Después de casi una década viviendo en la misma casa en el barrio madrileño de Vallecas, Adolfo, su hija y su nieto se enfrentan a un tercer intento de desahucio este próximo 24 de junio. Con un salario que no alcanza los 1.200 euros mensuales como cuidador de personas mayores y sin alternativa habitacional, el hombre reconoce estar desesperado y no sabe dónde vivirán si se produce el desalojo. Tampoco le han ofrecido ninguna alternativa ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid, según denuncian desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas.

“Mi hija, que ahora no tiene trabajo, y mi nieto de 4 años viven conmigo. Con mi salario no puedo permitirme otra cosa, no tenemos dónde ir. He buscado por todos los sitios, pero si no tienes unos ingresos más altos, nadie te alquila nada”, dice a Infobae Adolfo, que lamenta que el pasado mes de febrero cayera la moratoria antidesahucios después de que PP, Junts y Vox votaran en contra de la medida, que permitía extender los contratos de alquiler que vencían entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2% las subidas de renta.

Desde los colectivos que defienden el derecho a una vivienda ya advirtieron que la derogación de esta prórroga podría afectar a unas 60.000 familias, que ahora corren el riesgo de ser desahuciadas. Esta moratoria era una medida de protección social impulsada por el Ejecutivo en marzo de 2020, en el contexto de la pandemia, con el objetivo era frenar de forma provisional los desalojos de personas y familias vulnerables.

El dueño del piso dejó de pagar la hipoteca

Adolfo desconocía que el propietario del piso había sido embargado por el impago de la hipoteca a Caixabank, pero asegura que en todo este tiempo el banco nunca ha querido negociar con él. Ahora el inmueble pertenece a BuildingCenter, filial inmobiliaria de esta misma entidad bancaria.

“El dueño de la vivienda dejó de pagar las cuotas del préstamo en la pasada crisis y alquiló el piso a Adolfo, que desconocía esa situación, hasta que llegaron las notificaciones de desalojo”, explica la PAH de Vallecas. “Fue engañado, y aunque hemos comunicado esta situación a BuildingCenter, no quieren negociar y han seguido con la ejecución hipotecaria”, añaden.

Las ejecuciones hipotecarias se dispararon en 2025

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las ejecuciones hipotecarias iniciadas crecieron en 2025 un 35,6%, hasta sumar los 31.416 procesos, lo que supone un aumento en todas las autonomías que duplica el experimentado en 2023 y 2024. En la cabeza de la tabla de lanzamientos provocados por ejecuciones hipotecarias figuran Cataluña, con 1.050, Andalucía, con 913, Comunidad Valenciana, con 637, Murcia, con 254, y Madrid, con 252.

El CGJP, indica, no obstante, que el número de lanzamientos -desalojo forzoso de un inmueble o desahucio- realizados en 2025 fue de 24.540 procedimientos, un 11% menos que un año antes, con descensos del 10,9% para los causados por impago del alquiler y del 14,3% para los derivados de ejecuciones hipotecarias.

Acceder a una vivienda en España, unido a la precariedad y la inestabilidad laboral, no solo se ha convertido en un problema que afecta al bolsillo, sino que cada vez provoca un impacto mayor en la salud mental de quienes tratan de conseguir un lugar estable para vivir. Esa huella es aún más profunda en la población joven, pues limita sus proyectos de vida y expectativas de futuro, según advierte el informe Habitar la incertidumbre: vivienda, juventud y malestar estructural publicado este martes por el Consejo de la Juventud de España -CJE-, Fad Juventud y Oxfam Intermón, que revela que el 42% de las personas de entre 25 y 34 años afectadas por esta crisis percibe su salud mental como regular o mala.

El testimonio de María Rodenas, una joven valenciana de 26 años, ilustra ese malestar. A ella le ha tocado mudarse hasta en tres ocasiones en un año por la dificultad para encontrar un alquiler estable, según relató a Infobae en esta entrevista. Lo peor, decía, es que las perspectivas de futuro están lejos de mejorar. “En Valencia ahora mismo no hay ningún piso que valga menos de 1.000 euros para una persona sola, cuando en muchos casos tenemos salarios de 1.400. Hay pisos que están hechos polvo, otros que no tienen salón, y muchas habitaciones ya están por 550 o 600 euros si el barrio es céntrico”. El problema es aún más grave en ciudades como Madrid, Barcelona o San Sebastián, donde los precios del alquiler y la compra de vivienda superan la media nacional y la oferta resulta insuficiente para la demanda existente.

Andrea González Henry, presidenta del CJE, asegura que la juventud no solo se está jugando una cuestión material: “Nos va la vida y la salud en poder acceder a una vivienda digna“, ha señalado tras la presentación del informe. ”Las soluciones no pueden ser solo sanitarias, no podemos responder con más psicólogas a un problema que tiene su raíz en alquileres que se comen nuestra capacidad de ahorro, en salarios que no alcanzan y en una generación que ha normalizado la incertidumbre como forma de vida”, añade.

Por ello, defiende, se necesita una estrategia integral que combine políticas “que hagan efectivo el derecho constitucional a la vivienda”, una mayor protección social para los jóvenes y un refuerzo de los servicios de salud mental, “pero todo a la vez”, insiste.

El acceso a la vivienda obliga a la población joven a hacer equilibrios con sus cuentas, pues habitualmente destinan entre el 40% y el 50% de sus ingresos a ese pago, muy por encima del 30% que los expertos consideran asumible, señala el informe. En el caso de los hogares unipersonales jóvenes, el esfuerzo es aún mayor, ya que desde 2017 supera el 80% del salario. Esta presión constante tiene reflejo en su bienestar: la mala salud mental afecta al doble de jóvenes que destinan más de la mitad de sus ingresos a la vivienda que a aquellos cuyo esfuerzo no supera el 30%.

“Para muchas personas jóvenes, la vivienda marca decisiones vitales, con quién viven, qué intimidad pueden tener, cuánto tiempo pueden sostener un alquiler o hasta qué punto pueden imaginar un proyecto de vida propio”, explica por su parte Julia García, coautora del informe y experta en desigualdades y juventud de Oxfam Intermón. “La crisis habitacional se ha convertido en un factor estructural de desigualdad que afecta a su salud mental, a sus relaciones y a sus expectativas de futuro”.

Si bien los altos precios de la vivienda son una pieza clave del problema, no es la única. La precariedad económica y la inestabilidad laboral también condicionan el bienestar emocional de la juventud y alimentan una sensación de incertidumbre que limita sus proyectos de vida. Los datos apuntan a una relación directa entre dificultades económicas y salud mental: entre las personas jóvenes que viven en situación de carencia material severa, el 63,5% sufrió algún problema de salud psicológica en el último año, mientras que entre quienes no padecen privaciones materiales, el porcentaje se reduce al 52,4%.

La capacidad de ahorrar marca igualmente una diferencia. Los jóvenes que no consiguen reservar parte de sus ingresos declaran más síntomas de malestar emocional, con diferencias que superan los diez puntos porcentuales respecto a quienes cuentan con una situación económica más desahogada.

Un círculo vicioso

La falta de recursos puede acabar convirtiéndose en una espiral difícil de romper. Tener menos medios económicos se asocia a una peor salud mental, pero esa misma situación dificulta el acceso a atención psicológica. Sin apoyo profesional, el malestar se agrava. El informe refleja con claridad este círculo vicioso: entre las personas de 25 a 34 años que tuvieron que renunciar a ayuda psicológica por motivos económicos, la incidencia de mala salud mental pasó del 7% al 19,3% en el último año.

“Con frecuencia abordamos la salud mental como una cuestión individual, cuando los datos muestran con claridad el peso que tienen las condiciones de vida. La precariedad, la incertidumbre, la falta de autonomía o la sensación de que el futuro se aleja terminan dejando una huella profunda en el bienestar emocional de las personas jóvenes. No podemos entender la salud mental sin prestar atención al contexto en el que se desarrolla”, indica Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud.

La precariedad también tiene efectos sobre las relaciones sociales. La falta de recursos no solo limita las oportunidades materiales, sino que puede erosionar las redes de apoyo y aumentar el sentimiento de aislamiento. Casi cuatro de cada diez jóvenes con carencia material severa (39,8%) afirman sentirse solos con frecuencia. Entre quienes no afrontan dificultades económicas, la cifra se reduce a uno de cada cinco (19,6%).

Reclaman soluciones urgentes

Ante esta realidad, las tres organizaciones reclaman actuar sobre una doble emergencia: reforzar los servicios de atención psicológica dirigidos a la juventud y abordar las causas estructurales que están detrás de este deterioro del bienestar emocional. Entre las medidas propuestas figuran ampliar el parque de vivienda pública, garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible y combatir prácticas especulativas en el mercado del alquiler. En el ámbito laboral, apuestan por impulsar iniciativas como la aprobación del Estatuto del Becario y la ampliación de becas y ayudas al estudio para consolidar las mejoras recientes.

Asimismo, las entidades plantean reformar el Ingreso Mínimo Vital para facilitar su acceso a las personas menores de 30 años, con el objetivo de combatir la pobreza juvenil y reducir las situaciones de carencia material severa que, según el informe, están estrechamente ligadas al deterioro de la salud mental.

A la hora de alquilar una casa, es habitual que surjan dudas entre propietarios y arrendatarios sobre los límites y condiciones que pueden establecerse en el contrato. Una de las cuestiones que generan más debate es la posibilidad de prohibir fumar en la vivienda alquilada.

Sobre este asunto, el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, responde de forma clara en entrevista para Fotocasa: “Es perfectamente legal prohibirlo”. Según explica, para que una cláusula de estas características tenga validez, debe aparecer en el contrato “de forma que no deje lugar a dudas sobre su alcance”. Además, la prohibición puede aplicarse tanto al conjunto de la vivienda como a zonas concretas, como el salón, la terraza o cualquier otra estancia, siempre que así se recoja específicamente en el acuerdo firmado.

Es perfectamente legal que un casero prohíba fumar

El fundamento jurídico de esta posibilidad se encuentra en varios artículos de la normativa vigente. Por un lado, el artículo 1.255 del Código Civil señala que “los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público”. Según Zurdo, la prohibición de fumar no entra en conflicto con estos límites generales. Por otro lado, el artículo 4.2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que “los arrendamientos de vivienda se rigen por los pactos, cláusulas y condiciones determinadas por la voluntad de las partes, en el marco establecido en el título II de la propia ley y supletoriamente en el código Civil”.

Si el contrato recoge de forma clara la prohibición de fumar, el artículo 27, apartados 1 y 2 de la LAU, otorga al arrendador la facultad de resolver el contrato si el inquilino incumple esta condición. Tal y como señala el director general de ANA, “el artículo 27,1 y 2 de la LAU facultaría al arrendador para poder resolver el arrendamiento por incumplimiento contractual del inquilino, incluso podría tener derecho a retener la fianza si se detectaran en la vivienda olores o manchas, con el fin de poder limpiarla o pintarla”.

En el caso de los alquileres turísticos o de temporada, el planteamiento es similar, pero incluso más claro, debido al carácter transitorio de este tipo de contratos. Así lo indica Zurdo: “En este tipo de alquileres el establecimiento de este tipo de cláusulas sería todavía más recomendable por su carácter transitorio”. La autonomía de la voluntad de las partes cobra en estos casos un protagonismo casi absoluto, lo que facilita la inclusión de condiciones específicas como la prohibición de fumar.

A la hora de reclamar por el incumplimiento de esta cláusula, el principal obstáculo para los arrendadores es la prueba. Zurdo advierte que “debe ser una prueba concluyente para que un juez pueda resolver un arrendamiento por este motivo”. Esto implica que la carga de demostrar que se ha vulnerado la prohibición recae sobre el propietario, que deberá presentar pruebas claras y verificables, como informes, fotografías o testimonios, que confirmen la presencia de olores o daños provocados por el tabaco.

En definitiva, la legislación actual permite a los propietarios incluir en los contratos de arrendamiento cláusulas que prohíban fumar en la vivienda, siempre que se redacten con la suficiente claridad y sean aceptadas por ambas partes. El marco legal ofrece flexibilidad para negociar condiciones, pero exige precisión en los términos y pruebas sólidas en caso de conflicto. Así, la cuestión del tabaco en viviendas de alquiler queda en manos de la voluntad de las partes y de la correcta redacción del contrato.

En un contexto donde cada vez más limeños buscan formas de generar ingresos complementarios, las cocheras han dejado de ser solo un espacio subutilizado para convertirse en un activo rentable.

Según cifras de ParkGO, los ingresos por alquiler de estacionamientos en la capital peruana han crecido un 40% respecto a años anteriores.

Esta tendencia refleja no solo el alza de la demanda de espacios seguros en zonas residenciales y comerciales, sino también el interés de los propietarios por monetizar áreas que antes permanecían vacías.

¿Cuánto se puede ganar alquilando una cochera?

El potencial económico es considerable. En San Isidro, los propietarios pueden obtener entre S/500 y S/800 mensuales por cada cochera alquilada.

Miraflores ofrece ingresos de S/400 a S/700, Barranco entre S/300 y S/500, San Miguel de S/250 a S/450 y La Victoria entre S/200 y S/350 al mes.

El 80% de las cocheras disponibles en plataformas especializadas se concentra en distritos estratégicos, con Miraflores, San Isidro y Barranco como líderes en oferta y demanda.

5 claves para ganar más dinero con su cochera

Antes de decidir cómo rentabilizar su cochera, conviene considerar distintas estrategias que pueden maximizar los ingresos y asegurar una gestión eficiente del espacio. Estas son 5 recomendaciones para sacar el mayor provecho:

• Alquile por horas o días: Ideal en zonas cercanas a oficinas, centros comerciales, clínicas o universidades, donde la demanda temporal es alta.
• Considere contratos mensuales: Esta modalidad asegura ingresos constantes y reduce la rotación de usuarios, especialmente en áreas con déficit de estacionamientos.
• Aproveche la alta demanda en eventos: Conciertos, festividades y campañas comerciales elevan la necesidad de estacionamiento, generando ingresos extra para espacios cercanos a estos eventos.
• Establezca tarifas competitivas: Analizar los precios de la zona y las características del espacio ayuda a definir una tarifa adecuada que favorezca la ocupación y la rentabilidad.
• Utilice herramientas tecnológicas: Las nuevas plataformas de movilidad urbana facilitan la gestión y visibilidad de las cocheras, ayudando a conectar propietarios con conductores interesados de forma rápida y segura.

¿Quiénes apuestan por este modelo?

El perfil de los propietarios que alquilan sus cocheras corresponde principalmente a personas de 30 a 60 años, pertenecientes a niveles socioeconómicos medio-altos y altos.

Muchos son profesionales, empresarios o dueños de departamentos con espacios de estacionamiento adicionales en distritos céntricos, de acuerdo con ParkGo.

El crecimiento del tránsito vehicular y la limitada disponibilidad de estacionamientos públicos han hecho que estos propietarios encuentren en el alquiler una oportunidad para generar ingresos sin grandes inversiones.

Pero, ¿cuánto demora poner en alquiler mi cochera?

Según datos recientes de ParkGO, el 70% de las cocheras puestas en alquiler logran ocuparse rápidamente, mientras que el 30% restante puede demorar más tiempo en encontrar usuario. En promedio, una cochera permanece vacante alrededor de un mes antes de ser alquilada.

Los distritos donde la rotación es más ágil son Miraflores, San Isidro, Barranco y Surco, zonas donde el uso de aplicaciones como Uber y Airbnb es frecuente, lo que incrementa la demanda de espacios de estacionamiento y facilita la rápida ocupación de cocheras disponibles.

Optimizar espacios, generar ingresos: Un mercado en expansión

Esta expansión responde a la practicidad y rapidez del modelo, que permite a los propietarios obtener ingresos adicionales y a los usuarios acceder a soluciones de estacionamiento más seguras y convenientes.

Aprovechar una cochera vacía es una de las formas más simples de transformar un espacio subutilizado en una fuente de ingreso constante. En distritos con alta demanda, el alquiler no solo ayuda a aliviar la escasez de estacionamientos, sino que contribuye a optimizar la movilidad urbana y a dinamizar la economía local.

El temor a sufrir un impago por parte de los inquilinos se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los propietarios. Esta incertidumbre lleva a muchos de ellos a mantener sus viviendas vacías antes que asumir el riesgo de una morosidad prolongada, una situación que reduce la oferta disponible y contribuye a tensionar aún más los precios del alquiler. No en vano, el tiempo medio necesario para recuperar una vivienda tras un impago alcanza ya los 11 meses en España, según datos de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (Seag).

La situación puede agravarse significativamente en los procedimientos más complejos. En algunos casos, el plazo entre el primer incumplimiento del pago y la recuperación efectiva de la vivienda supera los dos años.

Esta realidad está provocando cambios en el comportamiento de los arrendadores, como la ya mencionada retirada de los inmuebles del mercado residencial ante el temor de enfrentarse a largos procesos judiciales, a lo que se suma un endurecimiento de las condiciones de acceso al alquiler.

Inseguridad jurídica

En este escenario, la inseguridad jurídica se ha consolidado como una de las principales preocupaciones del mercado del alquiler. Más del 70% de los propietarios considera que la morosidad y la dificultad para recuperar la vivienda constituyen el principal riesgo asociado al arrendamiento. Tanto es así que la incertidumbre sobre los plazos judiciales ha alcanzado un peso similar al de la rentabilidad obtenida por el alquiler, especialmente entre los pequeños propietarios, señalan desde Seag.

A ello se suma el impacto económico que supone un procedimiento de impago. Cuando el inquilino deja de pagar completamente la renta, las pérdidas pueden dispararse. Las rentas impagadas representan entre el 70% y el 80% del coste total asumido por el propietario. Tomando como referencia una renta mensual de 700 euros y la duración media de los procedimientos, las pérdidas pueden situarse entre 8.000 y 13.000 euros, calculan desde Seag.

A estos importes se suman los gastos legales derivados del proceso de desahucio, que suelen oscilar entre 800 y 1.500 euros, así como los posibles daños ocasionados en la vivienda, cuyo coste de reparación puede alcanzar los 3.000 euros.

Desahucios

Datos del Consejo General del Poder Judicial indican que durante 2025 se ejecutaron 25.540 lanzamientos en España, de los cuales 18.317 estuvieron relacionados con procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), lo que representa más del 71% del total. Cataluña lideró el número de desahucios, con 6.814 lanzamientos, seguida de Andalucía, con 3.782; la Comunidad Valenciana, con 2.992; y Madrid, con 2.267.

Ante estas cifras, Daniela Salinas, directora del Departamento Jurídico de Seag, indica que “la suspensión de lanzamientos mientras se busca una alternativa habitacional puede prolongar durante meses la recuperación de una vivienda, generando una inseguridad jurídica que acaba reduciendo la oferta de alquiler”.

Incide en que desde un punto de vista jurídico, la suspensión de lanzamiento opera como una medida cautelar de carácter excepcional, condicionada a la acreditación de vulnerabilidad en sede judicial. En su opinión, “la falta de plazos homogéneos y de recursos efectivos para el realojo introduce una dilación que desnaturaliza el carácter temporal de la medida y traslada la carga del sistema al arrendador”.

España necesitará 1,2 millones de viviendas en renta asequible hasta 2030

La consecuencia directa es una reducción de la oferta disponible en un contexto en que se necesita incorporar viviendas al mercado para absorber la demanda existente, y en el que muchos propietarios mantienen inmuebles vacíos o buscan alternativas al alquiler residencial tradicional.

En concreto, España necesita promover 1,2 millones de viviendas en alquiler asequible hasta 2030, pero la incapacidad de aumentar el ritmo de construcción y la progresiva retirada de viviendas en renta debido a los cambios legales y a la “falta de seguridad jurídica” hace que conseguir este objetivo se convierta en una misión casi imposible, según se desprende del informe Mercado inmobiliario en España, elaborado por OBS Business School.

El estudio recoge que a un plazo de 10 años, Cataluña requiere la construcción de 225.000 viviendas para alquiler asequible, con un coste de 1.010 millones de euros. Le sigue la Comunidad de Madrid con 174.000 nuevos pisos para los que se requiere una inversión pública de 5.418 millones de euros.

Por su parte, Andalucía precisa 85.000 nuevos inmuebles, con una inversión de 4.529 millones; la Comunidad Valenciana, 85.000 y una inversión de 3.245 millones, y Canarias, 46.000 viviendas y una dotación de 2.486 millones.

José David Carracedo nunca imaginó que la vida en su propia casa fuera a ser tan complicada. El edificio donde reside, ubicado en la calle José Bielsa en el barrio madrileño de Usera, fue desalojado en 2021 y posteriormente rehabilitado para el alquiler en 2022, tras la compra de la empresa Divarian a la SAREB —más conocido como el banco malo— por un valor inferior al de mercado, y desde entonces, asegura, “todo han sido problemas”. Divarian, una sociedad gestionada por el fondo estadounidense Cerberus Capital Management, que cuenta con más de 7.000 viviendas en toda España, se niega a arreglar los desperfectos de las viviendas, ya sean inundaciones, humedades, roturas en las puertas del garaje o la presión del agua. El objetivo de la firma “es vender el bloque con los inquilinos dentro”, pese a que sus contratos de alquiler siguen vigentes.

“Los fondos buitre no son caseros normales, no cuidan de su propiedad, lo que quieren es vender los pisos cuanto antes y a un precio mucho más elevado del que lo compraron. Al entrar en marzo de 2022, nos dieron solo un mes de plazo para solicitar reparaciones, pero pasado ese tiempo, ante cualquier desperfecto argumentan que se debe al uso. En mi caso, el termostato de la calefacción dejó de funcionar en octubre y la respuesta fue que la avería se debía al uso, cuando ni siquiera lo había utilizado”, cuenta a Infobae este padre separado que vive en el bloque junto a sus dos hijos menores. Esta dinámica, añade, “es su forma de echarnos para poder reformar el bloque y venderlo”.

También han tenido problemas de inseguridad, relata, con robos registrados en trasteros y sótanos. “Cuando se nos ha colado alguien o una puerta no cerraba bien, la única solución de la propiedad, además de llegar tarde, ha sido cambiar el bombín y hacernos pagar a todos la copia de la llave”, señala. Las puertas del garaje, añade, estuvieron un año y medio averiadas, mientras que las inundaciones en el foso del ascensor son habituales, quedando inutilizado, lo que afecta especialmente a un vecino con movilidad reducida que vive en el tercer piso.

Amenazas por las pancartas desplegadas

Fue en 2025 cuando los vecinos de este bloque se enteraron de que la empresa Divarian planeaba vender los pisos mientras ellos seguían viviendo allí con contratos vigentes. Pero, lejos de quedarse de brazos cruzados, junto con el Sindicato de Inquilinas de Madrid colocaron pancartas en la fachada para visibilizar su protesta, de forma que lograron bloquear varias visitas de inversores, deteniendo temporalmente el proceso de venta del inmueble, afirma David.

“Nos han amenazado con que, si no quitamos las pancartas, nos pueden meter en juicios. Mencionan un artículo absurdo del contrato en el que estamos atentando contra el buen convivir y la estética del edificio. En cualquier caso, la ordenanza municipal de Madrid, que es la que rige, permite explícitamente las pancartas de protesta de sindicatos”, indica.

Los vecinos también destacan que el edificio está ubicado en una zona estratégica para la especulación inmobiliaria, frente a la Plaza de las Tizas, donde se ha instalado un columpio de grandes dimensiones en forma de dragón. Esta intervención, junto con la peatonalización de varias calles y la construcción del arco chino, forma parte del proyecto Chinatown impulsado por el Ayuntamiento de Madrid que lidera José Luis Martínez-Almeida.

Cláusulas abusivas

Los vecinos de José Bielsa 18 también denuncian que Divarian les impone “cláusulas abusivas e ilegales como cobrar la Comunidad a las inquilinas sin posibilidad de negociación”, lo que consideran una forma de subir el alquiler encubierta. También deben pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y obliga a los residentes a hacer un seguro obligatorio, que ya fue rechazado en otros casos por los tribunales, recuerda el Sindicato de Inquilinas.

“No hubo ninguna negociación, ni con la Comunidad ni con el IBI, el fondo fijó los precios. La comunidad, además, tiene cuotas mensuales muy elevadas, que oscilan entre 180 y 250 euros, pese a que el único servicio activo es la limpieza de zonas comunes. Estos gastos deberían cubrir únicamente servicios como la luz, que no suelen superar los 30 euros al mes, y además tampoco hay servicio de recogida de basuras”, resume.

Por todo ello, los vecinos del bloque exigen a Divarian y a Cerberus el arreglo de los desperfectos, el fin de las cláusulas abusivas y la renovación de los contratos de alquiler en las mismas condiciones que las actuales.

Una mujer víctima de violencia de género ha sido desahuciada este martes de la vivienda de alquiler en la que residía desde 2018 en la barriada de Santa Catalina (Palma de Mallorca). Por su parte, el Ayuntamiento de Palma le ha ofrecido alojamiento temporal en un hostal por un periodo indefinido, aunque sin garantías sobre su duración ni estabilidad.

El desalojo se ha producido, según la plataforma Stop Desnonaments Mallorca, a pesar de que este lunes se había presentado un escrito solicitando la nulidad de actuaciones, que aún estaba pendiente de resolución en el momento del desahucio.

La situación se originó tras la venta del inmueble, que pasó de manos de Servihabitat a la firma Adelaide Investment y posteriormente a un particular vinculado al sector inmobiliario, según recoge Europa Press.

Stop Desnonaments denuncia que la justicia habría priorizado el interés de un inversor que adquirió la vivienda “a precio de ganga”, dejando desprotegida a una inquilina en situación de vulnerabilidad. La plataforma añade que, aunque el nuevo propietario no figura como gran tenedor, existen indicios de que podría poseer entre dos o tres inmuebles, datos que califican de “confusos”.

Alojamiento temporal para la mujer

Tras el desahucio, el Consistorio ha ofrecido a la mujer alojamiento temporal en un hostal, sin que haya confirmación sobre la duración de esta ayuda, lo que incrementa la incertidumbre sobre su situación habitacional y sus posibles alternativas a corto plazo.

Por su parte, el IBDona habría valorado inicialmente ofrecerle una alternativa habitacional por su condición de víctima de violencia de género, aunque esta opción fue finalmente rechazada al situarse en las proximidades del lugar de trabajo de su expareja, lo que suponía un riesgo para su seguridad.

En este contexto, Stop Desnonaments recuerda que el procedimiento se habría mantenido activo pese a la solicitud de nulidad presentada el día previo al desahucio, que según la entidad seguía sin resolverse cuando se ejecutó el lanzamiento. Además, sostiene que el proceso debería haberse paralizado en aplicación del denominado “escudo social”, un mecanismo de protección para personas vulnerables que quedó derogado en febrero.

Asimismo, según la plataforma, la ley de vivienda balear permitiría acceder a una vivienda del IBAVI en casos de especial vulnerabilidad, pero este recurso se habría visto bloqueado por la ausencia del informe de vulnerabilidad, que debía emitir el Ayuntamiento de Palma y que, según la entidad, aún no se ha elaborado.

Críticas a la respuesta institucional

Stop Desnonaments critica además la falta de mediación efectiva por parte del Govern y del Ayuntamiento para evitar el lanzamiento, y denuncia que los juzgados están reanudando desahucios de personas vulnerables sin exigir el informe de vulnerabilidad.

La plataforma también reprocha al Patronato Municipal de Vivienda la ausencia de una solución estable. Advierte de que, una vez agotada la estancia en el hostal y sin una prórroga clara de la subvención, la afectada podría enfrentarse incluso a un nuevo intento de desalojo si deja de poder asumir el coste del alojamiento temporal, lo que agravaría aún más su situación de vulnerabilidad residencial.

Maricarmen, vecina de 87 años del barrio madrileño del Retiro, iba a enfrentarse este 3 junio a un segundo intento de desahucio después de vivir siete décadas en la misma casa, pero la presión vecinal y el apoyo del Sindicato de Inquilinas han logrado aplazarlo 20 días. Lejos de ser una victoria, denuncia la organización, es una manera de intentar desmovilizar a quienes se han organizado para evitar el desalojo, por lo que el sindicato ha decidido mantener la manifestación convocada para esta tarde, a partir de las 18:30 horas, en la biblioteca de Retiro para exigir “soluciones reales”, además de la acampada que se realizará por la noche.

“Alargar 20 días la espera para saber si Maricarmen tiene alguna alternativa habitacional, o si se soluciona el problema, es una tortura, es alargar la agonía de una mujer que ya no aguanta más. Un aplazamiento no es una solución real, por eso mantenemos la convocatoria de hoy”, dicen a Infobae desde el Sindicato de Inquilinas, que asegura que a la empresa propietaria del piso donde vive Maricarmen, Urbagestión Desarrollo e Inversiones, no le va a quedar más remedio que presenciar cómo centenares de personas se movilizan para evitar el desalojo. La organización también recuerda que, desde que se paralizó el primer intento de desahucio en octubre pasado, la salud de Maricarmen, con un 50% de discapacidad, se ha deteriorado notablemente debido a la incertidumbre y el miedo que conllevan estos procesos.

Las actividades convocadas para esta tarde incluyen un pasacalles que saldrá desde la Puerta del Retiro de la Biblioteca Eugenio Trías, una actuación infantil y la participación de figuras destacadas de la cultura como la periodista Olga Rodríguez, los actores Alberto San Juan y Juan Diego Botto y el cómico Facu Díaz, además de varios conciertos. La jornada concluirá con una acampada por la noche.

Contrato de renta antigua

Maricarmen cuenta con un contrato de renta antigua firmado por su padre en 1956. Tras su fallecimiento, la titularidad pasó a su madre y, al morir esta en 2005, Maricarmen asumió el derecho a residir en la vivienda bajo las mismas condiciones. Durante años, la propiedad respetó esta situación y la renta se actualizaba conforme al IPC. Sin embargo, tras varios cambios de propietario, en 2018 la situación se modificó.

Urbagestión Desarrollo e Inversiones argumenta que, según una sentencia del Tribunal Supremo, el contrato finalizó con el fallecimiento de la madre de Maricarmen, ya que ella no cumple el requisito de tener una discapacidad del 65% para acceder a una segunda subrogación. La empresa únicamente le ofreció seguir en la vivienda si aceptaba un aumento del alquiler del 275%, hasta 1.650 euros, una cantidad inasumible con su pensión.

Tras el primer intento de desahucio en octubre, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, mantuvo una reunión con Maricarmen y representantes del Sindicato de Inquilinas y, aunque la organización envió una propuesta para buscar una salida, aseguran que no han recibido respuesta durante estos meses.

Tampoco han obtenido comunicación alguna, según denuncian, por parte del Ayuntamiento dirigido por José Luis Martínez Almeida ni del gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, mientras que “los servicios sociales no han logrado ofrecer a Maricarmen una alternativa habitacional digna”.

Pocas situaciones generan tanto desgaste como la incertidumbre de quedarse sin techo, más aún cuando se trata de personas mayores como Maricarmen, una vecina del distrito madrileño del Retiro que a sus 87 años se enfrenta a un segundo intento de desahucio, fijado para el 3 de junio. Aunque el pasado mes de octubre, la movilización vecinal y el Sindicato de Inquilinas lograron aplazar el desalojo, la angustia y la preocupación nunca han desaparecido y en estos meses su salud se ha resentido: ha perdido movilidad y masa muscular, y ahora necesita una silla de ruedas para desplazarse. Después de vivir 70 años en la misma casa, con un contrato de renta antigua que firmó su padre, Maricarmen nunca imaginó que a estas alturas tendría que enfrentarse a una situación como esta.

A pesar de su vulnerabilidad, con un 50% de discapacidad y sin alternativa habitacional, la inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversiones, actual propietaria del piso, mantiene la orden de desalojo.

“Tenemos derecho a una vivienda. No es justo que nos pongan en la calle para que unos buitres vengan y se lleven nuestra sangre, lo que hemos estado luchando por tener lo que nos corresponde, que es una vivienda, un techo donde poder vivir”, ha explicado Maricarmen este jueves a la prensa frente al Congreso de los diputados. Allí ha comunicado que, pese a haber enviado al Gobierno un dosier con la información de su caso y posibles alternativas, no ha recibido respuesta ni por parte del presidente Pedro Sánchez, ni de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. “Hasta el momento nadie se ha comunicado conmigo, nadie me ha ofrecido ninguna opción de dónde me puedo ir”, ha añadido.

Maricarmen, que no tiene familia directa, tampoco ha obtenido respuesta ni del Ayuntamiento de Madrid ni del Gobierno autonómico, “que se han negado a reunirse con ella”, según ha explicado el Sindicato de Inquilinas. ”A esto se suman unos servicios sociales que son incapaces de dar cualquier alternativa digna", añade la organización.

El sindicato destaca que Maricarmen “representa la resistencia de los inquilinos frente a los fondos buitre y la especulación inmobiliaria” y pide al Gobierno que tome medidas urgentes frente a la crisis de la vivienda que afecta a miles de familias, como establecer contratos de alquiler indefinidos y frenar la compra especulativa para priorizar el acceso a quienes buscan un hogar.

Los pisos del bloque se alquilan a más de 2.500 euros mensuales

Maricarmen tenía un contrato de renta antigua, firmado por su padre en 1956. Tras su fallecimiento, la titularidad pasó a su madre y, a la muerte de esta en 2005, ella heredó el derecho a vivir en la vivienda en las mismas condiciones. Durante años, la propiedad lo respetó, de forma que la renta se actualizaba según el IPC pero, tras varios cambios de dueño desde 2018, la situación cambió.

En 2020 comenzó un proceso legal, después de que la pensionista no pudiera acceder ni a la compra del piso —Urbagestión Desarrollo e Inversiones se lo ofreció por 250.000 euros— ni a afrontar un aumento del 275% en el alquiler, al pasar de 440 euros mensuales a 1.650. El resto de los apartamentos del bloque se alquilan por unos 2.650 euros, según informa el Sindicato de Inquilinas.

El 2 de junio hay varias actividades para impedir el desalojo

El desahucio está convocado para el 3 de junio a las 8:00 horas en la calle Alcalde Sainz de Baranda, 46. Un día antes, el martes 2, el sindicato ha organizado una jornada de actividades desde las 18:30 horas, que incluye un pasacalles que saldrá desde la Puerta del Retiro de la Biblioteca Eugenio Trías, una actuación infantil y la participación de figuras destacadas de la cultura como Olga Rodríguez, Alberto San Juan, Juan Diego Botto y Facu Díaz, además de varios conciertos. La jornada concluirá con una convocatoria a todas las vecinas de Madrid para acampar esa noche y así intentar frenar el desahucio.

La mitad de los hogares con menos renta vive en edificios levantados antes de 1981 o sin una reforma importante desde entonces, una situación que el Observatorio de vivienda asequible (Provivienda) vincula a mayor exposición a la emergencia climática y a más dificultades para rehabilitar viviendas con peor aislamiento y mayor demanda energética. Según Provivienda, el 50,7% de los hogares del quintil de menor renta reside en inmuebles anteriores a 1981 o no reformados de forma sustancial desde entonces, frente al 35,9% del quintil de mayor renta. A escala nacional, algo más del 43% de los hogares vive en edificios construidos antes de 1981.

El observatorio de la entidad incorpora por primera vez datos del Módulo de Vivienda y Entorno de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 para seguir una cadena concreta: antigüedad del parque residencial según ingresos, necesidad declarada de mejoras de eficiencia energética no ejecutadas, barreras para acometerlas y daños materiales asociados a fenómenos climáticos extremos.

Esa lectura enlaza, según la propia organización, con dos marcos de política pública ya en marcha: el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, centrado en la rehabilitación energética, y la Estrategia de Desarrollo Sostenible Revisada hacia 2030, que incorpora la regeneración del parque residencial como herramienta de transición justa.

Un parque de vivienda envejecido

El parque residencial español aparece como un parque envejecido, pero la media esconde una fractura social. En el tramo de edificios más antiguos, los anteriores a 1961, vive el 18,2% de los hogares del quintil de menor renta, frente al 11,2% del quintil más alto. Según Provivienda, esa diferencia tiene una consecuencia material: la normativa de eficiencia energética en edificación llegó a España en 1980 con las primeras exigencias de aislamiento. Los inmuebles anteriores a 1981, donde se concentra una parte mayor de la población con menos recursos, se construyeron sin exigencias térmicas relevantes y soportan peor las olas de calor.

El indicador que la entidad considera central es la necesidad declarada de mejoras de eficiencia energética no realizadas. No se trata de una auditoría técnica, sino de una autodeclaración, pero permite localizar dónde existe una carencia reconocida que sigue sin resolverse. A nivel nacional, el 34,4% de los hogares afirma necesitar mejoras de eficiencia energética que no ha ejecutado. La proporción cambia con intensidad según la comunidad autónoma y el régimen de tenencia de la vivienda.

Además, la organización describe un problema de incentivos divididos: la propiedad suele asumir el coste de la rehabilitación, mientras que el principal beneficio inmediato, desde una factura energética más baja hasta un mayor confort térmico, lo recibe quien habita la vivienda. Cuando ambas figuras no coinciden, las obras se aplazan. En ese contexto, el alquiler concentra hogares con menos renta y menor margen para exigir mejoras, lo que refuerza el atasco.

La brecha entre inmuebles antiguos y recientes es amplia. Entre los edificios anteriores a 1961 y los construidos desde 2011 hay 24,6 puntos porcentuales de diferencia en necesidad de mejoras energéticas no cubiertas, hasta el punto de que residir en un edificio previo a 1961 multiplica por 2,5 esa probabilidad respecto a vivir en uno posterior a 2011. La distribución territorial también es desigual. En la parte alta figuran Extremadura con el 41%, Andalucía y Castilla-La Mancha con el 39,6%, Galicia con el 38,3%, Ceuta con el 37,6% y Madrid con el 36,4%; en la baja, País Vasco registra el 24,8%, Canarias el 25,8% y La Rioja el 26,8%.

Según Provivienda, el coste es la barrera dominante para actuar. A nivel nacional, el 76,2% de los propietarios con necesidad no cubierta lo señala como principal obstáculo, y en los edificios anteriores a 1961 esa proporción sube al 80,6%. La entidad sostiene que, en los quintiles de renta más bajos, ese freno financiero adquiere un carácter casi único. En el quintil más alto aparecen con más peso relativo otras razones, como “otras razones” con el 19,8% y la “falta de interés” con el 11%.

Los daños climáticos no se reparten igual aunque la incidencia declarada sea parecida

El 9,2% de los hogares declara haber sufrido daños por fenómenos climáticos extremos, con una distribución por quintiles casi plana, entre el 9% y el 9,6%. Para Provivienda, esa aparente igualdad no significa que la vulnerabilidad sea la misma. La entidad sostiene que ese indicador no mide bien la vulnerabilidad climática porque registra si el evento ha ocurrido, no la capacidad de anticiparse, asegurar la vivienda, reparar los daños o recuperarse después. Esa capacidad, añade, sí está estratificada por renta.

La desigualdad sí aparece con claridad en el mapa territorial. El observatorio sitúa los niveles más altos en comunidades autónomas del arco mediterráneo y de la cuenca atlántica gallega, y relaciona esa distribución con la dana de Valencia de 2024, la sucesión de olas de calor en el sur y los temporales atlánticos en Galicia.

Castilla-La Mancha aparece en cabeza, una posición que el texto atribuye probablemente a la combinación de episodios térmicos extremos en verano y lluvias torrenciales en las cuencas del Tajo y el Júcar. La nota metodológica precisa que todos los indicadores proceden de tablas agregadas publicadas por el INE a partir del módulo ECV 2025 y no de microdatos, según Provivienda.

Cada vez que finaliza un mes y comienza el siguiente, las familias deben hacer frente a pagos recurrentes en la economía domestica, como el alquiler o la hipoteca. La actual crisis inmobiliaria ha transformado esta transacción en un esfuerzo económico enorme para muchos grupos sociales. Familias monoparentales, de Madrid o Barcelona y en régimen de alquiler son algunos de los perfiles que más se repiten dentro de las 4,5 millones de personas a las que coste residencial las sitúa por debajo del umbral de pobreza relativa.

La sensación de que la nómina desaparece conforme entra a la cuenta bancaria no es nueva. El incremento del precio del alquiler ha llevado al 14,37% de los hogares a destinar más del 30% de sus ingresos al coste de la vivienda. Una cifra que parece poco alarmante pero, al analizar en profundidad el modo acceso a dicha vivienda, afloran las desigualdades, según los datos recogidos por el informe Dificultades económicas: ¿A quién le cuesta más pagar la vivienda? ¿A quién empobrece la vivienda?, elaborado por el Observatorio de vivienda asequible (Provivienda).

Pese a que la lógica haría pensar que las mayores dificultades se encuentran en los hogares con alquileres por encima del precio de mercado, la sobrecarga tiene más presencia en las rentas de mercado -que representa solo a uno de cada seis hogares-, donde más de la mitad de los inquilinos supera el umbral del 30% de esfuerzo económico y más de un tercio el del 40%, según el estudio, elaborado a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025.

Los datos son claros: pagar la vivienda empuja a la pobreza. El coste del alquiler o la hipoteca añade nueve puntos porcentuales a la tasa de pobreza relativa nacional. En términos absolutos, esto se traduce en 4,5 millones de personas a las que afrontar este pago las sitúa por debajo del umbral de pobreza relativa. Dentro de este amplio grupo, 3,1 millones de personas caen bajo el umbral de pobreza severa tras afrontar el coste residencial, donde la renta tras pagar es inferior al 40% de la mediana nacional.

Las familias monoparentales afrontan mayor sobrecarga

El estudio de Provivienda analiza también qué estructuras del hogar son más frecuentes dentro de la sobrecarga económica. Según los datos, los hogares monoparentales presentan tasas más de tres veces superiores a las de las parejas con hijos, con uno de cada tres en sobrecarga y uno de cada cinco en sobrecarga severa. El mismo patrón se observa en los hogares unipersonales, que afrontan el pago de la renta o hipoteca con un único ingreso.

La situación de los hogares monoparentales no es sencilla, con dos de cada tres con al menos una dificultad material relevante relacionada con la vivienda o los gastos básicos y casi uno de cada cuatro con tres o más dificultades en simultáneo. Dentro de estos problemas el estudio señala la incapacidad de calentar el hogar, que afecta al 23,8% de familias monoparentales, frente al 12,9% de parejas con hijos. Además, más de la mitad de estos hogares es incapaz de afrontar gastos imprevistos.

Por Comunidad Autónoma, las peor paradas en el informe son la Comunidad de Madrid y Cataluña, donde la tasa de sobrecarga total supera el 17 y 18% de hogares con más del 30% de sus ingresos destinado a la vivienda, seguidas de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Melilla (todas por encima del 15%).

Si en la media de España más de uno de cada tres hogares que alquila a precio de mercado destina más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler, este porcentaje toca y supera el 41% en Madrid, Cantabria, Andalucía y Comunidad Valenciana.

El estudio señala también que el alquiler tiene un peso distinto en cada hogar, dependiendo del nivel de renta. El alquiler medio del grupo más pobre (542 euros al mes) es solo un 42% inferior al del grupo más rico (940 euros al mes), pero la renta media del último grupo es cuatro veces mayor a la del primero, por lo que para el esfuerzo supone el 56% de la renta para los más pobres frente al 19% de la renta para los más ricos.

La hipoteca también supone sobreesfuerzos

Los hogares en hipoteca también presentan sobrecargas desiguales para afrontar las letras, aunque con menor esfuerzo que el alquiler. El grupo de más pobres presenta esfuerzos relativos del 41,6% de sus ingresos, frente al 12,6% de los más ricos. Esto, según Provivienda, se debe a que para acceder a una hipoteca es necesario tener una capacidad patrimonial inicial que ya selecciona hogares con mayor estabilidad económica relativa.

Además, esta es la forma de tenencia más habitual para los hogares con renta media y sirve como un mecanismo eficaz de acceso a la propiedad para quienes pueden afrontar el ahorro inicial. Por el contrario, el estudio señala que en los hogares con menor capacidad económica, la cuota se acerca al límite de lo soportable, estando el 47% del primer grupo en sobrecarga severa.

Tras casi 30 años de presencia en el barrio madrileño de Tetuán, la cooperativa agroecológica Ecosol afronta este viernes un desahucio, programado para las 9:00 de la mañana. El fondo de inversión Elix Rental Housing, propietario del edificio desde 2024, se negó a renovar el contrato a la cooperativa, como ya ocurrió con los antiguos vecinos de este bloque situado en la calle Salvia. La estrategia de la empresa, según denuncia el Sindicato de Inquilinas, ha sido vaciar el edificio y renovarlo para después poder alquilar los pisos a precios mucho más elevados.

En Tetuán, como en el resto de barrios de la zona céntrica de la capital, la presencia creciente de fondos de inversión ha impulsado numerosas operaciones inmobiliarias que no solo afectan a las personas que viven en el barrio, sino también al tejido comercial formado por tiendas y pequeños negocios. Por ello, iniciativas como Ecosol ven reducidas sus posibilidades de continuar su actividad en la zona, pese a haber pagado un alquiler durante 27 años.

“Donde antes había un bar o el negocio de un vecino, ahora hay pisos turísticos o viviendas inasequibles, pero nosotras vamos a intentar frenar el desahucio”, dice a Infobae Celia, empleada de esta cooperativa de consumo agroecológico de la que forman parte 60 socios.

Celia explica que no pueden permitirse alquilar otro local ni en el barrio ni en zonas cercanas con los precios actuales, por lo que, si finalmente se produce el desahucio, el proyecto dejará de existir. Si la cooperativa desaparece, añade, no solo se perderá tejido productivo del barrio, “sino mucho más“, porque abastece a sus miembros de fruta y verdura comprada directamente a pequeños productores de diferentes puntos de España, sin intermediarios. “También va a perder dinero el campo, porque los pequeños productores a los que llevamos años comprando fruta y verdura dejarán de tener este ingreso, desde cooperativas en Murcia hasta lo más cercano, en Madrid, donde compramos las fresas”, denuncia.

La trabajadora también critica la postura del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a quien acusa de defender en sus discursos a los autónomos y pequeños negocios mientras, en la práctica, “permite políticas que favorecen la especulación inmobiliaria y perjudican a quienes asegura proteger”.

Cambios en la propiedad del edificio

La propiedad del edificio donde se encuentra Ecosol ha cambiado de manos en varias ocasiones desde 2020. Tras la herencia de las propietarias originales a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, el inmueble fue vendido primero a Apolo Real State S.L., luego a la promotora Intedisa y, finalmente, al fondo Elix Rental Housing. Este fondo, que gestiona varios bloques residenciales en Madrid, está vinculado al grupo de inversión AltamarCAM Partners, dirigido por Claudio Aguirre, primo de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.

El Sindicato de Inquilinas señala a Elix Rental Housing como responsable de otros desalojos, como el ocurrido en Tribulete 7, en Lavapiés, donde la empresa enfrenta cargos por acoso inmobiliario. Desde la organización advierten que los fondos de inversión no solo especulan con las viviendas, sino también con los negocios de barrio, y subrayan la importancia de defender el derecho de quienes viven y trabajan en la ciudad.

Los precios disparados del alquiler en España y el auge del arrendamiento de habitaciones y de pisos turísticos han aumentado el número de inquilinos que optan por subarrendar de forma ilegal la vivienda en la que viven sin que lo sepa su propietario.

Cada vez son más frecuentes los casos de caseros que descubren que su vivienda en renta aparece anunciada en plataformas de alquiler vacacional o que el inquilino está obteniendo beneficios económicos alquilando habitaciones por días o semanas. Todo ello, sin consentimiento del casero y, en muchos casos, vulnerando tanto la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como las normativas municipales y autonómicas.

El fenómeno se ha intensificado especialmente en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, donde la elevada demanda de vivienda y el auge del alquiler turístico han convertido algunos contratos de larga duración en auténticos negocios paralelos.

Qué es el subarriendo y cuándo es ilegal

El subarriendo se produce “cuando el inquilino de una vivienda cede el uso total o parcial del inmueble a un tercero a cambio de una renta, sin ser el propietario de la vivienda”, explica Manuel Hernández García, director y socio del Bufete Vilches Abogados.

La legislación española distingue entre dos tipos principales: el subarriendo total y el parcial. El primero ocurre cuando el inquilino abandona la vivienda y la alquila íntegramente a otra persona. Esta práctica está expresamente prohibida por la Ley de Arrendamientos Urbanos salvo autorización escrita del propietario. En otras palabras, si el contrato no lo permite, el inquilino no puede hacerlo legalmente.

El subarriendo parcial, como el alquiler de habitaciones, podría llegar a permitirse, pero únicamente si el propietario lo ha autorizado de forma expresa. Si el contrato no dice nada sobre esta posibilidad o la prohíbe, también se considera incumplimiento contractual.

Castigo para el casero

Uno de los focos más habituales de conflicto es el alquiler turístico encubierto. En estos casos no solo entra en juego la legislación estatal, sino también las normativas autonómicas y municipales sobre viviendas turísticas. “En la mayoría de ciudades, este tipo de uso está prohibido sin licencia y, desde luego, sin autorización del propietario”, explica Manuel Hernández.

Si el inmueble se explota turísticamente sin autorización, las sanciones al alquilado pueden alcanzar miles de euros e incluso afectar al propietario si las autoridades consideran que existió tolerancia, falta de control o que no actuó con rapidez.

“Lo mejor para el propietario es actuar en cuanto lo detecte o lo sospeche y dejar constancia de que no lo ha consentido. Luego, si es necesario, puede iniciar acciones legales", recomienda Manuel Hernández García.

Cómo descubrir un subarriendo ilegal

Detectar un subarriendo ilegal no siempre resulta sencillo, ya que el propietario no tiene acceso directo al día a día de la vivienda. Sin embargo, existen indicios que pueden revelar que algo no encaja.

Uno de los más habituales es la entrada y salida frecuente de personas desconocidas en estancias cortas. También puede levantar sospechas comprobar que el inquilino titular apenas reside en la vivienda o que ha trasladado su domicilio habitual a otro lugar.

Otro indicio claro es localizar anuncios del inmueble en portales de alquiler vacacional o redes sociales. Aunque no aparezca la dirección exacta, las fotografías, el mobiliario o ciertos detalles permiten identificar fácilmente la vivienda.

Además, las quejas vecinales suelen desempeñar un papel clave. Muchas comunidades detectan rápidamente el uso turístico irregular por el aumento de ruidos, molestias o incumplimientos de normas de convivencia.

Pasos a dar por el propietario para evitar sanciones

Cuando el casero sospecha que existe un subarriendo ilegal, el primer paso debe ser revisar detenidamente el contrato de arrendamiento. En la mayoría de los casos, estos contratos prohíben expresamente el subarriendo o lo condicionan a autorización previa y por escrito.

Una vez confirmada la irregularidad, lo habitual es enviar un requerimiento formal al inquilino mediante burofax o comunicación fehaciente. En este escrito se solicita el cese inmediato de la actividad y se advierte de las consecuencias legales en caso de incumplimiento.

Si el problema persiste, el propietario puede resolver el contrato de alquiler al amparo del artículo 27 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esto permite exigir la devolución de la vivienda e incluso iniciar un procedimiento judicial de desahucio.

Consecuencias para el inquilino: desahucio, pérdida de fianza y multas

Las repercusiones para el inquilino pueden ser importantes. La más frecuente es la resolución inmediata del contrato y la obligación de abandonar la vivienda. Además, el propietario puede retener total o parcialmente la fianza si existen daños o incumplimientos.

En los casos relacionados con alquiler turístico ilegal, las administraciones públicas también pueden imponer sanciones económicas elevadas. Dependiendo de la comunidad autónoma y del municipio, las multas pueden ascender a varios miles de euros.

El inquilino también podría responder por los daños ocasionados a terceros, especialmente si el subarriendo ha generado molestias graves en la comunidad o desperfectos en el inmueble. Otro aspecto relevante es la situación de las personas subarrendadas. Aunque hayan pagado por alojarse en la vivienda, no mantienen una relación contractual directa con el propietario. Por ello, cuando se resuelve el contrato principal, también deben abandonar el inmueble.

Independientemente de la edad, la profesión o el lugar de residencia, el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema de la población en España, muy por encima de las dificultades económicas, la sanidad o la calidad del empleo, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Comprar una casa hoy resulta más caro que en cualquier década pasada, excepto durante el auge de la burbuja inmobiliaria, de forma que ahora se necesitan siete años y medio de salario íntegro para comprarla, frente a los tres años y medio que se requerían en 1997. En cambio, los salarios no evolucionan en consonancia con la subida de precios de la vivienda.

