La discusión sobre la publicidad de los recursos y procedimientos destinados a la Reforma Rural Integral llegó nuevamente a los tribunales. En una sentencia de primera instancia proferida el 6 de agosto de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, resolvió una acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDeColombia) contra la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

La demanda buscaba que la ANT cumpliera diferentes disposiciones relacionadas con la publicación de su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II). FEDeColombia argumentó que en la plataforma no encontraba información suficiente sobre los procedimientos utilizados por la entidad para adquirir predios mediante enajenación voluntaria ni sobre la adjudicación de bienes del Fondo de Tierras para la reforma.

Según la acción, las búsquedas realizadas en Secop II mostraban principalmente contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, sin registros que permitieran identificar los trámites, documentos y contratos relacionados con la adquisición de tierras. La organización también señaló que la ANT debía garantizar la publicidad de su actividad contractual en las etapas precontractual, contractual y poscontractual.

El expediente citó además el Plan Anual de Adquisiciones de la ANT para 2026, que contemplaba $483.809 millones para la compra de predios, equivalentes al 42,21% del presupuesto de la entidad mencionado en la demanda. FEDeColombia también hizo referencia a información de la Contraloría General de la República sobre eventuales irregularidades y presuntos hallazgos fiscales cercanos a $160.000 millones relacionados con procesos de adquisición de tierras.

Lo que encontró el tribunal

Durante el proceso, la Sala realizó búsquedas en Secop II para verificar los planteamientos de la demanda. El tribunal concluyó que no era correcto afirmar que no existiera información sobre contratos de la ANT anteriores a julio de 2025. Sin embargo, sí estableció que, entre enero de 2024 y julio de 2025, la información publicada correspondía únicamente a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

La Sala también revisó varios contratos que aparecían publicados en la página web de la entidad, pero no en Secop II. Determinó que estos no estaban relacionados con los procedimientos de adquisición y adjudicación de predios para la Reforma Rural Integral y, por tanto, su ausencia en la plataforma no demostraba el incumplimiento alegado en este caso.

En cambio, al realizar una búsqueda específica por “Reforma Rural Integral”, el tribunal encontró contratos destinados a “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros” con otras entidades para implementar la reforma, pero no encontró registros de los procedimientos de contratación para adquirir predios mediante enajenación voluntaria o adjudicar bienes del Fondo de Tierras para ese propósito.

Tampoco obtuvo resultados al buscar el “Manual de compra directa de predios para la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de Tierras”.

La Sala estableció que la ANT sí había publicado información sobre el presupuesto disponible y el plan de adquisiciones, pero no había publicado la relación de los contratos suscritos para la adquisición de bienes por enajenación voluntaria de unidades prediales ni para la adjudicación de bienes del Fondo de Tierras en desarrollo de la RRI.

El fallo de la corporación judicial precisó que el hecho de que la compra de predios tenga un procedimiento especial no elimina las obligaciones de transparencia y publicidad de la entidad. La existencia de un régimen procedimental especial para adquirir predios no exime a la ANT de cumplir sus deberes de publicidad sobre la actividad contractual.

La orden y los límites de la sentencia

Con base en sus verificaciones, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró que la ANT incumplió el artículo 2.2.1.1.1.7 del Decreto 1082 de 2015 y el numeral 9.5, inciso primero, de su Manual de Contratación.

Por ello, ordenó a la ANT publicar “de manera inmediata” en SECOP II, o en la plataforma transaccional que haga sus veces, la totalidad de esa información. La orden contempla una excepción para los documentos e información sometidos a reserva legal. En esos casos, la entidad deberá explicar detalladamente las razones por las cuales no es posible publicar determinada información.

El tribunal también exhortó a la ANT a verificar que supervisores e interventores cumplan las obligaciones de publicación de los documentos generados durante la ejecución contractual, entre ellos facturas o cuentas de cobro, garantías, informes de supervisión, modificaciones, actas de liquidación y actos administrativos y sancionatorios.

La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, “estalló” públicamente contra su antecesor, Luis Felipe Harman, luego de que este defendió la cantidad de contratistas durante los años del Gobierno Petro como respuesta al señalamiento de Garrido sobre una gestión de “derroche”, especialmente en la entidad del Ministerio de Agricultura.

A través de un mensaje en su cuenta de X, Garrido acusó a Harman de encubrir presuntas irregularidades en la contratación durante la administración anterior, luego de que Harman señaló que, si los funcionarios del Gobierno de Abelardo de la Espriella “hubieran hecho empalme, se dan cuenta que están sumando dos o tres veces los mismos contratistas”.

“En la ANT, hay contratos de 4 y 5 meses que se vencieron y los cuentan doble vez y hasta triple vez. Es más, en el 2026 fue cuando menos gente trabajó con alrededor de 4.500 personas”, alegó el exdirector de la entidad.

Sin embargo, Garrido, sin contemplaciones, le contestó: “Dice el dicho ‘tras de ladrón, bufón’. Nosotros no hacemos empalme con la corrupción. Sí, son 9.280 contratos de prestación, agrupados en 5.027 contratistas, que costaron medio billón”, escribió.

En la confrontación, la nueva directora de la ANT difundió cifras sobre la magnitud de los contratos de prestación de servicios firmados bajo el Gobierno Petro: “En 2025 fueron 11.643 contratos y en 2024, 11.846. Muchos de ellos no van nunca a la oficina, no trabajan y adulteran sus planillas de aportes”.

Por su parte, a Harman le aseguró que “todo eso usted lo sabía. Esto es solo el abrebocas de la olla podrida encontrada en @AgenciaTierras. Lo de tierras es repugnante, pero de eso les hablaré en los próximos días”, continuó Lina María Garrido.

Los datos de la discordia

Horas antes, Lina María Garrido había publicado en su perfil de X una dura crítica contra la nómina de contratistas, particularmente, durante la gestión de la exministra Marta Cavajalino en la cartera de Agricultura, que fue calificada como una administración de “despilfarro de los recursos públicos y politiquería”.

En un gráfico con cifras oficiales, Garrido reveló el consolidado de órdenes de Prestación de Servicios (OPS) en el sector Agricultura durante la administración Petro.

Allí figura que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural consolidó un total de 18.310 Órdenes de Prestación de Servicios (OPS), cuyo valor conjunto asciende a $1.029.858.000.000.

La entidad con mayor participación es la ANT, con 9.281 OPS por un valor de $451.000.000.000, seguida por:

• El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), con 3.056 OPS y $153.008.000.000
• La Unidad de Restitución de Tierras (URT), con 2.585 OPS que representan $168.311.000.000.
• La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) registró 1.971 OPS por $113.000.000.000Agencia de Desarrollo Rural
• El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contó con 740 contratos, equivalentes a $73.000.000.000.
• La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) presentó 412 OPS por $41.547.000.000,
• La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), 322 OPS, con un valor total de $29.992.000.000.

Como dato destacado, la entidad con el mayor número de OPS y el mayor valor total es la ANT, con 9.281 OPS y $451.000 millones.

Juan Felipe Harman defendió el convenio ANT-SAE tras señalamientos en el Libro de la Verdad

Por su parte, el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, respondió a los señalamientos expuestos en el llamado “Libro de la Verdad” sobre el convenio entre la ANT y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Harman afirmó que las denuncias sobre la compra de tierras por un millón de pesos ya habían sido cuestionadas anteriormente y defendió la gestión de la entidad durante su administración.

Según el exfuncionario, la Contraloría General de la República auditó el convenio y, en su interpretación, no halló evidencias de apropiación indebida de recursos públicos.

El exdirector defendió su gestión y cuestionó la veracidad de los datos presentados por la nueva administración.

Lina María Garrido, la exrepresentante a la Cámara oriunda de Arauca, conocida por sus posturas de derecha y su emblemático sombrero, asumió la dirección de la Agencia Nacional de Tierras, entidad abanderada de la entrega de tierras a los campesinos afectados durante el conflicto armado, como parte de la reforma agraria del anterior Gobierno.

La profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos fue designada como nueva directora general de la entidad a través del decreto 1149 de 2026, firmado por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero.

Sin embargo, pese a la gestión del exdirector de la ANT Juan Felipe Harman, cuyo enfoque apuntó a la entrega de predios ligados al narcotráfico a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para luego ser dejados en manos de comunidades campesinas, la llegada de Garrido a la ANT cambiaría el tono en la gestión de tierras en Colombia. Según la información suministrada desde la nueva dirección de la entidad, Garrido se concentrará en el acceso, la formalización y la seguridad jurídica sobre la propiedad.

“De parte de la Agencia Nacional de Tierras esperen carácter, transparencia y gestión. Vamos a limpiar la casa de tanta corrupción y llevar justicia real a nuestros campesinos; ese es el sueño que ha querido el presidente Abelardo de la Espriella: convertir a Colombia en un país de propietarios. Los campesinos van a estar en el primer renglón de nuestra tarea y hoy más que nunca estamos firmes por la patria”, sostuvo la funcionaria en su primer mensaje tras asumir el cargo.

Por ende, entre los principales desafíos para Garrido están la modernización del régimen agrario, la construcción de un Código Agrario Único, una legislación especial para la Orinoquía y una reforma al sistema de reparación de tierras que operó durante la administración anterior.

De su lado, la nueva directora insistió en la prioridad de “trabajar de la mano del campesinado, pues se fortalece la productividad rural y se dignifican las condiciones de vida de las comunidades rurales”.

Bajo su dirección, la ANT buscará consolidar una política pública que responda a las necesidades históricas de las familias campesinas y comunidades étnicas, con el objetivo de garantizar justicia y equidad en el campo colombiano, informaron desde la entidad.

La trayectoria técnica de Lina María Garrido

Garrido nació en 1987 y cuenta con dos especializaciones: una en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Pontificia Universidad Javeriana y otra en Gerencia Social de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap).

Su experiencia política incluye haber sido concejal de Arauca entre 2015 y 2019 y representante a la Cámara para el periodo 2022-2026, donde ocupó cargos como segunda vicepresidenta de la Cámara y vicepresidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer.

Durante su paso por el Congreso, Garrido promovió iniciativas como la condonación de comparendos de tránsito bajo condiciones pedagógicas y participó en debates enfocados en la representación y defensa de los derechos de las mujeres.

“Doy gracias a Dios y al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, a quien admiro profundamente, que desde el primer momento que lo vi y dijo que quería ser presidente, me monté en este bus. Confío en esta causa y en su proyecto político. Soy una hija de Arauca y estoy aquí por mérito, gallardía y el valor de defender a nuestra patria”, afirmó la directora.

La Agencia Nacional de Tierras fue creada en como parte crucial de la implementación de los acuerdos de paz de 2016 y tiene la responsabilidad de materializar los objetivos de la Reforma Rural Integral.

Entre las tareas que asume la nueva directora se encuentran la gestión sobre baldíos de la Nación, la formalización y el acceso a tierras, procedimientos agrarios, catastro multipropósito, comunidades étnicas y el ordenamiento social de la propiedad.

El Gobierno nacional formalizó el nombramiento de Lina María Garrido como nueva directora general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

La decisión quedó consignada en el Decreto 1149 del 10 de agosto de 2026, expedido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y ratificada con las firmas del presidente Abelardo de la Espriella y del ministro Indalecio Dangond Baquero.

De acuerdo con el documento oficial, Garrido asumirá la dirección general de la ANT bajo el código E3, grado 05, con vigencia inmediata desde la expedición del decreto. La notificación a la funcionaria se realizará a través del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Agricultura, que también comunicará el acto a Ángela Lorena Ortiz.

La nueva directora reemplaza una decisión previa que la había ubicado al frente del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Ese primer anuncio generó controversia por cuestionamientos sobre la experiencia profesional de Garrido y la relación de su perfil académico con los requisitos específicos para dirigir una entidad centrada en sanidad agropecuaria y control de riesgos en los sectores agrícola y pecuario.

En esta nueva etapa, la Agencia Nacional de Tierras, creada tras el acuerdo de paz de La Habana con las Farc en 2016, continuará su labor en la administración y formalización de la propiedad rural.

El decreto que oficializó su designación derogó el artículo 2 del Decreto 1050 del 6 de agosto de 2026, dando continuidad a los programas de ordenamiento y titulación en el territorio nacional.

Lina María Garrido Martín nació en Arauca en 1987. Es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos por la Universidad Militar Nueva Granada, con especializaciones en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Pontificia Universidad Javeriana y en Gerencia Social de la Escuela Superior de Administración Pública.

Comenzó su carrera pública en 2010 como asesora en la Unidad de Trabajo Legislativo de la Cámara de Representantes y en 2015 fue elegida concejala de Arauca por el partido Cambio Radical.

En el periodo 2022-2026, Garrido se desempeñó como representante a la Cámara por Arauca. En ese tiempo fue vicepresidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y luego segunda vicepresidenta de la corporación. Su actividad política incluyó la promoción de iniciativas en movilidad y tránsito, así como el ejercicio de control político. Fue una de las primeras figuras en respaldar la campaña presidencial de Abelardo De la Espriella.

Durante los últimos días, la funcionaria protagonizó una confrontación en redes sociales con Jhenifer Mojica, exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro, luego de que Garrido cuestionara públicamente la experiencia de Mojica como embajadora ante la FAO.

“Y yo revisé su hoja de vida y no encontré ninguna experiencia para ocupar su cargo de embajadora ante la FAO y embolsillarse $ 40 millones al mes. Para lo que sí cumple es para una celda en El Buen Pastor por los graves delitos de corrupción por los que está siendo investigada”, expresó Garrido.

La ANT, bajo la gestión de Garrido, tendrá a cargo la articulación de proyectos de adjudicación, la administración del Fondo Nacional del Campo y los procesos de formalización de tierra para productores agropecuarios en las distintas regiones del país, en línea con los objetivos del gobierno actual.

El presidente Abelardo de la Espriella también oficializó el nombramiento de Sandra Suárez Pérez como directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) mediante el decreto 1147 del 10 de agosto de 2026.

La designación entró en vigor de manera inmediata y ubica a Suárez al frente de una entidad clave para la coordinación de programas dirigidos a poblaciones vulnerables en Colombia.

De acuerdo con el documento expedido por el Gobierno nacional, se estableció que Sandra Suárez Pérez asumirá la dirección del DPS, bajo el código 0010, grado 00. Esta decisión se tomó en uso de las facultades que la Constitución Política le otorga al presidente, específicamente en el numeral 1° del artículo 189.

Según la información suministrada por la entidad, las acciones de recuperación y acceso a la tierra se ejecutaron sobre cinco predios ubicados en Montería, Lorica y Purísima de la Concepción.

En Montería, los predios San Vicente y San Luis —con una extensión total de 400 hectáreas— fueron asignados a cuatro comunidades del pueblo indígena Zenú. Según la ANT, estas tierras permanecieron durante años bajo ocupación irregular y formaron parte del Fondo para la Reparación de las Víctimas tras los procesos de desmovilización de grupos paramilitares en 2005.

En la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, más de 500 hectáreas fueron otorgadas a asociaciones de pescadores y comunidades anfibias, luego de ser recuperadas por la ANT con acompañamiento de la Policía Nacional.

Entre los predios entregados se encuentran tierras relacionadas con procesos judiciales por lavado de activos del clan Cifuentes Villa, consideradas uno de los principales enlaces del Cartel de Sinaloa en Colombia.

Esta familia se hizo conocida en medio del juicio contra Joaquín “Chapo” Guzmán en Nueva York, cuando se revelaron las dinámicas internas de esta familia colombiana que durante años desempeñó un papel clave en el tráfico internacional de drogas en favor del cartel mexicano.

El director general de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, explicó que la entidad mantendrá los procesos de recuperación y acceso a la tierra hasta el cierre del actual Gobierno nacional.

“Vamos a recuperar un bien fiscal patrimonial. Es un bien proveniente del Fondo para la Reparación de las Víctimas. Son tierras que se entregaron en 2005 en el marco de los procesos de desmovilización de grupos paramilitares. Sin embargo, durante años permanecieron indebidamente ocupadas por particulares. Desde hoy estas tierras tienen nuevos dueños y nuevos beneficiarios”, indicó Harman.

La reacción de los beneficiarios

Líderes indígenas resaltaron el impacto de la medida. Iván Clemen Negrete Yanes, director de la Escuela de Derecho Propio Indígena Zenú, señaló: “La tierra para nosotros se convierte en ese elemento sagrado para fortalecer nuestra identidad y nuestra autonomía. Hoy podemos dar fe de que la Reforma Agraria no fue carreta; es una realidad que dignifica nuestros procesos colectivos y fortalece a nuestras comunidades”.

A su vez, José Alberto Ayala Cardoso, gobernador de la comunidad indígena Zenú Polonoa Betancí, afirmó: “Para las comunidades indígenas el acceso a la tierra significa vida, seguridad alimentaria y la posibilidad de volver al origen, volver a sembrar y garantizar que las nuevas generaciones puedan mantener vivas nuestras tradiciones”.

La entrega de los predios San Rafael y La Leyenda en Lorica, y Villa Hilda en Purísima de la Concepción, completa el proceso de adjudicación de tierras en la región.

ANT entregó 21 títulos de propiedad a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó tras dos décadas de exclusión estatal

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Parques Nacionales otorgaron 21 títulos de propiedad a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el departamento de Antioquia, como parte de un proceso que busca garantizar la protección jurídica de los predios campesinos y avanzar en la reparación histórica de una de las comunidades más golpeadas por el conflicto armado en Colombia.

Durante dos décadas, la comunidad impidió el ingreso de instituciones públicas, en respuesta a la violencia y las graves omisiones institucionales que enfrentaron sus integrantes.

El acto de entrega, realizado este 31 de julio, representa un paso decisivo en el reconocimiento de los derechos territoriales de la Comunidad de Paz, así como en la reconstrucción de la confianza entre el Estado y la población campesina.

La formalización de estos 21 predios responde también al cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa firmado entre el Estado colombiano y la comunidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de reconocer la responsabilidad estatal por las graves vulneraciones sufridas.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha sido blanco de episodios de violencia extrema, como la masacre de La Resbalosa, reconocida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y considerada uno de los hechos más dolorosos en la historia de la organización.

En sus 29 años de existencia, cerca de 400 habitantes han sido asesinados, incluyendo niños y un bebé de 18 meses, según relataron sus representantes.

Los denunciantes afirman que estas acciones buscan intimidar y desplazar a quienes recibieron tierras durante la redistribución, con el objetivo de frenar los procesos de titulación rural.

Al respecto, el director de la entidad, Felipe Harman, aseguró que existen intereses para que criminales, como alias Barbie, recuperen predios que el Estado adjudicó a campesinos. Además, advirtió sobre intentos de sectores cercanos al nuevo gobierno para revertir la entrega de tierras recuperadas a la mafia. La ANT pidió a la Fiscalía investigar a fondo y a la comunidad internacional vigilar la seguridad de los líderes y familias afectadas.

ANT recuperó predios que pertenecieron al ‘Hombre del Overol’

El 25 de julio, la entidad informó que, en diligencias que se llevaron a cabo en Antioquia, Valle del Cauca y Tolima, fueron recuperadas más de 800 hectáreas de predios que en su momento pertenecieron a Orlando Henao Montoya, fundador del cartel del Norte del Valle que se conocía en el mundo criminal como el “Hombre del Overol”.

En total, fueron diez predios que suman más de 800 hectáreas, en las que se destacan cuatro en el Valle del Cauca, más específicamente en Tuluá, uno de los puntos de confianza del capo que tomó el poder de las rutas del narcotráfico en la zona tras la caída de los hermanos Rodríguez Orejuela, pilares del cartel de Cali.

“Con la aprehensión de los predios El Gorron, Lote 1, Sin Dirección y Lote de El Pital, que pertenecieron a José Orlando Henao Montoya, alias el Hombre de Overol, avanzamos en la recuperación de tierras para que cumplan una función social y productiva al servicio de las comunidades campesinas”, informó la entidad al respecto.

Estos terrenos se suman a las más de 400 hectáreas que fueron entregadas a campesinos de Tuluá. Sobre estas, las autoridades identificaron y recuperaron los predios El Gorrón, El Pital, La Mona y La Peva, que sumaban años sin ser aprovechados por procesos judiciales contra sus antiguos dueños.

La Agencia Nacional de Tierras transfirió estos terrenos a comunidades rurales, afrodescendientes e indígenas, con el propósito de impulsar proyectos productivos y fortalecer la economía local. Durante la intervención, se verificó que los predios habían sido invadidos por terceros y se confirmó su relación con familiares de Henao Montoya, vinculados a procesos por lavado de activos.

Sobre el “Hombre del Overol”, cabe recordar que fue asesinado el 13 de noviembre de 1998 en la cárcel La Picota, en Bogotá. El perpetrador del crimen fue José Manuel Herrera Buitrago, conocido en el mundo criminal como “El inválido”, hermano de “Pacho” Herrera, cabecilla del cartel de Cali que fue ultimado en la prisión de Palmira por orden de Henao.

Dudas por nuevo decreto de la Agencia Nacional de Tierras para entregar predios

La Agencia Nacional de Tierras ha sido mencionada recientemente por figuras de la opinión pública por el Decreto 0765 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional, que reglamentó el saneamiento de predios adquiridos por la entidad como parte de la reforma agraria.

La norma permite que la ANT tome posesión inmediata de los terrenos y gestione la cancelación de cargas registrales, tales como gravámenes y limitaciones, con el objetivo de facilitar la titulación y uso de los predios adquiridos. El decreto establece que el saneamiento ocurre incluso si surgen vicios después de la adquisición, pero no extingue el derecho de terceros a reclamar indemnizaciones mediante acciones judiciales.

En caso de que la justicia ordene la devolución de los predios intervenidos, los que hayan sido entregados a campesinos serán reintegrados de manera económica a sus antiguos dueños.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con su entidad adscrita, la Agencia Nacional de Tierras, emitieron un comunicado para explicar las disposiciones y alcances del Decreto 0765 del 15 de julio de 2026, en respuesta a diversas afirmaciones y fuertes críticas sobre la norma.

Una de las voces más preponderantes que se levantaron en contra de la medida fue la de la excandidata presidencial y exsenadora, Paloma Valencia, que explicó que la medida, en su concepto, “excede de forma peligrosa las facultades de la ley porque le permite a la ANT cancelar gravámenes, tomar ‘posesión inmediata’ de predios en el papel sin entrega física y producir efectos registrales con una simple promesa de compraventa”.

La crítica de Valencia apuntó, en particular, al artículo 2.2.6.19.4,, que establece la “Identificación y declaratoria de predios de utilidad pública”.

Allí se estimó que “la Superintendencia de Notariado y Registro creará antes del 25 de julio de 2026 un código registral especial, de carácter exclusivamente publicitario y sin efectos de limitación al dominio, para la utilidad pública con fines de reforma agraria y administración anticipada de los predios que ejerce la Agencia Nacional de Tierras o quien haga sus veces”.

De hecho, puntualmente, el artículo deja claro que la ANT “solicitará estas inscripciones sobre los predios que declare de utilidad pública o en aquellos en los que tenga promesa de compraventa y el acta de entrega que la documente. La solicitud se presentará a las Unidades Móviles de Registro para la Reforma Agraria o al registrador, a preferencia”.

Ante los efectos que esta medida podría llegar a surtir, Valencia alegó que “esto no es reglamentar la ley”, sino que la creación de dicho código registral “es modificar el Estatuto Registral por decreto y saltarse a jueces y registradores” y que, en consecuencia, queda “en riesgo la propiedad privada en Colombia”.

Ante este tipo de afirmaciones, el Gobierno Petro aclaró que la adquisición de predios, mejoras rurales y servidumbres “por interés social y utilidad pública” está prevista en el artículo 31 de la Ley 160 de 1994, vigente desde hace más de tres décadas y “ratificada por diferentes gobiernos”.

A través del comunicado, desde la ANT indicaron —en contraposición a Valencia— que el Decreto 0765 no crea nuevos efectos jurídicos, sino que “reglamenta operativamente una facultad ya existente”.

Del mismo modo, argumentaron que el numeral 1° del artículo 61 de la Ley 2294 de 2023 reafirma la negociación directa y mecanismos que facilitan la compra de tierras, en línea con lo ratificado por la Corte Constitucional.

El comunicado señaló que el saneamiento automático es “una figura consolidada en el ordenamiento colombiano” y ya se aplica en sectores como infraestructura de transporte y parques nacionales, con respaldo constitucional, solo que el cuestionado decreto extiende su uso al sector agropecuario, en condiciones análogas y bajo el mismo marco de legalidad.

Sobre las exclusiones, explicaron que el decreto contempla excepciones expresas para medidas cautelares, decisiones judiciales sobre Justicia y Paz, solicitudes de restitución de tierras, afectaciones ambientales y restricciones sobre bienes culturales, para mantener la protección de estos regímenes.

Respecto a la función judicial y calificadora, el comunicado precisó que el decreto no desplaza a los jueces ni suprime la función de los registradores, quienes mantienen su capacidad de calificación en los procesos de registro de instrumentos públicos.

Y en cuanto al código registral de utilidad pública, se explicó que su creación tiene “únicamente efectos publicitarios” y no limita derechos de dominio, en línea con lo dispuesto por la Superintendencia de Notariado y Registro, “para la utilidad pública con fines de reforma agraria y la administración anticipada de los predios que ejerce la Agencia Nacional de Tierras. Además, esta medida tampoco es una creación del decreto”, afirmaron.

También aseguraron que el trámite de expedición del decreto cumplió con los procedimientos y directrices normativas, incluida la publicación anticipada del proyecto regulatorio por un término reducido y justificado.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) contra la Agencia Nacional de Tierras (ANT), mediante la cual se solicita que la entidad publique de manera completa y oportuna toda su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II), incluyendo los procesos de compra de predios destinados a la Reforma Rural Integral.

La decisión fue adoptada mediante auto del 25 de junio de 2026. La admisión de la demanda significa que el tribunal encontró acreditados los requisitos legales para iniciar el trámite judicial, pero no constituye una decisión sobre el fondo del litigio. A partir de esta etapa, el proceso continuará dentro de la jurisdicción contencioso administrativa mientras FEDe. Colombia anunció que hará seguimiento a las actuaciones judiciales.

Cuestionamientos a la ausencia de información

La acción de cumplimiento sostiene que la ANT estaría incumpliendo las obligaciones legales de publicidad previstas en los artículos 3 y 13 de la Ley 1150 de 2007, así como del Decreto 1082 de 2015, el Decreto Ley 019 de 2012 y varias disposiciones del Manual de Contratación de la propia entidad.

Según la demanda, estas normas obligan a las entidades estatales a publicar en el Secop II todos los documentos relacionados con su actividad contractual, tanto en las etapas precontractual como contractual y poscontractual, sin importar si determinadas actuaciones se desarrollan bajo un régimen especial o excepcional.

Como parte del sustento de la acción, FEDe. Colombia realizó una revisión del Secop II y concluyó que, desde julio de 2025, los registros publicados por la ANT corresponden principalmente a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. La fundación sostiene que no encontró evidencia de los procesos de adquisición de predios que hacen parte del objeto misional de la Agencia Nacional de Tierras, pese a que estos representan una parte significativa de la ejecución presupuestal de la entidad.

En la demanda también se afirma que, aunque la página institucional de la ANT menciona la existencia de contratos vigentes relacionados con su actividad, varios de ellos no tendrían trazabilidad documental en el Secop II, lo que impediría conocer información como el objeto contractual, los estudios previos, el valor, el estado de ejecución y otros documentos previstos en la normativa de contratación pública.

La compra de tierras concentra el 42% del presupuesto de adquisiciones

Uno de los principales argumentos de la demanda hace referencia al peso presupuestal de la compra de predios dentro de la Agencia Nacional de Tierras. De acuerdo con la revisión del Plan Anual de Adquisiciones 2026 realizada por FEDe. Colombia, la entidad destinó $483.809.432.271 para la adquisición de predios, mientras que el presupuesto total de apropiaciones asciende a $1.146.092.464.154, lo que significa que la compra de tierras representa aproximadamente el 42,21% del presupuesto de adquisiciones de la ANT.

Pese a ello, la Fundación sostiene que no existen registros públicos en el Secop II que permitan conocer el desarrollo de esos procesos de adquisición, sus documentos contractuales o el estado de ejecución de las operaciones.

La demanda argumenta que el deber de publicidad también cobija este tipo de contratos, pues la adquisición de predios constituye actividad contractual estatal. El documento señala que dichos procesos generan documentos propios de la contratación pública, entre ellos certificados de disponibilidad presupuestal, registros presupuestales, avalúos, ofertas de compra, minutas, escrituras públicas, informes de supervisión y actas de recibo, por lo que, según la fundación, deben ser objeto de publicación en el sistema oficial de contratación.

Dentro de los hechos expuestos ante el tribunal, FEDe. Colombia resalta que la falta de información pública adquiere mayor relevancia debido a que la Contraloría General de la República reportó presuntas irregularidades fiscales por aproximadamente $160.000 millones en procesos de compra de predios adelantados por la ANT para la Reforma Rural Integral.

La fundación sostiene que precisamente esos procesos sobre los cuales existen observaciones fiscales son los que, según su revisión, no cuentan con la trazabilidad documental exigida por el régimen de contratación pública dentro del Secop II.

Antes de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, FEDe. Colombia presentó el 13 de mayo de 2026 una solicitud formal para que la Agencia Nacional de Tierras cumpliera con sus deberes de publicidad contractual. Según la organización, la ANT no respondió dentro del término legal, situación que permitió configurar el requisito de renuencia exigido para promover una acción de cumplimiento.

Una denuncia de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) puso en manos de la Fiscalía un patrón de violencia contra campesinos beneficiados por la reforma agraria: amenazas, desplazamiento forzado y una tentativa de homicidio en predios que antes estuvieron vinculados a testaferros, narcotraficantes y estructuras armadas que ahora buscan recuperar esas tierras.

El director de la entidad, Juan Felipe Harman, sostuvo ante varios medios de comunicación que la presión no responde a hechos aislados. “Ya hay un patrón de comportamiento en las fincas recuperadas por la reforma agraria. Hay más de seis fincas en las que han llegado a amenazar, amedrentar los campesinos en una semana”, afirmó.

En la investigación publicada por Noticias Uno, la denuncia incluye uno de los episodios más graves en el predio La Primavera, en Meta, donde campesinos fueron torturados, cortados con machete y quemados el 24 de junio. Ese terreno había sido propiedad de Ignacio Álvarez Meyendorf, extraditado a Estados Unidos y condenado por tráfico de drogas.

