El Ayuntamiento de Madrid ya ha respondido formalmente al vecino que presentó alegaciones porque, a pesar de tener una salario de 3.534 euros netos al mes, fue rechazado como inquilino de uno de los pisos de “renta asequible” que promueve el Consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida. La inmobiliaria privada que gestiona la promoción le rechazó alegando “falta de viabilidad económica”. Y eso que este vecino, economista, podía afrontar la renta de 1.037 euros mensuales que piden por el piso que quería. Ahora, la Dirección General de Gestión Urbanística, asegura en un escrito enviado a este vecino “que las viviendas destinadas al arrendamiento se ubican sobre parcelas calificadas urbanísticamente como ‘Vivienda Colectiva Libre’. Por este motivo, no están sujetas a un régimen de vivienda con protección pública ni a un procedimiento administrativo de adjudicación de viviendas públicas”.

El Gobierno local sacó a concurso 25 parcelas municipales (150.000 metros cuadrados) para que empresas privadas construyan 2.100 viviendas destinadas al “alquiler de renta asequible”. Varias promotoras se han quedado ya con el suelo, levantarán los pisos y gestionarán el alquiler durante 45 años. Pasado ese tiempo, el Consistorio se quedará con los inmuebles. El Ayuntamiento limita los precios para que el alquiler en esas zonas sea, en teoría, un 25% inferior al del mercado y sea accesible para más ciudadanos. Pero ahí acaba la responsabilidad municipal: en la cesión del suelo y en la redacción de los pliegos de los requisitos que deben cumplir los candidatos interesados.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp, en Facebook y en Instagram

“Las obras de edificación de las viviendas son promovidas y gestionadas por los adjudicatarios del concurso una vez constituidos los derechos de superficie, no por el Ayuntamiento”, dice la respuesta oficial que ha recibido este vecino, que también presentó una denuncia ante la Oficina Municipal Contra el Fraude y la Corrupción, que trasladó su queja al Área de Urbanismo. “Mis ingresos netos mensuales en 12 pagas son esos 3.534 euros, sin cargas financieras relevantes, lo que situaría el esfuerzo de alquiler en torno al 29,34%. Aún así, no valgo para optar a estas casas”, señala Manuel, el vecino afectado.

De todas, formas, Manuel no se rinde. Urbanismo le contestó el 27 de octubre. Y el vecino ha vuelto a registrar un nuevo escrito señalando que “mi reclamación no pretende que se aplique a estas viviendas un procedimiento administrativo de adjudicación propio de viviendas protegidas, sino que se compruebe si los criterios efectivamente utilizados para seleccionar y excluir solicitantes son compatibles con las condiciones del programa municipal y las obligaciones asumidas por la entidad adjudicataria”, es decir, que el Ayuntamiento compruebe si las empresas adjudicatarias están tramitando correctamente las solicitudes.

Promoción de Alkira Living

Manuel cumplía los requisitos económicos y el pasado 22 de mayo inició el proceso de solicitud de la vivienda, una promoción gestionada en Ciudad Lineal por la promotora Alkira Living. Visitó la casa y remitió la documentación requerida, incluyendo DNI, tres últimas nóminas, declaración de la renta, vida laboral, certificado de cotizaciones, contrato laboral, sentencia de divorcio y empadronamiento en Madrid. “No tengo préstamo hipotecario, ni préstamo personal ni otras cargas financieras relevantes”, explica Manuel, que asegura que Alkira le llegó a pedir en tres ocasiones la documentación que les presentó la primera vez, sin explicar por qué.

Este vecino asegura que la promotora privada nunca “identifica el fundamento contractual o documental de los criterios de solvencia mínima o viabilidad económica que pudieran aplicarse adicionalmente para excluir solicitudes. Lo que solicito es conocer qué regla concreta se aplicó, cuál fue el cálculo realizado y por qué se consideró económicamente inviable mi solicitud”.

El 1 de julio de 2026, la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción remitió la denuncia de Manuel a la Dirección General de Gestión Urbanística para que valorase la procedencia de efectuar actuaciones de control sobre el cumplimiento de los pliegos. El 5 de agosto, el Ayuntamiento confirmó expresamente la apertura de un expediente y el requerimiento a la entidad titular del derecho de superficie para que aportara documentación acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones. Sin embargo, la comunicación que ha recibido Manuel el 27 de octubre “no informa sobre el resultado de dicho requerimiento, la documentación que se hubiera recibido, las comprobaciones practicadas o las conclusiones alcanzadas”, explica este vecino.

Y eso que el escrito enviado por Urbanismo deja claro que, aunque “es al adjudicatario al que le corresponde gestionar los contratos de arrendamiento de las viviendas con los inquilinos, dentro de los límites y conforme a las condiciones establecidas por el pliego”, todo este no es obstáculo “de la comprobación del cumplimiento de las obligaciones del pliego por parte del Ayuntamiento”. Es decir, Urbanismo reconoce que debe comprobar si el pliego se cumple.

Esta misma semana, Manuel ha presentado un nuevo escrito al Ayuntamiento para que le informe “expresamente del estado de las actuaciones de control anunciadas el 5 de agosto de 2026, indicando la fecha y el objeto del requerimiento efectuado a la entidad titular del derecho de superficie, si ha sido contestado, qué documentación se recibió y si se ha realizado alguna comprobación o emitida conclusión sobre el cumplimiento de los pliegos”. También si “la entidad adjudicataria o gestora puede establecer criterios adicionales de viabilidad económica o solvencia mínima para seleccionar arrendatarios y, en caso afirmativo, se identifiquen su fundamento contractual, los documentos que los regulan, las condiciones de aplicación y si fueron conocidos, autorizados o supervisados por el Ayuntamiento”.

La acampada de Sol en Madrid ha sido desmantelada en plena madrugada, hacia las tres de la mañana, después de 38 días de protesta por el derecho a la vivienda, en un operativo policial que ha terminado con dos detenidos por resistencia. Después de que los portavoces habían anunciado que centrarían sus esfuerzos en los barrios para organizar la huelga general del 11 de noviembre, mientras que el campamento se mantenía como espacio de apoyo y visibilización de las personas en situación de sinhogarismo, 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal de Madrid han desalojado a 334 participantes entre acusaciones de agresiones. La Delegación del Gobierno, por su parte, sostiene que la actuación se ha desarrollado “sin violencia” después de que la protesta perdiera su carácter reivindicativo inicial y derivara en alteraciones del orden público, pese a que a lo largo de estos 38 días de acampada únicamente se ha registrado una detención vinculada a la presunta agresión sexual a una joven.

Los operarios de limpieza del Ayuntamiento ya han desmontado las tiendas de campaña, que serán trasladadas a depósitos municipales para su entrega a quien las reclame, y han retirado lonas, pancartas y otros enseres. En el kilómetro cero de la capital prácticamente ya no hay ni rastro de la “pequeña ciudad” que levantaron el pasado 26 de septiembre numerosas personas movilizadas por la crisis de la vivienda tras una multitudinaria manifestación por el desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que había luchado durante años contra un fondo Urbagestión Desarrollo e Inversiones para evitar su desalojo y que finalmente falleció.

La acampada ha reunido toda clase de perfiles, desde jóvenes estudiantes a trabajadores que no pueden independizarse y se ven obligados a compartir casa con más de 40 años, si bien en estos últimos días quienes pernoctaban en la plaza eran principalmente personas sin techo.

La policía ha aplicado “todo tipo de violencia”

Una de ellas es Luz Mila, una mujer colombiana que llegó a España hace más de una década y que lleva cinco años en situación de calle. Explica a Infobae que tiene la nacionalidad española desde 2018, pero que la falta de empadronamiento la mantiene fuera de los recursos de atención. Describe el desalojo de Sol como “algo horrible” y asegura que los agentes de Policía “la sacaron como una delincuente, entre gritos y empujones”, un testimonio que coincide con los que han ofrecido otros acampados, tal y como ha señalado el comunicado de la organización de la protesta, donde señalan que agentes de la policía han “aplicado todo tipo de violencia”.

“Nos han desalojado en plena noche, con una temperatura de 5 grados y con el transporte público cerrado. Menos mal que un chico cubano me ayudó y me ofreció un café caliente”, relata. Tras el operativo, esta mujer de 71 años ha esperado hasta las 7:30 horas para acudir a la iglesia de San Antón, donde al menos ha podido desayunar.

Pese a su edad y ser víctima de violencia de género, además de contar con un informe de extrema vulnerabilidad, asegura que los servicios sociales no le han ofrecido ninguna alternativa y ahora no sabe dónde dormirá: “No interesamos a nadie. Sufrimos violencia institucional”. Luz Mila fue funcionaria en Colombia durante 25 años y hasta ahora ha subsistido con los 200 euros que cobra de pensión, una cantidad con la que apenas puede cubrir sus necesidades básicas y que no le permite alquilar una habitación en Madrid, una de las ciudades con los precios de la vivienda más elevados de España.

Situar la vivienda en el centro del debate público

Aunque el desalojo ha puesto fin a la acampada en la Puerta del Sol, la movilización que surgió de la indignación social y que ha durado más tiempo que la histórica del 15-M en 2011, ha logrado situar las dificultades de la vivienda en el centro del debate público. Tras más de un mes de movilización, los organizadores quieren trasladar esos esfuerzos a los barrios de cara a la huelga general del 11 de noviembre, con la que buscan ampliar el apoyo a sus reivindicaciones.

Entre las demandas relativas a la vivienda reclaman una bajada de precios en los alquileres, freno a los desahucios, vivienda pública y recursos para personas sin hogar, aunque los sindicatos que se han sumado a la jornada de paro también reivindican la subida de salarios, la defensa de los servicios públicos, las pensiones y el reparto de la riqueza.

La acampada de la Puerta del Sol en Madrid, instalada desde el pasado 26 de septiembre tras el desahucio de Maricarmen Abascal para denunciar las dificultades de acceso a la vivienda, ha comenzado a trasladar su protesta a los barrios para organizar la huelga general del 11 de noviembre, aunque una parte va a permanecer en la plaza, “organizándose desde dentro”.

La imagen en el kilómetro cero de la capital ha empezado a cambiar, después de que el sábado la mayoría de las comisiones anunciaran su progresiva disolución, la salida de la plaza de sus integrantes y la “mudanza” a los barrios para centrarse en la huelga. Esta decisión se produjo después de que la Delegación del Gobierno enviase la semana pasada un correo electrónico a la comisión de asesoría legal de la acampada en Sol para comunicarle que “podría resultar legítimo ponerle fin” a la concentración.

Este lunes ya se pueden ver menos tiendas de campaña y un perfil predominante: el de personas en situación de sinhogarismo que quieren visibilizar su protesta. Es el caso de Marimar, que lleva un mes en la acampada y carece de alternativa habitacional.

“Estaba viviendo en una habitación y me han echado. No puedo contar con ningún amigo y los servicios sociales tampoco hacen nada. Estamos aquí porque ya no podemos más”, lamenta la mujer, de 55 años, en conversación con Infobae. Desde el mes de julio se encuentra desempleada aunque explica que cuando ha tenido trabajo como limpiadora siempre ha sido con “contratos precarios”.

Este mediodía, el movimiento ha leído un “manifiesto reivindicativo político-social” con la intención de que las autoridades se responsabilicen de la situación que les llevó a acampar en Sol el 26 de septiembre y para aclarar que la protesta continúa.

“No es que la acampada se disuelva, sino que estamos redistribuyendo fuerzas, por eso hay menos tiendas de campaña. Ahora el objetivo es preparar la huelga en los barrios”, explica Diana, una de las portavoces, tras la lectura del manifiesto. También han señalado que refuerzan su apoyo a las personas sin hogar que permanecen en la plaza para “acompañarlas y contribuir a que su situación tenga mayor visibilidad y respaldo social”.

Además, el movimiento ha indicado que en los próximos días se conocerán más detalles en un acto que va “a cambiar completamente la dinámica de todo esto”.

La acampada de Sol ha superado la duración de la histórica protesta del 15M en 2011, que permaneció 28 días en la plaza como respuesta a la crisis económica y al descontento con la clase política. Y aunque en esta última movilización las reivindicaciones se han centrado en el derecho a la vivienda, sus participantes también han extendido sus críticas a otras desigualdades sociales como el sinhogarismo, la violencia de género, la discriminación contra el colectivo LGTBIQ+ y las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan muchas personas migrantes al aencontrarse en situación administrativa irregular.

“Nosotros aquí no estamos ni contra la izquierda ni contra la derecha, estamos contra todos. Pero estamos contra todos porque creemos que las instituciones públicas no están respondiendo a las desigualdades sociales”, señalan fuentes del movimiento. Según explican, la reivindicación por el derecho a la vivienda está atravesada por desigualdades estructurales de clase, género y origen, condiciones pueden agravar la vulnerabilidad de las mujeres, las personas LGTBIQ+, racializadas o migrantes. “El derecho a la vivienda no está garantizado para nadie, pero hay estructuras que hacen que unas personas sean más vulnerables que otras”, añaden.

La acampada, recuerdan, nació con la intención de canalizar un descontento social, por lo que decidieron ocupar Sol y transformar esa sensación de impotencia en acción colectiva. “Partíamos de una percepción compartida de rabia social que, fruto de la desmovilización y la impotencia, no estaba encontrando cauce. Y no pedimos permiso. Percibimos una oportunidad y decidimos correr el riesgo”.

Ha sumado más de 1.200 tiendas de campaña

A lo largo de estos 37 días, la acampada, que ha llegado a sumar más de 1.200 tiendas de campaña, se ha transformado en una pequeña ciudad, con calles, avenidas, plazas y rotondas que llevan al comedor, a la enfermería, al barbero o a la ferretería. Para facilitar la orientación dentro del campamento, Alejandro, un joven aficionado a la cartografía, elaboró un callejero, mientras otros participantes se encargaron de poner nombres de calles en cartones y redistribuir las tiendas. Además de la comisión de Urbanismo, también se establecieron la de Comunicación, Cuidados y Cultura, Mediación y Asesoría Legal, entre otras.

Aurora Moreno tiene 73 años y nunca se ha imaginado pasando su vejez en una residencia. Siempre que la salud lo permita, prefiere decidir cómo vivir, con quién hacerlo y qué cuidados recibir. Por eso acaba de dejar su piso en Barcelona para instalarse en Sant Feliu de Guíxols, Girona, en Walden XXI, el primer proyecto de vivienda cooperativa en cesión de uso para personas mayores que la asociación Sostre Cívic ha puesto en marcha esta semana en Cataluña. Se trata del antiguo hotel Jecsalis, que se ha transformado en una comunidad de 31 viviendas para unas 40 personas donde sus residentes disponen de pisos privados y de cerca de 800 metros cuadrados de espacios comunes, incluyendo cocina y comedor, biblioteca, lavandería, salas polivalentes, talleres y un jardín interior.

“Siempre hablaba con mis amigos de que, cuando fuéramos mayores, nos gustaría vivir todos juntos en un sitio así. En 2019 vi el proyecto en redes sociales, pedí información y, después de una entrevista, decidí entrar en la cooperativa”, explica Moreno a Infobae desde Barcelona, donde ha vivido hasta ahora y es propietaria de un piso que quiere seguir conservando. Otros socios han vendido sus viviendas, las han puesto en alquiler o procedían ya de un arrendamiento, pero todos comparten la apuesta por una fórmula residencial distinta de la tradicional.

Moreno espera “envejecer activamente” en un entorno donde las decisiones se tomarán en asamblea y los cuidados se organizarán de forma colectiva. “No siempre es fácil, pero se trata de ser equitativos, de compartir el futuro y los cuidados, porque esta sociedad tiende a marginar a las personas mayores y en las residencias se nos infantiliza. Somos mayores, pero no tontos”, añade. Los socios llevan desde 2019 preparando la convivencia y para Moreno, además, la experiencia no es nueva, ya que durante su juventud vivió varios años en proyectos comunitarios. Ahora confían en que Walden XXI sirva como referencia para extender este modelo a otros puntos de España.

Un capital de 60.000 euros más las cuotas mensuales

En este caso, cada persona que entra en la cooperativa debe aportar 60.000 euros como capital social, si bien esa cantidad se puede recuperar en caso de se abandone el proyecto, y esa aportación inicial se suma una cuota mensual de unos 1.500 euros. El pago cubrirá una parte de la financiación hipotecaria del edificio, suscrita a 27 años, y los gastos comunes, entre ellos el salario de la persona encargada de cocinar, la luz y el agua.

“El proyecto ofrece una respuesta a la soledad no deseada y a la necesidad de decidir cómo y con quién envejecer. Las personas que vivirán en él han participado en la definición de los espacios y en la organización de la vida comunitaria, con la autogestión, los cuidados y el apoyo mutuo como ejes centrales”, explican desde Sostre Cìvic, que impulsa desde 2004 el acceso a la vivienda mediante el modelo de cesión de uso, de forma que la cooperativa mantiene la propiedad colectiva de los inmuebles y las personas socias aportan una entrada y una cuota para residir en ellos, sin comprar la vivienda de forma individual ni depender de un alquiler convencional.

“Este modelo garantiza un derecho de uso estable a precio de coste, preservando la vivienda de la especulación. Además, la transformación del antiguo hotel también muestra cómo se puede recuperar patrimonio en desuso para dar respuesta a necesidades residenciales y sociales”, aseguran.

Además de este proyecto pionero de vivienda cooperativa para personas mayores, Sostre Cívic inaugurarse próximamente otros dos más en Cataluña.

La actividad del mercado inmobiliario rural registró una nueva suba en septiembre de 2026, según el Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural (InCAIR), elaborado por la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR). El indicador se ubicó en 54,31 puntos, en un escenario de estabilidad con una muy leve tendencia positiva. El informe destacó que el movimiento del sector continúa condicionado por la disponibilidad de propiedades, las expectativas de los vendedores y la capacidad de los compradores para convalidar los valores solicitados.

Uno de los principales factores que caracterizan al mercado es la escasa oferta de campos agrícolas de buena calidad frente a una demanda que todavía no encuentra suficientes alternativas. Esta situación limita las posibilidades de concretar operaciones en ese segmento, donde la disponibilidad de establecimientos que reúnen condiciones productivas atractivas sigue siendo reducida. El comportamiento de la oferta y la demanda constituye así una de las variables centrales para comprender la evolución de la actividad inmobiliaria rural en el país.

En el segmento ganadero, en tanto, se mantienen firmes las consultas y las visitas a los establecimientos ofrecidos en venta. Sin embargo, ese interés no siempre se traduce en operaciones concretadas. De acuerdo con CAIR, los negocios terminan cerrándose cuando los valores solicitados se ajustan a las referencias del mercado, mientras que las pretensiones que se ubican por encima de esos niveles dificultan los acuerdos entre compradores y vendedores. De esta manera, la distancia entre las expectativas de las partes continúa siendo un factor determinante para definir el ritmo de las transacciones.

El índice InCAIR busca reflejar la evolución de la actividad inmobiliaria rural en todo el territorio nacional, pero no constituye una referencia de precios ni de valores de los campos. Su medición comenzó en noviembre de 2013 y se construye a partir de diferentes variables que permiten observar el movimiento del mercado, tanto desde la oferta como desde la demanda. Por eso, su evolución funciona como un termómetro de la actividad sectorial y no como una medición directa de la valorización de los establecimientos rurales.

Entre los componentes que integran el indicador se encuentran los resultados de una encuesta mensual realizada entre los socios de CAIR de todo el país, la cantidad de avisos de campos en venta o alquiler publicados en medios gráficos nacionales y el número de anunciantes en el sitio web de la entidad.

También se consideran las operaciones rurales concretadas durante el período, las búsquedas y consultas de inversores en la plataforma digital de la Cámara y los avisos comerciales publicados en las principales plazas del interior. La combinación de estos datos permite seguir la dinámica de un mercado en el que las oportunidades de inversión conviven con restricciones de oferta y diferencias en las expectativas de precios.

En ese contexto, el periodista Manuel Guija, un argentino radicado en Europa desde 2019 que regresó al país de visita, detalló en un video en su cuenta de Instagram cuánto destinó durante su primer mes en la ciudad.

Alquiler: más de la mitad del presupuesto

La erogación principal fue el alquiler de un departamento de tres ambientes en Palermo, por el que pagó 1,5 millones de pesos. Explicó que se trata de una propiedad de una amiga y que abona el mismo importe que ella paga.

Según describió, el inmueble cuenta con balcón, pileta, terraza, salón de usos múltiples y parrilla. “Es un montón de guita para Argentina y para los salarios de acá”, planteó al comparar ese valor con el mercado de alquileres en España.

Guija sostuvo que, en ese país, por entre 800 y 900 euros “con suerte tenés una habitación”. En cambio, señaló que el departamento que alquiló en CABA es amplio y está ubicado en una zona céntrica de la ciudad.

Alimentos, delivery y salidas

Por otra parte, el creador de contenido calculó un gasto de $600.000 en comida para el hogar, aunque detalló $400.000 de supermercado, $100.000 de carnicería y $120.000 entre verdulería y supermercado chino. Ese desglose asciende a 620.000 pesos.

A esa cifra agregó $480.000 por cenas afuera y salidas nocturnas. El cálculo partió de dos comidas semanales en restaurantes, con un promedio de $60.000 por salida.

Como ejemplos, mencionó una cuenta de $35.000 en una pizzería y otra de $90.000 en un elegante restaurant palermitano. “Hay lugares de $30.000, $40.000 y lugares de $90.000, $100.000”, explicó sobre la variación de precios.

También incluyó $120.000 de delivery, a razón de unos $30.000 por semana. La comida, las salidas y los pedidos a domicilio concentraron así una parte relevante de sus gastos corrientes durante la estadía.

Transporte, gimnasio y costo total

En movilidad, Guija informó un desembolso de $120.000 en aplicaciones de transporte. A propósito de este tema, el reportero aseguró que su madre vive en la zona sur del conurbano bonaerense y su padre en Tigre, por lo que alterna el tren Roca con viajes en aplicaciones de transporte.

El presupuesto mensual también contempló $70.000 de gimnasio y $30.000 de peluquería. En este último caso, se trató únicamente de un solo corte de pelo.

De esta manera, el monto definitivo fue de $2.940.000, lo que es equivalente a 1.651,68 euros o 1.896,77 dólares, al tipo de cambio actual. “Entiendo que es picante para los salarios argentinos, pero en dólares, en euros, no me parece tan ridículo”, afirmó el comunicador.

En pocas horas, el video en cuestión sumó miles de reproducciones y decenas de comentarios de usuarios ávidos por contrastar realidades. “No sumaste tampoco las expensas y los servicios”, apuntó un internauta. “Te banco pero estás haciendo vida de clase media alta. No representa los gastos de un argentino de clase media, igual está todo carísimo”, sumó una segunda voz.

Alquilar en CABA: valores de los departamentos y gasto en expensas

El mercado de alquiler en la Ciudad de Buenos Aires continuó con aumentos, aunque a un ritmo inferior al de la inflación anual. De acuerdo con el último informe de Zonaprop, alquilar un monoambiente de 40 m² cuesta, en promedio, $779.370 al mes. Para un dos ambientes de 50 m², el valor promedio asciende a $898.154, mientras que una unidad de tres ambientes y 70 m² se ubica en torno a los $1.214.267 mensuales.

Durante septiembre, los precios de publicación de los departamentos de dos ambientes avanzaron 1,3% respecto de agosto. En los primeros nueve meses del año, la suba acumulada fue de 20,8%. Frente a septiembre de 2025, los alquileres aumentaron 28,7%, por debajo de la inflación interanual, que alcanzó el 33,4 por ciento.

Las expensas también sumaron presión sobre el presupuesto de los inquilinos. Un relevamiento de ConsorcioAbierto indicó que el pago promedio en CABA llegó a $379.774 en septiembre, frente a los $362.159 de agosto. La diferencia fue de $17.615 mensuales, equivalente a una suba de 4,9 por ciento.

En comparación con septiembre de 2025, las expensas crecieron 28,6%. Hace un año, el promedio era de $295.368, por lo que el desembolso mensual se incrementó en $84.406. La variación también se ubicó por debajo de la inflación del período.

Cuánto pagan los hogares del AMBA por los servicios públicos

La canasta de servicios públicos para un hogar tipo del Área Metropolitana de Buenos Aires registró en octubre una baja de 0,7% frente al mes anterior. La reducción estuvo asociada a la menor demanda de gas tras el invierno, que compensó parte de las actualizaciones tarifarias en otros servicios.

Aun así, el costo de electricidad, gas, agua y transporte acumuló una suba interanual de 56%. El gasto mensual total llegó a $266.456, según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). La estimación corresponde a una familia tipo sin subsidios energéticos y representa el 13% del salario formal promedio.

El transporte fue el rubro de mayor peso dentro de la canasta, con $129.433 mensuales. Le siguieron la electricidad, con $49.739; el agua, con $44.948; y el gas natural, con 42.336 pesos.

Siempre digo que una casa empieza a sentirse propia cuando responde a la vida de quien la habita. No hace falta una reforma completa para lograrlo. Hace falta mirar el espacio con otros ojos, definir qué molesta, qué función falta y qué cambios se pueden hacer sin comprometer el contrato ni la devolución del depósito.

La regla que uso para trabajar en viviendas alquiladas es simple: todo lo que incorpore debe poder retirarse, trasladarse o volver a su estado original. Antes de comprar algo, conviene hacerse tres preguntas. ¿Esto se puede desmontar? ¿Puede dañar una pared, el piso o una instalación? ¿Me lo llevaría si me mudara mañana?

Si la respuesta es sí, probablemente sea una buena inversión para una casa alquilada.

El objetivo no es llenar el departamento de objetos ni copiar una foto de Pinterest. Es resolver necesidades concretas. Puede ser separar el dormitorio de un living integrado, mejorar la iluminación de una cocina, ocultar un piso que no gusta, sumar guardado en un baño pequeño o conseguir que una pared vacía tenga presencia.

Las transformaciones más efectivas suelen estar en los elementos que ocupan más superficie visual: los pisos, las paredes, las cortinas, la luz y la distribución. Después llegan los detalles. Un ambiente cambia cuando esas decisiones tienen coherencia entre sí.

Si no podés levantar muros, dividí los espacios con elementos móviles

Uno de los pedidos más frecuentes en viviendas alquiladas tiene que ver con los espacios integrados. El monoambiente necesita separar cama y living. El living-comedor necesita un rincón de trabajo. La habitación compartida necesita cierta privacidad. La entrada requiere marcar un límite con el resto de la casa.

No hace falta construir una pared para conseguirlo.

Un recurso muy efectivo es usar una biblioteca abierta. Puede ser de madera, metal o módulos apilables. La clave es que no llegue necesariamente hasta el techo y que deje pasar parte de la luz. Una biblioteca baja sirve para separar visualmente; una más alta da mayor intimidad. Además, suma superficie de guardado.

Otra alternativa son los biombos. Hay modelos plegables, de tela, madera, ratán, metal o fibras naturales. Su ventaja es que se mueven con facilidad. Durante el día pueden abrirse para ampliar el ambiente; a la noche, cerrar una zona de descanso o cambiar la percepción del espacio.

Los paneles japoneses o los rieles de tensión son otra opción cuando hay una abertura amplia. Antes de comprar, medí bien el ancho disponible y verificá que el sistema no exija tornillos.

Los bloques de vidrio y las piezas tipo cobogó son muy atractivos. En una vivienda alquilada, solo los usaría si se trata de un divisor autoportante, seguro y fácil de desmontar.

Si te gustan esos materiales, no sólo sumas funcionalidad, agregas diseño con estos separadores.

Los pisos flotantes y las superficies vinílicas pueden cambiar la percepción del ambiente

El piso ocupa una superficie enorme. Aunque a veces se lo ignore, puede definir por completo la sensación de una casa. Un piso oscuro puede absorber luz. Uno con dibujos muy marcados puede competir con los muebles. Un revestimiento viejo o desgastado puede hacer que todo parezca desordenado, incluso cuando el ambiente está limpio.

En un alquiler, hay varias opciones que permiten modificar la percepción del piso sin levantar el existente.

Los pisos encastrables o de sistema click se colocan sobre una base nivelada y, en muchos casos, no requieren adhesivo permanente. Son una alternativa para ambientes secos, como dormitorios, livings o escritorios. Antes de elegirlos, hay que revisar dos cosas: el espesor y las condiciones del piso original.

Si la puerta roza demasiado cerca del suelo, sumar un revestimiento encima puede impedir que abra y cierre bien. Si el piso tiene desniveles importantes, las uniones pueden sufrir. En esos casos, conviene no forzar la instalación.

También existen baldosas vinílicas de apoyo, láminas sueltas y placas encastrables. Algunas se venden como “autoadhesivas”, pero hay que distinguirlas de las opciones removibles. Un producto con pegamento fuerte puede dañar el piso existente al retirarlo, dejar residuos o despegar un revestimiento frágil. Para una propiedad alquilada, prefiero los sistemas que se apoyan, encastran o se colocan sobre una base intermedia.

En cocinas y baños hay que tener más cuidado. La humedad es el principal enemigo de cualquier solución superpuesta. Si se coloca una superficie sobre el piso original y entra agua por debajo, pueden aparecer manchas, hongos o deterioro. En esos ambientes, muchas veces es más seguro recurrir a alfombras lavables, vinilos aptos para zonas húmedas o piezas modulares que se puedan levantar y limpiar con frecuencia.

La luz cálida cambia la casa sin tocar una pared

La iluminación es uno de los recursos con mayor impacto y, a la vez, uno de los más subestimados. Muchas propiedades de alquiler tienen una única luz de techo por ambiente, casi siempre fría y directa. Ese esquema aplana los volúmenes, genera sombras duras y hace que la casa se sienta menos cómoda.

No se trata de eliminar toda la luz blanca. En espacios de trabajo, cocina, lavadero o escritorio, una iluminación más neutra puede ser útil. El problema aparece cuando se usa el mismo tipo de lámpara para cocinar, descansar, leer, recibir visitas y dormir.

Yo recomiendo pensar la luz por capas.

La primera capa es la luz general. Es la que permite circular, ordenar y usar el ambiente. Puede venir de una lámpara de techo, un plafón o una lámpara de pie potente.

La segunda capa es la luz de tarea. Sirve para leer, trabajar, cocinar, maquillarse o estudiar. Una lámpara de escritorio, un velador orientable o una luz bajo alacena cumplen esa función.

La tercera capa es la luz ambiental. Es la que cambia el clima del espacio. Puede ser una lámpara de pie con pantalla, una luz indirecta detrás de un espejo, una guirnalda cálida, una tira de led colocada en una biblioteca o una lámpara de mesa en un rincón.

Una pared puede cambiar el ambiente completo

Las paredes son otra gran oportunidad en un alquiler. No hace falta pintar toda la casa para que haya una transformación visible. De hecho, una sola pared bien elegida suele tener más efecto que varias intervenciones sin criterio.

La pared ideal para destacar es la que recibe la mirada al entrar, la que está detrás del sillón, la cabecera de la cama, el frente de una mesa de comedor o el rincón que funciona como escritorio. Antes de elegirla, observá la luz. Un papel oscuro en una pared que casi no recibe iluminación puede achicar demasiado el ambiente. En cambio, una textura suave o un tono medio puede dar profundidad sin oscurecer.

Los papeles vinílicos removibles y los revestimientos autoadhesivos ofrecen una solución práctica, pero no son iguales en todas las superficies. En paredes recién pintadas, con humedad, con textura, con pintura descascarada o con terminación muy porosa, la adherencia puede fallar. Además, incluso los productos removibles pueden levantar pintura si la base está debilitada.

Por eso, antes de cubrir una pared completa, siempre recomiendo probar un recorte en un sector poco visible. Dejalo unos días, retiralo según las indicaciones y observá cómo responde la pintura. Ese ensayo puede evitar un problema costoso.

Colgar sin agujerear requiere conocer el peso y la superficie

Los ganchos adhesivos, las tiras de montaje y los tornillos autoadhesivos pueden ser útiles, pero no son mágicos. Tienen límites de peso, funcionan mejor en superficies lisas y limpias, y pueden fallar si se instalan sobre paredes húmedas, polvorientas, rugosas o con pintura en mal estado.

Antes de colocar un adhesivo, limpiá la superficie y dejala secar por completo. Revisá el peso real del objeto, incluidos marco, vidrio y herrajes. No uses una tira pensada para cuadros livianos en un espejo pesado o una repisa con libros.

Tampoco conviene confiar objetos frágiles, caros o peligrosos a un sistema que no fue diseñado para eso. Un cuadro liviano, un organizador de cocina, una toalla o una planta pequeña pueden ser adecuados. Una bicicleta, un televisor, una biblioteca cargada o un espejo grande requieren otra solución y, probablemente, autorización para fijación mecánica.

Las repisas imantadas sirven en superficies metálicas, como algunas heladeras, lavarropas, barras o paneles. Son prácticas para especias, utensilios pequeños o elementos de uso cotidiano. En una cocina, liberan mesada sin sumar perforaciones.

Antes de gastar, probá las ideas en una foto del espacio

Una de las mejores formas de evitar compras innecesarias es probar las ideas antes. Sacá una foto frontal del ambiente, con buena luz y sin filtros. Después, usá herramientas de visualización, programas de diseño o aplicaciones que permitan simular colores, distribución y objetos.

Estas herramientas no reemplazan una medición real ni un proyecto técnico. Sirven para evaluar proporciones, combinaciones de color y ubicación de muebles. Si querés usar InstantInteriors u otra aplicación de visualización, tomalo como una instancia de prueba: puede ayudarte a imaginar una pared con papel vinílico, una lámpara de pie junto al sillón o una alfombra distinta, pero confirmá las medidas antes de comprar.

También se puede hacer una prueba manual. Recortá cartulinas con las dimensiones aproximadas de un cuadro, una mesa o una repisa. Pegalas con cinta de papel y observá cómo se ven durante uno o dos días. Para una alfombra, marcá el perímetro en el piso. Para una cortina, sostené una tela similar y mirá cómo modifica la luz.

La visualización no es un capricho. Evita compras por impulso y ayuda a elegir con más precisión.

Una casa no se vuelve propia por la cantidad de cosas que tiene, sino porque cada decisión acompaña la forma en que vivís.

Fotos: Ilustrativas Infobae

Así lo mostró un video muy comentado en redes sociales, en el que un joven estadounidense desglosó, rubro por rubro, cuánto le cuesta vivir en la Argentina.

El creador de contenido, Michael Scagliozzo, es originario de Estados Unidos y se mudó a la capital argentina, donde reside en el barrio de Palermo. En los últimos días, compartió en un video el costo mensual de su vida en la ciudad y explicó cada uno de sus gastos fijos.

Alquiler y comida

La vivienda representa la mayor parte de su presupuesto. Scagliozzo paga actualmente USD 650 mensuales por un monoambiente, con todos los servicios incluidos.

Su contrato vence dentro de un mes y anticipó que el monto aumentará. Por esa razón, decidió redondear en USD 750 mensuales para el alquiler.

El influencer aseguró que no gasta demasiado en comida. Para sustentar ese punto, mencionó un acuerdo con una carnicería que le permite ahorrar en uno de los productos que más consume.

“Tengo un muy buen contacto en una carnicería que me vende 10 kilos de pechuga de pollo deshuesada por 70.000 pesos”, contó. Esa cifra equivale, según su propio cálculo, a unos 50 dólares.

Fuera de esa compra, señaló que productos como pasta, arroz y verduras tienen un costo accesible. En conjunto, estimó que gasta USD 350 mensuales en alimentos, un monto que no incluye las salidas a restaurantes.

Telefonía, gimnasio y transporte

Scagliozzo utiliza una reconocida compañía para su servicio de telefonía móvil. Según explicó, el gasto mensual ronda los USD 30, aunque puede ser menor, de acuerdo a la cantidad de datos que utilice.

Para entrenar, el creador de contenido asiste a una cadena de gimnasios que describió como una de las más económicas de la ciudad y aseveró que le cuesta unos USD 30 mensuales.

Por otra parte, el representante de ventas dejó de utilizar aplicaciones como Uber y Didi, y en la actualidad se moviliza en colectivos y subte. Calculó que ese cambio le permite mantener un gasto bajo en movilidad.

“No creo que gaste más de 30 dólares mensuales en transporte”, afirmó. Agregó que un boleto de colectivo o de subte puede costar menos de un dólar, lo que explica ese tope de USD 30 mensuales.

Salidas y gasto total

El influencer tiene novia y contó que, la mayoría de las veces, sus planes en pareja no implican un gasto significativo. “La mayor parte del tiempo, cuando salimos, vamos a un parque y tomamos mate, así que prácticamente no cuesta nada”, relató.

Sin embargo, cuando la salida incluye un restaurante, el gasto aumenta. “Si vamos a un restaurante, normalmente cuesta entre 40 y 50 dólares”, indicó. A partir de ese cálculo, redondeó en USD 120 mensuales su presupuesto para salidas.

La suma de los rubros detallados en el video —USD 750 de alquiler, USD 350 de comida, USD 30 de teléfono, USD 30 de gimnasio, USD 30 de transporte y USD 120 de salidas— llevó el total de gastos mensuales de Scagliozzo a USD 1.310, un monto que generó un intenso debate en Instagram.

Cuánto cuesta alquilar en CABA

Los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires mantienen una tendencia ascendente, aunque sus aumentos continúan por debajo de la inflación interanual. Según el último reporte de Zonaprop, un monoambiente de 40 metros cuadrados se ofrece en promedio a $779.370 mensuales, mientras que un departamento de dos ambientes de 50 m² alcanza los 898.154 pesos. Para las unidades de tres ambientes, de unos 70 m², el valor medio se ubica en $1.214.267 por mes.

En septiembre, el precio de oferta de los departamentos de dos ambientes subió 1,3% frente al mes previo. En lo que va del año, los alquileres acumulan un incremento de 20,8% y, en la comparación con septiembre de 2025, avanzaron 28,7 por ciento. Ese aumento quedó por debajo de la inflación interanual, que fue de 33,4 por ciento.

Las expensas también registraron un alza durante septiembre. De acuerdo con el relevamiento de ConsorcioAbierto, el promedio en la ciudad llegó a $379.774, un 4,9% más que los $362.159 registrados en agosto. En términos nominales, esto implicó un desembolso adicional de $17.615 para un departamento promedio.

En los últimos 12 meses, las expensas porteñas aumentaron 28,6%, desde los $295.368 de septiembre de 2025. La diferencia equivale a $84.406 más por mes. Al igual que los alquileres, ese incremento quedó por debajo de la inflación acumulada en el mismo período.

El costo de los servicios en el AMBA

En octubre, la canasta de servicios públicos de un hogar tipo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró una baja mensual de 0,7%, frente a septiembre. La reducción respondió al descenso estacional en el consumo de gas luego de los meses de invierno, que absorbió parte de los ajustes de tarifas aplicados en otros rubros. Pese a esa variación mensual, el costo total mostró una suba de 56% en comparación con octubre del año anterior.

El gasto necesario para afrontar electricidad, gas natural, agua potable y transporte público llegó a $266.456 mensuales, de acuerdo con un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). La estimación contempla a una familia representativa sin subsidios sobre los servicios energéticos y equivale al 13% del salario promedio formal.

El transporte concentró la mayor parte del presupuesto destinado a servicios públicos: demandó $129.433 por mes, casi la mitad de la canasta. La electricidad implicó un gasto de $49.739; el agua, de $44.948; y el gas natural, de 42.336 pesos.

Una visita al departamento antes de firmar el contrato permite detectar condiciones de seguridad, funcionamiento y humedad que pueden incidir en la vida cotidiana. La revisión debe hacerse con tiempo, anotaciones y, si es posible, fotos de los desperfectos que requieran una respuesta escrita del propietario.

Una guía publicada por House Beautiful, sitio especializado en hogares, recomienda mirar más allá de la distribución y los acabados.

Plantea seis controles simples que ayudan a identificar problemas antes de la mudanza. Algunos se relacionan con la comodidad; otros, con el consumo energético, seguridad y calidad del aire.

1. Contar enchufes ayuda a prever una instalación eléctrica insuficiente

Conviene recorrer cada ambiente y verificar cuántos tomacorrientes hay, dónde están ubicados y si se encuentran cerca de los lugares previstos para escritorio, lámparas o electrodomésticos. La disponibilidad no reemplaza una inspección técnica, pero permite anticipar si el uso cotidiano dependerá de alargues o adaptadores.

El control visual debe incluir tapas flojas, marcas de calor, grietas o elementos expuestos. Ante cualquiera de esas señales, corresponde solicitar una revisión por una persona habilitada y dejar el pedido asentado antes de firmar. La lista práctica puede incluir:

• Ubicación de tomacorrientes en dormitorios, cocina y baño.
• Funcionamiento de interruptores y luces existentes.
• Necesidad de conectar equipos sin cables atravesando zonas de paso.

Para prevenir sobrecargas, el Departamento de Vivienda de Estados Unidos (HUD) establece como norma mínima disponer de al menos dos tomacorrientes en regla y sin daños visibles por cada habitación.

2. Un desnivel puede advertirse antes de instalar muebles

Los pisos inclinados pueden notarse al colocar mobiliario o al observar que objetos con ruedas se desplazan solos. Llevar un nivel de burbuja permite una comprobación directa. Como alternativa orientativa, se puede observar si un objeto redondo rueda de manera persistente sobre una superficie aparentemente plana.

Ese indicio no define por sí mismo la condición estructural del inmueble. Sin embargo, sirve para preguntar por reparaciones previas y documentar el estado en el inventario de ingreso. También vale revisar uniones entre piso y pared, baldosas sueltas o grietas, sobre todo en inmuebles antiguos.

Las pautas de inspección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) consideran la estabilidad del suelo un factor clave para descartar fallas en la estructura o materiales sueltos.

3. La luz de techo cambia el uso de cada ambiente

Una visita diurna puede ocultar la falta de iluminación artificial. Por eso es útil accionar todos los interruptores y confirmar qué luminarias se encienden en cada habitación. La ausencia de luz de techo no impide alquilar, pero condiciona la necesidad de sumar lámparas y distribución de enchufes.

El Departamento de Energía de Estados Unidos señala que la luz natural, orientación, sombreado y tipo de vidrio interactúan con las cargas de iluminación, calefacción y refrigeración de un edificio. Su guía recomienda evaluar la luz disponible y evitar el deslumbramiento en los espacios habitados.

4. La orientación de las ventanas influye en luz, calor y ventilación

Identificar hacia dónde miran las ventanas permite anticipar el ingreso de sol y condiciones de confort. La misma guía advierte que las aberturas orientadas al este y oeste pueden recibir radiación de baja altura, asociada con deslumbramiento y ganancia de calor. La incidencia concreta varía según el clima, diseño y protecciones exteriores.

También hay que abrir y cerrar cada ventana. La entidad aconseja inspeccionar marcos, alféizares, sellados y burletes, además de detectar humedad, madera deteriorada o filtraciones de aire.

Las guías del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) señalan que la ubicación de las aberturas condiciona el gasto en aire acondicionado o calefacción al alterar la radiación térmica.

5. Puertas y ventanas deben abrir, cerrar y trabar sin dificultad

Probar puertas interiores, cerraduras y ventanas exteriores permite identificar fallas que suelen pasar inadvertidas si todo está abierto durante la visita. Hay que comprobar que cierren correctamente, los pestillos funcionen y no haya roces que impidan su uso normal.

Las aberturas al exterior merecen especial atención por la seguridad y por su vínculo con corrientes de aire y entrada de agua. Si surge un defecto, es conveniente fotografiarlo, pedir por escrito la reparación y acordar si estará resuelto antes de la entrega de llaves.

Los estándares de seguridad del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) requieren que todos los cerrojos y marcos exteriores cierren de forma hermética para evitar filtraciones de aire y fallas de protección.

6. Pintura ampollada y manchas pueden revelar un problema de humedad

La pintura agrietada, abultada o descascarada en techos, esquinas altas, alrededor de ventilaciones y ventanas requiere una consulta específica. También deben anotarse manchas, condensación, olor persistente a humedad o presencia visible de moho.

La Organización Mundial de la Salud sostiene que la humedad persistente y el crecimiento microbiano en interiores deben prevenirse o reducirse. El organismo asocia los edificios húmedos o con moho con un mayor riesgo de síntomas respiratorios, infecciones respiratorias y agravamiento del asma.

La inspección inicial no sustituye una evaluación profesional, pero permite dejar constancia de las condiciones previas y solicitar que se identifique el origen de una filtración antes de habitar el lugar.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) advierte que los abultamientos en la pintura indican filtraciones activas que requieren reparación inmediata para evitar hongos y moho.

Moverse dentro del campamento requiere un mapa para no perderse, y fue Alejandro el que se animó a llevar tal ardua tarea. El joven llegó el pasado lunes 28 de septiembre a la Puerta del Sol y, una vez instalada su tienda, comenzó a esbozar en un cuaderno el callejero de la acampada.

Alejandro no tiene estudios en Urbanismo ni Cartografía, pero el crear estos mapas es desde hace tiempo su hobby personal. “Me puse a dibujar un mapita en mi libreta para mí, porque yo cuando voy de acampadas o de festivales como que me gusta hacer un mapa para mí. Y a la gente le empezó a interesar qué estabas haciendo. Empecé a ser conocido como ‘el del mapa’”, cuenta a Infobae. Su pequeña iniciativa pasó a convertirse en un mapa oficial de la acampada y en una Comisión de Urbanismo que controla dónde se coloca cada tienda nueva para mantener espacios de paso y acceso a vehículos de emergencia, de ser necesario.

Así se organiza la acampada de Sol

La labor del mapa no fue de un solo hombre. “Entre medias había otros dos grupos de personas. Uno que estaba poniendo nombres de calles en cartones y otro grupo que todas las mañanas, después de que las tiendas llegasen por la noche y se pusieran de forma desordenada, las redistribuía por la mañana”, explica Alejandro.

Estos tres focos de gente se juntaron para crear lo que hoy se conoce dentro de la acampada como la Comisión de Urbanismo. “Ahora lo que hacemos es gestionar las tiendas libres y se las tratamos de asignar a personas en situación vulnerable o personas sin tienda; la gente que viene con tienda, pues le damos hueco”, cuenta.

La tarea no queda ahí, indica el acampado. Deben controlar que haya salidas de emergencia o que haya espacio para que cada colectivo dentro de la movilización pueda desarrollar sus propias iniciativas. Se plantean, por el momento, iniciar una escuela, un plató de televisión o incluso una biblioteca.

No es la única comisión que existe bajo los toldos improvisados de Sol. Se ha creado una Comisión de Cuidado, para dar primeros auxilios a los acampados; una de Comunicación, para lanzar su mensaje a los medios; otra de Mediación, para resolver pequeñas rencillas que puedan aparecer tanto dentro como fuera...

Las decisiones sobre plazas, calles y tiendas corresponden, no obstante, a los propios acampados. “Las vecindades son el órgano que controla lo que pasa en su vecindad y las comisiones estamos de apoyo”, cuenta Alejandro. Son estos nuevos vecinos los que nombran las calles, las plazas o los pequeños negocios que van surgiendo en la acampada.

Un mes acampados en Sol

A pocos días de cumplir el mes de acampada, los cientos de manifestantes resisten esta semana en la Puerta del Sol en protesta por la crisis de la vivienda. La movilización continúa pese al frío y la lluvia que ha caído en Madrid este fin de semana. A la plaza se acercan miles de curiosos, algunos con mensajes de ánimo y donaciones; otros con críticas y consignas de odio, que piden que se retiren las tiendas.

Los acampados reclamaban inicialmente al Gobierno la aprobación de medidas urgentes para frenar los desahucios y facilitar el acceso a una vivienda asequible, entre ellas la renovación de los contratos de alquiler y la suspensión de los desalojos cuando las personas vulnerables carezcan de una alternativa habitacional.

Con la convocatoria de elecciones, la movilización se mantiene pese a los llamamientos desde el Ejecutivo madrileño a despejar la Puerta del Sol. El conflicto con el equipo de Isabel Díaz Ayuso se intensificó el pasado viernes, cuando la Comunidad de Madrid ordenó el cierre de la estación de Metro de Sol para realizar trabajos de limpieza por las presuntas condiciones de insalubridad derivadas de la acampada.

La decisión provocó la protesta de los propios sindicatos de los trabajadores del transporte público, que aseguraron desconocer esta situación de insalubridad. “No nos han entregado las mediciones que dicen haber realizado por parte del Servicio de Prevención, como se hace normalmente en estas ocasiones. Nos desvinculamos completamente de esta decisión”, expresaron en un comunicado. El metro volvió a abrir durante la noche del sábado.

-Pregunta: El acceso a la vivienda es hoy uno de los principales problemas de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, por delante de la inmigración o la política. ¿Cómo valora el real decreto aprobado en esta materia? ¿Contribuirá a mejorar el acceso a la vivienda?

-Respuesta: La vivienda es un problema económico importante para España porque condiciona el crecimiento y la productividad. Si los trabajadores no pueden desplazarse allí donde las empresas los necesitan, se limita la actividad económica. A esto se suma la dimensión humana: muchas familias tienen dificultades para llegar a fin de mes por el coste de la vivienda y muchos jóvenes no pueden emanciparse. Estamos, por tanto, ante un problema económico y social de primer orden.

Lo que está claro es que no vamos a resolverlo a corto plazo, porque faltan muchas viviendas. El Banco de España estima que existe un déficit acumulado de unas 750.000. Hasta que se construyan las necesarias, pueden adoptarse medidas transitorias, pero debemos pensar, sobre todo, en el medio y largo plazo. No podemos permitir que dentro de cinco o diez años sigamos hablando del mismo problema.

Es cierto que hay que tomar medidas inmediatas, como algunas de las incluidas en el decreto, para facilitar el acceso a la vivienda y establecer determinadas garantías. Pero debemos encontrar un equilibrio porque la protección social no puede recaer exclusivamente sobre los propietarios; el Gobierno también tiene mucho que hacer. Lo fundamental es empezar a trabajar con una perspectiva de largo plazo para aumentar la construcción. Y aquí nos encontramos con un primer obstáculo derivado de que las competencias están repartidas entre la Administración central, las comunidades autónomas, responsables también del parque público, y los ayuntamientos, que tienen competencias urbanísticas y de desarrollo.

En este escenario, la vivienda debe salir del debate partidista, especialmente en un contexto como el actual, con elecciones a la vista. Necesitamos un pacto de Estado. No podemos limitarnos a poner parches ni aprobar nuevos decretos cada año para responder a las urgencias. Hay distintos niveles de la Administración implicados y, con independencia del color político de cada uno, debemos acordar una hoja de ruta que permita construir viviendas lo antes posible.

-P: ¿Cuáles son los principales obstáculos para conseguirlo?

-R: El mayor problema es que la anterior crisis inmobiliaria destruyó una parte importante del sector de la construcción. En este momento, aunque todas las administraciones estuvieran de acuerdo, hubiera suelo disponible y se concedieran las licencias necesarias, no tendríamos suficiente personal especializado para construir todas las viviendas que hacen falta.

Por eso, también debemos reconstruir el sector de la construcción para que, cuando las administraciones alcancen un acuerdo, exista capacidad para empezar a levantar viviendas. En cuanto al decreto, es cierto que incluye algunas medidas positivas, pero debemos trabajar con una perspectiva de medio y largo plazo.

-P: ¿Qué medidas deberían adoptar el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos en materia de vivienda? ¿Hay solución a corto o medio plazo?

-R: Los ayuntamientos deben agilizar la concesión de licencias y buscar suelo que puedan poner a disposición de las comunidades autónomas y del Gobierno para construir vivienda pública. Es necesario estudiar cómo reducir los plazos, garantizando siempre la seguridad jurídica.

Las comunidades autónomas, por su parte, tienen competencias en materia de vivienda y una responsabilidad importante en el parque público. Deben estudiar cómo facilitar la construcción de viviendas, tanto para la venta como para el alquiler asequible, de manera que las familias con menos recursos puedan acceder a ellas en condiciones más favorables.

El Gobierno también debe contribuir con medidas que impulsen la inversión y refuercen el tejido productivo necesario para construir viviendas. Por todo ello, insisto en que la vivienda requiere un pacto de Estado que coordine las actuaciones de las tres administraciones.

-P: ¿Cree que lograrán ponerse de acuerdo y respaldar ese pacto de Estado?

-R: Sería lo ideal, pero lo veo complicado con la situación política actual. Incluso después de las elecciones, independientemente del resultado, considero difícil que los partidos alcancen un acuerdo. En cualquier caso, desde el Consejo General de Economistas nos ofrecemos a las tres administraciones para ayudar a buscar consensos. La vivienda tiene una importancia económica y social vital y merece un esfuerzo compartido.

Salarios, productividad y empleo

-P: Las grandes empresas de sectores como la energía o la banca han obtenido beneficios récord en los últimos años. ¿Por qué ese aumento no se está traduciendo en una mejora de los salarios?

-R: Es cierto que los beneficios han aumentado en algunos sectores, pero también hay empresas que han atravesado dificultades. La situación geopolítica ha encarecido la energía, lo que afecta a numerosas actividades y se refleja en las cuentas de resultados y, posteriormente, en la evolución de los salarios. El incremento de los beneficios no ha sido homogéneo.

A muchas empresas les ha ido bien en los últimos años, pero para subir los salarios de forma sostenida es necesario aumentar la productividad. A menudo nos fijamos en las grandes compañías energéticas, eléctricas o financieras, cuando la mayor parte del tejido empresarial español está formado por pequeñas y medianas empresas. Su gran reto es ser más productivas. Una mayor productividad permite pagar mejores salarios y, al mismo tiempo, ganar competitividad tanto en el mercado nacional como en los internacionales.

-P: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere volver a subir el salario mínimo interprofesional antes de las elecciones. ¿Cómo valora la propuesta?

-R: Hay que reconocer que el salario mínimo interprofesional ha aumentado sustancialmente en los últimos años, y eso es positivo. Sin embargo, estas subidas deben ir acompañadas de mejoras en la productividad. El salario, en cierta medida, debe reflejar el valor que aporta el trabajador a la empresa.

Si se actúa únicamente sobre una palanca —la subida salarial— sin mejorar las condiciones que permiten a los trabajadores aportar más valor, pueden surgir problemas. Debemos actuar en ambos frentes: proteger a los trabajadores y, al mismo tiempo, ayudarles a ser más productivos para que las empresas puedan pagarles mejores salarios.

-P: ¿Qué balance hace de la reforma laboral aprobada en 2022? ¿Qué efectos ha tenido sobre el empleo y el mercado de trabajo?

-R: No creo que el crecimiento del empleo en España se explique únicamente por la reforma laboral, sino también por las condiciones que se han dado para generar nuevos puestos de trabajo. En cualquier caso, la evolución del empleo ha sido muy positiva y hay que reconocerlo. La creación de puestos de trabajo ha permitido que muchas familias dispongan de más capacidad económica para consumir, aunque siguen afrontando dificultades relacionadas con la vivienda y la inflación.

Ahora debemos centrarnos en cómo crear empleo de mayor calidad, que proporcione más estabilidad y productividad. Ese es el reto, sin dejar de avanzar también en la creación de puestos de trabajo. En definitiva, la reforma laboral ha contribuido a la generación de empleo y ha mejorado algunas condiciones laborales, pero tenemos que seguir trabajando para elevar su calidad.

La fuente situada junto a la estatua ecuestre de Carlos III ha acogido este jueves colchonetas hinchables y sillas plegables entre las tiendas de campaña de la acampada. Varias personas se han metido en el agua o se han subido a las colchonetas, mientras otras han permanecido sentadas alrededor.

La concentración lleva más de dos semanas en la plaza y se ha consolidado como un campamento con tiendas, reparto de comida, asistencia sanitaria y zonas organizadas por los manifestantes, que sostienen que continuarán en Sol hasta que haya avances en sus reivindicaciones.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha comentado de forma irónica las imágenes en la plataforma X. La utilización de la fuente coincide con el aumento de las advertencias institucionales sobre el estado de la plaza, la limpieza y la seguridad de la estación de Metro de Sol.

Multas, pintadas y denuncias por vandalismo

La Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua de Madrid prohíbe en su artículo 32 bañarse en fuentes o estanques públicos. La norma también veta utilizar el agua para lavar ropa o utensilios, así como para asear a personas o animales, y prevé multas económicas para quienes la incumplan.

La estatua de Carlos III ha aparecido además pintada con el grafiti “Turista, vete a casa”. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local Miguel Ángel García Martín ha denunciado que los acampados “se piensan que están en un parque acuático” y ha anunciado que los hechos ocurridos en la fuente se incorporarán a los escritos que presentarán ante la Justicia por presuntos actos de vandalismo contra el patrimonio protegido.

La delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, anunció este viernes que se investiga para identificar y sancionar individualmente a quienes utilizaron la lámina de agua de la estatua de Carlos III en la Puerta del Sol “como piscina”.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, también se ha pronunciado en X: “Gente preocupada por la vivienda en Sol. Sin duda”. La degradación del entorno municipal incluye amarres en los enganches de los toldos y de las farolas.

La Policía Municipal ha impuesto ya 180 sanciones en el entorno de la acampada: 76 por consumo de alcohol o drogas y 104 relacionadas con la limpieza. La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha precisado que todavía no ha sido posible acceder al recinto para realizar una valoración más detallada de su situación.

Sanz ha aludido a la presencia de “orines y tirar residuos en distintas zonas” entre las conductas sancionadas. Desde la Alcaldía han advertido del “grave peligro” que atribuyen a la protesta y han vuelto a pedir a la Delegación del Gobierno la expulsión de los manifestantes.

La vicealcaldesa ha señalado también que se evaluará el estado de la placa del kilómetro 0, el mobiliario urbano y la propia fuente. La revisión se plantea ante los “graves actos vandálicos” denunciados por el Ayuntamiento.

Riesgo para evacuar la estación de Sol

La Comunidad de Madrid ha solicitado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el desalojo inmediato de la acampada. La petición se ha formulado mediante una carta que alerta de los riesgos que la concentración puede suponer para la seguridad de los usuarios del transporte público.

La misiva incorpora un informe de Metro de Madrid sobre las condiciones de seguridad de la estación en caso de emergencia. El documento advierte de que la ocupación de una parte importante de la plaza podría afectar seriamente a la operatividad de las instalaciones si fuera necesaria una evacuación urgente de viajeros o la intervención de los servicios de emergencia.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha enviado otra carta a Martín para comunicar la acumulación de orines, excrementos y otros residuos orgánicos en pozos y accesos de ventilación de Metro. Los análisis ambientales han detectado concentraciones de amoníaco de hasta el 80 % del valor límite de exposición laboral, una situación que obliga a retirar los residuos y desinfectar las instalaciones.

Luis de Guindos, exvicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro de Economía con el Partido Popular, ha reclamado recuperar el consenso político y social sobre las pensiones para evitar que su futuro quede condicionado por los intereses partidistas y los calendarios electorales. El economista ha defendido que la reforma del sistema público debe abordarse mediante acuerdos amplios y duraderos, con el objetivo de garantizar la continuidad de las prestaciones y preservar la estabilidad social.

De Guindos ha definido las pensiones públicas como la “columna vertebral del Estado del bienestar”, durante un encuentro empresarial organizado por Cajamar en Murcia, y ha insistido en que “se tienen que mantener a futuro”, recoge Europa Press. A su juicio, la importancia del sistema exige recuperar un marco de entendimiento entre las principales fuerzas políticas y los agentes sociales, similar al que permitió alcanzar acuerdos en el Pacto de Toledo.

