La liberación de una embarcación retenida por una comunidad indígena en Loreto, tras casi un mes de conflicto y negociaciones, permitió que reanudaran su tránsito por la cuenca del río Corrientes. El episodio, que mantuvo en vilo a la región, involucró a autoridades locales, organizaciones indígenas y fuerzas policiales, y dejó como saldo un policía fallecido durante un fallido operativo previo.

El martes 5 de mayo, las embarcaciones detenidas desde el 12 de abril en la comunidad nativa de Providencia, ubicada en el distrito de Trompeteros en Loreto, fueron finalmente liberadas. De acuerdo con el reporte de Andina, la decisión se tomó después de un proceso de diálogo entre líderes indígenas y representantes de las autoridades locales, encabezados por el alcalde provincial de Loreto–Nauta, Daniel Saboya Mayanchi.

El convoy fluvial, que transportaba más de 10 mil barriles de petróleo pertenecientes a la empresa Ricsa, había permanecido inmovilizado durante semanas. Esta situación generó preocupación entre las autoridades y la población, por los riesgos ambientales y de seguridad asociados a la prolongada retención de hidrocarburos en una zona sensible de la Amazonía peruana.

Negociación por intervención de ORPIO

La liberación fue posible luego de la intervención de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), que actuó como mediadora humanitaria tras la solicitud de los propios comuneros. El presidente de ORPIO, Beltrán Sandi, subrayó el carácter humanitario de la participación de la organización y explicó que la mesa de diálogo se centró en la atención de demandas históricas de las comunidades, principalmente vinculadas a servicios básicos, salud y desarrollo local.

El proceso de negociación contó con el respaldo y la supervisión del general PNP Fernando Mego Avellaneda, jefe de la Región Policial Loreto, quien acompañó las acciones orientadas a garantizar el orden y evitar nuevos enfrentamientos.

Durante el diálogo desarrollado el 2 de mayo, representantes de ORPIO y autoridades locales escucharon las exigencias de los comuneros, quienes insistieron en la necesidad de que el Estado atienda demandas postergadas en la región. El secretario de ORPIO, Pablo Chota, aseguró que las comunidades nunca rechazaron la vía del diálogo, y atribuyó las protestas al abandono por la población de Providencia.

Los dirigentes indígenas también expresaron su malestar por la ausencia de entidades del Ejecutivo, como la Presidencia del Consejo de Ministros, durante las etapas iniciales del conflicto.

En paralelo, la organización sugirió que el traslado de las embarcaciones se realice bajo estrictos protocolos técnicos, para reducir el riesgo de derrames de hidrocarburos en el río Corrientes y mitigar posibles impactos ambientales.

Falleció un policía

El episodio de mayor gravedad ocurrió el lunes 27 de abril, cuando un operativo policial destinado a recuperar las embarcaciones derivó en un enfrentamiento armado. En esa ocasión, un efectivo policial perdió la vida y otros dos agentes resultaron heridos.

La víctima fue identificada como Carlos Nayra Abanto y causó consternación en la región y al interior de la Policía Nacional del Perú, desde donde se expresó su pesar. Frente a ello, las negociaciones eran más dificiles entre las autoridades frente a la comunidad que reclama ser atendida.

Jempe Etsejui, la primera app del pueblo awajún para reportar emergencias ambientales y desastres naturales, ya empieza a marcar un antes y un después en la forma en que varias comunidades de la Amazonía enfrentan situaciones de riesgo. Se trata de una herramienta móvil bilingüe, impulsada por el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), que permite enviar alertas en tiempo real sobre eventos como derrames de petróleo, inundaciones, incendios forestales, deslizamientos, sequías, deforestación, minería ilegal e incluso invasiones territoriales.

La plataforma también fue pensada para atender otros escenarios sensibles que afectan directamente a las comunidades, como epidemias —por ejemplo, casos vinculados a fiebre amarilla— y denuncias de violencia sexual. Actualmente, la aplicación ya está habilitada para 31 comunidades awajún de Amazonas y 13 de Loreto, mientras que su implementación se proyecta también hacia San Martín y Cajamarca, donde el pueblo awajún tiene presencia territorial.

Una herramienta digital para responder en tiempo real desde el territorio awajún

La creación de Jempe Etsejui, cuyo nombre significa “Colibrí informa” en awajún, responde a una necesidad concreta que durante años se repitió en las comunidades: contar con un mecanismo rápido, directo y confiable para comunicar emergencias sin depender de canales lentos o poco efectivos. La app fue desarrollada como parte de una estrategia de fortalecimiento comunitario en gestión del riesgo, con el apoyo de la fundación Acción contra el Hambre (ACH).

Según explicó Edson Antunce Wajush, director de Tierra, Territorio y Dones de la Naturaleza del GTAA, la intención es ampliar el alcance de la herramienta a más comunidades mediante procesos de capacitación dirigidos a los policías territoriales y otros actores locales. “A través de las capacitaciones a los policías territoriales, esperamos expandir el uso de este aplicativo en más comunidades awajún de Amazonas y Loreto, y también llegar a Cajamarca y San Martín, donde tenemos presencia”, indicó.

La app forma parte del proyecto Respuesta Rápida Indígena, ejecutado por ACH y el GTAA en los distritos de Imaza y Nieva, en la región Amazonas. El propósito es visibilizar el papel central de las comunidades awajún en la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), una tarea que ahora se ha convertido en una pieza clave dentro de su organización interna.

De acuerdo con Cinthia de la Cruz, especialista en GRD de ACH, la iniciativa nació tras identificar que entre diciembre y marzo las lluvias intensas suelen generar múltiples emergencias en la zona. “Entre diciembre y marzo suele haber fuertes lluvias y, por eso, recibimos llamadas, mensajes de texto y de WhatsApp, manifestando las emergencias e incidencias [inundaciones, deslizamientos, pérdida de cultivos y daños de sus hogares]. Debido a que comentan que no reciben una respuesta o solución inmediata, vimos que era necesario crear esta app, que permite tener información en tiempo real, actualizada y precisa”, explicó.

Los reportes pueden ser enviados por integrantes de los Comités Comunitarios ante Emergencias y Desastres, los Comités de Vigilancia y Control Forestal Comunitario, los policías territoriales y los kakajam, es decir, los líderes de los sectores territoriales awajún. Una vez recibida la alerta, el GTAA la analiza, la procesa y activa su plan de preparación y respuesta, además de derivar la información a las entidades estatales correspondientes.

Cómo funciona Jempe Etsejui y qué cambios trae para las comunidades awajún

Aunque Jempe Etsejui permite completar el formulario de preguntas incluso sin conexión a internet, sí requiere red para enviar la información al GTAA de manera inmediata. Esa limitación obligó a impulsar soluciones complementarias en territorios donde el acceso a internet era prácticamente inexistente, como en las comunidades de Nueva Jerusalén y Nuevo Salem.

Para hacer operativo el sistema, ACH instaló centros comunitarios de alerta temprana en esos puntos. Estos espacios incluyen una computadora de mesa con internet satelital, altavoces conectados a amplificadores de sirenas, una consola de sonido para facilitar la comunicación local y paneles solares que ayudan a sostener el funcionamiento de los equipos en zonas alejadas de la red eléctrica.

“Esos centros comunitarios contemplan la instalación de una computadora de mesa con internet satelital, altavoces conectados a amplificadores de sirenas, una consola de sonido para que ellos puedan comunicarse y paneles solares”, precisó Cinthia de la Cruz. Con esta infraestructura, las comunidades no solo pueden enviar alertas, sino también reforzar sus propios mecanismos de coordinación frente a una emergencia.

El avance tecnológico también ha ido de la mano con un proceso más amplio de aprendizaje comunitario. Hasta hace apenas tres años, la Gestión del Riesgo de Desastres era un concepto casi desconocido en el pueblo awajún. Hoy, en cambio, se ha convertido en una práctica incorporada a su organización política y territorial. Así lo resumió Gil Inoach Shawit, pamuk del GTAA: “Antes del proyecto Respuesta Rápida Indígena, estábamos en cero. No teníamos recursos, ni siquiera teníamos idea de qué significaba la gestión de riesgos. Ahora sabemos cómo reaccionar y a dónde tenemos que ir”.

Ese proceso permitió construir un Modelo Awajún de GRD desde un enfoque intercultural, de género y participativo. Cada comunidad elaboró sus propios planes y protocolos, y además se conformaron 19 comités comunitarios capacitados para actuar antes, durante y después de una emergencia. La formación incluyó atención integral de víctimas, primeros auxilios, búsqueda y rescate en ríos, intervención en estructuras colapsadas y manejo y control de incendios.

En la comunidad de Pakun, por ejemplo, la artesana awajún Cleotilde Facundo Augtukai, responsable de evacuación y seguridad del comité local, explicó que el aprendizaje ha sido decisivo para enfrentar situaciones de riesgo. “Ahora entendemos mucho mejor cómo hacer cuando hay inundaciones, picaduras de culebras o incendios”, señaló.

La implementación de Jempe Etsejui se apoya en ese tejido organizativo que las comunidades han venido fortaleciendo durante los últimos años. La apuesta del GTAA es que el aplicativo no solo sirva para registrar emergencias, sino también para consolidar una red de comunicación territorial capaz de reaccionar con rapidez frente a amenazas ambientales, sanitarias y sociales que afectan a la población awajún en la Amazonía peruana.

La Amazonía peruana enfrenta una nueva alerta ambiental. El ecosistema Aguas Calientes Maquia, ubicado en la región Loreto, se encuentra en una situación crítica ante el avance de la deforestación, los cultivos ilícitos y la expansión del narcotráfico. A pesar de su enorme valor ecológico y turístico, esta zona natural aún no cuenta con una protección oficial que garantice su conservación a largo plazo.

El área, situada entre las provincias de Requena y Ucayali, específicamente en los distritos de Contamana, Alfredo Vargas Guerra y Maquia, es considerada uno de los espacios más singulares de la Amazonía. Sin embargo, mientras se mantiene en espera su categorización como Área de Conservación Regional (ACR), más de 2,000 hectáreas ya han sido afectadas en los últimos años, lo que ha encendido las alarmas entre autoridades, especialistas y comunidades locales.

Un ecosistema único en riesgo por la deforestación y economías ilegales

El ecosistema Aguas Calientes Maquia destaca por una característica poco común en el Perú: una quebrada de origen tectónico de aproximadamente cinco kilómetros que da lugar a seis pozas naturales con diferentes temperaturas. En época seca, el agua puede alcanzar hasta los 85 °C, y al mezclarse con corrientes frías, forma espacios aptos para el turismo termal.

Estas aguas, ricas en minerales como azufre, hierro y sales, han sido valoradas durante generaciones por las comunidades locales debido a sus propiedades terapéuticas. Este potencial convierte a la zona en un atractivo natural con gran proyección turística, especialmente en una región donde las oportunidades económicas sostenibles son limitadas.

No obstante, la riqueza natural del área contrasta con las amenazas que enfrenta. En los últimos cinco años, informes técnicos han evidenciado un crecimiento acelerado de la deforestación en Loreto, impulsado principalmente por el avance de los cultivos de coca. Esta actividad ilícita no solo destruye grandes extensiones de bosque, sino que también facilita la presencia de redes vinculadas al narcotráfico.

El sector norte de Aguas Calientes Maquia es uno de los más afectados, donde la presión ambiental continúa incrementándose. La falta de una categoría de protección oficial deja al territorio vulnerable frente a estas actividades ilegales, lo que compromete no solo su biodiversidad, sino también su equilibrio ecológico.

Propuesta de Área de Conservación Regional busca proteger a más de 32 mil habitantes

El reconocimiento de Aguas Calientes Maquia como Área de Conservación Regional (ACR) es una iniciativa que se impulsa desde el año 2013. Este proceso ha sido liderado por el Gobierno Regional de Loreto, en coordinación con organizaciones locales como la Asociación de Pueblos Cinco Unidos, la Municipalidad Provincial de Contamana, el SERNANP y el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA).

Aunque el expediente técnico ya fue aprobado, el proyecto continúa a la espera de un Decreto Supremo, en medio de retrasos asociados a la inestabilidad política. Esta demora mantiene en incertidumbre a miles de pobladores que dependen directa e indirectamente de los recursos naturales de la zona.

La creación del ACR no solo permitiría fortalecer la protección ambiental, sino también abrir nuevas oportunidades de desarrollo sostenible. Se estima que más de 32 mil habitantes de la provincia de Ucayali se beneficiarían de esta medida, incluyendo más de 5 mil personas de comunidades nativas y campesinas.

Además de su riqueza hídrica, el territorio alberga una biodiversidad destacada: al menos 259 especies de aves, 517 de plantas, 38 de mamíferos y 109 de peces. Entre sus principales atractivos se encuentra una colpa de guacamayos, donde se congregan entre 100 y 200 ejemplares, un espectáculo natural que podría convertirse en un importante motor para el turismo ecológico.

Las autoridades locales han subrayado que el desarrollo de la provincia no puede basarse en actividades agrícolas intensivas, debido a las características del suelo. En ese sentido, el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y turísticos se presenta como la alternativa más viable para impulsar la economía sin comprometer el entorno natural.

Mientras tanto, las comunidades continúan resaltando la importancia del área, especialmente porque allí nacen las cabeceras de varias quebradas y se reproducen diversas especies animales. Sin una protección formal, el ecosistema sigue expuesto a actividades ilegales que amenazan su conservación y limitan su potencial como destino turístico sostenible en la Amazonía peruana.

Más de mil tortugas amazónicas volvieron a su hábitat natural tras haber sido víctimas del tráfico ilegal de fauna silvestre, una de las actividades ilícitas que más afecta la biodiversidad en el Perú. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) confirmó la liberación de estos ejemplares en la región Loreto, marcando un nuevo avance en las acciones de recuperación de especies nativas.

Los animales, que fueron rescatados en 2023 durante una intervención en el Callao, pasaron por un proceso de evaluación técnica y sanitaria antes de ser considerados aptos para su retorno. La liberación se realizó en un entorno estratégico de la Amazonía, donde las condiciones ecológicas favorecen su supervivencia y reproducción, en un esfuerzo articulado entre autoridades, comunidades y organizaciones especializadas.

Liberan tortugas amazónicas en Loreto tras ser rescatadas del tráfico ilegal

La intervención permitió que más de 1.000 tortugas de las especies taricaya y charapa regresen a su ecosistema. Estos reptiles, conocidos científicamente como Podocnemis unifilis y Podocnemis expansa, fueron liberados en la cuenca del río Apayacu, dentro del Área de Conservación Regional Ampiyacu–Apayacu, en Loreto.

De acuerdo con el Serfor, los ejemplares fueron sometidos a rigurosos controles para asegurar su estado de salud. Solo después de superar estas evaluaciones, se autorizó su liberación en una zona que forma parte de su rango natural de distribución. La elección del lugar no fue aleatoria: responde a criterios técnicos que buscan maximizar las probabilidades de adaptación de las especies.

“Hoy damos un paso importante en la recuperación de nuestra biodiversidad. Estas tortugas regresan a su hábitat, donde cumplen un rol esencial para el equilibrio de los ecosistemas amazónicos”, señaló Rudy Tapia, director de Control de la Gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del Serfor.

En este proceso también participó la Comunidad Nativa Yanayacu, cuyo Comité de Vigilancia Comunal tendrá un rol clave en el monitoreo de los ejemplares liberados. Esta articulación con actores locales busca reforzar la protección de la fauna silvestre desde el territorio, una estrategia cada vez más relevante frente al avance de actividades ilegales.

El traslado y manejo de las tortugas estuvo a cargo de especialistas del Serfor, en coordinación con organizaciones como la Asociación Unidos por los Animales (UPA), el zoocriadero Reptile Republic, el Centro de Rescate Taricaya y Rainforest Foundation US, que brindaron soporte técnico y logístico durante todo el proceso.

Así operó el rescate y por qué estas especies son clave para la Amazonía

El origen de esta historia se remonta a 2023, cuando las autoridades detectaron irregularidades en permisos de exportación durante una intervención conjunta con Aduanas del Callao. Tras el decomiso, los ejemplares quedaron bajo custodia especializada mientras se desarrollaba el proceso administrativo correspondiente.

Este tipo de casos no es aislado. En enero de 2025, por ejemplo, se rescataron más de 160 taricayas que eran vendidas ilegalmente como mascotas en Lima, muchas de ellas en condiciones precarias, hacinadas en recipientes de vidrio o bolsas plásticas. Estos operativos evidencian la persistencia del comercio ilegal de fauna en mercados urbanos.

Las tortugas amazónicas cumplen una función clave en su ecosistema. Su alimentación basada en frutos permite la dispersión de semillas, lo que contribuye directamente a la regeneración de bosques inundables. Además, forman parte de la cadena alimenticia, siendo esenciales para mantener el equilibrio ecológico en la Amazonía.

La liberación se realizó durante la temporada de creciente amazónica, un periodo que facilita la dispersión natural de los ejemplares y mejora sus posibilidades de adaptación. Este detalle técnico resulta crucial para asegurar el éxito de la reinserción en el medio silvestre.

Desde el Serfor también se recordó que la compra de animales sin origen legal fomenta el tráfico ilegal y pone en riesgo la supervivencia de diversas especies. Por ello, la entidad mantiene activa la campaña “No te compres un delito”, orientada a sensibilizar a la ciudadanía sobre las consecuencias de esta práctica.

Para denunciar casos de venta o tenencia ilegal de fauna silvestre, existen canales oficiales habilitados. Uno de ellos es el WhatsApp de Alerta Serfor (947 588 269), que recibe reportes mediante mensajes. También está disponible la plataforma virtual “Denuncia Serfor”, donde los ciudadanos pueden registrar estos hechos de manera directa.

La llegada del primer tráiler de 'La Niña’ introduce un escenario inquietante en la cartelera peruana. El filme, dirigido por Javi Velásquez Varela, propone una mezcla de misterio sobrenatural y policial ambientada en la ciudad amazónica de Iquitos.

La historia se centra en un enigma sin resolver que comienza con la llegada de un joven extranjero, decidido a trabajar como voluntario con animales, y que termina enfrentando sucesos inexplicables tras alquilar el último piso de un peculiar edificio.

En el avance, disponible desde esta semana, se muestra cómo el protagonista, interpretado por el actor español Marc Clotet, comienza a recibir cada noche la visita de una niña que pide una taza de azúcar. Lo que aparenta inocencia pronto adquiere tintes perturbadores, mientras la rutina del voluntario se ve interrumpida por fenómenos extraños y la aparición constante de la menor. De acuerdo con Infobae Perú, la tensión crece al desaparecer el joven sin dejar rastro, lo que motiva la intervención policial.

La investigación recae en una teniente de la policía, encarnada por Cindy Díaz, quien sospecha que la presencia de la niña está vinculada a hechos pasados en el edificio. A medida que la trama avanza, se incorpora un capitán de policía, interpretado por Sebastián Monteghirfo, que decide colaborar con un vidente local para esclarecer la desaparición de otra menor en el mismo inmueble. Infobae Perú detalla que esta colaboración abre la puerta a una investigación donde los elementos sobrenaturales se entrelazan con el procedimiento policial.

El director Velásquez Varela explicó que la película adapta una novela de su autoría, apostando por una visión distinta del misticismo amazónico. “Se han contado muchas historias sobre el misticismo amazónico, pero casi no hay películas urbanas ambientadas en la ciudad. Hay una riqueza que se ha explorado muy poco”, afirmó el cineasta. El rodaje se realizó en diferentes locaciones de la ciudad de Iquitos, lo que permitió capturar la atmósfera particular de la región, según destacó el equipo de producción.

¿Quiénes actúan en ‘La Niña’?

El elenco internacional reúne a Marc Clotet, así como a los argentinos Pepe Monje y María Jesús Rentería. Por el lado peruano, la cinta cuenta con la participación de Cindy Díaz, Sebastián Monteghirfo, Fernando Bacilio, Teddy Guzmán y Óscar Carrillo. Esta combinación otorga diversidad al reparto y amplía el atractivo de la producción para diferentes audiencias.

Uno de los elementos centrales de la película es la figura de la niña, cuya aparición repetitiva y comportamiento enigmático constituyen el eje del suspenso. El tráiler plantea la pregunta: ¿qué harías si una niña tocara tu puerta cada noche para pedir azúcar?. La interrogante, presentada en el adelanto, busca generar expectativa y debate entre los espectadores.

El guion entrelaza los mitos urbanos con la realidad cotidiana de Iquitos, incorporando referencias a leyendas locales que han circulado durante generaciones. La música, la fotografía y la dirección de arte refuerzan la atmósfera de tensión, sumando elementos visuales y sonoros que contribuyen al clima de incertidumbre. La película también explora los límites de la percepción humana frente a lo inexplicable.

¿Cuándo se estrena ‘La Niña’?

La producción de 'La Niña’ se suma a la tendencia de cine latinoamericano que apuesta por narrativas de terror y misterio con identidad regional. El estreno nacional está programado para el 7 de mayo, fecha en la que la película llegará a las salas de todo el país. El filme buscará cautivar tanto a los aficionados del género como a quienes buscan nuevas propuestas en la cinematografía peruana.

El director Velásquez Varela ha señalado su interés en crear una narrativa que combine el rigor de la investigación policial con el aura de lo sobrenatural, sin recurrir a fórmulas convencionales del género. Desde la producción, se remarca que la historia busca ofrecer una experiencia distinta a otras películas de terror rodadas en la región, privilegiando la construcción de misterio por sobre el impacto visual.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió otorgar medidas cautelares a favor del pueblo indígena Kakataibo en situación de aislamiento que habita la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, ubicada entre Ucayali, Huánuco y Loreto. La decisión, adoptada el 1 de marzo de 2026 mediante la Resolución 13/2026, responde a una evaluación de riesgo que considera que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan una amenaza grave y urgente.

La resolución se produce en un contexto marcado por denuncias sostenidas sobre deforestación, concesiones superpuestas, asentamientos irregulares, pistas clandestinas y actividades ilícitas violentas dentro del territorio protegido. Para la CIDH, los hechos reportados desde 2020 evidencian que la situación no solo persiste, sino que muestra un incremento progresivo sin que existan elementos que permitan constatar una mitigación efectiva del riesgo.

CIDH advierte riesgo irreparable para el pueblo Kakataibo en aislamiento

De acuerdo con la solicitud presentada ante la CIDH, terceros estarían realizando tala ilegal, instalación de pistas de aterrizaje clandestinas, expansión de cultivos ilícitos y ocupaciones irregulares dentro del ámbito de la reserva. Estas actividades, además de afectar el ecosistema, pondrían en peligro directo a los Kakataibo en aislamiento, quienes se rigen por el principio de no contacto debido a su alta vulnerabilidad inmunológica y cultural.

La Comisión analizó información sobre denuncias y alertas emitidas desde 2020, incluyendo comunicaciones del Ministerio de Cultura. Según el organismo, los factores de riesgo no han sido neutralizados y podrían provocar una agravación inmediata de los derechos fundamentales de esta población, así como la pérdida de los recursos naturales indispensables para su subsistencia.

En ese marco, la CIDH solicitó al Estado peruano adoptar medidas “necesarias y culturalmente adecuadas” para salvaguardar la vida y la salud de los beneficiarios. Entre los pedidos concretos figura reforzar la implementación del Plan de Protección de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, asegurar la actuación coordinada de todas las entidades involucradas y garantizar el seguimiento permanente de las alertas sobre actividades ilegales.

Además, el organismo requirió que se activen mecanismos inmediatos para evaluar y monitorear la calidad del agua en las zonas vinculadas a la reserva, ante la posibilidad de contaminación derivada de economías ilegales y extractivas.

Crimen organizado, concesiones y violencia: el trasfondo en la Amazonía

La situación del pueblo Kakataibo no es nueva. En los últimos años, investigaciones periodísticas y reportes de organizaciones especializadas han documentado la expansión de economías ilícitas en la Amazonía peruana, donde confluyen tala ilegal, narcotráfico y minería ilegal. Esta presión territorial ha convertido varias zonas de Huánuco y Ucayali en áreas de alto riesgo para defensores ambientales e indígenas.

Un informe multimedia difundido en 2024 por periodistas de investigación en colaboración con la organización Amazon Watch reveló una compleja red de despojo de tierras y destrucción ambiental en territorios ancestrales kakataibo. El trabajo expuso transferencias irregulares de tierras durante gestiones regionales pasadas y señaló la existencia de una relación entre actores estatales y redes criminales dedicadas a la ocupación ilegal.

En paralelo, líderes kakataibo han denunciado amenazas, desplazamientos forzados y violencia. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la presión sobre sus territorios se habría intensificado. Cinco dirigentes indígenas han sido asesinados en los últimos años en medio de disputas vinculadas al control territorial y economías ilegales, según reportes públicos.

En su respuesta ante la CIDH, el Estado peruano informó que viene ejecutando acciones en el marco del Plan de Protección: instalación de puestos de control, patrullajes, monitoreo y sesiones de los Comités de Gestión con participación de entidades competentes y representantes indígenas. También reconoció que persisten amenazas de alta gravedad y brechas de coordinación interinstitucional.

La Comisión solicitó mantener y fortalecer los espacios de diálogo con organizaciones indígenas, asegurar la participación efectiva de las entidades estatales y concertar medidas adicionales que resulten necesarias para implementar la resolución. Asimismo, pidió informar sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos que dieron origen a la medida cautelar y evitar su repetición.

La CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recordó que el otorgamiento de medidas cautelares no constituye un prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el Sistema Interamericano, pero sí implica la obligación de adoptar acciones inmediatas frente a una situación de riesgo.

La minería ilegal de oro en la Amazonía peruana ha entrado en una nueva fase de expansión en 2026. Un reciente informe de The Associated Press (AP) advierte que esta actividad ya no se concentra únicamente en los históricos focos del sur del país, sino que avanza por ríos remotos, penetra en territorios indígenas y se instala en zonas que hasta hace poco permanecían intactas.

Según la investigación firmada por el periodista Steven Grattan, la expansión marca un punto crítico para una de las industrias más destructivas de la Amazonía. Ambientalistas, científicos y líderes indígenas consultados por AP sostienen que el fenómeno se ha acelerado al ritmo del precio internacional del oro, que en lo que va de 2026 bordea los 2.000 dólares por onza, cerca de máximos históricos y el doble de su valor de hace una década. El resultado: más deforestación, ríos contaminados con mercurio y comunidades expuestas a violencia y crimen organizado.

La minería ilegal ya golpea “todas las regiones del Perú”

De acuerdo con el reporte de AP, la minería ilegal que antes se concentraba principalmente en Madre de Dios ahora se desplaza hacia el norte, alcanzando regiones como Loreto, Ucayali, Huánuco y Pasco. El propio alto comisionado para el combate a la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, reconoció en una entrevista televisiva que “lamentablemente tenemos minería ilegal en todas las regiones del Perú”.

AP describe cómo los mineros ilegales arrasan el bosque con maquinaria pesada, abren trochas improvisadas y despliegan dragas flotantes que succionan sedimentos del fondo de los ríos en busca de oro. En cuestión de semanas, los cambios se hacen visibles: llanuras aluviales convertidas en pozas fangosas, agua turbia cargada de sedimentos y restos de mercurio, y campamentos que se internan cada vez más en zonas previamente intactas.

Luis Fernández, investigador vinculado a la Universidad Wake Forest, explicó que el impacto ambiental es casi inmediato. “Una vez que la maquinaria entra, se ven cambios en cuestión de semanas a meses… las columnas de sedimentos aparecen en los ríos casi de inmediato”, señaló.

En la Estación Biológica Panguana, una zona privada de conservación en la Amazonía central, los efectos ya son evidentes en 2026. Su administrador, Fernando Malatesta, relató que donde antes había bosques intactos ahora los ríos son turbios. “Antes tú podías caminar por ahí y veías agua cristalina, pero ahora pues ya no se puede ver eso”, afirmó.

Mercurio, violencia y comunidades indígenas en riesgo

El informe también documenta cómo la expansión de la minería ilegal en la Amazonía está ligada a redes de crimen organizado. El abogado ambientalista César Ipenza advirtió que grupos criminales de carácter transnacional han ganado presencia y relevancia. Julia Urrunaga, directora en Perú de la organización Environmental Investigation Agency, afirmó que esta actividad se ha convertido en una fuente clave de ingresos para estas redes.

En Panguana, el equipo de conservación tuvo que abandonar la estación tras recibir amenazas. “Había personas con palos, había gente con machete”, relató Malatesta a AP, describiendo los enfrentamientos con mineros y residentes.

Las comunidades indígenas quedan atrapadas en medio del conflicto. Julio Cusurichi, líder indígena de Madre de Dios, denunció que la expansión ya se siente en otras zonas amazónicas. “Esto se está expandiendo por Loreto, por Ucayali”, afirmó. También alertó que más de 30 líderes indígenas han sido asesinados en años recientes por defender sus territorios.

Uno de los mayores riesgos señalados por la agencia es el envenenamiento por mercurio. Este metal, utilizado para separar el oro del sedimento, termina en los ríos y se acumula en los peces, base alimentaria de muchas comunidades amazónicas. Urrunaga advirtió que la devastación ambiental tiene un impacto directo en la salud humana.

Mientras tanto, el gobierno peruano creó a fines de 2023 una comisión multisectorial de alto nivel para combatir la minería ilegal y promover la formalización de pequeños mineros. Según datos oficiales citados por AP, recientes operativos permitieron incautar y destruir equipos valorizados en más de 60 millones de soles. Sin embargo, ambientalistas consultados por la agencia sostienen que las acciones en el terreno siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del avance.

El panorama expone un escenario en el que la Amazonía peruana enfrenta una presión creciente por la expansión de la minería ilegal, impulsada por la alta cotización del oro y sostenida por redes criminales que operan en zonas cada vez más alejadas.

En una diligencia conjunta, el Ministerio Público logró desmantelar un campamento rústico utilizado para la tala ilegal de bosques en la región San Martín. La intervención, realizada en una zona ambientalmente frágil del distrito de Yuracyacu, expuso no solo el daño directo a la cobertura boscosa, sino también el avance silencioso de economías ilegales que siguen presionando a la Amazonía peruana.

Intervención fiscal en Yuracyacu

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Moyobamba ejecutó la destrucción de un campamento rústico que venía siendo usado para actividades de tala ilegal y degradación de bosques en el distrito de Yuracyacu, provincia de Rioja, en el distrito fiscal de San Martín.

La diligencia fue encabezada por la fiscal adjunta provincial Hilda Rita Ferrer Benites, junto a representantes de la Autoridad Regional Ambiental de San Martín (ARA), la Municipalidad Distrital de Yuracyacu y efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Maquinaria incautada y evidencias de deforestación

Durante la intervención, las autoridades hallaron máquinas y enseres utilizados para la tala ilegal, los cuales fueron incautados como parte de la diligencia fiscal. En el recorrido también se constató la existencia de un lindero con siembra de plátano, así como áreas colindantes con claros indicios de tala de formaciones boscosas propias de humedales altos.

El terreno afectado presentaba zonas inundables y pantanosas, además de un daño evidente a la cobertura forestal donde, según los especialistas, debería existir vegetación nativa como cumalas, romacos y tanganas, especies clave para el equilibrio de estos ecosistemas.

Investigación preliminar en curso

Ante los hallazgos, la Fiscalía inició investigación preliminar contra el presunto propietario del área intervenida. Como parte de las medidas inmediatas, se procedió a la destrucción del campamento rústico y al decomiso de los objetos que habrían sido empleados para la deforestación del predio.

El Ministerio Público, a través de la FEMA Moyobamba, reiteró su compromiso de prevenir y combatir la tala ilegal, una de las principales amenazas para los ecosistemas amazónicos y las comunidades que dependen de ellos.

Impacto en la salud y la gobernabilidad

La intervención ocurre en un contexto alarmante. Estudios recientes advierten que la deforestación en la Amazonía ha contribuido a más de 28 millones de casos de enfermedades en las últimas dos décadas en Sudamérica, afectando de manera particular a países como Perú. La pérdida de bosques favorece incendios, contaminación del aire y la propagación de enfermedades zoonóticas.

A ello se suma la percepción ciudadana: según la Proética, el 94 % de los peruanos vincula directamente la tala ilegal, la minería ilegal y el narcotráfico con la corrupción, evidenciando la dimensión social y política del problema ambiental.

Desde la Fiscalía se remarcó que acciones como esta buscan frenar el avance de economías ilegales que operan en zonas de alta fragilidad ecológica y que, en muchos casos, avanzan aprovechando la debilidad del control estatal. La destrucción del campamento en Yuracyacu se suma a los esfuerzos por proteger los bosques amazónicos y evitar daños irreversibles en territorios clave para la biodiversidad y la salud pública.

El lagarto blanco fue localizado en las inmediaciones de la avenida Amazonas, cerca de la futura sede central del Gobierno Regional de Ucayali. Su presencia, inusual en plena ciudad, generó preocupación entre los transeúntes, ya que el reptil habría salido de un caño natural próximo al lugar. La intervención oportuna de las autoridades permitió capturarlo sin incidentes y trasladarlo a un centro de atención especializado.

Por otro lado, el rescate del puercoespín se produjo gracias al aviso de Eduardo Rucoba Segura, vecino del distrito de Neshuya. El ciudadano detectó que el animal estaba siendo atacado por perros y, tras asegurar su resguardo en una jaula facilitada por un veterinario, lo entregó voluntariamente a las autoridades. La coordinación se realizó mediante un mensaje enviado a través de la cuenta de Facebook de la Gerencia Forestal.

Vecinos ayudan a salvar especies amazónicas en zonas urbanas

La aparición de estas especies silvestres en zonas urbanas de Pucallpa movilizó a los equipos de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre, quienes intervinieron tras recibir alertas responsables de la población. En el caso del lagarto blanco, el reporte indicó su presencia cerca de una vía concurrida, lo que representaba un riesgo tanto para el animal como para las personas.

La captura se realizó de manera cuidadosa para evitar daños al reptil y a la comunidad. Los especialistas explicaron que la colaboración ciudadana fue decisiva, ya que permitió una intervención rápida y segura. El reptil, una vez asegurado, fue trasladado a las instalaciones de la Gerencia, donde inició su proceso de recuperación.

El puercoespín, por su parte, fue hallado en una situación vulnerable. El ciudadano que lo encontró tomó la decisión de protegerlo y entregarlo a las autoridades, evitando así un desenlace negativo. El personal especializado recibió al roedor y lo puso bajo observación, cumpliendo los protocolos establecidos para casos de fauna silvestre rescatada.

Ambos operativos evidencian el valor de la participación ciudadana para la protección de la biodiversidad amazónica. Las autoridades reiteraron el llamado a no manipular animales silvestres y a informar de inmediato cuando se detecten ejemplares fuera de su entorno natural.

Animales ingresan a cuarentena tras ser rescatados en Pucallpa

Tras el rescate, tanto el lagarto blanco como el puercoespín fueron ingresados al centro de cuarentena de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali. Allí reciben evaluación veterinaria y cuidados especializados, con el objetivo de garantizar su recuperación antes de ser liberados nuevamente en su hábitat natural. Este procedimiento está alineado con la normativa vigente y busca asegurar el bienestar de los ejemplares y la integridad de los ecosistemas amazónicos.

El lagarto blanco, identificado como caimán de anteojos (Caiman crocodilus), es un reptil semiacuático característico de ríos, lagunas y zonas inundables de la región. Su función ecológica es clave: regula poblaciones de peces y otros organismos acuáticos, contribuyendo al equilibrio natural. Su aparición en áreas urbanas suele estar relacionada con alteraciones en su entorno, lo que ha llevado a que las autoridades refuercen las acciones de rescate y reubicación.

El puercoespín amazónico, del género Coendou, destaca por las espinas rígidas que recubren su cuerpo y que emplea como defensa. Es un roedor de hábitos nocturnos y solitarios, cuya dieta se compone principalmente de hojas, brotes y frutos del bosque tropical. Aunque rara vez entra en contacto con el ser humano, la expansión de las ciudades ha incrementado los encuentros fortuitos, haciendo necesario su rescate y posterior liberación en zonas protegidas.

La Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali insiste en la importancia de la protección de estas especies y recuerda a la población que, ante la presencia de fauna silvestre, lo más seguro es no intervenir directamente y notificar a las autoridades. Este tipo de acciones permite conservar la biodiversidad y mantener el equilibrio de los ecosistemas amazónicos.

Uno de los principales reclamos de la Organización de Pueblos Indígenas Kichwa Amazónicos Fronterizos del Perú-Ecuador (OPIKAFPE) apunta a la construcción del hospital de la comunidad 12 de Octubre, una obra clave para la atención de cientos de familias kichwas del Alto Río Tigre y zonas fronterizas. La organización indígena denunció la falta de transparencia y el mal manejo del presupuesto bajo responsabilidad de la Municipalidad Distrital del Tigre.

Ante esta situación, exigieron la intervención inmediata del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Salud (MINSA) para esclarecer el estado real del proyecto, paralizado pese a la urgencia sanitaria que enfrentan las comunidades amazónicas.

Proyecto de Salud Intercultural sin financiamiento confirmado

Las comunidades también demandaron respuestas concretas sobre el Proyecto Especial de Salud Intercultural 2027–2032, un compromiso asumido por el Estado en una reunión realizada el 7 de noviembre, pero que hasta la fecha no cuenta con financiamiento asegurado.

OPIKAFPE exigió al MEF, en coordinación con el MINSA y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que se garantice el presupuesto para este proyecto, considerado fundamental para cerrar las brechas de atención en territorios indígenas históricamente postergados.

Recorte de Beca 18

Otro punto central del pronunciamiento es el drástico recorte de las becas de Beca 18, que pasó de 30 mil a solo 2 mil vacantes, una medida que las comunidades consideran discriminatoria y perjudicial para los jóvenes indígenas, en especial aquellos que viven en zonas afectadas por la contaminación petrolera, como el Lote 192.

A este escenario se suma la crisis en el proceso de preselección de Beca 18 – 2026. El examen se rindió el 16 de noviembre de 2025 y los resultados debían publicarse el 22 de diciembre, pero hasta fines de enero de 2026 miles de postulantes siguen sin conocer su puntaje ni si avanzaron a la siguiente etapa.

La Contraloría General de la República, a través del Informe de Orientación de Oficio N.º 003-2026-OCI/0190-SOO, advirtió una “situación adversa” que compromete la transparencia y confiabilidad del concurso, debido al retraso en la publicación de resultados y a la falta de información clara sobre el número total de becas disponibles. Más de 90 mil jóvenes permanecen en incertidumbre, mientras el tiempo para acceder a la educación superior sigue corriendo.

Remediación ambiental

OPIKAFPE también exigió al MINEM el cumplimiento del Fondo de Remediación Ambiental, pendiente desde 2022 como parte de los acuerdos de consulta previa. Las comunidades responsabilizan al Estado por haber permitido, durante más de 50 años, la contaminación de sus territorios por empresas como OXY, Pluspetrol, Frontera y Altamesa.

Si bien en abril de 2025 el Ministerio de Energía y Minas anunció el inicio de labores de remediación en comunidades del Lote 192, con un presupuesto que bordea los S/ 390 millones, las comunidades kichwas del Alto Río Tigre advierten que los avances son insuficientes y no cubren todas las zonas impactadas. Según información oficial y de la plataforma Profonanpe, el Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental aún requiere nuevas asignaciones presupuestales, lo que depende de decisiones del Congreso.

Mesa Multisectorial del Lote 192

En noviembre de 2025 se instaló en Iquitos la Mesa Técnica Multisectorial para el Desarrollo Sostenible y la Remediación del Lote 192, con participación de diversos ministerios, entidades del Estado y federaciones indígenas. En ese espacio se priorizaron proyectos de electrificación, salud, educación, agua y saneamiento, y se acordó retomar sesiones en febrero de 2026.

Sin embargo, OPIKAFPE denunció que no hay avances visibles, especialmente en el financiamiento de proyectos de electrificación para comunidades como Centro Arenal y San Juan de Bartra, servicios básicos largamente postergados pese a los compromisos asumidos.

Minería ilegal

Las comunidades kichwas también exigieron la intervención inmediata del Estado para erradicar la minería ilegal en el río Tigre. Esta actividad, advierten, no solo contamina el agua y los ecosistemas, sino que está asociada a delitos como la trata de personas y el fortalecimiento de economías ilegales.

El propio alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la PCM, Rodolfo García Esquerre, reconocía en una entrevista a TV Perú que esta actividad ilícita está presente en todas las regiones del país y afecta gravemente a las comunidades indígenas amazónicas, especialmente en Loreto, donde la contaminación de ríos y la destrucción de bosques ponen en riesgo su seguridad y modo de vida.

Asimismo, en su pronunciamiento, OPIKAFPE cuestionó el rol de los congresistas, funcionarios del Estado y del alcalde del distrito del Tigre, a quienes acusan de no representar las demandas legítimas de la población del Alto Río Tigre y de promover decisiones que vulneran sus derechos.

“El abandono estatal y la falta de cumplimiento de los acuerdos profundizan nuestra situación de vulnerabilidad”, advirtieron las comunidades, que cerraron su pronunciamiento con un llamado a la defensa de la vida y el territorio: “¡Sumak kawsana ñukanchi llakta kichwa!”.

La muerte de un puma, especie protegida por la legislación peruana, encendió las alertas de las autoridades ambientales en la región San Martín. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) inició una investigación penal contra dos sujetos detenidos en flagrancia por el presunto delito de depredación de fauna silvestre, tras el hallazgo del animal sin vida en el sector Ishanga, distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres.

El caso se hizo público luego de que imágenes del puma muerto circularan en redes sociales, lo que permitió activar de inmediato la intervención fiscal y policial. El hecho ha vuelto a poner en el centro del debate la persistencia de la caza ilegal de especies protegidas en zonas rurales de la Amazonía peruana.

Imágenes en redes sociales activaron la intervención fiscal

Según informó el Ministerio Público, la investigación se inició tras la difusión de fotografías y videos en redes sociales donde se observaba a los presuntos implicados en posesión del puma luego de su muerte. Este material fue clave para identificar a los sospechosos y coordinar acciones inmediatas en el lugar de los hechos.

El animal fue hallado en el sector Ishanga, una zona rural del distrito de Campanilla donde en los últimos años se han registrado diversos incidentes vinculados a la caza ilegal y al tráfico de fauna silvestre. El puma es una especie protegida cuya caza, captura o tenencia está prohibida por la normativa ambiental vigente.

Detención en flagrancia en Campanilla

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de San Martín – sede Juanjuí, a cargo del fiscal provincial John Ventura Castillo, dispuso el inicio de diligencias preliminares contra los dos investigados. La intervención se realizó en coordinación con efectivos de la Policía Nacional del Perú de la comisaría de Campanilla.

Las primeras diligencias estuvieron a cargo de la fiscal adjunta provincial Rosario Horna Cienfuegos, quien encabezó el reconocimiento del lugar donde fue hallado el animal, la identificación de los presuntos responsables y otras acciones orientadas a asegurar elementos probatorios.

Como parte de la investigación, las autoridades lograron ubicar el domicilio de los implicados, donde se encontraron restos del animal silvestre, los cuales fueron incautados para ser incorporados al proceso penal.

Participación de la Autoridad Regional Ambiental

Durante las diligencias también participó personal de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de San Martín, entidad encargada de la protección y conservación de los recursos naturales en la región. Los restos incautados serán sometidos a peritajes técnicos especializados para determinar las circunstancias exactas de la muerte del puma y reforzar la imputación penal.

Desde la Fiscalía señalaron que el material incautado constituye una evidencia clave para sustentar el presunto delito de depredación de fauna silvestre, tipificado en el Código Penal peruano.

Delito ambiental y posibles sanciones

El delito de depredación de fauna silvestre contempla sanciones severas, especialmente cuando se trata de especies protegidas como el puma. La legislación peruana establece penas que pueden superar los cuatro años de prisión, además de multas y otras sanciones administrativas.

El Ministerio Público recordó que estos delitos no solo vulneran la ley, sino que generan un grave impacto en el equilibrio de los ecosistemas amazónicos, ya amenazados por actividades ilegales como la tala, la minería y el tráfico de especies.

San Martín es una de las regiones con mayor biodiversidad del país, pero también una de las más expuestas a la caza ilegal de fauna silvestre. Diversas organizaciones ambientales han advertido que especies emblemáticas como el puma enfrentan una presión creciente, especialmente en zonas rurales donde la fiscalización es limitada.

Una evacuación forzada por falta de garantías

Luego de más de dos meses de denuncias por amenazas e intimidaciones, el equipo del ACP Panguana decidió evacuar la zona ante la ausencia de garantías que aseguren su integridad física. Las alertas fueron corroboradas por la Fiscalía de la Nación, que confirmó la gravedad del riesgo que enfrentaba el personal frente al avance de la minería ilegal.

El área se ubica en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, en la región Huánuco, y cuenta con una extensión aproximada de 700 hectáreas. Allí funciona la estación biológica Panguana, con casi 60 años de trayectoria, considerada la estación ambiental más antigua del Perú y una de las más importantes para el estudio de la biodiversidad amazónica.

Un patrimonio científico en peligro

Panguana se encuentra en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, a orillas del río Yuyapichis. En los últimos años, la minería ilegal se ha expandido en esta área, llegando incluso a modificar el cauce natural del río, con impactos directos sobre los ecosistemas.

Desde 2023, la estación alberga además una torre de monitoreo del proyecto AndesFlux de la PUCP, que permite observar el bosque amazónico desde altura y estudiar procesos clave como el intercambio de carbono, el ciclo del agua y la dinámica del ecosistema.

Sobre este riesgo, el investigador de la PUCP Eric Cosio advirtió:

“El incremento de las actividades informales ilegales está poniendo en peligro una enorme cantidad de esfuerzos de observación que tienen que ser necesariamente de largo plazo. La función que tienen las universidades es la presión social que debe incrementarse significativamente. Tenemos que llegar a un nivel que decir: ‘Esto no puede continuar’”.

Eric Cosio, investigador de la PUCP

Amenazas tras denunciar la minería ilegal

Según testimonios recogidos por Mongabay Latam, las amenazas se intensificaron luego de que los trabajadores del ACP exigieran la intervención de las autoridades ante la presencia de al menos 30 maquinarias pesadas que estaban deforestando la zona.

En respuesta, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali, junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ejecutó operativos entre el 1 y el 20 de diciembre de 2025. Estas acciones redujeron parcialmente la actividad minera ilegal durante ese periodo.

Sin embargo, tras los operativos, las intimidaciones contra el personal se incrementaron, lo que terminó por forzar la evacuación del equipo de conservación.

Investigación y conservación en pausa

La salida del personal dejó suspendidas las labores de investigación científica y conservación ambiental en Panguana. Según la PUCP, el retorno solo será posible cuando existan condiciones mínimas de seguridad que garanticen la vida del equipo.

Una investigación realizada por Claus Rasmussen, experto en agroecología de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, y Cesar Delgado, del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), han catalogado varias especies de abejas, algunas de las cuales podrían ser nuevas para la ciencia. Este estudio resalta la importancia de conservar estos ecosistemas.

Las abejas sin aguijón, conocidas científicamente como meliponinos, son fundamentales para la polinización de muchas especies vegetales en zonas tropicales y subtropicales. Estos insectos, que se adaptaron a una amplia variedad de ambientes en la Amazonía, no solamente contribuyen a la biodiversidad vegetal, sino también son una fuente importante de miel y otros productos para las comunidades locales. Además, el estudio señala que la meliponicultura, práctica de crianza de estas abejas, podría potenciarse como una actividad sostenible que favorece el mantenimiento de la biodiversidad y el bienestar de las poblaciones locales.

Algunas de estas especies son capaces de construir nidos complejos, los cuales pueden estar ubicados en los troncos de los árboles, en el suelo, o incluso en colmenas artificiales. Esta variedad de nidos refleja la adaptabilidad y diversidad ecológica de las abejas sin aguijón en la Amazonía.

Las amenazas que enfrentan las abejas sin aguijón

En la actualidad, el territorio peruano alberga un total de 175 especies de abejas sin aguijón, con muchas más aún por identificar y descubrir. Entre estas, se encuentran diversas especies aún no catalogadas, constituyendo un componente crucial de la biodiversidad del país.

Dentro de la región de Loreto, conocida como Selva baja u Omagua, presenta una geografía diversa, que va desde altitudes mínimas de 61 metros sobre el nivel del mar hasta picos de 220 metros sobre el nivel del mar. Este territorio se caracteriza por terrenos aluviales y colinosos, donde se distinguen distintas formaciones geográficas como islas, playas, meandros y colinas bajas.

A pesar de su valioso papel en el ecosistema, las abejas sin aguijón enfrentan amenazas considerables debido a la deforestación y cambios en el uso del suelo en la región. Estas actividades humanas ponen en riesgo la supervivencia de estas especies, pudiendo llevar incluso a la extinción de algunas de ellas. Según el estudio ‘Abejas sin aguijón (Apidae: Meliponini)’, llevado a cabo por Claus Rasmussen y César Delgado, es esencial proteger los hábitats naturales en la Amazonía y fomentar prácticas agrícolas sostenibles que no comprometan la supervivencia de estas abejas.

Nuestro país destaca como uno de los países más diversos biológicamente en el mundo. Esta riqueza biológica se manifiesta en las zonas altas y bajas de la Amazonía. En lugares como Mishana y Yanamono, ubicados en Loreto, se registró una extraordinaria diversidad arbórea, con más de 300 especies por hectárea, según datos de Gentry. Estudios más recientes indican la presencia de 7 mil 959 especies de flora, 267 especies de mamíferos, 914 especies de aves, 216 especies de anfibios y 170 especies de reptiles. Aunque gran parte de esta diversidad aún se mantiene relativamente intacta, es importante adoptar medidas para preservarla frente a las amenazas presentes en la región.

Así cuidan las abejas las comunidades indígenas

Una iniciativa liderada por comunidades indígenas buscan revolucionar la apicultura tradicional mediante la crianza de abejas sin aguijón. Este método no solo ofrece un remedio natural contra enfermedades respiratorias, sino que también se presenta como una estrategia eficaz contra la deforestación y el cambio climático, al fomentar la polinización de la flora endémica. Entre los protagonistas de esta innovación se encuentra Heriberto Vela, quien, inspirado en las prácticas de su padre, ahora gestiona 76 nidos de estas abejas en su hogar.

La transformación en la apicultura de Vela refleja un cambio hacia técnicas más sostenibles que buscan preservar a las especies, fundamentales para el ecosistema amazónico. A diferencia de las abejas melíferas, estas especies nativas no representan una amenaza para los humanos, ya que carecen de aguijón, y su miel posee cualidades medicinales valoradas por los pueblos indígenas. Investigadores del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y Amazon Research Internacional destacan la importancia de estas abejas en la adaptación al cambio climático y la conservación de la biodiversidad.

La miel producida por este insecto

El auge en la demanda de la miel de abejas sin aguijón durante la pandemia de COVID-19 destaca no solo sus beneficios para la salud, sino también su potencial económico para las comunidades más remotas. Sin embargo, esta práctica enfrenta obstáculos legales y ambientales, como la falta de reconocimiento legal de la miel de estas abejas y el peligro que representan los pesticidas. A pesar de estas barreras, los esfuerzos de sensibilización y las investigaciones en curso prometen revelar aún más sobre sus propiedades beneficiosas y contribuir a su protección legal y promoción.

Las abejas sin aguijón son más pequeñas que las abejas con aguijón y la miel producida por las abejas sin aguijón es altamente valorada por las comunidades locales por sus propiedades medicinales y nutricionales. La crianza y conservación de estas abejas se ha convertido en una actividad importante para el sustento de muchas familias amazónicas, promoviendo prácticas de manejo sostenible y la protección de su hábitat natural frente a amenazas como la deforestación y el cambio climático.

Estas abejas fabrican miel con sustancias químicas que impiden el crecimiento de microbios y hongos, una adaptación para evitar que la sustancia se estropee en los trópicos. Dada la gran variedad de biodiversidad vegetal del Amazonas y la increíble gama de productos químicos botánicos que las abejas mezclan en sus mieles y ceras, no es de extrañar que tenga valor medicinal. De hecho, algunos consideran que esa miel es un “líquido milagroso”.

Líderes indígenas, científicas y colectivos de la Amazonía peruana fueron protagonistas en 2025 por su papel central en la defensa del bosque tropical más grande del mundo. Premios internacionales, precedentes jurídicos inéditos y estrategias de conservación renovadoras señalaron un año decisivo para la región, evidenciando la capacidad de resiliencia de sus comunidades y el creciente reconocimiento de la Amazonía como territorio esencial para el equilibrio planetario.

Según BBC Mundo, Actualidad Ambiental y radio Madre de Dios, este impulso abarcó desde logros legales históricos hasta la consolidación de nuevos liderazgos, en particular de mujeres y jóvenes, dedicados a la protección de los recursos naturales.