Acceder a un alquiler también es cada vez más difícil, no solo por el elevado coste que implica, sino por la proliferación de viviendas turísticas. Muchos propietarios optan por esta opción atraídos por una mayor rentabilidad, lo que disminuye la disponibilidad de viviendas para uso residencial y encarece los precios para quienes buscan alquilar de forma permanente.

Ante este escenario —y después de que el pasado mes de abril el Congreso tumbara la prórroga de los alquileres con los votos en contra del PP, Vox y Junts y la abstención del PNV—, decenas de organizaciones sociales y colectivos de vivienda, como el Sindicato de Inquilinas, han convocado a una movilización masiva este 24 de mayo en Madrid para exigir una bajada de precios, mayor protección frente a los desahucios y una regulación efectiva que garantice el acceso a una vivienda digna. La de este domingo es solo la primera de muchas protestas que hay convocadas esta primavera por todo el país.

“El domingo salimos a las calles en el inicio de una oleada de movilizaciones para decir que la vivienda nos cuesta la vida y que no tendría por qué ser así. En Madrid ya dedicamos el 70% de nuestro salario al alquiler, por lo que sufrimos una gran precariedad económica, y ni siquiera tenemos estabilidad, porque cada cinco años nos pueden echar de casa [cuando termina el contrato] simplemente para especular”, dice en conversación con Infobae Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, que también alerta sobre el aumento de la infravivienda y las situaciones de hacinamiento que afectan a numerosas familias.

La crisis de vivienda, señala la activista, impacta tanto en la salud física como en la mental, ya que la dificultad para acceder a una vivienda mantiene de forma constante “la ansiedad, el miedo y la incertidumbre”. “Ya no se puede elegir ni dónde ni con quién vives, y mientras nuestras vidas se van precarizando”, critica.

Rentistas y un sistema que lo permite

El Sindicato de Inquilinas responsabiliza de la crisis de vivienda a los rentistas, a quienes acusa de acaparar viviendas y disparar los precios para lucrarse con la especulación. Además, señala que este escenario es posible por “un sistema que lo permite, incluyendo leyes, gobiernos y el aparato judicial y policial, que protegen los intereses de una minoría mientras dificultan el acceso a la vivienda para la mayoría”. “Nos están intentando dividir para desviar la atención de los verdaderos responsables de la crisis de vivienda con una estrategia que busca enfrentar a distintos colectivos, como migrantes, pensionistas o personas que recurren a la ocupación de viviendas vacías, mientras la raíz del problema sigue intacta”, sostiene Del Río.

Frente a esta situación, el Sindicato de Inquilinas destaca la unidad del colectivo y el respaldo social creciente, también entre propietarios e hipotecados que sufren las consecuencias de la especulación, “viendo cómo la vida de sus comunidades, de sus amigos y de sus barrios queda destrozada”. Por todo ello, las organizaciones llaman a movilizarse este domingo para defender que la vivienda “debe estar al servicio de las personas y no del lucro y para avanzar hacia un modelo donde las casas sean para vivir y no para especular”.

Ivan Giesen calcula que en los 27 años que lleva viviendo en alquiler en el número 153 de la calle Ramon Turró, en el barrio barcelonés de Poblenou, ha pagado unos 140.000 euros. Pero desde 2020, una vez agotadas las prórrogas del contrato, la empresa propietaria del bloque, Maramca S.L., mantiene su negativa a cualquier acuerdo de renovación y ahora enfrenta una orden de desahucio para el 5 de junio. De nada han servido ni sus gestiones personales ni la intermediación del Sindicat de Llogateres, que denuncia que la empresa está incumpliendo la obligación de reservar al menos seis viviendas del edificio para protección oficial, tal como exigen la reforma aprobada en 2015 y la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) del 22@, un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona para transformar el antiguo Poblenou industrial en una nueva zona residencial.

Varios testimonios de vecinos que han llegado recientemente al edificio y la localización de anuncios en plataformas digitales indican que hay pisos de unos 50 metros cuadrados alquilándose a 1.700 euros mensuales, critica el sindicato, “unos precios que no cuadran en absoluto con los de la vivienda de protección oficial ni con la regulación de precios del alquiler”. El caso de Ramon Turró 153, sostiene la organización, apunta a un doble incumplimiento: viviendas que deberían estar vinculadas a protección pública y pisos que se estarían alquilando por encima de los topes legales. “Es una gran paradoja: un plan urbanístico impulsado con la justificación de hacer vivienda protegida acaba expulsando a vecinos sin dar ni rastro de esta protección”.

Cuando Maramca S.L. heredó la finca en 2012, explica el sindicato, había 10 viviendas y 9 estaban habitadas, pero poco después dejó de renovar contratos y promovió una reforma aprobada en 2015, que permitió aumentar el número de pisos de 10 a 16 gracias a mayor edificabilidad. Por ello, la organización pide al Ayuntamiento de Barcelona que inspeccione la ejecución del Plan de Mejora Urbana del edificio, mientras que reclama a la Generalitat de Catalunya y a la Agència de l’Habitatge que actúen “ante los probables incumplimientos de la regulación de precios del alquiler y de las obligaciones vinculadas a las viviendas protegidas”.

“Un caso claro de especulación”

Giesen lamenta que la empresa nunca haya querido negociar, aunque “ahora entiende el motivo”, porque ha empezado a alquilar algunos de los nuevos pisos a precios mucho más elevados que los 730 euros que pago actualmente. Les sale muy rentable”, cuenta en conversación con Infobae. Este inquilino, de 68 años y origen belga, no se hace a la idea de abandonar el barrio donde ha vivido durante casi tres décadas y asegura que no puede permitirse otras opciones en la ciudad debido a los elevados precios. Adquirir una vivienda en Barcelona, que cerró 2024 con un precio medio de venta de 689.800 euros para pisos de unos 83 metros cuadrados, cuesta actualmente un 9,8% más que hace un año.

“Yo he hecho un esfuerzo para pagar el alquiler y, al final, tengo la sensación de que me echan sin una justificación. A estas alturas debería estar pensando en mi jubilación y todavía no lo puedo hacer. Este es un modelo que no protege a la gente inquilina”, lamenta. Giesen cuenta que de la finca original prácticamente ya no queda casi nadie del vecindario histórico: solo siguen viviendo en ella dos vecinas con renta antigua y él, mientras el resto de las viviendas se encuentran vacías, reformadas o alquiladas a nuevos inquilinos a precios desorbitados.

El Sindicat de Llogateres sostiene que el caso de Ramon Turró 153 muestra cómo una operación vinculada al 22@ ha provocado la expulsión de inquilinos y el alquiler de viviendas a precios muy por encima de los regulados. Señala, además, que 11 años después de la reforma, la obligación de destinar las nuevas viviendas a protección oficial sigue sin cumplirse, pese a lo que establece la normativa.

Casi nueve de cada 10 argentinos (87%) considera que su sueldo no alcanza para cubrir sus necesidades básicas, a la vez que siete de cada 10 (74%) afirma que su poder adquisitivo empeoró en los últimos meses, un salto de 16 puntos frente a 2025, según detalló el último informe del portal del empleo Bumeran. El dato ubica al país entre los peores registros de la región, solo por detrás de Panamá y Ecuador.

La restricción se ve también en la duración del ingreso mensual. El 73% de los trabajadores argentinos dice que el sueldo no le dura más de dos semanas: el 28% usa todo su salario para pagar cuentas apenas cobra, el 21% asegura que solo le alcanza para dos semanas, el 15% para menos de una semana y el 9% para una semana. Solo el 9% afirma que el salario le dura todo el mes. Entre quienes identifican su principal gasto, el 44% menciona el alquiler, el 27% alimentos, el 16% pago de deudas, el 5% educación, el 3% salud, el 3% transporte y el 2% otros consumos.

“La desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real. Después de varios años de pérdida acumulada del poder adquisitivo, las personas trabajadoras siguen destinando gran parte de sus ingresos a necesidades básicas como el alquiler y los alimentos”, señaló Federico Barni, CEO de Bumeran.

Y agregó: “Hoy el desafío ya no pasa solamente por ‘ganarle a la inflación’, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad”. También sostuvo que “la percepción social del salario suele recuperarse más lentamente que los indicadores macroeconómicos porque las personas evalúan su situación cotidiana: cuánto duran sus ingresos, si pueden ahorrar o endeudarse menos y si sienten capacidad de proyectar”.

En la comparación regional, Panamá encabeza la proporción de trabajadores que consideran insuficiente su salario con el 92%, seguido por Ecuador con el 90%, Chile con el 87% y Perú con el 83%. En gasto principal, el alquiler también domina en Chile con el 57%, en Perú con el 38%, en Ecuador con el 36% y en Panamá con el 32 por ciento.

Nueve de cada 10 trabajadores no ahorran

El estudio también revela que nueve de cada 10 trabajadores argentinos no puede ahorrar, un punto porcetual por encima del registro de 2025. Entre quienes no logran hacerlo, el 54% lo atribuye a que el salario no es suficiente, el 19% a que tiene deudas, el 12% a que debe cubrir necesidades básicas, el 11% a que enfrenta muchos gastos y el 3% a otros motivos.

Entre quienes sí ahorran, la mayoría lo hace en proporciones reducidas. El 33% dice que guarda entre el 5% y el 10% de su sueldo, el 28% menos del 5%, el 15% entre el 15% y el 25%, y el 14% más del 25 por ciento.

Cuando queda dinero disponible, el 30% lo invierte en fondos de inversión, el porcentaje más alto de la región. Otro 16% compra dólares o moneda extranjera, otro 16% lo destina a otras opciones, el 15% compra acciones o bonos, el 15% lo deja en una cuenta de ahorro bancaria y el 10% lo coloca en un plazo fijo.

A su vez, el estudio destaca que el 77% de las personas trabajadoras en Argentina reconoce tener algún tipo de deuda, cinco puntos más que en 2025, cuando el 72% declaraba esa situación. En el resto de la región, la incidencia es todavía mayor: Ecuador registra 93%, Panamá 92%, Chile 91% y Perú 82 por ciento.

Ante la pregunta sobre si les gustaría recibir un aumento, el 100% de los encuestados respondió que sí. El 46% de los consultados respondió que el destino principal de esa mejora sería para pagar deudas, el 22% lo destinaría al ahorro, el 15% a alimentación y recreación, el 13% a inversiones y el 3% a otros fines.

El número de locales vacíos en las principales áreas comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una suba de 30,7% en el bimestre marzo-abril de 2026 en comparación con el mismo período de 2025, de acuerdo con un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

En las zonas relevadas de la CABA se detectaron 277 locales en venta, alquiler o cerrados durante el segundo bimestre de 2026. En comparación con el bimestre enero-febrero de 2026, el informe marcó una baja de 2,5%, ya que en ese período se registraron 284 locales. Pero en relación con el 2025, la suba en la vacancia es relevante. Esta merma se adjudica a las dificultades de ventas que atraviesan muchos comerciantes, motivo por el cual deciden cerrar, y a que, por las mismas razones, muchos optan por continuar con la venta pero sólo de forma online.

El análisis de los locales en alquiler y venta mostró comportamientos diferenciados según categoría. En alquiler, se registró una suba de 5,7% respecto del bimestre anterior. En la comparación interanual con marzo-abril de 2025, el incremento alcanzó 102,2%. En los locales en venta, se observó una baja de 27,8% en relación con enero-febrero de 2026 y un descenso de 40,9% en comparación con el mismo período de 2025.

El relevamiento de la CAC, realizado desde 2014, incluye principales arterias comerciales porteñas y mide variaciones por zonas y tramos. En la Avenida Rivadavia se registraron retrocesos en los tramos 2000-2800, 4900-5400, 6300-7400 y 11000-11600. En la Avenida Corrientes, en tanto, se observaron bajas en el tramo 200-6800. Y en Avenida Avellaneda también se registró un retroceso en el tramo 2800-3800.

En contraste, el informe registró avances bimestrales en la Avenida Pueyrredón entre 0 y 1200, en la peatonal Florida, en la Avenida Santa Fe entre 700 y 5300, en la Avenida Córdoba entre 4000 y 5300 y en la Avenida Cabildo entre 4800 y 5500.

El relevamiento también incorporó información sobre la ciudad de La Plata a partir de datos elaborados por la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE), analizados por la CAC. En la capital bonaerense, durante el bimestre marzo-abril de 2026, se registró un aumento de 100% en el número de espacios inactivos, que incluyeron locales en venta, alquiler, clausurados o cerrados, en comparación con el mismo período de 2025.

En relación con el bimestre enero-febrero de 2026, se observó una suba de 28,6% en los espacios sin actividad comercial. Durante los primeros cuatro meses de 2026 se detectaron un total de 18 espacios sin actividad comercial en las áreas relevadas.

El comportamiento de los indicadores mostró variaciones entre ciudades y corredores comerciales. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los resultados mostraron diferencias entre avenidas y tramos, con subas en algunos puntos y bajas en otros, según el período comparado. En La Plata, el relevamiento mostró un incremento tanto interanual como bimestral en la cantidad de espacios sin actividad.

Este aumento de la vacancia se produce en momentos en que las ventas de los comercios minoristas se contraen mes a mes. El último relevamiento de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reveló que en abril los comercios pymes tuvieron una contracción de ventas del 3,2% interanual, en tanto que la evolución mensual también evidenció una merma del 1,3 por ciento. Así, las ventas en lo que va del año acumulan una caída del 3,5 por ciento.

Los retrocesos se localizaron principalmente en Bazar y decoración (-12,3%); Perfumería (-7,2%) y Ferretería, materiales eléctricos y para la construcción (-4,2%). El segmento de Farmacia constituyó la única excepción, con una variación positiva del 6,1 por ciento.

El mercado inmobiliario de Oakland, California atraviesa uno de los momentos más turbulentos de los últimos años, situándose entre las ciudades estadounidenses con las mayores caídas en el valor de las viviendas. Según los últimos datos de Zillow, la ciudad ha experimentado un descenso de más del 11% en el valor medio de las viviendas en el último año, corregido por inflación. Este desplome coloca a Oakland al mismo nivel que Cape Coral, compartiendo el liderazgo en la reducción de precios a nivel nacional. Actualmente, el valor promedio de una vivienda en Oakland ronda los 716.000 dólares, reflejando el profundo impacto de la tendencia bajista.

Factores que explican la caída: tasas hipotecarias, asequibilidad y demanda

La desaceleración del mercado inmobiliario en Oakland tiene raíces claras. El detonante principal fue el aumento abrupto de los tipos de interés hipotecarios en 2022, lo que redujo la asequibilidad para muchos potenciales compradores. Esta subida de tasas encareció las cuotas mensuales y desincentivó la demanda, al tiempo que limitó el acceso de nuevos propietarios. Los datos de Zillow muestran que el ajuste de precios no es aislado, sino una respuesta directa a la nueva realidad financiera impuesta por la política monetaria.

El encarecimiento del crédito afectó tanto a quienes buscaban adquirir vivienda como a quienes pretendían venderla. Los compradores, enfrentando mayores costes y una oferta que ya no se ajusta a sus posibilidades, han reducido su participación en el mercado. Al mismo tiempo, los vendedores se ven obligados a reconsiderar sus expectativas de precio para atraer interés real.

En la última década, el mercado de Oakland había mostrado un crecimiento sostenido, impulsando las expectativas de revalorización. Sin embargo, la reciente caída ha revertido parte de ese avance: desde 2019, el valor de las viviendas en la ciudad ha descendido casi un 30% cuando se ajusta por inflación.

Cambios en el comportamiento de vendedores y compradores

El ajuste en los precios ha transformado la dinámica entre vendedores y compradores. Según la agente inmobiliaria Beth Tehrani, de Redfin, las casas permanecen más tiempo en el mercado y se venden a precios más bajos. Los vendedores, antes acostumbrados al auge de la pandemia y al rápido crecimiento de los precios, han tenido que adaptarse a una realidad menos favorable.

Tehrani señala que muchos propietarios mantenían la mentalidad de los años previos a 2020, esperando ventas rápidas y buenas ofertas, pero ahora comprenden que si no ajustan el precio a las condiciones actuales, la propiedad puede permanecer sin vender durante meses. Esta nueva actitud ha obligado a los vendedores a ser más flexibles y realistas, mientras que los compradores aprovechan la coyuntura para negociar con mayor margen.

El poder de negociación ha cambiado de manos en muchos casos, beneficiando a quienes buscan adquirir vivienda y están en condiciones de aprovechar los precios a la baja. Sin embargo, el acceso sigue limitado por los elevados costes de financiación.

Incertidumbre y estrategias de propietarios ante el mercado

La incertidumbre se ha instalado entre los propietarios de Oakland, quienes adoptan distintas estrategias para enfrentar el contexto adverso. Un ejemplo es el de Frank, residente de las colinas del sur de Oakland, que prefiere no revelar su apellido ni dirección hasta poner su casa a la venta formalmente. Frank está renovando su propiedad y se muestra dispuesto a esperar hasta que el mercado se estabilice, incluso si los precios continúan descendiendo en el corto plazo.

La disposición a esperar es una estrategia que gana adeptos entre aquellos que no tienen urgencia por vender y pueden soportar financieramente un periodo de inactividad. Otros, en cambio, optan por ajustar rápidamente sus expectativas y aceptar ofertas menores para evitar mayores pérdidas si el mercado sigue cayendo.

Los agentes y analistas coinciden en que la preocupación por la delincuencia, el deterioro del centro y los cambios en las preferencias de los compradores contribuyen a la sensación de volatilidad e imprevisibilidad.

Diferencias entre barrios y sectores inmobiliarios en Oakland

El impacto de la caída de precios no es homogéneo en toda la ciudad. Mientras que el centro de Oakland y los barrios con alta concentración de condominios han sufrido los descensos más pronunciados, zonas como Rockridge y Temescal muestran mayor resistencia. En estos últimos barrios, considerados de alto poder adquisitivo, algunas viviendas siguen recibiendo múltiples ofertas, lo que demuestra que la demanda persiste en sectores específicos.

El mercado de condominios en el centro, según Tehrani, es uno de los más afectados. Muchas propiedades construidas antes de la pandemia llevan más de 90 días desocupadas, lo que evidencia la dificultad para encontrar compradores en ese segmento.

Ejemplos concretos de ventas recientes y pérdidas

Las transacciones recientes ilustran la magnitud de la crisis. Una vivienda cerca del lago Merritt se vendió a finales del año pasado con una pérdida aproximada de 150.000 dólares, después de que el propietario temiera una mayor caída de precios. Este tipo de situaciones se repite en varios barrios, donde la presión por vender antes de nuevas depreciaciones lleva a aceptar ofertas muy por debajo de las expectativas iniciales.

Perspectivas y expectativas de propietarios y expertos

A pesar del panorama complicado, algunos propietarios mantienen una visión optimista respecto al atractivo de los barrios más deseados de Oakland. Frank observa que muchas casas siguen saliendo al mercado y, aunque no todas se venden rápido, aquellas que logran cerrar operación alcanzan precios satisfactorios para los vendedores.

Los expertos en vivienda destacan que, aunque los compradores tienen mayor margen de negociación en ciertas zonas, el acceso a la propiedad sigue condicionado por factores externos, especialmente los costes de financiación.

Efecto de los altos tipos de interés en la accesibilidad a la vivienda

El principal obstáculo para la recuperación del mercado inmobiliario de Oakland sigue siendo el elevado nivel de los tipos de interés hipotecarios. Esto mantiene las cuotas mensuales fuera del alcance de muchos potenciales compradores, limitando la reactivación de la demanda y prolongando la debilidad del sector.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en la calle 5, entre 42 y 43, a metros de la Terminal de Ómnibus de la ciudad. Según relató la propietaria, el individuo ingresó al departamento el lunes alrededor de las 13:45 horas, tras abonar la estadía en efectivo y justificar su viaje alegando la muerte de su padre.

Posteriormente, solicitó extender la reserva una noche más. Sin embargo, el miércoles por la mañana, la mujer descubrió el robo al acudir para recibir las llaves. “Cuando fui a recibir las llaves a las 09:00 horas, me encontré con el departamento vacío”, afirmó la denunciante.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, el inventario de lo robado incluye dos televisores de 50 pulgadas marca BGH, dos mesas de centro, ocho sillas —seis de tipo Pampa con tapizado color cian y dos de exterior—, cortinas, dos veladores y un juego de sábanas.

Además, en la denuncia también se detalló la ausencia de una pava eléctrica, una sandwichera, un juego de ollas y un set de cubiertos, ambos de la marca Tramontina.

Todo el accionar del acusado quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio, lo que permitió a la propietaria constatar el saqueo. Según la mujer, la denuncia fue realizada ante la aplicación, pero la plataforma respondió que “lo único que te pueden reconocer es si alguien se llega a accidentar adentro del departamento, si te llegan a robar, no se hacen cargo de eso”.

De esta manera, la denunciante destacó que la empresa no exige datos como domicilio o DNI a los inquilinos, lo que, según su testimonio, facilitó el engaño. “Yo tendría que haberle pedido. Me dijo que había venido por la muerte de su papá y terminé confiando”, relató.

Mientras tanto, la propietaria debía preparar el departamento para el siguiente inquilino, previsto para el sábado. Al limpiar el lugar, notó indicios del reciente robo, como una botella de agua y pelos en la cama. A raíz de este hallazgo, la Comisaría Segunda de La Plata le indicó que convocaría a la Policía Científica para intentar levantar huellas del sospechoso.

Arrestaron en Avellaneda a un hombre acusado de robar $7.000.000 frente a un banco en La Plata

Un hombre de 41 años fue arrestado en Avellaneda tras ser señalado como el presunto autor de un robo de $7.000.000 ocurrido el 24 de abril frente a una sucursal bancaria en La Plata. El acusado fue identificado a través del análisis de imágenes de cámaras de seguridad municipales, lo que permitió a la Policía localizar el vehículo utilizado, un Ford Fiesta Max negro, y proceder a su detención.

El hecho investigado se produjo cuando un hombre de 35 años estacionó su Volkswagen Amarok alrededor de las 13:20 horas en la calle 44 entre 29 y 30 de La Plata. Al regresar, descubrió que habían sustraído un morral negro con alrededor de $7.000.000 y documentación personal.

Durante el procedimiento de captura, la Policía recuperó más de $1.000.000 en efectivo, además del vehículo utilizado en el hecho y varios teléfonos celulares. Estos elementos fueron incautados como parte de la investigación en curso, según se informó oficialmente.

La detención y el secuestro de pruebas forman parte de una causa que permanece bajo la órbita de la UFIJ N° 11 del Departamento Judicial La Plata. Finalmente, el acusado quedó alojado en una dependencia policial y se confirmó que cuenta con antecedentes por hurto, robo agravado y resistencia a la autoridad.

Sin embargo, las autoridades mantienen abierta la pesquisa para determinar la posible implicancia de otras personas en el robo y para intentar recuperar el monto total sustraído. El aprehendido permanece a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa para esclarecer el hecho y dar con los eventuales cómplices.

La propuesta de “fianza arrendaticia” impulsada por el Congreso forma parte de un proyecto de ley que busca regular de manera más clara y estandarizada las garantías en los contratos de alquiler de inmuebles. No es una figura completamente nueva (porque ya existen garantías en la práctica), pero sí pretende formalizarla, limitarla y darle reglas más precisas dentro del Código Civil.

La propuesta de regular la fianza arrendaticia parte de una preocupación legítima: ordenar un mercado de alquiler marcado por la informalidad, la falta de reglas claras y conflictos recurrentes entre propietarios e inquilinos. Sin embargo, el debate no debería centrarse únicamente en cuánto se paga de garantía, sino en un problema más profundo: la desconfianza estructural que define las relaciones contractuales en el país.

En teoría, limitar la fianza -como ocurre en países como España o Francia- busca proteger al inquilino de exigencias excesivas y facilitar el acceso a la vivienda. Pero estos modelos funcionan porque están acompañados de instituciones que reducen la discrecionalidad: depósitos en entidades externas, reglas claras de devolución y mecanismos rápidos de resolución de disputas. No es solo regulación, es infraestructura de confianza que permite que las reglas se cumplan sin fricciones excesivas.

En el Perú, en cambio, el riesgo es replicar solo la forma, sin el fondo. Establecer un tope a la fianza sin resolver quién controla el dinero, cómo se prueba un daño o en qué plazos se devuelve, puede terminar generando más conflicto. En un entorno donde la informalidad es alta y la confianza en terceros es limitada, cualquier intento de regulación que dependa excesivamente de la buena fe o de intermediarios débiles corre el riesgo de diluirse en la práctica.

Tampoco es suficiente apostar únicamente por la libertad contractual. En mercados desordenados, la flexibilidad suele beneficiar a quien tiene mayor poder de negociación, lo que puede traducirse en condiciones opacas o desequilibradas. A su vez, el extremo opuesto, una regulación rígida sin mecanismos efectivos de cumplimiento, puede desalentar la oferta, elevar las barreras de acceso y empujar aún más transacciones hacia la informalidad.

El verdadero desafío está en cerrar el espacio de ambigüedad que hoy define la relación entre arrendador e inquilino. Esto implica pasar de contratos basados en declaraciones a contratos basados en evidencia: inventarios detallados, registros verificables del estado del inmueble y reglas automáticas de devolución sujetas a plazos claros. Más que confiar en las personas, se trata de diseñar procesos que funcionen incluso cuando nadie confía en nadie.

Asimismo, es clave alinear los incentivos. Un sistema que penalice la retención injustificada de la garantía, pero también el incumplimiento evidente del inquilino reduce el margen para el abuso de cualquiera de las partes. El objetivo no es eliminar el conflicto, algo inevitable en cualquier mercado, sino hacerlo predecible, acotado y resoluble sin costos excesivos.

La discusión sobre la fianza arrendaticia debería ampliarse. No se trata solo de proteger al inquilino o al propietario, sino de construir un sistema donde ninguno pueda abusar sin asumir consecuencias. Sin mecanismos que conviertan el conflicto en un proceso objetivo, cualquier reforma corre el riesgo de ser meramente declarativa.

En un país donde la desconfianza es la norma, la clave no está en elegir entre intervención o libertad, sino en crear reglas que reduzcan la necesidad de confiar. Solo así el mercado de alquiler podrá avanzar hacia mayor formalidad, previsibilidad y equilibrio, generando beneficios sostenibles tanto para quienes ofrecen vivienda como para quienes la necesitan.

Mariano Ordaz, pensionista de 67 años que reside en el barrio madrileño de Embajadores, conoce bien lo que implica convivir con el miedo y la angustia a quedarse sin hogar. Ha superado cuatro intentos de desahucio en el piso donde ha residido toda su vida, propiedad de la Venerable Orden Tercera de San Francisco (VOT), y este jueves vuelve enfrentarse a una nueva amenaza de expulsión. En la pandemia se quedó sin trabajo y no pudo pagar las subidas del alquiler que le pedía la orden católica, dueña de otro centenar de pisos en la capital, por lo que terminó con una orden de desalojo. Ordaz explica que la venerable orden nunca ha querido negociar un alquiler social, a pesar de que podría hacer frente al pago de esa renta con su pensión. Ahora, por quinta vez, teme quedarse en la calle.

“He hecho el equipaje por si finalmente tengo que marcharme, pero no tengo otro lugar al que ir, no cuento con alternativa habitacional. Si me echan, supongo que los servicios sociales me llevarán a un albergue durante unos días pero, después de eso, no sé dónde podría vivir. Lo veo muy crudo”, explica preocupado a Infobae. Ordaz asegura que, a pesar de haber superado cuatro intentos de desahucio, “la angustia nunca desaparece”, porque sabes que pronto habrá una fecha de desalojo.

Desde el Sindicato de Inquilinas, organización que ha logrado paralizar los anteriores intentos de este desahucio y pide de nuevo apoyo, advierte que el de este jueves va más allá de la situación de Mariano. “Esto no va solo de Mariano, sino de todos, del pequeño comercio, del barrio, de los vecinos y vecinas. Mariano es el muro de contención que no se puede derrumbar porque mañana puede ser cualquiera”, explica la organización. El sindicato ha organizado una vigilia este miércoles a las 19:30 horas frente a la vivienda de Ordaz, en la calle Carnero 1 (metro Puerta de Toledo), para manifestarse “contra el rentismo” y convoca a la ciudadanía para este jueves a las 8:00 de la mañana con el objetivo de evitar el desahucio.

La organización denuncia que la orden franciscana no es un pequeño propietario, sino una entidad “con un vasto patrimonio inmobiliario exento de impuestos y gestora de centros sanitarios como el Hospital VOT San Francisco de Asís”. “Se trata de un nuevo caso de rentismo religioso en el que, a pesar de tener recursos de sobra para garantizar un alquiler digno, prefieren utilizar el deterioro que ellos mismos han provocado para vaciar el edificio y rentabilizarlo”, sostienen.

Consecuencias de la caída de la prórroga de alquileres

La vivienda de Ordaz presenta graves deficiencias estructurales y de salubridad, hasta el punto de que el pasado mes de noviembre el techo de la cocina colapsó debido al deterioro causado por las humedades, lo que obligó a reforzar esa zona y parte del baño para prevenir accidentes. La orden religiosa sostiene que el edificio requiere reformas y que por ese motivo solicita el desalojo, aunque el Sindicato de Inquilinas insiste en que el “lamentable estado” del inmueble se debe a la falta de mantenimiento por parte de la VOT.

El caso de Mariano, critica la organización, “es una de las consecuencias inmediatas de la moratoria antidesahucios que paralizaron PP, Junts y Vox” el pasado 28 de abril en el Congreso de los Diputados. El decreto de ley permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2% las actualizaciones anuales de renta, pero los votos en contra de estos tres partidos y la abstención del PNV impidieron su aprobación.

Por todo ello, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado una primavera de movilizaciones y ha convocado la primera gran manifestación para el próximo 24 de mayo en Madrid. “La vivienda no puede costarnos la vida”, concluyen.

Según informó Andina Noticias, este mecanismo judicial permite ejecutar el lanzamiento del arrendatario en un plazo significativamente menor al de un proceso tradicional. El juez supremo titular Ramiro Bustamante explicó que el procedimiento puede concretarse en solo 15 días una vez emitida la orden correspondiente.

El magistrado precisó que este sistema busca evitar las demoras habituales de los juicios de desalojo y reducir las maniobras dilatorias que suelen extender los procesos durante varios años. En ese sentido, destacó que el mecanismo fue diseñado para ofrecer mayor celeridad y seguridad jurídica a los propietarios afectados por incumplimientos de pago.

Requisitos para un desalojo express

De acuerdo con Bustamante, para acogerse al proceso especial de desalojo express es indispensable que exista un contrato de arrendamiento por escrito y que este incluya una cláusula de allanamiento futuro.

Asimismo, indicó que el contrato debe contar con las firmas legalizadas notarialmente tanto del arrendador como del arrendatario. “Para que proceda este proceso especial de desalojo express, se necesita de un contrato escrito que tenga una cláusula de allanamiento a futuro y que además cuente con las firmas legalizadas notarialmente”, señaló en declaraciones recogidas por Andina Noticias.

El juez explicó además que este procedimiento solo puede aplicarse en situaciones específicas. Entre ellas figuran los casos en los que el inquilino deja de pagar dos meses y quince días de renta o cuando el contrato de alquiler ha vencido y el propietario no desea renovarlo.

Proceso se resuelve en un mes

A diferencia de los juicios tradicionales, que pueden prolongarse hasta por tres años, el desalojo express puede resolverse en aproximadamente un mes. Según detalló Bustamante, el trámite inicia cuando el juez admite la demanda y emite un auto de ejecución.

Posteriormente, el demandado cuenta con seis días para acreditar el pago de la deuda o demostrar que el contrato de arrendamiento continúa vigente. En caso de no presentar dichos documentos, el juzgado ordena el lanzamiento dentro de los 15 días posteriores.

“El desalojo express es un proceso especial que solo permite acreditar el pago de la renta o la prórroga del contrato. Si no se acreditan estas dos situaciones, se dispone el lanzamiento respectivo”, afirmó el magistrado. Bustamante también aclaró que intentos de conciliación o explicaciones del inquilino no suspenden el proceso judicial. Precisó que la única manera de detener el desalojo es cancelar la deuda pendiente con el propietario.

Medidas preventivas

Actualmente, el Poder Judicial tramita alrededor de 540 procesos de desalojo express, la mayoría de ellos en Lima. Según explicó el juez supremo, las apelaciones también son resueltas en plazos breves debido a la naturaleza célere del procedimiento.

“El mismo día de la vista de la causa se resuelve el expediente. Es decir, el trámite en segunda instancia dura aproximadamente 10 días”, indicó Bustamante para el citado medio, al destacar el trabajo realizado por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Finalmente, el magistrado exhortó a los propietarios a adoptar medidas preventivas al momento de elaborar contratos de arrendamiento. Recomendó incluir la cláusula de allanamiento futuro y legalizar las firmas ante notario para facilitar la aplicación de este mecanismo judicial en caso de incumplimiento. “Así, ante un incumplimiento, podrán acogerse a este trámite mucho más sencillo y célere”, concluyó.

La creciente brecha entre los alquileres vigentes y las rentas de mercado en Nueva York convirtió la movilidad residencial en una opción reservada para pocos a comienzos de 2026..

El informe del primer trimestre de 2026 de Realtor.com, citado por Mortgage Professional America, revela que el alquiler medio solicitado en la ciudad alcanzó los USD 3.616, con un incremento interanual de 6,2%, ubicando la diferencia respecto a los precios que pagan los inquilinos actuales por encima de los USD 1.750 al mes. Dejar un contrato previo deja de ser una elección para transformarse en una barrera económica.

Mudarse a un apartamento disponible exige, según Mortgage Professional America, soportar un salto de alquiler de USD 1.761 mensuales. Para mantener el gasto en vivienda dentro del umbral habitual del 30% de los ingresos, un hogar típico debería sumar más de USD 70.440 anuales, una cifra que excluye a gran parte de la población de la ciudad.

Las estadísticas muestran que este fenómeno afecta de manera heterogénea a los diferentes distritos. Manhattan lidera los aumentos, con un alquiler medio ofertado de USD 4.878, una suba interanual de 8,3% y un umbral de ingreso requerido que ronda los USD 195.120.

Brooklyn registra USD 3.985, Queens USD 3.427 y el Bronx USD 3.099, con aumentos acumulados en seis años que bordean o superan el 40%, salvo en Manhattan.

Divergencia de precios entre distritos de Nueva York

La magnitud de la diferencia es especialmente pronunciada en Manhattan y Brooklyn. En el primero, el alquiler contractual medio es de USD 2.333, frente a los USD 4.878 solicitados, lo que crea un diferencial de USD 2.545 mensuales. En Brooklyn, la distancia entre los USD 1.877 de contratos existentes y los USD 3.985 de nuevos anuncios alcanza los USD 2.108.

Incluso en el Bronx, según Realtor.com, considerado el distrito con alquileres iniciales más bajos en los listados oficiales de la plataforma, un residente que busca mudarse dentro del mismo barrio se enfrenta a un salto de USD 1.756 mensuales.

Esta realidad encuentra su raíz en la estructura del mercado inmobiliario local. Según Mortgage Professional America, el 42% del parque de alquiler de la ciudad está bajo régimen de renta estabilizada, con incrementos regulados por la agencia regulatoria Rent Guidelines Board.

El congelamiento de estos alquileres, propuesto por el alcalde Zohran Mamdani y previsto para octubre de 2026, ofrecería “un alivio inmediato” a cerca de un millón de hogares, pero, de acuerdo con el economista Jiayi Xu y citado por el mismo medio, “es una política con consecuencias a largo plazo que merecen un escrutinio serio”.

Congelamiento de rentas y efectos en el mercado

El efecto de esta política, advierte Xu, es ambivalente: al aliviar temporalmente la presión para quienes ya ocupan un piso estabilizado, obliga a otros inquilinos a permanecer en condiciones que los “protegen en papel, pero los encierran de facto”, ya que mudarse exigiría gastos imposibles de afrontar.

“El alquiler está tan alejado de lo que se pide actualmente que abandonar el apartamento dejó de ser una dificultad logística: es una barrera financiera casi infranqueable”, afirmó Danielle Hale, economista principal de Realtor.com, a Mortgage Professional America.

La experiencia en Nueva York refleja una dinámica donde, al igual que ocurre con los propietarios que fijaron hipotecas a tasas bajas durante la pandemia, los inquilinos veteranos se ven “encadenados” a antiguos contratos.

La perpetuación de este desacople entre precios históricos y de mercado amenaza con endurecer aún más el acceso a nuevos contratos y reducir la disponibilidad de unidades ofertadas.

Tendencia a nivel nacional y comparación con hipotecas

El fenómeno también se inscribe en una tendencia nacional: de acuerdo con una estimación respaldada por la Universidad de Harvard, cerca de la mitad de los inquilinos en Estados Unidos destina al menos 30% de sus ingresos a vivienda y servicios.

El efecto “lock-in” se fortalece tanto en el sector de alquiler como en el de compra, donde la persistencia de tasas hipotecarias altas disuade a quienes podrían cambiar de hogar, acentuando la rigidez del mercado inmobiliario en las grandes ciudades.

Tomar la decisión entre alquilar o comprar vivienda es, según Ben Felix, asesor y gestor financiero entrevistado en The Diary of a CEO, uno de los mayores desafíos económicos que enfrentan las personas a lo largo de su vida. En ese marco, la gestión financiera personal se vuelve un elemento central para evaluar alternativas con criterio y evitar decisiones que afecten el patrimonio en el largo plazo.

Analizar los costos ocultos, el impacto de la inflación y la rapidez de los cambios en el mercado laboral, impulsados por la inteligencia artificial, resulta cada vez más necesario para evitar errores que comprometan el patrimonio.

En un contexto donde la inflación reduce el poder adquisitivo y los trabajos evolucionan con rapidez, decidir entre alquiler y compra implica comparar impuestos, mantenimiento, capital inmovilizado y riesgos de devaluación.

Herramientas como la “regla del 5%” ayudan a comparar alternativas, pero no existen respuestas universales. Priorizar la diversificación del dinero y valorar la flexibilidad resulta clave para no perder recursos con el paso del tiempo.

Cómo aplicar la regla del 5% para decidir entre alquilar o comprar vivienda

“La decisión de alquilar o comprar es la más importante que la mayoría enfrenta en sus vidas”, enfatizó Felix en diálogo con Steven Bartlett. Para facilitar una comparación objetiva, explica la “regla del 5%”: sumar el costo de los impuestos a la propiedad, el mantenimiento anual y el costo de oportunidad del capital invertido. Ese conjunto suele equivaler al 5% del precio de la vivienda.

“Si divides el precio de la casa entre 5% y luego entre 12, obtienes el monto de alquiler mensual que iguala los costos irrecuperables de ser propietario”, explicó. Por ejemplo, para una vivienda de USD 135.000, el cálculo arroja un alquiler cercano a USD 562 mensuales. “Si puedes alquilar por USD 562 o menos, alquilar es financieramente preferible”, señaló el asesor en el podcast.

Este modelo permite identificar cuándo los gastos de alquilar y comprar son equivalentes. “He hecho modelos con proyecciones considerando los retornos de la bolsa y el crecimiento inmobiliario, y puedes demostrar fácilmente que existe una equivalencia financiera”, sostuvo.

Los gastos invisibles de ser propietario: impuestos, mantenimientos y más

Ser dueño de una vivienda implica afrontar gastos con frecuencia subestimados. “La gente suele olvidarse de los impuestos a la propiedad, el costo de capital y el mantenimiento”, advirtió Felix. Además, destacó que “el mantenimiento anual suele superar el 2% del valor de la vivienda y la gente tiende a subestimarlo”.

A estos gastos se suman reparaciones urgentes, como la sustitución de tejados o fallas en sistemas esenciales, lo que exige liquidez y obliga a mantener parte del dinero fuera de inversiones más rentables. Supervisar y coordinar el mantenimiento también representa una carga de tiempo.

La falta de flexibilidad que supone ser propietario también es un factor crítico. “Comprar limita tu movilidad y, si necesitas mudarte, puedes encontrarte atado o tener que aceptar pérdidas si el mercado cae”, señaló. Todos estos elementos conforman los llamados “costos irrecuperables”, esenciales en cualquier análisis.

El efecto de la inflación sobre el ahorro y el poder adquisitivo

La inflación es una amenaza constante para el valor real del dinero que no se invierte. “La inflación erosiona tu dinero si solo lo ahorras en efectivo; invertir en fondos indexados es lo único históricamente probado para superarla”, destacó.

Como ejemplo, si se mantiene USD 10.000 en efectivo durante 20 años con un 3% de inflación anual, el poder adquisitivo se convierte en apenas USD 5.336. “Tener todo en efectivo es una forma de riesgo: no hay retorno esperado y sí una pérdida real año tras año”, afirmó el asesor.

La vía eficiente para defenderse de la inflación, según Felix, es mantener una cartera globalmente diversificada. “El mercado accionario superó históricamente a la inflación. Diversificar ayuda a preservar e incrementar el capital aun en escenarios de incertidumbre”, indicó.

Cuáles son los errores financieros más comunes y cómo evitarlos

Entre los errores más habituales, mencionó no invertir suficientemente o esperar a tener todos los conocimientos antes de hacerlo: “No hace falta ser un experto; quienes comprenden lo básico y mantienen la disciplina a largo plazo suelen lograr mejores resultados”.

Otros fallos frecuentes incluyen no destinar recursos al desarrollo propio, retrasar el ahorro, carecer de metas claras, gastar en aspectos que no aportan valor real y dejarse llevar por la búsqueda de rentabilidades rápidas.

El componente psicológico es decisivo. “La mente tiende a buscar gratificación inmediata y a reaccionar mal ante la volatilidad, pero invertir exige visión de largo plazo”, subrayó el experto en The Diary of a CEO. Establecer objetivos concretos, revisar el plan financiero y evitar ajustes impulsivos son pasos básicos para no sabotear los propios avances.

El impacto de la economía y la inteligencia artificial en el futuro de tu dinero

La innovación tecnológica y los cambios económicos traen nuevos interrogantes para las finanzas personales. Felix subrayó que “la inteligencia artificial puede transformar el mercado laboral rápidamente, pero la clave es construir una combinación única de habilidades y adaptarse”.

La historia está llena de crisis y periodos de incertidumbre, pero el mercado accionario ha ofrecido retornos positivos a largo plazo. Para Felix, la prioridad radica en aquello que cada persona puede controlar: educación continua, planificación, ahorro y capacidad de adaptación frente a los cambios.

La estabilidad financiera se logra asumiendo el control sobre las propias decisiones, estableciendo planes realistas, respuestas ante imprevistos y objetivos claros a largo plazo. Son estos pilares, concluyó Felix en The Diary of a CEO, los que sostienen el crecimiento personal aun en escenarios de incertidumbre y transformación.

La fiscal general de Nueva Jersey Jennifer Davenport encabeza una coalición de 27 fiscales generales estatales que solicitó a la Comisión Federal de Comercio (FTC) la creación de regulaciones federales que exijan transparencia total de los costos en los contratos de alquiler de vivienda.

El pedido, presentado formalmente ante la FTC, busca poner fin a la práctica de los cargos ocultos y establecer un tope nacional para las tarifas de solicitud, con el objetivo de proteger a los inquilinos en uno de los mercados residenciales más costosos del país, según información de la Fiscalía General de Nueva Jersey.

En Nueva Jersey, donde el precio de los alquileres supera la media nacional, la falta de transparencia y la proliferación de cargos inesperados afecta de manera desproporcionada a residentes de bajos ingresos y comunidades hispanas, para quienes el acceso a una vivienda asequible ya representa un desafío.

De acuerdo con datos de la National Low-Income Housing Coalition, coalición nacional por la vivienda asequible, un inquilino en Nueva Jersey debe ganar más de USD 33 por hora para costear un apartamento de dos habitaciones sin superar el 30% de sus ingresos en el pago del alquiler.

La iniciativa, respaldada por fiscales generales demócratas y republicanos, propone que la FTC implemente normas claras que obliguen a propietarios y agentes inmobiliarios a detallar explícitamente cada cargo o tarifa antes de la firma del contrato.

Se busca eliminar la posibilidad de aplicar recargos adicionales no informados y garantizar que los precios publicados reflejen el costo total de la vivienda, sin sorpresas durante el proceso de alquiler.

El respaldo de 27 fiscales generales ubica este reclamo como uno de los más contundentes en materia de regulación federal del mercado locativo en el último año, según comunicados oficiales de la Fiscalía General de Nueva Jersey.

Las autoridades estatales subrayan que los recargos ocultos y las tarifas encubiertas generan una carga económica real y dificultan la competencia leal entre propietarios. De acuerdo con la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey, cuando los propietarios honestos transparentan todos los costos desde el inicio, se ven perjudicados frente a quienes ocultan tarifas para atraer inquilinos con precios artificialmente bajos.

Esta situación impacta directamente en la capacidad de las familias, especialmente de origen latino o migrante, para acceder a una vivienda adecuada.

En respuesta a estas prácticas, la Legislatura de Nueva Jersey aprobó recientemente una serie de reformas que fijan límites estrictos a lo que los propietarios pueden cobrar por concepto de solicitud de alquiler.

A partir del 1 de mayo de 2026, ningún propietario o agente inmobiliario podrá exigir una tarifa de solicitud superior a USD 50, incluyendo gastos administrativos, verificaciones y cualquier otro cargo relacionado con el proceso inicial de selección de inquilinos.

Este límite fue establecido mediante la ley A2106, según la Legislatura de Nueva Jersey, y será supervisado por la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey, que publicará anualmente el tope vigente y fiscalizará su cumplimiento.

La nueva normativa también impone sanciones para quienes la incumplan. Los propietarios que exijan tarifas por encima del tope enfrentarán multas de hasta USD 1.500 por cada infracción, de las cuales USD 250 se destinarán directamente a compensar al solicitante afectado.

Además, se habilitó un mecanismo digital para que inquilinos y postulantes reporten violaciones ante la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey, reforzando así la capacidad de fiscalización estatal.

Para evitar incrementos abusivos en cargos recurrentes asociados al alquiler, como tarifas por mascotas, estacionamiento o servicios digitales, la ley A5747, sancionada en 2025, establece que ningún propietario podrá aumentar estos cargos en más de un 10% anual respecto al año anterior.

Si se detectan incrementos superiores, los inquilinos podrán demandar al propietario y reclamar una compensación de USD 1.000, además de gastos legales y otros costos asociados, según la Legislatura de Nueva Jersey. El tribunal competente será la División de lo Civil Especial del Tribunal Superior del condado donde se ubique el inmueble.

Cambios específicos para las comunidades hispanas y migrantes

Las reformas aprobadas representan avances para la población hispana, que compone más del 21% de la población de Nueva Jersey, según el Censo de Estados Unidos, la principal fuente oficial de datos demográficos del país.

Las barreras económicas, lingüísticas y documentales suelen hacer que los inquilinos hispanos sean más vulnerables a prácticas abusivas y a la imposición de cargos ocultos.

La transparencia en los costos y la existencia de procedimientos claros para denunciar abusos otorgan nuevas herramientas legales a quienes, en muchos casos, enfrentan mayores dificultades para acceder a información en inglés o navegar procesos burocráticos complejos.

La ley prohíbe que los propietarios cobren tarifas por solicitudes de viviendas que no están disponibles, o que acepten solicitudes de personas que no cumplen los requisitos mínimos, prácticas que históricamente han afectado a comunidades migrantes.

La fiscal general Jennifer Davenport advirtió que su oficina perseguirá activamente cualquier incumplimiento y recomendó a propietarios y agentes revisar a fondo las nuevas directrices para evitar sanciones, según declaraciones oficiales difundidas por la Fiscalía General de Nueva Jersey.

Límites a recargos digitales y pagos electrónicos

Otra novedad central es la regulación de los recargos por pagos electrónicos. La ley A5757 prohíbe a los propietarios trasladar a los inquilinos cargos superiores a USD 5 por cada pago mensual realizado a través de plataformas digitales o tarjetas de crédito.

Si la comisión supera ese monto, el propietario debe asumir la diferencia o reembolsar al inquilino en un plazo de 10 días, entregando un recibo detallado que justifique los cargos y la compensación efectuada, según la Legislatura de Nueva Jersey. El incumplimiento de esta norma puede derivar en multas de hasta USD 1.000 y habilita al inquilino a iniciar acciones legales para recuperar los importes indebidos.

Las nuevas disposiciones legales entrarán en vigor a partir del tercer mes posterior a su promulgación. La División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey mantendrá información actualizada sobre los límites y procedimientos de denuncia en su sitio oficial.

Acceso a la denuncia y protección del inquilino

La Fiscalía General de Nueva Jersey habilitó canales formales para que los residentes denuncien irregularidades vinculadas a cobros injustificados o falta de transparencia en el mercado locativo. Los formularios y vías de contacto están disponibles en la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey, permitiendo a los afectados presentar reclamos de manera segura y confidencial.

Las nuevas regulaciones impulsadas desde Nueva Jersey y respaldadas a nivel federal buscan reducir la opacidad y los abusos en el mercado de alquileres, con especial énfasis en la protección de comunidades vulnerables, entre ellas la población hispana.

Las normas establecen límites claros a tarifas y recargos, refuerzan la fiscalización estatal y otorgan a los inquilinos mecanismos efectivos para ejercer sus derechos y reclamar ante cualquier abuso, según la Fiscalía General de Nueva Jersey, la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey, la Legislatura de Nueva Jersey y datos del Censo de Estados Unidos, la principal fuente oficial de datos demográficos del país.

Los precios de alquiler en Los Ángeles muestran una tendencia a la baja que ha captado la atención tanto de inquilinos como de expertos inmobiliarios. Por primera vez en su historia, la ciudad californiana ha salido del grupo de las diez urbes más caras para los arrendatarios en Estados Unidos, de acuerdo con un reciente informe de la plataforma de alquileres Zumper, que analiza datos de más de un millón de anuncios activos. Este descenso, aunque moderado, representa un alivio tangible en un mercado históricamente tensionado.

Según el informe, los alquileres de apartamentos de una habitación han disminuido un 3,5 % este mes, situándose en 2.210 USD. Por su parte, los apartamentos de dos habitaciones han visto una baja del 2,6 %, quedando en 3.030 USD. Si se compara con el mismo periodo del año anterior, ambos tipos de vivienda han reducido sus precios en casi un 4 %. Esta reducción, aunque lejos de revertir por completo la carga económica sobre los inquilinos, marca un cambio significativo respecto a la tendencia de aumentos sostenidos de años previos.

La causa detrás de este fenómeno se encuentra principalmente en la llegada de una nueva oferta de apartamentos. Zumper señala que este año se prevé la salida al mercado de más de 12.000 nuevos complejos de apartamentos en Los Ángeles, lo que constituye el mayor volumen de nueva oferta jamás registrado en la ciudad, según datos de Realpage Market Analytics. Esta expansión ha generado un efecto directo en los precios, al relajar la presión sobre la demanda existente y forzar a los propietarios a competir entre sí para atraer arrendatarios.

El incremento de la oferta ha cambiado el panorama para quienes buscan una vivienda en alquiler. Ahora es posible encontrar más anuncios, mayores ofertas y, en muchos casos, una mayor capacidad de negociación para los interesados en arrendar. Esta dinámica, respaldada por cifras y análisis, ha transformado el proceso de búsqueda y selección de apartamentos, otorgando a los inquilinos un margen de maniobra que hasta hace poco resultaba impensable en una ciudad caracterizada por la alta competencia por las viviendas disponibles.

Las experiencias personales ilustran este cambio. Josh Loree y Tara Lee, residentes que se mudaron desde Michigan hace más de cinco años, recuerdan que el proceso solía ser intenso y acelerado. Loree relata que, al encontrar un lugar disponible, había que tomar una decisión inmediata para no perder la oportunidad. Lee coincide, señalando que debía presentar sus solicitudes con rapidez, ya que en muchas ocasiones los apartamentos se alquilaban incluso antes de terminar la visita. Ambos subrayan que, aunque logran ingresar a un mercado más flexible, el coste de vida en Los Ángeles continúa siendo una presión considerable. Loree afirma que, en términos de ingresos, la carga es mucho mayor que en su lugar de origen, aun cuando perciben sueldos superiores a los de otras regiones del país.

Ante este nuevo escenario, los propietarios han tenido que adaptar sus estrategias para evitar vacancias prolongadas. Según Media Moussavy, agente inmobiliario y director de uno de los grupos de alquiler de lujo más grandes de Los Ángeles, la tendencia actual es ofrecer incentivos a los potenciales inquilinos, como la exención de tasas o un mes de alquiler gratuito. Moussavy explica que estos incentivos son ahora “clave” para concretar los alquileres, ya que la demanda ha perdido parte de su intensidad y los propietarios buscan asegurar contratos lo antes posible.

