El presidente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional, Arnold Burgos, solicitó este viernes la destitución de la maestra señalada de agredir físicamente a una estudiante en el municipio de Morazán, Yoro, al tiempo que anunció que impulsará iniciativas para instalar cámaras de seguridad en los centros educativos públicos con el objetivo de prevenir hechos similares.

El parlamentario manifestó que la bancada del Partido Nacional expresó su indignación tras la difusión del video en el que se observa a la docente presuntamente agrediendo a una alumna dentro del aula de clases, por lo que consideró que la educadora debe ser separada de su cargo mientras concluyen las investigaciones.

Burgos sostuvo que existen mecanismos disciplinarios establecidos para atender situaciones relacionadas con la conducta de los estudiantes, por lo que rechazó cualquier acto de violencia física o verbal por parte del personal docente.

"Hay medidas disciplinarias diferentes a golpear a un estudiante o faltarle al respeto“, expresó el congresista al referirse al incidente que ha generado diversas reacciones en la opinión pública.

El diputado relató que inicialmente desconocían que la maestra ya había sido requerida por las autoridades; sin embargo, posteriormente confirmaron que fue detenida por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Asimismo, explicó que la docente fue trasladada a las instalaciones del Ministerio Público, donde enfrenta una investigación tras ser considerada sospechosa del presunto delito de trato degradante.

"Desconocíamos que a esa hora la maestra ya había sido detenida por parte de las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones y no solamente detenida, sino que fue detenida y trasladada a las instalaciones del Ministerio Público por suponerla responsable del delito de trato degradante“, declaró.

Según Burgos, ahora corresponde a la Secretaría de Educación determinar las sanciones administrativas que procedan, una vez concluya el proceso de investigación.

El legislador señaló que, de acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, la docente primero habría agredido verbalmente a una estudiante, posteriormente le propinó un golpe en la cabeza y luego también agredió a la alumna que grababa lo ocurrido con un teléfono celular.

A criterio del presidente de la Comisión de Educación, este tipo de comportamientos no deben repetirse dentro del sistema educativo, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y prevención en los centros de enseñanza.

En ese sentido, informó que la Comisión de Educación del Congreso Nacional ha recibido varias iniciativas orientadas a instalar cámaras de videovigilancia en las escuelas y colegios públicos del país, como una herramienta para mejorar la seguridad y documentar cualquier incidente que pueda registrarse dentro de los planteles.

"Nosotros lo que buscamos es prevenir y no después reaccionar; eso es lo que vamos a buscar desde el Congreso Nacional“, afirmó el diputado al referirse a las propuestas que actualmente son analizadas.

Burgos explicó que los proyectos ya fueron remitidos a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Finanzas, instituciones que deberán emitir los dictámenes técnicos y presupuestarios correspondientes antes de que puedan avanzar en el proceso legislativo.

Indicó que la implementación de sistemas de videovigilancia requerirá una inversión económica importante, razón por la cual será necesario establecer un mecanismo de financiamiento que permita ejecutar el proyecto de manera gradual en los diferentes centros educativos del país.

El parlamentario consideró que la instalación de cámaras no solo contribuiría a prevenir agresiones entre docentes y estudiantes, sino también otros hechos que puedan poner en riesgo la integridad de la comunidad educativa, fortaleciendo los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas dentro del sistema escolar.

Mientras tanto, las autoridades educativas mantienen abierto el proceso administrativo para establecer las acciones que procedan contra la docente involucrada, en tanto el Ministerio Público continúa con las diligencias investigativas relacionadas con el caso.

El Abogado Nelson Mejía, defensor privado de la maestra , brindó detalles a los medios sobre los términos en que ha quedado el proceso penal contra su representada. La fiscalía del Ministerio Público presentó formalmente un requerimiento fiscal imputándole el delito de trato degradante en perjuicio de una alumna, una figura jurídica contemplada y sancionada en el artículo 214 del Código Penal de Honduras.

Durante la comparecencia, la representación de la Fiscalía solicitó la medida de detención judicial, un recurso que buscaba privar de libertad a la docente durante un lapso de seis días con el fin de asegurar su presencia y salvaguardar el proceso de cara a la audiencia inicial. No obstante, el equipo de defensa logró contrarrestar dicha petición ante el juez competente.

