San Cristóbal de las Casas (México), 30 dic (EFE).- Cientos de habitantes de comunidades indígenas del estado de Chiapas, en el sureste de México, se manifestaron este lunes para demandar al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum garantizar la seguridad de los pueblos indígenas de la región, que atraviesa una ola creciente de violencia del crimen organizado.

Unas 1.500 personas de las etnias tseltal y tojolabal de la comunidad maya salieron a marchar por las calles del municipio de Altamirano, ante el temor de los constantes asesinatos, secuestros y despojos en la zona de la frontera sur mexicana.

Manuel López, indígena maya tzeltal, urgió a todos los niveles del Gobierno a trabajar en coordinación para no permitir que los "desestabilizadores" de la paz reactiven sus armas.

"Pedimos a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y a nuestro Gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, que garanticen la seguridad de los pueblos indígenas, más que nada en nuestro municipio, que es lo que queremos", expuso López.

Domingo Méndez, poblador de la etnia tzeltal, manifestó que el objetivo de la protesta es mostrar unidad frente a las constantes amenazas que atraviesan.

"Necesitamos que nos unifiquemos más porque la unificación es la tranquilidad, ya no queremos(…) violencia”, manifestó Méndez.

Altamirano es uno de los municipios más poblados que participaron en 1994 en el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), hace 31 años.

Según pobladores, la localidad estaba controlada por un caciquismo que mantenía a la comunidad indígena sometida y en el olvido.

Epifanio Vázquez, de la etnia tzeltal, llamó al Gobierno a no olvidarse de los pueblos indígenas y extender servicios básicos, como la iluminación, a todas las comunidades para mejorar la seguridad.

"Le pedimos con todo el corazón en la mano al Gobierno que se ilumine más allá en las comunidades, que se vea el reflejo y así la gente va a estar agradecida", expresó Vázquez.

Los manifestantes portaban banderas blancas que ondeaban en señal de paz por las vías de la localidad, y algunos sostenían pancartas con frases como: 'Altamirano vive en paz'.

La protesta pacífica culminó en la plaza pública del municipio, con un mitin donde los pobladores llamaron a unirse y reconstruir el tejido social del municipio maya tzeltal-tojolabal.

El alcalde de Altamirano, Gaspar Zantis, quien participó como invitado en la marcha, hizo un llamado a la presidenta Sheinbaum y al gobernador Ramírez a voltear a ver el municipio y trabajar de la mano, lo que calificó como "primordial para poder reactivar" su economía.

Esta manifestación ocurre en un ambiente de violencia generalizada en la frontera sur de México, donde existe una guerra entre carteles que ha afectado a miles de indígenas con el desplazamiento forzado, pérdida de derechos comunitarios, secuestros, muerte y reclutamiento de adultos y niños. EFE

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Un grupo de sujetos armados y con el rostro cubierto, quienes se identificaron como miembros del grupo La Fuerza de Altamirano, aparecieron en un video que circuló en redes sociales para exigir la liberación de la presidenta concejal de Altamirano, Chiapas.

El material audiovisual fue compartido durante el martes 14 de mayo y además de la liberación de la mujer mencionada también pidieron que fueran liberadas otras personas que fueron privadas de su libertad junto con la concejal. Aseguraron que si en 24 horas sus demandas no se cumplian entonces usarian la fuerza.

“Somos de la Fuerza de Altamirano, este es el último llamado que le hacemos a toda la gente de la comunidad para que en 24 horas liberen a la presidenta concejal y a los detenidos, en caso de que no lo hagan entraremos por la fuerza y haremos una limpia”, fue parte del mensaje de los sujetos armados.

También amenazaron a los pobladores que hagan caso omiso de su mensaje y se interpongan con el grupo, asegurando que los cuerpos de dichas personas serán halladas a las orillas de la carretera.

En el video aparecen más de 20 sujetos vestidos de color negro en una zona con pasto. Hasta el momento de la realización de esta nota las autoridades de Chiapas no se han pronunciado al respecto.

Qué pasó con la presidenta concejal de Altamirano

El pasado 25 de abril la Fiscalía General de Chiapas confirmó el inicio de una carpeta de investigación por la desaparición de María García López, así como el de otras dos personas, hechos que sucedieron ese mismo día. Según las primeras investigaciones de las autoridades los hechos sucedieron en el Barrio Guadalupe, ubicado en el municipio de Ocosingo.

Los responsables fueron un grupo de sujetos que, según reportes periodísticos, estaban vestidos como policías.

Luego de darse a conocer los hechos, el 27 de abril pasado, la mujer apareció en un video asegurando que estaba ubicada en el municipio de Altamirano “gozando de una buena salud en conjunto con otros cinco de mis compañeros”, además pidió que no fuera alterada la paz.

De igual manera, señaló que la privación de la libertad de la que fue víctima fue por un tema de incumplimiento de obras públicas. “El problema por el cual me encuentro en este lugar es por incumplimiento de las obras, del cual buscaré resolver de la mejor manera posible”, dijo en la grabación.

