Ali Zaki Hage Jalil, principal sospechoso de ser el autor del atentado que hizo estallar la aeronave HP-1202 del vuelo 901, que dejó 21 muertos en julio de 1994, llegó este lunes a Panamá extraditado desde Venezuela.

Bajo un fuerte operativo de seguridad, Alí Jalil fue entregado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a miembros de la Policía Nacional por sus pares venezolanos.

El sospechoso había sido detenido previamente el 6 de noviembre del año pasado en la isla Margarita, en Venezuela, tras una alerta internacional emitida por Panamá.

Su condición de nacional colombiano por nacimiento y venezolano por naturalización generó obstáculos jurídicos, debido a las limitaciones legales que existen en ese país para extraditar a sus ciudadanos, lo que hizo más delicado y prolongado el proceso.

El tribunal venezolano condicionó la entrega del sospechoso al cumplimiento de garantías por parte del Estado panameño, como que no se le impongan penas infamantes ni castigos distintos a los delitos por los cuales fue solicitado, que pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa, que no sea juzgado por hechos distintos a los contemplados en la solicitud de extradición y que se reconozca el tiempo que ha permanecido detenido en Venezuela, según informó TVN.

Alí Jalil fue conducido a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) donde estará bajo custodia y luego deberá ser llevado a rendir declaración indagatoria, ordenada por la Fiscalía Superior de Homicidio de Descarga, responsable de las investigaciones.

El Ministerio Público le formuló cargos por delitos contra la vida y la integridad personal, en su modalidad de homicidio doloso en perjuicio de 21 personas y delito contra los medios de transporte y comunicación, informaron medios de prensa.

Jalil, de acuerdo con el Ministerio Público, tendría presuntos vínculos con el grupo Hezbolá, así como posibles conexiones con el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, donde murieron 85 personas.

El 19 de julio de 1994 la aeronave Embraer EMB 110 Bendeirante despegó del Aeropuerto Enrique A. Jiménez, en la ciudad de Colón, rumbo a la ciudad de Panamá y posteriormente se estrelló en las montañas de Santa Isabel, en la provincia de Colón.

La explosión provocó que el avión se desintegrara en pleno vuelo y cayera en una zona selvática, causando la muerte de 21 personas, entre ellas 3 tripulantes y 18 pasajeros.

Entre las víctimas se encontraban ciudadanos panameños, estadounidenses y comerciantes de origen hebreo que se trasladaban desde la Zona Libre de Colón hacia la ciudad de Panamá.

Las investigaciones posteriores determinaron que el explosivo fue introducido en el avión dentro de un radio portátil, presuntamente manipulado mediante un mecanismo remoto.

El ataque fue atribuido a la organización Ansar Allah, pero no encontró evidencia de su existencia.

Como Ali Hawa Jamal fue identificado el individuo que portaba el artefacto, quien también falleció en la explosión y fue señalado como el autor material del atentado.

De acuerdo con las pesquisas, este hombre había viajado múltiples veces entre Colón y Panamá en los días previos al ataque, utilizando identidades falsas y sin dejar rastro claro de su historial personal, lo que complicó su identificación.

Por orden judicial la investigación fue reabierta en 2017, posterior a una información clave proporcionada por el Estado de Israel, que señalaba a Jalil como presunto autor intelectual del atentado.

El Tribunal Oral Federal 8 rechazó los planteos de nulidad contra el juicio oral por la causa “Memorándum con Irán” que evalúa el supuesto encubrimiento en el atentado contra la AMIA.

Los jueces del TOF 8 consideraron que el requerimiento de elevación a juicio que formuló el Ministerio Público Fiscal fue realizado “conforme manda la ley y no se verifica un perjuicio concreto para las partes”.

Con esta resolución, el tribunal quedó habilitado para avanzar en la determinación de la fecha de inicio de las audiencias.

El pedido había sido presentado por Carlos Zannini, con la adhesión del resto de los imputados, porque entendió que la instrucción no quedó agotada debido a que nunca se convocó a declarar como testigo al Secretario General de Interpol, Ronald Noble.

En cuanto al pedido de nulidad de la medida de la Cámara Federal que ordenó investigar la participación de funcionarios de Interpol, la defensa advirtió que poseen inmunidad diplomática, por lo que solo pueden ser procesados por la Corte Suprema.

El caso de Ronald Noble

Por disposición de la Cámara Federal, el juzgado Federal 11 tiene a cargo la investigación sobre el ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, en la causa residual del Memorándum de Entendimiento con Irán.

La hipótesis sostiene que el funcionario estuvo involucrado en las negociaciones del acuerdo diplomático, colaborando en la elaboración de los mecanismos para levantar las alertas rojas que pesaban sobre los sospechosos del atentado a la AMIA.

La decisión de imputar a Noble bloqueó la opción de que declarase como testigo en el futuro juicio oral.

En este sentido, el fiscal Marcelo Colombo dijo que no se observa que la eventual imputación de Noble pudiera traer aparejado algún perjuicio o afectación al derecho de defensa para que declare en juicio.

Agregó que si bien Noble fue ofrecido como testigo por distintas partes del proceso, hasta ahora nunca fue escuchado formalmente.

A su vez, Colombo mencionó que actualmente Noble no cumple ninguna función en Interpol y la doctrina de la Corte Suprema es clara en cuanto a que su competencia originaria cesa cuando, por cualquier motivo, el diplomático finaliza sus funciones.

Por su parte, la querella representada por los abogados Tomás Farini Duggan y Juan José Ávila, explicó que el planteo de las defensas fue mal formulado porque “los funcionarios que poseen inmunidad diplomática no son impunes, y por ello no existe impedimento para que sean denunciados”.

El expediente

La causa que analiza el presunto encubrimiento del “Memorándum con Irán” se inició con la denuncia del fiscal Alberto Nisman en el año 2015.

Cuando llegó a la instancia de juicio oral, los jueces federales María Gabriela López Iñíguez, Daniel Obligado y Juan Michilini sobreseyeron a todos los imputados “por cuanto los hechos por los que fueran requeridos no constituyen delito”.

Apelaciones mediante, la Cámara Federal de Casación Penal revocó los sobreseimientos y ordenó retomar el proceso oral.

Los procesados en este expediente son la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo Zuain, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Angelina María Esther Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Allan Bogado.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura internacional del jerarca iraní Alí Asghar Hejazi por su presunta participación en el atentado a la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994. Se trata del último acusado en sumarse a la cadena de mando terrorista que reveló la investigación que hoy conduce el fiscal Sebastián Basso.

Para disponer el arresto de Hejazi, con el objetivo de someterlo a declaración indagatoria, el magistrado subrogante del Juzgado Federal N° 6 pidió a la Interpol activar una alerta roja. También giró un pedido de cooperación internacional a la República Islámica de Irán con el mismo objetivo, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

El último acusado que tiene la causa fue la mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, asesinado el pasado 28 de febrero en el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel.

Según la reconstrucción de la UFI-AMIA, este dirigente presidía el denominado Comité Vijeh, organismo estatal donde se recogió información, se analizó el objetivo y se elaboró la propuesta para destruir la AMIA.

No fue la única decisión que tomó el juez Rafecas durante las últimas horas. Fuentes con acceso al expediente confirmaron que también rechazó el pedido del fiscal para procesar a los diez iraníes y libaneses que fueron imputados anteriormente.

La decisión se debe principalmente a que aún se espera un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia, con la que se pretende juzgar a los acusados.

Imputación ampliada

También a pedido del fiscal Basso, el Juzgado Federal N° 6 reconfiguró parcialmente y amplió las imputaciones contra Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpur, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Salman Raouf Salman.

Sucede que la UFI-AMIA dictaminó que Hezbollah fue una creación de Irán que ocurrió entre fines de los ’70 y principios de los ’80, con el fin inequívoco de cometer atentados terroristas a lo largo del mundo -entre ellos los de la AMIA y la Embajada de Israel-, lo que constituye un delito en sí mismo: asociación ilícita.

Esto, eventualmente, podría derivar en condenas más graves. Cabe destacar que la medida no implica la incorporación de hechos nuevos, sino que es una forma novedosa de analizar elementos que ya estaban en el expediente. Desde ahora, un tramo independiente de la investigación se concentrará en la integración de la organización terrorista.

En lo que respecta a las consecuencias de la voladura de la mutual judía, los acusados se encaminan a ser juzgados por los delitos de homicidio calificado por odio racial o religioso y por haber sido cometido mediante un medio idóneo para causar peligro común, a raíz de las 85 víctimas fatales, en concurso ideal con las lesiones (leves, graves y gravísimas) sufridas por al menos 151 personas y los múltiples daños materiales ocasionados por la explosión.

Desclasifican informes secretos

En otra decisión relevante para la causa, el juez federal Daniel Rafecas reconoció el carácter público de cuatro informes hasta ahora secretos, elaborados por el Área de Análisis de la UFI-AMIA, cuya divulgación había sido solicitada por las querellas.

La decisión judicial responde a un incumplimiento de parte del Gobierno, que había dispuesto en 2020 mecanismos para la difusión de documentación desclasificada de la SIDE, a través de una “mesa de diálogo” que nunca funcionó correctamente.

Antes de la publicación de los informes, el Ministerio Público Fiscal deberá expedirse sobre posibles afectaciones a la investigación en curso, y la Secretaría de Inteligencia de Estado deberá revisar los documentos para identificar fragmentos que sea necesario mantener en secreto.

También resta delimitar si el hecho de que los documentos tomen estado “público” implica habilitar la difusión sin restricciones de los mismos, ya que podría levantarse la confidencialidad en el marco de la causa más no permitirse la divulgación del material.

Además, el juez Rafecas requirió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que elabore y presente un informe sobre las medidas adoptadas para la implementación de los mecanismos de acceso y publicidad de la documentación desclasificada.

Las querellas viene reclamando periódicamente por el carácter restringido de elementos probatorios que consideran importantes para la causa, especialmente la documentación aportada por organismos de inteligencia.

Esta situación, según el planteo, no solo limita el derecho de la sociedad a acceder a información de interés público, sino que también condiciona la participación de los damnificados en el caso. Las querellas, a pesar de tener acceso a la información, no pueden divulgarla o referirse a ella sin exponerse a posibles consecuencias legales.

“Frente a este escenario, no resulta razonable ni jurídicamente admisible continuar postergando indefinidamente la publicidad de la información, a la espera de una instancia -la mesa de diálogo- que, hasta el momento, no ha cumplido con la función que le fue asignada. Mantener esa espera implicaría, en los hechos, vaciar de contenido la decisión de desclasificación adoptada por el propio Poder Ejecutivo y frustrar los principios de transparencia que la motivaron y restringir a las partes el pleno ejercicio del derecho de defensa”, resolvió el juez Rafecas, en un fallo al que accedió Infobae.

El canciller israelí Gideon Sa’ar manifestó públicamente su apoyo a la determinación del gobierno argentino de declarar persona no grata a Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios de la embajada iraní en Buenos Aires, y de exigir su salida del país en un plazo de 48 horas. Este gesto, celebrado por el gobierno de Israel, intensifica el aislamiento diplomático de Teherán y refuerza la posición argentina en el escenario global.

La medida fue oficializada por la Cancillería argentina a través de un comunicado difundido por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y replicado por el presidente Javier Milei, quienes informaron que la resolución se adoptó “de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”, mecanismo legal que habilita a un Estado a expulsar a un representante extranjero sin mayores explicaciones. El trasfondo inmediato de la decisión responde a un comunicado iraní que, tras la declaración argentina de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, advirtió sobre una supuesta “responsabilidad internacional” del Estado argentino y lanzó cuestionamientos directos a las autoridades locales.

En este contexto, el canciller israelí utilizó sus redes sociales para expresar: “Celebro la decisión de la Cancillería argentina de declarar persona non grata a Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios de la Embajada de Irán en Argentina, y de expulsarlo del país”. Sa’ar remarcó su agradecimiento a Pablo Quirno y elogió la postura del gobierno de Milei, a quien calificó como referente en la defensa de la libertad y en el combate contra el terrorismo.

La declaración argentina argumenta que la expulsión de Soltani Tehrani responde a la “persistente negativa del régimen iraní a cooperar con el sistema judicial argentino en la investigación del atentado contra la AMIA”, así como al “nombramiento de personas buscadas por la justicia argentina para ocupar altos cargos en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)”. El comunicado oficial denuncia, además, el reiterado incumplimiento de órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables señalados por la justicia argentina.

La decisión argentina se inscribe en una escalada que se aceleró tras la inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica en el registro argentino de organizaciones terroristas, una medida que ya había sido adoptada por Estados Unidos y que habilita sanciones financieras y restricciones operativas. El gobierno argentino sostiene que existen antecedentes judiciales y de inteligencia que vinculan directamente a altos funcionarios iraníes con los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, hechos que dejaron más de 100 víctimas fatales y cientos de heridos.

En la respuesta de Irán, difundida por su Ministerio de Relaciones Exteriores, el régimen condenó “enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y calificó la decisión como “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”. El texto advirtió que la medida “genera responsabilidad internacional para el Estado argentino” y atribuyó la iniciativa a la influencia de “Estados Unidos y el régimen sionista ocupante”, en referencia a Israel.

Argentina fundamentó la expulsión de Soltani Tehrani como reacción a lo que consideró “acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades”, y como respuesta a lo que definió como “una inaceptable injerencia en los asuntos internos” del país. La Cancillería subrayó que la declaración de persona non grata se justifica, además, por la negativa iraní a colaborar en el esclarecimiento del atentado a la AMIA y por la “designación en cargos de alta responsabilidad del CGRI de personas requeridas por la Justicia argentina”.

En palabras del canciller israelí, el régimen iraní constituye “la principal amenaza para el orden y la seguridad mundiales”. Sa’ar sostuvo que “el régimen iraní es asesino de sus propios ciudadanos y de sus vecinos; no es legítimo”. Agradeció explícitamente al presidente Milei y al canciller Quirno por la “valiente e inspiradora decisión”, y destacó que la Argentina, bajo la actual administración, “se erige como un modelo en la defensa de los valores de la libertad y en el liderazgo de la lucha contra el terrorismo”.

La secuencia de acontecimientos diplomáticos se aceleró en apenas 48 horas: primero, la declaración argentina sobre la Guardia Revolucionaria; luego, la reacción iraní con advertencias y acusaciones, y finalmente, la expulsión del principal representante diplomático iraní en Buenos Aires.

En el plano internacional, la crisis se produce en un contexto de ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió procesar a la ex fiscal en lo Criminal Viviana Fein, por el presunto delito de encubrimiento agravado en la investigación por la muerte de Alberto Nisman.

En un dictamen presentado ante el juez del caso, Julián Ercolini, la fiscalía consideró que la actuación de Fein el fin de semana de la muerte de Nisman en enero de 2015 alteró y provocó la pérdida de evidencias trascendentales para la pesquisa, al tiempo que sostuvo que su descargo no logró desvirtuar el cuadro probatorio en su contra.

Taiano aludió a un supuesto plan criminal que habría incluído simular un suicidio.

“El plan criminal implicaba simular un suicidio. No fue casual que luego de la muerte del Dr. Nisman el Poder Ejecutivo Nacional en su totalidad, utilizando el aparato y el poder del Estado -como por ejemplo, la entonces Agencia Federal de Inteligencia-, haya intentado por todos los medios a su alcance imponer públicamente la hipótesis suicida”, dice expresamente el dictamen, según reconstruyeron las fuentes consultadas con acceso al expediente.

En ese momento, Cristina Kirchner era presidenta y en un primer mensaje publicado en redes sociales habló de suicidio. Luego, su mirada cambió y admitió la posibilidad de un crimen. Un dirigente de su máxima confianza, Oscar Parrilli, estaba al frente de la AFI.

En base a una pericia de Gendarmería, en la causa se dio por probado que se trató de un asesinato vinculado a las funciones de Nisman como investigador del atentado a la AMIA. Días antes de morir, había denunciado a la entonces presidenta y funcionarios de su gobierno por supuesto encubrimiento del atentado, a raíz de la firma del Memorándum con Irán. Pero el expediente aún está en etapa de investigación.

Nisman fue encontrado muerto, con un disparo en la cabeza, en el baño de su departamento el domingo 18 de enero de 2015. Tres años después, en 2018, la Cámara Federal porteña avaló la hipótesis de asesinato y descartó el suicidio, en línea con la postura de Ercolini y Taiano, basada en un peritaje multidisciplinario de la fuerza de seguridad.

La causa por la muerte del titular de la UFI AMIA permanece delegada en la fiscalía de Taiano. Avanza en distintas líneas. Se investiga el rol de agentes de inteligencia del Ejército que habrían estado en las inmediaciones del departamento ese fin de semana, así como presuntas maniobras de inteligencia ilegal y encubrimiento.

Pero hasta ahora, el único procesado en la causa principal es el técnico informático Diego Lagomarsino, dueño de la pistola Bersa calibre .22 de la que salió el disparo. También fueron imputados por el manejo de la escena del hecho el entonces secretario de Seguridad Sergio Berni y otros ex jefes de fuerzas federales.

La acusación a la ex fiscal

La ex fiscal fue indagada el 24 de febrero último en la investigación por las supuestas irregularidades cometidas cuando se encontró el cuerpo.

El día de su indagatoria, a más de una década de los hechos, Fein se presentó en Comodoro Py, dejó un escrito y respondió todas las preguntas: reclamó el sobreseimiento y advirtió junto a su abogado Lucio Simonetti que se busca justificar el “fracaso” de la investigación para esclarecer qué le pasó a Nisman, culpando a quienes tuvieron a cargo el caso en un primer momento.

El fiscal evaluó que el descargo de Fein no logró desvirtuar las pruebas y que la ex funcionaria incurrió en irregularidades graves durante las primeras horas de la investigación en el departamento de Le Parc, donde fue hallado sin vida el fiscal Nisman.

“Desde un comienzo el plan criminal consistió en postular la muerte violenta del Dr. Natalio Alberto Nisman como un suicidio, para así desviar la atención de la hipótesis homicida”, se agregó.

Y para “ejecutar ese plan resultaba esencial una investigación que no profundizara sobre las circunstancias que rodearon su muerte y es en este marco en el que se desarrolló el procedimiento aludido con Fein como su directora”.

En el escrito, Taiano sostuvo que se la debe procesar por encubrimiento agravado por tratarse de una funcionaria pública que habría cometido el delito en ejercicio de sus funciones. La decisión será del juez Ercolini.

“Quedó demostrado de forma palmaria que a través de su deficiente accionar como directora de la investigación alteró y provocó la pérdida de evidencias trascendentales para la pesquisa”, reiteró la fiscalía.

Se volvieron a enumerar las fallas que, según la acusación, hubo ese fin de semana en el lugar del hecho: “habría tardado casi una hora y media en arribar al lugar”, “no habría adoptado medidas para revertir la situación de descontrol en la cual se encontraba la escena del crimen” y “habría permitido la libre circulación en el lugar del hecho de personas que carecían de roles asignados”.

En ese contexto, Fein “habría manipulado y/o permitido la manipulación y alteración de elementos probatorios” y “no habría recopilado ni advertido la existencia de elementos de prueba esenciales”.

Para la fiscalía, no fueron errores. “No nos encontramos frente a simples errores, sino ante acciones deliberadas tendientes a alterar y ocultar pruebas del delito”, concluyó el dictamen.

El fiscal también subrayó que “el deficiente trabajo provocó la alteración, desaparición y ocultamiento de rastros que hubieran sido determinantes para esclarecer el homicidio”, y que “muchos elementos trascendentales no pudieron ser dilucidados como consecuencia del accionar de la fiscal Fein en los albores de la investigación”.

“No se trató de un procedimiento ‘normal’ y no tomó los recaudos más elementales, lo cual generó pérdidas irreparables de evidencias”, dijo.

En otro tramo de su escrito, preguntó con respecto a la labor de Fein: “¿No le pareció irregular que el Secretario de Seguridad de la Nación, miembro y referente del Poder Ejecutivo Nacional denunciado, estuviera en la escena del hecho aunque él personalmente no había sido denunciado por el Dr. Nisman? ¿Qué hacía allí?“, en alusión a Sergio Berni.

El nombramiento de Ahmad Vahidi al frente del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ha recibido atención en la decisión reciente de Argentina sobre organizaciones vinculadas al terrorismo. Según informó Europa Press, el Gobierno argentino, presidido por Javier Milei, ha declarado a la Guardia Revolucionaria de Irán como “organización terrorista” este martes, una acción que permite aplicar sanciones y restricciones para impedir operaciones ilegales asociadas en el país, tras investigaciones judiciales y antecedentes por atentados ocurridos en suelo argentino en los años noventa.

La decisión, dada a conocer por la Presidencia a través de un comunicado, responde al pedido reiterado por parte de Israel y toma como fundamento el papel de la organización libanesa Hezbolá, respaldada por Irán, en los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la sede de la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, en 1994. Según detalló Europa Press, ambas agresiones sumaron más de un centenar de muertes y cientos de heridos. El comunicado oficial subraya que Argentina fue “víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”.

Europa Press consignó palabras del comunicado de la presidencia argentina, donde se recuperan datos sobre los atentados: el ataque del 17 de marzo de 1992 con un coche bomba destruyó la Embajada de Israel y provocó 29 muertes y más de 200 personas lesionadas. Dos años después, el 18 de julio de 1994, la sede de la AMIA sufrió un atentado que dejó 85 personas asesinadas y superó los 300 heridos, convirtiéndose en el evento de terrorismo más letal en la historia del país.

El texto oficial señala que tanto las investigaciones realizadas por el sistema judicial como los trabajos de inteligencia concluyeron que ambos atentados “fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”. Europa Press señala que la administración de Milei recordó la emisión de alertas rojas de Interpol por parte de la justicia argentina contra varios ciudadanos iraníes, entre quienes figura Ahmad Vahidi, designado recientemente comandante del CGRI. La referencia a Vahidi añade contexto sobre la continuidad de investigaciones internacionales y los vínculos entre la estructura iraní y los hechos ocurridos en la capital argentina.

La declaración de la Guardia Revolucionaria como entidad terrorista se basa en “informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino”, puntualizó la casa de gobierno. Esta calificación permite la implementación de sanciones financieras dirigidas a reducir la capacidad operativa de la organización dentro del país y tiene como objetivo proteger al sistema financiero nacional de eventuales usos con fines ilícitos, precisa Europa Press.

Desde la perspectiva del Ejecutivo argentino, el presidente Milei percibe en esta resolución una forma de saldar una deuda con las familias de las víctimas de los atentados y afirma su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. El comunicado presidencial menciona que el gobierno actual mantiene “la convicción inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son”, y muestra su decisión de alinear a la Argentina con los países de la “civilización occidental”, adoptando una actitud frontal ante organizaciones que percibe como amenazas.

Según publicó Europa Press, esta adopción de postura endurecida de Argentina hacia Irán y sus afiliados ocurre en un contexto internacional donde Israel ha solicitado esta designación de manera explícita. En abril de 2024, el entonces ministro de Exteriores y actual titular de Defensa israelí, Israel Katz, reiteró esa solicitud a las autoridades argentinas. La medida argentina llega poco después de aplicar sanciones similares a la Fuerza Quds, otra estructura dentro del CGRI, y poco tiempo después de incluir a ramas del grupo islamista Hermanos Musulmanes —presentes en Egipto, Jordania y Líbano— en su lista de organizaciones sancionadas, en línea con políticas que también ha adoptado Estados Unidos, según detalló el medio.

Según el comunicado de la Casa Rosada, las acciones buscan evitar que organizaciones señaladas por terrorismo aprovechen la infraestructura local para actividades delictivas, limitar flujos financieros bajo investigación y reforzar la cooperación internacional en materia de persecución de terrorismo. Las medidas también suponen obstáculos para el ingreso y la actuación de personas vinculadas a la Guardia Revolucionaria en territorio argentino, además de enviar una señal sobre el reposicionamiento geopolítico y diplomático de la República Argentina respecto a Irán y otros actores internacionales señalados por terrorismo.

Europa Press destacó que la fundamentación oficial de esta decisión remite directamente tanto a los antecedentes judiciales como a los informes de inteligencia nacional e internacional. La presidencia argentina reitera que la política gubernamental se basa en expedientes probatorios y fallos judiciales que involucran a altos funcionarios iraníes y a la Guardia Revolucionaria Islámica en operaciones ilícitas de alcance transnacional y en acciones terroristas concretas en Argentina, respaldando la imposición de alertas internacionales y sanciones financieras.

El nombramiento de Mohsen Rezai se produce en un contexto marcado por la presión militar y política que ha ejercido la reciente ofensiva liderada por Estados Unidos y Jerusalén sobre Irán, y en plena reconfiguración del liderazgo supremo tras la muerte de Alí Jamenei. El ayatolá Mojtaba Jamenei, convertido en el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraníes, ha asignado a Rezai la función de asesor militar principal para enfrentar la nueva etapa de tensiones en el país. Según publicó la agencia iraní Mehr, la designación de Rezai constituye una "orden" directa del líder supremo, que asume el mando tras fallecer su padre en el ataque a Teherán el pasado 28 de febrero.

De acuerdo con lo consignado por la agencia Mehr y reproducido por otros medios internacionales, la trayectoria de Mohsen Rezai incluye cargos significativos en el aparato estatal de la República Islámica. Rezai, de 71 años, fungió como vicepresidente de Asuntos Económicos durante la presidencia de Ebrahim Raisi, entre 2021 y 2024, cargo en el que gestionó asuntos clave en materia económica durante uno de los periodos de mayor aislamiento y sanciones internacionales para Irán. Anteriormente, estuvo al frente del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica desde 1981 hasta 1997, un periodo en el que la institución consolidó su peso militar, político y económico en el país.

La figura de Rezai no está exenta de controversia internacional. Según detalló la agencia Mehr, sobre él pesa una orden de captura internacional vinculada a su presunta participación en la coordinación del atentado perpetrado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, ataque que provocó 85 víctimas mortales y dejó cientos de heridos. Diversos gobiernos y organismos de investigación han señalado a Rezai por una presunta implicación en la planificación de ese ataque, lo que complica sus desplazamientos fuera de Irán y genera dificultades en los canales diplomáticos.

Tal como reportó Mehr, la decisión de Mojtaba Jamenei se produce poco después del cambio en la jefatura suprema iraní, en un momento en que el conflicto regional se ha intensificado tras la acción militar conjunta de Washington y Jerusalén. La ofensiva ha generado consecuencias directas en la seguridad y estabilidad de Irán y ha forzado una respuesta del aparato estatal, incluida la reorganización de mandos en las fuerzas armadas y los principales órganos de inteligencia y defensa. Mojtaba Jamenei, como hijo y sucesor del fallecido líder Alí Jamenei, toma el control de la máxima institución de poder del país en circunstancias excepcionales.

Rezai, además de su papel como dirigente militar, posee experiencia en la articulación política dentro del régimen islámico. Durante su mandato en la Guardia Revolucionaria, la organización amplió su influencia no solo en el ámbito castrense, sino también en sectores económicos y de infraestructuras. El ascenso de Rezai a la posición de asesor militar directo del líder supremo refuerza la tendencia de involucrar a exmandos de la Guardia en los principales órganos de decisión de Irán, en un intento por blindar la estructura de mando ante la presión internacional.

Según distintos informes recogidos por la agencia Mehr, la decisión de Mojtaba Jamenei incluye la instrucción explícita de que Rezai, como asesor militar, se ocupe de la coordinación estratégica entre las fuerzas armadas y los organismos de seguridad. El nombramiento representa una señal dirigida tanto al interior como al exterior del país: la cúpula iraní apuesta por figuras con largo historial en las fuerzas de élite y experiencia en gestión de crisis.

Las reacciones en el ámbito internacional han hecho constante referencia al pasado de Rezai y al peso simbólico que adquiere su nombramiento en plena fase de recrudecimiento del conflicto con Estados Unidos e Israel. Diversos observadores citados por la agencia Mehr vinculan esta designación con la necesidad del régimen de cerrar filas en torno a figuras leales, con experiencia operativa y capaces de coordinar la respuesta nacional en situaciones de contingencia.

El pasado judicial de Rezai, relacionado directamente con el atentado de la AMIA en Buenos Aires, sigue siendo tema de atención en círculos diplomáticos y judiciales fuera de Irán. El hecho de que permanezca sobre él una orden internacional de detención añade un elemento de presión sobre el gobierno iraní en el marco de las negociaciones diplomáticas y de seguridad que involucran a actores regionales y globales.

El medio Mehr reseñó que la decisión de la cúpula iraní se vincula directamente al panorama de incertidumbre que vive el país tras el ataque que causó la muerte de Alí Jamenei. Mojtaba Jamenei, que asume el liderazgo en circunstancias extraordinarias, opta por consolidar a colaboradores históricos del régimen en puestos estratégicos, señalando continuidad y refuerzo del núcleo duro de la seguridad nacional.

Desde la muerte de Alí Jamenei y el subsecuente ataque a Teherán, el país ha experimentado una reconfiguración de roles y mandos en los principales organismos de defensa, inteligencia y política exterior. El ascenso de Mohsen Rezai, exjefe militar con antecedentes de peso en la Revolución Islámica y la política contemporánea, encapsula la tendencia del sistema iraní de recurrir a figuras de la vieja guardia para encarar fases de crisis.

La presencia de Rezai en el círculo interno del líder supremo y su designación como asesor militar ponen de relieve la centralidad de la Guardia Revolucionaria en la lógica de seguridad de la República Islámica. Según detalló la agencia Mehr, la medida busca garantizar la respuesta rápida y coordinada del Estado frente a amenazas externas e internas, en un contexto donde los equilibrios de poder resultan frágiles y la presión internacional, especialmente la procedente de Estados Unidos e Israel, mantiene elevada la tensión en la región.

El nombramiento configura un nuevo escenario en la política de defensa iraní, con la inclusión de un dirigente cuya trayectoria combina experiencia militar, dirección económica y un pasado judicial pendiente, circunstancias que marcarán el desarrollo de las relaciones de Irán con la comunidad internacional a corto y medio plazo.

Además de recordar la primera aparición del terrorismo internacional en la Argentina, la iniciativa busca renovar el debate sobre la memoria colectiva y la preservación del registro histórico de un episodio que muchas veces fue catalogado como “el atentado olvidado”, según el comunicado.

A 34 años del ataque perpetrado por Hezbollah, con apoyo de la República Islámica de Irán, la cifra de víctimas continúa marcando a la sociedad: 29 personas murieron y más de 250 resultaron heridas cuando el coche bomba explotó en la intersección de las calles Arroyo y Suipacha, devastando no solo la sede diplomática, sino también un hogar de ancianos, una iglesia, una escuela, viviendas y comercios de la zona. Entre los fallecidos se contaron ciudadanos de nacionalidad argentina, paraguaya, boliviana, uruguaya, israelí e italiana, así como diplomáticos, trabajadores de la misión, un sacerdote y residentes del barrio. El atentado no solo alteró la vida de las víctimas y sus familias, sino que modificó la percepción de seguridad en el país.

El 17 de marzo de 1992, el terrorismo internacional irrumpió por primera vez en la vida cotidiana argentina con un acto de violencia extrema dirigido contra una misión extranjera. La explosión, atribuida a una fuerte carga instalada en un vehículo, extendió su destrucción a edificaciones aledañas y afectó a un amplio espectro social. Diplomáticos, empleados, vecinos, obreros, un taxista, un instalador de aire acondicionado y una mujer alojada en el hogar de ancianos compusieron una lista diversa de víctimas atravesadas por un mismo atentado.

En el contexto colectivo, la campaña de la embajada de Israel advirtió sobre el riesgo de diluir la memoria. El comunicado oficial señaló que la fecha sigue siendo, para numerosas familias, “un hito determinante” y recalca el desafío de sostener el recuerdo de un caso que ha sido calificado en reiteradas oportunidades como el “atentado olvidado”. Dos años después, en 1994, la AMIA fue blanco de un nuevo atentado en Buenos Aires, también atribuido a la República Islámica de Irán, que provocó la muerte de 85 personas y profundizó el impacto social vinculado a la amenaza del terrorismo internacional.

“La primera vez no se olvida”: la campaña y su apuesta por la pedagogía del recuerdo

La propuesta, difundida por la embajada de Israel, gira en torno a una idea central: “Las primeras experiencias en el plano afectivo dejan huella”. La pieza audiovisual principal repasa momentos trascendentes en la vida de las personas —desde el inicio escolar hasta el primer abrazo de una madre a su hijo o el primer beso— para establecer un contraste con aquella “primera vez” trágica en la historia argentina: el ataque terrorista de 1992.

El contenido vincula recuerdos entrañables con la irrupción inesperada de la violencia, generando incomodidad como estrategia para captar la atención y promover una reflexión profunda sobre el modo en que hechos extremos se inscriben en la memoria social. El objetivo, en palabras de los organizadores, es suscitar “una reflexión sobre la permanencia de este hecho histórico en la memoria colectiva”, una premisa que el comunicado identifica como motivo rector de la campaña a casi tres décadas y media del hecho.

La campaña se desarrollará tanto en el espacio público como en entornos digitales. Las intervenciones urbanas y piezas gráficas exhibirán el lema “La primera vez no se olvida” e incluirán códigos QR. Estos códigos conducirán a un sitio web creado por la embajada de Israel que reúne material audiovisual, recursos pedagógicos y propuestas orientadas a abordar el atentado desde la educación y la preservación de la memoria histórica. El archivo audiovisual y los gráficos alusivos pueden consultarse en el enlace oficial habilitado por la embajada.

En la coyuntura regional y global actual, marcada por conflictos armados y debates sobre la memoria y la convivencia, la campaña reafirma el compromiso de la institución con la preservación del recuerdo colectivo y la responsabilidad histórica, subrayando que, pese a la denominación frecuente de “atentado olvidado”, la primera irrupción del terrorismo internacional en la Argentina no desaparece de la conciencia social.

La AMIA y la Embajada de Francia en la Argentina rindieron homenaje, este miércoles, a las víctimas del terrorismo internacional, en el marco de una ceremonia organizada en conjunto.

La conmemoración tuvo como oradores al embajador de Francia, Romain Nadal; al presidente de AMIA, Osvaldo Armoza; y a Mariana Degtiar, hermana de Cristian Degtiar, una de las 85 personas asesinadas en el atentado del 18 de julio de 1994 contra la sede de Pasteur 633, en Buenos Aires.

Realizado en el Palacio Ortiz Basualdo, sede de la embajada ubicada en la calle Cerrito, el acto contó con la presencia de funcionarios, diplomáticos, autoridades comunitarias, referentes del ámbito social y judicial, y familiares de víctimas fatales del atentado contra la AMIA.

La ceremonia se llevó a cabo con motivo del “Día nacional en homenaje a las víctimas del terrorismo”, que se conmemora cada 11 de marzo en Francia. La fecha fue adoptada hace cinco años por el presidente Emmanuel Macron, en concordancia con el “Día europeo de las víctimas del terrorismo”, que recuerda a quienes fueron asesinados en los atentados cometidos en Madrid hace 22 años.

“Hoy nos reunimos para un día de recogimiento, de recuerdo y de dignidad, un momento necesario”, comenzó diciendo el embajador Nadal en su discurso, y destacó luego los esfuerzos que unen a Francia y Argentina en la preservación de la memoria.

“Nuestros pensamientos se dirigen en primer lugar a las víctimas y a sus familias, cuya ausencia se ha convertido en un dolor cotidiano, y a ustedes, sobrevivientes, que llevan en sus cuerpos, en sus recuerdos y en sus vidas las huellas indelebles de la violencia terrorista”, expresó.

“Esta ceremonia –agregó- nos recuerda que el terrorismo no tiene fronteras, pero también que la solidaridad, la memoria y la justicia tampoco deben tenerlas”.

A su turno, el presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, sostuvo: “Lamentablemente, ni la sociedad argentina ni la francesa necesitan que se les explique qué es el terrorismo y el daño inconmensurable que ha causado. El terrorismo ha marcado nuestra historia reciente de una manera profundamente dolorosa”.

En este sentido, el titular de AMIA mencionó los ataques contra el semanario Charlie Hebdo, la masacre en la sala Bataclan y el atentado perpetrado en Niza en 2016, cuando un camión embistió a una multitud que celebraba el Día Nacional de Francia.

“En la Argentina también tenemos fechas que quedaron grabadas para siempre en nuestra memoria colectiva”, indicó. “El próximo 17 de marzo se cumplirán 34 años del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, y el 18 de julio recordaremos los 32 años del ataque terrorista contra la sede central de la AMIA. Al inmenso dolor que dejaron ambos atentados se suma la insoportable carga de la impunidad”.

Uno de los momentos más emotivos del acto estuvo dado por las palabras de Mariana Degtiar, hermana de Cristian, una de las personas asesinadas en el atentado contra la AMIA.

“Todo es un antes y un después. Para las sociedades, para las familias, para cada vida atravesada por el odio indiscriminado que define al terrorismo. El terrorismo rompe el tiempo, deja una marca que divide la historia en dos: un antes, natural, cotidiano y completo; y un después que obliga a reconstruir sentido”, expresó.

Luego realizó una semblanza de su hermano y rescató uno de sus pensamientos: “La memoria y la conciencia colectiva serán la mejor defensa para que jamás volvamos a vivir el horror”, una frase que Cristian había escrito en un trabajo que realizó sobre el Holocausto.

A través de un video, los presentes en la ceremonia pudieron escuchar el testimonio del sobreviviente Michel Catalano, gerente de la imprenta de Dammartin-en-Goële, ubicada a unos 40 kilómetros al noreste de París, donde llegaron -dos días después- los terroristas que perpetraron el atentado contra el semanario Charlie Hebdo.

Por su parte, dos alumnos del Liceo Francés compartieron en la ceremonia la lectura de un poema sobre el valor de la esperanza.

Antes de finalizar el acto, AMIA obsequió a la Embajada de Francia en la Argentina el díptico “Recordar” y “Se Souvenir” (en español y francés), obras del artista Alejandro Thornton.

El embajador Romain Nadal, el presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, y el propio artista participaron del descubrimiento de las piezas. Lo hicieron acompañados por un grupo de familiares de víctimas fatales de la masacre del 18 de julio de 1994.

“A partir de la idea de que uno es aquello que elige recordar, la obra fue concebida en español, pero entendiendo que su concepto es universal. Tanto es así que ya se encuentra emplazada en el Consulado Argentino en Nueva York con su versión en inglés, en la Embajada Argentina en Israel, en Tel Aviv, con su ejemplar en hebreo, y desde hoy también en la Embajada de Francia”, señalaron desde la AMIA.

Tras los discursos, los presentes compartieron un minuto de silencio en honor a todas las personas que perdieron la vida en distintos ataques terroristas, y se entonaron los himnos de Francia, Argentina y Europa.

Mientras se reforzó la seguridad en varios puntos sensibles de la Argentina a causa de la Guerra de Medio Oriente, este miércoles por la mañana las autoridades de la AMIA denunciaron que, durante la madrugada, recibieron una grave amenaza en un correo oficial de la entidad, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Titulado “YIHAD ISLAMICA”, el mail aseguraba que habían plantado explosivos dentro de la mutual judía y la Embajada de Israel, recordando los atentados sufridos en los años 1994 y 1992, respectivamente.

En dicho correo, se hacía mención a “que no se quedarían de brazos cruzados y que matarían a los sionistas, destacando citas del Corán y un hadiz”, detallaron las fuentes.

Ante la amenaza, el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA realizó una inspección interna y externa. El resultado fue negativo respecto a explosivos.

Al mismo tiempo, personal específico efectuó levantamiento de metadatos con el objetivo de lograr identificar la IP del remitente. En la causa intervienen el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo de Sebastián Ramos, Secretaría N° 18, de Pablo Andrés Febre.

Yihad Islámica Palestina es un grupo yihadista e islamista sunita, que tiene, según los reportes, respaldo iraní. Considerado terrorista por Estados Unidos e Israel, entre otros países, protagonizó ataques suicidas con bombas, atentados con explosivos y secuestros en diferentes puntos de la región.

Su principal objetivo es la destrucción del Estado de Israel y su reemplazo por un Estado islámico en los territorios palestinos.

Las fuentes consultadas por este medio destacaron que no creen que el mail enviado a la AMIA sea una amenaza directa de un grupo terrorista. Por el contrario, estiman que podría tratarse de un mensaje interno destinado al Gobierno argentino con motivo del apoyo a los países aliados en la guerra contra Irán.

El atentado a la Embajada de Israel en Argentina ocurrió el 17 de marzo de 1992. El ataque terrorista dejó 22 muertos y 242 heridos. Destruyó la sede de la embajada y del consulado, ubicadas en la calle Arroyo.

El 18 de julio de 1994 un coche bomba estalló en la sede de la AMIA, ubicada en la calle Pasteur. Es considerado el ataque terrorista más grave de la historia argentina, con 85 víctimas fatales y más de 300 heridos.

Puntos sensibles en Argentina

Desde el sábado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la “Operación Furia Épica” con el fin de frenar el avance nuclear de Irán, Argentina elevó el nivel de seguridad a “Alto” en todo el territorio nacional luego de respaldar la ofensiva de esos países en Medio Oriente.

Desde entonces, las Fuerzas Federales de Seguridad aplican un protocolo especial destinado a resguardar objetivos sensibles en el país, bajo la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones.

En primer lugar, se dispuso un servicio permanente de cobertura de la comunidad judía y sedes diplomáticas de los estados involucrados en el conflicto bélico; se reforzó la seguridad en fronteras, aeropuertos, represas y centrales nucleares.

Poco después de completar mis estudios, comencé a trabajar como EMT-P en el sistema nacional de emergencias médicas de Israel. Nada en la facultad de medicina te prepara realmente para tu primera escena con múltiples víctimas. Los libros enseñan protocolos. No enseñan cómo procesar juventud destrozada, parlantes rotos y el silencio donde minutos antes había risas.

El 1 de junio de 2001, en la discoteca Dolphinarium de Tel Aviv, enfrenté esa realidad por primera vez. Jóvenes habían salido a bailar en una noche de Shabat. En cuestión de segundos, su mundo —y el nuestro— cambió para siempre. Recuerdo moverme de un herido a otro, intentando concentrarme en la vía aérea, la respiración y la circulación, mientras mi mente luchaba con una sola pregunta incomprensible: ¿cómo puede alguien, impulsado por el odio, atacar deliberadamente a jóvenes cuyo único “delito” era ser judíos y querer vivir?

Esa noche marcó el comienzo de años en los que las escenas de terror pasaron a formar parte de mi vida profesional. Cada atentado traía el mismo caos, la misma urgencia y el mismo vacío después. Los rostros cambiaban; el dolor no.

La sensación de pérdida no fue solo profesional. Adi, la chica que yo amaba, murió en el atentado de Beit Lid. Colegas míos murieron defendiendo al Estado de Israel. Amigos sobrevivieron a los atentados en Buenos Aires —en la embajada de Israel y en la AMIA—. Para mí no fueron titulares. Son nombres, voces y futuros interrumpidos.

Durante décadas, la sombra detrás de muchos de estos ataques fue un régimen que eligió la confrontación, la intimidación y la exportación de violencia por encima de la convivencia. Durante casi cuarenta años, el liderazgo de los ayatolás construyó influencia a través del miedo y de guerras por intermediarios, profundizando la inestabilidad en regiones y continentes. Para quienes estuvimos en las escenas, para quienes atendimos a los heridos y cargamos con la memoria, esa sombra nunca fue abstracta.

Hoy se siente como un momento de ajuste de cuentas —no por venganza, ni por triunfo— sino por la posibilidad de que un largo capítulo esté llegando a su fin. Un capítulo definido por el miedo, los funerales y las sirenas en la noche.

Si existe el cierre, no es simple. No es celebración. Es algo más silencioso que eso.

Es un cierre para las familias de los jóvenes asesinados en el Dolphinarium —familias que han cargado con la ausencia durante décadas. Un cierre para las personas que amé y que ya no están. Un cierre para quienes caminaron este camino a mi lado. Un cierre para todos aquellos que fueron asesinados simplemente por ser judíos.

Y quizás, por encima de todo, es la esperanza de que pueda comenzar un nuevo camino —uno en el que las sociedades elijan la vida por encima de la muerte, la cooperación por encima de la destrucción y donde las futuras generaciones no crezcan bajo la sombra del terror.

Quiero creer que este es el punto desde el cual avanzamos —no con ira, sino con determinación— hacia un futuro donde las salas de emergencia estén más silenciosas, las noches de Shabat vuelvan a ser normales y los jóvenes puedan bailar sin miedo.

Las declaraciones recientes tomadas a disidentes iraníes que residen en Francia permitieron profundizar en la participación directa de altos jerarcas iraníes en el atentado contra la AMIA, ocurrido en 1994 en Buenos Aires.

Según explicó el fiscal Sebastián Basso a Radio Mitre, y como había adelantado Infobae el año pasado, estas evidencias robustecen la hipótesis de que la agresión terrorista se inscribió dentro de una política de Estado promovida desde Irán, durante los años noventa. Y que combinaba el uso de recursos petroleros para influencia política y la aplicación de terror ante eventuales resistencias.

El análisis de información migratoria y diplomática permitió comprobar que Ali Hejazi, descrito como la mano derecha del entonces líder supremo Ali Jamenei, realizó uno de sus escasos viajes fuera de Irán a Argentina poco antes del atentado, en momentos en que se tomaba la decisión de perpetrar el ataque.

Basso detalló que Hejazi ingresó al país con visa diplomática y fue observado manteniendo reuniones con Rohollah Rabbani, figura clave instalada en Argentina para difundir tanto las ideas del régimen como sus planes de expansión regional. Los testimonios de los iraníes entrevistados permitieron identificar a Hejazi como el encargado personal de Khamenei para formar a su hijo, quien posteriormente lo sucedería en el cargo tras su fallecimiento.

Testimonios de disidentes y acceso a nueva información sobre el caso

El fiscal Basso subrayó que el aporte de los cuatro disidentes, quienes declararon bajo la ley francesa, se tradujo en la apertura de vías de acceso a informaciones y fuentes antes inaccesibles para la justicia argentina, principalmente por la negativa del régimen iraní a cooperar y las dificultades culturales e idiomáticas. Entre los datos aportados se encuentran entrevistas realizadas dentro de Irán, en las que miembros del régimen reconocen de manera abierta la existencia de una política de terror con alcance global, incluidos los atentados cometidos en Argentina.

Estos testimonios también revelan que en Irán existe una circulación interna de información entre funcionarios y líderes religiosos donde se habla abiertamente sobre los atentados y su propósito político. Entre las pruebas presentadas a la fiscalía, Basso mencionó la existencia de declaraciones públicas de dirigentes de Hezbolá en medios de la región. Por ejemplo, uno de estos jerarcas afirmó en los días previos al atentado: “El brazo largo de nuestra revolución se va a extender incluso en Argentina”. Esta cita proviene de diarios locales de la época, y se integra ahora como parte de los elementos probatorios.

Respecto a la fiabilidad de los testigos, Basso relató que interrogó en reiteradas ocasiones a los disidentes sobre el fundamento de sus afirmaciones, exigiendo evidencias objetivas que permitieran cotejarlas con fuentes independientes. El viaje de Ali Hejazi a Argentina, inicialmente señalado solo por los testigos, fue luego confirmado a través de registros migratorios y solicitudes de visa, sumándose a documentación propia de la diplomacia argentina que coincidía en fechas y sucesos.

Según Basso, los disidentes contextualizaron eventos ocurridos en Irán y en Líbano durante los años noventa señalando su relación directa con la implementación de la política de agresión exterior del régimen. Estos datos se correlacionaron con cables diplomáticos argentinos que reportaban hechos que antes se veían como aislados pero que, a la luz de los nuevos testimonios, revelan una coordinación internacional.

Consultado sobre el nivel de riesgo actual ante el contexto internacional de tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos, Basso advirtió que las responsabilidades de prevención recaen en los servicios de inteligencia y el Ejecutivo nacional. No obstante, desde 1994 no se registró ningún atentado adicional en Argentina, indicó el fiscal, quien precisó que sus funciones se limitan al análisis retrospectivo de los hechos consumados.

Con nuevas pruebas incorporadas al expediente, la Fiscalía que investiga el atentado a la AMIA pudo constatar la hipótesis que años atrás comenzó a construir el fiscal Alberto Nisman, a partir de informes de inteligencia: la voladura de la mutual judía se planificó y financió desde Irán, y fue ejecutada por la organización libanesa Hezbollah.

El equipo de investigadores que hoy encabeza el fiscal federal Sebastián Basso buscó probar por vías independientes la mayor cantidad posible de datos que entregó en su momento la Secretaría de Inteligencia (SIDE).

En el expediente hay más de 50 declaraciones y entrevistas a testigos, 30 informes oficiales elaborados por dependencias estatales y fuerzas de seguridad, una veintena de registros y soportes de telecomunicaciones, fichas y constancias de movimientos migratorios, decenas de documentos y pasaportes falsos, cables diplomáticos y exhortos internacionales, registros bancarios, informes periciales y un amplísimo archivo de imágenes y documentación histórica.

El último caudal de información lo aportaron cuatro iraníes disidentes que declararon como testigos en Francia, durante el pasado diciembre. Son exiliados y opositores al régimen que conocerían desde adentro cómo se gestó el atentado terrorista.

Además de responder las preguntas que llevó el fiscal Basso, también entregaron documentación que confirmó la participación del acusado número 11: Alí Asghar Hejazi, mano derecha del recientemente asesinado líder supremo Alí Khamenei.

Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, una porción de las pruebas que la acusación quiere llevar al juicio en ausencia quedarán limitadas a lo obtenido a partir del trabajo de la SIDE. Esto ocurre, por ejemplo, con el entrecruzamiento de llamadas y la identificación de abonados telefónicos en El Líbano, datos cruciales para entender la coordinación del atentado desde Buenos Aires. La cooperación de ese país con la Justicia argentina fue “históricamente limitada, escasa y tardía”, dictaminó la UFI AMIA.

El fiscal Basso le pidió el miércoles al juez Daniel Rafecas, subrogante del Juzgado Federal N° 6, que ordene la captura internacional de Alí Asghar Hejazi y procese a los diez acusados que ya figuraban en el expediente.

Para consolidar la acusación contra esa decena de iraníes y libaneses, el fiscal expuso las pruebas que tiene en su contra en un documento de 201 páginas, al que accedió este medio. Allí ratificó la mecánica del ataque a la mutual judía: un conductor suicida inmoló su vida tras detonar al menos 300 kilogramos de explosivos escondidos en una camioneta Renault Trafic frente al edificio ubicado en calle Pasteur, el 18 de julio de 1994.

El vehículo funcionó como coche bomba, metodología que es considerada por los investigadores como un rasgo inconfundible de Hezbollah. “La materialidad del atentado terrorista se encuentra fuera de discusión”, sostuvo el fiscal, apoyado en las pruebas producidas y analizadas durante los dos juicios orales que se desarrollaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3.

La ejecución del plan

Un personaje ya conocido en la historia, Salman Raouf Salman -alias Samuel El Reda-, es señalado como el coordinador operativo de Hezbollah. Vivió junto a su esposa e hijos en el lado brasilero de la Triple Frontera, e ingresó clandestinamente a la Argentina pocos días antes de concretarse tal masacre terrorista. Justo entonces mandó a su familia de regreso a El Líbano.

Para moverse sin despertar sospechas, Salman usaba documentos falsos que lo presentaban como ciudadano colombiano o paraguayo. Desde la Triple Frontera diagramó toda la logística necesaria para el atentado.

El coordinador del atentado dejó sus huellas en los locutorios de la Ciudad de Buenos Aires. Pasó una y otra vez por cabinas de las avenidas Corrientes y Santa Fe, y las calles Pasteur, Lavalle, Tucumán y Nazca, según se desprende de las pruebas de la UFI AMIA.

Desde esos teléfonos se comunicó de manera reiterada con un celular prepago radicado en Foz de Iguazú, Brasil, utilizado por una persona que los servicios de inteligencia denominaron bajo el nombre de “André Marques”. Además, Salman El Reda hizo múltiples llamadas hacia centrales de comunicación de Hezbolá instaladas en El Líbano, así como a otros abonados en Colombia y Panamá.

Este patrón de contactos significó para la acusación una sincronización estricta que le permitió impartir directivas y coordinar la fase final del atentado terrorista, mientras intentaba mantenerse en la clandestinidad.

Mediante el análisis de las llamadas, por ejemplo, se comprobó que el 1 de julio de 1994 aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza un terrorista utilizando un pasaporte paraguayo falso a nombre de Hassan Bailoun. Las pericias demostraron que, instantes previos y posteriores a la llegada de aquel vuelo de Air France proveniente de San Pablo, Salman Raouf Salman hizo llamadas a Brasil desde un teléfono público de la terminal aérea.

Tras la destrucción de la mutual judía, el supuesto “Bailoun” logró abandonar la Argentina sin dejar rastros migratorios oficiales y el 20 de ese mismo mes abordó un avión en territorio brasileño con destino final hacia París.

El financiamiento

El financiamiento de la estructura operativa contó con la participación de Abdallah Salman, hermano del coordinador del ataque. En noviembre de 1992, este acusado fue detenido en la ciudad de Rosario cuando intentaba cambiar dólares falsificados en una sucursal del Banco Nación.

Los peritajes confirmaron que esos billetes eran “superdólares”, una falsificación de alta calidad distribuida internacionalmente por Hezbollah para solventar actividades terroristas. Tras recuperar su libertad mediante una fianza de 20.000 dólares abonada por su propio hermano, Abdallah continuó operando en la región de la Triple Frontera. Allí administró cientos de miles de dólares y realizó múltiples transferencias internacionales sin tener ninguna actividad laboral lícita comprobable que justificara el origen de los fondos, dictaminó el fiscal Basso.

Otro de los actores de Hezbollah que operó en la Triple Frontera es Hussein Mounir Mouzannar, empresario radicado en Ciudad del Este. Ayudó a Salman El Reda a conseguir sus documentos apócrifos en Paraguay.

Al tomar conocimiento de las imputaciones dictadas en su contra, Mouzannar abandonó intempestivamente sus empresas y huyó hacia territorio libanés.

Los investigadores encontraron más conexiones al dar con Farouk Abdul Hay Omairi, un referente de Hezbollah y dueño de la agencia Piloto Turismo en Foz de Iguazú, que habría funcionado como fachada para proveer documentación falsa a personas de origen árabe recién llegadas a la Triple Frontera.

Los cruces de comunicaciones demostraron que, en los meses previos al ataque, desde los teléfonos fijos de esa agencia se realizaron llamadas a la residencia de Salman y al celular a nombre de “André Marques”, línea utilizada para dirigir la fase final del atentado. La investigación contra este libanés se tramita en la Justicia de Brasil.

La planificación

La fiscalía sostuvo que los ejecutores actuaron bajo las órdenes de las máximas autoridades de la República Islámica de Irán. La cúpula del régimen aprobó el ataque durante una reunión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional celebrada el 14 de agosto de 1993, a partir de una propuesta elaborada previamente por el Comité Vijeh, según se desprende del dictamen de Basso.

La reconstrucción de esas decisiones se logró, entre otras pruebas, a partir de declaraciones testimoniales -entre ellas una del expresidente iraní Abolhassan Bani Sadr- y del caso “Mykonos”, en el que el Tribunal Superior de Berlín, que juzgó el asesinato de disidentes kurdos en Alemania, probó que el comité clandestino funcionaba dentro de las oficinas del líder supremo para tratar asuntos de terrorismo que no podían ser institucionalizados.

En este entramado, la delegación diplomática iraní en Buenos Aires habría funcionado como una red de espionaje donde el consejero cultural Mohsen Rabbani y el tercer secretario Ahmad Reza Asghari recolectaron información sobre el blanco elegido y brindaron asistencia operativa.

Para resguardar a sus funcionarios ante la inminente explosión, el embajador Hadi Soleimanpour abandonó la Argentina el 30 de junio de 1994 tras adelantar inusualmente sus vacaciones, mientras que Asghari partió de manera definitiva el 8 de julio. Todos integran la lista de acusados.

Dado que los imputados se encuentran prófugos en el exterior, el fiscal de la causa AMIA requirió avanzar hacia la etapa de debate oral aplicando la nueva modalidad de juicio en ausencia, algo que deberá decidir el Juzgado Federal N° 6.

“Lo que pedí fue avanzar rápidamente contra los diez acusados que tenemos para ver si podemos hacer cuanto antes un juicio en ausencia y podamos mostrar a la sociedad cuáles son las pruebas que reunió el Estado argentino en estos treinta años”, afirmó el fiscal en diálogo con Radio Mitre.

Basso explicó que el impulso del proceso estuvo condicionado durante años por la situación de los imputados. “Hasta el año pasado, que no estaba la ley de juicio en ausencia, no se podía avanzar contra la imputación de personas concretas, porque están prófugas fuera del país y no se entregaban”, señaló. Según indicó, ese escenario cambió con la sanción de la nueva norma: “Recién cuando el año pasado se dictó la ley de juicio en ausencia es que ahí pudimos avanzar”.

En ese marco, el fiscal fue categórico al referirse a la autoría del atentado. “Fue Hezbolá el que hizo el atentado”, afirmó, y agregó que la organización actuó bajo directivas del régimen iraní. “Hezbolá es un títere y fue, en definitiva, el autor intelectual y material del atentado”, sostuvo.

Consultado sobre el estado del expediente, Basso remarcó que la acusación se apoya en elementos concretos. “No son pistas, son evidencias”, dijo, al diferenciar la investigación actual de las múltiples hipótesis que circularon a lo largo de los años sobre el ataque. “Si no, no lo llevaríamos a juicio. Nosotros tenemos que buscar la verdad”, agregó.

El fiscal también se refirió a la disponibilidad de la fiscalía para avanzar a la etapa oral. “Por el lado de la fiscalía estaríamos en condiciones de ir mañana al juicio oral”, expresó, aunque aclaró que los tiempos no dependen de su área. “Tenemos que respetar los tiempos judiciales. Yo dependo de lo que hagan los jueces y cuánto tardan los jueces en decidir acá en Argentina”, afirmó.

En relación con los cuestionamientos sobre la constitucionalidad del juicio en ausencia, Basso defendió la norma sancionada por el Congreso. “Las leyes son el resultado de la votación del pueblo argentino”, señaló. Y añadió: “A menos que sea una ley con vicios muy fuertes, toda ley se presume constitucional”.

Ayer se conoció que el fiscal solicitó el procesamiento de diez iraníes y libaneses acusados en la causa por el atentado a la mutual judía del 18 de julio de 1994. En una serie de dictámenes firmados este miércoles, también imputó y pidió la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, uno de los jerarcas del régimen.

El nuevo involucrado en el expediente oficiaba como la mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, asesinado el pasado 28 de febrero en el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel. Según la reconstrucción de la Fiscalía, este dirigente presidía el denominado Comité Vijeh, organismo estatal donde se recogió información, se analizó el objetivo y se elaboró la propuesta para destruir la AMIA.

De acuerdo a las pruebas recabadas por los investigadores, una vez aprobado el plan criminal por los más altos mandos del régimen, Asghar Hejazi tuvo a su cargo la implementación y coordinación general para llevarlo a cabo.

Esto terminó de comprobarse luego de que, tal como reveló Infobae en diciembre, cuatro iraníes disidentes declararan como testigos en Francia ante el fiscal Basso. Apoyado en las pruebas que aportaron, el acusador requirió indagar al nuevo imputado, disponer su captura internacional y declararlo en rebeldía.

La solicitud del Ministerio Público ya está en el despacho del Juzgado Federal N° 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas.

El fiscal federal Sebastián Basso, titular de la UFI AMIA, solicitó el procesamiento de diez iraníes y libaneses acusados en la causa por el atentado a la mutual judía del 18 de julio de 1994. En una serie de dictámenes firmados este miércoles, también imputó y pidió la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, uno de los jerarcas del régimen.

El nuevo involucrado en el expediente oficiaba como la mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, asesinado el pasado 28 de febrero en el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel. Según la reconstrucción de la Fiscalía, este dirigente presidía el denominado Comité Vijeh, organismo estatal donde se recogió información, se analizó el objetivo y se elaboró la propuesta para destruir la AMIA.

De acuerdo a las pruebas recabadas por los investigadores, una vez aprobado el plan criminal por los más altos mandos del régimen, Asghar Hejazi tuvo a su cargo la implementación y coordinación general para llevarlo a cabo.

Esto terminó de comprobarse luego de que, tal como reveló Infobae en diciembre, cuatro iraníes disidentes declararan como testigos en Francia ante el fiscal Basso. Apoyado en las pruebas que aportaron, el acusador requirió indagar al nuevo imputado, disponer su captura internacional y declararlo en rebeldía.

La solicitud del Ministerio Público ya está en el despacho del Juzgado Federal N° 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas.