Harman dijo que detrás de los hechos habría “posibles actores criminales” desplegados en distintas regiones del país para intimidar a los beneficiarios de la adjudicación de tierras. La tesis que expone la ANT es que, una vez entregados los predios a campesinos sin tierra, las antiguas redes de control activaron una campaña para expulsarlos.

La ANT denuncia un patrón de amenazas en fincas recuperadas por el Estado

El caso de Puerto Boyacá concentra varios de los elementos de esa denuncia. El 23 y 24 de junio, personas armadas ingresaron a los predios Los Alpes, La Olguita y Los Alpes La Pulia, y se presentaron ante los ocupantes como abogados y propietarios de los terrenos.

Según el relato citado por el medio, los intrusos les dijeron a los campesinos que iban a recuperar los predios y que debían abandonarlos si no querían sufrir represalias. Los Alpes había sido incautado por la Fiscalía en 2023 y estaba en manos de Agroalpes, empresa del narcotraficante Andrés Mauricio Vélez Hernández, alias Fortuna, extraditado a Estados Unidos en 2021.

La ANT identifica en ese tipo de episodios una disputa por el control material de fincas cuyos títulos ya estaban a favor de la nación, pero que durante décadas siguieron bajo influencia de testaferros de grandes narcotraficantes. La denuncia presentada a la Fiscalía sostiene que esa resistencia se volvió más agresiva cuando los terrenos empezaron a ser entregados en el marco de la reforma agraria.

La denuncia apunta al Clan del Golfo y a antiguos vínculos paramilitares

En Puerto Berrío, en el predio Jamaica, una campesina recibió amenazas por mensaje el martes 23 de junio. De acuerdo con la información divulgada, los responsables serían integrantes de Pacificadores de Samaná, una subestructura criminal del Clan del Golfo que opera bajo las órdenes de Julio Efraín Vega.

Sobre ese caso, Harman mencionó de forma directa a un jefe criminal. “Alias Don Julio o, o Vegachí, presuntamente estaría implicado en este fenómeno de amedrentar campesinos para recuperar las tierras”, declaró.

La denuncia agrega que a los campesinos beneficiarios de Jamaica les advirtieron que dejaran de cultivar porque “van a perder todo”, ya que “el Tigre ya tiene todo arreglado con el patrón para volver el predio”. Esa frase, incorporada al expediente, refuerza la hipótesis de una operación orientada a restablecer antiguos controles sobre la tierra.

En Puerto Triunfo, el miércoles 24 de junio, mujeres campesinas fueron amenazadas en el predio La Perla. Ese terreno había pertenecido a María Georgina, alias La Yina, cónyuge de Ovidio Isaza Gómez, alias Roque, hijo del paramilitar Ramón Isaza.

Harman vinculó ese nombre con la estructura que, según la ANT, aparece en el trasfondo de las intimidaciones. “Alias Yina, que tiene familiaridad con la estructura de Ramón Isaza, la estructura también que está asociada al Clan del Golfo”, dijo.

El director de la Agencia Nacional de Tierras también incluyó otro apellido en la denuncia: “Y también un señor de apellido Meyendorf”. La referencia apunta a Ignacio Álvarez Meyendorf, extraditado a Estados Unidos y condenado por tráfico de drogas.

Según el reporte, Meyendorf fue propietario del predio El Llano, en Córdoba, y de La Primavera, en Meta. En El Llano, hombres armados amenazaron a campesinos el 28 de junio; en La Primavera, el ataque dejó víctimas torturadas, heridas con machete y quemadas cuatro días antes.

Hay polémica en el Gobierno nacional después de que se conociera una nueva “jugada” de una de sus entidades para adjudicar millonarios contratos en medio de una carrera contrarreloj de la administración saliente de Gustavo Petro.

Según información conocida en la mañana del lunes, la Agencia Nacional de Tierras activó una polémica medida al declarar como días hábiles el sábado 27 de junio, el lunes festivo 29 de junio y el sábado 4 de julio, con el fin de firmar cerca de 5.000 contratos antes de su vencimiento.

Esta decisión buscaría evitar la interrupción de la prestación de servicios y la operatividad en distintas sedes, ya que también finalizan en esas fechas cuatro contratos de arrendamiento esenciales para el funcionamiento institucional.

“ARTÍCULO PRIMERO: Declarar los días SÁBADO 27 DE JUNIO, LUNES 29 DE JUNIO Y SABADO 4 DE JULIO DE 2026, como días hábiles para dar para dar trámite a diferentes actuaciones administrativas y de gestión contractual, de acuerdo con los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la parte motiva de la presente resolución”, señala la resolución.

La urgencia de la medida se justificaría porque la mayoría de estos contratos expiran el 30 de junio, lo que obliga a la entidad a tramitar prórrogas, adiciones y nuevas vinculaciones en tiempo récord. Sin esta habilitación extraordinaria, la gestión administrativa y contractual de la Agencia Nacional de Tierras habría quedado paralizada, según argumenta la propia entidad.

“ARTÍCULO SEGUNDO: El ámbito de aplicación del presente acto administrativo se limita a las gestiones de carácter administrativo y de gestión contractual requeridas por la Entidad”, se lee en el documento.

En respuesta a la consulta sobre el motivo de estos días hábiles extraordinarios, la Agencia explicó que la acumulación de vencimientos se debe a la coincidencia del fin de los contratos con el levantamiento de la ley de garantías, que había restringido la contratación pública durante el periodo electoral. Tras la segunda vuelta presidencial, la entidad retomó de inmediato los procesos de contratación para cumplir con sus funciones legales y operativas.

“Que en este sentido si bien el régimen administrativo colombiano, particularmente lo señalado en la ley 1437 de 2011, establece como regla general que los términos se contabilizan en días hábiles, lo que tradicionalmente excluiría los días sábados, dicha previsión no tiene un carácter restrictivo ni absoluto, que no le permita a la Entidad, en ejercicio de su potestad de dirigir las actuaciones contractuales, habilitar días no hábiles para garantizar el cumplimiento de los fines del procedimiento y la satisfacción del interés general”, justificó la entidad.

El debate se ha centrado en si la Agencia Nacional de Tierras incurrió en una falta de previsión al dejar para el último momento la gestión de miles de contratos, o si la situación fue una consecuencia inevitable de las restricciones impuestas por la ley de garantías.

Por lo pronto, la habilitación de estos días excepcionales ha permitido que la entidad avance en la firma de los contratos necesarios para no detener su operación en el segundo semestre del año.

Los líos de la ANT ante organismos de control

Aunque no se conocía la totalidad de la información emitida en la resolución expedida por la Agencia Nacional de Tierras, desde el domingo 28 de junio se conoció que la entidad ahora enfrenta una indagación preliminar por posibles irregularidades en el documento interno expedido el 26 de junio de 2026.

Según se conoció en su momento, desde el equipo del electo presidente Abelardo de la Espriella se hizo un pedido de auditoría urgente ante la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, después de que afirmaran que la medida levanta sospechas sobre una eventual desaparición de documentos comprometedores.

El pedido público de intervención fue formulado por Indalecio Dangond Baquero, que cuestionó el alcance de la resolución y advirtió sobre sus posibles efectos.

“Señores de la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación: solicito una auditoría urgente a la Agencia Nacional de Tierras. Resoluciones como esta generan serias dudas y podrían estar siendo utilizadas para desaparecer documentos que comprometan al director en presuntos delitos (sic)”, señala la petición.

Por su parte, la periodista Katia Ospino aportó parte de ese contexto en un hilo publicado en redes sociales, donde detalló el volumen de trámites pendientes y sus implicaciones. “La justificación es impactante: cerca de 5.000 contratos de prestación de servicios vencen el 30 de junio y deben tramitarse prórrogas, adiciones, nuevas contrataciones y otros procesos en cuestión de días (sic)”.

Ospino planteó que una decisión de este tipo obliga a revisar si hubo fallas en la organización interna o si se está consolidando una práctica de contratación de última hora.

“Si una entidad llega al punto de habilitar fines de semana por el volumen de contratos pendientes, la pregunta es inevitable: ¿falló la planeación o se está normalizando la contratación de última hora? (sic)”, señaló la comunicadora.

Cepeda afirmó en su cuenta oficial de X que Nicolás Laserna, familiar de Valencia, y Gustavo Londoño, excongresista del Centro Democrático y padre del actual representante Juan David Londoño, ocuparon la propiedad de manera irregular.

“Ayer la Agencia Nacional de Tierras recuperó un baldío de 6.102 hectárea que estaba en poder de Nicolás Laserna, primo de la candidata presidencial Paloma Valencia. La candidata Valencia es enemiga de la reforma agraria: ha atacado la jurisdicción agraria, y justifica quitarle baldíos a la nación, lo cual es un acto claramente ilícito”, indicó Cepeda.

Las declaraciones de Cepeda motivaron dos respuestas de la candidata del Centro Democrático. En la primera, hizo referencia a un partido de fútbol internacional y afirmó que lo ocurrido con su primo en la finca de Vichada no guarda relación directa con su campaña política.

“Senador Iván Cepeda, ayer ganó el Arsenal en la Champions League con gol de Saka. Esa victoria tiene tanto que ver conmigo como esta recuperación de baldíos a ese pariente que ni va a votar por mí”, expresó.

En su segunda respuesta, Paloma Valencia le solicitó a Iván Cepeda que le hablara de frente y le exigió explicaciones sobre la ‘Paz Total’ y la seguridad en Colombia. La senadora y candidata presidencial invitó a Cepeda a debatir cara a cara.

“Senador Iván Cepeda: Hábleme de frente. Y ya que pide explicaciones, responda usted por la “Paz Total” y por el desastre de seguridad que vive Colombia. Debata conmigo cara a cara", afirmó Valencia.

La candidata presidencial también compartió un video en el que pidió que respondiera por “los criminales que subieron a la tarima” con el presidente Gustavo Petro. Además, cuestionó si la elección del mandatario es legítima tras la confirmación del Consejo Nacional Electoral de que la campaña presidencial de Petro superó los topes electorales.

“¿Usted quiere que yo responda por todo lo que ha pasado en Colombia? ¿Por qué no responde usted por algunas de las cosas que han ocurrido en este gobierno? Responda sobre los criminales que subieron a la tarima con Petro. Responda también sobre el hijo y el hermano de Petro, quienes buscaron el dinero de los criminales para financiar la campaña. Responda: ¿este presidente es legítimo después de haber superado los topes electorales? Una pregunta más, senador Cepeda: ¿de verdad cree que no debe pedirle disculpas al país por la violencia que ha generado su política de paz total?“, indicó Valencia.

La senadora Paloma Valencia aseguró que no tiene relación con las tierras en Vichada ni con la ANT. Afirmó que a lo largo de su vida “ha sido una mujer intachable”.

“Senador Cepeda, quiero dejar esto muy claro: yo no tengo nada que ver con las tierras en el Vichada ni con la Agencia Nacional de Tierras. Entiendo su desesperación, pero no tiene nada que sacar en mi contra porque he sido una mujer intachable en mi vida pública y privada. Claro, recurren a los parientes porque no les gusta hablar de las familias que estuvieron en la guerrilla ni de todas las historias que rodean a quienes participaron en el M-19. Pero mi familia siempre la mencionan, para bien o para mal. Eso demuestra que no tienen nada que decir de mí“, expresó la candidata presidencial del Centro Democrático.

Finalmente, Paloma Valencia pidió al candidato del Pacto Histórico aceptar un debate para discutir ideas. También solicitó a Iván Cepeda que, si tiene pruebas en su contra, la denuncie.

“Acepte un debate para que podamos hablar de ideas y para que usted responda por lo que sí ha hecho. Yo no estoy hablando de primas suyas, estoy hablando de su política de paz total, que mantiene al país en la violencia. Si tiene pruebas contra mí, denúncieme, como suele hacer usted judicializando la política, porque nunca he apoyado la criminalidad y, conmigo, todos los delincuentes van a la cárcel”, aseveró Paloma Valencia.

La recuperación de la finca Buenavista, un predio de 6.182 hectáreas ubicado en el municipio de La Primavera, en el departamento de Vichada (oriente de Colombia), por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), sigue generando reacciones en los sectores políticos del país.

El turno fue para Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, quien aprovechó para lanzar nuevos cuestionamientos hacia su rival política Paloma Valencia, congresista y aspirante del Centro Democrático.

En una publicación hecha en su cuenta de X, el parlamentario oficialista replicó la diligencia liderada por Felipe Harman, director de la entidad oficial, en la que detalló que la propiedad había sido ocupado de manera irregular por Nicolás Laserna, familiar de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, y por Gustavo Londoño, excongresista del Centro Democrático y padre del actual representante Juan David Londoño.

Ante ello, el líder progresista recordó las críticas de Paloma Valencia hacia algunas de las políticas en materia de agricultura que han sido promovidas por el Gobierno de Gustavo Petro.

“Ayer la Agencia Nacional de Tierras recuperó un baldío de 6.102 hectárea que estaba en poder de Nicolás Laserna, primo de la candidata presidencial Paloma Valencia. La candidata Valencia es enemiga de la reforma agraria: ha atacado la jurisdicción agraria, y justifica quitarle baldíos a la nación, lo cual es un acto claramente ilícito”, escribió Cepeda en sus redes sociales.

Para el candidato de la colectividad oficialista, la ocupación irregular del familiar de Valencia no es de su sorpresa, al considerar que se suma a otras posturas mencionadas por la dirigente del Centro Democrático.

“Pero nada que sorprenda. Esa posición es coherente con sus otras posiciones, como la de ser enemiga de las pensiones para los adultos mayores, y de atacar el salario vital para las y los trabajadores. Eso no puede ocultarlo el uribismo ni siquiera poniéndose la máscara de ‘centro’”, añadió.

Respuesta de Paloma Valencia

Ante los cuestionamientos de Iván Cepeda, la senadora opositora Paloma Valencia utilizó la misma plataforma digital para responder sobre el asunto en cuestión.

De forma irónica, a tal punto de compararlo con un encuentro deportivo internacional, la candidata presidencial aseveró que lo sucedido con su primo en la finca en Vichada no tiene ninguna relación directa con su campaña política.

Así mismo, agregó que su pariente no respaldará su propuesta de Gobierno en las elecciones del 31 de mayo.

“Senador Iván Cepeda, ayer ganó el Arsenal en la Champions League con gol de Saka. Esa victoria tiene tanto que ver conmigo como esta recuperación de baldíos a ese pariente que ni va a votar por mí”, comentó.

Detalles del operativo de la ANT

Durante la diligencia ejecutada entre la ANT y la Policía Nacional, las autoridades reportaron el hallazgo de más de 600 cabezas de ganado y dos casas campestres de alto valor en el predio Buenavista.

El director de la entidad, Juan Felipe Harman, precisó el objetivo de la recuperación. “Sabemos que en las inmediaciones existe un centro poblado conformado por campesinos de Buenavista, colonos del Vichada, a quienes vamos a entregar de manera provisional estas tierras. Se trata de comunidades que, pese a la gran extensión de su departamento, no cuentan con un centímetro de tierra propia”, mencionó en un video publicado por las redes sociales.

La ocupación irregular del predio Buenavista comenzó en el año 2014, cuando Laserna —empresario y primo de la actual candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia Laserna— y el excongresista Londoño García presentaron una demanda judicial de pertenencia contra personas indeterminadas, con la intención de legitimar su posesión sobre el terreno.

En 2017, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño falló a favor de los demandantes. Sin embargo, la ANT detectó que el proceso se llevó adelante sin la vinculación del Incoder (hoy fusionado con la ANT), entidad con jurisdicción sobre los baldíos nacionales.

Ante esta omisión, la ANT interpuso una acción de tutela en 2019. El Tribunal Superior de Villavicencio y la Corte Suprema de Justicia apoyaron la posición estatal, declarando ineficaz el fallo judicial original y devolviendo el dominio del terreno al Estado colombiano. Con este respaldo, la ANT dictó el acto administrativo que declaró la indebida ocupación del predio.

El predio recuperado está formado por sabanas naturales, bosques de galería, morichales y fuentes hídricas. Para el director de la ANT, la adjudicación beneficiará a familias campesinas del municipio de La Primavera dentro de la política de reforma agraria gubernamental.

“Vamos a entregar de forma provisional la tierra a campesinos del Vichada, que a pesar de la gran extensión de su departamento, no tienen un centímetro de tierra. Los procesos agrarios son valiosísimos para fortalecer la reforma agraria, para disponer de bienes baldíos como este, para la entrega efectiva a campesinos y campesinas sin tierra”, destacó Juan Felipe Harman.

Alirio Barrera, senador por el partido Centro Democrático, enfrenta un expediente administrativo tras la identificación de más de 412 hectáreas de bienes de origen baldío bajo su control en los municipios de Nunchía y Aguazul, en Casanare.

Según un reporte de Casa Macondo citado por El Tiempo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) indaga si el parlamentario, que fue gobernador del departamento, consolidó su patrimonio inmobiliario mediante mecanismos como englobe, subdivisión y permutas, configurando un esquema de acumulación que involucra terrenos legalmente destinados a campesinos sin tierra.

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El origen y el alcance de la investigación

La ANT confirmó la existencia de una investigación formal a cargo de la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, centrada en la acumulación de predios que, si bien ya no ostentan la vocación de baldío, sí tienen ese origen.

De acuerdo con la entidad, el caso de Barrera representa un posible exceso frente a los límites establecidos por la Ley para la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que define la máxima extensión de tierras de origen baldío que puede poseer una persona. En el caso de Aguazul, el tope está fijado en 61 hectáreas para quienes no son sujetos de reforma agraria.

Según la información obtenida por el diario citado, Barrera figura como propietario de 14 predios en Colombia, ocho de ellos con origen baldío, y la mayoría ubicados en zonas protegidas para evitar la concentración de la propiedad rural. La normativa prohíbe que un individuo adquiera terrenos adjudicados como baldíos si ello implica superar el límite permitido por la UAF.

El mecanismo de acumulación y el impacto regional

La investigación señala que parte del crecimiento patrimonial de Barrera estaría vinculado a la adquisición de predios adjudicados inicialmente por el antiguo Incora y a transacciones posteriores que facilitaron la fragmentación y comercialización en lotes.

Estas maniobras habrían permitido obtener ingresos millonarios mediante la venta de tierras a terceros, incluidos actores con peso político en la región, según lo publicado por Casa Macondo. El expediente detalla que la acumulación de hectáreas se habría producido desde comienzos de los años 2000, periodo en el que Barrera ya ejercía cargos públicos en Casanare.

La ANT sostiene que la finalidad original de los bienes baldíos es garantizar el acceso a la tierra para campesinos y evitar la concentración de la propiedad. En este caso, la diferencia identificada entre el patrimonio de Barrera y el tope legal asciende a 351 hectáreas, lo que representa 6,7 veces el límite máximo permitido en esa zona, según los datos divulgados por la entidad estatal.

La ruta administrativa y las posibles consecuencias

De acuerdo con la normativa vigente, la ANT debe realizar un estudio preliminar para individualizar a los presuntos infractores. El proceso podría avanzar hacia una etapa jurídica en la que se identifiquen los títulos que podrían ser declarados nulos y se precise la manera en la que fueron obtenidos los predios. El objetivo final es instaurar demandas ante jueces de la República para solicitar la nulidad de los contratos de compraventa que hayan contravenido la ley.

No obstante, la misma Agencia Nacional de Tierras advierte que el expediente podría archivarse si no se comprueba la infracción. Por el momento, el caso se encuentra en fase de evaluación inicial y el senador Barrera permanece bajo observación como posible acumulador de tierras baldías.

Contexto político y antecedentes del caso

El proceso adquiere relevancia por el contexto regional, ya que Casanare ha sido escenario de históricas disputas por la tierra, agravadas por el conflicto armado y episodios de despojo. Barrera, que fue concejal de Aguazul entre 2004 y 2007 y luego gobernador, ha mantenido una presencia constante en la política local.

La legislación colombiana establece que los predios baldíos deben adjudicarse a quienes no poseen otras tierras rurales, con el fin de promover la equidad y la soberanía alimentaria. En el caso de Barrera, la ANT sostiene que la mayoría de sus propiedades incumpliría esta restricción, lo que motivó la apertura del expediente.

Un juez de Bogotá ordenó cinco días de arresto contra el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, tras determinar que incumplió una orden judicial relacionada con una tutela interpuesta por la senadora Paloma Valencia.

La decisión también incluye una multa económica y la compulsa de copias a la Fiscalía para que investigue posibles responsabilidades penales por el presunto desacato.

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La sanción fue impuesta por el Juzgado 50 Laboral del Circuito de Bogotá, que concluyó que la entidad no respondió dentro del plazo establecido a un derecho de petición presentado por la congresista en noviembre de 2025.

La solicitud buscaba información sobre la presunta compra irregular del predio “Peñasgordas”, ubicado en el municipio de Dagua, en el departamento del Valle del Cauca.

De acuerdo con la providencia judicial, la sanción también recae sobre la secretaria general de la ANT, Ángela Lorena Ortiz Rosero, quien deberá cumplir igualmente cinco días de arresto y pagar una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. En total, las sanciones económicas superarían los 31 millones de pesos.

El origen del proceso judicial

El caso comenzó el 20 de noviembre de 2025, cuando Paloma Valencia —senadora del partido Centro Democrático y precandidata presidencial— presentó un derecho de petición dirigido a la Agencia Nacional de Tierras. En su solicitud, pidió detalles sobre la adquisición del predio conocido como “Peñasgordas”.

Según el equipo de la congresista en conversacion con La FM, el terreno habría estado ocupado por comunidades campesinas desde hace más de dos décadas, lo que, en su criterio, impediría que fuera adquirido por la entidad estatal dentro de los procesos de compra de tierras para programas de reforma agraria.

Ante la falta de respuesta, Valencia interpuso una acción de tutela para proteger su derecho fundamental de acceso a la información pública.

El 16 de diciembre de 2025, el Juzgado 50 Laboral del Circuito de Bogotá falló a su favor y ordenó a la ANT responder de fondo la petición en un plazo de 48 horas.

Sin embargo, según consta en el expediente judicial, la entidad no acreditó el cumplimiento de la orden dentro del término establecido. La jueza señaló que, para el momento de evaluar el incidente de desacato, habían transcurrido 53 días hábiles desde la notificación del fallo sin que se demostrara el envío de la respuesta.

En la providencia se lee que el plazo otorgado “fue de 48 horas desde la notificación del fallo de tutela de primera instancia; hasta la fecha han transcurrido 53 días hábiles sin que se haya acreditado el cumplimiento de la orden”, lo que configuró una moratoria clara frente a la decisión judicial.

Las denuncias de Paloma Valencia

Tras conocerse la decisión judicial, Paloma Valencia se pronunció públicamente a través de su cuenta en la red social X, donde señaló que la sanción se produjo luego de que la entidad no entregara la información solicitada sobre el predio en cuestión.

“La juez ordenó el arresto por cinco días del director de la Agencia Nacional de Tierras y de la secretaria general, además del pago de una multa de cinco salarios mínimos cada uno”, escribió la congresista.

En el mismo mensaje recordó que el 16 de diciembre de 2025 el juzgado había ordenado responder el derecho de petición que presentó semanas antes, en el que solicitó información sobre la presunta compra irregular del predio “Peñasgordas”.

La senadora también cuestionó la falta de respuesta de la entidad y planteó dudas sobre los procesos de adquisición de tierras. “¿Qué tanto esconden en la ANT que no me quieren entregar la información de la compra y adjudicación de predios?”, escribió.

Además, mencionó versiones que, según dijo, deberían ser investigadas por las autoridades. “¿Será cierto que existe una práctica sistemática de cobrar comisión del 10 % en compra de predios y que la ANT demora el desembolso de los recursos hasta que los propietarios no paguen la coima?”, agregó.

Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, aseguró al medio La FM que la entidad sí dio respuesta al derecho de petición y que ya envió las constancias correspondientes al despacho judicial.

En declaraciones a medios de comunicación, el funcionario sostuvo que la contestación fue remitida junto con los soportes que demostrarían el cumplimiento del requerimiento. Según explicó, el incidente de desacato se originó por una falta inicial de respuesta, pero posteriormente la información solicitada habría sido enviada.

Harman señaló que su equipo jurídico presentó los documentos ante el juzgado con el fin de que se revise la decisión y se evalúe la revocatoria de las medidas impuestas.

El Gobierno de Colombia activó el Decreto 0174 de 2026, una norma que otorga a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) facultades excepcionales para intervenir y disponer directamente de tierras rurales, en respuesta a la emergencia socioambiental que afecta diversas regiones del país.

Esta medida busca acelerar la reorganización del uso del suelo, agilizar el traslado de poblaciones y asegurar la protección de las unidades productivas frente a fenómenos derivados de la crisis. El paquete de atribuciones fue presentado como clave por la administración del presidente Gustavo Petro para preservar la producción de alimentos y mitigar el impacto social derivado de la situación en el campo colombiano.

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Entre los cambios incorporados se destaca la posibilidad de tomar posesión temporal de predios, negociar su adquisición o, en casos de interés público comprobado, proceder a la expropiación de terrenos.

La norma no se circunscribe a propiedades privadas incluye también bienes en manos del Estado o provenientes de procesos judiciales, como activos bajo control del Fondo para la Reparación de las Víctimas (Ffrisco), al iguak que otros fondos destinados a la reparación y restitución de tierras.

El decreto introduce el concepto de efecto jurídico automático: una vez el Estado formalice la compra de un terreno por utilidad pública, cualquier problema en el historial legal —como inconsistencias en registros, saldos pendientes, embargos o restricciones previas— dejará de impedir su uso institucional. De este modo, se eliminan obstáculos legales que suelen frenar los programas de reubicación de comunidades o el desarrollo de proyectos rurales.

En reacción, María Fernanda Cabal, senadora de la República por el Centro Democrático, denunció que la norma que establece el decreto 0174 de 2026 pone en riesgo la propiedad privada de todos los colombianos.

“En el paquete de decretos de Petro supuestamente para atender la emergencia invernal está esto. Aquí estamos ante una forma de expropiación exprés porque el Estado podrá ocupar, imponer servidumbres y expropiar con menos controles la propiedad privada”, escribió en su cuenta de X.

En ese sentido, la legisladora confirmó que “analizaremos estos decretos para demandarlos. Un decreto no modifica derechos constitucionales”.

María Fernanda Cabal arremetió contra Petro por la muerte de adulta mayor en EPS de Cúcuta

María Fernanda Cabal, en paralelo, se refiriò al fallecimiento de Cecilia Quintero el 24 de febrero de 2026, mientras reclamaba la falta de insumos médicos para su familia en una sede de la Nueva EPS en el barrio Los Caobos de Cúcuta, Norte de Santander. La víctima denunció públicamente la ausencia de pañales para su hijo con discapacidad y medicamentos para ella y su esposo.

La congresista atribuyó el desenlace a la gestión de Gustavo Petro. En la red social X responsabilizó al mandatario y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo: “Deben responder judicialmente por cada víctima de su sistema de salud”, escribió.

La congresista Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático, señaló en la misma plataforma que “una abuela de Cúcuta murió esperando sus medicamentos” en el punto de atención de la Nueva EPS.

Asimismo, cuestionó la intervención estatal en la entidad: “El sistema de salud destruido por Petro deja morir a los colombianos” y añadió: “No más petrosalud que mata. No más petrosalud que no atiende, que no da medicamentos”.

Por su parte, el también candidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció tras la muerte de Cecilia, que, según denunció, esperó cinco horas por un medicamento en una sede de la Nueva EPS.

“Hoy fue Cecilia, una mujer de la tercera edad de Cúcuta que esperó cinco horas por un medicamento hasta que no pudo más”, escribió De la Espriella, quien recordó el reciente fallecimiento de un menor: “Hace una semana fue el pequeño Kevin”, expuso en su cuenta de X.

Juan Felipe Harman Ortíz, director nacional de la entidad, confirmó la formalización del proceso tras la recuperación judicial de las propiedades, que suman 479 hectáreas y se localizan en las veredas Jaraquiel y El Guineo, en el municipio de Montería.

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Estos lugares fueron epicentro del paramilitarismo durante las décadas más agudas de la violencia en Colombia y su recuperación ahora forma parte de un proceso judicial ante el Tribunal de Justicia y Paz.

De acuerdo con voceros oficiales de la ANT, la intervención respondió a una instrucción directa del presidente Gustavo Petro, que anunció que la medida se integra a una estrategia nacional para recuperar 50.000 hectáreas de ciénagas en Córdoba y fortalecer el ordenamiento territorial en torno al agua

La entrega, oficializada el 18 de febrero de 2026, ocurrió en medio de una de las emergencias más extensas registradas en la región por el desbordamiento del río Sinú, agravado por dos frentes fríos, cuyas inundaciones dejaron a más de 70.000 familias damnificadas en menos de tres semanas. Miles de hectáreas de cultivos y viviendas fueron arrasadas, y las autoridades departamentales declararon la calamidad pública en la capital y en otros municipios.

Harman Ortíz confirmó que el predio ‘Doble Cero’, de 370 hectáreas, y otro lote de 109 hectáreas, serán destinados a campesinos sin tierras y víctimas directas de la emergencia.

“Estamos en el predio Doble Cero, un predio que hoy la ANT recupera para que la tierra cambie de manos, vuelva a la comunidad rural y sea el instrumento de reparación para las víctimas de las inundaciones”, afirmó el titular de la entidad nacional.

Las familias serán trasladadas a suelos altos y productivos, con vocación agrícola, según estudios de la Agencia Nacional de Tierras que estiman una capacidad agrológica del 97%, para que puedan desarrollar proyectos de avicultura, piscicultura y cultivos de cacao, con el respaldo técnico del Ministerio de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).

La entrega de los predios

La toma de posesión de las tierras contó con el aval del Tribunal de Justicia y Paz y la entrega formal de alias Mono Leche, uno de los responsables logísticos de los antiguos propietarios, los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Fidel y Vicente Castaño Gil.

Semanas atrás, el propio Felipe Harman denunció que, pese a que “las tierras que fueron entregadas al Estado por grupos armados en el proceso de paz, han estado ocupadas indebidamente por políticos y poderosos en las regiones”.

Sin embargo, en cuanto a los predios en cuestión, la cabeza de la ANT aseguró que la legalidad de los títulos está garantizada, de manera que la escrituración a favor de los beneficiarios será inmediata, bajo la figura de Reforma Agraria.

Desde la ANT confirmaron que el operativo de traslado contempla tres fases: selección y caracterización de familias damnificadas, adecuación y parcelación de los terrenos, y asentamiento definitivo con dotación de insumos y acceso a créditos agrícolas condonables.

Las primeras 150 familias serán asignadas en las próximas semanas, con prelación para quienes se encuentran en albergues temporales y no poseen otros predios. Entre los puntos destacados del esquema de entrega, el traspaso del lote ‘Doble Cero’ será a título de propiedad colectiva o individual, dependiendo de la organización comunitaria.

