La tercera acción a gran escala en menos de dos meses volvió a poner en evidencia cómo operan estas estructuras ilegales en una franja cercana al límite con territorio peruano. Tropas ecuatorianas ingresaron en helicópteros a sectores como San Luis, Dos Camas y La Aída, donde localizaron campamentos precarios levantados con madera y plástico en medio de la montaña. Según los reportes oficiales, desde el inicio de los operativos también se ha logrado desalojar a más de 2.000 personas que permanecían en las inmediaciones del parque, mientras la presión sobre el ecosistema continuaba avanzando con la explotación no autorizada de material aurífero.

El despliegue militar en Podocarpus y la estructura detrás de la minería ilegal

Las acciones se desarrollan dentro del Parque Nacional Podocarpus, una reserva de 146.000 hectáreas considerada clave para la conservación ambiental y la provisión de agua en la región. El área forma parte de la Reserva de Biósfera del Ecuador, reconocida por la UNESCO desde 2007, y se ha convertido en un punto crítico por la expansión de la minería ilegal en frontera con Perú. De acuerdo con información de inteligencia militar, el control de estas actividades estaría en manos del grupo armado Los Lobos, una referencia que ha encendido las alertas por la combinación de crimen organizado, extracción ilícita y ocupación territorial.

Durante la más reciente intervención, los uniformados destruyeron infraestructura usada para sostener la operación minera clandestina. Entre los elementos encontrados figuran bocaminas, rotomartillos, generadores eléctricos, emulsiones explosivas, mecha lenta, combustible, municiones, una carabina Mossberg, además de campamentos con capacidad para decenas de personas. También se halló un centro de procesamiento de material aurífero equipado con chancadoras, mangueras de agua y antenas satelitales Starlink, lo que muestra un nivel de organización mucho más amplio que el de una actividad artesanal aislada.

133.000 dólares de afectación económica a mafias

Las autoridades ecuatorianas sostienen que la intervención busca cortar la logística de las redes dedicadas a la explotación ilegal de oro, afectando su capacidad de movilización, abastecimiento y permanencia en la zona. En las operaciones ejecutadas en este sector, la afectación económica estimada supera los 133.000 dólares, una cifra que forma parte de los cálculos oficiales sobre el golpe a las estructuras criminales asentadas en el parque.

Desde el punto de vista operativo, el ingreso por aire ha sido uno de los factores que ha permitido a las tropas avanzar sobre una geografía difícil, marcada por cerros, vegetación densa y accesos limitados. Los campamentos detectados estaban distribuidos en distintos puntos de la reserva y funcionaban como bases temporales para el personal involucrado en la extracción, el procesamiento y la custodia del material obtenido de forma ilegal.

En paralelo, la presencia militar en esta zona de la frontera Perú-Ecuador se mantiene como parte de una estrategia de control territorial que apunta a frenar el avance de economías ilícitas en áreas protegidas. La secuencia de operativos iniciada en marzo ha dejado al descubierto una red con capacidad para instalar, mover y rearmar infraestructura clandestina en cuestión de días, mientras persiste la presión sobre uno de los espacios naturales más frágiles del sur ecuatoriano.

El Gobierno peruano dio un paso clave en su estrategia contra el narcotráfico: oficializó la creación del Programa de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú (PRECIP), una nueva estructura que reemplazará progresivamente al histórico Proyecto Especial Corah tras más de cuatro décadas de funcionamiento. La medida, publicada mediante el Decreto Supremo N.° 003-2026-IN en el diario oficial El Peruano, busca fortalecer la respuesta estatal frente al avance de los cultivos ilegales de hoja de coca vinculados a economías ilícitas.

La decisión marca un giro en la política pública antidrogas en el país. El nuevo programa dependerá directamente del Ministerio del Interior y tendrá como eje central la reducción del espacio cocalero ilegal en zonas estratégicas, incorporando no solo acciones de erradicación, sino también un enfoque integral que incluye variables ambientales, sociales, culturales y económicas en los territorios intervenidos.

Adiós al Corah: el fin de un programa con 43 años de historia

La creación del PRECIP implica la disolución progresiva del Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (Corah), creado en 1982 durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Este programa fue durante décadas la principal herramienta del Estado peruano para la erradicación de cultivos ilegales, inicialmente en el Alto Huallaga y luego en todo el territorio nacional.

Con el paso de los años, el Corah amplió su ámbito de intervención y operó con financiamiento internacional, especialmente del gobierno de Estados Unidos, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos (INL). Sin embargo, las autoridades consideran que su estructura había quedado desfasada frente a la complejidad actual del tráfico ilícito de drogas y las dinámicas de expansión de los cultivos ilegales en diversas regiones del país.

El cierre del Corah deberá concretarse en un plazo máximo de 30 días calendario, en paralelo a la implementación del nuevo programa. Para ello, el Ministerio del Interior conformará una comisión encargada de transferir bienes, documentos, activos y pasivos hacia el PRECIP, garantizando la continuidad operativa de las acciones de erradicación.

PRECIP: nueva estrategia con enfoque integral y metas claras

El PRECIP tendrá como principal objetivo reducir y erradicar los cultivos ilegales en las denominadas Zonas Estratégicas de Intervención (ZEI), en el marco de la Política Nacional contra las Drogas al 2030. A diferencia de su antecesor, este programa incorpora un enfoque más amplio que busca no solo eliminar sembríos ilícitos, sino también intervenir en las condiciones que favorecen su expansión.

Entre sus funciones destacan la ejecución del Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero Ilegal, el desarrollo de campañas de sensibilización en comunidades, así como la articulación con entidades públicas, privadas y organismos de cooperación internacional. Además, se enfatiza el respeto a las características de las poblaciones locales para reducir la conflictividad social que históricamente ha acompañado estas intervenciones.

En paralelo, el programa reconoce el impacto ambiental de los cultivos ilegales, especialmente en la Amazonía, donde la expansión cocalera está vinculada a la deforestación y pérdida de biodiversidad. En ese sentido, la erradicación es planteada también como una herramienta para la protección de ecosistemas vulnerables.

En lo que va de 2026, las operaciones de erradicación ya muestran avances. Según información oficial, se han eliminado 1.261,92 hectáreas de cultivos ilícitos, lo que habría evitado la producción potencial de más de 11 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína. Estas acciones forman parte de una meta nacional de 19.000 hectáreas a erradicar durante el año.

Las intervenciones se concentran en zonas como Aguaytía, en la región Ucayali, y continuarán en otros ejes operativos como Putumayo, Caballococha, Tingo María, Atalaya y Callería. Solo en una jornada del 8 de marzo, brigadas lograron eliminar más de 40 hectáreas distribuidas en 22 parcelas, además de almácigos destinados a nuevas plantaciones.

El PRECIP tendrá una vigencia inicial de cinco años y será financiado con recursos del Ministerio del Interior, transferencias de Devida y aportes de cooperación internacional, sin generar gastos adicionales al Tesoro Público. Durante su primer año, estará habilitado para contratar personal bajo el régimen CAS con el fin de asegurar su operatividad inmediata.

Durante los años 2023 y 2024, la señal del dispersómetro de radar satelital de los bosques lluviosos amazónicos alcanzó su nivel más bajo desde 1992, indicando una caída sin precedentes en los niveles de humedad y biomasa forestal —es decir, la suma de toda la vegetación viva, incluidos hojas, troncos y ramas—, según informó el portal de divulgación científica Phys.org. Este fenómeno representa una amenaza para la estabilidad ecológica de la región y plantea desafíos crecientes para su capacidad de recuperación en el corto plazo.

La Amazonía desempeña un papel central como sumidero de carbono, ya que su vegetación viva absorbe dióxido de carbono (CO₂) de la atmósfera. Cuando la sequía provoca una disminución significativa en la biomasa forestal, la capacidad de retención de carbono se ve reducida, lo que contribuye a un aumento en la concentración de CO₂ a nivel global. A esto se suma que, al acortarse los intervalos entre eventos extremos, el ecosistema dispone de menos tiempo para restaurar su masa vegetal y sostener su función en la regulación climática planetaria.

Según la investigación, publicada en la revista científica PNAS, el 26,8 % de la selva amazónica alcanzó su punto más bajo de humedad y biomasa forestal en tres décadas. En comparación, durante la sequía de 2005, solo el 11 % de la selva experimentó niveles semejantes.

Estos datos cuantifican la magnitud histórica y el área específica afectada por las condiciones extremas recientes. Los investigadores detallaron que estos registros constituyen una transformación en el metabolismo forestal de la región.

Radar de microondas para monitoreo amazónico

Los métodos convencionales para monitorear el estado del bosque, como las inspecciones terrestres y la observación por imágenes satelitales ópticas, presentan limitaciones importantes. Estas técnicas suelen verse afectadas porque solo permiten observar pequeñas parcelas en un ecosistema de enorme extensión, lo que dificulta obtener una visión integral a escala regional.

Además, la presencia casi permanente de nubes y lluvias en la Amazonía impide que las imágenes ópticas capten datos consistentes y continuos, ya que no pueden atravesar la cobertura nubosa. Basarse únicamente en el color de las hojas también puede generar una impresión errónea sobre la salud real del bosque, ya que no refleja los cambios internos en humedad y biomasa forestal.

Frente a estas limitaciones, el equipo investigador desarrolló una nueva metodología basada en datos de radar de microondas mensuales. Esta tecnología es relevante porque, a diferencia de los satélites ópticos, el radar puede atravesar la cubierta nubosa y detectar el agua almacenada en el dosel, la capa superior formada por las copas de los árboles.

Al interactuar con el agua contenida en troncos y ramas, permite medir de manera continua tanto la humedad interna como la biomasa forestal y obtener así indicadores biológicos adicionales para evaluar el estado del ecosistema.

Impacto de las sequías y capacidad de recuperación

Los modelos computacionales usados en el estudio anticipan una recuperación mínima del bosque tras las sequías recientes. El equipo sostuvo: “Las proyecciones del modelo indican que la recuperación postsequía del evento 2023-2024 probablemente será la menor de todos los grandes eventos registrados desde 1992”.

El análisis apunta a un agravamiento progresivo: la frecuencia e intensidad de sequías extremas en la Amazonía se incrementan debido al cambio climático, lo que reduce el tiempo entre grandes eventos. Tradicionalmente, las sequías más intensas ocurrían cada siete años, pero la alteración climática reduce este intervalo y presiona la función ecológica y climática de la región. Este proceso intensifica la presión sobre la Amazonía como sumidero de carbono.

De acuerdo con el informe, algunas zonas muestran mejor capacidad de recuperación ante sequías. Los territorios habitados por árboles más bajos, suelos arenosos y especies adaptadas a la escasez de nutrientes demostraron mayor tolerancia a estados prolongados de sequía.

Aunque estas áreas representan una fracción menor del sistema total, son consideradas como fuente potencial de resistencia frente a la transformación ambiental que atraviesa la cuenca amazónica.

La película peruana de terror '‘La Niña’ lanza su póster oficial y revela detalles de una producción que apuesta por el suspenso sobrenatural con el Amazonas como escenario principal.

El largometraje, dirigido por Javi Velásquez y protagonizado por Cindy Díaz, se estrenará el 7 de mayo en cines nacionales. La propuesta busca situar al espectador en una atmósfera de misterio a partir de la desaparición de un joven extranjero en Iquitos, evento que desencadena una investigación policial marcada por lo inexplicable.

Un reto en su carrera

La actriz Cindy Díaz encarna a Claudia, una teniente de policía enfrentada a una serie de hechos que desafían la lógica. La actriz describió el proceso de construcción de su personaje y la influencia del entorno amazónico durante el rodaje.

“Para abordar ese conflicto entre su lógica policial y lo paranormal, trabajé muchísimo lo sensorial. Claudia intenta aferrarse a los hechos, pero el entorno la empuja hacia lo inexplicable. Fue una oportunidad increíble de crear un personaje nuevo que me retará y me movilizará a explorar otros registros, especialmente para una película con una carga tan fuerte como esta”, relató la actriz.

La trama avanza a través de la mirada de Claudia, quien debe sostener su autoridad y claridad profesional aun cuando los acontecimientos toman un giro inesperado. “Lo más desafiante fue evitar el cliché… mantener su autoridad como teniente incluso cuando la realidad la empuja a enfrentarse a lo sobrenatural”, sostuvo Díaz.

El guion plantea una tensión entre el deber policial y la vulnerabilidad ante fuerzas difíciles de comprender.

El equipo eligió la ciudad de Iquitos y la selva amazónica como escenario para potenciar el carácter inquietante de la historia. Díaz afirmó que el entorno fue determinante en su proceso actoral: “La selva es poderosa, tiene vida… esa vibración mística me ayudó a construir a una Claudia que se siente vulnerable ante su inmensidad”.

La producción aprovechó la riqueza visual y sonora del lugar para reforzar la sensación de amenaza y extrañeza que atraviesa toda la película.

El terror en las experiencias cotidianas

El director Javi Velásquez explicó que buscó alejarse de los tópicos habituales del género. Su interés radicó en mostrar que “el miedo no solo vive en la profundidad del bosque, sino también en un pasillo oscuro, en un edificio cualquiera, en la rutina diaria del Iquitos urbano”. El cineasta consideró que el verdadero terror reside en las experiencias cotidianas y en los silencios que rompen la normalidad.

El proyecto de 'La Niña’ surge a partir de una novela escrita por el propio Velásquez, quien asumió el desafío de trasladar la historia al lenguaje cinematográfico. “En el cine no puedes explicarlo todo, tienes que hacerlo sentir… cada encuadre, cada silencio, cada sonido tiene que transmitir tensión”, señaló el realizador. El rodaje demandó un trabajo minucioso en el diseño de atmósferas y en la dirección de actores para mantener la tensión durante toda la obra.

La narrativa de la película se construye sobre dos líneas paralelas: la investigación policial y la irrupción de lo sobrenatural. Velásquez declaró que estas dimensiones avanzan sin buscar un equilibrio, sino una colisión inevitable: “Son dos líneas que nunca deberían cruzarse… pero sabes que en algún momento lo van a hacer. Esa colisión es la que mantiene viva la tensión”. El guion explora la frontera entre la razón y el miedo, un tema presente en las historias clásicas del género, pero adaptado al contexto amazónico.

El elenco internacional incluye a Marc Clotet, Pepe Monje y María Jesús Rentería, junto a figuras peruanas como Sebastián Monteghirfo, Fernando Bacilio, Teddy Guzmán y la participación especial de Óscar Carrillo. La diversidad del reparto refuerza el carácter multicultural de la narración y enriquece la construcción de personajes.

El lanzamiento del póster oficial marca el inicio de la campaña promocional de 'La Niña’, que llegará a cines el 7 de mayo. La producción apuesta por el suspenso y la tensión en un entorno donde la naturaleza, según Díaz, “tiene una presencia activa que condiciona a los personajes y al propio espectador”. El filme se suma a una nueva generación de películas peruanas que exploran el terror desde una perspectiva local y contemporánea.

Frente a la cámara, rodeada de sus acompañantes, Valdiri admitió: “Me acaba de bajar la presión ... Ah, hijueputa. Y el cuerito también (se come)“, dejando en evidencia el impacto que le causó descubrir que en este plato es comestible incluso el revestimiento externo del insecto.

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Andrea Valdiri se acercó al Mojojoy entre risas y asombro por la apariencia del invertebrado. Con voz temblorosa, expresó su compasión por la criatura: “Es que le tengo compasión al animalito", mientras pedía apoyo para superar el momento.

Las cámaras captaron cómo, tras inspeccionar el gusano y soportar la presión del grupo, enfrentó la prueba: “Ay, no, es que es tan tierno también, es muy tierno. Y si yo le arranco con la boca, mírala, mira, mira, si yo le arranco (la cabeza) con la boca... Ay, me va a morder. “Amigo, quítamelo”, le gritaba al encargado de explicarle cómo se comía el mojojoy.

El ambiente creado por la presencia de amigos la llevó a reaccionar de forma espontánea y, tras finalmente probar el manjar, compartió entre sollozos y risas: “Me encantó”. A sus acompañantes, que le preguntaban por el sabor, Valdiri respondió convertida en protagonista involuntaria del momento: “Acabo de matar a un gusanito. Experiencia tan espectacular”.

Entre gestos de inquietud, la bailarina buscó alivio, pidiendo agua varias veces para pasar el sabor que tenía en su boca con el gusano comestible: “Quiero agua”, reconoció al sentir sudoración y ansiedad por el reto.

Al probar el Mojojoy, bromeó sobre la solidaridad entre los insectos del plato: “Maté a su hermano. Lo siento, lo siento. Está en mi estómago, perdóname“, decía la influencer mientras miraba a los otros especímenes en el plato.

Interrumpida por las voces de quienes le animaban —"Traga, Machi” y “Duro, epa pa’ dentro"— Valdiri transitó entre la valentía y la sorpresa. El video culmina con la artista reconociendo en tono ligero que la degustación de este plato típico le dejó una sensación de picor en la lengua.

Las reacciones a la reacción de Andrea Valdiri por parte de algunos internautas fue evidente, por lo que la respaldaron con mensajes como: “Machi yo también hubiera hecho el mismo escándalo”; “Andrea me representa, creo que no hubiera sido capaz si no me alientan de esa manera”; “saben rico, pero de primerazo no son una buena impresión para el paladar”, entre otros.

Italiana se hizo viral al probar este plato típico

En 2024, una creadora de contenido proveniente de Italia estuvo de visita en la Amazonía colombiana y se le midió a probar este gusano comestible que ha venido ganando popularidad en la región.

Antes de llevárselo a la boca, la tiktoker preguntó cómo se comía y luego la vendedora le explicó que debía arrancarle la cabeza, para disfrutar únicamente de la parte blanda del animal.

De un solo bocado, Sari decidió disfrutar del mojojoy y, aunque al principio se mostró escéptica, no tardó en admitir que había sido de su agrado: “Me dejan sin palabras, pero vamos a comer este típico del Amazonas de Colombia que se llama mojojoy. Está vivo todavía, pero está sin cabeza. Se fue”.

Su descripción detallada del producto le ganó cientos de reacciones positivas, sobre todo, de quienes no lo han probado y mataron la curiosidad o se animaron a hacerlo, tras ver su video.

“Sí, se parece a un helado que probé anoche. Es un poco dulce dentro; el jugo de dentro y afuera es más salado, me encanta. No quiero agua, quiero comerlo así, natural. Me encanta. El juguito, el agüita de dentro es un poquito dulce y lo de afuera es más saladito. Es riquísimo. Son muy buenos”, precisó la italiana.

Las empresas que operan en la Amazonía peruana pueden acceder a la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV), pero este beneficio no es automático ni absoluto. De acuerdo con precisiones de la Sunat, la aplicación de este régimen depende del cumplimiento de una serie de requisitos vinculados a la ubicación, actividad económica y ámbito de operaciones de las compañías.

En ese sentido, si bien la normativa busca incentivar la inversión en la selva, también establece límites claros para evitar un uso indebido del beneficio tributario. Así, las empresas deben demostrar que realmente desarrollan sus actividades dentro de la Amazonía y que su operación está alineada con las condiciones previstas en la Ley N° 27037, conocida como Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía.

¿Cuándo aplica la exoneración del IGV?

Según la normativa, las empresas ubicadas en la Amazonía están exoneradas del IGV en tres tipos de operaciones: la venta de bienes dentro de la zona para su consumo en ella, la prestación de servicios en ese ámbito y los contratos de construcción o primera venta de inmuebles realizados en la región.

Un punto clave es que esta exoneración también alcanza a servicios brindados en la Amazonía incluso si el cliente no reside allí. Esto amplía el alcance del beneficio, siempre que la actividad se ejecute íntegramente en dicho territorio.

Las condiciones para ser considerada empresa amazónica

Para acceder a estos beneficios, no basta con tener presencia en la selva. La empresa debe cumplir requisitos concurrentes. Entre ellos, que su domicilio fiscal y sede central estén ubicados en la Amazonía, que esté inscrita en los registros públicos de la zona y que al menos el 70% de sus activos fijos se encuentren allí.

Además, no debe tener producción fuera de la Amazonía, salvo en el caso de empresas dedicadas a la comercialización. Este punto es determinante, ya que si no se cumple, se pierde el acceso a las exoneraciones.

Las principales limitaciones del beneficio

Pese a la exoneración, existen situaciones en las que sí se debe pagar IGV. Por ejemplo, cuando la empresa vende bienes fuera de la Amazonía o cuando realiza ventas dentro de la región pero destinadas a consumo fuera de ella.

Asimismo, las personas naturales que operan en la Amazonía pero prestan servicios fuera de la zona no califican como empresas amazónicas para efectos tributarios. Esto ocurre porque no cumplen con el requisito de desarrollar la totalidad de su producción dentro del ámbito geográfico establecido.

Exoneraciones adicionales: IES y otros alcances

La legislación también contempla la exoneración del Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES) para las empresas ubicadas en la Amazonía. Sin embargo, este beneficio solo aplica respecto de las remuneraciones de trabajadores que desempeñan sus funciones dentro de la región.

En cambio, los trabajadores que laboran fuera de la Amazonía sí generan obligación tributaria por este concepto. Esto refuerza la lógica territorial del régimen, que condiciona los beneficios a la actividad efectivamente desarrollada en la zona.

Beneficios en el Impuesto a la Renta

Las empresas amazónicas pueden acceder a tasas reducidas del Impuesto a la Renta, que pueden ser de 5% o 10%, dependiendo de su ubicación geográfica y actividad principal. Estas tasas aplican, por ejemplo, a actividades agropecuarias, acuicultura, pesca, turismo o procesamiento de productos primarios.

En el caso de empresas comerciales, el beneficio solo se mantiene si reinvierten al menos el 30% de su renta neta en proyectos de inversión en la Amazonía. De lo contrario, deben tributar con la tasa general de 30%.

También existe exoneración total del Impuesto a la Renta para quienes desarrollan principalmente actividades agrarias o de transformación de cultivos nativos o alternativos, como el café, cacao o palma aceitera, aunque en estos casos el beneficio se limita a la producción agrícola.

Reintegro tributario y exportaciones

En cuanto al reintegro tributario, los comerciantes de la región selva pueden recuperar el IGV pagado en la compra de ciertos bienes provenientes del resto del país, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Este beneficio puede coexistir con otros incentivos de la Ley de la Amazonía.

Por otro lado, la norma no establece beneficios específicos por la condición de exportador. No obstante, las exportaciones no están gravadas con IGV, y los exportadores pueden acceder a mecanismos como el saldo a favor, que permite compensar o solicitar la devolución del impuesto pagado en sus adquisiciones.

En conjunto, el régimen amazónico configura un esquema de incentivos relevante, pero condicionado a reglas estrictas. El incumplimiento de cualquiera de ellas puede significar la pérdida de los beneficios tributarios.

La Amazonía afrontó en 2024 una temporada de incendios forestales que arrojó emisiones de carbono hasta tres veces superiores a los cálculos de los modelos científicos más avanzados, según un nuevo estudio. El hallazgo, respaldado por una investigación internacional y observaciones satelitales, alerta sobre la magnitud real de la crisis ambiental en la mayor selva tropical del planeta.

El análisis, publicado en la revista Geophysical Research Letters, documenta el episodio de incendios más intenso en dos décadas para la región, con un enfoque en las emisiones generadas por el fuego en la Amazonía y el Cerrado, que es la sabana tropical más biodiversa del mundo y ocupa una quinta parte del territorio de Brasil, extendiéndose también hacia Bolivia y Paraguay.

Los autores señalan que las herramientas actuales subestiman de manera relevante la cantidad de carbono liberada durante los incendios, lo que exige revisar las bases de los balances globales de carbono y los modelos climáticos.

Un salto inesperado en las emisiones de carbono

Las observaciones obtenidas por satélites, a través del instrumento Tropomi del satélite Sentinel-5P, permitieron medir cuánto monóxido de carbono se liberó durante los incendios y así calcular el total de carbono que llegó a la atmósfera. El estudio detectó que los modelos más utilizados, como el Global Fire Assimilation System (GFAS), estimaron para 2024 entre 28 y 62 millones de toneladas de monóxido de carbono en solo dos meses: agosto y septiembre.

La mayor parte de este gas provino de incendios de sotobosque, es decir, fuegos que consumen la vegetación baja que crece bajo los árboles de la selva, sin eliminar toda la cobertura forestal. Esto contrasta con años anteriores, cuando predominaban los incendios intencionales para despejar tierras, que implican la quema directa de grandes extensiones de bosque con el objetivo de convertirlas en zonas agrícolas o ganaderas.

El monóxido de carbono se utiliza como indicador porque este gas es más fácil de detectar desde el espacio que el dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. Mientras que el dióxido de carbono está presente en la atmósfera en concentraciones elevadas y estables, el monóxido de carbono aparece en cantidades mucho menores y cambia rápidamente cuando hay incendios, por lo que resulta más sencillo identificar aumentos relacionados con el fuego.

Además, los modelos actuales tienden a subestimar las emisiones porque no logran captar ciertos tipos de incendios, especialmente los fuegos de sotobosque que arden lentamente y emiten grandes cantidades de gases durante períodos prolongados. Los sensores tradicionales y los métodos basados solo en el área quemada o la intensidad del fuego no detectan bien estos incendios de baja temperatura, lo que provoca que una parte significativa de las emisiones no se registre en los cálculos científicos.

El estudio advierte que “las emisiones de monóxido de carbono por incendios en la Amazonía en 2024 fueron unas cuatro veces mayores que el promedio anual de los seis años anteriores”. Aunque los científicos utilizaron inteligencia artificial y métodos nuevos para ajustar los cálculos, los modelos aún subestiman lo que captan los satélites.

Según la investigación, las emisiones reales podrían ser entre un 150% y 300% más que las estimaciones actuales, lo que muestra una diferencia importante entre los cálculos científicos y lo que ocurre en realidad. El comunicado oficial de la Agencia Espacial Europea (ESA) coincide con estos hallazgos y advierte que el humo de los incendios de 2024 alcanzó niveles nunca vistos, afectando la calidad del aire en grandes zonas del centro y sur de Sudamérica.

Desde la NASA explican que el incremento en la intensidad y frecuencia de los incendios forestales responde principalmente a las consecuencias del calentamiento global causado por la actividad humana: “A medida que el planeta se calienta, el clima más cálido, el deshielo más temprano de la nieve invernal, las temperaturas nocturnas más cálidas y la disminución de las precipitaciones estivales contribuyen al aumento de la actividad de los incendios”.

Nuevos aliados para monitorear el avance del fuego

El avance de la investigación se apoya en la utilización de instrumentación satelital de última generación. El satélite Sentinel-5P transporta el espectrómetro Tropomi, especializado en la medición de gases como el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno y el ozono. Este instrumento permite identificar fuentes superficiales de contaminación y mapear el desplazamiento de las columnas de humo.

Para procesar la magnitud de los incendios y sus consecuencias, el equipo científico aplicó algoritmos de inteligencia artificial, capaces de manejar grandes volúmenes de información y acelerar las estimaciones de emisiones, lo que resulta esencial ante eventos de escala continental.

El sistema desarrollado por la Universidad Técnica de Dresde empleó modelos de fusión de datos y aprendizaje automático para ajustar los factores de emisión según el tipo de vegetación, el contenido de humedad de los suelos y la intensidad del fuego. Así se logró una caracterización más precisa de los incendios de sotobosque, que durante 2024 explicaron la mayor parte de las emisiones detectadas.

El investigador principal del estudio, Jos de Laat, del Instituto Meteorológico de los Países Bajos (KNMI), explicó: “Estudiamos una zona de aproximadamente 4 millones de kilómetros cuadrados, donde los incendios y la contaminación más intensos se concentraron cerca de la frontera entre Brasil y Bolivia. Esto tuvo graves repercusiones en la calidad del aire en toda la región”.

Efectos visibles e invisibles de la degradación amazónica

La preocupación por el aumento de los incendios forestales y su impacto se refleja en los datos de agencias internacionales. Según la NASA, los incendios forestales conectan los sistemas terrestres con la atmósfera y el clima, ya que la quema de vegetación libera humo, carbono y otros materiales, pero también puede poner en riesgo la salud humana y la infraestructura.

El panorama global de 2024 confirmó la tendencia: el Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) reportó que las Américas fueron las regiones más afectadas por incendios del mundo, con registros históricos de emisiones de carbono en Bolivia y Brasil. También detectó que grandes áreas de Sudamérica superaron durante más de 150 días los niveles peligrosos de contaminación por partículas finas, afectando la salud de millones de personas y agravando la crisis ambiental regional.

Los incendios y la sequía extrema del 2024 se inscribieron en un escenario de presión sostenida sobre la Amazonía. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil documentó más de 140.000 focos de fuego en el país ese año, la mayor cifra en 17 años. Aunque la deforestación anual descendió a su nivel más bajo en una década, la degradación forestal por incendios y sequía abarcó más de 25.000 kilómetros cuadrados entre 2023 y 2024, según un informe de la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo (FAPESP).

El impacto sobre la biodiversidad y las comunidades locales resultó considerable. El número de nacimientos de tortuga charapa cayó a la mitad en el Valle del Guaporé, mientras la persistente sequía redujo a mínimos históricos los caudales de los ríos amazónicos, de acuerdo con declaraciones del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama).

A nivel climático, un estudio publicado en Communications Earth & Environment demostró que la deforestación y la pérdida de vegetación en la cuenca amazónica elevan la temperatura superficial y reducen la frecuencia de lluvias, lo que agrava la vulnerabilidad de los bosques a nuevos incendios y altera los ciclos hidrológicos regionales.

Investigaciones recientes, como la realizada por la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich (LMU), proyectan que la Amazonía podría perder hasta el 38% de su cobertura forestal para fines del siglo XXI si persisten la expansión agrícola y el calentamiento global. El mismo trabajo advierte que superar el umbral del 25% de deforestación podría desencadenar un colapso irreversible del ecosistema amazónico.

Estudios de la Universidad de Yale y otros centros internacionales advierten que la resiliencia de la Amazonía depende cada vez más del control de la deforestación y la restauración de áreas degradadas, ya que la acumulación de impactos humanos directos supera la capacidad de recuperación en varias regiones del bioma.

Retos para políticas y modelos ante datos inesperados

El hallazgo de que los modelos subestiman las emisiones de carbono tiene consecuencias directas para la credibilidad de los balances globales de carbono y las políticas de mitigación del cambio climático. Modelos como el CAMS y otros sistemas integran estos datos para proyectar escenarios futuros y orientar decisiones políticas internacionales.

El estudio subraya que la diferencia principal entre los modelos y la realidad proviene de los incendios de larga duración y baja temperatura, conocidos como fuegos de combustión latente o smouldering, que incrementan el consumo de biomasa durante las sequías extremas. Son difíciles de detectar con sensores tradicionales y contribuyen de forma sustancial a las emisiones no contabilizadas.

La investigación forma parte del proyecto internacional Sense4Fire, financiado por la Agencia Espacial Europea. El equipo prevé aplicar la metodología en otras regiones propensas a incendios, como África, y en diferentes años, para verificar si la subestimación de las emisiones es un fenómeno generalizado.

El dato de que 1.000 menores pierden la vida cada día en el mundo por enfermedades vinculadas a la falta de acceso a agua segura, saneamiento e higiene adecuada motivó a la organización World Vision a intensificar sus esfuerzos en América Latina y el Caribe, donde la desigualdad en el acceso a estos servicios sigue alimentando emergencias sanitarias y sociales. La alerta aparece en declaraciones de Joao Diniz, director de World Vision para América Latina y el Caribe, quien subrayó la urgencia de acelerar las intervenciones para proteger el bienestar infantil. Según publicó World Vision, la organización lanzó la iniciativa 'Aqua Nexus', que busca garantizar soluciones sostenibles de agua, saneamiento e higiene en los contextos más vulnerables de la región.

De acuerdo con lo informado por World Vision, 'Aqua Nexus' surge como resultado de una alianza estratégica con la Fundación We Are Water, con el objetivo de articular inversiones y soluciones innovadoras que refuercen la resiliencia hídrica y promuevan la gobernanza del agua a nivel local. La iniciativa pretende transformar acciones aisladas en intervenciones escalables, con resultados medibles y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La prioridad es lograr que niños y niñas de América Latina y el Caribe tengan acceso constante a agua potable y condiciones adecuadas de higiene, como planteó la organización.

World Vision detalló que, aunque la región cuenta con algunas de las principales reservas de agua dulce del mundo, 166 millones de personas continúan sin acceso digno y seguro a este recurso fundamental. Estas carencias generan crisis humanitarias, migratorias y productivas en diferentes puntos del continente, incluyendo el Corredor Seco, la región amazónica, Haití y áreas de las zonas andinas, según amplió Joao Diniz, quien insistió en la importancia de abordar la cuestión desde una perspectiva regional que permita reducir desigualdades y acelerar el progreso en el bienestar de la infancia.

La puesta en marcha de 'Aqua Nexus' se articula dentro de la estrategia regional 'The Blue Thread (El Hilo Azul)', concebida para reconocer el acceso a agua, saneamiento e higiene como fundamento de derechos esenciales. Según consignó World Vision, esta estrategia engloba acciones destinadas a garantizar no solo una alimentación suficiente y adecuada, sino también mejores condiciones de salud, nutrición, protección infantil, entorno medioambiental sano y medios de vida más sostenibles y resilientes ante contextos de crisis climática y social.

Sobre el alcance del acceso a agua segura, el director de World Vision en Centroamérica, Jorge Galeano, aclaró que no se limita únicamente al consumo directo, sino también a la restauración de ecosistemas, la protección de cuencas hidrográficas, la generación de medios de subsistencia sostenibles, la higiene menstrual y la promoción de la dignidad humana para mujeres, niños y niñas. En ese sentido, el acceso integral al agua representa una condición necesaria para el desarrollo local y la reducción de la vulnerabilidad en las comunidades, según indicó la organización.

La ONG remarcó que el proceso de implementación de 'Aqua Nexus' persigue la creación de un ecosistema de soluciones escalables, capaz de articular recursos y alianzas en toda América Latina y el Caribe. El plan comprende tanto la inversión en infraestructuras de agua potable y saneamiento como la formación comunitaria en gestión y gobernanza de los recursos hídricos. Además, la iniciativa busca generar evidencias concretas de impacto que permitan orientar programas y políticas públicas, en línea con los compromisos internacionales adoptados en la región y con el objetivo de cerrar brechas históricas de desigualdad en el acceso al agua y la higiene básica.

La reivindicación de un enfoque regional que trascienda la dispersión de los esfuerzos individuales aparece como eje central de la propuesta, según detalló World Vision. El propósito declarado es enfrentar no solo la urgencia sanitaria que afecta a miles de menores, sino también los factores estructurales que reproducen la exclusión y la inseguridad en el acceso a servicios básicos en América Latina y el Caribe. Con la iniciativa 'Aqua Nexus', la organización y sus socios buscan fortalecer la capacidad de las comunidades para enfrentar las consecuencias de la crisis climática, proteger los recursos naturales y contribuir al desarrollo sostenible en una de las regiones con mayor desigualdad de acceso al agua en el mundo.

Algunas organizaciones internacionales buscan contener la deforestación en la Amazonía a través de un sistema de incentivos económicos dirigido a campesinos e indígenas que cooperen con la conservación de los ecosistemas. Este mecanismo es conocido Pagos por Servicios Ambientales (PSA).

El plan está en marcha y cuenta con la supervisión de distintas entidades nacionales y académicas como la Universidad de los Andes, que emitió un reporte de los avances del programa que ya ha beneficiado a 2.573 familias en la región amazónica.

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La estrategia, respaldada por el programa estatal Visión Amazonía y financiada principalmente por la cooperación internacional, propone compensaciones directas de PSA que oscilan entre 600.000 y 1.200.000 pesos colombianos anuales por cada hectárea protegida. Los acuerdos podrían ser de hasta tres años.

Estas cifras, confirmadas por académicos de la institución universitaria, permiten a las comunidades priorizar sistemas productivos alternativos como la agroforestería, el cultivo de cacao o el turismo de naturaleza.

En el documento se destacó que la mayor parte de los fondos proviene de esquemas internacionales como el mecanismo de la ONU Redd+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) —que paga por la reducción verificada de emisiones de carbono— y, en menor medida, de recursos nacionales. A pesar de ello, la sostenibilidad de los PSA depende de la creación de fondos propios y de mercados de carbono más sólidos.

Algunos acuerdos bajo el sistema Redd+ alcanzan hasta 10 o 12 dólares por tonelada de CO2 evitada, con contratos de hasta diez años, según el reporte.

Las falencias del programa: incentivos para deforestar son más fuertes

No obstante, el informe, publicado en la Nota Macro de febrero de 2026, que hace parte del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Facultad de Economía de los Andes, indica que el repunte de la deforestación registrado en 2024 expone la vulnerabilidad de los logros. Aunque en 2025 se reportó una caída significativa de la tala en la Amazonía, la permanencia de incentivos más lucrativos para deforestar —como la minería de oro o los cultivos ilegales— mantiene el reto vigente.

"Los Pagos por Servicios Ambientales han demostrado ser eficaces para superarlo, pero Colombia no los ha desarrollado de forma efectiva por barreras institucionales, legales, financieras y sociales que mantienen incentivos a la deforestación superiores a los de conservación. Una combinación de instrumentos de «comando y control», formalización de la propiedad rural, financiamiento verde y gobernanza participativa, liderada desde los territorios y apoyada por la cooperación internacional, permitiría transformar el marco de incentivos de forma adecuada“, dice el informe.

En el análisis, expertos de la universidad describieron otros cuatro obstáculos principales que limitan la expansión del modelo: la informalidad en la tenencia de la tierra, la falta de coordinación institucional, desafíos sociales relacionados con la consulta previa y la transparencia, y la dependencia de la financiación externa. De hecho, solo el 63% de los recursos asignados entre 2019 y 2021 lograron ejecutarse en la región.

Los académicos también señalaron que la legitimidad del sistema Redd+ ha sido cuestionada por conflictos sociales, demoras en la ejecución de contratos y dudas sobre la distribución de beneficios, especialmente en territorios indígenas.

Pero también afirmaron que si estas iniciativas permiten el fortalecimiento del enfoque estatal, el respeto a los derechos colectivos y la supervisión independiente resultan esenciales para su continuidad.

Entre las recomendaciones, los autores sugirieron avanzar en la formalización de la tenencia de la tierra, mejorar la interoperabilidad de los registros públicos, garantizar la transparencia en la consulta y negociación, y desarrollar instrumentos financieros innovadores como créditos verdes y seguros climáticos.

Desde la Universidad de los Andes enfatizaron que la consolidación de los PSA requiere ajustes legales, institucionales y financieros para convertirse en una política pública sostenible. El futuro del bosque amazónico colombiano depende, en parte, de la capacidad estatal y social para mantener estos incentivos frente a presiones económicas que promueven la deforestación.

El Gobierno de Ecuador informó que sus Fuerzas Armadas destruyeron 129 campamentos de minería ilegal en el Parque Nacional Podocarpus, una extensa área protegida ubicada cerca de la frontera con Perú. El operativo, que se ejecutó durante nueve días, incluyó bombardeos y acciones terrestres con el objetivo de frenar el avance de organizaciones criminales vinculadas a la extracción ilícita de oro en esta zona de alta biodiversidad.

De acuerdo con el balance oficial, la intervención que duró nueve días, también permitió eliminar 94 bocaminas y 56 chancadoras, equipos clave utilizados por estas redes ilegales. Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia para frenar el avance de organizaciones criminales que operan en territorios sensibles, aprovechando el alto valor del oro en el mercado internacional.

Operativo militar destruye campamentos, bocaminas y maquinaria clave

El despliegue militar se concentró en los sectores de San Luis, Dos Camas y La Aida, donde las autoridades habían identificado una fuerte presencia de mineros ilegales operando dentro del área protegida. En estos puntos, las fuerzas del orden no solo desmantelaron campamentos, sino que también eliminaron componentes esenciales para la extracción del mineral.

Según el reporte oficial, se destruyeron 94 bocaminas y 56 chancadoras, equipos fundamentales en el procesamiento del oro. Estas instalaciones formaban parte de una red organizada que había logrado instalarse en zonas de difícil acceso, aprovechando la geografía del parque.

Además, durante las intervenciones se decomisaron explosivos, municiones, radios de comunicación, antenas de internet satelital y generadores eléctricos, lo que evidencia el nivel logístico con el que operaban estas organizaciones. La presencia de tecnología como antenas satelitales revela una estructura que permitía mantener operaciones constantes, incluso en áreas remotas.

El Gobierno ecuatoriano estimó que estas acciones generaron una afectación económica cercana a los tres millones de dólares para las redes criminales. Asimismo, se logró recuperar aproximadamente 130 hectáreas que habían sido ocupadas por actividades extractivas ilegales dentro del parque.

Alta biodiversidad en riesgo por extracción ilegal de oro

El Parque Nacional Podocarpus es considerado una de las zonas más biodiversas de Ecuador. Con más de 146.000 hectáreas, se extiende entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, en una región de transición entre los Andes y la Amazonía, con altitudes que van desde los 900 hasta los 3.600 metros.

Este ecosistema alberga entre 3.000 y 4.000 especies de plantas vasculares, además de 63 especies de orquídeas, de las cuales al menos 25 se encuentran bajo alguna categoría de amenaza. Entre su flora destacan especies como el romerillo, cedro, laurel y pumamaqui, que forman parte de un hábitat clave para la conservación ambiental en la región.

Sin embargo, la expansión de la minería ilegal de oro ha generado impactos severos en este entorno. Las operaciones clandestinas implican la deforestación de bosques, alteración de suelos y la contaminación de ríos con metales pesados como el mercurio, utilizado en el proceso de extracción.

El avance de estas actividades también está vinculado al accionar de organizaciones criminales, que han diversificado sus fuentes de ingresos ante el incremento del valor del oro en el mercado internacional. En este contexto, las autoridades ecuatorianas señalaron que han intensificado su estrategia de intervención, enmarcada en una política más amplia de combate contra estructuras vinculadas al narcotráfico, extorsión y economías ilegales.

En Perú, la minería ilegal de oro se ha consolidado como una de las principales economías ilícitas, con una capacidad de generación de ingresos que incluso supera otras actividades criminales. De acuerdo con reportes del sector Interior, el valor de un kilo de oro en el mercado negro puede alcanzar los 100 mil dólares, lo que ha convertido a esta actividad en un negocio altamente rentable para redes organizadas. Este escenario ha impulsado su expansión en regiones como Madre de Dios, Puno, Cusco, Loreto y Huánuco, donde la extracción se realiza sin control y con un fuerte impacto ambiental.

Durante su viaje por la Amazonía peruana, Josep M. Palau Riberaygua observó cómo las comunidades indígenas mantienen una relación con el entorno completamente diferente a la del mundo occidental, destacando que “no envidian lo que tienes, sino que más bien te ignoran”. Esta perspectiva, reflejada en su libro 'Mi madre se convirtió en pájaro', introduce el núcleo de experiencias y reflexiones sobre los retos medioambientales y las dinámicas sociales que involucran tanto a los pueblos originarios como a aquellos foráneos que se aproximan a la región. El periodista y escritor catalán expone, a través de su narrativa, los desafíos ligados a la defensa del territorio, la transmisión cultural y el impacto del turismo en un escenario marcado por la supervivencia de los conocimientos ancestrales frente a las presiones externas.

Según detalló el medio de comunicación, Palau Riberaygua se sumergió en la vida cotidiana de las comunidades amazónicas durante su estancia, una vivencia que le permitió explorar en profundidad las formas en que estas sociedades gestionan sus recursos y defienden su modo de vida. “Las comunidades aisladas se han acostumbrado a obtener todo lo que necesitan de su entorno; está al alcance de la mano. No es que sean ‘buenos’; más bien se trata de que su forma de vida no requiere de los recursos que se nos antojan indispensables. Del mismo modo, nuestros conocimientos pueden ser de escasa utilidad allí, y al revés”, subrayó el autor, de acuerdo con declaraciones recogidas en la prensa.

El libro, presentado en Madrid, busca acercar al lector a la complejidad de los temas que atraviesan la Amazonía y otras regiones americanas como la preservación natural, los derechos de las poblaciones indígenas y el papel del turismo, presentado a menudo como una amenaza y, a la vez, una posible vía de desarrollo para zonas rurales y espacios naturales. Según consignó el medio, la obra de Palau Riberaygua parte de su experiencia personal, desarrollando una crónica periodística que conjuga observación directa y testimonio de los actores locales.

De acuerdo con la información publicada, uno de los ejes centrales del libro reside en el análisis de la transmisión cultural y el uso de la historia como herramientas para la subsistencia. Palau Riberaygua relata cómo las narrativas orales, los saberes tradicionales y la organización social de las comunidades actúan como barreras frente a la erosión impuesta por los modelos externos y la presión de intereses tanto económicos como de desarrollo. Estas experiencias ponen énfasis no solo en la adaptación sino también en la resistencia de los pueblos frente al avance de prácticas y valores ajenos a su realidad cotidiana.

Los desafíos medioambientales descritos en la obra abordan la tensión entre la explotación de los recursos, la conservación y las políticas territoriales. Tal como publicó el medio, Palau Riberaygua documenta casos concretos en los que las comunidades defienden sus tierras ante la expansión de actividades extractivas y el avance de proyectos turísticos que pueden alterar el equilibrio del ecosistema y afectar su autonomía. El testimonio del autor subraya la importancia de la gestión local y el conocimiento ecológico indígena, así como la dificultad de trasladar soluciones externas a un contexto en el que las dinámicas sociales y ambientales requieren respuestas específicas y adaptadas a la realidad de la selva.

En la exposición de los efectos del turismo sobre la Amazonía peruana, la obra plantea interrogantes acerca del verdadero impacto de la presencia de visitantes en la región. Según recoge el medio, Palau Riberaygua observa cómo el turismo puede surgir como un motor económico alternativo para ciertas comunidades, pero también profundiza en las complicaciones derivadas, entre ellas la transformación del entorno, la pérdida de prácticas culturales y la dependencia de un flujo externo de ingresos. Esta doble dimensión del turismo, tanto amenaza como solución, se entrelaza con los procesos de cambio y adaptación que definen el presente del mundo indígena amazónico.

En las páginas de 'Mi madre se convirtió en pájaro', el autor establece un relato que cruza la crónica, la reflexión y el registro testimonial, posicionando al lector ante los matices de una región atravesada por una compleja interacción de intereses y desafíos. El medio destaca que la publicación ofrece, a partir de la mirada periodística de Palau Riberaygua, una aproximación directa a los dilemas de la conservación, el uso de la historia y el lugar central que ocupa la visión indígena frente a los cambios acelerados del entorno.

Lejos de los laboratorios de metanfetamina y las rutas del fentanilo, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha consolidado otra red criminal con alto impacto ambiental: el tráfico de mercurio.

Desde minas en Querétaro hasta campamentos ilegales en la Amazonía, el metal viaja miles de kilómetros para alimentar la extracción clandestina de oro, dejando una estela de contaminación difícil de revertir.

De las minas mexicanas a la selva sudamericana

La mina Los Santos, situada en Bucareli, Querétaro, es uno de los puntos de origen del mercurio que alimenta el circuito ilegal. De acuerdo con la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), el metal extraído en la región se transporta en rutas terrestres y marítimas bajo el control del CJNG, hasta llegar a la Amazonía de Perú, Bolivia y Colombia.

La Amazonía resulta contaminada por el mercurio porque este metal es utilizado en grandes cantidades en la minería ilegal de oro para separar el metal precioso de los sedimentos.

Durante el proceso, el mercurio se libera en ríos y suelos, donde se transforma en compuestos tóxicos que se acumulan en la cadena alimenticia y afectan tanto a la fauna silvestre como a las comunidades humanas. Esta contaminación provoca daños neurológicos y enfermedades crónicas, además de pérdida de biodiversidad y alteraciones graves en los ecosistemas amazónicos.

El informe de Mongabay Latam atribuye el liderazgo de esta red al CJNG, que ha diversificado sus actividades delictivas. “Más de 200 toneladas de mercurio han salido de México hacia la Amazonía”, detalló la EIA en declaraciones recogidas por Mongabay Latam.

El precio del mercurio en el mercado negro ha llegado hasta 330 dólares por kilogramo, generando una “fiebre del mercurio” en el crimen organizado, comparable con la del oro o la cocaína. México se ha consolidado como el principal proveedor ilegal del insumo para América Latina.

De acuerdo con datos, el mercurio extraído por el cártel sale oculto como grava o piedra chancada en contenedores de hasta 20 toneladas. El 74 % de los envíos sospechosos documentados entre 2017 y 2023 tuvieron como destino Perú, donde a su vez se han reportado un aumento de enfermedades asociadas al mercurio.

En ese país, el mercurio mexicano se almacena en ciudades como Arequipa y se distribuye hacia zonas mineras ilegales en la Amazonía peruana, principalmente Madre de Dios, donde la demanda alcanza 1.5 toneladas al mes. También se ha documentado su paso por Colombia a través de Medellín.

¿Por qué los cárteles buscan controlar la minería?

El interés del crimen organizado, más allá del CJNG, por la minería responde a su enorme potencial económico y a la facilidad para operar al margen de la ley. El sector produce más de 330 mil millones de pesos al año y permite el flujo constante de recursos, mucho mayor que otros rubros como lo es el de la extorsión.

La extracción y comercialización de minerales ofrecen ventajas adicionales para el lavado de dinero, ya que oro, plata y otros metales se mezclan fácilmente con producción legal, dificultando su rastreo.

A diferencia del tráfico de drogas, la minería ilícita es menos visible y puede camuflarse bajo operaciones legales. El control de minas y rutas extractivas otorga a los cárteles poder territorial, facilitando el desplazamiento de comunidades, el acceso a insumos estratégicos y el uso de violencia como mecanismo de presión y represión social.

Además, la incursión en la minería diversifica las fuentes de ingreso de los grupos criminales, permitiéndoles resistir embates estatales y consolidar su presencia como consorcios multifacéticos.

Siete metales y minerales concentran el interés de los cárteles por su valor, demanda global y facilidad para traficar o mezclar con producción formal:

• Oro: Su alto precio y la facilidad para lavar dinero lo convierten en el objetivo principal.
• Plata: México es uno de los mayores productores del mundo, con minas controladas por distintos cárteles.
• Cobre: Esencial para la industria eléctrica y de la construcción, su transporte y comercialización ilegal se ha vuelto frecuente.
• Litio: Estratégico por su uso en baterías y tecnología, con yacimientos en el norte bajo vigilancia limitada.
• Mercurio: Clave para separar el oro en minería artesanal, el CJNG lo extrae y exporta a Sudamérica.
• Barita: Utilizada en la industria petrolera, explotada y exportada bajo control criminal.
• Hierro: Fundamental para la industria siderúrgica, históricamente explotado por organizaciones como los Caballeros Templarios.

El dominio de estos recursos garantiza ingresos millonarios, permite blanquear capitales, acceder a materiales estratégicos y ejercer control social y territorial en amplias regiones del país.

Durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, cuestionó las implicaciones globales del control estadounidense sobre yacimientos de minerales críticos y rutas estratégicas de comercio, mencionando la situación de Venezuela y destacando riesgos para recursos como el agua, el Ártico y la Amazonía. Estas declaraciones se produjeron el lunes, en un contexto donde el canciller cubano denunció lo que describió como la “dictadura” de Estados Unidos sobre el orden global, un fenómeno que, en su opinión, busca socavar el equilibrio internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Según reportó el medio, Rodríguez señaló en particular las consecuencias que para Cuba tienen las sanciones estadounidenses, incluyendo el embargo petrolero impuesto por Washington.

De acuerdo con la fuente, Rodríguez calificó el embargo reciente de petróleo, formalizado por una orden ejecutiva el 29 de enero, como un acto de “castigo colectivo” dirigido contra la población cubana. El ministro puntualizó que esta política pretende, mediante lo que denominó un “cerco energético”, generar una catástrofe humanitaria en la isla. El canciller planteó en su discurso la pregunta sobre si es legítimo permitir que una gran potencia busque “destruir a una pequeña nación de paz” y someterla a situaciones calificadas de genocidio bajo el argumento de la seguridad nacional.

El jefe diplomático cubano situó estas acciones dentro de lo que denunció como un marco global en el que, más allá de las diferencias ideológicas, todos los países podrían enfrentar amenazas a su soberanía bajo políticas de fuerza. Según relató el medio, Rodríguez afirmó que la “filosofía del despojo” se ha convertido para Estados Unidos en un supuesto derecho a la conquista y al uso habitual de la fuerza, lo que representa, advirtió, un peligro para la independencia de los Estados nacionales independientemente de sus modelos culturales o políticos.

Durante su discurso, Rodríguez recordó el caso venezolano, argumentando que Venezuela, dueña de las mayores reservas conocidas de hidrocarburos, “fue atacada vilmente”. Vinculó este ejemplo a un listado de recursos críticos que, señaló, podrían situarse en el centro de disputas derivadas de la debilidad de las normas internacionales y el oportunismo de las grandes potencias. En esta línea, interrogó sobre el futuro de los territorios ricos en minerales estratégicos, las tierras raras y los ecosistemas sensibles como la Amazonía y el lecho marino, preguntándose sobre las consecuencias de la ocupación de enclaves considerados estratégicos a nivel global.

Frente a las medidas estadounidenses, el canciller cubano aseguró, según publicó el medio, que Cuba defenderá firmemente derechos como la autodeterminación, la independencia, la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional. Rodríguez subrayó que el pueblo cubano, al que calificó de instruido y con sistemas sólidos de educación, salud y ciencia, no permitirá que prospere una crisis humanitaria en la isla, aunque se enfrenten privaciones y sufrimientos. “Impediremos una crisis humanitaria en Cuba, aunque pasaremos privaciones y sufrimientos”, afirmó el ministro durante su comparecencia ante el Consejo.

Además de su discurso, la agenda de Rodríguez incluyó la participación en la reunión del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas (GADC), así como su intervención en el Segmento de Alto Nivel de la Conferencia de Desarme. Además, sostuvo un encuentro con el secretario general de la ONU, António Guterres. Según consignó el medio, Rodríguez manifestó a Guterres el respaldo de Cuba a los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y reiteró la posición cubana a favor del multilateralismo y del papel de la Organización de las Naciones Unidas en la promoción de la cooperación internacional como alternativa ante los desafíos actuales y futuros.

Durante estas conversaciones, Rodríguez expresó su inquietud respecto a la rápida reconfiguración del escenario geoestratégico global, la cual, según sus declaraciones recogidas por el medio, estaría motivada por la doctrina estadounidense de procurar la paz a través de la fuerza. El ministro remarcó que este enfoque repercute especialmente en los países del Sur Global y en la estabilidad internacional. Expresó su convicción de que la cooperación internacional debe fortalecerse como vía para afrontar los nuevos desafíos y preservar la paz.

De este modo, el representante cubano transmitió en foros multilaterales la percepción de la isla sobre la política exterior estadounidense, advirtiendo sobre los riesgos para la soberanía nacional de distintos Estados y defendiendo la resistencia del pueblo cubano ante sanciones económicas y acciones de presión internacional.

Según precisó Podemos, la soja cumple un papel esencial en la alimentación de la ganadería intensiva española, y la mayor parte de este insumo proviene de áreas como la Amazonia y el Cerrado, consideradas de alto valor ecológico y bajo un riesgo significativo de deforestación asociada a su explotación. Tal como informó Europa Press, esta preocupación sobre las fuentes de aprovisionamiento y el impacto ambiental de la soja importada constituye uno de los pivotes centrales de la proposición registrada por el partido en el Congreso, donde la formación exhorta a implementar acciones concretas sobre el actual modelo de consumo de productos animales en España.

De acuerdo con Europa Press, Podemos formalizó en el Congreso una proposición no de ley que llama la atención sobre el consumo nacional de carne, señalando que el promedio por persona en el país oscila actualmente entre los 50 y los 100 kilos anuales. Esta cifra contrasta notablemente con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que se sitúa en torno a los 21 kilos al año. En su iniciativa, el partido solicita que los supermercados adopten políticas activas para incrementar la presencia de alimentos basados en proteína vegetal, con metas concretas a alcanzar en el horizonte de 2030.

La propuesta de la formación, que integra el Grupo Mixto en la Cámara Baja, será debatida en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Según indicó Europa Press, Podemos argumenta que el modelo actual de consumo de carne resulta insostenible desde el punto de vista ambiental, y plantea como alternativa el desarrollo progresivo de una oferta diversificada que promueva opciones vegetales a gran escala en las cadenas de distribución, en sustitución gradual de las proteínas de origen animal.

Dentro del documento registrado, Podemos detalla que las principales cadenas de supermercados radicadas en España —Carrefour, Mercadona, Alcampo, Lidl, El Corte Inglés, Dia y Aldi—, carecen hasta la fecha de políticas robustas y planes de acción efectivos para atajar el vínculo entre la deforestación y el abastecimiento de soja, ya sea de manera directa o indirecta a través de productos cárnicos. Según publicó Europa Press, la formación solicita la adopción de compromisos específicos que permitan asegurar la trazabilidad e integridad de las cadenas de suministro, con especial atención a la exclusión de aquellos proveedores que contribuyen a la destrucción de ecosistemas de elevada importancia, como los señalados biomas brasileños.

Podemos urge, además, al Ejecutivo nacional a liderar el impulso de un acuerdo estatal, en colaboración directa con los sectores implicados, para reforzar la lucha contra la llamada “deforestación importada”, solicitando la implementación de medidas adicionales a la legislación vigente. Entre las acciones propuestas, el partido contempla reforzar la comercialización de productos con base de proteína vegetal, así como el cese del suministro de soja por parte de operadores y empresas cárnicas que no acrediten el cumplimiento de una fecha límite de deforestación, fijada en 2020.

Europa Press detalló que, junto con el desarrollo de productos alternativos, la proposición insta a los supermercados y empresas del sector a excluir de sus cadenas de aprovisionamiento a actores asociados con la deforestación y la conversión de ecosistemas naturales. Esta exigencia incluye tanto el abastecimiento directo como el indirecto a través de productos cárnicos, y prioriza mecanismos de control que garanticen la no contribución al deterioro de áreas de alto valor ecológico.

