La Fiscalía General de la República (FGR), en cooperación con la Policía Nacional Civil (PNC) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), realizó registros con prevención de allanamiento en dos inmuebles próximos al mercado central de San Salvador, tras la captura de Allan Balmore M. M. El detenido, según la Fiscalía, “transportaba varias cajas de medicamentos de dudosa procedencia” en su vehículo, por lo que será procesado por el delito de conducción de mercadería de dudosa procedencia.

La pesquisa permitió decomisar una variedad de medicamentos adulterados que, de acuerdo con la Fiscalía, “no se cuentan con los registros sanitarios correspondientes”. Los productos eran falsificados “con la colocación de viñetas falsas, utilizando el nombre de laboratorios reconocidos y de marcas; quienes no han dado su autorización para la fabricación y consumo de los mismos”, resaltó la autoridad. La FGR detalló que estos medicamentos “eran distribuidos en diversas farmacias y tiendas del país”.

La institución pública anunció que “las investigaciones continúan y que no descansarán hasta encontrar a los responsables”, afirmando su objetivo de “velar por los derechos de la salud y evitar que se comercialicen este tipo de medicamentos que son nocivos para la salud de las personas”.

Otros casos recientes

Fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil realizaron, entre el 17 y el 24 de abril de este año, una serie de registros con prevención de allanamiento en San Salvador que resultaron en la captura de cinco personas y la incautación de 116 porciones de cocaína asociadas a redes locales de tráfico, según informó la Fiscalía General de la República.

A través del apoyo de la Unidad Canina K-9, los equipos localizaron sustancias ilícitas en dos comercios y dos viviendas empleadas como fachada para la distribución de droga. Se procedió al arresto de Donis Obando S. G. en posesión de cocaína dosificada y material destinado a la preparación y venta del estupefaciente. La Fiscalía confirmó que Obando S. G. será procesado judicialmente por tráfico ilícito.

En uno de los operativos del 17 de abril, en un restaurante de la colonia Miramonte, se incautaron 88 porciones de cocaína distribuidas en diferentes áreas del local. Por este hecho, Jennifer Stephany P. F. y Alirio Antonio R. T., identificados como los propietarios con al menos tres años de actividad, fueron arrestados en flagrancia por tráfico ilícito. También fue detenido Jairo Antonio B. H., quien había adquirido una porción de droga momentos antes del allanamiento y enfrenta cargos de posesión y tenencia.

En un club bar del bulevar del Hipódromo, los agentes aprehendieron a Diego Alejandro R. A., empleado en el lugar, con una cantidad de cocaína que será valorada por la Fiscalía. Otros registros en la colonia Guatemala y otro restaurante de Miramonte completaron la operación.

En todos los procedimientos, además de la droga, los oficiales confiscaron dinero en efectivo y teléfonos celulares de los involucrados, que se someterán a análisis como parte de la investigación. La Fiscalía General de la República manifestó que mantendrá la supervisión activa para combatir las estructuras dedicadas a la venta de estupefacientes en el país.

La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) ejecutó ayer registros simultáneos en dos negocios y dos viviendas de San Salvador, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), con el objetivo de atacar redes de narcotráfico local. Las diligencias, que contaron con el apoyo de la Unidad Canina K-9, permitieron localizar sustancias ilícitas ocultas en los inmuebles, los cuales habrían sido usados como fachada para la comercialización de estupefacientes, según informó la Fiscalía General de la República en sus canales oficiales.

De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, los inmuebles intervenidos estaban bajo vigilancia tras detectarse actividades sospechosas y movimientos asociados con la venta de drogas. Las autoridades detallaron que la intervención se realizó bajo estricta prevención de allanamiento, asegurando la preservación de la evidencia y la integridad de los operativos. Durante los registros, los agentes caninos lograron ubicar con precisión los puntos donde se almacenaban las sustancias prohibidas, confirmando la importancia de este tipo de apoyo en investigaciones de narcotráfico.

Como resultado de los operativos, se produjo la captura de Donis Obando Sánchez Guzmán, quien fue sorprendido con una cantidad considerable de cocaína ya dosificada y lista para la venta, además de diversos objetos empleados para la preparación y distribución de droga. Según la Fiscalía, Sánchez Guzmán será presentado ante las instancias judiciales correspondientes para enfrentar cargos de tráfico ilícito de drogas. La institución subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para desmantelar puntos de venta que afectan a las comunidades.

La Fiscalía General de la República destacó la colaboración con la Policía Nacional Civil y el uso de tecnología especializada para el combate del narcomenudeo. Además, enfatizó el compromiso institucional de atacar frontalmente los focos de distribución de drogas y enviar un mensaje de cero tolerancia a quienes se involucran en este tipo de delitos.

En los últimos años, las autoridades salvadoreñas han intensificado los operativos contra el narcomenudeo y el narcotráfico. Según reportes de medios internacionales y datos oficiales citados por Reuters y OSAC, más de 22 toneladas de diferentes drogas fueron incautadas en 2025, con un valor estimado de 545 millones de dólares. Esta cifra representa un aumento respecto a años anteriores y se suma a los esfuerzos del gobierno por controlar los flujos ilícitos, sobre todo en rutas marítimas del océano Pacífico, donde se han realizado las mayores incautaciones.

Uno de los casos más relevantes se registró en febrero de 2026, cuando la Marina de El Salvador interceptó una embarcación con 6,6 toneladas de cocaína, valoradas en 165 millones de dólares, en aguas internacionales. El operativo, considerado el mayor en la historia del país, llevó a la detención de diez personas de diferentes nacionalidades.

La PNC y la FGR han señalado que, aunque El Salvador no figura como un gran punto de tránsito internacional, las organizaciones locales mantienen redes de narcomenudeo que operan principalmente en zonas urbanas, utilizando establecimientos comerciales y viviendas para encubrir sus actividades. La vigilancia y la cooperación interinstitucional han permitido el decomiso de importantes cargamentos y la desarticulación de estructuras dedicadas a la venta de estupefacientes a nivel de calle.

Algunos medios han recalcado que el 70% de las incautaciones en el último año se realizó en el mar, aunque la labor de la Oficina Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil también ha resultado en la captura de distribuidores locales y la incautación de drogas en tierra. La persistencia de estas acciones busca reducir la disponibilidad de drogas en barrios y comunidades, así como impedir el fortalecimiento de redes criminales.

Estas operaciones se inscriben en el marco de la política de seguridad implementada por el actual gobierno, que ha priorizado la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Según datos oficiales difundidos por OSAC, las penas por tráfico ilícito en El Salvador son severas y las autoridades han intensificado los controles en zonas fronterizas y áreas de mayor incidencia, con el fin de limitar el impacto del narcomenudeo en la población salvadoreña.

La Fiscalía General de la República reiteró su compromiso de continuar con la persecución penal de quienes se dedican a la venta y distribución de drogas, al tiempo que resaltó la importancia de la denuncia ciudadana y la colaboración interinstitucional para erradicar este fenómeno del territorio salvadoreño.

Un operativo a cargo de la Policía Federal Argentina sirvió para desmantelar una distribuidora clandestina dedicada a adulterar fechas de vencimiento en productos alimenticios con maquinaria industrial, con la intención de comercializarlos nuevamente como aptos para el consumo.

El procedimiento, realizado en el barrio Los Cardos de Los Cardales -perteneciente al partido de Exaltación de la Cruz- estuvo bajo la orden del juez federal Adrián González Charvay, quien permitió la incautación de grandes lotes de carnes, embutidos y bebidas adulteradas y herramientas específicas para modificar etiquetas y registros de caducidad.

Como resultado, los agentes de la PFA detuvieron a un hombre de 62 años, de nacionalidad argentina y presunto propietario del establecimiento, quien quedó a disposición del Juzgado Federal de Campana por violar la ley 26.524, que sanciona la adulteración o envenenamiento de alimentos.

El hallazgo de las máquinas de impresión y grabado láser resultó clave para probar el carácter sistemático y planificado de la maniobra. Además del equipo industrial, los agentes incautaron una camioneta utilizada para la distribución y documentación considerada de interés para la causa.

El origen de la investigación

Las averiguaciones se iniciaron tras una denuncia anónima recibida en octubre de 2022, según datos de Pilar a Diario, y fue retomada oficialmente el 6 de marzo de 2023, cuando la División Delitos contra la Salud Pública detectó la actividad ilegal en el local.

Los detectives constataron que la distribuidora compraba alimentos vencidos o cercanos a vencer ―particularmente cervezas, embutidos y pescados envasados al vacío― y utilizaba maquinaria láser e impresoras de etiquetas para alterar artificialmente las fechas de caducidad, para luego venderlos como productos aptos. Parte de la mercadería se adquiría y publicitaba mediante publicaciones en redes sociales.

Durante el allanamiento, que se llevó a cabo en la intersección de Gran Alameda y El Descanso, en el barrio Los Cardos, las autoridades decomisaron productos cuyo deterioro era notorio y que, en varios casos, ya se encontraban vencidos al momento de la intervención.

La colaboración de INAL, Senasa y la Dirección de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz permitió certificar la condición de los productos y el grado de adulteración.

Los responsables de la pesquisa indicaron que la circulación de estos alimentos “puso en grave riesgo la salud de los compradores” debido a su capacidad de provocar intoxicaciones y otras afecciones severas, lo que agravó las imputaciones respecto al delito.

La distribución de productos alimenticios con fechas de vencimiento manipuladas constituye una infracción grave contemplada en la legislación argentina, en particular cuando el volumen de mercadería es capaz de afectar la salud pública a nivel comunitario.

Mendoza: carne ilegal incautada

La Policía Rural incautó más de 370 kilos de productos cárnicos ilegales durante operativos en los departamentos de San Rafael y Rivadavia, en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato.

Los procedimientos se llevaron a cabo a mediados de abril en establecimientos de Monte Comán y Los Campamentos, donde se detectaron alimentos sin condiciones sanitarias ni habilitación legal, según reportó MendoVoz.

El decomiso y la desnaturalización de toda la mercadería fueron ordenados tras comprobar que la carga, compuesta por quesos de cerdo, panificados, carne, fiambres, escabeche de pollo, milanesas y hamburguesas, presentaba signos de contaminación y conservación inadecuada.

En Los Campamentos, un conductor fue aprehendido luego de intentar transportar achuras con una habilitación adulterada, medida que motivó la intervención de la Oficina Fiscal de Junín-Rivadavia y el inicio de actuaciones por presunta adulteración de documento público.

El personal de Bromatología constató que el traslado de los productos no cumplía con los requisitos exigidos. Las acciones se enmarcan en los controles periódicos para combatir el abigeato y garantizar el cumplimiento de las normas alimentarias en la provincia.

La Gendarmería Nacional allanó el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, Entre Ríos, en el marco de una investigación federal por presunto tráfico ilegal de medicamentos anestésicos y narcóticos.

El caso se disparó tras un hallazgo inesperado en Puerto Madryn, donde la detección de una encomienda con ampollas de fentanilo y frascos de remifentanilo enviados desde Entre Ríos encendió las alarmas en la Justicia Federal y en organismos sanitarios.

De acuerdo con lo informado por el portal del Diario Uno de Entre Ríos, el operativo derivó casi de inmediato en una serie de procedimientos simultáneos en la capital entrerriana.

La intervención judicial obligó a paralizar varias áreas internas del hospital durante horas, mientras los agentes revisaban depósitos, farmacias y oficinas en busca de documentación y elementos vinculados a la causa.

Según se informó desde el gobierno provincial, el Ministerio de Salud de Entre Ríos colaboró con la Justicia y precisó que el requerimiento incluía un lote puntual de un laboratorio específico que no figura en los registros del hospital San Roque de Paraná. Además, aseguraron que en dicho procedimiento no se secuestraron medicamentos, ni dinero ni armas.

En ese sentido, el director del hospital Materno Infantil San Roque, Alejandro Calógero, afirmó: “Nos pusimos inmediatamente a disposición, se presentó todo lo solicitado en formato de papel, y estamos terminando de armar los registros biométricos y de cámaras que se nos pidió en formato digital porque se nos solicitó información de varios meses para atrás”.

Luego, indicó que el pedido de información era sobre un lote puntual de un laboratorio específico y aclaró que “ese lote nunca fue comprado en el hospital, no está registrado y, por ende, no se dispensó por el área de farmacia”.

El avance de la investigación quedó a cargo de la Justicia Federal, que actúa en coordinación con la Fiscalía local y organismos de control sanitario. La hipótesis principal apunta a la existencia de una estructura interna con capacidad para manipular y extraer medicamentos de uso restringido, lo que agravaría la situación procesal de los posibles implicados.

La noticia se conoce semanas después de que saliera a la luz la investigación por el robo de fármacos del Hospital Italiano. La causa se inició luego de que encontraran a Alejandro Zalazar sin vida en su departamento de Palermo. La autopsia confirmó que murió por congestión, edema pulmonar y meningoencefálico, a raíz del consumo de propofol y fentanilo, dos fármacos empleados para anestesiar pacientes.

Junto a la víctima, la policía encontró frascos e insumos médicos que pertenecían al Hospital Italiano. Estos elementos llevaron a la apertura de una investigación interna por parte de la institución, que tres días después realizó una denuncia ante la Justicia.

Así, la causa tiene a Hernán Boveri, anestesiólogo con experiencia en jornadas científicas nacionales e internacionales, y Delfina “Fini” Lanusse como principales procesados por el delito de administración fraudulenta en la causa que investiga el robo de medicamentos hospitalarios.

Pese a que el Hospital Italiano, denunció el robo de estos fármacos, las defensas de ambos alegan que “no puede comprobarse el faltante”. Además, Boveri criticó que el inicio de la causa haya sido a partir de “una cadena de rumores originada por alguien que no presenció ninguno de los hechos investigados”. Al igual que Lanusse -con quien afirmó que mantenía una relación oculta que no debió salir a la luz- el caso representa un “cuadro de insuficiencia probatoria” y plantea que, ante la duda, correspondería dictar la falta de mérito.

A lo largo de sus escritos, tanto Boveri como Lanusse se refieren a la reunión que ambos tuvieron en la Asociación de Anestesiología de Buenos Aires (AAARBA), que es denunciante del robo de sustancias.

En este sentido, los procesados reclaman que las autoridades de la institución los citaron “bajo la apariencia de un procedimiento asistencial por presunto consumo problemático” y así obtuvieron información sobre ellos que usaron en su contra. Dijeron que asistieron al encuentro “confiando en la confidencialidad”, pero terminaron siendo interrogados por una supuesta sustracción de medicación.

El avance de una investigación federal por el presunto tráfico de medicamentos críticos en la ciudad de Paraná volvió a poner en el centro de la escena los controles sobre sustancias de uso hospitalario. En este contexto, la Gendarmería Nacional realizó un operativo en la sede del Ministerio de Salud de Entre Ríos para recolectar documentación clave en el marco de una causa que dirige la Justicia Federal de Chubut.

La pesquisa gira en torno a una ex enfermera del Hospital Materno Infantil San Roque, sospechada de haber manejado de manera irregular medicamentos de alto riesgo.

El caso generó preocupación entre los organismos sanitarios locales, ya que involucra el posible desvío de fármacos sumamente controlados como fentanilo, propofol, remifentanilo, ketamina y morfina. Estas sustancias, esenciales en la práctica médica y con un estricto régimen de seguimiento, están en el centro de una pesquisa que busca determinar cómo y por qué habrían salido del circuito legal.

La ex trabajadora del hospital, que ya no integra el personal estable, quedó bajo la lupa de la Justicia luego de detectarse inconsistencias en el circuito administrativo de los medicamentos.

En este nuevo operativo, los investigadores solicitaron acceder a la totalidad del legajo personal de la ex enfermera, con el objetivo de analizar en profundidad su historia laboral, funciones, jerarquías y responsabilidades tanto en el hospital como en tareas administrativas dentro del Ministerio. La documentación requerida permitirá determinar el alcance de sus atribuciones y evaluar posibles vulneraciones a los sistemas de control.

El requerimiento judicial incluye información sobre los roles específicos que la ex empleada desempeñó y si estos le otorgaban acceso a las sustancias investigadas. Según fuentes del Ministerio de Salud provincial, se entregó toda la información solicitada y se ratificó la voluntad institucional de colaborar con la Justicia.

De acuerdo con lo informado por el portal del Diario Uno de Entre Ríos, la investigación busca establecer si la persona señalada aprovechó su posición para facilitar o encubrir el desvío de medicamentos. El análisis de su legajo y antecedentes laborales resulta central para reconstruir posibles responsabilidades y definir la cadena de mando involucrada.

Los investigadores solicitaron detalles sobre los procedimientos de compra, almacenamiento y distribución, así como los sistemas internos de control y auditoría. El objetivo es identificar eventuales puntos débiles en el circuito oficial que pudieron haber permitido el desvío.

El director del Hospital Materno Infantil San Roque, Alejandro Calógero, fue consultado acerca de un lote específico del laboratorio Celtyc. Según indicó Calógero, ese lote no fue adquirido por el hospital, una declaración que, de acuerdo con el expediente.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos informó que continúa respondiendo a cada requerimiento judicial, manteniendo la disponibilidad de toda su estructura administrativa para colaborar con la pesquisa. El comunicado oficial recordó que la empleada investigada ya no pertenece al personal activo y reiteró su compromiso con la transparencia en el manejo de las drogas.

Las autoridades provinciales señalaron que, durante el operativo, no se incautaron medicamentos, dinero ni armas. El procedimiento, solicitado por la Justicia Federal de Rawson, se desarrolló tanto en la sede central del Ministerio como en el hospital San Roque. Paralelamente, se inició una investigación sumaria interna para esclarecer los hechos.

La causa federal examina tanto las responsabilidades individuales como las falencias institucionales que podrían haber facilitado la salida irregular de los medicamentos. La pesquisa se centra en la necesidad de garantizar el uso seguro y adecuado de sustancias sumamente sensibles, cuyo desvío supone riesgos tanto para la salud pública como para la seguridad.

La Cámara Federal de Casación Penal absolvió a tres ciudadanos de origen chino por el delito de tentativa de homicidio tras participar de un tiroteo con la policía durante un allanamiento en la localidad bonaerense de San Martín, al concluir que actuaron bajo un “error invencible” al creer que enfrentaban un robo. El fallo del máximo tribunal penal del país anuló parcialmente una condena previa y ordenó fijar una nueva pena por tenencia ilegal de armas.

La decisión fue adoptada por la Sala II, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, al resolver el recurso presentado por la defensa de Lin Bin, Lin Zhenbiao y Wang Yang Yang.

El caso se originó en la madrugada del 11 de junio de 2016, cuando personal de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal, con apoyo del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), intentó ejecutar una orden de allanamiento en un supermercado ubicado en la calle Rivadavia al 4300. El procedimiento, en rigor, formaba parte de una investigación sobre una organización criminal vinculada a la denominada “mafia china” y se desarrolló en simultáneo con otros operativos.

De acuerdo con lo reconstruido en el juicio oral, el ingreso se produjo de madrugada y en condiciones iniciales de sigilo, sin identificación visible ni balizas encendidas. En ese contexto, desde la planta superior del inmueble, los ocupantes comenzaron a efectuar disparos mientras el personal policial intentaba ingresar. El enfrentamiento se extendió durante aproximadamente 50 minutos.

Como consecuencia del intercambio, varios efectivos resultaron heridos. El agente Mariano Isaías Leiva sufrió impactos en el pómulo y el brazo, además de un disparo en el casco, mientras que otros policías recibieron impactos en chalecos antibalas y equipos de protección.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín consideró acreditado que los acusados intentaron matar a los efectivos y los condenó a siete años y seis meses de prisión por tentativa de homicidio, en concurso con otros delitos.

Apelación mediante, y a la hora de revisar el caso, el camarista Yacobucci sostuvo que la clave estaba en la percepción de los imputados durante el operativo policial. “El contexto a partir del cual cabe desarrollar el análisis crítico es aquel que razonablemente se representaron los aquí condenados”, afirmó. En esa línea, valoró que durante el procedimiento se registraron múltiples llamados al 911 realizados por los propios ocupantes y sus allegados denunciando un intento de robo en curso, lo que reflejaba que interpretaban la situación como una agresión ilegítima a su inmueble.

También tuvo en cuenta que los disparos se efectuaban sin exposición directa, asomando únicamente las manos desde ventanas o sectores de la escalera, lo que limitaba la visibilidad hacia el exterior. A ello se sumaron las condiciones del operativo: nocturnidad, ingreso sin aviso previo y un escenario de tensión con intercambio de disparos.

En ese contexto, el juez concluyó que los acusados habían incurrido en un “error respecto de la calidad de quienes ingresaban al domicilio” y evaluó que al inicio de los hechos “no contaron con posibilidad de visualizar a lo sujetos”, por consiguiente no resultaba razonable “exigir que en el marco de una situación de estrés que se estaba disputando -un intercambio activo de disparos- se hubieran expuesto, sin ningún tipo de resguardo, con el objeto de identificar a quienes se encontraban en el exterior y, de ese modo, superar el error en el que se hallaban”.

A partir de esa conclusión, el magistrado expresó que esa “falencia sobre la comprensión de los hechos neutraliza el progreso de una imputación subjetiva dolosa”, lo que llevó a la absolución por tentativa de homicidio de los tres imputados.

El juez Slokar adhirió al resultado, aunque encuadró el caso como un supuesto de “error indirecto de prohibición por falsa suposición de las circunstancias”, al señalar que no se podía descartar la hipótesis de que los imputados hubieran actuado creyendo legítima su defensa. Indicó que “los extremos relativos al error exculpante no fueron confutados en modo definitivo”.

La jueza Ledesma también acompañó la solución y destacó que la prueba permitía concluir que los acusados actuaron “con la creencia de que todo se trató de un intento de robo y en ese trance repeler el ingreso de los supuestos ofensores al inmueble en cuestión".

En cuanto al delito de tenencia ilegítima de “material asfixiante”, la Cámara Federal de Casación resolvió dejarlo sin efecto por falta de prueba suficiente, en tanto el elemento central para imputar ese ilícito había sido una anilla de ignición de espoleta hallada en el lugar, pero el propio fallo advirtió que ese componente “resultaba de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas”, lo que impedía determinar si había sido utilizado por los imputados o por el personal policial durante el operativo.

A ello se sumó el testimonio de un agente que reconoció que los propios efectivos emplearon granadas de gas lacrimógeno para reducir la resistencia dentro del inmueble. En ese contexto, los camaristas consideraron que el elemento secuestrado era un indicio “anfibológico”, es decir, ambiguo, que “únicamente da cuenta del empleo de una granada de gas, pero que resulta insuficiente para atribuir, más allá de toda duda razonable, su utilización a los imputados”.

En cambio, el fallo de Casación confirmó la responsabilidad por la tenencia ilegítima de armas de fuego. Se tuvo por corroborado que varias armas -pistolas y un revólver- estaban en un ámbito de acceso común dentro del inmueble, y eso permitió atribuir su tenencia a los tres imputados, aun cuando no contaban con autorización vigente o directamente no estaban registrados como usuarios.

La Sala II de la máxima instancia penal federal dispuso remitir el expediente al tribunal de origen para que, con otra integración, realice una nueva audiencia y determine la pena correspondiente en función de los delitos verificados.

El Partido Acción Nacional (PAN) denunció un ingreso no autorizado en la casa de la familia del diputado César Damián este 20 de abril en la Ciudad de México.

Durante el incidente, la esposa e hija del diputado estaban en el domicilio, según un comunicado emitido por el Grupo Parlamentario del PAN y el Comité Ejecutivo Nacional en las redes del partido.

Autoridades de Baja California, encabezadas por la gobernadora Marina del Pilar Ávila y el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, recibieron la solicitud del PAN para proteger la integridad del diputado y su familia.

El coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, subrayó: “Las autoridades están obligadas a garantizar su seguridad. Exigimos que se llegue a las últimas consecuencias”.

De acuerdo con la versión difundida en el comunicado, el acto sería interpretado como una posible advertencia derivada de los señalamientos públicos del legislador sobre temas de seguridad y extorsión en su estado.

El partido demanda al Gobierno Federal la implementación de medidas de resguardo y una investigación que esclarezca los hechos y determine responsabilidades. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN y la bancada panista aseguran que darán seguimiento al caso ante las instancias correspondientes.

El PAN podría postular a Grecia Quiroz en las elecciones del 2027 de Michoacán

Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, confirmó el pasado 17 de abril el interés de la dirigencia para iniciar acercamientos con Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, de cara a la selección de candidaturas para la renovación de 17 gubernaturas, incluido dicho estado, en la elección de 2027.

De acuerdo con declaraciones del propio dirigente, Acción Nacional busca sumar perfiles con reconocimiento ciudadano que hayan surgido fuera de las estructuras tradicionales del partido.

Tras el asesinato de Carlos Manzo en noviembre de 2025, el PAN contempla a figuras como Quiroz, cuyas posturas políticas y preocupaciones, incluidas las relacionadas con la seguridad en Uruapan, serán escuchadas personalmente por Romero Herrera. El dirigente enfatiza que “Acción Nacional tiene un espacio en donde se le reconoce lo que está haciendo”.

Sin embargo, la propia Quiroz rechazó la propuesta al día siguiente, afirmando que “Si participamos, va a ser bajo la línea independiente”.

El candidato del PAN para la gubernatura de Michoacán podría ser el actual alcalde de Morelia

El PAN perfila desde el pasado 18 de abril a Alfonso Martínez Alcázar, actual alcalde de Morelia, como su posible candidato a la gubernatura de Michoacán para las elecciones de 2027, articulando su estrategia en torno a tres temas centrales: seguridad, desarrollo económico y bienestar social.

Martínez Alcázar fue nombrado por el PAN como Coordinador del Cambio y la Defensa de la Familia, un cargo operativo cuyo objetivo es sentar las bases de una agenda estatal con miras al próximo proceso electoral.

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del partido, resaltó en una conferencia de prensa que el perfil de Martínez Alcázar se distingue por su experiencia administrativa y su capacidad para consolidar un proyecto político competitivo. La dirigencia sostiene que esta designación busca no solo fortalecer la estructura interna del PAN, sino también posicionar a Martínez Alcázar frente al electorado.

Un procedimiento judicial se desplegó en el boliche Kapital, en el barrio porteño de San Telmo, tras la denuncia de un joven de 19 años que afirmó haber sido golpeado por personal de seguridad. La intervención se produjo luego de que el hecho, ocurrido durante la madrugada del sábado, tomara notoriedad por la difusión de un video que mostraba al joven tendido inconsciente en el piso del establecimiento, ubicado sobre la calle Chile al 300.

Según indicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires a Infobae, el allanamiento se llevó a cabo a instancias de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 41, bajo la dirección del fiscal Mariano Camblong, y fue autorizado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, a cargo de Karina Andrade.

Personal de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y de Bomberos de la Ciudad acompañó el operativo, que incluyó la inspección integral del boliche. Durante el procedimiento, los agentes realizaron una inspección ocular de las instalaciones y recabaron registros planimétricos, fílmicos y fotográficos del lugar.

Además, se dispuso el secuestro de todas las cámaras de videovigilancia del establecimiento, computadoras y documentación considerada relevante para la investigación. De acuerdo con el MPF, estas medidas buscaron preservar toda la evidencia posible sobre lo sucedido la noche del incidente.

El caso

De acuerdo con información obtenida por Infobae, el episodio que motivó la intervención judicial ocurrió cerca de las 6:40 del último sábado. El joven, identificado como Leonel, había acudido al local junto a su grupo de amigos y permaneció en las mesas VIP. Según testimonios recogidos en el expediente, en el tramo final de la noche se produjo una discusión de pareja que derivó en una situación de tensión.

La preocupación de los allegados creció cuando uno de los amigos advirtió que personal de seguridad retiró al joven con violencia. Según el testimonio aportado por la novia, el grupo intentó seguirlos, pero fue interceptado por otro empleado de seguridad en la entrada del sector VIP.

Instantes más tarde, encontraron al joven inconsciente junto a un charco de sangre, mientras algunos asistentes intentaban grabar la escena con sus teléfonos. Los denunciantes sostienen que los empleados de seguridad intentaron impedir la obtención de imágenes utilizando punteros láser para bloquear las cámaras de los celulares.

El Ministerio Público Fiscal señaló que la causa se investiga como lesiones graves. El joven fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Argerich, donde los médicos constataron fractura de los huesos propios de la nariz, escoriaciones, equimosis en distintas partes del cuerpo y una lesión contusa cortante que requirió puntos de sutura. De acuerdo con la Fiscalía, el joven permaneció lúcido durante la atención, aunque sin recordar lo sucedido. Fue dado de alta en las últimas horas y se encuentra fuera de peligro.

En el transcurso de la investigación, la Fiscalía comenzó a recibir distintas declaraciones testimoniales y citó a otros posibles testigos directos para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Además, a partir de un relevamiento de fuentes abiertas, se identificaron notas periodísticas que contienen imágenes y videos viralizados vinculados al caso. Por esta razón, se solicitó a diferentes medios de comunicación y portales de noticias el envío urgente de filmaciones e imágenes relacionadas.

La medida de allanamiento incluyó la recolección de todos los registros digitales y físicos del local bailable. El objetivo fue asegurar pruebas que permitan esclarecer el episodio y verificar si las lesiones del joven responden, como sostiene la familia, a una agresión por parte de los empleados de seguridad, o si, como propone la versión difundida por el establecimiento, se trató de una caída accidental dentro del boliche.

El expediente, que permanece abierto, está bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Flagrancia Este. Tanto la familia como los allegados del joven solicitaron avances en la investigación y que se determinen las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, el local Kapital sigue funcionando sin que, hasta el momento, sus responsables hayan emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, fueron detenidas en una serie de allanamientos realizados en el barrio Empalme Graneros y otros puntos de la ciudad de Rosario como parte de una investigación por el homicidio de un joven. El brutal hecho ocurrió el 8 de marzo cuando balearon a Franco David Beltrán, de 20 años, crimen que vincularon con el narcomenudeo de la zona. Los operativos se realizaron en distintos barrios de la ciudad y permitieron secuestrar elementos clave.

El allanamiento fue coordinado por los fiscales Andrea Vega y César Cabrera de las unidades de Violencia Altamente Lesiva y de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), respectivamente. El procedimiento sucedió entre las calles Garzón al 1400, José Ingenieros al 2400 y múltiples puntos de Campbell al 1500 bis. Lograron encontrar materiales determinante para la investigación como sustancias ilegales, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

En total, incautaron 1,218 kilogramos de cocaína y 1,844 kilogramos de marihuana, así como 30 cartuchos calibre 9 milímetros y 10 cartuchos calibre 22. La suma de dinero secuestrada superó los 300 mil pesos. Entre los objetos hallados también se contaron un arma de fuego de fabricación casera, picadura de cannabis, nueve teléfonos celulares y dos tablets, de acuerdo a Cadena 3.

Con respecto a las investigaciones, que siguen en curso, el Gobierno de Santa Fe explicó: “Durante los requisas en estos domicilios fue clave la tarea del perro Kenzo, que encontró material estupefaciente alojado en una pared”. Los fiscales a cargo del caso aguardan los resultados de los peritajes sobre los dispositivos electrónicos y las sustancias secuestradas, mientraslos resultados de los peritajes. El avance de la causa dependerá del análisis de los elementos secuestrados y de las próximas diligencias judiciales.

El crimen

La investigación se originó por el fallecimiento de Franco David Beltrán, un joven de 20 años que fue hallado con heridas graves en la vía pública durante la madrugada del 8 de marzo. Minutos después, personal del servicio de emergencias médicas SIES constató el deceso. Según determinó la pesquisa inicial, el ataque habría sido ejecutado por un individuo a bordo de una motocicleta blanca.

Frente a la reconstrcción de hechos, los agentes judiciales analizaron el material de cámaras de seguridad disponibles, recopilaron testimonios y examinaron los antecedentes de la víctima. Gracias a eso, lograron realizar las detenciones de cuatro personas involucradas en el crimen.

A través del material recopilado por la Justicia, los invetigadores del Ministerio Público de la Acusación, lograron vincular el homicidio del joven y la venta de drogas en la ciudad de Rosario. Los datos obtenidos de los diferentes allanamientos arrojaron que la cantidad total de droga secuestrada superó los 3 kilogramos, distribuidos entre cocaína y marihuana.

En este marco, la fiscalía sostiene que el crimen de Beltrán responde a un ajuste de cuentas interno dentro del circuito del narcomenudeo de Rosario. Esta modalidad de violencia asociada al tráfico de drogas preocupa a las autoridades provinciales que se vuelve más regular y sigue creciendo en la provincia.

El material incautado refuerza la línea de investigación de la fiscalía sobre una conexión directa entre el homicidio y la comercialización de estupefacientes en distintos barrios de la ciudad. A partir de los dispositivos electrónicos secuestrados, el Ministerio Público de la Acusación busca determinar el alcance de las comunicaciones y posibles vínculos con otras personas o grupos dedicados al narcomenudeo.

Los antecedentes de Beltrán también formaron parte del expediente: había sido detenido en febrero por portación de arma de fuego, situación que ahora los fiscales Vega y Cabrera consideran relevante para comprender el contexto del asesinato. “Los antecedentes de la víctima y las denuncias previas por venta de drogas en su entorno fueron las piezas clave para reconstruir el móvil del hecho”, dijeron fuentes policiales a Telefe Rosario.

Una operación policial, llevada a cabo en la localidad bonaerense de Los Toldos, finalizó con la desarticulación de una plantación de marihuana y la detención de un hombre mayor de edad, según informó la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Junín.

El procedimiento, realizado este último lunes, se enmarca en la aplicación de la Ley 23.737 de estupefacientes y surge tras una investigación que permitió identificar la presencia de cannabis en una vivienda del barrio Pueyrredón.

El caso se inició a partir de información que alertaba sobre la posible existencia de plantas de marihuana en el domicilio mencionado.

Ante ello, personal de la DDI de Junín realizó tareas de inteligencia que permitieron verificar estos datos y avanzar en la solicitud de una orden de allanamiento. La petición fue elevada ante la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Junín, que habilitó el ingreso urgente al inmueble.

De acuerdo con lo informado por el portal Democracia, la intervención policial se concretó con la irrupción de los agentes en la vivienda señalada. Allí, se constató una plantación compuesta por 25 plantas de marihuana, cada una de aproximadamente 1,65 metros de altura. Este hallazgo fue respaldado por pruebas de orientación química realizadas en el lugar, las cuales arrojaron resultado positivo para cannabis.

Durante el procedimiento, los efectivos llevaron adelante el pesaje de las hojas y tallos secuestrados, estableciendo un total de 7,53 kilos de sustancia. Según se informó, la operación se desarrolló en el marco de un allanamiento de urgencia con autorización judicial, orientado a desactivar la producción y posible distribución de estupefacientes en la zona.

La autoridad judicial a cargo del caso dispuso la detención del morador de la vivienda. El acusado fue trasladado a dependencias policiales y quedó imputado por infracción a la Ley 23.737, que prevé penas de prisión para quienes cultiven, comercialicen o posean drogas prohibidas. La investigación continúa bajo la órbita de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Junín, que determinará la responsabilidad penal y las eventuales derivaciones del hecho.

En relación con el avance de la causa, el morador detenido quedó a disposición de la Justicia, que analizará las pruebas recolectadas y definirá los próximos pasos procesales. Entre los elementos secuestrados, además de las plantas, se encontraron insumos y herramientas presuntamente utilizadas para el cultivo y mantenimiento del cannabis.

Atraparon a un hombre con drogas y armas tras evadir un control

Días atrás, un hombre quedó detenido en el barrio Villa Boedo, de Córdoba, tras evadir un control policial y esconderse en la casa de una vecina. Cuando los agentes policiales lo encontraron, vieron que portaba una variedad de drogas y un revólver.

El operativo se desarrolló el lunes por la tarde en la intersección de Pedro Medrano y José Aycardoz, en el marco de un despliegue preventivo de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso intentó escapar a pie al advertir la presencia de los uniformados en la zona y se metió intespestivamente a una vivenda del barrio. Los efectivos observaron la maniobra e iniciaron un procedimiento para dar con el hombre.

Con el consentimiento de la propietaria, ingresaron a la vivienda y lograron reducirlo. Al revisar sus pertenencias, encontraron un morral que contenía un revólver calibre 22, un ladrillo de marihuana, 35 dosis de cocaína fraccionadas y una suma de dinero en efectivo.

En el operativo, también participó la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que prestó colaboración en el secuestro de los estupefacientes y el arma. Todo lo incautado fue trasladado a la comisaría correspondiente y quedó a disposición de la Justicia, que ahora deberá determinar la calificación legal y el avance de la causa. El sospechoso quedó alojado en sede policial y será indagado.