Según lo expuesto por el abogado Mejía, la defensa pudo demostrar que la profesora cuenta con la capacidad y las garantías suficientes para someterse al proceso penal sin necesidad de guardar prisión preventiva.

En consecuencia, Díaz enfrentará la acusación en libertad bajo la condición de presentarse a firmar periódicamente ante la autoridad judicial asignada. La audiencia inicial ha quedado programada para dentro de quince días, fecha en la que se determinará el rumbo y la continuidad del procedimiento en su contra.

El defensor enfatizó que su clienta no cuenta con antecedentes penales y que se trata de una ciudadana dedicada por años a la educación que, si bien cometió un error, tiene derecho a defenderse en libertad.

Perspectiva de la madre de la menor

Por su parte, la señora Doris Ramírez, madre de la alumna afectada, compartió su testimonio sobre los antecedentes que precedieron al violento altercado. Ramírez reveló que, aunque no existían reportes previos de agresiones físicas directas hacia su hija, las conductas de maltrato psicológico y verbal sí eran de carácter continuo por parte de la docente.

La madre relató que la menor le manifestaba constantemente su incomodidad por los comentarios denigrantes que la profesora profería en el aula, una situación que, según su conocimiento, afectaba también a otras niñas. Ante la imposibilidad de que las quejas administrativas surtieran efecto debido al temor de la comunidad estudiantil, Ramírez aconsejó a su hija que documentara los hechos en video como método de prueba.

Según declaraciones recogidas de otras compañeras de aula, el alumnado evitaba denunciar a la docente ante el miedo generalizado a sufrir represalias académicas, tales como la pérdida de puntos o la expulsión directa del centro educativo.

El panorama de lo vivido en la institución fue complementado por las declaraciones brindadas fuera de cámara por una de las alumnas que presenció de primera mano el altercado. La menor aseguró que las conductas conflictivas y los tratos estrictos de la profesora Perla Díaz no constituyen un hecho aislado, sino que son recurrentes y se remontan al menos al año 2024, periodo en el que supuestamente ya se habían suscitado roces considerables con otros estudiantes de noveno grado.

La testigo detalló el detonante del pleito ocurrido el jueves, explicando que el conflicto inició tras la ausencia de otro maestro por motivos familiares. Ante el espacio libre en el horario, la profesora Díaz pretendió obligar al grupo a ingresar a su aula antes del tiempo estipulado, lo cual generó inconformidad entre los alumnos ya que correspondía la hora de la firma de boletas y posterior salida

De ser hallada culpable en el juicio inicial y posteriores etapas procesales, la maestra Díaz enfrentaría severas sanciones tanto en el ámbito penal como en el administrativo-laboral, de acuerdo con la legislación vigente en Honduras:

• Pena de prisión o sanciones alternativas: El delito de trato degradante, conlleva penas específicas de reclusión o arresto domiciliario, dependiendo de los agravantes del caso y de si se considera que hubo un abuso de autoridad deliberado contra una menor de edad en un espacio público de custodia.
• Inhabilitación absoluta o especial: Además de la privación de libertad, el Código Penal contempla la inhabilitación para ejercer la docencia y cualquier profesión relacionada con el cuidado, educación o resguardo de menores de edad por el doble del tiempo que dure la condena principal.
• Despido definitivo sin responsabilidad patronal: En el ámbito administrativo, la Secretaría de Educación de Honduras y el Estatuto del Docente Hondureño catalogan la agresión física y el maltrato psicológico grave hacia los alumnos como faltas de tercera clase (muy graves).

Un profesor de tenis, oriundo de San Martín, provincia de Mendoza, que había sido condenado la semana pasada por el abuso sexual de su hijastra, recibió una nueva condena judicial tras declararse culpable de haber abusado de una alumna de 15 años.

El instructor, identificado como C. O. –su nombre completo no se publica para resguardar la identidad de las víctimas–, acumuló una pena unificada de 10 años de prisión efectiva.

La nueva sentencia, dictada por el juez penal Carlos Torres, impuso a C. O. una pena de 7 años y 8 meses de cárcel en el marco de un juicio abreviado, luego de aceptar su responsabilidad sobre los hechos y alcanzar un acuerdo entre la defensa y la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.

El acusado dictaba clases en reconocidos clubes de la zona y mantenía un perfil público en varias instituciones deportivas de Mendoza y San Martín.