La entrega de la Hacienda Támesis

A través de redes sociales, Harman Ortíz compartió con los colombianos la entrega del otro bien rural a manos de campesinos afectados por la ola invernal.

Con un video, Harman Ortíz mostró la entrega de la propiedad “que fue de Carlos Castaño”, y que ahora será un “refugio y respaldo para familias campesinas que enfrentan la ola invernal”.

La entrega también estuvo alineada con el mandato del jefe de Estado, en articulación con la Unidad de Víctimas, “para proteger a las familias campesinas y garantizarles un lugar seguro”.

Aquí la tierra vuelve a estar al servicio de la producción agrícola campesina y del cuidado del agua.

El titular de la entidad confirmó que el Gobierno seguirá realizando recorridos en el departamento para fortalecer la atención a las víctimas de la crisis invernal.

El presidente de la República, Gustavo Petro, expuso en sus redes sociales que estudia implementar la Ley 1523 de 2012 para enfrentar la emergencia por ola invernal en los departamentos de Córdoba y Sucre, que deja a más de 140.000 personas damnificadas, según el gobernador Erasmo Zuleta, durante el Consejo de Ministros el martes 10 de febrero de 2026.

“El peligro está en que el manejo de recursos no se desvíe a elecciones. Se trasladarán alguno del actual presupuesto y usaremos lamley 1523 para reordenar el territorio y tenencias de la tierra, Pero la reconstrucción del tejido social y el territorio implicará alimentos uns decena de billones, en los próximos meses (sic)”, escribió en su cuenta de X.

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La ley, que otorga herramientas excepcionales, contempla la posibilidad de realizar expropiaciones administrativas para adquirir predios y reubicar a la población expuesta al riesgo, medida que el primer mandatario estima central en el manejo de la crisis y futuros desastres.

La aplicación de esta normativa considera gastos significativos y la intervención en distintos frentes. En palabras del presidente Petro, se asignará presupuesto actual y se calcula que “la reconstrucción del tejido social y el territorio implicará alimentos, una decena de billones (de pesos), en los próximos meses”. Este monto será destinado no solo a la reconstrucción de viviendas, puentes, carreteables y tierras productivas, sino también a la recuperación de zonas estratégicas como ciénagas, cuyo objetivo es reforzar la capacidad de depósito de agua y mitigar los daños producidos por las inundaciones.

El mandatario precisó que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) liderará la recuperación de más de 50.000 hectáreas de ciénagas, “para lograr allí un mayor depósito de agua y desecar algunas partes del impacto”. A propósito, detalló que existe un espacio en la ciudad de Montería para la reubicación inmediata de familias damnificadas, donde se proyecta la construcción de nuevos barrios y se prevé liberar zonas de alto riesgo junto al cauce del río.

El artículo 75 de la Ley 1523 de 2012 habilita la expropiación tras agotar la negociación directa. El texto legal establece: “Agotada la etapa de negociación directa, el representante de la entidad, mediante resolución motivada, podrá decretar la expropiación del inmueble y demás derechos reales constituidos sobre el mismo”.

El mismo artículo dispone que la indemnización se fijará con base en el avalúo administrativo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, oficinas catastrales locales o, en su defecto, peritos privados: “La resolución que decreta la expropiación deberá determinar el valor de la indemnización de acuerdo con el avalúo administrativo que efectúen el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o las oficinas distritales y municipales de catastro, o en su defecto, el avalúo por los peritos privados de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 75 de la presente ley. La resolución deberá incluir la forma de pago en los términos del artículo 29 de la Ley 9.ª de 1989”.

El presidente Petro advirtió sobre la importancia de que los recursos no se desvíen hacia fines electorales y subrayó que el Ministerio de Salud envió equipos a las zonas afectadas para fortalecer la atención básica y prevenir la expansión de epidemias vinculadas con la emergencia por lluvias.

El Gobierno nacional asegura que mantendrá “un flujo continuo de alimentación para las zonas afectadas” y que la reubicación de las víctimas de la tragedia en el mundo rural y urbano de la tragedia será el tema central de la acción en los próximos meses.

“La reconstrucción de viviendas, puentes, carreteables, tierras productivas será de una magnitud enorme. Elmminaiterio de salud ya ha desplegado equipos con las alcaldías de salud básica para frenar la expansión de epidemias y atender otras enfermedades (sic)”, expuso el jefe de Estado colombiano en la misma plataforma.

La alerta no solo incluye este fenómeno, sino que documenta que más de 56 familias campesinas fueron directamente afectadas en Tolima, donde una exrepresentante de una organización social les cobró hasta $2.000.000 por supuestas adjudicaciones de predios, según información oficial de la máxima autoridad de tierras de la Nación, adscrita al Ministerio de Agricultura.

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Según detalló la entidad, hay 39 denuncias penales instauradas ante la Fiscalía por la ANT, junto a 13 más trasladadas tras una mesa de trabajo reciente, y la sistematización de 971 peticiones y quejas (PQRSD) recibidas en 2025.

En este contexto, Felipe Harman, director general de la ANT, afirmó: “Estamos preocupados por cuidar la Reforma Agraria en una lucha frontal contra la corrupción, no solamente algunos líderes campesinos que terminan cobrándole a sus beneficiarios cuotas mensuales para ser beneficiarios del acceso a tierras, sino en todo el país tramitadores que dicen tener contactos al interior de la agencia para cobrarle a propietarios que quieren vender, son denuncias que hemos interpuesto ante la Fiscalía”.

Bajo la misma línea, el inspector César Santoyo, jefe de la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras (OIGT), remarcó la preocupación institucional. “Hemos logrado instaurar 13 denuncias ante la Fiscalía General solo en lo que va del año. Hay gente utilizando falsas convocatorias laborales y otras artimañas para engañar a la comunidad”, dijo Santoyo, en un video publicado por la entidad en sus redes sociales.

El esquema fraudulento muestra diferentes grados de sofisticación. En Casanare, Cauca y Tolima, los estafadores recurren a grupos de WhatsApp que simulan ser oficinas institucionales, donde exigen documentos personales y pagos en rangos de $300.000 a $2.000.000 por trámites totalmente gratuitos, de acuerdo con las leyes vigentes. Estas redes prometen inscripciones en programas inexistentes de acceso a tierras.

Mediante un video, el funcionario confirmó que el predio pasó a manos de campesinos y víctimas del conflicto armado tras la entrega oficial de 1.143 hectáreas por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), como parte de un convenio con la Unidad para las Víctimas, que permitió la transferencia del predio a tres asociaciones campesinas que buscan impulsar la producción agrícola en la región.

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La historia de la Virgen del Cobre estuvo marcada por disputas sobre la propiedad y el uso de la tierra, estando en poder de una empresa privada a pesar de que había sido intervenida por la fiscalía en 2023.

El predio fue incautado como resultado de investigaciones por vínculos con actividades paramilitares y narcotráfico. La ANT detalló que la empresa ocupante no realizó pagos al Estado durante el tiempo que utilizó el terreno, lo que motivó la recuperación y posterior redistribución a las asociaciones campesinas.

En un comunicado publicado por la ANT, Alicia Ramos Pacheco, integrante de la Asociación Tierra y Vida, que figura entre los nuevos beneficiarios, relató su experiencia como sobreviviente del conflicto y recordó que ha perdido a 53 familiares.

“Soñábamos con tener un pedazo de tierra. No me cabe la alegría en el pecho, sentirme orgullosa de que me entregaron una hacienda que era intocable”.

Sobre el predio entregado, las autoridades han mencionado que fue clave para el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que estuvo bajo el mando de Freddy Rendón Herrera, conocido como “el Alemán”.

La finca habría sido escenario de reuniones entre paramilitares, empresarios y políticos, donde se planeó la consolidación del bloque Bananero en la región. La Comisión de la Verdad incluyó a la hacienda en su capítulo sobre el surgimiento y la financiación de las autodefensas en el norte de Urabá, atribuyendo a la finca un papel en la expansión armada y el dominio territorial.

El antiguo propietario, Antonio Ocampo Obando, un ganadero asesinado en 2017, figura en el organigrama elaborado por la Comisión de la Verdad como presunto financiador del paramilitarismo.

Durante los años ochenta y noventa, la hacienda de la Virgen del Cobre fue utilizada como centro de operaciones para la organización de masacres y estrategias de control territorial, con la participación de figuras como “Pelusa”, “Don Mario”, “Otoniel” y el exgeneral Rito Alejo del Río.

De acuerdo con el director de la ANT, la entrega del predio marca un cambio en las emociones de los beneficiarios. Harman mencionó que la entrega representa una oportunidad para que la finca se convierta en un referente nacional de producción agrícola. “Ya no se ven lágrimas en los ojos de los campesinos por dolor, sino por alegría”.

Las asociaciones Asodisban y Acamcopaz, que resultaron favorecidas, se comprometieron a trabajar por la soberanía alimentaria en el país. El acuerdo contempla la recuperación de más de 1.100 hectáreas que permanecían ocupadas de manera irregular, con el objetivo de que la tierra se utilice ahora en beneficio de quienes fueron víctimas del conflicto.

La Agencia Nacional de Tierras destacó que la entrega de la hacienda se realizó con acompañamiento de la Fuerza Pública, en un acto que representa la culminación de un proceso de reparación integral. El predio, antes vinculado a redes de violencia y despojo, queda bajo la administración de asociaciones campesinas enfocadas en la producción agrícola y la reconstrucción de sus proyectos de vida.

Las actuales condiciones del predio El Laguito II, ubicado en San Carlos (Córdoba), generaron preocupación entre los campesinos de la Asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán, que señalan que la tierra no es apta para la siembra tras años de uso ganadero intensivo por parte de la empresa El Ubérrimo S.A.S., vinculada a la familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Según explicó Carmenza Gómez, integrante de la asociación, a Noticias Uno: “la tierra es bien árida, pues por lo que el ganado, me imagino que años ahí pisoteando esta tierra, es muy dura, porque nosotros ya iniciamos con un cultivo y no nos fue tan bien”.

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Los campesinos afirman que el paso constante de las vacas habría compactado el suelo, lo que ha dificultado el desarrollo de cultivos y ha reducido significativamente el potencial agrícola del terreno.

A pesar de recibir el predio en 2023 gracias a la adjudicación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la asociación ha enfrentado serias dificultades para lograr una producción exitosa de arroz, plátano y yuca, así como en proyectos de apicultura.

La situación habría llevado a que los agricultores consideren solicitar créditos para intentar mejorar las condiciones físicas del suelo y diversificar sus cultivos con maíz, fríjol y ñame, además de proponer la creación de una escuela de formación campesina en la zona.

Finca familiar El Ubérrimo

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002 -2010), su esposa, Lina Moreno de Uribe, habría iniciado un proceso de apropiación de varios predios en Montería (Córdoba), con el objetivo de, presuntamente, anexar un baldío de la nación a la finca familiar El Ubérrimo.

A través de la empresa Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S., la familia habría ocupado y explotado el predio conocido como El Laguito II, un terreno de 8,3 hectáreas en San Carlos (Córdoba), durante más de nueve años.

El intento de legalización de la propiedad se realizó por medio de una demanda de prescripción adquisitiva, figura jurídica que permite reclamar la propiedad de un bien tras su ocupación por un periodo determinado.

La demanda, interpuesta por Moreno en 2019 ante un juzgado de San Carlos, argumentaba la posesión continua del terreno por más de siete años. Sin embargo, el juez solicitó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que verificara el origen del predio, determinando que se trataba de un baldío estatal.

Según información suministrada por la ANT, esta condición impedía aplicar la prescripción adquisitiva, ya que solo la entidad puede adjudicar baldíos de la nación a particulares.

No obstante, la familia Uribe desistió de sus pretensiones en agosto de 2022 y devolvió el predio al Estado, coincidiendo con el cambio de Gobierno.

En mayo de 2023, la ANT entregó provisionalmente El Laguito II a la Asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán. Para diciembre de 2025, la ANT formalizó la adjudicación del terreno, otorgando a la asociación el título de propiedad.

En su momento, la entonces subdirectora de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la ANT, Lilia María Rodríguez, explicó que la entrega de El Laguito II simboliza la recuperación de baldíos estatales “indebidamente apropiados por grandes empresas y clanes políticos”, y su devolución a familias campesinas con proyectos agrícolas y apícolas.

Rodríguez expresó: “La entrega de este predio a familias campesinas simboliza un acto de justicia, porque representa la recuperación de baldíos del Estado que fueron indebidamente apropiados mediante maniobras jurídicas por grandes empresas y clanes políticos, y que hoy regresan a las manos campesinas que debieron haberlo trabajado desde hace décadas”.

Las familias beneficiarias ahora cuentan con certeza jurídica para acceder a créditos y desarrollar iniciativas productivas, en el desarrollo de la Reforma Agraria, que suma más de 1.878.000 hectáreas formalizadas a comunidades rurales, según cifras oficiales.

Por su parte, el expresidente Uribe Vélez ofreció en su momento su versión sobre la situación jurídica y el uso productivo del predio mediante un comunicado con fecha de agosto de 2022 en el que defendió la legalidad de la adquisición realizada por Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S.

Argumentó que el terreno presentaba “falsa tradición” y que para “legalizar la situación se acudió a una acción de prescripción adquisitiva, con soporte en más de 60 años de tradición y explotación pacífica”, incluyendo “escritura de 1960”.

El comunicado también señaló que “el juez se abstuvo de declararla porque el Instituto Geográfico Agustín Codazzi consideró que podía ser baldío” y que posteriormente la Agencia Nacional de Tierras, en auto de finales de julio de ese año, compartió el mismo criterio al negar una solicitud de aclaración de propiedad.

Ante esta situación, la empresa decidió regresar el predio: “Agropecuaria El Ubérrimo decidió devolverlo a los vendedores. Sin embargo, y así se les ha manifestado, se tomó la decisión de entregar el predio a la Agencia Nacional de Tierras”.

Sobre el uso productivo, el comunicado precisó que “el lote queda debidamente cercado. Se ha utilizado en ganadería solamente en los veranos por ser un terreno muy bajo”. Incluso, ofreció cooperación para otros usos: “Si la Agencia considera organizar un proyecto piscícola, mis poderdantes colaborarían para la adecuación”.

Finalmente, el expresidente hizo énfasis en la transparencia de las actuaciones familiares: “Como lo ha conocido la opinión pública, tanto el expresidente Álvaro Uribe como su familia no tienen bienes ocultos ni en cabeza de testaferros, todo lo de ellos está sobre la mesa”.

14 senadores colombianos están siendo investigados en 19 procesos administrativos por presunto acaparamiento de tierras y apropiación irregular de baldíos, a través de mecanismos como el uso de familiares y otros financiadores para, presuntamente, encubrir sus nombres.

Según una reciente investigación publicada por la revista Cambio, que tuvo acceso a los expedientes de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), las investigaciones involucrarían a legisladores de cinco partidos políticos.

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La lista de congresistas investigados por la ANT ha crecido rápidamente en los últimos meses. En mayo de 2025, Felipe Harman, director de la ANT, informó sobre ocho procesos abiertos contra parlamentarios por temas relacionados con baldíos.

Sin embargo, información conocida por el medio indica que la cifra se duplicó en menos de seis meses, alcanzando 19 procesos que involucran a 14 senadores. Entre los nombres destacados figuran Lidio Arturo García Turbay (Partido Liberal), Paola Holguín (Centro Democrático), Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador) y Antonio Luis Zabaraín (Cambio Radical).

El fenómeno abarcaría a seis senadores del Partido Conservador, tres del Centro Democrático, dos de Cambio Radical, dos del Partido de la U y uno del Partido Liberal. Algunos legisladores, como García Turbay y Bitar Castilla, acumularían hasta cuatro y tres investigaciones respectivamente, y varios enfrentarían procesos por más de un predio.

Según información conocida por Cambio, la ANT adelanta dos tipos principales de procesos sobre los predios vinculados a los congresistas: clarificación y recuperación directa.

Los procesos de clarificación buscan establecer la naturaleza jurídica real de los terrenos, especialmente cuando los folios de matrícula presentan inconsistencias o carecen de información suficiente. Si durante la investigación se recopilan pruebas de apropiación ilegal, el proceso puede transformarse en uno de recuperación directa.

Según los hallazgos del medio, los legisladores habrían recurrido a familiares, cónyuges, amigos cercanos o financiadores de campañas para encubrir la titularidad de los predios.

En varios casos, los beneficiarios directos de la gestión de los congresistas habrían sido personas que aportaron recursos a sus campañas políticas. Además, la ANT ha detectado el uso de mecanismos judiciales, como la prescripción adquisitiva, para legitimar la tenencia de tierras baldías, a pesar de que la ley prohíbe este procedimiento sobre bienes del Estado.

Felipe Harman ha advertido que el problema podría ser aún mayor, al estimar que uno de cada tres congresistas tendría algún tipo de relación con temas de baldíos. La ANT se encuentra en la fase final de un informe que analiza la relación entre el poder político y la acumulación irregular de tierras, con la conclusión preliminar de que un buen número de congresistas y excongresistas han estado vinculados a estas prácticas.

Los expedientes revisados por Cambio detallan casos en departamentos como Córdoba, Cesar, Magdalena, Antioquia y Bolívar. Entre los ejemplos más representativos se encuentran:

• Juan Samy Merheg (Partido Conservador): El predio Los Cambulos, en Obando (Valle del Cauca), de 54,4 hectáreas, está a nombre de Inveragro S.A.S., empresa financiadora del senador. La ANT no logró establecer el origen ni la cadena de dominio, por lo que abrió un proceso de clarificación.
• Antonio Luis Zabaraín (Cambio Radical): Dos predios en Zona Bananera (Magdalena), de 14 y seis hectáreas, carecen de título originario y presentan sentencias judiciales posteriores a la fecha límite legal, lo que ha motivado investigaciones adicionales.
• Luis Eduardo Díaz Mateus (Partido Conservador): El predio Lagunitas, en Cerrito (Santander), de 141 hectáreas, supera ampliamente la Unidad Agrícola Familiar permitida en la zona y fue adquirido mediante procesos de pertenencia cuestionados por la Corte Constitucional.
• Carlos Mario Farelo Daza (Cambio Radical): La Gracia de Dios, en Ariguaní (Magdalena), de 497,3 hectáreas, está a nombre de la cónyuge del congresista y excede los límites legales para la zona.
• Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador): Tres predios en Córdoba, entre ellos La Conchita (15 hectáreas), presentan falta de documentos que acrediten la propiedad privada y superposición con áreas destinadas a hidrocarburos.
• Lidio Arturo García Turbay (Partido Liberal): Cuatro investigaciones por predios en Bolívar, algunos sin registro de área, donde la ANT no pudo determinar la naturaleza jurídica por ausencia de títulos.

• Juan Samy Merheg (Partido Conservador): El predio Los Cambulos, en Obando (Valle del Cauca), de 54,4 hectáreas, está a nombre de Inveragro S.A.S., empresa financiadora del senador. La ANT no logró establecer el origen ni la cadena de dominio, por lo que abrió un proceso de clarificación.
• Antonio Luis Zabaraín (Cambio Radical): Dos predios en Zona Bananera (Magdalena), de 14 y seis hectáreas, carecen de título originario y presentan sentencias judiciales posteriores a la fecha límite legal, lo que ha motivado investigaciones adicionales.
• Luis Eduardo Díaz Mateus (Partido Conservador): El predio Lagunitas, en Cerrito (Santander), de 141 hectáreas, supera ampliamente la Unidad Agrícola Familiar permitida en la zona y fue adquirido mediante procesos de pertenencia cuestionados por la Corte Constitucional.
• Carlos Mario Farelo Daza (Cambio Radical): La Gracia de Dios, en Ariguaní (Magdalena), de 497,3 hectáreas, está a nombre de la cónyuge del congresista y excede los límites legales para la zona.
• Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador): Tres predios en Córdoba, entre ellos La Conchita (15 hectáreas), presentan falta de documentos que acrediten la propiedad privada y superposición con áreas destinadas a hidrocarburos.
• Lidio Arturo García Turbay (Partido Liberal): Cuatro investigaciones por predios en Bolívar, algunos sin registro de área, donde la ANT no pudo determinar la naturaleza jurídica por ausencia de títulos.

Otros casos involucrarían a familiares directos, como el hermano de Nicolás Antonio Barguil Cubillos (Partido Conservador) en Cereté (Córdoba), o a financiadores de campañas, como en el caso de Óscar Leonardo Villamizar Meneses (Centro Democrático) en Puente Nacional (Santander). En ocasiones, las denuncias han partido de campesinos afectados, que han aportado información clave sobre la ubicación y extensión de los predios.

La falta de un censo actualizado de tierras baldías en Colombia dificulta la labor de verificación y control estatal. Ana Jimena Bautista, directora de Gestión Jurídica de Tierras en la ANT, explicó a Cambio que esta carencia complica la identificación de la naturaleza jurídica de los predios y la recuperación de bienes del Estado.

La Superintendencia de Notariado y Registro ha alertado sobre el uso indebido de la prescripción adquisitiva para apropiarse de baldíos, una práctica ilegal que, según Bautista, se ha extendido gracias a la intervención de jueces que reconocen propiedad privada donde no corresponde.

Además, la ANT ha identificado que en muchos casos los registros más antiguos de los predios son sentencias judiciales o escrituras basadas en testimonios, lo que impide consolidar un dominio legal claro.

El candidato presidencial Iván Cepeda propuso en Tierralta, Córdoba, que el acceso a agua potable se convierta en el eje central de una transformación profunda del campo colombiano. Durante su intervención, Cepeda advirtió que más de la mitad de la población rural carece de acceso digno, lo que calificó como “una de las mayores injusticias en nuestro país”.

El aspirante subrayó que, sin resolver este problema estructural, no será posible erradicar la pobreza rural ni garantizar la seguridad alimentaria, y que el proyecto de Nación estaría “condenado al fracaso” si no se prioriza este recurso esencial.

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En el desarrollo de su discurso, Cepeda enfatizó la necesidad de fortalecer la gestión pública y comunitaria del agua, rechazando la continuidad de “contratos eternos con operadores privados que no responden”. El candidato aseguró: “Vamos a fortalecer la gestión pública y comunitaria del agua, con control social y transparencia. La infraestructura hídrica debe ser adaptada al territorio”.

A propósito, hizo un llamado a la protección de los recursos hídricos frente a la corrupción y a quienes desvían fondos públicos, señalando: “Cada persona y comunidad deberá ayudar a mi gobierno a proteger los recursos del agua de los criminales de la corrupción, de los ‘olmedos’, que desvían los preciosos recursos para su enriquecimiento personal”.

Cepeda, que aspira a la Presidencia por la izquierda, delineó los cuatro pilares de su propuesta de “revolución agraria”, que trascienden la organización y movilización del campesinado. Según explicó, en cada municipio rural del país debe garantizarse el acceso al agua apta para el consumo humano, la disponibilidad de fuentes de energía que cubran las necesidades básicas, la existencia de vías terciarias que faciliten el transporte de personas y alimentos hacia mercados urbanos e internacionales, y condiciones adecuadas para la producción agropecuaria.

El candidato recalcó que el 80% de los municipios colombianos enfrenta dificultades con la calidad del agua para consumo humano, lo que representa un riesgo permanente para la salud y la vida de millones de familias rurales.

Durante el evento, Cepeda reiteró su compromiso de no permitir que se repitan los despojos de tierras, cultivos y animales a las familias campesinas, y prometió avanzar en la entrega de tierras, siguiendo el ejemplo del gobierno de Gustavo Petro. “En mi gobierno no permitiré que le vuelvan a quitar las tierras, sus cultivos y sus animales a las familias campesinas, y avanzaré en seguir entregando tierras, como lo ha hecho el gobierno presidido por nuestro compañero Petro”, afirmó.

El candidato por el Pacto Histórico definió su propuesta como una “revolución agraria” orientada a convertir los territorios rurales en zonas prósperas, libres de narcotráfico y minería ilegal, e integradas a los mercados urbanos e internacionales. Cepeda sostuvo que la realización de esta transformación depende de la organización y la acción política del campesinado colombiano, a quienes consideró “el fundamento de las transformaciones del mundo rural colombiano, la fuerza motriz, el sujeto esencial para las transformaciones”.

Cepeda también anunció que, desde el inicio de su eventual gobierno, impulsará la construcción de acueductos rurales y la mejora de los sistemas de potabilización en municipios como Tierralta, con el objetivo de garantizar el acceso universal al agua y sentar las bases de una nueva ruralidad en Colombia.

En paralelo, el legislador explicó en un evento en Cali, Valle del Cauca,, que otra de sus propuestas de campaña es ejecutar un plan de austeridad en el que recortará el gasto público. Para ello, dijo que se bajará el sueldo y el de todo su gabinete, además de orientar los gastos de funcionamiento hacia el bienestar social.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) formalizó la entrega de los títulos de propiedad del predio El Laguito II a campesinos de la Asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán, consolidando así un proceso que, según la entidad, representa un avance en la recuperación de baldíos estatales y en la ejecución de la Reforma Agraria.

Con esta adjudicación, las familias beneficiadas obtienen seguridad jurídica sobre 8,3 hectáreas, lo que les permitirá acceder a créditos y desarrollar proyectos productivos en cultivos de arroz, plátano, yuca y apicultura. La ANT destacó que la formalización de El Laguito II se suma a las más de 1’878.000 hectáreas ya tituladas a comunidades rurales, dotando a este predio de un profundo simbolismo para la justicia agraria.

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La resolución que oficializa la entrega establece que la Asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán, identificada con NIT N° 901656701-9 y representada legalmente por Carmenza Gómez Ortega, queda inscrita en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) como aspirante a acceso a tierra a título gratuito.

El documento también aclara que la agremiación campesina no había sido beneficiaria de ningún programa de tierras rurales administrado por la ANT. Además, la resolución advierte que “contra esta decisión procede el recurso de reposición ante el funcionario que tomó la decisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la misma, de conformidad con lo establecido en el Artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Artículo 15 del Decreto Ley 902 de 2017”.

Cabe aclarar que el proceso judicial sobre El Laguito II se remonta a 2018, cuando la empresa Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S., vinculada con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su familia, solicitó la prescripción adquisitiva de dominio, alegando posesión prolongada del terreno. Sin embargo, en 2019, un juez determinó que el predio era un baldío de la Nación y ordenó a la ANT iniciar el proceso de clarificación. Posteriormente, en 2022, la empresa de Uribe Vélez devolvió voluntariamente el terreno al Estado colombiano, permitiendo que la asociación campesina lo ocupara y trabajara desde entonces.

La entrega provisional del predio a la Asociación Baluarte Campesino se materializó en mayo de 2023, mientras se completaban los trámites para su ingreso formal al Fondo de Tierras. Ahora, con los títulos en mano, las familias campesinas pueden avanzar en sus planes productivos y acceder a instrumentos de financiamiento.

Lilia María Rodríguez, subdirectora de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la ANT, resaltó el significado de la adjudicación: “La entrega de este predio a familias campesinas simboliza un acto de justicia, porque representa la recuperación de baldíos del Estado que fueron indebidamente apropiados mediante maniobras jurídicas por grandes empresas y clanes políticos”. Rodríguez añadió: “El predio regresa a las manos campesinas que debieron haberlo trabajado desde hace décadas”.

Los detalles de la venta de una parte de El Ubérrimo, propiedad de Álvaro Uribe Vélez al Estado

El expresidente Uribe Vélez explicó en su cuenta de X que desde el inicio del proceso propuso un precio muy inferior al avalúo catastral de San Carlos, que fue fijado en $120.000.000 por hectárea. En sus palabras: “Desde el principio dije que se vende a un precio muy inferior al avalúo catastral de San Carlos, que lo pusieron en 120 millones por hectárea”.

El líder político detalló que la oferta comprende dos predios: uno en el municipio de San Carlos, denominado El Porvenir 2, que cuenta con avalúo, y otro en el corregimiento El Cerrito, de Montería, cuyo análisis de valor aún está pendiente.

Sobre el predio El Porvenir 2, el exsenador compartió la información remitida por su abogado, que señaló: “Tiene un avalúo catastral reciente, que los propietarios han considerado excesivo y han presentado las respectivas reclamaciones. El Dr. Álvaro Uribe acudió directamente a las oficinas del Igac en Montería, explicó las razones para objetar ese avalúo y expuso que así las cosas tendría que ser vendido al Gobierno”.

La Fiscalía General de la Nación avanzó en la investigación que se adelanta sobre el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Radicó escrito de acusación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, por su presunta participación en el entramado.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía consultadas por Infobae Colombia, el ente acusador también radicó un escrito de acusación contra otras siete personas presuntamente involucradas en el caso:

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1. El abogado y contratista de la Ungrd Édgar Eduardo Riveros Rey
2. Ana María Riveros Barbosa, hija de Riveros Rey y contratista de la Ungrd.
3. Sonia Rocío Romero Hernández, cuñada de Rivaros Rey y contratista de la Ungrd.
4. El representante legal de la Corporación Mixta Yupurutu, Édgar Echeverri Toro.
5. El jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, Francisco Javier Estupiñán Bravo.
6. El asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez.
7. El contratista de la Ungrd Óscar Enrique Cárdenas Angulo.

Marique y los demás implicados serán acusados formalmente, de acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos investigados, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

El rol de César Manrique y los siete procesados en el entramado

Según la Fiscalía, Manrique estuvo relacionado con una desviación de recursos estatales. “El exdirector de la Función Pública facilitó y gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta labor, solicitó la entrega a personas específicas de los contratos que surgieran de estos recursos”, precisó el ente acusador.

Poe otro lado, los demás procesados habrían estado involucrados en el direccionamiento de contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, con el suministro de plantas desalinizadoras y con la puesta en marcha de pozos de agua potable. También habrían participado en el direccionamiento de las respectivas interventorías de los contratos y en la vinculación por prestación de servicios de topografía a nivel nacional.

El contrato que permitió la compra de los carrotanques tuvo un valor de $29.000 millones y fue suscrito en octubre de 2023 con la Corporación Mixta Yapurutú. Ese proceso contractual evidenció sobrecostos por $11.114 millones. De la totalidad de ese dinero, se entregaron millonarias coimas de la siguiente manera:

• $3.000 millones para César Manrique.
• $2.060 millones para Édgar Eduardo Riveros.
• $4.330 millones para los directivos de la Corporación Mixta Yapurutú.

César Manrique: un prófugo de la justicia

El procesado fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario en julio de 2025. No obstante, no se ha hecho efectiva su captura y privación de la libertad; el exdirector permanece prófugo de la justicia y, por eso, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una circular roja en su contra en agosto de 2025.

