La estudiante cursa segundo grado en ese plantel y participaba en un concurso de disfraces. Su vestuario estaba confeccionado con hojas usadas para envolver tamales, un material que prendió fuego durante el festival.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que las llamas consumen la vestimenta de la adolescente y provocan alarma entre las personas presentes. Las imágenes registran la reacción de quienes se encontraban en el lugar durante la celebración escolar.

La familia de Zaira solicitó apoyo económico para cubrir los gastos derivados de su atención médica y acompañarla durante su recuperación. La menor continúa bajo atención hospitalaria por la gravedad de las lesiones.

La SEPH revisa el accidente y posibles responsabilidades

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo informó que mantiene comunicación con los familiares de la estudiante y da seguimiento a su atención. La dependencia señaló que su prioridad es la recuperación de la alumna y el acompañamiento a su familia.

En una tarjeta informativa fechada el 28 de octubre, la autoridad educativa indicó que revisará las circunstancias en las que ocurrió el accidente para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Las autoridades educativas también realizan acciones de seguimiento en coordinación con las instancias competentes.

La SEPH recordó que los planteles cuentan con lineamientos de Protección Civil, atención de emergencias y prevención de riesgos. Entre esas disposiciones se encuentra la prohibición de utilizar fuego durante las actividades escolares.

La dependencia añadió que desarrolla capacitaciones y actualizaciones con autoridades de Protección Civil, Seguridad Pública, directivos, docentes y comunidades escolares. Estas acciones buscan reforzar las medidas de seguridad en los centros educativos, especialmente durante actividades que incorporan altares, veladoras, materiales inflamables y elementos decorativos.

Qué hacer en caso de incendio corporal

Si una persona se incendia, la regla de oro es “detener, tirar y rodar” para apagar las llamas de inmediato.

Pasos de acción inmediata

• No corras ni dejes que corra: Correr aviva el fuego y hace que las llamas crezcan más rápido.

• Detén a la persona: Haz que se detenga en el lugar.

• Tírala al suelo: Si no lo hace, haz que se recueste en el piso.

• Cúbrela y hazla rodar: Envuélvela con una manta gruesa, abrigo, chamarra o lona (evita materiales sintéticos que puedan derretirse) y ordénale que ruede sobre sí misma para sofocar el fuego. Protege su rostro y cabello con las manos mientras rueda.

• Apaga con agua o arena: Si tienes a la mano agua, arena o tierra, utilízalas para apagar el fuego. No uses un extintor directamente sobre la persona, ya que el polvo químico es tóxico y puede provocar asfixia o infecciones graves.

Primeros auxilios tras apagar el fuego

• Enfría la quemadura: Moja la zona afectada con agua corriente limpia (a temperatura ambiente o fresca, nunca helada ni con hielo) durante 5 a 20 minutos.

• Retira ropa y accesorios con cuidado: Quita la ropa, relojes, anillos, cinturones o joyas que no estén adheridos a la piel. Nunca arrancques tela que esté pegada a una herida.

• Cubre la herida: Protege la zona quemada con un apósito limpio, un paño húmedo con solución salina o una gasa estéril (sin apretar).

• No revientes las ampollas: Las ampollas actúan como una barrera natural contra las infecciones.

• No apliques remedios caseros: No uses mantequilla, pasta dental, aceites, pomadas ni ningún ungüento, ya que retienen el calor y contaminan la lesión.

• Evita dar líquidos o alimentos por vía oral si la persona está muy grave o en espera de auxilio médico inmediato.

La menor, identificada por sus familiares como Zaira, permanece en estado grave en un hospital de la región, mientras que la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo ya emitió un comunicado al respecto.

El disfraz estaba hecho con hojas de maíz para tamales

El incidente ocurre el miércoles 28 de octubre en la Escuela Secundaria General Teodomiro Manzano, ubicada en la comunidad de San Miguel Regla, municipio de Huasca de Ocampo. La alumna participaba en un concurso de disfraces sobre el escenario del plantel.

Su vestimenta de catrina estaba confeccionada de forma artesanal con hojas secas de maíz, el mismo material que se usa para envolver tamales, se trata de un material altamente inflamable.

La veladora de un altar provocó el incendio

Durante la presentación, la parte inferior del disfraz entró en contacto con la llama de una veladora colocada en un altar de muertos instalado por la escuela como parte del festejo. El fuego se propagó de inmediato por el cuerpo de la estudiante, según se puede observar en el video.

El video del incidente, grabado por asistentes al evento, circuló rápidamente en redes sociales. Las imágenes muestran a la alumna corriendo mientras las llamas consumen su vestuario, mientras maestros y compañeros intentan auxiliarla.

Docentes usaron chamarras y agua para apagar el fuego

Los profesores buscaron sofocar las llamas con sus propias prendas de vestir. Tras varios intentos, lograron apagar el fuego con una cubeta de agua.