Los procesamientos

Los diez iraníes y libaneses que pidió procesar el fiscal son los mismos sobre los que el juez Rafecas ya había resuelto aplicar el juicio en ausencia. Están prófugos de la Justicia argentina y con alertas rojas de Interpol vigentes desde 2006.

Los acusados son: Alí Fallahian, antiguo ministro de Inteligencia; Alí Akbar Velayati, titular de Asuntos Exteriores durante esa época; Mohsen Rezai, excomandante en jefe de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, quien lideraba la fuerza Al Quds y la semana pasada fue designado como nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria.

Todos ellos integraron el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, entidad gubernamental que autorizó la realización del ataque terrorista mediante una reunión reservada celebrada a mediados de agosto de 1993, momento que coincidió con avances en procesos de paz en Medio Oriente.

La lista de eventuales procesados sigue con exdiplomáticos en Buenos Aires: Hadi Soleimanpour, embajador de Irán; Mohsen Rabbani, consejero cultural; y Ahmad Reza Asghari, tercer secretario de la embajada.

La investigación de la UFI AMIA señala que este grupo conformó una red de espionaje encubierta bajo fachadas oficiales. Su labor fue vital para compilar datos sobre el blanco elegido, brindar apoyo logístico a los ejecutores materiales e incluso facilitar el ocultamiento posterior a la explosión, aprovechando su inmunidad diplomática para moverse sin despertar sospechas.

La lista de acusados se completa con los miembros de la organización armada libanesa Hezbolá. El principal es Salman Raouf Salman, terrorista que dirigió las acciones finales en nuestro país. Este hombre ingresó clandestinamente a la Argentina para organizar la llegada, el alojamiento y la huida del escuadrón ejecutor, según se desprende del dictamen fiscal.

Habría operado junto a su hermano Abdallah Salman, responsable de manejar grandes sumas de dólares destinados a financiar actos ilícitos. Por último, Hussein Mounir Mouzannar, un comerciante libanés asentado en Paraguay, entregó certificados laborales apócrifos para que Salman Raouf Salman obtuviera una ciudadanía ficticia.

En su dictamen de 201 páginas, el fiscal Basso detalló que, en calidad de autores o partícipes, los iraníes y libaneses de Hezbolá incurrieron en los delitos de homicidio calificado por odio racial o religioso y por haber sido cometido mediante un medio idóneo para causar peligro común, a raíz de las 85 víctimas fatales, en concurso ideal con las lesiones (leves, graves y gravísimas) sufridas por al menos 141 personas y los múltiples daños materiales ocasionados por la explosión.

Adicionalmente, se los acusó por el patrocinio, pertenencia y/o colaboración con una banda armada, figura penal que también incluye el agravante por fines discriminatorios.

El dictamen detalla cómo la cúpula del régimen islámico diseñó una estrategia bélica global con el “indudable propósito de denigrar y agredir violentamente” a la comunidad judía.

Para el fiscal, está probado que las directivas, el dinero y la protección emanaron directamente desde Teherán. Mientras tanto, los comandos subordinados de la milicia concretaron la fase material del asesinato masivo, burlando los diferentes controles migratorios sudamericanos mediante el uso de pasaportes falsos.

Como medida cautelar patrimonial, Basso pidió actualizar los montos de los embargos preventivos dictados sobre los bienes de cada uno de los responsables. La cifra requerida superó los $741 mil millones. Asimismo, se sugirió emplear vías diplomáticas y redes sociales oficiales para notificar fehacientemente a los prófugos sobre las decisiones dictadas en su contra.

Es un paso que exige la ley para avanzar hacia la etapa de debate oral y público, que en este caso será un juicio en ausencia.

La defensa pública de los acusados planteó ante la Cámara Federal de Casación Penal la inconstitucionalidad de la Ley 27.784, que establece las condiciones en las que se puede juzgar a un prófugo. Es algo que ya rechazaron el juez Rafecas en primera instancia y luego la Cámara Federal porteña. Definirá la Sala II del máximo tribunal penal.

La festividad de Purim se ubica en el calendario judío como un recordatorio de la supervivencia frente a la amenaza. Lo que se conmemora es la salvación del pueblo judío en la antigua Persia durante el reinado de Ajashverosh (Asuero). Así lo expresa el mensaje del Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, quien se refiere a esta fecha como una ocasión en que una sentencia de exterminio fue revertida de manera inesperada.

En la ciudad de Susa, capital del Imperio Persa, los judíos enfrentaron un decreto de destrucción impulsado por Hamán, alto funcionario de la corte. Según relata la Meguilat Ester, texto central de la festividad, ese mandato tenía como propósito eliminar a la comunidad judía en todo el territorio gobernado por el rey. La intervención de Ester, reina judía y esposa de Ajashverosh, junto al liderazgo de Mordejai, permitió que la sentencia se anulara y que el pueblo judío saliera ileso de aquella amenaza.

Según el mensaje difundido por AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), Purim no solo revive la memoria de ese episodio, sino que también transmite enseñanzas sobre la resiliencia y la esperanza en momentos de adversidad. El texto subraya que la festividad recuerda “cómo situaciones desesperantes pueden transformarse de manera repentina”, y alude a la noción de una “mano oculta” que guía los acontecimientos, una referencia a la intervención divina en la narrativa bíblica.

El calendario judío asigna a Purim una serie de preceptos que marcan la celebración. Entre ellos, la lectura pública de la Meguilá de Ester, el envío de porciones de comida entre amigos y allegados, las donaciones a personas necesitadas y la organización de un banquete festivo. Es habitual el uso de disfraces y la inclusión del vino en las celebraciones. La festividad se caracteriza por su ambiente de alegría, aunque el mensaje central permanece: la memoria de una salvación inesperada.

El Gran Rabino Eliahu Hamra destaca que el relato de Purim adquiere sentido en contextos de dificultad. Según señala en su mensaje, la historia de la reina Ester y Mordejai representa la capacidad del pueblo judío para no perder la esperanza, incluso frente a amenazas externas o divisiones internas. “La historia de Purim enseña que ninguna situación es definitiva y que existe la posibilidad de revertir incluso los destinos más sombríos”, afirma el rabino, conforme a la comunicación oficial de AMIA.

La tradición de Purim también contempla el fortalecimiento de la solidaridad comunitaria. El acto de enviar comida y realizar donaciones busca promover la unión y el apoyo mutuo, principios que el rabino considera fundamentales para el pueblo judío. En palabras de Hamra, “Purim nos inspira a mirar al otro, a tender la mano y a no dejar a nadie atrás”, de acuerdo con el mensaje difundido por AMIA.

Dentro de la liturgia, la lectura de la Meguilá de Ester ocupa un lugar central. Este relato bíblico, leído tanto en la víspera como en la mañana de Purim, detalla la trama de la salvación del pueblo judío y la exposición de los planes de Hamán. La costumbre de usar disfraces se vincula al carácter “oculto” de los milagros narrados en la historia, ya que el nombre de Dios no aparece explícitamente en la Meguilá, lo cual es interpretado como un mensaje sobre la presencia velada de lo divino en los sucesos históricos.

El mensaje del Gran Rabino de AMIA conecta las enseñanzas de Purim con la actualidad del pueblo judío. Hamra subraya la importancia de mantener la unidad interna y la fortaleza espiritual ante los desafíos, tanto los provenientes de fuera –enemigos o amenazas– como los que surgen de las propias diferencias comunitarias. Para el líder religioso, el recordatorio de Purim invita a no perder la perspectiva de futuro ni la confianza en la capacidad de superación.

El cierre del mensaje incluye un deseo de paz y sabiduría para todas las naciones, así como la esperanza de que la festividad de Purim renueve la fe en tiempos mejores. La conmemoración, según sintetiza el rabino, constituye un llamado a celebrar la vida y a reafirmar el compromiso con los valores de ayuda mutua, unión y solidaridad.

La festividad de Purim se celebra anualmente en el mes hebreo de adar, que suele coincidir con febrero o marzo en el calendario gregoriano. La fecha, más allá de su trasfondo histórico y religioso, adquiere vigencia como símbolo de esperanza y transformación.

La investigación se originó a partir de una serie de manifestaciones públicas realizadas por el exfuncionario kirchnerista el pasado 28 de febrero en su cuenta personal de la red social TikTok, registrada bajo el nombre @luisangeldelia.

Según consta en las fojas iniciales de la denuncia, en esos registros audiovisuales el dirigente justificó su accionar bajo una premisa directa: “Los compañeros de la Guardia Revolucionaria iraní me han pedido que informe al pueblo argentino”. A partir de allí, D’Elía lanzó una serie de acusaciones donde aseguró que “la guerra regional va a durar mucho tiempo contra el sionismo criminal”, al que culpó de destruir Palestina, de quemar bosques en la Patagonia y de saquear los minerales de la Argentina. Además, reiteró el supuesto mandato militar para anunciar medidas geopolíticas: “Me han pedido los compañeros de la Guardia Revolucionaria iraní que transmita esto (...). Acaba de decretar el ejército iraní el cierre total del estrecho de Ormuz. Chau Netanyahu, que te sea leve”.

Posteriormente, D’Elía amplió sus mensajes durante una intervención pública en Radio Belgrano AM 570. De acuerdo a la transcripción incorporada por la fiscalía, el acusado se autoproclamó representante del régimen de Teherán: “En este país, Milei es Estados Unidos, Israel y el sionismo. ¿Quién es Irán en la Argentina? Yo soy Irán”.

En esa misma entrevista radial, el exfuncionario apuntó directamente al ataque terrorista de 1994 con una teoría conspirativa. “Probablemente, como hace 30 años, hagan otro atentado en la Argentina para victimizarse. Van a hacer un atentado seguro para culpar a Irán”, sostuvo D’Elía, para luego concluir: “Hoy está recontra probado que hace 30 años estos atentados lo hicieron la SIDE y el Mossad”.

A raíz de estas alocuciones, Stornelli advirtió en su escrito que las expresiones del dirigente tuvieron como posible objeto la “justificación y/o promoción del odio y la hostilidad contra un grupo determinado de personas en razón de su religión, nacionalidad e ideas políticas”. El fiscal agregó que, con esos mismos mensajes, el acusado también apuntó a justificar el ataque terrorista ocurrido el 18 de julio de 1994, el cual dejó un saldo de 85 muertos y centenares de heridos.

Para avanzar con la instrucción sumarial y acreditar la materialidad de los hechos, el fiscal sugirió una serie de medidas de prueba concretas. En primer lugar, solicitó incorporar material periodístico anexo a la denuncia para graficar el tenor de los mensajes. El funcionario destacó de manera específica una nota del sitio web de Clarín publicada el 1º de marzo de 2026. El artículo ofrecido como evidencia lleva como título: “Luis D’Elía se mostró como vocero de Irán: Me han pedido los compañeros de la Guardia Revolucionaria”.

Stornelli pidió además sumar al expediente distintas publicaciones extraídas de plataformas digitales que dan cuenta de los dichos del dirigente. El requerimiento menciona un mensaje publicado el 28 de febrero de 2026 por el usuario “@atlanticsurff” en la red social X, y otro contenido difundido por la cuenta “@indignado” en la red social Facebook.

El petitorio impulsado por Stornelli exige arbitrar medidas urgentes para garantizar la debida preservación del contenido de todas las publicaciones denunciadas. El objetivo de la fiscalía es resguardar las pruebas digitales aportadas y evitar su eventual eliminación de la web.

Como paso fundamental para la investigación penal, el titular de la fiscalía federal Nº 4 de Comodoro Py exigió que se cite a prestar declaración indagatoria a D’Elía para que responda formalmente por los hechos. El escrito judicial finaliza con una aseveración directa, fáctica y contundente: “El antisemitismo es un delito”.

Rebote en la causa del Memorandum

En paralelo a la denuncia de Stornelli, la querella que representa a los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA formalizó un planteo complementario. La representación legal le solicitó a los jueces a cargo del juicio oral por el memorándum de entendimiento entre la Argentina y la República Islámica de Irán que investiguen el video donde D’Elía habló en nombre de la fuerza militar de ese país.

La solicitud, encabezada por el abogado Tomás Farini Duggan, se enmarca en la reciente designación del general iraní Ahmad Vahidi como nuevo comandante en jefe del cuerpo militar de ese país. Vahidi es uno de los principales prófugos de la Justicia argentina y tiene una alerta roja vigente emitida por Interpol por su presunto rol organizativo en el atentado a la mutual judía.

En su presentación judicial, Farini Duggan pidió que la nueva prueba audiovisual sea analizada en conjunto con otros elementos probatorios del expediente. El escrito requirió cruzar los dichos recientes con las llamadas telefónicas registradas históricamente entre D’Elía y Mohsen Rabbani. El exagregado cultural iraní está acusado de ser uno de los organizadores del ataque de 1994. Las escuchas incorporadas a la causa vinculan al dirigente argentino con Rabbani antes y después de la firma del pacto bilateral.

La querella considera que la suma de estos elementos refuerza la tesis principal de la acusación. El argumento sostiene que los vínculos entre el imputado y el régimen de Teherán no fueron casuales ni episódicos, sino parte de una relación sostenida en el tiempo.

Además de D’Elía, la causa por el Memorándum con Irán tiene como principal imputada a la expresidenta Cristina Kirchner. El expediente también involucra a exfuncionarios de primera línea como Carlos Zannini, ex secretario legal y técnico de la Presidencia; a Oscar Parrilli, ex secretario general de la Presidencia; al ex vicecanciller Eduardo Zuain; y a la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona. La nómina se completa con el exsecretario de Justicia Juan Martín Mena, el dirigente Andrés “Cuervo” Larroque, el exjefe de la agrupación Quebracho Fernando Esteche, el presunto lobista iraní Jorge Khalil y el exespía Allan Bogado.

Irán nombró al general de brigada Ahmad Vahidi nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según informó la agencia iraní Mehr. Se trata del líder militar que ideó el ataque terrorista a la AMIA y se encuentra prófugo de la justicia argentina.

Vahidi sustituye al general Mohamad Pakpur, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y confirmado por el régimen iraní, de acuerdo consignó EFE.

Además de la muerte de su líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, Teherán ha confirmado que en los ataques han fallecido el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, así como el secrtario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

Vahidi ya había ocupado ese cargo de manera temporal en 2025 tras la muerte de Hossein Salami, abatido durante ataques israelíes contra el régimen persa.

El nuevo líder de la Guardia Revolucionaria, de 66 años, nació en la histórica ciudad de Shiraz, situada al suroeste de Irán y a unos 900 kilómetros de Teherán. Su vínculo con la fuerza comenzó con el surgimiento de la Revolución Islámica en 1979, cuando se integró a esa estructura militar, una suerte de ejército paralelo que responde únicamente al líder supremo de Irán.

La Guardia Revolucionaria es descripta como “parte del aparato operativo del régimen, responsable de la realización de atentados en todo el mundo, el más famoso de ellos en 1994”, en referencia al ataque contra la mutual judía argentina.

Su trayectoria en el mapa del poder iraní resulta ilustrativa. El cargo que ocupó al frente de las Fuerzas Quds —la unidad de élite responsable de operaciones en el extranjero— fue heredado posteriormente por el general Qassem Souleimani, quien murió en 2019 tras un ataque aéreo de Estados Unidos en Bagdad. Vahidi pertenece además a un reducido círculo de asesores que tenía acceso directo al líder supremo y compone el Consejo Superior, un organismo que define las principales estrategias del régimen, entre ellas las decisiones sobre el acuerdo nuclear.

Desde noviembre de 2007, Vahidi integra la base de datos de Interpol por una alerta roja activa que lo acusa de “homicidio calificado, doblemente agravado (por odio racial o religioso y por ser un medio idóneo para causar un peligro común) en perjuicio de 85 víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones leves y graves calificadas, reiteradas y daños múltiples agravados por odio racial o religioso”. Estas acusaciones surgen especialmente por su presunta participación intelectual en el atentado a la AMIA en Buenos Aires, que dejó un saldo de 85 muertos en 1994.

El fiscal Alberto Nisman lo identificó como uno de los principales responsables de la planificación del ataque. De acuerdo a la investigación judicial, Vahidi, por entonces comandante de la Fuerza Quds, participó en la reunión en la que se resolvió concretar el atentado y delegar la ejecución en Hezbollah del Líbano.

Estados Unidos también exige su captura y lo colocó en su lista negra en 2010. En 2019, la Unidad de Información Financiera de Argentina y el fiscal Sebastián Basso solicitaron que Vahidi y otros seis imputados en la causa AMIA fueran incluidos en el registro argentino de terroristas. La UIF ya había determinado que Vahidi y Moshen Rezai lideraron los análisis sobre la propuesta de atentar en Argentina en el seno de la inteligencia iraní.

En 2021, Vahidi asumió el Ministerio del Interior de Irán, cargo que ocupaba cuando el gobierno argentino requirió su detención durante una visita oficial a Pakistán y Sri Lanka. La Cancillería argentina señaló entonces que integraba una comitiva iraní en el exterior. Interpol emitió en ese marco una Circular Roja, y Argentina solicitó cooperación internacional para su arresto conforme a los tratados vigentes.

A lo largo de su carrera, Vahidi ha ocupado cargos de alto rango: en 2009 fue ministro de Defensa durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad, pese a su situación judicial internacional. Ese respaldo interno consolidó su prestigio dentro de la teocracia iraní. También ocupaba ese puesto cuando, en 2013, Argentina e Irán firmaron el Memorándum para intentar avanzar en la causa AMIA bajo el gobierno de Cristina Kirchner.

Luego de la muerte del fiscal Nisman en 2015, las nuevas autoridades judiciales y la Unidad de Información Financiera mantuvieron la presión sobre los acusados internacionales. Vahidi permanece en la lista de los más buscados de Interpol.

Cuál fue el rol de Vahidi en el ataque a la AMIA

Ahmad Vahidi era el comandante de las Fuerzas Quds cuando ocurrió el atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, episodio en el que murieron 85 personas y hubo 151 heridos. Sobre él recae la acusación de ser uno de los autores ideológicos del ataque y de haber participado en una reunión clave donde se definió la realización del atentado, que terminó siendo uno de los crímenes más graves de la historia argentina.

En noviembre de 2006, el entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la captura internacional de quienes consideraba responsables intelectuales del caso, incluyendo a Vahidi. También figuran en la lista roja de Interpol Moshen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria; Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada iraní en Argentina; y desde 2009, Samuel Salman El Reda.

Vahidi, al igual que Fallahijan, habría estado presente en la presunta reunión de 1993 en Mahshad, donde, según la investigación de la UFI AMIA, se habría decidido el ataque. Según el dictamen firmado por el fiscal Alberto Nisman ese año, Vahidi no tuvo un rol pasivo sino que impulsó la propuesta de que Argentina fuera el país objetivo del atentado, planteo que luego fue evaluado por el Comité de Asuntos Especiales.

El dictamen señala que Vahidi habría presentado su iniciativa en la llamada “oficina de inteligencia”, donde integraba el núcleo de decisión. Después de avalar el objetivo argentino, el liderazgo de la operación se delegó en el entonces ministro de Inteligencia, Ali Fallahijan, mientras que la ejecución quedó a cargo de Vahidi, jefe de la Fuerza Quds.

En 2011, ya como ministro de Defensa de Irán, Vahidi viajó a Bolivia para participar en actos conjuntos con autoridades locales, pero el gobierno de ese país dispuso su salida tras conocer su identidad y antecedentes. En esa ocasión, compartió actividades oficiales con la ministra boliviana María Cecilia Chacón, entre ellas la graduación de pilotos de aviación y la inauguración de la Escuela de Defensa del ALBA, ambas en Santa Cruz de la Sierra.

La visita provocó una dura reacción tanto en la comunidad judía como en la política argentina. El entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger, calificó la presencia de Vahidi como “una provocación”, mientras que la DAIA solicitó que la Cancillería presentara una protesta diplomática formal y reclamara la inmediata detención del funcionario iraní. “Esta inadmisible presencia en el país hermano agravia a la memoria de las víctimas, a la comunidad que representamos y a la sociedad argentina en su conjunto”, manifestaron desde la entidad.

“Ustedes que se entregaban a Venezuela y que se entregaban a los terroristas de Irán, que nos metieron dos bombas, ¡dale!. Donde la corrupta, además, firmó un memorándum. Vení a explicarme qué pasó con Nisman. ¡Dale! ¡Manga de asesinos y chorros!“, expresó el mandatario en su intervención

El cruce ocurrió cuando el jefe de Estado decía que el país enfrenta tiempos de cambio que “requieren un diagnóstico correcto, una brújula moral calibrada y el coraje para actuar”. “Sin moral, terminás haciendo causa común, con dictadura, sin pericia, y terminás yendo a contramano de la historia”, había dicho Milei segundos antes.

En la misma línea, señaló: “La era de la cooperación global y brújula moral ha terminado. Tenemos la energía, gas, petróleo, energía nuclear y energía renovable para abastecer cadenas de producción a escala. Tenemos tierra, agua y capacidad agroindustrial para garantizar la seguridad alimentaria del hemisferio. Tenemos la ubicación en el extremo sur del continente, con salida a 12 océanos y presencia en la Antártida”.

A lo largo de su discurso, Javier Milei le lanzó varias otras chicanas a la oposición. Les dijo: “Fascistas”, “manga de chorros” y “mentirosos”, entre otras cosas.

Cada vez que se refirió a Cristina Kirchner, sin nombrarla, fue lapidario: “Vamos, sigan mintiendo, manga de ladrones, manga de chorros. ¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, va a seguir presa por el Memorándum de Irán, va a seguir presa por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.

Ya desde el inicio, y luego de que se escucharan los vitores ‘Presidente, Presidente’“, el primer mandatario tomó el micrófono con las dos manos, giró la cabeza y, mirando hacia su izquierda, le lanzó a la oposición: “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”.

Después de los aplausos por esa chicana, Milei siguió leyendo los ítems de los logros de su gestión y hablaba de la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, cuando volvió a mirar a la oposición y le dijo: “No pueden aplaudir porque se les escapan las manos a bolsillos ajenos”.

Pero eso era sólo el principio de un discurso que tuvo varias dedicatorias sarcásticas del Presidente al kirchnerismo: “Dale, sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando se caigan en la Justicia por mentirosos, dale”.

Las claves del discurso de Milei

El Presidente inició su discurso pasadas las 21, en el que resaltó la relación con la administración norteamericana y precisó: “En la Segunda Guerra Mundial, nuestra neutralidad nos forzó décadas de más violencia. Con el no al ALCA, nos quedamos afuera del mayor ciclo de expansión económica del esfuerzo humano”.

“El Atlántico Sur es el terreno de disputas estratégicas de las próximas décadas. Rutas comerciales, recursos naturales, soberanía modernísima y la presencia creciente de actores que nos comparten nuestros valores en los controles contrarían una parte clave del trabajo personal. Argentina tiene que ser ese actor”, remarcó.

En ese sentido, Milei resaltó: “Enviaremos un paquete de meses para fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia. Pero todo esto requiere una alianza estratégica duradera. Y eso es lo que estamos construyendo con Estados Unidos. Esto no es solo un acuerdo entre el presidente Trump y el presidente Milei. Tiene que ver con la afinidad cultural y objetivos estratégicos entre dos países y en toda la región”.

Y completó: “Es lo que nos permitió renegociar con el Fondo Monetario Internacional, salvar una crisis cambiaria, reventar nuestro comercio exterior e impulsar ahora la innovación estratégica más importante de nuestra historia. Es hora de hacer de esto una política de Estado. Tenemos que crear el siglo de las Américas. ‘MAGA’ de Alaska a Tierra del Fuego”.

Por otro lado, el mandatario cruzó a Cristina Kirchner y anticipó que “va a seguir presa por chorra”. Además, elogió a sus ministros y anticipó una cargada agenda legislativa para este año: “Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos los paquetes de proyectos a ser tratados por este Congreso”.

El 18 de julio de 1994, la explosión de un coche bomba destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El ataque dejó 85 muertos y más de 150 heridos. Las resoluciones judiciales dictadas en tres décadas reconstruyen de forma detallada la matriz del atentado. La Justicia argentina estableció que las máximas autoridades de la República Islámica de Irán planificaron el atentado y ordenaron la ejecución material a la organización libanesa Hezbollah. Actualmente, los tribunales federales enfrentan dos conflictos paralelos para lograr el enjuiciamiento de los autores foráneos y de los exfuncionarios locales.

Los detalles de la investigación

El expediente penal ubica el origen del plan destructivo el 14 de agosto de 1993 en la ciudad iraní de Mashhad. En esa fecha, el Comité de Asuntos Especiales se reunió en secreto. El Líder Supremo y Ayatolá Alí Hosseini Khamenei emitió la orden ejecutiva. La directiva religiosa o fatwa habilitó la operación clandestina, y la instrucción partió de la oficina de inteligencia del régimen.

Toda la cúpula estatal de aquella época participó en el diseño del ataque. El entonces presidente Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani intervino en la formulación de la estrategia. El ministro de Relaciones Exteriores, Alí Akbar Velayati, garantizó la cobertura operativa a través de la red diplomática. El ministro de Información y Seguridad, Alí Fallahijan, coordinó a los agentes de inteligencia desplegados globalmente.

La logística militar requirió la participación directa de las fuerzas armadas formales del país asiático. Los comandantes Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi planificaron el aporte de recursos estatales bélicos. Rezai conducía el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, conocido como Pasdaran; Vahidi lideraba la fuerza de élite Al Quds.

Según comprobó la Justicia, en la Argentina, la red operó de manera clandestina desde la embajada iraní. El agregado cultural Mohsen Rabbani fue la pieza central del espionaje logístico, con base de operaciones en la mezquita At-Tauhid. El dictamen fiscal detalla que Rabbani realizó gestiones bancarias y consultas sobre vehículos utilitarios similares al utilizado en el ataque en fechas previas a la detonación. El entonces embajador Hadi Soleimanpour facilitó el amparo estatal desde la sede diplomática. El tercer secretario Ahmad Reza Asghari gestionó tareas de enlace internacional utilizando exclusivamente el correo oficial.

Los registros migratorios muestran una huida coordinada de parte de los diplomáticos. Soleimanpour abandonó el país 18 días antes de la explosión y Asghari partió apenas 10 días antes de la matanza. Por su parte, Rabbani permaneció en el país hasta septiembre de 1997.

La organización armada Hezbollah ejecutó la fase material del ataque. El ciudadano libanés Salman Raouf Salman coordinó el equipo a cargo del atentado suicida. El comando operativo utilizó una camioneta utilitaria blanca, marca Renault. Los peritajes balísticos estiman que la carga explosiva fue de 300 a 400 kilos. La Justicia ubica el refugio logístico del grupo en la zona de la Triple Frontera. Los agentes libaneses Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar participaron en la preparación bajo órdenes de sus superiores foráneos.

Juicio en ausencia

Ante la incomparecencia de los imputados durante 30 años, el titular de la Unidad Fiscal AMIA, Sebastián Basso, solicitó la aplicación de la ley 27.784, que habilita el juicio en ausencia. El fiscal definió la norma como un mecanismo procedimental para regular el proceso penal frente a la rebeldía permanente del imputado. Basso ocupa el cargo que ejercía el fallecido fiscal Alberto Nisman.

Daniel Rafecas, el juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal seis, ordenó realizar el debate oral sin los acusados presentes. En su fallo, Rafecas defendió las garantías constitucionales y expuso: “Como juez, no pierdo de vista que esta es una situación excepcional. Que declarar la apertura del proceso en ausencia es una decisión que se toma en un marco atípico, inédito incluso. Pero también sé que este tipo de decisiones no suprimen las garantías ni el debido proceso”. El magistrado sostuvo que cada etapa del futuro juicio permitirá controlar públicamente la investigación oficial.

La Cámara Federal porteña confirmó la orden judicial de primera instancia el 23 de septiembre de 2025. Los camaristas respaldaron la compatibilidad plena de la normativa con la Constitución Nacional. La resolución afirma que el derecho inalienable a la verdad exige esclarecer el caso a favor de las víctimas directas y de la sociedad.

El pedido de enjuiciamiento en rebeldía abarca a 10 acusados con órdenes de captura internacional: Fallahijan, Velayati, Rezai, Vahidi, Soleimanpour, Rabbani, Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Mouzannar.

Objeciones legales y posiciones de las partes

El Ministerio Público de la Defensa se opone a la aplicación de la ley. La dependencia judicial respaldó un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara Federal de Casación Penal. Enrique Comellas, defensor público ante el máximo tribunal penal del país, promovió el reclamo. La defensa argumenta que la ley niega la posibilidad de solicitar un nuevo debate oral si los prófugos comparecen en el futuro. La Sala II de Casación debe resolver la validez jurídica de las audiencias en los próximos días.

Las querellas de la AMIA y la DAIA apoyaron el inicio inmediato del debate. El abogado Tomás Farini Duggan, representante de los familiares Luis Czyzewski y Mario Averbuch, respaldó la solicitud de la fiscalía. Otras agrupaciones de familiares de víctimas se opusieron al proceso, argumentando que la norma vulnera garantías constitucionales y aleja la investigación de posibles hipótesis no profundizadas por la instrucción original.

Las conclusiones de la Justicia

En un fallo firmado el 11 de abril de 2024, la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, firmó una resolución que fue categórica: responsabilizó a Irán y Hezbollah por los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido el 17 de marzo de 1992.

Consideró que resultan diversas y sólidas las referencias que confirman la vinculación de ambos atentados y la responsabilidad de la organización terrorista y el financiamiento, logística y directivas de quienes conducían por entonces el gobierno iraní para su concreción. Señala que entre los motivos por los cuales se eligió a nuestro país como escenario de dichos atentados cabe referirse a la decisión unilateral del gobierno argentino de rescindir contratos de provisión de material y tecnología nuclear suscriptos con Irán, una ruptura supuestamente originada en un cambio de la política exterior respecto de Medio Oriente.

Luego de los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) respaldó la posición oficial del gobierno argentino que, en las horas previas, rememoró que la Justicia comprobó que los altos mandos iraníes habían ordenado la ejecución del atentado a la AMIA el 18 de julio de 1994.

Por medio de un comunicado oficial, que también fue firmado por la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y el Congreso Judío Latinoamericano, valoraron la postura adoptada por el Poder Ejecutivo. Asimismo, hicieron hincapié en que las amenazas del régimen contra la población judía argentina habían iniciado en 1992 con el atentado a la Embajada de Israel en Argentina.

“La comunidad judía de la Argentina valora y agradece la posición de la gran mayoría de nuestros conciudadanos y la postura firme de nuestro Gobierno de defender lo resuelto por la justicia de nuestro país en cuanto a la responsabilidad de la República de Irán como responsable de sendos atentados”, apuntaron desde la DAIA.

En medio de la escalada de violencia en el Medio Oriente, las organizaciones manifestaron: “Abogamos porque esta guerra termine pronto, de manera favorable y con la mínima cantidad de muertos y heridos”. Además, llamaron a la paz y a la convivencia pacífica al señalar: “Que estos momentos de tanto dolor den lugar a alcanzar una convivencia pacífica en el mundo”.

En las horas previas, la Oficina del Presidente celebró “la operación conjunta llevada adelante por los Estados Unidos e Israel en el día de hoy”. Luego de que se confirmara la muerte de Alí Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, las autoridades nacionales lo definieron como “una de las personas más malvadas, violentas y crueles que ha visto la historia de la humanidad”.

“Sus atrocidades no solo han sido sufridas por el pueblo iraní, sino que han impactado a lo largo de todo el globo”, remarcaron en el comunicado, tras hacer referencia a las 85 víctimas y centenares de heridos que dejó el atentado a la AMIA.

En línea con esto, el Gobierno nacional remarcó que “según determinó la Justicia argentina, se trató de un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá, el principal grupo terrorista financiado por Irán”.

Pese a que este año se cumplirán 32 años desde el ataque terrorista, sostuvieron que “la búsqueda de justicia por las 85 víctimas es una política de Estado y continuará hasta que el último responsable pague con su libertad o con su vida por tan horrible crimen”.

Como cierre del mensaje, manifestaron: “La República Argentina espera que esta acción militar conjunta de nuestros países aliados ponga un fin definitivo a lo que fueron más de 40 años de opresión y violaciones a los derechos humanos en Irán, y que por fin el pueblo iraní tenga paz y recupere su democracia”.

Durante la jornada del sábado, Estados Unidos e Israel ejecutaron un ataque conjunto de gran envergadura contra Irán, provocando explosiones en Teherán y diversas ciudades, luego de semanas de intensas amenazas de intervención militar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, comunicó mediante un mensaje en video que el objetivo de la operación incluía el derrocamiento del régimen instaurado en 1979. “Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles por completo. Será totalmente—de nuevo—aniquilada. Vamos a destruir su armada”, expresó.

Por este motivo, solicitó al pueblo iraní: “Permanezcan resguardados. No salgan de sus hogares. Es muy peligroso afuera. Caerán bombas por todos lados. Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Les pertenecerá a ustedes”.

Minutos más tarde, la oficina del ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaró el estado de emergencia especial en el país tras los ataques. Al mismo tiempo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó la cooperación militar de ambas naciones y sostuvo que la operación busca “eliminar la amenaza existencial” que representa Irán. Según Netanyahu, esta acción conjunta pretende generar un escenario donde “el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos”.

La reacción de las fuerzas iraníes no se hizo esperar, debido a que la Guardia Revolucionaria de Irán informó sobre el inicio de una oleada de misiles y drones en dirección a territorio israelí. En respuesta a estos bombardeos, tanto diplomáticos estadounidenses en la región del Golfo como civiles israelíes recibieron la instrucción de buscar refugio inmediato.

Horas después de los primeros bombardeos, Israel detectó misiles provenientes de Teherán y reiteró a su población la orden de mantener refugio.

El canciller argentino, Pablo Quirno, se expresó este sábado sobre la reciente muerte del líder supremo de la República Islámica de Irán, Alí Jamenei, y recordó el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

“Ante la confirmación de la muerte de Ali Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, corresponde recordar que la Justicia argentina determinó que el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, con 85 muertos y centenares de heridos, fue un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá“, manifestó Quirno en redes sociales.

Luego, resaltó que “la decisión estratégica fue adoptada por la conducción política iraní vigente en 1993–1994, entre cuyas máximas autoridades se encontraba Jamenei, imputado en la causa”. Y subrayó que la búsqueda de verdad y justicia por las 85 víctimas “es una política de Estado y seguirá siendo una prioridad permanente”.

Por último, concluyó: “Que estas noticias aporten alivio a las familias y contribuyan al reconocimiento de las responsabilidades y a la lucha contra el terrorismo y la impunidad”.

Minutos después del ataque, la Oficina del Presidente (OPRA) celebró “la operación conjunta llevada adelante por los Estados Unidos e Israel en el día de hoy”. A su vez, calificó a Jamenei como “una de las personas más malvadas, violentas y crueles que ha visto la historia de la humanidad”.

“Sus atrocidades no solo han sido sufridas por el pueblo iraní, sino que han impactado a lo largo de todo el globo”, agregó el organismo estatal, previo a recordar el atentado a la AMIA. Y puntualizó: “La búsqueda de Justicia por las 85 víctimas es una política de Estado y continuará hasta que el último responsable pague con su libertad o con su vida por tan horribe crimen”.

Y concluyó: “La República Argentina espera que esta acción militar conjunta de nuestros países aliados ponga un fin definitivo a lo que fueron más de 40 años de opresión y violaciones a los derechos humanos en Irán, y que por fin el pueblo iraní tenga paz y recupere su democracia”.

Con motivo de los ataques preventivos realizados por Estados Unidos e Israel, que tuvieron como epicentro la ciudad de Teherán (y desencadenaron una respuesta inmediata con misiles y drones por parte de la República Islámica de Irán), el gobierno nacional decidió elevar a “alto” el nivel de seguridad en todo el territorio argentino.

En un comunicado informaron: “La medida alcanza a todos los objetivos sensibles del pais, asi como a la infraestructura crítica, y la comunidad judia, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional. En ese marco, por intermedio de la cartera ministerial competente, se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos, incluyendo el refuerzo de la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras en el país”.

“Se ha activado el protocolo de alerta en las fronteras, que implica el refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles. El esquema contempla la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional a través de la Dirección Nacional de Migraciones, y las Fuerzas Federales de Seguridad”, agregaron.

A su vez, el Sistema de Inteligencia Nacional realizará un monitoreo constante de la evolución de los hechos en coordinación con agencias internacionales para garantizar la detección inmediata de riesgos o amenazas a la seguridad nacional.

Desde el PRO también se expresaron sobre la muerte del líder iraní: “Las recientes operaciones militares de EE.UU. e Israel marcan un punto crítico ante la persistente amenaza nuclear del régimen de los Ayatolas de Irán. Se trata del principal enemigo de la paz a nivel global y con probada responsabilidad en el impune atentado a la AMIA en nuestro país".

También condenaron las agresiones contra Israel, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Baréin, el Estado de Qatar, el Reino de Arabia Saudita, el Estado de Kuwait y el Reino Hachemita de Jordania. Y abogaron para que el Consejo de Seguridad de la ONU “ejerza su rol central para imponer el cese de la agresión iraní y restablezca la estabilidad en la región”.

Por su parte, Fernando de Andreis, diputado nacional y Secretario General del PRO, diferenció: “Es muy importante hablar del régimen de Irán y no de Irán, y mucho menos del pueblo de Irán, porque los iraníes son víctimas y no cómplices de esa fuerza que durante 47 años ha sometido a su propio pueblo y sembró sangre en el mundo. Durante enero, el régimen mató a miles de civiles que se manifestaban en las calles de Teherán y otras ciudades del país”.

En tanto, recordó que Argentina “fue alcanzada por esa fuerza asesina”, por lo cual “no debemos olvidar nunca que el régimen de Irán estuvo involucrado en el atentado a la sede de la AMIA, que el 18 de julio de 1994 mató a 85 argentinos y dejó más de 300 heridos”.

Y finalizó: “La Justicia de nuestro país probó que el atentado fue ideado por altos funcionarios del gobierno iraní y perpetrado por Hezbollah, con apoyo de Irán. Con estos recuerdos debemos seguir el desarrollo de las operaciones militares estadounidenses-israelíes. El régimen iraní es su enemigo, como también es el principal enemigo a la paz en todo el mundo”.

La relación entre Argentina e Irán

El vínculo entre Javier Milei y el Ayatollah Ali Khamenei se caracterizó por una marcada distancia debido al acercamiento de Argentina con Israel y Estados Unidos.

Hace un mes, la Oficina del Presidente comunicó que el Gobierno Nacional había designado a la Fuerza Quds y a trece personas asociadas a ese grupo militar como organización terrorista.

Según el comunicado oficial, la Fuerza Quds forma parte de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y se especializa en entrenar para la ejecución de atentados en el exterior. El texto recordó que Argentina fue blanco de sus acciones durante la década de 1990, mediante los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y la AMIA en 1994. Además, cuestionó a las autoridades iraníes por no colaborar con la justicia respecto de Ahmad Vahidi, quien lideró la organización entre 1989 y 1998.

Pocas horas después de la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Teherán y en simultáneo con el comunicado de la OPRA, la Cancillería difundió un mensaje en el que expresó apoyo a las acciones conjuntas destinadas a “neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que Argentina confía en que las medidas adoptadas permitan restablecer la estabilidad regional, fortalecer el régimen internacional de no proliferación nuclear y consolidar un marco de paz y seguridad duradera.

La publicación llevaba un subtítulo: Personas que inspiran. El video dura un minuto y medio. Eugenia mira a cámara y habla sin consignas prefabricadas, con la calma de quien no necesita convencer a nadie. “Para mí, el trabajo significa, por sobre todo, dignidad. Trabajar es aprender, crecer y volcar las experiencias de uno”.

En el video también habla de los cambios en el mundo laboral: “El trabajo tuvo un cambio muy, muy grande, especialmente en la parte tecnológica. Nosotros tuvimos que aprender, y gracias a eso podemos seguir trabajando y colaborando en todas las tareas”, explica, usando el plural para incluir a otras personas mayores que, como ella, tuvieron que adaptarse.

Cuando le preguntan qué la motiva a ir a trabajar, dice: “Estar activa. Activar todas las cosas que tenemos los adultos mayores: la memoria, los sentidos, la practicidad. Es venir, sentirme bien y poder colaborar con la gente. Ayudar, por sobre todo”.

El cierre es una recomendación para quienes buscan empleo: “Buscar trabajo ya es un trabajo. Hay que intentarlo constantemente, no decaer, porque llega un momento en que se consigue lo que uno quiere”.

El impacto fue inmediato. En pocas horas, el posteo se llenó de comentarios. Ex compañeros, colegas, personas que habían compartido espacios laborales con Eugenia o que habían pasado por el Servicio de Empleo AMIA dejaron mensajes breves, afectuosos, reiterativos en un punto: admiración. “Es un ejemplo”, “genia total”, “la mejor”, “un orgullo”, “una inspiración”. Klau respondió uno por uno, devolviendo el afecto. El posteo siguió circulando.

La protagonista de esa historia es Eugenia Tabak, tiene 80 años y desde hace más de 23 trabaja todos los días como voluntaria en la recepción del Servicio de Empleo AMIA (SEA).

No es un rol simbólico: recibe personas, orienta, acompaña, deriva, escucha. Es, muchas veces, el primer contacto de quienes llegan en búsqueda de trabajo. A partir de la repercusión del posteo, entrevistamos a Eugenia para conocer en profundidad su historia, su recorrido y las razones por las que, a los 80 años, sigue eligiendo salir de su casa cuatro veces por semana para trabajar.

“Yo entré al voluntariado en el 2002, en plena crisis”, recuerda. Docente de formación, había trabajado como maestra en una escuela primaria hasta que decidió dedicarse a la crianza de sus hijos. “Cuando los chicos crecieron, sentí que necesitaba hacer algo para mí. Hice cursos, estudié idiomas, siempre cosas vinculadas a lo humanístico”, cuenta. En ese contexto se acercó a AMIA. Trabajo no había, pero sí una propuesta concreta: colaborar como voluntaria.

“Nunca había hecho voluntariado. Me dijeron que era para ayudar a personas que venían a buscar trabajo y que probablemente estaban en situaciones difíciles. Les dije que iba a probar”.

El primer día fue una experiencia intensa. El segundo, decisivo. “Había una fila que daba vuelta la cuadra. Gente que venía a completar formularios del Plan Jefas y Jefes. Algunas personas no sabían escribir. Ahí entendí la dimensión de lo que estaba pasando”, recuerda.

Lo que iba a ser una colaboración ocasional se transformó en un compromiso sostenido. Cuando ese programa terminó, le propusieron quedarse en el Servicio de Empleo. Aceptó. “Me dijeron: ‘¿te querés quedar y ayudarnos?’. Y me quedé. Me capacitaron, aprendí todo desde cero”. Desde entonces, Eugenia fue testigo directa de la transformación del mercado laboral y de las herramientas para buscar empleo.

“Cuando entré, los currículums eran en papel. Se guardaban en biblioratos. Cuando aparecía una búsqueda, había que acordarse y salir a buscar carpeta por carpeta”, describe. Con la digitalización, el trabajo cambió por completo.

“Después vino la computación, los sistemas, las bases de datos. Y nos capacitamos todos. Yo preguntaba siempre. Si no sabía algo, no hacía nada por mi cuenta”.

Hoy, el SEA trabaja con plataformas digitales y herramientas que Eugenia maneja con naturalidad. “La inteligencia artificial me asombra, no sé bien qué va a pasar con eso”, admite. Pero aclara que el aprendizaje permanente fue la clave para poder seguir. “Si uno quiere seguir, tiene que aprender. No queda otra”.

En el día a día, recibe personas de todas las edades. “Viene gente joven, que se postula por la web y espera. Y viene gente grande, que muchas veces llega sabiendo que las posibilidades son pocas”, dice. A todos les repite la misma idea: insistir, capacitarse, no abandonar la búsqueda.

“Buscar trabajo es un trabajo. Y mientras tanto, hay que hacer cursos, aprender cosas nuevas. AMIA ofrece muchas capacitaciones gratuitas y la gente las puede aprovechar”.

Durante la pandemia, el equipo del Servicio de Empleo continuó trabajando de manera virtual. “Nos conectábamos por Zoom, compartíamos las búsquedas, seguíamos acompañando a la gente. Fue una época muy difícil, pero se sostuvo el trabajo”, recuerda. Para ella, fue otro ejemplo de adaptación, tanto tecnológica como humana.

Eugenia es hoy la única voluntaria del área y trabaja con un equipo mayoritariamente joven. “Me siento muy cómoda. Es un clima humano que no tiene palabras. Yo soy la abuela de todos”, dice, sin solemnidad.

Va al servicio de empleo de lunes a jueves y mantiene una rutina activa, aun estando jubilada. Vive en Buenos Aires desde siempre. Pasó por Almagro y actualmente reside en Abasto. Está casada, tiene tres hijos y siete nietos —todos varones— y espera la llegada de una nieta. “La alegría es máxima”, dice.

Cuando habla del voluntariado, vuelve a una idea que atraviesa toda su historia. “Ayudar al otro es ayudarme a mí. La gente que viene a buscar trabajo necesita contención. Yo hago lo que puedo, y cuando no puedo, pido ayuda”.

Para ella, ese intercambio es lo que le da sentido a su rutina. La visibilidad que tuvo el posteo en LinkedIn la sorprendió. “Los comentarios fueron muy gratificantes. Gente que había trabajado conmigo hace muchos años me escribió. A esta edad, una se gratifica con cosas pequeñas”, dice. No lo vive como un reconocimiento personal, sino como una confirmación de que eligió bien.

A los 80 años, Eugenia sigue sosteniendo la misma convicción que expresó frente a cámara: trabajar no es solo una ocupación. Es una forma de dignidad, de aprendizaje y de vínculo con los otros. “Nunca bajar los brazos”, repite. Y lo hace, todos los días.

En el Espacio de Arte AMIA se inauguró No Discriminarás, una muestra de arte del Combat Antisemitism Movement (CAM). La exposición reúne 23 ilustraciones del humorista gráfico y caricaturista “Pati” Adrián Franco, que utiliza el humor para desarmar prejuicios y exponer lo absurdo de los discursos de odio, en especial los vinculados a estereotipos antijudíos. Apoyada en ejemplos de la Definición de Antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), la muestra ofrece una mirada didáctica sobre las formas en que la discriminación se manifiesta a diario, al tiempo que aspira a despertar conciencia y promover una actitud activa frente al antisemitismo.

Elio Kapszuk, Director de Arte y Producción de AMIA, expresó que la exhibición coloca al arte “al servicio de una causa urgente”. Sostuvo: “A través del humor gráfico, que interpela de manera directa y accesible, se invita a reflexionar, a tomar conciencia y hasta incomodarse frente a prácticas discriminatorias que muchas veces se naturalizan”. Kapszuk remarcó que el combate contra todas las formas de odio constituye una responsabilidad ética y social, y señaló el aporte central del arte como generador de debate, canal de sensibilización y promotor de justicia en la sociedad.

Desde el Combat Antisemitism Movement (CAM), Shay Salamon —Director Ejecutivo de Asuntos Hispanos— destacó la intención de la muestra de ir más allá de la mera denuncia. Según Salamon, el propósito es inspirar a las personas a comprometerse activamente en la erradicación del antisemitismo. Detalló: “Queremos seguir denunciando y educando sobre este odio en todas sus formas, e inspirar a más personas a sumarse a esta lucha, que hoy se expresa desde múltiples espacios. No Discriminarás no es solo una exposición artística, sino una herramienta de conciencia y acción”. Agregó que el arte puede interpelar y suscitar el diálogo, haciendo visible una problemática que persiste en la actualidad.

La exposición puede visitarse sin costo en el Espacio de Arte AMIA —entrepiso de Pasteur 633—, de lunes a jueves entre las 10 y las 19, y los viernes hasta las 16. El acceso requiere la presentación del DNI.

La IHRA es una organización internacional establecida en 1998, con sede en Berlín, que reúne a más de 30 gobiernos, países observadores y entidades asociadas. Su labor consiste en salvaguardar la memoria del Holocausto, impulsar la educación sobre este suceso, y definir estándares para la prevención y el enfrentamiento del antisemitismo y otros tipos de odio. La Definición de Trabajo de Antisemitismo de la IHRA, base conceptual de la muestra No Discriminarás, sirve de referencia a naciones y municipios en la elaboración de políticas destinadas a combatir la discriminación contra los judíos.

[Fotos: prensa AMIA]

El presidente argentino, Javier Milei, recordó que la Fuerza Quds, división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, estuvo involucrada en episodios como los atentados en la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994. A través de un comunicado citado por la prensa, Milei vinculó la decisión del gobierno a la necesidad de proteger al sistema financiero argentino de ser utilizado para apoyar actividades consideradas terroristas, además de limitar el margen de maniobra de los sujetos y entidades afectados. La noticia principal, según consignó el medio de comunicación citado, es que Argentina incluyó a la Fuerza Quds y a trece personas relacionadas en el Registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET), disponiendo contra ellos sanciones económicas e impidiendo su operación en territorio argentino.

El anuncio se realizó pocas jornadas después de que, según publicó la misma fuente, el gobierno argentino tomara medidas similares contra las ramas de la organización islamista Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano. Estas acciones, reportó la prensa argentina, se enmarcan en los compromisos internacionales de lucha contra el terrorismo y su financiamiento que el país sostiene, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos y de otros Estados que previamente ya habían realizado designaciones semejantes.

Según detalló la oficina de Milei, la integración de la Fuerza Quds y los actores señalados en el listado implica su sometimiento a sanciones financieras e impone límites a sus operaciones económicas dentro del país. Esta medida, explicaron fuentes oficiales al medio mencionado, busca no solo obstaculizar el apoyo económico que puedan recibir estas organizaciones, sino también dificultar el uso del sistema financiero para facilitar actividades ilícitas o terroristas.

El presidente Milei argumentó, según el comunicado citado por la prensa, que la Fuerza Quds es una división especializada de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, dedicada al entrenamiento en tácticas para la realización de ataques fuera de las fronteras iraníes. En palabras del mandatario, "esta decisión implica que los miembros de la Fuerza Quds y sus aliados quedan sujetos a la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción, además de proteger al sistema financiero argentino de ser utilizado para apoyar económicamente sus actividades". El mandatario reiteró también el compromiso de su administración de reconocer como tales a los actores terroristas, sumando a la lista a Hamás, al Cártel de los Soles y, recientemente, a personas y entidades de la Hermandad Musulmana en Líbano, Egipto y Jordania.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, consignó el medio citado, respaldó públicamente la medida adoptada desde Buenos Aires, calificando la inclusión de la Fuerza Quds como organización terrorista como un avance relevante en el esfuerzo global para contrarrestar el terrorismo apoyado por Irán. Mediante una declaración pública compartida en redes sociales, la autoridad estadounidense sostuvo que la Fuerza Quds constituye "un brazo clave" de la Guardia Revolucionaria de Irán y que ha "alimentado la violencia en Oriente Medio y otros lugares, al tiempo que reprime a su propio pueblo en el país". La oficina del Departamento de Estado consideró que la decisión argentina fortalece tanto la cooperación internacional como el apoyo al pueblo iraní.

El propio Milei ha enmarcado estas determinaciones dentro de un alineamiento político con países y bloques que, señaló, “respetan los derechos individuales y las instituciones”. Indicó que su administración mantiene un vínculo con la llamada civilización occidental y que rechaza las acciones de quienes amenazan esos valores, reafirmando el compromiso de Argentina en materia de seguridad internacional y prevención del financiamiento ilícito.

Entre los efectos de la medida, según el detalle difundido por la oficina presidencial y citado por los medios, figura el refuerzo a la cooperación con otras naciones que ya habían reconocido a la Fuerza Quds y a la Hermandad Musulmana como agrupaciones terroristas, entre ellas Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Las sanciones, precisó el comunicado oficial, restringen la posibilidad de que tanto los individuos y entidades señalados actúen con libertad, permitiendo a la vez mejorar los mecanismos de detección temprana, prevención y sanción de actividades terroristas y de su financiamiento.

La inclusión de la Fuerza Quds en el registro nacional argentino se presenta como un complemento de las medidas anunciadas días antes contra la Hermandad Musulmana y sus ramas regionales. El gobierno destacó que, con estas acciones, procura incrementar la seguridad nacional y la cooperación transfronteriza en la lucha contra organizaciones que, según la administración, han estado involucradas en la ejecución o promoción de actos terroristas en distintos contextos internacionales y locales.

Argentina mantiene con estas decisiones una política exterior y de seguridad ajustada a los lineamientos de países occidentales, adoptando medidas preventivas para aislar a individuos y grupos señalados por sus vínculos con actividades terroristas. La actualización del RePET y la imposición de sanciones económicas pretenden, de acuerdo con los funcionarios citados, limitar las capacidades operativas financieras de estas entidades en suelo argentino y obstaculizar la articulación de redes de financiamiento que puedan tener efectos tanto en la región como a nivel internacional.

Al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de Alberto Nisman, ocurrida el 18 de enero de 2015, el fiscal federal Carlos Rívolo reafirmó la postura de que el deceso del ex titular de la UFI AMIA no fue un suicidio, sino un homicidio, apoyándose en la evidencia técnica recolectada en el expediente a lo largo de los años.

En diálogo con Radio Rivadavia, el funcionario judicial expresó que las pruebas científicas no dejan margen para otras interpretaciones sobre la mecánica del hecho. La causa que investiga la tragedia en las torres Le Parc de Puerto Madero está a cargo del fiscal Eduardo Taiano y el juez Julián Ercolini.

Rivolo, titular de la Fiscalía Nº 2 de Comodoro Py, hizo hincapié en la importancia de una pericia realizada por la Gendarmería Nacional en 2016, la cual contó con la participación de expertos de todas las partes involucradas.

Al respecto, el magistrado fue categórico al citar las conclusiones de aquel estudio forense: “Alberto Nisman fue contundentemente asesinado”. Rívolo explicó que, si bien inicialmente hubo discusiones internas en el ámbito judicial sobre las causales de muerte, ese debate técnico quedó saldado para la justicia gracias al trabajo exhaustivo de los peritos, quienes descartaron la intervención voluntaria de la víctima en su propio fallecimiento.

Durante la charla, se recordó el contexto hostil que rodeó al hallazgo del cuerpo y el tratamiento que recibió la figura de Nisman por parte del poder político de entonces.

El representante del Ministerio Público señaló que la agresión no se limitó al hecho físico, sino que continuó con un ataque a la reputación del magistrado. Sobre este punto, expresó: “Pocas veces hemos visto que un fiscal asesinado fuera atacado de semejante manera en lo personal”.

Esta situación generó, según sus palabras, un fuerte impacto entre sus colegas, quienes notaron con asombro la falta de gestos institucionales como un día de luto o una bandera a media asta por parte del Poder Ejecutivo.

Rivolo también recordó la histórica “marcha de los paraguas”, la movilización bajo la lluvia que exigió justicia por Nisman. El funcionario narró cómo la iniciativa surgió de la ciudadanía y fue luego acompañada por los investigadores.

El fiscal federal rememoró una reunión en el despacho de Guillermo Marijuán junto a Eduardo Taiano y Carlos Stornelli, donde se planteó la asistencia al evento: “Fue un debate, pero extremadamente corto en si íbamos o no íbamos y dijimos, ‘Sí, tenemos que estar presentes’”. Aquella jornada contó con el apoyo de juristas de Estados Unidos y otras naciones, dando pie a la creación de la Federación Latinoamericana de Fiscales.

La conversación también abordó la inseguridad que enfrentan los operadores de justicia en la región, mencionando casos graves como el del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Al respecto, el magistrado sostuvo que “la región tenía un conflicto muy importante en términos de violencia institucional hacia el poder judicial y especialmente hacia los fiscales”.

Esta realidad, evidenciada tras lo ocurrido con Nisman, impulsó la necesidad de fortalecer los organismos de investigación para proteger a quienes deben perseguir el crimen organizado y la corrupción estatal.

Otro eje central de sus declaraciones fue la necesidad de que las fuerzas de seguridad encargadas de las pesquisas dependan funcionalmente de los fiscales y no del gobierno de turno. Rívolo argumentó que la subordinación al poder político entorpece la búsqueda de la verdad, ya que “no puede ser que, dependiendo en muchas ocasiones de quién sea el gobierno de turno, las fuerzas ayuden más o ayuden menos al esclarecimiento de un acontecimiento”.

Para el fiscal Rívolo, esta autonomía es fundamental para evitar la contaminación de la escena del crimen y garantizar la imparcialidad en expedientes sensibles.

Respecto al estado actual de la causa, el fiscal reconoció la enorme complejidad que enfrentan el juez Julián Ercolini y su par Eduardo Taiano para avanzar en la identificación de los autores materiales e intelectuales. Describió el proceso como una tarea ardua de desmantelamiento de maniobras de encubrimiento: “Son capas y capas que vos tenés que ir realmente limando para llegar al menos a la verdad”.

A pesar de las dificultades y el tiempo transcurrido, aseguró que el equipo judicial mantiene un esfuerzo diario para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante los tribunales.

Para finalizar, Rívolo reflexionó sobre el significado histórico de la muerte de Nisman para la Argentina. Calificó el suceso como un evento traumático que “marcó un quiebre en la historia democrática de la República Argentina”.

*Discurso completo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa y madre de las hijas de Alberto Nisman, pronunciado en la DAIA

Nos convoca hoy este homenaje por un nuevo aniversario del asesinato del Fiscal Federal, Natalio Alberto Nisman.

Pero este onceavo aniversario de su magnicidio no es un aniversario más.

Es un aniversario en el que la realidad mundial y nacional -me refiero concretamente a lo que se ha puesto al descubierto recientemente respecto del régimen totalitario de Chavez y Maduro en Venezuela y a lo que está pasando con el régimen teocrático de los ayatollah en Irán, con más las diferencias del alineamiento geopolítico de nuestro país al momento del asesinato de Nisman respecto del actual-, decía que esa realidad ha venido a reivindicar el trabajo de Alberto Nisman, han venido a poner en valor y en el lugar en el que debe estar su legado; ha venido a explicar también el propósito de aquello por lo que Alberto Nisman puso todo en riesgo hasta perder su propia vida.

Ese propósito del que hoy la mayoría de los argentinos en alerta somos atentos guardianes y férreos defensores en el escenario local e internacional, no es ni más ni menos que la lucha contra el terrorismo. La lucha contra quienes mediante el uso de la fuerza, el odio, la violencia y el temor pretenden imponer sus ideas, su pensamiento único y totalitario ya sea en materia política, ideológica o religiosa, desestabilizando las estructuras políticas y sociales básicas y fundamentales a través de acciones violentas que atentan directa e indiscriminadamente contra la vida, la libertad, la propiedad y la dignidad de las personas.

Ese propósito se trata entonces y en definitiva de la lucha contra el terrorismo en pos de la preservación de la humanidad.

Por eso, como lo dije en este mismo lugar, el año pasado al conmemorarse los 10 años de su fallecimiento, en mi opinión, el principal legado que el Fiscal Alberto Nisman y su muerte nos dejó es: que el odio ínsito en la matriz terrorista y el miedo que con sus acciones fomenta, no puede ni debe condicionarnos y mucho menos silenciarnos, como pretendieron hacerlo con su labor, su propósito y su razón hoy más presente y vigente que nunca. Aún cuando con su asesinato pensaron que lograrían silenciarlo y erradicar, con ello, para siempre los avances de su trabajo en pos del esclarecimiento del atentado terrorista que estaba investigando.

Todo lo contrario.

Su crimen provocó el inmediato repudio y reclamo de justicia de la comunidad toda, en el plano nacional e internacional. Fueron muchos los que salieron espontáneamente a expresarse en las calles, hasta llegar a aquella marcha de los paraguas bajo la lluvia torrencial en la ciudad, paradójicamente llamada desde la organización “marcha del silencio”. Digo paradójicamente, pues si bien es cierto que marchamos en silencio, por respeto al luto y a la memoria del fiscal fallecido, promoviendo así un espacio de reflexión por la tragedia sucedida, ese mismo silencio -muy distinto al que pretendieron imponernos con su asesinato- produjo un ruido ensordecedor, un ruido atronador.

A tal punto fue que, a los pocos días, la inmensidad del impacto social y político provocado por esa multitudinaria marcha derivó en un espasmódico discurso que muchos recordarán.

Discurso en el que, de un modo cuasi confesional se puso al descubierto el ánimo del gobierno de turno en ese momento de silenciar, por un lado, y condicionar en modo amenazante, por el otro, a todos los que nos animamos a marchar en reclamo por el esclarecimiento de la muerte del Fiscal. Sin acusar a nadie, sólo pedíamos una investigación seria e independiente.

