Alirio Barrera, senador por el partido Centro Democrático, enfrenta un expediente administrativo tras la identificación de más de 412 hectáreas de bienes de origen baldío bajo su control en los municipios de Nunchía y Aguazul, en Casanare.

Según un reporte de Casa Macondo citado por El Tiempo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) indaga si el parlamentario, que fue gobernador del departamento, consolidó su patrimonio inmobiliario mediante mecanismos como englobe, subdivisión y permutas, configurando un esquema de acumulación que involucra terrenos legalmente destinados a campesinos sin tierra.

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El origen y el alcance de la investigación

La ANT confirmó la existencia de una investigación formal a cargo de la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, centrada en la acumulación de predios que, si bien ya no ostentan la vocación de baldío, sí tienen ese origen.

De acuerdo con la entidad, el caso de Barrera representa un posible exceso frente a los límites establecidos por la Ley para la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que define la máxima extensión de tierras de origen baldío que puede poseer una persona. En el caso de Aguazul, el tope está fijado en 61 hectáreas para quienes no son sujetos de reforma agraria.

Según la información obtenida por el diario citado, Barrera figura como propietario de 14 predios en Colombia, ocho de ellos con origen baldío, y la mayoría ubicados en zonas protegidas para evitar la concentración de la propiedad rural. La normativa prohíbe que un individuo adquiera terrenos adjudicados como baldíos si ello implica superar el límite permitido por la UAF.

El mecanismo de acumulación y el impacto regional

La investigación señala que parte del crecimiento patrimonial de Barrera estaría vinculado a la adquisición de predios adjudicados inicialmente por el antiguo Incora y a transacciones posteriores que facilitaron la fragmentación y comercialización en lotes.

Estas maniobras habrían permitido obtener ingresos millonarios mediante la venta de tierras a terceros, incluidos actores con peso político en la región, según lo publicado por Casa Macondo. El expediente detalla que la acumulación de hectáreas se habría producido desde comienzos de los años 2000, periodo en el que Barrera ya ejercía cargos públicos en Casanare.

La ANT sostiene que la finalidad original de los bienes baldíos es garantizar el acceso a la tierra para campesinos y evitar la concentración de la propiedad. En este caso, la diferencia identificada entre el patrimonio de Barrera y el tope legal asciende a 351 hectáreas, lo que representa 6,7 veces el límite máximo permitido en esa zona, según los datos divulgados por la entidad estatal.

La ruta administrativa y las posibles consecuencias

De acuerdo con la normativa vigente, la ANT debe realizar un estudio preliminar para individualizar a los presuntos infractores. El proceso podría avanzar hacia una etapa jurídica en la que se identifiquen los títulos que podrían ser declarados nulos y se precise la manera en la que fueron obtenidos los predios. El objetivo final es instaurar demandas ante jueces de la República para solicitar la nulidad de los contratos de compraventa que hayan contravenido la ley.

No obstante, la misma Agencia Nacional de Tierras advierte que el expediente podría archivarse si no se comprueba la infracción. Por el momento, el caso se encuentra en fase de evaluación inicial y el senador Barrera permanece bajo observación como posible acumulador de tierras baldías.

Contexto político y antecedentes del caso

El proceso adquiere relevancia por el contexto regional, ya que Casanare ha sido escenario de históricas disputas por la tierra, agravadas por el conflicto armado y episodios de despojo. Barrera, que fue concejal de Aguazul entre 2004 y 2007 y luego gobernador, ha mantenido una presencia constante en la política local.

La legislación colombiana establece que los predios baldíos deben adjudicarse a quienes no poseen otras tierras rurales, con el fin de promover la equidad y la soberanía alimentaria. En el caso de Barrera, la ANT sostiene que la mayoría de sus propiedades incumpliría esta restricción, lo que motivó la apertura del expediente.

Un juez de Bogotá ordenó cinco días de arresto contra el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, tras determinar que incumplió una orden judicial relacionada con una tutela interpuesta por la senadora Paloma Valencia.

La decisión también incluye una multa económica y la compulsa de copias a la Fiscalía para que investigue posibles responsabilidades penales por el presunto desacato.

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La sanción fue impuesta por el Juzgado 50 Laboral del Circuito de Bogotá, que concluyó que la entidad no respondió dentro del plazo establecido a un derecho de petición presentado por la congresista en noviembre de 2025.

La solicitud buscaba información sobre la presunta compra irregular del predio “Peñasgordas”, ubicado en el municipio de Dagua, en el departamento del Valle del Cauca.

De acuerdo con la providencia judicial, la sanción también recae sobre la secretaria general de la ANT, Ángela Lorena Ortiz Rosero, quien deberá cumplir igualmente cinco días de arresto y pagar una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. En total, las sanciones económicas superarían los 31 millones de pesos.

El origen del proceso judicial

El caso comenzó el 20 de noviembre de 2025, cuando Paloma Valencia —senadora del partido Centro Democrático y precandidata presidencial— presentó un derecho de petición dirigido a la Agencia Nacional de Tierras. En su solicitud, pidió detalles sobre la adquisición del predio conocido como “Peñasgordas”.

Según el equipo de la congresista en conversacion con La FM, el terreno habría estado ocupado por comunidades campesinas desde hace más de dos décadas, lo que, en su criterio, impediría que fuera adquirido por la entidad estatal dentro de los procesos de compra de tierras para programas de reforma agraria.

Ante la falta de respuesta, Valencia interpuso una acción de tutela para proteger su derecho fundamental de acceso a la información pública.

El 16 de diciembre de 2025, el Juzgado 50 Laboral del Circuito de Bogotá falló a su favor y ordenó a la ANT responder de fondo la petición en un plazo de 48 horas.

Sin embargo, según consta en el expediente judicial, la entidad no acreditó el cumplimiento de la orden dentro del término establecido. La jueza señaló que, para el momento de evaluar el incidente de desacato, habían transcurrido 53 días hábiles desde la notificación del fallo sin que se demostrara el envío de la respuesta.

En la providencia se lee que el plazo otorgado “fue de 48 horas desde la notificación del fallo de tutela de primera instancia; hasta la fecha han transcurrido 53 días hábiles sin que se haya acreditado el cumplimiento de la orden”, lo que configuró una moratoria clara frente a la decisión judicial.

Las denuncias de Paloma Valencia

Tras conocerse la decisión judicial, Paloma Valencia se pronunció públicamente a través de su cuenta en la red social X, donde señaló que la sanción se produjo luego de que la entidad no entregara la información solicitada sobre el predio en cuestión.

“La juez ordenó el arresto por cinco días del director de la Agencia Nacional de Tierras y de la secretaria general, además del pago de una multa de cinco salarios mínimos cada uno”, escribió la congresista.

En el mismo mensaje recordó que el 16 de diciembre de 2025 el juzgado había ordenado responder el derecho de petición que presentó semanas antes, en el que solicitó información sobre la presunta compra irregular del predio “Peñasgordas”.

La senadora también cuestionó la falta de respuesta de la entidad y planteó dudas sobre los procesos de adquisición de tierras. “¿Qué tanto esconden en la ANT que no me quieren entregar la información de la compra y adjudicación de predios?”, escribió.

Además, mencionó versiones que, según dijo, deberían ser investigadas por las autoridades. “¿Será cierto que existe una práctica sistemática de cobrar comisión del 10 % en compra de predios y que la ANT demora el desembolso de los recursos hasta que los propietarios no paguen la coima?”, agregó.

Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, aseguró al medio La FM que la entidad sí dio respuesta al derecho de petición y que ya envió las constancias correspondientes al despacho judicial.

En declaraciones a medios de comunicación, el funcionario sostuvo que la contestación fue remitida junto con los soportes que demostrarían el cumplimiento del requerimiento. Según explicó, el incidente de desacato se originó por una falta inicial de respuesta, pero posteriormente la información solicitada habría sido enviada.

Harman señaló que su equipo jurídico presentó los documentos ante el juzgado con el fin de que se revise la decisión y se evalúe la revocatoria de las medidas impuestas.

El Gobierno de Colombia activó el Decreto 0174 de 2026, una norma que otorga a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) facultades excepcionales para intervenir y disponer directamente de tierras rurales, en respuesta a la emergencia socioambiental que afecta diversas regiones del país.

Esta medida busca acelerar la reorganización del uso del suelo, agilizar el traslado de poblaciones y asegurar la protección de las unidades productivas frente a fenómenos derivados de la crisis. El paquete de atribuciones fue presentado como clave por la administración del presidente Gustavo Petro para preservar la producción de alimentos y mitigar el impacto social derivado de la situación en el campo colombiano.

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Entre los cambios incorporados se destaca la posibilidad de tomar posesión temporal de predios, negociar su adquisición o, en casos de interés público comprobado, proceder a la expropiación de terrenos.

La norma no se circunscribe a propiedades privadas incluye también bienes en manos del Estado o provenientes de procesos judiciales, como activos bajo control del Fondo para la Reparación de las Víctimas (Ffrisco), al iguak que otros fondos destinados a la reparación y restitución de tierras.

El decreto introduce el concepto de efecto jurídico automático: una vez el Estado formalice la compra de un terreno por utilidad pública, cualquier problema en el historial legal —como inconsistencias en registros, saldos pendientes, embargos o restricciones previas— dejará de impedir su uso institucional. De este modo, se eliminan obstáculos legales que suelen frenar los programas de reubicación de comunidades o el desarrollo de proyectos rurales.

En reacción, María Fernanda Cabal, senadora de la República por el Centro Democrático, denunció que la norma que establece el decreto 0174 de 2026 pone en riesgo la propiedad privada de todos los colombianos.

“En el paquete de decretos de Petro supuestamente para atender la emergencia invernal está esto. Aquí estamos ante una forma de expropiación exprés porque el Estado podrá ocupar, imponer servidumbres y expropiar con menos controles la propiedad privada”, escribió en su cuenta de X.

En ese sentido, la legisladora confirmó que “analizaremos estos decretos para demandarlos. Un decreto no modifica derechos constitucionales”.

María Fernanda Cabal arremetió contra Petro por la muerte de adulta mayor en EPS de Cúcuta

María Fernanda Cabal, en paralelo, se refiriò al fallecimiento de Cecilia Quintero el 24 de febrero de 2026, mientras reclamaba la falta de insumos médicos para su familia en una sede de la Nueva EPS en el barrio Los Caobos de Cúcuta, Norte de Santander. La víctima denunció públicamente la ausencia de pañales para su hijo con discapacidad y medicamentos para ella y su esposo.

La congresista atribuyó el desenlace a la gestión de Gustavo Petro. En la red social X responsabilizó al mandatario y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo: “Deben responder judicialmente por cada víctima de su sistema de salud”, escribió.

La congresista Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático, señaló en la misma plataforma que “una abuela de Cúcuta murió esperando sus medicamentos” en el punto de atención de la Nueva EPS.

Asimismo, cuestionó la intervención estatal en la entidad: “El sistema de salud destruido por Petro deja morir a los colombianos” y añadió: “No más petrosalud que mata. No más petrosalud que no atiende, que no da medicamentos”.

Por su parte, el también candidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció tras la muerte de Cecilia, que, según denunció, esperó cinco horas por un medicamento en una sede de la Nueva EPS.

“Hoy fue Cecilia, una mujer de la tercera edad de Cúcuta que esperó cinco horas por un medicamento hasta que no pudo más”, escribió De la Espriella, quien recordó el reciente fallecimiento de un menor: “Hace una semana fue el pequeño Kevin”, expuso en su cuenta de X.

Juan Felipe Harman Ortíz, director nacional de la entidad, confirmó la formalización del proceso tras la recuperación judicial de las propiedades, que suman 479 hectáreas y se localizan en las veredas Jaraquiel y El Guineo, en el municipio de Montería.

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Estos lugares fueron epicentro del paramilitarismo durante las décadas más agudas de la violencia en Colombia y su recuperación ahora forma parte de un proceso judicial ante el Tribunal de Justicia y Paz.

De acuerdo con voceros oficiales de la ANT, la intervención respondió a una instrucción directa del presidente Gustavo Petro, que anunció que la medida se integra a una estrategia nacional para recuperar 50.000 hectáreas de ciénagas en Córdoba y fortalecer el ordenamiento territorial en torno al agua

La entrega, oficializada el 18 de febrero de 2026, ocurrió en medio de una de las emergencias más extensas registradas en la región por el desbordamiento del río Sinú, agravado por dos frentes fríos, cuyas inundaciones dejaron a más de 70.000 familias damnificadas en menos de tres semanas. Miles de hectáreas de cultivos y viviendas fueron arrasadas, y las autoridades departamentales declararon la calamidad pública en la capital y en otros municipios.

Harman Ortíz confirmó que el predio ‘Doble Cero’, de 370 hectáreas, y otro lote de 109 hectáreas, serán destinados a campesinos sin tierras y víctimas directas de la emergencia.

“Estamos en el predio Doble Cero, un predio que hoy la ANT recupera para que la tierra cambie de manos, vuelva a la comunidad rural y sea el instrumento de reparación para las víctimas de las inundaciones”, afirmó el titular de la entidad nacional.

Las familias serán trasladadas a suelos altos y productivos, con vocación agrícola, según estudios de la Agencia Nacional de Tierras que estiman una capacidad agrológica del 97%, para que puedan desarrollar proyectos de avicultura, piscicultura y cultivos de cacao, con el respaldo técnico del Ministerio de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).

La entrega de los predios

La toma de posesión de las tierras contó con el aval del Tribunal de Justicia y Paz y la entrega formal de alias Mono Leche, uno de los responsables logísticos de los antiguos propietarios, los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Fidel y Vicente Castaño Gil.

Semanas atrás, el propio Felipe Harman denunció que, pese a que “las tierras que fueron entregadas al Estado por grupos armados en el proceso de paz, han estado ocupadas indebidamente por políticos y poderosos en las regiones”.

Sin embargo, en cuanto a los predios en cuestión, la cabeza de la ANT aseguró que la legalidad de los títulos está garantizada, de manera que la escrituración a favor de los beneficiarios será inmediata, bajo la figura de Reforma Agraria.

Desde la ANT confirmaron que el operativo de traslado contempla tres fases: selección y caracterización de familias damnificadas, adecuación y parcelación de los terrenos, y asentamiento definitivo con dotación de insumos y acceso a créditos agrícolas condonables.

Las primeras 150 familias serán asignadas en las próximas semanas, con prelación para quienes se encuentran en albergues temporales y no poseen otros predios. Entre los puntos destacados del esquema de entrega, el traspaso del lote ‘Doble Cero’ será a título de propiedad colectiva o individual, dependiendo de la organización comunitaria.

La entrega de la Hacienda Támesis

A través de redes sociales, Harman Ortíz compartió con los colombianos la entrega del otro bien rural a manos de campesinos afectados por la ola invernal.

Con un video, Harman Ortíz mostró la entrega de la propiedad “que fue de Carlos Castaño”, y que ahora será un “refugio y respaldo para familias campesinas que enfrentan la ola invernal”.

La entrega también estuvo alineada con el mandato del jefe de Estado, en articulación con la Unidad de Víctimas, “para proteger a las familias campesinas y garantizarles un lugar seguro”.

Aquí la tierra vuelve a estar al servicio de la producción agrícola campesina y del cuidado del agua.

El titular de la entidad confirmó que el Gobierno seguirá realizando recorridos en el departamento para fortalecer la atención a las víctimas de la crisis invernal.

El presidente de la República, Gustavo Petro, expuso en sus redes sociales que estudia implementar la Ley 1523 de 2012 para enfrentar la emergencia por ola invernal en los departamentos de Córdoba y Sucre, que deja a más de 140.000 personas damnificadas, según el gobernador Erasmo Zuleta, durante el Consejo de Ministros el martes 10 de febrero de 2026.

“El peligro está en que el manejo de recursos no se desvíe a elecciones. Se trasladarán alguno del actual presupuesto y usaremos lamley 1523 para reordenar el territorio y tenencias de la tierra, Pero la reconstrucción del tejido social y el territorio implicará alimentos uns decena de billones, en los próximos meses (sic)”, escribió en su cuenta de X.

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La ley, que otorga herramientas excepcionales, contempla la posibilidad de realizar expropiaciones administrativas para adquirir predios y reubicar a la población expuesta al riesgo, medida que el primer mandatario estima central en el manejo de la crisis y futuros desastres.

La aplicación de esta normativa considera gastos significativos y la intervención en distintos frentes. En palabras del presidente Petro, se asignará presupuesto actual y se calcula que “la reconstrucción del tejido social y el territorio implicará alimentos, una decena de billones (de pesos), en los próximos meses”. Este monto será destinado no solo a la reconstrucción de viviendas, puentes, carreteables y tierras productivas, sino también a la recuperación de zonas estratégicas como ciénagas, cuyo objetivo es reforzar la capacidad de depósito de agua y mitigar los daños producidos por las inundaciones.

El mandatario precisó que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) liderará la recuperación de más de 50.000 hectáreas de ciénagas, “para lograr allí un mayor depósito de agua y desecar algunas partes del impacto”. A propósito, detalló que existe un espacio en la ciudad de Montería para la reubicación inmediata de familias damnificadas, donde se proyecta la construcción de nuevos barrios y se prevé liberar zonas de alto riesgo junto al cauce del río.

El artículo 75 de la Ley 1523 de 2012 habilita la expropiación tras agotar la negociación directa. El texto legal establece: “Agotada la etapa de negociación directa, el representante de la entidad, mediante resolución motivada, podrá decretar la expropiación del inmueble y demás derechos reales constituidos sobre el mismo”.

El mismo artículo dispone que la indemnización se fijará con base en el avalúo administrativo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, oficinas catastrales locales o, en su defecto, peritos privados: “La resolución que decreta la expropiación deberá determinar el valor de la indemnización de acuerdo con el avalúo administrativo que efectúen el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o las oficinas distritales y municipales de catastro, o en su defecto, el avalúo por los peritos privados de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 75 de la presente ley. La resolución deberá incluir la forma de pago en los términos del artículo 29 de la Ley 9.ª de 1989”.

El presidente Petro advirtió sobre la importancia de que los recursos no se desvíen hacia fines electorales y subrayó que el Ministerio de Salud envió equipos a las zonas afectadas para fortalecer la atención básica y prevenir la expansión de epidemias vinculadas con la emergencia por lluvias.

El Gobierno nacional asegura que mantendrá “un flujo continuo de alimentación para las zonas afectadas” y que la reubicación de las víctimas de la tragedia en el mundo rural y urbano de la tragedia será el tema central de la acción en los próximos meses.

“La reconstrucción de viviendas, puentes, carreteables, tierras productivas será de una magnitud enorme. Elmminaiterio de salud ya ha desplegado equipos con las alcaldías de salud básica para frenar la expansión de epidemias y atender otras enfermedades (sic)”, expuso el jefe de Estado colombiano en la misma plataforma.

La alerta no solo incluye este fenómeno, sino que documenta que más de 56 familias campesinas fueron directamente afectadas en Tolima, donde una exrepresentante de una organización social les cobró hasta $2.000.000 por supuestas adjudicaciones de predios, según información oficial de la máxima autoridad de tierras de la Nación, adscrita al Ministerio de Agricultura.

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Según detalló la entidad, hay 39 denuncias penales instauradas ante la Fiscalía por la ANT, junto a 13 más trasladadas tras una mesa de trabajo reciente, y la sistematización de 971 peticiones y quejas (PQRSD) recibidas en 2025.

En este contexto, Felipe Harman, director general de la ANT, afirmó: “Estamos preocupados por cuidar la Reforma Agraria en una lucha frontal contra la corrupción, no solamente algunos líderes campesinos que terminan cobrándole a sus beneficiarios cuotas mensuales para ser beneficiarios del acceso a tierras, sino en todo el país tramitadores que dicen tener contactos al interior de la agencia para cobrarle a propietarios que quieren vender, son denuncias que hemos interpuesto ante la Fiscalía”.

Bajo la misma línea, el inspector César Santoyo, jefe de la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras (OIGT), remarcó la preocupación institucional. “Hemos logrado instaurar 13 denuncias ante la Fiscalía General solo en lo que va del año. Hay gente utilizando falsas convocatorias laborales y otras artimañas para engañar a la comunidad”, dijo Santoyo, en un video publicado por la entidad en sus redes sociales.

El esquema fraudulento muestra diferentes grados de sofisticación. En Casanare, Cauca y Tolima, los estafadores recurren a grupos de WhatsApp que simulan ser oficinas institucionales, donde exigen documentos personales y pagos en rangos de $300.000 a $2.000.000 por trámites totalmente gratuitos, de acuerdo con las leyes vigentes. Estas redes prometen inscripciones en programas inexistentes de acceso a tierras.

Mediante un video, el funcionario confirmó que el predio pasó a manos de campesinos y víctimas del conflicto armado tras la entrega oficial de 1.143 hectáreas por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), como parte de un convenio con la Unidad para las Víctimas, que permitió la transferencia del predio a tres asociaciones campesinas que buscan impulsar la producción agrícola en la región.

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La historia de la Virgen del Cobre estuvo marcada por disputas sobre la propiedad y el uso de la tierra, estando en poder de una empresa privada a pesar de que había sido intervenida por la fiscalía en 2023.

El predio fue incautado como resultado de investigaciones por vínculos con actividades paramilitares y narcotráfico. La ANT detalló que la empresa ocupante no realizó pagos al Estado durante el tiempo que utilizó el terreno, lo que motivó la recuperación y posterior redistribución a las asociaciones campesinas.

En un comunicado publicado por la ANT, Alicia Ramos Pacheco, integrante de la Asociación Tierra y Vida, que figura entre los nuevos beneficiarios, relató su experiencia como sobreviviente del conflicto y recordó que ha perdido a 53 familiares.

“Soñábamos con tener un pedazo de tierra. No me cabe la alegría en el pecho, sentirme orgullosa de que me entregaron una hacienda que era intocable”.

Sobre el predio entregado, las autoridades han mencionado que fue clave para el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que estuvo bajo el mando de Freddy Rendón Herrera, conocido como “el Alemán”.

La finca habría sido escenario de reuniones entre paramilitares, empresarios y políticos, donde se planeó la consolidación del bloque Bananero en la región. La Comisión de la Verdad incluyó a la hacienda en su capítulo sobre el surgimiento y la financiación de las autodefensas en el norte de Urabá, atribuyendo a la finca un papel en la expansión armada y el dominio territorial.

El antiguo propietario, Antonio Ocampo Obando, un ganadero asesinado en 2017, figura en el organigrama elaborado por la Comisión de la Verdad como presunto financiador del paramilitarismo.

Durante los años ochenta y noventa, la hacienda de la Virgen del Cobre fue utilizada como centro de operaciones para la organización de masacres y estrategias de control territorial, con la participación de figuras como “Pelusa”, “Don Mario”, “Otoniel” y el exgeneral Rito Alejo del Río.

De acuerdo con el director de la ANT, la entrega del predio marca un cambio en las emociones de los beneficiarios. Harman mencionó que la entrega representa una oportunidad para que la finca se convierta en un referente nacional de producción agrícola. “Ya no se ven lágrimas en los ojos de los campesinos por dolor, sino por alegría”.

Las asociaciones Asodisban y Acamcopaz, que resultaron favorecidas, se comprometieron a trabajar por la soberanía alimentaria en el país. El acuerdo contempla la recuperación de más de 1.100 hectáreas que permanecían ocupadas de manera irregular, con el objetivo de que la tierra se utilice ahora en beneficio de quienes fueron víctimas del conflicto.

La Agencia Nacional de Tierras destacó que la entrega de la hacienda se realizó con acompañamiento de la Fuerza Pública, en un acto que representa la culminación de un proceso de reparación integral. El predio, antes vinculado a redes de violencia y despojo, queda bajo la administración de asociaciones campesinas enfocadas en la producción agrícola y la reconstrucción de sus proyectos de vida.

Las actuales condiciones del predio El Laguito II, ubicado en San Carlos (Córdoba), generaron preocupación entre los campesinos de la Asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán, que señalan que la tierra no es apta para la siembra tras años de uso ganadero intensivo por parte de la empresa El Ubérrimo S.A.S., vinculada a la familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Según explicó Carmenza Gómez, integrante de la asociación, a Noticias Uno: “la tierra es bien árida, pues por lo que el ganado, me imagino que años ahí pisoteando esta tierra, es muy dura, porque nosotros ya iniciamos con un cultivo y no nos fue tan bien”.

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Los campesinos afirman que el paso constante de las vacas habría compactado el suelo, lo que ha dificultado el desarrollo de cultivos y ha reducido significativamente el potencial agrícola del terreno.

A pesar de recibir el predio en 2023 gracias a la adjudicación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la asociación ha enfrentado serias dificultades para lograr una producción exitosa de arroz, plátano y yuca, así como en proyectos de apicultura.

La situación habría llevado a que los agricultores consideren solicitar créditos para intentar mejorar las condiciones físicas del suelo y diversificar sus cultivos con maíz, fríjol y ñame, además de proponer la creación de una escuela de formación campesina en la zona.

Finca familiar El Ubérrimo

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002 -2010), su esposa, Lina Moreno de Uribe, habría iniciado un proceso de apropiación de varios predios en Montería (Córdoba), con el objetivo de, presuntamente, anexar un baldío de la nación a la finca familiar El Ubérrimo.

A través de la empresa Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S., la familia habría ocupado y explotado el predio conocido como El Laguito II, un terreno de 8,3 hectáreas en San Carlos (Córdoba), durante más de nueve años.

El intento de legalización de la propiedad se realizó por medio de una demanda de prescripción adquisitiva, figura jurídica que permite reclamar la propiedad de un bien tras su ocupación por un periodo determinado.

La demanda, interpuesta por Moreno en 2019 ante un juzgado de San Carlos, argumentaba la posesión continua del terreno por más de siete años. Sin embargo, el juez solicitó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que verificara el origen del predio, determinando que se trataba de un baldío estatal.

Según información suministrada por la ANT, esta condición impedía aplicar la prescripción adquisitiva, ya que solo la entidad puede adjudicar baldíos de la nación a particulares.

No obstante, la familia Uribe desistió de sus pretensiones en agosto de 2022 y devolvió el predio al Estado, coincidiendo con el cambio de Gobierno.

En mayo de 2023, la ANT entregó provisionalmente El Laguito II a la Asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán. Para diciembre de 2025, la ANT formalizó la adjudicación del terreno, otorgando a la asociación el título de propiedad.

En su momento, la entonces subdirectora de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la ANT, Lilia María Rodríguez, explicó que la entrega de El Laguito II simboliza la recuperación de baldíos estatales “indebidamente apropiados por grandes empresas y clanes políticos”, y su devolución a familias campesinas con proyectos agrícolas y apícolas.

Rodríguez expresó: “La entrega de este predio a familias campesinas simboliza un acto de justicia, porque representa la recuperación de baldíos del Estado que fueron indebidamente apropiados mediante maniobras jurídicas por grandes empresas y clanes políticos, y que hoy regresan a las manos campesinas que debieron haberlo trabajado desde hace décadas”.

Las familias beneficiarias ahora cuentan con certeza jurídica para acceder a créditos y desarrollar iniciativas productivas, en el desarrollo de la Reforma Agraria, que suma más de 1.878.000 hectáreas formalizadas a comunidades rurales, según cifras oficiales.

Por su parte, el expresidente Uribe Vélez ofreció en su momento su versión sobre la situación jurídica y el uso productivo del predio mediante un comunicado con fecha de agosto de 2022 en el que defendió la legalidad de la adquisición realizada por Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S.

Argumentó que el terreno presentaba “falsa tradición” y que para “legalizar la situación se acudió a una acción de prescripción adquisitiva, con soporte en más de 60 años de tradición y explotación pacífica”, incluyendo “escritura de 1960”.

El comunicado también señaló que “el juez se abstuvo de declararla porque el Instituto Geográfico Agustín Codazzi consideró que podía ser baldío” y que posteriormente la Agencia Nacional de Tierras, en auto de finales de julio de ese año, compartió el mismo criterio al negar una solicitud de aclaración de propiedad.

Ante esta situación, la empresa decidió regresar el predio: “Agropecuaria El Ubérrimo decidió devolverlo a los vendedores. Sin embargo, y así se les ha manifestado, se tomó la decisión de entregar el predio a la Agencia Nacional de Tierras”.

Sobre el uso productivo, el comunicado precisó que “el lote queda debidamente cercado. Se ha utilizado en ganadería solamente en los veranos por ser un terreno muy bajo”. Incluso, ofreció cooperación para otros usos: “Si la Agencia considera organizar un proyecto piscícola, mis poderdantes colaborarían para la adecuación”.

Finalmente, el expresidente hizo énfasis en la transparencia de las actuaciones familiares: “Como lo ha conocido la opinión pública, tanto el expresidente Álvaro Uribe como su familia no tienen bienes ocultos ni en cabeza de testaferros, todo lo de ellos está sobre la mesa”.

14 senadores colombianos están siendo investigados en 19 procesos administrativos por presunto acaparamiento de tierras y apropiación irregular de baldíos, a través de mecanismos como el uso de familiares y otros financiadores para, presuntamente, encubrir sus nombres.

Según una reciente investigación publicada por la revista Cambio, que tuvo acceso a los expedientes de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), las investigaciones involucrarían a legisladores de cinco partidos políticos.

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La lista de congresistas investigados por la ANT ha crecido rápidamente en los últimos meses. En mayo de 2025, Felipe Harman, director de la ANT, informó sobre ocho procesos abiertos contra parlamentarios por temas relacionados con baldíos.

Sin embargo, información conocida por el medio indica que la cifra se duplicó en menos de seis meses, alcanzando 19 procesos que involucran a 14 senadores. Entre los nombres destacados figuran Lidio Arturo García Turbay (Partido Liberal), Paola Holguín (Centro Democrático), Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador) y Antonio Luis Zabaraín (Cambio Radical).

El fenómeno abarcaría a seis senadores del Partido Conservador, tres del Centro Democrático, dos de Cambio Radical, dos del Partido de la U y uno del Partido Liberal. Algunos legisladores, como García Turbay y Bitar Castilla, acumularían hasta cuatro y tres investigaciones respectivamente, y varios enfrentarían procesos por más de un predio.

Según información conocida por Cambio, la ANT adelanta dos tipos principales de procesos sobre los predios vinculados a los congresistas: clarificación y recuperación directa.

Los procesos de clarificación buscan establecer la naturaleza jurídica real de los terrenos, especialmente cuando los folios de matrícula presentan inconsistencias o carecen de información suficiente. Si durante la investigación se recopilan pruebas de apropiación ilegal, el proceso puede transformarse en uno de recuperación directa.