De Guindos formó parte del Ejecutivo del Partido Popular que impulsó en 2013 el Factor de Sostenibilidad y limitó la revalorización anual de las prestaciones al 0,25%. En su intervención, ha defendido la necesidad de desvincular las decisiones sobre las pensiones de la confrontación política.

La necesidad de un entendimiento institucional

El economista ha insistido en que los periodos electorales no son el escenario adecuado para abordar el futuro de las pensiones y ha advertido del riesgo de que esta cuestión se convierta en un instrumento de disputa entre partidos.

Considera que llegar a un acuerdo en este tema es importante y ha recordado que el Pacto de Toledo permitió que las dos principales formaciones políticas y los interlocutores sociales acordaran propuestas destinadas a garantizar la capacidad efectiva de las pensiones. En esta línea, ha expresado su añoranza por una etapa de mayor entendimiento institucional: “Echo de menos esa España después de ocho años fuera”.

Europa, entre la competencia global y los riesgos financieros

Más allá de las pensiones, De Guindos ha analizado la situación económica europea y ha descartado que el continente se encamine necesariamente hacia una recesión. También ha valorado el comportamiento del mercado laboral comunitario, que, en sus palabras, “se está portando bien”, aunque ha advertido de que el encarecimiento de la energía introduce un componente de incertidumbre.

El exministro ha identificado tres grandes desafíos para la Unión Europea: redefinir su relación transatlántica con Estados Unidos en materia de defensa, afrontar la competencia industrial de China y contener la fragmentación política interna. Sobre la capacidad de Europa para competir en el escenario internacional, ha advertido de que “ninguna nación de la Unión Europea tiene capacidad para competir en el actual contexto con Estados Unidos y China” sin una integración compartida.

En el terreno financiero, ha recordado que un banco central “no es todopoderoso” y que la política monetaria no puede solucionar por sí sola los problemas estructurales de la economía.

Entre los riesgos que ha señalado figura el posible repunte de los tipos de interés en los mercados de deuda soberana, en un contexto marcado por el aumento de las emisiones públicas, la elevada demanda de capital vinculada a la inteligencia artificial y la fragmentación del comercio mundial.

La vivienda y la productividad, las debilidades de España

Sobre España, ha destacado la capacidad de adaptación de la economía, que, en su opinión, tiene una capacidad de reacción “sorprendente”. Ha atribuido parte de ese dinamismo al esfuerzo exportador de las empresas y a la solvencia del sistema bancario, aunque ha advertido de que el crecimiento depende en gran medida del aumento de la población.

De Guindos ha señalado que dos tercios del crecimiento económico español proceden del incremento de la población y de la inmigración, que considera “indispensable”, mientras que el tercio restante responde a mejoras de productividad. A su juicio, esta composición limita el avance de la renta per cápita y de los salarios reales netos de impuestos.

El exministro también ha situado la vivienda entre los principales obstáculos para el desarrollo económico. La falta de oferta, ha advertido, “puede llegar a ser un factor limitante para el crecimiento de la economía”. Además, ha señalado que la combinación de precios inmobiliarios elevados y salarios dificulta que los trabajadores puedan desplazarse a los lugares donde las empresas necesitan cubrir puestos.

En cuanto al mercado del alquiler, ha apuntado que este segmento representa alrededor del 20% del parque de vivienda en España, frente al 30% en Europa. También ha criticado el efecto de la regulación sobre la oferta: “Ha restringido la oferta de alquiler y la consecuencia clara es aumentos del nivel de precios”. Para mejorar la productividad, De Guindos ha defendido un marco legal estable, independencia institucional y estabilidad presupuestaria.

El 23 de septiembre Madrid se indignó con una imagen: Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años con un 50% de discapacidad, era sacada en camilla del piso de Retiro donde había vivido más de 70 años. Una empresa inversora había comprado el edificio y quiso cobrarle entre 1.650 y 2.650 euros de alquiler, con una jubilación de 1.350. El enojo se extendió por toda España.

La semana pasada la gente salió a la calle en una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas. Gracias a la presión social, le ofrecieron a Maricarmen volver a su casa con un contrato de 8 años y un alquiler que no superara el 30% de sus ingresos.

Lamentablemente, Maricarmen falleció antes de firmar el acuerdo.

El caso de Maricarmen no fue una excepción, sino la realidad de la crisis habitacional que está viviendo Madrid. Con una oferta de viviendas cada vez más chica y precios de los alquileres por las nubes, el alquiler de habitaciones individuales se disparó un 85,4% desde 2022. Hoy el precio medio por una sola habitación en la capital oscila entre 400 y 600 euros al mes, absorbiendo de entrada más de un tercio del salario.

Esta asfixia financiera ha retrasado la edad media de emancipación de los españoles, es decir, la edad promedio en la que una persona se muda sola, por encima de los 30,2 años, cuatro años más tarde que la media de la Unión Europea (26,3 años). Es toda una generación esperando pasar los 30 para empezar su vida.

¿Pero Madrid es la única que está expulsando a sus jóvenes? No. Y no hace falta cruzar el océano para verlo. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, más del 75% de los jóvenes universitarios y trabajadores prefieren vivir en CABA debido a la concentración de la oferta educativa, cultural y laboral. Pero el 80% señala que los requisitos restrictivos de las inmobiliarias y los precios de los alquileres hacen que vivir en la Ciudad se vuelva casi imposible.

Quieren quedarse, pero la Ciudad no los deja.

El caso madrileño y el porteño difieren en sus causas: el gran problema en Europa es la poca oferta comparada con la alta demanda. La Ciudad de Buenos Aires tuvo un problema de oferta escondida, pero hoy tiene un problema de acceso. Cuando se derogó la Ley de Alquileres, que había llevado a muchas propiedades al mercado temporal, muchos propietarios volvieron a poner sus viviendas en el mercado de alquiler tradicional. La oferta se multiplicó por más de cinco y hoy está en su máximo histórico.

A esto se suma que la población de la Ciudad no cambió mucho en las últimas décadas. Es más, los nacimientos cayeron 46% desde 2010, desde 2021 hay más defunciones que nacimientos, y el crecimiento del último censo fue por migración. Entonces, si hay más viviendas disponibles y la misma cantidad de gente, ¿por qué la Ciudad sigue expulsando a los jóvenes? Dos razones: cambios en la composición de los hogares y de los bolsillos.

Entre los censos 2010 y 2022 los hogares crecieron 22%, porque vive menos gente en cada casa: el hogar promedio pasó de 2,46 a 2,20 personas. Es decir, crecieron los hogares unipersonales.

Hoy la foto es clara: hay más gente viviendo sola o padres solos que grandes casas de familia.

Además, gran parte de la oferta existente está concentrada en barrios que el bolsillo promedio no puede pagar. Entonces, el cambio de la demanda no tiene que ver con una mayor cantidad de población, sino con el cambio en la composición de los hogares y sus posibilidades económicas.

Pero hay algo que sí compartimos con Madrid: en las dos ciudades el costo del alquiler se lleva más de la mitad del ingreso. En Madrid oscila en torno al 50% y en la Ciudad sube a más del 60% del ingreso familiar. Los alquileres de hoy son similares, en términos reales, a los de 2025. El problema es que los salarios no siguieron la misma trayectoria y, dada esa brecha, el porcentaje del ingreso familiar destinado al alquiler no para de crecer.

Depositar más de la mitad de tus ingresos en una vivienda no solo limita tu nivel de vida, sino que también te imposibilita ahorrar para, en algún futuro, volverte propietario. El alquiler ad aeternum, con los costos e inestabilidad que conlleva, se está volviendo la norma para más del 35% de las familias porteñas. Ser inquilino no tiene nada de malo per se. Pero endeudarte todos los meses solo para poder vivir en la Ciudad es condenar tu futuro.

Pero el problema es aún más grande cuando te das cuenta que no alcanza con encontrar un alquiler a un precio medianamente razonable, sino que tenés que rendir un examen mucho antes de que te den las llaves. Por ejemplo, la informalidad laboral -que afecta a más del 57% de los jóvenes de entre 25 y 35 años de todo el país- deja sin recibo de sueldo a quienes quieren alquilar y por lo tanto, sin una de las pruebas fundamentales para demostrar que pueden pagar mes a mes.

La garantía propietaria, otro de los requisitos básicos para alquilar, obliga a quien no tiene ese patrimonio a pagar un seguro de caución. Ese seguro cuesta entre un 4% y un 7% del contrato, que en muchos casos equivale a más de un mes de ingresos, plata que sale de tu bolsillo y no volvés a ver nunca más.

Nadie discute que el propietario necesite resguardo. Lo que discuto es que, así planteado, vivimos en un sistema que mide más el patrimonio heredado que la capacidad real de pagar. Un jóven que paga en fecha hace años y gana lo suficiente queda afuera por no tener un tío con un departamento en la Ciudad.

Cuando la puerta de entrada está cerrada, los jóvenes no tienen otra opción que quedarse dentro de la casa de sus padres. No porque quieran, sino porque es la única salida que les queda. Según un informe de la UADE, en Argentina, la edad de independización pasó de 24,5 años en los años 90 a 28,1 hoy.

Casi 6 de cada 10 de los que se quedan quieren irse, y el 44% dice que no puede por el costo del alquiler. Y los que insisten con irse, se endeudan: entre los hogares inquilinos con deudas, el 37% pidió préstamos solo para pagar el alquiler. Endeudarse para pagar el techo no es independizarse.

Me preocupa que lo estemos naturalizando. Que un jóven de 28 años siga en su cuarto de la infancia no es un cambio de prioridades de la generación, es el resultado de decisiones políticas o de la ausencia de ellas. Nos alarmamos cuando vemos los números de la caída de la natalidad, pero ¿de verdad creemos que esto no tiene nada que ver? ¿Cómo le vas a pedir a un jóven que proyecte una familia cuando no sabe si el mes que viene va a poder seguir pagando el techo donde duerme?

Y ni hablar de los hogares con animales. Buscar un alquiler que acepte a tu perro o gato es cada vez más complicado: solo aplicando el filtro de “acepta mascotas” en cualquier buscador te reduce a la mitad las opciones. Ni la política ni el mercado inmobiliario se adaptaron todavía a los nuevos tipos de familias porteñas, que cada vez encuentran menos lugares para desarrollarse en la Ciudad.

Una jubilada de 87 años y un jóven de 28 parecen historias lejanas, pero comparten algo: una ciudad que les cierra la puerta a los dos extremos de la edad. Madrid reaccionó tarde, cuando la crisis tuvo cara. Nosotros todavía estamos a tiempo de actuar.

Por eso estoy trabajando en el Programa Alquiler Garantizado, un sistema de garantías públicas y gratuitas gestionadas a través del Banco Ciudad y el Instituto de Vivienda de la Ciudad, focalizado en segmentos prioritarios como jóvenes que cierren su primer contrato, familias con hijos chicos, personas con discapacidad y jubilados.

Esta medida se complementa con la creación del Sistema de Puntuación para Alquileres, un registro oficial y voluntario destinado a certificar el buen historial de cumplimiento locativo de las personas, convirtiendo la puntualidad en un activo portable que reduzca los costos de ingreso y promueva incentivos fiscales para los propietarios.

Un alquiler predecible, justo y accesible no beneficia solo al inquilino. Es lo que evita que la Ciudad expulse a quienes la trabajan y la hacen crecer, y lo que le permite sumar a los que van a construirla.

*Emmanuel Ferrario es Presidente del Bloque Confianza y Desarrollo en la Legislatura de la Ciudad, director ejecutivo de la organización A1000 y docente universitario

Elsa Riquelme conoce mejor que nadie lo que implica vivir bajo amenaza de desahucio. Así ha pasado buena parte de su vida esta mujer chilena desde que llegó a Madrid hace más de dos décadas tras enfrentarse a varios intentos de desalojo por parte del fondo estadounidense de inversión Blackstone, que controla unas 20.000 viviendas en el mercado del alquiler en España. Por eso se alegra tanto de ver cómo una oleada de indignación recorre España para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda tras el caso de Maricarmen Abascal , la mujer de 87 años que fue desalojada el pasado 23 de septiembre por el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversiones de la casa en la que vivió siete décadas y que, solo dos semanas después, fallecía en el hospital Gregorio Marañón. La vecina de Retiro, que también luchó durante años para evitar su desahucio, nunca pudo regresar a su casa, pese al acuerdo que habían alcanzado su abogada, Urbagestión, el Sindicato de Inquilinas y el Ayuntamiento de Madrid para renovar su contrato de alquiler.

El 7 de octubre, tan solo unas horas antes del fallecimiento de Maricarmen, se puso fecha a una huelga general que situará la vivienda en el centro del debate político y social, si bien los sindicatos convocantes también llaman a movilizarse el próximo 11 de noviembre por “unos mejores salarios y por el control de unos precios que lastran el poder adquisitivo”.

“El mejor homenaje que podemos hacer a Maricarmen es lo que ella dijo: hay que seguir luchando por lo que es nuestro y, para conseguirlo, la gente que tiene problemas para acceder a una vivienda, que está en riesgo de desahucio o que no llega a fin de mes, tiene que organizarse, buscar asambleas en sus barrios o sumarse a sindicatos para reclamar soluciones. La lucha vale la pena”, señala Elsa en conversación con Infobae, que confía en que las movilizaciones impulsen “un cambio real”.

Durante estos últimos días no ha dudado en acudir a la acampada de la Puerta del Sol en Madrid, que se mantiene desde el 26 de septiembre pese a las dificultades e intentos del Gobierno de la Comunidad de Madrid por disolverla. “Es emocionante ver cómo ha despertado tanta gente, sobre todo tantos jóvenes que tal vez no sabían cómo canalizar esa indignación y ahora vemos que quieren continuar con las protestas. El desahucio de Maricarmen fue la gota que colmó el vaso y creo que esto es ya imparable, porque la vivienda tiene que dejar de ser una mercancía para que haya soluciones”, sostiene Elsa, cuya historia sirvió además de inspiración al actor y director Juan Diego Botto para escribir En los márgenes (2022), una película que refleja el drama de los desalojos en España.

Su vivienda salió a subasta mientras operaban a su hijo de un tumor

En el caso de Elsa, sus problemas con la vivienda comenzaron en el año 2000, cuando pidió una hipoteca para comprar un piso en el barrio madrileño de Carabanchel junto a su marido, que tenía una pequeña empresa de construcción. A la hora de concederle el crédito, explica, todo fueron facilidades, pues le bastó con acreditar “seis meses de residencia en España y mostrar su pasaporte”. De hecho, como el negocio familiar iba bien, en 2006 asumieron una segunda hipoteca para ayudar a su hermano a acceder a una vivienda. No contaban, sin embargo, con que la crisis inmobiliaria fuera a reducir el trabajo de forma drástica, complicando así el pago de las cuotas.

A esta situación se suma que Elsa sufría violencia de género por parte de su marido, que incluso trató de acabar con su vida. Tras obtener una orden de alejamiento, él regresó a Chile y dejó de colaborar con las dos hipotecas, pese a que ambos figuraban como titulares. Su hermano también volvió y, cuando su hijo menor enfermó en 2013, Elsa tuvo dificultades para mantener su empleo: logró pagar las cuotas hasta 2014, cuando su situación económica terminó por desmoronarse.

Al acumular tres impagos, Caixa Catalunya —entidad que después fue absorbida por BBVA— la demandó. En 2015, mientras operaban a su hijo de un tumor cerebral, su vivienda salió a subasta y fue adquirida por Lambeo Investments, filial de Blackstone.

Antes de llegar a ese punto, Elsa ya había buscado ayuda en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Carabanchel, donde entendió que no estaba sola y que muchas otras personas se encontraban en situaciones similares por la burbuja inmobiliaria. “Los bancos sabían perfectamente lo que hacían”, explica Elsa, que a lo largo de estos últimos doce años no ha dejado de acompañar a otras familias amenazadas por el desahucio.

En 2016 llegó el primer intento de lanzamiento, que fue paralizado gracias al apoyo de la PAH, aunque después hubo otros dos intentos más, el último con sentencia firme y con Blackstone dispuesto a recuperar la vivienda. Pese a todo, y mientras Elsa cuidaba de su hijo enfermo, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel logró que el fondo aceptara ofrecerle un alquiler en la misma vivienda. El acuerdo, sin embargo, solo le permitía quedarse de forma temporal, ya que el contrato debía renovarse cada año, por lo que siempre vivía con la incertidumbre de un posible desalojo.

“Cada vez que llegaba enero era un sinvivir, porque el fondo te escribía una carta para recordarte que en seis meses más tenía que entregar el piso. Suponía vivir en una incertidumbre constante”, asegura la activista.

La llamada que cambió todo: le adjudican una vivienda pública

En enero de este año, después de que la propiedad comunicó a Elsa que ya no renovaría el contrato de alquiler, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel decidió comenzar una campaña contra Blackstone. Elsa explica que recibió una llamada desde Barcelona en la que le pidieron frenar la protesta por el deterioro de la imagen de la empresa ante bonistas e inversores, pero les dijo que no dependía solo de ella: “Tengo a todo un colectivo detrás que no va a parar hasta que haya una alternativa para mí. Si me vais a echar a la calle, me tenéis que dar una opción”.

Para su sorpresa, apenas dos días después de esa llamada, llegó la solución. Blackstone le informó que había contactado con la Comunidad de Madrid y que la administración se comunicaría con ella. Poco después, le adjudicaron una vivienda pública en Villaverde Bajo. Elsa no salía de su asombro, porque llevaba más de una década inscrita en los registros de acceso a vivienda protegida en Madrid y asegura que se encontraba “en el puesto trescientos y pico”, y de repente, de un día para otro, le adjudicaron un piso. “Ahí te das cuenta del poder que tienen los fondos extranjeros y de que, en realidad, sí pueden ofrecer soluciones. También hace falta voluntad política”, resume.

Su nuevo contrato de alquiler es vitalicio y le permite pagar 330 euros al mes, una cantidad asumible para sus ingresos y muy alejada de los precios que marca al actual mercado. Pese a que ha podido resolver su caso, cree que las medidas tomadas por el Gobierno “no son suficientes” para frenar los desahucios y critica que la protección dependa de los informes de los servicios sociales y de la decisión judicial sobre la vulnerabilidad de cada persona o familia. Por ello reclama alternativas habitacionales para quienes se enfrentan a este tipo de situaciones e insiste en la importancia de que la gente se organice en esta lucha y acuda a sindicatos. “O estamos organizados, o esto no lo vamos a cambiar”, concluye.

Maricarmen Abascal, la mujer que hizo estallar la indignación en España tras ser desahuciada por la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversiones del piso donde vivió siete décadas, falleció este miércoles en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. El pasado 23 de septiembre salió de su casa en el distrito de Retiro en camilla, en medio de un amplio dispositivo policial y arropada por centenares de personas que trataron de evitar su desalojo, y todo ese proceso le provocó un impacto físico y emocional del que no pudo recuperarse. Maricarmen, a la que trataron de desahuciar en otras cuatro ocasiones, ha desatado una oleada de protestas en todo el país y también ha logrado poner en el foco una realidad que atraviesan otras muchas personas mayores vulnerables con contratos de alquiler de renta antigua.

Es el caso de Margarita, una mujer de 87 años residente en Palma de Mallorca a la que un fondo de inversión quiere desalojar de la casa donde lleva cinco décadas viviendo. Afronta un juicio el próximo 10 de noviembre “pese a haber saldado las cantidades reclamadas” por la empresa tras un retraso en el pago de la cuota, explica a Infobae su abogada, Aina Díaz, que confía en que la Justicia tenga en cuenta que su clienta pasó por un tratamiento oncológico en medio de todo este proceso.

El contrato de renta antigua de Margarita lo firmó su marido en 1973, durante la dictadura franquista y, tras su fallecimiento en 2008, ella se subrogó como arrendataria y mantuvo el derecho a permanecer en la vivienda. Esta situación difiere de la de Maricarmen, que era segunda subrogada, lo que permitió poner fin a su alquiler en 2007 y después abrir la vía a su desahucio, aunque también aquí logró algo histórico: que el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversiones diera marcha atrás y permitiera su regreso. La victoria de Maricarmen, sin embargo, llegó demasiado tarde y no pudo “morir tranquila” como había pedido.

En el caso de Margarita, tras el fallecimiento de su marido, mantuvo el acuerdo de seguir pagando a la propiedad el alquiler en una única cuota anual que ahora ronda los 1.200 euros. Pero la situación cambió en 2023, cuando un fondo de inversión formado por dos empresarios españoles compró casi todo el bloque, incluyendo su piso, y le enviaron un burofax para comunicarle tanto el cambio de cuenta bancaria como que, a partir de entonces, debía abonar el alquiler cada mes.

El aviso coincidió con el inicio de su tratamiento por cáncer de mama. Margarita acudió al banco y ordenó el pago correspondiente a un mes, convencida de que la entidad dejaría programada una transferencia periódica, pero el ingreso no se repitió en los meses siguientes. “Ella pensó que el banco había dejado domiciliado el pago y que el asunto estaba resuelto. Además, poco después, el cáncer reapareció y sufrió una caída en la que se fracturó dos vértebras, así que su hijo decidió llevársela a su casa durante unos meses para que estuviera mejor atendida”, explica su abogada.

Durante ese tiempo, “y con toda la buena fe del mundo”, sostiene Díaz, el hijo entregó a la propiedad las llaves del piso de Margarita para que pudieran realizar reformas, aunque a su regreso, meses después, comprobó que habían retirado los aparatos del aire acondicionado y que no habían instalado el telefonillo del portero, “lo que dificulta que puedan saber si el cartero trata de entregar una notificación”.

Sin información sobre los impagos

La abogada aclara que, durante todo ese período, el fondo propietario del edificio nunca comunicó al hijo que el alquiler no se abonaba mensualmente. En 2025, tras completar el tratamiento oncológico y recuperarse de una doble mastectomía, el hijo avisó de que Margarita volvería a vivir en el piso y fue solo entonces cuando la propiedad le informó de los impagos. Pese a que Margarita abonó todas las cuotas pendientes, los dueños le comunicaron que habían decidido echarla del piso: la demanda ya había sido presentada.

“No ha habido voluntad de incumplir el contrato”

La empresa, explica Díaz, no reclama una deuda, sino la finalización del contrato por supuestos retrasos reiterados y de mala fe en el pago. La abogada rechaza esa interpretación y sostiene que el impago se produjo por una confusión administrativa durante una enfermedad grave, pero no por voluntad de incumplir las obligaciones de arrendamiento.

“Esta empresa ha comprado prácticamente todo el edificio con el objetivo de reformar los pisos y convertirlos en alquiler turístico para sacar un mayor rendimiento económico, como están haciendo tantos otros fondos”, asegura la abogada, ya que además se trata de un barrio de Palma en plena revalorización. En la ciudad, de hecho, el precio medio de la vivienda ya supera los 5.100 euros por metro cuadrado y Baleares se mantiene como la comunidad autónoma con la vivienda más cara de España, superando ampliamente la media nacional tanto en compraventa como en alquiler.

En ese contexto, Díaz sostiene que el juzgado debe valorar las circunstancias personales de Margarita, incluido el proceso oncológico que ha atravesado. La abogada se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo de 2024 que fija ese criterio para casos similares y confía en que se aplique en el juicio previsto para el 10 de noviembre.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la medida cautelar con la que la Comunidad de Madrid pretendía lograr la disolución de la acampada de la Puerta del Sol. La Sala concluye que, en este momento procesal, no se dan los requisitos para considerar acreditada la inactividad de la Delegación del Gobierno que denunció el Ejecutivo autonómico.

El auto, dictado este 7 de octubre, señala que la vía elegida por la Comunidad exige que exista una obligación concreta de la Administración en favor de personas determinadas y que hayan pasado tres meses desde el requerimiento para cumplirla. Los magistrados consideran que esas condiciones no concurren de forma inicial en este caso.

La Comunidad presentó el recurso contencioso-administrativo el 1 de octubre y pidió que el tribunal ordenara, sin oír antes a la Delegación del Gobierno, las medidas necesarias para desmantelar la acampada. La Sala ya rechazó esa petición urgente el 5 de octubre y, tras escuchar a la Abogacía del Estado, ha desestimado también la solicitud cautelar.

El TSJM no entra a valorar el fondo del conflicto

La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo indica que el recurso por inactividad administrativa no puede emplearse, de entrada, para cuestionar una eventual dejación o falta de diligencia de una institución en el ejercicio de sus funciones. La ley exige una obligación pública concreta, derivada de una norma, acto, contrato o convenio, cuyo cumplimiento pueda reclamar una persona o grupo determinado.

El tribunal considera que esa obligación no aparece acreditada de forma preliminar y que tampoco había vencido el plazo legal de tres meses. Por ello, no analiza el resto de criterios que rigen las medidas cautelares ni ordena actuación alguna sobre la acampada.

La resolución no resuelve el fondo de la demanda. El TSJM ha abierto un trámite para que las partes se pronuncien sobre la posible inadmisibilidad del recurso y mantiene pendiente la decisión posterior sobre el litigio. La Comunidad de Madrid puede presentar un recurso de reposición en un plazo de cinco días desde la notificación del auto.

La Delegación alega riesgos de seguridad ante un desalojo

La Delegación del Gobierno defendió ante el tribunal que un desalojo de la protesta podía causar más perjuicios que beneficios para la seguridad ciudadana. La Abogacía del Estado sostuvo que las medidas de compulsión física que pudieran resultar necesarias contra las personas acampadas podían derivar en incidentes con riesgo para quienes se encontraban en la plaza, así como para los edificios y el mobiliario urbano.

La acampada se instaló en la Puerta del Sol el 26 de septiembre, tras una manifestación por el desahucio de Maricarmen Abascal. La protesta, impulsada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid y centrada en las reivindicaciones por el acceso a la vivienda, reúne más de 1.000 tiendas frente a la sede del Gobierno regional.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha confirmado que mantendrá su respaldo a la acampada, aunque sitúa ahora parte de sus esfuerzos en la huelga general convocada en un principio para el 11 de noviembre por los principales sindicatos.

La Delegación del Gobierno en Madrid se ha opuesto a la petición de la Comunidad de Madrid de disolver la acampada en la Puerta del Sol, al considerar que podría acarrear mayores perjuicios que beneficios para la seguridad ciudadana, según informa la agencia EFE.

Este es uno de los argumentos que esgrime en su escrito para rechazar el desalojo, solicitado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso como medida cautelar. La Comunidad de Madrid había presentado un recurso contra la Delegación del Gobierno por su presunta “inactividad” en disolver esta protesta por la vivienda, ubicada frente a la sede del Ejecutivo regional.

La Abogacía del Estado, en representación de la Delegación del Gobierno, alega en su escrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia que se considera que la mejor opción es no disolver porque las “medidas de compulsión física sobre las personas acampadas que pudieran ser necesarias” podrían derivar en “incidentes de fuerza con peligro físico para las personas allí presentes, así como para los edificios y el mobiliario urbano”.

La acampada, que se instaló en el kilómetro cero de la capital el pasado 26 de septiembre después de una multitudinaria manifestación por el desahucio de Maricarmen Abascal, suma más de 1.000 tiendas y evoca a la ya histórica del 15M de 2011, aunque en esta ocasión las reivindicaciones se centran en la vivienda.

“No es un problema de orden público”

Desde la cooperativa Red Jurídica explicaban hace unos días a Infobae que el desalojo de una protesta pacífica solo se puede llevar a cabo “si se acreditasen riesgos graves para la seguridad pública, el orden público o la salud pública”, puesto que las molestias derivadas de una protesta, como el ruido o los cortes de tráfico, “no bastan por sí solas para levantar una concentración”.

Red Jurídica también aclara que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a las protestas señala que “las sociedades democráticas tienen que tener un cierto grado de tolerancia ante las molestias que de por sí generan las protestas”, y ese criterio incluye las alteraciones ordinarias que puede generar una concentración en el espacio público como la acampada de Sol. “Que una concentración ocupe una plaza o una manifestación corte calles no lo convierte en un problema de orden público”, explica el abogado Eduardo Gómez, integrante de esta cooperativa.

Por el momento, el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que impulsó la acampada, ha señalado que mantiene su apoyo a la protesta y seguirá participando en ella, aunque la organización centra ahora sus esfuerzos en la huelga general convocada para el 11 de noviembre por los principales sindicatos.

Independientemente del perfil de las personas que permanecen acampadas en la Puerta del Sol en Madrid para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda, la mayoría comparte un problema: destinan buena parte de su salario al pago del alquiler o de la hipoteca. Aunque el salario mínimo interprofesional (SMI) ha aumentado un 66% desde 2018 tras las sucesivas subidas aprobadas por el Gobierno, los sueldos no avanzan al mismo ritmo que el coste de vida, de forma que el poder adquisitivo de los salarios en España ha crecido solo el 5,1% en dos décadas frente al 19,4% de la OCDE. Los expertos recomiendan que el gasto en vivienda no supere el 30% de los ingresos, pero para muchos hogares ese objetivo resulta inalcanzable.

En Infobae hemos consultado a varios participantes de la acampada instalada en la Puerta del Sol en Madrid para conocer su situación económica y qué proporción de sus ingresos destinan a la vivienda. Todos coinciden en que llegar a fin de mes cada vez es más complicado.

No poder independizarte con más de 40 años

Nacho tiene 41 años y se ve obligado a vivir en casa de sus padres en la capital porque no podría pagar un alquiler con su salario de 900 euros al mes. Aunque es técnico audiovisual, trabaja como teleoperador para una ONG y no solo descarta poder vivir solo, “una posibilidad que ni se plantea”, es que también ve inviable compartir piso, teniendo en cuenta que los precios de las habitaciones rondan en muchas ocasiones los 500 euros.

“Me gustaría poder dejar la casa de mis padres, pero no puedo. Por eso estoy aquí en la acampada, que me parece increíble lo que ha logrado movilizar, es un éxito. Tanto esta como el resto de protestas son un reflejo de nuestro rechazo al modelo actual, porque no podemos seguir viviendo así”, explica desde la acampada, que ya suma 11 días en Sol. La protesta surgió tras una manifestación multitudinaria en rechazo al desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años que vivió durante siete décadas en la misma casa en el barrio de Retiro y que se ha convertido en símbolo de la crisis de la vivienda. La presión social llevó a Urbagestión Desarrollo e Inversiones, la empresa que ejecutó el desahucio, a revertir su decisión y alcanzar un acuerdo para que la mujer regresara a su casa, aunque por el momento Maricarmen permanece hospitalizada debido al impacto que tuvo todo este proceso en su salud.

Desde ese 26 de septiembre que se instaló la acampada, en menos de dos semanas se han extendido las manifestaciones y acampadas en otros puntos del país, el Congreso ha derogado dos decretos de vivienda que buscaban proteger más a los inquilinos de la especulación y se ha producido un adelanto electoral para el 29 de noviembre.

“El piso donde vivo pertenece a un fondo buitre”

La situación que atraviesa Sara tampoco es sencilla. Esta joven madrileña de 31 años trabaja 20 horas semanales como educadora y su sueldo no alcanza para afrontar sola un alquiler social de 400 euros, por lo que comparte un piso con su pareja. “Puede parecer un alquiler bajo, pero es un piso de 30 metros cuadrados que se cae a trozos y solo tiene dos ventanas”, explica a este periódico.

La vivienda formaba parte originalmente del parque de protección oficial, pero la Comunidad de Madrid vendió después el bloque al fondo Nestar-Azora, empresa que acumula alrededor de 40 bloques en toda la región y que fue condenada por la Justicia a indemnizar a decenas de vecinos por aplicar cláusulas abusivas tras una demanda colectiva interpuesta por el Sindicato de Inquilinas.

“Este fondo presiona de forma continua a la gente para que se marche y así pueda subir los precios a los vecinos que lleguen después. En mi caso, quieren aumentarme el alquiler y no dejan de pedirme más y más papeles, pese a que cumplo con los requisitos que exige la Comunidad de Madrid. Yo sigo ingresando la renta todos los meses en la misma cuenta bancaria en la que se cobraba antes, para dejar constancia de que pago y de que no me niego a cumplir con mis obligaciones”, añade.

“Llegamos a fin de mes tiritando”

En el caso de Jorge, profesor de Educación Infantil de 48 años, calcula que destina el 50% de su salario a la hipoteca. Paga, junto a su pareja, alrededor de 1.000 euros mensuales por la vivienda y tienen dos hijos, por lo que muchas veces se ven obligados a recurrir a ahorros y a esperar las pagas extras. “Al final, muchas veces llegamos a final de mes tiritando porque los salarios no alcanzan”.

Jorge es uno de los muchos profesores de la etapa de 0 a 3 años que han acudido a la acampada para visibilizar las demandas del sector, entre las que destacan salarios más altos, la reducción de ratios y la implantación de la pareja educativa, es decir, dos profesionales por aula “para poder mejorar la calidad de la enseñanza”. En la Comunidad de Madrid, mantienen desde abril una huelga indefinida y denuncian que las políticas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, “perjudican a la infancia” y agravan la precariedad de un sector mayoritariamente feminizado.

Los salarios de las educadoras infantiles, recuerda Jorge, se sitúan por debajo del salario mínimo interprofesional, al tiempo que cuestiona el modelo de contratación de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid por “favorecer las propuestas con menor coste para gestionar las escuelas”. “Eso termina afectando a los sueldos, el material para los niños, la alimentación y la cobertura de las bajas”, afirma.

“Voy de piso en piso”

Edalí tiene 25 años y lleva independizada desde los 18, encadenando contratos precarios como ayudante de camarera, con jornadas de entre 20 y 30 horas semanales. Durante años vivió en Valencia “de piso en piso” compartiendo con amigas, porque, según relata, los propietarios terminaban por pedirles que se marcharan para alquilar las habitaciones a un precio mayor. De los 600 euros que ingresaba al mes, destinaba la mitad al alquiler de una habitación.

Hace unos meses regresó a Madrid y encontró un mercado de la vivienda aún más inaccesible que cuando se fue. “Por suerte”, dice, acaba de conseguir una habitación en Vallecas por 300 euros mensuales, aunque no confía en encontrar un empleo en la hostelería que le permita mejorar sus ingresos.

Por el momento, la acampada en Sol continúa y desde el Sindicato de Inquilinas aseguran que no van a dar “ni un paso atrás” tras el adelanto de las elecciones al 29 de noviembre. La organización, además, ha llamado a todos los sectores a unirse en una huelga general de 24 horas y ha celebrado que UGT y CCOO se hayan puesto de su lado para impulsar la movilización. En ella, aseguran, se reclamarán medidas que garanticen el acceso a una vivienda digna y salarios que permitan pagarla.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha vuelto a reclamar al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, una actuación inmediata ante la acampada instalada en la plaza de España. La petición se produce después de que el colectivo Flama denunciara en redes sociales comportamientos sexistas y presuntas situaciones de acoso sexual en el entorno, donde además alertó de la presencia de menores de edad, según informa la agencia Europa Press.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Palma califica de “extremadamente graves” las acusaciones difundidas por el colectivo. Flama ha denunciado tanto “comportamientos y actitudes sexistas” como episodios de acoso sexual dentro o en las inmediaciones de la acampada, unos hechos que para el consistorio refuerzan la necesidad de que la Delegación del Gobierno “asuma sus competencias, evalúe la situación y adopte medidas sin demora”.

Martínez ya había solicitado el desalojo del espacio y el fin de una situación que, según el Consistorio, altera el uso habitual de uno de los principales puntos de paso de la ciudad. La plaza de España recibe cada día a miles de residentes y visitantes y, de acuerdo con el Ayuntamiento, los servicios municipales no han podido desarrollar con normalidad durante más de una semana las tareas de limpieza, mantenimiento y conservación.

El equipo de gobierno municipal también recuerda que el plazo comunicado inicialmente por la organización ya había expirado. La concentración había sido convocada para los días 28 y 29 de septiembre y, según el consistorio, el derecho de reunión tiene un carácter temporal, vinculado a una convocatoria concreta y limitada en el tiempo.

Una vez finalizado ese plazo, el Ayuntamiento sostiene que la situación actual de la plaza no parece ajustarse al ámbito de la concentración comunicada. Insiste en que respeta el derecho de reunión y manifestación, aunque subraya que su ejercicio debe desarrollarse dentro de la normativa vigente y con garantías de seguridad, convivencia y protección para todas las personas.

Apoyo para presentar una denuncia o recibir asistencia

Ante las denuncias de acoso sexual y la advertencia sobre la presencia de menores, el Consistorio considera imprescindible que la Administración competente actúe. El Ayuntamiento también ha puesto sus servicios a disposición de Flama para acompañar a las personas afectadas a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), si requieren apoyo para presentar una denuncia o recibir asistencia.

Medidas para evitar episodios similares

Tras hacer públicas las acusaciones, la acampada ha celebrado una asamblea interna en la que las afectadas expusieron las situaciones ocurridas. Según Flama, de ese encuentro han surgido medidas para preservar el espacio como un lugar “seguro y libre de cualquier forma de acoso, machismo, Lgtbifobia o violencia”.

Entre los acuerdos figura la salida de personas cuya presencia había generado conflictos o inseguridad. También se ha propuesto un protocolo de prevención y actuación frente al acoso, el machismo y otras violencias, además de un punto de referencia LGTBI y de cuidados dentro de la acampada.

El colectivo también explica que ha habido disculpas públicas por las actitudes y comentarios que causaron malestar y asegura que seguirá pendiente de la aplicación de las medidas para que las afectadas puedan sentirse seguras.

La Justicia rechaza desalojar Sol en Madrid

Cabe recordar que este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó la medida cautelarísima con la que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso buscaba obligar a la Delegación del Gobierno a desalojar la acampada de la Puerta del Sol, que ocupa la plaza desde el pasado 26 de septiembre tras una manifestación multitudinaria en rechazo al desahucio de Maricarmen Abascal. Impulsada por el Sindicato de Inquilinas, por el momento la acampada se mantiene en el kilómetro cero de Madrid, donde la organización ha hecho además un llamamiento a la huelga general.

La cooperativa Red Jurídica explicaba hace unos días a Infobae que el desalojo de una protesta pacífica solo se puede llevar a cabo “si se acreditan riesgos graves para la seguridad pública, el orden público o la salud pública”.

La organización también recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a las protestas señala que “las sociedades democráticas tienen que tener un cierto grado de tolerancia ante las molestias que de por sí generan”, y ese criterio incluye las alteraciones ordinarias que puede generar una concentración en el espacio público. “Que una concentración ocupe una plaza o una manifestación corte calles no lo convierte en un problema de orden público”, aclara la cooperativa.

(Con información de Europa Press)

El municipio madrileño de Majadahonda (74.000 habitantes), feudo tradicional del PP y una de las localidades más ricas de la región si se tiene en cuenta la renta per cápita de sus habitantes, tiene una empresa pública de vivienda. Se llama Pammasa y fue constituida en mayo de 1992. Su objetos social es “la promoción, gestión y ejecución de actividades urbanísticas, teniendo especial relevancia la de facilitar el acceso a la vivienda”, sobre todo “la vivienda de protección oficial”. Pero Pammasa entregó la última promoción en 2019 y según su última memoria, la de 2025, gastó en sueldos 286.536 euros. “Hoy es una inmobiliaria que gestiona alquileres. Y en privado te dicen que su perfil no es hacer vivienda pública”, señala David Rodríguez, portavoz socialista en este Consistorio.

“Estamos apostando por otro tipo de política. Ahora vamos a entregar antes de que acabe el año 180 pisos del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, en la que el Ayuntamiento ha puesto la gestión de adjudicación”, explica un portavoz municipal. Una promoción que está destinada exclusivamente a aquellos vecinos que llevan un mínimo de diez años empadronados en Majadahonda. Con el Plan Vive el Gobierno regional y diversos Ayuntamientos ponen suelo para que promotores privados construyan vivienda protegida en alquiler a precios asequibles. Estos promotores privados construyen y gestionan estos alquileres entre 50 y 75 años a cambio de obtener una rentabilidad del 7%.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp, en Facebook y en Instagram

Pero estas son viviendas protegidas, no viviendas públicas, es decir, construidas en suelo público y gestionadas directamente por la Administración. Según la propia web de Pammasa, esta empresa municipal ha desarrollado durante sus 34 años de vida un total de 835 viviendas en régimen de alquiler (las primeras en 1993 y las últimas en 2016) y 633 en régimen en venta (las primeras en 2001 y las últimas en 2019). Desde entonces, nada de nada. Poca actividad. Tampoco tiene mucha plantilla. Cuatro personas: un Director Financiero y de Recursos Humanos con funciones de Gerente, un técnico de Proyectos Inmobiliarios y Gestión Patrimonial, una Jefa de Departamento y un oficial administrativo. Sus nónimas suman 287.000 euros brutos anuales.

“Pammasa incumple su objeto social y hay 2.000 vecinos en listas de espera para una vivienda pública”, recalca el concejal Rodríguez, en un momento en el que este tema, el de la vivienda, es la primera preocupación de los españoles (según el CIS) y ha sido el detonante para que Pedro Sánchez convoque elecciones generales para el 29 de noviembre. “En 2007 Pammasa entregó 120 viviendas. No fue hasta 2016 cuando volvieron a entregar 47. Y en 2019 otras 104. Me parece un dato escandaloso”, afirma Rodríguez. Para los socialistas “Majadahonda necesita vivienda pública y Pammasa tiene que volver a cumplir su principal función. Si tenemos suelo, demanda y una nueva legislación que ofrece más posibilidades para construir vivienda protegida, debemos aprovecharlas y no obligar a irse a miles de majariegos”.

2.275 nuevas viviendas

Esa legislación es la nueva ‘Ley 2/2026 de la Comunidad de Madrid para incrementar la oferta de vivienda protegida’, que permite a los municipios incrementar, en determinados desarrollos, hasta un 20% la edificabilidad y un 30% la densidad destinada a vivienda social. Desde el Ayuntamiento insisten en que desde que llegó la nueva alcaldesa en 2023, Lola Moreno (inspectora de policía de profesión), “se está haciendo lo que no se había hecho nunca en materia de vivienda”. Y pone como ejemplo el plan urbanístico que el Consistorio acaba de aprobar, que se llama Arco de Poniente y que pondrá en el mercado 2.275 nuevas viviendas. Cuatro nuevos barrios en los que entre el 50 y el 65% de los pisos tendrán algún tipo de protección. Un desarrollo que tardará años en concretarse.

Desde el PSOE recuerdan que los tres vecinos de Majadahonda en la zona oeste, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas y Boadilla del Monte, “hacen más vivienda pública que este Ayuntamiento, que ha descartado hacer 637 pisos sociales en el Carril del Tejar (en la zona de Plaza Norte 2), 241 en Carralero II y 171 en Roza Martín. “En lugar de buscar soluciones de vivienda pública, movilidad, infraestructuras y servicios que permitan desarrollar estas zonas, el PP opta por descartarlas directamente”, sentencia Rodríguez. Por desarrollar sigue sin desarrollar la famosa parcela que fue el embrión del famoso caso Gürtel, la parcela R03.

“La génesis de lo que se ha llamado la Gürtel está en Majadahonda. ¿Quiere que se lo cuente?” Con esta hábil introducción, Francisco Correa inició hace una década su declaración en el primer juicio de la trama que se celebró en 2016. La fiscalía había empezado a preguntarle sobre Majadahonda, otro de los municipios fetiche de la trama. Allí Correa hizo su agosto: 27,7 millones de euros en contratos presuntamente amañados para sus propias empresas y para otras que pagaron la correspondiente comisión. Correa llegó a tener tanto poder su entonces esposa, Carmen Rodríguez Quijano (que luego sería condenada), llegó a ser jefa del gabinete del entonces alcalde, Guillermo Ortega. El nombre de Pammasa ya apareció en el sumario del caso porque hubo incluso disputas internas entre varias facciones de la trama para vender parcelas públicas a determinados promotores.

Ahora, 20 años después, hasta Vox presenta mociones municipales para que Pammasa promueva directamente vivienda pública en régimen de compra en algunas de las parcelas que sigue teniendo, como la parcela RO3, situada en el Valle de la Oliva junto al hospital Puerta de Hierro, evitando así su venta a promotores privados. Vox recuerda que Majadahonda sufre una de las mayores dificultades de acceso a la vivienda de toda la Comunidad de Madrid, con precios medios que alcanzan los 4.288 euros por metro cuadrado, lo que impide a muchos jóvenes emanciparse en su propio municipio. “El Ayuntamiento tiene la obligación legal y moral de poner en carga su propio suelo para ofrecer vivienda pública a las familias majariegas”, señala Pablo Pérez, portavoz de Vox.

Nadie imaginaba que el pasado 23 de septiembre el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años que había vivido siete décadas en la misma casa en Madrid, fuera a prender la mecha de la indignación en toda España hasta convertirse en todo un símbolo de la crisis de la vivienda. Era el cuarto intento de desalojo al que esta vecina se enfrentaba, impulsado por Urbagestión Desarrollo e Inversiones y, aunque se preveía un amplio apoyo social para tratar de frenarlo, nadie pudo prever lo que estaba por venir: manifestaciones multitudinarias, acampada en la Puerta del Sol, la derogación por parte del Congreso de dos decretos de vivienda y un adelanto electoral para el 29 de noviembre.

Lo que ha cambiado en estos últimos doce días desde el desahucio de Maricarmen, explica a Infobae la politóloga Anna López, investigadora especializada en desinformación y extrema derecha, es que la vivienda “ha dejado de ser solamente un problema social y se ha convertido en un problema político”, y eso cambia el escenario.

Fue el pasado viernes cuando el Congreso rechazó, con los votos de Junts, PP y Vox, los dos reales decretos ley con los que el Gobierno pretendía, entre otras medidas, frenar los desahucios, prorrogar los contratos y regular el alquiler de habitaciones. Tras el revés parlamentario y un intenso fin de semana de consultas, muchos dirigentes socialistas recomendaron a Sánchez convocar elecciones. “Para hacer más, necesitamos renovar el apoyo de la gente. Necesitamos una mayoría progresista más amplia”, afirmó este lunes el mandatario durante su comparecencia. Sánchez indicó que durante la legislatura les ha tocado “trabajar con un Congreso muy bronco en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer” y aseguró que han tenido que “lidiar con la peor oposición de la historia de la democracia”.

El Gobierno, no obstante, con la disolución de las Cortes tras la convocatoria electoral, tiene intención de aprobar los dos decretos de vivienda en el Consejo de Ministros de este martes. Ambos textos tienen que ser sometidos a la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que mantiene las funciones de la Cámara durante el periodo electoral y donde al Gobierno no le hace falta el apoyo de Junts.

La vivienda como “asunto electoral”

“En menos de dos semanas hemos pasado de un caso concreto, el desahucio de Maricarmen, a una movilización social y después a unas elecciones. Eso hace que la vivienda pueda funcionar como un ‘asunto’ electoral, es decir, un problema capaz de ordenar las preferencias de los votantes. Ahora bien, no significa que vaya a decidir por sí sola las elecciones”, advierte López. A su juicio, la clave estará en la capacidad de los partidos para disputar el sentido del conflicto. “Lo importante es quién aparece como responsable, quién asume el coste y, sobre todo, qué solución se propone”, añade.

La politóloga sostiene que la vivienda tiene una “enorme capacidad de transversalidad”, tanto en la concepción de que se ha convertido en el principal problema de la población en España, como en las soluciones, ya que encuestas recientes han reflejado que son muchos los votantes de derecha y ultraderecha que están a favor de políticas de limitación de los precios de la vivienda, el escudo antidesahucios, el veto a los fondos buitre o el aumento de la oferta pública. “Esto afecta a jóvenes, familias, trabajadores e inquilinos”, recuerda.

López considera que la vivienda también podría interpelar a parte del electorado desmovilizado: cerca de un millón de personas que todavía no decidió su voto o contempla la abstención. Advierte que el efecto de la crisis no dependerá solo de la intensidad de las protestas de estos días: con 55 días por delante hasta las elecciones del 29 de noviembre, la cuestión será si la vivienda conserva su presencia en la campaña y se consolida como una preocupación capaz de influir en la decisión de los votantes. Si el conflicto perdura, sostiene, podría tener efectos electorales.

Tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre, el Sindicato de Inquilinas ha hecho de nuevo un llamamiento a la huelga general. La organización ha asegurado que la vivienda será la cuestión central de la campaña electoral y ha reclamado a los partidos medidas contra el rentismo.

“Hay que preguntarles a los señores diputados si van a introducir medidas en materia de vivienda, las que está exigiendo la calle. Porque recordemos que la mayoría de los votantes, de todos los partidos, están exigiendo medidas contundentes contra el rentismo. ¿Van a introducir las medidas que exige el pueblo o van a seguir siendo esbirros del rentismo? Esto es lo que va a ser determinante en esta campaña electoral", ha señalado Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, ante la prensa en la Puerta del Sol, donde permanece la acampada con cientos de participantes que reclaman soluciones a esta crisis.

Actividades en barrios para impulsar la convocatoria

La organización sostiene, sin embargo, que la población no puede esperar a las elecciones de noviembre, por lo que insiste en una huelga general, aunque no han precisado una fecha. “Una huelga general es la única manera de garantizar que se va a responder a lo que el pueblo está pidiendo, gobierne quien gobierne”, ha indicado Del Río. “No vamos a parar hasta que la vivienda sea un derecho”, ha añadido. Por ello, desde esta misma tarde, el sindicato comenzará a organizar actividades en los barrios para impulsar la convocatoria.

Entre las demandas planteadas por el sindicato figuran los contratos indefinidos, la bajada de los alquileres y la expropiación de los fondos buitre, y también ha pedido el apoyo de los colectivos movilizados en defensa de la sanidad pública, las pensiones, la educación y los salarios.

“No vamos a dar ningún paso atrás y vamos a avanzar en un programa de derechos que garantice que la vivienda sea un derecho y no un medio de lucro para unos pocos”, ha concluido Del Río.

El llamamiento a la huelga general coincide con el anuncio del Ejecutivo de que llevará de nuevo este martes al Consejo de Ministros los dos decretos de vivienda que el Congreso rechazó el pasado viernes, con el objetivo de buscar una vía para que puedan ser convalidados por la Diputación Permanente una vez disueltas las Cortes.

La crisis de la vivienda ha llevado la tensión social y política en España a un nivel inédito. Las protestas tras el desahucio de Maricarmen Abascal, el caso que ha despertado una oleada de indignación que reclama soluciones al problema habitacional, se extendieron a lo largo de la semana pasada por distintos puntos del país, más allá de la acampada en la Puerta del Sol en Madrid, mientras el Gobierno afrontaba negociaciones políticas y un nuevo revés en el Congreso, cuando Junts per Catalunya, PP y Vox tumbaron el viernes los dos decretos de vivienda aprobados dos días antes en el Consejo de Ministros.

Junts tenía la llave para que salieran adelante las medidas que buscaban una mayor protección para los inquilinos, evitar desahucios y limitar la compra de viviendas a fondos buitre, pero los nacionalistas catalanes las rechazaron pese al clamor en las calles. Los de Carles Puigdemont acusaron al Gobierno de “alimentar una falsa esperanza” con unos decretos que, a su juicio, no resuelven la especulación inmobiliaria, trasladan “inseguridad jurídica” a los pequeños propietarios y reducen la oferta del alquiler. El mismo viernes, el partido independentista catalán presentó al Ejecutivo un decreto alternativo que reforzaba la protección de los propietarios y recortaba varias garantías para los inquilinos: eliminaba la regulación de los alquileres de habitación y de temporada, convertía en voluntarias las prórrogas de los contratos y limitaba el escudo antidesahucios.

La principal crítica de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, respecto a los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno fue que perjudican a los pequeños propietarios, pero expertos consultados por Infobae como el ingeniero y urbanista José Manuel López defienden que las medidas buscaban dar estabilidad a propietarios e inquilinos al limitar la especulación y asegura que el partido nacionalista “ha realizado un mal diagnóstico”.

“Junts ha intentado introducir una capa ideológica en un tema que no lo es, cuando además sus votantes no solo son caseros, sino también inquilinos y, sobre todo, son gente sensata. En la política nunca se toman decisiones cuando estás en zona de confort y las medidas del pasado viernes tenían que ver más con lo material que con la ideología, en definitiva, con dar un giro”, sostiene López, autor del libro ‘Casas. Hacer política con (la, nuestra, tu) vivienda’ (editorial Akal), donde realiza una radiografía del mercado inmobiliario.

A su juicio, Junts ha construido “una ideología y unos datos que no existen sobre los caseros” con un cálculo político “realmente incomprensible”. “Hay que dar un paso porque la situación no se sostiene”, subraya el también actual director del gabinete de la ministra de Sanidad, Mónica García. “Este no es un debate ideológico, se trata de un debate que tiene que ver con la vida cotidiana, porque la gente ya no puede más. El desahucio de Maricarmen solo ha revelado la punta del iceberg, porque no solo se trata de desalojos, sino de tener que compartir piso con varias personas con más de 40 años, de que no te puedes emancipar o que tampoco puedas divorciarte” por la actual situación del mercado inmobiliario, añade.

Regular los precios de la vivienda

Los datos de una encuesta reciente elaborada por 40dB para El País y la Cadena SER refuerzan el planteamiento de López, pues, según este sondeo, una mayoría de la población respalda que el Estado regule los precios de la vivienda, incluso si esto perjudica las ganancias de los propietarios: el 67,5% se muestra a favor. El apoyo a la regulación trasciende a los votantes de izquierda: alcanza al 95,8% de los simpatizantes de Sumar, al 85,4% de los de Podemos y al 82,6% de los del PSOE, pero también reúne a más de la mitad de quienes se identifican con el PP (56,5%) y Vox (55,2%). Solo el 21,7% considera que los precios deberían quedar sujetos a la oferta y la demanda, sin intervención pública. Además, el 56,5% de los arrendadores consultados respalda establecer límites a las rentas.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España cuenta con 3,9 millones de viviendas en régimen de alquiler. De ellas, algo más de un millón están en manos de empresas privadas -más de la mitad pertenece a sociedades que poseen diez o más inmuebles-, de acuerdo al Catastro de 2025, mientras que la mayor parte de viviendas en renta pertenecen a pequeños propietarios. Por otro lado, los datos del INE indican que también hay 3,8 millones de viviendas vacías en el país, un 14% del total, y muchas de ellas llevan años desocupadas.

En ese sentido, López diferencia entre aquellos propietarios que alquilan como una forma de ahorro, con rentas estables, y quienes intentan especular como los fondos buitre, tensionando el mercado al encarecer los precios. De ahí la importancia, destaca el especialista en urbanismo, de regular el mercado y dar estabilidad a los inquilinos para que “dejen de vivir en una ruleta rusa”. “Si tu inquilino te paga y quieres estabilidad, deja la situación como está, porque si la cambias todo el tiempo con subidas de precio, entonces estás jugando al Monopoly”, afirma, e insiste en que los decretos de vivienda que había aprobado el Gobierno favorecían a esos propietarios ahorradores que no buscan especular.

En cuanto a las casas vacías, López sostiene muchas permanecen fuera del mercado por el temor de los propietarios a los impagos, los conflictos con los inquilinos o las dificultades de gestión. Por eso plantea medidas que combinan impuestos sobre las viviendas desocupadas junto con una agencia pública que dé garantías a los propietarios ante eventuales impagos o incidencias.

López considera que el principal problema es la falta de regulación para contener las subidas de precios. Por eso, sostiene que la solución no pasa solo por construir más viviendas, sino por incorporar al mercado parte del parque que permanece vacío.

Las herencias son un factor clave

Para el especialista también hay un factor clave que amplía las diferencias en el acceso a la vivienda: las herencias. López explica que muchas propiedades adquiridas por generaciones anteriores pasan ahora a hijos o nietos que ya tienen una vivienda y, parte de ese patrimonio, se vende para financiar nuevas compras inmobiliarias o se conserva para alquilarlo y trasladarlo a la siguiente generación.

El resultado, asegura, es una brecha entre quienes heredan viviendas y quienes no tienen patrimonio familiar. “Algunos contarán con una casa propia o heredada a medio plazo, mientras que otros, especialmente los hijos de familias migrantes o sin propiedades, parten con menos recursos para entrar al mercado”.

Por último, López añade un problema menos visible: la calidad y la accesibilidad del parque residencial y es que, según un estudio elaborado elDiario.es junto con datos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas del INE, alrededor de cinco millones de personas en España viven en pisos de tres o más alturas sin ascensor. A su juicio, los planes de rehabilitación deberían servir no solo para mejorar la eficiencia energética, sino también para eliminar barreras, instalar ascensores y crear nuevas viviendas en los edificios ya existentes.

Tras el rechazo a los decretos de vivienda en el Congreso, el Sindicato de Inquilinas ya ha confirmado que está manteniendo conversaciones con los sindicatos mayoritarios laborales para convocar una huelga general y ha asegurado que “gobierne quien gobierne” no van a tolerar otros cuatro años sin atajar el mayor problema del país, ante la posibilidad de que se convoquen elecciones generales próximamente.

La acampada de la Puerta del Sol cumple una semana y no ha dejado de crecer. El desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años que fue sacada en camilla por los antidisturbios, hizo que miles de personas tomaran la calle el sábado de la semana pasada para denunciar la crisis general de la vivienda: los alquileres desorbitados, los pisos turísticos y el acoso de los fondos buitre. Aquella misma noche montaron sus primeras tiendas en el ‘kilómetro cero’ y, ocho días después de su primer amanecer bajo el reloj de la Real Casa de Correos —cuyas campanas no dan tregua—, los habitantes de esta pequeña ciudad autogestionada no piensan moverse.

El sentimiento de indignación se ha extendido rápidamente a lo largo de todo el país, contagiando la protesta con acampadas en puntos como Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao, y manifestaciones este fin de semana en más de 50 ciudades. La chispa que prendió Maricarmen —quien finalmente podrá regresar a su casa— se ha extendido a la problemática general de la vivienda, y los manifestantes buscan ahora abrazar otros pilares, como la defensa de la educación o la sanidad pública. Por ello, la consigna central que recorre las calles se encamina ya hacia una meta clara: la convocatoria de una huelga general.

El centro neurálgico de Madrid alberga alrededor de 2.000 tiendas de campaña, grandes toldos preparados para la lluvia, puntos de reparto de comida, mesas informativas, talleres y asambleas diarias. Todo este engranaje no sería posible sin las personas que lo sostienen desde abajo: sus orígenes y profesiones son diferentes, pero todos están unidos por una misma causa. Y las historias son similares y muestran una precariedad en aumento: tener que vivir con tu madre pasados los 30, la imposibilidad de independizarse a pesar de contar con un empleo, hacer malabares para pagar una habitación o pelear por el futuro de los nietos. Estas son ocho de esas historias.

“Los precios son incompatibles con los salarios”

Pepe tiene 36 años, está desempleado y convive con su madre tras pasar por empleos precarios como carpintero o teleoperador. Lleva desde el lunes durmiendo en la plaza y defiende que la permanencia es innegociable: “Esto se sostiene por la autogestión y hay que resistir hasta que nos echen. Si el 15-M duró casi un mes, esto es el doble de importante”. Además, recuerda desde su experiencia que la burbuja inmobiliaria no es exclusiva de Madrid: “Los precios son incompatibles con los salarios en cualquier sitio. Esto no va de enfrentar territorios, sino de exigir mayor capacidad salarial y una rebaja drástica de los alquileres”.