No olvidemos las literales palabras pronunciadas en aquel febrero de 2015 en el Patio de Las Palmeras de la Casa de Gobierno con un dejo sentenciante, cuando en referencia a quienes marchamos se dijo: “A ellos les dejamos el silencio. Siempre les gustó el silencio … es o porque no tienen nada que decir, o porque realmente no pueden decir lo que piensan.”

Hoy a 11 años de aquellos hechos podemos afirmar que esa sentencia de pretenso silenciamiento -dada sin juicio previo- gracias a la sabiduría y valentía de la mayoría de los argentinos nunca llegó, nunca se concretó. Nunca nos quedamos con el silencio. Porque nos expresamos sin temor, sin miedos, sin condicionamientos de ninguna naturaleza.

Lo hicimos democráticamente, como corresponde, a través del voto en las urnas, eligiendo primero y reafirmando luego el apoyo, a un proyecto de gobierno que tiene bien en claro los valores que por sobre todas las cosas defendemos los argentinos y que, por ende, tiene bien en claro también de qué lado del mundo queremos estar.

Que indiscutidamente es del lado de los países que luchan por un mundo libre, que luchan por la preservación de la humanidad, reivindicando los valores de la vida y la libertad.

Es, sin duda, del lado de los países que coherentes con ello, no se asocian, no negocian, ni se alían con el terrorismo. Más aún, es del lado de todos aquellos países que accionan contra el terrorismo, contra todos aquellos regímenes de gobierno totalitarios que lo amparan y promueven.

Estado de las causas

Dicho esto y yendo concretamente a los aspectos que puntualmente el Licenciado Berenstein me transmitió que eran de interés abordar en este encuentro, esto es, conocer el estado de situación en el que actualmente se encuentran las investigaciones judiciales en pos del esclarecimiento del atentado terrorista sufrido contra esta sede de la AMIA-DAIA en 1994, de la denuncia de encubrimiento de ese atentado realizada por Nisman a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán y del suceso que puso fin a la vida del Fiscal no puedo adentrarme en ello, sin antes señalar que:

En realidad, esos tres sucesos son la trilogía de una misma saga de matriz terrorista en tanto que, tal como lo dijo ya la justicia, el episodio culmine y estelar cuyo homenaje hoy nos ocupa: el asesinato del Fiscal Nisman sólo se explica comprendiendo los dos anteriores capítulos de esa trilogía, que son: 1) Su investigación del atentado terrorista del 18/7/1994; y2) Su denuncia por encubrimiento y traición a la patria a causa de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

“Una comprensión íntegra de los hechos exige su análisis conjunto, y no un examen aislado de los mismos”.

Causa AMIA

Sabemos que el 25/10/2006 Alberto Nisman, en cuanto fiscal exclusivamente a cargo de la responsabilidad del esclarecimiento de ese atentado terrorista designado a cargo de lo que se llamó la UFI AMIA en el año 2004, a 10 años de acaecido el atentado, presentó en la causa judicial, su acusación formal al gobierno de la República Islámica de Irán y señaló al grupo terrorista Hezbollah como la organización encargada de la ejecución material del atentado, solicitando así la captura internacional de ocho exfuncionarios iraníes.

Tres años después, estableció la identidad del jefe del grupo operativo que ejecutó el atentado, sobre quien también se dictó captura nacional e internacional y la máxima prioridad de búsqueda de Interpol.

El 29 de mayo de 2013, Nisman presentó otro dictamen en el que detalló la infiltración de células de origen iraní en la región y la instalación de estaciones de inteligencia y bases de espionaje destinada a cometer, propagar y fomentar atentados terroristas.

Podemos que hoy la causa AMIA se encuentra en condiciones de llevar a juicio oral y público de manera testimonial a aquellos acusados y esto es gracias a la flamante sanción y vigencia de la Ley 27.784, Ley de Juicio en Ausencia sancionada por el Congreso de la Nación en el mes de marzo de 2025 al aprobar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. Proyecto de Ley a cuyo impulso se había comprometido el Poder Ejecutivo en el comunicado emitido el año pasado al cumplirse los 10 años del asesinato del Fiscal Nisman.

Allí expresamente se dijo que “el Presidente Javier Milei reafirmaba su compromiso de procurar que haya justicia para las víctimas del atentado a la AMIA, para lo cual ha presentado ante el Congreso el proyecto de Ley de Juicio en Ausencia, que asegura que los responsables del peor atentado de la historia en suelo argentino no queden impunes”.

Consecuente con ese compromiso asumido y demostrando que el esclarecimiento y condena a los responsables de aquel atentado es una verdadera política de Estado para este gobierno, se obtuvo en el mes de marzo del año pasado su aprobación en el ámbito legislativo.

Esta herramienta que era una deuda pendiente de la democracia con las víctimas y la sociedad, se trata de un instrumento, una herramienta procesal que permitirá juzgar a los iraníes y libaneses acusados por el Fiscal Alberto Nisman -allá por el año 2006-, sin que la reticencia de dichos acusados de presentarse ante la justicia de nuestros Tribunales pueda obstruir el pronunciamiento judicial al que tienen derecho las víctimas de conocer la verdad de lo sucedido y a sus responsables, ni garantizar su impunidad sine die, como así tampoco, frenar el avance de la investigación hacia el esclarecimiento de otros tramos de la organización, planificación y ejecución del hecho respecto de lo que fue la conexión local.

Efectivamente, el 26/6/2025, el juez federal, Daniel Rafecas declaró que el proceso judicial instruido por el ataque terrorista a la AMIA habrá de proseguir en ausencia de los acusados, con lo cual confirmó judicialmente la aplicación de la nueva legislación procesal que permite juzgar a personas rebeldes en causas de terrorismo o crímenes de lesa humanidad. En tal virtud, los imputados acusados por Nisman declarados rebeldes hace años, que se encuentran prófugos y que no han respondido a los pedidos judiciales ni a las órdenes de captura deberían ser prontamente llevados en forma testimonial a juicio oral y público por el Fiscal actualmente a cargo de la UFI AMIA, Sebastián Basso.

Denuncia de encubrimiento Memorandum

Con respecto a la causa judicial iniciada con motivo de la denuncia efectuada por el Fiscal Alberto Nisman por los delitos de encubrimiento y traición a la patria con motivo de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán podemos decir que se encuentra también en la antesala del juicio oral y público con motivo de la decisión adoptada por la CSJN el 5/12/2024.

Luego de muchas idas y venidas, de más de 10 años de trámite en el que hubo todo tipo de pronunciamientos y posturas en las distintas instancias de la justicia, no olvidemos los primeros conflictos en los que se disputaban qué juez debía intervenir, luego la desestimación por inexistencia de delito inicialmente resuelta por el antes nombrado juez federal Daniel Rafecas, confirmada por la Cámara Federal, y que llevada a la instancia de Casación no pudo ser revisada dado que el fiscal de esa instancia, el Dr. Javier De Luca no mantuvo el recurso, no mantuvo la casación, intentando sellar con ello el archivo ese expediente. Luego el sobreseimiento dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 8 de CABA. La intervención de las Salas I y IV de la Cámara Federal de Casación Penal revirtió la situación.

Lo cierto y concreto es que de no haber sido por la acción e impulso de las querellas de la DAIA y de parte de los familiares de las víctimas del atentado Luis Cycewsky y Mario Averbuch esa denuncia no hubiera visto la luz y no hubiéramos llegado a esta instancia en la que desde el pasado 5/12/2024 en que la CSJN se pronunció –día del cumpleaños N.º 61 de AN– se encuentra esperando que se concrete el juicio oral y público capaz de definir la suerte de quienes orquestaron ese Pacto de Impunidad. Y del trabajo que, como dijo la justicia, le costó la vida al Fiscal.

Pacto de Impunidad con el que el gobierno de la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner intentó sustraer a los acusados del atentado terrorista más grave sufrido en Argentina de la soberanía de nuestros Tribunales de Justicia. Como se sostuvo en el comunicado de la oficina presidencial el año pasado “un verdadero ejemplo de entrega de soberanía y traición a la patria”.

Recordemos que el art. 109 de la Constitución Nacional claramente establece que el Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones judiciales, ni arrogarse el conocimiento de causas pendientes: la causa AMIA era una causa pendiente.

Así tenemos que hoy día la denuncia del Fiscal Nisman se encuentra esperando que en las áreas administrativas correspondientes del Poder Judicial se concrete la dotación de personal que los tres jueces de Tribunal Oral designados, Basso, Giménez Uriburu y Ríos han planteado que necesitan para poder llevar adelante el juicio.

Homicidio

Respecto de la muerte del Fiscal -como sabemos- la justicia argentina se pronunció hace ya algunos años afirmando lo que fue probado en el expediente judicial: y es que Alberto Nisman fue víctima de un homicidio que estuvo íntimamente vinculado a su trabajo como fiscal a cargo de la UFI AMIA.

“Alberto Nisman fue víctima de un homicidio y su muerte estuvo motivada en su labor en la UFI–AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán.” Sosteniendo a renglón seguido que se encuentran en curso la producción de medidas tendientes a determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron.

Su asesinato fue el final del silenciamiento que se intentó imponer a Nisman, ahora visto para atrás podríamos decir que fue la crónica de una muerte anunciada:En agosto y noviembre de 2012, recibió amenazas muy graves. En febrero de 2013, siguieron las amenazas.En julio de 2013. La entonces procuradora Alejandra Gils Carbó le negó a Nisman concurrir a la Subcomisión de Seguridad del Congreso de los EEUU a exponer sobre su investigación.

Buscaron silenciarlo de todas las formas posibles.

Hoy están imputados los responsables del encubrimiento de su asesinato la entonces fiscal Viviana Fein, el exministro de Seguridad Sergio Berni y su ex segundo Darío Ruiz, los entonces jefes de la Policía Federal, Román Di Santo, y de la Prefectura, Luis Heiler.

El fiscal Taiano a finales del año pasado pidió la indagatoria de Fein, nosotros la querella de la familia la habíamos recusado a los pocos meses del hecho sin éxito ante la Justicia.

Hoy día la investigación se centra fundamentalmente en determinar: los autores materiales e intelectuales de ese asesinato tomando como punto de partida la evidencia reconstruida a partir del tráfico de llamadas inexplicable durante todo ese fin de semana entre agentes de inteligencia, funcionarios del Poder Ejecutivo en particular del Ministerio de Justicia y de Seguridad y de altos funcionarios de la Procuración General de quien dependía funcionalmente Nisman y la Fiscal Viviana Fein quien tenía el deber de investigar aquella muerte de manera independiente, objetiva e imparcial.

Por todo lo hasta aquí dicho, podemos decir que hoy a 11 años del asesinato que conmovió al país y a la comunidad internacional podemos afirmar que estamos bastante más cerca de decir misión cumplida en el esclarecimiento de los tres sucesos y esto es muy importante.

Porque cuando un fiscal que investiga el terrorismo internacional y los entramados de corrupción estructural del poder político de turno que pretende encubrirlo, aparece muerto y 11 años después el Estado no ha dado aún respuestas definitivas, lo que está en crisis no es sólo una causa judicial: lo que queda bajo sospecha es la capacidad misma de la democracia para proteger a quienes cumplen con su deber funcional de investigar y llevar verdad y justicia a las víctimas de atroces atentados terroristas.

Por ello y con ello lo que está en juego, no es una historia personal, no es un tema individual de la familia de Alberto Nisman, ni de cada una de las familias de las víctimas de los atentados terroristas sufridos en nuestro país en los años ‘92 y ’94, sino que lo que está en juego es la fortaleza misma del Estado de Derecho.

Por ello debemos estar atentos y activos con nuestra participación para que ese historial de pretenso silenciamiento que caracterizó aquellos años de la historia reciente de nuestro país con esa tendencia a propagar mediante discursos de odio un pensamiento único y totalitario no vuelva. Sigamos alzando la voz en el reclamo de verdad y justicia en pos del esclarecimiento de estos tres hechos terroristas. Ellos definirán el futuro de nuestro país y su posicionamiento geopolítico a nivel mundial en materia de lucha contra el terrorismo.

Los actos centrales en memoria de Alberto Nisman, al cumplirse once años de su asesinato —calificado como tal por la Justicia argentina tras una prolongada investigación—, se realizaron en la sede de la AMIA, en la calle Pasteur al 600, barrio de Once. El edificio es el mismo que sufrió el atentado terrorista del 18 de julio de 1994, donde murieron 85 personas, y desde entonces representa un espacio central de la memoria colectiva sobre el terrorismo y las deudas pendientes del Estado argentino en materia de justicia.

La jornada se organizó en dos instancias diferenciadas. El acto central en la plaza seca de la AMIA, con la presencia de autoridades comunitarias, representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, del Estado de Israel y familiares del fiscal. Y un encuentro organizado por la DAIA en el séptimo piso del edificio, con formato de panel, dedicado al contexto del asesinato, las irregularidades de la investigación y la situación actual de las causas judiciales.

Esta vez, no hubo presencia de funcionarios del gobierno de Javier Milei.

“Hoy más que nunca, la voz y el trabajo de Alberto Nisman, que se quiso enterrar con su asesinato, no logró ese cometido”, afirmó la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ex esposa y madre de sus dos hijas, Kala y Iara.

El homenaje en la AMIA

El acto principal se desarrolló en la plaza seca de la AMIA y estuvo encabezado por el presidente de la institución, Osvaldo Armoza. Entre los presentes en primera fila estuvieron la madre de Alberto Nisman, Sandra Garfunkel; su ex esposa Sandra Arroyo Salgado; el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein; el embajador del Estado de Israel en la Argentina, Eyal Sela; el presidente de la Asociación de Fiscales de la Argentina, el fiscal Carlos Rívolo; además de dirigentes comunitarios, invitados especiales y representantes del ámbito judicial y diplomático.

El acto contó con dos oradores: la propia Arroyo Salgado y Osvaldo Armoza. Ambos discursos se desarrollaron en un clima de solemnidad y se centraron en el legado institucional de Nisman, en los avances judiciales de los últimos años y en las tareas pendientes para el esclarecimiento del caso.

El discurso de Sandra Arroyo Salgado

La jueza federal de San Isidro habló como ex esposa de Alberto Nisman y como magistrada. Su exposición abordó el contexto internacional y la situación política y judicial de la Argentina respecto a las causas vinculadas al terrorismo y al asesinato del fiscal.

Arroyo Salgado mencionó que la “realidad mundial actual”, especialmente el accionar de regímenes como el chavismo y el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, junto al régimen teocrático de los ayatolás en Irán, confirmaron el trabajo realizado por Alberto Nisman. Según afirmó, estos procesos internacionales reubicaron su legado y ratificaron que la sociedad argentina supo expresarse frente a los intentos de silenciamiento.

La jueza sostuvo que el asesinato del fiscal buscó infundir temor y callar una investigación molesta, pero ese objetivo no se concretó. “Ese temor que, con el asesinato de Nisman, quisieron infundirnos, ese silenciamiento, no prosperó”, afirmó Arroyo Salgado. Destacó que la respuesta social se manifestó en forma democrática, a través de las urnas, apoyando proyectos de gobierno que, según indicó, reflejan la posición elegida por los argentinos frente al terrorismo.

Arroyo Salgado subrayó que la Argentina optó por alinearse con los países que luchan contra el terrorismo y defienden los valores de la vida, la libertad y la democracia, en contraposición a quienes buscan imponer regímenes totalitarios y discursos de odio. Relacionó esa definición con el legado de Nisman, a quien describió como un funcionario que arriesgó su vida por su trabajo.

Uno de los mensajes centrales de Nisman, resaltó la jueza, es la necesidad de mantener la voz activa: “La verdad y la justicia siempre llegan. Aunque tarde, llegan”, expresó Arroyo Salgado. Aseguró que el intento de acallar la voz y el trabajo de Nisman no logró su cometido; por el contrario, su tarea sigue vigente y obtiene nuevos reconocimientos.

En otro tramo de su discurso, Arroyo Salgado se refirió a una “trilogía” de hechos vinculados al terrorismo en la Argentina: el atentado contra la AMIA en 1994, la denuncia por encubrimiento y traición a la patria presentada por Nisman por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, y el asesinato del propio fiscal. Según afirmó, los tres episodios registraron avances en los últimos años.

La jueza destacó que la lucha contra el terrorismo se transformó en una política de Estado. Sobre el atentado a la AMIA, explicó que el proceso judicial cuenta actualmente con una herramienta legal que permitirá someter a juicio oral y público, al menos de manera testimonial, a los ciudadanos iraníes acusados por Nisman desde el año 2006.

Respecto de la denuncia por encubrimiento vinculada al Memorándum con Irán, recordó que se espera la fijación de la fecha de juicio oral, decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el cinco de diciembre de 2024. En cuanto al asesinato de Nisman, sostuvo que la Justicia se pronunció en base a las pruebas y concluyó que la muerte fue un asesinato íntimamente vinculado con su labor, especialmente por la postura que adoptó respecto a ese pacto de impunidad.

Arroyo Salgado remarcó que aún falta avanzar en la identificación de los responsables materiales e intelectuales del asesinato, y subrayó que, tras más de una década, el trabajo del fiscal continúa generando efectos concretos en el ámbito judicial e institucional.

El mensaje del presidente de la AMIA

Luego de la intervención de Arroyo Salgado, el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, tomó la palabra. Su discurso, de tono institucional, se centró en el significado del homenaje y en las obligaciones del Estado frente a los crímenes que marcaron la historia reciente del país.

Armoza señaló que el acto representaba el compromiso de conmemorar el legado de Alberto Nisman y de recordar los valores con los que llevó adelante la investigación del atentado contra la AMIA. Destacó que Nisman desarrolló su labor con dedicación y valentía, cualidades que definieron su vida profesional y lo llevaron a sostener una lucha firme contra el terrorismo fundamentalista y la impunidad.

El presidente de la AMIA subrayó que, para la Justicia argentina, la muerte de Nisman constituyó un homicidio vinculado directamente a la tarea que desempeñó desde la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA, tal como lo determinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Este dato no es menor: habla de la gravedad institucional de este crimen y de la deuda que el Estado aún mantiene con la verdad y con la justicia”, afirmó Armoza.

A once años de la muerte del fiscal, Armoza afirmó que no hay paz posible sin justicia ni democracia sólida sin verdad, y que no existe futuro sostenible si el Estado no responde ante los hechos más graves que marcaron la historia reciente. Sostuvo que no se puede naturalizar el paso del tiempo sin obtener respuestas.

Esa premisa, explicó, es válida tanto para la causa que investiga el crimen de Nisman como para el atentado contra la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994, y el ataque a la Embajada de Israel, ocurrido el 17 de marzo de 1992. Aceptar la impunidad, agregó, agrava el daño y condena a las familias de las víctimas a convivir con un dolor multiplicado por la ausencia de justicia.

Armoza sostuvo que el reclamo de justicia trasciende a las instituciones comunitarias y representa una exigencia de toda la sociedad argentina. “Reclamar justicia es un ejercicio de ciudadanía y de compromiso democrático”, afirmó. Agregó que implica exigir que el Estado cumpla su obligación indelegable de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes más graves. En la Argentina, concluyó, el terrorismo, la violencia y el asesinato no pueden quedar impunes.

El acto organizado por la DAIA

Antes del acto central, la DAIA realizó su propio homenaje a Alberto Nisman en el séptimo piso del edificio de la AMIA. El encuentro, en formato de panel, reunió a dirigentes comunitarios, invitados especiales y referentes del ámbito judicial.

El panel estuvo encabezado por el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, y tuvo como oradora principal a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Participaron también el fiscal Hernán Kleiman, secretario letrado de la Procuración General de la Nación y auxiliar fiscal en lo Criminal y Correccional Federal; el secretario ejecutivo de la DAIA, Víctor Garelik; y la moderación estuvo a cargo de Leandro Emsani, de la Secretaría Jurídica de la DAIA.

Durante su exposición, Arroyo Salgado se refirió al contexto en que ocurrió el asesinato de Nisman y a las irregularidades que, según señaló, afectaron los comienzos de la investigación. Señaló además el clima político del momento en que el fiscal acusó a la entonces presidenta Cristina Kirchner por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

La jueza reiteró que el asesinato resultó una consecuencia directa de la labor de Nisman y lo calificó como un magnicidio. Destacó que los cambios políticos en la Argentina, tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia, permitieron avanzar en el juicio a los ciudadanos iraníes acusados del atentado a la AMIA, en el proceso por encubrimiento que involucra a Cristina Kirchner y ex funcionarios y dirigentes del kirchnerismo, y en la causa sobre la muerte violenta del fiscal.

En ese sentido, sostuvo que la Argentina decidió convertir la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo en una verdadera política de Estado. “Está cerca de que se pueda decir, respecto del trabajo del fiscal Nisman: Tarea cumplida”, afirmó Arroyo Salgado.

Durante el encuentro, tanto Mauro Berenstein como el fiscal Hernán Kleiman rindieron homenaje a Nisman, repasaron el avance de las causas judiciales en los últimos dos años y remarcaron la importancia de sostener el reclamo de justicia. Entre los asistentes se destacaron el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, el juez de la Cámara Federal Mariano Llorens, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, el fiscal general Ricardo Sáenz y Guillermo Yanco, vicepresidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires.

La jornada concluyó sin consignas ni movilizaciones, pero con un eje común en ambos actos: a once años del asesinato de Alberto Nisman, el estado de las causas judiciales, la memoria institucional y el reclamo de justicia continúan ocupando un lugar central en la agenda pública sobre el terrorismo y la vigencia del Estado de Derecho en la Argentina.

Fotos: Adrián Escandar

A 11 años de la muerte de Alberto Nisman, la Justicia refuerza su avance sobre una de las líneas más sensibles del expediente a la hora de intentar esclarecer quiénes asesinaron al fiscal. Ya se considera probado que se trató de un crimen vinculado de manera directa a su función como investigador del atentado a la AMIA y denunciante de Cristina Fernández de Kirchner por la firma del Memorándum con Irán.

Se busca esclarecer la actuación de un pequeño grupo de agentes de inteligencia del Ejército que, según se logró determinar, estuvieron en las inmediaciones del departamento de Nisman durante el fin de semana del 18 de enero de 2015, antes del hallazgo del cuerpo del fiscal con un disparo en la cabeza en el baño de su casa en las torres Le Parc, en Puerto Madero.

A Nisman le faltaban horas para presentarse en el Congreso de la Nación y revelar detalles de su denuncia contra la entonces Presidenta, funcionarios de su gobierno y otros implicados por supuesto encubrimiento del ataque que dejó 85 muertos el 18 de julio de 1994 en Pasteur 633, sede de la mutual judía en el barrio de Once, con la firma del Memorándum.

Las líneas de la investigación

En los últimos meses, comenzaron a declarar como testigos integrantes del área de inteligencia militar operativa en 2015. Ya prestaron testimonio al menos 15 agentes —cuya identidad se mantiene bajo reserva— aunque el universo bajo análisis es mucho más amplio. Los investigadores reconocen que el tiempo pasa y esto marca el inicio de un largo camino que esperan que los lleve -al final- a un pequeño grupo cuyos teléfonos fueron ubicados en la zona de Puerto Madero ese fin de semana. Pero también remarcan los obstáculos que enfrentaron durante años para el avance del caso, los intentos por desviar la investigación para que parezca un suicidio y el accionar al respecto de funcionarios de entonces para que el caso no avance.

Esto es parte de una segunda línea de investigación sobre responsabilidades políticas en la que esperan novedades durante la primera mitad de 2026. Hubo un “plan criminal” para “desviar la atención de la hipótesis homicida” y para ello resultó “esencial una investigación que no profundizara sobre las circunstancias que rodearon la muerte”.

Ahora se intentará avanzar con nombre y apellido en más imputaciones concretas hacia quienes, para los investigadores, fueron parte de este presunto plan. El punto de partida será la declaración indagatoria de la ex fiscal Viviana Fein, primera investigadora del caso, programada para fin de febrero.

Inteligencia ilegal

Hasta ahora, los agentes de inteligencia del Ejército aportaron información sobre la estructura interna, el funcionamiento operativo y la cadena de mandos vigente en ese período, cuando la fuerza estuvo comandada por César Milani. La atención de los investigadores se concentra en dilucidar si esos agentes descubiertos merodeando por Puerto Madero durante el fin de semana de la muerte del fiscal cumplieron órdenes que no se les tendrían que haber dado.

Según fuentes judiciales, se sospecha que “cuanto menos” estaban haciendo inteligencia interna prohibida por ley. Ninguno fue convocado aún a declarar, aunque sus datos ya están incorporados al expediente. Surgieron a partir de informes de geolocalización de teléfonos celulares.

La hipótesis central apunta a la intervención de sectores de inteligencia militar que habrían actuado por fuera de sus funciones legales tras las acusaciones presentadas por el fiscal (cuatro días antes de morir) contra la entonces presidenta, funcionarios de su gobierno y otros acusados por supuesto encubrimiento del atentado. Tras un largo derrotero judicial, la denuncia de Nisman finalmente se convirtió en una causa penal que irá a juicio oral sin fecha todavía de inicio en los tribunales de Comodoro Py 2002.

AMIA, Memorándum y muerte de Nisman

La causa por la muerte del ex titular de la Unidad Fiscal AMIA se encuentra delegada en la fiscalía federal a cargo de Eduardo Taiano y se concentra en una dependencia especial que funciona fuera de Comodoro Py 2002, bajo la coordinación del auxiliar fiscal Hernán Kleiman. Encabeza un equipo de siete funcionarios judiciales que desde hace años impulsa las principales líneas. Hay pedidos de más personal todavía pendientes.

Para los investigadores, el atentado del 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA —que dejó 85 muertos—, la firma del Memorándum con Irán durante el gobierno de Cristina Kirchner y el crimen de Alberto Nisman forman parte de una misma matriz. En ese marco, sostienen que desde ciertos sectores se trabajó activamente para que no se conociera qué ocurrió realmente con el fiscal y que parte de esas maniobras tuvieron como objetivo ocultar movimientos, borrar huellas y desviar la investigación. “Está plenamente probado que hubo acciones destinadas a impedir que se investigara”, aseguran a Infobae fuentes con acceso al expediente.

Gran parte de los 11 años transcurridos desde la muerte de Nisman estuvieron marcados por obstrucciones, negativas a entregar información y falta de cooperación institucional. La causa avanza sin querella particular a instancias de la fiscalía y a cargo del juez federal Julián Ercolini, quien delegó la investigación. Para obtener cierta prueba fue necesario allanar años atrás la Casa Rosada y la sede central de la ex SIDE, recuerdan.

En este contexto, está prevista para fines de febrero la declaración indagatoria de la ex fiscal ya jubilada Fein, quien tuvo a su cargo la investigación inicial del caso en el fuero criminal ordinario. En paralelo, los investigadores consideran probada la existencia de una supuesta orden expresa desde la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia —que en ese momento conducía Oscar Parrilli— para realizar tareas de inteligencia ilegal sobre la propia fiscalía que investigaba la muerte de Nisman.

Así lo confirmaron numerosos agentes de la AFI que declararon en los últimos años ante el Ministerio Público Fiscal. También se detectaron llamadas a funcionarios políticos por parte de la entonces procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó. Esto se sumó a las 31 comunicaciones que hizo el entonces ministro de Seguridad Sergio Berni a Cristina Kirchner, algunas de ellas desde el departamento de Nisman. La prueba surgió de decenas de pedidos de informes a compañías telefónicas cursados en los últimos años.

La muerte del fiscal

Nisman fue encontrado muerto con un balazo en la cabeza en el baño del departamento que alquilaba en las torres Le Parc, en Puerto Madero, a las 22.32 de la noche del domingo 18 de enero de 2015.

En 2018, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires avaló la hipótesis del asesinato y descartó el suicidio, en coincidencia con las conclusiones del juez Ercolini y el fiscal Taiano, quienes se basaron en un peritaje multidisciplinario de Gendarmería Nacional, entre otras evidencias. Nisman murió entre las 20 del sábado 17 y las 10 de la mañana del domingo 18 en su departamento del piso 13 del complejo.

A 11 años, aún se ignora “la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron”. Ese fin de semana, durante casi 13 horas, Nisman no contestó mensajes ni realizó llamadas, no levantó el diario de su puerta.

El año pasado, en la víspera del simbólico décimo aniversario, el presidente Javier Milei ordenó desclasificar una nueva tanda de archivos de inteligencia. La mira estuvo puesta en el escenario que se vivía a finales de 2014 y principios de 2015, con los cambios dispuestos en la AFI por el kirchnerismo. Desde antes de su muerte, el por entonces titular de la UFI AMIA era víctima de seguimientos ilegales físicos y virtuales: en un correo electrónico le enviaron un virus “troyano” que no llegó a activar.

Hasta ahora, un solo procesado

En el expediente central, hasta ahora, el único procesado en relación directa a lo ocurrido es el técnico informático Diego Lagomarsino, como supuesto partícipe en su rol de dueño de la pistola Bersa calibre 22 de la que salió el disparo. Dijo que Nisman lo llamó y se la pidió prestada. En el expediente surge que el primer llamado provino de Lagomarsino.

El foco también estuvo puesto en los cuatro custodios asignados a Nisman por incumplimiento de deberes porque ese fin de semana -cuando todas las miradas se posaban en el fiscal- se alejaron de la zona de custodia en reiteradas ocasiones, sin explicaciones convincentes y durante horas no supieron nada de él, no respondía los mensajes y no advirtieron a sus superiores lo que ocurría.

Por el descontrol y falta de preservación de prueba en la escena del crimen están imputados Fein, Berni y su ex segundo Darío Ruiz, los entonces jefes de la Policía Federal, Román Di Santo, y de la Prefectura, Luis Heiler.

Hay una pregunta que siempre desvelará a los investigadores: ¿por qué no se dio aviso esa noche al fuero federal? Nisman era fiscal, investigaba un atentado terrorista y había denunciado al gobierno de entonces. Pero los agentes de las fuerzas de seguridad en el lugar llamaron a quienes estaban de turno en el fuero en lo criminal ordinario. Durante casi dos años posteriores al deceso, el caso se llevó allí. Finalmente la Corte Suprema de Justicia resolvió el 20 de septiembre de 2016 la competencia definitiva del fuero de excepción, la justicia federal.

La investigación del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) sumó cuatro testimonios de iraníes disidentes. Las declaraciones prometen ser de alto valor probatorio para el juicio en ausencia contra los acusados de planificar el atentado terrorista que asesinó a 85 personas el 18 de julio de 1994.

Según pudo saber Infobae de distintas fuentes con acceso al expediente judicial, las testimoniales se tomaron la semana pasada en una localidad ubicada en las afueras de París, Francia, luego de varios meses de gestiones diplomáticas.

Las identidades de los cuatro testigos se mantienen bajo resguardo, al menos de momento, por cuestiones de seguridad. Este medio pudo constatar que son miembros veteranos del Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI), la coalición política que lidera la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, todos ellos opositores al régimen de los ayatolás y refugiados principalmente en territorio francés, entre otros países de Europa.

Durante varios días los cuatro disidentes declararon presencialmente en Francia ante el fiscal Sebastián Basso y un equipo de investigadores de la UFI-AMIA, a cargo de la acusación en la causa judicial que lleva adelante el juez federal Daniel Rafecas.

Los testimonios ocurrieron bajo las normas de la ley francesa y en cooperación con el Poder Judicial de ese país. Todos pidieron hablar en su idioma natal, el farsí. Para esto fue necesario incluir a varios traductores de distintas lenguas, ya que no hay quien interprete directamente del persa al español.

Las audiencias comenzaron a gestionarse a principios de este año, a través de una rogatoria internacional que el Procurador general de la Nación Eduardo Casal giró a la Cancillería. Luego el organismo diplomático siguió las tratativas con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, y este a su vez con el Poder Judicial local.

Al cierre de este artículo, las autoridades francesas todavía no habían girado a los tribunales argentinos el texto y las grabaciones de las testimoniales. Una vez que eso ocurra comenzará un proceso de evaluación del contenido de las declaraciones y su respectiva contrastación con el resto de las pruebas que están en manos de la UFI-AMIA.

Testigos y expertos

De acuerdo a las fuentes consultadas por Infobae, los iraníes declararon como testigos y también como una suerte de “expertos”.

Antes del exilio habrían tenido llegada directa y contacto personal con autoridades del régimen, a la vez que manejarían información “de primera mano” sobre los días en los que se planificó el atentado a la AMIA.

Para poner en perspectiva los conocimientos que podrían aportar, una fuente consultada para esta nota señaló que los iraníes del CNRI fueron “los primeros que avisaron a la Argentina, a días del atentado, que había sido autoría del régimen de Irán”.

Cabe recordar que los acusados que irán a juicio en ausencia son diez personas, entre las que hay ex funcionarios del gobierno iraní y miembros de la organización Hezbollah.

Según determinó la UFI AMIA, la decisión de ejecutar el plan terrorista se tomó el 14 de agosto de 1993, en la ciudad iraní de Mashhad, durante una reunión del “Comité de Asuntos Especiales” del régimen.

De ese encuentro participaron los más altos jerarcas iraníes, incluyendo al entonces Presidente Alí Akbar Rafsanjani (fallecido), el Ministro de Relaciones Exteriores Alí Akbar Velayati, el Ministro de Información Alí Fallahijan (estos dos, hoy imputados en la causa) y el Líder Supremo Alí Khamenei, quien dio la orden ejecutiva que habilitó la operación.

Argentina y la resistencia iraní

Fundado en 1981 -entre otros- por su actual presidenta Maryam Rajavi, el Consejo Nacional de Resistencia de Irán se define como el “Parlamento de Irán en el exilio”, y aboga por la instauración de una “república democrática, basada en la separación de la religión y el Estado” y en la igualdad de género, según se desprende de su portal oficial.

En el último tiempo reforzaron sus vínculos políticos con la Argentina. Este año las diputadas nacionales Lilia Lemoine, Sabrina Ajmechet y Sofía Brambilla asistieron a la cumbre internacional “Free Iran 2025″ que organizó el CNRI en Francia. En 2024 también participó el legislador Maximiliano Ferraro.

Mientras sostienen su oposición desde el exilio, los iraníes refugiados siguen siendo blanco del régimen de los ayatolás. “La mayoría de los atentados que se ejecutan desde Irán son contra ellos”, explicó una fuente que conoce la historia del conflicto y sigue de cerca los acontecimientos.

Los cuatro testigos que declararon ahora en la causa AMIA, de hecho, enfrentan desde hace años una fatwa; la decisión del Líder Supremo de que sean asesinados por sus actos. Años atrás estuvieron presos y algunos de sus familiares fueron asesinados en ataques terroristas.

Pero a lo largo de las décadas la sangre corrió por ambas veredas. La Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, que conduce la coalición del CNRI, fue considerada una organización terrorista por los Estados Unidos hasta el 2012 y también perpetuó atentados que dejaron miles de muertos.

Este domingo, después de la puesta del sol, comenzó la festividad de Janucá, también llamada la Fiesta de las Luces. Janucá es una festividad judía que se celebra durante ocho días. Es una de las dos festividades, junto con Purim, que no aparecen en la Torá y que fueron instituidas por nuestros Sabios en tiempos del Segundo Gran Templo.

Hace 2.200 años, durante el dominio helenístico en la Tierra de Israel, el rey Antíoco IV intentó imponer por la fuerza la cultura helena a los habitantes del país, mediante diversos decretos contra los judíos, y colocó en el Templo de Jerusalén una estatua del dios Zeus.

Sin embargo, la historia real de Janucá comienza mucho antes de la persecución religiosa que ordenó. La historia empieza con el auge de Grecia y el florecimiento de la cultura helenística, que significaba el “boleto de entrada” al mundo moderno de aquella época.

Un grupo de guerreros, conocido como “los Macabeos”, se rebeló para restablecer la libertad religiosa en el país, y lograron un triunfo frente al ejército más poderoso del mundo por aquellos días. Después de tres años de guerra, los Macabeos reconquistaron Jerusalén, devolvieron el Templo a manos judías y encendieron la Menorá con una pequeña vasija de aceite puro que encontraron entre las ruinas.

Fue uno de los logros militares más asombrosos del mundo antiguo, y como decimos en la plegaria de “Al HaNisim”, fue la victoria de “los fuertes en manos de los débiles, los muchos en manos de los pocos”.

Las bellas palabras del profeta Zacarías (4:6) lo resumen muy bien: “No con ejército ni con fuerza, sino con Mi espíritu, dice el Eterno”. Los Macabeos no contaban con gran poder, ni con armas sofisticadas, ni con superioridad numérica. Lo que los impulsaba era el espíritu: un espíritu judío que anhela libertad y está dispuesto a luchar por ella.

¿Qué produjo esta diferencia entre Grecia y el pueblo de Israel? Los griegos, que no creían en un Di-s único y misericordioso, trajeron al mundo la idea de la tragedia: los seres humanos aspiran, luchan, a veces alcanzan grandes logros, pero la vida carece de propósito. El universo no sabe que existimos y, por cierto, no le importamos. El pueblo de Israel trajo al mundo la esperanza: estamos aquí porque Di-s nos creó con amor, y a través del amor descubrimos el sentido y la finalidad de la vida.

Las culturas construidas sobre la tragedia están destinadas a desmoronarse. La pérdida de significado termina llevando a la pérdida de valores y de los códigos morales sobre los que se sostiene una sociedad. La felicidad se sacrifica en nombre del placer; el futuro, en nombre del presente. La pasión y vitalidad que alguna vez las elevó se desvanecen. Así ocurrió con la antigua Grecia.

El judaísmo y su cultura de esperanza sobrevivieron, y las velas de Janucá simbolizan esa supervivencia: el rechazo judío a renunciar a sus valores por lo brillante y deslumbrante de la cultura secular, tanto entonces como hoy.

En tiempos del dominio griego comenzó la prueba que acompañaría al pueblo judío a lo largo de las generaciones: ¿cómo mantener la identidad judía mientras uno se integra en la vida social y comercial del mundo amplio? ¿Cómo aferrarse a las leyes de la Torá y a la tradición judía en un entorno con normas diferentes? ¿Hasta qué punto puede un judío ser una persona moderna, involucrada en los asuntos del mundo, y al mismo tiempo mantenerse fiel a su fe y a la herencia de sus padres?

Habrá quienes digan que no se puede ignorar el mundo moderno, que si no nos integramos quedaremos aislados de la familia de las naciones. En oposición a ello, nuestra herencia declara: el progreso y la modernidad no pueden venir a costa de la identidad judía. El pueblo judío se mantiene justamente cuando preserva su singularidad sin dejar de contribuir al mundo que lo rodea.

En esta realidad vemos a veces judíos que deciden renunciar a partes del judaísmo para integrarse mejor al entorno general, y enfrente, a quienes insisten en mantener su fe y su práctica, sin asimilarse en las culturas que los rodean. Hace más de 2.200 años este fue el mismo debate entre los helenizantes y aquellos judíos fieles a la Torá. En generaciones posteriores ese mismo debate continuó dentro del pueblo judío, solo que con otros nombres.

La mayoría del pueblo permaneció en aquella época fiel al judaísmo. Hubo diferencias en el nivel de observancia, pero el vínculo esencial con el judaísmo se mantuvo. La helenización atrapó principalmente a un sector específico, aquel que tenía más contacto con el comercio y la cultura del entorno; pero la mayor parte del pueblo permaneció leal a su fe, y eso se manifestó en el momento crucial.

Después de todos los milagros que hemos vivido en los últimos años, somos testigos de un gran despertar espiritual en todos los sectores del pueblo judío, tanto en Israel como en la diáspora. La luz del judaísmo y las velas de la fe siguen venciendo también en nuestros días.

Una vela de esperanza quizá nos parezca algo pequeño, pero a veces una civilización entera encuentra en ella su vida.

Así como en tiempos de los Macabeos una pequeña llama desafió a un imperio y anunció un renacer espiritual, también hoy cada vela que encendemos es un recordatorio de que la luz siempre vence a la oscuridad. La luz de Janucá no es solo memoria: es promesa.

Promesa de que, incluso en un mundo complejo y cambiante, la identidad judía sigue brillando; promesa de que la fe, cuando es sostenida con firmeza y humildad, tiene la fuerza de transformar la historia.

Y esa misma luz —la que acompañó a nuestros antepasados y que sigue encendida en cada hogar judío— es una luz que crece día a día, que ilumina los corazones, que despierta esperanza y que apunta hacia un tiempo de redención completa.

Como Gran Rabino de AMIA, quiero expresar mi bendición hacia toda la comunidad judeo-argentina. Que el resplandor de las velas de Janucá nos acerque, paso a paso, a ese momento tan esperado, cuando la luz del Mashíaj brillará sobre todo el mundo y traerá paz, unión y claridad para siempre.

De acuerdo con EFE, el informe del Inegi detalló que, durante los primeros once meses de 2025, la exportación de vehículos ligeros presentó también un comportamiento decreciente, con un retroceso de 1,6 %, situándose en 3,16 millones de automóviles enviados al exterior. El mercado interno mostró una leve recuperación al crecer 0,96 % y cerrar en 1,37 millones de unidades vendidas. Esta información recogida por el medio EFE indica que, a pesar de la caída en la producción y la exportación, las ventas nacionales lograron mantener cierta estabilidad, aunque sin alcanzar cifras de crecimiento destacadas.

El análisis por tipo de vehículo mostró que el 77,2 % de los automóviles fabricados correspondió a camiones ligeros, mientras que el resto fueron automóviles de pasajeros, según reportó el Inegi en cifras reproducidas por EFE. Este reparto evidencia la preferencia del mercado mexicano y de exportación por los modelos utilitarios y de carga ligera, que han ganado terreno durante los últimos ciclos productivos.

Al revisar el desempeño de las diferentes marcas, EFE señaló que, junto a Honda, otras compañías experimentaron también caídas relevantes: Mazda mostró una baja de 15,7 %, Volkswagen de 14 %, Stellantis de 7,7 % y Mercedes Benz de 5 %. En contraste, Toyota destacó como la marca con el mayor aumento porcentual, lo que sugiere una reconfiguración en el liderazgo de producción de vehículos en el país. Las cifras corresponden al registro de veintidós empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), así como seis fabricantes no asociados que, en conjunto, representan 41 marcas comercializadas y fabricadas en México.

En el desglose mensual, el Inegi, citado por EFE, indicó que solo durante noviembre de 2025 la fabricación de vehículos ligeros cayó 8,36 % interanual, totalizando 367.870 autos producidos. Las exportaciones también disminuyeron ese mes, con un descenso de 3,45 %, quedando en 279.342 unidades enviadas al extranjero. Por su parte, las ventas en el mercado interno se redujeron levemente, con una caída de 0,34 %, para llegar a 148.361 unidades.

La industria automotriz mexicana se mantiene como una de las más destacadas dentro del sector manufacturero nacional. Según las cifras replicadas por EFE, este sector aporta cerca del 4 % al producto interior bruto (PIB) nacional y más de un 20 % al PIB manufacturero, revelando la importancia de las fábricas instaladas en territorio mexicano para la economía general del país.

El medio EFE relató también que, en el ciclo inmediato anterior, durante 2024, la industria automotriz registró un crecimiento superior al 5 % tanto en producción como en exportaciones de vehículos ligeros. Esta tendencia permitió enlazar tres años consecutivos al alza, recuperando niveles tras la crisis causada por la pandemia de la covid-19 y las dificultades derivadas de la escasez de insumos, una situación que impactó de manera global a las cadenas de suministro.

El informe del Inegi, retomado por EFE, apuntó que la baja de noviembre continuó una tendencia descendente comenzada en agosto y persistente durante septiembre y octubre de 2025. Esto contrastó con los avances obtenidos en junio y julio, cuando la producción subió 4,89 % y 2,36 %, respectivamente, mostrando un año de resultados irregulares y marcada volatilidad en los distintos meses del periodo.

Según EFE, la industria continúa enfrentando una demanda interna considerada débil y un clima externo de incertidumbre comercial, especialmente en las relaciones con Estados Unidos, principal socio en el intercambio de vehículos y piezas automotrices. Los datos oficiales reportaron que factores económicos y comerciales explican parte de la retracción tanto en la producción como en los envíos al exterior. Además, el entorno internacional ha mantenido a los fabricantes en un escenario de constantes ajustes para adecuar sus operaciones a las condiciones cambiantes del comercio internacional y la demanda del país vecino.

El canciller de Israel, Gideon Sa’ar, encabezó este miércoles un emotivo homenaje en la sede de la AMIA, ubicada en la calle Pasteur 633 de la Ciudad de Buenos Aires. En el lugar donde hace 31 años se perpetró el atentado terrorista que causó la muerte de 85 personas, la histórica visita se desarrolló en presencia de autoridades diplomáticas, funcionarios públicos y representantes de entidades de la comunidad judía local. Para muchos de los presentes, la ceremonia constituyó un acto de memoria colectiva, cuya fuerza se renueva cada año con el compromiso de no olvidar.

Ante la placa que recuerda los nombres de las víctimas, Sa’ar fue recibido por Eliahu Hamra, gran rabino de la institución, quien ofició una plegaria en hebreo para honrar a quienes perdieron la vida el 18 de julio de 1994. La rememoración incluyó el tradicional rezo Izcor, acompañado también de la colocación de una ofrenda floral y el encendido de una vela. Al margen del rito religioso, la visita adquirió relevancia por la presencia simultánea de autoridades israelíes y argentinas, en un contexto marcado por el reclamo permanente de justicia.

Acompañaron la ceremonia el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, así como Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA, e integrantes de diferentes instituciones comunitarias. También asistieron representantes diplomáticos y funcionarios del gobierno israelí, quienes compartieron el acto junto a autoridades de organizaciones sociales locales, como reseñó la Agencia AJN.

Durante la actividad, Sa’ar se sumó al rezo junto a Hamra y participó del tributo instalado en el hall de ingreso al edificio, actualmente símbolo del duelo y la exigencia de memoria permanente. El canciller israelí recorrió la placa con los nombres de los 85 asesinados y, en ese mismo espacio, encendió una vela en señal de respeto. La solemnidad del momento estuvo marcada por algunos instantes de silencio, en los cuales los asistentes recordaron la magnitud de la tragedia ocurrida tres décadas atrás.

El tuit difundido por Eliahu Hamra dio cuenta del sentido del acto: “En el marco de su visita a nuestro país, el Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, @gidonsaar, estuvo en la sede de AMIA para rendir homenaje a las víctimas fatales del atentado terrorista contra la institución. Juntos recitamos el Izcor en memoria de esas 85 vidas brutalmente interrumpidas”.

La presencia conjunta del embajador Sela y el titular de la representación diplomática argentina en Israel, Wahnish, aportó un matiz bilateral al acto. Autoridades de numerosas entidades comunitarias se acercaron a Pasteur 633 para recibir al canciller, en una jornada que también incluyó un encuentro institucional con referentes de la colectividad. Allí, la delegación dialogó sobre mecanismos de cooperación y el significado de la lucha contra el antisemitismo y la intolerancia.

Antes de culminar su estadía en la sede de la AMIA, Sa’ar firmó el Libro de Visitas de la institución, como el “sello” de una jornada significativa para la comunidad judía local y para quienes, año tras año, sostienen el reclamo de justicia. En la inscripción, quedó registrada la voluntad de fortalecer los lazos entre Israel y la Argentina, en un contexto internacional donde la memoria histórica tiene un peso creciente en la diplomacia.

La agenda del ministro Sa’ar continuó con reuniones con representantes de distintas instituciones afines. El funcionario israelí recorrió otros espacios y se reunió posteriormente con funcionarios del gobierno nacional.

El atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, continúa siendo objeto de investigaciones judiciales y constituye la mayor tragedia terrorista en territorio argentino. Hasta la fecha, el pedido de esclarecimiento se mantiene como uno de los principales reclamos de los organismos de derechos humanos y de los familiares de las víctimas.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) formalizó este jueves la creación del Instituto de Estudios sobre Seguridad Estratégica en relación al Terrorismo y Crimen Organizado Internacional (ISETCO), concebido como un espacio académico destinado a producir análisis interdisciplinarios sobre esas amenazas complejas de alcance transnacional. Fue en un acto realizado en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho. La jornada reunió a distintas autoridades políticas, judiciales, diplomáticas, académicas y de seguridad, además de representantes de organizaciones civiles y especialistas convocados para integrar el programa de exposiciones.

Entre los asistentes se encontraban el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; integrantes del Poder Legislativo como los senadores Carlos Espínola, Sergio Uñac, Fernando Salino, Sandra Mendoza, Juan Manzur y Flavia Royón; así como funcionarios del Poder Judicial, entre ellos los jueces federales Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña, Marcelo Martínez De Giorgi y Ariel Lijo; el camarista Mariano Llorens; el procurador general porteño Juan Bautista Mahiques; el procurador bonaerense Julio Conte Grand; y las fiscales federales Alejandra Mángano y Cecilia Incardona. También participaron embajadores, agregados extranjeros y miembros de las fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad.

Del ámbito periodístico asistieron, como moderadores de los encuentros, Eduardo Feinmann, Jorge Liotti, Romina Manguel y Daniel Santoro.

La jornada inició a las 09:30 con las palabras del rector de la UBA, Ricardo Gelpi; del decano de Derecho, Leandro Vergara; del juez federal Ariel Lijo; y de la directora ejecutiva del nuevo instituto, Luciana Micha. Antes de dar paso a los diferentes paneles, Gelpi entregó un reconocimiento institucional al canciller de Israel, Gideon Sa’ar, actualmente de visita en la Argentina, distinción que fue recibida por un representante de su delegación.

A continuación se proyectó un mensaje del diplomático Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), recientemente postulado por el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino para quedar al frente de la Secretaría General de las Naciones Unidas. Grossi calificó la creación del instituto de estudios como “una iniciativa que encuentro tan necesaria como oportuna en un sentido global y también para nuestro país, nuestra región y el sistema multilateral en su conjunto”.

En su intervención, grabada desde la ciudad de Viena, Austria, remarcó que “el terrorismo continúa mutando, aprovechando la polarización política, los conflictos regionales y las tecnologías que facilitan la digitalización y la fragmentación”. Advirtió que en América Latina el fenómeno adquiere “un perfil particularmente preocupante con los crecimientos del narcotráfico, minería ilegal, tráfico de inmigrantes y corrupción sistémica”, y subrayó la importancia de “renovar los compromisos multilaterales”, priorizando la resiliencia institucional y la cooperación para el intercambio de información.

En la apertura institucional, el decano Leandro Vergara destacó la importancia del nuevo espacio académico al afirmar que “este encuentro marca un momento de especial importancia para la comunidad académica y para el país”. Aseveró que la iniciativa apunta a construir un abordaje riguroso sobre dinámicas criminales que evolucionan con rapidez y consideró que “la universidad pública tiene la responsabilidad de producir un conocimiento útil” a la sociedad.

Para caracterizar el espíritu del proyecto citó al pensador catalán Jorge Wagensberg: “La historia de la ciencia es la historia de las buenas preguntas”.

La directora Luciana Micha presentó los lineamientos fundacionales. “El ISETCO somos todos”, dijo al comenzar su disertación, antes de explicar que la entidad dependerá del rectorado y estará basado en una perspectiva interdisciplinaria. Remarcó a su vez que el objetivo es anticipar fenómenos complejos: “Este espacio -destacó- tiene que ser plural y estratégico, para poder tener la información y los datos precisos para poder leer, diagnosticar y prevenir las amenazas”.

También alertó sobre el riesgo de respuestas estatales tardías, porque “si no siempre estamos detrás de los problemas, buscando formas desde el derecho o la ciencia política de reparar lo que no vimos o pudimos advertir”.

Al promediar su exposición, la directora ejecutiva informó que el instituto trabajará sobre cinco ejes: pensamiento crítico, debate interdisciplinario, evidencia científica, producción y transmisión de conocimiento y articulación interinstitucional. Luego precisó: “La academia no vive ni debe vivir afuera de su sociedad ni vive de espaldas a la gestión”.

El juez Ariel Lijo, por su parte, definió al ISETCO como “un legado institucional de la universidad” y remarcó que tendrá proyección internacional al enfocarse en “cuestiones muy concretas que atraviesan el mundo”. También describió un rol judicial más complejo frente a estas amenazas: “El juez va a ser el eje de un difícil equilibrio entre la seguridad pública y ciudadana y el sistema de garantías”. Y completó: “En definitiva, el gran desafío es no volver a atravesar situaciones que ya atravesamos en el país, y a eso se abocará el ISETCO”.

El rector Gelpi cerró la apertura con una reflexión sobre el papel histórico de la universidad. “Hablar de la UBA es hablar de libertad, justicia, autonomía, excelencia, vocación y solidaridad”, dijo, y afirmó que la institución vuelve a “dar un paso al frente con el liderazgo que la caracteriza desde hace muchos años”. Subrayó que los desafíos actuales “no reconocen fronteras” y que el instituto nace con la intención de convertirse en “un ámbito de articulación internacional”.

El programa académico comenzó con el Panel 1, dedicado al terrorismo global, moderado por el periodista Eduardo Feinmann. La mesa examinó la evolución del terrorismo contemporáneo, sus fuentes de financiamiento y los desafíos que enfrentan los Estados para anticipar ataques. Participaron el camarista de la Casación Penal Federal Mariano Borinsky y Ricardo Hernández, agregado jurídico regional del FBI para Latinoamérica con sede en Buenos Aires.

Borinsky recordó los ataques terroristas perpetrados contra la embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994, respectivamente, y advirtió tanto sobre la falta de adecuación normativa como la necesidad de actualizar el marco penal para combatir con eficacia estos fenómenos globales.

“Es importante -expresó- tener una arquitectura jurídica adecuada, que hoy no la tenemos”. Al respecto, el camarista remarcó que lleva años trabajando en su modernización: “En los últimos 10 años he escrito dos veces el nuevo Código Penal, que está vigente hace más de 100 años, desde 1921”. Enfatizó además que el país “está juzgando los atentados con delitos comunes” y que, en ese plano, “la voluntad política es necesaria para aprobar el Código Penal y “dotar a los jueces” de los instrumentos para abordar la problemática.

En materia de persecución económica, sostuvo que el decomiso anticipado es clave “para que los bienes vuelvan al Estado desde el comienzo”. También insistió en que “si no tenemos una norma específica que abarque e incluya todos estos supuestos, no tenemos sustento normativo”, y concluyó que “si queremos seguir la línea del ‘Nunca Más’ al terrorismo, tenemos que empezar por ahí”.

Hernández, por su parte, afirmó que todo acto terrorista tiene impacto transnacional. Explicó que la política internacional está obligada a moverse de un paradigma reactivo a uno preventivo, en tanto “la prevención del terrorismo no es una conclusión lógica sino un cambio de paradigma para muchas instituciones y Estados”.

Poco después, el orador advirtió que la ausencia estatal facilita el asentamiento de redes extremistas, y que su influencia “está presente en todo lugar donde el Estado no tiene una eficaz presencia ligada a la justicia”. Luego describió la convergencia entre terrorismo y crimen organizado: “El terrorismo se divorció del Estado y empezó a autofinanciarse con el crimen organizado”, consignó.

El representante del FBI también destacó el rol de las tecnologías emergentes: “Hoy en día el individuo tiene la capacidad, por ataques cibernéticos, con impresoras 3D y con el movimiento de criptomonedas, de autofinanciarse y autoabastecerse”. Finalmente señaló que “Estados terroristas como Irán tienen vínculos muy estrechos con el narcotráfico”.

Tras un breve receso se desarrolló el Panel 2, centrado en las transformaciones del crimen organizado en las Américas, moderado por el periodista Jorge Liotti. La mesa analizó la reconfiguración del narcotráfico en la región, el debilitamiento estatal y las nuevas modalidades delictivas transnacionales. Participaron Lourdes Puente Olivera, directora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina; el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi; y Alejandra Mángano, fiscal federal especializada en trata de personas y crimen organizado y co-titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.

Puente Olivera planteó que “uno de los graves problemas que tiene esta lucha contra el crimen organizado es la fragmentación” y que la ausencia estatal después de la pandemia “empoderó a muchos carteles”. Indicó que el fenómeno se expandió territorialmente y que la debilidad gubernamental impide respuestas aisladas: “Las resoluciones locales son absolutamente insuficientes porque el Estado está en crisis, está débil; no tiene plata ni capacidades ni poder social”.

Asimismo, defendió la necesidad de articulaciones regionales y cooperación inteligente, ya que “si la inteligencia no es común, es muy difícil que se logren objetivos operativos”. También advirtió que las organizaciones criminales “logran la pertenencia” que los Estados ya no generan y concluyó que la reconstrucción social exige “volumen político y una confianza que hoy las instituciones no tienen”.

Martínez De Giorgi analizó la temática desde su experiencia en investigaciones complejas y resaltó la importancia de hacer foco en el territorio, donde “hay que prestar particular atención”. Explicó que las organizaciones criminales requieren una mínima estructura, transnacionalidad y permanencia, lo que complica su persecución.

El juez destacó logros en la recuperación de activos ilícitos a través del instituto del decomiso anticipado y remarcó que el fortalecimiento institucional exige de una importante inversión técnica. “Una de las medidas a desarrollar es la profesionalización de las fuerzas de seguridad y desarrollar cuerpos especializados en investigaciones complejas”, sugirió.

Mángano, a su término, describió nuevas modalidades delictivas asociadas a plataformas digitales, como mulas financieras, suplantación de identidad y flujos ilegales de dinero. En ese marco, aclaró: “Lo que parece que ocurre de manera virtual y efímera produce en la realidad violencia física, extorsiones y muertes”.

La oradora añadió que “la circulación de flujos financieros ilícitos de manera transnacional es un fenómeno en crecimiento” y enfatizó que se trata de desafíos que exigen estrategias coordinadas y marcos legales actualizados.

El tercer panel del programa, “Desafíos y oportunidades para la investigación penal, abordajes integrales y herramientas digitales”, estuvo a cargo de la periodista Romina Manguel. En esa mesa intervinieron el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, presidente de la Asociación Internacional de Fiscales; el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Petrone; y la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona. La discusión giró en torno a nuevas tecnologías de investigación, dificultades en causas complejas y desafíos institucionales para articular respuestas frente a redes criminales y estructuras terroristas.

La fiscal Incardona expuso sobre la necesidad de investigar el aspecto económico del delito y, en esa línea, ponderó el decomiso como un elemento de persecución penal “muy claro que tiene Argentina”. Habló también de llevar adelante pesquisas penales a través de un “trabajo interdisciplinario en vivo, dialogando con los investigadores de la policía para construir una hipótesis del caso entre todos”.

El fiscal Mahiques, en tanto, dijo que el fortalecimiento del sistema acusatorio “resulta esencial” para hacer frente a este tipo de fenómenos globales, que “adquieren dimensiones cada vez más complejas y presentes” y que resultan ser la “mayor amenaza” para la existencia de los Estados. Luego aseveró que para tener un sistema que permita planificar y diseñar la política criminal orientada a objetivos es necesario “aplicar un sistema acusatorio con los recursos materiales y personales necesarios”.

A su turno, el camarista Petrone recordó que existe un convenio global firmado en Budapest que prevé formas flexibles para la transmisión de información entre países con el fin de orientar la investigación penal de los delitos transnacionales. Además, destacó la inteligencia artificial como un instrumento “super poderoso” para sumar eficacia en las pesquisas de esta naturaleza. Sin embargo, advirtió sobre la importancia de utilizar esa herramienta con cuidado, porque “son sistemas muy modernos a los que sería casi tonto renunciar, pero que deben tener un balance con las garantías individuales“, como las de la defensa en juicio y el debido proceso.

Alrededor de las 16 comenzó el cuarto panel, “Atentados terroristas en la Argentina”, moderado por el periodista Daniel Santoro. Participaron el juez de la Cámara Federal de Casación Carlos Alberto Mahiques; el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens; el juez de Casación y consejero de la Magistratura, Diego Barroetaveña; el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Mauro Berenstein; y el académico Jorge Szeinfeld, director de la Maestría en Inteligencia Estratégica de la Universidad Nacional de La Plata.

La mesa repasó durante más de una hora los ataques sufridos en el país y examinó las dificultades históricas para consolidar investigaciones y fortalecer mecanismos de cooperación que sirvan como base para mantener políticas de prevención.

El camaristas Mahiques consideró que el terrorismo implica un “desafío al intelecto, al coraje político y a la interpretación de los jueces”. Hablar de qué es el terrorismo, dijo, conlleva analizar la ontología de un crimen tan particular.

“Para los jueces es un desafío y una necesidad construir una herramienta de interpretación de un fenómeno que no es fácilmente definible, ya que el terrorismo está atravesado por muchas dimensiones -tales como la política y la ideológica-. El desafío es definir el acto terrorista y a su vez asegurar que la respuesta del Estado sea ajustada a las directrices establecidas en la Constitución”, agregó.