Según los hallazgos del medio, los legisladores habrían recurrido a familiares, cónyuges, amigos cercanos o financiadores de campañas para encubrir la titularidad de los predios.

En varios casos, los beneficiarios directos de la gestión de los congresistas habrían sido personas que aportaron recursos a sus campañas políticas. Además, la ANT ha detectado el uso de mecanismos judiciales, como la prescripción adquisitiva, para legitimar la tenencia de tierras baldías, a pesar de que la ley prohíbe este procedimiento sobre bienes del Estado.

Felipe Harman ha advertido que el problema podría ser aún mayor, al estimar que uno de cada tres congresistas tendría algún tipo de relación con temas de baldíos. La ANT se encuentra en la fase final de un informe que analiza la relación entre el poder político y la acumulación irregular de tierras, con la conclusión preliminar de que un buen número de congresistas y excongresistas han estado vinculados a estas prácticas.

Los expedientes revisados por Cambio detallan casos en departamentos como Córdoba, Cesar, Magdalena, Antioquia y Bolívar. Entre los ejemplos más representativos se encuentran:

• Juan Samy Merheg (Partido Conservador): El predio Los Cambulos, en Obando (Valle del Cauca), de 54,4 hectáreas, está a nombre de Inveragro S.A.S., empresa financiadora del senador. La ANT no logró establecer el origen ni la cadena de dominio, por lo que abrió un proceso de clarificación.
• Antonio Luis Zabaraín (Cambio Radical): Dos predios en Zona Bananera (Magdalena), de 14 y seis hectáreas, carecen de título originario y presentan sentencias judiciales posteriores a la fecha límite legal, lo que ha motivado investigaciones adicionales.
• Luis Eduardo Díaz Mateus (Partido Conservador): El predio Lagunitas, en Cerrito (Santander), de 141 hectáreas, supera ampliamente la Unidad Agrícola Familiar permitida en la zona y fue adquirido mediante procesos de pertenencia cuestionados por la Corte Constitucional.
• Carlos Mario Farelo Daza (Cambio Radical): La Gracia de Dios, en Ariguaní (Magdalena), de 497,3 hectáreas, está a nombre de la cónyuge del congresista y excede los límites legales para la zona.
• Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador): Tres predios en Córdoba, entre ellos La Conchita (15 hectáreas), presentan falta de documentos que acrediten la propiedad privada y superposición con áreas destinadas a hidrocarburos.
• Lidio Arturo García Turbay (Partido Liberal): Cuatro investigaciones por predios en Bolívar, algunos sin registro de área, donde la ANT no pudo determinar la naturaleza jurídica por ausencia de títulos.

• Juan Samy Merheg (Partido Conservador): El predio Los Cambulos, en Obando (Valle del Cauca), de 54,4 hectáreas, está a nombre de Inveragro S.A.S., empresa financiadora del senador. La ANT no logró establecer el origen ni la cadena de dominio, por lo que abrió un proceso de clarificación.
• Antonio Luis Zabaraín (Cambio Radical): Dos predios en Zona Bananera (Magdalena), de 14 y seis hectáreas, carecen de título originario y presentan sentencias judiciales posteriores a la fecha límite legal, lo que ha motivado investigaciones adicionales.
• Luis Eduardo Díaz Mateus (Partido Conservador): El predio Lagunitas, en Cerrito (Santander), de 141 hectáreas, supera ampliamente la Unidad Agrícola Familiar permitida en la zona y fue adquirido mediante procesos de pertenencia cuestionados por la Corte Constitucional.
• Carlos Mario Farelo Daza (Cambio Radical): La Gracia de Dios, en Ariguaní (Magdalena), de 497,3 hectáreas, está a nombre de la cónyuge del congresista y excede los límites legales para la zona.
• Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador): Tres predios en Córdoba, entre ellos La Conchita (15 hectáreas), presentan falta de documentos que acrediten la propiedad privada y superposición con áreas destinadas a hidrocarburos.
• Lidio Arturo García Turbay (Partido Liberal): Cuatro investigaciones por predios en Bolívar, algunos sin registro de área, donde la ANT no pudo determinar la naturaleza jurídica por ausencia de títulos.

Otros casos involucrarían a familiares directos, como el hermano de Nicolás Antonio Barguil Cubillos (Partido Conservador) en Cereté (Córdoba), o a financiadores de campañas, como en el caso de Óscar Leonardo Villamizar Meneses (Centro Democrático) en Puente Nacional (Santander). En ocasiones, las denuncias han partido de campesinos afectados, que han aportado información clave sobre la ubicación y extensión de los predios.

La falta de un censo actualizado de tierras baldías en Colombia dificulta la labor de verificación y control estatal. Ana Jimena Bautista, directora de Gestión Jurídica de Tierras en la ANT, explicó a Cambio que esta carencia complica la identificación de la naturaleza jurídica de los predios y la recuperación de bienes del Estado.

La Superintendencia de Notariado y Registro ha alertado sobre el uso indebido de la prescripción adquisitiva para apropiarse de baldíos, una práctica ilegal que, según Bautista, se ha extendido gracias a la intervención de jueces que reconocen propiedad privada donde no corresponde.

Además, la ANT ha identificado que en muchos casos los registros más antiguos de los predios son sentencias judiciales o escrituras basadas en testimonios, lo que impide consolidar un dominio legal claro.

El candidato presidencial Iván Cepeda propuso en Tierralta, Córdoba, que el acceso a agua potable se convierta en el eje central de una transformación profunda del campo colombiano. Durante su intervención, Cepeda advirtió que más de la mitad de la población rural carece de acceso digno, lo que calificó como “una de las mayores injusticias en nuestro país”.

El aspirante subrayó que, sin resolver este problema estructural, no será posible erradicar la pobreza rural ni garantizar la seguridad alimentaria, y que el proyecto de Nación estaría “condenado al fracaso” si no se prioriza este recurso esencial.

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En el desarrollo de su discurso, Cepeda enfatizó la necesidad de fortalecer la gestión pública y comunitaria del agua, rechazando la continuidad de “contratos eternos con operadores privados que no responden”. El candidato aseguró: “Vamos a fortalecer la gestión pública y comunitaria del agua, con control social y transparencia. La infraestructura hídrica debe ser adaptada al territorio”.

A propósito, hizo un llamado a la protección de los recursos hídricos frente a la corrupción y a quienes desvían fondos públicos, señalando: “Cada persona y comunidad deberá ayudar a mi gobierno a proteger los recursos del agua de los criminales de la corrupción, de los ‘olmedos’, que desvían los preciosos recursos para su enriquecimiento personal”.

Cepeda, que aspira a la Presidencia por la izquierda, delineó los cuatro pilares de su propuesta de “revolución agraria”, que trascienden la organización y movilización del campesinado. Según explicó, en cada municipio rural del país debe garantizarse el acceso al agua apta para el consumo humano, la disponibilidad de fuentes de energía que cubran las necesidades básicas, la existencia de vías terciarias que faciliten el transporte de personas y alimentos hacia mercados urbanos e internacionales, y condiciones adecuadas para la producción agropecuaria.

El candidato recalcó que el 80% de los municipios colombianos enfrenta dificultades con la calidad del agua para consumo humano, lo que representa un riesgo permanente para la salud y la vida de millones de familias rurales.

Durante el evento, Cepeda reiteró su compromiso de no permitir que se repitan los despojos de tierras, cultivos y animales a las familias campesinas, y prometió avanzar en la entrega de tierras, siguiendo el ejemplo del gobierno de Gustavo Petro. “En mi gobierno no permitiré que le vuelvan a quitar las tierras, sus cultivos y sus animales a las familias campesinas, y avanzaré en seguir entregando tierras, como lo ha hecho el gobierno presidido por nuestro compañero Petro”, afirmó.

El candidato por el Pacto Histórico definió su propuesta como una “revolución agraria” orientada a convertir los territorios rurales en zonas prósperas, libres de narcotráfico y minería ilegal, e integradas a los mercados urbanos e internacionales. Cepeda sostuvo que la realización de esta transformación depende de la organización y la acción política del campesinado colombiano, a quienes consideró “el fundamento de las transformaciones del mundo rural colombiano, la fuerza motriz, el sujeto esencial para las transformaciones”.

Cepeda también anunció que, desde el inicio de su eventual gobierno, impulsará la construcción de acueductos rurales y la mejora de los sistemas de potabilización en municipios como Tierralta, con el objetivo de garantizar el acceso universal al agua y sentar las bases de una nueva ruralidad en Colombia.

En paralelo, el legislador explicó en un evento en Cali, Valle del Cauca,, que otra de sus propuestas de campaña es ejecutar un plan de austeridad en el que recortará el gasto público. Para ello, dijo que se bajará el sueldo y el de todo su gabinete, además de orientar los gastos de funcionamiento hacia el bienestar social.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) formalizó la entrega de los títulos de propiedad del predio El Laguito II a campesinos de la Asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán, consolidando así un proceso que, según la entidad, representa un avance en la recuperación de baldíos estatales y en la ejecución de la Reforma Agraria.

Con esta adjudicación, las familias beneficiadas obtienen seguridad jurídica sobre 8,3 hectáreas, lo que les permitirá acceder a créditos y desarrollar proyectos productivos en cultivos de arroz, plátano, yuca y apicultura. La ANT destacó que la formalización de El Laguito II se suma a las más de 1’878.000 hectáreas ya tituladas a comunidades rurales, dotando a este predio de un profundo simbolismo para la justicia agraria.

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La resolución que oficializa la entrega establece que la Asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán, identificada con NIT N° 901656701-9 y representada legalmente por Carmenza Gómez Ortega, queda inscrita en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) como aspirante a acceso a tierra a título gratuito.

El documento también aclara que la agremiación campesina no había sido beneficiaria de ningún programa de tierras rurales administrado por la ANT. Además, la resolución advierte que “contra esta decisión procede el recurso de reposición ante el funcionario que tomó la decisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la misma, de conformidad con lo establecido en el Artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Artículo 15 del Decreto Ley 902 de 2017”.

Cabe aclarar que el proceso judicial sobre El Laguito II se remonta a 2018, cuando la empresa Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S., vinculada con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su familia, solicitó la prescripción adquisitiva de dominio, alegando posesión prolongada del terreno. Sin embargo, en 2019, un juez determinó que el predio era un baldío de la Nación y ordenó a la ANT iniciar el proceso de clarificación. Posteriormente, en 2022, la empresa de Uribe Vélez devolvió voluntariamente el terreno al Estado colombiano, permitiendo que la asociación campesina lo ocupara y trabajara desde entonces.

La entrega provisional del predio a la Asociación Baluarte Campesino se materializó en mayo de 2023, mientras se completaban los trámites para su ingreso formal al Fondo de Tierras. Ahora, con los títulos en mano, las familias campesinas pueden avanzar en sus planes productivos y acceder a instrumentos de financiamiento.

Lilia María Rodríguez, subdirectora de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la ANT, resaltó el significado de la adjudicación: “La entrega de este predio a familias campesinas simboliza un acto de justicia, porque representa la recuperación de baldíos del Estado que fueron indebidamente apropiados mediante maniobras jurídicas por grandes empresas y clanes políticos”. Rodríguez añadió: “El predio regresa a las manos campesinas que debieron haberlo trabajado desde hace décadas”.

Los detalles de la venta de una parte de El Ubérrimo, propiedad de Álvaro Uribe Vélez al Estado

El expresidente Uribe Vélez explicó en su cuenta de X que desde el inicio del proceso propuso un precio muy inferior al avalúo catastral de San Carlos, que fue fijado en $120.000.000 por hectárea. En sus palabras: “Desde el principio dije que se vende a un precio muy inferior al avalúo catastral de San Carlos, que lo pusieron en 120 millones por hectárea”.

El líder político detalló que la oferta comprende dos predios: uno en el municipio de San Carlos, denominado El Porvenir 2, que cuenta con avalúo, y otro en el corregimiento El Cerrito, de Montería, cuyo análisis de valor aún está pendiente.

Sobre el predio El Porvenir 2, el exsenador compartió la información remitida por su abogado, que señaló: “Tiene un avalúo catastral reciente, que los propietarios han considerado excesivo y han presentado las respectivas reclamaciones. El Dr. Álvaro Uribe acudió directamente a las oficinas del Igac en Montería, explicó las razones para objetar ese avalúo y expuso que así las cosas tendría que ser vendido al Gobierno”.

La Fiscalía General de la Nación avanzó en la investigación que se adelanta sobre el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Radicó escrito de acusación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, por su presunta participación en el entramado.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía consultadas por Infobae Colombia, el ente acusador también radicó un escrito de acusación contra otras siete personas presuntamente involucradas en el caso:

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1. El abogado y contratista de la Ungrd Édgar Eduardo Riveros Rey
2. Ana María Riveros Barbosa, hija de Riveros Rey y contratista de la Ungrd.
3. Sonia Rocío Romero Hernández, cuñada de Rivaros Rey y contratista de la Ungrd.
4. El representante legal de la Corporación Mixta Yupurutu, Édgar Echeverri Toro.
5. El jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, Francisco Javier Estupiñán Bravo.
6. El asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez.
7. El contratista de la Ungrd Óscar Enrique Cárdenas Angulo.

Marique y los demás implicados serán acusados formalmente, de acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos investigados, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

El rol de César Manrique y los siete procesados en el entramado

Según la Fiscalía, Manrique estuvo relacionado con una desviación de recursos estatales. “El exdirector de la Función Pública facilitó y gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta labor, solicitó la entrega a personas específicas de los contratos que surgieran de estos recursos”, precisó el ente acusador.

Poe otro lado, los demás procesados habrían estado involucrados en el direccionamiento de contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, con el suministro de plantas desalinizadoras y con la puesta en marcha de pozos de agua potable. También habrían participado en el direccionamiento de las respectivas interventorías de los contratos y en la vinculación por prestación de servicios de topografía a nivel nacional.

El contrato que permitió la compra de los carrotanques tuvo un valor de $29.000 millones y fue suscrito en octubre de 2023 con la Corporación Mixta Yapurutú. Ese proceso contractual evidenció sobrecostos por $11.114 millones. De la totalidad de ese dinero, se entregaron millonarias coimas de la siguiente manera:

• $3.000 millones para César Manrique.
• $2.060 millones para Édgar Eduardo Riveros.
• $4.330 millones para los directivos de la Corporación Mixta Yapurutú.

César Manrique: un prófugo de la justicia

El procesado fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario en julio de 2025. No obstante, no se ha hecho efectiva su captura y privación de la libertad; el exdirector permanece prófugo de la justicia y, por eso, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una circular roja en su contra en agosto de 2025.

La Fiscalía General de la Nación hizo la solicitud formal a la Interpol. “En atención a la petición formal elevada por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Colombia, la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon (Francia), aprobó y publicó la notificación roja en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha”, informó el ente acusador.

Esta circular permite la búsqueda y captura del procesado en 197 países que son miembros de la organización.

El debate sobre la extinción de dominio exprés y la eliminación de la fase judicial en los procesos agrarios reavivó tensiones entre el Gobierno nacional y sectores del Congreso de la República, tras la reciente revelación de un documento oficial por parte de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia. En el texto, el poder ejecutivo expone su intención de modificar el Decreto 902 de 2017, una normativa clave para la implementación de la reforma rural integral en Colombia.

El Decreto 902 de 2017 define los criterios para que campesinos, trabajadores rurales, asociaciones agrarias y cooperativas del sector solidario puedan acceder a la tierra y formalizar su tenencia, ya sea de manera gratuita o semigratuita, siempre que no hayan tenido acceso previo a predios.

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Según el documento divulgado por Paloma Valencia, el Gobierno sostiene que “en la fase judicial que se debe adelantar en vigencia del Decreto Ley 902 de 2017, lejos de estructurar herramientas que permitan la ejecución del acuerdo final de paz, constituye una traba al correcto ejercicio de la función pública”.

La senadora Valencia advirtió que la postura del Ejecutivo representa un retroceso respecto a los consensos alcanzados en diciembre de 2024 sobre la jurisdicción agraria. “El Gobierno pretende romper los acuerdos que logramos en diciembre sobre la jurisdicción agraria y revivir la extinción de dominio exprés”, alertó la congresista.

A propósito, denunció que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) solicitó a la Corte Constitucional la eliminación de la fase judicial en los procesos agrarios, lo que, en palabras de Valencia, permitiría a la entidad retirar predios a los tenedores de tierras sin la intervención de jueces que garanticen el control sobre estas decisiones.

La discusión sobre la extinción de dominio de predios improductivos para su redistribución a campesinos ha sido un punto de fricción constante entre la oposición y el poder Ejecutivo. Este mecanismo, que busca entregar tierras a quienes no las poseen, fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro con el objetivo de facilitar el acceso a predios baldíos. No obstante, la Corte Constitucional anuló este apartado en 2024 durante la revisión del articulado, limitando así las facultades del Ejecutivo en esta materia.

En su intervención, Paloma Valencia recordó que la doble fase —administrativa y judicial— establecida en el Decreto Ley 902 de 2017 tenía como propósito evitar posibles abusos por parte de la ANT. “Esta facultad se presta para todo tipo de arbitrariedades. Por eso, en el Decreto Ley 902 de 2017 se estableció que el procedimiento para llevarla a cabo tenía dos fases: la administrativa y la judicial. Es decir, siempre los jueces controlaban las decisiones de la ANT para que no hubiera abusos”, afirmó la senadora.

Valencia subrayó que el Ministerio de Agricultura ya había alcanzado un acuerdo con el Congreso para que tanto la extinción de dominio agraria como la clarificación de baldíos conservaran la fase judicial, garantizando así un control independiente sobre las decisiones de la administración en materia de tierras.

De igual manera, la precandidata presidencial sostuvo que desde el Congreso de la República no permitirán que la actual administración intente quitarle las tierras a los colombianos, por lo que hará lo posible para que prime el derecho a la propiedad privada en el territorio nacional.

“La defensa de la propiedad de la tierra es fundamental, porque no solamente estamos hablando de la finca grande ni la mediana, sino la pequeña, que puede tener algún momento algún baldío o algún vacío de propiedad y que puede terminar afectada. Por eso estamos en esta lucha y no permitiremos que este Gobierno haga expropiaciones”, enfatizó la senadora Valencia.

La Agencia Nacional de Tierras, en cabeza de Felipe Harman, enfrenta una controversia tras la denuncia de presuntas presiones laborales ejercidas sobre comunicadores y periodistas contratistas.

Según la información revelada por Desigual, estos trabajadores habrían recibido instrucciones para publicar en sus redes sociales personales mensajes que destacan los logros y proyectos de la entidad, lo que destaparía posibles casos de acoso e instrucciones para difundir “propaganda política” afín al Gobierno de Gustavo Petro.

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La denuncia se fundamenta en mensajes internos difundidos a través de grupos de WhatsApp, que mostrarían el nivel de seguimiento y exigencia impuesto a los contratistas del área de Comunicación.

En uno de estos mensajes, se instruye de manera explícita: “Si es departamento que no está en maratón decir que mientras el Presidente Petro entrega títulos en Cauca y Felipe Harman recupera tierra en Caldas, en (el departamento correspondiente) se está haciendo o se ha hecho tal cosa. Y Con dignidad cumplimos (sic)”.

Además, se recalca la obligatoriedad de incluir el hashtag “Con dignidad cumplimos” en los videos solicitados, advirtiendo que “video que no tenga Con dignidad cumplimos, no sirve”.

La dinámica de las publicaciones exigidas incluye la elaboración de videos tipo selfie tanto por parte de los comunicadores como de los coordinadores de cada departamento. Estos videos deben subirse a plataformas como X, Instagram y WhatsApp, y los enlaces correspondientes deben enviarse como evidencia del cumplimiento.

En los mensajes se enfatiza que “todos deben enviar sin excepción”. Asimismo, ponen fechas límites para el cumplimiento de esta tarea: “hoy deben quedar todos listos y aprobados para que mañana se publique a la hora que nos indiquen”.

Incluso se solicita la creación de cuentas en redes sociales para aquellos coordinadores que no dispongan de ellas, con el objetivo de asegurar la difusión de los contenidos institucionales.

Las instrucciones detallan que, en el caso de los departamentos que participan en la denominada “maratón”, los videos deben informar sobre las actividades realizadas, el lugar, los beneficiarios y concluir con la frase obligatoria.

Para los departamentos que no formaban parte de la maratón, se indicó que los mensajes debían hacer referencia a las acciones del presidente Gustavo Petro en Cauca y de Felipe Harman en Caldas, vinculando así las actividades locales con los eventos nacionales y reforzando la narrativa institucional.

Al finalizar cada jornada, los responsables de comunicación, supuestamente, debían enviar reportes detallados sobre el cumplimiento de estas tareas, incluyendo la confirmación de recibido de la información y la evidencia de las publicaciones realizadas. La presión para cumplir con estos requerimientos se refleja en la advertencia de que se elaborarán listados de quienes hayan acatado o no las instrucciones, lo que añade un componente de control y seguimiento individual sobre los trabajadores.

La respuesta del director de la ANT

Ante la controversia surgida por la revelación de los chats, el director de la entidad utilizó su cuenta personal de X para responder a los señalamientos, indicando que se trataría de un punto acordado en los contratos con los comunicadores.

“Contratistas de COMUNICACIONES de la Ant se les “obliga” a comunicar las tareas y resultados de la entidad para honrar y cumplir con sus contratos.Los invito a ver la lógica de lo absurdo de esta ‘denuncia’ (sic)“, señaló Harman. Y agregó que: “Que sigan desesperados perdiendo el tiempo en pendejadas. Aquí seguimos trabajando”.

De otro lado, usuarios en redes sociales develaron que no se trataría de una práctica nueva, por el contrario, sería una de las tantas exigencias en entidades públicas o de índole político:

“Se volvió práctica común en muchos lugares, en un municipio comentan los contratistas que los obligan a pasar un listado con sus redes sociales y les revisan que publiquen y den me gusta a todas las publicaciones institucionales; también deben hacerlo en sus estados de WhatsApp”; “Literalmente esta es una investigación que funciona en la agencia de tierras y en casi el 90% de entidades públicas del país. A veces piden hasta dar % de contratos o los dejan sin trabajo por opinar cosas en sus redes personales. Duele decirlo pero nada nuevo”; “Tal cual le piden a los contratistas de Caicedo en el magdalena, así actúan”; “No es solo en la ANT en todos lados nos obligan a hacerlo y nos dicen q porque somos cps también debemos trabajar en campañas políticas así no tengamos padrino . A los de planta si no los molestan para nada. Todas las instituciones de la orinoquia están secuestradas (sic)”, fueron algunas reacciones en redes sociales a esta práctica.

De manera concreta, Valencia dijo que esa entidad estaría disfrazando su verdadera gestión con cifras falsas de hectáreas de tierra entregadas a campesinos afectados por el conflicto armado, lo que estaría siendo presentado como un logro por la presidencia de la República.

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Felipe Harman señaló que el derecho de petición presentado por la senadora Paloma Valencia incluía, en sus primeras cuatro preguntas, inquietudes provenientes de un familiar suyo.

Según el director, la Agencia Nacional de Tierras declaró baldío el predio en cuestión, lo que ha generado un marcado interés por parte de allegados a la senadora. Harman afirmó que existe una alianza entre personas cercanas a Valencia y un excongresista de su partido, con el objetivo de acaparar seis mil hectáreas de bienes baldíos del Estado.

“Lo que no te contó Paloma Valencia en su supuesta gran denuncia sobre la Agencia Nacional de Tierras: la primera gran cosa es que en el derecho de petición que nos solicita, las cuatro primeras preguntas son del primo (Nicolás Laserna). Y son del primo porque la Agencia Nacional de Tierras declaró ese predio baldío, que es de 6.000 hectáreas en el departamento del Vichada. Arranquemos por ahí, senadora.”, comenzó diciendo Harman en un video.

En relación con los cuestionamientos sobre el gasto en logística, Harman explicó que los recursos no se destinan únicamente a eventos, sino que se emplean en asambleas campesinas, espacios formativos, organizativos y, principalmente, en aprehensiones.

“(Paloma) Está muy interesada en el caso de los Laserna, en el que en alianza con un excongresista de su partido, literalmente, están acaparando seis mil hectáreas de bienes baldíos del Estado. Lo segundo tiene que ver con todos los servicios de aprestamiento logístico. ‘Que estamos gastando mucha plata en la Agencia Nacional de Tierras en eventos’ No son en eventos solamente, senadora, son en asambleas campesinas, en espacios formativos, en espacios organizativos y fundamentalmente en aprehensiones.“, agregó Harman.

Otros argumentos de Harman en defensa de la ANT: personal administrativo y viajes

Respecto a las críticas sobre el tamaño de la planta administrativa, el director defendió la expansión de la entidad. Antes, según Harman, muchos campesinos carecían de sedes en sus departamentos. Actualmente, la Agencia Nacional de Tierras cuenta con alrededor de 30 sedes y equipos en todas las ciudades capitales de Colombia, además de una sede especial en Magdalena Medio. “A más metas, más gente; a más metas y más gente, más resultados, y eso nos permite darle piso y base a la reforma agraria”, sostuvo.

Sobre los viajes y comisiones, Harman subrayó que estas permiten a la entidad llegar a zonas donde antes no había presencia estatal, como las ciénagas y playones del Caribe o el Sumapaz en Mula. El director aseguró que los resultados superan ampliamente los de administraciones anteriores: “Resultados tenemos y de sobra. Más de treinta o cuarenta veces más que sus gobiernos”, afirmó el funcionario.

Crítica a la gestión de la Agencia de Tierras durante el Gobierno Duque

Finalmente, Harman interpretó la desaprobación de Paloma Valencia como una señal positiva para la gestión actual: allí recordó que, durante el gobierno de Iván Duque, la Agencia Nacional de Tierras estuvo bajo la influencia del Partido Conservador y, según sus palabras, se utilizó para legalizar el despojo de tierras.

“Nos complace mucho esa noticia porque a la senadora Paloma Valencia le gustaba lo que existía como Agencia Nacional de Tierras en el gobierno de Duque. Una entidad dinamizada por el Partido Conservador, que literalmente se prestaba para legalizarle el despojo de tierras a una inmensa cantidad de bandidos en este país.”, aseguró Harman.

El director de la ANT concluyó su pronunciamiento afirmando que la entidad trabaja en beneficio del campesinado y de las comunidades étnicas de Colombia. “Hoy, nosotros trabajamos para el campesinado de Colombia. Hoy, nosotros trabajamos para las comunidades étnicas de Colombia”, concluyó Harman, que consideró un éxito que figuras como la senadora Valencia no aprueben la labor de la agencia.

De acuerdo con la también precandidata presidencial, esa entidad estaría disfrazando su verdadera gestión con cifras falsas de hectáreas de tierra entregadas a campesinos afectados por el conflicto armado, lo que estaría siendo presentado como un logro por la presidencia de la República.

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A través de su cuenta oficial de X, la congresista aseguró que durante el mandato de Petro la nómina de esa entidad ha incrementado un 715% por medio de funcionarios y contratista que, según Valencia, serían cuotas de Daniel Quintero, Carlos Amaya y de la estructura de Felipe Harman en el Meta.

Según lo expuesto por la aspirante a la Casa de Nariño, en 2023 esa entidad tuvo 5.785 funcionarios, pero en 2024 esta cifra llegó a los 12.102 y hasta junio de 2025 ya era de 6.214.

No obstante, lo que resulta relevante es que mientras el número de funcionarios supera y hasta triplica el de años anteriores, la ejecución ha descendido hasta números históricos que no superan el 30%. Según la congresista, en 2023 la ejecución llegó al 82%, pero en 2024 apenas superó el 21% y hasta junio de 2025, apenas llegó al 9%.

En este sentido, la precandidata cuestionó la gestión que esa entidad le estaría dando a los billonarios recursos que cada año les son asignados por la Administración gubernamental. Para 2024, el presupuesto llegó a los $4 billones, de los cuales solo se ejecutaron $804.902 millones.

“De los $4 billones que les asignaron para inversión en 2024, apenas ejecutaron $804.902 millones. ¿Qué pasó con los $3.2 billones restantes?“, cuestionó la congresista.

Los cuestionamientos a la ANT incluyeron las cifras de compra de tierras para ser entregadas a poblaciones afectadas por el conflicto armado, las cuales, según Valencia también ha registrado reducciones históricas que, incluso, superan la caída de la ejecución de los recursos.

De acuerdo con los datos expuestos en las redes sociales de la aspirante al primer cargo de la nación, en 2023 el 82% de los recursos destinados a este fin fueron empleados, mientras que en 2024 se llegó únicamente al 9% del presupuesto y hasta junio de 2025 se emplearon el 11% de los dineros contemplados.

Para la congresista, dicha caída en la ejecución de los recursos de la ANT obedece a que buena parte del presupuesto asignado por el Ejecutivo se estaría destinando a la organización de eventos en los que presentan logros que no existen.

Desde 2023, más de $84.500 millones de esta entidad se gastaron en la ejecución de cuatro contratos adjudicados a dedo a operadores logísticos para la realización de eventos en varias ciudades del país, cuyos contratos se han ido firmando sin terminar la ejecución del anterior.

Según la congresista, el último contrato de este tipo se firmó en diciembre de 2024 y su ejecución se extendió hasta el 30 de junio de 2025 con un valor de $20.000 millones. Para Valencia, esta conducta de la entidad constituiría una violación del principio de anualidad presupuestal.

Frente a este panorama, la senadora alertó que las cifras de hectáreas entregadas por el Gobierno sería inferior a la mitad de las 500.000 que fueron presentadas como un logro por el presidente Petro.

“Lo que está pasando con la Agencia de Tierras es gravísimo, no solamente porque le han dado cifras falsas al presidente o el presidente le está dando cifras falsas al país. Anunció que había entregado más de 500.000 hectáreas. Las cifras que nos responden por derecho de petición muestran que han entregado menos de la mitad y lo más grave, se ha aumentado la burocracia de manera sustantiva, afectando lo del erario público”, explicó la congresista.

Finalmente, la precandidata le hizo un llamado a los entes de control para que adelanten acciones de vigilancia a la ejecución de los recursos, dado que desde la entidad se están reportando la adquisición de tierras con valores muy superiores a los del mercado inmobiliario de cada región.

“Creo que los entes de control tienen que entrar ya a investigar lo que está pasando, porque hay muchas sospechas, entre otras cosas. Por ejemplo, compran tierra que ellos mismos evalúan. En el departamento del Cauca, donde todo está destruido, están pagando hectáreas a más de $70 millones”, sentenció.