Agentes de la Fiscalía y la Policía boliviana allanaron este lunes en La Paz un departamento del expresidente Luis Arce (2020-2025) en el marco de una investigación contra su hijo, Luis Marcelo Arce Mosqueira, por los delitos de enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias y tráfico de influencias.

El operativo se realizó en horas de la mañana en un edificio del céntrico barrio de Miraflores, con la participación de fiscales de Santa Cruz de la Sierra y policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El fiscal Néstor Torres Tapia informó en rueda de prensa que durante la intervención se recolectó dinero, documentación sobre propiedades y movimientos financieros, además de dispositivos electrónicos como computadoras portátiles y memorias digitales.

“Se encontró documentación que va a ser procesada, el dinero no es una gran cantidad, más de 100 mil bolivianos (14 mil dólares)”, precisó Torres ante los periodistas locales. La autoridad agregó que se precintó el departamento ubicado en el piso diez, una baulera y los garajes correspondientes.

Luis Marcelo Arce Mosqueira, el hijo mayor del exmandatario, se encuentra con detención preventiva en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, tras ser capturado por la Policía el pasado 18 de marzo. La Fiscalía había emitido una orden de aprehensión en el caso que lo investiga por supuestas negociaciones irregulares vinculadas con recursos estratégicos del Estado, particularmente en hidrocarburos y litio, durante la presidencia de su padre.

Cuando fue detenido, Arce Mosqueira fue señalado por el Gobierno de Rodrigo Paz de hacerse pasar ilegalmente como funcionario de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En su defensa, al ingresar a su audiencia cautelar, el acusado calificó el caso como una medida “política” contra su familia. “Al final se hace justicia”, afirmó consultado por los periodistas.

Según informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, las supuestas ganancias ilícitas que se obtenían mediante contrataciones irregulares en YPFB se legitimaban a través de negocios familiares en el sector agroindustrial, por lo que los otros hijos del expresidente, Rafael y Camila, cuyo paradero se desconoce, también están siendo investigados por la Justicia.

Un reportaje periodístico de Connectas, reveló que los dos hijos menores obtuvieron también créditos millonarios para la adquisición de un predio agrícola y su desarrollo como campo de cultivo de maíz y soya. Adicionalmente, la investigación señala que habrían sido beneficiados con flexibilidades normativas y la construcción de un puente cerca del predio.

Mientras se desarrolla la investigación sobre estos casos, el exmandatario guarda detención preventiva desde el 12 de diciembre por una denuncia de abandono a una mujer embarazada, luego de que una alta exfuncionaria de su gobierno lo acusara de no reconocer la paternidad de su hijo. En paralelo, enfrenta cargos por el supuesto manejo irregular de recursos públicos en un proyecto de financiamiento para desarrollo campesino cuando era ministro de Economía en la gestión de Evo Morales (2006-2019).

Cuando Arce era presidente, evitó referirse a la situación judicial de sus hijos y fue solo tras el arresto temporal de su hijo mayor por un caso de violencia familiar que escribió en su cuenta de X: “Toda denuncia contra mis hijos, quienes son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos, debe investigarse y esclarecerse ante las instancias que correspondan como con cualquier otro ciudadano”.

La Fiscalía General del Estado realizó la madrugada del 17 de marzo de 2026 varios allanamientos vinculados a una investigación previa por presunto enriquecimiento ilícito contra el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora. Las diligencias incluyeron intervenciones en el despacho de la Alcaldía y en al menos dos domicilios relacionados con el burgomaestre, como parte de una indagación que se originó tras información remitida por la Contraloría General del Estado.

El operativo fue ejecutado por personal de la Fiscalía y de la Policía Nacional. Según informó la institución a través de sus canales oficiales, durante las diligencias se recabaron indicios y evidencias que ahora forman parte del proceso investigativo. Entre los elementos levantados constan computadoras, un teléfono celular, dispositivos de almacenamiento digital y documentación relacionada con la investigación.

La intervención en las instalaciones municipales y en los domicilios se enmarca en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, delito que en el Código Orgánico Integral Penal sanciona el incremento patrimonial injustificado de funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones o en relación con ellas. En este caso, las autoridades buscan determinar el origen de determinados movimientos financieros que habrían sido detectados durante una revisión administrativa.

El propio Zamora confirmó que su vivienda fue allanada durante la madrugada del martes. En un video difundido en redes sociales, el alcalde relató que agentes policiales llegaron alrededor de las 02:00 para ejecutar la orden judicial. Según su versión, el procedimiento se desarrolló sin incidentes y él permitió el ingreso de los uniformados para que cumplieran con las diligencias.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, la investigación se centra en movimientos financieros registrados en cuentas vinculadas al alcalde durante un período aproximado de cinco años, por un monto cercano a los USD 80.000 que, según la indagación preliminar, no contarían con justificación clara en los registros revisados por las autoridades.

Zamora rechazó las acusaciones y afirmó que los recursos cuestionados corresponden a préstamos realizados entre familiares y operaciones vinculadas a actividades empresariales. En sus declaraciones públicas, el alcalde sostuvo que los préstamos familiares son comunes y que los fondos provienen de personas con capacidad económica dentro de su entorno familiar. También señaló que parte de los depósitos investigados corresponderían a préstamos realizados por su padre a una de sus empresas para financiar operaciones.

Según el alcalde, estos movimientos financieros se habrían producido antes de que asumiera la Alcaldía de Cuenca, puesto que los registros examinados por la auditoría se remontarían al año 2020. Zamora agregó que los depósitos mencionados en la investigación fueron documentados mediante instrumentos notariales y que las personas que realizaron algunas transacciones serían trabajadores de su empresa, lo que explicaría su presencia en los registros bancarios.

Tras los allanamientos, el alcalde calificó el procedimiento como parte de una persecución política. “Quieren hacernos daño”, manifestó al referirse al proceso investigativo, y sostuvo que colaborará con las autoridades para aclarar el origen de los recursos cuestionados.

La Fiscalía, por su parte, no ha detallado aún los avances de la investigación ni si se formularán cargos en el corto plazo. El proceso se mantiene en fase de investigación previa, etapa en la que los fiscales recopilan información y evidencias para determinar si existen elementos suficientes que sustenten una acusación formal ante la justicia.

El caso ha generado reacciones en la ciudad de Cuenca. Durante la mañana posterior a los allanamientos, grupos de simpatizantes del alcalde se congregaron en los exteriores de una emisora radial local donde Zamora ofrecía entrevistas, expresando consignas de apoyo a la autoridad municipal.

Mientras tanto, las evidencias recabadas durante los allanamientos serán analizadas por los investigadores como parte del expediente. La Fiscalía deberá determinar si los movimientos financieros observados constituyen un incremento patrimonial injustificado.

El allanamiento de tres oficinas vinculadas a Panama Ports Company (PPC) realizado por el Ministerio Público marcó un nuevo episodio en la crisis institucional que rodea a la empresa portuaria, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, luego de la anulación de su concesión y la toma de control estatal de las terminales de Balboa y Cristóbal.

La diligencia fue confirmada por el fiscal superior de Atención Primaria, Azael Samaniego, quien explicó que la investigación se inició de oficio tras conocerse la posible comisión de un hecho ilícito.

Según detalló, las autoridades activaron las primeras actuaciones investigativas y ejecutaron el allanamiento como parte de los actos iniciales de pesquisa, sin precisar aún la titularidad jurídica de las oficinas intervenidas ni la naturaleza exacta del material incautado.

Durante el operativo, las autoridades retuvieron documentación que será objeto de análisis pericial, mientras que los locales quedaron bajo custodia temporal del Ministerio Público, con medidas de aseguramiento que incluyen cintas de prohibición de movimiento y control de acceso. Samaniego indicó que el procedimiento abarcó dos oficinas inicialmente y que se extendió a una tercera.

El fiscal sostuvo que la investigación está vinculada a un hecho ilícito puesto en conocimiento del Ministerio Público y aclaró que, por el momento, no es posible determinar si la documentación pertenece a una persona natural o jurídica.

En ese sentido, reiteró que el análisis del material incautado permitirá establecer responsabilidades y definir el alcance de la investigación.

El allanamiento ocurre en un contexto de alta tensión institucional tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la concesión portuaria otorgada en 1997 a PPC, decisión que puso fin al contrato que por más de dos décadas permitió a la empresa operar las terminales estratégicas de Balboa y Cristóbal.

La publicación del fallo en la Gaceta Oficial esta semana formalizó la terminación de la concesión y habilitó las actuaciones administrativas posteriores.

Tras la oficialización del fallo, el Gobierno panameño ejecutó la toma de control de las terminales portuarias, una medida que representó un cambio significativo en la administración del sistema portuario del país y abrió una nueva fase de transición operativa.

La decisión se sustentó en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio portuario y preservar la estabilidad logística nacional, dada la relevancia estratégica de ambas terminales para el comercio internacional.

Como parte del esquema transitorio, el Estado panameño contrató a APM Terminals Panamá S.A. para la operación del puerto de Balboa y a TIL Panamá S.A., filial de Mediterranean Shipping Company (MSC), para la administración del puerto de Cristóbal, bajo acuerdos temporales que contemplan un periodo de operación de 18 meses.

Este modelo busca asegurar la continuidad operativa mientras se define el futuro esquema de concesión o administración de las terminales.

En este escenario, el allanamiento del Ministerio Público introduce un componente judicial que podría ampliar el alcance de la investigación sobre la gestión de PPC y las actuaciones relacionadas con la concesión portuaria.

El año pasado, la Contraloría General publicó un informe de auditoría en el que advirtió indicios de una posible lesión patrimonial contra el Estado panameño vinculada a la concesión portuaria, prorrogada en 2021 por el gobierno anterior.

El fiscal Samaniego subrayó que la investigación se encuentra en fase preliminar y que las actuaciones buscan recabar elementos de convicción que permitan determinar la existencia de conductas ilícitas. Asimismo, explicó que el Ministerio Público actúa conforme a su facultad de iniciar investigaciones de oficio cuando tiene conocimiento de hechos que podrían constituir delitos.

Un día después de la toma de control de los puertos, la Contraloría General aprobó los contratos para la administración temporal de las terminales, con un monto total cercano a $41.9 millones destinados a la operación, mantenimiento y administración portuaria durante el período provisional.

En el caso del puerto de Balboa, la administración temporal quedó a cargo de APM Terminals Panamá S.A., mediante un contrato por $26,100,000 destinado a la operación, mantenimiento y gestión de la terminal en el Pacífico.

Por su parte, el puerto de Cristóbal será administrado por TIL Panamá S.A., filial de Mediterranean Shipping Company (MSC), bajo un acuerdo por $15,800,000 para la operación de la instalación en el Atlántico.

Por el momento, PPC no se ha pronunciado sobre el allanamiento a tres de sus oficinas ubicadas fuera de las terminales portuarias.

Un hombre de 36 años fue detenido en un importante operativo realizado este miércoles en la ciudad de Cruz del Eje, en el norte de la provincia de Córdoba. La aprehensión se produjo en el marco de una investigación dirigida contra una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes.

Como parte de las acciones impulsadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF), efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) ejecutaron, en simultáneo, dos allanamientos en diferentes puntos de la provincia: uno en la ciudad de Córdoba y otro en Cruz del Eje.

Según informó el portal del diario La Voz, la causa guarda relación directa con un caso anterior en el que dos mujeres, de 36 y 15 años, habían sido arrestadas tras un intento de ingresar varias dosis de cocaína al Establecimiento Penitenciario de Bouwer.

Durante los controles de rutina desarrollados por el Servicio Penitenciario, la sustancia fue detectada cuando la menor transportaba el estupefaciente, lo que derivó en la detención inmediata de ambas.

Tras el arresto de ayer miércoles, el hombre fue trasladado a sede judicial y permanece a disposición de la Justicia. La investigación y el seguimiento de la causa están a cargo de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Feria de la ciudad de Córdoba.

No se descartan nuevos procedimientos en las jornadas subsiguientes, ya que las líneas de la investigación abierta por el Ministerio Público Fiscal sugieren la posible existencia de otros implicados en el circuito de comercialización y entrega de drogas en el sistema carcelario. El hombre permanece en sede judicial mientras se define su situación procesal.

Desbarataron una banda que utilizaba un geriátrico como punto de venta de drogas

A mediados del mes pasado, el sur de Córdoba fue escenario de un despliegue policial que terminó con la detención de cinco integrantes de una banda narco familiar en las localidades de Leones y Marcos Juárez. La organización criminal utilizaba espacios residenciales y hasta un geriátrico para ocultar y comercializar drogas.

La organización tenía tres puntos confirmados para la venta y otros tres para guardar estupefacientes, según la información difundida por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

De esta manera, las investigaciones condujeron a múltiples allanamientos realizados de manera simultánea en diversos barrios claves, como La Fortuna, Centro y Sur de Marcos Juárez, y en la zona sur de Leones.

La modalidad operativa de la banda incluía la venta directa en viviendas transformadas en “kioscos”, así como también operaba como delivery. Incluso, utilizaban un geriátrico como punto de venta y acopio.

Entre las personas arrestadas figuran dos hombres de 32 y 35 años y tres mujeres de 33, 35 y 45 años. La FPA destacó el vínculo familiar entre gran parte de los detenidos, quienes desarrollaban distintas funciones dentro de la organización.

La investigación permitió identificar al principal responsable, un hombre condenado en 2018 por delitos vinculados al narcotráfico. Tras cumplir su pena, recuperó la libertad y volvió a orientar su actividad al narcomenudeo en la zona. Según la información brindada por la fuerza, el acusado manejaba personalmente la comercialización en su domicilio.

Durante los seis allanamientos, la FPA incautó 135 dosis de marihuana, 23 de cocaína, $693.000 en efectivo, una escopeta calibre 16, dos vehículos y distintos elementos vinculados a la investigación.

Los procedimientos fueron supervisados por la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con sede en Marcos Juárez, que quedó a cargo tanto de los elementos incautados como de la situación procesal de los detenidos.

Las investigaciones judiciales que tienen como eje a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia atravesaron una semana de fuerte actividad, aun en pleno inicio de la feria judicial de enero. Allanamientos simultáneos, levantamiento de secretos bancarios y fiscales, disputas por competencia entre juzgados y nuevas resoluciones mantuvieron en movimiento un entramado de causas penales que avanzan en paralelo en distintos fueros y jurisdicciones, con un denominador común: el análisis del manejo de fondos millonarios, tanto en el país como en el exterior, y el rol de estructuras vinculadas al fútbol profesional.

El frente más visible se consolidó este viernes, cuando el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky rechazó el pedido para apartarse de la investigación por presunto lavado de activos en torno a una mansión ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, valuada por peritos oficiales en USD 17 millones, y comunicó formalmente su decisión a su par de Campana, Adrián González Charvay, que deberá decidir si insiste con la inhibitoria. De hacerlo, el conflicto de competencia quedará en manos de la Cámara Federal de San Martín, como tribunal de apelaciones. Mientras tanto, la causa continuará tramitando en el juzgado porteño, con la feria judicial habilitada para la producción de nuevas medidas.

La causa de la mansión de Pilar se convirtió en uno de los ejes más sensibles del panorama judicial. El inmueble, emplazado sobre un predio de más de 100.000 metros cuadrados, cuenta con helipuerto, galpones y más de 50 vehículos de alta gama y de colección, valuados en casi USD 4 millones, lo que eleva el valor total del conjunto alrededor de USD 20 millones. Formalmente, la propiedad figura a nombre de la sociedad Real Central SRL, integrada por Luciano Pantano, monotributista, y su madre Ana Lucía Conte, jubilada. Para los investigadores, ninguno de los dos registra ingresos compatibles con la compra del predio -escriturado por USD 1,8 millones- ni con el mantenimiento de los bienes secuestrados.

Durante los allanamientos ordenados en el marco de esta causa se hallaron objetos y documentación que reforzaron las sospechas: una plaqueta del club Barracas Central, presidido por Matías Tapia, hijo del titular de la AFA, y cédulas de vehículos a nombre de familiares de otros directivos de la entidad. A ello se sumó un dato que Aguinsky destacó expresamente en su resolución de esta semana: Pantano utilizaba una tarjeta de crédito corporativa de la AFA, con consumos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos, entre ellos gastos vinculados a los automóviles secuestrados. Para el juez, ese elemento ubica a las autoridades de la AFA en el “epicentro” de la investigación y refuerza la hipótesis de un posible esquema de interposición de prestanombres.

En lo inmediato, el magistrado evalúa avanzar con nuevas medidas probatorias. Entre ellas, la eventual citación como testigos de dos pilotos de helicóptero ya identificados, que aterrizaron en reiteradas ocasiones en el helipuerto de la mansión. Ante la inexistencia de registros de pasajeros, se les preguntará bajo juramento a quiénes transportaron en esos vuelos, como parte de la estrategia para identificar a los reales beneficiarios del inmueble. Para los investigadores, en Pilar solo se encuentra el bien material, mientras que el presunto delito económico se habría articulado fuera de esa jurisdicción, extremo que sustenta la competencia del fuero penal económico porteño.

En paralelo, el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial advirtió que esta causa podría guardar relación con otro expediente de alto impacto que golpea directamente a la cúpula de la AFA: la investigación por presunta evasión y apropiación indebida de aportes previsionales. En ese expediente, radicado en el juzgado a cargo de Diego Amarante, se imputó formalmente a Tapia, al secretario general Cristian Malaspina y al director general Gustavo Lorenzo.

La denuncia, presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sostiene que entre 2024 y 2025 la AFA habría retenido y no depositado en tiempo y forma casi $19.353 millones correspondientes a aportes y contribuciones de la seguridad social. Amarante habilitó la feria judicial para avanzar con medidas de fondo, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de los imputados, al considerar que la reiteración de los incumplimientos y el volumen del dinero bajo análisis justificaban continuar la pesquisa sin demoras.

Otro capítulo relevante del derrotero judicial vinculado al universo de la entidad a cargo de Tapia se desarrolló en los tribunales federales de Lomas de Zamora. Allí, el juez Luis Armella impulsó allanamientos simultáneos en la sede de la AFA de la calle Viamonte, en el predio de Ezeiza y en el domicilio del empresario teatral Javier Faroni, titular de la sociedad TourProdEnter LLC, constituida en Florida en 2021.

Esta empresa fue designada por la AFA como agente comercial exclusivo para administrar ingresos y pagos en el exterior, en un contexto marcado por el endurecimiento del cepo cambiario. Según documentación incorporada al expediente, entre 2022 y 2025 TourProdEnter LLC administró más de USD 260 millones en cuentas abiertas en bancos estadounidenses, provenientes de sponsors internacionales, derechos de transmisión, plataformas digitales y partidos amistosos de la selección argentina en distintos continentes.

Faroni fue interceptado esta semana en Aeroparque cuando intentaba viajar a Uruguay, luego de haber permanecido apenas 12 horas en el país. Si bien no quedó detenido, Armella —a pedido de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)— le impuso una restricción de salida del país y ordenó el levantamiento del secreto bancario, financiero y bursátil del empresario, de su esposa Erica Gillette y de otras personas vinculadas a la firma.

La investigación de Armella se inscribe, a su vez, en un entramado más amplio que involucra a Sur Finanzas PSP S.A., la financiera de Ariel Vallejo, empresario que reconoció públicamente su cercanía con Tapia y cuyo nombre aparece asociado a contratos de sponsoreo y préstamos a clubes del fútbol argentino. En esa causa ya hay detenidos procesados por encubrimiento agravado, entre ellos la tesorera de la firma, sorprendida retirando computadoras de un galpón allanado en Turdera.

Durante esta semana, la Cámara Federal de La Plata, con voto del camarista Jorge Di Lorenzo, resolvió un conflicto de competencia entre Armella y su colega Federico Villena. El tribunal decidió que Villena continúe al frente de la denuncia presentada por ARCA contra Sur Finanzas por presunta evasión tributaria y lavado de dinero, al descartar -por el momento- la conexidad con la causa que tramita en el juzgado de Armella.

La resolución determinó que ambos expedientes seguirán su curso en paralelo, con la feria judicial habilitada y nuevas medidas en evaluación.

Ante la Comisión de Acusaciones e Investigaciones de la Cámara de Representantes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, solicitó la suspensión provisional de la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia, argumentando que la funcionaria habría continuado actuando en procesos en su contra pese a haber sido recusada y retirada del caso.

“Hoy ante la Comisión de Acusaciones he solicitado la suspensión provisional de la magistrada Cristina Lombana por la continuación de la comisión de faltas disciplinarias en su cargo y porque continúa actuando sin competencia alguna practicando pruebas a personas que no debería estar involucrando en mis procesos”, expresó el ministro en su cuenta de X.

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De igual manera, el funcionario, que se presentó en la célula legislativa el miércoles 17 de diciembre de 2025, recalcó que su petición se produce tras un allanamiento realizado en una de sus viviendas en el departamento de Atlántico, hecho que el ministro considera carente de fundamento jurídico.

En declaraciones a los medios de comunicación, el jefe de cartera considera que la magistrada se ha excedido en sus funciones, y aseveró que, más que un lío judicial, es una disputa personal.

“Vengo a ampliar la denuncia contra Cristina Lombana porque ella se ha extralimitado de sus funciones. Ella, por ejemplo, está recusada dos veces, en la cual la Sala de la Corte le ha dicho: ‘No puede investigar a Benedetti enriquecimiento ilícito’. Y lo que ella hace es abrir otra investigación. Entonces, me han estado investigando dos veces por el mismo delito”, afirmó Benedetti a la prensa nacional.

Del mismo modo, el alto funcionario cuestionó la labor de Lombana, asegurando que estaría involucrando a personas de su entorno familiar para recopilar pruebas en su contra.

“Ella lo que ha venido haciendo es que fracciona las investigaciones para entonces buscar otras pruebas y al mismo tiempo está investigando 56 familiares míos que no veo alguno de ellos hace diez años. O que una exmujer mía, que no lo es desde el año 1987, y quien no veo hace como veinte años. Entonces, ella es desmedida y se extralimita en sus funciones”, recalcó.

Finalmente, Armando Benedetti apuntó que “es la primera vez que esto sucede en el país”.

La diligencia se realizó ante la representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. No obstante, la decisión sobre la suspensión provisional de Cristina Lombana no recae en la presidenta de la Comisión, sino que deberá ser tomada por el triunvirato de investigadores que integran la corporación, conforme al procedimiento establecido.

Cuál fue la polémica entre Armando Benedetti y Cristina Lombana

La polémica entre Armando Benedetti y la magistrada Cristina Lombana surgió después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara el 11 de noviembre de 2025 un allanamiento a la vivienda de Benedetti en Barranquilla, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Benedetti respondió de forma agresiva, llamando a Lombana “loca” y “delincuente”, y la acusó de persecución y abuso de poder. También, cuestionó la competencia de Lombana para investigarlo, ya que argumentó que dejó de ser congresista en 2022 y consideró que la investigación carecía de pruebas.

La magistrada Lombana, por su parte, reconoció en una carta dirigida al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que lideró la diligencia de allanamiento, pero aseguró que actuó acompañada de uniformados que se comportaron correctamente y que se garantizó la protección de la información, cumpliendo con la ley.

No obstante, Benedetti la acusó públicamente de mentir y sostuvo que “ya la Sala de Instrucción dijo que usted se extralimitó en sus funciones, así que responda más bien por su nuevo abuso de poder”.

La Corte Suprema rechazó públicamente los insultos de Benedetti, advirtiendo que el lenguaje usado podía afectar el curso de la investigación y la confianza en la justicia.

Las declaraciones de Benedetti generaron rechazo en distintos sectores judiciales y políticos, lo que lo llevó a ofrecer disculpas públicas.

El ministro manifestó: “He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación y eso no refleja quién quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana. Sin embargo, esto no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso de poder contra mí y mi familia”.

La Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes citó al ministro del Interior, Armando Benedetti, a presentarse en el recinto de la comisión el 17 de diciembre de 2025 con el objetivo de que amplíe una denuncia. La citación fue realizada por la representante a la Cámara Gloria Elene Arizabaleta Corral.

“En cumplimiento del Auto de sustanciación No. 01 de diciembre de 2025, proferido por la suscrita representante investigadora, procedo a citarlo a diligencia de RATIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA DENUNCIA”, detalló la congresista en la comunicación enviada al ministro.

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Si el jefe de la cartera decide asistir a la diligencia, deberá ampliar la denuncia que hizo contra la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana. El 11 de noviembre de 2025, el ministro informó a través de sus redes sociales que una residencia ubicada en Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia (Atlántico) fue allanada por la togada y otros funcionarios de la Dijín, la Sijín, el Goes y la Policía de Infancia.

Benedetti aseguró que el procedimiento fue ilegal porque no hace parte del Congreso de la República y por ese motivo la Corte Suprema de Justicia no debería investigarlo ni avalar órdenes de allanamiento. En consecuencia, insultó a la magistrada Lombana y la tildó de loca por haber estado presente en la diligencia.

“En estos momentos estoy hablando como papá, sobre todo. En este momento, se está allanando mi hogar por parte de la magistrada Lombana, quien está completamente loca, demente y además es una delincuente”, señaló el ministro del Interior, indicando, además, que la magistrada habría intimidado y hostigado a su esposa, Adelina Guerrero, en medio del procedimiento.

El testimonio de Adelina Guerrero: “Muy humillante”

La mujer expuso lo que vivió en una entrevista con Caracol Radio, en la que aseguró que hubo un amplio despliegue de hombres armados en la propiedad, lo cual, a su juicio, no correspondía al tipo de procedimiento que hicieron. Aunado a ello, señaló a la togada de haberla tratado de manera denigrante durante el allanamiento.

Además, afirmó que fue presionada a responder las preguntas que se le formularan, so pena de ser recluida en un centro carcelario por al menos un mes. Incluso, al parecer, su abogado tuvo que intervenir y solicitar a la magistrada que detuvieran la sesión de cuestionamientos, teniendo en cuenta que Guerrero no debía estar siendo sometida a un interrogatorio.

“La magistrada me habló de una manera muy humillante, muy descalificativa. En todo momento me habló de una forma denigrante (…). Me hablaba de que yo no sabía de ley, que yo no sabía de derecho (…). En un momento ella llegó a hacerme unas preguntas y antes de hacerme las preguntas me amenazó que si yo le contestaba de una manera que no era la correcta, me metían en la cárcel 30 días”, detalló la esposa del ministro al medio de comunicación citado.

Magistrada Lombana explicó por qué llevó a cabo el allanamiento

La togada se pronunció sobre los hechos, indicando que la diligencia respondió a una investigación que yace en contra de Armando Benedetti en su despacho –sin aclarar de cuál se trata–. Aunado a ello, aseguró que los funcionarios a los que dirigió en el procedimiento actuaron con diligencia durante todo el proceso de allanamiento.

“Debo destacar del personal que acompañó la diligencia, la disciplina, el resguardo de la información y, sobre todo, el respeto por la ley, lo que permitió que la actividad probatoria se adelantara con todo éxito”, precisó la magistrada en una carta enviada al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

La Justicia allanó un galpón en la localidad bonaerense de Turdera y encontró gran cantidad de cajas con documentación de la empresa Sur Finanzas. También un CPU, cajeros automáticos, cajas fuertes de dimensiones y de seguridad más pequeñas.

Allí la Policía Federal Argentina (PFA) encontró a la tesorera de la financiera, Micaela Sánchez, moviendo cajas y celulares. Sospechan que estaba llevándose pruebas claves. Al entender que se trataría de un intento por entorpecer el avance de la investigación, el juez Luis Armella ordenó su detención.

Además, también se requisó el domicilio personal de esta empleada y un local de computación.

Llamado de un vecino

El hallazgo ocurrió luego del llamado de un vecino a la fiscalía de Lomas de Zamora a cargo de Cecilia Incardona. El hombre, cuya identidad se mantiene en reserva, contó que había visto cuatro camionetas ploteadas con el nombre de la financiera investigada por supuesto lavado de activos estacionar en el lugar para descargar todo tipo de cosas e ingresarlas al galpón.

La fiscal comunicó la información recibida al juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien tras tareas de inteligencia en el lugar ordenó el allanamiento.

El hombre que llamó a la fiscal dijo ser un comerciante de 72 años, de la zona de Turdera y le contó que hace unos 20 o 25 días vió por la tarde las camionetas que “hacían una mudanza”.

Contó que observó cómo ingresaban cajas al galpón ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 11818, “al lado de un lavadero de autos, a 20 metros del Outlet de Turdera”, detalló, según informaron a Infobae fuentes judiciales.

“Trajeron un montón de cajas” y además hicieron varios viajes en esa misma tarde, narró.

Al hombre le llamó la atención que los vehículos iban y venían muy rápido y precisó que camionetas serían marca Toyota SW4.

“Era evidente que cambiaban cosas de lugar” dijo en la llamada porque, incluso, no levantaron la persiana del galpón sino que entraban por una puerta existente al costado.

El hallazgo

Con base en esa información, la fiscalía le solicitó al juez Armella que constate el domicilio y en caso de que coincida con la descripción dada por el informante, autorice el allanamiento.

El magistrado ordenó el procedimiento al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal.

Al llegar al lugar encontraron una de las camionetas y una mujer que cargaba cajas: se trataba de la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sanchez.

En el vehículo había documentación y 5 celulares escondidos debajo del asiento, precisaron las fuentes.

La policía ingresó al lugar y encontró gran cantidad de cajas con documentación de la empresa. El procedimiento continuaba para inventariar todo lo encontrado.

Qué se investiga

Vallejo es investigado por supuesto lavado de dinero y en ese marco esta semana se ordenaron 33 allanamientos, entre ellos a sedes de la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares.

Entre los clubes allanados están San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas.

También el predio de la AFA en Ezeiza y la sede de la Superliga Argentina de Fútbol.

Se busca establecer si existe una conexión entre Sur Finanzas y la AFA, que actuaría en muchos casos como intermediaria con los clubes en las gestiones con la financiera, explicaron fuentes del caso.

Armella es juez federal de Quilmes y subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, que investiga una supuesta maniobra de lavado de activos vinculada a la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de los fondos de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que no fue devuelta.

En esta causa, Vallejo se presentó en el juzgado de manera voluntaria para entregar su teléfono celular, con el objetivo de que sea peritado.

La fiscalía sostuvo que esa estructura, sumada a la actuación de las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y el propio club, presenta un vínculo directo con la supuesta colocación de fondos ilícitos mediante los servicios de Sur Finanzas PSP S.A..

En su planteo, Incardona señaló que “existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desarrollada por las autoridades del Club Banfield”; las personas jurídicas vinculadas; y la “utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar las ganancias ilícitas obtenidas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pago”.

Se trata de una investigación previa a la que luego se abrió por denuncia de ARCA, que también tiene como centro a Sur Finanzas y que por el momento está en otro juzgado, el federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena.

La fiscal planteó que esta última causa debe ser remitida por “conexidad” a la que ya tenía abierta el juzgado a cargo de Armella, un conflicto que resolverá la Cámara Federal de La Plata.

Angie Rodríguez, que ejerció como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), denunció el miércoles 3 de diciembre un allanamiento e intimidación en su vivienda familiar ubicada en el barrio Los Molinos, localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.

Según la denuncia, el viernes 21 de noviembre, cinco hombres de civil ingresaron a su residencia entre las 2:05 y las 3:17 de la madrugada, ocasionando daños en puertas, chapas, ventanas, muebles y elementos personales, pero sin sustraer objetos de valor económico, excepto monedas de las alcancías de su hijo y documentos personales en una bolsa azul.

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En su video de denuncia, Rodríguez afirmó que el hecho no correspondió a delincuencia común, sino que presuntamente fue ejecutado por personas con conocimientos en seguridad y con intención de acceder a documentos relacionados con sus funciones públicas.

Asimismo, Rodríguez enfatizó que los atacantes conocían la ubicación de sus pertenencias y los sistemas de seguridad, lo que indica planificación y conocimiento experto: “Quiero hacer énfasis en lo siguiente: según análisis que me han suministrado expertos en materia de seguridad, no fue delincuencia común y tendrían inteligencia. Los patrones de comportamiento como saber la ubicación de circuitos de seguridad, estar con elementos que impiden su identificación visual y dactilar, así como conocer qué pertenencias estaban en la casa de mis padres y la forma de acceder solo es de personas expertas en la realización de este tipo de hechos delincuenciales”.

El mensaje de Gustavo Bolívar a Angie Rodríguez

Tras la denuncia de Angie Rodríguez, Gustavo Bolívar se pronunció en su cuenta de X para respaldar públicamente a la exdirectora del Dapre. En su mensaje, Bolívar subrayó que los funcionarios públicos que desempeñan roles estratégicos dentro del gobierno pueden verse expuestos a hostigamientos, amenazas y presiones internas, en especial cuando participan en la toma de decisiones con impacto político o social significativo.

“El precio de tocar intocables. El precio de subir donde quieren estar otros. El precio por entrar al hoyo negro de la política, donde priman las deslealtades, las envidias, las intrigas, la hipocresía, el odio. RT ¡Ánimo Angie! Como dice el dicho, lo que no te destruye te hace más fuerte", escribió.

Estas declaraciones se suman a las del ministro del Interior, Armando Benedetti, que expresó: “A pocas personas he querido cuando hemos trabajado juntos. Angie Rodríguez es una de ellas, a quien le reconozco su inteligencia y su eficacia en su trabajo. Me duele ver cómo su casa fue vulnerada y ultrajada. Solidario con ella a muerte”.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, también mostró respaldo a la exfuncionaria del Gobierno: “Nuestra total solidaridad con la directora del Dapre, Angie Rodríguez. Toda la disposición de la Defensoría del Pueblo para apoyar lo que pueda ser oportuno y necesario“.

Rodríguez fue designada directora del Dapre, entidad encargada de coordinar las políticas administrativas de la Presidencia de la República, supervisar los recursos de apoyo logístico y administrativo, y garantizar la eficiencia en la gestión de la Casa de Nariño. Previamente, como gerente del Fondo de Adaptación, lideró proyectos orientados a la reconstrucción de zonas afectadas por desastres naturales, administración de recursos públicos y seguimiento a obras de infraestructura social.

Avances judiciales

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación sobre los hechos denunciados por la exdirectora del Dapre, con el objetivo de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del allanamiento. La Fiscalía de Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá asumió el caso desde el 24 de noviembre, fecha en la que Rodríguez presentó la denuncia formal.

En este proceso se están recopilando videos de seguridad, análisis de expertos en protección y pruebas documentales para determinar si los actos constituyen concierto para delinquir o algún otro delito relacionado con la seguridad de funcionarios públicos.

Rodríguez solicitó que su seguridad, así como la de su hijo y padres, se mantenga o refuerce; y pidió que las autoridades garanticen que se investigue si los daños y la toma de documentos tuvieron relación directa con sus funciones en la Presidencia y en el Fondo de Adaptación. “Al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, compañero de gabinete, y al director de la Policía General, general William Rincón Zambrano, les solicito que mi seguridad permanezca siendo la que tengo hasta el momento, incluidos los policías que me acompañan y los vehículos que tengo asignados. Y teniendo en cuenta los hechos ocurridos, solicito seguridad para mis padres y para mi hijo”, aseguró.

Hasta ahora, no se han reportado capturas por estos hechos y las autoridades continúan evaluando las medidas necesarias para garantizar la protección de la exdirectora y su familia.

La salida de Angie Lizeth Rodríguez del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) fue el punto de partida para una serie de pronunciamientos que rodearon las circunstancias de su retiro del Gobierno.

La ahora exfuncionaria, que también ocupaba el cargo de secretaria general de la Presidencia, hizo pública su versión sobre los hechos que, aseguró, habrían puesto en riesgo su integridad y la de sus familiares.

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En un video de aproximadamente seis minutos, Rodríguez describió un allanamiento violento a su residencia. Según su relato, el hecho no correspondió a un caso de hurto común, pues aseguró que los intrusos mostraron conocimiento detallado sobre la ubicación de sistemas de seguridad y objetos personales en la vivienda que compartía con su familia. “Según análisis que me han suministrado expertos en materia de seguridad, no fue delincuencia común y tendrían inteligencia”, afirmó.

Rodríguez agregó que los agresores se movilizaron con elementos que impedían su identificación y actuaron con precisión frente a los dispositivos instalados en el inmueble. “Los patrones de comportamiento, como saber la ubicación de circuitos de seguridad, estar con elementos que impiden su identificación visual y dactilar, así como conocer qué pertenencias estaban en la casa de mis papás y la forma de acceder, solo es de personas expertas en la realización de este tipo de hechos delincuenciales”, aseguró.

Pese a que en la vivienda había objetos de valor, los intrusos solo sustrajeron una bolsa con documentos personales. Rodríguez señaló que la motivación del ataque estaría orientada a buscar información relacionada con su labor en el Gobierno; y mencionó que, entre los elementos tomados, estaban las monedas de dos alcancías pertenecientes a su hijo, marcadas con su nombre. “Hoy lo que más me duele como mamá es verme obligada a sacarlo en los próximos días de nuestro país”, indicó.

