El AMI en Nueva York define qué hogares pueden acceder a una vivienda asequible y qué rango de alquiler corresponde a cada unidad.

En 2026, el 100% de ese ingreso medio del área es de USD 152.700 para una familia de tres personas, un umbral que ordena las loterías de vivienda y sus requisitos.

Cumplir con el rango de ingresos del AMI permite participar en una lotería de vivienda asequible en Nueva York, pero no garantiza la asignación de una unidad.

Tras el cierre de la convocatoria, los candidatos seleccionados deben acreditar con documentos que cumplen todos los requisitos, mientras que las solicitudes presentadas fuera de plazo quedan descartadas.

El AMI, sigla de Area Median Income o ingreso medio del área, es la vara que utiliza el gobierno para determinar la elegibilidad en muchos programas de vivienda asequible.

De acuerdo con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, ese valor se establece cada año para distintas regiones del país. En Nueva York, esos datos se usan para fijar los requisitos de ingreso de numerosas viviendas.

No se trata de una cifra fija ni de un único monto aplicable a todos los hogares. El valor cambia cuando HUD publica nuevos límites anuales y también varía según el tamaño de la familia, de modo que dos hogares con el mismo ingreso pueden tener distinta elegibilidad si no tienen la misma cantidad de integrantes.

El porcentaje del AMI indica a qué nivel de ingresos apunta cada unidad

Una de las confusiones más frecuentes aparece cuando una lotería menciona viviendas al 60%, 80% o 130% del AMI. Ese porcentaje no describe un descuento sobre el alquiler de mercado, sino el nivel de ingresos para el que fue pensada la unidad.

Las loterías no siempre están dirigidas a hogares ubicados exactamente en el 100% del AMI. Algunas convocatorias reservan unidades para quienes se encuentran en el 40%, 60%, 80%, 100% o 130% del AMI, y cada apartamento suele incluir un ingreso mínimo y otro máximo.

Eso implica una consecuencia práctica: una persona puede ganar demasiado para una unidad determinada, pero también puede ganar demasiado poco. El aviso de cada lotería detalla el rango exacto que debe cumplir el hogar.

Nueva York suele considerar asequible una vivienda cuando su costo representa alrededor de un tercio o menos de los ingresos del hogar.

Por eso, una lotería orientada a hogares con ingresos relativamente altos puede ofrecer alquileres que también parezcan altos.

En esa clasificación, HPD considera hogares de ingresos moderados a los que se ubican entre el 81% y el 120% del AMI. La misma agencia define como hogares de ingresos medios a los que se encuentran entre el 121% y el 165%.

El cálculo toma en cuenta al hogar completo y no solo al solicitante

Para determinar si una familia califica, en general se considera el ingreso del hogar y no solo el salario de la persona que presenta la solicitud.

Eso puede incluir los ingresos de otros integrantes que vivirán en el apartamento, según las reglas del programa y la situación particular de la familia.

Por esa razón, NYC Housing Connect recomienda revisar con cuidado cómo se calcula el ingreso antes de aplicar. Ese paso es central porque la elegibilidad depende tanto del dinero que entra al hogar como del número de personas que lo integran.

La composición del hogar también incide en el tipo de unidad al que se puede acceder. Una misma lotería puede ofrecer estudios y apartamentos de una, dos o tres habitaciones asignados a distintos porcentajes del AMI, de modo que una familia puede no calificar para un estudio, pero sí para un apartamento más grande, o al revés.

La forma más directa de saber si un hogar reúne las condiciones es consultar la tabla oficial de AMI de Nueva York, ubicar primero la cantidad de integrantes y luego comparar el ingreso anual con el porcentaje exigido por la lotería. Ese cruce entre tamaño del hogar e ingreso es la clave básica para interpretar cualquier convocatoria de vivienda.

La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) expresó su inquietud frente al deterioro de la libertad de prensa en Colombia, luego de conocerse las conclusiones del informe titulado “Los impactos de la violencia sobre los derechos humanos en Colombia”, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras su visita in loco al país, realizada entre el 15 y el 19 de abril de 2024.

El pronunciamiento fue divulgado por SEMANA y recoge la posición del gremio frente a las advertencias formuladas por el organismo internacional.

De acuerdo con la asociación, los indicadores relacionados con el ejercicio periodístico han mostrado señales persistentes de afectación, situación que, según indicó, ha sido documentada por la organización durante varios años.

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AMI señaló que estos registros incluyen episodios que impactan la independencia de los medios, el pluralismo informativo y el derecho de la ciudadanía a acceder a información desde múltiples enfoques, sin condicionamientos derivados de posturas políticas o ideológicas.