Reconocimiento internacional e innovaciones jurídicas

El año estuvo marcado por el liderazgo de Mari Luz Canaquiri, presidenta de la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana, galardonada con el Premio Goldman 2025 en Estados Unidos, el mayor reconocimiento ambiental a nivel internacional. Según BBC Mundo, Canaquiri impulsó la defensa judicial del río Marañón, logrando su declaración como sujeto de derechos en marzo de 2024.

Esta sentencia inédita, ratificada posteriormente por un tribunal de segunda instancia, estableció la obligación de mantener el cauce libre de contaminación, y reconoció a las comunidades indígenas como guardianas y representantes legales del río. La acción se originó tras décadas de impactos por derrames de hidrocarburos vinculados al Oleoducto NorPeruano, cuya operación ha afectado gravemente la salud y la vida cotidiana del pueblo Kukama Kukamiria.

Fortalecimiento de la gobernanza indígena y representación estatal

En el plano de la representación estatal, Fermín Chimatani Tayori, líder del pueblo Harakbut, fue designado miembro del Consejo Directivo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), como destaca Actualidad Ambiental. Chimatani, oriundo de Puerto Luz en Madre de Dios, suma cerca de dos décadas de trabajo en gobernanza intercultural. Presidió en dos periodos la administración de la Reserva Comunal Amarakaeri, modelo reconocido globalmente y listado por la UICN.

Al analizar su nuevo rol en radio Madre de Dios, Chimatani expresó: “Se deben mantener los bosques sanos, el agua saludable, y todos los servicios ecosistémicos que proveen estas áreas protegidas del Perú”. Su gestión prioriza la articulación entre la conservación y el ejercicio efectivo de los derechos indígenas.

Visibilidad internacional y acciones colectivas

Durante la COP30 realizada en Brasil en 2025, una delegación de 35 representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) participó exigiendo la declaratoria de emergencia amazónica ante la contaminación por mercurio, según BBC Mundo.

Entre las figuras reconocidas, Oseas Barbarán Sánchez, presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), recibió distinciones por su labor innovadora en conservación ambiental. Estas acciones colectivas reflejan la participación activa y creciente influencia de las organizaciones indígenas en los foros donde se discuten las políticas sobre la Amazonía.

Liderazgo femenino y tecnología en vigilancia forestal

El uso de tecnología también avanzó de la mano de liderazgos femeninos. BBC Mundo y radio Madre de Dios resaltan a Betty Rubio, monitora forestal kichwa de Loreto, quien desde 2017 encabeza patrullajes que emplean drones, GPS y alertas satelitales para la vigilancia ambiental en la cuenca del río Napo.

Más de 30 mujeres lideran estos patrullajes, combinando tecnologías emergentes con conocimientos ancestrales para detectar actividades ilícitas y presentar denuncias que han contribuido significativamente a reducir la deforestación. Rubio manifestó en la sexta Conferencia de las Partes del Convenio de Minamata (COP6): “El mercurio recorre nuestros ríos como una sombra. Se acumula en los peces y envenena nuestros cuerpos y territorios. Si la Amazonía muere, morimos todos”, según relató BBC Mundo.

Ciencia joven e innovación en conservación

Las nuevas figuras de la ciencia ambiental en Perú también alcanzaron proyección internacional. Vania Alexandra Tejeda Gómez fue destacada finalista de los Future for Nature Awards 2026, como informó BBC Mundo. Desde el equipo de Nodo Conservation, Tejeda dirige el monitoreo del tapir andino en las fronteras de Perú, Ecuador y Colombia, especie amenazada cuya protección es vital para la regeneración de los bosques nublados y páramos.

Su labor fue fundamental para la creación de corredores biológicos en Piura y recibió el Premio para la Conservación Carlos Ponce del Prado 2025, que reconoce aportes significativos al conocimiento y la conservación ambiental.

Reconocimiento a guardaparques y formación de nuevas generaciones

En 2025, el reconocimiento a los guardaparques tuvo un lugar destacado: más de 150 agentes se reunieron en octubre para fortalecer la vigilancia en áreas críticas como Tambopata y Pacaya Samiria, informó BBC Mundo. Emiliano Martínez, galardonado como “Guardaparque Ilustre 2025”, cuenta con más de treinta años de trayectoria en parques y reservas nacionales.

Por su parte, Dirceu Alan Quispe Auris, distinguido como “Guardaparque Destacado 2025”, promovió la gestión participativa y el turismo sostenible en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. El Premio para la Conservación Carlos Ponce del Prado, respaldado por el Ministerio del Ambiente y aliados, impulsa la formación de nuevas generaciones dedicadas a la protección y la ciencia ambiental en la Amazonía.

Quienes hoy reciben premios y homenajes consideran su labor como el inicio de un proceso colectivo renovado, manteniendo su compromiso y proyectando una defensa tenaz de la Amazonía para el futuro.

El 2025 fue un año en el que la defensa del medio ambiente volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública en el Perú, impulsada no solo por alertas científicas y conflictos territoriales, sino por rostros concretos que encarnaron esa lucha desde distintos frentes. En un contexto marcado por derrames de petróleo, expansión de economías ilegales, conflictos por la tierra y una creciente presión sobre los ecosistemas amazónicos, varias figuras — algunas conocidas, otras anónimas — lograron visibilizar problemáticas históricas que siguen abiertas.

Este review del año pone el foco en quienes, desde territorios indígenas, comunidades ribereñas, espacios religiosos y zonas rurales amenazadas, destacaron por su rol en la defensa ambiental, la justicia climática y la protección de la Amazonía peruana. Sus historias no siguen un mismo patrón, pero confluyen en un punto clave: la protección de la vida y del territorio en escenarios de alto riesgo.

Olivia Bisa Tirko, liderazgo indígena y justicia ambiental desde Loreto

En noviembre de 2025, el nombre de Olivia Bisa Tirko ingresó con fuerza a la agenda internacional al ser reconocida con el Premio Global 2025 a la Justicia Ambiental y Climática, en representación de Latinoamérica. La distinción, otorgada por la organización Forum Eco-Social Transformations con sede en Viena, la eligió entre 22 personas nominadas de distintos continentes por su compromiso con la protección ambiental y la defensa de ecosistemas vulnerables.

Olivia es presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, ubicado en la provincia de Datem del Marañón, en Loreto. Desde que asumió el cargo en 2022, su liderazgo estuvo marcado por la resistencia frente a los impactos de la industria petrolera en territorios indígenas. Uno de los episodios más críticos fue el derrame de petróleo ocurrido en septiembre de 2022 en el kilómetro 177 del Oleoducto Norperuano, que contaminó ríos y quebradas fundamentales para la pesca y la seguridad alimentaria del pueblo Chapra.

A más de dos años del incidente, las huellas del crudo siguen siendo visibles en zonas del territorio, mientras las comunidades continúan exigiendo una remediación ambiental efectiva. Olivia se convirtió en una de las principales voceras de esta demanda, denunciando no solo los daños ecológicos, sino también la falta de respuestas oportunas y sostenidas por parte de las autoridades y las empresas involucradas.

Su rol como lideresa indígena también implicó riesgos personales significativos. Durante 2025, denunció amenazas contra ella y su familia, situación que la llevó a ser incluida en listas nacionales de defensores indígenas en situación de alto riesgo. Aun así, su liderazgo logró fortalecer la identidad cultural de mujeres y jóvenes Chapra, y posicionar el caso de su territorio en espacios nacionales e internacionales vinculados a la justicia climática.

Mari Luz Canaquiri Murayari y la defensa del río Marañón como sujeto de derechos

Otra figura clave del 2025 en materia ambiental fue Mari Luz Canaquiri Murayari, lideresa kukama kukamiria y presidenta de la Asociación de Mujeres Huaynakana Kamatahuara Kana. Su nombre cobró relevancia internacional tras recibir el Premio Medioambiental Goldman 2025, conocido como el “Nobel verde”, por una lucha que marcó un hito jurídico sin precedentes.

En marzo de 2024, tras más de dos años de proceso judicial, un tribunal reconoció al río Marañón como un ser vivo con derechos, entre ellos el derecho a fluir libremente y a estar libre de contaminación. La sentencia también reconoció a las comunidades kukama como guardianas del río, y ordenó al Estado implementar medidas de protección para toda la cuenca.

Durante décadas, el Marañón y sus afluentes han sido afectados por derrames de petróleo, principalmente vinculados al Oleoducto Norperuano. Estudios citados durante el proceso judicial evidenciaron la presencia de metales pesados en la sangre de pobladores ribereños, así como impactos directos en la salud, la pesca y el acceso a agua segura.

Mari Luz, nacida y criada a orillas del río, articuló esta defensa desde una mirada comunitaria y espiritual. Para el pueblo kukama, el río no es solo una vía fluvial, sino un elemento sagrado ligado a sus antepasados y a su forma de vida.

Además, en su discurso de agradecimiento por el reconocimiento internacional, Mari Luz denunció el gobierno de la entonces presidenta Dina Boluarte por despojar a los pueblos indígenas de su tierra y sus derechos, volviendo a colocar en debate la relación entre la naturaleza, pueblos indígenas y modelos extractivos en la Amazonía.

Defensores ambientales anónimos: la lucha silenciosa por la tierra y la vida

Más allá de los reconocimientos internacionales, el 2025 también estuvo marcado por la situación de defensores ambientales anónimos que enfrentan amenazas constantes por proteger sus territorios. Un estudio elaborado por organizaciones como ProPurús, ORAU y DAR identificó 226 defensores indígenas en situación de riesgo entre 2010 y 2024, principalmente en regiones amazónicas como Ucayali, Loreto y Huánuco.

Las amenazas están asociadas, en su mayoría, a la expansión de economías ilegales como la tala clandestina, el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de tierras. En muchos casos, los líderes comunales han denunciado invasiones de sus territorios ancestrales, hostigamientos permanentes y la ausencia de una protección estatal efectiva, pese a la existencia de normas y protocolos específicos.

Durante el 2025, investigaciones periodísticas y reportes de organizaciones civiles volvieron a evidenciar que las medidas de protección otorgadas por el Estado son insuficientes o llegan tarde, especialmente en zonas remotas de la Amazonía. Detrás de las cifras, hay historias de comunidades enteras que viven bajo amenaza, donde defender un bosque, un río o una parcela de tierra implica exponerse a la violencia.

Estos defensores —cuyos nombres muchas veces se mantienen en reserva por seguridad— representan uno de los rostros menos visibles, pero más constantes, de la lucha por el medio ambiente en el país.

Bonus: El papa León XIV y el clima en el centro de su mensaje

El 2025 también marcó un punto de atención en el ámbito religioso con el inicio del pontificado del papa León XIV, el primer pontífice estadounidense, quien cuenta con DNI peruano y pasó gran parte de su vida misionera en territorio nacional. Su elección despertó expectativas sobre la continuidad del enfoque ambiental impulsado por su predecesor, el papa Francisco.

En sus primeros meses, León XIV reiteró que el cuidado de la creación es una responsabilidad ética y espiritual. En el marco de encuentros organizados por el Movimiento Laudato si’, recordó que la defensa del medio ambiente está vinculada a la justicia social y al cuidado de los más vulnerables. “Dios nos preguntará si hemos cultivado y cuidado el mundo que Él creó”, señaló durante una conferencia celebrada en octubre.

Su mensaje reforzó la idea de la “casa común” como un eje transversal que conecta fe, territorio y crisis climática. En un año atravesado por conflictos ambientales, su postura contribuyó a mantener el tema en el debate global, conectando la agenda climática con valores éticos y comunitarios que trascienden fronteras.

En medio de la vasta Amazonía sur, donde el acceso terrestre es limitado y los recorridos pueden tomar días, la tecnología aérea empieza a marcar un antes y un después en la forma de supervisar los bosques. En Madre de Dios, una de las regiones con mayores desafíos para el control del aprovechamiento forestal, una sola operación aérea ha demostrado que es posible vigilar grandes extensiones de territorio en tiempo récord y con un nivel de detalle sin precedentes.

El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) ha incorporado un drone de última generación que permite monitorear hasta 1 000 hectáreas de bosque en apenas tres horas, transformando imágenes aéreas de alta resolución en evidencia técnica clave para verificar el uso sostenible de los recursos forestales. La experiencia reciente en una concesión forestal de Iñapari, en la provincia de Tahuamanu, muestra cómo esta herramienta redefine la supervisión en zonas remotas de la Amazonía.

El bosque visto desde el aire: precisión centimétrica para el control forestal

A diferencia de las inspecciones tradicionales, que dependen de extensos recorridos a pie y de la visibilidad limitada desde el suelo, el drone WingtraOne VTOL permite una lectura integral del bosque desde el aire. Equipado con sensores de alta precisión, este equipo captura ortomosaicos con una resolución que puede llegar hasta 0,7 centímetros por píxel, un nivel de detalle que facilita la identificación de claros por tala, caminos forestales, centros de acopio y otras infraestructuras vinculadas a los planes de manejo forestal.

Esta perspectiva aérea amplía significativamente el campo de observación y permite detectar elementos que, en muchos casos, no son visibles durante las inspecciones convencionales. La información recopilada se convierte en un insumo clave para verificar si el aprovechamiento de la madera se realiza conforme a lo autorizado, fortaleciendo el sustento técnico de las supervisiones que el Osinfor ejecuta en áreas con títulos habilitantes.

El uso de imágenes de alta resolución también permite analizar patrones de intervención en el bosque, como la apertura de caminos internos o la ubicación de zonas de aprovechamiento, aportando datos objetivos que respaldan las decisiones técnicas y administrativas. En territorios extensos y de difícil acceso, esta capacidad resulta decisiva para mejorar el control y la transparencia del manejo forestal.

Velocidad, precisión y evidencia técnica: el impacto del WingtraOne VTOL

Uno de los mayores aportes de esta tecnología está en el tiempo. Mientras otros drones requieren alrededor de 10 horas de vuelo para cubrir una superficie de 1.000 hectáreas, el WingtraOne VTOL logra hacerlo en solo tres horas, con un rendimiento aproximado de 330 hectáreas por hora. Esta diferencia redefine la manera en que se planifican y ejecutan las supervisiones forestales en zonas extensas de la Amazonía.

Según explicó Maikol Justino Pinedo, supervisor forestal del Osinfor y piloto del drone, esta capacidad permitió que una supervisión que con métodos convencionales habría tomado cerca de un mes de trabajo, se ejecutara en seis días: cinco días de labores en campo y un solo día de operación aérea. El resultado es una optimización significativa del tiempo, el personal y los recursos institucionales, sin sacrificar precisión ni cobertura.

Tras el vuelo, las imágenes captadas son procesadas mediante software especializado en fotogrametría, con el que se generan los ortomosaicos. Posteriormente, esta información es analizada en sistemas de información geográfica (SIG) y se integra al informe de supervisión forestal como evidencia técnica. Este flujo de trabajo permite documentar con claridad los cambios en el bosque, desde la apertura de claros en bosques primarios hasta la formación de bosques secundarios en distintos estadios de regeneración.

El WingtraOne VTOL reúne características clave para operar en territorios amazónicos: gran autonomía, capacidad para cubrir áreas extensas y funcionamiento sin depender de pistas o infraestructura terrestre. Su incorporación, en julio de 2025, se suma al proceso de modernización del Osinfor, que utiliza drones en supervisiones forestales desde 2015, pero ahora con un alcance y nivel de detalle muy superior.

Además de facilitar el acceso a zonas remotas, esta tecnología fortalece la detección de posibles actividades ilegales y el seguimiento de las intervenciones autorizadas para el manejo forestal. En un contexto donde la protección del bosque requiere información rápida, precisa y verificable, el uso de drones VTOL consolida una supervisión basada en datos, imágenes de alta resolución y análisis técnico, ampliando la capacidad del Estado para vigilar y resguardar uno de los ecosistemas más importantes del país.

En zonas como Pampas Verdes, el bosque amazónico ha sido reemplazado por talleres de extracción de oro y viviendas precarias, lo que pone en evidencia la expansión descontrolada de esta actividad. Este tipo de minería, además de destruir el medio ambiente, utiliza mercurio para separar el oro, contaminando gravemente las aguas de los ríos y los suelos de la región.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la minería ilegal ha logrado ganar terreno rápidamente, gracias a la falta de presencia del Estado en muchas de estas zonas. Las imágenes satelitales difundidas por Cuarto Poder muestran cómo, en solo tres años, extensas áreas de selva se han transformado en cráteres de agua contaminada y campos mineros. En comunidades como Tahuantinsuyo, se ha creado un fuerte vínculo social con los mineros ilegales, quienes financian proyectos como carreteras y escuelas ante la ausencia de un gobierno efectivo. Sin embargo, este apoyo ha hecho que la población local mire con indiferencia o incluso con aprobación la devastación ambiental causada por estas actividades.

Impacto ambiental irreversible: Ríos contaminados y ecosistemas destruidos

La minería ilegal ha provocado daños irreparables en los ecosistemas amazónicos, con la contaminación de los ríos por el vertido de mercurio en las aguas. Esta sustancia no solo es perjudicial para los seres humanos, sino que también destruye la fauna y flora locales. En muchas zonas, lo que antes era un paraíso verde, lleno de vida, hoy se ha convertido en una extensión de tierra arrasada, marcada por el paso de las dragas y el uso de maquinaria pesada que remueve el lecho de los ríos en busca de oro. El impacto es evidente, ya que la selva y los ríos han sido transformados por una actividad minera ilegal que no solo afecta el medio ambiente, sino que también cambia el curso natural de las aguas, reescribiendo el mapa hídrico de la región.

Este fenómeno ha sido posible debido a la falta de control estatal en las áreas afectadas. Las mafias mineras han tomado el control de vastos territorios, donde la minería ilegal no solo ha afectado la biodiversidad, sino también ha alterado la vida de las comunidades locales. Según la Fiscalía de Medio Ambiente, esta actividad ilegal genera más de 12 mil millones de soles anuales, una cifra que supera incluso las ganancias del narcotráfico en algunas zonas. Además, las autoridades han identificado a figuras clave, como Nilda Cisneros Barrientos, una mujer involucrada en la logística y financiamiento de estas operaciones ilegales.

La respuesta del Estado: Operativos y desafíos en la lucha contra la minería ilegal

A pesar de los esfuerzos por erradicar la minería ilegal en Huánuco y Ucayali, la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente. Los operativos conjuntos de la Marina y la Fiscalía han logrado destruir maquinaria y capturar a algunos de los involucrados, pero las mafias siguen operando con total impunidad. En zonas como Pampas Verdes y Tahuantinsuyo, el panorama es desolador: los campamentos mineros han reemplazado a los pueblos, y la minería ilegal sigue avanzando sin freno. Los mineros, muchas veces apoyados por la comunidad, enfrentan con violencia a las autoridades, lo que dificulta las intervenciones.

El problema se agrava con el respaldo social que la minería ilegal ha ganado entre la población local, que considera que estas actividades ilícitas son una fuente de ingresos vital para la subsistencia. En algunas zonas, como Tahuantinsuyo, los mineros han financiado la construcción de infraestructuras como carreteras y escuelas, lo que ha generado un apoyo tácito por parte de la población, a pesar del daño ambiental que provocan. Este respaldo social ha permitido que las mafias sigan operando sin ser detenidas, mientras el Estado sigue sin implementar soluciones efectivas para erradicar el problema.

En un contexto de crecimiento desmesurado de la minería ilegal, es crucial que el Estado peruano intensifique sus esfuerzos para proteger la Amazonía y garantizar la recuperación de los territorios devastados. Sin una acción decidida, la minería ilegal seguirá arrasando con los recursos naturales y afectando gravemente a las comunidades que dependen de ellos.

Los barrios ribereños de Belén, en la zona baja de Iquitos, volvieron a alzar la voz frente a un problema que llevan años enfrentando: la contaminación del río Itaya. Lo hicieron a través de un formato distinto y profundamente emocional. Niñas, niños y adolescentes de la comunidad presentaron dos minidocumentales en los que relatan, con sus propias palabras y desde su propia mirada, cómo la degradación del agua modifica su rutina, su salud y hasta la forma en que pueden jugar o desplazarse cada día.

Las producciones se estrenaron en un video foro que reunió a organizaciones culturales, colectivos comunitarios y familias que conviven a diario con los impactos de un río cada vez más cargado de residuos. En estos relatos audiovisuales, la niñez muestra cómo lo que antes era un espacio de vida y encuentro se ha transformado en un foco de riesgo.

Minidocumentales que exponen la voz de la niñez amazónica

El río Itaya, uno de los afluentes más representativos de la ciudad de Iquitos, se ha convertido en una preocupación constante para las familias de Belén. La presencia creciente de residuos sólidos y aguas contaminadas limita actividades tan básicas como bañarse, jugar o navegar hacia la escuela. Frente a esta realidad, un grupo de menores asumió el reto de contar lo que viven a diario a través de dos minidocumentales: “Voces del Itaya” y “La Voz de Nuestra Quebrada”.

Ambas piezas fueron presentadas en el video foro “Infancias Amazónicas: voces que cuidan”, un espacio organizado en el Museo Amazónico con el apoyo del Ministerio de Cultura, INFANT y Save the Children en Perú. Allí, las comunidades ribereñas compartieron sus testimonios y plantearon la necesidad de recuperar el río a través de soluciones sostenibles que garanticen un entorno más seguro para la niñez.

Las producciones son parte de un proceso de formación en incidencia pública, en el que niñas y niños aprendieron a identificar problemas ambientales, registrar evidencias y organizar narrativas orientadas a la acción colectiva. Con el acompañamiento de INFANT y Save the Children, participaron en talleres que los guiaron desde la investigación hasta la filmación, con el objetivo de reforzar su liderazgo en temas ambientales.

Esta propuesta se integra a la campaña global Generación Esperanza, que impulsa la participación infantil en la defensa del medioambiente. Adaptada a la realidad amazónica, la iniciativa prioriza la recuperación del servicio de recolección de residuos en zonas ribereñas y la protección del ecosistema del Itaya, un espacio vital para la vida comunitaria.

La contaminación del Itaya impacta la salud, el comercio y la vida diaria en Belén

En la zona baja de Belén, conocida como Venecia, el deterioro del río Itaya viene generando cambios visibles en la salud y las actividades cotidianas de miles de familias. La acumulación constante de aguas servidas, desechos domésticos y residuos que caen directamente desde viviendas sin acceso a sistemas de desagüe ha convertido al río en un foco de riesgo sanitario. En épocas de creciente, cuando las aguas ingresan a las casas y calles elevadas sobre pilares, esta contaminación se expande y afecta especialmente a niños y adolescentes, quienes están más expuestos al contacto diario con el agua.

El problema también tiene un efecto directo en el comercio local. Belén funciona como un punto estratégico para el ingreso de productos agrícolas y ganaderos provenientes de zonas rurales de Maynas, pero el tránsito por el puerto se ha vuelto más difícil debido a la acumulación de basura en las riberas y la reducción de la biodiversidad acuática. Comerciantes y estibadores que utilizan el Itaya como vía de transporte señalan que la navegación es cada vez más complicada, pues el río presenta aguas oscuras, olores fuertes y un cauce saturado de residuos flotantes.

A ello se suma un escenario urbano marcado por el desorden y la ausencia de intervenciones públicas sostenidas. Las calles de Belén concentran ventas informales, animales sueltos, montículos de basura y un tránsito constante de vehículos y embarcaciones, sin que exista un plan estratégico para mejorar la gestión de residuos o la calidad del agua. Pese a los esfuerzos aislados de algunos vecinos que antes organizaban jornadas de limpieza, la contaminación sigue avanzando en un entorno donde las autoridades no han implementado acciones concretas que frenen el deterioro del Itaya.

Dos años después del derrame de crudo que marcó un antes y un después en la vida del pueblo Chapra, la lideresa indígena Olivia Bisa Tirko vuelve a ocupar la agenda internacional. Su nombre acaba de ser anunciado como ganadora del Premio Global 2025 a la Justicia Ambiental y Climática, una distinción creada por la organización Forum Eco-Social Transformations, con sede en Viena, que reconoce el trabajo de quienes defienden la naturaleza en contextos de riesgo permanente. El reconocimiento recae en ella como representante de Latinoamérica, seleccionada entre 22 candidaturas de distintos continentes.

Este logro llega mientras la Nación Chapra continúa enfrentando los efectos del derrame del Oleoducto Norperuano, ocurrido en 2022, y mientras la lideresa convive con amenazas, hostigamientos y episodios que la obligaron a desplazarse temporalmente de su territorio. Su voz, sin embargo, ha sido clave para visibilizar la contaminación petrolera, exigir remediación ambiental y alertar sobre los peligros que enfrentan los defensores indígenas en la Amazonía.

Defensa del territorio Chapra y la lucha contra la contaminación petrolera

Olivia Bisa preside el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra desde 2022, en la provincia de Datem del Marañón. Desde ese espacio ha impulsado acciones para proteger los ríos, las quebradas y los suelos afectados por la actividad petrolera en zonas donde se reportan incidentes desde hace más de cinco décadas. Su liderazgo tomó fuerza tras el derrame registrado en el kilómetro 177 del oleoducto operado por Petroperú, que dejó fuentes de agua contaminadas, afectó la pesca y alteró la seguridad alimentaria de sus comunidades.

La tragedia ambiental no solo dañó el territorio. También intensificó el contexto de violencia que rodea a Bisa. De acuerdo con reportes de organizaciones amazónicas, la lideresa recibe amenazas telefónicas, seguimientos y advertencias de personas identificadas como “peligrosas” dentro y fuera de su comunidad. Este escenario la llevó a integrar listas nacionales de defensores indígenas en situación de alto riesgo, una condición que afecta incluso a sus dos hijos menores.

Los riesgos han sido denunciados en distintas plataformas. La dirigenta explicó que, aunque en su zona solo operan dos compañías telefónicas, la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que las llamadas intimidatorias provienen de varias operadoras de otras ciudades, lo que dificulta rastrear a los responsables. Pese a ello, Olivia continúa viajando periódicamente a su territorio para ejercer su cargo, aunque cada retorno implica medidas adicionales para resguardar su integridad.

En paralelo, la comunidad enfrenta disputas vinculadas a la expansión de lotes petroleros como el Lote 64, operado por GeoPark y Petroperú, cuya intervención ha generado tensiones con grupos locales y externos que promueven su explotación sin procesos adecuados de consulta previa. Estas presiones han situado a la Nación Chapra en un mapa de riesgo creciente por intereses económicos que avanzan sobre sus territorios.

Un premio global y un espejo del riesgo que enfrentan los defensores amazónicos

El Premio Global 2025 destaca a personas cuyo trabajo refleja compromiso con la justicia climática, la protección de especies y la defensa de ecosistemas frágiles. En esta edición también fueron reconocidos Rose Abramoff (Estados Unidos), Olanrewaju Suraju (Nigeria), Lisa Privitera (Canadá) y Cynthia Houniuhi (Islas del Pacífico), todos vinculados a iniciativas contra la corrupción, daños climáticos y violaciones ambientales en distintos países.

El reconocimiento a Bisa cobra especial relevancia en un contexto donde los defensores ambientales enfrentan situaciones límite. Un reporte elaborado por ProPurús y ORAU reveló que al menos 226 defensores estuvieron en “situación de riesgo” entre 2010 y 2024 por amenazas relacionadas con economías ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico y la tala clandestina. Las cifras ubican al país entre los territorios con mayor número de agresiones en la cuenca amazónica.

En medio de este panorama, la lideresa también ha denunciado episodios de revictimización durante el proceso para activar medidas de protección. Según relató, tuvo que repetir varias veces los detalles de las amenazas para diferentes instancias estatales, una situación que impactó su estabilidad emocional y evidencia las dificultades que enfrentan los defensores para acceder a un acompañamiento adecuado.

Otro elemento crítico es la situación de sus hijos, quienes debieron abandonar la comunidad y cambiar de centro educativo para evitar nuevos riesgos. A pesar de ello, su madre continúa encabezando reuniones, supervisando zonas afectadas por el crudo y participando en espacios nacionales e internacionales donde alerta sobre las afectaciones que atraviesan los pueblos amazónicos.

El premio internacional vuelve a colocar en el centro del debate la urgencia de atender los impactos de la contaminación petrolera y las amenazas contra quienes defienden los bosques. También refuerza el papel de las mujeres indígenas, especialmente en territorios donde la defensa de la naturaleza se ejerce en condiciones hostiles y sin garantías plenas de seguridad.

Según Rojas, en Lima Oeste —zonas como el Callao, San Isidro y Miraflores— el cielo permanecerá cubierto durante las mañanas hasta aproximadamente el 5 de diciembre, con aparición de brillo solar al mediodía y temperaturas entre 21 y 22 grados Celsius. En cambio, en Lima Este y Lima Norte —distritos como Carabayllo, Comas, Los Olivos, Ate, San Juan de Lurigancho y La Molina— la nubosidad matinal dará paso al sol desde las nueve o diez de la mañana, generando una mayor sensación térmica en esas zonas.

El comportamiento del clima responde a vientos del sur y formación de nubes bajas que concentran la humedad y refuerzan la sensación de frío, explicó Rojas, quien también mencionó la contribución de nubes altas provenientes de la sierra, responsables de que, incluso hacia el mediodía, algunos sectores mantengan el cielo parcialmente nublado. El especialista resaltó que la diferencia climática entre el oeste y el este de Lima puede ser considerable, tanto en nubosidad como en temperatura.

La persistencia de estos patrones meteorológicos lleva a prestar atención a los microclimas distritales y ajustarse a la variabilidad de condiciones en la ciudad, sobre todo en días con alta humedad matinal y cielos parcialmente cubiertos en horas clave.

Proyecciones para el verano: situación del fenómeno del Niño y temperatura del mar

Respecto a las proyecciones de verano, Erick Rojas detalló a Exitosa que de acuerdo con el ENFEINN, se prevé un comportamiento habitual en las temperaturas del agua de mar, descartando la presencia del fenómeno del Niño. “Vamos a tener temperaturas normales del agua de mar”, afirmó el especialista, añadiendo que durante enero, febrero y marzo —meses con mayor acumulado de lluvias— el comportamiento atmosférico se mantendrá dentro de los parámetros normales.

La ausencia de aguas cálidas asociadas al Niño implica que no se esperan anomalías marcadas en el clima costero, lo que favorece una transición regular hacia la estación de verano. Además, durante este periodo, se mantiene la vigilancia sobre el comportamiento de la corriente marina y la eventualidad de lluvias localizadas en la franja costera.

A nivel nacional, la sierra y la selva iniciarán su temporada de lluvias en este mismo trimestre, lo que puede impactar en la regularidad de precipitaciones y en la temperatura general, tanto del aire como del mar. Rojas recomendó mantenerse informado sobre los avisos meteorológicos oficiales y seguir las recomendaciones para sectores potencialmente vulnerables a lluvias intensas o cambios abruptos en el clima estacional.

Finalmente, el especialista del Senamhi enfatizó que la vigilancia sobre el fenómeno del Niño se mantiene activa, aunque las tendencias actuales descartan su aparición durante los próximos meses, permitiendo prever un verano con comportamientos climáticos predecibles y sin extremos asociados a este evento.

Pronóstico específico para Ate durante la final de la Copa Libertadores

En relación al pronóstico para Ate durante la final de la Copa Libertadores, Rojas anticipó que el distrito vivirá condiciones más cálidas que la zona litoral, con temperaturas que podrían alcanzar los 24° o 25° C. Se espera que los cielos alternen entre nubes dispersas y condiciones despejadas a partir del mediodía.

El evento deportivo se desarrollará en medio de ráfagas de viento que podrían llegar a veinte o veinticinco kilómetros por hora, lo que aportará sensación de frescura a pesar del incremento térmico propio de esa zona de Lima Este. El especialista sugirió considerar este factor para la planificación de actividades al aire libre, especialmente durante las horas de mayor exposición solar.

Frente a esta situación, las recomendaciones incluyen evitar la exposición prolongada al frío nocturno, utilizar ropa abrigadora y proteger a los más vulnerables, especialmente en comunidades rurales o zonas propensas a heladas.

Evolución de temperaturas en la sierra y selva

En la sierra norte del país, Erick Rojas informó que ya se han registrado temperaturas de hasta 33 grados Celsius en algunos puntos, tendencia que continuará en aumento en los próximos días. Para la sierra centro, las temperaturas podrían alcanzar 29°, mientras que en la sierra sur se estiman picos entre 30 y 32 grados Celsius.

Estos valores máximos coinciden con la emisión de alertas por parte del Senamhi, que estableció nivel de alerta naranja debido a la peligrosidad de los fenómenos meteorológicos y la necesidad de adoptar precauciones, sobre todo en áreas rurales y a gran altitud.

En la Amazonía peruana, ya se ha iniciado la temporada de lluvias, fenómeno que se intensificará entre enero y marzo. Si bien las precipitaciones resultan beneficiosas para la agricultura y el entorno, el exceso puede generar desastres naturales y afectar a comunidades y actividades productivas.

El Senamhi reiteró la importancia de estar atentos a los pronósticos y seguir recomendaciones oficiales para minimizar riesgos derivados de los cambios de temperatura y los eventos de lluvias extremos.

En lo profundo de la Amazonía, una pequeña semilla de forma estrellada ha logrado lo que pocos imaginaban: conectar a comunidades indígenas, laboratorios europeos y consumidores asiáticos en una misma cadena global. Se trata del sacha inchi, un recurso amazónico convertido en ingrediente de lujo que hoy mueve negocios millonarios fuera del continente, pero que se sostiene sobre la explotación del campesinado peruano.

Según una investigación de Voxeurop, lo que hoy es promocionado en tiendas de belleza en Londres o Seúl comienza bajo la lluvia intensa de comunidades como Solo del Río Mayo, en San Martín. Allí, agricultores como Alfredo Sangama continúan desgranando las semillas cuando el tiempo lo permite, manteniendo un cultivo que sobrevivió al auge, la caída de precios y el abandono de proyectos que en su momento prometieron prosperidad a miles de familias. Mientras tanto, el mundo continúa consumiendo aceites, suplementos y cosméticos que resaltan la esencia “amazónica” sin mostrar con claridad qué ocurre en el origen de la cadena.

El auge internacional del sacha inchi y el avance de la biopiratería

El sacha inchi, también conocido como el “maní de los incas”, ha sido parte de la vida diaria de pueblos amazónicos desde hace más de tres mil años. Sus semillas, ricas en omega 3, 6 y 9, fueron utilizadas como alimento, medicina e incluso como producto para el cuidado del cabello. Sin embargo, su salto al escenario internacional comenzó recién en la década de 2000, cuando las primeras exportaciones a Francia lo posicionaron como un insumo codiciado por la industria cosmética europea.

La investigación de Voxeurop detalla cómo, entre 2005 y 2006, dos compañías —la francesa Greentech y la alemana Cognis— intentaron patentar sus propiedades cosméticas, generando una controversia internacional. La Comisión Nacional contra la Biopiratería, creada por el Estado peruano en 2004, intervino argumentando que el uso propuesto no era una innovación, sino conocimiento tradicional de comunidades como los Chayahuita, Campa, Bora y Huitoto. Tras varios años de apelaciones, ambas empresas se retiraron. Sin embargo, este proceso dejó en evidencia un riesgo constante: que recursos amazónicos puedan ser registrados en el extranjero sin participación directa de las comunidades de origen.

El fenómeno no se limita a Europa. Desde 2006, China cultiva sacha inchi en la región de Xishuangbanna, donde lo promociona como el “aceite del futuro”. En Corea del Sur, un programa televisivo lo catapultó en 2018 como un “secreto de belleza vegano”, lo que impulsó una explosión de productos que van desde serums nocturnos hasta suplementos dietéticos. Un informe de UN Comtrade señala que Corea importa principalmente aceite peruano —cerca del 80% del valor total— aunque también adquiere producto procedente de China, Estados Unidos y España.

En paralelo, datos de ADEX indican que las exportaciones de sacha inchi llegaron a 3,3 millones de dólares en 2020, con destinos principales como Taiwán y Malasia, además de Europa y México. A pesar de ese crecimiento, el precio por litro bajó globalmente entre 2016 y 2020, lo que redujo la rentabilidad para los pequeños productores amazónicos.

La promesa incumplida: del “oro vegetal” a los precios en caída

Durante el boom del sacha inchi, entre 2010 y 2013, asociaciones, ONGs y empresas privadas promovieron el cultivo como una alternativa sostenible frente al tráfico ilícito y la deforestación. En San Martín, cooperativas enteras apostaron por la semilla, llegando a vender el kilo hasta en 20 soles. Sin embargo, cuando los precios cayeron a 0,50 soles, la cadena colapsó. Decenas de comités se disolvieron, la maquinaria donada quedó abandonada y cientos de agricultores regresaron a cultivos tradicionales o migraron temporalmente a zonas urbanas.

Mientras tanto, en el corazón del proyecto Bosque de las Nuwas, mujeres awajún como Ludia Sejekam y Flor de María Samajain continúan transmitiendo conocimientos ancestrales sobre plantas medicinales como el ajo sacha o el piri piri. Durante años, turistas les pedían “una plantita para llevar”, lo que evidenciaba otra forma de apropiación silenciosa: la extracción de saberes sin retribución ni reconocimiento.

Las cifras oficiales muestran la dimensión del problema. La Comisión Nacional contra la Biopiratería monitorea 43 oficinas de patentes en el mundo y revisa más de 15.000 documentos al año. Hasta hoy, ha identificado 558 casos de posible biopiratería y ha logrado impedir 173 registros indebidos. Sin embargo, sus responsables reconocen que litigar en el extranjero puede costar más de un millón de soles, como ocurrió con el caso de la maca en Estados Unidos.

En el mercado europeo, el sacha inchi es vendido como un producto “ético” y “sostenible”. En tiendas orgánicas, una botella de 100 ml alcanza unos 7 euros, mientras que marcas como Lico Amazonian Essence y Lush lo comercializan como esencia amazónica premium. La cadena avanza, pero el nivel de beneficio para los agricultores amazónicos continúa siendo inestable y profundamente desigual.

La Amazonía peruana mantiene en alerta a sus productores agrícolas debido a la continuidad de lluvias en la zona, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

La entidad técnica, adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), detalló que estos eventos favorecen ciertos cultivos, pero podrían incrementar los riesgos para la agricultura, en especial en áreas vulnerables.

Según el Senamhi, las precipitaciones han impulsado la campaña agrícola 2025-2026, con avances notables en cultivos de café, cacao y maíz.

El café atraviesa etapas de floración y fructificación, el cacao experimenta floración, fructificación y maduración, mientras que el maíz crece en la fase vegetativa.

Este contexto de humedad ha aportado a la expansión de los cultivos, condición que hace prever resultados favorables para los productores, siempre que los niveles de pluviosidad no superen los umbrales de manejo.

No obstante, el exceso de lluvias en determinadas áreas provocó inundaciones en sembríos situados a orillas del río Huallaga, afectando cultivos de cacao, plátano y productos conocidos como Panllevar en el Bajo Huallaga y Huallaga Central, ambos en San Martín.

De acuerdo a los reportes del Senamhi, las zonas ribereñas concentran los principales episodios de anegamiento registrando pérdidas en pequeños y medianos predios.

Persistencia y nuevos riesgos para la agricultura amazónica

El pronóstico del Senamhi alerta sobre la continuidad de lluvias de ligera a fuerte intensidad en los próximos días, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 40 km/h.

Estos eventos se asocian a la llegada del vigésimo séptimo friaje del año, fenómeno que incrementa la humedad y complica el manejo sanitario de los cultivos. Se advierte la posibilidad de incrementos en el caudal de ríos y quebradas, lo que eleva el riesgo de desbordes.

El exceso de humedad anticipa la aparición de enfermedades fitosanitarias como la roya amarilla en café y pudrición de mazorcas en cacao, problemas típicos en zonas con drenaje inadecuado. Además, los vientos intensos podrían causar la caída de plantas de plátano, pijuayo y aguaje, entre otras especies.

La recomendación del Senamhi para las familias agricultoras y las autoridades locales es la adopción de medidas preventivas como mejorar la aireación en las plantaciones, limpiar y desmalezar regularmente los campos, y habilitar sistemas de drenaje en zonas propensas a inundaciones.

El organismo subrayó que mantiene un monitoreo constante mediante su red de estaciones meteorológicas y especialistas de campo, con el fin de facilitar la gestión del riesgo y la toma de decisiones informadas en la Amazonía peruana.

¿Por qué aumentaron los friajes en 2025?

Perú sufre un aumento de friajes este 2025. La causa principal de este incremento es la acción persistente del Anticiclón del Pacífico Sur, un sistema de alta presión que empuja aire frío desde las latitudes australes hacia el interior de Sudamérica.

Esta temporada, la frecuencia e intensidad del anticiclón ha sido mayor en comparación con años previos, facilitando el ingreso repetido de masas de aire frío hasta la Amazonía y el Ande peruano.

El subdirector de Predicción Meteorológica del Senamhi, Piero Rivas, detalló que la cifra actual de friajes supera “con creces” la expectativa y que hay potencial para que este número suba aún más en lo que resta de noviembre y diciembre.

“En promedio, Perú registra 18 friajes al año, pero ya se han registrado 26, y aún es posible contar más”, indicó Rivas en entrevistas recogidas por Andina al Día.

La Flotilla Amazónica Yakumama llegó a Belém do Pará, Brasil, un día antes del inicio de la COP30, luego de un mes de viaje a través de Ecuador, Perú, Colombia y Brasil. La expedición partió del glaciar Cayambe —donde nacen las aguas que alimentan la cuenca amazónica— y recorrió más de 3,000 kilómetros de ríos y comunidades, llevando un mensaje común: sin justicia climática para los pueblos de la Amazonía, no hay futuro posible.

Más de 60 personas —entre activistas, comunicadores, artistas y defensores del territorio provenientes de América Latina, Asia y Europa— participaron en esta travesía guiada por organizaciones indígenas, entre las que se encuentran organizaciones peruanas. Su fuerza radica en su origen: es una flotilla esencialmente indígena, impulsada por el conocimiento ancestral y la espiritualidad que une a quienes han protegido el bosque por generaciones.

Voces del río

Durante el recorrido, la Yakumama fue recibida con emoción por comunidades ribereñas que vieron reflejadas sus propias luchas en el paso de la flotilla. En cada parada hubo música, ceremonias, proyecciones y espacios de diálogo donde se compartieron saberes y preocupaciones comunes: el avance del extractivismo minero, petrolero, maderero y agroindustrial; la contaminación de los ríos; y la desprotección de los defensores ambientales.

Cinco representantes peruanos integraron la flotilla: miembros de Muyuna Fest, la FENAMAD (Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes) y ORAU (Organización Regional AIDESEP Ucayali), quienes representan territorios severamente amenazados por la deforestación y las actividades ilegales.

“La Flotilla Yakumama es el reflejo de lo que hacemos en Muyuna: unir arte, territorio y comunicación como formas de resistencia. Flotar, escuchar y contar son tres maneras de defender la vida”, expresó Livia Silvano, una de las participantes peruanas.

El mensaje desde la Amazonía

A lo largo del viaje, las comunidades que acogieron a la flotilla compartieron su preocupación por el cambio climático. Para muchas, la crisis no es una teoría sino una experiencia cotidiana: lluvias impredecibles, suelos degradados, enfermedades nuevas y una pérdida acelerada de biodiversidad.

El joven líder waorani Wia Cahuiya, uno de los tripulantes, relató que su participación nació de un deseo profundo de entender los caminos del despojo: “Quería saber por dónde entraron los que vinieron a explotarnos, ver con mis propios ojos de dónde surgieron estos problemas que subieron por el Amazonas hasta mi territorio”.

La madre del agua rumbo a la COP30

El nombre Yakumama, que en quechua significa “madre del agua”, simboliza la fuerza y sabiduría de los ríos que cruzan fronteras. Esta travesía no solo ha sido una acción simbólica, sino también una declaración política y espiritual frente a los gobiernos que continúan promoviendo proyectos que amenazan la Amazonía.

El arribo a Belém marca el fin de una ruta fluvial y el inicio de una presencia colectiva en la COP30, que se prevé será la cumbre climática con mayor participación indígena de la historia. Allí, los integrantes de la Yakumama buscarán que los líderes globales escuchen las voces de los pueblos amazónicos —voces que no hablan de carbono, sino de vida, justicia y memoria—.

Durante el evento, las películas producidas en los talleres de Muyuna Fest serán presentadas como testimonio vivo de las resistencias que laten en el corazón del bosque.

La COP30: una cita decisiva por el clima

La COP30, trigésima edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), se realizará en Belém do Pará del 10 al 21 de noviembre de 2025.

Este foro mundial reunirá a jefes de Estado, científicos, organizaciones y pueblos indígenas de 198 países con el objetivo de evaluar el avance de los compromisos globales para limitar el calentamiento a 1,5 °C, como establece el Acuerdo de París.

Por primera vez, la cumbre se realiza en plena Amazonía en plena Amazonía, el ecosistema más grande del planeta y uno de los más amenazados. Su realización en Belém simboliza la urgencia de escuchar a quienes han protegido el bosque desde siempre: los pueblos del agua, los hijos e hijas de la Yakumama.

La duquesa de Edimburgo prepara su primera gira oficial por Sudamérica y Centroamérica, de acuerdo con información oficial difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico. El itinerario incluye paradas en Perú, Belice, Guatemala y Panamá, países en los que la representante de la monarquía británica sostendrá encuentros con líderes comunitarios y visitará proyectos respaldados por organizaciones del Reino Unido.

Sofía de Edimburgo, reconocida por su rol activo en la familia real y su respaldo a causas sociales, sumará esta visita a su larga trayectoria de compromisos internacionales. Según medios británicos, la duquesa figura entre los miembros con mayor carga oficial, acompañando iniciativas que involucran temas de salud, derechos humanos y protección ambiental.

¿Cuándo llegará al Perú y cuál es su agenda?

Aunque no se conoce la fecha exacta en la que Sofía de Edimburgo arribará en territorio peruano, se sabe que su visita se realizará en la segunda semana de noviembre de 2025, en cumplimiento de una ruta oficial que se extenderá del 10 al 19 de ese mes.

Su paso por el país contempla una agenda en la selva amazónica, donde se reunirá con líderes indígenas, con énfasis en mujeres que dirigen proyectos económicos y ambientales en sus comunidades. Además, como embajadora global de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, la Duquesa visitará el centro de visión Divino Niño para apoyar los servicios de la clínica en el tratamiento del glaucoma y el pterigión.

Se conoce que en Panamá participará en reuniones de alto nivel, donde expresará el agradecimiento del Reino Unido por la colaboración panameña en iniciativas globales junto al gobierno británico y las Naciones Unidas; mientras que en Guatemala abordará temas vinculados a la trata de personas y la violencia sexual contra mujeres jóvenes.

En ese país, sostendrá encuentros con sobrevivientes y visitará una organización benéfica que brinda apoyo a niños en situación de calle o en riesgo, a través de programas de mentoría y acompañamiento. Además, reconocerá los trabajos de conservación impulsados por comunidades indígenas en zonas alejadas de la Reserva de la Biosfera Maya.

Por último, en Belice, fortalecerá los lazos entre este país, el Reino Unido y la Mancomunidad. Durante su estancia, acompañará a comunidades indígenas mayas y afroindígenas garífunas en la celebración del Día del Asentamiento Garífuna, y observará iniciativas para la protección de ecosistemas naturales, con énfasis en los sistemas coralinos. También conocerá los programas de entrenamiento conjunto del Ejército Británico y la Fuerza de Defensa de Belice, y su relevancia estratégica para la región.

¿Quién es la duquesa de Edimburgo?

Sophie Rhys-Jones, la duquesa de Edimburgo, es esposa del príncipe Eduardo y una de las figuras más activas dentro de la familia real británica. Desde hace años, concentra su esfuerzo en causas benéficas y misiones diplomáticas vinculadas a la salud pública, la igualdad de género y la asistencia humanitaria.

Según datos de Vanity Fair y Majesty, en el último año protagonizó 257 compromisos oficiales y consolidó su posición como parte esencial del entorno real, gracias también a su cercanía con la reina Isabel II y la princesa de Gales.

Sophie desarrolló tareas humanitarias en zonas de conflicto y países como Irak, Kosovo, Chad y Ucrania, donde se reunió con afectados por la guerra y coordinó donaciones y programas de atención a víctimas. También es patrocinadora de más de 70 organizaciones benéficas y mantiene presencia activa en campañas internacionales contra la violencia de género y a favor del acceso a la atención sanitaria para la infancia y comunidades vulnerables.

En la Amazonía peruana, los mashco piro viven como nómadas, aislados y dependientes de la selva. Constituyen uno de los mayores pueblos indígenas no contactados del mundo. El aumento de actividades madereras y extractivas facilitó encuentros fortuitos entre ellos y los habitantes de Nueva Oceanía. La política peruana impide el contacto para proteger la salud y la cultura de la tribu. El riesgo de enfermedades y el impacto externo pueden poner en peligro su supervivencia.

El área cercana a Nueva Oceanía no figura como reserva de protección para pueblos aislados, a pesar de que en ella operan empresas madereras. Al menos siete familias conforman este pequeño asentamiento ribereño, en donde se percibe la tensión entre el temor a los arcos y flechas de los mashco piro y el respeto por su derecho a vivir según sus propias reglas.

Los pobladores intentan ayudar sin intervenir, ofreciendo alimentos en sus huertos con la esperanza de evitar conflictos. Sin embargo, el avance de la deforestación y la cercanía involuntaria generan temor e incertidumbre sobre posibles encuentros violentos o contagios de enfermedades.

Según Survival International, existen cerca de 196 pueblos indígenas no contactados en el mundo, y la mitad podrían desaparecer en la próxima década si los gobiernos no fortalecen medidas de protección.

El caso de los mashco piro se considera emblemático: el primer contacto forzado de otros grupos indígenas en Perú provocó la muerte de la mitad de sus miembros en pocos años, como sucedió con los nahau y los murunahua.

De acuerdo con BBC, los especialistas insisten en que cualquier contacto representa un grave peligro epidemiológico y cultural, por lo que la inacción o la falta de reservas resulta preocupante.

El papel de las comunidades locales y la gestión oficial

La convivencia entre los habitantes de Nueva Oceanía y los mashco piro implica un delicado equilibrio. Los vecinos sienten su presencia a través de encuentros fortuitos, sonidos en el bosque y el recuerdo de incidentes recientes.

En 2022, se registró un ataque sufrido por dos madereros. Uno sobrevivió a un flechazo, mientras otro perdió la vida tras recibir varias heridas. Frente a estos hechos, la comunidad refuerza su convicción de respetar la distancia, aunque reconoce que las políticas públicas no cubren las necesidades de seguridad ni de protección cultural y ambiental.

Las autoridades mantienen la política de no contacto inspirada en medidas brasileñas, pero la zona de Nueva Oceanía no goza de reconocimiento oficial ni presencia estatal constante. Al otro lado del río Manu, en una reserva formalmente establecida, agentes de control del Ministerio de Cultura y de la organización indígena Fenamad se encargan de gestionar encuentros y minimizar tensiones.

Los mashco piro aparecen varias veces por semana para solicitar alimentos, particularmente bananas, yuca o caña de azúcar. La interacción, aunque controlada, se ajusta a normas estrictas y evita la penetración excesiva de influencias externas.

Los agentes catalogaron a cerca de 40 personas en visitas regulares, manteniendo un protocolo que incluye el suministro de alimentos y la devolución de prendas de ropa para limitar la tentación de apropiarse artículos modernos.

Según explican los responsables del puesto de control, los mashco piro se muestran curiosos por la vida personal de los agentes, pero rechazan la integración o la pérdida de sus tradiciones. Cada familia preserva su autonomía y su derecho a desaparecer por largos periodos, reapareciendo sólo cuando lo consideran necesario para abastecerse.

Desafíos para la preservación y el futuro de los mashco piro

Los mashco piro parecen descender de grupos que escaparon a la selva en el siglo XIX, huyendo de la explotación y la violencia de los barones del caucho. En la actualidad, conservan patrones nómadas, se trasladan después de agotar los recursos cercanos y muestran escaso interés por la vida exterior, aunque algunos niños observan con curiosidad la ropa y costumbres foráneas.

Los lingüistas identificaron que mantienen un dialecto del yine, aunque su modo de vida se aparta más hacia la caza y la recolección.

A pesar de la protección en la reserva del Manu, nuevas amenazas como la construcción de rutas y la minería ilegal ponen en riesgo a la tribu.

Organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos reclaman la ampliación de las áreas protegidas y la promulgación de leyes pendientes para garantizar su supervivencia.