El mensaje de solidaridad de Armando Benedetti

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó con un mensaje en su cuenta de X dirigido a Rodríguez, luego de que ella difundiera un video en el que relató lo ocurrido en su vivienda el pasado 21 de noviembre.

“A pocas personas he querido cuando hemos trabajado juntos. Angie Rodríguez es una de ellas, a quien le reconozco su inteligencia y su eficacia en su trabajo. Me duele ver cómo su casa fue vulnerada y ultrajada. Solidario con ella a muerte”, escribió el funcionario en la red social.

Y es que, además del allanamiento, Rodríguez declaró que tendría conocimiento de reuniones entre personas que, presuntamente, habrían buscado su salida de la Casa de Nariño. En su mensaje, solicitó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y al director de la Policía, general William Rincón Zambrano, que se mantuvieran las condiciones actuales de seguridad asignadas para ella, sus padres y su hijo.

La exdirectora informó que ya radicó la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y que la Sijín tiene conocimiento de los hechos. Insistió en que las autoridades deben establecer responsabilidades y avanzar en las indagaciones sobre lo ocurrido en su residencia el 21 de noviembre.

Motivos de su retiro del Dapre

La denuncia de Rodríguez se conoció poco después de que se confirmara su salida del Dapre, cargo que ocupó desde febrero de 2025. Su retiro, oficializado el 1 de diciembre, habría estado marcado por desacuerdos internos con miembros del Gobierno. Entre las tensiones que se hicieron públicas, resaltó la discusión generada por la postulación de José Alexis Mahecha a un cargo directivo en la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC). Rodríguez se opuso a este nombramiento, lo que produjo un conflicto dentro del Ejecutivo.

El presidente Gustavo Petro mantuvo su respaldo a Mahecha, que había sido director administrativo del Dapre y salió previamente del cargo por discrepancias con Rodríguez. Este episodio se convirtió en un punto determinante en el proceso que llevó a la salida de la funcionaria.

Rodríguez asumió la dirección del Dapre tras la salida de la excanciller Laura Sarabia, consolidándose como una de las figuras centrales de la administración. Tras su retiro del cargo, Letty Leal, subdirectora del Dapre, asumió temporalmente la dirección mientras se define una designación de carácter permanente.

Un operativo en el barrio La Perla, del municipio de Sardinata, en Norte de Santander, terminó con la captura de Angelmiro Torres Silva, un hombre que se movilizaba en silla de ruedas y tenía en su poder una escopeta y cerca de tres kilogramos de base de coca.

De acuerdo con información divulgada por la policía del departamento y conocida por el diario cucuteño La Opinión, el procedimiento fue ejecutado por efectivos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) de la Policía de Norte de Santander (Denor), adscritos al grupo de estupefacientes, con apoyo del Ejército.

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El informativo detalló que Torres Silva fue sorprendido durante un allanamiento con una escopeta de madera y aproximadamente 2.958 gramos de base de coca.

La diligencia fue autorizada por la Fiscalía 19 seccional de la estructura de apoyo EDA de Cúcuta. Las autoridades confirmaron que el detenido, además, cuenta con antecedentes por concierto para delinquir y habría formado parte de distintas bandas criminales de la zona.

Tras su detención, un juez municipal con funciones de control de garantías en Sardinata dictó medida de detención domiciliaria en su contra, dado que el capturado presenta una discapacidad física. El proceso judicial seguirá mientras permanece bajo custodia en su residencia.

Fuerzas Militares destruyeron laboratorio del ELN en Norte de Santander: decomisaron media tonelada de cocaína

Una operación conjunta de las Fuerzas Militares permitió la destrucción de un laboratorio del ELN en la vereda El Carrizal, Ocaña, con la incautación de 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína y grandes volúmenes de insumos, según fuentes oficiales.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, la acción representa una afectación directa a la estructura financiera ilícita del Frente Camilo Torres Restrepo, responsable del procesamiento y comercialización de drogas en la región.

El procedimiento, desarrollado el sábado 27 de septiembre, incluyó la coordinación de tropas del Ejército Nacional y la Policía Nacional en una zona estratégica para el narcotráfico en el noreste de Colombia.

Las unidades localizaron la instalación clandestina y confiscaron 317 galones de pasta base en proceso, 490 galones de insumos líquidos y 116 kilogramos de insumos sólidos. Según las autoridades, el golpe financiero para el ELN supera los $4.000 millones, debilitando un eslabón fundamental de su economía ilícita.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, valoró el impacto de la ofensiva estatal. “Un duro golpe a las finanzas del narcotráfico que alimenta la violencia en la región”, expresó el funcionario, en redes sociales.

Sánchez destacó el trabajo conjunto: “Cada operación de este tipo debilita las estructuras ilegales, libera territorios y devuelve tranquilidad a nuestras comunidades”.

En un mensaje dirigido a quienes persisten en actividades ilegales, el ministro subrayó la necesidad de abandonar el crimen. “El camino de la legalidad siempre será más fuerte y duradero que el de la violencia”, afirmó Sánchez, e instó a reconstruir vidas al margen del delito.

Además, reiteró la importancia de la denuncia ciudadana como clave en el combate contra el narcotráfico, recordando las líneas habilitadas para informar sobre estos delitos con absoluta reserva.

De forma paralela, el 25 de septiembre de 2025, tropas del Grupo de Caballería Mediano N° 5 General Hermógenes Maza y la Sijin Mecuc ejecutaron una segunda operación en San Cayetano (Norte de Santander).

Allí, las autoridades desmantelaron otro laboratorio del ELN y decomisaron 240 kilos de sustancias sólidas, más de mil galones de insumos líquidos, 100 kilos de insumos sólidos, 50 kilos de clorhidrato de cocaína y equipos industriales. El complejo pertenecía al Frente Urbano Carlos Germán Velazco Villamizar y que la organización dejaría de recibir cerca de mil millones de pesos por la producción de estupefacientes.

Las autoridades enfatizaron que estas acciones coordinadas refuerzan la presencia estatal, afectan el flujo de recursos hacia organizaciones armadas y buscan devolver condiciones de seguridad a las comunidades de Norte de Santander, una zona afectada históricamente por la violencia y el narcotráfico.

Un allanamiento en Río Cuarto por un caso de robo domiciliario derivó en el hallazgo de 240 ladrillos de marihuana y dos de cocaína por parte de la Policía de Córdoba.

El procedimiento se realizó este jueves en una vivienda ubicada en Pasaje Público al 3300, en el barrio 400 Viviendas.

La intervención policial se originó a raíz de una investigación por un robo. Al ingresar al inmueble, los efectivos se toparon con una cantidad significativa de drogas, lo que motivó la inmediata participación de la Justicia Federal, de acuerdo con fuentes consultadas por El Doce.

Además de los estupefacientes, en el lugar se incautaron armas de fuego de grueso calibre y chalecos antibalas que llevaban inscripciones de la fuerza de seguridad provincial.

El procedimiento concluyó con la detención de un hombre de 31 años y una mujer de 24. Según trascendió, el individuo arrestado poseía frondosos antecedentes penales y, al momento del operativo, se encontraba bajo libertad condicional.

Si bien la orden de allanamiento había sido emitida por el Juzgado de Control, el descubrimiento de la droga provocó que la Fiscalía Federal de Río Cuarto asuma la investigación, ampliando el alcance judicial del caso.

Córdoba: así operaba “Manitos blancas”, un narco boliviano que ocultaba la droga en baldes de pintura

Hace un mes, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó la prisión preventiva de Hugo “Huguichi” Hermosa Vacaflor, un ciudadano boliviano de 55 años conocido como “Manitos blancas”, acusado de liderar una organización dedicada al tráfico de cocaína que utilizaba una pinturería como fachada y ocultaba la droga en baldes de pintura.

El juez federal Alejandro Sánchez Freytes determinó que Hermosa Vacaflor actuaba como jefe, asignaba tareas, controlaba la recaudación y coordinaba la logística para el ingreso y distribución de estupefacientes desde Bolivia hacia Argentina. Las conversaciones intervenidas revelaron instrucciones directas sobre la entrega de la droga y el dinero, así como el uso de códigos como “pescado”, “rabas” o “tacho de pintura” para referirse a la cocaína y sus cantidades.

La investigación, iniciada tras la incautación de teléfonos celulares y la detección de contactos clave como “Inge 890” e “Inge”, permitió identificar a varios integrantes de la banda. Entre ellos, Antony Amadeus “Tomás” Delki Antezana, de origen peruano, señalado como mano derecha de Hermosa Vacaflor, y Yohana Villarreal, pareja de Delki, quienes fueron grabados trasladando mochilas y valijas con droga o dinero entre distintos domicilios de Córdoba capital.

Durante los allanamientos realizados en barrios como Centro, Villa Martínez, Argüello y Ameghino Norte, así como en la Comuna San Roque y Malvinas Argentinas, se detuvo a ocho personas y se incautaron 66,5 kilos de cocaína, valorados en aproximadamente USD665.000, junto a más de USD153.000, 15 millones de pesos, 8.760 euros y 20.000 bolivianos. En la vivienda de Hermosa Vacaflor se hallaron USD48.900 y $340.000, mientras que en la de su expareja se encontraron $9.130.500, USD33.850, 8.760 euros y 20.000 bolivianos. Delki y Villarreal ocultaban $308.170 y USD70.540 en su residencia, además de $6.554.200 y USD250 en un departamento del centro.

El esquema delictivo incluía la participación de otros cómplices, como Osvaldo Miguel “Chino” Cejas, quien utilizaba su vivienda como “búnker” para almacenar y vender la sustancia, y Gustavo Fernando “el Pili” Cabello y Brian Daniel Palacio, encargados de custodiar y comercializar la droga. Las operaciones de venta se realizaban mediante la modalidad delivery y al menudeo, con la recaudación entregada diariamente al líder de la banda.

La Cámara Federal declaró desistida la apelación de Delki y ratificó la prisión preventiva de Hermosa Vacaflor por los delitos de organización para el comercio y distribución de estupefacientes, asociación ilícita y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, según informó el Ministerio Público Fiscal.

La reciente decisión de la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, de ordenar un allanamiento en la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, sigue siendo tema de polémica en el Ejecutivo.

La diligencia, ejecutada con la colaboración de la fuerza pública, fue señalada por el propio Benedetti y su pareja, Adelina Cobo, de presentar irregularidades y supuestas extralimitaciones frente a sus hijos menores.

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En su último pronunciamiento al respecto, Benedetti indicó: “Pésele a quien le pesare, hoy soy víctima del abuso y la extralimitación de Cristina Lombana, de ultraderecha. No encontraron nada en el allanamiento, soy inocente, he dado la cara a la Corte Suprema, y todos los tonticos que son de derecha no han presentado ni una sola prueba de un negocio de enriquecimiento ilícito (...)“.

Frente a esta polémica, Lombana defendió su actuación mediante una carta dirigida al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la que detalló el respaldo operativo recibido y rechazó las acusaciones de abuso en el procedimiento.

En la misiva, la magistrada subrayó que ella misma lideró tanto la planeación como la ejecución de la diligencia, y que el allanamiento se realizó “con fundamento en el artículo 293 de la Ley 600 de 2000”, en el desarrollo de una investigación formal contra contra el hoy ministro del Interior, según consta en la comunicación remitida a Sánchez.

“En relación con las manifestaciones que se han publicitado en medios de comunicación, quiero aclararle al señor Ministro de la Defensa que personalmente dirigí el planeamiento y ejecución de la diligencia de allanamiento (...)”, indica la carta dirigida a Sánchez.

Lombana enfatizó que dispuso el acompañamiento de unidades de diferentes especialidades policiales, incluyendo Dijín, Sijín y Goes, equipos cuyos integrantes desconocían la naturaleza de la misión hasta el momento mismo de su ejecución. De esta manera, la magistrada agradeció abiertamente el respaldo recibido por parte del Ministerio de Defensa.

“Quiero agradecerle el acompañamiento que la fuerza pública prestó a las diligencias judiciales que se adelantaron en el marco de las competencias que le asigna a esta Magistratura los artículos 114, 142 y 312 de la Ley 600 de 2000“, se lee expresamente en el documento.

Además, en respuesta indirecta a los señalamientos lanzados por Benedetti y Cobo sobre supuestas extralimitaciones ante sus hijos, Lombana aclaró que todo el procedimiento contó con la presencia de personal policial femenino y masculino, así como de miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia, que, conforme afirma la magistrada en el oficio, “guardaron la compostura y templanza que exige una diligencia judicial de esta índole” y cumplieron estrictamente las instrucciones impartidas.

¿Por qué allanaron la casa de Armando Benedetti?

El allanamiento se realizó en el desarrollo de una investigación que busca esclarecer su presunta participación en una red político-empresarial orientada a favorecer a la firma Simetric S.A., dedicada a certificar la aptitud psicofísica de vigilantes privados.

Según el auto de apertura de instrucción formal emitido el 6 de junio de 2024, la magistrada Cristina Lombana sostiene que Benedetti, cuando era senador, habría impulsado la Ley 1539 con el objetivo de beneficiar económicamente al empresario Euclides Torres, propietario de la compañía.

El documento judicial detalló que, a cambio de gestiones legislativas, Torres habría otorgado a Benedetti un préstamo superior a $3.600 millones para la compra de una vivienda en Puerto Colombia (Atlántico), sin que existan garantías ni soportes de pago que respalden la operación. Esta transacción, junto con otros movimientos económicos y vínculos políticos identificados por la Policía Judicial y registros financieros, habría motivado a la Corte Suprema a considerar la diligencia judicial como una medida para recolectar pruebas en la investigación.

El funcionario sostuvo que no es de su competencia intervenir en el trámite, que está a cargo de la Sala Disciplinaria de Instrucción y de procuradores especializados.

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Durante la presentación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2028, Eljach recordó que el caso pasó a etapa preliminar luego de que se abriera indagación por los señalamientos que el ministro dirigió a la magistrada, posteriores al allanamiento realizado a su vivienda en Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia, Atlántico.

El jefe del Ministerio Público enfatizó que el proceso avanza conforme a los procedimientos establecidos y bajo autonomía de los funcionarios responsables. “Por el fuero legal que tiene el ministro, eso corresponde a una sala disciplinaria de instrucción. Allí se está adelantando con la competencia y la autonomía que ellos tienen. El procurador no se mete en ese nivel”.

Con relación al proceso, afirmó que ya hay un avance clave: "Ellos han decretado unas pruebas, ya las estarán realizando. Cuando llegue el momento, evaluarán cuál es la conducta a seguir y cuál es la medida que hay que adoptar. Entonces, en este momento, sabremos. Yo no me debo ni quiero meterme en ellos porque ellos tienen autonomía y son independientes del despacho del procurador”, expresó Eljach ante los medios de comunicación.

Indagación disciplinaria en curso

La actuación disciplinaria está en el despacho del procurador delegado Jorge Enrique Sanjuán. La indagación se originó por las expresiones de Benedetti tras el allanamiento a su residencia, diligencia judicial practicada por orden de la magistrada Lombana. En ese momento, el ministro calificó a la magistrada como “loca” y “delincuente”, cuestionando su competencia en el procedimiento.

La Corte Suprema de Justicia difundió un comunicado en rechazo a esos señalamientos y llamó a evitar el escalamiento del lenguaje en asuntos institucionales. Pese a los pronunciamientos, el trámite disciplinario continúa centrado en determinar si las expresiones proferidas constituyen una falta que amerite abrir investigación formal.

En la red social X, Benedetti expresó arrepentimiento por sus palabras hacia Lombana. “He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación y eso no refleja quien quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana. Sin embargo, esto no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso de poder contra mí y mi familia”, escribió el ministro.

La Fiscalía también investiga

Paralelo al proceso disciplinario que cursa en la Procuraduría, el viernes 14 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar para establecer si hubo irregularidades en la adquisición de la residencia ubicada en Lagos de Caujaral. El objetivo es verificar posibles conexiones ilegales relacionadas con el crédito de leasing habitacional suscrito con Ricardo Leyva para obtener la propiedad.

El proceso está a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que adelanta las averiguaciones previas para determinar si existen fundamentos suficientes para iniciar una investigación formal. De darse ese escenario, la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema asumiría el caso, dada la condición del ministro como alto funcionario del Estado.

Benedetti reaccionó al anuncio también desde X, señalando que recibe positivamente el inicio de la indagación y sosteniendo que ello demostraría que la magistrada Lombana no estaba facultada para realizar el allanamiento a su vivienda “y mucho menos hacerlo de forma violenta e ilegal”.

El ministro del Interior se refirió además a las recusaciones que ha presentado contra la magistrada Lombana en procesos que la involucran en investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito. Según manifestó, “aún así, en Barranquilla interrogó a Leyva y otros empresarios por hechos ocurridos dos meses atrás, cuando dejé de ser senador hace ya tres años, y presionó a muchas otras personas por actividades de hace apenas un mes, amenazándolas incluso con extradiciones y con enviarlas a prisión”.

Las recientes declaraciones de Armando Benedetti reavivaron la controversia en torno al allanamiento de un predio vinculado a su nombre, un hecho que generó debate público y cuestionamientos sobre la legalidad y motivaciones detrás del procedimiento.

Durante una intervención en vivo en el programa El Debate de Semana, el ministro del Interior abordó directamente la propiedad del inmueble y desmintió las versiones que circulan sobre la supuesta mansión.

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El operativo, ordenado por la magistrada Cristina Lombana, se realizó en un predio asociado a Benedetti, lo que desató una ola de especulaciones sobre la titularidad de la propiedad. El ministro rechazó categóricamente las afirmaciones que lo señalan como dueño de una mansión y calificó de falsas las versiones difundidas en los últimos días.

“A mí me da risa que todo lo que dicen es mentira. Y si es verdad, me pregunto por qué no han ido a denunciar o a mostrar los papeles. Cada semana salen a decir que es de Pedro, de Juan, de Mario, del banco, y ni siquiera les da rubor decir que están completamente equivocados”, afirmó Benedetti a la revista citada anteriormente.

En su explicación, el jefe de la cartera del Interior detalló que la presencia en el inmueble se debe a una permuta realizada a principios de septiembre, lo que le permitió residir allí temporalmente mientras avanzaba el proceso correspondiente. A su vez, subrayó que, por esta razón, la propiedad no figura en su declaración de renta.

“Ayer se dijo que es del Banco Colpatria, o sea que no es mía. Si aparece en un papel que es del banco, ningún banco va a ser el testaferro de uno, ¿verdad? Es mentira entonces todo lo que dijeron durante 15 días sobre de quién era la propiedad”, manifestó Benedetti, negando cualquier vínculo de testaferro y desestimando las acusaciones sobre la titularidad del bien.

En el mismo espacio, el ministro dirigió duras críticas a la actuación de la magistrada Lombana, a la que acusó de “abuso de autoridad” y de tomar decisiones motivadas por su cercanía con el presidente Gustavo Petro.

Benedetti anunció que presentará varias demandas contra Lombana por lo que considera actuaciones indebidas en su contra y en perjuicio de su familia. “Ella ha abusado de su poder y se ha extralimitado en su poder”, declaró Benedetti a Semana.

Además, expresó su frustración por la falta de acceso a la justicia: “Yo no he tenido acceso a la justicia, dicen que yo soy poderoso e importante, pero a la hora de yo intentar demandar alguien, nunca lo puedo hacer. (…) Entonces ella ha hecho lo que le da la gana”.

En su intervención, Armando Benedetti sostuvo que la magistrada “intimida” a personas de su entorno y que, pese a estar recusada para actuar sobre el tema de los bienes, ha continuado con procedimientos que, según él, carecen de fundamento legal.

“Ella lo hace de forma ilegal porque está recusada para actuar sobre el tema de los bienes”, aseguró Benedetti al medio mencionado.

De igual modo, el ministro también cuestionó los objetivos del allanamiento, al señalar que no se hallaron pruebas de riqueza ni objetos de valor en el inmueble.

“Ella lo que cree es que va a encontrar plata por allá, obras de arte y una casa lujosa, (…) pero no encontraron absolutamente nada. ¿Para qué hizo el allanamiento? No se llevó nada, entonces esto demuestra que lo único que quiere es perseguirme”, concluyó Benedetti en su diálogo con Semana.

El funcionario insistió en que la polémica tiene motivaciones políticas y anunció que agotará las vías legales para esclarecer lo ocurrido.

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar contra el representante a la Cámara Juan Carlos Wills Ospina tras una queja presentada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, relacionada con la falta de trámite a una denuncia contra la magistrada Cristina Lombana.

Según informó el organismo público, el jefe de cartera radicó la queja disciplinaria el 11 de noviembre de 2025, argumentando que el congresista del Partido Conservador no había dado curso a la denuncia interpuesta el 15 de agosto de 2023 contra la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ante la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes.

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“... indagación previa en este asunto, en contra del representante a la Cámara, Juan Carlos Wills Ospina, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 208 del CGD y de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído (...) el investigador, presuntamente, no ha dado trámite a la actuación y no ha proferido auto de apertura de indagación preliminar, constituyéndose un retardo injustificado y una omisión manifiesta de su deber funcional”, señala el documento revelado por Semana.

No obstante, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría determinó que, aunque la queja de Benedetti sugiere una posible omisión y un retardo injustificado en el cumplimiento de los deberes funcionales de Wills Ospina, hasta el momento no existen pruebas suficientes para abrir una investigación disciplinaria formal.

“Si bien la noticia disciplinaria proporciona elementos orientadores, esta carece de precisión fáctica, ya que no se conoce el contexto completo de cómo el representante investigador ha tramitado hasta la fecha el radicado 6265 asignado por el presidente de la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes, el 25 de septiembre de 2023, ni las actuaciones procesales que se han surtido dentro de esa actuación”, detalla el ente de control.

Como parte de este proceso, la Sala ordenó una inspección disciplinaria en la corporación legislativa para “obtener copia íntegra de la actuación” bajo responsabilidad de Wills Ospina.

Contexto de la denuncia

El caso se remonta a una denuncia disciplinaria que el entonces senador Armando Benedetti había interpuesto contra la togada Cristina Lombana por presunto abuso de función pública y prevaricato, según recopiló El Espectador.

Esta denuncia fue presentada después de que el hoy funcionario de Gobierno presentara una recusación en su contra por el caso de Fonade (Fondo Nacional de Desarrollo), en el que el excongresista es investigado por presunto interés indebido en la celebración de contratos en dicha entidad.

Adicionalmente, el diario bogotano detalló que Lombana, que actualmente investiga a Benedetti en la Corte Suprema de Justicia por supuestos delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito, enfrenta cuatro procesos relacionados con el hoy ministro del Interior.

La defensa de Benedetti argumentó que la magistrada Lombana retuvo indebidamente bajo su despacho tres investigaciones contra el exsenador durante casi un año, a pesar de que había perdido competencia para conocer de esos asuntos tras la designación de Benedetti como embajador de Venezuela en 2022.

Según la denuncia, Lombana se habría negado a remitir los expedientes a la Fiscalía, autoridad que debía asumir la investigación.

Además, el documento presentado por Benedetti cuestiona que la magistrada insistiera ante el Tribunal Superior de Bogotá en conservar los casos y que, sin tener competencia, ordenara una inspección judicial en el proceso por enriquecimiento ilícito.

Pelea entre Benedetti y Lombana

La investigación contra Juan Carlos Wills se suma a las tensiones entre Armando Benedetti y Cristina Lombana tras un allanamiento ordenado por la magistrada en la residencia del ministro en Barranquilla.

Este procedimiento, realizado el 11 de noviembre, se enmarca en una investigación que la Sala Especial de Instrucción adelanta desde hace varios años sobre presuntas irregularidades cometidas por el ministro durante su etapa como congresista en 2012.

En respuesta a la diligencia, Benedetti calificó públicamente a Lombana de “loca, demente y delincuente”, declaraciones que generaron un rechazo inmediato por parte de la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, el jefe de cartera se retractó de dichos calificativos, al considerar que se dejó llevar de sus emociones por la ocupación de su residencia, aunque insistió en que la magistrada se extramilitó en sus funciones.

“He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación y eso no refleja quién quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana. Sin embargo, esto no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso de poder contra mí y mi familia”, expresó Benedetti en su cuenta de X.

El miércoles 12 de noviembre de 2025, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes realizó una inspección judicial en las oficinas de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Al respecto, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, cuestionó a la representante y exesposa de Roy Barreras, Gloria Arizabaleta.

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Según Briceño, Arizabaleta fue la persona que “ordenó” el allanamiento al Consejo de Estado desde la Comisión de Acusaciones.

“La representante a la Cámara Gloria Arizabaleta exesposa de Roy Barreras ordenó un allanamiento al Consejo de Estado desde la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra varios magistrados”, señaló Briceño.

El concejal indicó que uno de los magistrados estudia una demanda contra el partido de la representante, La Fuerza de la Paz, por lo que le preguntó a la congresista por qué no se declaró impedida.

“Uno de esos magistrados se encuentra estudiando una demanda en contra de su partido ‘La Fuerza de la Paz’. Esta es una presión absoluta burda y grosera a la justicia ¿Por qué Arizabaleta no se declaró impedida?”, afirmó Briceño.

En un video, el concejal Daniel Briceño entregó más detalles de su denuncia, realizando una cronología de las fechas.

“El pasado 21 de octubre de 2025, los estudiantes Samuel Ortiz y Lucas Durán presentaron ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la personería jurídica de Fuerza de la Paz, señalando que la división del partido no debía haberse autorizado por existir procesos sancionatorios previos. La demanda fue admitida y quedó en manos del magistrado Omar Joaquín Barreto”, indicó el cabildante.

Y agregó: “De forma sorpresiva, el 10 de noviembre, Gloria Arizabaleta, desde la Comisión de Acusaciones y con base en una denuncia contra magistrados, ordenó un allanamiento e investigación sobre los magistrados Omar Joaquín Barreto, Luis Alberto Álvarez Parra, Gloria María Gómez Montoya y Pedro Pablo Vanegas Gil, de la Sección Quinta del Consejo de Estado”.

Por los hechos, según Daniel Briceño, el magistrado Barreto se declaró impedido, “para seguir conociendo el caso, lo que podría dilatar e intimidar a los magistrados encargados del proceso que afecta a Fuerza de la Paz”.

“Me pregunto cómo es posible que la señora Arizabaleta utilice su poder en la Comisión de Acusaciones para intimidar a magistrados y favorecer sus propios intereses. ¿Por qué no se declaró impedida en este caso? ¿Por qué decidió continuar con la investigación contra los mismos magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado cuando ella y su partido tienen intereses en esa instancia? ¿Está utilizando el poder de la Comisión para presionar decisiones a favor suyo?“, aseveró Daniel Briceño.

La diligencia, realizada el miércoles 12 de noviembre, está vinculada a dos demandas de nulidad electoral: una contra el alcalde de Calima Darién y otra contra el gobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta, encabezó la diligencia en la sede del Consejo de Estado junto a funcionarios de la Dijín y del CTI, quienes acudieron para obtener información sobre los expedientes de los procesos citados.

Qué dijo el Consejo de Estado

En un comunicado, el Consejo de Estado informó que la diligencia se desarrolló sin contratiempos y conforme a los procedimientos institucionales.

“La Sección Quinta informa que a través de la Secretaría General y la Secretaría de la Sección Quinta, se atienden en este momento las diligencias de inspección judicial decretadas por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales“, señaló el alto tribunal.

Y agregó que, en tal sentido, “prestó toda la colaboración para su práctica, como corresponde y como lo ha hecho en oportunidades anteriores en las que, en diversas investigaciones, se han practicado este tipo de pruebas”.

Al denunciar lo que ocurrió en el proceso, Benedetti lanzó duros ataques hacia la magistrada Cristina Lombana, que encabezaba la investigación por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias vinculados a su pasada gestión como congresista.

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En respuesta a estas declaraciones, el Consejo Superior de la Judicatura emitió una carta oficial dirigida a Benedetti, en la que expresó su preocupación por los señalamientos realizados contra la magistrada Lombana. La misiva, firmada por el presidente de la alta corte, recalcó la importancia de la independencia judicial e hizo un llamado a la prudencia a los funcionarios para evitar generar un clima de confrontación que pueda vulnerar los principios democráticos del país.

El 10 de noviembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia ordenó un allanamiento a la residencia de Armando Benedetti como parte de una investigación sobre presuntos delitos cometidos durante su etapa como congresista. El caso se centra en la adquisición de una propiedad cuyo origen y justificación no están claros, lo que dio pie a una serie de denuncias por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

En medio de este operativo, Benedetti reaccionó en sus redes sociales con un video y varios mensajes en X, donde acusó a la magistrada Cristina Lombana de ser la responsable de una “persecución judicial” y calificándola de “loca” y “obsesionada” por su caso. Además, ministro consideró que el allanamiento fue un abuso de poder, al denunciar que la togada regresó “con las manos vacías” y que la investigación carecía de fundamento.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también respaldó a Benedetti y calificó el operativo como “ilegal”, comparándolo con un “secuestro”. Estas declaraciones fueron interpretadas como un ataque directo a la autonomía de la Corte Suprema, lo que llevó al Consejo Superior de la Judicatura a tomar cartas en el asunto.

La carta del Consejo Superior de la Judicatura

La misiva enviada al ministro Benedetti resalta la gravedad de sus declaraciones contra la magistrada Lombana. En el documento, el presidente de la alta corte, Jorge Enrique Vallejo, recuerda al ministro del Interior que, si bien cualquier ciudadano tiene el derecho de expresar su desacuerdo con las decisiones judiciales, estas deben ser planteadas de manera respetuosa y dentro de los canales adecuados para garantizar el debido proceso.

“Lo invito a reflexionar que las descalificaciones personales y los señalamientos injuriosos contra quienes administran justicia atacan su dignidad y ubican al servidor en un escenario de polarización y virulencia”, expone la carta.

Además, el Consejo recuerda que, en un reciente encuentro con la Conferencia Episcopal de Colombia y con la presencia activa del presidente Gustavo Petro, se había hecho un compromiso público para “desescalar el lenguaje” y promover un diálogo institucional respetuoso: “Es necesario preservar el imperio de la civilidad, el respeto mutuo y la observancia de la ley como fundamento de nuestra convivencia pacífica”.

Además, el Consejo Superior de la Judicatura, en su carta, insistió en la necesidad de proteger la independencia judicial, un principio fundamental que asegura que los jueces puedan actuar sin interferencias externas.

Según se lee en la misiva: “Los pronunciamientos agresivos constituyen un grave atropello hacia la institucionalidad y una vulneración al principio de independencia judicial, que es pilar esencial del Estado social y democrático de derecho”.

De igual manera, la corte hizo un llamado a evitar que los enfrentamientos públicos entre los actores políticos y judiciales generen un clima de desconfianza y debilitamiento de las instituciones. Recordó que las críticas deben estar basadas en el respeto y centradas en los procedimientos legales establecidos, sin caer en ataques personales o injuriosos.

Juliana Guerrero, activista y líder estudiantil de la costa colombiana, se encuentra en medio de un escándalo académico tras la anulación de su título de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria por parte de la Fundación Universitaria San José. Según la universidad, y las investigaciones, no se logró verificar la actividad académica que respaldara su grado, ni su cumplimiento con el examen Saber Pro —requisito esencial para la graduación en Colombia—.

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Lina María Garrido, conocida por su postura crítica hacia el Gobierno de Petro, aprovechó la situación para arremeter contra del ministro Benedetti y por medio de un video difundido a través de su cuenta en X, la legisladora hizo una parodia en la que simulaba una conversación con el alto funcionario al usar una rata de juguete como “su interlocutor”.

En el clip, la congresista cuestionó duramente el manejo del caso de Guerrero y la situación política de la administración nacional: “Armando, otra vez por aquí. Hoy te veo lloroso y meditabundo, y no es para menos, no te ha ido bien. Aquí en el Congreso las reformas se te van a caer. La ley de financiamiento no avanza. Te quedaste sin visa, te metieron a la lista Clinton, te cancelaron las tarjetas de crédito”.

La congresista también hizo alusión a las supuestas irregularidades de la joven en relación con su título universitario. “La empresita que le estaba funcionando de artículos universitarios falsos con Juliana Guerrero también se te cayó”, agregó, al sugerir que detrás de la situación se escondía un entramado de corrupción y malas prácticas.

Benedetti respondió a la congresista: “Eres una hipócrita”

El ministro Benedetti no tardó en responder a las acusaciones de Garrido, y lo hizo de forma tajante. A través de su cuenta en X, lanzó un extenso mensaje en el que no solo defendió su gestión, sino que atacó duramente a la congresista, al sugerir que ella está rodeada de personas vinculadas con la corrupción.

“Tú estás rodeada por Facundo Castillo, exgobernador de Arauca CONDENADO Y PRESO POR CORRUPTO, dueño tuyo. La esposa de Facundo, Raquel, y la hija de Facundo, Isabella, trabajan en tu UTL. Y TU PAPÁ, quien te crio, fue destituido de la Gobernación de Arauca por conductas irregulares (sic)”, escribió Benedetti, en un ataque directo a los vínculos políticos de Garrido.

Además, el ministro se refirió a las acusaciones que implican a Facundo Castillo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), al agregar: “Y hoy que te las tiras de derecha, Facundo Castillo tuvo presuntos nexos con el ELN. Puede que haya tenido malos días, pero estoy seguro de que todos los días que tú has tenido han sido malos (sic)”.

La discusión estuvo marcada por varios episodios polémicos en los que ambos se sacaron los ‘trapitos al sol’; sin embargo, lo realmente sorprendente no fue tanto lo que se dijeron ni las acusaciones que surgieron en su contra, sino que ninguno de los involucrados las desmintió. Pareciera como si los escándalos y casos de corrupción se estuvieran volviendo algo común, cuando en realidad no es aceptable que el Estado esté relacionado con este tipo de situaciones.

A pesar de todo, los líderes involucrados causaron gran controversia, especialmente por los vínculos que tienen con otras figuras y, sobre todo, porque la casa del ministro del Interior fue allanada como parte de una investigación que lleva a cabo la magistrada Cristian Lombada en su contra. De allí surgió la referencia de la representante, quien comentó que él ha tenido “días malos”.

El reciente allanamiento a la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, ha puesto en el centro de la atención nacional al exclusivo Club Lagos de Caujaral, un complejo residencial en las afueras de Barranquilla que destaca por su lujo y acceso restringido.

La vivienda del funcionario, ubicada en este condominio, fue intervenida por orden de la Corte Suprema de Justicia en el marco de una investigación liderada por la magistrada Cristina Lombana, lo que desató una serie de reacciones y denuncias públicas tanto del ministro como de su esposa.

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El Club Lagos de Caujaral, situado en la vía que conecta Puerto Colombia con la capital del Atlántico, se distingue por su entorno de bosques y vegetación caribeña, así como por la privacidad que ofrece a sus residentes.

El complejo alberga mansiones cuyo valor oscila entre 2.500 y 15.000 millones de pesos, y cuenta con instalaciones como terrazas con piscinas, restaurantes exclusivos, canchas de tenis, un gimnasio, zonas húmedas y un campo de golf de dieciocho hoyos.

El acceso a estas comodidades no es para todos: la membresía y los servicios tienen costos elevados, como la entrada mensual al gimnasio para residentes, que asciende a $160.000, y la participación en torneos privados de golf, que puede alcanzar $8.700.000 más IVA.

La historia del Club Lagos de Caujaral se remonta a noviembre de 1968, cuando un grupo de personalidades de Barranquilla, liderado por el urbanizador Karl Parrish, impulsó la creación de este proyecto. Cuatro décadas después, el club se consolidó como uno de los conjuntos residenciales más exclusivos de la región, con una oferta de actividades y servicios que lo diferencian de cualquier otro espacio recreativo en la ciudad.

La mansión habitada por Armando Benedetti se encuentra en la calle “No me olvides” dentro del complejo y dispone de cuatro habitaciones, estudio, sala, comedor, piscina y garajes.

De acuerdo con El Colombiano, el inmueble, que anteriormente perteneció a Álex Saab —señalado como testaferro del régimen de Nicolás Maduro—, fue entregado por este al banco Scotiabank Colpatria en 2011 como dación en pago por una deuda de $2.000 millones, cifra que hoy equivaldría a unos $3.800 millones.

Posteriormente, el empresario de espectáculos Ricardo Leyva ocupó la vivienda y, hace aproximadamente dos meses, cedió el contrato al ministro Benedetti, aunque no se han precisado los detalles del acuerdo ni el valor exacto del arriendo.

Según información divulgada por el periodista Daniel Coronell y el abogado Camilo Enciso, Benedetti firmó un contrato de leasing habitacional con el banco, lo que le permite ocupar la casa pagando cuotas mensuales con opción de compra.