Este proceso judicial surgió tras la denuncia de una alumna, quien relató haber sido víctima de distintos episodios de abuso sexual mientras formaba parte de las clases privadas a cargo de C. O.

La investigación judicial comprobó que los abusos no se limitaron al ámbito del Club Vistalba, sino que también ocurrieron fuera de la institución y continuaron a través de comunicaciones telefónicas.

La adolescente reveló que el instructor mantenía contacto con ella a través de mensajes y llamadas, prolongando la situación violenta incluso fuera de los horarios de entrenamiento.

La pena de 7 años y 8 meses, recientemente dictada, se sumó a la condena previa de 5 años de prisión que se conoció la semana pasada, cuando el Tribunal Penal lo halló responsable del abuso sexual simple agravado y grooming en perjuicio de su hijastra.

Esos hechos habían sido investigados por el fiscal Federico Bergamín, quien determinó que el acusado utilizó su vínculo de guarda y confianza con la menor –entonces de 10 años– para perpetrar abusos a lo largo de varios meses, incluyendo conductas coactivas y amenazas.

Según información aportada por Fiscalía, la madre de la víctima fue quien radicó la denuncia inicial en San Martín tras detectar comportamientos sospechosos y confirmar sus sospechas con su hija.

Los primeros episodios fueron denunciados como tocamientos ocurridos en diciembre de 2022, a los que siguió la solicitud de imágenes íntimas a través de aplicaciones de mensajería y amenazas contra la integridad de la familia. Las pericias confirmaron que los abusos se cometieron tanto en el domicilio familiar, como en medios de transporte públicos y otros ámbitos fuera de las instituciones deportivas.

La investigación permitió identificar una conducta sistemática de abuso, validada por la declaración de las víctimas y los peritajes psicológicos.

Durante varios años, C. O. desarrolló su actividad como instructor de tenis en clubes de San Martín y posteriormente en Mendoza, con especial presencia en complejos privados. Muchos de sus colegas y exalumnos revelaron la sorpresa que les generó la noticia de su detención.

La resolución judicial establece restricciones de acercamiento y comunicación con las víctimas y compromete a las entidades deportivas a revisar los procesos de admisión y el perfil de quienes acceden a cargos de docencia o acompañamiento con adolescentes.

La investigación sobre Yezmar Angeanis Ramos Figueroa, una profesora de gimnasia de 22 años en Florida, ha revelado que la docente fue detenida tras admitir el envío de mensajes de texto y una fotografía de carácter inapropiado a una estudiante de 13 años.

La detención se produjo el miércoles 26 de noviembre, cuando los detectives de la OCSO trasladaron a Ramos Figueroa a la cárcel del condado, donde permanece a la espera de comparecer ante un juez.

De acuerdo con la información publicada por el medio People, la alerta sobre el comportamiento de Ramos Figueroa surgió a mediados de octubre, cuando la madre de la víctima contactó a las autoridades para denunciar que la profesora había mantenido un contacto inadecuado con su hija, estudiante de la Central Pointe Christian Academy en Kissimmee, a unos 32 kilómetros al sur de Orlando.

La adolescente fue interrogada por las autoridades como protocolo de la investigación

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola (OCSO) en un comunicado de prensa citado por People, los detectives entrevistaron a la menor, la cual no fue revelado su nombre y obtuvieron acceso a los mensajes de texto y a la fotografía que, según la investigación, la docente le había enviado.

La OCSO confirmó que, durante el interrogatorio, Ramos Figueroa reconoció haber enviado tanto los mensajes como la imagen a la estudiante.

Los cargos imputados en contra de Ramos Figueroa

La policía ha imputado a Ramos Figueroa dos delitos graves: distribuir material obsceno a un menor y transmitir material dañino a un menor, cargos que, de acuerdo con la OCSO, se habrían cometido mientras la acusada ejercía como profesora de educación física en la Central Pointe Christian Academy.

Esta institución privada cuenta con varias sedes en Florida, aunque Ramos Figueroa trabajaba específicamente en la sede de Kissimmee.

Después de continuar con las investigaciones, la policía no encontró indicios de contacto físico entre la profesora y la estudiante

Según la información proporcionada por la OCSO a People, los investigadores no han hallado pruebas de contacto físico o de conducta física entre la profesora y la estudiante, pero han calificado el contenido de los mensajes como alarmante.