El volcamiento de un vehículo que transportaba a una comisión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en la vía rural entre la vereda Llanos de Belén y el casco urbano de Convención, departamento de Norte de Santander, dejó como saldo la muerte del topógrafo Alejandro Rodríguez Urrea y causó heridas al profesional agroambiental Jorge Junior Contreras Álvarez y al conductor Diosemel Ramírez Mora.

El accidente se registró el jueves 14 de agosto de 2025, cuando el equipo de la ANT desarrollaba labores asociadas al Acuerdo 315 de Administración de Tierras de la Nación, proceso enfocado en el reconocimiento y la regularización de la ocupación de tierras baldías por familias campesinas en áreas de reserva forestal de la región del Catatumbo.

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Según la información proporcionada por la Agencia Nacional de Tierras, los profesionales afectados se desplazaban en cumplimiento de funciones oficiales en medio de una estrategia estatal que busca dar seguridad jurídica a los campesinos asentados históricamente en zonas de reserva natural.

El vehículo sufrió un volcamiento en el trayecto, provocando el lamentable fallecimiento de Alejandro Rodríguez Urrea, quien integraba la comisión como profesional topógrafo.

Los otros dos ocupantes, ambos contratistas de la ANT, “fueron trasladados al hospital de Ocaña” para recibir atención médica, según consta en el reporte oficial.

La entidad expresó un mensaje de condolencia y solidaridad tras la tragedia: “La Agencia Nacional de Tierras lamenta profundamente el trágico suceso que enluta a nuestra entidad y al proceso que adelantamos en los territorios. Expresamos, con el mayor respeto, nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia, amigos, equipo de trabajo y seres queridos de Alejandro Rodríguez Urrea”.

El trabajo adelantado por el equipo hacía parte de las acciones institucionales para avanzar en la regularización de la ocupación de tierras, una problemática histórica en el Catatumbo, zona de alta sensibilidad social y ambiental en el noreste colombiano.

El compromiso institucional con estas comunidades y la misión de garantizar derechos de propiedad rural a las familias del campo fue reiterado por la ANT a raíz de este lamentable suceso.

El director Territorial Norte de Santander de la Agencia Nacional de Tierras, Javier Santiago Velásquez, lamentó lo ocurrido y el fallecimiento del ingeniero en medio del ejercicio de sus actividades laborales.

“Con profunda tristeza recibimos la noticia del ingeniero Alejandro Rodríguez Urrea, quien partió mientras cumplía con su labor en el Catatumbo. Enviamos un abrazo solidario a su familia, amigos y compañeros. Su legado permanecerá en cada territorio donde trabajó”, escribió en su cuenta de X.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial también se pronunció al respecto del siniestro: “La ANSV y el Sector Transporte lamentan el siniestro vial ocurrido en Convención, Norte de Santander, que dejó como saldo una persona fallecida y dos más heridas, integrantes de la Agencia Nacional de Tierras”.

Entrega de más de 2000 títulos de tierras a campesinos de Boyacá

En el parque del municipio de Sotaquirá se dieron cita más de 6000 personas para la entrega que iba a ser el presidente Gustavo Petro y la ANT de más de 2000 títulos de propiedad de sus tierras, que abarcan cerca de 2.213 hectáreas de tierra.

En el acto hicieron presencia el jefe de Estado, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino; el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman Ortiz, y el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

Petro destacó el crecimiento del sector agrícola y la necesidad de avanzar en la industrialización de la producción: “la agricultura crece 10 % anual. No se trata de dejar de cultivar, sino de pasar a otra fase: poner las factorías. La papa necesita industrialización o, si no, la sobreoferta nos deja los bultos tirados en las carreteras”.

En medio del creciente escrutinio sobre los procesos de entrega de tierras y relaciones políticas en el Cesar, diversas voces han señalado la urgente necesidad de fortalecer los filtros en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para evitar que prediquen transparencia sin garantizar que las tierras lleguen a quienes realmente las necesitan.

La reciente visibilidad de personajes clave vinculados al petrismo regional y sus conexiones con el alto Gobierno ha despertado inquietudes sobre el uso de instrumentos agrarios en beneficio de una red de contratistas con aspiraciones políticas.

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De acuerdo con una reciente investigación revelada por la revista Cambio, las denuncias iniciales se dieron a conocer a través de las redes sociales de los periodistas locales Katia Ospino y Jacobo Solano. Estas publicaciones se viralizaron y motivaron reacciones oficiales que no convencieron del todo a la opinión pública.

La contradicción entre el secretario de Transparencia, Andrés Idarrága, y el director de la ANT, Felipe Harman, profundizó la inquietud social. El funcionario Idarrága confirmó en Valledupar que las denuncias por presuntas irregularidades “sí tuvieron eco en la Casa de Nariño”, mientras que Harman declaró: “Un parte de tranquilidad sobre unas denuncias tremendamente abusivas” y argumentó que “ningún contratista había sido beneficiado con la entrega de parcelas gratuitas”.

Esto último resultó ser parcialmente cierto, pues los cuestionamientos giran en torno a la inscripción de contratistas y figuras con influencias políticas en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (Reso), mecanismo destinado a campesinos en condición de vulnerabilidad.

El caso más ilustrativo correspondería a Alcides Rafael Araújo Molina, abogado y coordinador de la Unidad de Gestión Territorial en la ANT, quien habría quedado inscrito en el Reso el 31 de octubre de 2023, pese a que para esa fecha ya era contratista de la entidad con ingresos mensuales cercanos a cinco millones de pesos colombianos.

“Hice la solicitud el 16 de enero de 2023, cuando todavía no tenía la mínima idea de hacer parte de la ANT [...] cuando hice la solicitud aún no era declarante de renta y estaba en estado de vulnerabilidad”, señaló el abogado a Cambio.

Sin embargo, su historial laboral indica que desde 2014 ejercía como abogado en firmas del sector privado. El funcionario sumó cinco contratos con la entidad por un valor total de 289 millones de pesos hasta junio de 2025, incluyendo nuevas resoluciones de inscripción en el Reso aprobadas durante 2024.

Otras inscripciones polémicas en la base de datos del Reso involucran a Alvy Luz Ortiz, quien habría recibido aprobación de su registro en marzo de 2025 pese a haber firmado dos contratos con la ANT por 107 millones de pesos entre 2024 y 2025 y presentado vinculación con el Ministerio del Interior y la ONG Corpovida, manejada por Alexandra Pineda y su esposo William Henry Montoya, ambos también inscritos en el Reso y con cargos estratégicos en la región.

Ortiz alegó que su caso podría tratarse de una suplantación: “Cualquiera que se haya dado a la tarea de inscribirme arbitrariamente ante la Agencia les informo: hicieron mal la tarea, ya que soy declarante de renta desde hace más de ocho años”, comentó la Ortiz al diario nacional.

Esta versión es sostenida también por Araújo, pero contrastada por la propia ANT, que exige al menos siete documentos formales para completar el proceso, y no solo el número de cédula, como afirman los contratistas.

Alrededor del círculo de Alexandra Pineda aparecerían inscritos al Reso y con contratos públicos figuras como la abogada Alejandra Navarro y la excandidata Miladys Pino Buelvas, quienes además hacen parte del entorno político conocido por su alineamiento con sectores de Colombia Humana y el Pacto Histórico.

En todos los casos, se observaría una secuencia de inscripciones al Reso seguidas de contratos con la ANT, lo que ha suscitado sospechas sobre el uso instrumental de estas figuras para consolidar una plataforma política alrededor de la reforma agraria.

De otro lado, la Oficina del Inspector de Tierras publicó un comunicado que sostiene que las denuncias están bajo “investigación preliminar”, rechaza la existencia de un “cartel de tierras” y sostiene que ser contratista no elimina automáticamente una condición de vulnerabilidad.

La dimensión política del escándalo incluiría señalamientos sobre un presunto canibalismo dentro del Pacto Histórico en el Cesar y la creciente proyección de Alexandra Pineda como posible candidata al Congreso.

Según el director de la ANT, Harman: “Creo que es un intento por empañar el buen trabajo que se viene haciendo aquí en el departamento del Cesar de Alexandra Pineda, del equipo que ha tenido aquí la confianza del presidente Gustavo Petro”.

A esto se suman versiones recogidas por Cambio de funcionarios y fuentes políticas locales que anticipan una eventual postulación de Pineda a la Cámara de Representantes para 2026, respaldada por su visibilidad desde la ANT y conexiones con relevantes figuras del Gobierno nacional, como Alfredo Saade.

Las investigaciones por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) avanza en la judicialización de los presuntos responsables del direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos.

El exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp) César Manrique Soacha fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario. Esto quiere decir, que deberá permanecer privado de la libertad mientras se adelantan las investigaciones en su contra.

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Junto con el exfuncionario, otras siete personas también tendrán que permanecer privadas de la libertad por orden de una juez penal de control de garantías. Se trata de:

• Édgar Eduardo Riveros Rey, abogado.
• Ana María Riveros Barbosa, hija de Rivaros Rey.
• Sonia Rocío Romero Hernández, cuñada de Riveros Rey y excontratista de la Ungrd.
• Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, representante legal y jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, respectivamente.
• Jorge Aristizábal Rodríguez; asesor de la Dirección de la Función Pública.
• Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratista de la Ungrd.

De acuerdo con la jueza, la petición de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento contra los imputados tiene sustento, toda vez que, según explicó, no hay pruebas que permitan inferir que los procesados actúan como ciudadanos responsables y cumplidores de la normativa. Por tal razón, avaló su privación de la libertad.

“Es necesaria, adecuada, proporcional y razonable la privación de la libertad para proteger a la sociedad de estos delitos a ellos imputados y realmente no se cuenta con medios probatorios que permitan realizar un pronóstico favorable para los coasociados sobre la abstención de la actividad delictiva por parte de los imputados”, expuso la togada.

Así las cosas, la jueza ordenó librar en forma inmediata las correspondientes órdenes de captura en contra de los investigados, con el fin de materializar las medidas de aseguramiento impuestas. En el caso de Édgar Eduardo Riveros Rey, la togada ordenó librar la boleta de detención y allegarla al centro carcelario donde se encuentra recluido.

En una audiencia llevada a cabo el 2 de julio de 2025, los procesados fueron imputados con cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. La Fiscalía General de la Nación endilgó los delitos a los investigados según su rol y grado de participación individual en los hechos. Ninguno aceptó los cargos.

Los hechos que se investigan: miles de millones de pesos desviados

Según el ente investigador, el exdirector de Función Pública habría gestionado la entrega de dineros públicos, a cambio de beneficios propios y del direccionamiento de contratos.

“La investigación estableció que, entre marzo de 2023 y mayo de 2025, Manrique Soacha, facilitó y gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta labor, solicitó el direccionamiento de los contratos que surgieran de estos recursos y una coima del 7%”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Los contratos en cuestión estaban relacionados el funcionamiento de pozos de agua potable, el suministro de plantas desalinizadoras, la prestación de servicios de topografía y las respectivas interventorías.

También se incluye el contrato por medio del cual se logró la compra de 40 carrotanques pequeños, destinados al suministro de agua para comunidades indígenas de La Guajira. Este se firmó con la Corporación Mixta Yapurutú e implicó una desviación de recursos importante, que se evidenció en sobrecostos por $13.164 millones. De la totalidad, $3.000 millones fueron entregados a Manrique Soacha; $2.060 millones a Riveros Rey; y $6.380 millones a directivos a la corporación.

El 12 de julio de 2025, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) anunció la recuperación de un extenso predio que pertenecía al exsenador Héctor Julio Alfonso López, investigado por presuntos vínculos con grupos paramilitares, en particular con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

López, hijo de la fallecida empresaria Enilce López, alias La Gata, enfrenta señalamientos por parapolítica, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y financiación de campañas políticas con recursos de estructuras armadas ilegales.

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La ANT explicó que la diligencia se realizó en el marco de un proceso de extinción del derecho real de dominio adelantado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Según la entidad, esta acción responde a la gravedad de los delitos asociados al predio y busca restituir la tierra a quienes han sido víctimas del conflicto armado.

“En San Benito Abad, Sucre, donde el paramilitarismo y el despojo sembraron miedo, hoy la Agencia Nacional de Tierras da resultados: recuperamos 268 hectáreas del predio Pasatiempo, ligado al exsenador Héctor Julio Alfonso López y sus redes mafiosas”, inidicó el organismo.

El director de la entidad, Felipe Harman, subrayó la importancia de la recuperación de estos terrenos, señalando que representa un paso fundamental en la reparación histórica y la continuidad de la reforma agraria en el país. Harman destacó que la entrega de tierras provenientes de actividades ilícitas fortalece la justicia social y agraria para los campesinos afectados.

Para los habitantes del corregimiento de Doña Ana, la proximidad del predio recuperado es un factor clave. “Aquí podemos llegar a pie porque está cerca. Y es algo que queríamos nosotros, estar cerca donde podíamos tener una tierra donde cultivar que prácticamente es la economía en Doña Ana”, añadió Pedro César Pabuena, campesino beneficiario de la entrega de tierra. La entrega de estas tierras permitirá a las familias beneficiadas acceder a un espacio productivo, facilitando el desarrollo agrícola y la reconstrucción de sus proyectos de vida tras años de conflicto.

Las inversiones de la ANT en Colombia

La ANT confirmó que invirtió más de $5.300 millones en iniciativas comunitarias, por lo que más de 4.100 personas de 1.206 familias recibirán insumos agrícolas, sistemas avícolas, pecuarios y agroforestales. El objetivo es reducir la pobreza rural a través de la entrega de herramientas y recursos que promuevan la producción sostenible de alimentos, el arraigo territorial y la generación de ingresos.

En el desglose por departamentos, Chocó concentra la mayor cobertura, con más de $2.438 millones invertidos en seis comunidades indígenas y afrodescendientes. Allí se impulsan cultivos tradicionales, producción ganadera, avícola y sistemas agroforestales, beneficiando a más de 2.000 personas. En el municipio de Istmina, la ANT desarrolló un sistema de producción agrícola y de especies menores. En Litoral del San Juan y Unguía se implementaron cultivos de pancoger y levante de gallinas ponedoras. En Ríosucio y Carmen del Darién se fortalecieron actividades agrícolas, ganaderas y sistemas avícolas, mientras que en Bojayá se establecieron proyectos agroforestales en comunidades del consejo comunitario local.

En Valle del Cauca, la inversión supera los $1.071 millones y beneficia a 831 personas en Jamundí y Buenaventura. En esta última, se suministraron herramientas agrícolas y sistemas avícolas. En Jamundí, 95 familias del resguardo indígena Kwe’sx Kiewe Nasa recibieron insumos para cultivos de café, plátano y maíz. Luis Gabriel Rodríguez de la Rosa, director de Asuntos Étnicos de la ANT, explicó: “Entregamos proyectos productivos y herramientas agrícolas que benefician a 95 familias, más de 300 personas, para la siembra de café, plátano y maíz. Estas iniciativas van a mejorar la seguridad alimentaria, sus prácticas de agricultura ancestral, y esto es parte de la construcción de paz”.

En Nariño, la inversión supera los $972 millones y favorece a 816 personas de dos consejos comunitarios. En La Tola, los recursos se destinaron a la recuperación de 20 hectáreas de manglar rojo, mientras que en Roberto Payán se fortalecieron prácticas avícolas tradicionales.

En Bolívar, $760 millones fueron invertidos en el Consejo Comunitario Ma-Kankamaná de San Basilio de Palenque, beneficiando a 421 personas con insumos para cultivos de yuca, ñame y cría de cerdos.

Una queja presentada por el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, actualmente hospitalizado en la Fundación Santa Fe tras un grave atentado sufrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá, desencadenó una indagación previa de la Procuraduría General de la Nación contra funcionarios vinculados a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por la presunta difusión de información engañosa sobre la compra de más de 220.000 hectáreas de tierras durante el actual gobierno.

La denuncia formal de congresista llegó al Ministerio Público en un contexto de alta tensión política y personal. El senador, que permanece en estado crítico, alertó sobre la posible manipulación de cifras oficiales relacionadas con la adquisición de terrenos por parte del Gobierno nacional, encabezado por el presidente de la República, Gustavo Petro desde el 7 de agosto de 2022. Según la Procuraduría General de la Nación, la investigación busca determinar la identidad de los funcionarios que habrían suministrado datos falsos o inconsistentes a los medios de comunicación y a la opinión pública.

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En el documento oficial emitido por el ente de control se detalla que la indagación tiene como objetivo “identificar e individualizar a los presuntos responsables de suministrar la información respecto de la cantidad de tierras compradas por el Gobierno nacional y que, según la queja, no guarda relación alguna con la realidad”. Esta declaración subraya la gravedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer si existió una intención deliberada de engañar sobre el avance de la reforma agraria, uno de los ejes centrales del actual mandato.

El origen de la controversia se remonta a finales de diciembre del 2024, cuando Miguel Uribe Turbay y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, protagonizaron un enfrentamiento público. El senador denunció que la ANT había informado al país la compra de 220.000 hectáreas de tierras, cifra que, según sus investigaciones, no correspondía a la realidad. Uribe Turbay aseguró que el Gobierno solo había adquirido un 24 % de lo anunciado, lo que equivaldría a aproximadamente 52.800 hectáreas. Esta discrepancia generó un intenso debate sobre la transparencia y veracidad de los datos oficiales.

Cabe recordar que en 2024 el director de la ANT expresó su sorpresa ante las afirmaciones del congresista y cuestionó su interpretación de los datos. Harman argumentó que el senador había omitido información relevante, como las hectáreas comprometidas en procesos de saneamiento, aquellas donadas por el Gobierno y las obtenidas a través de extinción de dominio. Según el director, estos factores debían considerarse en el balance total de tierras gestionadas por la entidad, lo que explicaría la diferencia entre las cifras presentadas por la ANT y las señaladas por Uribe Turbay.

El informe oficial presentado por el senador ante la Procuraduría advirtió sobre la existencia de posibles inconsistencias en la información divulgada por la Agencia Nacional de Tierras. El documento señaló que los datos entregados por la entidad sobre el monto de tierras compradas desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro podrían no reflejar la realidad de las operaciones realizadas. Esta situación puso en entredicho la credibilidad de los informes oficiales y motivó la intervención del ente de control.

A pesar de la respuesta del director de la ANT, la Procuraduría, en su auto de apertura de la indagación, enfatizó que se centrará en determinar si existió una manipulación intencionada de las cifras y quiénes serían los responsables de dicha conducta. El organismo de control subrayó que la finalidad de la indagación previa es “establecer quiénes serían los presuntos responsables de informaciones engañosas que se habrían originado desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”. Esta fase inicial permitirá recolectar pruebas y testimonios que ayuden a esclarecer los hechos y, en caso de encontrar méritos, avanzar hacia una investigación formal.

La abogada y líder del Centro Democrático Amalia Salgado presentó una demanda de nulidad contra la circular expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro el pasado 27 de mayo de 2025.

La acción judicial busca frenar los efectos de una medida que, según la demandante, vulnera el derecho fundamental a la propiedad privada y constituye un paso hacia la expropiación sin garantías.

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La circular, dirigida a todos los notarios del país, establece un procedimiento obligatorio para la escrituración de predios rurales ubicados en municipios priorizados para la reforma agraria.

Según el documento, antes de formalizar cualquier negocio jurídico que disponga o prometa disponer del derecho de dominio de estos inmuebles, los propietarios deben diligenciar un formulario electrónico a través de un micrositio dispuesto por la Superintendencia de Notariado y Registro. A partir de la notificación a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la entidad cuenta con un plazo de 15 días hábiles para manifestar su intención de ejercer la opción privilegiada de compra.

La circular se ampara en el Decreto 033 de 2025, el cual, en desarrollo de la Ley 160 de 1994, permite a la ANT adquirir predios rurales con fines de utilidad pública e interés social para la reforma agraria. La opción privilegiada de compra aplica para terrenos superiores a dos Unidades Agrícolas Familiares (UAF) o cuya primera adjudicación se haya realizado hace más de 15 años.

El proceso exige que los ciudadanos aporten, al momento de escriturar, una respuesta negativa de la ANT o la constancia de que transcurrieron los 15 días sin pronunciamiento de la entidad. Solo así podrán continuar con el trámite notarial.

Argumentos de la demanda

Para Amalia Salgado, esta disposición administrativa implica una “extralimitación inaceptable del Estado” y rompe el principio de legalidad que debe regir los actos de la administración pública. A juicio de la abogada, la circular establece una restricción que no está contemplada en la Constitución ni en la ley, lo que la convierte en un obstáculo arbitrario para el ejercicio del derecho a disponer de la propiedad privada.

En su pronunciamiento público, aseguró que esta intervención es el primer paso hacia un modelo de expropiación encubierta que recuerda al implementado en Venezuela: “Este es el inicio del expropiase de Chávez. Como mujer llanera, conozco el significado de la tierra. La tierra no es solo un bien material, tiene un contexto de arraigo, de cultura y de identidad. Además, es la transformación para el meta y todo el llano colombiano”.

Y añadió: “A pesar de que diariamente Petro busca una dictadura, aquí estoy, con hechos y con argumentos, en el Palacio de Justicia, un lugar con gran significado histórico. Estoy comprometida a defender a los trabajadores y empresarios del campo, porque si el meta no se rinde, Colombia no se rinde”.

Salgado señaló que la medida “restringe el comercio jurídico de los predios rurales” e impone cargas adicionales a los propietarios, quienes deben someterse a un control estatal previo para poder vender sus tierras.

Debate jurídico y político

La demanda de nulidad presentada por Salgado abre un nuevo capítulo en la controversia nacional sobre el alcance de la reforma agraria promovida por el Gobierno. Sectores opositores consideran que las medidas adoptadas mediante decretos y circulares están limitando los derechos individuales y creando un ambiente de incertidumbre entre los propietarios rurales.

Por su parte, el Ejecutivo ha defendido que la opción privilegiada de compra es un instrumento legal, diseñado para garantizar que el proceso de redistribución de tierras se realice de manera ordenada y respetando los procedimientos establecidos.

El Consejo de Estado decidirá si procede la acción judicial y, de ser así, se determinará si la circular en cuestión se ajusta al marco legal o si, por el contrario, constituye un acto administrativo contrario a la Constitución.

La circular emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro establece que los propietarios de predios rurales en zonas priorizadas para la reforma agraria deben notificar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) antes de realizar cualquier transacción de compraventa. Esta disposición, que forma parte del Decreto 033 de 2025, otorga a la ANT una opción preferencial de compra sobre estos terrenos, lo que generó inquietudes sobre el alcance de la medida y sus implicaciones para la propiedad privada.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca regular la adquisición de tierras rurales en municipios seleccionados como parte de su política de reforma agraria, otorgando a la ANT un plazo de 15 días hábiles para manifestar su interés en adquirir los predios antes de que puedan ser vendidos a terceros.

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De igual manera, la nueva normativa exige que cualquier ciudadano interesado en vender una finca o terreno rural en las áreas priorizadas debe primero informar a la ANT sobre la intención de venta. La circular de la Superintendencia señaló textualmente: “Los ciudadanos deberán informar a la ANT, previo a iniciar el proceso de escrituración sobre los negocios jurídicos que dispongan o prometan disponer del derecho real de dominio sobre los predios (...) para que dicha entidad pueda ejercer la opción privilegiada de compra”. Esta obligación recae sobre los propietarios de predios rurales en los municipios que el Gobierno ha identificado como prioritarios para la implementación de la reforma agraria.

Entre las voces críticas al decreto está la senadora de la República por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, que demandó ante el Consejo de Estado el decreto del Gobierno nacional. Según sus consideraciones, la resolución despoja a los campesinos de sus derechos.

“La propiedad privada es pilar de una sociedad libre. No permitiremos que el Gobierno abuse del poder para despojar a los campesinos de sus derechos mediante decretos arbitrarios”, señaló la precandidata presidencial.

Y agregó: “No tiene ningún sustento legal que se obligue a los propietarios de tierra tener que pedirle permiso como si fuera preferente, ofrecérsela a la Agencia Nacional de Tierras. No existe ni sustento legal ni está en la Constitución y la ley”.

Según la legisladora, la intención de esta acción judicial es que se suspenda de manera provisional el decreto, que trae consigo un daño considerable a los propietarios rurales y a la inversión en el campo.

Además, explicó que cerca de 82 municipios empezarán a ver sus efectos, porque genera incertidumbre sobre el ejercicio pleno de la propiedad y sobre los negocios jurídicos en zonas rurales.

Bajo la misma línea, la congresista Paloma Valencia aseguró que “la Agencia Nacional de Tierras puede detener la venta entre particulares y terminar comprando el predio. Es una nueva amenaza a la propiedad privada rural”.

Por su parte, la exministra de Agricultura, Cecilia López, expresó su preocupación por el alcance de la medida. Así mismo, cuestionó la decisión señalando que la norma ya existía, aunque con limitaciones, y objetó la generalización de su aplicación en el contexto actual.

“Esta norma ya existe, pero esa tiene limitaciones. Yo no soy abogada, pero esa norma tal como está se aplica en ciertas circunstancias, aunque no se puede generalizar qué es lo que está haciendo la ministra (…) el objeto de la reforma agraria es comprar tierras, pero yo creo que lo que están haciendo, y usando el lenguaje que están usando miembros del gobierno, es quitarles la tierra a los ricos”, declaró la exfuncionaria.

Con respecto a las críticas desde las diferentes orillas políticas, el Gobierno nacional argumentó que el decreto busca mejorar el acceso a tierras e impulsar la repartición de parcelas entre los grupos históricamente marginados en el país.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia será la encargada de definir qué autoridad judicial debe continuar con el proceso penal contra César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La decisión fue tomada por la jueza 66 de control de garantías de Bogotá, que, aunque inicialmente se declaró competente para continuar con el caso, resolvió remitir el expediente del alto tribunal con el fin de evitar una posible nulidad futura del proceso.

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“Dentro de dicho contexto, la renuncia a sus cargos por parte de procesados aforados o el vencimiento del periodo para el cual fueron elegidos y la subsecuente pérdida aforal, en términos del artículo 235 constitucional, no implicaba consecuencia distinta a la modificación de la autoridad que debía seguir conociendo del trámite procesal, competencia que, sin mantenerse si existía anexo entre la conducta y las funciones desempeñadas como se sabe, pero que en términos generales existiendo con exclusividad un procedimiento en las condiciones de los ordenamientos citados no generaba ningún sobresalto en la actuación procesal”, explicó la juez al argumentar su decisión.

Con esta medida, la Sala Penal deberá determinar si la imputación contra Manrique debe realizarse ante un juez ordinario de Bogotá o si, por el tipo de cargo que ostentaba al momento de los hechos, el caso debe tramitarse ante el Tribunal Superior de Bogotá. La remisión se realizará en efecto suspensivo, lo que significa que el proceso quedará temporalmente congelado hasta que se resuelva el conflicto de competencias.

La discusión gira en torno al fuero constitucional de Manrique Soacha, que fue nombrado director de Función Pública mediante el decreto 1729 del 23 de agosto de 2022, cargo al que renunció y que le fue aceptado por medio del decreto 1326 del 1 de noviembre de 2024.

En su argumentación, la jueza precisó que las conductas atribuidas al exfuncionario no guardan relación directa con sus funciones como director de Función Pública, tal como lo establece el decreto 413 de 2016, el cual delimita el objeto y funciones del departamento.

“Las conductas realizadas presuntamente por el señor Manrique y otras personas han sido ajenas al ejercicio de las funciones que el cargo de dicho Departamento Administrativo de la Función Pública le imponía”, afirmó la togada, señalando que ni el convenio en cuestión ni los hechos imputados se relacionaban con su labor institucional.

Según el análisis presentado, Manrique no tuvo relación directa ni indirecta con la celebración del convenio 96-77-CB020-02-12-023 entre la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo, cuyo propósito era aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para mitigar los efectos del fenómeno de La Niña, declarado desastre nacional en 2022.

“No hay relación directa con las citas interinstitucionales entre dos entidades como la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad Nacional del Riesgo con el propósito de agenciar la reducción de convenios de los que no hace parte y no tiene relación con el objeto de la entidad que dirigía”, explicó la juez.

Asimismo, reiteró que la Ungrd está adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), no a Función Pública, y que el ordenador del gasto era Olmedo López, no Manrique.

Pese a lo anterior, la Fiscalía General de la Nación sostiene que Manrique Soacha, junto a otros siete exfuncionarios y contratistas, habría participado activamente en una red de corrupción que desvió más de 100.000 millones de pesos de la Ungrd.

Entre los delitos imputados se encuentran concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos. Según el ente acusador, los recursos habrían sido utilizados para beneficiar a empresarios cercanos, otorgándoles contratos para suministrar plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento y otros elementos.

La Fiscalía también afirmó que Manrique habría recibido una suma de “3.000 millones de pesos producto de la coima solicitada del contrato celebrado por la Ungrd con la corporación Yapurutú para la adquisición de un lote de carrotanques”.

Asimismo, se indicó que Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Luis Carlos Barreto habrían orquestado, en colaboración con Manrique, el traslado de los recursos públicos desde la Ungrd hacia la Agencia Nacional de Tierras para facilitar los contratos cuestionados.

Beatriz Josefina Niño, abogada y excompañera sentimental del exembajador de Colombia en Ghana Daniel Garcés Carabalí denunció que su expareja estaría utilizando falsos testigos para hacer creer que ella maltrataba a sus hijos y justificar así la retención de los menores en el exterior.

Esta afirmación se conoce luego de que Garcés Carabalí, señalado de violencia intrafamiliar, fue postulado nuevamente para ocupar un cargo en el Gobierno de Gustavo Petro, lo que causó indignación.

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Niño sostuvo en entrevista con Semana que el exdiplomático, con el que comparte la paternidad de dos menores, estaría instrumentalizando a los niños en una estrategia jurídica y mediática para ocultar los actos de violencia vicaria que habría cometido, y desacreditarla como madre.

“Él ahora sale a decir de manera irresponsable que yo utilicé vías de hecho para quedarme con los niños desde el 2011. Aprovecho para decir que eso es totalmente falso”, aseguró para el medio citado.

Según relató la mujer, desde la separación con Garcés Carabalí ha ejercido la maternidad de forma plena, adaptando su vida laboral y personal para cuidar a sus hijos. “Yo sí pude ajustar mi vida para volverme una madre soltera (...), quien organizaba sus fiestas, los llevaba a las fiestas, era yo, no él”, explicó.