En el audio del video se escucha a un maestro pedir calma al resto de los alumnos y solicitar que alguien le arroje agua a la menor. El reglamento interno de Protección Civil prohíbe el uso de fuego o veladoras reales dentro de las instalaciones educativas, según precisaron las autoridades del sector.

La familia denunció falta de apoyo antes del comunicado oficial

La estudiante fue trasladada de emergencia a un hospital de la región, donde los reportes médicos establecen un pronóstico reservado. Horas antes de que la dependencia emitiera su tarjeta informativa, la familia de la menor denunció no estar recibiendo ayuda y solicitó apoyo económico.

Los padres señalaron que los gastos médicos derivados del tratamiento resultaban “muy elevados”, de acuerdo con diferentes medios de comunicación.

El comunicado de la SEP tras volverse viral el video del incidente

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo emitió una tarjeta informativa fechada el 28 de octubre desde Pachuca de Soto, en la que lamenta “profundamente el accidente ocurrido en la escuela secundaria Teodomiro Manzano del municipio de Huasca, en el que una estudiante resultó lesionada.”

El documento señala: “Nuestra prioridad es la atención y recuperación de la alumna, así como dar el acompañamiento a su familia, con quienes se mantiene comunicación.”

La dependencia afirma que desde que tuvo conocimiento de los hechos, “las autoridades educativas han realizado las acciones correspondientes para dar seguimiento al caso en coordinación con las instancias competentes.”

La SEP anuncia revisión para “deslindar responsabilidades”

La tarjeta reitera que los planteles educativos de Hidalgo cuentan con “lineamientos y mecanismos de actuación en materia de protección civil y atención a emergencias”, entre ellos “la prohibición del uso de fuego durante actividades escolares.”

La dependencia precisa que la prevención se trabaja “mediante acciones de capacitación, actualización y coordinación con autoridades de Protección Civil, Seguridad Pública, directivos, docentes y comunidades escolares.”

El documento anuncia “una revisión puntual de las circunstancias en que ocurrió este incidente para determinar los hechos, deslindar responsabilidades y, en su caso, reforzar las medidas necesarias para seguir fortaleciendo la seguridad en las escuelas.”

La SEP de Hidalgo cierra el comunicado señalando que “refrenda su compromiso con la protección, el bienestar y la integridad de niñas, niños y adolescentes, privilegiando siempre una actuación responsable, transparente y centrada en el interés superior de la niñez.”

Una estudiante de quinto grado de un colegio privado de Villa Cubas, barrio ubicado en la capital de Catamarca, recibió una descarga eléctrica dentro del aula. Todo ocurrió luego de que rozara, de manera accidental, un cable que presuntamente se encontraba en mal estado.

Después del incidente, la menor fue asistida por una ambulancia y se encontraba bien tras el episodio. No obstante, indicaron que el hecho ocurrió el día en que la nena cumplía años, una situación que generó preocupación entre sus familiares y en la comunidad educativa.

Tras retirarse los servicios de emergencia, el personal policial intervino en el establecimiento. En este contexto, la madre de la alumna radicó una denuncia en la Unidad Judicial N°5. La presentación busca que se determinen las circunstancias en las que se produjo la descarga y el estado de las instalaciones eléctricas del colegio.

De acuerdo con la información obtenida por El Esquiú, el cable con el que habría tenido contacto la estudiante presentaba deterioros. Sin embargo, ese punto deberá ser corroborado en el marco de la investigación.

En línea con el reclamo, la familia manifestó que el colegio no contaría con un disyuntor eléctrico, un elemento destinado a interrumpir el suministro ante fallas o fugas de corriente. Esa versión también deberá ser verificada por las autoridades.

De esta manera, la causa deberá establecer si la instalación cumplía con las condiciones de seguridad requeridas, si el cable estaba dañado y si existieron responsabilidades vinculadas con el mantenimiento del establecimiento. Aunque la nena no habría sufrido lesiones de gravedad, el caso derivó en una investigación sobre las medidas de protección del colegio.

Condenaron al Estado y a una docente por quemaduras en un experimento escolar

Una ex alumna de una escuela secundaria pública del oeste del Gran Buenos Aires deberá ser indemnizada luego de sufrir quemaduras durante un experimento de química realizado en clase. La Justicia responsabilizó a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y a la docente a cargo por el accidente ocurrido en 2017.

El fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Morón estableció reparaciones por incapacidad psíquica, tratamiento psicológico, daño moral y gastos médicos. También alcanzó a la aseguradora, aunque dentro de los límites previstos en la póliza.

La entonces estudiante, de 17 años, participaba el 10 de julio de 2017 de una experiencia conocida como “serpiente negra”. La práctica consistía en elaborar pastillas con bicarbonato de sodio, azúcar y alcohol para provocar una reacción de combustión sobre una bandeja metálica con arena.

Según el expediente, la docente volvió a rociar con alcohol los materiales que permanecían encendidos, después de que el resultado esperado no se produjera. Fue así que la combustión alcanzó a la alumna y a otro estudiante que se encontraban frente a la mesada.