La proposición de Podemos añade que el consumo nacional de carne, en sus niveles actuales, incrementa la huella ecológica del país y amplifica el impacto de la importación de materias primas como la soja. Según consignó Europa Press, la formación plantea que la introducción de objetivos definidos y verificables en las políticas de las grandes superficies podría incentivar una transición alimentaria más sostenible, reduciendo la presión sobre ecosistemas gravemente amenazados por la expansión agrícola y ganadera en regiones clave de América del Sur.

El debate parlamentario sobre esta proposición buscará evaluar la viabilidad de los planteamientos de Podemos, así como la disposición de los diferentes grupos políticos para promover cambios en la oferta alimentaria y en la estructura de aprovisionamiento del sector de distribución en España, según reportó Europa Press.

En una acción conjunta, las autoridades de Colombia y Brasil incautaron una importante cantidad de drogas, armamento y equipos de comunicación en el corazón de la Amazonía, dando un golpe directo a las redes de narcotráfico de la región.

La operación, que tuvo lugar en el Río Solimões, cerca de la ciudad de Manaos, combinó los esfuerzos de la Armada de Colombia y la Policía Federal de Brasil.

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Ambas instituciones actuaron tras el análisis de inteligencia proporcionado por el Centro de Fusión de Información de la Amazonía y el Comando de Guardacostas de la Amazonía, lo que permitió identificar y atacar los puntos neurálgicos de la cadena de producción, acopio y transporte de sustancias ilícitas.

Así como lo explicó el capitán de Fragata Ciro Alfonso Reyes Hernández, comandante del Grupo de Guardacostas de la Amazonía: “Gracias al trabajo de inteligencia articulado entre el Centro de Fusión de Información de la Amazonía, el Comando de Guardacostas del Amazonas, fueron interceptadas dos lanchas blindadas que transportaban 426 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 3.945 kilogramos de marihuana, 10 armas de largo alcance y más de tres mil cartuchos y equipos de comunicaciones”.

El decomiso de este arsenal y droga no solo representa una acción táctica, sino que, de acuerdo con las cifras oficiales, implica una pérdida estimada en 22 millones de dólares para las estructuras criminales.

Según las autoridades, esta cantidad de droga podría haberse traducido en más de un millón de dosis de cocaína y cerca de 700 mil dosis de marihuana en el mercado internacional.

La marihuana incautada corresponde a la variedad skunk, reconocida por su olor intenso y una alta concentración de THC, el principal componente psicoactivo del cannabis. Esta variedad suele cultivarse bajo condiciones controladas en invernaderos, donde la luz, la humedad y la temperatura se ajustan para maximizar tanto su potencia como su rendimiento.

En el contexto del narcotráfico transnacional, el skunk es considerado un producto de alto valor. Su potencia y la rapidez con la que altera el sistema nervioso la convierten en una de las variantes más demandadas en los mercados ilícitos, lo que explica el interés de las organizaciones criminales en su producción y distribución.

El éxito de esta operación es resultado de la cooperación binacional y del compromiso sostenido entre las fuerzas de seguridad brasileñas y colombianas.

Las autoridades resaltan que la acción conjunta no solo afecta las finanzas de los grupos criminales, sino que también contribuye a la protección de la seguridad, el medio ambiente y la tranquilidad de las comunidades amazónicas.

La Armada de Colombia ha reiterado su determinación de mantener una presencia activa en los ríos y zonas estratégicas del sur del país. "La Armada de Colombia reafirma su compromiso permanente en la lucha contra el narcotráfico y en la protección de la seguridad y la biodiversidad de la región del Amazonas. Ser guardacostas es un honor“, concluyó el oficial.

Golpe a la minería ilegal en Guainía: Armada neutralizó nueve unidades mineras en operativos fluviales

Las autoridades colombianas intensificaron las operaciones fluviales en el departamento del Guainía, con el objetivo de frenar la expansión de la minería ilegal en la región amazónica. Entre enero y febrero de 2026, la Armada de Colombia y la Policía Nacional desplegaron intervenciones en el marco del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus, centrando sus esfuerzos en los corredores fluviales próximos a Inírida y Barrancominas.

Las acciones se focalizaron en puntos estratégicos por donde suelen circular insumos y maquinaria vinculados a la extracción ilícita de minerales. Las autoridades lograron neutralizar nueve Unidades de Producción Minera (UPM), afectando directamente la capacidad operativa de las redes dedicadas a esta actividad en Guainía.

Durante los operativos, las fuerzas públicas decomisaron maquinaria y herramientas clave para la minería ilegal. Entre los objetos incautados figuran motores, bombas, mangueras, dragas, tapetes y rotores, además de un volumen relevante de combustible.

Uno de los hallazgos más significativos fue la confiscación de más de 12.000 galones de combustible, una cifra que, según información de la Fuerza Naval de la Orinoquía, representa un golpe relevante a la logística y las finanzas de las organizaciones criminales que operan en la zona.

Este combustible resulta esencial para el funcionamiento continuo de las UPM, por lo que su pérdida dificulta la reactivación de las actividades ilícitas.

La transformación del paisaje amazónico por la deforestación altera el equilibrio climático de la región y repercute en la disponibilidad de agua, la temperatura y la frecuencia de lluvias. La pérdida sostenida de bosques en la cuenca más extensa de selva tropical genera cambios medibles en las condiciones ambientales que afectan tanto a los ecosistemas como a las actividades humanas.

Un estudio publicado en Communications Earth & Environment analiza datos satelitales recopilados entre 2013 y 2021 para cuantificar el impacto de la deforestación en variables climáticas clave, incluyendo temperatura superficial, cantidad de agua liberada a la atmósfera por la vegetación (evapotranspiración) y lluvias estacionales. La investigación compara regiones amazónicas con distintos niveles de cobertura forestal y revela cómo la disminución del bosque incide en la dinámica climática regional.

Cambios detectados en el clima de la Amazonía tras la pérdida de bosques

El estudio documenta que la deforestación impulsa un aumento de la temperatura superficial, una reducción de la evapotranspiración y una menor frecuencia de lluvias durante la estación seca, que según la NASA es entre julio y noviembre, además de una disminución en la cantidad de días lluviosos. Según el análisis de los investigadores, las áreas con menos del 60% de cobertura forestal presentan un clima cada vez más semejante al de las zonas de transición entre selva y sabana.

Los resultados muestran que, en regiones con menos del 40% de bosque, la temperatura superficial durante la estación seca supera en promedio en 4 °C a la de las áreas con más del 80% de cobertura vegetal. Esta diferencia alcanza los 3 °C cuando el promedio considera todas las zonas con menos del 60% de bosque.

El informe detalla que la evapotranspiración, el proceso por el cual el agua regresa a la atmósfera desde plantas y suelos, es alrededor de 12% menor en áreas altamente deforestadas respecto a las regiones de referencia. En la estación seca, la cantidad de lluvias disminuye un 25% en las zonas deforestadas y, a lo largo del año, se registran alrededor de 11 días menos con lluvia en comparación con las áreas con mayor cobertura de bosque.

La investigación indica que los cambios en el clima regional asociados a la deforestación son más intensos donde la pérdida de vegetación alcanza los niveles más altos. Además, los autores señalan que las características climáticas de las zonas severamente deforestadas se asemejan a las propias de las transiciones hacia la sabana, por lo que se identifica una tendencia hacia condiciones más cálidas y secas.

Los resultados, según los expertos, “subrayan la importancia del control de la deforestación y la restauración forestal para mejorar la resiliencia climática de los ecosistemas amazónicos y de las actividades económicas dependientes del clima”.

Estrategias y control en la evaluación del impacto

Para medir los efectos de la deforestación sobre el clima, el equipo científico dividió la Amazonía en una cuadrícula y agrupó las muestras según el porcentaje de bosque. El diseño incluyó comparaciones entre áreas deforestadas y zonas adyacentes con cobertura superior al 80%, consideradas referencia de condiciones mínimamente alteradas. El análisis incluyó once variables climáticas, entre ellas la temperatura superficial, la evapotranspiración, el total de lluvias anuales y estacionales, así como la cantidad de días lluviosos y la duración máxima de periodos secos.

Para obtener estos resultados, el equipo recurrió a datos satelitales de alta resolución correspondientes al período 2013-2021, lo que permitió monitorear de manera precisa la temperatura, la humedad y las precipitaciones en extensas zonas de la Amazonía. Esta metodología posibilitó comparar las condiciones climáticas en distintas áreas según la cantidad de bosque remanente, sin depender de registros en superficie o estaciones meteorológicas dispersas.

“El estudio demuestra que los bosques tropicales tienen un enorme impacto en el clima, con consecuencias para diversos sectores de la sociedad, tanto para el bienestar de las poblaciones como para las actividades económicas. Por lo tanto, el debate sobre la importancia de los bosques debe tener una perspectiva más integral, más allá de la cuestión ambiental. Necesitamos trabajar con una visión de desarrollo nacional, con acciones coordinadas e integradas entre los diferentes sectores de la sociedad”, expresó Luiz Aragão, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil.

Por su parte, Marcus Silveira, autor principal del trabajo e investigador del INPE, señaló que el estudio aporta evidencia científica sobre la importancia de mantener al menos un 80% de cobertura forestal en las propiedades rurales de la Amazonía, en línea con lo que dispone el Código Forestal brasileño. Este marco legal fija reglas para el uso del suelo y la protección ambiental en reservas privadas, requiriendo que una parte de los predios rurales se conserve con vegetación nativa.

Riesgos y posibilidades para el futuro amazónico

El panorama trazado por el estudio implica riesgos crecientes para la Amazonía y los servicios ecosistémicos que ofrece. Los investigadores advierten sobre la posibilidad de que las condiciones más cálidas y secas favorezcan la degradación forestal, aumenten la mortalidad de árboles y eleven la incidencia de incendios, lo que podría poner en peligro a especies menos tolerantes al estrés hídrico y térmico. La consecuencia sería una mayor dominancia de especies oportunistas, tanto nativas como exóticas, y una pérdida de biodiversidad.

En línea con estos hallazgos, Silveira subrayó el vínculo entre el estado de los bosques y la producción agropecuaria: “Las regiones deforestadas sufren condiciones más secas y calurosas, lo que también termina afectando la producción agrícola. La propia Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó un documento en la COP30 que demuestra que los bosques son aliados de la agroindustria, no enemigos”.

El estudio también señala que la restauración de la estructura forestal puede restituir servicios ecosistémicos fundamentales, como la regulación de la temperatura, el aumento del ciclo del agua y la retención de carbono.

“Nuestro estudio indica que si logramos restaurar la estructura forestal, también es posible recuperar servicios ecosistémicos, como la reducción de la temperatura, el aumento del ciclo del agua y las reservas de carbono, garantizando así una mayor seguridad hídrica, alimentaria y económica para el país”, afirmó Aragão.

La pérdida acumulada de vegetación en la Amazonía brasileña entre 1985 y 2024 supera el 13%, lo que equivale a más de 520.000 kilómetros cuadrados, según explican en un comunicado oficial. En 2024, la región vivió su año más cálido registrado y la temperatura media global superó, por primera vez, el umbral de 1,5°C respecto a niveles preindustriales.

Los autores del estudio insisten en la urgencia de frenar la deforestación y avanzar en la restauración de áreas degradadas para preservar la resiliencia climática y la viabilidad de las actividades económicas dependientes del clima en la Amazonía.

Cada 12 de febrero, el Perú conmemora el descubrimiento del río Amazonas, un acontecimiento decisivo tanto para la historia nacional como para la agenda ambiental mundial, debido a su papel clave en la regulación climática del planeta. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo reconoció la importancia estratégica de este recurso al otorgarle, el 16 de septiembre de 2019, la Jerarquía 4, la máxima distinción turística del país, subrayando así su valor universal como atractivo internacional. Este reconocimiento coloca a la cuenca amazónica en el centro de las políticas de promoción turística y conservación.

Uno de los criterios centrales de esta distinción es que, de acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y los estándares de la Organización Mundial del Turismo, solo acceden a la Jerarquía 4 aquellos recursos turísticos con relevancia nacional y capacidad comprobada para atraer flujos significativos de visitantes, tanto domésticos como internacionales, ya sea de manera independiente o junto a otros atractivos complementarios. El proceso de evaluación involucró a entidades como el Viceministerio de Turismo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, la Autoridad Nacional del Agua y representantes del sector turístico privado, encabezados por la Cámara Nacional de Turismo y la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo.

Los atributos medioambientales del río Amazonas lo convierten en el principal regulador climático del planeta, al ser el mayor generador de oxígeno atmosférico y el captador más relevante de gases de efecto invernadero, especialmente dióxido de carbono (CO₂), lo que contribuye de manera directa a la moderación del calentamiento global. Por esta razón, expertos y organismos internacionales insisten en la necesidad urgente de proteger la región y evitar actividades que aceleren su degradación.

Dimensiones y singularidades del río Amazonas

El río Amazonas destaca por sus dimensiones excepcionales: nace de la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali, en la provincia de Maynas, departamento de Loreto, atraviesa nueve países sudamericanos y, considerando como su fuente el nevado del Mismi, en Arequipa —a 5.539 metros de altitud—, alcanza una longitud total de 7.062 kilómetros, posicionándose como el río más extenso del mundo.

Su caudal supera ampliamente al de otros grandes ríos como el Nilo, el Yangtsé y el Misisipi, con un promedio de 209.000 metros cúbicos por segundo, cifra que representa el 20% del total de descarga fluvial global hacia los océanos. Este volumen se evidencia incluso a más de 160 kilómetros mar adentro, frente a la desembocadura del Amazonas, donde aún se detecta agua dulce en la superficie marina.

El ancho del río varía considerablemente: oscila entre 1,6 kilómetros en época de estiaje y hasta 190 kilómetros durante la temporada de lluvias, desembocando en el Atlántico a través de un estuario de 240 kilómetros. Su sistema fluvial incluye más de 1.000 afluentes, de los cuales 25 superan los 1.000 kilómetros de longitud cada uno.

Biodiversidad y rol económico

La cuenca amazónica se extiende por aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la mayor del planeta y le permite concentrar una quinta parte del caudal fluvial mundial. Este ecosistema alberga la mayor diversidad de especies animales y vegetales registrada, incluyendo más de 2.000 especies de peces. Para millones de habitantes de la selva, el río constituye la principal vía de comunicación y una fuente esencial de recursos hidrobiológicos para la alimentación diaria.

Más allá de su riqueza ecológica, el impacto del río en el turismo es significativo. Cruceros de lujo navegan sus aguas, brindando acceso a áreas protegidas como las Reservas Nacionales Pacaya Samiria y Allpahuayo Mishana. Además, la ciudad de Iquitos actúa como el principal punto de partida para explorar las rutas fluviales hacia el corazón de la selva peruana.

Historia y huella cultural

La historia atribuye el descubrimiento del río Amazonas al capitán español Francisco de Orellana, quien el 12 de febrero de 1542 encabezó una expedición en búsqueda de El Dorado. Orellana nombró al río tras enfrentarse a mujeres guerreras indígenas, cuya destreza en combate evocó en los expedicionarios la figura de las Amazonas de la mitología griega.

El recorrido del Amazonas en Perú, partiendo del nevado del Mismi en Arequipa, abarca los departamentos de Huánuco, Áncash, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Ucayali y Loreto, cubriendo una de las regiones hídricas y ecológicas más extensas del país.

Más de un siglo después de los crímenes cometidos contra pueblos indígenas amazónicos durante la llamada época del caucho, el Estado peruano vuelve a estar bajo escrutinio internacional. Cuatro Relatores Especiales de las Naciones Unidas exigieron explicaciones y acciones urgentes ante la falta de medidas de verdad, justicia, reparación y memoria por las graves violaciones de derechos humanos perpetradas entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, especialmente en la región del Putumayo.

La comunicación oficial, fechada el 3 de noviembre de 2025 y hecha pública tres meses después, fue dirigida al Gobierno peruano por los Relatores Especiales sobre verdad y justicia, ejecuciones extrajudiciales, derechos de los pueblos indígenas y formas contemporáneas de la esclavitud, quienes expresaron su grave preocupación por la persistente inacción estatal frente a estos crímenes de extrema gravedad.

Un llamado internacional por crímenes históricos impunes

La comunicación fue firmada por cuatro Relatores Especiales: el Relator sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el Relator sobre ejecuciones extrajudiciales; el Relator sobre los derechos de los pueblos indígenas; y el Relator sobre las formas contemporáneas de la esclavitud.

En el documento, los expertos expresan su profunda preocupación por la falta de investigaciones, el silencio institucional y la ausencia de políticas públicas orientadas a reconocer los crímenes cometidos durante la explotación cauchera, especialmente en la región del Putumayo, territorio que hoy comparten Perú y Colombia.

Según los Relatores, esta inacción estatal perpetúa el daño histórico y sus efectos intergeneracionales, que se manifiestan actualmente en discriminación estructural, exclusión social y marginación de los pueblos indígenas amazónicos.

Empresas caucheras y responsabilidades

El pronunciamiento de la ONU identifica como principales responsables de estas violaciones a los empresarios caucheros que operaron en la Amazonía, en particular a la Casa Arana y Hermanos, posteriormente denominada Peruvian Amazon Company, dirigida por Julio César Arana.

De acuerdo con la comunicación, estas empresas instauraron un sistema de explotación basado en el endeudamiento forzado, el trabajo esclavo y la violencia sistemática, con el objetivo de sostener una producción de caucho que creció de forma exponencial para abastecer los mercados internacionales.

Los pueblos indígenas Huitoto, Bora, Ocaina, Andoque, Resígaro, Nonuya, Miraña, Muinane, Kukama, entre otros, fueron sometidos a torturas, ejecuciones masivas, violencia sexual, mutilaciones, desplazamientos forzados y asesinatos, prácticas que, según los expertos, constituyen crímenes de extrema gravedad.

Los Relatores subrayan que estos hechos no fueron aislados, sino que ocurrieron con la complicidad, tolerancia u omisión del Estado peruano de la época, lo que refuerza la responsabilidad estatal en la falta de justicia hasta hoy.

Negación, olvido y memoria selectiva

La comunicación también cuestiona la persistente negación oficial de estos crímenes y la ausencia de políticas de memoria. Los expertos advierten que, en ciudades como Iquitos, figuras vinculadas a la explotación cauchera continúan siendo homenajeadas en calles, monumentos y circuitos turísticos, mientras las víctimas indígenas siguen excluidas de la narrativa histórica nacional.

Para la ONU, esta forma de memorialización selectiva vulnera el derecho colectivo a la verdad y refuerza la invisibilización de los pueblos afectados.

Respaldo internacional a la demanda indígena

Para el Colectivo TSIUNI, integrado por jóvenes de los pueblos Kukama, Murui, Maijuna, Secoya, Wampis, Awajún, Bora, Achuar, Arabela, Shiwilu y Resígaro, la comunicación de la ONU representa un respaldo internacional clave a la demanda judicial presentada el 13 de octubre de 2025 ante el Juzgado Mixto de Nauta, en Loreto.

A través de esta acción legal, el colectivo exige al Estado peruano la creación de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes de la época del caucho, desde la perspectiva de los pueblos amazónicos, así como medidas de reparación y reformas educativas que incorporen estos hechos en la currícula nacional.

Advertencia al Estado peruano

En su pronunciamiento, los Relatores instan al Estado peruano a adoptar medidas urgentes y holísticas, en consulta efectiva con las comunidades indígenas, y recuerdan que el derecho internacional obliga a investigar violaciones graves, ofrecer reparaciones integrales y garantizar la no repetición.

Finalmente, advierten que, de persistir la inacción, podrían pronunciarse públicamente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que colocaría al Perú bajo un mayor escrutinio internacional por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

En un viaje al centro poblado de Tayunza, a hora y media de la capital provincial Santa María de Nieva, se constató la magnitud del problema. Las víctimas, muchas veces niñas menores de diez años, enfrentan obstáculos casi insalvables para denunciar y obtener justicia. A menudo, familiares directos o personas de confianza resultan ser los agresores, situación que se agrava por la falta de conocimiento del español y la dependencia económica y social de las familias.

“Mi sobrinita me dijo: ‘Tía, yo le avisé a mi mamá, pero mi mamá otra vez me ha castigado’”, relató una de las tías de una víctima.

La menor de tres años señaló que su padrastro abusó de ella, revelación que, lejos de activar un sistema de protección, terminó en castigos y silencio, como narra la tía.

Enfermedades de transmisión sexual

El citado medio detalla que en Condorcanqui los abusos sexuales también se relacionan con un aumento de enfermedades de transmisión sexual. Roberto Rivas, director de la Red Integral de Salud de Condorcanqui, informó al medio que “de cada cien personas, cuatro tienen VIH en Condorcanqui”.

En 2025 se detectaron 253 nuevos casos de VIH en la provincia, una cifra que incluye a menores víctimas de violencia sexual. El 95% de los afectados pertenece a las etnias Awajún y Wampis.

Las rutas para acceder a la capital provincial son largas y costosas: una hora y media de vuelo hasta Chiclayo, seis horas por carretera hasta Bagua y otras seis horas por caminos de tierra hasta Santa María de Nieva. El acceso a la justicia y la atención médica se ve limitado por la distancia, la falta de recursos y la carencia de infraestructura adecuada.

El abandono del Estado

Sin embargo, eso no es todo, sino que las autoridades las han abandonado. La única cámara Gesell de la provincia permanece la mayor parte del tiempo sin uso por falta de medios para trasladar a las víctimas. De 71 citas programadas, solo ocho pudieron concretarse en enero.

Una de las principales dificultades identificadas es la desarticulación de las instituciones que deberían proteger a la infancia. La reciente desactivación de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer dejó a más de 400 casos en los distritos de Cenepa y Río Santiago sin seguimiento. Gilder Zapata, fiscal especializado en delitos contra la mujer y grupo familiar, explicó que “los despachos han prescindido del personal de apoyo, lo que dificulta el avance de las investigaciones”.

Rosmery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis, indicó que cada vez los casos quedan impune, a pesar de las promesas de autoridades.

“Violan a una niña y se acuerda un pago de cinco mil o seis mil soles, pero muchas veces ni siquiera se cumple, o el caso queda archivado por decisión de las autoridades tradicionales”, enfatizó.

La falta de acompañamiento psicológico y de atención médica oportuna contribuye a la vulnerabilidad de las víctimas. Una madre denunció que “la psicóloga o alguien no vienen a mi casa a visitar a mi hija, a hablar, nada”.

El aislamiento, la ausencia de recursos y la debilidad de la presencia estatal profundizan la impunidad, permitiendo que los agresores permanezcan cerca de sus víctimas y que los casos sigan sin resolverse.

El hallazgo de más de un millón de soles ocultos en el interior de un colchón durante un operativo policial en la región amazónica de Perú puso bajo la lupa una presunta red de financiamiento ligada al narcotráfico.

Según informó 24 Horas, agentes del orden detectaron una conducta sospechosa en un pasajero que se disponía a viajar rumbo a Iquitos con un colchón y una caja de frutas, lo que motivó un minucioso registro del equipaje.

La revisión permitió a los efectivos descubrir una suma de dinero en efectivo cuidadosamente distribuida en la espuma del colchón, cifra que superaba el millón de soles.

Las autoridades señalaron que el modus operandi utilizado para el transporte de este dinero sorprendió por su nivel de ocultamiento, en una zona donde la vigilancia policial busca frenar el flujo de recursos hacia actividades ilícitas.

El Ministerio Público peruano confirmó que el individuo detenido fue puesto a disposición de la fiscalía especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de municiones, iniciando una investigación preliminar de quince días.

Altos mandos policiales consultados por 24 Horas indicaron que se presume que el dinero incautado proviene del tráfico ilícito de drogas y que su destino era financiar la creación o implementación de nuevos laboratorios de producción de cocaína en áreas remotas de la región Ucayali y otras zonas.

Este hallazgo se vincula a una serie de operativos recientes que buscan desarticular las rutas de financiamiento y producción de drogas en la Amazonía peruana, donde las autoridades han detectado patrones de traslado de grandes sumas de dinero destinadas a sostener la infraestructura de los grupos dedicados al narcotráfico.

Economías ilícitas

Como parte de una estrategia regional para debilitar las economías ilícitas, días atrás se realizó un megaoperativo conjunto en la frontera entre Colombia y Perú, cuyas acciones fueron descritas como un golpe significativo a las redes transnacionales que operan en la zona.

La operación, ejecutada en el marco del plan de campaña Ayacucho y la Operación AD–T Ofensiva No. 002 Everest, contó con el liderazgo de la Regional de Inteligencia de la Armada Nacional colombiana y la colaboración de fuerzas militares peruanas.

Las fuerzas conjuntas destruyeron cuatro laboratorios dedicados al procesamiento de pasta base de coca en las comunidades de San Juan de Loreto Yacu y San Pedro de Tipisca, bajo jurisdicción del municipio de Puerto Nariño (Amazonas), en áreas limítrofes con Perú. El despliegue táctico partió desde Leticia, utilizando rutas fluviales identificadas como corredores clave para el tráfico de drogas hacia Brasil y Perú.

Durante el operativo, las autoridades incineraron 2.691 kilogramos de pasta base de coca y sulfato de cocaína, decomisaron armas de fuego y destruyeron cuatro embarcaciones de aluminio equipadas con motores tipo “peque peque”. Los complejos desmantelados funcionaban como centros de acopio, dormitorios y almacenes, además de contar con equipos de comunicación como sistemas de internet satelital y radios, destinados a la coordinación de actividades ilícitas.

Las fuerzas intervinientes erradicaron 58 hectáreas de cultivos de hoja de coca, material que abastecía los laboratorios destruidos, y procedieron a destruir equipos y documentos vinculados a la operación de las estructuras ilegales. La certificación del material incautado y destruido fue expedida por las Fuerzas Militares del Perú.

La ofensiva también afectó los flujos financieros de los grupos armados organizados transnacionales, ya que el decomiso de la droga y la destrucción de los laboratorios debilitaron su capacidad operativa en la región. Las autoridades declararon que “este resultado permite afectar las economías ilícitas del narcotráfico en zona de Puerto Nariño, Amazonas y debilita de forma directa las redes criminales transnacionales que delinquen en esta zona del país”.

En paralelo, el Ejército Nacional de Colombia, en una acción coordinada con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, llevó a cabo otra ofensiva en el Urabá antioqueño, destruyendo tres laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca, instalaciones presuntamente vinculadas al Clan del Golfo.

Las estimaciones oficiales calculan que la afectación a la estructura criminal supera los 1.250 millones de pesos colombianos, debilitando de manera sustancial la capacidad logística y financiera del Clan del Golfo en la región.

La suma incautada en el colchón en la Amazonía peruana y las operaciones en la frontera colombo-peruana ilustran los esfuerzos conjuntos para combatir el financiamiento y la producción de drogas en una de las regiones con mayor presión por parte de organizaciones criminales transnacionales.

El chef Omar Malpartida, junto a Luis Arévalo, ofreció al público de IFEMA una visión contemporánea de la cocina amazónica peruana combinando ingredientes autóctonos y prácticas agrícolas sostenibles. Según informó PROMPERÚ a través de un comunicado destacado por el medio, la última jornada de Madrid Fusión 2026 reunió a miles de visitantes profesionales y aficionados que recorrieron, mediante demostraciones culinarias, la diversidad gastronómica de Lima, la Amazonía y la costa norte del Perú. La participación peruana en el evento suscitó interés internacional sobre los sabores tradicionales y actuales que distinguen al país andino a nivel mundial.

Durante los tres días del congreso, el espacio de Perú se identificó por su ambientación en una taberna limeña de 100 metros cuadrados, donde se propuso un viaje sensorial a la ciudad de Lima. Según detalló PROMPERÚ, la capital peruana recibió el reconocimiento como Mejor Ciudad Culinaria de América Latina en 2025, de acuerdo con los World Culinary Awards, lo que posiciona a Lima como principal destino gastronómico en la región. Los chefs Paula Gutiérrez y Roberto Suhuay lideraron la reinterpretación de platillos limeños desde perspectivas contemporáneas, sumando a las presentaciones de John Torres sobre la tradición del pan y el café limeños dentro de la identidad local.

El segundo día giró en torno a la cocina amazónica. De acuerdo con la información proporcionada por PROMPERÚ, Cindy Reategui expuso un proyecto enfocado en la innovación dentro de la Amazonía peruana, que busca el equilibrio entre la preservación de las tradiciones, la biodiversidad y el impulso económico para las mujeres indígenas empleando agricultura regenerativa. Tras su exposición, Omar Malpartida y Luis Arévalo, ambos ampliamente reconocidos en el ámbito culinario español, ofrecieron degustaciones que resaltaron ingredientes y sabores exóticos provenientes de la selva peruana.

La costa norte del país ocupó el centro de atención en la jornada final, tomando protagonismo la cocina de regiones como Lambayeque, Piura y Tumbes. Según consignó PROMPERÚ en la información remitida, este segmento se caracterizó por la confluencia de sabores intensos y la utilización de productos emblemáticos como el culantro y la chicha de jora, representando fielmente la herencia mochica y precolombina. Los chefs Robert Richter y Juan Alfonso Urrutia colaboraron en un almuerzo a cuatro manos, en el cual se incluyó café peruano, consolidando la apuesta por visibilizar el potencial culinario del norte peruano y el valor de la cocina nikkei.

PROMPERÚ subrayó que el cierre de Madrid Fusión 2026 fue acompañado por la presencia del embajador del pisco Johnny Schuler y el especialista en café Harry Neira, quienes reforzaron la imagen de Perú como país de rica tradición y vanguardia en el sector de bebidas. Esta participación sostuvo la posición de Perú como Mejor Destino Culinario del Mundo en los World Travel Awards, según detalló el comunicado del ente promotor.

Durante el evento, la oferta peruana no solo incluyó demostraciones de recetas tradicionales y contemporáneas, sino que también exhibió el papel de la gastronomía como motor de desarrollo y conexión cultural. Según reportó PROMPERÚ, los visitantes de Madrid Fusión destacaron la propuesta de Perú como un elemento diferenciador, invitando a los asistentes a experimentar la riqueza del país in situ.

El encuentro en IFEMA marcó la culminación de una agenda intensiva de presentaciones, degustaciones y charlas, donde los representantes peruanos compartieron técnicas, procesos y experiencias que delinean las diferentes vertientes de la cocina nacional. Tal como comunicó PROMPERÚ, la acogida de la delegación en las tres jornadas refleja la continua consolidación de Perú como referencia mundial en gastronomía, despertando el interés de nuevos públicos y fortaleciendo los lazos con la comunidad internacional del sector gastronómico.

Los crímenes ambientales en la Amazonía dejaron de ser actividades marginales asociadas a economías de subsistencia o redes locales informales. Según investigaciones recientes de la Coalición para la Responsabilidad Financiera y la Transparencia Corporativa (FACT Coalition), con sede en Washington; estos delitos forman hoy parte de una arquitectura criminal transnacional altamente organizada, impulsada por incentivos financieros comparables a los de las mayores economías ilícitas del mundo.

La tala ilegal, la minería ilícita de oro, el tráfico de vida silvestre y la pesca ilegal se integraron en un mercado global que genera hasta 281.000 millones de dólares anuales y crece casi tres veces más rápido que la economía legal, reconfigurando de manera profunda la relación entre crimen organizado, conservación y gobernanza ambiental.

En los países amazónicos –como Brasil, Perú, Colombia o Ecuador– esta convergencia entre crimen organizado y destrucción ambiental se manifiesta con particular crudeza. Lejos de operar al margen del sistema, las redes criminales aprendieron a explotar sus grietas: áreas protegidas delimitadas “en el papel”, marcos regulatorios débiles, sistemas financieros opacos y cadenas de suministro globales que permiten blanquear productos ilegales hasta convertirlos en mercancías aparentemente legítimas. Como advierte FACT Coalition, la protección territorial resulta insuficiente cuando no se atacan las estructuras financieras que convierten la devastación ambiental en un negocio de bajo riesgo y alta rentabilidad.

Uno de los ejemplos más claros es la minería ilegal de oro, que se convirtió en un motor central del crimen organizado en la región amazónica. En países como Colombia y Perú, la extracción ilícita genera hoy más ingresos para los grupos criminales que el narcotráfico tradicional.

El oro, a diferencia de la cocaína, enfrenta menores niveles de persecución penal, goza de precios internacionales elevados y puede integrarse con relativa facilidad al comercio formal mediante empresas fachada, refinerías cómplices y vacíos regulatorios en los mercados de destino. De acuerdo con un informe de FACT Coalition, cerca del 80 % del oro exportado desde Colombia hacia Estados Unidos tendría origen ilegal, mientras que Perú concentra casi la mitad del comercio ilícito de oro en América Latina.

Este fenómeno no solo acelera la deforestación y la contaminación por mercurio de ríos amazónicos, sino que también refuerza dinámicas de violencia, corrupción e impunidad. Comunidades indígenas y poblaciones rurales quedan atrapadas entre economías ilegales, presencia armada y Estados incapaces de ejercer control efectivo. La minería ilegal avanza dentro de territorios indígenas y áreas protegidas, financiando estructuras criminales que diversifican sus actividades hacia otros delitos ambientales y no ambientales, desde el tráfico de personas hasta el lavado de activos.

En este contexto, defender la naturaleza se ha vuelto una actividad de alto riesgo: América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para los defensores ambientales, con decenas de asesinatos cada año vinculados a conflictos por el control de recursos naturales.

La Amazonía no es un caso aislado, sino parte de un patrón global. Investigaciones de WWF y la Environmental Investigation Agency muestran que los delitos ambientales constituyen ya la tercera mayor actividad criminal transnacional, solo por detrás del narcotráfico y la falsificación. Estas economías ilícitas operan a través de redes sofisticadas que cruzan múltiples jurisdicciones, combinan delitos ambientales con financieros y se sostienen gracias a la complicidad —activa o pasiva— de actores del sistema legal, incluidos intermediarios financieros, empresas, funcionarios corruptos y vacíos en la supervisión estatal.

Uno de los elementos más preocupantes es la normalización de estas actividades dentro de la economía global. La madera ilegal, el oro extraído ilícitamente o los productos de vida silvestre no permanecen en mercados clandestinos; atraviesan fronteras, ingresan a cadenas de suministro formales y terminan en mercados internacionales sin que el consumidor final pueda rastrear su origen real. Esta desconexión entre el lugar del daño ambiental y el punto de consumo final debilita los incentivos para actuar y diluye responsabilidades, permitiendo que los beneficios económicos se concentren lejos de los costos sociales y ecológicos.

Ante este escenario, los avances normativos internacionales han sido limitados y fragmentarios. Aunque en foros multilaterales crece el reconocimiento de los delitos ambientales como una amenaza equiparable a otras formas de crimen organizado, persisten vacíos críticos. Según la Environmental Investigation Agency, los marcos actuales carecen de definiciones comunes, sanciones homogéneas y mecanismos robustos de cooperación internacional que permitan perseguir no solo a los ejecutores locales, sino a los beneficiarios finales y a las estructuras financieras que sostienen estas economías ilícitas .

FACT Coalition insiste en que la clave para revertir esta tendencia no está únicamente en ampliar áreas protegidas o reforzar la vigilancia territorial, sino en seguir el rastro del dinero. Sin medidas efectivas contra el lavado de activos, sin transparencia sobre los beneficiarios reales de empresas y sin controles estrictos en los mercados de destino, los delitos ambientales seguirán siendo una opción racional para el crimen organizado.

Desde esta perspectiva, la Amazonía se convirtió en un laboratorio donde se pone a prueba la capacidad del sistema internacional para enfrentar economías ilícitas que operan a escala global.

El impacto del cambio climático no se distribuye uniformemente en los ecosistemas tropicales de la Amazonia y los Andes. Así lo reveló una investigación publicada en la revista Nature Ecology & Evolution.

La investigación incluyó un arduo trabajo de campo y análisis de datos, con visitas periódicas a las parcelas y la aplicación de tecnologías de monitoreo remoto.

Colaboraron investigadores del Reino Unido, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, España, Países Bajos, Bélgica, Francia, Alemania, Suecia, Australia, Canadá, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile, Guyana e Italia.

Este enfoque permitió detectar cambios sutiles en la composición de especies y en la estructura de los bosques. Se generó información clave para comprender los efectos del clima en la biodiversidad y en los servicios ecosistémicos que sostienen las comunidades locales.

A partir del análisis de cuatro décadas de observación en 406 parcelas forestales de diez países, el equipo dirigido por la doctora Belén Fadrique, de la Universidad de Liverpool, en el Reino Unido, identificó que las respuestas de las especies al cambio climático están provocando profundas alteraciones en la composición de los bosques y en la riqueza de especies a múltiples escalas.

El patrón continental disimula marcadas diferencias regionales. Según la científica Fadrique, “esta investigación pone de manifiesto los efectos desiguales del cambio climático sobre la diversidad arbórea en distintos bosques tropicales, subrayando la necesidad de estrategias de monitoreo y conservación adaptadas a cada región”.

La revisión de datos históricos muestra que, aunque la diversidad total de árboles se mantuvo relativamente estable a escala sudamericana, existen zonas extensas, como los Andes centrales, el Escudo Guayanés y la Amazonia central-oriental, donde la mayor parte de las parcelas monitoreadas registraron reducciones en el número de especies.

Refugios en la altura

En cambio, el informe destaca un fenómeno opuesto en el norte de los Andes y el oeste amazónico, donde “la mayoría de las parcelas registraron un aumento de especies”, de acuerdo con Fadrique.

Este hallazgo subraya la función de la región como posible refugio climático: “El norte de los Andes podría convertirse en un ‘refugio’ para especies arbóreas que se ven desplazadas por los cambios ambientales en las tierras bajas circundantes”, explicó la investigadora.

El análisis, respaldado por la colaboración de más de 160 científicos de 20 países y redes como RAINFOR y la Red de Bosques Andinos, identifica dos fuerzas principales detrás de estas transformaciones: el incremento de temperaturas y las variaciones en el régimen de lluvias, tanto en cantidad como en estacionalidad.

“Las temperaturas en ascenso tienen un efecto generalizado sobre la diversidad forestal, pero ha sido la lluvia y su estacionalidad los factores que en mayor medida determinan las diferencias entre regiones”, plantearon los expertos.

Bosques ante el límite

La profesora Flavia Costa, integrante del Instituto Nacional de Investigaciones sobre la Amazonia en Brasil y coautora, coincidió en esa perspectiva.

Afirmó: “Este estudio enfatiza el impacto desigual del cambio climático en la diversidad arbórea de los bosques tropicales, resaltando la urgencia de esfuerzos específicos de monitoreo y conservación en cada área”.

La amenaza de la deforestación se suma a este panorama. El profesor Oliver Phillips de la Universidad de Leeds, quien coordina la red RAINFOR, advirtió: “Nuestros resultados remarcan la relación esencial entre la preservación de los bosques, la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático”.

Es fundamental conservar los bosques remanentes donde la Amazonia contacta con los Andes, opinó.

“Solo si permanecen en pie podrán ofrecer refugio a las especies de las tierras bajas adyacentes a largo plazo”, declaró Phillips.

El equipo continuará profundizando en la identificación de qué especies resultan más afectadas, cuáles logran establecerse y si estos cambios anuncian una tendencia de homogeneización ecológica en la región.

En palabras de Fadrique, “las investigaciones futuras se centrarán en cuestiones complejas sobre la composición, incluyendo las identidades taxonómicas y funcionales de las especies que se pierden o se reclutan, si esto apunta a un proceso a gran escala de homogeneización en la región andino-amazónica”.

La fiebre amarilla ha reaparecido con fuerza en la Amazonía, impulsada por la creciente expansión de asentamientos humanos sobre áreas previamente cubiertas de selva. Investigadores de la University of California - Santa Barbara advierten, en un estudio publicado en Biology Letters (2025), que este fenómeno está provocando cambios ecológicos profundos que multiplican la probabilidad de transmisión del virus a comunidades vulnerables.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó 212 contagios en 2025, una cifra que supera ampliamente los 61 casos registrados en 2024 y que enciende las alarmas ante un escenario epidemiológico cada vez más complejo.

Esta tendencia preocupa a la comunidad científica y a organismos internacionales, que observan cómo el avance de la urbanización sobre la selva no solo transforma el paisaje, sino que crea nuevas interfaces entre el ambiente silvestre y las poblaciones humanas. Kacie Ring, investigadora de Universidad de California en Santa Bárbara, explicó: “La fiebre amarilla infecta cada vez más a personas que viven cerca del bosque”.

Según el equipo responsable del estudio, el factor central no es la simple fragmentación del bosque, sino el contacto directo entre urbanización y selva, que facilita el cruce del virus desde sus reservorios naturales hacia los asentamientos.

El trabajo de los científicos se apoyó en la recopilación y análisis de datos sanitarios y ambientales de Brasil, Perú y Colombia durante el periodo 2000-2021, integrando información epidemiológica con imágenes satelitales de alta resolución. El resultado permitió trazar la evolución de la llamada interfaz urbano-forestal: el límite donde la ciudad y el bosque se encuentran.

Según el informe, esta franja crece en promedio un 13% cada año en las regiones estudiadas, lo que incrementa notablemente las oportunidades de contacto entre humanos y mosquitos vectores. De hecho, los modelos del equipo indican que un aumento del 10% en esta frontera puede elevar hasta 150% la probabilidad de que la fiebre amarilla salte de la selva a áreas urbanas.

La expansión urbana genera mayor exposición a enfermedades transmitidas por mosquitos, ya que los bordes del bosque concentran altas tasas de infección tanto en humanos como en los propios vectores. Andy MacDonald, coautor del trabajo, advirtió: “La preocupación es que, cuanto más frecuentes sean estos saltos, más probable será que reaparezcan los ciclos urbanos de transmisión”.

El temor de los expertos radica en que, durante el siglo XX, la transmisión urbana de fiebre amarilla había sido controlada gracias a campañas masivas de vacunación y programas sostenidos de erradicación de mosquitos. Sin embargo, la situación actual es muy diferente.

Ring enfatizó que hoy sería inviable repetir aquellas estrategias, ya que los riesgos ambientales y la escasez global de vacunas plantean obstáculos inéditos. La OMS reconoció que las reservas internacionales de vacunas contra la fiebre amarilla se han reducido de forma significativa, en parte debido a la baja incidencia de casos en décadas pasadas, lo que llevó a muchos países a disminuir sus inventarios.

Esta decisión, que parecía lógica en un contexto de control epidemiológico, ahora limita la capacidad de respuesta frente a brotes súbitos e imprevisibles.

El informe de la OMS detalla que los casos confirmados en 2025 se distribuyen tanto dentro como fuera de la Amazonía, lo que evidencia la creciente capacidad del virus para expandirse más allá de su nicho tradicional.

Los expertos advierten que el riesgo no se limita a áreas rurales o selváticas, sino que también alcanza a ciudades periféricas y polos urbanos en expansión. “Si los casos cambian de forma súbita, no estamos preparados para afrontarlo”, explicó MacDonald, quien subrayó la necesidad de fortalecer la vigilancia y la cobertura vacunal en regiones en riesgo.

El estudio también alerta sobre la posible reaparición de otras enfermedades transmitidas por vectores como la malaria, el dengue y la leishmaniasis. La transformación del uso del suelo, junto con la deforestación acelerada, está creando condiciones propicias para la adaptación y proliferación tanto de los mosquitos como de los patógenos que transportan. El aumento de temperaturas, la alteración de los ciclos de agua y la fragmentación de hábitats tradicionales contribuyen a un escenario donde los brotes epidémicos pueden volverse más frecuentes y difíciles de controlar.

Para los investigadores, la frecuencia creciente de brotes en la Amazonía es indicio de un profundo desequilibrio ecológico con consecuencias directas para la salud humana y el ambiente. El avance urbano en áreas limítrofes no solo transforma el paisaje, sino que abre la puerta a riesgos sanitarios emergentes que desafían la capacidad de respuesta regional y global.

La coordinación entre países, el refuerzo de las campañas de vacunación y la protección de los ecosistemas amazónicos aparecen, para los especialistas, como estrategias clave para evitar que la fiebre amarilla y otras enfermedades regresen con fuerza a los centros urbanos del continente.

Dos años después del asesinato del apu Quinto Inuma Alvarado, líder kichwa y defensor de la Amazonía peruana, el Poder Judicial iniciará finalmente el juicio oral por uno de los crímenes más emblemáticos contra defensores del territorio. Del 20 al 22 de enero de 2026, cinco acusados enfrentarán el proceso por un asesinato que expuso la desprotección estructural que viven quienes defienden los bosques y las comunidades indígenas en el país.

Quinto Inuma fue un reconocido apu de la comunidad nativa kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu. Su liderazgo estuvo marcado por la defensa del territorio ancestral frente a la tala ilegal, el narcotráfico, la invasión de tierras y otras economías criminales que avanzan sobre la Amazonía.

Había presentado al menos 25 denuncias ante el Ministerio Público por delitos ambientales y contaba con medidas de protección otorgadas por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, estas no evitaron que fuera asesinado el 29 de noviembre de 2023, con cinco impactos de bala, cuando regresaba a su comunidad tras participar en el Encuentro Nacional de Defensores Ambientales en Pucallpa.

El Instituto de Defensa Legal (IDL) señaló en noviembre de 2024 que el móvil de su asesinato fue su férrea defensa del medio ambiente y su constante denuncia de la deforestación en su territorio comunal.

El juicio que abre una posibilidad de justicia

El juicio oral se realizará con la participación de 22 testigos y 13 peritos. Entre las pruebas figuran las denuncias que el propio Quinto Inuma presentó en vida.

Cabe señalar que es el primer caso en el Perú en el que todos los acusados por el asesinato de un defensor indígena han sido detenidos y el proceso ha logrado avanzar hasta la etapa de juzgamiento.

Actualmente, Limber Ríos Ruiz, Génix Saboya Saboya, Jerrly Saboya Saboya y Segundo Villalobos Guevara cumplen 18 meses de prisión preventiva. Un imputado más, Belustiano Saboya Pisco, falleció en julio de 2025 durante una intervención de la Policía Nacional del Perú en Orellana, Loreto, cuando intentaba evadir una orden de captura por homicidio calificado y sicariato.

“No han matado a un animal, han matado a un defensor”

A dos años del crimen, Kevin Inuma Mandruma, hijo mayor del apu, declaró a VIA Televisión que su familia sigue viviendo el impacto de la pérdida.

“El día sábado (29 de noviembre) fueron ya dos años de la muerte de mi papá. Nosotros como familia seguimos sintiendo su ausencia, su voz, su defensa del territorio y de la comunidad”, expresó.

El joven recordó que, pese a los intentos de organización comunal, la presencia del Estado sigue siendo mínima. “Nos dijeron que iban a entrar las entidades del Estado, pero nunca entraron. Así son las medidas de protección: se escriben en el papel, pero no hay hechos reales”, afirmó.

Kevin Inuma también remarcó que la familia exige justicia real. “No han matado a un animal, han matado a un ser vivo, a un defensor que tenía familia e hijos”, señaló.

Un crimen que pudo evitarse

En febrero de 2024, en declaraciones a Infobae Perú, el hijo mayor de Quinto Inuma sostuvo que el crimen pudo evitarse, pues su padre había presentado 25 denuncias y contaba con medidas de protección otorgadas por el Ministerio de Justicia.

Recordó además que Quinto Inuma enfrentaba amenazas constantes por su oposición a la invasión de tierras, el narcotráfico y la tala indiscriminada, una realidad que afecta a numerosos líderes indígenas en la Amazonía.

Un patrón de violencia estructural

Para el Instituto de Defensa Legal, la muerte de Quinto Inuma no es un hecho aislado. Desde 2013, más de 33 defensores indígenas han sido asesinados en la Amazonía peruana.

El IDL sostiene que estos crímenes responden a causas estructurales: un modelo extractivista agresivo, economías ilegales, empresarios que eliminan a quienes denuncian sus actividades y una profunda desprotección institucional hacia las comunidades amazónicas.

“La realidad nos dice que las medidas de protección del Estado no son eficientes”, advirtió la institución.

Vigilancia internacional y respuesta tardía del Estado

El caso es seguido por organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la familia y a la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu debido al alto riesgo por el avance de economías ilegales.

La Relatoría Especial de la ONU también solicitó información al Estado peruano sobre las acciones adoptadas tras el asesinato, pero la respuesta oficial se demoró varios meses, evidenciando la inacción estatal.

Un juicio que marca un precedente

El proceso judicial avanza en un contexto donde la mayoría de los asesinatos de defensores del territorio permanece impune y donde proteger la Amazonía sigue siendo más riesgoso que depredarla.

La familia de Quinto Inuma, Axeldina Barbarán —sobreviviente del ataque— y la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu exigen que este crimen no quede impune, que el proceso sea célere y que el Estado garantice una protección real.

La reciente desarticulación de ‘Puerto Hong Kong’, una de las redes de tráfico ilegal de madera más complejas de la región amazónica, marcó un hito en la lucha contra los delitos ambientales en Sudamérica. El operativo, enfocado en los departamentos de Nariño, Putumayo y Amazonas, evidenció la importancia crucial de la colaboración entre países, permitiendo la captura de 17 personas involucradas, incluidas tres funcionarias responsables de irregularidades administrativas que facilitaban las operaciones del grupo criminal.

La ofensiva contra la organización criminal fue posible gracias al esfuerzo mancomunado entre la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Perú y su homóloga colombiana, con el respaldo operativo de la Policía Nacional de Colombia y el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF). El 22 y 24 de octubre, durante el “II Taller Binacional para Fortalecer la Aplicación de la Ley frente a la Incidencia de Delitos Ambientales en la cuenca del Putumayo”, fiscales de ambos países compartieron información estratégica, prácticas exitosas y datos fundamentales para el rastreo de rutas ilegales, empresas pantalla y flujos financieros vinculados al tráfico de madera.

El liderazgo de Perú en el intercambio de experiencias y casos, así como en la recopilación y análisis de datos, permitió mapear el impacto del tráfico ilegal en áreas ecológicas sensibles, como el Parque Nacional Natural Yaguas. Los investigadores peruanos identificaron cómo parte de la madera extraída ilícitamente era trasladada desde territorio nacional, utilizando rutas fluviales y terrestres sofisticadas para evadir controles.

La red y su modus operandi

‘Puerto Hong Kong’ no era simplemente una red local, sino una organización criminal con estructura multinacional. Sus actividades incluían la extracción indiscriminada de madera de zonas protegidas, su movilización clandestina hacia centros urbanos de Colombia —Bogotá, Cali, Pasto y Boyacá— y la distribución en mercados ilegales, algunos de ellos con vínculos en Brasil y otros países fronterizos. El grupo lograba operar sin interrupciones mediante la obtención de permisos falsos y la colaboración de funcionarios corruptos.

La magnitud del daño fue notable: la organización afectó ecosistemas estratégicos de ambas naciones. Aparte del impacto en el parque Yaguas, sus operaciones se extendían al Parque Nacional Natural Amacayacu y áreas protegidas de Tarapacá en Colombia, promoviendo la degradación ambiental en sectores con alto valor de biodiversidad.

Al respecto, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e) de Colombia, Irene Vélez Torres, destacó el logro: “La protección del bioma amazónico exige acciones integrales: conservación, restauración y una lucha decidida contra los crímenes ambientales. Hoy avanzamos en la contención de la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de especies gracias a un trabajo articulado”.

Por su parte, el fiscal superior de la FEMA de Perú, Frank Almanza Altamirano, reafirmó el compromiso nacional de consolidar redes de inteligencia y acción regional ante delitos de alto impacto.

En 2025, el Perú marcó un precedente mundial al reconocer oficialmente a las abejas sin aguijón de la Amazonía como sujetos de derecho, convirtiéndose en el primer país en otorgar protección jurídica explícita a insectos por su valor ecológico y cultural. La medida establece garantías legales orientadas a asegurar su existencia, la conservación de su hábitat y su supervivencia a largo plazo.

El reconocimiento se concretó a través de ordenanzas municipales aprobadas en territorios amazónicos como Satipo y Nauta, donde las autoridades locales establecieron un marco normativo que protege a estas especies nativas frente a amenazas derivadas de actividades humanas. Con ello, se avanzó más allá de las políticas tradicionales de conservación ambiental.

Estas normas locales no solo reconocen la importancia de las abejas sin aguijón, también las incorporan como actores jurídicos con derechos específicos, lo que implica obligaciones concretas para el Estado y para quienes desarrollan actividades productivas en sus territorios.

Importancia ecológica y amenazas a su supervivencia

A diferencia de la abeja europea introducida en América, las abejas sin aguijón (tribu Meliponini) habitan la Amazonía desde hace miles de años. No pican, no invaden otros ecosistemas y cumplen un rol central en la polinización de la flora amazónica, sosteniendo ciclos forestales esenciales para la regeneración de la selva.

Estas especies hacen posible el desarrollo de cultivos estratégicos como cacao, café y diversas frutas amazónicas, tanto en sistemas agrícolas como agroforestales. Su desaparición tendría un impacto directo en la biodiversidad y en la seguridad alimentaria de las comunidades locales.

Sin embargo, su supervivencia se encuentra amenazada por una combinación de factores que actúan de forma simultánea: deforestación acelerada, uso de pesticidas, cambio climático y la presión de especies invasoras, especialmente las abejas africanizadas, que desplazan a las especies nativas y alteran los equilibrios ecológicos.

Impulso indígena y aporte científico

El proceso que llevó al reconocimiento legal de estas abejas no se originó en instancias centrales del Estado, sino en el trabajo sostenido de comunidades indígenas, investigadores y autoridades locales. Durante años, se documentó el deterioro de las poblaciones de abejas sin aguijón y su relación directa con la pérdida de bosque.

Durante la pandemia, el uso tradicional de su miel como remedio medicinal despertó un nuevo interés científico. Investigaciones posteriores confirmaron la presencia de compuestos con propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y antioxidantes, reforzando su valor no solo ecológico, sino también sanitario y cultural.

Este diálogo entre conocimiento ancestral y ciencia moderna permitió sustentar técnicamente la necesidad de protección jurídica, demostrando que estas abejas no son un recurso productivo más, sino una pieza clave del sistema vivo amazónico.

Cambio de enfoque legal y precedente internacional

Con el reconocimiento como sujetos de derecho, las abejas sin aguijón obtuvieron un conjunto de garantías específicas, entre ellas:

• Derecho a existir y prosperar sin ser exterminadas.
• Derecho a un hábitat sano y libre de contaminación.
• Derecho a condiciones ambientales y climáticas estables.
• Derecho a la representación legal frente a daños o amenazas.
• Derecho a medidas activas de protección y restauración de su entorno.

Este enfoque representa un cambio profundo en la concepción de la conservación, al pasar de la lógica de protección de recursos a una que reconoce derechos propios a formas de vida no humanas. Para pueblos como los Asháninka y Kukama-Kukamiria, esta decisión valida prácticas ancestrales como la meliponicultura, entendida como una convivencia respetuosa con la selva.

El futuro de los bosques tropicales enfrenta desafíos inéditos. Un grupo de científicos internacionales publicó un estudio en la revista Nature que alerta sobre la emergencia de un clima denominado “hipertropical” en la Amazonía, caracterizado por la combinación de temperaturas extremas y sequías intensas.

Este fenómeno, analizado a partir de datos de más de tres décadas, sugiere que el bioma tropical más extenso del mundo podría experimentar condiciones similares a las de hace decenas de millones de años. El equipo investigador utilizó redes de monitoreo ecológico y tecnología avanzada para registrar la dinámica forestal y analizar el impacto de las sequías extremas.

Bosques en riesgo bajo un clima sin precedentes

El estudio documenta que los bosques tropicales ya experimentan una mayor frecuencia de “sequías calientes”, episodios en los que la falta de lluvias coincide con temperaturas por encima de los valores históricos. Esta combinación, según los autores, incrementa la mortalidad de árboles en un 55%, afecta la capacidad de la selva para absorber dióxido de carbono y modifica la composición de especies. Al respecto, el artículo indica que “los bosques tropicales representan el bioma más cálido y húmedo de la Tierra, pero el calentamiento antropogénico los empujará a estados climáticos sin análogos actuales”.

El equipo científico subraya que las sequías recientes, como las de los eventos El Niño de 2015 y 2023, permitieron observar cómo la Amazonía responde a estos extremos. En palabras del estudio, “un registro de más de 30 años de datos demográficos forestales resueltos anualmente de un experimento de tala selectiva mostró una mayor mortalidad de árboles durante sequías intensas, particularmente entre especies pioneras de rápido crecimiento con baja densidad de madera”.

Este tipo de especies predomina en bosques secundarios, que son áreas de selva que crecen nuevamente tras una perturbación como la tala o un incendio, y suelen estar compuestos por árboles jóvenes y de rápido crecimiento. Esto sugiere una vulnerabilidad especial en áreas que sufrieron tala selectiva.

Los resultados muestran que, de continuar el actual nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, amplias zonas de la selva amazónica evolucionarán hacia un estado “hipertropical” hacia fines de siglo, con condiciones de temperatura y humedad más extremas que las actuales. El umbral crítico identificado por el equipo refiere que “las condiciones de temperatura y humedad durante los meses típicos de la estación seca superarán con mayor frecuencia los umbrales de mortalidad por sequía identificados, lo que aumenta el riesgo de muerte regresiva de los bosques”.

El término “muerte regresiva” se refiere a un proceso en el que grandes extensiones de bosque pierden masa vegetal de manera progresiva, a menudo sin posibilidad de recuperación, debido a condiciones ambientales extremas.

Según el estudio, un clima similar al hipertropical existió en la Tierra hace entre 10 y 40 millones de años, cuando las regiones tropicales experimentaban temperaturas y sequías más intensas que las actuales. Desde entonces, estos extremos no se habían registrado en los bosques tropicales modernos.

Cómo fue la investigación que duró más de 30 años

Para llegar a estos hallazgos, los autores analizaron múltiples conjuntos de datos, que incluyeron información demográfica de parcelas forestales en el Amazonas central, mediciones de campo y simulaciones climáticas globales. El estudio destaca el registro de “más de 30 años de datos anuales de demografía forestal provenientes de un experimento de tala selectiva”, que revela una correlación directa entre sequías intensas y mortalidad arbórea.

Los científicos instalaron torres de monitoreo de 50 metros de altura en sitios cercanos a la ciudad Manaos, en Brasil, donde recopilaron información sobre temperatura, humedad, radiación y humedad del suelo a diferentes alturas. Además, emplearon sensores para medir el flujo de savia en árboles, la temperatura de las hojas y la capacidad de las raíces para extraer agua del suelo.