El riesgo de contacto involuntario crece con la presencia de madereros, turistas, misioneros y redes sociales, agravando la vulnerabilidad de los mashco piro ante enfermedades y presiones culturales.

De acuerdo con BBC, la experiencia de los residentes locales es un recordatorio de la complejidad para gestionar el aislamiento voluntario de estos pueblos. La única demanda de Tomás Áñez, uno de los vecinos, resume el dilema: “Necesitamos que sean libres como nosotros. Sabemos que vivieron en paz durante años, y ahora sus bosques están siendo destruidos”.

La situación de los mashco piro evidencia la urgencia de políticas claras y coordinadas para proteger a los pueblos indígenas no contactados, salvaguardando su autonomía, su territorio y su derecho a un futuro propio.

La lideresa advierte que la falta de personal médico, medicamentos, laboratorios y embarcaciones para emergencias ha convertido males comunes en enfermedades mortales. Exige responsabilidad política y acciones urgentes del Gobierno central, del Ministerio de Salud y de las autoridades regionales.

Falta de embarcaciones, personal y medicinas: una crisis estructural

En la Nación Chapra, enfermedades tratables como la diarrea, la fiebre o la gripe están costando vidas. Según Olivia Bisa, el abandono es tan crítico que un motor malogrado o la falta de una pastilla puede decidir entre vivir o morir.

“En resumen, cualquier enfermedad simple que se pueda curar con unos cuantos medicamentos se convierte en una enfermedad mortal en mi territorio. Por el simple hecho que no hay buena implementación, equipamiento en los puestos de salud. La pésima infraestructura en los puestos de salud.”

La presidenta denuncia que tanto bebés como madres indígenas han fallecido en condiciones que pudieron evitarse.

Precisamente hace dos semanas, curacas y técnicos de salud informaron cinco muertes de bebés en solo dos puestos de salud chapra debido a síntomas como tos, gripe, diarrea y vómitos.

“Producto de ello en la semana pasada en la Nación Chapra en los dos puestos de salud nos reportaron los curacas que son las autoridades de las comunidades, también los técnicos que han tenido en una sola semana cinco bebés fallecidos. Los síntomas, tos, gripe, diarrea y vómito. Tres días no lograste atender, medicarlo. fallecen”, advierte a este medio.

Sin medicamentos y sin transporte, la atención es imposible.

Traslados que tardan días y terminan en muerte

Mover una emergencia es casi imposible. La falta de motores adecuados impide llegar a un centro de salud antes de que la vida se apague en el río.

“El puesto de salud Unanchay al centro de salud San Lorenzo son dos días... si hay una enfermedad que se necesita un ejemplo, una intervención quirúrgica que tiene plazo de vida 6, 7 horas. De nada nos va a servir evacuarlo porque se va a morir ahí.”

“Los motores de los puestos de salud deben estar bien, nuevos y en óptimas condiciones, porque si yo estoy con un motor que está fallando, llevo una emergencia, se planta el medio viaje, ¿qué hago? Ya no llevo a salvar vidas, estoy llevando a matarlo.”

Olivia relató a Infobae Perú que su hijo menor de un año de edad estuvo a poco de correr la misma suerte. De no haber contado con transporte gestionado por su propia cuenta, él no se habría salvado. El hijo de Bisa presentaba los mismos síntomas que los niños que fallecieron.

La falta de personal agrava el panorama: solo hay un técnico de salud por puesto, sin laboratorio, sin enfermería y sin especialistas.

“¿Cómo van a tratar los técnicos de salud cuando no hay un diagnóstico de qué está causando esas muertes? (...) Mínimo debería estar un técnico laboratorio, un licenciado en enfermería y un técnico de enfermería.”

Madres también mueren por falta de diagnóstico y atención

No solo bebés están muriendo. Dos madres indígenas fallecieron por malaria al no contar con laboratorios ni atención oportuna.

“Por estas muertes que están existiendo y estamos realmente indignados porque más allá de los cuatro cinco fallecidos de infantes en este sector también tenemos dos madres que han fallecido. Dos madres a causa de la malaria.”

“Una mamá que tenía un bebé de 2 meses de nacida se infecta con malaria y como no había un laboratorio para poder sacar las muestras y detectar qué enfermedad era, simplemente se complicó y falleció.”

“Otra que venía en un motor 15 punto desde Nueva Inca Roca… solamente llegó hasta Bagazán, que es una comunidad y ya no pudeo resistir más. Hemos tenido esa pérdida.”

“¿Somos o no somos peruanos?”

Es así que Olivia Bisa cuestiona la invisibilización del Estado hacia la Amazonía y los pueblos indígenas.

“En tema de salud al presidente primero aclárame, presidente, si soy peruana o no soy peruana.”

“Lo primero que te has llenado la boca diciendo, ‘Seguridad ciudadana, tenemos que parar el crimen en Lima.’ y yo pregunto, ‘Señor presidente, ¿Lima es Perú?’”, reclama al presidente de la República, José Jerí.

“Porque nosotros como amazónicos, nos sentimos muy decepcionados ya que en ninguno de sus discursos no se han mencionado. Y como pueblos indígenas, como siempre, somos los olvidados, los invisibilizados.”

Intentos de fiscalización desde el Congreso que no dieron resultado

Organizaciones indígenas como AIDESEP, FENAP y CORPI-SL solicitaron a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso una audiencia de fiscalización para supervisar la atención en salud en el Datem del Marañón. El pedido buscaba exigir una intervención efectiva, declarar emergencia sanitaria y corregir las fallas denunciadas en el manejo del brote que afectaba a las comunidades.

Sin embargo, un mes después, el 23 de octubre, el Pleno del Congreso aprobó el reglamento para el nuevo sistema bicameral que regirá en 2026, eliminando dicha comisión, que por más de dos décadas fue clave para atender temas de derechos indígenas, ambiente y diversidad cultural. La medida se justificó con el argumento de “optimizar” comisiones, pero diversas organizaciones y especialistas advirtieron que se trata de un retroceso en la representación de los pueblos originarios.

Previo a su eliminación, la propia comisión había alertado que su exclusión afectaría la coordinación con instituciones como el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente. Su sesión final incluyó la participación de comunidades del Lote 8 que exigieron el cumplimiento de compromisos ambientales y de salud, evidenciando el rol de este espacio como puente entre afectados y el Estado.

“Prácticamente es un genocidio”

Bisa asegura que las autoridades del Ministerio de Salud han sido indiferentes y no han cumplido compromisos previos.

“Yo estuve en el Ministerio de Salud… indignante, se lavaron las manos”, señala respecto a una reunión que tuvo con las autordades del MINSA el 22 de octubre.

“Prácticamente es un genocidio que se está que está cometiendo en ese momento y eso es un delito.”

“Nos toman de payasos para tomar fotos y luego irse y lavarse las manos.”

Exigencias de la Nación Chapra

La Nación Chapra exige una intervención urgente del Estado: envío inmediato de médicos y especialistas, implementación de laboratorios para diagnosticar malaria y dengue, y abastecimiento continuo de medicamentos. También demandan renovar las embarcaciones y motores para evacuar emergencias sin que los pacientes mueran en el trayecto.

Piden que el Ministerio de Salud cumpla sus compromisos y que su presencia en territorio no sea simbólica ni para la foto. El reclamo es simple y contundente: dejar de morir por enfermedades curables y que el Estado garantice, al fin, el derecho básico a la salud para los pueblos indígenas del Perú.

La Amazonía vuelve a tomar protagonismo en la capital. Este 13 y 14 de diciembre, el Arena 1 de la Costa Verde se convertirá en el escenario del Amazónico Fest 2025, un evento que celebra la riqueza cultural, natural y gastronómica de la selva peruana. En su segunda edición, el festival promete una experiencia multisensorial donde la música, la gastronomía, el arte y la sostenibilidad se unen para rendir homenaje al bosque tropical más grande del planeta.

El encuentro busca acercar al público limeño a la esencia de la Amazonía a través de conciertos, exposiciones, ferias de bionegocios y un concurso culinario que pondrá en valor la biodiversidad y los saberes ancestrales. Bajo el lema “Sin Amazonía, no hay futuro”, el evento organizado por Festiva Productions busca consolidarse como el festival amazónico más importante del país, en alianza con instituciones como Sernanp, PromPerú, AIDER, CONAP y el Colegio de Ingenieros del Perú. Las entradas ya están disponibles en Vaope.com.

Música, arte y bionegocios: una experiencia de triple impacto

Durante dos días, el Arena 1 se transformará en un punto de encuentro entre tradición y modernidad. El Amazónico Fest 2025 reunirá a artistas icónicos como Los Mirlos, Ruth Karina, Mauricio Mesones, Linda Caba y Juaneco y su Combo, quienes harán vibrar al público con los sonidos selváticos que marcaron generaciones. Junto a ellos, agrupaciones de danza tradicional presentarán coreografías inspiradas en rituales, fauna y leyendas amazónicas.

Más allá de la música, el evento ofrecerá una feria de bionegocios y moda ética, donde emprendedores de la selva exhibirán productos como café, cacao, chocolate, artesanías, textiles y cosmética natural, elaborados con enfoque de comercio justo y conservación ambiental. Esta zona busca fortalecer el vínculo entre consumidores urbanos y comunidades amazónicas, promoviendo un consumo responsable.

El festival también contará con una zona educativa e inmersiva, diseñada para que los visitantes vivan una experiencia sensorial completa. A través de sonidos, aromas y proyecciones visuales, se recreará el entorno del bosque tropical, mientras espacios familiares ofrecerán actividades sobre biodiversidad, reciclaje y cambio climático. Todo esto bajo una visión de triple impacto —ambiental, social y económico— que refuerza el compromiso con un futuro sostenible.

El Amazónico Fest 2025 no solo será una cita cultural, sino una plataforma para el arte, la innovación y la conservación. Con el respaldo de entidades públicas y privadas, el evento busca posicionarse como un referente en la promoción de la identidad amazónica y el turismo responsable. Las entradas están disponibles en Vaope, y se espera una alta asistencia debido al éxito de su primera edición, que marcó un precedente en la conexión entre Lima y la selva.

Gastronomía sostenible: el desafío del paiche amazónico

Uno de los puntos más esperados del festival será el Concurso Gastronómico “Paiche Sostenible”, una competencia que reunirá a escuelas de cocina de Lima y regiones para revalorizar este pez emblemático de la Amazonía. El desafío consistirá en crear platos innovadores que resalten su sabor y versatilidad, pero con criterios de sostenibilidad, aprovechamiento integral y respeto por los ecosistemas acuáticos.

El jurado estará compuesto por reconocidos exponentes de la cocina amazónica y nacional: Pedro Miguel Schiaffino, Elia García (La Patarashca) y Aldo Yaranga (Awa). Ellos evaluarán la técnica, creatividad, presentación y aporte sostenible de cada propuesta. Además, la zona gastronómica del festival ofrecerá al público una amplia muestra de los sabores del oriente peruano, desde juanes y tacachos hasta cocteles a base de frutas tropicales y superalimentos amazónicos.

El paiche, considerado una de las especies más representativas de los ríos amazónicos, será el protagonista culinario de esta edición. Su uso responsable busca promover una pesca sostenible y generar conciencia sobre la importancia de preservar los recursos naturales de la selva. La iniciativa apunta también a visibilizar la labor de comunidades locales y proyectos que impulsan la economía circular a partir del aprovechamiento sostenible de los recursos.

Desde las selvas más profundas de la Amazonía peruana hasta las islas remotas de Indonesia, los pueblos indígenas no contactados enfrentan una amenaza sin precedentes. Carreteras, mineros ilegales, madereros y narcotraficantes están invadiendo sus territorios, provocando un silencioso colapso cultural y humano que, según advierte la organización Survival International, podría acabar con la mitad de estas comunidades en menos de una década.

El informe, presentado este domingo por la ONG con sede en Londres, identifica al menos 196 pueblos en aislamiento voluntario distribuidos en 10 países, la mayoría en América del Sur. Casi el 65% está amenazado por la tala ilegal, el 40% por la minería y un 20% por el avance de la agroindustria. “Son genocidios silenciosos. No hay cámaras, no hay periodistas, pero están ocurriendo ahora”, alertó Fiona Watson, directora de investigación y defensa de Survival, con más de 30 años de trabajo en la Amazonía.

Los pueblos que eligen el aislamiento

Lejos del mito del “tribu perdida”, estos grupos no están desconectados del tiempo, sino que han elegido el aislamiento tras siglos de violencia, esclavitud y epidemias que diezmaron a sus antepasados. “No necesitan nada de nosotros. Son felices en el bosque y poseen un conocimiento increíble que ayuda a mantener en pie ecosistemas esenciales para el planeta”, explicó Watson.

Según Survival, más del 95% de los pueblos no contactados viven en la Amazonía, con pequeñas poblaciones en el sudeste asiático y el Pacífico. Se alimentan mediante la caza, la pesca y la recolección, preservando lenguas y tradiciones que existían mucho antes de los Estados modernos. Su contacto con el exterior es casi nulo, y cualquier interacción puede ser fatal.

“La transmisión de una simple gripe puede ser mortal”, advirtió Subhra Bhattacharjee, directora general del Forest Stewardship Council (FSC) y experta en derechos indígenas con sede en Alemania. La especialista recordó que los estándares internacionales exigen el consentimiento libre, previo e informado (FPIC, por sus siglas en inglés) para cualquier actividad en territorios indígenas. “Pero si no puedes acercarte sin ponerlos en peligro, no hay consentimiento. Por eso defendemos una política de ‘no contacto, zonas prohibidas’”, subrayó.

En el Perú, este riesgo es tangible. En 2024, la agencia Reuters difundió imágenes de miembros del pueblo Mashco Piro —uno de los más reclusivos del planeta— que emergieron en busca de alimentos a orillas del río Las Piedras, en Madre de Dios. La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) denunció entonces que las zonas donde se registraron los avistamientos habían sido concesionadas a empresas madereras. “Es una prueba irrefutable de que el gobierno no ha protegido su territorio, sino que lo ha vendido”, señaló Alfredo Vargas Pio, presidente de la organización.

Amenazas en expansión: minería, carreteras y misiones

Los peligros que enfrentan estos pueblos no son nuevos, pero sí más intensos. En Brasil, durante la dictadura militar (1964-1985), carreteras fueron abiertas sin control, atrayendo colonos, madereros y rancheros que llevaron enfermedades y violencia. Hoy, una nueva línea férrea en planificación podría afectar a tres comunidades no contactadas, mientras la minería ilegal y el narcotráfico penetran los territorios indígenas en Perú, Brasil, Colombia, Venezuela y Ecuador.

“La posibilidad de un encuentro fortuito con traficantes o mineros significa riesgo de contagio y exterminio”, señaló Watson. “Y los arcos y flechas no pueden competir contra armas de fuego”.

En el caso peruano, los conflictos no son aislados. La agencia AP informó sobre madereros muertos por flechas tras ingresar sin permiso al territorio Mashco Piro. Las tensiones también se extienden a zonas donde los misioneros evangélicos buscan forzar el contacto. Bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, un pastor evangélico llegó a dirigir la unidad encargada de los pueblos aislados en Brasil, obteniendo sus coordenadas para “salvar almas”.

En Sudamérica, la minería ilegal de oro en la región Yanomami de Brasil y Venezuela sigue utilizando mercurio, contaminando ríos y peces. En tanto, en Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado por no proteger a los Tagaeri y Taromenane en el Parque Nacional Yasuní.

El informe de Survival exige una política global de no contacto, la suspensión de proyectos extractivos cercanos a territorios indígenas y el reconocimiento legal de sus tierras. También insta a las empresas a rastrear sus cadenas de suministro para evitar la compra de oro, soja o madera provenientes de zonas indígenas.

En el Perú, los esfuerzos legislativos siguen siendo débiles. El Congreso rechazó en 2025 la creación de la Reserva Indígena Yavari-Mirim, lo que, según federaciones amazónicas, deja expuestos a varios pueblos en aislamiento. Un informe de la ONU ya había advertido en 2023 que el Estado reconoció en 2016 la presencia de tribus como los Mashco Piro en áreas abiertas a la tala, pero nunca delimitó su territorio, pese a la evidencia existente desde 1999.

“Los logros de las últimas décadas están en riesgo”, advirtió Watson. “Sin protección real, la mitad de estos pueblos podría desaparecer antes de 2035”.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), anunció la culminación del proceso de formalización integral del centro poblado de Pukiri, ubicado en el distrito y provincia del Manu, región Madre de Dios. Este avance convierte a Pukiri en el pueblo con mayor número de lotes formalizados de toda la Amazonía peruana, marcando un hito en la historia de la formalización urbana en el país.

Tras más de 40 años de ocupación sin reconocimiento legal, más de 900 familias podrán iniciar ahora el empadronamiento individual que las conducirá a obtener sus títulos de propiedad. La medida permitirá a los pobladores acceder a beneficios directos como seguridad jurídica, servicios básicos, inversión pública y programas de vivienda del Estado.

Formalización urbana de Madre de Dios

Pukiri, conocido durante décadas como el mayor asentamiento informal de la región amazónica, ha pasado a convertirse en un centro poblado oficialmente inscrito, con reconocimiento jurídico y proyección de desarrollo urbano. El proceso de formalización fue ejecutado de manera integral, abarcando la delimitación territorial, el levantamiento catastral y la validación de los lotes.

“Con la formalización de Pukiri, el Estado reafirma su compromiso de llevar seguridad jurídica y desarrollo a las familias amazónicas. Este es un paso decisivo hacia la titulación individual de más de 900 hogares en la provincia del Manu”, destacó el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate, al resaltar la importancia del logro para el desarrollo regional.

Empadronamiento campaña de titulación

En el marco de este avance, Cofopri anunció el inicio de la campaña nacional “Lote empadronado por el título anhelado”, que se desarrollará en Pukiri durante el mes de noviembre. A través de brigadas especializadas, se realizará la verificación predio por predio, recopilando la información de los posesionarios y validando los datos que permitirán la entrega posterior de títulos de propiedad.

Hasta el 30 de octubre, las brigadas notificarán a las familias de los 927 lotes urbanos comprendidos en la campaña. Dichas notificaciones incluirán la fecha de las visitas para el empadronamiento, programadas entre el 4 y el 11 de noviembre, como parte de la etapa previa al proceso de titulación.

Desarrollo urbano

La formalización de Pukiri no solo representa un avance legal, sino también una transformación social y urbana para sus habitantes. Con el reconocimiento oficial, el centro poblado podrá acceder a inversiones públicas y privadas, mejorar su infraestructura y fortalecer su planificación territorial.

De acuerdo con el MVCS, este proceso consolida las bases para un entorno urbano más ordenado y seguro, donde las familias podrán gestionar proyectos de agua, saneamiento, electrificación y vivienda, promoviendo así un desarrollo sostenible en la selva sur.

Empadronamiento en Cajamarca

Cofopri anunció el inicio de una nueva jornada de empadronamiento en la región Cajamarca, con el objetivo de que más de 800 familias accedan a sus títulos de propiedad. La campaña se llevará a cabo del 15 al 30 de octubre en las provincias de San Ignacio y Contumazá, como parte de la estrategia nacional “Lote empadronado, título anhelado”, impulsada por el Gobierno para promover la formalización urbana en todo el país.

Durante estas dos semanas, brigadas de Cofopri recorrerán los centros poblados de Chirinos, Guzmango y San Benito, donde realizarán el empadronamiento casa por casa para culminar la formalización de 819 lotes en observación. Este proceso permitirá que los posesionarios regularicen la documentación de sus terrenos y obtengan seguridad jurídica sobre sus viviendas, un paso clave para el desarrollo urbano y social de sus comunidades.

Cofopri destacó que esta jornada forma parte del compromiso institucional de garantizar el derecho a la propiedad formal y mejorar la calidad de vida de las familias cajamarquinas. Asimismo, recordó que el proceso de empadronamiento es completamente gratuito y que la titulación formal permite a los beneficiarios acceder a programas de financiamiento y construcción, además de generar mayores oportunidades de progreso económico y social.

La devastación ambiental causada por la minería ilegal en la Amazonía peruana ha llegado a las páginas de The Guardian, uno de los medios más influyentes del mundo. Según un reciente informe citado por el diario británico, más de 140.000 hectáreas de selva, equivalentes a unas 540 millas cuadradas, han sido destruidas desde 1984 por la extracción clandestina de oro. El estudio, elaborado por el Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) y su socio peruano Conservación Amazónica, advierte que la deforestación avanza hacia nuevas regiones impulsada por el récord histórico del precio del oro, que esta semana superó los 4.000 dólares por onza.

El reportaje señala que este fenómeno, antes concentrado en Madre de Dios, se está extendiendo hacia Loreto, Amazonas, Huánuco, Pasco y Ucayali, donde imágenes aéreas de alta resolución revelan ríos contaminados, suelos erosionados y grandes extensiones de bosque convertidas en paisajes grises y estériles. “Antes solo lo veíamos en Madre de Dios, pero ahora está en todas partes”, alertó Matt Finer, director de MAAP. La expansión de la minería ilegal, además, está ligada al ingreso de grupos armados extranjeros que cruzan las fronteras amazónicas para aprovechar la bonanza del oro.

El oro que envenena la Amazonía

El informe del MAAP documenta cómo el uso indiscriminado de dragas fluviales —máquinas flotantes que remueven el lecho de los ríos para extraer oro— ha contaminado al menos 225 ríos y quebradas con mercurio, una sustancia altamente tóxica empleada para separar el metal del sedimento. En la región de Loreto, los investigadores identificaron 989 dragas operando desde 2017, de las cuales 275 fueron detectadas solo este año en el río Nanay, uno de los principales afluentes del Amazonas que abastece de agua a decenas de comunidades indígenas y a la ciudad de Iquitos.

El impacto sanitario es alarmante. Un estudio reciente reveló que en comunidades ribereñas del norte del país, los niveles de mercurio en la sangre cuadruplican el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud, provocando daños neurológicos, problemas de desarrollo infantil y malformaciones congénitas. “Están envenenando nuestros ríos, el agua que bebemos”, denunció Roberto Tafur Shupingahua, representante de comunidades de Loreto, quien relató que los pobladores han empezado a bloquear el avance de los mineros en el río Tigre. “No nos queda otra que defendernos, pero estamos solos. El Estado no aparece”, dijo en declaraciones recogidas por The Guardian.

Las imágenes aéreas difundidas por el MAAP muestran el antes y después de vastas zonas que alguna vez fueron selvas densas y biodiversas, ahora convertidas en extensiones grises y estancadas, con charcos de agua contaminada y montículos de arena. “Este pequeño cuadrado es solo una muestra. Imaginen esto multiplicado por 140.000 hectáreas”, explicó Finer al medio británico, al mostrar un mapa de deforestación en el que los puntos rojos marcan el avance de la minería ilegal.

Redes criminales y expansión internacional

La minería ilegal no solo es un problema ambiental: también alimenta una red transnacional de crimen organizado. El reportaje de The Guardian advierte que bandas extranjeras están detrás del auge minero en las zonas fronterizas. Entre ellas figuran los Comandos de la Frontera, procedentes de Colombia, y el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más violentas de Brasil. Ambas redes han encontrado en el oro un medio eficaz para lavar dinero del narcotráfico y financiar sus operaciones, aprovechando la falta de control en zonas selváticas.

“El oro se ha convertido en una nueva forma de lavar ganancias del tráfico de drogas”, explicó Bram Ebus, criminólogo y consultor del International Crisis Group, quien advierte que “la combinación entre precios récord y la ausencia de un control estatal serio ha creado el escenario perfecto para el avance del crimen organizado”. Las dragas, además de depredar los ecosistemas fluviales, son protegidas por hombres armados que impiden el acceso de las autoridades y amenazan a las comunidades que intentan resistir.

Frente a este panorama, el Grupo Andino de Naciones exhortó recientemente al Gobierno peruano a intensificar sus esfuerzos contra la minería ilegal, advirtiendo que, de no hacerlo, podría enfrentar sanciones económicas. Sin embargo, la presión internacional parece insuficiente ante el atractivo del oro. “Es tan rentable ahora que no vemos señales de que esto vaya a frenarse pronto”, concluyó Finer. Mientras tanto, el corazón verde de Sudamérica sigue siendo devorado, hectárea por hectárea, por un negocio que se expande al ritmo del oro más caro de la historia.

Treinta jóvenes indígenas del colectivo Tsiuni —que significa “escuchar” en lengua kukama— presentaron el 13 de octubre una demanda de hábeas corpus ante el Juzgado Mixto de Nauta, en la región Loreto.Su exigencia es clara: que el Estado peruano conforme una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes cometidos contra los pueblos indígenas durante la época del caucho, entre 1880 y 1920, en la Amazonía peruana.

El colectivo está conformado por representantes de los pueblos Kukama, Maijuna, Secoya, Murui, Bora, Tikuna, Awajún, Arabela, Achuar y Wampis, y se ampara en el derecho a la verdad, reconocido por el Tribunal Constitucional del Perú como un principio fundamental de justicia y reparación.

“Nos organizamos desde el dolor, un dolor que exige justicia, y una justicia que es un camino para sanar y garantizar que esto no se repita”, expresaron en su comunicado público.

Crímenes silenciados durante el auge del caucho

Múltiples estudios históricos estiman que entre 30.000 y 100.000 indígenas amazónicos fueron víctimas de esclavitud, tortura, violaciones y asesinatos durante el auge de la extracción del caucho.Las empresas caucheras —entre ellas, la Peruvian Amazon Company, dirigida por Julio César Arana— se enriquecieron con la explotación sistemática de pueblos enteros, con la complicidad del Estado peruano y las potencias extranjeras.

El colectivo Tsiuni sostiene que esos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad y que, más de un siglo después, el país sigue sin reconocer ni reparar a las víctimas y sus descendientes.

“Hace más de 100 años, nuestros abuelos y abuelas fueron víctimas de una ola de exterminio, violencia, esclavitud y muerte. Es hora de que el Perú escuche nuestra verdad”, señala el pronunciamiento.

Los abusos quedaron registrados en el libro The Devil’s Paradise del periodista estadounidense Walter Hardenburg, quien relató el sufrimiento de los pueblos del Putumayo:

“Los indígenas pacíficos son obligados a trabajar día y noche en la extracción del caucho, sin la menor remuneración. Se les despoja de sus cosechas, de sus esposas e hijos para satisfacer la voracidad y la lujuria de sus explotadores”.

Una herida abierta: la violencia no terminó

Para los jóvenes de Tsiuni, los crímenes del caucho no son solo un hecho del pasado. Aseguran que la violencia contra los pueblos indígenas sigue operando hoy, aunque con nuevos rostros y actores:empresas extractivas, grupos criminales y un Estado que califican de “cómplice y ausente”.

“La violencia es cíclica en la Amazonía. Nunca se ha detenido y sigue operando de la misma manera, a manos de empresas, grupos poderosos y un Estado criminal”, advierten.

Denuncian además que el Estado promueve leyes regresivas como la Ley Antiforestal o la ampliación del REINFO, que —afirman— fomentan la tala y minería ilegales, y se niega a reconocer la Reserva Indígena Yavarí Mirim, pese a su importancia para la protección de pueblos en aislamiento voluntario.

Reclaman verdad, memoria y reparación

La demanda de hábeas corpus presentada busca que el Poder Judicial ordene la creación de una Comisión de la Verdad dedicada exclusivamente a los crímenes del caucho. Esta instancia, señalan, permitiría investigar de manera formal los abusos cometidos, identificar a los responsables históricos y garantizar la no repetición de hechos similares.

“La historia del caucho, lejos de desaparecer, se encarna con más fuerza en una praxis para matar”, advirtió el colectivo en su documento.“Queremos que el Perú asuma su responsabilidad histórica y moral frente a sus pueblos originarios”.

El reclamo de Tsiuni además de buscar justicia judicial, también reclama por memoria y reconocimiento nacional. Los jóvenes criticaron, por ejemplo, la inauguración del “Paseo del Caucho” en Iquitos, impulsada por el gobierno regional de Loreto en 2024, como un espacio turístico que —según ellos— banaliza una tragedia colectiva.

Historiadores recuerdan que fue el diplomático irlandés Roger Casement quien, a inicios del siglo XX, denunció ante el Reino Unido los abusos cometidos por la empresa de Arana en el Putumayo, en lo que se considera uno de los primeros informes internacionales sobre derechos humanos en América Latina.

“Queremos sanar nuestra historia”

A la espera de una respuesta judicial, los integrantes del colectivo Tsiuni reafirmaron su compromiso de mantener las acciones legales y de memoria hasta obtener justicia.“Queremos restaurar la dignidad de nuestros pueblos, sanar la historia y construir un futuro donde nunca más se repitan estos crímenes”, expresaron.

En lo más profundo de la Amazonía peruana, científicos han identificado una nueva especie de rana venenosa que habita exclusivamente en los bosques de bambú del Parque Nacional Alto Purús, una de las zonas más remotas y biodiversas del país. Se trata de la Ranitomeya hwata, un diminuto anfibio de apenas 15 milímetros que destaca por sus colores brillantes y su peculiar comportamiento reproductivo. El hallazgo, publicado en la revista científica Zootaxa, refuerza la importancia de esta área protegida como refugio de especies únicas y poco conocidas.

El descubrimiento fue confirmado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, que destacó la participación del investigador peruano Roberto Gutiérrez Poblete, del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Este trabajo, desarrollado junto a especialistas de Alemania, Brasil, Estados Unidos y España, fue el resultado de varios años de exploración en la cuenca del río Purús, frontera natural entre Perú y Brasil, donde se conservan ecosistemas casi intactos.

Una joya diminuta de los bosques de bambú

La Ranitomeya hwata pertenece al género Ranitomeya, famoso por su toxicidad y colores vivos que advierten a los depredadores del peligro de acercarse. Esta nueva especie, sin embargo, sorprende por su tamaño: apenas 1.5 centímetros de largo. Su cuerpo presenta franjas dorsales amarillas intensas, un vientre moteado con tonos oscuros y una banda negra que separa la garganta del abdomen, un patrón distintivo que permite diferenciarla de sus parientes cercanos.

Según los investigadores, esta rana habita únicamente en los bosques de bambú del género Guadua, donde utiliza las cámaras naturales formadas dentro de las plantas para reproducirse. En este microhábitat, los machos desarrollan un comportamiento poco común: son poligínicos, es decir, atraen a varias hembras a un mismo sitio de cría. Este detalle, inusual entre los anfibios del género, ofrece nuevas pistas sobre la evolución de las estrategias reproductivas en ambientes amazónicos.

El estudio fue liderado por un equipo internacional de herpetólogos, entre ellos Evan Twomey (Goethe University Frankfurt), Paulo Melo-Sampaio (Museu Nacional de Brasil) y Jason L. Brown (Southern Illinois University), además de reconocidos especialistas del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y el Museo de Biodiversidad del Perú.

Ubicado en la frontera con Brasil, el Alto Purús es el parque más extenso del país y uno de los menos intervenidos. Su difícil acceso ha permitido mantener intactos los hábitats de cientos de especies, muchas de ellas endémicas. La identificación de la Ranitomeya hwata se suma a una larga lista de descubrimientos que confirman que, incluso en pleno siglo XXI, la Amazonía todavía guarda secretos por revelar.

Otra especie única: descubren en San Martín una rana con ojos plateados y flancos amarillos

A mediados de este año, otro descubrimiento sorprendió a la comunidad científica: la identificación de la Scinax garciadavilae, una nueva especie de rana semi arborícola hallada en los bosques del río Huallaga, en el departamento de San Martín. Este pequeño anfibio, de entre 3.8 y 4.5 centímetros de largo, posee una apariencia singular que la diferencia de cualquier otra conocida: ojos plateados, flancos amarillos con puntos negros y una piel rugosa cubierta de diminutos tubérculos.

El hallazgo fue posible gracias al trabajo conjunto de científicos del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), junto con investigadores del Museo Argentino de Ciencias Naturales, la Universidad Estadual Paulista de Brasil y la Universidad de Sevilla. El nombre de la especie, Scinax garciadavilae, fue elegido en homenaje a la bióloga peruana Carmen García Dávila, reconocida por su trayectoria en la investigación de la fauna amazónica y su impulso al liderazgo femenino en la ciencia.

Los análisis genéticos realizados demostraron una divergencia superior al 12% respecto a sus parientes más cercanos, lo que confirma su clasificación como una especie nueva para la ciencia. Además, los investigadores detallaron que la Scinax garciadavilae pertenece al grupo Scinax eurydice, hasta ahora reportado solo en Bolivia y Brasil, convirtiendo este hallazgo en el primero de su tipo en territorio peruano.

Las aguas que abastecen a Iquitos están en riesgo. Un reciente sobrevuelo realizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS–Perú) junto a autoridades y embajadas extranjeras reveló la presencia de más de 40 dragas mineras ilegales operando en los ríos Napo y Nanay, las principales fuentes de agua para la ciudad más grande de la Amazonía peruana. Desde el aire, las imágenes muestran un escenario alarmante: ríos turbios, campamentos improvisados en plena selva y montículos de arena que evidencian el daño causado por la minería ilegal de oro.

Los sobrevuelos, realizados los días 29 y 30 de septiembre, abarcaron las cuencas del Nanay, Napo, Cotuhé y bajo Amazonas, zonas clave para la biodiversidad y el sustento de comunidades que dependen de la pesca y el agua limpia. Las autoridades constataron que la actividad ilegal no solo avanza con fuerza, sino que amenaza con reproducir la crisis ambiental vivida en otras regiones amazónicas. Los datos del monitoreo histórico son contundentes: entre 2001 y 2023, los distritos de Alto Nanay y Napo perdieron más de 15.800 hectáreas de bosque, una cifra que muestra la velocidad con la que se está transformando este ecosistema.

Más de 40 dragas operan libremente en los ríos que abastecen a Iquitos

Durante el primer día del operativo aéreo, los equipos de la FCDS y representantes de distintas instituciones sobrevolaron los ríos Nanay y Napo, observando campamentos mineros activos y decenas de dragas que operaban sin control sobre los cauces principales. El impacto visual es evidente: aguas turbias, bancos de arena, desmontes en las riberas y áreas deforestadas que avanzan hacia zonas de protección.

En la jornada participó Per Nilsen, embajador de Noruega en Chile, quien subrayó la magnitud del problema: “Hoy hemos realizado un sobrevuelo con la Fundación FCDS, que trabaja en visibilización y documentación. Es un trabajo muy importante para entender la complejidad de la situación actual y lo que llevo conmigo, más que todo, es una reflexión sobre el aumento exponencial que estamos experimentando ahora mismo en la minería de oro ilegal”, expresó.

Los registros fotográficos confirman que la minería ilegal se ha expandido incluso dentro de zonas de amortiguamiento de áreas naturales, afectando ríos que antes eran considerados prístinos. En los últimos años, el aumento del precio del oro y la falta de control estatal en zonas remotas impulsaron el ingreso de nuevas dragas y grupos dedicados a la extracción ilícita. La situación amenaza no solo la biodiversidad amazónica, sino también la seguridad hídrica de Iquitos, ciudad que depende del Nanay y el Napo para su consumo diario.

En la triple frontera, el crimen organizado impone su dominio

El segundo día de inspección se enfocó en la cuenca del río Cotuhé y la zona fronteriza con Colombia y Brasil, un corredor donde convergen diversas economías ilegales. Si bien se observó una menor cantidad de dragas, las imágenes aéreas revelaron un fenómeno igualmente preocupante: la expansión de cultivos ilícitos de hoja de coca. Se detectaron nuevos lotes sembrados, otros en preparación y un proceso acelerado de deforestación en áreas colindantes.

El fiscal especializado en materia ambiental, Franco Gonzales, advirtió que el panorama refleja una creciente convergencia del narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de madera y fauna. “El sobrevuelo evidenció delitos ambientales en Cotuhé y Putumayo, como minería ilegal y cultivos ilícitos, que están golpeando gravemente a nuestra Amazonía. Esta zona fronteriza está siendo aprovechada por economías ilegales que amenazan tanto a la biodiversidad como a las comunidades locales”, señaló.

Los sobrevuelos contaron con el respaldo de la Fundación Gordon and Betty Moore y la participación de instituciones como la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada (FECOR), el Sernanp, Conservación Amazónica–ACCA, la Sociedad Zoológica de Frankfurt, el Comité de Defensa del Agua y delegados de las embajadas de Noruega y Alemania. Todas ellas coincidieron en la necesidad de fortalecer la presencia del Estado y articular esfuerzos para frenar la expansión de las actividades ilegales que hoy amenazan a una de las zonas más ricas, y a la vez más vulnerables, de la Amazonía peruana.

En medio de la densa selva del noreste peruano, un peculiar visitante nocturno fue captado por cámaras trampa instaladas en lo alto de los árboles. La escena, ocurrida en el Amazon Conservatory for Tropical Studies, cerca de Iquitos, muestra a un extraño mamífero descrito como un “duende” de la selva trepando por un puente artificial suspendido en pleno dosel. El hallazgo llamó la atención de los investigadores porque no se trata de un animal común, sino de una especie poco conocida y difícil de registrar.

El singular registro forma parte de un proyecto científico que buscaba identificar qué mamíferos utilizan los puentes de dosel artificiales instalados en esta reserva amazónica. Estas estructuras, que alcanzan entre 6 y 36 metros de altura, permiten a los animales desplazarse por distintos niveles del bosque sin necesidad de bajar al suelo. Durante tres semanas, cuatro cámaras monitorearon el paso de especies nocturnas en busca de respuestas. Lo que captaron sorprendió a los especialistas.

Los animales que usan los puentes del dosel amazónico

Entre las imágenes más llamativas aparecieron varios ejemplares del coendú enano o puercoespín enano rayado (Coendou ichillus), un mamífero descrito recién en 2001 y del cual se conocen pocos avistamientos en estado silvestre. Las fotos muestran al pequeño roedor trepando con habilidad las vigas del puente en plena noche, confirmando su comportamiento arborícola y esquivo.

Pero no fue el único visitante. Las cámaras también registraron a un perezoso de dos dedos (Choloepus didactylus), especie que resultó ser la más frecuente en los cruces. Según el estudio, estos animales usaron exclusivamente las cuerdas del puente para trasladarse, revelando la importancia de estas estructuras para su desplazamiento seguro.

A la lista se suman otros roedores espinosos como el puercoespín de cola larga (Coendou longicaudatus) y el puercoespín bicolor (Coendou bicolor). Algunos de estos incluso fueron captados mordisqueando las vigas de madera, una conducta típica de la especie. También aparecieron en los registros un mono saki, un ratón espinoso neotropical y dos zarigüeyas lanudas de orejas marrones, lo que confirma la diversidad de animales que aprovechan los puentes artificiales.

En total, los investigadores contabilizaron 35 observaciones independientes de siete especies de mamíferos, lo que evidencia que la instalación de pasarelas suspendidas en el dosel no solo conecta diferentes áreas del bosque, sino que se convierte en un corredor activo para especies de hábitos nocturnos y arborícolas.

El Amazon Conservatory for Tropical Studies, ubicado a unos 670 kilómetros de Lima, alberga uno de los sistemas de puentes de dosel más largos de América, con plataformas y pasarelas que atraviesan varios niveles de la selva. Gracias a esta red elevada, los científicos pudieron confirmar que la fauna amazónica no duda en aprovechar la infraestructura humana para continuar con sus desplazamientos naturales bajo el manto verde de la selva.

Puentes de dosel en Madre de Dios: la estrategia que conecta a los animales en medio de la tala

En la región de Madre de Dios, considerada uno de los últimos bastiones de bosques intactos en el país, también se han instalado cerca de 20 corredores aéreos que permiten a los animales desplazarse por encima de trochas y carreteras madereras. Estas estructuras, hechas con cuerdas trenzadas, tubos de PVC y mallas, alcanzan alturas superiores a los diez metros y simulan las lianas y ramas naturales del dosel amazónico. Gracias a este sistema, especies como monos aulladores, tamarinos, kinkajús y puercoespines enanos recuperan la conectividad perdida por la fragmentación del bosque.

La iniciativa es impulsada por WWF Perú junto con la concesión forestal Madaracre, que maneja de forma sostenible más de 202.000 hectáreas de selva con certificación internacional. Aunque la empresa extrae solo entre uno y tres árboles por hectárea cada 20 años, la apertura de vías interrumpe el hábitat de los animales arborícolas. Para mitigar este impacto, los puentes se han convertido en pasos seguros y de bajo costo: cada estructura tiene un precio aproximado de 200 dólares, una inversión muy inferior a la de los pasos elevados o subterráneos convencionales para fauna silvestre.

El monitoreo con cámaras trampa ha revelado detalles inéditos sobre el comportamiento de las especies en estos cruces. Los kinkajús prefieren las estructuras en forma de “X”, los monos buscan mallas adicionales para tener mayor estabilidad, y los puercoespines enanos son los más audaces, siendo los primeros en utilizar las sogas sin vacilar. Con estos resultados, el proyecto liderado por la especialista Vania Tejeda busca generar evidencia para que otras concesiones forestales y proyectos de conservación repliquen el modelo en zonas críticas, fortaleciendo así la resiliencia del ecosistema amazónico frente a la presión de la tala ilegal y la pérdida de bosques.

El Ministerio del Ambiente de Perú anunció la obtención de 30 millones de dólares de cooperación internacional para implementar estrategias de conservación de la biodiversidad amazónica en respuesta al cambio climático.

La confirmación se realizó durante la Semana del Clima en Nueva York, donde el ministro Juan Carlos Castro Vargas presentó el portafolio ambiental peruano como parte del fortalecimiento de la posición del país frente a los desafíos globales.

Castro Vargas afirmó que el acceso a este financiamiento internacional ratifica el liderazgo de Perú en el escenario climático mundial y permite el desarrollo de políticas públicas basadas en ciencia e inclusión. “Nuestra participación fue fructífera, con resultados auspiciosos para el país. Y hemos consolidado el liderazgo de Perú en el escenario global en materia ambiental”, declaró.

Esta visión sostiene el compromiso nacional para proteger los ecosistemas más frágiles y estratégicos, involucrando a actores clave y midiendo resultados en reducción de emisiones y restauración de bosques.

Alianza indígena para proteger los bosques

El financiamiento ha facilitado la creación de alianzas entre el Estado peruano y organizaciones indígenas amazónicas. Se firmaron convenios que aseguran la protección de 400.000 hectáreas de bosques comunales y se presentó el primer programa REDD+ Indígena Jurisdiccional. Este programa fue desarrollado junto a líderes de AIDESEP, CONAP y ANECAP, agrupados en el Grupo Perú de Pueblos Indígenas (GPPI).

El esquema promueve la participación activa de las comunidades nativas como socias estratégicas en la gestión sostenible de los bosques y la defensa de los derechos colectivos. “Sin los pueblos indígenas no hay bosques, y sin bosques no hay futuro”, sostuvo Castro Vargas al presentar el modelo.

El REDD+ Indígena Jurisdiccional abarcará regiones críticas como Loreto, Ucayali y Amazonas, que suman la mayor presión deforestadora. Entre 2001 y 2023, según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, Perú perdió más de tres millones de hectáreas de bosques amazónicos, de las cuales el 19% corresponde a territorios indígenas.

Las compensaciones ambientales

El modelo de cogobernanza incluye compensaciones económicas a comunidades indígenas por servicios ambientales y captura de carbono, articulando el bienestar local con la preservación de recursos naturales. “Necesitamos compromisos financieros reales para que nuestros acuerdos no se queden en palabras, sino que cambien vidas”, remarcó Castro Vargas, resaltando la importancia de la cooperación internacional.

Además del esquema REDD+, Perú fue distinguido como “País Campeón” en la Iniciativa Global de Turberas, recibiendo un fondo inicial de 2 millones de dólares para conservar 5,5 millones de hectáreas de estos ecosistemas, claves para la mitigación de gases de efecto invernadero.

En el ámbito regulatorio, se lanzó el Registro Nacional de Medidas de Mitigación (Renami), el primero en América Latina, que agrupa 150 acciones oficiales para reducir emisiones. Este sistema facilita la transparencia y el acceso a mercados de carbono e inversiones climáticas, impulsando la titulación de tierras, el manejo forestal sostenible y la gobernanza indígena.

“El objetivo es construir un país más verde y justo para las futuras generaciones”, expresó Castro Vargas, subrayando que estas políticas se alinean con el Acuerdo de París y la meta global 30x30.

Amenazas de deforestación

La importancia de estos avances se evidencia ante las amenazas continuas de deforestación en la Amazonía peruana. Según la FAO, los bosques almacenan más de 2.600 millones de toneladas de CO₂ al año, lo que posiciona a la Amazonía como una pieza central en la lucha global contra el cambio climático. Sin embargo, el impacto de las perturbaciones climáticas se ha hecho más evidente en casos recientes, como el estudiado en el aguajal de Quistococha, cerca de Iquitos.

En un informe del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) se detectó que este ecosistema, considerado un sumidero natural por su capacidad de almacenar carbono, ha perdido esa función debido a una sequía extrema y niveles inéditos de radiación solar en 2022

El Gobierno peruano, a través del Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (Corah) del Ministerio del Interior (Mininter), ha erradicado en lo que va del año un total de 27.309,27 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca en los ejes operacionales de Ucayali, San Martín, Huánuco y Loreto.

Esta cifra representa un avance del ochenta por ciento de la meta anual y se desarrolla como parte del esfuerzo nacional para frenar el ciclo de producción ilegítima y reducir el espacio cocalero.

Destrucción de cultivos y laboratorios

Los trabajos de intervención comprendieron la eliminación de plantaciones en 8.626 parcelas, así como la destrucción de 1.265 metros cuadrados de camas de almácigos.

Esta acción coordinada permitió impedir la producción potencial de hasta 250,18 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína en los mencionados ejes operativos de la Amazonía.

Según la R.M. n.° 1122-2025-IN, que introduce la Modificación del Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero Ilegal, se proyecta cerrar el año con más de treinta y cuatro mil hectáreas erradicadas, promoviendo la sostenibilidad ambiental y social del territorio nacional.

El operativo además incluyó la ubicación y destrucción de tres laboratorios rústicos clandestinos utilizados en la elaboración de derivados de coca. Estas intervenciones fueron ejecutadas en colaboración con agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes desplegaron esfuerzos para detectar y neutralizar puntos críticos de procesamiento ilícito.

Estrategia integral

El ministro del Interior, Carlos Malaver Odias, señaló que estas acciones responden a una estrategia integral dirigida a combatir de manera frontal al tráfico ilícito de drogas y las organizaciones criminales asociadas.

El respaldo policial y la coordinación interinstitucional refuerzan la capacidad estatal para afrontar el desafío del narcotráfico en el país, mientras el avance de la erradicación impacta directamente en la estructura de las economías ilegales.

La continuidad de la erradicación y el fortalecimiento de operativos intersectoriales forman parte del compromiso nacional por salvaguardar la sostenibilidad ambiental y social en regiones afectadas históricamente por el cultivo ilícito de coca.

Marihuana

En una operación coordinada y ejecutada en el distrito de Pinra, provincia de Huacaybamba, Huánuco, la PNP decomisó un total de 220 kilogramos de marihuana.

El hallazgo de la droga se produjo luego de una operación táctica impulsada por efectivos de la Dirandro de la PNP.

A través de la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas Huallaga y el Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas Tingo María, los uniformados localizaron diez sacos de polietileno llenos de cannabis sativa, planta conocida popularmente como marihuana.

Del total, 176 kilos fueron destruidos en el mismo lugar del hallazgo, mientras que 44 kilos fueron trasladados a dependencias policiales para las diligencias correspondientes.

El valor estimado de la sustancia ilícita incautada asciende a 88.000 soles, equivalentes a más de USD 25.000, impacto que afecta el flujo de recursos de las redes criminales.

Las acciones policiales incluyeron, además, la destrucción de ocho de los sacos incautados, lo cual representa una medida inmediata para evitar la reintroducción de la droga en circuitos ilegales.

El Gobierno Regional de Loreto está impulsando la construcción de la carretera Yurimaguas – Balsapuerto – Moyobamba, un proyecto que conectaría por vía terrestre las regiones de Loreto y San Martín, actualmente comunicadas únicamente por vía fluvial. Sin embargo, esta ruta atravesaría las tierras ancestrales de la Nación Shawi, un pueblo indígena originario que reclama que primero se asegure la titularidad de sus comunidades antes de cualquier intervención en su tierra. Según el Ministerio de Cultura, el primer registro de la presencia de los shawis en la zona en litigio data de 1538, cuando el conquistador español Alonso de Mercadillo atravesó su territorio.

La Nación Shawi advierte que la apertura de la vía podría provocar una invasión de colonos migrantes, el avance de actividades ilegales y el tráfico de tierras, afectando la conservación de sus bosques y la vida de sus comunidades. Hasta el momento, solo 160 de las 674 comunidades shawi han sido tituladas, mientras que el territorio total comprende más de 1 millón de hectáreas entre Loreto y San Martín, según reporta Mongabay Latam. En un pronunciamiento publicado el 8 de septiembre, la organización indígena aseguró que la carretera “impulsará la invasión en oleadas de colonos migrantes y de economías ilegales hacia nuestro territorio ancestral”.

Conflictos por la carretera y titularidad de tierras

El proyecto contempla la construcción de 54 kilómetros de vía, equivalentes a 5.400 hectáreas del territorio shawi. El vicepresidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Shawi (GTAN Shawi), Clauber Tangoa Huayunga, declaró a Mongabay Latam: “A través de los siglos hemos cuidado nuestro territorio. Para Nación Shawi no es viable la carretera si previamente no se asegura la titularidad de las comunidades”.

Los gobiernos regionales de Loreto y San Martín firmaron en septiembre de 2024 un convenio para impulsar estudios técnicos de la ruta. Posteriormente, el 25 de marzo de 2025, el Gobierno Regional de Loreto entregó el visto bueno al Consorcio Convial Moyobamba para la elaboración del perfil del proyecto “Creación de los servicios de transitabilidad vial interrumpida en la ruta: Moyobamba – Balsapuerto” por un valor de 2.320.000 soles (666.436 dólares). El documento técnico determinará la viabilidad técnica y económica del proyecto y debe ser entregado al Gobierno Regional de Loreto en octubre de este año.

Durante la socialización del proyecto, funcionarios se reunieron con colonos y con grupos indígenas que no representan al GTAN Shawi, lo que generó rechazo por parte del liderazgo shawi. “Rechazamos su intención de construir la carretera sin el consentimiento de nuestras comunidades tituladas y no tituladas”, afirmó Tangoa.

Riesgos ambientales y sociales

Expertos advierten que abrir una carretera en un bosque intacto genera impactos significativos. Guisela Loayza, asesora legal de la Asociación Cuencas Sagradas, señaló a Mongabay Latam que la vía promoverá la migración masiva de personas, invasión de tierras y deforestación, además de afectar cabeceras de cuencas y fuentes de agua. Actualmente, el territorio shawi se mantiene conservado en un 60 %, pero el cambio de uso de suelo para producción agrícola a través del alquiler de tierras está creciendo, poniendo en riesgo los ecosistemas locales.

La bióloga Cristina López, de DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales), explicó que los bosques de arena blanca y montano de la zona no son aptos para agricultura intensiva. Sin embargo, se están alquilando hectáreas a agricultores por tres años, con un uso creciente de químicos, lo que deteriora el terreno. Parte del territorio shawi se encuentra en la cuenca cocalera Bajo Huallaga, que alcanzó 1.441 hectáreas de cultivos ilícitos en 2024, según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). “Sin la carretera ya tenemos invasores que siembran coca; la vía solo aumentará la migración y la deforestación”, advirtió Tangoa.

Además, el Ingemmet otorgó once concesiones mineras en Balsapuerto que se superponen a varias comunidades shawi, como Puerto Libre, Nueva Luz y San Lorenzo. El vicepresidente del GTAN Shawi cuestionó que la carretera busque realmente conectar a las comunidades con Yurimaguas o Moyobamba, sosteniendo que beneficiaría más a la extracción minera que al transporte local.

Para la Nación Shawi, garantizar la seguridad jurídica de sus comunidades es prioritario antes que cualquier proyecto de infraestructura. “No nos oponemos a la construcción de la vía, pero pedimos que se realice adecuadamente protegiendo nuestra estructura indígena”, indicó Clauber Tangoa. Los líderes indígenas sostienen que la carretera debe planificarse respetando sus derechos ancestrales, su cultura y la preservación de sus bosques, que han cuidado durante más de 500 años, según registros del Ministerio de Cultura.

Cinco dirigentes del Pueblo Kakataibo recibieron en los últimos días mensajes de texto con amenazas de muerte en sus celulares, enviados por narcotraficantes que operan en la zona. “Caerán uno a uno” y “derramarán sangre por denunciar nuestro trabajo”, advierten las comunicaciones, en represalia por las denuncias contra cultivos ilegales de coca y pistas clandestinas dentro de sus comunidades y en la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur.