La oficina del sheriff también señaló que se encuentra revisando si existen otros posibles menores afectados por la conducta de la docente.

Ramos Figueroa recibió una fianza y le quedó prohibido acercarse a la adolescente

En la primera comparecencia judicial, celebrada el jueves posterior a la detención, el tribunal impuso a Ramos Figueroa una fianza de 10.000 dólares y le prohibió cualquier contacto con la víctima, así como con otros menores de edad, además de restringirle el acceso a Internet.

El abogado de la acusada declaró que, en la actualidad, ella no está ejerciendo labores docentes.

La Central Pointe Christian Academy no ha emitido comentarios sobre el caso, ya que la escuela permanecía cerrada por el Día de Acción de Gracias al momento de solicitarse su versión. Según los agentes del sheriff, la institución educativa estaría al tanto de la situación.

El hecho ocurrió el pasado jueves 18 de septiembre, durante el horario escolar, mientras la menor jugaba junto a sus compañeros en un aula.

Aunque las versiones sobre la mecánica exacta del accidente mantienen discrepancias, los familiares sostienen que la alumna intentaba evadir ser atrapada en un juego tradicional, lo que la llevó a subirse a una carpeta antes de precipitarse por la ventana.

“Han estado jugando, pero en el salón. Yo me pregunto: ¿cómo en la hora del recreo van a jugar en el salón? Deberían tener un patio”, reclamó el padre.

“Jugaban a la gallinita ciega y a las chapadas. Mi hija, para no dejarse atrapar, se subió a la carpeta. No sé si tuvo un desliz, si la empujaron o si se cayó por el juego, pero terminó cayendo por la ventana”, agregó.

A consecuencia del impacto, la estudiante sufrió graves fracturas y lesiones internas severas. Fue trasladada de inmediato al Hospital María Auxiliadora, ingresando a la Unidad de Cuidados Intensivos. Pese a los esfuerzos médicos, falleció tras cinco días de hospitalización.

Los padres de la menor, visiblemente afectados, denunciaron la falta de medidas de seguridad en la infraestructura del colegio.

Según su testimonio, la fachada del edificio está compuesta enteramente por ventanas sin barreras adicionales, como rejas o mallas, que puedan impedir caídas accidentales.

La reacción institucional incluyó la difusión de un comunicado en el que la dirección del colegio decidió adelantar las vacaciones y suspender temporalmente las actividades escolares, a la espera de los resultados de las investigaciones en marcha.

Multitud de padres y vecinos exigen claridad sobre los protocolos de seguridad, mientras que la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) comunicó el inicio de acciones legales y administrativas para esclarecer el incidente y sancionar posibles omisiones en la fiscalización del centro educativo.

Clausura del colegio e intervención de la Municipalidad de SJM

La Municipalidad de San Juan de Miraflores dispuso la clausura temporal del colegio tras comprobarse la falta de protocolos y la obstrucción a la supervisión por parte de funcionarios de la UGEL y la policía.

La medida busca salvaguardar la integridad de los estudiantes y prevenir incidentes similares, en medio de reiteradas denuncias de organizaciones de padres sobre condiciones deficientes en los colegios de la zona.

Especialistas en seguridad escolar subrayan la necesidad de revisar los estándares mínimos exigidos, así como fortalecer la fiscalización en la construcción y renovación de infraestructuras educativas. Maestros, padres y estudiantes insisten en la urgencia de contar con líneas claras de supervisión, respaldo institucional y protocolos de emergencia eficientes que eviten nuevas tragedias.

El fallecimiento de la menor pone en evidencia la vulnerabilidad de los escolares ante la falta de condiciones adecuadas y la respuesta tardía de las autoridades.

La pequeña localidad de La Paz, en la provincia de Mendoza, se vio sacudida esta semana por el caso de la adolescente de 14 años que se atrincheró en su escuela durante cinco horas, armada con la pistola calibre 9 milímetros de su papá policía con la que disparó tres veces. Sin embargo, no se trató del primer caso de un chico que armado en un colegio de la ciudad.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Educación de la provincia a Infobae, el pasado 30 de julio un estudiante de 13 años llevó un cuchillo a la escuela tecno-agropecuaria Galileo Vitali, otro establecimiento secundario de La Paz.