A raíz de esto, la joven sufrió quemaduras en el rostro y la cabeza, mientras que su compañero resultó lesionado en la cara y el pecho. La demanda sostuvo, además, que el laboratorio no disponía de matafuegos, mantas ignífugas, botiquín ni elementos de protección adecuados para los alumnos.

Además, las pericias médicas determinaron que la joven no tenía secuelas físicas permanentes ni incapacidad física derivada de las quemaduras. No obstante, una evaluación psicológica fijó una incapacidad psíquica leve del 10% y recomendó un tratamiento terapéutico.

Por su parte, la provincia alegó que el episodio había sido un caso fortuito y que no podía establecerse un vínculo entre la organización escolar y los daños. Sin embargo, el tribunal rechazó esa postura al considerar que el uso de elementos inflamables en una práctica escolar implicaba un riesgo que debía prevenirse.

De esta manera, la resolución remarcó que el establecimiento tenía el deber de extremar las medidas de seguridad y concluyó que la falta de recaudos configuró un incumplimiento del deber de cuidado. También atribuyó responsabilidad a la profesora por no adoptar las protecciones necesarias durante la actividad.

En cambio, la vicedirectora de la institución quedó fuera de la condena porque no se acreditó una omisión directa de sus funciones vinculada con el accidente. No obstante, las demandadas y la aseguradora deberán afrontar las costas del proceso.

Finalmente, la sentencia otorgó una indemnización de $ 4.000.000 por incapacidad psíquica, $ 1.162.200 para tratamiento psicológico futuro, $ 2.000.000 por daño moral y $ 100.000 por gastos médicos y traslados. A esos montos se les sumarán intereses y una actualización basada en el Índice de Precios al Consumidor, mientras que el pago deberá efectuarse dentro de los 60 días posteriores a que quede firme la liquidación judicial.

Hace casi un año y medio, una docente terminó con el rostro desfigurado tras ser atacada dentro Instituto de Formación Docente N° 12 de Neuquén. La acusada, madre de una alumna, había regresado al establecimiento acompañada por otra persona luego de una discusión del día anterior. Este miércoles, la causa ingresó en la etapa de definición de la pena.

La fiscal Lucrecia Sola solicitó 1 año y 6 meses de prisión efectiva para la acusada. La mujer fue encontrada responsable de amenazas simples contra una docente y de dos hechos de lesiones leves contra la regente y la subregente del establecimiento, delitos que fueron considerados en concurso real.

La resolución sobre el monto de la pena quedará ahora en manos del juez, que dispone de un plazo legal de 48 horas para definir el planteo de la fiscalía, el pedido de la querella y la postura de la defensa. Por otro lado, su identidad no se informa para preservar a su hija adolescente, que asistía a la institución educativa.

Al argumentar la solicitud de prisión efectiva, Sola mencionó que la mujer registra una condena anterior: en 2017 recibió una pena de 1 año y 6 meses de prisión en suspenso. Para la fiscal, ese antecedente debe tenerse en cuenta al momento de establecer la nueva sanción.

También enumeró como agravantes la cantidad de delitos atribuidos, el perjuicio psicológico que padecieron las docentes y el lugar donde se desarrollaron los episodios. La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la violencia se produjo dentro de una institución educativa, durante la jornada escolar y ante la presencia de alumnos y padres.

La fiscal agregó que, a su criterio, la mujer tuvo la posibilidad de ajustar su conducta a las reglas de convivencia y a la ley. “Es una persona que tiene los recursos para poder actuar correctamente y conforme a la ley, motivarse en la norma, tiene los medios para hacerlo y decidió no hacerlo”, sostuvo durante la audiencia.

Aunque la fiscalía solicitó una condena de 1 año y 6 meses de prisión efectiva, la querella, en representación de las docentes, requirió una pena mayor: 2 años y 6 meses de cárcel. También pidieron que se mantengan las medidas de protección dispuestas para las docentes.

La querella centró su exposición en el alcance de las consecuencias que sufrieron las tres trabajadoras afectadas por la secuencia. A la vez, cuestionó la inexistencia de un arrepentimiento genuino de parte de la acusada.

La defensa, en cambio, pidió el mínimo: 6 meses de prisión de ejecución condicional. Además, reclamó que se declare inconstitucional el artículo 27 del Código Penal para permitir una segunda condena en suspenso.

Los hechos

El conflicto se inició el 21 de abril de 2025, cerca de las 14:20, durante una reunión de padres en el establecimiento. De acuerdo con la reconstrucción judicial, participaron una docente de inglés, la regente, la subregente y la maestra de grado.

En ese encuentro, la mujer discutió con la profesora de inglés, la insultó y la amenazó. Entre las expresiones atribuidas a la acusada estuvieron: “Vamos afuera, a ver si te animás conmigo” y “te voy a esperar y voy a averiguar dónde vivís”.

La intervención del personal de seguridad evitó que esa primera situación pasara a una agresión física. Sin embargo, al día siguiente la mujer regresó a la institución acompañada por otra persona cuya identidad no fue establecida.

