado los derechos de litigar del grupo Petersen, antiguo accionista de YPF.

Desde entonces, el Gobierno argentino intentó sin éxito anular o reducir la obligación de pago, mientras se consolidaba la presión de los acreedores para ejecutar activos públicos. La apelación al Segundo Circuito busca revertir la condena o al menos frenar su implementación inmediata.

Después de casi tres años de proceso legal, el conflicto judicial entre Sasha Sokol y el productor Luis de Llano llegó a su punto final. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el último recurso legal del productor y confirmó la sentencia emitida en su contra desde 2023. Con esta decisión, el caso quedó cerrado en términos legales y las medidas ordenadas por los tribunales deberán cumplirse en su totalidad.

La demanda por daño moral presentada por Sokol se originó luego de que, en marzo de 2022, ella publicara un mensaje en redes sociales en el que relataba que tuvo una relación con De Llano cuando tenía 14 años y él 39. El productor confirmó la relación en una entrevista pública, aunque la describió como consensuada. Sokol negó esa versión y poco después anunció que llevaría el caso a instancias legales.

Un juez civil determinó en 2023 que sí existió daño moral, al concluir que hubo un abuso de poder por parte del productor, dado que la cantante era menor de edad en ese momento y él ocupaba una posición de autoridad en su entorno profesional. La sentencia fue apelada, pero tanto el Tribunal Superior de Justicia como la SCJN ratificaron la resolución.

¿Con qué deberá cumplir Luis de Llano?

A partir de este fallo, De Llano deberá cumplir con una serie de medidas establecidas por el tribunal. Una de ellas es emitir una disculpa pública dirigida a Sasha Sokol. Esta disculpa debe publicarse en los mismos medios en los que el productor hizo declaraciones sobre ella, y debe contener un reconocimiento claro del daño causado y de su responsabilidad.

Otra medida impuesta es la eliminación del video de la entrevista publicada en marzo de 2022 en el canal de YouTube de Yordi Rosado, donde el productor habló sobre su relación con Sokol. El tribunal ordenó que el productor realice las gestiones necesarias para que ese contenido sea retirado de la plataforma.

Además, De Llano no podrá hacer nuevas menciones públicas sobre Sasha Sokol. Esta restricción aplica a cualquier medio de comunicación, red social o espacio público, con el objetivo de evitar que se repitan situaciones que puedan afectar a la denunciante.

También deberá asistir a un curso especializado en prevención del abuso sexual, con énfasis en el trato con menores de edad. Esta medida forma parte de un enfoque integral de reparación y prevención, de acuerdo con la resolución judicial.

Finalmente, el productor está obligado a cubrir una indemnización económica por daño moral. Aunque el monto exacto no ha sido divulgado públicamente, la afectada ya señaló que lo donará a organizaciones que apoyan a víctimas de violencia sexual.

Este conjunto de medidas forma parte de una sentencia firme e inapelable. De Llano no tiene ya instancias legales a las cuales recurrir, por lo que debe dar cumplimiento a lo establecido. El caso concluye así en lo jurídico, pero su impacto podría extenderse a otras áreas, incluyendo la forma en que se abordan casos similares en el futuro.

Weinstein (73 años), sin embargo, fue absuelto de otro cargo del mismo tipo por el jurado en el Tribunal Supremo de Nueva York y este jueves, después de que el presidente del panel reportara amenazas físicas en su contra, el juez encargado Curtis Farber anuló el juicio relativo a un cargo restante de violación en tercer grado.

El delito de agresión sexual en primer grado por el que fue hallado culpable responde a la demanda de la antigua asistenta de producción, Miriam Haley, que acusó al productor de 'Pulp Fiction' de haberle practicado sexo oral a la fuerza en 2006.

"Weinstein va a presentar una apelación por ese veredicto (el de Haley). Tenemos plena confianza en que prosperará. Contamos con pruebas contundentes de que el jurado no procedió adecuadamente en este juicio, pruebas contundentes no solo basándonos en lo que vimos en la sala", afirmó el abogado principal del afamado productor, Arthur Aidala, en una rueda de prensa a las puertas del tribunal.

El cofundador del estudio Miramax, que fue sentenciado a 23 años de cárcel hace un lustro en la misma corte y luego aquella condena fue revocada debido a un error procesal, ya cumple seis años por el caso Haley.

Y es que Miriam Haley era una de los denunciantes que también figuraba en el caso original en Nueva York.

Aidala añadió al respecto que esos seis años se descontarían de la próxima condena que afrontará Weinstein, que sobre el papel conllevaría un máximo de 25 años de cárcel.

"Nadie ha oído hablar de un jurado tan intimidado como este. Un hombre adulto, en buena forma física, de unos 30 años, dice: 'Me da miedo volver a la deliberación'. Si eso no pone en duda los veredictos, no sé qué lo haría. Esto no ha terminado", concluyó el polémico abogado de Weinstein, quien volvió a referirse a su defendido como "chivo expiatorio" del movimiento #MeToo. EFE

(foto)(video)

Un tribunal federal estadounidense ha decidido que sigan aplicándose los aranceles anunciados por Donald Trump en el llamado 'Día de la Liberación' hasta que se resuelva la apelación sobre la decisión del Tribunal de Comercio Internacional (CIT) que ordenaba suspender dichos gravámenes.

En su decisión, el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de Estados Unidos afirma que ambas partes han presentado argumentos sustanciales sobre el fondo y, tras considerar los factores tradicionales de suspensión, ha llegado a la conclusión de que la suspensión "está justificada" dadas las circunstancias.

Asimismo, el tribunal también ha concluido que estos casos presentan cuestiones de "excepcional importancia" que justifican una consideración acelerada en pleno del fondo del asunto en primera instancia.

En este sentido, insta a la partes a presentar conjuntamente una propuesta de calendario de alegatos acelerados dentro de los dos días hábiles siguientes a su decisión, con el objetivo de que el tribunal celebre los alegatos orales el próximo 31 de julio.

El pasado 29 de mayo, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos decidió acceder a la suspensión temporal de la sentencia del CIT que declaraba ilegales la mayor parte de los aranceles globales anunciados por Donald Trump, al considerar que este se extralimitó en sus funciones.

A través de su cuenta en la red social X, Pizarro rechazó las declaraciones del congresista conservador y lo acusó de vulnerar sus derechos al ignorar un fallo judicial vigente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Es falso que mi apelación sobre la votación de la consulta popular haya sido resuelta”, escribió la senadora.

El pronunciamiento estuvo acompañado por un video en el que Pizarro amplió su denuncia y cuestionó directamente el proceder del presidente del Congreso. En su intervención audiovisual, hizo un llamado al respeto por el Estado de derecho y acusó a Cepeda de bloquear el debate democrático al desestimar la decisión judicial.

“Como senadora y precandidata presidencial por el Pacto Histórico, invito al presidente del Senado, Efraín Cepeda, a respetar la decisión de la jueza de tutela que garantiza mis derechos y los del pueblo colombiano para que el debate sobre la consulta popular se dé con libertad y respeto de todas las partes. Es falso que mi apelación haya sido resuelta. Al ignorarla, el presidente del Senado impidió un debate limpio, abierto y democrático”, reiteró.

Denuncia por vulneración de derechos

En su mensaje, Pizarro también señaló que la decisión del presidente del Senado constituye un acto de autoritarismo al atribuirse funciones que le corresponden a la plenaria del Congreso. Para la senadora, esta situación es un ejemplo de cómo se bloquea el debate democrático en Colombia.

“Cepeda, su intento de evadir el cumplimiento del fallo judicial constituye una nueva vulneración a mis derechos y al debido proceso. Las leyes y la misma Constitución no deben usarse ni bloquearse para bloquear la democracia. Es más, mientras la oposición y la derecha sigan desconociendo la presión social que busca una mayor igualdad de oportunidades, el país seguirá en conflicto”, sentenció.

Pizarro finalizó su intervención reiterando el compromiso del Pacto Histórico con los mecanismos democráticos como vía legítima para resolver las tensiones políticas, e insistió en que su apelación debe ser atendida con las garantías procesales correspondientes.

“Es usando los mecanismos de la democracia como se tramitan y se resuelven, de nuestro lado, siempre con la gente”, concluyó.

La sesión del pasado 20 de mayo se ha convertido en el epicentro del debate legislativo. Ese día, la propuesta impulsada por el Gobierno fue sometida a votación en el Senado y no obtuvo el respaldo suficiente, lo que fue interpretado como un rechazo definitivo y provocó el cierre formal del trámite. Sin embargo, desde el Pacto Histórico se insiste en que el proceso estuvo viciado y que no se respetaron todas las etapas reglamentarias.

Uno de los puntos más controversiales fue la apelación presentada por la senadora María José Pizarro, que intentó revertir la decisión de la mesa directiva de bloquear el debate de una proposición presentada por su colega Isabel Zuleta. Esta última solicitaba reabrir la discusión antes de la votación definitiva. Aunque el Senado registra que la apelación fue puesta a consideración del pleno, Pizarro sostiene que esta fue rechazada sin que se cumpliera el debido procedimiento.

Algunos congresistas consideran que el archivo de la iniciativa se ajustó a la legalidad y que no hay lugar para reclamos. Otros, como Pizarro, argumentan que la decisión fue apresurada y careció de garantías mínimas, dado que no se permitió debatir las apelaciones ni revisar su contenido antes de votar.

La senadora ha reiterado que cualquier procedimiento parlamentario debe respetar el reglamento interno, incluyendo el análisis de recursos como las apelaciones. En su opinión, la omisión de estos pasos compromete la legitimidad de la votación que enterró la propuesta del Gobierno.

Telecom informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la Cámara Civil y Comercial Federal resolvió conceder con efecto suspensivo la apelación que hizo la compañía contra la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio que suspendió de manera preventiva la adquisición de Telefónica.

El fallo también ordenó a la Secretaría que conduce Esteban Marzorati abstenerse de cualquier medida que fuera contraria al efecto suspensivo con que se concedió el recurso difundido. Voceros de Telecom no quisieron hacer declaraciones ante las respectivas consultas de Infobae y en Comercio no respondieron de inmediato a este medio.

La resolución de Industria y Comercio ordenó a Telecom que, por el término de seis meses o hasta que la Autoridad de Aplicación de la Ley 27.442 se expidiera —lo que ocurriera primero—, “se abstuviera de realizar cualquier tipo de acto jurídico, societario y/o comercial que implicara directa o indirectamente la integración o consolidación con Telefónica”. La adquisición se comunicó a finales de febrero.

“Al respecto informamos que en el día de hoy la Sociedad fue notificada de la resolución de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal que resolvió: 1) conceder con efecto suspensivo la apelación de Telecom Argentina contra la Resolución y contra la Nota del 27/03/2025 del Secretario de Industria y Comercio mediante la cual encomendó a la doctora María Teresa Pintos la función de agente de monitoreo de dicha Resolución; y 2) ordenar al Secretario de Industria y Comercio que se abstenga de disponer cualquier medida que sea contraria al efecto suspensivo con que se concede el recurso”, informó Telecom a la CNV.

En su resolución original, la Secretaría había justificado la decisión de suspender preventivamente la operación por considerar que existían “elementos que podrían configurar una concentración económica que no contaba con la debida autorización conforme la Ley 27.442”, y argumentó que esa medida buscaba preservar el interés económico general y la competencia hasta que se emitiera una decisión de fondo.

La venta de Telefónica Argentina por parte de su casa matriz en España se conoció el 24 de febrero, cuando la compañía anunció que había cerrado un acuerdo para transferir la totalidad de sus operaciones en Argentina al Grupo Telecom. La operación incluyó servicios móviles, de internet y telefonía fija, y marcó un cambio significativo en el panorama de las telecomunicaciones en el país.

Según la comunicación de entonces, la compra incluyó los activos y la base de clientes de Telefónica Movistar Argentina, y representó un movimiento estratégico de Telecom para consolidar su posición en el mercado. Sin embargo, la operación generó preocupación en el ámbito regulatorio y político, por el posible impacto sobre la competencia en un sector altamente concentrado.

Tras el anuncio de la compra, el Gobierno reaccionó rápidamente. El 21 de marzo, la Secretaría de Industria y Comercio informó que se suspendía preventivamente la operación y designó a María Teresa Pintos como agente de monitoreo para verificar el cumplimiento de la medida. Esa decisión motivó la apelación por parte de Telecom, que cuestionó tanto la validez de la suspensión como la designación de la agente de monitoreo.

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal evaluó los argumentos presentados y consideró procedente la apelación en los términos solicitados por la empresa. La medida concedió efecto suspensivo, lo que implica que Telecom no se encuentra obligada a cumplir con las restricciones impuestas mientras se sustancia el recurso.

El fallo judicial marcó un nuevo capítulo en el proceso de adquisición de Telefónica Argentina, y tendrá implicancias directas sobre la continuidad de la integración operativa entre ambas compañías. La resolución también impacta sobre la capacidad de intervención de la Secretaría de Industria y Comercio mientras la causa siga su curso.

Por el momento, la operación de compra sigue sujeta a análisis por parte de la Autoridad de Aplicación, pero la Justicia determinó que no pueden implementarse medidas restrictivas hasta tanto exista una resolución definitiva.

La Audiencia Provincial de León ha desestimado el recurso de apelación presentado por Justiniano, quien buscaba modificar las medidas establecidas en una sentencia de divorcio de 2019. La decisión, emitida el 17 de febrero de 2025, mantiene la pensión alimenticia para su hija Felisa, de 19 años, y ratifica el uso de la vivienda familiar por parte de su exesposa e hijas.

El caso se originó en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Ponferrada, donde se dictó una sentencia en abril de 2024 que extinguía la pensión de alimentos para Micaela, la hija mayor, debido a su incorporación al mercado laboral. Sin embargo, se mantuvo la pensión para Felisa, incluyendo los gastos de matrícula universitaria y libros como ordinarios, y los de residencia universitaria como extraordinarios.

El tribunal rechaza los argumentos de Justiniano

La Audiencia Provincial de León ha desestimado el recurso de apelación presentado por un padre que solicitaba reducir y limitar temporalmente la pensión de alimentos de su hija universitaria de 19 años, así como modificar el uso de la vivienda familiar. El tribunal ha rechazado los argumentos del padre, quien pedía reducir la pensión de alimentos, alegando falta de relación con su hija y disminución de su capacidad económica. Así, la sentencia mantiene la pensión establecida en el convenio regulador de divorcio de 2019, que fijaba 200 euros mensuales para la hija menor. “No puede valorarse la falta de apego como limitativo de la pensión pues las dificultades en la relación padre e hija se produjeron siendo menor”, señala la resolución judicial. El tribunal considera que “el actor no ha solventado el distanciamiento con su hija cuando ésta era menor y era exigible que velara por su bienestar emocional”.

Respecto a la supuesta pérdida de poder adquisitivo, la Audiencia destaca que “la extinción de los alimentos de la hija mayor implica que el padre cuente con mayores ingresos”, por lo que no aprecia cambios en las circunstancias económicas consideradas al fijar la cuantía inicial.

La sentencia también mantiene la calificación de los gastos de residencia universitaria como extraordinarios, que deberán ser abonados al 50% por ambos progenitores. Esta decisión se basa en que el convenio regulador ya establecía este mismo criterio para la hija mayor cuando estudiaba.

Sobre el uso de la vivienda familiar, el tribunal rechaza establecer un límite temporal como solicitaba el padre. Justiniano solicitó que se limitara hasta la liquidación de la sociedad de gananciales. No obstante, la sentencia confirmó que el uso de la vivienda por parte de la exesposa e hijas se mantendría hasta que estas alcanzaran la independencia económica, tal como se estipuló en el convenio regulador.

La resolución recuerda que “en el convenio se adjudica el uso del domicilio familiar a la esposa y dos hijas hasta que estas sean económicamente independientes” y no se han acreditado cambios que justifiquen modificar este acuerdo. La Sección Primera de la Audiencia Provincial leonesa, presidida por Ana del Ser López, ha confirmado así íntegramente la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado número 2 de Ponferrada.

El colegiado del encuentro, Ricardo de Burgos Bengoetxea, reflejó en el acta de la final que Rüdiger "fue expulsado por lanzar un objeto desde el área técnica", un hielo, que no llegó a alcanzarlo. Y añadió que el jugador madridista tuvo "que ser sujetado por varios miembros del cuerpo técnico, mostrando una actitud agresiva".

El 29 de abril el juez disciplinario único de la RFEF impuso seis partidos al jugador alemán, en aplicación del artículo 101 del Código Disciplinario, por "producirse con violencia leve hacia los/as árbitros/as", que abarca un castigo de entre cuatro a doce partidos.

El juez desestimó entonces las alegaciones del Real Madrid en defensa de su jugador, por arrepentimiento espontáneo de éste, quien pidió perdón en redes sociales. EE

omb-omm/jpd

Nueva York, 29 ene (EFE).- El nuevo juicio contra el productor de cine Harvey Weinstein por delitos sexuales comenzará el 15 de abril, según dictó este miércoles el juez Curtis Farber de Nueva York en una audiencia en la que el acusado pidió adelantar la fecha debido al agravamiento de su estado de salud en la cárcel.

En 2020, Weinstein fue condenado a 23 años de prisión en Nueva York por violación y agresión sexual tras un juicio histórico para el movimiento contra los abusos sexuales #MeToo, pero en abril de 2024 el exproductor ganó una apelación para anularlo argumentando errores procesales, tras lo cual se ordenó un nuevo juicio.

El pasado septiembre, la Fiscalía de Manhattan acusó a Weinstein de un nuevo delito sexual contra una mujer supuestamente cometido en 2006 y el juez Farber accedió a sumar esa acusación a las del juicio por el caso original que fue anulado, en lugar de establecer dos procesos separados.