De acuerdo con lo que revelaron las fuentes a este medio, el alumno llevó un cuchillo dentro su mochila, con la intención de mostrárselo a sus compañeros de clase. Se trató de un arma blanca que su padre usaba para el trabajo en el campo.

Después de que hallaron el arma, “se activó el protocolo y el chico la entregó”. “Luego, convocaron a sus papás y el episodio fue consignado nuestro sistema de alerta”, agregó la fuente consultada por Infobae. En ese sentido, aclaró que no se trató de un episodio de amenaza ni de peligro para los otros estudiantes ni personal de la escuela.

De hecho, según confirmaron desde la Justicia a este medio, no intervino ningún fiscal. De acuerdo con lo que trascendió, el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) se encuentra realizando un seguimiento del caso.

Este antecedente cobró especial relevancia tras el violento episodio del miércoles en la escuela Marcelino Blanco, donde la alumna de 14 años ingresó con una pistola 9 mm, efectuó tres disparos dentro del establecimiento y permaneció atrincherada en el patio durante casi cinco horas antes de entregar el arma.

La intervención de fuerzas especiales de la Policía y negociadores de la Dirección General de Escuelas (DGE), junto con especialistas del Grupo GRIS y psicólogos, permitió contener a la adolescente y resolver la situación sin que se registraran heridos. No obstante, el impacto emocional en docentes, estudiantes y familias fue de gran magnitud.

Luego de deponer su actitud, la chica fue internada en el hospital Dr. Humberto Notti, donde se determinó que su estado de salud físico era “óptimo”, aunque recibió contención de un equipo multidisciplinario de salud.

Fue abordada en una primera instancia por profesionales y trascendió que ya mantuvo una entrevista con los médicos, al igual que los papás. Según supo Infobae, la adolescente no quedó a cargo de los padres sino de otro familiar.

El jueves siguiente no hubo actividad en el colegio debido al asueto por el Día del Maestro y el vierne se hizo un jornada de reflexión con la comunidad educativa, en la que hubo un abordaje general sobre lo que pasó.

Según habían explicado a este medio, la jornada contó con la presencia de un equipo interdisciplinario que recibió a los papás, a los docentes y a los chicos. “No hubo clases formales, pero sí un día de reflexión, de sensibilización, de concientización, para detectar situaciones específicas que requieran un abordaje más puntual o personal, en función del trauma que ha generado el episodio en la misma escuela”, indicaron.

Tras ambos episodios, la DGE aseguró que se aplicaron los protocolos vigentes para casos de violencia escolar y que los equipos interdisciplinarios trabajan con las familias involucradas.

El caso y la investigación

Todo comenzó el miércoles cerca de las 9:30 en el colegio Marcelino Blanco, cuando la adolescente de 14 años aprovechó un recreo para ir al baño y cargar un arma que se había llevado de su casa, donde vive con su papá, un efectivo de la Policía de San Juan.

En ese contexto, mientras sus compañeros estaban disfrutando de su tiempo libre en el patio, la menor salió con la pistola, los amenazó y efectuó tres disparos al aire.

Según el relato de los testigos, tras el primer estruendo muchos creyeron que la chica había arrojado un “chasquibum”, la pirotecnia hecha con papel de seda que produce una pequeña explosión al ser arrojada contra el suelo.

Sin embargo, antes de disparar por segunda vez, la estudiante mostró su arma frente a todos y dejó en claro que la amenaza era de verdad.

En ese momento, una joven que presenció la secuencia contó que la adolescente le apuntó a un compañero con la pistola y le dijo que lo iba a matar. “Después le dijo que ya volvía porque primero iba a buscar a otra profesora“, contó.

Tras el segundo y el tercer disparo, un clima de terror y pánico se apoderó de la escuela. Los alumnos salieron corriendo y se encerraron en sus cursos. Desde allí, escondidos, algunos lograron grabar a la chica que deambulaba por los patios del establecimiento con su pistola. Otros llamaron a la policía desde sus celulares.

Varios minutos después, las autoridades escolares evacuaron a todos los estudiantes. Tras más de cinco horas de tensión y pánico, la nena finalmente entregó el arma y la situación fue controlada.

Por su edad, es inimputable. Su caso lo toma directamente el ejecutivo a través del ETI, organismos del Gobierno de Mendoza que intervienen en casos de niños, niñas y adolescentes protegiendo sus derechos. Estos equipos realizan abordajes, toman medidas de protección y brindan seguimiento a los menores.