La Fiscalía General de la Nación hizo la solicitud formal a la Interpol. “En atención a la petición formal elevada por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Colombia, la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon (Francia), aprobó y publicó la notificación roja en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha”, informó el ente acusador.

Esta circular permite la búsqueda y captura del procesado en 197 países que son miembros de la organización.

El debate sobre la extinción de dominio exprés y la eliminación de la fase judicial en los procesos agrarios reavivó tensiones entre el Gobierno nacional y sectores del Congreso de la República, tras la reciente revelación de un documento oficial por parte de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia. En el texto, el poder ejecutivo expone su intención de modificar el Decreto 902 de 2017, una normativa clave para la implementación de la reforma rural integral en Colombia.

El Decreto 902 de 2017 define los criterios para que campesinos, trabajadores rurales, asociaciones agrarias y cooperativas del sector solidario puedan acceder a la tierra y formalizar su tenencia, ya sea de manera gratuita o semigratuita, siempre que no hayan tenido acceso previo a predios.

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Según el documento divulgado por Paloma Valencia, el Gobierno sostiene que “en la fase judicial que se debe adelantar en vigencia del Decreto Ley 902 de 2017, lejos de estructurar herramientas que permitan la ejecución del acuerdo final de paz, constituye una traba al correcto ejercicio de la función pública”.

La senadora Valencia advirtió que la postura del Ejecutivo representa un retroceso respecto a los consensos alcanzados en diciembre de 2024 sobre la jurisdicción agraria. “El Gobierno pretende romper los acuerdos que logramos en diciembre sobre la jurisdicción agraria y revivir la extinción de dominio exprés”, alertó la congresista.

A propósito, denunció que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) solicitó a la Corte Constitucional la eliminación de la fase judicial en los procesos agrarios, lo que, en palabras de Valencia, permitiría a la entidad retirar predios a los tenedores de tierras sin la intervención de jueces que garanticen el control sobre estas decisiones.

La discusión sobre la extinción de dominio de predios improductivos para su redistribución a campesinos ha sido un punto de fricción constante entre la oposición y el poder Ejecutivo. Este mecanismo, que busca entregar tierras a quienes no las poseen, fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro con el objetivo de facilitar el acceso a predios baldíos. No obstante, la Corte Constitucional anuló este apartado en 2024 durante la revisión del articulado, limitando así las facultades del Ejecutivo en esta materia.

En su intervención, Paloma Valencia recordó que la doble fase —administrativa y judicial— establecida en el Decreto Ley 902 de 2017 tenía como propósito evitar posibles abusos por parte de la ANT. “Esta facultad se presta para todo tipo de arbitrariedades. Por eso, en el Decreto Ley 902 de 2017 se estableció que el procedimiento para llevarla a cabo tenía dos fases: la administrativa y la judicial. Es decir, siempre los jueces controlaban las decisiones de la ANT para que no hubiera abusos”, afirmó la senadora.

Valencia subrayó que el Ministerio de Agricultura ya había alcanzado un acuerdo con el Congreso para que tanto la extinción de dominio agraria como la clarificación de baldíos conservaran la fase judicial, garantizando así un control independiente sobre las decisiones de la administración en materia de tierras.

De igual manera, la precandidata presidencial sostuvo que desde el Congreso de la República no permitirán que la actual administración intente quitarle las tierras a los colombianos, por lo que hará lo posible para que prime el derecho a la propiedad privada en el territorio nacional.

“La defensa de la propiedad de la tierra es fundamental, porque no solamente estamos hablando de la finca grande ni la mediana, sino la pequeña, que puede tener algún momento algún baldío o algún vacío de propiedad y que puede terminar afectada. Por eso estamos en esta lucha y no permitiremos que este Gobierno haga expropiaciones”, enfatizó la senadora Valencia.

La Agencia Nacional de Tierras, en cabeza de Felipe Harman, enfrenta una controversia tras la denuncia de presuntas presiones laborales ejercidas sobre comunicadores y periodistas contratistas.

Según la información revelada por Desigual, estos trabajadores habrían recibido instrucciones para publicar en sus redes sociales personales mensajes que destacan los logros y proyectos de la entidad, lo que destaparía posibles casos de acoso e instrucciones para difundir “propaganda política” afín al Gobierno de Gustavo Petro.

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La denuncia se fundamenta en mensajes internos difundidos a través de grupos de WhatsApp, que mostrarían el nivel de seguimiento y exigencia impuesto a los contratistas del área de Comunicación.

En uno de estos mensajes, se instruye de manera explícita: “Si es departamento que no está en maratón decir que mientras el Presidente Petro entrega títulos en Cauca y Felipe Harman recupera tierra en Caldas, en (el departamento correspondiente) se está haciendo o se ha hecho tal cosa. Y Con dignidad cumplimos (sic)”.

Además, se recalca la obligatoriedad de incluir el hashtag “Con dignidad cumplimos” en los videos solicitados, advirtiendo que “video que no tenga Con dignidad cumplimos, no sirve”.

La dinámica de las publicaciones exigidas incluye la elaboración de videos tipo selfie tanto por parte de los comunicadores como de los coordinadores de cada departamento. Estos videos deben subirse a plataformas como X, Instagram y WhatsApp, y los enlaces correspondientes deben enviarse como evidencia del cumplimiento.

En los mensajes se enfatiza que “todos deben enviar sin excepción”. Asimismo, ponen fechas límites para el cumplimiento de esta tarea: “hoy deben quedar todos listos y aprobados para que mañana se publique a la hora que nos indiquen”.

Incluso se solicita la creación de cuentas en redes sociales para aquellos coordinadores que no dispongan de ellas, con el objetivo de asegurar la difusión de los contenidos institucionales.

Las instrucciones detallan que, en el caso de los departamentos que participan en la denominada “maratón”, los videos deben informar sobre las actividades realizadas, el lugar, los beneficiarios y concluir con la frase obligatoria.

Para los departamentos que no formaban parte de la maratón, se indicó que los mensajes debían hacer referencia a las acciones del presidente Gustavo Petro en Cauca y de Felipe Harman en Caldas, vinculando así las actividades locales con los eventos nacionales y reforzando la narrativa institucional.

Al finalizar cada jornada, los responsables de comunicación, supuestamente, debían enviar reportes detallados sobre el cumplimiento de estas tareas, incluyendo la confirmación de recibido de la información y la evidencia de las publicaciones realizadas. La presión para cumplir con estos requerimientos se refleja en la advertencia de que se elaborarán listados de quienes hayan acatado o no las instrucciones, lo que añade un componente de control y seguimiento individual sobre los trabajadores.

La respuesta del director de la ANT

Ante la controversia surgida por la revelación de los chats, el director de la entidad utilizó su cuenta personal de X para responder a los señalamientos, indicando que se trataría de un punto acordado en los contratos con los comunicadores.

“Contratistas de COMUNICACIONES de la Ant se les “obliga” a comunicar las tareas y resultados de la entidad para honrar y cumplir con sus contratos.Los invito a ver la lógica de lo absurdo de esta ‘denuncia’ (sic)“, señaló Harman. Y agregó que: “Que sigan desesperados perdiendo el tiempo en pendejadas. Aquí seguimos trabajando”.

De otro lado, usuarios en redes sociales develaron que no se trataría de una práctica nueva, por el contrario, sería una de las tantas exigencias en entidades públicas o de índole político:

“Se volvió práctica común en muchos lugares, en un municipio comentan los contratistas que los obligan a pasar un listado con sus redes sociales y les revisan que publiquen y den me gusta a todas las publicaciones institucionales; también deben hacerlo en sus estados de WhatsApp”; “Literalmente esta es una investigación que funciona en la agencia de tierras y en casi el 90% de entidades públicas del país. A veces piden hasta dar % de contratos o los dejan sin trabajo por opinar cosas en sus redes personales. Duele decirlo pero nada nuevo”; “Tal cual le piden a los contratistas de Caicedo en el magdalena, así actúan”; “No es solo en la ANT en todos lados nos obligan a hacerlo y nos dicen q porque somos cps también debemos trabajar en campañas políticas así no tengamos padrino . A los de planta si no los molestan para nada. Todas las instituciones de la orinoquia están secuestradas (sic)”, fueron algunas reacciones en redes sociales a esta práctica.

De manera concreta, Valencia dijo que esa entidad estaría disfrazando su verdadera gestión con cifras falsas de hectáreas de tierra entregadas a campesinos afectados por el conflicto armado, lo que estaría siendo presentado como un logro por la presidencia de la República.

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Felipe Harman señaló que el derecho de petición presentado por la senadora Paloma Valencia incluía, en sus primeras cuatro preguntas, inquietudes provenientes de un familiar suyo.

Según el director, la Agencia Nacional de Tierras declaró baldío el predio en cuestión, lo que ha generado un marcado interés por parte de allegados a la senadora. Harman afirmó que existe una alianza entre personas cercanas a Valencia y un excongresista de su partido, con el objetivo de acaparar seis mil hectáreas de bienes baldíos del Estado.

“Lo que no te contó Paloma Valencia en su supuesta gran denuncia sobre la Agencia Nacional de Tierras: la primera gran cosa es que en el derecho de petición que nos solicita, las cuatro primeras preguntas son del primo (Nicolás Laserna). Y son del primo porque la Agencia Nacional de Tierras declaró ese predio baldío, que es de 6.000 hectáreas en el departamento del Vichada. Arranquemos por ahí, senadora.”, comenzó diciendo Harman en un video.

En relación con los cuestionamientos sobre el gasto en logística, Harman explicó que los recursos no se destinan únicamente a eventos, sino que se emplean en asambleas campesinas, espacios formativos, organizativos y, principalmente, en aprehensiones.

“(Paloma) Está muy interesada en el caso de los Laserna, en el que en alianza con un excongresista de su partido, literalmente, están acaparando seis mil hectáreas de bienes baldíos del Estado. Lo segundo tiene que ver con todos los servicios de aprestamiento logístico. ‘Que estamos gastando mucha plata en la Agencia Nacional de Tierras en eventos’ No son en eventos solamente, senadora, son en asambleas campesinas, en espacios formativos, en espacios organizativos y fundamentalmente en aprehensiones.“, agregó Harman.

Otros argumentos de Harman en defensa de la ANT: personal administrativo y viajes

Respecto a las críticas sobre el tamaño de la planta administrativa, el director defendió la expansión de la entidad. Antes, según Harman, muchos campesinos carecían de sedes en sus departamentos. Actualmente, la Agencia Nacional de Tierras cuenta con alrededor de 30 sedes y equipos en todas las ciudades capitales de Colombia, además de una sede especial en Magdalena Medio. “A más metas, más gente; a más metas y más gente, más resultados, y eso nos permite darle piso y base a la reforma agraria”, sostuvo.

Sobre los viajes y comisiones, Harman subrayó que estas permiten a la entidad llegar a zonas donde antes no había presencia estatal, como las ciénagas y playones del Caribe o el Sumapaz en Mula. El director aseguró que los resultados superan ampliamente los de administraciones anteriores: “Resultados tenemos y de sobra. Más de treinta o cuarenta veces más que sus gobiernos”, afirmó el funcionario.

Crítica a la gestión de la Agencia de Tierras durante el Gobierno Duque

Finalmente, Harman interpretó la desaprobación de Paloma Valencia como una señal positiva para la gestión actual: allí recordó que, durante el gobierno de Iván Duque, la Agencia Nacional de Tierras estuvo bajo la influencia del Partido Conservador y, según sus palabras, se utilizó para legalizar el despojo de tierras.

“Nos complace mucho esa noticia porque a la senadora Paloma Valencia le gustaba lo que existía como Agencia Nacional de Tierras en el gobierno de Duque. Una entidad dinamizada por el Partido Conservador, que literalmente se prestaba para legalizarle el despojo de tierras a una inmensa cantidad de bandidos en este país.”, aseguró Harman.

El director de la ANT concluyó su pronunciamiento afirmando que la entidad trabaja en beneficio del campesinado y de las comunidades étnicas de Colombia. “Hoy, nosotros trabajamos para el campesinado de Colombia. Hoy, nosotros trabajamos para las comunidades étnicas de Colombia”, concluyó Harman, que consideró un éxito que figuras como la senadora Valencia no aprueben la labor de la agencia.

De acuerdo con la también precandidata presidencial, esa entidad estaría disfrazando su verdadera gestión con cifras falsas de hectáreas de tierra entregadas a campesinos afectados por el conflicto armado, lo que estaría siendo presentado como un logro por la presidencia de la República.

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A través de su cuenta oficial de X, la congresista aseguró que durante el mandato de Petro la nómina de esa entidad ha incrementado un 715% por medio de funcionarios y contratista que, según Valencia, serían cuotas de Daniel Quintero, Carlos Amaya y de la estructura de Felipe Harman en el Meta.

Según lo expuesto por la aspirante a la Casa de Nariño, en 2023 esa entidad tuvo 5.785 funcionarios, pero en 2024 esta cifra llegó a los 12.102 y hasta junio de 2025 ya era de 6.214.

No obstante, lo que resulta relevante es que mientras el número de funcionarios supera y hasta triplica el de años anteriores, la ejecución ha descendido hasta números históricos que no superan el 30%. Según la congresista, en 2023 la ejecución llegó al 82%, pero en 2024 apenas superó el 21% y hasta junio de 2025, apenas llegó al 9%.

En este sentido, la precandidata cuestionó la gestión que esa entidad le estaría dando a los billonarios recursos que cada año les son asignados por la Administración gubernamental. Para 2024, el presupuesto llegó a los $4 billones, de los cuales solo se ejecutaron $804.902 millones.

“De los $4 billones que les asignaron para inversión en 2024, apenas ejecutaron $804.902 millones. ¿Qué pasó con los $3.2 billones restantes?“, cuestionó la congresista.

Los cuestionamientos a la ANT incluyeron las cifras de compra de tierras para ser entregadas a poblaciones afectadas por el conflicto armado, las cuales, según Valencia también ha registrado reducciones históricas que, incluso, superan la caída de la ejecución de los recursos.

De acuerdo con los datos expuestos en las redes sociales de la aspirante al primer cargo de la nación, en 2023 el 82% de los recursos destinados a este fin fueron empleados, mientras que en 2024 se llegó únicamente al 9% del presupuesto y hasta junio de 2025 se emplearon el 11% de los dineros contemplados.

Para la congresista, dicha caída en la ejecución de los recursos de la ANT obedece a que buena parte del presupuesto asignado por el Ejecutivo se estaría destinando a la organización de eventos en los que presentan logros que no existen.

Desde 2023, más de $84.500 millones de esta entidad se gastaron en la ejecución de cuatro contratos adjudicados a dedo a operadores logísticos para la realización de eventos en varias ciudades del país, cuyos contratos se han ido firmando sin terminar la ejecución del anterior.

Según la congresista, el último contrato de este tipo se firmó en diciembre de 2024 y su ejecución se extendió hasta el 30 de junio de 2025 con un valor de $20.000 millones. Para Valencia, esta conducta de la entidad constituiría una violación del principio de anualidad presupuestal.

Frente a este panorama, la senadora alertó que las cifras de hectáreas entregadas por el Gobierno sería inferior a la mitad de las 500.000 que fueron presentadas como un logro por el presidente Petro.

“Lo que está pasando con la Agencia de Tierras es gravísimo, no solamente porque le han dado cifras falsas al presidente o el presidente le está dando cifras falsas al país. Anunció que había entregado más de 500.000 hectáreas. Las cifras que nos responden por derecho de petición muestran que han entregado menos de la mitad y lo más grave, se ha aumentado la burocracia de manera sustantiva, afectando lo del erario público”, explicó la congresista.

Finalmente, la precandidata le hizo un llamado a los entes de control para que adelanten acciones de vigilancia a la ejecución de los recursos, dado que desde la entidad se están reportando la adquisición de tierras con valores muy superiores a los del mercado inmobiliario de cada región.

“Creo que los entes de control tienen que entrar ya a investigar lo que está pasando, porque hay muchas sospechas, entre otras cosas. Por ejemplo, compran tierra que ellos mismos evalúan. En el departamento del Cauca, donde todo está destruido, están pagando hectáreas a más de $70 millones”, sentenció.

El volcamiento de un vehículo que transportaba a una comisión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en la vía rural entre la vereda Llanos de Belén y el casco urbano de Convención, departamento de Norte de Santander, dejó como saldo la muerte del topógrafo Alejandro Rodríguez Urrea y causó heridas al profesional agroambiental Jorge Junior Contreras Álvarez y al conductor Diosemel Ramírez Mora.

El accidente se registró el jueves 14 de agosto de 2025, cuando el equipo de la ANT desarrollaba labores asociadas al Acuerdo 315 de Administración de Tierras de la Nación, proceso enfocado en el reconocimiento y la regularización de la ocupación de tierras baldías por familias campesinas en áreas de reserva forestal de la región del Catatumbo.

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Según la información proporcionada por la Agencia Nacional de Tierras, los profesionales afectados se desplazaban en cumplimiento de funciones oficiales en medio de una estrategia estatal que busca dar seguridad jurídica a los campesinos asentados históricamente en zonas de reserva natural.

El vehículo sufrió un volcamiento en el trayecto, provocando el lamentable fallecimiento de Alejandro Rodríguez Urrea, quien integraba la comisión como profesional topógrafo.

Los otros dos ocupantes, ambos contratistas de la ANT, “fueron trasladados al hospital de Ocaña” para recibir atención médica, según consta en el reporte oficial.

La entidad expresó un mensaje de condolencia y solidaridad tras la tragedia: “La Agencia Nacional de Tierras lamenta profundamente el trágico suceso que enluta a nuestra entidad y al proceso que adelantamos en los territorios. Expresamos, con el mayor respeto, nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia, amigos, equipo de trabajo y seres queridos de Alejandro Rodríguez Urrea”.

El trabajo adelantado por el equipo hacía parte de las acciones institucionales para avanzar en la regularización de la ocupación de tierras, una problemática histórica en el Catatumbo, zona de alta sensibilidad social y ambiental en el noreste colombiano.

El compromiso institucional con estas comunidades y la misión de garantizar derechos de propiedad rural a las familias del campo fue reiterado por la ANT a raíz de este lamentable suceso.

El director Territorial Norte de Santander de la Agencia Nacional de Tierras, Javier Santiago Velásquez, lamentó lo ocurrido y el fallecimiento del ingeniero en medio del ejercicio de sus actividades laborales.

“Con profunda tristeza recibimos la noticia del ingeniero Alejandro Rodríguez Urrea, quien partió mientras cumplía con su labor en el Catatumbo. Enviamos un abrazo solidario a su familia, amigos y compañeros. Su legado permanecerá en cada territorio donde trabajó”, escribió en su cuenta de X.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial también se pronunció al respecto del siniestro: “La ANSV y el Sector Transporte lamentan el siniestro vial ocurrido en Convención, Norte de Santander, que dejó como saldo una persona fallecida y dos más heridas, integrantes de la Agencia Nacional de Tierras”.

Entrega de más de 2000 títulos de tierras a campesinos de Boyacá

En el parque del municipio de Sotaquirá se dieron cita más de 6000 personas para la entrega que iba a ser el presidente Gustavo Petro y la ANT de más de 2000 títulos de propiedad de sus tierras, que abarcan cerca de 2.213 hectáreas de tierra.

En el acto hicieron presencia el jefe de Estado, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino; el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman Ortiz, y el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

Petro destacó el crecimiento del sector agrícola y la necesidad de avanzar en la industrialización de la producción: “la agricultura crece 10 % anual. No se trata de dejar de cultivar, sino de pasar a otra fase: poner las factorías. La papa necesita industrialización o, si no, la sobreoferta nos deja los bultos tirados en las carreteras”.

En medio del creciente escrutinio sobre los procesos de entrega de tierras y relaciones políticas en el Cesar, diversas voces han señalado la urgente necesidad de fortalecer los filtros en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para evitar que prediquen transparencia sin garantizar que las tierras lleguen a quienes realmente las necesitan.

La reciente visibilidad de personajes clave vinculados al petrismo regional y sus conexiones con el alto Gobierno ha despertado inquietudes sobre el uso de instrumentos agrarios en beneficio de una red de contratistas con aspiraciones políticas.

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De acuerdo con una reciente investigación revelada por la revista Cambio, las denuncias iniciales se dieron a conocer a través de las redes sociales de los periodistas locales Katia Ospino y Jacobo Solano. Estas publicaciones se viralizaron y motivaron reacciones oficiales que no convencieron del todo a la opinión pública.

La contradicción entre el secretario de Transparencia, Andrés Idarrága, y el director de la ANT, Felipe Harman, profundizó la inquietud social. El funcionario Idarrága confirmó en Valledupar que las denuncias por presuntas irregularidades “sí tuvieron eco en la Casa de Nariño”, mientras que Harman declaró: “Un parte de tranquilidad sobre unas denuncias tremendamente abusivas” y argumentó que “ningún contratista había sido beneficiado con la entrega de parcelas gratuitas”.

Esto último resultó ser parcialmente cierto, pues los cuestionamientos giran en torno a la inscripción de contratistas y figuras con influencias políticas en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (Reso), mecanismo destinado a campesinos en condición de vulnerabilidad.

El caso más ilustrativo correspondería a Alcides Rafael Araújo Molina, abogado y coordinador de la Unidad de Gestión Territorial en la ANT, quien habría quedado inscrito en el Reso el 31 de octubre de 2023, pese a que para esa fecha ya era contratista de la entidad con ingresos mensuales cercanos a cinco millones de pesos colombianos.

“Hice la solicitud el 16 de enero de 2023, cuando todavía no tenía la mínima idea de hacer parte de la ANT [...] cuando hice la solicitud aún no era declarante de renta y estaba en estado de vulnerabilidad”, señaló el abogado a Cambio.

Sin embargo, su historial laboral indica que desde 2014 ejercía como abogado en firmas del sector privado. El funcionario sumó cinco contratos con la entidad por un valor total de 289 millones de pesos hasta junio de 2025, incluyendo nuevas resoluciones de inscripción en el Reso aprobadas durante 2024.

Otras inscripciones polémicas en la base de datos del Reso involucran a Alvy Luz Ortiz, quien habría recibido aprobación de su registro en marzo de 2025 pese a haber firmado dos contratos con la ANT por 107 millones de pesos entre 2024 y 2025 y presentado vinculación con el Ministerio del Interior y la ONG Corpovida, manejada por Alexandra Pineda y su esposo William Henry Montoya, ambos también inscritos en el Reso y con cargos estratégicos en la región.

Ortiz alegó que su caso podría tratarse de una suplantación: “Cualquiera que se haya dado a la tarea de inscribirme arbitrariamente ante la Agencia les informo: hicieron mal la tarea, ya que soy declarante de renta desde hace más de ocho años”, comentó la Ortiz al diario nacional.

Esta versión es sostenida también por Araújo, pero contrastada por la propia ANT, que exige al menos siete documentos formales para completar el proceso, y no solo el número de cédula, como afirman los contratistas.

Alrededor del círculo de Alexandra Pineda aparecerían inscritos al Reso y con contratos públicos figuras como la abogada Alejandra Navarro y la excandidata Miladys Pino Buelvas, quienes además hacen parte del entorno político conocido por su alineamiento con sectores de Colombia Humana y el Pacto Histórico.

En todos los casos, se observaría una secuencia de inscripciones al Reso seguidas de contratos con la ANT, lo que ha suscitado sospechas sobre el uso instrumental de estas figuras para consolidar una plataforma política alrededor de la reforma agraria.

De otro lado, la Oficina del Inspector de Tierras publicó un comunicado que sostiene que las denuncias están bajo “investigación preliminar”, rechaza la existencia de un “cartel de tierras” y sostiene que ser contratista no elimina automáticamente una condición de vulnerabilidad.

La dimensión política del escándalo incluiría señalamientos sobre un presunto canibalismo dentro del Pacto Histórico en el Cesar y la creciente proyección de Alexandra Pineda como posible candidata al Congreso.

Según el director de la ANT, Harman: “Creo que es un intento por empañar el buen trabajo que se viene haciendo aquí en el departamento del Cesar de Alexandra Pineda, del equipo que ha tenido aquí la confianza del presidente Gustavo Petro”.

A esto se suman versiones recogidas por Cambio de funcionarios y fuentes políticas locales que anticipan una eventual postulación de Pineda a la Cámara de Representantes para 2026, respaldada por su visibilidad desde la ANT y conexiones con relevantes figuras del Gobierno nacional, como Alfredo Saade.

Las investigaciones por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) avanza en la judicialización de los presuntos responsables del direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos.

El exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp) César Manrique Soacha fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario. Esto quiere decir, que deberá permanecer privado de la libertad mientras se adelantan las investigaciones en su contra.

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Junto con el exfuncionario, otras siete personas también tendrán que permanecer privadas de la libertad por orden de una juez penal de control de garantías. Se trata de:

• Édgar Eduardo Riveros Rey, abogado.
• Ana María Riveros Barbosa, hija de Rivaros Rey.
• Sonia Rocío Romero Hernández, cuñada de Riveros Rey y excontratista de la Ungrd.
• Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, representante legal y jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, respectivamente.
• Jorge Aristizábal Rodríguez; asesor de la Dirección de la Función Pública.
• Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratista de la Ungrd.

De acuerdo con la jueza, la petición de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento contra los imputados tiene sustento, toda vez que, según explicó, no hay pruebas que permitan inferir que los procesados actúan como ciudadanos responsables y cumplidores de la normativa. Por tal razón, avaló su privación de la libertad.

“Es necesaria, adecuada, proporcional y razonable la privación de la libertad para proteger a la sociedad de estos delitos a ellos imputados y realmente no se cuenta con medios probatorios que permitan realizar un pronóstico favorable para los coasociados sobre la abstención de la actividad delictiva por parte de los imputados”, expuso la togada.

Así las cosas, la jueza ordenó librar en forma inmediata las correspondientes órdenes de captura en contra de los investigados, con el fin de materializar las medidas de aseguramiento impuestas. En el caso de Édgar Eduardo Riveros Rey, la togada ordenó librar la boleta de detención y allegarla al centro carcelario donde se encuentra recluido.

En una audiencia llevada a cabo el 2 de julio de 2025, los procesados fueron imputados con cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. La Fiscalía General de la Nación endilgó los delitos a los investigados según su rol y grado de participación individual en los hechos. Ninguno aceptó los cargos.

Los hechos que se investigan: miles de millones de pesos desviados

Según el ente investigador, el exdirector de Función Pública habría gestionado la entrega de dineros públicos, a cambio de beneficios propios y del direccionamiento de contratos.

“La investigación estableció que, entre marzo de 2023 y mayo de 2025, Manrique Soacha, facilitó y gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta labor, solicitó el direccionamiento de los contratos que surgieran de estos recursos y una coima del 7%”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Los contratos en cuestión estaban relacionados el funcionamiento de pozos de agua potable, el suministro de plantas desalinizadoras, la prestación de servicios de topografía y las respectivas interventorías.

También se incluye el contrato por medio del cual se logró la compra de 40 carrotanques pequeños, destinados al suministro de agua para comunidades indígenas de La Guajira. Este se firmó con la Corporación Mixta Yapurutú e implicó una desviación de recursos importante, que se evidenció en sobrecostos por $13.164 millones. De la totalidad, $3.000 millones fueron entregados a Manrique Soacha; $2.060 millones a Riveros Rey; y $6.380 millones a directivos a la corporación.

El 12 de julio de 2025, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) anunció la recuperación de un extenso predio que pertenecía al exsenador Héctor Julio Alfonso López, investigado por presuntos vínculos con grupos paramilitares, en particular con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

López, hijo de la fallecida empresaria Enilce López, alias La Gata, enfrenta señalamientos por parapolítica, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y financiación de campañas políticas con recursos de estructuras armadas ilegales.

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La ANT explicó que la diligencia se realizó en el marco de un proceso de extinción del derecho real de dominio adelantado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Según la entidad, esta acción responde a la gravedad de los delitos asociados al predio y busca restituir la tierra a quienes han sido víctimas del conflicto armado.

“En San Benito Abad, Sucre, donde el paramilitarismo y el despojo sembraron miedo, hoy la Agencia Nacional de Tierras da resultados: recuperamos 268 hectáreas del predio Pasatiempo, ligado al exsenador Héctor Julio Alfonso López y sus redes mafiosas”, inidicó el organismo.

El director de la entidad, Felipe Harman, subrayó la importancia de la recuperación de estos terrenos, señalando que representa un paso fundamental en la reparación histórica y la continuidad de la reforma agraria en el país. Harman destacó que la entrega de tierras provenientes de actividades ilícitas fortalece la justicia social y agraria para los campesinos afectados.

Para los habitantes del corregimiento de Doña Ana, la proximidad del predio recuperado es un factor clave. “Aquí podemos llegar a pie porque está cerca. Y es algo que queríamos nosotros, estar cerca donde podíamos tener una tierra donde cultivar que prácticamente es la economía en Doña Ana”, añadió Pedro César Pabuena, campesino beneficiario de la entrega de tierra. La entrega de estas tierras permitirá a las familias beneficiadas acceder a un espacio productivo, facilitando el desarrollo agrícola y la reconstrucción de sus proyectos de vida tras años de conflicto.

Las inversiones de la ANT en Colombia

La ANT confirmó que invirtió más de $5.300 millones en iniciativas comunitarias, por lo que más de 4.100 personas de 1.206 familias recibirán insumos agrícolas, sistemas avícolas, pecuarios y agroforestales. El objetivo es reducir la pobreza rural a través de la entrega de herramientas y recursos que promuevan la producción sostenible de alimentos, el arraigo territorial y la generación de ingresos.

En el desglose por departamentos, Chocó concentra la mayor cobertura, con más de $2.438 millones invertidos en seis comunidades indígenas y afrodescendientes. Allí se impulsan cultivos tradicionales, producción ganadera, avícola y sistemas agroforestales, beneficiando a más de 2.000 personas. En el municipio de Istmina, la ANT desarrolló un sistema de producción agrícola y de especies menores. En Litoral del San Juan y Unguía se implementaron cultivos de pancoger y levante de gallinas ponedoras. En Ríosucio y Carmen del Darién se fortalecieron actividades agrícolas, ganaderas y sistemas avícolas, mientras que en Bojayá se establecieron proyectos agroforestales en comunidades del consejo comunitario local.