“El problema antes eran las hipotecas; ahora no puedes ni alquilar”

Quien ya vivió la experiencia de tomar la plaza hace 15 años es José, bibliotecario de 45 años, que ha vuelto a acampar en el ya bautizado como 26-S. Pese a que afortunadamente cuenta hoy con una vivienda en propiedad —“con mucha ayuda y mucho esfuerzo”, aclara—, tiene claro por qué duerme sobre el asfalto: “Hasta ahora no he podido tener un techo propio y me solidarizo totalmente con la gente que no puede. Este es un problema que nos perjudica a todos: toda la economía que la gente se gasta en vivienda no puede ir a otra cosa, la gente no puede emprender su vida”.

“Lo de independizarme ni me lo planteo”

Entre esa juventud imposibilitada para emprender su vida independiente se encuentran Irene (23 años) y Laura (24 años). Irene cursa Antropología, trabaja como técnica de sonido y monitora, pero vive con sus padres en Alcalá de Henares: “Lo de independizarme ni me lo planteo, no hay una alternativa factible ahora mismo”. Ambas atienden el punto de información de Abrir Brecha, organización anticapitalista, transfeminista y ecosocialista que cuenta con editorial propia y aprovecha la acampada para repartir flyers.

En el caso de Laura, no ha podido pernoctar en la plaza porque entra a trabajar cada día a las seis de la mañana en una ONG contra la violencia de género, pero acude todas las tardes a hacer turnos de hasta siete horas para relevar a sus compañeros y que puedan ir a casa a ducharse o descansar. Una rutina que se suma al reto de resistir el mal tiempo y las temperaturas de la plaza: “Esta plaza es prácticamente arquitectura hostil pura y dura: no hay ningún refugio, ni un arbolito”.

“Ni con tapones se duerme bien, pero se compensa”

El problema de conciliar la rutina laboral o académica con la acampada se repite en casi cada tienda. Andrea (24 años), artista y graduada en Bellas Artes, vive con su padre e intenta salir adelante haciendo encargos de cuadros: “Echas currículum a cualquier sitio, no te llaman, y acabas luchando por puestos en los que no quieres estar para acabar volviendo a casa de tus padres”. Andrea compagina sus proyectos con la lona y relata entre risas las dificultades del descanso: “El suelo está durísimo, las campanas suenan cada 15 minutos y hay gente gritando de madrugada; ni con tapones duermes bien, pero se compensa”.

La amenaza de la expulsión

Para muchos de estos jóvenes, la única alternativa a la casa familiar es pagar alquileres abusivos para compartir piso con desconocidos —o en el mejor de los casos con amigos—. Jairo (26 años), estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones, llegó desde Argentina con cinco años y lleva dos décadas residiendo en La Latina junto a su madre y sus hermanos. Sin embargo, sufren la amenaza inminente de la expulsión: “Los hijos de la casera la están presionando para venderlo y ya han venido compradores para verlo, con nosotros dentro. Es muy invasivo”.

Jairo compagina sus estudios con la estancia en la acampada —viajando tres horas diarias entre la universidad y Sol—, donde denuncia la transformación de su entorno: “Llevo 20 años en La Latina y duele ver cómo nos echan para vendérselo todo al turismo, las terrazas y los fondos inmobiliarios”. Aun sabiendo las dificultades de conciliar una ingeniería con la acampada, el estudiante afirma su intención de quedarse: “Por mí me gustaría quedarme indefinidamente”.

“La Puerta del Sol está más madrileña que nunca”

Junto a él se moviliza su amiga Ariel (25 años), quien acampa desde el segundo día tras el desahucio que sufrió su familia en Vicálvaro hace cuatro años y su posterior traslado a Arganda del Rey. “Empiezo a trabajar en octubre, pero con el sueldo no me dará para vivir sola”, lamenta sobre la imposibilidad de independizarse, aunque pone en valor la transformación de la plaza: “La Puerta del Sol está más madrileña que nunca. La está usando su gente como un punto de encuentro entre familias, en vez de ser solo una hilera de turistas”.

“Tengo cinco nietos y ninguno tiene piso en propiedad”

En la otra cara de la moneda se encuentra Bernardo, quien a sus 80 años ha dejado a un lado sus rutinas para sumarse a la lucha. A pesar de contar con una finca y un chalet en propiedad, lleva tres días pernoctando en Sol, preocupado por el futuro de los suyos: “Tengo cinco nietos y ninguno tiene piso en propiedad, algunos rozan ya los 40 años. Esto es un desastre, no hay quien compre nada ni ahorre para dar una entrada”.

Bernardo acusa a la clase política de llegar tarde a los problemas sociales: “Prometen todo y no cumplen nada, acuden cuando la tormenta ya ha pasado. Por eso la gente se ha hartado, y la que se va a armar va a ser todavía más gorda, no solo en Madrid”.

Con movilizaciones creciendo por todo el país, el fantasma de una huelga general en el horizonte y la sombra de un posible adelanto electoral tras la caída de los decretos de vivienda, la marea ciudadana concentrada en Sol afirma que la calle ya no piensa dar un paso atrás.

Mientras tanto, el Sindicato de Inquilinas ha adelantado que no levantará la acampada de la Puerta del Sol, que cumple ya una semana. El Inquilinato reducirá su presencia a partir de este sábado para que parte de la militancia pueda retomar sus funciones de barrio, pero ya se plantea extender el asentamiento a la plaza de Callao por falta de espacio y las distintas organizaciones sociales que participan en el movimiento coinciden en su reclamo de una huelga general.

Este fin de semana, las calles de más de 50 ciudades españolas serán recorridas por manifestaciones convocadas por el Inquilinato. La jornada principal ha tenido lugar este sábado, con movilizaciones en Valencia, Barcelona, Zaragoza, A Coruña, Vigo, Málaga, Valladolid, Alicante, Granada, Santander y Santiago de Compostela, entre otras ciudades.

Hasta aquí la cobertura en directo de esta jornada de manifestaciones por la vivienda en toda España. ¡Muchas gracias por acompañarnos!

Las movilizaciones no se detienen aquí: mañana domingo continuarán las protestas y concentraciones en varias ciudades como Bilbao o Teruel, mientras en la capital, los acampados en la Puerta del Sol se preparan ya para pasar la que será su octava noche consecutiva. ¡Muy buenas noches!

Castilla y León se suma a las protestas por la vivienda con marchas de 2.000 personas en Valladolid y Burgos

Alrededor de 2.000 personas han salido a las calles este sábado en Valladolid para exigir una bajada drástica del precio del alquiler, el fin de la especulación y la detención inmediata de los desahucios. Durante la protesta, convocada por el Sindicato de Vivienda, los manifestantes cargaron contra los fondos buitre desplegando una gran pancarta que pedía la expropiación de sus inmuebles acaparados. Aunque descartaron acampar en la ciudad, los organizadores señalaron que la indignación del desahucio de Maricarmen y la falta de avances en el Congreso han reavivado la movilización, abriendo conversaciones con representantes de CCOO y UGT en Castilla y León para estudiar una posible huelga general en “unidad de acción”.

En paralelo y bajo una lluvia intermitente, otras 2.000 personas se manifestaron en el centro de Burgos, desde la plaza del Cid hasta la plaza Mayor, para defender el acceso a un techo digno. La marcha burgalesa tuvo como eje principal la denuncia de un centenar de vecinos de las calles Calzadas, Segovia y avenida de Cantabria, expuestos a perder sus casas tras el cambio de propiedad de sus inmuebles. Muchos de los afectados son personas mayores que llevan décadas residiendo en sus viviendas y cuyos contratos de alquiler caducarán de forma inminente a partir de este mismo mes de noviembre.

Concentración de grupos de extrema derecha en las inmediaciones de Sol

Cerca de la Puerta del Sol se concentran a esta hora varios colectivos de extrema derecha, entre ellos Núcleo Nacional, bajo el lema “Indignados por España: nuestra paciencia se ha acabado”. La convocatoria, que pretendía arrancar cerca de Banco de España y rodear el asentamiento de Sol, no contaba con la autorización de la Delegación del Gobierno para marchar como manifestación, por lo que finalmente se ha mantenido como concentración. Según recoge RTVE, este grupo también afirma movilizarse por el problema de la vivienda, aunque bajo la proclama de “primero para los españoles”.

Para evitar cualquier tipo de enfrentamiento o altercado entre los manifestantes de estos grupos y las personas acampadas en Sol, la Policía Nacional ha desplegado a más de 500 agentes antidisturbios de las Unidades de Intervención Policial (UIP). Como medida preventiva, las autoridades han cortado los accesos a las estaciones de Metro de Sevilla y Banco de España, además han blindado las calles adyacentes para impedir que la movilización avance hacia la plaza.

Unos pocos miembros de organizaciones ultraderechistas como Núcleo Nacional o Democracia Nacional se concentran en Banco de España, y mientras, así esperan en la acampada de la vivienda en Sol. pic.twitter.com/H2D6lHoWcH

— Héctor Juanatey (@hectorjuanatey) October 3, 2026

Miles de personas se manifiestan en Zaragoza tras desmontar la acampada de plaza de España

Miles de manifestantes han recorrido este sábado el centro de Zaragoza para denunciar la especulación inmobiliaria y exigir el fin del negocio de la vivienda, en una marcha convocada por el Sindicato de Inquilinas tras desmontar las 130 tiendas de campaña que permanecían instaladas en la plaza de España.

Bajo lemas como “Contra el negocio de la vivienda” o “Fuera rentistas de nuestros barrios”, los asistentes han cargado tanto contra el rechazo parlamentario de la derecha como contra la inacción del Ejecutivo central, entonando cánticos como “Gobierno progresista, cómplice rentista”. Durante el trayecto por la calle Alfonso I se han vivido momentos de tensión puntual por el lanzamiento de huevos e increpaciones de algunos viandantes.

Desde la portavocía del Sindicato de Inquilinas, Alicia Gallego ha calificado la movilización de “chispa” para encauzar la indignación social y ha criticado las medidas del Gobierno por considerarlas “migajas”. La organización ha anunciado que el próximo paso será la celebración de una asamblea abierta este jueves para estructurar el movimiento en los barrios, centros de trabajo y de estudio, manteniendo como horizonte la articulación de la huelga general.

*Información de Efe

Instalan las primeras tiendas de campaña en la plaza del Ayuntamiento de Valencia

Al menos cuatro tiendas de campaña han sido instaladas este sábado en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, después de la manifestación por el derecho a la vivienda, de acuerdo con el diario Levante. Cerca de un centenar de participantes permanecía concentrado en el lugar y celebraba una asamblea para definir si la protesta continuará con una acampada indefinida.

Retiran las 130 tiendas de la acampada por la vivienda en Zaragoza antes de la manifestación

Las 130 tiendas de campaña instaladas en la plaza de España de Zaragoza han sido retiradas este sábado, poco después de las 17.00, tras dos días de acampada convocada por el Sindicato de Inquilinas. Los participantes se han trasladado a la plaza de Santo Domingo, en el Casco Histórico, desde donde ha partido a las 18.00 una manifestación contra el negocio de la vivienda.

La acampada comenzó en la noche del jueves con 25 tiendas y llegó a reunir 130 este sábado. Tras desmontar el asentamiento, el sindicato ha afirmado que continuará la protesta por otras vías y ha pedido una movilización masiva. También ha habido una concentración en Huesca, mientras que la Asamblea de Vivienda de Teruel convocó una marcha para el domingo 4 de octubre a las 18.30 desde la plaza del Torico, dentro de una jornada estatal con acciones previstas en más de 50 ciudades.

La protesta por la vivienda en Cádiz reúne a 10.000 personas y plantea una huelga general

Unas 10.000 personas han participado este sábado en Cádiz en una manifestación por el derecho a la vivienda, según el Sindicato de Inquilinas de Cádiz, que ha anunciado que promoverá una huelga general de alcance nacional.

La portavoz del sindicato, María Peñalver, ha asegurado que la convocatoria superó las expectativas y ha confirmado el fin de la acampada instalada durante más de una semana en la plaza del Palillero. La marcha ha reunido a colectivos sociales, sindicales y vecinales, entre ellos la Asociación Pro-Derechos Humanos, Comisiones Obreras, el Sindicato de Estudiantes, las Juventudes Comunistas y representantes de asociaciones de vecinos.

/espana/2026/10/03/el-problema-de-la-vivienda-inunda-madrid-de-llamamientos-a-la-huelga-general-y-proclamas-contra-los-fondos-buitre-en-una-manifestacion-historica-vamos-a-dar-guerra-hasta-que-nos-escuchen/

Las personas detenidas por los altercados que se han producido este sábado en València al finalizar la manifestación por el derecho a la vivienda, en los que nueve policías han resultado heridos, ya ascienden a cinco, según han informado a EFE fuentes policiales.

Según las fuentes, que han indicado que es posible que la cifra pueda subir, una de las personas detenidas es la que “lanzaba pirotecnia, adoquines y vallas” a la Unidad de Intervención Policial (UIP) en el Palau de les Arts de València.

Información de EFE

El Inquilinato apunta a una huelga general “pronto”: “Empieza la legislatura de la vivienda”

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha asegurado este sábado que la huelga general por la vivienda llegará “pronto” y ha avisado de que, “gobierne quien gobierne”, no se va a tolerar “otros cuatro años sin atajar el mayor problema del país”, porque “ahora sí empieza la legislatura de la vivienda”.

En declaraciones a los medios, Racu ha confirmado que mantienen conversaciones con los sindicatos mayoritarios para esa convocatoria, con la que, según ha dicho, están “muy de acuerdo”. Sobre la fecha, ha explicado que la construcción empieza “hoy mismo”, aunque todavía no hay nada concreto porque se busca un acuerdo con el resto de organizaciones para que la huelga sea “histórica” y tenga una participación “como no se ha visto en años”. “Tiene que ser un consenso entre todos los sindicatos laborales y estamos trabajando en ello, pero decir que seguramente sea pronto”, ha remarcado.

Racu defiende la huelga general como una “herramienta histórica” para transformar la realidad, al recordar que “es gracias a ella que existen jornadas laborales de ocho horas o el sufragio universal”. La portavoz ha denunciado además que el Congreso está “secuestrado por el rentismo” y alejado de la mayoría social, que a su juicio coincide en que el rentismo “es una lacra” con la que hay que “acabar”. Para Racu, los “verdaderos invasores” son “los inversores, no los migrantes ni las personas trans”. “Los jóvenes o los pensionistas son los que viven a nuestra costa, son los que usan nuestra vida para hacer negocio”, ha añadido.

Sobre la acampada de la plaza de Sol, la portavoz ha defendido su continuidad al señalar que ya va “mucho más allá” del desahucio de Maricarmen y del propio sindicato, pues se ha extendido a “muchas otras plazas” del país. Racu ha indicado que será la asamblea general del campamento la que decida “día a día” su continuidad, y ha avisado al Ayuntamiento de Madrid de que, si piensa que con “violencia policial” va a acabar con la acampada, es que no entiende “lo que está pasando”.

Podemos exige al Gobierno esclarecer la actuación policial en la manifestación de Valencia

Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para esclarecer la actuación policial durante la manifestación en Valencia. A través de su secretaria general, Ione Belarra, la formación reclama al Ministerio del Interior que identifique qué autoridad política o policial ordenó la carga contra los manifestantes.

La formación morada exige también conocer el número de pelotas de goma disparadas y de botes de gas lacrimógeno o irritante empleados durante la intervención, además del total de personas heridas como consecuencia de las cargas. Podemos pregunta asimismo si el Ministerio del Interior o la Delegación del Gobierno se han puesto en contacto con los afectados, y si todos los agentes de las Unidades de Intervención Policial llevaban visible su número de identificación, tal y como exige la normativa.

Según un comunicado de la formación, el despliegue policial resultó “desproporcionado” frente a una “movilización pacífica” en defensa del derecho a la vivienda, por lo que Podemos reclama al Gobierno que “investigue lo ocurrido, depure las responsabilidades correspondientes y garantice el derecho de la ciudadanía a manifestarse pacíficamente sin ser objeto de actuaciones policiales desproporcionadas”.

La coordinadora autonómica de Podemos, María Teresa Pérez, ha afirmado que “la policía del Gobierno del PSOE ha cargado desproporcionadamente contra ciudadanos pacíficos que reclamamos poder acceder a una vivienda digna mientras que los verdaderos peligrosos son los rentistas que hoy estaban en el congreso inmobiliario en el Palau de les Arts”. Pérez ha añadido que “esta violencia no nos va a frenar, la gente está harta de la especulación y vamos a parar el país con una huelga general para que se acabe el negocio de la vivienda”.

*información de Europa Press

Cientos de personas protestan en San Sebastián y Vitoria contra el negocio de la vivienda

Cientos de personas se han manifestado este sábado en Vitoria y San Sebastián bajo el lema “contra el negocio de la vivienda”, convocadas por la central sindical LAB y otros colectivos, en respuesta al llamamiento estatal del Sindicato de Inquilinas. Las protestas llegan un día después del rechazo en el Congreso a los dos decretos de vivienda del Gobierno.

La manifestación donostiarra partió del Boulevard tras una pancarta con los lemas “Borroka da giltza” (La lucha es la llave) y “No al negocio de la vivienda”. Entre los asistentes se encontraban la coordinadora de LAB, Garbiñe Aranburu, y la de Ezker Anitza/IU, Arantza González. Los manifestantes corearon consignas contra los desahucios y los “fondos buitre”.

Aranburu ha calificado la situación como una “emergencia habitacional” y ha denunciado el “rentismo” y la “especulación”. Ha acusado a la derecha y la ultraderecha de alinearse “con los intereses de la patronal inmobiliaria” y ha señalado que el PNV, Junts y UPN “no han estado a la altura de las circunstancias”. Ha anunciado que LAB contactará con otros sindicatos “para valorar la situación actual”. La movilización de Vitoria se desarrolló en paralelo, mientras que en Bilbao la protesta está convocada para este domingo.

Unas 3.000 personas se manifiestan en Palma por el derecho a la vivienda, según la Policía Nacional

Alrededor de 3.000 personas, según cifras de la Policía Nacional, se han manifestado esta mañana por el centro de Palma para reivindicar la vivienda como derecho y reclamar una huelga general. Convocados por el Sindicat de Llogateres de Mallorca, el Sindicat d’Habitatge de Palma y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca, los manifestantes han marchado desde el campamento instalado en la plaza de España, con unas 35 tiendas de campaña, hasta la Delegación del Gobierno, tras una pancarta con el lema “Feim de l’habitatge un dret” (hagamos de la vivienda un derecho).

El portavoz del Sindicato de Inquilinos de Mallorca, Óscar Martínez, ha subrayado la importancia de las movilizaciones de los últimos días como muestra de que “hay soluciones al problema de la vivienda”. Martínez ha señalado la existencia de una “tormenta perfecta” en Baleares, derivada de la limitación territorial, la disparidad creciente entre salarios y coste del alquiler, y la fuerte dependencia de la economía turística.

Por parte de la PAH, Ángela Pons ha denunciado que “los políticos no están trabajando por la ciudadanía” y ha acusado a quienes rechazaron el decreto de vivienda de trabajar “para el dinero, no por los ciudadanos que les han votado”. En la misma línea, el portavoz del Sindicato de la Vivienda de Palma, Miquel Durán, ha advertido de que “las medidas que se presentan no son suficientes mientras la vivienda siga siendo un bien de mercado”, y ha llamado a “canalizar esta fuerza, energía y rabia” en las movilizaciones. A la manifestación acudieron también la presidenta del Congreso, Francina Armengol, los senadores Pere Joan Pons y José Hila, y el coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.

Barcelona aplaza la manifestación por la vivienda ante la alerta meteorológica

Las organizaciones que convocaban este sábado una protesta por el derecho a la vivienda en Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat han decidido posponerla por las condiciones climáticas adversas. El Sindicat de Llogateres ha anunciado que la nueva fecha será el lunes 5 de octubre, con la concentración trasladada a la plaza Urquinaona.

Protección Civil y el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) han alertado de un posible “episodio excepcional”, con riesgo de huracán mediterráneo, acumulaciones de más de 200 litros por metro cuadrado en seis horas y tornados en algunos puntos del territorio. Las autoridades han recomendado reducir al máximo los desplazamientos.

Antes de la alerta, los activistas acampados en plaza Catalunya se mostraban dispuestos a mantener la protesta. “Seguiremos en la lucha llueva o truene”, ha declarado a EFE uno de los acampados, Arteko, quien ha pedido proveerse de lonas y chubasqueros. El campamento, instalado desde el martes, suma ya 370 tiendas y, según Arteko, la intención es seguir “escalando” hasta lograr “una huelga general de trabajo y de alquileres”.

En Girona, la jornada ha continuado con normalidad: unas 400 personas han participado al mediodía en una manifestación convocada por las mismas organizaciones.

El Sindicato de Inquilinas cifra en 500.000 los asistentes a la manifestación de Madrid, frente a los 70.000 de Delegación del Gobierno

El Sindicato de Inquilinas ha cifrado en 500.000 las personas que han participado este sábado en la manifestación celebrada en Madrid, que partió desde cuatro puntos distintos de la ciudad (norte, sur, este y oeste) hasta confluir en la plaza de Cibeles. La Delegación del Gobierno, por su parte, ha situado la cifra de asistentes en 70.000.

Las cuatro columnas de manifestantes salieron alrededor de las 12:00 bajo el lema “Hacia la huelga general”, en protesta por la crisis de la vivienda y un día después de que el Congreso rechazara los dos decretos de vivienda del Gobierno. La marcha ha transcurrido sin ningún incidente, y poco antes de las 14:00 horas los cuatro grupos confluyeron en Cibeles.

La portavoz del sindicato en Madrid, Valeria Racu, ha señalado que prevé que la huelga general por la vivienda llegue “pronto” y ha advertido de que, “gobierne quien gobierne”, no van a tolerar otros cuatro años sin que se resuelva el que consideran el mayor problema del país, porque “ahora sí empieza la legislatura de la vivienda”.

Centenares se concentran en Santiago para reclamar una vivienda “digna”

Varios centenares de personas se han concentrado este sábado en la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, para reclamar una vivienda “digna” y “soluciones permanentes” a la crisis habitacional, convocados por el Sindicato de Inquilinas. A la cita han acudido la portavoz del BNG, Ana Pontón, y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

La protesta llega un día después de que el Congreso rechazara los dos decretos ley de vivienda del Gobierno. Las organizaciones mantienen una “acampada indefinida” en la plaza y han llamado a movilizarse este sábado en distintas ciudades.

La portavoz de la acampada, Eirena Souto, ha defendido la continuidad de la protesta: “Los decretos que se negociaban y que finalmente no fueron aceptados, tenemos claro que son absolutamente insuficientes”. Entre las consignas coreadas, la más repetida ha sido el llamamiento a la huelga general, acompañado del sonido de llaves agitadas por los asistentes.

“El futuro, para miles de personas, está hipotecado precisamente porque el bipartidismo ha permitido durante años que el derecho a la vivienda se convirtiera en un derecho de especulación”. Por su parte, Besteiro ha advertido de que “todos estamos en riesgo de ser vulnerables” y ha reclamado mayor inversión en vivienda pública “que siga siendo siempre pública”.

Las 130 tiendas de la acampada en Zaragoza se levantarán esta tarde

La acampada instalada en la plaza de España de Zaragoza se levantará este sábado a las 15:00 horas, tras dos noches de asentamiento, para dar paso a una manifestación convocada a las 18:00 horas desde la plaza Santo Domingo. La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Paula Ríos, ha explicado que el desmontaje “no significa en ningún caso acabar aquí”, sino que “la lucha sigue”.

A partir de las 15:00 horas comenzará la recogida de las 130 tiendas instaladas desde el pasado jueves. Ríos ha calificado la experiencia de “éxito” por la capacidad de “levantar un campamento en pocas horas” y convocar a cientos de personas. “Hace tres semanas parecía imposible y hoy es realidad”, ha señalado, para reivindicar que lo ocurrido debe servir para “redoblar la rabia y la organización”.

La portavoz ha lamentado que la votación del viernes en el Congreso de los Diputados, que tumbó los dos decretos de vivienda, “demostró que todos los partidos legislan a favor del rentismo”. Ha denunciado que la propuesta rechazada incluía “bonificaciones fiscales a rentistas”, y ha extraído una conclusión: “Nadie nos va a regalar nada. Cualquier cambio solo puede venir de la fuerza de la clase trabajadora organizada”. Tras la manifestación, el sindicato ha convocado una asamblea abierta el 8 de octubre a las 19:00 horas en la plaza San Pablo, donde se formarán grupos de trabajo para extender la organización a los barrios.

Preguntada por una posible huelga general, Ríos ha reconocido que la idea circula entre “algunos agentes” y que, aunque la ve “positiva”, construirla exige “mucho trabajo paciente y de hormiguita”. Ha señalado además que CCOO y UGT “de momento no se han querido posicionar” y que no ha habido reuniones formales con sindicatos ni partidos en Aragón. “No creemos que ellos nos vayan a regalar nada”, ha zanjado.

*información de Europa Press

Miles de personas llenan ya Cibeles mientras siguen llegando los manifestantes

Medio centenar de organizaciones sale a la calle en Canarias para protestar por la crisis de la vivienda

Centenares de personas han salido este sábado a las calles de Canarias para protestar por la crisis de la vivienda, dentro de la convocatoria estatal que busca encaminar una huelga general en todo el país. En Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, los manifestantes han reclamado con caceroladas y pancartas que la vivienda “sea un derecho y no un negocio”.

Las concentraciones reúnen este sábado a más de medio centenar de organizaciones sociales, con participación de jóvenes y mayores, bajo la consigna de que la vivienda “deje de ser un negocio para los especuladores”. Los convocantes consideran además que el decreto ‘Maricarmen’, finalmente dividido en dos textos al llegar al Congreso, fue “de mínimos” y llegó “muy tarde” a una situación que califican de crítica.

Los manifestantes denuncian que, más allá de la tramitación del decreto en el Congreso, la crisis en el archipiélago se ve agravada por una circunstancia particular: “El Gobierno canario lleva tres años bloqueando la aplicación de la ley de la vivienda”, según sostienen, lo que impediría que cualquier medida estatal alivie de forma efectiva la situación en las islas.

En la capital grancanaria, la protesta comenzó poco después de las 11:00 en la plaza de La Feria, bajo la cabecera “Acabemos con el negocio de la vivienda. Ni casas sin gente ni gente sin casas”. El recorrido continuó por la calle Luis Doreste Silva hasta la calle León y Castillo, donde la marcha concluyó junto a la sede del Gobierno regional.

En paralelo, la manifestación en la capital tinerfeña partió de la subdelegación del Gobierno, en la calle Méndez Núñez, con un recorrido que incluyó la plaza Weyler, la calle Castillo, la calle Valentín Sanz, el puente Serrador y la avenida José Manuel Guimerá, hasta finalizar frente a la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias.

El Sindicato de Inquilinas convocó también una concentración en Puerto del Rosario (Fuerteventura), frente a los juzgados situados en la calle Secundino Alonso. Según los organizadores, al menos un centenar de personas participaron en esta protesta, que comenzó a las 11:00 horas de forma simultánea a las convocatorias en Tenerife y Gran Canaria.

Yolanda Díaz llama a la ciudadanía a movilizarse en defensa de sus derechos, que “no caen del cielo” y por tanto “hay que pelearlos”

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha instado este sábado a la ciudadanía a movilizarse en defensa de sus derechos, que “no caen del cielo” y por tanto “hay que pelearlos”. La dirigente de Sumar ha realizado estas declaraciones en Cervantes (Lugo), donde ha participado en un foro sobre economía social junto al director de cine Oliver Laxe.

Díaz se ha mostrado contundente en su respaldo a los colectivos juveniles que protestan en distintas plazas del país. “No van a ganar ellos si la gente de bien se moviliza”, ha señalado, al tiempo que ha pedido llevar la reivindicación a los centros de enseñanza y a todos los organismos públicos. “La democracia no se decide en los despachos, la decide la gente en la calle, cogiéndola con nuestras manos”, ha afirmado.

La ministra ha pedido “no dejarse avasallar” por el rechazo a los decretos de vivienda en el Congreso. “Ayer bloquearon el Parlamento pero no bloquearon la democracia, ni a los jóvenes, ni a las mujeres”, ha declarado, antes de insistir en “movilizarse sin parar porque es una indecencia que estemos en manos de los fondos buitre”. Ha advertido además de que “si nos desanimamos, ellos ganan”.

Díaz ha responsabilizado directamente a Santiago Abascal, Alberto Núñez Feijóo y Míriam Nogueras del resultado de la votación, a quienes ha acusado de ser “los responsables de cualquier desalojo que se produzca a partir de ahora en España”. “No tienen corazón”, ha sentenciado.

Preguntada por un posible adelanto electoral, ha evitado pronunciarse sobre las intenciones del presidente del Gobierno. “Es algo que es competencia exclusiva suya”, ha respondido, aunque ha asegurado que “la izquierda está preparada” para el reto electoral. “El pueblo está en marcha. Pongámonos a ello con alegría, con decencia, con la convicción de la razón y transmitiendo que tenemos futuro y que no van a ganar los malos”, ha concluido.

La policía dispersa a golpes a los manifestantes en Valencia

La manifestación convocada este sábado en Valencia para reivindicar el derecho a la vivienda ha concluido con los porrazos de los agentes de la Policía apostados en torno al Palau de Les Arts. El edificio acogía ese mismo día el congreso de inversión inmobiliaria Valencia Real Estate Summit 2026.

La protesta, impulsada por cuatro colectivos sociales, arrancó a las 11:00 horas desde la Porta de la Mar con el objetivo de llegar hasta el Palau de Les Arts, sede del encuentro que reunía a profesionales del sector inmobiliario, la inversión, el emprendimiento y el liderazgo empresarial.

Un dispositivo policial custodiaba las inmediaciones del edificio para evitar la entrada de los manifestantes. Pese al cordón, parte de los asistentes a la marcha logró atravesar el control y acceder al interior del recinto, lo que derivó en una respuesta de las fuerzas de seguridad con el lanzamiento de pelotas de goma y botes de humo.

*información de EFE

Unos pocos manifestantes protegen la acampada de Sol

Un grupo reducido de activistas permanece este sábado en la Puerta del Sol para custodiar la acampada por la vivienda mientras la mayoría de sus compañeros participa en la manifestación. La convocatoria ha dejado el asentamiento prácticamente vacío, con los turistas como únicos visitantes ajenos a la jornada reivindicativa que recorre las calles de Madrid.

Desde primera hora de la mañana, decenas de personas que pernoctaban en la acampada se han desplazado hacia los cuatro puntos desde donde parte la manifestación: la estación de Atocha, la Plaza de España, el Hospital de la Princesa y la glorieta de Emilio Castelar. El destino final de las cuatro columnas es la plaza de Cibeles, donde confluirán los manifestantes procedentes de cada uno de esos puntos.

Mientras avanza la marcha, otro grupo permanece en Sol con el encargo de mantener en pie las tiendas de campaña que componen el asentamiento, una tarea que ha cobrado especial relevancia a lo largo de la semana por las peticiones de desalojo planteadas por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. Dos jóvenes vinculados al movimiento ecologista explican que preferirían estar en la manifestación, aunque asumen que “alguien tiene que quedarse” para sostener la presencia en la plaza.

Reparten folletos sobre las distintas organizaciones y sindicatos presentes en el campamento y charlan con cualquier persona que muestra interés. Según relatan, muchos turistas se sorprenden al encontrarse con el asentamiento, pero su actitud cambia una vez que conocen el motivo de la protesta. “En sus países está pasando lo mismo y les hemos animado a ir a la manifestación”, señalan los acampados.

*información de EFE

En torno a 400 personas salen a la calle en Girona

Unas 400 personas, según cifras de la Policía Municipal de Girona, participan este sábado en una manifestación para reclamar el derecho a la vivienda y denunciar “las condiciones de vida de la gente trabajadora”. Convocada por el Sindicat de Llogateres, la manifestación ha arrancado a las 12:00 desde la Plaça del Vi, con el objetivo de llegar hasta la subdelegación del Gobierno en Girona. Una vez allí, está previsto que los organizadores lean un manifiesto y que distintas personas afectadas por la crisis habitacional ofrezcan sus testimonios.

Los asistentes portan pancartas con mensajes como “Basta de desahucios, más alquileres asequibles”, “Por el derecho a la vivienda”, “Esto justo empieza”, “Acabemos con el negocio de la vivienda” o “Vivienda digna y trabajo digno”. En la Plaça del Vi, los manifestantes, muchos de ellos con los pañuelos naranjas distintivos del Sindicat de Llogateres, han coreado consignas a favor del derecho a la vivienda y han hecho sonar llaves y silbatos como gesto de protesta.

Centenares de personas recorren Palma

Centenares de personas han salido este sábado a la calle en Palma para reivindicar el derecho a la vivienda. La protesta ha arrancado poco antes de las 12:30 en la plaza de España, punto donde se mantiene desde hace días una acampada vinculada a esta misma reivindicación.

La convocatoria ha reunido al Sindicat de Llogateres de Mallorca, el Sindicat d’Habitatge de Palma y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, entidades que coinciden en situar la crisis habitacional como el eje central de sus reclamos en la isla.

Los colectivos convocantes han insistido en que su intención es mantener la presión en las calles con nuevas acciones y continuar reclamando medidas concretas frente al encarecimiento del alquiler y la falta de vivienda asequible. En ese sentido, han situado como horizonte inmediato la convocatoria de una huelga general específica por la vivienda, una idea que en los últimos días también han impulsado otras entidades del movimiento a escala estatal.

Valencia se moviliza para acabar “con el negocio de la vivienda”

En Valencia, la manifestación por el derecho a la vivienda recorre este sábado las calles de la ciudad con salida desde la Porta de la Mar. La marcha, organizada por el Sindicat de Llogateres, Entrebarris, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Sindicat Habitatge València, tiene previsto concluir frente al Palau de Les Arts, donde ese mismo día se celebra el foro de inversión inmobiliaria Valencia Real Estate Summit 2026.

La protesta ha arrancado poco después de las 11:00 tras una pancarta con el lema “Acabem amb el negoci de l’habitatge” (Acabemos con el negocio de la vivienda), y a lo largo del recorrido se repite la consigna “Ni gent sense casa ni cases sense gent” (Ni gente sin casa ni casas sin gente). Momentos antes de iniciarse la marcha, los portavoces de las entidades convocantes señalaron que existe “mucha rabia” en la calle porque la propuesta rechazada en el Congreso era “de mínimos” y, pese a ello, “ni eso” ha llegado a aprobarse.

Durante el trayecto se exhiben pancartas con mensajes como “No a la especulación”, “Merecemos política de confianza”, “Basta ya ni un desahucio más”, “PSOE y Sumar son parte del problema” o “Los inversores son los invasores”. Los asistentes corean consignas como “Hace falta ya una huelga general”, “No a los desahucios sin respuesta”, “Fora rendistes dels nostres barris” (Fuera rentistas de nuestros barrios), “No podemos hacer las paces; esto es lucha de clases”, “Políticos y rentistas son terroristas” o “Si pago el alquiler, no tengo para comer”.

En representación del Sindicat de Llogateres, Andrea Leixos ha explicado el llamamiento que impulsan las organizaciones convocantes: “Hoy se llama a que se creen comités de huelga en todos los centros de trabajo y centros educativos, que se hagan asambleas y la gente se organice para comenzar la huelga general a mitad de noviembre”. Por su parte, Iker Gallego, de Entrebarris, ha señalado que la manifestación busca “conseguir por fin que la vivienda sea un derecho de primera necesidad” para poder “vivir tranquilos en nuestros barrios y nuestras ciudades”.

Preguntado sobre una posible acampada en la capital del Turia, Gallego no ha descartado “más acciones” en el futuro próximo. “Nos vamos a reunir próximamente para ver las próximas acciones, pero está claro que, tal y como está la situación y viendo lo que pasó ayer en la Cámara baja, vamos a seguir luchando y muy activos”, ha afirmado.

Julia Sandra, del Sindicat Habitatge de València, ha denunciado que el rechazo a los decretos ha supuesto un ataque “muy grave” contra los “derechos de la clase trabajadora”, al considerar que la votación ha favorecido el “rentismo” y la “especulación”. “Los trabajadores vivimos en una situación absolutamente límite porque no podemos acceder a la vivienda”, ha añadido. La portavoz ha mencionado también los casos de Olga y Javier como ejemplo de situaciones extremas vinculadas a la crisis habitacional: “Estamos abocando a muchísimos trabajadores al suicidio... Estamos viviendo situaciones muy complejas y muy al límite. No podemos más”.

Sandra ha planteado, entre las medidas que considera urgentes y que no se aprobaron el viernes en el Congreso, “expropiar ya las casas dedicadas al turismo, que se bajen los precios porque los trabajadores no podemos pagarlos y que se acabe de una vez por todas la compra de viviendas para la especulación”. También ha reclamado la “ilegalización de las empresas” dedicadas a la desocupación de viviendas y ha advertido de que su organización empleará “todas las herramientas dedicadas a la lucha de la clase trabajadora” y acudirá a una huelga general si esta llega a convocarse.

José Luis González, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ha denunciado lo que ha calificado como “sumisión” de los poderes del Estado, tanto el político como el judicial, frente a la especulación inmobiliaria. “Ya no queremos migajas”, ha sentenciado, “sino el pan y vamos a conseguirlo con una lucha unida y contundente”. Consultado sobre la posibilidad de una acampada en Valencia, ha respondido que “de momento no”, aunque ha adelantado que “a partir de hoy se abrirá una nueva dinámica” en el movimiento.

/espana/2026/10/03/las-manifestaciones-por-la-vivienda-en-toda-espana-en-imagenes-decenas-de-miles-de-personas-salen-a-la-calle/

Cuatro columnas multitudinarias de manifestantes marchan a Cibeles “hacia la huelga general”

Cuatro columnas de manifestantes salieron este sábado a mediodía desde distintos puntos de Madrid para converger en una gran marcha bajo el lema “Hacia la huelga general”, convocada por el Sindicato de Inquilinas en protesta por la crisis de la vivienda. La cita llegó un día después de que el Congreso de los Diputados rechazara los dos reales decretos de vivienda impulsados por el Gobierno.

El recorrido se organizó en torno a cuatro puntos de salida que deben confluir en la fuente de Cibeles. Desde el norte, los manifestantes partieron de la Glorieta Emilio Castelar para bajar por el Paseo de la Castellana. Por el sur, la columna arrancó en Atocha y subió por el Paseo del Prado. La del este salió del Hospital Princesa y atravesará Diego de León antes de enlazar con el eje formado por las calles Serrano y Alcalá. Por el oeste, el grupo partió de Plaza de España y avanzará por la Gran Vía y Alcalá hasta encontrarse con el resto de columnas.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, atendió a los medios durante la jornada y se mostró convencida de que la huelga general por la vivienda llegará “pronto”. En sus declaraciones advirtió de que, “gobierne quien gobierne”, no están dispuestos a tolerar otros cuatro años sin que se resuelva lo que consideran el mayor problema del país, porque, según remarcó, “ahora sí empieza la legislatura de la vivienda”.

Racu confirmó que el sindicato trabaja ya en la organización de esa huelga general tras la votación del Congreso del viernes, y explicó que mantiene conversaciones con los sindicatos mayoritarios de trabajadores para sumar fuerzas en esa dirección, una idea con la que, según sus palabras, los sindicatos están “muy de acuerdo”.

Málaga sanciona a dirigentes de Podemos por una protesta a favor de la vivienda

La Policía Local de Málaga ha iniciado un expediente sancionador contra tres representantes políticos por sucesos vinculados a la movilización por el derecho a la vivienda celebrada el lunes pasado en la ciudad. Los afectados son el portavoz del grupo municipal Con Málaga y dirigente de Podemos, Nicolás Sguiglia, junto a las exconcejalas Rosa Galindo e Ysabel Torralbo, según informó este sábado la formación morada en un comunicado.

El expediente atribuye a los tres implicados un presunto incumplimiento de las condiciones bajo las que se autorizó la concentración, además de una supuesta alteración de la seguridad ciudadana. En el caso particular de Sguiglia, se suma un tercer cargo: el uso de un megáfono en la vía pública durante la protesta.

Los tres señalados han adelantado que recurrirán las sanciones “por todas las vías administrativas y jurídicas disponibles”. La formación calificó de “especialmente grave” la respuesta del Ayuntamiento ante lo que describen como una movilización ciudadana pacífica, cuyo propósito se limitaba a reclamar “el derecho a una vivienda digna y asequible”.

En el comunicado, los afectados insistieron en que durante toda la protesta existió disposición a colaborar con las fuerzas de seguridad y que los participantes actuaron en todo momento para evitar incidentes y garantizar el desarrollo pacífico de la convocatoria.

La formación morada fue más allá en sus críticas al señalar que la actuación policial “demuestra una preocupante falta de talante democrático” por parte del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Sguiglia, por su parte, lanzó una advertencia directa al consistorio: “Si el Ayuntamiento cree que va a silenciar esta reivindicación mediante expedientes, se equivoca”.

*con información de EFE

Barcelona y Girona se preparan para una jornada de protestas masivas por la vivienda

Activistas del movimiento por la vivienda ultiman los detalles de una concentración prevista para esta tarde en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), convocatoria que incluye un llamado explícito a centrales sindicales, representantes de trabajadores en las empresas, colectivos vecinales y estudiantes de distintas universidades.

Se espera que la cita de L’Hospitalet, localidad marcada en las últimas semanas por dos casos de suicidio vinculados a procesos de desalojo, congregue a la mayor cantidad de asistentes dentro de Cataluña, aunque también se han programado concentraciones paralelas en Girona, Badalona y otros municipios, principalmente del área metropolitana de Barcelona.

“Ayer el Congreso tenía la responsabilidad de escuchar la ola de protestas y aprobar unas medidas de mínimos. Ante la derogación de los dos decretos, este fin de semana le toca responder a la sociedad civil”, señaló este sábado a través de redes sociales el Sindicat de Llogateres, una de las entidades impulsoras de la jornada.

Junto al Sindicat de Llogateres, respaldan la convocatoria el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entre otros colectivos.

La entidad convocante extendió su llamado a la totalidad de sindicatos laborales, comités de empresa, asociaciones de vecinos, centros educativos, universitarios y, en términos generales, a la ciudadanía. Paralelamente, instó a salir a las calles para impulsar “de manera inmediata” los primeros pasos hacia una huelga general.

El recorrido contempla la salida de una columna desde la plaza España de Barcelona a las 18.00 horas, con destino a L’Hospitalet, donde se prevé la confluencia en la plaza Pius XII con otros contingentes procedentes de localidades como Badalona, Terrassa, Cerdanyola o Sabadell.

La COSHAC organizó, además, actividades formativas y una asamblea abierta en Barcelona durante la jornada de hoy, con el objetivo de analizar el estado actual del movimiento antes de trasladarse hacia la manifestación de L’Hospitalet, en una columna que partirá desde la confluencia de la avenida Mistral con la calle Sepúlveda.

En paralelo, continúa en pie el campamento instalado en la plaza Cataluña de Barcelona, levantado el martes pasado como réplica del que surgió en la plaza del Sol de Madrid, y que ya reúne más de 300 carpas.

*con información de EFE

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales considera que la huelga general vulneraría los “derechos de los demás” al afectar a la economía de las empresas

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, se ha declarado este sábado un firme defensor de la democracia y el derecho a manifestarse, siempre y cuando esa manifestación no afecte a la economía de las empresas. De visita en el Foro La Toja de O Grove (Pontevedra), ha explicado ante la prensa que respeta las protestas por la vivienda que recorren España, pero ha avisado de que una eventual huelga general tras el rechazo a los dos decretos en el Congreso sería, dice, “ilegal”.

Preguntado por la posibilidad de una huelga general, para la que todavía no existe convocatoria formal, el empresario se ha permitido un “vamos a ver” cargado de intención, seguido de la advertencia de que, llegado el caso, “nosotros tendremos que acudir donde tengamos que acudir” frente a cosas que, ha sentenciado sin citar artículo alguno, “no son legales”.

Garamendi ha querido dejar claro que la ciudadanía puede manifestarse, opinar y hacer lo que considere oportuno, porque ahí reside la democracia, apostilló, antes de trazar una frontera algo más difusa: la que separa el derecho a protestar de “invadir los derechos de los demás”. Entre esos “derechos” ajenos que podrían verse comprometidos, el líder patronal ha señalado, sin excesivo rodeo, el de la economía de las empresas.

El presidente de la CEOE ha reconocido que la crisis habitacional es “un problema real” en España, un diagnóstico que comparte, aseguró, antes de advertir de que una huelga general tendría “reacción inmediata” por su parte. Las paradas de actividad, ha razonado, solo son legítimas y legales cuando buscan resolver un conflicto laboral, condición que a su juicio no cumple una protesta motivada por la falta de acceso a la vivienda.

“Nadie puede evadirse de que es un problema real”, ha repetido, aunque ha matizado que tampoco se puede “proceder como no se debe”, en referencia a un malestar social que, según ha subrayado, terminaría por afectar a la economía de las empresas.

Comienza la marcha hacia Cibeles

La columna madrileña que parte desde la plaza de España se encuentra ya cortando la vía con una gran pancarta que llama a la huelga general. Diferentes colectivos se concentran en la Gran Vía para comenzar la marcha. Entre los manifestantes se encuentra Maribel Giralde, médica de familia de 67 años que reivindica la vivienda no solo como un derecho sino también como “parte de la entidad de las personas”. Lo más urgente, defiende, es imponer un tope a los precios de los alquileres, así como una apuesta real de los ayuntamientos y comunidades por la construcción de vivienda social.

Los acampados de Sol se preparan para la marcha a Cibeles

“Vamos a continuar hasta que haya medidas que sirvan de algo”. Laura, integradora social de 23 años, lleva una semana durmiendo en Sol y ahora se prepara para unirse a la manifestación en Cibeles. Hoy, todas las miradas y oídos están en las protestas por la vivienda en toda España.

El Gobierno escuchará durante este sábado los gritos de las calles mientras analiza su rumbo. La indignación por el rechazo de los dos decretos y los años de legislatura sin claras mejoras se siente en Madrid, donde la acampada de Sol continúa creciendo y miles de personas se preparan para marchar hacia el Ayuntamiento en una convocatoria que exige la rebaja del alquiler al 50%, la expropiación a los fondos buitre y los contratos indefinidos.El Sindicato de Inquilinas, organizador de la convocatoria, ha llamado a la huelga general.

El PSOE responde a Junts que su partido “siempre” está dispuesto a negociar

La portavoz socialista, Montse Mínguez, respondió este sábado a las críticas de Junts y defendió que el PSOE “siempre” mantiene la disposición al diálogo, aunque cuestionó que la formación catalana actúe con la misma voluntad negociadora respecto a los decretos de vivienda que el Congreso tumbó el viernes.

En declaraciones a la emisora RAC1, Mínguez recordó que las demandas de Junts ya habían sido tenidas en cuenta durante la elaboración de los textos. “¿Qué más quieren? Llevamos semanas trabajando en unos documentos en los cuales muchos partidos políticos han hecho sus propuestas, sus aportaciones, y las de Junts per Catalunya también estaban”, remarcó.

La dirigente socialista insistió en que su formación no abandona los espacios de negociación: “El partido socialista siempre está sentado a una mesa para negociar, para solucionar los problemas de la gente. Siempre está dispuesto a negociar. Haremos todo lo posible para darle la tranquilidad a la gente que está pidiendo soluciones”.

Pese a ese llamamiento, Mínguez puso en duda la voluntad real de acuerdo por parte de Junts. A su juicio, buena parte de las propuestas del partido liderado por Carles Puigdemont ya figuraban en uno de los decretos rechazados, texto que sí logró el respaldo de formaciones nacionalistas como el PNV y el BNG.

La portavoz socialista fue más allá al señalar una posible estrategia de fondo detrás del voto de Junts: “A Junts le gusta votar con PP y Vox. Cuanto peor, mejor”, denunció, antes de apuntar que, en su opinión, “seguramente aquí también hay un cálculo electoral” por parte de la formación independentista.

/espana/2026/10/02/junts-presenta-una-propuesta-alternativa-de-vivienda-de-59-paginas-que-incluye-una-restriccion-a-la-compra-de-pisos-por-fondos-buitre-hasta-2028-y-deducciones-fiscales-por-alquiler/

Junts pide al PSOE que negocie su propuesta de decreto

La portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, reclamó este sábado al PSOE que acepte negociar la propuesta de decreto de vivienda presentada por su formación, como vía para desbloquear el conflicto surgido tras el rechazo de los textos del Gobierno. “Depende de ellos”, afirmó en declaraciones a RAC1.

La dirigente de Junts calificó el texto de los dos decretos rechazados como “una ley mal formulada, mal escrita, jurídicamente no aplicable”, y añadió que, lejos de resolver la situación, “no solucionaba el problema”, sino que “lo empeoraba”.

“Ojalá vuelva a sentarse el PSOE. Eso querrá decir que tiene ganas de trabajar en esta solución”, señaló Nogueras, quien se mostró “cansada de esta campaña permanente” por parte de quienes, a su juicio, “demonizan” a su partido por discrepar del Gobierno y sus socios parlamentarios.

La portavoz recordó que Junts entregó “en mano” a la ministra de Vivienda una propuesta alternativa de decreto y pidió al Ejecutivo que la tome en consideración: “Depende de ellos decidir si quieren dar una solución a una situación de emergencia o quieren seguir alimentando un relato que es mentira y quieren elecciones”, subrayó.

Pese al llamamiento al diálogo, Nogueras dejó entrever sus dudas sobre la voluntad real de negociación de las fuerzas políticas. Según explicó, tanto el PSOE como el PP y el resto de formaciones actúan con “el ojo más puesto en la campaña”, convencida de que “todo esto se está haciendo en clave electoral”.

La portavoz de Junts relató además que, hasta el lunes, su formación confiaba en que el Gobierno mantenía una “voluntad real de solucionar el problema”. Sin embargo, aseguró que la situación cambió de forma abrupta cuando el Ejecutivo se dejó “arrastrar por el chantaje de los extremos ideológicos” y terminó por aprobar unos decretos que, a su entender, apuntaban en una dirección distinta a la negociada.

/espana/2026/10/02/del-burger-king-al-teatro-del-barrio-los-acampados-de-sol-comparten-un-mapa-de-refugios-con-banos-y-claves-de-acceso-a-locales-de-comida-rapida/

/espana/2026/10/02/los-fondos-seguiran-desahuciando-los-propietarios-subiran-la-renta-y-el-alquiler-de-temporada-no-se-regulara-las-medidas-que-decaen-con-el-no-de-pp-junts-y-vox-al-decreto/

/espana/2026/09/30/todas-las-manifestaciones-por-la-vivienda-este-fin-de-semana-fechas-horas-y-ciudades-confirmadas/

/espana/2026/10/02/mas-de-50-ciudades-espanolas-se-movilizan-por-la-vivienda-este-fin-de-semana-con-la-mirada-puesta-en-una-huelga-general/

/espana/2026/10/02/junts-tumba-los-decretos-de-vivienda-revienta-la-legislatura-y-empuja-a-sanchez-a-considerar-las-elecciones-generales/

La situación de la vivienda en España roza límites insostenibles. Un malestar que ya ha explotado en la calle con la acampada en la Puerta del Sol desde hace una semana. Entre las protestas y la incertidumbre por la aprobación y posterior derogación de dos decretos, el mercado del alquiler se ha tensionado al máximo. Mientras los inquilinos se quedaban con la miel en los labios ante la posibilidad de un cambio, los propietarios reaccionaron con temor ante el nuevo marco legal, un recelo que se ha traducido en cancelaciones de última hora.

Este es el caso de Pedro (nombre ficticio para preservar su identidad), un joven que reside en la capital desde hace tres años. Hasta la fecha, había compartido piso con un amigo para hacer frente a los elevados costes de la ciudad. Sin embargo, tras experimentar una mejora en sus ingresos, decidió dar el paso definitivo para emanciparse en solitario. “En el piso actual estoy muy descontento con la zona y pagando un poco más iba a ser una mejora impresionante para vivir solo por primera vez. Estaba muy ilusionado”, relata el afectado a Infobae.

La oportunidad surgió de forma natural. Una compañera de trabajo decidió dejar su piso de alquiler para trasladarse a otra zona de la capital. Al quedar libre el inmueble y tras anunciarlo en el grupo de la empresa, Pedro contactó de inmediato con el arrendador. El proceso avanzó con absoluta fluidez: superó con éxito el filtro de solvencia, autorizó la evaluación de impagos e incluso recibió y revisó el borrador del contrato. La firma se formalizaría a comienzos de octubre y se podría mudar a su nueva casa el 1 de noviembre.

Sin firmar el contrato a un mes de la mudanza

Para cumplir con los plazos previstos de forma transparente, el joven comunicó formalmente la renuncia a su arrendadora actual, respetando los dos meses de margen que exigía su contrato vigente. “Le dije al nuevo casero por activa y por pasiva que en mi piso actual me pedían dos meses de preaviso y que a partir del 31 de octubre me quedaba en la calle. Él lo sabía perfectamente y aun así le dio igual”, señala el inquilino con frustración.

Sin embargo, el escenario cambió de forma radical el pasado 30 de septiembre, a menos de 24 horas de la fecha acordada para firmar el contrato de alquiler. Pedro recibió un mensaje del propietario en el que le notificaba su decisión de frenar el proceso y dejar la firma en el aire. ¿El motivo de este repentino frenazo en la víspera de la entrega de llaves? Las dudas del arrendador durante el brevísimo lapso en el que la nueva normativa sobre el alquiler estuvo en vigor.

El arrendador justificó la paralización alegando que la situación legal generaba dudas sobre si la redacción y contenido del borrador mantendrían su validez, amparándose en la reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real decreto-ley. Ante la duda sobre lo que pasaría en las votaciones del viernes —que finalmente terminaron con la derogación de ambos textos en el Congreso—, el propietario rechazó fijar compromisos temporales o garantizar la fecha de entrada fijada para el 1 de noviembre.

A pesar de los repetidos intentos del afectado por dialogar y buscar alternativas, el propietario dio por cerradas las negociaciones y rehuyó cualquier solución. Aunque la posterior derogación de la norma en el Congreso ha devuelto el marco legal a su punto de partida, el daño ya está hecho: la firma del alquiler sigue suspendida, y Pedro se encuentra hoy a las puertas de quedarse sin vivienda, en un limbo absoluto y sin saber qué va a pasar.

Pedro Sánchez se ha enfrentado a muchas líneas rojas a lo largo de sus ocho años al frente del Gobierno: de los casos de corrupción que han golpeado al PSOE y a su entorno a los malos resultados autonómicos, pasando por una mayoría parlamentaria cada vez más difícil de sostener. Por ahora, solo dos cuestiones le han llevado hasta el punto de parar y replantearse su futuro político. Primero, el amor, cuando en abril de 2024 su mujer, Begoña Gómez, fue acusada de tráfico de influencias por Manos Limpias. “Soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer. Necesito parar”, dijo para cinco días después volver “con más fuerza si cabe”.

Posiblemente no esté tan enamorado de la vivienda como de Gómez, pero dos años y medio después vuelve a necesitar tiempo para pensar. La caída este viernes en el Congreso de los dos decretos con los que el Gobierno pretendía responder a la crisis de vivienda ha llevado a Moncloa a abrir un nuevo “periodo de reflexión”, esta vez con una pregunta distinta sobre la mesa: si ha llegado el momento de pulsar el botón electoral. Los comicios estaban previstos para el año que viene.

Tras las cuatro horas de debate y votación en el Congreso, Junts optó por tumbar los decretos impulsados por el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue obligada a abandonar su vivienda el miércoles pasado después de que la empresa le exigiera multiplicar por cinco el precio de su alquiler en el distrito de Retiro. Así, junto al partido de Carles Puigdemont, también han votado en contra de sendos textos el PP y Vox, mientras el PNV y Coalición Canaria han rechazado el segundo, que regulaba la prórroga automática de alquiler.

Ya la mañana del viernes, previo a la votación, los socios del Ejecutivo aseguraron a Infobae que, si ambos decretos caían, las elecciones estaban “prácticamente confirmadas”, con la vista puesta en noviembre. “Hay que analizar la mejor manera de solventar la situación” y “hay que escuchar a las calles”, han declarado. Y como ya hizo en abril del 2024, donde afirmó que quería “seguir con más fuerza si cabe al frente de la Presidencia del Gobierno de España” y aludió a poner fin al “fango político”, en esta ocasión ha vuelto a hacer un llamamiento a la oposición, en la que en esta ocasión se incluye Junts, los mismos socios con los que firmó el pacto de investidura a cambio de la ley de amnistía. Las mismas fuentes han asegurado a Infobae que “PP, Vox y Junts son quienes verdaderamente tienen que estar atentos a las manifestaciones”.

“Los decretos no dejan de ser parches y migajas”

“Desde el principio de la acampada hemos dicho que no podemos contar con la clase política para que defienda nuestros intereses. De hecho, por eso estamos aquí”, expone a Infobae Aurora, una de las portavocías del Sindicato de Vivienda de Carabanchel. Este malestar generalizado con la clase política —tanto con el autodenominado “gobierno más progresista” como con la oposición de PP, Vox y Junts— no solo ha impulsado la acampada en la Puerta del Sol, sino que movilizará a miles de personas en más de 50 ciudades.

Para los colectivos que pernoctan en Sol, el rechazo en el Congreso no coge a nadie por sorpresa. Carlota, militante de la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), sostiene ante este medio que el “troceo de medidas en dos reales decretos ya auguraba lo que iba a pasar” y califica unos textos de “parches y migajas” al posponer el problema a 2028 y 2030: “Se atacan solo algunas consecuencias del problema y no se va a las causas del mismo”, como “la especulación y la concentración de viviendas en manos de unos pocos”.

En la misma línea se muestra Jorge, portavoz del Sindicato de Vivienda de Tetuán, para quien la votación supone “una demostración más de que todos los partidos políticos están en contra de nuestros intereses”. A su juicio, se trataba de textos “insuficientes, temporales y puras migajas” que las distintas formaciones “ni siquiera han sido capaces de aprobar”.

El representante vecinal enfatiza además que la indignación de la protesta trasciende la cuestión inmobiliaria: “Esta iniciativa ha servido para movilizar a la gente en torno a la vivienda, pero también en torno a la subida del coste de la vida y para denunciar cómo los políticos ignoran a la clase trabajadora”.

A este clamor se han sumado también CCOO y UGT a través de un comunicado conjunto en el que llaman a “llenar las calles este fin de semana” para “dignificar el acceso a la vivienda” y alertan de que el rechazo a las medidas “instala al país en un bloqueo político y alimenta una indignación social de enorme magnitud”. Según denuncian ambos, “la derecha y la ultraderecha han vuelto a mostrar la cara más cínica de la política, dejando en la estacada a centenares de miles de personas que verán cómo su situación de emergencia habitacional se cronifica”.

“Ningún partido hará nada, los derechos los arrancaremos en la calle”

Frente al bloqueo en las instituciones, los colectivos tienen claro el siguiente paso: ir hacia una huelga general, no solo por la vivienda, sino que abarque otros sectores golpeados por la precariedad, como la educación o la sanidad. “Los únicos derechos que podemos conseguir son los que les arranquemos nosotros desde las calles. Ellos nunca se van a poner de nuestro lado porque gobiernan para los rentistas”, advierte Jorge, convencido de que “hay que hacer mucho ruido y salir a las calles porque hay mucha gente afectada”.