El ministro estaría abonando más de $20 millones mensuales, una suma considerable en comparación con su ingreso oficial de $26,8 millones.

Tras el allanamiento, la esposa del ministro, Adelina Guerrero Covo, denunció a través de su cuenta de X haber sido víctima de maltrato y abuso de autoridad por parte de la magistrada Lombana, integrante de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Guerrero relató: “La magistrada Cristina Lombana, durante el allanamiento a mi casa, me trató de ignorante, me mandó despectivamente a sentar y a callarme”. Añadió que la funcionaria le quitó el celular e intentaron ingresar de manera ilegal hasta bloquearlo.

Según Guerrero, aunque se permitió la presencia de su abogado, “fue solo para que me mantuviera calladita”, y afirmó haber sido amenazada con captura e intimidada por funcionarios del GOES, grupo de operaciones especiales contra el crimen organizado. En su mensaje, sostuvo que la magistrada “intentó humillarme y aplastar mi dignidad como mujer”, concluyendo con un llamado público: “Calladitas no nos vemos más bonitas”.

El Club Lagos de Caujaral, con su campo de golf, zonas húmedas, restaurantes y carritos de golf para desplazarse por sus instalaciones, se mantiene como un símbolo de exclusividad en Barranquilla. Solo quienes cuentan con una “billetera robusta” o conexiones en la alta sociedad local pueden acceder a este enclave, que se diferencia claramente de los espacios recreativos habituales de la ciudad.

“En estos momentos estoy hablando como papá, sobre todo. En este momento, se está allanando mi hogar por parte de la magistrada Lombana, quien está completamente loca, demente y además es una delincuente. Está abusando de su poder, porque yo hace tres años dejé de ser senador. No puede investigarme”, indicó Benedetti en un video publicado en sus redes sociales.

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De acuerdo con el ministro, sus derechos están siendo vulnerados y teme por su seguridad y la de su familia. Por eso, responsabilizó a la togada de cualquier cosa que le pueda pasar a sus allegados, tras el allanamiento de su vivienda.

De hecho, aseguró que su esposa, Adelina Guerrero, fue humillada y maltratada durante la diligencia. “¿Cuántos colombianos hoy aguantarían un allanamiento en su casa de forma ilegal y con 30 policías humillando y maltratando a su esposa?”, cuestionó en su cuenta de X.

Crítica de Katherine Miranda a Benedetti

La representante a la Cámara Katherine Miranda se pronunció sobre los hechos, criticando al ministro del Interior por haber insultado a la magistrada. Desde su perspectiva, la reacción de Benedetti es “inaceptable”.

“Que Armando Benedetti haya tratado de loca, demente, hijueputa y delincuente a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia porque lo está investigando, es realmente inaceptable”, precisó.

Aseguró que este tipo de comentarios hacia las mujeres que ejercen poder en Colombia no son nuevos en el Gobierno nacional. Recordó distintos momentos en los que el presidente Gustavo Petro hizo señalamientos que molestaron a varias mujeres por ser violentos y machistas.

Mencionó, por ejemplo, el momento en el que el mandatario hizo un comentario en un Consejo de Ministros sobre los órganos de las mujeres: “Una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer. Dicen que no hable de eso, entonces hablo del hombre”.

De igual manera, recordó que en un evento público llamó a las periodistas “muñecas de la mafia”.

Así las cosas, Miranda aseguró que las declaraciones de Benedetti constituyen una afrenta a la Corte Suprema de Justicia, que debe actuar con autonomía e independencia en todos sus procesos judiciales. En consecuencia, rechazó las declaraciones del ministro del Interior.

“Esto también es una afrenta directa a la independencia judicial, a las cortes. Este Gobierno vulnera una y otra vez la separación de poderes. Desde el Congreso de la República, rechazamos con firmeza esta violencia verbal y política y exigimos respeto a la justicia, a las mujeres y a las instituciones del Estado”, expresó la congresista.

La Corte Suprema de Justicia también condenó la reacción del jefe de la cartera, indicando que las decisiones que se toman en la etapa investigativa son adelantadas exclusiva y autónomamente por cada despacho. Aunado a ello, aseguró que los insultos de del ministro en contra de la magistrada “pueden afectar el desarrollo de las investigaciones o menoscabar la confianza en la administración de justicia”.

En consecuencia, instó a la sociedad a “desescalar el lenguaje”, con el fin de fortalecer y proteger el Estado de derecho y la convivencia democrática. Además, según una decisión tomada en mayo de 2024 por la Sala Plena de la Corte, la corporación sí es competente para investigar al actual miembro del Gobierno, pese a no ser congresista.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, dividió el país político tras haber informado que, por orden de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, su vivienda en el Atlántico fue allanada por las autoridades. El jefe de la cartera tiene varios procesos en curso en la Corte y uno de ellos está relacionado con el delito de concierto para delinquir.

De acuerdo con Benedetti, el alto tribunal no es competente para investigarlo y tampoco para ordenar un allanamiento de su propiedad. Pues, hace tres años no hace parte del Congreso de la República, y la Corte se encarga de investigar a los legisladores.

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Pese a que ese conflicto de competencia ya se resolvió y confirmó que la Corte puede investigarlo, el ministro se mantiene en su posición. Por eso, insultó a la magistrada Lombana, tildándola de “loca” por haber dado paso a esa actuación judicial en su contra.

“En estos momentos estoy hablando como papá, sobre todo. En este momento, se está allanando mi hogar por parte de la magistrada Lombana, quien está completamente loca, demente y además es una delincuente”, señaló Benedetti en un video publicado en sus redes sociales.

El ministro contó con el respaldo del presidente Gustavo Petro, que a través de su cuenta de X aseguró que la togada actuó desde el odio al ordenar el allanamiento. Además, indicó que la diligencia se convirtió en una especie de secuestro, teniendo en cuenta que el ministro denunció que su esposa, Adelina Guerrero, fue humillada y maltratada en el proceso.

“Un allanamiento ilegal que se transforma en secuestro de una familia, producida por una magistrada de la corte suprema víctima de su propio odio”, señaló.

Crítica de Efraín Cepeda a Petro: “No es la forma”

El expresidente del Senado de la República Efraín Cepeda se pronunció sobre la situación, cuestionando directamente al primer mandatario por haber respaldado a Benedetti y haber criticado la decisión judicial que tomó la magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

En su publicación en X, instó al jefe de Estado a respetar la separación de poderes, una solicitud que no es nueva y que varios políticos han hecho ante las constantes declaraciones del presidente en contra de las decisiones que tomas las altas cortes.

“Presidente @petrogustavo, por millonésima vez le pedimos que respete a los poderes públicos y, en particular, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, escribió Cepeda en la red social.

Desde su perspectiva, no es correcto ni adecuado que el presidente de la República califique de ilegal un procedimiento que fue ordenado por una corte que adelanta una investigación en contra de una persona. Asimismo, cuestionó el hecho de que haya asegurado que la determinación de la togada se basó en el “odio”. “No es la forma en que un presidente debe referirse a quien encarna la majestad de la justicia”, precisó.

El expresidente de la corporación indicó que sus declaraciones no pueden ser tomadas como un acto de libertad de expresión. Además, comparó la postura que ha adoptado el jefe de Estado cuando es objeto de críticas; en varias ocasiones ha denunciado estar siendo víctima de faltas de respeto y hasta golpes blandos o de Estado con los que se pretendería sacarlo del poder.

“Cuando lo critican a usted, lo presenta como un atentado contra toda Colombia; pero cuando usted ofende a los demás, es simple libertad de expresión. Esa doble medida socava la institucionalidad y el ejemplo que el país espera de quien ostenta la primera magistratura”, aseveró.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado rechazando los insultos de Benedetti a la magistrada, informando que este tipo de señalamientos “pueden afectar el desarrollo de las investigaciones o menoscabar la confianza en la administración de justicia”.

La controversia entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la magistrada Cristina Lombana escaló tras una serie de denuncias públicas en las que el funcionario aseguró que su privacidad pudo haber sido vulnerada, luego de que su residencia en Barranquilla fuera allanada por orden de la togada.

El titular de la cartera manifestó su preocupación por la posibilidad de que su teléfono celular haya sido intervenido, lo que, según él, se evidenció al notar que más de 2000 chats de WhatsApp que permanecían sin leer aparecieron abiertos sin su autorización.

A la par, relató que la diligencia judicial se llevó a cabo en un ambiente de alta tensión, con la presencia de cerca de 30 uniformados de la fuerza pública, quienes, según su denuncia, cubrieron sus rostros y no portaban placas visibles.

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Benedetti calificó el procedimiento como un abuso de poder y cuestionó la legitimidad de la investigación, señalando: “Denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de tres años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025 (sic)”, escribió el ministro en sus redes sociales.

La inquietud del exsenador se intensificó tras descubrir que sus comunicaciones personales presentaban irregularidades. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Benedetti planteó: “Entonces, señores magistrados y jueces del país, ¿a mí me pueden allanar e interceptar el teléfono sin que exista un juez de garantías? ¿O un control previo?”.

Más adelante, agregó: “¡Más denuncias! Esta mañana tenía más de 2.200 chats sin leer en WhatsApp y ahora aparecen todos abiertos. ¿Me están interceptando?”.

Frente a esto, el presidente de la República, Gustavo Petro, defendió al ministro Benedetti en sus redes sociales, calificando de ilegales las operaciones en la casa del alto funcionario. A su juicio, la inspección estuvo motivada por el odio de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

“Un allanamiento ilegal que se transforma en secuestro de una familia, producida por una magistrada de la corte suprema víctima de su propio odio”, escribió en su cuenta de X.

Benedetti vs. Corte Suprema de Justicia

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, hizo un llamado a la prudencia y el respeto por la ley tras las descalificaciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada Cristina Lombana.

“La corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones y menoscabar la confianza en la administración de justicia. La Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la ciudadanía para que la prudencia y el respeto por la ley y por las entidades legalmente reconocidas se mantengan en todo momento y sean el eje fundamental para preservar la convivencia democrática y la defensa de las instituciones”, aseveró el presidente del máximo tribunal en rueda de prensa.

En reacción a la petición de Tejeiro, Benedetti se comprometió a que actuaría de manera prudencial. Sin embargo, el exsenador explicó que teme por sus derechos y acceso a la justicia.

“Acato el llamado a la prudencia, pero también suplico por mi acceso al derecho a la justicia”, escribió en su cuenta de X.

A su vez, el titular de la cartera afirmó que en reiteradas ocasiones denunció prácticas irregulares por parte de la magistrada a la que tildó de “loca”. Incluso, reveló que Lombana publicó información confidencial sobre él que afectó sus intereses y los de sus familiares.

“Yo denuncié a la magistrada Lombana, me tocó presentar queja y tutela contra la Comisión de Acusaciones y contra el investigador Wills porque el rumor es que ella intimida a los congresistas de la Comisión y nadie se atreve a abrirle siquiera una investigación. Ha sido RECUSADA porque es demostrado su interés en incriminarme. Ha filtrado TODO, pruebas reservadas con videos y audios, a los medios de comunicación. Ha investigado a 50 familiares míos y no son aforados”, expuso Benedetti.

“En la etapa investigativa, las decisiones sobre los avances de las indagaciones son adelantadas exclusiva y autónomamente por cada despacho; no obstante, las decisiones de fondo que luego deban adoptarse sí han de ser pronunciadas por la Sala de Instrucción de manera colegiada”, detalló.

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Asimismo, indicó que los funcionarios y los ciudadanos pueden ejercer su defensa acogiéndose a los mecanismos legales que tienen a la mano. Por lo tanto, rechazó las declaraciones del ministro del Interior en contra de la magistrada Cristina Lombana, que ordenó el allanamiento de su residencia.

De acuerdo con la Corte, las aseveraciones de Benedetti, que llamó “loca”, “delincuente” y “demente” a la togada, “pueden afectar el desarrollo de las investigaciones o menoscabar la confianza en la administración de justicia”.

La Corte invitó a la sociedad a “desescalar el lenguaje” y evitar las ofensas, buscando siempre respetar la ley y a las entidades legalmente reconocidas, con el fin de preservar la convivencia democrática y la defensa de las instituciones.

“El respeto en las expresiones, el tono prudente y el diálogo constructivo son pilares esenciales para el fortalecimiento del Estado de derecho y la convivencia democrática”, concluyó.

Las críticas de Benedetti y la postura de la Corte

El ministro del Interior aseguró en un video publicado en sus redes sociales que la magistrada ordenó un allanamiento que no tendría ningún sustento. En consecuencia, la llamó demente y afirmó que estaría actuando en contra de la ley colombiana.

“En estos momentos estoy hablando como papá, sobre todo. En este momento, se está allanando mi hogar por parte de la magistrada Lombana, quien está completamente loca, demente y además es una delincuente”, precisó.

Asimismo, afirmó que la Corte Suprema de Justicia no es competente para investigarlo, puesto que ya no es un congresista de la República. En consecuencia, considera que el allanamiento de su vivienda no tendría justificación alguna.

“Está abusando de su poder, porque yo hace tres años dejé de ser senador. No puede investigarme”, detalló.

No obstante, en mayo de 2024, la Sala Plena de la Corte resolvió un conflicto de competencia entre la Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Sala Especial de Instrucción de la corporación en el proceso de investigación que se surte contra Benedetti por el delito de enriquecimiento ilícito.

La Sala indicó que el alto tribunal está facultado para continuar con las indagaciones en contra del hoy ministro del Interior, que para entonces era embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en Roma (Italia).

“Declarar que la competencia para seguir conociendo de la investigación contra Armando Alberto Benedetti Villaneda corresponde a la Sala Especial de Instrucción de esta Corporación”, se lee en la decisión de la Sala.

Contra esa determinación no proceden recursos, por lo que la competencia de investigación sobre Benedetti sigue siendo de la Corte Suprema de Justicia y no de la Fiscalía General de la Nación.

Por otro lado, Benedetti también denunció temer por su seguridad y la de sus allegados y responsabilizó a la magistrada Lombana por cualquier cosa que pueda suceder.

“Señora Lombana, temo por mi seguridad, la de mi esposa y mi familia. La responsabilizo de cualquier cosa que le pase a mi esposa a quien usted amenazó y la intimidó. Temo por atentados contra mi vida, explosivos”, indicó.

El ministro afirmó que algo extraño ocurrió con sus comunicaciones personales y que esa situación lo llevó a creer que su privacidad fue vulnerada. A través de su cuenta de X, escribió: “Entonces, señores magistrados y jueces del país, ¿a mí me pueden allanar e interceptar el teléfono sin que exista un juez de garantías? ¿O un control previo?”.

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En otro mensaje, el funcionario expresó su desconcierto: “¡Más denuncias! Esta mañana tenía más de 2.200 chats sin leer en WhatsApp y ahora aparecen todos abiertos. ¿Me están interceptando?”.

El allanamiento que vivió el ministro del Interior en Barranquilla

Estas declaraciones se conocieron después de una jornada de alta tensión política y judicial; durante la mañana, la magistrada Cristina Lombana llegó a la casa del ministro con cerca de 30 uniformados de la fuerza pública Los agentes cubrieron sus rostros y no llevaban placas visibles, de acuerdo con la denuncia hecha por el mismo jefe de cartera.

La diligencia generó molestia en el ministro, que acusó a la magistrada de actuar con abuso de poder: “Denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de tres años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025 (sic)”.

Benedetti también aseguró que la magistrada ha mantenido un comportamiento persecutorio en su contra: “Ha sido recusada dos veces por mostrar su interés en incriminarme en delitos. No me podría investigar. ¿Qué encontró o qué va a encontrar? Nada. Mi casa es de puertas abiertas y siempre he puesto la cara ante la justicia”.

En una grabación de más de cuatro minutos difundida por él mismo, el ministro amplió su denuncia: “Esa señora está enferma, demente, obsesionada conmigo. Ha investigado a 50 familiares míos, incluidos mis hijos menores, y ha hecho seguimiento a mis movimientos financieros. Más de doscientos testigos han sido llamados en procesos que ella me lleva. ¿Cómo hago yo para acceder a mi derecho de tener justicia y que la investiguen a ella?”.

Acusaciones directas contra la togada Lombana

El ministro reiteró que considera irregular la actuación de Lombana y que buscará instancias internacionales para denunciar la situación. Manifestó su intención de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo el argumento de que la magistrada actúa de manera indebida.

Además, Armando Benedetti solicitó a los medios de comunicación que acompañen y vigilen el proceso, con el fin de que la ciudadanía conozca los resultados, las acciones realizadas y los objetivos del allanamiento.

El ministro expresó no solo su molestia y preocupación por la forma en que se realizó el procedimiento, sino también porque en el momento del allanamiento se encontraban sus dos hijos menores de edad en la vivienda. Su inquietud aumentó debido a que el hecho ocurrió pocos días después de que denunciara la presencia de drones que habrían sobrevolado su casa durante una madrugada, situación que encendió las alarmas tanto suyas como de los vecinos del sector.

A esta situación se suma la nueva denuncia y es que el ministro aseguró que algunas conversaciones que tenía sin leer fueron abiertas sin su consentimiento. Según su versión, él no fue quien las revisó, lo que considera una irregularidad más dentro del proceso.

Además, dirigió críticas directas contra la magistrada Lombana, que está a cargo de la investigación, y cuestionó el procedimiento al afirmar que estuvo plagado de inconsistencias y que ni siquiera conoce con claridad los motivos de la indagación en su contra.

La residencia del ministro de Interior, Armando Benedetti, fue objeto de una inspección ordenada por la magistrada Cristina Lombana, según comunicó el propio funcionario este martes 11 de noviembre. Al referirse a Lombana, Benedetti utilizó términos contundentes: “Es una loca, demente y delincuente”, expresó el ministro de la política del Gobierno Petro.

Las afirmaciones de Armando Benedetti no tardaron en generar un intenso debate público. El impacto de sus declaraciones se extendió rápidamente, originando reacciones desde distintos sectores.

Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio del Gobierno de Gustavo Petro y conocido en redes sociales como “Mr. Taxes”, cuestionó abiertamente la conducta del ministro del Interior. En palabras de Reyes: “Debe renunciar”.

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Y es que Benedetti expuso que la magistrada Cristina Lombana estaría intentando incriminarlo en hechos delictivos pese a que, según él, no corresponde a sus competencias.

Argumentó que al no ser congresista desde hace más de tres años, la Corte Suprema de Justicia no podría investigarlo por situaciones ocurridas en los años recientes, reafirmando además que Lombana ya ha sido recusada en dos ocasiones.

“La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de tres años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos de 2023, 2024 y 2025. Ha sido recusada dos veces”, comentó.

Luis Carlos Reyes reaccionó en la red social X calificando de grave la actitud de Armando Benedetti hacia la magistrada Cristina Lombana. Para Reyes, el comportamiento del ministro pone en riesgo la independencia de los poderes del Estado y debilita la confianza en las instituciones. Como consecuencia, sostuvo que Benedetti debería dejar su cargo.

“El ataque del ministro y presunto delincuente @AABenedetti a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana que lo investiga es peligroso, irrespeta la separación de poderes y socava la institucionalidad. Benedetti debe renunciar”, escribió el exfuncionario público del Gobierno de Gustavo Petro.

La controversia suscitada por las declaraciones de Armando Benedetti provocó también la intervención de Wilson Ruiz, quien encabezó el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Iván Duque. Ruiz recalcó su preocupación por los ataques al poder judicial y advirtió al actual ministro sobre la gravedad de sus palabras, subrayando que los insultos proferidos a la magistrada Cristina Lombana constituyen una falta de respeto al marco institucional colombiano.

“Como exministro de Justicia, no puedo quedarme en silencio ante los ataques a la independencia judicial. Ministro @AABenedetti, mida sus palabras: insultar a la magistrada Cristina Lombana no solo es una vergüenza, es una afrenta directa al Estado social de Derecho”, escribió Ruiz en su perfil de X.

Ruiz hizo énfasis en la importancia de defender tanto la integridad de la justicia como el respeto hacia las mujeres. Instó a Armando Benedetti a permitir que los procesos judiciales avancen libremente, sin interferencias ni presiones externas, y recordó que quien actúa conforme a la ley no tiene motivo para temer investigaciones.

“La justicia se respeta y las mujeres se honran. Quien nada debe, nada teme. Deje actuar a la justicia y permita que las investigaciones sigan su curso con transparencia y sin presiones”, aseveró el exministro de Justicia.

Por su parte, Armando Benedetti informó que planea acudir ante organismos internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y realizó una petición formal al procurador general Gregorio Eljach para que se examine el caso, señalando que se trata, a su juicio, de un “‘abuso de poder’”.

Al explicar su postura, expresó: “¿Cómo hago yo para acceder a mi derecho de tener justicia y que la investiguen a ella? Iré entonces, a las instancias de los juzgados internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos, porque esa señora está loca, demente y es una delincuente”.

Benedetti mencionó un reporte difundido en julio por el periodista colombiano Gonzalo Guillén, donde se alertaba sobre un posible montaje dirigido contra él por el abogado Diego Cadena —actualmente condenado— y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). De acuerdo con Benedetti, esta situación guarda semejanzas con la denuncia realizada previamente por el periodista Daniel Coronell respecto a acusaciones sin sustento lanzadas contra Iván Cepeda y Miguel Ángel del Río.

En una operación conjunta, uniformados de la Sijín de la Policía Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad lograron allanar un taller clandestino dedicado al desmantelamiento y venta ilegal de motocicletas robadas en el barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy

Las autoridades en cuestión lograron desarticular este centro ilícito, que funcionaba como taller de mecánica y punto de comercialización de autopartes ubicado en el sur de Bogotá.

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Durante el procedimiento, las autoridades capturaron al propietario del establecimiento y a un mecánico, quien fue sorprendido en el acto de desarmar una motocicleta reportada como robada el fin de semana anterior. El operativo incluyó el allanamiento de dos locales: uno destinado al despiece de los vehículos y otro a la venta de las piezas obtenidas, ambos bajo la titularidad del mismo individuo.

En el local, dedicado a la venta de autopartes, los agentes hallaron dos motores de motocicletas Pulsar NS 200 con los números de identificación borrados, un motor de moto Duke con número original y reporte de hurto, y una tapa de motor de una Pulsar NS 200 también reportada como robada.

Por su parte, en el taller de desarme o deshuesadero se encontraron un chasis de Pulsar NS 200 con identificación original y reporte de hurto, otro chasis de una Dominar 400, y una motocicleta Pulsar que estaba siendo desarmada y figuraba como robada.

La investigación determinó que en estos establecimientos se desarmaban motocicletas hurtadas, se alteraban los números de identificación y posteriormente se comercializaban las piezas en el mercado ilegal.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación, mientras que los elementos incautados quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales como material probatorio.

La Secretaría de Seguridad enfatizó que el delito de receptación se configura al comprar, recibir o poseer objetos robados, incluso si quien los adquiere no participó en el robo original. La pena por este delito puede oscilar entre dos y ocho años de prisión, advirtió la entidad, recordando que al adquirir estos objetos se financia el mercado criminal y se incurre en responsabilidad penal.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad delictiva a la Línea 123, con el objetivo de cerrar los espacios de operación a las redes dedicadas al desmonte y venta ilegal de motocicletas robadas.

La bodega clandestina donde operaba ilegalmente un deshuesadero en Fontibón

En junio de 2025, las autoridades descubrieron la existencia de una bodega clandestina en el barrio Versalles de la localidad de Fontibón, cuyo hallazgo permitió a la Policía Metropolitana de Bogotá recuperar una grúa valorada en 300 millones de pesos, robada horas antes en Engativá.

La investigación se activó tras la denuncia de una víctima, quien reportó el robo de su vehículo y proporcionó su ubicación a través del sistema GPS. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, esta información fue determinante para que las unidades del CAI Versalles pudieran desplegarse rápidamente y dar con el paradero de la bodega.

Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron el vehículo tipo grúa camuflado entre numerosas autopartes almacenadas de manera ilegal: el operativo permitió establecer que el espacio funcionaba como un punto estratégico para la banda, facilitando el resguardo y la distribución de piezas sustraídas.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, la intervención no solo permitió la incautación de la grúa y las autopartes, sino que también evidenció la importancia de la colaboración ciudadana y el uso de tecnología para rastrear vehículos robados. “El reporte inmediato del robo y la entrega de la localización vía GPS facilitaron el despliegue policial”, destacó la institución en una comunicación oficial.

Un operativo realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), con apoyo de grupos especiales de la Policía de Santa Fe, permitió el secuestro de droga y la detención de seis personas en Empalme Graneros, Rosario.

La acción se desarrolló este sábado último, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (Ley 23.737), bajo directivas del fiscal Diego Giro, del Equipo de Trabajo sobre Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El operativo se concretó en un domicilio de la calle Pelayo al 2400, en la zona noroeste de la ciudad. Como resultado de los procedimientos, se incautaron drogas y diversos elementos relacionados con la presunta venta de droga al menudeo.

La División Microtráfico de la PDI arrestó a L. E. S., de 24 años; J. J. L., de 21; J. D. S., de 26; B. G. D., de 35; J. M. F., de 37; y M. A. D., de 44. Todas estas personas fueron trasladadas a dependencias de la Policía de Investigaciones y quedaron a disposición del fiscal Diego Giro. Todas ellas permanecerán alojadas en dependencias de la PDI.

Durante la intervención policial, y según informó el portal del diario La Capital, los efectivos incautaron 14,19 gramos de cocaína, junto a recortes de nylon que suelen ser usados para el fraccionamiento de la sustancia, además de dos teléfonos celulares, 20 mil pesos en efectivo y otros objetos vinculados con la actividad ilegal.

Otro de los elementos que los agentes encontraron fue un altar a San La Muerte, una figura venerada en distintos sectores sociales y que, de acuerdo con registros policiales previos, ha sido detectada en otros domicilios allanados por presunta comercialización de droga.

Esta circunstancia, habitual en investigaciones sobre narcotráfico en la región, fue documentada por la fuerza interviniente y será parte de la evaluación judicial.

Secuestraron drogas y hay siete detenidos en un operativo en Rosario

Dos meses atrás, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a siete personas y secuestró drogas, dinero y armas durante cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos de Rosario, en el marco de una investigación por narcomenudeo.

El operativo fue llevado adelante por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Rosario, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales.

En los allanamientos, la Policía Federal secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento.

La causa está bajo la órbita de la Fiscalía de Microtráfico, a cargo del fiscal Diego Maximiliano Giró, quien ordenó las tareas de inteligencia tras detectar un punto de venta en un pasillo interno de la calle Piamonte.

De acuerdo con la pesquisa, el lugar era manejado por un hombre identificado como Figueredo, señalado como principal organizador, asistido por “soldaditos” y revendedores que operaban en la zona.

El caso se originó en junio, cuando brigadas federales habían detenido a dos hombres con droga y armas, lo que derivó en la apertura de una investigación más amplia.

Luego de semanas de seguimientos y tareas encubiertas, los efectivos secuestraron importante cantidad de clorhidrato de cocaína y picadura de marihuana, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, elementos de corte y estiramiento y anotaciones contables vinculadas a la comercialización.

Las siete personas detenidas fueron trasladadas a la sede de la DUOIE Rosario para las diligencias de rigor y, posteriormente, quedaron alojadas en la alcaidía de la PFA, a disposición de la Justicia.

Desde la Policía Federal remarcaron que este tipo de procedimientos se enmarca en los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación y buscan desarticular bandas dedicadas al narcomenudeo y otros delitos complejos que afectan a Rosario.

Una denuncia penal presentada este lunes por Gabriel Morillo Rodríguez ha puesto en el centro de la atención a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y a su director regional, Jaime Avendaño Camacho, tras un procedimiento de desalojo en el barrio La Concepción, en el norte de Barranquilla.

Morillo, que afirma ser el poseedor legítimo de una bodega desde hace 14 años, acusa al funcionario de haberlo agredido físicamente durante el operativo, pese a la existencia de un fallo judicial que, según su relato, protege su permanencia en el inmueble.

De acuerdo con la información proporcionada por Morillo Rodríguez a Zona Cero, el incidente ocurrió el sábado a las 2:00 p. m. en la intersección de la carrera 68 con la calle 74. Funcionarios de la SAE acudieron al lugar con la intención de desalojar la bodega, la cual había estado involucrada en un proceso de extinción de dominio.

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Sin embargo, Morillo sostiene que una sentencia judicial de 2011 retiró el predio de dicho proceso y ordenó la suspensión de todas las medidas cautelares sobre el mismo.

“Soy el poseedor, real, pacífico y tranquilo e ininterrumpido”, declaró Morillo Rodríguez a Zona Cero.

El empresario relató que, tras solicitar una revisión y actuación administrativa ante la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, el folio del inmueble fue bloqueado.

Morillo se declaró víctima de las acciones del director regional de la SAE y exigió respeto por la decisión de la jueza séptima laboral del circuito de Barranquilla, Alicia Elvira García Osorio, quien había decretado como medida cautelar la suspensión de la ejecución de la orden de desalojo voluntario emitida por la entidad oficial.

Según la denuncia, cuando Morillo mostró el fallo judicial a Avendaño Camacho, este lo sujetó por el cuello, lo levantó y lo arrojó contra un vehículo, todo ello en presencia de los inquilinos de la bodega.

En conversación con La FM, el agredido afirmó que en medio del intento de desalojo, y la noticia que de la orden desalojo había sido bloqueada, se llenó de rabia y “me agarro por el cuello, me encamino, me empezó a estrangular y me reventó contra un carro”.

Tal fue el grado de violencia que se ejerció en ese momento, que el mismo Avendaño Camacho debió coger por el cuello a uno de los hombres de su seguridad, y someterlo, porque este estaba ejerciendo actos de agresión, en contra de otra de las personas que se encontraban en el lugar, luego de que el director de la SAE comenzará las agresiones.

Asevero que sufrió lesiones graves en mi integridad física, específicamente en la región cervical, torácica y lumbosacra, con traumas contusos, cefalea occipital, dolor intenso en el cuello y espalda, y síntomas asociados como náuseas y vértigo, detalló Morillo ante la Fiscalía General de la Nación, según las declaraciones recogidas por el medio de comunicación de esa región, Zona Cero. Estas lesiones fueron diagnosticadas y tratadas en la Clínica Semin (Servicios Médicos Integrales del Norte S.A.S. I.P.).

La denuncia penal presentada por Morillo Rodríguez ante la Fiscalía incluye los delitos de lesiones personales agravadas, fraude a resolución judicial, prevaricato por acción y violación de domicilio.

El denunciante manifestó además su temor por la seguridad personal tras el incidente, subrayando que el propio Avendaño Camacho encabezó el procedimiento, algo que calificó como un comportamiento inusual para un funcionario de ese rango.

Morillo también afirmó haber tenido conocimiento de que, pese al amparo judicial vigente, el director regional de la SAE se presentó en dos ocasiones adicionales frente a las bodegas, donde grabó videos del lugar.

Declaraciones del director de la SAE

Jaime Avendaño, director regional, ofreció detalles sobre su actuación, luego de ser acusado de agresión y de intentar ejecutar un desalojo en el inmueble.

En conversación con Emisora Atlántico, el funcionario argumentó que el bien involucrado fue declarado dentro de un proceso de extinción de dominio, conectado a investigaciones contra los Rodríguez Orejuela. Posteriormente, según Avendaño, la Fiscalía determinó la apertura de un nuevo proceso al detectar un error en la situación jurídica del mismo.

El director regional subrayó que no acudió al lugar con el propósito de ejecutar un desalojo, aclarando que su presencia respondía a la atención de una queja administrativa y a la verificación del estado actual de la bodega. Rechazó las acusaciones sobre un supuesto acto de violencia. En palabras de Avendaño, recogidas por Emisora Atlántico: “Nunca agredí al señor Morillo. Lo que hice fue interponer una barrera física para separar la situación y prevenir un forcejeo. No lo estrellé contra el carro; no tengo la capacidad física para hacerlo como él lo describe”.

Además, desmintió que se hubiese intentado la entrada de personal privado al predio en contravención de una orden judicial, señalando que tal versión carece de fundamento.

“¿Te esposaron?¿Te hicieron la foto?”, comenzó preguntándole Santiago Riva Roy a Ojeda al abordarlo con la cámara de LAM (América). Con algo de impotencia y angustia por la situación, el influencer respondió: “No me pusieron nunca esposas. Yo después me doy cuenta que era una jugada media mediática por el hecho de pedirme que ponga las manos atrás, obviamente que lo hice porque uno en esa situación se siente completamente indefenso”.

Ante la respuesta del joven, el periodista le consultó si estaba asesorado, si contaba con abogados y si quería dar su testimonio sobre su situación. “Fue un pedido de ellos que me ponga las manos atrás y yo obviamente hice lo que me pidieron, está la policía dentro de mi casa con un orden de allanamiento. Hoy sí fui a la fiscalía, hablé con la defensoría también, que hay un abogado que está a cargo del tema. La semana que viene voy a tener novedades. Yo principalmente lo que quiero hacer es recuperar mis pertenencias, que saquen toda la información que quieran, que como te digo, yo no tengo nada que esconder y recuperar mis cosas”, comentó Joel respecto al allanamiento.

A lo largo de la charla, el exparticipante del reality reafirmó sus ganas por resolver esta cuestión: “Por supuesto que mi intención es cerrar este tema lo más pronto posible. Uno cuando sube, cuando lo invitan o hacés un negocio de subir una publicidad, uno no sabe nunca cuándo algo es legal. Yo hago la publicidad, que es lo que a mí me compete y nada más. Yo creo que igual, lo que están buscando con este allanamiento, en verdad es parar esto”. En la misma línea, el movilero comentó: “Quieren evitar que muchos famosos se pongan a publicar todo el tiempo cosas de casinos”.

Fue entonces cuando Ojeda se quitó la responsabilidad de encima y se refirió a quienes manejan estas plataformas de apuestas ilegales: “Y sobre todo ir, que creo que es lo que corresponde, sobre los que están infringiendo la ley de verdad, que son los que no están habilitados para hacer ese tipo de actividades”.

Al escuchar al joven, el periodista quiso saber si, después de este hecho, no volvería a promocionar plataformas de apuestas. Inmediatamente, con un tono de ansiedad, el influencer comentó: “Directamente yo no voy a volver a hacer casinos porque no me interesa y si se trata de algo ilegal, obviamente que no quiero tener nada que ver porque siempre me manejé bien, siempre fui un pibe que laburó toda su vida. ¿Sabes qué pasa? Que sí sentí que fue todo un circo mediático. A mí me llama mucho la atención que hace muy poquito tiempo yo mostré abiertamente mi postura política”.

Luego de que se conociera la foto que tomó la Policía Judicial (CIJ) del momento, y a medida que circulaba la noticia, el joven usó su cuenta de X para aclarar la situación. “Nunca estuve detenido, ni esposado. Sí allanaron mi casa 12 PERSONAS para buscar quién sabe qué, por supuesto, no encontraron nada“, comenzó el descargo que hizo en la antigua red social del pajarito. Y siguió detallando lo que confiscaron durante la requisa: “Se llevaron mi celular, mi computadora y 400 mil pesos de la JUBILACIÓN (sic) de mi vieja”.

A modo de crítica, dejó en claro que, en el contexto actual, hay cosas con más urgencia que su caso: “Creo que hay allanamientos más importantes que hacer en el país, ¿No les parece?“. Indignado por la situación que le tocó vivir, agregó: ”Es increíble, me dieron vuelta la casa como si yo fuera un narcotraficante, mientras los narcos de verdad andan libres y campantes. Puro circo para tapar las cosas que de verdad son importantes“.

El jueves por la mañana, Joel Ojeda quedó en el centro de la escena, no por la fama que adquirió en Gran Hermano (Telefe), sino por haber sido el protagonista de un allanamiento e imputación por promocionar juegos de azar ilegales. Luego de que se conociera la foto que tomó la Policía Judicial (CIJ) del momento, y a medida que circulaba la noticia, el joven usó su cuenta de X para aclarar la situación.

"Nunca estuve detenido, ni esposado. Sí allanaron mi casa 12 PERSONAS para buscar quién sabe qué, por supuesto, no encontraron nada“, comenzó el descargo que hizo en la antigua red social del pajarito. Y siguió detallando lo que confiscaron durante la requisa: “Se llevaron mi celular, mi computadora y 400 mil pesos de la JUBILACIÓN (sic) de mi vieja".

A modo de crítica, dejó en claro que, en el contexto actual, hay cosas con más urgencia que su caso: “Creo que hay allanamientos más importantes que hacer en el país, ¿No les parece?“. Indignado por la situación que le tocó vivir, agregó: ”Es increíble, me dieron vuelta la casa como si yo fuera un narcotraficante, mientras los narcos de verdad andan libres y campantes. Puro circo para tapar las cosas que de verdad son importantes“.