En Valle del Cauca, la inversión supera los $1.071 millones y beneficia a 831 personas en Jamundí y Buenaventura. En esta última, se suministraron herramientas agrícolas y sistemas avícolas. En Jamundí, 95 familias del resguardo indígena Kwe’sx Kiewe Nasa recibieron insumos para cultivos de café, plátano y maíz. Luis Gabriel Rodríguez de la Rosa, director de Asuntos Étnicos de la ANT, explicó: “Entregamos proyectos productivos y herramientas agrícolas que benefician a 95 familias, más de 300 personas, para la siembra de café, plátano y maíz. Estas iniciativas van a mejorar la seguridad alimentaria, sus prácticas de agricultura ancestral, y esto es parte de la construcción de paz”.

En Nariño, la inversión supera los $972 millones y favorece a 816 personas de dos consejos comunitarios. En La Tola, los recursos se destinaron a la recuperación de 20 hectáreas de manglar rojo, mientras que en Roberto Payán se fortalecieron prácticas avícolas tradicionales.

En Bolívar, $760 millones fueron invertidos en el Consejo Comunitario Ma-Kankamaná de San Basilio de Palenque, beneficiando a 421 personas con insumos para cultivos de yuca, ñame y cría de cerdos.

Una queja presentada por el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, actualmente hospitalizado en la Fundación Santa Fe tras un grave atentado sufrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá, desencadenó una indagación previa de la Procuraduría General de la Nación contra funcionarios vinculados a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por la presunta difusión de información engañosa sobre la compra de más de 220.000 hectáreas de tierras durante el actual gobierno.

La denuncia formal de congresista llegó al Ministerio Público en un contexto de alta tensión política y personal. El senador, que permanece en estado crítico, alertó sobre la posible manipulación de cifras oficiales relacionadas con la adquisición de terrenos por parte del Gobierno nacional, encabezado por el presidente de la República, Gustavo Petro desde el 7 de agosto de 2022. Según la Procuraduría General de la Nación, la investigación busca determinar la identidad de los funcionarios que habrían suministrado datos falsos o inconsistentes a los medios de comunicación y a la opinión pública.

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En el documento oficial emitido por el ente de control se detalla que la indagación tiene como objetivo “identificar e individualizar a los presuntos responsables de suministrar la información respecto de la cantidad de tierras compradas por el Gobierno nacional y que, según la queja, no guarda relación alguna con la realidad”. Esta declaración subraya la gravedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer si existió una intención deliberada de engañar sobre el avance de la reforma agraria, uno de los ejes centrales del actual mandato.

El origen de la controversia se remonta a finales de diciembre del 2024, cuando Miguel Uribe Turbay y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, protagonizaron un enfrentamiento público. El senador denunció que la ANT había informado al país la compra de 220.000 hectáreas de tierras, cifra que, según sus investigaciones, no correspondía a la realidad. Uribe Turbay aseguró que el Gobierno solo había adquirido un 24 % de lo anunciado, lo que equivaldría a aproximadamente 52.800 hectáreas. Esta discrepancia generó un intenso debate sobre la transparencia y veracidad de los datos oficiales.

Cabe recordar que en 2024 el director de la ANT expresó su sorpresa ante las afirmaciones del congresista y cuestionó su interpretación de los datos. Harman argumentó que el senador había omitido información relevante, como las hectáreas comprometidas en procesos de saneamiento, aquellas donadas por el Gobierno y las obtenidas a través de extinción de dominio. Según el director, estos factores debían considerarse en el balance total de tierras gestionadas por la entidad, lo que explicaría la diferencia entre las cifras presentadas por la ANT y las señaladas por Uribe Turbay.

El informe oficial presentado por el senador ante la Procuraduría advirtió sobre la existencia de posibles inconsistencias en la información divulgada por la Agencia Nacional de Tierras. El documento señaló que los datos entregados por la entidad sobre el monto de tierras compradas desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro podrían no reflejar la realidad de las operaciones realizadas. Esta situación puso en entredicho la credibilidad de los informes oficiales y motivó la intervención del ente de control.

A pesar de la respuesta del director de la ANT, la Procuraduría, en su auto de apertura de la indagación, enfatizó que se centrará en determinar si existió una manipulación intencionada de las cifras y quiénes serían los responsables de dicha conducta. El organismo de control subrayó que la finalidad de la indagación previa es “establecer quiénes serían los presuntos responsables de informaciones engañosas que se habrían originado desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”. Esta fase inicial permitirá recolectar pruebas y testimonios que ayuden a esclarecer los hechos y, en caso de encontrar méritos, avanzar hacia una investigación formal.

La abogada y líder del Centro Democrático Amalia Salgado presentó una demanda de nulidad contra la circular expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro el pasado 27 de mayo de 2025.

La acción judicial busca frenar los efectos de una medida que, según la demandante, vulnera el derecho fundamental a la propiedad privada y constituye un paso hacia la expropiación sin garantías.

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La circular, dirigida a todos los notarios del país, establece un procedimiento obligatorio para la escrituración de predios rurales ubicados en municipios priorizados para la reforma agraria.

Según el documento, antes de formalizar cualquier negocio jurídico que disponga o prometa disponer del derecho de dominio de estos inmuebles, los propietarios deben diligenciar un formulario electrónico a través de un micrositio dispuesto por la Superintendencia de Notariado y Registro. A partir de la notificación a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la entidad cuenta con un plazo de 15 días hábiles para manifestar su intención de ejercer la opción privilegiada de compra.

La circular se ampara en el Decreto 033 de 2025, el cual, en desarrollo de la Ley 160 de 1994, permite a la ANT adquirir predios rurales con fines de utilidad pública e interés social para la reforma agraria. La opción privilegiada de compra aplica para terrenos superiores a dos Unidades Agrícolas Familiares (UAF) o cuya primera adjudicación se haya realizado hace más de 15 años.

El proceso exige que los ciudadanos aporten, al momento de escriturar, una respuesta negativa de la ANT o la constancia de que transcurrieron los 15 días sin pronunciamiento de la entidad. Solo así podrán continuar con el trámite notarial.

Argumentos de la demanda

Para Amalia Salgado, esta disposición administrativa implica una “extralimitación inaceptable del Estado” y rompe el principio de legalidad que debe regir los actos de la administración pública. A juicio de la abogada, la circular establece una restricción que no está contemplada en la Constitución ni en la ley, lo que la convierte en un obstáculo arbitrario para el ejercicio del derecho a disponer de la propiedad privada.

En su pronunciamiento público, aseguró que esta intervención es el primer paso hacia un modelo de expropiación encubierta que recuerda al implementado en Venezuela: “Este es el inicio del expropiase de Chávez. Como mujer llanera, conozco el significado de la tierra. La tierra no es solo un bien material, tiene un contexto de arraigo, de cultura y de identidad. Además, es la transformación para el meta y todo el llano colombiano”.

Y añadió: “A pesar de que diariamente Petro busca una dictadura, aquí estoy, con hechos y con argumentos, en el Palacio de Justicia, un lugar con gran significado histórico. Estoy comprometida a defender a los trabajadores y empresarios del campo, porque si el meta no se rinde, Colombia no se rinde”.

Salgado señaló que la medida “restringe el comercio jurídico de los predios rurales” e impone cargas adicionales a los propietarios, quienes deben someterse a un control estatal previo para poder vender sus tierras.

Debate jurídico y político

La demanda de nulidad presentada por Salgado abre un nuevo capítulo en la controversia nacional sobre el alcance de la reforma agraria promovida por el Gobierno. Sectores opositores consideran que las medidas adoptadas mediante decretos y circulares están limitando los derechos individuales y creando un ambiente de incertidumbre entre los propietarios rurales.

Por su parte, el Ejecutivo ha defendido que la opción privilegiada de compra es un instrumento legal, diseñado para garantizar que el proceso de redistribución de tierras se realice de manera ordenada y respetando los procedimientos establecidos.

El Consejo de Estado decidirá si procede la acción judicial y, de ser así, se determinará si la circular en cuestión se ajusta al marco legal o si, por el contrario, constituye un acto administrativo contrario a la Constitución.

La circular emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro establece que los propietarios de predios rurales en zonas priorizadas para la reforma agraria deben notificar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) antes de realizar cualquier transacción de compraventa. Esta disposición, que forma parte del Decreto 033 de 2025, otorga a la ANT una opción preferencial de compra sobre estos terrenos, lo que generó inquietudes sobre el alcance de la medida y sus implicaciones para la propiedad privada.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca regular la adquisición de tierras rurales en municipios seleccionados como parte de su política de reforma agraria, otorgando a la ANT un plazo de 15 días hábiles para manifestar su interés en adquirir los predios antes de que puedan ser vendidos a terceros.

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De igual manera, la nueva normativa exige que cualquier ciudadano interesado en vender una finca o terreno rural en las áreas priorizadas debe primero informar a la ANT sobre la intención de venta. La circular de la Superintendencia señaló textualmente: “Los ciudadanos deberán informar a la ANT, previo a iniciar el proceso de escrituración sobre los negocios jurídicos que dispongan o prometan disponer del derecho real de dominio sobre los predios (...) para que dicha entidad pueda ejercer la opción privilegiada de compra”. Esta obligación recae sobre los propietarios de predios rurales en los municipios que el Gobierno ha identificado como prioritarios para la implementación de la reforma agraria.

Entre las voces críticas al decreto está la senadora de la República por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, que demandó ante el Consejo de Estado el decreto del Gobierno nacional. Según sus consideraciones, la resolución despoja a los campesinos de sus derechos.

“La propiedad privada es pilar de una sociedad libre. No permitiremos que el Gobierno abuse del poder para despojar a los campesinos de sus derechos mediante decretos arbitrarios”, señaló la precandidata presidencial.

Y agregó: “No tiene ningún sustento legal que se obligue a los propietarios de tierra tener que pedirle permiso como si fuera preferente, ofrecérsela a la Agencia Nacional de Tierras. No existe ni sustento legal ni está en la Constitución y la ley”.

Según la legisladora, la intención de esta acción judicial es que se suspenda de manera provisional el decreto, que trae consigo un daño considerable a los propietarios rurales y a la inversión en el campo.

Además, explicó que cerca de 82 municipios empezarán a ver sus efectos, porque genera incertidumbre sobre el ejercicio pleno de la propiedad y sobre los negocios jurídicos en zonas rurales.

Bajo la misma línea, la congresista Paloma Valencia aseguró que “la Agencia Nacional de Tierras puede detener la venta entre particulares y terminar comprando el predio. Es una nueva amenaza a la propiedad privada rural”.

Por su parte, la exministra de Agricultura, Cecilia López, expresó su preocupación por el alcance de la medida. Así mismo, cuestionó la decisión señalando que la norma ya existía, aunque con limitaciones, y objetó la generalización de su aplicación en el contexto actual.

“Esta norma ya existe, pero esa tiene limitaciones. Yo no soy abogada, pero esa norma tal como está se aplica en ciertas circunstancias, aunque no se puede generalizar qué es lo que está haciendo la ministra (…) el objeto de la reforma agraria es comprar tierras, pero yo creo que lo que están haciendo, y usando el lenguaje que están usando miembros del gobierno, es quitarles la tierra a los ricos”, declaró la exfuncionaria.

Con respecto a las críticas desde las diferentes orillas políticas, el Gobierno nacional argumentó que el decreto busca mejorar el acceso a tierras e impulsar la repartición de parcelas entre los grupos históricamente marginados en el país.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia será la encargada de definir qué autoridad judicial debe continuar con el proceso penal contra César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La decisión fue tomada por la jueza 66 de control de garantías de Bogotá, que, aunque inicialmente se declaró competente para continuar con el caso, resolvió remitir el expediente del alto tribunal con el fin de evitar una posible nulidad futura del proceso.

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“Dentro de dicho contexto, la renuncia a sus cargos por parte de procesados aforados o el vencimiento del periodo para el cual fueron elegidos y la subsecuente pérdida aforal, en términos del artículo 235 constitucional, no implicaba consecuencia distinta a la modificación de la autoridad que debía seguir conociendo del trámite procesal, competencia que, sin mantenerse si existía anexo entre la conducta y las funciones desempeñadas como se sabe, pero que en términos generales existiendo con exclusividad un procedimiento en las condiciones de los ordenamientos citados no generaba ningún sobresalto en la actuación procesal”, explicó la juez al argumentar su decisión.

Con esta medida, la Sala Penal deberá determinar si la imputación contra Manrique debe realizarse ante un juez ordinario de Bogotá o si, por el tipo de cargo que ostentaba al momento de los hechos, el caso debe tramitarse ante el Tribunal Superior de Bogotá. La remisión se realizará en efecto suspensivo, lo que significa que el proceso quedará temporalmente congelado hasta que se resuelva el conflicto de competencias.

La discusión gira en torno al fuero constitucional de Manrique Soacha, que fue nombrado director de Función Pública mediante el decreto 1729 del 23 de agosto de 2022, cargo al que renunció y que le fue aceptado por medio del decreto 1326 del 1 de noviembre de 2024.

En su argumentación, la jueza precisó que las conductas atribuidas al exfuncionario no guardan relación directa con sus funciones como director de Función Pública, tal como lo establece el decreto 413 de 2016, el cual delimita el objeto y funciones del departamento.

“Las conductas realizadas presuntamente por el señor Manrique y otras personas han sido ajenas al ejercicio de las funciones que el cargo de dicho Departamento Administrativo de la Función Pública le imponía”, afirmó la togada, señalando que ni el convenio en cuestión ni los hechos imputados se relacionaban con su labor institucional.

Según el análisis presentado, Manrique no tuvo relación directa ni indirecta con la celebración del convenio 96-77-CB020-02-12-023 entre la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo, cuyo propósito era aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para mitigar los efectos del fenómeno de La Niña, declarado desastre nacional en 2022.

“No hay relación directa con las citas interinstitucionales entre dos entidades como la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad Nacional del Riesgo con el propósito de agenciar la reducción de convenios de los que no hace parte y no tiene relación con el objeto de la entidad que dirigía”, explicó la juez.

Asimismo, reiteró que la Ungrd está adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), no a Función Pública, y que el ordenador del gasto era Olmedo López, no Manrique.

Pese a lo anterior, la Fiscalía General de la Nación sostiene que Manrique Soacha, junto a otros siete exfuncionarios y contratistas, habría participado activamente en una red de corrupción que desvió más de 100.000 millones de pesos de la Ungrd.

Entre los delitos imputados se encuentran concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos. Según el ente acusador, los recursos habrían sido utilizados para beneficiar a empresarios cercanos, otorgándoles contratos para suministrar plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento y otros elementos.

La Fiscalía también afirmó que Manrique habría recibido una suma de “3.000 millones de pesos producto de la coima solicitada del contrato celebrado por la Ungrd con la corporación Yapurutú para la adquisición de un lote de carrotanques”.

Asimismo, se indicó que Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Luis Carlos Barreto habrían orquestado, en colaboración con Manrique, el traslado de los recursos públicos desde la Ungrd hacia la Agencia Nacional de Tierras para facilitar los contratos cuestionados.

Beatriz Josefina Niño, abogada y excompañera sentimental del exembajador de Colombia en Ghana Daniel Garcés Carabalí denunció que su expareja estaría utilizando falsos testigos para hacer creer que ella maltrataba a sus hijos y justificar así la retención de los menores en el exterior.

Esta afirmación se conoce luego de que Garcés Carabalí, señalado de violencia intrafamiliar, fue postulado nuevamente para ocupar un cargo en el Gobierno de Gustavo Petro, lo que causó indignación.

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Niño sostuvo en entrevista con Semana que el exdiplomático, con el que comparte la paternidad de dos menores, estaría instrumentalizando a los niños en una estrategia jurídica y mediática para ocultar los actos de violencia vicaria que habría cometido, y desacreditarla como madre.

“Él ahora sale a decir de manera irresponsable que yo utilicé vías de hecho para quedarme con los niños desde el 2011. Aprovecho para decir que eso es totalmente falso”, aseguró para el medio citado.

Según relató la mujer, desde la separación con Garcés Carabalí ha ejercido la maternidad de forma plena, adaptando su vida laboral y personal para cuidar a sus hijos. “Yo sí pude ajustar mi vida para volverme una madre soltera (...), quien organizaba sus fiestas, los llevaba a las fiestas, era yo, no él”, explicó.

El caso tomó relevancia pública a comienzos de 2025, cuando Beatriz Niño denunció que Garcés Carabalí no devolvió a sus hijos menores tras un viaje a Ghana. Los niños habían salido del país el 11 de diciembre de 2024 y debían regresar a Colombia el 21 de enero de 2025, pero el retorno nunca se cumplió. La madre acusó a su expareja de mantener a los niños retenidos en el extranjero sin su consentimiento y de cortar toda comunicación con ellos, incurriendo en presunta violencia psicológica y vicaria.

“Yo sufrí violencia física, violencia emocional estando con él. Posterior a la separación, desde el año 2021 sufrí mucha violencia emocional y la sigo sufriendo”, denunció Niño. Aseguró que, pese a los conflictos, jamás le prohibió a sus hijos hablar con su padre.

El diplomático presentó su carta de renuncia el 11 de marzo de 2025, en medio del escándalo, y alegó en su defensa que la retención de los menores obedecía a una supuesta necesidad de protegerlos de presuntas agresiones por parte de su madre. “Estos actos demuestran que, contrario a lo que han dicho los medios hasta ahora, soy víctima y estoy frente a un entrampamiento”, escribió en su misiva dirigida al presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, la versión de Garcés Carabalí perdió fuerza a finales de abril, cuando un juez de familia en Colombia revocó la custodia que tenía sobre los niños, basándose en las denuncias de violencia de género.

Beatriz Niño relató con crudeza las consecuencias emocionales que ha vivido desde que fue separada de sus hijos. “Es como si tus hijos ingresaran a una unidad de cuidados intensivos, pierdes el norte. Perdí mi norte, porque siempre tuve claro que quería ser mamá (...) Tengo totalmente quebrado mi corazón”, expresó al medio citado.

También denunció que Garcés Carabalí estaría manipulando testimonios y usando material audiovisual de sus hijos para desacreditarla públicamente. “Utiliza testigos falsos para decir que mi exceso de trabajo implicaba abandono, jamás implicaba abandono”, señaló. “Yo siempre proveía todas las condiciones para que mis hijos pudieran tener una vida social propia”, agregó, destacando su participación constante en actividades escolares y familiares.

Polémico regreso de Garcés al Gobierno

Pese a las acusaciones y su salida del servicio diplomático, Daniel Garcés Carabalí fue postulado nuevamente para un cargo público. El 19 de mayo de 2025, su hoja de vida fue publicada en el sistema de aspirantes de la Presidencia de la República para el cargo de director técnico de asuntos étnicos en la Agencia Nacional de Tierras.

Este anuncio generó un rechazo generalizado. La representante a la Cámara Alexandra Vásquez fue una de las primeras en reaccionar: “El embajador de Colombia en Ghana es un presunto vicario maltratador. Es aterrador lo que han tenido que vivir su exesposa e hijos con este ‘digno diplomático‘”.

El caso de Beatriz Niño y sus hijos ha puesto nuevamente en el centro del debate la protección de los menores en contextos de violencia familiar, así como la necesidad de que los funcionarios implicados en este tipo de procesos judiciales se mantengan apartados de la administración pública mientras se aclaran las denuncias.

Beatriz Niño, por su parte, pide garantías legales y sociales para proteger a sus hijos y para que su voz no sea silenciada: “Yo soy una muestra fehaciente de que no se puede utilizar a los hijos como armas ni justificar con mentiras lo que es violencia”.

Para el viernes 30 de mayo de 2025, el Juzgado 35 Penal Municipal de Bogotá ha programado la audiencia de imputación de cargos contra César Augusto Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, así como a otros siete implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).

Según información revelada por El Tiempo, el exfuncionario enfrenta acusaciones por su presunta participación en el desvío de 100.000 millones de pesos de los recursos otorgados a la entidad nacional.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Manrique habría participado en la modificación de un convenio entre la Ungrd y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en la que el valor fue reducido a la cantidad en mención.

En los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, ante la justicia, Cesar Manrique habría tenido un rol clave en decisiones que permitieron el desvío de estos recursos. Pinilla, hoy condenado por su participación en el saqueo a la Unidad, y López, exdirector de la entidad, señalaron que las acciones del exfuncionario habrían estado orientadas a beneficiar intereses políticos y favorecer a aliados del Gobierno.

Entre tanto, la Fiscalía ha anunciado que imputará a Manrique por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Según el organismo, estos hechos forman parte de una de las líneas más sensibles dentro de la investigación general sobre el manejo de los recursos de la Ungrd, una entidad que ha estado bajo escrutinio por presuntas irregularidades en su gestión.

Este caso se suma a una condena previa que recibió por irregularidades en procesos de contratación cuando Petro era alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015. En aquella ocasión, fue condenado por irregularidades en la contratación, lo que marcó un precedente en su historial judicial, según detalló El Tiempo.

Cesar Manrique había llegado al Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp) desde octubre de 2023, cargo en el que duró por un año y dos meses. Sin embargo, presentó su renuncia en noviembre de 2024 por problemas de salud, pero coincidió con la investigación adelantada por la Fiscalía.

Los otros implicados en el caso Ungrd

Además de Cesar Manrique, los otros siete nombres señalados en un presunto esquema de corrupción también serían representantes de la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral (Yapurutú), que habrían desempeñado un papel clave en la manipulación de contratos y documentos para apropiarse de recursos públicos.

Según informó la Fiscalía, Édgar Echeverri Toro, representante legal de la entidad, y Francisco Javier Estupiñán Bravo, jefe de ventas, enfrentarán cargos por interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad documental.

Adicionalmente, se menciona al abogado Édgar Riveros Rey, que enfrentará cargos similares, además de falsedad material en documento público y falsedad en documento privado. La entidad acusatoria sostiene que Riveros Rey habría participado activamente en las irregularidades que permitieron la apropiación indebida de recursos públicos.

La lista de presuntos responsables se amplía con los nombres de Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas por prestación de servicios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Según las autoridades, ambos habrían tenido un papel activo en el esquema delictivo y serán imputados por delitos como peculado por apropiación y falsificación de documentos.

Por este caso, los exfuncionarios que han sido detenidos por las autoridades son Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, y los congresistas Iván Name y Andrés Calle, que fueron capturados por su presunta participación en los actos de corrupción relacionados con la Ungrd.

Sin embargo, las investigaciones apuntan a que más personas podrían ser arrestadas en el transcurso del año 2025, a medida que se esclarecen los detalles del caso.

También, se espera que uno de los próximos en enfrentar imputaciones sería Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), a quien se le acusa de la entrega de 4.000 millones de pesos a los exparlamentarios mencionados, con el fin de que se avalaran las reformas planteadas por el Gobierno Petro en el legislativo.

Según informó la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), el encuentro tenía como objetivo exigir el cumplimiento de compromisos adquiridos con los pueblos indígenas y evaluar el decreto 632 de 2018, que establece la ruta para la creación de las Entidades Territoriales Indígenas (Etis). De este modo, el 2 de mayo de 2025, un día después del Día del Trabajo, la comunidad indígena habría retenido a funcionarios por alrededor de cinco horas, por lo que la Alcaldía de Bogotá se pronunció rechazando estos hechos.

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Este decreto es considerado fundamental para garantizar el autogobierno y la administración directa de los territorios indígenas, conforme a sus sistemas normativos y de planificación.

El Distrito se pronunció

La Alcaldía de Bogotá emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica los hechos, en el que señala que los integrantes de la minga no permiten la libre circulación de los funcionarios de la ANT, por lo que afecta su libertad e integridad.

Según el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, aunque la Administración distrital respalda el derecho a la protesta pacífica como una garantía democrática, las acciones actuales vulneran derechos fundamentales al recurrir a formas de violencia.

La Alcaldía enfatizó que estas acciones no solo afectan a los funcionarios retenidos, también generan un impacto negativo en la convivencia y el respeto a las instituciones.

En respuesta a la situación, las autoridades locales activaron protocolos de mediación y diálogo desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos. De acuerdo con el comunicado de la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Gobierno y la Personería Distrital han estado presentes para garantizar la integridad de las personas involucradas y restaurar el orden en las instalaciones de la ANT.

Además, el Distrito reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos, en el que hace un llamado a los líderes de las comunidades indígenas para mantener abiertos los canales de diálogo y evitar acciones que pongan en riesgo la vida y la libertad de las personas.

La Opiac, por su parte, destacó la importancia del decreto 632 de 2018 en el contexto de las demandas indígenas. Este marco normativo busca fortalecer la autonomía de los pueblos indígenas mediante la creación de las Etis, entidades que permitirían a estas comunidades administrar directamente sus territorios bajo sus propios sistemas normativos. La organización subrayó que la implementación de este decreto es clave para garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y el cumplimiento de los acuerdos previamente establecidos.

En su comunicado, la Alcaldía de Bogotá reafirmó su intención de trabajar por una ciudad donde las diferencias se resuelvan a través del diálogo y no mediante la violencia o vías de hecho. Asimismo, instó a las comunidades indígenas a evitar acciones que puedan escalar la situación y a priorizar la búsqueda de soluciones mediante el entendimiento mutuo.

Comunicado de la Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá rechaza categóricamente los hechos que están ocurriendo a esta hora en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), cuando un grupo de personas que hicieron parte de las comunidades que llegaron en el marco de la minga indígena Nacional, no permite la libre circulación, de manera consentida, de colaboradores de la institución, impidiéndoles salir o ingresar del lugar, generando una situación de afectación a su libertad e integridad.

“La Administración Distrital reconoce y defiende el derecho legítimo a la protesta pacífica, como una garantía democrática y constitucional. Sin embargo, ante los hechos que están ocurriendo en este momento en la ANT, rechazamos actos que vulneren los derechos fundamentales de otras personas, especialmente cuando se trata de cualquier forma de violencia”, manifestó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la situación, se activaron los protocolos de mediación y diálogo, con el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno y la Personería Distrital, con el fin de garantizar la integridad de las personas presentes y restaurar el orden en las instalaciones del ANT.

El Distrito reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la convivencia pacífica y el respeto a las instituciones. Por tanto, hace un llamado a los líderes de las comunidades que llegaron en el marco de la Minga Indígena Nacional, a mantener abiertos los canales de interlocución y a evitar acciones que pongan en riesgo la vida, integridad y libertad de las personas.

Bogotá continuará trabajando por ser una ciudad en la que las diferencias se resuelvan mediante el diálogo, sin recurrir a la violencia ni a vías de hecho.

Los predios entregados eran del ex jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco o Javier Montañez, que lideró el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El excriminal, que fue rechazado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para comparecer ante ella, es responsable de delitos como homicidio y desplazamiento forzado.

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Según el director de la ANT, en años anteriores, las tierras que hoy son propiedad de los campesinos eran utilizadas para la planeación del avance de los paramilitares en el Bajo Cauca antioqueño. No obstante, tras décadas de violencia, las víctimas podrán hacer un uso productivo de los predios con la producción de arroz, yuca, ñame y plátano.

La entrega de las tierras resulta beneficioso para los agricultores porque ya no tendrán que recurrir a terratenientes para poder trabajar. Pues, debían pagar un arriendo para poder cultivar sus productos y el pago se hacía anualmente y por hectárea.

Así lo explicó Walter, campesino y líder de una asociación de agricultores que emplea a varias personas. En conversación con Felipe Harman, explicó que debía pagar por adelantado $1 millón por concepto de arriendo por hectárea. Esto, independientemente de si las cosechas prosperaban y si las ventas sí generaban rentabilidad.

Ahora, no tendrán que destinar recursos para tener a su disposición una porción de tierra. “Estoy complacido, porque yo sé que no vamos a pagar un peso más de arriendo, que no nos van a sacar, porque esa es otra: cuando arrendamos un terreno, a los dos años, nos lo quitan, porque ya lo necesitan para ellos (…). En ese son, hemos estado de un lado para el otro”, detalló el campesino.

Harman informó que, hasta el momento, se han entregado 5.600 hectáreas de tierra a la población campesina, que antes estaban bajo el dominio de grupos paramilitares. Además, el Gobierno nacional ha entregado títulos de propiedad a 622 familias rurales de Cáceres, que ahora fungen como propietarias de 5.920 hectáreas.

“Cáceres, Antioquia, uno de los municipios del Bajo Cauca más golpeados por la violencia y el despojo desde los años 60, hoy celebró su cumpleaños 449 con una movilización llena de esperanza y dignidad protagonizada por quienes han luchado toda su vida por tener un pedazo de tierra donde cultiva”, añadió.

El rechazo de la JEP a alias Macaco

El 19 de febrero de 2025, los campesinos de la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (Asocadar) recibieron una notificación que podría cambiar negativamente sus vidas y dejar en el ojo del huracán al Gobierno de Gustavo Petro, que ha hecho un esfuerzo por cumplir con la entrega de tierras a víctimas del conflicto armado colombiano.

Un abogado, en representación del narcotraficante condenado Luis Alberto Urrego Contreras, les informó que debían abandonar los predios que les habían sido entregados provisionalmente por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), basándose en la resolución de la Fiscalía 50, en la que afirmaba que se levantaba el “secuestro” de las tierras, permitiendo que Urrego Contreras, conocido como alias Bacon, pudiera explotarlas mientras se resolvía su proceso de extinción de dominio.

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De acuerdo con Rutas del Conflicto, la disputa por estas tierras tiene sus raíces en el desplazamiento forzado que sufrieron las familias de Asocadar en 1996, cuando fueron expulsadas de la hacienda Bellacruz, en el sur del Cesar.

Desde entonces, las víctimas del conflicto armado han buscado la restitución de sus tierras, enfrentándose a un proceso legal prolongado y lleno de obstáculos. En diciembre de 2023, como parte de la política de reforma agraria del gobierno del presidente Gustavo Petro, la SAE entregó de manera provisional tres predios —El Amparo, El Porvenir y San Ignacio— a las familias de Asocadar, quienes cumplieron con los requisitos establecidos por la entidad, incluyendo el pago de una póliza contra todo riesgo de $8.000.000.

En efecto, en noviembre de 2024, durante un evento público en Cesar, el presidente Gustavo Petro anunció la entrega de más de 7.000 hectáreas en el departamento como parte de su compromiso con la reforma agraria.

En ese acto, la ANT entregó actas de tenencia y mejoras a los campesinos de Asocadar, reconociendo los cultivos que habían trabajado desde diciembre del año anterior.

Sin embargo, según reportó el medio especializado en conflicto armado, la situación dio un giro inesperado cuando la Fiscalía 50 emitió una resolución que devolvía la administración de los predios a Urrego Contreras, condenado en 2014 a 15 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de cocaína.

Urrego Contreras argumentó que la SAE había abandonado los terrenos, afectando sus derechos fundamentales y los de su madre, de 80 años, quien depende económicamente de él. Aunque la SAE tenía la posibilidad de presentar un recurso de reposición para demostrar que las tierras estaban siendo utilizadas en el marco de la reforma agraria, la entidad dejó vencer el plazo, dejando en firme la decisión de la Fiscalía.