El caso tomó relevancia pública a comienzos de 2025, cuando Beatriz Niño denunció que Garcés Carabalí no devolvió a sus hijos menores tras un viaje a Ghana. Los niños habían salido del país el 11 de diciembre de 2024 y debían regresar a Colombia el 21 de enero de 2025, pero el retorno nunca se cumplió. La madre acusó a su expareja de mantener a los niños retenidos en el extranjero sin su consentimiento y de cortar toda comunicación con ellos, incurriendo en presunta violencia psicológica y vicaria.

“Yo sufrí violencia física, violencia emocional estando con él. Posterior a la separación, desde el año 2021 sufrí mucha violencia emocional y la sigo sufriendo”, denunció Niño. Aseguró que, pese a los conflictos, jamás le prohibió a sus hijos hablar con su padre.

El diplomático presentó su carta de renuncia el 11 de marzo de 2025, en medio del escándalo, y alegó en su defensa que la retención de los menores obedecía a una supuesta necesidad de protegerlos de presuntas agresiones por parte de su madre. “Estos actos demuestran que, contrario a lo que han dicho los medios hasta ahora, soy víctima y estoy frente a un entrampamiento”, escribió en su misiva dirigida al presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, la versión de Garcés Carabalí perdió fuerza a finales de abril, cuando un juez de familia en Colombia revocó la custodia que tenía sobre los niños, basándose en las denuncias de violencia de género.

Beatriz Niño relató con crudeza las consecuencias emocionales que ha vivido desde que fue separada de sus hijos. “Es como si tus hijos ingresaran a una unidad de cuidados intensivos, pierdes el norte. Perdí mi norte, porque siempre tuve claro que quería ser mamá (...) Tengo totalmente quebrado mi corazón”, expresó al medio citado.

También denunció que Garcés Carabalí estaría manipulando testimonios y usando material audiovisual de sus hijos para desacreditarla públicamente. “Utiliza testigos falsos para decir que mi exceso de trabajo implicaba abandono, jamás implicaba abandono”, señaló. “Yo siempre proveía todas las condiciones para que mis hijos pudieran tener una vida social propia”, agregó, destacando su participación constante en actividades escolares y familiares.

Polémico regreso de Garcés al Gobierno

Pese a las acusaciones y su salida del servicio diplomático, Daniel Garcés Carabalí fue postulado nuevamente para un cargo público. El 19 de mayo de 2025, su hoja de vida fue publicada en el sistema de aspirantes de la Presidencia de la República para el cargo de director técnico de asuntos étnicos en la Agencia Nacional de Tierras.

Este anuncio generó un rechazo generalizado. La representante a la Cámara Alexandra Vásquez fue una de las primeras en reaccionar: “El embajador de Colombia en Ghana es un presunto vicario maltratador. Es aterrador lo que han tenido que vivir su exesposa e hijos con este ‘digno diplomático‘”.

El caso de Beatriz Niño y sus hijos ha puesto nuevamente en el centro del debate la protección de los menores en contextos de violencia familiar, así como la necesidad de que los funcionarios implicados en este tipo de procesos judiciales se mantengan apartados de la administración pública mientras se aclaran las denuncias.

Beatriz Niño, por su parte, pide garantías legales y sociales para proteger a sus hijos y para que su voz no sea silenciada: “Yo soy una muestra fehaciente de que no se puede utilizar a los hijos como armas ni justificar con mentiras lo que es violencia”.

Para el viernes 30 de mayo de 2025, el Juzgado 35 Penal Municipal de Bogotá ha programado la audiencia de imputación de cargos contra César Augusto Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, así como a otros siete implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).

Según información revelada por El Tiempo, el exfuncionario enfrenta acusaciones por su presunta participación en el desvío de 100.000 millones de pesos de los recursos otorgados a la entidad nacional.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Manrique habría participado en la modificación de un convenio entre la Ungrd y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en la que el valor fue reducido a la cantidad en mención.

En los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, ante la justicia, Cesar Manrique habría tenido un rol clave en decisiones que permitieron el desvío de estos recursos. Pinilla, hoy condenado por su participación en el saqueo a la Unidad, y López, exdirector de la entidad, señalaron que las acciones del exfuncionario habrían estado orientadas a beneficiar intereses políticos y favorecer a aliados del Gobierno.

Entre tanto, la Fiscalía ha anunciado que imputará a Manrique por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Según el organismo, estos hechos forman parte de una de las líneas más sensibles dentro de la investigación general sobre el manejo de los recursos de la Ungrd, una entidad que ha estado bajo escrutinio por presuntas irregularidades en su gestión.

Este caso se suma a una condena previa que recibió por irregularidades en procesos de contratación cuando Petro era alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015. En aquella ocasión, fue condenado por irregularidades en la contratación, lo que marcó un precedente en su historial judicial, según detalló El Tiempo.

Cesar Manrique había llegado al Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp) desde octubre de 2023, cargo en el que duró por un año y dos meses. Sin embargo, presentó su renuncia en noviembre de 2024 por problemas de salud, pero coincidió con la investigación adelantada por la Fiscalía.

Los otros implicados en el caso Ungrd

Además de Cesar Manrique, los otros siete nombres señalados en un presunto esquema de corrupción también serían representantes de la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral (Yapurutú), que habrían desempeñado un papel clave en la manipulación de contratos y documentos para apropiarse de recursos públicos.

Según informó la Fiscalía, Édgar Echeverri Toro, representante legal de la entidad, y Francisco Javier Estupiñán Bravo, jefe de ventas, enfrentarán cargos por interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad documental.

Adicionalmente, se menciona al abogado Édgar Riveros Rey, que enfrentará cargos similares, además de falsedad material en documento público y falsedad en documento privado. La entidad acusatoria sostiene que Riveros Rey habría participado activamente en las irregularidades que permitieron la apropiación indebida de recursos públicos.

La lista de presuntos responsables se amplía con los nombres de Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas por prestación de servicios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Según las autoridades, ambos habrían tenido un papel activo en el esquema delictivo y serán imputados por delitos como peculado por apropiación y falsificación de documentos.

Por este caso, los exfuncionarios que han sido detenidos por las autoridades son Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, y los congresistas Iván Name y Andrés Calle, que fueron capturados por su presunta participación en los actos de corrupción relacionados con la Ungrd.

Sin embargo, las investigaciones apuntan a que más personas podrían ser arrestadas en el transcurso del año 2025, a medida que se esclarecen los detalles del caso.

También, se espera que uno de los próximos en enfrentar imputaciones sería Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), a quien se le acusa de la entrega de 4.000 millones de pesos a los exparlamentarios mencionados, con el fin de que se avalaran las reformas planteadas por el Gobierno Petro en el legislativo.

Según informó la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), el encuentro tenía como objetivo exigir el cumplimiento de compromisos adquiridos con los pueblos indígenas y evaluar el decreto 632 de 2018, que establece la ruta para la creación de las Entidades Territoriales Indígenas (Etis). De este modo, el 2 de mayo de 2025, un día después del Día del Trabajo, la comunidad indígena habría retenido a funcionarios por alrededor de cinco horas, por lo que la Alcaldía de Bogotá se pronunció rechazando estos hechos.

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Este decreto es considerado fundamental para garantizar el autogobierno y la administración directa de los territorios indígenas, conforme a sus sistemas normativos y de planificación.

El Distrito se pronunció

La Alcaldía de Bogotá emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica los hechos, en el que señala que los integrantes de la minga no permiten la libre circulación de los funcionarios de la ANT, por lo que afecta su libertad e integridad.

Según el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, aunque la Administración distrital respalda el derecho a la protesta pacífica como una garantía democrática, las acciones actuales vulneran derechos fundamentales al recurrir a formas de violencia.

La Alcaldía enfatizó que estas acciones no solo afectan a los funcionarios retenidos, también generan un impacto negativo en la convivencia y el respeto a las instituciones.

En respuesta a la situación, las autoridades locales activaron protocolos de mediación y diálogo desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos. De acuerdo con el comunicado de la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Gobierno y la Personería Distrital han estado presentes para garantizar la integridad de las personas involucradas y restaurar el orden en las instalaciones de la ANT.

Además, el Distrito reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos, en el que hace un llamado a los líderes de las comunidades indígenas para mantener abiertos los canales de diálogo y evitar acciones que pongan en riesgo la vida y la libertad de las personas.

La Opiac, por su parte, destacó la importancia del decreto 632 de 2018 en el contexto de las demandas indígenas. Este marco normativo busca fortalecer la autonomía de los pueblos indígenas mediante la creación de las Etis, entidades que permitirían a estas comunidades administrar directamente sus territorios bajo sus propios sistemas normativos. La organización subrayó que la implementación de este decreto es clave para garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y el cumplimiento de los acuerdos previamente establecidos.

En su comunicado, la Alcaldía de Bogotá reafirmó su intención de trabajar por una ciudad donde las diferencias se resuelvan a través del diálogo y no mediante la violencia o vías de hecho. Asimismo, instó a las comunidades indígenas a evitar acciones que puedan escalar la situación y a priorizar la búsqueda de soluciones mediante el entendimiento mutuo.

Comunicado de la Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá rechaza categóricamente los hechos que están ocurriendo a esta hora en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), cuando un grupo de personas que hicieron parte de las comunidades que llegaron en el marco de la minga indígena Nacional, no permite la libre circulación, de manera consentida, de colaboradores de la institución, impidiéndoles salir o ingresar del lugar, generando una situación de afectación a su libertad e integridad.

“La Administración Distrital reconoce y defiende el derecho legítimo a la protesta pacífica, como una garantía democrática y constitucional. Sin embargo, ante los hechos que están ocurriendo en este momento en la ANT, rechazamos actos que vulneren los derechos fundamentales de otras personas, especialmente cuando se trata de cualquier forma de violencia”, manifestó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la situación, se activaron los protocolos de mediación y diálogo, con el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno y la Personería Distrital, con el fin de garantizar la integridad de las personas presentes y restaurar el orden en las instalaciones del ANT.

El Distrito reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la convivencia pacífica y el respeto a las instituciones. Por tanto, hace un llamado a los líderes de las comunidades que llegaron en el marco de la Minga Indígena Nacional, a mantener abiertos los canales de interlocución y a evitar acciones que pongan en riesgo la vida, integridad y libertad de las personas.

Bogotá continuará trabajando por ser una ciudad en la que las diferencias se resuelvan mediante el diálogo, sin recurrir a la violencia ni a vías de hecho.

Los predios entregados eran del ex jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco o Javier Montañez, que lideró el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El excriminal, que fue rechazado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para comparecer ante ella, es responsable de delitos como homicidio y desplazamiento forzado.

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Según el director de la ANT, en años anteriores, las tierras que hoy son propiedad de los campesinos eran utilizadas para la planeación del avance de los paramilitares en el Bajo Cauca antioqueño. No obstante, tras décadas de violencia, las víctimas podrán hacer un uso productivo de los predios con la producción de arroz, yuca, ñame y plátano.

La entrega de las tierras resulta beneficioso para los agricultores porque ya no tendrán que recurrir a terratenientes para poder trabajar. Pues, debían pagar un arriendo para poder cultivar sus productos y el pago se hacía anualmente y por hectárea.

Así lo explicó Walter, campesino y líder de una asociación de agricultores que emplea a varias personas. En conversación con Felipe Harman, explicó que debía pagar por adelantado $1 millón por concepto de arriendo por hectárea. Esto, independientemente de si las cosechas prosperaban y si las ventas sí generaban rentabilidad.

Ahora, no tendrán que destinar recursos para tener a su disposición una porción de tierra. “Estoy complacido, porque yo sé que no vamos a pagar un peso más de arriendo, que no nos van a sacar, porque esa es otra: cuando arrendamos un terreno, a los dos años, nos lo quitan, porque ya lo necesitan para ellos (…). En ese son, hemos estado de un lado para el otro”, detalló el campesino.

Harman informó que, hasta el momento, se han entregado 5.600 hectáreas de tierra a la población campesina, que antes estaban bajo el dominio de grupos paramilitares. Además, el Gobierno nacional ha entregado títulos de propiedad a 622 familias rurales de Cáceres, que ahora fungen como propietarias de 5.920 hectáreas.

“Cáceres, Antioquia, uno de los municipios del Bajo Cauca más golpeados por la violencia y el despojo desde los años 60, hoy celebró su cumpleaños 449 con una movilización llena de esperanza y dignidad protagonizada por quienes han luchado toda su vida por tener un pedazo de tierra donde cultiva”, añadió.

El rechazo de la JEP a alias Macaco

El 19 de febrero de 2025, los campesinos de la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (Asocadar) recibieron una notificación que podría cambiar negativamente sus vidas y dejar en el ojo del huracán al Gobierno de Gustavo Petro, que ha hecho un esfuerzo por cumplir con la entrega de tierras a víctimas del conflicto armado colombiano.

Un abogado, en representación del narcotraficante condenado Luis Alberto Urrego Contreras, les informó que debían abandonar los predios que les habían sido entregados provisionalmente por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), basándose en la resolución de la Fiscalía 50, en la que afirmaba que se levantaba el “secuestro” de las tierras, permitiendo que Urrego Contreras, conocido como alias Bacon, pudiera explotarlas mientras se resolvía su proceso de extinción de dominio.

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De acuerdo con Rutas del Conflicto, la disputa por estas tierras tiene sus raíces en el desplazamiento forzado que sufrieron las familias de Asocadar en 1996, cuando fueron expulsadas de la hacienda Bellacruz, en el sur del Cesar.

Desde entonces, las víctimas del conflicto armado han buscado la restitución de sus tierras, enfrentándose a un proceso legal prolongado y lleno de obstáculos. En diciembre de 2023, como parte de la política de reforma agraria del gobierno del presidente Gustavo Petro, la SAE entregó de manera provisional tres predios —El Amparo, El Porvenir y San Ignacio— a las familias de Asocadar, quienes cumplieron con los requisitos establecidos por la entidad, incluyendo el pago de una póliza contra todo riesgo de $8.000.000.

En efecto, en noviembre de 2024, durante un evento público en Cesar, el presidente Gustavo Petro anunció la entrega de más de 7.000 hectáreas en el departamento como parte de su compromiso con la reforma agraria.

En ese acto, la ANT entregó actas de tenencia y mejoras a los campesinos de Asocadar, reconociendo los cultivos que habían trabajado desde diciembre del año anterior.

Sin embargo, según reportó el medio especializado en conflicto armado, la situación dio un giro inesperado cuando la Fiscalía 50 emitió una resolución que devolvía la administración de los predios a Urrego Contreras, condenado en 2014 a 15 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de cocaína.

Urrego Contreras argumentó que la SAE había abandonado los terrenos, afectando sus derechos fundamentales y los de su madre, de 80 años, quien depende económicamente de él. Aunque la SAE tenía la posibilidad de presentar un recurso de reposición para demostrar que las tierras estaban siendo utilizadas en el marco de la reforma agraria, la entidad dejó vencer el plazo, dejando en firme la decisión de la Fiscalía.

La notificación del desalojo ha generado una profunda preocupación entre las familias de Asocadar, quienes invirtieron entre $15 y $30 millones en los predios para desarrollar cultivos y mejorar sus condiciones de vida.

Según el equipo jurídico de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que acompaña a los campesinos en este proceso, estas inversiones representan un esfuerzo por parte de las familias que hace décadas fueron desplazadas forsozamente de sus tierras, muchas de las cuales vendieron bienes para financiar sus proyectos agrícolas.

Adolfo Rodríguez, representante legal de Asocadar, denunció que el abogado de Urrego Contreras, Edwin Álvarez Garcés, llegó a los predios acompañado de maquinaria, trabajadores contratados y policías que no pertenecían al municipio. Estas acciones incluyeron la destrucción de viviendas construidas por la comunidad y la prohibición de sembrar nuevos cultivos.

Los representantes de las familias afectadas exigen respuestas al director de la ANT, Felipe Harman Ortiz, que respondió vía X que acompañarán a las víctimas en esta situación:

“La solicitud del bien extrañamente solicitada por la Fiscalía nos preocupa, es un grave antecedente que queremos que sea revisado con mayor rigor. Hicimos un negocio jurídico consolidado, acorde a la ley y a los tiempos. La @AgenciaTierras y la @activosSAE están de la mano, defendiendo a los campesinos”.

La presunta omisión ha dejado a los campesinos en una situación de vulnerabilidad, enfrentándose a un posible desalojo inminente. Además, se afirmaron sentirse utilizados por el Gobierno, que hace poco les entregó las tierras con “bombos y platillos”.

En la jornada del 11 de marzo el presidente Gustavo Petro se refirió a la titulación de 8.150 hectáreas por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para campesinos en San Vicente del Caguán, Caquetá.

El jefe de Estado hizo referencia a alias Calarcá, de las disidencias de las Farc, de quien dijo prefiere verlo trabajando en agricultura que en la ilegalidad.

“Revitalizar la selva amazónica en los llanos del Yarí, manteniendo el progreso campesino, es el acuerdo de paz que queremos en el Caquetá. Para los campesinos van 8.000 hectáreas. Espero a “Calarcá” cultivando arroz y arboles, que disparando fusiles. Es para ya”, escribió en su cuenta de X el primer mandatario.

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Entrega de títulos de propiedad en Caquetá

En un esfuerzo por fortalecer la seguridad jurídica de los campesinos y avanzar en la transformación del campo colombiano, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) oficializó la entrega de 63 títulos de propiedad en la vereda El Triunfo, ubicada en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá. La medida beneficia a 315 campesinos y campesinas, otorgándoles la titularidad de 8.153 hectáreas, en una región históricamente afectada por el conflicto armado y la deforestación.

El acceso a la propiedad de la tierra representa un hito para los habitantes de esta zona de los Llanos del Yarí, quienes han enfrentado durante décadas las consecuencias del conflicto interno y la ausencia del Estado.

Con esta entrega, se busca no solo garantizar el derecho a la tierra, sino también fortalecer la estabilidad de las comunidades rurales, brindándoles herramientas para el desarrollo sostenible y la consolidación de una economía legal y productiva.

Según la ANT, esta iniciativa se enmarca dentro de los compromisos adquiridos por el Gobierno en materia de reforma agraria y desarrollo rural.

La legalización de tierras es clave para que los campesinos puedan acceder a créditos, proyectos productivos y asistencia técnica, factores fundamentales para mejorar sus condiciones de vida y fomentar el arraigo en el territorio.

Acompañamiento internacional y respaldo a la paz

La entrega de títulos contó con la presencia de representantes de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) y de la Misión de Verificación de la ONU, organismos que han seguido de cerca los avances en materia de restitución y formalización de tierras. Su acompañamiento refuerza la importancia de esta política dentro del marco del Acuerdo Final de Paz y la necesidad de continuar con estos procesos en las regiones más afectadas por la violencia y el abandono estatal.

“Al Caguán lo único que llegaba por parte del Estado eran bombas, criminalización; sin embargo, hoy llegamos con 63 títulos, y esto es un reconocimiento justo y legal del territorio. Que el campesino nunca más sienta miedo porque llegó el Estado”, afirmó el director general de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman.

Para los beneficiarios, la titulación de tierras no solo representa la posibilidad de consolidar sus proyectos productivos, sino también un cambio en la relación con el Estado. La expectativa es que, con el reconocimiento legal de sus predios, se abran nuevas oportunidades de inversión pública y privada, fortaleciendo el tejido social y promoviendo el desarrollo de actividades económicas sostenibles.

Próximos pasos en la adjudicación de tierras

La entrega de estos títulos hace parte de un proceso más amplio que busca formalizar la tenencia de la tierra en los Llanos del Yarí. Actualmente, la ANT trabaja en la adjudicación de un segundo polígono, con la expectativa de completar los actos administrativos en los próximos cinco meses. Este esfuerzo refleja la intención del Gobierno de avanzar en la regularización de la propiedad rural, garantizando que más campesinos puedan acceder a este derecho fundamental.

La titulación de tierras es una de las estrategias clave para reducir la conflictividad en el campo y sentar las bases de una paz estable y duradera. Con este tipo de iniciativas, se espera que las comunidades campesinas puedan desarrollar sus actividades sin temor a la incertidumbre jurídica y con el respaldo de una institucionalidad fortalecida.

La entrega en San Vicente del Caguán es un nuevo paso en el camino hacia un campo más equitativo y sostenible, en el que la tierra deje de ser un motivo de disputa para convertirse en una base de progreso y estabilidad para quienes la trabajan.

Un informe reciente de la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia presuntas irregularidades en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), relacionadas con la adquisición y adjudicación de predios destinados a la Reforma Rural Integral.

Según el ente de control, estas anomalías han generado un detrimento fiscal estimado en 160.000 millones de pesos, afectando tanto los recursos públicos como el bienestar de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que debían beneficiarse de estas tierras.

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De acuerdo con la Contraloría, uno de los principales problemas detectados radica en la compra de predios con suelos clasificados como inadecuados para actividades agropecuarias.

En varios casos, más del 50% de la superficie de los terrenos adquiridos corresponde a suelos de clase VII, que presentan severas limitaciones para cultivos y ganadería.

Esto contraviene la normativa vigente, que prohíbe la adquisición de predios con más del 20% de su área en suelos de clase VII y VIII. Además, se identificaron terrenos con humedales que abarcan hasta el 30% de su superficie, lo que limita aún más su uso productivo.

Otro de los hallazgos destacados por la Contraloría se refiere a la ocupación ilegal de predios adquiridos por la ANT. Según el informe, la falta de diligencia en la recuperación material de estas tierras ha generado un posible detrimento patrimonial de 5.646 millones de pesos.

Esta situación no solo afecta las finanzas públicas, sino que también tiene un impacto social fuerte, ya que impide que las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes accedan a los terrenos que les corresponden como parte del proceso de ordenamiento social de la propiedad.

El ente de control destacó que estas ocupaciones ilegales representan un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos de la Reforma Rural Integral, uno de los pilares del acuerdo de paz. La falta de acción por parte de la ANT para resolver estas situaciones ha generado incertidumbre y descontento entre las comunidades destinatarias de los predios.

La Contraloría también señaló que los retrasos en la entrega de los predios adquiridos han sido otro factor crítico en la gestión de la ANT. De los 205 predios disponibles, apenas el 12,2% han sido entregados a la población campesina, mientras que solo el 5,3% han llegado a comunidades indígenas y apenas el 1% a comunidades negras.

Esta lentitud en la adjudicación no solo incumple las metas establecidas en la Reforma Rural Integral, sino que también genera costos adicionales para la ANT, que debe asumir el mantenimiento de las tierras no entregadas.

El informe detalla que esta demora ha afectado la implementación de proyectos productivos en las zonas rurales, obstaculizando el desarrollo económico y social de las comunidades beneficiarias. Además, la Contraloría estima que los retrasos han ocasionado un presunto detrimento de los recursos públicos por un valor de 110.322 millones de pesos, lo que agrava aún más la situación.

Según el informe, las irregularidades detectadas no solo representan un problema financiero, sino que también ponen en riesgo el cumplimiento de los compromisos adquiridos en medio de la implementación del acuerdo de paz.

La Contraloría advirtió que estas deficiencias en la gestión de la ANT dificultan la implementación de políticas públicas orientadas a reducir la desigualdad en el acceso a la tierra, uno de los principales objetivos de la Reforma Rural Integral. Además, subrayó que la falta de cumplimiento de estas metas podría generar tensiones sociales y políticas en las regiones afectadas.

Ante este panorama, la Contraloría ha instado a la Agencia Nacional de Tierras a tomar medidas inmediatas para corregir las irregularidades detectadas y garantizar una gestión más eficiente de los recursos públicos.

Entre las recomendaciones se incluye la revisión de los procesos de adquisición de predios, con el objetivo de asegurar que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente. Asimismo, se ha solicitado a la ANT que acelere la entrega de tierras a las comunidades beneficiarias y que implemente estrategias efectivas para recuperar los predios ocupados ilegalmente.

En un proceso que ha estado marcado por disputas legales y sociales, el Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), logró culminar el trámite administrativo para la adjudicación colectiva de la hacienda La América, ubicada en Chimichagua, Cesar.

Con el certificado expedido por la Superintendencia de Notariado Registro, que acredita a la entidad como propietaria del predio, se cierra la conjetura sobre el dominio de la emblemática hacienda, entregada por el presidente Gustavo Petro a las familias beneficiarias el 23 de noviembre de 2024.

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La hacienda La América ha sido un terreno de disputa durante años. Con origen histórico en el proceso de adjudicación de baldíos realizado por el Incora en 1978, cuando fue asignado a comunidades campesinas; en los años 90 y principios de 2000, varios personajes con vínculos al narcotráfico y al paramilitarismo tomaron control de las tierras, lo que derivó en la situación actual.

Originalmente, perteneció a José Guillermo Hernández Aponte, conocido como el “Ñeñe Hernández”, vinculado al narcotráfico y asesinado en Brasil en 1998. Posteriormente, el control de la hacienda pasó a manos de Hugues Rodríguez Fuentes, alias Comandante Barbie, que a través de su empresa Inversiones Rodríguez Fuentes, mantuvo la posesión del terreno, a pesar de que en 2023 el Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala y Justicia y Paz de Barranquilla dictó una resolución que otorgaba la propiedad al Fondo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (Uariv).

En este contexto, la ANT gestionó la compra de este predio, obteniendo el certificado de la Superintendencia de Notariado y Registro, que valida al Estado como legítimo propietario. Esto pone fin a los cuestionamientos sobre la propiedad y el dominio de La América, despejando las dudas de quienes se oponían a la entrega de estas tierras a las comunidades campesinas.

Natalia Astroz Gómez, coordinadora del convenio entre la ANT y el Fondo de Víctimas, destacó el logro del proceso y desmintió las versiones de quienes se han opuesto a la entrega del terreno a las familias campesinas. “Hoy se desvirtúa lo manifestado por algunos actores de la región, que se han opuesto desde un principio a que el predio fuera entregado a los campesinos. A la fecha, reposa en el folio de matrícula inmobiliaria el registro del acto administrativo de transferencia del derecho de dominio a favor de la Agencia Nacional de Tierras”, explicó la funcionaria.

Por su parte, el director de la ANT, Felipe Harman, resaltó la importancia de este hecho en el marco de la Reforma Agraria. “Con las 1.400 hectáreas de tierra del predio La América en Chimichagua, completamos más de 13.400 hectáreas destinadas a la Reforma Agraria en el Cesar”, afirmó Harman, que también agradeció el acompañamiento del Ministerio Público y la Fuerza Pública en todo el proceso de restitución y entrega.

Jhon Prieto, líder campesino y fundador de la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios, una de las organizaciones que agrupa a los campesinos beneficiarios de la entrega, celebró este importante paso hacia la justicia social. “Con esto, valoramos positivamente el avance de la Reforma Agraria en nuestro municipio. A partir de lo sucedido, podemos decir que este predio es genuinamente ‘nuestra América’ y que el corazón del Territorio Campesino Agroalimentario late con más fuerza”, señaló Prieto, destacando el impacto positivo que tendrá esta restitución sobre la vida de los campesinos de la región.

La recuperación de La América también ha sido vista como una victoria simbólica para las organizaciones sociales que han luchado por décadas por la restitución de tierras y la reparación de las víctimas del conflicto armado. Desde 2004, cuando la empresa Inversiones Rodríguez Fuentes compró los terrenos de La América, hasta el 2024, el proceso ha sido largo y complicado. Sin embargo, la colaboración entre el Gobierno y las comunidades campesinas ha logrado que el predio finalmente sea entregado a quienes realmente le pertenecen: los campesinos de Chimichagua.

El proceso de adquisición de tierras en el Catatumbo provocó debate en Colombia, especialmente por el Estado de conmoción interior decretado por el Gobierno nacional. En el centro de la controversia se encuentra la figura de la expropiación administrativa, contemplada en el Decreto 108 de 2025, que fue interpretada por distintos sectores como un mecanismo de apropiación forzosa o expropiación exprés; sin embargo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) declaró que, en esta etapa, el proceso se realiza mediante ofertas voluntarias de los propietarios de los predios.

El director de la ANT, Felipe Harman, fue enfático en señalar que la adquisición de las 3.500 hectáreas no es una confiscación, sino un procedimiento de compra basado en acuerdos con los dueños de la tierra. “Esas fincas que tenemos referenciadas han sido ofertas voluntarias, eso es el primer componente. Hoy nosotros vamos a arrancar a adquirir tierras del Catatumbo con ofertas voluntarias, entonces eso es lo primero que hay que aclarar”, afirmó el funcionario en declaraciones recientes al diario El Colombiano.

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Para los colombianos se plantea la pregunta sobre los afectados por la medida y la identidad de los propietarios de los terrenos en cuestión. De acuerdo con las autoridades, estas tierras pertenecen a habitantes de la región que han optado por vender sus predios a la ANT dentro del Plan Catatumbo, una iniciativa orientada a transformar la dinámica territorial y fortalecer la producción agrícola legal.

Los predios adquiridos serán utilizados para proyectos de desarrollo sostenible, bajo el concepto de “fincas de paz”, que no solo brindarán alternativas productivas a la comunidad, sino que funcionarán como refugios humanitarios en situaciones de crisis derivadas de enfrentamientos armados.

Plan integral para la estabilización del Catatumbo

El Gobierno explicó que la compra de estas tierras responde a una estrategia integral para garantizar la estabilidad en una de las regiones más afectadas por el conflicto armado. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, señaló en su momento que esta medida es clave para facilitar el retorno de desplazados y ofrecer soluciones productivas en territorios históricamente impactados por la violencia.

“La expropiación no es una confiscación; es una enajenación forzosa en la que se indemniza al propietario a valor comercial y se pone el terreno al servicio de objetivos de emergencia”, sostuvo Carvajalino. Según la jefa de cartera, este mecanismo se empleó durante décadas en Colombia con fines de utilidad pública, y en este caso, busca crear condiciones que reduzcan la dependencia de economías ilícitas.

El Plan Catatumbo también contempla la constitución de la Zona de Reserva Campesina “Paz y Unión del Catatumbo”, que abarcará 59.000 hectáreas y beneficiará a 61 veredas de los municipios de Hacarí, Ábrego, Bucarasica y La Playa de Belén. La estrategia está diseñada para fomentar la producción agrícola, reforzar la seguridad alimentaria y garantizar el acceso a la tierra de comunidades que han sido históricamente desplazadas por la guerra.