Desde la perspectiva de los expertos, el mercado ha experimentado una transformación notable tras el impacto inicial de la pandemia de COVID-19. Moussavy advierte que, aunque los alquileres han descendido, los precios actuales apenas regresan a los niveles de 2019, antes de la explosión de precios registrada tras la pandemia. Esto significa que, si bien hay cierto alivio para los inquilinos, la situación dista de ser ideal para quienes aspiran a una vivienda asequible en la región.

Los problemas de fondo, sin embargo, son más complejos que la mera fluctuación de los precios. Loree, que trabaja para una empresa de arquitectura comercial dedicada a la construcción de viviendas multifamiliares, sostiene que es necesario adoptar medidas sistémicas para facilitar la construcción de viviendas. Insiste en la importancia de diseñar incentivos tanto para el segmento de vivienda asequible como para el de precio medio, ya que la escasez afecta a todos los niveles del mercado. Moussavy coincide en el diagnóstico y apunta que, debido a los elevados tipos de interés y a la desaceleración económica, muchos promotores inmobiliarios prefieren mantenerse cautelosos antes de embarcarse en nuevos desarrollos.

Respecto al futuro de los precios de alquiler, el consenso entre los especialistas es que la caída podría ser temporal. Actualmente, los precios de las viviendas en propiedad en Los Ángeles son aproximadamente un 50 % más altos por mes que los alquileres, lo que incentiva a potenciales compradores a optar por arrendar, incrementando así la demanda. Esta diferencia, junto con la incertidumbre económica y la dificultad para sostener la expansión de la oferta, hace prever que el alivio en los precios podría no sostenerse a largo plazo.

Tras la derogación este martes en el Congreso del decreto ley que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2% las actualizaciones anuales de renta, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado una primavera de movilizaciones y nuevas herramientas para quienes enfrentan la incertidumbre de su vivienda. El rechazo de la medida, con los votos contrarios de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV, “deja sin protección a cerca de un millón de familias inquilinas y beneficia a los intereses rentistas”, denuncia la organización.

“PP, Vox y Junts per Catalunya con su voto en contra y la abstención del PNV demuestran que son el brazo político del rentismo. Con su negación a la prórroga de alquileres demuestran claramente sus prioridades: proteger al rentismo por encima de la mayoría de la población”, señalan en un comunicado los sindicatos, que también critican la falta de respuestas institucionales a la crisis habitacional. Por ello, la organización convoca la primera gran protesta para el 24 de mayo en Madrid, que saldrá a las 12:00 horas desde Atoacha, como inicio de una serie de acciones en todo el país. “No vamos a permitir que el rentismo dicte las reglas de acceso a la vivienda”, aseguran.

La organización explica que, aunque la prórroga era una medida de mínimos que no solucionaba la crisis de vivienda, “sí podía evitar la expulsión de hasta un millón de familias inquilinas hasta finales de 2027”, al ofrecer protección ante el incremento sostenido de los alquileres.

Desde la organización recuerdan que “la prórroga es legalmente válida si se ha solicitado entre el 22 de marzo y el 28 de abril, ambos días incluidos”, aunque también advierten que es fundamental responder de forma firme a cualquier negativa de los propietarios, ya que prevén que las empresas rentistas e inmobiliarias “intentarán generar confusión”.

Para anticipar posibles conflictos, durante el último mes los sindicatos han remitido más de 16.000 solicitudes de prórroga y han recopilado las contestaciones de los caseros, lo que les ha permitido elaborar cuatro documentos específicos para rebatir las excusas más habituales empleadas para rechazar la prórroga.

Una web con asesoramiento

Los sindicatos han lanzado además una web con recursos legales, asesoramiento y modelos de respuesta para quienes buscan sostener sus contratos. Para quienes no pudieron acogerse a la prórroga, la organización mantiene activa la campaña de desobediencia civil Nos Quedamos y convoca a asambleas presenciales en distintas ciudades.

También denuncian que la actual situación económica agrava la crisis: “Mientras los salarios han subido una media del 20% en los últimos cinco años, los precios del alquiler en las capitales de provincia han subido un 60%”. Este desfase, concluyen, ha acentuado la presión sobre los hogares inquilinos.

Vanesa, que tiene 40 años y es madre de cuatro hijos -tres de ellos menores de edad-, admite “estar desesperada”. Vive de alquiler en un piso que le adjudicó en 2016 la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) por su precaria situación económica y familiar, pero ahora afronta una orden de desahucio por una deuda acumulada que abona en un plan de pagos, aunque no ha logrado saldarla por completo. Según explica, a pesar de haber presentado numerosos escritos y solicitudes, tanto a la EMVS como a servicios sociales y otras entidades, no ha obtenido respuesta ni alternativas habitacionales. Su situación se agrava por la ausencia de apoyo familiar, problemas de salud y la incertidumbre sobre el futuro de sus hijos.

“Esto es devastador. Vivo nerviosa, con mucha ansiedad y problemas de depresión. No tengo a dónde ir, me cierran las puertas de todos los sitios y la EMVS no quiere negociar”, relata esta vecina de Orcasitas en conversación con Infobae. Tras perder durante un tiempo la Renta Mínima de Inserción, acumuló una deuda de unos 7.000 euros porque no podía afrontar todos los pagos. “Había meses en los que tenía que elegir entre pagar los gastos o dar de comer a mis hijos”, asegura. Y aunque ha logrado abonar parte de la deuda -y sigue haciéndolo mediante mensualidades-, la orden de desahucio sigue en pie y tiene un juicio programado para finales de mayo.

Desde la Asamblea de Vivienda de Usera, integrada en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Madrid, critican la ausencia de respuestas por parte de las administraciones en un caso que consideran “injusto”. Explican que, después de que Vanesa abonara varios recibos atrasados, la EMVS le informó sobre otros pagos pendientes que ya estaban judicializados y que no podía regularizar. Desde ese momento, “el caso pasó al juzgado y se cerró toda posibilidad de negociación”.

“Vanesa ha pasado por muchos baches en su vida, pero ha ido afrontando la deuda mediante ese plan de pagos. No puede ser que el mismo organismo que te ha adjudicado una vivienda pública ahora te eche. Tienen que dar más oportunidades, porque no es lo mismo tener un trabajo fijo, apoyos y contactos, que ser pobre. Y en este caso se han pasado de la raya”, sostiene la asamblea.

El de Vanesa, además, es solo uno de los 60 desahucios que, según denuncia este colectivo por la vivienda digna, pretende ejecutar la EMVS en los próximos tres meses en barrios como Carabanchel, Usera, Vallecas y Villaverde “a pesar de que el Ayuntamiento de Madrid mantiene decenas de viviendas vacías y cerradas desde hace tiempo”. “Esta situación agrava la emergencia habitacional en la ciudad y evidencia una política de vivienda que deja fuera a quienes más la necesitan”, sostienen.

Protesta de vecinos contra Martínez-Almeida

En este contexto, el martes varios vecinos se concentraron con pancartas ante el Teatro Real, donde el alcalde José Luis Martínez-Almeida participaba en el foro internacional Bloomberg CityLab, para protestar por estos procedimientos de desalojo. Durante la concentración, Vanesa logró exponer brevemente su situación al alcalde, quien se comprometió a trasladar su caso al organismo municipal para que puedan contactar con ella.

Las familias residentes en las viviendas que la EMVS quiere desalojar denuncian, además, el “estado de abandono” de muchas de ellas. Señalan deficiencias en el mantenimiento y advierten que las urbanizaciones “no reúnen condiciones dignas ni protección adecuada”. A esto se suma que la mayoría de los afectados son familias vulnerables, o bien madres solas con hijos, como en el caso de Vanesa, o con personas mayores a su cargo, que afrontan la amenaza de desahucio “por deudas que no son elevadas”.

“Nos oponemos a esta situación injusta y vamos a defender nuestros hogares. No vamos a permitir más expulsiones. Nos quedamos porque la vivienda pública es nuestra”, concluye la asamblea.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este lunes que ve “posible” y “viable” llegar a un “acuerdo” con Junts que permita la convalidación mañana en el Congreso del decreto ley que prorroga dos años los contratos de alquiler y limita al 2% la actualización de la renta. Así lo ha señalado en una entrevista en TVE, a pesar de que el partido de Miriam Nogueras ha señalado que votará en contra del decreto, al igual que lo rechazan PP y Vox, por lo que todo apunta a que la medida no saldrá adelante.

Bustinduy ha explicado en el programa La Hora de La 1 que el acuerdo incumbe al PSOE y pasa por aceptar algunas de las condiciones que Junts ha puesto públicamente sobre la mesa para poder reconsiderar su voto, como la cuestión del IVA franquiciado de los autónomos, es decir, la recaudación del IVA por parte de los autónomos que facturan por debajo de un determinado umbral. El ministro ha señalado que esta medida es una transposición de una directiva europea y que el Gobierno ya la “preacordó con Junts cuando se votó el primer decreto ley de la guerra de Irán”, según informa EFE.

Otras de las condiciones de Junts son, según Bustinduy, “matizaciones aceptables” y “alguna medida fiscal” que Sumar no comparte, pero que “con la prórroga en vigor podría merecer la pena”, ha dicho. “Por tanto, creemos que podrían darse las condiciones de aquí a mañana para que se produzca un acuerdo. Esperamos que tanto Junts como el PSOE tengan voluntad suficiente para, en el tiempo que nos queda, esbozar ese acuerdo y que pueda salir adelante la medida”, ha confiado el ministro.

Hasta el momento, tanto Junts como PP y Vox han rechazado la prórroga de los alquileres y el límite a las subidas de renta por diferentes motivos. La formación independentista argumenta que el decreto no respeta el marco competencial de Cataluña y que las decisiones sobre vivienda deben adoptarse desde las instituciones catalanas. El partido de Alberto Núñez Feijóo sostiene que la medida genera inseguridad jurídica, invade competencias autonómicas y desincentiva la oferta de viviendas en alquiler, mientras que los de Santiago Abascal consideran que este tipo de intervenciones limitan la libertad de mercado y afectan negativamente a los propietarios.

Por otro lado, el ministro Bustinduy ya ha advertido en otras ocasiones del “coste social” que supondrá para el PP votar en contra de este decreto, que busca aliviar la situación de quienes enfrentan dificultades para mantener su vivienda en el actual contexto de encarecimiento de los alquileres. Además, el límite del 2% a la actualización anual de la renta impediría incrementos abusivos, lo que daría mayor estabilidad a los inquilinos.

(Con información de EFE)

El Congreso vota este martes el decreto ley impulsado por Sumar que permitiría a miles de inquilinos extender los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaría al 2% las subidas de renta. El PSOE y otros partidos de izquierda respaldan la medida, pero PP, Vox y Junts, que suman mayoría, ya han anunciado su rechazo, por lo que todo apunta a que el decreto será tumbado.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, será el encargado de defender el decreto ante el pleno, una iniciativa que Sumar logró sacar adelante en el Consejo de Ministros el pasado 19 de marzo tras intensas tensiones internas y la mediación directa de la vicepresidenta Yolanda Díaz con el presidente Pedro Sánchez.

El PSOE, reticente a aceptar la prórroga por dudas jurídicas y políticas, llegó a advertir que el decreto podía rozar la inconstitucionalidad. La excepción se impuso ante la crisis abierta por la guerra en Irán, pero el sector socialista ha optado por mantener un perfil bajo. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, apoya el marco legal pero se resiste a recomendar abiertamente que los inquilinos pidan la prórroga, ante el riesgo de una derogación que podría arrastrar a miles de familias a la inseguridad jurídica.

Algunos algunos juristas advierten que, si el Congreso rechaza el decreto, podría haber una oleada de demandas en los tribunales. La principal duda es si las prórrogas de alquiler solicitadas durante la vigencia de la norma seguirán siendo válidas o quedarán anuladas, ya que no hay doctrina al respecto.

Por qué la rechazan

Por su parte, PP, Vox y Junts rechazan la prórroga de los alquileres y el límite a las subidas de renta por diferentes motivos. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo sostiene que la medida genera inseguridad jurídica, invade competencias autonómicas y desincentiva la oferta de viviendas en alquiler. Los de Santiago Abascal consideran que este tipo de intervenciones limitan la libertad de mercado y afectan negativamente a los propietarios, mientras que la formación liderada por Miriam Nogueras argumenta que el decreto no respeta el marco competencial de Cataluña y que las decisiones sobre vivienda deben adoptarse desde las instituciones catalanas.

El ministro Bustinduy ha insistido en el “coste social” que supondrá para el PP votar en contra y este domingo, a las 12:30 horas, hay una concentración frente a la sede nacional del partido, en la calle Génova de Madrid, convocada por el Sindicato de Inquilinas y la Federación Vecinal de Madrid, junto a organizaciones y colectivos de vivienda, con el lema “O con la gente o con los especuladores”. La formación de Feijóo no ha querido reunirse con Sumar para negociar la medida.

Más del 70% de la población apoya la medida

El 73,6% de los españoles apoya la prórroga de los alquileres, según una encuesta de Atenea del Dato encargada por el grupo The Left a petición de la eurodiputada de Sumar Estrella Galán. Ese mismo sondeo indica que el apoyo también es significativo entre el electorado del PP (65%) y de Vox (60%). Es más, casi la mitad de los encuestados, un 48,7%, asegura que reconsideraría su voto si su partido se opone a esta medida en el Congreso. Entre los votantes del PP, uno de cada tres estaría dispuesto a cambiar de opción, y entre los de Vox, la cifra se acerca al 36%.

(Con información de EFE)

En la antigua Grecia sí existía el alquiler. Ejemplo de ello es este contrato hallado en Amos, que detalla en una inscripción sobre piedra cómo el arrendatario debía pagar una renta anual y seguir instrucciones sobre el tipo y modo de cultivo, bajo la amenaza de sanciones. El texto evidencia que estos acuerdos eran formales, con obligaciones claras, reguladas por autoridades y supervisadas como asuntos de interés colectivo.

La inscripción, elaborada entre los siglos III y II a. C., fue hallada en la actual región de Caria, al suroeste de Turquía. Grabado sobre una estela de piedra caliza, el documento se exhibe en el Museo Arqueológico de Fethiye, tras ser recuperado en la isla de Şövalye.

De acuerdo con el análisis de National Geographic, este contrato corresponde a la ciudad de Amos, que en ese período mantenía lazos estrechos con Rodas y presentaba una administración compleja.

Condiciones del arrendamiento en Amos

El contrato destaca tanto por su antigüedad como por sus especificaciones técnicas. El investigador universitario Fatih Onur señala que el arrendatario debía pagar una renta anual de 100 dracmas y plantar 800 vides y 40 higueras por cada período acordado. Se trataba de obligaciones legales, respaldadas por sanciones ante el incumplimiento.

La tablilla especificaba incluso la profundidad exacta para la plantación de estos cultivos, utilizando la unidad ‘m’ (metro), lo que demuestra el modo en que se regulaba la actividad agrícola en Amos. Estas normas exigían la adopción de determinadas técnicas en el cultivo, y reflejaban que el conocimiento agronómico estaba avanzado para la época.

Además de detallar las tareas de plantación, el contrato fijaba penalizaciones y reglas de compensación, constituyéndose en un instrumento jurídico. Así, protegía los derechos del propietario y establecía responsabilidades para el arrendatario, bajo la supervisión de las autoridades locales.

Impacto social y legal del contrato

El templo de Apolo Samnaios, centro religioso y administrativo en Amos, cumplía un papel relevante en la gestión de estas tierras. A menudo, el propio templo o el Estado eran los titulares de las parcelas arrendadas, y el arrendamiento formaba parte del interés colectivo de la ciudad.

National Geographic resalta que la administración de los terrenos agrícolas era parte de la vida pública. Los contratos de arrendamiento funcionaban como mecanismos para asegurar la productividad agrícola, más allá de simples acuerdos privados: “Su gestión eficiente era un asunto de interés colectivo”, subraya la publicación.

La conexión de Amos con la isla-Estado de Rodas facilitó la adopción y el desarrollo de un marco jurídico elaborado. En épocas de prosperidad, estos contratos buscaban garantizar la producción agrícola y el sostenimiento religioso y social de la ciudad.

Conservación y hallazgo moderno de la estela

La historia material de la tablilla aporta detalles particulares. Tras cumplir su función pública durante siglos en el santuario, la estela fue retirada en la Edad Media, posiblemente para ser utilizada como lastre en embarcaciones, una hipótesis propuesta por arqueólogos que se basan en hallazgos similares en la región y patrones de reutilización de piedra por navegantes.

Este uso favoreció su preservación. Años después, la piedra fue localizada en la isla de Şövalye y trasladada, en época moderna, al Museo Arqueológico de Fethiye, donde fue estudiada y catalogada por especialistas y permanece expuesta como uno de los testimonios más representativos sobre la vida legal y agrícola de la Antigua Grecia.

A medida que las excavaciones avanzan en Amos y se descubren nuevos fragmentos, el conocimiento sobre la ciudad se amplía. El hallazgo del contrato confirma que aquellas comunidades también contaron con marcos legales avanzados para regular actividades esenciales.

La falta de auditorías y procesos de due diligence en la gestión de edificios corporativos representa un riesgo silencioso que puede afectar gravemente la rentabilidad y sostenibilidad de estos activos en Lima.

Administrar un edificio va mucho más allá del mantenimiento rutinario o la gestión de cuotas: implica una supervisión constante sobre el uso de fondos, el control de la morosidad y la planificación de inversiones a largo plazo.

Sin estas herramientas, los edificios quedan expuestos a desviaciones presupuestales y sobrecostos operativos difíciles de identificar en la administración diaria, de acuerdo con un análisis de Cushman & Wakefield Perú.

¿Auditorías ausentes generan sobrecostos y riesgos ocultos?

El proceso de auditoría de gestión y el due diligence son indispensables para detectar contingencias y riesgos que muchas veces no se evidencian hasta que generan impactos financieros significativos.

Alfonso Birimisa, gerente de Operaciones de Cushman & Wakefield Perú, advierte que “hemos detectado casos en los que la falta de control o planificación ha generado sobrecostos equivalentes hasta 30% del presupuesto anual de operación”. El monto, como en cualquier mercado, se traslada al consumidor final.

Este porcentaje resulta especialmente relevante considerando que servicios como seguridad, limpieza y administración —vinculados al recurso humano— representan más del 50% de los costos operativos anuales de un edificio corporativo.

La ausencia de auditoría, entonces, no solo encarece la operación sino que debilita la transparencia y dificulta la toma de decisiones informadas para los propietarios.

Cambios de administración requieren revisiones financieras profundas

Las auditorías cobran especial importancia en situaciones de transición, como el cambio de administración o la llegada de un nuevo operador.

En estos contextos, revisar el estado financiero, contractual y técnico del inmueble es fundamental para garantizar la correcta ejecución de los fondos de mantenimiento y detectar obligaciones o deudas pendientes.

Lo mismo ocurre en procesos de compra, venta o refinanciamiento: el due diligence permite evaluar contingencias financieras, niveles de morosidad, provisiones existentes y compromisos contractuales antes de cerrar una transacción o acceder a financiamiento.

Sin estos controles, una operación puede arrastrar problemas ocultos que terminan afectando al nuevo propietario o inversor, explica Cushman & Wakefield Perú.

Due diligence es clave para compras, ventas y financiamiento

La morosidad y el desbalance presupuestal son otros motivos habituales para recurrir a una auditoría. Cuando el flujo de caja se ve comprometido por el incumplimiento de los propietarios o por desviaciones no detectadas, el riesgo de afectar la operación cotidiana del edificio aumenta.

Un análisis estructurado ayuda a identificar desviaciones, riesgos acumulados y posibles impactos futuros en la operación y el valor del inmueble.

De igual forma, la ausencia de planificación de inversiones puede ser crítica en edificios con más de 10 años de antigüedad, advierte Cushman & Wakefield Perú.

Si no existe una estrategia clara para renovar equipos esenciales como ascensores, sistemas eléctricos o grupos electrógenos, no solo se incrementan los costos futuros sino que se pone en peligro la continuidad operativa y se pierde competitividad frente a otros activos del mercado.

La morosidad sin control afecta la operación y el flujo de caja

Para los especialistas, la incorporación de auditorías periódicas como práctica de gestión debe entenderse como una necesidad preventiva y no solo como respuesta ante conflictos o procesos de venta.

Adoptar este enfoque anticipatorio permite ordenar la estructura financiera, proteger el valor del activo y mantener la transparencia en la gestión, requisitos cada vez más demandados en el mercado inmobiliario corporativo peruano.

Solo así los edificios podrán sostenerse como activos rentables y competitivos a largo plazo, en un contexto donde la eficiencia y la supervisión cobran un papel central.

La escasa oferta de viviendas en venta en la Comunidad de Madrid hace que los precios, aunque disparados, estén lejos de tocar techo. El metro cuadrado se pagó al cierre del primer trimestre del año a 3.298 euros, un 16,4% más que hace un año, y muy por encima de la media nacional, que alcanzó los 2.012 euros.

En este escenario, comprar una vivienda estándar de 90 metros cuadrados en Madrid cuesta cerca de 296.820 euros, frente a los 255.150 euros que costaba el año pasado, lo que supone una subida de 41.670 euros en solo un año, según datos del Informe de Vivienda, elaborado por Gesvalt Tasaciones.

Por lo que respecta a Madrid capital, los precios de la vivienda están aún más disparados. De media, el metro cuadrado se paga a 4.425 euros, convirtiéndose en la segunda capital del país más cara para comprar una casa, solo por detrás de San Sebastián, donde el metro cuadrado cuesta 4.906 euros de media, y por delante de Barcelona, donde se paga a 4.127 euros. Algo más ‘baratas’ son Palma de Mallorca, con 3.407 euros el metro cuadrado, y Málaga, con 3.064 euros.

Las mayores subidas de precios en Madrid, entre enero y marzo de este año, se produjeron en los distritos de la periferia y en los del sur. Destacan Villaverde, con una remontada del 23,7%; Puente de Vallecas (23,4%), Villa de Vallecas (22,3%) y Ciudad Lineal (22,1%). Estas escaladas superiores al 20% reflejan el traslado de la presión de la demanda hacia áreas tradicionalmente más asequibles.

Si el precio de la vivienda en Madrid ha repuntado con fuerza en el primer trimestre de 2026, el mercado del alquiler ha seguido la misma tendencia. Detrás de ambas subidas se encuentra un mismo factor: la escasez de oferta disponible. Las rentas se mantienen en niveles máximos, alcanzando los 22,59 euros por metro cuadrado a cierre de marzo tras un incremento interanual del 11,1%. Este encarecimiento sitúa a Madrid como la segunda provincia más cara de España para alquilar, solo por detrás de Baleares.

Los precios suben en todas las comunidades

Al igual que en Madrid, las otras 16 comunidades autónomas también han registrado subidas interanuales en el precio de la vivienda durante el primer trimestre del año, lo que confirma que el ciclo alcista se ha extendido de forma generalizada por todo el país.

Las mayores remontadas se concentraron en la Región de Murcia, con un 19%; seguida por la Comunidad de Madrid (16,4%), Asturias (15,9%), Cantabria (15,5%) y Andalucía (15%). En el extremo opuesto, La Rioja (6,1%), Extremadura (6,2%) y Galicia (7,1 %) fueron las que experimentaron avances más moderados.

Respecto al precio de las casas, la brecha entre regiones sigue siendo considerable. Baleares continúa encabezando el ranking autonómico, con un valor medio de 3.439 euros el metro cuadrado, seguida de la Comunidad de Madrid, donde se paga a 3.298 euros, y Euskadi, con 2.751 euros. A cierta distancia se sitúan Canarias, con 2.125 euros el metro cuadrado, y Cataluña, con 1.972 euros. Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y La Rioja permanecen entre las comunidades con los valores más reducidos, con un precio medio inferior a los 1.300 euros.

Vivir en una capital cuesta caro

Si en las comunidades autónomas los precios suben, en las capitales de provincia se disparan. Así, San Sebastián vuelve a situarse como la ciudad con el valor unitario más elevado, alcanzando los 4.906 euros el metro cuadrado. Tras ella se colocan Madrid capital, con 4.425 euros, y Barcelona, con 4.127 euros, seguidas de Palma de Mallorca (3.407 euros) y Málaga (3.064 euros), lo que confirma el liderazgo de los principales mercados urbanos y costeros de alta demanda.

Por otra parte, las capitales con precios más contenidos son Lérida, Cáceres y Teruel, con valores que se sitúan en el entorno de los 1.150–1.200 euros el metro cuadrado.

A juicio de Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, la tendencia al alza de los precios de forma sostenida “evidencia un profundo desequilibrio entre oferta y demanda”. Reconoce que “la producción de vivienda nueva continúa siendo insuficiente, lo que desplaza gran parte de la presión hacia el mercado de segunda mano, que no se repone a la misma velocidad que los compradores interesados”.

El acceso a la vivienda se “deteriora”

Font argumenta que las operaciones de compraventa se siguen produciendo porque hay perfiles solventes: “Hay inversores, pero también ahorradores y personas que tienen apoyo económico familiar, pero en general, el acceso a la vivienda se está deteriorando de forma progresiva para determinadas rentas”.

A su juicio, “el mercado de vivienda de segunda mano en España se encuentra en una fase de expansión intensa pero desequilibrada, por lo que “se necesitan políticas que actúen sobre la oferta, especialmente en vivienda asequible, ya que, sin un aumento significativo del parque disponible, cualquier intento de contención de precios será limitado”.

El alquiler mantiene la presión al alza

A un ritmo similar al de la escalada de las compras lo hacen los alquileres. Por provincias, Segovia encabezó las subidas de las rentas entre enero y marzo de este año, con un 15,4%, por delante de Toledo (14,7%), Ciudad Real (14,6%), Guadalajara (12,7%) y Castellón (12,3%). Mientras que en Barcelona bajaron un 1,7%, debido, entre otras causas, a que muchos de sus municipios han sido declarados zonas de mercados tensionados, lo que ha posibilitado topar la subida del precio del alquiler. Le siguen Girona, donde las rentas bajaron un 0,7%.

En términos de precios, los alquileres más elevados siguen concentrándose en los principales mercados urbanos y turísticos. Barcelona lidera el listado con 23,30 euros el metro cuadrado, seguida de Madrid, con 22,59 euros, y Baleares, con 20,29 euros al mes. También se mantienen con precios elevados Guipúzcoa (18,59 €) y Málaga (17,11 €), mientras que Jaén, Teruel, Cáceres, Cuenca y Zamora presentan los niveles más reducidos por debajo de los 7 euros mensuales el metro cuadrado.

Estas cifras muestran, en opinión de María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, que “por primera vez en la historia reciente, los precios de la vivienda en compra y en alquiler alcanzan máximos de forma simultánea, superando incluso los registros de la burbuja de 2007. Esto significa que los españoles nunca se habían enfrentado a unos precios tan altos en ambos mercados al mismo tiempo”.

Matos explica que detrás de este fenómeno hay un desequilibrio “cada vez más profundo” entre oferta y demanda: “La demanda se mantiene en niveles muy elevados, impulsada por el crecimiento demográfico, el auge de los hogares unipersonales y unas condiciones de financiación más favorables que han reactivado la compra. Sin embargo, la oferta sigue siendo claramente insuficiente, tanto en venta como en alquiler. Por lo tanto, es probable que este escenario de máximos se repita a lo largo de 2026”.

Jennifer Pacheco no esperaba ver su nombre entre las 101 personas seleccionadas para acceder a una de las viviendas de alquiler asequible impulsadas por la Cooperativa Obrera de Viviendas (COV), en colaboración con el Ayuntamiento del Prat de Llobregat, en Barcelona. Fue una amiga quien le habló del proyecto y la animó a inscribirse pese a su escepticismo. “A mí nunca me toca nada”, se recordaba a sí misma, pero el día del sorteo su suerte cambió y su número apareció en la pantalla. “No me lo podía creer. Ahí fue cuando me di cuenta de que me había tocado la lotería”, relata. Con un salario limitado y sin opciones reales de comprar o alquilar en una provincia donde los precios se han disparado, la adjudicación de esta vivienda ha marcado un antes y un después en su vida.

“Estoy muy contenta de ser una de las afortunadas porque, tal y como están los precios y en mi situación, era imposible plantearme comprar o alquilar”, cuenta esta mujer de 49 años a Infobae, que recibió las llaves de su nuevo hogar el pasado 31 de enero, al igual que el resto de residentes de este proyecto. Separada y madre de un adolescente, le fue imposible pagar un alquiler sola y tuvo que mudarse con su madre. Ahora con la cooperativa, dice aliviada, su situación ha dado un giro, ya que puede afrontar los 600 euros que paga cada mes por un piso de dos habitaciones. “Aquí los precios son asequibles y no todo el mundo puede estrenar un piso en estas condiciones. La cooperativa me ha dado luz”, asegura.

En los pisos de tres habitaciones el alquiler ronda los 700 euros de media y sube hasta los 800 en los de cuatro.

El proyecto, situado en el pasaje de Rosa Sensat en El Prat de Llobregat, es la mayor iniciativa de este tipo en Cataluña gestionada íntegramente por una cooperativa. El complejo ocupa un terreno público de unos 3.300 metros cuadrados que ha sido cedido por el Ayuntamiento de la localidad y ha contado con un presupuesto de unos 18 millones de euros. Los 101 pisos, que van de uno a cuatro dormitorios, tienen calificación energética A gracias a la aerotermia, el aislamiento térmico y la ventilación cruzada, además de que el proyecto incluye amplias terrazas y zonas comunes destinadas a fomentar la convivencia entre vecinos.

La entidad conserva siempre la titularidad de los pisos, lo que ”impide la especulación inmobiliaria y descarta la compraventa o la imposición de cláusulas abusivas", de forma que las viviendas se reservan únicamente para los socios, con precios accesibles y estables, explica Antonio Pedrero, presidente de esta cooperativa.

“En los proyectos de la COV se promueve vivienda a precio de coste, tal y como recoge la Ley de Cooperativas de Cataluña. Se eliminan el beneficio del promotor privado y los procesos especulativos, blindando el patrimonio inmobiliario comunitario para que cumpla exclusivamente una función social a perpetuidad”, añade Pedrero. Entre los residentes hay familias con hijos, jóvenes que buscan emanciparse, personas mayores, familias monomarentales como la de Jennifer o personas con discapacidad, una diversidad que “fortalece la convivencia y enriquece la vida comunitaria”, asegura.

Cuánto dinero han aportado los residentes

Para acceder a estas viviendas se ha exigido a los residentes una aportación única de 160 euros al capital social del proyecto. A diferencia de otros modelos de cooperativas, donde se requieren desembolsos iniciales de entre 20.000 y 50.000 euros, esta fórmula “permite que familias con ingresos bajos o sin capacidad de ahorro puedan acceder a una vivienda”, afirma Pedrero, que explica que el alquiler se sitúa “entre un 30% y un 40% por debajo del mercado y, en el caso de viviendas protegidas, hasta un 50%, ya que se calculan según los módulos regulados por la Agència d’Habitatge de Catalunya.

Esta alternativa cobra mayor relevancia frente al encarecimiento del mercado inmobiliario. En Barcelona, el precio de la vivienda es ahora un 5,5% más alto que el máximo registrado durante la burbuja inmobiliaria, según datos del Colegio Notarial de Cataluña. En 2025, el precio medio llegó a 4.587 euros por metro cuadrado, un 10,8% más que en 2024 y por encima del nivel de 2007. En el resto de la región, aunque aún no se superan los récords previos a la crisis financiera, los precios han subido un 70% desde 2013 y se sitúan en 2.628 euros por metro cuadrado.

Barcelona también lidera el ranking de alquileres más caros, con 23 euros por metro cuadrado, por lo que un piso de 80 metros alcanza los 1.840 euros mensuales.

Un modelo alternativo que gana protagonismo

En este contexto, el modelo cooperativo gestionado por la COV ofrece una respuesta diferente. Si un socio deja su vivienda, la cooperativa la asigna a la siguiente persona en la lista de espera, respetando siempre las mismas condiciones. Las subidas de la cuota solo se aplican si hay actualizaciones del módulo de alquiler o ajustes por el IPC.

“El alquiler cooperativo tiene un alto potencial para mejorar el acceso a la vivienda, especialmente si se incorpora en las políticas urbanísticas locales”, señala Pedrero, que también advierte que para que este modelo pueda extenderse es clave “fomentar la colaboración entre administraciones públicas y cooperativas”, mediante medidas como la cesión de suelo en derecho de superficie. “El refuerzo de líneas de financiación y la concesión de subvenciones a fondo perdido permitirían crear un parque de viviendas de alquiler protegido y permanente, capaz de funcionar como regulador natural de los precios en el mercado”, concluye.

En Cataluña, sobre todo en Barcelona, se han impulsado en los últimos años proyectos de cooperativas de vivienda mediante la cesión de suelo público, dentro de programas para facilitar el acceso a la vivienda, pero este tipo de iniciativas todavía no son muy conocidas entre la población, ni en esta región ni en el resto de España, a pesar de que el modelo ya acumula más de una década y ha ganado protagonismo en este último tiempo. En otros países como Holanda, Austria, Suiza, Uruguay o Canadá, el modelo cooperativo cuenta con una trayectoria mucho más amplia, lo que ayuda a rebajar el precio de la vivienda.

En México, la informalidad en el mercado de arrendamiento es alta: casi la mitad de los inmuebles rentados no cuentan con un contrato escrito. Para muchos propietarios, rentar “por fuera” resulta una solución rápida y cómoda, pero esta práctica puede traducirse en un peligro real para su patrimonio.

Más allá del impago o los daños, existe un riesgo legal poco conocido: la posibilidad de que un inquilino, sin contrato, intente reclamar la propiedad del inmueble por la vía judicial.

El peligro radica en la falta de pruebas. Sin un acuerdo firmado, el dueño queda expuesto a interpretaciones legales que pueden jugar en su contra. Un inquilino malintencionado podría aprovechar ese vacío para cambiar su estatus legal y complicar la recuperación de la propiedad.

Posesión derivada vs. posesión original: la clave jurídica

El inquilino legalmente tiene una “posesión derivada”, es decir, ocupa el inmueble reconociendo al propietario y pagando renta. Bajo esta figura, por ley, no puede adquirir la propiedad por prescripción (usucapión), ya que su ocupación parte del reconocimiento de un dueño.

• La prescripción adquisitiva sólo aplica cuando alguien ocupa una propiedad como “poseedor original”, sin reconocer a ningún propietario.
• Sin contrato, el arrendador pierde la principal prueba de que la ocupación fue derivada y no original.
• En juicio, la palabra del inquilino puede tener peso si no existen documentos claros que acrediten la relación de arrendamiento.

La línea legal que protege al dueño se vuelve frágil en ausencia de pruebas escritas, abriendo la puerta a conflictos judiciales de largo plazo.

El escenario de peligro

La falta de contrato permite que un inquilino, ante una disputa, alegue que nunca reconoció dueño y que su ocupación fue como poseedor original. Así, podría iniciar un proceso de prescripción para intentar adjudicarse la propiedad tras varios años.

• El propietario tendría que demostrar, a través de recibos, transferencias o testigos, que existió una relación de arrendamiento.
• Si el inquilino logra sembrar duda ante la autoridad, el juicio puede complicarse y prolongarse durante años.
• El riesgo de perder la propiedad por falta de documentación es bajo, pero existe y puede causar graves dolores de cabeza.

Aunque la ley protege al propietario, la ausencia de contrato escrito debilita cualquier defensa y puede poner en jaque el patrimonio.

Cómo blindar tu patrimonio: recomendaciones clave

Prevenir este tipo de riesgos es posible si se toman medidas desde el inicio de la relación de arrendamiento. Un contrato firmado es la principal herramienta de protección ante intentos de apropiación indebida.

• Formalizar el arrendamiento: Firmar siempre un contrato claro, con nombres, fechas y condiciones.
• Conservar comprobantes: Guardar recibos, transferencias y comunicaciones que acrediten pagos y que el inquilino reconoce tu propiedad.
• Ratificar el contrato: Considerar hacerlo ante notario o inscribirlo en el Registro Público para máxima seguridad.
• Evitar acuerdos de palabra: La confianza no reemplaza la protección jurídica.

Así, un contrato de arrendamiento no sólo establece obligaciones y derechos, sino que es la mejor defensa para evitar perder la propiedad por interpretaciones legales desfavorables.

“No solo se trata de angustia o ideas suicidas, que son frecuentes en personas desesperadas, sino que el cuerpo también sufre”, afirma Barrio, activista por el derecho a la vivienda. A esto se suma que, cuando las personas temen no poder pagar la vivienda, suelen enfrentar carencias materiales severas, por lo que también se resiente la alimentación, con un aumento del consumo de ultraprocesados y una falta de proteínas y de productos frescos en la dieta, además de la dificultad para cubrir necesidades básicas.

“Es un impacto muy traumático. El ser humano necesita un entorno estable para desarrollarse y llevar una vida saludable, y cambiar de hogar de manera involuntaria rompe todas tus redes sociales”, resume la socióloga, que asiste regularmente a asambleas de vivienda donde observa cómo estas situaciones afectan a la vida cotidiana de muchas personas. Allí presencia casos similares al de Blanco y Ordaz, que nunca imaginaron que a su edad tendrían que enfrentarse a un posible desalojo.

67 años viviendo en la misma casa

La situación de Ordaz, que lleva viviendo toda su vida en el número 1 de la calle Carnero, en el barrio madrileño de Embajadores, es especialmente precaria. En la pandemia se quedó sin trabajo y no pudo pagar las subidas del alquiler que le pedía la Venerable Orden Tercera de San Francisco, la orden católica dueña de este piso y otro centenar más en toda la capital. Le exigen abandonar el inmueble por impago del alquiler y se niegan, según explica, a negociar un alquiler social, a pesar de que podría hacer frente al pago de esa renta con su pensión.

El domicilio presenta graves deficiencias estructurales y de salubridad, relata. De hecho, el pasado mes de noviembre se derrumbó el techo de la cocina, deteriorado por las humedades, por lo que fue necesario apuntalar esa zona y parte del baño para evitar nuevos riesgos. La orden franciscana argumenta que el edificio necesita reformas y que por ello requieren el desahucio de Ordaz, que ya se ha enfrentado a cuatro intentos de desalojo. El último se produjo hace apenas un mes y medio y se paralizó temporalmente gracias al apoyo de los vecinos y el Sindicato de Inquilinas.

“Es un sinvivir”

“Vivo con mucha incertidumbre y nerviosismo. Tengo el estómago fatal porque esto también te afecta a la salud totalmente”, cuenta en entrevista con Infobae, visiblemente cansado. “He intentado negociar con la orden [religiosa] con el fin de poder seguir viviendo aquí, que es donde me he criado y vivido siempre, pero ellos no hacen caso. Dicen que no tienen obligación ninguna, que ya no tengo contrato con ellos, pero no valoran que me quedé sin trabajo en plena pandemia. Lo que quieren es arreglar la vivienda y alquilarla por un precio mucho más elevado al siguiente inquilino que llegue”, lamenta.

Tras el desplome del techo, Ordaz se ha visto obligado a vivir en un espacio mucho más reducido, entre el salón y su habitación. No puede cocinar ni utilizar el baño, por lo que se tiene que apañar como puede. “Utilizo los baños de la glorieta de Embajadores y mi vecina me deja la ducha, aunque también voy al gimnasio los jueves, por mediación del Centro de Servicios Sociales (CAT), y ahí también aprovecho para ducharme. O sea que es un sinvivir”, resume.

Para comer acude a un comedor social y por la noche, “se conforma con un sobre de jamón york y un par de yogures”. Sus pertenencias las tiene repartidas en bolsas, cajas y maletas porque nunca sabe cuándo le puede tocar irse y reconoce que sin la ayuda del Sindicato de Inquilinas estaría totalmente perdido. Ordaz no cuenta con una alternativa habitacional y teme que pronto llegue el quinto intento de desahucio y pueda quedarse en la calle.

“Me consideran una ocupante ignorada”

A sus 77 años y con movilidad reducida, la situación de Blanco, histórica activista extremeña, tampoco es fácil. A inicios de año recibió una orden de desahucio por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid que la obligaba a dejar la casa el 23 de febrero, pero gracias también al apoyo vecinal y de los colectivos en defensa del derecho a la vivienda se paralizó de forma temporal. Blanco vive desde hace 12 años en un piso que le fue adjudicado a su hijo y, aunque lleva pagando el alquiler un año de forma continuada y quiere regularizar su situación, la EMVS lo rechaza. Es más, la consideran una “ocupante ignorada”.

Blanco asegura que durante años presentó escritos y recursos ante el Ayuntamiento de Madrid para poder pagar el alquiler, negociar el aplazamiento de la deuda y evitar el desahucio, pero las autoridades rechazaron sus peticiones al argumentar que estos pisos “no pueden ser transferidos de hijos a padres”. Aun así, desde que hace un año recibió una carta dirigida a su hijo con un número de cuenta municipal, la mujer no ha dejado de abonar el alquiler cada mes.

“No debo un recibo ni de luz, ni de agua, ni de comunidad. Creo que soy una vecina ejemplar y, como estoy en esta situación, procuro ser de lo mejor y dar ejemplo. A mí no me puede decir nadie que me echa por ningún motivo, ni de violencia, ni de broncas con los vecinos, nada. Tampoco me pueden decir que soy una ocupante ignorada, porque han contestado a los recursos que he puesto y porque me he reunido con la EMVS”, dice a este periódico sentada en su andador en un parque de Vallecas. Tanto su hijo como su nuera, explica, viven en Brasil y, de momento, no tienen previsto regresar a España.

Blanco explica indignada que se enteró de la orden de desahucio por la trabajadora social y, de momento, no hay fecha prevista para un nuevo intento. “La EMVS no me ha notificado nada tras la paralización del desahucio, aunque mi abogada no ha dejado de personarse en la causa. Esto es un maltrato institucional, porque no me puedo defender. Si hubiera juicio, al menos podría defenderme”, denuncia. Además, cuestiona el trato que están recibiendo como personas mayores y subraya el papel de su generación en la conquista de derechos y libertades. “A los mayores nos están dejando sin recursos, a quienes salimos a la calle y nos jugamos la vida por los derechos que hoy tienen los jóvenes. Ahora nos vemos en la calle por los mismos a quienes defendimos entonces. Es maltrato institucional”, insiste.

“Jamás iría a una residencia de monjas”

Los servicios sociales solo le han ofrecido como alternativa trasladarse a una residencia de mayores, una opción que descarta por motivos económicos y personales. Blanco percibe 1.200 euros mensuales entre la pensión de jubilación y la de viudedad, una cantidad insuficiente para asumir el coste, pero rechaza especialmente la posibilidad de ingresar a ese geriátrico porque está gestionado por una orden religiosa. “Llevo toda la vida luchando contra las monjas como para que ahora me quieran meter en una residencia con ellas”, protesta.

Su rechazo a convivir con religiosas se remonta a su paso por el Patronato de Protección a la Mujer durante el franquismo, una institución destinada a “corregir” a jóvenes que no se ajustaban al modelo impuesto por el régimen y donde, según relata, sufrió humillaciones, insultos y castigos físicos que marcaron profundamente su vida. “Es una ironía cruel que ahora me quieran llevar a vivir con monjas después de lo que nos hicieron sufrir. Yo quiero una muerte digna, aunque sea en un cuarto pequeño, pero no voy a pasar mis últimos días en una residencia con monjas”, concluye Blanco, que el pasado 20 de marzo, junto a otras 52 mujeres supervivientes del Patronato, fueron reconocidas por el Gobierno como víctimas del franquismo.

Los casos de Blanco y Ordaz muestran que, ante el estigma que enfrentan quienes sufren desahucios y dificultades habitacionales, los movimientos sociales por el derecho a la vivienda ofrecen la posibilidad de compartir experiencias, dejar atrás el aislamiento y buscar soluciones conjuntas. “El mensaje desde los movimientos sociales es claro: no estás sola, organízate, porque el problema es colectivo y la solución también pasa por ser colectiva”, resume Barrio.

El contexto de "inseguridad jurídica" ha influido en la decisión de numerosos propietarios de retirar sus viviendas del mercado o venderlas, lo que, sumado a una reducción notable de la oferta, ha provocado un impacto directo en los precios del alquiler en España. Este fenómeno no solo afecta a quienes buscan una vivienda en alquiler, sino que también favorece la selección de inquilinos con mayor solvencia, siguiendo la tendencia descrita en el informe publicado por idealista, citado por diversos medios.

Según informó idealista, el valor del alquiler de vivienda en España marcó un aumento del 7,1% interanual durante el primer trimestre de 2026 y un 2,2% en comparación con el trimestre anterior. El coste promedio al cierre de marzo alcanzó los 15 euros por metro cuadrado. El portal inmobiliario atribuye esta subida tanto a la reducción de la oferta disponible como a una mayor demanda, en un entorno donde, según declaraciones de su portavoz Francisco Iñareta recogidas por idealista, la percepción de inseguridad jurídica pesa sobre las decisiones de los propietarios.

El incremento de precios ha sido generalizado en casi todas las capitales, con la excepción de Barcelona, donde el coste del alquiler disminuyó un 3,7% en el período analizado. En contraste, la ciudad de Ciudad Real encabezó el ranking de mayores subidas al registrar un aumento del 14,4%. Entre los principales mercados urbanos, Madrid destacó con un repunte del 9,4%, seguida por Alicante con un 9% y Palma con un 7,6%.

De acuerdo con el informe de idealista, Madrid continúa ubicada como la capital con las rentas más elevadas, con un coste medio de 23,2 euros por metro cuadrado, seguida de Barcelona con 22,6 euros y San Sebastián con 18,8 euros por metro cuadrado. En el rango provincial, todas las provincias experimentaron alzas en los precios de alquiler salvo Barcelona, que mostró un descenso del 4,1%. Lleida sobresalió en el listado provincial con el mayor incremento, alcanzando una variación positiva del 16,1%.

La Comunidad de Madrid figura como la región autónoma más costosa para los arrendatarios, situando el valor en una media de 21,3 euros por metro cuadrado, mientras que la provincia de Jaén registra la media más baja, con 6,8 euros por metro cuadrado, según recopiló idealista.

En términos autonómicos, los alquileres aumentaron en la totalidad de las comunidades exceptuando Cataluña, donde la disminución fue del 3,8%. Castilla-La Mancha lideró la subida con un incremento del 12,7%. Por otro lado, Madrid y Baleares presentaron los precios de alquiler más elevados, mientras que Extremadura y Castilla-La Mancha figuraron como las regiones más asequibles para los inquilinos, detalló idealista en su análisis.

El informe señala que la tendencia al alza en el resto del territorio nacional refleja el desequilibrio entre la oferta y la demanda, resultando en que los habitantes de determinadas regiones tengan mayores dificultades para acceder a una vivienda en alquiler a medida que se endurecen los requisitos y se eleva la competencia entre inquilinos potenciales.

El clima de inseguridad jurídica, motivo recurrente en las declaraciones de agentes del sector, implica un contexto donde la normativa y su variación inciden en la confianza de los propietarios. El portavoz de idealista argumenta que tal entorno los impulsa a optar por operaciones de venta y otras salidas del mercado del alquiler, lo que reduce aún más el parque disponible y refuerza la presión sobre los precios, según reiteró el medio especializado.

Finalmente, los datos divulgados por idealista exponen que la disparidad territorial en el acceso à la vivienda alquilada se amplifica. Mientras las áreas metropolitanas como Madrid mantienen las rentas más altas, regiones del interior peninsular continúan figurando entre las opciones menos onerosas para los arrendatarios.

Un alquiler vacacional localizado en Oakhurst, aproximadamente a 24 kilómetros al sur del Parque Nacional Yosemite, se convirtió en el centro de una investigación policial de alto perfil tras el arresto de Christian Parmalee Edwards, de 44 años.

El operativo realizado por agentes del Condado de Madera el 19 de marzo permitió hallar más de 4.000 archivos de presunto material de abuso sexual infantil, una muñeca infantil realista fabricada para uso sexual y ropa infantil nueva, según reportó Fox News. La vivienda era ofrecida en plataformas de alquiler tradicionales y también mediante acuerdos privados en Facebook y Craigslist, de acuerdo con ABC30.

Durante el cateo, los agentes incautaron al menos 30 dispositivos electrónicos, entre cámaras, tabletas y teléfonos móviles, detalló Los Angeles Times. Según la oficina del sheriff, Edwards fue sorprendido mientras observaba un video recientemente grabado, que habría sido realizado sin el consentimiento de los huéspedes.

Las autoridades informaron a Fox News que la muñeca incautada tenía las manos atadas y que los elementos hallados evidencian una escalada delictiva, pasando de la posesión de imágenes ilegales a la grabación clandestina y la materialización física de los abusos.

Modus operandi y perfil de las víctimas

De acuerdo con ABC30, la policía identificó videos de entre 10 y 15 mujeres adultas y al menos un niño de aproximadamente seis años grabados sin ropa. También existen registros de menores vestidos, pero enfocados en zonas íntimas. Las grabaciones no se realizaban con cámaras ocultas tradicionales; las autoridades aseguraron a ABC30 y Los Angeles Times que Edwards utilizaba rendijas de persianas o grababa desde el interior de la vivienda, posicionándose a corta distancia de los huéspedes.

La investigación se puso en marcha tras una alerta emitida por el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que detectó distribución de contenido ilegal proveniente del condado. En el operativo participó la Central California Internet Crimes Against Children Task Force (ICAC), una unidad especializada en delitos informáticos contra menores, según confirmaron voceros policiales a Fox News.

El caso generó alarma en la comunidad. Vecinos entrevistados por ABC7 señalaron que Edwards era conocido en la zona y que llegó a ofrecer la casa a familias del vecindario, lo que aumentó la preocupación sobre la cantidad de posibles víctimas. El sheriff Tyson Pogue solicitó colaboración ciudadana e instó a quienes hayan alquilado la propiedad entre 2023 y marzo de 2026 a contactar a las autoridades para identificar a más afectados.

Proceso judicial, pericias y reacción institucional

En el plano judicial, Edwards enfrenta un cargo grave por posesión de material de abuso sexual infantil, aunque la fiscalía prevé agregar imputaciones por invasión de la privacidad y distribución de material ilegal.

El juez a cargo del caso redujo la fianza de 225.000 a 75.000 dólares, lo que podría facilitar la liberación del acusado antes del juicio, un hecho que generó preocupación entre las autoridades sobre la protección efectiva de las víctimas.

Los dispositivos electrónicos confiscados permanecen bajo pericia forense y la investigación sigue abierta, con la colaboración de equipos federales y del condado. La policía solicitó que cualquier persona que haya estado en el alquiler vacacional durante el período investigado aporte información relevante. Las autoridades esperan que el análisis de los dispositivos permita identificar a más víctimas y esclarecer el alcance total de los hechos.

“Proteger a los inocentes, cumplir la ley y llevar a los infractores ante la justicia sigue siendo nuestra máxima prioridad. Estamos preparados para cuando nuestra comunidad más nos necesita”, declaró el sheriff Pogue a Fox News Digital.

La ciudad de Austin aprobó un nuevo plan estratégico para enfrentar el problema de la población sin hogar, con el objetivo de transformar la situación en los próximos dos años e introducir cambios concretos en materia de refugio, colaboración comunitaria y servicios de asistencia.

Esta nueva hoja de ruta se diseñó en coordinación con más de dos docenas de aliados locales y contempla la creación de nuevas camas disponibles en refugios, la apertura de dos centros de navegación destinados a coordinar servicios y el fortalecimiento de la cooperación con actores sociales.

El propósito es reducir la presencia de personas en edificios abandonados, parques y áreas verdes, al incrementar las opciones de alojamiento y acceso a recursos, según David Gray, responsable de la estrategia municipal sobre personas sin hogar, en declaraciones a la radio pública local KUT News.

Entre los objetivos del plan figuran el aumento de camas disponibles en los refugios, la mejora en la oferta de servicios de rehousing rápido —que combina subsidios para alquiler y acompañamiento personalizado— y la ampliación de la vivienda con apoyo permanente. Gray explicó a KUT News que algunos de estos objetivos ya están en marcha.

La ciudad adquirió en octubre un inmueble en el sur de Austin para instalar un nuevo centro de navegación, y prevé la apertura, en los próximos meses, de varias unidades de vivienda con apoyo permanente; estas ampliaciones corresponden a los objetivos previamente mencionados de aumentar la oferta de vivienda asistida.