Mercedes Rus, ministra de Seguridad de la provincia de Mendoza, dijo que se va a hacer un análisis en materia de redes sociales para detectar los antecedentes que podrían haber llevado a la menor a tomar el arma e ir a su escuela. “Se secuestró el celular de la joven”, dijo la ministra.

El miércoles 16 de julio, comenzó a circular un vídeo, en el que se podía observar que durante la ceremonia de clausura del ciclo escolar 2022-2025 en la Preparatoria Felipe Carrillo Puerto, situada en Pijijiapan, Chiapas, una alumna del plantel denunció públicamente haber sido víctima de acoso por parte de profesores del plantel. El testimonio se expuso ante toda la comunidad educativa, incluyendo padres de familia, estudiantes y autoridades escolares presentes, la declaración fue ampliamente compartida.

Ante la viralidad de la denuncia, la Fiscalía General del Estado de Chiapas, informó que, derivado de una serie de actos de investigación, se logró identificar y detener al maestro José “N”, el principal acusado de hostigamiento sexual y acoso sexual contra una alumna del plantel, además, se sabe que las autoridades tomaron conocimiento de otras víctimas que al parecer emprenderán acciones legales contra este hombre.

Derivado de esta situación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) expresó una condena categórica a los hechos de acoso sexual registrados en la Preparatoria “Felipe Carrillo Puerto” de Pijijiapan, Chiapas, en perjuicio de una estudiante y presuntamente cometidos por un miembro del personal docente.

A través de un comunicado publicado en redes sociales la tarde de este viernes 18 de julio, la SEP ratificó el compromiso de defender el respeto, la integridad y la dignidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todos los entornos educativos del país, subrayando que no se tolerarán conductas que traicionen la confianza depositada en los responsables de las aulas ni que vulneren los derechos del estudiantado.

La SEP destacó la detención y consignación del presunto responsable a cargo de la Fiscalía del Estado, reconociendo tanto la valentía de la víctima al presentar la denuncia como la pronta actuación de las autoridades locales que permitieron el avance de la investigación.

En su comunicado, la secretaría solicitó de manera respetuosa a la FGE que se amplíe la investigación dentro del plantel para identificar la existencia de otros posibles casos de acoso sexual no denunciados, con el fin de garantizar un entorno escolar seguro, libre de violencia y de cualquier tipo de abuso.

La SEP anunció que brindará acompañamiento completo a la comunidad educativa del plantel afectado y a las autoridades estatales implicadas, asegurando la aplicación de los protocolos institucionales de atención, protección y sanción establecidos en el Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual, que rige en toda la administración del sistema educativo federal.

Un establecimiento educativo de la ciudad de La Plata vivió momentos de tensión cuando una estudiante de 13 años fue descubierta con un arma de fuego en su mochila. El hecho ocurrió en el Colegio Cristiano Evangélico Príncipe de Paz y los investigadores ahora intentan averiguar cómo fue que el arma llegó a la menor.

Según informó el portal 0221, el incidente ocurrió el lunes en la institución educativa ubicada en las calles 19 y 60, luego que la directora del colegio alertara a las autoridades tras encontrar el revólver calibre .38 sin municiones en la mochila de la menor.

La Policía se presentó en el lugar tras recibir una llamada de emergencia al 911 y junto con la directora, revisaron la mochila de la estudiante y secuestraron el arma. La niña fue puesta bajo la custodia de la directora para los procedimientos legales correspondientes.

En declaraciones posteriores, la directora del colegio reveló que la estudiante confesó que el arma había sido introducida en su mochila por un compañero de la misma edad.

La causa fue asignada a la UFI Joven 2 de La Plata, bajo la fiscalía de Sabrina Cladera, quien ordenó iniciar actuaciones por “averiguación de ilícito”. Según el sistema informático consultado, el revólver no presentaba impedimentos legales.

Cabe recordar que a principios del mes pasado, en otro caso similar, un adolescente de 15 años llevó un revólver a una escuela de la localidad bonaerense de Boulogne, en el partido de San isidro, y provocó conmoción en la comunidad educativa de la zona norte del conurbano. El caso, en el que interviene una fiscalía de Responsabilidad Juvenil, fue calificado como tenencia y portación de arma de fuego, indicaron fuentes policiales.