El 22 de abril, alrededor de las 13:45, ingresó al sector de secretaría y preguntó por la docente de inglés. Como la profesora no se encontraba allí, atacó a integrantes del equipo directivo. El juicio determinó su responsabilidad por las lesiones leves contra la regente y la subregente.

El episodio fue registrado en videos que circularon posteriormente y que mostraron parte de lo ocurrido durante el horario de clases. Las grabaciones difundidas exhibieron la intervención de docentes y autoridades que intentaban detener la situación y resguardar a los estudiantes.

El presidente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional, Arnold Burgos, solicitó este viernes la destitución de la maestra señalada de agredir físicamente a una estudiante en el municipio de Morazán, Yoro, al tiempo que anunció que impulsará iniciativas para instalar cámaras de seguridad en los centros educativos públicos con el objetivo de prevenir hechos similares.

El parlamentario manifestó que la bancada del Partido Nacional expresó su indignación tras la difusión del video en el que se observa a la docente presuntamente agrediendo a una alumna dentro del aula de clases, por lo que consideró que la educadora debe ser separada de su cargo mientras concluyen las investigaciones.

Burgos sostuvo que existen mecanismos disciplinarios establecidos para atender situaciones relacionadas con la conducta de los estudiantes, por lo que rechazó cualquier acto de violencia física o verbal por parte del personal docente.

"Hay medidas disciplinarias diferentes a golpear a un estudiante o faltarle al respeto“, expresó el congresista al referirse al incidente que ha generado diversas reacciones en la opinión pública.

El diputado relató que inicialmente desconocían que la maestra ya había sido requerida por las autoridades; sin embargo, posteriormente confirmaron que fue detenida por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Asimismo, explicó que la docente fue trasladada a las instalaciones del Ministerio Público, donde enfrenta una investigación tras ser considerada sospechosa del presunto delito de trato degradante.

"Desconocíamos que a esa hora la maestra ya había sido detenida por parte de las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones y no solamente detenida, sino que fue detenida y trasladada a las instalaciones del Ministerio Público por suponerla responsable del delito de trato degradante“, declaró.

Según Burgos, ahora corresponde a la Secretaría de Educación determinar las sanciones administrativas que procedan, una vez concluya el proceso de investigación.

El legislador señaló que, de acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, la docente primero habría agredido verbalmente a una estudiante, posteriormente le propinó un golpe en la cabeza y luego también agredió a la alumna que grababa lo ocurrido con un teléfono celular.

A criterio del presidente de la Comisión de Educación, este tipo de comportamientos no deben repetirse dentro del sistema educativo, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y prevención en los centros de enseñanza.

En ese sentido, informó que la Comisión de Educación del Congreso Nacional ha recibido varias iniciativas orientadas a instalar cámaras de videovigilancia en las escuelas y colegios públicos del país, como una herramienta para mejorar la seguridad y documentar cualquier incidente que pueda registrarse dentro de los planteles.

"Nosotros lo que buscamos es prevenir y no después reaccionar; eso es lo que vamos a buscar desde el Congreso Nacional“, afirmó el diputado al referirse a las propuestas que actualmente son analizadas.

Burgos explicó que los proyectos ya fueron remitidos a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Finanzas, instituciones que deberán emitir los dictámenes técnicos y presupuestarios correspondientes antes de que puedan avanzar en el proceso legislativo.

Indicó que la implementación de sistemas de videovigilancia requerirá una inversión económica importante, razón por la cual será necesario establecer un mecanismo de financiamiento que permita ejecutar el proyecto de manera gradual en los diferentes centros educativos del país.

El parlamentario consideró que la instalación de cámaras no solo contribuiría a prevenir agresiones entre docentes y estudiantes, sino también otros hechos que puedan poner en riesgo la integridad de la comunidad educativa, fortaleciendo los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas dentro del sistema escolar.

Mientras tanto, las autoridades educativas mantienen abierto el proceso administrativo para establecer las acciones que procedan contra la docente involucrada, en tanto el Ministerio Público continúa con las diligencias investigativas relacionadas con el caso.

El Abogado Nelson Mejía, defensor privado de la maestra , brindó detalles a los medios sobre los términos en que ha quedado el proceso penal contra su representada. La fiscalía del Ministerio Público presentó formalmente un requerimiento fiscal imputándole el delito de trato degradante en perjuicio de una alumna, una figura jurídica contemplada y sancionada en el artículo 214 del Código Penal de Honduras.

Durante la comparecencia, la representación de la Fiscalía solicitó la medida de detención judicial, un recurso que buscaba privar de libertad a la docente durante un lapso de seis días con el fin de asegurar su presencia y salvaguardar el proceso de cara a la audiencia inicial. No obstante, el equipo de defensa logró contrarrestar dicha petición ante el juez competente.

Según lo expuesto por el abogado Mejía, la defensa pudo demostrar que la profesora cuenta con la capacidad y las garantías suficientes para someterse al proceso penal sin necesidad de guardar prisión preventiva.