Violencia en Chiapas deja 11 cuerpos en Chicomuselo, autoridades investigan

En otras acciones, también durante el 14 de mayo, las autoridades de Chiapas confirmaron el hallazgo de 11 cuerpos en comunidad Morelia, ubicada en el municipio de Chicomuselo. Según el informe oficial de la fiscalía estatal, dichos sujetos fueron asesinados en las últimas horas.

Cabe destacar que Chicomuselo es una zona en disputa por el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y reportes periodísticos indican que conflictos armados entre dichas estructuras son lo que derivó en el hallazgo de los 11 cuerpos.

Aunque fueron implementados patrullajes con el objetivo de resguardar la zona no se han reportado detenciones ligadas a estos hechos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que investiga el secuestro de María García López, presidenta concejal del municipio de Altamirano y de otras dos personas ocurrido este jueves 25 de abril.

De acuerdo con el Ministerio Público local, la privación ilegal se dio en el Barrio Guadalupe del municipio de Ocosingo, cuando sujetos presuntamente de la Policía Especializada se la llevaron a García López que fue designada como presidenta concejal en octubre del 2012.

En un comunicado, la Fiscalía estatal detalló que a través de la Fiscalía de Distrito Selva comenzó con las investigaciones del secuestro de María García López y de otros dos hombres, quienes fueron privados de su libertad por un grupo de personas, “que no fueron elementos de la Policía de Investigación de esta dependencia”.

“Derivado de entrevistas con testigos del lugar se pudo conocer que la presidenta Concejal de Altamirano, María “N” y dos personas más, se encontraban a las afueras de un restaurante ubicado sobre la carretera internacional Ocosingo a San Cristóbal, en donde fueron abordados por un grupo de personas que presuntamente pertenecen a una organización social, para después llevarlos con rumbo desconocido a bordo de dos vehículos”, informó el organismo autónomo.

Previo a la confirmación del secuestro de la presidenta concejal, que termina su perien redes sociales trascendió información que el hermano de García López también había sido secuestrado un día antes.

De acuerdo con la reportera, Gabriela Coutiño, la privación de la libertad de la presidenta fue efectuado por un grupo armado que la retiene en Ocosingo junto con sus dos acompañantes. En tanto, en Chicoasén retienen al hermano del presidente con licencia y otra persona.

“Trasciende que en hechos separados, grupos armados retienen en Ocosingo a presidenta del concejo municipal de Altamirano, Chiapas más otras dos acompañantes. En Chicoasén retienen al hermano del presidente con licencia y otra persona. En Copainalá reportan otra retención más”, informó la reportera en su cuenta X, aunque la Fiscalía no ha confirmado el supuesto secuestro del hermano de García López.

Pobladores de Motozintla respondieron a AMLO por retén contra Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por Morena, el Partido Verde Ecologista y del Trabajo, fue detenida por un retén en su camino proselitista de Comitán hacia Tapachula el domingo 21 de abril. El hecho generó controversia tras la afirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la posible naturaleza de montaje del encuentro, algo que residentes locales y los propios encapuchados han negado vehementemente.

Tras el incidente, un video proporcionado por la reportera Gabriela Coutiño muestra a sujetos encapuchados en la sierra de Chiapas, quienes se identifican como autodefensas y rechazan las acusaciones de montaje declaradas por el presidente durante su conferencia matutina del 22 de abril. “Esto no es un montaje, esto es real”, expresó uno de los encapuchados en el video, añadiendo que el motivo de ocultar sus rostros se debía a las represalias que podrían enfrentar. Este grupo argumenta estar organizado contra el pago de cuotas y derecho de piso, distanciándose de cualquier relación con actividades criminales.

El contexto de este enfrentamiento se torna más complejo con la intervención de la comitiva de Sheinbaum por parte de estos grupos, poniendo en relieve la tensión en regiones controladas por cárteles. Según reportes de Aristegui Noticias, los retenes por los que la candidata y su equipo pasaron estarían vinculados al Cártel de Sinaloa, sugiriendo una presencia fuertemente arraigada de estas organizaciones en el área, específicamente en puntos como Mazapa de Madero, Huehuetán y Huixtla. Durante el encuentro, se le pidió a Sheinbaum no olvidar a la Sierra y a la gente pobre en caso de llegar al poder, una petición que refleja las demandas locales frente a la política nacional.

Sheinbaum, por su parte, ha manejado la situación con cautela, indicando creer que los encapuchados eran más bien pobladores de la región, evitando atribuirles directamente conexiones con el crimen organizado. Esta actitud contrasta con la perspectiva de López Obrador y otras figuras políticas, quienes han insinuado diferentes interpretaciones sobre el motivo y los actores detrás del incidente.

La diputada federal por Morena, Patricia Armendáriz, sugirió en su cuenta de X que se trataba de integrantes de uno de los cárteles defendiendo su territorio, destacando la disputa territorial entre estas organizaciones en Chiapas.