El hecho se registró tras un llamado al 911 que advertía sobre la presencia del arma en el colegio. De inmediato, agentes del Comando de Patrullas de San Isidro se desplazaron al Instituto 25 de Mayo, ubicado sobre la calle Salguero a 1500, donde ocurrió el episodio.

Al llegar, el director del establecimiento les entregó el arma. Se trataba de un revólver antiguo, calibre .32, sin marca visible y sin municiones.

Más tarde, al lugar también arribaron los padres del estudiante involucrado, precisaron las fuentes y destacaron que no hubo heridos. Además, señalaron que el chico no amenazó a ningún compañero o docente. “Al parecer, alguien la vio y avisó a los directivos”, ampliaron sobre la situación que generó preocupación y destacaron que “la habría llevado como quien lleva un juguete en la mochila, sin medir la peligrosidad de su acto”.

Sin embargo, este no fue el primer caso de un estudiante armado que se detectó en el año. A fines del mes de marzo, la jornada escolar se desarrollaba con normalidad en la Escuela N°10 “Octavio Pico”, perteneciente al Distrito Escolar N° 11 y ubicada en el barrio porteño de Flores, hasta que un niño de 6 años comentó con sus compañeritos de segundo grado que en su mochila tenía un arma de fuego cargada.

Ante este escenario, uno de los estudiantes le comentó la situación al docente de turno, quien tomó la pistola, se la entregó a la directora y evitó lo que podría haber sido una tragedia. Fuentes policiales señalaron por entonces que personal de la Comisaría Vecinal 7 A de la Policía de la Ciudad concurrió, luego de un llamado al 911.

Frente a esta situación, el equipo directivo del colegio primario puso en marcha los protocolos correspondientes. Ya presentes en el establecimiento, los agentes pudieron constatar que el chico portaba un arma calibre .22 con municiones en el cargador. “Fue un comentario entre los compañeros. Una chica la sacó de la mochila, la entregó al profesor de turno y el hombre se la dio a la directora”, precisaron sobre cómo la encontraron.

El operativo de detención de un docente de Educación Física de 35 años acusado de grooming contra una alumna de una escuela en Calamuchita, resultó en el secuestro de dispositivos electrónicos utilizados presumiblemente para cometer el delito.

La fiscalía de instrucción de primer turno de Río Tercero, a cargo de Paula Bruera, fue la responsable de ordenar el arresto del docente, quien habría acosado sexualmente a la estudiante a través de internet.

El caso se originó a partir de una denuncia presentada por los directivos del colegio secundario al que asiste la menor. El operativo incluyó allanamientos ejecutados por el personal de la sección Cibercrimen de la Dirección de Investigación Operativa (DIO) de la Policía Judicial, apoyados por efectivos de investigaciones de la departamental Calamuchita.

En el marco de estas intervenciones, y según informó el portal ElDoce.tv, las autoridades incautaron varios dispositivos electrónicos que el sospechoso habría utilizado para realizar los actos de acoso, lo cual se considera una pieza clave en la recolección de pruebas para este caso.

La fiscal Paula Bruera se encargará ahora de reunir y analizar la evidencia obtenida durante los allanamientos, mientras que el profesor permanece detenido en espera de posibles cargos formales.

Y en otro caso aberrante de grooming, a principios de este mes, un hombre oriundo de Jujuy fue detenido con prisión preventiva tras ser acusado de una serie de delitos que incluyen además del mencionado, extorsión y producción de material de abuso sexual infantil, entre otros, contra una adolescente de la ciudad santafesina de Arroyo Seco a la que sometió durante varios años.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, durante el calvario que atravesó, la menor incluso fue obligada a perpetrar un abuso sexual.

El sospechoso fue identificado como C.E.G., de 29 años. La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe lo detuvo en la localidad jujeña de San Pedro y fue traslado hacia Rosario, donde este viernes se realizó la audiencia imputativa.

De acuerdo a la acusación, los hechos delictivos iniciaron en abril de 2018, cuando la víctima tenía 14 años. La pesadilla se extendió hasta mayo de 2021.

Todo comenzó luego de que ella ingresara a un grupo de WhatsApp integrado por otros chicos de distintos lugares del país en el que se intercambiaban dibujos y experiencias. C.E.G. estaba en ese grupo. Usaba un nombre falso y fingía ser un adolescente más. Así contactó a la menor y logró acceder al contenido de su teléfono a través de la nube de Google desde una cuenta de Gmail. De esa manera, obtuvo fotos íntimas que utilizó para amenazarla con su publicación si no cumplía sus exigencias. La intimidó aún más mostrándole un arma pequeña de color negro.