En consecuencia, Díaz enfrentará la acusación en libertad bajo la condición de presentarse a firmar periódicamente ante la autoridad judicial asignada. La audiencia inicial ha quedado programada para dentro de quince días, fecha en la que se determinará el rumbo y la continuidad del procedimiento en su contra.

El defensor enfatizó que su clienta no cuenta con antecedentes penales y que se trata de una ciudadana dedicada por años a la educación que, si bien cometió un error, tiene derecho a defenderse en libertad.

Perspectiva de la madre de la menor

Por su parte, la señora Doris Ramírez, madre de la alumna afectada, compartió su testimonio sobre los antecedentes que precedieron al violento altercado. Ramírez reveló que, aunque no existían reportes previos de agresiones físicas directas hacia su hija, las conductas de maltrato psicológico y verbal sí eran de carácter continuo por parte de la docente.

La madre relató que la menor le manifestaba constantemente su incomodidad por los comentarios denigrantes que la profesora profería en el aula, una situación que, según su conocimiento, afectaba también a otras niñas. Ante la imposibilidad de que las quejas administrativas surtieran efecto debido al temor de la comunidad estudiantil, Ramírez aconsejó a su hija que documentara los hechos en video como método de prueba.

Según declaraciones recogidas de otras compañeras de aula, el alumnado evitaba denunciar a la docente ante el miedo generalizado a sufrir represalias académicas, tales como la pérdida de puntos o la expulsión directa del centro educativo.

El panorama de lo vivido en la institución fue complementado por las declaraciones brindadas fuera de cámara por una de las alumnas que presenció de primera mano el altercado. La menor aseguró que las conductas conflictivas y los tratos estrictos de la profesora Perla Díaz no constituyen un hecho aislado, sino que son recurrentes y se remontan al menos al año 2024, periodo en el que supuestamente ya se habían suscitado roces considerables con otros estudiantes de noveno grado.

La testigo detalló el detonante del pleito ocurrido el jueves, explicando que el conflicto inició tras la ausencia de otro maestro por motivos familiares. Ante el espacio libre en el horario, la profesora Díaz pretendió obligar al grupo a ingresar a su aula antes del tiempo estipulado, lo cual generó inconformidad entre los alumnos ya que correspondía la hora de la firma de boletas y posterior salida

De ser hallada culpable en el juicio inicial y posteriores etapas procesales, la maestra Díaz enfrentaría severas sanciones tanto en el ámbito penal como en el administrativo-laboral, de acuerdo con la legislación vigente en Honduras:

• Pena de prisión o sanciones alternativas: El delito de trato degradante, conlleva penas específicas de reclusión o arresto domiciliario, dependiendo de los agravantes del caso y de si se considera que hubo un abuso de autoridad deliberado contra una menor de edad en un espacio público de custodia.
• Inhabilitación absoluta o especial: Además de la privación de libertad, el Código Penal contempla la inhabilitación para ejercer la docencia y cualquier profesión relacionada con el cuidado, educación o resguardo de menores de edad por el doble del tiempo que dure la condena principal.
• Despido definitivo sin responsabilidad patronal: En el ámbito administrativo, la Secretaría de Educación de Honduras y el Estatuto del Docente Hondureño catalogan la agresión física y el maltrato psicológico grave hacia los alumnos como faltas de tercera clase (muy graves).

Un profesor de tenis, oriundo de San Martín, provincia de Mendoza, que había sido condenado la semana pasada por el abuso sexual de su hijastra, recibió una nueva condena judicial tras declararse culpable de haber abusado de una alumna de 15 años.

El instructor, identificado como C. O. –su nombre completo no se publica para resguardar la identidad de las víctimas–, acumuló una pena unificada de 10 años de prisión efectiva.

La nueva sentencia, dictada por el juez penal Carlos Torres, impuso a C. O. una pena de 7 años y 8 meses de cárcel en el marco de un juicio abreviado, luego de aceptar su responsabilidad sobre los hechos y alcanzar un acuerdo entre la defensa y la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.

El acusado dictaba clases en reconocidos clubes de la zona y mantenía un perfil público en varias instituciones deportivas de Mendoza y San Martín.

Este proceso judicial surgió tras la denuncia de una alumna, quien relató haber sido víctima de distintos episodios de abuso sexual mientras formaba parte de las clases privadas a cargo de C. O.

La investigación judicial comprobó que los abusos no se limitaron al ámbito del Club Vistalba, sino que también ocurrieron fuera de la institución y continuaron a través de comunicaciones telefónicas.

La adolescente reveló que el instructor mantenía contacto con ella a través de mensajes y llamadas, prolongando la situación violenta incluso fuera de los horarios de entrenamiento.

La pena de 7 años y 8 meses, recientemente dictada, se sumó a la condena previa de 5 años de prisión que se conoció la semana pasada, cuando el Tribunal Penal lo halló responsable del abuso sexual simple agravado y grooming en perjuicio de su hijastra.