Este enfoque permitió identificar el umbral de humedad crítica: “El análisis de mediciones ecofisiológicas de campo de las sequías de El Niño de 2015 y 2023 identificó un umbral de humedad del suelo más allá del cual las tasas de transpiración disminuyeron rápidamente. A medida que continuaban los días sin lluvia más allá de este umbral, las condiciones de sequía se intensificaron, aumentando el potencial de mortalidad de los árboles por falla hidráulica y falta de carbono”.

Las fallas hidráulicas ocurren cuando la sequía extrema provoca que la savia, el líquido que transporta agua y nutrientes dentro del árbol, forme burbujas de aire en sus conductos. Estas burbujas aparecen porque el agua disponible en el suelo es insuficiente y el árbol no puede mantener el flujo constante, lo que bloquea el suministro de agua hacia las hojas. La falta de carbono sucede cuando el árbol cierra los poros de sus hojas para evitar perder agua; al hacerlo, también impide la entrada de dióxido de carbono necesario para producir su alimento, lo que termina agotando sus reservas de energía.

En el documento, los expertos remarcan que este umbral se registró de forma consistente en diferentes sitios y años: “Lo realmente sorprendente es que el umbral de humedad del suelo en una parcela diferente con distintos árboles para sequías en distintos años (2015 y 2023) fue prácticamente el mismo: 0,32 y 0,33. Eso fue realmente sorprendente para todos”, explicó Jeff Chambers, líder del estudio y profesor de geografía de la Universidad de California en Berkeley.

Este hallazgo indica que, a pesar de las diferencias en la composición de especies y en las condiciones de los sitios estudiados, los árboles responden de manera muy similar frente a la sequía extrema. La coincidencia en el umbral sugiere que existe un límite fisiológico común a partir del cual la mayoría de los árboles de la región comienza a sufrir estrés hídrico severo.

Ese umbral corresponde al nivel mínimo de humedad del suelo (alrededor de un tercio de la capacidad total de retención de agua) a partir del cual los árboles dejan de poder extraer suficiente agua para mantener sus funciones vitales. Cuando la humedad baja de ese punto, las plantas reducen rápidamente la absorción de líquido y quedan expuestas a un mayor riesgo de daño o muerte por sequía.

A partir de modelos climáticos del proyecto Coupled Model Intercomparison Project Phase 6, el equipo estimó que el área de bosques tropicales sometida a condiciones “hipertropicales” crecerá de manera sostenida hasta 2100 si no se reduce la emisión de gases.

Posibles cambios en la estructura y funcionamiento de la selva amazónica

Los autores sostienen que los actuales episodios de sequía caliente constituyen “una ventana para el estudio de los bosques tropicales en condiciones futuras extremas previstas”. Según el equipo liderado por Chambers, la frecuencia y duración de estos eventos continuarán en aumento, lo que podría derivar en cambios drásticos en la estructura y función de la selva amazónica. Las proyecciones indican que para el año 2100, los días de sequía extrema podrían ser hasta 150 al año, cifra nunca antes registrada en este ecosistema.

El estudio enfatiza que la vulnerabilidad no se limita solo a la Amazonía, ya que las condiciones hipertropicales podrían desarrollarse también en otras selvas tropicales, como las de África occidental y el sudeste asiático. El trabajo concluye que los bosques tropicales ya muestran señales de este cambio acelerado y que el ritmo al que las especies puedan adaptarse determinará la capacidad de estos ecosistemas para sobrevivir bajo el nuevo régimen climático.

Smith, quien arribó al país a finales de diciembre de 2025, sorprendió al compartir a través de sus redes sociales imágenes desde la selva peruana.

“Feliz año nuevo, mundo. Amor desde el Amazonas”, escribió el artista en su cuenta de Instagram, acompañando la frase con fotografías en las que se le ve posando frente al río y disfrutando del entorno natural. Los comentarios de sus seguidores no tardaron en llenar la publicación, destacando la sencillez y el entusiasmo del músico por redescubrir el país.

Sam Smith recorre Cusco y se toma fotos con sus seguidores

Tras su estadía amazónica, Smith se trasladó a Cusco para recibir el Año Nuevo. Su presencia en la ciudad se viralizó rápidamente mediante videos y fotografías compartidas en plataformas como TikTok e Instagram. Las imágenes muestran al cantante paseando por el centro histórico, interactuando con turistas y posando con quienes se acercaron a pedirle una fotografía.

Uno de los momentos más comentados fue el encuentro de Sam Smith con un niño, quien posó sonriente junto al artista. Otros registros muestran a una joven relatando su experiencia tras reconocerlo y acercarse a pedirle una foto: “Me acerqué, pero me dijo que lo sentía, que estaba de vacaciones y que fue lindo conocerme”, compartió la usuaria @nicolle2796 en TikTok, haciendo referencia a la amabilidad del músico. También se viralizó una imagen grupal de Smith junto a una familia cusqueña en un restaurante local, reflejando la cercanía que el cantante mantuvo durante su estadía.

La espontaneidad y sencillez de Smith generaron numerosas reacciones en redes sociales. Jóvenes turistas y familias enteras aprovecharon la oportunidad de fotografiarse con él, mientras que otros solo optaron por grabar discretamente su paso por las calles cusqueñas. El artista británico no se negó a ser grabado ni fotografiado, manteniendo una actitud cordial y accesible a pesar de encontrarse de vacaciones.

Recuerdos de su último concierto y la conexión con Perú

La visita de Sam Smith a Perú no es casualidad. En marzo de 2024, el cantante ofreció un memorable concierto en la Tribuna Norte del Estadio Nacional de Lima como parte de su gira “Gloria: The Blackout”. El espectáculo congregó a miles de asistentes y dejó una fuerte impresión en el público peruano, que desde entonces espera el regreso del artista al país.

El paso de Smith por Perú en 2026 reavivó el recuerdo de esa presentación y generó expectativas sobre una posible nueva gira. Aunque por el momento no hay fechas confirmadas para conciertos en territorio peruano, la cercanía demostrada por el cantante durante sus vacaciones ha fortalecido el vínculo con sus seguidores locales.

Algunos medios señalaron que, días antes de ser visto en Cusco, Smith fue captado en un centro odontológico en Lima, lo que avivó rumores sobre su presencia en el país. Finalmente, su recorrido por la Amazonía y su estadía en Cusco confirmaron que el artista eligió el Perú para disfrutar de un Año Nuevo diferente, lejos de los escenarios y cerca de la naturaleza y la cultura andina.

Se estima que, tras culminar sus vacaciones en Sudamérica, el cantante regresará a Estados Unidos para cumplir con su agenda de conciertos, que incluye una serie de presentaciones en San Francisco, California, durante febrero y marzo en el teatro The Castro, espacio emblemático para la comunidad queer.

La visita de Sam Smith al Perú no solo dejó imágenes virales, sino también un testimonio de la calidez y hospitalidad peruana, así como de la admiración que el artista mantiene por los paisajes y la riqueza cultural del país.

“Al principio pensé que estaba luchando para salvar los árboles de caucho. Luego pensé que estaba luchando para salvar la selva amazónica. Ahora me doy cuenta de que estoy luchando por la humanidad”. En esa frase, pronunciada poco antes de morir, Chico Mendes resumió una vida entera de resistencia. Recolector de caucho nacido en el corazón de la Amazonia, aprendió desde niño que el bosque no era un recurso sino un hogar, y que defenderlo era también defender a quienes vivían de él.

Convertido en sindicalista y activista ambiental porque aprendió a mirar todo lo que pasaba a sus costados, enfrentó a terratenientes y ganaderos que avanzaban con fuego y topadoras sobre la selva. Propuso un camino alternativo —las reservas extractivas— y logró que una lucha local se transformara en una causa internacional. El reconocimiento internacional, incluido el Premio Global 500 de la ONU, no lo protegió de las amenazas. Su voz incomodaba a un poder acostumbrado a la impunidad.

Pasadas las 18:30 del 22 de diciembre de 1988, Chico Mendes fue asesinado por un disparo de escopeta en el pecho cuando salía por la puerta trasera de su casa, en Xapuri. Iba a bañarse y llevaba en las manos la toalla nueva que su esposa le había regalado por su reciente cumpleaños. Su muerte estremeció al mundo y reveló el costo humano de la destrucción ambiental. Desde entonces es recordado como Patrono del Medio Ambiente de Brasil y como un mártir de una lucha que sigue abierta. Su voz perdura en canciones escritas en su honor y como la promesa de que mientras haya quienes defiendan la tierra, la selva y la dignidad humana, Chico seguirá vivo.

El origen de una voz amazónica

Chico Mendes había nacido el 15 de diciembre de 1944 en un seringal llamado Puerto Rico, en el estado brasileño de Acre, en el corazón de la Amazonia. Hijo de Francisco Mendes, descendiente de migrantes del nordeste, creció sabiendo cómo es la vida dura y silenciosa del bosque. A los 9 años, ya había comenzado a trabajar como recolector de caucho y recién a los 14 aprendió a leer, en un contexto donde la supervivencia cotidiana dejaba poco espacio para la educación formal.

Fue trabajador del caucho antes que dirigente y conoció desde adentro la precariedad de quienes vivían buscando animales para comer, entre la precariedad y la recolección del látex. Con el tiempo, todo lo que había aprendido como trabajador casi esclavizado se transformó en conciencia política y social.

Luchador nato, desde joven se pronunció de manera incansable en defensa de los trabajadores del bosque, en un período en el que Brasil era gobernado por la dictadura militar y sus políticas de Estado preveían entregar vastas extensiones de la Amazonía a terratenientes para la ganadería extensiva. Bajo el lema “Tierra sin hombres para hombres sin tierra”, incentivaron la llegada masiva de ganaderos y empresas, ignorando a quienes ya vivían allí, como los seringueiros (trabajadores del caucho) e indígenas.

De seringueiro pasó a sindicalista y de sindicalista a ecologista. En 1975, participó en la fundación del Sindicato de Trabajadores Rurales de Brasil, junto a su compañero Wilson Pinheiro y en 1977 fundó el Sindicato de Trabajadores Rurales de Xapuri, del cual fue secretario general y presidente hasta su muerte en 1988. Trabajó por los derechos de recolectores de caucho y trabajadores del transporte para preservar, al mismo tiempo, los empleos y la selva. Fue uno de los principales impulsores del Consejo Nacional de los Seringueiros y participó en la creación de la Central Única de Trabajadores y del Partido de los Trabajadores. En 1984 se convirtió en el primer presidente de la CUT de Acre. Su oposición frontal a la deforestación y su defensa de los pueblos de la floresta —indígenas, recolectores de caucho y comunidades ribereñas— le dieron una proyección internacional inesperada para un hombre surgido del corazón de la Amazonia.

Amazonía, seringueiros y resistencia

La resistencia de los seringueiros no surgió de manera improvisada. El 10 de marzo de 1976, en Brasiléia, municipio cercano a Xapuri, se realizó el primer empate o primer paro de la historia amazónica: una acción colectiva y no violenta para impedir la tala de un seringal, áreas de selva explotadas de forma sostenible por los recolectores de caucho. Aquella jornada marcó el inicio de una estrategia inédita frente al avance de la deforestación impulsada por los grandes latifundistas.

Entre 1976 y 1988, Chico Mendes junto a otros dirigentes como Wilson Pinheiro —asesinado en 1980— organizó al menos 45 paros. El costo que les hicieron pagar fue demasiado alto: unas 400 personas fueron detenidas, decenas torturadas y varias muertas. Pese a eso, sus acciones lograron frenar la destrucción de aproximadamente 1,2 millones de hectáreas de selva amazónica. Cada empate era un choque directo con los intereses de los propietarios rurales, que veían en la organización comunitaria un obstáculo para la expansión de la ganadería y la especulación sobre la tierra.

La lucha, lejos de ser solo ambiental, expuso una trama de violencia estructural y violaciones a los derechos humanos. La defensa del bosque se volvió inseparable de la defensa de la vida.

Pocos días antes de ser asesinado, Mendes pronunció un discurso en el que reflejó la tensión permanente entre esperanza de salvar la selva y las constantes amenazas: dijo que si su muerte sirviera para fortalecer la causa, tal vez tendría sentido, pero que la experiencia le había enseñado lo contrario. “Las manifestaciones o los entierros no salvarán la Amazonía. Quiero vivir”, dijo, dejando en claro que su lucha no era un gesto para convertirse en mártir, sino una apuesta por el futuro. Su asesinato cambió el escenario.

Su crimen hizo que el mundo posara por primera vez los ojos sobre la destrucción de la Amazonia y la sistemática violación de derechos humanos en la región. También puso fin a una impunidad que parecía intocable y abrió el camino para que sus principales propuestas comenzaran a concretarse. Entre ellas, la creación de las reservas extractivas, que se transformaron en una herramienta clave para la protección del bosque y de las comunidades que lo habitan.

La noche del asesinato y sus repercusiones

El 22 de diciembre de 1988, una semana después de cumplir 44 años, Chico Mendes salió de su casa en Xapuri y no volvió a entrar. La noche amazónica lo esperaba en silencio. No fue una sorpresa ni un arrebato: el crimen se gestó durante meses de amenazas, advertencias públicas y pedidos de auxilio que nunca encontraron respuesta. En Acre, todos sabían que su nombre estaba marcado.

Los asesinos fueron el terrateniente Darly Alves da Silva y su hijo Darcy Alves Pereira, miembros de la Unión Democrática Ruralista y enemigos declarados de Mendes por su lucha contra la deforestación y el acaparamiento de tierras. Aunque fueron condenados a 19 años de prisión, lograron escapar de la cárcel en 1993 con una facilidad que reveló algo más profundo que un fallo de seguridad: una red de impunidad tejida alrededor del poder rural. Recién tres años después volvieron a ser detenidos.

Los últimos minutos de Chico quedaron grabados en la memoria de su esposa, Ilzamar Gadelha. “A Chico le gustaba mucho jugar al dominó. Llevaba jugando desde las cuatro de la tarde. A las seis y media le pedí que parase, para servir la cena. Entonces se levantó de la mesa, dijo que iba a ducharse y me preguntó si podía usar la toalla que le había regalado por su cumpleaños. Le dije que sí, tomó la toalla y se dirigió hacia la puerta. Abrió una rendija, vio que estaba oscuro y volvió. Tomó una linterna, abrió la puerta y entonces le dispararon”. Con esas palabras, la mujer que entonces tenía 24 años, recordó los últimos momentos de su marido. Lo mataron a sangre fría, en la puerta del patio de su casa, en un acto frío, preciso, despiadado.

Días antes, Mendes había señalado públicamente a los mismos hombres que terminarían matándolo. Incluso existían órdenes de prisión previas contra ellos, pero nunca los detuvieron. La desprotección que padeció fue absoluta. Pero ese abandono no fue silencioso. Su asesinato sacudió a Brasil y al mundo, rompió una larga cadena de crímenes invisibles y dejó al descubierto la violencia que sostiene la destrucción de la Amazonia y de pulmones verdes en todo el planeta.

Después de su crimen, la selva siguió sangrando, pero algo cambió para siempre. La bala que mató a Chico transformó una lucha local en una causa mundial y reveló el precio humano de un modelo que arrasa la tierra. Desde entonces, su nombre es memoria, advertencia y pregunta abierta sobre el futuro del bosque y de quienes lo defienden.

De Xapuri a la eternidad

Desde la pequeña Xapuri amazónica, su figura se convirtió en un símbolo de la defensa del ambiente y de los derechos humanos. Con el paso de los años, su nombre comenzó a circular mucho más allá de Brasil y fue inscripto en premios, instituciones, obras culturales y homenajes que consolidaron su legado como patrimonio de las luchas sociales contemporáneas.

Uno de los reconocimientos más significativos fue la creación, en 1989, de la Medalla “Chico Mendes de la Resistencia”, instituida en Río de Janeiro por el Grupo Tortura Nunca Mais. El galardón honra la memoria de las víctimas de la dictadura militar brasileña y distingue a personas y organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos. Su sola existencia vincula la figura de Mendes no solo con la causa ambiental, sino también con la resistencia política y la memoria histórica. En el plano internacional, desde 1994 se entrega en Córdoba, España, el Premio Chico Mendes, que distingue proyectos destacados en la promoción y conservación de los valores ambientales, sociales y culturales.

Su nombre también quedó ligado a instituciones dedicadas a la educación y la protección ambiental, como el Centro de Recursos Ambientales Chico Mendes, en Rivas-Vaciamadrid, España, un espacio que refleja cómo su legado echó raíces fuera del continente sudamericano.

La literatura, el cine y la música amplificaron aún más su figura. Escritores como el chileno Luis Sepúlveda lo evocaron con palabras que lo inscribieron en la épica latinoamericana, mientras novelas y ensayos retomaron su lucha como símbolo de dignidad frente a la destrucción. En el cine, la película The Burning Season (1994), protagonizada por Raúl Juliá, llevó su historia más allá de las pantallas; también produjeron documentales posteriores que reforzaron su imagen como defensor de la Amazonia.

La música popular convirtió su nombre en canción y memoria inmortal. Desde América Latina hasta Europa, artistas de géneros diversos —rock, rap, canción de autor— lo mencionaron como emblema de resistencia y justicia. Su figura aparece en letras como La Memoria, de León Gieco; a 7 años de su crimen, el grupo Maná le dedicó la canción y el disco Cuando los ángeles lloran, entre tantos temas en su honor.

Incluso la ciencia y la geografía lo recuerdan: un asteroide lleva su nombre, al igual que una especie de ave amazónica descubierta en 2013, y plazas y espacios públicos en distintos países fueron bautizados en su honor. Chico Mendes se transformó en un nombre propio del compromiso ético con la tierra.

La minería ilegal avanzó con fuerza durante el 2025 en plena Amazonía peruana, arrasando bosques, contaminando ríos con mercurio y debilitando a comunidades indígenas, mientras retrocesos normativos desde el Congreso amenazan con flexibilizar controles y facilitar operaciones ilícitas.

El año cierra con un escenario crítico para la salud pública y los ecosistemas, según alertó el Observatorio de Minería Ilegal (OMI).

Un año marcado por expansión delictiva

El Observatorio de Minería Ilegal presentó un balance que evidencia un crecimiento persistente de la actividad extractiva ilegal en la Amazonía y la zona andino-amazónica del país. El incremento de dragas en ríos, la deforestación acelerada, la contaminación con mercurio y la destrucción del tejido social se consolidaron como riesgos cada vez más difíciles de contener.

Organizaciones como Conservación Amazónica–ACCA reportaron expansión en nueve regiones del país, afectando 73 comunidades nativas y más de 250 ríos y quebradas. La deforestación acumulada vinculada a la minería artesanal y de pequeña escala llegó a 139 169 hectáreas, con Madre de Dios como epicentro del 97.5% del total.

El corredor minero y zonas como La Pampa concentran operaciones con 1 613 dragas activas este año —frente a 140 reportadas en 2021— y la participación de unos 6 400 mineros ilegales.

Loreto, Huánuco y la expansión en cuencas vulnerables

El avance no solo se limita a Madre de Dios. En Loreto, cuencas como el Nanay, Chambiras, Yaguas y Tigre presentaron 42 dragas operando en un solo día, y un total de 688 en el año.

En Huánuco, la deforestación vinculada a minería ilegal se triplicó en un año: pasó de 558 hectáreas en 2024 a 1 700 en 2025. Ríos como el Yuyapichis figuran entre los más afectados.

El Natural Resource Governance Institute (NRGI) advirtió que la expansión responde también a constantes respaldos legislativos, que generan incentivos favorables para redes criminales.

Economías ilícitas: ganancias millonarias sin control

El estudio “Estimaciones sobre la dimensión de la minería ilegal en el Perú 2025″, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), advirtió que el país aún carece de un sistema oficial e integral de medición y monitoreo.

Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que entre octubre de 2024 y 2025, la minería ilegal movió US$ 3 355 millones.

En los últimos 20 años, se estima además una producción acumulada de entre 476 y 3 260 toneladas de oro ilegal, valorizadas entre US$ 23 mil y US$ 165 mil millones.

Crisis por mercurio

Los estudios del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) y la Sociedad Zoológica de Frankfurt alertaron que el 97% de las personas evaluadas en comunidades del Bajo Putumayo presentan niveles de mercurio por encima de lo recomendado por la OMS.

Ocho de cada diez mujeres en edad reproductiva tienen concentraciones asociadas a riesgo fetal, y peces como bagre lince, paiche y bocón superan los límites permitidos para consumo humano.

Informes en Madre de Dios muestran concentraciones de mercurio en aire entre 2 y 14 veces superiores a zonas alejadas, y que el 75% se deposita en bosques cercanos.

Asimismo, aves y murciélagos registran algunas de las concentraciones más altas reportadas en Sudamérica, asociadas a disminución de éxito reproductivo y alteraciones neuroconductuales.

Retrocesos en el Congreso

A lo largo del 2025, diversas iniciativas legislativas buscaron habilitar actividades mineras en cuerpos de agua y fajas marginales, pese a su prohibición en el Decreto Legislativo 1100.

Se presentaron además proyectos para ampliar plazos y reducir requisitos de formalización minera, lo que expertos consideran un “blindaje” para operaciones ilegales.

El estudio del NRGI sobre Loreto (2020–2025) identificó indicios de corrupción estatal, sobrerrepresentación de intereses vinculados a redes económicas ilegales y estrategias locales para impedir fiscalización.

Estado ausente y comunidades en riesgo

El balance confirma que, pese a esfuerzos puntuales de instituciones y sociedad civil, la minería ilegal sigue expandiéndose en un contexto de débil fiscalización, escasa coordinación interinstitucional y falta de trazabilidad del mercurio.

Aunque el Perú cumplió el 57.9% de sus compromisos del Convenio de Minamata, persisten brechas que facilitan el ingreso y uso del mercurio en minería ilegal.

Llamado urgente

El Observatorio de Minería Ilegal exhortó al Estado a frenar normas regresivas, fortalecer la supervisión ambiental y promover una minería ordenada, trazable y libre de mercurio, respetando derechos humanos y territorios.

El 2025 cierra con señales claras: sin reformas profundas y voluntad política, la Amazonía seguirá perdiéndose a un ritmo devastador que amenaza la salud de miles de personas, especies y ríos, pilares vitales para el país.

(Desde Brasil) Cuando se habla de Amazonía, es normal que a muchas personas lo primero que se les venga a la mente sean imágenes de selva, jungla, árboles, animales exóticos, grandes ríos y un clima húmedo y caluroso. Al final, es el concepto que nos han creado gracias a las películas y los documentales sobre las expediciones a esta parte del planeta, pero, la Amazonía no es sólo eso.

En este vasto territorio del planeta, que además, es considerado como uno de los pulmones más importantes de la tierra, hay más de 40 millones de personas, muchas de ellas viven en grandes metrópolis que ofrecen un estilo de vida cosmopolita, lleno de teatros, tiendas, cafés, restaurantes con una gastronomía muy variada, pero incluso muy particular con productos exclusivos de la zona como peces, mariscos, carnes, frutas y una gran cantidad de lugares para el esparcimiento como ríos, islas, playas, hoteles, bares, parques, museos, entre otras atracciones.

Tal es el caso de Belém, la capital del estado de Pará, el segundo más grande de la Amazonía brasileña ubicado en el norte de Brasil. En esta ciudad viven más de 2 millones de habitantes, y fue elegida por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, para que sirva de sede para la próxima Cumbre de la Amazonía que se celebrará el 8 y 9 de agosto y que contará con la presencia de los representantes de los ocho países que integran esta zona del planeta como son: Colombia, Venezuela, Guayana, Ecuador, Perú, Surinam, Bolivia y por su puesto el anfitrión Brasil.

Además este evento contará con la participación de otros países invitados como Indonesia, y la República Democrática del Congo, naciones que, junto con Brasil, tienen los bosques tropicales más extensos del mundo; así como Francia, por la Guayana Francesa.

Belém es una ciudad muy exótica que se ubica entre la bahía de Guajará y los ríos Guamá y Acará, que cuentan con la afluencia del río Amazonas. Esa particularidad geográfica hace que la ciudad cuente con una gran biodiversidad amazónica que contrasta con su creciente desarrollo urbanístico.

Esta metrópoli fue fundada por los conquistadores portugueses en 1616, cuando ingresaron al territorio para expulsar a los franceses, esto hace que su casco histórico cuente con una arquitectura colonial que refleja la variedad de los dos países europeos y que hizo que en su momento Belém, fue reconocida como la París de América, justamente por la influencia arquitectónica del viejo continente.

Todavía hoy conservan un fuerte con el que protegían la ciudad de invasiones extranjeras a través de los ríos y los cañones de esa época los mantienen en perfecto estado como atractivo turístico.

La ciudad que fue iniciada como en una especie de codo, a las orillas del río se fue expandiendo con las décadas hacia la zona continental, lo cual es realmente interesante porque permite apreciar cómo a medida que uno se va alejando del río y adentrando en la ciudad, la arquitectura va cambiando de época y modernizándose, como si se tratara de un viaje en el tiempo del pasado al presente.

Uno de los principales atractivos en la costa es el mercado de Ver-o-Peso, el más grande a cielo abierto de América Latina con 122 años de historia. En él se pueden encontrar una variedades de frutas, nueces, granos, verduras, puestos para probar la comida local, pero tal vez uno de sus principales atractivos es el la parte de la pescadería donde casi toda la ciudad va a comprar a bajos precios, variedades de peces exóticos, así como camarones, langostinos y otros moluscos que son la base de la gastronomía en Belém,

Otro lugar interesante del mercado es la parte de las artesanías donde se puede encontrar el puesto de la famosa “Dona Cheirosinha” o “Doña Olorosa”, si lo traducimos al español, un personaje icónico del lugar que vende medicinas artesanales y pociones para las buenas energías, atraer la buena suerte, el dinero, y hasta tener dicha en el amor. Todos son remedios tradicionales hechos con fórmulas heredadas por su madre y abuela, pasadas de generación en generación que conservan las costumbres de sus antepasados y las mezclas con las culturas africanas.

Ya adentrándonos un poco más en la ciudad y en el siglo XIX, encontramos el Teatro de la Paz, un monumento arquitectónico de estilo neoclásico, imponente, con detalles elegantes llenos de simbología y alegorías que recuerdan al período de la ilustración en el que participaron los francmasones para contribuir con la construcción de un recinto que mezclaba, el arte, la cultura, la integración de las clases sociales y la sociedad política del país, en un período de abundancia como resultado de la enorme exportación del caucho.

Hoy en día el teatro sigue ofreciendo conciertos de jazz, orquestas, ópera e incluso tiene un proyecto súper interesante basado en llevar clases de música a las cárceles, con la intención de reformar a los presos y buscar que una vez cumplida su condena, se puedan reinsertar a la sociedad a través de la música, trabajando en el teatro.

La Estación de las Docas, es un moderno complejo gastronómico a orillas de la bahía de Guajará, es como una especie de boulevard que tiene un área al aire libre que permite apreciar el atardecer, que algunos comparan con la zona de Puerto Madero en Buenos Aires.

Uno de los principales problemas que afecta a toda la Amazonía brasileña es la desforestación, que en consecuencia produce que muchas especies animales, algunas en estado extinción, se vean afectadas y tengan que migrar de su hábitat. A esto se le suma el flagelo de la venta ilícita de animales en el mercado negro, que ponen en riesgo a muchas especies.

Para contrarrestar este gran problema medioambiental, Belém cuenta con el Mangal de las Garzas, un Parque Zoológico y Botánico que fue creado por el Gobierno de Pará en 2005 y es el resultado de la revitalización de un área de cerca de 40.000 metros cuadrados a orillas del río Guamá, en la periferia del centro histórico de Belém.

El parque que, además de contar con restaurantes, miradores y una gran vegetación que lo hacen muy agradable para ser visitado, se dedica a trabajar en conjunto con un grupo de biólogos y expertos de la Universidad Federal de Pará para recibir y atender a las especies que están en peligro, con la intención de que puedan estar un tiempo en el parque mientras se recuperan para poder ser reintegradas a sus hábitats naturales.

En este parque se estudia muy seriamente el estrés y los traumas que padecen algunas especies de aves cuando son acechadas por los humanos durante el proceso de cacería, lo que muchas veces las convierte en animales agresivos, por lo que acá tratan de darles el acompañamiento debido para que se puedan reintegrar con las demás especies. Lo mismo con respecto a la reproducción y liberación de mariposas, el cual es un trabajo muy arduo y complejo con el que procuran mantener la biodiversidad.

Con una tarea similar que busca preservar el área amazónica, el museo Emílio Goeldi, que con 157 años es la institución más antigua de investigación científica de la Amazonía y cuyo parque botánico es un oasis verde en el corazón de Belém.

Pará también cuenta con una serie de islas y playas de agua dulce que son una mezcla entre atracciones turísticas en crecimiento y desarrollo económico autosustentable por parte de las comunidades indígenas que allí viven, que necesitan de los ingresos económicos que traen los visitantes pero con la vigilancia de que esto no afecte ni altere su ecosistema.

Un ejemplo claro es la isla de Marajó, la cual es muy atractiva por la cantidad de búfalos que hay en ella, los cuales son incluso usados como medio de transporte hasta por la propia policía local, ya que no generan emisiones como las motos y los autos y debido a su fuerza tienen la posibilidad de llegar a lugares más complicados que los autos jamás llegarían.

Otras de las islas que llama la atención en el estado de Pará es Combú, apenas a unos 15 minutos en lancha desde Belém, atravesando el río Guamá, muestra una realidad completamente distinta a la que se vive en la ciudad.

En esta isla predomina una vegetación en la que abundan manglares, árboles frutales y palmeras que vistos desde el aire muestran los riachuelos entre el denso bosque.

Estas zonas si se parecen un poco más a los que nos muestran en las películas y documentales de la televisión, un paraíso habitado por unos 1.500 habitantes que viven de la pesca y de los frutos propios de la región como el açaí, el cupuazú, la pupunha, la banana y el cacao.

En esta área Infobae tuvo la oportunidad de conversar con un grupo de mujeres que se organizan en grupos para poder desarrollar actividades de trabajo que les permita vivir entre las dificultades que representa en estar en medio de la selva y los problemas propios que han traído la falta de agua, la desforestación y la pesca ilegal.

Según Ivette dos Santos, de 65 años y quien está al frente de Amecombu, una asociación de mujeres que produce jabones, cremas, repelentes y tés con los aceites que extraen de la andiroba, la idea es que “más mujeres trabajen en la isla” y progresar “con respeto” por la naturaleza, pues la selva “vale más en pie que derrumbada”.

La labor no es fácil para las 20 mujeres que hacen parte de la asociación, quienes consiguen apoyo a cuentagotas tanto del Gobierno como de otras instituciones para apoyarlas en su tarea de vivir de manera autosustentable bajo la preservación del bioma.

“El discurso está bonito pero aún no sabemos qué pasará. El dinero del fondo para este tipo de proyectos aún no se ve”, aseguró Dos Santos a Infobae, sobre las promesas del Gobierno para ayudarlas en sus proyectos.

Los habitantes de esta isla rodeada de ríos, paradójicamente, sufren de la falta de agua potable.

Años atrás los habitantes y las tribus de las islas usaban el agua del río para satisfacer sus necesidades básicas, una práctica imposible en la actualidad por la contaminación que dejan las aguas negras y los desechos industriales y de las mineras.

A eso se suma el aumento del turismo, pues la isla es muy visitada por su naturaleza, la cultura de sus comunidades y su gastronomía.

“La verdad es que ya estamos teniendo (impacto del turismo) y estamos muy preocupados con él”, señaló Izete Costa, una productora de cacao y chocolate en la isla que tuvo que conseguir apoyo externo para contar con un tanque recolector de agua lluvia, así como paneles de energía solar para producir sus productos artesanales que son muy demandados.

Sin embargo asegura que las ayudas aún no son suficientes pues la inestabilidad de la energía eléctrica hace que no pueda incrementar la producción de sus productos para abastecer el mercado y mejorar hacer crecer su emprendimiento.

Según “Doña Nena”, como se le conoce, con el turismo se está perdiendo “de a poco” la cultura de la comunidad y los recursos hídricos naturales “por culpa de las piscinas que se están construyendo”.

Y es que es muy llamativo ver desde el cielo e incluso en los paseos en botes, la cantidad de casas de lujo que se están construyendo, con piscinas y otras atracciones para atraer a turistas quienes las pueden alquilar como posadas. Asimismo el número de restaurantes y botes circulando por la zona ha incrementado, lo que por una parte genera buenos ingresos económicos que es de gran importancias para los locales, pero al mismo tiempo luchan con que este nuevo turismo pueda afectar el medio ambiente y por lo tanto su calidad de vida,

Con todos estos retos, desafíos, pero también con todo este potencial que tiene para aportar este gran estado y la hermosa ciudad de Belém, las 13 naciones, tanto las amazónicas como las invitadas, se darán cita esta semana esta metrópoli, para abordar todos estos temas, teniendo el problema de la deforestación como preocupación central en la agenda, pero además, será un evento que tendrá la vista puesta en 2025, cuando acogerá la COP30.

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(Desde el estado de Pará, Brasil) La pesca ilegal de barcos chinos es un problema que está afectando cada vez más a la región amazónica, no solamente desde el punto vista ambiental, debido a que extraen de manera indiscriminada muchas especies en peligro de extinción, sino que además atenta contra los planes de una economía sustentable impulsada por el gobierno local.

Infobae visitó una de las costas donde se extraen más peces en todo Brasil, en la isla de Marajó, ubicada en el norteño estado de Pará, el segundo más grande de la Amazonía brasileña.

El territorio limita con el océano Atlántico por el noreste, pero está rodeado de ríos de agua dulce en la mayor parte de sus confines. Aquí se obtienen la mayoría de los peces y mariscos que componen la variada gastronomía de la región. Por eso los navíos chinos que suelen realizar actividades de saqueo en las aguas de la zona atlántica se están acercando cada vez más a la productiva región amazónica, con la intención de extraer más y más especies.

“Los buques pesqueros chinos usan una técnica específica para arrastrar más peces desde el océano, normalmente no deberían hacerlo cerca de la costa pero los buques chinos lo hacen”, dijo a Infobae Carlos Augusto Gouvêa, alcalde de Marajó.

Con esta técnica de arrastre masivo con redes, China consigue capturar los mejores peces y fuerza a los pequeños barcos brasileños a acercarse a negociar para conseguir de forma ilegal algunos de esos ejemplares para poder hacer frente a la demanda local y revenderlos en ese mercado.

Este tipo de actividad ilícita afecta fuertemente el esfuerzo que realizan el gobierno local, las autoridades de Pará y el municipio de Marajó para desarrollar una bioeconomía sustentable, que se base en la integración de las comunidades regionales para producir los alimentos que se consumen en la isla y los que demanda todo el estado y la Amazonía. Poner freno a este impacto es una responsabilidad que las autoridades del lugar reclaman al gobierno nacional, dirigido por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

La presencia de los barcos chinos cerca de la Amazonía, “tiene un impacto muy fuerte, pero es algo que no es competencia de la alcaldía, es competencia del Gobierno federal, es algo de lo que el Gobierno central debería hacerse cargo”, dijo Gouvêa.

“Nosotros no lo hemos hablado directamente con Lula, pero el Gobierno sabe que esto está pasando”, agregó.

El alcalde de Marajó, además destacó que la Guyana francesa, que limita en el norte con Brasil, “tiene una mejor estructura para luchar contra este flagelo” y evitar que los buques chinos lleguen cerca de sus costas, “pero aquí en la región de Marajó en Brasil, ellos lo hacen, llegan muy cerca de nuestras costas con esas redes que arrastran los peces”.

Hasta el momento, ni el gobierno municipal, ni el regional, así como el nacional, posee información específica sobre, ni datos concretos de cómo esto está afectado al ambiente.

Sin embargo, este no es el único acto delictivo que realizan los pesqueros chinos, además de la pesca ilegal, los botes se están llevando el agua de la Amazonía para venderla en otros lugares.

“Una curiosidad, es que los grandes navíos cargueros que pasan por acá, una de las cosas ilegales que hacen es llenar los barcos de agua dulce de la Amazonía para llevársela a otras partes. La llevan al Medio Oriente, es más barato potabilizar esa agua que desalinizar el agua de allá”, dijo Gouvêa.

Este mes está pautada para llevarse a cabo la Cumbre de Belém, capital dl estado de Pará, con el propósito de definir las propuestas para proteger la Amazonía que se propondrán para que los ocho países que comparten la selva se comprometan. Sin embargo, el problema de la pesca ilegal, parece no estar en la mesa para ser discutido.

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La presidenta ejecutiva de Bancamía, Viviana Araque, afirmó que la emisión del primer Bono Sostenible Amazonía por una entidad financiera privada representa una oportunidad para transformar las condiciones de desarrollo y acceso a servicios en una región caracterizada por una gran diversidad ambiental y cultural, pero también por dificultades estructurales. Con este proyecto, se busca fomentar el progreso en zonas desatendidas, abriendo camino a nuevas iniciativas que prioricen el desarrollo sostenible y la inclusión social.

De acuerdo con el comunicado divulgado por la Fundación Microfinanzas BBVA, citado en el medio, Bancamía lanzó el primer Bono Amazonía, un título respaldado por BID Invest y cuya colocación asciende a 80.000 millones de pesos colombianos (18 millones de euros). Según informó la fundación, se trata del primer bono de este tipo a nivel global emitido por una institución privada, destinado específicamente a promover la financiación de emprendedores en municipios de la región amazónica colombiana. El instrumento financiero se inscribe en el programa de coordinación regional 'Amazonía Siempre', una iniciativa del Grupo BID que orienta esfuerzos hacia la conservación ambiental, el desarrollo económico sostenible y la protección de la biodiversidad en la Amazonía.

El objetivo central del Bono Amazonía radica en proveer financiamiento a micro y pequeñas empresas ubicadas en municipios amazónicos de Colombia, con el fin de ampliar el acceso a servicios financieros a personas de bajos ingresos y fomentar el desarrollo de actividades económicas respetuosas con el entorno natural. Según precisó la Fundación Microfinanzas BBVA, la emisión de este bono pretende establecer soluciones sostenibles y duraderas para la salud financiera en regiones que históricamente han quedado fuera de los circuitos tradicionales de oferta crediticia.

El proyecto incluye cooperación entre Bancamía y BID Invest no solo en el ámbito financiero, sino también en la transferencia de conocimientos y asesoría. BID Invest entregará asistencia técnica encaminada a diseñar estrategias para garantizar un acceso equitativo a servicios financieros, además de poner énfasis en el empoderamiento económico de mujeres y pueblos indígenas residentes en la región amazónica de Colombia. La inclusión de estos grupos es prioritaria en el marco de la iniciativa, dado el impacto que tiene en términos de reducción de desigualdades y fortalecimiento de la autonomía económica local, según consignó la Fundación Microfinanzas BBVA.

El alcance territorial de Bancamía abarca los once departamentos que integran la región amazónica colombiana, donde actualmente brinda servicios a más de 28.000 clientes, de los cuales el 58% son mujeres. La entidad, pionera en microfinanzas en Colombia, se orienta a facilitar el acceso a crédito y otros servicios financieros a emprendedores que, por su ubicación geográfica o condiciones socioeconómicas, suelen enfrentar obstáculos para acceder a fuentes de financiamiento convencionales. Tal como detalló la fundación, el perfil de beneficiarios integra personas y comunidades que dependen en gran medida de la economía local, iniciativas productivas de pequeña escala y emprendimientos familiares asentados en la zona.

En cuanto a los recursos captados, el Bono Amazonía se plantea como un vehículo para destinar fondos a proyectos que generen impacto directo en la sostenibilidad económica y ambiental del territorio. Según publicó la Fundación Microfinanzas BBVA, los emprendedores accederán a recursos para potenciar sus negocios, mejorando la competitividad local y generando empleo, en línea con los objetivos definidos en el programa ‘Amazonía Siempre’.

La articulación entre Bancamía y BID Invest persigue, además, fortalecer capacidades en la gestión financiera responsable, integrando a los actores locales en estrategias de desarrollo que consideren la protección de la biodiversidad. El medio detalló que se impulsarán acciones orientadas a identificar y mitigar los riesgos ambientales asociados a la actividad productiva, en consonancia con los principios de sostenibilidad que rigen al bono emitido.

La Fundación Microfinanzas BBVA resaltó que el instrumento financiero se posiciona como un precedente en la región, incentivando a otras entidades privadas a replicar modelos de financiamiento con enfoque social y ambiental. Según lo expresado por la organización, el ejemplo de Bancamía demuestra el potencial de las alianzas entre instituciones privadas y organismos multilaterales al abordar brechas de acceso al crédito y promover el desarrollo sustentable en zonas con grandes desafíos y potencialidades como la Amazonía colombiana.

En la perspectiva de los responsables del proyecto, la experiencia de Bancamía en microfinanzas y la cobertura lograda en el territorio amazónico ofrecen un punto de apoyo para multiplicar el alcance del crédito productivo, adaptado a las necesidades particulares de la región. El objetivo, precisó la Fundación Microfinanzas BBVA, consiste en propiciar oportunidades que contribuyan a la mejora de la calidad de vida en las comunidades de la Amazonía, en sintonía con la conservación del patrimonio ambiental y el reconocimiento de la diversidad cultural local.

En un precedente histórico para la biodiversidad y el derecho ambiental en el Perú, la Municipalidad Provincial de Satipo aprobó la Ordenanza Municipal N.° 033-2025-CM/MPS, que reconoce a las abejas amazónicas sin aguijón como sujetos de derechos y declara la protección de su hábitat en la Reserva de Biósfera Avireri Vraem. La medida, aprobada por unanimidad el 21 de octubre y promulgada el 27 de octubre, es el primer reconocimiento legal de un insecto como entidad con derechos en el país.

La norma garantiza a estos polinizadores esenciales su derecho a existir, vivir en un ambiente sano, mantener poblaciones saludables, regenerar ciclos vitales y contar con representación jurídica frente a amenazas ambientales. Las autoridades municipales subrayaron que este paso responde a la urgencia de frenar riesgos como deforestación, uso indiscriminado de pesticidas y pérdida de hábitat, que ponen en peligro la supervivencia de estas especies ancestrales.

Derechos reconocidos y medidas de protección obligatorias

La ordenanza detalla derechos específicos de las abejas sin aguijón, incluyendo:

• derecho a existir y prosperar
• derecho a hábitats libres de contaminación
• derecho a condiciones climáticas ecológicamente sostenibles
• protección de la biodiversidad y flora nativa
• derecho a ser representadas legalmente

Además, establece prohibiciones estrictas:

• uso de plaguicidas nocivos o de riesgo inaceptable
• quema de colmenas, panales o enjambres en zonas protegidas

La Municipalidad implementará estrategias vinculantes, como reubicación de colmenas en lugar de destrucción, reducción progresiva del uso de insecticidas, preservación de flora nativa y campañas de educación ambiental dirigidas a comunidades amazónicas, bajo supervisión de la Subgerencia de Servicios Ambientales y Ecosistémicos.

¿Por qué proteger a las abejas sin aguijón?

Las abejas nativas sin aguijón —como Melipona eburnea, Melipona illota, Melipona grandis y Tetragonisca angustula— son la especie más antigua de abejas en el planeta. Su función en la Amazonía es determinante: se estima que polinizan más del 80 % de la flora amazónica y hasta el 90 % de las plantas silvestres en el VRAEM, sosteniendo la regeneración del bosque, la seguridad alimentaria y la continuidad de saberes ancestrales como la meliponicultura en las comunidades ashaninkas.

Sin embargo, enfrentan amenazas crecientes por deforestación, monocultivos, uso de agroquímicos y variabilidad climática. Ante ello, el marco legal busca activar mecanismos rápidos de respuesta ante impactos ambientales, integrando evidencia científica y conocimiento indígena para garantizar su supervivencia.

Un precedente global para los derechos de la naturaleza

La ordenanza municipal fue respaldada por organizaciones como Earth Law Center, Amazon Research Internacional, la Reserva Comunal Ashaninka y EcoAshaninka, y se basó en informes técnicos elaborados por especialistas en legislación ambiental. Al tratarse del primer reconocimiento jurídico de un insecto en el Perú —y uno de los primeros a nivel mundial— expertos consideran que la experiencia puede servir de modelo para desarrollar normas similares en otras regiones amazónicas y países megadiversos.

Autoridades locales afirmaron que esta decisión no solo salvaguarda a las abejas sin aguijón, sino que fortalece la salud ecológica de Satipo, beneficiando a miles de familias que dependen de la agricultura sostenible, el bosque y los servicios ecosistémicos asociados.

La Amazonía enfrenta una amenaza sin precedentes: podría perder hasta el 38% de su cobertura forestal para finales del siglo XXI, según un estudio reciente de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich (LMU).

Esta proyección, que supera ampliamente los umbrales de riesgo identificados en investigaciones previas, surge de la combinación de dos factores principales: la expansión de tierras agrícolas y ganaderas, y el avance del cambio climático.

El análisis, publicado en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias, advierte que la magnitud de la pérdida forestal podría desencadenar un punto de inflexión ecológico irreversible, con consecuencias que se extenderían mucho más allá de la cuenca amazónica.

El equipo dirigido por la geógrafa Selma Bultan de la LMU ha realizado el primer estudio que evalúa de manera sistemática los efectos combinados del cambio de uso del suelo y el calentamiento global sobre la selva amazónica.

Cómo hicieron el estudio

Utilizando modelos del sistema terrestre con vegetación dinámica, los investigadores analizaron la deforestación ocurrida entre 1950 y 2014 y proyectaron escenarios futuros bajo diferentes trayectorias climáticas.

Los resultados muestran que, de mantenerse las tendencias actuales, la Amazonía podría perder hasta un 38% de la superficie forestal existente en 1950 para el año 2100. De esta cifra, un 25% sería atribuible a la conversión de bosques en tierras agrícolas y ganaderas, mientras que el 13% restante correspondería al aumento de las temperaturas globales.

La investigación subraya que este nivel de pérdida superaría el umbral crítico del 20% al 25% de deforestación, identificado en estudios anteriores como el punto de inflexión a partir del cual el ecosistema amazónico podría colapsar.

Según Bultan, “esto nos llevaría más allá del umbral del 20% al 25%, que estudios anteriores advirtieron que era el punto de inflexión para la selva amazónica”. El riesgo no solo radica en la magnitud de la pérdida, sino en la posibilidad de que se produzcan transiciones abruptas de una densa cobertura forestal a paisajes abiertos similares a la sabana, lo que comprometería la resiliencia y las funciones ecológicas del sistema.

El estudio identifica un umbral de calentamiento global particularmente preocupante: 2,3 ℃. Más allá de este límite, el declive forestal se acelera de manera no lineal y aumenta significativamente el riesgo de una pérdida abrupta de bosques.

La coautora Julia Pongratz, profesora de Geografía Física y Sistemas de Uso del Suelo en la LMU, advierte que “con base en las políticas actuales y los compromisos firmes con la acción climática, nos encaminamos hacia un calentamiento global de al menos 2,5 ℃”. Esta proyección sitúa a la Amazonía en una situación de vulnerabilidad extrema, ya que el calentamiento previsto supera el umbral identificado por el estudio.

La Amazonía constituye la selva tropical más extensa del planeta. De acuerdo con los expertos, alberga una décima parte del carbono total almacenado en los ecosistemas terrestres, lo que la convierte en un componente esencial para la regulación climática global.

Además, su capacidad de absorber humedad del océano y reciclar precipitaciones mantiene el equilibrio hídrico de la región y sustenta la vida de innumerables especies y comunidades indígenas. Sin embargo, la expansión de la agricultura y la ganadería, junto con las sequías y olas de calor provocadas por el cambio climático, han incrementado la presión sobre este ecosistema.

El análisis de la LMU revela que el riesgo de una pérdida abrupta de superficie forestal, en contraste con una disminución gradual, se incrementa notablemente cuando el calentamiento global supera los 2,3 ℃.

Los autores del estudio destacan en su publicación: “La Amazonía, la selva tropical más grande del mundo y un potencial factor de inflexión en el Sistema Tierra, enfrenta presiones crecientes debido a la deforestación y el calentamiento global. Comprender los impactos individuales y combinados de estas presiones es crucial para anticipar el riesgo de un colapso forestal generalizado. Nuestro estudio ofrece perspectivas cruciales sobre los efectos del cambio de uso del suelo y el cambio climático en la vulnerabilidad forestal”.

“Identificamos un umbral de calentamiento global de 2,3 ℃, más allá del cual el declive forestal se acelera de forma no lineal. Esto se acompaña de un riesgo creciente de pérdida abrupta de bosques, lo que indica una disminución de las funciones y la resiliencia de los ecosistemas. Nuestros hallazgos resaltan la necesidad de acciones políticas inmediatas para prevenir impactos ecológicos y climáticos en cascada que se extienden mucho más allá de la propia Amazonía”, sumaron.

El valor ecológico y climático de la Amazonía es incalculable. Además de su papel como sumidero de carbono, la selva tropical es un foco de biodiversidad y un pilar para la supervivencia de numerosas comunidades indígenas.

La degradación progresiva de este ecosistema incrementa el riesgo de una transición crítica a gran escala, que podría transformar la selva en un paisaje abierto y menos resiliente, según los autores.

La investigación también resalta la urgencia de ampliar los avances positivos, como la mayor protección de la selva acordada en la conferencia climática de Belém, y de intensificar los esfuerzos para frenar el calentamiento global. Los expertos insisten en que “el valor de la selva amazónica es inmenso como para arriesgar su existencia”.

En el resumen del estudio, los investigadores enfatizan que la Amazonía es un componente clave del sistema climático y un punto crítico de biodiversidad, además de cumplir muchas otras funciones ecosistémicas. El trabajo concluye que, si no se adoptan medidas urgentes y coordinadas, la región podría cruzar un umbral ecológico sin retorno antes de que termine el siglo, con la consiguiente pérdida de biodiversidad, funciones ecosistémicas y capacidad de regulación climática a escala planetaria.

El gobierno de José Jerí ha promulgado la ley que habilita la carretera UC-105, una vía impulsada por la bancada de Fuerza Popular para conectar Pucallpa con distintas localidades de Atalaya hasta llegar a Puerto Breu, en la frontera con Brasil. La decisión se produce en un territorio marcado por un fenómeno visible desde el aire: la rápida pérdida del bosque amazónico debido a cultivos ilegales de hoja de coca, trochas informales y narcopistas clandestinas que articulan un sistema de economías ilícitas en expansión.

Un reportaje de Epicentro TV documentó este drástico cambio en la geografía ucayalina y la manera en que la deforestación avanza de la mano del narcotráfico y la minería ilegal en zonas donde el Estado ahora planea construir infraestructura.

La iniciativa legislativa fue presentada por la congresista fujimorista Jenny López Morales, representante de Ucayali y presidenta de la Comisión Agraria. Como ocurrió con otros coautores del proyecto, no ofreció respuestas sobre las razones para promover una vía en un territorio donde confluyen cultivos ilegales, concesiones madereras cuestionadas y el tránsito de mochileros vinculados al tráfico de drogas.

A ello se suma el rol de algunas autoridades locales, como el alcalde provincial de Atalaya, que promueven activamente la integración con Brasil como una oportunidad comercial, pese a que la evidencia disponible indica que estas rutas también favorecen a redes criminales transfronterizas.

Oposición de comunidades indígenas

La implementación de una vía que conecte a las comunidades indígenas con Brasil podría parecer, en apariencia, un proyecto orientado al desarrollo. En el Congreso, la propuesta fue aprobada por una abrumadora mayoría y exonerada de segunda votación. Sin embargo, los parlamentarios omitieron considerar la opinión de quienes serían los directamente afectados por la nueva carretera: las comunidades indígenas.

Lejos de respaldar la iniciativa, los pueblos indígenas la rechazan. Incluso, comunidades de Perú y Brasil han conformado una Comisión Transfronteriza para visibilizar sus reclamos y advertencias sobre los impactos que traerá la carretera.

“Somos indígenas y también somos peruanos. No queremos ser maltratados, por eso se ha formado la Comisión Transfronteriza, para hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas, para recordar que los bosques no están en venta y que el río no es un negocio. Es nuestro río, donde vivimos”, señaló un líder indígena peruano de la Comisión Transfronteriza Juruá, Yurúa y Alto Tamaya, que representa a 28 territorios de 13 pueblos indígenas de Perú y Brasil, en declaraciones a Mongabay.

Un corredor estratégico para el narcotráfico y la minería ilegal

El trazo de la UC-105 atraviesa territorios donde se ha consolidado una economía ilícita articulada con mercados brasileños. Investigadores, monitores ambientales y líderes indígenas coinciden en que la carretera se superpone a zonas donde ya operan organizaciones criminales que controlan cultivos, rutas y pistas clandestinas. El monitoreo satelital de organizaciones de la sociedad civil muestra que, en sus inmediaciones, se han detectado múltiples narcopistas y áreas de reciente deforestación conectadas entre sí por nuevas trochas forestales.

El análisis satelital revela un patrón consistente: la infraestructura ilegal crece a medida que avanza la apertura de caminos. En varios tramos, los sembríos de coca se encuentran a pocos kilómetros —o incluso metros— del trazo de la carretera. También se han identificado zonas con actividad minera incipiente, lo que confirma que el área concentra no solo cultivos ilegales, sino también procesos de transformación de droga y explotación aurífera informal. Para las organizaciones especializadas, esta dinámica reproduce un modelo ya observado en otras regiones amazónicas, donde la habilitación de infraestructura formal termina facilitando la logística de las economías criminales.

Las preocupaciones trascienden el ámbito nacional. Autoridades judiciales brasileñas han confirmado que el Comando Vermelho —una de las organizaciones criminales más poderosas de Sudamérica— opera en territorio peruano, especialmente en la frontera de Ucayali con Acre. El territorio en disputa ya no responde a una sola actividad ilícita, sino a un sistema económico diversificado: el dinero del narcotráfico sostiene la minería ilegal, la ocupación de tierras, la extracción maderera y otras actividades que transforman de manera irreversible la Amazonía.

Expertos en seguridad de Brasil advierten que, ante la débil presencia estatal, la construcción de nuevas carreteras podría acelerar procesos de ocupación ilegal similares a los registrados en otras partes de la zona.

¿Cómo votaron los congresistas?

El Congreso aprobó sin oposición el proyecto que impulsa la creación de un corredor vial en una zona marcada por la presencia de narcopistas y economías ilegales. El registro de la sesión consigna 83 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra. Aunque 28 parlamentarios no participaron por ausencia o licencia, todas las bancadas presentes respaldaron la norma que busca habilitar una vía que conecte Pucallpa con Atalaya y, posteriormente, con Puerto Breu, en la frontera con Brasil.

La votación por bancada fue la siguiente:

• Fuerza Popular: 13 votos
• Alianza para el Progreso: 13 votos
• Podemos Perú: 10 votos
• Perú Libre: 6 votos
• Renovación Popular - Voces Del Pueblo: 5 votos
• Juntos Por El Perú - Somos Perú: 7 votos
• Somos Perú: 6 votos
• Acción Popular: 6 votos
• Avanza País - Partido De Integración Social: 2 votos (1 abstención)
• Bancada Socialista: 3 votos
• Honor y Democracia: 4 votos
• Bloque Democrático Popular: 3 votos
• No Agrupados: 5 votos

El proyecto fue respaldado por todas las agrupaciones, salvo una congresista de Avanza País, quien se abstuvo. Sin embargo, la aprobación generó críticas sobre los posibles efectos de la carretera en un territorio donde predomina el narcotráfico.

El actor y activista peruano Richard Torres atrajo la atención al celebrar una boda simbólica con un árbol en Central Park, Nueva York, para exigir acciones contra la deforestación en la Amazonía. La singular ceremonia formó parte de su cruzada ambiental, y fue compartida a través de las redes sociales.

En el corazón de Nueva York, Torres protagonizó un ritual ancestral de unión con un robusto árbol. La actividad incluyó cánticos, ofrendas y mensajes dirigidos a la comunidad internacional. Durante el evento, el actor se dirigió directamente al presidente estadounidense, Donald Trump, solicitando políticas de reforestación y apoyo a las comunidades indígenas afectadas por las actividades ilegales en zonas amazónicas. La actividad tuvo como objetivo crear conciencia sobre la necesidad de proteger los ecosistemas y frenar la destrucción acelerada de la selva amazónica.

“Gracias a los árboles la humanidad respira; debemos protegerlos”, manifestó Torres durante la ceremonia. El artista lidera desde hace años el movimiento Corazones Verdes, el cual promueve la siembra de Árboles de la Paz e impulsa campañas internacionales orientadas a combatir la crisis climática. La organización ha realizado intervenciones en varios países con el objetivo de presionar a los gobiernos para que adopten compromisos ambientales más estrictos.

La inédita boda ecológica adquirió rápidamente la atención de los usuarios de las redes sociales. “El objetivo es impulsar una respuesta global para frenar la devastación de los bosques y proteger las fuentes de vida”, reiteró el activista.

Organizaciones de defensa ambiental han respaldado las iniciativas de Torres, remarcando que la Amazonía representa el principal pulmón verde del planeta y alberga, según datos del World Wildlife Fund (WWF), cerca de 390.000 millones de árboles. La deforestación, impulsada por la minería ilegal y la expansión agrícola, amenaza no solo a las especies nativas, sino también a millones de personas cuya subsistencia depende de estos territorios.

No es la primera vez

La puesta en escena de Richard Torres no es un hecho aislado. El actor, reconocido tanto en el ámbito artístico como social, ha realizado previamente ceremonias similares en ciudades como Lima, Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México. Cada intervención busca captar la atención pública y conseguir acuerdos concretos por parte de las autoridades locales y organismos internacionales para revertir la pérdida de masa forestal.

“A Estados Unidos entré como artista, como ecologista y recibí todo el apoyo en Atlanta City, en Kansas City y obviamente también en Nueva York. Me dieron todo el apoyo, en ningún momento me pusieron objeciones. Al contrario, se sumaron a mi proyecto”, indicó Torres, quien señaló que su intención es levantar la voz en distintas partes del mundo.

“Le hice una invitación pacífica a Donald Trump para que nos ayude a proteger la Amazonía, para que él nos ayude también a reforestar con árboles nativos. Nuestra Amazonía está pasando por momentos muy duros. Los árboles son los principales dadores de oxígeno al mundo, si ellos desaparecen, entonces la humanidad va a morir y corre el riesgo de desaparecer, porque es el pulmón del mundo y oxigena al planeta Tierra", sentenció.