"Mañana me voy a presentar en la fiscalía para aclarar esta situación. Los voy a mantener informados. Gracias y buen jueves“, cerró el tema Joel, mostrándose dispuesto a ayudar a la Justicia en la causa y minimizando la imputación.

La operación, que estuvo a cargo de la Policía Judicial (CIJ), personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI de San Miguel, se realizó luego de un prolongado período de investigación y seguimiento. Según pudo saber Infobae a través de fuentes policiales, Ojeda promociona y capta apostadores por redes sociales desde al menos enero. Fue indagado en la fiscalía en abril y desde ese entonces continuó captando con frecuencia casi diaria.

La respuesta de los organismos a cargo fue contundente. Según se informó, la Lotería de la Ciudad, conducida por Jesús Acevedo, realizó junto a la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), a cargo de Juan Rozas, el Ministerio Público Fiscal y la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFEIC) de San Isidro, liderada por Alejandro Musso, más de 30 allanamientos simultáneos y ordenados judicialmente. A esto se suman el bloqueo de cerca de 2.300 perfiles y publicaciones en redes, y el envío de aproximadamente 100 Cartas Documento a personas involucradas.

Según pudo saber este medio por fuentes policiales, en el allanamiento realizado en la vivienda de Ojeda lograron secuestrar un iPhone 15, dos notebooks de alta gama, que serán sometidas a peritajes para profundizar en la investigación y determinar la operatoria, contactos y posibles ramificaciones. También se encontraron 398.930 pesos en efectivo, que de acuerdo al testimonio de Ojeda corresponderían a la jubilación de su madre.

El ex participante de Gran Hermano deberá presentarse ante sede judicial en el plazo de las 72 horas hábiles para responder a las imputaciones de un fenómeno delictivo que crece en diferentes zonas del país. El jefe del operativo, Comisario Mayor Pablo Machicote, informó que este procedimiento se suma a los más de 30 allanamientos realizados en el último tiempo en toda la jurisdicción, en el marco de una investigación más amplia sobre juegos de azar clandestinos, y el bloqueo de miles de perfiles en redes sociales asociados a estas maniobras.

De acuerdo con fuentes policiales que accedió Infobae, la presencia de personal de Loterías, la DDI y el Ministerio Público Fiscal refuerza la importancia del trabajo interdisciplinario contra un delito que busca captar a jóvenes y adultos, aprovechando la confianza y la viralidad de los nuevos famosos.

A comienzos de la mañana del miércoles, la Policía Federal Argentina comenzó un allanamiento a la casa de “Fred” Machado, ubicada en la zona de Viedma, Rio Negro, donde el empresario acusado de narcotráfico vinculado a José Luis Espert cumplió prisión domiciliaria y donde fue detenido ayer para comenzar su extradición a los Estados Unidos, confirmaron fuentes del caso a Infobae.

El procedimiento ocurre en el marco de la causa contra Espert por presunto lavado de dinero investigada por el fiscal federal Federico Domínguez, iniciada por el dirigente político Juan Grabois, por el pago de 200 mil dólares que el ahora ex candidato bonaerense de La Libertad Avanza reconoció recibir de Machado. En una entrevista realizada esta semana, Machado reconoció abiertamente su vínculo con Espert, así como los pagos realizados.

El empresario, mientras tanto, permanece desde anoche en una celda de la Delegación Viedma de la PFA, mientras el Servicio Penitenciario Federal define a qué penal lo envía antes de su salida a territorio norteamericano.

El fiscal federal Domínguez decidió imputar a Espert ayer martes, a horas del traslado de Machado. El juez sanisidrense Lino Mirabelli decidió delegar la causa en el fiscal.

En su denuncia, Grabois pidió que se determine si los fondos recibidos por Espert, supuestamente “provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la Justicia federal del Estado de Texas, Estados Unidos, por el delito de tráfico de estupefacientes se corresponden con una maniobra de lavado de activos" y si “configuran por lo tanto el delito previsto y reprimido por el artículo 303, inciso 1 del Código Penal”, que castiga el delito de lavado de activos con una pena de tres a diez años.

El pago de los 200 mil dólares, que ocurrió entre enero y febrero de 2020, forma parte del expediente criminal “USA v. Mercer-Erwin et al.”, de donde el equipo de Juan Grabois obtuvo la información para impulsar su denuncia, donde el dirigente también remarcó que Espert empleó vehículos y aviones del empresario rionegrino durante su campaña presidencial de 2019.

Con respecto al pago, el diputado afirmó en un reciente descargo: “Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista”. La firma en cuestión es Minas del Pueblo de Guatemala. De acuerdo a su versión original, los 200 mil dólares fueron “un adelanto en virtud de ese contrato”, y “no se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales”.

El minuto cero de la trama narco de Machado

En abril de 2021, este cronista reveló el arresto de Federico Andrés Machado, alias “Fred”, cuando fue acorralado y arrestado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el aeropuerto de Neuquén, mientras se disponía a abordar un vuelo hacia Capital Federal, acusado de lavar dinero y traficar droga, no aquí, sino en Estados Unidos, con una circular roja de Interpol sobre su cabeza.

“Fred” ya había sido procesado en el Tribunal para el East District del estado de Texas por los delitos de asociación ilícita para la fabricación y distribución de cocaína, lavado de dinero y fraude virtual. El 1° de abril, en el Tribunal de East District fue firmada una orden de arresto en su contra. La circular roja fue emitida poco antes de que abordara el vuelo. Ya lo habían detenido el 15 de abril de 2020 en la pequeña ciudad texana de Sherman y fue liberado a la espera de una mayor investigación en su contra. En febrero de 2021 cruzó hacia México. Luego, llegó hasta la Argentina.

A nivel local, el juez federal neuquino Gustavo Villanueva firmó su pedido de arresto luego de un pedido de la PROCUNAR, el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos de narcotráfico, con el fiscal Diego Iglesias. Así, la PSA comenzó a seguirle el rastro.

De 53 años, y co ndos domicilios fiscales, uno en Viedma y otro en CABA, Machado había integrado años atrás una pequeña empresa del negocio cosmético. Su real fortuna estaba en Estados Unidos: fue el referente de la firma South Aviation, basada en Fort Lauderdale, Florida, dedicada al negocio de los aviones, con la compra de viejos modelos bélicos.

Tras una audiencia en la que se expusieron detalles sobre la modalidad delictiva y los antecedentes inmediatos que rodearon el hecho, dictaron la prisión preventiva para los dos policías que participaron en el robo a una fábrica de plásticos en Granadero Baigorria, Santa Fe

El juez Fernando Sosa resolvió que A. E. R. (31), perteneciente a la División Asuntos Internos, y P. G. F. (40), del Comando Radioeléctrico de Rosario, permanezcan detenidos mientras avanza la investigación.

La fiscal Karina Bartocci encabezó la audiencia imputativa, donde se atribuyó a los agentes haber ingresado el 19 de septiembre a la planta PlastiTec, ubicada en Las Malvinas al 2700, acompañados por otros dos individuos.

Todos vestían chalecos balísticos y portaban armas cortas y largas, presentándose con una supuesta orden de allanamiento por una causa de lavado de dinero.

Según la acusación, el grupo llevó al propietario de la fábrica hasta su oficina y sustrajo una bolsa con 18.900.000 pesos, retirándose en una camioneta Ford Ecosport sin patente. Antes de irse, dejaron un formulario de cadena de custodia, haciéndolo pasar por una constancia oficial del secuestro del dinero.

El relato de la víctima del asalto aporta contexto sobre los días previos al robo. En declaraciones a un programa de El Tres, explicó que el 15 de septiembre había presentado una denuncia por usurpación de su vivienda.

“Tenía mi casa ocupada ilegalmente, después de luchar mucho tiempo en la Justicia, el 15 de septiembre se libró un oficio para desalojarla. Ese lunes se presentaron en mi casa y estuvieron todo el día para desalojar a esta gente que la estaba ocupando. Cuando ingresé, me encontré con que la casa estaba destruida”, afirmó.

La situación se agravó esa misma noche, cuando las personas desalojadas intentaron reingresar a la vivienda a través de casas linderas y lo amenazaron con incendiar la propiedad. Este episodio motivó una nueva denuncia en la comisaría 24ª.

Al día siguiente, el hombre regresó a la casa con un equipo de trabajo y herramientas para iniciar tareas de limpieza y restauración. Alrededor de las 18, cuando se retiraba del lugar, fue interceptado por varios patrulleros.

“Me detienen varios patrulleros diciéndome que me tenía que bajar de la camioneta por una denuncia en mi contra. Pedí estacionar el vehículo y me dijeron que no, que tenía que bajar porque me iba detenido. Me retuvieron el documento, me bajaron de forma violenta de la camioneta y me empezaron a patear”, recordó .

Durante el tiempo que permaneció arrestado, informó al personal policial que en su camioneta había 20 millones de pesos y solicitó que el dinero permaneciera en el vehículo hasta su liberación.

“Llamaron a Asuntos Internos para que abran la camioneta y no quedar involucrados y ahí lo encuentran y cuentan. Cuando terminó el procedimiento, me devolvieron el dinero y personal femenino del Comando estaban muy enojadas por todo lo que estaba pasando, tuvieron una actitud muy violenta, me siguieron unas cuadras. Eso fue visto por Asuntos Internos”, enfatizó.

Tres días después de ese episodio, el hombre se encontraba en su fábrica cuando observó el ingreso de personas encapuchadas. “Eran tres personas vestidas de policía con chaleco, guantes tácticos y capucha. Supuestamente, venían con una orden de allanamiento por lavado de activos. Nunca me mostraron la orden. Cuando entramos a la oficina sabía que era un robo, pero no me podía resistir. Les entregué el dinero, ellos seguían simulando el allanamiento. Querían llevarse el dinero sin contar, se los dije y entonces usaron mi máquina para contar los billetes”, relató.

También detalló que el local cuenta con cámaras de seguridad internas y externas. “Aparentemente, vinieron con un inhibidor de wifi porque las cámaras wifi no tienen registro de las imágenes, pero hay dos cableadas. Hasta el día de hoy estoy esperando que venga la policía científica a registrar los equipos de grabación para que constaten qué imágenes hay del allanamiento trucho”, concluyó.

Un allanamiento policial realizado en una vivienda de Barrio Aeropuerto, en la ciudad de La Plata, reveló la existencia de un búnker de drogas. Como parte del operativo, un joven de 20 años fue detenido e incautaron estupefacientes y dinero en efectivo.

El operativo se desencadenó luego de que un hombre de 38 años ingresara al Hospital San Martín con una herida de bala en la pierna derecha, tras un incidente registrado el viernes pasado.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, el hecho activó una intensa investigación a cargo de los efectivos del Destacamento Aeropuerto. Pese a que la víctima señaló que fue atacada durante un intento de robo en la vía pública, las autoridades manejan diversas hipótesis mientras avanza la causa.

El caso, que expuso la presunta vinculación entre organizaciones dedicadas a la comercialización de drogas y episodios de violencia armada, mantiene en alerta a los residentes de la zona y a la Unidad Funcional de Instrucción N° 18 (UFI N° 18) de La Plata, encargada de continuar la investigación judicial.

La denuncia y las primeras indagaciones permitieron a los efectivos identificar una vivienda en calle 601, situada entre 5 y 5 bis, como un posible punto de venta de drogas. Los agentes de la Policía Bonaerense reunieron elementos que permitieron solicitar una orden de allanamiento ante la Justicia.

Con orden judicial, el operativo se desplegó en la mañana del lunes. En el lugar, la Policía detuvo a un joven de 20 años, a quien se señala como presunto responsable de la tenencia y comercialización de estupefacientes.

En el domicilio se encontraron 52 gramos de cocaína, 28 gramos de marihuana, una balanza digital, un teléfono celular y 96.000 pesos en billetes. Además, se incautaron dos casquillos de proyectil de arma de fuego, lo que refuerza la conexión entre el tiroteo previo y la actividad narco en ese punto.

El joven arrestado quedó a disposición de la UFI N° 18 de La Plata, que dispuso que comparezca ante la Justicia. Mientras tanto, la investigación continúa abierta para determinar la relación entre la agresión con arma de fuego y la actividad delictiva detectada en el búnker.

Vendían droga a domicilio y los atraparon cuando hacían una entrega

Una secuencia breve, dos movimientos sospechosos y un intento de fuga que terminó frustrado a pocas cuadras. Todo ocurrió en cuestión de minutos en La Plata, la escena incluyó una persecución por varias calles y derivó en la detención de dos hombres, el secuestro de 29 envoltorios de cocaínay la confirmación de un pedido de captura vigente desde 2023.

Todo sucedió en agosto. El operativo comenzó cuando el sol ya caía sobre el barrio San Carlos. Eran las 19:30 y un grupo de efectivos de la delegación Drogas Ilícitas de La Plata llevaba adelante tareas encubiertas en la zona de calle 40 entre 140 y 141. En ese contexto, los investigadores detectaron la llegada de un Ford Ka gris con dos ocupantes que, sin perder tiempo, se detuvo frente a una vivienda.

Fue allí cuando uno de los pasajeros descendió para interactuar brevemente con una persona que salió del domicilio. El contacto fue rápido: un típico “pasamanos”, según describieron fuentes del caso al portal local La Buena Info.

El episodio no terminó ahí. Aguardaron, tomaron nota y decidieron seguir los pasos del vehículo, que retomó la marcha y se desplazó hasta la calle 66 entre 15 y 16. En ese nuevo punto, el acompañante volvió a bajarse del auto y repitió el mismo movimiento: otro intercambio fugaz con un sujeto que lo esperaba en la vereda.

Esta vez, los agentes no esperaron más. Decidieron intervenir. Intentaron frenar la maniobra, pero el conductor del Ford Ka, al notar la presencia policial, pisó el acelerador e intentó escapar. La persecución se extendió por unas cuadras hasta que el vehículo fue alcanzado y finalmente detenido en calle 64 entre 12 y 13. Allí, los uniformados lograron reducir a los dos ocupantes.

La Fiscalía de Bolivia allanó este lunes el departamento de Luis Marcelo Arce Mosqueira, el hijo mayor del presidente Luis Arce, quien enfrenta una orden de aprehensión por violencia familiar.

La fiscal que lleva el caso, Jessica Echeverría, especializada en delitos en razón género, informó que la intervención se realizó en un edificio de la avenida Beni, en la zona norte en Santa Cruz de la Sierra, y que hubo resistencia de parte de la administración del inmueble. En el lugar no se encontró al acusado pero se decomisaron dispositivos de video vigilancia para continuar con las investigaciones.

Arce Mosqueira fue denunciado por violencia familiar el 19 de septiembre por su presunta pareja, Mary Carmen C.B. Según la fiscal Echeverría, la víctima fue sometida a un examen forense que concluyó que tiene 12 días de impedimento, lo que “significa que los golpes que ha sufrido han sido bastante fuertes”.

La orden de aprehensión se emitió el 20 de septiembre. “Nos estamos basando en la gravedad del hecho y en quién sería el denunciado, considerando la facilidad de esta persona de irse del país, a nosotros nos corresponde actuar de manera rápida para que se pueda presentar ante la Justicia”, explicó la fiscal en entrevista con la radio Erbol.

El mismo día en el que se emitió la orden de captura, presidente Luis Arce se pronunció públicamente a través de redes sociales y manifestó las denuncias contra sus hijos deben ser investigada y esclarecidas igual que con cualquier otro ciudadano. “Son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos”, escribió y dijo que su postura va más allá de su cargo presidencial y responde a su condición de padre que respeta las normas bolivianas.

En tanto, el ministro de Gobierno (Seguridad), Roberto Ríos, aseguró que la Policía dará cumplimiento a la orden de captura.

Fuera de esta denuncia, Arce Mosqueira también fue señalado en 2023 como supuesto intermediario entre el Estado y empresas interesadas en participar en proyectos de industrialización de litio, a raíz de fotografías y grabaciones que fueron difundidas públicamente. La denuncia no prosperó y fue desestimada en abril de 2024 al considerar que el material presentado no constituía prueba suficiente.

Los otros hijos del presidente, Rafael y Camila Arce Mosqueira, también está nen la mira de la Justicia por la presunta adquisición irregular de un predio agrícola en el departamento de Santa Cruz. Según las investigaciones, los jóvenes habría adquirido un préstamo millonario para comprar tierra y encaminar el proyecto agropecuario, vulnerando normas ambientales y obteniendo beneficios legales para su desarrollo. Los hermanos obtuvieron en total 9,1 millones de dólares en préstamos, cuando tenían menos de 25 años y no contaban con trayectoria empresarial ni experiencia en el rubro.

Arce calificó este caso como parte de la “guerra sucia” contra su Gobierno y defendió la inocencia de sus hijos, al señalar que el préstamo fue validado por la solvencia del proyecto.

A estos casos se suma una demanda reciente contra el presidente Arce, quien fue denunciado por un ex funcionaria pública de haberla abandonado estando embarazada y no reconocer su paternidad, además le exige el pago de una renta mensual para la manutención del menor.

El mandatario indicó que considera este caso un asunto “personal” y afirmó que asumirá su defensa legal. Aunque el caso fue declarado en reserva, se informó que Arce se presentó ante la Fiscalía de Cochabamba para prestar su declaración y se aguarda la realización de una prueba de ADN, que estaba prevista para el 12 de septiembre pero fue suspendida.

En ese contexto, han surgido pedidos para activar una alerta migratoria temporal contra el presidente y su entorno una vez que concluya su mandato el 8 de noviembre. En declaraciones anteriores, Arce manifestó que no tiene intenciones de irse del país, que no cometió ningún delito y que finalizando su gestión se dedicará a la docencia universitaria.

La Comisión de Constitución del Congreso continúa con el debate sobre el nuevo reglamento para el retorno al sistema bicameral. Aunque se retiró la propuesta de incremento de sueldos, los parlamentarios aún evalúan otras medidas que atentan contra la Constitución y el equilibrio de poderes.

Uno de los puntos más cuestionados es el artículo XI del dictamen, que plantea la inviolabilidad de los recintos e instalaciones parlamentarias. En la práctica, esto impediría que cualquier autoridad o miembro de la fuerza pública ingrese a las sedes del Legislativo sin autorización expresa de los presidentes de las cámaras de senadores o diputados.

La congresista Ruth Luque, de la bancada Bloque Democrático, advirtió sobre los riesgos de esta propuesta, a la que calificó como un “manto de impunidad” para evitar futuras investigaciones.

“Innecesario y va en contra de lo que la Constitución señala, generando un manto de impunidad y espíritu de cuerpo ante casos que requieren allanamiento o diligencias por flagrancia delictiva u otros delitos”, señaló en su cuenta de X.

El cuestionamiento central es claro: si esta norma hubiera estado vigente en la actual legislatura, el Ministerio Público no habría podido ingresar al Congreso para recabar información en investigaciones sobre congresistas involucrados en presuntos actos irregulares.

Allanamientos y diligencias en despachos parlamentarios

La muerte de la ex trabajadora parlamentaria Andrea Vidal dio inicio a una investigación sobre una presunta red de prostitución que operaba dentro del Congreso. En ese contexto, el Ministerio Público ingresó al Palacio Legislativo para recolectar información como parte de sus labores regulares.

No obstante, de haber estado vigente el principio de “inviolabilidad parlamentaria”, los fiscales y efectivos policiales no habrían podido ingresar sin la autorización del presidente del Congreso de ese entonces, Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso (APP), bancada señalada en medio del escándalo.

Al igual que esta intervención, se realizaron otros operativos vinculados a casos de corrupción, contrataciones irregulares, el cobro de los llamados “mocha sueldos” e incluso una denuncia por violación. Estas diligencias no solo se efectuaron en la sede central del Parlamento, sino también en las oficinas de los congresistas ubicadas en la avenida Abancay. El texto actualmente en debate busca restringir este tipo de actuaciones fiscales y policiales.

Otras propuestas preocupantes

Si bien el reglamento del próximo Congreso bicameral aún se está debatiendo y debe ser aprobado por el pleno, hay varios puntos que generan preocupación.

Como por ejemplo, la controvertida propuesta sobre la figura de la suspensión presidencial, que —en ausencia de límites claros— podría permitir que un presidente sea apartado del cargo por tiempo indefinido. A diferencia de la vacancia que pone término definitivo al mandato, la suspensión ocurre por causas temporales y requiere solo 66 votos para ser aprobada.

Según el predictamen, el Congreso podría suspender al jefe de Estado si declara su incapacidad temporal, si enfrenta un proceso judicial, o si se presenta un “hecho objetivo público” que lo inhabilite —como una enfermedad grave o indagaciones por delitos graves como cerrar el Congreso, traición a la patria o impedir elecciones, contemplados en el artículo 117 de la Constitución.

El principal problema radica en que el texto no establece ningún plazo máximo para la duración de esta suspensión y deja las causas abiertas a interpretación del próximo Congreso. Esto ha generado alarma, pues podría convertirse en una especie de vacancia encubierta, aumentando la inestabilidad política en lugar de corregirla.

La irrupción de patrulleros y policías en el exclusivo barrio Las Islas de Nordelta, durante la madrugada del viernes, alteró la habitual calma del barrio.

La inquietud y desconcierto fue total entre los vecinos del empresario Emmanuel Kovalivker, propietario de la droguería Suizo Argentina (junto a su hermano Jonathan Simón Kovalivker) apuntado en la investigación iniciada a partir de los audios del exdirector del ANDIS, Diego Spagnuolo por presuntas coimas.

Las reacciones se reflejaron en una serie de chats filtrados entre los residentes, a los que accedió Noticias Argentinas, producto del allanamiento vinculado a la causa judicial.

La primera señal de alarma surgió poco después de la medianoche, cuando un habitante del country advirtió: “Estoy entrando al barrio y hay un montón de patrulleros en la guardia... Y policías por todos lados”. Al consultar a los oficiales presentes, recibió como respuesta que “no pueden dar información”, lo que incrementó la incertidumbre entre los residentes.

A medida que avanzaban las horas, el flujo de mensajes en el chat se intensificó. Los vecinos comenzaron a reenviar noticias que confirmaban la naturaleza del operativo: “Allanamientos en Nordelta, Buscan a Spagnuolo”. La confirmación de que el procedimiento tenía como objetivo a un miembro de la comunidad impactó especialmente a los habitantes del barrio.

Pero la sorpresa se transformó en preocupación cuando uno de los participantes del chat identificó a uno de los allanados: “Sí, el dueño de la droguería es vecino, y parece que lo allanaron en la madrugada”. Esta revelación provocó una serie de reclamos por la falta de comunicación oficial por parte de la administración del country.

Un residente preguntó: “¿Es vecino nuestro?”, mientras otro expresó su malestar: “Cuando es así no se debió Mandar la alerta a los vecinos en la aplicación para que estemos al tanto?”.

Cómo fue el allanamiento

Cuando las fuerzas llegaron, Emmanuel Kovalivker se estaba yendo en un auto: en el asiento de atrás le encontraron distintos sobres que en su interior contenían dólares de montos varios. En total, eran 266 mil dólares y 7 millones de pesos.

El dinero fue hallado con anotaciones y al empresario le secuestraron el celular y el pasaporte. Por otro lado, su hermano Jonathan -sin pedido de captura- ya había abandonado su propiedad antes del allanamiento a su vivienda.

Por ende, ante el llamado de la Justicia, este último se presentó este en los tribunales federales de Comodoro Py, para entregar su teléfono celular, tras ser llamado a indagatoria por pedido del fiscal Franco Picardi en la causa que lleva adelante el juez Sebastián Casanello.

Se presentó en los estrados junto a su abogado Martín Magram y dio su teléfono móvil para una eventual revisión pericial. Sin embargo, no entregó la clave de su dispositivo.

El allanamiento a la propiedad formó parte de los 15 operativos que ordenó la justicia en la causa. El 21 de agosto, por la noche, fueron allanadas las sedes de ANDIS y de la droguería de donde personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad secuestró computadoras y documentación vinculada a la compra y licitaciones de medicamentos.

Vale recordar que la investigación continuó y durante el mediodía del 22 de agosto, personal de la Policía de la Ciudad llegó a un country del partido bonaerense de Pilar donde estaba Spagnuolo circulando en un automóvil, un VW Nivus.

La Policía lo detuvo y le secuestró el celular. Eso había solicitado el fiscal federal Franco Picardi y lo ordenó el juez federal Sebastián Casanello. El móvil será peritado. Además se secuestró una computadora y documentación.

Para los investigadores, el primer paso será comprobar si efectivamente existió un delito. Por esto, en los próximos días el foco estará en la apertura y peritaje de los celulares personales de los sospechosos, entre ellos Spagnuolo, Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, y Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina.

El barrio privado Haras del Lago, ubicado en la zona del aeropuerto de Carrasco de Uruguay, tiene como slogan “disfrutarlo es vivirlo”. Ofrece en su página web apartamentos de entre uno y cuatro dormitorios, rodeados de verde y de “una gran variedad de servicios”. Quienes van a vivir allí lo hacen en parte buscando alejarse del ruido de la ciudad. Pero esa paz buscada fue interrumpida por la policía en algunas ocasiones.

El 21 de julio, la Policía realizó un allanamiento en una vivienda en ese complejo. En el procedimiento resultó detenido un hombre de 21 años, que tenía antecedentes penales y una requisitoria vigente, y una mujer de 19 sin antecedentes. En el operativo los agentes incautaron siete kilos de cocaína, una pistola con 17 cartuchos, dinero en pesos uruguayo y dólares, una balanza de precisión, elementos para fraccionar drogas, celulares y un auto.

El hombre fue condenado por un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, dos delitos de porte y tenencia de armas de fuego, dos delitos de tráfico de armas y un delito de atentado agravado. Fue sentenciado a tres años de cárcel.

El narco vivía allí, en ese country ubicado en el departamento de Canelones pero cercano a Montevideo.

El allanamiento generó tensión en los vecinos, no solo por la imagen que genera el ingreso de la Policía a ese lugar sino porque los efectivos se confundieron de casa en una primera instancia, informó El País este lunes. Los efectivos primero fueron a la casa de una pareja, que está esperando un bebé. “Me apuntaron con un revólver en la frente, y a mi mujer en el tironeo le dejaron un chichón en la frente”, relató el hombre al diario uruguayo.

La pareja se tuvo que mudar a otro apartamento y todavía no saben si hacer una denuncia por este tema porque son “reacios al conflicto”.

Este no era el primer allanamiento que hubo en el barrio. En marzo fue allanada la casa de Jonathan Mastropierro, uno de los denunciantes de la casa del exsenador Gustavo Penadés y quien cumple prisión domiciliaria por facilitación de la difusión de material pornográfico con la imagen de un menor de edad.

A los vecinos les molestó ver la imagen de policías ingresando al edificio y montando un operativo, según el artículo del medio uruguayo.

Después de estas dos situaciones, los grupos de WhatsApp explotaban a mensajes y se convocó a una asamblea de copropietarios para tomar definiciones. Estos fueron los cinco puntos acordados:

1- Se autorizó a la administración del country a implementar un sistema automatizado de identificación de personas y matrículas.

2- Se acordó revisar el protocolo de visitas al predio.

3- Se podrá realizar un relevamiento de las cédulas de identidad (los DNI uruguayos) y la libreta de propiedad de todos los vehículos de todos los residentes. Los vecinos deberán presentar fotos en la administración, con el objetivo de mejorar los controles de los habitantes del barrio.

4- Se podrá compartir información con la policía sobre los residentes del barrio, para garantizar la seguridad de todos.

5- Se contratará un abogado “para realizar una consulta en el expediente judicial sobre la situación jurídica y brindar asesoramiento sobre los pasos a seguir respecto a la situación” de Mastropierro, quien cumple prisión preventiva en ese barrio.

Estas resoluciones, también informadas por El País, no fueron bien recibidas por este joven que cumple la medida cautelar allí. Antes de la asamblea, envió una carta a los vecinos por WhatsApp en la que asegura que tiene una “conducta ordenada, discreta y respetuosa con el entorno”, que no interfiere “en la vida de nadie” ni genera “perturbaciones dentro del barrio”.

Un caso de estafa, usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina se conoció en las últimas horas en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), en donde desbarataron un consultorio odontológico clandestino. Dos personas fueron imputadas.

El caso llegó a las autoridades a través de la denuncia de una ex paciente, quien contó que llegó al consultorio a través de un anuncio en Facebook Marketplace. Allí la imputada ofrecía implantes y prótesis.

Tras colocarse una prótesis dental, la víctima comenzó a sentir molestias y decidió contactar nuevamente a la supuesta dentista. Al no recibir una respuesta adecuada, presentó un reclamo ante el Ministerio de Salud de la Nación.

Fue entonces que descubrió que la matrícula que la constaba en el sello y factura emitida por la falsa odontóloga no estaba registrada a su nombre.

La denuncia derivó en una investigación del fiscal Rodrigo Pagano Mata, quien solicitó el allanamiento al consultorio ubicado sobre la calle Beauchef al 1400.

Durante el procedimiento -coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y con el apoyo de la Policía de la Ciudad- se secuestraron instrumentos médicos y documentos útiles.

La falsa dentista enfrenta cargos por estafa, en concurso ideal con ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título. Su pareja fue imputada como partícipe necesario en la maniobra.

Arrestaron a un hombre que ejercía como falso médico en un centro de salud porteño

A principios de junio se conoció la detención de un hombre de 39 años sospechado de ejercer como médico sin habilitación. Se trata de Cristian Leonardo Rodríguez, sobre quien ya pesa un requerimiento de juicio oral por el uso de documentos falsos, ejercicio ilegal de la medicina, estafas y por su presunta responsabilidad en la muerte de una mujer en una residencia geriátrica.

El procedimiento se llevó a cabo en los “Consultorios Médicos Moliere”, ubicados en la calle Moliere al 1600, barrio porteño de Monte Castro. Allí, el hombre continuaba trabajando como si contara con la habilitación profesional.

La detención fue concretada por personal de la División Delitos Contra la Salud Pública de la Policía Federal Argentina, en el marco de un allanamiento en el que se pudo constatar que Rodríguez utilizaba matrículas correspondientes a otros profesionales de la salud.

Según publicó el Ministerio Público Fiscal (MPF), en esa clínica el acusado se presentaba como médico generalista, cardiólogo y neumonólogo. A su vez, atendía consultas, realizaba electrocardiogramas, holters cardíacos, espirometrías, mapeos, aptos físicos, ecografías ginecológicas y abdominales; prescribía medicamentos y emitía recetas electrónicas.

Fuentes judiciales indicaron que su detención se concretó mediante la intervención de un agente revelador. Explicaron que, en rigor, ya había sido enviado a juicio en otras actuaciones por un hecho de características similares, que incluye una sospecha de homicidio, y que desde hace tiempo ejercía la medicina sin habilitación. Afirmaron que aún no se conoce la dimensión de las posibles víctimas y que se trabaja para identificarlas. Agregaron también que el establecimiento ya había sido alcanzado por una orden de clausura dictada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego del allanamiento, desde los consultorios de salud difundieron en redes sociales que el lugar había sido asaltado, por lo que se habían visto obligados a permanecer cerrados.

La elevación a juicio oral contra Rodríguez había sido solicitada por el fiscal Rívolo en torno a dos expedientes iniciados en 2019 y 2023, en donde se le endilga al imputado la utilización de títulos universitarios presuntamente emitidos por la Universidad de Buenos Aires, certificados del Registro Nacional de Prestadores de la Superintendencia de Servicios de Salud, y matrículas médica nacional y provincial. Con esos documentos, Rodríguez habría practicado de forma ilícita la medicina en el sanatorio San Cayetano del barrio porteño de Parque Avellaneda, en la empresa IRT Medicina para Empresas, en los Consultorios Médicos Moliere, en el geriátrico Nuevo Senior y en la residencia geriátrica Flores.

De hecho, en una de esas instituciones geriátricas, el acusado, asumiendo “una posición de garante”, habría creado un “riesgo jurídicamente desaprobado” que derivó en el deceso de una paciente internada.

Un robo registrado el domingo pasado en el barrio Los Pinares de la ciudad de Mar del Plata fue el punto de partida para una investigación que terminó con un allanamiento policial y el secuestro de varios de los objetos sustraídos.

La víctima, una mujer de 50 años, reportó la sustracción de una caldera, herramientas, fardos de alambres y una garrafa de su vivienda, lo que motivó la intervención de la Oficina de Determinación de Autores (ODA) y de la comisaría séptima.

Las tareas investigativas permitieron reunir indicios sobre el destino de los objetos, lo que derivó en la solicitud de una orden de allanamiento al juzgado de Garantías competente. El procedimiento, llevado a cabo en un domicilio de la calle Rejón al 6400, permitió recuperar parte del botín y secuestrar evidencia clave para el avance de la causa.

El allanamiento se realizó este último martes bajo supervisión judicial y fue ejecutado por personal policial de la comisaría séptima. Sobre ese domicilio recaían sospechas vinculadas a la venta de elementos robados en la zona, tras la aparición de publicaciones y ofertas irregulares.

En el interior del inmueble, según informó el portal 0223, los efectivos encontraron varios de los objetos denunciados como robados. Junto con el material sustraído, se incautaron un teléfono celular, vestimenta, prendas con insignias policiales y un handy. Estos últimos elementos, según fuentes del caso, serán sometidos a peritajes para determinar su procedencia y posible asociación con otros delitos.

Una joven de 23 años, residente en la vivienda, fue identificada en el lugar durantee los procedimientos. La Policía labró las actuaciones correspondientes y notificó al fiscal Fernando Berlingeri, quien decidió la formación de una causa por encubrimiento, aunque no dispuso medidas restrictivas de la libertad para la sospechosa.

El fiscal orientó las primeras diligencias hacia el esclarecimiento del circuito de reducción de objetos robados en el barrio, con la hipótesis de que existía una red informal de comercialización.

Entre las pruebas recolectadas figuran los mensajes y registros del teléfono celular secuestrado, posible evidencia sobre la oferta y venta de los bienes sustraídos. La indumentaria policial y el handy incautados podrían tener relevancia en la vinculación de la joven y otros posibles imputados con conductas ilícitas adicionales, por lo que se dispusieron pericias y cruces de antecedentes.

Falsos policías con más uniformes robados

Pocos días atrás, un hombre fue detenido en la localidad de El Manantial, provincia de Tucumán, acusado de hacerse pasar por policía. Fue descubierto mientras caminaba por un barrio vestido con prendas alusivas a la fuerza y hasta un arma.

Según comunicó el Ministerio de Seguridad de esa provincia, el sospechoso fue observado por un equipo de la División Patrulla Motorizada El Manantial, que realizaba tareas de prevención a la altura de la intersección de las calles Gobernador del Campo e Independencia.

Al detectar la presencia policial, el hombre trató de evitar el control al ingresar a un pasaje sin salida ni iluminación. Sin embargo, su plan de escape se vio rápidamente frustrado. Los agentes lo siguieron y observaron cuando intentaba deshacerse de un objeto y quitarse un chaleco portaplacas que tenía estampada la leyenda “Policía” en la espalda.

Pero no pudo y finalmente fue detenido. De acuerdo con lo que comunicó el Gobierno tucumano a través de sus canales oficiales, durante el procedimiento los efectivos le secuestraron además cartuchos calibre 12, dos cuchillos, una gorra de uso policial, un celular con su cargador y el chaleco.

Al constatar que el sospechoso no pertenecía a ninguna fuerza, fue arrestado y la Justicia ordenó el secuestro de todos los elementos que portaba e investigar sus antecedentes. Finalmente, fue trasladado a la dependencia policial.

En la mañana del lunes, un importante operativo policial y judicial tuvo lugar en el barrio Las Palomas de la localidad de Juan José Castelli, Chaco. Un domicilio de la zona fue el epicentro de un allanamiento ordenado en el marco de las investigaciones realizadas sobre tráfico y tenencia ilegal de fauna silvestre. Se encontraron más de 100 aves de distintas especies.

En el interior de ese inmueble, la imagen era desoladora: docenas de jaulas, muchas improvisadas con cajones de madera, contenían aves exóticas, autóctonas y domésticas. Algunos ejemplares eran pichones, otros estaban en plena puesta y varios huevos aguardaban para su incubación. Y entre el bullicio del despliegue oficial, hallaron también una perra pincher evidenciaba signos visibles de abandono, maltrato y desnutrición.

Según informó el portal del Diario Tag, el allanamiento realizado este lunes respondió a una orden emitida por el Juzgado de Garantías, por una causa de tenencia y tráfico de fauna silvestre en infracción a las leyes nacionales y provinciales de protección animal.

La ejecución del operativo estuvo a cargo de la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental de San Martín, con la intervención de la fiscal Noelia Beatriz Miño, el Ayudante Fiscal, Noelia Leoni, y el veterinario oficial Principal Jairo José Melgarejo.

Las dos personas que habitaban la vivienda allanada, P.E.S. de 45 años, y A.D.R. de 23, recibieron la notificación correspondiente en libertad acerca de la imputación que pesará sobre ellos. Se desconoce si hay algún tipo de parentesco entre los acusados.