Esos hechos habían sido investigados por el fiscal Federico Bergamín, quien determinó que el acusado utilizó su vínculo de guarda y confianza con la menor –entonces de 10 años– para perpetrar abusos a lo largo de varios meses, incluyendo conductas coactivas y amenazas.

Según información aportada por Fiscalía, la madre de la víctima fue quien radicó la denuncia inicial en San Martín tras detectar comportamientos sospechosos y confirmar sus sospechas con su hija.

Los primeros episodios fueron denunciados como tocamientos ocurridos en diciembre de 2022, a los que siguió la solicitud de imágenes íntimas a través de aplicaciones de mensajería y amenazas contra la integridad de la familia. Las pericias confirmaron que los abusos se cometieron tanto en el domicilio familiar, como en medios de transporte públicos y otros ámbitos fuera de las instituciones deportivas.

La investigación permitió identificar una conducta sistemática de abuso, validada por la declaración de las víctimas y los peritajes psicológicos.

Durante varios años, C. O. desarrolló su actividad como instructor de tenis en clubes de San Martín y posteriormente en Mendoza, con especial presencia en complejos privados. Muchos de sus colegas y exalumnos revelaron la sorpresa que les generó la noticia de su detención.

La resolución judicial establece restricciones de acercamiento y comunicación con las víctimas y compromete a las entidades deportivas a revisar los procesos de admisión y el perfil de quienes acceden a cargos de docencia o acompañamiento con adolescentes.

La investigación sobre Yezmar Angeanis Ramos Figueroa, una profesora de gimnasia de 22 años en Florida, ha revelado que la docente fue detenida tras admitir el envío de mensajes de texto y una fotografía de carácter inapropiado a una estudiante de 13 años.

La detención se produjo el miércoles 26 de noviembre, cuando los detectives de la OCSO trasladaron a Ramos Figueroa a la cárcel del condado, donde permanece a la espera de comparecer ante un juez.

De acuerdo con la información publicada por el medio People, la alerta sobre el comportamiento de Ramos Figueroa surgió a mediados de octubre, cuando la madre de la víctima contactó a las autoridades para denunciar que la profesora había mantenido un contacto inadecuado con su hija, estudiante de la Central Pointe Christian Academy en Kissimmee, a unos 32 kilómetros al sur de Orlando.

La adolescente fue interrogada por las autoridades como protocolo de la investigación

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola (OCSO) en un comunicado de prensa citado por People, los detectives entrevistaron a la menor, la cual no fue revelado su nombre y obtuvieron acceso a los mensajes de texto y a la fotografía que, según la investigación, la docente le había enviado.

La OCSO confirmó que, durante el interrogatorio, Ramos Figueroa reconoció haber enviado tanto los mensajes como la imagen a la estudiante.

Los cargos imputados en contra de Ramos Figueroa

La policía ha imputado a Ramos Figueroa dos delitos graves: distribuir material obsceno a un menor y transmitir material dañino a un menor, cargos que, de acuerdo con la OCSO, se habrían cometido mientras la acusada ejercía como profesora de educación física en la Central Pointe Christian Academy.

Esta institución privada cuenta con varias sedes en Florida, aunque Ramos Figueroa trabajaba específicamente en la sede de Kissimmee.

Después de continuar con las investigaciones, la policía no encontró indicios de contacto físico entre la profesora y la estudiante

Según la información proporcionada por la OCSO a People, los investigadores no han hallado pruebas de contacto físico o de conducta física entre la profesora y la estudiante, pero han calificado el contenido de los mensajes como alarmante.

La oficina del sheriff también señaló que se encuentra revisando si existen otros posibles menores afectados por la conducta de la docente.

Ramos Figueroa recibió una fianza y le quedó prohibido acercarse a la adolescente

En la primera comparecencia judicial, celebrada el jueves posterior a la detención, el tribunal impuso a Ramos Figueroa una fianza de 10.000 dólares y le prohibió cualquier contacto con la víctima, así como con otros menores de edad, además de restringirle el acceso a Internet.

El abogado de la acusada declaró que, en la actualidad, ella no está ejerciendo labores docentes.

La Central Pointe Christian Academy no ha emitido comentarios sobre el caso, ya que la escuela permanecía cerrada por el Día de Acción de Gracias al momento de solicitarse su versión. Según los agentes del sheriff, la institución educativa estaría al tanto de la situación.

El hecho ocurrió el pasado jueves 18 de septiembre, durante el horario escolar, mientras la menor jugaba junto a sus compañeros en un aula.

Aunque las versiones sobre la mecánica exacta del accidente mantienen discrepancias, los familiares sostienen que la alumna intentaba evadir ser atrapada en un juego tradicional, lo que la llevó a subirse a una carpeta antes de precipitarse por la ventana.

“Han estado jugando, pero en el salón. Yo me pregunto: ¿cómo en la hora del recreo van a jugar en el salón? Deberían tener un patio”, reclamó el padre.

