La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) llega a sus 65 años en 2026 como una organización que agrupa medios impresos, digitales, audiovisuales y radiodifundidos, y conmemora la fecha durante la 82.ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en Bogotá del 22 al 25 de octubre.

AMI nació en septiembre de 1961 como Andiarios, una asociación creada por diarios nacionales y regionales para proteger el derecho a la información, la libertad de expresión y la independencia empresarial de la prensa. Su aniversario representa la continuidad de ese propósito, extendido hoy a medios de distintas plataformas.

El director ejecutivo de AMI, Werner Zitzmann, destacó el valor de que la celebración coincida con la asamblea regional de la SIP. “El mensaje central es que estamos celebrando justamente el año en que la Sociedad Interamericana de Prensa viene a Bogotá a realizar su asamblea”, explicó.

Para Zitzmann, el encuentro adquiere una dimensión regional porque la SIP agrupa a defensores de la libertad de prensa desde Canadá hasta la Patagonia. “Reunirnos con personas que creen exactamente en lo mismo, no solo en un país sino desde Canadá hasta la Patagonia, tiene un significado muy importante y muy simbólico”, afirmó.

De la censura a la creación de Andiarios

La creación del gremio estuvo precedida por uno de los periodos más difíciles para la prensa colombiana: el régimen del general Gustavo Rojas Pinilla impuso censura y creó juzgados de garantías sociales para vigilar y sancionar a periódicos y periodistas. Los medios, que inicialmente habían recibido con expectativa sus promesas de paz, justicia y libertad, enfrentaron cierres, multas y restricciones a sus contenidos.

Uno de los casos más graves fue el asesinato de Emilio Correa Uribe, director de El Diario de Pereira, y de su hijo Carlos, el 2 de julio de 1955 en la carretera entre Cartago y Cali. Correa Uribe había denunciado el crecimiento de Los Pájaros, un grupo ilegal conservador al que posteriormente se atribuyó el crimen.

El régimen sostuvo que se trató de un accidente de tránsito, pero Roberto García-Peña, entonces director de El Tiempo, comunicó a un periódico de Quito que Los Pájaros eran responsables. Rojas Pinilla ordenó al diario publicar durante 30 días una rectificación oficial en primera página, con la firma de su director, pero García-Peña y Eduardo Santos se negaron y el Gobierno cerró el periódico.

El Tiempo reapareció bajo el nombre de El Intermedio, con una tipografía similar a la del diario clausurado y una denominación que aludía al carácter temporal de la censura. El Espectador también sufrió represalias tras promover un Fondo Pro Libertad de Prensa para asistir a medios y periodistas afectados.

El Gobierno multó a El Espectador con $ 10.000 y luego con $ 600.000 por publicaciones que, según las autoridades, alteraban el orden público. El periódico rechazó las sanciones, publicó el editorial “El Tesoro Pirata” y suspendió su edición en enero de 1956.

El Siglo interrumpió sus publicaciones durante 10 días y luego durante 30 tras divulgar un reportaje sobre Laureano Gómez, cuya mención había sido prohibida por el régimen. El Colombiano, El Correo, La Patria, El Diario Gráfico y El Mercurio también quedaron bajo presión, mientras las medidas económicas favorecían a los medios afines al Gobierno.

La caída de Rojas Pinilla, el 10 de mayo de 1957, abrió un escenario distinto para la prensa. Cuatro años después, durante el mandato de Alberto Lleras, los gerentes Luis Gabriel Cano, de El Espectador; Alfonso Jaramillo, de El Siglo, y Jesús Cardona, de La República, convocaron a otros editores para coordinar una respuesta común frente a los problemas que afectaban al periodismo.

La reunión comenzó el 15 de septiembre de 1961 en la Suite Presidencial del Hotel Tequendama, en Bogotá. Al día siguiente quedó constituida Andiarios, con diarios de distintas regiones, estatutos aprobados y una primera junta presidida por Julio C. Hernández, gerente de El Colombiano.