La experiencia de quienes atravesaron la falta de vivienda directa resulta determinante en la evaluación de la nueva estrategia. Tony Carter, residente de campamentos y beneficiario de programas de rehousing desde 2019, explicó a KUT News que los servicios planteados por la ciudad pueden facilitar el acceso a estabilidad habitacional. “Si están decididos a seguir sacándonos de los campamentos, necesitamos vivienda. Nos expulsan cuando no tenemos a dónde ir. Necesitamos recursos, vivienda permanente con apoyo y un lugar real para acudir en busca de ayuda”.

Esta preocupación también aparece en los relatos sobre las condiciones en los refugios. Carter detalló la importancia de instalaciones seguras y personal capacitado, ya que muchas personas no permanecen en los refugios por la falta de higiene, pérdida de pertenencias y experiencias negativas con el personal. Además, residentes señalaron la carencia de una alimentación adecuada.

La ciudad busca responder a estas inquietudes mediante la definición de estándares en la atención, con formación específica para el personal y el establecimiento de expectativas claras en los servicios ofrecidos, de acuerdo con Gray.

Este esfuerzo apunta no solo a ofrecer más espacios, sino a mejorar de forma sustancial las condiciones y la seguridad de quienes acceden a ellos.

Un programa de ayuda económica busca prevenir crisis habitacionales

En el marco de esta estrategia, la colaboración con organizaciones de la sociedad civil tendrá un papel relevante. Una de ellas, la organización local Ending Community Homelessness Coalition (ECHO), anunció recientemente la creación de un programa diseñado para distribuir ayuda financiera a más de 1.000 familias de Austin, con el fin de impedir que lleguen a situaciones extremas de vulnerabilidad.

Ashleigh Hamilton, responsable del programa, explicó a KUT News que la asistencia podrá aplicarse para afrontar gastos críticos como reparaciones de automóviles, atención médica o cuidado infantil. Este enfoque busca garantizar que las personas mantengan sus ingresos y, en consecuencia, su vivienda.

“Queremos intervenir en esos momentos en los que la solución no necesariamente consiste en ayudar con el alquiler”, relató Hamilton a KUT News. Sostuvo que el apoyo en transporte o cuidado de los hijos puede ser determinante para evitar la pérdida de un empleo y, posteriormente, de la vivienda: “No poder ir al trabajo significa no poder pagar el alquiler, y eso puede llevar a un proceso de desalojo”.

Según Hamilton, la red de organizaciones de respuesta a la falta de vivienda ya implementa acciones concretas, y el nuevo plan municipal puede modificar la manera en que se coordina esa respuesta. Explicó que el reconocimiento de que el sistema actual no está funcionando a su máxima capacidad obliga a explorar enfoques distintos y más efectivos.

Más de seis mil personas siguen sin techo en Austin

El desafío numérico es considerable: más de seis mil personas permanecen sin alojamiento en Austin, de acuerdo con lo consignado por Carter a KUT News. La cifra revela la magnitud del reto para las autoridades, especialmente ante la presencia de personas que, por desconfianza o miedo, no acuden a los refugios; estas razones incluyen temor a entornos desconocidos, pérdida de privacidad y experiencias previas negativas.

Carter subrayó la importancia de que la ciudad disponga de alternativas reales y un entorno de acogida para quienes deciden salir de la calle: “Para los que sí entran, que encuentren algo a lo que aferrarse. Denles algo de esperanza”.

El desarrollo y aplicación del plan avanzará en colaboración con organizaciones como ECHO y otras entidades comunitarias, mientras la ciudad enfrenta restricciones presupuestarias para dar respuesta a la urgencia social. El resultado dependerá de la capacidad de coordinar recursos y servicios y de asegurar que las respuestas, tanto públicas como privadas, lleguen efectivamente a la población más vulnerable.

El mercado hipotecario de Estados Unidos atraviesa un periodo de alza sostenida en sus tasas de interés, afectando de manera directa al sector inmobiliario y, en particular, al dinámico entorno de Miami-Dade. Durante marzo de 2026, las tasas hipotecarias a 30 años alcanzaron un 6.38%, el nivel más alto desde septiembre de 2025, marcando la cuarta semana consecutiva de incrementos y alterando el panorama para quienes buscan financiar la compra de una vivienda.

Este nuevo máximo, reportado por Freddie Mac, representa un cambio de tendencia tras un breve periodo en el que los intereses se situaron por debajo del 6%. Aunque la tasa sigue ligeramente por debajo del 6.65% observado un año antes, el reciente repunte ha reavivado la preocupación por el acceso al crédito en un contexto nacional donde las condiciones financieras muestran crecientes signos de endurecimiento.

El encarecimiento de los préstamos no se limita a las hipotecas a 30 años. Las tasas para créditos a 15 años, frecuentemente empleados en procesos de refinanciamiento, también subieron, situándose en 5.75% frente al 5.54% de la semana previa. La tendencia generalizada al alza afecta tanto a quienes buscan adquirir su primera vivienda como a quienes desean mejorar las condiciones de sus préstamos existentes, generando una sensación de incertidumbre en el mercado.

Las causas de esta subida se encuentran en factores tanto internos como externos. Entre los detonantes destaca el incremento del precio del petróleo, impulsado por tensiones geopolíticas y, especialmente, por el conflicto con Irán. Este fenómeno ha elevado las expectativas de inflación, trasladándose a los mercados financieros y presionando al alza el costo del dinero. Otro elemento clave es el comportamiento del bono del Tesoro a 10 años, cuyo rendimiento subió a 4.39% en la semana, frente al 4.26% anterior, sirviendo como referencia para las tasas hipotecarias. A ello se suman las decisiones de la Reserva Federal y la volatilidad de los mercados, factores que han obligado a instituciones como Fannie Mae y Freddie Mac a intervenir para evitar desajustes bruscos en el sistema crediticio.

El impacto de este encarecimiento se siente de forma palpable en Miami-Dade, donde el acceso a préstamos se ha vuelto más costoso. El aumento en las tasas incrementa el valor mensual de las hipotecas, reduciendo el poder adquisitivo de los compradores y limitando el acceso a propiedades de mayor valor. Muchos potenciales compradores, ante la incertidumbre y la posibilidad de nuevos aumentos, han optado por retrasar sus decisiones de compra. Sin embargo, el atractivo de las tasas actuales, aún por debajo de los niveles de hace un año, mantiene cierto interés entre quienes cuentan con solvencia suficiente para afrontar las nuevas condiciones.

En febrero de 2026, el mercado inmobiliario de Miami-Dade mostró señales de resiliencia a pesar del entorno desfavorable. De acuerdo con datos de Miami Realtors, las ventas totales aumentaron un 9.6% interanual, pasando de 1.440 a 1.578 propiedades. Las transacciones de viviendas unifamiliares crecieron un 4.27%, mientras que los condominios experimentaron un incremento del 14.65%, consolidando una tendencia positiva en la actividad inmobiliaria local. El segmento de lujo, compuesto por propiedades valoradas en más de un millón de dólares, también se mantuvo firme, con aumentos cercanos al 19% tanto en casas como en condominios. Además, los compradores internacionales continúan desempeñando un papel protagonista, representando el 49% de las ventas de nuevas construcciones, un reflejo del atractivo global que mantiene Miami.

En cuanto a los precios, el valor medio de las viviendas unifamiliares subió a $685.000, lo que supone un crecimiento del 4.58% respecto al año anterior. Los condominios, aunque duplicaron su valor en la última década, registraron una corrección en febrero, bajando de $455.000 a $410.000. Esta situación muestra que, si bien existe una presión inflacionaria sobre los precios, también hay ajustes puntuales que responden a la dinámica de oferta y demanda.

El inventario total de viviendas en Miami-Dade experimentó en febrero su primera caída interanual desde septiembre de 2023. La oferta de casas unifamiliares aumentó de manera moderada, mientras que el inventario de condominios disminuyó un 2.01%. Esta reducción, sobre todo en el segmento de condominios, podría generar nuevas presiones al alza en los precios en los próximos meses, en la medida en que la demanda se mantiene activa y la oferta se reduce.

Entre los obstáculos estructurales que enfrenta el mercado de Miami, destaca el acceso restringido al financiamiento. Solo 21 edificios de condominios en el sur de Florida cuentan con aprobación para préstamos FHA, lo que equivale a apenas el 0.9% del total, restringiendo considerablemente las opciones para los compradores que dependen de este tipo de crédito. Además, la exigencia de un pago inicial del 25% en algunos casos, mucho mayor al 10% requerido en otros estados, eleva las barreras de entrada, especialmente para los compradores locales de menor capacidad económica.

A futuro, las previsiones apuntan a que las tasas hipotecarias podrían seguir creciendo debido a factores geopolíticos y presiones inflacionarias. A pesar de este escenario, el mercado inmobiliario de Miami ha mostrado una resiliencia destacable, impulsada por la migración de capital desde estados con alta carga fiscal, la elevada proporción de transacciones en efectivo y el constante interés internacional. La aplicación del Live Local Act, que incentiva la construcción de viviendas asequibles permitiendo mayor densidad a cambio de destinar el 40% de las unidades a precios accesibles, podría contribuir a aliviar la presión sobre los precios y mejorar la accesibilidad en el segmento multifamiliar en los próximos años.

Las Haciendas vascas ya han cifrado en varios millones las pérdidas derivadas de la disminución de ingresos fiscales por impuestos, provocada por medidas recientes dirigidas a abaratar el coste de los carburantes. Esta evaluación financiera se suma a la inquietud expresada por EH Bildu respecto a las políticas sociales en el actual contexto económico, marcado por el aumento de los precios y el encarecimiento de la vivienda en España. En este marco, el partido vasco ha reafirmado su intención de asegurar que el decreto de Vivienda, centrado en limitar el incremento en los alquileres, se valide en el Congreso de los Diputados. Según detalló Europa Press, Oskar Matute, portavoz adjunto de EH Bildu, enfatizó en una entrevista con Herri Irratia-Radio Popular que la formación llevará a cabo “todo lo posible” para que el decreto salga adelante, aludiendo a la necesidad de “imponer la lógica” y priorizar la protección de quienes enfrentan dificultades para acceder a una vivienda.

El Real Decreto-ley 8/2026, conocido como decreto de Vivienda, incluye como medidas principales un tope del 2% para la actualización de precios de alquiler y la prórroga de dos años en los contratos de arrendamiento cuyo vencimiento se produzca antes del 31 de diciembre de 2027. Matute defendió ante Europa Press que estas medidas abren un escenario de mayor estabilidad para quienes residen de alquiler, subrayando que la regulación busca establecer precios razonables sin anular la obtención de beneficios por parte de quienes alquilan sus propiedades.

En su intervención, el diputado de EH Bildu señaló que la mayoría social en España se ve actualmente “ahogada, o bien pagando el alquiler o bien pagando la hipoteca”. Advirtió que quienes optan por favorecer a los llamados “rentistas” desconocen esta realidad, e hizo un llamamiento a que prevalezca el interés general de la sociedad en el proceso de convalidación parlamentaria del decreto. Según el medio Europa Press, Matute sostuvo que no existe un proyecto vital digno sin la garantía de un hogar, planteando que la vivienda es un elemento esencial para el desarrollo personal y familiar.

En relación al conjunto del escudo social aprobado en la Cámara Baja, la postura de EH Bildu fue de respaldo, aunque con una visión crítica. Matute explicó que el voto afirmativo de su partido obedeció a la necesidad de aportar soluciones que al menos reduzcan la incertidumbre para la ciudadanía frente al incremento de precios, la escalada de conflictos internacionales y otros riesgos geopolíticos mencionados durante su entrevista. En palabras recogidas por Europa Press, Matute consideró que las diferencias políticas tienden a reducirse ante una realidad adversa y defendió que EH Bildu mantuvo claridad en sus propuestas, apostando por la transición energética y el avance hacia una soberanía energética basada en renovables, aunque lamentó que algunas medidas adoptadas en el decreto contradigan ese objetivo.

El portavoz puntualizó que el abaratamiento del IVA y de otros impuestos relacionados con los combustibles tiende a beneficiar en mayor medida a quienes poseen mayores recursos, en contraste con el objetivo de justicia social planteado desde su formación. Asimismo, Europa Press informó que Matute advirtió que la reducción de ingresos tributarios se traducirá en un descenso de los fondos disponibles para desarrollar políticas sociales.

En cuanto al debate sobre la función del decreto de Vivienda, el representante de EH Bildu hizo hincapié ante Europa Press en que el propósito de la regulación no es que las personas se liberen de sus compromisos de pago, sino más bien garantizar que los precios sean razonables tanto para inquilinos como para propietarios. Se mostró crítico con la actitud de otras formaciones políticas, al señalar que, pese a reconocer la gravedad del acceso a la vivienda, algunas han optado por no implementar medidas concretas al respecto.

Sobre la actual legislatura y el futuro del gobierno que lidera Pedro Sánchez, Matute indicó que ve “cada vez más posible” que el presidente llegue hasta el límite legal de septiembre-octubre de 2027 para la convocatoria de elecciones. Según consignó Europa Press, subrayó que una finalización de la legislatura dentro de esos plazos respondería a la estabilidad política que EH Bildu busca respaldar, con la premisa de impedir que las fuerzas de derecha asuman el poder ejecutivo en España.

Durante el diálogo, Matute defendió la postura de EH Bildu como uno de los socios más fiables para el Gobierno central, recordando que sus compromisos electorales han sido claros respecto a la intención de no facilitar —ni por acción ni por omisión— una llegada de la extrema derecha al poder. En declaraciones recogidas por Europa Press, el portavoz sentenció que “tanto monta monta tanto el PP como Vox y el orden de los factores no altera el fascismo”, insistiendo en la responsabilidad de su grupo para evitar que Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal ocupen las máximas posiciones del Ejecutivo.

En el plano de la política vasca, Matute manifestó que las iniciativas que EH Bildu pretende llevar al Parlamento regional buscan dar respuesta a las necesidades de las mayorías sociales y populares, alineando su agenda con los retos de la sociedad vasca. Según Europa Press, el diputado se mostró partidario de que el Parlamento celebre un pleno monográfico sobre la guerra, considerando necesaria una mayor concienciación sobre los posibles escenarios futuros vinculados a esta cuestión.

Finalmente, Matute reiteró que EH Bildu mantendrá una actitud proactiva y exigente para que el Gobierno español despliegue su capacidad política no solo en clave defensiva, sino promoviendo e implementando políticas. En relación con el futuro del decreto de Vivienda, el representante vasco expresó confianza en la posibilidad de que la “lógica del bien común” prevalezca en el Congreso, dando así respuesta a la preocupación por el acceso digno a una vivienda y contribuyendo a frenar la tendencia al alza de los precios del alquiler en España, de acuerdo con lo consignado por Europa Press.

Almudena Argüelles, directora del Departamento de Derecho Privado de Unive Abogados, ha enfatizado que numerosas consultas recientes revelan confusión en torno a la prórroga extraordinaria del alquiler habilitada por el Real Decreto-ley 8/2026. Según explicó a consultas recogidas por El despacho Unive Abogados, la ampliación de dos años no se concede de manera automática tras el vencimiento del contrato, sino que requiere de una solicitud formal y expresa por parte del inquilino al propietario. Así, tal como detalló el bufete, la correcta solicitud y el seguimiento preciso de los requisitos legales se vuelven factores clave para no perder la protección que otorga la normativa.

De acuerdo con la información publicada por Unive Abogados, la nueva prórroga, regulada por el Real Decreto-ley 8/2026, está disponible desde la entrada en vigor de la medida el 22 de marzo, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado el 21 de ese mes. La normativa introduce una opción para que los contratos de vivienda habitual sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que finalicen antes del 31 de diciembre de 2027, sean extendidos por hasta dos años extraordinarios. Durante el periodo de la prórroga, la actualización anual de la renta queda limitada en determinadas situaciones con un tope de incremento del 2%, contribuyendo a la protección de los arrendatarios ante la subida de precios en zonas donde la presión sobre el mercado del alquiler se manifiesta con mayor intensidad.

Según consignó el despacho, la aplicación de esta prórroga requiere que el arrendatario verifique en primer lugar si su contrato cumple los requisitos: debe tratarse de una vivienda habitual y no estar sujeto a renovaciones automáticas. Una vez confirmado esto, el inquilino debe solicitar expresamente al arrendador el deseo de acogerse a esta extensión extraordinaria. Argüelles especificó que la falta de una solicitud correcta, la omisión del plazo legal o una comunicación defectuosa pueden dejar al arrendatario sin la protección de la prórroga, lo que implica el riesgo de tener que abandonar la vivienda una vez finalizado el contrato.

El medio Unive Abogados remarcó que existen excepciones que permiten a los propietarios oponerse a la aplicación de la prórroga. Entre esos supuestos se encuentran la existencia de un nuevo acuerdo entre ambas partes, la formalización de un contrato distinto o la notificación en tiempo y forma de que el propietario precisa la recuperación del inmueble para uso propio o familiar. En estos escenarios, el derecho a la prórroga extraordinaria no será reconocido legalmente.

Tal como publicó el despacho, los expertos consideran que los posibles conflictos se derivarán principalmente de la incorrecta aplicación del procedimiento, más que de la existencia misma del derecho a la prórroga. Argüelles subrayó que, en ciertas situaciones, errores en la interpretación contractual y fallos en la comunicación pueden dar lugar a disputas sobre la validez de la solicitud o sobre la vigencia de las condiciones originales del alquiler. También indicó que algunos propietarios podrían intentar aprovechar defectos de forma para introducir cambios menos favorables para los inquilinos o proponer nuevas condiciones contractuales.

El bufete aconseja que los arrendatarios con contratos próximos a vencer calculen correctamente la fecha de finalización, confirmen su situación como vivienda habitual y tramiten la solicitud de prórroga con la suficiente antelación, asegurando un registro fehaciente de dicha solicitud para prevenir problemas. Atendiendo a lo especificado por Unive Abogados, cumplir con estos pasos será determinante para acceder hasta dos años más de permanencia en la vivienda bajo las condiciones establecidas por la ley, incluida la limitación en la actualización de la renta.

Unive Abogados, como recoge la nota, también destaca que si bien la medida representa un alivio para numerosos arrendatarios en contextos de presión inmobiliaria, la protección que ofrece queda supeditada a la diligencia del propio inquilino en el cumplimiento de los requerimientos formales y de comunicación. Los abogados recomiendan evitar dejar la gestión para el último momento y prestar atención a posibles objeciones por parte del propietario, quienes pueden alegar las excepciones reconocidas legalmente para no conceder la prórroga extraordinaria.

El despacho señala que, dentro del marco establecido por la nueva regulación, cada parte debe conocer sus derechos y obligaciones para minimizar la aparición de conflictos y asegurar que la prórroga extraordinaria cumpla su función de protección en casos donde la continuidad en la vivienda resulte prioritaria para los arrendatarios.

El decreto ley que permite prorrogar por dos años los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, y que limita al 2% la actualización anual de las rentas, tiene efectos legales desde el 21 de marzo, fecha en que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, si bien se votará en el Congreso el próximo 30 de abril. Se trata de una medida que aliviará la situación de miles de inquilinos, ofreciéndoles mayor estabilidad, pero su continuidad depende de que el Congreso la convalide en la votación prevista para el 30 de abril. A continuación te contamos las claves a tener en cuenta.

• ¿Cómo se puede solicitar la prórroga?

Desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas recuerdan que el arrendatario debe pedir la prórroga al propietario antes de la fecha de finalización del contrato. Recomiendan hacerlo por un medio que permita dejar constancia, como un correo electrónico o burofax. Salvo excepciones concretas, el propietario está obligado a aceptar la solicitud. “Tu casero no se puede negar, pero no es una prórroga automática, hay que comunicarlo”, aclara Valeria Racu, portavoz del sindicato.

La organización también insiste en que, aunque el decreto decaiga el próximo 30 de abril, si las prórrogas se han solicitado, “serán válidas”, por lo que recomiendan a los inquilinos realizar la gestión cuanto antes.

En los municipios declarados como área tensionada, la reforma del artículo 10.3 de la Ley de Vivienda 12/2023 permite prorrogar los contratos de alquiler por tres años adicionales, explican. En la página web poderinquilino.org se pueden consultar tanto los pasos a seguir como los modelos de solicitud para acogerse a la prórroga.

• ¿Puedo acogerme a la prórroga si tengo contrato de alquiler temporal o de habitación?

Las medidas del decreto no afectan a los alquileres temporales o de habitaciones.

• ¿Cuánto puede subir mi alquiler?

Los alquileres firmados antes de la ley de vivienda se actualizan según el IPC, y los más recientes lo hacen con el nuevo índice de alquileres. Aunque ambos índices superan el 2% este año, mientras el decreto de la prórroga de alquiler esté en vigor, la subida máxima permitida será del 2%.

“No es suficiente para abordar el problema”

Este nuevo decreto forma parte del “escudo social” impulsado por el Gobierno, un conjunto de iniciativas orientadas a frenar las consecuencias de la crisis de vivienda y ofrecer apoyo a quienes tienen más dificultades para acceder o mantener un alquiler. El objetivo, según ha explicado el Ejecutivo, también es evitar el aumento de los costes de la energía y los alimentos provocado por los cinflictos internacionales.

Aunque la prórroga de los alquileres supone un alivio temporal, el Sindicato de Inquilinas recueran que estas medidas no resuelven el problema de fondo del acceso a la vivienda en España, que se ha situado como la principal preocupación de la ciudadanía. Por ello, la organización reclama una reducción del 50% en los precios del alquiler y la implantación de contratos indefinidos para evitar que las familias tengan que abandonar sus hogares cada pocos años. También piden recuperar viviendas en manos de fondos de inversión para destinarlas a un parque público de alquiler, así como restringir los pisos turísticos y poner en uso las viviendas vacías.

Desde Sumar han hecho un llamamiento a organizar “la mayor movilización social posible” para que el decreto ley salga adelante cuando se vote en el Congreso dentro de un mes. “Tenemos un mes para organizar la mayor campaña posible de presión para que cuando los diputados vayan a pulsar el botón de la votación se sepa quién defiende a la gente y quién defiende los intereses de una clase rentista que se está forrando a su costa”, dijo el lunes el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy en una entrevista en TVE.

La necesidad de solicitar prórrogas continuas para permanecer en alojamientos temporales después de perder su vivienda habitual marca el proceso que muchas familias deben atravesar tras un desahucio. Según consignó el medio Europa Press, estos recursos de atención urgente presentan carencias, ya que no fueron creados como solución permanente, sino más bien como refugio excepcional ante situaciones de emergencia. En este contexto, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, destacó en su ‘Informe anual 2025’ el incremento de quejas recibidas por parte de familias vulnerables, muchas de ellas con menores, que han sido objeto de desahucios judiciales y enfrentan una profunda incertidumbre y precariedad habitacional ante la ausencia de respuestas institucionales.

Europa Press informó que las actuaciones de la Defensoría del Pueblo relacionadas con desahucios han pasado de 60 en 2023 a 102 en 2024 y a 142 en 2025, lo que pone de manifiesto un crecimiento sostenido en la magnitud del problema. El informe resalta que la principal preocupación expresada por los afectados es la falta de información clara sobre las alternativas disponibles tras el lanzamiento de su vivienda. Según publicó Europa Press, muchas familias manifiestan desconocer qué ocurrirá una vez ejecutado el desahucio, sintiéndose desatendidas frente a la pasividad de los servicios sociales, quienes frecuentemente improvisan soluciones a último momento.

En respuesta a este fenómeno, Ángel Gabilondo solicitó a las administraciones locales que implementen dispositivos de alojamiento temporal con suficiente antelación, anticipando la fecha prevista de ejecución del desahucio, tanto para minimizar la incertidumbre como para dotar a las personas afectadas de información veraz sobre las alternativas planificadas. Europa Press detalló que la Defensoría del Pueblo no solo ha orientado a las familias en la búsqueda de recursos, sino que también ha intervenido directamente ante los ayuntamientos, especialmente en situaciones de gravedad y ante la inminencia del lanzamiento, con el objetivo de garantizar la atención a las necesidades más urgentes de alojamiento.

Un aspecto que subraya la complicación de este problema es la provisionalidad que caracteriza los dispositivos de emergencia. El Defensor del Pueblo explicó que estos alojamientos temporales no están diseñados para albergar de forma estable a familias, y su acceso implica recurrir a solicitudes de renovación sucesivas, prolongando una situación de precariedad y desarraigo. Además, el informe difundido por Europa Press refleja cómo este sistema afecta especialmente a menores de edad dentro de las familias desalojadas, expuestos a situaciones de vulnerabilidad e inseguridad.

Europa Press también reportó que el Defensor del Pueblo otorgó espacio en su informe a las denuncias de propietarios y arrendadores. Estos sectores han hecho saber su malestar ante la moratoria antidesahucios—una medida legal vigente entre 2020 y 2025—y sobre la dilación en el cobro de las compensaciones económicas estipuladas para quienes vieron sus desahucios suspendidos judicialmente. Aunque la ley establece un plazo máximo de tres meses para resolver esas ayudas, en algunos casos la espera se extiende más allá del año, generando descontento e inseguridad jurídica entre los afectados.

El informe anual de la Defensoría del Pueblo, como resumió Europa Press, abordó el contexto estructural de la crisis habitacional en España, vinculando el incremento de desahucios y la precariedad residencial al sostenido aumento de los precios de compraventa y alquiler de vivienda en la última década. Ángel Gabilondo relacionó estos aumentos con una oferta insuficiente de vivienda, frente a una demanda creciente. El alza en los precios tanto de compra como de alquiler se ubicó por encima de la evolución de los salarios y del poder adquisitivo, dificultando cada vez más el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna.

Esta presión recaída sobre el mercado de alquiler se observa con especial intensidad en grandes ciudades y municipios turísticos, donde la construcción de viviendas nuevas no responde al crecimiento de la población ni a la demanda existente. Además, Europa Press expuso que esta situación se ha agravado por el notable incremento de inmuebles destinados al alquiler turístico, un fenómeno que reduce la disponibilidad de viviendas habituales, aumenta los precios y, en consecuencia, repercute sobre el tejido social y la prestación de servicios públicos en los municipios afectados.

Otra consecuencia del encarecimiento de la vivienda es que muchas personas destinan una proporción excesiva de sus ingresos al pago del alquiler. Las quejas recogidas por el Defensor del Pueblo dan cuenta de las dificultades para acceder, sostener y mantener el alojamiento, tanto en comunidades autónomas como en ciudades medias y grandes. Estas dificultades no solo afectan la economía personal y familiar, sino que también evidencian la tensión entre la oferta real y la cobertura de ayudas públicas.

Según publicó Europa Press, los retrasos reiterados en el abono de los subsidios al alquiler constituyen otra preocupación para quienes dependen de estas ayudas. El Defensor del Pueblo precisó que tales ayudas llegan frecuentemente con meses de demora y no logran atender la totalidad de solicitudes que cumplen con los requisitos legales. A esto se suma el incremento de denuncias por molestias y problemas de convivencia ligados al aumento de las viviendas de alquiler turístico, así como el vandalismo derivado de situaciones de ocupación irregular.

Dentro de las recomendaciones expresadas, Europa Press indicó que el Defensor del Pueblo insistió en la necesidad de aplicar de forma estricta la Ley por el Derecho a la Vivienda. Considera necesario que esta normativa no solo sirva para regular los precios de alquiler, sino también para frenar el crecimiento del alquiler turístico, especialmente en áreas donde su impacto se ha dejado sentir fuertemente. Propuso, además, mantener y ampliar los programas de ayudas al alquiler, instruyendo a las administraciones autonómicas a gestionar dichas ayudas de forma rápida y eficiente—reforzando los medios destinados a la tramitación de las solicitudes para evitar los retrasos acumulados.

En línea con el mandato constitucional que reconoce el derecho a la vivienda digna en el artículo 47 de la Carta Magna, el Defensor del Pueblo señaló que los poderes públicos deben asumir la responsabilidad de crear las condiciones necesarias para garantizar este derecho. De acuerdo con Europa Press, apuntó como punto de partida el incremento del parque de vivienda pública y protegida en alquiler, con la meta de igualar al menos la media europea y priorizando la protección permanente frente a la venta.

En materia de transparencia y acceso a vivienda pública, Europa Press detalló que Ángel Gabilondo reiteró la importancia de procedimientos de adjudicación claros, basados en baremos objetivos y públicos, así como la necesidad de erradicar fenómenos como el chabolismo y la infravivienda. En cuanto al Bono Alquiler Joven, el informe de la Defensoría del Pueblo recogió tanto el elevado número de solicitudes recibidas como el agotamiento de los fondos disponibles, factores que impidieron la llegada oportuna de la ayuda a sus destinatarios.

El diagnóstico del Defensor del Pueblo recoge, en suma, el cruce de dificultades estructurales—como el aumento del parque de vivienda turística, la insuficiencia del parque público, la demora en ayudas y el sobreesfuerzo económico de los hogares—con la falta de planificación y respuestas institucionales eficaces ante los riesgos de pérdida de vivienda. Según viene alertando Europa Press desde la publicación del informe, la gestión ágil y previsible de los recursos públicos y la mejora de su transparencia han sido planteados como medidas esenciales para enfrentar la compleja realidad habitacional del país.

El contenido de la cumbre celebrada en la Cámara Baja esta semana reflejó la determinación de Sumar y sus aliados al exigir que la vivienda se coloque de manera prioritaria en la agenda política, especialmente con la mirada puesta en los comicios generales venideros. Según consignó el medio Europa Press, esta reunión sirvió de espacio para que los ministros y dirigentes de la coalición impulsaran la movilización ciudadana, con el objetivo de asegurar la prórroga de los contratos de alquiler y reafirmar que la defensa de este sector es un elemento estratégico para la izquierda de cara a futuros retos electorales.

Europa Press detalló que participaron figuras destacadas como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, junto a titulares de varias carteras, incluidos Ernest Urtasun (Cultura), Pablo Bustinduy (Derechos Sociales), Sira Rego (Juventud e Infancia) y Mónica García (Sanidad). La asistencia se amplió con dirigentes del espacio plurinacional como Antonio Maíllo (IU), Alberto Ibáñez (Compromís), Vicenç Vidal (Més per Mallorca), Candela López y Gemma Tarafa (Comuns), Lara Hernández (Sumar) y otros integrantes del grupo, además del candidato de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo. La celebración de esta cumbre sucedió tras una acción coordinada de los ministros de Sumar en el último Consejo de Ministros, en la que reclamaron incluir controles a los beneficios extraordinarios de grandes empresas y la prórroga de los alquileres hasta 2026 dentro de los planes anticrisis del Gobierno.

Durante el encuentro, Díaz argumentó que los logros más recientes en materia de vivienda no se habrían alcanzado sin la participación de Sumar y subrayó la necesidad de colocar el acceso a la vivienda como tema central del debate político, dada la existencia de diferencias con el PSOE sobre las soluciones propuestas para la crisis habitacional. Informó Europa Press que la vicepresidenta segunda reconoció una fuerte confrontación con el Partido Socialista en jornadas previas y enfatizó la urgencia de articular la movilización para salvaguardar la vigencia de la prórroga de alquileres una vez que llegue al Congreso.

Díaz propuso consolidar alianzas con sindicatos de inquilinos y organizaciones sociales para fortalecer la presión desde la sociedad civil. Advirtió, además, que formaciones como Junts, PP y Vox deberán hacerse responsables si rechazan el decreto vinculado a la regulación de los alquileres. Sostuvo que el acceso a la vivienda se perfila como la cuestión determinante en la próxima campaña electoral y afirmó que los avances en este entorno pueden evitar que opciones de extrema derecha capitalicen el descontento existente.

Según Europa Press, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, consideró imprescindible la acción de Sumar en el Ejecutivo, argumentando que el PSOE suele adoptar posturas más débiles ante ciertos intereses económicos. Urtasun destacó como tarea prioritaria la regulación del mercado de alquiler y del sector energético, e instó a Junts a reconsiderar su posible voto contrario al decreto sobre alquileres cuestionando el impacto que tal decisión tendría sobre los intereses de la ciudadanía catalana. Además, recomendó utilizar el debate sobre la vivienda para evidenciar, según su visión, la falta de propuestas sociales de Vox, al que acusó de ser un partido alineado con los propietarios a pesar de buscar consolidar el voto de los trabajadores.

El titular de Cultura también señaló que los recientes desencuentros en el Gobierno legitiman la estrategia de Sumar, al considerar que los vetos autoimpuestos resultan ineficaces y que la legislatura exige la presentación de propuestas valientes. Según expresó en la reunión, resulta necesario convocar a la sociedad para la defensa activa del decreto que extiende los contratos de alquiler.

Por su parte, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, defendió la postura adoptada por los ministros del grupo minoritario y afirmó que el objetivo de presionar en el Consejo de Ministros era limitar los márgenes empresariales y, especialmente, implementar medidas para aliviar la presión sobre los salarios afectados por el incremento en los precios del alquiler. Ante las críticas sobre la estrategia de presión, García ironizó al decir que toda táctica que implique un ahorro de entre 400 y 600 euros para las familias resulta bienvenida, y prometió un esfuerzo sostenido a fin de lograr la aprobación parlamentaria de la prórroga de los alquileres. Asimismo, consideró que la alternativa de la izquierda tiene proyección política duradera y destacó la diversidad y capacidad de acción del espacio político de Sumar.

En la cumbre también emergió la comparación sobre la atención dada al tema de la vivienda dentro del Gobierno. Según consignó Europa Press, tanto Mónica García como Antonio Maíllo subrayaron que el presidente Pedro Sánchez habría dedicado insuficiente tiempo al decreto de la vivienda, en contraste con el esfuerzo dedicado por los miembros de Sumar. Ambos remarcaron la conveniencia de impulsar una movilización social que respalde la prórroga de los alquileres y acusaron a PP y Vox de desatender la problemática del acceso a la vivienda. Maíllo en particular argumentó que solo mediante el fortalecimiento de la agenda social se puede frenar el avance de la derecha.

Según declaraciones posteriores recogidas por Europa Press, Sira Rego explicó que el trabajo se orienta a ajustar la correlación de fuerzas mediante la negociación del decreto de vivienda e instó a Junts y PNV a tomar posición sobre si apoyan a los inquilinos o a los propietarios. Pablo Bustinduy, también presente, denunció que los empresarios han reaccionado negativamente al decreto y apeló a la participación de ciudadanos con diversidad de orientación ideológica para apoyar la prórroga de los alquileres.

En la misma línea, la portavoz del grupo plurinacional en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, valoró el papel de Sumar como catalizador de decisiones en el Ejecutivo y destacó que la coalición habría influido en los cambios de postura del PSOE en materia de vivienda durante la presente legislatura. Alberto Ibáñez insistió en que la acción de la izquierda debe traducirse en medidas concretas que disminuyan los gastos básicos, especialmente el costo de la vivienda y la energía, y criticó la visión del PSOE sobre el alcance de las políticas sociales.

El diputado de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, centró su intervención en la necesidad de que la vivienda sea el eje de la acción política para contrarrestar las desigualdades sociales y subrayó la importancia de lograr avances hasta el final de la legislatura. A lo largo del encuentro, miembros de la coalición emitieron reiterados reproches hacia el Partido Popular y su líder, Alberto Núñez Feijóo, a quien Yolanda Díaz calificó de alinearse con intereses externos en referencia a la supuesta influencia del expresidente estadounidense Donald Trump y le reprochó su postura ante el actual Ejecutivo.

El medio Europa Press reportó que la consigna general de la cumbre giró en torno a la relevancia de la vivienda como factor determinante tanto para la cohesión social como para la competitividad electoral de la izquierda, insistiendo en la urgencia de movilizar apoyos y asegurar el mantenimiento de medidas extraordinarias para prorrogar los contratos de alquiler más allá de 2026.

La ampliación automática de los contratos de alquiler hasta dos años para quienes enfrentan la finalización de sus contratos entre el 21 de marzo de este año y el 31 de diciembre de 2027 es una de las medidas que, según ha señalado Yolanda Díaz, podrían resultar afectadas si no se convalida el Real Decreto-ley de vivienda en los próximos 30 días. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, advirtió que el plazo para la convalidación de la norma finalizará dentro de un mes, mientras la prórroga seguirá aplicándose hasta entonces.

Según informó Europa Press, Díaz dirigió un mensaje directo al Partido Popular, Vox y Junts, calificando sus posiciones como “clasistas y racistas”, y urgió a estas formaciones a evitar el eventual bloqueo del decreto que permite la extensión de los alquileres. La ministra explicó que rechazar la ratificación del decreto podría revertir la medida que protege a quienes actualmente pueden limitar la subida de sus rentas. De acuerdo con la información recogida por el medio, Díaz manifestó que la ciudadanía que reúna los requisitos debería solicitar la prórroga para conservar las condiciones actuales de sus contratos, pues en caso contrario se expone a subidas que podrían alcanzar hasta un 50%, en lugar del tope del 2% impuesto por la nueva regulación.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Díaz subrayó: “Porque si no es así, le pueden revalorizar su contrato de arrendamiento a un precio, no del 2%, sino del 20%, del 30%, del 40% o de hasta el 50%, como están pasando en todas las ciudades de mi país. Por tanto, le pido a la ciudadanía que está en estas condiciones que inste la prórroga”. En esa línea, la vicepresidenta también hizo un llamamiento a los sindicatos, asociaciones de inquilinos, organizaciones ecologistas, feministas y a todas las formaciones políticas, para que promuevan la movilización social en defensa de esta medida, y rechazó lo que calificó como un posible acto de “indecencia” si la norma fuese derogada a falta de su convalidación transcurridos los 30 días.

El medio Europa Press detalló que la ministra advirtió a las fuerzas políticas a las que identificó como “las tres derechas”, en referencia a PP, Vox y Junts, sobre las consecuencias políticas de bloquear la normativa de vivienda. Díaz afirmó: “El proyecto de las tres derechas, que hay una transmutación en las mismas, no sólo es racista, que lo es, es que es clasista. PP, Junts y Vox tienen que explicar por qué hacen daño a la ciudadanía en nuestro país”. Además, insistió en que la tramitación parlamentaria permitiría la negociación y modificación de articulados específicos si existieran desacuerdos, pero recalcó que la oposición no tiene que ver con el contenido, sino con una visión política que, en palabras de la ministra, consideró “destructiva”.

El Real Decreto-ley de vivienda aprobado el pasado viernes incluye la prórroga extraordinaria y automática de hasta dos años para todos los contratos de alquiler cuya finalización estuviera prevista entre el 21 de marzo de este año y el 31 de diciembre de 2027. La medida busca mitigar el incremento de los precios y garantizar estabilidad a los inquilinos, en un contexto que Díaz relacionó con la situación derivada de la guerra. Según publicó Europa Press, la ministra defendió que durante el periodo de vigencia de la norma, los contratos podrán beneficiarse de la limitación en el aumento de las rentas, y exhortó a la ciudadanía a solicitar la prórroga para evitar condiciones más gravosas.

Europa Press consignó que la vicepresidenta, en sus declaraciones, reiteró la necesidad de que la sociedad se sume a la defensa de estas medidas, y advirtió que la votación decisiva sobre el futuro del decreto de alquiler tendrá lugar al concluir el plazo de un mes otorgado para su convalidación parlamentaria. Díaz aseguró que la negativa de PP, Vox y Junts a convalidar la norma tendría un impacto directo sobre quienes se acogen a la prórroga, “les saldrá caro”, afirmó, y recalcó la importancia de posicionarse en defensa de los intereses ciudadanos en el ámbito del acceso a la vivienda.

De este modo, según informó Europa Press, el Ejecutivo considera la convalidación del Real Decreto-ley de vivienda como una cuestión prioritaria para mantener la protección a los inquilinos frente a subidas elevadas en los alquileres y para frenar dinámicas que, a juicio de Díaz, suponen un perjuicio social generalizado.

Encontrar una vivienda en España se ha convertido en una misión casi imposible para miles de ciudadanos, un desafío que se multiplica en el caso de la población migrante: a los precios elevados y la escasez de pisos, se suma la discriminación racial, un factor que restringe aún más sus posibilidades. En ese sentido, la ONG Accem ha advertido sobre el aumento de casos de discriminación y delitos de odio que sufren las personas migrantes y refugiadas en España, de forma que solo en 2025 la organización registró 358 incidentes en ámbitos como la vivienda, la atención sanitaria y el empleo.

Desde Accem han observado un aumento de casos en los que las familias migrantes encuentran obstáculos para alquilar una casa. Muchos propietarios o intermediarios inmobiliarios, explica la ONG, rechazan solicitudes de alquiler de personas extranjeras, a menudo mediante argumentos encubiertos como la supuesta falta de cumplimiento de requisitos o la disponibilidad repentina de la vivienda. La discriminación, por tanto, no siempre es explícita, “lo que dificulta la denuncia y el acompañamiento a los afectados”

El informe anual del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), del que Accem forma parte, contabilizó en 2024 un total de 2.913 casos de asistencia a víctimas de discriminación racial, un 12% más que en 2023. El acceso a la vivienda ocupa el cuarto lugar entre los ámbitos donde se produjeron más incidentes, con 278 casos, solo por detrás de la denegación de acceso a bienes y servicios, el empleo privado y los servicios de salud.

Esa realidad tiene rostros concretos como el de Redouane, un ingeniero informático marroquí que contaba en esta entrevista con Infobae cómo pese a demostrar solvencia económica, su origen terminaba siendo el factor decisivo para que inmobiliarias o particulares le rechazaran: “Siempre preguntan de dónde soy y, en cambio, no se interesan por mi trabajo ni mis nóminas”, lamentaba.

Los requisitos cada vez más exigentes restringen su autonomía

Todos esos requisitos y condiciones cada vez más complejos restringen, según denuncia Accem, la autonomía de las personas migrantes y refugiadas, dificultando la posibilidad de que construyan una vida independiente. “Garantizar el acceso a una vivienda digna no es solo una cuestión de necesidad, sino de derechos”, subraya la entidad en un comunicado.

Durante 2025, Accem gestionó programas específicos para el acompañamiento de víctimas de discriminación racial y étnica, con 172 casos atendidos a través de su Servicio de Asistencia y Orientación, 68 por delitos de odio y 118 en el marco de acciones de prevención y empoderamiento. El trabajo de la organización incluye asesoramiento jurídico, mediación y formación para el acceso y mantenimiento de la vivienda, así como campañas de sensibilización dirigidas a agentes públicos y privados del sector inmobiliario.

Por todo ello, la entidad recuerda que garantizar el derecho a la no discriminación “exige el compromiso de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y la puesta en marcha de políticas públicas”, al tiempo que destaca que el acceso a la vivienda debe estar libre de restricciones vinculadas a la nacionalidad, el origen étnico o el color de la piel.

El reciente avance hacia una prórroga de los contratos de alquiler por dos años y la imposición de límites a ganancias empresariales obtenidas durante periodos críticos como crisis económicas o fenómenos meteorológicos intensos, se presenta en medio de un contexto de fuerte oposición y tensión social. Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, instó a la ciudadanía a movilizarse para defender este nuevo real decreto sobre vivienda, según informó Europa Press.

Maíllo planteó que la movilización social resulta imprescindible ante la inminente ratificación del decreto en el Congreso, argumentando que existen grupos que buscan boicotear el acceso a una vivienda digna para la población. Según publicó Europa Press, durante un acto en Málaga realizado junto a representantes políticos como Ovidio Zapico, consejero de Vivienda de Asturias, y Toni Morillas, coordinadora provincial de IU Málaga, Maíllo advirtió: “Tenemos que hacer sudar la gota gorda a aquellos que quieren boicotear ese derecho que supone la garantía de certidumbre, seguridad y tranquilidad” respecto a la vivienda.

El dirigente de Por Andalucía remarcó la necesidad de señalar a quienes, en sus palabras, “consideran que son menos importantes las personas que sufren por precios absolutamente desbordados de la vivienda que otros sectores que necesitan protección social". Subrayó la importancia de la movilización porque, según sus declaraciones recogidas por Europa Press, solo mediante presión social pueden ratificarse medidas que, según él, responden a demandas ciudadanas históricas en torno al acceso seguro a la vivienda.

En el marco de la jornada ‘Casas para vivir, no para especular’, organizada por Por Andalucía, Maíllo recordó que la coalición recientemente presentó el borrador de su programa electoral tras un proceso de consulta con colectivos y organizaciones sociales. Explicó que este programa pretende recoger aspiraciones y prioridades de la ciudadanía, situando la cuestión de la vivienda en el centro de su acción política. El evento puso de relieve que la defensa de la vivienda digna figura como una de las principales prioridades para la plataforma.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Maíllo valoró positivamente la labor desempeñada por sus colegas de Sumar en el Gobierno, destacando que los logros en materia de política de vivienda derivan de una “voluntad política de hierro”. Insistió en que la demostración de que existen soluciones depende de tratar la vivienda como un derecho y no como un negocio, reiterando que la prórroga de contratos y los topes a los alquileres durante dos años constituyen un ejemplo concreto de esas alternativas viables.

El candidato a la Junta de Andalucía enfatizó que uno de los principales retos no solo pasa por aprobar nuevas normativas, sino por generar un cambio en la concepción de la vivienda, promoviendo el acceso seguro y asequible. Detalló que la coalición Por Andalucía apuesta por que la vivienda deje de ser “uno de los graves problemas en Andalucía”, defendiendo iniciativas para acabar con la especulación y ampliar el parque de vivienda pública a precios asequibles.

Maíllo criticó tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, asegurando que ninguno de los dos ha logrado resolver el problema de la vivienda durante sus respectivos periodos de gobierno. Manifestó que existen diferencias profundas con ambas formaciones en materia de políticas habitacionales y recalcó, según Europa Press, que el cambio solo será posible con “apoyo social de quienes consideran que tiene que haber un cambio firme en la política de vivienda”.

En relación a la situación específica en Andalucía, Maíllo sostuvo que la primera condición para avanzar en soluciones pasa por un relevo en el Gobierno regional, acusando a la actual administración de representar intereses especulativos. Afirmó que “lo demuestran diariamente, lo han demostrado boicoteando una ley estatal de vivienda que pondría en una ciudad como Málaga tope de alquiler para convertir los barrios en espacios habitables a precios asequibles”, según consignó Europa Press.

El dirigente también señaló episodios en los que fondos de inversión y propietarios institucionales, definidos por él como “fondos buitres”, impulsan desahucios, citando el caso de Manilva (Málaga) como ejemplo de prácticas que, en su opinión, atentan contra la función social de la vivienda. Maíllo abogó por transformar el uso de viviendas destinadas al alquiler turístico para que puedan integrarse en el parque público y ayudar así a satisfacer la demanda de alquiler asequible en la región.

Según Europa Press, el llamamiento a la movilización se articula también como respuesta a lo que Maíllo describió como “temor de subidas desproporcionadas del alquiler” entre trabajadores, jóvenes y personas en situación vulnerable. Argumentó que la ciudadanía debe implicarse en la defensa de un derecho que, a su juicio, garantiza certidumbre y estabilidad para cientos de miles de habitantes afectados por la escalada de precios. Preguntó abiertamente por la prioridad que la sociedad y las instituciones otorgan a las políticas públicas y sociales, insistiendo en la necesidad de situar la vivienda como prioridad real y operativa.

Finalmente, Maíllo reafirmó que la coalición Por Andalucía posee una batería de soluciones orientadas a frenar la especulación, fortalecer el parque público y reorientar las viviendas turísticas hacia el uso residencial. Según recogió Europa Press, el candidato concluyó que el objetivo radica en transformar el acceso a la vivienda en un derecho efectivo, de modo que las familias trabajadoras puedan habitar sus hogares sin miedo a la inestabilidad ni angustia por los costes.

El paquete de medidas sobre alquiler y vivienda social, impulsado por Sumar y presentado ante el Consejo de Ministros extraordinario, contempla la prórroga extraordinaria y automática de todos los contratos de alquiler que venzan entre el 21 de marzo de 2024 y el 31 de diciembre de 2027, según informó Sumar y recogió Europa Press. Más de un millón de contratos, con impacto directo sobre 2,7 millones de personas, estarían alcanzados por esta disposición, diseñada para ampliar la protección de los arrendatarios en España. A pesar de la relevancia del paquete legal, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció que el decreto de vivienda aún no cuenta con el respaldo suficiente en el Congreso y que las negociaciones con los distintos grupos parlamentarios continuarán, tal como recogió Europa Press.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, Sánchez destacó que el Gobierno de coalición se mantiene decidido a dar respuesta a la emergencia habitacional, aunque admitió que el proceso legislativo encuentra obstáculos. Atribuyó las dificultades al contexto parlamentario actual y a la necesidad de seguir dialogando con otras fuerzas políticas para lograr la convalidación del decreto en la Cámara Baja. Según publicó Europa Press, el jefe del Ejecutivo enfatizó la importancia de la vivienda como “un asunto fundamental para los ciudadanos” y subrayó que el ejecutivo no renunciará a abordar este problema pese a la falta de una mayoría clara.

Europa Press detalló que la aprobación del paquete habitacional se produjo después de una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, en la que PSOE y Sumar, los socios del Gobierno de coalición, acordaron finalmente desglosar en dos reales decretos las iniciativas llevadas a la mesa. Sumar, liderado por Yolanda Díaz, había solicitado medidas específicas sobre vivienda, mientras que el sector socialista planteaba reservas ante la ausencia de apoyos suficientes en el Congreso. Ante las presiones de Sumar, el inicio del Consejo se retrasó más de dos horas, hasta que ambas partes consensuaron la formulación de dos decretos distintos.

El alcance de las medidas propuestas comprende, además de la prórroga de alquileres, la introducción de un marco jurídico específico para los contratos de concesión dedicados a la promoción de vivienda social o a precios asequibles en suelos o inmuebles de titularidad pública. Este nuevo régimen busca fomentar la disponibilidad de viviendas protegidas o asequibles, mediante instrumentos jurídicos que garanticen la estabilidad y la temporalidad definida para los arrendamientos.

Fuentes de Sumar indicaron a Europa Press que el decreto de vivienda se presentará ante el Congreso en un plazo máximo de un mes, con el objetivo de conceder más espacio a la negociación e intentar consolidar una mayoría parlamentaria que permita su validación. Sin embargo, partidos como Junts y el PNV han expresado su oposición frontal a la medida, lo que complica el mapa de apoyos del Ejecutivo. El decreto ley no será sometido aún a votación, ante la carencia de respaldo suficiente.

En paralelo, el Consejo de Ministros también aprobó otro real decreto que recoge un conjunto de medidas orientadas a la reducción de precios en el sector energético. Este segundo decreto sí dispone del consenso necesario para avanzar en la Cámara Baja y contempla rebajas fiscales a los combustibles y la electricidad, un incremento en los bonos social y térmico, y acciones para incentivar la implantación de placas solares. Sería convalidado de inmediato, diferenciándose así del decreto de vivienda, sujeto aún a debate y negociación.

Pedro Sánchez, según publicó Europa Press, justificó la decisión de impulsar la normativa de vivienda incluso sin bloques de apoyo definitivos, argumentando la disposición de su partido a considerar y apoyar propuestas de los socios del Gobierno de coalición. El mandatario evitó ofrecer un calendario concreto para la validación final del decreto ley, dada la volatilidad de las conversaciones y los equilibrios parlamentarios requeridos para avanzar en el trámite.

El contenido y los plazos mencionados por fuentes de Sumar prevén una prórroga de alquileres que permitiría extender los contratos hasta dos años, en función de las fechas previstas de finalización entre 2024 y 2027. Se introduce así una medida extraordinaria, dirigida a ofrecer certidumbre a los inquilinos que concluyan sus contratos en ese periodo y a responder a la emergencia habitacional reconocida por el propio Gobierno. Como parte del paquete, el marco jurídico especial para suelo e inmuebles públicos pretende reforzar el parque de vivienda protegida y contribuir al alivio de las tensiones en el mercado de alquiler.

La estrategia gubernamental, según consignó Europa Press, consiste en mantener abierta la negociación hasta agotar los plazos legales previstos, con el objetivo de sumar apoyos entre las diferentes fuerzas políticas del Congreso. El entorno de alianza, especialmente con presencia de partidos que han manifestado objeciones, representa un desafío para el avance inmediato del decreto de vivienda. De cara a los siguientes pasos, la prioridad del Ejecutivo reside en garantizar avances legislativos en materia habitacional, a través de diálogo y búsqueda de consenso parlamentario, según reiteró Sánchez ante los medios.

Irene Montero, eurodiputada y figura destacada de Podemos, planteó que el Gobierno central debe intervenir directamente en los mercados de la vivienda, la energía y los productos básicos si aspira a obtener el respaldo parlamentario de su formación. Según reportó el medio, Montero declaró ante los medios que Podemos no garantiza su apoyo en el Congreso mientras el Ejecutivo no asuma un rol más activo en la contención de precios, reiterando la exigencia de topes y regulaciones dirigidas a proteger a la ciudadanía frente al encarecimiento de los gastos esenciales.