En su comunicación, el gremio sostuvo que estas alertas han sido puestas en conocimiento tanto de autoridades nacionales como de instancias internacionales, con el propósito de visibilizar riesgos estructurales para la labor periodística. Según AMI, el informe de la CIDH recoge varios de esos elementos y los integra en un análisis más amplio sobre la situación de derechos humanos en el país.

El documento citado por la asociación señala que la libertad de prensa se ha visto afectada por hechos de violencia física, estigmatización desde escenarios gubernamentales y directrices relacionadas con la pauta oficial, así como por otras decisiones que, según el gremio, han tendido a fortalecer a medios alineados con mensajes oficiales, en detrimento de otros actores del ecosistema informativo. Estas dinámicas, indicó AMI, inciden en el equilibrio informativo y en las condiciones de competencia dentro del sector.

En relación con el contenido del informe de la CIDH, la asociación resaltó que el organismo internacional identifica al ejercicio periodístico como una actividad de alto riesgo, especialmente para quienes cubren asuntos vinculados con administración pública, economías ilegales, seguridad y conflicto armado. Según el reporte, la violencia física contra periodistas proviene principalmente de grupos armados ilegales, que utilizan estas acciones como mecanismos de intimidación para ejercer control social en distintos territorios.

AMI también destacó que el informe hace referencia a discursos estigmatizantes emitidos por funcionarios públicos, los cuales han calificado a periodistas como un “desafío crítico para el país”. De acuerdo con el análisis de la CIDH, este tipo de señalamientos contribuye a normalizar la violencia directa e indirecta, además de profundizar procesos de exclusión y discriminación que afectan la participación democrática y los esfuerzos de construcción de paz.

El organismo interamericano advirtió que expresiones que califican a periodistas como “opositores”, “neonazis”, “extrema derecha”, “periodismo Mossad” o “muñecas de la mafia” configuran entornos permisivos para agresiones contra quienes ejercen labores informativas. Según AMI, esta situación presenta impactos diferenciados en el caso de mujeres periodistas, quienes, además, enfrentan mensajes misóginos y de contenido sexualizado.

Otro de los puntos señalados por la CIDH, y retomado por la asociación, tiene que ver con el uso de medios de comunicación públicos para la difusión exclusiva del mensaje oficial, así como con la concentración de la pauta estatal. En este contexto, el informe menciona la anunciada “ley de tercios”, iniciativa que, según el organismo, podría tener efectos sobre el pluralismo y la equidad en la distribución de recursos públicos destinados a publicidad oficial.

Frente a este panorama, el informe formula una serie de recomendaciones dirigidas al Estado colombiano. Entre ellas se incluyen medidas para prevenir el uso de medios públicos como herramientas de propaganda, la adopción de criterios claros, objetivos y transparentes para la asignación de pauta oficial, la implementación efectiva de la Directiva Presidencial sobre los deberes de los funcionarios frente a la libertad de expresión, y el fortalecimiento de mecanismos integrales de protección para periodistas.

Asimismo, la CIDH recomendó la creación de un registro sistemático de agresiones contra periodistas, con el fin de facilitar estrategias de prevención y respuesta institucional. AMI subrayó que estas propuestas coinciden con planteamientos que el gremio ha venido exponiendo, así como con llamados reiterados de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), basados en reportes continuos sobre agresiones y amenazas contra comunicadores en distintas regiones del país.

En su comunicado, la asociación afirmó que el informe de la CIDH reconoce preocupaciones previamente expuestas por el sector y reitera la necesidad de adoptar medidas estructurales y permanentes orientadas a garantizar un ejercicio periodístico libre, seguro y plural en Colombia, en un contexto marcado por persistentes riesgos para quienes desarrollan esta labor informativa.

Horas después de que la Asociación Colombiana de Medios de Información (Ami) emitiera un comunicado en el que lanzó un llamado a los ciudadanos para que defiendan la libertad de expresión y rechacen cualquier forma de censura, la Sociedad Interamericana de Prensa apoyó la misiva.

En el documento publicado el jueves 3 de octubre, la Ami destacó la creciente preocupación por las agresiones y declaraciones que buscan limitar la libertad de prensa en Colombia, especialmente por parte del Gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro. Esta situación, según la asociación, representa una amenaza para la democracia en un contexto donde los indicadores de libertad de prensa y violencia contra periodistas muestran un deterioro alarmante.

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“El ejercicio del periodismo y la labor de los medios de información ha venido siendo objeto de reiteradas y cada vez más agresivas declaraciones y acciones que apuntan a coartar la libertad de prensa, de expresión y el derecho a la información, y en consecuencia una limitación de la democracia, en un momento en el cual los indicadores de la libertad de prensa y de expresión están registrando en Colombia alarmantes niveles de deterioro”, señaló el gremio.