Guillermo Martínez Latorre, primer director ejecutivo de Andiarios entre 1962 y 1976, definió tres líneas de trabajo: proteger la libertad de expresión y el derecho a la información, elevar la calidad de los contenidos y fortalecer a las empresas periodísticas. La asociación entendió desde entonces que la autonomía editorial también dependía de la estabilidad económica de los medios.

Durante las décadas siguientes, el gremio impulsó campañas para sostener el valor de los diarios regionales ante el desplazamiento de la inversión publicitaria. También promovió formación en administración, tecnología, producción y mercadeo, además de concursos como el premio Avisar y los premios NOVA, creados en 1998 junto con otras organizaciones del sector.

La violencia contra periodistas marcó otra parte de esa historia. Durante los años 80 y los primeros 90, el conflicto armado, el narcotráfico y los grupos insurgentes golpearon al periodismo colombiano, con asesinatos como los de Guillermo Cano Isaza, director de El Espectador, y Raúl Echevarría Barrientos, subdirector de Occidente, en 1986.

La transformación de Andiarios en AMI

Zitzmann asumió la dirección ejecutiva de Andiarios en mayo de 2017 y encabezó, cuatro meses después, el cambio de nombre y de estructura del gremio. La asociación pasó a llamarse AMI y amplió su membresía para incorporar empresas periodísticas con plataformas digitales, audiovisuales y radiodifundidas.

La transformación respondió a la convergencia digital y a la multiplicación de formatos para producir y distribuir información. AMI mantuvo la defensa del periodismo responsable e independiente, pero sumó servicios de análisis sectorial, formación y gestión empresarial para sus afiliados.

La organización sostiene que la calidad, la rigurosidad y la veracidad siguen siendo exigencias centrales en un entorno donde las audiencias también pueden crear y difundir contenidos. Su planteamiento combina la protección del derecho a la información confiable con la necesidad de que los medios preserven su sostenibilidad económica.

Los desafíos de la sostenibilidad y la libertad de prensa

Durante los últimos tres años, AMI ha documentado casos y efectuado seguimiento a riesgos y afectaciones contra el ejercicio periodístico en Colombia. La asociación ha mantenido interlocución con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con la SIP.

Según la valoración institucional de AMI, el periodismo privado e independiente afronta mayores presiones políticas, una transformación tecnológica acelerada y una caída estructural de los ingresos. La asociación considera que esas condiciones ponen a prueba tanto la independencia editorial como la viabilidad de las empresas informativas.

Para responder a ese escenario, el gremio ha desarrollado alianzas con empresas tecnológicas, firmas especializadas, universidades y entidades de medición y análisis. Esos acuerdos incluyen programas de formación, becas, iniciativas de alfabetización mediática y acceso a información sobre audiencias y mercados.

La agenda gremial de AMI hacia el futuro

AMI plantea que la acción colectiva permite a sus afiliados defender la libertad editorial, fortalecer sus modelos económicos y compartir herramientas para enfrentar los cambios del sector. La organización también busca consolidar espacios de diálogo entre directivos de medios y mantener presencia en debates regionales e internacionales.

Sesenta y cinco años después de su fundación bajo la sombra de la censura y a lo largo de décadas marcadas por la violencia contra periodistas y los cambios tecnológicos, la conmemoración en Bogotá sitúa a AMI ante la misma tarea que impulsó su origen: resguardar las condiciones para que el periodismo pueda informar con independencia.

El AMI en Nueva York define qué hogares pueden acceder a una vivienda asequible y qué rango de alquiler corresponde a cada unidad.

En 2026, el 100% de ese ingreso medio del área es de USD 152.700 para una familia de tres personas, un umbral que ordena las loterías de vivienda y sus requisitos.

Cumplir con el rango de ingresos del AMI permite participar en una lotería de vivienda asequible en Nueva York, pero no garantiza la asignación de una unidad.