La estrategia del Gobierno para transformar el Catatumbo

Uno de los objetivos principales de la compra de estas tierras es destinarlas a asociaciones campesinas y organizaciones sociales, quienes tendrán la responsabilidad de administrarlas bajo un modelo sostenible. En estos predios se desarrollarán cultivos lícitos, proyectos de agroindustria y sistemas de producción diversificada, con el fin de fortalecer la economía local y reducir la dependencia de cultivos ilícitos.

Adicionalmente, las “fincas de paz” serán espacios de refugio humanitario en momentos de confrontación. Esta estrategia, según Harman, busca brindar condiciones de estabilidad para las comunidades en una región donde el conflicto ha obligado a miles de personas a desplazarse de manera constante.

“Lo que queremos es que esas fincas sean parte de un sistema nacional de derechos humanos, parte de una revisión integral con garantes internacionales en el marco del Derecho Internacional Humanitario”, agregó el director de la ANT para el medio citado.

El Gobierno reiteró que este proceso se desarrolla con el acompañamiento de organismos internacionales y bajo estándares legales que garantizan la transparencia de las adquisiciones. El reto ahora es garantizar que la implementación del proyecto se realice de manera efectiva y que los beneficiarios cuenten con el apoyo necesario para consolidar proyectos productivos sostenibles.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) están a punto de concretar la venta de doscientas hectáreas de El Ubérrimo, la hacienda de la familia Uribe Vélez, ubicada entre Montería y el municipio de San Carlos, en el departamento de Córdoba.

Este acuerdo permitirá que las tierras sean destinadas a proyectos productivos para treinta familias campesinas de la región, en el marco de la reforma rural impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, según una primicia de El Tiempo.

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El proceso de negociación, que ha sido liderado directamente por el expresidente Uribe y el director de la ANT, Felipe Harman, representa un hito en el polarizado panorama político del país. La venta de estas tierras, que forman parte de una finca de más de 700 hectáreas, se inscribe dentro de los esfuerzos del gobierno para cumplir con el Punto Primero del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016, que busca garantizar el acceso a la tierra para comunidades campesinas, negras e indígenas.

De acuerdo con El Tiempo, la negociación comenzó con una oferta presentada por la familia Uribe Vélez, a través de la empresa Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S., cuyo representante legal es Tomás Uribe, hijo del expresidente.

En agosto pasado, la ANT respondió con una propuesta final basada en un avalúo rural comercial realizado por la firma DCI Colombia S.A.S., que estableció un valor de 3.031 millones de pesos colombianos.

El pago se realizará en dos partes: el 50 % al momento de la firma de la escritura pública y la inscripción del trámite, y el restante cuando se expida una copia auténtica de la escritura. Según declaraciones previas del expresidente Uribe, las tierras ofrecidas cuentan con condiciones de alta productividad sostenible, aptas tanto para la ganadería empresarial como para la campesina.

Uribe también destacó que el precio acordado es significativamente inferior al avalúo catastral de la región, y solicitó a la ANT reconsiderar los valores de los avalúos en la zona para garantizar la sostenibilidad de las actividades ganaderas.

La venta de estas tierras ocurre gracias al programa de compra de tierras acordado entre el presidente Petro y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) al inicio del actual gobierno. Este programa busca adquirir tierras para redistribuirlas entre comunidades rurales, como parte de los compromisos adquiridos en el proceso de paz con las extintas Farc.

Sin embargo, el avance de este programa ha sido limitado. Según datos de la Contraloría General de la República, hasta noviembre del año pasado solo se habían adquirido 800 hectáreas, muy lejos de la meta inicial de 3 millones de hectáreas. En total, el gobierno ha adquirido 448.000 hectáreas para la reforma rural, de las cuales 186.000 corresponden al año 2024.

El Ubérrimo, la finca de Álvaro Uribe Vélez

El Ubérrimo no es solo una finca; es un símbolo del poder político y económico en Colombia. Durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe (2002-2010), la hacienda fue escenario de reuniones clave sobre seguridad y encuentros con figuras internacionales, como el líder opositor venezolano Leopoldo López.

Además, la finca ha sido objeto de controversias y críticas. El senador Iván Cepeda, uno de los principales opositores de Uribe, escribió un libro sobre El Ubérrimo, y el propio presidente Petro ha mencionado la hacienda en varias ocasiones como parte de sus críticas al expresidente.

El acuerdo para destinar parte de estas tierras a la reforma rural no solo tiene un impacto práctico, sino también un peso simbólico en la política colombiana. Representa un gesto de cooperación entre dos figuras que han estado en lados opuestos del espectro político, en un momento en que el país enfrenta desafíos significativos en términos de reconciliación y desarrollo rural.

A pesar de los esfuerzos del gobierno, la implementación de la reforma rural enfrenta múltiples retos. Según El Tiempo, además de la compra de tierras, el gobierno ha formalizado 1.2 millones de hectáreas, un paso importante para garantizar la seguridad jurídica de las comunidades beneficiadas.

Sin embargo, la meta de redistribuir tierras a gran escala sigue siendo un desafío. La compra de tierras emblemáticas como las de El Ubérrimo podría ser un catalizador para avanzar en este proceso, pero también pone de manifiesto las tensiones y complejidades inherentes a la reforma agraria en Colombia.

El acuerdo entre Uribe y el gobierno de Petro, aunque limitado en términos de extensión territorial, podría sentar un precedente para futuras negociaciones con otros grandes propietarios de tierras. En un país donde el acceso a la tierra ha sido históricamente una de las principales causas de conflicto, este tipo de acuerdos son fundamentales para construir una paz duradera y promover el desarrollo rural.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la comunidad Zenú del municipio de San Antonio de Palmito, en Sucre, han logrado un acuerdo sobre la posesión de los predios Simba, Potosí y La Laguna, de acuerdo con información conocida por la emisora colombiana Blu Radio.

Estos terrenos, que la comunidad ha mantenido bajo su control durante la última semana, forman parte de los compromisos adquiridos en marzo de 2024 por el Gobierno Nacional.

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Durante su reciente visita a la zona, Felipe Harman, director de la ANT, reafirmó su compromiso con la población indígena y los campesinos que reclaman estos terrenos. En ese contexto, señaló que “una vez reciban los predios de manera legal por parte de la SAE, se los entregarán a los indígenas y campesinos tal como ya se los anunció el mismo presidente Gustavo Petro”. Este anuncio ratifica la intención del Gobierno de cumplir con lo pactado y formalizar la entrega de los predios a sus nuevos propietarios.

El proceso de transferencia ya está en marcha. Se espera que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) haga la entrega oficial de los terrenos a la ANT en un plazo máximo de 15 días. Posteriormente, la agencia procederá a la adjudicación a la comunidad Zenú y a las asociaciones campesinas que han estado esperando la materialización del acuerdo.

El encuentro contó con la participación de Martín Moreno Argüello, cacique regional Córdoba-Sucre del pueblo Zenú, quien reconoció la disposición de la ANT para avanzar en el diálogo y encontrar soluciones viables. “La capacidad de diálogo y de buscar una solución ha sido fundamental para avanzar en este proceso”, afirmó Moreno Argüello, resaltando la importancia de este acercamiento entre la comunidad y las autoridades.

Desde el inicio de la minga el pasado 20 de enero, la comunidad ha mantenido una protesta pacífica para exigir que el Gobierno cumpla con la entrega de las tierras prometidas. Además, el alcalde de San Antonio de Palmito y Ubadel Pérez, cacique territorial de la comunidad Zenú, han participado activamente en las negociaciones con la ANT. Pérez señaló que, tras la reunión sostenida con la entidad, se acordó establecer encuentros semanales para agilizar los trámites administrativos que permitirán la formalización de la entrega de los predios.

La ANT entregó 175 títulos de propiedad que abarcan 842 hectáreas

Evelio Ortega, un campesino del Magdalena, expresó con emoción lo que significa para él recibir un título de propiedad tras 30 años de espera. “Esto es un sueño hecho realidad”, afirmó, destacando que ahora puede asegurar que la tierra será un legado para sus hijos y su familia.

El martes 3 de diciembre de 2024, en el auditorio del Centro Empresarial del Banco de Bogotá en Santa Marta, se llevó a cabo la entrega de 175 títulos de propiedad que abarcan 842 hectáreas, beneficiando a más de seiscientas personas de once municipios del Magdalena, según informó la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

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En lo que va del año, se han entregado más de diez mil hectáreas en ese depa, beneficiando a campesinos, comunidades indígenas y mujeres rurales. La entrega de estos títulos busca no solo proporciona seguridad jurídica a las familias campesinas, sino que también abre oportunidades para proyectos productivos y acceso a créditos, según la ANT.

Mediante la gestión de la Agencia Nacional de Tierras, más de 600 personas encuentran esperanza en una política de restitución que procura equidad y desarrollo rural - crédito ANT

Patricia Caicedo, asesora para la Agencia Nacional de Tierras en el Caribe, destacó la importancia de este momento, señalando que, durante décadas, muchos campesinos trabajaron tierras que no podían llamar suyas.

“Hoy, les devolvemos algo más que un pedazo de tierra: les devolvemos su dignidad, su seguridad y el derecho a soñar con un futuro mejor”, expresó Caicedo, según la ANT.

Los títulos de propiedad entregados corresponden a predios ubicados en municipios como Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, Santa Marta, Plato, Chivolo, Sitio Nuevo, El Banco, Remolino, San Zenón, Cerro de San Antonio y Concordia. Este proceso es el resultado de un trabajo conjunto entre las comunidades y la ANT, según Damián Marañón, director territorial Magdalena-Caribe de la entidad. Además, afirmó que cada título entregado representa una victoria frente al olvido y la inequidad que han marcado la historia de los campesinos de la región.

El evento también simboliza el esfuerzo conjunto de instituciones como la ANT y la Unidad de Restitución de Tierras para devolver a las familias no solo sus tierras, sino también la esperanza. La entrega de estos títulos es un paso crucial hacia la equidad y la justicia para los campesinos del Magdalena, según la entidad.

La autorización judicial que permitía al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso desplazarse por varios departamentos de la costa Caribe colombiana para colaborar en la identificación de bienes entregados por las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no se materializó debido a una omisión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Según informó la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, la entidad no presentó el cronograma requerido para coordinar las actividades de Mancuso, lo que imposibilitó que se hiciera efectivo el permiso.

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El permiso, otorgado mediante el Auto 618 del 13 de noviembre de 2024, permitía a Mancuso movilizarse hasta el 31 de enero de 2025 por los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira.

El objetivo era facilitar la localización y recuperación de bienes entregados por el paramilitarismo, los cuales, según registros oficiales, no han sido plenamente identificados.

Sin embargo, el magistrado Carlos Andrés Pérez, de la Sala de Justicia y Paz, señaló que la ANT no cumplió con la exigencia de elaborar un listado de bienes a buscar ni un cronograma detallado con los lugares a visitar, lo que llevó a la suspensión de la autorización.

Tras su deportación desde Estados Unidos en 2024, donde cumplió una condena de casi 15 años por delitos relacionados con su liderazgo en las AUC, Mancuso regresó a Colombia con el compromiso de colaborar con la justicia y contribuir a la reparación de las víctimas.

Uno de los pasos en este proceso era su participación en la identificación de bienes entregados por el grupo paramilitar, una tarea que requería su desplazamiento por las zonas donde operaron las AUC.

En noviembre de 2024, el director de la ANT, Felipe Harman, solicitó a la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla que se permitiera a Mancuso movilizarse por los municipios de la Costa Caribe.

La solicitud fue aprobada bajo la condición de que la ANT presentara un cronograma detallado y un listado de bienes a buscar, respaldados por la autoridad judicial competente. Sin embargo, según el magistrado Pérez, esta planificación nunca fue entregada, lo que impidió que Mancuso pudiera cumplir con esta parte de su compromiso.

En un auto emitido el 20 de enero de 2025, el magistrado Pérez dejó constancia de que la ANT no cumplió con los requisitos establecidos para la autorización del traslado.

“La Sala toma nota y deja claro que esa entidad nunca presentó el cronograma requerido, por lo que tal autorización no llegó a materializarse”, afirmó el magistrado en su decisión. Además, destacó que, hasta que no exista una planeación adecuada y un respaldo judicial expreso, Mancuso no podrá desplazarse a las zonas donde delinquió.

El Tribunal Superior de Barranquilla también recordó que, aunque los postulados en el proceso de Justicia y Paz tienen prohibido acercarse a las víctimas o a las áreas donde tuvieron influencia, esto no debe ser un obstáculo para que cumplan con los compromisos adquiridos, como aportar a la verdad y colaborar en la reparación del daño causado.

El rastreo de bienes entregados por las AUC es una tarea fundamental dentro del proceso de Justicia y Paz, ya que estos activos son esenciales para la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Según lo informado por la ANT, muchos de estos bienes no figuran en los registros oficiales, lo que dificulta su recuperación y uso para los fines establecidos por la justicia.

El Auto 618, que autorizaba el traslado de Mancuso, buscaba precisamente facilitar esta tarea al permitir que el exjefe paramilitar colaborara directamente en la identificación de los bienes.

En medio de este escenario, el director de la ANT solicitó al Tribunal Superior de Barranquilla que no se prorrogara la autorización para el traslado de Mancuso.

Esta solicitud fue acompañada por la aclaración del magistrado Pérez de que la autorización no se había materializado debido a la falta de cumplimiento por parte de la ANT.

En marzo de 2024 el presidente Gustavo Petro anunció con bombos y platillos la entrega de tierras a los campesinos de Sucre, como parte de su programa que pretende devolver los latifundios a sus dueños originales para hacerlas más productivas. En ese momento, informó que una megahacienda ubicada entre los departamentos de Córdoba y Sucre, perteneciente al narcoparamilitarismo sería la primera de su programa.

La suntuosa construcción fue parte de la incautación de propiedades al narcotraficante y paramilitar, conocido como Simba. “Javier Piedrahíta, el narcotraficante de Yarumal que armó el paramilitarismo en sus inicios en el sur de Córdoba y Sucre ... Hoy entrego la hacienda del narcotraficante al pueblo campesino de Sucre”, dijo el jefe de Estado a los campesinos presentes en el evento.

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Sin embargo, una reciente investigación de El Tiempo, hizo referencia a que en la actualidad la megaconstrucción no está actualmente en poder de los campesinos y, por el contrario, los terrenos que la componen se estarían perdiendo. De acuerdo con el trabajo hecho por el medio de comunicación antes citado da muestra que la hacienda fue incautada inicialmente a Luis Fernando Castaño, conocido con el alias de ‘Botija’ y dado de baja en 2018 en Medellín.

Esta entrega investigativa también encontró que el congresista Antonio Correa, del Partido la U ha pedido que se verifiquen a los depositarios de la SAE que han tenido acceso a los predios involucrados, pero también si es cierto el asunto de las hectáreas: “Lo que se dice en terreno es que los predios han sido manejados por Benjamín Sarta Ojeda, a quien vinculan con Laura Ojeda, esposa de Nicolás Petro”, dijo el congresista.

Según el acta que divulgó dicho medio de comunicación, la SAE y la Agencia Nacional de Tierras dicen que son 661 hectáreas de ese predio y 142 de otro, que estaban en propiedad de alias Simba; sin embargo, registros en poder del diario citado indican que son 850 y 145 hectáreas respectivamente. Esto llevó incluso a que se citara a Daniel Rojas a control político en Senado.

Debido a los aparentes señalamientos del congresista de la U a Sarta Ojeda, el medio de comunicación se comunicó con él para que aclarara los nexos familiares que tiene con la esposa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, algo que dijo es “falso”: “No la conozco. La sigo en redes porque es reconocida y me gusta ver lo que publica”.

Agregó que es por el apellido los han querido vincular como primos y diciendo que se quieren robar los predios, a lo que enfatizó que: “Dejé de ser depositario de Simba desde mayo de 2022 y fui removido de la SAE en enero de ese año, en la administración Duque”. Pero esto no fue lo único que sentenció, ya que dijo que sí se están perdiendo los predios y esto tiene que ver con las personas a las que la entidad se los entregó después.

Por otro lado, Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, indicó que los predios continúan en poder de la SAE, pero en dicha entidad le tiran la pelota a la ANT, por lo que afirman que esto concluye con su responsabilidad. Adicionalmente, estarían a punto de entregar una respuesta sobre la pérdida de tierras en la narcohacienda y los contratos de arrendamiento de Simba y La Laguna que iban hasta abril de 2026.

Finalmente, admiten desde la SAE que se han sostenido relaciones para resolver las disputas sobre las millonarias mejoras que se hicieron a los predios por parte de los arrendatarios y que no fueron autorizados.

En lo que fue el evento de la restitución de 2.400 hectáreas del complejo cenagoso de Machado a quinientas familias agropescadoras en el departamento de Sucre, el presidente de la República, Gustavo Petro, emitió instrucciones a la Fuerza Pública para garantizar la protección de las tierras públicas y los derechos del campesinado en la región.

“El papel de la Fuerza Pública, y lo digo como Comandante en Jefe, es abrazar al humilde, proteger los derechos y las libertades que la Constitución y la ley consagran para el pueblo campesino de Sucre, Córdoba y otras regiones del país”, expresó el mandatario durante su intervención.

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Garantías para el uso común de los playones

El presidente destacó que los playones inundables, definidos como las áreas alcanzadas por el agua en su máximo nivel durante las temporadas de invierno, son tierras públicas de uso común según lo establece la Constitución. En este sentido, hizo un llamado a las autoridades para prevenir su apropiación indebida y asegurar el acceso para las comunidades.

“La Fuerza Pública, se lo digo aquí y es una orden de su Comandante en Jefe, debe abrazar al humilde, debe defender los derechos y las libertades constitucionales y legales del pueblo campesino de Sucre, de Córdoba, de la región”, afirmó el mandatario. dejando claro que estos actos constituyen una violación directa a las leyes vigentes.

Compromiso con la Reforma Agraria en 2025

El presidente aprovechó la oportunidad para resaltar la importancia de la Reforma Agraria como eje fundamental de su gobierno. Anunció que 2025 será un año crucial, con el objetivo de duplicar las hectáreas entregadas durante 2024.

“El año entrante será la prueba de si este Gobierno es el Cambio o no. Si llegamos a trescientas mil hectáreas, hay que volverla a seiscientas mil”, señaló ante las familias beneficiarias, subrayando la necesidad de que las entregas se concentren en zonas de alta productividad agrícola, como el Caribe y el Magdalena Medio.

Infraestructura y sostenibilidad para el desarrollo rural

Para garantizar el éxito de la Reforma Agraria, el presidente destacó la importancia de complementar la entrega de tierras con infraestructura productiva y social. Entre las medidas planteadas, instruyó al Ministerio de Agricultura y a la Agencia Nacional de Tierras a implementar proyectos de siembra, desarrollar capacidades para la exportación agrícola y establecer equipamientos clave como puertos, centros de acopio, cuartos fríos y escuelas.

“Más tierra en Sucre, más tierra para el campesinado. Hay que sembrar más alimentos, crear centros de acopio y poner el puerto de Tolú, Coveñas, al servicio de la exportación alimentaria. Además, hay que implementar cuartos fríos para proteger el precio y los ingresos del campesinado”, expresó el mandatario.

Además, Petro señaló el potencial de la energía solar como una herramienta clave para las comunidades rurales, permitiéndoles acceder a energía limpia y sostenible. “Los paneles solares no solo iluminan los hogares, también pueden calentar los alimentos sin contaminar el medio ambiente y cuidando la salud de las personas”, explicó.

Transformación del campo para los jóvenes

Por último, el mandatario reiteró la necesidad de transformar las condiciones de vida en el campo para que las nuevas generaciones encuentren oportunidades en sus regiones de origen, evitando la migración hacia las grandes ciudades o el extranjero.

“El día en que el joven y la joven decidan no irse a Miami o a Bogotá, sino quedarse aquí para entregar el conocimiento a la tierra, a la familia, a la región, ese día podremos decir que hemos construido un país en paz y justo, una república digna de llamarse Colombia, la tierra de Bolívar”, concluyó el presidente Petro.

La tutela cuestionó las cifras presentadas por la entidad, que en diversos medios de comunicación aseguró haber adquirido más de 220.000 hectáreas de tierra, mientras que, según se conoció por el fallo judicial, solo se han comprado 52.909 hectáreas, es decir, el 24% de lo reportado.

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Uribe, que ha sido un crítico del Gobierno de Gustavo Petro, acusó a la ANT de presentar una cifra inflada con recursos públicos para mostrar avances en el proceso de adquisición de tierras, especialmente en el contexto de la política de reforma agraria.

Por tal motivo, a través de su cuenta de X, el senador hizo públicas sus denuncias y señaló que el director de la ANT, Felipe Harman, debía renunciar debido a lo que considera una serie de mentiras y un manejo irresponsable de la información.

“El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, debe renunciar una vez más. Le miente al país de manera descarada, esta vez sobre el número de hectáreas de tierras que dice la Agencia Nacional de Tierras haber comprado”, publicó Uribe en la red social.

En sus declaraciones, el congresista recordó que en julio de 2023, el presidente Gustavo Petro afirmó públicamente que la ANT había adquirido más de 184.000 hectáreas, una cifra que, según Uribe, también es falsa, dado que el senador aseguró que la ANT solo ha comprado 153 predios, lo que equivale a 52.909 hectáreas, y no las más de 220.000 anunciadas.

El fallo de la tutela fue interpretado por Uribe como una victoria en su lucha por la transparencia en el manejo de los recursos públicos, por lo que en su publicación el senador también cuestionó el gasto de 13.800 millones de pesos destinados a la publicidad pagada a través de RTVC, una de las principales empresas públicas de medios de comunicación del país, pues según Uribe, ese dinero ha sido utilizado para difundir “mentiras” sobre la gestión de la ANT.

“La Agencia Nacional de Tierras está pagando a RTVC para difundir estos informes falsos en los medios de comunicación. Este es un contrato de 13.800 millones de pesos, lo que demuestra el despilfarro y la falta de transparencia”.

El senador también planteó una crítica más amplia al aumento en los contratos de prestación de servicios en el gobierno actual, que en 2024 sumaron 398.000 millones de pesos, frente a los 116.1 millones de pesos registrados en 2021.

El cuestionamiento a la ANT no se limitó solo a las cifras de tierras adquiridas, dado que el congresista también instó a los organismos de control a investigar y sancionar a la entidad por la difusión de información falsa y por la presunta mala gestión de los recursos destinados a la reforma agraria.

En su opinión, la administración de Felipe Harman ha sido un “fracaso” dentro de los programas impulsados por el Gobierno de Petro, al mismo tiempo que lamentó que los recursos destinados a la compra de tierras no se estén utilizando de manera efectiva para beneficiar a los campesinos y las víctimas del conflicto armado.

Por su parte, la ANT ha defendido sus acciones y asegura que el proceso de adquisición de tierras sigue en curso, aunque reconoció las dificultades que enfrenta para completar los trámites y entregar las tierras a los beneficiarios previstos; no obstante, las discrepancias sobre las cifras y las acusaciones de irregularidades continúan alimentando el debate político en Colombia, mientras los colombianos esperan respuestas claras sobre el uso de los recursos públicos en estos programas de restitución y reforma agraria.

La familia Carranza Carranza, de la que hacen parte la mayoría de los hijos de Víctor Carranza, el esmeraldero colombiano al que también se la ha mencionado por, presuntamente, financiar grupos paramilitares en el país, vuelve a estar en el ojo del Gobierno nacional por cuenta de dos megapredios que, al parecer, fueron usurpados por el empresario hace décadas.

Y es que Kimberlly Carranza, representante de la empresa Ganadería Brisas de Agualinda S.C.A. e hija del esmeraldero, ha mostrado su disposición a devolver al Estado los terrenos conocidos como ‘La Chorrera’ y ‘Siberia’, ubicados en Puerto López, Meta, según información revelada por El Tiempo. Estos terrenos, que suman 950 hectáreas, han estado en el centro de una disputa legal desde 2014, cuando fueron declarados baldíos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

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La ANT, dirigida por Felipe Harman, ha señalado a diversas empresas y personas, incluidos empresarios, políticos y narcotraficantes, de apropiarse de terrenos del Estado destinados a la reparación de víctimas del conflicto.

En este contexto, los predios ‘La Chorrera’ y ‘Siberia’ han sido objeto de investigación para determinar su estatus legal. En septiembre de 2019, la ANT emitió una resolución que confirmó que estos terrenos eran baldíos, indicando que no existían registros que demostraran que habían salido del dominio estatal.

“Se determinó que sobre los predios no recaen antecedentes registrales que den cuenta de que los mismos han salido del dominio del Estado y los documentos aportados por los ocupantes no son idóneos para acreditar el derecho de dominio”, señala la resolución.

“La sociedad Brisas de Agualinda no es sujeto de reforma agraria (...) La ocupación adelantada no fue y no es realizada bajo la convicción plena de estar obrando conforme a la Constitución y la ley”, se agrega en el documento.

María Blanca Carranza, viuda de Víctor Carranza Niño, también conocido como el ‘zar’ de las esmeraldas, interpuso un recurso legal contra la resolución de la ANT, pero este fue ratificado el 30 de octubre, señalando que los terrenos han sido usufructuados como baldíos durante décadas. Víctor Carranza, quien falleció en 2013, había dejado instrucciones a su familia para que entregaran al Estado los predios que no estuvieran a nombre de empresas o de su familia.

En la empresa Ganadería Brisas de Agualinda, además de Kimberlly Carranza, figuran otros miembros de la familia Carranza, como Luz Mery, Felipe Andrés, Jorge Arturo y Hollman Carranza Carranza, así como Yamile Piñeres de Carranza y Víctor Ernesto Carranza Piñeres.

Según reveló el diario nacional, Hollman Carranza, a través de Seaweed International Business S.A.S., forma parte de la junta directiva de Esmeraldas Santa Rosa, que controla gran parte de la zona esmeraldera de Boyacá.

Por otro lado, existe un proceso legal iniciado por Iliana Catalina Carranza Patiño y Ginna Juliana Carranza Aguirre, hijas extramatrimoniales de Víctor Carranza, que acusan a los hijos matrimoniales de ocultar bienes derivados de la sucesión, incluyendo acciones de Brisas de Agualinda.

Kimberlly Carranza ha rechazado las acusaciones de la ANT, afirmando que desde 2014, cuando se declaró que ‘La Chorrera’ y ‘Siberia’ eran baldíos, han estado dispuestos a entregarlos. Además, hizo énfasis en que su familia se dedica a la ganadería y no a la ocupación ilegal de tierras.

“Han sido ataques constantes del director de la ANT. En declaraciones y eventos dice que nos va a quitar predios y nos señala de ocuparlos ilegalmente y no es así. Desde que en 2014 se declaró la Chorrera y Siberia como baldíos, dejamos eso quieto y siempre les hemos dicho que estamos dispuestos a entregarlos”, señaló la hija del “zar” en diálogo con El Tiempo.

Evelio Ortega, un campesino del Magdalena, expresó con emoción lo que significa para él recibir un título de propiedad tras 30 años de espera. “Esto es un sueño hecho realidad”, afirmó, destacando que ahora puede asegurar que la tierra será un legado para sus hijos y su familia.

El martes 3 de diciembre de 2024, en el auditorio del Centro Empresarial del Banco de Bogotá en Santa Marta, se llevó a cabo la entrega de 175 títulos de propiedad que abarcan 842 hectáreas, beneficiando a más de seiscientas personas de once municipios del Magdalena, según informó la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

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En lo que va del año, se han entregado más de diez mil hectáreas en ese depa, beneficiando a campesinos, comunidades indígenas y mujeres rurales. La entrega de estos títulos busca no solo proporciona seguridad jurídica a las familias campesinas, sino que también abre oportunidades para proyectos productivos y acceso a créditos, según la ANT.

Patricia Caicedo, asesora para la Agencia Nacional de Tierras en el Caribe, destacó la importancia de este momento, señalando que, durante décadas, muchos campesinos trabajaron tierras que no podían llamar suyas.

“Hoy, les devolvemos algo más que un pedazo de tierra: les devolvemos su dignidad, su seguridad y el derecho a soñar con un futuro mejor”, expresó Caicedo, según la ANT.

Los títulos de propiedad entregados corresponden a predios ubicados en municipios como Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, Santa Marta, Plato, Chivolo, Sitio Nuevo, El Banco, Remolino, San Zenón, Cerro de San Antonio y Concordia. Este proceso es el resultado de un trabajo conjunto entre las comunidades y la ANT, según Damián Marañón, director territorial Magdalena-Caribe de la entidad. Además, afirmó que cada título entregado representa una victoria frente al olvido y la inequidad que han marcado la historia de los campesinos de la región.

El evento también simboliza el esfuerzo conjunto de instituciones como la ANT y la Unidad de Restitución de Tierras para devolver a las familias no solo sus tierras, sino también la esperanza. La entrega de estos títulos es un paso crucial hacia la equidad y la justicia para los campesinos del Magdalena, según la entidad.

Indígenas embera exigen cumplimiento de acuerdos de tierras en Bogotá

En un esfuerzo por abordar las demandas de la comunidad embera que llegó a Bogotá, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha establecido un canal de comunicación con los líderes de esta comunidad indígena.

El director de la ANT, Juan Felipe Harman, confirmó que se han iniciado conversaciones para buscar soluciones a las necesidades de los embera, quienes exigen el cumplimiento de acuerdos previos relacionados con la entrega de tierras, así como mejoras en salud y educación.

El lunes 25 de noviembre de 2024, aproximadamente 2.000 indígenas embera, provenientes del departamento de Risaralda, se asentaron de manera indefinida en la sede de la ANT en Bogotá. Este grupo, que podría llegar a ser de hasta 4.000 personas, busca presionar al gobierno del presidente Gustavo Petro para que cumpla con los compromisos adquiridos con su comunidad. Entre sus demandas, destacan la entrega de tierras y la implementación de proyectos productivos que mejoren su calidad de vida.

Marco Fidel Wasarabé, alto consejero de la comunidad embera, expresó la urgencia de estas demandas al señalar que no desean más muertes de niños indígenas en Risaralda. “Queremos tierra, educación, salud y proyectos productivos para el territorio”, afirmó Wasarabé.

En respuesta a esta situación, se ha programado una mesa de negociación para las 7:00 p.m., donde se espera la participación de diversos ministerios y actores del gobierno nacional. El objetivo es llegar a acuerdos concretos que aborden las necesidades territoriales de los embera y, potencialmente, establecer un acuerdo transitorio que permita avanzar en la solución de sus demandas.