Mientras tanto, Corazones Verdes prepara nuevas campañas de incidencia, ampliando sus actividades más allá de América Latina y consolidando alianzas con organizaciones ambientales de Europa y Estados Unidos. Según las previsiones difundidas por el colectivo, las próximas acciones buscarán sumar respaldo de figuras públicas y líderes sociales para reforzar la presión sobre los gobiernos involucrados en la gestión de los bosques tropicales.

La reciente descripción de una nueva especie, el Tinamus resonans, resalta la urgencia de proteger su hábitat restringido y vulnerable en el Parque Nacional Serra do Divisor. El descubrimiento de esta ave en la Amazonía occidental brasileña generó interés tanto en la comunidad científica como entre defensores de la conservación.

Según un estudio publicado en Zootaxa, la especie se identificó en las montañas del parque, en el estado de Acre, Brasil, cerca de la frontera con Perú. Este hallazgo amplió el conocimiento sobre la biodiversidad amazónica y expuso los riesgos que enfrenta una población muy reducida y amenazada en su hábitat.

El proceso de identificación de Tinamus resonans inició en octubre de 2021, cuando un integrante del equipo de investigación registró un canto singular en el sotobosque de la Serra do Divisor. El sonido se describió como un fenómeno acústico particular, caracterizado por su eco y la dificultad para ubicar su origen. En noviembre de 2024, los investigadores atrajeron y observaron al ave mediante grabaciones de su propio canto. En julio de 2025, recolectaron ejemplares para su estudio y descripción formal, publicada en diciembre en Zootaxa.

El equipo dirigido por Luis A. Morais documentó que Tinamus resonans presenta una combinación única de rasgos morfológicos, vocales y ecológicos. Observaron a la especie solo en una franja altitudinal limitada —entre 310 y 435 metros sobre el nivel del mar— en la zona de transición entre bosque submontano y bosque achaparrado. Esta área, situada en el municipio de Mâncio Lima, destaca por su vegetación densa y suelos pobres en nutrientes, aspectos que contribuyen a la singularidad del hábitat.

La descripción física, detallada en Zootaxa, indica una máscara facial de color pizarra oscuro, partes inferiores de tono canela y un dorso marrón grisáceo uniforme, sin las barras transversales presentes en otras especies del género.

El peso de los ejemplares osciló entre 342 y 362 gramos, con una longitud máxima de 320 milímetros y envergadura de hasta 517 milímetros. El canto de la especie resulta especialmente notable, compuesto por secuencias largas y potentes que resonaron en las laderas montañosas, generando un efecto acústico que inspiró su nombre científico.

En el comportamiento, los investigadores notaron que los individuos de Tinamus resonans no reaccionaron ante la presencia humana. “Al ser confrontados directamente, los individuos no mostraron comportamiento de evasión y se mostraron notablemente mansos, aparentemente sin reconocer a los humanos como posibles depredadores”, señalaron los autores en declaraciones recogidas en el comunicado de prensa emitido por la casa de altos estudios.

Además, el ave cruzó lentamente áreas abiertas del sotobosque y careció de la vigilancia típica de otros tinamúes, lo que la hizo especialmente vulnerable, siendo que el área de distribución resultó extremadamente limitada.

Según los datos de Zootaxa, la especie se detectó en solo ocho sitios dentro de la Serra do Divisor, siempre en suelos escarpados y dentro de la estrecha franja altitudinal citada. El hábitat se caracterizó por una densa red de raíces y hojarasca sobre suelos de arenisca cuarcítica, donde el tinamú buscó alimento.

Las estimaciones poblacionales, basadas en análisis espaciales y modelado de hábitat, sugirieron la existencia de aproximadamente 2.106 individuos confinados a esta región montañosa. Durante las expediciones, solo observaron quince ejemplares de forma directa, y todos los recolectados para el estudio resultaron ser hembras. El equipo atribuyó la aparente ausencia de machos a la ecología conductual del género, donde las hembras suelen ser dominantes y defensoras del territorio.

Aunque el hábitat actual de Tinamus resonans permanece dentro de un parque nacional, tanto el comunicado de prensa como Zootaxa advirtieron sobre amenazas inminentes. Existen propuestas para reducir la protección legal del Parque Nacional Serra do Divisor y permitir la construcción de carreteras, ferrocarriles y actividades mineras. Estas iniciativas, impulsadas por intereses económicos, pondrían en peligro tanto a Tinamus resonans como a la biodiversidad de la zona.

La vulnerabilidad de la especie aumentó debido a su comportamiento dócil y la falta de temor hacia los humanos. “La combinación de una población pequeña, un hábitat en riesgo y la ausencia de temor a los humanos pone al Tinamus resonans en alto riesgo de extinción”, advirtió el comunicado de prensa de la casa de altos estudios. Algunos expertos compararon su situación con la del dodo, el ave de la isla Mauricio que se extinguió tras la llegada humana.

Además de las amenazas por actividades humanas, el cambio climático representó otro riesgo significativo. Variaciones en temperatura o precipitaciones podrían alterar la estructura del hábitat o la disponibilidad de recursos, elevando el riesgo de desaparición para especies especializadas y de distribución tan restringida.

La descripción formal de Tinamus resonans refuerza la importancia de conservar la Serra do Divisor, una de las áreas más biodiversas y menos exploradas de la Amazonía. Zootaxa subrayó que el hallazgo destaca la singularidad biológica de la región y la importancia crítica de su conservación a largo plazo. El parque abarca más de 843.000 hectáreas en Brasil y conforma un corredor de conservación con áreas protegidas en Perú, siendo el único lugar conocido donde habita la especie.

Ambas fuentes coincidieron en que el ecoturismo, en particular la observación de aves, podría convertirse en una alternativa viable para la conservación y el desarrollo local. La presencia de especies endémicas y raras, como Tinamus resonans y Thamnophilus divisorius, ofrece oportunidades para la investigación científica y el turismo responsable.

Aunque existe protección legal, los especialistas advirtieron que aún falta mucho por conocer acerca de la ecología y la historia natural de Tinamus resonans. Será esencial profundizar en los estudios sobre requerimientos ambientales, dinámica poblacional y sensibilidad a los cambios en el hábitat para diseñar estrategias de conservación adecuadas.

La situación de Tinamus resonans expuso cómo la combinación de población reducida, hábitat amenazado y conducta poco evasiva puede llevar a una especie al borde de la desaparición, evocando extinciones aceleradas tras la intervención humana.

El reciente operativo denominado “Lanza de Hierro” ejecutado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en la Amazonía ha tenido como resultado la destrucción de infraestructura clave vinculada al narcotráfico.

Según informes del Ministerio de Defensa (Mindef), la operación contó con la coordinación del Comando Operacional de la Amazonía y atacó frentes logísticos, generando pérdidas superiores a S/ 1’100.000 para las organizaciones criminales.

Las fuerzas de seguridad intervinieron múltiples laboratorios clandestinos, campamentos y embarcaciones empleados en el transporte y procesamiento de sustancias ilícitas.

Así mismo, fue posible afectar más de 100 hectáreas de cultivos ilegales y desarticular rutas utilizadas por redes criminales para movilizar drogas dentro y fuera del país.

Como resultado directo del operativo, se incautaron 20 toneladas de detritus de hoja de coca y grandes cantidades de químicos fiscalizados asociados con la producción de clorhidrato de cocaína.

“El sector Defensa demuestra su compromiso de actuar con firmeza y determinación frente a las organizaciones criminales que amenazan la paz en la Amazonía”, indicó el Ministerio de Defensa.

Durante el despliegue también se produjo la detención de un presunto integrante de la red criminal, cuyo proceso judicial será seguido de cerca por las autoridades.

Estrategia sostenida y mensaje del gobierno

La lucha contra el narcotráfico en el territorio amazónico involucra acciones sostenidas que buscan debilitar la capacidad operativa de las mafias, fortaleciendo a la vez el control territorial en zonas fronterizas.

En palabras de voceros gubernamentales, la cooperación entre la PNP y las Fuerzas Armadas continuará mediante iniciativas similares, impidiendo el reagrupamiento de las redes y desarrollando tácticas adaptativas según la evolución criminal.

En el marco del operativo, el presidente José Jerí visitó la base militar del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), escenario relevante en la estrategia nacional contra el crimen.

En su alocución ante soldados y oficiales, el mandatario subrayó que su gobierno declaró la “guerra interna” al narcotráfico y al crimen organizado.

“Como en toda guerra, el enemigo cambia de estrategia, usa nuevas artimañas y pretende poner en jaque al sistema. Y no lo vamos a permitir. Todo tipo de acción que el enemigo planee y ejecute, vamos a reaccionar inmediatamente, con la contundencia del caso”, afirmó Jerí.

El presidente advirtió que la respuesta estatal será inmediata ante cualquier amenaza. Al mismo tiempo, el premier Ernesto Álvarez resaltó el compromiso y sacrificio de militares, policías y sus familias, destacando el papel esencial de las fuerzas estatales en el resguardo de la seguridad nacional: “Honor para todos aquellos que hacen de la defensa de la patria un principio”, subrayó durante el acto oficial.

Los resultados de “Lanza de Hierro” reflejan la puesta en marcha de una ofensiva que apunta a desarticular la cadena logística del narcotráfico.

Autoridades del Ministerio de Defensa confirmaron que los operativos se sostendrán en el tiempo, bajo vigilancia permanente del territorio y con un enfoque en la protección de fronteras. Las fuerzas de seguridad continúan identificando nuevos puntos para intervenir y esperan ampliar las acciones con inteligencia compartida y operativos interinstitucionales.

La imagen tradicional de Machu Picchu como enclave reservado a la élite incaica ha cambiado radicalmente tras un reciente estudio genético publicado en Science Advances. Investigadores han descubierto que la emblemática ciudadela albergó una población extraordinariamente diversa, con origen en múltiples regiones de Sudamérica, lo que transforma la comprensión de su historia y su función dentro del Tahuantinsuyo.

Para lograr este descubrimiento, el equipo liderado por Lucy Salazar y conformado por especialistas de Yale, la Universidad de California en Santa Cruz y la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, analizó material genético de dientes y huesos de 34 personas inhumadas en cuevas funerarias de Machu Picchu. Los datos obtenidos se compararon con muestras de otros 34 individuos procedentes de Cusco y el Valle Sagrado. Aplicando técnicas de secuenciación similares a las usadas en pruebas modernas de ascendencia, identificaron al menos ocho regiones de procedencia distintas entre los habitantes de la ciudadela, incluidos los Andes del sur, la Amazonía y áreas cercanas a los actuales Ecuador y Colombia.

Este avance cuestiona la visión de Machu Picchu como una comunidad local y homogénea. La investigación demuestra que la ciudad estaba habitada por personas de raíces diversas, originarias de zonas geográficas muy alejadas. Solo una madre y su hija compartían parentesco directo, confirmando que los “yanacona” y “aclla” –sirvientes y trabajadoras seleccionados por el Estado– residían en la ciudadela en función de su servicio y no como parte de grupos familiares.

La huella femenina de la Amazonía en el corazón inca

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que un tercio de los individuos analizados tenía ascendencia amazónica, y la mayoría eran mujeres. Esta notable presencia femenina amazónica derriba la idea de una Amazonía marginal en la vida del imperio inca e indica una integración mucho mayor que la admitida hasta ahora.

Según los autores del estudio, algunas de estas mujeres amazónicas pudieron haber sido seleccionadas como esposas para yanacona, quienes eran trabajadores trasladados al servicio del Inca, o bien asignadas como sirvientas especializadas dentro del complejo real. El papel de estas mujeres refleja estrategias de integración que combinaban lo político, lo simbólico y lo doméstico en la formación de nuevas redes sociales al interior de Machu Picchu.

El análisis genético permitió confirmar que la mayoría de las mujeres no compartía parentesco entre sí ni con otros habitantes. A diferencia de lo observado en aldeas rurales andinas, donde prima lazos familiares, en Machu Picchu el Estado organizaba la convivencia de individuos ajenos entre sí, favoreciendo la cohesión de una comunidad nueva, desvinculada de sus raíces originales.

La diversidad genética y la fuerte presencia de mujeres de la Amazonía contribuyen a replantear la comprensión histórica de la ciudadela. Machu Picchu se revela como un espacio donde las mujeres amazónicas jugaron un papel clave, no solo como objeto de intercambio político, sino también como agentes en la vida ritual y productiva del enclave real.

Machu Picchu más allá de la élite y el linaje

El contexto histórico de la construcción de Machu Picchu, durante el reinado del inca Pachacútec, refuerza la interpretación de la ciudadela como un punto estratégico más allá del simple retiro de la nobleza. Aunque la monumentalidad arquitectónica sugiere un destino real, la investigación demuestra que los emperadores y su corte solo residían allí en ciertas temporadas para ceremonias religiosas y actividades políticas.

La permanencia y el cuidado cotidianos recaían en los yanacona y aclla, quienes conformaban una población mestiza en términos genéticos. No pertenecían ni a la nobleza ni al campesinado tradicional; su función y posición dependían del vínculo directo con el poder estatal y la organización imperial.

Los registros genéticos y arqueológicos evidencian que la residencia en Machu Picchu no se estructuraba en torno a linajes o etnias. Personas de diferentes orígenes compartían espacio y rituales, lo que indica la formación de una comunidad diversa y cohesionada por su función social, más que por el parentesco o el origen geográfico.

La convivencia de individuos ajenos entre sí, con costumbres y lenguas disímiles, sugiere una vida cotidiana marcada por el intercambio cultural y la adaptación a reglas impuestas por el poder central, en un escenario arquitectónico diseñado para sostener el simbolismo imperial.

Diversidad funeraria y cohesión social en Machu Picchu

El análisis de las prácticas funerarias reveló que los entierros de Machu Picchu tampoco seguían patrones étnicos o regionales. Personas procedentes de lugares alejados compartían la misma cueva y participaron en ritos funerarios similares, sin distinción por su origen.

Solo se identificó un caso de parentesco directo: madre e hija sepultadas juntas. El resto de los individuos no tenía lazos familiares entre sí, lo que refuerza la hipótesis de que la ciudadela albergaba una comunidad nueva, creada a partir de la movilidad forzada y el reclutamiento organizado por el Estado.

Los hallazgos en las tumbas —cerámica decorada y objetos metálicos de procedencia distante— sugieren que los recién llegados a Machu Picchu mantenían elementos culturales de sus regiones natales. En sus tumbas se hallaron objetos valiosos como cerámica decorada y utensilios de metal de origen lejano, lo que sugiere que algunos habitantes mantenían elementos de sus culturas natales como símbolos identitarios y recuerdos personales, ayudando a construir nuevas formas de pertenencia en un entorno social distinto.

La vida cotidiana de yanacona y aclla en Machu Picchu

El estudio osteológico reveló una buena salud general en la mayoría de los yanacona y aclla. Prácticamente no se evidencia desgaste óseo producto de trabajos pesados, lo cual indica condiciones de vida superiores a las de la media andina de la época.

Muchos de los habitantes analizados alcanzaron la adultez e incluso la vejez. Este dato, sumado a la presencia de objetos valiosos en los entierros, marca un estatus social intermedio dentro del sistema imperial: no eran esclavos ni nobles, pero contaban con cierto nivel de bienestar y privilegios, al tiempo que permanecían bajo un estricto control estatal.

La proximidad física y funcional a la élite incaica permitió a los yanacona y aclla acceder a bienes y prácticas culturales exclusivas. Este hallazgo modifica la visión tradicional de estos servidores como meros subordinados o víctimas de traslado forzoso, subrayando su papel activo y relativamente privilegiado en la vida cotidiana de Machu Picchu.

Machu Picchu en riesgo de perder su estatus de Patrimonio Mundial

En la actualidad, Machu Picchu enfrenta una amenaza significativa: la posibilidad de perder su condición de Patrimonio Mundial, según advirtió María Cecilia Bákula, historiadora y exrepresentante de Perú ante UNESCO. La especialista explicó que durante su gestión fue necesario desplegar una “diplomacia de convencimiento” para evitar que el sitio ingresara en la categoría de Patrimonio en riesgo.

Bákula resaltó la importancia estratégica de Machu Picchu para la identidad, la memoria y la economía cultural peruana. Señaló la urgencia de fortalecer la gestión y proteger el sitio, especialmente ante los crecientes desafíos derivados del turismo y la falta de articulación entre las instituciones responsables.

La comunidad científica y cultural peruana coincide en la necesidad de priorizar la protección de Machu Picchu y otros sitios clave, a fin de salvaguardar el legado histórico frente a posibles sanciones internacionales y asegurar que esta ciudad cosmopolita siga siendo referente mundial de diversidad e integración en la América prehispánica.

Que América Latina y el Caribe es una región clave para la acción climática global no es una novedad. Una matriz eléctrica 60% renovable, bajísimos niveles de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), y el 70% de las especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y plantas del mundo hacen que nuestro territorio no sea solo un reservorio de biodiversidad, sino un actor estratégico para liderar la triple transición energética, verde y social.

De igual forma, la Amazonía es mucho más que un símbolo climático. Sus bosques almacenan más de 56 mil millones de toneladas de carbono y sostienen el ciclo hidrológico que alimenta la agricultura y la seguridad hídrica de todo Sudamérica.

Aunque enfrenta problemas vinculados a la deforestación, esa subregión sigue siendo un sumidero neto de carbono, por lo que su cuidado es vital para la estabilidad climática de todo el planeta.

Allí, más específicamente en la ciudad de Belém, se celebró la COP30 de Brasil, que se consolidó como una nueva oportunidad para implementar los compromisos nacionales y globales necesarios para cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, una hoja de ruta adoptada por todos los Estados miembros de Naciones Unidas que busca erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar prosperidad para todos.

En ese escenario, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) jugó un rol importante. Tras el histórico anuncio de una inversión por 40 mil millones de dólares para financiar el crecimiento sostenible y la acción climática en la región, durante la cumbre climática lanzamos nuestro primer bono de resiliencia, junto a la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), con el objetivo de financiar infraestructuras que reduzcan vulnerabilidades y ayuden a asegurar la continuidad de servicios esenciales en toda la región.

Presentamos además un porfolio de 118 proyectos para la protección de 15 ecosistemas estratégicos transnacionales. Y constituimos una alianza energética junto a la iniciativa Finance in Common, el BNDES y el Instituto Clima e Sociedade, para colaborar con la eficiencia en ese campo y la reducción de emisiones en sectores de difícil descarbonización. Además, en conjunto con BID y CDB, anunciamos la iniciativa caribeña de canje de deuda por resiliencia.

A través de nuestra Red de BiodiverCiudades, pusimos en marcha una nueva alianza con el Fondo de Adaptación para destinar 12 millones de dólares a proyectos locales de adaptación. Además, compartimos espacios de discusión e intercambio con ministros, representantes de gobiernos nacionales, autoridades religiosas, referentes sociales y expertos de organismos e instituciones académicas como OIJ, IICA y la Universidad de Oxford.

Una nueva Conferencia de las Partes ha terminado. Y desde CAF seguimos fortaleciéndonos como el banco verde de América Latina y el Caribe. Pero este impulso solo tendrá sentido si, todos juntos, aprovechamos para cuidar nuestro planeta, cerrar brechas sociales y económicas y cambiar nuestros patrones de consumo.

La triple transición verde, energética y social exige decisiones valientes: proteger la Amazonía, invertir en ciudades y territorios sostenibles y garantizar que la transformación llegue a todas las comunidades. La oportunidad está sobre la mesa, convertirla en resultados dependerá de nuestra capacidad colectiva para pasar del discurso a la acción.

*El autor es vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El reciente desmantelamiento de una mina ilegal de oro en el departamento de Caquetá puso en evidencia la magnitud del daño ambiental que sufren los ríos de la región amazónica, así como el papel central que juega la minería ilícita en la financiación de los grupos armados que operan en el sur de Colombia.

En una acción coordinada, unidades militares y policiales intervinieron en la zona rural de Cartagena del Chairá, específicamente en el sector conocido como Bocana del Guayas, donde sorprendieron a seis personas en plena extracción de oro y confiscaron maquinaria de alto poder destructivo.

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El operativo, ejecutado por efectivos de la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional a través del Batallón de Infantería N.º 35 Héroes del Güepí, en conjunto con el Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.º 31 y agentes de la Sijín de la Policía Nacional, permitió incautar dos embarcaciones y una draga de gran capacidad.

Este tipo de maquinaria, capaz de remover grandes volúmenes de sedimento en poco tiempo, representa una amenaza directa para los ecosistemas fluviales, ya que altera la estructura de los ríos y destruye el hábitat de peces y otras especies locales.

Las autoridades calificaron el desastre ambiental provocado por la minería ilegal en los ríos de Cartagena del Chairá como “irreversible”, advirtiendo que los daños generados pueden tardar décadas en ser mitigados.

Entre las consecuencias más graves de esta actividad se encuentran la contaminación de las aguas con mercurio, la pérdida acelerada de biodiversidad tanto acuática como terrestre, la desviación de los cauces naturales y la sedimentación masiva de los lechos fluviales.

Los informes oficiales subrayan que la minería ilegal constituye una de las economías criminales más agresivas para el medio ambiente en la Amazonía, afectando de manera directa a las comunidades indígenas y campesinas que dependen de estos recursos.

La operación no solo tuvo un impacto ambiental, también golpeó las finanzas de las disidencias armadas que controlan la zona. La inteligencia militar determinó que la extracción ilícita de oro es un componente esencial en la logística de los Grupos Armados Organizados residuales (GAO-r), ya que les proporciona un flujo de recursos constante y difícil de rastrear.

A diferencia del narcotráfico, el oro obtenido de manera ilegal puede integrarse con relativa facilidad a los mercados legales a través de intermediarios, lo que dificulta el seguimiento de su origen y fortalece la economía criminal.

Las investigaciones previas al operativo permitieron identificar las rutas de transporte, los puntos de acopio y las dinámicas de abastecimiento utilizadas por la estructura criminal para mantener su presencia en el sur del país.

Desde la Décima Segunda Brigada se destacó la complejidad de combatir este delito, ya que involucra redes de lavado de activos, tráfico de insumos químicos y la explotación de mano de obra vulnerable.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con las operaciones interinstitucionales para proteger los recursos naturales y frenar el avance de las economías ilegales en territorios donde la presencia estatal ha sido históricamente limitada.

De hecho, el Ministerio de Defensa atribuyó el crecimiento de las organizaciones criminales a las finanzas derivadas de la minería ilegal y el narcotráfico, mientras advierte que el fortalecimiento de estas economías ilícitas permite a los grupos armados expandirse en distintas regiones, pese al incremento de las operaciones militares.

Pedro Sánchez, jefe de la cartera de Defensa, señaló que la minería ilegal y el narcotráfico impulsaron la expansión de los grupos armados organizados en el país. De acuerdo con el diagnóstico compartido por el funcionario, las finanzas provenientes de estas economías ilícitas facilitaron la capacidad de recuperación y fortalecimiento de las organizaciones ilegales.

Según el funcionario, “detrás de la minería ilegal hay un problema social, un problema económico. Estos grupos están utilizando a la población para oponerse a la fuerza pública”, una afirmación que muestra cómo las organizaciones criminales buscan incidir en el tejido social para dificultar la labor estatal en las zonas afectadas.

La Amazonía continental —ese territorio inmenso que se extiende por nueve países y alberga la mayor biodiversidad del planeta— vive hoy un conflicto que casi nunca aparece en los discursos públicos: una guerra silenciosa entre ecosistemas que sostienen la vida y estructuras criminales que avanzan con velocidad y precisión. No es un enfrentamiento entre Estados ni una batalla ideológica. Es un conflicto directo entre biodiversidad y crimen organizado, donde la naturaleza queda atrapada en la frontera más peligrosa del continente: aquella donde el Estado no llega.

La crisis no se explica solo por actividades extractivas legales. Lo que destruye hoy la Amazonía con mayor velocidad son economías ilícitas que funcionan como sectores económicos organizados: minería ilegal, narco-deforestación, tráfico de especies y tráfico de tierras. Son industrias criminales con financiamiento internacional, logística, maquinaria y redes de distribución, y que prosperan justamente donde la institucionalidad se debilita.

Ahí está el punto central: la fragilidad institucional crea vacíos de gobernanza; esos vacíos abren espacio para que las economías ilegales se consoliden; y, una vez instaladas, lucran extrayendo recursos y depredando ecosistemas sin límites ni consecuencias. Es el desorden del Estado el que permite el orden del crimen. Y ese orden criminal destruye la base ecológica que sostiene a millones de personas y a múltiples economías nacionales.

Las cifras ilustran la magnitud. En ciertas zonas de la Amazonía brasileña, la narco-deforestación explica hasta el 80% de la pérdida de bosques. La minería ilegal genera niveles de contaminación por mercurio de hasta 80% en algunas comunidades indígenas, afectando su salud, su alimentación y su autonomía. El tráfico de fauna ya es la cuarta economía ilegal más grande del mundo. Todo esto ocurre en territorios sin presencia estatal efectiva, donde la ley no llega y donde la impunidad se convierte en modelo de negocio.

El impacto no es únicamente moral o ambiental, sino además es económico. La degradación de la biodiversidad no solo destruye especies o bosques: destruye pesca, agua limpia, suelos productivos, seguridad territorial y oportunidades de desarrollo. Comunidades enteras pierden medios de vida; los gobiernos pierden capacidad fiscal y control territorial; las empresas enfrentan mayores riesgos, costos y volatilidad. La erosión ecológica y la erosión económica avanzan juntas. Y cuando un ecosistema colapsa, lo hace también la posibilidad de desarrollo para quienes dependen de él.

La Amazonía no es un patrimonio lejano: es un activo económico que sostiene a toda la región. Solo en servicios ecosistémicos y beneficios económicos genera alrededor de US$317 mil millones al año. Su degradación es un riesgo sistémico que ya golpea a países, industrias y mercados. Sin embargo, el impacto de esta discusión va mucho más allá de la Amazonía: América Latina y el Caribe albergan el 40% de la biodiversidad global, un activo estratégico cuya pérdida tendría implicancias económicas profundas. Más de la mitad del PIB mundial depende de los servicios que proveen los ecosistemas: agua, polinización, regulación hídrica, fertilidad de suelos, recursos pesqueros y estabilidad territorial. Cuando estos sistemas colapsan, no solo se pierde biodiversidad; se pierde seguridad alimentaria, productividad, empleo, inversión y gobernabilidad.

En medio de este escenario, la comunidad internacional comienza a reaccionar. En el reciente Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, en Abu Dhabi, se aprobó la Moción 061: “Reconocer el crimen de ecocidio para proteger la naturaleza”, un hito histórico porque, por primera vez, Estados y organizaciones civiles votaron conjuntamente sobre esta figura. La resolución encarga estudiar cómo aplicar el ecocidio, desde la persecución penal hasta mecanismos de restauración. Más de una docena de países ya han adoptado o están desarrollando leyes en esta línea, y crece el impulso para incorporarlo como crimen internacional bajo el Estatuto de Roma.

Proteger los ecosistemas en la región implica entender que la principal amenaza es el crimen organizado. Y que la solución no puede limitarse a conservación: requiere gobernanza, vigilancia, justicia, inteligencia financiera y capacidades estatales capaces de enfrentar redes que actúan con velocidad y precisión. La seguridad ambiental, la seguridad económica y la seguridad humana son parte de la misma agenda.

Porque sin territorios seguros, la biodiversidad desaparece. Y sin biodiversidad, las economías se desploman.

La polémica sobre el borrador del texto final es el último capítulo de la COP30, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Belém, que desde el pasado 10 de noviembre ha sido objeto de críticas casi a diario y ya ha sido rebautizada por muchos en las redes sociales como la FLOP30. En el documento presentado ayer, cuya versión definitiva se prevé con retraso para este fin de semana, ha desaparecido cualquier mención al llamado “mapa de ruta” hacia la transición energética, medida apoyada por unos 80 países y solicitada tanto por el presidente Lula como por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En el documento también se ha eliminado la parte en la que se indicaba un camino para eliminar la deforestación. En cambio, en el borrador figura la petición de “esfuerzos para triplicar la financiación para la adaptación climática con respecto a los niveles de 2025 para 2030”, pero no se especifica el importe ni el papel de los gobiernos en la movilización de estas transferencias. Por “adaptación” climática se entienden todas las medidas necesarias para preparar a los países y las comunidades para los efectos ya en curso del cambio climático, reduciendo los daños y la vulnerabilidad, desde la protección costera contra el aumento del nivel del mar hasta una agricultura resistente al clima.

La ausencia de una “hoja de ruta” para la transición energética ha sido el punto más criticado y ha puesto de manifiesto la resistencia de varios países productores de petróleo. Colombia, Alemania, las Islas Marshall y Vanuatu se encuentran entre los firmantes de una carta enviada a la Presidencia de la COP30 en la que se rechaza por este motivo la última versión del documento final. “No podemos apoyar un resultado que no incluya una hoja de ruta para la implementación de una transición que permita abandonar los combustibles fósiles de forma justa, ordenada y equitativa”, se lee en el texto. Los científicos que han firmado la carta hablan de una “traición a la ciencia y a las personas”, mientras que para la directora ejecutiva de Greenpeace Brasil, Carolina Pasquali, “la COP30 ha mostrado un apoyo creciente a una vía para abandonar los combustibles fósiles, por lo que el resultado de Belém debe incluirlo para garantizar que se ponga fin lo antes posible a la quema de petróleo, gas y carbón. Los informes y las negociaciones adicionales no son suficientes. Se necesita un plan de respuesta global”.

La ministra de Medio Ambiente francesa, Dominique Barbut, también expresó su firme oposición y calificó a su país de “extremadamente decepcionado” con el borrador, sobre todo por la ausencia de referencias al abandono de los combustibles fósiles. “En su estado actual, (el texto) es simplemente inaceptable. No podemos aceptar que Europa sea el único continente que haga esfuerzos”, afirmó. También para el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, la nueva versión del documento es inaceptable. “Estamos muy lejos de lo que necesitamos en términos de mitigación. Estamos decepcionados con el texto que se está debatiendo actualmente”, afirmó. La respuesta del embajador André Correa do Lago, presidente de la COP30, fue clara. “La frustración es natural. Es el momento del realismo”, dijo. La ministra de Medio Ambiente de Colombia, Irene Vélez-Torres, arremetió contra la presidencia de la COP30, a la que acusa de querer silenciar a los países más ambiciosos. “Nos vemos obligados a abordar solo lo que ya estaba presente en el primer borrador. Esto es inaceptable porque están imponiendo el consenso mediante el veto”, afirmó.

Las negociaciones para el texto definitivo continuarán durante el fin de semana. Sin duda, no ayudó el grave incendio que se produjo el jueves en el pabellón donde se celebraban, el pabellón Azul. Afortunadamente, no hubo víctimas, pero 27 personas tuvieron que recibir atención médica, sobre todo por inhalación de humo. Mientras que el Gobierno brasileño ha encargado a la Policía Federal la investigación de las causas del incendio, se complican las relaciones con la ONU, organizadora del evento. La semana pasada, el organismo internacional ya había enviado una carta muy dura al ejecutivo. En ella se criticaba la mala calidad de las instalaciones de la conferencia y se denunciaban las inundaciones causadas por las lluvias, la falta de agua en los baños y los problemas de seguridad. También se criticaba el sistema eléctrico. Mientras tanto, debido al incendio que impidió el uso del pabellón, se vivieron escenas irreales, como la que vio a los representantes de Vanuatu y de la Iniciativa para la Transparencia de la Acción Climática de las Naciones Unidas firmar un acuerdo en una panadería de Belém.

Las declaraciones del canciller alemán Friedrich Merz también han suscitado mucha polémica esta semana. Tras regresar a Alemania después de participar en la COP30, criticó Belém y elogió a Alemania por ser “uno de los países más bonitos del mundo”. “Pregunté a algunos periodistas que estaban conmigo en Brasil la semana pasada: ¿Quién de vosotros querría quedarse aquí? Nadie levantó la mano. Todos estaban contentos de que volviéramos a Alemania el viernes por la noche, sobre todo desde el lugar en el que estábamos”. A pesar del cambio de imagen para el evento, Belém sigue siendo la ciudad en la que el 60% de la población vive en favelas, el porcentaje más alto de Brasil, y solo el 20% tiene acceso a la red de alcantarillado. Al caminar por la ciudad se ven alcantarillas improvisadas a cielo abierto, un subdesarrollo que muchos observadores y periodistas atribuyen a la mala gestión política de la ciudad a lo largo de los años. “Belém es el escaparate de la vergüenza brasileña”, escribió Mario Sabino en el sitio web de noticias Metrópoles. “Si os habéis sentido ofendidos por las declaraciones del canciller alemán sobre Belém y habéis seguido diciendo que ese tipo es xenófobo, deberíais enfadaros con quienes nos roban y se ríen en nuestra cara, en un arco que va desde el patrimonialismo histórico hasta la corrupción más descarada”, escribe Sabino.

Las reacciones en Brasil han sido muy duras. El alcalde de Río de Janeiro, Edoardo Paes, calificó a Merz en una publicación en X, posteriormente eliminada, de “hijo de Hitler” y “nazi”, seguido por el gobernador de Pará, Helder Barbalho, quien afirmó que la declaración del ministro alemán fue “un discurso lleno de prejuicios” por parte de un país que “ha contribuido al calentamiento global”. Lula también intervino en el debate en un evento en Tocantins esta semana. “(Mertz) debería haber ido a un bar de Pará, debería haber bailado en Pará, debería haber probado la cocina de Pará, porque se habría dado cuenta de que Berlín no le ofrece ni el 10% de la calidad que ofrecen el estado de Pará y la ciudad de Belém”, declaró el presidente. Ironía del destino, Lula se reúne hoy mismo con Merz en Sudáfrica, donde ambos participan en la cumbre del G20 que se celebra este fin de semana en Johannesburgo. Según afirmó ayer el portavoz de su Gobierno, Stefan Kornelius, el canciller alemana no se disculpará con el presidente brasileño. A pesar de todo, Alemania ha anunciado que contribuirá con 1.000 millones de euros al Fondo Forestal Tropical para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés), tal y como anunció la ministra de Medio Ambiente brasileña, Marina Silva.

Si Brasil deja atrás la COP30 con tantas dudas y decepciones por parte de muchos de los países participantes, la única certeza es que ahora el gigante latinoamericano tendrá que hacer frente a sus políticas medioambientales y, sobre todo, a los retos que le esperan. En primer lugar, el de la explotación minera, uno de los temas principales del G20 que se celebra en estas horas. Entre los intereses de Estados Unidos y China, el Gobierno brasileño está tratando de atraer inversiones europeas para sus minerales críticos, como el cobre, el litio, las tierras raras y otros elementos esenciales para tecnologías como los chips, las turbinas eólicas y los vehículos eléctricos. Esta semana, Brasil ha participado en el Raw Materials Week 2025, un evento celebrado en Bruselas y organizado por la Comisión Europea. El país latinoamericano se presentó como “socio estratégico del bloque para la minería” con el objetivo de promover una mayor cooperación económica y tecnológica. Actualmente, Brasil cuenta con unos 50 proyectos activos en el sector de los minerales, pero aún es muy débil en el procesamiento local. Por ello, sostiene que el acuerdo Mercosur-UE puede abrir nuevas oportunidades también en el sector de los minerales críticos. Según Ana Paula Repezza, de la Agencia Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil), “Brasil tiene un papel fundamental en la transición energética global, gracias a la abundancia de sus recursos naturales y al compromiso con una minería más sostenible, tecnológica y responsable”.

El tema de la minería, en particular la de minerales críticos, que es uno de los objetivos de esta última fase del gobierno de Lula antes de las elecciones presidenciales del próximo año, sigue siendo delicado. La creciente demanda mundial está favoreciendo, en Brasil, el avance de proyectos de ley y solicitudes mineras que, según los ecologistas, ponen en peligro la Amazonia y los pueblos indígenas, incluidos los aislados. Estudios recientes indican que hay más de 5.000 solicitudes de exploración en la región, que afectan a unos 26 millones de hectáreas del bioma. Muchos de estos proyectos se superponen a unidades de conservación. Mientras el Gobierno federal intensifica las operaciones contra la minería ilegal, con resultados significativos en las tierras de los yanomami, sararé y munduruku, el Congreso sigue una dirección opuesta, impulsando proyectos de ley como el 1331/2022 y el 6050/2023, que pretenden legalizar la minería y otras actividades económicas en territorios indígenas. En agosto, ambos obtuvieron la aprobación de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Una reciente investigación del sitio web de investigación Repórter Brasil reveló que la expansión de la prospección y la extracción de minerales críticos está ejerciendo una fuerte presión sobre al menos 45 pueblos indígenas aislados de la Amazonia Legal. El informe identifica 1.827 solicitudes mineras situadas a menos de 40 km de territorios habitados por grupos aislados, distancia que, según el Observatorio de Pueblos Indígenas Aislados (OPI), representa un riesgo significativo para la integridad y la supervivencia de estas comunidades.

Precisamente durante la COP30, tal y como denunció la organización no gubernamental internacional Survival, dedicada a los derechos de los indígenas, fue asesinado Vicente Fernandes Vilhalva, de 36 años, líder de la etnia guaraní kaiowá, mientras defendía las tierras de su comunidad en Mato Grosso do Sul, en la región Centro-Oeste de Brasil. Además de los derechos de los indígenas, el Gobierno brasileño deberá afrontar retos importantes, como la extracción de petróleo recientemente autorizada en la desembocadura del río Amazonas por Petrobras y su posible impacto medioambiental en la región amazónica. A pesar de que, según datos oficiales, entre agosto de 2024 y julio de 2025, la Amazonia registró 5.796 km² de bosque talado, un 11% menos que el año anterior y el nivel más bajo de los últimos 11 años, la mayor parte de la tala sigue siendo ilegal, el 88,6 % en la Amazonia y el 42,6 % en el Cerrado, la sabana brasileña, donde también se ha observado una disminución del 11,5%, con 7.235 km² deforestados. Según un informe reciente de la ONG medioambiental Instituto Centro de Vida (ICV), junto a la disminución general, surge sin embargo una tendencia preocupante: la deforestación autorizada está aumentando un 9% en la Amazonia y un 5% en el Cerrado. Esto indica que las presiones de los mercados europeos para obtener productos “libres de deforestación” aún no están produciendo efectos significativos sobre el terreno. Por lo tanto, el reto para Brasil, que aspira a alcanzar la deforestación cero para 2030, sigue siendo enorme.

La COP30 en Belém avanzó hacia su tramo final con un nivel de tensión que contrasta con la magnitud del desafío que el mundo enfrenta frente al cambio climático. La cumbre, instalada en el corazón de la Amazonía, abrió sus puertas ante más de 50.000 delegados y puso foco en la urgencia de limitar el calentamiento global.

Sin embargo, ese clima de expectativas se transformó en alarma cuando la presidencia presentó un texto final sin ninguna referencia a la esperada hoja de ruta para dejar atrás los combustibles fósiles.

El documento eliminó todas las menciones a la transición energética que figuraban en el primer borrador del Global Mutirão. La ausencia generó una reacción inmediata: casi 40 países —entre ellos España, Alemania, Costa Rica, Chile, México, Islas Marshall y Países Bajos— enviaron una carta en la que calificaron la situación como “inaceptable” y reclamaron un nuevo texto que recupere el equilibrio, la ambición y la credibilidad del proceso.

Para los firmantes, cualquier resultado que no incluya un plan claro para abandonar el petróleo, el gas y el carbón sería, directamente, un retroceso respecto de Dubái.

La expectativa por ese plan no surgió en el vacío. Desde 2021 la ONU, el IPCC, la Agencia Internacional de Energía y redes globales como Climate Action Network insistieron en un mensaje uniforme: el mundo debe reducir la producción y el consumo de combustibles fósiles en forma rápida, estructurada y justa, si quiere mantener viva la meta de 1,5 °C.

La ONU sostuvo que esta década definirá las condiciones para el resto del siglo. Por eso, un documento final sin hoja de ruta contradice las alertas científicas que señalan que el presupuesto de carbono disponible ya se acerca a su límite.

El borrador que borró la transición y desató la crisis diplomática

El primer texto discutido en Belém contenía tres artículos clave. Uno alentaba a los países a desarrollar hojas de ruta para una transición justa, ordenada y equitativa, incluida la reducción progresiva de la dependencia de los combustibles fósiles.

Otro pedía eliminar los subsidios ineficientes que no atienden la pobreza energética. Y un tercero vinculaba las metas nacionales de reducción de emisiones con la aceleración del despliegue de renovables, la mejora de la eficiencia y el alejamiento de los hidrocarburos, además de exigir detener la deforestación antes de 2030. Todo eso desapareció en la nueva propuesta. La reacción fue inmediata.

Los países firmantes de la carta recordaron que «no podemos apoyar un resultado que no incluya una hoja de ruta para implementar una transición justa, ordenada y equitativa para dejar atrás los combustibles fósiles». También reclamaron reincorporar la agenda vinculada a la deforestación, excluida sin explicación.

La tensión escaló aún más cuando el ministro danés de Clima, Lars Aagaard, declaró que la Unión Europea prefería concluir la cumbre sin un documento antes que aceptar uno sin mención a los combustibles fósiles. El mensaje fue claro: sin transición energética, no habrá consenso.

Ante las críticas, el presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, pidió mantener el diálogo y defendió el multilateralismo. Reconoció que cualquier consenso exaspera a analistas y delegados, pero sostuvo que precisamente esa lógica representa la fuerza del régimen climático. Recordó, además, los desafíos geopolíticos globales y afirmó: “En un momento de caos, debemos actuar juntos”.

El diplomático afirmó que el borrador sugiere la creación de una mesa redonda de alto nivelpara “apoyar” a los países a desarrollar “hojas de ruta” para “superar progresivamente su dependencia” en los combustibles fósiles, cuya quema es la principal fuente del calentamiento global.

Juventud, ciencia y sociedad civil: la presión que no se puede ignorar

Mientras gobiernos discutían párrafos y opciones, la presión social crecía dentro de la cumbre. La campeona joven de la COP30, Marcele Oliveira, llevó a los ministros un mensaje directo: los combustibles fósiles “están destruyendo sueños”, y la salida global de esos recursos constituye “la movilización de justicia climática más importante de esta generación”.

La joven pidió proteger el futuro de niños y adolescentes y citó un fallo reciente de la Corte Internacional de Justicia, que determinó que la inacción climática constituye un crimen ambiental.

El secretario general de la ONU, António Guterres, reforzó esa demanda durante un encuentro con jóvenes: les pidió apoyo en la “batalla decisiva” para que el inevitable sobrepaso temporal de 1,5 °C sea lo más breve posible. Subrayó que la transición de los combustibles fósiles hacia la energía renovable es esencial y denunció la influencia de grupos de presión que ponen sus ganancias por encima del bienestar colectivo.

Las voces se multiplicaron. Un joven brasileño de 16 años le dijo a Guterres que los adolescentes no querían ser activistas, sino simplemente vivir su infancia, pero que los adultos no estaban tomando las decisiones correctas. Desde Aruba, otro joven relató cómo las playas donde aprendió a nadar desaparecen ante sus ojos. Las demandas convergieron en un mismo pedido: actuar ahora.

La ciencia también alzó la voz. Thelma Krug, Fatima Denton y Johan Rockström firmaron un comunicado donde afirmaron que la ausencia de la expresión “combustibles fósiles” constituye «una traición a la ciencia y a las personas».

Señalaron que un acuerdo sin mención explícita a esos recursos sería incompatible con la meta de 1,5 ºC y con el casi agotamiento del presupuesto de carbono.

Una cumbre en plena Amazonía que reclama acción y coherencia

La ubicación de la COP30 añadió un peso simbólico y político excepcional. La Amazonía es uno de los biomas que regulan el clima global y se acerca a puntos de inflexión que podrían ser irreversibles. Por eso, la ausencia de referencias a la deforestación en el texto final genera también preocupación.

Durante la primera semana, las discusiones sobre descarbonización avanzaron con la creación de la Coalición Abierta de Mercados Regulados de Carbono, integrada inicialmente por 18 países. La iniciativa busca establecer estándares comunes para mercados de créditos y asegurar que los proyectos que los generan representen reducciones reales, verificables y permanentes.

Brasil, Canadá, Italia, Japón y Holanda reafirmaron su compromiso con cuadruplicar los combustibles sostenibles. Según Dan Ioschpe, la tecnología existe, contamos con conocimientos y experiencia sólidos; el desafío es adoptarlas a gran escala. La agenda también incorporó la implementación del Mutirão Global contra el Calor Extremo, adoptado por 185 ciudades. El plan busca fortalecer la adaptación urbana ante olas de calor cada vez más frecuentes e intensas.

Otro hecho novedoso fue la firma de la Declaración sobre la Integridad de la Información, que estableció lineamientos para frenar la desinformación climática. La COP incluyó este tema por primera vez en su Agenda de Acción.

Qué pide la ONU y qué exigen las ONG: la hoja de ruta mínima

Aunque la presidencia brasileña eliminó las referencias a la transición fósil, la ONU y las principales ONG llevan años definiendo qué debe contener una hoja de ruta creíble. Los elementos mínimos coinciden en cuatro pilares:

1. Fin de la expansión fósil. ONU, PNUMA, IEA y el IPCC sostuvieron que ningún nuevo proyecto de petróleo, gas o carbón es compatible con 1,5 °C. El primer paso consiste en evitar nuevas inversiones.
2. Eliminación progresiva con plazos diferenciados. Países desarrollados deben avanzar más rápido debido a sus mayores emisiones históricas. Países en desarrollo requieren financiamiento, tecnología y apoyo para transitar sin afectar sus necesidades básicas.
3. Triplicar renovables y duplicar eficiencia energética para 2030. La ONU estableció estos objetivos como esenciales para reducir emisiones en esta década decisiva.
4. Terminar con subsidios ineficientes a los combustibles fósiles. Cada año, gobiernos de todo el mundo destinan cuantiosos fondos públicos que prolongan el uso de hidrocarburos. ONG como IISD señalaron que redirigir esos recursos hacia energía limpia permitiría acelerar la transición.

Ese conjunto de medidas compone lo que los países reclamaron en Belém y que múltiples organismos ya describieron como ineludible. Sin ese marco, cualquier resultado de la COP30 se percibe incompleto.

El tiempo se agota y la COP30 enfrenta su prueba más difícil

Belém se convirtió en el centro del mundo climático porque la Amazonía simboliza lo que está en juego. Mientras las negociaciones avanzan hacia las últimas horas, la ausencia de una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles amenaza con vaciar de sentido la cumbre más importante en años.

El secretario general sostiene que un acuerdo aún es posible si se equilibran mitigación y financiación. Los países vulnerables piden coherencia con la ciencia. Los jóvenes relatan lo que ya se pierde. Las ONG reclaman ambición y responsabilidad. Y los científicos advierten que el margen de acción se consume.

La COP30 puede terminar sin acuerdo o con un texto que no marque el camino para dejar atrás el petróleo, el gas y el carbón. O puede transformarse en el punto de inflexión que el mundo espera. Las próximas horas definirán qué historia contará Belém.

En las áreas donde predominan los monocultivos de soja en el estado brasileño de Amapá, los murciélagos frugívoros prácticamente han dejado de volar, lo que ha generado la desaparición de las redes ecológicas que antes aseguraban el mantenimiento del paisaje. Según publicó el medio El País, que cita los resultados de dos estudios internacionales publicados en las revistas “Agriculture, Ecosystems and Environment” y “Biological Conservation”, la ausencia de estos animales está asociada con la pérdida de funciones ecológicas clave como la dispersión de semillas y la conservación de la diversidad vegetal en las sabanas amazónicas.

El avance agrícola, especialmente la expansión de los monocultivos en la Amazonía brasileña, ha alterado profundamente el comportamiento y la presencia de los murciélagos dispersores de semillas. De acuerdo con El País, los investigadores de Brasil, Portugal y España, incluida la Universidad Autónoma de Madrid, analizaron los impactos de este fenómeno en las sabanas del norte de Brasil y hallaron que, al desaparecer los murciélagos, también se pierden las interacciones naturales que sostenían la estructura y funcionamiento de los ecosistemas locales.

El reemplazo de la vegetación original por plantaciones industriales, como la soja y el eucalipto, ha reducido drásticamente la diversidad funcional de los murciélagos. El estudio señala que, mientras que en ecosistemas preservados estos animales consumen una variedad de frutos y dispersan semillas de numerosas especies vegetales, en los monocultivos sobreviven solo unas pocas especies generalistas. Según detalló El País citando a los autores, esto provoca que las redes ecológicas se vuelvan frágiles y que los servicios asociados —como la regeneración natural y la resiliencia ecológica— se empobrezcan de forma significativa.

La investigación remarca que el principal problema no radica solo en la cantidad de murciélagos, sino en la variedad de funciones que desempeñan. La desaparición de especies con roles ecológicos específicos limita la capacidad del ecosistema para responder ante perturbaciones como incendios y sequías. En una sabana conservada, los murciélagos favorecen la recuperación y estabilidad a largo plazo gracias a su papel en la dispersión de especies vegetales diversas. En contraste, la agricultura intensiva ha reducido este proceso a niveles mínimos, impidiendo la regeneración eficiente de la vegetación y, con ello, comprometiendo la provisión de recursos naturales de los que dependen numerosas comunidades locales, como frutos silvestres, madera y agua limpia.

Las consecuencias de esta pérdida de dispersores de semillas no se limitan a la biodiversidad vegetal. El País reportó que se prolongan los tiempos de recuperación de sabanas y bosques después de eventos destructivos, afectando tanto la biodiversidad regional como los servicios ecosistémicos y la resiliencia climática. Estas dinámicas, según los investigadores, amenazan la viabilidad de los ecosistemas amazónicos y los recursos disponibles para las poblaciones del norte de Brasil.

Las sabanas amazónicas se encuentran especialmente amenazadas por la falta de reconocimiento legal y de políticas públicas específicas. Los autores citados por El País puntualizaron que estos ambientes frecuentemente son catalogados como tierras abiertas disponibles para el avance agrícola, aunque en realidad constituyen ecosistemas milenarios que mantienen su propio equilibrio y están interconectados con los bosques circundantes.

Para enfrentar este escenario, los estudios sugieren diversas alternativas de manejo del paisaje. Mantener franjas de sabana y bosque dentro de las áreas agrícolas podría facilitar la presencia de murciélagos y de otros animales, permitiendo que continúen cumpliendo su labor ecológica. Según expusieron los investigadores, la adopción de corredores biológicos y la preservación de áreas naturales dentro de los terrenos agrícolas contribuyen tanto a la sostenibilidad productiva como a la conservación de la biodiversidad.

Además, los autores recalcan que el debate no debe centrarse en elegir entre la producción agrícola y la conservación ambiental, sino más bien en desarrollar estrategias que permitan la coexistencia y el equilibrio entre ambas actividades. Las sabanas, insisten, deben ser protegidas tanto por su riqueza natural como por el valor de los servicios que brindan y la cultura relacionada a estos territorios.

Según recoge El País, los investigadores afirman: “Cada semilla transportada por los murciélagos es una promesa de nuevos árboles, nuevos frutos, regeneración de bosques y sabanas, y un paisaje más resiliente y diverso”. Al insistir en la importancia de estos dispersores de semillas, subrayan la urgencia de valorar y proteger estos ambientes y sus especies, dado que de su permanencia depende tanto la estabilidad ecológica como la capacidad de recuperación de la región frente a los desafíos ambientales actuales y futuros.

La COP30 abrió sus puertas la semana pasada en Belém, Brasil. La ciudad amazónica se convirtió en el escenario central para el debate internacional en torno al cambio climático, marcado por temáticas inéditas y algunas otras que se encuentran hace años en agenda. Más de 50.000 delegados de casi 200 países se congregan en la Amazonía desde el 10 de noviembre en la cumbre anual de la ONU que, hasta el 21 del mismo mes, pone el foco en la urgencia de limitar el calentamiento global y sus efectos.

El encuentro cobra una relevancia particular por su ubicación: la selva amazónica, considerada uno de los pilares del equilibrio climático y hogar de millones de personas, se posiciona en el centro de las negociaciones globales sobre transición energética, financiamiento y conservación de bosques, entre otras cuestiones relevantes.

Aquí, un repaso por las conclusiones de los primeros días y cómo seguirá la cumbre.

Descarbonización e innovación tecnológica: compromisos y nuevas alianzas

Las discusiones de la primera semana de la COP30 en Belém giraron en gran medida en torno a la descarbonización y el avance de las tecnologías sostenibles. Los países de América Latina y otras potencias, entre ellos Brasil y la Unión Europea, consolidaron la creación de la Coalición Abierta de Mercados Regulados de Carbono, una alianza que involucra, hasta el momento, a 18 naciones y que busca establecer una base común y estándares globales para los mercados de créditos de carbono.

Se trata de un sistema internacional que permite a gobiernos, empresas u organizaciones adquirir o vender permisos que representan la reducción de una tonelada de dióxido de carbono u otros gases de efecto invernadero. Cada crédito equivale a una tonelada que no se emitió, gracias a proyectos que absorben o evitan emisiones, como la reforestación o la inversión en energías renovables. Estas transacciones ayudan a quienes superan sus límites de emisiones a compensar ese exceso al financiar acciones sostenibles en otros lugares.

El secretario de Clima y Medio Ambiente de Brasil, Mauricio Lyrio, explicó que la iniciativa “se basa en el reconocimiento de que los mercados de carbono de conformidad tienen un papel fundamental que desempeñar en la aceleración de la descarbonización de nuestras economías y en la implementación del Acuerdo de París”.

La coalición permitirá a los países compartir experiencias sobre monitoreo, notificación y verificación de emisiones, además de establecer reglas más estrictas para asegurar que los créditos de carbono tengan impacto real y verificable en la reducción de gases de efecto invernadero.

En el ámbito tecnológico, representantes de Brasil, Canadá, Italia, Japón y Holanda reafirmaron su objetivo de “cuadruplicar los combustibles sostenibles”. Se destacó que “la tecnología existe, contamos con conocimientos y experiencia sólidos; el desafío es adoptarlas a gran escala”, según citó Dan Ioschpe, empresario brasileño y designado Campeón de Alto Nivel de la COP30. Con respecto al sector privado, afirmó que “la transición energética no es un desafío sectorial; sino sistémico. Los gobiernos, el capital privado y la industria deben unir fuerzas”.

Además, la presidencia de la COP30 y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) anunciaron el inicio de la fase de implementación del Mutirão Global contra el Calor Extremo. Esta iniciativa internacional, adoptada por 185 ciudades alrededor del mundo, busca articular esfuerzos entre gobiernos, organismos multilaterales y la sociedad civil para enfrentar los riesgos crecientes asociados a las olas de calor. El plan comprende estrategias para impulsar la adaptación en las ciudades y ampliar el acceso a infraestructura y servicios de salud dirigidos a proteger a las poblaciones más vulnerables ante eventos climáticos extremos.

Por otro lado, se presentó la Declaración de Belém, un documento que reúne las metas ambientales, económicas y sociales necesarias para transformar el escenario internacional y acelerar la transición hacia una economía global sostenible. Respaldada por 35 países, además de organizaciones internacionales, la iniciativa compromete a sus firmantes a coordinar acciones que impulsen la innovación tecnológica, modernicen el sector industrial y fomenten el desarrollo de empleos verdes e inclusión social, especialmente para los países del Sur Global. El documento también prevé mecanismos de apoyo financiero y técnico, procura la armonización de políticas y permanece abierto a la adhesión de nuevos países y entidades que quieran sumarse al impulso de la industrialización verde.

Integridad de la información y combate al negacionismo climático

La temática de la integridad de la información sobre cambio climático fue incluida por primera vez en la Agenda de Acción de la COP. El miércoles 12 de noviembre se firmó la Declaración sobre la Integridad de la Información, impulsada por la Iniciativa Global para la Integridad de la Información sobre el Cambio Climático y respaldada por 12 países. Este documento estableció compromisos internacionales para frenar la propagación de desinformación y garantizar la disponibilidad de datos precisos, confiables y basados en evidencia.

Durante su discurso inaugural, Lula da Silva, presidente de Brasil, insistió en la necesidad de combatir el negacionismo: “En la era de la desinformación, los oscurantistas rechazan no solo la evidencia científica, sino también los avances del multilateralismo. Controlan algoritmos, siembran odio y propagan miedo. Atacan a las instituciones, a la ciencia y a las universidades. Es hora de imponer una nueva derrota a los negacionistas”.

El documento establece compromisos para que gobiernos, sector privado, sociedad civil, sector académico y financiadores adopten medidas concretas contra la desinformación, el negacionismo y los ataques deliberados a periodistas, científicos y defensores del medio ambiente, ya que estos fenómenos ponen en riesgo la acción climática y la estabilidad social. Subraya la necesidad de garantizar acceso a información precisa, coherente y basada en evidencia, fomentar la participación pública y construir confianza en las políticas climáticas.

Los países que respaldaron la declaración son: Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, España, Suecia, Uruguay, Países Bajos y Bélgica. Estas naciones asumieron el compromiso de promover la información verificada y confiable sobre el cambio climático, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y con el objetivo de fomentar un ambiente mediático variado y sólido. El acuerdo no menciona castigos ni sanciones, sino que se enfoca en la cooperación y en fortalecer la calidad de la información que recibe la sociedad.

El texto también insta al sector privado a garantizar prácticas publicitarias transparentes y responsables, y a proteger a quienes investigan e informan sobre cuestiones climáticas. La directora ejecutiva de la COP30, Ana Toni, remarcó: “Esta es la COP de la verdad. Por lo tanto, este es un tema fundamental que debemos abordar conjuntamente para proteger la integridad de la información”.

Cultura, salud y voces indígenas: nuevas narrativas en torno a la acción climática

La cultura y la visión de pueblos originarios adquirieron un espacio significativo en la estructura de negociación de la COP30. La ministra de Cultura de Brasil, Margareth Menezes, planteó: “Esta es la primera vez que la cultura integra las narrativas de la Agenda de Acción como una iniciativa clave para expandir y movilizar”.