Si bien la huelga general se contempla como un horizonte que requiere trabajo de fondo y alianzas estratégicas, la prioridad actual pasa por articular el movimiento desde abajo. Desde la CJS la consideran una herramienta histórica con la que la clase trabajadora “ha conseguido muchas victorias”. De cara a los próximos días, la continuidad de la acampada dependerá de las decisiones que se tomen de forma conjunta: “Se está hablando todo de manera asamblearia y las medidas se adoptan según lo que va ocurriendo”.

Así, mientras Pedro Sánchez sopesa un posible adelanto electoral, el plan de acción del movimiento de vivienda no variará. Ocurra lo que ocurra con la acampada en Sol, los sindicatos mantendrán la movilización. Desde Carabanchel, Aurora ve el campamento como un simple “instrumento” para dar paso a las asambleas y al trabajo diario. Una línea en la que coincide Jorge desde Tetuán: “Los sindicatos seguiremos haciendo lo que siempre hacemos: organizarnos, luchar, parar desahucios y garantizar un acceso universal a la vivienda”.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha convocado en Madrid para el sábado 3 de octubre una manifestación que confluirá en Cibeles, concebida como un paso hacia una huelga general por la vivienda tras el rechazo en el Congreso de dos decretos ley impulsados por el Gobierno. La movilización reunirá columnas procedentes de distintos puntos de la capital

La manifestación por la vivienda en Madrid saldrá el sábado 3 de octubre a las 12.00 horas desde Plaza de España, Atocha, el Hospital de La Princesa y la glorieta de Emilio Castelar; las cuatro columnas recorrerán la ciudad hasta Cibeles, ante la sede del Ayuntamiento.

La protesta se celebrará un día después de que el Pleno del Congreso tumbara los dos nuevos decretos de vivienda al no alcanzar ninguno la mayoría simple. La Confederación había convocado además movilizaciones en más de 50 ciudades españolas.

Horarios y recorridos de la manifestación por la vivienda en Madrid

Los colectivos organizadores han dividido la marcha madrileña en cuatro bloques territoriales para ordenar las salidas y reunir a los manifestantes frente al Ayuntamiento. La columna del norte partirá de la glorieta de Emilio Castelar; la del sur, de Atocha; la del este, del Hospital de La Princesa; y la del oeste, de Plaza de España.

Habrá una quinta salida desde la estatua del Oso y el Madroño para quienes permanecen acampados en la Puerta del Sol. Todos los grupos comenzarán a avanzar a mediodía y llegarán a Cibeles, donde se unirán en una sola concentración.

Comisiones Obreras ha fijado su propio punto de encuentro a las 11.30 horas en su sede de la calle Lope de Vega, 38. El sindicato ha llamado a participar con el mensaje: “La vivienda no puede ser un negocio de unos pocos. Mañana, ¡todos y todas a la calle!”.

La acampada de Sol y la propuesta de una huelga general

La convocatoria llega después de una semana de protestas desencadenadas por el desahucio de Maricarmen, de 87 años, que derivó en una manifestación multitudinaria y en una acampada en la Puerta del Sol. La afectada podrá volver a su casa tras un acuerdo con el fondo Urbagestión, pero la asamblea de la plaza consideró insuficiente esa solución.

Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, anunció durante una de las asambleas diarias: “Esto es solo el principio”. La representante sostuvo que la movilización había generado “una crisis de Estado” y añadió: “¡Maricarmen vuelve a su casa, pero quedan muchas más!”.

Los sindicatos de inquilinas plantean la marcha como una forma de mantener la presión sobre las instituciones y extender el movimiento hacia una huelga general por la vivienda. Sus principales reivindicaciones incluyen rebajar los alquileres un 50 %, expropiar a los fondos buitre y establecer contratos de alquiler indefinidos.

La Confederación se había mostrado favorable a los dos decretos sometidos al Congreso, aunque criticó que las medidas se dividieran en textos distintos. Uno incluía disposiciones contra los desahucios y de regulación de alquileres, mientras que el otro contemplaba la prórroga automática de los contratos de arrendamiento.

Sostener una acampada durante una semana en pleno centro de Madrid exige resolver, día a día, una logística silenciosa que va mucho más allá de la colocación de pancartas o las asambleas políticas. Descansar, cargar la batería del móvil o simplemente acceder a un aseo se convierten en retos de primera necesidad para las personas acampadas en la Puerta del Sol. Para hacer frente a estas carencias, los participantes han puesto en marcha un mapa colaborativo que recoge los locales afines que se han ofrecido a echar una mano.

A través de sus canales de organización interna y grupos de mensajería, los manifestantes han comenzado a hacer circular este directorio bajo el título de “Refugios acampada”. La iniciativa registra decenas de pequeños comercios, centros culturales y espacios de reunión de barrios céntricos como Lavapiés, La Latina o Malasaña que se han brindado a colaborar ofreciendo cobijo, un lugar donde sentarse, un enchufe disponible o acceso al baño.

El listado abarca un heterogéneo abanico de espacios del Madrid cultural y comunitario. Entre los puntos destacados figuran librerías y referentes del sector editorial como Librería Mujeres, Generación X (en Tirso de Molina), La Integral, Big Tree Books o Desperate Literature.

A estos se suman salas escénicas y de creación independiente como el Teatro del Barrio, El Umbral de Primavera, Mary Red o Cuartalinea SLU, junto a centros sociales de larga trayectoria como el CSO La Rosa. Asimismo, figuran bares y locales de hostelería del centro como La Marimala de Lavapiés, La Alegría de la Huerta, Santa y Pura o Madre Flaca.

Pese a la existencia de este espacio colaborativo, en el propio mapa la consigna principal para los manifestantes sigue siendo el respeto al pequeño comercio. En los avisos del directorio se recuerda la norma de “preguntar al llegar por si acaso”, evitando desbordar la capacidad o alterar la jornada laboral de los establecimientos.

Claves compartidas frente al bloqueo de los aseos

Sin embargo, el mapa de refugios solidarios no es el único recurso del que echan mano los acampados. Acceder a un baño en el centro de Madrid se ha vuelto una tarea compleja en los últimos años debido a la escasez de aseos urbanos y a la paulatina “privatización”. Franquicias de comida rápida como Burger King, Taco Bell o 100 Montaditos han instalado teclados con cierre electrónico en las puertas de sus aseos, donde la única forma de abrirlos es introducir una combinación numérica que se imprime únicamente en el ticket de compra tras consumir.

Para sortear este obstáculo económico, los grupos de apoyo de la acampada han comenzado a compartir los códigos de acceso a los baños de las cadenas más cercanas a la Puerta del Sol y Gran Vía a través de aplicaciones de mensajería. La estrategia permite a cualquier participante hacer uso de las instalaciones higiénicas sin necesidad de realizar un gasto continuo, completando así un mapa de supervivencia urbana donde la solidaridad de barrio y la astucia se alían para sostener la protesta en la calle.

El Sindicato de Inquilinas convoca este fin de semana del 3 y 4 de octubre manifestaciones masivas en todo el país. Tras el desahucio de Maricarmen —la vecina de 87 años cuya situación desencadenó la acampada en la Puerta del Sol de Madrid— y la aprobación de urgencia de dos decretos ley por parte del Ejecutivo, las organizaciones sociales buscan llenar las calles de más de una veintena de ciudades para sentar las bases de una huelga general por la vivienda.

Sin embargo, la movilización en la calle arrancará antes del fin de semana con un calendario condicionado por la agenda parlamentaria. La primera cita tendrá lugar este mismo jueves 1 de octubre a las 20:00 horas, cuando se celebrarán caceroladas simultáneas frente a los ayuntamientos de todo el país. Con esta protesta, el movimiento busca presionar para la convalidación íntegra de las medidas aprobadas por el Gobierno, especialmente en lo relativo al alquiler indefinido.

Una urgencia que la propia portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, subrayó durante su comparecencia del miércoles al insistir en la necesidad de garantizar contratos estables para evitar que se repitan casos como el de Maricarmen. “Esta semana hemos demostrado que la estabilidad de las vidas inquilinas importa, que lo que le ha pasado a Maricarmen no queremos que le pase a nadie más”, denunció del Río, quien defendió la continuidad de los arrendamientos: “Necesitamos que nuestros contratos sean duraderos, que se vayan renovando, que tengamos estabilidad en los hogares”.

Esta presión en los municipios servirá de antesala para la jornada decisiva del viernes 2 de octubre, día en el que el Congreso de los Diputados someterá a votación la convalidación de los decretos ley. Ante la posibilidad de recortes en el texto o votos en contra de última hora, el Inquilinato ha convocado una concentración a las puertas del edificio que se mantendrá durante todo el debate. La portavocía del movimiento ha lanzado un aviso directo a los grupos de la Cámara: “El viernes solo hay dos opciones: o votar a favor de la vida o votar a favor de la especulación”.

Mapa de convocatorias y horarios confirmados

Con un despliegue de más de medio centenar de citas entre manifestaciones, concentraciones y columnas de barrio, la jornada principal del sábado 3 de octubre concentrará el grueso de los actos. La mañana arrancará a las 11:00 horas en Valencia y Las Palmas de Gran Canaria, para dar paso a las 12:00 horas a un masivo bloque matutino en Madrid, Cádiz, Huelva, Guadalajara, Girona, Castelló, Donostia, Gasteiz, Iruñea, Jerez, León, Mallorca, Santander, Santiago y Zamora, al que se sumarán Santa Cruz de Tenerife a las 13:00 horas y Talavera de la Reina a las 13:30 horas.

Por la tarde, las acciones continuarán desde las 17:00 horas en Badalona, Cabanas y Terrassa, seguidas de Sitges y Vilanova i la Geltrú (17:30 h) y Castelldefels (17:45 h). A las 18:00 horas cogerán el testigo Alicante, Barcelona y Zaragoza, antes de Albacete y Toledo (18:30 h). La jornada del sábado culminará con marchas a las 19:00 horas en A Coruña, Cáceres, Granada, L’Hospitalet de Llobregat, Málaga, Soria, Valladolid y Vigo, completadas por Palencia (19:30 h) y las convocatorias de las 20:00 horas en Burgos, Cangas do Morrazo y Ciudad Real.

Las manifestaciones por la vivienda se prolongarán durante el domingo 4 de octubre. La mañana comenzará en Almería y Cuenca a las 11:00 y 11:30 horas respectivamente, seguidas a las 12:00 horas por Badajoz, Salamanca y Uviéu (Oviedo). Durante la tarde tomarán la calle Logroño y Murcia a las 18:00 horas, Teruel a las 18:30 horas, Córdoba a las 19:00 horas, y finalmente, Bilbao y Ourense a las 20:00 horas. El calendario de esta convocatoria estatal se cerrará en Galicia el lunes 5 de octubre con la marcha prevista en Pontevedra a las 20:00 horas.

Al tratarse de una movilización coordinada por decenas de colectivos territoriales, la confirmación de los recorridos finales se está realizando de forma escalonada. Toda la información actualizada sobre los puntos de encuentro y posibles cambios de última hora se irá difundiendo a través de las redes sociales oficiales del Sindicato de Inquilinas y de las distintas asambleas locales de cada municipio.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha emitido un comunicado a los medios para desmentir las informaciones sobre el fin de la acampada en la Puerta del Sol, avanzando que a las 20:00 horas darán más información para aclarar la situación. Poco antes se había difundido un escrito que atribuía al colectivo la intención de levantar su presencia oficial este sábado para descentralizar la protesta, llevar la movilización “bloque a bloque y barrio a barrio” y avanzar hacia la huelga general de alquileres.

“Queríamos compartir una decisión que hemos tomado desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid”, arrancaba dicho texto, distribuido en los grupos de coordinación de la acampada. El campamento arrancó el sábado tras la marcha por el desahucio de Maricarmen y suma ya siete días de protestas. Una semana de caceroladas que continúa hoy con la concentración ante el Congreso y que mañana se extenderá con manifestaciones por toda España.

“La acampada ha sido un espacio increíble de encuentro, solidaridad y organización. Nos ha permitido encontrarnos entre muchísimas personas, construir confianza, poner la vivienda en el centro y demostrar una vez más que cuando nos organizamos juntas somos capaces de cosas que parecían imposibles”, señalaba la nota. Durante estos días, la Puerta del Sol se ha transformado en un punto neurálgico de asambleas abiertas, talleres de autodefensa y debates ciudadanos sobre la crisis de la vivienda.

De la Puerta del Sol a los barrios

En el escrito atribuido al sindicato se recalcaba que la supuesta decisión de levantar la acampada no respondía a un desgaste, sino a una estrategia de implantación: “Precisamente porque queremos cuidar y hacer crecer toda esa fuerza, creemos que ahora toca dar un paso más. Queremos llevar la lucha de Sol a todos los barrios, bloques y casas de Madrid, allí donde cada día se producen subidas de alquiler, expulsiones y abusos, y convertir toda la energía de estos días en organización permanente”.

Por ello, en el texto difundido se fijaba este sábado —al cumplirse justo una semana de protesta— como el momento clave para el cambio de etapa. “El Sindicato levantará su presencia oficial en la acampada”, explicaba la nota, al tiempo que matizaba: “No entendemos este paso como el final de nada ni como una retirada. Al contrario, queremos que todo lo que hemos construido aquí se multiplique y eche raíces por toda la ciudad”.

Asimismo, el comunicado señalaba que los integrantes del movimiento trasladarían esta información esta noche a la ciudadanía mediante “un acto abierto que realizaremos en Sol”, concebido como una asamblea informativa para resolver dudas de los vecinos, evitar desinformación y coordinar a los grupos de trabajo. “Esperamos compartir con todas vosotras la ilusión de esta nueva etapa y de todo lo construido hasta ahora”, indicaba el escrito.

“La acampada ha demostrado lo que podemos hacer juntas”, concluía el mensaje atribuido al colectivo, rematando con: “Ahora queremos ir más allá: organizar bloque a bloque, barrio a barrio, hasta que la fuerza que hemos construido estos días esté en todas partes. Nos vemos en las calles y en los barrios. Esto continúa”. Una declaración que abogaba por extender la protesta, pero cuya vinculación oficial con el Sindicato de Inquilinas ha sido desmentida horas después.

Las tiendas de campaña que acampan en la Puerta del Sol no han dejado de multiplicarse desde el pasado sábado, superando ya las 1.250. Miles de personas continúan concentradas en el ‘kilómetro cero’ para defender el derecho a la vivienda y, dentro de cada lona, se esconde una historia personal. Entre la juventud predominante también se encuentran veteranos para quienes esta no es su primera vez durmiendo en la plaza madrileña. Hace ya 15 años pisaron este mismo suelo para protestar por un futuro digno. Uno de ellos es José.

Este bibliotecario de 45 años ha relatado a Infobae que lleva acampado en la Puerta del Sol desde el primer día, el sábado, cuando tras la manifestación multitudinaria por el desahucio de Maricarmen decidieron acampar y repetir la historia. Aunque solo ha dormido tres noches en la plaza, combinándolo con su casa porque su espalda ya no se lo permite, pasa la mayor parte del día en el centro de esta ciudad autogestionada.

“La primera noche dormí con unos cartones, como pude. Ahora ya estoy con tienda de campaña, esterilla y saco”, cuenta José sobre su estancia. Y aunque su “cama” haya mejorado, eso no exime la incomodidad del asfalto: “Imagino que la gente más joven se adapta más a todo. Hace quince años lo llevaba mejor, ahora el tema de la espalda pesa más”. Además, menciona una de las principales complicaciones para conciliar el sueño, como el “el ruido de las campanadas sonando a cada rato”. Aunque realmente José asegura que “la adrenalina que tenemos compensa la falta de sueño”.

Dormir alternadamente en su domicilio le permite ducharse con regularidad, pero resolver las necesidades básicas en pleno centro de Madrid es la gran incógnita para quienes ven la acampada desde fuera. “Por aquí cerca hay algún bar donde se puede ir, e incluso espacios o librerías que se han ofrecido como ‘espacios amigos’ para cargar los móviles o usar el baño”, detalla sobre la red de apoyo vecinal. Asimismo, el calor que se concentra en una plaza sin una sola sombra se combate a base de hidratación: “Lo llevamos como podemos”.

Su jornada laboral también se ha amoldado a la protesta. Al trabajar en turno de tarde en la biblioteca, sus mañanas transcurren en la plaza antes de irse a trabajar: “Después de mi turno, a veces vuelvo aquí y otras me paso por casa”. Sin embargo, ante citas clave como las caceroladas o la votación de los decretos de vivienda en el Congreso, José decidió no escatimar: “Iban a ser días muy importantes y me los he pedido libres para poder estar aquí más tiempo”.

Pese a que afortunadamente ahora cuenta con una vivienda —“estoy hipotecado, con mucha ayuda y mucho esfuerzo”, aclara—, tiene claro por qué ha vuelto a Sol: “Hasta ahora no he podido tener un techo propio y me solidarizo totalmente con la gente que no puede”. Y añade que “este es un problema que nos perjudica a todos, tengamos o no resuelta la vivienda. Toda la economía que la gente se gasta en tener un techo no puede ir a otra cosa, la gente no puede emprender su vida cuando debería y esa parálisis nos repercute a todos”.

“El 15-M y el 26-S nacen del cansancio y hartazgo colectivo”

Para José, volver a acampar en la Puerta del Sol 15 años después resulta una experiencia reveladora. Más allá de lo que nota su espalda, observa ciertas semejanzas entre ambos movimientos. “La principal similitud es que todo nace de un cansancio y un hartazgo colectivo, de una movilización muy popular”, señala. El 15-M ocurrió en mayo de 2011 tras el estallido de la crisis financiera, alimentado por el desencanto hacia la clase política, los recortes y el desempleo juvenil.

En cuanto a las diferencias, destaca el enfoque de esta movilización: “Está más centrado en la problemática de la vivienda”, ya que en el 15-M las demandas abarcaban una reforma del sistema electoral, la corrupción y el modelo económico general. Además, la actual “empezó gracias al impulso del Sindicato de Inquilinas, en el 15-M no hubo una organización tan fuerte detrás desde el principio”. Aunque existan diferencias, José tiene claro que “la circunstancia actual con la vivienda es incluso peor: antes el problema eran las hipotecas, ahora es que ni siquiera puedes alquilar porque enseguida te echan”.

“Noto que hay más gente durmiendo aquí que en el 15-M, hay más densidad de tiendas”, sostiene sobre la ocupación del asfalto. “En 2011 había espacios más libres en el centro para las asambleas; ahora las reuniones se hacen más a las afueras del campamento porque la plaza está llenísima por la noche”. Asimismo, de cara al fin de semana, prevé un repunte aún mayor: “Va a venir muchísima gente de fuera y personas de Madrid que entre semana trabajan”.

El 15-M se mantuvo en la plaza durante casi un mes. Este nuevo movimiento, bautizado como 26-S, encara días decisivos condicionado por la votación en el Congreso de este viernes. “Mi opinión es que este fin de semana se aguantará seguro, pero a partir del domingo se abre una incógnita”. No obstante, se muestra optimista sobre el movimiento: “Yo apostaría a que la acampada física no durará tanto como la del 15-M, pero lo que seguro que va a durar mucho son las acciones y movilizaciones en los barrios. Esto ha vuelto a generar una ola de energía y motivos, desde luego, no faltan”.

La acampada en la Puerta del Sol en Madrid va ganando presencia desde que surgió la noche del pasado sábado, tras una multitudinaria manifestación en protesta por el desahucio de Maricarmen, quien finalmente ha podido regresar a su casa por la presión social. A los participantes que reclaman medidas para garantizar el derecho a la vivienda se han sumado también colectivos profesionales, como la Plataforma Bomberxs Contra los Desahucios, que denuncia que tengan que intervenir en desalojos de los que no quieren ser “ni cómplices ni ejecutores” porque consideran que esa labor no les corresponde.

“Nosotros estamos para proteger a las personas, a los animales, a los bienes, y un desahucio es lo contrario. Realmente, si se llega a ejecutar, se queda una persona en la calle y no es para nada nuestro objetivo. Nuestro trabajo es salvar a las personas”, dice a Infobae Gonzalo Pastor, uno de los bomberos de la organización que se ha desplazado hasta la acampada para dar su apoyo al movimiento por la vivienda digna.

Órdenes de un mando superior

Aunque no dependen de las órdenes de la Policía durante un desahucio, los bomberos sí están sujetos a la cadena de mando interna, por lo que deben acatar las instrucciones de su superior inmediato. “Es una situación complicada, porque somos un cuerpo jerarquizado y, al final, si un mando superior nuestro nos da una orden, debemos llevarla a cabo. Lo que sí que estamos haciendo a través de la plataforma es cuestionar si esas órdenes son las correctas y si son nuestras competencias realmente. Es tarea de los jefes y de los mandos superiores pensar si los bomberos debemos actuar en estas situaciones o no”, añade Pastor.

Según una encuesta reciente del Centro Sira, difundida por la agencia EFE, el 70% de los bomberos que han participado en desahucios no fueron informados previamente de que iban a un desalojo hasta el momento de hacerlo. Además más del 95% del personal considera que los lanzamientos exceden las responsabilidades del cuerpo.

Pastor corrobora esos resultados: “En muchos casos ni siquiera sabemos que vamos a este tipo de intervenciones porque se comunican como una apertura de puerta, una categoría que incluye rescates de personas dentro de viviendas. Nos falta información y nos piden una actuación que es totalmente contraria a lo que deberíamos hacer, así que también es una parte importante que sepamos a qué tipo de intervención estamos yendo”, concluye.

Trabajadores del Samur Social también se oponen

Por otro lado, los trabajadores del Samur Social del Ayuntamiento de Madrid también han acordado dejar de participar en desahucios. La iniciativa parte del turno de mañana, cuyos empleados solicitaron al comité de empresa que fijara una posición ante estas intervenciones después del desalojo de Maricarmen el pasado miércoles.

El Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida también presiona y ha remitido a la Delegación del Gobierno un informe en el que alerta sobre “el riesgo de orden público” por la presencia de “adoquines y cuchillos” en la acampada, a pesar de que no se ha registrado ningún altercado. En el documento se ha adjuntado una fotografía en la que aparece un cuchillo de cocina junto a varios trozos de pan y un envase de hummus y otra de adoquines de obra que los participantes están utilizando para sujetar mejor las tiendas de campaña.

La acampada, que surgió la noche del sábado a raíz de una multitudinaria manifestación por el desahucio de Maricarmen Abascal, ya suma unas 1.200 tiendas y, poco a poco, se va pareciendo más a la ya histórica del 15M de 2011, aunque en esta ocasión las reivindicaciones se centran en la vivienda. De hecho, la experiencia de la movilización de hace 15 años ha servido ahora para que los participantes, convocados por el Sindicato de Inquilinas, se organicen mejor, por lo que el espacio cuenta ya con carpas, baños portátiles, generadores solares e incluso “calles” con nombres como el de Maricarmen, Pedro Zerolo o Gloria Fuertes.

Los manifestantes mantendrán la protesta por lo menos hasta el viernes, cuando el Congreso debe votar los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno el martes en el Consejo de Ministros, que incluyen medidas para regular el alquiler de habitaciones, prohibir los desahucios hasta 2030 y renovar automáticamente los contratos. Esta última iniciativa es la que enfrenta más obstáculos al no haberse negociado con los grupos parlamentarios.

Tolerancia ante las molestias

Pero más allá de lo que pueda suceder en el Congreso, ¿se podría desalojar la acampada de Sol? En Infobae hemos preguntado a la cooperativa Red Jurídica y su respuesta ha sido clara: “El desalojo de una protesta pacífica solo tendría encaje jurídico si se acreditasen riesgos graves para la seguridad pública, el orden público o la salud pública, y existe, además, abundante jurisprudencia al respecto, tanto del Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, explica el abogado Eduardo Gómez, miembro de esta cooperativa. Las molestias derivadas de una protesta, como el ruido o los cortes de tráfico, no bastarían por sí solas para levantar una concentración, añade.

Lo que señala la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a las protestas “es que las sociedades democráticas tienen que tener un cierto grado de tolerancia ante las molestias que de por sí generan las protestas”, y ese criterio incluye las alteraciones ordinarias que puede generar una concentración en el espacio público como la acampada de Sol, indica Gómez. “Mientras no haya motivos de orden público, de seguridad o salud pública, no hay argumentos jurídicos para desalojar una protesta pacífica. Que una concentración ocupe una plaza o una manifestación corte calles no lo convierte en un problema de orden público”, insiste.

La acampada de Sintel duró seis meses

Además de la acampada del 15M, que se prolongó durante casi un mes, hasta el 11 de junio, hay protestas anteriores de mayor duración, como la que protagonizaron los trabajadores de Sintel en 2001 en el paseo de la Castellana, frente a los entonces ministerios de Economía y de Ciencia y Tecnología. La empresa de telecomunicaciones atravesaba una crisis y parte de la plantilla llevaba meses sin cobrar, por lo que la protesta llegó a reunir a unos 1.500 empleados y contó con cocinas, comedores, calles improvisadas y estructuras de madera que reemplazaron a las tiendas de campaña iniciales. La acampada se mantuvo durante 187 días, algo más de seis meses.

La cuenta atrás impuesta por Isabel Díaz Ayuso a la acampada de la Puerta del Sol afronta sus últimas horas sin que exista el menor rastro de que la protesta vaya a disolverse. Todo lo contrario: la presencia de manifestantes en el ‘kilómetro cero’ de la capital no deja de crecer. En cuestión de horas vencerá el plazo de 48 horas concedido por la Comunidad de Madrid a la Delegación del Gobierno para que desmantele el campamento antes de acudir a los tribunales, abriendo incluso la vía penal contra el delegado Francisco Martín Aguirre.

Este miércoles, las personas acampadas afrontan su quinta noche de pernocta en la céntrica plaza. Han pasado ya cuatro días desde que miles de personas salieron a las calles de Madrid y de otras ciudades para protestar contra el desahucio de Maricarmen, la vecina cuya situación actuó como detonante ante la crisis de la vivienda. Pese a que este martes se anunció un acuerdo para que la afectada pueda permanecer en su casa, las organizaciones sociales han decidido no dar un paso atrás.

El pasado martes, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, señaló que “la impunidad, la ilegalidad y el desorden no pueden seguir campando a sus anchas en la Puerta del Sol” y acusó al Ministerio del Interior y a la Delegación de no hacer “absolutamente nada” ante la ocupación del espacio público. A esta ofensiva se sumó el Ayuntamiento de Madrid mediante un requerimiento formal amparado en supuestos riesgos de seguridad. Sin embargo, la Delegación del Gobierno confirmó la recepción del escrito y exigió al Ejecutivo regional “respeto al derecho fundamental de reunión”, al tiempo que le instó a asumir sus competencias en materia de vivienda.

Asimismo, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha elevado la tensión al denunciar “altercados violentos” y alertar de la presencia de cuchillos, adoquines y hornillos en la plaza, destacando la vandalización de la estatua del Oso y el Madroño con símbolos antifascistas y un pañuelo palestino. Ante estas acusaciones, desde el Sindicato de Inquilinas replican que “es normal que Almeida esté tan nervioso y tenga que inventarse bulos”, señalándole a él y a Ayuso como responsables de que la capital “esté vendida a los fondos buitre”.

La movilización no ha echado el freno ni tras la aprobación en el Consejo de Ministros de este martes de dos decretos ley para regular alquileres de temporada, congelar desahucios hasta 2030 y limitar compras de fondos buitre. Lejos de conformarse, los colectivos mantendrán la acampada en Sol para ejercer presión ante los grupos parlamentarios antes de que este viernes el Congreso someta las normas a votación para su convalidación, con el riesgo de que sean tumbadas o recortadas en su “letra pequeña”.

Por su parte, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha comparecido ante los medios de comunicación este miércoles a última hora de la tarde, donde ha urgido a los grupos parlamentarios a convalidar este viernes el paquete legislativo para garantizar “la estabilidad de las familias” y asegurar “que no haya ni una Maricarmen más”, defendiendo la necesidad de incluir la renovación automática e indefinida de los contratos de alquiler que propone uno de los decretos ley.

Al ser cuestionada sobre la permanencia de los manifestantes en la plaza, la portavoz ha dejado claro que “no hay ninguna fecha sobre la mesa” para levantar el campamento y ha lanzado una advertencia directa a las fuerzas políticas de cara al debate del viernes: “Solo hay dos opciones: votar a favor de la vida o votar a favor de la especulación”. En esta misma línea, ha recalcado la firmeza del movimiento: “Esto es un clamor que no va a parar hasta conquistar el derecho a la vivienda”.

Asimismo, entre los “siguientes pasos” anunciados, las organizaciones han convocado para este jueves 1 de octubre, a las 20:00 horas, caceroladas frente a los ayuntamientos de todo el país para exigir al Congreso la convalidación de las medidas. Además, la mirada está puesta ya en las manifestaciones convocadas para este fin de semana en más de 20 ciudades —entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla— para sentar las bases de una huelga general por la vivienda.

Una ciudad autogestionada entre vallas y acusaciones

Lejos de achantarse, la resistencia en el centro de la capital sigue multiplicándose hasta rozar ya las 1.250 tiendas de campaña sobre el pavimento. Con el paso de las horas, el asentamiento se ha estructurado como una auténtica ciudad autogestionada a escala reducida que cuenta incluso con su propio “callejero” —en el que ya lucen placas como la calle Maricarmen, Gloria Fuertes o la Plaza de las Precarias— y una logística minuciosamente organizada para garantizar la convivencia, la limpieza y la seguridad.

La acampada dispone de zonas de alimentación y cuidados con comida caliente, apoyada por comercios de la zona que facilitan aseos y carga de móviles. Una red de apoyo vecinal que busca sostener el pulso en la plaza mientras el movimiento enfila sus siguientes pasos: las caceroladas convocadas para este jueves y las manifestaciones del fin de semana para blindar el derecho a la vivienda y garantizar que “no vuelva a haber ni una Maricarmen más”.

La acampada en la Puerta del Sol continúa en su cuarto día de protesta por la vivienda en España y los apoyos siguen en aumento. Según cálculos del Sindicato de Inquilinas, son ya 1.248 las tiendas de campaña levantadas en el kilómetro 0 de la capital, una protesta que plantean mantener al menos hasta el viernes, cuando los decretos de vivienda lleguen al Congreso.

Los gobiernos locales y autonómicos de Madrid han mostrado su rechazo a esta movilización ciudadana, que tildan de “ilegal”, y han solicitado al Ejecutivo central que desaloje la Puerta del Sol. En concreto, la Comunidad de Madrid dio 48 horas a la Delegación de Gobierno para desmantelar los asentamientos del centro. De lo contrario, amenazan con acudir a los tribunales.

Este miércoles, el alcalde madrileño José Luis Martínez-Almeida ha alertado de la presencia de cuchillos de grandes dimensiones, adoquines de obra y hornillos en la acampada. El edil asegura, además, que se han producido “altercados violentos”, entre los que ha señalado la vandalización de la estatua del Oso y el Madroño.

La escultura ha aparecido marcada con pegatinas y dibujos de simbología antifascista, con mensajes como “Eat the rich” o contra la presidenta de la Comunidad, a la que advierten: “Ayuso, cuidado”. El oso de la imagen ha sido cubierto con un chaleco naranja y un pañuelo palestino, mientras que del madroño cuelga una bandera republicana.

Según Almeida, “no se puede considerar una manifestación pacífica” cuando se “vandaliza” un monumento de interés cultural como el Oso y el Madroño. El Ayuntamiento ha encargado a la Policía Municipal vallar la estatua para evitar nuevos altercados.

“Quedan 24 horas”

En este sentido, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha recordado que “quedan 24 horas” del plazo exigido por la Comunidad de Madrid “para que el delegado del Gobierno dé la orden” de desalojar la “ilegal” acampada. De lo contrario, advierten, irán a los tribunales. El Ejecutivo madrileño no descarta la vía penal, han asegurado.

Desde la oposición han solicitado justo lo contrario: Más Madrid ha presentado alegaciones al requerimiento hecho por la Comunidad a la Delegación de Gobierno para desalojar la acampada en Sol, donde exige que se proteja a las personas concentradas. La formación regional pide “proteger tanto la acampada y el derecho a la manifestación, como a quienes se manifiestan frente a las amenazas de grupos neonazis”.

Los manifestantes, por su parte, no parecen dispuestos a levantar el campamento. Las tiendas han ido creciendo en la Puerta del Sol, hasta superar las 1.200, según cálculos del Sindicato de Inquilinas. Mientras, las acciones se replican por otras ciudades de España: en Barcelona, se han aparecido unas 50 tiendas en la plaza de Catalunya, donde acampan más de un centenar de manifestantes; en Málaga, se han colocado unas 70 tiendas en la plaza de La Constitución; en Sevilla, los protestantes se han instalado bajo Las Setas, en la plaza de la Encarnación...

Los decretos peligran en el Congreso

El objetivo de los manifestantes es mantenerse, por lo menos, hasta el viernes, cuando el Congreso de los Diputados deberá pronunciarse sobre los decretos ley de vivienda presentados por el Gobierno. Las propuestas aprobadas el martes en el Consejo de Ministros regularían el alquiler de habitaciones, prohibirían los desahucios hasta 2030 y limitarían la compra de vivienda por parte de los fondos buitre, entre otras medidas.

No obstante, el Gobierno no las tiene todas consigo para que los textos salgan adelante. En la izquierda, Podemos todavía no ha confirmado si apoyará o no los decretos ley, que considera que deberían ir unidos en uno solo. En la derecha, el PP ha rechazado los dos textos, pues consideran que “van a destruir todavía más el mercado”; mientras que la formación catalana Junts se ha mostrado “decepcionada y preocupada” por las dos normas.

La acampada de la Puerta del Sol en Madrid despierta la curiosidad de turistas y vecinos que pasean por la plaza. Algunos se limitan a observar las tiendas de campaña, los puestos informativos y los grupos reunidos en distintos puntos, mientras que otros se acercan para preguntar por los motivos de la movilización. “¿Esto es por la vivienda?“, señala un turista estadounidense, desconcertado por la presencia de banderas vinculadas a otras reivindicaciones como la causa palestina o los derechos de las personas trans, mientras varios participantes le explican que el alquiler se ha vuelto inaccesible y que hay inquilinos que pierden sus casas, como le ocurrió a Maricarmen, cuyo caso prendió la mecha de la indignación.

En un extremo de Sol, cerca de la sede del Gobierno regional, se encadenaban este martes cánticos como “El ático de Ayuso para Maricarmen”, “aquí están los antifascistas” o “ni un desahucio más”, al tiempo que a escasos 500 metros, en la calle Navas de Tolosa, otro grupo numeroso de personas lograba aplazar el desalojo de una vecina, al menos hasta el próximo 14 de octubre.

De vuelta en Sol, ya son más de 1.000 personas las que han dormido esta noche en la plaza entre tiendas de campaña y pancartas que reclaman “un techo digno”, la bajada de los alquileres o el fin de los abusos de los fondos buitre. Un espacio que, con el paso de los días, recuerda cada vez más a la acampada del 15M de 2011. Entonces, la protesta nació de la indignación ante la clase política y económica tras años de crisis, mientras que ahora el eje de las reivindicaciones es la vivienda y la dificultad para acceder a un hogar o conservarlo.

Como también ocurrió hace 15 años, entre las tiendas de campaña se van organizando espacios para repartir comida, celebrar talleres y convocar charlas o asambleas, de forma que la plaza ya se ha convertido en un punto de protesta, convivencia y apoyo mutuo.

Hay asambleas de bienvenida y los manifestantes se organizan en diferentes comisiones para la limpieza y las demás actividades y necesidades.

Para quienes teletrabajan desde la plaza, la organización reparte baterías para que puedan cargar móviles y ordenadores portátiles.

“Lo mejor es la energía colectiva que se respira y la solidaridad infinita”, dice a Infobae Fernando de los Santos, uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas, organización que ha convocado las protestas. Y es que, aunque la acampada surgió la noche del sábado tras una manifestación multitudinaria en rechazo al desahucio de Maricarmen, desde entonces no ha dejado de sumar participantes.

Dos decretos sobre vivienda

Tras la aprobación este martes de dos decretos ley sobre vivienda, en la acampada de la Puerta del Sol muchos se preguntaban qué efecto tendrán las medidas y si bastarán para aliviar una crisis que, a su juicio, afecta a un número creciente de personas. “Esperemos que sirva para que las cosas cambien, aunque todavía tiene que convalidarlo el Congreso. Yo hasta que no vea cambios reales, no me lo creeré”, decía Carlos, un madrileño de 25 años que ha pasado las tres noches en la plaza.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde, por un lado, a un decreto ley que contempla la renovación automática de los contratos, como exigía el sindicato, mientras que el segundo incluye la regulación del alquiler de habitaciones, la prohibición de compras por parte de fondos de inversión hasta 2028 y la suspensión de los desahucios hasta 2030.

El sindicato, no obstante, también ha recibido las medidas con cautela al asegurar que ahora necesita “leer la letra pequeña”. Además, ha calificado de “vergüenza” que se pueda separar en varias leyes su demanda y ha acusado al Ejecutivo de “jugar a la campaña electoral” y de practicar la táctica del “divide y vencerás”, que consiste en romper el decreto para que solo queden “migajas”.

La organización también ha señalado que la acampada, de momento, continúa y que la lucha “sigue en las calles”.

Cerca de 1.000 personas permanecen acampadas en la Puerta del Sol, en Madrid, a la espera de conocer los detalles de los dos decretos de vivienda que el Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros, después de que el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos haya exigido que deben incluir la renovación automática de los contratos, una reducción de los precios de los alquileres y la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional. La organización ha explicado que ahora debe “leer la letra pequeña”, pero ha insistido en que la lucha por la vivienda continúa y que “lo encendido en Sol no va a parar”. El objetivo es obtener “soluciones reales” una crisis que cada vez afecta a más personas en España.

Hoy, sin duda, la aprobación de esas medidas sobre vivienda dominaba las conversaciones entre quienes permanecen en la plaza. En los corrillos se mezclan jóvenes, parejas y personas mayores, con trayectorias distintas pero una preocupación común: las dificultades para acceder a una vivienda o conservarla. El caso de Guillermo, de 41 años, ilustra esa dificultad. Vive en Madrid con su pareja y su hijo pequeño gracias a un alquiler por debajo del precio de mercado que les facilita un familiar de ella.

“Mi situación con la vivienda es privilegiada porque el tío de mi pareja compró una casa para que nosotros pudiéramos tener un alquiler asequible. Si no hubiera sido por eso, los tres tendríamos que estar haciendo vida en una habitación”, cuenta a Infobae. Guillermo trabaja en hostelería y cobra cerca de 1.200 euros mensuales, mientras que su pareja, programadora, tiene un salario más alto, pero “ni siquiera dos ingresos bastan para alquilar un piso completo” y cubrir los gastos de una familia con un hijo en Madrid, asegura. Ahora pagan 700 euros al mes por la vivienda que les ha facilitado ese familiar.

También ha decidido acudir a la acampada Pepe, un estudiante de 23 años de la Universidad Complutense que vive con su madre y teme no poder independizarse antes de los 35 años. Asegura que las dificultades para acceder a una vivienda impiden a jóvenes y trabajadores construir una vida digna, pese a que en su caso compagina los estudios con un empleo de fin de semana.

“Hemos llegado a un punto en que la situación es insostenible y da igual que seas joven o mayor, todos tenemos dificultades para construir una vida digna y, al final, la vivienda es la base para tener calidad de vida. Por eso estamos todos aquí en la acampada”, reivindica. Como otras muchas personas que permanecen en Sol, reconoce que fue el desahucio de Maricarmen, impulsado por el fondo buitre Urbagestión Desarrollo e Inversiones, lo que impulsó a salir a la calle a reclamar “medidas reales”. De hecho, gracias al apoyo popular, Maricarmen ha logrado quedarse en la vivienda de la que fue desahuciada la semana pasada tras cuatro intentos de lanzamiento.

Según informaba su abogada, Beatriz Duro, en una rueda de prensa la pasada jornada, las dos partes acordaron que la octogenaria pague el 30% de sus ingresos mensuales y con una duración de ocho años. Durante su intervención, Duro lamentó que el acuerdo haya llegado “tarde” y tras “una situación en la que ninguna persona se debería ver nunca”, pero obviamente, añadía, es un “resultado mejor y más feliz para todos”.

Los participantes de la acampada en la Puerta del Sol en Madrid continuarán instalados en la plaza. Al menos hasta leer la “letra pequeña” de los dos decretos aprobados este martes por el Gobierno. En declaraciones a los medios de comunicación, las portavoces del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu y Alicia del Río, han evitado poner fecha al fin de la acampada y han retrasado cualquier decisión a leer la “letra pequeña” de las medidas.

El Consejo de Ministros ha aprobado dos decretos: uno que contiene la medida de la renovación automática de los contratos, tal y como pedía el sindicato, y otro que incluye la regulación del alquiler de habitaciones, la prohibición de compras de los fondos buitre hasta 2028 y de los desahucios hasta 2030. Sin embargo, Racu ha calificado de “vergüenza” que se pueda separar en varias leyes su demanda y ha acusado al Ejecutivo de “jugar a la campaña electoral” y de practicar la táctica del “divide y vencerás”, que, según ha dicho, consiste en romper el decreto para que solo queden “migajas”.

Asimismo, las portavoces han exigido que se apruebe un único texto, “sin una sola coma cambiada”, y han advertido que cualquier otra cosa será “un decreto farsa”.

“En las calles estamos echando un pulso histórico al Gobierno y le estamos diciendo a los políticos que el pueblo manda. Más allá del texto que veamos mañana, esto continúa, esto solo acaba de empezar. Esto va de mucho más que una acampada”, ha afirmado Racu ante los medios.

Los contratos indefinidos son una de las líneas rojas

La protesta en Sol, que surgió la noche del pasado sábado tras una manifestación multitudinaria en rechazo al desahucio de Maricarmen, de momento se mantiene, aunque el sindicato ha explicado que esta misma tarde se celebrará una asamblea para tomar una decisión sobre la acampada. “Hasta que no veamos la letra pequeña del texto, no decidiremos si seguiremos aquí hasta el viernes”, ha añadido Racu al respecto.

Precisamente la renovación automática de los contratos -medida que el Gobierno ha incluido en uno de los decretos- era una de las líneas rojas del sindicato, si bien también exigen una bajada de precios del alquiler y la suspensión de los desahucios, entre otros reclamos.

La organización también ha atribuido a la presión popular de esta última semana el acuerdo alcanzado entre el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversiones y la abogada de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada de la vivienda en la que residió durante siete décadas, en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro. Según ese acuerdo, podrá permanecer 8 años más en la vivienda por un importe mensual que no supera el 30% de sus ingresos, unos 500 euros, prácticamente la misma cantidad que estaba abonando hasta ahora con el contrato de renta antigua que firmó su padre durante el franquismo.

La Comunidad de Madrid acaba de prorrogar un servicio que externalizó con un bufete de abogados para combatir la morosidad y la ocupación en la Agencia de Vivienda Social (AVS), la empresa pública que construye vivienda social en la región. El Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso ha decidido ampliar un año más este servicio con Olmo Abogados por valor de 234.612 euros para que este equipo jurídico siga defendiendo los intereses de la AVS. De hecho, desde que formalizó por primera vez este contrato en septiembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2025 (últimos datos), Olmo Abogados ha presentado 395 demandas judiciales contra inquilinos morosos que le han permitido recuperar 4.317.673 euros en recibos atrasados.

En total, el Ejecutivo autonómico ya ha desembolsado 703.838 por el primer contrato entre septiembre de 2023 y julio de 2026 y los 234.612 euros por la prórroga hasta julio de 2027. Es decir, 938.000 euros en abogados privados para recuperar, de momento, 4,3 millones de euros. Cuando se licitó este servicio hace tres años, la AVS argumentó que tenía 2.338 viviendas públicas ocupadas irregularmente (en torno al 10% del patrimonio) y que la morosidad de adjudicatarios que no pagaban el alquiler alcanzaba ya la cifra de 8.000 deudores que debían a las arcas públicas unos 65 millones de euros.

Actualmente, la AVS tiene 24.979 viviendas, 21.123 garajes y 1.323 locales comerciales. Con la contratación de este bufete, “se podrá reducir significativamente la morosidad de inquilinos y el número de ocupantes ilegales. Con ello, se pone de manifiesto ante la ciudadanía el compromiso de la Agencia para exigir el cumplimiento de sus obligaciones a los inquilinos, poniendo en valor el comportamiento de aquellos que pagan rigurosamente sus recibos”. Parece lógico pensar que la AVS quiera inquilinos responsables y que abonen en tiempo y forma sus alquileres. Sin embargo, de toda la deuda pendiente, la AVS reconoce que la catalogada como “de alto riesgo de incobrabilidad”, la que corresponde a deudas de 12 o más recibos, representa el 22,52% del total.

La AVS ha establecido un sistema para intentar paliar la morosidad para los supuestos en los que se acumula una deuda de más de 300 euros o se mantengan tres recibos adeudados. Hay que tener en cuenta que la Agencia emite cada año unos 441.000 recibos, lo que exige una maquinaria logística bien engrasada. El primer paso es intentar ofrecer a los inquilinos con problemas económicos un compromiso de pago. “El objetivo es lograr la liquidación total de la deuda generada, siendo el último paso la interposición de la demanda judicial”, explican desde la Agencia de Vivienda Social.

745 inquilinos lograron pagar

El fraccionamiento de los recibos en cómodos pagos funciona desde enero de 2017, adaptando los pagos en los periodos e importes que acuerden con los propios inquilinos. El objetivo es que, una vez reconocida la deuda y aceptado ese compromiso de pago, se negocie una reducción del coste de la renta. Gracias a este sistema, en 2025 se consiguió suspender 3.886 procesos judiciales y la Agencia saldó la deuda definitivamente con 745 inquilinos.

Pero en el caso de que la acumulación de la deuda sea muy elevada y el titular no responda a los sucesivos requerimientos de pago y se niegue a negociar un compromiso de pago, se plantea la opción de acudir a la vía judicial. En 2024, por ejemplo, Olmo Abogados presentó 275 expedientes para tramitar ante los tribunales, cifra que ha subido a 618 en 2025. Desde que se puso en marcha este servicio jurídico se ha llevado a cabo la interposición de un total de 395 demandas judiciales con una cantidad reconocida en sentencia estimatoria que asciende a 4.317.673 euros.

Para Jorge Moruno, diputado de Más Madrid, la Comunidad no es un casero más, es una Administración que debe aportar soluciones. “Hay que estudiar caso por caso porque es verdad que hay que distinguir entre estafadores y familias vulnerables que lo están pasando mal. En estos últimos casos, el Gobierno regional debe buscar otros canales para ayudar a estos inquilinos, como ayudarles con alternativas de inserción laboral. Lo fácil es externalizar y contratar un servicio de abogados. Si no ayudas a estas familias, cronificas la lista de espera de inquilinos en emergencia social que buscan una vivienda pública, una lista que oscila entre las 4.000 y las 5.000 personas. La Comunidad es el último dique para ayudarles. Si encima externalizas, miras para otro lado”.

A la referida acción judicial de reclamación económica, explican desde la AVS, en determinados casos se ha ejercido el desahucio para recuperar la posesión de los inmuebles afectados al encontrarse en vigor los contratos suscritos. También hay saldos afectados por prescripción, según el artículo 1973 del Código Civil. En 2025 un total de 263 inquilinos han visto como su deuda caducaba por importe total de 4.953.218 euros.

Ocupaciones ilegales

En cuanto a las ocupaciones ilegales, Olmo Abogados ha llevado 31 casos en 2024 y 161 en 2025. De todos ellos, 36 acabaron en la vía penal. Este es el último paso. La ley permite en muchos casos la vía administrativa y civil para intentar recuperar esos pisos ocupados. Cristina González, diputada socialista, denuncia que la AVS es cada vez más opaca y que estas externalizaciones se pueden catalogar como “indecentes”. Y que no digan que no tienen medios, es que quieren privatizar servicios. Lo que tiene que hacer la AVS es dedicarse a su prioridad, que es poner vivienda pública en el mercado a personas vulnerables”. El patrimonio de la AVS es hoy de 24.979 viviendas. En 2019, cuando Ayuso llegó al poder, la AVS cerró el ejercicio con 23.235 viviendas, 1.744 más.

Este decreto deberá incluir una amplia batería de medidas urgentes para defender el derecho a la vivienda en diez ámbitos con las que trabaja el PSOE. Desde el ala socialista del Gobierno, reconocen que “será un lunes largo de negociaciones”, mientras Sumar asegura que el martes se plantará si el decreto no recoge las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas. ¿Pero cuáles son esas exigencias y qué proponen los demás grupos para aprobar el decreto? Aquí las detallamos.

Sindicato de Inquilinas

- Exigen como medida “irrenunciable” que los contratos de alquiler se renueven automáticamente. Es decir, que los contratos se acerquen a los contratos indefinidos de alquiler que son “normalidad” en Europa, según explican. Eso permitiría que a los 5 o 7 años, el contrato se prorrogara, a no ser que el casero tuviera una “razón justificada”

- Una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que limite el alquiler de temporada y regular el alquiler de habitaciones para asegurarse de que se devuelve la fianza de manera “ágil y sin tener que pelear” con los caseros o, cuando se rompa algo, poder descontarlo del alquiler

- Congelación de los alquileres durante la duración del contrato

- Medidas efectivas contra los desahucios

Las próximas veinticuatro horas son clave para saber si contamos con un decreto que ayude a los inquilinos o solo una excusa descafeinada para seguir como estamos.

Te explicamos muy rápidamente lo que debe incluir el decreto Maricarmen: pic.twitter.com/Y6zhmlId5k

— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) September 28, 2026

Gobierno / Ministerio de Vivienda

- Protección ante desahucios

- Prohibición de compra especulativa a fondos buitre

- Estabilización de contratos de alquiler

- Regulación del alquiler de temporada

- IVA a pisos turísticos

- Bonificaciones fiscales a inquilinos y a quien baje rentas

- Ayudas a la compra de primera vivienda

- Blindaje del parque estatal de vivienda

- Rebaja de IVA a la construcción de vivienda protegida

- La concreción sigue en negociación

Sumar

Yolanda Díaz “sigue peleando” dentro del Gobierno para que el decreto “esté a la altura” y reclama todo lo que pide el Sindicato de Inquilinas. Piden

- Prohibir desahucios en población vulnerable

- Prórroga automática de contratos

- Regulación turística. Poner coto al alquiler de temporada y regular el alquiler de habitaciones

- Freno a los fondos buitre.

ERC

- Rebajar el IVA del 10% cuando la compra de la vivienda esté destinada a ser primera vivienda y subirlo en los casos de “compras especulativas”.

- Creen que la fiscalidad es “la herramienta más clara y directa para intervenir en la acumulación de viviendas”.

Junts

Busca el “mínimo común denominador” y negocia con base en propuestas registradas desde abril (última entrega el 3 de septiembre).

- Plantean la suspensión de desahucios en propiedades de “fondos buitre”

- Quieren una “limitación temporal de adquisición de viviendas por parte de grandes operadores financieros e inmobiliarios”.

- Piden “hacer compatible frenar los desahucios” en viviendas de fondos de inversión con los derechos de los pequeños propietarios, que no deben asumir “costes” de los que tendría que encargarse la administración.

- Reclaman introducir desgravaciones fiscales en el ámbito de la vivienda para dar “aire” a los ciudadanos, con rebajas vinculadas a la adquisición de la primera vivienda, el IVA o el alquiler.

- Quieren defender a los “deudores hipotecarios” ante la venta de sus créditos a fondos de inversión y proteger a “las personas mayores que deben dejar su vivienda para ir a una residencia”.

- No cierran la puerta a seguir negociando tras el martes.

Podemos

- Irene Montero rechaza un “acuerdo de mínimos” y exige expropiar 650.000 viviendas a fondos buitre para alquiler social.

- Pide prohibir la venta especulativa (no solo a fondos buitre, también a particulares y empresas),

- Reclama prohibir desahucios sin alternativa habitacional y bajar por ley el precio del alquiler (no solo congelarlo).

- Cuestiona que el Gobierno negocie primero con Junts y PNV.

Hay que acabar con el negocio de la vivienda y eso pasa por bajar el precio de los alquileres, por expropiar las viviendas a los fondos buitre y prohibir comprar casas para especular.@IreneMontero pic.twitter.com/xwdwcn12LH

— Podemos (@PODEMOS) September 28, 2026

PNV

Propone regular el alquiler de temporada, ámbito que quedó sin cobertura tras la Ley de Vivienda.

Pide reformar la ley del suelo para dar seguridad jurídica a la planificación urbanística.

Se muestra dispuesto a negociar y pide que ningún grupo fije “líneas rojas”.

La capacidad de movilización de este sindicato se apoya en casi una década de trabajo de base. La organización nació en 2017, a partir de los conflictos que afectaban a miles de personas y que tenían un denominador común: el acceso cada vez más difícil a una vivienda, sobre todo en el mercado del alquiler, bien porque el vencimiento de los contratos suele derivar en aumentos de renta inasumibles o, directamente, en la expulsión del inquilino. Desde entonces, el sindicato ha buscado convertir problemas individuales —subidas de renta, amenazas de desalojo, cláusulas abusivas o la negativa de los propietarios a negociar— en reclamos colectivos. La premisa es que quienes atraviesan estas situaciones no tengan que enfrentarlas en soledad.

“El sindicato surge para poder trabajar esos conflictos, para no vivirlos desde la soledad y la ansiedad, sino poder decir que tenemos el apoyo de otras personas, pensar colectivamente cuáles son las mejores estrategias para forzar a los caseros a negociar o para obtener victorias”, señala a Infobae Fernando de los Santos, uno de los portavoces de la organización, que explica que a lo largo de estos años han ido creando una estructura organizativa que les permite “incidir mediática y políticamente”.

La organización aspira ahora a que el decreto ley de vivienda que el Gobierno tiene previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros incluya los contratos de alquiler indefinidos, como ya existen en otros países europeos como Alemania o Austria, además de una mayor protección contra los desahucios para personas vulnerables. De hecho, la permanencia de esta nueva acampada en Puerta del Sol dependerá de las medidas que incluya ese decreto, que después deberá ser validado en el Congreso.

Cambios legislativos tras otros desahucios que causaron impacto social

Además del reciente caso de Maricarmen, otro de los desahucios que más indignación ha despertado en los últimos años, destaca el sindicato, es el que se produjo en 2019 en la calle Argumosa 11, en el barrio madrileño de Lavapiés, donde cuatro familias vulnerables fueron desalojadas por la propiedad del edificio. Pepi, una vecina del bloque que entonces tenía 65 años, afrontó hasta once intentos de desahucio hasta que finalmente terminó en la calle.

El sindicato recuerda aquel desahucio porque también marcó un punto de inflexión, ya que impulsó la reforma de la ley de vivienda. “Tras el impacto social y mediático que generó este caso, se extendió la duración de los contratos de alquiler de tres años a cinco años”, y en algunos casos hasta siete.

Otros de los logros conseguidos en los últimos años, destaca la organización, es la firma de 100 nuevos contratos con vecinos organizados frente al fondo de inversión Blackstone, que es el segundo casero de España, solo por detrás de Caixabank. También han conseguido “una victoria frente al fondo buitre Nestar-Azora” después de que la Justicia obligara a la empresa a pagar más de 20.000 euros por cobrar cláusulas abusivas a inquilinos.

La importancia de la afiliación

Esta demostración de fuerza colectiva del sindicato también ha sido posible gracias a las cuotas de las personas afiliadas. “La afiliación de quienes participan en el sindicato y dedican su tiempo es fundamental. Además, esos aportes también son clave para fortalecer una caja de resistencia ante posibles situaciones de represión y para que algunas personas puedan dedicar su trabajo de forma plena al sindicato, en lugar de compatibilizarlo con un empleo de lunes a viernes. Así, la organización puede sostener su actividad cotidiana y acompañar mejor a las inquilinas”, añade De los Santos.

El sindicato ofrece una cuota ordinaria de 100 euros al año o 10 euros al mes, una de apoyo de 200 euros al año o 20 euros al mes y tarifas sociales reducidas para quienes no puedan afrontar esos importes.

La organización insiste en que, si el decreto de vivienda no se aprueba finalmente este martes en el Consejo de Ministros, la acampada en Sol continuará y seguirán protestando “hasta lograr que se garanticen alquileres estables, asequibles y sin trampas”.

Las negociaciones entre el Gobierno y Sumar para llegar a un acuerdo sobre las medidas urgentes que se incluirán en el real decreto sobre vivienda, que el Gobierno va a aprobar mañana martes, no están dando los frutos esperados. Según ha afirmado la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, “estamos lejos ahora mismo de llegar a un acuerdo, pero nos estamos acercando”, ha manifestado en una rueda de prensa.

García afirma que entre las medidas que debe incluir el decreto ley “sí o sí” están prohibir los desahucios en población vulnerable, poner coto al alquiler de temporada, regular el alquiler de habitaciones, expulsar a los fondos buitre de las casas y la prórroga de alquileres con renovación automática. Estas medidas, ha añadido, son el “punto de partida irrenunciable” y reconoce que “ya no valen ni medias tintas ni parches. O se está con la especulación o se está con las familias”, ha insistido la ministra de Sanidad.

“Vamos a presionar para que el real decreto se lleve a cabo integro. Tenemos que eliminar los desahucios de nuestro país porque son una vergüenza, tenemos que regular los alquileres habitacionales y de temporada y congelar los precios que impiden que la gente tenga acceso al articulo 47 de la Constitución. Por eso necesitamos un real decreto que sea lo suficientemente ambicioso y valiente para poner fin al problema de la vivienda en nuestro país. Tenemos un clamor social que dice que es el momento de poner coto a la especulación”.

Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han reiterado este lunes su intención de presentar el decreto este martes en el Consejo de Ministros con una batería de medidas urgentes para “defender el derecho a la vivienda”. Entre ellas se incluirá “la protección ante los desahucios y la estabilización de los contratos de alquiler”. El Gobierno también estaría dispuesto a conceder beneficios fiscales a los propietarios para ganarse el apoyo de Junts.

Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este lunes que “es importantísimo que seamos conscientes de que tenemos que favorecer el acceso a la vivienda y en condiciones asequibles, en particular para nuestros jóvenes. Y ahí tenemos que poner sobre la mesa todas las medidas que ayuden a mejorar esta situación”.

En cuanto al contenido del real decreto ‘maricarmen’, Cuerpo ha indicado que “estamos viendo medidas en el ámbito de la oferta y medidas en el ámbito de la regulación, corrigiendo ese fallo de mercado que existe con los jóvenes, que no pueden acceder a una vivienda ni en propiedad, porque no tienen ahorros, ni en alquiler, porque es demasiado caro”. A su juicio, “le corresponderá a los grupos parlamentarios en el Congreso un elemento de responsabilidad importante y esperamos que lleven adelante esa convalidación”.

Compartir piso pasados los 40 años, no poder independizarse pese a tener empleo, encadenar contratos temporales sin poder acceder a una vivienda o afrontar la amenaza de un desahucio son solo algunos de los motivos que han llevado a cientos de personas a instalarse en la acampada de la Puerta del Sol en Madrid, que buscan presionar al Gobierno para que este martes apruebe en el Consejo de Ministros el decreto ley sobre vivienda, que incluiría la protección antidesahucios y medidas contra la especulación, entre otros aspectos. La acampada, que recuerda a la del 15M en 2011, ha sido convocada por el Sindicato de Inquilinas, que advierte que mantendrá la protesta en el kilómetro cero de Madrid si los contratos de alquiler indefinidos no se incluyen en el decreto.