Hasta el momento, la Justicia no dictó ninguna medida de restricción mayor, aunque las actuaciones continúan en curso y no se descartan eventuales imputaciones adicionales.

En total, se incautaron 109 pájaros, entre ellos: 9 cacatúas ninfa, 4 cardenales, 1 cardeñilla, 4 reinas mora, 7 canarios silvestres, 22 agapornis, 3 zorzales, 2 palomas coloradas, 43 periquitos australianos y 1 martineta, junto a otros que serán analizados por los expertos. También se encontraron 15 cajones con huevos y pichones, lo que evidenciaba una posible cría clandestina o comercialización ilegal; y 3 jaulas de fabricación casera de escasa higiene y ausencia de condiciones sanitarias mínimas.

Respecto del perro hallado en el operativo, el oficial Melgarejo, encargado de la inspección, advirtió que el animal presentaba bajo peso y lesiones cutáneas compatibles con dermatitis, lo que llevó a su inmediato retiro del lugar ante la sospecha de maltrato, conforme a lo establecido por la Ley 14.346.

Una vez secuestrados todos los animales, fueron trasladados al Zoológico Municipal de Roque Sáenz Peña. Allí, un equipo de especialistas evaluará su estado y brindará la atención necesaria, tanto en lo sanitario como en lo alimentario.

Por otra parte, la Justicia chaqueña continuará el proceso para determinar la responsabilidad penal y administrativa de los dos involucrados. Las actuaciones se mantienen bajo reserva mientras se analizan evidencias y testimonios recabados durante el procedimiento.

Operativo rescate en Córdoba

Casi cien aves exóticas fueron rescatadas de cautiverio en una serie de allanamientos realizados en viviendas de la localidad cordobesa de Santa Rosa de Calamuchita. El operativo, llevado a cabo por personal de la Policía Ambiental y la Patrulla Ambiental de Córdoba, permitió liberar a un total de 94 ejemplares que permanecían en distintas casas de la zona.

La intervención tuvo lugar a fines de mayo y se enmarcó en una investigación destinada a combatir el tráfico ilegal y la tenencia no autorizada de especies silvestres y exóticas. Durante los procedimientos, los agentes constataron la presencia de jaulas y recintos utilizados para mantener a los pájaros en condiciones de encierro.

Los animales rescatados fueron trasladados a la Reserva Tatú Carreta, ubicada en la localidad de Casa Grande, donde los especialistas comenzaron con las tareas de rehabilitación que incluyeron un período de cuarentena con fines sanitarios, antes de evaluar la posibilidad de su reinserción en el entorno natural de origen.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N° 5 de San Martín rechazó la solicitud de exención de prisión presentada por la defensa de Zhang Ming Qiang (30), un ciudadano chino que se encuentra imputado por haber intentado matar a efectivos de la Policía Federal Argentina durante un allanamiento realizado en un supermercado de la localidad bonaerense de San Martín en 2016. La resolución tuvo en cuenta que el hombre fue declarado en rebeldía y tiene una orden de captura nacional e internacional por permanecer prófugo de la Justicia, en tanto se sospecha que habría regresado a China en enero de 2020.

El proceso penal se originó a partir de un operativo policial ejecutado en la madrugada del 11 de junio de 2016, en el comercio “Mis Sueños”, ubicado en la planta baja de un inmueble de la calle Rivadavia al 4300. Durante la diligencia, personal de la División Defraudaciones y Estafas, con apoyo del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), fue atacado con armas de fuego y granadas de gas lacrimógeno, según se desprende del requerimiento de elevación a juicio firmado por el fiscal Paulo Starc. Como consecuencia de la agresión, el agente Mariano Isaías Leiva resultó herido en el pómulo y brazo izquierdo, y otros efectivos recibieron impactos en sus chalecos antibalas.

Zhang Ming Qiang, junto con Lin Bin (35), Lin Zhenbiao, Wang Xiaoling (34) y Yang Yang Wang, fue acusado como coautor de tentativa de homicidio doblemente agravado -por ser contra miembros de una fuerza de seguridad en ejercicio de sus funciones y por el uso de armas de fuego-, tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil y de guerra -un revólver Jaguar calibre .32 largo, una escopeta de dos caños yuxtapuestos marca Carlos Grassi calibre 32/70 y un fusil de repetición Norinco modelo JW-15A calibre .22 mm, entre otras- y posesión de material asfixiante, todos en concurso real.

Los sospechosos desempeñaban diversas funciones dentro del mismo establecimiento comercial: Zhang Ming Qiang y Lin Bin trabajaban como repositores; Wang Xiaoling se desempeñaba como cajera; mientras que no se consignó información laboral precisa sobre Lin Zhenbiao y Yang Yang Wang. Todos residían en el mismo inmueble donde se llevó adelante el allanamiento.

En el fallo firmado por la jueza de cámara María Claudia Morgese Martin, se llegó esgrimió que no estaban dadas las condiciones para conceder eximición de prisión solicitada por la defensa particular del imputado, en manos de Mariano Luzuriaga y Jorge Gabriel Taiah.

Entre sus fundamentos, la magistrada del TOCF destacó que Zhang Ming Qiang se encuentra declarado en rebeldía desde el 19 de marzo de 2024, fecha en la que se ordenó su inmediata detención tras comprobarse que no compareció a las citaciones judiciales ni se encontraba en su domicilio declarado. Según registros de la Dirección Nacional de Migraciones, el imputado salió del país el 13 de enero de 2020 rumbo a los Emiratos Árabes Unidos.

El fallo valoró además como agravante que Zhang Ming Qiang se encuentra presumiblemente radicado en la República Popular China, país que no tiene tratado de extradición vigente con la Argentina. En ese marco, la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores informó que las autoridades chinas no dan curso a planteos de extradición de sus ciudadanos, un hecho que en la práctica imposibilita su comparecencia ante los tribunales argentinos.

“Tal circunstancia agrava aún más la condición de prófugo que reviste el imputado Zhang Ming Qiang, pues se radicó en un Estado que no permite que sea solicitado para su juzgamiento en el territorio de nuestro país”, señaló el fallo del tribunal oral de San Martín.

En línea con lo dictaminado por el fiscal general, la jueza Morgese Martin señaló que “la severidad de la pena conminada en abstracto para el delito enrostrado” constituía un indicador objetivo del “peligro de fuga”, en los términos del artículo 221 del Código Procesal Penal Federal. Además hizo hincapié en “las circunstancias, gravedad, naturaleza de los hechos endilgados y la consecuente expectativa concreta de prisión que afronta el incuso”.

Los defensores del imputado no presentaron contraargumentos frente a la postura del Ministerio Público Fiscal, de acuerdo a las actuaciones. A su vez, la víctima del caso manifestó en un informe su rechazo respecto a la posibilidad de que el ciudadano chino fuera beneficiado con una medida que mejore su situación procesal.

La denegatoria judicial también tuvo en cuenta que la Dirección Nacional de Migraciones no había hecho lugar a la solicitud de Zhang Ming Qiang para obtener la residencia permanente en el país en el año 2013. En aquel entonces, su residencia precaria quedó cancelada y el sospechoso pasó a residir de manera “irregular” en Argentina.

“Por otro lado -añadió la jueza de cámara al fundar la resolución-, cabe recordar que, en virtud de la captura ordenada por este Tribunal, se encuentra activa la notificación roja de INTERPOL respecto del nombrado".

Así las cosas, el expediente “FSM 36193/2016″ permanece suspendido en relación a Zhang Ming Qiang hasta que pueda ser puesto a disposición del tribunal de juicio, tal como lo establece el artículo 290 del Código Procesal Penal de la Nación.

En el marco de la causa que investiga la muerte de Diego Maradona, este miércoles las autoridades ordenaron allanar la empresa prestadora de servicios de enfermería y aparatología médica que estuvo a cargo de equipar la internación domiciliaria donde murió el futbolista el pasado 25 de noviembre de 2020.

Se trata de Medidom, cuyo domicilio legal figura en la calle Güemes 4243, en el barrio porteño de Palermo. Fue allí a donde personal de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales se movilizó para ejecutar el operativo por instrucción del Juzgado Nacional de Rogatorias y del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

Sin embargo, el procedimiento no salió como esperaban: según supo Infobae, al llegar al edificio en cuestión, los agentes constataron que la compañía se había mudado. No funciona más allí desde hace aproximadamente 5 años, cuando murió Diego.

El objetivo del operativo era secuestrar todo el material, tanto físico como digital, que sea de interés para la causa. Por ejemplo, la documentación correspondiente al período en el que se organizó y montó la internación domiciliaria para Maradona en Tigre.

La orden también incluía la incautación de dispositivos electrónicos y el secuestro de correspondencia digital, como mails o chats, que pudiera contener datos vinculados a la investigación.

Estos intercambios podían contener información crucial que involucrara -o no- a dos de los siete imputados en el juicio: Nancy Forlini, la coordinadora de la prepaga de Maradona; y Mariano Perroni, de Medidom, quien estaba a cargo de los enfermeros que trabajan en la internación domiciliaria de Diego.

El allanamiento se ordenó una semana después de que se hiciera el registro en Clínica Olivos, donde, luego de la declaración del director del sanatorio, Pablo Dimitroff, los jueces del TOC Nº3 de San Isidro pidieron secuestrar todos los archivos relacionados con la salud de Maradona con fecha entre el 3 y el 11 de noviembre de 2020.

El operativo se hizo el pasado martes a la noche. Una vez dentro del sanatorio, los uniformados se entrevistaron con el médico a cargo, doctor Juan Molinos; el gerente de la clínica, Pablo Castiello; y el apoderado de la prepaga, Claudio Gabriel Ravinovich, quienes interiorizados de la diligencia, autorizaron el acceso a los sistemas informáticos.

Verificados los mismos, se procedió al secuestro de archivos en soporte digital y documentación física en soporte papel, ambas relevantes y de intereses para la presente investigación. En detalle, los agentes incautaron 279 fojas correspondientes a la historia clínica completa de Diego Maradona, seis estudios de laboratorio y 543 correos electrónicos que se enviaron entre los investigados.

Durante el operativo, también buscaban incautar documentación sobre otros procedimientos que se practicaron en la Clínica durante el período establecido.

La medida fue decidida por unanimidad a partir de un pedido del fiscal general adjunto de San Isidro, doctor Patricio Ferrari, uno de los fiscales a cargo de la acusación pública, quien solicitó hacer un registro del establecimiento de zona Norte por considerar que hay pruebas que involucran a los imputados y que no fueron aportadas en la causa.

La petición -que recibió el apoyo de todos los abogados querellantes y hasta de los defensores de Luque y Cosachov- tuvo lugar luego de la declaración del director del sanatorio, Pablo Dimitroff, quien durante su testimonio aportó un estudio prequirúrgico que le habrían realizado al Diez antes de su operación de cabeza, a principios de noviembre de 2020. Sus resultados, sin embargo, no constaban en el historial clínico.

La causa por la cual se inició la investigación derivó en la ejecución de once allanamientos autorizados por el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial Zárate-Campana.

Nueve de los operativos se desarrollaron en domicilios de la ciudad de Campana y los dos restantes en el partido de Exaltación de la Cruz, luego de establecerse conexiones con ilícitos ocurridos en esa jurisdicción.

El despliegue incluyó la participación del Grupo Halcón Sur y Norte, efectivos de los Grupos de Apoyo Departamental (GAD) de Campana, San Pedro, Escobar y Pilar, junto a unidades de la DDI Zárate-Campana, Sub DDI Zárate, Subcomisaría Cardales, Comando de Patrullas Campana, UPPL Campana, y otras dependencias policiales.

El operativo fue ejecutado en conjunto con personal policial de Exaltación de la Cruz y San Andrés de Giles, bajo la supervisión de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°2 de Campana.

El primer allanamiento se realizó en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Pasteur y Ricardo Rojas, allí se incautaron un revólver calibre .44, un arma de fabricación casera tipo tumbera, tres cascos de motocicleta, tres motocicletas —dos de ellas sin patente— y piezas de otros vehículos.

El principal sospechoso, identificado como J. A. I., el cual se encuentra prófugo.

Posteriormente, en otro operativo llevado a cabo en la calle Barlaro, se hallaron 16 envoltorios de cocaína (8,78 gramos), 500 gramos de cogollos de marihuana, y dos plantas de la misma sustancia con un peso de 4,76 kilogramos. También se secuestraron cinco teléfonos celulares y partes de motocicletas.

Allí se notificó a M. S. J. de 39 años, un menor de edad y T. Z. F. de 22 años, por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización. Una de las víctimas, reconoció herramientas y una baulera sustraídas en un robo ocurrido sobre la Ruta 8, km 94, en jurisdicción de Solís.

Otro de los operativos positivos se realizó en un domicilio ubicado en la calle Ghiachino, en él fue aprehendido J. J. P. de 22 años, a quien se le secuestró una motocicleta Honda CBX 300 cc con pedido de secuestro activo por una causa de robo tramitada en la UFI y J N°7 de Zárate. También se incautaron prendas, un casco, una baulera y un teléfono celular.

En el domicilio ubicado en la calle Coletta, fue detenido A. N. B. de 24 años, acusado de robo agravado. Se le secuestró un teléfono Samsung S24, propiedad de una de las víctimas asaltadas por la banda. Además, tenía otros cinco celulares adicionales y un chaleco marca The North Face.

En otro operativo llevado a cabo en el barrio Las Campanas, se detuvo a U. A. A. de 20 años. En el lugar se encontró un revólver calibre .32, sin documentación, un block de motor con numeración suprimida, autopartes y dos cascos.

Por último, en la localidad de Exaltación de la Cruz, un allanamiento realizado en Gran Alameda, en el barrio La Sidrera, terminó con el secuestro de 456 gramos de cogollos de marihuana.

Según expresaron fuentes del caso consultadas por Infobae, los implicados también estarían vinculados a delitos cometidos en Exaltación de la Cruz, lo que motivó la extensión del operativo a esa jurisdicción. Las órdenes de allanamiento adicionales fueron emitidas tras la intervención del Ministerio Público Fiscal.

La investigación, que hasta ahora tiene tres detenidos, continúa en curso, mientras las autoridades mantienen la búsqueda para localizar al sospechoso prófugo.

"El alcalde de Newark, Ras Baraka, incurrió en allanamiento de morada e ignoró múltiples advertencias para que se retirara del centro de detención de ICE en Newark", escribió en su cuenta de X Alina Habba, la fiscal interina de Nueva Jersey y exabogada del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Según la fiscal, Baraka estaba protestando frente al centro de detención Delaney Hall por las condiciones del lugar, junto con "los representantes (del Congreso) Robert Menéndez Jr. y Bonnie Watson Coleman" y otros manifestantes, añadió.

En su mensaje, Habba señala que Baraka optó por "ignorar la ley" y que ha sido "puesto bajo custodia".

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos indica en un comunicado que, mientras un autobús con detenidos entrada en las instalaciones, un grupo de manifestantes "irrumpió en el centro de detención".

"Que miembros del Congreso irrumpan en un centro de detención va más allá de una maniobra política estrafalaria y pone en riesgo la seguridad de nuestros agentes del orden y de los detenidos", anotó en el comunicado la subsecretaria Tricia McLaughlin.

"Los miembros del Congreso no están por encima de la ley y no pueden irrumpir ilegalmente en los centros de detención. Si estos miembros hubieran solicitado una visita, la habríamos facilitado. Esta situación está en constante evolución", agregó el mensaje.

El DHS, además, apunta que las acusaciones de los manifestantes de que el centro de detención Delaney Hall no cuenta con los permisos necesarios "son falsas".

En ese sentido, el departamento anota que cuentan con permisos válidos, inspecciones de plomería y electricidad y se han aprobado los códigos de incendios.

"Delaney Hall alberga actualmente a asesinos, violadores, presuntos terroristas y pandilleros", anota el comunicado. EFE

A través de X, Meda, aliada de la líder opositora María Corina Machado, expresó que el "brazo represor" del ministro de Interior, Diosdado Cabello, "violenta" su residencia en Caracas la noche de este miércoles.

Igualmente, aseguró que el funcionario "miente" sobre "supuestas negociaciones" para la salida de la sede diplomática y del Venezuela de ella y los otros cuatro opositores que estuvieron refugiados ahí desde marzo de 2024, que son Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Ómar González. EFE

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Andre Stephon-Curtis Broadenax, de 29 años, enfrenta múltiples cargos penales tras ser acusado de irrumpir en una vivienda de Detroit y presuntamente forzar a su hija de 11 años a colaborar en el delito. La Fiscalía del Condado de Wayne confirmó que el incidente ocurrió el 29 de abril de 2025, alrededor de las 8:43 p.m., cuando Broadenax ingresó a la casa de un hombre de 75 años ubicada en el bloque 600 de Marquette Drive.

El sospechoso habría llegado al lugar conduciendo un vehículo robado, propiedad de un residente de Dearborn Heights de 52 años. Según la acusación, Broadenax forzó la entrada a la vivienda llevando consigo a su hija menor de edad y la obligó a ayudarlo en el ingreso ilegal. La casa estaba siendo renovada en el momento de los hechos, informó la fiscalía.

Cuando el hijo del propietario llegó a la residencia aproximadamente a las 8:45 p.m., descubrió a Broadenax dentro de la vivienda. Al verse sorprendido, el acusado huyó a pie, dejando atrás tanto el vehículo robado como a su hija de 11 años, de acuerdo con los reportes oficiales.

La detención y la reacción policial

La Policía de Detroit acudió rápidamente al lugar y, según testigos y declaraciones de las autoridades, estableció un perímetro de seguridad en la zona para localizar al sospechoso. David Bridges, vecino del área, relató a ABC News que su tía observó desde un balcón cómo los agentes rodeaban la cuadra mientras buscaban al intruso. Bridges añadió: “Mi tía había salido al balcón y vio a todos los policías afuera”.

Bridges, padre de ocho hijos y residente del vecindario, también expresó durante la entrevista su desconcierto: “Como padre de ocho hijos, no puedo imaginar usar a ninguno de mis hijos para irrumpir en una casa o hacer daño a otra persona porque está mal”.

La investigación realizada por el Departamento de Policía de Detroit permitió detener a Broadenax poco después de su huida. Las autoridades confirmaron que no se reportaron heridos durante el arresto y que la menor fue puesta a salvo.

Los cargos presentados

La Fiscalía del Condado de Wayne informó que Broadenax enfrenta los siguientes cargos:

• Invasión de hogar en primer grado
• Invasión de hogar en segundo grado
• Hurto en un edificio
• Recepción y ocultamiento de un vehículo robado
• Inducción de un menor a cometer un delito
• Contribución a la delincuencia de un menor.

Las autoridades subrayaron que todas las acusaciones son por el momento alegaciones, y que el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.

Audiencias judiciales en los próximos días

Broadenax fue procesado el 2 de mayo de 2025 en el 36th District Court ante la magistrada Delphia Burton. Se le fijó una fianza de $75,000 con la condición de llevar un dispositivo GPS y permanecer bajo arresto domiciliario, de acuerdo con el reporte de la fiscalía.

Sin embargo, el 5 de mayo de 2025, durante una audiencia de reexamen de la fianza, el juez William McConico decidió aumentarla a $150,000, manteniendo el monitoreo por GPS y el arresto domiciliario. La audiencia de causa probable está programada para el 14 de mayo de 2025 a las 8:30 a.m., y el examen preliminar se realizará el 21 de mayo de 2025 a las 8:45 a.m. ante el juez Shawn Jacque.

La comunidad de Marquette Drive, descrita por sus propios residentes como un área típicamente tranquila, reaccionó con preocupación ante lo sucedido. Según los informes oficiales, el caso sigue en desarrollo y las autoridades continúan investigando todos los aspectos relacionados con el incidente. Además, también determinarán la situación de la menor que se encontraba bajo custodia del detenido.

El allanamiento fue ordenado por los jueces Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro por pedido de la Fiscalía tras la declaración este martes del director de la clínica, Pablo Dimitroff.

En su testimonio, Dimitroff presentó unos estudios que dijo habían sido realizados a Maradona antes de su última operación -por un hematoma subdural en la cabeza-, algo que contradijo lo declarado ante los jueces por el jefe de Terapia Intensiva de la misma institución, Fernando Villarejo, que la semana pasada afirmó que no se le habían realizado estudios prequirírgicos al ídolo argentino antes de la operación. EFE

Un hombre de Carolina del Sur enfrenta varios cargos graves tras ser acusado de irrumpir en la casa de su exnovia y atacarla mientras se ocultaba en su ducha. Según un informe del Departamento de Policía de Charleston citado por los medios locales WCBD y WCIV, el sospechoso afirmó que se trataba de una “broma” para aliviar las tensiones luego de una discusión.

Jackson Collum Arnold, de 25 años, presuntamente ingresó sin autorización al apartamento tipo garaje de su exnovia poco antes de la medianoche del domingo. De acuerdo con el informe policial, Arnold se escondió en la ducha hasta que la mujer regresó a su hogar. Para cubrirse el rostro, utilizó un par de pantalones cortos de ciclismo pertenecientes a la víctima y llevaba puesto un sombrero. Estaba desnudo de la cintura para abajo cuando sorprendió a la mujer con un cuchillo, señalaron las autoridades.

La víctima relató a los oficiales que temió por su vida cuando Arnold presuntamente le sostuvo el cuchillo al costado de la cabeza y simuló cortarle el cuello antes de intentar estrangularla. La mujer logró quitarle los pantalones cortos que le cubrían el rostro y así identificó a su agresor, quien era su pareja intermitente, de acuerdo con la policía.

Arnold alegó que su intención era hacer una broma tras una discusión por mensajes de texto

El informe policial, citado por WCBD y WCIV, indica que Arnold justificó sus acciones afirmando que solo quería “sorprender” a la mujer y “aligerar el ambiente” después de una disputa que habían tenido por mensajes de texto esa misma noche. Según las autoridades, el hombre planeó cuidadosamente su entrada para no ser detectado: estacionó su vehículo a una distancia considerable de la vivienda y dejó su teléfono móvil atrás.

Durante la investigación, los oficiales encontraron la ropa interior de Arnold en el baño donde ocurrió el incidente. Al momento de la llegada de la policía, el acusado ya se había vestido con unos jeans. La víctima logró contactar a los servicios de emergencia mediante una llamada al 911, lo que permitió a las autoridades intervenir rápidamente.

Cargos presentados: allanamiento, agresión y posesión de arma durante un delito violento

Tras ser arrestado, Arnold fue ingresado en el centro de detención local y enfrenta cargos de allanamiento de primer grado, agresión y lesiones y posesión de un arma durante la comisión de un delito violento. Estos cargos conllevan penas severas bajo las leyes de Carolina del Sur, que contemplan sanciones más estrictas cuando se utilizan armas blancas o cuando el delito ocurre en una vivienda habitada.

El Departamento de Policía de Charleston no proporcionó detalles adicionales sobre el estado físico de la víctima después del incidente ni sobre si había presentado lesiones que requirieran atención médica. Tampoco se informó si Arnold cuenta con antecedentes penales previos.

El incidente subraya los riesgos de violencia doméstica disfrazada de bromas

El caso ha generado preocupación entre defensores de los derechos de las víctimas de violencia doméstica, quienes advierten que acciones como la que se le imputa a Arnold pueden poner en peligro la vida de las personas y no deben ser minimizadas como bromas o malentendidos. Según los expertos, este tipo de conductas a menudo forman parte de un patrón de comportamiento abusivo que puede escalar si no se toman medidas legales firmes.

El informe no especifica si se emitió alguna orden de alejamiento o si la víctima recibió asistencia de servicios de apoyo para víctimas de agresión. Las autoridades instaron a cualquier persona que se sienta en peligro o experimente situaciones similares a comunicarse con las fuerzas del orden o con organizaciones especializadas en violencia de pareja.

Miami, 23 ene (EFE).- Las autoridades de Palm Beach (Florida) arrestaron a un hombre que el miércoles saltó un muro para entrar al club Mar-a-Lago del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien esta semana se encuentra en Washington tras asumir un segundo gobierno el lunes pasado.

El hombre, identificado como Bijan Arceo, de 32 años, tiene una fianza de 20.000 dólares, según recogió este jueves el diario Palm Beach Post.

Las autoridades desconocen los motivos de la intrusión de Arceo, que fue detectado la tarde del miércoles por el Servicio Secreto y quien está detenido en la cárcel del condado de Palm Beach.

Arceo se declaró este jueves no culpable de un cargo de allanamiento ante la jueza Ashley Zuckerman, quien le prohibió tener contacto con Trump, Mar-a-Lago o cualquier área restringida federal, según los registros judiciales.

La vía por donde se coló Arceo al club, la South Ocean Boulevard, reabrió sus puertas el sábado pasado después de que Trump partiera para Washington.

Había estado cerrada desde el 4 de noviembre, cuando Trump regresó a Palm Beach antes de las elecciones generales del 5 de noviembre. EFE

Miami, 23 ene (EFE).- Las autoridades de Palm Beach (Florida) arrestaron a un hombre que el miércoles saltó un muro para entrar al club Mar-a-Lago del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien esta semana se encuentra en Washington tras asumir un segundo gobierno el lunes pasado.

El hombre, identificado como Bijan Arceo, de 32 años, tiene una fianza de 20.000 dólares, según recogió este jueves el diario Palm Beach Post.

Las autoridades desconocen los motivos de la intrusión de Arceo, que fue detectado la tarde del miércoles por el Servicio Secreto y quien está detenido en la cárcel del condado de Palm Beach.

Arceo se declaró este jueves no culpable de un cargo de allanamiento ante la jueza Ashley Zuckerman, quien le prohibió tener contacto con Trump, Mar-a-Lago o cualquier área restringida federal, según los registros judiciales.

La vía por donde se coló Arceo al club, la South Ocean Boulevard, reabrió sus puertas el sábado pasado después de que Trump partiera para Washington.

Había estado cerrada desde el 4 de noviembre, cuando Trump regresó a Palm Beach antes de las elecciones generales del 5 de noviembre. EFE

Un allanamiento en el marco de una causa por robo en Corrientes derivó en el hallazgo de una operación de narcotráfico que sorprendió a los investigadores. En el lugar, funcionaba un bunker narco que tenía como cliente a un oficial de policía.

Es que lo que parecía ser una rutina de investigación por un delito menor se convirtió en un operativo que destapó una red de venta de estupefacientes a gran escala, con al menos tres personas detenidas, incluyendo a un policía provincial que, según las primeras declaraciones, habría sido cliente del lugar.

El operativo se llevó a cabo el último sábado pasadas las 15, por personal de la Comisaría Décimosexta en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Sánchez de Bustamante y Verona del barrio San Marcelo de la ciudad de Corrientes, una zona que hasta ese momento no había sido señalada como un punto de conflicto.

La investigación que llevó a los agentes a la dirección comenzó con una denuncia por un robo reciente en una cancha de fútbol cercana según informó el portal del Diario Época.

Los investigadores tenían indicios de que una motocicleta Zanella ZB de 110 cc., que había sido sustraída, podría encontrarse en esa casa. Sin embargo, lo que inicialmente parecía ser un allanamiento rutinario por un caso de robo, se transformó rápidamente en algo mucho más complejo.

En la vivienda no solo se había encontrado la motocicleta robada, sino que también se detectaron otros ilícitos. Durante el procedimiento, los agentes se toparon con una operación de narcotráfico en curso, en la que se vendían microdosis de cocaína a los vecinos de la zona.

A raíz de esto, se produjo la demora de tres personas, identificadas como Acosta, Saucedo y Sena, quienes tenían antecedentes por robos y hurtos. Acosta, en particular, era el principal responsable del “búnker narco”, mientras que otra mujer, identificada como Mora, no fue detenida.

Dentro de la vivienda, los efectivos encontraron elementos que evidencian la actividad ilícita que se desarrollaba allí. Entre los objetos incautados se incluyen 13 teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, cuyo origen era sospechoso, 47 microdosis de cocaína, y más de 200.000 pesos en efectivo. Los agentes también hallaron cuatro vainas servidas y una intacta de balas calibre 9 milímetros, lo que generó más inquietud, ya que no se localizó el arma de la que fueron disparadas.

Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió en el momento en que se descubrió que uno de los detenidos en este búnker narco era un cabo primero de la Policía de la provincia de Corrientes, quien estaba armado y uniformado en el momento del allanamiento.

Según la versión que brindó, habría ido a esa casa para reparar su celular. Tiempo después, el efectivo habría admitido que consumió estupefacientes dos horas antes del procedimiento.

Posteriormente, el oficial, que presta su servicio en la localidad de Mocoretá, una localidad correntina situada a 410 kilómetros de la capital provincial, fue arrestado y sometido a las pruebas correspondientes para determinar si había consumido drogas. Tras su detención, fue trasladado a la comisaría Primera y desafectado de la fuerza con un sumario interno para investigar lo sucedido.

Ante lo ocurrido, el caso, que inicialmente estaba bajo la órbita de la comisaría Decimosexta, fue derivado a un Juzgado Federal, que ahora se encarga de la causa.

Ahora, el juez interviniente quien tendrá que analizar los vínculos entre los detenidos, el posible vínculo de la policía en el hecho y la magnitud de la operación de narcotráfico descubierta en el procedimiento. En tanto, las autoridades no descartan que haya más personas involucradas, tanto en la venta de estupefacientes como en la posible protección de estas actividades.

El juez federal de Campana Adrián González Charvay ordenó nuevos allanamientos en la causa que investiga al ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, y a varias personas de su entorno. Uno de los operativos se hizo en una financiera trucha que funcionaba en la ciudad de Buenos Aires. En ese lugar se incautaron $ 62.915.500, USD 254.254, 4.600 euros, y 112 mil reales.

“Los allanamientos son una continuidad del operativo que se hizo en la financiera que funcionaba en el hotel (Sheraton) de Pilar”, dijo una fuente de la investigación consultada por Infobae. Ese operativo ocurrió a fines de enero. En ese momento también se allanó una peluquería “Hairspray Studio”. Ambos negocios son adjudicados a la concejal Claudia Pombo.

La hipótesis que siguen los investigadores es que en ambas financieras “circuló dinero de las actividades ilícitas”. Se trata del expediente radicado en el juzgado federal de Campana, donde se investiga si hubo una maniobra de lavado de dinero. En esa causa, además de D’Donofrio y Pombo, también fueron imputados Facundo Asencio (ex Director de Fiscalización y Control), Agustina Cuadra (hija de Pombo), el juez de faltas Mario Quattrochi, Roxana Elma Pombo (también concejal de Pilar), y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo).

A fin del año pasado, el juez González Charvay ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los imputados. Y disparó una batería de medidas de prueba para investigar el patrimonio de D’Onofrio y sus allegados. Pero también apuntó a un esquema de recaudación millonaria con el sistema de fotomultas. Concretamente, se investiga si el ex ministro de Kicillof era parte de un sistema paralelo de gestores que ofrecían la posibilidad de eliminar las multas a cambio de una comisión que variaba entre un 30 y un 50% del monto original.

En ese esquema quedarían involucrados funcionarios judiciales, estatales, y varias concesionarias.

La última tanda de allanamientos estuvo a cargo de Prefectura y de la Policía Federal.

El operativo más llamativo fue en una financiera, en Esmeralda al 900, donde había varios clientes operando al momento que ingresaron los efectivos. “Los inspectores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) constataron que dicha entidad no contaba con autorización ni registro para operar, motivo por el cual el juez interviniente dispuso el secuestro de dinero en las siguientes divisas: 205 millones de pesos argentinos, 425 mil dólares, 4.600 euros y 112 mil reales”, informó la Prefectura a través de un comunicado. De ese total, gran parte del dinero le pertenecía a clientes de la financiera que ahora deberán justificar su origen ante la Justicia. A los efectos de la causa, el dinero secuestrado fue $ 62.915.500, USD 254.254, 4.600 euros, y 112 mil reales.

También se secuestró documentación valiosa para la causa, agregó una fuente judicial.

Otro de los operativos tuvo lugar en un domicilio donde funcionaría una empresa que le había prestado dinero a Facundo Asencio (ex Director de Fiscalización y Control) para comprar un auto de alta gama. En el lugar, finalmente, funcionaba otra empresa.

El juez de Campana también ordenó secuestrar datos de la empresa que administra el sistema de Telepeaje, para determinar si había vínculo entre algunos de los imputados, y en un edificio de co-working donde podría haber información valiosa de una de las empresas investigadas.

El expediente sumó hace pocos días información de inteligencia de carácter reservado, proveniente de España. La Justicia llegó hasta ese país al detectar que Claudia Pombo hizo varios viajes en los últimos años y estaría vinculada a dos emprendimientos gastronómicos. Muchas de esas salidas las hizo en compañía de Mario Quattrocchi, titular del juzgado de faltas de La Plata, y otro de los involucrados en la trama de las fotomultas.

En otra de las causas, que está a cargo del fiscal Alvaro Garganta, la semana pasada se hizo un allanamiento en la sede de CECAITRA, una asociación civil que nuclea a pequeñas y medianas empresas del sector que tiene al manos 155 cámaras en La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana, entre otros municipios. También hubo un operativo en el domicilio del presidente de la empresa, Bernardino Antonio García, a quien se le secuestró un teléfono clave que ahora será peritado.

Alisa Carr y su prometido, Avery Marshall, se despertaron poco después de la 1 de la madrugada con cristales rotos, la explosión de una granada aturdidora y los gritos de un equipo SWAT, según una demanda presentada recientemente. Observaron cómo agentes del orden presuntamente apuntaban con armas a los dos hijos de Carr y Marshall y les ordenaban que salieran de sus habitaciones.

El equipo de agentes del sheriff local estaba buscando a un hombre que sospechaban que robaba coches sin llave, afirma la demanda, pero en lugar de eso, irrumpieron en una casa en la que el sospechoso nunca había estado.

Carr y Marshall demandan a los condados y alguaciles que, según ellos, son responsables del error, acusando a los funcionarios de violar sus derechos constitucionales contra registros e incautaciones irrazonables en la redada del 10 de abril del año pasado. En una denuncia de 59 páginas, presentada el martes en el Distrito Federal para el Este de Carolina del Norte, alegan que los agentes del orden engañaron a un juez para que firmara una orden de registro al proporcionar información falsa y omitir datos que sugerían que el sospechoso podría estar en otro lugar. Posteriormente, los agentes utilizaron la orden de registro ilícita para allanar y causar daños en la casa de Carr y Marshall en Willard, Carolina del Norte, según la denuncia.

“Lo peor de toda esta pesadilla fue estar tirado en el suelo, sin poder hacer nada, mientras la policía le apuntaba a mi hijo con un rifle AR. Lo único que pude hacer fue gritar: ‘¡Tiene 9 años!‘”, declaró Marshall en un comunicado del Instituto para la Justicia, una organización legal sin fines de lucro que representa a la familia.

El sheriff del condado de Lee, Brian Estes, y el sheriff del condado de Pender, Alan Cutler, no respondieron el viernes a las solicitudes de comentarios de The Washington Post.

A principios de abril del año pasado, los agentes del sheriff del sureste de Carolina del Norte comenzaron a investigar robos de vehículos en varios condados, según la demanda. Los detectives identificaron a un sospechoso cuyo padre les dijo que su hijo circulaba en un Nissan Sentra gris de 2007, información que permitió a los investigadores obtener la matrícula del vehículo, según la demanda.

Verizon dio a los detectives datos de ubicación del teléfono que creían que pertenecía a su sospechoso, que lo ubicaba a 170 pies de la casa de Carr y Marshall, un área que incluye otras cinco propiedades, afirma la demanda.

Los detectives presuntamente se centraron en Carr y Marshall porque vieron un Nissan sedán frente a su casa. Sin embargo, el Nissan de Carr era de un modelo diferente, unos 10 años más nuevo y con una matrícula distinta a la del sospechoso, según la demanda.

Sin embargo, los agentes del sheriff obtuvieron una orden para allanar la casa de Carr y Marshall “diciéndole falsamente al magistrado que los autos eran uno y el mismo” mientras omitieron el hecho de que varias propiedades estaban dentro del radio proporcionado por los datos del teléfono, alega la demanda.

A la 1:07 a. m. del 10 de abril, un miembro del equipo SWAT golpeó la puerta principal de Carr y Marshall, gritando que era de la oficina del sheriff y tenía una orden judicial, según muestran las imágenes de la cámara Ring. Marshall, quien acababa de ser operado de la espalda y dormía en el sofá, despertó, según la demanda. Se levantó y miró por la ventana, donde vio a hombres con rifles tipo AR, según la demanda.

El equipo SWAT supuestamente destrozó la contrapuerta de la casa rodante, forzó la puerta principal y lanzó dos granadas aturdidoras al interior. Una rebotó en el pecho de Marshall, explotó junto al sofá y lo incendió, según la demanda.