La diputada y exministra de Cultura de Alemania, Claudia Roth, sostuvo: “La cultura no es algo que necesitemos solo en los buenos momentos. Necesitamos cultura y arte porque son la voz de nuestra democracia. Y, ante la crisis climática, la cultura debe ser un actor fuerte. El arte y la cultura tienen el poder de movilizar, de emocionar, de criticar”. La primera dama de Brasil, Janja Lula da Silva, expuso que “hablar de cultura y acción climática es hablar sobre vida, identidad, resistencia y resiliencia de los pueblos y las comunidades”.

Las autoridades sanitarias también resaltaron el lanzamiento del Plan de Salud de Belém, que incorpora la vigilancia, la equidad y el fortalecimiento de capacidades como ejes articuladores. El director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, informó: “Ya no hablamos de efectos posibles. Lamentablemente, el calentamiento global es una realidad y se acelera cada vez más. Las comunidades más vulnerables soportan las mayores cargas”. Según datos presentados durante la cumbre, las olas de calor aumentaron 20% desde la década de 1990 y cada año causan la muerte de unas 550.000 personas.

“El Plan de Acción de Belém es un gran paso, una guía. Con él, podemos actuar frente a tornados, ciclones y otros eventos similares. También debemos esclarecer y fortalecer la capacitación de los profesionales de salud”, agregó.

La inclusión de la justicia climática en la agenda adquirió un carácter inédito, tanto por la amplitud de los debates como por la relevante presencia de magistrados y especialistas en derecho ambiental de distintas regiones. Las discusiones abordaron el rol de los tribunales en la defensa de los derechos fundamentales vinculados al clima y la creciente judicialización de los compromisos ambientales, que incluye el acceso a la justicia para comunidades vulnerables.

La sensación de urgencia domina las discusiones, mientras los líderes mundiales reconocen que el margen de maniobra se reduce y que la acción debe reemplazar a la retórica.

Durante el inicio de recientes sesiones, el secretario ejecutivo de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Simon Stiell, subrayó ante los delegados la gravedad del momento y la necesidad de mantener la cooperación internacional, incluso en un escenario global marcado por la fragmentación. Stiell instó a los representantes a abordar los asuntos más complejos de inmediato, al advertir que no existe espacio para “demoras tácticas o bloqueos”. Según Stiell, existe “una profunda conciencia de lo que está en juego, y de la necesidad de demostrar que la cooperación climática se mantiene firme en un mundo fracturado”.

La presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, reforzó este mensaje, recordando que, pese a los “vientos en contra” y los “vaivenes” que han caracterizado las negociaciones climáticas, los delegados no pueden permitirse el estancamiento, ya que la población mundial depende de sus decisiones. “No tienen el lujo de estancarse cuando la gente cuenta con ellos”, afirmó.

En el mismo foro, Baerbock enfatizó el avance imparable de las energías renovables y la aceleración de la innovación tecnológica, al señalar que los recursos financieros existen, aunque requieren una reorientación estratégica.

El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, propuso que la COP30 marque el inicio de una etapa en la que la comunidad internacional pase de la discusión de objetivos a su cumplimiento efectivo. Alckmin sostuvo que es momento de dejar atrás el debate sobre metas y avanzar hacia su implementación, lo que implica activar nuevos mecanismos para acelerar la acción climática a escala global. En este sentido, resaltó el “Compromiso de Belém”, una iniciativa que busca cuadruplicar el uso de combustibles sostenibles para 2035 y que ya cuenta con la adhesión de 25 países. Alckmin también hizo un llamado a la creatividad en áreas como la bioeconomía y la descarbonización, al reafirmar la apuesta de Brasil por la “energía limpia, la innovación y la inclusión”.

En cuanto al desarrollo de las negociaciones, funcionarios brasileños informaron que se autorizó la discusión de dos paquetes de decisiones: uno centrado en los temas mandatados por el Acuerdo de París y otro dedicado a cuestiones adicionales, tal como consignó el sitio oficial de Naciones Unidas. Brasil asumió la responsabilidad de presentar el borrador del primer paquete, cuya aprobación se prevé para mediados de semana. El presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, anticipó que será necesario ajustar la agenda para habilitar sesiones nocturnas de negociación, dada la complejidad de los temas pendientes.

Durante el acto inaugural, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva subrayó el carácter simbólico y estratégico de celebrar por primera vez la conferencia en esta región. “El bioma más diverso de la Tierra es el hogar de casi 50 millones de personas, entre ellas 400 comunidades indígenas. La Amazonia no es una entidad abstracta, es hogar, es economía, es cultura, es vida”, sostuvo, y propuso que la COP30 sea recordada como la “COP de la Verdad” y de la “Implementación”. “Estamos yendo en la dirección correcta, pero a la velocidad equivocada. El cambio climático ya no es una amenaza futura, es una tragedia del presente”, enfatizó.

En la apertura, Simon Stiell, destacó los avances logrados desde el Acuerdo de París, pero señaló que “tenemos mucho más trabajo por hacer”. Puntualizó que “la curva de emisiones ha sido desviada hacia abajo” gracias a los acuerdos multilaterales y al papel de los mercados y gobiernos. El funcionario advirtió sobre la necesidad de “avanzar mucho, mucho más rápido, tanto en la reducción de emisiones como en el fortalecimiento de la resiliencia” y remarcó ante los delegados que “en esta arena de la COP30, su trabajo aquí no es luchar entre ustedes, su trabajo aquí es luchar juntos contra esta crisis climática”.

Unas 70.000 personas participaron este sábado en Belém, Brasil, en una manifestación contra la 30° Conferencia de las Partes de Naciones Unidas Contra el Cambio Climático (COP30). La protesta, organizada por la Cumbre de los Pueblos bajo el lema “Desde el Amazonas para el mundo: Fin de la desigualdad y del racismo ambiental. Justicia climática ya”, marcó el quinto día de la cumbre climática con una asistencia masiva que, según los organizadores, quiere visibilizar el reclamo urgente de justicia ambiental y social en la región amazónica y el mundo.

La jornada arrancó fuera del recinto oficial de la COP30, con una marcha integrada por activistas, representantes de pueblos indígenas y miembros de movimientos sociales internacionales. Según información publicada por Folha de Sao Paulo, figuras destacadas como la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, Marina Silva, ofrecieron declaraciones en las que subrayaron la importancia de esta cumbre como un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático.

Silva afirmó que se trata de “la COP de la verdad, la COP de la implementación”, e insistió en la urgencia de avanzar hacia una “transición, el desmantelamiento y el final del uso de los combustibles fósiles”. Añadió que Brasil es “el único país del mundo que ya tiene el mapa del camino”, y detalló una reducción del 50% en la deforestación de la Amazonía, así como una significativa caída en los incendios forestales en regiones estratégicas como el Pantanal y el Cerrado, aunque reconoció que “aún no es suficiente” y reafirmó el compromiso por un “desmantelamiento cero”.

Durante la manifestación se realizó una dramatización que representaba el “funeral de los combustibles fósiles”, con féretros gigantes y la participación de ONG internacionales y artistas de la Universidad Federal del Pará. Entre las representaciones artísticas destacó también “Plaga naranja”, una escultura del presidente estadounidense Donald Trump. Las críticas no estuvieron dirigidas solo a líderes extranjeros, ya que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue retratado bebiendo petróleo, en un gesto de rechazo a nuevas exploraciones en el Amazonas autorizadas por su gobierno, y se denunció además la privatización de ríos y la expansión de la minería. Los manifestantes ondearon también banderas de Palestina, ampliando el espectro de reclamos.

A la marcha acudieron movimientos sociales de Kenia, Filipinas y Malasia, quienes, según relató la directora ejecutiva de Greenpeace para España y Portugal, Eva Saldaña, pusieron sobre la mesa las pérdidas humanas y territoriales provocadas por la crisis climática. Saldaña recordó que “la emergencia climática sigue aquí” y advirtió que la falta de medidas contundentes incrementa la incidencia de eventos extremos. Llamó a los líderes globales a alcanzar acuerdos históricos “sin excusas”.

La movilización en Belém retoma las marchas globales de presión frente a las políticas ambientales de las cumbres oficiales, después de tres años en los que la celebración de la COP en países como Azerbaiyán, Dubái y Egipto limitó la libertad de expresión y las protestas. El anterior gran precedente fue la Marcha Global por el Clima durante la COP26 de Glasgow.

Decenas de miles de manifestantes, entre ellos una amplia representación indígena, recorrieron varios kilómetros desde un mercado local hasta las inmediaciones del Parque da Cidade, sede de la COP30 y resguardada este sábado por un fuerte despliegue militar y vallados. Aunque los organizadores cifraron la asistencia en 70.000 personas, otras estimaciones la sitúan en 50.000.

En las calles, los cánticos ambientalistas se mezclaban con ritmos populares locales y algunos participantes portaron símbolos como lanzas o arcos y flechas, en referencia a la lucha histórica de los pueblos originarios de la Amazonía. Referentes como Txai Suruí, activista indígena, pidieron mayor “presión” no solo para que los países cumplan sus promesas, sino para evitar retrocesos en la lucha climática. “Queremos presionar no solo para que se cumplan las promesas de los países sino también para que no se acepte ningún retroceso”, fueron sus palabras recogidas por AFP.

El protagonismo indígena fue notorio tras los incidentes vividos a principios de semana, cuando miembros de estas comunidades se enfrentaron a las fuerzas de seguridad encargadas de proteger la zona restringida de las negociaciones. Benedito Huni Kuin, del pueblo homónimo en el norte de Brasil, expresó su preocupación por la masacre ecológica a la que se enfrentan y aseguró que necesitan más representantes dentro de las negociaciones.

Por su parte, Naraguassu Pureza da Costa, referente indígena de la isla fluvial de Marajó, denunció la invasión de capital extranjero y compañías multinacionales sobre los territorios ancestrales. En la llegada de la marcha, la presencia de la policía impidió que los manifestantes accedieran al centro de negociaciones, mientras grupos indígenas realizaron danzas rituales y aromatizaron el ambiente con incienso.

A nivel de negociaciones, Brasil inició la COP30 logrando consenso en la agenda oficial, pero postergó la discusión de los temas más delicados, como el financiamiento climático, las metas de reducción de emisiones y las barreras comerciales. Según fuentes diplomáticas consultadas por AFP, las posiciones continúan “bastante divididas”, con varios bloques de países defendiendo prioridades divergentes y a la espera de la llegada de los ministros para la segunda semana del encuentro. Un diplomático occidental, bajo anonimato, describió las negociaciones como auténticas “sesiones de terapia”, en alusión a la dificultad de lograr acuerdos claros ante la multiplicidad de intereses.

(Con información de AFP y EP)

La científica peruana Rosa Vásquez Espinoza fue reconocida por la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) por su aporte al estudio de la microbiología amazónica y su contribución a la preservación de los ecosistemas indígenas. La investigadora recibió el Premio Internacional UNESCO–Al Fozan 2025, uno de los galardones que destacan a jóvenes investigadores cuyo trabajo impulsa el desarrollo científico y la protección ambiental. La ceremonia se realizó en la sede de la UNESCO en París, donde también fueron distinguidos especialistas de otros continentes por sus aportes en ciencia aplicada, educación y sostenibilidad.

Vásquez Espinoza es bióloga química y exploradora peruana, ampliamente reconocida por su labor en la Amazonía, donde ha liderado expediciones científicas en zonas remotas para estudiar microorganismos únicos. Parte de su trabajo se centra en identificar especies con potencial para la salud, la sostenibilidad y la biotecnología, campos que dependen del conocimiento de los ecosistemas más diversos del planeta. Su trayectoria la ha convertido en una de las voces emergentes de la investigación amazónica.

Además de su labor científica, la investigadora destaca por su enfoque integrador, que combina herramientas de la ciencia moderna con conocimientos ancestrales de comunidades indígenas. Este enfoque ha contribuido a revalorizar la riqueza biológica y cultural de la Amazonía peruana, así como a promover la conservación de ecosistemas altamente vulnerables.

Aporte científico desde la Amazonía peruana

Rosa Vásquez Espinoza es fundadora de Amazon Research International (ARI), una organización con sede en Lima dedicada al estudio de la biodiversidad microbiana. A través de esta institución, impulsa proyectos científicos que buscan entender mejor los microorganismos que habitan los territorios amazónicos, incluidos aquellos que no han sido documentados previamente por la comunidad científica. ARI también desarrolla iniciativas educativas dirigidas a poblaciones locales, especialmente jóvenes, con el fin de fortalecer el vínculo entre ciencia y conservación.

La labor de Vásquez Espinoza ha sido respaldada por instituciones especializadas en investigación y exploración, lo que ha permitido ampliar el alcance de sus expediciones y proyectos. Su trabajo en zonas remotas ha permitido documentar organismos poco conocidos, muchos de ellos esenciales para la estabilidad de los ecosistemas amazónicos y potenciales fuentes de innovación biotecnológica.

En el marco del reconocimiento otorgado por la UNESCO, se resaltó la importancia del trabajo de la investigadora en la generación de conocimiento científico que contribuye directamente a la preservación ambiental. La organización destacó que el premio busca impulsar la ciencia en regiones emergentes y apoyar a jóvenes investigadores que trabajan en beneficio del desarrollo sostenible.

Proyección internacional

Los estudios de Rosa Vásquez Espinoza sobre microorganismos amazónicos han abierto nuevas líneas de investigación relacionadas con la conservación de ecosistemas y la búsqueda de soluciones basadas en la naturaleza. Su labor, además, ha fomentado la formación de nuevos científicos y el involucramiento de comunidades indígenas en la protección de su entorno, promoviendo un modelo de investigación colaborativa.

Con el reconocimiento de la UNESCO, Vásquez Espinoza se posiciona como una de las investigadoras latinoamericanas con mayor proyección internacional en temas de biodiversidad microbiana. Su trayectoria sirve de inspiración para jóvenes peruanos interesados en la ciencia y la exploración, así como para iniciativas que buscan proteger los ecosistemas amazónicos frente a crecientes amenazas ambientales.

El suelo cumple un papel central en la mitigación y aceleración del calentamiento global, ya que almacena más carbono que la atmósfera y la vegetación combinadas, señala Jess Davies, integrante del panel científico del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en The Conversation. Es una capacidad que lo posiciona en el centro de las estrategias climáticas.

Sin embargo, la degradación derivada de la deforestación y la agricultura ha liberado grandes cantidades de carbono, lo que equivale aproximadamente al 15% del calentamiento global atribuido a los gases de efecto invernadero.

Actualmente, expertos y organismos internacionales señalan la urgencia de restaurar y proteger los suelos para alcanzar los objetivos climáticos, cuestión destacada durante la COP30 en Belém, Brasil.

La relevancia del suelo como reservorio radica en su potencial para almacenar más carbono orgánico que cualquier otro componente terrestre. En ese sentido, la además profesora titular en sostenibilidad en la Universidad de Lancaster indica que los suelos amazónicos, denominados “tierras oscuras”, sobresalen por su riqueza en carbono, gracias a prácticas ancestrales de las comunidades indígenas, quienes los enriquecieron con cenizas y residuos orgánicos destinados a mejorar su fertilidad y sostener la agricultura.

La experta destaca que, gracias a este almacenamiento, el suelo representa un riesgo y una oportunidad en la lucha climática: un manejo adecuado puede reducir significativamente las emisiones.

El ciclo del carbono en el suelo y su alteración

El ciclo natural del carbono en el suelo implica un intercambio permanente con la atmósfera y los organismos vivos. Las plantas, al crecer, aportan compuestos orgánicos a través de sus raíces que se integran al suelo al interactuar con hongos y otros microorganismos. Al morir plantas y organismos, su materia orgánica nutre el suelo.

La descomposición realizada por microorganismos libera parte de ese carbono en forma de dióxido de carbono y metano. Según Davies, en condiciones naturales, estos flujos suelen equilibrarse. Al tiempo que advierte que la deforestación y la agricultura intensiva han alterado ese balance, liberando grandes cantidades de carbono y otros gases de efecto invernadero.

La degradación del suelo, principalmente originada por el cambio de uso y la expansión agrícola, impacta de manera directa en el clima, siendo que dichas actividades explican cerca del 15% del calentamiento global causado por los gases de efecto invernadero.

No obstante, Davies resalta que restaurar y manejar de forma sostenible los suelos podría incrementar el almacenamiento de carbono, aportando a la mitigación del cambio climático.

Prácticas ancestrales y su inspiración para la restauración actual

Las prácticas indígenas amazónicas ofrecen ejemplos valiosos para las estrategias actuales de restauración. La experta destaca cómo estas comunidades enriquecieron los suelos con materia orgánica y cenizas, generando suelos excepcionalmente fértiles y ricos en carbono.

Estas técnicas, reconocidas por grupos conservacionistas como Conscious Planet, inspiran propuestas para que los países adopten estrategias similares a nivel global, integrando el enriquecimiento de carbono en las políticas climáticas internacionales.

En el plano internacional, el interés por el suelo como herramienta frente al cambio climático ha crecido desde la COP21 de 2015, cuando Francia presentó la iniciativa “4 por 1000”. Davies señala que si los suelos agrícolas globales aumentaran sus reservas de carbono un 0,4% anual, se podría compensar casi todas las emisiones anuales de gases de efecto invernadero.

Aunque hay dudas sobre la viabilidad de esta meta, la integrante del PNUMA subraya que la iniciativa logró ubicar al suelo en el centro de las agendas climáticas y agrícolas, con 41 países y cientos de organizaciones comprometidas. Además, restaurarlos mejora la retención de agua, el ciclo de nutrientes y la seguridad alimentaria.

Desafíos para incluir el carbono del suelo en los compromisos climáticos

A pesar de los avances, la mayoría de los compromisos climáticos nacionales aún no incluyen metas explícitas para el carbono del suelo. Un análisis global citado en The Conversation muestra que las referencias a la “salud del suelo” suelen aparecer de forma indirecta, insertas en la agricultura o la adaptación, en lugar de establecerse como una estrategia clara de mitigación con objetivos concretos.

Davies advierte que esto puede traducirse en menor financiación y prioridad, ya que los compromisos nacionales marcan la política y asignación de recursos.

El potencial para restaurar suelos es considerable. Investigaciones destacadas en The Conversation muestran que en países con altas emisiones y poca tierra per cápita, como el Reino Unido, la reforestación y la restauración de pastizales podrían aportar hasta un 7% de la reducción de emisiones necesaria para 2050, mientras que la restauración de turberas sumaría ahorros adicionales.

La experta subraya que la COP30 representa una oportunidad esencial para que el suelo figure en los compromisos y planes de implementación climática, especialmente a través de fondos como el “Tropical Forests Forever Facility”, que apoya la conservación de bosques tropicales y enfatiza la necesidad de incluir el suelo en estas estrategias.

El papel insustituible del suelo ante el cambio climático

De todas maneras, la especialista advierte sobre las limitaciones de confiar únicamente en el suelo para mitigar el cambio climático. La protección y restauración de estos sistemas debe ir de la mano de reducciones rápidas en las emisiones de combustibles fósiles, ya que el calentamiento global y los eventos extremos pueden afectar gravemente la capacidad de los suelos como sumideros de carbono.

Establecer metas más ambiciosas y específicas para el carbono del suelo puede contribuir decisivamente en la lucha climática, si se prioriza la protección de estos ecosistemas y la reducción de emisiones en todos los sectores económicos.

El potencial del suelo como aliado en la mitigación del cambio climático es grande, pero depende de acciones coordinadas, financiación y compromisos concretos que reconozcan su rol como pilar de la resiliencia ambiental y la seguridad alimentaria.

Durante la COP30, los países amazónicos lanzaron la Alianza por un Transporte Sostenible, Resiliente e Integrado en la Amazonía, un nuevo marco de cooperación apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (WBG) que busca optimizar la conectividad regional y fortalecer las redes logísticas en territorios históricamente aislados.

El anuncio tuvo lugar en Belém, Brasil, con la presencia de ministros de Transporte de los países de la región y representantes de ambos organismos multilaterales. La iniciativa propone la elaboración de un Plan de Acción Regional 2026–2030, que servirá como hoja de ruta para integrar infraestructura, sostenibilidad y eficiencia operativa en el transporte amazónico.

Los ejes principales apuntan a mejorar el acceso a servicios básicos, impulsar una logística multimodal eficiente que favorezca la bioeconomía, desarrollar infraestructura resiliente con soluciones basadas en la naturaleza y fortalecer el transporte fluvial como columna vertebral del comercio y la movilidad en la Amazonía.

“Conectar comunidades, reducir costos logísticos y promover un transporte bajo en carbono son pasos esenciales para el desarrollo sostenible de la región”, destacaron los representantes del BID durante la presentación.

Hacia una logística multimodal y resiliente

La Amazonía enfrenta desafíos únicos en materia logística: vastas distancias, baja densidad poblacional y una dependencia histórica del transporte fluvial. Estos factores han limitado la integración comercial entre los países amazónicos y han encarecido el acceso a bienes, servicios y mercados.

El nuevo plan impulsado por la alianza busca potenciar la logística multimodal combinando transporte fluvial, terrestre y aéreo en un marco de sostenibilidad ambiental y eficiencia operativa. La meta es reducir los tiempos y costos de transporte, fortalecer la infraestructura crítica frente a eventos climáticos extremos y crear condiciones para el desarrollo de la bioeconomía regional.

El BID y el Banco Mundial acompañarán el proceso con asistencia técnica, estudios de conectividad transfronteriza y modelos de gobernanza adaptados a la realidad amazónica, donde las rutas naturales —los ríos— constituyen el eje principal del movimiento de mercancías.

Financiamiento verde para proyectos logísticos sostenibles

En paralelo, el BID, el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) anunciaron un aporte de US$500 millones al Fondo Nacional sobre Cambio Climático (FNMC).

Este financiamiento se destinará a proyectos de infraestructura y transporte con bajo impacto ambiental, ampliando la capacidad del Fondo para atender la creciente demanda de soluciones logísticas sostenibles.

“El fortalecimiento del Fondo Clima permitirá que los recursos lleguen a quienes impulsan el cambio en el territorio, especialmente a pequeñas y medianas iniciativas locales”, señaló Ilan Goldfajn, presidente del BID.

Desde el BNDES, su titular Aloizio Mercadante remarcó que la unión de esfuerzos entre gobierno y organismos multilaterales coloca a Brasil “a la vanguardia de la transición ecológica regional”.

Estos fondos complementarán las inversiones de la Alianza por un Transporte Resiliente, permitiendo desarrollar infraestructura verde, transporte bajo en carbono y proyectos de movilidad sostenible aplicables a la logística fluvial y terrestre en toda la región.

Una facilidad de 1.000 millones de dólares para infraestructura

Los ministros de Hacienda y Planificación de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam firmaron además la creación de la Facilidad Amazonía Siempre para Ciudades e Infraestructura Resiliente, con el objetivo de movilizar más de US$1.000 millones en inversiones destinadas a energía limpia, seguridad hídrica y movilidad urbana.

Esta herramienta, impulsada en el marco del programa Amazonía Siempre del BID, busca cerrar las brechas de infraestructura que afectan la eficiencia logística y la competitividad regional. Más del 70% de la población amazónica vive en ciudades o zonas periurbanas con déficits en agua, saneamiento, gestión de residuos, energía y transporte, factores que impactan directamente en las cadenas de suministro urbanas y regionales.

Entre los principales aportes destacan:

• US$162 millones del Fondo Verde para el Clima (FVC) para proyectos de agua, saneamiento y gestión de residuos sólidos.
• US$215 millones de los Fondos de Inversión Climática (FIC) para ampliar el acceso a energía limpia y soluciones tecnológicas sostenibles.
• 6 millones de euros de la Agencia Española de Cooperación (AECID) destinados al fortalecimiento del saneamiento en la región.

La logística como herramienta de integración regional

Las tres iniciativas —la Alianza por un Transporte Resiliente, el Fondo Clima y la Facilidad Amazonía Siempre— conforman una hoja de ruta conjunta para transformar la infraestructura logística de la Amazonía en un modelo de desarrollo sostenible.

El objetivo común: construir una red de transporte multimodal eficiente, reducir la huella ambiental del movimiento de mercancías y promover la integración económica entre los países amazónicos, una región que concentra más del 40% de la biodiversidad mundial y un enorme potencial para la bioeconomía y el comercio regional.

La Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA) prepara su participación en la próxima COP30, que se celebrará en Belem do Pará, Brasil. La delegación estará encabezada por el cardenal Pedro Barreto, presidente de la CEAMA, y la reconocida lideresa indígena Patricia Gualinga, representante del pueblo kichwa de Sarayaku en Ecuador y portavoz de los pueblos originarios ante la Conferencia. Este encuentro representa para la CEAMA un espacio clave para reafirmar su compromiso con la defensa de la vida, el cuidado de la Casa Común y la promoción de una ecología integral inspirada en los principios de Laudato Si’ y Querida Amazonia.

La presencia de la CEAMA en la COP30 responde a la convicción de que el debate ambiental debe incorporar la voz de las comunidades amazónicas y de los defensores de los territorios. Pedro Barreto remarcó que “la COP30 será una oportunidad para que el mundo escuche nuevamente el grito de la Amazonía. La Iglesia amazónica quiere aportar esperanza y caminos de conversión ecológica”. Esta postura, basada en el diálogo entre la fe y el compromiso socioambiental, evidencia el interés de la institución por participar en la búsqueda de soluciones globales frente a la crisis climática.

Por su parte, Patricia Gualinga subrayó la urgencia de que los pueblos indígenas sean escuchados en los espacios de decisión internacional. Señaló: “No venimos solo a hablar de cambio climático, sino de justicia, de derechos y de vida en plenitud para nuestros pueblos.” La lideresa ecuatoriana defendió que las comunidades amazónicas cumplen un papel esencial como guardianes de los bosques y custodios de la biodiversidad planetaria, argumentando que el reconocimiento de sus derechos resulta indispensable para la preservación de la Amazonía y la estabilidad ambiental global.

La CEAMA, integrada por representantes eclesiales y sociales de toda la región panamazónica, buscará en Belem do Pará fortalecer alianzas con organizaciones civiles, movimientos indígenas y autoridades políticas para poner en el centro de la discusión las problemáticas que atraviesan la Amazonía. Entre sus objetivos figura impulsar el respeto a los territorios ancestrales, exigir medidas frente al cambio climático y denunciar las amenazas que sufre el ecosistema amazónico por la expansión de actividades extractivas.

La próxima edición de la COP30 se presenta como una instancia relevante para visibilizar la situación de los pueblos originarios y la urgencia de avanzar hacia modelos de desarrollo que respeten la diversidad cultural y natural del planeta. La participación de la Iglesia amazónica y de liderazgos indígenas reforzará el llamado internacional a proteger la Amazonía y a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos y ambientales.

La CEAMA ante el papa León XIV

La Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA) fue recibida en audiencia por el papa León XIV el 29 de octubre en el Vaticano. Durante el encuentro, marcado por un ambiente de comunión y diálogo, la delegación presentó al pontífice los avances logrados por CEAMA desde su creación, los desafíos actuales y el horizonte de su misión en la región amazónica.

El cardenal Pedro Barreto, presidente de CEAMA, destacó ante el papa que la organización surgió como fruto directo del Sínodo para la Amazonía en 2019 y se constituyó oficialmente el 29 de junio de 2020, en plena pandemia, como reflejo concreto de la sinodalidad. Según Barreto, CEAMA representa la comunión activa entre pueblos originarios, vida consagrada, obispos, sacerdotes y laicos de la Amazonía, permitiendo que el Sínodo mantenga su vigencia a través del trabajo conjunto.

La audiencia incluyó reportes sobre el reciente Encuentro de Obispos de la Amazonía realizado en Bogotá, al que asistieron más de noventa obispos de toda la región. Esa reunión fortaleció la articulación entre las iglesias locales y confirmó el objetivo de continuar una misión común, respondiendo a los desafíos medioambientales y sociales de la Amazonía desde una perspectiva de unidad y corresponsabilidad eclesial.

La transformación de la Amazonía causada por actividades humanas afecta dimensiones profundas como la diversidad biológica de los bosques. Científicos advierten en un estudio que la tala, los incendios y la deforestación provocan una fuerte disminución en la cantidad y variedad de especies de árboles.

El análisis fue publicado en la revista Global Change Biology. La problemática adquiere relevancia en el contexto de la COP30, que se llevará a cabo hasta el 21 de noviembre, donde la atención mundial se concentra en el papel que cumple la Amazonía en la agenda climática global.

A medida que representantes de diferentes países debaten el futuro de las acciones contra el cambio climático y las medidas de protección para resguardar el bosque tropical más extenso del mundo, esta investigación científica aporta evidencia sobre los múltiples impactos derivados de la intervención humana.

Profundos cambios en la diversidad y evolución de los bosques

Según el artículo científico, este impacto no solo afecta a ejemplares más grandes o abundantes, sino que también reduce la diversidad de aquellos que son pequeños y menos comunes.

El trabajo muestra que la transformación antropogénica cambia tanto el número de especies diferentes como las funciones que cumplen los árboles y sus conexiones evolutivas dentro del bosque. El equipo muestreó 25.313 árboles grandes y 30.070 pequeños en 215 parcelas distribuidas en dos regiones del este de la Amazonía brasileña. Estas parcelas representan distintos grados de impacto humano, desde bosques primarios intactos hasta bosques secundarios, áreas donde la vegetación surge nuevamente después de que la zona fue completamente talada o alterada, e intervenidos.

Los datos recabados permitieron afirmar que “las modificaciones humanas impactaron la diversidad taxonómica, funcional y filogenética de ambos grupos de árboles, sin importar la ponderación de dominancia en las comunidades afectadas”, según indica el documento. Los científicos advierten que los disturbios no solo reducen el número de especies, tipos funcionales y linajes evolutivos, sino que también cambian su identidad, ya que tras las modificaciones humanas predominan especies pioneras, que crecen rápido y colonizan áreas recién perturbadas, y desaparecen las más grandes y longevas.

El artículo expone que los bosques secundarios muestran la menor diversidad y una composición biológica y evolutiva más disímil respecto a los bosques primarios no perturbados. Las comparaciones estadísticas realizadas por los autores indican que los que fueron talados y quemados presentan diferencias tan marcadas con los intactos como los secundarios, lo que cuestiona la idea de que los bosques amazónicos logran recuperarse fácilmente después de sufrir daños intensos.

El estudio explica que la cantidad de especies diferentes y los distintos tipos de funciones que cumplen los árboles en el bosque cambian más rápidamente ante la acción humana que la variedad de sus historias evolutivas. Aun así, todas estas formas de diversidad se ven afectadas, ya que la manera en que se mezclan y relacionan las especies en la comunidad se transforma tras las intervenciones humanas.

Las características funcionales evaluadas comprendieron 20 rasgos, entre ellos espesor de la corteza, densidad de la madera, área foliar y concentración de micronutrientes. Parte de estos datos se recolectó directamente en campo y otra por fuentes bibliográficas especializadas. Los investigadores también construyeron un árbol filogenético que incluyó todas las especies registradas.

Perspectivas para la gestión y protección de los bosques amazónicos

El estudio destaca dos puntos centrales para guiar las políticas públicas y la gestión de la Amazonía. Primero, subraya que la protección de las áreas primarias no intervenidas es indispensable, ya que estos bosques mantienen la mayor diversidad y heterogeneidad biológica y filogenética. Segundo, plantea que los bosques primarios perturbados, aunque más pobres que los intactos, conservan niveles superiores de biodiversidad respecto a los bosques secundarios y deben recibir atención para evitar su degradación total.

Los autores advierten que “la combinación de tasas de crecimiento bajas en especies longevas y la vida extensa de las especies pioneras indica que las comunidades arbóreas permanecerán alteradas durante más de un siglo, aun si no ocurren nuevos disturbios”. También indican que la composición modificada de estos bosques podría limitar la capacidad del sistema amazónico para proveer servicios ecosistémicos esenciales, como la captura de carbono, la regulación climática y la conservación de la diversidad genética.

“Si bien la COP30 se centra principalmente en el carbono, vincular el debate sobre el clima con la biodiversidad es fundamental para superar la crisis climática y de biodiversidad. En última instancia, la biodiversidad es lo que garantiza la provisión de servicios ecosistémicos como la captura y el almacenamiento de carbono. Dado que los bosques alterados presentan composiciones arbóreas empobrecidas y distintas, se prevé que amplias zonas de la Amazonía ya sean incapaces de proporcionar la gama completa de servicios ecosistémicos presentes en los bosques primarios intactos”, explicó la Dra. Erika Berenguer, autora del estudio.

El artículo enfatiza la necesidad de que las estrategias de restauración y políticas de conservación reconozcan la heterogeneidad funcional y evolutiva de los distintos tipos de bosque, y no se limiten únicamente al recuento de especies presentes.

Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), publicó una declaración en la víspera de la COP30, en la que estableció tres objetivos claros para la cumbre climática que se desarrolla en Belém, Brasil.

“En la víspera de la COP30, una cosa está clara: el Acuerdo de París está generando progreso real, pero debemos acelerar en el Amazonas”, escribió Stiell en su cuenta de LinkedIn, señalando que los daños climáticos devastadores ya están ocurriendo, desde el huracán Melissa golpeando el Caribe, supertifones arrasando Vietnam y Filipinas, hasta un tornado que azotó el sur de Brasil.

Según el funcionario de la ONU, la conferencia debe lograr tres cosas fundamentales. Primero, debe enviar una señal clara de que las naciones están completamente comprometidas con la cooperación climática, lo que significa acordar resultados sólidos en todos los temas clave. Segundo, debe acelerar la implementación en todos los sectores de todas las economías. Y tercero, debe conectar la acción climática con la vida real de las personas para ayudar a difundir sus beneficios: crecimiento más fuerte, más empleos, menos contaminación y mejor salud, y energía más asequible y segura.

“Esta es mi cuarta COP desde que asumí el cargo. En cada una, y en muchas antes, los países han superado sus diferencias y han cumplido”, declaró Stiell. “Entonces, pongámonos a trabajar”.

Stiell, un político granadino, se desempeña como secretario ejecutivo de la CMNUCC desde agosto de 2022. Anteriormente fue ministro de Medio Ambiente y Resiliencia Climática de Granada hasta junio de 2022.

“Cambiar por elección”

La COP30 se abrió este lunes en Belém, en la Amazonía brasileña, en un intento de salvar los esfuerzos globales frente al calentamiento. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva resistió todas las objeciones para que la ciudad acogiera a unas 50.000 personas durante el evento, pese a la falta de hoteles y la disparada de precios.

“Sería más fácil organizar la COP en un país rico”, declaró Lula. Pero “queremos que la gente vea la situación real de los bosques, de nuestros ríos, de los pueblos que aquí habitan”.

La Amazonía, cuyos árboles desempeñan un papel esencial contra el cambio climático por la absorción de gases de efecto invernadero, sufre los embates de la deforestación, la minería ilegal, la contaminación de ríos y la violencia contra sus poblaciones indígenas.

André Corrêa do Lago, presidente de la COP30, enfatizó que los negociadores participen en un “mutirão”, palabra brasileña derivada de una expresión indígena que se refiere a un grupo que se une para trabajar en una tarea compartida. “Podemos decidir cambiar por elección, juntos, o se nos impondrá el cambio por tragedia”, escribió do Lago a los negociadores el domingo.

La mayor incertidumbre reside en cómo el mundo responderá a las últimas proyecciones desastrosas para el clima y, como siempre, al dinero. Una de las cuestiones centrales es cómo reunir las sumas necesarias para ayudar a los países golpeados por ciclones o sequías. El huracán que asoló Jamaica el mes pasado, el más violento en casi un siglo, es una clara prueba de las necesidades.

Lula también propuso una “hoja de ruta” para salir progresivamente de las energías fósiles. Esta promesa fue adoptada en la COP28 de Dubái, pero actualmente choca con un apoyo renovado a la industria petrolera. “¿Lograremos un consenso sobre energías fósiles? Es uno de los misterios de la COP30”, admitió do Lago el domingo.

El jefe de la ONU, Antonio Guterres, reconoce ahora que es “inevitable” que se supere próximamente el umbral de 1,5°C de calentamiento en comparación con el período preindustrial, establecido en el Acuerdo de París de 2015, y pide hacer lo necesario para que eso dure el menor tiempo posible.

El dengue continúa representando una amenaza en Perú, con transmisión activa en la Amazonía y el norte del país. Por este motivo, el Seguro Social de Salud (EsSalud) instó a la población a mantenerse alerta ante los síntomas de esta enfermedad. La entidad recomienda acudir de inmediato a los servicios de emergencia frente a señales graves, para evitar complicaciones que pongan en riesgo la vida.

El doctor Edwin Neciosup, médico epidemiólogo de EsSalud, explicó que el dengue se transmite por el mosquito Aedes aegypti y que la forma en que el virus afecta a las personas exige estrategias de prevención y control más exigentes. Según el especialista, identificar los síntomas en las primeras etapas y buscar atención profesional de inmediato es fundamental para reducir la mortalidad asociada.

EsSalud remarcó que los niños y adultos mayores constituyen los grupos más vulnerables y que incluso quienes ya han contraído la enfermedad pueden volver a infectarse, debido a los distintos serotipos del virus. La institución insistió en la importancia de las medidas preventivas: uso de repelente y eliminación de criaderos de mosquitos en los hogares.

Síntomas del dengue que no debes ignorar

El dengue puede presentar síntomas variados que no siempre reflejan la gravedad real de la enfermedad. De acuerdo con EsSalud, los signos más frecuentes incluyen fiebre alta, dolor intenso de cabeza, dolor retroocular, dolores musculares y articulares, cansancio marcado, náuseas y vómitos. También pueden surgir sarpullidos y sangrado leve por nariz o encías.

El doctor Neciosup indicó que ciertos signos alertan sobre la posible gravedad: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado nasal o gingival, somnolencia e irritabilidad. La falta de apetito y el rechazo incluso al agua también deben tratarse como señales de alarma.

El especialista afirmó: “Si su hijo o adulto mayor presenta dolor abdominal intenso, vómitos reiterados, sangrados por nariz o encías, o muestra somnolencia o irritabilidad marcadas, debe acudir de inmediato al hospital”.

Otros signos que necesitan atención médica son la ausencia total de apetito y el rechazo completo de líquidos. Neciosup insiste en que el tratamiento temprano es fundamental para impedir que la enfermedad evolucione hacia formas graves. Entre un 18% y 20% de los pacientes requieren hospitalización, lo que demuestra que identificar y tratar los síntomas en etapas iniciales puede salvar vidas.

El médico también recordó que una infección previa con un serotipo no protege frente a los demás. Por eso, resulta esencial mantener las medidas preventivas y eliminar los criaderos de mosquitos.

Etapas del dengue y la peligrosa fase crítica

El dengue presenta tres etapas: febril, crítica y de recuperación. La fase crítica, que puede aparecer cuando la fiebre disminuye, resulta ser la más peligrosa.

“El principal error consiste en creer que la desaparición de la fiebre marca el inicio de la recuperación. Precisamente en ese período puede presentarse la fase crítica, caracterizada por hemorragias, deshidratación o fallos en órganos vitales. Se trata de una falsa mejoría que puede poner en peligro la vida si no se accede rápidamente a atención médica”, advirtió Neciosup.

No debe subestimarse la desaparición de la fiebre. La vigilancia constante de los síntomas resulta imprescindible para actuar a tiempo y evitar complicaciones que puedan nuevamente poner en riesgo la vida.

Más de 9.600 casos de dengue en lo que va del año

En 2025, EsSalud ha informado de 9.615 casos de dengue, en comparación con los 90.335 casos del mismo período en 2024, lo que representa una reducción del 89,4%. Esta disminución se atribuye a temperaturas más bajas y lluvias menos intensas durante el año.

No obstante, especialistas advierten sobre el posible rebrote en 2026, provocado por lluvias intensas y temperaturas elevadas que se prevén para la selva y la costa norte, pues estas condiciones favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti y el incremento de casos.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, destacó que la institución fortalece la vigilancia epidemiológica, el control de mosquitos y la educación preventiva en áreas de riesgo. “Conocer las fases del dengue y actuar sin demora puede salvar vidas”, afirmó, subrayando la necesidad de la prevención y la atención inmediata.

Belém, capital del estado brasileño de Pará, recibirá la COP30 y se convertirá en el epicentro de los debates medioambientales globales desde el 10 de noviembre de 2025. La ciudad está ubicada en el corazón de la Amazonia, a orillas de la bahía de Guajará, e integra la selva, los ríos y una vibrante vida urbana que fusiona herencia indígena, legado portugués y cultura contemporánea.

El desarrollo urbano de Belém refleja siglos de intercambio cultural y transformación histórica. Desde el Fuerte del Presépio, fundado en 1616 por portugueses con el objetivo de consolidar el control sobre el Amazonas, hasta el Mercado Ver-o-Peso inaugurado en 1901, la ciudad proporciona un recorrido a través de edificaciones, plazas y costumbres que conectan el pasado con la actualidad.

Belém, además, vive cada año una de las procesiones religiosas más multitudinarias del mundo: el Círio de Nazaré, que reúne a dos millones de personas en honor a la patrona local. Su población alcanza cerca de 1,3 millones de habitantes y sus calles y mercados guardan parte de la historia colonial y la diversidad de la mayor selva tropical del planeta.

La cumbre climática llega en un momento de crecimiento y atención internacional sobre las amenazas a la Amazonia. Los ríos que bañan Belém —el Guamá y el Maguari— influyen en la vida diaria y la economía, mientras los mercados al aire libre, los parques de conservación y la cocina local refuerzan la identidad amazónica como motor de la vida en la ciudad.

Historia, arquitectura y el legado cultural de la capital amazónica

Según información recabada por National Geographic, la región donde hoy se encuentra Belém pertenecía a la Corona española en la división del Tratado de Tordesillas. En el siglo XVII, los portugueses fundaron el Fuerte del Presépio y luego consolidaron la ocupación frente a holandeses e ingleses.

Belém evolucionó desde entonces hasta convertirse en la capital del Grão-Pará en 1751. Recién en 1823, un año después de la independencia de Brasil, la ciudad y la región elegirían integrarse al nuevo país, lo que impulsó su desarrollo.

Durante el auge de la explotación del caucho, a fines del siglo XIX y principios del XX, Belém vivió su “Belle Époque” y sumó a su fisonomía edificios como el Teatro da Paz, inaugurado en 1878 y referente de la arquitectura art nouveau.

El centro histórico aún conserva mansiones y calles de esa época, y la revitalización del antiguo puerto dio lugar a la Estación das Docas, espacio gastronómico y cultural con vistas a la bahía.

La Basílica Santuario de Nuestra Señora de Nazaré preside cada octubre el Círio de Nazaré, procesión declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y símbolo de fe y resiliencia local. La mezcla de iglesias, plazas y mercados revela la influencia de las tradiciones lusas, africanas e indígenas en la vida cotidiana de los habitantes de Belém.

Naturaleza, gastronomía y la oportunidad de la COP30

Belém es referencia en turismo amazónico y promueve la protección ambiental a través de sus parques, reservas y oferta cultural. El Parque Zoobotánico Mangal das Garças, con 40.000 metros cuadrados de bosque revitalizado, exhibe especies autóctonas de flora y fauna —desde garzas blancas hasta mariposas amazónicas— y reproduce el ambiente original de la región.

La gastronomía de Pará, con fuerte raíz indígena y herencia portuguesa y africana, distingue a la ciudad de otras capitales brasileñas. Platos típicos como el tacacá, el pato no tucupi y la maniçoba forman parte esencial de la identidad local.

Ingredientes amazónicos como el açaí, la mandioca, el cupuaçu o el jambu constituyen el sello de la cocina paraense, que prioriza el uso de productos autóctonos y técnicas tradicionales. De acuerdo con National Geographic, a diferencia de otras regiones, el açaí se consume salado y acompaña platos principales.

La COP30 brindará a los visitantes la opción de conocer estos aspectos únicos de la ciudad y explorar la vida fluvial, los mercados al aire libre y la cultura musical y religiosa de la región.

Belém, con su mezcla de historia y biodiversidad, buscará proyectarse ante el mundo no solo como sede de un foro crucial para el futuro ambiental, sino también como capital cultural de la Amazonia y puerta de entrada a sus tesoros naturales.

La cumbre de 2025 exhibirá la conexión profunda entre desarrollo urbano, tradiciones y sostenibilidad en una de las ciudades más singulares de Sudamérica. El evento internacional potenciará el atractivo turístico y cultural de Belém, destacando el valor estratégico de la capital amazónica en el escenario global.

Durante su intervención en el plenario de la COP30, que se realiza en la ciudad brasileña de Belén, el ministro destacó la importancia de consolidar un “mercado de carbono de alta integridad” en el país. Detalló que la meta nacional para 2035 consiste en no sobrepasar los 179 millones de toneladas de dióxido de carbono, una cifra clave para avanzar hacia la neutralidad de carbono al 2050.

Espichán explicó que los lineamientos adoptados por Perú abordan temas como los desplazamientos migratorios asociados al clima, la generación de empleos verdes y la lucha contra la desertificación. Asimismo, subrayó la presentación del Fondo Bosques Tropicales para siempre durante la COP30, iniciativa considerada esencial para afrontar la deforestación y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Conservación de bosques y cooperación internacional

El ministro recordó que las acciones en este ámbito han permitido conservar cerca de cinco millones de hectáreas de bosques, beneficiando a 31 mil familias. Desde 2011, el Ministerio del Ambiente impulsa el Programa Nacional de Conservación de Bosques, que fomenta la mitigación del cambio climático y ha posibilitado transferencias directas condicionadas a más de 370 comunidades nativas, por un total de 125 millones de soles.

Espichán señaló que esta iniciativa cuenta también con apoyo de la cooperación internacional, lo que ha facilitado una inversión adicional cercana a 50 millones de soles para otorgar valor a los bosques y a los productos que se generan en ellos. Resaltó la relevancia de estos recursos para asegurar la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades involucradas.

En el ámbito de la gestión de incendios forestales, Perú lidera la Red Amazónica de Manejo Integral del Fuego y participa en la declaración promovida por Brasil sobre gestión integral del fuego. Esta actuación responde a la alta incidencia de incendios en los países amazónicos y busca fortalecer las capacidades nacionales y regionales para combatirlos.

Evidencia científica y nueva agenda

El titular del Ambiente destacó que en la COP30 se aprecia una mayor valoración de la evidencia científica sobre el cambio climático y sus repercusiones globales. El funcionario también reconoció los esfuerzos de los países firmantes del Acuerdo de París 2015 por avanzar hacia los objetivos climáticos. Espichán sostuvo: “Prioricemos siempre la evidencia científica”, y añadió: “Esa va a ser la gran fuerza que vamos a tener para orientar cualquier política pública frente al cambio climático”.

En relación con la agenda de los próximos días en la COP30, Espichán informó que, luego de la Cumbre del Clima, comenzarán negociaciones formales entre los equipos ministeriales de los países asistentes. Estas discusiones serán claves para definir acciones concretas en la gestión y mitigación del cambio climático.

La contaminación por mercurio en la Amazonía ha dejado de ser únicamente un problema ambiental. Hoy es una crisis cada vez menos silenciosa de salud pública y una profunda herida a los derechos humanos. Los pueblos indígenas, guardianes de saberes ancestrales y de formas de vida intrínsecamente ligadas a su territorio, son quienes sufren las consecuencias más devastadoras: la contaminación de los ríos y los peces que los alimentan, del aire que respiran y de los suelos que los sostienen. Pero el daño no se detiene ahí. También se erosiona su salud, su cultura y su espiritualidad, pilares que han permitido su supervivencia durante siglos en armonía con la selva y con ella, los usos tradicionales y la protección de territorios estratégicos para la vida.

Iniciada en Ginebra la sexta Conferencia de las Partes (COP6) del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, la urgencia no podría ser mayor. Los Estados parte dieron un primer paso con la Decisión MC-5/1 en la COP5, reconociendo que los pueblos indígenas y las comunidades locales son los grupos más vulnerables a la exposición al mercurio y, en consecuencia, su participación es esencial para enfrentar la crisis. Los datos son alarmantes: en el cabello de comunidades de Perú, Colombia y Bolivia se han detectado concentraciones de mercurio hasta diez veces superiores a los límites de seguridad establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La principal vía de exposición es el consumo de pescado contaminado por mercurio. Este mercurio no llega solo; lo arrastran las corrientes de la minería artesanal y de pequeña escala, pero también la minería ilegal de oro, que financian redes criminales, que se expande sin control, que se sostiene de la corrupción y genera violencia e impunidad.

Sin embargo, los planes nacionales de acción sobre minería artesanal y de pequeña escala (PAN-MAPE) —principal herramienta para avanzar en una solución al problema— en los países amazónicos siguen elaborándose sin incorporar plenamente sus voces ni su conocimiento ancestral. Esta exclusión contraviene no solo el espíritu del Convenio de Minamata, sino también compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú. Los Estados amazónicos no pueden seguir diseñando políticas para los pueblos indígenas, sino con ellos. Su conocimiento sobre el territorio y los ecosistemas no es un complemento cultural, sino una base indispensable para diseñar estrategias sostenibles y efectivas.

Pero frente a esta crisis, los pueblos indígenas no callan. En el Pronunciamiento Conjunto, resultado del Primer Intercambio Trinacional Indígena de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales de Colombia, Perú y Brasil, realizado en Leticia, Colombia en julio de 2025, los representantes amazónicos denunciaron las graves consecuencias de la minería y el uso del mercurio en sus territorios y poblaciones. “La Amazonía vive porque vivimos los pueblos indígenas”; concluyeron, pidiendo que se garantice su participación plena en la toma de decisiones, no como actores consultados al final del proceso, sino como coprotagonistas de la gobernanza ambiental. Este encuentro contó con la participación virtual de la Secretaría del Convenio de Minamata, destacando la importancia de fortalecer los vínculos entre las comunidades amazónicas y los procesos de implementación del Convenio.

Ante este panorama, resulta evidente que sin participación indígena no habrá una Amazonía libre de mercurio. Los Estados amazónicos deben avanzar en la incorporación de un “Capítulo Amazónico” en sus PAN-MAPE, con enfoque territorial y de derechos colectivos, y crear un Grupo de Trabajo Regional Amazónico con participación directa de representantes indígenas. Solo así será posible pasar de los diagnósticos a las soluciones de alcance global.

La Amazonía está vulnerable. Los pueblos que la habitan no piden caridad, exigen justicia y respeto. El mercurio en sus cuerpos es la metáfora más cruel del modelo que los margina mientras enriquece a otros. Proteger la salud de los pueblos indígenas no es un gesto de solidaridad; es una condición para la supervivencia del planeta. Si la Amazonía muere, muere con ella la posibilidad de un futuro habitable.

Esperamos que, al finalizar la reunión de la COP6, se recojan las posiciones de los Pueblos indígenas presentes y representantes de diversas regiones del globo, y principalmente que los Estados parte integren en su agenda de manera efectiva la ruta concreta para una participación activa de los pueblos indígenas y acciones concretas para la reducción del uso del mercurio en la pequeña minería y Minería Artesanal.

* En colaboración con Isabel Canelo, Líder de gobernanza ambiental FCDS Perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó la llegada del vigésimo sexto friaje del año a la selva sur durante la noche del sábado 8 de noviembre. La masa de aire frío avanzará hacia la selva central hasta el martes 11, según reportó la entidad.

Este fenómeno generará lluvias, aumento de la velocidad del viento y un descenso progresivo de la temperatura.

De acuerdo con el Senamhi, el friaje estará acompañado por lluvias de ligera a moderada intensidad, descargas eléctricas y ráfagas de viento que alcanzarán alrededor de 45 kilómetros por hora (km/h).

La persistencia de la cobertura nubosa será notoria, sobre todo en la selva alta centro y sur. Este patrón atmosférico conducirá a un enfriamiento considerable durante el día y la noche.

Las noches serán especialmente frías, principalmente en regiones como Madre de Dios, Puno y Cusco, donde se prevén temperaturas cercanas a los 20 °C.

En zonas de la selva central, específicamente en el sur de Ucayali, los registros oscilarán cerca de los 21 °C, intensificándose la sensación de frío en la madrugada.

¿Qué es el friaje y por qué ocurre?

Según la explicación del Senamhi, el friaje es un fenómeno meteorológico que se produce cuando una masa de aire frío proveniente de la Antártida ingresa al continente sudamericano y alcanza la selva peruana. Este ingreso de aire polar genera lluvias intensas, tormentas eléctricas y una disminución brusca de las temperaturas.

“El viento ingresa por la selva sur y se desplaza hacia la selva central y norte, dependiendo de la intensidad del evento”, precisó el organismo en su portal web. El friaje, detalló, inicia con lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas y vientos del sur al norte, reduciendo las temperaturas máximas debido a la densa cobertura nubosa.

Recomendaciones y preparación en la Amazonía

De acuerdo con la información de Senamhi, los friajes como el anunciado son fenómenos recurrentes entre mayo y octubre, asociados a cambios bruscos de clima. Según reportes, el descenso térmico puede repercutir en la salud, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Entre los posibles efectos, sobresale el aumento de infecciones respiratorias agudas (IRA), así como alteraciones en cultivos y actividades de crianza dependientes de condiciones estables.

Las recomendaciones principales incluyen: protegerse del frío con ropa adecuada durante la noche y madrugada, evitar la exposición prolongada a cambios bruscos de temperatura y mantenerse informados por las vías oficiales del Senamhi y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

También se aconseja que las familias y productores tomen previsiones en actividades agrícolas y de transporte fluvial, pues las lluvias y ráfagas podrían modificar los patrones habituales de movilidad y trabajo.

Por su parte, el Indeci recordó que los gobiernos regionales y locales deben activar sus planes de contingencia para asegurar atención en comunidades vulnerables y coordinar acciones con los centros de salud de cada zona.

“La entidad meteorológica subrayó que continuará brindando información actualizada y alertas tempranas para que la población pueda anticiparse a posibles riesgos asociados a este evento”, afirmó Senamhi.

La deforestación en la Amazonía continúa siendo una de las mayores amenazas ambientales del Perú, pero la tecnología se ha convertido en una herramienta decisiva para frenarla. A través de la plataforma Geobosques, el Ministerio del Ambiente (Minam) logra monitorear el 100% de los bosques húmedos amazónicos, equivalentes a 67,5 millones de hectáreas, gracias al uso de imágenes satelitales, sistemas de información geográfica (SIG) y un software especializado capaz de procesar enormes volúmenes de datos.

Esta tecnología permite detectar en pocos días cualquier cambio en la cobertura forestal, generando alertas tempranas que se distribuyen a autoridades, comunidades y especialistas en conservación. Desde su implementación en 2016, Geobosques se ha convertido en una herramienta pública y gratuita que fortalece la transparencia ambiental y la capacidad de respuesta ante la pérdida de bosques. Más de 6700 usuarios registrados reciben notificaciones personalizadas sobre los cambios en sus zonas de interés, lo que ha consolidado una red nacional de vigilancia desde el espacio.

Geobosques: la red satelital que monitorea los bosques en todo el país

Desarrollada por el Programa Bosques del Minam, la plataforma Geobosques integra el trabajo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y forma parte del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) y del Sistema Nacional de Información de Flora y Fauna Silvestre (SNIFFS), en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1220. Su base técnica se sustenta en el Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques (MMCB), que analiza y organiza toda la información generada por satélites para traducirla en datos útiles para la gestión pública y la investigación científica.

El MMCB está compuesto por cuatro submódulos principales. El primero, denominado Pérdida de bosques, registra con precisión el stock de bosques remanentes y la pérdida anual de cobertura boscosa, generando mapas georreferenciados de los cambios detectados. Esta información alimenta a los demás submódulos. El segundo, Alerta temprana, emite avisos en periodos cortos de tiempo tras detectar una alteración en la vegetación, permitiendo a las entidades tomar acciones inmediatas de prevención o control frente a la tala ilegal o los incendios forestales.

El tercer submódulo, Uso y cambio de uso de la tierra, identifica periódicamente cómo se transforma el suelo en las áreas deforestadas. Gracias a esta información es posible determinar las causas directas de la deforestación y clasificar los datos oficiales del sector uso de suelos y silvicultura para los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (INGEI). Finalmente, el submódulo de Niveles de referencia compara los datos históricos de deforestación y degradación con los de emisiones de carbono, midiendo el desempeño del país frente a sus compromisos climáticos internacionales.

Oficinas regionales y expansión del monitoreo satelital

Para fortalecer la vigilancia en campo, el Programa Bosques ha inaugurado tres oficinas de monitoreo regional en Huánuco, Puno y Amazonas, con una inversión aproximada de S/1,7 millones. Cada una cuenta con equipos de alta tecnología y personal especializado que supervisa directamente más de 5,6 millones de hectáreas de bosques húmedos amazónicos. Desde estos puntos, se coordinan acciones conjuntas con los Gobiernos regionales para dar respuesta rápida a las alertas generadas por el sistema satelital.

Según Daniel Castillo, jefe del Área de Monitoreo de Bosques del Programa Bosques, en lo que va del año se han emitido 19 paquetes de alertas tempranas a nivel nacional, lo que ha permitido detectar a tiempo amenazas de pérdida de cobertura forestal. Además, se proyecta la apertura de tres nuevas oficinas en Loreto, Junín y Pasco antes de finalizar el 2025, con el fin de ampliar la cobertura de monitoreo y reforzar la capacidad técnica de las autoridades regionales.

Con esta expansión, el sistema Geobosques consolida una infraestructura tecnológica nacional sin precedentes que combina observación satelital, análisis de datos y participación ciudadana. Su funcionamiento no solo permite visualizar los impactos ambientales casi en tiempo real, sino también proveer información estratégica para la gestión sostenible de los bosques amazónicos y la lucha contra la deforestación en el Perú.

Una innovadora campaña ambiental se ha puesto en marcha en la región San Martín, donde la tecnología se une a la naturaleza para recuperar los bosques perdidos por los incendios forestales. A través de drones equipados con cápsulas restauradoras, el proyecto busca reforestar más de 2.000 hectáreas de zonas degradadas en la selva peruana, un paso clave en la lucha contra la deforestación y el cambio climático.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio del Ambiente (Minam) y liderada por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), forma parte de la Campaña 2025 de Restauración de Áreas Afectadas por Incendios Forestales con Esferas Restauradoras. El lanzamiento oficial se realizó en el Centro Poblado Santa Rosa-San Juan de Cumbaza, con la participación de autoridades locales, investigadores, docentes y pobladores comprometidos con la conservación del bosque amazónico.