De acuerdo con la información publicada por el medio, Montero calificó de “injustas y profundamente ineficaces” las medidas del llamado plan anticrisis promovido por el Gobierno. Durante su intervención ante los medios tras asistir a un acto en homenaje a víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, la también número dos de Podemos puntualizó que su partido solo estaría dispuesto a votar a favor de propuestas gubernamentales que incluyan la intervención en el mercado del alquiler, la fijación de precios máximos para los alimentos, la energía y productos considerados de primera necesidad.

La eurodiputada manifestó que las disposiciones incorporadas mediante dos decretos recientes del Ejecutivo no resultan adecuadas para reducir los precios que afectan a la población. Argumentó que, según su análisis, tales medidas podrían incluso incrementar los beneficios de las grandes empresas, sin ofrecer alivio a quienes enfrentan los efectos de la actual coyuntura económica derivada de la guerra, a la que calificó de instrumento “injusto”. La dirigente de Podemos sostuvo además que las políticas presentadas son similares a las propuestas por el Partido Popular, en las que, a su entender, se priorizan los intereses empresariales sobre las necesidades de la sociedad.

El medio detalló que, entre los principales puntos reclamados por Podemos, se encuentra la exigencia de nuevas regulaciones en el mercado de la vivienda. Plantean la necesidad de impedir subidas de precios en los alquileres, al reconocer que el coste residencial representa uno de los problemas económicos más apremiantes para muchas familias. Respecto a los alimentos y la energía, Montero insistió en la importancia de establecer límites a los precios como mecanismo para proteger el poder adquisitivo y evitar aumentos que, según explicó, resultan insostenibles para amplios sectores de la ciudadanía.

Montero subrayó que el respaldo parlamentario de Podemos a futuras medidas del Gobierno depende plenamente de la inclusión de estas demandas. Señaló que su formación no otorgará un apoyo “automático” o “incondicional” si el Ejecutivo no introduce reformas sustanciales en los rubros mencionados. Además, la dirigente vinculó la necesidad de dichas intervenciones con la defensa de los intereses públicos frente a prácticas económicas que, a su entender, favorecen a grandes compañías en detrimento de la mayoría social.

Según publicó el medio, la líder de Podemos expresó su desacuerdo con la estrategia gubernamental actual, a la que atribuyó la ausencia de impactos efectivos para disminuir los precios. Reiteró que la protección de las familias debe constituirse en prioridad y que la política económica requiere un compromiso adicional para impedir que el conflicto internacional repercuta de manera negativa sobre la economía doméstica.

Finalmente, la posición de Montero evidenció un distanciamiento entre Podemos y otros sectores progresistas del Congreso en torno a las medidas anticrisis. El medio resaltó la advertencia explícita de Montero acerca de que su grupo solo considera apoyar políticas orientadas a la intervención directa en los precios clave, como alimentos, energía y vivienda. Las declaraciones de la eurodiputada se presentaron en un contexto de críticas hacia la respuesta hasta ahora ofrecida por el Gobierno, aportando claridad respecto a las condiciones que Podemos plantea como imprescindibles para su voto parlamentario en temas económicos.

"Esto no puede ser un mero decreto de rebaja de impuestos", expresaron fuentes de Sumar al medio Europa Press, en relación con la exclusión de medidas sobre vivienda y control empresarial del decreto anticrisis. Con esa posición, los representantes del grupo minoritario de la coalición condicionaron el inicio del Consejo de Ministros extraordinario previsto para las 09:30 de este viernes, que permanecía bloqueado tras dos horas de la hora señalada debido a la falta de consenso entre los socios del Ejecutivo.

Según informó Europa Press, la sesión convocada para abordar un nuevo paquete de medidas económicas en respuesta al impacto de la guerra en Irán se encontraba retrasada por la exigencia de Sumar de incluir la prórroga de los contratos de alquiler y mecanismos de control sobre los márgenes empresariales en el decreto. De acuerdo con información proporcionada por portavoces de Sumar, el grupo insistía en que ambos puntos formaran parte de la respuesta gubernamental frente a la crisis y se resistía a avanzar con la reunión mientras esas cuestiones quedaran excluidas del texto.

La negociación entre los dos principales socios del Gobierno español alcanzó un punto crítico este viernes, con intercambios de última hora centrados en la posible incorporación de medidas para mejorar el acceso a la vivienda y establecer controles con el objetivo de evitar que la rebaja de impuestos repercuta en beneficios extraordinarios no justificados para las empresas. Desde Sumar, los ministros defendieron que estas políticas deben integrar la batería de acciones contra el alza de precios y las consecuencias derivadas del conflicto en Oriente Medio.

Fuentes del Ejecutivo citadas por Europa Press confirmaron que el equipo de Moncloa valoraba una rebaja del IVA aplicado a los carburantes del 21% al 10%. La medida, orientada a paliar el encarecimiento de los combustibles por las tensiones en Irán, difiere de las iniciativas implementadas tras el estallido de la guerra en Ucrania, cuando el Gobierno español aprobó una bonificación universal de 20 céntimos por litro de combustible. Funcionaros implicados en el diseño del decreto señalaron que esta rebaja fiscal era uno de los aspectos centrales que el Ejecutivo buscaba consensuar antes de emitir el decreto para su convalidación en el Congreso.

El medio Europa Press detalló que el sector socialista del Gobierno prefería priorizar medidas vinculadas a la energía para facilitar el respaldo parlamentario de grupos como PNV y Juntos. Ambos partidos habían adelantado a Moncloa su preferencia por un texto reducido y enfocado, y comunicaron su rechazo a un decreto que incluyera un conglomerado de iniciativas heterogéneas, conocidas como textos 'omnibus'. Con la validación legislativa prevista para la próxima semana, el PSOE apuntaba a asegurar los votos de sus aliados más próximos, aún cuando eso pudiera suponer el descontento con Sumar respecto a la agenda de vivienda.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Alberto Ibáñez, portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, cuestionó la posición de los socialistas, a quienes acusó de "escudarse excesivamente en las derechas" mediante medidas como la reducción de impuestos y de resistirse a incluir reformas de vivienda en la normativa en negociación. Según Ibáñez, la postura del ala socialista centraba la respuesta anticrisis en la reducción de tributos, dejando de lado políticas de protección social reclamadas por su grupo.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, la reunión del Consejo de Ministros seguía sin arrancar a primera hora del mediodía, en espera de un acuerdo de última hora entre el PSOE y Sumar que permitiera el comienzo formal de la sesión y la posterior comparecencia del presidente Pedro Sánchez. Entre las cuestiones en discusión figuraban tanto el alcance de la rebaja fiscal sobre carburantes como los mecanismos para evitar que tal rebaja se traduzca en ganancias adicionales para las empresas sin repercusión positiva para los consumidores, así como la inclusión o no de medidas que respondan al encarecimiento de la vivienda.

El decreto anticrisis que se sometía a negociación tenía como contexto la escalada de precios y las incertidumbres económicas derivadas del conflicto en Irán, que mantiene afectado el suministro internacional de energía y repercute en la economía española, según informó Europa Press. Tanto la urgencia en las deliberaciones del gabinete como la presión sobre el Ejecutivo respondían a la exigencia de plasmar esas contingencias en medidas que combinen alivio fiscal inmediato y protección social, en un momento de tensión entre los socios gubernamentales respecto a las prioridades de cada bloque.

Durante la mañana, la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros permaneció aplazada ante la ausencia de los miembros, mientras continuaban las deliberaciones sobre la inclusión de nuevas medidas relacionadas con la vivienda y el control de precios en el decreto anticrisis. De acuerdo con Europa Press, el Gobierno no ha logrado consensuar la totalidad del paquete de iniciativas destinado a afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Irán, pues el socio minoritario de la coalición, Sumar, rechaza dar luz verde a la reunión si no se añaden en el texto la prórroga de los contratos de alquiler y regulaciones sobre los márgenes empresariales.

Según publicó Europa Press, representantes de Sumar transmitieron que «esto no puede quedarse de la respuesta anticrisis, esto no puede ser un mero decreto de rebaja de impuestos», subrayando que ambas cuestiones—la extensión de la protección para inquilinos y el control eficaz sobre los sectores empresariales—son puntos centrales de su planteamiento. La sesión debía haberse iniciado alrededor de las 9:30 horas, aunque una hora después aún no se concretaba su apertura. El Ejecutivo había anunciado que, tras la finalización de la sesión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecería públicamente, aunque el retraso generó dudas sobre los plazos previstos.

El medio Europa Press detalló que las negociaciones comenzaron a intensificarse desde el día anterior, pero persistió la falta de acuerdo dentro del Gobierno de coalición. Sumar mantiene la presión para que el decreto anticrisis integre mejoras en el acceso a la vivienda y mecanismos de supervisión capaces de evitar ganancias empresariales extraordinarias derivadas de la rebaja de impuestos.

Según explica Europa Press, el portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, criticó que el Partido Socialista «se escuda excesivamente en las derechas» por priorizar la reducción de impuestos frente a medidas orientadas a la vivienda. Ibáñez también apuntó que existe negativa por parte del sector socialista a impulsar propuestas de vivienda dentro de la normativa anticrisis que se negocia como respuesta a los efectos económicos del conflicto en Irán.

Fuentes cercanas a la elaboración del decreto, citadas por Europa Press, indicaron que el Gobierno plantea una rebaja del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en carburantes, pasando del 21% al 10%. Esta medida, de aprobarse, mostraría un enfoque distinto respecto a la bonificación universal de 20 céntimos por litro implementada por el Ejecutivo en 2022 para contrarrestar el impacto de la guerra en Ucrania.

El planteamiento de Sumar, documentado por Europa Press a través de fuentes consultadas, suma a la petición de prórroga de los contratos de alquiler el requerimiento de controles reforzados a los márgenes empresariales. El objetivo declarado es asegurar que la rebaja de tributos no derive en beneficios extraordinarios injustificados para sectores específicos, sin llegar a los colectivos más afectados por el incremento de los precios y la crisis de acceso a la vivienda.

El decreto anticrisis que Moncloa intenta perfilar apunta a mitigar las consecuencias económicas directas de la guerra en Irán. Según informaciones del mismo medio, la propuesta inicial del Ejecutivo se orienta en gran medida a aliviar los costes energéticos de consumidores y conductores, pero los desacuerdos internos bloquean la aprobación y entrada en vigor de la normativa. Las negociaciones continúan, con Sumar defendiendo la necesidad de reforzar el componente social y regulador del paquete, mientras que el sector socialista aboga por medidas centradas en la fiscalidad del consumo energético.

La falta de consenso dentro del Gobierno, reportada por Europa Press, mantiene paralizada la respuesta institucional con la que se pretende contrarrestar la inflación y la escalada del coste de vida asociada al conflicto internacional. Hasta el cierre de la información, los ministros no habían fijado una hora definitiva de inicio para el Consejo, persistiendo la incertidumbre sobre la tramitación del decreto y la comparecencia del presidente Sánchez.

“Me estafaron con el departamento, me prometieron uno y no era”, contó Oriana en diálogo con el conductor. “Yo lo alquilé desde afuera, como hacés ahora, que alquilás todo, ni sabés quién es el dueño, no firmás contrato, no firmás nada”, comenzó su relato, describiendo una modalidad cada vez más común en el mundo inmobiliario actual: la contratación a distancia, basada en promesas y sin garantías reales. “Cuando llegué, no estaba. Me habló una persona que hace de intermediario. Paré en lo de una amiga, me quedé como una semana”, relató sobre la incertidumbre de los primeros días.

La situación, lejos de mejorar, se tornó aun más confusa: “A la semana me dice: ‘Mirá, no está el que vos elegiste, pero te conseguimos otro’. Me mandan un video y veo tres ambientes lindos, una buena cocina, lavadero, esto, lo otro. Digo: ‘Bueno, bárbaro’. Cuando llego, me encuentro en un barco con esta persona, firmo el contrato y subo a ver el departamento. El departamento no tenía nada, tenía lo que vos viste, lo que te mandé”, explicó Oriana, visiblemente indignada. “Liquidadito”, acotó De Brito en el estudio. “Y encima pagué dos millones y medio de pesos. Seiscientos dólares, ¿podés creer?, por mes. Desaparecieron todos. Es un modismo que después me dijeron que acá es reconún”, lamentó la artista.

Oriana detalló que no es la primera vez que le toca atravesar una situación desagradable en materia de alquileres. “Me ha pasado en otros departamentos, pero no de esta magnitud, de tener los sillones rotos, las sillas ajadas, el baño perdiendo, el bidet, las cosas, todas las canillas rotas. ¿Qué es esto?”, cuestionó, indignada, sin poder creer el estado en el que encontró la propiedad.

Este nuevo golpe económico y emocional se suma a una serie de episodios de inseguridad y estafas que Junco tuvo que enfrentar en los últimos años. En febrero de 2025, la actriz volvió a ser noticia luego de sufrir un robo en su propio hogar. En aquella ocasión, Oriana contactó de urgencia a la policía cuando descubrió que le habían sustraído pertenencias y dinero en efectivo. Según el informe policial, a las 16:15, la artista llamó al sistema de emergencias para denunciar el robo y pedir la intervención de los agentes. Una vez en el lugar, Junco aseguró que días atrás su propio vecino, que se encontraba presente en ese momento, habría ingresado a su departamento y se habría llevado 1.500 dólares, un celular de alta gama y un par de aros de oro. La policía procedió a detener al hombre, de 35 años, quien no tenía antecedentes previos en el sistema GAP.

Pero la historia de situaciones complejas no termina ahí. Años atrás, en 2018, Oriana protagonizó otro episodio de inseguridad con tintes de acoso personal. Un hombre de unos 40 años llegó hasta su departamento en Palermo con el propósito expreso de tener relaciones. “Tenía una fantasía conmigo, quería que pasemos una noche juntos, me lo presentaron y pegamos buena onda. Nada, un sex toy”, relató con ironía la actriz en diálogo con Infobae, dejando en evidencia que, a pesar de los sustos, siempre elige el humor para sobrellevar los momentos difíciles.

El acceso a la vivienda marca una clara línea divisoria en la desigualdad social en España, un desafío que se acentúa entre quienes alquilan, ya que el 61% no consigue ahorrar debido al elevado coste de la renta, según un nuevo informe de Oxfam Intermón que sitúa el alquiler como un obstáculo central en la economía de miles de hogares y advierte sobre el riesgo de perpetuar una brecha social de difícil superación. En contraste, indica el estudio, el 60% de quienes tienen su casa completamente pagada sí ahorra todos los meses.

“El acceso a la vivienda supone un gran esfuerzo para millones de personas pero es especialmente difícil para quienes pagan una renta. En esta situación se perpetúa la ‘trampa del alquiler’: los altos precios impiden ahorrar y dificultan reunir la entrada para una hipoteca. Como resultado, muchas personas quedan atrapadas en un mercado del alquiler cada vez más asfixiante”, ha explicado Alejandro García-Gil, autor del informe y responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón.

El estudio La vivienda, cimiento de desigualdades, elaborado a partir de una encuesta a más de 4.000 personas, también indica que más de la mitad de quienes viven de alquiler, el 58%, considera improbable poder adquirir una vivienda en el futuro.

La organización recuerda que, actualmente, el 85% de las personas inquilinas destina más del 30% de sus ingresos al pago de la renta y una de cada tres supera el 50%. Entre los hogares con hipoteca, la presión también es muy elevada: el 62% dedica más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, y una de cada cinco, el 50%, añaden.

Mismos ingresos, menor ahorro en alquiler

El informe también evidencia que el régimen de vivienda condiciona la capacidad de ahorrar más que el propio nivel de ingresos. Entre quienes perciben el salario mínimo interprofesional (SMI), el 58,6 % de los propietarios logra ahorrar frente a solo el 32,4 % de los inquilinos. Incluso, una persona con vivienda pagada y SMI tiene más probabilidad de ahorrar que un inquilino con un salario de 2.000 euros. Un inquilino que gana 2.000 euros al mes presenta prácticamente la misma capacidad de ahorro (51,9%) que alguien con hipoteca y un salario de 1.500 euros (50,2%), añade el estudio.

Por ello, desde Oxfam Intermón advierten sobre la consolidación de una brecha estructural. “Corremos el riesgo de consolidar una brecha cada vez mayor entre quienes destinan gran parte de sus ingresos al alquiler y quienes ya cuentan con vivienda y capacidad de ahorro. Una desigualdad que puede marcar el futuro social y económico del país”, señala García-Gil.

Desahucios invisibles

El encarecimiento del alquiler no solo ha reducido la capacidad de ahorro, sino que ha incrementado la inestabilidad residencial. Una de cada tres personas inquilinas, alrededor de tres millones, sufrió en el último año los llamados “desahucios invisibles”, es decir, finalizaciones de contrato o subidas inasumibles de la renta que forzaron mudanzas. Esta situación afecta con más fuerza a personas extracomunitarias (37%) y a jóvenes menores de 35 años (31,9%), de los cuales uno de cada dos tuvo que regresar al hogar familiar. Seis de cada diez mudanzas implicaron abandonar el barrio o el municipio de residencia, lo que, según el informe, debilita las redes sociales y comunitarias.

El aumento del precio del alquiler no solo ha dejado a miles de hogares sin margen para ahorrar, sino que también ha incrementado la inestabilidad residencial. En el último año, una de cada tres personas inquilinas, alrededor de tres millones, se ha visto afectada por los llamados “desahucios invisibles”, ya que se han visto obligadas a mudarse por el fin del contrato o por subidas de renta imposibles de asumir. Estos desahucios, acalra el informe, golpean con más fuerza a personas extracomunitarias y a jóvenes menores de 35 años. En este último grupo, una de cada dos personas tuvo que regresar a casa de sus padres. Además, el 60% de las mudanzas supuso dejar atrás el barrio o el municipio, debilitando los lazos sociales y las redes de apoyo que sostienen la vida cotidiana.

El fenómeno de los “desahucios invisibles” afectó durante el último año a cerca de tres millones de personas arrendatarias en España, según consignó Oxfam Intermón en su informe “La vivienda, cimiento de desigualdades”. Este tipo de desalojos no implica procesos judiciales formales sino la finalización de contratos de alquiler o subidas de renta que impiden a los inquilinos permanecer en la vivienda, lo que con frecuencia los obliga a mudarse de manera forzada. Dichas mudanzas se produjeron, en seis de cada diez casos, fuera del barrio o municipio original, debilitando las redes sociales y comunitarias de los afectados. El informe, además, alerta sobre el impacto de esta problemática en grupos vulnerables, entre ellos los jóvenes menores de 35 años, el 31,9% de los cuales experimentó una mudanza por estas razones, y las personas extracomunitarias, que representaron un 37% de los casos. El medio Oxfam Intermón enfatizó que la mitad de los jóvenes menores de 35 años que perdieron su vivienda de alquiler tuvieron que regresar al hogar familiar.

Oxfam Intermón detalló en su informe que las personas que residen en régimen de alquiler enfrentan una serie de barreras económicas que amplían la brecha social entre propietarios y no propietarios. Según los datos publicados, una de cada tres personas que alquila destina más del 50% de sus ingresos al pago de la renta, mientras que el 85% de los inquilinos dedica más del 30% de sus ingresos a esta finalidad. Además, el 61% de las personas que viven de alquiler no consigue ahorrar debido a estos elevados costes.

La organización destacó que más de la mitad de los arrendatarios, un 58%, considera improbable poder acceder a una vivienda en propiedad en el futuro, mientras únicamente el 14,4% mantiene expectativas optimistas sobre esta posibilidad. Según publicó Oxfam Intermón, la herencia se perfila como un mecanismo cada vez más determinante para obtener una vivienda: el 21,2% de los propietarios prevé heredar otra en algún momento, frente al 11,6% de los inquilinos.

La presión financiera también afecta a quienes tienen una hipoteca. El informe reportó que un 62% de los hogares con hipoteca destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda y uno de cada cinco supera el 50%. El contraste resulta mayor al analizar la situación de quienes ya han terminado de pagar su casa, ya que el 60% de ellos logra ahorrar cada mes, una diferencia que según Oxfam Intermón refleja hasta qué punto el régimen de vivienda influye sobre la capacidad de acumular ahorros.

Alejandro García-Gil, responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón y uno de los autores del informe, puso de relieve que quienes viven de alquiler encuentran especiales dificultades a la hora de reunir un fondo suficiente para la entrada de una hipoteca, lo que perpetúa lo que describió como la “trampa del alquiler”. García-Gil también advirtió que el creciente peso de la herencia como vía de acceso a la vivienda provoca desigualdades profundas y sembraría las bases para que aquellos que ya poseen una casa tengan más posibilidades de heredar otra, mientras que los no propietarios quedan en clara desventaja.

El análisis de Oxfam Intermón subraya la fuerza del régimen de vivienda como factor de desigualdad. Con niveles salariales iguales, el régimen de alquiler grava de forma significativa la capacidad de ahorro. La diferencia es especialmente notable en los segmentos de menores ingresos: entre quienes perciben el salario mínimo interprofesional (SMI), cuya cuantía será de 1.184 euros en 2025, la brecha en la posibilidad de ahorrar supera los 25 puntos porcentuales. Así, el 58,6% de quienes poseen vivienda pagada puede ahorrar, frente al 32,4% de quienes pagan alquiler. Incluso una persona propietaria con ingresos equivalentes al SMI presenta más probabilidad de ahorrar que un inquilino que gana 2.000 euros. Además, un arrendatario con ingresos de 2.000 euros mensuales tiene una capacidad similar de ahorro (51,9%) a la de alguien con hipoteca que recibe 1.500 euros (50,2%).

El informe también destaca que el alquiler afecta otros aspectos de la vida cotidiana. La carga de los precios y la dificultad para acceder a una vivienda estable han llevado a que el 13% de quienes alquilan compartan su vivienda con personas no emparentadas, cifra que se eleva al 22% entre personas migrantes y al 27,7% en el tramo de 25 a 34 años. La vivienda compartida no se limita exclusivamente a los sectores juveniles, ya que afecta al 10% de la población de entre 35 y 54 años.

La precariedad alcanza también a los gastos esenciales: el 19,2% de la población no pudo pagar suministros básicos como electricidad, gas o agua durante el último año. La carencia energética afecta a casi tres de cada diez inquilinos, jóvenes o personas migrantes, lo que implica dificultades para mantener el hogar en condiciones adecuadas en invierno o cubrir los recibos principales. Según reportó Oxfam Intermón, este contexto se traduce en un deterioro de la calidad de vida y una mayor exposición al riesgo de exclusión social.

Ante esta situación, Oxfam Intermón instó a una respuesta coordinada entre el Gobierno, autonomías y ayuntamientos, solicitando la protección de los 60.000 hogares vulnerables que podrían enfrentarse a desahucios debido al reciente rechazo del “escudo social”. La organización propone reforzar las garantías para los inquilinos mediante la regulación de los precios y la ampliación de la duración de los contratos de alquiler. Entre las medidas señaladas se encuentran el freno a prácticas especulativas, la revisión de la fiscalidad orientada al uso de la vivienda, la ampliación del parque público y el impulso de alternativas habitacionales. Según manifestó García-Gil y publicó Oxfam Intermón, se requiere una acción urgente y coordinada para asegurar que el alquiler se convierta en una opción asequible, digna y estable, y para facilitar que quienes quieren acceder a una vivienda en propiedad puedan hacerlo en condiciones asumibles.

El año se ha estrenado con una buena noticia para los actuales y futuros inquilinos: la subida del precio del alquiler se desacelera y en algunas capitales baja. Febrero cerró con un crecimiento interanual de las rentas del 6,8%, el segundo incremento más bajo en un año, hasta situar el coste medio del metro cuadrado en los 14,46 euros mensuales, según datos de Fotocasa.

“El precio del alquiler en España continúa en máximos históricos, alcanzando una media de 1.150 euros mensuales, el nivel más alto registrado hasta ahora. Sin embargo, al mismo tiempo empieza a apreciarse una desaceleración en el ritmo de crecimiento. Por cuarto mes consecutivo, las subidas dejan atrás los incrementos de doble dígito y comienzan a acercarse a una fase de mayor estabilidad”, advierte María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa

Este freno en las subidas va más allá. En algunas grandes capitales con precios de alquiler tensionados se están produciendo bajadas. “Ya se observan las primeras caídas puntuales en algunas ciudades tensionadas o incrementos muy moderados, una señal de que el mercado podría estar entrando en una etapa de ajuste tras cuatro años de fuertes encarecimientos”, afirma Mantos.

¿Cerca de tocar techo?

La experta reconoce que después de un ciclo muy intenso de subidas, “el alquiler comienza a mostrar signos de techo”. Argumenta que la principal razón es que la capacidad económica de los inquilinos “está al límite”, lo que “reduce el margen para que los precios sigan creciendo al mismo ritmo”.

Por su parte, Ferran Font, director de estudios de pisos.com, también reconoce que el alquiler está bajando en algunas capitales, pero considera que puede ser “algo puntual”. Reconoce que “comprar una vivienda sigue siendo difícil, por lo que muchos ciudadanos no tienen más opción que vivir de alquiler. Ello hace que las actuales caídas de las rentas no supongan un cambio drástico a corto plazo”.

Atribuye estas bajadas a que “en algunas capitales el alquiler está en un rango alto y la dificultad para pagarlo por parte de muchos ciudadanos hace que sea cada vez más difícil seguir subiéndolo en según qué zonas y qué barrios”.

Caídas de hasta un 12,7%

La capital que más descensos interanuales experimentó en el precio del alquiler en febrero fue Tarragona, con caídas del 12,7%, seguida por Pamplona, donde bajó un 7,8%; Donostia – San Sebastián, con ajustes del 7,5%, y Lugo, con un -3,7%. También bajó en Vitoria – Gasteiz, un 2,1%; Cuenca (-1,6%), Toledo (-1,6%), Santa Cruz de Tenerife (-1,1%) y Sevilla (-0,9%).

Un caso a destacar es el de Barcelona, la capital donde los inquilinos más pagan de renta. El alquiler bajó en febrero un 1,3% debido, entre otros factores, a que está declarada como zona de mercado tensionado y tiene implantados topes a las subida del alquiler.

Un rumbo opuesto en la evolución de las rentas, en este caso al alza y con crecimientos de doble dígito, lo tomaron Zamora, que fue la ciudad donde más se dispararon, un 42,8%; Albacete, con una remontada del 14,9%; y Murcia, donde escalaron un 14,4%. Las siguieron León (+13,8%), Segovia (+13,4%), Ourense (+11,1%) y Guadalajara (+10,6%).

Por lo que respecta al coste del metro cuadrado en renta, en nueve capitales sobrepasaron los 15 euros. Las lideró Barcelona con el precio más alto al alcanzar los 22,70 euros mensuales. Seguida por Madrid, con 22,27 euros; Donostia – San Sebastián, con 19,14 euros; Palma de Mallorca, con 18,61 euros, y Bilbao, con 17,42 euros.

Navarra es la única comunidad donde bajó la renta

Respecto a las 17 comunidades autónomas, solo Navarra experimentó en febrero una bajada interanual del alquiler al abaratarse un 8%. Mientras que siete tuvieron descensos intermensuales, de enero a febrero. Navarra lideró las caídas con un 3,3%; seguida por Castilla-La Mancha y Aragón, con un -3% ambas, y Cataluña, con el -2,4%. Las que experimentaron bajadas más discretas fueron País Vasco (-2,3%), Canarias (-0,5%) y Baleares (-0,2%).

En cuanto a las subidas interanuales más elevadas se dieron en Castilla-La Mancha (+11,4%), Asturias (+9,9%) y Comunitat Valenciana (+8,9%). Tras estas escaladas, el ranking de regiones con el alquiler más caro lo encabeza Madrid, donde el metro cuadrado se paga a 21,17 euros, seguida por Cataluña, donde cuesta de media 19,38 euros, y Baleares, con 18,53 euros.

Mientras que Extremadura con 7,51 euros mensuales el metro cuadrado, Castilla-La Mancha, con 8,49 euros, y La Rioja, con 9,93 euros, son las comunidades donde más barato resulta vivir de alquiler.

En tres provincias los precios caen

En 47 de las 50 provincias españolas se encareció el alquiler el segundo mes del año respecto a febrero de 2025. Los incrementos superiores los sufrieron los inquilinos de Zamora con subidas del 46,7%; Lleida, con un 22,1%, y Guadalajara, con el 18%. Mientras que se produjeron descensos en tres Navarra, donde se abarataron los alquileres un 8%, Cuenca, con caídas del 4,4%, y Gipuzkoa, con un -1,2%.

Los habitantes de la provincia de Madrid son los que más caro pagan vivir en renta, les cuesta de media 21,17 euros el metro cuadrado, seguidos por los de Barcelona, que lo pagan a 20,86 euros, y los de Illes Balears, a 18,53 euros.

En tanto que los inquilinos que menos pagan son los que viven en Ourense, donde las rentas alcanzan de media los 7,82 euros el metro cuadrado, los de Cáceres, a los que les cuesta 7,80 euros, y los Ciudad Real, con 7,53 euros.

Los vecinos del bloque ubicado en la calle Gaztambide 37 en Madrid, en el barrio de Chamberí, han decidido plantar cara a la especulación inmobiliaria. A finales de 2025 el fondo de inversión Palau & Manfredi compró el edificio con la intención de rehabilitarlo y convertirlo en pisos de lujo, una práctica habitual de estas grandes empresas para aumentar la rentabilidad de las propiedades. A Irene Moreno y Ángel Díaz, una pareja que lleva viviendo tres años de alquiler en el bloque, el fondo les llegó a ofrecer 10.000 euros si abandonaban el piso, pero han decidido quedarse, al igual que otros inquilinos. Este domingo, con el apoyo del Sindicato de Inquilinas, desplegarán pancartas y realizarán actividades como muestra de protesta.

“Llevamos viviendo aquí desde marzo de 2023 y nunca habíamos tenido problemas con los anteriores propietarios, hasta que el fondo compró el edificio. Dependiendo del contrato y la situación de cada vecino, el fondo ha hecho diferentes ofertas. A nosotros nos ofrecieron 10.000 euros si nos marchábamos”, explica a Infobae Irene, de 35 años, que junto a su pareja pagan un alquiler mensual de 1.050 euros. Ambos aseguran que, con los actuales precios en el barrio, no tienen posibilidad de mudarse pagando una cantidad similar. “Los dos tenemos trabajo y un salario decente y, ni siquiera así, podemos permitirnos otra cosa. Si nosotros no podemos, quién puede entonces”, se preguntan.

Al igual que otras zonas del centro de la capital, Chamberí está sufriendo un intenso proceso de gentrificación y especulación inmobiliaria, con una notable presencia de fondos de inversión, lo que también “tiene un impacto negativo en la cultura y vida comunitaria del barrio”, señala Ángel. De hecho, la especulación inmobiliaria también terminó en 2024 con la escuela de música La Popular, un local emblemático con 30 años de historia cuyos propietarios vendieron, modificando así el tejido social del barrio.

Presiones para echar a los inquilinos

En el caso de Irene y Ángel, el contrato les permite quedarse hasta 2028, pero otros vecinos, del total de 12 viviendas del bloque, “no han tenido más remedio que irse ante las presiones del fondo buitre” para echarles. Además, explican, la empresa ya ha comenzado a hacer obras en el edificio, lo que genera grandes molestias.

“Se repite la estrategia habitual de estos fondos: compran el edificio, desalojan a los residentes y luego venden o alquilan las viviendas a precios mucho más altos”, señala la pareja, que también menciona que algunos pisos de Gaztambide 37 ya se ofrecen en el mercado por más de 800.000 euros, mientras que el fondo adquirió el bloque por 6 millones de euros. También explican que, ante la facilidad con la que los fondos buitre actúan en el mercado y su argumento de que todo responde a la ley de oferta y demanda, han decidido plantarse y complicar la venta de las viviendas. Reclaman también una reunión con el fondo para negociar un contrato de alquiler estable y asumible.

El grupo inversor Palau & Manfredi concentra la mayor parte de sus inversiones inmobiliarias en Madrid y Barcelona, donde posee varios edificios residenciales y comerciales, especialmente en zonas céntricas y de alta demanda. De hecho, este mismo domingo los vecinos y vecinas de otro bloque ubicado en la calle Mallorca 243, en Barcelona, también han decidido que no abandonarán los pisos de alquiler donde llevan años residiendo.

Desde el Sindicato de Inquilinas también denuncian que este fondo “repite técnicas de acoso inmobiliario como la realización constantes de visitas de posibles compradores al edificio, o la ejecución de obras que hacen la vida imposible a las familias residentes”. Otra de las estrategias que emplea la empresa, añaden, es el cambio de titularidad de los suministros, de tal manera que “realizan cortes de agua y gas a su voluntad, perjudicando la vida de las familias”.

Frente a estas prácticas, destacan la eficacia de la organización sindical y vecinal, destacando los logros obtenidos por inquilinos de otros edificios, como la renegociación de contratos en el bloque de la calle Cáceres 7, en Arganzuela.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, detalló la solicitud de su formación para incluir medidas en materia de vivienda dentro del próximo decreto de escudo social, reclamando la aprobación de una prórroga obligatoria de los contratos de alquiler como ya se aplicó tras el inicio de la guerra de Ucrania. Esta exigencia llega en medio de la crisis provocada por la escalada bélica en Oriente Próximo, con afectaciones económicas que empiezan a percibirse en distintos sectores. Según informó el medio que reportó las declaraciones, Urtasun explicó que estas conversaciones forman parte de un proceso de negociación complejo, cuyo objetivo es obtener luz verde para el paquete de medidas en el Consejo de Ministros del próximo martes.

De acuerdo con lo publicado, el titular de Cultura destacó en un evento en L'Hospitalet de Llobregat, acompañado por la consellera de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Sònia Hernández, que el equipo de Gobierno de coalición, en particular Sumar y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se encuentran en plena negociación de un conjunto de políticas urgentes. El foco central de estas medidas apunta a mitigar los efectos económicos negativos que se han intensificado tras los recientes enfrentamientos en la región de Irán y el estrecho de Ormuz, un enclave estratégico para el transporte internacional de productos energéticos.

Según consignó la misma fuente, Urtasun enfatizó que el incremento en los precios de los productos básicos y las complicaciones en torno a la vivienda constituyen las principales preocupaciones del Ejecutivo en la actualidad. "La intención es que esta guerra ilegal lanzada por Donald Trump no la pague ningún bolsillo de ningún ciudadano español. La posición del Gobierno es clara: rechazar la guerra ilegal de agresión, y protección y escudo social para los ciudadanos, y en eso estamos trabajando", afirmó el ministro, insistiendo en la urgencia de adoptar decisiones para evitar impactos directos en la economía doméstica.

El medio precisó que, junto con la posible prórroga de los contratos de alquiler, el decreto en preparación aborda un abanico de medidas fiscales orientadas a contener la subida de la cesta de la compra y a asegurar el acceso a servicios de transporte, así como la salvaguarda de actividades profesionales que pudieran verse afectadas por el contexto internacional actual. Urtasun subrayó el carácter urgente de la respuesta gubernamental ante el encarecimiento de recursos y la volatilidad derivada del conflicto, una situación a la que se refirió como "complicada" debido a los acontecimientos en el estrecho de Ormuz y los continuos bombardeos.

Tal como publicó la fuente, la aprobación de este escudo social figura como una prioridad inmediata para Sumar, que defiende la inclusión de las demandas propuestas con la finalidad de proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. El ministro recalcó que el Gobierno está trabajando intensamente para que ninguna familia española asuma los costes asociados a la escalada militar y a los desequilibrios económicos observados durante las últimas semanas. Según expuso Urtasun, el contexto requiere una acción rápida para evitar que las consecuencias de la guerra repercutan en los hogares, especialmente en términos de alimentación y acceso a la vivienda.

En el transcurso de la comparecencia, Urtasun insistió en que el objetivo es lograr la aprobación del decreto el próximo martes, reiterando la voluntad de mantener el diálogo con el partido mayoritario del Ejecutivo de coalición para alcanzar un consenso robusto en las medidas presentadas. El ministro describió la coyuntura internacional como extremadamente volátil, señalando que la estabilidad de los mercados y la disponibilidad de productos esenciales dependen de una intervención decisiva por parte de las autoridades públicas.

Según agregó el medio, la visita del ministro acompañó actividades destinadas a destacar el papel de la cultura en la cohesión social, aunque el foco mediático se centró en la respuesta gubernamental a la emergencia económica derivada del conflicto en Oriente Próximo. En ese sentido, las declaraciones de Urtasun reflejaron un compromiso explícito con la búsqueda de mecanismos destinados a amortiguar los impactos que podrían trasladarse al consumo interno y al sector inmobiliario, tanto en relación a los alquileres como a otros servicios básicos.

El anuncio de la posible aprobación del escudo social fue recibido con expectativa, al situarse en un contexto de alerta por el efecto dominó que podrían desencadenar las tensiones en la región, especialmente por la relevancia que tiene el estrecho de Ormuz para los flujos energéticos globales. De acuerdo con la fuente, el Gobierno español busca adelantarse a futuras dificultades económicas a través de una combinación de ayudas y regulaciones que permitan proteger la economía de los hogares y sostener la estabilidad social.

España suele asociarse con temperaturas suaves, veranos calurosos y un clima mediterráneo agradable durante gran parte del año. Sin embargo, el país también alberga zonas donde el frío alcanza niveles extremos durante los meses de invierno. En el interior de la península, algunos municipios compiten cada año por registrar las temperaturas más bajas del territorio. Entre ellos destaca uno que, por sus registros históricos y sus condiciones geográficas, ha adquirido fama como el pueblo más frío de España.

Ese lugar es Molina de Aragón, un municipio situado en la provincia de Guadalajara, dentro de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Esta localidad, con algo más de 3.000 habitantes, aparece con frecuencia en los informes meteorológicos como uno de los puntos donde el invierno se vive con mayor intensidad. Su reputación no es casual: las cifras registradas a lo largo de las últimas décadas confirman que el frío forma parte habitual de la vida cotidiana en esta zona.

Según datos históricos de la Agencia Estatal de Meteorología, en enero de 1952 se alcanzó en el municipio una temperatura mínima de −28,2 °C. Ese registro sigue siendo uno de los más bajos medidos en una localidad habitada del país. Desde entonces, el nombre de Molina de Aragón ha quedado ligado a los inviernos más duros del territorio español, convirtiéndose en una referencia cuando se habla de frío extremo en la península.

Una ubicación geográfica particular

Existen varios factores que explican por qué las temperaturas descienden tanto en esta zona. Uno de los más importantes es la altitud elevada del municipio, que se sitúa aproximadamente a 1.060 metros sobre el nivel del mar. A mayor altitud, la temperatura suele ser más baja, especialmente durante las noches de invierno, cuando el aire frío se acumula con mayor facilidad.

Otro elemento clave es su ubicación geográfica. Molina de Aragón se encuentra en el interior peninsular, lejos de la influencia moderadora del mar. Las zonas costeras suelen experimentar inviernos más suaves gracias a la capacidad del océano para mantener temperaturas más estables. En cambio, las áreas del interior presentan contrastes térmicos más pronunciados, con inviernos fríos y veranos relativamente cálidos.

La forma del terreno también influye en el clima local. El municipio se encuentra en un valle que favorece la acumulación de aire frío durante la noche. Este fenómeno se conoce como inversión térmica, y ocurre cuando el aire frío queda atrapado cerca del suelo mientras el aire más templado permanece en capas superiores. En noches despejadas, este efecto se intensifica porque el calor acumulado durante el día se pierde rápidamente por radiación.

Aunque el récord histórico impresiona, el frío no es algo puntual en la zona. Durante el invierno, las temperaturas mínimas suelen situarse con frecuencia entre −5 °C y −10 °C. Enero suele ser el mes más duro, mientras que las heladas son habituales entre noviembre y marzo. Este patrón climático convierte al municipio en uno de los lugares más fríos del país durante buena parte del año.

Cuánto cuesta vivir en el pueblo más frío de España

A pesar de estas condiciones climáticas, el coste de la vivienda en la zona es relativamente bajo en comparación con otras regiones de España. El reducido tamaño del municipio y su ubicación en una zona rural con baja densidad de población influyen en los precios del mercado inmobiliario. En muchos casos, comprar una vivienda en este entorno resulta mucho más accesible que en grandes ciudades donde el precio por metro cuadrado es muy superior.

El precio medio de compra en municipios rurales de esta comarca suele situarse aproximadamente entre 600 y 800 euros por metro cuadrado. Esto significa que es posible encontrar viviendas tradicionales o casas rurales desde unos 50.000 euros. Las propiedades más grandes o rehabilitadas pueden alcanzar cifras más elevadas, situándose aproximadamente entre los 40.000 y los 120.000 euros dependiendo de su estado y tamaño.

El mercado del alquiler también existe, aunque es bastante más reducido. En general, los precios mensuales suelen moverse entre 350 y 500 euros para pisos, mientras que las casas pueden situarse entre 450 y 600 euros al mes. Este coste relativamente bajo de la vivienda, unido a la tranquilidad del entorno y al contacto con la naturaleza, está despertando el interés de algunas personas que buscan cambiar el ritmo de vida urbano por uno más pausado en un entorno rural marcado por el frío extremo.

La escala del conflicto en Oriente Medio, iniciada con los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán y su correspondiente respuesta hacia bases americanas en los países de la región, ha provocado que aumente las búsqueda de alquiler temporal en ciudades europeas entre los ciudadanos que residen en esta región. Según señalan desde Spotahome (plataforma de alquiler de media y larga estancia) entre el paso lunes y martes ha incrementado un 50% el tráfico promedio procedente de estos países.

En concreto, la plataforma de alquiler temporal destaca el aumento de búsquedas de vivienda en Europa desde Estados como Irak, con un incremento de usuarios del 1.000%, seguida de Egipto (145%), Arabia Saudí (126%), Israel (86%) y Líbano (86%).

Desde la plataforma consideran que este “éxodo” busca principalmente grandes ciudades europeas que ofrecen un entorno estable para vivir y trabajar y ha destacado el aumento de demanda de alquiler en ciudades como Barcelona, donde se ha disparado un 479%, mientras que Roma y Berlín han crecido un 143% y 83% respectivamente.

“En momentos de alta incertidumbre geopolítica, la búsqueda de un hogar seguro se convierte en una necesidad prioritaria. El estallido del conflicto hace poco más de una semana, ha provocado una reacción inmediata en personas que buscan vivienda temporal fuera de la zona de tensión, y estamos viendo cómo Europa se posiciona como un puerto seguro”, ha afirmado Eduardo Garbayo, CEO de Spotahome y experto en el mercado de alquiler.

Según Garbayo, lo que se está viendo no puede traducirse como un aumento del interés turístico, sino una búsqueda activa de soluciones habitacionales a medio y largo plazo. “Muchas personas están activando un plan B, buscando una segunda residencia o un lugar donde establecerse de forma semi-permanente mientras dure la inestabilidad”, ha destacado.

Roma y Milán, los destinos predilectos desde Oriente Medio

Según los datos proporcionados por la plataforma de alquiler, los interesados en alquilar residencias temporales en Europa desde territorios de Oriente Medio buscan fechas de entrada en las próximas dos semanas, con un tope en abril. Además, los pisos que reciben más consultas son los ubicados en barrios céntricos y bien comunicados. En cuanto a las características, el 30% de las consultas son respecto a habitaciones, mientras que el otro 70% sobre pisos, destacando los estudios y los de dos dormitorios.

Respecto a las reservas, entre los países cercanos al conflicto han aumentado un 32% respecto a los datos de 2025. Los países que más han crecido son Líbano, Qatar y Turquía, principalmente con destino a Roma y Milán. Junto a estas dos ciudades, Barcelona, Berlín, Madrid y Lisboa se posicionan como destinos reclamados por estos usuarios.

En cuanto a Madrid y Barcelona, la capital española ha aumentado en un 300% las reservas provenientes desde Arabia Saudita y un 100% las reservas desde Israel. Por su parte, Barcelona ha aumentado en un 100% las reservas provenientes desde Iraq y desde Kuwait durante el periodo 23 de febrero a 8 de marzo con respecto al mismo rango de 2025.

La crisis de la vivienda se ha convertido en una de las mayores preocupaciones sociales de Europa y las instituciones comunitarias han decidido actuar. El Parlamento Europeo aprobó este martes un paquete de recomendaciones destinadas a afrontar el problema del acceso a la vivienda en la Unión Europea, con propuestas que pasan por más vivienda pública, incentivos fiscales para los ciudadanos, simplificación administrativa y un impulso al sector de la construcción.

El informe final de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda fue respaldado en el pleno por 367 votos a favor, 166 en contra y 84 abstenciones, lo que refleja un amplio consenso político sobre la necesidad de actuar frente a un problema que afecta a millones de europeos.

La Eurocámara advierte de que la combinación de precios disparados, falta de oferta y precariedad habitacional está generando una presión creciente sobre los hogares, especialmente entre jóvenes, familias y rentas medias.

Europeos con dificultades para acceder a una casa

El documento aprobado por los eurodiputados reconoce una realidad cada vez más evidente en el continente: la vivienda se ha convertido en un problema estructural. Según el Parlamento, millones de ciudadanos en la UE viven en condiciones precarias o tienen grandes dificultades para pagar su vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler.

Entre las principales causas de esta situación, el PE apunta el aumento continuado de los precios de compra, la escasez de vivienda disponible en las ciudades, el crecimiento de los alquileres turísticos y la falta de inversión en vivienda pública y social

Ante esta situación, el Parlamento reclama medidas coordinadas a escala europea, aunque respetando las diferencias entre los mercados inmobiliarios de cada país.

Un plan europeo para construir y rehabilitar

Uno de los ejes principales de la estrategia pasa por aumentar la oferta de viviendas en Europa, tanto mediante la construcción de nuevos inmuebles como a través de la rehabilitación del parque existente.

La Eurocámara pide que el futuro Plan Europeo de Vivienda Asequible, impulsado por la Comisión Europea, reserve fondos específicos para la renovación energética de viviendas. El objetivo es doble: reducir el coste energético de los hogares y combatir la pobreza energética.

Las instituciones europeas consideran que mejorar el aislamiento y la eficiencia energética de los edificios permitirá rebajar las facturas de energía y mejorar la calidad de vida de millones de personas.

Alquiler turístico bajo la lupa europea

Uno de los aspectos más debatidos del informe es el impacto del alquiler de corta duración en el mercado inmobiliario. El Parlamento reconoce que el turismo genera actividad económica, pero advierte de que el crecimiento de plataformas de alquiler vacacional puede reducir la oferta residencial y disparar los precios.

Por ello, pide que la futura legislación europea garantice un equilibrio entre el desarrollo turístico y el acceso a la vivienda asequible. La propuesta plantea que los países, regiones y ayuntamientos tengan flexibilidad para regular este fenómeno, adaptando las normas a las características de cada mercado local.

Más vivienda pública y tolerancia cero con la ocupación ilegal

Otro de los puntos clave del informe es la necesidad de incrementar el parque de vivienda pública y social en los países de la UE. Los eurodiputados consideran que una “proporción adecuada” de vivienda social es fundamental para garantizar el acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables.

En paralelo, el Parlamento también incluyó una referencia expresa a la ocupación ilegal de viviendas, una cuestión especialmente sensible en algunos países. El texto condena esta práctica y reclama medidas más estrictas para proteger a los propietarios, aunque sin detallar un marco normativo concreto.

El informe también propone medidas económicas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda. Entre ellas destacan incentivos fiscales dirigidos a hogares de renta media y baja, eliminación de tasas para la compra de la primera vivienda y medidas para fomentar los alquileres de larga duración

El objetivo es reducir la presión económica sobre los hogares, especialmente en un momento en que la subida de tipos de interés y el encarecimiento de los precios han dificultado el acceso a la vivienda en muchas ciudades europeas.

Menos burocracia para construir más rápido

La Eurocámara considera que la lentitud administrativa es uno de los factores que más frenan la construcción de viviendas. Por ello, propone un paquete de simplificación normativa que permita reducir la burocracia y acelerar los procesos urbanísticos.

Según el eurodiputado del Partido Popular Europeo Borja Giménez Larraz, autor del informe, el problema es especialmente visible en los permisos de construcción: “Los jóvenes y las familias sufren porque Europa carece de viviendas. Cuando los permisos tardan años y las autoridades no pueden emitir resoluciones a tiempo, los precios seguirán subiendo”, explicó en delcaraciones recogidas por Efe.

El eurodiputado también subrayó que la realidad de la vivienda es distinta en cada país, por lo que la aplicación de las medidas debe respetar el principio de subsidiariedad.

El informe aprobado también incluye propuestas dirigidas a reforzar el sector de la construcción, considerado clave para aumentar la oferta de viviendas. Entre las medidas planteadas destacan el impulso a materiales innovadores y sostenibles, la introducción de requisitos mínimos de origen europeo para algunos componentes y la mejora de las condiciones laborales del sector.

Los eurodiputados también ponen el foco en la formación profesional y la garantía de salarios justos, ante la creciente escasez de mano de obra cualificada en la construcción.

La vivienda, una prioridad social para Europa

Para la presidenta de la comisión especial, la eurodiputada italiana Irene Tinagli, la crisis de la vivienda es uno de los grandes retos sociales de la Unión Europea. “La vivienda es una prioridad social fundamental”, afirmó tras la votación.

Según Tinagli, el informe aprobado ofrece “soluciones prácticas e innovadoras a esta urgente crisis social y económica” y marca una hoja de ruta para que las instituciones europeas y los Estados miembros actúen de forma coordinada.

“La acción de la UE es esencial para restablecer el equilibrio y la equidad en el mercado de la vivienda, porque todos merecen un lugar al que llamar hogar”, concluyó.

Las recomendaciones aprobadas por el Parlamento no son vinculantes, pero marcan la dirección política que la UE podría seguir en los próximos años. El siguiente paso dependerá de la Comisión Europea y de los gobiernos nacionales, que deberán traducir estas propuestas en programas concretos, financiación y reformas legales.

Mientras tanto, la presión social para actuar sigue creciendo en toda Europa, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y políticos del continente.

Comprar una vivienda en España resulta más barato que vivir de alquiler. Sin embargo, para muchas familias el verdadero obstáculo no está en la cuota mensual, sino en el dinero necesario para poder acceder a la financiación.

Según los datos de idealista, la cuota hipotecaria media para adquirir una vivienda de dos dormitorios se sitúa en 698 euros mensuales de media en España, mientras que el alquiler medio de un inmueble similar alcanza 1.088 euros al mes. Esto supone que comprar es un 36% más barato que alquilar en términos de pago mensual.

Pero el acceso a la propiedad sigue siendo complejo. La razón principal es el alto nivel de ahorro previo que exigen las entidades financieras, que de media asciende a 64.568 euros. Este importe incluye el 20% del valor de la vivienda que los bancos no suelen financiar, además de impuestos y gastos asociados a la compra.

El verdadero muro de entrada

La diferencia entre pagar una hipoteca o un alquiler podría inclinar la balanza hacia la compra, pero reunir el capital inicial sigue siendo una barrera para miles de hogares. Las ciudades con precios más elevados son las que exigen un mayor volumen de ahorros previos y puede superar ampliamente los 100.000 euros.

La ciudad donde más ahorro previo se necesita es Palma, donde una familia debe aportar 147.116 euros para poder acceder a una hipoteca. La siguen San Sebastián, con 137.700 euros; Madrid, con 117.793 euros, y Barcelona, con 103.172 euros. Son las únicas ciudades españolas donde el ahorro necesario supera los 100.000 euros.

En un segundo grupo, aunque todavía con cifras elevadas, se encuentran: Málaga, con 96.651 euros; Valencia, con 77.503 euros; Pamplona, con 76.240 euros; Bilbao (73.448 euros), A Coruña (71.861 euros), Vitoria (70.366 euros) y Santa Cruz de Tenerife (70.057 euros). Estas cifras reflejan cómo la tensión del mercado inmobiliario en las grandes ciudades amplía la brecha de acceso a la vivienda.

Zamora, Jaén y Lleida: las capitales más accesibles

En el extremo opuesto se encuentran las ciudades donde el ahorro necesario para comprar vivienda es mucho más reducido. La capital más accesible es Zamora, donde basta con 32.996 euros, prácticamente la mitad de la media nacional. Le siguen Jaén, con 34.596 euros; Lleida, con 35.581 euros, y Palencia, con 35.931 euros.

Estas ciudades concentran mercados inmobiliarios menos tensionados, con precios de vivienda más asequibles y, por tanto, una entrada inicial mucho más asumible.