Esta demostración de fuerza colectiva es el resultado tanto de la manifestación multitudinaria del sábado en la capital como del desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años que ha prendido la mecha de la indignación en un país donde cada vez es más difícil que se cumpla el artículo 47 de la Constitución: tener derecho a una vivienda digna y adecuada. Maricarmen fue desalojada el pasado miércoles por la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversiones, que compró el piso donde llevaba viviendo 71 años en 2018 y se negó a negociar cualquier tipo de solución. No obstante, tras la oleada de protestas que ha generado el caso, esta tarde la inmobiliaria se reúne con la abogada de Maricarmen y representantes del Ayuntamiento de Madrid para poder alcanzar una solución.

La situación de Maricarmen resume una preocupación compartida por quienes han acudido a Sol, aunque sus historias personales sean diferentes. Clara, Carmen y Quique, tres jóvenes madrileños, no han dudado en llevar su tienda de campaña para reclamar “medidas reales” que ayuden a atajar esta crisis. Quique cuenta a Infobae que se ve obligado a vivir con su madre porque no podría permitirse pagar un alquiler en Madrid, donde los precios no dejan de aumentar, y teme que su casero les suba la renta el año que viene. “Mi madre está muy preocupada con eso”, asegura.

Clara, sin embargo, se considera afortunada de poder vivir en el piso que pertenecía a su abuela, ya fallecida. Trabaja y estudia, y admite que sin esa vivienda no podría continuar su formación: tendría que regresar a casa de sus padres. “Tengo 33 años y, después de varios años viviendo de forma independiente, no sería el mejor plan. Pero, de otra forma, sería inviable”, afirma. En una situación parecida se encuentra Carmen, que también vive en una casa de un familiar. “Es muy triste que la única posibilidad que tengamos de vivir solos, tranquilos y sin tener miedo a las subidas del alquiler sea porque un familiar muy cercano ha fallecido, pero esta es la realidad. Sé que tengo una situación privilegiada, pero eso no quiere decir que no podamos venir a apoyar. Necesitamos medidas urgentes”, asegura.

Tampoco es fácil para Estíbaliz, una mujer de 52 años y madre de dos hijos que lleva más de tres décadas de alquiler y ve “completamente imposible” optar a la compra. En su caso, accedió a una vivienda pública del antiguo IVIMA, hoy Agencia de Vivienda Social, pero asegura que, si tuviera que abandonarla, su sueldo no le permitiría pagar un alquiler en el mercado actual. “La situación ha empeorado mucho en los últimos años y ahora los precios están imposibles”, dice desde la acampada de Sol.

A pocos metros, una joven madrileña que comparte piso con otras tres personas denuncia el estado de la vivienda que alquilan. Según relata, una de las habitaciones no reúne condiciones de habitabilidad y el propietario se niega a repararla pese a sus reclamos. “El casero se niega a arreglar la habitación por mucho que hemos intentado hablar con él. Lo único que nos ha dicho su abogado es que, si dejamos de pagar, nos veremos en los tribunales”, explica sentada frente a la tienda de campaña.

Entre pancartas en las que se puede leer “Para Ayuso un ático, para nuestra clase, desahucios”, “fuera especuladores”, “ellos por dinero, nosotros por amor” o “bajemos los alquileres”, en esta primera mañana laborable la acampada de Sol se ha transformado en cafetería y aula de estudio, pero también en espacio de teletrabajo para muchos de quienes han pasado la noche. El número de tiendas de campaña ya supera las 350, según ha informado el Sindicato de Inquilinas, y de momento la jornada transcurre con normalidad.

La atención de la acampada se concentra ahora en la aprobación de este martes del decreto de vivienda, denominado ‘decreto Maricarmen’, aunque desde el sindicato insisten en que el texto deberá traducirse en cambios de fondo en el modelo de vivienda.

El desahucio de Maricarmen Abascal ha sido la gota que ha colmado el vaso. El desalojo de esta vecina madrileña de 87 años de la casa en la que vivió siete décadas, impulsado por la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversiones y realizado el pasado miércoles, ha desatado una oleada de indignación por la crisis habitacional que atraviesa España y que cada vez afecta a más familias ante la imposibilidad de acceder a una vivienda. El de Maricarmen, sin embargo, es tan solo un ejemplo de los miles de desalojos que se producen al año: solo en 2025, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, se registraron 24.540 alzamientos. De ellos, 18.317 derivaron de procedimientos por impago de alquiler, 4.346 de ejecuciones hipotecarias y 1.877 obedecieron a otras causas.

Quien conoce perfectamente lo que implica vivir bajo amenaza de desahucio es Blanca Castro, una vecina que lleva 26 años residiendo en la calle General Lacy 22, en el distrito madrileño de Arganzuela, muy cerca de la estación de Atocha, donde ella y sus vecinos se enfrentan a un proceso de desalojo impulsado por la propiedad. De hecho, Blanca asegura haber sufrido un auténtico calvario durante los dos últimos años de disputa con los dueños del edificio, la familia Campos Cebrián-González Ruano, que posee más de 100 pisos en Madrid.

Según denuncia el Sindicato de Inquilinas, tras el fallecimiento de una de las copropietarias del inmueble, en 2024, la familia Campos Cebrián-González Ruano decidió expulsar a los 32 vecinos “con fines especulativos”, para después poder alquilar las viviendas a precios mucho más elevados, “recurriendo a tácticas de acoso inmobiliario y desatendiendo de forma sistemática el mantenimiento del edificio”. Todos los residentes recibieron un burofax donde les informaban que no les renovarían los contratos cuando finalizasen, pero optaron por resistir y el conflicto llegó a los tribunales: Blanca fue la primera en acudir a juicio el pasado 17 de septiembre tras ser demandada y, aunque salió satisfecha del Juzgado de Primera Instancia número 82 de Madrid, sigue esperando la sentencia, que se conocerá en los próximos días.

“Han sido dos años de acoso y derribo contra nuestro bloque sin saber muy bien por qué la propiedad no responde a la negociación y ha optado por demandarnos, pero seguimos esperanzados en poder conseguir resultados, más aún después del movimiento masivo que se ha desatado tras el desahucio de Maricarmen”, relata Blanca a Infobae. Según explica, en el juzgado pudo defender que la familia Campos Cebrián-González Ruano “actúa como una gran empresa”, a través de una sociedad limitada, y que “no podía dar por terminados sus contratos antes de tiempo, pues deberían haber durado dos años más”.

Con ello se refiere a que esta familia reorganizó la propiedad del edificio a través de dos sociedades, FURUD 2024 S.L. y GOMEISA 2024 S.L, mientras que para la gestión del bloque ha operado a través de las gestoras inmobiliarias Savills y WeRent. “El objetivo de estos grandes tenedores es expulsarnos para especular y lo hacen, además, de malas maneras, mediante acoso y con demandas totalmente injustificadas”, añade esta pintora y artesana de profesión de 53 años, que llegó al edificio en 1999.

El Sindicato de Inquilinas también denuncia que, tras los burofaxes, comenzó un deterioro de las condiciones del edificio, con goteras, humedades y averías en el ascensor que no eran atendidas, además de otros desperfectos, e incluso cambios sin consentimiento en algunos contratos de suministros. Todo con el propósito, critica la organización, de forzar la salida de las familias.

El techo se desprendió por una gotera que nunca fue reparada

En el caso de Blanca, avisó a la propiedad de que tenía una gotera importante en su cocina cuando aún tenía contrato, pero nunca se la arreglaron, por lo que terminó desprendiéndose parte del techo. “Ahí me derrumbé por todo lo que había estado aguantando durante meses. Como soy artesana y a veces trabajo en ferias, no podía estar gestionando una gotera cambiando cubos todo el día. Fue muy desgastante y estuve de baja un tiempo”, dice, aún indignada. Ante la falta de reparación, a Blanca no le ha quedado más remedio que convertir el salón en una cocina provisional, apañárselas como puede sin fregadero, un hornillo de gas y una sandwichera.

Tras la avería en casa de Blanca, los vecinos denunciaron que la propiedad tampoco atendía incidencias en otros pisos ni problemas de mantenimiento de la finca.

Resistir a las presiones

Pese a la “incesante presión”, tanto Blanca como el resto de inquilinos de General Lacy 22 aseguran que no darán un paso atrás. Después de este primer juicio, confían en que la sentencia les sea favorable, de forma que “la propiedad cumpla con su obligación legal de asegurar la habitabilidad del inmueble y que abandone su empeño de expulsarlos”. El resultado “podría servir de referente para inquilinos que se encuentren en situaciones de indefensión y acoso inmobiliario inhumanos como este”, añade el sindicato.

También reclaman que el decreto sobre vivienda que el Gobierno prevé aprobar este martes 29 en el Consejo de Ministros, después de que el Congreso rechazara en febrero la moratoria antidesahucios con los votos de PP, Vox y Junts, suponga “un cambio eficaz” e incluya medidas como los contratos indefinidos de alquiler, además de proteger mejor a quienes afrontan un desalojo. Señalan, no obstante, que para atajar esta crisis y que los inquilinos puedan vivir con cierta estabilidad “hace falta mucho más que un decreto ley”. “No se pueden tomar solo medidas cuando salimos a las calles y cuando la situación es tan sangrante para tanta gente. Se deben aplicar antes, porque los desahucios se pueden evitar”, concluye Blanca.

Otros bloques en Madrid que denuncian acoso inmobiliario

Al igual que en General Lacy 22, el Sindicato de Inquilinas denuncia el vaciamiento progresivo de otros bloques en la capital y la presión inmobiliaria que reciben, como es el caso de Mesón de Paredes 88 en Lavapiés, también propiedad de la familia Campos Cebrián-González Ruano, y el de Tribulete 7, un edificio que adquirió el fondo Elix Rental Housing Socimi II en 2024. En este último caso, los vecinos han logrado que la Justicia admitiera a trámite una querella colectiva por presunto acoso inmobiliario, la primera en España de estas características.

Desahucio de Zaira y su familia

A estos casos se suma el desahucio que este mismo lunes 28 afrontan Zaira, su marido y sus cuatro hijos —tres de ellos menores de edad— en el distrito madrileño de Vicálvaro. El piso donde residen desde hace 15 años pertenece a la Agencia de la Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid, y este es el quinto intento de desalojo al que se enfrenta la familia.

El caso ya llegó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que pidió a España adoptar medidas para evitar el desahucio. El organismo consideró que no se había evaluado el impacto sobre los menores ni se había ofrecido una alternativa habitacional adecuada. Pese a ello, la Comunidad de Madrid retomó el proceso por la vía penal y se programó un cuarto intento para el 25 de junio, aunque finalmente quedó pospuesto hasta el 28 de septiembre, según explican desde la plataforma Stop Desahucios de Vicálvaro. “Tanto Zaira como su marido están fatal. Se quedan en la calle con tres menores de edad porque no tienen alternativa habitacional”, critica el colectivo.

Esta familia alquilaba previamente una vivienda particular, pero la enfermedad del padre —tiene un 65% de discapacidad— y la falta de ingresos les llevaron a ocupar un piso vacío de la AVS, que se encontraba “en un estado deplorable”, según sus palabras. En 2015, el matrimonio trató de regularizar su situación a través de un alquiler social, pero el organismo público “se ha negado a llegar a un acuerdo”, indica Stop Desahucios, que asegura que la familia “solo quiere pagar un alquiler adecuado a sus ingresos”.

La AVS, por su parte, reclama el inmueble por tratarse de una ocupación irregular y defiende que debe gestionar el parque público de vivienda. Subraya, además, que los dictámenes internacionales no tienen carácter obligatorio para la jurisdicción española.

El desahucio de Maricarmen Abascal, la vecina de 87 años que vivió con un contrato de renta antigua durante 71 años en la misma casa en el distrito de Retiro, ha provocado una auténtica sacudida social y ya se ha convertido en símbolo de la crisis de la vivienda que atraviesa España. Tras el desalojo del pasado miércoles impulsado por la inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversiones, que compró el piso en 2018 y no aceptó negociar un alquiler asequible, se han producido manifestaciones en diferentes puntos del país para reclamar soluciones, aunque la más multitudinaria tuvo lugar este sábado en Madrid, una protesta que ha derivado en una acampada improvisada en la Plaza del Sol, donde permanecen unas 500 personas.

Al Sindicato de Inquilinas no le sorprende la mecha que ha prendido el caso de Maricarmen, pues responde a un problema que cada vez atraviesan más hogares: la escalada sostenida de los precios de compra y alquiler durante los últimos 12 años, la precariedad de los contratos, los desahucios y el auge de los alquileres de temporada y por habitaciones. Por eso, la organización pide al Gobierno central que el decreto de vivienda que el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes 29 no se limite a impedir los desalojos de personas vulnerables. Reclaman prórrogas obligatorias que, en la práctica, “garanticen contratos de alquiler indefinidos, una regulación de los alquileres por habitaciones, medidas frente a las prácticas vinculadas a fianzas y a desperfectos que no se reparan y límites a las actualizaciones de las rentas conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC)”.

Por el momento, el sindicato asegura que la permanencia de la acampada en la Puerta del Sol “dependerá de la gente que se vaya sumando y de todo lo que se está generando alrededor”. “Estamos viendo mucha ayuda mutua y también tiene una parte bonita de reivindicación del espacio público que en Madrid nos están quitando”, señala a Infobae Fernando de los Santos, portavoz del Sindicato de Inquilinas. La elección del lugar, frente a la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, busca además situar la protesta ante las políticas de vivienda del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, pues el colectivo sostiene que “la presidenta regional ha adquirido un ático con el dinero de todos mientras no se atienden las necesidades de vivienda de las mayorías”.

Por su parte, Alicia del Río, también portavoz del sindicato, ha asegurado que la acampada “va a seguir adelante” y ha advertido que, si el Gobierno no incluye los contratos indefinidos de alquiler en el denominado ‘decreto Maricarmen’, seguirán “desobedeciendo” y “escalando” la protesta. “Esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez: ‘¿Qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30 % de la población que somos inquilinas?”, ha señalado del Río en declaraciones a los medios en la Puerta del Sol.

Para el Sindicato de Inquilinas, estas medidas serían solo un punto de partida para cambiar una lógica que “convierte la vivienda en un bien de mercado”.

“Hay mucha gente que se encuentra en una situación parecida a la de Maricarmen y por eso se siente interpelada por la injusticia del sistema rentista. Tras la crisis inmobiliaria de 2008, los gobiernos optaron por atraer fondos de inversión y capital extranjero, en lugar de proteger a las familias que afrontaban desahucios, porque esos fondos buitre cuentan con ventajas fiscales en España”, como tipos reducidos y exenciones en determinados impuestos, añade De los Santos.

Un sistema que “desprotege al inquilino”

El activista también cuestiona el marco legal vigente, que, a su juicio, deja desprotegidos a los inquilinos. Como ejemplo, cita la falta de una regulación específica para los alquileres por habitaciones y la duración limitada de los contratos, que por regla general se extienden durante cinco años. Frente a ese modelo, defiende contratos indefinidos y menciona el caso de Alemania como referencia.

“La respuesta al desahucio de Maricarmen no es casualidad, es el resultado de decisiones políticas acumuladas durante años. Esta situación se ha ido alimentando desde las instituciones y por eso señalamos a los gobiernos como responsables”, afirma De los Santos. El ‘decreto Maricarmen’ que se prevé aprobar el martes, añade, “es solo ese mínimo, un punto de partida para empezar a cambiar una lógica que trata la vivienda como un negocio, en lugar de garantizarla como un derecho”, concluye.

El desahucio de Maricarmen Abascal, la vecina de 87 años que vivió siete décadas en una misma vivienda del distrito madrileño de Retiro, ha encendido la mecha de un hartazgo colectivo que va más allá del rechazo a los desalojos de personas y familias vulnerables. Este sábado miles de personas de todas las edades se manifestaron en la capital para decir basta al aumento de los precios, la especulación inmobiliaria y la falta de perspectivas para quienes intentan construir un futuro, en una movilización que ha terminado en una acampada en la céntrica Puerta del Sol.

Unas 500 personas han amanecido allí este domingo, según las cifras facilitadas por la Delegación de Gobierno a Europa Press, para reclamar la aprobación de un decreto sobre vivienda, al que ya denominan ‘decreto Maricarmen’, en el Consejo de Ministros que se celebrará el martes 29. La movilización aumenta la presión sobre el Gobierno, pues sostienen que lo ocurrido “no puede volver a suceder” y exigen medidas estructurales que modifiquen el modelo de vivienda en España: que deje de responder a la lógica de la especulación y quede garantizada como un derecho.

Desde el Sindicato de Inquilinas explican a Infobae que a lo largo de la jornada debatirán los próximos pasos de la asamblea. Aunque sitúan el martes como fecha decisiva, advierten de que las medidas que reclaman en el decreto “son una cuestión de mínimos, pero el problema es mucho más de fondo”.

La organización reclama que los contratos se renueven de forma automática y pasen a ser indefinidos, un sistema que, según explican, ya existe en países como Inglaterra, Alemania y Austria. También exige medidas para frenar los desahucios y congelar las actualizaciones de las rentas vinculadas al Índice de Precios de Consumo (IPC).

También proponen una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para incluir controles sobre los alquileres de temporada y por habitaciones, dos fórmulas que han ganado peso en el mercado en los últimos años, si bien también reclaman prórrogas efectivas para los contratos que siguen vigentes.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha asegurado que el caso de Maricarmen ha supuesto un “punto de no retorno” en la lucha por la vivienda en España y ha indicado que si el decreto no sale adelante, el Ejecutivo “no tiene ningún sentido” y debería plantearse su continuidad, si bien la organización también se ha mostrado muy crítica con el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso, al que responsabiliza de no haber impulsado medidas suficientes desde la Comunidad de Madrid ante el encarecimiento de los alquileres y la especulación de fondos de grandes tenedores y fondos de inversión.

Maricarmen, que fue desahuciada el miércoles por la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversiones, se ha convertido en símbolo de la crisis de la vivienda. Pese a ser una persona mayor, con un 50% de discapacidad por problemas de movilidad y no tener alternativa habitacional, fue desalojada de la casa que compartió con sus padres y en la que deseaba “morir tranquila”.

La inmobiliaria, que compró el bloque en 2018, no aceptó negociar con Maricarmen un alquiler asequible, porque, como pensionista, no podía asumir los 1.650 euros mensuales que le pedían. No obstante, tras las multitudinarias protestas y la repercusión del caso, Urbagestión Desarrollo e Inversión planteó que Maricarmen pudiera volver a su vivienda mediante la incorporación del piso al Programa Reviva, aunque el Ayuntamiento de Madrid descartó esa vía por considerarla “inviable” por “no cumplir con los requisitos legales recogidos en las bases del programa, ni en los otros programas de compra de vivienda”.

Reunión este lunes con la inmobiliaria

Aun así, este lunes a las 16.00 horas, está prevista una reunión que podría abrir una alternativa para que la mujer regrese a la casa en la que ha vivido casi toda su vida. El encuentro, en el que tendrán que negociarse cuestiones como el precio del alquiler o la duración del contrato, entre otros, se desarrollará entre Urbagestión Desarrollo e Inversión, los representantes de la mujer y los profesionales del Servicio de Intermediación del Alquiler de EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo) de Madrid.

La inmobiliaria alega que el contrato de Maricarmen se subrogó dos veces y que, por tanto, es ilegal. Era un contrato de renta antigua, firmado por su padre en 1956, durante la dictadura franquista. Tras su fallecimiento, la titularidad pasó a la madre, y a la muerte de esta, en 2005, Maricarmen pasó a ser segunda subrogada, una figura que la ley no protege para blindar el contrato indefinido, aunque la propiedad de entonces respetó su renta antigua.

En 2020 comenzó un proceso legal y en 2024 Maricarmen recibió la primera notificación de la empresa en la que se le comunicaba que debía abandonar la vivienda. En octubre de 2025 un juzgado ordenó el desalojo.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha dado la razón a Immodispur S.L. -una sociedad dedicada al arrendamiento de viviendas- en su reclamación para resolver un contrato de alquiler por falta de uso de la vivienda. La resolución, fechada el 7 de septiembre de este año, revoca la decisión previa de un juzgado de primera instancia y obliga a una mujer de 82 años a abandonar el piso que alquilaba y del que llevaba ausente desde hace cuatro años.

El contrato de alquiler se firmó originalmente en 1965. En el año 2000, tras la muerte de su marido, la mujer se subrogó en él, y es desde entonces la titular del arrendamiento. Al regirse por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, el contrato contempla que el propietario pueda negar la prórroga si la vivienda queda vacía más de seis meses en un año, excepto si hay una causa que lo justifique.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp, en Facebook y en Instagram

Immodispur S.L. presentó la demanda tras comprobar que la inquilina se había marchado en octubre de 2019 y no había vuelto, al menos, hasta julio de 2023. Tras examinar los motivos expuestos por la mujer para justificar su ausencia, la Sección Cuarta de la Audiencia entendió que no bastaban para sostener que existiera esa “justa causa” que exige la ley.

Los tres argumentos de la defensa

La defensa alegó tres razones: el cuidado de dos hermanos enfermos, las restricciones derivadas de la pandemia y las obras que se ejecutaban en el edificio. En el otoño de 2019, fallecieron los dos hermanos de la inquilina; y una tercera, nonagenaria, salió del hospital tras dos meses ingresada. Fue entonces cuando la mujer se trasladó a un municipio de la provincia de Tarragona para cuidar de ella.

Aunque el tribunal reconoció la dureza de estas circunstancias, encontró un dato que, a juicio de la sala, convertía en innecesario el cuidado de la mujer por parte de la titular del alquiler: tanto la arrendataria como su hermana contaban ya con una cuidadora contratada en aquel momento, según reconoció el hijo de la primera durante la vista.

Respecto a la pandemia, la resolución recuerda que el estado de alarma terminó en junio de 2020 y que, a partir de ahí, “nada impedía” que la mujer volviese a Barcelona. El argumento de la defensa fue que la menor incidencia del virus en la zona en la que se instaló la mujer justificaba que se quedase ahí. El tribunal concede que esto justificaría la ausencia de la mujer en el piso alquilado durante los meses de confinamiento estricto, pero no para explicar tres años más de ausencia.

El argumento de las obras tampoco convenció a los magistrados. Immodispur S.L. paralizó la rehabilitación del edificio en 2019 y la retomó en 2021. Se notificó entonces a la inquilina que se iba a cambiar la puerta de entrada, se eliminaría la instalación de gas y se harían trabajos de saneamiento en su piso. Según el hijo de la arrendataria, su madre solo permitió el cambio de puerta y el resto de obras no se llegaron a llevar a cabo por la falta de autorización de la mujer. De acuerdo con un técnico que participó en los trabajos, la segunda fase de las obras se limitó a la instalación de placas solares, la rehabilitación de pisos vacíos, y la modificación del recorrido del ascensor, esto último ya con la demanda presentada.

Para la Audiencia, el dato clave es cronológico: cuando las obras se reanudaron, en noviembre de 2021, la inquilina llevaba ya más de dos años fuera de la vivienda, muy por encima del plazo de seis meses que marca la ley.

La sentencia se apoya en jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en una resolución de 2011 estableció que una enfermedad solo justifica la desocupación cuando se trata de una situación temporal, “aun cuando pueda prolongarse durante un dilatado período, pero siempre que sea razonablemente previsible en un plazo más o menos largo que la vivienda volverá a cumplir su destino”.

También recurre al concepto de abuso de derecho, recogido en otra sentencia de la misma sección de hace apenas un año, que señala que mantener el alquiler pese a la falta de uso prolongada y no justificada “constituiría un ejercicio abusivo del derecho frente a la plenitud del derecho de propiedad”. Es decir, que el tribunal contrapone dos derechos: el del inquilino a no ser desalojado y el del propietario a disponer libremente de su vivienda. Cuando el primero se sostiene solo de forma nominal, sin ningún uso real detrás, la balanza se inclina a favor del segundo.

El tribunal reconoce que algunos tramos concretos de esos cuatro años sí podrían considerarse justificados por separado, pero concluye que, durante buena parte del tiempo, no existía ningún obstáculo real que impidiera el regreso, y que la decisión de no volver fue voluntaria.

La resolución declara extinguido el contrato, condena a la inquilina a dejar la vivienda a disposición de Immodispur S.L. y advierte de que, si no lo hace de forma voluntaria, se procederá al desalojo forzoso. Las costas del primer juicio pasan a recaer sobre ella.

El desahucio de Maricarmen Abascal, la vecina de 87 años que vivió durante siete décadas en la misma casa en el distrito madrileño de Retiro con un contrato de renta antigua, ha despertado la indignación de buena parte de la sociedad en España. Su caso evidencia por qué el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema para la población, en un mercado marcado por una subida de precios que no frena y una oferta que cada vez está más concentrada en manos de entidades bancarias y fondos de inversión.

Los colectivos que defienden el derecho a la vivienda confían en que la “conmoción social” provocada por este caso marque “un punto de inflexión”. Reclaman que el Gobierno no se limite a “poner parches” mediante medidas puntuales, como el decreto ley de vivienda que prevé aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros, y que busca frenar los desahucios de personas vulnerables y regular el alquiler por habitaciones, entre otros aspectos. Las organizaciones exigen, además, un sistema que “garantice el acceso a la vivienda como un derecho humano”.

La socióloga Laura Barrio afirma que el actual mercado inmobiliario “supone una amenaza para la vida cotidiana”, pues, a su juicio, la inestabilidad residencial debilita los vínculos personales y obliga a asumir desplazamientos de varias horas diarias para llegar al trabajo. “Este mercado nos está quitando la vida, o bien de golpe o apagándonos poco a poco. Porque en el momento en que tienes que estar rediseñando tu vida cada cinco años y cambiando de lugar, pierdes amigos y contactos, al igual que pierdes horas de tu vida cada día para ir a trabajar porque has tenido que cambiar de barrio, y vas sumando ese cansancio”, dice a Infobae esta destacada activista por el derecho a la vivienda.

Los impagos del alquiler, la gentrificación, la dificultad de los jóvenes para independizarse y el encarecimiento de las rentas “no son un problema en sí mismos”, sostiene Barrio, sino una consecuencia de “un modelo político neoliberal que, en lugar de redistribuir la riqueza para garantizar unos mínimos y reducir la desigualdad, hace que las rentas del trabajo terminen en manos de los rentistas”, sostiene. Según la socióloga, tanto la legislación como el modelo político y el mercado de la vivienda favorecen esta dinámica desde hace dos décadas, y asegura que los colectivos por el derecho a la vivienda llevan años alertando sobre sus consecuencias.

El impacto de un desalojo

Barrio también afirma que desahucios como el que ha sufrido Maricarmen “pueden desencadenar un impacto psicológico comparable al de una catástrofe”, pues la amenaza de no poder pagar el alquiler, la incertidumbre ante los contratos precarios y el propio desalojo transforman el hogar que debería ofrecer protección y estabilidad en una fuente permanente de angustia. Insomnio, depresión, ansiedad, trastornos alimentarios y adicciones figuran entre las consecuencias más frecuentes de esa inseguridad sostenida.

El daño también alcanza a los vínculos sociales. La precariedad económica reduce las posibilidades de ocio y de relación con otras personas, mientras la vergüenza lleva a muchos afectados a ocultar su situación. Ese aislamiento agrava el malestar y puede elevar el riesgo de conductas extremas. Por eso, los especialistas subrayan la necesidad de que las personas amenazadas por un desahucio encuentren redes de apoyo y espacios donde puedan hablar de lo que les ocurre.

En el caso de niños, niñas y adolescentes, la pérdida o la amenaza de perder la casa puede comprometer necesidades básicas y afectar a su desarrollo. Algunos menores sufren estigmatización en la escuela o interpretan el desalojo como una culpa de sus padres, por lo que también es importante explicarles la situación de acuerdo con su edad y acompañarlos durante el proceso para reducir el impacto emocional.

Más de 4.000 desahucios en el primer trimestre de 2026

En 2025 se registraron en España 25.540 desahucios, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De ellos, 18.317 derivaron de procedimientos por impago de alquiler, 4.346 de ejecuciones hipotecarias y 1.877 de otras causas. La cifra fue un 11% inferior a la de 2024.

De acuerdo con los datos del CGPJ, en el primer trimestre de este año se ejecutaron 4.005 lanzamientos, un 45% menos respecto al mismo periodo de 2025. Pese a esa bajada, las organizaciones sociales advierten de que las estadísticas no reflejan todas las pérdidas de vivienda, pues también se producen los llamados “desahucios invisibles”: casos en los que el propietario eleva el alquiler al término del contrato, no lo renueva o exige unas condiciones que el inquilino no puede asumir, de forma que termina marchándose.

A partir del 1 de octubre de 2026, Florida castigará como delito grave el fraude cometido para obtener una vivienda de alquiler.

El proyecto CS/HB 1293 fue aprobado por unanimidad en ambas cámaras legislativas estatales a principios de este año y promulgado por el gobernador Ron DeSantis el 12 de junio.

La legislación sanciona a quienes obtengan la posesión de una casa mediante información falsa en la solicitud de alquiler, documentos falsificados o la suplantación de identidad.

Quienes incurran en estas conductas podrán enfrentar cargos penales y multas, mientras que el propietario podrá rescindir el contrato.

De acuerdo con el sitio Florida Politics, el problema tiene una incidencia particular en el área de Miami-Fort Lauderdale, donde algunas personas incurren en estas prácticas para acceder a contratos de arrendamiento.

En un comunicado recogido por el medio, la Asociación de Apartamentos de Florida (FAA) explicó: “Las consecuencias del fraude en las solicitudes de alquiler van más allá de los proveedores de vivienda. Cuando los estafadores obtienen viviendas asequibles para las que no reúnen los requisitos, reducen el acceso a las familias trabajadoras y a las personas que sí cumplen los requisitos para esas viviendas limitadas”.

Luego agregó: “Los inquilinos que cometen fraude en la solicitud a menudo dejan de pagar el alquiler, lo que conlleva costosos procesos legales y pérdidas financieras que, en última instancia, pueden afectar a la gestión de las viviendas y a su accesibilidad”.

Mentir en la solicitud o usar documentos falsos podrá derivar en un delito grave

La ley prohíbe que una persona entre y tome posesión de una vivienda de alquiler cuando lo haga de manera consciente y voluntaria mediante una declaración materialmente falsa sobre su identidad en la solicitud de arrendamiento.

A su vez, abarca la presentación de documentos falsificados, ficticios o alterados ante el propietario. El texto legislativo menciona entre los ejemplos una licencia de conducir, una tarjeta de identificación, un extracto bancario o un recibo de sueldo.

La tercera conducta contemplada es hacerse pasar por otra persona cuyo nombre figure en la solicitud con el fin de firmar el contrato o tomar posesión del inmueble.

Quien incurra en alguna de esas prácticas cometerá un delito grave de tercer grado, de acuerdo con la nueva sección 817.537 de los Estatutos de Florida.

La ley remite para la sanción a las disposiciones penales generales del estado, que para esa categoría prevén penas que pueden llegar a cinco años de prisión y una multa de hasta USD 5.000, según las circunstancias del caso y los antecedentes de la persona condenada.

Los propietarios podrán terminar el contrato y exigir la desocupación

La reforma incorpora la entrada fraudulenta a una vivienda residencial a la lista de incumplimientos que un propietario puede considerar imposibles de subsanar. Esto significa que el arrendador no tendrá que otorgar un plazo para corregir la falta antes de resolver el contrato.

Por consiguiente, el propietario deberá entregar una notificación escrita en la que detalle el incumplimiento y su intención de terminar el acuerdo de alquiler. A partir de la entrega del aviso, el inquilino tendrá siete días para abandonar la propiedad.

El procedimiento civil podrá activarse aunque no se hayan iniciado actuaciones penales. La ley establece de forma expresa que la terminación del contrato por esta causa procede “con independencia de que hayan comenzado procedimientos penales”.

La crisis de vivienda en Estados Unidos dejó de ser un problema exclusivo de los sectores de menores recursos.

Un nuevo informe del Urban Institute mostró que las dificultades para pagar el alquiler se extendieron a la clase media, un segmento que hasta ahora había enfrentado una presión menor.

El estudio se basa en el Well-Being and Basic Needs Survey, una encuesta anual del instituto que recopila respuestas de más de 10.000 adultos sobre cómo distribuyen sus ingresos y en qué áreas tienen dificultades para cubrir sus gastos.

Los datos de 2025 reflejaron un aumento marcado de las dificultades entre los inquilinos de ingresos medios respecto del año anterior.

La crisis de alquiler ya no es exclusiva de los sectores más pobres

El informe abarca todos los niveles de ingresos, pero el deterioro más pronunciado se concentró entre los inquilinos de ingresos medios.

El estudio define ese segmento como adultos individuales que ganan entre USD 31.300 y USD 62.600 anuales, o familias de tres personas con ingresos de entre USD 53.300 y USD 106.600.

Dentro de ese grupo, casi el 22% no pudo cubrir el alquiler completo en al menos una ocasión durante el año pasado.

La comparación con los inquilinos de menores recursos refuerza la magnitud del cambio. Cerca del 28% de ese segmento declaró haber tenido problemas para afrontar el costo de la vivienda en 2025, frente al 24% de 2019. El incremento fue gradual. En ese tramo, el salto fue abrupto.

Los propietarios de viviendas no enfrentan la misma presión

El fenómeno es específico del mercado de alquiler. La capacidad de los propietarios de viviendas para cubrir sus hipotecas se mantuvo estable durante los últimos siete años, de acuerdo con los datos del Urban Institute. El número de arrendatarios con dificultades para cubrir la renta lleva en ascenso desde 2022.

Incluso los inquilinos de ingresos altos registraron un retroceso. Alrededor del 7% de ese segmento no pagó su alquiler en algún momento de 2025, dos puntos porcentuales más que el año anterior.

La presión no proviene únicamente del costo de la vivienda. Un porcentaje similar de inquilinos —algo más del 20%— también declaró haber tenido problemas para pagar el gas, el petróleo o la electricidad durante 2025.

Las familias eligen entre el alquiler y las necesidades básicas

Samantha Batko, investigadora principal del Urban Institute y coautora del informe, explicó al respecto que, históricamente, los arrendatarios de bajos ingresos son quienes enfrentan mayor carga habitacional y, por eso, son más vulnerables a tener que elegir entre cubrir las necesidades básicas de su familia o pagar el alquiler. “Y a veces eso termina en un desalojo o en situación de calle”, afirmó en declaraciones recogidas por NPR.

Para Batko, el aumento entre los inquilinos de ingresos medios “es un cambio grande e importante que refleja los desafíos generales de asequibilidad en el país”.

La investigadora sostuvo que cuando una familia informa un pago tardío, parcial o ausente, “estamos viendo esas decisiones en tiempo real. Esa familia está eligiendo pagar el medicamento de un hijo o la comida del almuerzo o la cena, y está eligiendo postergar —o se ve forzada a postergar— el pago del alquiler”.

Las regiones con mayor incremento en los retrasos de alquiler durante 2025 fueron el Sur y el Noreste del país, aunque el Urban Institute señaló que la problemática abarca todo el territorio nacional.

El riesgo de desalojo y el endurecimiento de los programas de asistencia

Las leyes de desalojo varían según el estado, pero Batko advirtió que en algunos casos con un solo pago incumplido alcanza para perder la vivienda.

“La expansión hacia los hogares de ingresos medios, con muchos más hogares que declaran dificultades para pagar el alquiler, me genera una preocupación real sobre posibles implicancias en el flujo hacia la situación de calle”, declaró la investigadora ante NPR.

Las tasas de desalojo en Estados Unidos se mantuvieron relativamente estables en los últimos años, de acuerdo con los datos del Eviction Lab, que monitorea los desalojos a nivel nacional.

Sin embargo, Batko consideró que, con el costo de vida en aumento para la mayoría de las familias, es probable que la tendencia de hogares incapaces de afrontar la renta continúe en ascenso.

A eso se suma un cambio en la política federal. La administración Trump publicó una propuesta de reglamento que permitiría a los administradores de los programas federales de asistencia habitacional establecer restricciones al acceso a esa ayuda, entre ellas límites de tiempo y requisitos de trabajo.

Organizaciones de defensa de la vivienda sostuvieron que la medida podría reducir la cantidad de personas que acceden a esos beneficios, incluidos los subsidios de alquiler.

Este jueves Maricarmen no ha podido despertarse en la casa en la que ha vivido durante siete décadas en el distrito madrileño de Retiro. Al levantarse se ha encontrado con una habitación que no reconoce, la del hospital Gregorio Marañón en el que se encuentra, después de que el miércoles fuera desahuciada por el fondo buitre que compró el piso en 2018, Urbagestión Desarrollo e Inversiones, que se negó a negociar cualquier tipo de solución para esta vecina de 87 años, cuyo desalojo ha despertado el hartazgo de una sociedad que reclama soluciones ante la crisis de la vivienda.

Maricarmen, visiblemente afectada por la angustia y el estrés de todo este proceso, terminó siendo trasladada por el Samur Social en ambulancia al hospital y sufre un cuadro de agotamiento severo. Según explica su abogada, aún no sabe dónde va a vivir ni que sucederá a partir de ahora.

“De momento, Maricarmen sigue en el hospital y puede que permanezca ingresada un par de días más porque quieren hacerle algunas pruebas después de todo lo que ha pasado. Y por el resto, todo sigue igual. No se sabe qué va a pasar con ella y creo que ni la propia Maricarmen lo sabe, porque aún esta tratando de digerir y gestionar todo esto. Sigue sin alternativa habitacional”, dice a Infobae su abogada, Beatriz Duro. “Han pasado 24 horas y siguen sin ofrecerle absolutamente nada”, añade.

El Ayuntamiento de Madrid le ofreció una plaza en una residencia de ancianos, pero Maricarmen la rechazó, no solo porque su único deseo era seguir viviendo en la casa que compartió con sus padres y “poder morir tranquila” en ella, sino porque es una solución temporal que no soluciona el problema. Se trata de un recurso que ofrece el Samur Social en este tipo de casos por su carácter de urgencia, explica Duro, pero “son temporales y, por tanto, no ofrecen una solución a largo plazo”. Además, recuerda la abogada, Maricarmen no quiere instalarse en un geriátrico, “lo que quiere es una casa donde poder vivir y las administraciones deberían ofrecérsela”.

El problema en España “no son las ocupaciones”

Duro confía en que la indignación que ha despertado este caso, sirva, al menos, para que los desahucios y el problema de la vivienda “no caigan en el olvido” y para que la sociedad “se movilice y puedan cambiar realmente las cosas”. La abogada recuerda que en España se producen a diario decenas de desalojos y que afectan, sobre todo, a personas y familias vulnerables.

“Necesitamos que haya políticas que realmente garanticen el derecho a la vivienda, porque a menudo se pone el foco donde no está, en las ocupaciones, y ese miedo también frena los avances. El problema no son las ocupaciones, el problema es la falta de acceso a la vivienda, que está concentrada en un porcentaje muy importante de grandes tenedores, en fondos de inversión y en bancos que lo único que están haciendo es ir proteger la especulación inmobiliaria”, sostiene. “Necesitamos que se cambie el foco, que hablemos en un plano de humanidad, porque lo que le ha ocurrido a Maricarmen es una vergüenza”, concluye la letrada.

Las familias que alquilan vivienda en Costa Rica podrían enfrentar nuevos aumentos en los próximos meses. Los precios de los alquileres cerrarían 2026 con un incremento cercano al 3.25%, según una proyección elaborada por el Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario (CENFI) a partir de información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La estimación toma como referencia la evolución del componente de alquileres dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y apunta a que la tendencia alcista registrada durante el año se mantendría hasta diciembre.

En agosto de 2026, los alquileres mostraban un incremento interanual del 2.98%. De acuerdo con los cálculos del CENFI, esa variación podría avanzar hasta aproximadamente 3.25% al finalizar el año.

El impacto puede observarse con mayor claridad al trasladar el porcentaje a los pagos mensuales de una familia. Según explicó el centro de estudios, una vivienda cuyo alquiler se encontraba en ₡300,000 (US$662) mensuales podría llegar a costar aproximadamente ₡309,750 (US$684) al mes.

Eso implicaría desembolsar ₡9,750 (US$22) adicionales cada mes, lo que, llevado a un periodo de 12 meses, representaría un gasto adicional acumulado de ₡117,000 (US$258).

Melizandro Quirós, director ejecutivo del CENFI, explicó que la estimación permite dimensionar cómo el comportamiento general del mercado puede impactar en el presupuesto de los hogares.

El experto agregó que la tendencia podría prolongarse durante los primeros meses del próximo año. Para febrero de 2027, el CENFI estima que los precios de los alquileres serían aproximadamente 3.31% mayores que los registrados en 2026.

La proyección se basa en el comportamiento del IPC

Para elaborar el cálculo, el CENFI analizó el comportamiento mensual observado entre enero de 2025 y agosto de 2026 en la subclase de “alquileres” del Índice de Precios al Consumidor.

Este indicador refleja las variaciones en los montos que pagan los hogares por arrendar una vivienda. Para construirlo, el INEC recopila periódicamente una muestra de pagos por alquiler y posteriormente procesa esa información como uno de los componentes utilizados para medir la inflación en Costa Rica.

Sin embargo, el CENFI hizo una precisión importante: el aumento proyectado del 3.25% no significa que todos los contratos de alquiler vigentes puedan aumentar automáticamente en ese mismo porcentaje.

La estimación corresponde al comportamiento general de los precios disponibles en el mercado, es decir, cuánto podría costarle a una persona o familia buscar una vivienda para alquilar en determinado momento.

Los reajustes aplicables a contratos ya existentes se encuentran regulados de manera distinta. En Costa Rica, estos están contemplados en el artículo 67 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, que establece las condiciones relacionadas con los ajustes de acuerdo con la inflación acumulada.

Por esta razón, el incremento real que enfrente cada hogar puede ser diferente al promedio calculado.

“Los porcentajes señalados deben interpretarse como una referencia general del movimiento promedio que se podría esperar de los precios de alquiler en la calle”, aclaró Quirós.

El director del CENFI explicó que el valor final puede cambiar dependiendo de múltiples elementos, entre ellos la ubicación del inmueble, sus características, las condiciones acordadas entre propietario e inquilino y si se trata de un contrato vigente o de un nuevo arrendamiento.

Esto significa que algunas familias podrían enfrentar incrementos menores a la proyección, mientras que otras podrían encontrar aumentos superiores al promedio cuando busquen una nueva vivienda.

“La experiencia de cada hogar puede ser distinta”, recalcó Quirós, quien agregó que algunas familias podrían estar enfrentando actualmente, o enfrentar en los próximos meses, incrementos superiores a los porcentajes estimados.

Más de un millón de personas viven en casas alquiladas

El comportamiento de los alquileres tiene un impacto significativo debido al número de personas que dependen de esta modalidad habitacional.

En Costa Rica existen actualmente más de 361,000 viviendas alquiladas, ocupadas por aproximadamente 1.05 millones de personas.

La cifra evidencia el alcance que puede tener cualquier variación en el costo de los arrendamientos sobre los presupuestos familiares, particularmente en hogares donde el pago de vivienda representa una parte importante de los ingresos mensuales.

Vivir en una autocaravana o en una furgoneta camperizada es la única opción de muchas personas en Baleares ante la imparable escalada de precios de la vivienda, tanto en el alquiler como en la compra, de forma que el metro cuadrado ya supera de media los 4.000 euros en el archipiélago, según datos del Consejo General del Notariado. Así, un piso de unos 80 metros cuadrados no baja de los 320.000 euros, lo que sitúa a Baleares como la región más cara de todo el país, superando a la Comunidad de Madrid (3.363 euros), País Vasco (2.783 euros) y Cataluña (2.406 euros).

Esos mismos datos indican que la compraventa de viviendas creció un 2,7% en Baleares, por debajo de la media nacional, que fue del 5,9%, mientras que la superficie media de las viviendas adquiridas en las islas aumentó un 2,7%, frente al 1,4% registrado en el conjunto de España.

Por otro lado, la última estadística del INE, publicada este lunes, señala que la vivienda se ha encarecido un 12,2% en el segundo trimestre de 2026, encadenando así 45 trimestres al alza, los seis últimos con aumentos superiores al 12%. La subida ha sido especialmente intensa en el mercado de segunda mano, donde los precios han aumentado un 7,4% desde diciembre, mientras que en la vivienda nueva el incremento acumulado se sitúa en el 4,6%.

Este escenario ha empujado a muchos trabajadores de diferentes sectores a utilizar caravanas, furgonetas u otros vehículos como alternativa habitacional, aunque esta opción también supone afrontar numerosas dificultades. En Ibiza, en concreto, las ordenanzas municipales de casi todos los ayuntamientos prohíben la acampada y la pernocta, lo que restringe la posibilidad de permanecer durante períodos prolongados en buena parte de los núcleos urbanos. Además, la ley de control de la afluencia de vehículos también limita esta práctica en suelo rústico, de forma que prohíbe la acampada fuera de los campamentos de turismo legalmente establecidos.

En el caso de Pablo S., un trabajador que lleva años viviendo sobre ruedas, fue consciente de la magnitud del problema de la vivienda en Ibiza cuando, al cambiar su furgoneta por una caravana más amplia, un trabajador migrante que dormía en una tienda de campaña le preguntó si podía alquilar su vehículo. “Ahí me di cuenta de que podía ser una solución para quien no necesita lujos en su día a día”, dice a Infobae, por lo que comenzó a reunir caravanas en la zona de Sa Joveria, detrás del hospital Can Misses, donde con el paso de los meses el lugar se convirtió en un asentamiento improvisado. Allí no vivían turistas que buscaban abaratar sus vacaciones ni personas que ocuparan viviendas, asegura, sino trabajadores que no conseguían acceder al mercado inmobiliario de la isla, convertida ya en un destino de lujo a precios prohibitivos.

Estuvo instalado en el asentamiento de Sa Joveria cerca de cinco años, entre 2017 y 2023, cuando fue desalojado junto al resto de residentes por la Policía Nacional por los posibles riesgos para la salud pública y situaciones de inseguridad, según denunciaron las autoridades. Este mismo espacio volvió a concentrar este 2026 caravanas y tiendas de campaña de más de un centenar de personas trabajadoras que no se pueden permitir un alquiler en la isla con sus ingresos, pero fue desalojado en abril por las mismas razones que la vez anterior.

Perfiles de todo tipo

Actualmente, Pablo S. ya no reside de forma permanente en Ibiza y solo regresa durante la temporada de verano para trabajar, que se prolonga durante varios meses. Hace cuatro años, cuando intentó por última vez buscar una vivienda junto a su pareja para plantearse formar una familia, descartó esa posibilidad por el precio de los alquileres y decidió marcharse de la isla. “No soy ibicenco de nacimiento, pero es muy triste ver cómo quienes han nacido aquí y tienen trabajo se ven obligados a marcharse del lugar donde crecieron, donde tienen a su familia y amigos”, por culpa de los precios desorbitados, añade.

Aclara, no obstante, que la vida en caravanas reúne perfiles muy distintos y no se limita a trabajadores temporales. Entre las personas que ha conocido menciona a madres solteras que han sido desahuciadas, mujeres mayores empleadas en sectores con salarios bajos como la limpieza, y matrimonios de jubilados que buscan vivir cerca de sus hijos.

A la espera de la resolución favorable de la regularización

En el caso de Gabriel, un argentino de 50 años que reside en Ibiza desde 2023, ahora vive en un camión tras ser desalojado del asentamiento de Sa Joveria el pasado mes de abril. Denuncia que en estos últimos años “ha habido numerosos desalojos en la isla y mucha gente se ha quedado en la calle, cuando los precios del alquiler son una locura”. “Es imposible alquilar un piso”, resume.

Su día a día, explica, está marcado por la falta de servicios básicos y “se las tiene que apañar para mover el camión y buscarse la vida como sea”, bien para encontrar agua o acceder a un baño para ducharse. Es electricista, pero su situación administrativa irregular le impide, por ahora, acceder a un contrato laboral, por lo que subsiste con “los trabajos que van saliendo”. Su objetivo es regularizar su situación, obtener el permiso de residencia y trabajo para ampliar sus oportunidades laborales y poder alquilar “al menos una habitación”.

La regularización extraordinaria de migrantes puesta en marcha por el Gobierno entre abril y junio registró casi 1,2 millones de solicitudes, pero hasta el momento solo un porcentaje pequeño ha recibido la resolución favorable, según ha denunciado el movimiento Regularización Ya. El plazo de presentación concluyó el 30 de junio, por lo que el Gobierno aún dispone de todo el mes de septiembre para resolver la mayor parte de los expedientes.

“Muchos estamos esperando a tener los papeles para poder estar más tranquilos y ya poder decir, por lo menos, acceder a una vivienda que te permita vivir en condiciones más dignas”, relata Gabriel, que confiesa que muchas veces se ha planteado regresar a Argentina, “aunque ya solo queda el último tirón”. “Si me fuera ahora, sería como darme por vencido después de todo lo que he pasado”, concluye.

Los préstamos BNPL (buy now, pay later) nacieron como una alternativa para diferir compras prescindibles. Hoy, en Estados Unidos, financian lo que no puede esperar: el alquiler del mes, la factura de la luz y la compra del supermercado, tal y como reflejan los resultados citados por CBS News sobre el avance de estos créditos en los gastos esenciales.

El cambio no es menor, implica que una porción creciente de hogares ya no llega a fin de mes con sus propios ingresos.

En 2025, los estadounidenses tomaron USD 160.000 millones en préstamos BNPL, el doble que dos años antes, de acuerdo con un informe de economistas de la Reserva Federal. La expansión del sector coincide con el deterioro del poder adquisitivo tras años de inflación elevada.

Los gastos básicos ya representan el principal destino de los préstamos BNPL

El perfil de uso cambió de forma significativa. Casi el 30% de los usuarios declaró haber pagado el supermercado con BNPL, frente al 14% de dos años atrás, tal como indica una encuesta de LendingTree.

Otro 23% lo usó para gastos médicos, dentales, veterinarios o para cubrir el alquiler. Y el 54% afirma que sin este financiamiento no podría cubrir sus gastos básicos.

Matt Schulz, analista de crédito de la plataforma LendingTree, explicó el fenómeno en declaraciones a CBS News: “Las empresas BNPL hicieron un trabajo muy bueno para que este tipo de préstamos sea accesible para pagar casi cualquier cosa”.

Para Ariel Nelson, abogada sénior del Centro Nacional de Derecho del Consumidor (CNDC), el dato más relevante no es el crecimiento del sector, sino lo que exhibe sobre la economía doméstica.

“Lo más importante de estos préstamos es lo que dicen sobre el estado de la asequibilidad —o falta de ella— en nuestro país: que la gente tiene dificultades para pagar el alquiler y los servicios a tiempo y en un solo pago”, dijo al medio.

Membresías y comisiones convierten el “sin intereses” en un costo real

Dos empresas ilustran cómo funciona el modelo en la práctica. Affirm, con sede en San Francisco, lanzó en enero de 2026 un piloto junto a Esusu Pay que permite a los inquilinos dividir el alquiler mensual en dos cuotas.

El servicio no cobra intereses ni cargos por atraso, pero exige una membresía de entre USD 35 y USD 50 por mes.

La firma Flex, con base en Nueva York, va más lejos: permite fraccionar el alquiler, los servicios, el teléfono, internet y el pago del automóvil.

Su estructura de costos incluye USD 6 mensuales fijos, más el 3% del monto del préstamo y una comisión de procesamiento del 0,5%. Para un alquiler de USD 1.500, el costo mensual oscila entre USD 30 y USD 40.

Ryan Metcalf, vicepresidente de asuntos públicos de Flex, definió el producto como una solución a un problema de timing. “No vendemos dinero, vendemos tiempo”, aseguró en declaraciones a CBS News, al señalar que muchos inquilinos no cobran su sueldo cuando vence el alquiler.

Los cargos ocultos pueden transformar una solución temporal en una trampa de deuda

Las advertencias del sector de defensa del consumidor apuntan a una arquitectura de costos que no siempre resulta visible al momento de contratar.

Jennifer Zhang, analista de políticas e investigación en Protect Borrowers, una organización sin fines de lucro que investiga abusos financieros, detalló el riesgo ante CBS News: “Pueden estar repletos de cargos por mora y comisiones basura que se acumulan y se convierten en una fuente de dificultades económicas para mucha gente”.

Nelson, del CNDC, reforzó ese punto. “Los productos están estructurados para parecer baratos, pero en realidad no lo son”, afirmó.

Un riesgo adicional surge cuando los usuarios toman varios préstamos BNPL de distintas plataformas al mismo tiempo: al superponerse los vencimientos, los débitos automáticos pueden vaciar la cuenta bancaria y generar cargos por sobregiro que multiplican el costo total del financiamiento.

Schulz, de LendingTree, reconoció el doble filo del producto. “Puede ser muy útil porque es predecible y sin intereses, pero es fácil pasarse de la raya”, advirtió, al destacar que la facilidad para obtenerlos es, al mismo tiempo, su mayor riesgo.

El alquiler de vivienda en España ha cerrado el mes de agosto con un precio medio de 15,1 euros el metro cuadrado al mes, lo que representa un incremento interanual del 5,8%, según el último informe de precios de Idealista. La subida se ha notado en 47 de las 51 capitales de provincia analizadas por el portal inmobiliario, y solo cuatro ciudades han registrado descensos en comparación con el mismo mes del año anterior. En términos trimestrales, el aumento ha sido del 0,8%, mientras que respecto a julio el precio ha descendido un 0,9%.

En concreto, únicamente San Sebastián (-4,8%), Vitoria (-2,6%), Girona (-1,6%) y Bilbao (-0,1%) presentan caídas en el precio del alquiler respecto a agosto del año pasado. En el resto del país, la tendencia ha sido la contraria, con incrementos que en algunos casos superaron el 10%.

El mayor repunte lo ha sufrido Huesca, donde las rentas han subido un 15% en un año. Le siguen Huelva (14,6%), Soria (12,4%), Toledo (11,8%), Zaragoza (11,1%) y Oviedo (11%). También han cerrado con subidas de dos cifras Castellón de la Plana (10,9%), Guadalajara (10,9%), Melilla y Palencia, estas dos últimas con un 10,8%.

En los mercados de mayor tamaño, el comportamiento también fue alcista, con la salvedad de las dos capitales vascas. Alicante encabeza las subidas entre las grandes ciudades con un 7,3%, seguida de Palma (5,9%) y Madrid (5,1%). Sevilla avanza un 4,4%, Valencia un 3,5%, Málaga un 2,8% y Barcelona, con el incremento más moderado entre las capitales más pobladas, un 0,7%.

Madrid, la capital más cara para alquilar

La ciudad de Madrid continúa siendo la zona con el alquiler más elevado de todo el país, con un precio medio de 23,3 euros por metro cuadrado. Le sigue Barcelona, con 20,2 euros, y Palma, con 19,3 euros. Completan el grupo de las capitales más caras, que son San Sebastián (18,1 euros), Málaga (16,5 euros), Valencia (16,3 euros) y Bilbao (15,7 euros).

En el extremo opuesto de la tabla, Jaén y Cáceres comparten el título de capitales con las rentas más económicas, con 8,3 euros por metro cuadrado en ambas ciudades.

Escalada de precios en toda la geografía española

A escala provincial, el alquiler ha subido en 48 de las 50 provincias españolas durante el último año. Toledo lidera los incrementos con un 12,3%, seguida de Girona (11%), Zaragoza (10,5%), Castellón (10,4%), Huesca (9,7%), Soria (9,5%) y Asturias (9,4%). Y solo las provincias de Guipúzcoa (-4,5%) y Álava (-3,4%) cerraron agosto con descensos.

Por su parte, Madrid también encabeza la lista provincial como la más cara para alquilar, con 21,5 euros por metro cuadrado, por delante de Baleares (20 euros), Málaga (18,7 euros), Barcelona (17,1 euros), Guipúzcoa (15,9 euros) y Santa Cruz de Tenerife (15,4 euros). Jaén, con 7 euros por metro cuadrado, es la provincia más económica, seguida de Ciudad Real (7,6 euros), Badajoz y Cáceres (7,8 euros en ambos casos).

País Vasco, la única comunidad a la baja

Así, Euskadi es la única región que registra un descenso interanual, del 1,6%. En el resto del territorio, los precios han subido sin excepción. Aragón lidera el ranking con un 10,2%, por delante de Asturias (9,4%), Castilla-La Mancha (8,8%), La Rioja (7,5%) y Castilla y León (7,2%).

Por debajo de la media nacional están los incrementos de la Comunidad Valenciana (6,4%), Extremadura (6,3%) y la Comunidad de Madrid (5,9%), además de Canarias (5,3%), Andalucía (4,8%), la Región de Murcia (4,7%), Cantabria (4,1%), Galicia (3,9%) y Cataluña (2,7%). Baleares (2,4%) y Navarra (0,4%) fueron las comunidades con las subidas más moderadas.

En cuanto a los precios absolutos, la Comunidad de Madrid encabeza la lista con 21,5 euros por metro cuadrado, seguida de Baleares (20 euros) y Cataluña (15,9 euros). Canarias (15,4 euros) y Euskadi (14,9 euros) completan el grupo de las regiones más caras. Extremadura, con 7,8 euros por metro cuadrado, y Castilla-La Mancha, con 8,8 euros, cierran la tabla como las comunidades con los alquileres más bajos.

La rentabilidad bruta del alquiler en España alcanzó el 8,02% en julio de 2026. Este porcentaje refleja el rendimiento anual que un propietario obtiene al arrendar una vivienda tras su adquisición, en un contexto marcado por una demanda creciente y una oferta insuficiente.

En cifras, el precio medio de compra de una residencia tipo de 100 metros cuadrados se situó en 221.580 euros, al pagarse a 2.462 euros el metro cuadrado, mientras que la renta media mensual fue de 1.482 euros, lo que arroja un ingreso bruto anual de 17.784 euros, según datos de pisos.com. La rentabilidad experimentó un incremento de 0,53 puntos respecto al mismo periodo del año anterior (7,49%), aunque retrocedió dos centésimas frente a junio (8,04%).

“El alquiler se encuentra sometido a una presión estructural que difícilmente va a desaparecer a corto plazo, con una demanda creciente y una oferta que sigue sin ser suficiente”, señala Ferran Font, director de Estudios de pisos.com. En su opinión, esta situación “intensifica la competencia entre inquilinos, acorta los tiempos de decisión y endurece las condiciones de acceso”.

Incide en que el problema ya no es solo cuánto cuesta alquilar, sino “quién puede acceder a una vivienda y en qué condiciones”. Asegura que mientras no se amplíe de forma suficiente la oferta, “esta tensión seguirá condicionando la evolución del mercado del alquiler”.

Tarragona, a la cabeza de la rentabilidad, y San Sebastián, a la cola

El análisis elaborado por pisos.com muestra marcadas diferencias en función de la localización geográfica. Tarragona encabeza el ranking de capitales de provincia más rentables con un 7,98%, seguida de Sevilla (7,70%), Huesca (7,40%) y Jaén (7,37%). También destacan Castellón de la Plana (7,13%), Murcia (7,08%), Segovia (7,01%), Almería (7,00%), Córdoba (6,97%) y Ávila (6,96%). Estas ciudades combinan precios de compra más baratos con una demanda de alquiler que ayuda a mantener las rentas, lo que favorece el retorno para los propietarios.

En el extremo opuesto, Donostia – San Sebastián ofrece la rentabilidad más baja, con un 3,86%. Le siguen Girona (4,39%), Palma (4,41%), Cádiz (4,59%), Pamplona (4,60%), A Coruña (4,64%), Málaga (4,69%), Salamanca (4,86%), Logroño (4,86%) y Bilbao (4,88%).