La ANT, bajo la dirección de Harman, ha manifestado su compromiso de trabajar conjuntamente con la comunidad embera para encontrar soluciones viables y sostenibles. Este esfuerzo busca no solo cumplir con los acuerdos previos, sino también mejorar las condiciones de vida de esta comunidad indígena que ha sido históricamente marginada.

No cesan los esfuerzos del Gobierno nacional para cumplir con la promesa del presidente Gustavo Petro para reparar a las víctimas del conflicto armado en Colombia, lo que ha despertado duros roces con el Congreso de la República, que se ha convertido en uno de sus más férreos opositores a las reformas.

Sin embargo, la pelea interna entre el Ejecutivo y los legisladores estaría dejando al descubierto un posible entramado del poder político y territorial, donde las conexiones familiares y matrimoniales jugarían un papel crucial.

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Según un reciente informe del diario El Espectador, que contó con documentación de varias entidades del Estado, incluida la Agencia Nacional de Tierras (ANT), al menos cinco congresistas estarían bajo la lupa del Gobierno por posibles irregularidades en la acumulación de terrenos y la ocupación de predios baldíos.

El Gobierno de Gustavo Petro ha manifestado su preocupación por estos vínculos entre política y tierra, un tema recurrente en sus discursos. La acumulación de tierras es un punto clave del Acuerdo de Paz y de la reforma agraria que el Ejecutivo busca acelerar. En este sentido, se están explorando vías para agilizar la compra voluntaria de tierras y cumplir con las promesas de campaña.

En respuesta a un derecho de petición enviado por El Espectador, la ANT reconoció haber identificado a algunos congresistas involucrados en procesos agrarios, aunque no pudo proporcionar detalles adicionales debido a la falta de decisiones firmes.

Sin embargo, hay legisladores que se han mantenido en la escena pública por sus lazos familiares en diferentes departamentos, como el caso de Wadith Manzur, representante del Partido Conservador, que se ha convertido en la ejemplificación de la conexión entre política y negocios familiares en el territorio cordobés.

Manzur, vinculado a 23 propiedades en el municipio de Cereté, ha reportado actividades económicas en ganadería y agricultura. Su campaña para el Congreso en 2022 fue financiada principalmente por su familia, con aportes de su padre, Julio Alberto Manzur, quien confesó su colaboración con paramilitares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y que inyectó más de 149 millones de pesos a su campaña.

Asimismo, aparecen registros de otros familiares que aportaron grandes sumas de dinero, además de grupos empresariales de Córdoba que han estado directamente relacionados con la política, como en el caso de la familia García Burgos, que inyectó 30 millones de pesos a su campaña a través de Alberto Carlos Valverde Pineda. De hecho, Nora García Burgos ha sido fórmula de Julio Manzur y su hijo.

Otro caso relevante es el de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, representante por una de las curules de paz del departamento del Cesar e hijo de Jorge Tovar Pupo, alias Jorge 40, exjefe paramilitar. Tovar Vélez ha sido cuestionado por las propiedades a su nombre y las demandas de restitución de tierras. A pesar de las denuncias, el Consejo de Estado ratificó su escaño al Legislativo.

En el Senado, Alirio Barrera ha enfrentado señalamientos por la vinculación de su núcleo cercano con numerosas propiedades en Casanare. Incluso, su nombre aparece vinculado a 172 precios en ese departamento en los que también se registra el nombre de su prima, la exrepresentante a la Cámara Amanda Rocío Rodríguez.

Sin embargo, Barrera ha defendido sus actividades de compra y venta de terrenos, atribuyendo las acusaciones a opositores políticos. “Es un terreno que se subdividió, se hicieron los lotes y se vendió todo. Es una finca que se compró, sacamos una licencia en el 2012, 2013, pero por estar en el tema político, pues se abandonó el proyecto, no pude hacerlo y así me tocó venderlo”, señaló el senador al diario nacional.

La restitución de tierras es un tema candente en Colombia, afectando a diversos actores políticos. En la frontera con Venezuela, los representantes Wilmer Guerrero y Óscar Villamizar han adquirido terrenos en zonas de riesgo de desplazamiento forzado. Guerrero, por ejemplo, compró un lote en Ocaña poco después de levantarse una declaratoria de riesgo.

Sin embargo, el congresista defendió la adquisición de ese bien, asegurando que se trata de un predio que hace parte de un conjunto residencial que lleva, al menos, 23 años en construcción y que las escrituras están hace unos 20 años, además de alegar su desconocimiento sobre la declaración de riesgo de desplazamiento sobre ese terreno.

“Yo estuve indagando del tema con el personero de allá. Y él me decía: Wilmer, mira, lo que pasa es que en los municipios donde hubo presencia del tema de paramilitarismo en muchos sectores de Colombia, a los predios, de manera directa, no era porque estuvieran en un proceso de restitución ni porque los hubieran desplazado, le declaraban la medida cautelar de declaratoria de inminencia de riesgo de desplazamiento forzado. Es que a todos los predios se les colocaba. Y cuando alguien quisiera vender tenía que iniciar un proceso en la personalidad de la Alcaldía para evitar que esa persona que fuera a vender no la estuvieran vendiendo a desplazarse, obligando a vender barato, etcétera”, señaló Wilmer Guerrero a El Espectador.

El conflicto por la tierra también ha generado tensiones entre entidades. Un caso reciente es el de La América, un predio recuperado por la ANT que había sido propiedad de Jorge 40. La Procuraduría y la Unidad de Restitución de Tierras han cuestionado el proceso de recuperación, argumentando la necesidad de completar pasos judiciales.

La lucha por la tierra sigue siendo una de las prioridades del Gobierno de Petro, quien ha reconocido que la reforma agraria avanza lentamente. El proyecto de ley ordinaria de la reforma agraria está en discusión en el Congreso, con acuerdos multipartidistas para su presentación.

Luego de cuatro días de negociaciones, el Gobierno nacional, al mando de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en coordinación con 13 instituciones estatales, y las comunidades indígenas embera, Chamí, y embera Katío de Risaralda, llegaron a un acuerdo para que retornen a sus territorios de manera pacífica.

Los compromisos están enfocados a priorizar el acceso a la tierra, la educación, la salud y la vivienda, asegurando el regreso de las comunidades con plenas garantías.

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Con respecto a la entrega de tierra, las partes consensuaron el establecimiento de compromisos para 2024, 2025 y 2026, que incluyen la constitución del Resguardo Indígena embera Chamí en Guática y la ampliación del Resguardo Kurmadó en Marsella.

Además del planteamiento de iniciativas para fortalecer la formalización de territorios prioritarios, y darle prioridad a la ampliación del “Gran Resguardo Unificado embera Chamí” en Mistrató, se comprometieron crear una mesa técnica de seguimiento de manera conjunta para vigilar el avance de los acuerdos.

En 2025 se pondrá en primer lugar el proyecto de fortalecimiento educativo comunitario Crir y se dará continuidad a las visitas a 15 sedes educativas en concertación con el Consejo Regional Indígena de Risaralda (Crir). Para la capacitación de docentes y etnoeducadores se comprometieron a hacer efectivo el Decreto Legislativo 1345 de 2023, que regula la educación indígena.

En paralelo, llegaron a los siguientes acuerdos: “Realizar una visita técnica y de reconocimiento en los territorios para identificar las necesidades de infraestructura en salud y evaluar si es necesario construir nuevos centros de atención, mejorar y/o dotar los existentes en Risaralda”.

Además, se comprometieron a programar la asignación de recursos necesarios durante las vigencias 2025, 2026 y 2027 para conformar una red de atención integral en los municipios con presencia de la comunidad embera. Así mismo, se llevarán a cabo actividades para verificar y articular el funcionamiento de los 67 equipos básicos de salud para la atención primaria.

A la par, se estableció la creación de un proyecto de salud mental, sexual y reproductiva, con un presupuesto de $500 millones para 2025. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) integrará a más familias embera en programas de hogares sustitutos y seguridad alimentaria.

Otro de los puntos acordados es la consecución de recursos asignados hasta 2027. Esta medida busca fortalecer la red de atención primaria, incluyendo la ampliación de los Equipos Básicos de Salud a partir de diciembre de 2024. Igualmente, se establecieron visitas técnicas para evaluar la infraestructura sanitaria y determinar la construcción o mejora de centros de salud en Risaralda.

Por otro lado, se avanzará en la implementación de un sistema de cuidado comunitario, con especial atención a la vivienda digna, para mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas.

Para la ANT, “estas rápidas negociaciones demuestran que es posible generar espacios de escucha respetuosos y armónicos entre las instituciones del Gobierno y la población colombiana”, señalaron. Por su parte, representantes de las comunidades embera valoraron el retorno a sus territorios con “la tranquilidad de saber que tienen un Gobierno nacional que las escucha y protege”, sostuvo el director de agencia, Felipe Harman.

Luego de que se hicieron públicos los acuerdos, los líderes de las comunidades embera aseguraron que esperan que los acuerdos ayuden a solucionar las profundas desigualdades que enfrentan y que se han mantenido durante estos años. De igual manera, advirtieron que si no se cumplen los puntos pactados volverán a la capital del país.

“Nos vamos con la certeza de que hemos avanzado, pero también con la responsabilidad de vigilar que nuestras necesidades no queden en el olvido”, expresó Marco Fidel Guasarave, líder del Consejo Mayor Indígena de Risaralda.

“No queremos tener más muertes de niños indígenas en el departamento de Risaralda, queremos, para cubrir las necesidades de estos niños, tierra, educación, salud y proyectos productivos para el territorio”, expresó Marco Fidel Wasarabé, alto consejero de la comunidad.

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Frente a la problemática con dicha comunidad, Juan Felipe Harman, director de la ANT, aseguró que ya se estableció comunicación con sus voceros, con el fin de adquirir compromisos que permitan buscarle solución a las necesidades de los embera. Además, a las 7:00 p. m. se cumplirá la cita para participar en una mesa de negociación conjunta.

“En el marco de la conversación con la comunidad embera de Risaralda, hemos llegado a unos compromisos claros y concretos. Hoy se va a instalar la mesa de negociación, ellos han pedido la participación de distintos ministerios y actores del Gobierno nacional para llegar a acuerdos asociados a su territorio en el establecimiento de unas mesas. También, y en la posibilidad de tener un acuerdo transitorio de convivencia de tranquilidad y de en armonía, establecer las negociaciones necesarias para asegurar los derechos de las comunidades indígenas, pero al mismo tiempo para asegurar la paz y la convivencia en la capital Bogotá”, expresó el director de la ANT.

Cabe destacar que, el principal reclamo de la comunidad indígena embera, es que “se les cumpla con una deuda histórica, que por años, ningún Gobierno les ha cumplido”. Asimismo, “la comunidad embera, ve en el Gobierno de Gustavo Petro la posibilidad de saldar esta deuda y llegar a acuerdos que les permita agilizar el cumplimiento de sus necesidades. Lograr justicia social”, añadieron desde la ANT.

“La Agencia Nacional, en cabeza del director Felipe Harman, brinda las garantías necesarias para llevar a cabo unas mesas de diálogo y articulación con las demás instituciones del gobierno, acatando las directrices del presidente Petro”, puntualizaron.

Y es que, según lo declarado por el líder indígena, la crisis alimentaria que vive la población infantil embera es preocupante. Durante 2023, dijo a RCN Radio que 78 niños han fallecido debido a desnutrición y enfermedades relacionadas, y en lo que va de 2024, ya se han registrado otros 32 casos. “Sus distintos ministerios han llegado a los departamentos y han mostrado incumplimientos. Nos sentimos engañados por ellos”, expresó Wasarabé, enfatizando una sensación de abandono en la comunidad indígena.

El grupo de manifestantes, además, advirtió su intención de permanecer todo el mes e incluso prolongar su estancia al siguiente año si no reciben respuesta. El líder indígena sostuvo que, si no se alcanza un acuerdo con el Gobierno, están preparados para movilizar a otros 4.000 indígenas hacia la ciudad.

“Si no llegamos a ningún acuerdo con el Gobierno, créeme que estaremos movilizando otros 4.000 para que puedan llegar aquí a la ciudad de Bogotá”, aseveró el alto consejero indígena.

En su último pronunciamiento al respecto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que la movilización masiva de comunidades indígenas a la capital no es un problema de su Administración distrital, sino del cúmulo de incumplimientos del Gobierno nacional.

“¿Problema de Bogotá? La situación de orden público y la amenaza a poblaciones indígenas en Risaralda no es responsabilidad de Bogotá ni la Agencia Nacional de Tierras es una entidad Distrital. Estas personas vienen a Bogotá a exigirle garantías al Gobierno Nacional para poder permanecer en sus territorios. Claro que esta situación genera un problema en Bogotá, pero la responsabilidad de resolverlo de fondo es del Gobierno Nacional (sic)”, escribió vía X.

Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc, el país destinó más de 88 billones de pesos a su implementación. Sin embargo, los resultados dejaron un sabor agridulce. La Contraloría General de la República reveló que, a pesar de esta inversión, el impacto en los territorios más afectados por el conflicto es desigual y está lejos de cumplir las expectativas iniciales.

La falta de coordinación entre las entidades encargadas de ejecutar los puntos del acuerdo es uno de los problemas más graves. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Desarrollo Rural, claves en la Reforma Rural Integral, operaron de manera fragmentada, lo que derivó en la duplicación de esfuerzos y un uso ineficiente de los recursos.

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Según la Contraloría, solo se entregaron 18.000 hectáreas de las tres millones prometidas a los campesinos, y apenas el 2% de las tierras registradas en el Fondo de Tierras fue caracterizado. Este fondo acumula 2.425.404 hectáreas, pero la falta de avances significativos pone en entredicho la capacidad del Estado para cumplir con una de las promesas centrales del acuerdo.

El control fiscal es una tarea crucial en este proceso. Desde 2018, la Contraloría realizó 142 diligencias en las que identificó 511 irregularidades, 102 de ellas con impacto fiscal, por un total de 141.000 millones de pesos. Estas anomalías incluyen proyectos mal formulados y falta de coherencia con los objetivos del acuerdo, lo que obstaculizó la transformación de los territorios. El Sistema General de Regalías, que aporta más de 15 billones de pesos al acuerdo, también enfrenta problemas. De los 8,2 billones invertidos a través del fondo Ocad Paz, se detectaron irregularidades por 522.268 millones de pesos.

El Mecanismo de Obras por Impuestos, creado para financiar proyectos sociales en zonas afectadas por el conflicto, aprobó 361 proyectos por un valor de 2,5 billones de pesos hasta junio de 2024. Sin embargo, estos recursos están concentrados en 124 municipios, lo que representa apenas una fracción de los 26 departamentos que deberían beneficiarse.

El 73% del presupuesto asignado al acuerdo fue destinado a la Reforma Rural Integral, un pilar fundamental para garantizar el acceso a la tierra y mejorar las condiciones de vida en las áreas rurales. A pesar de los recursos invertidos, los avances en este frente son mínimos, evidenciando la necesidad de una mejor planificación y articulación interinstitucional.

Entre 2017 y 2024 se destinaron 3,6 billones de pesos para apoyar el proceso de desarme y reincorporación de los excombatientes de las Farc-Ep. Un componente central de este esfuerzo es el desarrollo de proyectos productivos, diseñados para promover la sostenibilidad económica de quienes dejaron las armas. Estos proyectos se dividen en dos categorías principales: individuales y colectivos.

En el caso de los proyectos individuales, se aprobaron hasta la fecha 5.749 iniciativas, con una inversión total de 55.073 millones de pesos. Estas iniciativas beneficiaron a 6.892 firmantes del acuerdo, brindándoles oportunidades para integrarse económicamente a la sociedad. Por el contrario, los proyectos colectivos enfrentaron un desarrollo más complicado.

Hasta la fecha, se aprobaron 128 proyectos colectivos, que representan una inversión de 47.357 millones de pesos. Sin embargo, muchos de ellos cesaron sus operaciones debido a diversos obstáculos. Entre las principales causas se encuentran problemas de seguridad en las zonas donde se implementan, dificultades comerciales para posicionar los productos, fenómenos climáticos adversos que afectan las actividades productivas, además de desafíos administrativos y financieros.

Además, la Contraloría destacó que las inversiones realizadas no logran impactar de manera uniforme a las comunidades. Muchas zonas que sufrieron las consecuencias más graves del conflicto armado continúan esperando el desarrollo prometido. A ocho años de la firma del acuerdo de paz, Colombia enfrenta el reto de acelerar la ejecución de los compromisos asumidos. La falta de avances significativos en áreas críticas, como la Reforma Rural Integral, y las irregularidades detectadas en la gestión de los recursos señalan la necesidad de un cambio en el enfoque y una mayor transparencia en la implementación.

Mientras el reloj avanza hacia el final del periodo de implementación, el desafío es claro: garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan y cumplir con la promesa de construir una paz duradera en los territorios que más sufrieron las consecuencias del conflicto.

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, anunció la recuperación del predio La América, un terreno de 1.400 hectáreas ubicado en el corregimiento de Mandinguilla, en Cesar. La finca pertenecía al exparamilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y ahora será entregada a campesinos de Chimichagua como parte de los esfuerzos de la reforma agraria.

“Ingresamos a hacer la caracterización de la finca La América, que fue de Jorge 40. Hace parte del Fondo de Reparación y está siendo adquirida por la ANT, y va a ser entregada a manos de campesinos del municipio de Chimichagua y del departamento del Cesar”, indicó Harman. El número de beneficiarios será definido por el Comité Municipal de Reforma Agraria.

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La América, embargada en 2007 a la sociedad Rodríguez Fuentes por la Fiscalía, forma parte del inventario de tierras entregadas por paramilitares al Fondo de Reparación de Víctimas. Sin embargo, Harman señaló que el predio aún está bajo el control de una empresa vinculada a alias Comandante Barbie, miembro cercano del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El director de la ANT también alertó sobre las amenazas recibidas por líderes y campesinos tras el anuncio de la recuperación del predio. “Es importante solicitarle a la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Luz Adriana Camargo, y a la Policía Nacional hacer seguimiento a esta recuperación”, subrayó Harman.

Este proceso es un paso significativo en la restitución de tierras en Cesar, en medio de un contexto de tensión y riesgos para las comunidades campesinas que aspiran a beneficiarse del uso productivo de estas tierras.

A este anuncio de la Agencia Nacional de tierras también se sumó el predio Porongos, uno de los baldíos de la nación con una extensión superior a 4.044 hectáreas, ha sido entregado a 36 familias campesinas en el marco de la iniciativa “Misión Meta” liderada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El acto de adjudicación se realizó entre el 25 y 26 de octubre, abarcando tierras situadas en los municipios de San Martín y Puerto López.

La historia de este terreno ha estado marcada por intentos previos de adjudicación. En 2012, la Familia Usme solicitó formalmente el predio, pero el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) negó su solicitud, afirmando que no cumplían con los requisitos establecidos en la Ley 160 de 1994. Las autoridades concluyeron que Porongos era un baldío, no una propiedad privada, y que solo los campesinos, según la normativa, podían acceder a este tipo de tierras.

El proceso administrativo reciente fue impulsado por la solicitud de 42 familias campesinas en 2023. Tras un análisis riguroso, la ANT determinó que 36 de estas familias habían ocupado y trabajado el predio desde 2019, cumpliendo con los requisitos del Decreto Ley 902 de 2017. Por ello, la entidad emitió 36 resoluciones de adjudicación que les permiten acceder a la propiedad formalmente, en un paso clave hacia la Reforma Agraria en la región.

San Martín ha sido una zona golpeada por la violencia, marcada por el control paramilitar que llevó al despojo de tierras y graves afectaciones a la comunidad campesina. La entrega del predio “Porongos” no solo representa un avance en la distribución equitativa de la tierra, sino también un acto de reparación para quienes han sufrido por el conflicto armado y buscan estabilidad y progreso.

La Agencia Nacional de Tierras ha hecho un llamado para evitar comentarios que puedan revictimizar a las familias beneficiarias. La entidad subraya que estas personas han enfrentado situaciones difíciles derivadas del control paramilitar y ratifica su compromiso con el desarrollo rural de Colombia, trabajando para garantizar un futuro digno para los campesinos del país.

Con esta adjudicación, se busca fortalecer el bienestar y la productividad agrícola en una región históricamente afectada, avanzando hacia un modelo de desarrollo rural más inclusivo.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) aclaró a través de un comunicado la situación respecto a la adquisición de terrenos en El Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó. Según la ANT, actualmente no es posible comprar los predios en cuestión, ya que están bajo un proceso de análisis técnico-jurídico para determinar si son baldíos. Este proceso es crucial para que el Estado pueda decidir sobre la posesión de dichos terrenos.

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“Con este comunicado, la ANT aclara la información que sale en otros medios sobre la compra de 8.000 Hectárea en Carmen de Atrato, que dicen no estar documentadas con títulos de propiedad. La ANT básicamente responde que no es posible comprar o adquirir los predios, ya que actualmente están en proceso de análisis técnico-jurídico para verificar si son baldíos. Una vez se determinen las características y la propiedad del predio, según el resultado, el Estado podrá tomar posesión de ellos”, se lee en la primera parte del comunicado.

En 2017, los terrenos de la Finca El Doce fueron postulados para compra por el entonces Incoder y solicitados por el Resguardo Indígena Wiwa Arzario de Campo Alegre. Sin embargo, los folios radicados inicialmente están cerrados debido a un englobe realizado ese mismo año, lo que impide su adquisición por parte de la Agencia. Además, estos predios han sido objeto de englobes y divisiones, y los últimos folios son de tipo urbano, lo que también imposibilita su compra.

“Los folios radicados inicialmente se encuentran cerrados, producto de un englobe realizado en 2017, razón por la cual no pueden ser adquiridos por la Agencia. Han sido objeto de una serie de englobes y divisiones, siendo los últimos folios de tipo urbano, lo cual imposibilita la compra por parte de la Agencia. Así se informó a la Comunidad”, añade la Agencia.

La ANT informó a la comunidad indígena en octubre de 2022 sobre estas limitaciones y solicitó información adicional para confirmar la naturaleza baldía de los predios. Hasta la fecha, las últimas actuaciones de la Agencia en estos expedientes se realizaron en 2022, enfocándose únicamente en la solicitud de información adicional.

De acuerdo con el documento, las últimas “actuaciones de la Agencia en estos expedientes corresponden al año 2022, en las que únicamente se solicitó información adicional de los predios”.

Añaden que los “procedimientos de compra de la Agencia, tanto para campesinos como para comunidades étnicas, incluyen el análisis de viabilidades jurídicas, mediante el cual se determina la naturaleza de los predios para evitar comprar baldíos. Las viabilidades se adelantan en estricto apego al ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia. Estas verificaciones se hacen para las ofertas presentadas en todas las regiones del país, sin excepción”.

Los procedimientos de compra de la ANT, tanto para campesinos como para comunidades étnicas, incluyen un análisis de viabilidades jurídicas que determina la naturaleza de los predios para evitar la compra de terrenos baldíos, y se realiza en estricto apego al ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Las verificaciones se aplican a todas las ofertas presentadas en el país, sin excepción.

Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Agencia no ha adquirido predios en El Carmen de Atrato. No obstante, asegura la ANT en el texto, siguen recibiendo ofertas voluntarias de ganaderos interesados en participar en la reforma agraria.

Qué pasa con los predios

La Oficina de Instrumentos Públicos de Quibdó emitió una advertencia sobre el riesgo de que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adquiera terrenos baldíos en El Carmen de Atrato, Chocó, debido a la falta de documentación que acredite la propiedad legal de estos predios. Según informó Semana, la ANT ha recibido ofertas para comprar aproximadamente 8.000 hectáreas distribuidas en cerca de 50 folios, pero la falta de títulos de propiedad válidos ha generado preocupación.

Desde 1989, estas tierras han pasado por diversos procesos de englobamiento y desenglobamiento, lo que ha complicado aún más la situación. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ha señalado que no existe documentación complementaria que respalde un título previo que valide el derecho a la propiedad privada en las transferencias de dominio realizadas. Esto plantea dudas sobre si las transacciones iniciales fueron legales o si se trató de apropiaciones irregulares.

Los expedientes relacionados con estos terrenos son extensos y carecen de información esencial como el código catastral, la nomenclatura y la determinación del área. Esta falta de trazabilidad impide identificar a los compradores anteriores y las condiciones bajo las cuales se realizaron las transacciones, lo que complica la inversión de recursos públicos en su adquisición.

A pesar de las solicitudes de las comunidades para que la ANT adquiera estas tierras, la entidad ha respondido que no está considerando realizar la compra. La situación subraya la importancia de contar con una documentación adecuada y transparente para evitar posibles irregularidades en la adquisición de tierras por parte del gobierno.

El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, lanzó una contundente crítica a la ejecución de la Reforma Rural Integral en Colombia, enfatizando la urgencia de implementar la Jurisdicción Agraria y Rural como un mecanismo esencial para abordar los problemas históricos de tenencia de tierras en el país.

En un contexto donde las expectativas de acceso a la tierra para millones de colombianos se ven amenazadas por la ineficacia del Estado, el contralor subrayó que se han mal ejecutado 5,2 billones de pesos en recursos destinados a esta reforma.

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Durante la instalación del ‘Foro Jurisdicción Agraria y Rural, Estructuración y Retos en el Contexto de la Reforma Rural Integral’, Rodríguez Becerra expresó su preocupación por el incumplimiento de las estrategias, metas e indicadores que se habían propuesto para la implementación efectiva de esta reforma.

“Desde este Foro instamos al Gobierno nacional para que, a través de sus Ministerios, Agencias y demás entidades, se avance significativamente en la resolución de los múltiples conflictos agrarios que afectan el país”, afirmó el contralor.

La Jurisdicción Agraria y Rural, incorporada en la Constitución mediante el Acto Legislativo No. 03 de 2023, busca establecer jueces y magistrados especializados en disputas agrarias. “La dilación en la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria ha acentuado los problemas relacionados con la propiedad y la recuperación de tierras”, advirtió Rodríguez Becerra; y enfatizó en que “si no se toman medidas inmediatas y efectivas, los sueños de acceso a la tierra y desarrollo rural para millones de colombianos seguirá siendo una promesa vacía”.

Inequidad en la tenencia de la tierra

Uno de los aspectos más críticos que abordó el contralor es la inequidad en la tenencia de la tierra, que ha sido un problema recurrente en el sector agrario colombiano. “La concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos ha generado tensiones sociales y ha limitado el acceso de las comunidades rurales a recursos productivos”, aseveró. Para contrarrestar esta situación, Rodríguez Becerra enfatizó la necesidad de una actualización y operación del catastro multipropósito, instando a la Presidencia de la República y otras entidades a colaborar en este esfuerzo.

El contralor también se refirió al desarrollo del punto 1.1.1 del Acuerdo Final de Paz de 2016, que estipula la adquisición de predios rurales. Según los informes de la Contraloría, hasta enero de 2024, menos del 1% de las hectáreas estipuladas en el acuerdo han sido adjudicadas a la población campesina. “Hasta esa fecha, solo 5.260,8 hectáreas, es decir, el 0,175%, habían sido efectivamente adjudicadas”, destacó. Además, en virtud de un convenio firmado entre el Gobierno y la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), solo se han adquirido 805,3 hectáreas, equivalentes al 0,026% de la meta de 3 millones de hectáreas.

“De acuerdo con esta información, se podría decir que, a este ritmo y sin la Jurisdicción Agraria, para cumplir la meta de adjudicación se necesitarían aproximadamente más de 3.984 años para adjudicar las casi 3 millones de hectáreas previstas”, expresó con preocupación el contralor.

Dificultades en la formalización de tierras

En relación con la formalización de tierras, Rodríguez Becerra también mencionó que, de las 7 millones de hectáreas que deben formalizarse, solo se han formalizado 123.319,07 hectáreas, lo que equivale al 1,7% de la meta. “A este ritmo, se podría inferir que se necesitarían 389 años para formalizar las 6.876.680 hectáreas restantes”, señaló. Esta situación pone de manifiesto la ineficacia de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el manejo de estos procesos.

La nueva Jurisdicción Agraria y Rural está diseñada para resolver los conflictos que la ANT ha estado gestionando, pero el Contralor expresó serias dudas sobre la capacidad de esta agencia para abordar los problemas complejos relacionados con la tenencia de tierras. “La falta de recursos financieros y humanos ha limitado la capacidad de la Agencia para atender de manera eficiente las demandas de restitución y formalización de tierras”, agregó.

Rodríguez Becerra destacó los resultados de una Auditoría Financiera a la ANT, donde se reveló que, de los predios adquiridos en 2023, 17 no fueron ingresados al Fondo de Tierras, a pesar de contar con registros de compra. “Esto genera riesgos sobre la consistencia de la información de los activos de este Fondo y un inventario desactualizado, afectando la razonabilidad de sus Estados Financieros”, advirtió.

Cuestionamientos a la gestión de recursos

En su intervención, Rodríguez Becerra también criticó el uso de los recursos transferidos al Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia en Paz. “Se está utilizando como una manera de mostrar ejecución sin que medie un bien o servicio en beneficio de la comunidad, para el caso de la adquisición de predios”, denunció. Este tipo de prácticas ha contribuido a la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados a la reforma rural.

El contralor concluyó su intervención enfatizando la importancia de avanzar en la creación de mecanismos efectivos que permitan garantizar el acceso a la tierra y la justicia en las zonas rurales del país. “El tiempo de espera para un cambio significativo no debe ser eterno. La implementación efectiva de la Jurisdicción Agraria y Rural es crucial para abordar las desigualdades históricas que han afectado a millones de colombianos”,

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación por presuntos “perfilamientos” y labores de inteligencia realizadas desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT), un escándalo que involucra posibles irregularidades en el uso de recursos y la ejecución de labores reservadas para agencias de seguridad del Estado.

El senador Miguel Uribe, del Partido Centro Democrático, hizo pública la denuncia en la que reveló una preocupante información que ha generado alerta nacional. Según conoció Caracol Radio, la noticia criminal se abrió el martes 8 de octubre, cuando la Fiscalía empezó a investigar uno de los 8.700 contratos firmados por la ANT en lo que va del 2024. En este contrato específico, se habrían llevado a cabo las presuntas labores de inteligencia que ahora están bajo escrutinio judicial.

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El detonante de la investigación se encuentra en un informe ejecutivo del 30 de junio de 2024 titulado ‘Informe ejecutivo visita Puerto Gaitán, Centro Integrado de Inteligencia para la Agencia Nacional de Tierras’. Este documento, dirigido al director de la ANT, Juan Felipe Harman, señala que, bajo las orientaciones de la Dirección General de la agencia, se llevaron a cabo “actividades de investigación de inteligencia y contrainteligencia tanto interna como externa”.