El juez Barroetaveña desarrolló una exposición sobre su intervención junto a su colega Mahiques en la causa conocida como "AMIA II“. Allí, entre otros puntos, señaló: ”Desde nuestro rol de Casación tuvimos que mirar esos hechos de frente, revisar lo actuado, identificar lo que se hizo bien y lo que se hizo muy mal. El terrorismo es, sí, una detonación, pero también es todo aquello que ocurre después: la búsqueda de la verdad, la frustración, el compromiso institucional y la memoria que se rehúsa a desaparecer.

Más tarde manifestó: “El terrorismo no distingue vidas ni orígenes, pero destruye todo lo que toca (...). Esto nos atraviesa a todos y las respuestas también deben ser de todos”.

El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, al intervenir, hizo hincapié en la actitud del Estado frente a los actos de terrorismo. Recordó asimismo su participación en la causa que juzgó el hecho que dejó 85 víctimas tras la explosión de una traffic aquel 18 de julio de 1994.

“Ahora nosotros en la Cámara hemos validado el procedimiento del juicio en ausencia respecto del hecho madre, el atentado, y eso permitirá traer al juicio a las personas implicadas, que no van a venir, que están en Irán. Pero ahora el Ministerio Público Fiscal va a poder identificar a los autores, para poder con eso lograr un poco más de verdad, que es lo que los familiares están esperando", concluyó el magistrado Llorens.

Al finalizar, tomó la palabra el titular de la DAIA, quien ponderó la aplicación del juicio en ausencia por el ataque a la AMIA tras evaluar que “probablemente no es la mejor herramienta , pero es una herramienta”.

“Es una manera de que se haga memoria, se aprenda y se haga justicia”, aseveró.

Para cerrar la mesa, el académico Szeinfeld, ex director nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, se refirió a su experiencia como docente en la universidad, donde registró que no se suele incorporar el fenómeno del terrorismo en general ni del “terrorismo político” en particular dentro de la currícula de estudios. En ese contexto, planteó la importancia de “fomentar la educación en el claustro estudiantil”, sobre todo teniendo en cuenta que el país fue víctima de dos ataques.

El quinto y último panel, iniciado a las 18:30, llevó por título “Respuestas institucionales para la prevención del terrorismo y el crimen organizado internacional”. Participaron el director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJuDeCO), Juan Rodríguez Ponte; el secretario de Coordinación Institucional de la Nación del Ministerio Público Fiscal Juan Manuel Olima Espel; el procurador bonaerense Julio Conte Grand; y el ex secretario de Inteligencia Miguel Ángel Toma.

Los oradores analizaron los mecanismos institucionales y judiciales destinados a la prevención del terrorismo y del crimen organizado, con especial foco en los instrumentos para combatir el lavado de activos ilícitos y la financiación de organizaciones criminales. Además, examinaron las dificultades prácticas y normativas que enfrenta hoy el sistema para aplicar dichas políticas, así como los desafíos de coordinación entre organismos estatales, fuerzas de seguridad y el Poder Judicial.

El eje de la disertación del funcionario Rodríguez Ponte tuvo foco en la tarea de la dirección a su cargo para recopilar y luego evaluar datos relacionados a posibles “casos de riesgo” de lavado de dinero y financiamiento ilegal. Al terminar, fue el turno del procurador Conte Grand, quien destacó que al momento de gestionar una investigación penal es relevante “conocer la realidad del territorio” donde se actúa, determinar “un orden de prioridades”, establecer “un método adecuado" y fijar un foco “para evitar distracciones”. También rescató el valor de la perseverancia.

Además, mencionó la competencia del Ministerio Público bonaerense en torno a las temáticas que estudiará el nuevo centro de estudios: persecución del narcomenudeo, delitos conexos a la trata de personas y criminalidad digital.

Miguel Ángel Toma repasó la evolución histórica de la legislación en materia de defensa y seguridad, y sostuvo que muchas de las normas vigentes fueron concebidas para responder a amenazas que ya no existen. Recordó que, tras los alzamientos militares de 1987, dirigentes del oficialismo y la oposición trabajaron conjuntamente en la redacción de las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia, diseñadas -según explicó- para “neutralizar la amenaza de volver al pasado” y preservar la democracia recuperada. Subrayó que aquellas normas separaron con rigidez el rol de las Fuerzas Armadas y el de las fuerzas de seguridad, adecuándose a un contexto dominado por riesgos de naturaleza interna y externa bien diferenciados.

Sin embargo, advirtió que “las cosas que hemos hecho en algún momento no necesariamente sirven para los tiempos posteriores”, y señaló que la naturaleza de las amenazas actuales -terrorismo, narcotráfico y crimen organizado- exige actualizar la legislación. “Desaparecida la amenaza anterior, y aparecidas nuevas amenazas, corresponde dar nuevas respuestas”, afirmó. También destacó la necesidad de dotar de protección adecuada a los cuadros militares y de seguridad en el ejercicio de sus funciones para neutralizar estos riesgos contemporáneos.

Un poco más tarde el ex titular de la SIDE durante la presidencia de Eduardo Duhalde habló de una “destrucción sistemática” del esquema de inteligencia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde, a su juicio, ocurrieron “la purga de los mejores oficiales de inteligencia” y el “asesinato de Alberto Nisman”.

Por último, el secretario de Coordinación Institucional de la Nación del MPF, Olima Espel, calificó al régimen legal actual como “vetusto” a los fines de mejorar las “medidas preventivas” en la lucha contra el fenómeno del terrorismo.

La jornada concluyó cerca de las 20, con breves reflexiones de las autoridades del instituto, que destacaron la convocatoria y remarcaron que el centro de estudios apuntará a desarrollar investigaciones especializadas y propiciar mesas de trabajo con organismos públicos.

El presidente Javier Milei recibió este mediodía en Casa Rosada al canciller de Israel, Gideon Sa’ar, quien llegó a la Argentina con una agenda que busca continuar reforzando el vínculo bilateral entre ambos países y que llega hasta homenajes a las víctimas de los atentados terroristas contra la embajada israelí y la AMIA, ocurridos en Buenos Aires en la década de 1990. La visita, enmarcada en una gira latinoamericana, incluye también una nutrida agenda empresarial y actividades con la comunidad judía local.

El funcionario israelí arribó este martes a Buenos Aires acompañado por un grupo de empresarios de su país interesados en explorar oportunidades de inversión en la región. Durante el primero de los dos días de estadía, Sa’ar tenía como principal tema de agenda la reunión en la Casa Rosada por el Presidente, además de reuniones en el Palacio San Martín con el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

La agenda contempla encuentros con figuras clave del Poder Ejecutivo y Legislativo, como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los ministros salientes de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri.

El canciller también dialogará con los diputados Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet, quienes presiden la comisión de Relaciones Exteriores y el Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-Israel, respectivamente.

Uno de los momentos centrales de la visita será la participación de Sa’ar como invitado de honor en actos conmemorativos dedicados a las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y la AMIA en 1994. Estos homenajes subrayan la memoria compartida y el compromiso con la lucha contra el terrorismo. En el marco de estas actividades, el canciller ofrecerá un discurso durante la celebración del 90º aniversario de la DAIA, ante funcionarios y miembros de la comunidad judía argentina.

Como parte de los festejos, la DAIA organizó un concierto en el Teatro Colón el miércoles a las 20:00, donde se interpretará una ópera de Verdi para conmemorar “nueve décadas de compromiso con la memoria, la diversidad y los valores”. Este evento reunirá a representantes de la sociedad civil y autoridades, consolidando el vínculo entre ambas comunidades.

El embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish, también viajó a Buenos Aires para acompañar a Sa’ar. Antes de su partida, mantuvo conversaciones con representantes del Keren Kayemeth LeIsrael para avanzar en el proyecto de erigir un monumento en Jerusalén en memoria de las víctimas del atentado a la AMIA, una iniciativa que refuerza la cooperación en materia de memoria y derechos humanos.

En el plano diplomático, uno de los temas más relevantes de la agenda bilateral es la decisión del presidente Milei de trasladar en 2026 la embajada argentina en Israel a Jerusalén Occidental, reconociendo el derecho de Israel a establecer su capital en esa ciudad. Esta medida, que ya han adoptado Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y, recientemente, Paraguay, representa un gesto de alineamiento internacional más importantes que quiere terminar de establecer la gestión libertaria.

La gira de Sa’ar incluyó una escala previa en Paraguay, donde se reunió con el presidente Santiago Peña. En Asunción, el canciller participó en una sesión conjunta extraordinaria del Congreso, convocada especialmente para su visita, y contará con la intervención de los titulares de la Cámara de Representantes, Raúl Latorre, y del Senado, Basilio Núñez. Además, fue recibido por su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, antes de partir hacia Buenos Aires.

Al referirse a los fines de su viaje, Sa’ar expresó: “Los objetivos de la visita son fortalecer la coordinación diplomática y profundizar las relaciones bilaterales y económicas entre Israel y sus socios en América Latina”. El canciller subrayó la relevancia de los vínculos con la región al afirmar: “Buscamos profundizar nuestros lazos con Argentina y Paraguay, dos de los mayores amigos de Israel en el mundo, es de gran importancia para nosotros. Argentina y Paraguay han apoyado firmemente a Israel durante los últimos dos años de la guerra y continúan apoyándolo firmemente en el ámbito internacional y en las instituciones internacionales”.

En el marco de una gira latinoamericana, el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, visitará esta semana la Argentina y no solo se reunirá con las principales autoridades nacionales, incluido el presidente Javier Milei, sino que también participará de homenajes a las víctimas de los atentados terroristas y asistirá a eventos con la comunidad judía local.

El funcionario extranjero llegará a la Argentina el martes con una intensa agenda de actividades y acompañado por un grupo de empresarios del país de Medio Oriente que tiene intenciones de invertir en la región.

Durante su estadía de dos días, como ya anticipó Infobae, será recibido en la Casa Rosada por el líder libertario y también en el Palacio San Martín por el flamante ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

Sin embargo, en el último tiempo se sumaron otros encuentros con importantes representantes del Poder Ejecutivo y del Legislativo, como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los salientes ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri.

Además, Sa’ar conversará con los diputados Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet, quienes están al frente de la comisión de Relaciones Exteriores y del Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-Israel, respectivamente.

Por otra parte, el canciller será el invitado de honor en diferentes actos conmemorativos en memoria de las víctimas de los dos atentados terroristas que sufrió la Argentina: contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y contra la AMIA, en 1994.

Asimismo, el integrante del gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu brindará un discurso en uno de los eventos por el 90º aniversario de la DAIA, ante funcionarios y miembros de la comunidad judía local.

Como parte de sus festejos, la entidad está organizando un concierto en el Teatro Colón que se realizará el próximo miércoles, a partir de las 20:00, en el que se interpretará una ópera de Verdi, para celebrar “nueve décadas de compromiso con la memoria, la diversidad y los valores”.

El embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish, también llegará a Buenos Aires para acompañar a Sa’ar en su estadía. Antes de viajar, conversó con representantes del Keren Kayemeth LeIsrael para continuar avanzando con el proyecto de inaugurar un monumento en Jerusalén en memoria de las víctimas del atentado a la AMIA.

Uno de los principales asuntos en la agenda bilateral es la decisión de Milei de mudar en el 2026 la embajada argentina en Israel a Jerusalén Occidental, reconociendo así el derecho de ese país a establecer su capital en esa antigua ciudad.

Esta es una medida que ya han tomado los Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y, más recientemente, Paraguay, que es la escala previa que hará Sa’ar en el marco de esta gira.

Durante su paso por Asunción, el canciller también se entrevistará con el presidente de esa nación, Santiago Peña, y propiciará los encuentros empresariales para los inversores que lo acompañan.

Además, allí el diplomático también intervendrá en una sesión conjunta extraordinaria que está preparando el Congreso, convocada con motivo de su visita, por lo que contará con las palabras de los titulares de la Cámara de Representantes, Raúl Latorre, y del Senado, Basilio Núñez.

Toda la actividad ocurrirá el lunes, día en el que el funcionario israelí también será recibido por su par paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, antes de partir hacia Buenos Aires.

Al respecto, Sa’ar remarcó que “los objetivos de la visita son fortalecer la coordinación diplomática y profundizar las relaciones bilaterales y económicas entre Israel y sus socios en América Latina”.

“Buscamos profundizar nuestros lazos con Argentina y Paraguay, dos de los mayores amigos de Israel en el mundo, es de gran importancia para nosotros. Argentina y Paraguay han apoyado firmemente a Israel durante los últimos dos años de la guerra y continúan apoyándolo firmemente en el ámbito internacional y en las instituciones internacionales”, destacó.

El jueves 20 de noviembre, el auditorio de Pasteur 633 en Buenos Aires fue escenario de la entrega de los premios Artista Solidario 2025, una distinción impulsada por AMIA para reconocer a figuras y entidades del ámbito cultural que demostraron un compromiso sostenido con causas sociales y acciones de bien público. Entre los galardonados de esta edición se encuentran Sandra Mihanovich (Música), Aldo Sessa (Fotografía), Eduardo Stupía y Pablo Siquier (Artes visuales), Ana María Shua (Literatura), Martín Ron (Arte público), la Fundación ArteBa (Institucional) e Inoxmaker (Reconocimiento). El evento, enmarcado en el Día del Artista Solidario, subrayó el papel del arte como motor de memoria, justicia y solidaridad.

La ceremonia, conducida por Elio Kapszuk, director de Arte y Producción de AMIA, reunió a una nutrida concurrencia y contó con la apertura a cargo del presidente de la institución, Osvaldo Armoza. En su mensaje, destacó que el reconocimiento no solo celebra trayectorias creativas, sino que también resalta el poder del arte para expresar valores, sensibilizar y tender puentes. “Los artistas poseen una capacidad única: la de conectar”, afirmó, y añadió que esa conexión puede generar cambios e invitar a construir una sociedad más justa y empática.

Durante el acto, Armoza, junto a Mario Sobol (secretario general), Gabriel Gorenstein (secretario del departamento de Arte y Producción) y Daniel Pomerantz (director ejecutivo), entregaron los galardones a los premiados en las distintas categorías. Ana María Shua, distinguida en Literatura, fue representada por su hija, Gabriela Fabrykant, debido a que la escritora se encontraba de gira en España. En el caso de la Fundación ArteBa, la presidenta Larisa Andreani y el vicepresidente Federico Braun recibieron la distinción institucional, la cual fue otorgada por la legisladora porteña Cecilia Ferrero, quien además fue la impulsora del proyecto que estableció el Día del Artista Solidario mediante la Ley N°6754 de la ciudad de Buenos Aires, sancionada el 31 de julio de 2024.

La entrega del último galardón tuvo un momento especial con la presencia de León Gieco, quien recibió el premio al Artista Solidario en 2024 y fue el encargado de entregar la distinción a Sandra Mihanovich en la categoría Música.

Las palabras de los premiados reflejaron el espíritu de la jornada. Mihanovich expresó su gratitud y subrayó el valor de la memoria y la justicia: “Creo que AMIA, a lo largo de todos estos años, nos ha enseñado a cuidar la memoria, a pedir por la justicia, en una forma permanente, que no decae jamás. Para mí es un honor formar parte de este equipo, me hace muy feliz”, además de destacar que “cuando uno da, uno recibe mucho más de lo que da”.

Sessa agradeció el acompañamiento a lo largo de su carrera y manifestó su emoción y respeto por el premio recibido. Fabrykant, en nombre de Shua, compartió sus emociones: “Quiero agradecer de todo corazón este premio que me emociona y que me sorprende un poco. Que me premien por colaborar con las acciones de AMIA, es como si me dieran un premio por colaborar con mi propia familia”.

Stupía, en representación de los artistas visuales, resaltó la importancia del capital simbólico del arte y agradeció a AMIA por hacerlos conscientes de su valor. Andreani, por la Fundación ArteBa, consideró la distinción un recordatorio de la necesidad de construir en comunidad y de manera solidaria. Ron, muralista premiado en Arte público, habló del compromiso de pintar para recordar y dejar huella en la memoria colectiva.

El cierre de la ceremonia estuvo marcado por la participación de León Gieco, quien junto a Mihanovich interpretaron canciones emblemáticas como “Solo le pido a dios” y “La cigarra”, generando un momento de profunda emoción entre los asistentes.

El Día del Artista Solidario, celebrado cada 20 de noviembre, fue instituido por iniciativa de AMIA en homenaje al nacimiento de León Gieco, símbolo del compromiso social en el arte argentino. La efeméride, establecida por la Ley N°6754 de la ciudad de Buenos Aires, busca destacar el rol de los artistas en la construcción de una sociedad más empática y en la preservación de la memoria. La ceremonia reafirmó que el arte, vinculado a la solidaridad y la memoria, deja una huella perdurable en la comunidad.

Las autoridades panameñas confirmaron la detención en Venezuela de Ali Zaki Hage Jalil, ciudadano requerido por un atentado terrorista perpetrado hace más de tres décadas contra un avión comercial que mató a sus 21 ocupantes, en su mayoría miembros de la comunidad judía.

La Oficina Central Nacional de Interpol Panamá señaló en un comunicado oficial que recibió la confirmación del arresto por parte de Interpol Caracas. Jalil fue aprehendido el 6 de noviembre en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela.

El sospechoso mantiene una notificación roja de Interpol a solicitud de la Fiscalía Superior de Descarga de Panamá por delitos contra la vida y la integridad personal, homicidio doloso y delitos contra la seguridad colectiva y los medios de transporte y comunicación, según el comunicado.

El Departamento de Estado estadounidense había ofrecido una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su captura.

La investigación se relaciona con la explosión del vuelo 901 de Alas Chiricanas, ocurrido el 19 de julio de 1994 en Santa Isabel, provincia de Colón. El avión estalló a los pocos minutos de despegar del aeropuerto de Colón, la segunda ciudad más grande de Panamá ubicada en el Caribe, a 80 kilómetros de la capital.

Según el comunicado, se adelantan las coordinaciones para iniciar el proceso de solicitud de extradición del arrestado para que sea puesto a órdenes de las autoridades panameñas.

La Cancillería de Panamá informó que comenzará con los trámites diplomáticos y judiciales para que el detenido enfrente la justicia panameña, “conforme a los principios del Derecho Internacional, la cooperación en materia de seguridad y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

“Panamá reitera su compromiso indeclinable con la verdad, la memoria y la justicia, y su decisión de no permitir que el territorio panameño o sus ciudadanos sean víctimas o instrumentos de organizaciones extremistas que buscan sembrar el miedo”, destacó el Ministerio panameño de Relaciones Exteriores.

La Cancillería expresó su “profunda preocupación” ante la información sobre la presencia y residencia “en total impunidad” del individuo en Venezuela, vinculado al atentado que “segó la vida de 20 inocentes y marcó un doloroso capítulo en la historia reciente de nuestro país”.

El gobierno panameño consideró “inaceptable que, transcurridas tres décadas, los responsables de un acto de terrorismo tan grave permanezcan sin rendir cuentas ante la justicia”.

En el atentado, considerado el más grave en la historia de Panamá, no hubo supervivientes. Entre las víctimas se encontraban una docena de empresarios de la comunidad judía afincada en el país centroamericano, que venían de hacer negocios en la Zona Libre de Colón, la zona franca más grande del continente.

El atentado tuvo lugar un día después del ataque terrorista con carro bomba contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y que también permanece impune. Las investigaciones apuntan a la participación de Hezbollah en ambos ataques.

El FBI había descrito al sospechoso Jalil como un piloto de aviones, aficionado al paracaidismo, con antecedentes penales por tráfico de armas. La agencia norteamericana informó que el sospechoso había sido detenido en 1994 transportando diez ametralladoras, con números limados, del tipo Mini Mac 9mm. En su casa se habrían secuestrado otras seis ametralladoras, municiones, detonadores, y cables explosivos similares a los encontrados en el lugar del atentado. También tenía 500 mil dólares y varias radios que transmitían en banda de HF y VHF. Sin embargo, Ali Hage Zaki Jalil quedó en libertad y se fue de Panamá.

En 2017, el entonces presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, recibió una carta del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la que la informaba que Hezbollah había estado detrás del atentado. El tema fue abordado un año después, durante un encuentro entre ambos mandatarios.

Pero la causa judicial recién se reabrió en 2019 a raíz de una solicitud formulada por la Fiscalía Superior de Descarga, después de permanecer sin resolver durante décadas.

Los familiares de las víctimas del atentado en Panamá realizan un homenaje cada 19 de julio. Ahora, están un poco más cerca de obtener Justicia.

El Ministerio de Justicia de la Nación se comprometió a destrabar antes de fin de año la primera parte del problema sobre la desclasificación de los archivos secretos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que podrían contener información vinculada al atentado a la AMIA. Según anunciaron, la documentación será trasladada desde el Palacio Barolo hacia el predio de la ex ESMA para agilizar el proceso de revisión y digitalización.

Así se comunicó este miércoles durante una audiencia en los tribunales de Comodoro Py convocada por Daniel Rafecas, juez subrogante del Juzgado Federal N° 6. Además de funcionarios del Ministerio de Justicia, participaron de la reunión la UFI-AMIA, la defensa pública de los acusados que irán a juicio oral y varias de las querellas.

El Ministerio de Justicia presentó un informe con el plan de adecuación de dos edificios de la ex ESMA, cuya finalización se estimó para el 5 de diciembre. Ofrecieron la posibilidad de que se haga una inspección judicial durante noviembre para constatar los avances.

De acuerdo al programa del organismo, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, una vez concluida la obra se empezará a descontaminar los archivos con asbesto que se guardan en el Palacio Barolo y, recién entonces, se procederá al traslado. La expectativa oficial es que todo concluya antes de 2026.

Hasta ahora, las deficientes condiciones de infraestructura del lugar no permitían analizar ahí mismo los archivos, por lo que la UFI-AMIA los traslada, con colaboración de Prefectura Naval, hacia las oficinas de la Fiscalía que conduce Sebastián Basso. Allí se escanea y digitaliza cada papel, cinta magnética o VHS, pero todo ese proceso “es lento y genera pérdidas de tiempo y recursos, que son escasos”, según dio a conocer la Fiscalía, que tiene un Área de Análisis dedicada exclusivamente al tratamiento de los documentos secretos.

La puja con la SIDE

A medida que avanzó el análisis de esta documentación de los espías que encontraron en la sede del Palacio Barolo y otras dos en las calles Estados Unidos y Salta, se advirtió que la información se registraba en una base de datos.

Desde 2016 hubo múltiples intentos por acceder a esa base, pero el trámite fue cuesta arriba. Recién este año aportaron un informe de búsquedas puntuales, pero quedaron cuestiones inconclusas.

Las querellas insisten con hacer públicos todos los documentos de la SIDE referidos a la causa AMIA, a excepción de los datos personales de los agentes. Es algo que, por ahora, se negó tanto de parte de la Secretaría de Inteligencia como en los tribunales.

Los damnificados por el atentado volvieron a reclamar que se cumpla con el Decreto 213/2020 del Poder Ejecutivo, que le otorgó carácter público a “toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), su encubrimiento y demás delitos conexos, incluyendo legajos de investigación y la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados”.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, por ejemplo, no permite a las partes -según denunciaron- difundir el material de inteligencia que se trató en el juicio por el encubrimiento del atentado, en el que hubo ocho condenas y cinco absoluciones, entre estas la del ex presidente Carlos Menem.

Por eso, las querellas le pidieron a Rafecas que se intime al Gobierno actual para que se pronuncie sobre qué va a hacer con la publicidad de los archivos. En principio, el magistrado adelantó que buscará rearmar una mesa de diálogo entre las partes, con la SIDE incluida, antes de fin de año.

El Juzgado Federal N° 6 decidió en junio enviar a juicio a Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar, todos funcionarios iraníes y/o miembros de Hezbollah.

La acusación principal es por el delito de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y con el objetivo de causar sufrimiento por motivos raciales, religiosos u odio étnico.

Además, los imputaron por lesiones graves y gravísimas a las víctimas heridas, y daños agravados a los inmuebles y vehículos destruidos. También se incluyó la participación en una organización armada con el objetivo de imponer sus ideas por la fuerza.

La defensa pública de los acusados apeló la elevación a juicio, que ahora aguarda a ser definida en la Cámara Federal de Casación Penal.

Una alerta por la presencia de un objeto sospechoso en la casa velatoria de la AMIA activó el protocolo de seguridad antiterrorista y provocó un gran operativo policial en el mediodía de este jueves.

El hecho ocurrió en la calle Loyola al 1100, en el barrio porteño de Villa Crespo, donde se llevaba a cabo el velorio del Rabino fundador Sr. Felipe Yafe ZL, quien cerca de las 13 iba a ser trasladado al Cementerio de la Tablada.

Los familiares y allegados lo despidieron en una sala ubicada en el primer piso del establecimiento perteneciente a la comunidad judía local. Y fue allí donde, al finalizar la despedida del rabino, los asistentes del velatorio notaron que había una mochila negra en las inmediaciones. Su hallazgo encendió las alertas.

Según confirmaron fuentes policiales, rápidamente los presentes advirtieron al personal de seguridad del lugar que activó el protocolo previsto ante la aparición de objetos sospechosos. En este contexto, la casa velatoria fue evacuada en cumplimiento de las medidas preventivas y se interrumpió la circulación vehicular sobre la calle Loyola, a la espera de la intervención especializada.

En el operativo intervinieron efectivos de distintas áreas: la División Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal, la División Detonaciones y Desactivación de Explosivos de la Policía de la Ciudad, la División Operaciones y Contramedidas de la Policía Federal y la División Perros de la PFA, entre otros.

La coordinación estuvo a cargo de oficiales responsables de cada sección, en contacto directo con el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 10.

De acuerdo con el protocolo, el hallazgo fue reportado a la División Antibombas y se desplazaron al lugar los equipos de explosivos, quienes inspeccionaron el contenido de la mochila y descartaron la existencia de materiales peligrosos.

Minutos después del despliegue, un integrante de la comunidad judía que había asistido al velatorio se presentó ante los efectivos y manifestó ser el propietario de la mochila encontrada.

Según explicó, habría olvidado el objeto al retirarse del lugar junto a los demás asistentes. Tras identificar al dueño y comprobar que se trataba de un descuido, los responsables del operativo labraron el acta correspondiente y concluyeron la tarea en coordinación con la Justicia federal.

El expediente fue caratulado como constancia de procedimiento y no se detectó ninguna situación de riesgo ni elementos que pongan en peligro la seguridad pública. La rápida respuesta permitió reanudar la actividad normal en el establecimiento y sus inmediaciones.

Por decisión judicial, la intervención se centró únicamente en registrar el hecho y archivar la causa como una actuación preventiva, sin derivar en acciones penales o contravenciones para las personas identificadas en el lugar.

El hecho ocurrió mientras la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmaba la detención del agresor antisemita que el pasado fin de semana atentó contra la vida de una influencer de la comunidad judía y su bebé en el barrio porteño de Palermo.

El agresor fue identificado como Carlos Andrés Corera. Se trata de un vecino de la víctima que le arrojó un fierro a la joven en su propia casa mientras la insultaba por su religión. En la Justicia le había ordenado una prohibición de acercamiento hacia la denunciante y su familia y ahora lo capturaron acusado de tentativa de homicidio.

“Cuando se pelea por las cosas, se consiguen. Gran trabajo del fiscal Stornelli en este caso: el agresor, preso por tentativa de homicidio. El que las hace, las paga”, escribió la funcionaria nacional con mención al investigador a cargo del expediente.

La Cámara Federal porteña confirmó este martes el juicio en ausencia contra los iraníes y libaneses acusados por el atentado del 18 de julio de 1994 a la AMIA. Así, resultó ratificada la decisión que había tomado el juez Daniel Rafecas, y quedó allanado el camino para que la Fiscalía pida los procesamientos y eventualmente la elevación del caso a la etapa de debate oral y público.

La Sala I, con la firma de los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens, validó la Ley 27.784 sancionada por el Congreso de la Nación, que incorporó la modalidad del juicio en ausencia al régimen procesal argentino.

La defensa oficial de los imputados había apelado la resolución del juez Rafecas. Los abogados plantearon la inconstitucionalidad de dicha ley por considerarla violatoria del principio de legalidad y del debido proceso.

Por su parte, algunas querellas también manifestaron objeciones, al advertir que se pretendía “avanzar hacia un juicio con una acusación carente de sustento probatorio”, lo cual “se parece demasiado a querer cerrar la historia a la medida de una conclusión forzada, y en definitiva garantizar que nunca se sepa lo que realmente pasó y que reine la impunidad”.

En su fallo de este martes, al que accedió Infobae, la Cámara Federal señaló que no es una ley ad hoc para juzgar solamente el atentado a la AMIA. Explicaron que la norma reviste carácter general y abstracto y resulta aplicable a cualquier caso con graves violaciones a los derechos humanos y crímenes organizados.

Respecto a la garantía de defensa en juicio, los jueces entendieron que estará asegurada la presencia constante, efectiva y activa de letrados defensores.

Los 10 acusados son Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

Sobre ellos pesa una alerta roja de Interpol y pedido de captura internacional desde 2006, a partir de un dictamen del fiscal Alberto Nisman que individualizó a los acusados. Nunca se logró detener a ninguno. Varios son funcionarios del gobierno de Irán y otros lo fueron cuando ocurrió el atentado.

La investigación que lleva adelante la UFI AMIA, a cargo del fiscal Sebastián Basso, logró determinar que la decisión de atacar la sede de la mutual judía fue adoptada por las máximas autoridades de la República Islámica de Irán, quienes encomendaron su ejecución a la organización terrorista Hezbollah.

En todo este tiempo se libraron 17 exhortos diplomáticos, de los cuales solo uno obtuvo una respuesta formal de Irán, que negó tajantemente cualquier colaboración con la Justicia argentina.

Los argumentos de la Cámara Federal

En su voto, el juez Mariano Llorens dejó plasmado que la finalidad del juicio en ausencia es “evitar la impunidad y garantizar que delitos de inusitada gravedad, como lo fue el atentado a la AMIA, queden sin reproche, en pos del fortalecimiento del Estado de derecho”.

También puso de relieve la necesidad de reparación para los allegados de los 85 muertos y los 150 heridos en el atentado: “Las víctimas y sus familiares vieron lesionado su derecho a la verdad con el transcurso del tiempo, en medio de alternativas ineficaces y estériles para lograr la reconstrucción de lo acontecido y el castigo de sus responsables”.

“Tal vez la Ley 27.784 sea el instrumento que coloque, al fin, en el centro de la escena a los culpables del atentado terrorista más grave de nuestra historia”, siguió el camarista.

Por su parte, el juez Martín Irurzun recordó que el juicio en ausencia “se trata de una herramienta excepcional, cuya implementación se limita a los crímenes más graves del derecho de gentes, en consonancia con compromisos fuertes que ha asumido la Argentina ante la comunidad internacional” para “permitir su juzgamiento removiendo los obstáculos formales que pudieran existir”.

La inagotable investigación de los atentados a la Embajada de Israel (1992) y a la AMIA (1994) sumó nuevos actores en el último tiempo: la familia Rachid Lichi, de empresarios y políticos paraguayos con ascendencia sirio-libanesa. Luego de una serie de declaraciones y análisis de documentación que comenzó en marzo de este año y persiste hasta hoy, están sospechados de haber financiado y facilitado la actividad de Hezbollah en la Triple Frontera, mediante transferencias millonarias a una figura central de la historia: Ali Houssein Abdallah.

El hallazgo se produjo a partir de la aparición espontánea de un testigo: David Fernández Lichi. Él es hijo de Watfa Rachid Lichi, quien fue propietaria de la financiera paraguaya SAFIO junto a sus cinco hermanos: Sara, Marian, Leila, Bader y Fohad.

Los seis heredaron la empresa -dedicada principalmente a préstamos hipotecarios- luego de la muerte de sus padres, que habían fundado la firma y la posicionaron como una de las más importantes de Asunción.

Ya con la financiera en poder de los herederos, Fohad Rachid Lichi asumió la dirección y Bader Rachid Lichi se constituyó como vice, según pudo saber Infobae de fuentes del caso. Este último es un importante dirigente del Partido Colorado paraguayo, fue senador -desde 1998 hasta 2008- y es padre del titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid.

Leila Rachid Lichi también hizo carrera en la función pública y se destacó como diplomática. Llegó a ser canciller entre 2003 y 2006, y antes se desempeñó como embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria en la Argentina (1999) y en los Estados Unidos (2000), entre otros cargos clave.

El núcleo familiar de los Rachid Lichi empezó a desgarrarse en 2021, cuando murió Watfa. David Fernández Lichi denunció que sus tíos falsificaron la firma de su madre para quedarse con su parte de las acciones de la financiera. Entonces comenzó una serie de denuncias penales y demandas civiles cruzadas entre parientes.

Según declaró David Fernández Lichi ante un Equipo Conjunto de Investigación, integrado por los fiscales Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Nº 7 de Paraguay, y Sebastián Basso, titular de la UFI-AMIA, a partir de sus inconvenientes sucesorios empezó a revisar archivos de la empresa que habían quedado guardados en un escritorio dentro de su casa. No tardó mucho en decidirse por revelar todo ante la Justicia, ya que además dijo sentirse perseguido, hostigado y ve en riesgo su seguridad y la de su familia.

Su primera declaración ocurrió en marzo de este año, en la ciudad formoseña de Clorinda, a pasos de la frontera con Paraguay. En el marco de la causa AMIA, Fernández Lichi le entregó dos cajas con documentación al fiscal Basso, que después fueron compartidas con el Ministerio Público Fiscal del país vecino tras la firma de un acuerdo de cooperación. El testigo volvió a declarar en varias oportunidades para brindar más detalles sobre las presuntas maniobras ilegales. Nada de esto trascendió públicamente, hasta ahora.

Qué dicen las nuevas pruebas

Entre la documentación que aportó Fernández Lichi hay nueve chequeras del Banco Holandés -correspondientes a la cuenta personal de Fohad Rachid Lichi-, registros contables, declaraciones juradas, comprobantes de liquidaciones de préstamos en dólares y anotaciones manuscritas que, según el testigo, fueron hechas por su tío director de la financiera y ayudarían a probar los eventuales vínculos criminales.

Todos son papeles originales que están en poder de la Argentina, Paraguay y los Estados Unidos, a través de la Oficina Regional de Seguridad (RSO) que tiene la embajada norteamericana en Paraguay.

El principal receptor del dinero fue Ali Houssein Abdallah, aunque también hay otros libaneses que se detectaron a partir del análisis de la información, pero con menores montos involucrados.

Según se desprende de los documentos, a los que Infobae tuvo acceso exclusivo, entre 1989 y principios del 2000 los Rachid Lichi habrían facilitado más de 12 millones de dólares a Ali Houssein Abdallah.

El dinero se enviaba periódicamente a través de transferencias directas desde la cuenta corriente de Fohad Rachid Lichi. Muchas veces los movimientos no superaban los 10.000 dólares por transacción para que pasaran desapercibidos ante las autoridades financieras, creen los investigadores.

Otros gastos particulares que hizo Fohad y llamaron la atención de los fiscales fueron los pagos del alquiler de la embajada paraguaya en El Líbano.

El receptor Ali Houssein Abdallah ya estaba bajo investigación de la Justicia argentina y las nuevas pruebas nutren la hipótesis que barajó la fiscalía.

Es que el presunto coordinador de la planificación y ejecución de los atentados, Salman Raouf Salman (alias Samuel El Reda), que vivió en la Triple Frontera desde fines de los ’80 hasta la voladura de la AMIA, habría tenido como colaboradores a Ali Houssein Abdallah y su hermano, Mohammad Youssef Abdallah, líder de una mezquita en Ciudad del Este.

En esa localidad paraguaya, Salman tramitó una ciudadanía falsa y puso como domicilio la dirección de un departamento propiedad de Ali en el reconocido edificio “El Progreso”. A partir de ese vínculo y otras medidas de prueba es que en agosto de 2023 el juez federal Daniel Rafecas declaró en rebeldía y ordenó la captura internacional de Ali Houssein Abdallah.

Este actor central del apoyo territorial para ejecutar los atentados, ahora descubierto como recaudador para su país y Hezbollah, murió luego de contraer coronavirus durante la pandemia.

En cuanto al vínculo de Ali Houssein con los Rachid Lichi, la fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción paraguaya baraja al menos dos hipótesis.

La primera es que Fohad no ponía el dinero realmente, no era financista. Si bien las transferencias salieron de su cuenta bancaria -siempre de acuerdo a la documentación que consta en la causa-, podría haber sido una suerte de intermediario que permitía a Hezbollah ingresar con algún atisbo de legalidad el dinero proveniente de actividades ilícitas al sistema financiero. Una maniobra de lavado de dinero a través de una “cueva”.

Otra línea, dijeron a este medio fuentes con acceso al caso, es que los Rachid Lichi sí eran financistas de Hezbollah. Acá entran en juego presuntos vínculos entre las partes y supuestas simulaciones de venta de propiedades y empresas que, hasta el momento, no lograron probarse acabadamente. También debería constatarse si hubo préstamos de los dueños de la financiera que nunca se devolvieron.

Hay un nombre más que apareció entre las hojas aportadas por el testigo: Hussein Mounir Mouzannar. Figura como cliente de los Rachid Lichi.

Mouzannar, millonario empresario libanés que construyó una fortuna en Ciudad del Este, es uno de los 10 acusados que enfrentarán un juicio en ausencia en la Argentina por el atentado a la mutual judía. Es, también, otro hilo del que tirar para los investigadores que buscan terminar de entender cómo operó Hezbollah en la Triple Frontera para planear y ejecutar los atentados en Buenos Aires.

Con un dictamen presentado ante la Corte Suprema de Justicia, el procurador general Eduardo Casal solicitó dejar sin efecto la absolución de Carlos Telleldín en la causa AMIA, donde el ex reducidor de autos y actual abogado está acusado de haber vendido la camioneta traffic utilizada como coche bomba el 18 de julio de 1994.

El imputado, de 64 años, estuvo preso por esta acusación hasta el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 3 resolvió absolverlo en 2003 tras declarar la nulidad de la pesquisa conducida por el juez Juan José Galeano. Seis años después, la Corte Suprema confirmó esa nulidad, pero mantuvo abierta la imputación por la entrega del vehículo que sería usado como explosivo. Ese tramo derivó en un nuevo juicio oral iniciado en 2019 y finalizado en diciembre de 2020, cuando el TOF 3, integrado por los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Canero, dictó su segunda absolución por el beneficio de la duda. La Fiscalía y las querellas habían pedido que sea condenado a prisión perpetua y a 20 años de cárcel.

En esa ocasión, los acusadores sostuvieron que Telleldín había sido la última persona que tuvo en su poder el motor hallado en las ruinas de la AMIA. También plantearon que la venta de la camioneta se hizo con documentación apócrifa: figuraba a nombre de Ramón Martínez, con quien estaba enemistado, incluía una firma fraguada y un DNI inexistente en 1994. Añadieron que, tras el atentado, huyó hacia Misiones, donde finalmente fue detenido.

La absolución en favor de Telleldín quedó ratificada en la Sala II de la Cámara Federal de Casación, que luego rechazó los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la querella. Ante esa decisión, el fiscal general interpuso un recurso extraordinario que resultó denegado, lo que dio lugar a una queja.

El expediente quedó así radicado en el Máximo Tribunal, integrado por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Pero antes de su intervención, tal como marca el procedimiento, recibió vista el jefe de los fiscales para dar opinión del caso.

En su dictamen ante la Corte, Casal consideró que el planteo del fiscal general daba cuenta de que “el acusado concertó la entrega de una camioneta que tenía en su poder para ser utilizada en el atentado con bomba, aspecto que fundamenta su reproche como partícipe necesario del delito”.

“Esa certeza -ponderó poco después el procurador- se deriva de la valoración conjunta de comportamientos de Telleldín caracterizados por su notoria divergencia de la práctica usual en material de transacciones con automotores, por su informalidad, el ocultamiento de la identidad de los intervinientes y la ausencia de toda documentación habilitante para que el vehículo pudiera circular”.

Luego hizo foco en el desarrollo narrativo que planteó el fiscal anterior respecto “a las impresiones que Telleldín y otros testigos aseguraron tener de las personas que compraron la camioneta -coincidentes en que se trataba de extranjeros que deliberadamente buscaban conservar el anonimato-, más la razonable inferencia de que la publicación de un aviso clasificados en el diario Clarín que ofrecía a la venta la camioneta no era más que la previsión de una falsa coartada, al igual que haber anotado en el boleto de compraventa el nombre de Ramón Martínez como parte compradora, con presunto domicilio en la ciudad de Buenos Aires, sabiendo que era un dato falso”.

“A este cuadro -señaló- se suma el examen de la reacción del acusado al atentado, caracterizada por testigos de su círculo íntimo por un creciente estado nervioso y decisiones de cambiar de paradero que, si se excluye la hipótesis del conocimiento de su intervención en el atentado, lucirían erráticas o extravagantes -por ejemplo, su huida a Posadas con identidad falsa con el propósito de abandonar el territorio nacional-.

Para el jefe de los fiscales, que al cerrar su dictamen acompañó la apelación federal, “el recurrente narró las circunstancias y los pormenores de cada uno de los hechos referidos, y criticó que la Cámara los haya considerado de manera aislada y haya conjeturado para cada uno de ellos un posible motivo inocente, para luego tomar esa mera posibilidad como fundamento de la duda”.

Telleldín ingresó a la Policía de Córdoba en 1977, cuando tenía 16 años, y renunció en el año 1981. Luego se dedicó a la compraventa de autos y, durante su estadía de una década en la cárcel de Devoto estudió Derecho y se recibió de abogado. A su vez, en otro tramo de la causa AMIA recibió una condena a un año y nueve meses de cárcel por el delito de encubrimiento, al haber acusado falsamente del atentado a policías bonaerenses.

En ese mismo proceso resultaron sentenciados el ex juez federal Galeano, a cuatro años de prisión; los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, a dos años cada uno; y el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, a dos años y seis meses, junto con otros imputados. El ex presidente Carlos Menem, acusado de encubrimiento, quedó absuelto.

El atentado se produjo el 18 de julio de 1994 a las 9:53, cuando una camioneta traffic cargada con entre 300 y 400 kilos de explosivos detonó frente a la sede de la mutual causando 85 muertos y 151 heridos. El ataque configuró el segundo atentado terrorista en la Argentina tras la voladura de la embajada de Israel en 1992.

Diez iraníes están acusados de planificar y financiar el hecho, considerado de lesa humanidad para la Justicia del país, con pedidos de captura de Interpol. Como Irán no extradita a sus nacionales, el Congreso sancionó la ley que habilita el juicio en ausencia, mecanismo que en este caso fue activado por el juez federal Daniel Rafecas.

Ahora la Corte Suprema deberá decidir si confirma la absolución de Telleldín o da lugar al pedido de Casal para que sea condenado.

Según el más reciente Registro Administrativo de la Industria de Automoción de Vehículos Ligeros (RAIAVL), el país también registró un aumento del 7,94 % en la exportación de vehículos ligeros hasta las 289.598 unidades.

En contraste, las ventas en el mercado interno presentaron una contracción de 0,62 % hasta las 124.482 unidades, según el informe del instituto autónomo.

El aumento del séptimo mes se suma al incremento de junio, cuando la fabricación de vehículos ligeros en México creció un 4,89 %, pero contrasta con las caídas de mayo y abril, aunque aún lejos de la cifra de marzo, cuando se elevó un 12,15 % interanual.

No obstante, en el primer trimestre la producción cayó un 6,04 %.

De esta manera, la fabricación de vehículos ligeros en México acumula un aumento interanual de 0,72 % en lo que va de 2025, aunque las ventas nacionales decrecieron un 0,31 %.

"Durante el periodo enero a julio de 2025, se produjeron 2.316.173 unidades, lo que representó una variación de 0,7 %, respecto al mismo lapso de 2024 (...) Los camiones ligeros representaron 77,1 % del total producido, mientras que el resto correspondió a la fabricación de automóviles", detalló el Inegi.

En total, las exportaciones de autos fabricados en México han disminuido 1,38 % en lo que va del año, un total de 1.955.782 unidades, siendo Estados Unidos el principal destino.

La caída de la exportación del sector automovilístico, el mayor del país, ocurre tras las presiones comerciales de Donald Trump desde su regreso a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero pasado.

“Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de vehículos ligeros, con 79,3 %”, precisó el Inegi.

La importancia de la industria automovilística en México radica en que representa casi un 4 % del PIB nacional y un 20,5 % del PIB manufacturero, más que ningún otro sector, según la AMIA.

La información del Inegi proviene de 22 empresas afiliadas a la AMIA, así como seis empresas no afiliadas, las cuales comercializan 39 marcas que se producen y comercializan en el país.

La producción y exportación de autos en México subió más del 5 % en 2024, con lo que hila tres años al alza tras la pandemia de la covid-19 y la escasez de materias primas. EFECOM

Con la finalización de la feria judicial de invierno, y de cara a la última parte del año, los tribunales federales de Comodoro Py retomarán el tratamiento de varias causas de alto perfil que involucran a la ex presidenta Cristina Kirchner, al ex mandatario Alberto Fernández y a exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas. También se revisará la decisión de aplicar el juicio en ausencia para los 10 acusados del atentado terrorista a la AMIA, recientemente adoptada por el juez Daniel Rafecas.

La causa “Vialidad” es una de ellas. El Tribunal Oral Federal N°2, que juzgó el direccionamiento irregular de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, estableció que el próximo 13 de agosto vencerá el plazo otorgado a CFK y a los otros ocho condenados para depositar 684.990 millones de pesos en concepto de decomiso. El monto corresponde al perjuicio económico generado al Estado por la maniobra por la cual la ex mandataria recibió una condena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua en 2022. Esa condena quedó firme en junio pasado tras la intervención de la Corte Suprema.

El decomiso, de carácter solidario, deberá efectuarse en una cuenta especial del Banco Nación. De no concretarse, se rematarán los bienes embargados de los condenados, entre los que figuran inmuebles, sociedades comerciales y divisas en efectivo.

En paralelo, se espera que el Tribunal Oral Federal 6 declare ese mismo día la apertura de los alegatos finales en el juicio por el intento de homicidio contra la expresidenta, ocurrido en septiembre de 2022 en las inmediaciones de su departamento. La fiscal del caso, Gabriela Baigún, formulará su acusación el 20 de agosto contra el supuesto atacante Fernando Sabag Montiel y sus presuntos cómplices Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. Los tres están detenidos y acusados por tentativa de homicidio agravado. Se espera que el tribunal dicte sentencia entre septiembre y octubre.

Otro de los expedientes que ingresará en su etapa decisiva es el caso conocido como “Cuadernos de las coimas”, donde se analiza un presunto esquema de corrupción con más de 150 involucrados. El TOC N° 7 citó a una audiencia preliminar el 24 de septiembre, vía Zoom, para organizar el inicio del juicio oral previsto para el 6 de noviembre. Cristina Kirchner volverá a sentarse en el banquillo de los tribunales de Comodoro Py, esta vez junto a exfuncionarios de su gobierno, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su ex segundo Roberto Baratta, además de empresarios como Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra -primo de Mauricio Macri- y Enrique Pescarmona. La acusación gira en torno a un supuesto sistema de recaudación de sobornos para asegurar contratos de obra pública. El debate incluirá a más de 600 testigos y se desarrollará por videoconferencia.

Las actuaciones del caso “Cuadernos” tuvieron inicio a partir de las anotaciones de Oscar Centeno, exchofer del Ministerio de Planificación, quien registró durante años los traslados de bolsos con dinero en efectivo desde empresas contratistas del Estado hacia oficinas y domicilios vinculados a exfuncionarios. Las libretas detallaban fechas, direcciones y montos, y fueron validadas por declaraciones de “imputados colaboradores”, tanto empresarios como exfuncionarios que admitieron la mecánica de cobros ilegales para asegurar contratos con la Administración Pública. La investigación abarcó hechos ocurridos entre 2003 y 2015.

La exmandataria, por lo demás, también permanece acusada en las causas “Hotesur-Los Sauces”, donde se estudia una presunto artilugio para lavar dinero a través del alquiler de hoteles y propiedades de la familia Kirchner a empresarios cercanos como Lázaro Báez y Cristóbal López. El juicio estará en manos del Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py y contará con una treintena de imputados, entre ellos Máximo Kirchner, diputado nacional e hijo de la expresidenta.

Aún sin fecha concreta, al igual que en la causa donde Fernández de Kirchner se encuentra acusada por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, el TOC 5 está a la espera de la finalización de una serie de pericias contables solicitadas por las distintas defensas. Ya el fiscal Diego Velasco planteó que “se imprima celeridad a los dictámenes técnicos pendientes de culminación” y que “informen la fecha probable para el fin de su trabajo”.

Por otro lado, el Tribunal Oral Federal N° 4 se prepara para dar comienzo a la etapa de los alegatos el próximo 25 de agosto en el juicio por el caso Skanska, considerado el primer escándalo de corrupción del kirchnerismo. En estas actuaciones se juzgan supuestos pagos de coimas por parte de la empresa sueca para obtener contratos de ampliación de gasoductos en el país. Los principales imputados son Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y exdirectivos de Skanska. En total son 31 y se los acusa por los delitos de cohecho y administración fraudulenta.

Otro de los procesos que dará novedades durante la última parte del año en los tribunales federales de Comodoro Py está vinculado al ex presidente Alberto Fernández. Se trata de la presunta violencia de género ejercida contra su ex pareja y primera dama, Fabiola Yáñez. Ya a fines de junio pasado el fiscal federal Ramiro González había dado por concluida la instrucción de la causa por supuestas agresiones ocurridas durante la relación de pareja, que se extendió desde 2016 hasta agosto de 2024, e incluyó el mandato presidencial de Fernández entre 2019 y 2023.

Para la acusación, entre los elementos que corroborarían los supuestos ataques, calificados como lesiones graves y amenazas coactivas, se encuentran las imágenes de la demandante con moretones en el ojo derecho y en uno de sus brazos. Ahora será el juez Julián Ercolini quien deberá decidir en las próximas semanas si hay elementos suficientes como para enviar la causa a juicio.

A su vez, Fernández enfrenta una pesquisa por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, vinculada al escándalo de Nación Seguros. En ese trámite quedó procesado por orden del juez Sebastián Casanello por favorecer al broker Héctor Martínez Sosa -pareja de su secretaria privada, María Cantero- mediante el decreto 823/21, que obligó a todos los organismos del Estado a contratar pólizas con Nación Seguros. La acusación sostiene que se montó un esquema de intermediación aseguradora que habría beneficiado a personas del entorno del ex presidente, quien recibió un embargo por $14.634.220.283.

Así las cosas, antes de que empezara la feria judicial se incorporó al expediente un disco rígido como prueba con 16 GB de correos electrónicos de ex directores de la aseguradora estatal y se ordenó una pericia sobre el teléfono celular del ex jefe de Estado, en busca de mensajes y referencias a empresas, funcionarios y palabras clave relacionadas con el caso. El proceso incluye a más de 30 imputados, entre ellos ex funcionarios y operadores presuntamente involucrados en el cobro de sobornos a través de cooperativas. Los procesamientos fueron apelados y ahora el caso se encuentra bajo estudio de la Cámara Federal.

Ese mismo tribunal de Alzada deberá revisar la resolución del juez Daniel Rafecas que ordenó aplicar el juicio en ausencia para los 10 acusados del atentado terrorista a la AMIA. Para eso, los camaristas Mariano Llorens y Roberto Boico convocaron a una audiencia para el próximo 8 de agosto.

La decisión de aplicar la reciente ley que reformó el Código Procesal Penal para habilitar el juzgamiento en el país de acusados por delitos graves aun sin estar presentes en el territorio generó posturas enfrentadas. La AMIA y la DAIA avalaron la continuidad del proceso en ausencia. Por su parte, la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), Memoria Activa y la Asociación 18J-Familiares y Amigos de las Víctimas en el Atentado a la AMIA y la defensa oficial que representa a los acusados se opusieron.

Por el ataque contra la sede de la mutual, ocurrido el 18 de julio de 1994 con un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos, 10 iraníes y libaneses quedaron acusados de haber ordenado, planificado y financiado el atentado y desde 2006 tienen pedidos de captura internacional con alertas rojas de Interpol. Se trata de Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

Mientras el gobierno de Israel ultima detalles para la visita del primer ministro Benjamín Netanyahu a la Argentina, la Casa Rosada avanza en los preparativos ante su posible llegada a Buenos Aires.

El primer ministro israelí evalúa junto a su equipo la realización de una visita de Estado, que podría concretarse en el mes de septiembre, según indicaron fuentes oficiales a Infobae. Se trata de un viaje que tendrá como marco la sintonía entre Netanyahu y el presidente Javier Milei, lo que ha potenciado la relación bilateral.

Fuentes oficiales confirmaron que los canales diplomáticos y de seguridad ya se encuentran trabajando en los detalles logísticos y de agenda, anticipando una cumbre de alto impacto político.

Desde la asunción del mandatario argentino, el vínculo entre ambas administraciones experimentó un acercamiento sin precedentes, con gestos concretos tanto en foros internacionales como en decisiones unilaterales del Ejecutivo local, que incluyeron cambios sustanciales en la política exterior respecto a Israel.

Según informó la Agencia AJN, el mandatario israelí analizaría arribar al país tras aceptar la invitación formal de Milei. Este gesto se enmarca en la predisposición del gobierno argentino para reforzar sus lazos con Israel en áreas como seguridad, tecnología, comercio y cooperación internacional.

La posible presencia de Netanyahu se da también en medio de críticas en el plano internacional hacia su gestión por el desempeño del ejército israelí en Gaza y las consecuencias que su intervención han generado.

“Hay un tsunami diplomático contra Israel como nunca se había visto”, advirtió Shira Efron, analista del Israel Policy Forum en Tel Aviv, tras regresar de un viaje a Washington donde, según relató a The New York Times, percibió una frustración inédita entre funcionarios y expertos estadounidenses tradicionalmente cercanos a Israel.

“Fue muy claro en los políticos estadounidenses de ambos partidos —incluso en los republicanos y expertos en seguridad nacional vinculados a ellos— que hay una desaprobación total de las imágenes que llegan desde Gaza. Incluso quienes culpan a Hamas creen que Israel debe cambiar su postura. Sean republicanos o demócratas, nadie quiere ver niños muriendo de hambre”, añadió. Este clima de desaprobación internacional se ha intensificado desde que Israel rompió el alto el fuego con Hamas en marzo y reanudó la guerra total en Gaza. Según The New York Times, los líderes israelíes justificaron la ofensiva y el endurecimiento del bloqueo alimentario como una vía para forzar la liberación de más rehenes a cambio de menos concesiones.

En ese marco, la Casa Rosada puso en marcha un protocolo de seguridad que incluye coordinación con fuerzas federales y dispositivos que involucran a organismos internacionales ante una eventual llegada del primer ministro de Israel.

En el equipo presidencial, la posible llegada de Netanyahu es vista como una oportunidad para profundizar alianzas estratégicas. La organización del viaje involucra a la cancillería, el Ministerio de Seguridad y distintos organismos de inteligencia, que ya articulan procedimientos habituales ante una visita de esta naturaleza. Aunque por ahora se mantienen con cautela los detalles del itinerario y las actividades previstas, la elección de la fecha responde tanto a razones políticas como logísticas.

Frente al potencial alcance internacional del evento, la gestión de Milei busca exhibir su capacidad para recibir mandatarios extranjeros de primer nivel y, a la vez, consolidar una imagen de impronta geopolítica renovada.

En el entorno de Milei, la noticia es interpretada como una ratificación del rumbo adoptado en política internacional. El mandatario argentino se ha manifestado públicamente como un aliado firme del Estado de Israel y, desde el inicio de su gestión, abundaron los gestos de acercamiento, incluyendo reuniones, manifestaciones públicas y participación activa en conmemoraciones relacionadas con el vínculo bilateral.

La prensa israelí, por su parte, dio cuenta de la importancia que Netanyahu atribuye a la gestión de Milei y al alineamiento público frente a la situación en Medio Oriente. Indicaron asimismo que el primer ministro mantiene abiertas todas las opciones para definir la modalidad de la visita y la duración de su estadía en suelo argentino.

En la actualidad, la producción audiovisual encuentra en los sucesos históricos un terreno fértil para la reflexión colectiva y la exploración creativa. Casos emblemáticos siguen resonando en la sociedad argentina y el formato de la ficción permite retomarlos desde nuevos enfoques, acercando a las audiencias una reconstrucción de los hechos y sus consecuencias.

A más de tres décadas del atentado ocurrido en Pasteur al 600, llega una nueva serie que explora las consecuencias sociales de aquel hecho, ofreciendo una nueva propuesta de suspenso y drama. Con una producción internacional y un elenco de múltiples países, el contenido ya se encuentra disponible para ver en streaming.

AMIA: el fin de la verdad es la nueva propuesta que se suma al catálogo de Flow. Se trata de una historia que parte del trágico suceso que marcó un antes y un después en la historia del país, recurriendo a la ficción para explorar las múltiples preguntas sin respuesta. La producción incluye material de archivo, reconstrucciones y un enfoque que busca resaltar la complejidad de interrogantes que a día de hoy no fueron resueltos.

Una producción que traspasó fronteras

El proyecto es fruto de la colaboración entre Dori Media, Yair Dori y la productora Cimarrón. El rodaje se desarrolló en Argentina y Uruguay para poder plasmar el paisaje urbano de la época y contó con actuaciones y un equipo técnico de múltiples nacionalidades. El guion se basa en acontecimientos que fueron documentados e integra una trama que entrecruza la acción y el suspenso.

El extenso elenco está conformado por intérpretes rioplatenses e israelíes. Michael Aloni le da vida a Diego, mientras que Malena Sánchez hace lo propio con Gisela. También, forman parte de la historia Alfonso Tort, César Bordón, Soledad Pelayo, Roberto Suárez y Jameel Khoury.

Bajo la dirección del cineasta uruguayo Guillermo Rocamora, galardonado con múltiples reconocimientos, la miniserie responde a una tendencia actual de producciones que se basan en hechos históricos de relevancia social mediante historias que combinan rigor documental y atractivo dramático.

Gracias a la coproducción entre diferentes compañías, la integración de recursos y miradas de distintas tradiciones audiovisuales se pudo plasmar en el ritmo narrativo y la impronta visual del contenido.

Archivo histórico y una narrativa de alto impacto visual

La historia presenta a Diego, integrante del Mossad, cuya vida cambia por completo tras la pérdida de su hermana en el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido en 1992. Junto a Gisela, se involucra en una investigación que se ve atravesada por servicios de inteligencia, disputas de poder, tráfico de armas y secretos de Estado.

El agente del servicio de inteligencia israelí y la periodista deben enfrentar momentos de incertidumbre que contrastan con su pasado familiar y los obligan a reflexionar sobre el concepto de identidad. La narrativa ágil y de alto impacto visual asegura una experiencia de inmersión total.

“AMIA: el fin de la verdad” aborda el funcionamiento de agencias de inteligencia y su rol en el atentado terrorista que sacudió a toda la Argentina. Con el impacto de la vida política y la construcción de la memoria social, la producción atraviesa escenarios que se vinculan tanto con la actualidad como con décadas pasadas.

El estreno se enmarca como una propuesta ambiciosa que tiene como objetivo realizar una reconstrucción contemporánea sobre lo que fue el trágico suceso y las consecuencias que dejó. Frente a interrogantes que permanecen abiertos y heridas que siguen vigentes, esta historia se convierte en una vía posible para acercar nuevas perspectivas sobre los hechos.

Disponible completa en Flow desde el 17 de julio, la miniserie también se presentó por televisión abierta al día siguiente. En el marco de un nuevo aniversario del atentado, se emitió por la pantalla de Telefe.

La Cámara Federal de Comodoro Py revisará la decisión del juez federal Daniel Rafecas de aplicar el juicio en ausencia para los 10 acusados del atentado terrorista a la AMIA, del que el viernes pasado se cumplieron 31 años. Para eso, el tribunal convocó a una audiencia para el próximo 8 de agosto.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la audiencia estaba prevista para el martes pasado, pero se postergó a pedido de la defensa oficial que representa a los acusados. La convocatoria es ante la apelación que hicieron algunas de las partes que objetan que se aplique el juicio en ausencia.

Así, se pasó para el 8 de agosto tras la feria judicial que comienza mañana y se extenderá por dos semanas. Las partes pueden pedir que la audiencia sea oral o presentar sus argumentos por escrito. Luego, ya quedarán en condiciones de resolver los jueces Mariano Llorens y Roberto Boico. El resto de los integrantes de la Cámara Federal están excusados de intervenir en el caso.