En opinión de Ferran Font, las diferencias de rentabilidad entre capitales reflejan “las distintas dinámicas de los mercados locales. Mientras ciudades como Tarragona, Sevilla o Huesca combinan precios de compra más contenidos con una demanda de alquiler capaz de sostener las rentas, en mercados como Donostia, Girona o Palma el mayor coste de acceso a la vivienda reduce el retorno de la inversión”. El experto subraya que el equilibrio entre precio de compra y alquiler es el que acaba determinando la rentabilidad que ofrece cada capital.

Este contraste territorial evidencia que la decisión de invertir en vivienda para alquilar debe considerar no solo el precio de adquisición, sino también la fortaleza y el perfil de la demanda en cada zona.

Competencia feroz entre inquilinos y acceso cada vez más difícil

El informe destaca que la presión existente en el mercado del alquiler se traduce en una intensa competencia entre los que desean vivir en renta, con plazos de decisión muy ajustados y condiciones de acceso cada vez más exigentes para los inquilinos. “Mientras no se amplíe de forma suficiente la oferta, esta tensión seguirá condicionando la evolución del mercado del alquiler”, insiste Ferran Font.

Las cifras respaldan este diagnóstico: el incremento de la rentabilidad bruta indica que los propietarios logran mayores beneficios, pero para los inquilinos el escenario se complica por la escasez de opciones y la escalada de precios. El problema, según apunta el director de Estudios, “ya no es solo cuánto cuesta alquilar, sino quién puede acceder a una vivienda y en qué condiciones”.

La situación genera un entorno donde la toma de decisiones se ha acelerado, la negociación es limitada y el margen de elección se reduce. El informe advierte que, mientras persista la presión sobre la oferta, el acceso al alquiler continuará restringido y condicionado por la capacidad de pago y la solvencia acreditada de los solicitantes.

Perspectivas y retos para el mercado del alquiler

El contexto actual, según los expertos, dibuja un horizonte donde el alquiler se consolida como una opción atractiva para la inversión, pero cada vez más inaccesible para amplios sectores de la sociedad. La rentabilidad bruta, que ha subido 0,53 puntos porcentuales respecto al año anterior, anticipa que la presión sobre el mercado difícilmente se relajará a corto plazo.

La única vía para aliviar la tensión en el mercado, a juicio de los analistas, pasa por un aumento sustancial de la oferta de viviendas en alquiler. Hasta que esto ocurra, la competencia y los precios seguirán marcando la pauta y limitando el acceso, en un escenario de rentabilidad al alza para los propietarios y de dificultades crecientes para los futuros inquilinos.

La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) dio a conocer el Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural (InCAIR) correspondiente a julio de 2026, que alcanzó los 46,57 puntos. El indicador refleja el nivel de actividad del mercado inmobiliario rural en todo el país y no constituye una referencia de precios ni de valores de los campos.

El índice, que comenzó a registrarse en noviembre de 2013, se construye a partir de distintos indicadores de la dinámica del sector. Entre ellos se encuentran los resultados de la encuesta mensual realizada entre socios de CAIR en todo el país, la cantidad de avisos de campos en venta o alquiler publicados en medios gráficos nacionales y los anunciantes registrados en la web de la entidad.

También se consideran las operaciones rurales concretadas durante el período, las búsquedas y consultas realizadas por inversores en la página de CAIR y la cantidad de avisos comerciales publicados en las principales plazas del interior del país. De esta manera, el InCAIR busca reflejar el movimiento general del mercado inmobiliario rural y su evolución en el tiempo.

De acuerdo con el informe, durante julio la actividad se mantuvo en valores similares a los registrados en los meses anteriores del año. Sin embargo, la escasa oferta de campos agrícolas continúa siendo uno de los factores que limita parcialmente el movimiento del mercado y restringe las posibilidades de concretar nuevas operaciones.

A esta situación se suma la expectativa de algunos propietarios de obtener una suba en los valores de sus campos, una pretensión que, según CAIR, no está siendo convalidada por el mercado y contribuye a frenar parte de la actividad. En el segmento ganadero, en cambio, las consultas se mantienen firmes, aunque el proceso para cerrar las operaciones continúa desarrollándose con mayor lentitud.

La actividad del mercado inmobiliario rural registró una baja durante junio de 2026, de acuerdo con el último informe de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR). El Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural (InCAIR) se ubicó en 47,73 puntos, lo que representa una caída de 9,13 puntos frente al registro de mayo. Aun así, junio se consolidó como el segundo mes de mayor actividad del año.

El InCAIR mide el nivel de actividad del mercado inmobiliario rural en todo el país y no constituye un indicador de precios de los campos. Para su elaboración, la entidad releva mensualmente información vinculada a operaciones concretas, consultas de inversores, avisos de venta y alquiler, presencia de anunciantes y encuestas realizadas entre sus socios distribuidos en distintas regiones del país.

Según destacó la CAIR, uno de los factores que incidió en la retracción de la actividad fue la menor disponibilidad de campos agrícolas y de establecimientos mixtos de alta calidad en oferta. Esta reducción en las oportunidades de inversión limitó el volumen de operaciones durante el período analizado.

En contraste, el segmento ganadero continúa mostrando un comportamiento dinámico. La entidad señaló que los buenos valores de la hacienda sostienen un elevado nivel de consultas por campos destinados a la producción ganadera, lo que mantiene el interés de los inversores y productores pese al descenso general del índice.

Entre las variables que contempla el InCAIR, que comenzó a elaborarse en noviembre de 2013, se encuentran las operaciones realizadas, las búsquedas de inversores en la web de CAIR y la cantidad de avisos publicados en medios nacionales y plazas del interior.

Si bien junio mostró una desaceleración respecto del mes anterior, desde la Cámara destacaron que el nivel de actividad continúa siendo elevado en términos relativos para lo que va de 2026. El comportamiento del mercado en los próximos meses estará condicionado por la disponibilidad de campos en venta y por la evolución de las variables que impulsan el interés de los inversores, especialmente en el segmento ganadero.

Mudarse solo en la capital dominicana se ha convertido en un reto financiero para muchos jóvenes profesionales. La búsqueda de independencia y mejores oportunidades laborales implica asumir el alto costo de la vida en Santo Domingo, donde el alquiler y los gastos iniciales representan una barrera significativa para quienes desean establecerse por cuenta propia.

María De Jesús, una joven de 25 años, decidió mudarse desde Bonao a Santo Domingo para combinar trabajo y estudios universitarios. Su experiencia ilustra el panorama actual: “Recuerdo que, de los 100,000 pesos (aproximadamente $1,700) que tenía para mudarme sola, tuve que destinar 51,000 pesos para los depósitos que exige el arrendador, comprar los artículos para el hogar, lo cual constituyó unos 40,000 pesos, e hice una compra con el resto del dinero. Actualmente, pago 17,000 pesos mensuales, lo que representa el 50 por ciento de mi salario”, recoge el testimonio publicado por Diario Libre. El caso de María no es aislado. Cada vez más jóvenes eligen alquilar apartamentos pequeños o habitaciones compartidas para acercarse a universidades y centros de trabajo.

Los costos para independizarse varían sustancialmente según la ubicación y el tipo de vivienda seleccionada. El presidente de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), Alberto Bogaert, señaló que el precio de un apartamento en zonas de demanda media se encuentra entre los 25,000 y 40,000 pesos (aproximadamente $680) mensuales, mientras que en sectores más exclusivos el alquiler supera los 45,000 o incluso los 50,000 pesos. Para quienes buscan alternativas más accesibles, las habitaciones en viviendas compartidas pueden costar entre 10,000 y 20,000 pesos mensuales, dependiendo de la zona.

El dinamismo inmobiliario en la ciudad responde al perfil de los nuevos inquilinos. Jóvenes como Yahir Guillén, de 20 años, optan por mudarse para evitar desplazamientos constantes. “Antes de mudarme para residir aquí hacía viajes todos los fines de semana para poder estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo; luego terminé mudándome definitivamente”, contó Yahir, quien paga 18,700 pesos mensuales de alquiler en la capital. Los sectores con mayor demanda entre jóvenes profesionales y estudiantes incluyen Naco, Piantini, Evaristo Morales, Bella Vista, El Millón, Renacimiento, Gascue y el Distrito Nacional en general, por estar cerca de centros educativos y centros de trabajo. También se destacan zonas de Santo Domingo Este, Norte y Oeste, como Alma Rosa I, Invivienda, Los Tres Brazos, Sabana Perdida, Villa Mella y Los Alcarrizos.

El mercado inmobiliario ha registrado un incremento sostenido en los precios del alquiler en los últimos cinco años. Tras la pandemia de COVID-19, la demanda de viviendas aumentó, pero la oferta para alquiler no creció con igual rapidez. A esto se suman los mayores costos de construcción, financiamiento y mantenimiento de los inmuebles, factores que han impulsado el alza de precios.

El impacto económico de independizarse no solo afecta el presupuesto inicial sino también la administración mensual de los ingresos. La experta en finanzas personales, Ana Brioso, explicó que una persona que desea dejar la casa de sus padres debe contar con un fondo de emergencia equivalente a entre tres y seis meses de gastos fijos. Según Brioso, el dinero destinado al alquiler no debe superar el 30 % o 40 % del ingreso mensual para no comprometer otras necesidades básicas. “Como es una persona que decide construir una nueva realidad financiera debería estar preparado para asumir los compromisos financieros de la regla: 50, 30, 20. Es decir, 50% de las necesidades básicas (alquiler, alimentación, servicios, carrera universitaria, entre otros); 30% de deseos y ocio que incluyen salidas o entretenimiento y 20% destinado a inversiones: ahorros, pago de deudas”, detalló.

Los errores financieros más frecuentes entre quienes buscan independizarse incluyen mudarse sin presupuesto, financiar la compra de electrodomésticos con tarjetas de crédito o préstamos y creer que aportar una cuota en la casa de los padres es suficiente experiencia para administrar un hogar propio.

La Policía Nacional ha decidido que los 2.764 alumnos de la 42 Promoción que empezarán en septiembre su formación en la Escuela Nacional situada en Ávila tengan que dormir dentro de las instalaciones policiales, prohibiendo este próximo curso lo que se conoce como “externado”, es decir, que algunos de los futuros agentes puedan residir en la ciudad alquilando pisos mientras dura este periodo de formación. El argumento que ha comunicado la División de Formación y Perfeccionamiento es que con esta medida se “refuerzan los vínculos personales” entre los alumnos y se fomenta “la interiorización de los valores de la Policía Nacional”.

Pero esta decisión tendrá también algunas consecuencias no tan positivas. Muchos alumnos no podrán estar con sus familias (parejas e hijos) durante los nueve meses que durará este curso, lo que sí se ha podido hacer otros años. Otros alumnos sin cargas familiares también apostaban por alquilar un piso en la ciudad con otros compañeros porque les parecía una mejor opción que dormir en la escuela. Ya no podrán. Otra de las consencuencias es que con esta medida el mercado de alquiler de Ávila (60.000 habitantes) se resentirá. “Muchos propietarios que tienen casas en alquiler prefieren como inquilinos a los alumnos de la Escuela Nacional. Estamos hablando de un porcentaje muy importante del alquiler de la ciudad. Con esta decisión que ya conocemos el mercado, obviamente, se resentirá”, explica Maite Garzón, de Inmhogar Ávila.

La decisión de que todos los alumnos residan en la Escuela también tiene otra derivada. No hay sitio para otros 300 aspirantes de otras promociones que en un principio no fueron admitidos, pero que recurrieron judicialmente y han ganado en los tribunales. Por tanto, deben también empezar su formación como alumnos. La División de Formación y Perfeccionamiento está comunicando a los juzgados que actualmente “no es posible la ejecución de más resoluciones que conlleven el nombramiento de policías alumnos que supongan su integración en la fase formativa en la Escuela Nacional”. Parece extraño que, teniendo que ejecutar estas decisiones de los tribunales (la formación de alumnos de promociones anteriores), la Policía haya prohibido este año por primera vez “el externado”, es decir, el alquiler de residencias en la ciudad.

El sindicato Jupol asegura que han recibido numerosas quejas e inquietudes por parte de los compañeros de la nueva promoción 42 de Escala Básica tras esta decisión adoptada por la División de Formación y Perfeccionamiento. “Hemos podido conocer que esta medida responde, en gran parte, a la necesidad de poner fin a una situación que se venía produciendo en los últimos años, en la que algunos propietarios incrementaban de forma desproporcionada el precio de los alquileres al conocer que las viviendas iban destinadas a policías alumnos. Una práctica que generaba un evidente perjuicio económico para quienes inician su carrera profesional en la Policía Nacional”, explica un portavoz de Jupol.

Subida del alquiler

Este argumento económico también aparece entre los motivos que la División de Formación ha enviado a los alumnos para suprimir el externado. “Los precios del alquiler en Ávila han subido entre un 25% y un 30% en el último año”, confirma Maite Garzón. Porque hay mucha demanda y poca oferta. Entre los que buscan piso no solo están los alumnos de la Escuela de Policía, también los estudiantes de las dos universidades con sede en la ciudad y los alumnos de la Escuela de Enfermería. “En este sentido, entendemos que cualquier decisión encaminada a evitar la especulación y proteger a los futuros policías frente a estos abusos debe ser valorada positivamente. Sin embargo, esta medida no puede ocultar el verdadero problema de fondo: las retribuciones que perciben los policías alumnos continúan siendo claramente insuficientes”, afirman desde JUPOL.

Un alumno percibe unos 460 euros mensuales limpios durante su periodo de formación, ya que debe descontar de su retribución gastos como la manutención y la lavandería. “Llevamos años denunciando que el salario de los alumnos de la Escuela Nacional de Policía resulta insuficiente para afrontar los gastos derivados de esta etapa formativa y, además, ni siquiera alcanza el importe del Salario Mínimo Interprofesional. Una situación inadmisible para quienes ya han superado un exigente proceso selectivo y se encuentran formándose para desempeñar una profesión esencial para la seguridad de todos los ciudadanos”, sentencian desde Jupol.

Un portavoz del sindicato SUP explica que la formación en la Escuela Nacional ha evolucionado en los últimos años y hoy tiene un componente mucho más práctico y orientado a la realidad del servicio policial, “por lo que resulta lógico que la mayor parte de esa formación se desarrolle de forma presencial en la propia Escuela, donde los alumnos pueden trabajar conjuntamente, adquirir hábitos profesionales y reforzar valores esenciales como la disciplina, el compañerismo, el compromiso con el servicio público y el sentimiento de pertenencia a la Policía Nacional”.

El nuevo sistema diseñado por la División de Formación también incorpora un periodo limitado de formación teórica a distancia, de aproximadamente tres semanas, que permite avanzar en contenidos que no requieren necesariamente la presencia física en el aula. “Hay que tener en cuenta que esta nueva organización evita a muchos alumnos tener que asumir durante meses un importante coste económico derivado del alquiler de una vivienda en Ávila, algo que en los últimos cursos suponía un esfuerzo considerable para muchas familias por la subida de los precios. Al mismo tiempo, se mantienen excepciones para aquellos alumnos que ya residen en Ávila con su unidad familiar", explican desde el SUP. Excepciones en la escala ejecutiva, no en la escala básica.

“El mercado se resentirá”

El sindicato SUP entiende que estos cambios “generen dudas al principio, pero creemos que habrá que valorar el resultado cuando finalice el curso, y aunque pueda suponer un esfuerzo de adaptación para algunos alumnos, al final es una situación temporal, limitada al periodo de formación. Si con ello se consigue reforzar la preparación práctica, la convivencia y, además, reducir la carga económica que suponía para muchos tener que alquilar una vivienda durante meses, creemos que es una medida perfectamente asumible”. La pregunta es si será asumible para la ciudad. Porque Ávila va a perder muchos nuevos residentes durante meses, con la pérdida de inversión que eso supone para la ciudad.

Ana Rufes, gerente de Tukasa, una inmobiliaria de Ávila, señala que el mercado del alquiler se va a resentir “obviamente” en la ciudad, sobre todo en el barrio de las Hervencias, el más próximos a la Escuela Nacional. “Muchos alumnos compartían piso. Ahora si se pierde esta demanda los precios tendrán que bajar”, afirma Rufes, que reconoce que aunque es difícil dar un dato, cree que estos alumnos de la Policía podrían suponer el 40% de la demanda de alquiler. De la misma opinión es Maite Garzón, de Inmhogar Ávila. “Bajarán los precios del alquiler y muchos propietarios optarán ahora por intentar vender en lugar de arrendar”.

El costo del alquiler redefine la situación económica de miles de hogares porteños. Al descontar ese gasto del ingreso familiar, unas 233.000 personas caen a un estrato socioeconómico inferior, la indigencia se multiplica por más de tres y la población no vulnerable se reduce en cinco puntos porcentuales.

Aunque los hogares inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires presentan un perfil socioeconómico muy similar al promedio de la población, el peso del alquiler altera de manera significativa esa realidad cuando se considera el ingreso efectivamente disponible.

Así surge de un informe de la Fundación Tejido Urbano, que advierte que el costo de acceder y sostener una vivienda en alquiler provoca un descenso en la estratificación social de casi una cuarta parte de la población inquilina.

Según la Encuesta Anual de Hogares (EAH) del Instituto de Estadísticas porteño (IECBA), el 54,3% de los hogares inquilinos pertenece al estrato medio, una proporción prácticamente idéntica a la del conjunto de la Ciudad (53,8%). Sin embargo, la presencia de inquilinos en los sectores de mayores ingresos es menor: apenas el 10,5% integra el estrato acomodado, frente al 16,2% del total de los hogares.

Al mismo tiempo, los hogares que alquilan muestran una leve sobrerrepresentación en los sectores de menores ingresos. El 4% se encuentra en situación de indigencia (contra 3,3% del total), el 10% bajo la línea de pobreza (9% en el conjunto de la población), el 10,8% en condición de vulnerabilidad (8,6%) y el 10,5% en situación de fragilidad (9,1%).

En términos de ingresos, las diferencias son reducidas. Actualizados a abril, los hogares inquilinos registran un ingreso familiar promedio de $1.827.898 mensuales, apenas un 1,7% inferior al promedio de la Ciudad, que alcanza los $1.858.653.

Sin embargo, para Tejido Urbano, la menor participación de inquilinos entre los hogares de mayores ingresos refleja una capacidad patrimonial más limitada para afrontar los costos de acceso y permanencia en el mercado de alquileres.

El informe sostiene que las mediciones habituales de pobreza y estratificación presentan una limitación para analizar la situación de quienes alquilan, ya que clasifican a los hogares únicamente según su ingreso monetario y no contemplan el peso que representa el alquiler sobre la economía familiar.

Para dimensionar ese efecto, la Fundación realizó un ejercicio de reclasificación que descuenta del ingreso familiar el costo estimado del alquiler antes de ubicar a cada hogar en un estrato socioeconómico.

Los resultados muestran un cambio importante. En total, 233.284 personas pertenecientes a hogares inquilinos modifican su nivel de estratificación, lo que representa cerca del 8% de la población de la Ciudad y aproximadamente uno de cada cuatro inquilinos.

El mayor impacto se observa en los sectores más vulnerables. La proporción de personas en situación de indigencia pasa del 1,9% al 6,9%, mientras que la pobreza aumenta del 7% al 9,7%.

En paralelo, la población considerada vulnerable desciende al 30,1% y la población no vulnerable cae alrededor de cinco puntos porcentuales, hasta ubicarse en torno al 53,2%.

Para Tejido Urbano, este fenómeno refleja la creciente distancia entre los ingresos nominales y los ingresos realmente disponibles una vez afrontado el gasto habitacional.

“Lo que aparece es un reordenamiento social significativo: hogares que no eran considerados pobres en términos estrictamente monetarios pasan a ubicarse en situaciones de pobreza o mayor fragilidad cuando se incorpora el costo de acceder y sostener una vivienda en alquiler. La pobreza ‘tradicional’ subestima la fragilidad y parte de la clase media urbana está sostenida artificialmente por mediciones pre-habitacionales”, señalaron desde la Fundación.

Y aclararon que el ejercicio no pretende reemplazar las mediciones oficiales de pobreza, sino complementarlas con una dimensión habitacional que permita reflejar con mayor precisión los ingresos efectivamente disponibles de los hogares urbanos.

Al mismo tiempo, el informe asegura que alquilar ya no es algo “temporal” y el acceso a la vivienda propia se retrasó 10 años.

“El mercado locativo ha dejado de ser exclusivo de jóvenes que se emancipan para abarcar casi toda la vida adulta. Históricamente, en 2005, la mayoría de las personas lograba pasar del alquiler a la propiedad entre los 30 y 35 años; hoy, ese equilibrio recién se alcanza a los 45 años”, precisó Tejido Urbano.

“Esta postergación de una década en las trayectorias residenciales responde a que solo 1 de cada 5 hogares inquilinos cuenta actualmente con los ingresos formales necesarios para calificar a un crédito hipotecario, dejando al resto en una dependencia permanente del mercado de alquileres”, agregó.

Miles de propietarios dominicanos que alquilan sus viviendas por plataformas como Airbnb enfrentan este miércoles 22 de julio el vencimiento del plazo para presentar observaciones a dos propuestas de resolución del Ministerio de Turismo. Si el ministro David Collado las firma, cambiarán las reglas para los alquileres vacacionales en el país.

La medida central es la creación del Registro Nacional de Alojamientos Turísticos (RENATUR), un padrón obligatorio en el que deberían inscribirse villas, apartamentos, casas, habitaciones y bungalós ofrecidos como alquiler vacacional, estén o no en polos turísticos.

Qué exige el proyecto y por qué genera rechazo

Para inscribirse en el RENATUR, cada propietario deberá presentar copia del certificado de título, identificación personal, número de identificación tributaria, descripción detallada del inmueble y una póliza de responsabilidad civil.

Si la propiedad está publicada en plataformas digitales, también deberá suministrar el identificador (ID) de cada anuncio activo.

Uno de los puntos más cuestionados es el de los condominios. Según el párrafo III del artículo tercero del proyecto, cuando un inmueble forme parte de un régimen de condominio, el Ministerio de Turismo no podrá registrarlo si el reglamento interno prohíbe expresamente las rentas cortas.

En la práctica, eso implica que la asamblea de propietarios de un edificio podría vetar el alquiler de un vecino.

Los auspiciadores de la campaña “Mi Propiedad, Mi Derecho” —lanzada para presionar contra las resoluciones— sostienen que estas exigencias “representarían una carga excesiva para miles de familias que han encontrado en las rentas cortas una fuente legítima de ingresos, así como para dominicanos residentes en el exterior que invierten en el país a través del sector inmobiliario”.

ADORECO cuestiona la difusión de la consulta

La Asociación Dominicana de Rentas Cortas (ADORECO) señaló que gran parte de los operadores no supo de la consulta pública por canales oficiales, sino a través de una notificación enviada por la plataforma Airbnb días antes del vencimiento del plazo.

La presidenta de la organización, Yajaira Sosa, dijo que el sector llevaba más de un año esperando la publicación del borrador. Cuando llegó, el 20 de mayo, pasó casi desapercibido.

ADORECO solicitó formalmente al Ministerio de Turismo extender el período de consulta y abrir una mesa técnica con representación de todos los actores involucrados.

La asociación no rechaza la regulación. Su postura es que “una propuesta de este alcance” requiere “un proceso de análisis más amplio y una participación efectiva de todos los actores involucrados”, según el comunicado emitido el 17 de julio.

El impacto económico en discusión

El Banco Central de la República Dominicana registró que el 34% de los visitantes que llegaron al país durante 2025 se alojaron en establecimientos de corta estancia. La campaña “Mi Propiedad, Mi Derecho” agrega otro dato: entre el 30% y el 40% de las reservas en plataformas de renta corta las hacen ciudadanos dominicanos, no turistas extranjeros.

Si miles de unidades salen del mercado por no cumplir los nuevos requisitos, la oferta de hospedaje caería y los precios subirían, tanto para visitantes como para los dominicanos que usan este tipo de alojamiento. Esa es la proyección que maneja el gremio.

Las plataformas digitales también quedarían obligadas por el proyecto: tendrían 60 días desde la entrada en vigor de la resolución para retirar de sus portales cualquier propiedad que no cuente con su número de inscripción en el RENATUR.

El debate regional sobre las rentas cortas

La Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe (CHTA) publicó en abril de 2026 un marco regional para la regulación de rentas cortas, tras analizar las condiciones en 14 destinos del área, según informó Caribbean Journal.

Según ese informe, en un destino caribeño de referencia las noches reservadas en rentas cortas crecieron un 118% entre 2019 y 2025 y ya representan el 39% de toda la oferta de alojamiento en el primer trimestre de 2026.

Para República Dominicana, la asociación estima que la brecha fiscal vinculada a este sector alcanza unos USD 170 millones anuales en impuestos no recaudados, de acuerdo con el mismo informe de Caribbean Journal.

La posición de la CHTA no es suprimir el modelo, sino integrarlo. La organización plantea que destinos con sistemas de registro transparentes y beneficios claros para los anfitriones pueden alcanzar tasas de cumplimiento de entre el 85% y el 90% en un plazo de 18 a 24 meses.

Qué pasa si no hay acuerdo antes del miércoles

El plazo de consulta vence este 22 de julio. Quienes quieran presentar observaciones al proyecto pueden hacerlo por correo a consultapublica@mitur.gob.do o de forma presencial en la sede del Ministerio de Turismo, en la avenida Cayetano Germosén esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo.

Las resoluciones aún no tienen la firma del ministro Collado. Si el gobierno avanza sin ampliar el proceso de consulta ni ajustar los requisitos más cuestionados, el sector advierte que el resultado sería una contracción del mercado que afectaría tanto a los pequeños propietarios como a la competitividad del país como destino turístico.

La crisis habitacional que atraviesa Nueva York se ha convertido en terreno fértil para la proliferación de esquemas fraudulentos de alquiler, según datos recientes. Esta situación, lejos de ser un fenómeno aislado, ha generado un crecimiento sustancial en las denuncias por estafas inmobiliarias y ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de quienes buscan una vivienda en un mercado cada vez más restringido y competitivo. Nuevos datos obtenidos por CBS News New York revelan que las quejas sobre fraudes en alquileres han aumentado un 55% en los últimos años, exponiendo el impacto directo de la crisis de vivienda en la ciudad y el estado.

El incremento de las denuncias es un reflejo de la presión y la ansiedad que enfrentan los potenciales inquilinos. En un contexto donde la oferta es limitada, los estafadores ven una oportunidad para atraer a personas que, por urgencia o desconocimiento, pueden caer en engaños bien planificados. El Departamento de Estado de Nueva York ha documentado este auge, mostrando cómo el entorno actual facilita que los delincuentes aprovechen la desesperación de quienes buscan alquilar, convirtiendo la escasez de viviendas en una auténtica “mina de oro” para las actividades fraudulentas.

Para muchos, la búsqueda de un nuevo hogar se ha transformado en un proceso riesgoso. La experiencia de Allyson Becker ilustra la sofisticación y alcance de los fraudes que circulan en portales reconocidos de alquiler. Becker creyó haber encontrado una oportunidad única: un apartamento de una habitación en Jackson Heights, Queens, publicado en Apartments.com por menos de 2.000 dólares al mes. El agente inmobiliario, que supuestamente gestionaba el inmueble, le exigió firmar un contrato de arrendamiento anual y abonar el primer y último mes de alquiler para concederle una visita privada exclusiva.

La estrategia, lejos de ser un trámite habitual, encendió las alarmas de Becker. Tras rechazar la propuesta y analizar la situación, expresó su preocupación por quienes, menos familiarizados con el mercado local, podrían considerar legítimas estas condiciones y entregar importantes sumas de dinero a desconocidos. “Probablemente hay gente que no es de aquí y no sabe lo que hace, y piensa que así es como funcionan las cosas y le está dando su dinero a este tipo”, afirmó Becker. Apartments.com, al recibir la denuncia, retiró el anuncio el mismo día y rompió relaciones con el tercero responsable, aunque no reveló su identidad ni aceptó conceder entrevistas sobre el caso.

El funcionamiento de estos fraudes sigue patrones cada vez más habituales. Robert Swiderski, agente inmobiliario con licencia y director ejecutivo de RealTegrity, explica que los estafadores publican anuncios falsos para presionar a los interesados a realizar pagos o entregar información personal bajo la promesa de asegurar la vivienda. “Debido a la escasez de anuncios de alquiler, la gente ha estado pagando un depósito o el primer mes de alquiler a la persona que les atiende por teléfono basándose únicamente en una visita virtual, sin haber visto el apartamento en persona, y luego descubren que nunca fue un apartamento real”, describe Swiderski. Este método aprovecha la urgencia y la confianza de los inquilinos en plataformas digitales que, en teoría, deberían ofrecer garantías.

Ante este escenario, Swiderski recomienda extremar precauciones y exigir pruebas de legitimidad antes de avanzar en cualquier transacción. “Si no estás seguro de si la persona con la que estás hablando o reuniéndote es un agente legítimo, pídele que te muestre su tarjeta de identificación. Tienen que enseñártela”, aconseja. Estas medidas son esenciales para evitar caer en redes fraudulentas que explotan la falta de controles en los procesos virtuales y la presión por conseguir una vivienda en una ciudad donde la demanda supera con creces la oferta.

El aumento de las denuncias está respaldado por cifras oficiales que muestran la magnitud del problema. Los datos del Departamento de Estado de Nueva York indican que en 2023 se registraron 378 quejas por presuntas estafas de alquiler, cifra que ascendió a 568 en 2024 y a 589 en 2025. El año 2026 mantiene hasta el momento el mismo ritmo de crecimiento que los dos años anteriores. Además, la Comisión Federal de Comercio informó que desde 2020 los estadounidenses han reportado 65.000 casos de estafas de alquiler y pérdidas económicas por un valor aproximado de 65 millones de dólares, lo que evidencia el alcance nacional de este fenómeno.

Las plataformas digitales, por su parte, han adoptado posturas diversas frente a las denuncias y exigencias de mayor control. Redfin y Realtor.com son mencionadas por Becker como sitios donde también detectó anuncios sospechosos. Ambas compañías, tras ser notificadas, eliminaron los anuncios y bloquearon a los responsables. Realtor.com manifestó, sin conceder entrevistas, que cuenta con medidas de seguridad, como la posibilidad de denunciar anuncios dudosos a través de un botón específico. Apartments.com ofrece una función similar, aunque la experiencia de Becker sugiere que estos sistemas reactivos no siempre son suficientes para prevenir los fraudes antes de que ocurran.

Quienes han sido víctimas o testigos de estos engaños exigen que las plataformas de alquiler eleven sus estándares de verificación y refuercen los controles previos a la publicación de anuncios, especialmente en un contexto donde la escasez de viviendas potencia la vulnerabilidad de los inquilinos. “Es una práctica abusiva. Es terrible. Se están aprovechando de la gente en un momento en que realmente necesitan ayuda”, concluye Becker, reflejando el sentimiento de quienes enfrentan la doble amenaza de la crisis habitacional y la estafa digital.

La publicación del informe titulado “Estafas en el alquiler” marca un punto de inflexión en la gestión de los alquileres en la ciudad de Nueva York. El alcalde Zohran Mamdani presentó el documento el jueves por la mañana, tras meses de audiencias públicas en las que cientos de inquilinos denunciaron irregularidades en sus viviendas.

El informe, impulsado directamente por las voces y experiencias de los habitantes, busca poner fin a años de abusos y negligencias en el sector inmobiliario de la ciudad. En palabras de Mamdani, el plan es el resultado de “cada inquilino que decidió alzar la voz, cada inquilino que se negó a tolerar otro año de negligencia y mal estado, cada inquilino que exigió más a su gobierno municipal”.

El alcalde fue contundente al señalar que los neoyorquinos han estado pagando alquileres excesivos a cambio de servicios y condiciones por debajo de lo esperado. El informe expone un desequilibrio persistente entre el costo de la vivienda y la calidad de vida de los inquilinos, detallando cómo el sistema actual ha fallado en proteger sus derechos. Esta iniciativa se traduce en un paquete de 23 propuestas orientadas a corregir esas desigualdades, con el objetivo de garantizar condiciones de vida dignas y justas para todos los residentes.

El proceso que dio origen al informe se caracterizó por la amplia participación ciudadana. Durante los meses previos a la publicación, se llevaron a cabo múltiples audiencias donde los inquilinos compartieron sus testimonios sobre las dificultades cotidianas que enfrentan. Este ejercicio de escucha activa permitió identificar tanto los problemas estructurales más frecuentes como las lagunas en las políticas de supervisión y respuesta del gobierno municipal. La administración de Mamdani enfatizó que la elaboración del informe no habría sido posible sin la colaboración y persistencia de quienes viven en alquiler en la ciudad.

Principales problemas detectados en las viviendas de Nueva York

Entre los problemas más repetidos por los inquilinos destacan las fugas de agua, ascensores fuera de servicio y sistemas de calefacción que solo funcionan cuando se anuncia una inspección. De acuerdo con los datos municipales, las quejas sobre plagas y moho encabezan la lista de denuncias. Estas condiciones insalubres afectan de manera directa la salud y el bienestar de los residentes, quienes en muchas ocasiones se ven obligados a convivir con estos inconvenientes durante largos periodos.

Las cifras oficiales también revelan que una de cada seis llamadas a la línea de ayuda para inquilinos está relacionada con acoso por parte del propietario. Esta estadística pone de manifiesto una problemática más allá de las deficiencias materiales: la relación desigual de poder entre arrendadores y arrendatarios.

Existen reportes de propietarios que aseguran falsamente haber realizado reparaciones para evitar inspecciones o sanciones, y de residentes discapacitados que quedan atrapados en sus apartamentos debido a ascensores averiados. Esta situación agrava la vulnerabilidad de ciertos sectores de la población, especialmente de quienes dependen de condiciones mínimas de accesibilidad.

Los testimonios recogidos durante las audiencias también reflejan una constante frustración por parte de los inquilinos. Muchos de ellos han señalado que las autoridades municipales no investigan adecuadamente las denuncias, ya que consideran como duplicadas las quejas recurrentes sobre un mismo problema en un edificio. Este procedimiento administrativo ha permitido que durante años persistan situaciones de abandono y deterioro, sin que se adopten medidas efectivas para solucionarlas.

El resultado es un escenario en el que los habitantes de Nueva York, a pesar de cumplir con pagos elevados de alquiler, no reciben a cambio servicios básicos de calidad. La acumulación de problemas como falta de calefacción, presencia de plagas, moho y fallos en la infraestructura básica ha generado una sensación de indefensión creciente entre los inquilinos.

Recomendaciones clave del informe de la administración de Mamdani

El informe presentado por la administración de Zohran Mamdani se distingue por la amplitud y especificidad de sus propuestas. Una de las recomendaciones más relevantes exige que el departamento de vivienda de la ciudad deje de considerar como duplicadas las múltiples quejas sobre calefacción o agua caliente provenientes de un mismo edificio a partir del otoño. Esto significa que los inspectores deberán investigar cada denuncia presentada, independientemente de cuántas veces se haya reportado un mismo problema, lo que representa un cambio sustancial en la respuesta institucional.

Otra recomendación de alto impacto es la posibilidad de que, por primera vez, los inquilinos puedan programar las visitas de los inspectores. Según Mamdani, los neoyorquinos llevan años pudiendo coordinar la entrega de comida a domicilio o el horario para recoger la ropa en la tintorería, por lo que deberían poder hacer lo mismo en lo que respecta a las inspecciones de sus viviendas. Esta medida busca facilitar la participación de los residentes en el proceso de verificación de las condiciones de sus hogares y aumentar la eficacia de las inspecciones.

La administración también impulsa el reconocimiento legal y formal de los sindicatos de inquilinos, lo que permitiría a los arrendatarios organizados establecer canales de comunicación más efectivos con los propietarios mediante la celebración de reuniones obligatorias. Esta iniciativa apunta a fortalecer la posición de los inquilinos en las negociaciones y a fomentar soluciones colectivas a los problemas recurrentes.

Entre las propuestas innovadoras, el informe plantea explorar la posibilidad de instalar ascensores más pequeños, de estilo europeo, en edificios antiguos que carecen de este servicio. Esta medida beneficiaría especialmente a personas con movilidad reducida y a adultos mayores, ampliando el acceso y la seguridad en los bloques residenciales.

El conjunto de recomendaciones incluidas en el informe busca revertir años de desequilibrios y negligencias, estableciendo nuevas reglas y mecanismos de control que permitan a los inquilinos de Nueva York acceder a viviendas en condiciones dignas y seguras.

Vivir solo en el sur de Florida se ha transformado en un reto considerable para quienes cuentan con un presupuesto limitado. Según el más reciente estudio de RentCafe, el panorama inmobiliario en Miami refleja una tendencia de reducción de espacio disponible para alquilar con USD 1.500 mensuales, lo que evidencia la creciente presión sobre los inquilinos en la región. El análisis, basado en datos de las 200 ciudades más pobladas de Estados Unidos, posiciona a Miami y otras urbes del sur de Florida entre las menos accesibles del país en términos de alquiler, aunque todavía existen mercados más costosos.

Con USD 1.500 al mes, en Miami se puede acceder únicamente a un apartamento de 46,3 metros cuadrados, una cifra que RentCafe equipara al tamaño de un garaje para un solo automóvil. Esta superficie resulta 0,74 metros cuadrados menor que la registrada en 2025, lo que indica una tendencia decreciente en la cantidad de espacio alquilable. Para quienes buscan independencia o no desean compartir vivienda, este presupuesto limita las opciones a unidades pequeñas, generalmente estudios o apartamentos de una sola habitación.

La situación no mejora de manera significativa al observar otras ciudades del sur de Florida, donde el espacio disponible por el mismo monto también se encuentra por debajo del promedio nacional de 65,3 metros cuadrados. En Fort Lauderdale, USD 1.500 alcanzan para 47,7 metros cuadrados, lo que representa una pérdida de 0,65 metros cuadrados respecto al año anterior. Este cambio ha sido tan marcado que, por primera vez, dicho presupuesto no cubre el alquiler promedio de un estudio en la ciudad. Hasta 2025, esa suma permitía acceder a apartamentos de una o dos habitaciones; hoy, la tendencia apunta a unidades aún más pequeñas.

En otras ciudades del área metropolitana, las cifras muestran variaciones, pero ningún caso logra igualar el promedio nacional. En Hialeah, con el mismo presupuesto se obtiene un espacio de 53,5 metros cuadrados; sin embargo, la ciudad perdió 1,58 metros cuadrados en comparación con el año anterior, lo que la trasladó de la categoría de apartamentos de una o dos habitaciones al segmento de estudios y viviendas de una sola habitación.

Hollywood ofrece 56 metros cuadrados, pero experimentó la mayor reducción anual del área, con una pérdida de 2,04 metros cuadrados, descendiendo también al rango de estudio a una habitación. Miramar brinda cerca de 57,5 metros cuadrados, mientras que Pembroke Pines constituye una excepción relativa, al aumentar 0,46 metros cuadrados su promedio, para situarse en 58,8 metros cuadrados. A pesar de este crecimiento, Pembroke Pines sigue 6,50 metros cuadrados por debajo del promedio nacional y permanece en la categoría de estudio a una habitación.

La diferencia entre Miami y otras ciudades de Estados Unidos resulta aún más notoria cuando se comparan los espacios alquilables con USD 1.500 en mercados más asequibles. En McAllen, Texas, esa suma permite alquilar 128 metros cuadrados, suficiente para un apartamento de tres o cuatro habitaciones. En otras ciudades económicas, como Macon (Georgia) y Tulsa (Oklahoma), el mismo monto puede alcanzar viviendas de cuatro o cinco habitaciones. Esta disparidad pone en evidencia el elevado costo del sur de Florida en comparación con otras zonas del país.

Los cambios recientes en el mercado de alquiler del sur de Florida reflejan una disminución general del espacio disponible por el mismo presupuesto. En la mayoría de las ciudades analizadas, se observa una reducción del tamaño de los apartamentos accesibles con USD 1.500 mensuales, y en algunos casos, un cambio de categoría: de apartamentos de una o dos habitaciones a estudios o unidades de una sola habitación. Solo Pembroke Pines presentó un leve incremento en la superficie alquilable, aunque insuficiente para equiparar la media nacional.

En contraste, 97 de las 200 ciudades incluidas en el estudio permiten acceder a apartamentos de una o dos habitaciones con USD 1.500, el tipo de vivienda más buscado por los inquilinos. Según Alexandra Both, analista de RentCafe, la oferta de viviendas de una y dos habitaciones es la más abundante y, en los últimos años, los apartamentos de una habitación han sido los más construidos. En ciudades como Wichita, Toledo, Jackson, Akron, Brownsville, McAllen, El Paso y Amarillo, el presupuesto de USD 1.500 se sitúa dentro del rango de apartamentos de tres o cuatro habitaciones, lo que evidencia una mayor accesibilidad al espacio.

En el extremo opuesto a estos mercados se encuentra Manhattan, donde USD 1.500 solo cubren el alquiler de aproximadamente 19,5 metros cuadrados, una superficie comparable a una habitación de residencia universitaria. Brooklyn y Queens ofrecen 27,1 metros cuadrados y 29,2 metros cuadrados respectivamente, mientras que San Francisco permite alquilar 28,5 metros cuadrados.

El estudio identificó que, en 26 de las 200 ciudades analizadas, el presupuesto de USD 1.500 no resulta suficiente ni siquiera para cubrir el alquiler promedio de un estudio. California concentra 15 de estas ciudades, atribuido a la limitada oferta de viviendas, altos costos de construcción y la densidad poblacional en las zonas costeras.

Para afrontar un alquiler mensual de USD 1.500 en Miami sin superar el 30% recomendado de los ingresos brutos, una persona debería ganar aproximadamente USD 60.000 al año. Si se incluyen servicios básicos como electricidad, agua, gas e internet, el ingreso recomendado se acerca o supera los USD 65.000 anuales, lo que equivale a lo necesario para alquilar un apartamento de 46,3 metros cuadrados en Miami. En el área metropolitana, donde el ingreso familiar medio se ubica en USD 89.800, quienes perciben salarios menores suelen destinar una mayor proporción de sus ingresos al pago del alquiler o se ven obligados a compartir vivienda.

La cantidad de locales vacíos en la Ciudad de Buenos Aires volvió a subir en el bimestre mayo-junio de 2026. En un escenario de aumento de costos y caída del consumo, el relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró 291 inmuebles en venta, alquiler o cerrados en las principales áreas comerciales porteñas.

Este número representó un alza de 22,3% frente al mismo período de 2025 y de 5,1% respecto del bimestre anterior. La suba de la vacancia se da en un contexto en el que el consumo masivo no despega. De hecho, según el último informe de Scentia, en mayo cayó 1,6% interanual en el total de canales relevados y acumuló una baja de 3% en los primeros cinco meses del año, aunque mostró una variación mensual de 0,1 por ciento.

De acuerdo con la medición de la CAC, que releva estas zonas desde 2014, el incremento se reflejó tanto en cierres como en la oferta directa de inmuebles comerciales. Los locales en alquiler subieron 8,6% frente a marzo-abril y treparon 129,5% en comparación con mayo-junio de 2025, mientras que los locales en venta aumentaron 76,9% en la comparación bimestral y 4,5% en la interanual. El informe resalta que en las principales arterias porteñas hubo más locales sin actividad o con cartel de oferta que dos meses antes y que un año atrás.

En tanto, las zonas más golpeadas en la comparación anual fueron la Av. Cabildo, que duplicó su cantidad de locales vacíos —de 18 a 36—, y la Av. Santa Fe, que pasó de 35 a 68. En el otro extremo, la peatonal Florida y la Av. Córdoba mostraron una mejora bimestral, con bajas del 36% y 32,1% respectivamente frente a marzo-abril, aunque ambas siguen por encima de los niveles de un año atrás.

La suba no fue uniforme

El relevamiento detectó retrocesos bimestrales en las avenidas Santa Fe, Córdoba y Corrientes, y en la peatonal Florida. En determinadas alturas de esas arterias hubo menos locales vacíos que en marzo-abril. El comportamiento fue el opuesto en las avenidas Pueyrredón, Rivadavia y Cabildo, donde la vacancia creció respecto al bimestre anterior. La avenida Avellaneda no registró cambios frente al período previo.

La publicación también incorporó datos de La Plata a partir de un relevamiento de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires. Allí no hubo variaciones ni frente a mayo-junio de 2025 ni frente a marzo-abril de 2026. Durante mayo y junio se detectaron 18 locales sin actividad comercial en las áreas relevadas de la capital bonaerense. La cifra incluyó inmuebles en venta, alquiler, clausurados o cerrados.

El impacto de la caída de empresas y del consumo

El aumento en la vacancia de locales comerciales ocurre al mismo tiempo que cae la cantidad de firmas activas en el país. De acuerdo con el Monitor mensual de empresas de Fundar, entre noviembre de 2023, el mes previo a la asunción de Javier Milei, y marzo de 2026 se perdieron 26.448 empresas, una baja de 5,2% sobre el total.

El informe, elaborado con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, señaló que se trató de “la peor caída en los primeros 28 meses de un gobierno” al comparar la serie con la de administraciones anteriores. Solo en marzo de este año hubo 2.011 empresas menos que en febrero, una caída mensual de 0,41%, con 18 meses consecutivos de retroceso.

En la comparación interanual, la pérdida fue de 14.203 empresas respecto de marzo de 2025, equivalente a una baja de 2,8%, y acumuló 25 caídas interanuales consecutivas. Según ese registro, el número de empresas activas pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 485.909 en marzo de 2026.

Ese nivel quedó cerca del observado en septiembre de 2021, cuando se contabilizaban 486.782 empresas. El máximo de la serie reconstruida por Fundar se ubicó en febrero de 2012 con 540.282, mientras que en diciembre de 2017 el registro marcaba 532.183.

Manuel tiene 54 años, es economista y gana 3.534 euros netos al mes. Limpios. Él considera que “tiene un buen salario”, pero no podrá ser inquilino de uno de los pisos de “renta asequible” que promueve el Ayuntamiento de Madrid. La inmobiliaria privada que gestiona la promoción que le interesaba le ha rechazado alegando “falta de viabilidad económica”. Y eso que la renta a pagar es de 1.037 euros. “Mis ingresos netos mensuales en 12 pagas son esos 3.534 euros, sin cargas financieras relevantes, lo que situaría el esfuerzo de alquiler en torno al 29,34%. Aún así, no valgo para optar a estas casas”, señala Manuel, que ha presentado una denuncia ante la Oficina Municipal Contra el Fraude y la Corrupción.

El Gobierno local que dirige José Luis Martínez-Almeida sacó a concurso 25 parcelas municipales (150.000 metros cuadrados) para que empresas privadas construyan 2.100 viviendas destinadas al “alquiler de renta asequible”. Varias promotoras se han quedado ya con el suelo, levantarán los pisos y gestionarán el alquiler durante 45 años. Pasado ese tiempo, el Consistorio se quedará con los inmuebles. El Ayuntamiento limita los precios para que el alquiler en esas zonas sea, en teoría, un 25% inferior al del mercado y sea accesible para más ciudadanos. Las parcelas se dividieron en cinco lotes.

Uno de ellos, el 4, se lo ha llevado la UTE formada por las promotoras Avintia y Pecsa. Se trata de 452 viviendas distribuidas en cinco parcelas. Manuel se interesó por una de las promociones, bautizada como ‘La Alegría’, situada en el distrito de Ciudad Lineal. “Inicié la solicitud para una casa de dos dormitorios con una renta mensual anunciada de 1.037 euros al mes”. Pero la vivienda no estaba comercializada ni por Avintia ni por Pecsa, sino por la inmobiliaria Alkira Living, que anuncia en su web que para poder acceder a estos pisos “el arrendatario deberá acreditar que sus ingresos anuales de la unidad familiar o unidad de convivencia a la que pertenezca” no superen un límite: 7,35 veces el IPREM o Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Es decir, 52.920 euros si el sueldo se recibe en 12 pagas.

Manuel cumplía los requisitos económicos y el 22 de mayo inició el proceso de solicitud de la vivienda. Visitó la casa y remitió la documentación requerida, incluyendo DNI, tres últimas nóminas, declaración de la renta, vida laboral, certificado de cotizaciones, contrato laboral, sentencia de divorcio y empadronamiento en Madrid. “No tengo préstamo hipotecario, ni préstamo personal ni otras cargas financieras relevantes”, explica Manuel, que asegura que Alkira le llegó a pedir en tres ocasiones la documentación que les presentó la primera vez, sin explicar por qué. “Esta reiteración de requerimientos, sin explicación clara sobre pérdida, invalidez o incidencia documental, constituye ya un primer indicio de falta de trazabilidad interna en la gestión de solicitudes”, afirma este economista.

¿Cuál es el baremo de rechazo?

El 11 de junio, Alkira Living le comunicó que su solicitud no superaba el estudio de viabilidad económica. “Una comunicación que se limitaba a indicar, de forma genérica, que no había superado ese estudio, pero no venía acompañada de ningún método de cálculo aplicado, ingresos computados, ratio de esfuerzo aplicado, gastos o cargas considerados, posibilidad de subsanación, criterios objetivos de exclusión, ni explicación alguna que permitiera conocer la causa real de la denegación”, continúa Manuel. “Es incomprensible. Les he escrito pidiendo explicaciones sobre cómo elaboran sus motivaciones de denegación. Nunca he obtenido respuesta”.

El siguiente paso de Manuel fue poner una reclamación en el Ayuntamiento, ya que este vecino de la capital entiende que esta promoción se inserta en un expediente público municipal y que corresponde al Ayuntamiento supervisar el cumplimiento de las condiciones de adjudicación y explotación. Al no recibir tampoco respuesta, ha puesto una denuncia ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción. El escrito quiere que esta entidad municipal le diga si “una entidad privada puede denegar solicitudes de viviendas de renta limitada promovidas sobre suelo municipal mediante fórmulas genéricas, sin cálculo, sin baremo, sin posibilidad real de subsanación y sin control público efectivo, lo que podría comprometer la finalidad social del programa y producirse una selección opaca de beneficiarios”.

Pedro Barrero, concejal socialista, señala que con este sistema “el Ayuntamiento deja todo en manos privadas, la construcción de las viviendas, la promoción y la gestión. Luego las promotoras están contratando a terceros para hacer la selección de los inquilinos sin ningún tipo de criterio. Lo único que les importa es que el alquiler no supere el 30% de sus ingresos. Pero todo este sistema no lo controla nadie. Este suelo es patrimonio público y nadie controla nada. Estamos recopilando información de varias promociones porque hay varias denuncias”, explica el edil.

“Mi caso revela un posible problema estructural: que una entidad privada pueda filtrar o excluir solicitantes de viviendas asequibles construidas sobre suelo público mediante criterios no publicados, no trazables y aparentemente no fiscalizados por el Ayuntamiento” sentencia Manuel, que ha pedido a la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción si el Consistorio está supervisando las solicitudes y si la falta de transparencia puede estar desvirtuando la finalidad social de este programa público de vivienda.

Promoción cedida

Alkira Living no aparece en los pliegos como adjudicataria de estas parcelas ni como miembro de la UTE Avintia y Pecsa. Es decir, aunque en un principio intervenga en la captación, registro, verificación documental o gestión del inquilino, las obligaciones del pliego siguen recayendo sobre el contratista. Infobae ha intentado contactar, sin éxito, con Alkira. Con quien sí ha podido hablar es con un portavoz de Avintia. “Nosotros fuimos adjudicatarios y promovimos la obra; una vez terminada la obra, se cedió, no tenemos nada que ver con la comercializadora”, señala.

A estos pisos se accede a través de un “proceso comercial”, detallaba el Consistorio en una nota de prensa cuando anunció esta cesión de suelo, descartando la vía del sorteo abierto o público. Así, para conseguir uno de estos alquileres, hay que recurrir a portales como Idealista o llamar a una de las inmobiliarias contratadas por los promotores. Desde el Área de Urbanismo del Consistorio señalan a este diario que “el adjudicatario del contrato es una cooperativa, obligada como cualquier otro propietario, sea persona física o jurídica, a que durante 15 años los pisos sean arrendados a precios asequibles y el arrendatario debe cumplir los requisitos fijados en el pliego”.

“Si estas obligaciones de destino a alquiler asequible y limitaciones en las rentas y en las condiciones de arrendamiento se incumplieran, el Ayuntamiento actuaría conforme prevé el pliego”, matizan desde Urbanismo. ¿Qué controles? Presentar anualmente, durante el periodo de 15 años, informe de auditoría externa independiente que acredite que se mantienen los límites de renta que resulten de la adjudicación. En cualquier momento durante ese plazo de 15 años, la Administración podrá solicitar la relación individualizada de los contratos en vigor y la documentación complementaria de los mismos, a fin de que se acredite que las personas que arriendan las viviendas construidas lo hacen en las condiciones de renta y con los límites establecidos en el pliego. El control es, por tanto, sobre los inquilinos definitivos, no sobre los solicitantes.

A partir de este miércoles 1° de julio, los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires enfrentarán una nueva ronda de aumentos en servicios y gastos cotidianos que se acumulará sobre una canasta de servicios públicos que ya escaló 919% entre diciembre de 2023 y junio de este año. Luz, gas, agua, transporte, medicina prepaga, alquileres y colegios privados registrarán subas que, en la mayoría de los casos, toman como referencia la inflación de mayo, de 2,1% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según el Reporte de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $282.758 en junio para cubrir sus gastos en energía, transporte y agua potable —un 10,1% más que en mayo y un 54% por encima de junio de 2025. La canasta acumula un alza de 919% desde diciembre de 2023, frente al 236% que registró el índice general de precios en el mismo período.

Transporte

El transporte concentra el 40% de esa canasta y es el rubro de mayor impacto sobre los ingresos del hogar. En junio, el gasto mensual de un hogar promedio en este ítem llegó a $116.688. En julio, las tarifas vuelven a moverse.

Los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires subirán 4,1%, mientras que las líneas provinciales tendrán un incremento del 4,3%. Con esos valores, el boleto mínimo en CABA —recorridos de hasta tres kilómetros— pasará a costar $820,60, y en la Provincia ese mismo tramo ascenderá a 1.059,28 pesos.

El subte porteño también ajustará 4,1%. El boleto pasará de $1.558 a $1.621 para usuarios con SUBE registrada; quienes no cuenten con tarjeta nominalizada pagarán $2.541 por viaje. La tarifa social quedará en $567 y la estudiantil en 226 pesos.

Los trenes del AMBA tendrán un esquema escalonado definido por la Secretaría de Transporte: 8,6% en julio —con el boleto de primera sección en $380,10—, 10,5% en agosto —hasta $420,01— y 7,1% en septiembre, cuando la tarifa llegará a 449,83 pesos.

Peajes

Las autopistas porteñas seguirán el mismo criterio de actualización que el transporte de superficie y tendrán un aumento del 4,1%. En la Autopista 25 de Mayo y la Perito Moreno, los vehículos livianos pagarán $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 en hora pico. En las autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, las tarifas para autos irán de $1.922,15 a $2.718,21 según el horario.

Luz, gas y agua

La factura de gas fue el componente de mayor peso en la suba de la canasta de servicios de junio: según el IIEP de la UBA-Conicet, trepó 23,4% respecto de mayo por la combinación de ajustes en los cargos fijo y variable —4,4% y 2,2% respectivamente— con el salto estacional propio del inicio del invierno. En julio, los usuarios verán nuevos incrementos: aunque el cuadro tarifario exacto aún no fue publicado en el Boletín Oficial, las facturas del período de junio acumularán un aumento promedio del 2,81% a nivel nacional. La estacionalidad agrava el impacto: julio es históricamente el mes de mayor consumo de gas.

La energía eléctrica siguió una dinámica similar en junio. El mayor uso hogareño de cara al invierno, sumado a aumentos del 4,7% en el cargo fijo y 1,6% en el variable para usuarios sin subsidio, arrojó un incremento del gasto del 14,8% respecto de mayo, con la factura del usuario N1 sin subsidio en alrededor de $60.640 mensuales. Para julio, las distribuidoras Edenor y Edesur aplicarán un ajuste promedio del 1,5% sobre las facturas correspondientes al período de junio, en línea con el esquema de indexación mensual vigente. Un factor a seguir: la emergencia energética que enmarca el actual régimen tarifario vence precisamente en julio.

AySA aplicará en julio una suba del 3% sobre las tarifas de agua y cloacas para usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense. El agua fue el servicio con menor variación en junio —apenas 0,2%—, aunque en la comparación interanual acumula un alza del 48%, según el IIEP.

Prepagas

Las principales empresas de medicina prepaga ya informaron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los incrementos que aplicarán en julio. Swiss Medical, Osde, Medifé, Sancor Salud y Avalian, entre otras, tendrán una suba del 2,1%, en línea con la inflación de mayo. Omint irá más arriba: sus aumentos llegarán hasta el 2,9% según el plan contratado.

Alquileres

Miles de contratos de alquiler también se actualizarán en julio. Los ajustados por el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central tendrán una actualización del 31,54%. Quienes ajusten por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de manera semestral enfrentarán un incremento del 16,7%, y los que lo hagan en forma trimestral, del 8,1%. Los porcentajes varían de forma considerable según la fecha y la modalidad del contrato firmado.

Colegios privados

Los aumentos en las cuotas de los colegios privados aún no fueron oficializados, pero se esperan incrementos atados a las subas salariales de paritarias: 5% en CABA y 3,5% en la provincia de Buenos Aires.

El incumplimiento en el pago del alquiler o la negativa de un inquilino a desocupar un inmueble son situaciones que pueden convertirse en un problema para los propietarios. Sin embargo, la legislación peruana contempla mecanismos que permiten recuperar la posesión del bien y, en algunos casos, agilizar el proceso sin recurrir de inmediato a un juicio prolongado.

Especialistas en derecho inmobiliario coinciden en que la mejor forma de prevenir conflictos es contar con un contrato de arrendamiento bien elaborado desde el inicio. La inclusión de determinadas cláusulas y el cumplimiento de los requisitos establecidos por ley pueden reducir significativamente el tiempo necesario para recuperar un inmueble frente a un incumplimiento.

Además del proceso judicial tradicional, el ordenamiento peruano ofrece alternativas como la conciliación extrajudicial, el desalojo con allanamiento futuro y el Desalojo Notarial Express, mecanismos creados para facilitar la solución de controversias entre propietarios e inquilinos y brindar mayor seguridad jurídica.

Uso de la conciliación extrajudicial

La conciliación extrajudicial constituye una de las primeras herramientas que pueden utilizar las partes antes de acudir al Poder Judicial. Este procedimiento busca que propietario e inquilino lleguen a un acuerdo sobre el pago de la deuda, la entrega del inmueble o ambas situaciones, con la intervención de un conciliador acreditado.

En el Perú, este mecanismo está regulado por la Ley de Conciliación y supervisado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). Dependiendo del tipo de controversia, la conciliación puede ser un requisito previo antes de presentar una demanda judicial.

Si ambas partes alcanzan un acuerdo, el acta de conciliación tiene valor legal y puede ejecutarse en caso de incumplimiento. Si no existe consenso, el propietario queda habilitado para iniciar el proceso correspondiente ante el Poder Judicial.

Desalojo con allanamiento futuro

Una de las herramientas que busca reducir los tiempos de recuperación de un inmueble es la cláusula de allanamiento futuro, incorporada mediante la Ley N.° 30201. A través de esta disposición, el arrendatario acepta desde la firma del contrato devolver el inmueble cuando venza el plazo pactado o cuando el contrato sea resuelto por incumplimiento, como la falta de pago de la renta.