“Jugaban a la gallinita ciega y a las chapadas. Mi hija, para no dejarse atrapar, se subió a la carpeta. No sé si tuvo un desliz, si la empujaron o si se cayó por el juego, pero terminó cayendo por la ventana”, agregó.

A consecuencia del impacto, la estudiante sufrió graves fracturas y lesiones internas severas. Fue trasladada de inmediato al Hospital María Auxiliadora, ingresando a la Unidad de Cuidados Intensivos. Pese a los esfuerzos médicos, falleció tras cinco días de hospitalización.

Los padres de la menor, visiblemente afectados, denunciaron la falta de medidas de seguridad en la infraestructura del colegio.

Según su testimonio, la fachada del edificio está compuesta enteramente por ventanas sin barreras adicionales, como rejas o mallas, que puedan impedir caídas accidentales.

La reacción institucional incluyó la difusión de un comunicado en el que la dirección del colegio decidió adelantar las vacaciones y suspender temporalmente las actividades escolares, a la espera de los resultados de las investigaciones en marcha.

Multitud de padres y vecinos exigen claridad sobre los protocolos de seguridad, mientras que la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) comunicó el inicio de acciones legales y administrativas para esclarecer el incidente y sancionar posibles omisiones en la fiscalización del centro educativo.

Clausura del colegio e intervención de la Municipalidad de SJM

La Municipalidad de San Juan de Miraflores dispuso la clausura temporal del colegio tras comprobarse la falta de protocolos y la obstrucción a la supervisión por parte de funcionarios de la UGEL y la policía.

La medida busca salvaguardar la integridad de los estudiantes y prevenir incidentes similares, en medio de reiteradas denuncias de organizaciones de padres sobre condiciones deficientes en los colegios de la zona.

Especialistas en seguridad escolar subrayan la necesidad de revisar los estándares mínimos exigidos, así como fortalecer la fiscalización en la construcción y renovación de infraestructuras educativas. Maestros, padres y estudiantes insisten en la urgencia de contar con líneas claras de supervisión, respaldo institucional y protocolos de emergencia eficientes que eviten nuevas tragedias.

El fallecimiento de la menor pone en evidencia la vulnerabilidad de los escolares ante la falta de condiciones adecuadas y la respuesta tardía de las autoridades.

La pequeña localidad de La Paz, en la provincia de Mendoza, se vio sacudida esta semana por el caso de la adolescente de 14 años que se atrincheró en su escuela durante cinco horas, armada con la pistola calibre 9 milímetros de su papá policía con la que disparó tres veces. Sin embargo, no se trató del primer caso de un chico que armado en un colegio de la ciudad.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Educación de la provincia a Infobae, el pasado 30 de julio un estudiante de 13 años llevó un cuchillo a la escuela tecno-agropecuaria Galileo Vitali, otro establecimiento secundario de La Paz.

De acuerdo con lo que revelaron las fuentes a este medio, el alumno llevó un cuchillo dentro su mochila, con la intención de mostrárselo a sus compañeros de clase. Se trató de un arma blanca que su padre usaba para el trabajo en el campo.

Después de que hallaron el arma, “se activó el protocolo y el chico la entregó”. “Luego, convocaron a sus papás y el episodio fue consignado nuestro sistema de alerta”, agregó la fuente consultada por Infobae. En ese sentido, aclaró que no se trató de un episodio de amenaza ni de peligro para los otros estudiantes ni personal de la escuela.

De hecho, según confirmaron desde la Justicia a este medio, no intervino ningún fiscal. De acuerdo con lo que trascendió, el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) se encuentra realizando un seguimiento del caso.

Este antecedente cobró especial relevancia tras el violento episodio del miércoles en la escuela Marcelino Blanco, donde la alumna de 14 años ingresó con una pistola 9 mm, efectuó tres disparos dentro del establecimiento y permaneció atrincherada en el patio durante casi cinco horas antes de entregar el arma.

La intervención de fuerzas especiales de la Policía y negociadores de la Dirección General de Escuelas (DGE), junto con especialistas del Grupo GRIS y psicólogos, permitió contener a la adolescente y resolver la situación sin que se registraran heridos. No obstante, el impacto emocional en docentes, estudiantes y familias fue de gran magnitud.

Luego de deponer su actitud, la chica fue internada en el hospital Dr. Humberto Notti, donde se determinó que su estado de salud físico era “óptimo”, aunque recibió contención de un equipo multidisciplinario de salud.

Fue abordada en una primera instancia por profesionales y trascendió que ya mantuvo una entrevista con los médicos, al igual que los papás. Según supo Infobae, la adolescente no quedó a cargo de los padres sino de otro familiar.

El jueves siguiente no hubo actividad en el colegio debido al asueto por el Día del Maestro y el vierne se hizo un jornada de reflexión con la comunidad educativa, en la que hubo un abordaje general sobre lo que pasó.