Comprar siempre es más barato… salvo en una ciudad

Una vez superada la barrera del ahorro inicial, comprar vivienda resulta más económico que alquilar en prácticamente todas las capitales españolas. La única excepción es San Sebastián, donde la cuota hipotecaria es un 10% más cara que el alquiler.

Por el contrario, hay ciudades donde la diferencia entre comprar y alquilar es especialmente pronunciada. La mayor brecha se registra en Segovia, donde pagar una hipoteca es un 54% más barato que alquilar. Le siguen Ceuta y Lleida, donde es un 45% más barato; Zamora, con 42%; Tarragona y Zaragoza, con un 41%, y Melilla y Córdoba con el 40%.

Entre los principales mercados inmobiliarios del país, Valencia y Barcelona destacan como las ciudades donde comprar resulta mucho más ventajoso frente al alquiler. En ambas, la cuota hipotecaria es un 38% más baja que el precio medio del arrendamiento.

Tras ellas aparecen Sevilla, con un 36% más barato; Bilbao, con el 33%; Alicante, con un 32%, y Madrid, con el 23%. En cambio, en otros mercados con fuerte presión inmobiliaria la diferencia se reduce notablemente. Es el caso de Palma, donde comprar apenas supone un 1% de ahorro frente al alquiler, y Málaga, donde la ventaja se queda en un 16%.

La concentración de Airbnb en San Francisco cambió de forma notoria: el centro de la ciudad, junto con Lower Nob Hill y Tenderloin, registra actualmente la mayor proporción de viviendas ofertadas en la plataforma, desplazando al Mission District —históricamente el barrio con más anuncios— que hoy ocupa el segundo lugar.

La regulación y los cambios en el turismo redujeron a alrededor de 4.500 los anuncios que efectivamente recibieron reseñas recientes, según la base de datos independiente Inside Airbnb publicada por San Francisco Chronicle. En enero de 2026, la ciudad contaba con aproximadamente 7.500 alojamientos listados en Airbnb.

Según la información de San Francisco Chronicle, el área de downtown y Civic Center agrupa ya el 10% de los anuncios de toda la ciudad, cuando en 2017 representaba apenas el 5,4%. Esta centralización se refleja también en otros barrios como South of Market, Western Addition y Outer Sunset, que mantienen una alta densidad de anuncios.

Mientras que zonas como Diamond Heights, Golden Gate Park, Presidio, Presidio Heights y Sea Cliff aparecen con las cifras más bajas, en parte porque el alquiler de corto plazo está prohibido en el Presidio.

El Mission District, que anteriormente lideraba, se sitúa en segundo lugar con 338 ofertas, una participación cinco puntos porcentuales menor que en 2017. El desplazamiento geográfico hacia el centro se intensificó a raíz de la pandemia, en un patrón que repite el fenómeno registrado en Manhattan, Nueva York.

James Pick, profesor en la School of Business and Society de University of Redlands, citado por San Francisco Chronicle, explicó: “Observamos más Airbnbs cerca del centro en San Francisco y Manhattan, mientras que sectores como Mission o Brooklyn muestran una concentración intermedia. Fuera de estas áreas específicas, el resto de la ciudad tiene baja densidad de Airbnb”.

Auge del alquiler intermedio y concentración de la oferta en manos de gestores

La utilización de Airbnb en San Francisco experimentó otra transformación: la caída del alquiler de corto plazo (menos de 30 noches) y un fuerte incremento de las reservas intermedias (de 30 días a un año). Este desplazamiento está asociado tanto a la regulación local como al desplome del turismo internacional durante la pandemia.

Dan Sider, jefe de gabinete del departamento municipal de Urbanismo, informó a San Francisco Chronicle que “las actividades de alquiler de corto plazo han ido disminuyendo” en la última década, en tanto que los alojamientos de duración intermedia aumentaron en un 600% entre 2017 y 2019, según los datos de Inside Airbnb. Estas ofertas se concentran especialmente en los barrios Mission y Western Addition.

Otro dato es la creciente participación de gestores profesionales y empresas en la oferta de Airbnb en la ciudad. El número de anfitriones con más de un anuncio prácticamente se triplicó en downtown y Civic Center en los últimos 10 años. Outer Sunset duplicó este grupo de anfitriones desde 2017.

En contraste, la cantidad de anfitriones múltiples cayó en Mission, South of Market y Western Addition debido a restricciones locales y a la menor demanda generada tras la pandemia. La investigación de San Francisco Chronicle señala que estos anfitriones incluyen propietarios de tiempos compartidos, empresas de gestión inmobiliaria, cadenas hoteleras y compañías que gestionan decenas o cientos de anuncios en varias ciudades, en ocasiones mediante múltiples cuentas.

Exenciones, impuestos y el rol de los hoteles en la expansión de Airbnb

La legislación local influyó decisivamente en el tipo de anuncios que prosperan. Las habitaciones turísticas y los tiempos compartidos ubicados en hoteles de las zonas con mayor presencia de Airbnb —como downtown, Civic Center, South of Market y Nob Hill— están exentos del registro municipal para alquiler vacacional debido a que ya abonan el impuesto de ocupación transitoria (14%).

La Hotel Conversion Ordinance permite que los hoteles residenciales —también llamados “single-room occupancy” y utilizados por residentes de bajos ingresos— alquilen habitaciones a turistas en plataformas como Airbnb durante la temporada alta, de mayo a septiembre, sin registrar estos alquileres como de corto plazo.

En el mercado, la incorporación de hoteles a Airbnb se aceleró tras la compra de HotelTonight por parte de la compañía en 2019. De acuerdo con Alex Bastian, presidente y director ejecutivo de Hotel Council of San Francisco en diálogo con San Francisco Chronicle, este acuerdo viabilizó que hoteles ofrezcan habitaciones de último minuto en el canal HotelTonight y, a veces, simultáneamente en Airbnb.

Bram Gallagher, director de economía y predicción en AirDNA, recalcó que la presencia hotelera posibilita segmentar precios y acceder a dos tipos de viajeros distintos: quienes prefieren la experiencia tradicional y quienes buscan las mejores ofertas en plataformas. “Si la gente sabe que tenemos tarifas bajas en Airbnb, eso puede bajarle los ingresos a los hoteles”, agregó Gallagher para San Francisco Chronicle. Airbnb rechazó ofrecer comentarios sobre el estado y las tendencias de su plataforma en San Francisco.

Josette Gotti tiene 73 años y, en cuestión de días, podría quedarse sin hogar. tras vender la casa donde vivía en Tartas (en el suroeste de Francia), la mujer, jubilada, no consigue encontrar una vivienda de alquiler. El principal obstáculo es su pensión mensual de 1.250 euros, insuficiente para cumplir los criterios que exigen la mayoría de agencias inmobiliarias. Ahora, le quedan apenas 22 días para abandonar la propiedad que acaba de vender.

La jubilada compró la vivienda hace siete años. Sin embargo, con el tiempo, descubrió que tenía un defecto importante. “Me enamoré de esta casa cuando la compré, pero escondía un problema importante del que no era consciente en el momento de la compra”, declaró la septuagenaria al medio francés Actu Landes.

La casa no estaba conectada a la red de alcantarillado público. Con el paso de los años, las obras necesarias se acumularon hasta alcanzar un presupuesto de 10.000 euros , una cantidad que no podía asumir. “No puedo permitírmelo, así que la vendí. Pero ahora me enfrento a otro problema: encontrar una casa de alquiler a mi edad”, explicó.

Además, la vivienda, de 200 metros cuadrados y tres plantas, también empezaba a ser un poco práctica para ella. “Hoy soy muy activa, pero a medida que envejezca, quizá ya no pueda mantenerla”, reconoció.

“Hay que ganar el triple del alquiler”

Una vez formalizada la venta, Josette comenzó a buscar una vivienda más pequeña, con un alquiler de entre 500 y 600 euros al mes y, si era posible, con un pequeño jardín. Sin embargo, pronto se encontró con una barrera habitual en el mercado inmobiliario: la llamada “regla del triple”. Aunque no tiene respaldo legal, muchos arrendadores exigen que los ingresos del inquilino tripliquen el precio del alquiler para reducir el riesgo de impago.

“Pensé que podría alquilar fácilmente una casa pequeña por 500 o 600 euros con un pequeño jardín. Hay que ganar el triple del alquiler; yo tampoco lo sabía”, lamentó. Sus dos hijas se han ofrecido como avalistas, pero ni siquiera eso ha sido suficiente para convencer a las agencias inmobiliarias.

Cinco gatos y sin carnet de conducir

La búsqueda también se complica por otras circunstancias. La mujer vive con cinco gatos, lo que reduce aún más las posibilidades de encontrar a un propietario dispuesto a alquilarle. Además, no tiene carnet de conducir, por lo que necesita permanecer cerca del centro y de los servicios básicos.

“Mi sueño es vivir en una casa pequeña, incluso en una granja pequeña e intacta. Solo para tener un poco de libertad para mis gatos”, confesó. Según datos de la Dirección de Investigación, Estudios, Evaluación y Estadística (DRESS) de Francia, en 2025 aproximadamente uno de cada diez jubilados vivía con menos de 1.217 euros al mes.

Este colectivo es especialmente vulnerable al encarecimiento del mercado del alquiler, con poco margen de maniobra una vez que han dejado de ser propietarios. Pero, sin una solución rápida, el tiempo corre y Josette teme poder quedarse en la calle si no aparece un milagro.

Los gastos relacionados con la vivienda han tensionado los presupuestos familiares en los últimos años, con especial impacto sobre los hogares con menos ingresos, menor estabilidad laboral y entre los jóvenes que viven solos. Así lo recoge un estudio publicado este miércoles por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que analiza cómo ha evolucionado el esfuerzo residencial en España entre 2019 y 2024.

El informe, elaborado por Fernando Pinto, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, utiliza microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) para medir qué porcentaje de la renta disponible destinan los hogares a pagar vivienda: alquiler o hipoteca bruta, suministros, comunidad, seguros e impuestos. El diagnóstico es claro: la presión va en aumento y no afecta a todos por igual.

El gasto residencial medio mensual por hogar aumentó un 13% en el periodo analizado, al pasar de 610 euros en 2019 a 690 euros en 2024. El mayor incremento se produjo en los suministros como electricidad, gas, agua o calefacción, con una subida superior al 25%. Los alquileres crecieron un 15% de media y las cuotas hipotecarias brutas un 12,5%.

Desde 2022, el encarecimiento de las hipotecas se ha visto impulsado por el endurecimiento de las condiciones financieras tras el giro restrictivo de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). “En muchos casos, el coste residencial ha crecido por encima de la renta disponible, intensificando la presión sobre los presupuestos familiares”, explica el autor del estudio.

El informe subraya que estos incrementos reflejan el promedio de toda la población, no solo de los nuevos contratos de alquiler o compra, que suelen registrar subidas aún mayores y concentran buena parte del debate público.

Alquilar cuesta más

Por régimen de tenencia, los hogares en alquiler soportan el mayor esfuerzo medio: destinan el 33,5% de su renta a la vivienda. Les siguen los propietarios con hipoteca, con un 30,7%. En cambio, los propietarios sin deuda presentan un esfuerzo notablemente menor (17,3%), aunque no inexistente, debido al peso creciente de los suministros y otros gastos corrientes.

El estudio insiste en que el esfuerzo mide presión mensual, no bienestar a largo plazo. En el caso de la hipoteca, parte del pago supone acumulación de patrimonio, algo que no ocurre con el alquiler. Sin embargo, desde el punto de vista del flujo de caja mensual, ambos suponen una carga significativa.

Los hogares situados en el primer quintil de renta destinan de media el 36,2% de sus ingresos a la vivienda. En el quintil superior, ese porcentaje cae hasta el 13,6%. Cuando se analiza el “sobreesfuerzo” —definido como dedicar más del 40% de la renta a la vivienda— las diferencias son aún más contundentes: afecta al 17,3% de los hogares más pobres, frente a solo el 1,2% de los más ricos.

La vivienda actúa así como un gasto rígido que amplifica las desigualdades preexistentes y reduce el margen de maniobra en los tramos bajos de renta, según el informe.

Jóvenes y hogares con empleo precario, los más expuestos

Entre los hogares con baja intensidad laboral —aquellos donde se trabaja poco a lo largo del año— el sobreesfuerzo alcanza el 18,9%. En los hogares con alta intensidad laboral, la cifra se reduce al 7,4%.

Los hogares unipersonales jóvenes presentan también niveles elevados de presión. La combinación de salarios más bajos, dependencia del alquiler y ausencia de economías de escala incrementa su exposición a la tensión residencial.

Quienes compraron su vivienda entre 2019 y 2024 destinan de media el 34,1% de su renta al pago residencial. El porcentaje baja al 28,6% entre quienes adquirieron entre 2012 y 2018, y al 23,8% entre los que compraron antes de 2011.

La combinación de precios de compra elevados y el aumento reciente de los tipos de interés explica esta mayor presión sobre los compradores más recientes.

El informe concluye que el esfuerzo residencial se ha consolidado como uno de los principales factores de tensión económica en España. Más allá de las cifras agregadas, los datos dibujan un patrón claro: la vivienda pesa más cuanto menor es la renta, más inestable es el empleo y más reciente es el acceso al mercado inmobiliario.

Según el artículo 4 de la LAU, la vivienda debe entregarse al arrendatario “en condiciones de habitabilidad adecuadas para el uso convenido”. Esto significa que el piso debe ser apto para vivir desde el primer día, con todos los elementos esenciales que permitan su uso como vivienda.

Sin embargo, la ley no exige de manera explícita que se incluyan electrodomésticos como nevera, horno, lavadora o microondas. La obligación del propietario se centra en garantizar que las instalaciones de agua, electricidad, gas y calefacción funcionen correctamente durante todo el periodo del arrendamiento (artículos 21 y 22 de la LAU).

Todo depende de qué diga el contrato

La diferencia clave radica en la definición de “vivienda amueblada” dentro del contrato. Cuando el arrendador y el inquilino acuerdan que la vivienda se alquila con muebles o electrodomésticos, estos deben estar presentes y en buen estado. En este caso, cualquier fallo o ausencia puede considerarse un incumplimiento del contrato, con derecho del inquilino a exigir su reparación, sustitución o incluso reducción proporcional del alquiler.

Es común que los contratos incluyan cláusulas sobre electrodomésticos específicos que se entregan con la vivienda. Estas cláusulas son vinculantes y tienen fuerza legal. Por ejemplo, si un contrato indica que el piso se alquila “con cocina equipada y lavadora”, el propietario debe asegurarse de que estos elementos estén disponibles y funcionando correctamente al momento de la entrega. Del mismo modo, cualquier mantenimiento posterior de estos electrodomésticos suele ser responsabilidad del propietario, salvo que se pacte lo contrario.

Por qué algunos caseros sí incluyen muebles

Aunque la ley no obliga a incluir electrodomésticos de forma general, muchos propietarios optan por entregarlos como estrategia para hacer más atractivo el inmueble. Incluir nevera, horno, lavadora o incluso pequeños electrodomésticos como microondas puede aumentar la competitividad del piso en un mercado cada vez más demandado, especialmente en grandes ciudades donde los alquileres alcanzan precios elevados.

Otro aspecto relevante es que la LAU protege al inquilino en relación con el estado de la vivienda durante todo el arrendamiento. El artículo 21 establece que el arrendador “está obligado a realizar todas las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad”, aunque estas reparaciones no incluyen la obligación de adquirir nuevos electrodomésticos que no se entregaron inicialmente. Esto refuerza la idea de que los aparatos no son obligatorios salvo que se acuerde expresamente.

El interés por el mercado de alquiler en el sur de Florida experimenta un crecimiento acelerado rumbo a 2026, con Miami y Fort Lauderdale como protagonistas destacados. Ambas ciudades han escalado posiciones en el ranking nacional, reflejando un renovado dinamismo en la región y anticipando una temporada de alta competencia para quienes buscan alquilar propiedades residenciales.

¿Cómo subieron Miami y Fort Lauderdale en el ranking nacional de alquiler?

El más reciente informe de RentCafe.com, basado en el Renter Engagement Tracker (REnT), posiciona a Miami y Fort Lauderdale como dos de las ciudades con mayor demanda de alquiler en el sur de Florida. Miami dio un salto de 100 puestos interanuales, alcanzando el lugar 27 entre las 150 ciudades más grandes de Estados Unidos. Este avance representa uno de los mayores ascensos registrados en el estudio, confirmando la creciente atracción de la ciudad para inquilinos a nivel nacional.

Por su parte, Fort Lauderdale también mostró un desempeño notable, al subir 67 posiciones y ubicarse en el puesto 32 del ranking. Este crecimiento simultáneo de ambas ciudades indica una tendencia regional robusta, justo cuando se perfila la temporada alta de alquileres de verano 2026. El sur de Florida, así, se consolida como un polo de interés que supera dinámicas vistas en otros años.

¿Qué revela el comportamiento de los usuarios en Miami y Fort Lauderdale?

El estudio REnT no solo examina búsquedas generales, sino también el nivel de compromiso real de los usuarios interesados en alquilar. Miami mostró un crecimiento del 7% interanual en las visualizaciones de páginas de listados. Sin embargo, lo más llamativo reside en el comportamiento activo de los usuarios: las propiedades marcadas como favoritas aumentaron 149% y las búsquedas guardadas subieron 60%. Esto indica que los inquilinos buscan activamente opciones concretas y se preparan con antelación para tomar decisiones.

En el caso de Fort Lauderdale, la dinámica presenta matices diferentes. Las visualizaciones de páginas descendieron un 4%, pero las propiedades marcadas como favoritas crecieron 41% y las búsquedas guardadas aumentaron 30%. Aunque el volumen total de exploración ha bajado, la intención de alquilar se mantiene fuerte y más enfocada, priorizando la selección de propiedades específicas en lugar de una simple navegación casual.

¿Quiénes lideran el interés por alquileres a nivel nacional y cómo se posiciona el sur de Florida?

A nivel nacional, el ranking revela que las ciudades de la región del Medio Oeste y el Sur encabezan la demanda anticipada para 2026. Cincinnati, Atlanta y Minneapolis ocupan los tres primeros lugares en actividad de inquilinos a comienzos del año. En estos mercados, las búsquedas de apartamentos, los listados guardados y las propiedades marcadas como favoritas reflejan un incremento sostenido meses antes del pico tradicional de verano.

Aunque Miami y Fort Lauderdale no figuran en el top tres nacional, su ascenso acelerado las convierte en mercados clave a observar en el sureste estadounidense. El tamaño de sus mercados, el flujo migratorio interno y el atractivo económico consolidan su posición estratégica, anticipando mayor competencia y atención por parte de quienes buscan nuevas oportunidades de alquiler.

¿Cuál es el papel de Orlando y otras ciudades de Florida en el ranking estatal?

En el contexto de Florida, Orlando lidera el ranking estatal con una puntuación REnT de 74.44, situándose en la posición 17 a nivel nacional. Le siguen Miami (71.76) y Fort Lauderdale (70.45), lo que destaca la fuerza del sur y centro de Florida como polos de interés inmobiliario. Otras ciudades como Jacksonville, Tampa y Port St. Lucie también figuran en el listado, pero el crecimiento interanual más llamativo corresponde a la región sur, impulsada en gran parte por la migración interna y el dinamismo económico.

¿Cómo se elaboró el estudio REnT y cuáles son sus criterios?

El Renter Engagement Tracker se basa en el análisis de millones de búsquedas realizadas en RentCafe.com, una plataforma nacional especializada en apartamentos y casas en renta. El equipo investigador examinó datos de listados de alquiler en las 150 ciudades más grandes de Estados Unidos continental, con regiones definidas según la Oficina del Censo.

La puntuación REnT resulta de la suma de cuatro indicadores clave:

• Disponibilidad de apartamentos (hasta 40 puntos)
• Visualizaciones de páginas (hasta 30 puntos)
• Propiedades guardadas como favoritas (hasta 15 puntos)
• Búsquedas personalizadas guardadas (hasta 15 puntos)

Para cada métrica se consideró tanto el volumen total como la variación interanual, lo que permite medir no solo el interés general, sino el compromiso real y la evolución de la demanda.

¿Qué implicancias tiene este escenario para la temporada de alquiler 2026?

El aumento temprano en el compromiso digital de los usuarios sugiere que la competencia por unidades en Miami y Fort Lauderdale podría intensificarse antes del verano de 2026. Los datos muestran un mercado más estratégico, con potenciales inquilinos que investigan, comparan y guardan opciones meses antes de la temporada alta.

Para propietarios e inversionistas en el sur de Florida, estas tendencias pueden traducirse en mayor presión sobre los precios y tiempos de vacancia más cortos, siempre que se mantenga el nivel de interés actual. El comportamiento proactivo de quienes buscan alquilar anticipa un mercado competitivo y obliga a ajustar estrategias tanto para fijar precios como para gestionar la disponibilidad de propiedades.

C.R., trabajadora social de 45 años, temía que llegara 2026 por la renovación de su contrato de alquiler. Sabía que su casero iba a subir el precio del piso donde lleva viviendo ocho años en Valencia, pero no imaginaba que prácticamente lo fuera a duplicar, al pasar de 550 euros mensuales a 950, una cantidad imposible de asumir si quería seguir viviendo sola. La opción por la que optó fue alquilar una habitación dentro del propio piso, y ahora comparte su espacio con un hombre de 52 años, que también se vio forzado a renunciar a la independencia por el aumento del alquiler. Por suerte, cuenta a Infobae, su nuevo compañero es un conocido, pero, aun así, no puede evitar sentir impotencia y frustración.

“Trabajo desde hace 20 años, tengo 45, y no puedo permitirme pagar un alquiler sola. Me toca compartir casa a estas alturas y con alguien que a su vez se ha visto en una situación similar, con más de 50 años. Al final renuncias a tu intimidad e independencia para seguir teniendo un poco de vida normal, pero es realmente frustrante”, explica. C.R., que prefiere no dar su nombre completo por temor a que su casero pueda verlo, se pregunta quién va a poder asumir rentas que superan los 1.000 euros “con los salarios actuales”. Reconoce que ha llegado a pensar que “la vida no está hecha para vivir sola, porque o bien tienes pareja o compartes piso”. “No sé cómo harán las madres y los padres solteros que tienen hijos”.

La presión que describe C.R. refleja la situación del mercado. Los precios en 2025 han alcanzado un nuevo máximo histórico, superando los de la burbuja inmobiliaria de 2008, de forma que el precio medio del alquiler aumentó en el país un 8,5%, alcanzando los 14,7 euros por metro cuadrado, según datos de Idealista. Aunque las ciudades con el alquiler más caro son Barcelona (23,8 euros por metro cuadrado), Madrid (22,7), Palma de Mallorca (18,3) y San Sebastián (17,9 euros), en Valencia también ha habido un aumento notable en los últimos tres años, lo que ha agravado la crisis de la vivienda.

En el mercado de compraventa, en 2025 los precios en España volvieron a batir un nuevo récord histórico, según los datos publicados esta semana por el Consejo General del Notariado. El precio medio del metro cuadrado alcanzó los 1.902 euros, un 7,5% más que en 2024, superando los máximos de 2007 (1.832 euros/m²) en plena burbuja inmobiliaria. En ese sentido, Valencia también es una de las ciudades donde más ha crecido el precio de la vivienda.

Tres mudanzas en un año y habitaciones por 500 euros

Para María Rodenas, una joven de 26 años, la situación en la capital del Turia también se está complicando cada vez más. En su caso, le ha tocado mudarse hasta en tres ocasiones en el último año por la dificultad para encontrar alquiler estable. Y lo peor, asegura, es que las perspectivas de futuro están lejos de mejorar. “En Valencia ahora mismo no hay ningún piso que valga menos de 1.000 euros para una persona sola, cuando en muchos casos tenemos salarios de 1.400. Hay pisos que están hechos polvo, otros que no tienen salón, y muchas habitaciones ya están por 550 o 600 euros si el barrio es céntrico”, resume.

En sus experiencias solo se ha encontrado con propietarios que evitaban formalizar contratos o que ofrecen alquileres por habitaciones, por lo que pueden modificar condiciones y aumentar el precio libremente, ya que estos contratos no están regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), sino que se rigen por lo pactado entre las partes y lo dispuesto en el Código Civil.

“Lo que me está ocurriendo con los alquileres por habitaciones es que cada vez que un inquilino se marcha, los caseros aprovechan para modificar las condiciones y cambiar el contrato entero, subiendo los precios a todos, en lugar de hacer un anexo al nuevo inquilino que entra. Además, es horrible, porque nunca sabes quién va a entrar, eso lo decide la inmobiliaria de turno, y yo no quiero vivir así. Parecemos marionetas”, critica María. Tampoco ve una solución en los contratos de temporada, porque “no se puede vivir con esa inseguridad de que pueden renovarte o no cada poco tiempo”. “Así no se puede hacer un proyecto de futuro”, sentencia.

Medidas para “frenar la especulación”

Aunque el pasado mes de enero el Gobierno central anunció un real decreto-ley en materia de vivienda para “frenar la especulación y dar una mayor protección a los inquilinos”, con condiciones al alquiler de temporada y límites al precio del alquiler por habitaciones, de momento no han entrado en vigor y este tipo de contratos sigue sin estar regulado por la LAU. Además, son las comunidades autónomas las que deben declarar las zonas tensionadas para poder aplicar este tipo de límites.

Por todo ello, son muchos los afectados que, como María, reclaman medidas más estrictas y un control efectivo para garantizar la protección de los inquilinos frente a los abusos de los propietarios.

Después de tantas complicaciones, esta joven admite que ya incluso se plantea dejar Valencia y marcharse a un pueblo, aun sabiendo que eso dificultaría encontrar empleo en el ámbito social. “Ya no sé si los jóvenes nos tenemos que acostumbrar a vivir sin casa propia, pero es muy triste, porque hablamos de necesidades básicas, de tener un sitio donde poder descansar, donde tener tus cosas. Trabajamos 40 horas o más a la semana y ni siquiera tenemos la tranquilidad de poder construir un hogar”, añade indignada.

Ni Ayuntamiento ni Generalitat declaran zonas tensionadas

Desde el Sindicato de Inquilinas de Valencia denuncian que los grandes propietarios utilizan su posición dominante para imponer precios elevados, lo que ha derivado en “una forma de pobreza moderna para quienes alquilan viviendas y en una utopía inalcanzable para quienes, desde la clase trabajadora, aspiraban a comprar”. Según el sindicato, en Valencia el 10% del parque inmobiliario está controlado por grandes rentistas con más de diez viviendas, lo que les permite influir en los precios de toda la ciudad. Una situación que, explican, se refleja en casos como el de la Finca Groga, un edificio de 1939 ubicado en el barrio de La Saïdia y cuyos propietarios quieren echar a los inquilinos para transformarlo en apartamentos de lujo.

La organización critica que el Ayuntamiento y la Generalitat no declaren Valencia como zona tensionada para que se puedan establecer esos límites a los precios del alquiler y advierte de la proliferación de pisos turísticos —hay unos 6.000 alojamientos inscritos en el registro autonómico—, ya que reduce la oferta de vivienda y contribuye al alza de los precios.

Toda esta situación, añade el sindicato, golpea especialmente a la llamada “generación inquilina”, formada por jóvenes y trabajadores sin posibilidades de heredar o comprar vivienda, quedando “atrapada en el alquiler permanente”, si bien también afecta de forma notable a la población migrante, que además enfrenta barreras discriminatorias por parte de las agencias inmobiliarias, que “imponen condiciones abusivas o directamente les niegan el acceso a la vivienda”.

Para este 2026, el panorama tampoco es muy halagüeño, pues los analistas estiman que los precios seguirán subiendo en torno a un 7%.

El número de pisos turísticos descendió un 12,4% en el último año, lo que supone la pérdida de 46.000 alojamientos, según la estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE), una caída que sitúa el total nacional en 329.764 viviendas a noviembre de 2025 y que refleja una importante diferencia entre comunidades autónomas. Mientras Alicante experimentó una caída del 27,9% en su oferta y Madrid y Baleares registraron descensos del 26,3% y 19,8%, respectivamente, en el otro extremo se sitúan Málaga y Sevilla, que incrementaron su cartera de pisos turísticos en un 6% y un 4,2%.

El INE ha atribuído este retroceso a la entrada en vigor desde el 1 de julio de 2025 del registro obligatorio de alquileres de corta duración, una medida que ha marcado una tendencia generalizada de revisión en el sector y que ha sacado a la luz miles de viviendas fuera de la normativa.

A pesar de ese descenso generalizado de pisos turísticos, desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) alertan de que numerosos propietarios están optando por “trocear” antiguas viviendas “en estudios de aproximadamente 15 metros cuadrados”, cada uno con su propia cocina y baño. Esto supone “una sobrecarga evidente” para las instalaciones comunes de los edificios, especialmente para las bajantes y redes de saneamiento, que no están diseñadas para soportar ese uso intensivo.

“Donde antes había una vivienda con una cocina y dos baños, ahora nos encontramos con cinco cocinas y cinco baños conectados a la misma bajante”, explica a Infobae Manuela Martínez, presidenta del CAFMadrid, de forma que estos pisos quedan sin zonas comunes, “como si se tratara de un hotel o pensión”. El problema se agrava, añade, cuando en un mismo edificio hay varias viviendas “troceadas”.

Requieren licencia de obra y no una declaración responsable

La corporación explica que, en muchos casos, estas actuaciones se están tramitando mediante una declaración responsable cuando requieren una licencia de obra, además de que están generando conflictos en las comunidades de propietarios, tanto por los problemas técnicos derivados de las obras como por el impacto en la convivencia y en los elementos comunes del inmueble.

“Los propietarios no deberían tramitar estas obras de segregación de vivivendas mediante una simple declaración responsable, porque al final se trata de una actividad cuyos efectos no son solo privativos, sino que afectan de lleno a los elementos comunes y a la convivencia vecinal y deberían estar sujetas a una licencia de obra“, señala Martínez, que explica que la CAFMadrid ha mantenido reuniones tanto con la Comunidad de Madrid como con el Ayuntamiento para trasladar su preocupación y reclamar un mayor control administrativo sobre este tipo de actuaciones.

“Cuando las actuaciones privativas afectan a elementos comunes de un edificio, debe ser la Administración municipal, a través de la normativa urbanística y los mecanismos de control, la que establezca los criterios”, añade.

Reclaman una “regulación urbanística garantista”

Ante el incremento de viviendas “troceadas” detectado por el CAFMadrid en los últimos meses, la institución propone abordar el fenómeno mediante una “regulación urbanística garantista”, en lugar de plantearlo como “una cuestión de restricción del derecho de propiedad”.

La institución considera fundamental reforzar las normas para garantizar la seguridad, la salubridad y la sostenibilidad en los edificios residenciales y destacan la necesidad de una perspectiva integral y de otorgar seguridad jurídica a los propietarios para evitar soluciones provisionales que, con el tiempo, puedan generar nuevos problemas en las comunidades.

Andalucía es la región con más pisos turísticos

Los últimos datos del INE revelan que Andalucía encabeza la lista nacional con 91.757 apartamentos turísticos, registrando así un crecimiento del 1,2% en relación al periodo comprendido entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025. Frente a este comportamiento, otros destinos relevantes han experimentado caídas notables: Canarias sumó 49.676 alojamientos, lo que representa una disminución del 3%; Comunidad Valenciana registró 48.411, un 25% menos; y Cataluña computó 46.915 apartamentos, mostrando un descenso del 11%.

Baleares se ubicó apenas por encima del umbral de las 19.000 viviendas turísticas, con 19.398 unidades y una variación negativa del 19,8%. En Galicia, el número de apartamentos destinados al alquiler turístico se situó en 15.236, lo que representa una caída del 22,5%. Madrid, por su parte, registró 15.309 alojamientos de corta duración y protagonizó el mayor descenso relativo, con una reducción del 26% respecto al ejercicio anterior.

La búsqueda de una vivienda se ha convertido en un terreno fértil para los ciberdelincuentes que aprovechan la desesperación y la falta de oferta en el mercado inmobiliario para desarrollar nuevas estafas de alquiler.

Las redes sociales y diversas plataformas digitales se han transformado en escenarios donde operan los atacantes, que no solo buscan obtener dinero, sino también datos personales de sus víctimas.

Cómo funcionan las estafas de alquiler en plataformas digitales

Los estafadores emplean estrategias variadas, pero predomina la suplantación de identidad de empresas legítimas que ofertan inmuebles en plataformas reconocidas.

Un ejemplo frecuente es la publicación de anuncios en grupos de Facebook dirigidos a personas que buscan habitaciones o apartamentos en alquiler. Los precios suelen resultar muy atractivos y las imágenes, tomadas de otras páginas o generadas digitalmente, parecen auténticas. De este modo, los ciberdelincuentes se camuflan entre decenas de anuncios, atrayendo a usuarios urgidos por encontrar una vivienda.

En estos grupos, como el denominado “Alquiler de HABITACIONES en Madrid” en Facebook, aparecen cada mes publicaciones fraudulentas. En un caso reciente, un perfil falso compartió fotografías de un supuesto piso de 54 metros cuadrados en una calle céntrica de Madrid por un alquiler mensual de 700 euros, según un reporte de Computer Hoy.

Sin embargo, otros usuarios identificaron rápidamente la trampa: las imágenes correspondían a una vivienda en Holanda y el perfil no se correspondía con una persona real.

Qué señales delatan una estafa de alquiler

Las víctimas describen un patrón común: la estafa suele comenzar con un sentido de urgencia, bajo la amenaza de perder la oportunidad de alquiler si no se realiza el pago de inmediato. El supuesto propietario evita los canales oficiales y prefiere comunicarse a través de WhatsApp o perfiles personales, dificultando la supervisión de las plataformas.

Una táctica recurrente es afirmar que el propietario reside en otra comunidad autónoma o incluso en otro país, lo cual imposibilita la firma presencial del contrato. Esta excusa busca eludir cualquier encuentro físico y convencer al interesado de que el proceso debe hacerse a distancia.

Además, los anuncios fraudulentos presentan precios por debajo de la media en zonas muy demandadas, perfiles sin actividad o con imágenes genéricas y fotografías demasiado atractivas para ser ciertas. En estos casos, la desconfianza debe activarse de inmediato.

El riesgo de exponer datos personales y dinero

La agente inmobiliaria Rachel Di Salvo relató, en TeleMundo, cómo un estafador utilizó sus anuncios reales para hacerse pasar por la responsable de una vivienda, engañando a varias familias. “Me hace sentir horrible porque no quiero que nadie pierda su dinero”, expresó Di Salvo.

La portavoz de Consumer Reports, Luz Plasencia, explicó que los estafadores no se limitan a los portales de alquiler, sino que también actúan en redes sociales, utilizando publicaciones y videos legítimos para ganarse la confianza de posibles inquilinos y lograr que envíen dinero o información sensible.

Las consecuencias económicas resultan significativas. Un informe de la Comisión Federal de Comercio (FTC) reveló que desde 2020, 65.000 inquilinos han declarado ser víctimas de estafas de alquiler, con pérdidas que suman alrededor de USD 65 millones. Además, el segmento más afectado corresponde a personas de entre 18 y 29 años, que denunciaron tres veces más casos que otros grupos de edad.

Cómo protegerse ante las estafas de alquiler

Prevenir este tipo de fraudes requiere adoptar diversas precauciones. En primer lugar, buscar la dirección de la vivienda en internet. Si el mismo piso aparece en varios anuncios con precios distintos, otra información de contacto o se ofrece como venta en lugar de alquiler, es una clara señal de alerta.

Cuidar la información personal es fundamental. Antes de firmar un contrato, el propietario no necesita datos sensibles como el número de seguro social para realizar una verificación de crédito. Si se solicita esta información de forma anticipada, conviene desconfiar.

El uso de métodos de pago adecuados resulta crucial. “Nunca paguen con efectivo”, aconseja Di Salvo. Lo más seguro es realizar el pago mediante un cheque de caja certificado o un cheque personal. Al contrario, si el supuesto casero insiste en recibir el dinero mediante tarjetas de regalo, criptomonedas o transferencias bancarias, conviene detener la operación de inmediato.

La presión para pagar el depósito o la renta rápidamente constituye otra señal de alarma. Los estafadores buscan que la víctima actúe impulsivamente, sin comprobar la veracidad del anuncio o la identidad del interlocutor.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado este martes el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid contra once apartados de ocho artículos de la Ley estatal de Vivienda, en vigor desde 2023. La decisión supone un nuevo respaldo jurídico a una de las normas más controvertidas de la legislatura y refuerza la capacidad del Estado para intervenir en el mercado inmobiliario.

El Ejecutivo madrileño sostenía en su recurso que la ley suponía “la invasión” de competencias autonómicas y municipales, especialmente en lo relativo a la declaración de zonas de mercado tensionado y a la obligación de los grandes tenedores de informar sobre las viviendas que poseen en dichas áreas. Con esta sentencia, recogida por Efe, el tribunal cierra el paso a ese planteamiento y avala la constitucionalidad de los preceptos impugnados.

La sentencia subraya que el legislador estatal “goza de competencias para configurar a la vivienda como derecho subjetivo y delimitar el círculo de sus titulares, así como para extender la titularidad del derecho a los ciudadanos extranjeros”.

El fallo refuerza así uno de los pilares de la norma: la consideración de la vivienda no solo como un principio rector de la política social y económica, sino como un derecho subjetivo con alcance definido por el Estado.

A favor de la ley

El alto tribunal destaca que esta es la cuarta ocasión en la que se pronuncia sobre la constitucionalidad de la ley estatal de vivienda, consolidando una línea jurisprudencial favorable a la norma.

Asimismo, confirma la constitucionalidad del artículo 8, lo que implica que la vivienda puede configurarse como derecho subjetivo y que el legislador estatal tiene potestad para definir quiénes son sus titulares, ya sea en régimen de propiedad o en alquiler.

Rechazo al argumento de invasión competencial

La Comunidad de Madrid había anunciado en julio de 2023 su intención de recurrir la norma por considerar que los once apartados impugnados se extralimitaban e invadían competencias reconocidas en su Estatuto de Autonomía.

El Gobierno regional cuestionaba especialmente los artículos relativos a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, una herramienta clave de la ley que permite limitar las subidas del alquiler en áreas donde los precios se han disparado.

También criticaba la obligación impuesta a los grandes tenedores de vivienda de informar sobre el número de inmuebles que poseen en esas zonas, al entender que esa exigencia suponía una intromisión en competencias propias.

El consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, denunció en su momento la excesiva regulación por parte del Estado en ámbitos como la protección pública o la definición de las áreas tensionadas. Sin embargo, el Constitucional ha rechazado ese planteamiento y ha avalado la actuación del Estado dentro de su marco competencial.

El Gobierno pide aplicar la ley

Tras conocerse la sentencia, el Ejecutivo central reclamó a las comunidades autónomas que apliquen la norma en lugar de recurrirla. “Harían un favor al interés general si aparcaran sus intentos de zancadillear la acción del Gobierno y se sumaran a las soluciones, aprovechando todas las herramientas a su alcance”, señalaron a Efe fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Para el Gobierno, la decisión del tribunal respalda “el rigor jurídico de la norma”, así como los mecanismos de intervención del mercado diseñados para preservar la función social de la vivienda y combatir la especulación.

La sentencia supone un espaldarazo político y jurídico a la estrategia del Ejecutivo en materia de vivienda, en un contexto de fuerte tensión en el mercado del alquiler y creciente preocupación social por el acceso a un hogar asequible.

Un tribunal dividido

El fallo no ha sido unánime. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez, cuenta con el voto particular discrepante de cinco magistrados: Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías.

Este bloque refleja la división interna dentro de un órgano compuesto por doce miembros y pone de manifiesto la sensibilidad jurídica y política del debate sobre el alcance de las competencias estatales y autonómicas en materia de vivienda.

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es el aval a la declaración de zonas de mercado tensionado, instrumento que permite limitar los incrementos del alquiler en áreas donde el coste de la vivienda supera determinados umbrales en relación con la renta de los hogares.

La validación de este mecanismo abre la puerta a que más comunidades autónomas activen estas herramientas si lo consideran necesario. No obstante, su aplicación depende en gran medida de la voluntad política de los gobiernos regionales.

Con esta nueva resolución, el Tribunal Constitucional refuerza la arquitectura jurídica de la norma y dificulta nuevos intentos de tumbar sus elementos esenciales por la vía judicial. La batalla política sobre la vivienda continúa, pero en el plano constitucional la ley sale, reforzada.

Una reciente sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid ha puesto fin a un conflicto sobre una vivienda alquilada en la capital. El fallo sienta un precedente sobre el subarriendo no consentido, es decir, el alquiler de habitaciones por parte de una persona que ya está alquilada en esa vivienda. Sienta un criterio relevante en la interpretación de los derechos y obligaciones en los contratos de arrendamiento de larga duración y refuerza la protección del propietario.

Purificación había firmado el contrato de arrendamiento el 16 de enero de 1985, en una época en la que las condiciones del alquiler respondían a la antigua Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. Con el paso del tiempo, la situación cambió. Un informe elaborado por detectives privados, junto con las declaraciones de diversos testigos, dibujó una escena sorprendente e ilegal.

La inquilina gestionaba un negocio de subarriendo, permitiendo la entrada y salida de personas ajenas al contrato original y beneficiándose económicamente de ello. Según el testimonio de una de las personas que vivió en el piso, cuando llegó ya encontraba a otros ocupantes en idéntica situación. Pagaban entre 500 y 550 euros por una habitación, entregando el dinero directamente a la inquilina.

Falta de consentimiento y uso por terceros

La normativa vigente en el momento de los hechos, según recordó la sentencia, exigía el consentimiento expreso del propietario para cualquier cesión o subarriendo de la vivienda. La ausencia de ese permiso, sumada a la prueba de que el uso real del inmueble correspondía a personas ajenas, resultó clave en la valoración judicial.

La Sala descartó de manera contundente el argumento principal de la defensa, que negaba la existencia de subarriendo inconsentido. Para los magistrados, quedó demostrado que el piso no se utilizaba como residencia exclusiva de Purificación, sino como alojamiento para distintas personas a cambio de una contraprestación económica.

El proceso judicial y la confirmación de la sentencia

El proceso judicial se inició en el Juzgado de Primera Instancia Nº5 de Madrid, donde la propietaria presentó una demanda solicitando la resolución del contrato. La sentencia de primera instancia dio la razón a la dueña, constatando el subarriendo sin autorización y decretando el fin del arrendamiento por su uso indebido.

Purificación recurrió aquella resolución, alegando un error en la valoración de la prueba y sosteniendo que los testimonios no acreditaban un subarriendo ilegal. La Audiencia Provincial de Madrid revisó el recurso y confirmó en su totalidad la resolución inicial. El contrato quedaba extinguido, la inquilina debía abandonar la vivienda y asumir las costas del proceso de apelación.

Además, el tribunal impuso la pérdida del depósito constituido para recurrir. A la fecha de la sentencia, sólo se mantiene abierta la posibilidad de recurso de casación, siempre que se acredite interés casacional. La ley establece un plazo de 20 días desde la notificación para presentar dicho recurso. El caso de Purificación muestra cómo la normativa vigente ampara los derechos del propietario y sanciona el incumplimiento de las condiciones de arrendamiento, incluso en relaciones de larga duración.

El porcentaje de rehabilitación sobre el conjunto de licencias otorgadas desde 2019 alcanza el 55%, de acuerdo con las conclusiones del último informe elaborado por Solvia, aunque esta cifra no logra compensar el desequilibrio estructural del mercado inmobiliario español. Según comunicó la firma de servicios inmobiliarios este viernes, las previsiones apuntan a un aumento del 6% al 9% en los precios de venta de viviendas durante el primer semestre de 2026 en toda España. Esta estimación se atribuye principalmente a la persistente falta de oferta y a una demanda sostenida, elementos que Solvia califica como factores crónicos en la dinámica del sector.

Tal como publicó Solvia, la compraventa de inmuebles experimentó en 2025 un incremento del 11,5%, llegando a 714.237 operaciones, conforme registró el Instituto Nacional de Estadística. De cara al próximo año, la empresa anticipó que el número de transacciones podría crecer entre un 3% y un 5% interanual. Sin embargo, advierte que la presión del mercado continuará limitando la capacidad de cerrar operaciones, debido a la necesidad de más competencia por productos específicos, como propiedades bien ubicadas o con precios ajustados. Este contexto de tensión se mantendría incluso ante un interés comprador elevado, según el informe de Solvia.

El acceso al crédito, el coste creciente de la construcción, la actividad económica nacional y la incapacidad de la promoción residencial para responder a la demanda forman parte de los principales motivos expuestos por Solvia que explican la tendencia alcista de los precios. El medio detalló que existe un desequilibrio persistente entre oferta y demanda, el cual se mantendría durante gran parte de 2026. De hecho, la empresa señaló que las previsiones para la obra nueva apuntan a un aumento de los visados entre un 10% y un 12% al cierre del próximo año, aunque esta subida no sería suficiente para cubrir la necesidad de viviendas en el país.

En lo que respecta al mercado del alquiler, Solvia observó que los precios tenderán a permanecer elevados o incluso repuntar, principalmente debido a la escasez de unidades disponibles. Enrique Tellado, presidente de Solvia y CEO de Intrum, analizó para la compañía que la presión será más fuerte en las grandes ciudades y en zonas costeras, donde la oferta resulta especialmente limitada en comparación con la demanda. Tras el ajuste propio de ciclos estacionales, la tendencia general indica que la escasez continuará sosteniendo los valores al alza.

En el caso concreto de Madrid y Barcelona, el 'III Solvia Market View' pone en relieve un proceso de encarecimiento generalizado. La firma destacó que estas dos ciudades presentan incrementos en todos sus barrios respecto al trimestre anterior, tanto en zonas centrales como en áreas tradicionalmente consideradas más asequibles, lo que amplía el ámbito de presión en estos mercados urbanos. Los barrios madrileños de Salamanca, Chamberí y Chamartín registran los precios más altos, con valores de 7.141 euros, 6.676 euros y 6.098 euros por metro cuadrado, respectivamente. En Barcelona, Sarrià-Sant Gervasi lidera con 5.409 euros por metro cuadrado, seguido de Les Corts (4.862 euros) y L'Eixample (4.700 euros).

De acuerdo con Solvia, el atractivo del mercado inmobiliario español responde a su carácter dinámico, la llegada de inversión y la estabilidad macroeconómica. No obstante, Tellado consideró, según citó Solvia, que los desafíos enfrentados durante 2025 persistirán en 2026, por lo que resulta fundamental la contribución de todos los actores involucrados para mantener el dinamismo y satisfacer la demanda en todos los segmentos.

El informe concluye que la rehabilitación de inmuebles, aunque relevante por su peso creciente desde 2019, aún no logra paliar la insuficiencia de oferta, lo que refuerza la necesidad de adoptar estrategias integrales en el sector inmobiliario. La empresa sugirió que, pese a la solidez de la oferta actual y el interés inversor, la respuesta estructural para cubrir la demanda nacional se mantiene como una asignatura pendiente.

El Sindicato de Inquilinas ha celebrado este lunes que el desahucio de la activista Paca Blanco ha quedado suspendido de forma temporal gracias a “la presión social y la organización colectiva”. Referente del feminismo español y superviviente del Patronato de la Mujer del franquismo, Blanco ha dedicado su vida a la defensa del territorio, del medioambiente y de los derechos colectivos. A sus 77 años y con un estado de salud delicado, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid envió a la activista una orden de desahucio a inicios del año, que este viernes ha quedado paralizada.

Blanco reside actualmente en una vivienda pública adjudicada a su hijo y su nuera hace más de 10 años. La pareja se trasladó hace tiempo a Brasil y dejó que la madre del propietario se quedase en el que fue su hogar. Desde entonces, la septuagenaria se ha hecho responsable del inmueble y ha intentado en varias ocasiones regularizar su situación. Blanco quiere que se la reconozca como inquilina de la vivienda y pagar el alquiler social correspondiente, pero la EMVS la considera una okupa y ha rechazado sus peticiones hasta el momento. La ley actualmente no permite ceder la titularidad del inmueble de hijos a padres, pero sí admite el traspaso en el caso contrario.

Su caso ha provocado la movilización de más de 150 organizaciones y colectivos de todo el Estado, que firmaron un manifiesto en apoyo a la activista española. El pasado miércoles, Blanco volvió a acudir una vez más a la sede de la EMVS, acompañada de representantes de estas asociaciones, para intentar negociar su situación.

“Paca sigue en riesgo inminente de desahucio”

El desahucio de Blanco estaba programado para el lunes 23 de febrero, pero este viernes, el Sindicato de Inquilinas ha conocido la paralización del desahucio, “una victoria fruto de la movilización”, han valorado en un comunicado. La organización advierte, no obstante, que “la paralización del desahucio no puede interpretarse como una solución, sino como una tregua arrancada por la movilización”. Así, recuerdan que “Paca sigue en riesgo inminente de desahucio” y que continuarán organizándose hasta que se reconozca su derecho de permanecer en la vivienda, “con un alquiler social adecuado a sus ingresos”.

El Sindicato de Inquilinas ha criticado que la información recibida a través de los Servicios Sociales, juzgados y la EMVS “ha sido contradictoria e insuficiente”. De hecho, no han conocido la paralización por escrito, sino a través de periodistas, que han accedido a los escritos judiciales a partir de filtraciones, cuando a Blanco se le ha negado el acceso a los mismos. “Esto es una muestra de un maltrato institucional flagrante”, han asegurado.

“A sus 77 años y con un estado de salud delicado, se pretende expulsar de su casa a una mujer que ha dedicado toda su vida a la defensa del territorio, del medio ambiente y de los derechos colectivos. Su trayectoria vital está marcada por la lucha social, la precariedad y la represión, desde el internamiento forzoso en instituciones del franquismo como el Patronato de Protección a la Mujer hasta la persecución por su oposición a proyectos especulativos como el resort de lujo Marina Isla de Valdecañas", han expresado desde el Sindicato de Inquilinas. La organización considera que “defender a Paca Blanco es defender el derecho a la vivienda de toda la clase trabajadora”.

El Ayuntamiento de Barcelona pondrá en marcha este viernes 20 de febrero una nueva convocatoria de ayudas al alquiler dirigida a familias monoparentales y a personas mayores de 55 años que vivan solas y se encuentren en riesgo de exclusión residencial. La medida contará con una dotación de 6 millones de euros y permitirá recibir hasta 400 euros mensuales durante un máximo de 12 meses.

La iniciativa busca aliviar la carga económica de aquellos hogares que destinan más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler. Para poder acceder a la prestación, la vivienda deberá estar ubicada en Barcelona y el precio total del arrendamiento no podrá superar los 1.100 euros mensuales.

¿Quién puede pedir la ayuda?

La nueva línea de subvenciones está pensada específicamente para dos colectivos: familias monoparentales y personas de 55 años o más que vivan solas y tengan ingresos bajos. En ambos casos, será imprescindible acreditar una situación de vulnerabilidad económica.

La prestación cubrirá la parte del alquiler que exceda el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia, con el límite máximo fijado en 400 euros al mes. Para determinar si existe riesgo de exclusión residencial, la convocatoria establece topes de ingresos vinculados al Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC). En concreto, las personas que vivan solas no podrán superar dos veces el IRSC; las unidades de convivencia no podrán superar 2,5 veces el IRSC, ponderado según el número de miembros y en casos de discapacidad o alta dependencia, el límite se eleva a 3,5 veces el IRSC.

Según un comunicado del Ayuntamiento de Barcelona, quedan excluidos del cómputo del alquiler conceptos como atrasos, gastos individuales, plazas de aparcamiento o trasteros.

Estas ayudas son fruto de un acuerdo político con Junts per Barcelona, tras la aprobación de una proposición en la comisión de Economía y Hacienda con amplio respaldo. El gobierno municipal enmarca la medida en su estrategia para frenar la pérdida de vivienda habitual en un contexto de fuerte presión sobre el mercado del alquiler.

Pla Viure

La convocatoria se suma a las líneas de apoyo que impulsa el Consorcio de la Vivienda de Barcelona, organismo que en 2025 destinó 6,89 millones de euros a ayudas al pago del alquiler.

Entre las principales prestaciones que gestiona el Consorcio destacan la prestación económica de urgencia social derivada de la mediación, dirigida a personas que necesitan apoyo inmediato para mantener su vivienda, y la prestación por el pago del alquiler de la ciudad de Barcelona, que permite renovar la ayuda durante un máximo de cuatro años —de forma permanente en determinados casos de personas mayores— para consolidar la permanencia en la vivienda.