La denuncia fue realizada por la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (FENACOKA), con respaldo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU).

Las federaciones exigieron la activación inmediata del Mecanismo de Protección de Defensores del Ministerio de Justicia, la intervención de la Policía Nacional en las investigaciones y la titulación definitiva de comunidades como Unipacuyacu, que lleva casi tres décadas esperando seguridad jurídica sobre su territorio.

Cadena de asesinatos

Las amenazas se producen en un contexto de violencia sostenida. Desde 2020, seis líderes Kakataibo han sido asesinados por defender sus tierras, entre ellos Arbildo Meléndez, impulsor de la titulación de Unipacuyacu y primer defensor ambiental asesinado durante la pandemia.

Ante el riesgo permanente, la Guardia Indígena Kakataibo ha intensificado sus patrullajes terrestres y sobrevuelos de reconocimiento en la Reserva, pese al peligro que enfrentan las familias de las comunidades. En su pronunciamiento, las organizaciones indígenas aseguraron: “No nos callarán. Defenderemos nuestros territorios. Nuestras guardias Kakataibo, Shipibo y Asháninka están en alerta máxima y movilizadas”.

Deforestación y concesiones en la Reserva Kakataibo

La Reserva Kakataibo Norte y Sur, reconocida oficialmente en 2021, es considerada una de las zonas más críticas de la Amazonía peruana. En apenas tres años ha perdido 6 723 hectáreas de bosques, principalmente por cultivos de coca, tala ilegal y minería.

Una investigación de Mongabay Latam identificó que el 19,3% de las 275 203 hectáreas de comunidades, ampliaciones y la Reserva Kakataibo Sur ya está deforestado. Además, pese a su carácter intangible, el Estado aprobó cuatro concesiones mineras dentro de la Reserva y en territorios de la comunidad de Unipacuyacu entre 2023 y 2024, sumando más de 2 000 hectáreas. Solo en Unipacuyacu, aún sin título, se superponen pedidos de concesiones mineras por 500 hectáreas.

“Nos han despojado de nuestra propia tierra. Hay caminos que ya no podemos transitar porque están controlados por hombres armados”, denunció un comunero Kakataibo, recordando que la titulación de Unipacuyacu está encarpetada en el Gobierno Regional de Huánuco desde hace casi 30 años.

Epicentro de violencia y narcotráfico

Ucayali, junto a Loreto y Huánuco, se ha convertido en uno de los epicentros más peligrosos para defensores indígenas. Según un informe de ORAU y ProPurús, actualmente 226 defensores amazónicos viven bajo amenaza en la región, siendo los pueblos Shipibo-Konibo, Asháninka, Kakataibo, Yine y Awajún los más afectados.

La expansión del narcotráfico, la tala ilegal, el tráfico de tierras y las concesiones extractivas se suman a una legislación permisiva, como la llamada “ley anti-Forestal” (Ley 31973), que facilita la entrega de tierras sin respetar la clasificación de suelos. Esto agrava la violencia contra comunidades que luchan por la titulación de sus territorios y la defensa de la Amazonía.

¿Cuáles son las exigencias urgentes al Estado?

Las organizaciones indígenas advirtieron que las amenazas solo cesarán cuando el Estado asegure titulación definitiva para comunidades como Unipacuyacu, garantice presencia efectiva en el territorio y brinde protección real a los defensores.

Entre las medidas demandadas destacan:

• Activación operativa del Mecanismo de Protección de Defensores del Ministerio de Justicia.
• Garantías personales inmediatas otorgadas por las prefecturas.
• Investigaciones policiales efectivas sobre amenazas y asesinatos desde 2020.
• Resolución de los conflictos territoriales en Huánuco mediante diálogo y seguridad jurídica.

“El silencio del Estado favorece la expansión de las economías ilegales y pone en riesgo la vida de quienes defendemos la Amazonía”, advierte el pronunciamiento firmado por FENACOKA, AIDESEP y ORAU.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a 9 organizaciones regionales, 109 federaciones y 2.439 comunidades nativas, emitió un pronunciamiento en el que denuncia la constante vulneración de los derechos humanos y la amenaza de destrucción de la Amazonía por medidas impulsadas tanto desde el Congreso como desde el Ejecutivo.

“Vemos con preocupación e indignación que los grupos de poder están atentando contra nuestro derecho a la vida y nuestra propia existencia”, señala el comunicado difundido por la organización indígena.

Críticas a leyes que favorecen actividades extractivas

Aidesep alertó que la Comisión Agraria del Congreso impulsa un nuevo proyecto de “Ley Antiforestal” que permitiría titular predios supuestamente deforestados sin estudios ni autorización de cambio de uso de suelo, favoreciendo a grupos ligados a la palma aceitera y generando invasiones en territorios indígenas.

De igual forma, rechazó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), que —según denuncian— buscan “legalizar actividades mineras ilegales y legales en territorios ancestrales y áreas sensibles”.

Reserva indígena en riesgo

La organización también condenó que el Ejecutivo, a través de la Comisión Multisectorial PIACI, haya rechazado la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim en Loreto, pese a más de 20 años de lucha y evidencias que demuestran la existencia de pueblos en aislamiento y contacto inicial.

Denunció también el proyecto de ley 12215/2025-CR que busca recortar o desaparecer reservas indígenas, lo que representa, según la organización, “una amenaza directa y un grave peligro para la vida de los PIACI”.

Rechazo a la ley de amnistía

Aidesep condenó la aprobación de la Ley de Amnistía (Ley N.º 32419), que exonera de responsabilidad penal a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000.

“Esta norma constituye un grave retroceso en materia de justicia y verdad, y representa una nueva muestra de impunidad de espaldas a las familias de las víctimas”, señala el documento.

Asimismo, la organización rechazó la pretensión de retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, calificándola como “un atentado contra la democracia y una amenaza directa a la protección de los derechos fundamentales de todos los peruanos”.

Riesgo para defensores indígenas

Aidesep alertó que la aprobación de estas normas “antiderechos” aumentará las amenazas, hostigamientos, criminalización y asesinatos contra defensores de territorios frente a economías ilegales como el narcotráfico, la tala y la minería ilegal.

“Responsabilizamos a funcionarios y congresistas de las graves consecuencias que generan dichas políticas y normas que vienen violando nuestros derechos”, se lee en el documento.

Anuncian movilización

La organización indígena anunció, además, que los pueblos de la Amazonía han decidido movilizarse pacíficamente contra lo que califican como un “gobierno opresor, discriminador y genocida que favorece a organizaciones criminales y economías ilegales”.

“¡Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida, la Amazonía y los derechos colectivos de los pueblos indígenas! ¡No permitiremos más retrocesos ni violaciones a nuestros derechos fundamentales!”, concluye el pronunciamiento difundido en redes sociales.

El Bajo Putumayo, en la región Loreto, enfrenta una emergencia silenciosa: la presencia de altos niveles de mercurio en su población, consecuencia de la expansión de la minería ilegal de oro en la Amazonía.

Un reciente estudio realizado por el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), en alianza con la Sociedad Zoológica de Frankfurt, encontró que el 83% de los habitantes evaluados —es decir, más de ocho de cada diez personas— superan los límites de seguridad establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El mercurio en la dieta amazónica

La investigación analizó personas, peces y sedimentos en tres comunidades del Bajo Putumayo, y reveló que el 32% de los peces examinados contenían niveles de mercurio superiores a lo recomendado por la OMS. En contraste, en otras cuencas como Nanay y Pintuyacu los valores fueron de 14%, y en los mercados apenas del 5%.

“La vía de exposición a mercurio para poblaciones humanas es consumo de pescado, porque el mercurio se transforma en su forma más tóxica en el agua y entra a la cadena alimenticia. Las poblaciones amazónicas, en general, consumen mucho pescado”, señaló Claudia Vega, coordinadora del programa Mercurio de CINCIA en declaraciones a RPP.

Riesgos para la salud

El mercurio está catalogado por la OMS como una de las diez sustancias de mayor preocupación para la salud pública. Sus efectos pueden ser devastadores en mujeres embarazadas y niños.

“El mercurio se le llama la intoxicación silenciosa, porque tarda bastante tiempo en mostrar los síntomas, y las poblaciones más vulnerables son los niños, porque el mercurio puede atravesar, cuando la mujer está embarazada, puede atravesar la placenta y llega al cerebro del feto”, advirtió Vega.

Los síntomas de intoxicación por mercurio van desde problemas de aprendizaje y del habla hasta deformidades físicas y daños irreversibles en el desarrollo neurológico.

Expansión minera y riesgos mayores

Aunque la minería ilegal en el Bajo Putumayo es aún incipiente, la especialista comparó los resultados actuales con la experiencia de Madre de Dios:

“Los datos, 15 años de evidencia, es que cuando entra la minería ilegal, por ejemplo, las concentraciones de mercurio en los peces aumentan de tres a cinco veces. Entonces, si lo llevamos a Loreto, dejamos que la minería ilegal entre de la forma que ha entrado a Madre de Dios, vamos a aumentar los niveles que ya son altos en la población de Loreto, lo vamos a aumentar a tres a cinco veces, y esos son niveles (…) son casos Minamata, que es una población en Japón que por intoxicación de mercurio murieron miles”.

Crimen organizado y dragas en el Putumayo

El aumento del precio del oro ha incentivado la minería ilegal en diversas zonas de la Amazonía. Vega precisó que “la principal actividad humana de emisión de mercurio en el planeta es la minería artesanal. ¿Por qué? Porque se utiliza, claro, para la extracción de oro”.

Se ha reportado además el ingreso de mercurio al Perú a través de redes criminales transnacionales, incluyendo organizaciones mexicanas que transportan el insumo hasta estas zonas fronterizas.

“Sí se ve presencia de dragas, no está disminuyendo, de hecho está aumentando”, señaló Vega, confirmando que la actividad minera en el Putumayo está en expansión.

Recomendaciones para la población

El estudio incluye recomendaciones para reducir riesgos inmediatos. Una de ellas es orientar a las comunidades a identificar los peces más seguros de consumir.

“No es dejar de comer pescado, sino que comer el pescado más seguro. El pescado predador o carnívoro son los que tienen los niveles más altos, eso es naturalmente, y cuando viene la minería todavía se amplifica”, explicó Vega.

Como ejemplo, detalló: “Yo hago una recomendación sencilla que le digo a las pobladoras: cuando tiene dientitos son carnívoros, porque para algo sirven los dientes; y cuando los que no tienen dientitos y tienen como más la forma de la boca es diferente”.

El rol del Estado

Más allá de las acciones individuales, Vega enfatizó que el problema requiere intervención de las autoridades: “La idea es ocupar la información para tomar decisiones y ahí tenemos dos niveles de recomendaciones: uno a nivel individual, lo que escogemos para comer, y otro tenemos que evitar que la minería siga expandiendo”.

El CINCIA entregó los resultados del estudio a la Autoridad Regional de Salud (Geresa), al Gobierno Regional de Loreto, al Ministerio de la Producción (Produce) y a la Marina de Guerra, con el objetivo de que se tomen medidas coordinadas.

“Si dejamos que la minería entre, estamos negligenciando la salud de la población”, concluyó Vega.

El mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, ha irrumpido en zonas rurales de la Amazonía donde nunca antes se había registrado su presencia. La investigación, publicada en la revista Plos Neglected Tropical Diseases, lo documentó en 29 de 30 localidades evaluadas, un hallazgo que pone bajo riesgo a comunidades que enfrentan serias limitaciones sanitarias y que, en algunos casos, deben viajar hasta 18 horas por río para llegar a un puesto de salud.

Los muestreos se realizaron en áreas cercanas a Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa, tres ciudades amazónicas unidas por el tráfico fluvial y rodeadas de cientos de comunidades ribereñas, incluidas algunas de pueblos originarios. Allí se confirmó que el mosquito no solo está presente en viviendas pegadas a los puertos: también ha logrado desplazarse hasta 266 kilómetros de distancia.

El hallazgo revela que, aunque el Aedes es considerado un mal volador, aprovecha las embarcaciones como vehículo de dispersión, para luego colonizar las casas desde los depósitos de agua. Lo peor de todo es que esta expansión de su territorio también podría ser influenciada por el inexorable avance del cambio climático.

Cómo el Aedes aegypti aprovecha el tráfico fluvial para expandirse

Los registros de los científicos muestran un patrón de propagación radial: el mosquito primero se asienta en viviendas colindantes a los puertos fluviales y, con el paso de los días, avanza hacia los pueblos más apartados. En uno de los 30 sitios muestreados se encontraron no solo adultos, sino también larvas y huevos, evidencia de un proceso de invasión en marcha.

“Nuestro estudio sugiere que las nuevas invasiones ocurren principalmente cuando las hembras adultas vuelan desde los barcos para poner huevos en las casas más cercanas y luego se desplazan tierra adentro con el tiempo, de casa en casa”, señaló al medio especializado SciDev.net Kara Fikrig, investigadora de la Universidad de Cornell.

La bióloga Palmira Ventosilla, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, destacó que el Aedes “es un vector con una capacidad increíble de invadir nuevas zonas” y que el almacenamiento de agua en recipientes caseros facilita su instalación. Cada hembra puede poner 100 huevos, de los cuales entre 80 y 90% llegan a desarrollarse. “En cinco días se puede tener esa cantidad de Aedes entre hembras y machos”, advirtió.

Además, el mosquito tiene otra carta peligrosa: la transmisión transovárica. En zonas con cambios climáticos marcados, los huevos infectados pueden permanecer inactivos durante el frío y eclosionar en verano, dando lugar a mosquitos adultos que ya nacen infectados y con capacidad de transmitir virus desde su primera picadura.

Impacto en comunidades nativas y nuevos riesgos en altura

El coautor del estudio, el biólogo Arnold Noriega, describió a SciDev lo que implica la expansión de este vector en pueblos amazónicos: “Muchos lugares donde trabajamos solo cuentan con un puesto de salud básico y con solo un técnico, carecen de medicamentos y no pueden diagnosticar o manejar enfermedades graves como el dengue hemorrágico. Otros no tienen puestos de salud, lo que a veces implica hasta 18 horas de viaje para llegar a un puesto donde haya un médico, o incluso días para llegar a un hospital”.

Noriega confirmó la detección de Aedes en comunidades del pueblo originario kukama, donde, tras el aviso de los investigadores, llegaron por primera vez brigadas de salud a realizar vigilancia entomológica.

El Ministerio de Salud también reconoció que la presencia del mosquito no se limita a la selva. Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Perú), se han identificado focos de infestación incluso en los Andes, a 2.700 metros sobre el nivel del mar, cuando hasta hace unos años se consideraba que el Aedes no sobrevivía más allá de los 2.000 metros.

El director del CDC, César Munayco Escate, atribuyó este avance a la combinación del cambio climático y a la precariedad en el acceso al agua. Cifras del INEI indican que el 73% de la población nacional no recibe agua potable las 24 horas o la recibe con bajo nivel de cloro residual, lo que obliga a almacenar el líquido en baldes, tanques y bidones, el escenario perfecto para que el mosquito se multiplique.

En la selva alta, además, se han detectado mosquitos Aedes junto con especies de los géneros Haemagogus y Sabethes, que pueden transmitir fiebre amarilla y virus Mayaro. Ante ese riesgo, el CDC anunció que en octubre implementará una red de informantes comunitarios, formada por apus, profesores y líderes locales, para reportar de manera temprana posibles brotes y permitir una respuesta rápida en zonas de difícil acceso.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Plataforma PIACI expresaron su rechazo categórico al Proyecto de Ley 12215/2025-CR, presentado el 26 de agosto por el congresista loretano Juan Carlos Mori Celis (Acción Popular).

Según las organizaciones, esta iniciativa “promueve el genocidio” de los pueblos en aislamiento y contacto inicial al plantear modificaciones que permitirían al Congreso y a una “comisión especial revisora” anular o extinguir las reservas indígenas existentes, impedir la creación de nuevas y desconocer el reconocimiento oficial de los PIACI, señalaron en un pronunciamiento.

El proyecto, ya derivado a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), fue solicitado por el propio Mori para ser revisado también por la Comisión de Fiscalización, instancia sin competencia en la materia, lo que las organizaciones consideran una “maniobra política” destinada a debilitar la protección de los PIACI.

El trasfondo del “nuevo proyecto de genocidio”

Para AIDESEP y la Plataforma PIACI —conformada por ORAU, ORPIO, FENAMAD, COMARU, ARPI-SC y CORPIAA—, este proyecto representa un retroceso aún más grave que el impulsado en 2022 por el congresista Jorge Morante (PL N.º 3518/2022-CR), archivado tras el rechazo de las organizaciones indígenas.

El texto de la nueva iniciativa propone que el Poder Ejecutivo envíe cada seis meses al Congreso un informe de evaluación de todas las reservas indígenas, abriendo la posibilidad de “modificar o levantar las categorías existentes” según supuestos impactos en el desarrollo regional y nacional. En la práctica, ello significaría que, dos veces al año, los PIACI podrían perder el escaso marco de protección que garantiza su supervivencia.

Además, plantea que los procesos de categorización de pueblos aislados sean reevaluados cada dos años y sometidos obligatoriamente al pronunciamiento del Congreso, debilitando las competencias técnicas y científicas del Ministerio de Cultura y de los órganos especializados.

Una comisión especial para debilitar las reservas

El proyecto incluye también la creación de una “Comisión Especial Multisectorial Revisora”, encargada de proponer modificaciones y emitir opiniones sobre los procesos de categorización. Sin embargo, AIDESEP alerta que su composición excluye a las organizaciones indígenas representativas y, en cambio, prioriza la participación de sectores como Energía y Minas, Interior y Defensa, lo que evidencia intereses extractivos sobre los territorios.

“Esta comisión ha sido diseñada para conseguir los votos necesarios y poder anular todas las reservas PIACI”, señalaron en un comunicado.

Riesgos legales y de derechos humanos

Las organizaciones advierten que el Proyecto de Ley 12215/2025-CR contraviene no solo la Constitución peruana, sino también tratados internacionales vinculantes como la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, ratificada por el Perú. En su opinión, la iniciativa podría constituir instigación pública y tentativa de genocidio, delitos sancionados a nivel internacional.

“Recordamos al Congreso y al Estado peruano que su principal obligación constitucional es defender la vida y dignidad humana, en especial la de los pueblos más vulnerables del mundo: los PIACI”, advirtió AIDESEP.

En ese sentido, las organizaciones indígenas hicieron un llamado urgente a la sociedad civil, a las iglesias, a los medios de comunicación, a las instancias de derechos humanos y al público en general a mantenerse vigilantes y movilizados frente a este proyecto de ley.

“El Proyecto de Ley 12215/2025-CR representa una continuidad del genocidio iniciado en la época del caucho. Solo busca abrir camino a la explotación económica de los territorios indígenas a costa de la vida de nuestros pueblos”, advirtieron.

La decisión del gobierno peruano de rechazar la creación de la reserva indígena Yavari Mirim ha generado repercusiones más allá de sus fronteras. El prestigioso diario británico The Guardian publicó un extenso reportaje en el que se acusa al país de violar derechos humanos y poner en peligro a algunos de los pueblos en aislamiento más vulnerables del planeta.

El medio internacional destacó que, tras 20 años de debate, una comisión oficial del Estado votó en contra de proteger 1,2 millones de hectáreas de selva amazónica, ubicadas en la frontera con Brasil. Según la publicación, esta negativa abre la puerta a concesiones de petróleo, gas y tala de madera, lo que aumenta el riesgo de desaparición de comunidades que han decidido vivir sin contacto con el mundo exterior.

La votación que frenó la reserva Yavari Mirim y las pruebas sobre pueblos aislados

El reportaje de The Guardian detalla que la sesión terminó con ocho votos en contra, cinco a favor y tres ausencias clave, entre ellas las de los ministerios de Educación, Ambiente y Salud, instituciones que en otras oportunidades habían apoyado reservas indígenas. Esta ausencia fue determinante y dejó sin respaldo la propuesta de Yavari Mirim.

El proyecto llevaba dos décadas de discusión y contaba con abundante respaldo técnico. Un estudio publicado en 2024 documentó 113 evidencias de presencia humana en la selva, como casas comunales, huertos, cerámicas, flechas y caminos abiertos. A ello se sumaron sobrevuelos que identificaron 25 claros en medio del bosque, lo que confirmaba el asentamiento de pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Pese a ello, autoridades regionales y políticos locales han insistido en negar su existencia. El congresista Juan Carlos Mori, de Loreto, declaró este año que los “no contactados” son un invento de los ministerios de Cultura y Ambiente. Frente a ello, líderes indígenas como Leo Chuma Tecca, del pueblo Matsés, han mostrado fotografías y testimonios recientes de huellas y sonidos en la selva, que —aseguran— prueban que las comunidades están allí.

La organización Orpio, que representa a pueblos de la Amazonía oriental, denunció que la decisión desconoce obligaciones internacionales y deja expuestos a los PIACI (Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial). “La obligación del Estado es proteger la vida de los PIACI. La evidencia es abrumadora y no se puede ignorar”, señaló su dirigente Pablo Chota.

Reacciones internacionales y advertencias sobre riesgos para la Amazonía

La repercusión del rechazo ha sido inmediata en países vecinos. En Brasil, el Valle del Javari —un territorio de 8,5 millones de hectáreas donde se ha reconocido la existencia de al menos nueve pueblos aislados— mira con preocupación lo ocurrido en el lado peruano. El líder indígena Bushe Matis advirtió que, sin una reserva en Yavari Mirim, la zona queda “muy vulnerable a la extracción de recursos, a la tala ilegal y al ingreso de empresas de hidrocarburos”.

En el plano académico, la antropóloga Beatriz Huertas recordó que han pasado dos décadas desde la solicitud formal de la reserva y que, al no aprobarla, el país incumple normas nacionales e internacionales que protegen la vida de pueblos aislados. Según explicó, un contacto forzado puede derivar en enfermedades graves y enfrentamientos violentos.

La publicación de The Guardian también recogió la opinión de Mariano Castro, exviceministro de Ambiente, quien afirmó que la decisión contradice los compromisos asumidos en la última cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). A su vez, el abogado ambientalista Pedro Solano señaló que las decisiones en torno a las reservas se han visto cada vez más influenciadas por intereses económicos y no por criterios de interés público.

Actualmente existen ocho áreas aprobadas para pueblos en aislamiento que abarcan 46.000 km², mientras que cinco proyectos de reserva, incluido Yavari Mirim, siguen en espera. En paralelo, el congresista Mori ha presentado un proyecto de ley que busca modificar la composición de la comisión encargada, dándole mayor peso a representantes con intereses económicos y más poder de decisión al Congreso.

La publicación del diario británico ha colocado nuevamente en el debate internacional la situación de los pueblos en aislamiento del Amazonas peruano y los riesgos que enfrentan ante la expansión de las industrias extractivas y la ausencia de protección territorial.

El río Yuyapichis, en Huánuco, se transformó en un símbolo de la devastación provocada por la minería ilegal en la Amazonía peruana. Lo que antes fue una fuente de vida y biodiversidad, hoy es descrito por sus habitantes como un “caldo de barro con olor fétido”. Las retroexcavadoras, el petróleo y los desechos químicos dejaron el cauce prácticamente muerto, en una crisis que evidencia la incapacidad del Estado frente a la expansión de esta actividad ilícita, según una investigación de OjoPúblico.

Hasta hace poco, el Yuyapichis era refugio de peces, aves y plantas que nutrían a las comunidades locales. Hoy, sus aguas turbias y malolientes son la prueba palpable del impacto de la minería ilegal, que desde 2023 sustituyó las dragas por maquinaria pesada.

“Es un desastre total. No creo que quede nada de vida. Es como un caldo de barro y nada más. Huele feo por el petróleo y los desechos que quedan de las máquinas”, dijo a OjoPúblico una fuente local que pidió mantener su identidad en reserva por seguridad.

El desastre se expande incluso sobre zonas de conservación. El Área de Conservación Privada (ACP) Panguana, creada por Juliane Köpcke —la única sobreviviente del accidente aéreo de 1971 en Huánuco—, hoy enfrenta la amenaza directa de la minería, pese a estar dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira.

Huánuco: concesiones mineras en zonas prohibidas

Huánuco enfrenta un grave dilema. Según el medio, registra 355 petitorios mineros en trámite ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). De ese total, 241 ya cuentan con título de concesión, pese a que el uso de dragas y artefactos similares está prohibido por el Decreto Legislativo 1100. Otros 98 pedidos siguen en trámite y 16 se extinguieron.

Un análisis de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) revela que entre 2020 y 2024 las concesiones mineras se incrementaron en la región. Hoy, Huánuco es la segunda región amazónica más golpeada por la deforestación, contaminación por mercurio y pérdida de hábitats, después de Loreto. A julio de 2024, más de 500 hectáreas de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, en Huánuco y Pasco, ya habían sido afectadas por minería ilegal, según el proyecto MAAP.

Petitorios en el río Yuyapichis

En el caso específico del Yuyapichis, se presentaron cinco solicitudes de concesiones metálicas ante Ingemmet, todas ellas superpuestas al río. Cuatro fueron canceladas recientemente tras advertencias del Sernanp, pero una sigue vigente desde 1972 bajo el nombre de Compañía Minera El Shira.

Tres de los pedidos cancelados fueron ingresados el mismo día por Luz Marilyn Vera Mamani (21 años) y su madre Virginia Mamani Paja, ambas de Madre de Dios y con la misma dirección fiscal vinculada a la empresa Grupo Seim. Luz Marilyn solicitó la concesión Marilyn I (900 hectáreas), pagando S/517 por trámite y US$2.700 por derecho de vigencia. Virginia, a su vez, pidió las concesiones Javimar I y Javimar II (200 hectáreas cada una).

El padre de Luz Marilyn, Mauro Feliciano Vera Quispe, figura con actividad económica registrada en la venta de autopartes, pero en enero de 2024 también solicitó 1.000 hectáreas en Pasco y Huánuco. Su pedido fue cancelado siete meses después por estar en zona no apta.

Otro petitorio de 2022, presentado por tres personas, también fue cancelado por superponerse totalmente con la reserva comunal El Sira.

Una economía ilegal en crecimiento

La minería ilegal se consolidó como la segunda actividad ilícita en la zona, después del narcotráfico. La Fiscalía Ambiental de Ucayali realiza operativos, pero carece de recursos básicos, como embarcaciones, para interdicciones. Al mismo tiempo, algunas comunidades respaldan la presencia de mineros por los beneficios económicos inmediatos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que entre 2022 y 2025 se detectaron movimientos sospechosos por más de US$ 2.804 millones, de los cuales el 80% estarían ligados a minería ilegal. La magnitud del flujo confirma que se trata de una economía paralela que elude controles ambientales, laborales y tributarios.

Debate político sin solución inmediata

En el Congreso, las presiones de los mineros informales han impulsado propuestas para ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y aprobar una nueva ley de pequeña minería (MAPE). Mientras tanto, el Ejecutivo instaló una mesa técnica que plantea una reforma sin prórrogas al Reinfo.

En la práctica, la pugna política prolonga la inacción frente a un problema que crece. El río Yuyapichis ya es un cadáver ecológico, pero la amenaza se expande a otros cursos de agua y zonas protegidas, poniendo en jaque no solo a Huánuco, sino a toda la Amazonía peruana.

El Ministerio del Ambiente (Minam), a través del Programa Bosques, inauguró en Huánuco una moderna estación de monitoreo forestal que permitirá supervisar más de 1.4 millones de hectáreas de bosques amazónicos. Esta oficina, equipada con tecnología de última generación, se convierte en una herramienta clave para la conservación de los ecosistemas de la región y para el fortalecimiento de la gestión territorial frente a la deforestación.

Una inversión estratégica para la Amazonía

La implementación de la estación demandó una inversión aproximada de 680,000 soles, destinados a infraestructura y equipos de alta precisión. Entre ellos destacan drones multirotor, software especializado para el análisis de imágenes satelitales, dispositivos GPS y sistemas de respaldo de energía que permitirán garantizar la continuidad de las operaciones en zonas de difícil acceso.

De acuerdo con el jefe del Área de Monitoreo de Bosques del Programa Bosques, Daniel Castillo, esta iniciativa forma parte de un convenio entre el Minam y el Gobierno Regional de Huánuco para consolidar acciones conjuntas de conservación. “Ponemos a disposición infraestructura y tecnología de punta para mejorar la gestión del territorio y conservar los bosques”, subrayó.

Compromiso regional y gestión con datos precisos

El gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, destacó que contar con información confiable y en tiempo real es esencial para frenar la pérdida de cobertura forestal. Gracias a esta estación, las autoridades podrán tomar decisiones basadas en evidencias para enfrentar la deforestación, problema que amenaza tanto la biodiversidad como los medios de vida de miles de familias.

La alianza entre el Minam y el gobierno regional busca no solo vigilar el estado de los bosques, sino también generar alertas tempranas que permitan actuar antes de que el daño ambiental sea irreversible.

Plataforma Geobosques: alertas tempranas y participación comunitaria

El Programa Bosques pone a disposición de la ciudadanía la plataforma Geobosques, una herramienta digital que ofrece información oficial y actualizada sobre la pérdida de cobertura forestal. A través de este sistema, comunidades nativas y organizaciones indígenas reciben reportes periódicos con alertas tempranas, lo que les permite anticiparse a posibles focos de deforestación.

Además, el Minam impulsa el fortalecimiento de la vigilancia comunal mediante la entrega de kits de monitoreo y la capacitación de custodios forestales. Con ello, se busca garantizar que las comunidades tengan no solo acceso a datos, sino también capacidades técnicas para intervenir en la conservación de sus territorios.

Capacitación y fortalecimiento de la vigilancia comunal

Entre 2024 y lo que va de 2025, el Programa Bosques destinó más de 1.2 millones de soles para entregar alrededor de 80 kits de vigilancia comunal en diversas regiones del país. Estos incluyen equipos como GPS, radios de comunicación y drones, que permiten a las comunidades vigilar y proteger sus bosques.

En paralelo, se organizaron más de 380 talleres especializados en los que participaron más de 2,000 personas, abordando temas como legislación forestal, manejo sostenible, prevención de incendios, protección a custodios y lucha contra los delitos ambientales. La meta para este año es ambiciosa: alcanzar a 112 comunidades nativas, 16 organizaciones indígenas y 38 pequeños usuarios del bosque.

Deforestación en el Perú y sus desafíos

El Perú es uno de los países con mayor cobertura de bosques tropicales en el mundo, con más de 68 millones de hectáreas. Sin embargo, la deforestación sigue siendo una de las principales amenazas, vinculada a actividades como la agricultura migratoria, la tala ilegal y la minería informal. Solo en la última década, el país ha perdido cientos de miles de hectáreas de bosque, lo que repercute directamente en la emisión de gases de efecto invernadero y en la pérdida de biodiversidad.

La región Huánuco, ubicada en la zona de transición entre los Andes y la Amazonía, enfrenta una presión constante sobre sus bosques debido a la expansión agrícola y a la construcción de infraestructura vial. Por ello, contar con estaciones de monitoreo se vuelve fundamental para frenar estas tendencias.

Un paso hacia el futuro de la conservación

La inauguración de la estación en Huánuco refleja la apuesta del Estado peruano por una gestión ambiental basada en la ciencia y en la tecnología satelital. La combinación de herramientas digitales, drones y participación comunitaria fortalece las capacidades locales y permite dar respuesta a uno de los mayores desafíos ambientales de la región.

El éxito de esta iniciativa dependerá no solo de la tecnología instalada, sino también del compromiso sostenido entre el gobierno, las comunidades y las organizaciones indígenas. De este modo, el monitoreo satelital se convierte en una oportunidad para garantizar que las futuras generaciones hereden bosques en buen estado de conservación y con un valor ecológico intacto.

En un esfuerzo por reforzar la protección de los bosques amazónicos y garantizar el desarrollo de las comunidades que dependen de ellos, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) firmó un convenio de colaboración con WWF Perú. El acuerdo, anunciado este 1 de septiembre en Lima, busca implementar acciones conjuntas para impulsar la gobernanza forestal y promover un modelo sostenible en territorios indígenas y concesiones forestales.

La alianza tiene como finalidad acercar la gestión pública a los usuarios del bosque —principalmente pueblos indígenas originarios y comunidades locales— a través de un enfoque preventivo y orientativo. Según explicó Williams Arellano Olano, jefe del Osinfor, se trata de consolidar un sistema que priorice el aprovechamiento responsable de los recursos, evitando prácticas que pongan en riesgo los ecosistemas y garantizando, al mismo tiempo, el bienestar de las familias amazónicas.

Fortalecimiento de capacidades en comunidades amazónicas

El convenio, que tendrá una vigencia de tres años, busca fortalecer capacidades locales con pertinencia cultural y enfoque territorial. Se estima que beneficiará a más de 30 comunidades indígenas y alrededor de 50 concesiones forestales, tanto maderables como no maderables, en las que WWF ya desarrolla proyectos de acompañamiento técnico. El objetivo es que los propios habitantes de la Amazonía lideren su desarrollo y adopten prácticas de gestión forestal sostenible.

Kurt Miguel Holle Fernández, director país de WWF Perú, destacó que la mejor forma de conservar los bosques es trabajando de manera directa con quienes viven de ellos y los protegen día a día. Bajo este esquema, la cooperación con Osinfor permitirá seguir impulsando el cumplimiento de la legislación forestal, generando un mayor conocimiento de las normas entre los usuarios y garantizando así el uso responsable de los recursos naturales.

Otro de los puntos claves de este acuerdo es la puesta en valor de los mecanismos de compensación de multas forestales, que convierten las sanciones en oportunidades de mejora. A través de ellos, comunidades con deudas pendientes pueden realizar acciones de restauración en áreas degradadas o proyectos de conservación de fauna y patrimonio forestal, transformando los pasivos en beneficios concretos para el territorio.

Informe de la FCDS alerta que agricultura, minería y coca impulsan la deforestación amazónica

El reporte “Deforestación, cambio de uso de la tierra y actividades ilegales en la Amazonía peruana”, elaborado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), advierte que entre 2001 y 2023 el país perdió más de 3 millones de hectáreas de bosques, una superficie equivalente a once veces el tamaño de Lima. El documento precisa que el 49% del área deforestada se convirtió en terrenos agrícolas y pecuarios, mientras que apenas un 43% muestra procesos de regeneración natural. Además, cerca de 1.45 millones de hectáreas fueron arrasadas en territorios sin una tenencia de tierra claramente definida, lo que ha favorecido el ingreso de actividades sin control.

El estudio identifica al cultivo de hoja de coca como uno de los principales motores de la deforestación, sobre todo en parcelas de menos de cinco hectáreas que se multiplican en distritos con fuerte presencia de economías ilegales. Esta práctica tiene un impacto directo en la cuenca del Ucayali, que concentra el 45% de la pérdida amazónica desde 2001.

La situación se agrava en la Amazonía Sur, donde la minería ilegal ha devastado más de 388 mil hectáreas en Madre de Dios y zonas aledañas de Cusco y Puno, principalmente en Tambopata, Manu y Tahuamanu, durante los últimos cinco años.

El informe de la FCDS señala que el 19% de la deforestación nacional corresponde a territorios de comunidades indígenas, lo que representa más de 582 mil hectáreas arrasadas por invasiones, tráfico de tierras, tala ilegal, minería y presión de cultivos ilícitos que afectan directamente sus modos de vida. En contraste, las áreas naturales protegidas y las concesiones destinadas a conservación, ecoturismo y reforestación muestran una mayor resiliencia, ya que menos del 5% de la deforestación amazónica se produjo en estos espacios donde existen mecanismos de administración y vigilancia más sólidos.

Una adolescente de 17 años se aferró a la vida después de ser atacada por una serpiente jergón en la comunidad Naranjal, provincia de Datem del Marañón, en la región Loreto. La mordedura ocurrió en su pie izquierdo, lo que desencadenó una emergencia que pudo haber terminado en tragedia debido a la toxicidad del veneno.

El auxilio llegó a través de la Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) Morona, una embarcación que brinda servicios del Estado en las zonas más aisladas de la Amazonía. Allí, un equipo médico logró estabilizarla con tratamientos especializados antes de trasladarla hacia un hospital de mayor complejidad, donde actualmente sigue bajo supervisión médica.

El ataque de la serpiente

El hecho se produjo cuando la joven se encontraba en su comunidad y fue sorprendida por una serpiente jergón, conocida en la selva peruana por su agresividad y la potencia de su veneno. El ataque comprometió de inmediato su salud, por lo que su familia actuó sin demora y buscó ayuda en el único servicio médico cercano: la PIAS Morona, que se hallaba atendiendo en esa zona del Datem del Marañón.

Las jergones son responsables de numerosos accidentes en la Amazonía. Su veneno puede causar necrosis en el tejido, hemorragias internas y fallas orgánicas si no se recibe atención médica en las primeras horas. Por esa razón, la intervención rápida fue crucial para salvar a la adolescente.

La rápida intervención médica

Una vez a bordo de la PIAS, el personal de salud evaluó la gravedad de la mordedura y aplicó el protocolo correspondiente. La joven recibió dosis de suero antiofídico para neutralizar el veneno, además de medicamentos como analgésicos, corticoides y antibióticos, con el fin de controlar el dolor, reducir la inflamación y prevenir infecciones.

El director ejecutivo del programa PAIS, Fidel Pintado, informó que la paciente fue estabilizada en la embarcación gracias a la preparación del equipo médico. Destacó que, tras la primera atención, se coordinó su evacuación hacia un centro hospitalario con más recursos para continuar con el tratamiento. Actualmente, la adolescente se encuentra fuera de peligro y evoluciona de manera positiva.

El rol de las PIAS en la selva

El caso refleja la función que cumplen las Plataformas Itinerantes de Acción Social en la Amazonía peruana. Estas embarcaciones, operadas por la Marina de Guerra del Perú con el apoyo del Midis, recorren los ríos para acercar servicios del Estado a comunidades aisladas a las que solo se puede acceder por vía fluvial.

Además de la atención en salud, las PIAS brindan trámites de identidad, programas sociales, orientación legal y actividades educativas. Para miles de familias amazónicas, representan la única oportunidad de acceder a servicios básicos. En emergencias, como la sufrida por la adolescente de Naranjal, su presencia puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Coordinación para salvar vidas

La evacuación de la joven fue posible gracias al trabajo conjunto del programa PAIS, la Marina de Guerra, la Gerencia Regional de Salud de Loreto y la Red de Salud del Datem del Marañón. Esta articulación permitió movilizar recursos de manera inmediata y garantizar la continuidad de la atención médica en un hospital.

Las autoridades resaltaron que la experiencia confirma la importancia de mantener operativas las PIAS, que no solo cumplen funciones sociales, sino que también se convierten en puntos de auxilio frente a emergencias médicas en zonas de difícil acceso. La intervención oportuna demuestra cómo la presencia del Estado en comunidades remotas puede impactar directamente en la supervivencia de sus habitantes.

El paro indefinido en Loreto contra la minería ilegal escaló a niveles alarmantes. La mañana del jueves 28 de agosto, en el río Tigre, se registró un enfrentamiento armado entre comuneros indígenas y presuntos mineros ilegales, dejando como saldo al menos seis personas heridas por impacto de bala, según denunció Edilberto de los Ángeles, Apu de la comunidad Libertad del Tigre.

Desde el 18 de agosto, más de 17 comunidades nativas del Bajo Tigre, organizadas en la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Tigre (FECONABAT), mantienen un paro indefinido para exigir la erradicación de la minería ilegal en sus territorios. Cerca de 1.500 comuneros kichwas y de otros pueblos indígenas bloquean el tránsito fluvial en un tramo estratégico entre Miraflores y Sargento Lores, impidiendo el paso de embarcaciones.

El objetivo de la medida es presionar al Gobierno para que retire las más de veinte dragas que operan en el río, utilizando mercurio para extraer oro y contaminando la única fuente de agua de los pueblos.

“Antes tomábamos agua con petróleo, ahora nos toca agua con mercurio. Nos están condenando y lo peor es que el Estado lo sabe, pero no actúa”, denunció César Moreno, vocero del comité de lucha.

Violencia en el río Tigre

El Apu Edilberto de los Ángeles relató que, durante la mañana, una motonave intentó romper el bloqueo fluvial disparando contra los comuneros:

“Quisieron romper la barrera con balas. Se presentaron enfrentamientos y hay dos heridos. Es culpa de las autoridades competentes que no nos hacen caso; entre nosotros vamos a estar de repente matándonos”, declaró.

El dirigente pidió la intervención urgente de las Fuerzas Armadas y advirtió que denunciarán ante la Fiscalía a los responsables:

“Pedimos que vengan las FF.AA. porque el señor que ha provocado el lío quería romper a la mala nuestro cable. ¿Por qué las autoridades no están tomando cartas en el asunto? Esa lancha ha metido balas y más balas, y ha dejado dos heridos”.

Denuncias de abandono estatal

Las comunidades del Bajo Tigre aseguran que, pese a haber enviado un documento formal a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) solicitando una reunión urgente, no recibieron respuesta. Incluso, se les pidió viajar a Lima por sus propios medios. Ante lo que consideran una burla, decidieron iniciar el paro. Cabe señalar que hasta el momento, la PCM no se ha acercado al lugar.

No es la primera vez que recurren a medidas de fuerza. En 2024 mantuvieron bloqueado el río durante 85 días exigiendo atención a la contaminación petrolera de los lotes 8 y 192. Hoy enfrentan una amenaza mayor con la minería ilegal y el mercurio.

La Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre (FECONAT) expresó su respaldo y exigió la instalación inmediata de una Mesa Técnica Multisectorial en la zona. “La defensa del Bajo Tigre es la defensa de la Amazonía, es la defensa de la vida”, enfatizó en su pronunciamiento.

Asimismo, el Comité de Gestión de la Reserva Nacional Pucacuro alertó que la minería ilegal instaló decenas de dragas en la cuenca del Tigre, poniendo en riesgo la biodiversidad y la salud de las comunidades. Advirtieron que los comuneros y guardaparques han recibido amenazas de muerte y que el Estado “ha dejado a la población en el abandono”.

Defensoría del Pueblo exige interdicción inmediata de dragas

Ante la creciente violencia y el avance de la minería ilegal en Loreto, la Defensoría del Pueblo solicitó al Poder Ejecutivo y al Ministerio Público realizar de manera urgente la interdicción de dragas en la cuenca del río Tigre. La institución alertó que esta actividad ilegal no solo destruye los ecosistemas amazónicos, sino que también amenaza la vida, la salud y la seguridad de las comunidades nativas.

En un pronunciamiento reciente, la Defensoría advirtió que el conflicto social en el Bajo Tigre tiene sus raíces en la inacción estatal y propuso conformar una Comisión Multisectorial que incluya la participación de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Marina de Guerra del Perú y la Policía Nacional. El objetivo, señalaron, es evitar que la crisis escale y garantizar una respuesta integral frente a la minería ilegal.

Amenaza creciente y llamado urgente

Las comunidades denuncian que los mineros ilegales son en su mayoría foráneos —colombianos, venezolanos y brasileños— y que su presencia ha incrementado la inseguridad, el consumo de alcohol, la violencia y la presencia de armas en la zona.

En un pronunciamiento, los pueblos indígenas del Bajo Tigre responsabilizaron directamente al Estado peruano por la violencia y exigieron intervención inmediata.

Cabe señalar que el uso de mercurio en la minería ilegal representa un riesgo crítico para la salud. Investigaciones han demostrado que este metal pesado afecta el sistema nervioso, la piel y la sangre, y es especialmente dañino para niños y mujeres embarazadas. En el Bajo Tigre, la única fuente de agua de consumo está directamente contaminada por esta actividad ilícita.

La minería ilegal ya no es un problema concentrado únicamente en la región Madre de Dios. Un reciente informe de Conservación Amazónica – ACCA confirma que esta actividad ilícita se ha extendido a nueve regiones amazónicas, afectando bosques, ríos y poblaciones enteras. De acuerdo con el diagnóstico, 73 comunidades nativas y más de 250 ríos y quebradas se encuentran en riesgo directo por la expansión de la extracción ilegal de oro.

El documento, presentado en Lima durante el evento “Minería de oro en la Amazonía Peruana, ¿cómo vamos? 2025”, revela que la amenaza ya no se limita a un ámbito local. Ahora, el fenómeno se consolida en zonas de frontera y se articula con redes criminales transnacionales, lo que eleva aún más la magnitud del problema. Expertos y autoridades advirtieron que la situación desborda las capacidades nacionales y que solo un esfuerzo coordinado con países vecinos podría contener la crisis.

Madre de Dios y el avance de las dragas

En el corazón de la Amazonía, Madre de Dios sigue siendo el epicentro del desastre ambiental. Solo en el último año, se perdieron más de 11.500 hectáreas de bosque por acción de la minería ilegal, principalmente en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. El caso más crítico vuelve a ser La Pampa, un territorio que años atrás fue símbolo de la lucha contra esta actividad ilícita, pero que hoy aparece nuevamente tomado por los mineros.

Según detalló Sidney Novoa, director de SIG y Tecnologías de ACCA, en 2025 se contabilizaron 1613 dragas operando, lo que representa un aumento del 21 % respecto al 2024. El contraste con años anteriores es alarmante: en 2021 se registraban apenas 148 dragas y unas 660 personas trabajando en la zona. Cuatro años después, la cifra asciende a más de 1600 dragas y 6400 personas, una muestra del crecimiento exponencial de la actividad y de sus impactos sociales y ambientales.

La expansión también golpea con fuerza a otras regiones. En Huánuco, más de 1763 hectáreas fueron devastadas en un solo año, incluso dentro de la Reserva Comunal El Sira, poniendo en riesgo directo a comunidades indígenas como Tsirotzire y Nuevos Unidos de Tahuantinsuyo. En Ucayali, la situación se agravó tras detectarse la presencia de dragas en la cuenca del río Aguaytía, un afluente que hasta hace poco estaba libre de esta amenaza.

Más al norte, en Loreto, el panorama es aún más delicado. El río Nanay, principal fuente de agua para la ciudad de Iquitos, registró un récord de 42 dragas activas, comprometiendo el abastecimiento de miles de familias que dependen de ese caudal para sobrevivir.

Comunidades en riesgo y presencia de crimen organizado

El informe de ACCA advierte que, además de la minería ilegal, las concesiones mineras aprobadas en los últimos meses representan un nuevo factor de riesgo. En 2025, el Ingemmet recibió 187 solicitudes que se superponen con territorios sensibles: 136 coinciden con comunidades nativas, 48 con áreas naturales protegidas y tres con reservas indígenas. Especialistas alertaron que estas superposiciones pueden detonar conflictos sociales, especialmente en zonas donde la defensa del territorio y el agua es prioritaria para las comunidades locales.

La expansión tampoco se limita a un solo país. El diagnóstico señala enclaves de minería ilegal en la frontera con Ecuador (ríos Chinchipe y Condorcanqui), en la triple frontera del Putumayo con Colombia y en el río Madre de Dios en Bolivia. En todas estas áreas, la actividad ilícita opera con el respaldo de redes criminales que cruzan fronteras y controlan corredores de extracción y comercialización de oro.

Para Novoa, esta realidad es consecuencia directa de la débil presencia del Estado en zonas rurales y de frontera: “El panorama refleja cómo el abandono de estos territorios ha permitido la expansión de la minería ilegal”. Además, advirtió que la actividad ya no responde únicamente a intereses económicos informales, sino que se articula con estructuras de crimen organizado, afectando ríos, bosques y los sistemas de gobernanza local.

En esa misma línea, el informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) subraya que en la región amazónica ya operan 17 grupos armados y redes criminales. Estas estructuras aprovechan la extracción de oro como fuente de financiamiento, al tiempo que generan un escenario de violencia e inseguridad en territorios históricamente olvidados.

Durante la presentación del informe en Lima, los especialistas coincidieron en que el desafío ha superado cualquier capacidad nacional de control. Por ello, plantearon la urgencia de acciones conjuntas con los países vecinos y la necesidad de reforzar los mecanismos de cooperación internacional para frenar la expansión de la minería ilegal en la Amazonía.

La conservación de los bosques se ha convertido en una de las acciones más importantes del Perú para enfrentar los efectos del cambio climático. Según el Ministerio del Ambiente (Minam), estas iniciativas no solo buscan proteger la biodiversidad y los recursos naturales, sino también cumplir con los compromisos internacionales que el país asumió para el cuidado del planeta.

El rol de los proyectos REDD+

Dentro de estas estrategias destaca el mecanismo REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques), impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para ayudar a los países en desarrollo a proteger sus bosques, administrarlos de manera sostenible y aumentar su cobertura forestal.

En el caso peruano, la directora general de Cambio Climático y Desertificación del Minam, Berioska Quispe, ha señalado que este tipo de proyectos son fundamentales porque no solo conservan los ecosistemas, sino que también generan oportunidades de desarrollo para las comunidades que viven alrededor de ellos.

“En el Perú, estos proyectos se implementan con la participación de comunidades, gobiernos regionales, organizaciones y empresas, generando beneficios ambientales, sociales y económicos”, explicó.

Beneficios ambientales y sociales

Los proyectos REDD+ permiten evitar la pérdida de bosques que actúan como grandes sumideros de carbono al absorber y almacenar dióxido de carbono. Además, cumplen un rol vital en la regulación del clima y en la promoción de actividades productivas sostenibles como el manejo forestal responsable, la agroforestería y el ecoturismo.

Estas acciones ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejoran la seguridad alimentaria, incrementan los ingresos de las familias rurales y, al mismo tiempo, garantizan la conservación de la biodiversidad amazónica.

Registro Nacional de Medidas de Mitigación

Todas estas iniciativas forman parte de las medidas de mitigación que implementa el Perú frente al cambio climático y se registran en el Registro Nacional de Medidas de Mitigación (Renami), una plataforma que mide y da seguimiento a los avances en la reducción de emisiones a nivel nacional.

El Renami es clave para garantizar la transparencia en los reportes climáticos del país y permite al Estado reconocer los esfuerzos realizados por las comunidades y organizaciones que implementan proyectos de conservación.

“Cuando conservamos un bosque, cuidamos nuestra casa común y también protegemos el agua, la biodiversidad y el clima. REDD+ y el Renami nos permiten reconocer y potenciar estos esfuerzos”, señaló Quispe.

Contribución a los compromisos internacionales

La conservación de los bosques y la implementación de proyectos REDD+ también contribuyen al cumplimiento de los compromisos internacionales del Perú, como los establecidos en el Acuerdo de París y la Estrategia Nacional de Cambio Climático al 2050.

De acuerdo con el Minam, en la actualidad existen varios proyectos REDD+ que ya se encuentran inscritos en el Renami y que han evitado la emisión de millones de toneladas de dióxido de carbono. Estos proyectos benefician directamente a comunidades indígenas y rurales que dependen de los bosques para su sustento.

Importancia de los bosques para el planeta

Los bosques amazónicos del Perú forman parte de uno de los ecosistemas más importantes del mundo, pues representan una gran reserva de agua dulce y son hogar de miles de especies de flora y fauna. La deforestación y la degradación forestal constituyen amenazas crecientes que afectan no solo al medio ambiente, sino también a la salud y bienestar de las comunidades locales.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que los bosques juegan un papel esencial en la lucha contra el cambio climático porque absorben alrededor de 2,6 mil millones de toneladas de CO₂ cada año. Por ello, su protección es considerada una prioridad global.

Retos y oportunidades para el Perú

Si bien los avances son significativos, el país enfrenta grandes desafíos. El Perú pierde cada año miles de hectáreas de bosques debido a la tala ilegal, la agricultura migratoria y la minería informal. Combatir estas amenazas requiere fortalecer la gobernanza forestal, promover alternativas sostenibles de desarrollo y asegurar que las comunidades locales participen activamente en la gestión de los recursos.

El reto también implica financiamiento. Los proyectos REDD+ cuentan con apoyo de organismos internacionales y del sector privado, pero es necesario ampliar las fuentes de inversión para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de estas iniciativas.

Educación y sensibilización ciudadana

Además de las políticas públicas, expertos coinciden en que es fundamental aumentar la educación ambiental y la sensibilización de la ciudadanía sobre la importancia de los bosques. Promover hábitos de consumo responsable, apoyar productos con certificación sostenible y evitar actividades que fomenten la deforestación son medidas que cada ciudadano puede aplicar para contribuir a este esfuerzo.

Una apuesta por el futuro

La conservación de los bosques en el Perú no es solo una medida ambiental, sino también una apuesta por el bienestar social y económico del país. Conservar estos ecosistemas significa proteger el agua, el clima, la biodiversidad y las oportunidades de vida de millones de personas.

En un contexto en el que los impactos del cambio climático son cada vez más evidentes, las iniciativas como REDD+ y el Renami se convierten en pilares para que el país pueda cumplir sus metas de reducción de emisiones y asegurar un futuro más sostenible para las próximas generaciones.