Desde entonces, siempre según la fiscalía, el detenido le exigió a la víctima imágenes íntimas suyas y también de familiares, y la extorsionó para que le depositara dinero a cambio de no publicar ese material -ella realizó transferencias y pagos en billeteras virtuales entre enero y mayo de 2021-.

También la obligó a autolesionarse (ella llegó a arrojarse desde un balcón a tres metros de altura, resultando lesionada) y la instigó a cometer y filmar un ataque sexual a otro menor. Ese hecho se consumó en su domicilio de Arroyo Seco. El acto fue grabado y luego publicado en una cuenta de Instagram creada por el mismo imputado.

En la investigación, por otra parte, se señaló que entre mayo de 2021 y principios de 2022 el acusado obtuvo fotos y videos de cuatro menores cuando se cambiaban en la vivienda de la víctima y distribuyó esas imágenes en un grupo de Instagram llamado “No se caguen la vida”, bajo amenazas de exposición si no obedecían sus demandas.

Además, C.E.G. se apoderó de las cuentas de correo electrónico y de redes sociales de la menor y le restringió el acceso. También consiguió los datos de la tarjeta de débito de un familiar de la adolescente para efectuar múltiples transacciones. Entre los pagos comprobados, se encuentran servicios eléctricos en San Salvador de Jujuy realizados entre el 1 y 15 de marzo de 2021, en favor de al menos 9 titulares. Esas operaciones resultaron claves para que los investigadores pudieran rastrearlo y ubicarlo en la provincia norteña.

Tras una larga investigación encabezada por la fiscal Noelia Riccardi, de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, C.E.G. fue imputado por varios delitos: grooming, coacciones agravadas, producción y publicación de material de abuso sexual infantil, acceso indebido a datos informáticos de acceso restringido, estafa y extorsión, todos en concurso real. Además, se le acusa de corrupción de menores agravada por coerción y de instigación al suicidio.

Finalmente, el juez de primera instancia, Gonzalo Fernández Bussy, ordenó la prisión preventiva del acusado, al considerar fundados los cargos formulados por la fiscalía.

El pasado 8 de agosto, un juez del Poder Judicial del Estado de México emitió una sentencia de 35 años de prisión contra Juan Manuel Gutiérrez Ortiz, un profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), acusado de violación contra una alumna de 15 años de edad en el gimnasio y en la oficina de deportes de dicho plantel.

La estudiante habría sido sometida sexualmente por el profesor el 13 y 14 de diciembre de 2022. El ataque sexual fue denunciado al día siguiente en el centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía Especializada para la atención de violencia de género, luego de que la madre de la joven encontrara en el celular de su hija fotografías que el profesor le envió a la alumna de su pene, así como conversaciones de índole sexual.

Gutiérrez Ortiz estuvo prófugo de la justicia por medio año, pero el 31 de agosto de 2023, autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informaron que había sido detenido y trasladado al penal de Barrientos. Horas después, un juez decidió vincularlo a proceso.

El 18 de julio pasado, el juez Daniel Cabrera Juárez emitió un fallo de condena contra el profesor de 41 años de edad por el delito de violación a la alumna de 15 años, quien fue vulnerada en dos ocasiones dentro del plantel.

Al analizar las pruebas presentadas en este juicio oral, tanto por la defensa del profesor, como por parte de la Fiscalía y de los abogados de la víctima, el juez afirmó que tomó en cuenta la perspectiva de género y los derechos de los niños ya que la alumna es menor de edad, así como la relación de poder del docente ante su estudiante.

Aunque la pena máxima por este delito (violación) es de 20 años de prisión, más seis por la agravante de ser profesor al duplicarse por los ataques sexuales, la condena podría haber superado los 52 años de cárcel.

Sin embargo, el juez decidió sancionar cada una de las violaciones con 17 años y seis meses, lo que suma una condena total de 35 años de prisión, dio a conocer Fernanda Romero Palacios, quien forma parte del equipo de abogados de la víctima.

El juez también sancionó al profesor con el pago de una multa, así como dar una disculpa pública y a reparar el daño a la víctima.