Además, el Consorcio también tramita las ayudas que dependen de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, como: subvenciones para el pago del alquiler por tramos de edad; el Bo Alquiler Joven para menores de 35 años; las prestaciones de especial urgencia para afrontar deudas o situaciones de desahucio y ayudas para viviendas destinadas a emergencias sociales.

Evitar la expulsión de vecinos vulnerables

El objetivo central de la nueva convocatoria es favorecer la permanencia en la vivienda habitual de personas que, aun teniendo ingresos, no pueden asumir el incremento de los precios del alquiler sin comprometer su estabilidad económica.

Desde el consistorio señalan que el incremento del coste de la vivienda en la ciudad ha elevado el esfuerzo financiero de muchos hogares por encima del umbral recomendado del 30% de ingresos destinados al alquiler, considerado el límite razonable para evitar sobreendeudamiento.

La nueva línea de ayudas se enmarca dentro del Pla Viure, la estrategia municipal para ampliar el parque público de vivienda, incrementar el alquiler asequible, rehabilitar inmuebles y reforzar el apoyo a las personas con menos recursos.

La medida abre ahora el plazo para que potenciales beneficiarios puedan solicitar una ayuda que puede suponer hasta 4.800 euros anuales y que pretende convertirse en un salvavidas para cientos de hogares barceloneses en situación límite.

El informe elaborado por Bankinter advierte que el déficit de viviendas en España incrementará de forma sostenida durante la próxima década, con una brecha que podría superar los dos millones de casas si la dinámica de oferta y demanda persiste igual. Según detalló Bankinter, la previsión de encarecimiento del precio de la vivienda para 2026 se sitúa en un 7%, lo que representa una revisión al alza de tres puntos sobre su estimación anterior, impulsada en buena medida por la insuficiencia estructural del parque residencial y el crecimiento de la demanda.

El medio Bankinter expuso en su informe inmobiliario que el desequilibrio actual entre viviendas nuevas y necesidad de hogares se agravará año a año. El déficit de casas ya ronda las 700.000 unidades y crecerá a un ritmo superior a las 150.000 viviendas anuales. La previsión incluye la constitución de unos 200.000 hogares nuevos cada año, a lo que hay que sumar más de 50.000 viviendas compradas por extranjeros. Si las tendencias actuales no varían, el desfase podría superar los dos millones de viviendas en un horizonte de 10 años, según publicó Bankinter.

El banco señaló que no se espera una reversión significativa de la falta de oferta en los próximos tres a cinco años, atribuyendo esta situación a la inercia con la que opera el mercado inmobiliario y a los largos tiempos necesarios para el desarrollo y construcción de nuevos inmuebles. Los especialistas de la entidad declararon: “Ya podemos decir con toda seguridad que en los próximos tres años las viviendas terminadas no cubrirán ni la mitad de la demanda estimada, y para aumentar esta cifra a futuro es necesario que las administraciones públicas liberen suelo y agilicen los desarrollos urbanísticos y cambios de uso”.

En cuanto al acceso al alquiler, Bankinter resaltó que esta alternativa se ha vuelto inviable para la demanda natural, dado que el esfuerzo financiero exigido supera el 50%. La entidad matizó, según consignó en su informe, que si bien los riesgos han aumentado, la sobrevaloración de la vivienda aún se mantiene en niveles moderados y sostenibles en tanto no se resuelva la escasez de oferta. A pesar de que la coyuntura es exigente, los expertos diferenciaron la situación actual del escenario previo a la crisis de 2007, cuando la tasa de esfuerzo llegó al 55%, aunque por entonces existía un stock de más de un millón de viviendas sin vender.

Respecto a la evolución de los precios, Bankinter reportó que las viviendas cuestan actualmente más de un 25% por encima de sus valores en 2007, aunque la renta disponible de los hogares se ha incrementado en un 36% en ese mismo periodo. Considerando la diferencia entre la evolución de los ingresos y los precios, en términos reales las viviendas hoy son un 10% más baratas que en el pico del ciclo anterior.

Un elemento destacado por el informe de Bankinter es el papel de la demanda extranjera como factor desestabilizador del mercado. Los compradores internacionales responden por alrededor del 20% de las operaciones de vivienda en el país, aunque en localizaciones como Alicante, Tenerife, Málaga o Baleares el porcentaje supera el 40%. Según la entidad, la capacidad de pago de estos adquirentes extranjeros supera en un 80% a la de los nacionales, lo que afecta especialmente a mercados de grandes ciudades, litoral mediterráneo e islas, donde se prevén los mayores incrementos de precio.

Sobre el resto de activos inmobiliarios, el documento analizado por Bankinter apunta un escenario favorable apoyado en elementos como el crecimiento económico moderado, la inflación cercana al 2%, y los tipos de interés estables en Europa y con tendencia descendente en Estados Unidos. Esta combinación beneficia a activos tradicionales, incluyendo oficinas y centros comerciales, cuyas valoraciones se han ajustado a la baja en los últimos años, permitiendo rentas que suben por encima de la inflación y niveles elevados de ocupación debido a la escasez de inversión y de nueva oferta.

Además, el banco subrayó que el sector inmobiliario puede beneficiarse de un movimiento de rotación de capital desde negocios perjudicados por el avance de la inteligencia artificial hacia activos reales, como los vinculados al mercado del suelo y los bienes raíces. En este sentido, Bankinter recomendó mantener la apuesta por el inmobiliario europeo centrando la estrategia en activos tradicionales y limitando la exposición a riesgos asociados a la divisa estadounidense.

En suma, la actualización de las previsiones de Bankinter pone de manifiesto varias tendencias: el acelerado empeoramiento del déficit de vivienda en España, la presión de la demanda extranjera en determinadas zonas, la dificultad creciente para acceder a alquileres asequibles y un entorno que favorece la inversión en activos inmobiliarios tradicionales. La entidad insistió en que, de no modificarse sustancialmente los factores de oferta por intervención de las administraciones públicas, el acceso a la vivienda seguirá mostrando dificultades estructurales durante los próximos años.

El uso de vehículos bajo modalidades de leasing y alquiler crece año tras año en Argentina. Cada vez más particulares y empresas optan por estos sistemas para acceder a unidades sin realizar una compra directa. Sin embargo, junto con este crecimiento aparece un problema recurrente: la gestión y el pago de las infracciones de tránsito.

Durante 2025, el leasing registró un crecimiento interanual del 56%, alcanzando 6.390 contratos firmados y su nivel más alto desde 2019. El saldo del financiamiento superó el billón de pesos, con un plazo promedio de 40 meses. El 75% de las operaciones se concentró en bienes vinculados al transporte y la logística, lo que demuestra el fuerte impacto del sistema en el sector empresarial. En este escenario, las multas se convierten en un punto sensible.

¿Qué diferencia hay entre leasing y alquiler?

El leasing es un sistema de financiamiento a mediano o largo plazo. Una entidad financiera adquiere el vehículo y el cliente paga un canon mensual por su uso durante un plazo determinado. Finalizado ese período, puede ejercer una opción de compra.

En el alquiler, el uso es temporario: días, semanas o meses. El vehículo siempre pertenece a la empresa locadora y el usuario paga por el tiempo de utilización.

¿Quién responde por la multa?

La regla general es clara: el conductor es responsable de la infracción. Si excede la velocidad, estaciona en infracción o utiliza el celular al volante, deberá asumir la sanción, del mismo modo que si el vehículo fuera propio.

No obstante, si la infracción deriva de un incumplimiento atribuible a la empresa (por ejemplo, circular sin la VTV/ITV vigente o sin documentación obligatoria), la responsabilidad recae en el titular del vehículo.

El problema no suele estar en la responsabilidad legal, sino en el mecanismo de cobro

En la mayoría de los contratos de alquiler y leasing se incluye una cláusula por la cual el cliente se compromete a abonar las infracciones cometidas durante el período de uso, incluso aquellas notificadas con posterioridad a la devolución del vehículo.

Además, es habitual que se autorice a la empresa a debitar automáticamente el monto de la multa, utilizar la tarjeta de crédito dejada en garantía, y aplicar cargos administrativos por gestión.

En el caso de usuarios individuales, los contratos suelen ser de adhesión. Esto significa que las cláusulas no pueden negociarse y vienen predispuestas por la empresa. Ante una multa informada por la autoridad, el importe puede ser debitado automáticamente.

Cuando se trata de compañías con múltiples vehículos, la situación cambia en magnitud. Muchas empresas reciben, a fin de mes, el débito del 100% de las infracciones informadas, lo que puede generar un gasto considerable sin que se otorgue un plazo razonable para analizar o impugnar las actas.

¿Se pueden discutir las multas?

Sí. En numerosos casos las actas pueden contener errores formales o materiales. Por eso, si el monto se debita automáticamente sin posibilidad de revisión previa, se pierde la oportunidad de ejercer el derecho de defensa y eventualmente evitar un pago innecesario.

En el caso de los conductores particulares, como suele tratase de cláusulas de adhesión, recomendamos solicitar la fotomulta a la empresa de alquiler, a fin de verificar que la misma no tenga defectos. En caso de tenerlos, hacérselo saber a la empresa para evitar el débito de la infracción.

En el caso de las empresas, la clave es negociar las cláusulas antes de firmar. De ahí que, desde nuestra área de Defensa de Multas de Tránsito, en Iezzi&Varone recomendamos revisar detalladamente las clausulas referidas a infracciones y solicitar un plazo determinado desde la notificación para poder efectuar descargos para así evitar autorizaciones de débito automático del 100% del monto.

En un contexto de crecimiento sostenido del leasing y del alquiler vehicular, una correcta redacción contractual puede representar una diferencia económica significativa.

El aumento en el uso de estos sistemas obliga a prestar atención no solo al financiamiento o al costo mensual, sino también a los aspectos operativos y legales que, como las multas, pueden impactar directamente en el presupuesto.

* Los autores son especialistas en Defensa de Multas de Tránsito y Faltas Especiales a cargo del Area en Iezzi&Varone. Instagram: multas_transitoar

La vivienda ha sido identificada junto con el precio de la cesta de la compra como uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la población andaluza. De acuerdo con lo informado por la prensa local durante la XXIX Asamblea Provincial de IU en Sevilla, Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, presentó propuestas concretas para abordar la problemática del acceso a hogares asequibles en la región. Entre las medidas destacadas se encuentra la limitación de los precios de los arrendamientos y la erradicación de los pisos turísticos, en el marco de una defensa del interés público y del bienestar de las familias andaluzas.

Según publicó el medio, Maíllo sostuvo que el Gobierno debe intervenir en el mercado de la vivienda, estableciendo topes a los precios del alquiler y poniendo fin al modelo de pisos turísticos. Argumentó que tales iniciativas favorecerían que estos inmuebles se destinen a familias que requieren soluciones habitacionales a precios asequibles que les permitan vivir con dignidad. El candidato remarcó que "no nos debemos acomplejar por hablar de intervención en el mercado", y contrapuso esta postura a las demandas empresariales del sector inmobiliario, enfatizando el derecho a una vida digna.

En declaraciones recogidas durante su asistencia al citado evento en Sevilla, Maíllo señaló que la coyuntura política que atraviesa Andalucía, marcada por las próximas elecciones autonómicas previstas para el primer semestre del año, representa una ocasión para demostrar "a través de un gobierno de izquierda como el que nosotros queremos representar, un orgullo por la defensa y el desarrollo de lo público y de lo común". Precisó que su concepto de lo común va más allá de la educación, la sanidad y los servicios sociales, incluyendo de forma explícita la vivienda como un ámbito fundamental de acción pública.

El líder de Izquierda Unida hizo referencia a la evolución de su organización en el desarrollo de propuestas relativas a la justicia social. Según consignó la prensa, IU lleva más de un año y medio trabajando en una iniciativa que, en palabras de Maíllo, "es la única posible para desarrollar políticas de justicia social", orientada a convocar a un colectivo diverso de personas dispuestas a colaborar en la transformación social. Esta estrategia tiene como finalidad articular fuerzas dentro del espectro de la izquierda y crear condiciones favorables para la puesta en marcha de políticas públicas que den respuesta a las necesidades de las mayorías sociales.

Durante su intervención, Maíllo mencionó además la percepción de "una especie de dispersión o desorientación" entre el electorado en relación con las distintas alianzas a la izquierda del PSOE. No obstante, afirmó su confianza en que la tendencia es positiva, expresando que "esto va para arriba y para adelante", conforme observó la fuente periodística. En este contexto, valoró que "está abriéndose en el campo de la izquierda un sentido común en la línea de lo que hemos defendido siempre".

El candidato también recordó su acto de presentación oficial como aspirante a la Presidencia de la Junta por Por Andalucía, describiéndolo como una convocatoria llena de optimismo y cambio de ánimo. Su mensaje incluyó un llamamiento a la ciudadanía andaluza para que asuma que existe una contienda abierta sobre el futuro gobierno de la comunidad.

Tal como detalló el medio, las propuestas defendidas por Maíllo se insertan en el marco de la discusión pública en torno al derecho a la vivienda y la transformación del mercado inmobiliario en Andalucía. Estas iniciativas buscan limitar la presión del sector turístico sobre el parque de viviendas disponible y garantizar que el acceso a un hogar asequible sea un objetivo prioritario de las políticas públicas de la región.

La posibilidad de que el Gobierno elimine las reducciones actuales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para propietarios que suban el precio de los alquileres forma parte de una serie de medidas que se evalúan mientras avanzan las negociaciones políticas sobre cómo abordar el incremento del costo de la vivienda en España. Según detalló Europa Press, estas posibles restricciones fiscales se aplicarían únicamente en los casos donde el aumento del alquiler se produzca al término de un contrato, sin afectar al ajuste anual ligado habitualmente al índice de precios al consumo (IPC) permitido por la legislación vigente.

El debate se ha intensificado tras la intervención de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien instó a los partidos a pactar medidas urgentes que frenen el encarecimiento de los arrendamientos. Durante una entrevista en TVE recogida por Europa Press, Rodríguez insistió en que la vía para limitar las subidas de los alquileres podría pasar tanto por incentivos como por posibles penalizaciones fiscales. Según sus declaraciones, se estudia la opción de perseguir el fraude en los contratos de temporada y utilizar el sistema impositivo para influir sobre el comportamiento de los propietarios.

De acuerdo con Europa Press, el Ministerio de Hacienda mantiene conversaciones con grupos parlamentarios para negociar estas medidas. Este proceso de diálogo responde, en parte, al rechazo manifestado por varios aliados del Ejecutivo a la propuesta inicial de ofrecer una bonificación fiscal del 100% en el IRPF a los arrendadores que no incrementen la renta a sus inquilinos durante el periodo de renovación contractual. Las resistencias dentro del bloque gubernamental han forzado a explorar alternativas, incluyendo la posibilidad de reducir o incluso eliminar los beneficios fiscales para quienes suban los precios del alquiler al término de un contrato.

Actualmente, la regulación permite que los propietarios se beneficien de reducciones en el IRPF por el alquiler de su vivienda habitual. Según la Ley por el Derecho a la Vivienda, los contratos firmados antes del 26 de mayo de 2023 ofrecen a los arrendadores una reducción impositiva del 60%, lo que implica declarar únicamente el 40% del rendimiento neto del alquiler. Para aquellos contratos formalizados después de esa fecha, la deducción general desciende al 50%, pero puede aumentar hasta un 60% si el inmueble ha sido rehabilitado en los dos años anteriores o alcanzar incluso el 70% cuando la propiedad esté adherida a programas públicos de alquiler a precio de mercado, consignó Europa Press.

La propuesta en discusión contempla que la reducción general del 50% en el IRPF pueda disminuirse progresivamente si el propietario decide elevar el precio del alquiler, llegando, en última instancia, a desaparecer por completo en situaciones de incremento de la renta, según informó Europa Press. De esta manera, el Gobierno busca disuadir a los arrendadores de aplicar subidas generalizadas de precios al término de los contratos.

Isabel Rodríguez reiteró, en sus declaraciones recogidas por Europa Press, la importancia de alcanzar acuerdos sólidos entre los partidos políticos que permitan activar este tipo de mecanismos fiscales. Destacó que el Ejecutivo mantiene dos líneas de actuación: reforzar el llamado “escudo social” dirigido a quienes viven en alquiler bajo amenaza de incremento de precios o desalojo y aplicar la normativa vigente que faculta la congelación de los arrendamientos en circunstancias específicas.

Según la ministra de Vivienda, la falta de aplicación de la ley que permite congelar los alquileres se debe a la oposición del Partido Popular (PP). Sostuvo, según publicó Europa Press, que estas estrategias, incluyendo los ajustes fiscales, se insertan en un paquete más amplio de respuestas a la crisis del acceso a la vivienda.

En el contexto del Congreso, la titular de Vivienda subrayó la necesidad de que los representantes parlamentarios muestren sensibilidad y disposición al acuerdo en asuntos sociales y económicos vinculados al derecho a una vivienda asequible. Rodríguez añadió que, en ocasiones, el consenso resulta más fácil de alcanzar con profesionales del sector que dentro del propio Parlamento, según declaraciones recogidas por Europa Press.

La ministra afirmó que el Ejecutivo ha presentado ya un texto de medidas a los grupos parlamentarios, sobre el cual se articulan las negociaciones en curso. El Gobierno sostiene que la búsqueda de un punto de equilibrio entre incentivos a propietarios y penalizaciones resulta esencial para estabilizar el mercado del alquiler, controlar el aumento de precios y proteger a los inquilinos que enfrentan incertidumbre ante posibles incrementos o desalojos.

En el trasfondo de este debate, permanece vigente la opción de mantener o ajustar el beneficio fiscal, siempre vinculado al comportamiento de los arrendadores respecto a la actualización de los precios. Europa Press reportó que las deliberaciones continuarán mientras persista la falta de acuerdo entre los distintos actores parlamentarios, en una situación en la que la presión sobre el mercado de alquiler y la demanda por soluciones inmediatas se mantiene alta.

El socio minoritario del Gobierno, Sumar, advierte de que más de un millón y medio de personas podrían enfrentar renovaciones de contratos de alquiler en 2026 dentro de un mercado donde el precio ha aumentado más de un 40% en los últimos cinco años. De acuerdo con la información publicada por el medio, son 632.369 los contratos firmados en 2021 que se verían afectados a su vencimiento en 2026, mientras que la cifra se elevaría a casi 2,7 millones de personas si se incluyen las renovaciones previstas para 2027. En este contexto, Sumar resalta los posibles efectos sociales negativos si solo se adopta la propuesta de limitar los beneficios fiscales para propietarios y se descarta ampliar la protección a los inquilinos mediante la prórroga de los arrendamientos actuales.

Según consignó el medio, Sumar considera que el plan del PSOE, centrado en penalizar en el IRPF a quienes incrementen los alquileres, resulta insuficiente. Argumenta que esta penalización supone únicamente una reducción del "privilegio fiscal" que ya favorece a los propietarios con rebajas del 50% en este impuesto. Sumar sostiene que desincentivar únicamente con medidas fiscales la subida del alquiler no representa una solución efectiva para frenar los aumentos y recalca que ya han debatido esta medida dentro de las negociaciones gubernamentales, donde subrayaron que la prórroga extraordinaria de los contratos constituye su única apuesta.

Tal como recogió el medio, Sumar afirma que los incentivos fiscales propuestos por la otra parte de la coalición carecen de capacidad para frenar la tendencia alcista registrada en los últimos años. El efecto de la penalización o las bonificaciones fiscales sobre el IRPF, según calcularon desde la formación, seguiría teniendo un impacto meramente "cosmético" y no contribuiría de manera real a aliviar la carga de los inquilinos. Sumar incluso califica de "injusta" la fórmula fiscal defendida por el PSOE, lamentando que el debate vuelva a centrarse en los intereses de los arrendadores cuando, según su criterio, resulta urgente facilitar estabilidad y certidumbre a quienes viven de alquiler.

La agrupación política subraya que, para abordar el problema de acceso a la vivienda, la estrategia no puede depender “de la buena voluntad del casero”, expresando que la crisis requiere medidas que garanticen a los inquilinos herramientas reales para evitar subidas desproporcionadas. En esta línea, Sumar sostiene que la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler sí tiene la capacidad de cambiar el equilibrio en la negociación, dotando a las personas arrendatarias de mayores posibilidades para alcanzar acuerdos razonables con los propietarios y renovar contratos sin un incremento excesivo en la renta.

El medio enfatizó que esta demanda por extender los contratos de alquiler cobra relevancia en un mercado donde, según los datos citados por Sumar, los precios han experimentado incrementos superiores al 40% en el último lustro. Esta situación coloca a un elevado número de arrendatarios en riesgo si no se adoptan medidas adicionales más allá de la fiscalidad. La prórroga extraordinaria figura, para Sumar, como la alternativa capaz de aportar estabilidad a los millones de personas que se enfrentarán a la renovación de sus contratos en los años venideros.

En las discusiones dentro del Ejecutivo, Sumar remarcó que la fórmula presentada por el PSOE no se aleja de iniciativas ya consideradas previamente y es percibida como insuficiente ante la magnitud de la problemática. De acuerdo con el medio, la formación explica que el reto de estabilizar el mercado del alquiler y evitar un impacto social negativo no se resuelve únicamente retirando incentivos fiscales, sino protegiendo directamente a los arrendatarios ante el vencimiento de sus contratos con una herramienta que les proporcione una mayor seguridad, como la prórroga extraordinaria.

Finalmente, el medio apuntó que, para Sumar, las limitaciones únicamente impositivas no lograrían garantizar el derecho a la vivienda ni ofrecerían soluciones duraderas a quienes actualmente están experimentando dificultades para hacer frente a los precios en el mercado de arrendamiento residencial. La formación insiste en que la protección de los inquilinos requiere de una acción contundente y de una ampliación de los mecanismos de prórroga para los contratos próximos a vencerse.

El análisis realizado por el Ejecutivo busca cambiar el régimen fiscal actual para quienes alquilan habitaciones o viviendas por temporadas, elevando los controles y sanciones por incumplimientos, y modificando las deducciones aplicables en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Según publicó Europa Press, el Ministerio de Hacienda estudia implementar un modelo que utilizaría el IRPF para penalizar a los arrendadores que aumenten el precio del alquiler al renovar los contratos. Esta medida, que forma parte de las conversaciones con los grupos parlamentarios, solo afectaría a los incrementos producidos al termino de un contrato, no al alza anual regulada por el IPC y permitida legalmente.

El medio Europa Press recogió que las negociaciones se producen después de que las formaciones que apoyan al Gobierno manifestaran su oposición a la propuesta inicial del Ejecutivo, que pretendía bonificar el 100% del IRPF a aquellos caseros que mantuviesen el precio del alquiler durante la renovación contractual. Esto situó a los ministerios de Hacienda y de Vivienda en una nueva fase de diálogo sobre la reforma fiscal vinculada al mercado del alquiler, donde podrían ajustarse tanto los beneficios como las restricciones para los propietarios.

Actualmente, como precisaron fuentes oficiales a Europa Press, la Agencia Tributaria permite reducciones generales en el IRPF para quienes alquilan viviendas habituales bajo el marco de la Ley por el Derecho a la Vivienda. Los contratos cerrados antes del 26 de mayo de 2023 permiten a los propietarios acceder a una reducción del 60% en el impuesto, con lo cual solo se declara el 40% de los beneficios netos obtenidos por el alquiler. Para los contratos posteriores a esta fecha, la reducción estándar baja al 50%, aunque puede incrementarse al 60% si la propiedad ha sido rehabilitada hasta dos años antes del inicio del arrendamiento, y al 70% si la vivienda se integra en un programa público de alquiler a precio de mercado.

El planteamiento actual, tal como detalló Europa Press, prevé un recorte de estas reducciones fiscales para quienes incrementen la renta al renovar el alquiler; en algunos casos el beneficio tributario podría incluso eliminarse por completo. Además, en las denominadas zonas tensionadas, donde las condiciones del mercado de vivienda son especialmente complejas, la administración evalúa mantener incentivos, con reducciones del 70% para quienes alquilan a jóvenes de entre 18 y 35 años y del 90% en los arrendamientos cuya renta disminuye más de un 5% respecto a contratos anteriores.

Respecto a los contratos de temporada y de alquiler por habitaciones, las fuentes consultadas por Europa Press señalaron que el Gobierno pretende establecer criterios más estrictos para distinguir y regular el alquiler temporal. Entre las propuestas se incluye fijar condiciones de obligado cumplimiento para que un contrato pueda clasificarse como de temporada, así como instaurar un sistema sancionador por eludir la legislación estatal sobre arrendamientos breves.

En cuanto a la fórmula de alquiler por habitaciones, el Ejecutivo plantea que los nuevos contratos estén sujetos a garantías equiparables a las del arrendamiento habitual. Una de las condiciones exigidas es que la renta suma de todas las habitaciones no supere la de un contrato de alquiler de la vivienda completa. Además, en aquellas zonas declaradas tensionadas conforme a la ley de vivienda vigente, estos contratos de habitaciones se someterían a los mecanismos de control de rentas ya establecidos para todo el mercado.

La propuesta del Ministerio de Hacienda, según fuentes citadas por Europa Press, se encuentra en una fase de negociación con fuerzas políticas, buscando ajustar el marco fiscal con el fin de incidir en los comportamientos de los propietarios y adaptarlo a la situación del mercado actual. Las conversaciones abordan también la posibilidad de modificar o eliminar las rebajas o deducciones tributarias que se pierdan si se detectan subidas injustificadas de las rentas, mientras se premia con incentivos fiscales adicionales a quienes apliquen rebajas o alquilen a poblaciones consideradas prioritarias, como los jóvenes en zonas tensionadas.

Este diseño normativo apuntaría a modificar el actual sistema de bonificaciones y deducciones para orientar la política de alquiler, incluyendo la penalización mediante el IRPF para desincentivar el alza de precios al renovar contratos. Al mismo tiempo, el Gobierno busca dotar de mayores garantías a los contratos de habitaciones y endurecer la fiscalización sobre el alquiler de temporada, en un cuadro general de intervención sobre el mercado de la vivienda que, de acuerdo con la información publicada por Europa Press, está orientado a contener subidas de precio y favorecer el acceso a la vivienda en las áreas urbanas más impactadas por la presión de la demanda.

El Gobierno negocia un cambio relevante en su estrategia para frenar la escalada del alquiler: pasar de un enfoque basado casi exclusivamente en incentivos fiscales a otro que combine premios y penalizaciones. La idea, aún en fase inicial y sin un diseño cerrado, consiste en utilizar el IRPF no solo para favorecer a los propietarios que contengan precios, sino también para recortar parte de las ventajas tributarias de quienes incrementen el alquiler cuando toca renovar un contrato.

El debate se produce en un momento especialmente sensible para el mercado. Tras la pandemia, la recuperación económica y la escasez de vivienda disponible han coincidido con un fuerte encarecimiento de las rentas. En los últimos cinco años, el alquiler ha registrado subidas cercanas al 40%, con repuntes superiores en algunas de las provincias más tensionadas. A esto se suma que muchos contratos firmados en 2021 a precios más bajos están llegando ahora a su vencimiento, lo que abre la puerta a renegociaciones en un mercado muy distinto.

En la actualidad, los propietarios que alquilan una vivienda habitual cuentan con un incentivo fiscal general por el que pueden aplicarse una reducción del 50% sobre el rendimiento neto del alquiler en su declaración del IRPF. Ese rendimiento neto se calcula restando a los ingresos obtenidos por el alquiler los gastos deducibles, como el IBI, la comunidad de vecinos u otros costes asociados.

Deducción general del 50% en alquileres residenciales

En la práctica, este mecanismo implica que el arrendador solo tributa por la mitad del beneficio real obtenido. Hasta hace dos años, este esquema era aún más favorable, pero cambió con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en enero de 2024. Antes, la reducción general era del 60% y se rebajó al 50% para los nuevos contratos.

Además del 50% general, la normativa permite elevar la reducción del rendimiento neto si el propietario cumple determinados requisitos. La rehabilitación de la vivienda permite aplicar una reducción del 60%, el alquiler a jóvenes de 18 a 35 años, una reducción del 70%, y la firma de un nuevo contrato con una bajada del precio respecto al anterior, una reducción de hasta el 90%. Sin embargo, uno de los límites del sistema es que parte de estos beneficios fiscales está vinculado a la declaración de zonas tensionadas, que hasta ahora son minoritarias.

Más allá de estas bonificaciones adicionales, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sugirió a principios de año introducir ayudas fiscales del 100% en el IRPF a aquellos propietarios que congelen los precios del alquiler en 2026. Aunque esta medida se encontró con el rechazo frontal de todos los socios de izquierdas del Gobierno, las negociaciones pueden resultar en un modelo mixto de desincentivos e incentivos que mantenga la exención fiscal.

Qué cambiaría con las penalizaciones fiscales

El nuevo planteamiento busca penalizar fiscalmente a los caseros que incrementen el precio del alquiler únicamente al firmar un nuevo contrato, por lo que la medida no afectaría a las actualizaciones anuales permitidas por la ley, habitualmente ligadas al IPC u otros índices. El castigo no supone un aumento directo del impuesto, sino una reducción de la ventaja fiscal existente. En otras palabras: si el propietario sube el alquiler, perdería parte de la reducción general del 50% y tributaría por una porción mayor del rendimiento neto.

Aunque el diseño exacto está por definir, las negociaciones apuntan a una escala progresiva: la reducción general del 50% se iría recortando en función de la intensidad de la subida aplicada. Cuanto mayor fuera el incremento de la renta, menor sería la ventaja fiscal. No obstante, el Ejecutivo descarta que la bonificación llegue al 0%. Al no eliminar por completo la ventaja fiscal sobre el alquiler residencial de larga duración, el Gobierno quiere evitar incentivar el traslado de inmuebles a mercados como el de los pisos turísticos o contratos de temporada.

La aplicación de esta iniciativa se plantea mediante real decreto ley, un instrumento que permite acelerar su entrada en vigor, pero que debe ser convalidado posteriormente en el Congreso. En un contexto parlamentario fragmentado y con fuertes enfrentamientos en torno a la efectividad de los incentivos fiscales para frenar la escalada de precios, este punto introduce incertidumbre sobre el resultado final.

Tras meses de negociación, Mariano Ordaz podrá quedarse en su casa. El hombre, pensionista de 67 años, lleva viviendo toda su vida en el número 1 de la calle Carnero, en el barrio madrileño de Embajadores. La vivienda en la que reside es propiedad de la Venerable Orden Tercera (VOT) de San Francisco, una orden católica que ha intentado desahuciar a Mariano en cuatro ocasiones, bajo la justificación de hacer reformas en el edificio.

“El desahucio está parado sin fecha, lo hemos conseguido gracias a la organización popular, gracias a que Mariano decidió no estar solo”, han valorado desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que ha ayudado al hombre en sus cuatro años de negociación con la orden religiosa.

“Quisiera tener una conversación con ellos, pero no quieren recibirme”, ha lamentado Mariano a las puertas del edificio en el que reside. Según ha contado el hombre a los medios, ha intentado hablar con la procuradora para negociar un alquiler social, sin éxito. “Lo que quieren es que me vaya y yo llevo toda la vida viviendo aquí”, ha expresado.

Humedades, inundaciones y derrumbes

La orden franciscana justifica que el edificio necesita reformas y que por ello requieren el desahucio de Mariano. Lo cierto es que la vivienda en la que reside desde que nació presenta un desgaste importante, resultado, según el afectado, de años “de falta de mantenimiento y dejadez por parte de la propia propiedad", aseguran desde el Sindicato de Inquilinas.

La vivienda presenta problemas de “humedades persistentes, paredes deterioradas y la inutilización del baño”, lo que han convertido el piso en un espacio cada vez más inhabitable. De hecho, el pasado mes de noviembre, Mariano denunció el desplome del techo de su cocina.

Este jueves, el desahucio estaba programado para las 7:00 horas. Tras más de dos horas de protestas frente al portal de Mariano, finalmente se ha procedido a la paralización del desahucio, pero la comunicación con la Venerable Orden Tercera no se ha retomado. “Ahora que el desahucio se ha parado sin fecha, la propiedad tiene tiempo para realizar las reformas sin echar a Mariano de la casa en la que lleva viviendo toda la vida”, señalan desde el sindicato.

“La VOT no es una pequeña propietaria vulnerable. Es una gran entidad vinculada a la Iglesia católica, con un importante patrimonio inmobiliario —por el que no paga impuestos— y que gestiona hospitales y centros sanitarios como el Hospital VOT San Francisco de Asís", recuerdan desde el Sindicato de Inquilinas.

La orden franciscana tiene un patrimonio considerable, con más de 100 pisos en propiedad. “Tiene recursos de sobra para garantizar alquileres asequibles y mantener sus edificios en condiciones dignas. Lo que falta es voluntad política y social”, han valorado desde el Sindicato de Inquilinas. A la espera de la fijación de una nueva fecha para el desalojo, la organización exige la suspensión del desahucio y la negociación de un alquiler “acorde a la pensión de Mariano”.

“Se pueden parar los desahucios, bajar los precios de los alquileres y poner fin a la especulación con la vivienda. Son los gobiernos quienes tienen que posicionarse, o con las inquilinas y vecinas y vecinos, o con los rentistas”, han concluido.

El Gobierno negocia con los grupos parlamentarios la introducción de penalizaciones ficales a los arrendadores que suban el precio de sus viviendas en alquiler, según adelantaba esta mañana El País y han confirmado fuentes oficiales a Europa Press. La inicitiva contemplaría castigar a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) a aquellos caseros que incrementen el importe de las rentas al renovar contratos, sin afectar a las actualizaciones anuales aplicadas normalmente en función de la evolución del índice de precios al consumo (IPC).

Tras el rechazo de los socios del Gobierno a la propuesta del Ejecutivo de bonificar con el 100% del IRPF a los propietarios que mantengan los precios, los ministerios de Hacienda y Vivienda estudian ahora un modelo que combine estas ayudas fiscales con herramientas para desincentivar el encarecimiento de los contratos. Estas negociaciones llegan en un contexto en el que cerca de 1,6 millones de inquilinos encaran potenciales subidas del 30% por la finalización de más de 630.000 contratos este 2026.

Hasta ahora, la estrategia del Ejecutivo se había basado en reducciones y deducciones estatales para los caseros, que podrían verse modificadas si esta iniciativa, aún sin cerrar, acaba saliendo adelante. Según han comunicado fuentes oficiales a Efe, la nueva fórmula se basaría en aplicar la bonificación del 100% para los caseros que no alteren el precio y disminuir el porcentaje de la reducción general del 50% para los que sí aumentan las rentas, aunque descartan eliminarla por completo.

Sumar cree que la medida tendrá un efecto “cosmético”

Tanto Sumar como Podemos y EH Bildu han reiterado su negativa a respaldar las ayudas a los propietarios como medida para beneficiar a los inquilinos. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Cosnumo y Agenda 2030 y la formación política liderada por Yolanda Díaz, socio minoritario del Gobierno del PSOE, han defendido una prórroga automática de los alquileres actuales como única opción para frenar la escalada de precios a la que brindarán su apoyo.

Sobre la nueva propuesta, Sumar ha subrayado que merma el “privilegio fiscal” de los caseros sin suprimirlo y califica de meramente “cosmético” su impacto sobre los precios. Además, la formación recuerda que ya garantizó su ‘no’ a planteamientos que centren los intereses de los arrendadores en lugar de los de los arrendatarios cuando esta medida se planteó anteriormente en la mesa de negoaciación. Los de Díaz tachan de “injusta” la vía de los incentivos fiscales y lamentan que la hoja de ruta del Gobierno para moderar el encarecimiento de la vivienda depende de la buena voluntad del casero.

Mayor control sobre contratos de temporada y por habitaciones

Los planes del Gobierno para regular el mercado de vivienda también incluyen nuevos límites a los contratos de temporada para evitar abusos en los alquileres de corta duración. Según informa Europa Press, estas modificaciones legales establecerían condiciones estrictas para que un alquiler se considere de temporada y sanciones frente a los incumplimientos.

Otro de los objetivos del Ejecutivo son los alquileres por habitaciones, que hasta ahora quedan excluídos de la mayoría de regulaciones de la Ley de Vivienda. El planteamiento del Gobierno busca garantizar que la suma de las rentas de todos las habitaciones de un inmueble no superen el valor de la misma vivienda entera en alquiler. Además, se aplicarán la misma normativa que al resto de alquileres en los territorios declarados zonas tensionadas.

*Con información de agencias

Mariano Ordaz, pensionista de 67 años, ha vivido toda su vida en el número 1 de la calle Carnero, en el barrio madrileño de Embajadores, pero este viernes 13 de febrero podría quedarse sin casa al enfrentarse al cuarto intento de desahucio. La vivienda es propiedad de la Venerable Orden Tercera de San Francisco, una orden católica con un patrimonio de más de 100 pisos y que exige a este vecino que abandone el inmueble por impago del alquiler. Según denuncia el Sindicato de Inquilinas de Madrid, a pesar de que Mariano cobra una pensión con la que podría hacer frente al pago de la renta, la entidad “siempre se ha negado a negociar un alquiler social” y a suspender el desalojo.

La orden franciscana alega la necesidad de acometer reformas estructurales en la vivienda, aunque Mariano asegura que el deterioro del edificio es el resultado de años de falta de mantenimiento y dejadez por parte de la propia propiedad. De hecho, el pasado mes de noviembre el techo de la cocina se desplomó, según relató Mariano, que también denuncia otros problemas de la vivienda, como “humedades persistentes, paredes deterioradas y la inutilización del baño”, lo que han convertido el piso en un espacio cada vez más inhabitable.

“Esta falta de mantenimiento por parte de la Venerable Orden Tercera de San Francisco le estaría sirviendo de excusa para ejecutar el desahucio”, indica en un comunicado el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que también advierte de que el caso de Mariano no es un hecho aislado, sino “una de las consecuencias inmediatas por el rechazo a la moratoria antidesahucios”. La organización señala que, pese al nuevo decreto de escudo social que deberían impedir los desalojos de personas vulnerables, los desalojos continúan afectando a miles de familias, ya que las medidas de protección se han ido reduciendo o aplicando de manera fragmentada.

El escudo antidesahucios está en el aire

Según ha informado el Gobierno, el real decreto ley de escudo social aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de febrero, aunque se puso por primera vez en marcha en 2020 a consecuencia de la pandemia, se aplicará en casos en los que la vivienda pertenezca a grandes tenedores, fondos de inversión o propietarios con tres o más inmuebles. Pero este año la norma del Ejecutivo excluye de las medidas antidesahucios a los propietarios que tengan una o dos viviendas y tampoco se aplicará cuando el arrendador se encuentre en situación de vulnerabilidad, limitaciones que han sido criticadas por las organizaciones que defienden el derecho a la vivienda.

Por ello, las organizaciones sociales que defienden el derecho a la vivienda advierten que el nuevo decreto “no resuelve la situación de las 60.000 familias vulnerables amenazadas por el desalojo sin alternativa habitacional" y aseguran que la moratoria vigente desde 2020 ha logrado frenar uno de cada cuatro desalojos.

La aprobación de la prórroga del escudo social hasta el 31 de diciembre de 2026 permanece en el aire, ya que Junts ha confirmado su rechazo al texto al considerar que perjudica a los pequeños propietarios. El decreto llegará al Congreso en tres semanas y su futuro depende de las negociaciones parlamentarias.

Wendy Sosa llegó a España a finales de los 90 desde República Dominicana y lleva más de media vida viviendo de alquiler en el mismo piso en Barcelona, ubicado en la calle Concordia, en el barrio de Poble Sec, donde también residen su madre, su hermana y su sobrino, que tiene una discapacidad intelectual del 47%. El 17 de febrero, pese a ser una familia vulnerable, estaba previsto su desahucio, pero la presión vecinal junto al Sindicato de Inquilinas han logrado que Vandor, la inmobiliaria del fondo británico Patron Capital que compró el edificio en 2022, paralice el desalojo de forma temporal.

Fue el pasado 23 de enero cuando medio centenar de personas se concentró a las puertas de la sede de Vandor en Barcelona, donde el fondo posee otros 13 edificios más, para protestar contra sus “prácticas especulativas”. La empresa, denuncian, expulsa a los residentes de las viviendas que compra para convertirlas en ‘colivings’ y cobrar alquileres que “rondan los 1.000 euros por habitación”. De hecho, en el bloque donde reside Wendy junto a su familia ya solo quedan ellos como inquilinos. Unos días después de esa protesta, la empresa paralizó de forma temporal el desalojo, según informan desde el Sindicato de Inquilinas de Cataluña.

“Vandor solo ha reaccionado tras la acción que hicimos el 23 de enero, después de nueve intensos meses tratando de negociar con ellos la renovación del contrato de alquiler de esta familia”, explica a Infobae el sindicato, que advierte, sin embargo, que este fondo buitre sigue expulsando a otros vecinos en otros de los numerosos pisos que posee en Barcelona, muchos de ellos ubicados en el centro de la ciudad.

La historia de Wendy y su familia refleja una realidad que se repite con frecuencia en España y que podría empeorar si finalmente no sale adelante el decreto del escudo social, que incluye la moratoria de la paralización de los desahucios a familias vulnerables. En su caso, Vandor les ha ofrecido la posibilidad de “alquilar un piso similar en precio y características” al actual, según ha confirmado el fondo a este periódico, pero por el momento aún no se ha concretado una reunión para estudiar la propuesta.

Wendy, que tiene 50 años y trabaja como empleada de hogar, asegura que, junto a su madre y su hermana, solo pueden afrontar un alquiler de hasta 1.000 euros al mes.

“Vivo con mi madre, que tiene 82 años, mi hermana, de 54, y mi sobrino, un niño de 11 años que tiene una discapacidad intelectual del 47%. Mi hermana y yo trabajamos limpiando casas cuando nos llaman y mi madre cobra la pensión contributiva, la mínima. Con esta situación no tenemos opción de ir a ningún otro sitio”, afirma Wendy, quien actualmente paga 800 euros mensuales por su alquiler.

Teniendo en cuenta que Barcelona es la capital con los alquileres más caros del país, con un precio medio de 24 euros por metro cuadrado, esta familia reconoce que no puede valorar opciones ni en otras zonas de la ciudad ni en los municipios cercanos, pues “los precios también son muy elevados y el mal funcionamiento del servicio ferroviario de Rodalies dificulta la movilidad”.

“No somos okupas ni gente problemática, llevo pagando este piso 26 años, mes a mes, y seguimos pagándolo. Es vergonzoso cómo se le da prioridad a que un fondo buitre se haga rico con viviendas turísticas, alquilando habitaciones, en vez de que los vecinos sigamos viviendo aquí. Es un abuso”, lamenta.

“No existen reglas claras”

Desde el Sindicato de Inquilinas de Cataluña aclaran que lo que realmente hace vulnerable a esta familia “es el hecho de que vivir de alquiler no esté acompañado de medidas de protección para todos los inquilinos” y advierten que esta misma situación se repite en cientos de hogares en Barcelona, sin importar el nivel de precariedad. “Esto ocurre porque no existen reglas claras en el mercado del alquiler y porque las normas actuales favorecen un modelo en el que los fondos de inversión pueden maximizar sus beneficios con la vivienda mediante modalidades como los ‘colivings’, sin encontrar ningún tipo de límite“, señalan fuentes de la organización.

A pesar de que el Parlamento de Cataluña aprobó en diciembre de 2025 una ley que regula los alquileres de temporada y por habitaciones, obligando a que el total de las rentas por habitaciones no supere el máximo del alquiler de la vivienda completa establecido por el índice de precios, el sindicato denuncia que ya se están detectando casos “en los que no se respeta esa regulación”.

La gentrificación se intensifica en Barcelona

La estrategia de no renovar contratos a inquilinos de larga estancia para sustituirlos por alquileres temporales y por habitaciones, habitualmente dirigidos a estudiantes o turistas y con precios mucho más elevados, es habitual entre los fondos buitre que operan en España. Esta dinámica obliga a familias y vecinos a abandonar los barrios que llevan años habitando, por lo que el tejido social se fragmenta y el entorno se transforma en áreas de paso y consumo. De hecho, Poble Sec, cuenta Wendy, que “siempre fue un barrio obrero”, ha cambiado mucho en poco tiempo y “ahora las calles están llenas de turistas y de carteles en inglés”, por lo que ha ido perdiendo su esencia.

Desde que Vandor adquirió el edificio donde vive esta familia, su día a día se ha vuelto especialmente complicado, tanto por las obras de renovación como por “el ruido constante” de los nuevos vecinos. “Todos los días hay fiestas, no nos dejan descansar. Se escucha a gente correr todo el día de un lado a otro, en los pisos, en la escalera, y así es imposible dormir”, añade Wendy indignada, que nunca imaginó atravesar una situación así tras 28 años en España.

Escudo social pendiente de aprobación en el Congreso

El real decreto ley de escudo social aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de febrero -aunque se puso por primera vez en marcha en 2020 para que las familias vulnerables pudieran afrontar mejor el impacto de la pandemia- se aplicará en casos en los que la vivienda pertenezca a grandes tenedores, fondos de inversión o propietarios con tres o más inmuebles. Pero este año la norma del Ejecutivo excluye de las medidas antidesahucios a los propietarios que tengan una o dos viviendas y tampoco se aplicará cuando el arrendador se encuentre en situación de vulnerabilidad, limitaciones que han sido criticadas por las organizaciones que defienden el derecho a la vivienda.

Estas entidades advierten que el nuevo decreto no resuelve la situación de las 60.000 familias vulnerables amenazadas por el desalojo sin alternativa habitacional y recuerdan que la moratoria vigente desde 2020 logró frenar uno de cada cuatro desalojos.

La aprobación de la prórroga del escudo social hasta el 31 de diciembre de 2026 permanece en el aire, ya que Junts ha confirmado su rechazo al texto al considerar que perjudica a los pequeños propietarios. El decreto llegará al Congreso en tres semanas y su futuro depende de las negociaciones parlamentarias.

Muchos de los vecinos que residen en viviendas de los fondos de inversión Nestar-Azora, el tercer casero de España, y Fidere/Testa (Blackstone) en la Comunidad de Madrid han iniciado este martes una campaña para frenar la venta de más de 17.000 inmuebles por parte de estas empresas. Organizados en el Sindicato de Inquilinas, denuncian que muchas de estas casas, anteriormente públicas o protegidas, están hoy en manos de estas empresas y su objetivo ahora es ponerlas en el mercado. Por ello, los vecinos reclaman al Gobierno que intervenga y recupere estos hogares para el parque público a través de Casa 47, la nueva entidad del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

“Hoy comenzamos una campaña para exigir al Gobierno, a través de Casa 47, que recupere las viviendas de los fondos buitre y vuelva a hacerlas públicas. Star y Blackstone han puesto 17.000 viviendas a la venta al mejor postor, cuando fueron públicas en un pasado, formaban parte del parque protegido y precisamente tenían esa protección contra la especulación”, aclaran desde el sindicato. Durante más de una década, denuncia la organización, los fondos buitre “han obtenido grandes beneficios con viviendas adquiridas a precios bajos y sin invertir en su mantenimiento”.

Como ejemplo, la organización menciona “las 1.860 viviendas vendidas en 2013 por el Ayuntamiento de Madrid a Blackstone por 68.000 euros la unidad”. Desde entonces, aseguran, los fondos de inversión han aplicado subidas de alquiler, “incorporando cláusulas abusivas y gestionando los bloques vulnerando derechos de las inquilinas". “Ahora pretenden cerrar el círculo con una nueva venta masiva”, añaden.

La organización colectiva da sus frutos

Convencidos de la fuerza de la organización colectiva, los vecinos de estas casas reclaman alquileres estables, seguridad residencial y la protección del derecho a la vivienda frente a la especulación.

Los últimos meses, aseguran, han dejado ejemplos claros de que la movilización da resultados, tal y como ha sucedido en Cataluña, donde después de una campaña de presión y nueve meses de huelga de alquileres, el Sindicat de Llogateres consiguió que la Generalitat blindara 1.700 viviendas como VPO, frenando su venta.

También recuerdan que, en Madrid, el Sindicato de Inquilinas también ha conseguido avances importantes. En 2021, tras años de resistencia y con más de 100 familias organizadas en la campaña #NosQuedamos, se alcanzó una negociación colectiva histórica con Blackstone, el mayor propietario de viviendas del país. Además, las inquilinas de Nestar-Azora mantienen desde hace más de un año una huelga parcial de alquileres para denunciar cláusulas abusivas, como el cobro de IBI, comunidad y otros gastos que no les corresponden.

Castilla y León, con un 58,4%, encabeza el listado de regiones españolas donde más familias residían en 2025 en una vivienda propia sin carga hipotecaria, posicionándose por delante de Extremadura, Asturias, Galicia y La Rioja, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y reportados por Europa Press. Esta información pone de manifiesto las notables diferencias territoriales que existen respecto al acceso a la vivienda en modalidad de propiedad en España, contexto en el que el dato principal refleja que, en 2025, solo el 73,3% de los domicilios contaba con algún régimen de propiedad, el registro más bajo con base en la serie histórica del INE, iniciada en 2004.

El análisis de los datos publicados por el INE y recogidos por Europa Press desglosa la realidad de los hogares españoles durante el año 2025: el 48,9% vivía en una vivienda en propiedad completamente pagada, mientras que el 24,4% residía en inmuebles propios pero sujetos a un préstamo hipotecario. La proporción total de hogares bajo algún mecanismo de propiedad disminuyó hasta el 73,3%, por debajo de cualquier otro año registrado desde 2004, resaltando así la disminución del predominio tradicional de la propiedad de la vivienda en el país.

Por otro lado, el 20,2% de las familias españolas habitaba en 2025 en una vivienda de alquiler, cifra que representa una leve disminución de dos décimas frente al dato del año anterior. Del total de arrendamientos, un 16,7% de los hogares lo hacía a precios de mercado, una caída de tres décimas con respecto al año previo, en tanto que el 3,5% accedía a alquileres por debajo de los valores de mercado, registrando un pequeño incremento de una décima.

Las estadísticas detalladas por el INE y difundidas por Europa Press ponen en evidencia diferencias notables entre comunidades autónomas. Mientras regiones como Castilla y León (81,2%), Cantabria (80,9%), La Rioja (80,7%) y Navarra (80,6%) mostraron los porcentajes más altos de hogares en régimen de propiedad, otras como Canarias (66,8%), Baleares y Cataluña (ambas con 67,1%) y Madrid (69,1%) presentaron los niveles más bajos de propiedad residencial para 2025.

El estudio también permite observar diferencias internas respecto a la modalidad de tenencia de la vivienda. En el caso de la propiedad sin hipoteca, junto a Castilla y León, destacan Extremadura con el 56,3%, Asturias con el 56,2%, Galicia con el 55,8% y La Rioja con el 55,6%. Por el contrario, Cataluña (40,9%), Baleares (42,1%) y Madrid (44%) concentran el menor porcentaje de hogares libres de hipoteca.

En lo relativo a la propiedad con hipoteca, las cifras más elevadas corresponden a Andalucía (26,7%), País Vasco y Cantabria (26,5% ambas), Cataluña (26,2%) y Navarra (26%). En el extremo inferior se sitúan Galicia (17,3%), Canarias (19,3%) y Extremadura (19,9%), todas por debajo del 20%.

El panorama del alquiler también presenta marcadas diferencias regionales. Según las cifras mencionadas por Europa Press en base a los datos del INE, los hogares catalanes son los que registraron el porcentaje más alto de residencia en alquiler en 2025, con un 28%, seguidos por Madrid (26,9%), Baleares (24,7%) y Canarias (23,6%). En contraste, Castilla y León (12,9%), Navarra (13,4%) y La Rioja (13,7%) reportaron los índices más reducidos en este rubro.

Dentro del grupo de hogares que vivían de alquiler, el arrendamiento a precios de mercado fue más común en Cataluña (23,2%), Madrid (22,6%) y Baleares (21,3%). Paralelamente, Canarias (6,7%), País Vasco (5%), Cataluña (4,8%) y Navarra (4,6%) destacaron por una mayor proporción de alquileres por debajo del precio de mercado.

El informe del INE, citado reiteradamente por Europa Press, destaca el desplazamiento progresivo de la tendencia histórica de acceso a la vivienda a través de la propiedad hacia un modelo en el que el alquiler va ganando peso, aunque todavía de manera contenida. Las disparidades interregionales, tanto en la propiedad libre de hipoteca como en los porcentajes de alquiler, reflejan las diferentes realidades económicas y las particularidades demográficas existentes en los distintos territorios del país.