Hoy se cumplen seis días desde que más de 17 comunidades nativas del Bajo Tigre, en Loreto, iniciaron un paro indefinido para exigir la erradicación de la minería ilegal en su territorio.

Pese a que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aseguró que intervendría, hasta el momento no se han tomado acciones, mientras las dragas siguen operando en el río y contaminando con mercurio la única fuente de agua de los pueblos.

Bloqueo en defensa del agua y la vida

Desde el 18 de agosto, alrededor de 1,500 comuneros kichwas y de otros pueblos indígenas de la cuenca bloquearon el tránsito fluvial en un tramo estratégico del río Tigre, entre Miraflores y Sargento Lores. La medida busca presionar al Estado para que retire las más de veinte dragas que, según denuncian, operan desde enero con total impunidad.

La Federación de Comunidades Nativas del Bajo Tigre (FECONABAT) advirtió para el portal Punto y Coma Perú que las embarcaciones ilegales no solo extraen oro, sino que vierten grandes cantidades de mercurio en el agua, lo que pone en grave riesgo la salud de las familias y la seguridad alimentaria de toda la zona.

“Antes tomábamos agua con petróleo, ahora nos toca agua con mercurio. Nos están condenando y lo peor es que el Estado lo sabe, pero no actúa”, denunció César Moreno, vocero del comité de lucha.

Denuncias de abandono e indiferencia

Las comunidades señalan que el pasado 19 de julio enviaron un documento formal a la PCM solicitando una reunión urgente con autoridades de alto nivel, pero no obtuvieron respuesta. Incluso, aseguran que se les pidió viajar a Lima por sus propios medios para ser escuchados. Ante lo que consideran una burla, decidieron iniciar el paro.

FECONABAT recordó que no es la primera vez que recurren a estas medidas: en 2024 cerraron el río por 85 días para exigir atención a la contaminación petrolera en los lotes 8 y 192. Ahora, enfrentan una amenaza aún mayor con la minería ilegal.

“Ellos ya han luchado mucho tiempo contra la contaminación por petróleo. Y ahora tienen que enfrentar algo peor: el mercurio”, alertó Moreno al portal.

Solidaridad del Alto Tigre y exigencia de justicia

Por su parte, la Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre (FECONAT) emitió un pronunciamiento respaldando la lucha del Bajo Tigre. La organización pidió al Gobierno nacional instalar de inmediato una Mesa Técnica Multisectorial en la zona, con participación de todas las comunidades, para dar una solución integral y sostenible.

“Respaldamos y nos solidarizamos con la lucha justa de nuestros hermanos de FECONABAT. Exigimos al PCM, al Congreso y a los ministerios retomar el diálogo de manera urgente con respuestas integrales”, señala el comunicado de FECONAT.

La federación también denunció la impunidad con la que operan las dragas en el río Tigre, responsabilizando al Estado por su pasividad. “Esta actividad depredadora no solo viola los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, sino que representa un verdadero cáncer que se extiende por las cuencas amazónicas, destruyendo los ecosistemas y amenazando la vida misma”, remarcaron.

Amenazas y riesgos crecientes

Los dirigentes del paro aseguran haber recibido amenazas por parte de los operadores de dragas, quienes en algunos casos enarbolan banderas extranjeras en territorio peruano. Según FECONABAT, entre los responsables hay ciudadanos de Colombia, Venezuela y Brasil.

La situación, advierten, podría replicar lo ocurrido en el río Nanay, donde la minería ilegal pasó de unas pocas dragas a más de un centenar en menos de tres años. “En el Tigre eran cuatro, ahora ya pasan de veinte. A este ritmo, en tres o cuatro meses tendremos cincuenta”, alertó Moreno.

“La defensa del Bajo Tigre es la defensa de la vida”

Las comunidades mantienen firme su medida de fuerza y advierten que no levantarán el bloqueo hasta que el Gobierno envíe una comisión de alto nivel y garantice el retiro inmediato de las dragas.

“El pueblo unido jamás será vencido. Sin lucha no hay victoria”, señaló FECONABAT en su comunicado oficial. Mientras tanto, FECONAT insistió en que esta causa no es solo local, sino nacional: “La defensa del Bajo Tigre es la defensa de la Amazonía, es la defensa de la vida”.

Durante más de una década, la cooperación internacional de Estados Unidos permitió que miles de agricultores en la Amazonía reemplazaran los cultivos de coca por cacao y café de calidad. El esfuerzo transformó más de 114 mil hectáreas y benefició directamente a más de 87 mil familias. Sin embargo, con el retiro de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), decretado por el Gobierno de Donald Trump, el futuro de estas comunidades vuelve a ser incierto.

El portal de investigación Convoca.pe reveló que, entre 2012 y 2024, la cooperación norteamericana canalizó más de 2,962 millones de soles en donaciones, logrando un impacto decisivo en regiones como San Martín, Ucayali, Loreto, Madre de Dios, Amazonas, Pasco y Cusco. Hoy, la ausencia de esos recursos amenaza con abrir espacio nuevamente al narcotráfico, la deforestación y la minería ilegal.

El vacío que deja USAID en la Amazonía

El convenio firmado entre ambos países en 2012 tuvo como meta incrementar los cultivos alternativos frente a la coca, mejorar los servicios públicos y asegurar un manejo sostenible de los recursos amazónicos. De acuerdo con la revisión de informes realizada por Convoca.pe, más de 233 millones de dólares se destinaron al primer objetivo: promover alternativas legales para los agricultores.

Uno de los testimonios recogidos es el de Miguel Reátegui, productor de cacao en San Martín, quien destacó que la asistencia técnica le permitió pasar de 500 kilos a más de 3 toneladas por hectárea. Casos como el suyo se multiplicaron en el marco de programas como Alianza Cacao Perú, que mejoraron la productividad y conectaron a los agricultores con mercados internacionales.

Los reportes citados por Convoca señalan que en once años de ejecución se crearon 117 mil empleos a tiempo completo, mientras que las ventas de cacao y café superaron los 692 millones de dólares. Solo en 2022 se alcanzaron 15 mil 900 hectáreas nuevas de cultivos alternativos, generando ingresos por más de 145 millones de dólares.

Para José Yturrios, exdirector de la Alianza Cacao Perú, el momento no podría ser más crítico. “Sin asistencia técnica ni financiamiento, muchos productores corren el riesgo de volver a la coca o ingresar a actividades ilegales como la minería informal”, advirtió en declaraciones recogidas por Convoca.

El café, las mujeres y el riesgo de retroceso

La investigación también destaca el impacto en las familias caficultoras. Lucy Pulce, agricultora de Lamas, San Martín, contó que gracias al programa Alianza Café, implementado por USAID, pudo capacitarse en el manejo de sus parcelas y aumentar su producción a 700 kilos por hectárea. Además, el proyecto abrió oportunidades de liderazgo para mujeres rurales a través de uniones de ahorro autogestionadas.

El ingeniero Sergio López, director del proyecto Coffee Alliance for Excellence, explicó que el apoyo externo permitió que los ingresos por hectárea pasaran de 3 mil a más de 7 mil dólares anuales, mejorando sustancialmente la economía de miles de hogares. En paralelo, se gestionaron 40 millones de dólares en créditos para modernizar fincas y hacerlas más competitivas en los mercados internacionales.

Sin embargo, con la salida de USAID, ese entramado de apoyo se ha desvanecido. “El Estado tiene recursos, pero es lento y burocrático. Los insumos muchas veces llegan tarde, cuando la cosecha ya pasó”, advirtió López.

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) aseguró a Convoca que destinará 220 millones de soles en 2025 y 265 millones en 2026 al desarrollo alternativo. No obstante, especialistas señalan que esos fondos son insuficientes frente a la magnitud de la cooperación norteamericana y su capacidad para articular técnicos, bancos y mercados en beneficio de los pequeños agricultores.

En este escenario, los más de 87 mil productores de cacao y café que alguna vez fueron símbolo de éxito del desarrollo alternativo, vuelven a enfrentar un futuro de incertidumbre.

En una decisión sin precedentes, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú declaró fundada la demanda de amparo presentada por la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) y su expresidente Julio Cusurichi Palacios. El máximo tribunal concluyó que el Poder Judicial de Madre de Dios vulneró derechos fundamentales de la organización indígena, al sancionarla por emitir un comunicado en defensa del pueblo indígena en situación de aislamiento Mashco Piro, durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

La sentencia reconoce que se violaron los derechos al debido proceso, a la libertad de expresión y a una adecuada motivación en las resoluciones judiciales emitidas en 2021, las cuales habían obligado a FENAMAD a retractarse públicamente y a difundir una carta notarial con contenido autoinculpatorio.

Defensa de la vida indígena no puede ser silenciada

El caso se originó cuando la organización indígena denunció que las actividades extractivas de la empresa Maderera Canales Tahuamanu S.A.C. ponían en grave riesgo la vida e integridad de los Mashco Piro, un pueblo indígena en aislamiento que habita la región Madre de Dios. La empresa respondió con una demanda de amparo, acusando a FENAMAD de difamación, y logró que el Poder Judicial ordenara la difusión obligatoria de una carta en medios digitales como una forma de censura.

La Corte Suprema, sin embargo, concluyó que la reacción judicial fue desproporcionada y que el comunicado emitido por FENAMAD no constituía un ataque gratuito, sino una expresión legítima de preocupación por la vida de pueblos indígenas en extrema vulnerabilidad. El tribunal resaltó que el derecho a la libertad de expresión protege también opiniones críticas, sobre todo cuando se trata de asuntos de interés público como los derechos humanos.

La justicia debe tener enfoque intercultural

En su sentencia, la Corte también cuestionó que las resoluciones anteriores ignoraran el enfoque intercultural y el principio de prevención que deben guiar las decisiones en casos que involucran pueblos indígenas. Se subrayó que el Poder Judicial no tomó en cuenta que la zona en cuestión está protegida por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2007, lo que obliga al Estado peruano a actuar con especial diligencia.

“La protección de nuestros hermanos en situación de aislamiento es parte fundamental de nuestra lucha. Este fallo es un reconocimiento a nuestra labor y un mensaje claro a quienes intentan silenciarnos”, señaló Alfredo Vargas Pío, actual presidente de FENAMAD.

Sentencia sienta precedente en derechos humanos

La Corte Suprema revocó la sentencia de primera instancia de agosto de 2022 y declaró nulas las resoluciones judiciales que sancionaban a FENAMAD. En su fallo, ordenó:

• Anular las resoluciones N.° 5 del 14 de junio de 2021 y N.° 12 del 26 de noviembre de 2021.
• Dejar sin efecto la orden de publicar la carta notarial impuesta por el Poder Judicial de Madre de Dios.
• Reconocer la vulneración de los derechos al debido proceso, libertad de opinión y debida motivación judicial.
• Disponer que la sentencia sea publicada en el diario oficial El Peruano.

Juliana Bravo Valencia, directora para Latinoamérica de EarthRights International, celebró la decisión: “La Corte no solo se basó en la Constitución peruana, sino también en estándares internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las sentencias de la Corte IDH. Es un fallo que protege el derecho a defender derechos”.

Esta sentencia llega en un contexto preocupante para los defensores de pueblos indígenas en el Perú, quienes enfrentan una creciente criminalización por denunciar abusos de empresas extractivas y proteger sus territorios ancestrales.

El Ministerio del Ambiente (Minam) difundió el proyecto de Decreto Supremo que establece la Reserva Comunal Bajo Putumayo Yaguas, ubicada en la Amazonía peruana. Esta propuesta busca resguardar un ecosistema de alto valor biológico y, al mismo tiempo, garantizar el uso sostenible de recursos para las poblaciones indígenas que habitan en su entorno.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) será la entidad encargada de recibir aportes, observaciones y sugerencias sobre la iniciativa, que estará en consulta pública por 15 días calendario. La nueva área protegida se sumaría a las diez reservas comunales ya existentes en el país, que en conjunto preservan alrededor de dos millones de hectáreas y benefician directamente a más de 200 comunidades nativas.

Proyecto y proceso de consulta

La Resolución Ministerial N.° 00195-2025-MINAM dispone la difusión del expediente técnico y la exposición de motivos del proyecto, los cuales se encuentran disponibles en la sede digital del Minam. Durante el plazo establecido, ciudadanos, organizaciones y autoridades locales podrán remitir sus comentarios de forma presencial en la sede del Sernanp, en Lima, o a través del correo electrónico habilitado.

Este mecanismo de participación responde a lo dispuesto en la Ley de Áreas Naturales Protegidas y en las normas sobre transparencia y consulta ciudadana. La propuesta deberá pasar por la evaluación del Consejo de Ministros antes de su aprobación definitiva. El objetivo es que la creación del Bajo Putumayo Yaguas cuente con respaldo técnico y social, asegurando su viabilidad a largo plazo.

Las diez reservas comunales vigentes en el Perú

Las reservas comunales forman parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe) y se caracterizan por ser espacios donde la conservación se combina con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Su manejo está a cargo de las comunidades vecinas en coordinación con el Sernanp, lo que permite preservar la biodiversidad y mantener prácticas culturales y económicas tradicionales.

En la actualidad, el país cuenta con diez reservas comunales, entre las cuales se encuentran:

• Reserva Comunal Asháninka — ubicada en el flanco occidental de la Cordillera de Vilcabamba.
• Reserva Comunal Amarakaeri — extensa área en Madre de Dios, protege cuencas y bosques.
• Reserva Comunal Airo Pai — en Loreto, prioritaria para comunidades Secoya y Quechua del Napo.
• Reserva Comunal Yanesha — selva baja y alta; amortiguadora del Parque Nacional Yanachaga Chemillén.
• Reserva Comunal Tuntanain — bosques montanos de la Yunga Tropical, con comunidades Aguaruna y Huambisa.
• Reserva Comunal Purús — zona de amortiguamiento del Parque Nacional Alto Purús; manejo de recursos pesqueros y forestales.
• Reserva Comunal Huimeki — en la cuenca del Putumayo; conecta con áreas protegidas fronterizas.
• Reserva Comunal El Sira — protege la Cordillera El Sira y beneficia a Asháninka, Yánesha y Shipibo-Conibo.
• Reserva Comunal Chayu Nain — yungas del norte, importante generadora y reguladora de agua.

Beneficios para comunidades y ecosistemas

Las comunidades nativas ubicadas en la zona de influencia de Bajo Putumayo Yaguas podrían acceder a recursos bajo esquemas de manejo sostenible, manteniendo sus prácticas culturales y contribuyendo a la vigilancia del territorio. El trabajo conjunto entre autoridades y pobladores es esencial para reducir amenazas como la tala ilegal, la caza indiscriminada y la pesca no regulada.

En el plano ecológico, la reserva contribuiría a la protección de hábitats críticos para especies de flora y fauna de alto valor de conservación. También tendría un papel importante en la mitigación del cambio climático, al preservar extensas áreas de bosque que actúan como sumideros de carbono y reguladores del ciclo hídrico en la región.

La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Madre de Dios logró —tras tres años— que el Poder Judicial dicte una condena de 15 años de cárcel contra Edinson Fernández P., hallado culpable del delito de homicidio simple en agravio de Juan Julio Fernández Hanco, defensor ambiental.

Se trata de uno de los pocos casos en los que se ha logrado una condena por el asesinato de un líder ambiental en la región. Sin embargo, según documentos judiciales citados por Context, el hermano del sentenciado, Jhon Fernández, identificado por varios testigos como autor material del crimen, fue liberado por decisión del mismo juez que dictó la condena.

De acuerdo con lo probado en juicio por la fiscal provincial Karen Torres Godoy, el 20 de marzo de 2022, el sentenciado disparó contra la víctima, quien era titular de una concesión forestal y defendía la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata frente a la invasión de mineros ilegales.

El Poder Judicial también impuso el pago de 100.000 soles de reparación civil a favor de la cónyuge del fallecido y ordenó la captura e internamiento del condenado en un establecimiento penitenciario.

Asesinato vinculado a las mafias y minería ilegal

Según la investigación fiscal, el asesinato fue motivado por los conflictos generados por la invasión de concesiones de reforestación en la comunidad de Nueva Arequipa, ubicada en el kilómetro 104 de la carretera Interoceánica, margen izquierda. En parte de este territorio se encontraba el predio del defensor ambiental, quien se opuso a las ocupaciones y denunció los hechos a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

Juan Fernández tenía un historial familiar vinculado a la defensa de las zonas naturales en Madre de Dios. Su hermano, Germán Fernández, es uno de los coordinadores del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata y también defensor ambiental.

En 2022, Germán declaró: “El asesino de mi hermano Juan es parte de los mineros ilegales. El asesino es parte de esas personas que en el 2011 invadieron el terreno de mi padre y, en el 2013, la propiedad de mi hermano José. Han venido de frente a matarnos. Son una mafia que a punta de pistola entra a invadir terrenos”.

El crimen se suma a una larga lista de ataques en Madre de Dios, departamento afectado por la minería y tala ilegal, que se ha convertido en uno de las zonas más inseguras para líderes indígenas y defensores ambientales, según la SPDA.

Defensores ambientales bajo amenazada

A fines de julio de este año, la región volvió a ser escenario de un crimen similar. La Fiscalía de Madre de Dios abrió una investigación preliminar por homicidio calificado tras el asesinato de Hipólito Quispehuamán Conde, dirigente actual de la Reserva Nacional Tambopata, ocurrido el 26 de julio en la carretera Interoceánica.

Quispehuamán, padre de tres hijos y fundador de la Asociación de Agricultores Nueva Esperanza, fue interceptado por presuntos sicarios mientras regresaba de la feria sabatina de Mazuko, donde vendía productos agrícolas.

Entre 2019 y 2025, el Ministerio de Justicia registró al menos veintinueve situaciones de riesgo para personas defensoras del ambiente en Madre de Dios. En la Amazonía peruana, informes recientes señalan que 226 defensores indígenas enfrentan amenazas, hostigamiento e incluso asesinatos, con pueblos como los Kakataibo particularmente golpeados por la expansión del narcotráfico.

El Gobierno mantiene vigente el estado de emergencia en seis distritos de la región —incluidos Tambopata e Inambari— para frenar delitos asociados a la minería ilegal y la tala. Según el Ministerio del Ambiente, entre 2021 y 2023 se perdieron más de 25 000 hectáreas de bosque por actividades ilícitas, con graves impactos en la biodiversidad y la salud de los ríos amazónicos.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha establecido una lucrativa red de tráfico ilegal de mercurio en México por medio de la utilización de minas en Querétaro para abastecer un mercado que alimenta la minería artesanal de oro en Sudamérica. Este nuevo “negocio criminal” fue documentado por la organización Environmental Investigation Agency (EIA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la cual estima que, entre 2019 y 2025, se traficaron al menos 200 toneladas de mercurio con un valor superior a los 8 mil millones de dólares.

En el centro de esta operación están las minas de cinabrio ubicadas en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Querétaro. De acuerdo con el reporte, al menos 19 explotaciones mineras ilegales funcionan con protección del “Cártel de las Cuatro Letras”, quien ha militarizado el control territorial mediante torres de vigilancia, cercos perimetrales, cámaras de seguridad y puestos armados.

En esa misma línea, según se detalla, las extracciones ya no se procesan localmente, sino que el cinabrio es transportado en camiones a otros estados donde se transforma en mercurio metálico.

Este tráfico se da pese a que México firmó el Convenio de Minamata sobre el Mercurio en 2015, pacto diplomático que prohíbe la apertura de nuevas minas y regula su comercio. Sin embargo, la normativa permite su uso en minería artesanal hasta 2032, lo cual ha abierto una puerta para que el crimen organizado aproveche lagunas legales y documentación falsa para “legalizar” el producto.

Operadores ilegales y corrupción para que el narco trafique mercurio

La corrupción institucional también es clave en esta red. El informe señala cómo operadores del CJNG, como Juan José Zamorano Dávila, habrían negociado sobornos con funcionarios aduaneros y agentes portuarios para garantizar la salida de cargamentos sin inspección.

En ese contexto, la EIA identificó discrepancias de hasta 106 % entre lo declarado por México y lo exportado entre 2019 y 2021. Solo entre 2022 y 2024, se estiman al menos 36 toneladas no registradas oficialmente.

El precio y movimiento del mercurio en el mercado negro

En el mercado negro, el precio del mercurio se ha disparado hasta 330 dólares por kilogramo. Este incremento ha generado una “fiebre del mercurio” en el crimen organizado ―similar a la del oro o la cocaína― debido a la alta demanda internacional. México, pese a sus restricciones legales, se ha convertido en el principal proveedor ilegal de mercurio de América Latina.

El impacto ambiental y social en territorio mexicano también es crítico. Comunidades aledañas a las minas en Querétaro y otras regiones muestran niveles de mercurio hasta 150 veces por encima del límite aceptable, mientras que los sedimentos de ríos cercanos superan en mil 400 veces las concentraciones consideradas seguras.

La exposición afecta de forma desproporcionada a mujeres, niñas y comunidades indígenas al generar enfermedades crónicas y daños neurológicos. Pese a ello, testimonios recogidos por diarios locales de Querétaro dejan ver que la cotidianidad de los mineros:

“Hasta la fecha nadie nos ha molestado. No tenemos nada que ver con esos grupos y tampoco llegamos a ver periodistas que se acercaran aquí. Esta es nuestra fuente de trabajo. No sabemos ni de dónde sacaron eso”, relató José Luis Martínez, minero de La Plazuela.

Además, la minería de mercurio facilita otras actividades ilícitas del cártel: reclutamiento forzado, extorsión, control de rutas logísticas y desplazamiento de comunidades. Pese a estas señales, el gobierno federal no ha realizado operativos relevantes para cerrar las minas detectadas por la EIA.

Así pues, el informe llama a México a actuar antes de 2025, clausurar toda explotación ilegal y aplicar sistemas de revisión obligatoria para frenar el comercio clandestino.

Las exportaciones a Sudamérica del material: de la Amazonia Peruana a Colombia

El mercurio extraído por el CJNG se exporta desde los puertos de Manzanillo (Colima) y Veracruz, oculto como grava o piedra chancada en contenedores de hasta 20 toneladas. De acuerdo con datos cotejados por Infobae América e Infobae Perú, entre 2017 y 2023, se documentaron 50 envíos sospechosos; de ellos, el 74 % iba con destino a Perú.

En ese país, el mercurio mexicano se almacena en ciudades como Arequipa y se distribuye hacia zonas mineras ilegales en la Amazonia peruana. Principalmente en Madre de Dios, donde la demanda alcanza 1.5 toneladas al mes. En 2024, se incautaron casi 4 toneladas de mercurio mexicano: el mayor decomiso en Sudamérica.

Así mismo, también se ha documentado su paso por Colombia a través de la ciudad de Medellín.

Las mafias que controlan la minería ilegal de oro en Sudamérica utilizan este insumo para procesar el metal en zonas sin regulación ambiental ni fiscal. Estas redes están conectadas con delitos como trata de personas, deforestación, homicidios y corrupción local.

Finalmente, la EIA advierte que si México no detiene estas exportaciones ilegales, su rol como principal fuente de mercurio para actividades criminales en el continente seguirá creciendo, con impactos irreversibles en la salud pública, el medio ambiente y la seguridad regional.

Su función es simple pero vital: permitir que los animales crucen sobre carreteras madereras y trochas sin tener que bajar al suelo, evitando riesgos como depredadores o encuentros con personas. Esta iniciativa, impulsada por WWF Perú y la concesión forestal Madaracre, responde a un problema creciente: la fragmentación del bosque causada por la apertura de caminos para la extracción de madera. Aunque Madaracre opera con certificación internacional y bajo un manejo de bajo impacto, extrayendo solo de uno a tres árboles por hectárea cada 20 años, la presencia de vías de transporte interrumpe la continuidad del dosel.

Pero la necesidad de estas estructuras no surge de la nada. Madre de Dios conserva el 93 % de su superficie cubierta de bosques, equivalente a casi ocho millones de hectáreas, pero entre 2001 y 2018 perdió en promedio 22.846 hectáreas al año. La región, alguna vez considerada la capital de la biodiversidad, concentra además el 15,3 % de los bosques amazónicos del país y es hogar de especies únicas y pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Un corredor aéreo en medio de la presión maderera

Hasta ahora se han instalado casi 20 puentes dentro de una concesión de 202.000 hectáreas, con diseños que varían desde sogas trenzadas que imitan lianas naturales hasta estructuras con cruces en “X” o mallas de seguridad. Las cámaras trampa han permitido descubrir comportamientos específicos: el kinkajú prefiere los puentes con cruce en “X”, los monos buscan malla entre los travesaños para mayor seguridad, y los puercoespines enanos son los primeros en cruzar sin titubeos.

Cada puente cuesta alrededor de 200 dólares, una cifra mínima si se compara con pasos elevados o subterráneos para fauna que pueden costar decenas o cientos de miles de dólares. El bajo costo y la facilidad de instalación hacen que puedan adaptarse a diferentes puntos críticos del bosque, conectando áreas que antes quedaban aisladas.

El proyecto, liderado por la especialista Vania Tejeda de WWF Perú, busca generar evidencia sobre la efectividad de cada diseño de puente. Con esos resultados, se espera convencer a más concesiones y proyectos de conservación para replicar la experiencia. En un bosque que enfrenta la pérdida de árboles centenarios y presiones sobre áreas protegidas, cada cuerda tendida entre las copas es más que un paso seguro para un animal: es un puente hacia la resiliencia de la Amazonía.

El peso del shihuahuaco y la tala ilegal

La principal amenaza a los bosques de Madre de Dios tiene de la extracción de especies maderables de alto valor, como el shihuahuaco (Dipteryx sp.), un árbol que puede tardar 1.200 años en alcanzar un diámetro de 120 centímetros y 50 metros de altura. Este gigante, vital para aves como el águila arpía y guacamayos rojos y verdes, también es fuente de alimento para mamíferos dispersores de semillas y actúa como un importante fijador de carbono.

Las cifras reflejan su presión: solo en 2015, Madre de Dios aportó el 86,69 % de toda la madera aserrada de shihuahuaco en el Perú. Entre 2012 y 2020, más de 531.000 toneladas de madera exportada correspondieron a especies del género Dipteryx. Y según Global Witness, el 60 % de la madera supervisada en el país en la última década se extrajo ilegalmente, muchas veces mediante el “blanqueo” de madera talada en zonas prohibidas.

La apertura de carreteras madereras no solo facilita la salida de esta madera, sino que deja vacíos en el dosel imposibles de cruzar para especies arborícolas. En estas condiciones, los puentes de dosel se convierten en la única vía segura para que los animales mantengan sus rutas ancestrales, eviten el aislamiento genético y continúen cumpliendo su rol ecológico.

En una región atravesada por mafias madereras, corrupción y deforestación creciente, estas estructuras representan una herramienta concreta para mitigar uno de los impactos más silenciosos de la tala: la fragmentación del hábitat. Además de proteger a la fauna, los puentes aseguran que especies dispersoras de semillas continúen su labor, favoreciendo la regeneración natural del bosque.

La lucha contra la tala ilegal en la Amazonía da un paso clave con la implementación de nuevas herramientas tecnológicas en seis regiones del país. Gracias a un trabajo articulado con el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), las autoridades regionales de Loreto, Ucayali, Huánuco, San Martín, Amazonas y Madre de Dios han comenzado a operar sistemas avanzados de monitoreo satelital, lo que incrementará significativamente su capacidad de respuesta frente a delitos ambientales.

Esta transferencia tecnológica viene acompañada de un proceso de capacitación intensiva dirigido a más de 60 especialistas de las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre (ARFFS), quienes ahora cuentan con el conocimiento necesario para aplicar plataformas como Forview, que permite analizar imágenes satelitales; Spectral, enfocada en la detección de patrones a través de firmas espectrales; y los algoritmos ADETOP v1 y ADETAR, diseñados para identificar señales de tala selectiva en zonas boscosas de difícil acceso.

Loreto lidera con directiva regional de monitoreo satelital

En el marco de este proceso, Loreto se ha posicionado como la primera región amazónica en redactar su propia Directiva de Seguimiento y Monitoreo Satelital, un documento normativo que actualmente se encuentra en fase de aprobación y que busca integrar el uso de estas tecnologías dentro de los procedimientos administrativos locales. La iniciativa está siendo liderada por la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre, que ya ha comenzado a aplicar fichas de monitoreo como parte de sus actividades de control.

Este enfoque descentralizado busca que cada región pueda contar con su centro de monitoreo forestal, operando con independencia pero bajo el respaldo técnico permanente de Osinfor. La creación de normativas regionales es uno de los objetivos trazados por el organismo, que ya ha anunciado que acompañará a las autoridades en la elaboración de directivas propias, adaptadas a la realidad y riesgos específicos de cada territorio.

El uso de tecnología satelital no solo mejora la detección de actividades ilegales en zonas remotas, sino que también fortalece la gobernanza forestal, al dotar a los gobiernos regionales de herramientas legales y técnicas para actuar con mayor eficacia. El modelo impulsado por Loreto apunta a convertirse en un referente para otras regiones amazónicas, que ya vienen mostrando interés en replicar este tipo de mecanismos de vigilancia.

Así funciona ADETOP v2: la inteligencia artificial que detecta tala ilegal desde el espacio

El ADETOP v2 es un algoritmo de inteligencia artificial desarrollado para identificar patrones de tala selectiva en los bosques amazónicos utilizando imágenes satelitales. Su núcleo está basado en el modelo Random Forest, que ha sido entrenado con una amplia base de datos obtenida por drones, imágenes históricas desde 2019 y registros georreferenciados de concesiones forestales y áreas protegidas. A diferencia de su versión anterior, esta nueva generación procesa imágenes en alta resolución sin verse afectada por la nubosidad, lo que garantiza una vigilancia constante incluso en temporada de lluvias.

El sistema combina información proveniente de los satélites Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea y Landsat de la NASA, analizando cada pixel del bosque en busca de alteraciones en la vegetación. Cuando detecta una anomalía, el algoritmo genera alertas que se exportan en formato GEOJSON, listas para ser integradas en plataformas digitales de monitoreo. Esta interoperabilidad permite que los resultados sean visualizados y compartidos rápidamente por las autoridades forestales, facilitando la fiscalización en tiempo casi real y acortando los plazos de inspección de semanas a pocos días.

Su validación en condiciones reales se realizó en junio de 2025, cuando un equipo conjunto de las universidades de Sheffield y Cambridge se trasladó a Madre de Dios junto a técnicos del Osinfor. En esa prueba de campo, el ADETOP v2 logró detectar más de 23 mil metros cúbicos de madera extraída ilegalmente, equivalente a 428 camiones cargados. De los 42 casos identificados durante el periodo 2024–2025, 13 ya concluyeron en sanciones administrativas y los demás se encuentran en fase de investigación. Estos resultados confirmaron su efectividad y dieron luz verde a su implementación en las regiones amazónicas con mayores niveles de deforestación.

El Perú ha sido identificado como el punto de partida de la yuca, un tubérculo cultivado desde hace más de 9 mil años en la Amazonía. Este cultivo ancestral, originario de la cuenca de los ríos Napo y Putumayo, no solo ha sido parte esencial de la alimentación de pueblos originarios, sino que también es considerado una pieza clave para fortalecer la seguridad alimentaria del país. Su importancia ha trascendido fronteras y actualmente forma parte fundamental de la dieta en otros continentes como África.

Un estudio impulsado por el Ministerio del Ambiente (Minam), en colaboración con el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), identificó 150 variedades de yuca presentes en el territorio nacional. El informe, titulado Línea de base de la diversidad de la yuca peruana con fines de bioseguridad, ha sido publicado como libro y representa un avance en el conocimiento y conservación de los recursos genéticos del país.

Diversidad y expansión de la yuca peruana

La investigación confirmó que la yuca cultivada en el Perú pertenece a la especie Manihot esculenta, de la cual se hallaron múltiples variantes, además de especies silvestres como Manihot brachyloba, Manihot peruviana, Manihot anómala subsp. pavoniana y Manihot leptophylla. Estas últimas no solo poseen valor ecológico, sino también propiedades medicinales reconocidas por comunidades indígenas.

Según Dennis Del Castillo Torres, responsable del Programa Bosques y Manejo de Cultivos del IIAP, la yuca peruana fue el punto de partida para su expansión a otros países como Brasil y más adelante a África, donde actualmente es uno de los alimentos más consumidos. En entrevista con la Agencia Andina, el especialista explicó que la presencia de yuca está documentada desde tiempos preincaicos, en ceramios, tumbas y restos arqueológicos de culturas como Caral, Paracas y Mochica.

Un alimento clave en la lucha contra la anemia

El estudio reveló que de las 150 variedades identificadas, solo unas 10 se consumen de forma regular, principalmente en zonas rurales de departamentos amazónicos. Del Castillo señaló que la yuca destaca por su contenido de carbohidratos, vitaminas A y del complejo B, así como minerales esenciales como el hierro. Este último componente convierte a la yuca en un alimento con alto potencial para enfrentar la anemia y la desnutrición.

Además de la raíz, las hojas de la planta también concentran una cantidad significativa de hierro y proteínas. Por esta razón, Del Castillo las comparó con una “espinaca amazónica”. No obstante, su consumo es casi inexistente en zonas urbanas. Solo algunas comunidades indígenas de Loreto las incluyen actualmente en su dieta. El experto indicó que en países africanos, donde vivió una década, la hoja de yuca se utiliza con frecuencia en diversas preparaciones. En el Perú, antiguamente se consumía en San Martín.

Bioseguridad y adaptación climática

El proceso de investigación, iniciado en 2018, permitió identificar 237 distritos en 58 provincias de 15 regiones del país donde se cultiva yuca y crecen especies silvestres relacionadas. El trabajo técnico incluyó encuestas y grupos focales con más de 500 agricultores y agricultoras, quienes brindaron información clave sobre las variedades y el manejo de este cultivo. El estudio fue elaborado durante 510 días y culminó en 2020, pero su publicación final se concretó recién en 2024.

Del Castillo resaltó que la diversidad genética de la yuca permitirá seleccionar variedades más resistentes frente al cambio climático. Existen tipos de yuca que pueden cosecharse a los tres, nueve o doce meses, e incluso variedades que no generan raíz, pero sí hojas comestibles. Por ello, recomendó no promover una agricultura masiva, sino fortalecer las prácticas de cultivo en pequeñas parcelas, como se hace en comunidades amazónicas que disponen de este alimento durante todo el año.

Precauciones para su consumo y valor cultural

El investigador del IIAP explicó que, pese a sus beneficios, la yuca debe ser hervida o cocida antes de ser ingerida para eliminar el ácido cianhídrico, un compuesto tóxico presente en toda la planta, sobre todo en la cáscara. Este químico, si no es tratado con calor, puede causar intoxicación severa e incluso la muerte. Por eso, su preparación adecuada es indispensable tanto para el consumo humano como para su uso en la alimentación animal.

Del Castillo también destacó que el cultivo de la yuca está profundamente ligado a la identidad de muchas comunidades del país. “Para muchas poblaciones amazónicas, la yuca es lo que la papa representa para los Andes”, declaró a Andina. El estudio no solo aporta información científica útil para políticas públicas en agricultura y bioseguridad, sino que también revalora el rol cultural y ancestral de este alimento, que ha acompañado al Perú desde hace milenios.

La defensa del bosque le costó la vida. La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Madre de Dios inició una investigación preliminar por homicidio calificado tras el asesinato de Hipólito Quispehuamán Conde, defensor ambiental y dirigente de la Reserva Nacional Tambopata, ocurrido el sábado 26 de julio en la carretera Interoceánica.

El crimen se produjo en el kilómetro 285 de la carretera Interoceánica, sector Santa Rosa, distrito de Inambari. Quispehuamán, padre de tres hijos, retornaba en un vehículo de carga tipo “carguero” desde la feria sabatina de Mazuko, donde comercializaba productos agrícolas, cuando fue interceptado por presuntos sicarios.

La fiscal provincial Karina Torres Godoy, quien asumió el caso, confirmó que la hipótesis preliminar apunta a una represalia por su trabajo como defensor del medio ambiente. “Hemos realizado el levantamiento del cadáver y recogido muestras de interés criminalístico. La investigación la asumirá nuestra fiscalía por tratarse del asesinato de un defensor más en Madre de Dios”, declaró.

Un defensor reconocido

Hipólito Quispehuamán era fundador de la Asociación de Agricultores Nueva Esperanza y participaba activamente en el Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata. Su labor se centraba en la agricultura sostenible y en la preservación de la biodiversidad de la Amazonía, una región golpeada por la minería ilegal y la deforestación.

Compañeros de la feria agropecuaria de Mazuko denunciaron públicamente que su cuerpo estuvo abandonado por más de 12 horas antes de ser atendido por las autoridades.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) exigió justicia y acciones urgentes para proteger la vida de quienes defienden los derechos humanos en el país. “¡No más muertes! ¡Basta de asesinatos!”, señaló la organización en su pronunciamiento.

Un patrón alarmante

El asesinato de Quispehuamán no es un hecho aislado. Entre 2019 y 2025, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos registró al menos 29 situaciones de riesgo para personas defensoras del ambiente solo en Madre de Dios. La mayoría de los casos se concentran en la zona de Tambopata, donde convergen intereses vinculados a la minería ilegal, el narcotráfico y la tala indiscriminada.

Otro informe reciente revela también que en la Amazonía peruana hay 226 defensores y defensoras indígenas bajo amenaza. Pueblos como los Shipibo-Konibo, Asháninka, Kakataibo, Yine y Awajún enfrentan asesinatos, desapariciones, hostigamientos y criminalización por defender sus territorios. El pueblo Kakataibo registra algunas de las tasas más altas de violencia, especialmente en zonas donde se expande el narcotráfico.

Emergencia prolongada

Frente a este contexto de violencia, el Gobierno prorrogó por 60 días el estado de emergencia en seis distritos de Madre de Dios, medida que fue oficializada mediante el Decreto Supremo 094-2025-PCM. La norma busca reforzar el control del orden interno ante delitos relacionados con la minería ilegal, tala y tráfico de insumos químicos, así como la trata de personas.

La medida rige desde el 25 de julio e incluye a Tambopata, Inambari, Las Piedras, Laberinto, Madre de Dios y Huepetuhe. La Policía Nacional mantendrá el control con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Sin protección suficiente

Cabe señalar que Madre de Dios es una de las regiones más golpeadas por la criminalidad ambiental. Según el Ministerio del Ambiente, entre 2021 y 2023 se perdieron más de 25,000 hectáreas de bosque por minería ilegal. A esto se suma la contaminación de ríos con mercurio y la pérdida acelerada de biodiversidad.

Aunque existen mecanismos estatales de protección, organizaciones de derechos humanos han advertido que estos resultan insuficientes y que la mayoría de asesinatos de defensores siguen en la impunidad. El caso de Quispehuamán vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de proteger a quienes arriesgan su vida por proteger sus territorios ancestrales.

Un reciente hallazgo en la selva norte del país ha revelado una nueva especie de rana semi arborícola, desconocida hasta ahora por la ciencia. Se trata de un pequeño anfibio de entre 3.8 y 4.5 centímetros de largo, con una combinación de características que la hacen única: ojos plateados, flancos amarillos con puntos negros, cuerpo marrón con manchas oscuras y una piel cubierta de diminutos tubérculos. La especie fue identificada en cinco localidades de la cuenca del río Huallaga, en el departamento de San Martín, una zona de gran biodiversidad pero aún poco explorada por los herpetólogos.

Este descubrimiento fue posible gracias al trabajo conjunto de científicos del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) —adscrito al Ministerio del Ambiente—, junto a especialistas del Museo Argentino de Ciencias Naturales, la Universidad Estadual Paulista (Brasil) y la Universidad de Sevilla (España). La nueva especie ha sido nombrada Scinax garciadavilae, en honor a la reconocida bióloga peruana Carmen García Dávila, quien ha dedicado su vida a la investigación y conservación de la biodiversidad amazónica.

Scinax garciadavilae: una nueva rana para la ciencia mundial

La Scinax garciadavilae pertenece al grupo Scinax eurydice, que hasta ahora solo incluía especies registradas en Bolivia y Brasil, lo que convierte a este hallazgo en el primero de su tipo en territorio peruano. Según los investigadores, el animal fue encontrado tanto en bosques siempreverdes como en áreas alteradas por la presencia humana, próximas a charcas y caminos, lo que sugiere cierta tolerancia a entornos intervenidos, un rasgo poco común en muchas especies de anfibios amazónicos.

La confirmación como nueva especie fue respaldada por análisis genéticos, los cuales revelaron una divergencia genética superior al 12% respecto a sus parientes más cercanos. En el estudio también se identificaron características morfológicas distintivas, como la coloración lateral del cuerpo y la estructura de su saco vocal, que fueron clave para diferenciarla de otras ranas del mismo género. Este nivel de variación supera los umbrales comúnmente usados para delimitar especies de ranas neotropicales, según se detalla en el artículo científico publicado en la revista Herpetologica.

El nombre de la especie, Scinax garciadavilae, rinde homenaje a Carmen García Dávila, una de las principales figuras científicas del país en el estudio de la Amazonía, reconocida además por su impulso al liderazgo femenino en la ciencia peruana, especialmente en el ámbito amazónico. Su legado inspiró al equipo investigador a inmortalizar su aporte bautizando con su apellido a este nuevo representante de la fauna nacional.

Otro hallazgo en los Andes

Una nueva especie de murciélago ha sido descubierta en las regiones de Arequipa y Lima, aportando información clave sobre la biodiversidad que aún permanece oculta en los ecosistemas de niebla del sur andino. Se trata del Myotis huariorum, un pequeño mamífero identificado en la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi y en los bosques de Zárate, en Huarochirí, zonas que destacan por su riqueza natural y bajo nivel de exploración científica. El hallazgo fue publicado en el Journal of Mammalogy y representa un paso importante para el estudio de los mamíferos de montaña en Sudamérica.

El Myotis huariorum se caracteriza por tener el antebrazo más largo registrado entre los murciélagos neotropicales, un cráneo globular y pelaje bicolor de textura sedosa. Estas particularidades podrían convertirlo en un bioindicador de salud ambiental, especialmente en hábitats de niebla amenazados por el cambio climático y la intervención humana. Además, su nombre rinde homenaje a la antigua cultura Wari (Huari), cuyo legado histórico está íntimamente ligado a las tierras donde fue hallado, subrayando así el vínculo entre diversidad biológica y herencia cultural.

Los investigadores detrás del descubrimiento —afiliados a instituciones como el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la Universidad de Nuevo México y la PUCE de Ecuador— destacan que esta especie podría tener una distribución más amplia de lo que se pensaba, abarcando zonas adyacentes al Cotahuasi e incluso áreas periféricas de la reserva. En el caso del bosque de Zárate, donde también fue registrada, el hallazgo refuerza la urgencia de conservar este relicto de biodiversidad que ya alberga aves endémicas y otros vertebrados clave.

El 20 de julio, Venustiano Saboya Pisco, uno de los imputados por el asesinato del líder indígena Quinto Inuma Alvarado, falleció durante una intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Orellana (Loreto). Saboya Pisco estaba acusado de ser coautor del asesinato del líder kichwa ocurrido el 29 de noviembre de 2023. El suceso tuvo lugar en vísperas de la audiencia clave de control de acusación programada para el 25 de julio, donde se esperaba avanzar en el juicio del caso. La intervención policial se realizó en cumplimiento de una orden judicial de captura por homicidio calificado y sicariato.

Durante la operación, Saboya Pisco supuestamente agredió a los agentes de la PNP con un machete, lo que derivó en una respuesta armada que acabó con su vida en el lugar. La muerte de este imputado agrega un giro al proceso judicial, ya que aún quedan cuatro acusados en prisión preventiva y uno más en libertad, esperando que se continúe con el juicio en su contra. La familia de Inuma y la comunidad indígena siguen demandando justicia, mientras que las autoridades aseguran que el curso del proceso no se verá alterado por este evento.

Contexto del asesinato de Quinto Inuma y su impacto

El asesinato de Quinto Inuma el 29 de noviembre de 2023 conmocionó a toda la región amazónica y a la sociedad peruana. Inuma, líder indígena y Apu de su comunidad, fue un ferviente defensor de la Amazonía y del territorio de su pueblo frente a las actividades ilícitas que afectan la región. La investigación fiscal concluyó que el crimen fue un asesinato por encargo, llevado a cabo como represalia por su lucha contra el crimen organizado y la defensa de su comunidad.

Este tipo de violencia contra los defensores de los pueblos indígenas en la Amazonía ha sido un tema recurrente, ya que la violencia está estrechamente relacionada con las actividades ilegales, como la minería ilegal y la tala ilegal de bosques.

La Fiscalía de la Nación solicitó penas severas para los imputados, con cadena perpetua para algunos de los involucrados, incluido Venustiano Saboya Pisco. El caso es emblemático, no solo por el crimen en sí, sino también por el contexto de amenazas a líderes indígenas y defensores ambientales que viven bajo riesgo constante debido a sus denuncias contra las actividades ilícitas en el Amazonas. A pesar de la muerte de uno de los acusados, las autoridades y la familia de Inuma siguen comprometidos con la búsqueda de justicia, esperando que los responsables sean condenados.

La audiencia clave del 25 de julio y el futuro del caso

Este viernes 25 de julio, se llevará a cabo una audiencia de control de acusación que marcará una etapa clave en el proceso judicial por el asesinato de Quinto Inuma. Durante esta audiencia, se evaluarán las pruebas y se determinará si el caso avanza hacia el juicio oral.

Los cinco imputados restantes, entre ellos Genix Saboya Saboya, Limber Ríos Ruiz, Jerrly Saboya Saboya, Segundo Juan Villalobos Guevara, y Dedicación Vera Pardo, enfrentan cargos graves, y se espera que la Fiscalía mantenga su solicitud de penas severas para cada uno. En este sentido, el trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional ha sido clave para avanzar en la investigación y garantizar que el proceso judicial continúe sin interrupciones, a pesar de la muerte de Saboya Pisco.

Además, desde el Instituto de Defensa Legal, se ha reiterado la importancia de que este evento no debilite los esfuerzos por lograr la condena de todos los responsables materiales e intelectuales del crimen. La familia Inuma sigue esperando justicia y, con el avance del proceso, se reafirma el compromiso con la protección de los defensores indígenas y de sus territorios, especialmente en la Amazonía, donde las amenazas continúan siendo un grave problema.

Un humedal amazónico que durante años actuó como sumidero natural de carbono dejó de capturar CO₂ en 2022, según un estudio reciente citado por el portal especializado Live Science. El hallazgo genera preocupación en la comunidad científica internacional, que advierte que este tipo de ecosistemas podría pasar de ser aliados contra el cambio climático a convertirse en emisores netos de gases de efecto invernadero.

El aguajal ubicado en la reserva forestal Quistococha, en Iquitos, está compuesto principalmente por palmas Mauritia flexuosa (aguaje). Según los investigadores, este ecosistema —pese a no haber sido intervenido por tala, incendios o actividad humana directa— se volvió carbono neutro en 2022 debido a factores climáticos extremos: niveles anormalmente altos de radiación solar y descenso de la capa freática.

Consecuencias a gran escala: ¿una bomba de carbono en pausa?

De acuerdo con la publicación científica, el cambio en la dinámica del aguajal tiene implicancias preocupantes a escala global. Las turberas amazónicas, aunque ocupan una fracción pequeña del territorio, almacenan al menos 5 gigatoneladas de carbono en Perú y más de 550 gigatoneladas a nivel mundial, superando el total contenido en todos los bosques del planeta.

Jeffrey Wood, biometeorólogo de la Universidad de Missouri y autor principal del estudio, advirtió que estas turberas han acumulado carbono durante miles de años, por lo que una alteración sostenida podría liberar gases almacenados durante siglos. Si el aguajal de Quistococha —hasta hace poco un fuerte sumidero de carbono— comienza a emitir más CO₂ del que retiene, el impacto en el equilibrio climático global sería significativo.

El cambio detectado no fue causado por deforestación ni minería. Según los científicos, el fenómeno se explica por dos factores principales: el exceso de radiación solar, que provocó una reducción de la fotosíntesis (fotoinhibición), y la exposición del suelo de turba al oxígeno por descenso del nivel del agua. Esto aceleró la descomposición de la materia orgánica y aumentó las emisiones de dióxido de carbono y metano.

Chris Evans, experto en turberas del UK Centre for Ecology & Hydrology, explicó a Live Science que un ecosistema puede fluctuar entre años más o menos emisores, pero que si la tendencia se repite o intensifica, podría representar un punto de quiebre. “Las condiciones climáticas extremas podrían convertir estos reservorios en verdaderas fuentes de carbono, acelerando el calentamiento global”, señaló.

El estudio alerta además que estos cambios podrían intensificarse debido a la alteración del microclima regional, provocada por deforestación indirecta, expansión urbana y variabilidad climática extrema, como las sequías prolongadas que afectan a la Amazonía.

Qué se sabe del aguajal de Quistococha y por qué es clave para el planeta

El aguajal de Quistococha ha sido estudiado desde 2017 por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), en coordinación con universidades de EE.UU., mediante una estación de monitoreo intensivo de gases de efecto invernadero (SMIC-Q). Entre 2018 y 2019, este ecosistema capturaba en promedio 460 gramos de carbono por metro cuadrado al año.

Los datos de 2022, publicados en Geophysical Research Letters, mostraron por primera vez una pérdida total de esa capacidad, lo que convirtió al aguajal en carbono neutral. A diferencia de lo que ocurre con áreas degradadas por tala o incendios, en este caso no hubo intervención humana directa. El cambio fue exclusivamente climático.

Este tipo de humedal forma parte de las turberas tropicales —ecosistemas formados por vegetación en descomposición en suelos permanentemente húmedos— que almacenan carbono en condiciones de baja oxigenación. Si esas condiciones se alteran, como ocurrió con el descenso del agua en Quistococha, el carbono almacenado durante siglos puede ser liberado rápidamente.

La comunidad científica advierte que, de mantenerse las condiciones actuales, como la alta radiación, períodos sin lluvias y descenso del nivel freático, este tipo de ecosistemas no solo dejarían de cumplir su función climática, sino que se sumarían al grupo de emisores, agravando aún más el efecto invernadero global.

La minería ilegal se expande en los ríos de la Amazonía peruana, pero no lo hace sola. Según líderes indígenas de distintos pueblos originarios, algunos “apus” de comunidades amazónicas han sido cooptados por operadores ilegales, facilitando la entrada de dragas, el vertido de mercurio y la extracción de oro en zonas ancestrales.

Todo ocurre bajo la vista pasiva del Estado, pero también con la complicidad de autoridades locales y de algunos líderes comunales comprados con oro. Así lo denuncian representantes de los pueblos Wampis, Kukama y Shipibo-Conibo, quienes advierten que no solo se está destruyendo el medio ambiente, sino también descomponiendo el tejido social de sus comunidades.

En territorios como el río Nanay, en Loreto, o el río Santiago, en Amazonas, los mineros ilegales han encontrado la “ruta perfecta”. Mientras el Ministerio del Ambiente advierte que una sola draga puede liberar entre uno y tres kilos de mercurio al mes, el Comité de Protección del Agua en Iquitos reporta que más del 80% de la población ya presenta niveles elevados de mercurio en la sangre.

Autoridades y apus al servicio de la minería

La nación Wampis, en la región Amazonas, ha documentado la presencia de dragas en su territorio ancestral. Evaristo Wajai, abogado y director de justicia de esta comunidad, denunció en RPP que el avance de la minería ilegal no sería posible sin el respaldo de algunos apus que han sido corrompidos por el dinero. “Compran conciencias de los comuneros, específicamente de los apus, para tener esa legitimidad entre comillas y seguir operando impunemente”, explicó.

En la misma línea, Lizardo Cauper Pezo, presidente del Consejo Shipibo-Conibo-Xetebo, afirmó que en Ucayali, además de la minería, también se enfrentan al narcotráfico y la tala ilegal. Estas actividades, que mueven grandes sumas de dinero, han generado divisiones internas e incluso muertes. “Aquí ha habido asesinatos por defender los territorios. Presentamos denuncias ante la Fiscalía, pero no hay respuesta concreta. La corrupción divide a las poblaciones y no se hace nada”, sostuvo.

Ambos representantes coinciden en que la falta de presencia estatal, en salud, educación, desarrollo productivo o fiscalización ambiental, ha convertido a las comunidades en blanco fácil de redes ilegales. Lo que antes se resolvía de forma colectiva, ahora se fragmenta frente a promesas individuales de ingreso económico, sin importar las consecuencias a largo plazo.