El atentado a la AMIA ocurrió la mañana del 18 de julio de 1994 cuando un coche bomba explotó en la sede de la mutual. Fueron asesinadas 85 personas y 151 fueron heridas. Por el hecho, 10 iraníes y libaneses están acusados de haber ordenado, planificado y financiado el atentado y desde 2006 tienen pedidos de captura internacional con alertas rojas de Interpol. Pero nunca fueron detenidos porque Irán no extradita a ciudadanos y cuando viajan por el mundo no son detenidos por razones geopolíticas o porque las alertas no se activan. Varios de ellos son funcionarios del régimen de ese país o tienen vínculos políticos estrechos.

Los 10 acusados son Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

El gobierno de Javier Milei presentó un proyecto que este año el Congreso Nacional convirtió en ley que reformó el Código Procesal Penal y permite permite juzgar en el país a acusados de delitos graves que no estén en el territorio. La norma se aplica para los delitos contemplados en el Estatuto de Roma, como los de terrorismo y de lesa humanidad, y en los casos donde los acusados estén prófugos de la causa hace cuatro meses, como los imputados del caso AMIA. La ley también les permite a los acusados presentarse durante o después del proceso para iniciar un nuevo juicio.

Cuando se aprobó la ley de juicio en ausencia, el abogado Tomás Farini Duggan, que representa a las papás de dos víctimas del atentado, y el titular de la Unidad Fiscal AMIA, Sebastián Basso, pidieron que se aplique esa figura a los acusados. Y a fines de junio pasado, el juez Rafecas aceptó los planteos y ordenó el juicio en ausencia.

“En muchos casos, especialmente en crímenes internacionales graves (genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad), los acusados son líderes militares o políticos con recursos para ocultarse o huir a países sin extradición. Sin la opción de un juicio en ausencia, estos individuos podrían permanecer prófugos indefinidamente y los casos podrían quedar paralizados, evitando ser juzgados, y privando a las víctimas de justicia”, consideró Rafecas en su resolución.

El juez también consideró que “los juicios en ausencia pueden ser vistos como una herramienta para reconocer los derechos de las víctimas y asegurar que los crímenes no queden impunes” y que “en muchos casos, las víctimas y sus familias esperan durante años un proceso judicial que les permita conocer la verdad y obtener una sentencia contra los responsables”.

“Como juez, no pierdo de vista que esta es una situación excepcional. Que declarar la apertura del proceso en ausencia es una decisión que se toma en un marco atípico, inédito incluso. Pero también sé que este tipo de decisiones no suprimen las garantías ni el debido proceso. El trámite seguirá teniendo sus etapas, sus exigencias, sus evaluaciones. Y cada una será una nueva oportunidad para controlar lo hecho, revisar lo que falta, exigir lo que no se cumplió”, concluyó Rafecas. Si el juicio en ausencia a los acusados del atentado a la AMIA sería la primera vez que ocurre en Argentina.

Las querellas del caso tuvieron opiniones distintas. La AMIA y la DAIA habían avalado el juicio en ausencia. Por su parte, la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), Memoria Activa y la Asociación 18J-Familiares y Amigos de las Víctimas en el Atentado a la AMIA y la defensa oficial que representa a los acusados se opusieron.

Una de las objeciones es que a la causa le faltan más pruebas -por ejemplo acceder y analizar a los archivos desclasificados de inteligencia- y que ya hubo juicios orales por el atentado en el que se determinaron irregularidades en la investigación o que terminaron los acusados absueltos. Uno de ellos fue el juicio a Carlos Telleldín, el reducidor de autos que estuvo 10 años preso acusado de haber entregado la camioneta que se usó como coche bomba en la AMIA sabiendo que se iba a utilizar para ese fin. Telleldín fue absuelto.

Ante el fallo que aplicó el juicio en ausencia, algunas partes apelaron lo que el mes que viene serán revisado por la Cámara Federal.

“Tenemos pruebas que nos permiten definir que el atentado de la AMIA se decidió en una reunión, un año antes, de un comité especial de las altas autoridades del régimen iraní, donde su cabeza, que es Jamenei, es líder político y religioso, decidió que se tenía que hacer en Argentina”, afirmó Basso, quien también indicó que la organización Hezbollah ejecutó la operación.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la tarde, que cuenta con la conducción de Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol. En este contexto, Basso profundizó sobre los documentos, la tecnología y los obstáculos judiciales que han marcado una investigación de más de 30 años.

El fiscal detalló: “La investigación viene desarrollándose hace más de 30 años y tenemos muchas certezas y todavía algunos puntos oscuros. Las certezas en la investigación llevaron a que la fiscalía pidiera, ya hace muchos años, la captura de varios imputados. Algunos de origen libanés y otros de origen iraní. Esas personas no fueron a juicio porque están en el exterior, no quieren presentarse en Argentina y el país no tiene capacidad de que esas personas sean convocadas por las fuerzas nacionales”.

Basso remarcó que sólo la sanción este año de la ley de juicio en ausencia permitió “destrabar en parte esa cuestión” y abrió la puerta a juzgar a los acusados internacionales sin su presencia física en el tribunal.

“Todavía tenemos que seguir investigando por otras personas que claramente participaron en el hecho y que todavía no fueron identificados. También arrojar luz sobre puntos que todavía no se han podido esclarecer. El paso del tiempo juega en contra sobre esas cuestiones”, explicó el fiscal.

El fiscal se refirió al recorrido judicial y los obstáculos en la causa: “La resolución que habilitó el juicio en ausencia fue recurrida a la Cámara y tiene que ser una cámara federal la que confirme o no la decisión del juez de habilitar el juicio. Si está de acuerdo con lo que dice la fiscalía, estaría en condiciones de pedir al juez de seguir avanzando con las instrucciones”.

“Desde la fiscalía tenemos la intención de que sea el año que viene el juicio, pero es una fecha probable, no podemos afirmarla ni depende solo de nosotros”, puntualizó Basso.

Sobre el desarrollo de los debates orales, Basso aclaró: “Quedó determinado que el atentado se hizo con un coche bomba, explotó una trafic que tenía cargado el material explosivo y quien la manejaba murió. Eso está determinado, no hay otra forma”. Sin embargo, sentenció: “Los únicos imputados en la historia fueron jueces, fiscales, policías y servicios de inteligencia que participaron al principio de la investigación”.

Profundizando sobre la dimensión internacional, Basso fue tajante: “Para la Justicia y para todo el mundo, Irán es el creador y artífice de que exista Hezbollah. Lo creó, lo financió y manipula. Todos estos tipos de atentados los hacen por orden de Irán”.

Apuntó que las pruebas acumuladas muestran que “el atentado de la AMIA se decidió en una reunión, un año antes, de un comité especial de las altas autoridades del régimen iraní” y vinculó directamente al líder supremo iraní, Ali Jamenei.

Sobre cómo continúa la investigación, después de tantos años, el fiscal dijo: “Lo que estamos haciendo ahora es recopilar esa información, analizarla y buscar nuevas miradas a la luz de los nuevos adelantos. Estamos aplicando la nueva tecnología y tratando de que haya una cooperación internacional”.

“Firmamos acuerdos de colaboración con otros países, recopilamos por ejemplo muchas pruebas de Brasil y Paraguay. Así supimos que en la triple frontera había una comunidad libanesa muy fuerte y existían integrantes de Hezbollah disimulados que vinieron a Buenos Aires a hacer el atentado”, agregó.

Sobre la ley de juicio en ausencia, el fiscal enfatizó: “Que se haga un juicio lo decidió el Congreso, o sea el pueblo argentino. A través de una ley se definió que se haga, por eso lo vamos a hacer. El juicio en ausencia permite una cierta reparación a las víctimas, no toda porque completa es recién cuando son efectivamente enjuiciadas presencialmente y condenadas. Es importante mostrar a la sociedad cuál fue la efectividad del Estado argentino”.

En cuanto a la entrega del acervo probatorio, el fiscal advirtió dificultades: “Se ha reclamado al Estado que sea más claro al aportar la documentación que tiene secreta. Nosotros estamos apreciando que puede llegar a haber documentación en otras oficinas del Estado que no están en nuestro poder que podría ser importante para la fiscalía”.

El rol de los servicios de inteligencia fue también motivo de análisis: “En cualquier atentado terrorista en cualquier parte del mundo, los que investigan son los servicios de inteligencia. No es que a Argentina se le ocurrió. En Argentina no siempre colaboraron los servicios de inteligencia con la justicia, entonces siempre fue problemático para trabajar juntos”.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Rodeado de la mayor parte de su Gabinete, Javier Milei llegó a la esquina de Pasteur y Tucumán minutos antes de las 9.53, el horario del toque de la sirena que conmemora todos los 18 de julio desde hace 31 años, el estallido de la bomba terrorista plantada por Hezbollá en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). No dijo una palabra en público durante el acto, que presenció parado en tono solemne junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el grueso de su gabinete. Aunque antes de entrar dijo a la prensa: “No vamos a parar hasta que se haga justicia”.

El año pasado, meses después de asumir, el jefe de Estado había participado del 30 aniversario del atentado. Pero entonces el Gobierno no había sido receptor de elogios directos y claros de parte de las autoridades de la institución. Esta mañana, en la voz de su presidente, Osvaldo Armoza, la AMIA le agradeció al Gobierno la postura de apoyo a Israel, sin medias tintas, en el conflicto con Hamas. “Celebramos que la República Argentina haya tomado la decisión de pararse en el lugar correcto de la historia. El apoyo expreso del gobierno nacional hacia Israel, particularmente en un momento tan dramático, es un ejemplo digno de ser reconocido”, dijo.

Milei, rodeado de los agentes de la Casa Militar y de sus ministros, escuchó con talante serio el discurso del dirigente de la mutual judía y los relatos de familiares de víctimas, canciones y rezos de homenaje, aunque no se lo vio llorar como en 2024. Se mantuvo en silencio todo el tiempo, excepto en su brevísimo contacto con los medios presentes al ingresar.

Como gesto de sintonía, el jefe de Estado llevó a buena parte de su equipo de gobierno. Estaban Guillermo Francos (jefe de Gabinete); Manuel Adorni (vocero presidencial); Luis Petri (ministro de Defensa); Patricia Bullrich (Seguridad); Mariano Cúneo Libarona (Justicia); y Mario Lugones (Salud). También el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert; y el secretario de Educación, Carlos Torrendel. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, que había estado en el anterior aniversario y desde entonces fue totalmente excluida del círculo del jefe de Estado, no se sumó a la recordación, a pesar de que había sido invitada. La justificación desde su entorno fue que tenía programado un viaje a Catamarca.

Presencia opositora

En el mismo espacio, más relegados, estuvo el opositor de izquierda, Juan Grabois (Patria Grande). Muy crítico de Israel, hoy fue la primera vez que el referente social participó del acto de conmemoración de la AMIA, no sin antes reiterar sus críticas al gobierno de Israel, a partir del bombardeo a una iglesia católica en Gaza.

“El gobierno criminal del Estado de Israel, en medio de los asesinatos masivos, bombardeó esa iglesia tan querida por Francisco, le quitaron la vida a un número indeterminado de personas e hirieron al padre Gabriel con quien nuestro Papa se comunicaba a diario”, dijo en su cuenta de X el aliado del kirchnerismo, al referirse a ataque que sufrió la parroquia que encabeza el cura argentino Romanelli. Antes del acto central, había participado del homenaje en Plaza Lavalle de Memoria Activa, la organización civil que busca justicia en la causa por la AMIA. Y luego del desayuno que se organizó en la sede de la mutual, donde también estuvo el ex secretario de Comercio de Cristina Kirchner y referente del peronismo de derecha, Guillermo Moreno (Principios y Valores). El ex candidato presidencial no quedó para el acto.

Como cada año, también participó el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, de quien los Milei se distanciaron a lo largo de los últimos meses, supuestamente ofendidos por la campaña “sucia” de PRO en la ciudad con el consultor catalán Antoni Gutiérrez Rubí, al punto de que el primer mandatario le retiró el saludo. Hoy tampoco hubo un contacto con el alcalde de PRO, que anoche había compartido en buenos términos con Francos el cocktail con gobernadores organizado por la Sociedad Rural por la inauguración de la Exposición Rural. Macri sí hablo con la prensa: dijo que “siguen exigiendo justicia y honrando la memoria de las víctimas”.

También estaban la diputada radical por Santa Fe, Carolina Losada, de relación oscilante con el oficialismo; la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal asesinado Alberto Nisman. La diputada de PRO y miembro activa, Sabrina Ajmechet, del círculo de Bullrich y cada vez más cercana a La Libertad Avanza, se ubicó cerca del Presidente y al finalizar el acto se le acercó para agradecerle; recibió un abrazo a la vista de todos de Milei, mientras saludaba a otros dirigentes y familiares.

Fotos: Maximiliano Luna

El fuerte mensaje marcó el tono de una ceremonia que estuvo atravesada por la exigencia de justicia y la denuncia de la impunidad persistente por episodios que son una herida abierta para la Argentina.

“Pasaron 31 años de una mañana que abrió las puertas a la noche más oscura. 31 años de un instante que cambió para siempre nuestras vidas y marcó con sangre inocente la historia de nuestro país”, comenzó Armoza su discurso, durante el acto central que se realizó en el mismo lugar donde ocurrió la tragedia, donde estuvo el presidente Javier Milei junto a los integrantes de su gabinete.

“Todos reunidos, una y otra vez en este mismo lugar, para que el silencio no se vuelva olvido, y la memoria no se reduzca sólo a una ceremonia”, apuntó Armoza.

Durante su alocución, el presidente de la AMIA reiteró la acusación que la comunidad judía argentina sostiene desde hace años: “Irán es el máximo responsable por el atentado que asesinó a 85 inocentes y dejó más de 300 heridos”, afirmó, y subrayó que la justicia argentina dictaminó la responsabilidad de las más altas autoridades iraníes en la planificación y ejecución del ataque, perpetrado a través de la organización terrorista Hezbollah. Según detalló, la investigación judicial fue avalada por Interpol, que mantiene vigentes las alertas rojas para la captura internacional de los acusados.

El año pasado, la Cámara Nacional de Casación Penal dictó un fallo que, en palabras de Armoza, “volvió a confirmar la responsabilidad de Irán y Hezbollah en los ataques terroristas de 1992 y 1994”. El dirigente remarcó que este veredicto no solo ratificó los motivos del atentado, sino que también explicó por qué Argentina fue elegida como blanco. “Es crucial aprender del pasado y que nuestras autoridades tomen medidas para que nunca más suceda. El terrorismo está más activo que nunca”, advirtió.

Entre los principales señalados por la justicia argentina figuran Mohsen Rabbani, ex agregado cultural de Irán, y Salman Raouf (El Reda), miembro de Hezbollah. Armoza reveló que Rabbani aún posee propiedades en Argentina, mientras que Raouf es buscado por Estados Unidos desde el año pasado. “Hacemos un llamado a nuestro gobierno y al de Estados Unidos para que trabajen juntos, y logren que ese asesino enfrente la ley”, reclamó. Además, exigió a la República del Líbano que entregue a sus ciudadanos para que sean juzgados, si realmente aspira a la paz.

Una advertencia por la región

La preocupación por la presencia iraní en la región fue uno de los ejes centrales del mensaje. “Nos sigue preocupando la infiltración iraní en Latinoamérica, que se expande ante la ausencia de una respuesta seria y firme de los gobiernos regionales”, alertó Armoza. Como ejemplo, mencionó el episodio del avión venezolano-iraní en 2022, cuya tripulación incluía altos oficiales iraníes y que, según el dirigente, “expuso las falencias de nuestro sistema de seguridad e inteligencia”. También cuestionó la reciente firma de un acuerdo militar entre Irán y Bolivia, que, a su juicio, “exige una inmediata reacción por parte de nuestras autoridades, incluyendo el refuerzo de los controles fronterizos”.

Armoza evocó el dictamen del fiscal Alberto Nisman de mayo de 2013, quien documentó la profundidad de la estructura terrorista montada por Irán y Hezbollah en numerosos países de América Latina. “El atentado contra la AMIA no puede ser comprendido como un hecho aislado. Debe entenderse a nivel regional, en el marco de una política sistemática de penetración, cuidadosamente articulada desde Teherán y ejecutada a través de una red clandestina, que actúa bajo coberturas diplomáticas, religiosas y culturales”, explicó. La amenaza, sostuvo, “está viva, activa y se adapta a las condiciones de cada época”.

En este contexto, el presidente de la AMIA reclamó una cooperación internacional “seria y sostenida”, basada en el intercambio de información, la prevención efectiva y el compromiso político. “Argentina, que ya sufrió dos atentados terroristas, tiene el derecho y la responsabilidad de impulsar esa alianza global contra el terrorismo. Debe insistir para que toda la región designe a Hezbollah como grupo terrorista, congele sus bienes e impida su crecimiento”, enfatizó.

A nivel local, Armoza consideró que el país necesita medidas adicionales. “Argentina debe designar a las Fuerzas Quds, Guardia Revolucionaria de Irán, como organización terrorista”, propuso, y reclamó capacitación para el Poder Judicial y la sanción de leyes modernas para combatir el terrorismo. “Argentina sigue con herramientas obsoletas y sin contar con una ley específica para prevenir y enfrentar este flagelo”, lamentó.

El reclamo de justicia ocupó un lugar central en el acto. En ese contexto, Armoza exigió respuestas concretas a las incógnitas que persisten después de 31 años: el origen y la obtención del explosivo, el lugar de armado de la camioneta-bomba, la identidad de quien la entregó a Carlos Telleldín, quién ingresó el vehículo al estacionamiento y quiénes integraron el grupo operativo final junto a El Reda. “Después de tanto tiempo, la incertidumbre en estos temas es INACEPTABLE”, subrayó.

El dirigente reclamó a los fiscales Basso y Miranda que agoten todos los recursos y exijan lo necesario a las autoridades políticas para esclarecer el caso. “No aceptamos más excusas ni dilaciones”, advirtió. También denunció las condiciones en las que se encuentra la documentación de la ex SIDE, ahora bajo custodia de la Fiscalía: “Es intolerable que toda la documentación que pertenecía a la SIDE, ahora bajo custodia de la Fiscalía, esté guardada en un edificio que no tiene las condiciones estructurales mínimas. Hablamos de contaminación de asbesto, inundaciones, peligros de derrumbe, aire tóxico y falta de ventilación”.

La crítica se extendió al fiscal Ouviña, a quien Armoza exigió que acelere y concrete su trabajo. “Su pasividad frente a la envergadura del trabajo que tiene por delante es inaceptable. Al ritmo en que avanza la revisión de esa documentación, pasarán otras tres décadas hasta que esa tarea pueda dar algún resultado”, advirtió. El reclamo incluyó al Procurador General de la Nación y a la Corte Suprema, a quienes pidió que resuelvan el recurso presentado por las querellas contra la absolución de Carlos Telleldín, el último tenedor conocido de la camioneta utilizada en el atentado. “Su absolución fue un nuevo golpe a nuestras expectativas. Ahora confiamos en que la Corte Suprema resuelva el caso como corresponde”, expresó.

La figura de Alberto Nisman ocupó un lugar destacado en el discurso. Armoza calificó como “otra vergüenza nacional” la impunidad en el asesinato del fiscal, cuya valentía y aportes a la investigación fueron reconocidos. “Su muerte, en oscuras circunstancias, también es una herida abierta”, afirmó. La pregunta dirigida a los responsables de la causa —“¿En esta causa también deberán pasar 30 años?”— se convirtió en uno de los momentos más tensos de la jornada.

En las últimas semanas, el juez Rafecas solicitó aplicar al caso AMIA la ley de juicio en ausencia, sancionada el año pasado por el Congreso Nacional. Armoza apoyó la decisión, aunque advirtió sobre la necesidad de cautela: “La experiencia nos ha enseñado que debemos ser cuidadosos y que todo avance dentro del proceso debe ceñirse a la más estricta legalidad. Confiamos que un futuro juicio oral, basado en pruebas concretas, demostrará al mundo entero la responsabilidad de Irán, de Hezbollah, y de quienes son fugitivos de la justicia argentina”.

El contexto internacional también fue abordado en el acto. Armoza se refirió al ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 y al aumento del antisemitismo a nivel global. “A partir del 7 de octubre de 2023, cuando los salvajes terroristas de Hamás ejecutaron el ataque más brutal e inhumano contra civiles, hemos visto un aumento alarmante del antisemitismo en todo el mundo”, señaló. Denunció que, lejos de provocar una condena unánime, el crimen fue relativizado, negado y hasta justificado en múltiples espacios, incluyendo universidades, redes sociales, medios de comunicación y parlamentos de países democráticos. “No hablamos de críticas a Israel, que son legítimas en cualquier democracia, sino de expresiones que celebran la violencia y que convierten la demonización de los judíos en una bandera ideológica”, explicó.

La situación de los rehenes en la Franja de Gaza también estuvo presente en el mensaje. “¿Cómo pueden olvidar que después de más de 640 días, todavía quedan 50 personas secuestradas en los túneles infernales de Hamás en la Franja de Gaza? No ha pasado un solo minuto en que NO pensemos en ellos. Exigimos una vez más su liberación para que puedan finalmente regresar a sus hogares”, reclamó Armoza.

En un pasaje destacado, el presidente de la AMIA valoró la postura del gobierno argentino en el escenario internacional: “Celebramos que la República Argentina haya tomado la decisión de pararse en el lugar correcto de la historia. El apoyo expreso del gobierno nacional hacia Israel, particularmente en un momento tan dramático, es un ejemplo digno de ser reconocido”, dijo, en alusión al respaldo oficial a Israel tras el ataque de Hamás.

El acto concluyó con un mensaje de resiliencia y compromiso. “Todavía no pudimos vencer a la impunidad, pero no nos derrotaron. No lograron callarnos. Seguiremos juntos y de pie. Porque en este lugar, hace 31 años, mataron a 85 personas judías y no judías. Argentinos y extranjeros. Chicos, jóvenes, adultos y mayores. Porque el terrorismo no discrimina. Pero también en este mismo lugar, hace 31 años, minutos después de la tragedia, se acercaron a ayudar: cientos de voluntarios, rescatistas y profesionales de la salud. Afortunadamente, la solidaridad tampoco discrimina”, evocó Armoza.

Sandra Arroyo Salgado, jueza federal y ex esposa de Alberto Nisman, valoró este jueves como “muy valiente” y “muy importante” la decisión judicial de citar a más de un centenar de militares en la causa en la que se investiga la muerte del fiscal. “Como familia del fiscal agradecemos, sin dudas va a contribuir y echa luz a lo que fue su asesinato”, afirmó Arroyo Salgado, subrayando la necesidad de que el caso avance tras casi una década de incertidumbre.

El fiscal federal Eduardo Taiano avanzó en las últimas horas con la citación de miembros de inteligencia militar que se desempeñaron durante el período kirchnerista. La decisión, según fuentes judiciales, se tomó a partir de información remitida por el Ministerio de Defensa y abarca soldados y oficiales —tanto militares como personal civil de inteligencia— que actuaron bajo las órdenes del entonces jefe del Ejército, César Milani. También serán convocados ex agentes de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y de otros organismos de seguridad nacional.

La Justicia intenta dimensionar el rol de los servicios de inteligencia y su conexión con la muerte de Nisman, ocurrida el 18 de enero de 2015, horas antes de que el fiscal formalizara ante el Congreso una denuncia por encubrimiento contra la entonces presidenta Cristina Kirchner. Según expedientes judiciales, la causa examina presuntas maniobras encubridoras y un intercambio inusual de llamadas entre agentes estatales, que para los investigadores adquiere relevancia para reconstruir los hechos de las últimas horas de vida de Nisman.

La jueza Arroyo Salgado recordó la reciente condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino “por la falta de esclarecimiento del atentado a la AMIA, que él (Nisman) se encontraba investigando, y por la cantidad de encubrimiento, irregularidades que rodearon lo concerniente a su investigación”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

Según la ex esposa del fiscal, la decisión de la Justicia argentina va en línea con las exigencias internacionales de transparencia: “Se ordenó la desclasificación de todos los archivos de la SIDE y destacó la importancia de que las víctimas del atentado puedan acceder a esa información”, agregó.

Las sospechas se centran en dos grandes grupos de inteligencia paradigmáticos para la política de ese período: los sectores alineados con Antonio “Jaime” Stiuso y aquellos encabezados por Fernando Pocino. De acuerdo con la Fiscalía, hubo numerosos cruces de llamadas la mañana del domingo 18 de enero de 2015, mientras el entorno del fiscal aún no confirmaba su muerte. El análisis de 45.000 comunicaciones y 500 abonados telefónicos —según la División Unidad Federal de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA)— exhibe el complejo entramado de interacciones entre agentes que habrían actuado en paralelo y en ocasiones en competencia.

De forma complementaria, la Justicia reactiva sumarios sobre la posible alteración de la escena del crimen en el departamento de Nisman, donde, según registros, ingresaron al menos medio centenar de personas de distintas áreas del gobierno nacional y judicial. Entre los imputados figuran el exsecretario de Seguridad Sergio Berni, el exjefe de la Policía Federal Román Di Santo, el extitular de la Prefectura Naval Luis Heiler y Darío Ruiz, entonces colaborador de Berni. A todos ellos se los investiga por supuesto incumplimiento de deberes y por no haber propuesto la debida conservación de pruebas.

El dictamen de la Gendarmería Nacional, que fue incorporado a la causa, sostiene que Nisman fue asesinado por al menos dos personas: “Lo redujeron mediante el uso de ketamina, una lo sostenía mientras la otra le disparaba en la cabeza”, señalan los peritajes sobre la posición del cuerpo, el patrón de las gotas de sangre y los rastros de droga detectados en dos análisis forenses. Según esa hipótesis, la escena fue preparada para simular un suicidio, descartando la presencia de un atacante externo, pero indicando la utilización de un “arma amiga” dentro del departamento.

En cuanto a la línea de investigación sobre la trama estatal, el expediente sigue bajo la dirección de Taiano, designado por el magistrado Julián Ercolini. El técnico informático Diego Lagomarsino se mantiene hasta hoy procesado como presunto partícipe del homicidio, tras haber declarado que Nisman le pidió un arma unos días antes de su muerte. Además, cuatro policías federales que ejercían funciones como custodios del fiscal están bajo pesquisa por su conducta en las horas previas y posteriores al hallazgo del cuerpo.

Bajo el lema “La impunidad sigue; el terrorismo también”, se lleva a cabo el acto central organizado en forma conjunta por la AMIA, la DAIA y los familiares de las víctimas, que comenzó con el sonido del shofar, a las 9:53, en Pasteur 633, en el horario en que se produjo la explosión en la sede de la mutual judía.

Milei arribó al lugar a las 9.29, acompañado por su hermana Karina, la secretaria general de la Presidencia. Lo esperaban, entre otros, el vocero Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia). Fueron aplaudidos.

También participan legisladores nacionales como, entre otros, Sabrina Ajmechet, Maximiliano Ferraro, Gerardo Milman y Karina Banfi. Lo mismo que dirigentes comunitarios como el actual presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, y el director ejecutivo de la entidad, Víctor Garelik.

A diferencia del año pasado, quien no está presente en la jornada es la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se encuentra de viaje y lo comunicó con anticipación a las autoridades de la mutual, según confirmaron fuentes a Infobae.

“Un atentado terrorista deja secuelas no solo en la víctima directa sino en su grupo familiar y la contención social es fundamental para transitar el largo camino hacia la Justicia. Desde el Senado de la Nación las puertas siempre abiertas para las víctimas del terrorismo y su lucha por el reconocimiento de los derechos humanos a la Verdad, la Justicia y la Reparación para todas ellas”, se manifestó Villarruel a través de las redes.

Unos minutos antes de la llegada de Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos realizó breves declaraciones. “Este año (el acto) lo vivimos tal vez con un poco más de serenidad porque finalmente ha comenzado el juicio contra los responsables del atentado, a partir de la ley del juicio en ausencia. Es increíble que 31 años después, todavía no hayamos podido tener una condena, pero da serenidad saber que el juicio ha comenzado”, señaló en declaraciones a TN.

“Se trabajó mucho en la investigación, se sabe quiénes son los responsables. Hoy tenemos la posibilidad de llegar al final en este investigación”, concluyó el coordinador de ministros.

El evento es conducido por Mariana Fabbiani, mientras que el orador central fue el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, junto a familiares de las víctimas. También se proyectó el video “Aniversario” con relatos del actor Ricardo Darín, en tanto que el espacio musical está a cargo de Germán “Tripa” Tripel.

El acto se realiza con la expectativa sobre el desarrollo del Juicio en Ausencia, ya que el juez Daniel Rafecas decidió utilizar ese sistema judicial con base en la ley sancionada por el Congreso en febrero de este año.

Rafecas resolvió el pasado 26 de junio que se llevará adelante un Juicio en Ausencia contra los diez acusados, exfuncionarios iraníes y miembros de Hezbollah que permanecen prófugos desde hace décadas.

La medida fue adoptada a pedido de la Unidad Fiscal AMIA y se fundamenta en la reciente sanción de la ley que habilita a avanzar en procesos penales cuando los imputados eluden sistemáticamente a la Justicia.

La hipótesis judicial del atentado del 18 de julio de 1994, que dejó como consecuencia 85 muertos y más de 150 heridos, sostiene que fue planificado por altos funcionarios del régimen iraní y ejecutado con el apoyo logístico y operativo de Hezbollah, tanto en la Argentina como en la zona de la Triple Frontera.

Esa resolución establece que los acusados fueron declarados en rebeldía hace años, están plenamente informados de su situación procesal y nunca respondieron a los reiterados pedidos de extradición.

La AMIA sostuvo en un comunicado que “declarado por la Justicia argentina como un ‘crimen de lesa humanidad’ y, por lo tanto, imprescriptible, el atentado del 18 de julio de 1994 supuso una grave violación a los derechos humanos”.

El Congreso de los Estados Unidos rindió homenaje ayer por primera vez a las 85 víctimas del atentado en el edificio Rayburn de la Cámara de Representantes, bajo la organización conjunta de la oficina del Presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, la Embajada Argentina en Washington y la AMIA.

En otra conmemoración histórica, también el Parlamento israelí, encabezado por su presidente, Amir Ohana, realizó por primera vez un acto oficial en homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA y expresó el respaldo de Israel a las víctimas y al pueblo argentino. Autoridades del gobierno israelí se reunieron, el lunes pasado, junto al embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, y al secretario general de la AMIA, Mario Sobol, para rendir tributo a los muertos.

Cómo será el acto por el 31° aniversario del atentado

En la conmemoración central frente a la mutual judía, junto al presidente de AMIA, tienen previsto hablar los familiares de las víctimas Alejandra Terranova (hija de Juan Carlos Terranova); Marcelo Alguea (hermano de Silvana Alguea de Rodríguez); César Vela Ramos (hermano de Juan y Eugenio Vela Ramos), y Sergio Ginsberg (hermano de José Enrique “Kuki” Ginsberg).

Al comienzo, Jennifer Dubín se referirá a que se cumplen 31 años de la masacre, la misma edad que tenía su papá, Norberto, al momento del atentado.

Los nombres de las 85 personas que fueron asesinadas serán leídos por Shai Avruj (sobrino de Cristian Degtiar), Belén Paladino (sobrina de Romina Ambar Luján Bolan), Estefanía Kupchik (hija de Luis) y Daniel Babenco (yerno de Esther Klin).

Acto seguido, colocarán flores y encenderán las velas en honor a la memoria de todos los fallecidos Jéssica Brikman (hermana de Emiliano Brikman), Sergio Knorpel (hijo de León Knorpel); Silvia Papuchado (prima de Ileana Mercovich); Mechi Pérez (hija de Roberto Pérez), y Agustín Bryden (sobrino nieto de Martin Figueroa).

“Los aniversarios más recordados tienen números redondos, 10, 20, 30, esos que parecen marcar un momento importante. ¿Quién conmemora los 14 años de algo? ¿Los 22? ¿Los 31?”, reza la pregunta disparador de Ricardo Darín, preparado para el acto de la jornada. “Pero eso no cambia nada. No es un aniversario de casamiento, como los que se dejaron de celebrar cuando explotó la bomba, ni el cumpleaños de un hijo, como los que pasaron de festejarse a recordarse”, interpela la voz, que volverá a escucharse en el ritual previsto para esta mañana.

En el marco de la reunión de ministros de Seguridad de las provincias y Nación, las organizaciones comunitarias y políticas judías de la Argentina encabezaron un emotivo homenaje a las víctimas del atentado terrorista a la sede de la AMIA, a 31 años del ataque criminal que dejó 85 muertos y cientos de heridos y damnificados.

El acto se llevó a cabo durante la Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior, que encabezó Patricia Bullrich, y sus colegas de las provincias y fue organizado conjuntamente por el Congreso Judío Latinoamericano (CJL), AMIA y DAIA.

La ministra Bullrich destacó que “el monitoreo y la prevención tienen que ser permanentes” y agregó que “en la víspera del aniversario del atentado a la AMIA, trabajamos sobre temas que nos permiten salir de las áreas de impunidad, como el juicio en ausencia”.

“Este fue un ataque contra nuestro país, y es nuestra responsabilidad prevenir para que no se repita”, consideró la funcionaria nacional. “Agradezco al CJL por acompañarnos, en nombre de todos los ministros y fuerzas de seguridad. Vamos a seguir trabajando en nuevas medidas de prevención del terrorismo en nuestro país”, agregó.

Por su parte, Claudio Epelman, director ejecutivo del CJL, destacó: “Valoramos que el Ministerio de Seguridad haya convocado al Consejo Federal para tratar el tema del terrorismo en una fecha tan significativa”.

“Que ministros de todas las provincias se hayan sumado demuestra un compromiso activo con la memoria y la prevención”. Además, remarcó que “la articulación entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado es un eslabón clave en la cadena de respuesta frente al terrorismo internacional”, manifestó.

El evento, que culminó ayer, contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, los ministros de Seguridad de las 24 provincias, los jefes de las fuerzas de seguridad federales, las policías provinciales y representantes del Congreso Judío Latinoamericano.

Durante la jornada, que se desarrolló a 31 años del atentado contra la AMIA, se abordaron temas vinculados a la prevención del terrorismo y se realizó un sentido homenaje a las víctimas del ataque contra la mutual judía.

El acto central

Bajo el lema “La impunidad sigue; el terrorismo también”, y con la convocatoria conjunta de AMIA, DAIA y Familiares de las Víctimas, el Acto Central está previsto que comience con el sonido de la sirena, a las 9:53, hora exacta en la que fue perpetrado el atentado terrorista frente a Pasteur 633.

Los oradores previstos son el presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, y los familiares de víctimas fatales Alejandra Terranova (hija de Juan Carlos Terranova); Marcelo Alguea (hermano de Silvana Alguea de Rodríguez); César Vela Ramos (hermano de Juan y Eugenio Vela Ramos), y Sergio Ginsberg (hermano de José Enrique “Kuki” Ginsberg).

“Los aniversarios más recordados tienen números redondos, 10, 20, 30, esos que parecen marcar un momento importante. ¿Quién conmemora los 14 años de algo? ¿Los 22? ¿Los 31?”. Con esta pregunta como disparador, y con la narración de la inconfundible voz de Ricardo Darín, comienza el emotivo video “Aniversarios”, que AMIA difundió, en sus redes sociales, para acompañar la convocatoria del acto de hoy.

“31 años no es un número redondo. No son 20. No son 30. “Pero eso no cambia nada. No es un aniversario de casamiento como los que se dejaron de celebrar cuando explotó la bomba, ni el cumpleaños de un hijo, como los que pasaron de festejarse a recordarse”, remarca el actor, al hacer referencia a este nuevo aniversario, que se vuelve a vivir en medio de la impunidad.

(Desde Washington, Estados Unidos) Un informe publicado por el Ministerio de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo de Israel denunció los vínculos operativos del jeque Abdul Karim Paz -imán de la mezquita At-Tauhid de Buenos Aires- con el régimen fundamentalista de Irán, que hace 31 años financió la voladura de la AMIA.

El dossier se titula “los tentáculos de Irán en América Latina: incitación al antisemitismo y sabotaje a la estabilidad de la región en Argentina”, tiene 13 fojas y describe las oscuras relaciones entre el imán Karim Paz y el gobierno de los ayatollahs.

La justicia federal argentina probó que Irán estuvo detrás del ataque a la AMIA, que ejecutó el ataque a través de la organización terrorista Hezbollah, y que tiene células dormidas en la Triple Frontera para operar cuando decida el líder religioso Ali Khamenei.

A su turno, el informe israelí asegura que Karim Paz, su esposa Roxana Elizabeth «Masuma» Assad, Edgardo Rubén Suhail Assad y “Sheikh Abdullah Sariya, todos vinculados al terrorista Moshen Rabbani que participó en el ataque a la AMIA, integrarían una célula en Buenos Aires que tiene como finalidad defender a Irán y difundir un constante mensaje antisemita.

A lo largo del dossier, el Ministerio de la Diáspora de Israel denuncia lo siguiente:

1. “Abdul Karim Paz, un jeque chiíta argentino que ejerce como imán en la mezquita «At-Tauhid» del barrio de Flores, Buenos Aires, mantiene estrechos vínculos con el régimen iraní y constituye un pilar fundamental en la difusión de la ideología iraní en Latinoamérica. Como parte de sus actividades, Paz dirige programas para reclutar activistas locales, acompaña a musulmanes conversos en sus viajes a Irán y fomenta su integración en la infraestructura religiosa y política iraní“.
2. “Paz está vinculado con canales de comunicación proiraníes, como Annur TV, que opera desde la misma dirección que la mezquita que él mismo dirige. El canal se usa para difundir un discurso antiisraelí sumamente agresivo y promueve contenido sesgado e incitador, que incluye claros signos de antisemitismo”.
3. “A principios de los años 90, Paz vivió durante cinco años en la ciudad de Qom, en Irán, donde estudió islam en el Instituto Cultural Oriente de la Universidad Al-Mustafa, bajo la dirección de Mohsen Rabbani”.
4. “Cabe señalar que Rabbani es una figura clave en el posicionamiento de Irán en América Latina y en Argentina en particular, habiendo ocupado el cargo de agregado cultural en la embajada de Irán en Argentina”.
5. “Él (Rabbani) fue quien introdujo la red terrorista de Hezbolá en los países de América del Sur y es acusado de haber planeado los atentados contra la embajada israelí en Buenos Aires en 1992 y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994″.
6. “En 2015, el fiscal argentino Alberto Nisman describió a Paz como «la mano derecha» de Rabbani.
7. Paz está casado con Roxana Elizabeth «Masuma» Assad, hija de inmigrantes libaneses y partidaria de Hezbolá, que estudió teología en la Universidad Al-Zahra, una universidad estatal para mujeres en la ciudad de Qom. En Argentina, fundó la Unión de Mujeres Musulmanas Argentinas (UMMA), que opera cerca de la mezquita At-Tauhid".
8. “Su hermano es Edgardo Rubén Suhail Assad, un ilustre alumno y discípulo de Rabbani, que trabajó durante muchos años como «agente no oficial» de Irán en América Latina y fundó más de veinte centros islámicos en el continente".
9. “Sheikh Abdullah Sariya, quien se graduó en la Universidad Al-Mustafa de Irán y lleva más de dos décadas promoviendo la ideología chiíta en América Latina, suele expresar opiniones radicales contra Israel, al que llama «un cáncer que hay que extirpar del mundo» y llama abiertamente a su destrucción".
10. “Sariya “publica contenido que incita al odio, entre otras cosas usando información falsa o manipulada, y presenta a Israel como un país que comete «crímenes de guerra» y «masacres diarios» contra civiles".
11. “Sariya fomenta la ideología chiíta y promueve la influencia del régimen iraní en la región. Lleva más de dos décadas trabajando como profesor de educación islámica y lectura del Corán en Buenos Aires y en centros islámicos de Chile, Perú, Bolivia y Colombia".
12. “Las actividades de Paz y Sariya, respaldadas por profundos vínculos con el régimen iraní, los convierten en actores clave en la campaña de incitación y deslegitimación de Israel en Sudamérica”.

En los últimos días, Irán inició una ofensiva diplomática contra la Argentina y Javier Milei. El régimen chiita presentó un informe en Naciones Unidas apuntando al presidente por su respaldo a Israel y su condena al ataque terrorista cometido por Hamas el 7 de octubre de 2023.

Como sucedió en los atentados a la embajada israelí, la AMIA y los kibbutz en el sur de Israel, Irán fue el organizador y financió su ejecución a través de sus proxies Hezbollah y Hamas.

A 31 años del ataque a la AMIA, Teherán sigue negando su responsabilidad política y criminal.

Agustina creció y empezó a conectar el relato familiar con lo que había pasado el 18 de julio de 1994 a las 9:53 de esa mañana de invierno. Alberto tenía una panadería en Uriburu 671, a la vuelta de la AMIA. Todas las mañanas hacía el recorrido para pasar a cobrarle a los bares que les proveía facturas para los desayunos.

Todos los días la misma rutina. Iba de bar en bar. Algún comentario sobre el clima, el partido de la noche anterior, mientras recibía el dinero y sumaba nuevos pedidos para el resto de la semana. Caminaba por Tucumán y doblaba en Pasteur. El ritual incluía pasar por el kiosko de su hijo Marcelo que quedaba justo frente a la AMIA. “Ese día mi abuelo hizo el recorrido habitual, pero no pudo completarlo”, relata Agustina. La bomba interrumpió el camino a pocos pasos del negocio.

Para recordarlo, la joven actriz le dedicó una canción de la serie Floricienta. “Te siento en ese beso que no fue/Te siento en las ausencias/Te siento en los escombros de este amor/Que me llenó de pena”, canta Agustina, mientras abre bien grandes sus ojos negros.

Testigo del horror

Marcelo escuchó el estruendo del coche bomba desde el interior de su kiosco. Era la hora en la que Alberto pasaba a saludar todos los días. Pero ese día no llegó. “Después del primer shock lo primero que hizo mi papá fue salir a la calle a buscarlo. Vio escenas de puro horror que el siempre contó con detalle. Enseguida un vecino lo llama y le dice que Alberto estaba herido. Tenía un fierro clavado en la espalda -relata Agustina-. Improvisaron una camilla y lo llevaron hasta el Hospital de Clínicas. Pero no sobrevivió”.

“Después de la explosión todo se puso naranja. Estaba detrás del mostrador y volaron todos los artículos del kiosco - cuenta Marcelo en un video producido por la AMIA-. Ese día no tuve tiempo ni para llorar a mi viejo por todo lo que había pasado”.

Marcelo mira fijo a la cámara y parece recordar cada segundo de ese día. “No sé como me salvé. No tuve ni un rasguño. Se clavaron decenas de vidrios en mi campera de cuero que la tenia en la silla. Yo estaba delante y no me pasó nada. La puerta del baño quedo toda rota, también. Y yo nada. Debo tener un Dios aparte”, admite el hombre.

“Enseguida me di cuenta que había sido una explosión. El olor me quedó impregnado muchos días. Era como algo parecido al amoníaco - continúa Marcelo-. Lo último que recuerdo de mi viejo es yo diciéndole que lo quería y el con la mirada me decía ´ya está, de esta no salgo´“.

Agustina recuerda que de chica, su abuela y su papá iban al acto que todos los años se hace frente a la AMIA para recordar los 85 muertos y más de 300 heridos que dejó el atentado. “Empecé a participar en forma activa hace dos años - cuenta la joven actriz-. Creo que lo mejor es el recuerdo a través del arte”.

Cuando Marcelo se enteró del video que había grabado Agustina se conmovió. “Es para él y también para el abuelo que no pude conocer”.

La tragedia que atraviesa a una familia

Tras el 18 de julio de 1994, la vida cambió para siempre para los Fernández. “Mi abuela se quedó en el recuerdo de su marido. El amor de su vida fue Alberto - explica Agustina-. Siguió un tiempo con la panadería”.

Muchos años después a Marcelo los médicos le diagnosticaron que era neurodivergente. “Mi papá eso le trajo mucho alivio, porque pudo saber la razón de algunos de sus comportamientos en cuanto a la sociabilidad - sostiene Agustina-. Puede ser que el impacto de la bomba lo haya detonado, pero eso no lo podemos confirmar”.

Alberto tenía dos hijos y en la familia el relato que circula siempre fue que tenía muchas ganas de ser abuelo de nietas. No pudo ser, porque lo mató la bomba de la AMIA.

Arte contra la violencia

Agustina recorre las fotos de su familia. “No son muchas. En esa época no había celulares con cámara”, dice. Los ve parecidos. Hoy Marcelo tiene la edad en la que murió Alberto.

“Mi papá, además, se parece bastante a mi abuelo en que los dos son resolutivos y buenos comerciantes”, explica.

Los Fernández tuvieron una panadería. Marcelo, además, manejaba el kiosco frente a la AMIA en el que solían comprar gaseosas y golosinas todos los empleados de la mutual. En la actualidad tiene una dietética en Palermo. “La puso en plena pandemia”, afirma Agustina y se sonríe.

Eso no es todo, a los 45 años Marcelo estudió para guardavidas. “Otra forma de salvar vidas”, sostiene.

“Te siento en el olvido/Te siento en el recuerdo/Te siento en cada parte/Te siento en todo el cuerpo”, canta la joven en el video. De fondo la joven se funde con imágenes de las víctimas y nueva fachada de la AMIA reconstruida luego de la explosión del 18 de julio de 1994.

El día que exploto la AMIA

El 18 de julio de 1994, una bomba destruyó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires. El atentado causó 85 muertos y alrededor de 300 heridos. Fue el mayor ataque terrorista en la historia argentina. Más de treinta años después, si bien la justicia identificó a los responsables y los organismos internacionales autorizaron sus búsquedas, no hubo hasta ahora proceso judicial efectivo contra los presuntos autores intelectuales y materiales, la mayoría funcionarios iraníes y ciudadanos libaneses vinculados con Hezbolá.

El reciente fallo firmado por el juez Rafecas responde a la reforma legislativa aprobada este año en el Congreso Nacional. Dicha reforma introdujo al Código Procesal Penal la figura del “juicio en ausencia”. Esto permitirá que acusados de delitos graves, prófugos por más de cuatro meses y fuera del territorio argentino, puedan ser juzgados sin estar presentes. Esta medida se considera aplicable a delitos definidos en el Estatuto de Roma, como terrorismo y crímenes de lesa humanidad, argumentos que el magistrado explicitó en una resolución judicial de 148 páginas.

Los diez acusados a quienes se aplicará este procedimiento son Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Varios de ellos ocupaban cargos en el gobierno iraní durante el atentado.

Irán, que niega cualquier participación tanto en el ataque como en la protección de los implicados, no autoriza la extradición de sus ciudadanos y ha rechazado que se los someta a interrogatorio.

La causa AMIA presenta, además de la particularidad de la ausencia de condenas a los presuntos responsables directos, el hecho de que sí hubo condenas firmes contra funcionarios judiciales y del gobierno argentino que intervinieron en los primeros años de investigación. El exjuez Juan José Galeano y varios fiscales fueron sentenciados por maniobras encubridoras, entre ellas el pago a testigos falsos para justificar la detención de policías argentinos como “conexión local” del atentado.

En la necesidad por captar la atención o de resumir conceptos complejos, los medios de comunicación globales abrazaron sin mucho razonamiento el título marketinero con el que el presidente Donald Trump bautizó la reciente escalada bélica entre Irán e Israel: la “Guerra de los 12 días”. Sin embargo, es una simplificación que puede distorsionar el sentido profundo de un conflicto que lleva más de cuatro décadas y media, y que también involucra a nuestro país.

El rigor de la historia nos obliga a hablar de la “Guerra de los 16.910 días” –o de las 2.415 semanas, o los 555 meses o los 46 años–, el tiempo que nos separa del 1º de abril de 1979, día de la proclamación de la República Islámica de Irán, en el marco de la revolución liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini, que mostró desde el primer día un discurso fanático y antisemita.

Las autoridades del régimen que se instaló en Teherán no han cesado de proclamar, desde entonces, la “muerte a Israel” y la destrucción de su población. El propio Jomeini se encargó de acuñar la expresión “Gran Satán”, para referirse a los Estados Unidos, y “Pequeño Satán”, para definir a Israel. Lo más dramático es que no se trata de meros eslóganes vacíos y carentes de sentido, sino que las autoridades de Teherán han llevado sus consignas a la práctica, a partir de la organización y la financiación de una red de grupos terroristas y de campañas de desestabilización en todo el mundo. Según Israel Fact Check, solo en la primera mitad de esta guerra extendida (entre 1979 y 2000), Irán financió y coordinó más de 130 atentados terroristas contra civiles israelíes en todo el mundo, incluyendo bombardeos en sinagogas y otros objetivos civiles .

Nuestro país lo sufrió en carne propia el 17 de marzo de 1992, cuando se atentó contra la Embajada de Israel en Argentina, y el 18 de julio de 1994, con el ataque a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en pleno centro de Buenos Aires. Hoy se conmemoran 31 años de este último atentado, que provocó la muerte de 85 personas. La Justicia argentina identificó claramente a sus responsables, entre los que se encuentran altos cargos del gobierno de la República Islámica de Irán, algunos de los cuales están aún hoy en funciones y gozan de total impunidad. Como hemos dicho en otras oportunidades, el atentado, planificado y ejecutado por un Estado nación y sus organizaciones terroristas que le responden, constituyó una clara violación de nuestra soberanía nacional.

Gracias a la reciente reforma del Código Procesal Penal de la Nación, los Tribunales argentinos tendrán ahora la oportunidad de juzgar a los responsables “en ausencia”, en el marco de la categorización de tales actos como “crímenes contra la humanidad”, en aplicación del artículo 7 del Estatuto de Roma. En ese marco, el juez federal Daniel Rafecas resolvió habilitar la apertura del juicio en ausencia contra los imputados declarados en rebeldía.

Es fundamental dejar en claro, como lo ha hecho reiteradamente el gobierno del Estado de Israel, que la responsabilidad de esta campaña de terror y del llamado a aniquilar a Israel recae enteramente en el régimen que gobierna Teherán desde 1979, y no en su población. La hermandad que une a persas y judíos data, al menos, de 2500 años: la propia Biblia da cuenta del papel que tuvo Ciro el Grande, fundador de la dinastía aqueménida, en la liberación del pueblo hebreo del yugo de Babilonia. Giuseppe Verdi inmortalizó ese acontecimiento histórico en su ópera Nabucco y en el célebre “Va, pensiero”, coro del tercer acto, que se ha convertido en un himno universal a la libertad.

Ese vínculo cercano se mantuvo intacto hasta 1979 y, de hecho, Persia fue destino de una gran diáspora judía a lo largo de los siglos. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y a partir de la fundación del Estado de Israel, los lazos con Teherán posibilitaron un notable intercambio cultural, un floreciente comercio bilateral y la cercanía entre sus poblaciones. Todo ello se cortó, de manera artificial, cuando un grupo de fundamentalistas tomó por asalto el poder en Irán y se encargó de inyectar el odio no solo en su población, sino en toda la región, eligiendo al Estado de Israel como chivo expiatorio y válvula de escape de sus fracasos a nivel interno.

Lo que sucedió después del 7 de octubre de 2023 es historia conocida. Han quedado probados los contactos entre el grupo terrorista Hamas y la Guardia Revolucionaria iraní, que se encargó en las últimas décadas de articular el denominado “eje de la resistencia”, con la participación de Hezbollah en el Líbano, el sostenimiento del sanguinario régimen de la familia Assad en Siria y las milicias hutíes en Yemen, entre otras organizaciones extremistas. La situación se deterioró a partir del 13 de abril de 2024, cuando el régimen de los ayatolás, de forma directa y no a través de sus brazos terroristas y acciones veladas, atacó por primera vez suelo israelí, al lanzar más de 200 drones y misiles contra la población civil de Tel Aviv y otros centros urbanos del país.

Cabe recordar, en el caso de Hamas, que su carta fundacional, que data de 1988, hace un llamado a la destrucción del Estado de Israel y convoca a los países árabes vecinos a que “abran sus fronteras a los muyahidines de las naciones árabes e islámicas para que puedan asumir su función y aunar esfuerzos con sus hermanos musulmanes de Palestina”, en una clara propagación del odio y el terrorismo contra el pueblo israelí. “Ante la usurpación de los judíos, es obligatorio izar la bandera de la Yihad”, sostienen estos fundamentalistas en su estatuto, en el que llaman a la guerra santa en la que todo parece estar justificado.

Las evidencias del enriquecimiento de uranio y el decidido objetivo de Irán de dotarse de armamento nuclear llevaron a la operación “León Ascendente”, llevada a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel, y, posteriormente, a la operación “Martillo de Medianoche”, ordenada por el gobierno de Estados Unidos. Fueron acciones dirigidas a descabezar la cúpula militar iraní y a neutralizar el peligro inminente de una bomba atómica en manos de un régimen que ha hecho de la destrucción de Israel su causa nacional y no ha cejado en sus planes desestabilizadores de toda la región, al apoyar y financiar a los rebeldes hutíes yemenitas contra Arabia Saudita y los Emiratos, y al atacar, en su última acción de venganza contra Washington, la base estadounidense de Al Udeid, en Qatar.

La respuesta de las autoridades de Teherán fue una campaña de terror contra la población civil de Israel: durante los doce días que duró esta última etapa del largo conflicto que describimos, Teherán lanzó 533 misiles, de los cuales solo 31 lograron impactar. Ejemplo de ese ensañamiento fue el ataque contra el Centro Médico Soroka, de Beersheba, que afortunadamente había sido evacuado previamente, y los bombardeos contra barrios residenciales en Ramat Gan y Holon –en el distrito de Tel Aviv–, así como contra la norteña ciudad de Haifa, entre otros objetivos totalmente alejados de cualquier infraestructura militar. También fue atacada la sede del prestigioso Instituto Weizmann de Ciencias en Rehovot, al sur de Tel Aviv, que se encuentra entre los diez principales centros de investigación del mundo y del que surgieron avances en los campos de la salud, la biología, la química, la física y las matemáticas. Lejos de dejarse vencer, a pocos días del bombardeo, científicos del Weizmann publicaron en la revista Nature los resultados de un estudio sobre la detección temprana de la leucemia. Una muestra más de la resiliencia israelí.

Al escribir estas líneas, todavía se encuentran cautivas en la franja de Gaza 50 personas, 49 de ellas tomadas como rehenes durante los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023. Las Fuerzas de Defensa israelíes consideran que 28 de ellas ya están muertas y el país reclama la devolución de sus cuerpos. Nuestro país se ha sumado, a partir de una firme decisión política del presidente Javier Milei, a la campaña internacional por la “liberación inmediata e incondicional” de los rehenes, entre los cuales figuran aún cuatro ciudadanos argentinos: Eitan Horn, los hermanos Ariel y David Cunio, y Lior Rudaeff, quien se presume que está muerto. No podemos olvidar, en ese contexto, el brutal asesinato en cautiverio de los hermanos Ariel y Kfir Bibas, y su madre Shiri, todos ellos de nacionalidad argentino-israelí.

En este nuevo aniversario del atentado a la AMIA, revisemos los hechos con perspectiva histórica y comprobemos cómo, a pesar de haber pasado 31 años, tienen total vigencia y actualidad. El reclamo para que las víctimas tengan por fin justicia no puede disociarse del contexto geopolítico que lo enmarca. La impunidad sigue siendo una herida abierta, no solo para los familiares, sino para la democracia argentina en su conjunto. La amenaza que representa el régimen iraní, lejos de haber disminuido, se ha expandido con nuevos rostros y estrategias, pero con la misma lógica de odio. Por eso, honrar a las víctimas también implica no claudicar en la búsqueda de verdad y justicia, y sostener una memoria activa que identifique con claridad a los responsables. Porque solo así podremos afirmar, como sociedad, que no hay lugar para el terrorismo internacional ni la impunidad en nuestro país.

Seis días después, la mañana del 18 de julio de 1994, Faiwel Dyjament se acercó a la bolsa de trabajo de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA): fue a dejar su currículum. Andrea —que era maestra jardinera y buscaba sumar ingresos— también estaba allí. Ambos fallecieron a las 9.53, cuando un coche bomba explotó frente al edificio. El atentado terrorista se cobró la vida de 85 personas y dejó 300 heridos.

Durante décadas, Sofía guardó en silencio aquella escena. Hace apenas unos días, la compartió públicamente en un video difundido por AMIA, como parte de la campaña “Historias que dan vida”, una iniciativa que invita a familiares de las víctimas a reconstruir pequeñas escenas cotidianas para mantener viva la memoria. “Desde que supe que ese señor también había muerto en el atentado, esta anécdota me quedó grabada. Pensé: ‘¿Cómo puede ser que dos personas que no se conocían, que hablaron de seguir apostando a la vida y de los sueños por cumplir, terminaron asesinados de esta manera?’. Me generó un impacto tremendo”, le dice a Infobae.

“Elegí contarlo ahora porque quería que se conociera. Con todo lo que nos ha sucedido, que ya es una cicatriz que se lleva dentro y que no tiene solución, comencé a preguntarme si alcancé a decir todo lo que quería. Y me acordé de esta anécdota. A veces se le da más visibilidad a los aniversarios redondos, como los diez, veinte o treinta años, pero este es el año 31, y yo también tengo 31 años más encima. A medida que pasa el tiempo, uno empieza a ver las cosas de otra manera. A Faiwel Dyjament lo conocimos de casualidad. Una vez alcancé a ver a su esposa, de lejos en un acto, pero no me acerqué. Después nunca más volví a verla y entendí que ya no quedaba nadie del entorno de este señor. Me da mucha tristeza cuando encuentro víctimas cuyos familiares no aparecen. Tal vez por eso también sentí que debía compartir esta historia”, agrega.

Sofía habla con una mezcla de calma y dulzura. No fue posible concretar una entrevista presencial: desde hace días sufre una inflamación en el nervio ciático, lo que ella llama “el síndrome del mes de julio”, una dolencia que se repite año tras año, cuando se acerca esta fecha. “Cada aniversario se siente un poco más. Me sucede a mí y a muchos de los familiares que estamos desde el principio: vemos que van pasando el tiempo, que se cumple otro aniversario, y que a nosotros nos queda otro año menos para seguir trabajando y pidiendo Justicia. No es pesimismo, pero hay que afrontar la realidad de que uno no es eterno”, dice.

Hoy, a los 84 años, sigue sosteniendo el mismo reclamo: que las víctimas tengan justicia. “A lo largo de estos 31 años no la hemos alcanzado, pero sí conseguimos construir una memoria colectiva muy importante”, asegura.

Todo está guardado en la memoria

El cuerpo de Andrea Guterman fue hallado una semana después del atentado. “La estuvimos buscando siete días —dice Sofía—. Recién apareció la séptima noche, junto con los que habían estado ese lunes en la bolsa de trabajo de la AMIA”, cuenta. Pasó un tiempo hasta que ella supo que Faiwel Dyjament había muerto en el ataque. “Volví al negocio y el dueño me contó que un empleado suyo había fallecido en el atentado. Ahí fue cuando hice la asociación”, explica.

Los Guterman procesaron el duelo a su manera. “Mi marido, desde el primer momento y hasta hoy, está muy enojado”, cuenta Sofía. Ella, en cambio, se dedicó a dar charlas en escuelas de todo el país. También escribió cinco libros —Más allá de la bomba, Del corazón al cielo, La gran mentira, En cada primavera renace la alegría de vivir y Detrás del vidrio—, todos dedicados a su hija Andrea. “Algunos fueron traducidos a otros idiomas; otros musicalizados”, cuenta. Sus textos, al igual que sus intervenciones, buscan ponerle rostro a la tragedia, rescatar las historias individuales detrás del número.

“En julio de 1995, un año después del atentado, AMIA publicó Sus nombres y sus rostros para homenajear a las víctimas. Yo me adueñé de esas historias y, en cada charla, les contaba a los chicos quiénes eran. ‘Ay, a mí también me gustaba esta comida’; ‘Ay, mi mamá se llama como se llamaba esta chica’, decían. De esa manera fui humanizando el número 85. Desapareció la cifra y empezaron a aparecer las personas”, relata.

Con años de docencia a cuestas, Sofía desarrolló recursos propios para captar la atención de los alumnos: “Cuando veía que un chico se movía mucho en la silla, me daba cuenta de que había que interesarlo más. Entonces, si estaba hablando en prosa, de repente les recitaba uno de mis poemas. Así captaba su atención. Incluso en escuelas con estudiantes difíciles, donde me advertían que podían levantarse e irse. De hecho, una vez hubo dos que se retiraron del aula. Pero cuando salí, uno vino corriendo y me metió un papel en el bolsillo. Con letras torcidas me escribió: ‘Te quiero’”.

A 31 años del ataque terrorista, Sofía cree que parte de su legado está ahí, en esas semillas sembradas en las generaciones más jóvenes. “Muchas veces me dicen: ‘¿No te das cuenta de todo lo que hiciste a lo largo de estos años?’. Posiblemente no. En parte sí. Por eso, cuando veo que la juventud hace actos la noche antes de cada 18 de julio, y que hay cada vez más jóvenes interviniendo, no solo acá, sino en distintos lugares del país, me produce satisfacción. Hasta ahora, nuestra única forma de justicia es la memoria. No tenemos otra justicia”, dice.