Según habían explicado a este medio, la jornada contó con la presencia de un equipo interdisciplinario que recibió a los papás, a los docentes y a los chicos. “No hubo clases formales, pero sí un día de reflexión, de sensibilización, de concientización, para detectar situaciones específicas que requieran un abordaje más puntual o personal, en función del trauma que ha generado el episodio en la misma escuela”, indicaron.

Tras ambos episodios, la DGE aseguró que se aplicaron los protocolos vigentes para casos de violencia escolar y que los equipos interdisciplinarios trabajan con las familias involucradas.

El caso y la investigación

Todo comenzó el miércoles cerca de las 9:30 en el colegio Marcelino Blanco, cuando la adolescente de 14 años aprovechó un recreo para ir al baño y cargar un arma que se había llevado de su casa, donde vive con su papá, un efectivo de la Policía de San Juan.

En ese contexto, mientras sus compañeros estaban disfrutando de su tiempo libre en el patio, la menor salió con la pistola, los amenazó y efectuó tres disparos al aire.

Según el relato de los testigos, tras el primer estruendo muchos creyeron que la chica había arrojado un “chasquibum”, la pirotecnia hecha con papel de seda que produce una pequeña explosión al ser arrojada contra el suelo.

Sin embargo, antes de disparar por segunda vez, la estudiante mostró su arma frente a todos y dejó en claro que la amenaza era de verdad.

En ese momento, una joven que presenció la secuencia contó que la adolescente le apuntó a un compañero con la pistola y le dijo que lo iba a matar. “Después le dijo que ya volvía porque primero iba a buscar a otra profesora“, contó.

Tras el segundo y el tercer disparo, un clima de terror y pánico se apoderó de la escuela. Los alumnos salieron corriendo y se encerraron en sus cursos. Desde allí, escondidos, algunos lograron grabar a la chica que deambulaba por los patios del establecimiento con su pistola. Otros llamaron a la policía desde sus celulares.

Varios minutos después, las autoridades escolares evacuaron a todos los estudiantes. Tras más de cinco horas de tensión y pánico, la nena finalmente entregó el arma y la situación fue controlada.

Por su edad, es inimputable. Su caso lo toma directamente el ejecutivo a través del ETI, organismos del Gobierno de Mendoza que intervienen en casos de niños, niñas y adolescentes protegiendo sus derechos. Estos equipos realizan abordajes, toman medidas de protección y brindan seguimiento a los menores.

Mercedes Rus, ministra de Seguridad de la provincia de Mendoza, dijo que se va a hacer un análisis en materia de redes sociales para detectar los antecedentes que podrían haber llevado a la menor a tomar el arma e ir a su escuela. “Se secuestró el celular de la joven”, dijo la ministra.

El miércoles 16 de julio, comenzó a circular un vídeo, en el que se podía observar que durante la ceremonia de clausura del ciclo escolar 2022-2025 en la Preparatoria Felipe Carrillo Puerto, situada en Pijijiapan, Chiapas, una alumna del plantel denunció públicamente haber sido víctima de acoso por parte de profesores del plantel. El testimonio se expuso ante toda la comunidad educativa, incluyendo padres de familia, estudiantes y autoridades escolares presentes, la declaración fue ampliamente compartida.

Ante la viralidad de la denuncia, la Fiscalía General del Estado de Chiapas, informó que, derivado de una serie de actos de investigación, se logró identificar y detener al maestro José “N”, el principal acusado de hostigamiento sexual y acoso sexual contra una alumna del plantel, además, se sabe que las autoridades tomaron conocimiento de otras víctimas que al parecer emprenderán acciones legales contra este hombre.

Derivado de esta situación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) expresó una condena categórica a los hechos de acoso sexual registrados en la Preparatoria “Felipe Carrillo Puerto” de Pijijiapan, Chiapas, en perjuicio de una estudiante y presuntamente cometidos por un miembro del personal docente.

A través de un comunicado publicado en redes sociales la tarde de este viernes 18 de julio, la SEP ratificó el compromiso de defender el respeto, la integridad y la dignidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todos los entornos educativos del país, subrayando que no se tolerarán conductas que traicionen la confianza depositada en los responsables de las aulas ni que vulneren los derechos del estudiantado.

La SEP destacó la detención y consignación del presunto responsable a cargo de la Fiscalía del Estado, reconociendo tanto la valentía de la víctima al presentar la denuncia como la pronta actuación de las autoridades locales que permitieron el avance de la investigación.

En su comunicado, la secretaría solicitó de manera respetuosa a la FGE que se amplíe la investigación dentro del plantel para identificar la existencia de otros posibles casos de acoso sexual no denunciados, con el fin de garantizar un entorno escolar seguro, libre de violencia y de cualquier tipo de abuso.

La SEP anunció que brindará acompañamiento completo a la comunidad educativa del plantel afectado y a las autoridades estatales implicadas, asegurando la aplicación de los protocolos institucionales de atención, protección y sanción establecidos en el Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual, que rige en toda la administración del sistema educativo federal.