Según NBC, en la audiencia de hoy el juez Farber rechazó una moción de la defensa de Weinstein para desestimar nueva imputación de septiembre y decidió que el juicio comience el 15 de abril, pero no cerró la puerta a adelantar la fecha tras escuchar las súplicas del productor, que sugirió que podría morir pronto.

"No voy a estar ahí en abril. No puedo esperar a mañana. No puedo aguantar más. Estoy aguantando porque quiero justicia, quiero que esto se acabe", imploró Weinstein, de 72 años, que fue trasladado a la corte en silla de ruedas como en otras ocasiones, recoge ese medio.

El pasado octubre, trascendió que Weinstein está recibiendo tratamiento por un cáncer de médula ósea en la cárcel de Rikers en Nueva York, donde cumple otra condena de 16 años por delitos sexuales cometidos en California, y sus abogados han denunciado repetidamente las malas condiciones en las que vive.

En diciembre, fue trasladado a un hospital para una cirugía cardíaca de emergencia.

El juez Farber indicó que intentará adelantar una semana el nuevo juicio contra Weinstein, pero primero debe lograr un acuerdo con las partes de otro proceso que entra en conflicto con esas fechas.

El productor de 'Pulp Fiction' se ha declarado no culpable del nuevo delito del que se le acusó en septiembre, igual que de las acusaciones previas por las que fue juzgado en 2020. EFE

Copenhague, 29 ene (EFE).- Un tribunal de apelación de Oslo rechazó este miércoles el recurso del ultraderechista Anders Behring Breivik, autor de la masacre de Utøya en 2011, en su demanda contra el Estado noruego por el régimen de aislamiento penitenciario al que está sometido que había perdido en primera instancia.

La sentencia unánime no considera que las medidas de seguridad a las que está sometido el ultra noruego sobrepasen lo necesario ni que constituyan una violación de los derechos humanos, como argumentaba la defensa.

Pero admite que hay un riesgo de que el reo sufra algún daño a largo plazo y de que se retrase su hipotética rehabilitación.

"El tribunal hace hincapié en el riesgo de seguridad que sigue representando y en que las autoridades penitenciarias han introducido medidas para compensar las duras condiciones del cumplimiento de la pena", consta en un comunicado.

Durante el juicio, celebrado en diciembre pasado, la defensa de Breivik denunció que vive en un mundo "cerrado" y que lo mantienen medicado con pastillas para que no se deprima.

Es la segunda vez que Breivik denuncia al Estado por su régimen penitenciario en el último lustro.

El fallo inicial admitió entonces violaciones de los derechos humanos, pero fue revocado luego por una corte de apelación y, en última instancia, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Breivik también ha perdido dos casos en los últimos dos años en los que pedía la libertad provisional -la última vez, en noviembre, aunque la sentencia está recurrida-, que puede solicitar de forma periódica al cumplirse diez años de su condena.

El ultraderechista fue sentenciado en 2012 a 21 años de prisión, castigo máximo fijado entonces por las leyes noruegas y que puede equivaler a una cadena perpetua, ya que se puede prorrogar de forma ilimitada.

Breivik colocó una furgoneta-bomba en el complejo gubernamental de Oslo el 22 de julio de 2011, que mató a ocho personas.

A continuación se desplazó a la isla de Utøya, escenario del campamento anual de las Juventudes Laboristas, donde ejecutó durante algo más de una hora a decenas de personas que consideraba defensores del multiculturalismo y una amenaza para Noruega.

En sus últimas comparecencias ante los tribunales ha pedido perdón por los atentados y asegurado que ya no es violento, aunque defiende las mismas ideas. EFE

Guillermo Francisco Reyes González emitió un comunicado en respuesta a la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que anuló su elección como embajador de Colombia en Suecia. En el documento, Reyes manifestó su respeto por el Estado de derecho, pero dejó claro que no comparte la decisión tomada por el tribunal y que apelará la sentencia.

El tribunal resolvió anular la elección de Reyes, argumentando que este, “se postuló y fue nombrado para el cargo sin acreditar, previo a la expedición del acto de nombramiento, el segundo idioma ni la experiencia relacionada, requisitos de conocimientos básicos y de experiencia que debían satisfacerse por orden legal”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ante esta resolución, Reyes afirmó que, aunque acata la decisión, interpondrá un recurso de apelación dentro del término legal. “(...) dado el carácter suspensivo del citado recurso, seguiré al frente de mis responsabilidades como Embajador ante el Reino de Suecia, representando a mi país y al gobierno del Cambio’”, indicó en su comunicado.

Uno de los puntos clave que se cuestionó en la resolución del tribunal fue la experiencia profesional del embajador. Según el fallo, se acreditaron menos de cuatro años de experiencia relacionada. Sin embargo, Reyes defendió su vasta trayectoria, que según mencionó incluye 35 años de experiencia profesional.

Estos cargos incluyen 9 años como Magistrado Auxiliar de la Corte Constitucional, 4 años como Magistrado del Consejo Nacional Electoral, 2 años como diplomático ante las Naciones Unidas, y 11 meses como Ministro de Transporte, entre otros. Asimismo, destacó su experiencia como profesor y consultor durante más de 30 años.

Sobre el cuestionamiento del tribunal acerca de su dominio del idioma inglés, Reyes también aclaró que presentó, antes de su posesión como embajador, un certificado del Colegio San Carlos de Bogotá que acreditaba su dominio del inglés. “El tribunal ignoró todo esto, que espero el Consejo de Estado haga valer mis derechos y lo que ha sido mi vida profesional y académica”, agregó.

Finalmente, Reyes reiteró su compromiso con el cargo y con el Gobierno del Cambio, asegurando: “Seguiré al frente de la Embajada mientras no quede ejecutoriada la sentencia que defina el recurso de apelación, con lealtad, gratitud, compromiso y consagración, como he venido ejerciendo los cargos que el presidente Gustavo Petro me ha encomendado”.

También adjuntó la certificación de conocimiento y dominio del idioma inglés, en respaldo de su preparación académica.

Guillermo Francisco Reyes González, queasumió el cargo de embajador de Colombia en Suecia en noviembre de 2023, ha sido una figura prominente en el ámbito jurídico y diplomático. Es doctor en Filosofía del Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y abogado de la Universidad del Rosario, además de ser autor de 13 libros sobre derecho constitucional y participación ciudadana. Sin embargo, el fallo fue dictado bajo la ponencia del magistrado Fabio Iván Afanador García, subrayó que, aunque el cargo de embajador es de libre nombramiento y remoción, existe la obligación de cumplir con los requisitos mínimos establecidos por la Constitución, el Decreto Ley 274 de 2000 y la Resolución 1580 de 2015.

La decisión del Tribunal fue confirmada por la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo), que había impulsado una de las demandas que llevaron a la nulidad del nombramiento. Asodiplo celebró el fallo, destacando que “la sentencia constituye un reconocimiento a los principios de mérito, especialidad e idoneidad, fundamentales para el acceso a los cargos públicos y para la profesionalización del servicio exterior colombiano”.

Además, la asociación reafirmó su compromiso de trabajar por el fortalecimiento de la Carrera Diplomática y Consular, defendiendo la excelencia en el ejercicio del servicio público exterior y en beneficio de los ciudadanos y el Estado colombiano.

El ex primer ministro de Pakistán Imran Jan ha presentado este lunes una apelación a catorce años dictada contra él el 17 de enero en el marco de uno de los casos de corrupción abiertos después de su salida del poder en 2023 después de ser cesado por el Parlamento.

La apelación, presentada por sus abogados, busca refutar los argumentos y las pruebas presentadas por la Fiscalía en el marco del caso, que se saldó además con una sentencia de siete años de prisión contra su esposa, Bushra Bibi, quien también ha apelado el fallo.

Así, la apelación arguye que la condena fue resultado de una persecución política "orquestada por sus rivales", que "usaron a la Fiscalía Anticorrupción como una herramienta", en el marco de los "280 casos políticamente motivados" abiertos contra Jan, según ha recogido la cadena de televisión paquistaní Geo TV.

El juez Nasir Yaved Rana afirmó durante la lectura del veredicto que la condena contra Jan deriva de "prácticas corruptas" y "abuso de autoridad", mientras que Bibi fue condenada por "participación en actividades ilegales". Además, impuso contra ambos el pago de multas por valor de un millón y medio millón de rupias (cerca de 3.490 y unos 1.745 euros, respectivamente).

En respuesta, Omar Ayub, líder del partido Pakistan Tehrek-e-Insaf (PTI) de Jan ante el Parlamento, rechazó el veredicto y adelantó que la formación presentaría una apelación. Por su parte, el ex primer ministro expresó su respeto a la decisión y dijo que permanecería encarcelado el tiempo que fuera necesario, según desveló su abogado, Faisal Chaudhri.

El caso por el que fue condenado Jan deriva de las acusaciones contra el antiguo dirigente y Bibi sobre la supuesta obtención de miles de millones de rupias y diversos terrenos de parte de una empresa a cambio de la legalización de unos fondos devueltos al país por Reino Unido durante su Ejecutivo.

Jan fue encarcelado en agosto de 2023 y hace frente a una batería de casos en los tribunales, acusaciones que tilda como "motivadas políticamente". El político fue absuelto en 2024 en dos de estos casos, si bien fue imputado en otro, también por presunta corrupción durante su mandato.

Melilla, 21 ene (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha reducido una condena a prisión de 5 años a otra de 7 meses y 15 días a dos trabajadores de una empresa transportista por facilitar que un migrante marroquí llegara de forma irregular a Málaga desde Melilla en barco, al considerar que su vida no corrió peligro.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, se refiere a unos hechos ocurridos en la madrugada del 4 de enero de 2021, cuando el buque salió de Melilla rumbo a Málaga con un migrante escondido en el interior de un semirremolque frigorífico, para lo que recibió ayuda de dos trabajadores de una empresa transportista.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga con sede permanente en Melilla consideró probado que ambos trabajadores facilitaron la ocultación del migrante, que había entrado de forma irregular en la ciudad autónoma y carecía de autorización para viajar a la península.

Según la Audiencia Provincial, los acusados actuaron pese a saber que el semirremolque en el que viajaría el migrante se cierra herméticamente desde fuera, sin posibilidad de que éste pudiese abrirlo sin ayuda exterior y sin que fuera seguro que pudiera tener oxígeno suficiente durante todo el trayecto, que duró una diez horas, hasta el momento de ser liberado del encierro.

Ambos fueron condenados como autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros a 5 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de costas, si bien presentaron un recurso de apelación que ha sido parcialmente estimado.

El TSJA considera que durante la travesía entre los puertos de Melilla y Málaga, la vida del migrante no corrió peligro porque contaba con una provisión de oxígeno vital, dadas las dimensiones del semirremolque frigorífico donde viajaba que, además, tenía una rendija o hendidura por la que se percibía la luz exterior y permitía la renovación del oxígeno.

El migrante, que también portaba un teléfono móvil para sortear cualquier imprevisto que pudiera darse durante la travesía, salió al exterior por su propio pie sin sufrir ningún desvanecimiento tras ser sorprendido por la Guardia Civil en el puerto de Málaga.

De esta manera, atiende el recurso de los dos condenados y reduce la condena a la pena de 7 meses y 15 días de prisión, con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y declara de oficio las costas. EFE

Javier Otazu

Nueva York, 10 ene (EFE).- El presidente electo Donald Trump fue sentenciado hoy a una condena de "libertad incondicional" que no lleva aparejada cárcel ni multa pero que es altamente simbólica por ser esta la primera vez en que llega a la Casa Blanca un delincuente convicto y por producirse solo diez días antes de su investidura para un segundo mandato presidencial.

El juez Juan Merchan sentenció así a Trump en una audiencia a la que permitió al condenado asistir por videoconferencia y que hará historia, pese a que Trump no pisará la cárcel ni tendrá ninguna otra obligación para con el tribunal, en forma de multa o de personación ante la corte con alguna periodicidad.

Y aunque el republicano reaccionó a los pocos minutos en un post de su red Truth Social calificando la sentencia de una "derrota" de la supuesta "caza de brujas de los radicales demócratas", también dijo que su equipo legal apelará la sentencia.

El juez dijo en sus consideraciones previas que el caso pudo parecer extraordinario pero fue "ordinario" y similar a otros muchos en la selección del jurado o la consideración de las pruebas inculpatorias, y que él, en ningún caso, podía "borrar el veredicto del jurado".

En mayo de 2024, un jurado declaró culpable a Trump de 34 delitos de falsificación de registros comerciales para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels antes de las elecciones de noviembre del 2016, que ganó, y evitar que saliera a la luz durante la campaña una supuesta aventura extramarital.

En su turno de palabra hoy viernes ante el tribunal, Trump, vestido con traje azul y una corbata roja a rayas, se negó a devolver el saludo al juez y dijo que este proceso había supuesto para él "una experiencia horrible" antes de reiterar: "Soy completamente inocente, no hice nada incorrecto", según el audio que la sala proveyó posteriormente.

Los abogados de Trump han intentado por todos los medios que se desestime el caso, al que Trump se ha referido como una "caza de brujas" y en el que ha acusado al juez y la Fiscalía de ejecutar una persecución política contra él e incluso de interferencia electoral.

Uno de los argumentos más repetidos en sus distintos recursos ante cortes estatales o federales e incluso ante el Supremo es que Trump estaba cubierto por la inmunidad presidencial como "presidente electo" pese a que no haya sido todavía investido en la fecha del fallo, pero todos esos recursos de cientos de páginas han sido desestimados uno tras otro.

El último cartucho del equipo legal de Trump era el Tribunal Supremo, que ayer decidió in extremis y por una exigua mayoria de 5 a 4 jueces (incluidos dos republicanos supuestamente proclives a Trump) que la sentencia debía seguir adelante.

Al poco de conocerse la sentencia, Donald Trump equiparó su condena penal a una derrota de la supuesta "caza de brujas" a la que dice estar sometido por parte del Partido Demócrata.

"Los demócratas radicales han perdido otra patética caza de brujas americana, después de gastar decenas de millones de dólares y pasar seis años de trabajo obsesivo", escribió en Truth Social al poco de conocerse el fallo del juez Juan Merchan, y subrayó que "el verdadero jurado, el pueblo americano, "ha hablado y me ha dado un mandato abrumador" en las pasadas elecciones.

Pese a esas palabras, aseguró que piensa apelar el fallo de "esta burla despreciable" y así "restablecer la confianza de los americanos en el que una vez fue nuestro gran sistema de justicia".

En su post, Trump consideró que el fallo de Merchan "prueba por sí solo que NO HAY CASO, NUNCA LO HUBO" porque "fue un caso sin delito, sin daños, sin pruebas, sin hechos, sin ley, solo un juez conflictivo, un testigo estrella que es una desgracia y ha sido degradado como abogado (en referencia a su exsecretario Michael Cohen) y una interferencia electoral criminal". EFE

(foto)(vídeo)

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido condenado este viernes a "libertad incondicional" por un tribunal de Nueva York en una decisión que no implica ni multa, ni cárcel, ni tipo de castigo alguno más allá de la condena inicial por el caso de soborno a la exactriz porno Stephanie Clifford, conocida como 'Stormy Daniels'.

Trump, que ha vuelto a denunciar el proceso como una "charada" y declarado su intención de apelar esta sentencia, fue condenado en abril por un total de 34 cargos, cuando aún no estaba siquiera confirmado como candidato oficial a la Casa Blanca. El juez le responsabilizó de falsificación documental para ocultar un pago de 130.000 dólares a 'Stormy Daniels', a la que pagó para que no hablase de una supuesta relación extramatrimonial.

El presidente electo, que se ha pasado meses denunciando el caso como una persecución política, no ha estado presente en el tribunal de Nueva York y ha escuchado la sentencia por videoconferencia desde su residencia de Mar-a-Lago (Florida).

En su declaración final antes de escuchar la sentencia, Trump ha declarado que todo este caso "ha representado un paso atrás para Nueva York y su sistema judicial" e insistido en que lo ocurrido "ha sido una caza de brujas política", concebida para dañar su "reputación".

DISTINCIÓN ENTRE EL CARGO Y EL OCUPANTE

El juez instructor Juan Merchan ha querido recalcar, antes de leer la sentencia, que Trump ha salido beneficiado de las protecciones legales que acompañan a la figura del presidente de Estados Unidos, el factor crucial que ha condicionado sus deliberaciones, antes de separar a la persona del cargo.

"Lo extraordinario son las protecciones legales que acompañan al cargo del presidente de Estados Unidos, no a quien lo desempeña", ha manifestado el juez, quien ha avisado a Trump de que su puesto no va "a borrar el veredicto del jurado" que condenó al mandatario electo en su momento.

"Los ciudadanos normales y corrientes no reciben esta clase de protección. Es el cargo quien se la concede a su ocupante y la ciudadanía de esta nación ha decidido recientemente que usted, una vez más, debe beneficiarse de ellas", ha zanjado el magistrado en referencia a casos previos en los que Trump ha resultado exonerado por su inmunidad presidencial, como el de su presunta implicación en el ataque de sus simpatizantes al Capitolio en enero de 2021.

Sea como fuere, la sentencia no afecta en absoluto al hecho de que Donald Trump fue condenado como culpable por el caso 'Stormy Daniels' y el magnate estadounidense se convertirá, dentro de diez días, en el primer presidente de Estados Unidos con un veredicto judicial de culpabilidad a sus espaldas.

TRUMP ANUNCIA QUE APELARÁ LA SENTENCIA

A los pocos minutos de escuchar la sentencia, Trump ha desatado en su red social Truth Social una nueva declaración de repulsa contra todo el procedimiento y anunciado su intención de apelar la decisión del magistrado, culminación de un proceso que ha constituido a su entender una nueva derrota de la oposición del Partido Demócrata, una "estafa" y una "despreciable charada".