La notificación del desalojo ha generado una profunda preocupación entre las familias de Asocadar, quienes invirtieron entre $15 y $30 millones en los predios para desarrollar cultivos y mejorar sus condiciones de vida.

Según el equipo jurídico de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que acompaña a los campesinos en este proceso, estas inversiones representan un esfuerzo por parte de las familias que hace décadas fueron desplazadas forsozamente de sus tierras, muchas de las cuales vendieron bienes para financiar sus proyectos agrícolas.

Adolfo Rodríguez, representante legal de Asocadar, denunció que el abogado de Urrego Contreras, Edwin Álvarez Garcés, llegó a los predios acompañado de maquinaria, trabajadores contratados y policías que no pertenecían al municipio. Estas acciones incluyeron la destrucción de viviendas construidas por la comunidad y la prohibición de sembrar nuevos cultivos.

Los representantes de las familias afectadas exigen respuestas al director de la ANT, Felipe Harman Ortiz, que respondió vía X que acompañarán a las víctimas en esta situación:

“La solicitud del bien extrañamente solicitada por la Fiscalía nos preocupa, es un grave antecedente que queremos que sea revisado con mayor rigor. Hicimos un negocio jurídico consolidado, acorde a la ley y a los tiempos. La @AgenciaTierras y la @activosSAE están de la mano, defendiendo a los campesinos”.

La presunta omisión ha dejado a los campesinos en una situación de vulnerabilidad, enfrentándose a un posible desalojo inminente. Además, se afirmaron sentirse utilizados por el Gobierno, que hace poco les entregó las tierras con “bombos y platillos”.

En la jornada del 11 de marzo el presidente Gustavo Petro se refirió a la titulación de 8.150 hectáreas por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para campesinos en San Vicente del Caguán, Caquetá.

El jefe de Estado hizo referencia a alias Calarcá, de las disidencias de las Farc, de quien dijo prefiere verlo trabajando en agricultura que en la ilegalidad.

“Revitalizar la selva amazónica en los llanos del Yarí, manteniendo el progreso campesino, es el acuerdo de paz que queremos en el Caquetá. Para los campesinos van 8.000 hectáreas. Espero a “Calarcá” cultivando arroz y arboles, que disparando fusiles. Es para ya”, escribió en su cuenta de X el primer mandatario.

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Entrega de títulos de propiedad en Caquetá

En un esfuerzo por fortalecer la seguridad jurídica de los campesinos y avanzar en la transformación del campo colombiano, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) oficializó la entrega de 63 títulos de propiedad en la vereda El Triunfo, ubicada en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá. La medida beneficia a 315 campesinos y campesinas, otorgándoles la titularidad de 8.153 hectáreas, en una región históricamente afectada por el conflicto armado y la deforestación.

El acceso a la propiedad de la tierra representa un hito para los habitantes de esta zona de los Llanos del Yarí, quienes han enfrentado durante décadas las consecuencias del conflicto interno y la ausencia del Estado.

Con esta entrega, se busca no solo garantizar el derecho a la tierra, sino también fortalecer la estabilidad de las comunidades rurales, brindándoles herramientas para el desarrollo sostenible y la consolidación de una economía legal y productiva.

Según la ANT, esta iniciativa se enmarca dentro de los compromisos adquiridos por el Gobierno en materia de reforma agraria y desarrollo rural.

La legalización de tierras es clave para que los campesinos puedan acceder a créditos, proyectos productivos y asistencia técnica, factores fundamentales para mejorar sus condiciones de vida y fomentar el arraigo en el territorio.

Acompañamiento internacional y respaldo a la paz

La entrega de títulos contó con la presencia de representantes de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) y de la Misión de Verificación de la ONU, organismos que han seguido de cerca los avances en materia de restitución y formalización de tierras. Su acompañamiento refuerza la importancia de esta política dentro del marco del Acuerdo Final de Paz y la necesidad de continuar con estos procesos en las regiones más afectadas por la violencia y el abandono estatal.

“Al Caguán lo único que llegaba por parte del Estado eran bombas, criminalización; sin embargo, hoy llegamos con 63 títulos, y esto es un reconocimiento justo y legal del territorio. Que el campesino nunca más sienta miedo porque llegó el Estado”, afirmó el director general de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman.

Para los beneficiarios, la titulación de tierras no solo representa la posibilidad de consolidar sus proyectos productivos, sino también un cambio en la relación con el Estado. La expectativa es que, con el reconocimiento legal de sus predios, se abran nuevas oportunidades de inversión pública y privada, fortaleciendo el tejido social y promoviendo el desarrollo de actividades económicas sostenibles.

Próximos pasos en la adjudicación de tierras

La entrega de estos títulos hace parte de un proceso más amplio que busca formalizar la tenencia de la tierra en los Llanos del Yarí. Actualmente, la ANT trabaja en la adjudicación de un segundo polígono, con la expectativa de completar los actos administrativos en los próximos cinco meses. Este esfuerzo refleja la intención del Gobierno de avanzar en la regularización de la propiedad rural, garantizando que más campesinos puedan acceder a este derecho fundamental.

La titulación de tierras es una de las estrategias clave para reducir la conflictividad en el campo y sentar las bases de una paz estable y duradera. Con este tipo de iniciativas, se espera que las comunidades campesinas puedan desarrollar sus actividades sin temor a la incertidumbre jurídica y con el respaldo de una institucionalidad fortalecida.

La entrega en San Vicente del Caguán es un nuevo paso en el camino hacia un campo más equitativo y sostenible, en el que la tierra deje de ser un motivo de disputa para convertirse en una base de progreso y estabilidad para quienes la trabajan.

Un informe reciente de la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia presuntas irregularidades en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), relacionadas con la adquisición y adjudicación de predios destinados a la Reforma Rural Integral.

Según el ente de control, estas anomalías han generado un detrimento fiscal estimado en 160.000 millones de pesos, afectando tanto los recursos públicos como el bienestar de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que debían beneficiarse de estas tierras.

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De acuerdo con la Contraloría, uno de los principales problemas detectados radica en la compra de predios con suelos clasificados como inadecuados para actividades agropecuarias.

En varios casos, más del 50% de la superficie de los terrenos adquiridos corresponde a suelos de clase VII, que presentan severas limitaciones para cultivos y ganadería.

Esto contraviene la normativa vigente, que prohíbe la adquisición de predios con más del 20% de su área en suelos de clase VII y VIII. Además, se identificaron terrenos con humedales que abarcan hasta el 30% de su superficie, lo que limita aún más su uso productivo.

Otro de los hallazgos destacados por la Contraloría se refiere a la ocupación ilegal de predios adquiridos por la ANT. Según el informe, la falta de diligencia en la recuperación material de estas tierras ha generado un posible detrimento patrimonial de 5.646 millones de pesos.

Esta situación no solo afecta las finanzas públicas, sino que también tiene un impacto social fuerte, ya que impide que las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes accedan a los terrenos que les corresponden como parte del proceso de ordenamiento social de la propiedad.

El ente de control destacó que estas ocupaciones ilegales representan un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos de la Reforma Rural Integral, uno de los pilares del acuerdo de paz. La falta de acción por parte de la ANT para resolver estas situaciones ha generado incertidumbre y descontento entre las comunidades destinatarias de los predios.

La Contraloría también señaló que los retrasos en la entrega de los predios adquiridos han sido otro factor crítico en la gestión de la ANT. De los 205 predios disponibles, apenas el 12,2% han sido entregados a la población campesina, mientras que solo el 5,3% han llegado a comunidades indígenas y apenas el 1% a comunidades negras.

Esta lentitud en la adjudicación no solo incumple las metas establecidas en la Reforma Rural Integral, sino que también genera costos adicionales para la ANT, que debe asumir el mantenimiento de las tierras no entregadas.

El informe detalla que esta demora ha afectado la implementación de proyectos productivos en las zonas rurales, obstaculizando el desarrollo económico y social de las comunidades beneficiarias. Además, la Contraloría estima que los retrasos han ocasionado un presunto detrimento de los recursos públicos por un valor de 110.322 millones de pesos, lo que agrava aún más la situación.

Según el informe, las irregularidades detectadas no solo representan un problema financiero, sino que también ponen en riesgo el cumplimiento de los compromisos adquiridos en medio de la implementación del acuerdo de paz.

La Contraloría advirtió que estas deficiencias en la gestión de la ANT dificultan la implementación de políticas públicas orientadas a reducir la desigualdad en el acceso a la tierra, uno de los principales objetivos de la Reforma Rural Integral. Además, subrayó que la falta de cumplimiento de estas metas podría generar tensiones sociales y políticas en las regiones afectadas.

Ante este panorama, la Contraloría ha instado a la Agencia Nacional de Tierras a tomar medidas inmediatas para corregir las irregularidades detectadas y garantizar una gestión más eficiente de los recursos públicos.

Entre las recomendaciones se incluye la revisión de los procesos de adquisición de predios, con el objetivo de asegurar que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente. Asimismo, se ha solicitado a la ANT que acelere la entrega de tierras a las comunidades beneficiarias y que implemente estrategias efectivas para recuperar los predios ocupados ilegalmente.

En un proceso que ha estado marcado por disputas legales y sociales, el Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), logró culminar el trámite administrativo para la adjudicación colectiva de la hacienda La América, ubicada en Chimichagua, Cesar.

Con el certificado expedido por la Superintendencia de Notariado Registro, que acredita a la entidad como propietaria del predio, se cierra la conjetura sobre el dominio de la emblemática hacienda, entregada por el presidente Gustavo Petro a las familias beneficiarias el 23 de noviembre de 2024.

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La hacienda La América ha sido un terreno de disputa durante años. Con origen histórico en el proceso de adjudicación de baldíos realizado por el Incora en 1978, cuando fue asignado a comunidades campesinas; en los años 90 y principios de 2000, varios personajes con vínculos al narcotráfico y al paramilitarismo tomaron control de las tierras, lo que derivó en la situación actual.

Originalmente, perteneció a José Guillermo Hernández Aponte, conocido como el “Ñeñe Hernández”, vinculado al narcotráfico y asesinado en Brasil en 1998. Posteriormente, el control de la hacienda pasó a manos de Hugues Rodríguez Fuentes, alias Comandante Barbie, que a través de su empresa Inversiones Rodríguez Fuentes, mantuvo la posesión del terreno, a pesar de que en 2023 el Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala y Justicia y Paz de Barranquilla dictó una resolución que otorgaba la propiedad al Fondo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (Uariv).

En este contexto, la ANT gestionó la compra de este predio, obteniendo el certificado de la Superintendencia de Notariado y Registro, que valida al Estado como legítimo propietario. Esto pone fin a los cuestionamientos sobre la propiedad y el dominio de La América, despejando las dudas de quienes se oponían a la entrega de estas tierras a las comunidades campesinas.

Natalia Astroz Gómez, coordinadora del convenio entre la ANT y el Fondo de Víctimas, destacó el logro del proceso y desmintió las versiones de quienes se han opuesto a la entrega del terreno a las familias campesinas. “Hoy se desvirtúa lo manifestado por algunos actores de la región, que se han opuesto desde un principio a que el predio fuera entregado a los campesinos. A la fecha, reposa en el folio de matrícula inmobiliaria el registro del acto administrativo de transferencia del derecho de dominio a favor de la Agencia Nacional de Tierras”, explicó la funcionaria.

Por su parte, el director de la ANT, Felipe Harman, resaltó la importancia de este hecho en el marco de la Reforma Agraria. “Con las 1.400 hectáreas de tierra del predio La América en Chimichagua, completamos más de 13.400 hectáreas destinadas a la Reforma Agraria en el Cesar”, afirmó Harman, que también agradeció el acompañamiento del Ministerio Público y la Fuerza Pública en todo el proceso de restitución y entrega.

Jhon Prieto, líder campesino y fundador de la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios, una de las organizaciones que agrupa a los campesinos beneficiarios de la entrega, celebró este importante paso hacia la justicia social. “Con esto, valoramos positivamente el avance de la Reforma Agraria en nuestro municipio. A partir de lo sucedido, podemos decir que este predio es genuinamente ‘nuestra América’ y que el corazón del Territorio Campesino Agroalimentario late con más fuerza”, señaló Prieto, destacando el impacto positivo que tendrá esta restitución sobre la vida de los campesinos de la región.

La recuperación de La América también ha sido vista como una victoria simbólica para las organizaciones sociales que han luchado por décadas por la restitución de tierras y la reparación de las víctimas del conflicto armado. Desde 2004, cuando la empresa Inversiones Rodríguez Fuentes compró los terrenos de La América, hasta el 2024, el proceso ha sido largo y complicado. Sin embargo, la colaboración entre el Gobierno y las comunidades campesinas ha logrado que el predio finalmente sea entregado a quienes realmente le pertenecen: los campesinos de Chimichagua.

El proceso de adquisición de tierras en el Catatumbo provocó debate en Colombia, especialmente por el Estado de conmoción interior decretado por el Gobierno nacional. En el centro de la controversia se encuentra la figura de la expropiación administrativa, contemplada en el Decreto 108 de 2025, que fue interpretada por distintos sectores como un mecanismo de apropiación forzosa o expropiación exprés; sin embargo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) declaró que, en esta etapa, el proceso se realiza mediante ofertas voluntarias de los propietarios de los predios.

El director de la ANT, Felipe Harman, fue enfático en señalar que la adquisición de las 3.500 hectáreas no es una confiscación, sino un procedimiento de compra basado en acuerdos con los dueños de la tierra. “Esas fincas que tenemos referenciadas han sido ofertas voluntarias, eso es el primer componente. Hoy nosotros vamos a arrancar a adquirir tierras del Catatumbo con ofertas voluntarias, entonces eso es lo primero que hay que aclarar”, afirmó el funcionario en declaraciones recientes al diario El Colombiano.

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Para los colombianos se plantea la pregunta sobre los afectados por la medida y la identidad de los propietarios de los terrenos en cuestión. De acuerdo con las autoridades, estas tierras pertenecen a habitantes de la región que han optado por vender sus predios a la ANT dentro del Plan Catatumbo, una iniciativa orientada a transformar la dinámica territorial y fortalecer la producción agrícola legal.

Los predios adquiridos serán utilizados para proyectos de desarrollo sostenible, bajo el concepto de “fincas de paz”, que no solo brindarán alternativas productivas a la comunidad, sino que funcionarán como refugios humanitarios en situaciones de crisis derivadas de enfrentamientos armados.

Plan integral para la estabilización del Catatumbo

El Gobierno explicó que la compra de estas tierras responde a una estrategia integral para garantizar la estabilidad en una de las regiones más afectadas por el conflicto armado. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, señaló en su momento que esta medida es clave para facilitar el retorno de desplazados y ofrecer soluciones productivas en territorios históricamente impactados por la violencia.

“La expropiación no es una confiscación; es una enajenación forzosa en la que se indemniza al propietario a valor comercial y se pone el terreno al servicio de objetivos de emergencia”, sostuvo Carvajalino. Según la jefa de cartera, este mecanismo se empleó durante décadas en Colombia con fines de utilidad pública, y en este caso, busca crear condiciones que reduzcan la dependencia de economías ilícitas.

El Plan Catatumbo también contempla la constitución de la Zona de Reserva Campesina “Paz y Unión del Catatumbo”, que abarcará 59.000 hectáreas y beneficiará a 61 veredas de los municipios de Hacarí, Ábrego, Bucarasica y La Playa de Belén. La estrategia está diseñada para fomentar la producción agrícola, reforzar la seguridad alimentaria y garantizar el acceso a la tierra de comunidades que han sido históricamente desplazadas por la guerra.

La estrategia del Gobierno para transformar el Catatumbo

Uno de los objetivos principales de la compra de estas tierras es destinarlas a asociaciones campesinas y organizaciones sociales, quienes tendrán la responsabilidad de administrarlas bajo un modelo sostenible. En estos predios se desarrollarán cultivos lícitos, proyectos de agroindustria y sistemas de producción diversificada, con el fin de fortalecer la economía local y reducir la dependencia de cultivos ilícitos.

Adicionalmente, las “fincas de paz” serán espacios de refugio humanitario en momentos de confrontación. Esta estrategia, según Harman, busca brindar condiciones de estabilidad para las comunidades en una región donde el conflicto ha obligado a miles de personas a desplazarse de manera constante.

“Lo que queremos es que esas fincas sean parte de un sistema nacional de derechos humanos, parte de una revisión integral con garantes internacionales en el marco del Derecho Internacional Humanitario”, agregó el director de la ANT para el medio citado.

El Gobierno reiteró que este proceso se desarrolla con el acompañamiento de organismos internacionales y bajo estándares legales que garantizan la transparencia de las adquisiciones. El reto ahora es garantizar que la implementación del proyecto se realice de manera efectiva y que los beneficiarios cuenten con el apoyo necesario para consolidar proyectos productivos sostenibles.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) están a punto de concretar la venta de doscientas hectáreas de El Ubérrimo, la hacienda de la familia Uribe Vélez, ubicada entre Montería y el municipio de San Carlos, en el departamento de Córdoba.

Este acuerdo permitirá que las tierras sean destinadas a proyectos productivos para treinta familias campesinas de la región, en el marco de la reforma rural impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, según una primicia de El Tiempo.

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El proceso de negociación, que ha sido liderado directamente por el expresidente Uribe y el director de la ANT, Felipe Harman, representa un hito en el polarizado panorama político del país. La venta de estas tierras, que forman parte de una finca de más de 700 hectáreas, se inscribe dentro de los esfuerzos del gobierno para cumplir con el Punto Primero del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016, que busca garantizar el acceso a la tierra para comunidades campesinas, negras e indígenas.

De acuerdo con El Tiempo, la negociación comenzó con una oferta presentada por la familia Uribe Vélez, a través de la empresa Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S., cuyo representante legal es Tomás Uribe, hijo del expresidente.

En agosto pasado, la ANT respondió con una propuesta final basada en un avalúo rural comercial realizado por la firma DCI Colombia S.A.S., que estableció un valor de 3.031 millones de pesos colombianos.

El pago se realizará en dos partes: el 50 % al momento de la firma de la escritura pública y la inscripción del trámite, y el restante cuando se expida una copia auténtica de la escritura. Según declaraciones previas del expresidente Uribe, las tierras ofrecidas cuentan con condiciones de alta productividad sostenible, aptas tanto para la ganadería empresarial como para la campesina.

Uribe también destacó que el precio acordado es significativamente inferior al avalúo catastral de la región, y solicitó a la ANT reconsiderar los valores de los avalúos en la zona para garantizar la sostenibilidad de las actividades ganaderas.

La venta de estas tierras ocurre gracias al programa de compra de tierras acordado entre el presidente Petro y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) al inicio del actual gobierno. Este programa busca adquirir tierras para redistribuirlas entre comunidades rurales, como parte de los compromisos adquiridos en el proceso de paz con las extintas Farc.

Sin embargo, el avance de este programa ha sido limitado. Según datos de la Contraloría General de la República, hasta noviembre del año pasado solo se habían adquirido 800 hectáreas, muy lejos de la meta inicial de 3 millones de hectáreas. En total, el gobierno ha adquirido 448.000 hectáreas para la reforma rural, de las cuales 186.000 corresponden al año 2024.

El Ubérrimo, la finca de Álvaro Uribe Vélez

El Ubérrimo no es solo una finca; es un símbolo del poder político y económico en Colombia. Durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe (2002-2010), la hacienda fue escenario de reuniones clave sobre seguridad y encuentros con figuras internacionales, como el líder opositor venezolano Leopoldo López.

Además, la finca ha sido objeto de controversias y críticas. El senador Iván Cepeda, uno de los principales opositores de Uribe, escribió un libro sobre El Ubérrimo, y el propio presidente Petro ha mencionado la hacienda en varias ocasiones como parte de sus críticas al expresidente.

El acuerdo para destinar parte de estas tierras a la reforma rural no solo tiene un impacto práctico, sino también un peso simbólico en la política colombiana. Representa un gesto de cooperación entre dos figuras que han estado en lados opuestos del espectro político, en un momento en que el país enfrenta desafíos significativos en términos de reconciliación y desarrollo rural.

A pesar de los esfuerzos del gobierno, la implementación de la reforma rural enfrenta múltiples retos. Según El Tiempo, además de la compra de tierras, el gobierno ha formalizado 1.2 millones de hectáreas, un paso importante para garantizar la seguridad jurídica de las comunidades beneficiadas.

Sin embargo, la meta de redistribuir tierras a gran escala sigue siendo un desafío. La compra de tierras emblemáticas como las de El Ubérrimo podría ser un catalizador para avanzar en este proceso, pero también pone de manifiesto las tensiones y complejidades inherentes a la reforma agraria en Colombia.

El acuerdo entre Uribe y el gobierno de Petro, aunque limitado en términos de extensión territorial, podría sentar un precedente para futuras negociaciones con otros grandes propietarios de tierras. En un país donde el acceso a la tierra ha sido históricamente una de las principales causas de conflicto, este tipo de acuerdos son fundamentales para construir una paz duradera y promover el desarrollo rural.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la comunidad Zenú del municipio de San Antonio de Palmito, en Sucre, han logrado un acuerdo sobre la posesión de los predios Simba, Potosí y La Laguna, de acuerdo con información conocida por la emisora colombiana Blu Radio.

Estos terrenos, que la comunidad ha mantenido bajo su control durante la última semana, forman parte de los compromisos adquiridos en marzo de 2024 por el Gobierno Nacional.

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Durante su reciente visita a la zona, Felipe Harman, director de la ANT, reafirmó su compromiso con la población indígena y los campesinos que reclaman estos terrenos. En ese contexto, señaló que “una vez reciban los predios de manera legal por parte de la SAE, se los entregarán a los indígenas y campesinos tal como ya se los anunció el mismo presidente Gustavo Petro”. Este anuncio ratifica la intención del Gobierno de cumplir con lo pactado y formalizar la entrega de los predios a sus nuevos propietarios.

El proceso de transferencia ya está en marcha. Se espera que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) haga la entrega oficial de los terrenos a la ANT en un plazo máximo de 15 días. Posteriormente, la agencia procederá a la adjudicación a la comunidad Zenú y a las asociaciones campesinas que han estado esperando la materialización del acuerdo.

El encuentro contó con la participación de Martín Moreno Argüello, cacique regional Córdoba-Sucre del pueblo Zenú, quien reconoció la disposición de la ANT para avanzar en el diálogo y encontrar soluciones viables. “La capacidad de diálogo y de buscar una solución ha sido fundamental para avanzar en este proceso”, afirmó Moreno Argüello, resaltando la importancia de este acercamiento entre la comunidad y las autoridades.

Desde el inicio de la minga el pasado 20 de enero, la comunidad ha mantenido una protesta pacífica para exigir que el Gobierno cumpla con la entrega de las tierras prometidas. Además, el alcalde de San Antonio de Palmito y Ubadel Pérez, cacique territorial de la comunidad Zenú, han participado activamente en las negociaciones con la ANT. Pérez señaló que, tras la reunión sostenida con la entidad, se acordó establecer encuentros semanales para agilizar los trámites administrativos que permitirán la formalización de la entrega de los predios.

La ANT entregó 175 títulos de propiedad que abarcan 842 hectáreas

Evelio Ortega, un campesino del Magdalena, expresó con emoción lo que significa para él recibir un título de propiedad tras 30 años de espera. “Esto es un sueño hecho realidad”, afirmó, destacando que ahora puede asegurar que la tierra será un legado para sus hijos y su familia.

El martes 3 de diciembre de 2024, en el auditorio del Centro Empresarial del Banco de Bogotá en Santa Marta, se llevó a cabo la entrega de 175 títulos de propiedad que abarcan 842 hectáreas, beneficiando a más de seiscientas personas de once municipios del Magdalena, según informó la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

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En lo que va del año, se han entregado más de diez mil hectáreas en ese depa, beneficiando a campesinos, comunidades indígenas y mujeres rurales. La entrega de estos títulos busca no solo proporciona seguridad jurídica a las familias campesinas, sino que también abre oportunidades para proyectos productivos y acceso a créditos, según la ANT.

Mediante la gestión de la Agencia Nacional de Tierras, más de 600 personas encuentran esperanza en una política de restitución que procura equidad y desarrollo rural - crédito ANT

Patricia Caicedo, asesora para la Agencia Nacional de Tierras en el Caribe, destacó la importancia de este momento, señalando que, durante décadas, muchos campesinos trabajaron tierras que no podían llamar suyas.

“Hoy, les devolvemos algo más que un pedazo de tierra: les devolvemos su dignidad, su seguridad y el derecho a soñar con un futuro mejor”, expresó Caicedo, según la ANT.

Los títulos de propiedad entregados corresponden a predios ubicados en municipios como Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, Santa Marta, Plato, Chivolo, Sitio Nuevo, El Banco, Remolino, San Zenón, Cerro de San Antonio y Concordia. Este proceso es el resultado de un trabajo conjunto entre las comunidades y la ANT, según Damián Marañón, director territorial Magdalena-Caribe de la entidad. Además, afirmó que cada título entregado representa una victoria frente al olvido y la inequidad que han marcado la historia de los campesinos de la región.

El evento también simboliza el esfuerzo conjunto de instituciones como la ANT y la Unidad de Restitución de Tierras para devolver a las familias no solo sus tierras, sino también la esperanza. La entrega de estos títulos es un paso crucial hacia la equidad y la justicia para los campesinos del Magdalena, según la entidad.

La autorización judicial que permitía al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso desplazarse por varios departamentos de la costa Caribe colombiana para colaborar en la identificación de bienes entregados por las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no se materializó debido a una omisión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Según informó la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, la entidad no presentó el cronograma requerido para coordinar las actividades de Mancuso, lo que imposibilitó que se hiciera efectivo el permiso.

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El permiso, otorgado mediante el Auto 618 del 13 de noviembre de 2024, permitía a Mancuso movilizarse hasta el 31 de enero de 2025 por los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira.

El objetivo era facilitar la localización y recuperación de bienes entregados por el paramilitarismo, los cuales, según registros oficiales, no han sido plenamente identificados.

Sin embargo, el magistrado Carlos Andrés Pérez, de la Sala de Justicia y Paz, señaló que la ANT no cumplió con la exigencia de elaborar un listado de bienes a buscar ni un cronograma detallado con los lugares a visitar, lo que llevó a la suspensión de la autorización.

Tras su deportación desde Estados Unidos en 2024, donde cumplió una condena de casi 15 años por delitos relacionados con su liderazgo en las AUC, Mancuso regresó a Colombia con el compromiso de colaborar con la justicia y contribuir a la reparación de las víctimas.

Uno de los pasos en este proceso era su participación en la identificación de bienes entregados por el grupo paramilitar, una tarea que requería su desplazamiento por las zonas donde operaron las AUC.

En noviembre de 2024, el director de la ANT, Felipe Harman, solicitó a la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla que se permitiera a Mancuso movilizarse por los municipios de la Costa Caribe.

La solicitud fue aprobada bajo la condición de que la ANT presentara un cronograma detallado y un listado de bienes a buscar, respaldados por la autoridad judicial competente. Sin embargo, según el magistrado Pérez, esta planificación nunca fue entregada, lo que impidió que Mancuso pudiera cumplir con esta parte de su compromiso.

En un auto emitido el 20 de enero de 2025, el magistrado Pérez dejó constancia de que la ANT no cumplió con los requisitos establecidos para la autorización del traslado.

“La Sala toma nota y deja claro que esa entidad nunca presentó el cronograma requerido, por lo que tal autorización no llegó a materializarse”, afirmó el magistrado en su decisión. Además, destacó que, hasta que no exista una planeación adecuada y un respaldo judicial expreso, Mancuso no podrá desplazarse a las zonas donde delinquió.

El Tribunal Superior de Barranquilla también recordó que, aunque los postulados en el proceso de Justicia y Paz tienen prohibido acercarse a las víctimas o a las áreas donde tuvieron influencia, esto no debe ser un obstáculo para que cumplan con los compromisos adquiridos, como aportar a la verdad y colaborar en la reparación del daño causado.

El rastreo de bienes entregados por las AUC es una tarea fundamental dentro del proceso de Justicia y Paz, ya que estos activos son esenciales para la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Según lo informado por la ANT, muchos de estos bienes no figuran en los registros oficiales, lo que dificulta su recuperación y uso para los fines establecidos por la justicia.

El Auto 618, que autorizaba el traslado de Mancuso, buscaba precisamente facilitar esta tarea al permitir que el exjefe paramilitar colaborara directamente en la identificación de los bienes.

En medio de este escenario, el director de la ANT solicitó al Tribunal Superior de Barranquilla que no se prorrogara la autorización para el traslado de Mancuso.

Esta solicitud fue acompañada por la aclaración del magistrado Pérez de que la autorización no se había materializado debido a la falta de cumplimiento por parte de la ANT.

En marzo de 2024 el presidente Gustavo Petro anunció con bombos y platillos la entrega de tierras a los campesinos de Sucre, como parte de su programa que pretende devolver los latifundios a sus dueños originales para hacerlas más productivas. En ese momento, informó que una megahacienda ubicada entre los departamentos de Córdoba y Sucre, perteneciente al narcoparamilitarismo sería la primera de su programa.

La suntuosa construcción fue parte de la incautación de propiedades al narcotraficante y paramilitar, conocido como Simba. “Javier Piedrahíta, el narcotraficante de Yarumal que armó el paramilitarismo en sus inicios en el sur de Córdoba y Sucre ... Hoy entrego la hacienda del narcotraficante al pueblo campesino de Sucre”, dijo el jefe de Estado a los campesinos presentes en el evento.

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Sin embargo, una reciente investigación de El Tiempo, hizo referencia a que en la actualidad la megaconstrucción no está actualmente en poder de los campesinos y, por el contrario, los terrenos que la componen se estarían perdiendo. De acuerdo con el trabajo hecho por el medio de comunicación antes citado da muestra que la hacienda fue incautada inicialmente a Luis Fernando Castaño, conocido con el alias de ‘Botija’ y dado de baja en 2018 en Medellín.

Esta entrega investigativa también encontró que el congresista Antonio Correa, del Partido la U ha pedido que se verifiquen a los depositarios de la SAE que han tenido acceso a los predios involucrados, pero también si es cierto el asunto de las hectáreas: “Lo que se dice en terreno es que los predios han sido manejados por Benjamín Sarta Ojeda, a quien vinculan con Laura Ojeda, esposa de Nicolás Petro”, dijo el congresista.

Según el acta que divulgó dicho medio de comunicación, la SAE y la Agencia Nacional de Tierras dicen que son 661 hectáreas de ese predio y 142 de otro, que estaban en propiedad de alias Simba; sin embargo, registros en poder del diario citado indican que son 850 y 145 hectáreas respectivamente. Esto llevó incluso a que se citara a Daniel Rojas a control político en Senado.