En declaraciones recientes, Rita Maestre subrayó casos concretos en los que familias se vieron obligadas a abandonar sus viviendas debido a la adquisición de inmuebles por parte de fondos de inversión, una situación que, según la portavoz de Más Madrid, se ha vuelto habitual en la capital. De acuerdo con una entrevista difundida por Europa Press, Maestre apuntó que muchas personas han notado cómo sus viviendas de toda la vida pasan a convertirse en pisos turísticos o terminan en manos de grupos inmobiliarios, lo que a su juicio refleja un problema estructural asociado a las políticas de vivienda impulsadas en Madrid por los gobiernos del Partido Popular.

Europa Press detalló que Maestre acusó a las administraciones encabezadas por José Luis Martínez-Almeida y por Isabel Díaz Ayuso de priorizar los intereses de especuladores y grandes propietarios, a quienes responsabilizó del incremento sostenido de los precios de la vivienda y del alquiler en la ciudad. Aseguró que “al PP le preocupa la gente que se hace rica, no la de la inmensa mayoría de madrileños que tienen grandes dificultades para pagar sus viviendas”, remarcando que las políticas habitacionales aplicadas por estos gobiernos han favorecido a minorías rentistas.

Según desarrolló Europa Press en base a la entrevista, Maestre consideró que el Partido Popular utiliza la Ley de Vivienda estatal como un “pim pam pum” para evitar asumir sus propias competencias y desviar la responsabilidad por la crisis de acceso a la vivienda. La portavoz insistió en que la Ley de Vivienda, a la que el PP se niega a dar cumplimiento, se ha convertido en una excusa recurrente para culpar a terceros, como el Gobierno central o anteriores gestoras municipales, mientras los precios continúan aumentando. Maestre sentenció: “Decir que la culpa es de Manuela Carmena, de Pedro Sánchez o del Espíritu Santo no convence. No convence porque choca con la realidad”, refirió el medio.

La líder de Más Madrid volvió a la política activa después de su permiso de maternidad y lo hizo, explicó Europa Press, en el marco del lanzamiento de la campaña ‘Te están robando Madrid’. Maestre explicó que el objetivo de esa iniciativa es recoger y visibilizar el malestar creciente entre los habitantes, quienes, según sus percepciones, describen a Madrid como una ciudad donde “cada vez es más caro vivir, más difícil, y cada vez menos nuestra”. Alertó sobre fenómenos cotidianos como la transformación de negocios tradicionales en pisos turísticos ilegales y el aumento de la masificación en los medios de transporte, factores que en su opinión son efectos directos de las políticas actuales.

Europa Press repasó que, ante el encarecimiento de la vivienda —identificado como el principal problema social por la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción del Ayuntamiento—, Maestre criticó que el PP derive la responsabilidad hacia el Gobierno central en vez de actuar en su ámbito de competencia. La portavoz aseguró que las atribuciones legales para intervenir en el mercado inmobiliario residen tanto en la Comunidad de Madrid como en el propio Ayuntamiento. Considera insuficiente responder con la ley estatal cuando los desalojos y el aumento de precios se están produciendo por la acción o inacción de las autoridades locales.

Entre los ejemplos que citó están las subidas de alquileres de hasta 300 euros, vecinos expulsados de sus casas tras compras masivas por fondos de inversión y familias que no pueden permitirse separarse por no poder pagar dos viviendas, incluso siendo asalariados con empleos estables. Para Maestre, entregar ese tipo de respuestas “es un insulto a la inteligencia y una política muy poco convincente”, de acuerdo con lo recogido por Europa Press.

La portavoz también se refirió a las promesas del alcalde Martínez-Almeida, quien anunció a finales del pasado año que 2026 sería el “año de la vivienda” en Madrid. Según reportó Europa Press, Maestre replicó con ironía esa afirmación y auguró que, de continuar las mismas políticas, 2026 destacará por el precio elevado de la vivienda y el incremento en el número de bloqueos y amenazas de desahucio sobre inmuebles completos. Consideró que esto se debe al “Plan Reside”, el plan urbanístico defendido por Almeida, que según Maestre incentiva la conversión de viviendas en pisos turísticos y beneficia principalmente a grandes tenedores y fondos buitre.

En palabras de Maestre, los beneficiados por este marco son, en su mayoría, “multipropietarios, rentistas y fondos buitre”, mientras que quienes afrontan verdaderas dificultades para acceder a una vivienda digna ven cómo el coste de la vivienda —ya sea en régimen de alquiler o hipoteca— absorbe hasta el 70% de los ingresos familiares. Según reiteró la portavoz de Más Madrid a Europa Press, la falta de políticas orientadas a frenar la especulación inmobiliaria y a garantizar la accesibilidad pone en una situación de vulnerabilidad a una amplia franja de la población madrileña.

Europa Press concluyó que la crítica de Maestre parte de los testimonios recogidos entre la ciudadanía durante su ausencia por maternidad, que le permitieron observar de cerca los problemas diarios a los que se enfrentan los madrileños. El medio también resaltó que, para la portavoz de Más Madrid, la persistencia de esta crisis habitacional y el uso político de la normativa estatal sobre vivienda son elementos clave para explicar el malestar y la inseguridad que expresan los residentes en la capital.

El gasto medio anual de las familias españolas en servicios básicos alcanzará este año los 21.938 euros, lo que se ‘come’ un 66,53% del salario y deja a miles de hogares sin capacidad de ahorro, según revela el Informe de Gastos del Consumidor 2026, elaborado por la plataforma Roams. Esta cifra supone un incremento de 1.345 euros respecto a 2025, cuando el desembolso era de 20.593 euros y el porcentaje del salario dedicado a lo esencial ascendía al 62,52%.

Como viene ocurriendo en años anteriores, la vivienda sigue siendo el mayor componente del gasto familiar en España en 2026. Según el informe, un hogar con hipoteca gasta de media 21.338 euros al año en servicios básicos, lo que representa casi el 65% de su salario. En 2025, esa proporción era del 59%. El salto de seis puntos porcentuales en solo doce meses evidencia el impacto del encarecimiento del coste de vida y la creciente dificultad para ahorrar.

En el caso de las familias que viven de alquiler, la presión es aún mayor. El informe detalla que el gasto medio en servicios básicos sube a 22.538 euros en 2026, equivalente al 68,3% del salario. El año pasado esa cifra era de 21.695 euros, un 66% del sueldo. Así, los hogares arrendatarios han debido afrontar un incremento de 843 euros en sus gastos esenciales, una tendencia que, “estrecha cualquier posibilidad de ahorro”, recoge el estudio.

Provincias donde ahorrar es imposible

El escenario es especialmente preocupante en algunas provincias. Según Roams, en Islas Baleares los gastos esenciales se llevan el 99,22% del salario de una pareja con hipoteca, mientras que en Málaga y Gipuzkoa el porcentaje alcanza el 89,01% y el 88,1%, respectivamente.

Para los que viven de alquiler, Baleares y Málaga son las provincias donde el margen para ahorrar prácticamente desaparece, con el 93,59% y el 92% del salario destinado a cubrir lo básico. Barcelona se suma a este grupo, con un 92,02%.

En el extremo opuesto, Cáceres, Ciudad Real y Jaén siguen figurando entre las provincias más asequibles, aunque el coste de vida también se incrementa. Según el estudio, el presupuesto anual en Cáceres subió de 15.052 a 16.854 euros (19,2%), en Ciudad Real de 15.510 a 16.758 euros (16,7%) y en Jaén de 15.041 a 16.770 euros (20,7%). “Incluso en las más baratas, el nivel de vida aprieta más y obliga a las familias a destinar más dinero a lo esencial”, señalan desde Roams.

La vivienda se ‘come’ más del 50% del gasto esencial

Los resultados del informe señalan que la vivienda explica más de la mitad del gasto esencial. En el escenario de hipoteca, el pago medio anual asciende a 9.585 euros, a los que se suman 1.260 euros de gastos de comunidad. En conjunto, vivienda y comunidad representan 10.845 euros. Para quienes alquilan, el coste medio de arrendamiento se sitúa en 12.044 euros. En este contexto, la vivienda supone el 50,8% del gasto esencial en hipoteca y el 53,4% en alquiler.

Junto a la vivienda, la cesta de la compra es la siguiente gran partida para las familias. El gasto medio anual se sitúa en 4.097 euros, una cifra que, según Gonzalo Blanco, experto en ahorro de Roams, “tiende a percibirse menos porque se reparte en compras pequeñas y recurrentes, pero termina siendo una de las partidas más determinantes del presupuesto anual”.

Los suministros energéticos también han aumentado su peso en el gasto familiar. El informe incide en que la factura media de electricidad ronda los 690 euros al año y la del gas los 522 euros, sumando más de 1.200 euros, lo que implica 133 euros más que en 2025. “Un aumento que se debe a la subida del precio de la luz, tanto en el mercado libre como en el regulado”, apunta Blanco. El gas, en contraste, se abarató: un 15% en el regulado y en torno a un 18% en el libre.

Telefonía, transporte y otros servicios siguen subiendo

Otro gasto habitual que también aumentará este año es el destinado a telefonía, cuya factura rondará de media los 435 euros anuales, 15 euros más que en 2025. El presupuesto para movilidad suma unos 1.056 euros en combustible y 279 euros en transporte público. A esta partida se añade el seguro de coche obligatorio con una media de 480 euros anuales.

En cuanto a impuestos locales, el gasto medio asciende a 484 euros, al sumar el IBI (320), la tasa de basuras (107) y el impuesto de circulación (58). El consumo de agua representa otros 218 euros anuales.

El informe detalla que los hogares destinan 572 euros a ropa, 108 a material escolar, 181 euros a plataformas de streaming, 441 euros a gimnasio y 932 euros al ocio fuera de casa, como bares y cines. Estas partidas suman más de 2.236 euros al año.

A pesar de las dificultades que le ha tocado afrontar a lo largo de su vida, la activista Paca Blanco, de 77 años, mantiene su energía intacta y asegura que seguirá luchando por las causas sociales que siempre ha defendido, como el ecologismo y el derecho a la vivienda, “hasta que el cuerpo aguante”. Referente feminista y superviviente del Patronato de la Mujer del franquismo, afronta ahora un nuevo conflicto, aunque este es personal: su propio desalojo. Hace unas semanas recibió una orden de desahucio por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid, entidad que rechaza regularizar su situación, ya que la histórica activista vive desde hace 12 años en una casa que le fue adjudicada a su hijo.

Blanco asumió la responsabilidad de la vivienda y las facturas después de que su hijo y su nuera, adjudicatarios del piso, se trasladaron a Brasil, país donde residen actualmente. Aunque ha solicitado en varias ocasiones regularizar su situación, según relata a Infobae, la EMVS ha rechazado sus peticiones, al considerarla “ilegal” y “okupa”, ya que la ley no permite transferir la titularidad del inmueble de hijos a padres, aunque sí autoriza el traspaso en sentido contrario. Su caso es tan solo un ejemplo de la falta de soluciones ante la crisis de la vivienda y la desprotección que afecta a miles de familias en España.

“Llevo 12 años viviendo aquí y la EMVS nos considera ocupantes ignorados, tanto a mí como a mi hijo y mi nuera, tal y como consta en la orden de desahucio. Quieren echar a una señora de 77 años con andador cuando he presentado numerosos documentos y recursos para poder formalizar mi situación, pero siempre lo han rechazado”, señala la activista extremeña, que explica que en el último año ha podido pagar el alquiler de forma continuada tras recibir una carta dirigida a su hijo con un número de cuenta municipal. Al igual que otras muchas personas vulnerables sin alternativa habitacional, Blanco podría quedarse el próximo 23 de febrero, fecha prevista para su desalojo.

Aplazar un desahucio no es la solución

Aunque lograra aplazar el desahucio y obtener un tiempo extra para permanecer en la vivienda, Blanco admite que esa medida solo supone un alivio momentáneo. El problema principal persiste, asegura, ya que sigue sin una alternativa habitacional y “mucha incertidumbre” sobre su futuro. “A veces te conceden unos días más, como le ha pasado recientemente a Mariano, [un hombre de 67 años al que una orden religiosa con un centenar de propiedades quiere desalojar en Madrid], pero al final te echan. No nos pueden tratar así, yo prefiero que me maten de una puñetera vez”, afirma indignada, al tiempo que asegura que todo este proceso solo le ha generado “ansiedad y angustia”.

“No me voy a ir a una residencia de monjas”

Los servicios sociales solo le han propuesto como salida trasladarse a una residencia de mayores, una opción que Blanco descarta tanto por motivos económicos - cuenta con 1.200 euros mensuales de la pensión de jubilación y la de viudedad- como personales, más aún si se trata de un geriátrico que pertenece a una orden religiosa. “Si al final me echan de mi casa, me iré debajo del puente de Vallecas, a ver si los sin techo me dejan un sitio. Llevo toda la vida luchando contra las monjas como para que ahora me quieran meter en una residencia con ellas”, protesta.

Su negativa a convivir con religiosas está ligada a experiencias previas muy dolorosas, ya que durante el franquismo Blanco fue internada en el Patronato de Protección a la Mujer, una institución represiva en la que, como ella, miles de mujeres fueron privadas de libertad bajo pretextos morales, sometidas a disciplina estricta y control. En estos centros, gestionados en su mayoría por órdenes religiosas, las internas no podían comunicarse libremente y el adoctrinamiento religioso era constante. Los castigos incluían aislamiento, celdas, insultos, humillaciones públicas y revisiones físicas invasivas.

Después de todo lo vivido -y sufrido-, Blanco ya no espera respaldo de las instituciones, pero mantiene una confianza absoluta en “su gente”: amigos y activistas de colectivos como Ecologistas en Acción o el Sindicato de Inquilinas que nunca la han dejado sola. “Sé que mi gente no me va a dejar tirada. He vivido mucho y no tengo duda de que la mejor gente es la que te encuentras luchando por las causas nobles desinteresadamente”, afirma. Y, en ese sentido, tiene claro que la lucha por el derecho a la vivienda solo tiene sentido si es colectiva: “Mientras el cuerpo aguante, voy a seguir peleando”, concluye.

Escudo social

Blanco también expresa su inquietud ante la posible desaparición del “escudo social”, el conjunto de medidas adoptadas durante la pandemia para proteger a los sectores más vulnerables, que incluyó la suspensión de desahucios y la garantía de suministros esenciales. La continuidad de estas medidas depende ahora de su aprobación en el Congreso, donde formaciones como Junts han anunciado su rechazo al decreto de prórroga, lo que pone en peligro que estas protecciones sigan vigentes en un momento de especial vulnerabilidad para unas 60.000 familias en España.

Alberto Núñez Feijóo citó la cifra de 80.000 personas que no están recibiendo el pago del alquiler de sus viviendas, además de señalar que más de 40.000 ciudadanos experimentan la ocupación ilegal de sus propiedades en España. El líder del Partido Popular sostuvo que este contexto responde, en parte, a la nueva normativa del Gobierno orientada a evitar desalojos, la cual, según su análisis, impone a los propietarios la carga de resolver situaciones que considera resultado de la actuación gubernamental.

De acuerdo con lo publicado por el medio, Feijóo, durante su intervención en Binéfar (Huesca), argumentó que el decreto anti desahucios presentado por el Ejecutivo conlleva la "expropiación del derecho de un arrendador a cobrar su renta" y responsabilizó al Gobierno por trasladar a los ciudadanos las consecuencias de su gestión. En una rueda de prensa posterior a su visita a la empresa cárnica Fribin, Feijóo manifestó que las dificultades que enfrentan las familias vulnerables para acceder a recursos como la educación, servicios básicos o la vivienda no tienen como origen a los ciudadanos particulares sino, en su opinión, a la ineficacia de las políticas sociales del Ejecutivo. "Los culpables de que no haya política social en nuestro país, de que las familias vulnerables no tengan la atención que necesitan, es el Gobierno, no los ciudadanos", aseguró.

El presidente del PP enfatizó que resulta inaceptable que se responsabilice a los propietarios por las carencias en la asistencia a personas en situación vulnerable, afirmando que las viviendas representan el esfuerzo y el trabajo de quienes las adquirieron. Feijóo indicó que calificar al ciudadano individual como responsable por la falta de apoyo a familias vulnerables evidencia la dimisión de las administraciones públicas en materia de políticas sociales. Según consignó el medio, reiteró que la renuncia a la renta de alquiler no puede presentarse como una solución social y criticó que se exijan sacrificios individuales frente a la ausencia de intervención efectiva del Gobierno.

El dirigente del PP abordó la postura oficialista respecto de la ocupación de viviendas, respondiendo a declaraciones recientes de Lara Hernández, portavoz de Sumar, quien sostuvo en Onda Cero que la ocupación ilegal de viviendas no existe en España. El medio informó que Feijóo calificó estas declaraciones como un insulto a quienes experimentan situaciones de ocupación ilegal y a las víctimas de las denominadas "inqui-ocupaciones", y cuestionó el propósito de adoptar nuevos decretos en ausencia de tales problemáticas. Según Feijóo, “si llegamos a la conclusión de que un ciudadano que tenga dificultades para sus necesidades básicas lo que puede es no pagar al que tiene un supermercado, no pagar al que tiene una casa arrendada o no pagar al que está prestando un servicio, eso no es una política social, eso es lo contrario”.

Para Feijóo, las situaciones de impago de renta deben abordarse mediante intervenciones de política social y vivienda pública, sin que se responsabilice a los particulares. Reportó el medio que Feijóo insistió en que el Ejecutivo carece de facultades legales para "expropiar a un arrendador" y vinculó estas medidas a contextos ajenos a las democracias occidentales.

El líder de la oposición también criticó la gestión de la crisis habitacional. Según detalló el medio, Feijóo estimó en 700.000 el déficit de viviendas necesarias y atribuyó al Gobierno la generación del mayor problema de vivienda desde la burbuja inmobiliaria reciente. Añadió que la preocupación por la vivienda ha escalado hasta alcanzar el primer lugar entre los temas que ocupan a la ciudadanía, frente a la posición número 16 que tenía al inicio de la legislatura actual.

Feijóo acusó al Ejecutivo de utilizar las pensiones y otros elementos sociales como escudo para cubrir la falta de políticas públicas efectivas, y sostuvo que las recientes medidas contradicen el espíritu de la política social y suponen una desatención a quienes requieren asistencia. Según reportó el medio, concluyó que el Gobierno privilegia la limitación de los derechos de los propietarios por encima de la responsabilidad pública en materia de vivienda y asistencia social.

El Sindicato de Inquilinas y organizaciones como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han expresado su rechazo a la reciente aprobación del decreto gubernamental que extiende hasta el próximo 31 de diciembre la protección frente a desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional, al considerar que las nuevas excepciones y límites de la norma permiten que los desalojos sigan produciéndose. Los colectivos aseguran que este decreto, lejos de reforzar la protección de las familias vulnerables, “prioriza los intereses de los arrendadores” y supone un retroceso en la defensa del derecho a la vivienda, advierten.

El real decreto ley de ‘escudo social’ se aplicará en casos en los que la vivienda pertenezca a grandes tenedores, fondos de inversión o propietarios con tres o más inmuebles. Como principal novedad para este año, el Ejecutivo excluye de las medidas antidesahucios a los propietarios que tengan una o dos viviendas y tampoco se aplicará cuando el arrendador se encuentre en situación de vulnerabilidad. Esta excepción responde al acuerdo alcanzado por el Gobierno con el PNV, ya que los nacionalistas vascos habían solicitado dejar fuera de la medida a los pequeños propietarios a pesar de que el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la aprobación del nuevo escudo social en el Congreso va a ser compleja, porque el Gobierno debe lograr el respaldo de varios grupos parlamentarios, entre ellos Junts, que rechaza prorrogar la moratoria antidesahucios.

El Sindicato de Inquilinos y Alquiladores de Cataluña ha indicado en un comunicado que la aprobación de la moratoria antidesahucios y otras medidas del escudo social responde a la presión de las movilizaciones registradas la semana pasada en más de diez ciudades, y no a la iniciativa política del Gobierno. También advierte que la nueva medida resulta insuficiente y no resuelve la situación de las 60.000 familias vulnerables expuestas al desahucio sin alternativa habitacional.

“En el peor momento del mercado del alquiler, esta decisión supone un retroceso en materia de vivienda y una cesión clara a los intereses de los propietarios y del sector inmobiliario. La moratoria aprobada es, una vez más, un parche que no resuelve el problema de fondo. No frena la expulsión sistemática de inquilinas ni da respuesta a la realidad actual del alquiler”, ha indicado el sindicato.

“Queremos garantías fiables y estables de protección”

Desde la FRAVM denuncian que el Ejecutivo, “con el fin de contentar al PNV o por puro cálculo electoral, excluye de la protección a miles de familias vulnerables”. “A quien alquile una vivienda por 1.500 euros no le va a afectar este decreto, cuando es la familia que está ahí como inquilina la que lo va a sufrir”, señala a Infobae España el responsable de Urbanismo y Vivienda de la federación, Quique Villalobos, que recuerda que unos 600.000 contratos firmados en pandemia quedarán sin cobertura en 2026. “No aceptamos que el Gobierno deje de segundo plato a todas las familias que o están amenazadas de desahucio o lo estarán cuando no les renueven sus contratos de alquiler. Queremos garantías fiables y estables de protección”, añaden.

En cuanto a las alternativas que se les ofrece a las familias que pierden su vivienda, el Gobierno ha reiterado que la responsabilidad de encontrar una solución habitacional de emergencia recae en los servicios sociales de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, una medida que ya está vigente desde hace años y “pocas veces se cumple de forma efectiva”, advierte la FRAVM. A diferencia de esa vía, la moratoria antidesahucios, asegura la federación, sí ha tenido impacto, pues se estima que desde 2020 ha logrado frenar uno de cada cuatro desalojos.

Reclaman otras medidas como la regulación de alquileres

La emergencia habitacional, denuncia el sindicato, se manifiesta no solo en los desahucios judiciales, sino también en desalojos menos visibles derivados del aumento de los precios del alquiler y de la no renovación de contratos, situaciones que afectan a miles de hogares inquilinos. Ante este escenario, la organización plantea la necesidad de prorrogar de manera obligatoria todos los contratos de alquiler y avanzar en la reforma de la Ley de Arrendamientos en el Congreso, con el objetivo de regular los alquileres temporales y de habitaciones, y frenar las prácticas fraudulentas en el mercado inmobiliario.

La organización considera que garantizar el derecho a la vivienda requiere medidas como reducir los precios del alquiler, asegurar la estabilidad de los inquilinos, recuperar viviendas turísticas y vacías, limitar la concentración de propiedades en manos de fondos de inversión y grandes tenedores, y eliminar cláusulas abusivas y fraudes en los contratos de alquiler.

El consejo de la Gerencia de Urbanismo de Palma ha aprobado este martes la prohibición total de nuevas plazas de alojamientos turísticos en viviendas en todo el municipio. Así lo ha anunciado Óscar Fidalgo, concejal de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, quien ha subrayado que “no existe ningún tipo de excepción” y que la decisión afecta a la totalidad del término municipal, según ha detallado este martes en una rueda de prensa.

Dicha medida implica la declaración de Palma como una “zona única” no apta para la comercialización de estancias turísticas vacacionales (ETV), blindando por completo el territorio frente a la creación de nuevas plazas. El alquiler turístico en edificios plurifamiliares ya estaba vetado en la ciudad desde 2018. Sin embargo, el nuevo acuerdo refuerza el marco regulatorio con una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 2023.

En concreto, la modificación elimina cualquier previsión de crecimiento que contemplaba hasta 374 plazas potenciales (231 en Palma ciudad y 143 en suelo rústico), suprimiéndolas de manera definitiva. Además, impide la renovación de las ETV de carácter no permanente, así como la transferencia de plazas existentes entre diferentes municipios.

Actualmente Palma dispone de 4.473 plazas de ETV distribuidas en 632 inmuebles, repartidos de la siguiente forma: 381 en el núcleo urbano, 76 en la zona de Playa de Palma y Can Pastilla y otras 175 en suelo rústico. La nueva normativa, según ha recalcado Fidalgo, garantiza que no se incremente esta cifra y “abre el camino a un decrecimiento progresivo de esta oferta, a medida que se vayan produciendo bajas definitivas de plazas”.

Medidas complementarias para contener el fenómeno turístico

El responsable de Urbanismo ha enmarcado esta restricción dentro de una estrategia municipal más amplia, que también ha incluido en los últimos meses decisiones como la suspensión de la apertura de nuevos albergues turísticos, la petición formal a la Autoridad Portuaria de Baleares para prohibir los conocidos como ‘partyboats’ en todo el Paseo Marítimo y la intensificación de la vigilancia policial en Playa de Palma.

Respecto a las viviendas turísticas ilegales que operan en Palma, Fidalgo ha reconocido la dificultad de calcular su número exacto. Al repasar la evolución reciente en el conjunto balear, ha destacado que entre 2015 y 2023 las licencias de alquiler turístico en Baleares han experimentado un aumento del 165%, según los datos oficiales.

Además, ha matizado que, aunque este tipo de alquiler representa “un factor estadísticamente menor” respecto a la subida de los precios de la vivienda, sí ejerce un impacto relevante sobre la convivencia vecinal en los barrios afectados: “Los pisos son para vivir y que concilien eso con la convivencia ciudadana”.

MÁS por Palma ve una propuesta tardía e insuficiente

El grupo municipal MÁS por Palma ha confirmado que votará a favor de la prohibición, considerando positiva la medida y remarcando que responde a una demanda que el partido lleva planteando desde hace años. No obstante, la formación ha advertido de que la propuesta impulsada por el Partido Popular “llega tarde” y peca de falta de ambición.

Su portavoz, Neus Truyol, ha recordado que entre 2015 y 2023 el PP “ha votado siempre sistemáticamente en contra de cualquier limitación, moratoria o prohibición del alquiler turístico”. Según Truyol, “el PP ha estado siempre del lado de quienes hacen negocio millonario con la vivienda. Mientras tanto, muchos vecinos de Palma son expulsados de la ciudad. La situación es totalmente insostenible”.

La portavoz de la agrupación turística ha indicado también que “con esta prohibición el PP llega dos años tarde”, señalando que no es “ambiciosa ni valiente”. Truyol ha considerado que son necesarias “medidas para reducir el alquiler turístico, no basta con no dar más licencias. Y con esta propuesta sólo desaparecerá el 2% del alquiler turístico de la ciudad. Es un número totalmente irrisorio”.

Además, la agrupación ha remarcado que el informe oficial que sirve de base al gobierno municipal para justificar la nueva normativa confirma de forma explícita los diagnósticos que tanto ellos como los movimientos sociales sostienen desde hace años: el alquiler turístico incrementa los precios de la vivienda y conlleva perjuicios medioambientales. “Es un modelo insostenible. Damos la bienvenida al PP a nuestras posiciones. Ahora se ven forzados a reconocer el desastre que ellos mismos han contribuido a crear”, ha señalado Truyol.

La reciente modificación en el contenido del decreto ley sobre el escudo social contempla, según fuentes parlamentarias citadas por el Grupo Vasco, la exoneración para los propietarios individuales de la obligación de ofrecer una alternativa habitacional al inquilino vulnerable en caso de impago. Esta medida, pactada entre el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Gobierno central, busca evitar que las personas que poseen una sola propiedad en alquiler se conviertan en ciudadanos vulnerables al verse obligadas a asumir cargas económicas derivadas de impagos de sus arrendatarios.

El medio informativo detalló que el pacto se materializó después de que el Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados solicitara al Ejecutivo la inclusión de una cláusula que protegiera a los pequeños arrendadores en la futura redacción del decreto. Según informó el PNV en un comunicado, la propuesta presentada por la formación jeltzale y aceptada por el Gobierno central establece que la exención aplica a quienes poseen solamente una vivienda en alquiler o una vivienda habitual junto a una segunda unidad que arriendan.

Tal como publicó el PNV, el acuerdo se fundamenta en la distinción entre los pequeños propietarios y los grandes tenedores o fondos de inversión, diferencias que hasta ahora, según el grupo parlamentario vasco, no se reflejaban en la legislación vigente. La formación hizo hincapié en que la medida evita la equiparación de estos perfiles, permitiendo que quienes dependan del alquiler de una única vivienda no carguen con los mismos requerimientos que las empresas o entidades con múltiples propiedades.

A través del comunicado difundido por el Grupo Vasco, se subraya que el principal objetivo de la ampliación del escudo social reside en proteger a los arrendadores individuales del riesgo de exponerse a largas temporadas de impagos y las consecuencias económicas que eso implica. El PNV recalcó que la reforma no solo responde a la petición puntual del grupo vasco, sino que se ajusta a las necesidades específicas de quienes únicamente poseen su vivienda habitual y otra más dedicada al alquiler, facilitando así su continuidad como arrendadores.

Según consignó el comunicado del PNV, el Ejecutivo expresó su conformidad con un "acuerdo de mínimos", abriendo la puerta a negociaciones adicionales orientadas a perfeccionar la legislación en materia de vivienda durante el nuevo año de prórroga del escudo social. El grupo nacionalista vasco expresó su satisfacción por esta respuesta gubernamental, considerando que el avance permitirá fortalecer el tejido de pequeños propietarios sin que se vean forzados a abandonar el mercado del alquiler por temor a pérdidas derivadas de impagos.

El acuerdo prevé, según detalló el PNV, que quien posea solo una o dos viviendas (siendo una de ellas su residencia principal y la otra en régimen de alquiler) quedará efectivamente exonerado de la exigencia de proveer una alternativa habitacional a arrendatarios en condición de vulnerabilidad. Esto marca una diferencia significativa respecto a la situación anterior, en la que los pequeños arrendadores se veían obligados a cubrir una responsabilidad que los grupos con grandes carteras de viviendas encaran con mayores recursos.

Desde la óptica del Grupo Vasco, esta diferenciación resulta clave para mantener la oferta de vivienda en alquiler a pequeña escala. Según publicó el medio, el PNV concluyó que la medida disminuye el riesgo de que nuevos individuos entren en una situación de vulnerabilidad económica por el mero hecho de ser propietarios de un único inmueble en arrendamiento, asegurando con ello la continuidad de estas personas en el mercado del alquiler y limitando el impacto adverso de los impagos.

Durante el debate reciente sobre la regulación de los desalojos y el apoyo social, la portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Maribel Vaquero, advirtió que equiparar a quienes poseen una sola vivienda en alquiler con grandes tenedores o fondos de inversión no refleja la realidad del mercado. Vaquero enfatizó que estos pequeños propietarios pueden convertirse en personas vulnerables si se les impone la carga de gestionar impagos o de proveer alternativas habitacionales, una obligación que, a su juicio, corresponde a la Administración. De acuerdo con lo informado por el medio, el respaldo del PNV a futuras iniciativas de protección social dependerá de ajustes que eximan a estos arrendadores individuales de la moratoria de desahucios.

El PNV comunicó, según publicó la fuente, que no apoyará un próximo decreto ómnibus con nuevas disposiciones del escudo social ni con la revalorización de las pensiones si el texto definitivo no deja al margen de la restricción de desahucios a quienes solo poseen una vivienda destinada al alquiler. Tal como detalló el medio, la posición fue transmitida este lunes y recoge una preocupación reiterada del partido sobre la equidad de las medidas adoptadas hasta ahora en cuestiones de vivienda.

La semana anterior, el Congreso presenció la derrota del decreto ley que incorporaba la moratoria antidesahucios, la actualización de las pensiones y la protección frente a cortes de suministros básicos de agua, luz y gas para hogares vulnerables. Según consignó el medio, la negativa vino de parte del Partido Popular, Vox, Junts y UPN. Por su parte, el PNV votó a favor de la convalidación, aunque durante la sesión expresó sus críticas, argumentando que el texto agrupaba medidas de muy distinta naturaleza y, en particular, mantenía la prohibición de desahuciar a familias vulnerables incluso si la propiedad pertenecía a pequeños arrendadores.

La portavoz parlamentaria del PNV afirmó ante los medios que, para su formación, “un nuevo escudo social solo es posible si se amplía a los pequeños propietarios y se evitan dobles vulnerabilidades”. Vaquero insistió en que el diseño actual obliga a los arrendadores particulares con una única propiedad en alquiler a asumir riesgos y obligaciones que deberían corresponder al Estado y advirtió sobre el riesgo de crear situaciones de doble vulnerabilidad, afectando a quienes solo poseen una casa adicional en alquiler para complementar sus ingresos. Según sus declaraciones, “esa responsabilidad no puede recaer sobre estos pequeños propietarios y es la Administración la que debe ayudar a estas personas que se han quedado sin recursos, pero sin perjudicar a los que tienen una única vivienda adicional en alquiler”.

El partido recordó, según reportó la fuente, que en diciembre pasado ya había presentado al Ejecutivo propuestas para tener en cuenta la situación de quienes alquilan una única segunda vivienda. Los representantes nacionalistas argumentaron que la inclusión de esa exención habría fortalecido el consenso entre las fuerzas parlamentarias y posiblemente permitió aprobar el decreto de medidas sociales presentado el 27 de enero, que finalmente fue rechazado por falta de apoyos parlamentarios. En palabras de Vaquero, esas iniciativas no buscan “confrontar a los vulnerables entre sí para encontrar algún rédito político”, sino responder a necesidades derivadas de situaciones reales, considerando el contexto del mercado del alquiler.

El PNV también señaló, según detalló el medio, que las decisiones adoptadas hasta ahora para regular los desahucios y limitar los desalojos afectan de forma negativa la oferta de viviendas en alquiler. A juicio de la formación vasca, las restricciones han reducido la cantidad de inmuebles disponibles, lo que encarece los precios y genera nuevos tipos de vulnerabilidad, como la de aquellas familias que buscan alquilar y no encuentran opciones asequibles o adecuadas. La formación subraya que, lejos de mejorar la situación para los arrendatarios, las medidas han alterado el equilibrio del mercado y obstaculizan el acceso a la vivienda.

Vaquero remarcó frente a los medios que el partido examina la situación sin abordar intereses ideológicos, sino con base en datos constatables presentados ante el Gobierno y el resto de los grupos en el parlamento. El PNV sostiene que su posición obedece a los efectos que las políticas sociales y de vivienda generan tanto en arrendadores pequeños como en potenciales inquilinos, solicitando una revisión exhaustiva antes de confirmar cualquier respaldo a nuevos decretos que incluyan disposiciones sobre desahucios, pensiones y protección energética.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado a las principales plataformas online la existencia de 86.275 viviendas turísticas y de temporada ilegales, cuyos anuncios deberán ser retirados de forma obligatoria. Se trata de inmuebles que solicitaron el número de registro exigido por la normativa, pero que no lo han obtenido al no cumplir los requisitos establecidos.

Esta actuación se enmarca en la puesta en marcha del registro único de alquileres de corta duración, una herramienta clave para controlar el mercado y perseguir prácticas irregulares. España se ha convertido así en el primer país de la Unión Europea en adaptar la normativa comunitaria que obliga a crear este registro, con el objetivo de aumentar la transparencia, combatir la ilegalidad y proteger el mercado del alquiler residencial.

Desde el pasado mes de julio, todos los propietarios que quieran ofrecer una vivienda turística o de temporada deben contar con un código obligatorio, que otorgan los Registradores de la Propiedad. Este identificador se comparte posteriormente con las plataformas digitales a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, lo que permite cruzar datos y detectar anuncios que no cumplen la ley.

Una vez el Ministerio comunica la irregularidad, las plataformas que operan en el sector están obligadas a retirar los anuncios correspondientes, incluso aunque el inmueble se esté comercializando simultáneamente en varias webs. El objetivo es cerrar el cerco a un fenómeno que, según el Gobierno, ha contribuido de forma notable al encarecimiento de la vivienda y a la expulsión de vecinos de los centros urbanos.

Más de 412.000 solicitudes

Desde la entrada en vigor del registro obligatorio, se han presentado 412.253 solicitudes. De ellas, 320.620, el 78%, corresponden a alquiler turístico, mientras que 91.608, el 22%, se refieren a alquileres no turísticos, es decir, de temporada.

Sin embargo, los datos revelan una importante anomalía en la Comunidad de Madrid, donde el peso del alquiler de temporada es muy superior a la media nacional. En esta región, el 83% de las solicitudes corresponden a viviendas de temporada. En concreto, de las 26.355 solicitudes recibidas, 21.978 son de este tipo, frente a solo 4.377 de alojamientos turísticos.

Este fenómeno ha despertado la atención del ministerio, que considera que en muchos casos el alquiler de temporada puede estar utilizándose de forma fraudulenta para esquivar las restricciones impuestas al alquiler turístico tradicional.

Madrid y Barcelona, a la cabeza de las solicitudes revocadas

En el ranking de municipios con mayor número de solicitudes de registro revocadas para viviendas turísticas, Madrid encabeza la lista, con 5.344 solicitudes denegadas. Le siguen Barcelona (5.005), Marbella (2.993) y Sevilla (2.659).

También figuran entre los diez primeros València (1.874), Málaga (1.845), Torrevieja (1.240), San Bartolomé de Tirajana (1.056), Adeje (1.019) y Arona (942). Resulta especialmente llamativo el caso de la provincia de Málaga, que concentra hasta siete municipios entre los veinte con mayor número de peticiones rechazadas, lo que evidencia la fuerte presión del alquiler turístico en zonas de alta demanda.

En el ámbito autonómico, Andalucía lidera con claridad el número de solicitudes revocadas, con 21.872 registros denegados. Le siguen la Comunitat Valenciana (14.387) y Canarias (13.726), tres territorios donde el impacto del turismo sobre el mercado de la vivienda es especialmente intenso.

Proteger el alquiler residencial y frenar la gentrificación

Desde el Ministerio de Vivienda subrayan que el registro obligatorio ya está plenamente operativo y constituye una pieza clave para poner fin al fraude en los alquileres de corta duración. Al mismo tiempo, el Gobierno confía en que esta medida permita redirigir parte de estas viviendas hacia el mercado de alquiler residencial, ayudando a aliviar la escasez de oferta.

El Ejecutivo defiende que la proliferación de alojamientos turísticos ilegales ha provocado una subida desproporcionada de los precios, además de la expulsión de familias de sus barrios, una mayor gentrificación y la pérdida de identidad en muchas zonas urbanas.

Con estas actuaciones, el Ministerio de Vivienda busca preservar la función social de la vivienda, reforzar la seguridad jurídica y garantizar que el derecho a una vivienda digna no quede subordinado a usos especulativos. La ofensiva contra los pisos turísticos ilegales marca así un nuevo capítulo en la política de vivienda del Gobierno, que promete intensificar los controles en los próximos meses.

El programa de expansión urbanística en la alta montaña aragonesa prevé más de 3.500 nuevas viviendas repartidas en estaciones como Astún, Formigal y Cerler, lo que, según Podemos, incumple los principios clave de sostenibilidad y contribuye a que la vivienda resulte inaccesible para la mayor parte de la población local. María Goikoetxea, candidata de Podemos Alianza Verde a la presidencia del Gobierno de Aragón en las elecciones del 8 de febrero, destacó la urgencia de aplicar de manera integral la ley de vivienda y poner freno a los alojamientos turísticos, una situación que calificó como un riesgo para la permanencia de los residentes en el territorio. Según informó Europa Press, la dirigente reclamó impulsar el alquiler público y asequible ante la saturación y la especulación urbanística.

Las dificultades en el acceso a una vivienda en localidades como Jaca constituyen otro foco de la denuncia realizada por Goikoetxea y su equipo. El medio Europa Press consignó que, durante un acto en dicha ciudad, la candidata—acompañada por varias figuras de la formación y del partido Alianza Verde—señaló que el crecimiento del turismo ha favorecido un incremento de los alquileres de temporada, lo que obstaculiza el acceso a la vivienda a residentes y trabajadores de la comarca durante todo el año.

Goikoetxea subrayó la importancia de prohibir alojamientos de uso turístico y de promover un parque de vivienda pública como respuesta a quienes, viven y trabajan en la zona de manera continuada. “Vemos cómo este modelo de turismo lo que ha fomentado es esos alquileres de temporada lo que dificulta enormemente que la gente que vive y que trabaja aquí durante todo el año pueda acceder a la vivienda", declaró, una afirmación divulgada por Europa Press. Jaca y su comarca, la Jacetania, presentan, según la coalición, dificultades estructurales en el acceso a la vivienda, intensificadas por la temporalidad estacional asociada al turismo.

Por su parte, Juantxo López de Uralde, coordinador federal de Alianza Verde, respaldó la defensa del Pirineo aragonés ante lo que describe como amenazas derivadas de proyectos como el teleférico por Canal Roya. López de Uralde, citado por Europa Press, pidió reactivar y avanzar en la declaración del Parque Natural de Anayet Partacua, así como desarrollar medidas que atiendan a las necesidades reales de la población del Pirineo, entre las que consideró prioritaria la cuestión de la vivienda.

La crítica de Podemos se dirigió también al Plan Pirineos, iniciativa promovida por el Gobierno de Aragón. Según publicó Europa Press, la formación acusa a dicho plan de agravar un modelo basado en la especulación urbanística y la dependencia del sector del esquí, sin resolver los problemas de fondo en la comarca de la Jacetania. Entre las prioridades que señalan como ignoradas, destacan la garantía de acceso universal a la vivienda y una diversificación económica que reduzca la dependencia exclusiva del esquí.

Goikoetxea hizo hincapié en la saturación que experimenta la comarca durante la temporada invernal: “La Jacetania ya está llena en época de esquí; lo que necesitamos es adaptar nuestra economía al futuro para que las mayorías sociales puedan desarrollar aquí su proyecto de vida todo el año, no solo durante la temporada turística”. Europa Press recogió también este diagnóstico, que ilustraría el impacto de la presión turística en comunidades locales.

En cuanto al destino de fondos europeos, Podemos criticó el uso que se ha dado a los fondos Next Generation, señalando que su finalidad debía orientarse hacia la modernización y la sostenibilidad ambiental. Denuncian, de acuerdo con Europa Press, que esos recursos se destinan principalmente a la unión de estaciones de esquí (Astún-Candanchú y Cerler), así como a infraestructuras como la nieve artificial, mientras que los servicios públicos registran carencias notables. “Mientras se inyectan millones en nieve artificial, nuestros servicios públicos se desangran”, señaló José Ángel Pérez Marcuello, cabeza de lista por la provincia de Huesca en Podemos Alianza Verde.

La formación morada propuso reasignar inversiones hacia el fortalecimiento del Hospital de Jaca, la implantación de una UVI móvil disponible de modo permanente, la mejora en los centros educativos y las infraestructuras de comunicación, según detalló Europa Press. Insistieron en que los anuncios de futuras construcciones de vivienda pública no resuelven el fondo del problema. Podemos calificó de “cortina de humo” la iniciativa de crear 500 viviendas asequibles en 43 municipios y señaló que estos planes de expansión urbanística, con cifras como 800 viviendas en Astún, 550 en Formigal y hasta 2.200 en Cerler, podrían acabar beneficiando a intereses especulativos más que a la población local.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, la formación sostiene que estos proyectos no se ajustan a los criterios básicos de sostenibilidad y adaptación al cambio climático, y acabarían generando viviendas inaccesibles para la mayoría al tiempo que perpetuarían la dependencia de un sector especialmente afectado por la variabilidad climática.

Podemos presentó como alternativa la suspensión de nuevas licencias para Viviendas de Uso Turístico en las zonas consideradas saturadas, acompañada de la regulación de los precios de alquiler en los mercados más tensos, así como la construcción de vivienda pública de alquiler orientada a evitar la expulsión de familias y jóvenes residentes por el incremento de la demanda turística.

Como señaló Goikoetxea, la formación considera que se encuentra junto a la sociedad civil organizada como único actor político opuesto a este modelo urbanístico y turístico. Según Europa Press, la candidata cuestionó el papel tanto de los principales partidos regionales—PP, PSOE y PAR—, como del actual Gobierno central y Sumar, asegurando que “dan el dinero a los de siempre” o mantienen una actitud de silencio ante los problemas señalados.

Goikoetxea concluyó en Europa Press que resulta urgente revertir actualmente el rumbo del desarrollo económico en el Pirineo, para evitar la expulsión de la población residente favoreciendo servicios públicos sólidos y una economía variada, independientemente de la actividad turística vinculada a la nieve.

La estimación basada en información oficial del Panel de Hogares indica que las deducciones fiscales propuestas para propietarios que mantengan congelado el precio del alquiler solo funcionarían en uno de cada diez contratos, incluso si esas desgravaciones alcanzaran el 100%. Así lo expuso Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, durante una sesión de la Comisión de Vivienda. Ibáñez alertó que el alcance real de estas bonificaciones sería muy limitado y puso en cuestión la efectividad de la medida anunciada este mes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según publicó Sumar y recogió el medio.

Durante su intervención en la Cámara Baja, Ibáñez detalló que la medida incentivada por el Ejecutivo se basa en aplicar deducciones fiscales a los propietarios que renueven los contratos de alquiler sin incrementar el importe. Sin embargo, explicó que la mayoría de los contratos quedarían fuera del alcance de ese incentivo tributario. Argumentó que la deducción solo sería motivadora para los arrendadores cuando el precio a renovar no supere un 17% respecto al anterior, mientras que, según datos difundidos por el Banco de España y citados por Ibáñez, los precios del alquiler han aumentado un 40% desde 2021. Esta disparidad entre el incremento real de los precios y el rango fijado para las deducciones limitaría, en la práctica, el número de beneficiarios.

Sumar, el grupo parlamentario al que pertenece Ibáñez, realizó una evaluación con base en los datos del Panel de Hogares, de acuerdo con lo informado por el medio. De esa revisión, concluyeron que las bonificaciones fiscales impulsadas por el Ejecutivo resultarían ineficaces en el 90% de los casos actuales en el mercado de alquiler residencial. Según publicó Sumar, la estadística subraya que los incentivos fiscales dejarían fuera a la mayor parte de los contratos vigentes, independientemente de que la deducción alcance el 100%.

En la comisión, el representante de Compromís también manifestó su sorpresa y desconcierto frente a la propuesta: "Creo que hay veces que la asesora ha infiltrado la oposición. No lo puedo entender", dijo Ibáñez durante la sesión, citando el medio Sumar. Desde el punto de vista del diputado, la medida resulta insuficiente para enfrentar la escalada de precios que, año tras año, ha tensionado el acceso a la vivienda de alquiler en España.

El anuncio de la deducción fiscal por parte de Pedro Sánchez se realizó el mismo mes en el que tuvo lugar el debate parlamentario sobre la efectividad real de las bonificaciones. El medio Sumar detalló que la comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la Comisión de Vivienda del Congreso permitió a los distintos grupos exponer sus posiciones respecto a la política fiscal sobre alquiler. En ese foro, se evidenciaron diversas posturas en torno a las capacidades de las rebajas impositivas para contener el incremento de los precios.

El Banco de España, según lo consignado en la intervención parlamentaria, estima que el encarecimiento acumulado del alquiler desde 2021 alcanza el 40%, un dato que Ibáñez empleó para ilustrar la brecha existente entre la realidad del mercado y los supuestos en los que la deducción fiscal resultaría aplicable. Así, según Sumar, el umbral del 17% definido por el Gobierno queda desbordado por la evolución reciente de los precios, lo que desactiva el incentivo para la mayoría de los contratos.

De acuerdo con lo reportado por el medio Sumar, la propuesta del Ejecutivo ha generado debate entre los partidos de la oposición y formaciones aliadas, especialmente en torno al impacto estadístico real que podrían tener las medidas de incentivo fiscal sobre uno de los sectores más afectados por la inflación y la tensión de oferta y demanda en los últimos años.

El acceso a una vivienda en alquiler en Madrid se ha convertido en uno de los grandes retos sociales y económicos de los últimos años. La escalada continuada de los precios, especialmente en la capital y su área metropolitana, ha empujado a miles de personas a buscar alternativas para poder asumir el coste mensual de un piso sin que eso suponga renunciar a otros aspectos básicos de su vida.

En este contexto, la Comunidad de Madrid ha ido articulando diferentes programas y ayudas públicas orientadas a facilitar el acceso al alquiler, proteger a inquilinos y propietarios y aumentar la oferta de vivienda disponible. Conocer estas medidas es clave tanto si estás buscando piso como si ya vives de alquiler.

Una de las ayudas más conocidas es el Bono Alquiler Joven en Madrid. Esta prestación está dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años que cuenten con rentas del trabajo y cuyos ingresos anuales no superen los 25.200 euros, el equivalente a tres veces el IPREM tomando como referencia cuantías anteriores.

El bono consiste en una ayuda directa de 250 euros mensuales durante un periodo máximo de dos años, lo que puede suponer un alivio importante en el pago de la renta. Se trata de una medida pensada para facilitar la emancipación juvenil en un mercado especialmente complicado para este colectivo.

Plan Alquila para propietarios e inquilinos

Otra herramienta clave es el Plan Alquila, un servicio público de intermediación que busca aportar seguridad y profesionalización al mercado del alquiler. A través de este plan, tanto propietarios como inquilinos pueden acceder a una gestión integral del arrendamiento, con asesoramiento sobre precios, recomendaciones para mejorar la vivienda, selección de inquilinos, elaboración de contratos y mediación en caso de conflictos.

Para los arrendatarios menores de 35 años, el seguro de impago y la asistencia jurídica gratuita tienen una duración de dos años, lo que refuerza su protección durante las primeras etapas del contrato. Los servicios que ofrece el Plan Alquila a los inquilinos son amplios y cubren todo el proceso de búsqueda y formalización del alquiler.

Incluyen información detallada sobre zonas, precios y disponibilidad de vivienda, apoyo personalizado en la búsqueda según las preferencias y posibilidades económicas, inventario completo del inmueble y un estudio de solvencia para garantizar el pago de la renta.

En los casos en los que no se cumplan los requisitos de ingresos o estabilidad, existe la opción de presentar un avalista. Además, el plan se encarga de redactar el contrato de arrendamiento, velando por los derechos del inquilino y evitando cláusulas abusivas, y ofrece mediación y asesoramiento jurídico y fiscal durante la vigencia del contrato.

En julio de 2024, la Comunidad de Madrid amplió la gratuidad de los servicios del Plan Alquila a todos los propietarios que alquilen una vivienda, con el objetivo de aumentar la oferta disponible. Esta exención, que ya estaba vigente desde 2022 para los caseros cuyos inquilinos fueran menores de 35 años, se extendió a todas las edades. Posteriormente, en diciembre de 2024, el plan incorporó un seguro multirriesgo de hogar con una cobertura asegurada de hasta 72.000 euros para los contratos formalizados durante los dos años siguientes, reforzando así la seguridad tanto para propietarios como para inquilinos.

El Plan Vive ha entregado más de 5.000 viviendas

El Plan Vive es otra de las grandes apuestas del Gobierno regional en materia de vivienda. Anunciado a finales de enero de 2021, tiene como objetivo poner en el mercado hasta 25.000 viviendas en alquiler asequible a lo largo de ocho años, de las cuales 14.000 estaban previstas para la legislatura actual.

Hasta enero de 2026, se han entregado 5.175 viviendas en diez municipios de la región, entre ellos Madrid, Alcalá de Henares, Getafe, Móstoles, Torrejón de Ardoz o Tres Cantos. Este plan prioriza el acceso a colectivos como jóvenes menores de 35 años, mayores de 65, personas con discapacidad o mujeres víctimas de violencia de género.

Dentro del Plan Alquila también se encuentra el Plan Alquila Comparte (PAC), una modalidad orientada a fomentar la vivienda compartida. Este servicio busca aumentar la oferta de pisos compartidos, facilitar la búsqueda de compañeros de vivienda, formalizar las relaciones entre propietarios e inquilinos y mejorar la convivencia mediante acuerdos claros y supervisados.

Otros beneficios fiscales del alquiler

Además de estas iniciativas, existen ayudas específicas como el complemento de alquiler de vivienda para titulares de pensión no contributiva. Esta prestación está dirigida a personas que perciben una pensión no contributiva por invalidez o jubilación, no tienen vivienda en propiedad y residen habitualmente en una vivienda alquilada de la que son titulares del contrato. La cuantía es de 525 euros anuales, abonados en un único pago, y puede solicitarse cada año entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

A todo ello se suman los beneficios fiscales asociados al alquiler en la Comunidad de Madrid. Desde 2019, existe una bonificación del 100% de la cuota por arrendamiento de viviendas que no se destinen a actividades empresariales o profesionales, siempre que la renta anual sea inferior a 15.000 euros.

Los menores de 40 años pueden aplicar en el IRPF una deducción del 30% de las cantidades destinadas al alquiler de su vivienda habitual, con un máximo de 1.237,20 euros al año, siempre que el gasto supere el 20% de su base imponible. También se ha incorporado una nueva deducción de 1.000 euros por cada vivienda vacía que se destine al alquiler, siempre que el inmueble haya permanecido desocupado durante el año anterior al contrato.