"Los demócratas radicales han perdido otra patética y antiamericana caza de brujas", ha manifestado Trump. "Después de desperdiciar más de seis años de un trabajo obsesivo que debería haber sido empleado en proteger a los neoyorquinos de la ola de crímenes violentos que está destruyendo la ciudad y el estado (...) y después de presentar cargos falsos e ilegales contra vuestro presidente, o sea, yo, me han sentenciado con una liberación incondicional", ha añadido.

Para Trump, este resultado demuestra que "no hay caso y que nunca lo hubo" y que "esta estafa se merece ser anulada por completo" antes de asegurar que "el verdadero jurado es el pueblo estadounidense que ha hablado" en las urnas al reelegir al magnate en las elecciones presidenciales de noviembre.

"Lo ocurrido hoy es ha sido una charada despreciable y, ahora que ha terminado, apelaremos contra esta falsedad, que no tiene mérito alguno, y restauraremos la confianza de los estadounidenses en este sistema que una vez fue grande", ha concluido.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado este jueves la solicitud del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de posponer la lectura de la sentencia prevista para este viernes por el caso de soborno a la exactriz porno Stephanie Clifford, conocida como 'Stormy Daniels', apenas diez días antes de que sea investido presidente y a pesar de la mayoría conservadora de esta corte.

La decisión ha sido tomada con cinco votos en contra de la solicitud y cuatro a favor. El presidente del alto tribunal, John Roberts, y la jueza conservadora Amy Coney Barrett se han unido a los tres liberales para denegar la petición. Los cuatro jueces conservadores, Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, se han mostrado a favor de frenar la publicación de la sentencia.

Según el tribunal, "las supuestas violaciones de las pruebas en el juicio de Trump en un tribunal estatal pueden abordarse en el curso ordinario de apelación", mientras que "la carga que la sentencia impondrá sobre las responsabilidades del presidente electo es relativamente insustancial a la luz de la intención declarada del tribunal de primera instancia de imponer una sentencia de 'liberación incondicional' después de una breve audiencia virtual".

Minutos después, Trump ha anunciado a través de su perfil en la red social Truth Social que apelará y ha afirmado que confía en que "la justicia prevalecerá", mientras que ha defendido su inocencia: "No había ningún caso en mi contra. En otras palabras, soy inocente de todos los cargos falsos e inventados por el juez".

"Esto no fue otra cosa que la utilización de nuestro sistema de justicia como arma contra un oponente político. Se llama 'lawfare', y nada como esto ha sucedido nunca en Estados Unidos, y nunca se debería permitir que vuelva a suceder", ha declarado.

Asimismo, ha denunciado que "este juez altamente politizado y corrupto" le ha impuesto una orden de silencio que le "quita" su derecho a hablar sobre "aspectos muy importantes del caso". Por otro lado, ha mostrado su agradecimiento por el "tiempo y esfuerzo" del Supremo estadounidense "para tratar de remediar la gran injusticia" que le ha "hecho el muy conflictivo 'juez interino', a quien no se le debería haber permitido juzgar este caso".

"Los patéticos y moribundos restos de la cacería de brujas en mi contra no nos distraerán mientras nos unimos y hacemos que Estados Unidos Sea Grande Otra Vez", ha manifestado en referencia al eslogan de su campaña electoral MAGA (Make America Great Again).

La defensa de Trump ya solicitó el día anterior al Supremo que bloqueara los procedimientos pendientes por estos cargos. El Tribunal de Apelaciones y el juez que lidera el caso, Juan Merchan, ya rechazaron esta petición.

Trump fue condenado en abril por un total de 34 cargos, cuando aún no estaba siquiera confirmado como candidato oficial a la Casa Blanca. El juez le responsabilizó de falsificación documental para ocultar un pago de 130.000 dólares a 'Stormy Daniels', a la que pagó para que no hablase de una supuesta relación extramatrimonial.

Washington/Nueva York, 9 ene (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este jueves por un estrecho margen la petición del presidente electo, Donald Trump, de bloquear la lectura de su sentencia en el caso penal de Nueva York por los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels, prevista mañana viernes.

Los abogados del republicano habían presentado el miércoles una petición de emergencia 'in extremis' a la máxima corte estadounidense para suspender su procedimiento judicial, argumentando, como en otras ocasiones, que su cliente goza de inmunidad presidencial.

Con esta decisión los jueces del Supremo (5 votos a favor y 4 en contra) coincidieron con el Tribunal de Apelaciones de Nueva York, el tribunal más alto de ese estado, que este jueves también rechazó una solicitud del presidente electo de bloquear la sentencia.

El Supremo, en su decisión, señala que Trump puede presentar sus argumentos en un proceso de apelación y que la "carga" que le supone presentarse en la audiencia de mañana es "relativamente insustancial", dado que el juez Juan Merchan, que ya ha descartado una sentencia de cárcel, le permite además comparecer virtualmente.

La negativa del alto tribunal agota del todo las posibilidades de la defensa de Trump de frenar la sentencia, que está programada mañana viernes a las 9.30 horas, y a la que el político se presentará de manera virtual, según documentos presentados hoy por la Fiscalía de Manhattan.

La Fiscalía de Manhattan, acusación en el caso, envió hoy un documento para expresar su oposición a la paralización del proceso, precisamente aludiendo a las razones que finalmente ha argumentado el Supremo.

En mayo de 2024, un jurado declaró culpable a Trump de 34 delitos de falsificación de registros comerciales para comprar el silencio de Stormy Daniels antes de las elecciones de noviembre del 2016, que ganó, y evitar que saliera a la luz durante la campaña una supuesta aventura extramarital.

Los abogados de Trump han intentado por todos los medios que se desestime el caso, al que Trump se ha referido como una "caza de brujas" y en el que ha acusado al juez y la Fiscalía de ejecutar una persecución política contra él e incluso de interferencia electoral.

Aunque el juez Merchan indicó que no dictará pena de prisión, la sentencia hará igualmente historia, pues será la primera vez que un presidente condenado por un delito grave asume la más alta magistratura de la nación. EFE

Tras el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, el Gobierno del presidente Gustavo Petro y los congresistas afines a su proyecto político están jugando sus cartas para revivir la iniciativa. Por una parte, el primer mandatario anunció la convocatoria de una consulta popular para que la ciudadanía defina el futuro de la reforma; por otro lado, el senador Fabián Díaz (Alianza Verde) radicó una proposición de apelación.

Según indicó el 18 de marzo de 2025 en la plenaria del Senado, sería necesaria la creación de una comisión accidental que rinda un informe al respecto, para que, posteriormente, los congresistas decidan si se acepta la apelación o no. Así se indica en el artículo 166 de la Ley 5 de 1992.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Cualquier miembro de la Comisión o el autor del mismo, el Gobierno o el vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular, podrán apelar de la decisión ante la Plenaria de la respectiva Cámara. La plenaria, previo informe de una Comisión Accidental, decidirá si acoge o rechaza la apelación. En el primer evento la Presidencia remitirá el proyecto a otra Comisión Constitucional para que surta el trámite en primer debate, y en el último se procederá a su archivo”, se lee en el documento.

Ahora bien, los senadores que harán parte de la comisión accidental ya quedaron establecidos:

1. Ariel Fernando Ávila Martínez (Partido Alianza Verde).
2. Efraín José Cepeda Sarabia (Partido Conservador), actual presidente del Senado de la República.
3. José Luis Pérez Oyuela (Cambio Radical).
4. Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal), que actuará como coordinador.
5. Marcos Daniel Pineda García (Partido de La U).
6. Pedro Hernando Flórez Porra (Pacto Histórico).
7. Angélica Lozano Correa (Partido Alianza Verde).

El senador Fabián Díaz celebró la creación de la comisión accidental, recordando a la ciudadanía que la iniciativa no se encuentra archivada, sino que está en estado de apelación, por lo que todavía existe la posibilidad de que continúen las discusiones sobre su pertinencia en el Congreso de la República.

“Si se aprueba la apelación, vamos a poder continuar con el trámite de esta iniciativa de ley. Ya será en otra comisión constitucional. Muy atentos, porque vamos a lograr devolver esos derechos a los trabajadores que les habían arrebatado y que a través de la reforma laboral estábamos buscando devolver”, detalló el funcionario.

Es importante recordar que el congresista Juan Pablo Gallo, que actuará como coordinador de la comisión accidental, fue salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que implicó el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos. Según el exdirector de la entidad Olmedo López y el exsubdirector de Manejo de Desastres Sneyder Pinilla.

Al menos 15 senadores y representantes a la Cámara estarían involucrados en el entramado de corrupción, con el que, presuntamente, había un interés de enriquecimiento. Pues, al parecer, los congresistas habrían participado en el escándalo para ganar dinero a cambio de impulsar, de manera irregular, las reformas sociales del Gobierno Petro en el Congreso de la República.

Mientras en el Senado los legisladores intentan que la reforma laboral reviva, el presidente Gustavo Petro ya empezó a encaminar las primeras acciones para convocar la consulta popular. Ya están establecidas algunas de las preguntas que harán parte de la consulta y el primer mandatario pidió configurar los comités del sí para el desarrollo de la misma.

“Ya inicia el proceso de consulta popular, es ya. No es que vamos a esperar a ver si el espíritu santo logra un milagro en el corazón de quienes falsamente levantan el Cristo, pero para apoyar el rico de Colón, no para apoyar a Jesús, el carpintero, trabajador”, indicó el jefe de Estado en el evento de restitución de tierras ancestrales al resguardo indígena arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, llevado a cabo el 14 de marzo de 2025 en Aracataca (Magdalena).

Nueva York, 6 ene (EFE).- El juez Juan Merchan rechazó este lunes la petición del presidente electo de EE.UU, Donald Trump, para paralizar la sentencia en su contra, prevista para este viernes en Nueva York, en el caso por los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels, en el que fue condenado.

“Este Tribunal ha considerado los argumentos del demandado en apoyo de su moción y considera que son, en su mayor parte, una repetición de los argumentos que ha planteado numerosas veces en el pasado”, indicó hoy Merchan, lo que significa que la defensa Trump tendrá que acudir a la corte de apelaciones para intentar frenar la sentencia, de acuerdo con CNBC.

La sentencia se dará a conocer el 10 de enero, diez días antes de que Trump jure para su segundo mandato como presidente.

Los abogados de Trump indicaron al juez en un documento presentado ante la corte ayer y hecho público este lunes que el republicano planea apelar el fallo del tribunal, que rechazó sus peticiones de anular el veredicto de culpabilidad y de desestimar el caso argumentando que posee inmunidad presidencial.

En mayo de 2024, Trump fue declarado culpable de 34 cargos por falsificación de registros comerciales para ocultar el dinero que se le pagó a Daniels por su silencio antes de las elecciones de noviembre del 2016, que ganó, para evitar que saliera a la luz durante la campaña una supuesta aventura extramatrimonial.

Según dictó Merchan la pasada semana, el presidente electo debe comparecer "en persona o virtualmente" en la lectura de su sentencia, a las 9:30 hora local (14:30 GMT), pero adelantó que no incluirá una pena de prisión.

Los abogados de Trump habían argumentado que la sentencia debería suspenderse automáticamente mientras preparan su apelación de las decisiones recientes de Merchan, contra quien el presidente electo ha arremetido frecuentemente.

Trump tildó el viernes pasado de “ataque político ilegítimo” la decisión del juez de programar la sentencia el 10 de enero y llamarle a comparecer.

“El juez ‘en funciones’ Merchan, que es un partidista radical, acaba de emitir otra orden que es deliberadamente ilegal, va en contra de nuestra Constitución y, si se permite que siga vigente, sería el fin de la presidencia tal y como la conocemos”, escribió en su red social, Truth Social.

Esta sentencia hará historia porque será la primera vez que un presidente condenado por un delito grave asume la más alta magistratura de la nación. EFE

Nueva York, 6 ene (EFE).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pedirá paralizar la sentencia que está previsto se comunique el próximo viernes en su juicio de Nueva York por los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels, mientras su equipo prepara la apelación a los últimos fallos del tribunal, que rechazó su solicitud de desestimar el caso.

Los abogados de Trump indican en un documento presentado ante la Corte ayer y hecho público este lunes que el republicano planea apelar el fallo del tribunal, que denegó las peticiones de la defensa de anular el veredicto de culpabilidad y de desestimar el caso argumentando que posee inmunidad presidencial.

“El tribunal debe anular la audiencia de sentencia programada para el 10 de enero de 2025 y suspender todos los plazos adicionales en el caso hasta que las apelaciones por la inmunidad del presidente Trump se resuelvan”, escriben.

Según la interpretación de los abogados, iniciar esta apelación pone en pausa automática los procedimientos judiciales posteriores.

Merchan anunció la semana pasada que dictaría sentencia el próximos viernes en el caso de Trump en Nueva York, aunque adelantó que no incluiría una pena de cárcel, especificando que esa pena está “autorizada por su culpabilidad”, pero ya no es vista por la Fiscalía como “una recomendación práctica”.

El juez ordenó al acusado a que comparezca “en persona o virtualmente” el viernes a las 9:30 de la mañana hora local (14:30 GMT) para escuchar la sentencia.

El republicano, que volverá a la Casa Blanca solo diez días después de la sentencia, tildó el viernes pasado de “ataque político ilegítimo” la decisión de Merchan.

“El juez ‘en funciones’ Merchan, que es un partidario radical, acaba de emitir otra orden que es deliberadamente ilegal, va en contra de nuestra Constitución y, si se permite que siga vigente, sería el fin de la presidencia tal y como la conocemos”, escribió en su red social, Truth Social.

Esta sentencia hará historia porque será la primera vez que un presidente condenado por un delito grave asume la más alta magistratura de la nación. EFE

París, 30 dic (EFE).- Dominique Pelicot, condenado a la pena máxima de 20 años de cárcel por haber violado durante una decena de años a la que era su mujer bajo los efectos de somníferos y de haberla ofrecido a decenas de hombres para que abusaran de ella, no recurrirá su sentencia, aunque haya un nuevo juicio porque otros condenados si han apelado.

Béatrice Zavarro, la abogada de quien se llevó la sentencia más dura en el proceso finalizado el pasado día 19 en el Tribunal de lo Criminal de Aviñón, anunció este lunes que su cliente renuncia a presentar un recurso contra su condena, en declaraciones a la emisora France Info.

"Hay que pasar página y considerar este capítulo cerrado", señaló Zavarro, que lo justificó señalando que ese recurso supondría "nuevos enfrentamientos para su esposa", Gisèle Pelicot.

La abogada insistió en que para su cliente Gisèle Pelicot "no es una adversaria, nunca ha sido una adversaria", y avanzó que ahora va a centrarse en intentar acondicionar la ejecución de la pena, a que se tenga en cuenta su edad y su estado de salud.

Los jueces condenaron a Dominique Pelicot a 20 años de cárcel y a que al menos dos tercios de ese tiempo lo pase entre rejas antes de poder solicitar beneficios penitenciarios como una liberación condicional.

El hecho de que Dominique Pelicot no recurra no significa que no tendrá que sentarse de nuevo en el banquillo, ya que la Fiscalía podría plantear un recurso general, que le implicaría.

Lo que ya es seguro es que habrá un nuevo juicio, ya que al menos 17 de los otros 50 acusados han anunciado que tienen intención de recurrir sus sentencias y hay tiempo hasta la próxima medianoche para que otros se sumen.

Por parte de Gisèle Pelicot, un día después de que se hiciera pública la sentencia, su abogado Stéphane Babonneau dijo que no tenía miedo a un nuevo proceso y que lo afrontaría. EFE

Madrid, 26 dic (EFECOM).- Los tribunales cataríes deberán pronunciarse sobre el fondo del asunto en el pleito que enfrenta a OHLA y a su socio Contrack Cyprus contra los subcontratistas Kentz-Voltas por el contrato para construir el hospital de la Sidra en Doha, que las autoridades terminaron anticipadamente alegando incumplimientos.

En el marco de esta controversia, el tribunal catarí de instancia había dictado una sentencia desestimando, por motivos formales de legitimación, tanto la demanda principal de los subcontratistas como la reconvención formulada por la sociedad conjunta participada en un 55 % por OHLA y en el 45 % restante por Cyprus.

Frente a dicha decisión las partes presentaron un recurso de apelación y el pasado 24 de diciembre fue notificada la sentencia del tribunal de apelación, que revoca el fallo de instancia y ordena al tribunal inferior a pronunciarse sobre el fondo del asunto, según ha explicado OHLA este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Voltas presentó en agosto de 2023 una demanda judicial ante los tribunales cataríes contra OHLA y Contrack Cyprus, reclamando la paralización de la ejecución de avales iniciada y 191,6 millones de euros por el derecho de crédito derivado del contrato suscrito, en el que el consorcio Kentz-Voltas actuó como subcontratista en la obra del hospital. Además, pedía 74,5 millones por daños y perjuicios.

La actividad en la obra del hospital de Sidra cesó absolutamente el 22 de julio de 2014, fecha en la que Qatar Foundation resolvió el contrato, poniendo fin a los trabajos de OHLA y Cyprus y de todos sus subcontratistas, incluido el consorcio Kentz-Voltas.

Desde julio de 2013 a agosto de 2023, el consorcio Kentz - Voltas se limitó a la prórroga anual de los avales entregados a la sociedad conjunta liderada por OHLA en garantía del cumplimiento de las obligaciones. La demanda se produce tras la ejecución de los avales.

Por su parte, OHLA y su socio reclamaban a Voltas 716,2 millones de euros, más 74,5 millones por daños y perjuicios.