Siempre presente

Tras la muerte de su hija, Sofía decidió donar parte de sus pertenencias. “Como era maestra jardinera, todo lo que era de jardín de infantes, útiles para los chicos, se lo di a una compañera de ella”, cuenta. Otras cosas prefirió guardarlas: una flauta dulce y algunos dibujos. “Con esa flauta inventábamos canciones para niños porque Andrea, en sus ratos libres, también animaba cumpleaños infantiles”, dice. Los dibujos que su hija hacía para sus alumnos terminaron ilustrando la tapa de uno de sus libros, En cada primavera renace la alegría de vivir, que también fue traducido al inglés.

Las amigas de Andrea fueron y siguen siendo un pilar para Sofía y su marido. “Ellas siempre están cerca de nosotros. Incluso las que viven en Londres y en Miami”, cuenta. “Pero la mayor alegría la tuve el día que abrí la computadora y me apareció en Facebook una foto de Andrea con nenes de cuatro años en La Gotita de Agua, una guardería estatal donde trabajó. Ahí, un muchacho comentó: ‘El que se ríe con la boca abierta soy yo’. Después vino a visitarnos a casa. Ese encuentro fue miel para mi corazón. ‘Pasaron más de treinta años y aún la recuerda’, pensaba. De hecho, en la tumba de Andrea hay una placa que dejaron los nenes del jardín”, revela.

—¿Cuántos años tendría Andrea hoy?

—Se estaría preparando para cumplir 60 años, como todas sus amigas. Vos sabés que al principio, yo tenía un problema con los cumpleaños. No con los cumpleaños de las amigas de mi hija, sino con los cumpleaños en general. Cuando escuchaba que cantaban el “Feliz cumpleaños”, pensaba: “No saben la estafa que es la vida”. Desde que asesinaron a Andrea yo digo que a mí me destiñeron los colores. Es decir, los veo, los reconozco, pero no tienen la intensidad que tenían antes. Pasé muchos años sin entender por qué la gente se reía en la calle si yo tenía tanta tristeza. Pero el tiempo fue poniendo las cosas en su lugar. Uno tiene que acomodarse porque si no, no puede estar en sociedad.

—¿Pensás en ella cuando ves a sus amigas?

—Cuando las chicas empezaron a casarse y a quedar embarazadas, siempre estuve cerca de ellas: porque era amiga de las mamás o porque simplemente me hacía bien ver a las amigas de mi hija. Yo hago de cuenta que los hijos que tuvieron son mis nietos porque la vida no me dio la oportunidad de tener nietos propios. Creo que el hecho de haber sido testigo de toda la transformación que han atravesado a lo largo de la vida me da una pauta de cómo hubiese sido Andrea.

Aunque hayan pasado más de tres décadas, el reclamo de Sofía sigue intacto. “Lo que quisiera es ver justicia mientras estoy acá, mientras estoy viva. Y eso es lo que deseamos todos los familiares: que las víctimas tengan la justicia que se merecen. Personalmente, de la palabra esperanza me quedan muy pocas letras. Porque pasan los años, pasan los gobiernos y la justicia no llega. Ahora, se aprobó el juicio en ausencia para los acusados del atentado a la AMIA. Países como Francia e Italia lo tienen y, en causas que involucraban a jerarcas nazis, dio resultado. A 31 años sería una posibilidad de que esto lleve a un poco de justicia”, se despide Sofía.

—¿Qué pasó con la bolsa de caramelos de menta?

—Durante muchos años la conservé. Con mi marido nunca sacamos un solo caramelo del paquete. Para nosotros era como un simbolismo, el recuerdo de dos personas que no se conocían y que quedaron hermanadas en la muerte.

A pocos días de conmemorarse un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mantuvo un encuentro con referentes de la comunidad judía para abordar la preocupación internacional frente al incremento del antisemitismo y ratificar el compromiso de su gestión con la convivencia pacífica y el diálogo interreligioso.

La reunión se realizó en el marco del 31° aniversario del ataque ocurrido el 18 de julio de 1994, que dejó 85 personas muertas y más de 300 heridas.

Durante el encuentro, Macri subrayó la importancia de preservar los valores que históricamente han caracterizado a la Ciudad de Buenos Aires como un espacio plural e inclusivo.

En ese contexto, anunció que instruyó al secretario general y de relaciones internacionales del Gobierno porteño, Fulvio Pompeo, a impulsar políticas concretas que promuevan espacios de diálogo destinados a concientizar, generar mayor comprensión y combatir el antisemitismo en todas sus expresiones.

“Todo prejuicio anida en la falta de conocimiento. Como Ciudad que valora y preserva la libertad religiosa y la convivencia pacífica, tomamos nota y no miramos para otro lado frente a la creciente preocupación global. Nos expresamos en contra del antisemitismo y a favor de la pluralidad cultural y religiosa, avanzando en una acción concreta”, expresó Macri ante los presentes convocados.

El encuentro contó con la participación de figuras representativas de distintas organizaciones de la comunidad judía.

Estuvieron presentes el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela; el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, junto con su director ejecutivo, Víctor Garelik; el vicepresidente primero de la AMIA, Darío Curiel, y el gran rabino de dicha institución, Eliahu Hamra.

También asistieron representantes del Museo del Holocausto, entre ellos su director ejecutivo, Jonathan Karszenbaum.

Asimismo, el Congreso Judío Latinoamericano tuvo una participación destacada a través de su director ejecutivo, Claudio Epelman; el secretario general, Jorge Knoblovits, y el presidente del Consejo Político, Claudio Presman.

El jefe de gobierno de la Ciudad sostuvo que su administración asume la responsabilidad de luchar contra el antisemitismo y la discriminación.

“Asumimos con firmeza el compromiso de combatir todas las formas de antisemitismo, odio y discriminación, con hechos concretos y con políticas públicas”, aseguró.

Finalmente, confirmó su presencia en el acto oficial que se llevará a cabo este viernes para recordar a las víctimas del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA, un hecho que marcó profundamente a la sociedad argentina -sobre todo a la comunidad judía del país- y que, año tras año, vuelve a instalarse en la agenda pública.

Por primera vez, el Parlamento de Israel homenajeó a las víctimas del atentado a la AMIA

Un homenaje distinto se realizó esta semana en Israel. El lunes, diversas autoridades israelíes y latinoamericanas, junto al embajador argentino Axel Wahnish, participaron en el primer tributo oficial a las víctimas del ataque dentro del edificio del Parlamento, la Knesset.

El encuentro reunió a figuras clave como el presidente de la cámara legislativa, Amir Ohana, y al diputado Erez Malul, responsable del lazo con América Latina.

Entre los asistentes destacaron Mario Sobol, secretario general de la AMIA; el sobreviviente Javier Waldman; el Gran Rabino de Israel, Rav Kalman Ber; diplomáticos de la región y miembros de la comunidad argentina residente en Israel. También estuvo presente Amos Horn, hermano de Eitan, uno de los rehenes en manos de Hamas.

Durante el acto, Wahnish subrayó la relevancia histórica de la ceremonia. “Es profundamente conmovedor que, por primera vez en la historia, el Parlamento israelí abra sus puertas para recordar a las víctimas del atentado a la AMIA y renovar nuestro compromiso con la justicia. Esta ceremonia no sólo honra el pasado: es una declaración de principios hacia el futuro”, afirmó.

(Desde Washington, Estados Unidos) A pocos días del aniversario 31 del ataque terrorista a la AMIA, ejecutado por Hezbollah bajo las órdenes directas de Irán, el régimen chiita distribuyó un documento oficial en Naciones Unidas apuntando a Javier Milei y la Argentina por su apoyo a Israel durante la guerra que libró contra Teherán para destruir su iniciativa nuclear.

Irán es responsable por los atentados contra la embajada israelí en Buenos Aires, la sede de la AMIA y los ataques terroristas cometidos en Israel a principios de octubre de 2023.

En los casos de la Embajada de Israel y la AMIA, el régimen chiita utilizó a Hezbollah como proxy, mientras que para los ataques en Israel se apoyó en Hamas, una organización terrorista palestina que opera desde Gaza.

En todos estos casos, Milei respaldó a Israel y ratificó que Argentina será aliada incondicional de Jerusalén y Estados Unidos.

En este contexto, Milei apoyó la ofensiva israelí para destruir el proyecto nuclear de los ayatollahs, destinado a fabricar al menos 10 bombas nucleares.

“La Oficina del Presidente condena el vil ataque perpetrado por la República Islámica de Irán contra el Estado de Israel, mediante el lanzamiento masivo de misiles y drones dirigidos contra población civil", sostuvo un comunicado oficial en plena Guerra de los 12 Días.

Y días después de ese comunicado, Milei llamó por teléfono a Benjamín Netanyahu -premier israelí- para ratificar su respaldo a la ofensiva militar que había desplegado para enterrar la iniciativa atómica de Irán.

Cuando concluyó la Guerra de los 12 Días, Irán desplegó un movimiento diplomático en Naciones Unidas para cuestionar la ofensiva de Israel y Estados Unidos.

El regimen chiita que es responsable del ataque terrorista del 7 de octubre y que está violando todas las normas vigentes sobre armamento nuclear, se presentaba ante la ONU con un dossier que pretendía ocultar sus sistemáticas violaciones al derecho internacional.

Ese informe redactado en la cancillería iraní bajó las instrucciones del líder religioso Ali Khamenei fue distribuido en todas las representaciones extranjeras de las Naciones Unidas.

A la embajada de Argentina llegó una copia, que fue girada sin dilaciones al Palacio San Martín. Milei conoció el contenido del informe iraní, y ratificó en la intimidad de la Casa Rosada que no cambiará su posición frente a Irán.

Hoy un hubo una ceremonia oficial en el Capitolio de los Estados Unidos en tributo a las víctimas del ataque a la AMIA, y el embajador argentino Alejandro Oxenford leyó una carta del Presidente que reafirmó su perspectiva sobre el regimen chiita.

El dossier iraní se titula: “El descarado ataque al derecho internacional por parte del régimen israelí contra la República Islámica de Irán, desde el comienzo de la agresión de ese régimen el 13 de junio de 2025 - Informe inicial”.

El documento de Irán se divide por párrafos y fue escrito en inglés.

En el párrafo 92 se lee textual: “Otros países también han declarado su apoyo a las agresiones del régimen sionista contra Irán. Entre ellos se encuentran Canadá, Argentina, República Checa y Paraguay".

No es un hecho casual que en la nómina de países aparezcan Argentina y Paraguay. Milei y Santiago Peña -presidente paraguayo- fueron los dos únicos mandatarios de América Latina que viajaron a Israel para trasmitir su solidaridad ante los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023.

A continuación, en el párrafo 94, el regimen iraní apunta directamente al Presidente.

“El 13 de junio de 2025 (inició la Guerra de los 12 Días), el presidente de la República Argentina, Javier Milei, respaldó las acciones militares del régimen sionista contra Irán y condenó los ataques defensivos iraníes contra el régimen sionista, expresando su apoyo a las acciones militares previas de Israel".

La Cancillería no hará una réplica diplomática en la ONU, pero Milei ya decidió cómo contestará a la amenaza encubierta de Ali Khamenei.

El proximo 18 de julio, cuando se cumplan 31 años del ataque terrorista financiado por el regimen de los ayatollahs, concurrirá a la sede de la AMIA para recordar a los 85 inocentes que asesinó Hezbollah por orden de Irán.

(Desde Washington) En una ceremonia inédita en el Capitolio de Estados Unidos, se rindió homenaje a los 85 asesinados en el ataque a la AMIA, ejecutado por la organización terrorista Hezbollah bajo las órdenes directas de Irán.

La ceremonia fue encabezada por el embajador argentino Alejandro Oxenford junto al titular de la AMIA, Osvaldo Armoza, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Mast, el asesor legal del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, y el director ejecutivo de la AMIA, Daniel Pomerantz.

Oxenford agradeció la presencia de legisladores y representantes de la administración Trump, y a continuación leyó una carta enviada por Javier Milei.

“Inevitablemente, cada año, al comenzar julio y acercarse un nuevo aniversario de este atentado terrorista antisemita contra nuestra comunidad judía y contra toda la Argentina, nos invade una profunda emoción, que alcanza su punto álgido durante el acto central celebrado frente al edificio de la AMIA en la calle Pasteur de Buenos Aires”, escribió el presidente en la carta que leyó Oxenford.

Y añadió: “Pero más allá del dolor causado por este brutal ataque, hay una herida adicional: las más de tres décadas de impunidad que le han seguido. En ese tiempo, hemos visto todo tipo de maniobras que no han buscado la verdad ni han tenido como objetivo brindar a las familias, los sobrevivientes y la sociedad lo mínimo indispensable que nuestra democracia debe ofrecer, algo que, si bien no puede reparar el sufrimiento padecido, es, sin embargo, una exigencia innegociable: la justicia”.

Al concluir la carta, Milei recordó el ataque terrorista de Hamas a Israel en octubre de 2023, y la situación de cautiverio de los cuatro argentinos -tres vivos y uno muerto- que aún están secuestrados en los túneles de Gaza.

“Quiero recordar también a todas las víctimas del atentado perpetrado por la organización terrorista Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, así como a todos los rehenes, incluidos cuatro argentinos —Eitan Horn, David y Ariel Cuñio, y Lior Rudaeff— que permanecen en cautiverio inhumano junto con muchos otros, y cuya liberación inmediata e incondicional exigimos", sostiene la carta que leyó Oxenford.

A su turno, Osvaldo Armoza -titular de la AMIA- recordó el ataque terrorista que dejó 85 muertos y aún continúa sin presos ni condenados.

“En la causa AMIA, los poderes del Estado no lograron que los responsables materiales e intelectuales del atentado sean sometidos a proceso judicial, y cumplan una condena efectiva. Interpol ha establecido las alertas rojas sobre los acusados, pero continúan prófugos de la justicia de nuestro país”, afirmó Armoza.

El titular de la AMIA agregó que “a pocas semanas de haberse perpetrado el atentado del 18 de julio de 1994, la investigación judicial ya había establecido que la organización terrorista Hezbollah, con el apoyo de Irán, fueron los responsables”.

Y completo, mirando a la audiencia: “Lo reiteramos una vez más: la verdad en la causa AMIA está en el expediente. Lo que falta es justicia”.

En representación de Marco Rubio habló Reed Rubinstein, que es asesor legal del Secretario de Estado. Rubinstein hizo una referencia histórica a distintas ataques terroristas que sufrieron Estados Unidos, Argentina e Israel, y rescató la alianza estratégica entre Donald Trump y Javier Milei.

“Hay una sólida alianza entre Estados Unidos y la Argentina”, señaló Rubistein.

Daniel Pomerantz es director ejecutivo de la AMIA, y un sobreviviente del ataque financiado por Irán y ejecutado por Hezbollah. Salvó su vida por una reunión de trabajo, que estaba afuera de agenda.

Pomerantz recordó en el Capitolio de los Estados Unidos:

“ Y de repente: la bomba. Todos mis sentidos se alteraron: el ruido, los gritos, un fuerte olor que luego comprendimos que era el explosivo, la visión cegada por una nube de polvo. Sentí la necesidad de irme, lo cual hice por la parte trasera del edificio. Salté de tejado en tejado para terminar saliendo por una calle lateral. Parado frente al edificio y viendo la destrucción, las primeras víctimas, la gente corriendo.

El director ejecutivo de la AMIA continuó:

“Terrorismo. Lo mismo que dos años antes, en el atentado contra la embajada de Israel en Argentina.

Unos días después, pude entrar al edificio en ruinas y ver que mi oficina había sido destruida: esa insistencia en esa reunión sin importancia es la razón por la que estoy aquí frente a ustedes". aseguró Pomerantz.

Antes de concluir la ceremonia, se encendieron las velas en tributó a las víctimas de la AMIA. Un rito que se repite desde hace 31 años, cuando la muerte y la desolación impactó sobre la Argentina.

Sobre el final del emotivo acto, Brian Mast -presidente del Comité de Asuntos Exteriores-, ocupó el centro del escenario:

“En este momento, vivimos en un mundo en el que tenemos un constante repiqueteo en los medios de comunicación y en los campus universitarios, y en otros lugares, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, donde se busca constantemente una excusa para tratar de explicar por qué estaba bien matar judíos en el pasado, o por qué estará bien matar a un judío mañana”, señaló Mast.

Hubo un silencio cerrado que acompañó esta descripción exacta que hizo Mast para explicitar la ola antisemita que recorre al mundo.

El gobierno argentino está comprometido con la Causa AMIA, y ello explica que en la ceremonia estuvieran presentes Gerardo Díaz Bartolomé -cónsul en New York-, Marcelo Gilardoni -cónsul en Miami-, representantes oficiales en el BID y el Banco Mundial, asesores legislativos y agregados militares del país.

“Esta ceremonia en el Congreso no solo honra la memoria de las víctimas, sino que también refuerza el compromiso conjunto de nuestros países en la búsqueda de justicia, la defensa de los valores que compartimos, así como con el combate contra el terrorismo y el antisemitismo allí donde tenga lugar”. reflexionó el embajador Oxenford cuando concluyó el acto.

Este lunes, en el edificio de la Knesset, el Parlamento de Israel, diferentes autoridades del gobierno local, junto al embajador Axel Wahnish, se reunieron por primera vez un homenajear a las víctimas del atentado a la AMIA. Esta ceremonia se realizó a 31 años del ataque terrorista en Buenos Aires, donde también habrá un acto conmemorativo. Será el próximo viernes 18 de julio, en Pasteur 633, del cual participará el presidente Javier Milei, tal como confirmaron fuentes del Gobierno a Infobae.

La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Knesset, Amir Ohana y el diputado Erez Malul, responsable del vínculo con América Latina. Participaron también el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish -principal impulsor del homenaje-: el secretario general de la AMIA, Mario Sobol; el sobreviviente del atentado Javier Waldman; el Gran Rabino de Israel, Rav Kalman Ber; legisladores israelíes, diplomáticos latinoamericanos y miembros de la comunidad argentina en Israel. Entre los presentes estuvo también Amos Horn, hermano de Eitan, uno de los rehenes aún retenidos por Hamas.

Durante su intervención, el embajador Axel Wahnish remarcó la dimensión histórica de la ceremonia: “Es profundamente conmovedor que, por primera vez en la historia, el Parlamento israelí abra sus puertas para recordar a las víctimas del atentado a la AMIA y renovar nuestro compromiso con la justicia. Esta ceremonia no sólo honra el pasado: es una declaración de principios hacia el futuro”, afirmó.

Wahnish también estableció un nexo directo entre el ataque de 1994 y las amenazas actuales contra Israel: “El mismo régimen que planeó el atentado en Buenos Aires sigue hoy atacando a Israel. Algunos me dijeron ‘no mezcles los casos’, pero no es mezclar: es el mismo dolor, los mismos enemigos. Esta no es una pelea regional. Es una lucha global entre la vida y la muerte, entre la verdad y el terror”, expresó.

El embajador elogió la postura del presidente argentino Javier Milei frente al terrorismo y a la política internacional: “Mientras gran parte del mundo guarda silencio frente al terrorismo iraní, nuestro presidente ha elegido con valentía pararse del lado correcto de la historia. Hoy, Javier Milei es una figura de liderazgo moral en el mundo occidental”, sostuvo.

En esa línea, destacó la reciente aprobación de la ley que habilita los juicios en ausencia en Argentina como un paso decisivo:“Es un punto de inflexión después de décadas de impunidad. La Argentina ha pasado de pactar con los responsables a alinearse con quienes defienden la vida y la libertad”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Knesset, Amir Ohana, manifestó el respaldo de Israel a las víctimas y al pueblo argentino: “El pueblo judío y el Estado de Israel están con las víctimas del atentado, con sus familias, y con todo el pueblo argentino. El presidente Milei es, sin duda, el mejor amigo que Israel ha tenido en la historia de la Argentina”, aseguró.

El diputado Erez Malul sumó una reflexión sobre la resiliencia: “Los que atacaron la AMIA quisieron destruir, pero se equivocaron: el pueblo argentino y su comunidad judía se levantaron, reconstruyeron y siguen siendo un ejemplo de dignidad y resiliencia. Lo mismo ocurrirá ahora: nos volveremos a poner de pie, como lo hemos hecho siempre”, dijo.

Desde la AMIA, su secretario general Mario Sobol reiteró el pedido de justicia y condenó al régimen iraní: “Irán es una dictadura que sigue amenazando al pueblo judío. Hoy pedimos también la liberación inmediata de los secuestrados por Hamas. Celebramos que la Argentina, bajo el liderazgo del presidente Milei, haya decidido pararse sin titubeos del lado correcto”.

El sobreviviente Javier Waldman compartió su experiencia personal en el atentado: “Entre los escombros entendí que ese día algo había cambiado para siempre. La AMIA fue mi segundo hogar, y su destrucción marcó nuestras vidas. Por eso seguimos marchando, exigiendo justicia, recordando”, expresó.

El Gran Rabino de Israel, Kalman Ber, cerró el acto con una plegaria y una reflexión final: “Recordar a los caídos no es mirar hacia atrás, sino saber cómo avanzar. Hoy también debemos recordar a nuestros hermanos aún secuestrados en Gaza. Mientras ellos estén cautivos, nosotros no podemos sentirnos completamente libres”.

La ceremonia en la Knesset representó un hito en la memoria del atentado y en el fortalecimiento del vínculo entre Israel y Argentina, en torno a una consigna compartida: memoria, verdad y justicia.

Nuevo aniversario del atentado a la AMIA

Fuentes del gobierno le confirmaron a Infobae que Milei va a estar presente en el acto que se va a realizar el viernes en Buenos Aires. Además, se prevé que también vaya la vicepresidenta Victoria Villarruel, aunque no estarán juntos, tal como sucedió el año pasado.

“Los aniversarios más recordados tienen números redondos, 10, 20, 30, esos que parecen marcar un momento importante. ¿Quién conmemora los 14 años de algo? ¿Los 22? ¿Los 31?”. Con esta pregunta como disparador, y con la narración de la inconfundible voz del actor Ricardo Darín, comienza la nueva pieza audiovisual que la AMIA presentó para acompañar la convocatoria al Acto Central que se realizará el próximo viernes 18 de julio, a las 9:30, en Pasteur 633.

Bajo el lema “La impunidad sigue; el terrorismo también”, y con la convocatoria conjunta de AMIA, DAIA y Familiares de las Víctimas, el próximo viernes se volverá a rendir homenaje a las 85 personas asesinadas en el atentado perpetrado 31 años atrás.

El acto, en el que compartirán sus mensajes familiares de las víctimas fatales y hablará el presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, contará con la conducción de la presentadora Mariana Fabbiani, mientras que el artista Tripa (Germán Tripel) tendrá a su cargo el momento musical de la conmemoración.

“Sigue pasando el tiempo y continuamos sin ver avances en la investigación del peor atentado perpetrado por el terrorismo internacional en la Argentina”, manifestó el titular de la institución.

“Sabemos lo que pasó. La verdad en la causa AMIA está en el expediente. Lo que falta es justicia. No bajaremos los brazos hasta que los responsables por la masacre cumplan sus condenas, por el crimen de lesa humanidad que cometieron. Convocamos a toda la sociedad a hacerse presente el viernes 18, para acompañar a los familiares y para demostrar que, a pesar del paso del tiempo, seguimos de pie”, concluyó.

Qué cargos enfrentan los acusados que irán a juicio por el atentado a la AMIA

Diez iraníes y libaneses serán sometidos a un juicio en ausencia por el atentado a la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994, según determinó el juez federal Daniel Rafecas a fines de junio.

Entre los acusados hay miembros de la organización Hezbollah y funcionarios del régimen de la República Islámica de Irán, señalados por el auspicio institucional, logístico, financiero y político del plan terrorista que mató a 85 personas.

Todos los acusados fueron declarados “rebeldes” por la Justicia argentina, dado que no se presentaron o evadieron los requerimientos judiciales a pesar de conocer la existencia del proceso en su contra.

Uno por uno, quiénes son los acusados

• Alí Fallahijan: Quien se desempeñó como Ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán entre 1989 y 1997. La acusación lo señaló como el coordinador de los agentes de inteligencia iraní en el marco del atentado.
• Alí Akbar Velayati: Diplomático iraní, y Ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán entre 1981 y 1997. Se le atribuyó la provisión de cobertura diplomática para la operación.
• Mohsen Rezai: Comandante del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución entre 1993 y 1994. Se le imputó planificar operativamente el ataque junto a Ahmad Vahidi, a través del Pasdaran.
• Ahmad Vahidi: Comandante de la fuerza Al Quds, perteneciente al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución en 1993 y 1994. La acusación indicó su participación en la planificación operativa.
• Hadi Soleimanpour: Embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires en 1994. Se le adjudicó el encubrimiento y la facilitación desde la Embajada iraní en la capital argentina. Abandonó el país dieciocho días antes del atentado.
• Ahmad Reza Asghari (o Mohsen Randjbaran): Tercer Secretario de la Embajada de Irán en Argentina desde 1991 hasta 1994. Se le acusó de la gestión del correo diplomático y tareas de enlace. Salió del país solo diez días antes del ataque.
• Mohsen Rabbani (alias Khokat Al Aslam Muñan): Religioso y diplomático, se acreditó como Consejero Cultural de la Embajada de Irán en Argentina desde marzo de 1994 hasta mayo de 1998. Se le señaló como el diseñador y ejecutor de la logística local del atentado. Realizó gestiones bancarias, consultas sobre vehículos similares al utilizado y comunicaciones telefónicas sospechosas en los días previos al hecho.
• Salman Raouf Salman: Con pasaportes colombianos, la acusación lo vinculó a la coordinación de la fase final del atentado. Se le imputó coordinar el grupo operativo que llevó adelante la detonación.
• Abdallah Salman (también conocido como José El Reda, Manuel Gutiérrez, Salomons Abdalla, Abdallah Rammal y Abadía Ramal): Nacido en Líbano. Fue declarado rebelde en agosto de 2023. Como miembro de Hezbollah, habría asistido a Salman Raouf Salman.
• Hussein Mounir Mouzannar: Habría tenido el mismo rol que Abdallah Salman. También fue declarado rebelde en agosto de 2023.

El evento está previsto para el viernes 18 de julio a las 9:30 en Pasteur 633, la hora y el lugar del horror. Y sí, 31 años no es un número redondo, como lo recuerda Darín. Pero eso no lo hace más ni menos importante. “Eso no cambia nada. No es un aniversario de casamiento, como los que se dejaron de celebrar cuando explotó la bomba, ni el cumpleaños de un hijo, como los que pasaron de festejarse a recordarse”, dice el actor de El Eternauta en el video al aludir al atentado contra la sede de AMIA.

“El dolor no entiende de números. No necesita una cifra precisa para seguir estando. El dolor sabe de preguntas que no encuentran respuestas, de búsquedas eternas”, continúa Darín, que a lo largo de los años mostró su compromiso con el atentado a las ede de la mutual. “El dolor de sufrir un ataque más en Argentina, en nuestra propia casa y la impotencia de sentir que pasan los años y no pasa nada”, agrega, aludiendo a la impunidad que rodea la causa.

La masacre contra la AMIA, cuya realización la Justicia argentina atribuyó a Irán y miembros de Hezbollah, dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos. Ninguna persona fue condenada. En este panorama, y bajo el lema “La impunidad sigue; el terrorismo también”, AMIA, DAIA y Familiares de las Víctimas convocan a una nueva conmemoración en homenaje a las víctimas asesinadas en el atentado hace 31 años.

El acto incluirá mensajes de familiares de víctimas y una intervención del presidente de AMIA, Osvaldo Armoza. La conducción estará a cargo de Mariana Fabbiani y el momento musical será responsabilidad de Tripa (Germán Tripel). El evento se desarrollará frente a la sede de Pasteur 633, el lugar atacado en 1994, y buscará reunir nuevamente a quienes reclaman justicia y denuncian la impunidad que persiste.

“Sigue pasando el tiempo y continuamos sin ver avances en la investigación del peor atentado perpetrado por el terrorismo internacional en la Argentina”, expresó Armoza, a la hora de analizar los hechos que permanecen impunes. “Sabemos lo que pasó. La verdad en la causa AMIA está en el expediente. Lo que falta es justicia. No bajaremos los brazos hasta que los responsables por la masacre cumplan sus condenas, por el crimen de lesa humanidad que cometieron. Convocamos a toda la sociedad a hacerse presente el viernes 18, para acompañar a los familiares y para demostrar que, a pesar del paso del tiempo, seguimos de pie”, finalizó el presidente de la entidad.

El actor ya había colaborado en otras oportunidades con la AMIA para reforzar el pedido de Memoria y Justicia. Para el aniversario número 23 de la masacre de la calle Pasteur, la mutual judía lanzó el Libro de la Memoria, un video ideado por Elio Kapszuk y dirigido por Matías Bertilotti, con guión de Ana María Shua y música de Lito Vitale. que lo tuvo entre más de 60 actores y actrices.

Para los 26 años del atentado, Darín interpretó la frase del monólogo final de la película El Gran Dictador, de Charles Chaplin: “La codicia ha envenenado el alma, ha levantado barricadas de odio, nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas.”

Y para conmemorar los 30 años de la explosión, puso la voz en off de la obra “La silla vacía”, interpretada por familiares de víctimas del atentado, y se emocionó cuando la fue a ver al teatro de la sede de la AMIA.

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, anunció que la próxima semana se realizará por primera vez un homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA en el parlamento de ese país. El acto tendrá lugar a más de tres décadas del ataque terrorista en Buenos Aires.

“Fue un ataque terrorista perpetrado por Irán no solo contra la colectividad judía, sino contra todo el pueblo argentino, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos”, sostuvo el funcionario en referencia a la tragedia, de la que el próximo viernes 18 de julio se cumplirán 31 años.

En el posteo publicado en su cuenta de X, Wahnish explicó que participará del acto como representante del país, junto al presidente de la Knesset (el Parlamento israelí), Amir Ohana; ministros del gobierno y el “Gran Rabino Ashkenazí de Israel”, Rav Kalman Ber.

En esa línea, opinó que el homenaje no es solo un “gesto de memoria y justicia”, sino también una señal clara de la “profunda amistad” entre ambos países.

“Una relación que se ha fortalecido desde la llegada de nuestro presidente, Javier Milei, que ha tenido la valentía de poner a la Argentina del lado correcto de la historia, como un aliado firme del pueblo de Israel en tiempos en los que la amenaza terrorista iraní se hace cada vez más evidente. La Argentina seguirá exigiendo Justicia hasta que todos los responsables paguen por el crimen que cometieron”, agregó.

Qué cargos enfrentan los acusados que irán a juicio por el atentado a la AMIA

Diez iraníes y libaneses serán sometidos a un juicio en ausencia por el atentado a la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994, según determinó el juez federal Daniel Rafecas a fines de junio.

Entre los acusados hay miembros de la organización Hezbollah y funcionarios del régimen de la República Islámica de Irán, señalados por el auspicio institucional, logístico, financiero y político del plan terrorista que mató a 85 personas.

Todos los acusados fueron declarados “rebeldes” por la Justicia argentina, dado que no se presentaron o evadieron los requerimientos judiciales a pesar de conocer la existencia del proceso en su contra.

Uno por uno, quiénes son los acusados

• Alí Fallahijan: Quien se desempeñó como Ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán entre 1989 y 1997. La acusación lo señaló como el coordinador de los agentes de inteligencia iraní en el marco del atentado.
• Alí Akbar Velayati: Diplomático iraní, y Ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán entre 1981 y 1997. Se le atribuyó la provisión de cobertura diplomática para la operación.
• Mohsen Rezai: Comandante del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución entre 1993 y 1994. Se le imputó planificar operativamente el ataque junto a Ahmad Vahidi, a través del Pasdaran.
• Ahmad Vahidi: Comandante de la fuerza Al Quds, perteneciente al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución en 1993 y 1994. La acusación indicó su participación en la planificación operativa.
• Hadi Soleimanpour: Embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires en 1994. Se le adjudicó el encubrimiento y la facilitación desde la Embajada iraní en la capital argentina. Abandonó el país dieciocho días antes del atentado.
• Ahmad Reza Asghari (o Mohsen Randjbaran): Tercer Secretario de la Embajada de Irán en Argentina desde 1991 hasta 1994. Se le acusó de la gestión del correo diplomático y tareas de enlace. Salió del país solo diez días antes del ataque.
• Mohsen Rabbani (alias Khokat Al Aslam Muñan): Religioso y diplomático, se acreditó como Consejero Cultural de la Embajada de Irán en Argentina desde marzo de 1994 hasta mayo de 1998. Se le señaló como el diseñador y ejecutor de la logística local del atentado. Realizó gestiones bancarias, consultas sobre vehículos similares al utilizado y comunicaciones telefónicas sospechosas en los días previos al hecho.
• Salman Raouf Salman: Con pasaportes colombianos, la acusación lo vinculó a la coordinación de la fase final del atentado. Se le imputó coordinar el grupo operativo que llevó adelante la detonación.
• Abdallah Salman (también conocido como José El Reda, Manuel Gutiérrez, Salomons Abdalla, Abdallah Rammal y Abadía Ramal): Nacido en Líbano. Fue declarado rebelde en agosto de 2023. Como miembro de Hezbollah, habría asistido a Salman Raouf Salman.
• Hussein Mounir Mouzannar: Habría tenido el mismo rol que Abdallah Salman. También fue declarado rebelde en agosto de 2023.

En los tribunales de Comodoro Py 2002, el juez Daniel Rafecas reunió este jueves a las partes involucradas en la causa AMIA por la desclasificación de los archivos secretos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que podrían contener información relacionada con el atentado. El proceso de revisión de documentos viene demorado y, con el juicio en ausencia en camino, desde las querellas advirtieron que podrían perderse pruebas relevantes para llegar a la verdad. El Juzgado tomó medidas para acelerar la cuestión y prepara otras más, entre ellas una posible citación al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El problema comienza por las condiciones edilicias del Palacio Baralo, donde se almacenó toda la documentación de los espías que encontraron en esta sede y otras dos de las calles Estados Unidos y Salta. La infraestructura del lugar no permite analizar ahí mismo los archivos, por lo que la UFI-AMIA los traslada, con colaboración de Prefectura Naval, hacia las oficinas de la fiscalía.

Allí se escanea y digitaliza cada papel, cinta magnética o VHS, pero todo ese proceso “es lento y genera pérdidas de tiempo y recursos, que son escasos”, según definió en la audiencia de hoy el fiscal Pablo Ouviña, quien conduce el Área de Análisis de los documentos secretos.

Tampoco hubo buenas noticias de parte de la Unidad Especial AMIA -que depende del Ministerio de Justicia- sobre los avances en las refacciones del edificio Barolo. El funcionario que asistió en representación del organismo lamentó apenas haber podido enviar pedidos de cotización a dos empresas para arreglar el primer piso, donde debería ocurrir el análisis.

Ante la falta de progreso en ese frente, el juez Rafecas adelantó que citará al ministro Cúneo Libarona a la próxima reunión, o bien al secretario de Justicia, Sebastián Amerio, para imprimirle celeridad al asunto. El subrogante del Juzgado Federal N° 6 también decidió convocar a este tipo de audiencias cada tres meses, cuando hasta ahora se hacía una cada semestre y la última, de hecho, había sido en mayo de 2024.

Entre todo el conjunto de documentos de la SIDE hay desde pruebas que serán de máximo valor para el juicio hasta papeles con anotaciones totalmente irrelevantes. La mayoría de esos documentos no se conocen públicamente y su divulgación está prohibida, salvo algunos informes de los que se habilitó su publicidad.

En la audiencia, además, la UFI-AMIA confirmó que presentará tres informes nuevos con documentos desclasificados de la SIDE. Se trata de los casos “Trío”, “Kanoore Edul” y “Triple Frontera”.

El último, según pudo saber Infobae, es el de mayor peso por la complejidad y opacidad de los hechos investigados. Se espera que con su publicación se esclarezca la actividad que desarrollaron los espías del Estado en ese territorio, en el marco de las averiguaciones previas al atentado.

El caso “Trío” lleva ese nombre por la operación homónima que desplegó la Secretaría de Inteligencia para investigar en 1990 al “Testigo A” -empresario y espía que el diario La Nación identificó como Majid Parvas- y dos de sus socios.

Y el informe “Kanoore Edul”, por último, contendrá los archivos vinculados a este empresario, su familia y su entorno, quien había sido ligado a la “pista siria” y ahora tiene pendiente de resolución su sobreseimiento.

Si bien parte de esta información ya trascendió a partir de investigaciones periodísticas, hasta ahora no lo había hecho de forma integral y oficial el Ministerio Público Fiscal.

Reclamos de las querellas

Con el juicio en ausencia en el horizonte, las querellas demandaron finalizar de una vez con la desclasificación de archivos secretos: “Algunas cosas que antes eran tolerables, como la falta de recursos, hoy ya no lo son. La habilitación del juicio cambió el escenario, y por un lado se decidió avanzar por una autopista y por otro se va con un carro a caballo”, planteó el abogado Rodrigo Borda, de la asociación Memoria Activa.

En la misma línea, otros querellantes también se quejaron por el incumplimiento del decreto 213/2020, que ordenó hacer pública “toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado perpetrado contra la AMIA, su encubrimiento y demás delitos conexos”.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que preside el juez Jorge Gorini, no permite a las partes -según denunciaron- difundir el material de inteligencia que se trató en el juicio por el encubrimiento del atentado, en el que hubo ocho condenas y cinco absoluciones, entre estas la del ex presidente Carlos Menem.

Otro de los obstáculos que quieren superar los representantes de las víctimas antes del juicio es una incógnita que la SIDE no está ayudando a resolver: ¿en sus bases de datos hay más información vinculada al atentado de la que nunca se tuvo conocimiento?

Es que el año pasado el juez Rafecas, por pedido del fiscal Sebastián Basso, titular de la UFI-AMIA, había solicitado a la Secretaría de Inteligencia una búsqueda con términos específicos en sus sistemas.

En marzo de 2025 contestaron (sin confirmar que hayan buscado) que no hay más información de la que ya se entregó.

Rafecas respondió en duros términos: “Es claro que la contestación no da respuesta a lo que se le solicitó, ni cumple con la manda de la decisión judicial. Más aún, resulta una ironía la afirmación de haberse entregado toda la existencia de información” porque el contenido “carece de inventario”, dictó el mes pasado, en una de las últimas resoluciones que tiene la causa.

Aunque no prometió nada, el juez subrogante escuchó la sugerencia de uno de los querellantes: allanar las oficinas de la SIDE para incautar esa información que estarían ocultando. Otro no fue tan lejos, y pidió renovar el exhorto.

Aunque con matices, todas las querellas coinciden en la necesidad de revelar lo que esconden esos pasillos de carpetas y cajas acumuladas. “Estamos parados en el mismo lugar que cuando se llevó a juicio la causa por encubrimiento. Se hizo un juicio con todos los archivos cerrados. ¿Cuál fue el resultado? Todos los acusados de encubrimiento fueron absueltos”, planteó una de las abogadas de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia).

Y concluyó: “Hoy podemos ver en los documentos secretos que conocemos que si hubiéramos contado con esa información al momento del juicio por encubrimiento, si la hubiéramos podido hacer pública en ese momento, no estamos tan seguros de qué hubiera pasado con los encubridores”.

El Juzgado Federal N° 6 decidió en junio enviar a juicio a Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar, todos funcionarios iraníes y/o miembros de Hezbollah.

La acusación principal es por el delito de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y con el objetivo de causar sufrimiento por motivos raciales, religiosos u odio étnico.

Además, los imputaron por lesiones graves y gravísimas a las víctimas heridas, y daños agravados a los inmuebles y vehículos destruidos. También se incluyó la participación en una organización armada con el objetivo de imponer sus ideas por la fuerza, un delito con penas que van de 5 a 15 años de prisión.

El juez federal Daniel Rafecas declaró admisible este jueves el juicio en ausencia contra los 10 iraníes y libaneses acusados de haber planificado y ordenado el atentado terrorista a la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. Por primera vez desde su reciente aprobación, un órgano judicial resolvió aplicar este instituto jurídico pensado para no detener un proceso penal ante la rebeldía o fuga de el o los imputados de cometer delitos especialmente regulados en normas internacionales. En ese plano, ¿qué evaluó el magistrado para habilitar este trámite de carácter excepcional? ¿Qué tuvo en cuenta a la hora de considerarlo una herramienta válida y no una eventual vulneración de garantías contra los involucrados, tal como planteó en su momento el Ministerio Público de la Defensa?

La respuesta surge del “ámbito de aplicación” previsto en la ley 27.784, sancionada en marzo de este año y modificatoria de los dos sistemas de reglas “formales” que rigen actualmente en el país: el Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984, y el Código Procesal Penal Federal, vigente según ley 27.063.

En efecto, la norma que permitió continuar con un procedimiento judicial sin la presencia del imputado estableció que “será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investigue la comisión de delitos cometidos en el territorio nacional, o cuando sus efectos se produzcan en el mismo o en los lugares sometidos a su jurisdicción, o bien cuando se cometan en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo (...)”.

El 18 de julio de 1994, a las 9:53, una explosión destruyó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, situado en la calle Pasteur 633 del barrio porteño de Once. El ataque provocó el colapso de la sede, afectó las construcciones linderas y dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos. Producto de la pesquisa, se llegó a la conclusión de que las autoridades de Irán de entonces habrían adoptado la resolución de atacar la sede central judía, delegando su ejecución en la organización terrorista libanesa Hezbollah.

Otro de los requerimientos que fijó el nuevo régimen procesal hace foco en la clase de ilícitos que se intentan prevenir, investigar o sancionar: los contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional -genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra o de agresión-, y los que regula el artículo 2° de la Convención Interamericana contra el Terrorismo -atentados cometidos con bombas, financiación del terrorismo, entre otros-.

Más aún, junto a la configuración de alguna de estas situaciones, la normativa exige también que el imputado, ya declarado en rebeldía, no se presente, no responda, no acate o eluda los requerimientos de la autoridad judicial “aún conociendo la existencia del proceso en su contra”. Además, otra circunstancia que habilitaría el juicio en ausencia se da cuando se “hubieren hecho intentos razonables por tenerlo a derecho -al encausado-, con resultado infructuoso (...)”.

Según esa cláusula, se interpreta que se han gestionado intentos razonables si: “Transcurridos cuatro meses desde el dictado de una orden de captura nacional o internacional, el imputado no pudo ser hallado”. O si el pedido de extradición presentado por Argentina a un país extranjero “ha sido denegado o no ha tenido respuesta en el plazo establecido (...)”.

Así las cosas, y en el marco de la causa nº 8.566/96, el juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6 se expidió en un fallo de 148 páginas respecto al pedido presentado por Sebastián Basso, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación del Atentado a la sede de la AMIA, para darle cauce al “procedimiento ”in absentia” respecto de los 10 acusados.

De acuerdo a las actuaciones, se trata de Alí Fallahijan, ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán entre 1989 y 1997; Alí Akbar Velayati, ministro de Relaciones Exteriores iraní entre 1981 y 1997; Mohsen Rezai, ex comandante del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución; Ahmad Vahidi, ex comandante de la fuerza Al Quds perteneciente al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución al año 1993/1994; Hadi Soleimanpour, acreditado como embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires en 1994; Ahmad Reza Asghari, tercer secretario de la Embajada iraní en Argentina desde el 11 de julio de 1991 hasta el 23 de julio de 1994; Mohsen Rabbani, alias Khokat Al Aslam Muñan, religioso y diplomático con funciones como consejero Cultural de la Embajada de la República Islámica de Irán en Argentina desde el 3 de marzo de 1994 hasta el 19 de mayo de 1998; Salman Rauf Salman, apodado Samuel Salman el Reda, Salayman o Sulayman Rammal, con pasaporte colombiano; Abdallah Salman, conocido como José El Reda, nacido en 1970 en Bint Jbeil, El Líbano; y Hussein Mounir Mouzannar, con cédula de identidad paraguaya y posible residencia en El Líbano.

Al momento de evaluar los distintos recaudos de la ley promulgada el 7 de marzo pasado, el juez Rafecas explicó que “el conocimiento del proceso penal en curso por parte del imputado o el agotamiento de las acciones tendientes a la notificación de la existencia del proceso, constituyen el presupuesto esencial para la viabilidad del juicio en ausencia, conforme lo establece el artículo 431 quáter del Código Procesal Penal de la Nación”.

“Los elementos reunidos en autos permiten concluir, que todos los nombrados han tomado conocimiento de las imputaciones que pesan en su contra y de la existencia del proceso penal que los tiene como protagonistas. Este conocimiento no surge de meras presunciones sino de constancias objetivas y verificables, que reflejan un sostenido patrón de reacción institucional, diplomática y personal por parte de los imputados y del Estado al que pertenecen", señaló.

Luego remarcó: “debe destacarse que el atentado a la AMIA y el caso judicial ha sido objeto de una gran atención internacional. El proceso judicial ha recibido amplia cobertura en los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, incluyendo publicaciones en medios de prensa de la propia República Islámica de Irán (...). Esa exposición mediática internacional, combinada con el rango jerárquico que revestían -y, en algunos casos, aún revisten- los imputados dentro del aparato estatal iraní, torna inverosímil cualquier alegación de desconocimiento".

“Asimismo -continuó el magistrado-, la intervención directa del gobierno iraní en los procedimientos ante INTERPol constituye un indicio categórico del conocimiento del proceso. No puede pasarse por alto que dicho Estado efectuó presentaciones formales en sede de la Comisión de Control de Ficheros de Interpol, cuestionando la legalidad de las notificaciones rojas emitidas a solicitud de la justicia argentina. En ese contexto, varios imputados, como Fallahijan, Rezai y Rabbani, comparecieron o fueron representados (...), lo cual refuerza la conclusión de que conocían su situación procesal".

Además, destacó: “Esta participación estatal no se limitó a las acciones desarrolladas en INTERPol, si no que incluyeron negociaciones con las más altas autoridades del Ministerio de Relaciones Exterior de ambos países involucrados, al extremo tal de ensayarse un preacuerdo de cooperación, mundialmente conocido como Memorándum de Entendimiento, el cual si bien no llego a su definitiva operatividad, obtuvo un gran reconocimiento en la prensa nacional e internacional”.

El juez recordó que todos los imputados “han sido formalmente declarados rebeldes y prófugos de la Justicia argentina desde hace muchos años: en la mayoría de los casos desde el 1º de diciembre de 2006“. Consideró también los casos de Salman Raouf Salman, cuya declaración de rebeldía data del 13 de abril de 2010, y Abdallah Salman y Mouzannar, emitidas el 14 de agosto de 2023.

“Todas estas circunstancias, examinadas en su conjunto, excluyen toda posibilidad razonable de desconocimiento del proceso judicial. Por el contrario, permiten afirmar que los imputados adoptaron una conducta orientada deliberadamente a sustraerse de la acción de la justicia argentina, eludiendo comparecer en el proceso pese a su efectivo y demostrado conocimiento", aseveró Rafecas al dar por corroborado uno de los requisitos de procedencia.

Párrafos después, al avanzar sobre otro de los parámetros de la normativa, el magistrado dijo: “La reiteración, sistematicidad y amplitud de los esfuerzos desplegados por el Estado argentino para lograr la comparecencia de los acusados -tanto por vía policial como diplomática y judicial- configuran, sin lugar a duda, intentos razonables en los términos exigidos por el artículo 431 quáter. Frente a la actitud obstructiva de los imputados y la ausencia de cooperación efectiva de los Estados requeridos, resulta patente que el fracaso de dichos intentos no puede ser atribuido al Estado argentino, que ha obrado con la debida diligencia".

Y ponderó: “la totalidad de los acusados cuentan con órdenes de captura nacional e internacional dictadas por el juzgado interviniente desde el 1º de diciembre de 2006, vigentes hasta la fecha en forma interrumpidas, y sin que hasta la fecha ninguna de ellas haya sido ejecutada. La vigencia de esas medidas por casi dos décadas, sin que se haya logrado su cumplimiento, constituye en sí misma una manifestación de la imposibilidad práctica de someter a los imputados a la jurisdicción argentina, pese a los reiterados esfuerzos realizados por las autoridades nacionales".

Rafecas enumeró los pedidos de extradición enviados a Irán en 2006 (Fallahijan, Velayati, Rezai, Vahidi, Soleimanpour, Rabbani y Asghari), a Líbano en 2009 (Salman Raouf Salman) y en 2023 (Abdallah Salman y Mouzannar), dando por legítimos los “intentos razonables” e “infructuosos” para someter a los acusados al derecho argentino.

En ese contexto, insistió: “el Estado argentino sostuvo activamente las notificaciones rojas emitidas por INTERPol frente a los intentos de impugnación formulados por los imputados o sus representantes. En el año 2007, la Asamblea General de INTERPol ratificó por amplia mayoría la decisión de mantener tales alertas, lo que implicó un respaldo institucional de la comunidad internacional a los esfuerzos de la Argentina por someter a los acusados a la justicia (...). Dichas solicitudes de detención internacional, han sido renovadas periódicamente, conforme las normas de la organización".

La figura del juicio en ausencia, en rigor, se barajó en decenas de proyectos y durante años ha generado debates jurídicos con posiciones encontradas. Para este caso en particular, el titular de la Defensoría Pública Oficial en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, Hernán Silva, rechazó su aplicación en este proceso por considerar que afectaba garantías constitucionales y convencionales, tales como el derecho de defensa en juicio, inmediación y contradicción.

La introducción de esta herramienta técnica se concretó a raíz de un proyecto presentado el 12 de julio de 2024 por el Poder Ejecutivo. Llevó la firma de ese documento el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Guillermo Francos; el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y la titular de la cartera de Seguridad Patricia Bullrich.

En un mensaje dirigido al Congreso de la Nación con el fin de poner a consideración la propuesta legal, los firmantes habían planteado que la imposibilidad de “arribar a una decisión definitiva” cuando el imputado se encuentra ausente era “particularmente problemático en casos de graves violaciones a los derechos humanos ante los cuales la sociedad tiene un interés legítimo e irrenunciable en conocer la verdad”.

“Al respecto, se impone enfatizar que permanecen imborrables en la memoria los graves hechos de terrorismo sufridos en nuestro país, como fueron los casos de los atentados a la Embajada del Estado de Israel y a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrados el 17 de marzo de 1992 y el 18 de julio de 1994, respectivamente”, señalaron entonces los funcionarios tras precisar que existían regulaciones similares en países como España, Alemania, Austria e Italia.

Además, argumentaron que la iniciativa tenía como objetivo “honrar las obligaciones que el Estado Argentino asumió ante la comunidad internacional: asegurar el juzgamiento y eventual condena de graves hechos delictivos y que se garantice el derecho a la verdad (...)“.

La decisión tomada por el juez federal Daniel Rafecas fue considerada por el fiscal federal a cargo de la investigación, Sebastián Basso, como “un paso muy bueno”, y aseguró que “el responsable del atentado es Hezbollah, marioneta de Irán”.

En diálogo con radio Mitre, el funcionario judicial detalló que el próximo paso del proceso será notificar a todas las partes involucradas para saber si alguna defensa o querella decide apelar la resolución. En caso de que hubiera recursos, sostuvo, la Cámara Federal deberá evaluar si confirma o revoca el fallo.

El trabajo de la Fiscalía se centrará ahora en cerrar la instrucción respecto de los diez acusados vivos, con la expectativa de llegar lo antes posible a la instancia de debate oral. “El atentado lo hizo una organización de origen libanés que se llama Hezbollah. Ahora hay que hacer el contexto de quién es, cómo se financia, quién lo crea, quién lo maneja. Hezbollah es una marioneta del gobierno de Irán, un gobierno autocrático, dictatorial, donde siempre hay un líder que es una especie de líder que se autoadjudica también cuestiones religiosas y nada sucede sin que ese líder de la orden”, resaltó Basso.

Y agregó: “En este caso el líder, que se llama Alí Khamenei, que es exactamente el mismo desde el año 1989 hasta la fecha, la Fiscalía lo imputó a él porque la orden final, la decisión, la autorización para hacer el atentado la ha hecho el líder y por eso es que se le pide al juez Rafecas que también lo incluya en la lista de los acusados para que contra él se haga un juicio en Argentina”.

El fallo judicial

El fallo judicial, firmado por Rafecas, acepta la posibilidad de juzgar en rebeldía a los acusados que tengan pedido de captura internacional vigente y que residen en países cuyos gobiernos se niegan a concretar la extradición, como en el caso de Irán. La resolución se apoya en la Ley 27.272, promulgada en 2016, que permite la realización de juicios penales contra personas no presentes en el territorio nacional por delitos de lesa humanidad, terrorismo o graves violaciones a los derechos humanos. En el texto, se fundamenta que la falta de cooperación del Estado iraní y la vigencia de los pedidos de captura hacen viable, para evitar la impunidad, la aplicación de este recurso legal.

Este aspecto resultó central para las organizaciones de familiares de víctimas del atentado y para la sociedad civil, que durante años reclamaron medidas concretas en una causa plagada de obstáculos diplomáticos y políticos. El fallo establece que sólo serán juzgados quienes estén vivos y que el proceso se limitará a los que no estén privados de sus derechos por defunción.

El rol de Irán y la respuesta oficial argentina

La definición sobre el papel del régimen iraní mantiene centralidad en la investigación. Según la Fiscalía, la estructura de poder en Irán supone que ningún atentado de esta magnitud podría realizarse sin una decisión del líder supremo. Basso explicó que la orden final provino de la cúpula del gobierno iraní vigente en 1994, y que los actuales ocupantes de cargos podrían variar, pero la estructura política y de decisión se mantiene estable desde hace décadas.

El Gobierno argentino, a través del Ministerio de Justicia, celebró la resolución. El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, remarcó: “Gracias a la ley de Juicio en Ausencia que impulsamos, la Justicia ahora tiene las herramientas para juzgar a los acusados por el atentado en la AMIA”.

Y destacó, además, el alcance de la medida al considerar que, de este modo, “vamos a poder juzgar a los terroristas iraníes y libaneses de Hezbollah prófugos que planificaron y ejecutaron el peor atentado de nuestra historia, que dejó a 85 argentinos muertos y más de 150 heridos”.

La comunidad judía local y las agrupaciones de familiares también recibieron de manera favorable el avance. La AMIA y la DAIA destacaron la posibilidad de llevar a juicio a quienes se busca desde hace décadas, aunque advirtieron que el desafío del proceso será garantizar la transparencia y la legitimidad del procedimiento, habida cuenta del inédito formato.

Hasta ahora, la causa AMIA estuvo marcada por la falta de condenas y la imposibilidad de acceder a los acusados, situación agravada por la ausencia de cooperación del gobierno iraní. El juicio en ausencia —una modalidad existente en la legislación europea y en casos del derecho internacional vinculado a delitos de lesa humanidad— permite avanzar aún cuando los imputados no se encuentren presentes ni hayan sido extraditados. La resolución genera un antecedente para otras causas vinculadas a terrorismo internacional.

Los 10 acusados por el atentado son Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Tienen alerta roja de Interpol y pedido de captura internacional desde 2006, pero nunca fueron detenidos. Irán, el país de la mayoría de los imputados, no extradita a sus ciudadanos y cuando viajan por el mundo no son detenidos por razones geopolíticas o porque las alertas no se activan. Muchos son actualmente funcionarios del gobierno de Irán y otros lo fueron cuando ocurrió el atentado.

El Gobierno nacional destacó la decisión adoptada este mediodía por el juez federal Daniel Rafecas de poner en marcha el juicio en ausencia para los diez imputados por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), un hecho que marcó la historia argentina el 18 de julio de 1994. Según información oficial, la resolución responde a un pedido de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA (UFI AMIA) y habilita una instancia largamente reclamada por organizaciones de víctimas y familiares tras tres décadas sin respuestas judiciales sobre el ataque que dejó 85 muertos y más de 150 heridos.

El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, celebró públicamente el fallo judicial y remarcó la trascendencia de la nueva normativa que permitió avanzar en el expediente. “Gracias a la ley de Juicio en Ausencia que impulsamos, la Justicia ahora tiene las herramientas para juzgar a los acusados por el atentado en la AMIA”, expresó el funcionario. En sus declaraciones, destacó el alcance de la medida al considerar que, de este modo, “vamos a poder juzgar a los terroristas iraníes y libaneses de Hezbollah prófugos que planificaron y ejecutaron el peor atentado de nuestra historia, que dejó a 85 argentinos muertos y más de 150 heridos”.

La decisión del juez Rafecas constituye un giro de dimensiones en el expediente, ya que los principales sospechosos continúan fuera de la Argentina y, según la investigación oficial, no han comparecido ante la Justicia a pesar de los reiterados pedidos de captura internacional. La aplicación del juicio en ausencia, avalada por el marco legal recientemente reglamentado, posibilita que el proceso avance aun sin la presencia física de los acusados, una modalidad prevista para evitar que delitos de lesa humanidad o de terrorismo permanezcan sin castigo.

Por su parte, el Secretario de Justicia, Sebastián Amerio, consideró que la norma establece un precedente en la política criminal del país frente a crímenes sin prescripción. “La ley de Juicio en Ausencia evita que los crímenes queden impunes y, finalmente, le está dando justicia a los familiares de las víctimas después de más de 30 años de espera”, sostuvo el funcionario. Amerio recalcó que la herramienta legal fue diseñada para impedir que la falta de extradición o la negativa de otros países a entregar ciudadanos señalados como responsables impida el avance judicial local. “Cuando decimos que le estamos dando las herramientas a la Justicia para meter presos a los delincuentes, nos referimos a esto”, afirmó.

El respaldo del Ejecutivo a la labor judicial se da en medio de reclamos históricos de víctimas y organismos de derechos humanos que exigieron la implementación de procedimientos excepcionales para casos de terrorismo internacional. Las autoridades subrayaron que la introducción del juicio en ausencia responde a “una deuda pendiente del Estado argentino” en materia de memoria, verdad y justicia para los afectados por el atentado del 94.

La resolución difundida este jueves incluye la notificación internacional a través de canales diplomáticos y la intervención de organismos de cooperación policial, con el objetivo de garantizar las garantías procesales y el derecho de defensa de los acusados ausentes. Al mismo tiempo, la UFI AMIA avanzará con medidas probatorias para reconstruir los hechos y delimitar las responsabilidades individuales de los imputados del atentado.

La normativa habilita que, ante la incomparecencia injustificada de los sospechosos, el proceso penal se desarrolle con la designación de defensores oficiales y la producción de pruebas que permitan, eventualmente, dictar una sentencia sobre la responsabilidad en los hechos. Las fuentes judiciales señalaron que la resolución de Rafecas se fundamenta en tratados internacionales suscriptos por la Argentina y en la legislación local impulsada en los últimos meses a propuesta del Ministerio de Justicia.

El Gobierno nacional reiteró, en distintas comunicaciones, la voluntad de profundizar el combate contra el terrorismo y de fortalecer los mecanismos de cooperación internacional para llevar a juicio a los responsables de ataques masivos. La decisión es considerada un paso hacia el esclarecimiento definitivo del atentado a la AMIA, el cual permanece impune a más de tres décadas de haber ocurrido.

De acuerdo a la información difundida, el trámite judicial incluirá audiencias públicas, intercambio de documentación con organismos internacionales y la intervención de familiares y representantes de las víctimas, quienes manifestaron su apoyo a la aplicación del juicio en ausencia como una forma de acceder, finalmente, a una resolución judicial tras años de demora en las investigaciones.

La resolución adoptada por el juez Rafecas cumple con las exigencias del derecho internacional y garantiza el debido proceso, indicaron voceros judiciales, quienes anticiparon que los próximos pasos incluirán la citación formal de los acusados y la continuación de la investigación bajo las normas fijadas por la nueva legislación.

El anuncio de este jueves marca un hito en la causa AMIA, al abrir la posibilidad de que los mismos responsables señalados por la Justicia argentina enfrenten por primera vez un proceso formal, con independencia de su presencia física en los tribunales del país. Autoridades nacionales, familiares de las víctimas y organizaciones comunitarias seguirán de cerca el desarrollo de esta etapa, a la espera de avances concretos en la búsqueda de justicia.

La medida tomada por el juez Rafecas, solicitada por la UFI AMIA y avalada por el Ejecutivo, integra la lista de acciones impulsadas para erradicar la impunidad en crímenes de terrorismo, en un contexto regional en el que expertos advierten sobre la importancia de fortalecer la vigilancia y la cooperación internacional en materia penal.

La obra de teatro La silla vacía tendrá tres nuevas funciones para su segunda temporada en el auditorio de Pasteur 633. Las funciones están programadas para el domingo 29 de junio y los domingos 6 y 13 de julio, a las 19 horas.