Cuando el contrato contiene esta cláusula y cumple los requisitos establecidos por la normativa, el propietario puede acceder a un procedimiento de desalojo más ágil que el proceso ordinario, evitando varias etapas procesales que suelen extender la duración de los litigios.

Especialistas recomiendan que esta cláusula sea incorporada con asesoría legal y que el contrato cumpla todas las formalidades exigidas por la ley, ya que cualquier omisión podría impedir el uso de este mecanismo.

Desalojo Notarial Express

Otra alternativa prevista por la legislación es el Desalojo Notarial Express, regulado por la Ley N.° 30933, que establece un procedimiento especial con intervención de un notario para acelerar la restitución del inmueble cuando se presentan determinadas causales de desalojo.

Para acogerse a este mecanismo, el contrato de arrendamiento debe cumplir requisitos específicos. Entre ellos figuran la inclusión de una cláusula de allanamiento futuro, el sometimiento expreso al procedimiento regulado por la Ley N.° 30933 y la identificación de una cuenta bancaria donde el inquilino deba realizar el pago de la renta. Asimismo, el inmueble debe encontrarse inscrito en los Registros Públicos y el contrato debe cumplir las formalidades previstas por la norma.

Una vez verificados estos requisitos y acreditada una causal como el vencimiento del contrato o la falta de pago, el notario emite el acta correspondiente y remite el expediente al Juzgado de Paz Letrado para la ejecución del desalojo.

Consecuencias para el inquilino

El incumplimiento de las obligaciones del contrato de arrendamiento también puede generar consecuencias económicas para el inquilino. Si existe una resolución judicial que reconoce la deuda y esta permanece impaga, el deudor puede ser inscrito en el Registro de Deudores Judiciales Morosos (REDJUM), administrado por el Poder Judicial.

Asimismo, cuando la deuda es reportada conforme a la normativa vigente sobre centrales privadas de información de riesgos, el incumplimiento puede afectar el historial crediticio del arrendatario y reflejarse en centrales de riesgo como Infocorp, dificultando el acceso a créditos, financiamientos y otros productos financieros.

Ante este escenario, especialistas recomiendan que propietarios e inquilinos formalicen siempre el contrato de alquiler por escrito, documenten los pagos mediante medios verificables y busquen soluciones legales oportunamente. De esta manera, será posible reducir el riesgo de conflictos prolongados y garantizar una mayor seguridad para ambas partes.

Aunque el número de desahucios ha bajado un 45% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2025, al registrarse 4.005 lanzamientos, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, miles de personas vulnerables siguen en riesgo de perder su hogar. En muchas ocasiones, ni siquiera las peticiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han logrado frenar estos desalojos, a pesar de la ausencia de alternativas habitacionales o recursos para los afectados.

Uno de los casos más recientes es el de Maricarmen, una mujer de 87 años pendiente de ser desalojada de la vivienda en la que lleva residiendo siete décadas en Madrid. La ONU ha instado al Juzgado a suspender el lanzamiento o, en su defecto, a que el Gobierno le ofrezca una vivienda adecuada para evitar “daños irreparables”, pero de momento la orden de desalojo solo se ha aplazado hasta el 23 de septiembre.

También hay otros como el de Zaira, que vive con sus cuatro hijos -tres de ellos menores de edad- y su marido, con una discapacidad del 65% por problemas de salud mental y esclerosis múltiple, y este jueves 25 de junio se enfrenta a un nuevo intento de desahucio en Madrid sin tener alternativa habitacional. El piso donde reside en el barrio de Vicálvaro junto a su familia desde hace más de 15 años pertenece a la Agencia de la Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid y, en este caso, la ONU también pidió a España que tomara medidas para evitar su desalojo, aunque sin éxito.

En un principio alquilaban una vivienda particular, pero la enfermedad del padre y la falta de ingresos llevaron a la familia a ocupar un piso vacío de la AVS que se encontraba “en un estado deplorable”, según sus palabras. En 2015, el matrimonio trató de regularizar su situación a través de un alquiler social, pero el organismo público “siempre se ha negado a llegar a un acuerdo”, explican a Infobae desde la plataforma Stop Desahucios de Vicálvaro, y ahora la Comunidad de Madrid ha vuelto a iniciar un proceso de desalojo por la vía penal. La plataforma también explica que, pese a su situación irregular, la familia ha pagado los gastos de la comunidad durante los dos últimos años.

El primer intento de desahucio se produjo en 2019, aunque la presión vecinal y el apoyo de diferentes colectivos sociales lograron aplazarlo. Pasadas unas semanas, sin embargo, el lanzamiento se ejecutó, pero dos días después el matrimonio volvió a ocupar la vivienda junto a sus hijos. Desde la pandemia, al igual que otras muchas familias vulnerables, la de Zaira se benefició del escudo social impulsado por el Gobierno para evitar desalojos sin alternativa habitacional, pero el pasado mes de febrero el Congreso tumbó la moratoria antidesahucios con los votos de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV, y ahora vuelve a enfrentarse al riesgo de quedarse en la calle este jueves, en plena crisis habitacional. Con el alquiler medio en Madrid en algo más de 23 euros por metro cuadrado, acceder a otra vivienda resulta inviable para ellos.

Qué dijo la ONU sobre el caso

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU determinó en 2025 que el primer desahucio de esta familia vulneró su derecho a una vivienda adecuada y que las autoridades españolas “no evaluaron el impacto sobre los niños” ni ofrecieron alternativas. El comité recomendó al Estado medidas para evitar que se repitan casos similares, insistiendo en la protección de menores y personas vulnerables como mujeres cuidadoras.

Ahora la decisión de la AVS de reactivar el desalojo “ha caído como una bomba en la familia” de Zaira, aseguran desde Stop Desahucios Vicálvaro. “Clama al cielo que la Comunidad de Madrid quiera utilizar el arma penal de echar a una familia a la calle teniendo una condena de la ONU. No quieren ser okupas, quieren pagar un dinero al mes adecuado a sus ingresos“, concluye la plataforma.

Después de casi una década viviendo en la misma casa en el barrio madrileño de Vallecas, Adolfo, su hija y su nieto se enfrentan a un tercer intento de desahucio este próximo 24 de junio. Con un salario que no alcanza los 1.200 euros mensuales como cuidador de personas mayores y sin alternativa habitacional, el hombre reconoce estar desesperado y no sabe dónde vivirán si se produce el desalojo. Tampoco le han ofrecido ninguna alternativa ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid, según denuncian desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas.

“Mi hija, que ahora no tiene trabajo, y mi nieto de 4 años viven conmigo. Con mi salario no puedo permitirme otra cosa, no tenemos dónde ir. He buscado por todos los sitios, pero si no tienes unos ingresos más altos, nadie te alquila nada”, dice a Infobae Adolfo, que lamenta que el pasado mes de febrero cayera la moratoria antidesahucios después de que PP, Junts y Vox votaran en contra de la medida, que permitía extender los contratos de alquiler que vencían entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2% las subidas de renta.

Desde los colectivos que defienden el derecho a una vivienda ya advirtieron que la derogación de esta prórroga podría afectar a unas 60.000 familias, que ahora corren el riesgo de ser desahuciadas. Esta moratoria era una medida de protección social impulsada por el Ejecutivo en marzo de 2020, en el contexto de la pandemia, con el objetivo era frenar de forma provisional los desalojos de personas y familias vulnerables.

El dueño del piso dejó de pagar la hipoteca

Adolfo desconocía que el propietario del piso había sido embargado por el impago de la hipoteca a Caixabank, pero asegura que en todo este tiempo el banco nunca ha querido negociar con él. Ahora el inmueble pertenece a BuildingCenter, filial inmobiliaria de esta misma entidad bancaria.

“El dueño de la vivienda dejó de pagar las cuotas del préstamo en la pasada crisis y alquiló el piso a Adolfo, que desconocía esa situación, hasta que llegaron las notificaciones de desalojo”, explica la PAH de Vallecas. “Fue engañado, y aunque hemos comunicado esta situación a BuildingCenter, no quieren negociar y han seguido con la ejecución hipotecaria”, añaden.

Las ejecuciones hipotecarias se dispararon en 2025

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las ejecuciones hipotecarias iniciadas crecieron en 2025 un 35,6%, hasta sumar los 31.416 procesos, lo que supone un aumento en todas las autonomías que duplica el experimentado en 2023 y 2024. En la cabeza de la tabla de lanzamientos provocados por ejecuciones hipotecarias figuran Cataluña, con 1.050, Andalucía, con 913, Comunidad Valenciana, con 637, Murcia, con 254, y Madrid, con 252.

El CGJP, indica, no obstante, que el número de lanzamientos -desalojo forzoso de un inmueble o desahucio- realizados en 2025 fue de 24.540 procedimientos, un 11% menos que un año antes, con descensos del 10,9% para los causados por impago del alquiler y del 14,3% para los derivados de ejecuciones hipotecarias.

Acceder a una vivienda en España, unido a la precariedad y la inestabilidad laboral, no solo se ha convertido en un problema que afecta al bolsillo, sino que cada vez provoca un impacto mayor en la salud mental de quienes tratan de conseguir un lugar estable para vivir. Esa huella es aún más profunda en la población joven, pues limita sus proyectos de vida y expectativas de futuro, según advierte el informe Habitar la incertidumbre: vivienda, juventud y malestar estructural publicado este martes por el Consejo de la Juventud de España -CJE-, Fad Juventud y Oxfam Intermón, que revela que el 42% de las personas de entre 25 y 34 años afectadas por esta crisis percibe su salud mental como regular o mala.

El testimonio de María Rodenas, una joven valenciana de 26 años, ilustra ese malestar. A ella le ha tocado mudarse hasta en tres ocasiones en un año por la dificultad para encontrar un alquiler estable, según relató a Infobae en esta entrevista. Lo peor, decía, es que las perspectivas de futuro están lejos de mejorar. “En Valencia ahora mismo no hay ningún piso que valga menos de 1.000 euros para una persona sola, cuando en muchos casos tenemos salarios de 1.400. Hay pisos que están hechos polvo, otros que no tienen salón, y muchas habitaciones ya están por 550 o 600 euros si el barrio es céntrico”. El problema es aún más grave en ciudades como Madrid, Barcelona o San Sebastián, donde los precios del alquiler y la compra de vivienda superan la media nacional y la oferta resulta insuficiente para la demanda existente.

Andrea González Henry, presidenta del CJE, asegura que la juventud no solo se está jugando una cuestión material: “Nos va la vida y la salud en poder acceder a una vivienda digna“, ha señalado tras la presentación del informe. ”Las soluciones no pueden ser solo sanitarias, no podemos responder con más psicólogas a un problema que tiene su raíz en alquileres que se comen nuestra capacidad de ahorro, en salarios que no alcanzan y en una generación que ha normalizado la incertidumbre como forma de vida”, añade.

Por ello, defiende, se necesita una estrategia integral que combine políticas “que hagan efectivo el derecho constitucional a la vivienda”, una mayor protección social para los jóvenes y un refuerzo de los servicios de salud mental, “pero todo a la vez”, insiste.

El acceso a la vivienda obliga a la población joven a hacer equilibrios con sus cuentas, pues habitualmente destinan entre el 40% y el 50% de sus ingresos a ese pago, muy por encima del 30% que los expertos consideran asumible, señala el informe. En el caso de los hogares unipersonales jóvenes, el esfuerzo es aún mayor, ya que desde 2017 supera el 80% del salario. Esta presión constante tiene reflejo en su bienestar: la mala salud mental afecta al doble de jóvenes que destinan más de la mitad de sus ingresos a la vivienda que a aquellos cuyo esfuerzo no supera el 30%.

“Para muchas personas jóvenes, la vivienda marca decisiones vitales, con quién viven, qué intimidad pueden tener, cuánto tiempo pueden sostener un alquiler o hasta qué punto pueden imaginar un proyecto de vida propio”, explica por su parte Julia García, coautora del informe y experta en desigualdades y juventud de Oxfam Intermón. “La crisis habitacional se ha convertido en un factor estructural de desigualdad que afecta a su salud mental, a sus relaciones y a sus expectativas de futuro”.

Si bien los altos precios de la vivienda son una pieza clave del problema, no es la única. La precariedad económica y la inestabilidad laboral también condicionan el bienestar emocional de la juventud y alimentan una sensación de incertidumbre que limita sus proyectos de vida. Los datos apuntan a una relación directa entre dificultades económicas y salud mental: entre las personas jóvenes que viven en situación de carencia material severa, el 63,5% sufrió algún problema de salud psicológica en el último año, mientras que entre quienes no padecen privaciones materiales, el porcentaje se reduce al 52,4%.

La capacidad de ahorrar marca igualmente una diferencia. Los jóvenes que no consiguen reservar parte de sus ingresos declaran más síntomas de malestar emocional, con diferencias que superan los diez puntos porcentuales respecto a quienes cuentan con una situación económica más desahogada.

Un círculo vicioso

La falta de recursos puede acabar convirtiéndose en una espiral difícil de romper. Tener menos medios económicos se asocia a una peor salud mental, pero esa misma situación dificulta el acceso a atención psicológica. Sin apoyo profesional, el malestar se agrava. El informe refleja con claridad este círculo vicioso: entre las personas de 25 a 34 años que tuvieron que renunciar a ayuda psicológica por motivos económicos, la incidencia de mala salud mental pasó del 7% al 19,3% en el último año.

“Con frecuencia abordamos la salud mental como una cuestión individual, cuando los datos muestran con claridad el peso que tienen las condiciones de vida. La precariedad, la incertidumbre, la falta de autonomía o la sensación de que el futuro se aleja terminan dejando una huella profunda en el bienestar emocional de las personas jóvenes. No podemos entender la salud mental sin prestar atención al contexto en el que se desarrolla”, indica Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud.

La precariedad también tiene efectos sobre las relaciones sociales. La falta de recursos no solo limita las oportunidades materiales, sino que puede erosionar las redes de apoyo y aumentar el sentimiento de aislamiento. Casi cuatro de cada diez jóvenes con carencia material severa (39,8%) afirman sentirse solos con frecuencia. Entre quienes no afrontan dificultades económicas, la cifra se reduce a uno de cada cinco (19,6%).

Reclaman soluciones urgentes

Ante esta realidad, las tres organizaciones reclaman actuar sobre una doble emergencia: reforzar los servicios de atención psicológica dirigidos a la juventud y abordar las causas estructurales que están detrás de este deterioro del bienestar emocional. Entre las medidas propuestas figuran ampliar el parque de vivienda pública, garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible y combatir prácticas especulativas en el mercado del alquiler. En el ámbito laboral, apuestan por impulsar iniciativas como la aprobación del Estatuto del Becario y la ampliación de becas y ayudas al estudio para consolidar las mejoras recientes.

Asimismo, las entidades plantean reformar el Ingreso Mínimo Vital para facilitar su acceso a las personas menores de 30 años, con el objetivo de combatir la pobreza juvenil y reducir las situaciones de carencia material severa que, según el informe, están estrechamente ligadas al deterioro de la salud mental.

A la hora de alquilar una casa, es habitual que surjan dudas entre propietarios y arrendatarios sobre los límites y condiciones que pueden establecerse en el contrato. Una de las cuestiones que generan más debate es la posibilidad de prohibir fumar en la vivienda alquilada.

Sobre este asunto, el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, responde de forma clara en entrevista para Fotocasa: “Es perfectamente legal prohibirlo”. Según explica, para que una cláusula de estas características tenga validez, debe aparecer en el contrato “de forma que no deje lugar a dudas sobre su alcance”. Además, la prohibición puede aplicarse tanto al conjunto de la vivienda como a zonas concretas, como el salón, la terraza o cualquier otra estancia, siempre que así se recoja específicamente en el acuerdo firmado.

Es perfectamente legal que un casero prohíba fumar

El fundamento jurídico de esta posibilidad se encuentra en varios artículos de la normativa vigente. Por un lado, el artículo 1.255 del Código Civil señala que “los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público”. Según Zurdo, la prohibición de fumar no entra en conflicto con estos límites generales. Por otro lado, el artículo 4.2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que “los arrendamientos de vivienda se rigen por los pactos, cláusulas y condiciones determinadas por la voluntad de las partes, en el marco establecido en el título II de la propia ley y supletoriamente en el código Civil”.

Si el contrato recoge de forma clara la prohibición de fumar, el artículo 27, apartados 1 y 2 de la LAU, otorga al arrendador la facultad de resolver el contrato si el inquilino incumple esta condición. Tal y como señala el director general de ANA, “el artículo 27,1 y 2 de la LAU facultaría al arrendador para poder resolver el arrendamiento por incumplimiento contractual del inquilino, incluso podría tener derecho a retener la fianza si se detectaran en la vivienda olores o manchas, con el fin de poder limpiarla o pintarla”.

En el caso de los alquileres turísticos o de temporada, el planteamiento es similar, pero incluso más claro, debido al carácter transitorio de este tipo de contratos. Así lo indica Zurdo: “En este tipo de alquileres el establecimiento de este tipo de cláusulas sería todavía más recomendable por su carácter transitorio”. La autonomía de la voluntad de las partes cobra en estos casos un protagonismo casi absoluto, lo que facilita la inclusión de condiciones específicas como la prohibición de fumar.

A la hora de reclamar por el incumplimiento de esta cláusula, el principal obstáculo para los arrendadores es la prueba. Zurdo advierte que “debe ser una prueba concluyente para que un juez pueda resolver un arrendamiento por este motivo”. Esto implica que la carga de demostrar que se ha vulnerado la prohibición recae sobre el propietario, que deberá presentar pruebas claras y verificables, como informes, fotografías o testimonios, que confirmen la presencia de olores o daños provocados por el tabaco.

En definitiva, la legislación actual permite a los propietarios incluir en los contratos de arrendamiento cláusulas que prohíban fumar en la vivienda, siempre que se redacten con la suficiente claridad y sean aceptadas por ambas partes. El marco legal ofrece flexibilidad para negociar condiciones, pero exige precisión en los términos y pruebas sólidas en caso de conflicto. Así, la cuestión del tabaco en viviendas de alquiler queda en manos de la voluntad de las partes y de la correcta redacción del contrato.

En un contexto donde cada vez más limeños buscan formas de generar ingresos complementarios, las cocheras han dejado de ser solo un espacio subutilizado para convertirse en un activo rentable.

Según cifras de ParkGO, los ingresos por alquiler de estacionamientos en la capital peruana han crecido un 40% respecto a años anteriores.

Esta tendencia refleja no solo el alza de la demanda de espacios seguros en zonas residenciales y comerciales, sino también el interés de los propietarios por monetizar áreas que antes permanecían vacías.

¿Cuánto se puede ganar alquilando una cochera?

El potencial económico es considerable. En San Isidro, los propietarios pueden obtener entre S/500 y S/800 mensuales por cada cochera alquilada.

Miraflores ofrece ingresos de S/400 a S/700, Barranco entre S/300 y S/500, San Miguel de S/250 a S/450 y La Victoria entre S/200 y S/350 al mes.

El 80% de las cocheras disponibles en plataformas especializadas se concentra en distritos estratégicos, con Miraflores, San Isidro y Barranco como líderes en oferta y demanda.

5 claves para ganar más dinero con su cochera

Antes de decidir cómo rentabilizar su cochera, conviene considerar distintas estrategias que pueden maximizar los ingresos y asegurar una gestión eficiente del espacio. Estas son 5 recomendaciones para sacar el mayor provecho:

• Alquile por horas o días: Ideal en zonas cercanas a oficinas, centros comerciales, clínicas o universidades, donde la demanda temporal es alta.
• Considere contratos mensuales: Esta modalidad asegura ingresos constantes y reduce la rotación de usuarios, especialmente en áreas con déficit de estacionamientos.
• Aproveche la alta demanda en eventos: Conciertos, festividades y campañas comerciales elevan la necesidad de estacionamiento, generando ingresos extra para espacios cercanos a estos eventos.
• Establezca tarifas competitivas: Analizar los precios de la zona y las características del espacio ayuda a definir una tarifa adecuada que favorezca la ocupación y la rentabilidad.
• Utilice herramientas tecnológicas: Las nuevas plataformas de movilidad urbana facilitan la gestión y visibilidad de las cocheras, ayudando a conectar propietarios con conductores interesados de forma rápida y segura.

¿Quiénes apuestan por este modelo?

El perfil de los propietarios que alquilan sus cocheras corresponde principalmente a personas de 30 a 60 años, pertenecientes a niveles socioeconómicos medio-altos y altos.

Muchos son profesionales, empresarios o dueños de departamentos con espacios de estacionamiento adicionales en distritos céntricos, de acuerdo con ParkGo.

El crecimiento del tránsito vehicular y la limitada disponibilidad de estacionamientos públicos han hecho que estos propietarios encuentren en el alquiler una oportunidad para generar ingresos sin grandes inversiones.

Pero, ¿cuánto demora poner en alquiler mi cochera?

Según datos recientes de ParkGO, el 70% de las cocheras puestas en alquiler logran ocuparse rápidamente, mientras que el 30% restante puede demorar más tiempo en encontrar usuario. En promedio, una cochera permanece vacante alrededor de un mes antes de ser alquilada.

Los distritos donde la rotación es más ágil son Miraflores, San Isidro, Barranco y Surco, zonas donde el uso de aplicaciones como Uber y Airbnb es frecuente, lo que incrementa la demanda de espacios de estacionamiento y facilita la rápida ocupación de cocheras disponibles.

Optimizar espacios, generar ingresos: Un mercado en expansión

Esta expansión responde a la practicidad y rapidez del modelo, que permite a los propietarios obtener ingresos adicionales y a los usuarios acceder a soluciones de estacionamiento más seguras y convenientes.

Aprovechar una cochera vacía es una de las formas más simples de transformar un espacio subutilizado en una fuente de ingreso constante. En distritos con alta demanda, el alquiler no solo ayuda a aliviar la escasez de estacionamientos, sino que contribuye a optimizar la movilidad urbana y a dinamizar la economía local.

El temor a sufrir un impago por parte de los inquilinos se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los propietarios. Esta incertidumbre lleva a muchos de ellos a mantener sus viviendas vacías antes que asumir el riesgo de una morosidad prolongada, una situación que reduce la oferta disponible y contribuye a tensionar aún más los precios del alquiler. No en vano, el tiempo medio necesario para recuperar una vivienda tras un impago alcanza ya los 11 meses en España, según datos de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (Seag).

La situación puede agravarse significativamente en los procedimientos más complejos. En algunos casos, el plazo entre el primer incumplimiento del pago y la recuperación efectiva de la vivienda supera los dos años.

Esta realidad está provocando cambios en el comportamiento de los arrendadores, como la ya mencionada retirada de los inmuebles del mercado residencial ante el temor de enfrentarse a largos procesos judiciales, a lo que se suma un endurecimiento de las condiciones de acceso al alquiler.

Inseguridad jurídica

En este escenario, la inseguridad jurídica se ha consolidado como una de las principales preocupaciones del mercado del alquiler. Más del 70% de los propietarios considera que la morosidad y la dificultad para recuperar la vivienda constituyen el principal riesgo asociado al arrendamiento. Tanto es así que la incertidumbre sobre los plazos judiciales ha alcanzado un peso similar al de la rentabilidad obtenida por el alquiler, especialmente entre los pequeños propietarios, señalan desde Seag.

A ello se suma el impacto económico que supone un procedimiento de impago. Cuando el inquilino deja de pagar completamente la renta, las pérdidas pueden dispararse. Las rentas impagadas representan entre el 70% y el 80% del coste total asumido por el propietario. Tomando como referencia una renta mensual de 700 euros y la duración media de los procedimientos, las pérdidas pueden situarse entre 8.000 y 13.000 euros, calculan desde Seag.

A estos importes se suman los gastos legales derivados del proceso de desahucio, que suelen oscilar entre 800 y 1.500 euros, así como los posibles daños ocasionados en la vivienda, cuyo coste de reparación puede alcanzar los 3.000 euros.

Desahucios

Datos del Consejo General del Poder Judicial indican que durante 2025 se ejecutaron 25.540 lanzamientos en España, de los cuales 18.317 estuvieron relacionados con procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), lo que representa más del 71% del total. Cataluña lideró el número de desahucios, con 6.814 lanzamientos, seguida de Andalucía, con 3.782; la Comunidad Valenciana, con 2.992; y Madrid, con 2.267.

Ante estas cifras, Daniela Salinas, directora del Departamento Jurídico de Seag, indica que “la suspensión de lanzamientos mientras se busca una alternativa habitacional puede prolongar durante meses la recuperación de una vivienda, generando una inseguridad jurídica que acaba reduciendo la oferta de alquiler”.

Incide en que desde un punto de vista jurídico, la suspensión de lanzamiento opera como una medida cautelar de carácter excepcional, condicionada a la acreditación de vulnerabilidad en sede judicial. En su opinión, “la falta de plazos homogéneos y de recursos efectivos para el realojo introduce una dilación que desnaturaliza el carácter temporal de la medida y traslada la carga del sistema al arrendador”.

España necesitará 1,2 millones de viviendas en renta asequible hasta 2030

La consecuencia directa es una reducción de la oferta disponible en un contexto en que se necesita incorporar viviendas al mercado para absorber la demanda existente, y en el que muchos propietarios mantienen inmuebles vacíos o buscan alternativas al alquiler residencial tradicional.

En concreto, España necesita promover 1,2 millones de viviendas en alquiler asequible hasta 2030, pero la incapacidad de aumentar el ritmo de construcción y la progresiva retirada de viviendas en renta debido a los cambios legales y a la “falta de seguridad jurídica” hace que conseguir este objetivo se convierta en una misión casi imposible, según se desprende del informe Mercado inmobiliario en España, elaborado por OBS Business School.

El estudio recoge que a un plazo de 10 años, Cataluña requiere la construcción de 225.000 viviendas para alquiler asequible, con un coste de 1.010 millones de euros. Le sigue la Comunidad de Madrid con 174.000 nuevos pisos para los que se requiere una inversión pública de 5.418 millones de euros.

Por su parte, Andalucía precisa 85.000 nuevos inmuebles, con una inversión de 4.529 millones; la Comunidad Valenciana, 85.000 y una inversión de 3.245 millones, y Canarias, 46.000 viviendas y una dotación de 2.486 millones.

José David Carracedo nunca imaginó que la vida en su propia casa fuera a ser tan complicada. El edificio donde reside, ubicado en la calle José Bielsa en el barrio madrileño de Usera, fue desalojado en 2021 y posteriormente rehabilitado para el alquiler en 2022, tras la compra de la empresa Divarian a la SAREB —más conocido como el banco malo— por un valor inferior al de mercado, y desde entonces, asegura, “todo han sido problemas”. Divarian, una sociedad gestionada por el fondo estadounidense Cerberus Capital Management, que cuenta con más de 7.000 viviendas en toda España, se niega a arreglar los desperfectos de las viviendas, ya sean inundaciones, humedades, roturas en las puertas del garaje o la presión del agua. El objetivo de la firma “es vender el bloque con los inquilinos dentro”, pese a que sus contratos de alquiler siguen vigentes.

“Los fondos buitre no son caseros normales, no cuidan de su propiedad, lo que quieren es vender los pisos cuanto antes y a un precio mucho más elevado del que lo compraron. Al entrar en marzo de 2022, nos dieron solo un mes de plazo para solicitar reparaciones, pero pasado ese tiempo, ante cualquier desperfecto argumentan que se debe al uso. En mi caso, el termostato de la calefacción dejó de funcionar en octubre y la respuesta fue que la avería se debía al uso, cuando ni siquiera lo había utilizado”, cuenta a Infobae este padre separado que vive en el bloque junto a sus dos hijos menores. Esta dinámica, añade, “es su forma de echarnos para poder reformar el bloque y venderlo”.

También han tenido problemas de inseguridad, relata, con robos registrados en trasteros y sótanos. “Cuando se nos ha colado alguien o una puerta no cerraba bien, la única solución de la propiedad, además de llegar tarde, ha sido cambiar el bombín y hacernos pagar a todos la copia de la llave”, señala. Las puertas del garaje, añade, estuvieron un año y medio averiadas, mientras que las inundaciones en el foso del ascensor son habituales, quedando inutilizado, lo que afecta especialmente a un vecino con movilidad reducida que vive en el tercer piso.

Amenazas por las pancartas desplegadas

Fue en 2025 cuando los vecinos de este bloque se enteraron de que la empresa Divarian planeaba vender los pisos mientras ellos seguían viviendo allí con contratos vigentes. Pero, lejos de quedarse de brazos cruzados, junto con el Sindicato de Inquilinas de Madrid colocaron pancartas en la fachada para visibilizar su protesta, de forma que lograron bloquear varias visitas de inversores, deteniendo temporalmente el proceso de venta del inmueble, afirma David.

“Nos han amenazado con que, si no quitamos las pancartas, nos pueden meter en juicios. Mencionan un artículo absurdo del contrato en el que estamos atentando contra el buen convivir y la estética del edificio. En cualquier caso, la ordenanza municipal de Madrid, que es la que rige, permite explícitamente las pancartas de protesta de sindicatos”, indica.

Los vecinos también destacan que el edificio está ubicado en una zona estratégica para la especulación inmobiliaria, frente a la Plaza de las Tizas, donde se ha instalado un columpio de grandes dimensiones en forma de dragón. Esta intervención, junto con la peatonalización de varias calles y la construcción del arco chino, forma parte del proyecto Chinatown impulsado por el Ayuntamiento de Madrid que lidera José Luis Martínez-Almeida.

Cláusulas abusivas

Los vecinos de José Bielsa 18 también denuncian que Divarian les impone “cláusulas abusivas e ilegales como cobrar la Comunidad a las inquilinas sin posibilidad de negociación”, lo que consideran una forma de subir el alquiler encubierta. También deben pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y obliga a los residentes a hacer un seguro obligatorio, que ya fue rechazado en otros casos por los tribunales, recuerda el Sindicato de Inquilinas.

“No hubo ninguna negociación, ni con la Comunidad ni con el IBI, el fondo fijó los precios. La comunidad, además, tiene cuotas mensuales muy elevadas, que oscilan entre 180 y 250 euros, pese a que el único servicio activo es la limpieza de zonas comunes. Estos gastos deberían cubrir únicamente servicios como la luz, que no suelen superar los 30 euros al mes, y además tampoco hay servicio de recogida de basuras”, resume.

Por todo ello, los vecinos del bloque exigen a Divarian y a Cerberus el arreglo de los desperfectos, el fin de las cláusulas abusivas y la renovación de los contratos de alquiler en las mismas condiciones que las actuales.

Una mujer víctima de violencia de género ha sido desahuciada este martes de la vivienda de alquiler en la que residía desde 2018 en la barriada de Santa Catalina (Palma de Mallorca). Por su parte, el Ayuntamiento de Palma le ha ofrecido alojamiento temporal en un hostal por un periodo indefinido, aunque sin garantías sobre su duración ni estabilidad.

El desalojo se ha producido, según la plataforma Stop Desnonaments Mallorca, a pesar de que este lunes se había presentado un escrito solicitando la nulidad de actuaciones, que aún estaba pendiente de resolución en el momento del desahucio.

La situación se originó tras la venta del inmueble, que pasó de manos de Servihabitat a la firma Adelaide Investment y posteriormente a un particular vinculado al sector inmobiliario, según recoge Europa Press.

Stop Desnonaments denuncia que la justicia habría priorizado el interés de un inversor que adquirió la vivienda “a precio de ganga”, dejando desprotegida a una inquilina en situación de vulnerabilidad. La plataforma añade que, aunque el nuevo propietario no figura como gran tenedor, existen indicios de que podría poseer entre dos o tres inmuebles, datos que califican de “confusos”.

Alojamiento temporal para la mujer

Tras el desahucio, el Consistorio ha ofrecido a la mujer alojamiento temporal en un hostal, sin que haya confirmación sobre la duración de esta ayuda, lo que incrementa la incertidumbre sobre su situación habitacional y sus posibles alternativas a corto plazo.

Por su parte, el IBDona habría valorado inicialmente ofrecerle una alternativa habitacional por su condición de víctima de violencia de género, aunque esta opción fue finalmente rechazada al situarse en las proximidades del lugar de trabajo de su expareja, lo que suponía un riesgo para su seguridad.

En este contexto, Stop Desnonaments recuerda que el procedimiento se habría mantenido activo pese a la solicitud de nulidad presentada el día previo al desahucio, que según la entidad seguía sin resolverse cuando se ejecutó el lanzamiento. Además, sostiene que el proceso debería haberse paralizado en aplicación del denominado “escudo social”, un mecanismo de protección para personas vulnerables que quedó derogado en febrero.

Asimismo, según la plataforma, la ley de vivienda balear permitiría acceder a una vivienda del IBAVI en casos de especial vulnerabilidad, pero este recurso se habría visto bloqueado por la ausencia del informe de vulnerabilidad, que debía emitir el Ayuntamiento de Palma y que, según la entidad, aún no se ha elaborado.

Críticas a la respuesta institucional

Stop Desnonaments critica además la falta de mediación efectiva por parte del Govern y del Ayuntamiento para evitar el lanzamiento, y denuncia que los juzgados están reanudando desahucios de personas vulnerables sin exigir el informe de vulnerabilidad.

La plataforma también reprocha al Patronato Municipal de Vivienda la ausencia de una solución estable. Advierte de que, una vez agotada la estancia en el hostal y sin una prórroga clara de la subvención, la afectada podría enfrentarse incluso a un nuevo intento de desalojo si deja de poder asumir el coste del alojamiento temporal, lo que agravaría aún más su situación de vulnerabilidad residencial.

Maricarmen, vecina de 87 años del barrio madrileño del Retiro, iba a enfrentarse este 3 junio a un segundo intento de desahucio después de vivir siete décadas en la misma casa, pero la presión vecinal y el apoyo del Sindicato de Inquilinas han logrado aplazarlo 20 días. Lejos de ser una victoria, denuncia la organización, es una manera de intentar desmovilizar a quienes se han organizado para evitar el desalojo, por lo que el sindicato ha decidido mantener la manifestación convocada para esta tarde, a partir de las 18:30 horas, en la biblioteca de Retiro para exigir “soluciones reales”, además de la acampada que se realizará por la noche.

“Alargar 20 días la espera para saber si Maricarmen tiene alguna alternativa habitacional, o si se soluciona el problema, es una tortura, es alargar la agonía de una mujer que ya no aguanta más. Un aplazamiento no es una solución real, por eso mantenemos la convocatoria de hoy”, dicen a Infobae desde el Sindicato de Inquilinas, que asegura que a la empresa propietaria del piso donde vive Maricarmen, Urbagestión Desarrollo e Inversiones, no le va a quedar más remedio que presenciar cómo centenares de personas se movilizan para evitar el desalojo. La organización también recuerda que, desde que se paralizó el primer intento de desahucio en octubre pasado, la salud de Maricarmen, con un 50% de discapacidad, se ha deteriorado notablemente debido a la incertidumbre y el miedo que conllevan estos procesos.

Las actividades convocadas para esta tarde incluyen un pasacalles que saldrá desde la Puerta del Retiro de la Biblioteca Eugenio Trías, una actuación infantil y la participación de figuras destacadas de la cultura como la periodista Olga Rodríguez, los actores Alberto San Juan y Juan Diego Botto y el cómico Facu Díaz, además de varios conciertos. La jornada concluirá con una acampada por la noche.

Contrato de renta antigua

Maricarmen cuenta con un contrato de renta antigua firmado por su padre en 1956. Tras su fallecimiento, la titularidad pasó a su madre y, al morir esta en 2005, Maricarmen asumió el derecho a residir en la vivienda bajo las mismas condiciones. Durante años, la propiedad respetó esta situación y la renta se actualizaba conforme al IPC. Sin embargo, tras varios cambios de propietario, en 2018 la situación se modificó.

Urbagestión Desarrollo e Inversiones argumenta que, según una sentencia del Tribunal Supremo, el contrato finalizó con el fallecimiento de la madre de Maricarmen, ya que ella no cumple el requisito de tener una discapacidad del 65% para acceder a una segunda subrogación. La empresa únicamente le ofreció seguir en la vivienda si aceptaba un aumento del alquiler del 275%, hasta 1.650 euros, una cantidad inasumible con su pensión.

Tras el primer intento de desahucio en octubre, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, mantuvo una reunión con Maricarmen y representantes del Sindicato de Inquilinas y, aunque la organización envió una propuesta para buscar una salida, aseguran que no han recibido respuesta durante estos meses.

Tampoco han obtenido comunicación alguna, según denuncian, por parte del Ayuntamiento dirigido por José Luis Martínez Almeida ni del gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, mientras que “los servicios sociales no han logrado ofrecer a Maricarmen una alternativa habitacional digna”.

Pocas situaciones generan tanto desgaste como la incertidumbre de quedarse sin techo, más aún cuando se trata de personas mayores como Maricarmen, una vecina del distrito madrileño del Retiro que a sus 87 años se enfrenta a un segundo intento de desahucio, fijado para el 3 de junio. Aunque el pasado mes de octubre, la movilización vecinal y el Sindicato de Inquilinas lograron aplazar el desalojo, la angustia y la preocupación nunca han desaparecido y en estos meses su salud se ha resentido: ha perdido movilidad y masa muscular, y ahora necesita una silla de ruedas para desplazarse. Después de vivir 70 años en la misma casa, con un contrato de renta antigua que firmó su padre, Maricarmen nunca imaginó que a estas alturas tendría que enfrentarse a una situación como esta.

A pesar de su vulnerabilidad, con un 50% de discapacidad y sin alternativa habitacional, la inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversiones, actual propietaria del piso, mantiene la orden de desalojo.

“Tenemos derecho a una vivienda. No es justo que nos pongan en la calle para que unos buitres vengan y se lleven nuestra sangre, lo que hemos estado luchando por tener lo que nos corresponde, que es una vivienda, un techo donde poder vivir”, ha explicado Maricarmen este jueves a la prensa frente al Congreso de los diputados. Allí ha comunicado que, pese a haber enviado al Gobierno un dosier con la información de su caso y posibles alternativas, no ha recibido respuesta ni por parte del presidente Pedro Sánchez, ni de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. “Hasta el momento nadie se ha comunicado conmigo, nadie me ha ofrecido ninguna opción de dónde me puedo ir”, ha añadido.

Maricarmen, que no tiene familia directa, tampoco ha obtenido respuesta ni del Ayuntamiento de Madrid ni del Gobierno autonómico, “que se han negado a reunirse con ella”, según ha explicado el Sindicato de Inquilinas. ”A esto se suman unos servicios sociales que son incapaces de dar cualquier alternativa digna", añade la organización.

El sindicato destaca que Maricarmen “representa la resistencia de los inquilinos frente a los fondos buitre y la especulación inmobiliaria” y pide al Gobierno que tome medidas urgentes frente a la crisis de la vivienda que afecta a miles de familias, como establecer contratos de alquiler indefinidos y frenar la compra especulativa para priorizar el acceso a quienes buscan un hogar.

Los pisos del bloque se alquilan a más de 2.500 euros mensuales

Maricarmen tenía un contrato de renta antigua, firmado por su padre en 1956. Tras su fallecimiento, la titularidad pasó a su madre y, a la muerte de esta en 2005, ella heredó el derecho a vivir en la vivienda en las mismas condiciones. Durante años, la propiedad lo respetó, de forma que la renta se actualizaba según el IPC pero, tras varios cambios de dueño desde 2018, la situación cambió.

En 2020 comenzó un proceso legal, después de que la pensionista no pudiera acceder ni a la compra del piso —Urbagestión Desarrollo e Inversiones se lo ofreció por 250.000 euros— ni a afrontar un aumento del 275% en el alquiler, al pasar de 440 euros mensuales a 1.650. El resto de los apartamentos del bloque se alquilan por unos 2.650 euros, según informa el Sindicato de Inquilinas.

El 2 de junio hay varias actividades para impedir el desalojo

El desahucio está convocado para el 3 de junio a las 8:00 horas en la calle Alcalde Sainz de Baranda, 46. Un día antes, el martes 2, el sindicato ha organizado una jornada de actividades desde las 18:30 horas, que incluye un pasacalles que saldrá desde la Puerta del Retiro de la Biblioteca Eugenio Trías, una actuación infantil y la participación de figuras destacadas de la cultura como Olga Rodríguez, Alberto San Juan, Juan Diego Botto y Facu Díaz, además de varios conciertos. La jornada concluirá con una convocatoria a todas las vecinas de Madrid para acampar esa noche y así intentar frenar el desahucio.

La mitad de los hogares con menos renta vive en edificios levantados antes de 1981 o sin una reforma importante desde entonces, una situación que el Observatorio de vivienda asequible (Provivienda) vincula a mayor exposición a la emergencia climática y a más dificultades para rehabilitar viviendas con peor aislamiento y mayor demanda energética. Según Provivienda, el 50,7% de los hogares del quintil de menor renta reside en inmuebles anteriores a 1981 o no reformados de forma sustancial desde entonces, frente al 35,9% del quintil de mayor renta. A escala nacional, algo más del 43% de los hogares vive en edificios construidos antes de 1981.

El observatorio de la entidad incorpora por primera vez datos del Módulo de Vivienda y Entorno de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 para seguir una cadena concreta: antigüedad del parque residencial según ingresos, necesidad declarada de mejoras de eficiencia energética no ejecutadas, barreras para acometerlas y daños materiales asociados a fenómenos climáticos extremos.

Esa lectura enlaza, según la propia organización, con dos marcos de política pública ya en marcha: el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, centrado en la rehabilitación energética, y la Estrategia de Desarrollo Sostenible Revisada hacia 2030, que incorpora la regeneración del parque residencial como herramienta de transición justa.

Un parque de vivienda envejecido

El parque residencial español aparece como un parque envejecido, pero la media esconde una fractura social. En el tramo de edificios más antiguos, los anteriores a 1961, vive el 18,2% de los hogares del quintil de menor renta, frente al 11,2% del quintil más alto. Según Provivienda, esa diferencia tiene una consecuencia material: la normativa de eficiencia energética en edificación llegó a España en 1980 con las primeras exigencias de aislamiento. Los inmuebles anteriores a 1981, donde se concentra una parte mayor de la población con menos recursos, se construyeron sin exigencias térmicas relevantes y soportan peor las olas de calor.

El indicador que la entidad considera central es la necesidad declarada de mejoras de eficiencia energética no realizadas. No se trata de una auditoría técnica, sino de una autodeclaración, pero permite localizar dónde existe una carencia reconocida que sigue sin resolverse. A nivel nacional, el 34,4% de los hogares afirma necesitar mejoras de eficiencia energética que no ha ejecutado. La proporción cambia con intensidad según la comunidad autónoma y el régimen de tenencia de la vivienda.

Además, la organización describe un problema de incentivos divididos: la propiedad suele asumir el coste de la rehabilitación, mientras que el principal beneficio inmediato, desde una factura energética más baja hasta un mayor confort térmico, lo recibe quien habita la vivienda. Cuando ambas figuras no coinciden, las obras se aplazan. En ese contexto, el alquiler concentra hogares con menos renta y menor margen para exigir mejoras, lo que refuerza el atasco.

La brecha entre inmuebles antiguos y recientes es amplia. Entre los edificios anteriores a 1961 y los construidos desde 2011 hay 24,6 puntos porcentuales de diferencia en necesidad de mejoras energéticas no cubiertas, hasta el punto de que residir en un edificio previo a 1961 multiplica por 2,5 esa probabilidad respecto a vivir en uno posterior a 2011. La distribución territorial también es desigual. En la parte alta figuran Extremadura con el 41%, Andalucía y Castilla-La Mancha con el 39,6%, Galicia con el 38,3%, Ceuta con el 37,6% y Madrid con el 36,4%; en la baja, País Vasco registra el 24,8%, Canarias el 25,8% y La Rioja el 26,8%.

Según Provivienda, el coste es la barrera dominante para actuar. A nivel nacional, el 76,2% de los propietarios con necesidad no cubierta lo señala como principal obstáculo, y en los edificios anteriores a 1961 esa proporción sube al 80,6%. La entidad sostiene que, en los quintiles de renta más bajos, ese freno financiero adquiere un carácter casi único. En el quintil más alto aparecen con más peso relativo otras razones, como “otras razones” con el 19,8% y la “falta de interés” con el 11%.

Los daños climáticos no se reparten igual aunque la incidencia declarada sea parecida

El 9,2% de los hogares declara haber sufrido daños por fenómenos climáticos extremos, con una distribución por quintiles casi plana, entre el 9% y el 9,6%. Para Provivienda, esa aparente igualdad no significa que la vulnerabilidad sea la misma. La entidad sostiene que ese indicador no mide bien la vulnerabilidad climática porque registra si el evento ha ocurrido, no la capacidad de anticiparse, asegurar la vivienda, reparar los daños o recuperarse después. Esa capacidad, añade, sí está estratificada por renta.

La desigualdad sí aparece con claridad en el mapa territorial. El observatorio sitúa los niveles más altos en comunidades autónomas del arco mediterráneo y de la cuenca atlántica gallega, y relaciona esa distribución con la dana de Valencia de 2024, la sucesión de olas de calor en el sur y los temporales atlánticos en Galicia.

Castilla-La Mancha aparece en cabeza, una posición que el texto atribuye probablemente a la combinación de episodios térmicos extremos en verano y lluvias torrenciales en las cuencas del Tajo y el Júcar. La nota metodológica precisa que todos los indicadores proceden de tablas agregadas publicadas por el INE a partir del módulo ECV 2025 y no de microdatos, según Provivienda.

Cada vez que finaliza un mes y comienza el siguiente, las familias deben hacer frente a pagos recurrentes en la economía domestica, como el alquiler o la hipoteca. La actual crisis inmobiliaria ha transformado esta transacción en un esfuerzo económico enorme para muchos grupos sociales. Familias monoparentales, de Madrid o Barcelona y en régimen de alquiler son algunos de los perfiles que más se repiten dentro de las 4,5 millones de personas a las que coste residencial las sitúa por debajo del umbral de pobreza relativa.

La sensación de que la nómina desaparece conforme entra a la cuenta bancaria no es nueva. El incremento del precio del alquiler ha llevado al 14,37% de los hogares a destinar más del 30% de sus ingresos al coste de la vivienda. Una cifra que parece poco alarmante pero, al analizar en profundidad el modo acceso a dicha vivienda, afloran las desigualdades, según los datos recogidos por el informe Dificultades económicas: ¿A quién le cuesta más pagar la vivienda? ¿A quién empobrece la vivienda?, elaborado por el Observatorio de vivienda asequible (Provivienda).

Pese a que la lógica haría pensar que las mayores dificultades se encuentran en los hogares con alquileres por encima del precio de mercado, la sobrecarga tiene más presencia en las rentas de mercado -que representa solo a uno de cada seis hogares-, donde más de la mitad de los inquilinos supera el umbral del 30% de esfuerzo económico y más de un tercio el del 40%, según el estudio, elaborado a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025.

Los datos son claros: pagar la vivienda empuja a la pobreza. El coste del alquiler o la hipoteca añade nueve puntos porcentuales a la tasa de pobreza relativa nacional. En términos absolutos, esto se traduce en 4,5 millones de personas a las que afrontar este pago las sitúa por debajo del umbral de pobreza relativa. Dentro de este amplio grupo, 3,1 millones de personas caen bajo el umbral de pobreza severa tras afrontar el coste residencial, donde la renta tras pagar es inferior al 40% de la mediana nacional.

Las familias monoparentales afrontan mayor sobrecarga

El estudio de Provivienda analiza también qué estructuras del hogar son más frecuentes dentro de la sobrecarga económica. Según los datos, los hogares monoparentales presentan tasas más de tres veces superiores a las de las parejas con hijos, con uno de cada tres en sobrecarga y uno de cada cinco en sobrecarga severa. El mismo patrón se observa en los hogares unipersonales, que afrontan el pago de la renta o hipoteca con un único ingreso.

La situación de los hogares monoparentales no es sencilla, con dos de cada tres con al menos una dificultad material relevante relacionada con la vivienda o los gastos básicos y casi uno de cada cuatro con tres o más dificultades en simultáneo. Dentro de estos problemas el estudio señala la incapacidad de calentar el hogar, que afecta al 23,8% de familias monoparentales, frente al 12,9% de parejas con hijos. Además, más de la mitad de estos hogares es incapaz de afrontar gastos imprevistos.

Por Comunidad Autónoma, las peor paradas en el informe son la Comunidad de Madrid y Cataluña, donde la tasa de sobrecarga total supera el 17 y 18% de hogares con más del 30% de sus ingresos destinado a la vivienda, seguidas de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Melilla (todas por encima del 15%).

Si en la media de España más de uno de cada tres hogares que alquila a precio de mercado destina más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler, este porcentaje toca y supera el 41% en Madrid, Cantabria, Andalucía y Comunidad Valenciana.

El estudio señala también que el alquiler tiene un peso distinto en cada hogar, dependiendo del nivel de renta. El alquiler medio del grupo más pobre (542 euros al mes) es solo un 42% inferior al del grupo más rico (940 euros al mes), pero la renta media del último grupo es cuatro veces mayor a la del primero, por lo que para el esfuerzo supone el 56% de la renta para los más pobres frente al 19% de la renta para los más ricos.

La hipoteca también supone sobreesfuerzos

Los hogares en hipoteca también presentan sobrecargas desiguales para afrontar las letras, aunque con menor esfuerzo que el alquiler. El grupo de más pobres presenta esfuerzos relativos del 41,6% de sus ingresos, frente al 12,6% de los más ricos. Esto, según Provivienda, se debe a que para acceder a una hipoteca es necesario tener una capacidad patrimonial inicial que ya selecciona hogares con mayor estabilidad económica relativa.

Además, esta es la forma de tenencia más habitual para los hogares con renta media y sirve como un mecanismo eficaz de acceso a la propiedad para quienes pueden afrontar el ahorro inicial. Por el contrario, el estudio señala que en los hogares con menor capacidad económica, la cuota se acerca al límite de lo soportable, estando el 47% del primer grupo en sobrecarga severa.

Tras casi 30 años de presencia en el barrio madrileño de Tetuán, la cooperativa agroecológica Ecosol afronta este viernes un desahucio, programado para las 9:00 de la mañana. El fondo de inversión Elix Rental Housing, propietario del edificio desde 2024, se negó a renovar el contrato a la cooperativa, como ya ocurrió con los antiguos vecinos de este bloque situado en la calle Salvia. La estrategia de la empresa, según denuncia el Sindicato de Inquilinas, ha sido vaciar el edificio y renovarlo para después poder alquilar los pisos a precios mucho más elevados.

En Tetuán, como en el resto de barrios de la zona céntrica de la capital, la presencia creciente de fondos de inversión ha impulsado numerosas operaciones inmobiliarias que no solo afectan a las personas que viven en el barrio, sino también al tejido comercial formado por tiendas y pequeños negocios. Por ello, iniciativas como Ecosol ven reducidas sus posibilidades de continuar su actividad en la zona, pese a haber pagado un alquiler durante 27 años.

“Donde antes había un bar o el negocio de un vecino, ahora hay pisos turísticos o viviendas inasequibles, pero nosotras vamos a intentar frenar el desahucio”, dice a Infobae Celia, empleada de esta cooperativa de consumo agroecológico de la que forman parte 60 socios.

Celia explica que no pueden permitirse alquilar otro local ni en el barrio ni en zonas cercanas con los precios actuales, por lo que, si finalmente se produce el desahucio, el proyecto dejará de existir. Si la cooperativa desaparece, añade, no solo se perderá tejido productivo del barrio, “sino mucho más“, porque abastece a sus miembros de fruta y verdura comprada directamente a pequeños productores de diferentes puntos de España, sin intermediarios. “También va a perder dinero el campo, porque los pequeños productores a los que llevamos años comprando fruta y verdura dejarán de tener este ingreso, desde cooperativas en Murcia hasta lo más cercano, en Madrid, donde compramos las fresas”, denuncia.

La trabajadora también critica la postura del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a quien acusa de defender en sus discursos a los autónomos y pequeños negocios mientras, en la práctica, “permite políticas que favorecen la especulación inmobiliaria y perjudican a quienes asegura proteger”.

Cambios en la propiedad del edificio

La propiedad del edificio donde se encuentra Ecosol ha cambiado de manos en varias ocasiones desde 2020. Tras la herencia de las propietarias originales a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, el inmueble fue vendido primero a Apolo Real State S.L., luego a la promotora Intedisa y, finalmente, al fondo Elix Rental Housing. Este fondo, que gestiona varios bloques residenciales en Madrid, está vinculado al grupo de inversión AltamarCAM Partners, dirigido por Claudio Aguirre, primo de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.

El Sindicato de Inquilinas señala a Elix Rental Housing como responsable de otros desalojos, como el ocurrido en Tribulete 7, en Lavapiés, donde la empresa enfrenta cargos por acoso inmobiliario. Desde la organización advierten que los fondos de inversión no solo especulan con las viviendas, sino también con los negocios de barrio, y subrayan la importancia de defender el derecho de quienes viven y trabajan en la ciudad.

Los precios disparados del alquiler en España y el auge del arrendamiento de habitaciones y de pisos turísticos han aumentado el número de inquilinos que optan por subarrendar de forma ilegal la vivienda en la que viven sin que lo sepa su propietario.

Cada vez son más frecuentes los casos de caseros que descubren que su vivienda en renta aparece anunciada en plataformas de alquiler vacacional o que el inquilino está obteniendo beneficios económicos alquilando habitaciones por días o semanas. Todo ello, sin consentimiento del casero y, en muchos casos, vulnerando tanto la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como las normativas municipales y autonómicas.

El fenómeno se ha intensificado especialmente en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, donde la elevada demanda de vivienda y el auge del alquiler turístico han convertido algunos contratos de larga duración en auténticos negocios paralelos.

Qué es el subarriendo y cuándo es ilegal

El subarriendo se produce “cuando el inquilino de una vivienda cede el uso total o parcial del inmueble a un tercero a cambio de una renta, sin ser el propietario de la vivienda”, explica Manuel Hernández García, director y socio del Bufete Vilches Abogados.

La legislación española distingue entre dos tipos principales: el subarriendo total y el parcial. El primero ocurre cuando el inquilino abandona la vivienda y la alquila íntegramente a otra persona. Esta práctica está expresamente prohibida por la Ley de Arrendamientos Urbanos salvo autorización escrita del propietario. En otras palabras, si el contrato no lo permite, el inquilino no puede hacerlo legalmente.

El subarriendo parcial, como el alquiler de habitaciones, podría llegar a permitirse, pero únicamente si el propietario lo ha autorizado de forma expresa. Si el contrato no dice nada sobre esta posibilidad o la prohíbe, también se considera incumplimiento contractual.

Castigo para el casero

Uno de los focos más habituales de conflicto es el alquiler turístico encubierto. En estos casos no solo entra en juego la legislación estatal, sino también las normativas autonómicas y municipales sobre viviendas turísticas. “En la mayoría de ciudades, este tipo de uso está prohibido sin licencia y, desde luego, sin autorización del propietario”, explica Manuel Hernández.

Si el inmueble se explota turísticamente sin autorización, las sanciones al alquilado pueden alcanzar miles de euros e incluso afectar al propietario si las autoridades consideran que existió tolerancia, falta de control o que no actuó con rapidez.

“Lo mejor para el propietario es actuar en cuanto lo detecte o lo sospeche y dejar constancia de que no lo ha consentido. Luego, si es necesario, puede iniciar acciones legales", recomienda Manuel Hernández García.

Cómo descubrir un subarriendo ilegal

Detectar un subarriendo ilegal no siempre resulta sencillo, ya que el propietario no tiene acceso directo al día a día de la vivienda. Sin embargo, existen indicios que pueden revelar que algo no encaja.

Uno de los más habituales es la entrada y salida frecuente de personas desconocidas en estancias cortas. También puede levantar sospechas comprobar que el inquilino titular apenas reside en la vivienda o que ha trasladado su domicilio habitual a otro lugar.

Otro indicio claro es localizar anuncios del inmueble en portales de alquiler vacacional o redes sociales. Aunque no aparezca la dirección exacta, las fotografías, el mobiliario o ciertos detalles permiten identificar fácilmente la vivienda.

Además, las quejas vecinales suelen desempeñar un papel clave. Muchas comunidades detectan rápidamente el uso turístico irregular por el aumento de ruidos, molestias o incumplimientos de normas de convivencia.

Pasos a dar por el propietario para evitar sanciones

Cuando el casero sospecha que existe un subarriendo ilegal, el primer paso debe ser revisar detenidamente el contrato de arrendamiento. En la mayoría de los casos, estos contratos prohíben expresamente el subarriendo o lo condicionan a autorización previa y por escrito.

Una vez confirmada la irregularidad, lo habitual es enviar un requerimiento formal al inquilino mediante burofax o comunicación fehaciente. En este escrito se solicita el cese inmediato de la actividad y se advierte de las consecuencias legales en caso de incumplimiento.

Si el problema persiste, el propietario puede resolver el contrato de alquiler al amparo del artículo 27 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esto permite exigir la devolución de la vivienda e incluso iniciar un procedimiento judicial de desahucio.

Consecuencias para el inquilino: desahucio, pérdida de fianza y multas

Las repercusiones para el inquilino pueden ser importantes. La más frecuente es la resolución inmediata del contrato y la obligación de abandonar la vivienda. Además, el propietario puede retener total o parcialmente la fianza si existen daños o incumplimientos.

En los casos relacionados con alquiler turístico ilegal, las administraciones públicas también pueden imponer sanciones económicas elevadas. Dependiendo de la comunidad autónoma y del municipio, las multas pueden ascender a varios miles de euros.

El inquilino también podría responder por los daños ocasionados a terceros, especialmente si el subarriendo ha generado molestias graves en la comunidad o desperfectos en el inmueble. Otro aspecto relevante es la situación de las personas subarrendadas. Aunque hayan pagado por alojarse en la vivienda, no mantienen una relación contractual directa con el propietario. Por ello, cuando se resuelve el contrato principal, también deben abandonar el inmueble.

Independientemente de la edad, la profesión o el lugar de residencia, el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema de la población en España, muy por encima de las dificultades económicas, la sanidad o la calidad del empleo, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Comprar una casa hoy resulta más caro que en cualquier década pasada, excepto durante el auge de la burbuja inmobiliaria, de forma que ahora se necesitan siete años y medio de salario íntegro para comprarla, frente a los tres años y medio que se requerían en 1997. En cambio, los salarios no evolucionan en consonancia con la subida de precios de la vivienda.

Acceder a un alquiler también es cada vez más difícil, no solo por el elevado coste que implica, sino por la proliferación de viviendas turísticas. Muchos propietarios optan por esta opción atraídos por una mayor rentabilidad, lo que disminuye la disponibilidad de viviendas para uso residencial y encarece los precios para quienes buscan alquilar de forma permanente.

Ante este escenario —y después de que el pasado mes de abril el Congreso tumbara la prórroga de los alquileres con los votos en contra del PP, Vox y Junts y la abstención del PNV—, decenas de organizaciones sociales y colectivos de vivienda, como el Sindicato de Inquilinas, han convocado a una movilización masiva este 24 de mayo en Madrid para exigir una bajada de precios, mayor protección frente a los desahucios y una regulación efectiva que garantice el acceso a una vivienda digna. La de este domingo es solo la primera de muchas protestas que hay convocadas esta primavera por todo el país.