La inacción estatal consume la vida del río Nanay

El caso más grave se vive en Loreto. José Manuyama, dirigente Kukama y coordinador del Comité de Defensa del Agua en Iquitos, recordó que el río Nanay es la fuente de agua de medio millón de personas. Sin embargo, hoy está contaminado por la acción de dragas que operan sin control. “Aquí hay una amenaza directa a toda una ciudad. No existiría minería aurífera en el Nanay sin la complicidad o negligencia del Estado en todos sus niveles”, aseguró.

Manuyama responsabilizó al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía, al Gobierno Regional de Loreto y al propio Ejecutivo por no tomar acciones firmes.

“Si las comunidades estuvieran atendidas, no habría ingreso de ninguna actividad ilegal”, advirtió Manuyama.

Desde San Martín también se han encendido las alertas. La Dirección Regional de Energía y Minas ha reportado la presencia de dragas en la cuenca del río Huallaga.

Fiscales sin recursos frente a una economía ilegal

En entrevista con RPP, el fiscal Frank Almanza, coordinador nacional de las fiscalías especializadas en delitos ambientales, reconoció que el Ministerio Público no cuenta con los recursos humanos ni logísticos para enfrentar esta emergencia. En toda la región Loreto, por ejemplo, solo hay dos fiscales provinciales dedicados a delitos ambientales. La misma situación se repite en Pucallpa y Amazonas.

“Pese a eso hacemos operativos todos los días, pero enfrentamos una situación muy grave. No tenemos el número adecuado de fiscales, ni los equipos suficientes. Además, se necesita una reforma legislativa para actuar con más eficacia”, explicó. Almanza también reveló que hay al menos 20 autoridades o exautoridades estatales identificadas como cómplices, al estar investigados por delitos ambientales.

El operativo, liderado por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Maynas, movilizó a varias instituciones del Estado y contó con tecnología avanzada para identificar la zona. Según la información oficial, la intervención se realizó entre el 8 y el 14 de julio en sectores estratégicos como Albarenga, San Juan de Ungurahual, Wiracocha, Santiago de Raya, Diamante Azul y áreas aledañas.

Cómo se ejecutó el golpe contra la minería ilegal en la Amazonía

La operación incluyó reconocimiento aéreo e imágenes satelitales, gracias al apoyo de la Fuerza Aérea del Perú y las organizaciones Conservación Amazónica (ACCA) y Amazon Conservation Association (ACA). Esto permitió localizar el campamento principal y seis centros logísticos adicionales, además de un punto de reabastecimiento de combustible.

Durante el megaoperativo, se incautaron e inutilizaron 13 balsas tipo draga que estaban en plena operación, así como 3 balsas semihundidas y 4 tipo traca, utilizadas para extraer ilegalmente oro de los ríos. Las autoridades también decomisaron 6 motores de gran potencia, accesorios de succión, 20 bombonas y rotores, además de 800 galones de petróleo y 120 galones de gasolina que alimentaban las máquinas.

El despliegue involucró a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina (Dicapi), la Policía Nacional a través de su Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb), Sunat–Aduanas y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). La coordinación interinstitucional fue clave para asegurar la destrucción de las estructuras y la neutralización del campamento ‘Pastuzo’, que se había convertido en el epicentro del comercio ilícito en esta cuenca amazónica.

Las autoridades advierten que la minería ilegal no solo genera deforestación y contaminación con mercurio, sino que también implica graves riesgos para las comunidades indígenas y ribereñas del Alto Nanay.

Minería ilegal en Perú: un negocio que mueve miles de millones

En un preocupante informe presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se reveló que la minería ilegal en Perú movió más de US$ 2.248 millones entre 2022 y 2025, representando cerca del 80% de los flujos financieros sospechosos relacionados con actividades ilícitas. El vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, indicó que estos números probablemente subestiman la magnitud del problema, ya que solo incluyen operaciones vinculadas al oro, mientras que minerales como el cobre podrían aumentar significativamente la cifra.

La minería ilegal en Perú no es un fenómeno reciente. Según un informe previo de la UIF, entre 2012 y 2022 se detectaron más de 3.900 operaciones sospechosas por un total de US$ 18.478 millones, lo que muestra la presencia de una economía paralela que sigue operando con altos niveles de impunidad. Este tipo de actividad no solo afecta al sector económico formal, sino también al medio ambiente y a la seguridad pública, ya que está estrechamente vinculada a redes criminales que operan con total libertad en varias regiones del país.

Frente a esta situación, los expertos en minería han resaltado la urgencia de una reforma legal que permita identificar y diferenciar a los pequeños mineros que cumplen con la ley de aquellos que operan en total ilegalidad. Esta reforma podría incluir medidas como la exigencia de concesiones mineras formales, el respeto a planes de manejo ambiental y el cumplimiento de las normas laborales, con el objetivo de frenar la expansión de la minería ilegal y su impacto negativo en el país. Además, se prevé que la minería ilegal podría extenderse a nuevas áreas, como las regiones cupríferas, dadas las altas demandas globales de cobre.

Durante años, el aguajal de Quistococha, un ecosistema amazónico único ubicado cerca de la ciudad de Iquitos, cumplió un rol vital en la lucha contra el calentamiento global: capturar y almacenar dióxido de carbono (CO₂). Sin embargo, un reciente estudio ha revelado que este humedal dominado por la palma Mauritia flexuosa, también conocida como aguaje, ha perdido esa capacidad.

Investigadores del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), en colaboración con universidades estadounidenses, descubrieron que factores climáticos extremos registrados en 2022 —como la sequía prolongada y una irradiación solar sin precedentes— provocaron que este ecosistema natural ya no cumpla su función de sumidero de carbono. Este hallazgo, publicado en la revista Geophysical Research Letters, representa una alerta sobre la fragilidad de los ecosistemas amazónicos ante el avance del cambio climático.

Fotosíntesis en pausa: cuando el clima altera la respiración del bosque

Hasta el año 2019, el aguajal de Quistococha absorbía en promedio 460 gramos de carbono por metro cuadrado cada año, según datos del sitio de monitoreo intensivo de carbono (SMIC-Q) del IIAP. Pero las condiciones registradas en 2022 alteraron esta dinámica. Las plantas, sometidas a altas temperaturas y suelo seco, redujeron su capacidad de realizar fotosíntesis debido a un fenómeno conocido como fotoinhibición: cuando el estrés ambiental hace que las hojas “apaguen” temporalmente su maquinaria de captación de carbono para evitar daños.

Este tipo de alteración fisiológica ya ha sido reportado en otros bosques tropicales del mundo, pero el caso del aguajal amazónico es especialmente preocupante porque no se trata de una zona degradada por la acción humana. No hubo tala, ni incendios, ni expansión agrícola. Solo la variabilidad climática bastó para interrumpir una de las funciones ecológicas más importantes para el equilibrio del planeta.

El Dr. Jeffrey Wood, investigador de la Universidad de Missouri y coautor del estudio, señaló que esto podría marcar un antes y un después en la forma en que entendemos el rol de los humedales tropicales. “Las turberas amazónicas almacenan carbono durante miles de años. Si empiezan a emitir más del que capturan, estaremos ante una nueva amenaza global”, explicó.

Loreto y la Amazonía en alerta: el futuro de los bosques está en juego

El caso del aguajal de Quistococha no es un hecho aislado. Desde hace décadas, comunidades indígenas, líderes locales y organizaciones como DAR Loreto vienen advirtiendo sobre las consecuencias visibles del cambio climático en la región. Según informes de esta organización, el departamento de Loreto ha sufrido las mayores sequías registradas en 2005 y 2010, y graves inundaciones en 2012 y 2015. A inicios de 2022, una ola de calor sin precedentes golpeó a Iquitos y otras provincias amazónicas.

Los sabios y sabias de las comunidades de las cuencas de los ríos Tigre y Morona relatan que en su niñez las estaciones eran previsibles, y sabían cuándo llegaría la creciente o la vaciante. Hoy, las lluvias intensas o el calor extremo se presentan sin aviso, afectando cultivos, salud y hasta la seguridad alimentaria. El cambio climático ha alterado no solo los ciclos naturales, sino también la forma de vida de miles de familias amazónicas.

A esto se suma la creciente presión de actividades humanas como la tala ilegal, la expansión agrícola no planificada, y los proyectos de infraestructura vial, que agravan la pérdida de bosques amazónicos. De las más de 68 millones de hectáreas de bosque en Perú, una gran parte está en Loreto. Según la ONU, los bosques tropicales absorben cerca de 2000 millones de toneladas de CO₂ al año, por lo que su pérdida compromete gravemente los esfuerzos globales por limitar el calentamiento global.

Organizaciones como DAR señalan que, pese a la aprobación de marcos normativos como la Ley Marco de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y las contribuciones climáticas (NDC), su implementación a nivel regional avanza lentamente. No todos los actores locales cuentan con los recursos ni las capacidades para adaptarse al nuevo escenario ambiental.

El Perú ha dado un salto tecnológico clave para proteger sus bosques amazónicos. El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) lanzó oficialmente el ADETOP v2, un algoritmo de inteligencia artificial capaz de detectar tala ilegal desde el espacio en tiempo real, con una precisión superior al 90%. Esta herramienta de última generación fue desarrollada en alianza con investigadores de las universidades británicas de Sheffield y Cambridge, y permite el monitoreo forestal remoto sin que el Estado peruano haya invertido recursos económicos.

Esta nueva versión del algoritmo llega tras dos años de pruebas con el ADETOP v1, que funcionó entre 2023 y 2025. Durante ese tiempo, se logró supervisar más de 3,7 millones de hectáreas, detectar 60 casos de tala ilegal y reducir los tiempos de inspección de 23 días a solo 4 días. El ADETOP v2 busca duplicar la eficiencia, incrementando la cobertura y la velocidad de respuesta del Osinfor ante delitos ambientales. Desde Lima, ya se puede vigilar con alta resolución lo que ocurre en zonas críticas como Ucayali, Loreto y Madre de Dios.

Tecnología satelital, drones e IA: el combo que vigila la Amazonía peruana

La nueva versión de ADETOP emplea una combinación de imágenes del satélite Sentinel-2, de la Agencia Espacial Europea, y de la constelación Landsat, de la NASA, para identificar patrones de tala selectiva de árboles. El algoritmo, basado en Random Forest, ha sido entrenado con información recolectada en el campo por drones de alta resolución, sumada a imágenes históricas desde 2019 y datos georreferenciados de las concesiones forestales y áreas protegidas del país.

Una de las innovaciones clave del ADETOP v2 es su capacidad para procesar imágenes sin nubes, lo que garantiza una vigilancia continua y evita errores de interpretación por condiciones climáticas. Según el investigador David Paul Edwards, de la Universidad de Cambridge, esta versión logra una precisión “cinco veces mayor” gracias a los datos recogidos por los equipos de Osinfor en territorio peruano. Además, todos los resultados se exportan en formato vectorial GEOJSON, permitiendo su integración con plataformas de monitoreo y mapas digitales de libre acceso.

En junio de 2025, un equipo científico de Sheffield y Cambridge llegó a Madre de Dios para validar el algoritmo en condiciones reales. Según Christopher Bousfield, del equipo de desarrollo, el sistema ya logró identificar más de 23,000 metros cúbicos de madera extraída ilegalmente en el periodo 2024–2025, lo que equivale a 428 camiones cargados. De los 42 casos detectados hasta ahora, 13 ya tienen procesos administrativos concluidos con sanciones impuestas, y 29 están en investigación.

ADETOP v2 ya opera en regiones críticas y será base para futuros Centros de Monitoreo

La implementación del ADETOP v2 ha comenzado en colaboración con los gobiernos regionales de Ucayali, Loreto y Madre de Dios, zonas que concentran los índices más altos de deforestación y tala ilegal. Según Williams Arellano Olano, jefe de Osinfor, ya se trabaja en la creación de Centros de Monitoreo Forestal regionales, que permitirán reacciones más rápidas y fiscalización directa con soporte de tecnología, reduciendo la dependencia de los recursos logísticos en campo.

Gracias al uso de tabletas resistentes con GPS y software GeoSupervisor, los agentes de Osinfor pueden cruzar en tiempo real la información satelital con sus propias observaciones en terreno, agilizando la elaboración de informes técnicos que son válidos para procesos administrativos y penales. De hecho, los hallazgos generados por ADETOP ya están siendo compartidos con el Ministerio Público como pruebas en investigaciones por delitos ambientales.

Este proyecto —que no ha costado ni un sol al Perú gracias al financiamiento del Reino Unido— refuerza el rol del país como líder regional en tecnología aplicada a la gestión de recursos forestales. Desde ahora, la Amazonía podrá ser monitoreada sin pausa, desde el cielo y con algoritmos entrenados para protegerla, marcando un hito en el uso de la inteligencia artificial al servicio del medio ambiente.

Un equipo de investigadores peruanos anunció hoy el descubrimiento de Anacanthorus santaclarae, una nueva especie de parásito encontrada en las famosas palometas curuhuara (agua dulce), muy valoradas como recurso comestible en la Amazonía peruana. El hallazgo, realizado en ejemplares comercializados en el mercado de Santa Clara de Iquitos, abre preguntas sobre su impacto en cruceros, piscigranjas y salud acuícola.

De 30 ejemplares muestreados en pescaderías locales, 20 presentaron señales del nuevo parásito en las branquias. Según los pescadores, el pescado provino del río Nanay, lo cual orienta la investigación hacia esa cuenca. Este hallazgo se da en el contexto del proyecto “Caracterización morfológica, ultraestructural y mitogenómica de helmintos con potencial zoonótico en la Amazonía Peruana”, liderado por el Dr. John Chero De la Cruz de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Investigación a cargo: posibles efectos aún en evaluación

“El siguiente paso es intentar una infección experimental, o esperar aislarlo de un pez de cultivo para poder conocer cuáles son los signos clínicos específicos que podría generar, como diferencias en el crecimiento, o una insuficiencia respiratoria, al estar alojados en las branquias, en donde se observaron lesiones en las muestras recogidas”, explicó el investigador Jefferson Yunis, de la Universidad Científica del Sur.

El equipo aún no ha evaluado si el parásito provoca síntomas visibles como retraso en el desarrollo o problemas respiratorios debido a su presencia en órganos tan vitales como las branquias.

¿Riesgo para la salud humana?

Aunque el estudio plantea preocupaciones importantes para la acuicultura, los científicos aclararon que, hasta ahora, A. santaclarae no tiene características zoonóticas. “No tendría algún efecto perjudicial en humanos, debido a que no se le ha observado rasgos zoonóticos”, aseveró Yunis. Además, como los parásitos se localizan en las branquias —parte que se descarta al momento de preparar el pescado—, no existe evidencia que sugiera riesgo directo por consumo.

El hallazgo llama la atención sobre especies de interés comercial como el pacu (Piaractus brachypomus) y gamitana (Colossoma macropomum), criadas en la región. Los investigadores advierten que el parásito podría colonizar entornos de cría, especialmente si las condiciones de conservación son deficientes, facilitando contagios entre ejemplares.

Actualmente, tratamientos para géneros similares incluyen baños de sal o formol diluido. Sin embargo, no se conoce la eficacia de estos métodos contra A. santaclarae, subrayó el equipo.

Proceso de detección en laboratorio

Utilizando técnicas de tinción y aclaramiento en el Laboratorio de Parasitología y Sanidad Acuícola del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) en Iquitos, se identificaron las estructuras del parásito en las branquias. Luego, las muestras se almacenaron en colecciones científicas del Museo de Historia Natural de la UNMSM y el laboratorio del IIAP, asegurando su preservación para futuros estudios.

El proyecto contó con el respaldo del CONCYTEC y PROCIENCIA, con apoyo de un equipo diverso: Germán Murrieta (IIAP), Jennifer Anais y Enrique Ríos (UNAP), y Jefferson Yunis (Universidad Científica del Sur e IMARPE). Su colaboración interinstitucional promete un seguimiento más profundo de la biodiversidad de helmintos en la Amazonía, indican.

Primera de varias investigaciones en curso

El descubrimiento de A. santaclarae no es un hecho aislado. El equipo también indentificó otros 40 parásitos cuyo perfil biológico queda por definir, a partir de 200 muestras de peces amazónicos. Esto anticipa una serie de publicaciones científicas que podrían cambiar el panorama sobre parásitos en especies consumidas localmente.

Después de casi una década de expansión continua, los cultivos de hoja de coca en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) experimentaron por fin una leve contracción. Según el Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024, elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), esta zona, la más crítica del Perú en producción de coca, redujo su superficie cultivada en 5%, lo que equivale a 1908 hectáreas menos.

Pero el informe muestra realidad menos alentadora. Mientras el Vraem muestra avances, otras regiones del país registran crecimientos acelerados, algunos de ellos superiores al 200%. La expansión se concentra principalmente en zonas amazónicas como Aguaytía, Contamana y Madre de Dios, donde las hectáreas cultivadas con coca han llegado a triplicarse en el último año.

El monitoreo del 2024 incluyó 24 zonas con presencia de coca, tres más que en 2023. Se incorporaron por primera vez Cotuhé y Tigre (Loreto), así como Fitzcarrald (Madre de Dios), lo que permite una mirada más precisa del mapa cocalero nacional. En siete de las 14 zonas monitoreadas de forma continua desde 2018 se registraron reducciones, como en Alto Chicama y La Convención-Lares y Marañón. Pero estas mejoras se ven opacadas por los crecimientos sostenidos en otras regiones.

¿Qué se logró en el Vraem?

El Vraem ha sido históricamente una de las zonas más afectadas por el narcotráfico y actualmente concentra el 40% de la producción nacional de hoja de coca. En 2024, esta región registró una disminución del 5% en su superficie cultivada, lo que representa el primer retroceso luego de ocho años consecutivos de crecimiento. Aunque el descenso es modesto, rompe una tendencia preocupante.

Actualmente, más de 8490 familias de Ayacucho, Cusco y Junín participan en programas de desarrollo alternativo de Devida. Se brinda asistencia técnica en más de 8300 hectáreas de cultivos legales, se han instalado 866 unidades acuícolas y 330 apícolas, y 80 organizaciones productoras han mejorado su capacidad comercial. También se fortaleció la gobernanza local en 149 comunidades.

De la mano de gobiernos locales, 1339 familias han sido asistidas en el cultivo de palta, cacao y plátano, en cinco regiones. Además, se insiste en que estas acciones permiten desligar a las familias del modelo del narcotráfico y generar ingresos sostenibles. Para facilitar este proceso, también se han mejorado vías de acceso: más de 76 kilómetros de caminos vecinales han sido rehabilitados, lo que mejora la conexión con mercados, escuelas y centros de salud.

Madre de Dios registra alza histórica en cultivos de coca y se expande en otras regiones

Pese a los resultados en el Vraem, el panorama nacional es mixto. Según el Informe de Monitoreo 2024, el caso más llamativo es el de Madre de Dios, donde la superficie cultivada se incrementó en un 2489% respecto al periodo anterior. Este crecimiento desproporcionado convierte a la región en un nuevo foco de preocupación, pues hasta hace poco no figuraba como una zona prioritaria en la lucha contra el narcotráfico. Su rápida expansión sugiere un cambio en las rutas y dinámicas del comercio ilícito.

A esta región se suman otras donde los cultivos también han escalado de forma significativa. En Aguaytía, la superficie creció 220%, mientras que en Contamana lo hizo en 238%, y en el Huallaga, otro histórico enclave del narcotráfico, el incremento fue de 107%. El reporte confirma que el cultivo ilícito se está reactivando en zonas clave donde la erradicación parecía haber surtido efecto en años anteriores.

Además, Loreto, Ucayali, Junín, Puno, Huánuco, Ayacucho, Cusco y Amazonas forman parte del grupo de departamentos que también presentan aumentos preocupantes. En estas zonas, la producción se ha expandido tanto en cantidad como en dispersión geográfica, lo que podría dificultar aún más las tareas de intervención.

En este contexto, solo Cajamarca y La Libertad lograron reducir su superficie cocalera, con 189 y 546 hectáreas menos, respectivamente. Son los únicos entre los trece monitoreados que han mostrado retrocesos sostenidos, en un escenario nacional marcado por la relocalización de los cultivos y la diversificación del riesgo.

La selva amazónica del Perú continúa revelando sus secretos. En la comunidad de Bretaña, distrito de Puinahua, provincia de Requena (Loreto), un equipo de investigadores peruanos y extranjeros ha descubierto una nueva especie de orquídea epífita, denominada Specklinia bretannensis. El hallazgo fue anunciado por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM), que confirmó la participación de sus especialistas en el equipo científico responsable.

La nueva especie fue hallada en una zona de selva inundable, un ecosistema caracterizado por sus intensas lluvias estacionales y la presencia de suelos que se anegan periódicamente, lo que crea condiciones únicas para la biodiversidad. En este ambiente exigente, Specklinia bretannensis logró desarrollarse como epífita, es decir, creciendo sobre los troncos y ramas de árboles, sin parasitarlos pero aprovechando el acceso a la luz y el aire húmedo.

Un diminuto tesoro de valor incalculable

Aunque diminuta, esta nueva orquídea representa un avance significativo en el conocimiento científico del país. Según la UNTRM, el hallazgo evidencia la increíble diversidad biológica de la Amazonía peruana y subraya la importancia de documentarla.

El Perú alberga aproximadamente el 10 % de la flora mundial, lo que lo convierte en uno de los países megadiversos del planeta. Sin embargo, muchos especialistas coinciden en que esta riqueza está subestimada, especialmente en lo que respecta a las plantas epífitas. Durante mucho tiempo, los inventarios botánicos se han enfocado casi exclusivamente en los árboles, dejando en segundo plano grupos de plantas como bromelias, musgos, helechos y orquídeas epífitas.

El descubrimiento de Specklinia bretannensis es una muestra concreta de esta riqueza poco estudiada. Es un recordatorio del valor biológico incalculable que tienen incluso las especies más pequeñas y aparentemente insignificantes, pues representan estrategias evolutivas únicas y adaptaciones especializadas para sobrevivir en hábitats complejos como la selva inundable.

La biodiversidad oculta de las plantas epífitas

El hallazgo cobra aún más relevancia cuando se considera la impresionante diversidad de las epífitas en los ecosistemas peruanos. La UNTRM cita un estudio realizado en un solo árbol de 30 metros de altura en un bosque nublado del Perú, donde se encontraron 190 especies de plantas epífitas, de las cuales 114 eran orquídeas.

Si solo se hubiera contado el árbol mismo como especie, se habría registrado menos del 0.5 % de la diversidad real presente en su estructura. Este dato ilustra la urgencia de explorar con mayor detalle la flora oculta que vive sobre los árboles, la cual permanece en gran parte subregistrada en los inventarios científicos.

La diversidad de epífitas también desempeña funciones ecológicas fundamentales. Ayudan a retener agua y nutrientes en el dosel, proveen hábitat para invertebrados y anfibios, y contribuyen a la resiliencia general del ecosistema. Su estudio y conservación son, por tanto, esenciales para proteger la integridad ecológica de la Amazonía.

Colaboración científica internacional

El descubrimiento de Specklinia bretannensis fue posible gracias a la colaboración entre instituciones peruanas y mexicanas. El equipo de investigación estuvo conformado por especialistas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM), la Universidad Católica Sedes Sapientiae, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Investigación e Innovación para el Desarrollo Regional – Unidad Oaxaca.

Esta alianza demuestra que la colaboración internacional y la formación continua son clave para desentrañar los secretos de la biodiversidad. Al combinar conocimiento local, experiencia en taxonomía y tecnologías de vanguardia, el equipo científico logró identificar, clasificar y describir formalmente esta nueva especie.

La UNTRM destacó que estos esfuerzos conjuntos refuerzan el papel del Perú como líder en investigación biológica en la región. Las universidades y centros de investigación del país aportan ciencia y conocimiento al mundo, formando profesionales capacitados y generando datos valiosos para la conservación.

Impulso a la investigación y conservación

El hallazgo de Specklinia bretannensis también resalta la necesidad de fortalecer la investigación botánica en el Perú, especialmente en ecosistemas amazónicos y andinos que siguen siendo insuficientemente explorados.

En un contexto de creciente amenaza por deforestación, cambio climático y actividades extractivas, descubrir y describir nuevas especies es un paso esencial para justificar y diseñar estrategias de conservación. Cada nueva especie identificada ofrece información sobre la salud de los ecosistemas, sus conexiones ecológicas y su potencial valor para la ciencia, la medicina o la agricultura.

El hallazgo en Loreto es, por tanto, un llamado de atención sobre la importancia de la ciencia como herramienta para conservar el patrimonio natural del país y, en última instancia, para asegurar el bienestar de las comunidades humanas que dependen de estos ecosistemas.

Con Specklinia bretannensis, la Amazonía peruana suma una nueva joya botánica a su ya impresionante inventario. Este descubrimiento no solo enriquece la ciencia, sino que también inspira a continuar explorando, investigando y protegiendo la extraordinaria diversidad biológica del Perú.

A pesar de que el Perú ha reportado una ligera reducción en la superficie total de cultivos ilegales de hoja de coca, un nuevo informe revela una preocupante tendencia: el avance sostenido del narcotráfico en Áreas Naturales Protegidas (ANP) y sus zonas de amortiguamiento (ZA). Estas últimas, concebidas para proteger la biodiversidad y frenar el impacto humano sobre los ecosistemas, están siendo ocupadas por miles de hectáreas de coca, utilizadas como materia prima para la producción de cocaína.

El Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024, presentado por Devida y difundido por la agencia de noticias medioambientales Inforegión, muestra que mientras las plantaciones en el interior de las ANP cayeron un 21 % en el último año, en sus zonas de amortiguamiento aumentaron de 9.150 hectáreas en 2020 a 14.102 hectáreas en 2024. Para tener una idea del tamaño del problema: esa superficie equivale a más de 8.000 Estadios Nacionales del Perú repletos de cultivos ilegales.

Bahuaja Sonene y Cordillera Azul: los parques más golpeados

El Parque Nacional Bahuaja Sonene, ubicado entre Madre de Dios y Puno, se ha convertido en el epicentro de la deforestación asociada al narcotráfico. Según el informe, de las 328 hectáreas de coca reportadas dentro de seis ANP en 2024, el 80 % están en Bahuaja Sonene. Si se suman las plantaciones ilegales en su zona de amortiguamiento, la cifra asciende a 5.908 hectáreas, afectando gravemente uno de los territorios más biodiversos del país.

El distrito de San Pedro de Putina Punco, en Puno, concentra el 79 % de estos cultivos. Solo allí se detectaron 4.339 hectáreas en la ZA y otras 264 dentro del parque. Aunque en Putina Punco la superficie sembrada se redujo en 108 hectáreas respecto al año anterior, la coca no ha desaparecido, sino que se ha desplazado a distritos vecinos como Ayapata, Alto Inambari e Inambari, donde los cultivos aumentaron entre 20 y 203 hectáreas.

Otro caso alarmante es el del Parque Nacional Cordillera Azul, donde toda la coca se encuentra en su zona de amortiguamiento. En 2020 se registraron 947 hectáreas, pero en 2024 la cifra se disparó a 2.916 hectáreas, lo que representa un crecimiento del 208 % en solo cinco años. Los distritos más afectados son Vargas Guerra, Huimbayoc, Curimaná y Padre Abad, que concentran el 68 % de los cultivos.

Manu, El Sira y Asháninka: el narcotráfico amenaza reservas clave

El avance del narcotráfico tampoco perdona al Parque Nacional del Manu, uno de los lugares más biodiversos del planeta y Patrimonio Natural de la Humanidad. En su zona de amortiguamiento, ubicada en Kosñipata (Cusco), se registraron 1.004 hectáreas de coca en 2024. Aunque hubo una leve reducción de 21 hectáreas respecto a 2023, la cifra sigue siendo elevada frente a las 761 hectáreas reportadas en 2020.

Las reservas comunales Asháninka y El Sira, diseñadas para proteger los territorios de comunidades indígenas, también están bajo presión. En la ZA de la Reserva Asháninka, ubicada en Junín y Cusco, los cultivos crecieron un 169 % en cuatro años, llegando a 1.528 hectáreas, con el distrito de Río Tambo como principal foco. En El Sira, ubicada en Ucayali, se reportaron 913 hectáreas, con una reducción general del 29 %, pero con aumentos preocupantes en distritos como Tournavista.

Frente a este panorama, el Estado ha reforzado medidas de vigilancia satelital, patrullajes y apoyo a iniciativas de desarrollo sostenible. Sin embargo, la salida de la cooperación de USAID, que durante más de una década financió cultivos alternativos como café y cacao en la Amazonía, ha dejado un vacío difícil de llenar. Esta agencia aportó más de 2.962 millones de soles y ayudó a reemplazar 114 mil hectáreas de coca, pero su retiro ha expuesto nuevamente a estas regiones a la presión del narcotráfico.

Cuatro jóvenes indígenas de la Amazonía peruana cruzaron el océano para llevar la riqueza cultural y ambiental de la región al corazón de Europa. Estos jóvenes, provenientes de las comunidades de Tres Fronteras, Santa Teresita y Soplín Vargas, ubicadas en la zona de influencia del Parque Nacional Güeppí-Sekime, viajaron a Francia con un propósito claro: contar al mundo sus historias, las de su territorio y la manera en que lo protegen.

Los jóvenes no solo aprendieron técnicas de producción audiovisual, sino que también reflexionaron sobre su identidad cultural, su territorio y los desafíos ambientales a los que se enfrenta la región amazónica. A través de este proceso, lograron plasmar su conexión profunda con la selva, un lugar que consideran sagrado y esencial para su vida y la de futuras generaciones.

Esta experiencia única formó parte de un proyecto intercultural que impulsó un intercambio artístico y ambiental entre jóvenes de Perú, Senegal y Francia, en el marco de una alianza entre el Sernanp y la organización cultural Makiz’Art. El resultado de este esfuerzo fue la proyección de sus cortometrajes en el prestigioso Festival Internacional de Documentales de Noirmoutier.

Un puente cultural entre la Amazonía y Europa

La experiencia comenzó en 2024, cuando los jóvenes participaron en talleres de cine y narrativa visual en sus propias comunidades. Estos talleres, organizados por el equipo del área natural protegida, les brindaron las herramientas necesarias para contar sus historias con cámaras, palabras y sonidos.

La alianza entre el Sernanp y Makiz’Art permitió a estos jóvenes adquirir nuevas herramientas de producción audiovisual, mientras fortalecían su vínculo con la naturaleza. Los talleres en Nantes, Francia, les ofrecieron la oportunidad de colaborar con jóvenes de otros países, como Senegal y Francia, creando una serie de cortometrajes que reflejan sus realidades.

Estos trabajos fueron presentados ante un público europeo, llevando un pedazo de la Amazonía a la gran pantalla. Los cortometrajes, cargados de la esencia de sus territorios, son un testimonio de la diversidad cultural de Perú y una muestra del orgullo amazónico. El intercambio intercultural no solo benefició a los jóvenes amazónicos, sino que también sirvió como una estrategia innovadora de educación ambiental. El proceso de creación audiovisual les permitió reflexionar sobre su relación con la naturaleza y los retos que enfrentan para preservar su entorno.

El Festival Internacional de Documentales de Noirmoutier: Un espacio para la creatividad y el encuentro cultural

Desde su fundación, el Festival Internacional de Documentales de Noirmoutier ha tenido como misión abrir horizontes artísticos y culturales, acercando al público de todas partes del mundo al fascinante universo de los documentales. A través de una programación que incluye películas, documentales sonoros y fotografía, el festival se ha consolidado como una plataforma para descubrir diversas formas de narrar historias.

Durante todo el año, la isla de Noirmoutier, famosa por su clima suave y sus paisajes únicos, organiza talleres educativos y proyecciones abiertas a todo público, permitiendo que jóvenes y adultos exploren el mundo del cine y la narrativa visual. Uno de los aspectos más destacados del festival es la programación especial que se realiza cada primavera, un momento único en el que se reúnen tanto los profesionales del cine como el público general para disfrutar y debatir sobre las obras presentadas.

El festival, que tiene como propósito acercar a todos los públicos al mundo del documental, también destaca por su decisión de ofrecer acceso gratuito a las proyecciones, eliminando así cualquier barrera económica para los asistentes. Esta apertura se alinea con la visión de hacer del Festival de Noirmoutier un evento verdaderamente popular y diverso, que celebre la riqueza cultural de diferentes partes del mundo, incluyendo a jóvenes cineastas amazónicos, quienes recientemente tuvieron la oportunidad de proyectar sus cortometrajes en este emblemático evento europeo.

La minería aurífera ilegal continúa siendo una de las principales amenazas ambientales en la Amazonía. En el caso de Perú, particularmente en la región de Madre de Dios, esta actividad aceleró la deforestación, afectando gravemente territorios indígenas y áreas naturales protegidas. Así lo revela el último informe del proyecto MAAP (Monitoring of the Andean Amazon Project), que utiliza inteligencia artificial para monitorear el avance de esta problemática a través de la herramienta Amazon Mining Watch (AMW).

El análisis de imágenes satelitales muestra que en 2024 la minería de oro provocó la deforestación de 6,020 hectáreas en el país. Aunque esto representa una disminución del 46 % respecto al 2023, los daños acumulados son alarmantes. Desde 2018, Perú perdió más de 141,000 hectáreas por esta actividad.

Madre de Dios: el epicentro del impacto

El sur de Perú, y en particular Madre de Dios, concentra gran parte de la huella minera en el país. Tres comunidades indígenas en esta región —San José de Karene, Barranco Chico y Kotsimba— han sido severamente afectadas. Según el reporte, el territorio de San José de Karene ha perdido más de un tercio de su superficie total a causa de la minería ilegal.

FENAMAD, la organización que representa a estas comunidades, emprendió acciones legales y facilitado operativos conjuntos con el gobierno. Entre 2022 y 2024, se realizaron cinco operaciones de interdicción en zonas clave del Corredor Minero, como respuesta a la destrucción de ecosistemas y amenazas a la vida de los defensores indígenas.

El 36 % de la minería ocurre en territorios indígenas o áreas protegidas

A nivel regional, el reporte advierte que más de un tercio de la deforestación por minería aurífera en la Amazonía se produce dentro de áreas protegidas y territorios indígenas. En total, 725,000 hectáreas afectadas en 2024 estarían en zonas donde esta actividad es ilegal. Aunque Brasil concentra el mayor porcentaje de estos impactos, Perú ocupa el quinto lugar en la lista de países más afectados.

En el caso peruano, las zonas más golpeadas están dentro de la Amazonía sur, donde las comunidades indígenas dependen del bosque para su subsistencia. La expansión minera no solo arrasa con los árboles, sino que contamina los ríos con mercurio, afecta la pesca y pone en riesgo la salud de la población local.

AMW: vigilancia en tiempo real desde el espacio

El informe de MAAP se basa en datos generados por Amazon Mining Watch (AMW), una plataforma regional impulsada por Conservación Amazónica, Earth Genome y el Centro Pulitzer, que emplea inteligencia artificial para identificar en tiempo casi real las huellas mineras a través de imágenes satelitales.

Gracias a su capacidad de monitoreo en los nueve países amazónicos, esta herramienta permite alertar sobre nuevas zonas de intervención minera, incluso en áreas de difícil acceso. En 2024, se detectó una deforestación por minería de 111,603 hectáreas en toda la Amazonía, con Perú representando el 5 % del total.

El oro sigue empujando la destrucción del bosque

A pesar de la leve desaceleración en la tasa de deforestación, la demanda global de oro sigue al alza. En abril de 2025, el precio de la onza superó los 3,000 dólares, lo que aumenta el incentivo económico para seguir explotando ilegalmente los recursos amazónicos.

“Las comunidades indígenas siguen siendo el primer frente de defensa contra la minería ilegal, pero necesitan apoyo constante del Estado y de la sociedad civil”, advierte el informe. Los expertos coinciden en que herramientas como AMW pueden marcar la diferencia si se utilizan para tomar decisiones oportunas y proteger los ecosistemas.

En medio del creciente avance de la deforestación y las amenazas al ecosistema amazónico, Perú ha establecido una nueva Área de Conservación Regional (ACR) en Loreto. Se trata del ACR Medio Putumayo Algodón, una zona que protegerá más de 283 mil hectáreas de bosque primario en la frontera con Colombia, y que resguarda una porción significativa del carbono almacenado en la Amazonía norte peruana.

El portal medioambiental Mongabay Latam reportó que la medida fue oficializada el pasado 6 de junio mediante Decreto Supremo del Ministerio del Ambiente, y representa un hito ambiental: este nuevo espacio contribuye con el 53% del stock de carbono que se conserva en Loreto, región que representa más del 28% del territorio nacional y más de la mitad de la Amazonía peruana. De esta forma, el país refuerza sus esfuerzos por frenar el cambio climático, evitando las emisiones derivadas de la tala y la transformación del uso del suelo.

Un corredor biológico vital para comunidades indígenas y especies en peligro

La nueva ACR no solo es clave por sus servicios ecosistémicos, sino también por su conexión con otras áreas naturales protegidas. Forma parte de un conjunto territorial denominado Gran Paisaje Indígena Putumayo Amazonas, que abarca más de 4 millones de hectáreas y se extiende entre Perú, Colombia y Ecuador. Este corredor está compuesto por siete áreas colindantes, incluyendo el Parque Nacional Yaguas, reservas comunales e indígenas, y otras ACR como Maijuna-Kichwa y Ampiyacu-Apayacu.

El área también impacta directamente en la vida de más de 5000 personas pertenecientes a 16 comunidades indígenas de los pueblos murui, yagua, ocaina, kukama-kukamiria, kichwa, maijuna y bora. Estas comunidades fueron pieza clave en el impulso del proyecto desde hace más de una década. Gracias a sus esfuerzos, hoy el bosque que rodea al río Putumayo cuenta con una protección legal que garantizará su preservación por al menos 20 años.

Según Mongabay Latam, en esta zona se han identificado más de 1200 especies de flora y fauna, entre ellas animales amenazados como el jaguar, el delfín rosado, el lobo de río y el mono choro de cola amarilla. La protección de su hábitat resulta esencial frente a las presiones constantes del tráfico de tierras, la tala ilegal y la minería aurífera no autorizada.

La administración del ACR Medio Putumayo Algodón estará a cargo del Gobierno Regional de Loreto, que tiene un plazo de nueve meses para elaborar el plan maestro de gestión, el cual deberá incluir el manejo sostenible del territorio, vigilancia comunitaria y oportunidades para el desarrollo indígena sin deforestar.

¿Qué son las Áreas de Conservación Regional (ACR) y por qué son clave en la protección del medio ambiente en Perú?

Las Áreas de Conservación Regional (ACR) forman parte del conjunto de Áreas Naturales Protegidas (ANP) en el Perú y cumplen un rol estratégico en el ordenamiento territorial y la conservación ambiental. Estas zonas tienen límites definidos y gozan de un respaldo legal especial por parte del Estado, lo que garantiza su preservación a largo plazo en beneficio de las comunidades locales y del país en general.

A diferencia de otras categorías, las ACR permiten el uso directo de los recursos naturales, siempre y cuando las actividades que se desarrollen dentro de sus límites estén alineadas con los fines de conservación para los que fueron creadas.

En la estructura del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), las ACR son consideradas áreas complementarias junto con las Áreas de Conservación Privada (ACP). Su creación se oficializa mediante Decreto Supremo y son reconocidas como patrimonio nacional.

En cuanto a su manejo, tienen similitudes con otras figuras de protección como Reservas Comunales, Reservas Nacionales, Refugios de Vida Silvestre o Bosques de Protección, lo que permite equilibrar la conservación ecológica con el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales por parte de las poblaciones locales y los gobiernos regionales.

El proceso judicial por el asesinato de los cuatro líderes indígenas ashéninka de la comunidad nativa de Alto Tamaya-Saweto, en la región amazónica de Ucayali, entra a su fase final. La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali evalúa la sentencia por el crimen cometido en septiembre de 2014 contra Edwin Chota, Leoncio Quinticima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, quienes fueron asesinados tras denunciar reiteradamente la presencia de taladores ilegales en sus territorios comunales.

Hoy, 26 de junio a las 2:30 p.m., se realizará la decima sesión de audiencia de apelación de este caso. La defensa legal de las viudas de los líderes asesinados darán sus alegatos finales en la Corte Superior de Justicia de Ucayali.

Cabe precisar que la Fiscalía Superior de Pucallpa solicitó elevar la condena de los acusados a 33 años de prisión efectiva, luego de que una sentencia anterior —de 28 años y tres meses— fuera apelada. Actualmente, los procesados están en libertad mientras se espera la decisión judicial.

“Tráiganme su cabeza en una bandeja de plata”

El abogado penalista José Ugaz, convocado por la defensa de las viudas de los líderes indígenas, sostuvo que existe evidencia sólida que vincula directamente a los acusados con el crimen, en especial a José Carlos Estrada Guaita, empresario maderero y dueño de la empresa Eco SAC, señalada por las incursiones ilegales.

“Hay un testigo protegido que escuchó directamente cómo uno de ellos, el propietario de Eco SAC, decía: ‘Tráiganme su cabeza en una bandeja de plata, yo les voy a pagar’”, relató Ugaz en entrevista con RPP. Según explicó, esta conversación tuvo lugar en un bar días antes del asesinato, y fue seguida de reuniones en las que los implicados hablaron abiertamente sobre la eliminación de los dirigentes.

Tras las amenazas, Edwin Chota y Jorge Ríos fueron interceptados cerca de una quebrada del río Tamaya. “Estas personas lo vieron, lo ingresaron, lo agredieron, le dijeron: ‘Te vamos a matar’”, añadió Ugaz, quien también advirtió que, tras los asesinatos, los autores fueron escuchados “pidiendo que se les pague por haber cometido el crimen”.

35 indicios y riesgo de fuga

Para la defensa de las víctimas, hay más de 35 elementos indiciarios que sustentan la acusación y evidencian una organización criminal tras el asesinato. “Hemos logrado evaluar un conjunto de 35 indicios en el contexto de este expediente que tiene ya muchos años”, indicó Ugaz.

A pesar de ello, los acusados continúan en libertad. “Si no se toman las previsiones del caso, este señor Estrada puede desaparecer. Porque si se le dicta condena, la pena será ejecutable de inmediato”, advirtió el abogado, alertando sobre el alto riesgo de fuga.

Durante las audiencias, José Carlos Estrada asistió con dos abogados, mientras que otros implicados —como los hermanos Machi y Hugo Soria— están representados por defensa legal, algunos de manera virtual. Un ciudadano brasileño implicado, presuntamente vinculado al crimen organizado en la zona fronteriza, ya se encuentra no habido.

La lucha de los líderes indígenas por el territorio

Desde 2008, Edwin Chota y sus compañeros venían denunciando a una mafia maderera que operaba dentro del territorio comunal ashéninka en la frontera con Brasil. Presentaron cartas, informes con coordenadas geográficas, e identificaron a los presuntos responsables ante la Policía, el Ministerio Público y el Gobierno Regional de Ucayali. Sin embargo, fueron ignorados.

Tras su desaparición en 2014, los cuerpos de los dirigentes fueron hallados con signos de tortura, escopetazos y cuchilladas. Algunos restos habían sido calcinados. El crimen pudo evitarse si las autoridades hubieran actuado oportunamente ante las múltiples advertencias y denuncias de los líderes.

Demoras judiciales y obstáculos para las víctimas

El proceso también estuvo marcado por dilaciones e irregularidades. El pasado 6 de mayo de 2025, la audiencia de apelación fue suspendida por la renuncia del intérprete ashéninka, lo que impidió que las viudas participaran de forma efectiva. La Corte de Ucayali informó que el Ministerio de Cultura tardaría hasta 20 días en designar a un nuevo intérprete.

La audiencia fue reprogramada para el 15 de mayo. La falta de acceso a interpretación adecuada ha sido un problema recurrente en este proceso y evidencia la exclusión estructural que enfrentan las comunidades indígenas en el sistema de justicia.

Compromisos pendientes del Estado

En abril de 2024, la presidenta Dina Boluarte prometió a las viudas de Saweto pensiones de viudez y orfandad, apoyo educativo para los huérfanos y obras básicas de infraestructura para la comunidad.

Por otro lado, es importante señalar que Ucayali sigue siendo una de las regiones más peligrosas para los defensores del medio ambiente. En los últimos 15 años, al menos 35 dirigentes indígenas han sido asesinados por proteger sus territorios.

“Este caso es emblemático porque representa lo que ocurre cuando el Estado abandona a quienes defienden la Amazonía”, concluyó Ugaz. “El Perú tiene 35 dirigentes indígenas asesinados en los últimos años. Defender la tierra no puede seguir costando la vida”.

En el corazón de la Amazonía cusqueña, un grupo de mujeres indígenas machiguengas ha sido reconocido a nivel nacional por transformar el cacao en una herramienta de desarrollo sostenible. La Asociación de Mujeres Agrarias Cacaoteras de Koribeni, ubicada en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, ha sido galardonada con S/ 50 mil soles por su destacada labor en la producción de cacao nativo que respeta y conserva los bosques de su territorio.

Este reconocimiento fue entregado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) en el marco del concurso “Emprendedores por Naturaleza 2025”, que premia a iniciativas productivas dentro de Áreas Naturales Protegidas. El anuncio se realizó el pasado 20 de junio durante una ceremonia en Quillabamba, donde autoridades destacaron la importancia del emprendimiento femenino indígena en la defensa de los ecosistemas amazónicos.

El concurso “Emprendedores por Naturaleza” se desarrolla como parte de las políticas del Minam para impulsar un modelo económico más justo y sostenible, donde los pueblos originarios, como los machiguengas del Cusco, tengan las herramientas para conservar sus recursos sin renunciar a sus oportunidades de desarrollo.

Cacao con identidad y sostenibilidad: el trabajo silencioso de las mujeres de Koribeni

La asociación ganadora está conformada por mujeres de la comunidad nativa machiguenga de Koribeni, quienes han impulsado un modelo de producción sostenible de cacao y chocolate artesanal sin afectar los recursos naturales de su entorno. Gracias a su conocimiento ancestral y al uso de técnicas agroforestales, han logrado armonizar la conservación del bosque tropical húmedo con el crecimiento económico de sus familias.

El premio recibido permitirá a estas mujeres continuar fortaleciendo su emprendimiento, mejorar su infraestructura productiva y ampliar su mercado. “Este premio es un reconocimiento a su esfuerzo por integrar la conservación ambiental con el desarrollo económico local”, expresó Raquel Soto, viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente (Minam), quien participó en la entrega del galardón.

Según el jefe del Sernanp, José Carlos Nieto, el objetivo del certamen es visibilizar proyectos que no solo generan ingresos, sino que también se convierten en aliados clave para preservar la biodiversidad de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). La iniciativa de Koribeni es un ejemplo claro de cómo el emprendimiento rural con enfoque de género puede impactar positivamente en el territorio y en la comunidad.

Además del premio económico, durante la ceremonia también se hizo entrega de una camioneta 4x4 a la Reserva Comunal Machiguenga, como apoyo logístico para las tareas de vigilancia y control de los bosques protegidos. Esta acción forma parte de un paquete de medidas para fortalecer la gobernanza ambiental en regiones con alta presencia de comunidades indígenas.

Nueva evidencia científica confirma que el cacao nació en la Amazonía peruana hace más de 5.000 años

Un equipo liderado por la científica Claire Lanaud, del Instituto Agap de la Universidad de Montpellier en Francia, reveló a través de un estudio publicado en Scientific Reports que la Amazonía peruana es el verdadero origen del cacao (Theobroma cacao), y no Centroamérica como se creía anteriormente. Mediante análisis arqueogenómicos, los investigadores identificaron a la región de Iquitos como un núcleo clave de domesticación, con variedades genéticas como Marañón, Nanay, Iquitos y Contamana.

Los hallazgos también sugieren que el comercio del cacao nativo del Perú se inició hace más de cinco milenios. Pruebas arqueológicas demuestran su presencia en culturas precolombinas como Valdivia (Ecuador), Puerto Hormiga y San Jacinto (Colombia), lo que indica un temprano intercambio de plantas entre la Amazonía peruana y otras regiones de Sudamérica. Estas evidencias reescriben la ruta histórica de dispersión del cacao, apuntando a una red de contacto cultural mucho más antigua y extensa.

El estudio respalda las hipótesis del arqueólogo peruano Quirino Olivera, quien desde 2016 ha documentado evidencias del cultivo de cacao en sitios como Montegrande, en Jaén, Cajamarca. Según los expertos, este redescubrimiento no solo fortalece el posicionamiento del cacao peruano como producto ancestral, sino que también amplía el conocimiento sobre la diversidad genética del cacao, vital para enfrentar enfermedades, plagas y los efectos del cambio climático en la región.

Durante la madrugada del martes 24 de junio, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público ejecutaron un operativo simultáneo en la ciudad de Iquitos y distritos de la provincia de Maynas, región Loreto.

La acción culminó con la detención de 12 personas que serían parte de una presunta organización criminal dedicada al tráfico ilegal de fauna silvestre.

La intervención fue ordenada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Aduaneros, Tributarios, Propiedad Intelectual y Ambientales de la Corte Superior de Lima.

La medida incluyó allanamientos en viviendas e inmuebles relacionados con los investigados, quienes estarían implicados en actividades ilícitas que involucran especies extraídas de la Amazonía peruana.

La organización intervenida ha sido identificada con el nombre de “Los depredadores del oriente”. Según información preliminar, el grupo habría operado durante varios años con una estructura articulada que incluía personal especializado dentro de la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Loreto.

Documentación falsa, zoocriaderos fachada y envío de especies a Lima

La presunta red delictiva habría utilizado su conocimiento técnico para emitir documentos de gestión ambiental sin respaldo científico, autorizaciones irregulares y certificados que permitían el transporte de animales silvestres. Estas certificaciones habrían sido emitidas con el propósito de encubrir el origen ilegal de las especies trasladadas desde zonas remotas de la selva hacia centros urbanos.

Uno de los elementos centrales de la investigación es un supuesto zoocriadero ubicado en el fundo Huarari, en el distrito de Nauta. Este establecimiento funcionaba como centro de acopio y tránsito para los animales capturados.

Desde ahí, los ejemplares eran transportados por vía fluvial hasta Iquitos y, posteriormente, enviados a Lima a través del aeropuerto, usando la documentación proporcionada por funcionarios que habrían sido parte de la red.

El uso de empresas fachada fue otro componente clave en el esquema. Estas compañías se presentaban como negocios legalmente constituidos, pero en realidad habrían sido creadas con la única finalidad de facilitar el tráfico de fauna.

Se conoció que los 12 detenidos serán trasladados a Lima, donde continuarán las investigaciones y diligencias a cargo de las autoridades judiciales correspondientes.

Impacto y alcance de la intervención

El caso ha tenido gran repercusión en la región de Loreto, al exponer supuestas redes de corrupción al interior de instituciones públicas encargadas de proteger la biodiversidad. Las especies silvestres amazónicas, muchas de ellas en peligro de extinción, representan un ecosistema frágil cuya protección es una prioridad dentro de los marcos legales nacionales e internacionales.

La operación, de carácter reservado, se suma a las estrategias impulsadas por el Estado peruano para combatir el tráfico de especies y reforzar la fiscalización en zonas sensibles como la Amazonía. El tráfico de fauna silvestre constituye una de las principales amenazas contra la biodiversidad y está asociado a redes de comercio ilegal de alcance regional e internacional.

El seguimiento a este caso continuará en los próximos días. Las autoridades han señalado que se realizarán nuevas diligencias para identificar a posibles cómplices y ampliar la información sobre las rutas utilizadas para el traslado y comercialización de animales silvestres.

Por ahora, el operativo marca un hito en los esfuerzos por frenar el tráfico de fauna en la región oriente del país, una zona estratégica tanto por su riqueza natural como por su vulnerabilidad frente a actividades ilegales.

En medio de la temporada alta por la Fiesta de San Juan, que se celebra este martes 24 de junio, el turismo en Loreto enfrenta un doble desafío: garantizar la seguridad de los visitantes y recuperar los niveles de afluencia previos a la pandemia.

El detonante más reciente fue la denuncia de una turista española, quien reportó que su familia fue víctima de un secuestro mientras navegaban por el río Amazonas. El hecho encendió las alarmas del sector y desencadenó una serie de acciones articuladas entre instituciones públicas, operadores turísticos y fuerzas del orden.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto, Jorge Morales, informó que se han iniciado coordinaciones entre el Gobierno Regional, la Policía Nacional del Perú, la Capitanía y representantes del sector turístico, con el objetivo de mejorar los protocolos de respuesta ante emergencias.

Según explicó, ya se han sostenido reuniones para evaluar falencias en los canales de comunicación y reforzar los mecanismos de intervención rápida.

Articulación entre sectores para fortalecer la seguridad turística

Tras los incidentes registrados en la zona del Amazonas, se conformó una comisión en el marco del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana de Loreto. Esta instancia viene supervisando la operatividad de la línea telefónica 105, canal de atención policial que —según reveló Morales— no venía funcionando a plena capacidad.