Esta propuesta teatral, producida por AMIA, está protagonizada por Hugo Basiglio, Jennifer Dubín, Adrián Furman y Alejandra Terranova. Los cuatro son familiares de víctimas fatales del atentado del 18 de julio de 1994; y Adrián Furman sobrevivió al ataque.

La obra presenta una reconstrucción en escena basada en los testimonios de los protagonistas, que representan una parte de sus historias personales vinculadas al atentado.

La silla vacía se presentó por primera vez en el marco del 30° aniversario del ataque a la sede de AMIA de Pasteur 633, en 2024. La dramaturgia, a cargo de Sol Levinton, organiza los relatos de los familiares en función de la memoria de los hechos y el recuerdo de las víctimas. La iniciativa se inscribe en las acciones de memoria que lleva adelante la AMIA.

Las funciones son gratuitas y requieren reserva previa a través del sitio web oficial de la institución.

La amenaza de Irán contra el Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Embajador Rafael Grossi, es grave e inadmisible. Las declaraciones intimidatorias dirigidas de manera explícita por Ali Larijani, uno de los principales asesores del Líder Supremo Jamenei, se produjeron después de que el OIEA emitiera un informe independiente sobre el estado del programa nuclear iraní y el repetido rechazo de Teherán al acceso de los inspectores internacionales a instalaciones en las que se produce combustible nuclear. Una hostilidad, que pese a los esfuerzos diplomáticos del Director General del OIEA, no ha mostrado disposición para abandonar un programa de clara orientación militar.

El grave intento iraní de amedrentar al OIEA y de afectar la credibilidad del organismo en la verificación nuclear global, deja en evidencia las características agresivas del régimen iraní. En contraste, muestra el grado de liderazgo responsable del Embajador Grossi que ha logrado la reelección al frente del OIEA por aclamación además de haber demostrado una presencia técnica imparcial ante las complejidades que revisten las instalaciones nucleares en la guerra en Ucrania, valorada tanto por Kiev como por Moscú. También por actitudes incisivas en otras áreas geográficas críticas.

Frente a las amenazas de Irán, el carácter de máxima autoridad técnica de Naciones Unidas en materia nuclear le otorga la protección del paraguas de convenciones y tratados internacionales que regulan la seguridad del personal de la ONU y organismos especializados. Sin embargo, la nacionalidad argentina podría ser un factor de preocupación adicional debido a los antecedentes terroristas iraníes y el grado de tensión entre la Argentina e Irán en virtud de los ataques contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. También por la prioridad que revisten las relaciones diplomáticas de Buenos Aires con Washington y Jerusalén.

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha subrayado que todos los miembros de la ONU deben contribuir a que los funcionarios del organismo hagan sus tareas sin obstáculos y garantizar la seguridad del personal de la ONU conforme a lo estipulado por la Convención de 1946 sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas. También por la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado de 1994 y el Protocolo Facultativo del 2005 que establece, por ejemplo, que los Estados deben tomar medidas para proteger al personal de la ONU de ataques y amenazas.

Si bien las intimidaciones y campañas de desprestigio contra funcionarios de la ONU es una preocupación creciente, no deberían en ningún caso ser toleradas. Es de esperar que la comunidad internacional adopte actitudes firmes de rechazo a comportamientos que socavan los esfuerzos imparciales de Naciones Unidas en la promoción de la cooperación y la paz, en particular del OIEA que es el organismo clave para frenar la proliferación de armas nucleares y advertir sobre los riesgos clandestinos a las seguridades internacionales.

(Desde Jerusalén, Israel) Mañana soleada en Jerusalén. Escaso tránsito en las avenidas y poca gente en las calles. Israel está en guerra con Irán, y la tensión se respira en el aire. Se escuchan las ambulancias y las sirenas que anuncian la llegada de los misiles iraníes han dejado de sonar. Apenas un respiro, en un conflicto que recién se inició y tiene final abierto.

El embajador Axel Wahnish recibe al enviado de Infobae en la puerta de la residencia argentina en Israel. Se lo nota cansado, aunque no pierde el humor. Preparó una mesa con café armenio y unos pistachos. No pierde el tono diplomático, pese al clima oprobioso que desató la decisión de Irán de fabricar la bomba atómica.

Wahnish pasó los últimos cuatro días hablando con la Cancillería, con la Casa Rosada, con sus contactos privilegiados con la administración de Benjamín Netanyahu y con las distintas agencias de viajes que desde hace meses se encuentran al borde de la extinción.

Hay más de 300 argentinos varados en Israel como consecuencia de la guerra con Irán, y es su prioridad abrir un canal que permita repatriarlos a todos. El conflicto bélico fue inesperado, y el contingente argentino sueña con regresar cuanto antes.

“Estamos planificando y viendo todas las opciones y alternativas para que, dado el caso en conjunto con la Cancillería israelí, poder activar el plan para repatriar a los argentinos”, adelantó Wahnish a Infobae.

Y añadió: “La Cancillería israelí nos está diciendo que lo menos riesgoso es quedarse. Yo no puedo asumir ningún riesgo. Entonces yo les digo a todos mira, mi función es orientarte, ayudarte, acompañarte, pero vos tenés que saber y esto se lo digo a cada uno, que el que toma la decisión sos vos, bajo tu responsabilidad”.

En marzo de 1992 y en julio de 1994, la organización terrorista Hezbollah cometió dos ataques contra la embajada israelí en Buenos Aires y la sede de la AMIA.

Hezbollah es un proxy de Irán, y la Argentina con el gobierno de Javier Milei tiene un vínculo geopolítico con Israel.

Milei durante su última visita a Jerusalén ha defendido el derecho del estado israelí de avanzar contra Irán por su respaldo sistemático al terrorismo global.

-Argentina está haciendo lo correcto moralmente. Acá el valor es alinearse con las ideas de la libertad y la democracia, y combatir el terrorismo y la intolerancia social, religiosa, incluido el antisemitismo-, aseguró Wahnish durante la entrevista con Infobae.

-¿Pero no existe el temor de que, por el alineamiento geopolítico, Argentina sufra un tercer ataque?

-Sí. Todo el mundo puede sufrir un ataque. Y de hecho, el mundo está sufriendo muchos ataques de terrorismo.

-Es decir: ¿usted no descarta un tercer atentado terrorista en la Argentina?

-Yo creo que ningún país del mundo puede descartar que vaya a haber un ataque.

-Incluida a la Argentina...

-Ningún país del mundo. Hoy en día hay una guerra global, no es una guerra global concreta de Argentina.

A continuación, el reportaje exclusivo que el embajador Wahnish concedió a Infobae:

-A partir de que inició la guerra entre Israel e Irán, ¿cuántos argentinos quedaron varados acá?

-Lo primero que hicimos fue armar un link con un Google doc y pedimos que todo argentino, ciudadano argentino, que necesitaba cualquier tipo de ayuda o que haya quedado varado, que por favor se inscriba. Subí la lista y de golpe se anotaron 326.

-¿Hay 326 argentinos que vinieron a Israel por distintos motivos? ¿Académicos, turísticos?

-Sí. Muchos vinieron a hacer voluntariado. Muchos vinieron a hacer capacitaciones. Y entonces de esos trescientos veintiseis ya se están yendo muchos. Yo estoy dando apoyo, digamos oficialmente como Embajada. Yo todavía no me puedo hacer cargo o responsable de repatriarlos.

-¿Por qué no?

-Porque la indicación hoy oficial del Gobierno, es que cada uno se quede en su casa donde está cerca de un refugio.

-¿Pero el gobierno está diseñando un mecanismo para que se vayan los varados cuando estén autorizados por las autoridades israelíes?

-Sí. La Cancillería israelí nos está diciendo que lo menos riesgoso es quedarse. Yo no puedo asumir ningún riesgo. Entonces yo les digo a todos mira, mi función es orientarte, ayudarte, acompañarte, pero vos tenés que saber y esto se lo digo a cada uno, que el que toma la decisión sos vos, bajo tu responsabilidad.

-¿Si se quieren ir por las suyas, sin la Embajada de la Argentina, se pueden ir?

-Sí, cien por ciento.

-Y si no, la embajada argentina los puede ayudar...

-Estamos estudiando todas las posibilidades de repatriación.

-¿Sería esta semana?

-Futurología. No lo sé.

-Cuándo los repatríen, ¿eso corre por cuenta del Estado argentino?

-La decisión no está tomada, pero cuando se hicieron las repatriaciones en la pandemia y después del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, fue sin costo. Se hizo cargo la Argentina.

-¿Cuál es su análisis respecto a la guerra entre Israel e Irán?

-Israel con Irán tenía buenas relaciones, pero en 1979 cambia el régimen, cuyo leitmotiv es muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. Para ellos el gran Satán es Estados Unidos y el pequeño Satán es Israel. Irán tiene como objetivo borrar Israel del mapa, no tolera la existencia de un Estado israelí.

-¿Si las diferencias vienen desde 1979, por qué ahora se define el ataque?

-Según las fuentes muy sólidas de Israel, en seis meses, ellos concluían nueve bombas atómicas.

-La guerra que se está viviendo ahora en Medio Oriente entre Israel e Irán, ¿es un conflicto para evitar que Irán complete el proceso para la fabricación de las bombas atómicas, o es una guerra para terminar con el gobierno iraní?

-Este es un ataque preventivo frente a la posible destrucción del Estado de Israel, porque Irán iba a ser una potencia nuclear en seis meses.

-¿Cómo puede afectar la guerra de Israel con Irán a la Argentina, asumiendo que ya sufrió dos ataques terroristas y el presidente Javier Milei reconoció el derecho de defensa del estado israelí frente a los sistemáticos ataques terroristas ejecutados por Teherán?

-Argentina está haciendo lo correcto moralmente. Acá el valor es alinearse con las ideas de la libertad y la democracia, y combatir el terrorismo y la intolerancia social, religiosa, incluido antisemitismo.

-¿Pero no existe el temor de que por el alineamiento geopolítico, Argentina sufra un tercer ataque?

-Sí. Todo el mundo puede sufrir un ataque. Y de hecho, el mundo está sufriendo muchos ataques de terrorismo.

-Es decir: ¿usted no descarta un tercer atentado terrorista en la Argentina?

-Yo creo que ningún país del mundo no puede descartar que vaya a haber un ataque.

-Incluida a la Argentina...

-Ningún país del mundo. Hoy en día hay una guerra global.

-¿Para qué sirve el Memorando entre Argentina e Israel que se materializó durante la visita de Javier Milei a Jerusalén?

-Es un proyecto concreto que se vincula a la educación, a la lucha contra el antisemitismo, al capital humano, y a la seguridad nacional, por ejemplo.

-¿Y cuándo se empieza a aplicar?

-Ya.

-No se trabará por la guerra.

-No. De ninguna manera.

Ahmad Vahidi fue designado provisoriamente como jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán tras la muerte de Hossein Salami, abatido durante ataques israelíes contra el régimen persa.

Su nombramiento, reflejado por el gobierno argentino, se da en un momento de alta tensión regional y genera repercusiones internacionales por su historial y la gravedad de las acusaciones que enfrenta, entre ellas, su participación en el atentado a la AMIA en Buenos Aires.

Vahidi, de 66 años, nació en la histórica ciudad de Shiraz, situada al suroeste de Irán y a unos 900 kilómetros de Teherán. Su vínculo con la Guardia Revolucionaria comenzó con el surgimiento de la Revolución Islámica en 1979, cuando se integró a esa estructura militar, una suerte de ejército paralelo que responde únicamente al líder supremo de Irán.

La Guardia Revolucionaria es descripta como “parte del aparato operativo del régimen, responsable de la realización de atentados en todo el mundo, el más famoso de ellos en 1994”, en referencia al ataque contra la mutual judía argentina.

Su trayectoria en el mapa del poder iraní resulta ilustrativa. El cargo que ocupó al frente de las Fuerzas Quds —la unidad de élite responsable de operaciones en el extranjero— fue heredado posteriormente por el general Qassem Souleimani, quien murió en 2019 tras un ataque aéreo de Estados Unidos en Bagdad. Vahidi pertenece además a un reducido círculo de asesores con acceso directo al líder supremo y compone el Consejo Superior, un organismo que define las principales estrategias del régimen, entre ellas las decisiones sobre el acuerdo nuclear.

Desde noviembre de 2007, Vahidi integra la base de datos de Interpol por una alerta roja activa que lo acusa de “homicidio calificado, doblemente agravado (por odio racial o religioso y por ser un medio idóneo para causar un peligro común) en perjuicio de 85 víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones leves y graves calificadas, reiteradas y daños múltiples agravados por odio racial o religioso”. Estas acusaciones surgen especialmente por su presunta participación intelectual en el atentado a la AMIA en Buenos Aires, que dejó un saldo de 85 muertos en 1994.

El fiscal Alberto Nisman lo identificó como uno de los principales responsables de la planificación del ataque. De acuerdo a la investigación judicial, Vahidi, por entonces comandante de la Fuerza Quds, participó en la reunión en la que se resolvió concretar el atentado y delegar la ejecución en Hezbollah del Líbano.

Estados Unidos también exige su captura y lo colocó en su lista negra en 2010. En 2019, la Unidad de Información Financiera de Argentina y el fiscal Sebastián Basso solicitaron que Vahidi y otros seis imputados en la causa AMIA fueran incluidos en el registro argentino de terroristas. La UIF ya había determinado que Vahidi y Moshen Rezai lideraron los análisis sobre la propuesta de atentar en Argentina en el seno de la inteligencia iraní.

En 2021, Vahidi asumió el Ministerio del Interior de Irán, cargo que ocupaba cuando el gobierno argentino requirió su detención durante una visita oficial a Pakistán y Sri Lanka. La Cancillería argentina señaló entonces que integraba una comitiva iraní en el exterior. Interpol emitió en ese marco una Circular Roja, y Argentina solicitó cooperación internacional para su arresto conforme a los tratados vigentes.

A lo largo de su carrera, Vahidi ha ocupado cargos de alto rango: en 2009 fue ministro de Defensa durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad, pese a su situación judicial internacional. Ese respaldo interno consolidó su prestigio dentro de la teocracia iraní. También ocupaba ese puesto cuando, en 2013, Argentina e Irán firmaron el Memorándum para intentar avanzar en la causa AMIA bajo el gobierno de Cristina Kirchner.

Luego de la muerte del fiscal Nisman en 2015, las nuevas autoridades judiciales y la Unidad de Información Financiera mantuvieron la presión sobre los acusados internacionales.

El reciente ascenso de Vahidi al frente de la mayor estructura militar iraní ocurre mientras crecen los enfrentamientos en la región y la Argentina reitera su reclamo de justicia y su demanda de cooperación internacional para la detención de los responsables del atentado de 1994.

Vahidi permanece en la lista de los más buscados de Interpol. Su influencia en la política y la estrategia de seguridad nacional lo ubica al frente de una de las instituciones de mayor poder dentro del régimen iraní.

Cuál fue el rol de Vahidi en el ataque a la AMIA

Ahmad Vahidi, flamante jefe militar de Irán, era el comandante de las Fuerzas Quds cuando ocurrió el atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, episodio en el que murieron 85 personas y hubo 151 heridos. Sobre él recae la acusación de ser uno de los autores ideológicos del ataque y de haber participado en una reunión clave donde se definió la realización del atentado, que terminó siendo uno de los crímenes más graves de la historia argentina.

En noviembre de 2006, el entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la captura internacional de quienes consideraba responsables intelectuales del caso, incluyendo a Vahidi. También figuran en la lista roja de Interpol Moshen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria; Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada iraní en Argentina; y desde 2009, Samuel Salman El Reda.

Vahidi, al igual que Fallahijan, habría estado presente en la presunta reunión de 1993 en Mahshad, donde, según la investigación de la UFI AMIA, se habría decidido el ataque. Según el dictamen firmado por el fiscal Alberto Nisman ese año, Vahidi no tuvo un rol pasivo sino que impulsó la propuesta de que Argentina fuera el país objetivo del atentado, planteo que luego fue evaluado por el Comité de Asuntos Especiales.

El dictamen señala que Vahidi habría presentado su iniciativa en la llamada “oficina de inteligencia”, donde integraba el núcleo de decisión. Después de avalar el objetivo argentino, el liderazgo de la operación se delegó en el entonces ministro de Inteligencia, Ali Fallahijan, mientras que la ejecución quedó a cargo de Vahidi, jefe de la Fuerza Quds.

En 2011, ya como ministro de Defensa de Irán, Vahidi viajó a Bolivia para participar en actos conjuntos con autoridades locales, pero el gobierno de ese país dispuso su salida tras conocer su identidad y antecedentes. En esa ocasión, compartió actividades oficiales con la ministra boliviana María Cecilia Chacón, entre ellas la graduación de pilotos de aviación y la inauguración de la Escuela de Defensa del ALBA, ambas en Santa Cruz de la Sierra.

La visita provocó una dura reacción tanto en la comunidad judía como en la política argentina. El entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger, calificó la presencia de Vahidi como “una provocación”, mientras que la DAIA solicitó que la Cancillería presentara una protesta diplomática formal y reclamara la inmediata detención del funcionario iraní. “Esta inadmisible presencia en el país hermano agravia a la memoria de las víctimas, a la comunidad que representamos y a la sociedad argentina en su conjunto”, manifestaron desde la entidad.

El repudio del gobierno argentino

El gobierno argentino expresó un rechazo contundente al nombramiento de Ahmad Vahidi como comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, por su rol investigado en el atentado a la AMIA. El repudio se hizo público a través de un comunicado oficial en el que también se condenaron los recientes ataques de Irán contra Israel. Desde la Casa Rosada se recordó que Vahidi tiene un pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol desde 2007 y que, según las investigaciones judiciales, encabezó la mesa de decisiones que definió el objetivo de atacar en suelo argentino, con el fin de enviar un mensaje político al mundo.

El comunicado calificó la designación de Vahidi como “una provocación inaceptable” y como un agravio a la memoria de las 85 víctimas fatales del atentado de 1994. Además, se recordó que la Unidad Fiscal AMIA solicitó recientemente la instrumentación del juicio en ausencia para avanzar con el juzgamiento de Vahidi y de otros acusados por el atentado terrorista más grave en la historia argentina. El gobierno nacional insistió en que no debe existir ningún tipo de privilegio ni amparo internacional para los responsables, y ratificó su compromiso con la búsqueda de justicia.

Informe en Infobae en vivo de la guerra en Medio Oriente

El gobierno argentino repudió este domingo la designación al frente de uno de los principales cuerpos militares de Irán a un dirigente que está señalado como uno de los principales responsables por el atentado contra la AMIA, que en 1994 dejó en Buenos Aires 85 víctimas fatales y cientos de heridos.

Lo hizo a través de un comunicado que difundió en las redes sociales, en el que también criticó los nuevos bombardeos que el país islámico perpetró en las últimas horas contra Israel, ratificando así la posición ideológica adoptada por la gestión de Javier Milei.

“La Oficina del Presidente condena el vil ataque perpetrado por la República Islámica de Irán contra el Estado de Israel, mediante el lanzamiento masivo de misiles y drones dirigidos contra población civil”, comienza el texto.

Inmediatamente después, la Casa Rosada agrega que también “repudia la reciente designación de Ahmad Vahidi, uno de los principales imputados por el atentado a la AMIA que provocó la muerte de 85 personas, como Comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica“.

Versiones periodísticas de Medio Oriente señalaron que Vahidi había sido designado provisoriamente al frente del cuerpo militar, luego de que su antecesor, Esmail Ghaani, fuera abatido en un exitoso y preciso operativo israelí unos días atrás.

Al respecto, el gobierno argentino señaló que “Vahidi, un militar con trayectoria vinculada a operaciones terroristas, tiene pedido de captura internacional y pesa sobre él, desde 2007, una alerta roja de Interpol por su presunta responsabilidad como autor intelectual del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina".

“Según la investigación llevada adelante por el fiscal Alberto Nisman, Vahidi encabezó la mesa de decisiones que evaluó y aprobó la propuesta de atacar en suelo argentino en 1994, con el objetivo de enviar un mensaje político al mundo", indicó el Poder Ejecutivo.

Además, se recordó que “recientemente, la Unidad Fiscal AMIA solicitó la instrumentación del juicio en ausencia para que la Justicia argentina pueda avanzar en la investigación y el juzgamiento de Vahidi y otros responsables del atentado terrorista más letal de la historia del país".

“La memoria de nuestros 85 asesinados exige que los responsables rindan cuentas, sin privilegios ni amparos internacionales. La designación de Vahidi constituye una provocación inaceptable de la República Islámica de Irán hacia nuestro país y hacia todos los pueblos libres que defienden la vida y condenan el terrorismo”, cerró el comunicado.

Ghaani era uno de los principales nexos del régimen teocrático de Irán con el resto de las unidades terroristas que operaban en Medio Oriente y el resto del mundo. Sus instrucciones a Hezbollah y a Irán eran frecuentes tras la muerte de Soleimani en enero de 2020.

Como jefe de las Fuerzas Quds, una división de la Guardia Revolucionaria Islámica, tenía como especialidad la guerra asimétrica y operaciones de inteligencia militar y era responsable de llevar a cabo operaciones extraterritoriales.​

Un mecanismo de lanzamiento instalado dentro de contenedores fue hallado y destruido en uno de los sitios atacados en el oeste de Irán, como parte de una serie de ataques aéreos realizados por la Fuerza Aérea de Israel contra la cúpula militar y la infraestructura de misiles balísticos del régimen iraní.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), estas operaciones se llevaron a cabo en las últimas horas con la asistencia de inteligencia precisa proporcionada por la división de inteligencia militar.

Los bombardeos destruyeron decenas de lanzadores, depósitos de misiles tierra-tierra y otras instalaciones militares asociadas al programa de misiles de Irán.

Además de Ghaani, gran parte de la cúpula militar iraní fue descabezada. Mohammad Bagheri, para muchos el militar más importante del régimen era Licenciado en Ingeniería, con un doctorado en Geografía Política y experto en inteligencia militar, era jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán desde el 28 de junio de 2016.

En un decreto, Khamenei designó al mayor general Seyyed Abdulrahim Mousavi como nuevo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes. El mayor general Mohammad Pakpour asumió como comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), mientras que el mayor general Ali Shademani fue nombrado comandante del cuartel general de Khatam al-Anbia.

Tasgal explicó en una conversación con Infobae en Vivo que, mientras el gobierno israelí pide a la ciudadanía permanecer cerca de sus casas y refugios, y ha cancelado actividades públicas como clases y una marcha del orgullo gay en Tel Aviv, existe un sentimiento de alivio entre algunos sectores israelíes por el golpe a la infraestructura nuclear iraní.

La noticia principal gira en torno al ataque estratégico de Israel contra Irán, que ha puesto en vilo a la región y ha generado expectativas sobre la posible respuesta iraní.

La ofensiva israelí no solo apuntó a las instalaciones nucleares, como la central de Natanz, sino que también tuvo como objetivo a los líderes militares y científicos responsables del programa nuclear iraní.

“Lo que le están diciendo es no solamente atacamos las centrales nucleares de Natanz y otras, sino que también a quienes estaban detrás”, señaló Tasgal.

Esta acción, según el periodista, busca afectar tanto la capacidad como la voluntad de Irán para continuar con su desarrollo nuclear.

El periodista argentino que se encuentra en una ciudad entre Tel Aviv Y Jerusalén, detalló que la preocupación por la capacidad nuclear de Irán ha sido un tema recurrente en la política israelí. Tasgal recordó que el primer ministro de Israel ha reiterado en varias ocasiones que sus tres principales objetivos de gobierno son: “Irán, Irán e Irán”.

El ataque reciente representa, para muchos ciudadanos israelíes, un golpe directo a lo que consideran “la cabeza del pulpo”.

Según el periodista, la población israelí experimenta una mezcla de expectativa y alivio, ya que el tema nuclear iraní ha sido motivo de inquietud durante años.

En su análisis, Tasgal subrayó la habilidad de los iraníes para negociar en el ámbito internacional, comparando su destreza con la de comerciantes de alfombras.

“Los iraníes son grandes negociadores. De hecho es una cultura que hace años que vende alfombras y saben perfectamente cómo negociar y cómo darle la vuelta a los políticos del mundo”, afirmó el periodista en diálogo con Infobae en Vivo.

Recordó también episodios pasados, como las negociaciones entre la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y el régimen iraní sobre la investigación conjunta del atentado a la AMIA, para ilustrar la complejidad de tratar con el régimen de Teherán.

El ataque israelí se produce en un contexto en el que, según Tasgal, Irán ya cuenta con uranio enriquecido suficiente para fabricar entre nueve y quince bombas nucleares, además de poseer la tecnología para ensamblar cabezas nucleares y misiles.

“Si vos tenés enriquecido uranio para armar 15 bombas nucleares, mínimo nueve, y sabés armar cabezas nucleares y tenés misiles, entonces vas derechito hacia una bomba nuclear. Esa intención está reforzada por cierta capacidad bélica”, explicó el periodista.

El golpe israelí, apunta a frenar tanto la intención como la capacidad de Irán para convertirse en una potencia nuclear.

Posibilidad de represalias iraníes fuera de Medio Oriente

El periodista advirtió que Argentina y Paraguay podrían convertirse en objetivos de ataques de venganza, debido a la estrategia iraní de actuar en países donde consideran que pueden operar con mayor impunidad.

“La forma de actuar de Irán en el mundo es cuando no pueden enfrentarse a Israel cara a cara porque no tiene la capacidad bélica para eso. Entonces actúan donde ellos creen que pueden salirse con la suya”, explicó Tasgal.

Añadió que Irán utiliza una táctica conocida como “atentado la repisa”, que consiste en planificar todos los componentes de un atentado y ejecutarlo cuando consideran que es el momento adecuado.

El periodista remarcó que Irán no suele actuar en países aliados como Venezuela o Cuba, donde cuenta con apoyo logístico y facilidades como la obtención de pasaportes. En cambio, elige escenarios donde un atentado tendría mayor repercusión internacional y donde el régimen percibe una oposición a sus intereses.

“Si vos sos un terrorista y querés hacer ruido a nivel mundial, donde vas a atacar, cuando vos esperás que el titular permanezca durante un mes en las noticias, entonces, en ese sentido sí Argentina es un objetivo para un atentado iraní de venganza por esto”, sostuvo Tasgal.

En cuanto a la capacidad de las autoridades argentinas para prevenir un posible ataque, Tasgal manifestó que tanto el gobierno como las fuerzas de seguridad comprenden la amenaza, aunque la posibilidad de evitar un atentado depende de múltiples factores.

“El gobierno y las fuerzas de seguridad entienden esto perfectamente. De ahí a que lo puedan evitar, bueno, es otro tema, pero la intención existe, cosa que antes no estaba”, dijo el periodista.

Tasgal describió a la sociedad iraní como mayoritariamente prooccidental y modernista, en contraste con el régimen gobernante.

“La población de Irán es mucho más ‘progre’, es mucho más ‘pro occidental’, es mucho más modernista. El iraní promedio no se banca el régimen”, dijo el periodista.

Las manifestaciones contra el régimen se han intensificado y acortado en el tiempo, lo que podría aumentar la presión sobre las autoridades tras el ataque israelí.

El periodista consideró que la principal preocupación del régimen iraní en este momento es mantener el control interno, más que responder militarmente a Israel.

“Creo que en este momento el régimen iraní está más preocupado en que no se vuelva en contra su propia población que intentar enfrentar a una potencia militar como Israel”, opinó Tasgal.

Añadió que muchos jóvenes iraníes podrían estar celebrando los acontecimientos recientes en Teherán y sus alrededores, interpretando el ataque como un debilitamiento del régimen.

La respuesta de Irán al ataque israelí sigue siendo incierta, y que la comunidad internacional observa con atención los próximos movimientos de ambos países. Mientras tanto, la población israelí permanece en alerta, siguiendo las recomendaciones de las autoridades de permanecer cerca de sus hogares y refugios, y con actividades públicas suspendidas por precaución.

El impacto del ataque se extiende más allá de las fronteras de Irán e Israel, afectando la percepción de seguridad en otros países y reavivando el debate sobre la proliferación nuclear en la región. La ofensiva israelí ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones internacionales en Medio Oriente y la dificultad de prever las consecuencias de acciones militares de este tipo.

En el plano diplomático, la habilidad negociadora de Irán y su historial de sortear presiones internacionales añaden incertidumbre al escenario. Tasgal recordó que, en el pasado, el régimen iraní ha logrado engañar a líderes mundiales mientras avanzaba en su programa nuclear.

“Los iraníes sí lograron engañar a Obama y demás, pero mientras desarrollaban capacidades nucleares que son evidentes”, afirmó el periodista.

La situación actual plantea interrogantes sobre la estabilidad regional y la capacidad de los actores internacionales para contener una escalada mayor.

El ataque israelí, al golpear tanto la infraestructura como a los responsables del programa nuclear iraní, busca enviar un mensaje claro sobre los límites que Israel está dispuesto a imponer.

Al mismo tiempo, la posibilidad de represalias y la presión interna sobre el régimen iraní configuran un escenario volátil, en el que las próximas decisiones de Teherán serán determinantes para el futuro inmediato de la región.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo.

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

(Desde Jerusalén, Israel) En una ceremonia bajo estrictas medidas de seguridad, Javier Milei y Benjamín Netanyahu firmaron el Memorando por la Democracia y la Libertad que ratifica la alianza estratégica entre Argentina e Israel.

La ceremonia inició con las palabras del premier Netanyahu, adonde resaltó las relaciones personales y políticas que tiene con Milei.

“Milei Está en nuestros corazones por su conexión con nuestro pueblo, nuestro estado y la ciudad de Jerusalén”, resaltó Netanyahu.

A continuación, el presidente contestó que tiene un compromiso con Israel y con la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo.

“Aunque se llenen la boca hablando de derechos humanos, muchos países han dejado proliferar a la barbarie terrorista, poseídos por la ideología de la muerte han dejado a Israel peleando sola, no solo antes quieren destruirla, sino también ante la opinión pública internacional, que se ha dejado manipular por la propaganda del terrorismo”, sostuvo el Presidente.

En este contexto, Milei insistió con reclamar la libertad de los rehenes que Hamas mantiene cautivos en Gaza, entre los que se encuentran los argentinos Eitan Horn, Ariel Cunio, David Cunio y Lior Rudaeff.

“La liberación de los secuestrados no se trata de un tema de guerra, ni de un tema político. Es una cuestión humanitaria, por eso exigimos la liberación inmediata e incondicional de los cuatro argentinos aún en cautiverio, y de la totalidad de los secuestrados por la organización terrorista Hamas”, añadió el jefe de Estado.

Cuando terminaron los discursos, Milei y Netanyahu suscribieron el Memorando e intercambiaron las copias. Los dos se mostraron satisfechos y los invitados especiales se pararon para aplaudir.

El Memorando firmado entre Milei y Netanyahu es una declaración de principios que promueve la cooperación entre ambos países para enfrentar el terrorismo internacional y la ola de antisemitismo que atraviesa al planeta.

Argentina e Israel sufrieron acontecimientos trágicos que han fortalecido sus vínculos institucionales: los atentados a la embajada israelí en Buenos Aires (1992) y la AMIA (1994) ejecutados por Hezbollah, y el ataque terrorista de Hamas a Israel cometido en octubre de 2023.

Esta historia común, con cientos asesinados, heridos, torturados y secuestrados, es la razón fundamental que justifica la firma del Memorando que protagonizaron Milei y Netanyahu en el hotel King David.

El texto del Memorando es sucinto, pero significa un punto de partida entre dos países que sufrieron ataques terroristas y reacciones antisemitas, y que acuerdan cooperar mutuamente para evitar que la tragedia se repita de nuevo.

El texto del Memorándum a favor de la democracia y la libertad fue elaborado entre el canciller Werthein y el embajador Wahnish, quien negoció su versión final con la Oficina del Primer Ministro, acorde a las instrucciones directas de Milei.

Se trata de un convenio diplomático que fortalece la alianza geopolítica entre Argentina e Israel por su defensa de la democracia y la libertad.

Y en su primera palabra -Memorando- Milei encripta un concepto político que implica un cuestionamiento directo a Cristina Fernández de Kirchner y su decisión de suscribir con Irán un memo destinado a cerrar la causa AMIA y evitar la condena a los terroristas financiados por Teherán.

Tras la firma del Memorando, se anunció el acuerdo comercial que permitirá un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv.

Fue el último acontecimiento bilateral en el King David.

Después Milei fue seguido por una nube de rabinos, fans, custodios y asesores cuando se dirigía a la salida del histórico hotel de Jerusalén.

El presidente tenía previsto visitar el Muro de los Lamentos antes de embarcar hacia Madrid, la última escala de su gira internacional.

Tras una sesión de la Asamblea de Representantes de Socios (RAT), la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) conformó su nueva Comisión Directiva, liderada por quien será el nuevo presidente, Osvaldo Armoza.

Surgido de una elección realizada el 6 de abril en la que el Bloque Unido Religioso (BUR) obtuvo un 68% de los votos, Armoza se prepara para asumir formalmente sus funciones el próximo 5 de junio en una ceremonia que se realizará en la sede de Pasteur 633, según información difundida por el organismo. Este mandato será válido para el periodo que va desde 2025 hasta 2028.

Las elecciones celebradas el pasado 6 de abril culminaron con la Asamblea de Representantes de Socios, donde 90 miembros elegidos tuvieron la responsabilidad de constituir la nueva directiva de la AMIA. El nuevo presidente reemplazará al saliente Amos Linetzky.

Armoza, quien encabezará esta nueva etapa de la AMIA, tiene 64 años y se desempeña como abogado especializado en Derecho Civil, graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1992.

El nuevo mandatario mantuvo una comprometida trayectoria comunitaria durante más de dos décadas. Anteriormente, integró la comisión directiva de la Asociación Israelita Sefardí Argentina (A.I.S.A) y participó como revisor de cuentas de la Comisión Directiva de la AMIA de 2017 a 2022.

Cómo se conformará la nueva directiva

La comisión recientemente formada refleja una diversidad de competencias y dedicación. Entre los principales cargos figuran Mario Sobol como secretario general y Daniel Danon como tesorero.

Darío Curiel y Raúl Stolarza asumen las vicepresidencias primera y segunda, respectivamente, mientras que Maximiliano Monticoff y Marcelo Preter ocupan las prosecretarías.

Al equipo también se suman José Cohen y Héctor Borger en la protesorería, mientras que Gabriel Gutesman será el secretario de actas.

También contarán con 11 vocales: Marcos Ohana, Ariel Gordon, Isaac Serruya, Gustavo Holcman, Adolfo Berg, Obadia Cohen, Mario Altman, Carlos Sznajderhaus, Marcos Cohen, Kevin Levin, Rosa Nagelberg.

Además, tendrán invitados permanentes, según confirmaron en su sitio oficial. Al Ejecutivo serán Amos Linetzky -quien será ex presidente-, Ariel Eichbaum, Leonardo Jmelnitzky y Bernardo Zugman.

En cuanto a los invitados de la Comisión Directiva, los nombres son los siguientes: Ariel Bohmer, Federico Levi, Oriel Herscovich, Adolfo Bercovich, Iaacob Hamra, Ana Azerrad, Néstor Siseles, Víctor Chama, Amiela Spector, Gerardo Gordon, Claudio Pzemiarover, Marcelo Suchmon, Daniel Lew, Mario Goldberg, Gustavo Sakkal, Marina Degtiar, Alberto Rotenberg y Leonardo Hansman. Así, queda conformada la lista completa de los integrantes para el periodo 2025-2028.

Los objetivos de la nueva comisión

En abril, quien aún preside la AMIA, Amos Linetzky habló con Infobae luego de que el oficialismo lograra confirmar la continuidad de la presidencia tras vencer en las elecciones.

En ese entonces, afirmó que uno de los objetivos más importantes era continuar con la lucha contra el antisemitismo. “Es muy importante que se continúe con el monitoreo de antisemitismo y se denuncie cualquier mínima chispa de antisemitismo”, afirmó.

“Para dar un ejemplo, tenemos un centro de monitoreo con el Congreso Judío Latinoamericano y con DAIA, donde monitoreamos el antisemitismo en la web y otras iniciativas”, agregó Linetzky.

“Hay que continuar con ese rol que el líder y el dirigente tienen y que tiene que con lo que la comunidad necesita. Como siempre, continuar con lo que ha caracterizado al pueblo judío que es elegir la vida, seguir con todas las obras de jesed, como decimos en hebreo, que es apoyo y ayuda a los que necesitan con las actividades comunitarias”, sentenció, quien dejará el cargo de manera oficial el 5 de junio.

“Entender que el dirigente tiene que tener perfil bajo, no tiene que ser el actor principal, ni intentar aparecer primero en todas las fotos, ni salir en todos los diarios”, explicó sobre el rol que debe tomar el nuevo presidente.

En un fallo del juez federal Ariel Lijo que ha resonado ampliamente en el ámbito internacional, la Justicia argentina decidió eliminar una acepción del término “judío/a” que estaba en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (RAE).

En ese sentido, el Tribunal que dirige el magistrado ordenó específicamente la eliminación de la quinta acepción que tenía la definición de “judío/a”, que era: “dicho de una persona: avariciosa o usurera”. Justamente, durante décadas hubo críticas de diferentes organizaciones por perpetuar el estereotipo del “judío usurero”.

El fallo también dispuso que el Ente Nacional de Comunicaciones bloqueara el sitio web de la RAE hasta que la eliminación se completara. En tanto, la resolución destacó lo fundamental que es para los organismos la revisión y corrección del lenguaje, en busca de evitar que se perpetúe la discriminación y el prejuicio.

Las voces que apuntaban contra esta aceptación señalaban que este tipo de definiciones no sólo reflejan un prejuicio obsoleto, sino que activamente perpetúan un discurso de odio en contra de la comunidad judía. Es por eso que la resolución del juez Lijo enfatiza que tales acepciones no deben considerarse meras referencias lingüísticas, sino claras manifestaciones de discurso de odio que minan la dignidad humana.

Justamente, el fallo que firmó el juez fue destacado en el Informe Anual sobre Antisemitismo en Internet del Observatorio Web, un programa del Congreso Judío Latinoamericano (CJL), AMIA y DAIA. El documento, que aboga por un internet libre de discriminación, subraya la importancia del lenguaje en la configuración del odio y los prejuicios. “Esta labor de revisión es necesaria no solo para las acepciones discriminatorias por razón de género, sino también para las discriminatorias por motivos étnicos”, señaló un escrito fundamentado por el Defensor del Pueblo del Reino de España.

Frente a la decisión judicial, la RAE se había defendido anteriormente alegando que las acepciones de su diccionario se basan en el uso documentado de las palabras, por más inapropiadas que pudieran ser vistas socialmente. Sin embargo, consideró relevante añadir la indicación de que la quinta acepción podía resultar ofensiva o discriminatoria. Esta enmienda, sin embargo, no satisfizo a las entidades demandantes, quienes insistieron en la eliminación total de esta acepción para evitar que continúe impulsando estereotipos dañinos.

La respuesta a esta sentencia no se limitó a una posición jurídica. Representantes de organizaciones judías, tales como Hernán Najenson, presidente de la Asociación de Abogados y Juristas Judíos de la República Argentina, enfatizaron que el reconocimiento del poder del lenguaje para perpetuar estereotipos y discriminación es un paso crucial. “El lenguaje no es un instrumento neutral”, afirmó Najenson.

Y añadió: “La resolución cita a diversos autores y corrientes de pensamiento que han estudiado la relación entre lenguaje y poder, destacando cómo el lenguaje puede condicionar la percepción de la realidad e incluso incitar a la violencia. En este sentido, el Tribunal considera que la permanencia de la acepción discriminatoria en el diccionario de la RAE tiene el potencial de influir negativamente en la conducta de los hablantes y legitimar prejuicios arraigados”.

Mientras que también señaló que un punto clave de la resolución es que “la decisión subraya la responsabilidad de las instituciones, incluso de aquellas con una larga tradición y prestigio, de revisar y corregir el lenguaje que pueda perpetuar la discriminación y el prejuicio”.

Además, figuras internacionales como Greta Peña, interventora del INADI, y Fernando Lottenberg, Comisionado para el Monitoreo y Combate del Antisemitismo de la OEA, apoyaron la sentencia tras las infructuosas apelaciones para que la RAE reconsiderara su postura sin intervención judicial.

El informe del Observatorio Web, que fue realizado por Ariel Seidler y Ariel Grosman, también destaca que para su elaboración se analizaron miles de millones de contenidos en diversas plataformas digitales, empleando tanto herramientas de monitoreo social como análisis humanístico.

El evento solidario AMIA MÍA se lleva a cabo este jueves en Miami, en la galería Maman Fine Art (calle 22 NW), donde se pondrán a la venta 80 obras de destacados artistas argentinos, entre ellos Liliana Porter, Guillermo Kuitca y Nicola Costantino. Esta iniciativa busca recaudar fondos para ofrecer soluciones habitacionales a personas de la comunidad judía en situación de vulnerabilidad social.

La actividad es organizada por AMIA y el Consulado Argentino en Miami, y contará con la presencia de Amos Linetzky, presidente de AMIA, quien destacó la importancia de combinar el arte con la solidaridad.

Esta iniciativa forma parte del proyecto Arte y Solidaridad, que AMIA desarrolla desde 2017. Este programa invita a artistas argentinos de renombre a crear obras originales, cuya venta se destina íntegramente a programas sociales de la entidad. La primera colección presentada fue Testimonio Contemporáneo, una serie de serigrafías firmadas y numeradas por artistas como Liliana Porter, Guillermo Kuitca y Nicola Costantino. Las obras, además de fomentar el coleccionismo, se ofrecen a precios accesibles, permitiendo a los compradores convertirse en donantes.

El evento en Miami también incluirá la proyección de un video institucional que resume la labor social de AMIA. La organización, con más de 130 años de historia, se dedica a promover el bienestar y desarrollo de la comunidad judía, manteniendo viva la memoria de las víctimas del atentado del 18 de julio de 1994. En el video, se destaca el compromiso de AMIA con la justicia y la vida, y se hace un llamado a la colaboración para seguir mejorando la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

El proyecto Arte y Solidaridad ha tenido presencia en eventos artísticos internacionales, como la Pinta Art Fair durante la Semana del Arte en Miami. Este enfoque permite a AMIA no solo recaudar fondos, sino también difundir su misión y valores a nivel global. La participación de artistas de renombre y la venta de sus obras en eventos masivos han sido clave para el éxito de esta iniciativa.

Para quienes deseen obtener más información sobre el proyecto o adquirir alguna de las obras, AMIA ha dispuesto el correo electrónico arteysolidaridad@amia.org.ar. Esta iniciativa no solo busca recaudar fondos, sino también sensibilizar al público sobre la importancia de la solidaridad y el arte como herramientas de transformación social.

[Fotos: prensa AMIA]

A través de un comunicado, las autoridades de la AMIA anunciaron de manera sorpresiva la suspensión del Encuentro Federal por la Memoria, pautado inicialmente para el próximo 18 de junio, cuyo objetivo era “sensibilizar a todos los senadores nacionales sobre la necesidad de seguir fortaleciendo la memoria y el reclamo de justicia por el atentado contra la institución, del que se están por cumplir 31 años”.

Según se informó en el texto compartido a la prensa, el motivo de la suspensión fueron “las expresiones de malestar surgidas desde diferentes ámbitos”.

Según pudo saber Infobae, el malestar se habría generado por la foto que el rabino ortodoxo Eliahu Hamra se sacó con Oscar Parrilli, senador kirchnerista procesado en la causa por el Memorándum con Irán. Esto causó molestia entre varios miembros de la mutual judía que impulsaron la denuncia ante la duda de que la participación de Parrilli en el acto luego lo beneficie ante la justicia.

La difusión de la foto desde el Senado de la Nación con la mano derecha de Cristina Kirchner tampoco cayó bien en la DAIA, quien suele estar a cargo de las relaciones políticas de la comunidad judía. Por eso todos los focos se centraron sobre Eliahu Hamra. De hecho, algunos pensaron en pedir un alejamiento del Gran Rabino. La otra opción era un pedido de disculpas y la tercera, que finalmente prosperó, fue la de suspender el acto del 18 de junio.

En un comunicado oficial para informar la postergación, el presidente de la AMIA, Amos Linetzky, manifestó: “Ante el contexto de un año electoral y la imperiosa necesidad de evitar que la Causa AMIA y el recuerdo de las 85 víctimas fatales puedan convertirse en un espacio de utilización político partidaria, tomamos la decisión de posponer el Encuentro”.

En ese sentido, se indicó que la postergación de la actividad será “hasta que las condiciones sean las adecuadas”.

“Durante 31 años la institución ha sostenido un accionar ejemplar en cada una de sus actividades de memoria y justicia, con la firme convicción de que todos los actores de la sociedad deben involucrarse, ya que se trató del peor ataque de terrorismo internacional que sufrió la Argentina en su conjunto, y continuará trabajando de manera permanente en esa dirección”, resaltó Linetzky desde Israel, donde se encuentra en estos días para participar de una nueva edición del Congreso Judío Mundial.

En su primera edición, en 2023, el Encuentro Federal por la Memoria contó con la participación de intendentes de todo el país, cuando se estaba por cumplir un mes de un nuevo aniversario del atentado a la AMIA.

En la sede de la entidad, los presentes firmaron una declaración conjunta en la que se comprometieron a “realizar y apoyar la organización de actividades tendientes a denunciar la impunidad vigente en la causa, y mantener vivo el reclamo de justicia y el homenaje permanente a las 85 víctimas fatales del ataque perpetrado el 18 de julio de 1994″.

Aquel día, el rabino Eliahu Hamra, presidente de la Federación de Comunidades Judías de la Argentina (Vaad Hakehilot), entidad que forma parte de la AMIA desde hace más de 70 años y es la encargada de organizar el encuentro, explicó: “Es la primera vez que se convoca a representantes de gobiernos locales, presidentes y miembros de comisiones directivas de comunidades judías a formar parte de una jornada destinada a renovar el compromiso con el ejercicio de la memoria, y dejar sellada esa voluntad mediante la firma de un acuerdo”.

De ese evento institucional participaron más de sesenta dirigentes y funcionarios de las provincias de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Buenos Aires, San Luis, La Pampa y Río Negro.

En 2024, se sumaron a la iniciativa casi la totalidad de los gobernadores, quienes firmaron una declaración conjunta para renovar el compromiso con la búsqueda de justicia y con la denuncia de la impunidad vigente en la causa, a pocos días de que se cumplieran 30 años del atentado terrorista.

Del acto participaron el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos; los gobernadores Axel Kicillof(Buenos Aires), Jorge Macri (CABA),Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Osvaldo Jaldo (Tucumán); el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti; y Miriam Durán, representante de la casa de Misiones en la Ciudad de Buenos Aires.

Tal como recordó la entidad, y siguiendo la línea de las dos ediciones anteriores, este año la idea era convocar a todos los senadores nacionales. Para ello, en las últimas semanas se mantuvieron reuniones con representantes de los distintos bloques de la Cámara alta, en las que se cursaron formalmente las invitaciones para la actividad que, finalmente, fue postergada este jueves.

El material fue encontrado de manera fortuita, en medio de las tareas para la creación del museo del máximo tribunal y el traslado de documentación de su archivo.

Según informó este domingo la Corte, al abrir una de las cajas, se identificó "material destinado a consolidar y propagar la ideología" de Adolf Hitler (1889-1945) en Argentina, en plena Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

El presidente del Supremo argentino, Horacio Rosatti, procedió el viernes pasado a la apertura formal de las cajas en el Palacio de Tribunales, ante la presencia de representantes de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y del Museo del Holocausto de Buenos Aires y de investigadores y expertos en conservación y restauración.

La historia de estas cajas se remonta al 20 de junio de 1941, con la llegada a Buenos Aires de 83 bultos enviados por la embajada alemana en Tokio a bordo del vapor japonés 'Nan-a-Maru'.

La representación diplomática de Alemania en Argentina había declarado el contenido del envío como "efectos personales" para los miembros de la embajada, solicitando su "libre despacho".

Pero la División de Aduanas y Puertos de Argentina detuvo su ingreso y dio intervención al entonces canciller Enrique Ruiz Guiñazú, al que alertó sobre "posibles inconvenientes dada la cantidad y la potencial naturaleza del material, que podrían afectar la neutralidad argentina ante el conflicto" bélico, según informó este domingo la Corte Suprema.

En ese momento, Argentina era gobernada por el presidente Roberto Marcelino Ortiz (1938-1942), que en septiembre de 1939 emitió un decreto declarando la neutralidad del país suramericano ante la guerra desatada en Europa.

Ante la llegada de las cajas a Buenos Aires, la Comisión Especial Investigadora de las Actividades Antiargentinas, dependiente de la Cámara de Diputados, que funcionó entre 1941 y 1943, tomó cartas en el asunto.

El diputado radical Raúl Damonte Taborda, presidente de esa comisión, solicitó a la Aduana información sobre los envíos en el vapor japonés.

El 8 de agosto de 1941, representantes de la Aduana, la Cancillería y la comisión parlamentaria abrieron cinco cajas al azar.

En su interior encontraron postales, fotografías y material propagandístico del régimen nazi, así como miles de libretas pertenecientes a la Organización del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán en el exterior y a la Unión Alemana de Gremios.

Los representantes diplomáticos alemanes pidieron que les devolvieran las cajas para reenviarlas a su embajada en Tokio.

El Gobierno argentino se mostró a favor de esa solicitud, pero la comisión investigadora recurrió a la Justicia para impedirlo ante la presencia de "propaganda antidemocrática y lesiva para las naciones aliadas de Argentina".

El juez federal Miguel Luciano Jantus ordenó la incautación de las encomiendas el 13 de septiembre de 1941.

Tres días después, el 16 de septiembre de 1941, el magistrado remitió la causa a la Corte Suprema, al tratarse de un asunto que involucraba directamente a un país extranjero y, por lo tanto, de competencia del máximo tribunal.

Según informó este domingo el Supremo, la mudanza de los archivos para la futura instalación del museo de la Corte llevó a funcionarios a toparse con estas cajas que estaban arrumbadas en el subsuelo del edificio de los Tribunales, en Buenos Aires.

Rosatti dispuso el traslado del material a una sala especialmente acondicionada en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, con medidas de seguridad reforzadas.

"A partir de ahora, comenzará un inventario para relevar la documentación. El objetivo principal es realizar un minucioso relevamiento para determinar si el material contiene información crucial sobre el Holocausto y si las pistas encontradas pueden arrojar luz sobre aspectos aún desconocidos, como la ruta del dinero nazi a nivel global", indicó la Corte. EFE

(foto)

Asimismo, la exportación de vehículos ligeros se redujo en un 10,88 %, hasta 256.953 unidades y las ventas en el mercado interno también cayeron un 4,58 % hasta 108.298, según el informe del instituto autónomo.

La caída del cuarto mes del año contrasta con el aumento de marzo, cuando la fabricación de vehículos ligeros en México creció un 12,15 % interanual, sin embargo, en el primer trimestre la producción cayó un 6,04 %.

De esta manera, la fabricación de vehículos ligeros en México acumula un crecimiento interanual de 0,94 % en el primer cuatrimestre de 2024, aunque las ventas nacionales registran un crecimiento de 1,41 %.

"Durante el periodo enero a abril de 2025, se produjeron 1.299.554 unidades, lo que representó una variación de 0,9 %, respecto al mismo lapso de 2024. Los camiones ligeros representaron 76,6 % del total producido, mientras que el resto correspondió a la fabricación de automóviles", detalló el Inegi.

En total, las exportaciones de autos fabricados en México han disminuido 7,29 % en lo que va del año, un total de 1.032.819 unidades.

La caída de la exportación del sector automovilístico, el mayor del país, ocurre tras la llegada el 20 de enero de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, que amenazó con imponer aranceles del 25 % a todos los autos importados.

El mandatario eximió, por ahora, a las autopartes hechas en México y Canadá que se vendan por separado, mientras que los vehículos armados en estos dos países solo pagarán la tasa del 25 % sobre los componentes no hechos en Estados Unidos.

Asimismo, la semana pasada el Gobierno de México anunció que las autopartes que se producen en el país también estarán exentas de aranceles, ya que forman parte del T-MEC.

“Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de vehículos ligeros, con 81,4 %” del total, un equivalente de 840.790, precisó el Inegi.

La importancia de la industria automotriz en México radica en que representa casi un 4 % del producto interior bruto (PIB) nacional y un 20,5 % del PIB manufacturero, más que ningún otro sector, según la AMIA.

La información del Inegi proviene de 23 empresas afiliadas a la AMIA, Giant Motors Latinoamérica y Autos Orientales Picacho.

La producción y exportación de autos en México subió más del 5 % en 2024, con lo que hila tres años al alza tras la pandemia de la covid-19 y la escasez de insumos. EFE

Las querellas que representan a los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA no tuvieron un criterio unánime sobre la aplicación del juicio en ausencia para los acusados. Dos de ellas avalaron el pedido del titular de la UFI AMIA, Sebastián Bsso, para que los juzgue de esa manera y otras tres se opusieron.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que las opiniones quedaron plasmadas en los escritos que presentaron ante el juez federal Daniel Rafecas. Para la próxima semana se espera la postura de la defensa oficial, que interviene en representación de los acusados aunque no estén presentados en el expediente. Con eso, el magistrado quedará en condiciones de resolver.

El fiscal Basso pidió a principio de mes que en el caso se aplique la nueva ley de juicio en ausencia -aprobada por el Congreso Nacional en febrero pasado- para los 10 acusados con pedido de captura internacional de haber planificado el atentado terrorista a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 y que mató a 85 personas e hirió a otras 151.

Se trata de la ley 27.784 que modificó una serie de artículos del Código Procesal Penal que ahora permiten juzgar en el país a acusados de delitos graves que no estén en el territorio. La norma se aplica para los delitos contemplados en el Estatuto de Roma, como los de terrorismo y de lesa humanidad, y en los casos donde los acusados estén prófugos de la causa hace cuatro meses. En el caso de la AMIA tienen pedidos de detención con alerta roja desde 2006.

Si se aplica se hace un juicio oral sin los acusados presentes. El modelo rige en muchos países y en Francia el genocida Alfredo Astiz fue condenado de esa manera en 1990 a prisión perpetua por el secuestro y el asesinato de las monjas de ese país Alice Domon y Léonie Duquet.

“Un análisis, bajo el prisma del derecho constitucional y convencional referido al caso concreto, permite sostener que el novel instituto del juicio en ausencia es perfectamente aplicable a este proceso y por lo tanto es ineludible su inmediata operatividad”, había dicho el fiscal en su dictamen.

La Fiscalía solicitó que se aplique el juicio en ausencia para Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Se trata de los 10 acusados con alerta roja de Interpol y pedido de captura internacional desde 2006 pero que nunca fueron detenidos. Irán, el país de la mayoría de los imputados, no extradita a sus ciudadanos y cuando viajan por el mundo no son detenidos por razones geopolíticas o porque las alertas no se activan. Muchos son actualmente funcionarios del gobierno de Irán y otros lo fueron cuando ocurrió el atentado.

Con el dictamen del fiscal, el juez Rafecas le pidió opinión a las querellas. Y la postura no fue unánime. La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) pidieron que los acusados sean juzgados en ausencia. Son las representaciones institucionales. La AMIA, en un breve escrito, adhirió a los fundamentos de la Fiscalía.

En la misma línea, la DAIA sostuvo que la ley de juicio en ausencia “representa un significativo progreso para las víctimas, para la justicia y para el Estado que tiene el deber de proporcionarla”.

“Esta ley es absolutamente coherente con pilares básicos de nuestro sistema de justicia como el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas, el deber del Estado Argentino de esclarecer y juzgar los crímenes, y el interés de la comunidad internacional de prevenir y castigar el terrorismo y las graves violaciones a las DD.HH.”, sostuvo la DAIA que agregó que “la defensa material se asegura con la posibilidad de un nuevo juicio y/o un recurso de revisión amplio”.

La ley de juicio en ausencia contempla la realización o revisación de un nuevo juicio en caso que los acusados se presenten.

Pero otras tres querellas se opusieron. La Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), Memoria Activa y la Asociación 18J-Familiares y Amigos de las Víctimas en el Atentado a la AMIA plantearon sus objeciones.

El argumento central es que falta producir prueba -entre ella acceder y analizar a los archivos desclasificados de inteligencia- y que los elementos que tiene la causa no son contundentes contra los acusados. Para las entidades con el juicio en ausencia no se llegará a la verdad.

APEMIA señaló que a causa “no ha producido prueba concreta en torno a la hipótesis central, esto es la responsabilidad de Irán y Hezbollah”. “Se pretende impulsar un juicio en ausencia sobre una base fáctica sumamente endeble y desprovista de prueba coherente, construyéndose en base a conjeturas e indicios insuficiente y contradictorios”, agregó en su escrito y resaltó que “se quiere construir una acusación que responde mucho más a alineamientos políticos”.

En la misma línea, Memora Activa argumentó: “El problema de la causa AMIA no fue la ley procesal vigente al momento de los hechos. El problema es que quienes investigaron el atentado no respetaron la ley. El problema de la causa AMIA es el tiempo que pasó y la prueba que se perdió, sobre todo la prueba que se destruyó en forma deliberada. Porque en la causa AMIA hubo maniobras de encubrimiento y de desvío de la investigación". La referencia es al juicio oral en el que en 2019 fueron condenados el ex juez federal Juan José Galeano, los ex fiscales federales Eamon Mullen y José Barbaccia y el ex jefe de la ex SIDE Hugo Anzorreguy, entre otros, por irregularidades deliberadas que desviaron la investigación.

“Desde Memoria Activa se insiste en que deben investigarse todas las pistas razonables y deben sancionarse a todos los culpables. Pero para sancionar penalmente a los culpables hacen falta pruebas fehacientes, no alcanza con informes de inteligencia. Este es el gran desafío de la causa AMIA: transformar informes de inteligencia en prueba legal, es decir, en prueba que sea útil para sustentar una condena penal”, agregó la entidad.

18-J explicó que se opusieron a todos los proyectos de ley de juicio en ausencia porque lo consideran inconstitucional y porque “tiene la única finalidad de cerrar la presente investigación, y que no solo no resultará la obtención de la verdad, sino que por el contrario, representará una obstrucción definitiva para la llegar a ella”.

“No negamos la responsabilidad de los individuos señalados por el Ministerio Público, ni mucho menos. Mas aún, compartimos muchas de las sospechas señaladas en la acusación. Pero somos conscientes que esas sospechas no resultan suficientes si no se sostienen en pruebas concretas”, planteó la entidad.

Las querellas también hicieron objeciones jurídicas. APEMIA señaló que organismos internacional destacan que los juicios deben ser justos. “Un juicio en ausencia es legítimo cuando el acusado fue claramente informado y tuvo la posibilidad de participar en el proceso pero renunció expresamente a ese derecho”, sostuvieron sus abogados y explicaron que la ley de juicio en ausencia no habla de renuncia expresa, sino de que el acusado sea notificado por su defensor o a un familiar o allegado.

“Memoria Activa reconoce que los juicios orales y públicos son un buen contexto para discutir de manera transparente la hipótesis de la acusación y someterla al escrutinio de la otra parte, para probar su fortaleza. Pero para eso, paradójicamente, es clave que los acusados participen. Porque si no participan en persona, más que un debate es un monólogo. No hay verdadera controversia. Y esto, que podrá ser más o menos relevante en otros casos, en el caso AMIA —con todos los problemas y desafíos que presenta— resulta determinante", sostuvo esa entidad.

Para la semana que comienza mañana se espera que la defensa oficial presente su opinión y con eso el juez Rafecas quede en condiciones de resolver.

Buenos Aires, 20 ene (EFE).- La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) recordó este lunes al fiscal federal Alberto Nisman durante un acto en homenaje donde señaló que estos 10 años de su fallecimiento, son parte de la "misma impunidad" que se ha vivido tras el atentado a su sede en 1994, causa llevada adelante por el fiscal al momento de su muerte.

El homenaje fue encabezado por el titular de la AMIA, Amos Linetzky, junto a la exesposa del fiscal y jueza federal, Sandra Arroyo Salgado; también participó el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, y el periodista y amigo de Nisman Joaquín Morales Solá.

“El asesinato del fiscal es la impunidad, la misma que vivimos hace más de 30 años con la Embajada de Israel y nuestra institución. La Justicia ha determinado que fue un asesinato. Sabía que su vida estaba en juego. Hay evidencias de las amenazas que recibió, por eso es importante homenajearlo”, destacó Linetzky.

El atentado contra la mutual israelita fue el segundo ataque terrorista contra instituciones judías en Argentina, después de que 29 personas muriesen en 1992 debido a la explosión de una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires. La comunidad judía atribuye a Irán y a la organización terrorista chií libanesa Hizbulá la planificación y ejecución de ambos atentados.