Tras el cierre de la convocatoria, los candidatos seleccionados deben acreditar con documentos que cumplen todos los requisitos, mientras que las solicitudes presentadas fuera de plazo quedan descartadas.

El AMI, sigla de Area Median Income o ingreso medio del área, es la vara que utiliza el gobierno para determinar la elegibilidad en muchos programas de vivienda asequible.

De acuerdo con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, ese valor se establece cada año para distintas regiones del país. En Nueva York, esos datos se usan para fijar los requisitos de ingreso de numerosas viviendas.

No se trata de una cifra fija ni de un único monto aplicable a todos los hogares. El valor cambia cuando HUD publica nuevos límites anuales y también varía según el tamaño de la familia, de modo que dos hogares con el mismo ingreso pueden tener distinta elegibilidad si no tienen la misma cantidad de integrantes.

El porcentaje del AMI indica a qué nivel de ingresos apunta cada unidad

Una de las confusiones más frecuentes aparece cuando una lotería menciona viviendas al 60%, 80% o 130% del AMI. Ese porcentaje no describe un descuento sobre el alquiler de mercado, sino el nivel de ingresos para el que fue pensada la unidad.

Las loterías no siempre están dirigidas a hogares ubicados exactamente en el 100% del AMI. Algunas convocatorias reservan unidades para quienes se encuentran en el 40%, 60%, 80%, 100% o 130% del AMI, y cada apartamento suele incluir un ingreso mínimo y otro máximo.

Eso implica una consecuencia práctica: una persona puede ganar demasiado para una unidad determinada, pero también puede ganar demasiado poco. El aviso de cada lotería detalla el rango exacto que debe cumplir el hogar.

Nueva York suele considerar asequible una vivienda cuando su costo representa alrededor de un tercio o menos de los ingresos del hogar.

Por eso, una lotería orientada a hogares con ingresos relativamente altos puede ofrecer alquileres que también parezcan altos.

En esa clasificación, HPD considera hogares de ingresos moderados a los que se ubican entre el 81% y el 120% del AMI. La misma agencia define como hogares de ingresos medios a los que se encuentran entre el 121% y el 165%.

El cálculo toma en cuenta al hogar completo y no solo al solicitante

Para determinar si una familia califica, en general se considera el ingreso del hogar y no solo el salario de la persona que presenta la solicitud.

Eso puede incluir los ingresos de otros integrantes que vivirán en el apartamento, según las reglas del programa y la situación particular de la familia.

Por esa razón, NYC Housing Connect recomienda revisar con cuidado cómo se calcula el ingreso antes de aplicar. Ese paso es central porque la elegibilidad depende tanto del dinero que entra al hogar como del número de personas que lo integran.

La composición del hogar también incide en el tipo de unidad al que se puede acceder. Una misma lotería puede ofrecer estudios y apartamentos de una, dos o tres habitaciones asignados a distintos porcentajes del AMI, de modo que una familia puede no calificar para un estudio, pero sí para un apartamento más grande, o al revés.

La forma más directa de saber si un hogar reúne las condiciones es consultar la tabla oficial de AMI de Nueva York, ubicar primero la cantidad de integrantes y luego comparar el ingreso anual con el porcentaje exigido por la lotería. Ese cruce entre tamaño del hogar e ingreso es la clave básica para interpretar cualquier convocatoria de vivienda.

La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) expresó su inquietud frente al deterioro de la libertad de prensa en Colombia, luego de conocerse las conclusiones del informe titulado “Los impactos de la violencia sobre los derechos humanos en Colombia”, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras su visita in loco al país, realizada entre el 15 y el 19 de abril de 2024.

El pronunciamiento fue divulgado por SEMANA y recoge la posición del gremio frente a las advertencias formuladas por el organismo internacional.

De acuerdo con la asociación, los indicadores relacionados con el ejercicio periodístico han mostrado señales persistentes de afectación, situación que, según indicó, ha sido documentada por la organización durante varios años.