Asimismo, Kentz presentó una demanda contra OHLA y Contrack Cyprus pidiendo 217,7 millones de euros derivados del contrato suscrito, más 74,5 millones por daños y perjuicios.

Posteriormente, la 'joint venture' entre OHLA y Cyprus formuló una reconvención, reclamando 741,5 millones más 74,5 millones por daños y perjuicios. EFECOM

En un ambiente de alta tensión y con medidas de seguridad reforzadas, el Congreso de la República de Colombia inició el martes 18 de marzo el debate sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La discusión, que tuvo lugar en la Comisión Séptima del Senado, culminó con la decisión de archivar el proyecto.

Sin embargo, el senador Fabián Díaz, del partido Alianza Verde, anunció la presentación de un recurso de apelación para intentar revivir la iniciativa y trasladarla a otra comisión para su trámite.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La ponencia de archivo fue promovida por ocho congresistas, quienes argumentaron que el proyecto carece de un análisis fiscal adecuado y que sus medidas no representarían un beneficio real para los trabajadores. Además, estos legisladores denunciaron amenazas en su contra y contra sus familias, lo que ha intensificado el clima de incertidumbre en torno al debate legislativo.

El senador Díaz, en su condición de coordinador ponente del proyecto, radicó formalmente ante la Mesa Directiva del Senado el recurso de apelación contra la decisión de la Comisión Séptima de archivar la reforma laboral. Su solicitud se ampara en el artículo 166 de la Ley 5 de 1992, que establece que, en caso de que un proyecto sea negado o archivado, cualquier miembro de la comisión, el autor del mismo o el Gobierno pueden apelar la decisión ante la plenaria de la respectiva cámara.

“Negado un proyecto en su totalidad o archivado indefinidamente, cualquier miembro de la Comisión o el autor del mismo, el Gobierno o el vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular, podrán apelar de la decisión ante la Plenaria de la respectiva Cámara”, establece la normativa.

En su solicitud, Díaz recordó que la Corte Constitucional ha ratificado la legalidad de este recurso a través de la Sentencia C-385 de 1997. En dicha decisión, el alto tribunal explicó que el mecanismo de apelación “enriquece la discusión y amplía las oportunidades de análisis para evitar errores, desaciertos o determinaciones que puedan resultar dañinas”. Así mismo, aseguró que esta herramienta garantiza la participación democrática dentro del proceso legislativo.

El futuro de la reforma laboral

El archivo del proyecto representa un obstáculo significativo para el Gobierno, que ha defendido la reforma asegurando que esta busca modificar parcialmente las normas laborales con el fin de fortalecer la estabilidad laboral, aumentar la protección de los trabajadores y mejorar las condiciones de contratación. No obstante, la oposición sostiene que el proyecto carece de rigor en su evaluación fiscal y podría afectar el mercado laboral al incrementar los costos para los empleadores.

El senador Díaz insistió en que su apelación responde al derecho de los legisladores a revisar decisiones que podrían afectar profundamente al país. “Es fundamental que todos los senadores puedan debatir a fondo este proyecto y no permitir que se archive sin un análisis exhaustivo. No podemos dar la espalda a los trabajadores que esperan respuestas concretas”, declaró.

El proceso a partir de ahora dependerá de la decisión que tome la plenaria del Senado. En caso de que la apelación prospere, la reforma podría ser discutida nuevamente en otra comisión, prolongando su trámite en el Congreso. Si la apelación es rechazada, el proyecto quedará archivado definitivamente, cerrando la posibilidad de que sea debatido en esta legislatura.

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro, desde la plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, se mantuvo en su propuesta de una consulta popular, asegurando que esta es clave para determinar el éxito de las reformas laboral y de la salud, en caso de que sean hundidas por el Senado.

París, 25 dic (EFE).- Al menos cuatro de los ocho condenados por complicidad en el asesinato terrorista del profesor de secundaria francés Samuel Paty apelarán las sentencias emitidas el pasado día 20 por un tribunal especial de lo penal de París.

Quienes ya confirmaron su intención de apelar son los cuatro sancionados con las penas más graves, que fueron de hasta 16 años de cárcel y superaron en buena parte lo que había pedido la Fiscalía, según detalló este miércoles la cadena televisiva BFMTV.

Los dos primeros en hacerlo fueron Naim Boudaoud y Azim Epsirkhanov, dos amigos del autor material del asesinato, el ruso de origen checheno Abdoullakh Anzorov, quien fue abatido por la policía tras acuchillar y decapitar a Paty.

Ambos acompañaron a Anzorov a comprar un cuchillo y fueron condenados a 16 años de prisión.

En el caso de Epsirkhanov la sanción correspondió con la pena que había pedido la Fiscalía, pero en el del primero, que fue quien condujo al asesino hasta las inmediaciones del colegio en la tarde del 16 de octubre de 2020, le impuso dos años más de los que había reclamado el Ministerio Público.

También fue más severo el tribunal con Brahim Chnina, el padre de la alumna de Paty que dijo que el profesor discriminaba a los estudiantes musulmanes y que lanzó una campaña de odio en las redes sociales contra él. Fue condenado a 13 años de prisión, tres más de los solicitados.

Abdelhakim Sefraoui, predicador islamista que contribuyó también a esa campaña a través de las redes, fue condenado a 15 años de prisión, también tres más de los solicitados.

Estos dos implicados fueron los últimos en anunciar que apelarán igualmente sus sentencias, según transmitieron sus abogados, ya que las consideran jurídicamente inaceptables y políticamente motivadas.

El resto de los condenados en el juicio recibieron penas menores por delitos de provocación al terrorismo al haber propagado mensajes islamistas a través de las redes sociales y de haber estado en contacto con Anzorov.

Tras dictarse las sentencias, los familiares de Paty mostraron su satisfacción, ya que habían expresado públicamente su descontento con las penas poco severas pedidas por la Fiscalía. EFE

La ONG Open Arms ha lamentado este viernes la decisión de la justicia italiana de absolver al ministro de Transporte de Italia, Matteo Salvini, por negar el desembarco de 147 migrantes rescatados frente a Lampedusa en 2019 durante su mandato como titular de Interior, y estudiará si apela la sentencia.

"La tristeza es por las personas que fueron privadas de su libertad. Esperamos las motivaciones de los jueces para evaluar si apelaremos la sentencia, como esperamos que también lo haga la Fiscalía", destacan en un apunte en X recogido por Europa Press,

En el mensaje han adjuntado la fotografía de un migrante con el mensaje 'Matteo Salvini absuelto por el caso Open Arms. Las personas retenidas a bordo en 2019 aún esperan justicia'.

París, 20 dic (EFE).- Gisèle Pelicot "no tiene miedo" de tener que pasar por un segundo juicio en apelación por las violaciones que sufrió bajo sumisión química y lo afrontará siempre que su salud se lo permita para seguir demostrando a todas las víctimas que, si ella pudo, las demás también pueden, según aseguró este viernes Stéphane Babonneau, uno de sus abogados.

"En todo caso, no tiene miedo. Es decir, que si pasa, ya nos ha indicado que lo afrontará, si tiene salud, evidentemente, porque es una mujer que tiene ya 72 años", dijo Babonneau en una entrevista con la emisora pública France Inter.

El letrado se expresó así después de que dos de los 51 acusados en el juicio en Francia por las decenas de violaciones que sufrió su clienta bajo sumisión química ya hayan ejercido su derecho a solicitar un juicio en apelación tras las sentencias emitidas este jueves en el tribunal penal de Aviñón (sureste).

El entonces marido de Gisèle Pelicot, Dominique, recibió la condena más dura -el máximo de 20 años de cárcel previsto por la ley para estos delitosl, aunque podría acceder a la condicional una vez cumplidos dos tercios- como violador y como cerebro de la trama para que, entre 2011 y 2020, decenas de hombres desconocidos la violaran mientras estaba inconsciente por las drogas que él le suministraba.

A sus 50 cómplices también se les encontró culpables de distintos delitos, pero las penas impuestas fueron menores a lo solicitado por la Fiscalía, lo que causó cierta indignación en Francia.

Babonneau, pese a todo, manifestó que cree que su clienta "sintió alivio cuando se anunció el veredicto, porque todos los acusados fueron condenados", a pesar de ciertas recalificaciones de los cargos.

"Como ella dijo, hay que respetar esta decisión, y ella respetaba mucho el trabajo del tribunal, que ella entiende que es complejo. Ella había venido para que lo que los tribunales reconocieran lo que le habían hecho, y siente que así es", aseveró.

El abogado dijo que Gisèle Pelicot está "feliz" por volver a casa tras el final del proceso, a pesar de la amenaza de tener que volver a pasar por otro juicio, algo que en segunda instancia ocurriría en el Tribunal de Apelación de Nimes y con un jurado popular.

"Sobre todo, lo que no quiere es que las víctimas se digan 'esa mujer tiene una fuerza extraordinaria, yo no podría hacerlo'. Gisèle Pelicot lo dijo durante su segunda declaración, ella quiere que todas las mujeres se digan 'si la señora Pelicot lo hizo, yo puedo hacerlo'", compartió el abogado, antes de recalcar que, pese al apoyo mundial, no quiere ser vista como "un icono" sino como alguien "muy normal".

"Siempre ha dicho que en su desgracia tuvo la suerte de que hubiera pruebas concretas de lo que había vivido, porque en otros casos es mucho más complejo. A lo largo del juicio, nunca dejó de decirnos que su pensamiento estaba con todas las mujeres, y posiblemente con los hombres, que en estos momentos se enfrentan solos a la justicia", resaltó.

Todavía se desconoce si entre los que apelarán el veredicto estará el propio Dominique Pelicot, ya que, según explicó hoy en la misma emisora su abogada, Béatrice Zavarro, dependerá de lo que ambos decidan cuando se reúna con él en prisión próximamente.

Ya ayer Zavarro había manifestado cierto descontento, al entender que el tribunal había diferenciado demasiado a su cliente del resto de los acusados, pero matizó que deberá analizar con él los "desafíos" de intentar una apelación.

También se manifestó este viernes uno de sus tres hijos, David Pelicot, quien se mostró satisfecho con la condena emitida contra su progenitor por las "atrocidades" cometidas contra su madre, pero matizó que están algo "decepcionados" con las condenas al resto de los acusados, que fueron menores a lo solicitado por la Fiscalía.

"Hemos ganado una batalla, pero no la guerra", dijo al canal BFMTV, y subrayó que hay que seguir concienciando contra la sumisión química y los delitos sexuales en general.

Por otro lado, lamentó que la hija, nueras y nietos de Gisèle Pelicot, con toda la atención que se ha puesto sobre ella, han quedado en cierta medida en segundo plano en todo el proceso.

"Hay muchas cuestiones para las que no hemos tenido respuestas", recalcó David Pelicot, y recordó que también hay una denuncia de su propio hijo por presuntos tocamientos de su abuelo, aunque rehusó hacer declaraciones mientras se realiza la investigación.

De la hija y nueras también se encontraron algunas imágenes íntimas en los archivos de Dominique Pelicot (decenas de fotos y vídeos que fueron las principales pruebas de este juicio), pero durante las audiencias él negó haber abusado de ellas como lo había hecho con su exmujer. EFE

Madrid, 19 dic (EFE).- El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimó el recurso del Betis contra la sanción de un partido al delantero argentino Chimy Ávila, por su expulsión con roja directa en la primera parte del encuentro en Villarreal (1-2) la última jornada de Liga.

La resolución de Apelación afirma que "a la vista de la documentación y de la prueba videográfica obrante en el expediente, no puede calificarse de imposible o de error flagrante, el relato arbitral".

"No se discute que sean también posibles otras interpretaciones y, consecuentemente, resultados distintos a los que adoptó el árbitro, pero ello no significa que la interpretación que hizo el colegiado en ese momento y que relató en el acta sea “imposible” o “claramente errónea”", añade.

Chimy Ávila fue expulsado con roja directa por el colegiado balear Guillermo Cuadra Fernández en el minuto 33 del partido contra el Villarreal, tras cortar un ataque de Álex Baena.

El Betis presentó alegaciones al Comité Disciplinario contra la expulsión, pero no evitó que este le impusiera un partido de sanción, por lo que recurrió al Comité de Apelación con el argumento de que hubo un error manifiesto en el acta arbitral.

El club apoyó su recurso, finalmente desestimado, con prueba videográfica aportada que, en su opinión, "desmentiría el relato del colegiado, confirmando que no hubo patada por detrás, intención de no jugar el balón ni una segunda patada por parte del jugador expulsado". EFE

Hace unos días conocíamos que los abogados en Tailandia de la familia Edwin Arrieta han presentado un recurso contra la sentencia a cadena perpetua a Daniel Sancho y este viernes, los abogados españoles daban una rueda de prensa para explicar en qué consiste este recurso.

Juango Ospina explicaba que tanto él como su compañera Beatriz Uriarte "estamos en contra de la pena de muerte, somos fieles defensores de los derechos humanos y derechos fundamentales, y además el mandato expreso de la familia es que no haya pena de muerte".

Por eso, lo que buscan con este recurso es "aumentar el tiempo y cumplimiento efectivo en Tailandia, habida cuenta que, como bien saben todos ustedes, no se produce ninguna muerte, ningún castigo capital en los últimos años y menos para turistas y personas extranjeras en el país".

De esta manera, el abogado ha asegurado que el hijo del actor no será condenado a la muerte, ya que la familia de Edwin Arrieta solo busca el perdón: "La familia Arrieta no quiere pena de muerte, no pidió pena de muerte. Darling y los padres de Edwin han salido por activa y por pasiva a decir que la vida la quita y la pone Dios. Sus convicciones y creencias religiosas no comparten la pena capital".

"Estamos en un recurso de apelación contra una sentencia condenatoria en donde se han trabajado dos perfiles o dos pilares. El primero ha sido la responsabilidad civil que recogió la sentencia condenatoria. Los abogados de Tailandia consideraban que era menor a lo que en derecho les podría corresponder y hubo un incidente que les motivó o les llevó a ser convincentes para que pudiéramos interponer este recurso de apelación que ha sido esa venta de derechos de autor en una plataforma de contenido audiovisual y el hecho de que ellos, en representación de la familia Arrieta en Tailandia, siguen sin haber cobrado la familia Arrieta ni un solo euro", explicaba.

En segundo lugar, "el tema de la pena. La familia Arrieta no quiere pena de muerte y busca que Daniel Sancho cumpla en Tailandia el mayor tiempo posible de condena. Para ello, una cadena perpetua es lo que siempre han buscado. Hace siete o ocho meses, cuando comenzó el juicio oral en Tailandia, nosotros nos adherimos al papel del ministerio fiscal que pedía en su entonces, formalmente, la pena capital. Nosotros dijimos entonces y decimos ahora que no queríamos la pena de muerte".

De esta manera, entienden que esta información ha trascendido de manera enrevesada "por personas que quieren difuminar la realidad y la realidad no es que la familia Arrieta quiere pena de muerte porque no la quiere" y ha terminado asegurando que "la realidad es que Daniel Sancho ha acabado con una vida atroz. Ha matado, descuartizado, tirado en un contenedor de basura y en el mar restos humanos".

Luego de una ajustada definición, Papelitos fue ratificada como ganadora, superando por apenas 0,25 puntos a Ara Yevi, su principal competidora.

El resultado generó un fuerte malestar entre los integrantes y seguidores de esta última, quienes denunciaron irregularidades en el proceso de evaluación y sanciones que, según ellos, no estaban contempladas en el reglamento oficial.

“Desde el inicio del Carnaval, nuestra comparsa ha sido objeto de intentos de descuento de puntos basados en acuerdos entre los delegados de las otras comparsas, en muchos casos sin fundamento o aplicando el reglamento con un rigor no empleado en otras situaciones donde hubo incumplimientos evidentes por parte de las demás comparsas", acusaron desde Ara Yevi en un comunicado oficial.

La apelación solicitaba a la Comisión del Carnaval que “dejen sin efecto la pretendida sanción de un punto y se declare ganadora a la comparsa.

El origen del conflicto

El problema se desató cuando, en el recuento final de puntos, se descontó una unidad a Ara Yevi debido al uso de unas mallas que portaban las integrantes de una de sus escuadras de danza. Este descuento resultó decisivo, ya que, de no haberse aplicado, la comparsa habría obtenido el puntaje necesario para consagrarse campeona.

“Durante las noches de Carnaval, nuestros integrantes fueron objeto de un constante hostigamiento, con un gran grupo de personas filmando de cerca sus trajes para evaluar si se habían realizado modificaciones imperceptibles”, señaló la comparsa supuestamente damnificada.

La comparsa del Club Tiro Federal (Ara Yevi) había interpuesto un recurso de apelación “en los términos del art. 8.5 del reglamento contra lo resuelto por el Comité Fiscalizador en la undécima noche 2025, que solicita la sanción establecida en el ítem 7.3.1 del reglamento 2025. Allí se fundamenta que, según un acta de comisión del 2 de marzo, se autorizaba la modificación del vestuario de la escuadra 10 de nominada ‘la fiesta’ y la escuadra que resulto modificada fue ‘Ballet la fiesta’”.

El documento llevaba la firma del actual presidente de la Comisión del Carnaval, José Bereciartúa, junto a la del presidente del club Tiro Federal “Titi” Pauletti. Argumentaba que “la organización de las comparsas es por ‘Escuadras’, siendo que no existe por reglamento un subítems ‘Ballet’”. Por este recurso apelativo, oficialmente, no hubo anuncio de ganadora hasta la noche de ayer martes, cuando la Comisión Directiva volvió a reunirse.

