General Motors (GM), la fabricante de Chevrolet en el país, trabajará con actividad intermitente durante 2026 en su planta de General Alvear, en Santa Fe.

Según confirmó la filial local de la automotriz estadounidense, la compañía implementará un esquema de suspensiones periódicas que implica frenar la producción una semana por mes y abonar el 75% del salario a los empleados durante esos períodos.

El plan replica el esquema aplicado durante 2025 y alcanza a una dotación que hoy ronda los 600 operarios en la planta santafesina.

La decisión responde a la necesidad de administrar volúmenes en un mercado todavía inestable y con niveles de demanda lejos de los históricos.

El diagnóstico sindical es mucho más duro. Referentes de Smata (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina) vincularon la decisión de la empresa con la fuerte contracción de las ventas que atraviesa el mercado automotor.

Un sistema que se repite

La dinámica de parates no es nueva en Alvear. Si bien este esquema se aplica desde junio de 2025, ya desde fines de 2023 la producción había sufrido interrupciones por problemas en el abastecimiento de piezas importadas. Para el primer trimestre de 2024, la planta acumulaba varias semanas sin actividad.

Ese proceso fue acompañado por una fuerte reducción de personal. Entre retiros voluntarios y desvinculaciones, cerca de 800 trabajadores dejaron la compañía en los últimos dos años. Hoy GM emplea a unas 600 personas, cuando la planta de Alvear supo concentrar por sí sola a más de 1.200 empleados directos.

La caída de la producción de GM en el país

La terminal, que tiene más de 25 años de actividad en el país, fue durante más de una década uno de los pilares productivos de la marca en la Argentina. Allí se fabricaron el Cruze y, actualmente, el SUV Tracker.

El primero fue discontinuado a fines de 2023, luego de una decisión que marcó un punto de inflexión en la estrategia de Chevrolet en el país. Es que en el sector estiman que la salida del modelo mediano redujo la actividad fabril en torno al 50%, en un contexto ya golpeado por restricciones a las importaciones y faltantes de insumos.

Desde entonces, la planta produce exclusivamente el SUV Tracker, lanzado en 2022 tras una inversión de USD 300 millones.

Según datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), en 2023 la planta produjo 40.587 unidades, el mejor registro desde la pandemia, aunque todavía lejos del pico de más de 55.000 vehículos alcanzado en 2016, cuando comenzó la fabricación del Cruze.

En 2024, General Motors alcanzó las 24.179 unidades. Si bien aún no hay cifras oficiales para 2025, en el sector estiman que la automotriz fabricó en el país cerca de 20.000 unidades, un número por debajo del de 2024 y muy lejos de sus máximos históricos.

Producción de autos 2025 en la Argentina

El año pasado terminó con 612.178 autos 0 km registrados en la Argentina, lo que representó un crecimiento interanual del 47,8%.

Esta suba, impulsada por promociones y bonificaciones, marcó una fuerte recuperación para el sector, aunque el resultado quedó por debajo de las proyecciones del primer semestre, que adelantaban un mercado de 650.000 unidades.

El último mes del año, en tanto, registró 23.997 unidades vendidas, un 10,3% más que diciembre de 2024, consolidando la tendencia positiva a pesar de la caída estacional respecto a noviembre.

En el ranking de marcas, Toyota se mantuvo al frente en el acumulado anual con 97.081 unidades patentadas, seguida por Volkswagen con 94.436 y Fiat con 74.752. Chevrolet, Renault y Peugeot completaron los primeros puestos. El modelo más vendido del año fue la pick-up nacional Toyota Hilux, que alcanzó las 30.768 unidades, superando al Toyota Yaris y al Fiat Cronos.

Un policía del Grupo Táctico Multipropósito de Rosario sufrió un roce de bala en la pierna derecha durante un allanamiento llevado a cabo en la vecina localidad de Alvear. Los agentes irrumpieron en un domicilio investigado en una causa vinculada al mercado negro de armas y fueron recibidos a los tiros.

El hombre buscado, Javier Orlando S. (40), quien presuntamente disparó contra el uniformado, fue detenido y quedó a disposición del fiscal Gastón Ávila, del Ministerio Público de la Acusación.

El operativo, como ocurre habitualmente, constó de dos fases. La primera fue la irrupción del Grupo Táctico Multipropósito en la casa para despejar el lugar. Luego, intervino la fuerza a cargo de la medida, la Policía de Investigaciones, que labró las actas correspondientes y finalizó el procedimiento.

Cuando llegaron a la propiedad de Javier S., ubicada a la altura del kilómetro 285 de la ruta provincial 21, los agentes gritaron “¡Policía!” antes de ingresar. En ese momento, se escuchó una detonación y uno de los suboficiales sintió un ardor cerca de la rodilla derecha.

Tras el disparo, los efectivos entraron a la vivienda en busca del sospechoso, quien en un primer momento utilizó a su pareja y a su hija menor de edad como escudo humano para evitar ser reducido.

El suboficial herido de forma superficial fue asistido por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias. En tanto, Pablo S., hermano del detenido, fue demorado por intentar ingresar a la casa durante el procedimiento.

En el domicilio se secuestró una pistola Bersa TPR calibre 9 milímetros, que habría sido usada para disparar contra el policía. También un fusil, cuya documentación será analizada por la Justicia provincial. Además, al hermano del principal sospechoso se le incautó una escopeta.

Por los datos que recolectó Infobae, el fiscal Ávila ordenó el allanamiento tras detectar que Javier S. habría realizado compras legales en una armería de la zona sur de Rosario para luego revender las armas en el mercado negro.

Se presume que adquirió 11 armas de fuego, que no fueron halladas en su poder durante el operativo. Ocho de esas armas serían pistolas calibre 9 milímetros.

En diciembre pasado, Ávila y la fiscal Carla Cerliani ya habían acusado a un grupo de ocho personas que, entre 2021 y octubre de 2024, conformaron un sistema aceitado para comprar armas y cartuchos de distintos calibres en la armería Bordoni -ubicada en bulevar Seguí al 1700- y luego revenderlas a terceros.

En esa causa se acusó a los responsables de la armería, a un instructor de tiro, a un psiquiatra y a un gestor. De acuerdo a la investigación, todos conformaban una organización dedicada a captar personas vulnerables para usarlas como testaferros en la compra de armas, que luego eran adulteradas y vendidas.

Cada uno tenía un rol dentro de la estructura para demostrar la supuesta idoneidad en el manejo de armas de fuego de dichos testaferros y, de esa manera, pudieran ser calificados como aptos para recibir la credencial.

Algunas de esas armas habrían llegado a manos de integrantes de la presunta banda liderada por Uriel Luciano “Lucho” Cantero, jefe de la tercera generación de Los Monos e hijo de Claudio “Pájaro” Cantero, asesinado el 26 de mayo de 2013 en Villa Gobernador Gálvez.