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AMI señaló que estos registros incluyen episodios que impactan la independencia de los medios, el pluralismo informativo y el derecho de la ciudadanía a acceder a información desde múltiples enfoques, sin condicionamientos derivados de posturas políticas o ideológicas.

En su comunicación, el gremio sostuvo que estas alertas han sido puestas en conocimiento tanto de autoridades nacionales como de instancias internacionales, con el propósito de visibilizar riesgos estructurales para la labor periodística. Según AMI, el informe de la CIDH recoge varios de esos elementos y los integra en un análisis más amplio sobre la situación de derechos humanos en el país.

El documento citado por la asociación señala que la libertad de prensa se ha visto afectada por hechos de violencia física, estigmatización desde escenarios gubernamentales y directrices relacionadas con la pauta oficial, así como por otras decisiones que, según el gremio, han tendido a fortalecer a medios alineados con mensajes oficiales, en detrimento de otros actores del ecosistema informativo. Estas dinámicas, indicó AMI, inciden en el equilibrio informativo y en las condiciones de competencia dentro del sector.

En relación con el contenido del informe de la CIDH, la asociación resaltó que el organismo internacional identifica al ejercicio periodístico como una actividad de alto riesgo, especialmente para quienes cubren asuntos vinculados con administración pública, economías ilegales, seguridad y conflicto armado. Según el reporte, la violencia física contra periodistas proviene principalmente de grupos armados ilegales, que utilizan estas acciones como mecanismos de intimidación para ejercer control social en distintos territorios.

AMI también destacó que el informe hace referencia a discursos estigmatizantes emitidos por funcionarios públicos, los cuales han calificado a periodistas como un “desafío crítico para el país”. De acuerdo con el análisis de la CIDH, este tipo de señalamientos contribuye a normalizar la violencia directa e indirecta, además de profundizar procesos de exclusión y discriminación que afectan la participación democrática y los esfuerzos de construcción de paz.

El organismo interamericano advirtió que expresiones que califican a periodistas como “opositores”, “neonazis”, “extrema derecha”, “periodismo Mossad” o “muñecas de la mafia” configuran entornos permisivos para agresiones contra quienes ejercen labores informativas. Según AMI, esta situación presenta impactos diferenciados en el caso de mujeres periodistas, quienes, además, enfrentan mensajes misóginos y de contenido sexualizado.

Otro de los puntos señalados por la CIDH, y retomado por la asociación, tiene que ver con el uso de medios de comunicación públicos para la difusión exclusiva del mensaje oficial, así como con la concentración de la pauta estatal. En este contexto, el informe menciona la anunciada “ley de tercios”, iniciativa que, según el organismo, podría tener efectos sobre el pluralismo y la equidad en la distribución de recursos públicos destinados a publicidad oficial.

Frente a este panorama, el informe formula una serie de recomendaciones dirigidas al Estado colombiano. Entre ellas se incluyen medidas para prevenir el uso de medios públicos como herramientas de propaganda, la adopción de criterios claros, objetivos y transparentes para la asignación de pauta oficial, la implementación efectiva de la Directiva Presidencial sobre los deberes de los funcionarios frente a la libertad de expresión, y el fortalecimiento de mecanismos integrales de protección para periodistas.

Asimismo, la CIDH recomendó la creación de un registro sistemático de agresiones contra periodistas, con el fin de facilitar estrategias de prevención y respuesta institucional. AMI subrayó que estas propuestas coinciden con planteamientos que el gremio ha venido exponiendo, así como con llamados reiterados de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), basados en reportes continuos sobre agresiones y amenazas contra comunicadores en distintas regiones del país.

En su comunicado, la asociación afirmó que el informe de la CIDH reconoce preocupaciones previamente expuestas por el sector y reitera la necesidad de adoptar medidas estructurales y permanentes orientadas a garantizar un ejercicio periodístico libre, seguro y plural en Colombia, en un contexto marcado por persistentes riesgos para quienes desarrollan esta labor informativa.