Los agentes presuntamente ordenaron a Marshall, quien estaba sin camisa, que se tumbara en el suelo cubierto de vidrio. Mientras tanto, el resto de su familia se había despertado, y los agentes ordenaron a punta de pistola que sus hijos de 9 y 16 años salieran de sus habitaciones, según la demanda.

Los investigadores entrevistaron a Carr en la cocina, donde el miedo y los gases de las granadas aturdidoras le provocaron palpitaciones y dificultad para respirar, según la demanda. Carr, quien ya había sufrido dos infartos, les dijo a los agentes que no podía respirar. Supuestamente la acusaron de mentir y la interrogaron repetidamente sobre el sospechoso antes de llamar a una ambulancia para que la llevara al hospital.

“Todo fue tan deshumanizante. No nos creían cuando decíamos que no conocíamos al tipo; no me creían cuando decía que no podía respirar”, dijo Carr.

Al buscar al sospechoso del robo, los agentes supuestamente golpearon con un mazo el exterior de su casa móvil y dañaron las paredes y el suelo. No lo encontraron y, tras varias horas, se fueron, dejando la casa desprotegida y en ruinas.

Un año después, la casa de Car y Marshall sigue dañada porque no tienen dinero para repararla, según la demanda. Su puerta contra tormentas sigue destrozada y fuera de su marco, dijeron. El marco de la puerta está roto, lo que ha permitido la entrada de humedad y la aparición de moho, según su declaración. Los agujeros de mazo aún marcan su casa.

No todos los daños son visibles, dijeron.

“Ya ni siquiera me siento seguro viviendo en mi propia casa por lo que pasó esa noche”, dijo Carr.

Marshall y su hijo, que ahora tiene 10 años, comparten ese sentimiento.

“Todavía me quita el sueño”, dijo el padre, “y sé que a él también”.

(c) 2025 , The Washington Post

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un hombre explota contra una mujer en el municipio de San Pedro, acusándola de entrar sin permiso a su propiedad.

En la grabación, se observa cómo el sujeto, identificado posteriormente como Carlos Andrés Garza Lizano, cirujano plástico en Monterrey, insulta y reprende a la mujer por lo que considera un acto de allanamiento.

“Ahí está la señorita que se metió a mi propiedad, le dije que se saliera y le valió madres... y no tiene por qué hacerlo”, se le escucha decir al hombre mientras graba con su celular a la mujer, María Rosario Zendejas, quien también captó el momento con su propio teléfono.

Durante la discusión, Zendejas argumenta que utilizó unas escaleras de derecho a paso, lo que desata la ira del sujeto. “¡No seas ignorante, aprende de leyes! No tienen derecho de paso (las escaleras). Primero ponte a leer, ¡edúcate! Yo ya revisé todo esto con registro del municipio de San Pedro, así que no vuelvas a hacer eso”, expresó en un tono alterado.

La tensión aumentó cuando el hombre elevó su tono de voz y comenzó a lanzar insultos más agresivos.

“¡Pero lo hiciste y te valió una chingada que te salieras de mi pinche propiedad! ¡Sal por donde te saliste y punto! No tienes derecho a estarte riendo y metiéndote en mi propiedad. Nada más porque te crees mujer, crees que vas a tener más derechos que un hombre”, gritó.

El video, compartido por la propia Zendejas en redes sociales, generó una ola de comentarios en los que numerosos usuarios criticaron la actitud del cirujano, considerándola violenta y desproporcionada. Además, algunas personas identificaron al sujeto y revelaron su actividad profesional, señalando que frecuentemente publica contenido relacionado con procedimientos estéticos.

Ante la controversia, Garza Lizano publicó un video la noche del domingo ofreciendo disculpas a la mujer. “Quiero pedirle disculpas a Chayito, si esta parte puede ayudar a resolver parte de la situación, yo no tengo ni el dolo ni nada”, dijo en su mensaje.

Además, en una publicación adicional, justificó su comportamiento argumentando que se encontraba en una situación delicada de salud. “Hoy en particular, me encontraba en una situación de salud delicada, lo que, lamentablemente, afectó mi reacción”, explicó.

Sin embargo, la polémica no terminó ahí. Ayer, otro video salió a la luz mostrando a Garza Lizano agrediendo verbalmente a un hombre en una situación similar a la que enfrentó con Zendejas. Esto generó más críticas en redes, donde usuarios cuestionaron la veracidad de su disculpa y si realmente su conducta estuvo influida por su estado de salud.

El procedimiento se realizó tras una serie de pesquisas llevadas a cabo por la Sección Relevamiento en Investigaciones Complejas y el área de Ciberprevención. Las autoridades descubrieron que la organización utilizaba diversos canales de venta en redes sociales para promover una actividad ilegal que no cumplía con las normativas establecidas por los entes reguladores de salud.

Así, la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 35 autorizaron dos procedimientos en los barrios porteños de Saavedra y Abasto. Además de las impresoras 3D utilizadas para fabricar plantillas, se incautaron cuatro baropodómetros, instrumentos que miden la presión del pie al caminar; 67 accesorios, como moldes, arcos y calibres digitales; cinco notebooks, una CPU, cinco posnets, un teléfono, 250 cajas y un esqueleto de pie diseñado con tecnología 3D, junto con más de 500 plantillas ortopédicas.

Los agentes comprobaron que las herramientas utilizadas para confeccionar las plantillas tienen un valor de aproximadamente cinco millones de pesos, mientras que el resto de los elementos incautados están valuados por 80 millones de pesos. Los cinco empleados de los locales fueron notificados y puestos en libertad, ya que ninguno tiene antecedentes.

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyCO) labraron actas por falta de habilitación. En tanto, el Ministerio de Salud realizó las clausuras preventivas de ambos puestos.

Detuvieron una banda que falsificaba obleas de VTV

A finales de enero, la Policía detuvo a tres personas que falsificaban y vendían obleas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y certificados, a través de las redes sociales. En los allanamientos realizados en La Plata, Pablo Nogués y General Pacheco, secuestraron numerosos elementos, tales como cuadernos con registros de clientes y recibos de pago.

Las sospechas comenzaron en octubre del año pasado, cuando un motociclista con mochila de delivery fue interceptado en la capital bonaerense, portando sobres que contenían obleas apócrifas de VTV.

A partir de este suceso, las autoridades iniciaron una investigación que incluyó intervenciones telefónicas. De esta manera confirmaron la existencia de una red que coordinaba la producción, venta y distribución de los documentos falsos desde diferentes localidades. Según confirmaron fuentes policiales a 0221.com.ar, la organización tenía roles claramente definidos y utilizaba herramientas tecnológicas para facilitar su operación.

El operativo culminó con la detención de tres personas: dos jóvenes de 18 y 19 años oriundos de La Plata, y otro de 20 años, domiciliado en General Pacheco. Durante el procedimiento, los agentes constataron el funcionamiento de la red a través del código QR que figuraba en la oblea. Desde allí podían obtener la información del comprador.

Además, secuestraron once teléfonos celulares, dos computadoras activas con formularios apócrifos abiertos en pantalla -una notebook Samsung, una PC All In One- una impresora HP y una Epson, además de un aerosol de pegamento; 52 obleas falsas, cuadernos con información de clientes y pagos, así como recibos vinculados a las encomiendas utilizadas para la distribución de los productos.

En los registros aportados a la causa se destacan audios que revelaron la manera en que actuaban los falsificadores. “Hola, te habla el Perro, soy uno de los vendedores que trabaja para el Bebote. Tengo una clienta que está esperando tu trámite, me pregunta si está llegando, si va a salir o no va a salir”, transcribió el mismo medio sobre el llamado de uno de los implicados.

Otro mensaje menciona la entrega de equipamiento, como impresoras y computadoras, para completar pedidos en tiempo real. “Bueno, ahora yo te paso una dirección para que lleves la impresora, la compu y las obleas. Ahí el chico quizás te imprime uno y te da otros”.

La Paz, 14 dic (EFE).- El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) denunció este sábado un allanamiento "abusivo e ilegal" a la vivienda de su hija, Evaliz Morales, por parte de la Policía y afirmó que obedece a un "amedrentamiento" continuo del Gobierno de Luis Arce.

"De forma abusiva e ilegal, la tarde de ayer allanaron el domicilio de mi hija Evaliz Morales y su madre (...): No se puede concebir tanto abuso político y persecución judicial utilizada como escarmiento", publicó Morales en su cuenta de X.

"La única razón de este abuso obedece a continuar amedrentando a todos los que enfrentan y denuncian con la verdad al Gobierno", añadió el expresidente boliviano.

La hija de Morales también denunció al Gobierno de Arce y dijo que este "desplegó a su brazo armado en un intento evidente de sembrar miedo en mi hogar y en mi vida. Ingresaron ilegalmente al domicilio de mi madre, donde vivo, con una orden dirigida a terceros sin vínculo con mi familia".

Por su parte, la Policía de Bolivia emitió esta jornada una aclaración pública en la que señala que el allanamiento en esa vivienda respondió a una orden judicial que pretendía encontrar a G.A.M.V, investigado por la tenencia ilegal de más de 2 millones de bolivianos (más de unos 288.403 dólares), dinero que fue encontrado días antes en una carga de cebollas.

"Desmentimos categóricamente lo citado en la denuncia de Evaliz Morales (...). la actuación policial buscaba la ubicación del señor G.A.M.V, quien continuaba registrando su domicilio en el inmueble que actualmente habitan personas", explicó la Policía.

El reporte policial indica que la hija de Morales explicó que la vivienda ahora pertenecía a su madre y a su padrastro, tras una compra que se hizo hace años.

"Evaliz y su madre fueron víctimas de un allanamiento dirigido a otras personas", protestó Morales.

La Policía aclaró además que "en ningún momento" se vulneraron los derechos y garantías de nadie porque sus actuaciones se enmarcaron en un mandamiento judicial. EFE

Efectivos de la Comisaría Séptima de Glew y del Comando de Patrullas de Almirante Brown detuvieron a un hombre de 57 años, identificado como Alberto Bobol, tras un allanamiento de urgencia en su vivienda ubicada en la calle Cambaceres al 300, en la localidad bonaerense de Glew.

La intervención fue ordenada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de Almirante Brown, a cargo del fiscal Lorenzo Latorre, luego de reiteradas denuncias de vecinos que aseguraban haber escuchado disparos provenientes de la casa del sospechoso.

El operativo se desplegó luego de que una vecina llamara al 911 para alertar sobre nuevas detonaciones en la propiedad. Según testigos, Bobol tenía antecedentes de realizar disparos tanto en el interior como en el exterior de su vivienda, generando preocupación entre los habitantes de la zona.

Tras la denuncia, la fiscalía ordenó un allanamiento de urgencia en el domicilio. Al operativo se sumaron móviles de apoyo del Comando de Patrullas y personal de la Comisaría Séptima. Al ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron a Bobol junto a una mujer de 64 años, quien se identificó como empleada del domicilio.

El procedimiento resultó en la detención de Bobol, quien fue trasladado a la dependencia policial para su identificación y puesta a disposición de la justicia. La mujer fue identificada y quedó sujeta a la investigación, aunque no fue detenida en el momento.

Según informó el portal Diario Conurbano, durante la inspección, la policía halló un importante arsenal de armas de fuego y municiones en el interior de la casa. Entre los elementos secuestrados se encontraban: una escopeta de doble cañón con dos cartuchos de guerra, un rifle calibre 22, que tenía un pedido de secuestro activo, un revólver calibre 38, con pedido de secuestro desde 2002.

Además fueron hallados 29 municiones calibre 38 intactas, 4 municiones calibre 22 intactas, dos radios tipo “handy” con bases de carga y un par de binoculares.

El hallazgo de estas armas y equipos de comunicación refuerza las sospechas sobre el uso indebido del armamento en la zona y el posible vínculo con actividades ilícitas.

El fiscal Lorenzo Latorre solicitó la detención de Bobol bajo la carátula de “Abuso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de guerra”. Además, ordenó la identificación de la mujer presente en la vivienda y la toma de declaraciones a testigos y vecinos, quienes ya habían denunciado previamente los disparos en la propiedad.

Bobol permanecerá detenido mientras avanza la investigación. La fiscalía busca determinar el origen de las armas, en especial del revólver y el rifle, ambos con pedido de secuestro. También se investigará si el sospechoso tenía algún vínculo con actividades delictivas en la zona.

Las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios que permitan esclarecer los hechos y definir la situación judicial del detenido.

Y en un caso con arista similares ocurrió hacia fines del mes de noviembre del año pasado cuando un procedimiento en busca de una banda que había cometido una violenta entradera en la localidad bonaerense de Ezeiza terminó con un hallazgo que sorprendió a los investigadores: un arsenal que incluía armas largas de guerra que los delincuentes escondían en una precaria vivienda de la zona.

Todo comenzó cuando un llamado al 911 alertó a la Policía sobre el robo en la calle Tuyeti, donde cuatro ladrones armados sorprendieron a un hombre que salía de su casa de esa localidad del sur del Conurbano bonaerense.

Los asaltantes se llevaron 700 dólares, 500 mil pesos, dos celulares, herramientas, prendas de vestir y su camioneta Toyota Hilux, color blanca, en la que se fugaron y abandonaron en la localidad de Ingeniero Budge.

Aunque los asaltantes tomaron el recaudo de llevarse las grabaciones de las cámaras de seguridad de la propiedad en la que dieron el golpe, sus movimientos fueron captados por otros dispositivos de vigilancia de la zona.

Fue entonces que tras diferentes tareas investigativas de la Sub DDI de Ezeiza, que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad del municipio, se logró establecer el domicilio de uno de los presuntos autores de la entradera, ubicada en la calle Julio Argentino Roca, en la localidad de Transradio.

En el lugar, los agentes aprehendieron a Florencia R., de 34 años; César M., de 45, y a Gabriel O., de 39. Secuestraron, a la vez, un Renault Sandero, color champán, y un Fiat Siena gris, que habrían sido utilizados en el golpe.

Al requisar la vivienda, encontraron una escopeta 1276 MH modelo PX12, una pistola Bersa Thunder 9 milímetros con pedido de secuestro activo en Moreno, una pistola Bersa Thunder Mini .40 mm con pedido activo a solicitud de Morón, una ametralladora 9 mm sin marca, con numeración suprimida y con compresor de sonido; una ametralladora marca Alcon y un subfusil PA3 9 mm con numeración suprimida.

Además, los detectives incautaron cinco cargadores 9 mm, dos cargadores .40 mm, dos cargadores 9 mm capacidad de 40 tiros, tres cargadores 9 mm capacidad de 32, un cargador 9 mm capacidad de 45, un cargador de escopeta capacidad de 06, un cargador de escopeta con capacidad de 10, 7 cajas de municiones completas de 9 mm capacidad de 50; 30 municiones .40 mm; nueve cartuchos de escopeta, nueve cuchillos y un hacha.

Por último, encontraron elementos que, sospechan, eran utilizados en los golpes: tres pares de guantes, un taladro inalámbrico, seis celulares, un compresor y una camisa de la Policía Bonaerense.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 de Ezeiza, a cargo de María Florencia Bellocq, secretaría de Federico Ricart.

Minutos antes de la medianoche del Viernes Santo, fiscales del Eficcop en colaboración con agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) ingresaban a la vivienda de la presidenta, tumbando la puerta con un “torito”. Al día siguiente, esa imagen dio la vuelta al mundo. El fin de la diligencia era reunir evidencias e información del escandaloso caso Rolex. Para Adrianzén, este procedimiento fue “imperdonable” y lanzó una fuerte advertencia contra quienes participaron en su desarrollo.

El titular de la PCM, mantuvo el mismo discurso que el día que se llevó a cabo dicho operativo y cuestionó el proceder de los fiscales y del desactivado equipo de la Diviac. Asimismo, consideró que el sistema judicial hace diferencias en los casos en los que está involucrada la mandataria, en comparación con otros investigados.

“La señora presidenta viene siendo víctima de una persecución judicial que, en mi opinión, no hace más que marcar diferencias y esas tienen que ver con la manera cómo se ha tratado a la mandataria y respecto de otros casos que son significativamente diferentes”, agregó.

Hay que recordar que Harvey Colchado, quien lideró el operativo y era jefe de la Diviac, fue pasado al retiro y el equipo especial de la PNP que dirigía fue desactivado, Por otra parte, Marita Barreto, la fiscal coordinadora del Eficcop, está suspendida y los integrantes de su equipo pasaron ser parte de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Ejecutivo cuestiona allanamiento

El magistrado que autorizó el allanamiento fue el juez Juan Carlos Checkley, quien declaró fundado el pedido del Ministerio Público y resaltó que si no se procedía de inmediato, había riesgo de que se perdieran los relojes Rolex, que son considerados pruebas en esta investigación. Además de la vivienda de la mandataria, también se llevó a cabo una diligencia en paralelo en Palacio de Gobierno.

Tras el operativo, los miembros del gabinete en conjunto rechazaron las acciones de la Fiscalía, al igual que algunos congresistas, quienes consideraron que se vulneró la investidura presidencial. En su mensaje a la nación, tras el allanamiento, la presidenta dijo que respeta la investigación, pero calificó la diligencia como arbitraria. “Soy respetuosa de la investigación fiscal; sin embargo, rechazo la forma cómo se hace, de manera discriminatoria e inconstitucional”, indicó.

En sus descargos, en aquel entonces, deslizó la posibilidad de que su ex jefe de Gabinete, Alberto Otárola, fue la persona que filtró la información sobre los relojes a la prensa.

“Esta primera presidenta en los 200 años de república no se rinde frente a este ataque sistemático y respetuosa de la autonomía de las instituciones estaré asistiendo cuanto antes ante la Fiscalía a establecer el hecho sobre los relojes. Siempre he dicho que soy una mujer honesta. Entré a Palacio de Gobierno con las manos limpias y así me retiraré en el año 2026. Esta mujer presidente no está detrás de lobbys o negociados y quién vendió la historia de los relojes lo sabe, porque me conoce, porque no soy corrupta ni ladrona”, agregó Boluarte.

Ministerio Público defiende trabajo de fiscales

El Ministerio Público defendió la legalidad del allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, asegurando que la diligencia se realizó bajo orden judicial y, por lo tanto, no puede ser considerada “ilegítima, inconstitucional o abusiva”.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de X, la Fiscalía explicó los detalles del operativo, que incluyó el descerraje de la puerta principal de la residencia de la mandataria. Según el pronunciamiento, los fiscales tocaron el intercomunicador y se identificaron ante Daniel Gómez Boluarte, quien recibió la solicitud de acceso voluntario. En respuesta, el familiar de la presidenta pidió que esperaran.

Sin embargo, tras varios minutos sin recibir respuesta y luego de insistir en reiteradas ocasiones, los agentes procedieron con el descerraje aproximadamente diez minutos después, conforme al acta de allanamiento y notificación de la medida judicial.

La relación entre la jefa de Estado y la Fiscalía de la Nación se ha definido por constantes enfrentamientos.

En un operativo llevado a cabo por la Comisaría de Altos de Laferrere, en el partido de La Matanza, las fuerzas de seguridad detuvieron este jueves a un individuo acusado de haberle disparado a un joven cuando se dirigía a su trabajo el pasado 25 de enero. Con el objetivo de robarle, el delincuente efectuó un disparo que dejó a Román Valentín Escudero, provocándole una herida de gravedad por la cual aún permanece internado.

La investigación, impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de turno, permitió identificar y capturar a U.M.V. de 18 años, señalado como el autor material del disparo efectuado contra Escudero, en la intersección de Zufrategui y Marconi, en Isidro Casanova. La víctima, de 25 años, circulaba en una motocicleta Honda Tornado 250cc cuando alrededor de las 5.40 de la mañana fue abordado por dos delincuentes que lo interceptaron para robarle.

Al intentar resistirse y buscar escapar del robo, Escudero recibió un disparo en la zona del abdomen, por lo que no logró llegar a la fábrica en donde trabaja y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Alberto Balestrini. Allí fue sometido a una intervención quirúrgica y, según informó un portal Almafuerte Noticias, perdió el bazo y el riñón. Al momento, la víctima permanece en estado reservado.

La secuencia quedó grabada en las cámaras de seguridad de la zona. El material aportado fue clave para los investigadores, ya que les permitió avanzar con la investigación, la cual estuvo a cargo del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la policía. A partir de las pruebas reunidas, la fiscalía solicitó órdenes de allanamiento para tres domicilios vinculados al sospechoso.

Durante los procedimientos, se incautaron múltiples elementos de interés para la causa.

Entre lo secuestrado, se encontraron varias motocicletas con pedidos de secuestro activo por robo: una Honda Twister patente A157JSZ, vinculada a una causa en la UFI 6 de Morón; otra Honda Twister 125cc, con dominio A192IWP, reportada en la comisaría de Altos de Laferrere; y una Honda XR 125cc sin patente, presuntamente utilizada en el ataque a Escudero.

También se hallaron dos chapas patentes con denuncia de robo, cédulas verdes de distintos vehículos, diversas autopartes de motocicletas y un total de 28 plantas de marihuana. Las pruebas de orientación realizadas confirmaron que se trataba de Cannabis, lo que derivó en la imputación por “tenencia simple de estupefacientes”, en el marco de la Ley 23.737.

El sospechoso también contaba con un abultado arsenal de armas. Se encontraron tres pistolas calibre 9mm, entre ellas una Bersa Thunder con numeración visible y dos Browning con sus respectivas numeraciones suprimidas. También se incautaron cargadores y un total de 55 municiones de ese mismo calibre, además de 12 cartuchos de posta de goma calibre 12/70.

Por otro lado, pudieron determinar que el detenido tenía un amplio perfil delictivo: varios registros previos por tentativa de robo con arma, en julio de 2023, y robo agravado por uso de arma de fuego, en abril de 2024. Tras su detención, el fiscal de la causa ordenó su imputación y el juez de garantías, convalidó todas las actuaciones.

Este episodio recuerda al ocurrido hace apenas unos días, cuando dos motochorros fueron detenidos en el barrio porteño de Caballito tras un asalto, apenas cinco días después de haber sido arrestados por un robo similar en Boedo. Se trata de J.F.L. de 31 años, y N.A.S., de 18, quienes ya habían sido apresados el 24 de enero por un delito con la misma modalidad.

Al ser identificados, los agentes confirmaron que eran los mismos ladrones que habían sido arrestados días atrás en Av. San Juan 4286, en Boedo. En esa ocasión, se los vinculó con otro robo en Directorio y Senillosa y se les incautaron los mismos elementos.

Por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 46, se dispuso la detención de los sospechosos y el secuestro de la moto y las herramientas utilizadas en los robos.

Los clientes del hotel Sheraton de Pilar se sorprendieron cuando vieron ingresar a los efectivos de la Prefectura. Eran las 10:30 del viernes pasado. Los prefectos ingresaron directo a Token Capital, una financiera que funcionaba en el hall central y sería parte de la maniobra de lavado de dinero que involucra al ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio. Aunque el local estaba casi desmantelado, había dos empleados trabajando y se secuestraron varios elementos de interés para la investigación como celulares y cámaras de seguridad. Además, los efectivos descubrieron un lugar oculto que se utilizaría para guardar dinero.

La financiera apareció en la causa que tramita en el juzgado federal de Campana hace pocos días. Según una denuncia de la Coalición Cívica, Token Capital no tendría habilitación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) ni autorización del Banco Central. “Es una sociedad anónima que realiza actividades financieras, como otorgar préstamos. Este tipo de actividad es susceptible de estar alcanzada por la Ley de Entidades Financieras (Ley N.° 21.526), ya sea como bancos comerciales, bancos de inversión, bancos de desarrollo, y bancos públicos, o por ser unas entidades financieras no bancarias como cooperativas de crédito y financieras”, explica esa presentación.

A pocos metros, también dentro del mismo hotel, funcionaba la peluquería “Hairspray Studio”, que también fue allanada. ¿Cuál es el nexo entre ambos locales? “Token Capital SA sería la empresa a cargo de pagar los sueldos de los empleados de la peluquería”, dice la denuncia firmada por Elisa Carrió, la diputada Paula Oliveto, y el titular de la CC de Pilar, Matías Yofe.

Ambos negocios son adjudicados a la concejal Claudia Pombo, muy cercana a D’Onofrio, aunque en los papeles aparecen otras personas. Tal como adelantó Infobae, uno de los “socios” es Cristian Germán Ojeda, dueño de unas canchas de fútbol 5 donde funciona una peña de Boca Juniors. Hay numerosos videos en redes sociales sobre su actividad en el mundo Xeneize, aunque no tendría vínculo alguno con la barra oficial.

Ojeda se casó en el Sheraton de Pilar. Los videos de la ceremonia circularon por las redes sociales. También hay decenas de fotos de sus viajes por el mundo.

Los dos empleados que estaban en la financiera al momento del allanamiento le dijeron a los efectivos de la Prefectura que el local estaba habilitado a nombre de Bibiana Elizabeth Ojeda, la hermana del barra. Pero según pudo saber este medio, no hay habilitación municipal.

Los prefectos, acompañados por un abogado del Banco Central, revisaron la financiera y realizaron un croquis que se agregó al expediente. En la planta alta, en una suerte de sala de espera, encontraron un mueble de estantes que funcionaba como “doble fondo”. “El mismo se conecta con la zona de calderas y cámaras, allí se encontró una maleta vacía que contenía dos ticket de depósito en cuenta corriente en pesos del Banco Patagonia en un monto de pesos $ 11.046.000. y $11.050.000″, detalla el acta del allanamiento al que tuvo acceso Infobae.

Por orden del juez Adrián González Charvay, los efectivos secuestraron los discos rígidos de las cámaras de seguridad del hotel. Esas imágenes serán determinantes para saber quiénes ingresaron al lugar en los últimos días y quiénes estuvieron a cargo del desmantelamiento de la oficina. Hay imágenes del hall y de la cochera del subsuelo. “Disco Rígido con la inscripción WD, capacidad de 2 TB S/N WCC4M6VZ5NC7 perteneciente al Sector cochera Subsuelo; dos discos con la inscripciones WD S/N WCC7K4NACDJ1 con capacidad de 4 TB y otro con la inscripción SEAGATE S/N ZTT2MS1K con capacidad de 4 TB”, detallaron los efectivos en el acta.

En la financiera había cámaras, tanto en la planta baja como en el primer piso, pero cuando llegaron los efectivos de la Prefectura ya se habían llevado los DVR. Infobae había revelado la existencia de la financiera el 23 de enero. Esa nota fue agregada al expediente junto a otras publicaciones.

El juez también ordenó secuestrar los teléfonos de los dos empleados de la financiera. Los aparatos ya fueron enviados a peritar junto a una computadora que quedaban en el lugar. En los celulares, los peritos deberán analizar las llamadas entrantes y salientes, los SMS, los mensajes de WhatsApp, la agenda de contactos, y hasta los correos electrónicos.

El dato de color durante el allanamiento lo aportaron los clientes. Aunque la financiera estaba casi desmantelada, durante el allanamiento ingresaron dos personas. Primero llegó un hombre de nacionalidad venezolana. Dijo que quería cambiar dólares y que lo habían mandado de la recepción del hotel. Unos minutos después ingresó otra persona quien se habría enterado de la financiera por una publicidad de Facebook. Los dos se sorprendieron con el despliegue de efectivos.

La denuncia de la Coalición Cívica contra la financiera y la peluquería del Sheraton se mantuvo en reserva en un legajo reservado, pero el mismo día del allanamiento se sumó a la causa por lavado de dinero que adelante González Charvay.

En ese expediente ya fueron imputados la concejal Claudia Pombo, Fernando Asencio (ex Director de Fiscalización y Control), Agustina Cuadra (hija de Pombo), el juez de faltas Mario Quattrochi, Roxana Elma Pombo (también concejal de Pilar), y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo que, según reveló Clarín, trabaja en la Cámara de Diputados provincial con un sueldo de casi $ 1,8 millón).

Antes de la feria, el juez ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los imputados. Y disparó una batería de medidas de prueba para investigar el patrimonio de D’Onofrio y sus allegados. Pero también apunta a un esquema de recaudación millonaria con el sistema de fotomultas. Concretamente, se investiga si el ex ministro de Kicillof era parte de un sistema paralelo de gestores que ofrecían la posibilidad de eliminar las multas a cambio de una comisión que variaba entre un 30 y un 50% del monto original.

En ese esquema quedarían involucrados funcionarios judiciales, estatales, y varias concesionarias.

Personal de la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad allanó ayer martes un el departamento que alquilaba el cirujano Fabián Peláez en el barrio porteño de Palermo, en el marco de la investigación que encabeza la jueza María Eugenia Capuchetti para determinar las circunstancias en las que la pareja del médico sanjuanino se arrojó desde el balcón el pasado lunes, argumentando que el hombre supuestamente la obligaba a prostituirse.

Fuentes del caso consultadas hoy por Infobae precisaron que dentro del inmueble los investigadores hallaron tusi, cocaína y marihuana, aunque no detallaron la cantidad de cada estupefaciente. Además, se procedió al secuestro de medicamentos -dos pastilleros y cuatro blisters de diferentes drogas, todas psiquiátricas y de curso legal-, dinero en efectivo y el teléfono celular de la denunciante, el cual será peritado en busca de pruebas que puedan ser de aporte para la causa.

Un hallazgo que llamó la atención de la jueza Capuchetti, según pudo confirmar este medio, son los recetarios del médico, en los cuales se descubrieron diversas anotaciones relacionadas a la medicina, entre ellas la mención de algunas drogas. Ante el desconocimiento de los efectos de las mismas, la magistrada espera comunicarse a la brevedad con el director de Toxicología del hospital Fernández, con el fin de comprender en qué casos se recetan ese tipo de medicamentos.

En cuanto a la presunta víctima, las fuentes del caso aseguraron que hasta este miércoles a la mañana no se encontraba en condiciones aptas para ser indagada. Ante este escenario, la jueza Capuchetti aguarda a su recuparación para que pueda declarar en una Cámara Gesell.

Por su parte, ayer martes Peláez declaró frente al fiscal Pollicita y la Capuchetti. Durante la audiencia, la cual duró cuatro horas, el sujeto habría asegurado que “en ningún momento la tuvo secuestrada”.

En este marco, destacó que aquella noche en el departamento de la calle Niceto Vega al 5900 tuvieron relaciones sexuales, consumieron droga y que ella se tiró del balcón “de manera voluntaria”.

Según pudo confirmar este medio, el cirujano entregó su celular y seguirá detenido hasta que la jueza resuelva su proceso.

Ahora, la jueza Capuchetti y el fiscal Pollicita intentan determinar qué sucedió en ese departamento alquilado de forma temporaria a través de una aplicación.

El caso

Peláez, un prestigioso cirujano plástico de la provincia de San Juan, fue detenido este lunes en el barrio porteño de Palermo tras un confuso episodio: su novia se arrojó semidesnuda desde el primer piso de un edificio ubicado sobre la calle Niceto Vega.

Luego de caer, la mujer de 34 años pidió auxilio a los gritos y denunció haber sido drogada por Peláez. Además, aseguró que la obligaba a prostituirse.

Producto de la caída, la denunciante se fracturó ambos talones y fue trasladada al hospital Fernández. Una vez allí, los médicos de turno la recibieron con un estado de excitación general, por lo que decidieron hacerle estudios toxicológicos para determinar si estaba bajo los efectos de alguna droga. La describieron como verborrágica y acelerada.

Más tarde, los profesionales pudieron averiguar que estaría bajo tratamiento psiquiátrico hace un año y medio.

Fuentes del caso indicaron que, el 8 de enero pasado, el médico reservó la unidad que ocuparía desde el 20 al 28 de este mes. Pagó unos 280 dólares. Hoy, la pareja debía dejar la propiedad, ya que tenía previsto regresar a San Juan este miércoles 29 de enero, vía aérea.

Peláez le aclaró al propietario que se alojaría junto a sus hijos los dos primeros días y luego continuaría la estadía junto a su novia.

Los informantes detallaron que el hombre había viajado a Buenos Aires para acompañar a sus hijos menores de edad, quienes tomarían vuelos en plan vacacional. Su novia llegó el 23 de enero pasado.

Peláez conoció a la presunta víctima cuando ella acudió a su clínica para realizarse una cirugía. Eran pareja hace cinco años. Tres meses atrás habían dejado de convivir, pero continuaban juntos. Ella se mudó a una vivienda que le alquilaba el médico en un barrio privado de San Juan.

De acuerdo a las fuentes consultadas, la mujer ayudaba al médico con aspectos del consultorio como la publicidad y en los quehaceres domésticos. Proyectaban juntos un emprendimiento vinculado a la actividad.

Según informaron fuentes oficiales a Infobae, en los allanamientos a los dos nuevos sospechosos les incautaron un importante stock de drogas como tusi y cristal de MDMA, con un valor de $16 millones

Luego de la caída de los líderes de la banda, el fiscal Leandro Favaro, de la UFI de Estupefacientes de Mar del Plata, ordenó cuatro allanamientos: uno en la Capital Federal y otro en la ciudad costera. El pedido fue avalado por el Juzgado de Garantías Nº3, a cargo de la jueza Rosa Frende.

Así, se lograron las detenciones de dos individuos identificados como Edgardo Rebolini y Alexis Maidana, posibles dealers de la banda en el circuito de discotecas y fiestas electrónicas de la zona.

La Bonaerense secuestró un total de 38 gramos de cristal de MDMA, 291 pastillas de éxtasis, 48,5 gramos de tusi, 300 gramos de marihuana, 118 gramos de cocaína, 30,5 gramos de éxtasis en polvo, entre otras sustancias. También incautaron $1.125.000 en efectivo, nueve balanzas de precisión, una máquina de contar billetes, tres celulares y 500 bolsas herméticas.

Más tarde, les descubrieron 112 municiones calibre 9 mm, un cargador, tres kits de conversión Stricker y diversos elementos identificados con logotipos policiales.

Finalmente, secuestraron un auto Chevrolet Sonic y un Chevrolet Cruze.

La evidencia recopilada durante los seis meses de investigación incluyó más de 500 horas de escuchas telefónicas. Ahora, todos los detenidos permanecen a disposición de la Justicia mientras avanza la causa por violación a la Ley 23.737 (Comercialización de estupefacientes).

La caída del funcionario y su novia policía

La investigación, que comenzó en julio de 2024, incluyó también tareas de inteligencia, seguimientos encubiertos y monitoreo de posibles compradores.

Fue así que se confirmó que la organización estaría liderada por un hombre identificado como Conrado Santiago Pablo Hachman, empleado del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien operaba junto a su pareja, Aniela Arco, sargento de la Policía Bonaerense con funciones administrativas en la Subcomisaría Casino de Mar del Plata.

Ambos presuntamente coordinaban la distribución y comercialización de drogas -especialmente éxtasis y tusi- en fiestas electrónicas, en el Partido de La Costa.

El domingo pasado, durante un control de rutina en el marco de las fiestas que se desarrollan en distintos balnearios marplatenses en el verano, personal de la Delegación de Tráfico de Drogas Ilícitas interceptó un vehículo en el que viajaban Hachman, Arco y otro miembro de la organización, identificado como Matías Gavilán.

En el interior del automóvil se encontraron drogas sintéticas listas para su distribución, según indicaron las fuentes consultadas por este medio. Arco fue desplazada de la fuerza de seguridad provincial por orden de la Auditoría de Asuntos Internos.

Las pastillas que encontraron son los modelos que más se están vendiendo en los últimos meses, de acuerdo a los registros policiales. En el auto de los funcionarios había moldes de Nayib Bukele,Netflix, Royal, Quaker, Disney, Balenciaga y Burger King.

Tras una investigación de nueve meses llevada a cabo por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba, una banda narco dedicada a la comercialización de drogas fue desbaratada en las últimas horas en la localidad de Villa del Rosario. Por el hecho hay cinco detenidos, entre ellos una integrante de la Policía local, y se secuestraron grandes cantidades de cocaína, marihuana y otras sustancias.

Las capturas del grupo se concretaron en el marco de 11 allanamientos, de los que participaron tanto personal operativo como agentes de la fuerza cordobesa e investigadores de la división antinarcotráfico. En estos, además, se descubrieron seis puntos de venta que fueron desarticulados.

Los procedimientos se realizaron en las calles Crucero General Belgrano s/n (2), Independencia al 1000, Olmos y Aguilera al 700 (2), Belgrano al 300 y 500, Nicaragua al 300 (2), Eva Duarte s/n y Carlos Aguilera al 900. Estos domicilios fueron localizados tras exhaustivas tareas de seguimiento y análisis de pruebas.

En cada uno de los operativos hubo una intensa labor conjunta entre los investigadores y los canes detectores de narcóticos de la Fuerza, los cuales fueron fundamentales para el hallazgo de la droga en cada uno de los puntos.