Drones y esferas restauradoras: tecnología al servicio de la naturaleza

Durante la jornada, especialistas del IIAP realizaron una demostración del sistema que utiliza drones capaces de lanzar miles de esferas restauradoras sobre zonas deforestadas y de difícil acceso. Cada una de estas cápsulas contiene semillas de especies nativas como la bolaina blanca (Guazuma crinita), la quillosisa (Piptadenia flava) y la shaina (Colubrina glandulosa), mezcladas con tierra fértil y materia orgánica para favorecer su germinación incluso en suelos áridos.

Gracias a esta tecnología, es posible restaurar hasta 50 hectáreas por día, acelerando el proceso de recuperación de ecosistemas. Según datos del IIAP, entre 2024 y 2025 ya se han logrado recuperar más de 1.300 hectáreas en San Martín, Ucayali y Loreto, con una tasa de germinación superior al 40%. Con la nueva campaña, la meta es sumar 2.000 hectáreas adicionales en la Amazonía, ampliando así el impacto positivo sobre los ecosistemas tropicales.

La presidenta ejecutiva del IIAP, Carmen García Dávila, resaltó que este esfuerzo representa “una articulación entre la ciencia, el Estado y la población, como una forma tangible de devolver vida a los bosques que son fuente de agua y de regulación climática para nuestras comunidades”. Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSM), Ricardo Layza Castañeda, señaló que esta experiencia demuestra cómo “la innovación puede fortalecer la acción climática y mejorar la calidad de vida de las familias amazónicas”.

Además de la demostración tecnológica, las autoridades y los vecinos participaron en una siembra simbólica de esferas restauradoras, reafirmando su compromiso con la recuperación del bosque. Con estas acciones, el país continúa avanzando en los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas (2021–2030) y en la Estrategia Nacional de Restauración de Ecosistemas Degradados, que proyecta recuperar 3,2 millones de hectáreas de bosques al 2030.

La Amazonía enfrenta su peor década de deforestación y pérdida de biodiversidad

El ritmo de deforestación en la Amazonía ha alcanzado niveles históricos. De acuerdo con un estudio de WWF y MapBiomas Amazonia, la región perdió más de 88 millones de hectáreas de bosques tropicales entre 1985 y 2023, impulsada principalmente por la tala ilegal, la minería aurífera y la expansión agrícola. En el caso peruano, los registros de Geobosques muestran que se han destruido más de 3 millones de hectáreas desde 2001, siendo Madre de Dios una de las zonas más afectadas por la extracción de oro y la deforestación descontrolada.

Los especialistas advierten que, si la pérdida de cobertura vegetal supera entre el 20% y 25% del territorio amazónico, el ecosistema podría sufrir un colapso irreversible, generando alteraciones en el régimen de lluvias, la temperatura y el ciclo del carbono. Esto afectaría a las más de 400 comunidades indígenas que dependen del bosque para su supervivencia y pondría en riesgo la capacidad de la selva para almacenar hasta 200 mil millones de toneladas de carbono, fundamentales para la estabilidad climática global.

En respuesta a esta emergencia, diversos países amazónicos han creado la campaña regional “Amazon League”, que promueve la protección y restauración de los bosques tropicales en Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. A nivel nacional, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) impulsa la Estrategia Nacional de Restauración de Ecosistemas y Tierras Forestales Degradadas (ProREST 2021-2030), que busca recuperar áreas dañadas mediante plantaciones de especies nativas y modelos de ganadería regenerativa.

La convocatoria para la cuarta edición del Concurso Nacional de Fotografía del Café Peruano se ha convertido en un homenaje a quienes, desde distintos rincones del país, contribuyen a la identidad y diversidad del café en el Perú. Bajo el lema “El café que nos une”, la Cámara Peruana del Café y Cacao invita a fotógrafos profesionales, aficionados y entusiastas del café, tanto peruanos como extranjeros residentes, a capturar en imágenes las historias, emociones y paisajes que giran en torno a este producto emblemático.

El certamen busca retratar no solo el trabajo en las fincas y los procesos de cultivo y cosecha, sino también escenas urbanas y cotidianas que reflejen la creatividad y la emoción que el café despierta en cafeterías y hogares. La propuesta es construir relatos visuales que evidencien cómo el café conecta territorios, generaciones y perspectivas, resaltando la riqueza cultural y geográfica de las regiones cafetaleras, desde la Amazonía hasta los Andes.

La inscripción, de carácter gratuito, está abierta a personas mayores de dieciocho años, sean profesionales o aficionados, siempre que sean peruanos o residan en el país. El proceso se realiza de manera digital a través del formulario disponible en la página oficial del concurso, donde también pueden consultarse las bases: https://www.expocafeperu.pe/concursofotografia. Cada participante puede presentar hasta tres fotografías originales e inéditas, en color o blanco y negro, tomadas con cualquier dispositivo electrónico o cámara digital, siempre que se ajusten a la temática propuesta. Las obras no deben haber sido premiadas en otros certámenes ni estar participando en concursos simultáneos.

La Cámara Peruana del Café y Cacao ha definido este concurso como un reconocimiento a todas las personas que hacen posible el café peruano, desde quienes lo cultivan y procesan hasta quienes lo preparan y disfrutan. Además, se destaca el valor de la fotografía como medio para narrar historias de origen, comunidad, identidad cultural y territorio. Paloma Navarro, responsable de Comunicaciones de la institución, subrayó: “Queremos que este concurso sea una vitrina para el talento fotográfico que nace en las regiones, fortaleciendo la identidad regional y promoviendo la diversidad visual del café peruano”.

El plazo para la recepción de obras se extiende hasta las 18:00 horas del 20 de noviembre de este año. Un jurado compuesto por profesionales de reconocida trayectoria en fotografía documental, narrativa visual, medio ambiente y cultura cafetera seleccionará diez imágenes finalistas, de las cuales se elegirán tres ganadoras y una mención honrosa. Las fotografías seleccionadas serán impresas y exhibidas durante la ExpoCafé Perú 2025, que tendrá lugar en Lima del 27 al 30 de noviembre. La evaluación del jurado se realizará los días 22 y 23 de noviembre, mientras que la ceremonia de premiación está programada para el 27 de noviembre, al cierre de la primera jornada de la ExpoCafé Perú 2025.

El público también podrá participar en la elección de una fotografía destacada mediante una votación abierta en redes sociales, que otorgará una mención honrosa adicional. Para consultas e inscripciones, los interesados pueden escribir a concurso@camcafeperu.com.pe o visitar la web oficial del certamen.

El jurado está integrado por figuras como Flor Ruiz, fotoperiodista documental especializada en viajes, conservación ambiental e identidad cultural; Omar Lucas, fotógrafo documental enfocado en derechos humanos, medio ambiente e identidad cultural; Fidel Carrillo, fotoperiodista con amplia experiencia en medios nacionales; y Norka Peralta, periodista especializada en cultura cafetera y directora de contenidos de Cafelab.

Fidel Carrillo expresó su entusiasmo por la diversidad de miradas que convergen en el concurso: “Ser juez de este concurso es una oportunidad para encontrarme con las nuevas miradas que están surgiendo en la fotografía desde las diversas regiones del país. Espero que cada imagen en torno al café nos hable no solo de una planta o un producto, sino de una cultura, de memoria, disfrute, sabores e identidad que nos une como peruanos por encima de todo. Me emociona saber que muchos jóvenes profesionales y aficionados participarán desde sus territorios, aportando su sensibilidad y su manera de contar visualmente las historias que se tejen alrededor del café. Desde ya, doy por descontado que cada fotografía revelará un pedazo del Perú”.

En cuanto a los premios, el primer puesto recibirá un método AeroPress, un kilogramo de café de especialidad, una escultura del artista Rafael Lanfranco y una asesoría personalizada en fotografía a cargo de RUIDO, espacio de arte y fotografía. El segundo lugar será galardonado con un método V60, quinientos gramos de café de especialidad y un taller personalizado de fotografía digital desde cero, enfocado en técnica y composición, dictado por el fotodocumentalista Fidel Carrillo. Esta asesoría podrá realizarse de forma virtual o presencial, según la disponibilidad y ubicación del participante. El tercer puesto obtendrá quinientos gramos de café de especialidad. Tanto los finalistas como los ganadores recibirán un diploma de reconocimiento.

Las bases establecen que las fotografías deben ser originales e inéditas, y no haber sido premiadas ni estar participando en otros concursos al momento de la postulación. El cierre de recepción de imágenes está fijado para el 20 de noviembre.

Un total de 3,7 millones de kilómetros cuadrados, una superficie mayor que la de la India, fue arrasado por incendios forestales extremos durante la temporada 2024-2025, según el último informe del UK Centre for Ecology & Hydrology (UKCEH).

Este registro global, impulsado principalmente por el cambio climático generado por la actividad humana, dejó una devastación significativa en América y otras regiones, con millones de afectados, pérdidas económicas sin precedentes y un impacto ambiental de gran magnitud.

El informe del UKCEH detalla que los incendios en América alcanzaron niveles nunca vistos. En el Pantanal y Chiquitano, la superficie quemada resultó 35 veces mayor que en un escenario sin calentamiento global de origen humano.

En California, los incendios de Los Ángeles en enero de 2025 fueron 25 veces más extensos y al menos el doble de probables en el clima actual, respecto a un mundo sin cambio climático antropogénico. La Amazonía y el Congo también sufrieron incendios récord, mientras que Canadá vivió su segundo año consecutivo con emisiones de CO₂ por incendios que superaron los 1.000 millones de toneladas.

El impacto humano, económico y ambiental fue considerable: el UKCEH calcula que 100 millones de personas y bienes e infraestructuras valorados en USD 215.000 millones estuvieron expuestos a los incendios forestales en 2024-2025.

Solo en Los Ángeles, los fuegos causaron 30 muertes, evacuaciones de 150.000 personas, al menos 11.500 viviendas destruidas y pérdidas económicas de USD 140.000 millones. En Canadá, los incendios en el Parque Nacional Jasper generaron daños superiores a USD 1.000 millones.

En Bolivia se registró la mayor emisión de CO₂ por incendios en lo que va de siglo, con 700 millones de toneladas, cifra replicada en Brasil, Venezuela, Guyana, Perú, Surinam y Ecuador. En el Pantanal, el mayor humedal del mundo, y en los bosques secos de Chiquitano, los incendios triplicaron su extensión habitual y las emisiones de CO₂ se multiplicaron por seis respecto al promedio.

Las concentraciones de partículas PM 2.5 llegaron a superar hasta 60 veces los estándares de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud, y el sector agroindustrial del Pantanal perdió más de USD 200 millones.

Causas, tendencias y riesgos a futuro

El informe enfatiza que el cambio climático está detrás de la multiplicación de estos eventos extremos.

El Dr. Douglas Kelley, modelador de superficies terrestres y coautor del informe, señaló: “Nuestros informes anuales están construyendo pruebas inequívocas de cómo el cambio climático está aumentando la frecuencia y gravedad de los incendios extremos. Sin el calentamiento provocado por el ser humano, muchos de estos incendios, como los del Pantanal y el sur de California, no habrían alcanzado una escala tan extrema”.

Los científicos identificaron que, además de las condiciones meteorológicas peligrosas, la abundancia y sequedad de la vegetación resultó determinante para la propagación de los incendios, especialmente en la Amazonía y el Congo.

En Los Ángeles, las lluvias intensas de los 30 meses anteriores favorecieron el crecimiento de vegetación, que luego alimentó los fuegos ante condiciones cálidas y secas.

Las proyecciones del UKCEH advierten que, si las emisiones globales de gases de efecto invernadero siguen al ritmo actual, temporadas de incendios extremos como la de 2024-2025 en el Pantanal-Chiquitano, antes excepcionales, podrían repetirse cada 15 o 20 años hacia finales de siglo. En el Congo, la frecuencia de estos incendios podría multiplicarse por cinco en las zonas más afectadas.

Una acción climática global decidida, dirigida a lograr emisiones netas cero hacia 2070, limitaría el aumento de estos eventos a una sola temporada extrema adicional por siglo en Sudamérica y a un incremento del 11% en el Congo.

El Dr. Andrew Hartley, del Met Office y coautor del estudio, explicó que los modelos climáticos muestran una tendencia persistente hacia incendios más frecuentes y graves, sobre todo si se mantienen las altas emisiones. Incluso con medidas globales, el calentamiento actual incrementará los incendios, aunque se moderaría el ritmo si se reducen drásticamente las emisiones.

Recomendaciones y oportunidades para contener la crisis

Ante este escenario, el UKCEH y expertos internacionales remarcan la urgencia de la acción. El Dr. Matt Jones, de la Universidad de East Anglia, instó a los líderes mundiales reunidos en la COP30 a comprometerse con recortes contundentes y rápidos de emisiones en la presente década, al considerar que esta es la contribución “más efectiva para evitar los peores impactos de los incendios extremos en las generaciones presentes y futuras”.

Además, el informe sugiere políticas de gestión de tierras y fuegos, como reducir la deforestación, realizar quemas controladas para evitar la acumulación de vegetación inflamable, ubicar estratégicamente edificaciones lejos de zonas de alto riesgo, proteger y restaurar humedales, fortalecer los sistemas de alerta temprana y aumentar las campañas públicas para prevenir incendios accidentales.

El UK Centre for Ecology & Hydrology concluye que, si bien los riesgos escalaron, aún existe margen para evitar una escalada incontrolable de los incendios forestales extremos y reducir los peligros para las personas, los bienes, las economías y la biodiversidad, siempre que se adopten medidas decididas y coordinadas a nivel global.

El presidente Gustavo Petro sorprendió al anticipar los resultados del próximo informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU, al anunciar desde su gira por Oriente Medio que los cultivos de coca en Colombia alcanzarían 262.000 hectáreas en 2024, lo que representa un aumento del 3% respecto al año anterior.

Esta declaración, difundida a través de su cuenta de X, se produjo antes de la publicación oficial del reporte y en un contexto de debate sobre la política antidrogas y la transparencia en la divulgación de datos.

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Según el mandatario, la cifra estimada para 2024 supone un incremento frente a las 253.000 hectáreas reportadas en 2023.

Petro insistió en la necesidad de analizar con mayor precisión la información sobre los cultivos, diferenciando entre áreas activas en la cadena de producción de cocaína y aquellas que, según él, han sido abandonadas durante más de tres años.

En ese sentido, detalló que, de las 262.000 hectáreas que prevé el monitoreo, 80.000 corresponderían a zonas abandonadas y 22.000 estarían en proceso de sustitución hacia cultivos lícitos.

El presidente reiteró sus críticas a la metodología utilizada en el informe del año pasado, señalando que es fundamental distinguir la productividad por regiones y evitar errores en la interpretación de los mapas.

En palabras de Petro en su publicación en X: “Solo aumentó 3%, pero revisamos que no se cometa el mismo error del de 2023: que se pongan las respectivas productividades por zonas y se sepa diferenciar lo que los mapas muestran: zonas de enclave de la cocaína y zonas abandonadas desde hace más de 3 años”.

En su análisis, el jefe de Estado atribuyó la persistencia de los enclaves de producción de cocaína al aumento del consumo en Europa, ciudades del Cono Sur y Australia, mientras que observó una reducción en la Amazonia, asociada al estancamiento del consumo en Estados Unidos y al auge de los opioides sintéticos como el fentanilo.

Petro afirmó en su mensaje: “Las zonas de enclave se mantienen por el aumento de consumo de cocaína en Europa, las ciudades del cono sur y Australia. Las zonas de la selva amazónica están abandonadas porque el consumo de cocaína de EE. UU. llegó a su máximo y no crecerá más por el crecimiento del consumo de Fentanilo”.

El anuncio del presidente se da en medio de tensiones con Washington por los resultados de la política antidrogas y mientras en redes sociales se intensifican las críticas al Gobierno por el retraso en la publicación del informe técnico, con acusaciones de “censura”. Ante estos cuestionamientos, Petro defendió la importancia de evitar errores metodológicos como los que, a su juicio, se cometieron en 2023.

De confirmarse las cifras adelantadas por el mandatario, la expansión de los cultivos de coca en Colombia habría moderado su ritmo respecto a los picos recientes, aunque la tendencia seguiría siendo ascendente.

En 2023, además del aumento en el área cultivada, el país experimentó un crecimiento en la producción potencial de cocaína, lo que generó preocupación tanto a nivel nacional como internacional.

La publicación oficial del informe de la ONU-Simci será determinante para verificar estos datos, precisar la distribución regional, la productividad y la evolución de la problemática en el mediano plazo.

ONU admite fallas en medición de cultivos de coca en Colombia

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reconoció errores en su sistema de medición de cultivos de coca y producción potencial de cocaína en Colombia, lo que impactó la actualización de datos en varias regiones desde 2019. Este reconocimiento público, realizado el 6 de octubre, responde a años de cuestionamientos sobre la fiabilidad de las cifras empleadas por Estados Unidos para descertificar al país en la lucha antidrogas, una decisión que generó controversia durante el gobierno de Iván Duque.

El comunicado de la ONU confirmó que el modelo de medición del Simci se había vuelto obsoleto y que la falta de recursos y condiciones de seguridad impidieron realizar mediciones regulares, lo que generó vacíos de información en la serie histórica.

Además, la agencia admitió la necesidad de ampliar los indicadores para estimar la “cocaína disponible” en los mercados, incluyendo incautaciones, producción no cosechada, consumo interno, usos lícitos, inventarios y flujos internacionales.

El salto del 53% en la producción potencial de cocaína reportado en 2023 se atribuyó a errores acumulados en el sistema de medición, según la propia UNODC. La última actualización completa de la región del Pacífico, la zona con mayor densidad de cultivos, se realizó en 2019; durante 2020, 2021 y 2022 no se efectuaron pruebas de cosecha ni encuestas rurales en esa área.

Al actualizar finalmente los datos en 2023, el rendimiento nacional de hoja de coca subió de 6,4 a 8,5 toneladas por hectárea, un incremento del 33% que explica el aumento abrupto en la producción potencial de cocaína.

La investigadora Hanwen Zhang explicó a Señal Investigativa de Señal Colombia que, de haberse actualizado antes la información del Pacífico, el rendimiento nacional habría aumentado progresivamente y no se habría producido el salto del 53% en un solo año. Zhang y el presidente Gustavo Petro coincidieron en que la falta de mediciones en 2022 y la ausencia de verificaciones en terreno y encuestas a campesinos abrieron dudas sobre la solidez de los resultados.

El Ministerio de Justicia de Colombia, a través de su directora de Política de Drogas, Marcela Tovar, declaró a Señal Investigativa que el informe de la UNODC “no refleja las condiciones reales del país” y que es necesario revisar la periodicidad de las mediciones, especialmente en zonas como el Pacífico.

El gobierno colombiano propuso revisar conjuntamente la metodología y, tras mesas técnicas, la UNODC anunció que ajustará el sistema de monitoreo para mejorar la calidad de la información.

La Amazonía enfrenta una emergencia ambiental sin precedentes. De acuerdo con estimaciones recientes de WWF basadas en datos de MapBiomas Amazonia, cada minuto desaparecen seis canchas de fútbol de bosque tropical. Esta alarmante pérdida afecta no solo a la biodiversidad, sino también al equilibrio climático global y a millones de personas que dependen directamente de sus recursos naturales.

Entre 1985 y 2023, más de 88 millones de hectáreas de selva amazónica fueron destruidas, lo que representa una de las mayores transformaciones del paisaje en la historia reciente de la región. En el caso peruano, los datos del portal Geobosques muestran que desde 2001 se han perdido más de 3 millones de hectáreas de bosque, siendo Madre de Dios una de las zonas más afectadas por la expansión de actividades como la minería ilegal, la agricultura y la tala indiscriminada.

La Amazonía frente a un punto de no retorno

Los científicos advierten que si la deforestación alcanza entre el 20% y el 25% del territorio amazónico, el ecosistema podría sufrir un colapso irreversible. Este fenómeno no solo significa árboles talados, sino también menos agua, menos regulación climática y la desaparición de especies únicas en el planeta. Además, la selva es el hogar ancestral de más de 400 pueblos indígenas, cuyos conocimientos han permitido mantener el equilibrio ecológico durante siglos.

Para hacer frente a esta crisis, diversas organizaciones ambientales de la región han unido esfuerzos en la campaña “Amazon League”, una alianza entre instituciones de Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú que busca promover la protección y restauración de los bosques tropicales. La Amazonía, que concentra el 20% del agua dulce del planeta y alberga a 47 millones de personas, cumple un papel vital en la regulación del clima global, al almacenar entre 150 y 200 mil millones de toneladas de carbono en su vegetación y suelos.

En el Perú, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) impulsa la Estrategia Nacional de Restauración de Ecosistemas y Tierras Forestales Degradadas (ProREST 2021-2030), con el objetivo de recuperar áreas afectadas por la deforestación. Desde WWF Perú, se promueven iniciativas de restauración ecológica —mediante plantaciones de especies nativas— y de restauración productiva, como la ganadería regenerativa, que ya ha rehabilitado más de 1.000 hectáreas de pasturas degradadas.

Estas acciones buscan recuperar la capacidad del bosque para almacenar carbono, regular el clima y proteger la biodiversidad, además de generar oportunidades económicas sostenibles para las comunidades locales. Con la mirada puesta en la próxima COP30, que se celebrará en la Amazonía brasileña, la región se prepara para reafirmar su papel clave en la lucha global contra la crisis climática.

Latinoamérica concentra la mayor pérdida de selva tropical del planeta

Durante 2024, América Latina se consolidó como el epicentro mundial de la deforestación. Según el informe de Global Forest Watch del World Resources Institute, más del 71% de toda la superficie de selva tropical destruida a nivel global se concentró en esta región, con Brasil, Bolivia, Perú y Colombia entre los países más golpeados. En conjunto, la pérdida de bosques primarios superó los 6,7 millones de hectáreas, lo que equivale a un territorio del tamaño de Panamá arrasado por incendios, sequías y expansión agropecuaria.

El caso más crítico fue el de Brasil, que perdió cerca de 2,8 millones de hectáreas de selva en un solo año, es decir, el 42% de la deforestación global. Le siguió Bolivia, con 1,8 millones de hectáreas destruidas, el doble de lo registrado en 2023, debido a la expansión agroindustrial y a incendios descontrolados que afectaron casi el 12% de su territorio nacional. Esta situación desplazó incluso a la República Democrática del Congo al tercer lugar en el ranking mundial, confirmando que el eje de la crisis forestal se ha trasladado a Sudamérica.

En este panorama, Perú se posicionó como el quinto país con mayor pérdida de bosques tropicales en 2024, con más de 190.000 hectáreas deforestadas, un incremento del 135% respecto al año anterior. Por su parte, Colombia registró más de 100.000 hectáreas afectadas, impulsadas por la minería ilegal, la violencia rural y la expansión de cultivos ilícitos. Las cifras evidencian que la región enfrenta una crisis que trasciende lo ambiental: emisiones récord de carbono, pérdida de biodiversidad y un impacto directo sobre las comunidades que dependen de la selva para sobrevivir.

Al reunirse los líderes en la Amazonia brasileña para la COP30, lo hacen con un recordatorio sombrío de lo ocurrido en los últimos años, cuando olas de calor sin precedentes desencadenaron una multitud de desastres en toda la Amazonia y en el núcleo agrícola de Brasil.

Desde finales de 2023 hasta principios de 2024, las temperaturas se dispararon más de 5 °C por encima del promedio en gran parte del país. Los afluentes del río Amazonas se secaron. Las primeras en sentir el impacto fueron las comunidades amazónicas, cuyos cultivos y medios de vida literalmente se secaron o se convirtieron en humo. Los incendios forestales arrasaron bosques y tierras, y los agricultores trabajaron en condiciones peligrosas para la salud humana. El calor también redujo la producción de soja en un 10%, mientras que otros productos básicos, como el maíz y el café, se marchitaron en los campos. En el sur de Brasil, las olas de calor contribuyeron a inundaciones que causaron la muerte de 183 personas y el desplazamiento de otras 600.000 o más, arrasando cultivos y pastizales. La pesca también se vio afectada: los pescadores de pequeña escala perdieron embarcaciones, equipos e ingresos, mientras que la acuicultura sucumbió al estrés térmico.

La terrible experiencia de Brasil es una advertencia para el mundo: el calor extremo no solo eleva la temperatura, sino que multiplica los riesgos en cada eslabón de la cadena alimentaria. Y no se trata solo de Brasil. Crisis similares se están desarrollando en todo el mundo, y sin embargo el calor extremo sigue siendo un punto ciego en la política climática, que con demasiada frecuencia lo enmarca como un problema de las ciudades y no de los campos. Esto demuestra una peligrosa falta de visión. Para los 1.230 millones de personas cuyos medios de vida dependen de los sistemas agroalimentarios, el calor extremo amenaza a sus hogares, mercados y, en última instancia, los productos que terminan en nuestros platos.

La disminución de rendimientos por el calor y otras presiones crea un peligroso bucle: para compensar las pérdidas, los agricultores —al menos aquellos que pueden— suelen expanden sus cultivos, lo que aumenta las emisiones y degrada los ecosistemas. Incluso cuando los riesgos se intensifican, el apoyo a las soluciones disminuye. La agricultura emplea a una de cada siete personas en el mundo y genera 3,8 billones de dólares al año —el 10% de la economía mundial.

Sin embargo, los sistemas más críticos para prevenir el hambre —la producción agrícola, la ganadería y la pesca— reciben tan solo el 1,6% de la financiación para el desarrollo relacionada con el clima que podría ayudarlos a adaptarse al aumento de las temperaturas. Esto no es solo un descuido político; es una oportunidad de inversión perdida en algunas de las soluciones climáticas más rentables y transformadoras que tenemos.

Los agricultores ya se están adaptando: prueban variedades de arroz que florecen más temprano en el día, ajustan las fechas de siembra y mejoran el mejoramiento de cultivares resistentes al calor. Las prácticas que conservan el suelo y el agua están dando resultados: investigadores brasileños descubrieron que la soja bajo manejo de siembra directa (labranza cero) resistió mejor durante las olas de calor que los cultivos convencionales. Una planificación, prevención y preparación contra incendios más sólidos pueden reducir el riesgo de incendios forestales.

La alerta temprana es clave. Dado que el calor extremo es más predecible que otros desastres, los sistemas de asesoramiento que combinan datos meteorológicos con planes de acción a nivel de explotación pueden ayudar a agricultores, pastores y pescadores a movilizar recursos antes de que se produzca un desastre. La iniciativa de la ONU “Alertas Tempranas para Todos” aspira a una cobertura mundial para 2027, cambiando el enfoque de una respuesta reactiva a una gestión proactiva del riesgo. Los agricultores no pueden quedar desprotegidos ante los fenómenos climáticos extremos: la alerta temprana es una de las inversiones más inteligentes y rentables que se pueden realizar.

Las herramientas para adaptarse ya están a nuestro alcance. Lo que falta es la escala y la inversión necesarias para que funcionen para todo los agricultores de todo el mundo. El nuevo objetivo mundial de financiación climática de 300.000 millones de dólares al año para los países en desarrollo podría ser transformador, si se priorizan los sistemas agroalimentarios y a los pequeños productores. Para los países más afectados pero con menos recursos, esta es la financiación que necesitan para desarrollar capacidades y reducir el riesgo de sus proyectos.

La ventana para una acción eficaz se está cerrando a medida que la agricultura se acerca a sus límites de adaptación. Los agricultores ya están pagando el precio: tienen 35 veces más probabilidades de morir por exposición al calor que los trabajadores de otros sectores. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) proyecta que hasta el 10% de las tierras agrícolas actuales podrían volverse no aptas para el cultivo en el año 2050, y hasta el 30% en el año 2100 bajo un escenario de altas emisiones. Mientras tanto, quienes trabajan al aire libre podrían enfrentarse hasta a 250 días de calor peligroso cada año en algunas partes del mundo. Una vez superados los umbrales ecológicos y humanos, ninguna financiación puede recuperar lo perdido. Ha llegado el momento de invertir en adaptación, minimizar pérdidas y daños, y ayudar a los agricultores a encontrar alternativas productivas.

La cuestión ya no es si podemos permitirnos priorizar la adaptación de la agricultura y de las comunidades que dependen de ella; sino si podemos permitirnos no hacerlo. La COP30 debe ser el punto de inflexión en el que la financiación y la atención se orienten de forma decisiva a ayudar a la agricultura y a los sistemas alimentarios a adaptarse a un mundo más cálido. La seguridad alimentaria es seguridad climática. Preparar los sistemas agroalimentarios para el calor extremo es la defensa más sólida de la que disponemos para los agricultores, las comunidades y las economías de todo el mundo.

El Sr. Kaveh Zahedi es el Director de la Oficina de Cambio Climático, Biodiversidad y Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

“Todo el mundo ha oído hablar de la Amazonia, pero la gente no sabe realmente de qué se trata. Pensamos a menudo que se trata solo de una selva virgen habitada por indígenas genéricos de los que no sabemos gran cosa”, explicó Leandro Varison, antropólogo del museo y uno de los dos comisarios de esta muestra, titulada Amazonia. Creaciones y futuros autóctonos.

Abierta al público hasta el 18 de enero próximo, la exposición combate esas percepciones superficiales y exotizadas acerca de un territorio que se extiende por seis países diferentes y en el que se hablan más de 300 lenguas.

“También estamos hablando de Francia, porque la Guayana Francesa es territorio francés. La frontera más extensa de Francia es la que limita con Brasil, la región con mayor biodiversidad es la de Francia”, recordó Varison sobre esta parte de la Amazonia.

Para mostrarla como el mosaico de culturas que en realidad es, el museo etnográfico parisino invitó a participar en esta muestra a artistas amazónicos, investigadores y colectivos autóctonos cuyas aportaciones -algunas de ellas creadas especialmente para esta exposición- dialogan con los fondos de la colección del propio museo.

Es un recorrido que incluye fotografías, pinturas, objetos cotidianos abandonados por pueblos que viven en completo aislamiento, pequeñas esculturas o artesanías varias, como los tocados del pueblo Krôkrôkti (del territorio amazónico brasileño) elegidos para dar la bienvenida al visitante.

Son elementos que desde Europa se analizan como pertenecientes a la esfera de lo tradicional, apuntó Varison, pero que para estas comunidades autóctonas son arte del siglo XXI.

“Hemos querido interrogarnos sobre esta categoría de arte contemporáneo, para mostrar una contemporaneidad vista por los autóctonos”, detalló este antropólogo y también director adjunto del departamento de investigación y enseñanza del Museo del muelle Branly-Jacques Chirac.

Futuros de preservación

Frente a la idea eurocéntrica que imagina la Amazonia como un lugar anclado en el pasado, la exposición la defiende también como un espacio de creación de futuros, en toda su pluralidad. Y concretamente de futuros de preservación, compartidos con toda la humanidad, frente al proyecto de “destrucción” que impone el capitalismo globalizado.

“Nos encontramos ante una visión paradójica, porque o bien queremos desarrollar la Amazonia, queremos transformar la selva en pastos, en campos de soja para criar ganado, o bien queremos preservar la Amazonia, es decir, queremos ponerle una campana”, reflexionó Varison.

Son los propios artistas autóctonos -quienes a menudo reparten sus vidas entre el mundo urbano y sus comunidades- los que proponen salidas para esas aparentes contradicciones.

Es el caso del pintor colombiano de origen inga Carlos Jacanamijoy, quien a través de los colores y la abstracción abre “portales” que conectan con sus antepasados chamanes.

“La pintura me ha salvado la vida prácticamente”, admitió Jacanamijoy, quien ante el lienzo se propone sobre todo “romper estereotipos” con creaciones sinestésicas que atacan los sentidos a través del color.

“Lo que yo pinto es para que el espectador sienta como que se le abre un portal para ingresar a un mundo en el que hay seres humanos que tienen una relación estrecha con la naturaleza”, precisó el artista.

La muestra reflexiona igualmente sobre temas de debate tan actuales como las repatriaciones de los objetos artísticos espoliados que están en manos de los grandes museos occidentales.

En este caso se plantea desde una dimensión diferente, a través de la presencia de artistas como el peruano Brus Rubio Churay, quien a través de la colección del Museo del muelle Branly-Jacques Chirac pudo rastrear y reconstruir la mitología perdida de los antiguos habitantes de su Pucaurquillo natal y plasmarla en sus cuadros.

Otras visiones, como la del brasileño Denilson Baniwa, quien ejerció también como comisario de esta muestra, cuestionan el contacto con los blancos como si fueran “extraterrestres” con capacidad para “destruir el mundo”, según explicó él mismo este lunes.

“No es verdad que la Amazonia sea un lugar intocable o remoto, hay muchos puntos de encuentro”, insistió Baniwa durante la presentación de la exposición a la prensa.

Fuente: EFE. Fotos: EFE/ Isabel Rodríguez Ramiro

La preocupación por la vulnerabilidad de los recursos hídricos marcó el tono de la reciente conmemoración del onceavo aniversario de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) San Martín, organismo adscrito a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Durante la ceremonia central, el director encargado de la AAA, José F. Puican Chávez, advirtió que, pese a la percepción de abundancia de ríos y manantiales en la Amazonía, existen límites concretos y desafíos crecientes en la disponibilidad del agua.

Puican Chávez resaltó que la región enfrentó casi cinco meses de sequía el año pasado, situación que obliga a replantear la tradicional visión de abundancia hídrica. Según el director, “El agua en nuestra región es un recurso vulnerable”. Explicó que la mayoría de derechos de uso proceden de quebradas y manantiales, fuentes altamente sensibles tanto al cambio climático como a la presión de la demanda.

Gestión y planificación contra el déficit hídrico

El titular de la AAA San Martín destacó la relevancia del Plan de Gestión de la Subcuenca Mayo, aprobado en 2022, el cual identifica a las cuencas de Yuracyacu y Cumbaza como zonas con déficit hídrico. De acuerdo con Puican Chávez, “Deben priorizarse proyectos de afianzamiento hídrico que aseguren la disponibilidad ante la creciente demanda de los sectores agrícola, poblacional y productivo”. Consideró que estos proyectos resultan estratégicos para el desarrollo sostenible de la región.

En cuanto a la formalización de derechos de uso de agua, la AAA ha otorgado 250 licencias en las provincias de Moyobamba y Rioja, beneficiando a los sectores agrario, poblacional y acuícola. Actualmente, la entidad trabaja en San Martín y Lamas, con la meta de alcanzar 380 licencias adicionales antes de fin de año.

Puican Chávez precisó que “estas licencias garantizan el derecho al uso del recurso y aseguran la disponibilidad hídrica para consumo humano, riego agrícola y producción acuícola”. Además, subrayó que la cooperación con el Gobierno Regional de San Martín y las Juntas de Usuarios ha permitido avanzar en la conformación de bloques de riego, un mecanismo que optimiza la formalización y la gestión eficiente del agua en áreas rurales.

Seguridad hídrica en políticas públicas

Puican Chávez exhortó a los gobiernos locales a incorporar el enfoque de seguridad hídrica en sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, enfatizando que la sostenibilidad del agua debe ser un eje transversal en toda política pública. Señaló que solo mediante una planificación municipal y regional que priorice este recurso será posible garantizar el acceso equitativo al agua, mantener la continuidad de las actividades productivas y proteger los ecosistemas.

El director de la AAA San Martín remarcó la necesidad de reactivar proyectos actualmente paralizados y promover un trabajo conjunto entre autoridades, instituciones y ciudadanía. Sostuvo que la protección del agua en la región depende de la colaboración y la planificación sostenida, condiciones indispensables para enfrentar los desafíos actuales y asegurar el recurso para las futuras generaciones.

Educación, participación y liderazgo

El área de Cultura del Agua de la AAA ha fortalecido sus acciones de educación ambiental y gestión participativa. Puican Chávez anunció la próxima firma de un convenio con el Instituto Pedagógico, que permitirá incorporar la enseñanza del uso responsable del agua en la formación docente. Señaló: “Creemos que la conciencia hídrica debe construirse desde las aulas”.

Como parte de las actividades conmemorativas, la Autoridad Nacional del Agua organizará dos encuentros con estudiantes: uno dirigido a escolares y otro a universitarios. El propósito es debatir sobre la gestión y gobernanza del agua, además de promover el liderazgo juvenil en la protección de este recurso. El director enfatizó la importancia de que las nuevas generaciones comprendan el valor y la finitud del agua.

Un avance físico del 51% destaca los progresos en la mejora y mantenimiento de la Troncal de la Orinoquía, una vía fundamental para la conexión entre San José del Guaviare, El Retorno y Calamar, según confirmó el Instituto Nacional de Vías (Invías) durante su reciente visita de verificación de obra.

La intervención, clave para más de 120.000 habitantes de los departamentos de Guaviare y Vaupés, incluye la pavimentación de 12,5 kilómetros en la primera capa asfáltica, 11,62 kilómetros en la segunda capa y 0,1 kilómetros en pavimento rígido, lo que evidenció un progreso significativo en la transitabilidad de este corredor.

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Este proyecto, que se ejecuta desde 2022, representa la única conexión terrestre al departamento del Vaupés y fortalece la integración territorial al enlazar con los ríos Unilla y Vaupés.

La subdirectora de Modernización de Carreteras Nacionales de Invías, Karol Roca Pacheco, detalló que: “La Troncal de la Orinoquía, vía que conecta a San José del Guaviare – Retorno Calamar, es la única conexión terrestre al departamento del Vaupés. La conecta desde el municipio de Calamar por los ríos Unilla y Vaupés, conectando así los departamentos de Guaviare y de Vaupés, permite una integración del territorio y beneficia a 120.000 personas de la región. Hoy cuenta con un avance del 51% que corresponde a 12,5 km de pavimentación en concreto asfáltico. Se destaca que es el primer corredor que implementa lineamientos de infraestructura vial verde, con lo cual el Invías continúa con su compromiso de sostenibilidad”.

El corredor se diferencia por ser el primero en Colombia en aplicar los Lineamientos de Infraestructura Vial Verde (Livv), estableciendo un modelo de intervención basado en la sostenibilidad ambiental.

Este enfoque comprende cuatro componentes esenciales: pasos de fauna, obras hidráulicas adaptadas, revegetalización y manejo sostenible del entorno. Según los lineamientos, los criterios de sostenibilidad se incorporan desde las fases de planeación estratégica sectorial hasta la operación y desmantelamiento de la infraestructura, procurando que cada etapa minimice los impactos ambientales y se ajuste a la normativa y políticas ambientales nacionales e internacionales.

De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, “los proyectos de construcción de carreteras que se diseñen y ejecuten deben contemplar las medidas de manejo necesarias para evitar, prevenir, mitigar, corregir y/o compensar la totalidad de los impactos ambientales significativos que potencialmente puedan generar”.

En ese contexto, el proyecto en la Troncal de la Orinoquía desarrolla acciones específicas como pasos de fauna para facilitar el tránsito de especies y estructuras hidráulicas que previenen afectaciones a los cuerpos de agua, así como revegetalización y diseño de espacios amigables para peatones y conductores, combinando así las necesidades del tránsito con la conservación de la flora y fauna regional.

La intervención ha significado no solo pavimentación, sino la consolidación de un corredor más seguro y sostenible. De los 10,2 kilómetros pavimentados, 9,2 kilómetros se ejecutaron entre El Retorno y Calamar, y el kilómetro restante en el sentido inverso. Además, en algunos tramos se construyen andenes y bahías de parqueo para optimizar la seguridad vial, y se mantiene de manera rutinaria 32 kilómetros del corredor en superficie afirmada, lo que prolonga la vida útil de la vía y reduce el deterioro.

La inversión acumulada asciende a $98.426 millones (49,7% del valor total del contrato), con un plazo de ejecución que ha cumplido ya el 45,9 %. De acuerdo con información suministrada por Invías, las obras continúan desarrollándose con el objetivo de fortalecer la conectividad, potenciar el desarrollo económico y social y garantizar el respeto por el entorno natural, respondiendo así a las expectativas de las comunidades de la Orinoquía y la Amazonía colombianas.

Desde el inicio del proyecto han sido evidentes los beneficios directos para los habitantes, incluidos más de 30.000 directamente impactados en las localidades intervenidas. El desarrollo de la Troncal de la Orinoquía busca ser referente nacional en compatibilidad entre desarrollo y sostenibilidad, y se proyecta como pieza clave de integración regional y mejora de la movilidad en áreas históricamente aisladas.

Tras tres ediciones consecutivas en países petroleros —Sharm el-Sheikh, Dubái y Bakú—, Belém do Pará representará la oportunidad de reorientar el rumbo hacia un modelo de desarrollo que combine justicia climática con crecimiento económico sostenible. La trigésima Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), a celebrarse en la ciudad brasileña del 10 al 21 de noviembre, representa un punto de inflexión para América Latina.

Belém se erige, así como un acto de reparación institucional, reafirmando el valor del multilateralismo ambiental y la necesidad de un liderazgo regional latinoamericano.

La deuda pendiente: la integración climática latinoamericana

La cumbre se realizará en esta región tras haber perdido la oportunidad de organizar la COP25 en 2019, primero por la decisión política de Brasil de renunciar a su organización y luego por el estallido social en Chile, que trasladó la cumbre a Madrid. Aunque España integra el espacio iberoamericano, su ubicación en Europa significó que la COP25 se desarrollara fuera del continente latinoamericano. Esa desviación de sede reflejó la falta de coordinación institucional y la debilidad del liderazgo regional.

América Latina es un bajo emisor global: aporta apenas el 11,3 % de los gases de efecto invernadero, pero sufre tres cuartas partes de los eventos climáticos extremos registrados en los últimos años. Esa asimetría demuestra que el desafío no es solo técnico, sino político: lograr que una región que sufre más de lo que contamina tenga más peso en las decisiones que la afectan.

La región llega fragmentada. Las diferencias ideológicas y los modelos de desarrollo se reflejan tanto en las negociaciones sobre temas clave, como en la conformación de sus alianzas internacionales. Mientras algunos países tienden a alinearse con los intereses del bloque occidental, otros fortalecen sus vínculos con China y el grupo de los BRICS. La Declaración Ministerial de Ciudad de México (2024) marcó un primer intento de coordinación regional.

Allí se adoptó el concepto de Mutirão Global —palabra tupí-guaraní que significa esfuerzo colectivo—, como símbolo de cooperación entre los países del Sur.

Amazonía como sujeto de derechos

Uno de los debates más esperados en Belém será el reconocimiento de la Amazonía como sujeto de derechos, inspirado en precedentes como el caso del río Atrato en Colombia. Proteger la selva dejaría de ser una obligación moral para convertirse en un deber legal. Los bosques tropicales absorben alrededor del 15% de las emisiones globales de dióxido de carbono y cumplen un rol insustituible en la mitigación del cambio climático. Sin embargo, su supervivencia está amenazada por la deforestación, la expansión agroganadera, la minería ilegal y la constante vulneración de los derechos de los pueblos originarios.

La puesta en marcha del Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF) introduce un paradigma de derecho ambiental económico: un mecanismo jurídico-financiero que remunera la conservación forestal con criterios de desempeño, transparencia y justicia distributiva. Garantiza ingresos estables incluso cuando se alcanza la deforestación cero.

Financiación y justicia climática: el talón de Aquiles

América Latina recibe menos del 17% del financiamiento climático global, a pesar de ser una de las regiones más afectadas por los impactos del cambio climático. Esta brecha revela un desequilibrio estructural: la mayoría de los países latinoamericanos, clasificados como de renta media, quedan atrapados en una zona gris, demasiado desarrollados para acceder a fondos destinados para los más pobres, pero aún vulnerables frente a los desastres climáticos. Resulta urgente transformar la noción de “responsabilidad compartida” en una obligación jurídica exigible, en línea con el principio de equidad intergeneracional.

La región comparte intereses comunes: dar más peso a la adaptación y a las pérdidas y daños, promover una transición energética justa y proteger estratégicamente los ecosistemas estratégicos, especialmente la Amazonía.

La meta es movilizar 1,3 billones de dólares en financiamiento climático, incluyendo la puesta en marcha del Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), que aspira a recaudar 125.000 millones de dólares para la conservación de los bosques tropicales bajo criterios de transparencia, desempeño y justicia distributiva, asegurando ingresos estables incluso cuando se alcanza la deforestación cero.

Ningún acuerdo climático será legítimo sin la participación activa de los pueblos originarios, primera línea de defensa de los bosques. Reconocerlos como sujetos de derechos y garantizar la consulta previa, libre e informada (Convenio 169 de la OIT) es una exigencia ética y jurídica para una verdadera justicia climática inclusiva.

El Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental regional, consolida esta visión: protege a los defensores del ambiente y garantiza el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Su plena implementación es esencial para fortalecer la democracia ambiental y asegurar que la transición ecológica sea transparente, participativa y justa.

Contribuciones Nacionales: la ventana que se estrecha

Cada cinco años, los países deben actualizar sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), que definen sus compromisos para reducir emisiones y adaptarse al cambio climático. Con los planes actuales, el planeta se encamina a un calentamiento de entre 2,1 °C y 2,6 °C, según Climate Action Tracker. Por eso, esta tercera presentación —las NDC 3.0— representa una última oportunidad para mantener abierta la meta de 1,5 °C establecida en el Acuerdo de París.

América Latina debería priorizar la justicia climática en una región profundamente desigual. Reimaginar las economías con enfoque de derechos, inclusión y equidad.

La protección de los bosques tropicales, junto con un financiamiento climático previsible y suficiente, constituye otro eje decisivo. Una NDC bien formulada puede atraer inversiones verdes y transformar la conservación ambiental en motor de desarrollo sostenible, apoyada en instrumentos como el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF).

Finalmente, la adaptación y la resiliencia deben consolidarse como prioridades estratégicas. Avanzar en las Metas Globales de Adaptación (GGA) y acelerar la implementación de los planes nacionales es indispensable para que las comunidades vulnerables y los gobiernos locales accedan de manera directa a los fondos disponibles.

El financiamiento será determinante: se busca duplicar los recursos destinados a la adaptación para 2025 y avanzar en la Hoja de Ruta Bakú–Belém. Aun así, persisten tensiones entre los países desarrollados y los países en desarrollo respecto del Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado de Financiamiento Climático (NCQG), que definirá las condiciones del apoyo internacional en la próxima década.

Conclusión

La COP30 no debe ser un ritual diplomático más, sino el punto de partida de una arquitectura jurídica regional. Latinoamérica posee los recursos naturales, la diversidad cultural y la legitimidad moral para liderar el tránsito hacia un modelo de desarrollo compatible con los límites planetarios. El desafío es transformar ese potencial en institucionalidad climática efectiva, con normas claras, sanciones proporcionales y mecanismos de cumplimiento verificables.

Hoy, cuando la evidencia científica es inapelable y las soluciones tecnológicas están al alcance, el desafío es traducir los compromisos en acciones efectivas y verificables sobre el terreno, capaces de generar resultados tangibles en mitigación, adaptación y justicia climática.

Cada Día de la Madre llega con el deseo de sorprender, agradecer y mimar a las mujeres que acompañan cada día con amor incondicional. En esa búsqueda de un obsequio que combine emoción, calidad y disfrute, las experiencias gastronómicas ganan terreno frente a los regalos tradicionales.

Este año, dos marcas reconocidas por su calidez y creatividad se unieron para crear una propuesta que va más allá del simple desayuno: Pani y Natura lanzaron una colaboración especial que une sabor, bienestar y cuidado en una misma experiencia.

Ambas marcas comparten una mirada que valora la belleza de los gestos simples. Por eso, decidieron unir fuerzas en una edición limitada con lo mejor de ambos mundos: un obsequio compuesto por productos que despiertan emociones y convierten los momentos cotidianos en celebraciones.

Un desayuno con esencia compartida

La colaboración se materializa en un megadesayuno donde cada detalle fue pensado para brindar una experiencia completa. Los boxes reúnen los clásicos sabores de Pani —como scones, medialunas, jugos naturales y quesito ahumado— junto a productos de la línea Ekos Maracuyá de Natura, especialmente elegidos para cuidar la piel y ofrecer un momento de relax.

Además, esta propuesta incorpora una novedad: el Brunch Keto, elaborado sin gluten ni azúcar y con ingredientes de alta calidad. Esta opción busca acompañar distintos estilos de alimentación sin resignar sabor, como una alternativa saludable dentro del universo Pani.

Cuatro opciones para cada estilo de mamá

Con la idea de que no todas las madres son iguales, se desarrollaron cuatro variantes del desayuno que están adaptadas a diferentes gustos y necesidades. Cada versión mantiene la esencia artesanal y la presentación cuidada que caracteriza a la marca, pero con combinaciones distintas de sabores y obsequios.

A través de esta iniciativa, Pani pretende reafirmar su compromiso con la personalización y la atención a los detalles. Por eso, cada box puede incluir un mensaje especial, lo que convierte a cada entrega en un gesto único y lleno de significado. Así, el regalo deja de ser un simple envío para transformarse en una experiencia emocional, donde cada elemento está pensado para sorprender y emocionar.

Una propuesta también para empresas

Más allá del público individual, Pani también pensó en las compañías que eligen obsequiar a sus colaboradoras o clientas en esta fecha. El Día de la Madre representa una oportunidad ideal para fortalecer vínculos, y la marca ofrece soluciones corporativas adaptadas a distintos presupuestos y cantidades.

Con atención personalizada y una logística cuidada, la firma garantiza que cada pedido llegue a destino en el horario acordado. Desde el armado de las experiencias hasta la entrega final, todo el proceso se realiza con choferes de confianza y control de calidad.

Actualmente, Pani cuenta con más de 9.000 contactos corporativos y supera las 200.000 transacciones online desde la creación de su tienda web en 2020. Esto la ha consolidado como referente en materia de regalos empresariales y personales.

Un mimo con propósito

La alianza con Natura busca transmitir valores compartidos: el respeto por el medioambiente y la importancia de celebrar los vínculos auténticos. En este sentido, los productos de la línea Ekos, inspirados en ingredientes de la biodiversidad amazónica, aportan una dimensión sensorial que complementa a la perfección la propuesta gastronómica.

De este modo, el obsequio se convierte en un ritual de bienestar que combina energía, disfrute y un toque de naturaleza. Así, el desayuno deja de ser una simple combinación de sabores para transformarse en una experiencia de bienestar integral. Cada caja representa un mensaje de gratitud y ternura, pensado para quienes dedican su tiempo y energía a cuidar a los demás.

En definitiva, esta colaboración entre Pani y Natura demuestra que el mejor regalo es aquel que combina emoción, sabor y cuidado. Ambas marcas lograron crear una propuesta original, delicada y coherente con sus identidades, que invita a disfrutar con todos los sentidos.

Para más información sobre la propuesta de Pani y Natura, hacer clic acá.

La moda peruana volvió a brillar en París con el desfile de “Wankayuq”, la nueva colección Primavera/Verano 2026 de Yirko Sivirich. Inspirada en Huancayo, su historia y su gente, la propuesta del diseñador iqueño combina tradición y modernidad con un fuerte valor emocional.

El creador dedicó esta entrega a su bisabuelo huancaíno, a quien recordó con afecto y gratitud. Con esta participación, Sivirich se consolida como el único representante peruano en la pasarela francesa, llevando la estética andina a los ojos del mundo con una elegancia que trasciende fronteras.

Wankayuq: raíces huancaínas en el corazón de París

La pasarela parisina fue testigo del homenaje más íntimo de Yirko Sivirich. Su colección “Wankayuq”, palabra quechua que significa “Huancayo”, nació como un tributo a su bisabuelo Antonio y a la fuerza de sus raíces familiares. “Lo disfruté hasta cuando tenía 22 años. Esta colección es un homenaje a él, a mis raíces y a la fuerza de mi familia. Todo lo que soy y diseño viene de ahí”, expresó el diseñador con emoción al finalizar su presentación.

El desfile estuvo impregnado de identidad peruana, con referencias al Valle del Mantaro y a la herencia cultural del centro andino. Las piezas combinaron estructuras impecables con detalles artesanales que evocaron la conexión entre lo ancestral y lo moderno. Tejidos naturales, bordados finos y tonos neutros con toques metálicos se mezclaron para crear un diálogo entre la tradición y la vanguardia.

El escenario elegido, un icónico recinto parisino, enmarcó la propuesta con sobriedad y elegancia. La dirección artística destacó por su precisión y por resaltar el carácter espiritual que distingue a cada prenda confeccionada a mano. Para Sivirich, la pasarela no fue solo un escaparate internacional, sino un espacio para rendir culto a sus orígenes.

El legado de un creador que eleva la moda peruana

Con “Wankayuq”, Yirko Sivirich consolida una trayectoria que ha sabido mantener coherencia estética y respeto por la cultura peruana. Su trabajo, que combina la técnica de la sastrería con la inspiración en el arte popular, ha colocado al país en el mapa de la moda global.

“Estoy muy agradecido por la respuesta tan positiva que recibió mi desfile en la Semana de la Moda de París. Presentar mi colección en esta ciudad es un sueño cumplido y una gran motivación para seguir creando. Llevar un pedacito del Perú a la pasarela internacional es, sin duda, mi mayor orgullo”, señaló el diseñador tras el evento.

Su propuesta no solo sedujo por la impecable confección, sino también por el mensaje simbólico de unidad entre la memoria y la creación. Cada pieza contó una historia sobre la familia, la identidad y el arte de transformar el recuerdo en vestimenta. La mirada de Sivirich continúa reafirmando que la moda es una herramienta de expresión cultural capaz de conectar pasado y presente.

De la selva al Ande: un viaje creativo sin fronteras

El homenaje a Huancayo llegó un año después de otro hito importante en su carrera. En 2024, Yirko Sivirich deslumbró al público del Fashion Week de París con su colección “Irawa Jawen”, inspirada en la Amazonía peruana y dedicada a su hermano Nuryo, quien había fallecido poco antes del desfile. “Irawa Jawen”, que en lengua shipibo significa “hermano en el cielo”, reflejó el vínculo espiritual del creador con la selva y con su familia.

Aquel desfile marcó su primera aparición en Europa, donde combinó telas naturales, estampados shipibos y una paleta vibrante que celebraba la biodiversidad peruana. En esa oportunidad, el diseñador protagonizó un momento conmovedor al revelar un polo con la frase “Te amo, hermano”, gesto que transformó el evento en una muestra de amor fraternal y memoria afectiva.

Su incursión en la pasarela parisina no solo destacó por la estética, sino por la autenticidad de su discurso. “Estoy emocionado, estar en el Fashion Week de París es un sueño que tenía pendiente hace tiempo. A esta alegría se suma que me invitaron a participar el próximo año en el Milan Fashion Week. Siento que todo esto es fruto de mi trabajo constante”, expresó entonces.

El tránsito de la selva al Ande demuestra la capacidad del diseñador para reinterpretar la identidad peruana desde distintas geografías culturales. Su mirada creativa ha conseguido conectar la Amazonía, el desierto y la sierra bajo un mismo relato visual de orgullo nacional.

Huancayo en la pasarela: espiritualidad, técnica y emoción

En “Wankayuq”, el diseñador convirtió la memoria en un acto de creación. Cada prenda representó una pieza del alma huancaína, con materiales que evocaron la calidez de la tierra y la fuerza de la montaña. Las siluetas estructuradas se complementaron con texturas orgánicas y bordados que recordaron los paisajes del Mantaro.

El desfile se destacó por su equilibrio entre elegancia y espiritualidad. La colección evidenció una evolución artística que conserva la sensibilidad que caracteriza a Sivirich, quien ha construido un lenguaje visual propio, alejado de la imitación y comprometido con la autenticidad.

En París, los aplausos confirmaron el impacto de su propuesta. El público reconoció el poder simbólico de cada diseño, en el que el arte textil peruano se convirtió en una declaración universal. En cada puntada se percibió el eco de la herencia andina, transformada por una mirada contemporánea que sigue expandiendo el lugar del Perú en el mundo de la moda.

La apertura de la segunda etapa de la exposición paleontológica “Vida en la proto-Amazonía” en el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos representa un avance significativo en la divulgación científica sobre la biodiversidad prehistórica amazónica. Por primera vez, el público tiene acceso a fósiles y réplicas de especies que poblaron la Amazonía hace millones de años, entre ellos el delfín de río más grande registrado, Pebanista yacuruna, y la tibia fosilizada de un perezoso con 46 marcas de mordeduras, atribuidas al ataque de un Purussaurus, un caimán gigante hoy extinto.

La exposición, que abre sus puertas este viernes 3 de octubre, presenta una cuidadosa selección de restos óseos —como cráneos y mandíbulas—, conchas de moluscos, ámbar, troncos y coprolitos. El evento se enriquecerá con dos conferencias magistrales: a las 18:15, Rodolfo Salas-Gismondi, jefe del Departamento de Paleontología de Vertebrados del museo, abordará el tema “La proto-Amazonía, tal vez el lugar más hiperdiverso del planeta”. Posteriormente, a las 18:40, el paleobiólogo Aldo Benites-Palomino tratará “Amazonía: nuestra próxima frontera paleontológica”. Ambas actividades se desarrollarán en el auditorio del museo, en la avenida Arenales 1256, Jesús María, y el acceso será libre.

El eje central de la muestra es el sistema Pebas, una formación geológica ubicada en la región Loreto, que ha preservado miles de fósiles fundamentales para entender el ecosistema antecedente de la Amazonía actual. Salas-Gismondi explicó a la Agencia Andina: “El objetivo es dar a conocer una riqueza paleontológica que hasta hace poco no figuraba en el mapa, porque era imposible buscar fósiles en la Amazonía hasta la aparición de restos de la Formación Pebas, que nos revelan un periodo de hiperdiversidad y aportan información clave sobre el origen de la biodiversidad amazónica”.

Sistema Pebas y su relevancia científica

El descubrimiento y recolección de fósiles en la zona comenzó en 2004, cuando un equipo de científicos peruanos y extranjeros —incluidos geólogos y paleontólogos— inició expediciones sistemáticas en la región. Hasta entonces, la mayoría de investigaciones paleontológicas en Perú se centraba en los desiertos, pues se consideraba que la Amazonía ofrecía pocas probabilidades de nuevos hallazgos. Tras más de veinte años y numerosas expediciones a los ríos Amazonas y Napo, las colecciones del museo se han enriquecido con una gran cantidad de fósiles, aunque todavía quedan ejemplares por estudiar.