Debido a los aparentes señalamientos del congresista de la U a Sarta Ojeda, el medio de comunicación se comunicó con él para que aclarara los nexos familiares que tiene con la esposa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, algo que dijo es “falso”: “No la conozco. La sigo en redes porque es reconocida y me gusta ver lo que publica”.

Agregó que es por el apellido los han querido vincular como primos y diciendo que se quieren robar los predios, a lo que enfatizó que: “Dejé de ser depositario de Simba desde mayo de 2022 y fui removido de la SAE en enero de ese año, en la administración Duque”. Pero esto no fue lo único que sentenció, ya que dijo que sí se están perdiendo los predios y esto tiene que ver con las personas a las que la entidad se los entregó después.

Por otro lado, Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, indicó que los predios continúan en poder de la SAE, pero en dicha entidad le tiran la pelota a la ANT, por lo que afirman que esto concluye con su responsabilidad. Adicionalmente, estarían a punto de entregar una respuesta sobre la pérdida de tierras en la narcohacienda y los contratos de arrendamiento de Simba y La Laguna que iban hasta abril de 2026.

Finalmente, admiten desde la SAE que se han sostenido relaciones para resolver las disputas sobre las millonarias mejoras que se hicieron a los predios por parte de los arrendatarios y que no fueron autorizados.

En lo que fue el evento de la restitución de 2.400 hectáreas del complejo cenagoso de Machado a quinientas familias agropescadoras en el departamento de Sucre, el presidente de la República, Gustavo Petro, emitió instrucciones a la Fuerza Pública para garantizar la protección de las tierras públicas y los derechos del campesinado en la región.

“El papel de la Fuerza Pública, y lo digo como Comandante en Jefe, es abrazar al humilde, proteger los derechos y las libertades que la Constitución y la ley consagran para el pueblo campesino de Sucre, Córdoba y otras regiones del país”, expresó el mandatario durante su intervención.

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Garantías para el uso común de los playones

El presidente destacó que los playones inundables, definidos como las áreas alcanzadas por el agua en su máximo nivel durante las temporadas de invierno, son tierras públicas de uso común según lo establece la Constitución. En este sentido, hizo un llamado a las autoridades para prevenir su apropiación indebida y asegurar el acceso para las comunidades.

“La Fuerza Pública, se lo digo aquí y es una orden de su Comandante en Jefe, debe abrazar al humilde, debe defender los derechos y las libertades constitucionales y legales del pueblo campesino de Sucre, de Córdoba, de la región”, afirmó el mandatario. dejando claro que estos actos constituyen una violación directa a las leyes vigentes.

Compromiso con la Reforma Agraria en 2025

El presidente aprovechó la oportunidad para resaltar la importancia de la Reforma Agraria como eje fundamental de su gobierno. Anunció que 2025 será un año crucial, con el objetivo de duplicar las hectáreas entregadas durante 2024.

“El año entrante será la prueba de si este Gobierno es el Cambio o no. Si llegamos a trescientas mil hectáreas, hay que volverla a seiscientas mil”, señaló ante las familias beneficiarias, subrayando la necesidad de que las entregas se concentren en zonas de alta productividad agrícola, como el Caribe y el Magdalena Medio.

Infraestructura y sostenibilidad para el desarrollo rural

Para garantizar el éxito de la Reforma Agraria, el presidente destacó la importancia de complementar la entrega de tierras con infraestructura productiva y social. Entre las medidas planteadas, instruyó al Ministerio de Agricultura y a la Agencia Nacional de Tierras a implementar proyectos de siembra, desarrollar capacidades para la exportación agrícola y establecer equipamientos clave como puertos, centros de acopio, cuartos fríos y escuelas.

“Más tierra en Sucre, más tierra para el campesinado. Hay que sembrar más alimentos, crear centros de acopio y poner el puerto de Tolú, Coveñas, al servicio de la exportación alimentaria. Además, hay que implementar cuartos fríos para proteger el precio y los ingresos del campesinado”, expresó el mandatario.

Además, Petro señaló el potencial de la energía solar como una herramienta clave para las comunidades rurales, permitiéndoles acceder a energía limpia y sostenible. “Los paneles solares no solo iluminan los hogares, también pueden calentar los alimentos sin contaminar el medio ambiente y cuidando la salud de las personas”, explicó.

Transformación del campo para los jóvenes

Por último, el mandatario reiteró la necesidad de transformar las condiciones de vida en el campo para que las nuevas generaciones encuentren oportunidades en sus regiones de origen, evitando la migración hacia las grandes ciudades o el extranjero.

“El día en que el joven y la joven decidan no irse a Miami o a Bogotá, sino quedarse aquí para entregar el conocimiento a la tierra, a la familia, a la región, ese día podremos decir que hemos construido un país en paz y justo, una república digna de llamarse Colombia, la tierra de Bolívar”, concluyó el presidente Petro.

La tutela cuestionó las cifras presentadas por la entidad, que en diversos medios de comunicación aseguró haber adquirido más de 220.000 hectáreas de tierra, mientras que, según se conoció por el fallo judicial, solo se han comprado 52.909 hectáreas, es decir, el 24% de lo reportado.

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Uribe, que ha sido un crítico del Gobierno de Gustavo Petro, acusó a la ANT de presentar una cifra inflada con recursos públicos para mostrar avances en el proceso de adquisición de tierras, especialmente en el contexto de la política de reforma agraria.

Por tal motivo, a través de su cuenta de X, el senador hizo públicas sus denuncias y señaló que el director de la ANT, Felipe Harman, debía renunciar debido a lo que considera una serie de mentiras y un manejo irresponsable de la información.

“El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, debe renunciar una vez más. Le miente al país de manera descarada, esta vez sobre el número de hectáreas de tierras que dice la Agencia Nacional de Tierras haber comprado”, publicó Uribe en la red social.

En sus declaraciones, el congresista recordó que en julio de 2023, el presidente Gustavo Petro afirmó públicamente que la ANT había adquirido más de 184.000 hectáreas, una cifra que, según Uribe, también es falsa, dado que el senador aseguró que la ANT solo ha comprado 153 predios, lo que equivale a 52.909 hectáreas, y no las más de 220.000 anunciadas.

El fallo de la tutela fue interpretado por Uribe como una victoria en su lucha por la transparencia en el manejo de los recursos públicos, por lo que en su publicación el senador también cuestionó el gasto de 13.800 millones de pesos destinados a la publicidad pagada a través de RTVC, una de las principales empresas públicas de medios de comunicación del país, pues según Uribe, ese dinero ha sido utilizado para difundir “mentiras” sobre la gestión de la ANT.

“La Agencia Nacional de Tierras está pagando a RTVC para difundir estos informes falsos en los medios de comunicación. Este es un contrato de 13.800 millones de pesos, lo que demuestra el despilfarro y la falta de transparencia”.

El senador también planteó una crítica más amplia al aumento en los contratos de prestación de servicios en el gobierno actual, que en 2024 sumaron 398.000 millones de pesos, frente a los 116.1 millones de pesos registrados en 2021.

El cuestionamiento a la ANT no se limitó solo a las cifras de tierras adquiridas, dado que el congresista también instó a los organismos de control a investigar y sancionar a la entidad por la difusión de información falsa y por la presunta mala gestión de los recursos destinados a la reforma agraria.

En su opinión, la administración de Felipe Harman ha sido un “fracaso” dentro de los programas impulsados por el Gobierno de Petro, al mismo tiempo que lamentó que los recursos destinados a la compra de tierras no se estén utilizando de manera efectiva para beneficiar a los campesinos y las víctimas del conflicto armado.

Por su parte, la ANT ha defendido sus acciones y asegura que el proceso de adquisición de tierras sigue en curso, aunque reconoció las dificultades que enfrenta para completar los trámites y entregar las tierras a los beneficiarios previstos; no obstante, las discrepancias sobre las cifras y las acusaciones de irregularidades continúan alimentando el debate político en Colombia, mientras los colombianos esperan respuestas claras sobre el uso de los recursos públicos en estos programas de restitución y reforma agraria.

La familia Carranza Carranza, de la que hacen parte la mayoría de los hijos de Víctor Carranza, el esmeraldero colombiano al que también se la ha mencionado por, presuntamente, financiar grupos paramilitares en el país, vuelve a estar en el ojo del Gobierno nacional por cuenta de dos megapredios que, al parecer, fueron usurpados por el empresario hace décadas.

Y es que Kimberlly Carranza, representante de la empresa Ganadería Brisas de Agualinda S.C.A. e hija del esmeraldero, ha mostrado su disposición a devolver al Estado los terrenos conocidos como ‘La Chorrera’ y ‘Siberia’, ubicados en Puerto López, Meta, según información revelada por El Tiempo. Estos terrenos, que suman 950 hectáreas, han estado en el centro de una disputa legal desde 2014, cuando fueron declarados baldíos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

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La ANT, dirigida por Felipe Harman, ha señalado a diversas empresas y personas, incluidos empresarios, políticos y narcotraficantes, de apropiarse de terrenos del Estado destinados a la reparación de víctimas del conflicto.

En este contexto, los predios ‘La Chorrera’ y ‘Siberia’ han sido objeto de investigación para determinar su estatus legal. En septiembre de 2019, la ANT emitió una resolución que confirmó que estos terrenos eran baldíos, indicando que no existían registros que demostraran que habían salido del dominio estatal.

“Se determinó que sobre los predios no recaen antecedentes registrales que den cuenta de que los mismos han salido del dominio del Estado y los documentos aportados por los ocupantes no son idóneos para acreditar el derecho de dominio”, señala la resolución.

“La sociedad Brisas de Agualinda no es sujeto de reforma agraria (...) La ocupación adelantada no fue y no es realizada bajo la convicción plena de estar obrando conforme a la Constitución y la ley”, se agrega en el documento.

María Blanca Carranza, viuda de Víctor Carranza Niño, también conocido como el ‘zar’ de las esmeraldas, interpuso un recurso legal contra la resolución de la ANT, pero este fue ratificado el 30 de octubre, señalando que los terrenos han sido usufructuados como baldíos durante décadas. Víctor Carranza, quien falleció en 2013, había dejado instrucciones a su familia para que entregaran al Estado los predios que no estuvieran a nombre de empresas o de su familia.

En la empresa Ganadería Brisas de Agualinda, además de Kimberlly Carranza, figuran otros miembros de la familia Carranza, como Luz Mery, Felipe Andrés, Jorge Arturo y Hollman Carranza Carranza, así como Yamile Piñeres de Carranza y Víctor Ernesto Carranza Piñeres.

Según reveló el diario nacional, Hollman Carranza, a través de Seaweed International Business S.A.S., forma parte de la junta directiva de Esmeraldas Santa Rosa, que controla gran parte de la zona esmeraldera de Boyacá.

Por otro lado, existe un proceso legal iniciado por Iliana Catalina Carranza Patiño y Ginna Juliana Carranza Aguirre, hijas extramatrimoniales de Víctor Carranza, que acusan a los hijos matrimoniales de ocultar bienes derivados de la sucesión, incluyendo acciones de Brisas de Agualinda.

Kimberlly Carranza ha rechazado las acusaciones de la ANT, afirmando que desde 2014, cuando se declaró que ‘La Chorrera’ y ‘Siberia’ eran baldíos, han estado dispuestos a entregarlos. Además, hizo énfasis en que su familia se dedica a la ganadería y no a la ocupación ilegal de tierras.

“Han sido ataques constantes del director de la ANT. En declaraciones y eventos dice que nos va a quitar predios y nos señala de ocuparlos ilegalmente y no es así. Desde que en 2014 se declaró la Chorrera y Siberia como baldíos, dejamos eso quieto y siempre les hemos dicho que estamos dispuestos a entregarlos”, señaló la hija del “zar” en diálogo con El Tiempo.

Evelio Ortega, un campesino del Magdalena, expresó con emoción lo que significa para él recibir un título de propiedad tras 30 años de espera. “Esto es un sueño hecho realidad”, afirmó, destacando que ahora puede asegurar que la tierra será un legado para sus hijos y su familia.

El martes 3 de diciembre de 2024, en el auditorio del Centro Empresarial del Banco de Bogotá en Santa Marta, se llevó a cabo la entrega de 175 títulos de propiedad que abarcan 842 hectáreas, beneficiando a más de seiscientas personas de once municipios del Magdalena, según informó la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

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En lo que va del año, se han entregado más de diez mil hectáreas en ese depa, beneficiando a campesinos, comunidades indígenas y mujeres rurales. La entrega de estos títulos busca no solo proporciona seguridad jurídica a las familias campesinas, sino que también abre oportunidades para proyectos productivos y acceso a créditos, según la ANT.

Patricia Caicedo, asesora para la Agencia Nacional de Tierras en el Caribe, destacó la importancia de este momento, señalando que, durante décadas, muchos campesinos trabajaron tierras que no podían llamar suyas.

“Hoy, les devolvemos algo más que un pedazo de tierra: les devolvemos su dignidad, su seguridad y el derecho a soñar con un futuro mejor”, expresó Caicedo, según la ANT.

Los títulos de propiedad entregados corresponden a predios ubicados en municipios como Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, Santa Marta, Plato, Chivolo, Sitio Nuevo, El Banco, Remolino, San Zenón, Cerro de San Antonio y Concordia. Este proceso es el resultado de un trabajo conjunto entre las comunidades y la ANT, según Damián Marañón, director territorial Magdalena-Caribe de la entidad. Además, afirmó que cada título entregado representa una victoria frente al olvido y la inequidad que han marcado la historia de los campesinos de la región.

El evento también simboliza el esfuerzo conjunto de instituciones como la ANT y la Unidad de Restitución de Tierras para devolver a las familias no solo sus tierras, sino también la esperanza. La entrega de estos títulos es un paso crucial hacia la equidad y la justicia para los campesinos del Magdalena, según la entidad.

Indígenas embera exigen cumplimiento de acuerdos de tierras en Bogotá

En un esfuerzo por abordar las demandas de la comunidad embera que llegó a Bogotá, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha establecido un canal de comunicación con los líderes de esta comunidad indígena.

El director de la ANT, Juan Felipe Harman, confirmó que se han iniciado conversaciones para buscar soluciones a las necesidades de los embera, quienes exigen el cumplimiento de acuerdos previos relacionados con la entrega de tierras, así como mejoras en salud y educación.

El lunes 25 de noviembre de 2024, aproximadamente 2.000 indígenas embera, provenientes del departamento de Risaralda, se asentaron de manera indefinida en la sede de la ANT en Bogotá. Este grupo, que podría llegar a ser de hasta 4.000 personas, busca presionar al gobierno del presidente Gustavo Petro para que cumpla con los compromisos adquiridos con su comunidad. Entre sus demandas, destacan la entrega de tierras y la implementación de proyectos productivos que mejoren su calidad de vida.

Marco Fidel Wasarabé, alto consejero de la comunidad embera, expresó la urgencia de estas demandas al señalar que no desean más muertes de niños indígenas en Risaralda. “Queremos tierra, educación, salud y proyectos productivos para el territorio”, afirmó Wasarabé.

En respuesta a esta situación, se ha programado una mesa de negociación para las 7:00 p.m., donde se espera la participación de diversos ministerios y actores del gobierno nacional. El objetivo es llegar a acuerdos concretos que aborden las necesidades territoriales de los embera y, potencialmente, establecer un acuerdo transitorio que permita avanzar en la solución de sus demandas.

La ANT, bajo la dirección de Harman, ha manifestado su compromiso de trabajar conjuntamente con la comunidad embera para encontrar soluciones viables y sostenibles. Este esfuerzo busca no solo cumplir con los acuerdos previos, sino también mejorar las condiciones de vida de esta comunidad indígena que ha sido históricamente marginada.

No cesan los esfuerzos del Gobierno nacional para cumplir con la promesa del presidente Gustavo Petro para reparar a las víctimas del conflicto armado en Colombia, lo que ha despertado duros roces con el Congreso de la República, que se ha convertido en uno de sus más férreos opositores a las reformas.

Sin embargo, la pelea interna entre el Ejecutivo y los legisladores estaría dejando al descubierto un posible entramado del poder político y territorial, donde las conexiones familiares y matrimoniales jugarían un papel crucial.

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Según un reciente informe del diario El Espectador, que contó con documentación de varias entidades del Estado, incluida la Agencia Nacional de Tierras (ANT), al menos cinco congresistas estarían bajo la lupa del Gobierno por posibles irregularidades en la acumulación de terrenos y la ocupación de predios baldíos.

El Gobierno de Gustavo Petro ha manifestado su preocupación por estos vínculos entre política y tierra, un tema recurrente en sus discursos. La acumulación de tierras es un punto clave del Acuerdo de Paz y de la reforma agraria que el Ejecutivo busca acelerar. En este sentido, se están explorando vías para agilizar la compra voluntaria de tierras y cumplir con las promesas de campaña.

En respuesta a un derecho de petición enviado por El Espectador, la ANT reconoció haber identificado a algunos congresistas involucrados en procesos agrarios, aunque no pudo proporcionar detalles adicionales debido a la falta de decisiones firmes.

Sin embargo, hay legisladores que se han mantenido en la escena pública por sus lazos familiares en diferentes departamentos, como el caso de Wadith Manzur, representante del Partido Conservador, que se ha convertido en la ejemplificación de la conexión entre política y negocios familiares en el territorio cordobés.

Manzur, vinculado a 23 propiedades en el municipio de Cereté, ha reportado actividades económicas en ganadería y agricultura. Su campaña para el Congreso en 2022 fue financiada principalmente por su familia, con aportes de su padre, Julio Alberto Manzur, quien confesó su colaboración con paramilitares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y que inyectó más de 149 millones de pesos a su campaña.

Asimismo, aparecen registros de otros familiares que aportaron grandes sumas de dinero, además de grupos empresariales de Córdoba que han estado directamente relacionados con la política, como en el caso de la familia García Burgos, que inyectó 30 millones de pesos a su campaña a través de Alberto Carlos Valverde Pineda. De hecho, Nora García Burgos ha sido fórmula de Julio Manzur y su hijo.

Otro caso relevante es el de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, representante por una de las curules de paz del departamento del Cesar e hijo de Jorge Tovar Pupo, alias Jorge 40, exjefe paramilitar. Tovar Vélez ha sido cuestionado por las propiedades a su nombre y las demandas de restitución de tierras. A pesar de las denuncias, el Consejo de Estado ratificó su escaño al Legislativo.

En el Senado, Alirio Barrera ha enfrentado señalamientos por la vinculación de su núcleo cercano con numerosas propiedades en Casanare. Incluso, su nombre aparece vinculado a 172 precios en ese departamento en los que también se registra el nombre de su prima, la exrepresentante a la Cámara Amanda Rocío Rodríguez.

Sin embargo, Barrera ha defendido sus actividades de compra y venta de terrenos, atribuyendo las acusaciones a opositores políticos. “Es un terreno que se subdividió, se hicieron los lotes y se vendió todo. Es una finca que se compró, sacamos una licencia en el 2012, 2013, pero por estar en el tema político, pues se abandonó el proyecto, no pude hacerlo y así me tocó venderlo”, señaló el senador al diario nacional.

La restitución de tierras es un tema candente en Colombia, afectando a diversos actores políticos. En la frontera con Venezuela, los representantes Wilmer Guerrero y Óscar Villamizar han adquirido terrenos en zonas de riesgo de desplazamiento forzado. Guerrero, por ejemplo, compró un lote en Ocaña poco después de levantarse una declaratoria de riesgo.

Sin embargo, el congresista defendió la adquisición de ese bien, asegurando que se trata de un predio que hace parte de un conjunto residencial que lleva, al menos, 23 años en construcción y que las escrituras están hace unos 20 años, además de alegar su desconocimiento sobre la declaración de riesgo de desplazamiento sobre ese terreno.

“Yo estuve indagando del tema con el personero de allá. Y él me decía: Wilmer, mira, lo que pasa es que en los municipios donde hubo presencia del tema de paramilitarismo en muchos sectores de Colombia, a los predios, de manera directa, no era porque estuvieran en un proceso de restitución ni porque los hubieran desplazado, le declaraban la medida cautelar de declaratoria de inminencia de riesgo de desplazamiento forzado. Es que a todos los predios se les colocaba. Y cuando alguien quisiera vender tenía que iniciar un proceso en la personalidad de la Alcaldía para evitar que esa persona que fuera a vender no la estuvieran vendiendo a desplazarse, obligando a vender barato, etcétera”, señaló Wilmer Guerrero a El Espectador.

El conflicto por la tierra también ha generado tensiones entre entidades. Un caso reciente es el de La América, un predio recuperado por la ANT que había sido propiedad de Jorge 40. La Procuraduría y la Unidad de Restitución de Tierras han cuestionado el proceso de recuperación, argumentando la necesidad de completar pasos judiciales.

La lucha por la tierra sigue siendo una de las prioridades del Gobierno de Petro, quien ha reconocido que la reforma agraria avanza lentamente. El proyecto de ley ordinaria de la reforma agraria está en discusión en el Congreso, con acuerdos multipartidistas para su presentación.

Luego de cuatro días de negociaciones, el Gobierno nacional, al mando de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en coordinación con 13 instituciones estatales, y las comunidades indígenas embera, Chamí, y embera Katío de Risaralda, llegaron a un acuerdo para que retornen a sus territorios de manera pacífica.

Los compromisos están enfocados a priorizar el acceso a la tierra, la educación, la salud y la vivienda, asegurando el regreso de las comunidades con plenas garantías.

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Con respecto a la entrega de tierra, las partes consensuaron el establecimiento de compromisos para 2024, 2025 y 2026, que incluyen la constitución del Resguardo Indígena embera Chamí en Guática y la ampliación del Resguardo Kurmadó en Marsella.

Además del planteamiento de iniciativas para fortalecer la formalización de territorios prioritarios, y darle prioridad a la ampliación del “Gran Resguardo Unificado embera Chamí” en Mistrató, se comprometieron crear una mesa técnica de seguimiento de manera conjunta para vigilar el avance de los acuerdos.

En 2025 se pondrá en primer lugar el proyecto de fortalecimiento educativo comunitario Crir y se dará continuidad a las visitas a 15 sedes educativas en concertación con el Consejo Regional Indígena de Risaralda (Crir). Para la capacitación de docentes y etnoeducadores se comprometieron a hacer efectivo el Decreto Legislativo 1345 de 2023, que regula la educación indígena.

En paralelo, llegaron a los siguientes acuerdos: “Realizar una visita técnica y de reconocimiento en los territorios para identificar las necesidades de infraestructura en salud y evaluar si es necesario construir nuevos centros de atención, mejorar y/o dotar los existentes en Risaralda”.

Además, se comprometieron a programar la asignación de recursos necesarios durante las vigencias 2025, 2026 y 2027 para conformar una red de atención integral en los municipios con presencia de la comunidad embera. Así mismo, se llevarán a cabo actividades para verificar y articular el funcionamiento de los 67 equipos básicos de salud para la atención primaria.

A la par, se estableció la creación de un proyecto de salud mental, sexual y reproductiva, con un presupuesto de $500 millones para 2025. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) integrará a más familias embera en programas de hogares sustitutos y seguridad alimentaria.

Otro de los puntos acordados es la consecución de recursos asignados hasta 2027. Esta medida busca fortalecer la red de atención primaria, incluyendo la ampliación de los Equipos Básicos de Salud a partir de diciembre de 2024. Igualmente, se establecieron visitas técnicas para evaluar la infraestructura sanitaria y determinar la construcción o mejora de centros de salud en Risaralda.

Por otro lado, se avanzará en la implementación de un sistema de cuidado comunitario, con especial atención a la vivienda digna, para mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas.

Para la ANT, “estas rápidas negociaciones demuestran que es posible generar espacios de escucha respetuosos y armónicos entre las instituciones del Gobierno y la población colombiana”, señalaron. Por su parte, representantes de las comunidades embera valoraron el retorno a sus territorios con “la tranquilidad de saber que tienen un Gobierno nacional que las escucha y protege”, sostuvo el director de agencia, Felipe Harman.

Luego de que se hicieron públicos los acuerdos, los líderes de las comunidades embera aseguraron que esperan que los acuerdos ayuden a solucionar las profundas desigualdades que enfrentan y que se han mantenido durante estos años. De igual manera, advirtieron que si no se cumplen los puntos pactados volverán a la capital del país.

“Nos vamos con la certeza de que hemos avanzado, pero también con la responsabilidad de vigilar que nuestras necesidades no queden en el olvido”, expresó Marco Fidel Guasarave, líder del Consejo Mayor Indígena de Risaralda.

“No queremos tener más muertes de niños indígenas en el departamento de Risaralda, queremos, para cubrir las necesidades de estos niños, tierra, educación, salud y proyectos productivos para el territorio”, expresó Marco Fidel Wasarabé, alto consejero de la comunidad.

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Frente a la problemática con dicha comunidad, Juan Felipe Harman, director de la ANT, aseguró que ya se estableció comunicación con sus voceros, con el fin de adquirir compromisos que permitan buscarle solución a las necesidades de los embera. Además, a las 7:00 p. m. se cumplirá la cita para participar en una mesa de negociación conjunta.

“En el marco de la conversación con la comunidad embera de Risaralda, hemos llegado a unos compromisos claros y concretos. Hoy se va a instalar la mesa de negociación, ellos han pedido la participación de distintos ministerios y actores del Gobierno nacional para llegar a acuerdos asociados a su territorio en el establecimiento de unas mesas. También, y en la posibilidad de tener un acuerdo transitorio de convivencia de tranquilidad y de en armonía, establecer las negociaciones necesarias para asegurar los derechos de las comunidades indígenas, pero al mismo tiempo para asegurar la paz y la convivencia en la capital Bogotá”, expresó el director de la ANT.

Cabe destacar que, el principal reclamo de la comunidad indígena embera, es que “se les cumpla con una deuda histórica, que por años, ningún Gobierno les ha cumplido”. Asimismo, “la comunidad embera, ve en el Gobierno de Gustavo Petro la posibilidad de saldar esta deuda y llegar a acuerdos que les permita agilizar el cumplimiento de sus necesidades. Lograr justicia social”, añadieron desde la ANT.

“La Agencia Nacional, en cabeza del director Felipe Harman, brinda las garantías necesarias para llevar a cabo unas mesas de diálogo y articulación con las demás instituciones del gobierno, acatando las directrices del presidente Petro”, puntualizaron.

Y es que, según lo declarado por el líder indígena, la crisis alimentaria que vive la población infantil embera es preocupante. Durante 2023, dijo a RCN Radio que 78 niños han fallecido debido a desnutrición y enfermedades relacionadas, y en lo que va de 2024, ya se han registrado otros 32 casos. “Sus distintos ministerios han llegado a los departamentos y han mostrado incumplimientos. Nos sentimos engañados por ellos”, expresó Wasarabé, enfatizando una sensación de abandono en la comunidad indígena.

El grupo de manifestantes, además, advirtió su intención de permanecer todo el mes e incluso prolongar su estancia al siguiente año si no reciben respuesta. El líder indígena sostuvo que, si no se alcanza un acuerdo con el Gobierno, están preparados para movilizar a otros 4.000 indígenas hacia la ciudad.

“Si no llegamos a ningún acuerdo con el Gobierno, créeme que estaremos movilizando otros 4.000 para que puedan llegar aquí a la ciudad de Bogotá”, aseveró el alto consejero indígena.

En su último pronunciamiento al respecto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que la movilización masiva de comunidades indígenas a la capital no es un problema de su Administración distrital, sino del cúmulo de incumplimientos del Gobierno nacional.

“¿Problema de Bogotá? La situación de orden público y la amenaza a poblaciones indígenas en Risaralda no es responsabilidad de Bogotá ni la Agencia Nacional de Tierras es una entidad Distrital. Estas personas vienen a Bogotá a exigirle garantías al Gobierno Nacional para poder permanecer en sus territorios. Claro que esta situación genera un problema en Bogotá, pero la responsabilidad de resolverlo de fondo es del Gobierno Nacional (sic)”, escribió vía X.

Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc, el país destinó más de 88 billones de pesos a su implementación. Sin embargo, los resultados dejaron un sabor agridulce. La Contraloría General de la República reveló que, a pesar de esta inversión, el impacto en los territorios más afectados por el conflicto es desigual y está lejos de cumplir las expectativas iniciales.

La falta de coordinación entre las entidades encargadas de ejecutar los puntos del acuerdo es uno de los problemas más graves. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Desarrollo Rural, claves en la Reforma Rural Integral, operaron de manera fragmentada, lo que derivó en la duplicación de esfuerzos y un uso ineficiente de los recursos.

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Según la Contraloría, solo se entregaron 18.000 hectáreas de las tres millones prometidas a los campesinos, y apenas el 2% de las tierras registradas en el Fondo de Tierras fue caracterizado. Este fondo acumula 2.425.404 hectáreas, pero la falta de avances significativos pone en entredicho la capacidad del Estado para cumplir con una de las promesas centrales del acuerdo.

El control fiscal es una tarea crucial en este proceso. Desde 2018, la Contraloría realizó 142 diligencias en las que identificó 511 irregularidades, 102 de ellas con impacto fiscal, por un total de 141.000 millones de pesos. Estas anomalías incluyen proyectos mal formulados y falta de coherencia con los objetivos del acuerdo, lo que obstaculizó la transformación de los territorios. El Sistema General de Regalías, que aporta más de 15 billones de pesos al acuerdo, también enfrenta problemas. De los 8,2 billones invertidos a través del fondo Ocad Paz, se detectaron irregularidades por 522.268 millones de pesos.

El Mecanismo de Obras por Impuestos, creado para financiar proyectos sociales en zonas afectadas por el conflicto, aprobó 361 proyectos por un valor de 2,5 billones de pesos hasta junio de 2024. Sin embargo, estos recursos están concentrados en 124 municipios, lo que representa apenas una fracción de los 26 departamentos que deberían beneficiarse.

El 73% del presupuesto asignado al acuerdo fue destinado a la Reforma Rural Integral, un pilar fundamental para garantizar el acceso a la tierra y mejorar las condiciones de vida en las áreas rurales. A pesar de los recursos invertidos, los avances en este frente son mínimos, evidenciando la necesidad de una mejor planificación y articulación interinstitucional.

Entre 2017 y 2024 se destinaron 3,6 billones de pesos para apoyar el proceso de desarme y reincorporación de los excombatientes de las Farc-Ep. Un componente central de este esfuerzo es el desarrollo de proyectos productivos, diseñados para promover la sostenibilidad económica de quienes dejaron las armas. Estos proyectos se dividen en dos categorías principales: individuales y colectivos.