El mensaje de la Ami ha recibido el respaldo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que expresó su apoyo a través de su cuenta en X, reafirmando su compromiso con la defensa de la libertad de prensa en la región.

“La SIP comparte la preocupación de AMI ante las reiteradas y cada vez más agresivas declaraciones y acciones que buscan coartar las libertades de prensa y de expresión y el derecho a la información en Colombia, lo que representa una grave amenaza para la democracia”, señaló el gremio internacional.

Además, la SIP, que agrupa a más de 100 socios en todo el continente, pidió a los colombianos rechazar cualquier forma de intimidación, acoso y estigmatización hacia la prensa y los periodistas. “En un contexto donde los indicadores de libertad de prensa y de violencia contra periodistas en Colombia muestran niveles alarmantes de deterioro, la SIP se suma a la invitación de AMI para que los colombianos exijan y defiendan sus derechos fundamentales”, concluyó el organismo internacional.

Qué dice la carta de la Asociación Colombiana de Medios de Información

En un contexto de crecientes amenazas a la libertad de prensa en Colombia, la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) publicó un contundente mensaje a la ciudadanía para defender sus derechos fundamentales. En un comunicado, la AMI enfatizó la importancia de proteger la libertad de expresión y el derecho a la información, pilares esenciales para la democracia en el país.

La AMI, que agrupa a la mayoría de los medios de comunicación colombianos, expresó su preocupación por las declaraciones y acciones que buscan restringir la labor periodística. Según la asociación, estas acciones no solo amenazan la libertad de prensa, sino que también ponen en riesgo el funcionamiento democrático de la nación.

El llamado de la AMI también se extiende a la ciudadanía, a quienes invita a consumir información de manera libre y consciente. La asociación sugiere que los colombianos elijan sus fuentes de información basándose en criterios de interés y curiosidad intelectual, evitando presiones externas y apasionamientos que puedan distorsionar su juicio.

Además, la AMI ha pedido a la población rechazar cualquier forma de intimidación, acoso o estigmatización hacia los periodistas y su trabajo. La asociación destacó la necesidad de oponerse a todas las formas de censura y violencia contra quienes ejercen el periodismo y expresan sus opiniones.

El pronunciamiento de la AMI ha sido respaldado por una treintena de medios colombianos, quienes se han unido en defensa de la libertad de prensa y el derecho a la información. La asociación insiste en que una sociedad bien informada es fundamental para la construcción de una democracia sólida y en paz.

La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) es una organización sin ánimo de lucro creada en septiembre de 1961 con el nombre de Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios) y la cual cumple un papel activo en la defensa del periodismo y la libertad de prensa en el país. En 2017 la organización efectuó el cambio de nombre a Asociación Colombiana de Medios de Información.

En medio de un ambiente marcado por el ataque a la prensa desde diferentes esquinas, incluyendo actores gubernamentales, la asociación emitió un comunicado en defensa de la libertad de prensa y de expresión, amenazados por acciones y declaraciones en contra del ejercicio periodístico en Colombia.

“El ejercicio del periodismo y la labor de los medios de información ha venido siendo objeto de reiteradas y cada vez más agresivas declaraciones y acciones que apuntan a coartar la libertad de prensa, de expresión y el derecho a la información, y en consecuencia una limitación de la democracia, en un momento en el cual los indicadores de la libertad de prensa y de expresión están registrando en Colombia alarmantes niveles de deterioro”, denuncia la entidad.

“A lo anterior se suma la ambientación de climas que favorezcan debates de control político a la labor periodística, que no son legalmente viables, para introducir la conveniencia de regulaciones que insitucionalicen la censura en nuestro país”, alerta la asociación.

Ante este panorama, AMI hace un llamado a los ciudadanos colombianos a:

Exigir y defender sus derechos a la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de prensa.

Rechazar cualquier forma de intimidación, acoso y estigmatización hacia la prensa y la labor periodística libre y plural, así como toda clase de censura y violencia dirigida a quienes ejercen el periodismo o expresan opiniones críticas.

Apartarse de los discursos de odio y desprecio hacia el trabajo periodístico, que investigue, denuncie y opine de manera independiente.

Optar de manera libre por el consumo de información y periodismo de su elección, sin ser presionados, basándose en intereses y criterios informativos diversos, que fomenten una toma de decisiones sensata y respetuosa, respaldada por múltiples fuentes de información.

Finalmente, la AMI destaca que la construcción de una sociedad democrática y en paz solo es posible cuando las ideas se sustentan en la verdad y la independencia del periodismo perdura.