El sistema Pebas existió entre hace 20 y hace 10 millones de años, conformado por pantanos, lagos y ambientes acuáticos. Salas-Gismondi señaló: “El sistema Pebas estaba formado principalmente por pantanos, lagos o ambientes acuáticos. Ahora sabemos que desempeñó un papel importante en el origen de muchas especies amazónicas. El potencial paleontológico de esta zona es realmente enorme; solo hemos explorado las áreas cercanas a Iquitos”. Las recientes investigaciones en el río Napo, la zona de Pebas y próximamente en las inmediaciones de Leticia, en la frontera con Colombia, han permitido identificar especies distintas en cada localidad, lo que confirma la presencia de microhábitats y una hiperadaptación a nichos ecológicos específicos.

La exposición resalta fósiles originales y reconstrucciones artísticas de la fauna del sistema Pebas, con especial énfasis en el caparazón de tortuga, cráneos de caimanes como Gnatusuchus pebasensis —adaptado a la dieta de moluscos— y Purussaurus, así como restos de Pebanista yacuruna. Los asistentes pueden comparar cráneos y caparazones de delfines, caimanes y tortugas actuales con sus equivalentes fósiles y contemplar una maqueta a escala real del Purussaurus, además de disfrutar de información actualizada y una museografía especialmente diseñada.

Perspectivas futuras y valor educativo

Salas-Gismondi anunció: “Vamos a ampliar esta exhibición en los próximos dos años, porque realizaremos nuevas campañas y es probable que describamos algunas especies nuevas”. Además, destacó el valor de la muestra: “Es una exhibición completa y atractiva; representa un ambiente novedoso en el museo que será motivo de disfrute para muchas personas”.

La segunda etapa de “Vida en la proto-Amazonía” se consolida como un aporte esencial al conocimiento de la historia natural sudamericana, permitiendo al público acercarse de manera directa a las evidencias de la prehistoria amazónica y al extraordinario proceso evolutivo de la región. Por primera vez, la riqueza y la complejidad de un ecosistema desaparecido se exhiben con rigor científico y atractivo visual, generando nuevas oportunidades para la divulgación, la educación y el interés por la paleontología en Perú.

El reciente acuerdo para crear la Plataforma sobre Infraestructura Territorial Amazónica marca un punto de inflexión en la búsqueda de soluciones frente a los impactos negativos que la infraestructura vial ha generado en la Amazonía. Esta iniciativa, que reúne a organizaciones indígenas y de la sociedad civil de Perú, Brasil y Colombia, surge tras un encuentro en Lima donde se analizaron los riesgos y desafíos que enfrentan los territorios amazónicos ante la falta de transparencia y coordinación en los proyectos viales.

La experiencia acumulada en las últimas dos décadas, especialmente con proyectos como la carretera Interoceánica-Sur y el caso Odebrecht, ha puesto en evidencia la urgencia de fortalecer los controles y la articulación institucional. En regiones como Madre de Dios, la construcción de la Interoceánica-Sur derivó en la degradación de aproximadamente 20.000 hectáreas de bosque debido a la minería ilegal, según el análisis compartido por los participantes del encuentro. Este tipo de iniciativas, ejecutadas sin una planificación integral, han propiciado la deforestación, la contaminación de fuentes hídricas y la expansión de economías ilícitas, mientras el desarrollo local y el acceso a servicios básicos han quedado relegados.

Nace plataforma amazónica para frenar impactos de infraestructura vial

Denisse Linares, líder de proyectos de DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales), respaldó la necesidad de realizar estudios ambientales, económicos y sociales rigurosos que incorporen las expectativas locales desde una perspectiva de sostenibilidad.

Linares enfatizó que “estamos hablando de territorios sensibles por sus características sociales y ambientales”, y subrayó la importancia de fortalecer la articulación con organismos como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y otros espacios intergubernamentales dedicados a la planificación de infraestructura.

Deforestación y violencia impulsan creación de plataforma amazónica

El impacto directo sobre las comunidades nativas fue expuesto por Beatriz Tijé, representante de la Federación Nativa del Río Madre de Dios (Fenamad). Tijé relató que, tras la construcción de carreteras principales, se incrementaron las actividades ilícitas y la violencia en la región. Según sus palabras, “La Transoceánica ha traído un desorden a Madre de Dios y ya no podemos cómo frenar eso”.

Además, señaló que la minería y el narcotráfico han deteriorado la calidad del agua y restringido la seguridad alimentaria, lo que ha incrementado la inseguridad y la pérdida de jóvenes que se suman a economías ilegales. La ausencia de apoyo estatal, advirtió, facilita la entrada de concesiones mineras que afectan a comunidades como Arasaereyo.

Alianza regional busca proteger la Amazonía de daños por carreteras

Desde Colombia, Kathryn Rosas, abogada de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), describió cómo la construcción de infraestructuras viales y fluviales ha facilitado la entrada de actividades ilícitas y ha intensificado la presión sobre los territorios indígenas.

Rosas destacó que las comunidades han desarrollado mecanismos propios de protección y que la legislación colombiana reconoce sus funciones ambientales. Solicitó que se respete el derecho a consultas previas, libres e informadas, y afirmó: “Estas infraestructuras no pueden seguir siendo un pretexto para ampliar las economías ilegales o violentar los derechos colectivos”.

Amazonía en alerta por efectos de infraestructura vial, crean plataforma regional

El consenso alcanzado en el encuentro sentó las bases para la creación de una plataforma regional amazónica orientada a la producción de información, el fortalecimiento de la gobernanza socioambiental y la generación de propuestas y alternativas sostenibles. El objetivo es encontrar vías de desarrollo compatibles con la protección de los derechos colectivos y los saberes tradicionales.

Organizaciones como la OPIAC, la FCDS de Colombia, la ORAU, la CORPI-SL, la FENAMAD, la DAR de Perú y el Grupo de Infraestructura de Brasil, junto a otros aliados estratégicos para la Amazonía, destacaron la importancia de consolidar un espacio de propuestas sobre infraestructura vial que incorpore criterios de respeto a los derechos de las poblaciones locales y tenga en cuenta la delicada situación socioambiental de la región.

En un hallazgo que sorprende a la comunidad científica, un estudio internacional ha demostrado que el tamaño promedio de los árboles en la Amazonia ha aumentado un 3,2% por década durante al menos los últimos 30 años.

Este fenómeno, atribuido principalmente al incremento de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, fue analizado en un nuevo estudio de un consorcio internacional de científicos cuyos hallazgos fueron publicados en la revista Nature Plants.

El resultado desafía la idea de que el cambio climático solo genera efectos negativos en los bosques tropicales y plantea nuevas interrogantes sobre el futuro de la mayor selva tropical del planeta.

El estudio, fruto de la colaboración de más de 60 universidades de Sudamérica, el Reino Unido y otros países, incluyó el monitoreo de 188 parcelas permanentes en la Amazonia, principalmente en Brasil.

Cerca de un centenar de científicos participaron en la investigación, que documentó cómo tanto los árboles grandes como los pequeños han incrementado su tamaño de manera sostenida durante al menos tres décadas.

Beatriz Marimon, profesora de la Universidad de Mato Grosso y coautora del estudio, destacó: “Esta es una buena noticia. Con frecuencia escuchamos cómo el cambio climático y la fragmentación amenazan los bosques amazónicos. Pero, mientras tanto, los árboles en bosques intactos han crecido; incluso los árboles más grandes han seguido prosperando a pesar de estas amenazas”,.

Efecto del dióxido de carbono y fertilización atmosférica

La explicación científica de este fenómeno se encuentra en el proceso conocido como fertilización por CO2.

El aumento de dióxido de carbono atmosférico actúa como un fertilizante que estimula el crecimiento de los árboles, permitiendo que absorban más carbono y desarrollen mayor biomasa.

Adriane Esquivel-Muelbert, de la Universidad de Cambridge y coautora principal del artículo sobre la red RAINFOR, subrayó la importancia de este hallazgo: “Los árboles grandes son enormemente beneficiosos para absorber CO2 de la atmósfera, y este estudio lo confirma".

“A pesar de la preocupación de que el cambio climático pueda afectar negativamente a los árboles de la Amazonia y socavar el efecto sumidero de carbono, el efecto del CO2 en la estimulación del crecimiento persiste. Esto demuestra la notable resiliencia de estos bosques, al menos por ahora”, afirmó.

El impacto ecológico de este crecimiento acelerado es relevante. Los árboles amazónicos, especialmente los de mayor tamaño, desempeñan un papel fundamental en la absorción de carbono, ayudando a mitigar el calentamiento global.

Investigaciones previas de la red RAINFOR ya habían demostrado que la selva amazónica es un sumidero clave de carbono.

Ahora, el nuevo estudio aporta evidencia de que “todo el bosque ha cambiado”, en palabras de Tim Baker, profesor de la Universidad de Leeds y coautor principal, quien explicó que árboles de todos los tamaños han crecido durante el mismo periodo, modificando la estructura y dinámica del ecosistema.

Los árboles del Amazonas siguen en riesgo

No obstante, los autores advierten que este fenómeno positivo no está exento de riesgos. La deforestación y la fragmentación del bosque siguen representando amenazas graves que podrían revertir los beneficios observados.

Rebecca Banbury Morgan, de la Universidad de Bristol y coautora principal, enfatizó la dificultad de reemplazar los servicios ecológicos de los árboles antiguos: “Nuestro artículo también destaca lo destructiva que es la deforestación de la Amazonia. Los grandes árboles tropicales tienen cientos de años. No podemos simplemente plantar árboles nuevos y esperar que aporten beneficios similares a los del carbono o la biodiversidad que proporciona el antiguo bosque natural”, señaló Banbury Morgan.

El estudio es pionero en medir de forma sistemática cómo el aumento de CO2 ha alterado la estructura de los bosques amazónicos.

Los investigadores observaron que los árboles más grandes han logrado dominar la competencia por los recursos, lo que podría tener consecuencias a largo plazo para la biodiversidad y la resiliencia del ecosistema. Oliver Phillips, profesor de la Universidad de Leeds, advirtió sobre la importancia de mantener la conectividad del bosque: “Lo que ocurre con los árboles grandes, incluyendo cómo afrontan las crecientes amenazas climáticas y dispersan sus semillas, es ahora crucial”, declaró Phillips.

El futuro de estos gigantes amazónicos dependerá de la capacidad de conservar la integridad del ecosistema. Si la deforestación avanza, los riesgos para la salud y la supervivencia de los árboles aumentarán, poniendo en peligro los beneficios que aportan al planeta.

La protección de la Amazonia se perfila como una condición esencial para que estos árboles continúen prosperando y contribuyendo a la estabilidad climática global.

El Sistema Cantareira, principal complejo de reservas hídricas que abastece a la región metropolitana de San Pablo, registró en septiembre el nivel de agua más bajo de los últimos diez años, cuando el estado de San Pablo sufrió una de las sequías más trágicas de su historia. Las consecuencias en aquel momento fueron graves: racionamiento de agua y daños significativos a la agricultura y la ganadería. Pero, sobre todo, la crisis se extendió a toda la región sudeste de Brasil, afectando también a los estados de Minas Gerais y Espírito Santo. Según un estudio publicado en la revista científica Science, fue la novena sequía más grave del mundo entre 1980 y 2018.

Este fenómeno extremo se debió principalmente a un cambio anómalo en la posición de un gran sistema de alta presión en el Atlántico Sur (denominado ASAS). Este sistema se desplazó más cerca del continente, funcionando como una especie de “barrera” que bloqueaba la llegada de nubes cargadas de humedad al sureste de Brasil. Como consecuencia, las lluvias que normalmente caen en abundancia en esa época no llegaron o fueron muy irregulares. Además, el fenómeno climático El Niño, que altera aún más el régimen de lluvias, contribuyó a empeorar la situación.

La sequía de hace 10 años fue solo una de las varias señales de alarma que también explican la situación actual. De hecho, desde los años 90, los periodos de interrupción de la temporada de lluvias, los llamados veranillos, son cada vez más largos. La semana pasada, según los datos difundidos por Sabesp, la empresa pública de servicios básicos de saneamiento del estado de San Pablo, el volumen operativo del Sistema Cantareira alcanzó apenas el 29,5%, mientras que en el mismo período de 2024 el nivel era del 53%.

El Sistema Cantareira está formado por cinco grandes embalses artificiales conectados entre sí, los de Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha y Paulo de Paiva Castro, que juntos acumulan y regulan el suministro de agua de gran parte del estado de San Pablo. Ante esta situación crítica, Sabesp declaró el estado de “escasez” de agua y anunció nuevas medidas para contener el consumo.

A partir del 22 de septiembre, la empresa amplió de 8 a 10 horas la reducción de la presión del agua en los hogares. La situación se supervisa constantemente y, en caso de que empeore aún más, ya se ha anunciado que podrían adoptarse medidas adicionales. En comparación con hace diez años, Sabesp ha ampliado las interconexiones entre los sistemas, lo que permite la redistribución de los trasvases de agua para reequilibrar los niveles hídricos, y ha trabajado para restaurar manantiales, embalses y fuentes.

Sin embargo, algunas cuestiones críticas siguen planteando problemas. En primer lugar, el 29,5% del agua tratada se desperdicia debido a filtraciones o conexiones ilegales. A esto se suma el comportamiento de los consumidores, que solo muy lentamente están empezando a utilizar el agua de forma más consciente, con una reducción per cápita desde 2015 de apenas el 15%.

Como subraya un editorial del diario Folha de São Paulo, “la combinación del crecimiento demográfico y las condiciones climáticas inestables exige ahora una planificación urbana a largo plazo, soluciones integradas de conservación y grandes inversiones en infraestructuras: otras áreas metropolitanas de todo el mundo ya están experimentando la escasez de agua como algo cotidiano”.

El caso de San Pablo no es más que la punta del iceberg. Un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de las Naciones Unidas, publicado estos días, ha dado la voz de alarma sobre un ciclo hidrológico global cada vez más desequilibrado, caracterizado por sequías prolongadas e inundaciones devastadoras.

El documento, titulado “Estado de los recursos hídricos mundiales 2024”, muestra que solo un tercio de las cuencas hidrográficas del mundo ha registrado condiciones normales, mientras que las demás han sufrido exceso o escasez de agua. 2024 fue el año más caluroso jamás registrado, con un papel determinante del fenómeno de El Niño.

El informe dedica un amplio espacio a Brasil, subrayando cómo los extremos climáticos se han manifestado con fuerza en los últimos años. Por un lado, la severa sequía que desde 2023 ha afectado a la Amazonia hasta alcanzar el 59% de su territorio en 2024, con graves repercusiones medioambientales y sociales. Por otro lado, las devastadoras inundaciones que el año pasado afectaron al sur del país, en particular al estado de Rio Grande do Sul, y que causaron casi 200 muertos y miles de desplazados, en lo que ha sido una de las peores catástrofes climáticas nacionales.

Paradójicamente, este año la Amazonia corre el riesgo de vivir una situación opuesta. El pasado mes de julio, el río Negro, cerca de la ciudad de Manaos, en el estado de Amazonas, registró una bajada de las aguas de 53 centímetros, con una media de 1,71 cm al día, según los datos del puerto de Manaos, que supervisa diariamente el nivel del río.

El 1 de agosto, el nivel era de 28,49 metros. Además, en los últimos meses, el río alcanzó un máximo de 29,05 metros, solo cinco centímetros por encima del umbral de inundación grave, que se sitúa a partir de los 29 metros. El proceso de crecida comenzó en octubre de 2024, tras la peor sequía de los últimos cien años en el estado de Amazonas. Otro ejemplo de cómo los fenómenos climáticos se manifiestan de forma cada vez más extrema lo demuestra también el estado de San Pablo.

El lunes, una violenta tormenta de lluvia, aunque no fue suficiente para elevar el nivel de las reservas de agua, sí causó destrucción. Emblemático es el caso de la fábrica de Toyota en Porto Feliz, en el estado de San Pablo. Todo el techo de la fábrica fue arrancado por las violentas ráfagas de viento. Según informó la misma multinacional japonesa, los daños paralizarán la producción al menos hasta enero del próximo año.

Un estudio publicado en septiembre en Nature Communications señala a la deforestación, especialmente en la Amazonia, como responsable, según la investigación realizada por científicos brasileños e internacionales, del 75% de la reducción de las lluvias en la estación seca en la Amazonia desde 1985.

La destrucción de la selva conlleva una pérdida de al menos 15,8 mm de lluvia por estación seca y un aumento medio de la temperatura de unos 2 °C. Sin embargo, los investigadores también han alertado de que los efectos de la deforestación se extienden más allá de la selva.

La Amazonia alimenta a todo Brasil con humedad a través de los llamados “ríos voladores”, corrientes de vapor de agua que abastecen de lluvia a las regiones agrícolas del centro-oeste y el sureste del país. La disminución de este flujo reduce la productividad agrícola, afecta a la pesca y a las comunidades que dependen de los cursos de agua, y contribuye a que se produzcan períodos de sequía más frecuentes e intensos, además de incendios y olas de calor.

Si el ritmo actual de deforestación continúa, se prevé que para 2035 las temperaturas máximas aumenten 2,64 °C y las precipitaciones disminuyan 28,3 mm por estación seca en comparación con 1985.

Por su parte, un editorial publicado el pasado mes de marzo en Science atacó las políticas medioambientales del Gobierno brasileño, que pondrían en peligro el equilibrio climático e hídrico de Brasil. Según los investigadores Philip Fearnside y Walter Leal Filho, gran parte de los sectores gubernamentales promueven actividades que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero. Entre los ejemplos citados se encuentran las subvenciones para transformar pastos en cultivos de soja y la asfaltada de la carretera BR-319 que atraviesa la Amazonia, iniciativas que fomentan la deforestación.

Por no hablar de la apertura de pozos petrolíferos en la Amazonia, un proyecto que parece estar cada vez más cerca de realizarse, ya que esta misma semana el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) ha aprobado una prueba realizada en agosto por Petrobras, en el marco de un amplio ejercicio de emergencia solicitado por el organismo medioambiental para obtener una licencia de perforación en la cuenca del río Amazonas.

Incluso el sistema de previsión adoptado por el Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS) en Brasil ya es considerado obsoleto por los expertos, ya que se basa en datos históricos de 90 años y no tiene en cuenta los efectos del cambio climático. El modelo no logra detectar nuevos patrones de escasez o abundancia de agua, lo que dificulta la gestión de las cuencas hidrográficas y aumenta la fragilidad del sistema energético. Esto conlleva un mayor riesgo de cortes de electricidad y contribuye al aumento de los costes energéticos, con consecuencias para toda la economía y los hogares.

La secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo, ha dado recientemente la voz de alarma. “El agua sustenta nuestras sociedades, alimenta la economía y es fundamental para los ecosistemas. Pero cada vez está más bajo presión. Sin datos precisos, avanzamos a ciegas”, afirmó.

En la quebrada Sawintza, reconocida por su difícil acceso y su ubicación estratégica en la frontera de Amazonas y Ecuador, autoridades peruanas realizaron un operativo que permitió localizar y desactivar una operación minera ilegal extendida por unos 25 kilómetros. El sitio albergaba un volumen logístico considerable, incluyendo 22 excavadoras, 14 motores, 25 campamentos y más de 10.000 galones de combustible. Además, se incautaron generadores eléctricos, decenas de timbos, antenas satelitales, herramientas y otros materiales empleados para la extracción ilegal de minerales.

La intervención se enfocó en aplicar el Decreto Legislativo N.º 1100, que autoriza la misma destrucción in situ de bienes, insumos y maquinaria empleada en actividades ilícitas de minería. Todos estos elementos fueron eliminados mediante cargas controladas bajo supervisión técnica, respetando protocolos de seguridad orientados a evitar riesgos para poblaciones cercanas.

El material destruido fue valorizado oficialmente en S/ 80,740,150, cifra que refleja el impacto económico del operativo sobre la infraestructura de las redes mineras ilegales en la selva norte. Las autoridades indicaron que la acción afecta las capacidades logísticas de organizaciones que han apuntado a regiones protegidas como zonas de expansión, con efectos directos sobre los recursos y derechos de la comunidad Kumpanan.

La operación contó con la participación de diversas unidades policiales, fiscalía y equipos técnicos, en una labor apoyada por la Dirección de Medio Ambiente, la División contra la Minería Ilegal y la Dirección de Aviación Policial. El monitoreo aéreo y terrestre permitió ubicar los principales puntos de acopio y residencia temporal de personas vinculadas a la explotación ilegal.

Las autoridades informaron que se mantiene la vigilancia en el distrito de El Cenepa ante la posibilidad de intentos de reactivación de actividades por parte de grupos remanentes. Se observaron campamentos y áreas intervenidas en constante movimiento, por lo que la presencia de patrullas y personal técnico busca disuadir el retorno de las operaciones mineras sin autorización ambiental.

Cifras oficiales de operativos

En el marco de las acciones policiales de las últimas 24 horas, las autoridades reportaron la desarticulación de 42 bandas criminales, así como 655 detenciones en flagrancia y la captura de 202 personas requeridas por la justicia. El decomiso de 5,680 envoltorios de droga y la incautación de S/ 586,954 provenientes de actividades ilícitas complementan los resultados de operativos simultáneos en distintos puntos del país.

Estas cifras reflejan la persistencia de actividades ilícitas en diversas escalas, requiriendo intervenciones puntuales que incluyen desde minería ilegal hasta delitos asociados al contrabando y tráfico de drogas. El seguimiento a estas intervenciones continúa en proceso en coordinación con el Ministerio Público y autoridades regionales.

Potenciar minería

En la víspera, el impulso de alianzas internacionales y la firma de un acuerdo estratégico con Arabia Saudita y otros países del Golfo Pérsico en noviembre marcarán un punto de inflexión en la política minera del Perú, según lo anunciado por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, durante la Convención Minera PERUMIN 37.

El Gobierno peruano busca consolidar su posición como referente global en minería sostenible, apoyándose en la cooperación con Chile y Suiza para atraer inversiones, promover la industrialización de minerales estratégicos y fortalecer la formalización del sector.Durante su intervención en Arequipa, Eduardo Arana detalló que el acuerdo con los países del Golfo Pérsico permitirá potenciar la cooperación minera y metalúrgica, abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo de proyectos conjuntos y la transferencia tecnológica.

El titular de la PCM subrayó que este convenio facilitará la llegada de inversiones extranjeras y el avance en la industrialización de los recursos minerales peruanos.El premier destacó que la estrategia presentada en la PERUMIN 37 tiene como objetivo consolidar el liderazgo del Perú en el sector minero a nivel internacional. “Esto fortalecerá la posición del Perú como un proveedor confiable de minerales estratégicos a nivel global”, afirmó Eduardo Arana durante su exposición.

En el marco de la Semana del Clima, el Estado peruano y representantes de pueblos indígenas presentaron el primer programa REDD+ Indígena Jurisdiccional, una iniciativa pionera a nivel global que reconoce a las comunidades amazónicas como socias estratégicas en la conservación de los bosques y en la lucha contra el cambio climático.

El anuncio fue realizado por el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, junto a líderes indígenas como Fermín Chimatani (ANECAP), Jorge Pérez (AIDESEP), Oseas Barbarán (CONAP) y Renato Ríos, asesor del Grupo Perú de Pueblos Indígenas (GPPI). La propuesta consolida una alianza inédita entre el Estado y las organizaciones indígenas, orientada a la titulación de comunidades nativas, la gestión sostenible de los bosques amazónicos y la defensa de los derechos colectivos.

El GPPI está integrado por tres organizaciones nacionales: la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) y la Asociación Nacional de Ejecutores de Contratos de Administración (ANECAP).

“Sin los pueblos indígenas no hay bosques, y sin bosques no hay futuro”, afirmó el ministro Castro Vargas, quien destacó que la iniciativa permitirá conservar más de 7 millones de hectáreas en Loreto, Ucayali y Amazonas.

Un modelo de cogobernanza y compensación

El programa REDD+ Indígena Jurisdiccional promueve la participación activa y liderazgo de las comunidades en la gestión de los bosques. Estas recibirán beneficios directos de compensación por servicios ambientales a través de la captura de carbono.De este modo, las comunidades se convierten en guardianas remuneradas de la biodiversidad, vinculando su bienestar directamente con la protección de los ecosistemas amazónicos.

El ministro Castro subrayó que este modelo se alinea con los compromisos internacionales del Perú, como el Acuerdo de París y la meta global 30x30, además de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC).

Un llamado al financiamiento internacional

Previo a la presentación, Castro participó en el Grupo de Financiadores para la Tenencia Forestal, donde pidió a la comunidad internacional renovar y ampliar su apoyo económico.“Necesitamos compromisos financieros reales para que nuestros acuerdos no se queden en palabras, sino que cambien vidas”, señaló, al tiempo que reafirmó el compromiso del Perú con la acción climática conjunta con los pueblos indígenas.

Contexto de la deforestación amazónica

El lanzamiento de este programa ocurre en un momento crítico e importante. Entre 2001 y 2023, el Perú perdió más de 3 millones de hectáreas de bosque amazónico, equivalente a once veces el área de Lima metropolitana, según un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú).El 70% de esta pérdida se concentra en zonas críticas de Ucayali, Loreto, San Martín, Huánuco y Madre de Dios, impulsada por la expansión de la agricultura, cultivos ilícitos de coca, tráfico de tierras, minería y tala ilegal.

Las comunidades indígenas se ven especialmente afectadas: 19% de la deforestación nacional corresponde a territorios nativos, lo que equivale a más de 582 mil hectáreas perdidas. A pesar de ello, las áreas naturales protegidas y concesiones para conservación muestran que, con vigilancia y administración formal, la deforestación puede reducirse a menos del 5%.

Importancia de la Amazonía para el planeta

Los bosques amazónicos del Perú forman parte de uno de los ecosistemas más vitales del planeta, al albergar miles de especies y actuar como reservorios de agua dulce y sumideros de carbono.La FAO estima que los bosques del mundo absorben 2,6 mil millones de toneladas de CO₂ al año, lo que convierte su protección en una prioridad global.

Con la implementación del REDD+ Indígena Jurisdiccional, el Perú busca no solo cumplir con sus compromisos climáticos, sino también garantizar que los beneficios lleguen directamente a quienes han protegido estos territorios por generaciones: los pueblos indígenas amazónicos.

La científica peruana Rosa Vásquez Espinoza ha sido una de las cinco ganadoras del Premio Internacional Unesco–Al Fozan 2025, un galardón que reconoce a jóvenes investigadores por sus contribuciones en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

La investigadora fue distinguida por su innovador trabajo en la Amazonía peruana, donde combina ciencia moderna con conocimientos indígenas para impulsar estrategias de conservación, educación ambiental y liderazgo comunitario.

El premio —anunciado por la Unesco el 19 de septiembre— se otorga cada dos años a cinco científicos menores de 40 años de distintas regiones del mundo. Vásquez Espinoza fue seleccionada como la representante de América Latina y el Caribe, tras un riguroso proceso de evaluación entre 269 postulaciones. Cada premiado recibe 50 mil dólares y una medalla, entregada en una ceremonia oficial en la sede de la Unesco en París.

Ciencia y raíces amazónicas

Rosa Vásquez Espinoza, fundadora y directora ejecutiva de la organización Amazon Research Internacional (ARI), lidera proyectos que regeneran la biodiversidad de la Amazonía, integran la ciencia con los conocimientos ancestrales y promueven soluciones frente al cambio climático. Uno de sus principales enfoques ha sido la protección de las abejas sin aguijón, especies nativas cuyas mieles medicinales poseen propiedades únicas y están en riesgo por la deforestación y los pesticidas.

Desde ARI, la científica impulsa un modelo que no solo documenta la riqueza biológica de la selva, sino que empodera a las comunidades nativas como cocreadoras de las investigaciones. En lugar de ser solo informantes o beneficiarios, los pueblos indígenas participan activamente en el diseño, implementación y difusión de los proyectos, lo que refuerza su rol como guardianes del territorio.

“Este recurso natural no solo empodera economías locales, sino que también fortalece la protección de estas especies vulnerables al cambio climático”, explicó Vásquez en un artículo del Fondo Socioambiental.

Un perfil internacional con sello peruano

La trayectoria de Rosa Vásquez refleja una conexión entre sus raíces andino-amazónicas y una formación científica global. Obtuvo su doctorado en Biología Química por la Universidad de Michigan, así como títulos en Biología y Química en la Universidad Tecnológica de Tennessee. Además, ha sido reconocida como exploradora de National Geographic, científica de la iniciativa Harmony with Nature de la ONU y conferencista que colabora con escuelas de todo el mundo para fomentar el interés por la ciencia y la sostenibilidad.

Este nuevo reconocimiento se suma a su inclusión en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo según la BBC, por su capacidad de inspirar a nuevas generaciones desde la Amazonía.

Visibilizar el talento científico femenino

Para Guiomar Alonso Cano, representante de la Unesco en Perú, el galardón otorgado a Vásquez Espinoza representa una oportunidad para seguir impulsando la presencia femenina en el ámbito científico: “Este premio no solo celebra su aporte extraordinario, sino que también inspira a miles de niñas y jóvenes peruanas a seguir el camino de la ciencia. En la Amazonía y en cada rincón del país hay un potencial que debemos visibilizar y multiplicar”.

La Unesco promueve en el Perú diversas iniciativas para fomentar las carreras STEM entre mujeres jóvenes, como el programa “Para las Mujeres en la Ciencia”, en alianza con L’Oréal, y mentorías para acercar la investigación a estudiantes de secundaria en zonas rurales y urbanas.

Sobre el premio Unesco–Al Fozan

El Premio Internacional Unesco–Al Fozan busca fortalecer la ciencia como herramienta de transformación global, promoviendo la cooperación internacional, la educación científica y el liderazgo juvenil.

En esta segunda edición, fueron reconocidos investigadores de China, Chipre, Marruecos, Namibia y Perú, quienes han aportado al desarrollo de nuevas tecnologías, educación STEM y conservación ambiental.

La imagen de la Amazonia devastada después de una deforestación total se parece poco al exuberante pulmón verde que domina la cuenca sudamericana. En ese hipotético escenario, la vida afrontaría periodos secos alternados con lluvias extremas y repentinas, vientos fuertes capaces de impedir el rebrote vegetal y temperaturas en constante ascenso que elevarían al máximo el estrés térmico sobre personas y animales.

Según una investigación realizada por Arim Yoon y su equipo del Instituto Max Planck para la Meteorología en Alemania, la eliminación masiva de la selva no implicaría simplemente un clima más seco, como se pensaba hasta ahora. De acuerdo con este grupo científico, revisaron uno de los supuestos centrales sobre la región: la relación directa entre deforestación y disminución de lluvias en la Amazonia. Durante largo tiempo, numerosos estudios predijeron una drástica reducción de precipitaciones tras la tala indiscriminada, pero esta nueva evidencia invita a mirar el fenómeno bajo otro prisma.

Yoon y sus colaboradores utilizaron un modelo climático avanzado, capaz de captar con mayor precisión las dinámicas de convección y los patrones de precipitaciones. Esta mejora contrasta con aproximaciones previas basadas en modelos de baja resolución, los cuales no lograban reflejar adecuadamente la complejidad meteorológica de la Amazonia. Según el análisis de Dominick Spracklen, investigador de la Universidad de Leeds, la nueva estrategia utilizada representa una mejora notable y permite simular de manera más realista las reacciones del clima local ante la deforestación.

De acuerdo con los resultados del estudio difundido por New Scientist, tras la desaparición total del bosque bajo las condiciones climáticas actuales, el promedio anual de lluvias en la región se mantiene notablemente estable. Sin embargo, al observar los datos con mayor detalle horario, surgen consecuencias mucho más severas y abruptas. El equipo de Yoon detectó un aumento en la frecuencia de los periodos secos, acompañados de un incremento del 54% en eventos de lluvia violenta, definidos como más de 50 milímetros en una hora.

Asimismo, los especialistas detectaron un incremento significativo en los extremos de temperatura: la mínima diaria subiría 2,7℃ (4,9℉) y la máxima 5,4℃ (9,7℉), lo que elevaría el nivel de estrés térmico para quienes habitan la zona. También se espera que los vientos muy fuertes se presenten con más regularidad. De acuerdo con Luis Cattelan, también de la Universidad de Leeds, el impacto sería drástico: “Vas a tener lluvias más extremas y temperaturas más extremas. Eso es, básicamente, horrible para cualquier persona que viva allí”.

Ese escenario afectaría directamente a más de 30 millones de personas, entre ellas unos 2,7 millones de indígenas que dependen de los servicios ambientales que brinda la selva. La combinación de sequías extensas y lluvias intensas impediría cualquier intento de recuperación de la cobertura vegetal natural. Además, la población quedaría expuesta a nuevas olas de calor y fenómenos climáticos imprevisibles.

Sin embargo, Cattelan advierte sobre la necesidad de continuar las investigaciones antes de tomar estos resultados como definitivos. Señala que este tipo de simulación se basa en escenarios extremos, más útiles para entender señales climáticas que para describir el futuro inmediato de la Amazonia. “Estos escenarios extremos sirven para que la ciencia capte la magnitud del problema, pero somos conscientes de que aún está lejos de materializarse por completo”, sostiene Cattelan.

El estudio invita a revisar los modelos actuales y promueve la elaboración de proyecciones que consideren los efectos de la deforestación parcial, una realidad mucho más cercana a lo que enfrenta la Amazonia. Se reconoce que, aunque la tala total pueda parecer poco probable, la tendencia de pérdida gradual del bosque amazónico ya afecta la estabilidad climática no solo regional sino también global.

Así, la comunidad científica internacional observa con preocupación el ritmo al que avanzan las modificaciones climáticas asociadas a la actividad humana. El uso de modelos más precisos permite anticipar consecuencias menos evidentes, como la alternancia entre sequías y lluvias cortas e intensas, y no solo una reducción paulatina de lluvias.

La Amazonia se muestra vulnerable a intervenciones que pueden desencadenar efectos inesperados, un llamado de alerta para priorizar la conservación y frenar la deforestación antes de que los cambios sean irreversibles.

En el último año, la selva tropical sufrió una de las mayores crisis ambientales de las últimas dos décadas. De acuerdo con la plataforma Global Forest Watch del World Resources Institute, el planeta perdió más de 6,7 millones de hectáreas de bosques primarios en 2024, casi el doble de lo registrado en 2023. La magnitud equivale a un territorio del tamaño de Panamá arrasado por las llamas y la deforestación.

El dato más alarmante es que el 71% de toda la superficie destruida se concentró en América Latina, con Brasil, Bolivia, Perú y Colombia como protagonistas de esta emergencia ambiental. La principal causa ya no fue la expansión agrícola, como en años anteriores, sino los incendios forestales, que se propagaron sin control en un año marcado por la sequía, el fenómeno de El Niño y las temperaturas más altas jamás registradas.

Brasil y Bolivia, los países más golpeados por la deforestación

El caso de Brasil refleja la gravedad de la situación. El país sudamericano, que posee la mayor área de selva tropical del planeta, registró la pérdida de 2,8 millones de hectáreas en 2024, lo que representó el 42% de la deforestación global. La Amazonía y la región del Pantanal fueron los territorios más impactados por los incendios, que alcanzaron niveles no vistos desde 2016.

Este retroceso resulta especialmente preocupante si se toma en cuenta que en 2023 Brasil había logrado una reducción histórica de la deforestación, atribuida a las políticas de protección implementadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, las sequías extremas y los incendios provocados por actividades agropecuarias hicieron que las cifras volvieran a dispararse. Según expertos, sin un refuerzo en las medidas de prevención comunitaria y en la aplicación de la ley, los logros alcanzados podrían desvanecerse rápidamente.

El otro gran foco está en Bolivia, que escaló al segundo puesto mundial con más de 1,8 millones de hectáreas arrasadas, el doble que en 2023. Aunque el país andino cuenta con una superficie selvática mucho menor a la de Brasil, los incendios devastaron casi el 12% del territorio nacional durante el año pasado. De acuerdo con la investigación, las políticas de fomento a la agroindustria y la falta de prevención de incendios contribuyeron directamente a esta catástrofe ambiental.

La República Democrática del Congo, en África, cayó al tercer lugar tras ser superada por Bolivia, lo que evidencia que el epicentro de la crisis forestal global se ha desplazado hacia Sudamérica.

Perú se ubica entre los cinco países con mayor pérdida de bosques

El impacto también golpeó con fuerza a Perú, que se consolidó como el quinto país con más deforestación del mundo en 2024. Según los datos del Global Forest Watch, se destruyeron más de 190.000 hectáreas de bosques tropicales, un incremento del 135% respecto al año anterior. Esto significa que la pérdida de cobertura arbórea se duplicó en apenas un año.

La Defensoría del Pueblo señaló que la principal causa de esta emergencia ambiental fue la práctica de roza y quema para habilitar tierras agrícolas, que se salió de control durante la temporada seca. Entre mayo de 2024 y mayo de 2025, el sistema de monitoreo satelital registró más de 5.000 alertas de incendio de alta confianza en el territorio peruano, especialmente en la Amazonía.

Los departamentos más afectados fueron Madre de Dios, que perdió más de 42.000 hectáreas de bosques primarios en un solo año, el doble de lo registrado en 2023; Loreto, que acumula más de 948.000 hectáreas destruidas desde 2001; Ucayali, con 846.000; y San Martín, con 766.000 hectáreas en el mismo período. Estas cifras muestran cómo la presión sobre la Amazonía peruana sigue en aumento.

Además de los incendios, otro factor que influyó en el repunte de la deforestación fue la modificación de la ley forestal, que eliminó la obligación de realizar un análisis técnico previo antes de cambiar el uso de suelos privados. Según ambientalistas, este cambio normativo abrió la puerta a la tala ilegal con fines agrícolas, incrementando los riesgos de incendios y ampliando la frontera agropecuaria en zonas selváticas.

En este contexto, Colombia también registró pérdidas superiores a las 100.000 hectáreas en 2024, lo que la ubicó en el séptimo lugar global. Sin embargo, a diferencia de Brasil, Bolivia o Perú, la principal causa en el caso colombiano no fueron los incendios, sino el recrudecimiento de la violencia en zonas rurales, la expansión de la minería ilegal y el aumento en los cultivos ilícitos.

La magnitud de lo ocurrido en 2024 evidencia que América Latina concentra hoy el mayor foco de pérdida de bosques tropicales en el planeta, con impactos que van mucho más allá de lo ambiental: emisiones récord de carbono, deterioro en la calidad del aire y afectaciones directas a las comunidades que dependen de la selva para sobrevivir.

Según el reporte oficial, las tropas militares lograron la captura de siete personas, así como la destrucción de maquinaria contaminante que pertenecía al grupo armado organizado residual (GAO-r) Raúl Reyes de las disidencias, protegiendo uno de los principales afluentes de la región.

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La institución militar detalló que la acción se desarrolló en los municipios de Curillo y Solita (Caquetá), donde la minería ilegal se había consolidado como una de las principales fuentes de ingresos para estructuras criminales.

La operación, efectuada bajo el plan de campaña estratégico conjunto Ayacucho Plus, permitió ubicar y neutralizar varios puntos de extracción ilegal sobre las riberas del río Caquetá.

Entre los elementos destruidos por las Fuerzas Militares, se encuentran tres dragas tipo 4 y un dragón utilizados para la extracción ilícita de oro de aluvión. Esta maquinaria, según la institución castrense, vertía mercurio y combustibles directamente en el río, lo que representaba un grave riesgo ambiental y sanitario para las comunidades ribereñas.

“En el lugar fueron destruidas 3 dragas tipo 4 con sus montajes y un dragón para la extracción ilícita de oro de aluvión, maquinaria que vertía mercurio y combustibles en el afluente, generando un grave riesgo ambiental y de salud para las comunidades ribereñas”, destacó el Ejército en un comunicado.

Frente a las capturas, la fuerza pública reportó que las detenciones fueron en flagrancia, cuatro fueron en Solita y tres en Curillo, respectivamente.

El brigadier general Luis Fernando Salgado Romero, comandante de la Sexta División del Ejército, explicó que los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para responder por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros.

“Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros, tipificado en el artículo 332 del Código Penal”, mencionó el alto oficial.

Impacto ambiental y riesgos para las comunidades

El impacto ambiental de la minería ilegal en la zona es severo. Según el Ejército Nacional, la destrucción de dragas y maquinaria contaminante contribuye a mitigar la deforestación, la contaminación por mercurio y la alteración de los ecosistemas acuáticos.

Así mismo, subrayaron que estas prácticas ponían en riesgo la biodiversidad de la Amazonía y la salud de las comunidades campesinas e indígenas, advirtiendo que la recuperación de los ecosistemas afectados puede requerir décadas y, en algunos casos, los daños resultan irreversibles.

“El impacto de esta operación trasciende lo judicial y lo militar: golpea de manera directa las finanzas de la estructura residual, protege la biodiversidad y mitiga el daño ambiental sobre el río Caquetá, uno de los principales afluentes de la Amazonía colombiana”, explicó el Ejército en un comunicado.

De otro lado, la relación entre la minería ilegal y las disidencias quedó evidenciada en la información de inteligencia recabada por las autoridades.

El Ejército Nacional señaló que alias Miller o Negro Niche, cabecilla de finanzas de este grupo armado residual, dirigía y financiaba las actividades mineras ilícitas. Los recursos obtenidos se destinaban a la adquisición de material bélico y a la expansión de la estructura criminal en el sur del Caquetá y zonas limítrofes.

“Consolidó la minería ilegal como una de las principales fuentes de ingresos para la adquisición de material bélico y la expansión de su estructura criminal en el sur del Caquetá y zonas limítrofes”, precisaron.

Por último, el Ejército Nacional reiteró su compromiso con la defensa del medioambiente, la seguridad de las comunidades y la neutralización de las estructuras criminales que afectan la Amazonía.

Además, la institución militar invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad ilícita que atente contra la tranquilidad y seguridad regional, poniendo a disposición las líneas gratuitas del Gaula Militar.

“El Ejército Nacional reafirma su compromiso con la defensa del medioambiente, la seguridad de las comunidades y la neutralización de las estructuras criminales que afectan la región amazónica”, puntualizaron.

Según un reporte de Ojo Público, la fragmentación del bosque por la tala indiscriminada y los incendios forestales ha incrementado la exposición de las comunidades amazónicas a partículas contaminantes (PM2.5) y a vectores como mosquitos y patógenos que migran al perder sus hábitats. En paralelo, la falta de titulación de territorios indígenas limita la capacidad de estas comunidades para proteger sus tierras y evitar la degradación ambiental, lo que incrementa los riesgos sanitarios.

Más de 28 millones de casos de enfermedades vinculadas a la deforestación

La investigación analizó dos décadas de información sanitaria de ocho países amazónicos y encontró que la deforestación está asociada a 21 enfermedades distintas. Venezuela, Surinam y Perú son los más afectados en términos de incidencia. Solo los problemas respiratorios y cardiovasculares ligados al humo de los incendios representaron el 80,3% de los más de 28 millones de casos reportados entre 2001 y 2019.

Los investigadores advirtieron que el material particulado liberado por el fuego se desplaza fácilmente por el viento y puede impactar a poblaciones situadas a más de 500 kilómetros de distancia. Brasil reportó los niveles más altos de PM2.5, con 45 toneladas por año por metro cúbico, seguido de Perú (7,21 toneladas) y Bolivia (6,33 toneladas). Este tipo de contaminación está asociada a bronquitis, asma, derrames cerebrales y cáncer de pulmón.

El estudio también mostró que la deforestación facilita la expansión de enfermedades zoonóticas como la leishmaniasis cutánea. Estos males representaron el 19,7% de los casos en la cuenca amazónica. La pérdida de hábitat obliga a insectos y animales a acercarse más a los asentamientos humanos, lo que incrementa las posibilidades de contagio.

El rol clave de la titulación de territorios indígenas

Otro hallazgo central apunta al impacto positivo del reconocimiento legal de tierras indígenas. Según los resultados, las enfermedades asociadas a incendios disminuyen en municipios donde más del 45% del bosque está protegido dentro de territorios indígenas titulados. En el caso de los males zoonóticos, la reducción de riesgos se observa cuando la cobertura forestal dentro de estas tierras supera el 40%.

Para Filipa Palmeirim, coautora principal de la investigación, “la capacidad de los territorios indígenas para proteger contra enfermedades es mayor cuando están legalmente reconocidos y la cobertura forestal está por encima del 40%”. En esa misma línea, Fany Kuiru, de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), subraya a Ojo Público que “cuando hay control territorial, se evita la deforestación, los incendios y se protege el territorio de cualquier forma de degradación”.

Los líderes indígenas insisten en la urgencia de avanzar con la titulación de tierras, ya que actualmente la protección varía ampliamente entre países. Mientras que en Colombia se reconoce la propiedad colectiva de grandes extensiones, en Ecuador se entregan parcelas pequeñas y en Surinam los pueblos originarios ni siquiera están reconocidos en la Constitución. “Seguimos luchando para titular, al menos, 100 millones de hectáreas en toda la Amazonía, para evitar que llegue al punto de no retorno”, enfatiza Kuiru.

En términos globales, los autores del reporte subrayan que la Amazonía no solo afecta a quienes viven en sus márgenes. Su degradación impacta en ciudades enteras por el aumento de temperaturas, la reducción de lluvias y la mayor vulnerabilidad frente a epidemias. Por ello, consideran que la salud humana y la protección del bosque deben verse como dos caras de una misma estrategia: mientras más se fortalezca la gestión territorial indígena, más se reduce el riesgo de que la Amazonía se convierta en una fuente permanente de nuevas crisis sanitarias.

Durante su participación en un evento internacional en Manaos (Brasil), dedicado a la protección de la Amazonía, el presidente Gustavo Petro aprovechó la ocasión para resaltar la labor del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

En su intervención, el mandatario se refería a la integración de las Fuerzas Militares de la región, en la que defendió la compra de los aviones Gripen por parte del Gobierno colombiano.

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“Yo decidí comprar unos Gripen, con un poco de plata que valen, solo porque los tiene Brasil, porque creo que hay que integrar los ejércitos de América Latina, empezando por la Amazonía, para cuidar la Amazonía y destruir las mafias”, expresó el jefe de Estado.

Posteriormente, llamó al jefe de cartera de Defensa que se encontraba presente en el acto público y lanzó una propuesta particular que generó diferentes reacciones en el evento.

“Integración de los ejércitos, ministro de Defensa (general en retiro Pedro Sánchez), nuestro Ejército, aquí está, ¿dónde está mi ministro?, está por allá, póngase de pie, porque él, si se vuelve de izquierda, se vuelve presidente de Colombia”, manifestó el jefe de Estado.

Sin embargo, recordó que su participación en política está limitada tras su paso por las Fuerzas Armadas. “Pero no me ha hecho caso, no puede meterse en política porque es general (en retiro)”, agregó.

De igual manera, Petro explicó la razón por la que portaba una gorra de color verde oliva durante este evento realizado en Brasil.

“Yo me puse mi gorra militar, pero es que esta es de mi hija, que me regaló. Ahora me van a criticar en Colombia por haberme puesto el verde oliva. Bien, general, siéntese”, declaró el presidente.

Otras declaraciones de Petro en el evento de la Amazonía

El evento sirvió también para inaugurar el Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía, un espacio destinado a fortalecer la colaboración entre los países de la región en materia de seguridad y protección ambiental.

Adicionalmente, Gustavo Petro abordó el impacto del crimen organizado en la Amazonía, señalando que “esas mafias se han vuelto el destructor de primer lugar de la Amazonía”.

El presidente subrayó que la creación del nuevo centro de cooperación no se limita a la infraestructura, sino que busca fomentar la integración de los equipos humanos encargados de combatir estas amenazas.

Así mismo, hizo referencia a la cooperación internacional, mencionando el apoyo de Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden. Petro relató que el gobierno estadounidense donó 12 helicópteros para operaciones en la selva amazónica, a los que denominó “guacamayas” y para los cuales solicitó una pintura especial.

Sin embargo, lamentó que su instrucción no se cumpliera y que los helicópteros se emplearan en misiones distintas a las previstas: “Me desobedecieron la orden. Y los usan en otras misiones que no son la selva amazónica. Es para la selva amazónica”, expresó el jefe de Estado.

Relación entre Petro y el ministro de Defensa

La relación de confianza entre el presidente Gustavo Petro y el general en retiro Pedro Sánchez se consolidó durante la gestión de este último como jefe de seguridad de la Casa de Nariño, lo que posteriormente motivó su nombramiento como ministro de Defensa.

En declaraciones recientes, el ministro de Defensa subrayó la importancia de la colaboración internacional para enfrentar el narcotráfico: “La cooperación internacional es fundamental para combatir esta amenaza global, que también ha sido catalogada como un problema en salud. De lo contrario, ganan los criminales y pierden las naciones”, recalcó Sánchez en atención a los medios de comunicación.

El ministro también defendió la estrategia antidrogas impulsada por Petro, la cual ha sido objeto de críticas tanto en sectores políticos colombianos como en Estados Unidos. Sánchez destacó los resultados obtenidos.

“Más de 700 toneladas de coca hemos incautado. Un hito histórico. Eso son más de 450 millones de dosis letales de cocaína que no llegaron a los países consumidores”, afirmó el ministro.

Los bosques amazónicos no solo son fundamentales para mitigar el cambio climático y conservar la biodiversidad, también desempeñan un papel directo en la salud pública. Un estudio liderado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) concluye que los territorios indígenas con cobertura forestal superior al 45 % reducen la propagación de enfermedades, desde las respiratorias vinculadas a incendios hasta las transmitidas por insectos y animales.

La investigación, publicada en Communications Earth & Environment, analizó datos de 1.733 municipios de ocho países amazónicos (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Surinam, Venezuela y Guayana Francesa) que en conjunto representan más del 74 % de la cuenca. El trabajo recopiló información de 20 años sobre 27 problemas de salud: 21 asociados a incendios forestales y seis relacionados con enfermedades zoonóticas como la malaria o el chagas.

De acuerdo con los autores, la conclusión es clara: garantizar los derechos territoriales de las comunidades indígenas es la mejor forma de mantener los bosques intactos y, con ello, los beneficios para la salud de millones de personas.

Incendios forestales, deforestación y enfermedades

El informe recuerda que los incendios forestales intencionales constituyen una amenaza creciente en la Amazonía. Estos eventos, intensificados por el cambio climático —altas temperaturas y reducción de precipitaciones— generan un impacto directo en la salud.

El humo y las partículas liberadas afectan los pulmones y el sistema cardiovascular, aumentando los casos de neumonía, bronquitis, asma, enfisema, dolor torácico y cáncer de pulmón. También se incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Entre 2002 y 2011, solo en la Amazonía brasileña, los incendios fueron responsables en promedio de 2.906 muertes prematuras por enfermedades cardiopulmonares y cáncer de pulmón, según cifras recogidas en la investigación.

Por otro lado, la deforestación se asocia al incremento de enfermedades tropicales desatendidas, muchas de ellas sin cura disponible de fácil acceso. La pérdida de cobertura vegetal aumenta el contacto entre humanos y animales portadores de patógenos, lo que eleva la probabilidad de brotes epidémicos.

El efecto protector de los territorios indígenas

En la Amazonía habitan aproximadamente 2,7 millones de indígenas, la mayoría en 2,4 millones de km² de territorios reconocidos legalmente. El estudio revela que la presencia de estas comunidades, combinada con bosques conservados, funciona como una barrera natural contra diversas enfermedades.

Los mecanismos identificados incluyen:

• Mayor absorción de contaminantes por parte de los árboles, lo que mejora la calidad del aire.
• Menor contacto directo entre humanos y animales, reduciendo la transmisión de enfermedades zoonóticas.
• Más biodiversidad, que diluye el riesgo de que un solo vector o patógeno se propague de manera descontrolada.
• La investigación enfatiza que este efecto protector solo se mantiene si los territorios indígenas conservan un alto nivel de cobertura forestal y están respaldados legalmente.

Hallazgos

Paula Prist, científica de la UICN y coautora del estudio, explicó que los resultados ofrecen “nuevas pruebas de que los bosques son un bálsamo para amenazas relacionadas con el fuego y enfermedades como el chagas, la malaria y las fiebres maculosas”.

La especialista destacó que el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas no es solo una medida de justicia social, sino también una estrategia de salud pública con efectos regionales e incluso globales.

En regiones donde se mantiene la cobertura forestal y existen territorios indígenas, los casos de enfermedades respiratorias y zoonóticas disminuyeron significativamente en comparación con áreas deforestadas o sin reconocimiento legal de tierras.

El mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, ha irrumpido en zonas rurales de la Amazonía donde nunca antes se había registrado su presencia. La investigación, publicada en la revista Plos Neglected Tropical Diseases, lo documentó en 29 de 30 localidades evaluadas, un hallazgo que pone bajo riesgo a comunidades que enfrentan serias limitaciones sanitarias y que, en algunos casos, deben viajar hasta 18 horas por río para llegar a un puesto de salud.

Los muestreos se realizaron en áreas cercanas a Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa, tres ciudades amazónicas unidas por el tráfico fluvial y rodeadas de cientos de comunidades ribereñas, incluidas algunas de pueblos originarios. Allí se confirmó que el mosquito no solo está presente en viviendas pegadas a los puertos: también ha logrado desplazarse hasta 266 kilómetros de distancia.

El hallazgo revela que, aunque el Aedes es considerado un mal volador, aprovecha las embarcaciones como vehículo de dispersión, para luego colonizar las casas desde los depósitos de agua. Lo peor de todo es que esta expansión de su territorio también podría ser influenciada por el inexorable avance del cambio climático.

Cómo el Aedes aegypti aprovecha el tráfico fluvial para expandirse

Los registros de los científicos muestran un patrón de propagación radial: el mosquito primero se asienta en viviendas colindantes a los puertos fluviales y, con el paso de los días, avanza hacia los pueblos más apartados. En uno de los 30 sitios muestreados se encontraron no solo adultos, sino también larvas y huevos, evidencia de un proceso de invasión en marcha.

“Nuestro estudio sugiere que las nuevas invasiones ocurren principalmente cuando las hembras adultas vuelan desde los barcos para poner huevos en las casas más cercanas y luego se desplazan tierra adentro con el tiempo, de casa en casa”, señaló al medio especializado SciDev.net Kara Fikrig, investigadora de la Universidad de Cornell.

La bióloga Palmira Ventosilla, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, destacó que el Aedes “es un vector con una capacidad increíble de invadir nuevas zonas” y que el almacenamiento de agua en recipientes caseros facilita su instalación. Cada hembra puede poner 100 huevos, de los cuales entre 80 y 90% llegan a desarrollarse. “En cinco días se puede tener esa cantidad de Aedes entre hembras y machos”, advirtió.

Además, el mosquito tiene otra carta peligrosa: la transmisión transovárica. En zonas con cambios climáticos marcados, los huevos infectados pueden permanecer inactivos durante el frío y eclosionar en verano, dando lugar a mosquitos adultos que ya nacen infectados y con capacidad de transmitir virus desde su primera picadura.

Impacto en comunidades nativas y nuevos riesgos en altura

El coautor del estudio, el biólogo Arnold Noriega, describió a SciDev lo que implica la expansión de este vector en pueblos amazónicos: “Muchos lugares donde trabajamos solo cuentan con un puesto de salud básico y con solo un técnico, carecen de medicamentos y no pueden diagnosticar o manejar enfermedades graves como el dengue hemorrágico. Otros no tienen puestos de salud, lo que a veces implica hasta 18 horas de viaje para llegar a un puesto donde haya un médico, o incluso días para llegar a un hospital”.

Noriega confirmó la detección de Aedes en comunidades del pueblo originario kukama, donde, tras el aviso de los investigadores, llegaron por primera vez brigadas de salud a realizar vigilancia entomológica.

El Ministerio de Salud también reconoció que la presencia del mosquito no se limita a la selva. Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Perú), se han identificado focos de infestación incluso en los Andes, a 2.700 metros sobre el nivel del mar, cuando hasta hace unos años se consideraba que el Aedes no sobrevivía más allá de los 2.000 metros.

El director del CDC, César Munayco Escate, atribuyó este avance a la combinación del cambio climático y a la precariedad en el acceso al agua. Cifras del INEI indican que el 73% de la población nacional no recibe agua potable las 24 horas o la recibe con bajo nivel de cloro residual, lo que obliga a almacenar el líquido en baldes, tanques y bidones, el escenario perfecto para que el mosquito se multiplique.

En la selva alta, además, se han detectado mosquitos Aedes junto con especies de los géneros Haemagogus y Sabethes, que pueden transmitir fiebre amarilla y virus Mayaro. Ante ese riesgo, el CDC anunció que en octubre implementará una red de informantes comunitarios, formada por apus, profesores y líderes locales, para reportar de manera temprana posibles brotes y permitir una respuesta rápida en zonas de difícil acceso.

La región es conocida como los pulmones de la Tierra porque sus árboles ayudan a regular el clima global, pero décadas de talas y quemas a gran escala han cambiado esta situación.

Durante décadas, la estación seca de la selva amazónica ha sido cada vez más seca. Un nuevo estudio, publicado el martes, descubrió que alrededor del 75 por ciento de la disminución de las precipitaciones está directamente relacionada con la deforestación.

El estudio, publicado en Nature Communications, también descubrió que la pérdida de árboles era en parte responsable del aumento del calor en la Amazonía. Desde 1985, los días más calurosos de la Amazonía han incrementado unos 2 grados Celsius. Según los investigadores, alrededor del 16 por ciento de este aumento se debió a la deforestación.

Marco Franco, profesor adjunto de la Universidad de São Paulo, quien dirigió el estudio, dijo que le habían sorprendido los resultados. “Esperábamos que la deforestación fuera un factor determinante, pero no tanto”, dijo. “Nos dice mucho sobre lo que ocurre en el bioma”.

A menudo se llama a la selva amazónica los pulmones de la Tierra porque sus árboles ayudan a regular el clima global al absorber el dióxido de carbono que calienta el planeta. Pero décadas de talas y quemas a gran escala en la selva han cambiado recientemente esta situación, y algunas partes de la región se han convertido en productoras netas de gases de efecto invernadero.

La Amazonía también dirige los patrones climáticos regionales. Sus árboles extraen agua del suelo y, mediante un proceso conocido como transpiración, liberan esa humedad a través de los diminutos poros de sus hojas. Hay cientos de miles de millones de árboles en la cuenca del Amazonas, y se calcula que el agua que liberan colectivamente al aire aporta más del 40 por ciento de todas las precipitaciones de la región.

“Puedes imaginar un árbol como una gran bomba de agua”, dijo Callum Smith, investigador postdoctoral de la Universidad de Leeds, en Inglaterra, que estudia la deforestación tropical y no participó en el estudio de Nature Communications. “Si talas un árbol, reduces la humedad que va a la atmósfera”.