“Su asesinato y posterior campaña de desprestigio fue de una bajeza inconmensurable, pero no lograron enterrar su trabajo ni sus proyectos personales. Porque sus hijas, Iara y Kala, crecieron y se convirtieron en dos mujeres de bien, estudiosas, trabajadoras, amables y educadas. Crecieron sin odios, sin resentimientos, sin ánimos de venganza y sin miedos”, expresó Arroyo Salgado.

Nisman fue hallado muerto con un disparo en la cabeza durante la noche del 18 de enero de 2015, horas previas de presentar una denuncia, en el Congreso, contra la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015), por un supuesto encubrimiento a iraníes acusados de terrorismo.

“La Justicia ha determinado que fue un homicidio. Un fiscal federal investigando uno de los peores atentados terroristas sufridos en nuestro país. Un fiscal federal que, en consecuencia a su investigación, aparece sin vida”, recalcó Linetzky en rueda de prensa previo al homenaje.

El fiscal investigaba el ataque a la AMIA en Buenos Aires, que en 1994 dejó 85 muertos y más de 300 heridos; había denunciado a la exmandataria, a su canciller Héctor Timerman -actualmente fallecido- y otros dirigentes kirchneristas por presuntamente encubrir a iraníes acusados del ataque.

Al principio, la muerte de Nisman se investigó como suicidio, pero fue caratulada como homicidio por la Cámara Federal de Casación Penal en junio del 2018 y el proceso es llevado adelante por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano, aunque todavía no han dado con los responsables.

Un informe publicado la semana pasada por la Fiscalía concluyó que Nisman “fue víctima de un homicidio y que su muerte estuvo motivada en su labor en la UFI- AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán”.

El documento indicó que parte de las dificultades para esclarecer el deceso del fiscal fue la contaminación de la escena en la que estuvieron unas 80 personas, tampoco se tomó la temperatura del departamento del complejo Le Parc, en el barrio porteño de Puerto Madero, dónde fue hallado el cuerpo del fiscal.

“El Estado ha fallado en su investigación, la cantidad de irregularidades ha sido espantosa, desde el mismo momento del crimen”, agregó Linetzky.

Cuatro días antes de su muerte, Nisman había acusado a la exmandataria Fernández de firmar un acuerdo con Irán para acercar relaciones comerciales a cambio, supuestamente, de disminuir la carga judicial contra los principales sospechosos (del ataque), que ocupaban altos cargos en el país persa e Hizbulá.

Ese “pacto” con Irán nunca entró en vigencia y el Tribunal Oral Federal Nº 8 sobreseyó a la expresidenta por unanimidad el 7 de octubre de 2021, al considerar que el acuerdo "no constituyó un delito".

En 2023, Casación anuló el sobreseimiento y la Corte Suprema de Justicia confirmó a principios de diciembre pasado que Fernández debía ir a juicio oral y público por ese momerando, acusada de encubrimiento y abuso de autoridad. EFE

(foto)(video)

La causa por el atentado terrorista a la AMIA entra en etapa de definiciones ya que se resolverá si se aplica la nueva ley de juicio en ausencia para los acusados. Eso fue lo que solicitó el titular de UFI AMIA, Sebastián Basso, y ahora deben opinar las querellas que representan a los familiares de las víctimas. Tienen plazo hasta el próximo martes. Cuando esas opiniones estén incorporadas a la causa el juez federal Daniel Rafecas quedará en condiciones de resolver.

En caso de aplicarse, será la primera vez que se lleve adelante un juicio en ausencia en Argentina y sería el cuarto proceso oral para el caso del atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 y que mató a 85 personas e hirió a otras 151.

La ley 27.784 de juicio en ausencia rige desde principio de mes cuando fue publicada en el Boletín Oficial tras la aprobación del Senado de la Nación a fines de febrero. La ley modifica una serie de artículos del Código Procesal Penal que ahora permiten juzgar en el país a acusados de delitos graves que no estén en el territorio. Desde que el proyecto se discutió siempre se puso como ejemplo el caso del atentado a la AMIA.

Con la ley sancionada, dos familiares de víctimas del atentado se presentaron en la causa y con el abogado Tomás Farini Duggan pidieron que se aplique. Luego lo solicitó el fiscal Basso. “Un análisis, bajo el prisma del derecho constitucional y convencional referido al caso concreto, permite sostener que el novel instituto del juicio en ausencia es perfectamente aplicable a este proceso y por lo tanto es ineludible su inmediata operatividad”, sostuvo en su dictamen de principio de mes.

La Fiscalía solicitó que se aplique el juicio en ausencia para Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Muchos son actualmente funcionarios del gobierno de Irán y otros lo fueron cuando ocurrió el atentado. El fiscal también solicitó la captura nacional e internacional del líder supremo de Irán, Ali Hosseini Khamenei.

Se trata de los 10 acusados con alerta roja de Interpol y pedido de captura internacional desde 2006 pero que nunca fueron detenidos. Irán, el país de la mayoría de los imputados, no extradita a sus ciudadanos y cuando viajan por el mundo no son detenidos por razones geopolíticas o porque las alertas no se activan.

La acusación de la UFI AMIA es que el atentado fue ejecutado por la organización terrorista de origen libanés Hezbollah y que fue planeado y financiado por el gobierno de Irán y por funcionarios de su representación diplomática en Argentina.

El fiscal sostuvo en su dictamen que la ley de juicio en ausencia es para, entre otros, delitos de terrorismo. Además, los acusados fueron declarados en rebeldía en 2006 cuando se ordenó su detención y la ley de juicio en ausencia establece que deben estar en esa condición por lo menos desde los últimos cuatro meses.

Con el dictamen del fiscal, el juez Rafecas le pidió opinión a las seis querellas del caso. Son, entre otras, AMIA, DAIA y Memoria Activa. El magistrado les dio un plazo de cinco días hábiles para que expresen su posición. Ese plazo vence el martes próximo. Todavía también están en plazo de pedir una prórroga para presentar sus dictámenes.

Cuando eso ocurra, Rafecas quedará en condiciones de resolver si acepta o no que el juicio en ausencia se aplica para los acusados del caso AMIA. En rigor no es la primera vez que se pide que ese instituto se aplica a una causa en Argentina. A principios de marzo se solicitó en una causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad ocurridos en Venezuela y en la que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, tiene un pedido de captura internacional. Otro de los acusados en el caso -el ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana Justo José Noguera Pietri- se presentó en la causa con el abogado Fernando Sicilia que pidió que se le aplique el juicio en ausencia. El planteo todavía no fue resuelto.

La ley establece inclusive que los acusados pueden presentarse para ponerse a derecho y someterse a un juicio presencial, inclusive una vez que haya terminado el proceso en ausencia.

El caso AMIA ya tuvo tres juicio orales. En el primero se juzgó la llamada “conexión local del atentado” en el que el reducidor de autos Carlos Telleldín y un grupo de oficiales de la Policía Bonaerense llegaron a juicio. Pero allí se demostró que la acusación fue inventada. Telleldín cobró 400 mil dólares para involucrar falsamente a los policías. Todo fue declarado nulo.

De esa decisión se desprendió el segundo juicio oral. Fue por las irregularidades en la investigación judicial del atentado y por el que están condenados los responsables de tener que dilucidar el caso: el ex juez federal Juan José Galeano, los ex fiscales federales Eamon Mullen y Jose Barbaccia, el ex jefe de la ex SIDE Hugo Anzorreguy y el propio Telleldín, entre otros.

El tercer juicio fue contra Telleldín porque se reflotó la acusación original en su contra de que había vendido la camioneta Traffic que se usó en el atentado a sabiendas que iba a tener ese fin. Telleldín fue absuelto.

La expectativa ahora es si habrá un cuarto juicio oral con la novedosa modalidad de que sea en ausencia de los imputados.

ESTADOS UNIDOS

- Donald Trump regresa este lunes a la Casa Blanca tras una investidura que, por primera vez en décadas, se celebrará en el interior del Capitolio, contará con la presencia de líderes mundiales y magnates de Silicon Valley. (foto) (infografía)

- Donald Trump jura el cargo como 47º presidente de Estados Unidos en una ceremonia bajo techo debido al frío, donde pronunciará un discurso para delinear su visión del futuro del país y consumará un regreso político que parecía imposible. (foto) (video)

- Perfil de Donald Trump. (foto)

- El nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, prevé firmar en su primer día en el cargo más de 100 órdenes ejecutivas, que tienen una de sus prioridades en el inicio de deportaciones masivas de migrantes sin papeles. (foto) (video) (infografía)

- El presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió este lunes un perdón preventivo al doctor Anthony Fauci, el general retirado Mark Milley y los integrantes del comité de investigación del asalto al Capitolio para evitar que puedan ser castigados por la nueva Administración de Donald Trump, que hoy asume la presidencia del país.

- Tras la reciente reanudación del servicio de TikTok en Estados Unidos, China destacó hoy que esta red social ha operado en ese país durante años y ha contribuido significativamente a su empleo y su desarrollo económico, a la espera de que Donald Trump firme hoy la orden ejecutiva que extenderá el periodo de gracia anunciado para que siga operativa. (foto)

- Una protesta conmemora la lucha de Martin Luther King Jr. en favor de la justicia y de la equidad mientras el republicano Donald Trump es investido presidente de Estados Unidos.

- Sesión del Consejo de Seguridad sobre Palestina, la primera tras la entrada en vigor del alto el fuego el día anterior. (foto) (video)

MÉXICO

- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expone sus planes para lidiar con el nuevo Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos ante las advertencias de aranceles del 25 % y las deportaciones masivas de migrantes a territorio mexicano. (foto) (video)

- Miles de migrantes parten en una caravana desde la frontera sur de México, la primera de la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, pese a las advertencias de deportaciones masivas y restricciones al asilo, así como una mayor vigilancia de las autoridades mexicanas. (foto) (video)

- Manifestantes convocan a una protesta en la Embajada de Estados Unidos para quemar una figura del nuevo presidente, Donald Trump. (foto) (video)

- Disney ofrece una conferencia de prensa con los detalles sobre el regreso del musical ‘El Rey León’, que ha dado fama a cantantes como el mexicano Carlos Rivera. (foto)

- Especialistas de los Colegios de la Frontera Norte de México analizan el impacto que tendrá en la región la política migratoria del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrece su rueda de prensa diaria. (foto) (video)

BRASIL

- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asegura que no quiere "peleas" con el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, y que desea que EE.UU. siga siendo un socio histórico. (video)

VENEZUELA

- La llegada de Donald Trump a la Presidencia de EE.UU. aumenta las expectativas de la oposición mayoritaria de Venezuela, que espera acciones contra el Gobierno del líder chavista Nicolás Maduro, quien asegura que el país está en mejores condiciones para enfrentar nuevas "sanciones y agresiones". (foto) (video)

ARGENTINA

- La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) celebra un acto en homenaje al fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto hace diez años en Buenos Aires, cuando investigaba el atentado contra la mutual en 1994, y cuya muerte está inmersa en circunstancias aún no esclarecidas. (foto) (video)

COLOMBIA

- La situación en la convulsa región colombiana del Catatumbo, donde los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y una disidencia de las FARC ha dejado más de ochenta muertos, sigue grave con miles de desplazados que aún no se atreven a volver a sus hogares. (foto)

- Dimite el ministro de las TIC de Colombia, Mauricio Lizcano, en la primera salida de varias que se vienen especulando desde hace semanas en el gobierno de Gustavo Petro, al que le queda año y medio de mandato. (foto)

- Un juez envía a prisión preventiva al supuesto responsable de la desaparición de una niña de 9 años el pasado 16 de enero en Chiquinquirá, en el centro de Colombia.

- El Servicio Geológico Colombiano (SGC) eleva la alerta amarilla después de que el volcán Puracé, ubicado en el suroeste de Colombia, comenzara anoche a emitir ceniza y haya aumentado su actividad.

PANAMÁ

- Comienza el juicio por el caso Odebrecht, la mayor trama de corrupción en la historia de Panamá, tras un largo y complicado proceso y sucesivas suspensiones, con 31 imputados por blanqueo, entre ellos los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela.(2014-2019). (foto) (video)

ECUADOR

 - Un colectivo de la comunidad LGTBIQ de Ecuador denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) al candidato presidencial Luis Felipe Tillería, del movimiento político Avanza, por realizar discursos presuntamente discriminatorios.

PERÚ

- Perú celebra el 'Día Nacional de la Paleontología' con una exhibición de fósiles, entre los que figura un tiburón de 9 millones de años ('cosmopolitodus hastalis'), un cocodrilo juvenil ('piscogavialis') y el diente de un megalodón. (foto) (video)

URUGUAY

- La bancada de senadores electos por el Frente Amplio lleva a cabo en Montevideo su primera reunión del año, en la que definirá su cronograma de trabajo. (video)

HONDURAS

- La tenencia de la tierra en el departamento de Colón, al este de Honduras, en el Caribe, es un conflicto de décadas que ha dejado más de un centenar de muertos, sin que se vislumbre una solución por falta de una verdadera voluntad política gubernamental, a lo que se suma la presencia del narcotráfico. (foto) (video)

DEPORTES

Uruguay.- Nacional y Peñarol se enfrentan en un clásico amistoso enmarcado en la Serie Río de la Plata, que disputan en Uruguay equipos de cinco países. (foto)

Panamá.- Comentario sobre la primera jornada del torneo Apertura del fútbol profesional de Panamá.

República Dominicana.- Comienza la final del béisbol invernal dominicano entre los Tigres del Licey, en busca de su tercer título consecutivo, y los Leones del Escogido, que luchan por conseguir un campeonato que se les escapa desde 2016. (foto) EFE

Mesa de Edición de América

mesaamerica@efe.com

ma/mf

Buenos Aires, 18 ene (EFE).- La expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) criticó este sábado a los medios y a la Justicia en el décimo aniversario del que calificó de "lamentable suicidio" del fiscal federal Alberto Nisman, quien investigaba el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y había denunciado a la entonces mandataria por su supuesto encubrimiento.

Fernández compartió en su cuenta de X un mensaje del senador cercano a ella Óscar Parrilli, donde afirma que los medios "no fallan: son de manual" porque los 18 de enero de cada año "ante un nuevo aniversario del lamentable suicidio del Fiscal Nisman, (los diarios) Clarín y La Nación comienzan a bombardear con notas sobre 'SU ASESINATO' INVENTADO - y es literal – primero mediáticamente y después judicialmente por el juez mutante Julián Ercolini".

Además de cuestionar las pericias, el mensaje que avala Cristina Fernández se apoya en que Diego Lagomarsino, procesado por el delito de homicidio en carácter de partícipe necesario por ser quien supuestamente proveyó el arma que provocó la muerte de Nisman, no esté preso.

Según la publicación, "llama poderosamente la atención" que las crónicas de Clarín y La Nación "no se ´INDIGNEN´" de que Lagomarsino esté libre.

Parrilli afirma que los medios con respecto de Lagomarsino "TIENEN MIEDO QUE HABLE y que cuente la verdadera historia de su rol junto a Nisman y de la famosa ´denuncia´ que el fiscal hizo contra CFK (Cristina Fernández de Kirchner) impulsado por las viejas jerarquías de la ex SIDE (ex agencia federal de inteligencia) y sobre la que nunca le entregaron las pruebas, por la sencilla razón de que no existían".

Óscar Parrilli era el director de la Agencia Federal de Inteligencia cuando falleció Nisman: "Estoy dispuesto a cualquier careo y con cualquiera", afirmó en su mensaje de este sábado.

La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 3, a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, ratificó hace pocos días que Nisman "fue víctima de un homicidio y que su muerte estuvo motivada por su labor en la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con Irán.

Nisman fue encontrado muerto el 18 de enero de 2015, de un disparo en la cabeza en el baño del departamento que alquilaba en el barrio capitalino de Puerto Madero, horas antes de que debía presentarse en el Congreso para denunciar a la entonces presidenta, Cristina Fernández, por supuesto encubrimiento a iraníes sospechosos del ataque terrorista contra la AMIA.

El ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires, perpetrado en 1994, dejó un saldo de 85 muertos y al menos 300 heridos.

Según la acusación de Nisman, Fernández habría firmado un acuerdo con Irán para acercar relaciones comerciales a cambio, supuestamente, de disminuir la carga judicial contra los principales sospechosos, que ocupaban altos cargos en Irán y en la organización terrorista chií libanesa Hizbulá.

En el mensaje publicado por Fernández este sábado, Parrilli recordó que la exmandataria recomendó el documental “Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía”, en la plataforma Netflix, y a Taiano, el libro ´¿Quién mató a Nisman?´, de Pablo Duggan, "antes de seguir haciendo servilismo de Clarín y La Nación". EFE

Buenos Aires, 18 ene (EFE).- La Oficina del Presidente de Argentina, Javier Milei, recordó este sábado con "vehemencia" los diez años del asesinato del fiscal federal argentino Alberto Nisman "en manos de lo más oscuro del poder" y afirmó que mantiene la confianza de que no quede impune.

En un comunicado oficial, el Ejecutivo de Milei recordó el 18 de enero de 2015, cuando Nisman fue hallado muerto de un disparo en la cabeza en el baño de su departamento en Buenos Aires, a pocos días de presentar ante el Congreso una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández (2015-2019) por "su actuación para dejar impunes a los responsables del atentado terrorista a la AMIA".

Nisman lideraba la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA (UFI-AMIA), el caso del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, perpetrado en 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y al menos 300 heridos.

La Oficina del Presidente Milei recuerda que "un elemento central" de la denuncia de Nisman contra Fernández y otros funcionarios era el Memorandum de Entendimiento entre Argentina e Irán, "un verdadero ejemplo de entrega de soberanía y traición a la patria".

Según la acusación de Nisman, Cristina Fernández habría firmado un acuerdo con Irán para acercar las relaciones comerciales a cambio, supuestamente, de disminuir la carga judicial contra los principales sospechosos, que ocupaban altos cargos en Irán y en la organización terrorista chií libanesa Hizbulá.

Milei reafirmó este sábado "su compromiso de procurar que haya justicia para las víctimas del atentado a la AMIA", para lo cual recordó que presentó ante el Congreso un proyecto de ley de ´Juicio en Ausencia´, que "asegura que los responsables del peor atentado de la historia en suelo argentino no queden impunes".

El Ejecutivo de Milei afirmó que "mantiene la confianza" en que el Poder Judicial "continúe con las investigaciones correspondientes para que el asesinato del Fiscal Nisman no quede impune".

Asimismo, el Ejecutivo de Milei espera que "continúen las líneas de investigación de la denuncia" que realizó Nisman "para que los culpables terminen tras las rejas".

La Fiscalía que investiga su muerte ratificó hace pocos días que Nisman "fue víctima de un homicidio y que su muerte estuvo motivada" en su labor en la UFI-AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con Irán, y que hoy está enfocada en identificar a las personas que lo ejecutaron como a quienes lo ordenaron.

El Supremo de Argentina resolvió en diciembre último rechazar un recurso presentado por Fernández en la causa en la que se la acusa de encubrimiento del atentado a la AMIA por la firma en 2013 del memorando de entendimiento con Irán, por lo que deberá ir a juicio oral y público. EFE

Buenos Aires, 18 ene (EFE).- Diez años después, la muerte en Buenos Aires del fiscal Alberto Nisman está aún lejos de ser esclarecida y continúa envuelta en un empantanado laberinto de acusaciones cruzadas y causas judiciales que no han logrado siquiera formular una hipótesis clara sobre las circunstancias del fallecimiento.

El hallazgo del cuerpo de Nisman sin vida y con un disparo en la cabeza en el baño de su casa desató el 18 de enero de 2015 un terremoto político en Argentina.

No se trataba solo del fiscal que investigaba el mayor atentado en la historia del país -ocurrido en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y que causó 85 muertos-, era también el hombre que el día siguiente iba a defender en el Congreso la denuncia por el encubrimiento de dicho ataque que había presentado esa misma semana contra la entonces presidenta, Cristina Fernández (2007-2015).

Diez años sin respuestas

Desde aquel día, la causa por la muerte de Nisman ha pasado por distintos jueces y fiscales que no han podido formular respuestas contundentes y hasta han recibido informes periciales contradictorios, que llevaron primero a sospechar que se trató de un suicidio y luego a investigar sobre la hipótesis del homicidio.

"Desde el punto de vista de las pruebas, no hay elementos para categóricamente descartar cualquier hipótesis", resume en una entrevista con EFE el abogado Horacio Lutzky, que conoció a Nisman y ha escrito varios libros sobre aquel atentado.

Lutzky considera que la muerte del fiscal quedó "manchada por intereses políticos locales e internacionales" y dejó en evidencia la falta de credibilidad de toda investigación criminal que tenga repercusiones políticas, incluida la del atentado a la AMIA, que tampoco se ha esclarecido aún.

El repudio de la sociedad ante el fallecimiento del fiscal se materializó en una multitudinaria protesta días después en Buenos Aires exigiendo justicia y, según algunos analistas, también en los comicios presidenciales de noviembre de 2015, en los que el candidato oficialista, Daniel Scioli, sufrió una ajustada derrota ante el opositor Mauricio Macri.

Investigación como homicidio

Diez años después, el fallecimiento de Nisman es investigado como un homicidio por la Justicia federal, que analiza en paralelo una serie de irregularidades en la escena tras el hallazgo del cuerpo y que ha procesado a cinco personas: sus cuatro custodios por incumplimiento de sus funciones y un allegado del fiscal como partícipe necesario, por haberle entregado el arma que provocó su muerte.

En un informe publicado la semana pasada, el fiscal a cargo de la causa insistió en la hipótesis del homicidio y en que la muerte de Nisman estuvo motivada por su labor en la investigación del atentado y su denuncia de encubrimiento.

"Yo creo que todos los indicios apuntan a que fue un homicidio y la investigación hoy está señalando a espías vinculados con el kirchnerismo y a un sector de la Inteligencia y del Ejército", explica a EFE el periodista Hernán Cappiello, que estuvo con el fiscal 48 horas antes de su fallecimiento y ha seguido de cerca el avance del caso.

Cappiello destaca la presencia de un virus en el teléfono móvil de Nisman, una serie de llamadas inusuales entre agentes de inteligencia antes del hallazgo del cuerpo y la posible alteración de la escena.

Además, enfatiza que la muerte se produjo en un contexto de fuertes tensiones dentro de los organismos de Inteligencia desencadenados por la decisión de la entonces presidenta de remover la cúpula de la Secretaría de Inteligencia de Estado.

La denuncia de Nisman contra Cristina Fernández por la firma en 2013 de un acuerdo con Irán -que nunca entró en vigor y que según el fiscal buscaba beneficios comerciales a cambio de encubrir a iraníes sospechados por el atentado- fue desestimada un mes después de su muerte por la Justicia argentina, pero luego reabierta durante el gobierno de Macri, y aún continúa su curso.

"La causa AMIA siempre ha tenido distintas situaciones que han buscado poner el foco en otras cosas y no en la verdad y la justicia", afirma a EFE Diana Wassner, integrante del colectivo de familiares de víctimas Memoria Activa y cuyo esposo murió en el atentado.

Wassner destaca un fallo de junio pasado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que responsabilizó al Estado argentino por no cumplir con su deber de investigar el atentado con la debida diligencia y dentro del plazo razonable, y cuestiona con dureza las pesquisas de Nisman, algo que dice "está a la vista por la falta de resultados".

"No me sorprende que después de 30 años del atentado y de 10 años de la muerte de Nisman no haya novedades, porque es un caso que ha estado empantanado desde el día uno y eso se debe a que ha habido un gran encubrimiento para que no se sepa nunca la verdad", cierra la familiar de una de las víctimas.

Pablo Duer

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha condenado este sábado la muerte hace diez años del fiscal Alberto Nisman como un acto "en manos de lo más oscuro del poder".

El fiscal, que investigaba el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, fue hallado muerto el 18 de enero de 2015 en su apartamento de Buenos Aires. Su cadáver estaba tendido en el suelo del cuarto de baño con un disparo en la cabeza, lo que en un principio apuntó a un suicidio, si bien la familia siempre defendió que se trató de una muerte violenta.

La muerte del fiscal provocó gran polémica en Argentina porque se produjo una semana después de que este acusara a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su ministro de Exteriores, Héctor Timerman, entre otros cargos públicos, de llegar a un acuerdo secreto con Irán para desviar la investigación contra los sospechosos iraníes a cambio de la compra de grano argentino.

La Cámara Federal de Casación encontró en abril del año pasado culpables a Irán y al partido-milicia chií libanés Hezbolá del atentado contra la AMIA, que se saldó con 85 muertos y cientos de heridos y es el mayor atentado terrorista cometido en suelo argentino.

En un comunicado de su oficina publicado durante su visita a Estados Unidos para la investidura de Donald Trump, Milei "recuerda con vehemencia los 10 años del asesinato del Fiscal Federal de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, en manos de lo más oscuro del poder".

Milei recuerda "la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner por el "Pacto con Irán" sobre la causa AMIA y describe como "un elemento central el Memorándum de Entendimiento entre la República Argentina y la República Islámica de Irán", firmado por Timerman en 2013, que describe "un verdadero ejemplo de entrega de soberanía y traición a la patria".

"En este contexto, el Presidente Javier Milei reafirma su compromiso de procurar que haya justicia para las víctimas del atentado a la AMIA, para lo cual ha presentado ante el Congreso el proyecto de ley de Juicio en Ausencia, que asegura que los responsables del peor atentado de la historia en suelo argentino no queden impunes", añade el comunicado.

"Desde el Poder Ejecutivo se mantiene la confianza en que el Poder Judicial continúe con las investigaciones correspondientes para que el asesinato del Fiscal Nisman no quede impune. También, espera que continúen las líneas de investigación de la denuncia que él realizó para que los culpables terminen tras las rejas", concluye la nota.

Pablo Duer

Buenos Aires, 18 ene (EFE).- Diez años después, la muerte en Buenos Aires del fiscal Alberto Nisman está aún lejos de ser esclarecida y continúa envuelta en un empantanado laberinto de acusaciones cruzadas y causas judiciales que no han logrado siquiera formular una hipótesis clara sobre las circunstancias del fallecimiento.

El hallazgo del cuerpo de Nisman sin vida y con un disparo en la cabeza en el baño de su casa desató el 18 de enero de 2015 un terremoto político en Argentina.

No se trataba solo del fiscal que investigaba el mayor atentado en la historia del país -ocurrido en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y que causó 85 muertos-, era también el hombre que el día siguiente iba a defender en el Congreso la denuncia por el encubrimiento de dicho ataque que había presentado esa misma semana contra la entonces presidenta, Cristina Fernández (2007-2015).

Diez años sin respuestas

Desde aquel día, la causa por la muerte de Nisman ha pasado por distintos jueces y fiscales que no han podido formular respuestas contundentes y hasta han recibido informes periciales contradictorios, que llevaron primero a sospechar que se trató de un suicidio y luego a investigar sobre la hipótesis del homicidio.

"Desde el punto de vista de las pruebas, no hay elementos para categóricamente descartar cualquier hipótesis", resume en una entrevista con EFE el abogado Horacio Lutzky, que conoció a Nisman y ha escrito varios libros sobre aquel atentado.

Lutzky considera que la muerte del fiscal quedó "manchada por intereses políticos locales e internacionales" y dejó en evidencia la falta de credibilidad de toda investigación criminal que tenga repercusiones políticas, incluida la del atentado a la AMIA, que tampoco se ha esclarecido aún.

El repudio de la sociedad ante el fallecimiento del fiscal se materializó en una multitudinaria protesta días después en Buenos Aires exigiendo justicia y, según algunos analistas, también en los comicios presidenciales de noviembre de 2015, en los que el candidato oficialista, Daniel Scioli, sufrió una ajustada derrota ante el opositor Mauricio Macri.

Investigación como homicidio

Diez años después, el fallecimiento de Nisman es investigado como un homicidio por la Justicia federal, que analiza en paralelo una serie de irregularidades en la escena tras el hallazgo del cuerpo y que ha procesado a cinco personas: sus cuatro custodios por incumplimiento de sus funciones y un allegado del fiscal como partícipe necesario, por haberle entregado el arma que provocó su muerte.

En un informe publicado la semana pasada, el fiscal a cargo de la causa insistió en la hipótesis del homicidio y en que la muerte de Nisman estuvo motivada por su labor en la investigación del atentado y su denuncia de encubrimiento.

"Yo creo que todos los indicios apuntan a que fue un homicidio y la investigación hoy está señalando a espías vinculados con el kirchnerismo y a un sector de la Inteligencia y del Ejército", explica a EFE el periodista Hernán Cappiello, que estuvo con el fiscal 48 horas antes de su fallecimiento y ha seguido de cerca el avance del caso.

Cappiello destaca la presencia de un virus en el teléfono móvil de Nisman, una serie de llamadas inusuales entre agentes de inteligencia antes del hallazgo del cuerpo y la posible alteración de la escena.

Además, enfatiza que la muerte se produjo en un contexto de fuertes tensiones dentro de los organismos de Inteligencia desencadenados por la decisión de la entonces presidenta de remover la cúpula de la Secretaría de Inteligencia de Estado.

La denuncia de Nisman contra Cristina Fernández por la firma en 2013 de un acuerdo con Irán -que nunca entró en vigor y que según el fiscal buscaba beneficios comerciales a cambio de encubrir a iraníes sospechados por el atentado- fue desestimada un mes después de su muerte por la Justicia argentina, pero luego reabierta durante el gobierno de Macri, y aún continúa su curso.

"La causa AMIA siempre ha tenido distintas situaciones que han buscado poner el foco en otras cosas y no en la verdad y la justicia", afirma a EFE Diana Wassner, integrante del colectivo de familiares de víctimas Memoria Activa y cuyo esposo murió en el atentado.

Wassner destaca un fallo de junio pasado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que responsabilizó al Estado argentino por no cumplir con su deber de investigar el atentado con la debida diligencia y dentro del plazo razonable, y cuestiona con dureza las pesquisas de Nisman, algo que dice "está a la vista por la falta de resultados".

"No me sorprende que después de 30 años del atentado y de 10 años de la muerte de Nisman no haya novedades, porque es un caso que ha estado empantanado desde el día uno y eso se debe a que ha habido un gran encubrimiento para que no se sepa nunca la verdad", cierra la familiar de una de las víctimas. EFE

(foto)(vídeo)

El titular de la Unidad Fiscal AMIA, Sebastián Basso, solicitó que los 10 acusados con pedido de captura internacional de haber planificado el atentado terrorista a la AMIA sean juzgados mediante la ley de juicio en ausencia que permite llevar adelante el proceso aunque los imputados no estén presentes.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el fiscal Basso lo hizo mediante un dictamen que presentó ante el juez federal Daniel Rafecas, quien ahora deberá resolver si acepta el pedido. El planteo inicial había sido hecho el mes pasado por los padres de dos víctimas del atentado., ocurrido el 18 de julio de 1994 y que mató a 85 personas e hirió a otras 151.

La Fiscalía solicitó que se aplique el juicio en ausencia para Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

Se trata de los 10 acusados con alerta roja de Interpol y pedido de captura internacional desde 2006 pero que nunca fueron detenidos. Irán, el país de la mayoría de los imputados, no extradita a sus ciudadanos y cuando viajan por el mundo no son detenidos por razones geopolíticas o porque las alertas no se activan.

Así, la Fiscalía entendió que la nueva ley 27.784 de juicio en ausencia “puede ser aplicado en la causa, ya que el atentado contra la sede de la AMIA ha sido declarado en reiteradas instancias judiciales como un crimen de lesa humanidad y, como tal, susceptible de ser encuadrado bajo el artículo 7° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional".

“Todos esos imputados fueron declarados rebeldes y tienen conocimiento de la existencia del proceso en su contra, pero nunca se han presentado ni acatado los requerimientos de las autoridades judiciales argentinas. Respecto de ellos se han solicitado capturas internacionales y sus correspondientes extradiciones a fin de lograr su comparecencia en el país, sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados positivos. Por lo cual, se cumplen los requisitos para la aplicación de esta herramienta procesal en el caso”, sostuvo la Fiscalía.

La ley de juicio en ausencia rige desde principio de mes cuando fue publicada en el Boletín Oficial tras la aprobación del Senado de la Nación a fines de febrero. La ley modifica una serie de artículos del Código Procesal Penal que ahora permiten juzgar en el país a acusados de delitos graves que no estén en el territorio. Desde que el gobierno nacional presentó el proyecto en el Congreso de la Nación siempre se puso como ejemplo de juicio en ausencia el caso del atentado a la AMIA.

Uno de los delitos en los que se puede aplicar es en terrorismo. La norma establece que será para los imputados con pedidos de captura vigentes de más de cuatro meses o para los que conociendo la causa en su contra no se presenten.

Los supuestos se aplican para el caso de la AMIA. Los acusados tienen órdenes de detención de más de 20 años ni tampoco se presentaron en la justicia. La ley también establece que los acusados pueden presentarse para ponerse a derecho y someterse a un juicio presencial, inclusive una vez que haya terminado el proceso.

El gobierno nacional, que impulsó la ley de juicio en ausencia, celebró el dictamen de la Fiscalía. “Cuando decimos que le estamos dando las herramientas a la Justicia para meter presos a los delincuentes, nos referimos a esto. Esta ley permite a la Justicia perseguir a los delincuentes más peligrosos aún cuando se dan a la fuga. Vamos a poder juzgar a los terroristas que idearon y nos hicieron el peor atentado de nuestra historia, asesinando a 85 argentinos”, sostuvo el ministro de justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

Entre los acusados están Fallahijan Alí, ex ministro de Inteligencia de Irán; Rezai Mohsen, ex comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica y actual funcionario del gobierno; Velayati Alí Akbar, ex ministro de Asuntos Exteriores de Irán y actual funcionario; Soleimanpour Hadi, ex embajador de Irán; y los hermanos Salman Rauf Salman y Salman Abdallah (también conocido como José el Reda).

La acusación de la UFI AMIA es que el atentado fue ejecutado por la organización terrorista de origen libanés Hezbollah y que fue planeada y financiada por el gobierno de Irán y por funcionarios de su representación diplomática en Argentina.

Con el dictamen de la Fiscalía AMIA, el juez Rafecas le pedirá opinión al resto de las partes para luego decidir si acepta aplicar el proceso a juicio en ausencia para el caso. Sería la primera vez que eso ocurra en la justicia argentina.

El caso AMIA tuvo ya dos juicio orales. Uno fue por las irregularidades en la investigación judicial del atentado y por el que están condenados el ex juez federal Juan José Galeano, los ex fiscales federales Eamon Mullen y Jose Barbaccia y el ex jefe de la ex SIDE Hugo Anzorreguy. El segundo juicio fue contra el reducidor de autor Carlos Telleldín por la venta de la camioneta traffic que se usó en el atentado a sabiendas que iba a tener ese fin. Telleldín fue absuelto.

Luego de sus tres años de gestión, el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Amos Linetzky, se prepara para dejar el mando de la entidad, que continuará de todas formas en manos del oficialismo, que el domingo ganó las elecciones internas por amplia mayoría.

En diálogo con Infobae, el referente de la comunidad judía repasó los logros de su administración, que comenzó en junio del 2022, cuando estaba enfermo de coronavirus, y condenó las “olas de antisemitismo que surgieron en varios países” después del ataque del 7 de octubre por parte de Hamás en la Franja de Gaza.

Además, advirtió que la aprobación de la ley de juicio en ausencia no debe “generar un desvío de atención” de los problemas que sigue teniendo la justicia argentina y remarcó que la AMIA no quiere “que haya soluciones mágicas”.

Tras las elecciones, en las que se impuso el Bloque Unido Religioso (BUR), se convocará a una reunión a fines de mayo para elegir al nuevo directorio que, a su vez, nombrará al próximo presidente, el cual entrará en funciones en junio.

-El oficialismo ganó estas elecciones por amplia mayoría, ¿qué significa para usted este triunfo?

-Es un motivo de orgullo presidir una de las instituciones más emblemáticas de la República Argentina y de la comunidad judía, en particular. Con 131 años de democracia ininterrumpida, se ha escrito ayer otra parte, se ha agregado otro ladrillo a esta construcción, a esta historia tan rica. Para mí es un motivo de orgullo y es, de alguna forma, un apoyo a la gestión que estamos culminando y al camino que elegimos de diálogo, de abarcar y de incluir a la mayor parte de agrupaciones y de sectores de la comunidad posible y de todo lo realizado en estos años. Fue muy lindo observar, y se notó mucho en muchas de las mesas de distintos centros de votación, que no solo el público observante nos ha elegido, sino claramente el público no observante también ha votado por el Bloque Unido Religioso.

Esto muestra una apertura mental y una aceptación de lo realizado, más allá de que provenga de dirigentes que por ahí pertenecen a otras agrupaciones y que ven la vida no siempre de la misma manera que el votante. Digo, aceptar y congraciarse y hasta votar a quien piensa distinto a uno, pero como una señal de apoyo al buen trabajo. Es, además, una forma de continuar, a pesar de todo lo que hemos venido sufriendo y, justamente, estamos a 18 meses del 7 de octubre y con todas las actividades comunitarias que seguimos haciendo y seguiremos haciendo, le estamos diciendo “no” al terrorismo, como de alguna forma venimos haciendo desde el 18 de julio también, día en el que, en 1994, sufrimos el atentado en nuestra propia casa.

-La próxima administración asumirá en un contexto global muy complejo, con Israel siendo atacada por Hamas y cientos de personas todavía secuestradas en la Franja de Gaza, ¿cuáles cree que deberían ser los objetivos de su sucesor?

-Estamos pasando por un momento muy, muy especial a nivel mundial, en particular las comunidades judías están sufriendo olas de antisemitismo post 7 de octubre en distintos países del mundo, lo que nos preocupa de sobremanera, porque afortunadamente la situación aquí en la Argentina es mejor que en otros países, lo observamos cuando nos comunicamos con nuestros colegas, con otros directores, presidentes de instituciones paralelas en otros países y la situación es lamentable en algunos países de Europa, en Estados Unidos. Vemos parte de ese problema por lo que ocurre en las universidades, por ejemplo, pero hay mucho que no se ve y que a nosotros nos llega por parte de nuestros amigos, colegas de otras organizaciones hermanas en otros países, por lo tanto, es muy importante que se continúe con el monitoreo de antisemitismo y se denuncie cualquier mínima chispa de antisemitismo.

De hecho, para dar un ejemplo, tenemos un centro de monitoreo con el Congreso Judío Latinoamericano y con DAIA, donde monitoreamos el antisemitismo en la web y otras iniciativas. También hay que tratar de proveer a la comunidad de resiliencia y trabajar con aquellos que más lo necesitan, por ejemplo, hay que continuar con un programa que hemos arrancado que se llama HOSEN, que funciona en Israel y lo importamos, por decirlo de alguna forma, aquí a la Argentina junto con la Agencia Judía Mundial y trata de dar ayuda psicológica para situaciones de crisis y de emergencia y se ha implementado aquí, por ejemplo, en el caso de personas afectadas por el ataque de octubre, porque tienen familiares que fueron asesinadas o secuestradas el 7 de octubre, por ejemplo.

Hay que continuar con ese rol que el líder y el dirigente tienen y que tiene que con lo que la comunidad necesita. Como siempre, continuar con lo que ha caracterizado al pueblo judío que es elegir la vida, seguir con todas las obras de jesed, como decimos en hebreo, que es apoyo y ayuda a los que necesitan con las actividades comunitarias, justamente como las elecciones que realizamos ayer, y continuar siempre mirando para adelante.

-¿Hay algún dirigente en particular de su agrupación que le gustaría a usted que fuera el siguiente presidente de la AMIA?

-Bueno, todavía el candidato no se ha elegido. El BUR históricamente ha elegido el candidato luego de ganar las elecciones, por lo tanto, las próximas semanas las autoridades del BUR estaremos eligiendo a quién continuará con la gestión y luego la asamblea de representantes de la AMIA formalmente elegirá a la próxima comisión directiva que dirigirá a la institución desde el 2025 hasta el 2028, año en el cual el BUR contará ya con 20 años, si Dios quiere, dirigiendo esta institución. Es una responsabilidad enorme, estamos hablando de una persona que tiene que ser consciente de que representa a mucha gente, la AMIA tiene unos 30.000 socios aproximadamente, de los cuales 20.000 tenían derecho a voto. Han votado unos 8.000, que es un número muy relevante, creo que no hay muchas organizaciones de la sociedad civil que tengan elecciones tan multitudinarias. Entonces, tiene una responsabilidad enorme. Me gustaría que continúe con el camino que venimos realizando y, ante todo, entender que el dirigente tiene que tener perfil bajo, no tiene que ser el actor principal, ni intentar aparecer primero en todas las fotos, ni salir en todos los diarios. Entendemos que tiene que tener un perfil bajo como lo procuramos con todos los compañeros de esta gestión. Tiene que también continuar sí o sí con el camino del diálogo, con el camino del respeto al otro, no entender a un contrincante político, a un dirigente que pertenece a otra agrupación, como un enemigo, sino como un par que simplemente opina distinto y merece ser escuchado.

-La siguiente gestión deberá continuar con el reclamo de justicia por el atentado de 1994, ¿la sanción del juicio en ausencia puede ayudar para condenar a los culpables?

-Por supuesto que debe continuar con el reclamo de justicia que iniciamos a partir del año 1994. El reclamo de justicia, el ejercicio de la memoria, es parte del ADN de la institución. De hecho, fue muy fuerte observar cómo, a pesar de que ya transcurrieron 30 años, en el último acto que hicimos el 18 de julio del año pasado, en la calle Pasteur, como todos los años, había más de 15.000 personas, a pesar de que había pasado 30 años, a pesar de que muchos de los presentes o no habían nacido o no tenían memoria vivencial. Entonces, desde ya que el reclamo de justicia es una constante y continuará hasta que veamos justicia.

El juicio en ausencia es un instituto jurídico interesante, hasta hace poquito ausente en nuestra legislación. Ahora ya es parte de nuestra legislación, ya hay querellas que lo están solicitando para el caso AMIA, en particular. Siendo la voluntad popular, la AMIA lo ha aceptado y apoyaremos y también hasta incluso lo impulsaremos, ahora que ya es ley. Lo que no queremos es que haya un desvío de atención, que haya soluciones mágicas. No queremos que, porque haya juicio en ausencia, no se observen todavía las faltas del Estado luego de más de 30 años. Por ejemplo, que las fronteras siguen siendo permeables. Por ejemplo, que la justicia sigue siendo muy tosca y muy lenta o que la ley procesal es totalmente inadecuada. Estamos hablando de un código procesal penal que ya tiene más de 30 años, que cuando entró en vigencia ya era viejo y no era adecuado. Imagínense ahora, no tenemos ley antiterrorista adecuada que, por ejemplo, les otorgue y brinde a los fiscales facultades especiales para lidiar con el fenómeno del terrorismo, como hay en tantos países de Europa y Estados Unidos, por ejemplo. Eso no lo tenemos.

-Vemos que, lamentablemente, están volviendo a aparecer expresiones antisemitas, cómo la de la diputada Viviana Biasi, ¿por qué cree que todavía existen estos discursos de odio?

-Se trata de ejemplos lamentables, que dejan en evidencia, en algunos casos, ignorancia, resentimiento y odio. Y en otros casos, un antisemitismo manifiesto que hay que denunciar, por supuesto, y monitorear de manera permanente. Afortunadamente, los exponentes de este odio, que pareciera ser cada vez más visceral y violento, son escasos en nuestro país y no son representativos de la sociedad. Son expresiones marginales y sin representatividad significativa. Sus apariciones pueden ser, tal vez, muy estentóreas pero no deben confundirnos. Argentina es un ejemplo de la convivencia pacífica entre los distintos credos y las diferentes comunidades. Este diferencial es un enorme orgullo de nuestra sociedad, un ejemplo en ese sentido a nivel internacional, y no puede mancharse con expresiones que no son más que intentos aislados de provocación para atraer algún tipo de atención.

-¿Qué les dejaron estos 3 años al frente de la AMIA?

-El final de la gestión llega con un sentimiento de satisfacción, después de tres años de intenso trabajo. Fueron años muy productivos, en los que la educación fue uno de los pilares fundamentales. En ese sentido, ampliamos el presupuesto destinado al área y lanzamos un programa de becas para poder incorporar más familias en las escuelas que integran la Red Escolar Judía. También fortalecimos los espacios de formación docente que desarrolla AMIA, conscientes de que la excelencia educativa comienza por la calidad de los docentes.

Este domingo se llevó a cabo la jornada electoral en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), donde 7.846 personas asociadas acudieron a las urnas para renovar las autoridades de la institución para el período 2025-2028. Los comicios se llevaron a cabo en 24 centros de votación, ubicados en la ciudad de Buenos Aires, Olivos, Morón y Lanús.

El escrutinio final determinó la composición de la Asamblea Electora, que estará integrada por 90 representantes de los asociados. Estos fueron designados de acuerdo con los resultados electorales de las cuatro agrupaciones participantes, bajo el sistema de voto indirecto que rige en la AMIA.

Resultados de las elecciones

• Bloque Unido Religioso (BUR): 5.349 votos, obteniendo así 61 lugares en la Asamblea.
• Más AMIA: 1.046 votos, con 12 representantes en la Asamblea.
• HAIOM: 856 votos, ocupando 10 asientos en la Asamblea.
• Somos AMIA: 581 votos, con 7 integrantes en la Asamblea.

Se registraron además 7 votos en blanco y 7 votos anulados.

Próximos pasos y declaraciones

El área de Socios de la AMIA, responsable de los comicios, informó que la Asamblea de Representantes de Socios (RAT) se reunirá a fines de mayo para designar a los miembros de la próxima Comisión Directiva.

El recuento de votos, supervisado por el comité electoral junto a los presidentes de mesa, supervisores, y apoderados de las agrupaciones, se realizó en Pasteur 633 y fue transmitido en vivo a través del canal de YouTube de la entidad, AMIAonline.

Amos Linetzky, presidente de la AMIA, expresó su gratitud a todos los socios que participaron, destacando la amplia variedad de propuestas presentadas. “La jornada se desarrolló con total normalidad, en un clima de respeto y participación”, afirmó Linetzky, resaltando el sentido de comunidad e involucramiento de los socios.

Así, la AMIA concluye otra jornada electoral reflejando la voluntad democrática de sus miembros y reafirmando su compromiso con el futuro de la institución.

Causa AMIA: Pedido de aplicación de la nueva ley de juzgamiento en ausencia a los acusados

A mediados de marzo, los familiares de víctimas del atentado a la AMIA pidieron en la justicia que se aplique la nueva ley de juzgamiento en ausencia a los acusados con orden de captura internacional que tiene el caso. Se trata de los iraníes que están imputados de haber planificado y ordenado el ataque terrorista y que tienen pedido de captura nacional e internacional desde 2006.

El planteo fue hecho ante el juez federal Daniel Rafecas, que tiene a su cargo de manera subrogante el juzgado federal 6 de Comodoro Py donde tramita la causa por el atentado, por Luis Czyzewski y Mario Averbuch, padres de Paola y Yamila, respectivamente, ambas asesinadas en el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 y que mató a 85 personas e hirió a otras 151.

La ley de juicio en ausencia -27.784- rige desde hace dos semanas cuando fue publicada en el Boletín Oficial tras la aprobación del Senado de la Nación a fines de febrero. La ley modifica una serie de artículos del Código Procesal Penal que ahora permiten juzgar en el país a acusados de delitos graves que no estén en el territorio. Desde que el gobierno nacional presentó el proyecto en el Congreso de la Nación siempre se puso como ejemplo de juicio en ausencia el caso del atentado a la AMIA.

Uno de los delitos en los que se puede aplicar es en terrorismo. La norma establece que será para los imputados con pedidos de captura vigentes de más de cuatro meses o para los que conociendo la causa en su contra no se presenten.

Buenos Aires, 10 ene (EFE).- La Fiscalía que investiga la muerte del fiscal federal argentino Alberto Nisman, en enero de 2015, ratificó que "fue asesinado" por su trabajo en la investigación del peor atentado perpetrado en Argentina, contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), y su encubrimiento por parte del Ejecutivo, según un informe que difundió este viernes.

A pocos días de cumplirse diez años, la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 3, a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, presentó un informe en el que ratifica que Nisman "fue víctima de un homicidio y que su muerte estuvo motivada en su labor en la UFI-AMIA (Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA) y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán".

Nisman fue encontrado muerto el 18 de enero de 2015, de un disparo en la cabeza en el baño del departamento que alquilaba en el barrio capitalino de Puerto Madero, horas antes de que debía presentarse en el Congreso para denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015), por supuesto encubrimiento a iraníes sospechosos del ataque terrorista contra la AMIA.

El ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires fue perpetrado en 1994 y dejó un saldo de 85 muertos y al menos 300 heridos.

Según la acusación de Nisman, Cristina Fernández habría firmado un acuerdo con Irán para acercar relaciones comerciales a cambio, supuestamente, de disminuir la carga judicial contra los principales sospechosos, que ocupaban altos cargos en Irán y en la organización terrorista chií libanesa Hizbulá.

Taiano, quien asumió la investigación en 2016, detalló en el informe de 52 páginas que desde el inicio, "la investigación (sobre la muerte de Nisman) estuvo plagada de irregularidades y de acciones tendientes a desviar su curso por parte de diferentes actores".

El fiscal recordó que el 7 de noviembre de 2017 presentó un dictamen en el que se determinó que "Nisman había sido asesinado" y que hubo "intención de simular un suicidio".

La Justicia confirmó en 2018 los procesamientos de quien supuestamente proveyó el arma, Diego Ángel Lagomarsino, por el delito de homicidio en carácter de partícipe necesario; a los custodios que debían cuidar a Nisman ese fin de semana: Rubén Fabián Benítez, Luis Ismael Miño y Armando Niz -por los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público- y Néstor Oscar Durán -por incumplimiento de los deberes de funcionario público-.

Taiano explicó en el informe que "determinada la forma en la cual Nisman había sido asesinado, la actividad de la fiscalía se enfocó en identificar tanto a las personas que lo ejecutaron como a quienes lo ordenaron".

A "raíz de las irregularidades detectadas" en su accionar cuando intervinieron en el procedimiento llevado a cabo en el complejo Le Parc Puerto Madero donde fue hallado Nisman, se imputó al entonces secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, Sergio Berni; al prefecto general de la Prefectura Nacional Argentina, Luis Alberto Heiler.

También, al jefe de la Policía Federal Argentina, Román Di Santo, y el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación, Darío Ruiz.

A la fecha, la Fiscalía informó que se encuentra en curso la producción de medidas para determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron y el pedido de desclasificación de documentación de inteligencia sobre la muerte de Nisman. EFE

El periodista argentino Jorge Lanata ha fallecido este lunes a los 64 años de edad seis meses de ingresar en el Hospital Italiano de Buenos Aires tras un principio de infarto.

Lanata comenzó a trabajar como periodista a los 14 años en Radio Nacional, colaboró con la revista 'Siete Días' durante la dictadura militar y también publicó noticias en la revista 'El Porteño'.

Ya en democracia colaboró en Radio Belgrano y participó en la fundación del diario 'Página 12' en 1987, una publicación que dirigió con apenas 26 años de edad y hasta marzo de 1994.

De esta época son algunos de sus primeros libros que trataban cuestiones como la intifada en la Franja de Gaza o su participación en la radio con Hora 25 en la emisora Rock and Pop, un programa de culto.

Después realizó una investigación periodística sobre los atentados contra la Embajada israelí y la AMIA en Buenos Aires, que derivó en el libro 'Cortinas de Humo', de 1994.

Ya desvinculado de 'Página 12', dio el salto a la televisión con el programa Día D desde 1996, y dos años después dirigió una nueva revista, 'Veintiuno', y más tarde 'EGO', y publicó el relato histórico del país 'Argentinos'.

En 2008 se situó como director del diario 'Crítica de la Argentina' posicionándolo claramente en contra del gobierno de Néstor Kirchner para más tarde pasar al histórico 'Clarín' con una columna, desde donde siguió ejerciendo el periodismo militante.

En los años siguientes publicó nuevos libros, con menos fortuna, y comenzó su declive físico con un transplante de riñón y su negativa a dejar el tabaco, lo que propició el nacimiento del programa 'Lanata sin filtro' desde su propia casa.

El rabino Tzvi Grunblatt cuenta lo que pasó en Purim, una fiesta de 2.500 años. “Es de las fiestas más alegres de nuestra comunidad”, explica el religioso.

El viernes 14, de 11 a 17 horas, se podrá recibir Mishlóaj Manot y cumplir las cuatro mitzvot de Purim en la esquina de avenida Corrientes y Scalabrini Ortiz y en Corrientes y Florida. A las 12:30 h se realizará la lectura de la Meguilá en estos puntos y también en los siguientes espacios verdes: la pérgola de Barrancas de Belgrano, Plaza Castelli (Conde y Echeverría), Parque Centenario (junto al lago) y Plaza Alemania (Av. del Libertador y R. Scalabrini Ortiz). La actividad es abierta a todo el público y no requiere inscripción previa.

Otra opción para escuchar la historia de Ester es asistir a las lecturas de la Meguilá en Agüero 1164, donde se ofrecerán lecturas cada hora el jueves 13 desde las 21 hasta la 1 y el domingo 14 de 8 a 18 horas.

Para quienes no puedan acercarse a los puntos de encuentro por razones de enfermedad o trabajo, existe la posibilidad de solicitar una visita de un voluntario con “Meguilá a Domicilio” completando el formulario en PurimArgentina.com o contactándose por WhatsApp al 11.6197.4444.

Escuchamos la Meguilá para recordar que, aunque en la antigua Persia Hamán intentó aniquilar al pueblo de Israel, seguimos en pie y lo estaremos por siempre. Los cuatro preceptos de Purim son: escuchar la Meguilá (historia de Ester), enviar Mishlóaj Manot (paquetes con alimentos y bebidas listos para el consumo) a los amigos, ayudar a personas necesitadas (Matanot Levionim) y realizar un banquete festivo.

La historia que recuerda el Purim

Todo comenzó en la antigua Persia, en el siglo IV AC. En ese tiempo, el Santo Templo de Jerusalén llevaba ya 50 años destruido, y los judíos vivían bajo el dominio del poderoso Imperio persa, que abarcaba 127 provincias.

Tres años después de que el Rey Asuero ascendiera al trono, y sintiéndose seguro en su poder, organizó una celebración grandiosa: una fiesta que duró 180 días para todos sus súbditos. Al concluir esta fastuosa gala, ofreció otra más pequeña, de una semana, para los residentes de Shushan, la capital. Mientras tanto, en el área femenina del palacio, su esposa, la Reina Vashti, realizaba un banquete para las mujeres de la ciudad.

En el séptimo día de la festividad, con el ánimo exaltado por el vino, Asuero ordenó que Vashti se presentara ante los asistentes para exhibir su belleza. Sin embargo, ella se negó rotundamente. Siguiendo el consejo de su asesor Memujan, Asuero decretó su ejecución.

En la búsqueda de la nueva reina

Tiempo después, cuando la furia de Asuero se disipó, sintió la ausencia de una esposa. Sus consejeros le sugirieron organizar un concurso de belleza, donde se reunirían las mujeres más hermosas de todas las provincias. Aquella que conquistara su corazón se convertiría en la nueva reina.

En Shushan vivía Mordejai, un líder judío, quien había criado a su joven prima Ester, huérfana desde niña. Aunque ella no deseaba participar, fue llevada por la fuerza al harén del rey. A diferencia de las demás candidatas, que se embellecían con perfumes y ungüentos, Ester no hizo ningún esfuerzo por resaltar. Sin embargo, cuando se presentó ante Asuero, este quedó cautivado de inmediato y la proclamó reina. Siguiendo el consejo de Mordejai, Ester mantuvo en secreto su origen judío.

Mordejai al rescate

Poco después, Mordejai descubrió un complot para asesinar al rey. Sin dudarlo, informó del plan, y los traidores fueron ajusticiados. Este acto heroico quedó registrado en las Crónicas Reales, aunque en aquel momento no recibió recompensa alguna.

Haman, un alto funcionario persa y descendiente de la nación de Amalek, enemiga ancestral de los judíos, fue promovido a Primer Ministro. En su nuevo cargo, exigió que todos se inclinaran ante él. Mordejai, fiel a su fe, se negó, lo que despertó la ira de Haman. Determinado a vengarse, convenció al rey de aprobar un decreto que ordenaba el exterminio de todos los judíos el 13 de Adar, a cambio de una gran suma de dinero. Asuero accedió sin objeciones.

Al enterarse del decreto, Mordejai vistió ropas de luto y envió un mensaje a Ester, pidiéndole que intercediera ante el rey. Sin embargo, presentarse sin ser convocada significaba la muerte, a menos que el rey extendiera su cetro dorado. Ester dudó, pero Mordejai le recordó que su posición podría haber sido designada para este preciso momento. Finalmente, accedió y pidió a los judíos de Shushan que ayunaran tres días en preparación para su encuentro con el rey.

El primer banquete

Al cabo de tres días, Ester se presentó ante Asuero, quien, complacido, extendió su cetro y le preguntó qué deseaba. Con astucia, Ester lo invitó a un banquete junto con Haman. Durante la cena, volvió a postergar su petición, pidiéndoles asistir a un segundo banquete al día siguiente.

Haman, henchido de orgullo por la invitación, se sintió aún más insultado al ver que Mordejai seguía sin inclinarse ante él. Por consejo de su esposa y amigos, mandó construir una horca para ajusticiar a Mordejai al día siguiente.

Esa noche, el rey, incapaz de dormir, pidió que le leyeran las Crónicas Reales. Al recordar que Mordejai había salvado su vida sin recibir recompensa, preguntó qué debía hacerse con un hombre que el rey deseaba honrar. Haman, creyendo que se refería a él, sugirió vestirlo con ropas reales y pasearlo en un caballo del rey por la ciudad. Para su horror, Asuero ordenó que él mismo realizara este homenaje a Mordejai.

Durante el segundo banquete, Ester finalmente reveló su identidad judía y denunció el plan genocida de Haman. Indignado, Asuero ordenó su ejecución en la misma horca que había preparado para Mordejai.

A pesar de la muerte de Haman, su decreto seguía en vigor. Como la ley persa impedía revocar un edicto real, el rey autorizó a Mordejai y Ester a emitir un nuevo decreto: los judíos podían defenderse de sus enemigos. En el día señalado, los judíos derrotaron a quienes intentaron atacarlos. En Shushan, la batalla se extendió un día más, culminando con la ejecución de los diez hijos de Haman.

En conmemoración de esta victoria, Mordejai y Ester establecieron la festividad de Purim. Se trata de la festividad más alegre del calendario judío, marcada por el recuerdo de la salvación y la alegría del pueblo.

Buenos Aires, 16 dic (EFE).- El Tribunal Supremo de Argentina resolvió este lunes desestimar un recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) en una causa en la que se la acusa de lavado de activos y admisión de dádivas y por la que deberá ahora ir a juicio oral y público.

El fallo, al que tuvo acceso EFE, rechazó el recurso de la exmandataria y dejó firme la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, que en noviembre de 2023 había anulado el sobreseimiento de Fernández en la causa conocida como Hotesur-Los Sauces.

La causa lleva el nombre de dos empresas relacionadas con la familia de Fernández y de su esposo y antecesor, el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), e investiga supuestas maniobras a través de esas firmas mediante las cuales se habría incurrido en lavado de dinero proveniente de la adjudicación de obras públicas.

Por esta causa -que inicialmente fueron dos y terminaron siendo unificadas-, Fernández fue procesada por el presunto delito de lavado de activos, pero fue luego sobreseída en noviembre de 2021, antes del inicio del juicio oral.

El recurso rechazado hoy por el Supremo había sido solicitado además por el hijo de la exmandataria, Máximo Kirchner, acusado de lavado de activos y asociación ilícita, y por otros dos acusados.

"La defensa no ha logrado demostrar un agravio actual, concreto y real, diferente al mero hecho que implica el sometimiento al proceso penal de los aquí recurrentes, razón por la cual la sentencia apelada no constituye una sentencia definitiva ni es equiparable a tal, y no se verifica circunstancia excepcional alguna que justifique la intervención de esta Corte", señaló el voto los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

Esta decisión llega menos de dos semanas después de que el Supremo rechazara un recurso de la expresidenta en una causa en la que se la acusa de encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) por la firma en 2013 de un memorando de entendimiento con Irán, y por la que también deberá ir a juicio oral y público.

El mes pasado, además, la Cámara Federal de Casación Penal argentina confirmó la condena a seis años de prisión e "inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos" contra Fernández en una causa conocida como 'Vialidad', en la que se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos de la exmandataria y de Néstor Kirchner. EFE