“El domingo salimos a las calles en el inicio de una oleada de movilizaciones para decir que la vivienda nos cuesta la vida y que no tendría por qué ser así. En Madrid ya dedicamos el 70% de nuestro salario al alquiler, por lo que sufrimos una gran precariedad económica, y ni siquiera tenemos estabilidad, porque cada cinco años nos pueden echar de casa [cuando termina el contrato] simplemente para especular”, dice en conversación con Infobae Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, que también alerta sobre el aumento de la infravivienda y las situaciones de hacinamiento que afectan a numerosas familias.

La crisis de vivienda, señala la activista, impacta tanto en la salud física como en la mental, ya que la dificultad para acceder a una vivienda mantiene de forma constante “la ansiedad, el miedo y la incertidumbre”. “Ya no se puede elegir ni dónde ni con quién vives, y mientras nuestras vidas se van precarizando”, critica.

Rentistas y un sistema que lo permite

El Sindicato de Inquilinas responsabiliza de la crisis de vivienda a los rentistas, a quienes acusa de acaparar viviendas y disparar los precios para lucrarse con la especulación. Además, señala que este escenario es posible por “un sistema que lo permite, incluyendo leyes, gobiernos y el aparato judicial y policial, que protegen los intereses de una minoría mientras dificultan el acceso a la vivienda para la mayoría”. “Nos están intentando dividir para desviar la atención de los verdaderos responsables de la crisis de vivienda con una estrategia que busca enfrentar a distintos colectivos, como migrantes, pensionistas o personas que recurren a la ocupación de viviendas vacías, mientras la raíz del problema sigue intacta”, sostiene Del Río.

Frente a esta situación, el Sindicato de Inquilinas destaca la unidad del colectivo y el respaldo social creciente, también entre propietarios e hipotecados que sufren las consecuencias de la especulación, “viendo cómo la vida de sus comunidades, de sus amigos y de sus barrios queda destrozada”. Por todo ello, las organizaciones llaman a movilizarse este domingo para defender que la vivienda “debe estar al servicio de las personas y no del lucro y para avanzar hacia un modelo donde las casas sean para vivir y no para especular”.

Ivan Giesen calcula que en los 27 años que lleva viviendo en alquiler en el número 153 de la calle Ramon Turró, en el barrio barcelonés de Poblenou, ha pagado unos 140.000 euros. Pero desde 2020, una vez agotadas las prórrogas del contrato, la empresa propietaria del bloque, Maramca S.L., mantiene su negativa a cualquier acuerdo de renovación y ahora enfrenta una orden de desahucio para el 5 de junio. De nada han servido ni sus gestiones personales ni la intermediación del Sindicat de Llogateres, que denuncia que la empresa está incumpliendo la obligación de reservar al menos seis viviendas del edificio para protección oficial, tal como exigen la reforma aprobada en 2015 y la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) del 22@, un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona para transformar el antiguo Poblenou industrial en una nueva zona residencial.

Varios testimonios de vecinos que han llegado recientemente al edificio y la localización de anuncios en plataformas digitales indican que hay pisos de unos 50 metros cuadrados alquilándose a 1.700 euros mensuales, critica el sindicato, “unos precios que no cuadran en absoluto con los de la vivienda de protección oficial ni con la regulación de precios del alquiler”. El caso de Ramon Turró 153, sostiene la organización, apunta a un doble incumplimiento: viviendas que deberían estar vinculadas a protección pública y pisos que se estarían alquilando por encima de los topes legales. “Es una gran paradoja: un plan urbanístico impulsado con la justificación de hacer vivienda protegida acaba expulsando a vecinos sin dar ni rastro de esta protección”.

Cuando Maramca S.L. heredó la finca en 2012, explica el sindicato, había 10 viviendas y 9 estaban habitadas, pero poco después dejó de renovar contratos y promovió una reforma aprobada en 2015, que permitió aumentar el número de pisos de 10 a 16 gracias a mayor edificabilidad. Por ello, la organización pide al Ayuntamiento de Barcelona que inspeccione la ejecución del Plan de Mejora Urbana del edificio, mientras que reclama a la Generalitat de Catalunya y a la Agència de l’Habitatge que actúen “ante los probables incumplimientos de la regulación de precios del alquiler y de las obligaciones vinculadas a las viviendas protegidas”.

“Un caso claro de especulación”

Giesen lamenta que la empresa nunca haya querido negociar, aunque “ahora entiende el motivo”, porque ha empezado a alquilar algunos de los nuevos pisos a precios mucho más elevados que los 730 euros que pago actualmente. Les sale muy rentable”, cuenta en conversación con Infobae. Este inquilino, de 68 años y origen belga, no se hace a la idea de abandonar el barrio donde ha vivido durante casi tres décadas y asegura que no puede permitirse otras opciones en la ciudad debido a los elevados precios. Adquirir una vivienda en Barcelona, que cerró 2024 con un precio medio de venta de 689.800 euros para pisos de unos 83 metros cuadrados, cuesta actualmente un 9,8% más que hace un año.

“Yo he hecho un esfuerzo para pagar el alquiler y, al final, tengo la sensación de que me echan sin una justificación. A estas alturas debería estar pensando en mi jubilación y todavía no lo puedo hacer. Este es un modelo que no protege a la gente inquilina”, lamenta. Giesen cuenta que de la finca original prácticamente ya no queda casi nadie del vecindario histórico: solo siguen viviendo en ella dos vecinas con renta antigua y él, mientras el resto de las viviendas se encuentran vacías, reformadas o alquiladas a nuevos inquilinos a precios desorbitados.

El Sindicat de Llogateres sostiene que el caso de Ramon Turró 153 muestra cómo una operación vinculada al 22@ ha provocado la expulsión de inquilinos y el alquiler de viviendas a precios muy por encima de los regulados. Señala, además, que 11 años después de la reforma, la obligación de destinar las nuevas viviendas a protección oficial sigue sin cumplirse, pese a lo que establece la normativa.

Casi nueve de cada 10 argentinos (87%) considera que su sueldo no alcanza para cubrir sus necesidades básicas, a la vez que siete de cada 10 (74%) afirma que su poder adquisitivo empeoró en los últimos meses, un salto de 16 puntos frente a 2025, según detalló el último informe del portal del empleo Bumeran. El dato ubica al país entre los peores registros de la región, solo por detrás de Panamá y Ecuador.

La restricción se ve también en la duración del ingreso mensual. El 73% de los trabajadores argentinos dice que el sueldo no le dura más de dos semanas: el 28% usa todo su salario para pagar cuentas apenas cobra, el 21% asegura que solo le alcanza para dos semanas, el 15% para menos de una semana y el 9% para una semana. Solo el 9% afirma que el salario le dura todo el mes. Entre quienes identifican su principal gasto, el 44% menciona el alquiler, el 27% alimentos, el 16% pago de deudas, el 5% educación, el 3% salud, el 3% transporte y el 2% otros consumos.

“La desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real. Después de varios años de pérdida acumulada del poder adquisitivo, las personas trabajadoras siguen destinando gran parte de sus ingresos a necesidades básicas como el alquiler y los alimentos”, señaló Federico Barni, CEO de Bumeran.

Y agregó: “Hoy el desafío ya no pasa solamente por ‘ganarle a la inflación’, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad”. También sostuvo que “la percepción social del salario suele recuperarse más lentamente que los indicadores macroeconómicos porque las personas evalúan su situación cotidiana: cuánto duran sus ingresos, si pueden ahorrar o endeudarse menos y si sienten capacidad de proyectar”.

En la comparación regional, Panamá encabeza la proporción de trabajadores que consideran insuficiente su salario con el 92%, seguido por Ecuador con el 90%, Chile con el 87% y Perú con el 83%. En gasto principal, el alquiler también domina en Chile con el 57%, en Perú con el 38%, en Ecuador con el 36% y en Panamá con el 32 por ciento.

Nueve de cada 10 trabajadores no ahorran

El estudio también revela que nueve de cada 10 trabajadores argentinos no puede ahorrar, un punto porcetual por encima del registro de 2025. Entre quienes no logran hacerlo, el 54% lo atribuye a que el salario no es suficiente, el 19% a que tiene deudas, el 12% a que debe cubrir necesidades básicas, el 11% a que enfrenta muchos gastos y el 3% a otros motivos.

Entre quienes sí ahorran, la mayoría lo hace en proporciones reducidas. El 33% dice que guarda entre el 5% y el 10% de su sueldo, el 28% menos del 5%, el 15% entre el 15% y el 25%, y el 14% más del 25 por ciento.

Cuando queda dinero disponible, el 30% lo invierte en fondos de inversión, el porcentaje más alto de la región. Otro 16% compra dólares o moneda extranjera, otro 16% lo destina a otras opciones, el 15% compra acciones o bonos, el 15% lo deja en una cuenta de ahorro bancaria y el 10% lo coloca en un plazo fijo.

A su vez, el estudio destaca que el 77% de las personas trabajadoras en Argentina reconoce tener algún tipo de deuda, cinco puntos más que en 2025, cuando el 72% declaraba esa situación. En el resto de la región, la incidencia es todavía mayor: Ecuador registra 93%, Panamá 92%, Chile 91% y Perú 82 por ciento.

Ante la pregunta sobre si les gustaría recibir un aumento, el 100% de los encuestados respondió que sí. El 46% de los consultados respondió que el destino principal de esa mejora sería para pagar deudas, el 22% lo destinaría al ahorro, el 15% a alimentación y recreación, el 13% a inversiones y el 3% a otros fines.

El número de locales vacíos en las principales áreas comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una suba de 30,7% en el bimestre marzo-abril de 2026 en comparación con el mismo período de 2025, de acuerdo con un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

En las zonas relevadas de la CABA se detectaron 277 locales en venta, alquiler o cerrados durante el segundo bimestre de 2026. En comparación con el bimestre enero-febrero de 2026, el informe marcó una baja de 2,5%, ya que en ese período se registraron 284 locales. Pero en relación con el 2025, la suba en la vacancia es relevante. Esta merma se adjudica a las dificultades de ventas que atraviesan muchos comerciantes, motivo por el cual deciden cerrar, y a que, por las mismas razones, muchos optan por continuar con la venta pero sólo de forma online.

El análisis de los locales en alquiler y venta mostró comportamientos diferenciados según categoría. En alquiler, se registró una suba de 5,7% respecto del bimestre anterior. En la comparación interanual con marzo-abril de 2025, el incremento alcanzó 102,2%. En los locales en venta, se observó una baja de 27,8% en relación con enero-febrero de 2026 y un descenso de 40,9% en comparación con el mismo período de 2025.

El relevamiento de la CAC, realizado desde 2014, incluye principales arterias comerciales porteñas y mide variaciones por zonas y tramos. En la Avenida Rivadavia se registraron retrocesos en los tramos 2000-2800, 4900-5400, 6300-7400 y 11000-11600. En la Avenida Corrientes, en tanto, se observaron bajas en el tramo 200-6800. Y en Avenida Avellaneda también se registró un retroceso en el tramo 2800-3800.

En contraste, el informe registró avances bimestrales en la Avenida Pueyrredón entre 0 y 1200, en la peatonal Florida, en la Avenida Santa Fe entre 700 y 5300, en la Avenida Córdoba entre 4000 y 5300 y en la Avenida Cabildo entre 4800 y 5500.

El relevamiento también incorporó información sobre la ciudad de La Plata a partir de datos elaborados por la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE), analizados por la CAC. En la capital bonaerense, durante el bimestre marzo-abril de 2026, se registró un aumento de 100% en el número de espacios inactivos, que incluyeron locales en venta, alquiler, clausurados o cerrados, en comparación con el mismo período de 2025.

En relación con el bimestre enero-febrero de 2026, se observó una suba de 28,6% en los espacios sin actividad comercial. Durante los primeros cuatro meses de 2026 se detectaron un total de 18 espacios sin actividad comercial en las áreas relevadas.

El comportamiento de los indicadores mostró variaciones entre ciudades y corredores comerciales. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los resultados mostraron diferencias entre avenidas y tramos, con subas en algunos puntos y bajas en otros, según el período comparado. En La Plata, el relevamiento mostró un incremento tanto interanual como bimestral en la cantidad de espacios sin actividad.

Este aumento de la vacancia se produce en momentos en que las ventas de los comercios minoristas se contraen mes a mes. El último relevamiento de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reveló que en abril los comercios pymes tuvieron una contracción de ventas del 3,2% interanual, en tanto que la evolución mensual también evidenció una merma del 1,3 por ciento. Así, las ventas en lo que va del año acumulan una caída del 3,5 por ciento.

Los retrocesos se localizaron principalmente en Bazar y decoración (-12,3%); Perfumería (-7,2%) y Ferretería, materiales eléctricos y para la construcción (-4,2%). El segmento de Farmacia constituyó la única excepción, con una variación positiva del 6,1 por ciento.

El mercado inmobiliario de Oakland, California atraviesa uno de los momentos más turbulentos de los últimos años, situándose entre las ciudades estadounidenses con las mayores caídas en el valor de las viviendas. Según los últimos datos de Zillow, la ciudad ha experimentado un descenso de más del 11% en el valor medio de las viviendas en el último año, corregido por inflación. Este desplome coloca a Oakland al mismo nivel que Cape Coral, compartiendo el liderazgo en la reducción de precios a nivel nacional. Actualmente, el valor promedio de una vivienda en Oakland ronda los 716.000 dólares, reflejando el profundo impacto de la tendencia bajista.

Factores que explican la caída: tasas hipotecarias, asequibilidad y demanda

La desaceleración del mercado inmobiliario en Oakland tiene raíces claras. El detonante principal fue el aumento abrupto de los tipos de interés hipotecarios en 2022, lo que redujo la asequibilidad para muchos potenciales compradores. Esta subida de tasas encareció las cuotas mensuales y desincentivó la demanda, al tiempo que limitó el acceso de nuevos propietarios. Los datos de Zillow muestran que el ajuste de precios no es aislado, sino una respuesta directa a la nueva realidad financiera impuesta por la política monetaria.

El encarecimiento del crédito afectó tanto a quienes buscaban adquirir vivienda como a quienes pretendían venderla. Los compradores, enfrentando mayores costes y una oferta que ya no se ajusta a sus posibilidades, han reducido su participación en el mercado. Al mismo tiempo, los vendedores se ven obligados a reconsiderar sus expectativas de precio para atraer interés real.

En la última década, el mercado de Oakland había mostrado un crecimiento sostenido, impulsando las expectativas de revalorización. Sin embargo, la reciente caída ha revertido parte de ese avance: desde 2019, el valor de las viviendas en la ciudad ha descendido casi un 30% cuando se ajusta por inflación.

Cambios en el comportamiento de vendedores y compradores

El ajuste en los precios ha transformado la dinámica entre vendedores y compradores. Según la agente inmobiliaria Beth Tehrani, de Redfin, las casas permanecen más tiempo en el mercado y se venden a precios más bajos. Los vendedores, antes acostumbrados al auge de la pandemia y al rápido crecimiento de los precios, han tenido que adaptarse a una realidad menos favorable.

Tehrani señala que muchos propietarios mantenían la mentalidad de los años previos a 2020, esperando ventas rápidas y buenas ofertas, pero ahora comprenden que si no ajustan el precio a las condiciones actuales, la propiedad puede permanecer sin vender durante meses. Esta nueva actitud ha obligado a los vendedores a ser más flexibles y realistas, mientras que los compradores aprovechan la coyuntura para negociar con mayor margen.

El poder de negociación ha cambiado de manos en muchos casos, beneficiando a quienes buscan adquirir vivienda y están en condiciones de aprovechar los precios a la baja. Sin embargo, el acceso sigue limitado por los elevados costes de financiación.

Incertidumbre y estrategias de propietarios ante el mercado

La incertidumbre se ha instalado entre los propietarios de Oakland, quienes adoptan distintas estrategias para enfrentar el contexto adverso. Un ejemplo es el de Frank, residente de las colinas del sur de Oakland, que prefiere no revelar su apellido ni dirección hasta poner su casa a la venta formalmente. Frank está renovando su propiedad y se muestra dispuesto a esperar hasta que el mercado se estabilice, incluso si los precios continúan descendiendo en el corto plazo.

La disposición a esperar es una estrategia que gana adeptos entre aquellos que no tienen urgencia por vender y pueden soportar financieramente un periodo de inactividad. Otros, en cambio, optan por ajustar rápidamente sus expectativas y aceptar ofertas menores para evitar mayores pérdidas si el mercado sigue cayendo.

Los agentes y analistas coinciden en que la preocupación por la delincuencia, el deterioro del centro y los cambios en las preferencias de los compradores contribuyen a la sensación de volatilidad e imprevisibilidad.

Diferencias entre barrios y sectores inmobiliarios en Oakland

El impacto de la caída de precios no es homogéneo en toda la ciudad. Mientras que el centro de Oakland y los barrios con alta concentración de condominios han sufrido los descensos más pronunciados, zonas como Rockridge y Temescal muestran mayor resistencia. En estos últimos barrios, considerados de alto poder adquisitivo, algunas viviendas siguen recibiendo múltiples ofertas, lo que demuestra que la demanda persiste en sectores específicos.

El mercado de condominios en el centro, según Tehrani, es uno de los más afectados. Muchas propiedades construidas antes de la pandemia llevan más de 90 días desocupadas, lo que evidencia la dificultad para encontrar compradores en ese segmento.

Ejemplos concretos de ventas recientes y pérdidas

Las transacciones recientes ilustran la magnitud de la crisis. Una vivienda cerca del lago Merritt se vendió a finales del año pasado con una pérdida aproximada de 150.000 dólares, después de que el propietario temiera una mayor caída de precios. Este tipo de situaciones se repite en varios barrios, donde la presión por vender antes de nuevas depreciaciones lleva a aceptar ofertas muy por debajo de las expectativas iniciales.

Perspectivas y expectativas de propietarios y expertos

A pesar del panorama complicado, algunos propietarios mantienen una visión optimista respecto al atractivo de los barrios más deseados de Oakland. Frank observa que muchas casas siguen saliendo al mercado y, aunque no todas se venden rápido, aquellas que logran cerrar operación alcanzan precios satisfactorios para los vendedores.

Los expertos en vivienda destacan que, aunque los compradores tienen mayor margen de negociación en ciertas zonas, el acceso a la propiedad sigue condicionado por factores externos, especialmente los costes de financiación.

Efecto de los altos tipos de interés en la accesibilidad a la vivienda

El principal obstáculo para la recuperación del mercado inmobiliario de Oakland sigue siendo el elevado nivel de los tipos de interés hipotecarios. Esto mantiene las cuotas mensuales fuera del alcance de muchos potenciales compradores, limitando la reactivación de la demanda y prolongando la debilidad del sector.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en la calle 5, entre 42 y 43, a metros de la Terminal de Ómnibus de la ciudad. Según relató la propietaria, el individuo ingresó al departamento el lunes alrededor de las 13:45 horas, tras abonar la estadía en efectivo y justificar su viaje alegando la muerte de su padre.

Posteriormente, solicitó extender la reserva una noche más. Sin embargo, el miércoles por la mañana, la mujer descubrió el robo al acudir para recibir las llaves. “Cuando fui a recibir las llaves a las 09:00 horas, me encontré con el departamento vacío”, afirmó la denunciante.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, el inventario de lo robado incluye dos televisores de 50 pulgadas marca BGH, dos mesas de centro, ocho sillas —seis de tipo Pampa con tapizado color cian y dos de exterior—, cortinas, dos veladores y un juego de sábanas.

Además, en la denuncia también se detalló la ausencia de una pava eléctrica, una sandwichera, un juego de ollas y un set de cubiertos, ambos de la marca Tramontina.

Todo el accionar del acusado quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio, lo que permitió a la propietaria constatar el saqueo. Según la mujer, la denuncia fue realizada ante la aplicación, pero la plataforma respondió que “lo único que te pueden reconocer es si alguien se llega a accidentar adentro del departamento, si te llegan a robar, no se hacen cargo de eso”.

De esta manera, la denunciante destacó que la empresa no exige datos como domicilio o DNI a los inquilinos, lo que, según su testimonio, facilitó el engaño. “Yo tendría que haberle pedido. Me dijo que había venido por la muerte de su papá y terminé confiando”, relató.

Mientras tanto, la propietaria debía preparar el departamento para el siguiente inquilino, previsto para el sábado. Al limpiar el lugar, notó indicios del reciente robo, como una botella de agua y pelos en la cama. A raíz de este hallazgo, la Comisaría Segunda de La Plata le indicó que convocaría a la Policía Científica para intentar levantar huellas del sospechoso.

Arrestaron en Avellaneda a un hombre acusado de robar $7.000.000 frente a un banco en La Plata

Un hombre de 41 años fue arrestado en Avellaneda tras ser señalado como el presunto autor de un robo de $7.000.000 ocurrido el 24 de abril frente a una sucursal bancaria en La Plata. El acusado fue identificado a través del análisis de imágenes de cámaras de seguridad municipales, lo que permitió a la Policía localizar el vehículo utilizado, un Ford Fiesta Max negro, y proceder a su detención.

El hecho investigado se produjo cuando un hombre de 35 años estacionó su Volkswagen Amarok alrededor de las 13:20 horas en la calle 44 entre 29 y 30 de La Plata. Al regresar, descubrió que habían sustraído un morral negro con alrededor de $7.000.000 y documentación personal.

Durante el procedimiento de captura, la Policía recuperó más de $1.000.000 en efectivo, además del vehículo utilizado en el hecho y varios teléfonos celulares. Estos elementos fueron incautados como parte de la investigación en curso, según se informó oficialmente.

La detención y el secuestro de pruebas forman parte de una causa que permanece bajo la órbita de la UFIJ N° 11 del Departamento Judicial La Plata. Finalmente, el acusado quedó alojado en una dependencia policial y se confirmó que cuenta con antecedentes por hurto, robo agravado y resistencia a la autoridad.

Sin embargo, las autoridades mantienen abierta la pesquisa para determinar la posible implicancia de otras personas en el robo y para intentar recuperar el monto total sustraído. El aprehendido permanece a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa para esclarecer el hecho y dar con los eventuales cómplices.

La propuesta de “fianza arrendaticia” impulsada por el Congreso forma parte de un proyecto de ley que busca regular de manera más clara y estandarizada las garantías en los contratos de alquiler de inmuebles. No es una figura completamente nueva (porque ya existen garantías en la práctica), pero sí pretende formalizarla, limitarla y darle reglas más precisas dentro del Código Civil.

La propuesta de regular la fianza arrendaticia parte de una preocupación legítima: ordenar un mercado de alquiler marcado por la informalidad, la falta de reglas claras y conflictos recurrentes entre propietarios e inquilinos. Sin embargo, el debate no debería centrarse únicamente en cuánto se paga de garantía, sino en un problema más profundo: la desconfianza estructural que define las relaciones contractuales en el país.

En teoría, limitar la fianza -como ocurre en países como España o Francia- busca proteger al inquilino de exigencias excesivas y facilitar el acceso a la vivienda. Pero estos modelos funcionan porque están acompañados de instituciones que reducen la discrecionalidad: depósitos en entidades externas, reglas claras de devolución y mecanismos rápidos de resolución de disputas. No es solo regulación, es infraestructura de confianza que permite que las reglas se cumplan sin fricciones excesivas.

En el Perú, en cambio, el riesgo es replicar solo la forma, sin el fondo. Establecer un tope a la fianza sin resolver quién controla el dinero, cómo se prueba un daño o en qué plazos se devuelve, puede terminar generando más conflicto. En un entorno donde la informalidad es alta y la confianza en terceros es limitada, cualquier intento de regulación que dependa excesivamente de la buena fe o de intermediarios débiles corre el riesgo de diluirse en la práctica.

Tampoco es suficiente apostar únicamente por la libertad contractual. En mercados desordenados, la flexibilidad suele beneficiar a quien tiene mayor poder de negociación, lo que puede traducirse en condiciones opacas o desequilibradas. A su vez, el extremo opuesto, una regulación rígida sin mecanismos efectivos de cumplimiento, puede desalentar la oferta, elevar las barreras de acceso y empujar aún más transacciones hacia la informalidad.

El verdadero desafío está en cerrar el espacio de ambigüedad que hoy define la relación entre arrendador e inquilino. Esto implica pasar de contratos basados en declaraciones a contratos basados en evidencia: inventarios detallados, registros verificables del estado del inmueble y reglas automáticas de devolución sujetas a plazos claros. Más que confiar en las personas, se trata de diseñar procesos que funcionen incluso cuando nadie confía en nadie.

Asimismo, es clave alinear los incentivos. Un sistema que penalice la retención injustificada de la garantía, pero también el incumplimiento evidente del inquilino reduce el margen para el abuso de cualquiera de las partes. El objetivo no es eliminar el conflicto, algo inevitable en cualquier mercado, sino hacerlo predecible, acotado y resoluble sin costos excesivos.

La discusión sobre la fianza arrendaticia debería ampliarse. No se trata solo de proteger al inquilino o al propietario, sino de construir un sistema donde ninguno pueda abusar sin asumir consecuencias. Sin mecanismos que conviertan el conflicto en un proceso objetivo, cualquier reforma corre el riesgo de ser meramente declarativa.

En un país donde la desconfianza es la norma, la clave no está en elegir entre intervención o libertad, sino en crear reglas que reduzcan la necesidad de confiar. Solo así el mercado de alquiler podrá avanzar hacia mayor formalidad, previsibilidad y equilibrio, generando beneficios sostenibles tanto para quienes ofrecen vivienda como para quienes la necesitan.

Mariano Ordaz, pensionista de 67 años que reside en el barrio madrileño de Embajadores, conoce bien lo que implica convivir con el miedo y la angustia a quedarse sin hogar. Ha superado cuatro intentos de desahucio en el piso donde ha residido toda su vida, propiedad de la Venerable Orden Tercera de San Francisco (VOT), y este jueves vuelve enfrentarse a una nueva amenaza de expulsión. En la pandemia se quedó sin trabajo y no pudo pagar las subidas del alquiler que le pedía la orden católica, dueña de otro centenar de pisos en la capital, por lo que terminó con una orden de desalojo. Ordaz explica que la venerable orden nunca ha querido negociar un alquiler social, a pesar de que podría hacer frente al pago de esa renta con su pensión. Ahora, por quinta vez, teme quedarse en la calle.

“He hecho el equipaje por si finalmente tengo que marcharme, pero no tengo otro lugar al que ir, no cuento con alternativa habitacional. Si me echan, supongo que los servicios sociales me llevarán a un albergue durante unos días pero, después de eso, no sé dónde podría vivir. Lo veo muy crudo”, explica preocupado a Infobae. Ordaz asegura que, a pesar de haber superado cuatro intentos de desahucio, “la angustia nunca desaparece”, porque sabes que pronto habrá una fecha de desalojo.

Desde el Sindicato de Inquilinas, organización que ha logrado paralizar los anteriores intentos de este desahucio y pide de nuevo apoyo, advierte que el de este jueves va más allá de la situación de Mariano. “Esto no va solo de Mariano, sino de todos, del pequeño comercio, del barrio, de los vecinos y vecinas. Mariano es el muro de contención que no se puede derrumbar porque mañana puede ser cualquiera”, explica la organización. El sindicato ha organizado una vigilia este miércoles a las 19:30 horas frente a la vivienda de Ordaz, en la calle Carnero 1 (metro Puerta de Toledo), para manifestarse “contra el rentismo” y convoca a la ciudadanía para este jueves a las 8:00 de la mañana con el objetivo de evitar el desahucio.

La organización denuncia que la orden franciscana no es un pequeño propietario, sino una entidad “con un vasto patrimonio inmobiliario exento de impuestos y gestora de centros sanitarios como el Hospital VOT San Francisco de Asís”. “Se trata de un nuevo caso de rentismo religioso en el que, a pesar de tener recursos de sobra para garantizar un alquiler digno, prefieren utilizar el deterioro que ellos mismos han provocado para vaciar el edificio y rentabilizarlo”, sostienen.

Consecuencias de la caída de la prórroga de alquileres

La vivienda de Ordaz presenta graves deficiencias estructurales y de salubridad, hasta el punto de que el pasado mes de noviembre el techo de la cocina colapsó debido al deterioro causado por las humedades, lo que obligó a reforzar esa zona y parte del baño para prevenir accidentes. La orden religiosa sostiene que el edificio requiere reformas y que por ese motivo solicita el desalojo, aunque el Sindicato de Inquilinas insiste en que el “lamentable estado” del inmueble se debe a la falta de mantenimiento por parte de la VOT.

El caso de Mariano, critica la organización, “es una de las consecuencias inmediatas de la moratoria antidesahucios que paralizaron PP, Junts y Vox” el pasado 28 de abril en el Congreso de los Diputados. El decreto de ley permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2% las actualizaciones anuales de renta, pero los votos en contra de estos tres partidos y la abstención del PNV impidieron su aprobación.

Por todo ello, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado una primavera de movilizaciones y ha convocado la primera gran manifestación para el próximo 24 de mayo en Madrid. “La vivienda no puede costarnos la vida”, concluyen.

Según informó Andina Noticias, este mecanismo judicial permite ejecutar el lanzamiento del arrendatario en un plazo significativamente menor al de un proceso tradicional. El juez supremo titular Ramiro Bustamante explicó que el procedimiento puede concretarse en solo 15 días una vez emitida la orden correspondiente.

El magistrado precisó que este sistema busca evitar las demoras habituales de los juicios de desalojo y reducir las maniobras dilatorias que suelen extender los procesos durante varios años. En ese sentido, destacó que el mecanismo fue diseñado para ofrecer mayor celeridad y seguridad jurídica a los propietarios afectados por incumplimientos de pago.

Requisitos para un desalojo express

De acuerdo con Bustamante, para acogerse al proceso especial de desalojo express es indispensable que exista un contrato de arrendamiento por escrito y que este incluya una cláusula de allanamiento futuro.

Asimismo, indicó que el contrato debe contar con las firmas legalizadas notarialmente tanto del arrendador como del arrendatario. “Para que proceda este proceso especial de desalojo express, se necesita de un contrato escrito que tenga una cláusula de allanamiento a futuro y que además cuente con las firmas legalizadas notarialmente”, señaló en declaraciones recogidas por Andina Noticias.

El juez explicó además que este procedimiento solo puede aplicarse en situaciones específicas. Entre ellas figuran los casos en los que el inquilino deja de pagar dos meses y quince días de renta o cuando el contrato de alquiler ha vencido y el propietario no desea renovarlo.

Proceso se resuelve en un mes

A diferencia de los juicios tradicionales, que pueden prolongarse hasta por tres años, el desalojo express puede resolverse en aproximadamente un mes. Según detalló Bustamante, el trámite inicia cuando el juez admite la demanda y emite un auto de ejecución.

Posteriormente, el demandado cuenta con seis días para acreditar el pago de la deuda o demostrar que el contrato de arrendamiento continúa vigente. En caso de no presentar dichos documentos, el juzgado ordena el lanzamiento dentro de los 15 días posteriores.

“El desalojo express es un proceso especial que solo permite acreditar el pago de la renta o la prórroga del contrato. Si no se acreditan estas dos situaciones, se dispone el lanzamiento respectivo”, afirmó el magistrado. Bustamante también aclaró que intentos de conciliación o explicaciones del inquilino no suspenden el proceso judicial. Precisó que la única manera de detener el desalojo es cancelar la deuda pendiente con el propietario.

Medidas preventivas

Actualmente, el Poder Judicial tramita alrededor de 540 procesos de desalojo express, la mayoría de ellos en Lima. Según explicó el juez supremo, las apelaciones también son resueltas en plazos breves debido a la naturaleza célere del procedimiento.

“El mismo día de la vista de la causa se resuelve el expediente. Es decir, el trámite en segunda instancia dura aproximadamente 10 días”, indicó Bustamante para el citado medio, al destacar el trabajo realizado por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Finalmente, el magistrado exhortó a los propietarios a adoptar medidas preventivas al momento de elaborar contratos de arrendamiento. Recomendó incluir la cláusula de allanamiento futuro y legalizar las firmas ante notario para facilitar la aplicación de este mecanismo judicial en caso de incumplimiento. “Así, ante un incumplimiento, podrán acogerse a este trámite mucho más sencillo y célere”, concluyó.

La creciente brecha entre los alquileres vigentes y las rentas de mercado en Nueva York convirtió la movilidad residencial en una opción reservada para pocos a comienzos de 2026..

El informe del primer trimestre de 2026 de Realtor.com, citado por Mortgage Professional America, revela que el alquiler medio solicitado en la ciudad alcanzó los USD 3.616, con un incremento interanual de 6,2%, ubicando la diferencia respecto a los precios que pagan los inquilinos actuales por encima de los USD 1.750 al mes. Dejar un contrato previo deja de ser una elección para transformarse en una barrera económica.

Mudarse a un apartamento disponible exige, según Mortgage Professional America, soportar un salto de alquiler de USD 1.761 mensuales. Para mantener el gasto en vivienda dentro del umbral habitual del 30% de los ingresos, un hogar típico debería sumar más de USD 70.440 anuales, una cifra que excluye a gran parte de la población de la ciudad.

Las estadísticas muestran que este fenómeno afecta de manera heterogénea a los diferentes distritos. Manhattan lidera los aumentos, con un alquiler medio ofertado de USD 4.878, una suba interanual de 8,3% y un umbral de ingreso requerido que ronda los USD 195.120.

Brooklyn registra USD 3.985, Queens USD 3.427 y el Bronx USD 3.099, con aumentos acumulados en seis años que bordean o superan el 40%, salvo en Manhattan.

Divergencia de precios entre distritos de Nueva York

La magnitud de la diferencia es especialmente pronunciada en Manhattan y Brooklyn. En el primero, el alquiler contractual medio es de USD 2.333, frente a los USD 4.878 solicitados, lo que crea un diferencial de USD 2.545 mensuales. En Brooklyn, la distancia entre los USD 1.877 de contratos existentes y los USD 3.985 de nuevos anuncios alcanza los USD 2.108.

Incluso en el Bronx, según Realtor.com, considerado el distrito con alquileres iniciales más bajos en los listados oficiales de la plataforma, un residente que busca mudarse dentro del mismo barrio se enfrenta a un salto de USD 1.756 mensuales.

Esta realidad encuentra su raíz en la estructura del mercado inmobiliario local. Según Mortgage Professional America, el 42% del parque de alquiler de la ciudad está bajo régimen de renta estabilizada, con incrementos regulados por la agencia regulatoria Rent Guidelines Board.

El congelamiento de estos alquileres, propuesto por el alcalde Zohran Mamdani y previsto para octubre de 2026, ofrecería “un alivio inmediato” a cerca de un millón de hogares, pero, de acuerdo con el economista Jiayi Xu y citado por el mismo medio, “es una política con consecuencias a largo plazo que merecen un escrutinio serio”.

Congelamiento de rentas y efectos en el mercado

El efecto de esta política, advierte Xu, es ambivalente: al aliviar temporalmente la presión para quienes ya ocupan un piso estabilizado, obliga a otros inquilinos a permanecer en condiciones que los “protegen en papel, pero los encierran de facto”, ya que mudarse exigiría gastos imposibles de afrontar.

“El alquiler está tan alejado de lo que se pide actualmente que abandonar el apartamento dejó de ser una dificultad logística: es una barrera financiera casi infranqueable”, afirmó Danielle Hale, economista principal de Realtor.com, a Mortgage Professional America.

La experiencia en Nueva York refleja una dinámica donde, al igual que ocurre con los propietarios que fijaron hipotecas a tasas bajas durante la pandemia, los inquilinos veteranos se ven “encadenados” a antiguos contratos.

La perpetuación de este desacople entre precios históricos y de mercado amenaza con endurecer aún más el acceso a nuevos contratos y reducir la disponibilidad de unidades ofertadas.

Tendencia a nivel nacional y comparación con hipotecas

El fenómeno también se inscribe en una tendencia nacional: de acuerdo con una estimación respaldada por la Universidad de Harvard, cerca de la mitad de los inquilinos en Estados Unidos destina al menos 30% de sus ingresos a vivienda y servicios.

El efecto “lock-in” se fortalece tanto en el sector de alquiler como en el de compra, donde la persistencia de tasas hipotecarias altas disuade a quienes podrían cambiar de hogar, acentuando la rigidez del mercado inmobiliario en las grandes ciudades.

Tomar la decisión entre alquilar o comprar vivienda es, según Ben Felix, asesor y gestor financiero entrevistado en The Diary of a CEO, uno de los mayores desafíos económicos que enfrentan las personas a lo largo de su vida. En ese marco, la gestión financiera personal se vuelve un elemento central para evaluar alternativas con criterio y evitar decisiones que afecten el patrimonio en el largo plazo.

Analizar los costos ocultos, el impacto de la inflación y la rapidez de los cambios en el mercado laboral, impulsados por la inteligencia artificial, resulta cada vez más necesario para evitar errores que comprometan el patrimonio.

En un contexto donde la inflación reduce el poder adquisitivo y los trabajos evolucionan con rapidez, decidir entre alquiler y compra implica comparar impuestos, mantenimiento, capital inmovilizado y riesgos de devaluación.

Herramientas como la “regla del 5%” ayudan a comparar alternativas, pero no existen respuestas universales. Priorizar la diversificación del dinero y valorar la flexibilidad resulta clave para no perder recursos con el paso del tiempo.

Cómo aplicar la regla del 5% para decidir entre alquilar o comprar vivienda

“La decisión de alquilar o comprar es la más importante que la mayoría enfrenta en sus vidas”, enfatizó Felix en diálogo con Steven Bartlett. Para facilitar una comparación objetiva, explica la “regla del 5%”: sumar el costo de los impuestos a la propiedad, el mantenimiento anual y el costo de oportunidad del capital invertido. Ese conjunto suele equivaler al 5% del precio de la vivienda.

“Si divides el precio de la casa entre 5% y luego entre 12, obtienes el monto de alquiler mensual que iguala los costos irrecuperables de ser propietario”, explicó. Por ejemplo, para una vivienda de USD 135.000, el cálculo arroja un alquiler cercano a USD 562 mensuales. “Si puedes alquilar por USD 562 o menos, alquilar es financieramente preferible”, señaló el asesor en el podcast.

Este modelo permite identificar cuándo los gastos de alquilar y comprar son equivalentes. “He hecho modelos con proyecciones considerando los retornos de la bolsa y el crecimiento inmobiliario, y puedes demostrar fácilmente que existe una equivalencia financiera”, sostuvo.

Los gastos invisibles de ser propietario: impuestos, mantenimientos y más

Ser dueño de una vivienda implica afrontar gastos con frecuencia subestimados. “La gente suele olvidarse de los impuestos a la propiedad, el costo de capital y el mantenimiento”, advirtió Felix. Además, destacó que “el mantenimiento anual suele superar el 2% del valor de la vivienda y la gente tiende a subestimarlo”.

A estos gastos se suman reparaciones urgentes, como la sustitución de tejados o fallas en sistemas esenciales, lo que exige liquidez y obliga a mantener parte del dinero fuera de inversiones más rentables. Supervisar y coordinar el mantenimiento también representa una carga de tiempo.

La falta de flexibilidad que supone ser propietario también es un factor crítico. “Comprar limita tu movilidad y, si necesitas mudarte, puedes encontrarte atado o tener que aceptar pérdidas si el mercado cae”, señaló. Todos estos elementos conforman los llamados “costos irrecuperables”, esenciales en cualquier análisis.

El efecto de la inflación sobre el ahorro y el poder adquisitivo

La inflación es una amenaza constante para el valor real del dinero que no se invierte. “La inflación erosiona tu dinero si solo lo ahorras en efectivo; invertir en fondos indexados es lo único históricamente probado para superarla”, destacó.

Como ejemplo, si se mantiene USD 10.000 en efectivo durante 20 años con un 3% de inflación anual, el poder adquisitivo se convierte en apenas USD 5.336. “Tener todo en efectivo es una forma de riesgo: no hay retorno esperado y sí una pérdida real año tras año”, afirmó el asesor.

La vía eficiente para defenderse de la inflación, según Felix, es mantener una cartera globalmente diversificada. “El mercado accionario superó históricamente a la inflación. Diversificar ayuda a preservar e incrementar el capital aun en escenarios de incertidumbre”, indicó.

Cuáles son los errores financieros más comunes y cómo evitarlos

Entre los errores más habituales, mencionó no invertir suficientemente o esperar a tener todos los conocimientos antes de hacerlo: “No hace falta ser un experto; quienes comprenden lo básico y mantienen la disciplina a largo plazo suelen lograr mejores resultados”.

Otros fallos frecuentes incluyen no destinar recursos al desarrollo propio, retrasar el ahorro, carecer de metas claras, gastar en aspectos que no aportan valor real y dejarse llevar por la búsqueda de rentabilidades rápidas.

El componente psicológico es decisivo. “La mente tiende a buscar gratificación inmediata y a reaccionar mal ante la volatilidad, pero invertir exige visión de largo plazo”, subrayó el experto en The Diary of a CEO. Establecer objetivos concretos, revisar el plan financiero y evitar ajustes impulsivos son pasos básicos para no sabotear los propios avances.

El impacto de la economía y la inteligencia artificial en el futuro de tu dinero

La innovación tecnológica y los cambios económicos traen nuevos interrogantes para las finanzas personales. Felix subrayó que “la inteligencia artificial puede transformar el mercado laboral rápidamente, pero la clave es construir una combinación única de habilidades y adaptarse”.

La historia está llena de crisis y periodos de incertidumbre, pero el mercado accionario ha ofrecido retornos positivos a largo plazo. Para Felix, la prioridad radica en aquello que cada persona puede controlar: educación continua, planificación, ahorro y capacidad de adaptación frente a los cambios.

La estabilidad financiera se logra asumiendo el control sobre las propias decisiones, estableciendo planes realistas, respuestas ante imprevistos y objetivos claros a largo plazo. Son estos pilares, concluyó Felix en The Diary of a CEO, los que sostienen el crecimiento personal aun en escenarios de incertidumbre y transformación.

La fiscal general de Nueva Jersey Jennifer Davenport encabeza una coalición de 27 fiscales generales estatales que solicitó a la Comisión Federal de Comercio (FTC) la creación de regulaciones federales que exijan transparencia total de los costos en los contratos de alquiler de vivienda.

El pedido, presentado formalmente ante la FTC, busca poner fin a la práctica de los cargos ocultos y establecer un tope nacional para las tarifas de solicitud, con el objetivo de proteger a los inquilinos en uno de los mercados residenciales más costosos del país, según información de la Fiscalía General de Nueva Jersey.

En Nueva Jersey, donde el precio de los alquileres supera la media nacional, la falta de transparencia y la proliferación de cargos inesperados afecta de manera desproporcionada a residentes de bajos ingresos y comunidades hispanas, para quienes el acceso a una vivienda asequible ya representa un desafío.

De acuerdo con datos de la National Low-Income Housing Coalition, coalición nacional por la vivienda asequible, un inquilino en Nueva Jersey debe ganar más de USD 33 por hora para costear un apartamento de dos habitaciones sin superar el 30% de sus ingresos en el pago del alquiler.

La iniciativa, respaldada por fiscales generales demócratas y republicanos, propone que la FTC implemente normas claras que obliguen a propietarios y agentes inmobiliarios a detallar explícitamente cada cargo o tarifa antes de la firma del contrato.

Se busca eliminar la posibilidad de aplicar recargos adicionales no informados y garantizar que los precios publicados reflejen el costo total de la vivienda, sin sorpresas durante el proceso de alquiler.

El respaldo de 27 fiscales generales ubica este reclamo como uno de los más contundentes en materia de regulación federal del mercado locativo en el último año, según comunicados oficiales de la Fiscalía General de Nueva Jersey.

Las autoridades estatales subrayan que los recargos ocultos y las tarifas encubiertas generan una carga económica real y dificultan la competencia leal entre propietarios. De acuerdo con la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey, cuando los propietarios honestos transparentan todos los costos desde el inicio, se ven perjudicados frente a quienes ocultan tarifas para atraer inquilinos con precios artificialmente bajos.

Esta situación impacta directamente en la capacidad de las familias, especialmente de origen latino o migrante, para acceder a una vivienda adecuada.

En respuesta a estas prácticas, la Legislatura de Nueva Jersey aprobó recientemente una serie de reformas que fijan límites estrictos a lo que los propietarios pueden cobrar por concepto de solicitud de alquiler.

A partir del 1 de mayo de 2026, ningún propietario o agente inmobiliario podrá exigir una tarifa de solicitud superior a USD 50, incluyendo gastos administrativos, verificaciones y cualquier otro cargo relacionado con el proceso inicial de selección de inquilinos.

Este límite fue establecido mediante la ley A2106, según la Legislatura de Nueva Jersey, y será supervisado por la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey, que publicará anualmente el tope vigente y fiscalizará su cumplimiento.

La nueva normativa también impone sanciones para quienes la incumplan. Los propietarios que exijan tarifas por encima del tope enfrentarán multas de hasta USD 1.500 por cada infracción, de las cuales USD 250 se destinarán directamente a compensar al solicitante afectado.

Además, se habilitó un mecanismo digital para que inquilinos y postulantes reporten violaciones ante la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey, reforzando así la capacidad de fiscalización estatal.

Para evitar incrementos abusivos en cargos recurrentes asociados al alquiler, como tarifas por mascotas, estacionamiento o servicios digitales, la ley A5747, sancionada en 2025, establece que ningún propietario podrá aumentar estos cargos en más de un 10% anual respecto al año anterior.

Si se detectan incrementos superiores, los inquilinos podrán demandar al propietario y reclamar una compensación de USD 1.000, además de gastos legales y otros costos asociados, según la Legislatura de Nueva Jersey. El tribunal competente será la División de lo Civil Especial del Tribunal Superior del condado donde se ubique el inmueble.

Cambios específicos para las comunidades hispanas y migrantes

Las reformas aprobadas representan avances para la población hispana, que compone más del 21% de la población de Nueva Jersey, según el Censo de Estados Unidos, la principal fuente oficial de datos demográficos del país.

Las barreras económicas, lingüísticas y documentales suelen hacer que los inquilinos hispanos sean más vulnerables a prácticas abusivas y a la imposición de cargos ocultos.

La transparencia en los costos y la existencia de procedimientos claros para denunciar abusos otorgan nuevas herramientas legales a quienes, en muchos casos, enfrentan mayores dificultades para acceder a información en inglés o navegar procesos burocráticos complejos.

La ley prohíbe que los propietarios cobren tarifas por solicitudes de viviendas que no están disponibles, o que acepten solicitudes de personas que no cumplen los requisitos mínimos, prácticas que históricamente han afectado a comunidades migrantes.

La fiscal general Jennifer Davenport advirtió que su oficina perseguirá activamente cualquier incumplimiento y recomendó a propietarios y agentes revisar a fondo las nuevas directrices para evitar sanciones, según declaraciones oficiales difundidas por la Fiscalía General de Nueva Jersey.

Límites a recargos digitales y pagos electrónicos

Otra novedad central es la regulación de los recargos por pagos electrónicos. La ley A5757 prohíbe a los propietarios trasladar a los inquilinos cargos superiores a USD 5 por cada pago mensual realizado a través de plataformas digitales o tarjetas de crédito.

Si la comisión supera ese monto, el propietario debe asumir la diferencia o reembolsar al inquilino en un plazo de 10 días, entregando un recibo detallado que justifique los cargos y la compensación efectuada, según la Legislatura de Nueva Jersey. El incumplimiento de esta norma puede derivar en multas de hasta USD 1.000 y habilita al inquilino a iniciar acciones legales para recuperar los importes indebidos.

Las nuevas disposiciones legales entrarán en vigor a partir del tercer mes posterior a su promulgación. La División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey mantendrá información actualizada sobre los límites y procedimientos de denuncia en su sitio oficial.

Acceso a la denuncia y protección del inquilino

La Fiscalía General de Nueva Jersey habilitó canales formales para que los residentes denuncien irregularidades vinculadas a cobros injustificados o falta de transparencia en el mercado locativo. Los formularios y vías de contacto están disponibles en la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey, permitiendo a los afectados presentar reclamos de manera segura y confidencial.

Las nuevas regulaciones impulsadas desde Nueva Jersey y respaldadas a nivel federal buscan reducir la opacidad y los abusos en el mercado de alquileres, con especial énfasis en la protección de comunidades vulnerables, entre ellas la población hispana.

Las normas establecen límites claros a tarifas y recargos, refuerzan la fiscalización estatal y otorgan a los inquilinos mecanismos efectivos para ejercer sus derechos y reclamar ante cualquier abuso, según la Fiscalía General de Nueva Jersey, la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey, la Legislatura de Nueva Jersey y datos del Censo de Estados Unidos, la principal fuente oficial de datos demográficos del país.

Los precios de alquiler en Los Ángeles muestran una tendencia a la baja que ha captado la atención tanto de inquilinos como de expertos inmobiliarios. Por primera vez en su historia, la ciudad californiana ha salido del grupo de las diez urbes más caras para los arrendatarios en Estados Unidos, de acuerdo con un reciente informe de la plataforma de alquileres Zumper, que analiza datos de más de un millón de anuncios activos. Este descenso, aunque moderado, representa un alivio tangible en un mercado históricamente tensionado.

Según el informe, los alquileres de apartamentos de una habitación han disminuido un 3,5 % este mes, situándose en 2.210 USD. Por su parte, los apartamentos de dos habitaciones han visto una baja del 2,6 %, quedando en 3.030 USD. Si se compara con el mismo periodo del año anterior, ambos tipos de vivienda han reducido sus precios en casi un 4 %. Esta reducción, aunque lejos de revertir por completo la carga económica sobre los inquilinos, marca un cambio significativo respecto a la tendencia de aumentos sostenidos de años previos.

La causa detrás de este fenómeno se encuentra principalmente en la llegada de una nueva oferta de apartamentos. Zumper señala que este año se prevé la salida al mercado de más de 12.000 nuevos complejos de apartamentos en Los Ángeles, lo que constituye el mayor volumen de nueva oferta jamás registrado en la ciudad, según datos de Realpage Market Analytics. Esta expansión ha generado un efecto directo en los precios, al relajar la presión sobre la demanda existente y forzar a los propietarios a competir entre sí para atraer arrendatarios.

El incremento de la oferta ha cambiado el panorama para quienes buscan una vivienda en alquiler. Ahora es posible encontrar más anuncios, mayores ofertas y, en muchos casos, una mayor capacidad de negociación para los interesados en arrendar. Esta dinámica, respaldada por cifras y análisis, ha transformado el proceso de búsqueda y selección de apartamentos, otorgando a los inquilinos un margen de maniobra que hasta hace poco resultaba impensable en una ciudad caracterizada por la alta competencia por las viviendas disponibles.

Las experiencias personales ilustran este cambio. Josh Loree y Tara Lee, residentes que se mudaron desde Michigan hace más de cinco años, recuerdan que el proceso solía ser intenso y acelerado. Loree relata que, al encontrar un lugar disponible, había que tomar una decisión inmediata para no perder la oportunidad. Lee coincide, señalando que debía presentar sus solicitudes con rapidez, ya que en muchas ocasiones los apartamentos se alquilaban incluso antes de terminar la visita. Ambos subrayan que, aunque logran ingresar a un mercado más flexible, el coste de vida en Los Ángeles continúa siendo una presión considerable. Loree afirma que, en términos de ingresos, la carga es mucho mayor que en su lugar de origen, aun cuando perciben sueldos superiores a los de otras regiones del país.

Ante este nuevo escenario, los propietarios han tenido que adaptar sus estrategias para evitar vacancias prolongadas. Según Media Moussavy, agente inmobiliario y director de uno de los grupos de alquiler de lujo más grandes de Los Ángeles, la tendencia actual es ofrecer incentivos a los potenciales inquilinos, como la exención de tasas o un mes de alquiler gratuito. Moussavy explica que estos incentivos son ahora “clave” para concretar los alquileres, ya que la demanda ha perdido parte de su intensidad y los propietarios buscan asegurar contratos lo antes posible.

Desde la perspectiva de los expertos, el mercado ha experimentado una transformación notable tras el impacto inicial de la pandemia de COVID-19. Moussavy advierte que, aunque los alquileres han descendido, los precios actuales apenas regresan a los niveles de 2019, antes de la explosión de precios registrada tras la pandemia. Esto significa que, si bien hay cierto alivio para los inquilinos, la situación dista de ser ideal para quienes aspiran a una vivienda asequible en la región.

Los problemas de fondo, sin embargo, son más complejos que la mera fluctuación de los precios. Loree, que trabaja para una empresa de arquitectura comercial dedicada a la construcción de viviendas multifamiliares, sostiene que es necesario adoptar medidas sistémicas para facilitar la construcción de viviendas. Insiste en la importancia de diseñar incentivos tanto para el segmento de vivienda asequible como para el de precio medio, ya que la escasez afecta a todos los niveles del mercado. Moussavy coincide en el diagnóstico y apunta que, debido a los elevados tipos de interés y a la desaceleración económica, muchos promotores inmobiliarios prefieren mantenerse cautelosos antes de embarcarse en nuevos desarrollos.

Respecto al futuro de los precios de alquiler, el consenso entre los especialistas es que la caída podría ser temporal. Actualmente, los precios de las viviendas en propiedad en Los Ángeles son aproximadamente un 50 % más altos por mes que los alquileres, lo que incentiva a potenciales compradores a optar por arrendar, incrementando así la demanda. Esta diferencia, junto con la incertidumbre económica y la dificultad para sostener la expansión de la oferta, hace prever que el alivio en los precios podría no sostenerse a largo plazo.

Tras la derogación este martes en el Congreso del decreto ley que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2% las actualizaciones anuales de renta, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado una primavera de movilizaciones y nuevas herramientas para quienes enfrentan la incertidumbre de su vivienda. El rechazo de la medida, con los votos contrarios de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV, “deja sin protección a cerca de un millón de familias inquilinas y beneficia a los intereses rentistas”, denuncia la organización.

“PP, Vox y Junts per Catalunya con su voto en contra y la abstención del PNV demuestran que son el brazo político del rentismo. Con su negación a la prórroga de alquileres demuestran claramente sus prioridades: proteger al rentismo por encima de la mayoría de la población”, señalan en un comunicado los sindicatos, que también critican la falta de respuestas institucionales a la crisis habitacional. Por ello, la organización convoca la primera gran protesta para el 24 de mayo en Madrid, que saldrá a las 12:00 horas desde Atoacha, como inicio de una serie de acciones en todo el país. “No vamos a permitir que el rentismo dicte las reglas de acceso a la vivienda”, aseguran.

La organización explica que, aunque la prórroga era una medida de mínimos que no solucionaba la crisis de vivienda, “sí podía evitar la expulsión de hasta un millón de familias inquilinas hasta finales de 2027”, al ofrecer protección ante el incremento sostenido de los alquileres.

Desde la organización recuerdan que “la prórroga es legalmente válida si se ha solicitado entre el 22 de marzo y el 28 de abril, ambos días incluidos”, aunque también advierten que es fundamental responder de forma firme a cualquier negativa de los propietarios, ya que prevén que las empresas rentistas e inmobiliarias “intentarán generar confusión”.

Para anticipar posibles conflictos, durante el último mes los sindicatos han remitido más de 16.000 solicitudes de prórroga y han recopilado las contestaciones de los caseros, lo que les ha permitido elaborar cuatro documentos específicos para rebatir las excusas más habituales empleadas para rechazar la prórroga.

Una web con asesoramiento

Los sindicatos han lanzado además una web con recursos legales, asesoramiento y modelos de respuesta para quienes buscan sostener sus contratos. Para quienes no pudieron acogerse a la prórroga, la organización mantiene activa la campaña de desobediencia civil Nos Quedamos y convoca a asambleas presenciales en distintas ciudades.

También denuncian que la actual situación económica agrava la crisis: “Mientras los salarios han subido una media del 20% en los últimos cinco años, los precios del alquiler en las capitales de provincia han subido un 60%”. Este desfase, concluyen, ha acentuado la presión sobre los hogares inquilinos.

Vanesa, que tiene 40 años y es madre de cuatro hijos -tres de ellos menores de edad-, admite “estar desesperada”. Vive de alquiler en un piso que le adjudicó en 2016 la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) por su precaria situación económica y familiar, pero ahora afronta una orden de desahucio por una deuda acumulada que abona en un plan de pagos, aunque no ha logrado saldarla por completo. Según explica, a pesar de haber presentado numerosos escritos y solicitudes, tanto a la EMVS como a servicios sociales y otras entidades, no ha obtenido respuesta ni alternativas habitacionales. Su situación se agrava por la ausencia de apoyo familiar, problemas de salud y la incertidumbre sobre el futuro de sus hijos.

“Esto es devastador. Vivo nerviosa, con mucha ansiedad y problemas de depresión. No tengo a dónde ir, me cierran las puertas de todos los sitios y la EMVS no quiere negociar”, relata esta vecina de Orcasitas en conversación con Infobae. Tras perder durante un tiempo la Renta Mínima de Inserción, acumuló una deuda de unos 7.000 euros porque no podía afrontar todos los pagos. “Había meses en los que tenía que elegir entre pagar los gastos o dar de comer a mis hijos”, asegura. Y aunque ha logrado abonar parte de la deuda -y sigue haciéndolo mediante mensualidades-, la orden de desahucio sigue en pie y tiene un juicio programado para finales de mayo.

Desde la Asamblea de Vivienda de Usera, integrada en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Madrid, critican la ausencia de respuestas por parte de las administraciones en un caso que consideran “injusto”. Explican que, después de que Vanesa abonara varios recibos atrasados, la EMVS le informó sobre otros pagos pendientes que ya estaban judicializados y que no podía regularizar. Desde ese momento, “el caso pasó al juzgado y se cerró toda posibilidad de negociación”.

“Vanesa ha pasado por muchos baches en su vida, pero ha ido afrontando la deuda mediante ese plan de pagos. No puede ser que el mismo organismo que te ha adjudicado una vivienda pública ahora te eche. Tienen que dar más oportunidades, porque no es lo mismo tener un trabajo fijo, apoyos y contactos, que ser pobre. Y en este caso se han pasado de la raya”, sostiene la asamblea.

El de Vanesa, además, es solo uno de los 60 desahucios que, según denuncia este colectivo por la vivienda digna, pretende ejecutar la EMVS en los próximos tres meses en barrios como Carabanchel, Usera, Vallecas y Villaverde “a pesar de que el Ayuntamiento de Madrid mantiene decenas de viviendas vacías y cerradas desde hace tiempo”. “Esta situación agrava la emergencia habitacional en la ciudad y evidencia una política de vivienda que deja fuera a quienes más la necesitan”, sostienen.

Protesta de vecinos contra Martínez-Almeida

En este contexto, el martes varios vecinos se concentraron con pancartas ante el Teatro Real, donde el alcalde José Luis Martínez-Almeida participaba en el foro internacional Bloomberg CityLab, para protestar por estos procedimientos de desalojo. Durante la concentración, Vanesa logró exponer brevemente su situación al alcalde, quien se comprometió a trasladar su caso al organismo municipal para que puedan contactar con ella.

Las familias residentes en las viviendas que la EMVS quiere desalojar denuncian, además, el “estado de abandono” de muchas de ellas. Señalan deficiencias en el mantenimiento y advierten que las urbanizaciones “no reúnen condiciones dignas ni protección adecuada”. A esto se suma que la mayoría de los afectados son familias vulnerables, o bien madres solas con hijos, como en el caso de Vanesa, o con personas mayores a su cargo, que afrontan la amenaza de desahucio “por deudas que no son elevadas”.

“Nos oponemos a esta situación injusta y vamos a defender nuestros hogares. No vamos a permitir más expulsiones. Nos quedamos porque la vivienda pública es nuestra”, concluye la asamblea.