Ante ello, se trabaja en habilitar nuevos números de contacto directo para la Policía, así como en la entrega de radios operativas que permitan la conexión con la Capitanía de Puerto y otras unidades de intervención.

La prioridad inmediata, indicó el representante empresarial, es dotar a los agentes policiales de equipos portátiles (radios handy) que les permitan actuar con rapidez en zonas ribereñas o de difícil acceso.

También se ha planteado establecer una red de comunicación directa entre guías turísticos, operadores de embarcaciones y efectivos policiales, con el fin de reaccionar ante cualquier eventualidad que pueda comprometer la seguridad de los visitantes.

En paralelo, las autoridades regionales y los representantes del sector turismo están a la espera de nuevas estadísticas que permitan evaluar si las medidas adoptadas han tenido impacto en la reducción de incidentes. Por ahora, se ha señalado que “la preocupación es permanente” y que el objetivo es consolidar una planificación que vaya más allá de una respuesta puntual.

Turismo en descenso

Los esfuerzos por reforzar la seguridad se desarrollan en un contexto complejo para el turismo en la región Loreto. Según Jorge Morales, el número de visitantes extranjeros se ha reducido en un 42 % respecto a los niveles anteriores a la pandemia. Mientras que antes de la crisis sanitaria se recibían aproximadamente 850 mil turistas al año, hoy la cifra ronda los 450 mil.

Uno de los factores que ha influido en esta caída es la disminución en la frecuencia de vuelos comerciales hacia Iquitos, que se ha reducido en un 30 %. Esta situación ha generado un impacto directo en el flujo turístico, especialmente en temporadas festivas como la de San Juan, cuando la región solía registrar picos de ocupación hotelera y alta demanda de tours en la selva amazónica.

En este escenario, representantes del sector privado solicitan mayor respaldo del gobierno central para revertir la tendencia negativa. Se ha planteado, por ejemplo, la necesidad de mejorar la conectividad aérea, promover campañas de turismo interno y reforzar la seguridad fluvial como eje central para reconstruir la confianza del visitante.

Fiesta de San Juan

A pesar de las dificultades, Loreto celebra este mes una de sus festividades más emblemáticas: la Fiesta de San Juan. Las actividades no solo se concentran en el distrito del mismo nombre, sino también en diversos puntos de la ciudad de Iquitos y otras localidades cercanas. El programa incluye pasacalles, eventos deportivos, ferias culturales, maratones y presentaciones artísticas, que buscan revitalizar el interés de los turistas y dinamizar la economía local.

La celebración, tradicionalmente vinculada a la selva y al agua como elementos simbólicos, también funciona este año como una vitrina para demostrar que la región trabaja en garantizar la seguridad de quienes la visitan. La recuperación del turismo en Loreto se percibe como un proceso gradual, en el que la coordinación interinstitucional, la mejora en la conectividad aérea y la confianza de los visitantes serán claves para retomar el dinamismo económico que caracterizaba a la zona antes de 2020.

En la región de Madre de Dios, conocida por ser la capital de la biodiversidad del Perú, se está gestando una amenaza silenciosa que pone en riesgo la salud de miles de personas y la supervivencia de especies únicas del planeta. Un nuevo estudio técnico presentado en junio de 2025 ha revelado que la minería de oro artesanal e ilegal ha provocado una contaminación por mercurio sin precedentes en esta zona amazónica.

El reporte fue elaborado por el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), con el respaldo de la Fundación Gordon y Betty Moore, tras 15 años de investigación. Los resultados son preocupantes: más de 180 toneladas de mercurio se liberan cada año al medio ambiente solo en esta región. El 80% del mercurio que llega a la atmósfera desde Sudamérica tiene origen en la Amazonía, y buena parte de ese porcentaje proviene de Perú.

Salud en riesgo: mercurio en el aire, agua y comida

El mercurio es un metal altamente tóxico, y cuando se transforma en metilmercurio, su versión más peligrosa, entra a la cadena alimenticia acuática y se acumula en los peces que son consumidos diariamente por comunidades locales. Esto significa que el pescado, base alimentaria para muchas familias amazónicas, ha pasado de ser fuente de nutrición a un vector de intoxicación.

Uno de los hallazgos más graves fue en la ciudad de Puerto Maldonado, donde un estudio mostró que el 78% de los adultos tenía mercurio en el cabello en niveles tres veces superiores al límite recomendado por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. El riesgo aumenta en mujeres en edad fértil, que mostraron los niveles más altos: esto expone a los fetos a malformaciones, daños cerebrales y retraso en el desarrollo neurológico.

En comunidades cercanas a Huepetuhe, La Pampa, Laberinto y Mazuko, donde la minería ilegal está más presente, se reportaron síntomas como dolores de cabeza, pérdida de memoria, debilidad muscular y daño hepático, especialmente en personas que trabajan directamente con amalgamas de oro y mercurio. El 80% de los vapores de mercurio que se inhalan en estos entornos son absorbidos por el cuerpo.

Incluso en zonas residenciales alejadas de la minería, como algunos sectores de Puerto Maldonado, se han registrado concentraciones de mercurio en el aire entre 20 y 40 ng/m³, muy por encima de lo normal. En tiendas de compra de oro y sitios mineros activos, estas cifras alcanzan niveles extremos de hasta 5000 ng/m³, producto de la quema de amalgama sin ningún tipo de control ambiental.

Impacto invisible en la fauna y en la vida diaria de los pueblos indígenas

El estudio también documenta que el río Madre de Dios transporta hasta 12 toneladas de mercurio al año, comparado con solo una tonelada en zonas sin minería. Esta carga tóxica se va acumulando en los peces carnívoros de gran tamaño, que son consumidos por los pueblos indígenas, quienes dependen directamente del río para sobrevivir. Para estas comunidades, el impacto no es solo sanitario: también afecta su cultura, su economía y su relación con el bosque.

La contaminación no se queda solo en el agua. Aves y murciélagos de la región amazónica también presentan niveles de mercurio de tres a cinco veces superiores a los de zonas no afectadas por minería. Algunos estudios señalan que este metal reduce hasta en un 40% la capacidad reproductiva de ciertas especies. Esto podría tener consecuencias a nivel ecológico, al poner en peligro a animales clave en el equilibrio de los ecosistemas amazónicos.

La actividad minera artesanal, que opera en gran parte de forma ilegal e informal, no solo destruye los bosques y contamina los ríos: tampoco genera desarrollo sostenible. No se pagan impuestos ni regalías, y los beneficios económicos no llegan a las comunidades locales. Se trata de un modelo extractivo que, además de ilegal, está envenenando lentamente a una de las zonas más valiosas del Perú.

En las profundidades de la selva peruana, las abejas sin aguijón, conocidas científicamente como Meliponini, enfrentan uno de los mayores desafíos de su historia: la pérdida acelerada de los bosques que durante millones de años han sido su hogar. Estas abejas, cruciales para la polinización de diversas plantas nativas, están luchando por sobrevivir en un entorno cada vez más amenazado por la deforestación.

Las Meliponini son abejas pequeñas y frágiles, incapaces de volar más allá de unos pocos cientos de metros. Su vida está intrínsecamente ligada a los bosques que han polinizado durante eones. Sin embargo, para encontrar sus nidos en Perú, los investigadores deben caminar más de dos horas a través de campos despejados y tierras deforestadas, llegando solo hasta los árboles más altos.

“Los nidos silvestres solo resisten donde aún hay bosque virgen”, señala a El País el meliponicultor de la región de Loreto, Heriberto Vela, quien, junto con su comunidad indígena kukama kukamiria, ha creado pequeños santuarios de madera para proteger a estas abejas de las especies invasoras como Apis mellifera, traídas por los colonizadores europeos.

La relación de los pueblos indígenas con estas abejas es ancestral. Desde antes de la llegada de los colonizadores, los habitantes de la Amazonía ya conocían las especies nativas, las cuales han sido fundamentales no solo para la polinización, sino también para la medicina tradicional. La miel de estas abejas, como la de Melipona eburnea, conocida como “boca de sapo” o “ronsapilla”, tiene propiedades curativas que la han convertido en un recurso valioso para la comunidad.

El rol ecológico de las abejas sin aguijón

Las Meliponini no solo producen miel, sino que también desempeñan un papel crucial en la biodiversidad del ecosistema. Son polinizadoras especializadas de plantas nativas, muchas de las cuales no pueden ser polinizadas por otras especies.

Entre las plantas que se benefician de su polinización están el camu camu y el café, cuyos rendimientos aumentan significativamente gracias al trabajo de estas abejas. Además, investigaciones científicas han demostrado que la miel de estas especies contiene moléculas con propiedades medicinales, como anticancerígenas y antibacterianas.

Sin embargo, las abejas sin aguijón enfrentan una competencia cada vez más difícil. La introducción de la Apis mellifera, que tiene colonias más grandes y puede volar distancias mucho mayores, ha desplazado a las nativas en muchos casos.

La Apis mellifera puede volar hasta tres kilómetros, mientras que las Meliponini apenas alcanzan unos pocos cientos de metros, lo que las coloca en desventaja cuando el entorno se ve afectado por la deforestación.

Deforestación amenaza la supervivencia de las abejas

Más de la mitad de sus hábitats en la Amazonía peruana están en áreas de alto riesgo de destrucción. Los árboles más antiguos, que son los que albergan los nidos de estas abejas, están siendo talados a un ritmo alarmante.

Especies como el Virola albidiflora, el Cedrelinga cateniformis, y el Ficus insipida, árboles vitales para las abejas, están siendo cortados para madera, leña y otros usos comerciales. La pérdida de estos árboles implica la desaparición de los hábitats naturales para las abejas.

A pesar de los esfuerzos de conservación, el tráfico ilegal de nidos silvestres sigue siendo una amenaza. En muchos casos, los nidos son extraídos de los bosques para ser vendidos en mercados locales, lo que no solo pone en peligro a las abejas, sino que también introduce parásitos y enfermedades en nuevos ecosistemas. Sin una regulación adecuada, el comercio ilegal podría tener efectos devastadores en las poblaciones de abejas sin aguijón.

Un cambio legal para proteger las abejas

En respuesta a la creciente preocupación por la pérdida de estas abejas nativas, en diciembre de 2024, el Congreso aprobó una modificación en la ley que reconoce a las abejas sin aguijón como una especie de valor ecológico y cultural.

Esta modificación busca promover la conservación de los hábitats de las Meliponini, incentivar la reforestación y apoyar la meliponicultura sostenible. Esta legislación es un paso hacia el reconocimiento de la importancia de estas abejas para la salud del ecosistema y las economías locales.

Sin embargo, aún existen desafíos internacionales. La normativa global, representada por el Codex Alimentarius de la ONU, solo reconoce la miel de Apis mellifera, lo que limita el reconocimiento y comercialización de la miel de Meliponini a nivel global.

A pesar de estos obstáculos, la ciencia y las comunidades indígenas siguen trabajando para preservar a estas abejas y garantizar que su papel en la polinización y en la conservación de los ecosistemas amazónicos sea reconocido y protegido.

Un reciente informe de la plataforma RAMI, impulsada por la organización Conservación Amazónica (ACCA), ha destapado una alarmante realidad sobre la minería ilegal en la Amazonía peruana. Según los datos obtenidos, solo en mayo se registraron más de 25 mil casos de deforestación asociados a la actividad minera en varias regiones del país, incluidos territorios protegidos y comunidades indígenas. Las imágenes satelitales muestran cómo la minería avanza imparable, incluso en áreas donde debería estar prohibida.

Aunque el sur del Perú sigue siendo el foco principal de la minería aurífera ilegal, se han identificado nuevas zonas en Loreto, al norte del país, donde la actividad extractiva se está expandiendo. Territorios antes considerados relativamente intactos están siendo invadidos, poniendo en riesgo la biodiversidad y las comunidades locales.

La tecnología satelital ha permitido visualizar el avance minero incluso en territorios indígenas, áreas de conservación privada, zonas de amortiguamiento de reservas naturales y concesiones bloqueadas por el Estado.

Minería ilegal avanza sobre zonas protegidas y territorios indígenas

En la región de Madre de Dios, conocida por su alta concentración de minería ilegal, los satélites han detectado un crecimiento preocupante de la actividad minera en zonas que deberían estar protegidas. En la concesión minera Edith Cardozo Valencia, que se encuentra bloqueada por el Estado, se identificaron 74 casos de deforestación, con una pérdida de 0.86 hectáreas de bosque. Pese a la normativa que prohíbe cualquier actividad extractiva, la minería ilegal sigue operando en esta zona.

En la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, otra área clave para la conservación de la biodiversidad amazónica, los satélites revelaron 57 casos de deforestación, que equivalen a la pérdida de 1.1 hectáreas de selva. Esta zona, que actúa como una especie de filtro ecológico alrededor de la reserva, ha sido invadida por mineros ilegales que continúan con su actividad sin control alguno.

Por otro lado, en Loreto, en el norte del país, se detectó la presencia de una infraestructura minera flotante en el río Tigre, lo que señala que la minería está comenzando a extenderse a nuevas áreas remotas de la región. Aunque Loreto ha sido menos afectado por la minería ilegal en comparación con el sur del país, el hallazgo de esta estructura minera movilizándose por el río indica una preocupante expansión de esta actividad.

La Comunidad Nativa Puerto Luz, ubicada en Madre de Dios, también ha sido afectada, registrándose 32 casos de deforestación, que suman 0.59 hectáreas de pérdida de bosque. En la Concesión para Conservación de la empresa Munay Malquikuna S.R.L., se identificaron 58 casos de deforestación, lo que revela cómo áreas protegidas se ven vulneradas por la minería ilegal.

Satélites combaten la minería ilegal en la Amazonía peruana

La plataforma RAMI es una herramienta digital clave creada para monitorear la minería aurífera en la Amazonía peruana. Desarrollada con la colaboración de Conservación Amazónica (ACCA), el Ministerio del Ambiente (Minam) y otros aliados internacionales como USAID y la NASA, RAMI utiliza tecnología de radar satelital para detectar actividades ilegales de minería, incluso en áreas remotas donde la intervención directa es complicada. Gracias a este sistema, se puede obtener información en tiempo real sobre la deforestación y las alteraciones causadas por la minería ilegal.

Una de las características más destacadas de RAMI es su capacidad para penetrar las nubes y generar datos incluso durante la temporada de lluvias, lo que la convierte en una herramienta invaluable para monitorear zonas donde las condiciones climáticas suelen dificultar las observaciones terrestres. Esta tecnología ha sido vital para rastrear la deforestación, permitiendo identificar rápidamente las áreas más afectadas por actividades ilícitas.

Además, su integración con el Programa SERVIR Amazonía ha fortalecido las capacidades del gobierno y las organizaciones civiles para prevenir y mitigar los impactos ambientales en la Amazonía, contribuyendo de manera significativa a la formalización de la minería y al control de las concesiones mineras.

Un método común de minería, conocido como minería de succión, modifica el terreno de forma que drena la humedad y retiene el calor, creando condiciones extremas donde ni siquiera las plántulas replantadas pueden sobrevivir.

Los hallazgos, publicados en Communications Earth & Environment, revelaron por qué los esfuerzos de reforestación en la región han tenido dificultades. Uno de los coautores del estudio es Josh West, profesor de Ciencias de la Tierra y Estudios Ambientales en la Facultad de Letras, Artes y Ciencias Dornsife de la USC.

SECA LA TIERRA Y LA HACE INHÓSPITA

"Sabíamos que la degradación del suelo ralentiza la recuperación forestal", afirmó en un comunicado West, quien es Explorador de National Geographic. "Pero esto es diferente. El proceso minero seca la tierra, volviéndola inhóspita para los nuevos árboles".

El equipo de investigación estuvo dirigido por Abra Atwood, científica del Centro de Investigación Climática Woodwell y exalumna de West, quien obtuvo su doctorado en USC Dornsife en 2023.

En colaboración con colegas de la Universidad de Columbia, la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Perú), el equipo estudió dos yacimientos mineros de oro abandonados en la región peruana de Madre de Dios, cerca de la frontera con Brasil y Bolivia.

Utilizaron drones, sensores de suelo e imágenes subterráneas para comprender cómo la minería de succión transforma el terreno. Esta técnica, comúnmente utilizada en operaciones a pequeña escala y, a menudo, familiares, destruye el suelo con cañones de agua a alta presión.

ESTANQUES Y MONTONES DE ARENA

El sedimento desprendido se canaliza a través de compuertas que filtran las partículas de oro, mientras que el material más ligero, incluyendo la capa superficial rica en nutrientes, se arrastra. Lo que queda son estanques, algunos tan grandes como campos de fútbol, e imponentes montones de arena de hasta 9 metros de altura.

A diferencia de la minería de excavación, que se utiliza en otras partes de la Amazonía y puede preservar parte de la capa superficial del suelo, la minería de succión deja poco espacio para el crecimiento de nuevos árboles.

Para medir la humedad y la estructura del suelo, los investigadores utilizaron imágenes de resistividad eléctrica, una técnica que rastrea la facilidad con la que la humedad se mueve a través del suelo. Descubrieron que los montones de arena actúan como tamices.

El agua de lluvia se drena a través de ellos hasta 100 veces más rápido que en suelos no alterados. Estas áreas también se secan casi cinco veces más rápido después de la lluvia, dejando poca humedad disponible para nuevas raíces.

Para comparar las condiciones, el equipo instaló sensores en varios lugares (suelos arenosos y arcillosos, bordes de estanques y bosques no alterados) y descubrió que los sitios deforestados eran consistentemente más cálidos y secos. En los montones de arena expuestos, las temperaturas superficiales alcanzaron los 60 °C. "Es como intentar cultivar un árbol en un horno", dijo West.

Las cámaras térmicas montadas en drones mostraron cómo el suelo árido se cocía bajo el sol, mientras que las áreas boscosas cercanas y los bordes de los estanques se mantenían significativamente más frescos. "Cuando las raíces no encuentran agua y las temperaturas superficiales son abrasadoras, incluso las plántulas replantadas simplemente mueren", dijo Atwood. "Esta es una de las principales razones por las que la regeneración es tan lenta".

MÁS DE 95.000 HECTÁREAS DESTRUIDAS ENTRE 1980 Y 2017

Si bien el equipo observó cierto rebrote cerca de los bordes de los estanques y en zonas bajas, grandes extensiones de tierra permanecieron desnudas, especialmente donde los montones de arena son comunes. Estas áreas, que están más alejadas del nivel freático y pierden humedad rápidamente, son más difíciles de reforestar.

Entre 1980 y 2017, la minería de oro a pequeña escala destruyó más de 95.000 hectáreas -un área siete veces mayor que San Francisco- de selva tropical en la región de Madre de Dios. En la Reserva Nacional Tambopata y sus alrededores, las operaciones continúan expandiéndose, amenazando tanto la biodiversidad como las tierras indígenas. En toda la Amazonía, la minería de oro representa actualmente casi el 10% de la deforestación.

Los investigadores sugieren que los esfuerzos de recuperación podrían beneficiarse de la remodelación del terreno. Aplanar los montones de arena de la minería y rellenar los estanques abandonados podría acercar las raíces de los árboles a las aguas subterráneas, mejorando la retención de humedad y estimulando la regeneración. Si bien la erosión natural podría eventualmente tener el mismo efecto, el proceso es demasiado lento para satisfacer las necesidades urgentes de reforestación.

"Solo hay una selva amazónica", dijo West. "Es un sistema vivo único en la Tierra. Si la perdemos, perderemos algo irremplazable".

En el extremo oriental del país, donde los ríos son caminos y el bosque marca los límites del mundo habitable, el narcotráfico no solo se abre paso con avionetas y cultivos ilegales, también desplaza, somete y mata. Un nuevo informe titulado Narcotráfico en territorios indígenas de la Amazonía peruana. Rutas, impactos y políticas erradas alertó sobre el impacto del tráfico ilícito de drogas en territorios indígenas de la Amazonía peruana, revelando una situación de desprotección crónica, ausencia estatal y violencia sistemática que compromete tanto la integridad de los pueblos originarios como la del ecosistema amazónico.

El estudio advirtió que al menos 274 comunidades nativas y cuatro reservas para pueblos en aislamiento voluntario ya se encuentran afectadas por economías ilegales vinculadas al narcotráfico. La expansión de esta actividad no se limita a un fenómeno reciente, sino que responde a una continuidad histórica de ciclos extractivos promovidos desde el exterior.

“Desde el caucho hasta el petróleo, y ahora con la cocaína, la Amazonía se mantiene como zona de sacrificio”, señalan los autores en el informe.

Pistas clandestinas, contratos fraudulentos y ocupaciones forzadas configuran un escenario donde el narcotráfico no solo aprovecha las debilidades legales del país, sino que se asienta en ellas. Más de 717 comunidades no cuentan con títulos de propiedad, una situación que, según el informe, representa un “factor determinante en su vulnerabilidad”. En ese contexto, las mafias avanzan con la complacencia de la impunidad.

Los investigadores documentaron, además, 27 asesinatos de líderes indígenas hasta enero de 2025, casos que reflejan una violencia sistemática contra quienes defienden sus territorios. “Los líderes comunitarios son criminalizados, amenazados y asesinados, sin que exista protección efectiva del Estado”, se lee en el documento.

Territorios expuestos y rutas definidas

La ocupación territorial por parte de las redes del narcotráfico se sustenta, en gran medida, en la informalidad legal y la escasa capacidad estatal para garantizar derechos básicos. El informe identifica rutas específicas del tráfico que atraviesan territorios comunales sin títulos formales, lo que permite una avanzada sostenida del crimen organizado.

Según la investigación, las rutas de salida de drogas desde la selva central y norte están asociadas a pistas de aterrizaje construidas en zonas indígenas. Estas infraestructuras, lejos de ser ocultas, operan a plena luz del día en lugares donde la presencia estatal es mínima o nula.

“La expansión de cultivos ilícitos y la construcción de pistas clandestinas en territorios indígenas han sido determinantes en la consolidación de estos corredores ilícitos”, advirtieron los investigadores.

El problema no se limita a lo territorial. Los impactos abarcan ámbitos sociales, económicos y culturales. Comunidades sin alternativas productivas terminan siendo absorbidas por la economía de la cocaína, situación que refuerza un ciclo de dependencia, criminalización y exclusión. “La economía ilegal se impone como único sustento viable en zonas donde el Estado solo llega con operativos”, se denuncia en el estudio.

Políticas erradas y ausencia de enfoque intercultural

El documento critica con dureza las políticas públicas implementadas hasta el momento. En particular, cuestiona el uso prolongado de estados de emergencia, como el que rige en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) desde hace más de tres décadas. “Estos regímenes excepcionales no han desmantelado las economías ilícitas ni protegido a las poblaciones vulnerables”, señala.

Más allá de los estados de emergencia, el informe también cuestiona la efectividad de los planes de desarrollo promovidos por el gobierno. “Los instrumentos históricos de política pública no tienen mecanismos interculturales para enfrentar el narcotráfico”, precisa. Añade que las estrategias de erradicación de cultivos y la interdicción policial han generado efectos adversos como la deforestación y el desplazamiento forzado.

Una de las conclusiones centrales del análisis apunta al divorcio entre las políticas de seguridad y las necesidades reales de las comunidades. “Ninguna de las políticas, planes, estrategias y proyectos ha resuelto las demandas fundamentales de la población indígena sobre su territorio”, sostiene el documento, que denuncia un aumento de invasiones de tierras y la construcción de infraestructuras ilícitas en zonas protegidas.

Criminalización y resistencia

El informe también examina la creciente criminalización de los defensores indígenas. En un contexto donde los intereses ilícitos se consolidan con violencia, los líderes comunitarios enfrentan procesos judiciales arbitrarios, amenazas constantes y ataques directos. “Existe un patrón de persecución contra quienes defienden sus territorios ancestrales”, indica el informe.

Uno de los casos más representativos fue el asesinato de cuatro dirigentes indígenas asháninkas en la región Ucayali, ocurrido en 2023. Según los testimonios recogidos en el informe, las víctimas habían denunciado la tala ilegal y el cultivo de coca dentro de su territorio. Ninguno de los autores materiales ni intelectuales del crimen fue sancionado.

El estudio propone una respuesta distinta: el reconocimiento efectivo de los pueblos indígenas como actores políticos. “Deben dejar de ser tratados como víctimas pasivas y ser incluidos como protagonistas en las decisiones sobre sus territorios”, se afirma. En ese sentido, la organización instó al Estado a adoptar un enfoque intercultural, garantizar la titulación de tierras y priorizar la protección de los líderes.

El crecimiento del narcotráfico en la Amazonía peruana no ocurre en el vacío. Según el documento, se sustenta en una estructura organizada que emplea mecanismos de ocupación territorial validados con documentos falsificados y complicidad de algunos funcionarios. “La existencia de contratos fraudulentos legaliza de facto la invasión y facilita la construcción de infraestructura para el tráfico de drogas”, señala el informe.

Esta ocupación sistemática no solo despoja a las comunidades indígenas de sus territorios. También representa un riesgo para su supervivencia física y cultural. “De continuar esta peligrosa tendencia, se corre el riesgo de exterminar irreversiblemente a la población nativa”, advierten los autores. La desaparición de comunidades también implicaría la destrucción de ecosistemas únicos y, con ellos, del equilibrio ambiental de la región.

La Amazonía peruana, concluyó el informe, enfrenta una encrucijada crítica. El narcotráfico avanza no solo como un negocio ilegal, sino como un modelo de ocupación territorial que reproduce viejas formas de extractivismo y exclusión. El Estado, hasta ahora, no ha estado a la altura del desafío.

El narcotráfico ha transformado profundamente los territorios indígenas de la Amazonía peruana, generando impactos sociales, culturales y ecológicos que van más allá de lo que tradicionalmente se ha entendido como un problema criminal. Según el informe titulado “Narcotráfico en territorios indígenas de la Amazonía peruana: Rutas, impactos y políticas erradas”, presentado por Ricardo Soberón, exjefe de DEVIDA y autor del documento, este fenómeno se ha convertido en un “huracán” que altera de manera radical las dinámicas de las comunidades indígenas y los ecosistemas de la región. El reporte destaca que esta problemática no es un hecho aislado, sino que forma parte de un ciclo histórico de explotación de recursos naturales en la Amazonía, similar a lo ocurrido con el caucho, la quina, el petróleo y otros recursos.

El azote de dios... llega desde el cielo

El narcotráfico afecta directamente a 274 comunidades pertenecientes a 22 de los 51 pueblos indígenas amazónicos, lo que representa una grave amenaza para sus territorios y modos de vida. Además, se estima que existen alrededor de 500 pistas de aterrizaje clandestinas en la Amazonía peruana, muchas ubicadas en tierras de propiedad colectiva de estas comunidades, facilitando el transporte de cargamentos de cocaína hacia Brasil, el cono sur, Ecuador y otros destinos internacionales.

De acuerdo con el informe, la producción de cocaína en la región andino-amazónica alcanza aproximadamente las 2.000 toneladas anuales, de las cuales 500 toneladas corresponden al Perú. Este país cuenta con 92.784 hectáreas de cultivos de coca en 2023, un incremento significativo respecto a las 80.681 hectáreas registradas en 2021 y las 61.777 de 2020.

El transporte aéreo desde las zonas de producción es la vía más eficiente para poner el producto en zonas de almacenamiento y destino final, en el Paraná y el Atlántico, con destino a Europa, por lo que reviste importancia generar suficientes obstáculos para hacer desistir a los traficantes de su uso.

¿Cuánto cuesta producir un kilogramo de cocaína en el Perú?

La cadena de producción y comercialización de la cocaína genera una rentabilidad extraordinaria para los traficantes. Por ejemplo, un kilo de cocaína que cuesta hasta 1.100 dólares en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) puede alcanzar un valor de 12.000 dólares al llegar al puerto del Callao. Una vez en mercados internacionales como Hamburgo, Rotterdam, Miami o Valencia, ese mismo kilo puede venderse por 40.000 dólares antes de ser adulterado y distribuido en pequeñas dosis, generando ingresos de hasta 240.000 dólares.

“Al coronar la operación internacional de tráfico en el puerto de destino (Hamburgo, Rotterdam, Miami o Valencia), ese mismo kilo de cocaína es pagado a US$40.000 antes de ser “cortado” ¨[mezclado] en tres, convirtiéndolo en 3 kilos con menor pureza y ponerse posteriormente a la venta en unidades de un gramo a US$80 cada una. Es decir, alguien en la cadena de distribución final recibe, aproximadamente, US$240.000 por ventas al por menor de las 3.000 unidades de gramos que se venden en calles, bares y discotecas europeas o estadounidenses”, dice Soberón.

El impacto del narcotráfico en las comunidades indígenas no se limita a la ocupación de sus territorios. Según el informe, estas actividades ilegales también afectan la vida de los líderes indígenas que se oponen a la expansión del narcotráfico, exponiéndolos a amenazas y violencia. Además, la deforestación vinculada al cultivo de coca es alarmante.

Para producir un kilo de clorhidrato de cocaína se requieren entre 2 y 4 kilos de pasta básica de cocaína, lo que a su vez demanda entre 75 y 136 kilos de hoja de coca. Una hectárea de bosque deforestado en la Amazonía puede producir aproximadamente 2 kilos de clorhidrato de cocaína, lo que evidencia el impacto ambiental de esta actividad ilícita.

Cocaína y poder: las cuatro rutas del narcotráfico del Perú

Las rutas del narcotráfico se han consolidado en dos direcciones principales: hacia el norte y hacia el sur, afectando tanto a las comunidades locales como al medio ambiente. Este fenómeno se intensificó durante la pandemia, cuando los cultivos ilícitos de coca en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) fueron temporalmente abandonados, lo que provocó una migración hacia otras áreas de la región.

De acuerdo con el informe, las rutas hacia el norte se dividen en tres subrutas principales. La primera conecta la región Amazonas con la Cordillera del Cóndor en Ecuador, desde donde la cocaína se transporta hacia los puertos de la costa ecuatoriana, como Guayaquil. Esta ruta ha afectado a la población Awajún en la provincia de Condorcanqui, quienes ya enfrentaban problemas derivados de la minería ilegal.

La segunda subruta sigue el curso del río Ucayali hacia el Trapecio Amazónico, atravesando las provincias de Putumayo y Mariscal Castilla en Loreto. En esta área, comunidades indígenas como los Ticuna y los Yaguas han sido particularmente impactadas, con la comunidad de Bellavista de Callaru registrando 676 hectáreas de cultivos de coca en 2023. La tercera subruta se encuentra en la región Ucayali, una zona estratégica para el narcotráfico debido a su gran extensión y baja densidad poblacional.

Por otro lado, la ruta hacia el sur conecta el VRAEM con las regiones de Cusco, Puno y Madre de Dios, extendiéndose hacia las fronteras con Brasil y Bolivia. Aunque esta ruta es principalmente aérea, también incluye territorios con cultivos de coca en comunidades nativas de La Convención, Cusco, y las selvas de Puno y Madre de Dios.

En esta última región, la carretera Interoceánica y las pistas de aterrizaje clandestinas dentro del Parque Nacional Bahuaja Sonene han facilitado las operaciones del narcotráfico. Desde Bolivia, la droga se transporta hacia Santa Cruz y, posteriormente, a través de la Hidrovía del Paraná hasta el puerto de Rosario en Argentina, con salida al Río de la Plata.

Pueblos indígenas en riesgo: coca y narcotráfico en su territorio

El informe también destaca las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de las comunidades indígenas amazónicas. Según el Índice de Pobreza Multidimensional de COMEX para 2024, las regiones amazónicas presentan índices de pobreza que oscilan entre el 60% en Loreto y el 47% en Ucayali, muy por encima del promedio nacional del 33%.

En términos de pobreza monetaria, los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de 2021 indican que el 38% de los pueblos indígenas viven en esta condición, frente al promedio nacional del 27,5%. Además, estas regiones tienen una participación marginal en el Producto Bruto Interno (PBI) nacional, con economías estancadas o en declive, como es el caso de Ucayali.

El territorio habitado por las comunidades indígenas amazónicas abarca más de 782.880 kilómetros cuadrados, caracterizados por una biodiversidad única y una importante contribución al oxígeno planetario. Sin embargo, la falta de reconocimiento pleno de los derechos de estos pueblos en la legislación peruana agrava su situación.

Aunque el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce diversos derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, la legislación nacional no está armonizada con este tratado. La Constitución de 1993 y las leyes posteriores tratan a las comunidades indígenas como comunidades campesinas y nativas, lo que limita su protección legal.

El 14% de los cultivos de coca están en territorios protegidos

El impacto del narcotráfico en los pueblos indígenas es alarmante. Según el Reporte de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024, que incluye datos de 2023, se identificaron 13.054 hectáreas de cultivos de coca en los territorios de 274 comunidades nativas, lo que representa el 14% del total nacional de 92.784 hectáreas.

En particular, los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV) enfrentan una amenaza crítica. La Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, ubicada en Loreto, Ucayali y Huánuco, alberga aproximadamente 416 hectáreas de cultivos de coca, a pesar de ser un área intangible.

Además, otras tres reservas en proceso de creación también están siendo afectadas por cultivos ilícitos. Estas incluyen la Reserva Territorial Atacuari, habitada por el pueblo Marahua o Marubo; la Reserva Sierra del Divisor Occidental, hogar de los pueblos Remo o Iskonawa, Mayoruna y Kapanawa, con 162 hectáreas de cultivos; y la propuesta de Reserva Indígena Tamaya-Abujao, habitada por el pueblo Sacuya.

Soberon destaca que estas actividades no solo representan una amenaza para la biodiversidad de la Amazonía, sino también para la supervivencia de las comunidades indígenas, quienes dependen de estos ecosistemas para su sustento y cultura. La expansión del narcotráfico en estas áreas ha generado conflictos sociales, desplazamientos forzados y la pérdida de territorios ancestrales.

La cocaína, con todo e interdicciones, siempre es rentable

Soberón señala para Infobae Perú que la lucha contra el narcotráfico en la región andino-amazónica ha logrado incautar aproximadamente el 70% de la producción mundial de cocaína, según datos de organismos internacionales como Interpol, Europol, DEA y Scotland Yard.

Sin embargo, el carácter ilegal de la cocaína y su alta rentabilidad permiten que los traficantes continúen operando con tan solo el 30% del producto elaborado. Este modelo económico ilícito se ve favorecido por la cadena de precios que incrementa exponencialmente el valor de la cocaína desde su producción hasta su distribución final.

“En el caso de Ucayali, la región ha pasado de ser un área marginal en términos de narcotráfico a convertirse en un epicentro de lo que el informe denomina la amazonización del narcotráfico, especialmente tras la caída de los cárteles colombianos en 1995 y la llegada de los cárteles mexicanos”, dice Soberón.

No se trata de solo cultivar café y cacao

Por tal motivo, Soberón critica las políticas implementadas por el Estado peruano para combatir el narcotráfico, calificándolas de erradas y contraproducentes. Según el informe, durante los últimos 30 años, el Perú ha seguido un enfoque centrado en la reducción de la oferta, priorizando la erradicación de cultivos de coca sin considerar las complejidades del problema.

Esta estrategia, financiada en gran parte por la cooperación internacional, especialmente de Estados Unidos, ha generado efectos colaterales como la migración forzada de cocaleros hacia nuevas áreas, muchas de ellas en territorios indígenas. Soberón subraya que estas políticas no han sido diseñadas en diálogo con las comunidades afectadas, lo que ha llevado a una desconexión entre las estrategias gubernamentales y la realidad del territorio.

Un ejemplo paradigmático de los errores en las políticas públicas es el programa de titulación individual de tierras implementado entre 2014 y 2019, que promovió la entrega de títulos a colonos provenientes de regiones altoandinas. Según el informe, esta medida ignoró los derechos colectivos preexistentes de las comunidades indígenas, generando conflictos y fragmentando aún más los territorios. Soberón destaca que la única forma efectiva de combatir las economías ilícitas en la Amazonía es garantizar derechos territoriales plenos y seguros para las comunidades nativas, priorizando sus necesidades y formas de vida.

El informe también aborda la falta de representación política de los pueblos indígenas en los espacios de toma de decisiones, lo que agrava su vulnerabilidad frente al narcotráfico y otras amenazas. Según Soberón, esta debilidad institucional ha permitido que las políticas públicas sean diseñadas sin considerar las voces de las comunidades afectadas, perpetuando una deuda histórica entre la cultura andina y la amazónica en el Perú.

La Amazonía peruana: un laberinto sin salida

Entre las recomendaciones planteadas en el informe, se destaca la necesidad de un enfoque multisectorial que integre a todos los organismos reguladores y fiscalizadores, con una clara voluntad política para ordenar el territorio y priorizar los derechos de las comunidades indígenas. Además, se propone revisar las políticas públicas relacionadas con la Amazonía, incluyendo la creación de un sistema unificado de áreas naturales protegidas que garantice la sostenibilidad de los recursos y la protección de los pueblos indígenas.

El informe concluye que el mayor desafío de seguridad nacional para el Perú no es una amenaza externa, sino la protección de la Amazonía y sus habitantes. Para ello, se requiere un esfuerzo coordinado que involucre a las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura, entre otros actores, con el objetivo de ejercer un control democrático y razonable sobre esta región estratégica.Según Soberón, el reporte busca ser una alerta para que el Estado peruano reevalúe sus políticas y adopte medidas que respeten los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y promuevan un desarrollo sostenible en la Amazonía.

En este contexto, el informe subraya la necesidad de replantear las políticas públicas dirigidas a combatir el narcotráfico y proteger los derechos de las comunidades indígenas. La combinación de pobreza, desigualdad, deforestación y violencia asociada al narcotráfico plantea desafíos urgentes para el gobierno peruano y la comunidad internacional.

En una decisión clave para los derechos de los pueblos originarios, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la ordenanza N.º 006-2023-MPU emitida por la Municipalidad Provincial de Ucayali-Contamana, que excluía la creación de reservas indígenas en su jurisdicción y negaba la existencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). La resolución responde a una demanda presentada por el Colegio de Sociólogos de Lima y Callao, con apoyo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Esta norma municipal no solo fue cuestionada por carecer de fundamento legal y científico, sino por representar una amenaza directa a la supervivencia de más de 7.500 ciudadanos peruanos, según datos del Ministerio de Cultura, que viven en condición de aislamiento o contacto inicial en el corazón de la Amazonía peruana. Estos pueblos, que eligen mantenerse alejados del contacto con la sociedad nacional por razones históricas y sanitarias, son los más vulnerables frente al avance de actividades extractivas, enfermedades y conflictos territoriales.

¿Quiénes son los PIACI y por qué su existencia debe ser reconocida por el Estado?

Los PIACI son comunidades indígenas que han optado por el aislamiento voluntario debido a experiencias traumáticas del pasado, como las matanzas ocurridas durante la fiebre del caucho en el siglo XIX o los contagios masivos por enfermedades durante contactos forzados con el mundo exterior. Muchos de ellos viven actualmente en áreas remotas de la selva peruana, especialmente en las regiones de Ucayali, Loreto, Madre de Dios y Cusco.

Un caso emblemático es el del pueblo Nahua, que habita la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y otros. En la década de 1980, tras un contacto promovido por la petrolera Shell y madereros ilegales, el 46 % de su población murió por enfermedades comunes para el resto de la sociedad, como la gripe (Shepard, 1999; Barclay y García Hierro, 2014). Este tipo de tragedias evidencian la gravedad de exponer a los PIACI al contacto externo, especialmente si no se respetan sus territorios y formas de vida.

Los PIACI no poseen defensas inmunológicas para enfermedades que para el resto del país son cotidianas. Una simple gripe o una infección común puede ser mortal. Por ello, el Estado peruano los reconoce como sujetos de especial protección, y se han creado reservas territoriales e indígenas con el objetivo de garantizar su derecho a la vida, al aislamiento voluntario y a la autodeterminación.

El TC frena el avance del negacionismo

La ordenanza declarada inconstitucional por el TC sostenía que en la provincia de Ucayali no existen PIACI, negando la presencia de pueblos como los Remo (Isconahua), Mayoruna (Matsés o Matis) y Kapanawa, reconocidos oficialmente mediante el Decreto Supremo N.º 001-2019-MC. Además, prohibía cualquier iniciativa de creación de reservas indígenas o áreas protegidas, lo cual fue interpretado como una injerencia directa en competencias exclusivas del Ministerio de Cultura y del Ministerio del Ambiente.

El fallo del TC recuerda que ninguna autoridad local puede anular derechos fundamentales ni desconocer el marco normativo nacional e internacional. La identificación y el reconocimiento de pueblos indígenas es tarea exclusiva del Viceministerio de Interculturalidad, y debe realizarse conforme a lo establecido por el Convenio 169 de la OIT y la Ley de Consulta Previa.

“Este fallo es un hito para la defensa de los PIACI, reafirma su importancia como ciudadanos y recuerda que el principio jurídico pro homine establece que los derechos humanos deben prevalecer por encima de cualquier actividad extractiva”, señaló Majed Velásquez, decano del Colegio de Sociólogos de Lima y Callao.

A pesar del reconocimiento legal, las organizaciones indígenas y de derechos humanos alertan que muchas reservas carecen de presupuesto suficiente para su vigilancia y protección efectiva. Para AIDESEP y el IDL, esta situación debe ser atendida con urgencia, ya que cualquier demora pone en riesgo la vida de los PIACI y promueve la expansión de actividades ilícitas dentro de la Amazonía.

La decisión del TC es interpretada como un freno a las narrativas negacionistas promovidas por algunas autoridades y sectores económicos.

“Proteger a los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial es una obligación no solo jurídica, sino también moral, que tienen todos los funcionarios, incluidos los alcaldes. (...) Hay que proteger los extensos bosques amazónicos, pero también hay que proteger a los pueblos indígenas que dependen de este hábitat”, afirmó Maritza Quispe, abogada del IDL especializada en justicia constitucional y pueblos indígenas.

Con este fallo, el TC envía un mensaje claro: los PIACI son ciudadanos peruanos protegidos por la ley, y sus territorios no están disponibles para ser explotados ni ignorados por decisiones locales.

En la Amazonía peruana, cuidar los árboles, el agua y el territorio ancestral puede costar la vida. Un informe reciente revela que al menos 226 defensores y defensoras indígenas viven hoy bajo amenaza en Ucayali y zonas vecinas. La razón: se atrevieron a proteger sus bosques, sus ríos y sus derechos colectivos frente a un escenario de criminalidad creciente, extractivismo desregulado y un Estado que llega tarde —o simplemente no llega.

Ucayali, junto a zonas colindantes de Loreto y Huánuco, se transformó en una de las regiones más peligrosas para quienes defienden derechos humanos, colectivos y ambientales. El informe —elaborado por la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y la Asociación ProPurús, con apoyo de DAR— da cuenta de un contexto de criminalidad en expansión: tráfico de tierras, tala ilegal, monocultivos, pistas de aterrizaje clandestinas y una creciente red de narcotráfico que se superpone sobre territorios indígenas.

Más de 100 comunidades viven en zonas de conflicto por la superposición de derechos territoriales, agravada por una legislación permisiva como la Ley 31973 (conocida como “ley anti-Forestal”), que facilita la entrega de tierras sin respetar la clasificación de suelos. La falta de titulación colectiva, la precariedad institucional y el avance del extractivismo configuran un escenario de despojo y violencia, expone el informe.

Cifras preocupantes

En total, el informe identifica 226 defensores en situación de riesgo. Los pueblos más afectados son Shipibo-Konibo, Asháninka, Kakataibo, Yine y Awajún. Por distrito, las zonas con mayor número de casos son Callería, Iparía, Masisea y Padre Márquez. El pueblo Kakataibo, por ejemplo, concentra una de las tasas más altas de asesinatos y amenazas, coincidiendo con la expansión del narcotráfico y la minería ilegal.

La mayoría de defensores son hombres (72.5%), pero también hay 62 mujeres que enfrentan situaciones de riesgo, muchas de ellas madres, maestras o promotoras ambientales. Las amenazas incluyen asesinatos, desapariciones, hostigamiento, campañas de desprestigio y criminalización.

¿Qué dice el Estado peruano?

Consultado por Mongabay Latam, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) informó que entre junio de 2019 y febrero de 2025 se atendieron 96 situaciones de riesgo en la región, involucrando a 134 presuntas personas defensoras de derechos humanos y 3 familiares.

Además, según el registro oficial, 43 de estas situaciones están vinculadas al tráfico ilícito de drogas, 40 a tala ilegal, 17 al tráfico de tierras, 3 al tráfico de especies de flora y fauna, y 1 a otras causas.

Sin embargo, el informe advierte que las medidas de protección no fueron suficientes: las garantías personales llegan tarde, los recursos son escasos, y las víctimas muchas veces no acceden a un debido acompañamiento ni a una justicia efectiva. A pesar de la creación del Mecanismo intersectorial para personas defensoras, su implementación en la Amazonía ha sido débil y desarticulada.

Entre los casos emblemáticos se encuentran el de la comunidad Alto Tamaya-Saweto, donde fueron asesinados cuatro defensores en 2014; el de Arbildo Meléndez (Unipacuyacu), asesinado en 2020; y el de Gladis Jessica Díaz Borges (Tsirotzire), víctima de amenazas constantes. En todos estos casos, el acceso a la justicia ha sido lento y doloroso, con investigaciones estancadas y sin responsables sancionados.

La situación de vulnerabilidad se agrava por la precariedad estructural que enfrentan las comunidades indígenas: más del 70% de la niñez menor de 3 años sufre de anemia, el acceso a agua potable apenas llega al 25%, y la cobertura de salud en zonas rurales es mínima. Apenas el 3% de la población indígena tiene acceso a internet, lo que limita su capacidad de denunciar y organizarse, de acuerdo con lo señalado por el documento.

A esto se suma la brecha de titulación: de 553 comunidades nativas identificadas en Ucayali, solo 124 están tituladas y georreferenciadas. El resto sigue esperando procesos que pueden tardar décadas.

Defender la vida no debería ser una sentencia de muerte

El informe concluye que la defensa del territorio y de la Amazonía no debería ser una sentencia de muerte. Por ello, exige al Estado peruano asumir una respuesta integral: acelerar la titulación de tierras, reforzar los mecanismos de protección con enfoque intercultural, brindar atención adecuada a víctimas y garantizar justicia sin impunidad.

Tanto el Ministerio de Justicia como el Gobierno Regional de Ucayali fueron consultados por Mongabay Latam sobre las medidas adoptadas frente a esta crisis. Hasta el cierre de la edición, no hubo respuesta.

El mecanismo nacional de protección a defensores no cuenta con presupuesto suficiente ni pertinencia cultural. Las medidas son tardías y, en muchos casos, ineficaces. “Estamos viendo un subregistro. Hay más casos de los que se informan oficialmente”, alerta Brehaut, director de programas de ProPurús.

En ese sentido, el informe concluye señalando que, mientras no se implementen medidas integrales y efectivas, los defensores indígenas seguirán enfrentando altos niveles de riesgo. Exige la implementación urgente de políticas públicas que garanticen la titulación de tierras, la protección adecuada de las personas defensoras y el acceso a la justicia.

Mientras otras niñas crecían junto a sus familias, ella tomó la decisión de salir de su comunidad y completar su educación secundaria, motivada por una promesa que hizo en silencio: cumplir el deseo de su abuela de verla profesional.

A los 17 años, Jennifer ingresó a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, beneficiaria de la Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), en la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe. El camino no fue sencillo. Su familia no tuvo acceso a estudios superiores, y los recursos económicos eran limitados. Pero sus padres la alentaron desde el inicio. En cada conversación telefónica, la voz de su madre le recordaba que tenía una responsabilidad. “Hija, yo no pude estudiar porque la economía era escasa y el colegio quedaba lejos. Ustedes deben aprovechar todas las oportunidades que tienen”, le dijo.

El Awajún es su lengua materna y también su ancla. Desde que inició sus clases en la universidad, supo que su lugar estaba en la enseñanza. A diferencia de otras carreras, ella eligió Educación Primaria Intercultural Bilingüe porque entendió que su pueblo necesita docentes que conozcan su idioma y su cultura. “Mi objetivo es ayudar a los niños a superar sus dificultades de aprendizaje”, afirma. Quiere regresar a su comunidad no solo como profesional, sino como guía para nuevas generaciones.

La historia de Jennifer no es aislada, pero sí poco común. En las zonas amazónicas, muchas adolescentes interrumpen sus estudios por factores económicos, culturales o de acceso. En ese contexto, su decisión de continuar es una excepción.

Formación con identidad

Jennifer estudia rodeada de compañeros que también hablan Awajún. En las aulas de la universidad, la lengua nativa no se siente ajena. Ese entorno le permite mantener el vínculo con sus raíces mientras se forma como docente. “Estoy decidida a aprovechar esta oportunidad y hacer que mi familia se sienta orgullosa”, dice. Su aspiración es clara: enseñar a niños que enfrentan barreras similares a las que ella conoció en la infancia.

Cuando recuerda los primeros años de escuela en Numpatkaim, evoca a sus profesores con gratitud, pero también reconoce que faltaban herramientas. La enseñanza no siempre se adecuaba a su realidad, y la falta de profesionales que hablen Awajún limitaba la comprensión de muchos estudiantes. Por eso su elección no fue casual. Quiere ser una profesora con paciencia, que entienda las dificultades de los niños y les dé el tiempo necesario para aprender.

El impulso de Jennifer nació en su hogar. Su abuela, una figura central en su vida, celebró entre lágrimas la noticia de su ingreso a la universidad. “Lloró de felicidad cuando le conté”, recuerda. Aunque vive lejos, su familia sigue cada paso de su camino. Ella es la primera en ingresar a una universidad, y la emoción se refleja en cada conversación. “Dedico mis logros a quienes me apoyaron desde el principio”, dice, con una voz que mezcla orgullo y responsabilidad.

Consciente del sacrificio que implicó su formación, Jennifer quiere que su esfuerzo tenga un impacto tangible. Sueña con regresar a su comunidad convertida en profesional, con la capacidad de enseñar y compartir el conocimiento que adquirió fuera de Numpatkaim.

“Quiero que mi abuela esté ahí para ver mi triunfo y para demostrar a todos que no se equivocaron al creer en mí”, afirma.

Educación con pertinencia cultural

El caso de Jennifer pone en evidencia la necesidad de una educación que responda a las realidades de los pueblos indígenas. La carrera que sigue busca formar docentes que enseñen desde una perspectiva intercultural. Para muchas comunidades como la suya, contar con educadores que hablen la lengua materna marca una diferencia profunda en el rendimiento escolar.

El pueblo Awajún, al que pertenece, es el segundo grupo indígena amazónico más numeroso del Perú. De acuerdo al Ministerio de Cultura, está conformado por más de 70 mil personas, distribuidas principalmente en los departamentos de Amazonas, Loreto, San Martín, Cajamarca y Ucayali. Viven cerca de ríos como el Alto Marañón, el Cenepa y el Nieva. Durante décadas, han defendido sus territorios y preservado sus costumbres a pesar de la presión externa.

La mayoría de las comunidades Awajún aún enfrentan dificultades en el acceso a servicios básicos, incluida la educación. Por eso, contar con docentes formados desde adentro es una apuesta por el cambio. Jennifer lo tiene claro. No quiere imponer conocimientos, sino compartirlos desde el respeto a su cultura. “Quiero enseñar a los niños de mi comunidad en su propio idioma”, señala.

El vínculo con la tierra

El territorio Awajún es diverso y desafiante. La mayor parte está compuesta por bosque tropical húmedo, con colinas altas y suelos poco fértiles. Aun así, las comunidades aprovechan las zonas inundables para el cultivo y se sostienen con actividades como la caza, la pesca y la recolección. Viven de lo que les da el entorno, pero también luchan por su conservación.

Jennifer sabe que su formación no puede desconectarse de esa realidad. Como futura docente, quiere que los niños conozcan la historia de su pueblo, sus valores y su lengua. El aula no debe ser un espacio de imposición, sino de afirmación cultural. “Quiero regresar a enseñar en mi comunidad y demostrar que es posible cumplir nuestros sueños sin dejar de ser quienes somos”, indica.

Su historia aún se escribe, pero ya ha marcado un camino para quienes vendrán detrás. En cada paso, lleva consigo las palabras de su madre, el llanto de su abuela y la voz del río que la vio partir.

El escenario estaba listo para el espectáculo, pero en lugar de seguir la rutina, ese encuentro fortuito dejó una marca en Wong Popolizio. Sin saberlo, este hecho desencadenó la creación de lo que se convertiría en uno de los más grandes éxitos de la cumbia amazónica. Tras el encuentro, el grupo se dirigió al hotel para descansar. Fue entonces cuando Wilindoro Cacique, compositor de la banda, comenzó a cantar una frase que improvisó en ese momento: “Ya se ha muerto mi abuelo, ayayay”. Esa expresión, inspirada por el luto del amigo de Wong, resonó de inmediato en el ambiente.