“De algo no hay dudas, ante los ojos de 44 jurados durante 11 noches, Ara Yevi fue la mejor puntuada de la edición 2025, y por la quita de este punto, perderíamos el primer puesto habiendo incluso desfilado en inferioridad de condiciones, por llevar una escuadra incompleta la mayor parte de las noches”, acusaron desde la comparsa.

Desenlace y disturbios

La decisión del jurado de ratificar la victoria de Papelitos por una mínima diferencia de tan solo 25 décimas (tuvo el acompañamiento de las comparsas Mari Mari y Kamarr. El representante de O’Bahía se abstuvo.

De esta forma, la comparsa dirigida por Juane Villagra conquistó un nuevo triunfo de acuerdo a la evaluación del jurado durante las 11 noches programadas y cumplidas. En segundo lugar, se ubicó Ara Yevi (Club Tiro Federal), tercera ubicación para Mari Mari (Club Central Entrerriano) y en el cuarto escalón quedó Kamarr (Club Sirio Libanés).

Tras conocerse el veredicto, la situación escaló rápidamente. Integrantes y simpatizantes de Ara Yevi se congregaron frente al Centro de Convenciones de Gualeguaychú, donde expresaron su descontento con la Comisión del Carnaval, intentando ingresar por la fuerza al predio, como se ve en el video que encabeza esta nota.

Los manifestantes acusaron a la comisión de actuar con falta de transparencia y priorizar intereses económicos por encima de la integridad del certamen. Durante la protesta, se escucharon consignas como “la copa no se vende” y “que se vayan todos”, en alusión a los miembros de la comisión.

La tensión aumentó rápidamente, derivando en insultos, empujones y el lanzamiento de botellas. Ante esta situación, las fuerzas policiales intervinieron para contener los disturbios, aunque el clima de confrontación obligó a postergar el anuncio oficial de la comparsa ganadora.

Un reglamento en el centro de la disputa

El principal punto de controversia radica en la sanción aplicada a Ará Yeví por el uso de las mencionadas mallas. Según los representantes de la comparsa, esta penalización no está contemplada en el reglamento vigente del Carnaval, lo que, a su juicio, invalida el descuento de puntos.

Por su parte, la Comisión del Carnaval no dio declaraciones públicas sobre las acusaciones ni sobre los incidentes ocurridos tras el anuncio del resultado.

El Carnaval de Gualeguaychú, conocido por su colorido, música y despliegue artístico, es uno de los eventos más esperados del año en la provincia de Entre Ríos. Sin embargo, el polémico desenlace de la edición 2025 ha dejado un sabor amargo.

Nuevas noticias sobre el caso de Daniel Sancho. La familia de Edwin Arrieta ha movido ficha de nuevo y ha recurrido la cadena perpetua y ha pedido la pena de muerte para el hijo del actor. El recurso de apelación ya ha llegado al tribunal tailandés y significa un nuevo revés para la familia de Rodolfo Sancho.

Además, también han solicitado que la indemnización alcance la cifra de 11 millones de baths, algo más de lo que se estableció en la sentencia a cadena perpetua que ya conocimos de la justicia tailandesa.

Al haber trascendido esta información, Europa Press ha podido preguntarle en exclusiva a Félix Sancho cómo se ha tomado su familia este nuevo revés que hace que el nombre de su sobrino vuelva a resonar en los medios de comunicación.

Como de costumbre, el hermano del actor ha preferido guardar silencio y no ha hecho ninguna comentario al respecto. Félix volvía de pasear a su mascota y, ocultando su rostro, evitaba contestar a ninguna de las preguntas que se le hacían.

Con semblante serio y sin querer participar en esto, el hermano de Rodolfo se mantiene fiel a su discreción, así como ha venido haciendo en los últimos meses cuando más se ha hablado del caso Daniel Sancho.

Nueva York, 10 dic (EFE).- La Fiscalía General de Nueva York no retirará el caso civil por fraude por inflar el valor de su patrimonio que presentó contra el ahora presidente electo Donald Trump, un caso por el cual un tribunal ya impuso al magnate una multa de 450 millones de dólares a principios de este año.

De acuerdo con la Fiscalía, los presidentes no tienen inmunidad en litigios civiles no vinculados con su función oficial y aseguró que las demandas pueden seguir su curso "mientras el presidente esté en el cargo",de acuerdo con Fox News.

Indica además que la Fiscalía señaló que la sentencia final no afecta ninguna acción que Trump pueda emprender como presidente y que su acto de jura, el próximo 20 de enero, es "irrelevante para los otros catorce acusados encontrados responsables en nuestro caso" y que incluye a sus empresas, a sus dos hijos mayores y a un antiguo ejecutivo de la compañía.

Los abogados de Trump pidieron a la Fiscalía general el pasado 30 de noviembre anular ese caso "por el bien del país". Tanto Donald Trump como sus hijos Donald Jr. y Eric apelaron la sentencia.

"Escribimos para solicitarle que desestime por completo el caso (...) contra el presidente Donald J. Trump, su familia y sus empresas, y que estipule anular la sentencia y desestimar todas las demandas" en su contra, indicó la defensa en la carta enviada a la fiscal general Letitia James el pasado 30 de noviembre.

Igualmente la Fiscalía indicó que aguardan al resultado de la apelación de Trump en este caso y que esperan que la decisión sobre el asunto civil "no afecte de ninguna manera su capacidad para servir como presidente". EFE

El ex presidente de la Nación Alberto Fernández apeló hoy su procesamiento en la causa por violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez. La defensa, a cargo de la abogada Silvina Carreira, pidió que el caso pase a la Cámara Federal para que el ex jefe de estado sea sobreseído.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la apelación ingresó esta mañana y el juez federal Julián Ercolini ya la aceptó y envió el expediente a la Sala II de la Cámara Federal, que será el tribunal que resuelva el caso. Para eso, antes debe convocar a una audiencia para escuchar a las partes. Esa audiencia puede ser oral o por escrito.

“Si la Cámara Federal confirma el procesamiento, el ex presidente quedará en condiciones de ser enviado a juicio oral y público.”

El juez Ercolini procesó a Fernández por los delitos de lesiones leves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en 2 oportunidades; lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja; y amenazas coactivas. Además, le trabó un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes y levantó la prohibición de salida del país que el ex presidente tenía desde agosto pasado cuando se inició la causa.

“Considero que se han recabado varios elementos que dan cuenta de la existencia del carácter habitual y contínuo que habría adquirido la violencia que, en distintas formas, habría ejercido el imputado Fernández sobre la nombrada Yañez”, sostuvo Ercolini en su resolución de 184 páginas, en la que calificó como “determinante” la asimetría de poder entre los dos. El magistrado entendió que los moretones que Yañez mostró en su brazo y ojo derecho fueron golpes del ex presidente.

Como todo supuesto de violencia de género, éste también se encuentra asentado en una relación asimétrica de poder entre Fernández y Yañez. Así, el desarrollo personal, profesional, la vida política y pública del imputado se encuentra por demás acreditado y se ve contrastado con el desarrollo que tuvo la víctima; incluso luego de iniciar la relación con el nombrado, se observa un bajo perfil. Así, dicha asimetría habría estado presente desde el inicio de la relación y fue determinante para la configuración de las distintas violencias verificadas, afirmó el magistrado.

En su apelación, la defensa objetó la “vaguedad de la imputación, contradicción en las circunstancias temporales de los hechos”. También que “la falta de una relación clara y circunstanciada en relación al modo, tiempo y lugar de los hechos atribuidos violenta la garantía aludida en la inteligencia de que una acusación deficiente no permite una defensa eficaz al no conocer el imputado de qué ha de defenderse concretamente”.

El ex presidente también criticó que no se le haya permitido acceder al celular que le secuestraron al inicio de la causa porque lo necesita “a efectos de adunar pruebas de descargo en el marco de la declaración indagatoria recabada, lo cual implica un menoscabo suficiente per se para anular el acto en cuestión.”

En la apelación la defensa vuelve a traer el consumo de alcohol de Yañez como el motivo de los moretones que tenía por las caídas que sufría. “A raíz de su problemática con el alcohol, era habitual que sufriera caídas que provocaban lesiones en su cuerpo”, sostuvo la abogada Carreira en su apelación de 59 páginas a la que accedió este medio.

Por último, la defensa criticó que se haya rechazado el pedido de nulidad del testimonio de Yañez y el embargo de 10 millones de pesos sobre los bienes de Fernández porque “importaría un colapso de su economía y una injusta limitación sobre un derecho constitucionalmente protegido.”

El Poder Judicial ha definido el valor de la Unidad de Referencia Procesal (URP) para el año 2025 en S/535, cifra que equivale al 10% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Esta decisión fue oficializada mediante la Resolución Administrativa N° 000004-2025-CE-PJ, emitida por el Consejo Ejecutivo de esta institución. Además, se aprobó el nuevo Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales, que establece las tasas aplicables a diversos actos procesales.

De acuerdo con la resolución, en los procesos contenciosos donde el valor de la pretensión no supere las 100 URP o sea de cuantía indeterminada, se aplicará un índice del 10% de la URP, equivalente a S/53,50. Este monto será exigido en actos como el ofrecimiento de pruebas en demandas, excepciones, defensas previas, contestaciones de demandas, reconvenciones, denuncias civiles, intervenciones, exclusiones y sucesiones procesales.

También se aplicará en casos de calificación de títulos ejecutivos, actuaciones de prueba anticipada, contradicciones, tercerías y observaciones relacionadas con liquidaciones de pericias laborales o devengados en procesos de alimentos, entre otros.

URP 2025: nuevos costos de los procesos judiciales

El cuadro tarifario también detalla los costos de otros procedimientos judiciales. Por ejemplo, la solicitud de nulidad de actos procesales tendrá un costo de S/53,50, mientras que el recurso de apelación de sentencias se fijó en S/214. En el caso de recursos de nulidad y casación, el monto asciende a S/856, y para recursos de queja, será de S/133,70.

Asimismo, las diligencias realizadas fuera del local judicial tendrán un costo de S/267,50. Otros actos procesales, como el allanamiento, la transacción judicial, el desistimiento en cualquiera de sus modalidades y la suspensión convencional del proceso, tendrán un costo de S/149,80, mientras que el otorgamiento de poder por acta se fijó en S/53,50.

El nuevo cuadro de tasas también contempla tarifas diferenciadas según el valor de la pretensión en los procesos judiciales. Estas se clasifican en rangos que van desde pretensiones mayores a 100 URP hasta aquellas que superen las 3.000 URP. Este esquema busca establecer una proporcionalidad entre el costo del arancel y la cuantía del proceso, ajustándose a las características específicas de cada caso.

Beneficios y exoneraciones en los aranceles judiciales

La resolución también incluye disposiciones sobre beneficios y exoneraciones en el pago de aranceles judiciales. En procesos de alimentos, cuando la pretensión del demandante exceda las 20 URP, los pagos establecidos se reducirán en un 50%. Por otro lado, en asuntos de familia e interés de menores, las solicitudes de ejecución anticipada de decisiones finales estarán exoneradas del pago del arancel judicial por concepto de medida cautelar. Este beneficio también se aplicará en procesos laborales y previsionales cuando el petitorio supere las 70 URP.

Asimismo, los demandantes en procesos previsionales y en procesos de garantías constitucionales, como amparo, hábeas corpus, hábeas data, acción popular y acción de cumplimiento, estarán exonerados del pago de aranceles judiciales. Sin embargo, esta exoneración no será aplicable en casos de amparo contra resoluciones judiciales, laudos arbitrales o procesos parlamentarios interpuestos por personas jurídicas con fines de lucro.

• Las personas naturales que soliciten medidas cautelares por una cuantía inferior a las 10 URP se encuentran exoneradas del pago del arancel judicial.
• Para efectos de sufragar el arancel judicial por solicitud de remate judicial o participar en este, debe tomarse en consideración la Tasación del bien mueble o inmueble que apruebe el Juez mediante resolución judicial.

Impacto y contexto de la medida

La fijación del valor de la URP y la actualización del cuadro de aranceles judiciales son medidas que buscan garantizar una adecuada regulación de los costos asociados a los procesos judiciales en el país. Al establecer tarifas proporcionales a la cuantía de las pretensiones y contemplar exoneraciones para casos específicos, el Poder Judicial intenta equilibrar el acceso a la justicia con la sostenibilidad del sistema judicial.

Estas disposiciones también reflejan un esfuerzo por atender las necesidades de sectores vulnerables, como los involucrados en procesos de alimentos, laborales y previsionales, así como aquellos que recurren a garantías constitucionales. Al mismo tiempo, se busca evitar que los costos procesales se conviertan en una barrera para el ejercicio de derechos fundamentales.

Con la entrada en vigor de estas medidas, el Poder Judicial reafirma su compromiso con la transparencia y la eficiencia en la administración de justicia, adaptando sus políticas a las realidades económicas y sociales del país.

La Haya, 12 nov (EFE).- La petrolera Shell ha ganado este martes la apelación presentada contra un fallo de la Justicia neerlandesa que la obligaba a reducir las emisiones de CO2 en un 45 % para 2030, lo que supone la anulación de una sentencia de 2021 considerada una victoria histórica en la lucha contra el cambio climático.

Esta compañía no está exenta de luchar contra el calentamiento global y “precisamente productos de empresas como Shell han generado el problema climático”, admitió hoy la Corte de apelación, que consideró, sin embargo, que no se puede exigir solo a esta compañía dejar de vender petróleo y gas, puesto que esa parte del negocio la asumirá entonces la competencia.

En 2021 la ONG Amigos de la Tierra Países Bajos (Milieudefensie) había logrado ganar la demanda contra Shell, que exigía a la petrolera reducir sus emisiones de CO2 en un 45 % para 2030 en comparación con 2019, un fallo que tuvo una gran repercusión a nivel internacional.

Shell abandonó Países Bajos poco después de esa sentencia y trasladó su oficina central a Londres, convirtiéndose en una empresa únicamente británica, y no medio neerlandesa. EFE

El Tribunal Administrativo de Santander emitió un fallo en primera instancia que declara nula la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga. La decisión se fundamenta en la violación de la prohibición de doble militancia, situación que ha generado un amplio debate tanto en la ciudadanía como en la clase política regional.

Según el fallo de 122 páginas, los magistrados encontraron evidencia suficiente para demostrar que Jaime Andrés Beltrán incurrió en doble militancia durante su campaña electoral en 2023. El alcalde había sido postulado por el Partido Colombia Justa Libres en coalición con el Movimiento de Salvación Nacional, bajo la unión denominada Juntos por Bucaramanga.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

No obstante, el tribunal determinó que Beltrán apoyó a candidatos de otros partidos diferentes a los inscritos en la coalición, lo cual contraviene la normativa electoral que prohíbe esta práctica. En la lista de los que habría apoyado están Edisson Ferney López Casallas, del partido Centro Democrático; así como Elkin Yesid Bello Peña, Vilma Alexandra Cadena Ardila, Anderson Fabián Pradilla Díaz, Rosa Mabel Román Romero y Juan Pablo Piñeros Nieto, del partido de la U.

“El entonces aspirante apoyó a candidatos de partidos políticos diferentes a los inscritos por la coalición que aspiraban al Concejo del municipio de Bucaramanga”, establece el fallo. Este tipo de acciones, según los magistrados, afectan la legitimidad del proceso electoral, pues evidencian un desvío en la fidelidad con la coalición registrada ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Ante esta decisión, Jaime Andrés Beltrán se pronunció en su cuenta de X, anunciando que apelará la decisión. “A lo largo de mi vida pública siempre he manifestado el respeto por las instituciones y las decisiones que toman. Frente al fallo del Tribunal Administrativo de Santander haremos uso del recurso de apelación en próximos días”, escribió Beltrán.

El alcalde también destacó su compromiso con la gestión de la ciudad: “Mi responsabilidad como alcalde no va a cambiar, por eso junto a mi equipo en la @AlcaldiaBGA seguiremos trabajando por la seguridad y los temas de ciudad. Dios bendiga a Bucaramanga”.

Con la apelación en curso, se espera que en las próximas semanas se tome una decisión definitiva sobre la permanencia de Jaime Andrés Beltrán en el cargo de alcalde. El caso, además de su relevancia política, despierta una reflexión sobre las regulaciones en torno a la doble militancia y su impacto en la gobernabilidad local.

Sobre la prohibición de la doble militancia

La prohibición de doble militancia fue introducida en la normatividad colombiana con el fin de imprimir seriedad y fortalecer las instituciones de las agrupaciones políticas para evitar que sus militantes desplegaran conductas contrarias a los principios y lineamientos propios de cada uno de ellos

La doble militancia tiene varias manifestaciones, algunas consagradas en la misma Constitución Política y otras introducidas por la Ley 1475 del 2011, las cuales han sido consolidadas por la jurisprudencia en cinco modalidades:

(i) En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político (inciso 1º del artículo 2 de la Ley 1475 del 2011).

(ii) Quienes participen en consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral (inciso 5º del artículo 107 de la Constitución Política).

(iii) Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección por un partido distinto deberá renunciar a la curul al menos 12 meses antes del primer día de inscripciones (inciso 12 del artículo 107 de la Constitución Política e inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 del 2011).

(iv) Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra organización (inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 del 2011)

(v) Directivos de organizaciones políticas (inciso 3º del artículo 2º de la Ley 1475 del 2011).

En una decisión de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró nulo el nombramiento de Luis Eduardo de la Hoz López como cónsul de Colombia en Montevideo (Uruguay), argumentando que el decreto que lo designó infringió principios establecidos para la carrera diplomática y consular.