El senador Uribe ha sido enfático en que estas actividades desbordan las funciones legales de la ANT, ya que, según la Ley 1621 de 2013, las labores de inteligencia y contrainteligencia en Colombia solo pueden ser realizadas por las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf). Esto deja abierta la pregunta de si la ANT, bajo la dirección de Harman, ha excedido sus competencias legales, y si dichos “perfilamientos” fueron ejecutados de manera ilegal.

El aumento en la contratación: ¿justificación o irregularidad?

Otro de los puntos clave en la denuncia de Miguel Uribe se refiere al aumento exponencial en la contratación de personal bajo la modalidad de prestación de servicios en la ANT. Según el senador, entre enero y agosto de 2024, la agencia ha gastado $358.000 millones en contratos, cifra que representa un aumento del 440% en comparación con el 2022. De los 8.712 contratos, más de 5.000 siguen activos, mientras que los restantes han finalizado.

Uno de los casos mencionados en la denuncia es el de Roberto Arroyave, un contratista con un salario mensual de $18 millones cuya labor oficial es “acompañar las actividades de la Dirección General de la ANT”. Sin embargo, los informes de gestión muestran que Arroyave ha estado realizando actividades de inteligencia y contrainteligencia, según lo confirma el propio informe ejecutivo de la entidad conocido por el medio ya citado.

En otro informe, fechado el 26 de agosto de 2024, se detalla una reunión para “articular esfuerzos en temas de seguridad para la recuperación de los predios de la Nación”, incluyendo el uso de mapas de calor y variables de seguridad en todo el territorio nacional, una estrategia que, nuevamente, parece alinearse más con funciones de agencias de seguridad que con las responsabilidades de la Agencia Nacional de Tierras.

La respuesta del director de la ANT

Ante las graves acusaciones, el director de la ANT, Felipe Harman, ha salido en defensa de su gestión, calificando las afirmaciones del senador Uribe como “infundadas”, rechazando las acusaciones de corrupción.

El funcionario también solicitó un “debate público sobre la política de tierras y resultados”, argumentando que el aumento en la contratación se debe al esfuerzo por expandir la presencia de la ANT en todo el país. “En el 2022 había tan solo 8 oficinas de tierras en el país, hoy hay 32. Acercándonos a los campesinos de Colombia, haciendo presencia activa, ampliando la oferta institucional en los territorios. ¿Cómo ampliamos nuestra oferta si no es con trabajadores a lo largo y ancho del país?”, sostuvo Harman.

Finalmente, Harman señaló que la contratación de agrónomos, topógrafos, avaluadores y abogados ha sido fundamental para avanzar en los objetivos de la ANT, pues ese equió ha trabajado en la clarificación jurídica de la propiedad de más de 190.000 hectáreas, que han sido devueltas al Estado en los últimos dos años.

El papel de la Fiscalía

Ahora, la Fiscalía tiene la tarea de investigar si las actividades de perfilamiento e inteligencia desde la ANT desbordaron la ley, y si estas acciones constituyen una violación de las competencias de la agencia. La investigación deberá aclarar si la contratación masiva ha sido justificada por la necesidad de personal especializado o si encubre una posible red de irregularidades dentro de la entidad.

La ley es clara al respecto: las labores de inteligencia y contrainteligencia son de exclusiva competencia de las agencias de seguridad del Estado, y cualquier desviación de este marco puede derivar en graves consecuencias legales. Con las indagaciones apenas iniciadas, el caso promete ser un punto crítico en la discusión sobre la gestión de tierras y el uso de los recursos públicos en Colombia.

Adportas de que en el Congreso comience la discusión del proyecto de jurisdicción agraria, un nuevo escándalo involucra a la bancada del Pacto Histórico y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad que actualmente está a cargo de Felipe Harman.

Se trata de la senadora María José Pizarro, una de las voces líderes de la coalición de izquierda, que no solamente será una de las ponentes del proyecto de ley que será discutida en la Comisión Primera del Senado, sino que ha influido en la designación de varios funcionarios al interior de dicha entidad.

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Según información revelada por revista Semana, la senadora había logrado ubicar a John Edisson Ramírez, que es su enlace político en Antioquia, y que tendría un contrato de 50.416.000 pesos por un tiempo de siete meses, desempeñándose como integrante del grupo de diálogo social de ese despacho.

Antes de su llegada a la ANT, Ramírez fue concejal del municipio de Marinilla (Antioquia), y había sido candidato a la alcaldía de ese municipio por el Pacto Histórico. En sus redes sociales, el funcionario constantemente comparte publicaciones de María José Pizarro, en la que comparte información referente a su proyecto político, así como varios contenidos referentes a la Agencia de Tierras.

De igual manera, el citado medio de comunicación detalló que este no sería el único enlace que tendría la senadora Pizarro en la ANT, sino que habría once nombres de funcionarios que ingresaron a la entidad, gracias a su cercanía con la congresista del Pacto Histórico.

Uno de ellos sería Óscar Manuel Cárdenas Avendaño, quien es sociólogo del municipio de Dabeiba, y tendría una vinculación directa con la entidad. Igualmente, mencionan a José Luis Marín, concejal de Medellín, más conocido como Aquinoticias, y aunque no tiene una vinculación con la ANT, sería cercano de varios de los funcionarios adscritos a la misma.

La respuesta de María José Pizarro

Ante esta situación, la senadora del Pacto Histórico salió al paso de las críticas y mencionó que “en una entidad, sea cual sea, haya personas de las bases del proyecto político y provenientes de los procesos sociales trabajando, no las hace cuotas políticas, ni indignas para ocupar un cargo en el Gobierno que apoyaron”.

También, Pizarro indicó en diálogo con Semana que ella no cuenta con ‘cuotas políticas’ en la ANT y precisó que los funcionarios nombrados llegaron a ocupar sus cargos por sus méritos y competencias.

“Yo no tengo lo que ustedes llaman ‘cuotas políticas’, ni en la Agencia Nacional de Tierras, ni en ninguna otra entidad. Este Gobierno se ha esforzado por rodearse de sus gentes, de personas capaces, honestas y probas, que hacen su trabajo en distintos organismos estatales (...) Si no es con la gente de los territorios, ¿con quién puede gobernar el presidente? ¿Con quiénes sean afines del proyecto político de la derecha?”, manifestó.

Por otra parte, María Jose Pizarro defendió la labor de la Agencia de Tierras y sostuvo que, mientras la entidad siga demostrando buenos resultados, los ataques serán cada vez más fuertes.

“Sin expropiar a nadie, la Agencia Nacional de Tierras está logrando unas metas que no tienen precedentes y que superan, y ampliamente, lo hecho por esta entidad históricamente. Llama la atención que precisamente, cuando la Agencia demuestra resultados, como la entrega de más de 180.000 hectáreas de tierras a campesinos víctimas de la violencia, empieza a ser objeto de ataques infundados de sectores políticos y económicos. Parece que no les gustara que las tierras que los paramilitares les robaron a los campesinos sean devueltas a sus legítimos propietarios para que las trabajen de manera sostenible y desarrollen sus proyectos de vida en condiciones dignas”, concluyó Pizarro.

Entre tanto, el director de la ANT, Felipe Harman, aseguró que, “hay gente que forma parte de la Agencia Nacional de Tierras, que tiene convicciones políticas, y para entrar a la Agencia, sin duda alguna, necesitamos que crean en la reforma agraria como proyecto nacional, pero de ahí a que partan de un grupo político, eso no tiene el mayor sentido del caso”.

Los campesinos de Córdoba denunciaron que la entrega de más de 8.400 hectáreas de tierra que entregó el presidente de la República, Gustavo Petro, junto al exlíder paramilitar Salvatore Mancuso fue una farsa.

Según los habitantes de la zona, la promesa de devolver la tierra a sus verdaderos dueños no se estaría cumpliendo, pues están siendo entregadas de manera irregular a personas que no son de la región, que llegan en autobuses de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

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Además de su inconformismo, advirtieron que varios sujetos desconocidos se encuentran vigilando la finca La Argentina, lo que generó preocupación y temor, pero insisten en reclamar sus derechos que están siendo vulnerados, reveló Semana.

Con respecto a las denuncias de los campesinos cordobeses, la senadora de la República por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, se despachó contra el jefe de Estado por incumplirle a los colombinos y utilizar su poder para difundir información falsa sobre los logros de su mandato.

En ese sentido, dijo que esta información le quita credibilidad a Gustavo Petro, cuestionando si “¿habrá quién le crea al rey de las Fake News?”, indicó en su cuenta de X.

En respuesta a las declaraciones de la congresista de oposición, Felipe Harman, director de la entidad encargada de ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural afirmó que la entrega de tierras que anunció el primer mandatario el 3 de octubre se está realizando, según dicta la ley colombiana. A propósito, el funcionario explicó que los títulos de las tierras fueron entregadas a los miembros del Comité Municipal de Reforma Agraria de Buenavista.

“No, eso es falso. Todas las personas que recibieron tierra son parte del Comité Municipal de Reforma Agraria de Buenavista. Nosotros elegimos de la base de beneficiarios a partir de los comités municipales de reforma agraria, eso lo establece la Ley 160″, afirmó Harman al medio citado.

Álex Alberto Morales, abogado y defensor de derechos humanos encargado de representar a los habitantes de la zona, presentó la denuncia por presuntas irregularidades. En el documento fue incluido el presidente Gustavo Petro y a la Comisión de Verificación de los Acuerdos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El litigante también hizo énfasis en el miedo que tienen los habitantes del departamento, por la presencia de personas armadas en las tierras, que, a su juicio, “no es para menos, ellos saben lo que es vivir en medio de la guerra”. Por eso solicitaron a los líderes sociales y defensores de derechos humanos de la zona a que denuncien.

La delación que está en poder de las autoridades constató “el inconformismo de las víctimas del conflicto, mujeres, madres cabeza de familia, personas de la tercera edad, jóvenes, líderes sociales y defensores de derechos humanos se trasladó a otras fincas del sur de Córdoba, Las Vegas, Tierra Grata, Carcajada, convirtiéndose en una protesta campesina para que se revaluara el proceso de entrega”.

Sin embargo, por reclamar su derecho a la tierra “la respuesta fue la represión con el Esmad y la utilización de personas no uniformadas, agrediendo, estigmatizando y atropellando con fuerza física, gases y granadas aturdidoras”, se lee en el documento.

Mientras que la preocupación crece, los pobladores de la región salieron a protestar para que el Gobierno nacional garantice la entrega de las tierras sin dilación. En una sola voz, “desmentimos los pronunciamientos de la Agencia Nacional de Tierras. No es cierto lo aseverado por este organismo, donde hablan de la entrega para las comunidades campesinas del sector del sur de Córdoba, sabemos que es un proceso lleno de vicios, que toca líneas de la ilegalidad”.

La entrega de más de 8.400 hectáreas de tierra en Córdoba, Colombia, ha generado una controversia significativa. La ceremonia, que contó con la presencia del presidente Gustavo Petro y el exlíder paramilitar Salvatore Mancuso, ha sido objeto de críticas por parte de los habitantes locales.

Estos denuncian que las tierras, previamente confiscadas a los paramilitares conocidos como alias Macaco y alias Cuco Vanoy, están siendo asignadas de manera irregular a personas que no son de la región, quienes llegan en autobuses de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

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Los pobladores locales han expresado su preocupación por la presencia de individuos desconocidos que patrullan la zona en motocicletas, especialmente en la hacienda La Argentina, donde se realizó la entrega simbólica de tierras.

Según Semana, estas acciones han generado temor y desconfianza entre los habitantes, quienes sienten que la promesa de devolver las tierras a sus legítimos dueños no se está cumpliendo.

El director de la ANT, Juan Felipe Harman, ha defendido el proceso, asegurando que se ha llevado a cabo conforme a la ley y que las críticas provienen de intereses políticos locales. Harman afirmó que las tierras fueron entregadas a miembros del Comité Municipal de Reforma Agraria de Buenavista, conforme a la Ley 160. Sin embargo, los pobladores insisten en que el proceso está viciado y que no se ha beneficiado a las verdaderas víctimas del conflicto armado.

El abogado y defensor de derechos humanos Álex Alberto Morales, que representa a los habitantes no beneficiados, ha denunciado las irregularidades ante diversas autoridades, incluyendo al presidente Petro y a la Comisión de Verificación de los Acuerdos de la ONU.

Morales destaca el temor de los pobladores por la presencia de personas ajenas a la comunidad, lo que ha llevado a solicitar la intervención de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Durante el evento de entrega, los pobladores protestaron y fueron reprimidos, según el documento citado por Semana. Las víctimas del conflicto, incluyendo mujeres, jóvenes y ancianos, han trasladado sus protestas a otras fincas de la región, exigiendo una revisión del proceso de entrega de tierras. La represión, que incluyó el uso de gases y granadas aturdidoras, ha intensificado el descontento.

La polémica se centra en la percepción de que las tierras están siendo asignadas a personas seleccionadas desde un escritorio, en lugar de a las comunidades locales que han sufrido el impacto del conflicto armado. La entrega simbólica de herramientas agrícolas, que pretendía representar un cambio hacia la paz y la reconciliación, ha sido calificada por los pobladores como una farsa.

La situación ha generado un debate nacional sobre la política de ordenamiento social de propiedad rural y el acceso a la tierra para las víctimas del conflicto armado en Colombia. Los pobladores afectados han hecho un llamado al presidente Petro para que revise estas políticas y garantice que las promesas de cambio se cumplan de manera justa y transparente.

El exparamilitar que pidió perdón en una ceremonia de tierras

El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso y el presidente Gustavo Petro se encontraron en Montería, Córdoba, durante la ceremonia de entrega de más de 8.000 hectáreas de tierras a comunidades campesinas afectadas por la violencia de grupos armados ilegales.

Mancuso, que ahora actúa como gestor de paz, aprovechó la ocasión para pedir perdón a las víctimas de despojo de tierras, reconociendo su responsabilidad en los sufrimientos causados durante su liderazgo en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Durante su intervención, Mancuso expresó su arrepentimiento por las órdenes que emitió en el pasado, las cuales resultaron en dolor y sufrimiento para muchas familias. “En la guerra no existen ganadores, todos somos perdedores”, afirmó, subrayando su compromiso actual de trabajar por la restitución de los derechos de las víctimas y la paz en el país, en línea con su adhesión a la Ley de Justicia y Paz.

El evento, denominado ‘Tierras para la reconciliación’, fue un paso importante hacia la reparación de las comunidades campesinas de Buenavista, Córdoba, que han sido históricamente afectadas por el conflicto armado. Mancuso, que ha sido invitado como gestor de paz, destacó su intención de contribuir a la restitución de tierras y a la reconciliación nacional.

En un gesto simbólico, Mancuso entregó un sombrero vueltiao al presidente Petro, un acto que simboliza la búsqueda de un nuevo comienzo y la esperanza de un futuro más pacífico para Colombia. Este intercambio de sombreros vueltiaos se convirtió en un símbolo de la voluntad de ambos líderes de avanzar hacia la paz y la reconciliación.

El evento también sirvió para resaltar la importancia de la entrega de tierras como un mecanismo para reparar a las víctimas del conflicto y promover el desarrollo rural en regiones afectadas por la violencia. La entrega de estas tierras es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno para abordar las desigualdades históricas y fomentar la paz en el país.

El presidente Gustavo Petro asistió en la tarde del 28 de agosto a un diálogo con la comunidad arhuaca en la Sierra Nevada de Santa Marta.

En el encuentro, el mandatario le ordenó a Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que adelante la compra de tierras productivas que están en la Sierra Nevada de Santa Marta. (la compra sería entre la reserva y la línea negra de la Sierra Nevada).

Dichos terrenos se le adjudicarían a campesinos y también se destinaría para expandir la reserva indígena de los arhuacos.

“Esto será para ampliar el espacio cultural y biológico de los pueblos indígenas de la Sierra. A los cuales les pido un acuerdo de paz, por que el corazón del mundo tiene que ser un corazón en paz, sin armas”, aseguró el mandatario en su visita a los arhuacos.

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Petro también propuso un pacto interétnico para las comunidades indígenas y un plan de reforma agraria para que los campesinos y las comunidades no entren en conflictos por la tierra y para que la Sierra Nevada sea un ‘territorio de paz’.

“La seguridad es esa. La seguridad es que no existan armas en la Sierra Nevada de Santa Marta y pasa por un pacto entre los pueblos indígenas, que tienen su propia diversidad y sus propios conflictos”, aseguró el presidente Gustavo Petro durante la visita a los Arhuacos”, agregó Petro.

El presidente también le pidió a la ANT acelerar el proceso de compra de tierras argumentando que solo tienen dos años para hacerlo realidad.

Igualmente, afirmó que el carbón es el veneno más grande del mundo e hizo un llamado para encontrar otras herramientas para reemplazarlo: “tenemos que buscar otras fórmulas de desarrollo. Los territorios deben ser los primeros en liderar ese debate”.

”Hoy podríamos tener balances, hoy podríamos ver si las visiones de desarrollo que tenían con el carbón, la pavimentación, el poder conquistador blanco que aniquila las diversidades eran lo correcto para el Caribe y para Colombia. O si las maneras de pensar con una visión indígena, una visión cohabitante con la naturaleza era mejor. Yo tengo que decirles después de 2 años en la presidencia que los indígenas tenían razón, y esta discusión tiene que darse en Colombia”, señaló el mandatario.

Por otra parte, confirmó que se instalarán nuevas granjas solares y criticó los altos costos de los servicios de energía en la zona, al ser estos “provenientes del carbón y no del sol”.

El mandatario ve en este diálogo con las comunidades una oportunidad para comprender mejor cómo estos ven los avances de su administración. Además, el presidente Petro busca explorar cómo desde estas comunidades se pueden aportar ideas y recursos para implementar sus políticas gubernamentales.

Decreto de Petro genera inquietud entre campesinos por posibles conflictos territoriales con indígenas del Cauca

La Agenda Nacional Campesina expresó su preocupación ante un decreto que, según ellos, podría incrementar los conflictos por la tierra y dejar a los campesinos subordinados a las órdenes de las comunidades indígenas del Cauca.

Este decreto, denominado Atea (Autoridades Territoriales Económico Ambiental), fue acordado por el presidente Gustavo Petro y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), en medio de una minga que los indígenas llevan a cabo en Bogotá.

El decreto está diseñado para fortalecer la autonomía territorial de las poblaciones ancestrales, protegiendo así sus territorios frente a terceros y potenciando la jurisdicción especial indígena. Según Yesid Conda, consejero mayor del Cric, el documento también busca impedir la entrada libre de proyectos mineros en los territorios indígenas y promover el comercio indígena mediante la creación de una zona franca indígena.

Desde la Agenda Nacional Campesina, uno de sus portavoces manifestó que “...esto solo aumentará la intensidad de los conflictos por la tierra, el territorio y la autoridad entre campesinos e indígenas”, y enfatizó la necesidad de un pacto intercultural por el territorio. Según ellos, la asignación de tierras en zonas de reserva forestal y baldíos podría pasar a ser controlada por las autoridades indígenas, subordinando así a los campesinos que habitan esas áreas.

Los campesinos reclaman que las medidas pactadas en el decreto Atea podrían dejarlos bajo la autoridad del Cric, lo cual debe ser abordado mediante diálogo intercultural y no imposiciones.

En julio, los campesinos ya habían protestado por el lento avance de la reforma agraria y acordaron la posibilidad de construir zonas de reserva campesina en áreas históricamente protegidas contra la deforestación, lo cual está prohibido desde 1959.

Entre tanto, los 4.500 indígenas que llegaron a Bogotá exigen el fortalecimiento de sus territorios. Alegan que hay iniciativas para adjudicar predios en sus tierras ancestrales a terceros como parte de la reforma agraria y que las multinacionales extranjeras están incidiendo negativamente en estas áreas.

En respuesta a las afirmaciones del senador Miguel Uribe Turbay sobre el incremento en la contratación por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el director de la entidad, Felipe Harman, defendió estas acciones y las calificó como “necesarias” para ampliar la cobertura de la agencia en el territorio colombiano.

Harman explicó, en un video difundido por Semana, que la expansión de la ANT de 10 a 32 oficinas desde 2022 ha requerido la contratación de un mayor número de empleados especializados y que estén alineados con el Gobierno Petro y la reforma agraria.

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En el metraje, el director de la ANT resaltó que en 2022, la entidad contaba con un número limitado de oficinas, las cuales no eran insuficiente para atender las necesidades y reclamos de los campesinos del país, por lo que la expansión a un total de 32 oficinas ha implicado un incremento necesario en el personal, con equipos especializados en áreas como ciénagas y playones, compras y formalización de tierras.

“Evidentemente, esas 32 oficinas con equipos especializados para ciénagas y playones, con equipos especializados para compras, con equipos especializados para formalización, pues implica el doble de personal”, comenzó por explicar el director.

En ese sentido, Harman subrayó que la ANT ha avanzado en cumplir las metas de su plan estratégico durante el actual gobierno, por lo que se han logrado títulos de tierras en cantidad equiparable a los adjudicados por la administración anterior en un periodo más corto de tiempo; como también, que se ha adquirido una cantidad significativa de tierras, superando lo registrado en los últimos 20 años en Colombia.

“Hoy, a dos años de este gobierno, hemos titulado, prácticamente, lo que es tituló el anterior gobierno en cuatro años, hoy hemos comprado y adquirido la tierra mucho más de lo que se ha adquirido en los últimos 20 años en este país, hoy hemos ampliado y diversificado todos nuestros procedimientos y puestos también al alcance de los campesinos y de las comunidades étnicas de Colombia”, agregó.

En respuesta a las críticas sobre la supuesta contratación de personal sin perfil técnico, Harman afirmó que la agencia ha llevado a cabo convocatorias públicas idóneas y oportunas para contratar personal técnico y administrativo con la experiencia necesaria y explicó que estas convocatorias están disponibles en las páginas institucionales de la agencia.

“Vale la pena mencionar que desde distintas convocatorias públicas que reposan en las páginas institucionales de la agencia, se han hecho convocatorias idóneas y oportunas para el personal técnico y administrativo, con la experiencia necesaria para sacar nuestra meta misional”, agregó.

El director de la ANT también se refirió a la importancia de contar con personal comprometido profesional y políticamente con la Reforma Agraria, enfatizando que se trata de una necesidad crucial para el país, por lo que calificó como fundamental el hecho de tener equipos con mayor capacidad y talento para asegurar el éxito de la reforma.

“En los elementos, los espacios en los que necesitamos una visión clara y concreta de la Reforma Agraria, pues es evidente que nosotros vamos a seguir requiriendo gente comprometida profesional y políticamente con la reforma agraria, que es una necesidad clara para este país”.

Sobre el uso del gasto público, Harman defendió la gestión de la ANT, asegurando que han sido “absolutamente medidos” con relación a los ingresos y fuentes de inversión. Al respecto, según el director, el personal contratado tiene la responsabilidad de evitar la compra de predios problemáticos desde el punto de vista jurídico y productivo.

“Hoy podemos decir y reconocer con claridad que nosotros hemos sido absolutamente medidos en función de nuestros ingresos y de nuestras fuentes de inversión en la capacidad en la que contratamos gente y que esa gente es la que, fundamentalmente, cuida que nosotros no vayamos a comprar predios que estén enredados desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista productivo”.

Por último, el director concluyó que, a pesar de la resistencia de ciertos sectores, la prioridad de la ANT sigue siendo fortalecer la reforma agraria y favorecer a los campesinos y comunidades étnicas de Colombia: “La reforma agraria avanza, a pesar, de este sin número de resistencias de una gente que no estaba acostumbrada que sea prioridad el campesino en Colombia”.

En la tarde del miércoles 28 de agosto de 2024, el senador Miguel Uribe Turbay se refirió a las supuestas intenciones que tendría el presidente Gustavo Petro con la reforma agraria impulsada por el Gobierno nacional, pues según el congresista, el primer mandatario estaría buscando perpetrarse en el poder con esta ley.

Así lo dio a conocer Uribe a través de una publicación en su cuenta de X en la que señaló que el incremento de contrataciones de personal en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), llegó a 309%, razón por la que, para el senador, la reforma agraria sería una mentira para quedarse en el poder.

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“La reforma agraria de Petro es una fachada. Su único interés es aferrarse al poder. Crecimiento de 309% en contratos para personal en la Agencia Nacional de Tierras, pasaron de 1161 a más de 4700″.

Por tal motivo, ante el incremento de la contratación en la entidad, el congresista aseguró que “el derroche también en corrupción”.

Las denuncias de contratación en la ANT

El senador Miguel Uribe Turbay manifestó sus críticas respecto a la contratación en la Agencia Nacional de Tierras a través de un video que publicó en sus redes sociales. En el metraje, Uribe lanzó fuertes acusaciones contra el Gobierno nacional, pues aseguró que está lleno de burocracia con la finalidad de mantenerse en el poder de cara a las elecciones de 2026.

En la grabación, el senador del Centro Democrático denunció que en 2023 se efectuaron 116.229 contratos por parte de entidades del Estado, la cifra más alta desde 2018: “Se ha gastado, solo en dos años, 8.36 billones de pesos, un 54% más de los dos primeros años del gobierno anterior”, pero el congresista fue más allá, dado que señaló que “las entidades que más están contratando son las del sector de agricultura y desarrollo rural”.

Por tal razón, Uribe señaló como “escandaloso” el hecho de que la ANT haya incrementado sus contratos de 1.161 en 2022 a 4.753 en 2023, lo que representa un aumento del 309%, por lo que agregó que: “Fuera de eso, pasó de gastar 67.000 millones en 2022 a 236.000 millones en 2023″.

En su publicación, el senador hizo una relación directa con el aumento de contratos y la consolidación del proyecto político del Pacto Histórico, y aseguró que detrás de esta contratación masiva, se esconden intereses políticos para fortalecer la influencia gubernamental. Además, señaló que en la Agencia Nacional de Tierras se están contratando operadores políticos del pasado, con el objetivo de consolidar comités municipales que solo buscan defender el proyecto político del presidente Gustavo Petro.

Entre las personas contratadas en 2024, 74 participaron en las elecciones de 2019, de estas, 13 pertenecen al partido Alianza Verde, bancada cercana al gobierno; 9 a Colombia Humana y la Unión Patriótica, y 5 son exalcaldes y exconcejales.

El desempeño de la Agencia también fue criticado duramente por el senador, pues Uribe divulgó que tres de las cinco metas del plan nacional de desarrollo de Gustavo Petro registran un avance del 0%: “0% en la formalización de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, 0% en las hectáreas entregadas a través del fondo de tierras, 0% en los títulos entregados a través del fondo de tierras. Solo mentiras. Y las otras dos metas, ni siquiera tienen ficha técnica”, agregó el congresista.

Pero, Uribe aprovechó para enviar un contundente mensaje al presidente Petro: “Mientras usted celebra la reforma agraria que ni siquiera ha comenzado, las entidades del Ministerio de Agricultura y el sector tienen una pésima ejecución. El ICA, por ejemplo, a junio de 2024, solo ha ejecutado el 20.9 por ciento, la Agencia de Desarrollo Rural el 18,5 por ciento, el Ministerio de Agricultura el 15 por ciento y la Agencia Nacional de Tierras solo el 5,6 por ciento”.

Finalmente, Uribe concluyó con una fuerte acusación contra la reforma agraria y el actual gobierno: “La reforma agraria es una farsa y es vergonzoso este gobierno lleno de promesas incumplidas, de mentiras, de engaño y ahora de burocracia, de nómina para los amigos, puro clientelismo”.

En medio de un debate de control político realizado en el Senado de la República, el pasado martes 27 de agosto de 2024, contra la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, denunció que la última entidad mencionada habría incrementado considerablemente el número de contratistas.

Según el congresista, la ANT habría realizado 116.229 contratos en 2023, una cifra que no se observaba desde 2018.

“Se ha gastado solo en dos años 8.36 billones, un 54 por ciento más de los dos primeros años del gobierno anterior. Las entidades que más están contratando son las del sector de agricultura y desarrollo rural”, dijo el senador.

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Igualmente, Uribe lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro, afirmando que él y sus funcionarios, “están rifándose la plata de la Agencia Nacional de Tierras para seguir patrocinando su proyecto político fracasado. ¡La Reforma Agraria es una mentira más del gobierno para quedarse en el poder!”

Para el congresista del Centro Democrático es “escandaloso que la entidad pasó de tener 1.161 contratos en 2022 a firmar 4.753 en 2023, lo que representa un incremento del 309 por ciento. Fuera de eso, pasó de gastar 67.000 millones en 2022, a 236.000 en 2023”.

A su vez, Miguel Uribe señaló que la mayoría de contratos firmados en la ANT “son políticos sin ninguna preparación técnica. Gastarse la plata del Estado para pagarles a los amigos también es corrupción”.

En las denuncias del senador, se destaca que 74 personas que participaron en las elecciones de 2019 tienen contratos en la Agencia Nacional de Tierras, de los cuales, trece hacen parte de la Alianza Verde; nueve de la Colombia Humana y la Unión Patriótica, y cinco son exalcaldes y exconcejales.

“La Agencia Nacional de Tierras presenta un avance del 0 por ciento en tres de las cinco metas del plan nacional de desarrollo de Gustavo Petro: 0 por ciento en la formalización de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, 0 por ciento en las hectáreas entregadas a través del fondo de tierras, 0 por ciento en los títulos entregados a través del fondo de tierras. Solo mentiras. Y las otras dos metas, ni siquiera tienen ficha técnica”, expresó.

Finalmente, el congresista del Centro Democrático envió un mensaje al mandatario nacional para que revise a fondo la ejecución de las dependencias del Gobierno, en materia de agricultura.

“Mientras usted presidente celebra una reforma agraria que ni siquiera ha comenzado, las entidades del Ministerio de Agricultura y del sector tienen una pésima ejecución: por ejemplo, El ICA, por ejemplo, a junio de 2024, solo ha ejecutado el 20.9 por ciento, la Agencia de Desarrollo Rural el 18.5 por ciento, el Ministerio de Agricultura, 15 por ciento y la Agencia Nacional de Tierras solo el 5.6 por ciento. La reforma agraria es un fracaso y ahora de burocracia de nómina para los amigos, puro clientelismo”, concluyó.