La creación de la melodía

Esa noche, el resto de la banda no perdió tiempo en aprovechar la creatividad que surgió del momento. Fue Juan Wong quien se sentó al teclado y comenzó a improvisar la melodía, siguiendo el ritmo que Cacique había cantado. La combinación de la letra, cargada de nostalgia y humor, con una melodía pegajosa que tomaba elementos de la cumbia psicodélica, resultó en una canción única. “Ya se ha muerto mi abuelo” no solo capturaba la esencia de la región amazónica, sino que, al mismo tiempo, lograba transmitir una mezcla de emoción y diversión que pronto conquistaría los corazones de los peruanos.

La canción fue grabada para el álbum Ven a bailar, lanzado ese mismo año por el sello Infopesa. Este disco se convertiría en uno de los más importantes en la historia de la música tropical peruana, y “Ya se ha muerto mi abuelo” se posicionó rápidamente como uno de los temas más populares del grupo.

Un giro inesperado: la internacionalización

Aunque en sus primeros años, la canción se mantuvo principalmente en el ámbito local, la verdadera expansión de su fama llegaría con el paso del tiempo. En 2007, la disquera estadounidense Barbes Records presentó el compilado The Roots of Chicha, una recopilación de las canciones más representativas de la cumbia peruana, entre las que se incluía “Ya se ha muerto mi abuelo”. Este recopilatorio no solo fue un homenaje a los orígenes de la cumbia amazónica, sino que permitió que grupos como Juaneco y su Combo fueran redescubiertos por audiencias internacionales, especialmente en Europa.

La inclusión de esta canción en un álbum de difusión global resultó ser un punto de inflexión. La cumbia, en sus diversas formas, comenzó a ganar terreno fuera de las fronteras del Perú, y “Ya se ha muerto mi abuelo” se convirtió en un clásico internacional. En poco tiempo, el tema comenzó a sonar en radios de varios países, y los fanáticos de la música tropical de todo el mundo empezaron a familiarizarse con su pegajosa melodía y su singular letra.

La perpetuidad del legado: nuevas versiones y tributos

La permanencia de “Ya se ha muerto mi abuelo” en el tiempo fue garantizada por la adaptabilidad que demostró el tema a nuevas generaciones. En 2013, la banda peruana Bareto, conocida por su estilo renovado de cumbia, lanzó un álbum titulado 10 años, en el que incluyó una versión de la canción, interpretada junto al propio Wilindoro Cacique. Este homenaje no solo recordó la importancia de la pieza dentro del repertorio de la música peruana, sino que también le dio un toque contemporáneo, conectando el pasado con el presente.

Además, el hecho de que Bareto colaborara con Cacique, el compositor original, subraya la vigencia de la canción. El éxito amazónico no solo fue interpretado por las bandas de la época, sino también por nuevas generaciones de artistas que reconocen su valor dentro del patrimonio cultural musical del Perú.

Una canción que sigue conquistando corazones

Hoy en día, “Ya se ha muerto mi abuelo” sigue viva, no solo en los recuerdos de quienes vivieron su auge en los años 80, sino también en la memoria de una nueva generación que sigue disfrutando de su alegre y nostálgica melodía.

Su historia, nacida de una anécdota espontánea entre amigos, ha trascendido el paso del tiempo y sigue siendo parte esencial de la cultura musical peruana. La canción es un claro ejemplo de cómo la música puede conectar a las personas, trascender generaciones y perdurar a lo largo de los años.

La tercera sesión de la audiencia de apelación del caso Saweto, que involucra el asesinato de cuatro líderes indígenas en 2014, fue suspendida el 6 de mayo debido a la renuncia del intérprete ashéninka, lo que impidió la participación efectiva de las viudas y familiares de las víctimas.

La Corte Superior de Justicia de Ucayali, a través de la Sala Penal de Apelaciones, informó que el Ministerio de Cultura tardaría hasta 20 días en designar un nuevo intérprete, lo que podría seguir retrasando el acceso a justicia para las víctimas. La audiencia fue reprogramada para el 15 de mayo de 2025, a las 14:30 horas.

El caso Saweto tiene como víctimas a Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quinticima y Francisco Pinedo, quienes fueron asesinados en setiembre de 2014 en la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, en la región Ucayali, cerca de la frontera con Brasil. Los líderes indígenas fueron víctimas de un ataque relacionado con su lucha por la defensa de sus territorios y recursos naturales, especialmente frente a la actividad maderera ilegal.

Durante la audiencia, la falta del intérprete ashéninka generó un nuevo obstáculo en el proceso judicial, dificultando que las viudas y familiares pudieran seguir el desarrollo de la apelación. La defensa de los acusados, que en su momento cuestionó el desempeño del intérprete en una audiencia anterior, ha sido un tema recurrente en el caso.

Intérprete anterior renunció días antes de la sesión

Según información proporcionada por la Sala Penal de Apelaciones, el intérprete que participaba en el caso renunció días antes de la sesión, lo que obligó a solicitar al Ministerio de Cultura un reemplazo. Sin embargo, la respuesta del ministerio podría demorar hasta 20 días, un retraso que agrava aún más la situación para las víctimas que llevan más de diez años esperando justicia.

Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), señaló que este hecho constituye una grave vulneración de derechos y un incumplimiento de los estándares internacionales para garantizar un juicio justo. “Es inaceptable que después de tantos años de proceso, se sigan cometiendo estas negligencias. La participación de las familias en su lengua materna es un derecho reconocido,” afirmó Guimaraes.

Por su parte, Jamer López, presidente de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), expresó que las organizaciones indígenas mantendrán su vigilancia para que se respete el debido proceso en la audiencia. “Seguiremos exigiendo que se respeten los derechos de las agraviadas, que se garantice su participación plena en el proceso,” manifestó López.

Retraso en audiencia de apelación aumenta la frustración de las víctimas

La audiencia de apelación estaba programada para revisar la sentencia que condenó a 28 años de prisión a dos de los responsables del crimen, pero que absolvió a otros implicados. Las familias de las víctimas y las organizaciones que las acompañan denuncian que la sentencia aún no resuelve completamente la demanda de justicia de la comunidad, que reclama una sanción más severa para los culpables.

El Ministerio de Cultura es responsable de garantizar que los intérpretes sean asignados en casos que involucren lenguas originarias, ya que su presencia es esencial para garantizar un juicio intercultural, un derecho fundamental reconocido tanto por la legislación nacional como por tratados internacionales. Este nuevo retraso en el proceso judicial aumenta la frustración entre las víctimas, quienes siguen esperando que se haga justicia tras más de una década.

A pesar de este juicio, la comunidad ashéninka sigue presenciando cómo la tala ilegal en sus tierras continúa, lo que amenaza tanto su forma de vida como el equilibrio ecológico de la zona. Las viudas y organizaciones como AIDESEP exigen al gobierno garantías de seguridad y una acción más efectiva para frenar la explotación ilegal y proteger a los afectados.

Entre el 12 y el 25 de mayo, la ciudad de Iquitos, la urbe más grande del planeta sin acceso directo por carretera, será nuevamente el escenario del Muyuna Fest, un festival de cine flotante que busca defender la Amazonía a través del arte, la memoria y la resistencia cultural.

El festival, cuyo nombre evoca a los muyuna, remolinos de río considerados puertas al mundo espiritual en la cosmovisión de los pueblos amazónicos, nació en 2024 impulsado por un grupo de jóvenes cineastas. En su primera edición, lograron reunir casi mil obras audiovisuales, proyectar 40 películas en distintas zonas de Iquitos y producir 16 cortometrajes durante el evento.

El Muyuna Fest promueve una mirada descentralizada y decolonial del cine, apostando por el audiovisual como herramienta de memoria, diálogo intercultural, defensa territorial y transformación social. Su enfoque está arraigado en los valores de reciprocidad, resistencia y regeneración cultural, conectando las luchas de las selvas del mundo a través de las imágenes.

Dedicado al agua y al pueblo Kukama

Este año, el festival rinde homenaje al pueblo Kukama, guardianes ancestrales del río Marañón, reconocido como sujeto de derechos en 2024. Desde la cosmovisión kukama, el agua es un ser vivo que siente, habla y conecta a los pueblos con la vida. Inspirados por esta mirada, la edición 2025 reivindicará el agua no solo como recurso, sino como espíritu sagrado.

La edición 2025 se desarrollará en el histórico barrio de Belén, conocido como la “Venecia Amazónica”. La programación destacará luchas territoriales y memorias vivas a través de la Competencia Internacional de cortometrajes y la sección de largometrajes, donde figuran las películas Shiringa, del cineasta peruano Wilton Martínez, y Manas, de la directora brasileña Marianna Brennand, ambas enfocadas en problemáticas ambientales y de explotación en la Amazonía.

El país invitado para esta edición será Colombia, otra nación amazónica con profundas conexiones entre cultura, territorio y resistencia. Además, participarán representantes de Panamá, Ecuador, Brasil, España, Venezuela y de los pueblos indígenas Awajún, Shipibo, Quechua, Maijuna, Kukama, Guna (de Panamá), Yine, Kakataibo y Matsés.

Más allá de las proyecciones, el Muyuna Fest 2025 impulsará una agenda de talleres de cine comunitario, sonido, fotografía y comunicación ambiental. También se llevará a cabo un laboratorio audiovisual itinerante a bordo de una embarcación que recorrerá el río Ucayali, y se realizarán tours cinematográficos en puntos emblemáticos como el puente sobre el río Nanay y el Cine Club Manguaré.

Convocatoria abierta para talleres del Muyuna Fest 2025

Desde la Amazonía peruana, el Muyuna Fest convoca a las selvas del mundo a encontrarse a través del cine, reuniendo relatos que resistan, celebren y cuiden la vida, sembrando una red de imágenes vivas.

• Lab Flotante: Un grupo de cineastas nacionales e internacionales recorrerá los ríos Ucayali y Amazonas a bordo de una lancha, realizando obras audiovisuales colaborativas inspiradas en las comunidades visitadas.
• Cine Comunitario: Taller orientado a fortalecer identidades mediante la creación de historias colectivas en territorios amazónicos, basadas en las experiencias de los participantes.
• El Cine de lo Posible: Conducido por el cineasta Mariano Cócolo, explora la producción cinematográfica con recursos mínimos, utilizando luz natural, sonido directo y narrativas íntimas.
• Sonido Cinematográfico: Especializado en técnicas de grabación, edición y diseño de sonido para cine, con énfasis en los desafíos técnicos de la producción en la Amazonía.
• Actuación en Belén: Facilitado por el grupo colombiano Boroló Impro, este taller enseña habilidades de expresión corporal y creación teatral a jóvenes de Belén, culminando en una presentación colectiva.
• Podcast Belén: Taller intensivo para la capacitación en guionización, grabación, edición y producción de podcasts, dirigido a jóvenes interesados en contar historias de sus territorios.
• Master Class: Dirigido por el fotoperiodista Rodrigo Abd, se enfoca en la edición fotográfica documental y periodística, priorizando historias invisibilizadas y procesos sociales en la Amazonía.
• Comunicar para Defender: Taller de formación para jóvenes indígenas amazónicos, centrado en la creación de campañas de comunicación creativas y festivas para la defensa territorial frente a amenazas como la minería ilegal.

El Muyuna Fest 2025 se llevará a cabo del 12 al 25 de mayo en Iquitos y sus alrededores. Las inscripciones para talleres y laboratorios ya están abiertas en su web y a través de sus redes.

Un reciente estudio publicado en la revista Frontiers ha revelado que los anillos de crecimiento de los árboles pueden ser utilizados como herramientas para rastrear la contaminación por mercurio en la atmósfera, particularmente en áreas afectadas por la minería de oro artesanal y de pequeña escala.

Esta investigación, llevada a cabo en la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, demuestra que los árboles de la especie Ficus insipida son capaces de acumular mercurio gaseoso elemental (GEM) en su madera, lo que los convierte en biomonitores efectivos para evaluar la huella espacial y temporal de las emisiones de mercurio.

La minería de oro artesanal y de pequeña escala es reconocida como la principal fuente de emisiones antropogénicas de mercurio a nivel mundial, liberando más de 600 toneladas de este metal al año, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP).

En regiones como Madre de Dios, donde esta actividad ha crecido exponencialmente desde 1999, los impactos ambientales y en la salud humana son motivo de gran preocupación.

El mercurio liberado durante el proceso de amalgamación del oro contamina tanto los ecosistemas terrestres como acuáticos, y puede transformarse en metilmercurio, una forma altamente tóxica que se acumula en las cadenas alimenticias.

El papel de los árboles en la medición de la contaminación por mercurio

El estudio, publicado por Frontiers, se centró en analizar los anillos de crecimiento de árboles de Ficus insipida en cinco sitios a lo largo del río Madre de Dios.

Tres de estos sitios estaban ubicados cerca de actividades mineras, mientras que los otros dos se encontraban en áreas remotas y no afectadas por la minería.

Los resultados mostraron que las concentraciones de mercurio en los anillos de los árboles eran significativamente más altas en las zonas cercanas a la minería, alcanzando un promedio de 6,0 nanogramos por gramo (ng/g), en comparación con los 0,9 ng/g registrados en los sitios remotos.

Además, los investigadores encontraron una correlación lineal entre las concentraciones de mercurio en los anillos de los árboles y las de mercurio gaseoso en la atmósfera, especialmente durante la temporada seca, cuando la actividad minera es más intensa.

Madre de Dios: epicentro de la minería y la contaminación por mercurio

Según este estudio, la región de Madre de Dios, conocida como el corazón de la Amazonía peruana, ha sido un punto crítico para la minería de oro artesanal durante siglos.

Sin embargo, la expansión de esta actividad ha sido alarmante en las últimas décadas, con un aumento del 400 % en su extensión geográfica entre 1999 y 2012.

Según este estudio, esta región presenta los flujos anuales de mercurio más altos registrados a nivel mundial, lo que representa un grave riesgo para la salud de las comunidades locales y la biodiversidad.

La investigación destacó que los sitios más cercanos a los pueblos mineros, como Laberinto y Boca Colorado, mostraron las mayores concentraciones de mercurio en los anillos de los árboles.

En contraste, áreas protegidas como Los Amigos, aunque también afectadas por la minería, presentaron niveles más bajos, lo que sugiere que la proximidad a las fuentes de emisión, como la quema de amalgamas de oro y mercurio, es un factor determinante en la contaminación.

Un avance en el monitoreo ambiental

El uso de los anillos de crecimiento de los árboles como biomonitores representa un avance significativo en el monitoreo de la contaminación por mercurio.

Según este estudio, esta técnica no solo es más económica que los métodos tradicionales, como los muestreos de aire pasivos, sino que también permite registrar la contaminación a lo largo de décadas, proporcionando una perspectiva histórica de las emisiones.

El estudio también destacó que, aunque la dendroquímica se ha utilizado principalmente en regiones templadas y boreales, esta es la primera vez que se aplica en especies tropicales como el Ficus insipida.

Esto abre la puerta a su uso en otras regiones afectadas por la minería de oro, como el sudeste asiático y África subsahariana, donde la contaminación por mercurio también es un problema crítico.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), bajo el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), ha incautado un total de 40.087 metros cúbicos (m³) de productos forestales maderables de procedencia ilegal entre enero y abril de este año. Esta cantidad equivale a 16.996.284 pies tablares (Pt.) con un valor comercial estimado de S/.63.749,74.

La mayor parte de la madera decomisada corresponde a especies como Lupuna (Ceiba pentandra), Pashaco (Schizolobium parahyba) y Ubos (Spondias venosa Mart. ex Colla), provenientes principalmente de las regiones de Huánuco y Ucayali, y con destino final en la región Lima.

Este operativo se enmarca dentro de un esfuerzo intensificado de control forestal en el puesto de Control Estratégicoderechos, en la jurisdicción de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Sierra Central del Serfor. Este punto de control, ubicado en una de las zonas más críticas del país debido al aumento del tráfico ilegal de madera, ha sido clave en la ejecución de operativos conjuntos con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).

La implementación de operativos sorpresivos y la incorporación de más especialistas en control forestal han sido fundamentales para detectar modalidades ilegales de transporte, como el camuflaje de madera dentro de vehículos sin la documentación necesaria que certifique su legalidad.

Multas por tala de madera ilegal pueden llegar a las 5.000 UIT

El Ing. Román Condori Pineda, Administrador Técnico de la ATFFS Sierra Central del Serfor, destacó que el camuflaje es una de las prácticas más comunes para trasladar productos forestales ilegalmente. “Es fundamental continuar fortaleciendo las labores de control y fiscalización”, expresó Condori.

Una de las principales herramientas para verificar la legalidad del transporte de madera es la revisión de la Guía de Transporte Forestal (GTF). El Ing. Luis Mendoza, responsable del puesto de control estratégico de La Oroya, explicó que si este documento no incluye todos los productos transportados, declara un volumen inferior al real o se detectan excedentes, los productos se consideran de origen ilegal, lo que constituye una infracción grave. Las sanciones por estas faltas varían entre S/ 53.500 y S/ 26.750.000, dependiendo de la gravedad del caso, con multas que van desde 10 hasta 5000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Tras el proceso administrativo, la madera incautada pasa a ser propiedad del Estado y es destinada a instituciones públicas mediante donaciones. En la región Junín, esta política ha permitido que diversas municipalidades entreguen mobiliario escolar de calidad a instituciones educativas vulnerables, elaborado con los productos forestales decomisados.

Comunidades indígenas luchan contra la tala ilegal y el narcotráfico en la Amazonía peruana

El apu Julio Cusurichi, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), expresó su preocupación por la falta de acción del Gobierno para proteger a las comunidades indígenas en la Amazonía peruana, que enfrentan constantes amenazas de grupos dedicados a economías ilegales como el narcotráfico y la tala ilegal. Cusurichi destacó que estas comunidades, que defienden más de 18 millones de hectáreas de bosques, siguen sin recibir apoyo efectivo a pesar de las alertas a las autoridades sobre estos peligros.

A pesar de las amenazas, las comunidades han comenzado a organizarse mediante guardias indígenas y otros mecanismos de vigilancia, como veedores forestales. Sin embargo, para que estas estrategias sean efectivas, Cusurichi indicó que se necesita un mayor presupuesto y equipamiento adecuado, como embarcaciones y sistemas de monitoreo en tiempo real. Mientras tanto, la Reserva Indígena Kakataibo, ubicada entre las regiones de Loreto, Ucayali y Huánuco, ha perdido más de 1.500 hectáreas de bosque debido a la expansión de cultivos ilegales de hoja de coca, relacionados con el narcotráfico.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido un aviso de corto plazo para la Selva Norte debido a la ocurrencia de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la región, desde las 13:00 horas de este miércoles 16 de abril hasta las 13:00 horas del jueves 17 de abril. La alerta, de nivel amarillo, advierte sobre lluvias intensas en las próximas 24 horas.

Según el Senamhi, en Loreto, especialmente en áreas cercanas a la selva alta, se prevé la presencia de nubes asociadas a tormentas severas, lo que podría generar precipitaciones fuertes acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento. Este fenómeno podría afectar aún más la región, que ya está enfrentando situaciones difíciles por el aumento del caudal del río Amazonas, el cual ha superado los niveles históricos, lo que ha provocado inundaciones en sectores bajos de Iquitos y distritos cercanos.

En otras regiones del país, también se ha reportado la posibilidad de eventos climáticos significativos. En la Sierra Norte y Centro, se esperan precipitaciones de ligera a moderada intensidad, con probabilidad de granizo en zonas por encima de los 3000 metros sobre el nivel del mar (msnm), y nieve en áreas que superen los 4000 msnm. Este aviso de corto plazo resalta la intensidad de las lluvias y los riesgos asociados, instando a la población a tomar precauciones frente a posibles inundaciones y deslizamientos en áreas vulnerables.

Alerta roja en Loreto: río Amazonas superó el nivel máximo de caudal

La región de Loreto atraviesa una etapa crítica debido al incremento acelerado del caudal de los ríos, particularmente el río Amazonas, que ha superado los niveles históricos registrados. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) declaró una alerta hidrológica roja a partir del 15 de abril de 2025, después de que el río alcanzara los 117.45 metros sobre el nivel del mar (msnm), un valor superior al promedio para esta temporada. Este fenómeno está afectando principalmente a la ciudad de Iquitos y sus alrededores, especialmente los distritos de Punchana, Belén, Iquitos y San Juan Bautista, donde miles de viviendas ubicadas en zonas bajas están siendo invadidas por las aguas.

El aumento sostenido del caudal en el Amazonas ha causado inundaciones en múltiples sectores de la ciudad, con calles anegadas y un creciente impacto en los servicios básicos como el abastecimiento de agua potable y saneamiento. Las autoridades han mostrado su preocupación no solo por los daños materiales, sino también por las consecuencias sanitarias derivadas de las posibles inundaciones, tales como el aumento de enfermedades transmitidas por el agua, como el dengue.

Recomendaciones para la población ante lluvias intensas

Ante la posibilidad de fenómenos naturales asociados a las precipitaciones, como huaicos, deslizamientos e inundaciones, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda:

Preparación:

• Verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y señalizadas.
• Asegurar la disponibilidad de servicios de emergencia, como centros de salud, bomberos y comisarías.
• Reforzar techos y estructuras de viviendas para resistir las lluvias intensas.
• Establecer sistemas de alerta temprana, como silbatos, campanas o altoparlantes, en coordinación con autoridades locales.

Actuación durante el fenómeno:

• Mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades.
• Evitar transitar por zonas inundadas o afectadas por deslizamientos.
• Dirigirse a zonas seguras previamente identificadas.
• No tocar cables de energía eléctrica caídos.

Preparación de emergencias:

• Elaborar una mochila de emergencia con documentos, medicamentos y elementos esenciales.
• Participar en simulacros y conocer las rutas de evacuación establecidas.

Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Senamhi y el Indeci, y a seguir las recomendaciones de las autoridades para minimizar los riesgos asociados a estos fenómenos naturales.

En marzo de 2025, la plataforma RAMI (Monitoreo de Minería Satelital con Imágenes de Radar), reportó la detección de 20 nuevas infraestructuras mineras en los ríos Nanay y Mazán, ubicados en la región de Loreto. De estas, 14 fueron registradas en el río Nanay, donde la minería activa sobre balsas ha proliferado, mientras que en el río Mazán se identificaron seis nuevas infraestructuras. La actividad minera, especialmente la realizada sobre el agua, genera un grave impacto sobre los ecosistemas fluviales y la calidad del agua que abastece a las poblaciones cercanas.

El informe, elaborado por Conservación Amazónica (ACCA), también destacó la creciente amenaza de la minería ilegal en varias zonas de la Amazonía peruana, que continúa contribuyendo a la deforestación. En marzo de 2025, se registraron 27.957 alertas por pérdida de bosques vinculada a la minería, con especial énfasis en zonas cercanas a áreas protegidas y comunidades indígenas.

Ríos en peligro

En el caso específico de los ríos Nanay y Mazán, las dragas y balsas mineras representan una invasión de espacios que anteriormente no registraban una actividad tan intensa. En febrero de 2025, el río Nanay ya había registrado 35 balsas, mientras que en diciembre de 2024 la cifra había ascendido a 41. Esta expansión refleja el creciente interés de los mineros por acceder a nuevas áreas de la Amazonía para la extracción de oro, afectando así los ecosistemas y las comunidades locales.

El informe también resalta que las zonas de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri y las comunidades nativas continúan siendo afectadas por la deforestación. En marzo, se registraron 50 alertas en la reserva, con la pérdida de 5.500 m² de bosque. Esta zona, de gran importancia ecológica, actúa como un “escudo” para las áreas protegidas, pero la infiltración de actividades ilegales pone en riesgo su integridad.

A nivel de concesiones, también se reportó la deforestación en áreas destinadas a la reforestación, como la Concesión Juan Vara Surco y la Concesión Minera Bloqueada Carmen Quispe Sarmiento, donde se perdieron 0,68 hectáreas y 0,79 hectáreas de bosque, respectivamente.

RAMI, una iniciativa del Observatorio de Minería Ilegal, utiliza imágenes satelitales para monitorear la actividad minera y sus impactos en la Amazonía peruana. Este sistema busca alertar sobre la minería ilegal y su afectación a las zonas protegidas y comunidades indígenas, y ofrecer información a las autoridades para la implementación de medidas de control y prevención.

Minería ilegal: una amenaza para los bosques amazónicos

La minería ilegal de oro en la Amazonía peruana representa un grave riesgo para los ecosistemas de 32 distritos y 22 ríos en las regiones de Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco, Ucayali y Madre de Dios, según un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) de Perú, realizado a mediados de 2024.

El estudio, que se basó en investigaciones académicas, reportajes y evaluaciones técnicas, revela un alarmante aumento de la minería ilegal en los últimos tres años. Esta actividad no solo amenaza la biodiversidad local; también pone en peligro los recursos hídricos, los cuales representan más del 60% del territorio del país, fundamentales para el sustento de diversas comunidades.

El informe destaca que el 66,66% de la minería aluvial, realizada principalmente en las orillas de los ríos, utiliza maquinaria prohibida, como dragas de diferentes tamaños, para extraer oro de los cauces fluviales. La región de Madre de Dios es identificada como la más afectada por esta práctica ilegal. Entre los ríos más impactados se encuentran el Marañón, Huallaga, Santiago, Nanay, Napo, Mazán, Curaray, Putumayo, Tapiche, Yaguas, Cenepa, Pachitea, Pozuzo, Yuyapichis, Inambari, Madre de Dios, Malinowski, Punkiri, Pariamanu, y otros afluentes de la cuenca del río Madre de Dios, que han sufrido graves consecuencias por la actividad minera no regulada.

En los registros de los últimos exámenes de admisión en la selva peruana aparecen dos nombres que dejaron sorprendidos a más de uno. No se trata de dobles ni de coincidencias anecdóticas: son peruanos con los mismos nombres de figuras musicales mundiales. Uno de ellos logró su ingreso a un tecnológico en Requena. El otro no consiguió vacante en una universidad de Loreto, pero desató una ola de comentarios en redes sociales por el peso simbólico que arrastra su nombre.

En Requena, George Harrison Arbildo Ismiño superó la prueba de ingreso al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Manos Unidas”. Su nombre coincide con el del guitarrista de The Beatles, fallecido en 2001, cuya música sigue vigente en todas las plataformas. El joven loretano accedió a una vacante en la carrera de contabilidad. Aunque el dato podría parecer menor, llamó la atención por la resonancia de su nombre y por lo insólito del hecho: “George Harrison cubre vacante en contabilidad”, se leyó en el listado oficial.

Mientras tanto, en la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas (UNAAA), otro postulante llamó la atención por razones similares. Daddy Yankee Sánchez Manahuaco se presentó al examen del centro preuniversitario para tentar un cupo en la carrera de agronomía. No logró ingresar, pero su presencia generó una cadena de reacciones que no se detuvo. Algunos comentarios en redes sociales lo retrataron con humor: “Le faltó más gasolina”, “Mucho flow, pero poca práctica”, “Ese es Daddy Yankee de Temu”.

George Harrison de Requena

No tiene guitarra, ni tocó “Here Comes the Sun”, pero George Harrison Arbildo Ismiño sí estudió y aseguró su ingreso al instituto tecnológico “Manos Unidas”. En el examen de admisión logró la puntuación suficiente para formar parte de la nueva promoción en contabilidad, según el registro publicado por la institución educativa en sus plataformas digitales.

El nombre del joven provocó una oleada de mensajes de felicitación en redes locales y regionales. Incluso algunos medios de comunicación informaron con frases como: “George Harrison vive y estudia contabilidad en Requena”. Más allá de lo anecdótico, el caso también muestra el cruce entre cultura popular global y dinámicas locales.

“Felicitaciones George Harris de Requena”, se lee en una publicación viral de Facebook. El hecho se propagó rápidamente. Para muchos, resultó una mezcla de sorpresa y simpatía.

Daddy Yankee de Loreto

Al otro lado de la región, en la ciudad de Yurimaguas, Daddy Yankee Sánchez Manahuaco ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas… pero solo físicamente. El joven se presentó a rendir el segundo examen sumatorio del centro preuniversitario 2025. Apuntaba a una vacante en agronomía, una carrera con demanda constante en la zona.

Su nombre completo fue parte del listado oficial de postulantes, pero no alcanzó el puntaje mínimo requerido. Sin embargo, su identidad no pasó desapercibida. En redes sociales comenzaron a circular capturas del listado con frases como: “Daddy Yankee postuló a la UNAAA”, “Daddy no aprobó, pero dejó el show”, y “The Big Boss ahora quiere ser ingeniero agrónomo”.

Lo simbólico detrás del nombre

George Harrison —el original— fue un compositor y guitarrista que pasó parte de su vida explorando la espiritualidad y la música. Aunque en vida buscó la paz más que la fama, su nombre quedó grabado en generaciones. El joven de Requena no tiene relación con el músico, pero su ingreso en el tecnológico fue visto por muchos como una suerte de reencuentro simbólico con la historia cultural global.

Daddy Yankee —el original— vendió millones de discos, popularizó el reguetón y terminó vendiendo su catálogo por más de 200 millones de dólares. El joven loretano que lleva su nombre completo aún no ha comenzado su carrera universitaria, pero su aparición en las listas de la UNAAA generó un momento de atención que cruzó las fronteras de Loreto.

Lo que comenzó como anécdota se convirtió en una historia viral que retrata, desde la simpleza de un nombre, la manera en que las figuras internacionales se cuelan en las rutinas más locales. En Requena y en Yurimaguas, los Beatles y el reguetón se mezclaron por unos días con la contabilidad y la agronomía. Sin escenario, sin micrófono, pero con lápiz, cédula y libreta.

La Amazonía peruana atraviesa una de sus crisis más graves. El auge en los precios del oro ha intensificado la minería ilegal, una actividad que ha invadido los territorios de comunidades indígenas como los Wampis, quienes, ante la falta de intervención estatal, han decidido tomar las riendas de su propio destino. Situados en la región fronteriza entre Perú y Ecuador, los Wampis se enfrentan a una creciente amenaza de grupos criminales que destruyen su ecosistema, siembran violencia y alientan la división entre las comunidades. En este escenario, el grupo Charip (relámpago en Wampis), una fuerza indígena autónoma fundada en febrero de 2024, han emergido como la última barrera para frenar el avance de los mineros ilegales y sus consecuencias destructivas.

La nación Wampis, formada oficialmente en 2017 bajo principios de autogobierno, ha instaurado un sistema de defensa territorial, que incluye patrullajes constantes en el río Santiago, una de las principales arterias de su territorio. Según un reporte de The Guardian, los guardianes Charip, equipados con lanzas de madera y chalecos antibalas, realizan controles en las embarcaciones que navegan por el río con el fin de detectar maquinaria de minería ilegal, como bombas de agua y generadores.

Cuando los mineros son capturados por primera vez reciben solo una advertencia, pero los Charip imponen justicia indígena a los reincidentes. Los castigan con azotes de ishanga, una especie de ortiga de la Amazonía, o los atan durante cinco minutos a un árbol de tangarana, que mantiene una relación simbiótica con hormigas de fuego agresivas, las cuales atacan cualquier amenaza a su territorio. Sin embargo, los guardianes no solo se enfrentan a la minería: sus enemigos más grandes son la corrupción y la infiltración de funcionarios estatales en el negocio ilegal. Un incidente particularmente relevante ocurrió en abril de 2024, cuando los Wampis desarmaron a tres policías que, según se descubrió, trabajaban para los mineros ilegales.

El costo humano de la minería: niños usados como escudos

A pesar de la valiente resistencia de los Wampis, la minería ilegal sigue expandiéndose en sus tierras. Los grupos criminales operan en las márgenes del río, pero también han infiltrado algunas comunidades cercanas, como Fortaleza, donde los líderes locales han llegado a acuerdos con los mineros, a pesar de conocer la ilegalidad de la actividad. Los pobladores afirman que la falta de ayuda del Estado peruano los deja sin otra opción que depender de los criminales. Algunos indígenas ganan una tarifa diaria de 100 soles trabajando en actividades ilícitas. Joel Antich, líder de la comunidad, explica a The Guardian que esta decisión no es por elección, sino por necesidad. “Sabemos que es ilegal, pero no tenemos otra opción que trabajar con ellos porque el Estado nos ha abandonado”, asegura.

La división que la minería genera entre las comunidades ha incrementado las amenazas y el uso de la violencia. Los líderes Wampis, como Alfonso Awananch Flores, han sido secuestrados e interrogados por los mineros. Algunos, como Teófilo Kukush, denuncian que los mineros usan a los niños como “escudos humanos” en las dragas para evitar la acción de las autoridades. Lo más doloroso: los padres reciben dinero por entregar a sus niños y exponerlos al peligro. Kukush afirmó: “Nos hacen pelear entre nosotros, y los grupos mineros han contratado sicarios que nos amenazan”.

“Sin territorio, no somos el pueblo Wampis”

Para muchos líderes Wampis, la minería ilegal representa una amenaza no solo para sus recursos naturales, sino para su identidad cultural. Según Alfonso Awananch Flores, “sin territorio, no somos el pueblo Wampis. No necesitamos el permiso del Estado para declarar nuestra autonomía; hemos estado aquí durante 7.000 años.” Esto refleja la importancia del territorio para las comunidades indígenas, que se ven forzadas a proteger su Amazonía como parte fundamental de su existencia. Sin embargo, los Wampis reconocen que, aunque han hecho esfuerzos considerables para frenar la minería, no cuentan con los recursos ni la capacidad para enfrentarse a los grupos criminales organizados que controlan la minería ilegal.

Raphael Hoetmer, director del programa de Amazon Watch para la Amazonía occidental, advierte que el crimen organizado está generando una amenaza cada vez mayor para las comunidades. “Las organizaciones indígenas son fundamentales para contener la expansión de la minería ilegal. Pero al mismo tiempo, este trabajo es cada vez más peligroso, como se observa en el aumento de los asesinatos de líderes indígenas amazónicos”, declaró.

La falta de presencia estatal en la región amazónica está permitiendo que los mineros ilegales continúen destruyendo el ecosistema sin ninguna sanción, pero los Charip afirman que lucharán hasta las últimas consecuencias para defender sus tierras. “Queremos vivir de manera armoniosa dentro de nuestro territorio sin la codicia de los forasteros”, concluye Awananch Flores. “Somos ricos en naturaleza. Los pobres son aquellos que no pueden sobrevivir sin dinero.”

La lucha contra la desnutrición y la anemia en la Amazonía peruana ha llevado a los investigadores a explorar soluciones sostenibles y accesibles para la población. Una de ellas es el cultivo de hongos comestibles, una alternativa altamente nutritiva que podría revolucionar la alimentación en comunidades vulnerables. A través del uso de residuos agrícolas y forestales, los científicos han desarrollado un modelo de producción sostenible que permite obtener un alimento rico en proteínas, vitaminas y minerales esenciales.

Uno de los principales impulsores de esta iniciativa es el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), que ha logrado establecer protocolos para el cultivo de especies como el Pleurotus ostreatus (hongo ostra) y el P. djamor (ostra rosada). Estas variedades han demostrado ser una fuente valiosa de nutrientes, además de representar una opción económica para los habitantes de la región. Según información proporcionada por Agencia Andina, este proyecto podría contribuir significativamente a mejorar la seguridad alimentaria en el país.

¿Por qué los hongos comestibles son una solución para la desnutrición?

Los hongos amazónicos cultivados por el IIAP destacan por su alto contenido de proteínas, con niveles de digestibilidad que pueden alcanzar hasta el 48 %. Además, contienen vitaminas esenciales como la riboflavina (B2), niacina (B3) y folatos (B9), fundamentales para el desarrollo y funcionamiento del organismo. Gracias a su bajo contenido calórico y graso, junto con la presencia de antioxidantes, estos hongos se presentan como una opción ideal para mejorar la dieta en comunidades con altos índices de desnutrición.

Según los especialistas, la incorporación de estos hongos en la alimentación diaria podría tener un impacto positivo en la lucha contra la anemia, una condición que afecta a miles de niños y mujeres en el país. Su riqueza en minerales como el hierro y el zinc también contribuye a fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la absorción de nutrientes esenciales. Además, el uso de estos hongos en preparaciones culinarias permite diversificar la dieta y hacerla más balanceada.

¿Cómo se cultivan los hongos en la Amazonía?

• Selección del sustrato: Se eligen residuos orgánicos provenientes de actividades agrícolas y forestales. Entre los materiales más utilizados están el bagazo de caña, el aserrín y restos de cultivos como plátano y yuca.
• Preparación y esterilización: El sustrato seleccionado se somete a un proceso de limpieza y desinfección para eliminar microorganismos no deseados y garantizar un ambiente adecuado para el crecimiento del hongo.
• Inoculación del micelio: Se introduce el micelio, una estructura fúngica similar a las semillas, en el sustrato preparado, permitiendo que las esporas comiencen su proceso de desarrollo.
• Incubación controlada: Se mantiene el cultivo en condiciones óptimas de temperatura y humedad para estimular el crecimiento de los hongos.
• Crecimiento y cosecha: En pocos días, los primeros hongos comienzan a brotar y, una vez alcanzan el tamaño adecuado, están listos para la cosecha y el consumo.
• Beneficios adicionales: Este proceso, además de ser sencillo, fomenta la economía circular, ya que reutiliza residuos orgánicos que de otro modo serían desechados.

Beneficios económicos y ambientales de la producción de hongos

El cultivo de callampas no solo representa una solución alimentaria, sino también una oportunidad económica para las familias amazónicas. Agencia Andina destaca que la producción de hongos puede convertirse en una fuente de ingresos, ya que su demanda está en crecimiento tanto en mercados locales como nacionales. La facilidad de su cultivo y el bajo costo de los insumos hacen que esta actividad sea accesible para pequeños productores.

Desde un punto de vista ambiental, esta iniciativa contribuye a la reducción de residuos orgánicos, promoviendo prácticas sostenibles que minimizan el impacto negativo en los ecosistemas de la región. Además, los hongos cumplen un papel fundamental en la regeneración del suelo, ayuda a mantener el equilibrio ecológico.

¿Cuál es el futuro del cultivo de hongos en la Amazonía?

La investigación y desarrollo en torno a los hongos comestibles continúa en expansión. Se espera que, con el apoyo de instituciones y programas gubernamentales, el cultivo de callampas pueda implementarse a gran escala en distintas regiones del país. Según especialistas del IIAP, la capacitación de agricultores y la difusión de técnicas de cultivo serán clave para consolidar esta alternativa alimentaria.

El uso de hongos amazónicos en la industria gastronómica también es una posibilidad latente, ya que chefs y restaurantes han comenzado a interesarse en sus propiedades y versatilidad. Esto podría abrir nuevas oportunidades comerciales y posicionar a la Amazonía peruana como un referente en la producción de alimentos sostenibles y nutritivos.

La mullaca, una planta con propiedades medicinales ampliamente valoradas en la medicina tradicional amazónica. Un reciente estudio del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) ha revelado que la mullaca, un fruto silvestre de la selva peruana, posee propiedades medicinales con un gran potencial para la salud. Esta planta, conocida científicamente como Physalis angulata, ha despertado el interés de los investigadores debido a su capacidad para ayudar en el control de la diabetes tipo 2 y en la prevención del alzhéimer.

En diálogo con la Agencia Andina, Gabriel Vargas Arana, jefe del Laboratorio de Química de Productos Naturales del IIAP, detalló que la investigación, iniciada en 2023, tomó como base los saberes de la medicina tradicional amazónica, donde la raíz de esta planta era empleada para tratar la diabetes. Los hallazgos revelaron su elevada concentración de antioxidantes y compuestos activos con efectos positivos.

¿Cuáles son las propiedades medicinales de la mullaca?

Desde tiempos ancestrales, la mullaca ha sido empleada en la medicina popular para tratar diversas afecciones. En la Amazonía peruana, sus hojas, tallos y raíces se utilizan en infusiones o cataplasmas para aliviar fiebres, dolencias cutáneas y procesos inflamatorios. La medicina tradicional le atribuye propiedades diuréticas, antimicrobianas y analgésicas, lo que ha llevado a su uso en el tratamiento de enfermedades renales e infecciones.

Según un estudio realizado por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), se resalta que los extractos etanólicos de la planta han mostrado efectos hipoglucemiantes en pruebas de laboratorio. Esto sugiere que podría contribuir a la regulación de la glucosa en personas con diabetes tipo 2. Además, investigaciones sobre su composición han identificado la presencia de flavonoides y alcaloides, compuestos con propiedades antioxidantes que podrían ser beneficiosos en la prevención del daño celular y enfermedades neurodegenerativas.

¿Cómo actúa en la prevención de enfermedades como la diabetes y el alzhéimer?

El alzhéimer y la diabetes tipo 2 comparten ciertos mecanismos de desarrollo, como el estrés oxidativo y la inflamación crónica. Según el estudio mencionado, la mullaca contiene metabolitos secundarios que pueden desempeñar un papel protector en estos procesos. En el caso de la diabetes, se ha observado que sus compuestos bioactivos favorecen la captación de glucosa en células, esto ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre y mejora la sensibilidad a la insulina.

En cuanto al alzhéimer, estudios en modelos experimentales han demostrado que algunos de sus compuestos podrían inhibir la acumulación de beta amiloide, una proteína asociada con la neurodegeneración. Además, su actividad antioxidante podría ayudar a reducir la inflamación en el cerebro, lo que contribuiría a ralentizar el deterioro cognitivo. A pesar de estos hallazgos prometedores, los investigadores aún trabajan en la identificación precisa de los compuestos responsables de estos efectos y en la evaluación de su eficacia en estudios clínicos.

¿Dónde se cultiva y cuáles son sus características?

La mullaca crece de manera silvestre en diversas regiones de la Amazonía peruana, especialmente en Loreto, Amazonas, San Martín y Madre de Dios. No obstante, también puede desarrollarse en zonas andinas hasta los 1,000 metros sobre el nivel del mar, como en La Libertad y Junín.

Este fruto, pariente cercano del aguaymanto (Physalis peruviana), se distingue por su tono amarillo opaco y su sabor más dulce. Su estructura es similar, con un cáliz que envuelve el fruto, protegiéndolo hasta su madurez. Vargas Arana mencionó que su cultivo es viable, ya que su ciclo de siembra dura aproximadamente cuatro meses, lo que permite obtener hasta tres cosechas al año.

¿Cuáles son sus beneficios nutricionales y cómo puede consumirse?

La mullaca no solo destaca por sus propiedades medicinales, sino también por su alto valor nutricional. Es una fuente rica en vitaminas A y C, esenciales para fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud de la piel y la vista. También contiene flavonoides, compuestos bioactivos que ayudan a reducir la inflamación y mejoran la función cardiovascular.

Su versatilidad gastronómica permite consumirla de distintas maneras: cruda, en jugos, mermeladas, compotas, helados y otros postres. Gracias a su sabor dulce y fácil digestibilidad, se convierte en una excelente opción para incorporar a la dieta diaria.

¿Cómo se puede prevenir la diabetes y el alzhéimer con la mullaca?

Los expertos destacan que, si bien el consumo de plantas medicinales como la mullaca puede ofrecer beneficios, su uso debe ir acompañado de hábitos saludables. La prevención de la diabetes implica mantener una alimentación equilibrada, reducir el consumo de azúcares refinados y realizar actividad física regularmente. Incorporar alimentos ricos en antioxidantes y fitocompuestos, como los presentes en la mullaca, podría complementar estas estrategias al ayudar a controlar la inflamación y mejorar la función metabólica.

En el caso del alzhéimer, los especialistas sugieren adoptar medidas que favorezcan la salud cerebral, como una dieta rica en frutas, verduras y ácidos grasos esenciales, además de evitar el estrés crónico y mantener una actividad mental constante. Estudios citados por la Agencia Andina indican que el consumo de compuestos antioxidantes y antiinflamatorios, como los encontrados en la mullaca, podría contribuir a la protección del tejido neuronal y a la reducción del riesgo de deterioro cognitivo. No obstante, es necesario seguir investigando para determinar la dosis y la forma de consumo más adecuadas.

La Amazonía peruana, hogar de una biodiversidad única en el mundo, enfrenta una amenaza urgente debido a la contaminación por mercurio derivada de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Este metal tóxico, cuando se introduce en los ecosistemas acuáticos, se convierte en metilmercurio, una forma aún más peligrosa que se acumula en los seres vivos, afectando de manera significativa a las especies en la cima de la cadena alimentaria, como las aves que se alimentan de peces o insectos contaminados.

Un estudio del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y el Centro de Innovación Científica Amazónica, publicado en diciembre de 2024 y realizado en la región Madre de Dios, una de las zonas más afectadas por la minería ilegal, revela que las aves que habitan áreas cercanas a pozas mineras presentan niveles de mercurio alarmantemente altos. La investigación, que incluyó el análisis de plumas de 361 aves de diferentes especies, encontró que aquellas en áreas contaminadas por minería tenían concentraciones de mercurio hasta dos veces mayores que las de aves ubicadas en zonas sin minería activa.

En particular, los efectos del mercurio en las aves de la región se pueden observar de la siguiente manera:

• Niveles elevados de mercurio en aves piscívoras e insectívoras
  Las aves piscívoras, como el martinete pescador verde (Chloroceryle americana), mostraron los niveles más altos de contaminación, con 72.80 microgramos de mercurio por gramo de pluma, un valor sin precedentes para aves neotropicales.
  Las especies insectívoras, como el hornero (Furnarius leucopus), también registraron concentraciones alarmantes de mercurio, hasta cinco veces más altas que las de las aves en áreas no afectadas por la minería.
• Impacto en la reproducción de las aves
  Un 25% de las especies estudiadas presentaron niveles de mercurio que podrían reducir significativamente su éxito reproductivo. Este riesgo es especialmente alto en las aves piscívoras e insectívoras, donde se estima que la disminución en la reproducción podría llegar hasta un 40% en algunas especies.
• Riesgos de envenenamiento y reducción de poblaciones
  Los altos niveles de mercurio en las aves no solo amenazan su salud individual, sino que también pueden generar una drástica disminución de las poblaciones locales y migratorias, afectando negativamente a la biodiversidad en la región.

La minería lo transforma todo, desde las moléculas hasta el paisaje

La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) es responsable de gran parte de la contaminación por mercurio en la Amazonía peruana. Las pozas mineras, formadas por el proceso de extracción de oro, se han identificado como fuentes clave de metilmercurio. Estas pozas son grandes acumuladores de este metal, que se disuelve en el agua y entra en la cadena alimentaria a través de organismos acuáticos, afectando eventualmente a las aves que se alimentan de ellos.

El estudio realizado en varias áreas de Madre de Dios muestra que la actividad minera incrementa los niveles de mercurio en el medio ambiente de manera significativa. En particular, las pozas mineras son las principales generadoras de metilmercurio, que se acumula en los ecosistemas acuáticos y eventualmente se transfiere a los animales en la parte superior de la cadena alimentaria. Esta contaminación no solo afecta a las especies acuáticas; tambiém a las aves que dependen de esos ecosistemas para su alimentación.

Los análisis también revelaron que las áreas de minería en la región de Tambopata, por ejemplo, cubren hasta 126,58 hectáreas de superficie afectada, lo que muestra la magnitud de la transformación del paisaje que provoca la minería ilegal. Además, las actividades mineras tienen repercusiones a largo plazo en los ecosistemas de la región, poniendo en peligro no solo la fauna, sino también las comunidades humanas que dependen de estos recursos naturales.

Madre de Dios: el epicentro de la minería ilícita

La minería ilegal es un problema grave en Perú, con implicaciones sociales, económicas y ambientales de gran escala. Según una encuesta reciente del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) e IPSOS, más del 80% de los peruanos considera que el gobierno debe abordar el problema de la minería ilegal, ya que genera pérdidas económicas que ascienden a más de S/22,700 millones al año, lo que representa el 2.5% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.

La región de Madre de Dios se ha convertido en el epicentro de este problema, con la deforestación de más de 31,000 hectáreas de bosque en las últimas dos décadas debido a la minería ilegal. Además de la pérdida de biodiversidad, los daños a la salud pública son graves, especialmente por la contaminación por mercurio que afecta tanto a la fauna como a las comunidades locales. Las aguas de los ríos de Madre de Dios, contaminadas por mercurio, están envenenando la vida silvestre y las personas que dependen de estos recursos hídricos.

A pesar de la magnitud de la problemática, los esfuerzos para regular la minería ilegal han sido insuficientes, debido en parte a la corrupción en las autoridades locales, que debilita las políticas públicas necesarias para controlar y sancionar estas actividades. La situación se agrava por la falta de coordinación efectiva entre el gobierno central, los gobiernos regionales y el Congreso, lo que impide la implementación de medidas de control y regulación eficaces.

Este 20 de febrero, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a 9 organizaciones regionales, 109 federaciones y 2439 comunidades nativas, ha emitido un comunicado en el que advierte sobre las crecientes amenazas que enfrentan los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial (PIACI) en la Amazonía peruana. Según Aidesep, las acciones y declaraciones recientes de diversos sectores políticos y económicos ponen en riesgo tanto la supervivencia de estos pueblos como la conservación de sus territorios. La organización ha condenado las propuestas legislativas que desafían los derechos de los PIACI y la falta de acción para proteger sus tierras, un tema que ha adquirido gran relevancia en los últimos meses.

Los PIACI viven en una situación de extrema vulnerabilidad. Estos pueblos, que optan por mantenerse alejados de la sociedad moderna, son fundamentales para la conservación de los ecosistemas amazónicos. Sin embargo, su existencia y sus derechos se ven constantemente amenazados por sectores políticos, económicos y legislativos que buscan modificar leyes fundamentales para su protección.

Congresista Jorge Morante habría difundido información “sesgada y falsa”

En su pronunciamiento, Aidesep ha expresado su rechazo a las recientes declaraciones del congresista fujimorista Jorge Morante Figari, quien ha impulsado medidas legislativas y expresado opiniones que atentan contra la existencia y los derechos de los PIACI. En particular, se ha señalado su apoyo al polémico Proyecto de Ley 3518/2022-CR, que ha sido calificado de “genocida” por grupos indígenas y se ha convertido en uno de los puntos más controversiales del debate legislativo en torno a la protección de estos pueblos. Según Aidesep, el congresista Morante ha difundido información “sesgada y falsa” sobre la existencia de los PIACI en la región de Loreto, e incluso ha pedido al Ministerio de Defensa que vote en contra de sus derechos fundamentales, sin contar con pruebas o estudios que respalden sus afirmaciones.

Aidesep ha recordado que los PIACI han sido reconocidos oficialmente por el Estado peruano a través de decretos supremos que certifican su existencia después de largos estudios antropológicos realizados según los procedimientos legales establecidos. La organización ha subrayado que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos fundamentales de los PIACI en cumplimiento de la Ley N° 28736 (Ley PIACI), la Constitución Política del Perú, y convenios internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En este contexto, Aidesep ha hecho un llamado al Ministerio de Cultura y a los miembros de la Comisión Multisectorial para que asuman sus responsabilidades y continúen con los procesos de creación y protección de las reservas indígenas y territoriales que garanticen la supervivencia y la integridad de los PIACI. La organización también ha exigido que el Estado respete las decisiones judiciales como la sentencia del Poder Judicial que ordena la creación y protección de estas reservas.

Reserva Yavarí Mirim en la incertidumbre

La situación de los PIACI ha empeorado a raíz de la presión constante de sectores económicos que buscan explotar los recursos naturales en las regiones donde habitan estos pueblos. Aidesep ha alertado sobre una reciente decisión del Ministerio de Cultura, que suspendió la convocatoria para evaluar la creación de una reserva indígena en la región amazónica de Loreto, lo que podría poner en riesgo la vida y los territorios de los PIACI.

Esta suspensión, según Aidesep, se produce en un momento crítico, cuando se esperaba una decisión sobre la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, ubicada en la frontera entre Perú y Brasil. La falta de una resolución sobre la reserva aumenta la incertidumbre sobre el futuro de estos pueblos, exponiéndolos a nuevas amenazas de actividades extractivas. En particular, la organización regional Orpio ha señalado que este tipo de decisiones pone en peligro la supervivencia de los PIACI, especialmente de pueblos como los Matses, Remo e Isconahua, que cuentan con protección legal desde 2018.

Por último, Aidesep ha hecho un llamado a la ciudadanía, a las organizaciones internacionales, a la sociedad civil y a los medios de comunicación para que se mantengan vigilantes ante estas amenazas. La organización ha resaltado que las medidas legislativas regresivas y los ataques a los derechos de los PIACI atentan contra la conservación de la Amazonía y los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano en materia de derechos humanos.