El fallo afecta el Decreto 0403 del 20 de marzo de 2023, expedido por el presidente de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el que se nombró provisionalmente a de la Hoz en el cargo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La alternancia, eje central de esta controversia, establece que los funcionarios de carrera deben alternar periodos dentro y fuera del país en cargos diplomáticos y consulares. En ese sentido, el tribunal indicó que, al momento de expedir el decreto, “existían 22 funcionarios de carrera diplomática y consular disponibles para ocupar el cargo impugnado, pues ya habían cumplido más de 12 meses en planta externa, y una funcionaria más que ya había culminado su período de alternación en planta interna”.

Por esta razón, concluyó que el decreto incurría en “falsa motivación”, al ignorar al personal habilitado para ocupar el cargo.

Controversia por la potestad presidencial

El fallo también subraya que el nombramiento provisional de Luis Eduardo de la Hoz, “no se ajusta al ordenamiento jurídico que regula la materia”, ya que vulnera el principio de especialidad al obviar la prioridad de los funcionarios de carrera disponibles para el cargo.

Ante la decisión, la defensa del cónsul, liderada por el abogado Germán Calderón España, interpuso un recurso de apelación, argumentando que el fallo podría tener implicaciones económicas significativas para el Estado. Según Calderón España, “los 22 o 25 servidores públicos en carrera consular y diplomática que tendrían que ser trasladados para cumplir con el principio de alternancia le costarían al Estado colombiano aproximadamente 46 mil millones de pesos”, dijo en diálogo con Semana.

El abogado también cuestionó la limitación que la decisión del tribunal impone a las facultades del presidente de la República en materia de nombramientos consulares: “El Tribunal restringe la potestad que tiene el presidente, con base en el artículo 189 de la Constitución, de nombrar funcionarios consulares y embajadores en provisionalidad. Desde el punto de vista jurídico, esta limitación no tiene justificación alguna”, afirmó Calderón España al medio citado, insistiendo en la apelación del fallo.

Trayectoria de Luis Eduardo de la Hoz López y balance de su gestión

Luis Eduardo de la Hoz López, abogado con énfasis en derecho administrativo y público, acumula más de 20 años de experiencia, tanto en el sector privado como público. Antes de su incursión en el ámbito diplomático, trabajó en entidades financieras, como abogado externo en procesos de liquidación, y en la Fundación Cerrejón. También se desempeñó como docente y ocupó cargos en la Asociación Red Nacional de Veedurías y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Desde su llegada al consulado de Colombia en Montevideo, de la Hoz ha reportado avances significativos en la atención a la comunidad colombiana en Uruguay. Entre sus logros destacados se encuentran:

• Incremento en el registro consular, con más de 458 ciudadanos inscritos en el último año, alcanzando un total de 1.826 registrados.
• Creación de redes sociales oficiales del consulado, para informar a la comunidad sobre eventos y servicios.
• Instalación de nuevos equipos informáticos, mejorando los servicios para los usuarios.
• Fortalecimiento de la red de emprendedores colombianos, con capacitaciones y charlas que resultaron en la creación de asociaciones de connacionales.
• Apertura del consulado y la embajada a la comunidad, promoviendo su uso como espacio de encuentro y organización.

La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca pone sobre la mesa el delicado equilibrio entre los principios de la carrera diplomática y la facultad discrecional del presidente de la República para hacer nombramientos. Aunque el recurso de apelación abre la posibilidad de revertir la decisión, el caso destaca la necesidad de armonizar la normatividad interna con la práctica administrativa, en un contexto donde la eficiencia fiscal y la garantía de derechos laborales se encuentran en constante tensión.

En la mañana del 3 de diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia notificó la condena de cinco años de prisión contra Edmundo del Castillo, ex secretario jurídico de la Presidencia durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por su vinculación en el escándalo de las chuzadas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La decisión, que también afecta al ex jefe de prensa de la Casa de Nariño César Mauricio Velásquez, se dio a conocer después de que la magistrada Rosa Elena Suárez Díaz, conjuez de la Sala Penal, ratificara el fallo condenatorio por el delito de concierto para delinquir.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La sentencia marcó un hito en el caso que ha perseguido a varios exfuncionarios de la administración de Uribe Vélez, al considerarse que tanto Velásquez como del Castillo fueron responsables de la realización de actividades ilegales relacionadas con las interceptaciones ilegales de comunicaciones en el periodo presidencial del actual líder del Centro Democrático.

“Una decisión equivocada y apresurada”: Edmundo del Castillo

El exfuncionario de gobierno rompió el silencio y expresó su profundo desacuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, calificándola como injusta. En su cuenta de X, Edmundo del Castillo hizo referencia a lo que considera una serie de vicios procedimentales en el proceso judicial. “Fallo con clara prescripción, político y lleno de vicios procedimentales. A los malquerientes les deseo lo mejor, que sigan pagando sus karmas en vida, ellos entienden. Vienen instancias y acciones”, añadió en su publicación.

El exfuncionario resaltó que este fallo llega después de que él hubiera recibido cuatro absoluciones en distintas instancias judiciales, lo que incrementa su frustración frente a la condena impuesta. “Se recibe la noticia con mucha tristeza porque no es justo. Una conjuez tomó una decisión equivocada. Es lamentable porque llevamos 16 años en este proceso, aunque estoy con la frente en alto para recibir la noticia”, aseguró Edmundo del Castillo, en una declaración conocida por Semana.

Del Castillo insistió en que la decisión de la Corte fue precipitada y señaló que la conjuez que participó en el fallo actuó con base en intereses políticos. En este sentido, el exsecretario jurídico afirmó que el proceso estaba siendo politizado y mostró su descontento con las conclusiones a las que se llegaron. “Me da tristeza con el país porque es una justicia politizada”, expresó del Castillo.

En las declaraciones conocidas por el medio ya citado, el exfuncionario también dejó en claro que no considera haber cometido ningún delito. Según sus palabras, todo este proceso judicial tiene más que ver con un “afán de protagonismo” por parte de la conjuez que dictó la sentencia. “Dijo que la presidencia era una empresa criminal, eso es increíble. Si hubiera leído todo el proceso, hubiera entendido todo, esto deja mucho que desear”, aseguró del Castillo, haciendo referencia a las afirmaciones de la conjuez sobre la presidencia de Uribe Vélez.

Del Castillo acudirá a instancias internacionales

Edmundo del Castillo aseguró que ya están siendo estudiados los recursos legales que interpondrá para apelar la condena, aunque dejó claro que estos no serán presentados en Colombia: “Vienen instancias y acciones”, escribió en X.

En ese sentido, del Castillo informó que en los próximos días dará a conocer más detalles sobre su viaje a Washington, donde tiene previsto presentar los recursos ante la comunidad internacional. Aunque aclaró que no hay urgencia en este proceso, insistió en que su equipo está trabajando para determinar la mejor manera de presentar su caso en instancias internacionales.

El exfuncionario enfatizó su convicción de que es inocente y que, por lo tanto, su equipo legal buscará mecanismos fuera del país para combatir lo que considera un fallo injusto. “La dignidad e inocencia no se negocian, ni se aceptan”, subrayó en otra publicación.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de dar un giro importante en el caso del coronel en retiro Juan Carlos Figueroa, que enfrenta acusaciones por su presunta responsabilidad en la ejecución extrajudicial de al menos 38 personas durante su tiempo al mando del Batallón La Popa en Valledupar, entre enero de 2004 y julio de 2005.

La Sección de Apelación de la JEP admitió una solicitud de nulidad contra el escrito de acusación, que busca anular su llamado a juicio por ‘falsos positivos’.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El 28 de noviembre de 2023, la Fiscalía de la JEP presentó el llamado a juicio contra Figueroa, acusándolo de ser responsable de la omisión en la supervisión de las acciones de los soldados bajo su mando, lo que permitió que se cometieran estos actos ilegales. Sin embargo, el exmilitar nunca ha aceptado responsabilidad por los hechos que se le imputan, defendiendo su postura en que no tenía conocimiento de las acciones ilegales de sus subordinados.

El recurso presentado por la defensa argumenta que existían fallas en el debido proceso y que la acusación contenía incoherencias. En su escrito, la abogada del coronel (r) señala que se le ha imputado responsabilidad como “autor mediato” en la acusación inicial, pero en el documento final se le atribuye responsabilidad como “superior jerárquico” por omisión, lo que, según ella, representa una variación tanto en el componente fáctico del caso como en la calificación jurídica de los hechos.

“Se inicia con una imputación como autor mediato y en la acusación se le atribuye responsabilidad como superior jerárquico, por la omisión en atención a sus funciones, lo que permite a esta defensa afirmar que incluso se da una variación en el componente fáctico como en la calificación jurídica”, explicó la abogada del coronel (r) Figueroa en declaraciones citadas por El Tiempo.

En este sentido, la Sección de Apelación de la JEP será la encargada de evaluar la solicitud presentada por la defensa y determinar si el recurso tiene base legal suficiente como para reescribir el llamado a juicio. De ser así, el proceso judicial tomaría un rumbo completamente distinto, dado que se tendrían que reconsiderar las acusaciones y la forma en que se imputan los crímenes.

Fuentes consultadas por el medio ya citado, aseguran que el coronel (r) Figueroa ha cumplido con los llamados del tribunal, pero las últimas versiones que ha rendido lo han sido desde la embajada colombiana en Dubái, donde estaría residenciado actualmente. Aunque este aspecto no ha sido confirmado oficialmente, los rumores sobre sus viajes internacionales alimentan la controversia en torno a su caso.

Contexto de las investigaciones

Este caso es parte del proceso judicial conocido como Caso 03 dentro de la JEP, que investiga las desapariciones forzadas y homicidios de personas inocentes que fueron presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

En el contexto de este caso, el Batallón La Popa, bajo el mando del coronel (r) Figueroa, ha sido uno de los principales focos de investigación. En total, la JEP ha imputado cargos a 15 exoficiales del ejército colombiano por su presunta implicación en los ‘falsos positivos’, de los cuales 12 han aceptado su responsabilidad.

El caso de Figueroa ha sido uno de los más polémicos, ya que, a pesar de las pruebas presentadas en su contra, el exmilitar ha rechazado cualquier implicación en los crímenes. Junto con otros exoficiales como el mayor (r) José Pastor Ruiz Mahecha y el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, Figueroa se ha mantenido firme en su defensa, negando cualquier tipo de participación en los delitos imputados.

Moscú, 11 nov (EFE).- El Tribunal de Moscú, rechazó hoy el recurso de apelación presentado por la defensa del ciudadano estadounidense Robert Woodland, condenado en julio pasado a 12,5 años de prisión por tráfico de drogas, según informó en Telegram el servicio de prensa de los tribunales de la capital rusa.

La defensa había solicitado a la corte anular la sentencia para una nueva vista, o dictar una sentencia más suave, con el argumento de que el estadounidense reconoció su culpabilidad.

Por su parte, la Fiscalía también recurrió la anterior sentencia y y pidió ampliar la de 12 años y 8 meses, recurso que también fue rechazado.

Woodland, de origen ruso, fue parte de un grupo organizado para la venta de estupefacientes en 2023, según la Justicia rusa.

En el marco de su participación en ese grupo, Woodland colocó un "gran lote" de estupefacientes en un escondite, cuyas coordenadas le fueron facilitadas por sus superiores.

Sobre la detención del estadounidense, de 32 años, se informó en enero pasado.

De acuerdo con la Policía, durante el registro que le fue practicado a Woodland "se le hallaron bolsitas que contenían mefedrona".

Hasta su detención, Woodland, adoptado por padres estadounidenses cuando tenía dos años, trabajaba como profesor del inglés en un suburbio de Moscú, según medios rusos.

Woodland fue condenado casi un mes antes del mayor canje de presos ocurrido entre Rusia y Estados Unidos desde la Guerra Fría, que incluyó a un total de 24 personas de ambas partes. EFE

El abogado Ricardo Miracle, en representación de la Asociación Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio, ha interpuesto un recurso de apelación contra la decisión del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, que en octubre de 2024 inadmitió a trámite la querella interpuesta por 6 ciudadanos venezolanos contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En esta querella, presentada en septiembre de este año, los seis denunciantes acusaban a Zapatero de presuntos delitos de lesa humanidad, tortura y contra la integridad moral alegando su supuesta vinculación con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Sin embargo, el juez Ismael Moreno desestimó la querella, en la misma línea que el informe de la Fiscalía, al entender que estaba basada exclusivamente en informaciones periodísticas y en contenidos publicados en las redes sociales, sin existir "dato objetivo alguno que vincule al querellado con los hechos denunciados por los querellantes ni atisbo alguno de su conocimiento de los mismos".

"Entre las afirmaciones que realizan los querellantes no se ofrezca ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente su verosimilitud, limitándose los querellantes a afirmar su existencia sin ningún apoyo objetivo", añadía la resolución.

En una rueda de prensa celebrada este lunes en el Col·legi de Periodistes de Catalunya y presentada por el periodista Erik Encina, Miracle ha dicho tener esperanza aludiendo a la reciente admisión de la querella contra Begoña Gómez, esposa del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que inicialmente también fue inadmitida y que se basa fundamentalmente en informaciones periodísticas.

En la apelación sostienen --también basándose en informaciones periodísticas-- que Edmundo González, al que la entidad considera "el presidente electo de facto" de Venezuela, sufrió, en palabras de Miracle, amenazas veladas y coacciones en la embajada española en Caracas durante una negociación en la que se le ofreció exiliarse en España a cambio de reconocer la victoria de Nicolás Maduro en las últimas elecciones presidenciales.

Los denunciantes reconocen que el expresidente no estaba presente en esta reunión, pero sostienen que "participó una persona muy allegada" a él y a la que atribuyen un papel de mediador.

"REPRESENTA A 9 MILLONES DE VENEZOLANOS"

Zuleima Yépez, portavoz de la Asociación Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio y una de las denunciantes, ha dicho que la querella representa "a los 9 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela por la tiranía".

Ha añadido que en Venezuela existe una crisis sistémica de sanidad, de alimentos y de derechos humanos y ha insistido en que Zapatero "está blanqueando al gobierno de Maduro y lo legitima diciendo que ha ganado las elecciones", lo que, en sus palabras, supone encubrir o cooperar en este tipo de delitos.

El abogado ha insistido en que los denunciantes no tienen medios para iniciar investigaciones por su cuenta, por lo que piden al tribunal "admitir a trámite la querella e iniciar la instrucción".

La Cancillería de Colombia presentó un recurso de apelación contra la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que suspendió provisionalmente al cónsul de Colombia en México, Andrés Camilo Hernández Ramírez, por presunta violación de las normas de la carrera diplomática.

La medida cautelar fue adoptada el pasado 25 de octubre, aunque fue notificada oficialmente el 5 de noviembre de 2024.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En el recurso de apelación, que fue presentado ante la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Ministerio de Relaciones Exteriores argumenta que la providencia que ordenó la suspensión provisional del cónsul no está basado en pruebas suficientes y, por tanto, considera que la medida cautelar de suspensión provisional es improcedente en esta etapa del proces

El recurso también subraya que la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue basada en un análisis superficial de las pruebas aportadas por los demandantes, específicamente las actas de posesión de funcionarios de carrera diplomática, y las presuntas violaciones a la normativa aplicable en la designación de Andrés Hernández.

En el texto, el Ministerio de Relaciones Exteriores asegura que, si bien el tribunal revisó la normativa que rige las medidas cautelares, no tuvo en cuenta que el nombramiento de Hernández fue conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la carrera diplomática; pues hace referencia al artículo 243 y al inciso segundo del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los cuales se establece que, para que se ordene una suspensión provisional, debe existir una violación evidente y probada de las normas invocadas por los demandantes.

Por lo anterior, la Cancillería solicitó que se revoque la decisión adoptada por el tribunal de primera instancia.

“Puede tener efectos adversos sobre la misión diplomática”: Cancillería

Para la Cancillería, esta decisión no solo es improcedente, sino que “puede tener efectos adversos sobre el funcionamiento de la misión diplomática en México”. En el recurso de apelación, el Ministerio aseguró que si se lleva a cabo la suspensión, se generaría una vacante en el cargo ocupado por Hernández, lo cual obligaría a realizar una reubicación de funcionarios diplomáticos en otras sedes, lo que afectaría el equilibrio de los recursos humanos en las representaciones diplomáticas de Colombia en el extranjero.

Por otra parte, recuerda que existen solo 35 funcionarios en la categoría de Consejero para cubrir los 89 cargos disponibles en la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto, según la Cancillería, “hace que la provisionalidad sea una medida necesaria, ya que no hay suficientes funcionarios de carrera para cubrir todos los puestos en la planta diplomática de Colombia”.

El contexto de la demanda

El recurso de apelación se refiere a la demanda presentada por la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), que argumenta que Andrés Camilo Hernández no cumplía con los requisitos necesarios para ser designado como Consejero del Ministerio de Relaciones Exteriores, cargo al que fue nombrado provisionalmente mediante el Decreto 0984 de agosto de 2024. Según los demandantes, Hernández no reunía la experiencia laboral requerida y, además, su nombramiento violaba los principios de la carrera diplomática, que exigen que los funcionarios de carrera sean los prioritarios para ocupar estos cargos.

Además, se menciona que en 2023, el Consejo de Estado había declarado nulo el Decreto 0143, que nombraba a Hernández Ramírez en el mismo cargo, por no cumplir con las exigencias legales. En esa ocasión, se argumentó que existían funcionarios dentro de la carrera diplomática que cumplían con los requisitos para ocupar ese cargo, pero que fueron pasados por alto en favor de Hernández Ramírez. Este contexto fue tomado en cuenta por el tribunal a la hora de tomar su decisión.

El tribunal, en su fallo, decidió suspender provisionalmente el nombramiento de Hernández Ramírez, considerando que el acto administrativo podría estar viciado de nulidad por las presuntas irregularidades en su nombramiento. Esta medida cautelar fue adoptada mientras se resuelve el fondo del litigio, es decir, si efectivamente hubo violación a las normas de la carrera diplomática en su designación.