Respuesta del Gobierno Petro

Ante las denuncias presentadas por el senador de oposición, el director de la ANT, Felipe Harman, respondió a los cuestionamientos, y aseguró que las personas contratadas por la entidad cuentan con los requisitos para estar allí.

“Se han conformado divisiones y tenemos ochenta ingenieros agrónomos que van finca por finca, hemos creado unidades de trabajo inmensas (...) hoy tenemos resultados que triplican al gobierno Duque, entonces necesitamos más gente, más agrónomos, más abogados y más equipos. La capacidad se refleja en sus resultados”, expresó el funcionario en diálogo con Caracol Radio.

Agregó que “en dos años se han titulado 1,2 millones hectáreas, hemos entregado 340 mil hectáreas, hemos recuperado 135 mil hectáreas jurídica a los procesos, es decir, los resultados de forma clara y concreta se reflejan evidentemente”.

Igualmente, sostuvo que “antes, a mi parecer, de forma irresponsable, lo valorarán las fincas por imágenes satelitales. No, hoy tenemos alrededor de 80 ingenieros agrónomos que van finca por finca hasta en los últimos rincones del país a revisar las condiciones agronómicas y la capacidad productiva de la firma”.

Por último, Harman precisó que la reforma agraria es una posición política del Gobierno, y señaló que “si lo que quieren considerar es que pongamos al frente de la reforma agraria al mismo uribismo, que se ha sentado de no querer redistribuir la tierra durante 15 años, evidentemente tenemos que poner gente las primeras líneas que esté convencida con el programa de gobierno”.

Luego de que el expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, sorprendiera en sus redes sociales al asegurar que venderá al Gobierno nacional una parte de sus tierras, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, entregó detalles del predio de 192 hectáreas que pronto pasarían a manos de campesinos.

Aunque el exmandatario solo mencionó que se trataba del predio ganadero El Porvenir, el funcionario de la ANT confirmó que esta extensión de tierras productivas están ubicadas en el departamento de Córdoba y hacen parte de la famosa hacienda del exmandatario, El Ubérrimo.

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“Desde el programa nacional de reforma agraria y con el aval del presidente Gustavo Petro iniciamos conversaciones directas con el presidente Álvaro Uribe, con el fin de que el sistema nacional de reforma agraria adquiera parte del sistema de fincas El Ubérrimo en el departamento de Córdoba”, señaló Harman.

El funcionario también aseguró que, como informó Uribe, el equipo de la ANT que lidera ya se encuentra en los trámites para verificar los títulos del predio, además de adelantar análisis jurídicos y técnicos para que el Gobierno nacional realice la transferencia al político de oposición, además de entregar detalles sobre el uso que se le dará al terreno.

“Bajo la voluntad expresa del expresidente de ofertar 190 hectáreas al Sistema Nacional de Reforma Agraria, hemos iniciado los estudios de títulos, los análisis jurídicos y técnicos correspondientes para materializar esta compra, con el fin de que estas hectáreas pasen a manos de campesinos y campesinas sin tierra”, señaló Felipe Harman.

El director de la ANT también señaló que la futura transacción con Álvaro Uribe hace parte del acuerdo nacional propuesto por el presidente Gustavo Petro, que tiene como objetivo alcanzar la redistribución de las tierras en Colombia y minimizar las desigualdades que se viven en el país.

“Entendemos que cualquier acuerdo nacional está atravesado por la redistribución de la tierra como un factor para construir paz con justicia social en el país y que, en medio de las diferencias, los colombianos podemos construir consensos que nos permitan hacer de Colombia y del país rural, que ha sufrido tantos años de violencia, un país mucho más justo”, concluyó el director de la ANT.

Las palabras de Harman se dan horas después de que el expresidente usara su cuenta de X para informar sobre la venta de una de sus tierras. Uribe mencionó que ha tenido reuniones con el presidente Gustavo Petro, donde expresó su desacuerdo con la “expropiación”.

Sin embargo, se mostró a favor de la compra de terrenos para proyectos productivos de campesinos, sin desplazar a los empresarios del lugar. “El presidente me respondió que se debía promover la oferta de tierras, lo cual muchas personas han hecho a través de Fedegán. También agregó que se debería promover entre empresarios que puedan hacerlo la venta parcial al Estado para resolver problemas sociales. Mi familia ha compartido esta tesis”, indicó el líder del Centro Democrático.

Uribe también señaló que pese a recibir visitas de funcionarios de la ANT, considera que el valor ofertado para las tierras es muy inferior al avalúo catastral. “Le solicité al Dr. Harman que se reconsiderarán los avalúos en la región para que quienes allí trabajamos podamos seguir en la ganadería. El predio ofrecido y solicitado tiene aproximadamente 192 hectáreas, en condiciones de alta productividad sostenible y al alcance de la ganadería empresarial y también campesina”, expresó Uribe.

Este proceso forma parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno de Petro por implementar una reforma rural en la que se puedan adquirir terrenos para ser entregados a campesinos sin tierra. Sin embargo, estos intentos no han estado exentos de controversia y problemas.

Algunos empresarios han criticado el proceso, argumentando que se parece a una expropiación, mientras que otros han denunciado las invasiones ilegales de tierras que han ocurrido en diferentes partes del país y ante las cuales sienten que no han podido tomar medidas efectivas.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a la venta del predio El Porvenir, un terreno de 192 hectáreas ubicado en el municipio de San Carlos (Córdoba), al Gobierno del presidente Gustavo Petro, en aras de dar fuerza a los proyectos productivos de los emprendedores rurales del país.

Según la misiva, el exmandatario ha sostenido cuatro encuentros con el mandatario, donde le manifestó su desacuerdo con la expropiación del sector agropecuario.

“En dos de las cuatro reuniones con el presidente Petro le expresé estar en desacuerdo con la expropiación del sector agropecuario y estar de acuerdo con compra de predios para proyectos productivos campesinos, sin desalojar a los empresarios del campo”, expresó Uribe.

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Agregó que “el presidente (Gustavo Petro) me respondió que se debía promover la oferta de tierras, lo cual muchas personas han hecho a través de Fedegán. También agregó que se debería promover entre empresarios que puedan hacerlo la venta parcial al Estado para resolver problemas sociales. Mi familia ha compartido esta tesis”.

Igualmente, el exjefe de Estado indicó que, previamente, se registraron avalúos altos en San Carlos, Córdoba, por lo que alzó su voz de protesta a funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para que consideraran la compra del predio.

“Hace unas semanas, ante unos avalúos prediales muy altos en San Carlos, Córdoba, reclamé a los funcionarios del Agustín Codazzi y agregué que entonces considerarán comprar el predio”, explicó.

De igual forma, Uribe sostuvo que recibió otras visitas por parte de funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), encabezadas por el director Felipe Harman, quien le preguntó si se vendía ese terreno.

“Me preguntó que si se vendía, le dije que sí, le anoté que a un precio muy inferior al avalúo catastral que corresponde a San Carlos (...) Le solicité al doctor Harman que se reconsideraran los avalúos en la región para que quienes allí trabajamos podamos seguir en la ganadería”, comentó.

Finalmente, el expresidente y líder del partido Centro Democrático señaló que “el predio ofrecido y solicitado tiene aproximadamente 192 hectáreas, en condiciones de alta productividad sostenible y al alcance de la ganadería empresarial y también campesina (...) los funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras, en sus visitas, han recaudado directamente toda la información pertinente”.

Rifirrafe entre Uribe y Petro por expropiación

Tanto el expresidente Álvaro Uribe como el presidente Gustavo Petro han tenido diferencias referentes a la compra de tierras improductivas para repartirla a campesinos y ponerlas a producir.

A través de sus redes sociales, el líder político del Centro Democrático ha manifestado constantemente su desacuerdo con las medidas del Gobierno Petro, señalando que, de realizarse la expropiación, afectarían a las inversiones privadas, e indicó que el modelo propuesto por el actual jefe de Estado es similar a los impulsados en Cuba y Venezuela.

“Hay diferentes maneras de expropiar y siempre los resultados han sido malos. El comunismo clásico expropió con fusilamientos; Castro con invasión; Chávez decidía en el discurso, sin instituciones, sin normas de defensa del afectado; los Kirchner con impuestos”, expresó Uribe en su momento.

Durante la campaña presidencial de 2022, el entonces candidato Gustavo Petro manifestó que este modelo podría avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, en relación con la reforma agraria.

“Para que este mundo productivo de la tierra sea posible, los poseedores que ven la tierra como poder y no como instrumento productivo, tienen que retroceder, deben liberar la tierra y yo propongo comprársela, no para que quede de propiedad del Estado, sino para que sea propiedad de quienes ven la tierra como un instrumento de producción, es decir, comprarle las haciendas a Álvaro Uribe Vélez para que allí se pueda producir comida, dado que él la piensa como un instrumento de poder”, expuso Petro.

Ante ello, Uribe recriminó a Petro diciendo que no era un terrateniente, sino un “finquero”, y que con sus declaraciones, pondría en riesgo la integridad de su familia.

Desde el martes 23 de julio, integrantes del Movimiento Minga Popular y Comunitario se ubicaron en frente de las instalaciones de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Cali, con el propósito de lograr soluciones inmediatas relacionadas la entrega de predios en el Valle del Cauca. Esto se habría prometido en medio de un acto público en el Concejo Distrital entre Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Luego de completar casi cuatro días de bloqueos en la Avenida 5BN con calle 20 hasta la Avenida 5N, en el barrio Versalles, en el norte de la ciudad, finalmente se llegó a un acuerdo con la administración de Alejandro Éder y se levantó oficialmente el paro que estaba perjudicando establecimientos médicos, residenciales y comerciales del sector.

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En ese sentido, Diego Hau, director de Planeación Distrital, confirmó que se realizará una reunión el viernes 2 de agosto para conocer y ampliar las inconformidades de los manifestantes. “Trabajamos de manera articulada con la secretaría de Seguridad y Justicia, la secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, la secretaría de Vivienda, Social y Hábitat, la Unidad Administrativa de Servicios Públicos y la secretaría de Gobierno para garantizar el derecho a la protesta social, pero también garantizar el derecho a la movilidad, al empleo y al desarrollo del territorio”, indicó el funcionario, que añadió que se acordará una segunda reunión el 20 de agosto con autoridades de carácter local, departamental y nacional para llegar a consensos.

¿Qué prometió la SAE y la ANT?

El malestar de la Minga de Cali surgió a raíz de la entrega de tierras, realizada en medio de una ceremonia en el Concejo Distrital a principios de 2024. El evento marcó la firma de un acuerdo de voluntades entre la organización Minga, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en el que se asignaron parcelas en el Valle del Cauca a familias de vocación agrícola.

El proceso de adjudicación se inició en febrero, cuando la Minga de Cali decidió seguir la ruta planteada por la ANT, permitiendo así identificar a 650 familias como potenciales beneficiarias del programa.

“Es importante este tipo de jornadas porque el Presidente Petro está buscando para que las personas que fueron desalojadas, regresen a sus territorios y se produzca alimentos. Vemos en la ANT una posibilidad de que las familias accedan a la tierra en cumplimiento del proceso de Paz”, dijo en esa ocasión Boris Delgado, vocero de la Minga de Cali.

El esfuerzo de la SAE se centró en conocer la viabilidad de transferir predios incautados a la ANT. Al respecto, Luis Mejía, director territorial Sur de la SAE, expresó que: “Buscamos darles una solución digna a estas comunidades. Esperamos que estos predios sirvan para ubicar a estas familias y que puedan desarrollar proyectos productivos, garantizando su seguridad alimentaria”.

Las tierras identificadas por la SAE en los municipios de El Cerrito y Dagua tendrían primero que pasar por estudios de viabilidad para su eventual transferencia a la ANT y posterior adjudicación a la Minga de Cali. En ese momento, Marleny Gómez, vocera de la Minga Cali, sostuvo que ese logro fue el resultado de la colaboración entre varias entidades y la disposición de organismos nacionales como la ANT y la SAE. “Esto es un logro conseguido desde la unión de muchas organizaciones, alcanzado en las calles y gracias a la voluntad política de entidades nacionales”, afirmó Gómez a El País de Cali.

Sin embargo, los días avanzaron y, al juicio de la organización comunitaria, no ha habido avances significativos con el proceso de entrega de los predios, por lo que se tomaron las vías de hecho para que el Gobierno cumpla en su totalidad lo acordado.

Un nuevo escándalo sacude al Gobierno nacional, esta vez fue en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), tras una denuncia pública realizada por el periodista Melquisedec Torres, conocido por su trayectoria en medios de comunicación del país y por sus columnas en El Colombiano. El comunicador, a través de una publicación en redes sociales, reveló presuntas irregularidades en la compra de predios por más de 17.000 millones de pesos.

El periodista asegura tener en su poder las notas devolutivas de la oficina de registro de San Marcos, Sucre, en las que se detallan las anomalías de los predios adquiridos. Según Torres, los terrenos fueron comprados en mayo de 2023 y anunciados como un logro significativo del Gobierno. Sin embargo, en diciembre del mismo año, la oficina de registro devolvió todos los documentos sin inscribirlos, debido a las irregularidades detectadas.

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La denuncia apunta a un presunto caso de prevaricato por omisión y la firma de contratos sin cumplir los requisitos legales necesarios. Además, se destaca que el actual director de la ANT, Juan Felipe Harman, interpuso denuncias penales contra los funcionarios involucrados en la compra, entre ellos el exdirector de la entidad, Gerardo Vega Medina.

Este escándalo se presenta en un momento delicado para el Gobierno, ya que está lidiando con un caso de corrupción en el interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el que altos funcionarios están implicados; sin embargo, este nuevo hecho es particularmente preocupante porque afecta a una entidad clave en la gestión y administración de las tierras del país, especialmente aquellas destinadas a la reforma agraria y la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado.

De esta manera, se puede leer en el mensaje del periodista, publicado en la red social X que:

“Atención. Escándalo en la @AgenciaTierras por compra de predios por más de $17 mil millones con falsa tradición, títulos irregulares y numerosas anomalías; la oficina de registro de San Marcos, Sucre, se negó a inscribirlos. El director de la entidad @harmanfelipe denunció penalmente a los funcionarios que compraron, encabezados por el exdirector @GerardoVegaMed Tengo las notas devolutivas de la oficina de registro donde constan todas las anomalías de esos predios; los predios fueron comprados en mayo 2023, anunciados con bombos y platillos por el gobierno y en diciembre la oficina de registro devolvió todos los documentos sin inscribirlos. Según la denuncia penal, se pide investigar prevaricato por omisión y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En total se pagaron $17.695 millones”.

El periodista no solo presentó su denuncia, sino que aportó varias imágenes que evidencian la gravedad de las irregularidades detectadas. En estas capturas se puede observar una carta enviada por la agencia a la Fiscalía General de la Nación. En dicha misiva, la ANT comunica que adquirió tres predios identificados como “El Rocío”, “La Lotería” y “Lote”; sin embargo, durante el proceso de inscripción de estos predios en la oficina de registro, se detectaron numerosas anomalías que cuestionan la legitimidad de los títulos de propiedad y la correcta tradición de estos inmuebles.

En vista de estas anomalías y cumpliendo con nuestro deber legal, solicitamos a la Fiscalía que investigue a fondo estos hechos para determinar si constituyen las conductas penales mencionadas y se proceda conforme a la ley contra las personas que resulten responsables.

Además, el periodista compartió otras imágenes que corresponden a los registros de los tres lotes previamente mencionados. Estos documentos, emitidos por la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), proporcionan información detallada sobre los propietarios actuales, la ubicación exacta y otros datos relevantes para el registro de estos predios.

Los firmantes del acuerdo de paz de 2016, ubicados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) de Miravalle, serán reubicados el 20 de agosto debido a amenazas de disidentes de las Farc. Estas amenazas provienen de facciones que actualmente participan en el proceso de paz y el cese al fuego bilateral con el Gobierno.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) confirmó que aproximadamente 100 personas serán trasladadas temporalmente. “Los firmantes de paz serán reubicados de manera temporal durante 12 meses en un predio arrendado mientras se logra la compra del predio definitivo por parte de la Agencia Nacional de Tierras, cuya adecuación estará en manos de la ARN”, explicó la ARN.

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El Ministerio del Interior, el de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) participaron en una reunión con la ARN para coordinar el traslado. Se acordó que la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz realizaría una visita al territorio el 23 de julio para evaluar el arrendamiento del predio temporal.

Según el Gobierno nacional, el traslado está programado para el próximo 20 de agosto. Este cambio es una medida necesaria debido a las amenazas recibidas por los excombatientes del acuerdo de paz de 2016.

Las amenazas de los disidentes de Farc se han hecho presentes a pesar de que ellos mismos están en proceso de paz y cumplen con un cese al fuego bilateral. Esta inseguridad ha llevado a la decisión de reubicar a los firmantes para garantizar su seguridad y continuar con el proceso de reincorporación en condiciones más seguras.

La situación requiere una intervención rápida y eficaz por parte del Gobierno para proteger a los excombatientes y asegurarse de que el proceso de paz y reincorporación continúe sin mayores alteraciones. En el Etcr de Miravalle se encuentran actualmente alrededor de 100 personas, todas ellas expuestas a las amenazas de las disidencias.

Además, el Gobierno señaló que la reubicación temporal durará unos 12 meses, en los cuales se espera que se concrete la compra de un predio definitivo por parte de la Agencia Nacional de Tierras. “Durante este periodo, la ARN se encargará de la adecuación de dicho predio para garantizar que los firmantes de paz puedan continuar con su proceso de reincorporación,” según el anuncio de la ARN.

Esta medida surge después de una serie de reuniones y evaluaciones de las condiciones de seguridad en Miravalle. Las autoridades reiteraron su compromiso con el proceso de paz y la protección de todas las personas involucradas en él.

La visita del 23 de julio por parte de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz tiene como objetivo visibilizar el predio temporal y asegurar su adecuación para los excombatientes.

Según se informó, las amenazas recibidas recientemente incrementaron la tensión en la zona. De ahí la urgencia de reubicar a estas personas a un lugar más seguro mientras se encuentran soluciones a largo plazo.

Humberto De la Calle invitó al Gobierno a proteger excombatientes amenazados en Miravalle

El senador Humberto de la Calle alzó la voz en apoyo de los excombatientes que firmaron el acuerdo de paz en 2016 y que se encuentran amenazados por disidencias. El senador y ex jefe negociador del gobierno con la extinta guerrilla de las Farc enfatizó la necesidad urgente de protección para estos firmantes, especialmente en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) de Miravalle, ubicado en San Vicente del Caguán, Caquetá.

De la Calle se refirió a las recientes amenazas de las disidencias del autodenominado ‘Estado Mayor Central’ (EMC), que obligan a los excombatientes a desplazarse forzosamente de la Etcr de Miravalle. “El Gobierno Nacional debe honrar el acuerdo de paz y proteger la vida de los firmantes”, manifestó el senador a través de su cuenta de X.

En su discurso, De la Calle resaltó los esfuerzos en la construcción de paz, como los del club ‘Remando por la paz’, compuesto por exguerrilleros dedicados al ecoturismo y el rafting. Subrayó que estos emprendimientos no deben quedar truncados por la acción de grupos armados ilegales. “Es urgente que el Gobierno tome medidas y honre el compromiso adquirido por el Estado”, aseguró.

Además del senador, otros de los protagonistas en la firma del Acuerdo de Paz en 2016, como el expresidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes, solicitaron al presidente Gustavo Petro intervenir para asegurar la vida de los firmantes de paz.

Santos declaró que es inaceptable lo que sucede en Miravalle y recalcó que el Gobierno tiene la obligación de implementar las garantías de seguridad acordadas en el pacto de paz, recuperar el control territorial y proteger tanto a los firmantes como a las comunidades involucradas.

Por su parte, Londoño, conocido anteriormente como ‘Timochenko’, expresó que la historia juzgará la política de la ‘paz total’. Aseguró estar convencido de la paz total y la solución negociada de los conflictos persistentes, pero criticó la improvisación y las concesiones hechas a los grupos armados.

En la mañana del lunes 8 de julio de 2024, al menos 250 personas, entre campesinos y firmantes de paz se congregaron frente a la sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Bogotá para exigir una reforma agraria efectiva. La protesta comenzó en las primeras horas del día, con algunos manifestantes intentando ingresar a las instalaciones de la entidad.

Al respecto, la ANT compartió un comunicado en su cuenta de X en el que aseguró que se ha mantenido una conversación permanente con el movimiento campesino, lo que refleja el compromiso del Gobierno nacional con la reforma agraria.

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En ese sentido, la ANT aseguró que “la reforma agraria de este gobierno es una oportunidad única para el campesinado en la historia de Colombia”, por tal motivo, explicó que se han desarrollado esfuerzos administrativos y de trabajo en el campo que han permitido significativos avances como, por ejemplo, “la compra más grande de tierras en la historia de la reforma agraria en este país, con alrededor de 25 mil hectáreas”.

De acuerdo con el comunicado, la Agencia Nacional de Tierras aseguró que es consciente de que las motivaciones detrás de la movilización de los campesinos “son producto del resultado de compra y entrega de tierras en el país”, por lo que aseguraron que se han llevado a cabo mesas de trabajo con las organizaciones campesinas para mantener un diálogo permanente.

Según la ANT, entre la entrega de tierras que se han realizado en lo que va corrido del año, a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) se les ha entregado “53 fincas, impactando Atlántico, Bolívar, Meta, Cauca, Córdoba, Boyacá, Magdalena, Valle del Cauca, Sucre, Antioquia y Cesar”, por lo que se mantendrán los compromisos pactados y el plan de trabajo.

Por lo tanto, “La Agencia Nacional de Tierras está dispuesta y a voluntad de establecer los mecanismos posibles para que los y las campesinas se puedan quedar con la mayor tranquilidad, responsabilidad y las mejores condiciones de dignidad posibles”.

La protesta

Los manifestantes responsabilizaron a la ministra de Agricultura saliente, Jennifer Mojica, por la falta de avances en la implementación de la Política Integral Agraria en el país.

En medio de las protestas que se registraron en la capital, los manifestantes se refirieron a los terrenos que se han comprado en varios departamentos del país como, por ejemplo, Huila, Putumayo, Meta y Casanare y que no han sido entregados por la entidad.

El congresista Hernán Cadavid, del Centro Democrático, denunció recientemente la falta de progreso en varios indicadores relacionados con el sector agropecuario dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 del presidente Gustavo Petro.

Cadavid señaló que, según información proveniente del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, se ha registrado un avance nulo en al menos 11 indicadores importantes en casi dos años de gobierno.

Entre estos indicadores se encuentran la entrega de hectáreas a través del fondo de tierras y la formalización de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural.

Al respecto, Cadavid declaró: “Después de haber hecho una verificación rigurosa con fuente y cifras del propio Gobierno Nacional hemos podido evidenciar que el sector agro carece de ejecución en programas tan importantes dentro de agencias como la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Renovación del Territorio. Esto da cuenta de que ya a dos años de funcionamiento del gobierno Petro es muy difícil que puedan alcanzar las metas que se habrían propuesto”.

Por tal motivo, el representante a la Cámara aseguró que el Gobierno de Gustavo Petro dejó pasar la oportunidad de apoyar al sector de la agricultura, dado que no pasó de sus discursos al no ejecutar el presupuesto correspondiente.

“El Gobierno Petro botó la oportunidad de darle un aire importante al sector de la agricultura, se quedó en los discursos y la nula ejecución. No han tenido la capacidad técnica, precisión y la eficacia ejecutiva que necesita un gobierno para darle cumplimiento a unas metas específicas”, concluyó el congresista.

Tras una visita a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Procuraduría entregó un extenso informe en el que advierte de múltiples irregularidades en la ejecución de la reforma agraria del Gobierno de Gustavo Petro, que tienen en peligro cientos de millones de pesos.

El despacho del procurador Gustavo Adolfo Guerrero advierte de múltiples problemas en la aplicación de las normas creadas para la adquisición de tierras por parte de la ANT, que fueron identificadas a partir de la revisión de varios de los procesos que se han adelantado hasta marzo.

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Una de las irregularidades es la posible adquisición de predios baldíos, es decir que no podrían ser adjudicables, debido a que se habría implementado mal el proceso de acreditación de la viabilidad jurídica de los predios. Algunos, de acuerdo con el informe, fueron admitidos a pesar de “dentro de los estudios técnicos sobre el predio se daba cuenta de áreas con cuerpos de agua, humedales, terrenos inundables entre otros más”.

“Esto es aún más relevante si se tiene en cuenta que dentro de las competencias de la ANT se integran también las del adelantamiento de los procedimientos de deslinde de tierras de la nación: su objetivo es definir límites geográficos que distingan tierras baldías de propiedad privada, a través de un estudio de títulos en los términos del artículo 48 de la Ley 160 de 1994″, sostiene el procurador.

Para la Procuraduría, la ANT no ha adelantado el correcto análisis de los predios que ha ordenado comprar. En algunos casos ha llegado solo a las anotaciones de los folios de matrícula y no ha ido directamente a los títulos originarios, pese a que esa consulta es necesaria para establecer linderos y determinar si son adjudicables o no.

En la muestra de casos se han identificado varios en los que no se hizo el análisis del título originario. “Era necesario también consultar el expediente del proceso de titulación a fin de determinar que no se hubieran configurado irregularidades: los cuerpos de agua y sus respectivos playones no pueden ser objeto de adjudicación, y, por ende, una decisión en tal sentido, debe ser revisada con el mayor cuidado posible”, advirtió la Procuraduría.

Así mismo, respecto a los procedimientos de adquisición de los predios, se han establecido contratos de compraventa con los propietarios, sobre los cuales también se advirtieron irregularidades. Por ejemplo, en los casos analizados no se encontraron contratos de compraventa, pese a que al momento de la revisión ya superaban los dos meses establecidos para cumplir con ese requisito.

“Es importante señalar que la promesa de compraventa no transfiere derechos de propiedad, sino que se limita a establecer la obligación de las partes de suscribir los contratos de compraventa. Pese a lo anterior se identificaron casos en los que con la sola suscripción de los contratos de promesa se ordenó la incorporación al Fondo de Tierras”, advirtió el informe de la Procuraduría.

En el informe también se detallan hallazgos de casos en los que se realizó el proceso de adquisición, pero no existe acta de entrega material del predio. En otros, se firmó acta de compraventa con entrega anticipada, pero no se registra que se haya producido; así como un caso en el que se vendió un predio que se encuentra invadido y el propietario no puede entregarlo.

Hay 28 casos en los que se dio concepto jurídico negativo y aún así se surtió el proceso de avalúo catastral, 29 sin ese concepto se ordenó el avalúo,17 en los que a pesar de tener medidas de restitución de tierras se realizó el avalúo y 21 en los que se efectuó el mismo proceso sin tener certeza de su viabilidad para la adquisición.

Así las cosas, el procurador delegado señala que hay una tasa de irregularidades en el 62% de las compras de tierras analizadas, por lo que estiman que 136.911.777.315 pesos del presupuesto estarían en riesgo, a los que se podrían sumar 556 millones que todavía no tienen desembolso.

Luego de que se conocieran presunta irregularidades que tendrían en riesgo la tercera parte de los recursos asignados para la compra de tierras, el director de la ANT, Felipe Harman, aseguró que ha sido bajo su gestión que se han puesto en conocimiento de los hechos a las autoridades.

“Ratificamos públicamente que ha sido bajo mi dirección que se ha puesto en conocimiento a autoridades de control posibles irregularidades en el proceso de compra”, afirmó el funcionario, luego de que se conocieran posibles problemas en la ejecución de la reforma agraria.

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Harman señaló que desde su llegada al cargo ha implementado estrategias para garantizar la correcta ejecución del programa de compra de tierras para restitución, como la resolución única de compra, el mecanismo de control de precios, así como un canal abierto de denuncia frente a postulaciones de predios y asignaciones de subsidios.

Además, el director de la ANT señaló que, como lo hizo público el 10 de mayo, su dirección ha interpuesto 14 denuncias ante la Fiscalía “sobre presuntas irregularidades en procesos internos y trámites de compra de predios. Creamos procedimiento único de compra bajo resolución”.

El pronunciamiento de Harman se da luego de la denuncia de Aurelio Suárez en una columna en Semana en la que señaló que señaló que no se estaría cumpliendo la normativa de la ley 160 de 1993, en la titánica compra de tierras que se propuso el Gobierno nacional.

Expuso irregularidades como especulación, tierras improductivas e inundables, posibles testaferros y falta de pago a oferentes. Asegura que un tercio del presupuesto destinado al programa está involucrado en estos casos problemáticos y que casi la mitad de las hectáreas a entregar presentan irregularidades.

Una de las críticas más severas del columnista se centra en un caso específico en Caloto (Cauca), donde se adquirieron 23 predios cuya propiedad final sería de Alberto Bernal Seijas, condenado por la masacre de El Nilo en 1991. Según Suárez, la venta se realizó a través de varias empresas relacionadas con la familia de Bernal, y la ANT pagó $18.516 millones de pesos por 285 hectáreas.

Otro caso descrito se registró en el Meta. Suárez señaló la compra del predio Hato Rondón en San Juan de Arama, con una extensión de 1.047 hectáreas, presenta varias irregularidades: falta de informes agronómicos, jurídicos, de uso del suelo, ambientales y de control de calidad. El vendedor, Palma Capuchinos SAS, aparentemente adquirió el predio por 2.050 millones en febrero de 2023 y lo vendió siete meses después en 10.994 millones.

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, respondió a las denuncias a través de su cuenta de X, señalando que la ANT tiene instrucciones claras de reportar cualquier irregularidad a las autoridades pertinentes.

Mojica señala que el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, tiene la misión de informar a las autoridades de control sobre cualquier irregularidad en los procesos de compra de tierras. También mencionó que el ministerio apoyará la aplicación de la ley para garantizar que los recursos públicos se utilicen correctamente.

La denuncia de Suárez extiende su alcance a varios departamentos, incluyendo Cauca, Valle del Cauca, Meta, Vichada, Sucre y Cesar. Afirma que muchos de los terrenos en la costa corren riesgo de inundación y que las irregularidades cubren la mitad de las tierras compradas, involucrando $134.000 millones, una tercera parte del gasto público.

Ante estas críticas, la ministra Mojica y el director de la ANT, Felipe Harman, afirman que están comprometidos a esclarecer lo ocurrido y a tomar las medidas necesarias para asegurar la transparencia en el uso del recurso público destinado a la adquisición de tierras. Mojica expresó: “Este Ministerio hará el acompañamiento necesario para que se aplique la ley con todo el rigor.”