En 2023, Smith dirigió un estudio que empleaba grandes conjuntos de datos de satélite para comprender mejor la relación entre la deforestación y la disminución de las precipitaciones. Dijo que los científicos conocen este efecto desde hace tiempo, pero que los cambios meteorológicos no siempre aparecen en el mismo lugar que la deforestación, lo que hace que las relaciones sean difíciles de cuantificar.

El nuevo estudio, dijo Smith, utilizó métodos analíticos sofisticados y representó un paso adelante en el conocimiento.

Luiz Machado, profesor de clima y meteorología de la Universidad de São Paulo y uno de los autores del nuevo estudio, dijo que “todo el mundo sabe” que el clima de la Amazonía ha cambiado debido al cambio climático y a la deforestación. Pero hasta ahora, dijo, “nadie sabía exactamente a qué contribuía cada una de estas cosas”.

El estudio analizó 29 secciones de la cuenca amazónica dentro de las fronteras de Brasil y utilizó grandes conjuntos de datos de satélite para separar influencias como la evolución de los paisajes, el cambio climático y los cambios en las condiciones meteorológicas entre 1985 y 2020.

Aunque Franco y Machado descubrieron que la deforestación había provocado el 74,5 por ciento de la disminución de las precipitaciones en toda la cuenca, subrayaron que se trataba solo del promedio. Las regiones con mayor deforestación sufrieron mayores pérdidas de precipitaciones, señalaron.

En los trópicos, el año se divide en dos estaciones: seca y húmeda. El estudio constató que la deforestación provocaba pérdidas de precipitaciones en ambas estaciones. Pero como el efecto en la estación seca era mucho más pronunciado, dijeron los investigadores, decidieron centrarse en ese periodo. (A efectos del estudio, la definición de estación seca variaba según las zonas. En todo el país, se considera generalmente que va de junio a noviembre).

Incluso durante la estación seca, los ecosistemas dependen de la lluvia. “Como broma, solíamos decir que la estación lluviosa en la Amazonía era cuando llovía todo el día, y que en la estación seca en la Amazonía llovía todos los días”, dijo Machado. “Pero eso ya no es cierto”.

Menos precipitaciones no solo significan menos agua para las plantas y los animales. A medida que la selva se vuelve más seca, se vuelve más propensa a los incendios forestales, que, a su vez, eliminan más árboles. La región se ha visto asolada por la agricultura de roza y quema, en la que se utilizan los incendios para despejar grandes extensiones de tierra para la ganadería y la agricultura. A veces, estos incendios arden fuera de control.

En 2024, más de 16 millones de hectáreas de selva amazónica se convirtieron en humo. Y en el primer semestre de 2025, según las observaciones de la agencia espacial brasileña, la deforestación ya era un 27 por ciento mayor que en el mismo periodo del año anterior. Se trata de un circuito de retroalimentación que amenaza con mantener el descenso de las precipitaciones, afirman los investigadores.

Y no solo sufren los ecosistemas salvajes. Los mayores centros agrícolas de Brasil son directamente adyacentes a la Amazonía. Los investigadores dijeron que la pluviosidad adecuada para los cultivos de estas regiones también requiere una selva sana.

Los agricultores de estados como Mato Grosso, dijo Franco, ya están perdiendo cosechas por la sequía. En 2024, el estado pasó 150 días seguidos sin lluvia.

“Si no llueve, no llueve para cultivar en Brasil”, dijo. “Esto no es algo para el futuro. Esto ya está ocurriendo ahora”.

*Sachi Kitajima Mulkey cubre el clima y el medioambiente para el Times.

El Frailejón Ernesto Pérez, el personaje animado que ha cautivado a miles de niños en Colombia con sus historias sobre conciencia ecológica, se prepara para una nueva etapa.

Piragna Studio, la productora responsable de la serie, anunció que buscará financiamiento privado para producir la tercera temporada, un disco musical y una línea editorial, dejando atrás el modelo tradicional de coproducción con el Sistema de Medios Públicos (Rtvc).

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La invitación está dirigida a empresas colombianas, que podrán apoyar el proyecto a través de donaciones con beneficios tributarios, en un esquema inédito para la televisión infantil del país.

El nuevo modelo de financiamiento propuesto por Piragna Studio requiere una inversión total de 4.400 millones de pesos, destinados a la producción de once capítulos animados —cada uno con un costo de 390 millones de pesos—, además de un álbum musical y una colección editorial con proyección internacional.

Según informó la productura a la revista Cambio, las empresas que decidan sumarse recibirán un retorno del 100% de su aporte: el 57,8% mediante certificados tributarios emitidos por el Ministerio de Cultura a través del programa Co-Crea, y el 42,2% restante en forma de campañas de comunicación, contenidos audiovisuales y presencia de marca asociada a la educación y la sostenibilidad.

“Las empresas recibirán un retorno equivalente al 100 por ciento de su inversión—una parte en incentivos fiscales y otra en piezas audiovisuales, presencia en redes y contenido exclusivo”, explicó Piragna Studio al diario nacional.

La decisión de desligarse de Rtvc responde a la necesidad de encontrar un modelo sostenible para el futuro del proyecto.

Melissa Mejía Arias, gerente de marca del Frailejón Ernesto Pérez, detalló a Cambio que el mecanismo de coproducción con Sistema de Medios Públicos, que permitió el nacimiento de la serie, ya no existe.

Además, el esquema anterior resultaba insostenible para la productora, que debía aportar la mitad de los recursos sin posibilidad de monetizar el contenido, mientras RTVC mantenía los derechos de emisión a perpetuidad.

“El Frailejón ha crecido tanto que ya no cabía en la casa. El modelo anterior nos obligaba a producir en muy poco tiempo y con recursos limitados. Ahora necesitamos más valores de producción, alianzas en música, animación y distribución. Este cambio responde a lo que el personaje y la audiencia están pidiendo”, afirmó Mejía Arias.

El paquete de contenidos que Piragna Studio busca financiar va más allá de la serie animada.

La tercera temporada llevará al Frailejón a una travesía por la Amazonía, los páramos y los ríos voladores, en una historia que abordará el duelo por la pérdida de su padre y la restauración del equilibrio de la selva.

Adaan Li Guampe y Valet Siv Manrique, creadoras de la serie y fundadoras de Piragna, señalaron a Cambio: “Es un viaje que une la magia de nuestros ecosistemas con las emociones humanas. Queremos que los niños aprendan sobre sostenibilidad mientras se ven reflejados en una historia de resiliencia y esperanza”.

El proyecto también incluye un disco musical que celebrará la diversidad de ritmos colombianos y una línea editorial orientada a fomentar la lectura, con el objetivo de combinar entretenimiento, educación y cultura en una propuesta integral.

El pleito con Rtvc por tercera temporada de Frailejón Ernesto Pérez

El destino de Frailejón Ernesto Pérez y su esperado regreso a la televisión generó dudas tras declaraciones recientes de Rtvc a la revista Semana, que señalaron que “El Frailejón Ernesto Pérez no podrá crecer más”.

Sin embargo, Piragna Studio, coproductora y responsable de la propiedad intelectual del personaje, desmintió categóricamente esta afirmación, defendiendo la continuidad de la serie y la vigencia de su mensaje ambiental.

En un comunicado público, Piragna Studio destacó que el desarrollo y futuro del personaje no dependen exclusivamente de un solo actor, sino que resulta de una visión colectiva y un esfuerzo compartido.

Según la empresa, mientras que Rtvc “no hará parte, hasta el momento, de la tercera temporada”, la productora junto a Liquid Light, su socia y aliada, “ha asumido con determinación el compromiso de garantizar su continuidad”.

Asimismo, destacó que se encuentran “avanzando en un nuevo modelo de producción y financiamiento que nos permitirá no solo realizar esta nueva temporada, sino también expandir el universo de Frailejón Ernesto Pérez hacia nuevas plataformas y formatos”.

Ante las declaraciones de Rtvc, que sostuvo no contar con “una decisión adoptada frente a la realización de una tercera temporada” y que “hasta la fecha, no se ha recibido por parte del coproductor una propuesta formal e integral de coproducción”, Piragna Studio puntualizó que no existe un protocolo preestablecido en el acuerdo de coproducción que defina una vía única para convocar a futuras colaboraciones.

“La naturaleza de nuestra alianza se basa en la colaboración y la voluntad mutua para desarrollar proyectos futuros”, resaltó Piragna.

La productora también refutó que no se hayan presentado propuestas formales, al afirmar que “hemos enviado en múltiples ocasiones documentación formal y detallada en la que se expresa nuestra intención de producir una tercera temporada y se invita formalmente a RTVC a participar”.

En estas comunicaciones habrían incluido propuestas creativas, presupuestales y comerciales, y recalcaron que “afirmar que no existe una propuesta estructurada es inexacto. Lo que existe es una falta de respuesta o de decisión sobre las propuestas ya presentadas”.

En la carta, Piragna Studio y Liquid Light reiteraron su “compromiso inquebrantable con el proyecto”, agradeciendo el respaldo de los colombianos “que han hecho que FEP sea un símbolo de conservación y educación”. Abrieron también una invitación pública a Rtvc para que participe nuevamente de la iniciativa, argumentando que “estamos impulsando un modelo innovador de coproducción con el sector privado y apoyo de entidades públicas, que no solo garantiza la realización de la tercera temporada, sino que amplía el impacto educativo y ambiental de la serie”.

Ecuador, Colombia y Perú han decidido reforzar sus alianzas ambientales para enfrentar de manera conjunta los retos que amenazan a la Amazonía. Delegaciones de los tres países se reunieron en la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, en territorio ecuatoriano, en el marco de la Trigésima Primera Reunión del Comité Técnico del Programa Trinacional de Conservación y Desarrollo Sostenible.

El objetivo central del encuentro fue definir una hoja de ruta para preservar cuatro millones de hectáreas de bosque que conforman el denominado Corredor Trinacional Amazónico, un mosaico de cinco áreas protegidas estratégicas interconectadas.

Este corredor reúne al Parque Nacional La Playa, en Colombia; la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, en Ecuador; y en Perú al Parque Nacional Güeppí-Sekime, junto con las Reservas Comunales Airo Pai y Huimeki.

La articulación busca blindar estas zonas de amenazas crecientes como la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico, la expansión de la frontera agrícola y la caza indiscriminada, factores que han presionado históricamente a la Amazonía y que en los últimos años se han intensificado debido a la crisis climática y la falta de gobernanza efectiva en áreas fronterizas .

El compromiso de los tres países no es nuevo. Desde 1995 se han firmado acuerdos de cooperación trinacional en materia de conservación amazónica, impulsados inicialmente por el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA). Sin embargo, el contexto actual obliga a revitalizar estas iniciativas.

Datos recientes del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) señalan que, solo en 2023, la región perdió más de 500.000 hectáreas de bosque. En este escenario, la coordinación entre Ecuador, Colombia y Perú adquiere una importancia estratégica para garantizar la conectividad ecológica, mantener los servicios ecosistémicos y proteger a las comunidades indígenas que habitan estos territorios.

Durante la reunión, se acordó implementar mecanismos conjuntos de monitoreo, que incluyen el uso de imágenes satelitales, patrullajes comunitarios y cooperación en inteligencia para frenar delitos ambientales. Estos instrumentos buscan cerrar el paso a redes ilegales que operan en las fronteras, aprovechando vacíos jurisdiccionales para el tráfico de madera, fauna y minerales. Al mismo tiempo, se discutieron estrategias para fortalecer la participación de pueblos indígenas y comunidades locales, que no solo son los principales guardianes de la selva, sino también actores clave para el éxito de cualquier iniciativa de conservación .

El esfuerzo trinacional está respaldado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), organización que aporta apoyo técnico y financiero. Este acompañamiento internacional resulta esencial para sostener programas de largo plazo, desde proyectos de restauración ecológica hasta planes de desarrollo alternativo que reduzcan la dependencia de actividades extractivas. La cooperación de entidades externas ha permitido, en ocasiones anteriores, asegurar fondos para investigación científica, fortalecer capacidades locales y promover el ecoturismo como fuente de ingresos sostenible.

En Ecuador, el Gobierno de Daniel Noboa ha subrayado que estas acciones se enmarcan en una visión de gestión integrada y sostenible de los recursos naturales. Según el Ministerio de Ambiente y Energía, se trata de un modelo que busca equilibrar la conservación con el bienestar de las comunidades. La Amazonía ecuatoriana, que representa alrededor del 40% del territorio nacional, alberga no solo biodiversidad única, sino también culturas ancestrales que dependen directamente de la selva para su supervivencia.

El contexto internacional también aporta presión. La Amazonía es considerada un pilar en la lucha global contra el cambio climático, pues actúa como un regulador del ciclo del agua y un sumidero de carbono de alcance planetario. Sin embargo, científicos han advertido que la región se acerca a un punto de no retorno: si la deforestación supera el 20% de su superficie, la selva podría transformarse en una sabana degradada, con consecuencias irreversibles para el clima mundial. Ante ese riesgo, los países amazónicos han buscado en foros como la COP30 —que se celebrará en Belém, Brasil, en 2025— visibilizar sus compromisos y exigir financiamiento internacional para cumplirlos.

En el marco del 51º aniversario de la creación política del distrito de Santa Rosa de Loreto, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, llegó a esta localidad amazónica acompañado de varios ministros de Estado. Durante la visita, sostuvo encuentros con autoridades locales, representantes de la sociedad civil y pobladores, a quienes informó sobre los avances de la Mesa de Trabajo instalada en Lima para atender las principales necesidades de la zona fronteriza.

El jefe del Gabinete destacó que la presencia del Ejecutivo en Santa Rosa refleja el compromiso del Gobierno de fortalecer el desarrollo y la presencia del Estado en la Amazonía, una región que enfrenta grandes desafíos en materia de conectividad, comercio y servicios básicos.

Mercado flotante

Uno de los principales anuncios realizados por Eduardo Arana fue la construcción de un mercado flotante en Santa Rosa de Loreto, obra que busca impulsar el comercio local y brindar mejores condiciones a los pobladores que actualmente tienen dificultades para vender sus productos.

El proyecto contempla un espacio moderno y adaptado a las características de la zona, que permitirá a los comerciantes ofrecer sus productos no solo en el distrito, sino también en los puntos fronterizos de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil).

“Puedo decir que el Gobierno ha asumido y ha puesto como parte de nuestro compromiso en el presupuesto la construcción de un mercado flotante”, aseguró Arana durante su discurso.

Torre de control móvil en Caballococha

Además del mercado, el Ejecutivo anunció la instalación de una torre de control móvil en el aeródromo de Caballococha, infraestructura que reforzará la conectividad aérea y contribuirá a mejorar la seguridad en la frontera amazónica. El jefe del Gabinete participó en la develación de la placa y en la colocación de la primera piedra del proyecto, que se considera estratégico para fortalecer la presencia del Estado en la zona.

“Hoy esta torre de control va a poner los cimientos y sus bases en Caballococha, porque tenemos que demostrar que parte de nuestra soberanía es el control aéreo, que tiene que partir de nuestras propias fronteras a todas las naves que circulen y que tienen que pedirle permiso a nuestro país”, manifestó Arana.

Unidad ejecutora en Caballococha

Otro de los compromisos asumidos por el Ejecutivo es la creación de una unidad ejecutora en Caballococha, que permitirá la realización de diversos proyectos de infraestructura en beneficio de la población. Entre las obras previstas figura la construcción de un nuevo centro de salud, una de las principales demandas de la comunidad.

El Gobierno explicó que esta unidad ejecutora facilitará la agilización de procesos y la implementación de proyectos que contribuyan a mejorar los servicios en la región, evitando retrasos por trámites centralizados en Lima.

Próxima sesión de trabajo

El Premier anunció que la próxima sesión de la Mesa de Trabajo instalada para atender las necesidades de Santa Rosa de Loreto se desarrollará en la tercera semana de septiembre en la ciudad de Caballococha. En este encuentro se evaluarán los avances de los compromisos asumidos y se coordinarán nuevas acciones para continuar impulsando el desarrollo de la Amazonía.

El jefe del Gabinete recalcó que el Ejecutivo mantendrá una presencia constante en la zona para garantizar que los proyectos anunciados se concreten y respondan a las necesidades reales de los pobladores. “Este es un compromiso del Gobierno con nuestra Amazonía y con la gente que vive y trabaja en la frontera”, subrayó.

Comercio en Santa Rosa

La vida cotidiana de los pobladores depende del comercio fronterizo y de la constante llegada de productos de Brasil y Colombia. Arroz, pollo, azúcar, sal y aceite provienen principalmente de Tabatinga (Brasil), mientras que huevos, verduras y materiales de construcción llegan desde Iquitos y por rutas fluviales. Las distancias y dificultades logísticas encarecen los precios, obligando a las familias a manejar soles, reales y pesos colombianos.

“Nosotros manejamos la moneda del sol, el peso y el real. Los productos que vienen del interior del país vienen en precio sol, nuestra moneda. Sin embargo, si usted se da cuenta, difícilmente le van a recibir el sol, siempre le reciben el real que es un precio más bajo. Entonces, el producto peruano que viene en soles al comprar en reales nos sale súper caro”, explicó Iván Yovera, alcalde del distrito.

La deforestación tropical ha costado la vida de más de 500.000 personas debido al exceso de calor en las últimas dos décadas, según revela un estudio publicado en la revista Nature Climate Change y reseñado por The Guardian. Este fenómeno, lejos de limitarse a la pérdida de biodiversidad o la alteración de ecosistemas, ha tenido consecuencias directas y devastadoras sobre la salud humana, especialmente en las regiones del Amazonas, el Congo y el sudeste asiático, donde la eliminación masiva de árboles ha generado aumentos locales de temperatura con resultados mortales.

Cómo la deforestación incrementa el calor extremo

La tala de selvas no solo elimina valiosas especies vegetales y animales, sino que reduce la sombra, disminuye las precipitaciones y acrecienta el riesgo de incendios. Según el estudio, la deforestación es responsable de más de un tercio del calentamiento experimentado localmente en las zonas afectadas, una cifra que se suma al impacto global del cambio climático. Al privar al suelo de la protección que brinda el dosel forestal, la radiación solar incide con mayor fuerza, elevando la temperatura del ambiente y exponiendo a millones de personas a condiciones potencialmente letales.

Durante el periodo analizado (2001-2020), cerca de 345 millones de personas en los trópicos sufrieron este aumento térmico causado exclusivamente por la eliminación de bosques. En casos extremos, 2,6 millones de ellas estuvieron expuestas a temperaturas que se elevaron hasta 3℃ por encima de las condiciones naturales previas, incrementando riesgos de golpes de calor, enfermedades relacionadas y mortalidad.

La distribución global de las muertes por calor

El estudio liderado por investigadores de Brasil, Ghana y Reino Unido calculó que, en promedio, se registraron 28.330 muertes por calor atribuibles a la deforestación cada año en las regiones tropicales. Más de la mitad de estos fallecimientos ocurrieron en el sudeste asiático, donde la alta densidad de población y la vulnerabilidad al calor agravan la situación. Un tercio de las muertes se produjo en África tropical, mientras que el resto corresponde a América Central y del Sur.

Este análisis pionero, posible gracias a la comparación de tasas de mortalidad y temperaturas entre zonas deforestadas y áreas intactas, demuestra que el efecto de la pérdida de selvas tiene dimensiones humanas concretas, y no solo ambientales. Como señaló el profesor Dominico Spracklen, de la Universidad de Leeds: “La deforestación mata”.

Ejemplos alarmantes: Mato Grosso y la expansión agrícola

Un caso emblemático de esta problemática es el estado brasileño de Mato Grosso, donde la expansión de cultivos como la soja ha impulsado niveles extremos de deforestación. Allí, la presión del sector agrícola busca eliminar la moratoria vigente sobre la tala en la Amazonia, poniendo en riesgo aún más la salud de las comunidades locales por el calor creciente.

Spracklen advierte que mantener los bosques en pie representa un beneficio directo para la población local. “Si Mato Grosso puede conservar sus selvas, la gente experimentará menos estrés por calor”, explicó. Además del impacto en el clima y la salud, los bosques regulan la cantidad de lluvias y son esenciales para la productividad agrícola sobre la que dependen millones de personas.

Un llamado urgente a la acción

La investigación subraya que los peligros inmediatos de la deforestación suelen pasar desapercibidos en la conversación sobre el cambio climático, dominada por el mercado y los intereses globales. Sin embargo, las selvas tropicales no solo benefician al planeta, sino que actúan como un “escudo vital” para las comunidades que viven en su entorno.

Dejar intacto el dosel forestal protege a la población del aumento letal de las temperaturas y favorece una economía agrícola sostenible. El estudio insiste en que preservar estas “fábricas naturales” de clima, lluvia y estabilidad es cuestión de vida o muerte para millones de personas.

La Amazonía vuelve a situarse en el centro de la agenda internacional tras la V Cumbre de Presidentes Amazónicos, realizada en Bogotá, donde los mandatarios y delegados de los ocho países que conforman la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) firmaron la llamada Declaración de Bogotá. El encuentro reunió al presidente de Colombia, Gustavo Petro; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Bolivia, Luis Arce; la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, así como a representantes de Perú, Venezuela, Guyana y Surinam. Todos coincidieron en la urgencia de articularse como bloque rumbo a la COP30, que se celebrará en noviembre próximo en Belém do Pará, Brasil.

El Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF) y la creación de un Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas (MAPI) aparecen como los grandes hitos de esta cumbre. Para el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), se trata de pasos significativos que buscan evitar el punto de no retorno de la selva amazónica, considerado por la ciencia como uno de los mayores riesgos ambientales del planeta. El cambio climático, la deforestación y la minería ilegal son señalados como las principales amenazas que podrían desencadenar un colapso irreversible en esta región vital para la estabilidad climática global.

Un Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas histórico para la OTCA

Uno de los anuncios más destacados de la cumbre fue la aprobación de la base y estructura del Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas (MAPI), el primer espacio oficial de co-gobernanza dentro de la OTCA. Este mecanismo permitirá que las voces de los pueblos originarios tengan una participación formal y permanente en los procesos de decisión sobre la Amazonía.

Para WWF, este paso representa un avance histórico hacia una gobernanza más inclusiva y efectiva, al reconocer el rol central de los pueblos indígenas como guardianes de la selva. “Celebramos la aprobación de la base y estructura de este mecanismo para formalizar su participación en otros escenarios de discusión de la OTCA. Es importante que, en la implementación de los compromisos, estas voces sigan siendo centrales para posicionar a la Amazonía como eje estratégico de la acción climática global”, señaló Sandra Valenzuela, directora ejecutiva de WWF Colombia.

El mecanismo se apoyará en recursos financieros, acceso a información, transparencia y gestión del conocimiento, lo que permitirá fortalecer la capacidad de incidencia política de las comunidades indígenas amazónicas. Este enfoque busca asegurar que las políticas de conservación no se queden solo en compromisos diplomáticos, sino que se traduzcan en acciones concretas con participación real de las comunidades.

La Declaración de Bogotá también reafirmó los Diálogos Amazónicos como espacio legítimo de articulación con comunidades afrodescendientes, campesinas y locales, una apuesta por abrir la toma de decisiones a distintos actores sociales. Para WWF, este paso es clave para consolidar una OTCA social, donde las soluciones sean construidas de manera conjunta y con base en derechos humanos, ciencia y conocimientos tradicionales.

Financiamiento, cero deforestación y lucha contra delitos ambientales

Otro de los puntos centrales fue el compromiso de los países para avanzar en un mecanismo financiero regional y en la presentación del Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF) en la COP30. Este fondo es visto como una herramienta innovadora que complementará las agendas de clima y biodiversidad, asegurando que al menos un 20% de los recursos llegue directamente a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y locales.

WWF destacó que la participación de la Alianza Global de Comunidades Territoriales en la cumbre reafirmó una premisa esencial: no existen soluciones duraderas sin los guardianes históricos de la Amazonía. Por ello, la organización hizo un llamado a los países patrocinadores, inversionistas privados y actores filantrópicos a movilizar suficientes recursos que garanticen la capitalización y puesta en marcha del TFFF.

Además, más de 450 organizaciones de la región presentaron propuestas para alcanzar la meta global de proteger al menos el 30% de los ecosistemas al 2030. Entre sus demandas estuvieron medidas contundentes contra la minería ilegal, la eliminación progresiva del uso de mercurio, y acciones para enfrentar el tráfico de fauna y flora silvestre. La Declaración recogió en gran parte estas recomendaciones, aunque WWF advirtió que aún es necesario traducir los compromisos en planes nacionales concretos y medibles.

La expectativa ahora se centra en la COP30, considerada histórica por realizarse en el corazón de la Amazonía. WWF recordó que este será el momento decisivo para que los países presenten nuevas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) con mayor ambición climática, integrando la Amazonía como eje estratégico de mitigación y adaptación.

¡Tres largos años! Kuélap vuelve a ser escenario de un proceso que combina ciencia, paciencia y compromiso institucional. Tres años después del colapso de una parte de su muralla, ocurrido en abril del 2022, el Ministerio de Cultura impulsa acciones de recuperación que buscan no solo restaurar la estructura afectada, sino también garantizar la protección de un patrimonio que refleja la historia de los chachapoya.

La zona sur del complejo fue la más golpeada por el derrumbe. En ese momento, las lluvias constantes provocaron que un sector de la muralla cediera, situación que obligó a cerrar temporalmente el sitio arqueológico al turismo. El hecho expuso una fragilidad que ya había sido advertida por especialistas y que puso en evidencia la necesidad de una intervención integral.

Desde octubre del 2024, se ejecuta el Programa de Investigación Arqueológica e Interdisciplinaria Kuélap (PRIAK 2024-2029), que tiene como meta no solo la restauración del muro colapsado, sino la aplicación de medidas técnicas para prevenir futuros riesgos. Según la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Moira Novoa Silva, el esfuerzo alcanza un 78 % de avance en la zona priorizada. “Los trabajos de conservación en el punto de conservación 01 (PC 01) están próximos a concluirse y ello permitirá la apertura de un nuevo circuito para el próximo año”, precisó.

El anuncio marca un punto de inflexión en el camino hacia la recuperación del monumento, cuya reapertura parcial se vislumbra como una posibilidad concreta para el 2025.

El plan de intervención en marcha

El director del PRIAK, Oliver Huamán Oros, explicó que la estrategia se centra en reforzar la parte colapsada y consolidar estructuras adyacentes. “Los trabajos que se vienen realizando desde el año pasado ya registran un nivel bastante óptimo. Este esfuerzo se centra en la restauración y conservación de la zona que lamentablemente colapsó en 2022”, señaló.

La intervención no se limita a un solo sector. Ángel Vergara, responsable de Conservación del PRIAK, precisó que se trabaja en 28 puntos priorizados dentro del complejo. “Todo este trabajo se viene aplicando bajo una metodología de conservación, respetando los principios de autenticidad y reversibilidad”, subrayó. De esta manera, se busca que cada acción ejecutada pueda adaptarse a nuevas investigaciones o tecnologías sin alterar la esencia del monumento.

Ingeniería contra la lluvia

El clima es uno de los mayores retos para la protección de Kuélap. Las lluvias intensas, frecuentes en la zona, han sido identificadas como un factor crítico para la estabilidad de las estructuras. El ingeniero especialista en hidrología, Hilton Ríos, detalló parte del plan preventivo: “La impermeabilización consiste en una geomembrana instalada bajo el terreno natural con pendiente adecuada. Esto permite que, cuando se presenten precipitaciones fuertes, el agua se drene hacia las cajas de drenaje”.

Con esta técnica, se busca reducir el riesgo de filtraciones y acumulaciones que comprometan la resistencia de los muros. La aplicación de sistemas de drenaje modernos, combinada con la vigilancia constante del terreno, constituye una de las bases del plan de conservación.

El recuerdo del 2022

El colapso registrado el 10 de abril del 2022 ocurrió a las 5:10 de la tarde. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas informó de inmediato sobre el derrumbe de un sector de la muralla perimétrica sur y ordenó el cierre temporal de las visitas turísticas. “DDC Amazonas informa que, tras el colapso de la muralla perimétrica del lado sur del Monumento Arqueológico de Kuélap, ocurrido hoy domingo 10 de abril, a horas 5:10 pm aproximadamente, se ha tenido por conveniente cerrar temporalmente el servicio de visita turística a la ZAM Kuélap los días lunes 11 y martes 12 del presente mes, con la finalidad de realizar las evaluaciones pertinentes”, señalaba el comunicado difundido entonces.

Minutos más tarde, el Ministerio de Cultura confirmó la medida y amplió la información: “Debido al colapso de gran parte de la Muralla Perimétrica Sur del Sector Fortaleza en el Complejo Arqueológico de Kuélap y por la seguridad integral de los visitantes, se ha tomado la decisión de cerrar temporalmente el lunes 11 y martes 12 de abril este Monumento Arqueológico, con la finalidad de tomar las medidas de emergencia necesarias; así como evaluar los daños y perjuicios ocasionados”.

El cierre no solo impactó en el acceso turístico, sino que también abrió un debate sobre las medidas de prevención aplicadas en la zona. La emergencia fue formalizada mediante la Resolución Viceministerial N° 000040-2022-VMPCIC/MC, que autorizó acciones inmediatas y de largo plazo.

La selva amazónica, reconocida como uno de los principales reservorios de biodiversidad y de los mayores reguladores del clima global, enfrenta una presión creciente por la deforestación y el cambio climático.

La inquietud internacional sobre el futuro de este ecosistema se intensificó ante el temor de que la Amazonía alcance un punto irreversible y pierda su capacidad de recuperación, lo que la convertiría en una fuente neta de carbono.

Un reciente estudio, publicado en Annual Review of Environment and Resources, desafía la idea de un único “punto de inflexión” catastrófico para toda la región. Los autores sostienen que la capacidad de adaptación, o resiliencia, de este ecosistema persiste, aunque no es ilimitada, y que la principal amenaza proviene de la acumulación de impactos humanos directos.

Hallazgos sobre la resiliencia y el punto de inflexión en la Amazonía

El equipo internacional de científicos, encabezado por Paulo Brando de la Universidad de Yale, revisó la hipótesis ampliamente difundida de que la Amazonía podría estar cerca de un colapso total debido a un “punto de inflexión” ecológico. Los investigadores no hallaron evidencia de la existencia de un umbral único que, una vez superado, desencadene el colapso de todo el ecosistema amazónico. En cambio, identificaron una amplia variabilidad en la respuesta de la selva a las presiones humanas y climáticas.

Brando explicó en el comunicado de la institución educativa que “la mayor preocupación no son los ciclos de retroalimentación que podamos tener dentro de 30 o 50 años. Es la magnitud e intensidad del impacto humano directo actual”. El estudio señala que, aunque la Amazonía muestra una notable capacidad de recuperación frente a perturbaciones, en muchas zonas esa resiliencia ya se superó debido a la intensidad de actividades como la deforestación, los incendios forestales y la pérdida de especies.

El artículo subraya que los procesos ecológicos que conforman interactúan de formas diversas según la región, lo que dificulta que un solo evento pueda desencadenar el colapso de todo el sistema. Si bien algunas áreas, como el sureste de la cuenca, pueden estar más expuestas a cambios abruptos impulsados por el clima, la amenaza predominante en la mayor parte de la Amazonía se asemeja más a una serie de “golpes de martillo”, según destacan desde la Universidad de Yale, que, acumulados, deterioran la salud del ecosistema.

Además, el estudio indica que el cambio climático por sí solo no parece suficiente para provocar una caída total, y que vastas extensiones del bosque mantienen un alto potencial de recuperación, siempre que se detengan las presiones humanas directas.

Metodología y datos clave del estudio científico

La investigación consistió en una revisión exhaustiva de la literatura científica y de datos recientes sobre la Amazonía. El equipo, integrado por expertos de la Universidad de Yale y otros centros internacionales, analizó procesos ecológicos, información sobre deforestación, incendios y cambios en el uso del suelo, así como la interacción entre el clima y las actividades humanas.

Evaluaron cómo los factores ambientales pueden provocar transiciones críticas en los ecosistemas amazónicos, ya sea de forma gradual, por pérdida progresiva de resiliencia, o de manera abrupta. Los autores examinaron la influencia de la deforestación, el fuego, la pérdida de fauna y la degradación de los suelos, y cómo estos factores se combinan para aumentar los riesgos para la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y los medios de vida de las comunidades locales.

Uno de los datos que destacaron desde la Universidad de Yale es que la Amazonía almacena una cantidad de carbono equivalente a diez años de emisiones globales de dióxido de carbono. A nivel mundial, los bosques tropicales representan el 55% del carbono sobre el suelo y el 40% del sumidero terrestre global. La investigación advierte que, sin acciones decididas para frenar las amenazas directas, el sistema amazónico podría sobrepasar sus límites ecológicos y climáticos seguros, incluso sin la presencia de un umbral claramente definido.

El concepto de “punto de inflexión” influyó en políticas de conservación, pero el estudio cuestiona su aplicabilidad a toda la cuenca amazónica. Los autores argumentan que la complejidad y diversidad de la región requieren enfoques más matizados y adaptados a las condiciones locales.

Recomendaciones y estrategias para la conservación de la Amazonía

A partir de sus hallazgos, el estudio recomienda priorizar la reducción de la deforestación, la restauración de ecosistemas degradados y la disminución de los incendios como estrategias inmediatas para fortalecer la resiliencia del gran bosque tropical. El documento establece que “preservar la integridad ecológica de la Amazonía y su papel vital en la regulación del clima global requiere esfuerzos de conservación urgentes y sostenidos en colaboración con las comunidades locales e indígenas”.

El equipo científico subraya que las políticas de conservación deben basarse en la evidencia de que la Amazonía aún puede recuperarse si se detienen los impactos humanos directos. Entre las acciones propuestas figuran la promoción de prácticas de uso sostenible del suelo, la restauración de áreas degradadas y la protección de la biodiversidad.

Brando comparó la situación con la diferencia entre una fuga que erosiona lentamente los cimientos de una casa y una bola de demolición que puede destruirla de inmediato. Según el investigador, “si se detiene la bola de demolición, aún existe la posibilidad de reparar la fuga y salvar los cimientos”.

El análisis concluye que la atención debe centrarse en frenar los “martillazos” de la actividad humana, en lugar de esperar un colapso repentino provocado únicamente por el clima. El futuro de la Amazonía dependerá de la capacidad colectiva para detener los factores que la degradan y de la implementación de soluciones sostenibles que permitan restaurar su vitalidad.

Bajo el suelo de Sarayaku, un territorio kichwa ecuatoriano atravesado por el río Bobonaza al que solo se accede por agua o por aire, hay una tonelada y media de explosivos. “Un símbolo de muerte”, dice de estos restos, que duermen allí hace más de veinte años tras la incursión de una petrolera que intentó abrirse paso en la selva amazónica, la lideresa indígena Patricia Gualinga.

La batalla emprendida por su pueblo en defensa de estas tierras, que la convirtió en una de las voces más influyentes de la Amazonía, culminó en junio de 2012 con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado ecuatoriano por violar la propiedad comunal y la identidad cultural del pueblo kichwa, poner en riesgo su vida e integridad, y ordenó retirar los explosivos del territorio, reformar la legislación y realizar un acto público de perdón. El fallo sentó además un precedente histórico al consolidar el derecho a la consulta previa, libre e informada, conforme a los estándares internacionales, antes de cualquier proyecto que afecte territorios indígenas.

“Fue fundamental porque abrió la posibilidad de demostrar que, aunque siempre estamos en desventaja, existe un camino jurídico que permite acceder a procesos internacionales como la Corte IDH”, dice Gualinga en diálogo con Infobae desde Bogotá, donde participa del Encuentro de Obispos de la Amazonía como vicepresidenta de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA). Si bien el fallo se convirtió en jurisprudencia para todo el continente, su ejecución sigue siendo parcial. “No pueden volver a repetir los atropellos que han cometido en nombre del desarrollo, en nombre de la economía y que violentan derechos humanos. Aún falta que cumplan varios puntos: el punto medular, la consulta previa, libre e informada que tiene que ver con el consentimiento de los pueblos indígenas en actividades a gran escala que afecten a territorios y violenten derechos no está cumplido en Ecuador”. “No es ir en contra del desarrollo, es una visión más holística, más intensa que tiene que ver con la supervivencia de los pueblos y el equilibrio planetario”, sostiene.

Hace poco más de dos meses, Patricia Gualinga fue designada como miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, donde representará a Sudamérica, Centroamérica y el Caribe frente al ECOSOC. “Es un ámbito nuevo porque no vengo de la diplomacia, sino de la lucha desde las bases, desde el territorio”, explica. “Conozco la problemática territorial, el pensamiento, la cosmovisión y el caminar de los pueblos originarios. Espero que con esa experiencia pueda de alguna manera aportar a esa asesoría, pero sobre todo hacer que muchos pueblos indígenas lleguen a hacer escuchar su voz”.

Su llegada a Naciones Unidas coincide, además, con la cuenta regresiva hacia la COP30 en Belém do Pará, Brasil, justo en la entrada de la cuenca baja del Amazonas. La conferencia reunirá a casi 200 países bajo la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático y tendrá a la Amazonía como eje, un territorio decisivo no solo por su función como sumidero de carbono, sino también por la presión creciente de la deforestación, el avance de la minería y los impactos cada vez más visibles de la crisis climática. “No confío mucho en las COPs”, dice Gualinga, “en Cali, en la COP16 de Biodiversidad el gobierno de Colombia promovió una participación activa de pueblos indígenas pero las decisiones gubernamentales no eran claras y en el momento de firmar acuerdos algunos ya no estaban, se habían ido”.

Reconoce, sin embargo, que Belém será una oportunidad para visibilizar la agenda amazónica. “Estamos contentos de que sea en la Amazonía, pero ha sido muy difícil lograr una participación directa en el espacio oficial”, advierte. “Espero que se tome con seriedad la protección de este bioma vital para la humanidad. Hay un grupo que está trabajando en la declaración del río Amazonas como sujeto de derecho, y yo espero que eso pueda avanzar. Aquí estamos y vamos a continuar en la lucha de nuestros territorios y en la preservación de los ecosistemas”.

Además, Gualinga anticipa que una de sus jugadas para la COP30 es llegar con una delegación de mujeres de territorios de base para marcar presencia. “Todavía hay un sesgo de pensar que no somos capaces o una tendencia a marginarnos; y en la mujer indígena es peor. Primero porque hay racismo de por medio, y segundo porque dentro de nuestras estructuras orgánicas indígenas hay un patriarcado. Toda la dirigencia de hace 35 o 40 años han sido hombres”. Dice que si bien han avanzado y ha logrado “romper algunas barreras”, falta camino por recorrer. “Estamos enfocados en preparar a mujeres para que tengan herramientas que sean útiles dentro de sus estructuras. Chocamos con culturas que piensan que las mujeres no tienen que participar en espacios públicos, en espacios políticos o que si participan tienen que estar al lado de un hombre. Las mujeres podemos aportar en todos los cambios, y ese cambio yo pienso que tiene nombre de mujer.”

Dentro de la lógica de ocupar espacios, la cuestión de la ministerialidad de la mujer, un tema que preocupa a Gualinga y que cobró relevancia durante el pontificado de Francisco, adquiere un peso particular. En la Amazonía, explica, la presencia territorial de la Iglesia se sostiene sobre todo en ellas. “Aunque los obispos y los sacerdotes llegan, las que están permanentemente ahí acompañando son las religiosas. No se las debe ver como complemento, hay que asumir su rol y que ellas puedan tener el reconocimiento por algo que ya están haciendo”.

Ese fue también uno de los temas que llevó al Vaticano en 2023, cuando viajó junto a las lideresas indígenas Laura Vicuña, de Brasil, y Yesica Patiachi, de Perú, para una audiencia privada con el Papa Francisco. La delegación, integrada por referentes de la CEAMA y la REPAM, le planteó al Pontífice la preocupación por las políticas extractivas que amenazan los derechos humanos en la Amazonía y expuso la necesidad de reconocer la labor de las mujeres en la Iglesia, tanto en la vida comunitaria como en la vida eclesial de la región.

“Cuando me involucré en todo esto estaba convencida de que la Iglesia es una aliada muy importante en la Amazonía y en América Latina. Los pueblos indígenas somos el último eslabón de la pobreza, los marginados de los gobiernos que vienen a nuestros territorios cuando hay recursos para extraer con mentiras, tratando de cambiar nuestra forma de vida y nuestra cosmovisión. La Iglesia tiene un rol de acompañamiento muy claro: muchos somos católicos y puede repercutir su mensaje; en nuestros pueblos el obispo es una autoridad”. Para Gualinga, la misión de las iglesias locales es estar presentes en las luchas de los pueblos: recuerda que en 1992, cuando su comunidad marchó 260 kilómetros a pie hasta Quito para exigir la adjudicación de títulos de propiedad, un sacerdote acompañó el reclamo a lo largo de todo el camino.

Esta mirada de conciliación, que le ha valido críticas por defender a “una Iglesia que mató a los indígenas, que colonizó y está manchada de sangre”, nace de su propia biografía, de haber “crecido en dos mundos”. Su padre fue chamán y ministro de la palabra, capaz de “equilibrar y sanar con la energía de la naturaleza” y, al mismo tiempo, predicar cada domingo. De él heredó la certeza de que cielo y tierra no pueden separarse, que todo está unido “como por hilos invisibles que conectan al cielo”. En su cosmovisión se habla de un árbol —el árbol de la vida— que enlaza ambos planos, y que recuerda, en palabras de Gualinga, lo que San Francisco expresaba al hablar de la hermana lluvia, el hermano sol o el hermano lobo. “Se confilctúan porque no han podido ver la integralidad. Un buen chamán puede sentir con claridad la presencia de los seres celestiales y de la naturaleza. Tal como la naturaleza está interconectada, también la espiritualidad es una interconexión”.

Durante mucho tiempo, explica, la Iglesia miró con desconfianza el universo simbólico indígena y lo redujo a idolatría o paganismo. “Muchos creyeron que teníamos dioses propios pero nunca hablamos de dioses en la naturaleza, sino de seres con funciones específicas en los ecosistemas. Siempre hubo una idea de un Dios grande, creador del universo, en otra dimensión. Por eso, cuando nos acusan de ser adoradores de la laguna, de la montaña o de los árboles, no entienden. Lo que había era conciencia de un Dios que trascendía todo”.

Francisco, a diferencia de aquella postura, supo empezar a reconocer esa espiritualidad como parte de una misma búsqueda. Para Gualinga, fue “una persona con una luz muy grande”, capaz de haber “sentido la Amazonía con tanta claridad sin ser amazónico y sin haber estado en una comunidad”. Su muerte, admite, fue dolorosa, pero ahora sus expectativas se dirigen a León XIV. “Tengo la esperanza de que su caminar al lado de comunidades que han estado en la periferia, aunque no tan amazónicas, lo guíe en esta conducción tan compleja. Esperamos que dé continuidad a lo que Francisco se atrevió a hacer, tal vez no con la misma dinámica ni el mismo impulso, pero sí con una visión clara de que la Iglesia debe caminar con comunidades que están en la periferia y que necesitan su acompañamiento”.

La oposición de aproximadamente el 70% de las comunidades de la Amazonía peruana a los proyectos de exploración energética representa uno de los mayores desafíos para el desarrollo del sector, según recogió Infobae en base a admisiones recientes de expertos y actores vinculados a la industria. Esta baja aceptación social pone en riesgo inversiones millonarias y limita el avance de iniciativas claves para la seguridad energética del país.

En el marco de la XIV Conferencia Gas Natural Perú 2025, celebrada en Lima, el especialista Arturo Vásquez, socio y director de investigación de la consultora GĚRENS, advirtió que Perú requiere condiciones más competitivas para atraer nuevas inversiones en exploración de hidrocarburos.

¿Comunidades amazónicas rechazan exploración energética en Perú?

De acuerdo con declaraciones recogidas por Infobae, Vásquez señaló que la generación de un marco fiscal y regulatorio estable y predecible constituiría un paso esencial para reducir los riesgos percibidos por los inversionistas internacionales, sobre todo aquellos vinculados a compañías denominadas como “junior”, que acostumbra asumir grandes riesgos tanto técnicos como financieros en las etapas iniciales de exploración.

Según Vásquez, la adopción de medidas como créditos fiscales, esquemas de regalías mejorados, incentivos como la depreciación acelerada y una mayor flexibilidad contractual podría facilitar la llegada de nuevos capitales al sector energético peruano. A esto se suma la necesidad de simplificar y agilizar los procesos para la obtención de permisos y licencias, cuyos trámites han sido identificados por empresarios y consultores como un obstáculo que ralentiza los tiempos de desarrollo de los proyectos en distintas regiones del país.

Gerens: desconfianza social amenaza inversiones energéticas en Perú

La aceptación de la población local, sobre todo en la Amazonía y los Andes, donde gran parte de las comunidades rechaza la presencia de empresas dedicadas a la exploración y extracción de hidrocarburos, se ha mantenido como uno de los factores más críticos para la viabilidad de estas inversiones.

Para el experto, esta elevada desconfianza social limita el avance de proyectos y podría derivar en pérdidas económicas sustanciales tanto para el sector como para la economía nacional. Diversos analistas coinciden en que revertir esta percepción negativamente instalada exigirá el fortalecimiento del diálogo temprano con las comunidades involucradas, además de la implementación de programas de desarrollo local que ofrezcan beneficios palpables desde el inicio de la llegada de la industria energética.

En lo ambiental, la tendencia mundial hacia una menor huella ecológica posiciona a Perú frente a la doble exigencia de adoptar tecnologías limpias y asegurar procesos de licenciamiento eficientes. Vásquez resaltó, en diálogo con Infobae, que la modernización tecnológica y una tramitación ambiental ágil permitirían mantener altos estándares de sostenibilidad sin transformar la regulación en un freno para los inversionistas.

Burocracia y desconfianza bloquean proyectos energéticos: ¿Qué hacer?

La estabilidad política y económica del país figura como otro elemento decisivo en las decisiones de inversión del sector, según reiteró Vásquez. El experto aseguró que la exploración de hidrocarburos usualmente involucra altos niveles de riesgo y exige largos plazos de maduración, lo que hace que la volatilidad política o los cambios abruptos en las reglas de juego impacten de manera directa en la confianza de los potenciales inversores.

El análisis de experiencias en otros países de la región ha sido un punto de referencia permamente en la agenda de la XIV Conferencia. Países como Argentina, Guyana y Colombia han logrado dinamizar sus industrias energéticas a partir de marcos contractuales competitivos, mayor institucionalidad y fuertes inversiones en mapeo geológico. Según expusieron diversas voces en el evento consultadas por Infobae, incorporar lecciones aprendidas de estos mercados podría contribuir a relanzar el potencial del sector energético peruano.

La Amazonía noroccidental, que abarca territorios de Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, se ha convertido en el epicentro de una crisis que combina violencia armada, degradación ambiental y pérdida de gobernabilidad. Según un reciente informe internacional, este bioma enfrenta la mayor concentración de conflictos socioambientales en el mundo, con la presencia de al menos 17 grupos armados ilegales que operan en el 69% de sus municipios.

El estudio titulado “Amazonía en disputa. Seguridad climática y conflictos socioambientales en la Amazonía noroccidental”, presentado el 19 de agosto de 2025 en Bogotá, advierte que el crimen organizado se ha transformado en el principal acelerador del punto de no retorno de la Amazonía, poniendo en riesgo la seguridad climática, la democracia y la estabilidad regional. La investigación fue desarrollada en el marco de una iniciativa de la Unión Europea, en colaboración con la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) en Colombia y Perú, y el Instituto Igarapé en Brasil.

Minería ilegal, crimen organizado y economías ilícitas en la Amazonía

Uno de los principales hallazgos del informe es que el crimen organizado no solo se expande con rapidez en la región amazónica, sino que además impone formas de gobernanza criminal que socavan la autoridad de los Estados. Estas estructuras controlan corredores estratégicos, fortalecen economías ilícitas y amplifican las violaciones a los derechos humanos, que van desde extorsión y reclutamiento forzado hasta desplazamientos, amenazas y homicidios.

El documento advierte que no se trata únicamente de un problema ambiental: lo que está en juego es la capacidad de los países amazónicos de ejercer control territorial y proveer bienes públicos. La violencia en zonas de frontera debilita la legitimidad de los Estados, mientras que la inseguridad contribuye a erosionar la democracia y la gobernabilidad.

Las economías ilícitas mantienen una estrecha conexión con actividades legales e informales. Por ejemplo, el narcotráfico, el tráfico de fauna y flora, la minería ilegal de oro y el comercio de madera encuentran vías para blanquear capitales a través de mercados legales. El informe señala que los delitos ambientales representan ya la tercera economía ilícita más lucrativa del mundo, con ingresos estimados en 281 mil millones de dólares anuales.

En este escenario, la minería ilegal se posiciona como uno de los motores más destructivos: afecta al 19 % del bioma amazónico y se concentra en un 96 % en Brasil, Venezuela, Guyana y Perú. En el caso de Colombia, se calcula que el 70 % del oro es ilegal. A esto se suma la grave contaminación por mercurio, con hasta 30 toneladas vertidas cada año en ríos y lagos de la selva, lo que pone en riesgo tanto a los ecosistemas como a las comunidades ribereñas.

La región más peligrosa para defensores ambientales

La Amazonía también es reconocida como la zona más letal del mundo para quienes defienden el ambiente. Liderazgos indígenas, comunitarios y sociales se encuentran bajo un constante asedio que incluye amenazas, desplazamientos forzados, campañas de desprestigio, discriminación e incluso homicidios.

En 2023, el 55,6 % de los asesinatos de defensores ambientales a nivel mundial ocurrió en países amazónicos, con un total de 196 casos documentados. Colombia encabezó la lista con 79 asesinatos, seguida de Brasil con 25, mientras que otros países de la región también registraron episodios de violencia que evidencian la falta de garantías para quienes alzan la voz contra las mafias y las economías ilegales.

Los datos también revelan que entre 2001 y 2023 la Amazonía noroccidental perdió más de 14,7 millones de hectáreas de bosque, un área equivalente al tamaño de Honduras. Al mismo tiempo, el 89 % del oro extraído en la región se exporta a destinos como Canadá, Suiza, India, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Reino Unido, Italia y Australia. Esta conexión con mercados internacionales muestra cómo el extractivismo ilegal trasciende fronteras y se sostiene gracias a la demanda global.

El informe plantea la necesidad de reforzar las capacidades de los gobiernos amazónicos, establecer puestos de control en corredores fluviales, proteger a las comunidades indígenas y escuchar sus propuestas, además de superar la dependencia del aparato militar, apostando por capacidades civiles y políticas que permitan garantizar gobernanza ambiental y seguridad para quienes cuidan la selva.

Los líderes fueron recibidos en la capital colombiana por la canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio, y por Angie Rodríguez, directora y secretaria general del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en un acto que refuerza el compromiso regional con la preservación del mayor bosque tropical del planeta.

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El presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, arribó a Colombia la noche anterior al evento, tras delegar el Bastón de Mando a su vicepresidente, David Choquehuanca.

Arce Catacora expresó antes de su partida que su presencia en la cumbre responde a la voluntad de “reafirmar nuestro firme compromiso con la protección y el cuidado de nuestra Amazonia y de nuestra Madre Tierra”.

Por su parte, la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, también fue recibida en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) por la canciller Villavicencio y la directora Rodríguez, en el marco de lo que la Cancillería de Colombia describió como “un espacio clave para fortalecer la cooperación regional y el compromiso con la protección de la Amazonía”.

Declaración de Bogotá y compromisos para la COP30

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó a Bogotá el jueves, en vísperas de la cumbre, para reunirse con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la Casa de Nariño.

Lula, quien será anfitrión de la COP30 en noviembre, fue recibido por la canciller encargada y la directora de Dapre, en una jornada que, según la Presidencia de Colombia, se desarrollará bajo el liderazgo de Petro.

El objetivo central de la V Cumbre de Países Amazónicos es la adopción de la ‘Declaración de Bogotá’, un documento que recoge los compromisos conjuntos de los ocho países suramericanos que comparten la cuenca amazónica. Esta declaración será el eje de la posición común que la región llevará a la COP30, la conferencia climática que se celebrará en la ciudad brasileña de Belem do Pará.

La cumbre busca consolidar acuerdos para la protección del llamado “pulmón del mundo”, en un contexto de creciente presión internacional por la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático.

Participación de cancilleres y agenda de la cumbre

En la antesala de la reunión presidencial, la canciller encargada de Colombia presidió la III reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores y delegados de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca).

En este encuentro, los cancilleres de Bolivia, Celinda Sosa Lunda; de Brasil, Mauro Viera; de Perú, Elmer Schialer; y de Venezuela, Yvan Gil Pinto, junto a otros representantes, aprobaron 20 resoluciones y dieron luz verde a la ‘Declaración de Bogotá’, según informó la Cancillería de Colombia. Este paso previo allanó el camino para la adopción formal del documento en la cumbre de jefes de Estado.

La agenda de la cumbre incluye una reunión privada entre Lula da Silva y Gustavo Petro, seguida de declaraciones conjuntas a la prensa.

Este encuentro bilateral se inscribe en la dinámica de cooperación regional, en la que Brasil y Colombia desempeñan un papel central. La última visita oficial de Lula a Colombia se produjo en abril de 2024, durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, donde Brasil fue el país invitado.

La importancia de la cumbre radica en su papel como plataforma para articular una respuesta regional ante los desafíos ambientales que enfrenta la Amazonía.

La Otca, como marco institucional de la cooperación amazónica, reúne a los países que comparten este ecosistema estratégico, y la ‘Declaración de Bogotá’ representa un esfuerzo por coordinar políticas y acciones en defensa de la selva tropical.

Los acuerdos alcanzados en Bogotá servirán de base para la postura que los países amazónicos presentarán de manera unificada en la COP30, prevista del 10 al 21 de noviembre en Belem do Pará, consolidando así la voz de la región en el escenario internacional.

La V Cumbre de Presidentes Amazónicos en Bogotá reúne a mandatarios, delegaciones y líderes indígenas de los ocho países que conforman la cuenca, en una semana marcada por la presión de las organizaciones indígenas: exigen que sus comunidades tengan un papel central en la acción climática y en la toma de decisiones sobre el futuro del bioma.

Las organizaciones indígenas de la Amazonia emitieron un mensaje contundente al inicio del evento: “Sin los pueblos indígenas no hay Amazonia ni tampoco Cumbre de Presidentes Amazónicos”. Este reclamo, que circuló en un comunicado firmado por representantes de toda la región, fue presentado durante la inauguración de las actividades, que culminarán con la esperada “Declaración de Bogotá”.

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Durante los encuentros, uno de los puntos principales fue el debate sobre las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), los compromisos que cada país asume ante las Naciones Unidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Representantes de Colombia y Brasil analizaron el papel de las comunidades indígenas en este proceso. Los líderes destacaron que su participación resulta prioritaria, dada su experiencia en la defensa de territorios con altos niveles de conservación en la Amazonia.

Brasil expuso avances concretos. Alana Manchineri, integrante de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (Coiab), señaló que el país es el único de la región donde existe un documento de NDC específico de los pueblos indígenas. La activista explicó que el reconocimiento oficial refuerza la autonomía y gobernanza de sus pueblos.

En el caso colombiano, la viceministra de Ambiente, Tatiana Roa, reconoció que el gobierno aún no ha actualizado sus metas climáticas ante las Naciones Unidas, a pesar de que la próxima COP30 comenzará en menos de 100 días. Según Roa, las comunidades indígenas han sido incluidas en la elaboración de esas metas, un proceso aún sin completar.

Demandas de protección, participación y transición justa

Organizaciones indígenas y voceros como Oswaldo Muca Castiza, presidente de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), repitieron que “Queremos estar en la toma de decisiones”. Reclamaron pasar de un rol de observadores a ser parte activa en la gobernanza de las políticas para la Amazonia. Solicitaron mecanismos formales de cogobernanza en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), la protección jurídica de sus territorios, el fortalecimiento de sus economías y acceso directo a fondos de financiamiento climático.

Otra de las principales demandas es la declaración de la Amazonia como zona excluida de toda actividad extractiva. Los indígenas piden que los Estados decreten a la Amazonia como una zona de exclusión de todas las actividades extractivas, incluyendo los proyectos mineros y de hidrocarburos. Reiteraron la importancia de crear un grupo de trabajo para la transición justa y adoptaron el pedido: “establecer un grupo de trabajo de transición justa, incluyendo del sector energético y de los demás sectores económicos, en el marco de la OTCA” y “adoptar un cronograma con plazo definido para la consecución de la transición justa”.

Riesgos, cifras y el futuro del bioma

Un estudio del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia reveló que los resguardos indígenas y áreas protegidas tienen entre un 14 y 16 por ciento de impacto humano, muy por debajo del 38 por ciento observado en áreas no protegidas. Ese dato respalda las afirmaciones de que los territorios indígenas son decisivos para conservar el ecosistema amazónico.

El comunicado conjunto de los pueblos indígenas advirtió que décadas de deforestación, minería, perforación de combustibles fósiles y agricultura a gran escala han empujado a la región hacia “un punto de no retorno”. Entre las propuestas a debatirse está la conformación de un observatorio para rastrear amenazas contra defensores del medio ambiente y la violencia creciente sobre activistas.

Participan de las sesiones líderes indígenas como Gregorio Mirabal (coordinador de cambio climático y biodiversidad de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, Coica), el presidente de la Opiac, funcionarios como Francisco Filipo (jefe de asesoría internacional del Ministerio de Pueblos Indígenas de Brasil) y la viceministra Roa, junto a delegados de los ocho países del bloque.

El cierre de la cumbre, previsto para el viernes, será observado por los representantes indígenas, quienes alertan sobre la falta de avance tras la Declaración de Belém en 2023. “Sin embargo, notamos con preocupación que muchos de sus mandatos, acuerdos y grupos de trabajo no se han implementado”, leyó Sandra Rodríguez Rivera, de la Asociación del Consejo Regional Indígena del Guainía, en nombre de las organizaciones presentes.

“No habrá futuro sin los pueblos indígenas en el centro de la toma de decisiones”, concluyó el mensaje de los grupos amazónicos mientras aguardan que las promesas de la cumbre se traduzcan en políticas efectivas para proteger la selva y a quienes la habitan.