El 13 de noviembre la atención de la opinión pública estaba puesta en la resolución del caso contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir por su presunta participación en la consolidación de Los Doce Apóstoles.

Cabe mencionar que, esta estructura criminal, de acuerdo con la JEP, fue consolidada por la Asociación de Comerciantes de Yarumal, provocó la muerte de al menos 181 víctimas en ese municipio, 134 en Valdivia y 89 en Santa Rosa de Osos en los años 90.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En la investigación, la fiscalía se basó en un informe entregado por el Grupo de Análisis de Información de la JEP, que señaló que Uribe Vélez tuvo un papel importante en la financiación del grupo armado, a pesar de que entre 1999 y el 200 había sido exonerado por este mismo caso.

Finalmente, el 13 de noviembre de 2024, luego de cuatro años de proceso, el Juzgado Primero Penal Especializado de Antioquia declaró al ganadero inocente de todas las acusaciones en su contra, argumentando que existen “dudas razonables” en las pruebas que se presentaron en su contra.

De manera inmediata, el expresidente Álvaro Uribe Vélez celebró el fallo escribiendo “Gracias a Dios” en su cuenta de X.

Caso no ha terminado aún

A pesar de las múltiples reacciones a favor de la decisión del juzgado, cabe mencionar que, el caso contra Santiago Uribe no ha terminado todavía, ya que de acuerdo con la fiscalía, aun la parte demandante puede apelar la decisión.

“En aras de materializar el acto de notificación personal, se les remite copia íntegra de la providencia que puso fin a la instancia, obrante en 218 folios en formato PDF, no sin antes significarles que contra dicha determinación procede el recurso de apelación”.

El recurso de apelación “es un instrumento judicial, en este caso, para impugnar una sentencia controvirtiéndola con argumentos que apunten a desvirtuarla total o parcialmente y sirvan de marco al juez de segunda instancia para llevar a cabo la función revisora”.

Minutos después de que se confirmó la absolución de Uribe Vélez, el periodista Daniel Coronell informó que los representantes de las víctimas en este caso apelarán la sentencia ante el Tribunal Superior de Antioquia, confirmando que aun el caso contra el hermano del expresidente no se ha cerrado de manera definitiva.

Opiniones divididas tras el fallo

Una de las primeras figuras políticas que reaccionó fue el expresidente Iván Duque, que en su cuenta de X indicó que este era un resultado positivo que demostraba que Santiago Uribe es una persona que “ha trabajado con honestidad y servido a Colombia con pasión”.

“Se ha hecho justicia con Santiago Uribe Vélez y toda su familia. La absolución frente a cargos basados en calumnias e infamias que durante años atacaron su honra es un triunfo para la honorabilidad de una familia que ha trabajado con honestidad y servido a Colombia con pasión. Me uno en alegría a todos sus seres queridos”, escribió el expresidente.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se pronunció, pero en su caso se mostró en contra de la absolución de Uribe Vélez y dejó esto claro en un extenso mensaje que compartió en su cuenta de X.

“Un crimen internacional de lesa humanidad, como haber asesinado sistemáticamente los miembros de la UP, con asesinato de niños incluido, lanzar operaciones de asesinato de civiles indefensos sistemáticamente, no puede quedar en la impunidad por el temor de un juez. Las normas del mundo hablan que si la justicia de un país no es capaz de juzgar a los criminales contra la humanidad, lo hace un tribunal internacional”, escribió el mandatario.

Caso será llevado a instancias internacionales

En diálogo con Caracol Radio, el abogado Sergio Mesa, representante legal de las víctimas del caso, anunció que llevará el caso contra Santiago Uribe a instancias internacionales, argumentando que es la única forma para que las pruebas no sean engavetadas.

“Continuaremos acudiendo a instancias internacionales, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mi libro lo haré llegar allá, sobre todo porque yo soy representante ante la JEP de 23 víctimas de Los Doce Apóstoles de las 533 que reconoce la fiscalía; además, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia debe conocer en profundidad las pruebas que durante más de 30 años se han ido empolvando y engavetando en los anaqueles de la justicia”.

El jurista indicó que en el expediente hay testimonios que vinculan a Uribe Vélez con la estructura criminal, incluyendo el del teniente Juan Carlos Meneses y el de Alexander de Jesús Amaya Vargas, que aseguró haber sido testigo de las reuniones que se habrían llevado a cabo en la Hacienda La Carolina.

San Salvador, 30 oct (EFE).- La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) apeló el falló que dictó el "sobreseimiento definitivo" de la causa penal contra cinco líderes comunitarios y ambientalistas, quienes fueron acusados de asesinar a una mujer en 1989, en el contexto de la guerra civil (1980-1992), según informó este miércoles la ONG a la que pertenecen.

"La FGR sigue empeñada en impedir que prevalezca la legalidad y la justicia para los líderes comunitarios de Santa Marta" y "por eso ha presentado un recurso de apelación ante la Cámara Penal de Cojutepeque (localidad centro)", señaló la ONG Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES).

De acuerdo con esta organización, la Fiscalía "busca revertir la resolución apegada a derecho y congruente con los principios del debido proceso".

"La apelación se caracteriza por la falta de argumentación legal válida y por la forma irrespetuosa en que los personeros de la Fiscalía se refieren a las honorables juezas de sentencia", señaló, y llamó a los magistrados que conocerán el recurso a que "ratifiquen la decisión del Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque".

El pasado 18 de octubre, el referido tribunal de sentencia dictó "un sobreseimiento definitivo, porque se declaró extinta la acción penal por ambos delitos, por asesinato y asociaciones (ilícitas)", explicó a periodistas la abogada defensora Carolina Herrador, tras la lectura del fallo en la localidad de Sensuntepeque, a más de 84 kilómetros de San Salvador.

Las personas que fueron implicadas en el caso pertenecen a la remota comunidad de Santa Marta, ubicada en el distrito de Victoria, que es reconocida por la lucha de sus pobladores contra la minería metálica y cuyos habitantes atribuyen el proceso penal a la denuncia de la posible reversión de la prohibición minera aprobada en el Congreso en 2017.

Otras dos personas fueron juzgadas en ausencia y declaradas en rebeldía, cuyo fallo ha quedado pendiente.

Los ambientalistas son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad-, fueron procesados desde enero de 2023.

Además, fueron juzgados en ausencia Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992, y Arturo Serrano Ascencio.

La Fiscalía señaló en su momento que "todos los procesados" son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusó del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, el 22 de agosto de 1989, sin que haya dado mayores detalles del caso, puesto bajo reserva. EFE

Nueva York, 29 oct (EFE).- Un juez de Nueva York declaró este martes inconstitucional una ley de la ciudad que ha permitido el cierre rápido de más de mil negocios que vendían marihuana sin licencia porque niega a los comerciantes el debido proceso de ley.

De inmediato, la ciudad indicó que apelará la decisión del juez Kevin Kerrigan, de la Corte Suprema de Queens. El alcalde demócrata de la ciudad, Eric Adams, ha reclamado reiteradamente que el operativo para el cierre de esos negocios ha sido un éxito.

La ciudad actualizó a principios de este año su código administrativo para facilitar el cierre de los negocios que venden la marihuana sin la debida licencia.

Pero el juez Kerrigan emitió su opinión indicando que las partes de la ley que permiten al alguacil de la ciudad decidir de forma unilateral cerrar un negocio hasta por un año son inconstitucionales y que el dueño del comercio tiene derecho a una audiencia administrativa, de acuerdo con la ley municipal, señala el diario digital Gothamist.

Tras la audiencia, se hace una recomendación sobre si el negocio debe permanecer cerrado, pero hasta ahora, la decisión la ha tomado el alguacil.

El caso fue llevado a la corte por el dueño de un negocio en Queens que fue cerrado el pasado septiembre. Durante la audiencia en el tribunal, la oficina del alguacil presentó fotos de productos de marihuana que tenían para la venta.

Un empleado de la bodega admitió que era para la venta pero que los de la oficina del alguacil intervinieron en el negocio cuando estaba cerrado.

La defensa del comerciante, Lance Laza, se manifestó optimista en que saldrán exitoso de la apelación que hará la ciudad.EFE

Nueva York, 29 oct (EFE).- Un juez de Nueva York declaró hoy inconstitucional una ley de la ciudad que ha permitido el cierre rápido de más de mil negocios que vendían marihuana sin licencia porque niega a los comerciantes el debido proceso de ley.

De inmediato, la ciudad indicó que apelará la decisión del juez Kevin Kerrigan, de la Corte Suprema de Queens. El alcalde demócrata de la ciudad, Eric Adams, ha reclamado reiteradamente que el operativo para el cierre de esos negocios ha sido un éxito.

La ciudad actualizó a principios de este año su código administrativo para facilitar el cierre de los negocios que venden la marihuana sin la debida licencia.

Pero hoy el juez Kerrigan emitió su opinión indicando que las partes de la ley que permiten al alguacil de la ciudad decidir de forma unilateral cerrar un negocio hasta por un año son inconstitucionales y que el dueño del comercio tiene derecho a una audiencia administrativa, de acuerdo con la ley municipal, señala el diario digital Gothamist.

Tras la audiencia, se hace una recomendación sobre si el negocio debe permanecer cerrado, pero hasta ahora, la decisión la ha tomado el alguacil.

El caso fue llevado a la corte por el dueño de un negocio en Queens que fue cerrado el pasado septiembre . Durante la audiencia en el tribunal, la oficina del alguacil presentó fotos de productos de marihuana que tenían para la venta.

Un empleado de la bodega admitió que era para la venta pero que los de la oficina del alguacil intervinieron en el negocio cuando estaba cerrado.

La defensa del comerciante, Lance Laza, se manifestó optimista en que saldrán exitoso de la apelación que hará la ciudad.EFE

.

Dubái, 29 oct (EFE).- Un tribunal de Emiratos Árabes Unidos (EAU) condenó este miércoles a tres miembros del club de fútbol egipcio Zamalek a un mes de prisión y a una multa de 200.000 dirhams (20.290 dólares) por “atentar contra la seguridad de los empleados públicos” durante el partido de la final de la Supercopa egipcia, según un comunicado del tribunal.

En los fundamentos de la sentencia, el Tribunal Penal de Abu Dabi especificó que los acusados "no respetaron las normas establecidas de seguridad" y que las pruebas presentadas junto con las declaraciones de las víctimas "respaldan la veracidad de los cargos presentados por la Fiscalía".

Además, las grabaciones de las cámaras en el estadio Al Nahyan (Abu Dabi) confirman los actos de los acusados contra un agente de seguridad del estadio, responsable de mantener el orden durante el evento deportivo, el cual fue agredido durante el partido, de acuerdo con el fallo del tribunal.

El fallo destaca que los días que el trío ha permanecido en prisión ya se descuentan de su condena, por lo que, si no se revierte el fallo mediante apelación en los próximos 15 días, la pena concluirá el 20 de noviembre.

El incidente entre Nabil Imad Dunga y Mustafa Shalaby, jugadores del Zamalek, y un miembro de la organización del estadio, derivó en la intervención de Abdel Wahed Al Sayed, y provocó "tensiones con el personal de seguridad", lo que culminó en la actuación de las autoridades locales.

La junta directiva del club anunció que ha presentado un recurso de apelación contra la decisión del tribunal de Abu Dabi.

Los jugadores permanecieron en prisión durante y antes del juicio.

El Zamalek se impuso al equipo Pyramids con una victoria de 5-4 en penales, lo que le permitió avanzar a la final de la Supercopa de Egipto que acoge Emiratos, aunque este incidente empañó el resultado del partido.

bm-rml/cgs/nam

Bangkok, 29 oct (EFE).- La defensa del español Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha pedido un nuevo aplazamiento para presentar el recurso contra la sentencia, cuyo plazo concluía este martes, confirmaron a EFE varias fuentes.

La nueva fecha límite para presentar el recurso es el próximo 29 de noviembre, debido al aplazamiento solicitado por el equipo jurídico de Sancho, dijeron a EFE desde el Tribunal Provincial de Samui (isla al sur de Tailandia), donde tuvo lugar el juicio contra el español el pasado abril.

Por su parte, Alice Keartjareanlap, asesora legal de confianza en Tailandia del padre del condenado, el actor español Rodolfo Sancho, confirmó a EFE que el aplazamiento para la presentación del recurso se presentó ante el tribunal de Samui el pasado día 24 de octubre, cinco días antes de que expirara el plazo.

Se trata de la segunda prórroga, después de que el primer plazo también se ampliara al expirar el 29 de septiembre, justo un mes después de que el mismo tribunal leyera a puerta cerrada la sentencia de cadena perpetua contra Sancho tras hallarle culpable de asesinar a Arrieta de manera premeditada el 2 de agosto de 2023.

Sancho, que tuvo un papel muy activo durante el juicio celebrado entre el 9 de abril y el 2 de mayo, estuvo representado en la sala por el abogado de oficio Apirchat Srinual. Tailandia solo permite a letrados locales ejercer en sus tribunales.

En España, Sancho cuenta con un equipo legal formado por los criminólogos Ramón Chipirrás y Carmen Bafalgón, así como el abogado penalista Marcos García-Montes.

"Estamos trabajando en el recurso todo el equipo, de la misma forma que se hizo durante el juicio", dijo este martes a EFE Chipirrás, quien añadió que la apelación "se presentará en su momento oportuno", y que se dispondrán de las prórrogas mensuales "que se necesiten".

Según pudo saber EFE, el español está en contacto regular con su equipo legal en Tailandia y en España a través de visitas a la prisión y videoconferencias para preparar el recurso.

Desde la corte de Samui indicaron a EFE que "no hay un máximo de veces" que se puede aplazar la presentación de un recurso y que depende de la consideración del juez.

"En general -añadieron- el juez suele permitir hasta cuatro aplazamientos".

Ni el equipo asesor en Tailandia ni en el de España han querido dar detalles de por dónde se está enfocando el recurso. "Seguimos trabajando en el recurso con base en lo que quedó acreditdo en las vistas del juicio", dijo a EFE Chipirrás.

La defensa considera que las pruebas presentadas y los testimonios en el juicio acreditaron su versión de que la muerte de Arrieta se debió a una pelea en la que Sancho actuó en defensa propia.

La sentencia, a la que tuvo acceso EFE, sostiene que Sancho "golpeó" con "intención de matar" al colombiano, cuyo cadáver fue descuartizado, y añade que "preparó" el crimen con la compra previa de cuchillos, una sierra y bolsas de plástico, entre otros argumentos.

Sancho fue trasladado el 30 de agosto desde la prisión de Samui a la de Surat Thani (sur de Tailandia), un día después de la lectura de la sentencia, que aún puede recurrir en un Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo.

El español conoció a Edwin Arrieta, cirujano plástico colombiano, a través de las redes sociales meses antes de que ambos quedaran en la isla tailandesa Phangan el día de los hechos. EFE

El ciudadano francés Laurent Vinatier ha anunciado este martes que ha recurrido ante la Justicia de Rusia la sentencia a tres años de prisión impuesta por difundir informaciones sobre el Ejército ruso durante la invasión de Ucrania y en calidad de "agente extranjero", tal y como señalan los documentos judiciales.

Así lo ha confirmado un tribunal ruso, que ha indicado que Vinatier --condenado por espionaje-- ya ha presentado una apelación a medida que la comunidad internacional critica el veredicto de la Justicia de Rusia, país al que acusan de "perseguir a sus ciudadanos con la imposición de cargos sin prueba alguna" para poder luego utilizarlos en el marco de intercambios de prisioneros de guerra.

Vinatier, que se declaró culpable por no haberse registrado debidamente como "agente extranjero", tal y como requiere la ley rusa, trabaja para la ONG suiza Centro para el Diálogo Humanitario, encargada de mediar en conflictos armados y se ha convertido en uno de los muchos occidentales que se encuentran encarcelados en Rusia desde que comenzó la invasión de Ucrania hace ya más de dos años, según señalan las informaciones recogidas por medios franceses.

El francés de 48 años fue detenido el pasado mes de junio en Moscú acusado de espionaje, si bien el presidente galo, Emmanuel Macron, exigió rápidamente su puesta en libertad.

La legislación rusa indica que la pena máxima para un francés no puede exceder los dos tercios de la duración máxima del tipo de pena más grave. Al mismo tiempo, especifica que el acusado solo podrá apelar el tipo de pena y su duración ante una corte de apelaciones, pero no las circunstancias exactas sobre las cuales el tribunal ha emitido su veredicto.

Vigo, 18 oct (EFE).- El RC Celta recurrirá al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la sanción de un partido al internacional ghanés Ilaix Moriba, confirmada este viernes por el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF), para que pueda jugar mañana, sábado, contra el Real Madrid.

El mediocentro celeste fue expulsado en el minuto 54 del último partido contra la UD Las Palmas después de ser amonestado con dos tarjetas amarillas en apenas dos minutos, ambas por “derribar a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón”.

Catorce días después de ese encuentro, a poco más de 24 horas del duelo contra el Real Madrid, el Comité de Apelación desestimó el recurso del Celta pese a admitir que el club vigués puede tener razón en su argumentación.

“Es posible que las pruebas videográficas hagan que no resulte descartable la versión del club apelante, pero, incluso aunque resultara la más verosímil, el error material manifiesto queda descartado con una mínima compatibilidad entre las imágenes y lo reflejado en el acta”, señala Apelación en su resolución.

En este sentido, el órgano dependiente de la Federación Española sostiene que “el club apelante no niega el contacto sino la fuerza de este, siendo imposible valorarlo con las imágenes aportadas”. EFE

dmg/og

Vigo, 18 oct (EFE).- El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desestimado el recurso del RC Celta por Ilaix Moriba, por lo que el centrocampista guineano no podrá jugar mañana ante el Real Madrid.