En el caso de los proyectos individuales, se aprobaron hasta la fecha 5.749 iniciativas, con una inversión total de 55.073 millones de pesos. Estas iniciativas beneficiaron a 6.892 firmantes del acuerdo, brindándoles oportunidades para integrarse económicamente a la sociedad. Por el contrario, los proyectos colectivos enfrentaron un desarrollo más complicado.

Hasta la fecha, se aprobaron 128 proyectos colectivos, que representan una inversión de 47.357 millones de pesos. Sin embargo, muchos de ellos cesaron sus operaciones debido a diversos obstáculos. Entre las principales causas se encuentran problemas de seguridad en las zonas donde se implementan, dificultades comerciales para posicionar los productos, fenómenos climáticos adversos que afectan las actividades productivas, además de desafíos administrativos y financieros.

Además, la Contraloría destacó que las inversiones realizadas no logran impactar de manera uniforme a las comunidades. Muchas zonas que sufrieron las consecuencias más graves del conflicto armado continúan esperando el desarrollo prometido. A ocho años de la firma del acuerdo de paz, Colombia enfrenta el reto de acelerar la ejecución de los compromisos asumidos. La falta de avances significativos en áreas críticas, como la Reforma Rural Integral, y las irregularidades detectadas en la gestión de los recursos señalan la necesidad de un cambio en el enfoque y una mayor transparencia en la implementación.

Mientras el reloj avanza hacia el final del periodo de implementación, el desafío es claro: garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan y cumplir con la promesa de construir una paz duradera en los territorios que más sufrieron las consecuencias del conflicto.

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, anunció la recuperación del predio La América, un terreno de 1.400 hectáreas ubicado en el corregimiento de Mandinguilla, en Cesar. La finca pertenecía al exparamilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y ahora será entregada a campesinos de Chimichagua como parte de los esfuerzos de la reforma agraria.

“Ingresamos a hacer la caracterización de la finca La América, que fue de Jorge 40. Hace parte del Fondo de Reparación y está siendo adquirida por la ANT, y va a ser entregada a manos de campesinos del municipio de Chimichagua y del departamento del Cesar”, indicó Harman. El número de beneficiarios será definido por el Comité Municipal de Reforma Agraria.

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La América, embargada en 2007 a la sociedad Rodríguez Fuentes por la Fiscalía, forma parte del inventario de tierras entregadas por paramilitares al Fondo de Reparación de Víctimas. Sin embargo, Harman señaló que el predio aún está bajo el control de una empresa vinculada a alias Comandante Barbie, miembro cercano del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El director de la ANT también alertó sobre las amenazas recibidas por líderes y campesinos tras el anuncio de la recuperación del predio. “Es importante solicitarle a la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Luz Adriana Camargo, y a la Policía Nacional hacer seguimiento a esta recuperación”, subrayó Harman.

Este proceso es un paso significativo en la restitución de tierras en Cesar, en medio de un contexto de tensión y riesgos para las comunidades campesinas que aspiran a beneficiarse del uso productivo de estas tierras.

A este anuncio de la Agencia Nacional de tierras también se sumó el predio Porongos, uno de los baldíos de la nación con una extensión superior a 4.044 hectáreas, ha sido entregado a 36 familias campesinas en el marco de la iniciativa “Misión Meta” liderada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El acto de adjudicación se realizó entre el 25 y 26 de octubre, abarcando tierras situadas en los municipios de San Martín y Puerto López.

La historia de este terreno ha estado marcada por intentos previos de adjudicación. En 2012, la Familia Usme solicitó formalmente el predio, pero el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) negó su solicitud, afirmando que no cumplían con los requisitos establecidos en la Ley 160 de 1994. Las autoridades concluyeron que Porongos era un baldío, no una propiedad privada, y que solo los campesinos, según la normativa, podían acceder a este tipo de tierras.

El proceso administrativo reciente fue impulsado por la solicitud de 42 familias campesinas en 2023. Tras un análisis riguroso, la ANT determinó que 36 de estas familias habían ocupado y trabajado el predio desde 2019, cumpliendo con los requisitos del Decreto Ley 902 de 2017. Por ello, la entidad emitió 36 resoluciones de adjudicación que les permiten acceder a la propiedad formalmente, en un paso clave hacia la Reforma Agraria en la región.

San Martín ha sido una zona golpeada por la violencia, marcada por el control paramilitar que llevó al despojo de tierras y graves afectaciones a la comunidad campesina. La entrega del predio “Porongos” no solo representa un avance en la distribución equitativa de la tierra, sino también un acto de reparación para quienes han sufrido por el conflicto armado y buscan estabilidad y progreso.

La Agencia Nacional de Tierras ha hecho un llamado para evitar comentarios que puedan revictimizar a las familias beneficiarias. La entidad subraya que estas personas han enfrentado situaciones difíciles derivadas del control paramilitar y ratifica su compromiso con el desarrollo rural de Colombia, trabajando para garantizar un futuro digno para los campesinos del país.

Con esta adjudicación, se busca fortalecer el bienestar y la productividad agrícola en una región históricamente afectada, avanzando hacia un modelo de desarrollo rural más inclusivo.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) aclaró a través de un comunicado la situación respecto a la adquisición de terrenos en El Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó. Según la ANT, actualmente no es posible comprar los predios en cuestión, ya que están bajo un proceso de análisis técnico-jurídico para determinar si son baldíos. Este proceso es crucial para que el Estado pueda decidir sobre la posesión de dichos terrenos.

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“Con este comunicado, la ANT aclara la información que sale en otros medios sobre la compra de 8.000 Hectárea en Carmen de Atrato, que dicen no estar documentadas con títulos de propiedad. La ANT básicamente responde que no es posible comprar o adquirir los predios, ya que actualmente están en proceso de análisis técnico-jurídico para verificar si son baldíos. Una vez se determinen las características y la propiedad del predio, según el resultado, el Estado podrá tomar posesión de ellos”, se lee en la primera parte del comunicado.

En 2017, los terrenos de la Finca El Doce fueron postulados para compra por el entonces Incoder y solicitados por el Resguardo Indígena Wiwa Arzario de Campo Alegre. Sin embargo, los folios radicados inicialmente están cerrados debido a un englobe realizado ese mismo año, lo que impide su adquisición por parte de la Agencia. Además, estos predios han sido objeto de englobes y divisiones, y los últimos folios son de tipo urbano, lo que también imposibilita su compra.

“Los folios radicados inicialmente se encuentran cerrados, producto de un englobe realizado en 2017, razón por la cual no pueden ser adquiridos por la Agencia. Han sido objeto de una serie de englobes y divisiones, siendo los últimos folios de tipo urbano, lo cual imposibilita la compra por parte de la Agencia. Así se informó a la Comunidad”, añade la Agencia.

La ANT informó a la comunidad indígena en octubre de 2022 sobre estas limitaciones y solicitó información adicional para confirmar la naturaleza baldía de los predios. Hasta la fecha, las últimas actuaciones de la Agencia en estos expedientes se realizaron en 2022, enfocándose únicamente en la solicitud de información adicional.

De acuerdo con el documento, las últimas “actuaciones de la Agencia en estos expedientes corresponden al año 2022, en las que únicamente se solicitó información adicional de los predios”.

Añaden que los “procedimientos de compra de la Agencia, tanto para campesinos como para comunidades étnicas, incluyen el análisis de viabilidades jurídicas, mediante el cual se determina la naturaleza de los predios para evitar comprar baldíos. Las viabilidades se adelantan en estricto apego al ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia. Estas verificaciones se hacen para las ofertas presentadas en todas las regiones del país, sin excepción”.

Los procedimientos de compra de la ANT, tanto para campesinos como para comunidades étnicas, incluyen un análisis de viabilidades jurídicas que determina la naturaleza de los predios para evitar la compra de terrenos baldíos, y se realiza en estricto apego al ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Las verificaciones se aplican a todas las ofertas presentadas en el país, sin excepción.

Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Agencia no ha adquirido predios en El Carmen de Atrato. No obstante, asegura la ANT en el texto, siguen recibiendo ofertas voluntarias de ganaderos interesados en participar en la reforma agraria.

Qué pasa con los predios

La Oficina de Instrumentos Públicos de Quibdó emitió una advertencia sobre el riesgo de que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adquiera terrenos baldíos en El Carmen de Atrato, Chocó, debido a la falta de documentación que acredite la propiedad legal de estos predios. Según informó Semana, la ANT ha recibido ofertas para comprar aproximadamente 8.000 hectáreas distribuidas en cerca de 50 folios, pero la falta de títulos de propiedad válidos ha generado preocupación.

Desde 1989, estas tierras han pasado por diversos procesos de englobamiento y desenglobamiento, lo que ha complicado aún más la situación. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ha señalado que no existe documentación complementaria que respalde un título previo que valide el derecho a la propiedad privada en las transferencias de dominio realizadas. Esto plantea dudas sobre si las transacciones iniciales fueron legales o si se trató de apropiaciones irregulares.

Los expedientes relacionados con estos terrenos son extensos y carecen de información esencial como el código catastral, la nomenclatura y la determinación del área. Esta falta de trazabilidad impide identificar a los compradores anteriores y las condiciones bajo las cuales se realizaron las transacciones, lo que complica la inversión de recursos públicos en su adquisición.

A pesar de las solicitudes de las comunidades para que la ANT adquiera estas tierras, la entidad ha respondido que no está considerando realizar la compra. La situación subraya la importancia de contar con una documentación adecuada y transparente para evitar posibles irregularidades en la adquisición de tierras por parte del gobierno.

El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, lanzó una contundente crítica a la ejecución de la Reforma Rural Integral en Colombia, enfatizando la urgencia de implementar la Jurisdicción Agraria y Rural como un mecanismo esencial para abordar los problemas históricos de tenencia de tierras en el país.

En un contexto donde las expectativas de acceso a la tierra para millones de colombianos se ven amenazadas por la ineficacia del Estado, el contralor subrayó que se han mal ejecutado 5,2 billones de pesos en recursos destinados a esta reforma.

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Durante la instalación del ‘Foro Jurisdicción Agraria y Rural, Estructuración y Retos en el Contexto de la Reforma Rural Integral’, Rodríguez Becerra expresó su preocupación por el incumplimiento de las estrategias, metas e indicadores que se habían propuesto para la implementación efectiva de esta reforma.

“Desde este Foro instamos al Gobierno nacional para que, a través de sus Ministerios, Agencias y demás entidades, se avance significativamente en la resolución de los múltiples conflictos agrarios que afectan el país”, afirmó el contralor.

La Jurisdicción Agraria y Rural, incorporada en la Constitución mediante el Acto Legislativo No. 03 de 2023, busca establecer jueces y magistrados especializados en disputas agrarias. “La dilación en la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria ha acentuado los problemas relacionados con la propiedad y la recuperación de tierras”, advirtió Rodríguez Becerra; y enfatizó en que “si no se toman medidas inmediatas y efectivas, los sueños de acceso a la tierra y desarrollo rural para millones de colombianos seguirá siendo una promesa vacía”.

Inequidad en la tenencia de la tierra

Uno de los aspectos más críticos que abordó el contralor es la inequidad en la tenencia de la tierra, que ha sido un problema recurrente en el sector agrario colombiano. “La concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos ha generado tensiones sociales y ha limitado el acceso de las comunidades rurales a recursos productivos”, aseveró. Para contrarrestar esta situación, Rodríguez Becerra enfatizó la necesidad de una actualización y operación del catastro multipropósito, instando a la Presidencia de la República y otras entidades a colaborar en este esfuerzo.

El contralor también se refirió al desarrollo del punto 1.1.1 del Acuerdo Final de Paz de 2016, que estipula la adquisición de predios rurales. Según los informes de la Contraloría, hasta enero de 2024, menos del 1% de las hectáreas estipuladas en el acuerdo han sido adjudicadas a la población campesina. “Hasta esa fecha, solo 5.260,8 hectáreas, es decir, el 0,175%, habían sido efectivamente adjudicadas”, destacó. Además, en virtud de un convenio firmado entre el Gobierno y la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), solo se han adquirido 805,3 hectáreas, equivalentes al 0,026% de la meta de 3 millones de hectáreas.

“De acuerdo con esta información, se podría decir que, a este ritmo y sin la Jurisdicción Agraria, para cumplir la meta de adjudicación se necesitarían aproximadamente más de 3.984 años para adjudicar las casi 3 millones de hectáreas previstas”, expresó con preocupación el contralor.

Dificultades en la formalización de tierras

En relación con la formalización de tierras, Rodríguez Becerra también mencionó que, de las 7 millones de hectáreas que deben formalizarse, solo se han formalizado 123.319,07 hectáreas, lo que equivale al 1,7% de la meta. “A este ritmo, se podría inferir que se necesitarían 389 años para formalizar las 6.876.680 hectáreas restantes”, señaló. Esta situación pone de manifiesto la ineficacia de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el manejo de estos procesos.

La nueva Jurisdicción Agraria y Rural está diseñada para resolver los conflictos que la ANT ha estado gestionando, pero el Contralor expresó serias dudas sobre la capacidad de esta agencia para abordar los problemas complejos relacionados con la tenencia de tierras. “La falta de recursos financieros y humanos ha limitado la capacidad de la Agencia para atender de manera eficiente las demandas de restitución y formalización de tierras”, agregó.

Rodríguez Becerra destacó los resultados de una Auditoría Financiera a la ANT, donde se reveló que, de los predios adquiridos en 2023, 17 no fueron ingresados al Fondo de Tierras, a pesar de contar con registros de compra. “Esto genera riesgos sobre la consistencia de la información de los activos de este Fondo y un inventario desactualizado, afectando la razonabilidad de sus Estados Financieros”, advirtió.

Cuestionamientos a la gestión de recursos

En su intervención, Rodríguez Becerra también criticó el uso de los recursos transferidos al Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia en Paz. “Se está utilizando como una manera de mostrar ejecución sin que medie un bien o servicio en beneficio de la comunidad, para el caso de la adquisición de predios”, denunció. Este tipo de prácticas ha contribuido a la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados a la reforma rural.

El contralor concluyó su intervención enfatizando la importancia de avanzar en la creación de mecanismos efectivos que permitan garantizar el acceso a la tierra y la justicia en las zonas rurales del país. “El tiempo de espera para un cambio significativo no debe ser eterno. La implementación efectiva de la Jurisdicción Agraria y Rural es crucial para abordar las desigualdades históricas que han afectado a millones de colombianos”,

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación por presuntos “perfilamientos” y labores de inteligencia realizadas desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT), un escándalo que involucra posibles irregularidades en el uso de recursos y la ejecución de labores reservadas para agencias de seguridad del Estado.

El senador Miguel Uribe, del Partido Centro Democrático, hizo pública la denuncia en la que reveló una preocupante información que ha generado alerta nacional. Según conoció Caracol Radio, la noticia criminal se abrió el martes 8 de octubre, cuando la Fiscalía empezó a investigar uno de los 8.700 contratos firmados por la ANT en lo que va del 2024. En este contrato específico, se habrían llevado a cabo las presuntas labores de inteligencia que ahora están bajo escrutinio judicial.

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El detonante de la investigación se encuentra en un informe ejecutivo del 30 de junio de 2024 titulado ‘Informe ejecutivo visita Puerto Gaitán, Centro Integrado de Inteligencia para la Agencia Nacional de Tierras’. Este documento, dirigido al director de la ANT, Juan Felipe Harman, señala que, bajo las orientaciones de la Dirección General de la agencia, se llevaron a cabo “actividades de investigación de inteligencia y contrainteligencia tanto interna como externa”.

El senador Uribe ha sido enfático en que estas actividades desbordan las funciones legales de la ANT, ya que, según la Ley 1621 de 2013, las labores de inteligencia y contrainteligencia en Colombia solo pueden ser realizadas por las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf). Esto deja abierta la pregunta de si la ANT, bajo la dirección de Harman, ha excedido sus competencias legales, y si dichos “perfilamientos” fueron ejecutados de manera ilegal.

El aumento en la contratación: ¿justificación o irregularidad?

Otro de los puntos clave en la denuncia de Miguel Uribe se refiere al aumento exponencial en la contratación de personal bajo la modalidad de prestación de servicios en la ANT. Según el senador, entre enero y agosto de 2024, la agencia ha gastado $358.000 millones en contratos, cifra que representa un aumento del 440% en comparación con el 2022. De los 8.712 contratos, más de 5.000 siguen activos, mientras que los restantes han finalizado.

Uno de los casos mencionados en la denuncia es el de Roberto Arroyave, un contratista con un salario mensual de $18 millones cuya labor oficial es “acompañar las actividades de la Dirección General de la ANT”. Sin embargo, los informes de gestión muestran que Arroyave ha estado realizando actividades de inteligencia y contrainteligencia, según lo confirma el propio informe ejecutivo de la entidad conocido por el medio ya citado.

En otro informe, fechado el 26 de agosto de 2024, se detalla una reunión para “articular esfuerzos en temas de seguridad para la recuperación de los predios de la Nación”, incluyendo el uso de mapas de calor y variables de seguridad en todo el territorio nacional, una estrategia que, nuevamente, parece alinearse más con funciones de agencias de seguridad que con las responsabilidades de la Agencia Nacional de Tierras.

La respuesta del director de la ANT

Ante las graves acusaciones, el director de la ANT, Felipe Harman, ha salido en defensa de su gestión, calificando las afirmaciones del senador Uribe como “infundadas”, rechazando las acusaciones de corrupción.

El funcionario también solicitó un “debate público sobre la política de tierras y resultados”, argumentando que el aumento en la contratación se debe al esfuerzo por expandir la presencia de la ANT en todo el país. “En el 2022 había tan solo 8 oficinas de tierras en el país, hoy hay 32. Acercándonos a los campesinos de Colombia, haciendo presencia activa, ampliando la oferta institucional en los territorios. ¿Cómo ampliamos nuestra oferta si no es con trabajadores a lo largo y ancho del país?”, sostuvo Harman.

Finalmente, Harman señaló que la contratación de agrónomos, topógrafos, avaluadores y abogados ha sido fundamental para avanzar en los objetivos de la ANT, pues ese equió ha trabajado en la clarificación jurídica de la propiedad de más de 190.000 hectáreas, que han sido devueltas al Estado en los últimos dos años.

El papel de la Fiscalía

Ahora, la Fiscalía tiene la tarea de investigar si las actividades de perfilamiento e inteligencia desde la ANT desbordaron la ley, y si estas acciones constituyen una violación de las competencias de la agencia. La investigación deberá aclarar si la contratación masiva ha sido justificada por la necesidad de personal especializado o si encubre una posible red de irregularidades dentro de la entidad.

La ley es clara al respecto: las labores de inteligencia y contrainteligencia son de exclusiva competencia de las agencias de seguridad del Estado, y cualquier desviación de este marco puede derivar en graves consecuencias legales. Con las indagaciones apenas iniciadas, el caso promete ser un punto crítico en la discusión sobre la gestión de tierras y el uso de los recursos públicos en Colombia.

Adportas de que en el Congreso comience la discusión del proyecto de jurisdicción agraria, un nuevo escándalo involucra a la bancada del Pacto Histórico y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad que actualmente está a cargo de Felipe Harman.

Se trata de la senadora María José Pizarro, una de las voces líderes de la coalición de izquierda, que no solamente será una de las ponentes del proyecto de ley que será discutida en la Comisión Primera del Senado, sino que ha influido en la designación de varios funcionarios al interior de dicha entidad.

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Según información revelada por revista Semana, la senadora había logrado ubicar a John Edisson Ramírez, que es su enlace político en Antioquia, y que tendría un contrato de 50.416.000 pesos por un tiempo de siete meses, desempeñándose como integrante del grupo de diálogo social de ese despacho.

Antes de su llegada a la ANT, Ramírez fue concejal del municipio de Marinilla (Antioquia), y había sido candidato a la alcaldía de ese municipio por el Pacto Histórico. En sus redes sociales, el funcionario constantemente comparte publicaciones de María José Pizarro, en la que comparte información referente a su proyecto político, así como varios contenidos referentes a la Agencia de Tierras.

De igual manera, el citado medio de comunicación detalló que este no sería el único enlace que tendría la senadora Pizarro en la ANT, sino que habría once nombres de funcionarios que ingresaron a la entidad, gracias a su cercanía con la congresista del Pacto Histórico.

Uno de ellos sería Óscar Manuel Cárdenas Avendaño, quien es sociólogo del municipio de Dabeiba, y tendría una vinculación directa con la entidad. Igualmente, mencionan a José Luis Marín, concejal de Medellín, más conocido como Aquinoticias, y aunque no tiene una vinculación con la ANT, sería cercano de varios de los funcionarios adscritos a la misma.

La respuesta de María José Pizarro

Ante esta situación, la senadora del Pacto Histórico salió al paso de las críticas y mencionó que “en una entidad, sea cual sea, haya personas de las bases del proyecto político y provenientes de los procesos sociales trabajando, no las hace cuotas políticas, ni indignas para ocupar un cargo en el Gobierno que apoyaron”.

También, Pizarro indicó en diálogo con Semana que ella no cuenta con ‘cuotas políticas’ en la ANT y precisó que los funcionarios nombrados llegaron a ocupar sus cargos por sus méritos y competencias.

“Yo no tengo lo que ustedes llaman ‘cuotas políticas’, ni en la Agencia Nacional de Tierras, ni en ninguna otra entidad. Este Gobierno se ha esforzado por rodearse de sus gentes, de personas capaces, honestas y probas, que hacen su trabajo en distintos organismos estatales (...) Si no es con la gente de los territorios, ¿con quién puede gobernar el presidente? ¿Con quiénes sean afines del proyecto político de la derecha?”, manifestó.

Por otra parte, María Jose Pizarro defendió la labor de la Agencia de Tierras y sostuvo que, mientras la entidad siga demostrando buenos resultados, los ataques serán cada vez más fuertes.

“Sin expropiar a nadie, la Agencia Nacional de Tierras está logrando unas metas que no tienen precedentes y que superan, y ampliamente, lo hecho por esta entidad históricamente. Llama la atención que precisamente, cuando la Agencia demuestra resultados, como la entrega de más de 180.000 hectáreas de tierras a campesinos víctimas de la violencia, empieza a ser objeto de ataques infundados de sectores políticos y económicos. Parece que no les gustara que las tierras que los paramilitares les robaron a los campesinos sean devueltas a sus legítimos propietarios para que las trabajen de manera sostenible y desarrollen sus proyectos de vida en condiciones dignas”, concluyó Pizarro.

Entre tanto, el director de la ANT, Felipe Harman, aseguró que, “hay gente que forma parte de la Agencia Nacional de Tierras, que tiene convicciones políticas, y para entrar a la Agencia, sin duda alguna, necesitamos que crean en la reforma agraria como proyecto nacional, pero de ahí a que partan de un grupo político, eso no tiene el mayor sentido del caso”.

Los campesinos de Córdoba denunciaron que la entrega de más de 8.400 hectáreas de tierra que entregó el presidente de la República, Gustavo Petro, junto al exlíder paramilitar Salvatore Mancuso fue una farsa.

Según los habitantes de la zona, la promesa de devolver la tierra a sus verdaderos dueños no se estaría cumpliendo, pues están siendo entregadas de manera irregular a personas que no son de la región, que llegan en autobuses de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

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Además de su inconformismo, advirtieron que varios sujetos desconocidos se encuentran vigilando la finca La Argentina, lo que generó preocupación y temor, pero insisten en reclamar sus derechos que están siendo vulnerados, reveló Semana.

Con respecto a las denuncias de los campesinos cordobeses, la senadora de la República por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, se despachó contra el jefe de Estado por incumplirle a los colombinos y utilizar su poder para difundir información falsa sobre los logros de su mandato.

En ese sentido, dijo que esta información le quita credibilidad a Gustavo Petro, cuestionando si “¿habrá quién le crea al rey de las Fake News?”, indicó en su cuenta de X.

En respuesta a las declaraciones de la congresista de oposición, Felipe Harman, director de la entidad encargada de ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural afirmó que la entrega de tierras que anunció el primer mandatario el 3 de octubre se está realizando, según dicta la ley colombiana. A propósito, el funcionario explicó que los títulos de las tierras fueron entregadas a los miembros del Comité Municipal de Reforma Agraria de Buenavista.

“No, eso es falso. Todas las personas que recibieron tierra son parte del Comité Municipal de Reforma Agraria de Buenavista. Nosotros elegimos de la base de beneficiarios a partir de los comités municipales de reforma agraria, eso lo establece la Ley 160″, afirmó Harman al medio citado.

Álex Alberto Morales, abogado y defensor de derechos humanos encargado de representar a los habitantes de la zona, presentó la denuncia por presuntas irregularidades. En el documento fue incluido el presidente Gustavo Petro y a la Comisión de Verificación de los Acuerdos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El litigante también hizo énfasis en el miedo que tienen los habitantes del departamento, por la presencia de personas armadas en las tierras, que, a su juicio, “no es para menos, ellos saben lo que es vivir en medio de la guerra”. Por eso solicitaron a los líderes sociales y defensores de derechos humanos de la zona a que denuncien.

La delación que está en poder de las autoridades constató “el inconformismo de las víctimas del conflicto, mujeres, madres cabeza de familia, personas de la tercera edad, jóvenes, líderes sociales y defensores de derechos humanos se trasladó a otras fincas del sur de Córdoba, Las Vegas, Tierra Grata, Carcajada, convirtiéndose en una protesta campesina para que se revaluara el proceso de entrega”.

Sin embargo, por reclamar su derecho a la tierra “la respuesta fue la represión con el Esmad y la utilización de personas no uniformadas, agrediendo, estigmatizando y atropellando con fuerza física, gases y granadas aturdidoras”, se lee en el documento.

Mientras que la preocupación crece, los pobladores de la región salieron a protestar para que el Gobierno nacional garantice la entrega de las tierras sin dilación. En una sola voz, “desmentimos los pronunciamientos de la Agencia Nacional de Tierras. No es cierto lo aseverado por este organismo, donde hablan de la entrega para las comunidades campesinas del sector del sur de Córdoba, sabemos que es un proceso lleno de vicios, que toca líneas de la ilegalidad”.

La entrega de más de 8.400 hectáreas de tierra en Córdoba, Colombia, ha generado una controversia significativa. La ceremonia, que contó con la presencia del presidente Gustavo Petro y el exlíder paramilitar Salvatore Mancuso, ha sido objeto de críticas por parte de los habitantes locales.

Estos denuncian que las tierras, previamente confiscadas a los paramilitares conocidos como alias Macaco y alias Cuco Vanoy, están siendo asignadas de manera irregular a personas que no son de la región, quienes llegan en autobuses de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

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Los pobladores locales han expresado su preocupación por la presencia de individuos desconocidos que patrullan la zona en motocicletas, especialmente en la hacienda La Argentina, donde se realizó la entrega simbólica de tierras.

Según Semana, estas acciones han generado temor y desconfianza entre los habitantes, quienes sienten que la promesa de devolver las tierras a sus legítimos dueños no se está cumpliendo.

El director de la ANT, Juan Felipe Harman, ha defendido el proceso, asegurando que se ha llevado a cabo conforme a la ley y que las críticas provienen de intereses políticos locales. Harman afirmó que las tierras fueron entregadas a miembros del Comité Municipal de Reforma Agraria de Buenavista, conforme a la Ley 160. Sin embargo, los pobladores insisten en que el proceso está viciado y que no se ha beneficiado a las verdaderas víctimas del conflicto armado.

El abogado y defensor de derechos humanos Álex Alberto Morales, que representa a los habitantes no beneficiados, ha denunciado las irregularidades ante diversas autoridades, incluyendo al presidente Petro y a la Comisión de Verificación de los Acuerdos de la ONU.

Morales destaca el temor de los pobladores por la presencia de personas ajenas a la comunidad, lo que ha llevado a solicitar la intervención de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Durante el evento de entrega, los pobladores protestaron y fueron reprimidos, según el documento citado por Semana. Las víctimas del conflicto, incluyendo mujeres, jóvenes y ancianos, han trasladado sus protestas a otras fincas de la región, exigiendo una revisión del proceso de entrega de tierras. La represión, que incluyó el uso de gases y granadas aturdidoras, ha intensificado el descontento.

La polémica se centra en la percepción de que las tierras están siendo asignadas a personas seleccionadas desde un escritorio, en lugar de a las comunidades locales que han sufrido el impacto del conflicto armado. La entrega simbólica de herramientas agrícolas, que pretendía representar un cambio hacia la paz y la reconciliación, ha sido calificada por los pobladores como una farsa.

La situación ha generado un debate nacional sobre la política de ordenamiento social de propiedad rural y el acceso a la tierra para las víctimas del conflicto armado en Colombia. Los pobladores afectados han hecho un llamado al presidente Petro para que revise estas políticas y garantice que las promesas de cambio se cumplan de manera justa y transparente.

El exparamilitar que pidió perdón en una ceremonia de tierras

El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso y el presidente Gustavo Petro se encontraron en Montería, Córdoba, durante la ceremonia de entrega de más de 8.000 hectáreas de tierras a comunidades campesinas afectadas por la violencia de grupos armados ilegales.

Mancuso, que ahora actúa como gestor de paz, aprovechó la ocasión para pedir perdón a las víctimas de despojo de tierras, reconociendo su responsabilidad en los sufrimientos causados durante su liderazgo en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Durante su intervención, Mancuso expresó su arrepentimiento por las órdenes que emitió en el pasado, las cuales resultaron en dolor y sufrimiento para muchas familias. “En la guerra no existen ganadores, todos somos perdedores”, afirmó, subrayando su compromiso actual de trabajar por la restitución de los derechos de las víctimas y la paz en el país, en línea con su adhesión a la Ley de Justicia y Paz.

El evento, denominado ‘Tierras para la reconciliación’, fue un paso importante hacia la reparación de las comunidades campesinas de Buenavista, Córdoba, que han sido históricamente afectadas por el conflicto armado. Mancuso, que ha sido invitado como gestor de paz, destacó su intención de contribuir a la restitución de tierras y a la reconciliación nacional.

En un gesto simbólico, Mancuso entregó un sombrero vueltiao al presidente Petro, un acto que simboliza la búsqueda de un nuevo comienzo y la esperanza de un futuro más pacífico para Colombia. Este intercambio de sombreros vueltiaos se convirtió en un símbolo de la voluntad de ambos líderes de avanzar hacia la paz y la reconciliación.

El evento también sirvió para resaltar la importancia de la entrega de tierras como un mecanismo para reparar a las víctimas del conflicto y promover el desarrollo rural en regiones afectadas por la violencia. La entrega de estas tierras es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno para abordar las desigualdades históricas y fomentar la paz en el país.