En su resolución, Apelación sostiene, como ya había hecho el Comité de Competición, que “siendo las imágenes compatibles con lo reflejado en el acta, y ante la inexistencia de pruebas que lo desvirtúen, no puede apreciarse el error material manifiesto alegado por el club apelante”.

Además, también apunta que las “meras dudas” tampoco son “suficientes” para demostrar ese error material manifiesto “capaz de desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral”.

La baja de Ilaix Moriba, expulsado en el partido ante la UD Las Palmas, se une a la ya conocida de Iago Aspas, que también deberá cumplir un partido de sanción ante el Real Madrid. EFE

dmg/og

El Juez de Apelación de la Euroliga ha rechazado este lunes el recurso presentado por el Real Madrid contra la sanción impuesta contra el base Facundo Campazzo, por lo que el argentino no podrá jugar este martes en la tercera jornada de la Fase Regular ante el Baskonia.

"El Juez de Apelación ha emitido su fallo tras el recurso presentado por el Real Madrid y Facundo Campazzo respecto a la sanción impuesta por acciones que suponen una falta de respeto hacia los árbitros durante su partido como visitante ante el FC Bayern Munich. El Juez de Apelación ha ratificado la sanción original, por lo que Facundo Campazzo no podrá jugar en la Jornada 3", indicó la máxima competición continental en su página web.

El base madridista fue sancionado el pasado martes con un partido de suspensión y multa de 5.000 euros por su comportamiento en el tramo final del partido ante el Bayern Múnich alemán. Campazzo protestó de forma airada y con vehemencia al colegiado Saulius Racys por la no señalización de una falta cuando lanzaba un triple con 92-89 en contra y fue descalificado del encuentro.

La sanción le apartaba inicialmente de la visita del pasado jueves del Partizán serbio, pero recibió la cautelar ante el recurso presentado por el conjunto madridista y pudo jugar, aunque ahora la sanción ya es definitiva y no podrá ayudar a su equipo, que no atraviesa su mejor momento, en la siempre complicada visita al Fernando Buesa Arena.

Madrid, 9 oct (EFE).- El Atlético de Madrid ha decidido recurrir contra la sanción de cierre parcial de tres partidos del fondo sur del estadio Metropolitano ante el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol, al considerarla "desproporcionada", porque "el comportamiento inaceptable de unos pocos no puede suponer un castigo tan desmedido hacia una gran mayoría que no cometió ninguna falta", según expresó este miércoles en un comunicado.

"Una vez analizada la resolución del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, en la que se dictamina el cierre parcial del fondo sur bajo (sectores 127 a 133) de nuestro estadio por tres partidos, consideramos desproporcionada la sanción, que perjudica a un gran número de aficionados que nada tienen que ver con lo acontecido y que mostraron un comportamiento ejemplar", explicó el club rojiblanco en sus canales oficiales.

El Atlético de Madrid fue sancionado por el Comité de Competición con tres partidos de cierre parcial del fondo sur de su estadio (en los próximos encuentros contra el Leganés, Las Palmas y Alavés) por el lanzamiento de objetos al portero del Real Madrid Thibaut Courtois durante el derbi del pasado 29 de septiembre y que supuso la suspensión temporal del encuentro durante unos 17 minutos.

Tres de los implicados en estos incidentes ya han sido identificados y expulsados por el club rojiblanco, según anunció la entidad a lo largo de la pasada semana.

"Creemos que el comportamiento inaceptable de unos pocos no puede suponer un castigo tan desmedido hacia una gran mayoría que no cometió ninguna falta. El gran perjudicado por todo lo ocurrido es el Atlético de Madrid y su afición y los responsables de ello son los implicados en el lanzamiento de objetos, que son quienes deben ser castigados y no el resto de la afición, que ha demostrado sobradamente su buen comportamiento. Por este motivo, consideramos procedente recurrir dicha sanción ante el Comité de Apelación", valoró el club.

A la vez, el Atlético reiteró "su condena de los incidentes que sucedieron durante la disputa del encuentro ante el Real Madrid". "Nuestro club mantiene una política de tolerancia cero contra la violencia, persiguiendo cualquier manifestación de esta índole y aplicando las sanciones previstas en nuestra normativa interna a los implicados", repasó.

"Nuestra colaboración con las autoridades es permanente y, en el caso referido, se trabajó conjuntamente con la Policía desde el mismo instante en que se produjeron los hechos para identificar a los implicados, tres de los cuales ya han sido expulsados de manera permanente como socios del club", recordó.

"Nuestro departamento de Seguridad continúa colaborando con la Policía en la identificación del resto de implicados en el lanzamiento de objetos, que también serán expulsados de forma permanente en cuanto sean localizados", añadió. EFE

Washington, 8 oct (EFE).- Los abogados del famoso rapero estadounidense Sean “Diddy” Combs han solicitado este martes al Segundo Circuito de Apelaciones de los EE.UU. que el artista sea puesto en libertad bajo fianza previa a su juicio, después que un juez le negara el beneficio y lo mantuviera en custodia.

La apelación impugna la decisión tomada por el juez Andrew Carter, que lleva el caso, al ponerse del lado de los fiscales federales que argumentaron que Combs es un peligro para la comunidad y representa un riesgo de fuga, por lo que debería permanecer en la cárcel.

“Mucho antes de su acusación formal el Sr. Combs tomó numerosas medidas para demostrar su fiabilidad y su compromiso de demostrar su inocencia en este caso”, argumentan los abogados de Combs en su apelación en documentos judiciales a los que tuvo acceso EFE.

Esta es la tercera solicitud de los abogados para lograr la libertad bajo fianza del famoso rapero, que se ha declarado inocente de todos los cargos.

Combs está actualmente encarcelado y a la espera de un juicio penal, después de ser arrestado a principios de septiembre y ser acusado de conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual, entre otros delitos.

Los abogados habían pedido previamente al juez Carter que liberara al rapero con una fianza de 50 millones de dólares y que se le aplicara la detención domiciliaria y se le impusieran límites a las visitas, pero se ha negado.

Carter argumentó que una de sus mayores preocupaciones eran las acusaciones de que Combs había intentado manipular a los testigos que habían sido contactados por los fiscales como parte de la investigación.

En la solicitud de este martes, los abogados insistieron que no había pruebas de que el rapero hubiera tratado de interferir en la investigación penal sobre su conducta.

Combs está detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde comparte espacio con el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried.

El cantante, de 54 años, que era investigado por tráfico de personas y abuso sexual, fue arrestado el pasado 16 de septiembre en Nueva York y tras la primera audiencia, el juez determinó que continuara en prisión.

Su arresto ocurrió tras haber recibido durante el último año diez demandas de abuso sexual y violación por parte de diversas mujeres, unas denuncias cuyo número ha ido creciendo. EFE

(foto)

Washington, 8 oct (EFE).- Los abogados del famoso rapero estadounidense Sean “Diddy” Combs han solicitado este martes al Segundo Circuito de Apelaciones de los EE.UU. que el artista sea puesto en libertad bajo fianza previa a su juicio, después que un juez le negara el beneficio y lo mantuviera en custodia.

La apelación impugna la decisión tomada por el juez Andrew Carter, que lleva el caso, al ponerse del lado de los fiscales federales que argumentaron que Combs es un peligro para la comunidad y representa un riesgo de fuga, por lo que debería permanecer en la cárcel.

“Mucho antes de su acusación formal el Sr. Combs tomó numerosas medidas para demostrar su fiabilidad y su compromiso de demostrar su inocencia en este caso”, argumentan los abogados de Combs en su apelación en documentos judiciales a los que tuvo acceso EFE.

Esta es la tercera solicitud de los abogados para lograr la libertad bajo fianza del famoso rapero, que se ha declarado inocente de todos los cargos.

Combs está actualmente encarcelado y a la espera de un juicio penal, después de ser arrestado a principios de septiembre y ser acusado de conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual, entre otros delitos.

Los abogados habían pedido previamente al juez Carter que liberara al rapero con una fianza de 50 millones de dólares y que se le aplicara la detención domiciliaria y se le impusieran límites a las visitas, pero se ha negado.

Carter argumentó que una de sus mayores preocupaciones eran las acusaciones de que Combs había intentado manipular a los testigos que habían sido contactados por los fiscales como parte de la investigación.

En la solicitud de este martes, los abogados insistieron que no había pruebas de que el rapero hubiera tratado de interferir en la investigación penal sobre su conducta.

Combs está detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde comparte espacio con el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried.

El cantante, de 54 años, que era investigado por tráfico de personas y abuso sexual, fue arrestado el pasado 16 de septiembre en Nueva York y tras la primera audiencia, el juez determinó que continuara en prisión.

Su arresto ocurrió tras haber recibido durante el último año diez demandas de abuso sexual y violación por parte de diversas mujeres, unas denuncias cuyo número ha ido creciendo.

Santander, 28 sep (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha revocado la condena de quince años de cárcel que había impuesto la Audiencia a un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija durante varios años cuando era menor de edad, al entender que no hay corroboraciones objetivas de lo denunciado.

El pasado mes de mayo, la Audiencia de Cantabria condenó a quince años de prisión a este hombre por agredir sexualmente a su hija de manera reiterada desde que la niña tenía nueve años hasta los catorce.

Según lo que la Audiencia consideró probado, el hombre se masturbó delante de ella, le hizo tocamientos y la agredió sexualmente.

La defensa del acusado, representada por el letrado Manuel Vega y la procuradora Beatriz Ruenes, planteó recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y, en una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, este órgano le da la razón y corrige a la Audiencia.

El alto tribunal entiende que la prueba de cargo presentada "no tiene entidad suficiente para provocar el decaimiento de la presunción de inocencia" de este hombre.

La Audiencia entendió que este acusado fue autor de un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal a menor de dieciséis años, concurriendo prevalimiento por razón de parentesco.

Además de la pena de prisión, le prohibió comunicar y acercase a su hija durante cinco años, y le impuso el pago de una indemnización a esta de 10.000 euros, por el estrés postraumático.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria reconoce que la Audiencia motivó su decisión de condenar pero no cree que cuente con "corroboraciones objetivas" acerca del testimonio de la hija del acusado.

"La sentencia de la Audiencia Provincial cumple sobradamente con el deber de motivación que le es exigible y expone con claridad los razonamientos que sustentan la sentencia condenatoria, pero no podemos compartir que el tribunal haya dispuesto de corroboraciones objetivas sobre el testimonio de la denunciante", se indica en la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal.

El TSJC admite que "el largo tiempo transcurrido desde que cesaron los supuestos hechos" hasta el momento de interposición de la denuncia "hace más difícil disponer de corroboraciones objetivas", pero añade que la única persona a la que la entonces menor refirió en su momento lo que le estaba sucediendo, su madre, no fue citada a juicio. EFE

En una comunicación pública, Hernández había anunciado que, junto con su defensa, apelarían la decisión del Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga con función de Conocimiento, presentando el recurso ante el Tribunal Administrativo de Santander. Así las cosas, en una corta intervención con W Radio, el exalcalde anunció su llegada para adelantar el proceso, insistiendo en que se encuentra “muy bien”, aludiendo a su actual condición de salud.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Pues, en medio de una audiencia, informó que fue diagnosticado con un cáncer terminal, luego de haber pasado por varias sesiones de quimioterapia y por una cirugía para eliminar un tumor que encontraron en su colon. En medio de su lucha contra la enfermedad y por defenderse en el proceso penal que pesa en su contra, ha asegurado que irá hasta las últimas instancias, en aras de asegurar su libertad, eso implica, acudir al recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, si en segunda instancia se llega a confirmar su sentencia.

“Me condenan no por ladrón, ni por haberme robado ni un peso, simplemente me condenan porque violé dizque el derecho a la contratación, a la línea que tiene que seguir todo gobernante de no tener preferencias en la adjudicación de los contratos”, explicó Hernández en un video publicado en su cuenta de YouTube, luego de que fuera condenado a más de cinco años de casa por cárcel.

Así las cosas, al salir de la diligencia en la que presentó el recurso de apelación, aseguró que esperará a que el Tribunal Superior resuelva su caso y determine que es “inocente”. “No me robé un peso en la Alcaldía, ni me lo robaré, y todo lo que me gané lo entregué para ayudar y apoyar a la gente más pobre que se había educado en los colegios de primaria y secundaria municipal”, aseveró a W Radio. Culpó entonces a sus “enemigos” a los cuales presuntamente sacó de la entidad por ser “ladrones”. “Están felices, están de fiesta”, añadió.

La condena contra Rodolfo Hernández y el caso Vitalogic

El excandidato presidencial enfrenta la posibilidad de perder su libertad por cuenta de un caso de corrupción ocurrido entre 2016 y 2019. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, siendo alcalde de Bucaramanga y miembro de la junta directiva de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab), direccionó el contrato de consultoría 096 de 2016 para que fuera adjudicado al ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala.

Esta persona, según detalló la Procuraduría General de la Nación cuando inhabilitó al exfuncionario por este caso, se encargaría de elaborar los términos de la contratación para el manejo de basuras del relleno sanitario El Carrasco de Bucaramanga. “(Rodolfo Hernández) entregó instrucciones para que la EMAB lo vinculara y le pagara por sus servicios, sin que existiera soporte de las actividades que desarrolló con ocasión de esa consultoría”, precisó el organismo de control y vigilancia. Su tarea también era favorecer a la Unión Temporal Vitalogic RSU que suministraría la tecnología WastAway en Colombia para el manejo de las basuras, según la Procuraduría.

Por estos hechos, un juez penal condenó al exalcalde a 64 meses de prisión domiciliaria, al pago de una multa de 66 salarios mínimos legales vigentes y a 88 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos. Durante la audiencia, el juez informó a Hernández que tenía derecho a una impugnación especial, que consiste, básicamente, en la exposición de las razones por las cuales no estaría de acuerdo con la sentencia. Sin embargo, el excandidato no hizo uso de este recurso e informó que su defensa apelaría.

“Vamos a dejar que el apoderado mío actúe de acuerdo con la conformidad del Código Penal. Yo creo que es suficiente, señor juez, es suficiente el paso que están dando contra mí, entonces ahí está el apoderado, yo confío en el apoderado, dejémoslo que actúe, ya es suficiente, señor juez”, aseveró entonces Rodolfo Hernández.

Desde entonces, las especulaciones sobre sus siguientes pasos permanecen en el aire, debido a que se conoció que la barranquillera, con apoyo de sus abogados, solicitó una apelación a la Corte Constitucional, llevando su caso hasta la tercera y última instancia del proceso. Debido a que los rumores en redes sociales no han faltado desde que se conoció el falló del Tribunal Superior de Bogotá, y en un esfuerzo por mantener a sus seguidores informados, Aida Victoria habló de la situación en sus historias de Instagram.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Si bien en este momento está más preocupada por su salud, luego de que se le estallara una prótesis mamaria mientras mantenía relaciones sexuales —según reveló la propia creadora de contenido en su cuenta oficial—, tuvo tiempo para hablar del tema y explicó que, a pesar del fallo judicial, actualmente no está en prisión ni cumple su condena en arresto domiciliario.

“No estoy presa. No estoy en casa por cárcel. No tengo restricciones, estoy en libertad plena”, explicó inicialmente. Además, reiteró que ya enviaron la apelación ante la Corte Constitucional. “Ya interpusimos la casación… me dicen mis abogados que pueden tardar hasta un año en responder”, expresó Merlano.

Cabe señalar que la defensa de la influenciadora, encabezada por el abogado Miguel Ángel del Río, solicitó a los magistrados de la Corte la exclusión de las pruebas que usó el Tribunal Superior de Bogotá para condenar en segunda instancia a Aida Victoria Merlano, argumentando que son “ilegales”. El licenciado también expuso que hubo errores en la formulación de la imputación del delito de uso de menores de edad en la comisión de delitos —debido a que en el escape de su mamá se encontraba presente su hermano, entonces de 17 años—, señalando que la Fiscalía “no fue clara” durante dicho proceso.

“Con todo respeto, solicito a la Sala Penal de la Corte Suprema se sirva declarar la nulidad y consiguiente invalidez de lo actuado a partir de la audiencia de formulación de imputación”, se escribió en la apelación.

Aida Victoria Merlano habló de su apartamento en Barranquilla

En sus historias instantáneas, Merlano habló de su apartamento en la capital de Atlántico, una propiedad bien conocida por sus seguidores debido a que allí graba buena parte de sus contenidos digitales y porque en varias oportunidades señaló que tenía planes de vender.

“Actualizaciones de mi vida, evidentemente este fondo se te hace conocido. Estoy en mi apartamento de Barranquilla... el que llevo un año diciendo que voy a vender y no vendo”, mencionó la joven. Sin embargo, debido a un inconveniente con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), sumado a problemas emocionales que atravesó durante los últimos meses de 2023, finalmente decidió alquilarlo a través de la plataforma Airbnb.

Pero a pesar de que le dejó una rentabilidad considerable, tan solo unas semanas después tuvo que desistir de sus planes. “Resulta que lo puse en Airbnb, 15 días, nueve millones de pesos, ahí dije: ‘Qué te voy a vender’. Sin embargo, me llegó una carta de la administración que decía que estaba prohibido tener los apartamentos en Airbnb”, relató con algo de gracia.

“Siempre digo que lo voy a vender, pero tengo mucho amor; cada espacio está a mi gusto y me arrepiento. El día que lo venda tiene que ser a alguien que conozca y que me caiga bien”, señaló, con lo que de momento significa que conservará el apartamento, a diferencia de lo que ocurrió con otras de sus propiedades.