En detalle, se logró la incautación de 5.578 dosis de cocaína y 54 de marihuana, 14 plantas de cannabis sativa y dinero (4.568.180 pesos argentinos y 140 dólares). También se encontraron tres armas de fuego, 32 cartuchos, tres balanzas digitales, dos automóviles, una motocicleta y diferentes elementos relacionados con el caso que fueron aportados a la causa.

Los detenidos como presuntos responsables de narcomenudeo son cinco personas, tres hombres y dos mujeres. Entre ellos se encontraban un referente narco y proveedor de sustancias ilícitas y su esposa, una cabo de la Policía de Córdoba.

En consecuencia, desde la fuerza cordobesa emitieron un comunicado al respecto. Detallaron que la mujer también prestaba servicio en la Patrulla Preventiva de Río Segundo y que fue suspendida luego de que, en la faz administrativa, tomara conocimiento del hecho la Dirección General de Control de Conducta Policial.

“(La dirección) dio participación al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad y este dispuso la situación pasiva de dicho efectivo”, aseguraron al respecto.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía del 3º turno de Lucha Contra el Narcotráfico, a cargo del Fiscal Carlos Cornejo, quien ordenó la remisión de lo incautado en los 11 allanamientos, como así también el traslado de los aprehendidos a una sede judicial por la infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.

Otro megaoperativo por drogas en Córdoba

Hace dos semanas, la Policía de Córdoba intervino en la detención de dos hombres en el barrio San Fernando. Los mismos transportaban una cantidad significativa de drogas, dinero y otros objetos cuya procedencia está bajo investigación.

Según se informó, el procedimiento contó con la participación de la Policía Antinarcóticos, la Guardia Urbana y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), y comenzó cuando los sospechosos, de 22 y 23 años, se desplazaban en un vehículo Volkswagen Suran.

Al notar la presencia de las fuerzas de seguridad en la zona, ambos intentaron huir, lo que dio lugar a un seguimiento controlado que culminó en la calle Echenique al 3300, donde finalmente fueron interceptados.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 180 dosis de clorhidrato de cocaína, una suma de dinero en moneda nacional y extranjera, tres teléfonos celulares, cuatro billeteras y diversas alhajas. De acuerdo con la información proporcionada, uno de los detenidos afirmó ser empleado municipal. Ambos fueron trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia para avanzar en las investigaciones correspondientes.

El procedimiento, realizado por Personal de la Estación de Policía Departamental Pilar, que depende de la Destacamento Villa Astolfi de la Bonaerense, ordenado por la fiscal Marcela Semería de la UFI de Drogas de la jurisdicción.

Ávila Maidana, que años atrás estuvo preso en un penal federal, en la zona de Pilar porque solía amenazar a vecinos con armas de fuego. Según fuentes del caso, había sido filmado el día anterior al allanamiento, pistola en mano, lo que llevó a que la Justicia autorice un allanamiento de urgencia.

Al arribar al lugar, al cual se accede a pie, caminando unos 150 metros por entre las vías férreas, los policías fueron recibido a tiros, lo cual desencadenó el fuerte enfrentamiento.

Asimismo, los agentes aprehendieron a otro tres cómplices de Maidana mientras intentaban escapar a pie por las vías del tren. Una vez esposados, fueron identificados como C.A.G., de 48 años, J.E.D., de 32 -al que se le se le secuestraron cuatro envoltorios de marihuana que llevaba escondidos entre sus ropas-, y J.A.S (49), de nacionalidad uruguaya.

Las policías incautaron una pistola Taurus con 14 balas en el cargador y una en la recámara; una carabina marca Mahely calibre .32 con seis proyectiles; en la mochila que portaba Ávila al momento de su muerte había 91 envoltorios de cocaína, tres teléfonos celulares y 61.870 pesos en efectivo.

En la cueva de Maidana, escondidos dentro de un colchón, los investigadores hallaron 91 paquetes de cocaína y 42 baguyos de marihuana. Dentro de la casilla había dos cargadores de pistola calibre .9 mm vacíos, dos balanzas de precisión, tres plantas de marihuana, 16 balas calibre .7,62, y 3000 pesos en efectivo.

Más tarde se hizo presente la fiscal Semería, quien dispuso las actuaciones de rigor y ordenó que las pericias sean realizadas por personal de Gendarmería Nacional. Asimismo, decidió no tomar medidas contra los policías del operativo por la muerte.

La autopsia al cuerpo de Ávila Maidana se llevará a cabo en las próximas horas. Mientras tanto, Semería espera certificar los antecedentes penales del presunto dealer. Según pudo constatar Infobae de fuentes oficiales, estuvo preso en una cárcel federal donde trabajó por el sueldo penitenciario por tareas menores.

Agentes de la Policía boliviana y funcionarios de la Fiscalía allanaron el miércoles una vivienda en busca del ex ministro de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, quien está siendo investigado por los bloqueos realizados por simpatizantes del líder cocalero entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre.

El coronel Gabriel Neme, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, informó a los medios locales que el procedimiento responde a un caso abierto contra Quintana por los delitos de terrorismo e instigación pública a delinquir, y que darán cumplimiento a las instrucciones que emanen de la Justicia.

El operativo se realizó en el barrio residencial de Sopocachi, en La Paz, donde el ex ministro tendría dos inmuebles. También se hicieron allanamientos en un domicilio en Cochabamba y otro en Santa Cruz. Hace un mes, desde la clandestinidad, el ex hombre fuerte del Gobierno de Morales (2006-2019) advirtió a través de un video que “no será presa fácil” para las autoridades.

“Invoco a nuestros compañeros a que sigamos luchando por nuestros derechos, por nuestras libertades y empeñados en recuperar la democracia (…) no le tengamos miedo al terrorismo de Estado ni le tengamos terror a la impostura del poder arcista”, manifestó Quintana en la grabación y luego dijo que “el pueblo es más fuerte que todas las fuerzas ilegales, arbitrarias y antidemocráticas del abuso del poder”.

Quintana es una de las figuras públicas más polémicas de los últimos años en Bolivia por la dureza con la que enfrentó a sus oponentes y a los movimientos que consideraba insurgentes y separatistas. Fue ministro de la Presidencia de Morales en tres ocasiones (durante casi diez años), embajador de Bolivia en Cuba y actualmente es uno de sus colaboradores más cercanos.

Durante la primera semana de los bloqueos, Quintana generó controversia al decir que las movilizaciones necesitaban “sangre” para alimentarse.

En el entorno de Morales han calificado estas acciones y la aprehensión de otros dirigentes sindicales, Ramiro Cucho y Humberto Claros, como una persecución política para neutralizar las protestas contra el Gobierno en medio de la crisis económica que enfrenta el país. “Existe un plan de escarmiento a la lucha social al estilo de las dictaduras militares, donde a través de la manipulación de la justicia se busca disciplinar a la sociedad para que acepte callada y sumisa la actual situación económica”, escribió el expresidente Morales en su cuenta de X.

Además de Quintana, también está acusado por los mismos delitos el dirigente campesino Ponciano Santos que coordinó la denominada “Marcha para Salvar Bolivia” y el bloqueo de caminos. Ambos tienen alerta migratoria y se encuentran en la clandestinidad.

Los bloqueos de 23 días generaron una pérdida económica de 2.200 millones de dólares al sector empresarial, según información de la Federación de Empresarios Privados de La Paz; agudizaron la escasez de combustible al dejar varadas cisternas en medio del camino y graves perjuicios para las personas que quedaron atrapadas entre los piquetes.

La protesta estaba motivada inicialmente en respaldo a Evo Morales que enfrenta una orden de aprehensión por los delitos de estupro y trata de personas en la investigación que lo acusa de haber embarazado a una joven de 15 años cuando era presidente. Con el paso de los días se fueron sumando otras demandas de carácter económico, como la provisión de dólares y combustible; y de orden político, como la habilitación de Morales para las elecciones de 2025 y la validación de un congreso que lo ratificaba como líder del partido.

La justicia terminó dirimiendo la disputa política, al emitir una sentencia que inhabilita a Morales y otra que otorga el control del MAS a un aliado de Luis Arce, limitando las aspiraciones políticas del líder cocalero al menos en el corto plazo.

La hija del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció que oficiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) irrumpieron en su vivienda el sábado 14 de diciembre con una orden de allanamiento para una persona con la que no tendría ninguna relación. Evaliz, de 30 años, atribuyó la acción al Gobierno de Luis Arce y lo calificó como un caso “persecución política” que busca “sembrar miedo” en su vida.

“Hoy, el Gobierno de Luis Arce desplegó a su brazo armado en un intento evidente de sembrar miedo en mi hogar y en mi vida. Ingresaron ilegalmente al domicilio de mi madre, donde vivo, con una orden dirigida a terceros sin vínculo con mi familia”, escribió en su cuenta de X. Luego relató que los policías rompieron la puerta y requisaron su habitación para “incriminarla” o “sembrar pruebas”.

“Hago responsable al Gobierno de Luis Arce de cualquier hecho irregular en el que pretendan involucrarme, así como de la seguridad y la vida de mi familia y la mía. Este acto no solo es un abuso de poder, sino una clara muestra de la persecución política que atraviesa nuestro país”, escribió.

El expediente del caso fue obtenido por el periódico El Deber, en él se detalla que se trata de una investigación de tráfico de oro que involucra al anterior dueño del departamento en el que vive la hija del líder cocalero.

Según el reporte, la Policía allanó otras seis casas antes de la vivienda de Evaliz, en busca de un hombre que movilizó 342 mil dólares en medio de bolsas de cebolla para comprar oro sin las declaraciones exigidas por ley. El investigado está relacionado con la explotación de oro en el norte de La Paz y luego fue citado formalmente para brindar su declaración ante el Ministerio Público en la investigación por legitimación de ganancias ilícitas.

El ex presidente reaccionó en las redes sociales luego de que se diera a conocer el caso y criticó que su hija fuera víctima de un allanamiento dirigido a otra persona de forma “abusiva e ilegal”. El líder cocalero también atribuyó la acción a los intereses políticos del Gobierno, dijo que “la única razón de este abuso obedece a continuar amedrentando a todos los que enfrentan y denuncian con la verdad al Gobierno”.

Evaliz Morales es la hija mayor del ex presidente. Nació en 1994 de una relación con la dirigente política Francisca Alvarado. Evaliz fue reconocida oficialmente por Morales en 2002, cuando se postuló por primera vez a la Presidencia y después de que su ex pareja lo denunciara ante la Justicia por no pagarle una pensión familiar. Desde entonces, Evaliz se ha mostrado cercana a Morales y ha tenido un papel público moderado, participando en eventos oficiales junto a su padre.

Evaliz es abogada y realizó estudios de post grado en Argentina. En los últimos meses volvió a la palestra pública a raíz de la agudización del conflicto entre el Gobierno y el Movimiento Al Socialismo, partido que fue liderado por Morales durante 25 años y del que fue desplazado por un recurso judicial el mes pasado.

El 14 de noviembre, Evaliz se manifestó ante los medios de comunicación sobre la detención de dirigentes campesinos cercanos al ex presidente. “Lo que buscan es descuartizar al movimiento indígena” como sucedió con Tupac Katari, “lo mismo está haciendo el gobierno de Luis Arce el día de hoy (...), pero como lo ha dicho Tupac Katari, vamos a volver y seremos millones”, exclamó en una rueda de prensa.

La ola de operativos ordenados por la Justicia en el caso Kueider generó una situación insólita: una oficina ubicada a dos cuadras del Congreso fue allanada dos veces en pocas horas. En ese lugar, la Policía Federal secuestró un teléfono que podría ser clave para el futuro de las causas. Por pedido del fiscal de Concordia José Arias, que investiga al senador Edgardo Kueider por presunto enriquecimiento ilícito, los efectivos allanaron el estudio jurídico de la abogada Adriana Crucitta y le secuestraron su celular.

Esa abogada es socia de Rodolfo González, el dueño de la camioneta que utilizó el senador para cruzar la frontera con Paraguay. Además, ambos son empleados de la Biblioteca del Congreso, un lugar utilizado durante décadas por diputados y senadores para designar amigos y familiares.

El estudio de Crucitta fue allanado dos veces en pocas horas. Bien temprano, por orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, y luego por pedido del fiscal Arias. Ese segundo procedimiento estuvo a cargo de la Unidad Anticorrupción de la Policía Federal. “Se logró secuestrar el teléfono y ahora se va a peritar”, confirmó a Infobae una fuente judicial.

El estudio de la abogada está ubicado en Combate de los Pozos 162, a dos cuadras del Congreso. Infobae había revelado que ese domicilio fue utilizado por González al momento de crear la empresa ICELER SA, dedicada a la explotación de servicios de comunicación audiovisual y radiodifusión, y de tecnologías de la información (TICs). También se utilizó para registrar otra empresa llamada Peninsular Sudamericana SAS.

Durante los últimos días, la Justicia había realizado tareas de inteligencia en ese lugar. Llamó la atención que la numeración estaba pegada sobre la puerta. Al costado, en Combate de los Pozos 160, hay un galpón donde se estacionan vehículos del Senado, pero el ingreso se realiza por la calle Hipólito Irigoyen, pudo constatar este medio. Y justo abajo del estudio jurídico funciona una lavandería.

El dueño de la camioneta que usaba Kueider aparece en al menos dos sociedades más: NEOPOP SA, una agencia de promotoras publicitarias donde fue designado presidente en 2019, y en la Arrocera Los Colonos, que constituyó en 2010, también en sociedad con su amiga Crucitta. En una de esas firmas, González declaró como domicilio un departamento ubicado en el pasaje Gregorio Aráoz Alfaro al 400, en el barrio de Caballito. También fue allanado ayer por la jueza Arroyo Salgado.

La “socia” de González es empleada de la Biblioteca del Congreso desde 1985, antes trabajó en la vicejefatura de Gabinete del Interior, y declaró entre sus domicilios una humilde casa ubicada en Villa Soldati. Sin embargo, en ese lugar vive una maestra jardinera que asegura que no tiene nada que ver con la abogada.

González salió a la luz a partir de la camioneta 4x4 Chevrolet Trailblazer SUV negra, patente AE797OJ, que usaron el senador y su acompañante para cruzar la frontera. Ese vehículo, valuado en unos USD 40 mil, lo compró el 9 de junio de 2021 y se lo cedió al senador y a la joven empleada para que lo usen como si fuera propio. Cinco meses después, casualmente, ganó un premio con la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires de $175.000, pudo saber este medio.

El amigo de Kueider no pudo ser ubicado en todo el día. El fiscal de Concordia también pidió allanar un departamento en el partido bonaerense de Morón asociado a González, pero dio resultado negativo. Le Policía ya había confirmado que vivía en el quinto piso de ese edificio, y no en el tercero como figura en los documentos de las empresas.

Arias investiga a Kueider por enriquecimiento ilícito, pero esa causa solo abarca el período 1999 al 2019, cuando asumió en la Cámara baja.

Además de buenos amigos, Kueider y González fueron socios en Betail SA, una empresa que está siendo investigada en varias causas por la compra de tres departamentos y dos cocheras en el edificio Live en Santiago del Estero 511, en la ciudad de Paraná, según reveló en exclusiva la revista Análisis en marzo pasado. Ese edificio fue allanado esta mañana por orden de la jueza Arroyo Salgado.

Concretamente, la firma es propietaria de las unidades del 6 “D”, el 6 “E”, y el 13 “A”. Tras la aparición de la nota en esa publicación entrerriana, los inmuebles pasaron a figurar a nombre de Guinsel Costa, la misteriosa secretaria.

Ayer, la jueza Arroyo Salgado allanó el edificio de Paraná, la sede de la constructora involucrada, y hasta la escribanía donde se habrían operaciones y gestiones de las sociedades vinculadas a Kueider.

En un operativo policial realizado en Rosario, se rescataron a 19 perros, en su mayoría de la raza bulldog francés, tras una denuncia de vecinos que alertaron sobre un criadero clandestino que funcionaba en la zona.

El allanamiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle Solís al 1400, en la zona oeste de la ciudad, según informaron fuentes policiales.

Durante el procedimiento, y según informó el portal Rosario3, los agentes encontraron varios caniles en el patio de la propiedad, donde se hallaban 14 perros adultos y cinco cachorros. Estos animales fueron trasladados para ser evaluados por un veterinario, quien determinará su estado de salud y las condiciones en las que se encontraban.

Las autoridades de la Brigada Ecológica, que participaron en el operativo, señalaron que los perros estaban “hacinados en jaulas pequeñas” y algunos presentaban problemas de salud visibles. Sin embargo, aclararon que la investigación sigue en curso para determinar si efectivamente se trata de un criadero ilegal.

Por su parte, los residentes de la vivienda aseguraron a los efectivos policiales que no son los dueños de los perros, sino que estaban cuidándolos para un familiar. El propietario del lugar afirmó que tiene todos los papeles en regla y que los perros están en buen estado. “Estamos cuidando los perros, acá no funciona un criadero”, declaró, en un ambiente de tensión.

El dueño también sugirió que el allanamiento podría ser resultado de una denuncia anónima impulsada por proteccionistas, y afirmó que los perros son rescatados y que uno de ellos pertenece a su hijo, quien se encuentra en Italia. “Tengo un criadero para mejorar la raza”, añadió, defendiendo la legalidad de su actividad.

La investigación continuará para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

A mediados del mes de abril pasado y en operativos similares, dos criaderos ilegales de perros que funcionaban en departamentos ubicados en los barrios porteños de Villa Crespo y Mataderos fueron clausurados y producto de ambos allanamientos los agentes de la Policía de la Ciudad rescataron a 18 ejemplares de la raza japonesa Shiba Inu.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la ciudad de Buenos Aires, el caso surgió a partir de la denuncia de una vecina que indicó las direcciones donde funcionaban los dos criaderos clandestinos, uno en Villa Crespo y otro en Mataderos. En consecuencia, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF porteño comprobó la veracidad de las denuncias y coordinó los allanamientos solicitados por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del fiscal Carlos Rolero Santurián, y otorgados por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 23.

En uno de los domicilios se rescataron 8 perros y en el otro 10, todos ellos ejemplares de la raza Shiba Inu, oriunda de Japón.

Durante uno de los allanamientos, realizado en un departamento de ambiente y medio en Montiel al 2100, en Mataderos, los oficiales de las divisiones Conductas Contravencionales y Faltas y Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad encontraron ocho perros, de los cuales cuatro eran cachorros, que estaban en muy malas condiciones.

Además, en el domicilio se incautaron 8.700 dólares en efectivo que serían producto de la comercialización de los animales y documentación de los canes.

Durante el operativo realizado en Mataderos arribó al lugar una de las mujeres que quedó imputada, siendo notificada de iniciación de causa por presunto maltrato animal y supuesta comercialización ilegal.

Las investigaciones que se iniciaron en torno a uno de los criadores determinaron que había otro departamento, situado en la avenida Juan B. Justo al 2000, en Villa Crespo, donde los ocupantes tenían perros para cría y comercialización, también de la raza japonesa Shiba Inu.

El procedimiento se realizó en colaboración con un escáner de bultos utilizado para detectar irregularidades en los envíos. La inspección se centró en paquetes provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos con el mismo remitente y destinatario, lo que levantó sospechas entre los agentes de la DGA.

Durante la operación, que se llevó a cabo en el depósito de una empresa de transporte y logística de origen cordobés, se encontraron 562 teléfonos celulares, entre los que se incluyen modelos de alta gama como el iPhone 16 Pro Max, cuyo precio en el mercado puede superar los 4 millones de pesos. Además, se decomisaron 25 tablets y 50 auriculares de diferentes marcas. El valor total de la mercancía incautada se estima en 170 millones de pesos.

Con la autorización del Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, a cargo del Dr. Alejandro Sánchez Freytes, los paquetes fueron abiertos y se constató la irregularidad: la falta de los avales legales que acrediten la liberación aduanera de los productos. Esta infracción, de acuerdo con el artículo 987 del Código Aduanero, podría resultar en una multa superior a los 800 millones de pesos para el destinatario de las encomiendas, quien ya fue notificado de la situación.

La cantidad y variedad de los artículos encontrados sugieren que los envíos tenían fines comerciales, lo que agrava la presunta infracción. En este contexto, las autoridades continúan investigando el origen y destino de la mercancía, mientras que los involucrados enfrentan graves sanciones si no logran acreditar la legalidad de los productos.

Cuatro días atrás, la Dirección General de Aduanas también llevó a cabo un importante operativo en la Terminal de Cargas del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, donde incautó productos de alta gama que no contaban con la certificación oficial.

El procedimiento se centró en la Bodega de Importación de Ezeiza, donde se detectaron más de 40 envíos sospechosos. Entre los objetos decomisados se encuentran máquinas de lipoaspiración y aparatos de rayos X sin certificaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), lo que representa un grave riesgo para la salud pública. También se encontraron esteroides con jeringas que carecían de los avales requeridos, profundizando las preocupaciones sanitarias.

En el operativo, además, se hallaron productos falsificados de marcas reconocidas como Rolex, Louis Vuitton, Adidas y Ray-Ban, en presunta violación de la Ley de Marcas N° 22.362. Asimismo, se detectó un amplio stock de dispositivos electrónicos y equipos de audio profesional, que incluían celulares, computadoras de alta gama, smartwatches, auriculares, amplificadores y micrófonos.

El Juzgado Federal en lo Penal Económico N°6, a cargo del juez Marcelo Aguinsky, ya tomó intervención en el caso. Las autoridades continuarán investigando para determinar la procedencia de los bienes y las posibles conexiones con redes de contrabando.

Catorce allanamientos se realizaron este miércoles en simultáneos en diversas localidades de Argentina, incluidos Mar del Plata, la ciudad de Buenos Aires y Urdinarrain, Gualeguaychú. La orden provino del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata y fue ejecutada con la intervención de la Fiscalía Federal N° 2 y la Policía Federal Argentina (PFA). Según informaron, los operativos tuvieron como objetivo desmantelar una operación de evasión tributaria vinculada a una de las principales empresas del sector pesquero en la ciudad de Mar del Plata, dedicada a la exportación.

La investigación, iniciada a raíz de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación de la Ciudad Autónoma (ARCA), apunta a una red de asociación ilícita destinada a evadir impuestos y tributos aduaneros. Según las autoridades, la empresa pesquera implicada manipulaba los precios de venta de sus productos en el mercado internacional. Los precios unitarios que se informaban a la aduana eran sustancialmente inferiores a los realmente percibidos por los clientes en el exterior. Para realizar esta operación, se valían de empresas fantasma con sede en Uruguay y Belice, cuya función era la de “pseudointermediarios”, sin ninguna capacidad operativa o económica y sin empleados registrados.

Según se informó desde la Fiscalía Federal N° 2, estas empresas ficticias no realizaban ninguna actividad real, sino que se limitaban a operar como vehículos para triangulaciones comerciales que permitían a la empresa pesquera evadir los tributos que correspondían al Fisco Nacional. “El propósito de esta maniobra era disminuir la carga tributaria, reducir el ingreso de derechos de exportación, ocultar fondos en jurisdicciones de baja tributación y evitar la liquidación de divisas en el país”, detallaron fuentes judiciales.

La operación de exportación de la firma investigada habría sido responsable de una significativa subfacturación durante los períodos fiscales 2023 y 2024, lo que generó una importante evasión de impuestos. Las autoridades estiman que los fondos evadidos ascienden a una cifra considerable, aunque aún se están analizando los documentos incautados para determinar el monto exacto de la deuda tributaria.

Los allanamientos de este miércoles fueron realizados en domicilios relacionados con la empresa pesquera, así como en las direcciones de las empresas fantasma mencionadas, ubicadas en Uruguay y Belice. En total, participaron más de 50 agentes de la ARCA en los operativos. Durante los procedimientos, se incautaron numerosos documentos que podrían ser clave para esclarecer los detalles de la evasión fiscal. Esta documentación ya fue trasladada a las oficinas del organismo para su análisis.

“Lo que estamos buscando son pruebas que nos permitan determinar la cantidad de dinero que la empresa evadió en concepto de tributos, en particular lo relacionado con los derechos de exportación y la evasión de divisas”, explicó uno de los fiscales encargados del caso. Las autoridades también señalaron que la estructura de empresas fantasmas utilizadas por la pesquera no solo tenía un fin fiscal, sino que también permitía la creación de un entramado financiero destinado a ocultar ingresos y facilitar el flujo de capitales hacia jurisdicciones con bajos niveles de fiscalización.

Desde la ARCA, se subrayó la magnitud de la maniobra, que no solo involucró a una empresa local, sino que también abarcó operaciones internacionales. “Lo que estamos investigando es una red compleja de triangulación comercial con la que se logró evadir impuestos tanto en Argentina como en otros países. Esta es una operación que tuvo un alcance internacional”, indicaron las fuentes.

Por su parte, desde la empresa pesquera implicada aún no emitieron un comunicado oficial respecto a los allanamientos ni sobre las acusaciones en su contra. En tanto, la fiscalía continúa con la recopilación de pruebas y la evaluación de los documentos incautados. Se espera que en los próximos días se pueda determinar con mayor precisión la magnitud de la evasión y el impacto de las maniobras en la economía nacional.

Las investigaciones se encuentran en una etapa inicial, y las autoridades judiciales pidieron cautela en cuanto a la divulgación de detalles adicionales. No obstante, los allanamientos de hoy marcan un avance significativo en una causa que podría tener repercusiones tanto en el ámbito empresarial como en el sector pesquero de la ciudad de Mar del Plata.

El caso también pone en evidencia el uso de estructuras empresariales offshore para facilitar la evasión de impuestos, un fenómeno que es objeto de creciente atención en los últimos años por parte de las autoridades fiscales argentinas. Según expertos en la materia, el uso de empresas fantasma en países con regímenes fiscales laxos es una práctica común en casos de evasión internacional, aunque resulta compleja de detectar debido a la naturaleza de las operaciones transnacionales involucradas.

Con el avance de la causa, se espera que surjan más detalles sobre cómo funcionaba este esquema y sobre la posible implicancia de otras personas o empresas en la cadena de evasión. La investigación sigue su curso, con la esperanza de que los operativos de hoy sirvan para esclarecer uno de los casos de evasión tributaria más complejos en el sector pesquero de la región.

En el marco de una operación internacional contra la explotación sexual infantil, la Justicia allanó este martes una vivienda en Morón, donde reside un agente de la Policía Federal. Las investigaciones señalaron que desde ese domicilio se había compartido material de abuso en redes sociales, aunque aún no se ha determinado quién fue el responsable.

Según pudo saber Infobae, al momento del procedimiento se encontraban en el lugar el oficial, su hermano y la madre de ambos. Ninguno fue detenido. No obstante, el efectivo policial fue notificado sobre su posible vinculación con el caso, dado que es el titular de la conexión a internet.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las imágenes compartidas no habrían sido producidas en esa vivienda. Durante la inspección, las autoridades secuestraron dos notebooks, que serán sometidas a peritajes. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Morón, a cargo de los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti, quienes aguardan los resultados de las pericias.

El procedimiento fue parte de un operativo que se extiende más allá de las fronteras bajo el nombre “Aliados por la Infancia IV”, con el fin de desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil. En total, hubo 70 allanamientos simultáneos en seis países: 48 fueron en territorio argentino y resultaron en la detención de seis sospechosos.

Se realizaron intervenciones en las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, además de Buenos Aires. También en Capital Federal, bajo la coordinación de la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI), que conduce la fiscal Daniela Dupuy, y la Fiscalía PCyF Nº17 de la Ciudad, a cargo de Tomás Vaccarezza.

La investigación, además, involucró objetivos ubicados en Panamá, República Dominicana, Perú, Puerto Rico y Costa Rica. El despliegue involucró a diversas fuerzas de seguridad y fiscalías, supervisadas por entes de investigación especializados en ciberdelitos y trata de personas.

La operación se apoya en tecnologías avanzadas como las plataformas Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS) y Sistema de Protección de la Infancia (CPS), dos sistemas estadounidenses que permiten rastrear a usuarios de redes P2P involucrados en la distribución de material ilegal. También contó con reportes vitales de la ONG National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) para identificar direcciones IP vinculadas al tráfico de este tipo de contenido, facilitando la identificación de los responsables.

En el ámbito bonaerense, además del allanamiento en Morón, las autoridades registraron otros cinco domicilios en Hurlingham, Ezeiza, Quilmes, Mar del Plata y Necochea. Los procedimientos fueron dirigidos por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, a cargo de Eleonora Weingast, que se encuentra en la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General.

En los seis operativos, se detuvieron a dos personas, mientras que otras tres fueron imputadas. Y se incautaron siete notebooks, cinco PC, nueve teléfonos celulares, 15 dispositivos de almacenamiento y un arma de fuego.

Participaron en los allanamientos efectivos y expertos de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen, Superintendencia de Investigaciones en Delitos Complejos y Crimen Organizado de Policía Bonaerense; la Estación de Policía de Seguridad Departamental Berazategui; la Policía Federal Delegación Necochea; la DUOF Mar del Plata y la División de Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la PFA; el Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Buenos Aires” de Gendarmería Nacional y la División Investigaciones de Ciberdelitos de Prefectura Naval Argentina. También, peritos de la Policía Judicial de la Procuración General y del MPF bonaerense.

El caso fue destapado por Punto Final en agosto pasado, cuando una extrabajadora, cuya identidad se mantuvo en reserva, denunció que Agüero se apropiaba del dinero con ayuda de César De la Cruz, un abogado de su círculo cercano que ejerció como su asesor. Siempre según la denuncia, la parlamentaria justificaba el recorte al afirmar que “el partido tiene gastos y logística” por cubrir.

El dominical también confirmó que De la Cruz realizó al menos diez transferencias a favor de Edson Flores, quien ha trabajado como coordinador de Agüero desde noviembre de 2021, en Arequipa, su región de representación. Estos movimientos en conjunto suman un total de S/27,150.

En el trasvase de fondos de Lima a Arequipa también se implicó a Joyce Mejía, una extrabajadora de la parlamentaria. En su caso, se identificaron dos envíos a favor de Flores, quien fue detenido durante el operativo de esta jornada: uno por S/1,890 y otro por S/2,430, ambos en enero de 2023. Estos depósitos se registraron apenas un día después de que Mejía recibió su salario.

En al menos tres ocasiones, la parlamentaria se ha mostrado en desacuerdo con el salario que percibe, pues “la vida en Lima es bien cara”. La última vez, cuando fue interrogada sobre el aumento de su remuneración a 11 mil soles, señaló que “los sueldos están por los suelos”, de modo que le pareció una medida oportuna.

Hasta entonces, los congresistas tenían asignada una retribución para gastos de representación de 7.617,20 soles, pero un acuerdo de la Mesa Directiva elevó la cifra hasta ese monto, el cual empezó a cobrarse de manera retroactiva desde marzo de este año, momento en que el Gobierno que lidera la presidenta Dina Boluarte otorgó un crédito suplementario al Legislativo de más de 50 millones de soles.

Pese a que considera que su sueldo es insuficiente, Agüero posee dos propiedades en Los Ángeles (Estados Unidos), las cuales fueron adquiridas hace dos décadas por un total de 585.000 dólares, según un informe publicado por Sudaca. Actualmente, su valor supera los dos millones de dólares.

Amedrentamiento. ¿Era necesario allanar cuando la investigación requiere solo medios electrónicos de pago o verificar las planillas del Congreso? o ¿detienen para coaccionar a declarar como quiere el fiscal? La detención preliminar, excepto en flagrancia, se ha convertido en un… pic.twitter.com/iPSlqq0Fql

— Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) November 5, 2024

Otros cuestionamientos

A mediados de 2023, Contracorriente reveló que Agüero utilizaba el estacionamiento del Congreso para guardar una camioneta 4x4 de su hermano, quien reside en EE. UU. Al ser cuestionada, señaló que usaba el vehículo debido a su labor “permanente” como congresista. También ha sido criticada por llevar polos en los plenos con la palabra “Justicia” y el rostro de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y prófugo desde octubre tras ser condenado a tres años y medio de prisión por colusión.

Agüero, quien se encontraría en Venezuela, según un despacho de Canal N, también arremetió contra el dominical que destapó el caso y señaló que se trata de “cortinas de humo” y una “instrumentalización de la justicia”.

• Personal de rescate halló el cuerpo de Nahuel Stefanic, sobrino de la ex dueña del hotel, también fallecida
• Con esta nueva víctima, el total de muertos asciende a tres; cinco personas siguen desaparecidas.
• La fiscal Verónica Zamboni ordenó la detención de cinco individuos en relación con el caso.

Lo esencial: el equipo de rescate que trabaja en la zona del derrumbe del hotel Dubrovnik en Villa Gesell encontró un tercer cadáver entre los escombros. Se trata de Nahuel José Stefanic (25), sobrino de María Rosa Stefanic, la ex dueña del hotel y otra de las víctimas fatales confirmadas. Hasta ahora, la tragedia dejó tres muertos. El listado lo completa el jubilado Federico César Ciocchini. De esta manera, aún hay cinco personas desaparecidas. Más de 650 rescatistas y efectivos de seguridad participan en la operación con grúas de gran capacidad, perros de rescate, drones y helicópteros, en un esfuerzo contrarreloj.

En medio del intenso operativo que se está llevando a cabo en el Apart Hotel Dubrovnik, personal del equipo de rescate encontró un tercer cadáver en medio de los escombros. A primera hora de la mañana, fuentes del caso indicaron a Infobae que se trataba de un joven que tenía una celular en la mano. Algunas horas después, Fabián García, director provincial de Defensa Civil, confirmó en una conferencia de prensa que se trata de Nahuel José Stefanic(25), sobrino de María Rosa Stefanic, la ex dueña del hotel y otra de las víctimas fatales confirmadas.

De esta manera, aún permanecen desaparecidas cinco personas. El listado de personas fallecidas lo completa -por el momento- Federico César Ciocchini, un jubilado de 84 años. “Comenzamos a tener indicios y después de tres horas, se retiró el cuerpo. Se confirmó que es de Nahuel. La Fiscalía nos permitió hacer un rápido reconocimiento. Lo primero que se hace en ese momento es comunicarle al ministro y a la fiscal”, dijo García.

El operativo de búsqueda para dar con los desaparecidos del derrumbe en el Dubrovnik que dejó -por el momento- tres muertos y una mujer herida, continúa a contrarreloj. Hay más de 450 rescatistas de distintas partes del país en la zona de la tragedia, mientras la fiscal de la causa, Verónica Zamboni, ya requirió la detención de cinco personas.

Desde el jueves se usa una grúa tipo pluma, para la remoción de escombros de gran tamaño, capaz de levantar trozos de cuatro toneladas a la vez. Entre el personal de rescate hay efectivos de seguridad y bomberos de la Policía Bonaerense, apoyados por la brigada K9 con perros de rescate, drones un helicóptero y unidades de atención médica avanzada. Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, se encuentra presente en el lugar desde el martes a la mañana.

Entre las personas atrapadas en los escombros, según el conteo de las autoridades, se cuenta a Dana Desimone, de 28 años, oriunda de Juan N. Fernández -localidad cercana a Necochea- y pareja de Nahuel. “Estamos buscando a Dana. No sabemos qué decisión tomaron al sentir las vibraciones y que el edificio iba a sufrir un colapso”, dijo el director de Defensa Civil, quien confirmó que ya encontraron su mochila.

Otro de los atrapados es Javier Fabián Gutiérrez, de 50 años, un carpintero de la localidad bonaerense de Merlo que había llegado para trabajar en el hotel. Su hermana y su sobrino lo describieron como un padre ejemplar que estaba en el segundo piso al momento del derrumbe.

Le siguen los plomeros Juan Ezequiel Matu, de 38 años, vecino de Mar del Plata, y Matías Chaspman, de 27, oriundo de Batán. La lista la completa Mariano Troiano (47), gasista, también marplatense.

Este último, quien había llegado para realizar trabajos de plomería, dormía en el hotel para avanzar con la obra sin demoras. Su hija, Karen, contó que su padre había viajado a Villa Gesell hace dos semanas.

Uno de los hombres del listado fue encontrada esta mañana de sábado por el equipo rescatistas. Su identidad se confirmará en las próximas horas.

Allanamiento al dueño del Hotel

Ayer, en medio de la investigación por el derrumbe del hotel Dubrovnik de Villa Gesell, la fiscal Zamboni ordenó el allanamiento a la casa y la empresa de Antonio Juan Manuel Arcos Cortés, el nuevo dueño del edificio que colapsó el martes pasado. Se trata de un empresario, propietario de la terminal de ómnibus Parada Liniers, ubicada en la avenida General Paz, en la ciudad de Buenos Aires.

En el procedimiento se llevaron documentación de valor para la causa y, según la agencia de noticias NA, el empresario podría ser imputado en el expediente. En ese sentido, Cortés emitió un comunicado a través de un texto membretado con la firma “Parada Liniers, Terminal de Ómnibus” y firmado por “El Directorio”, en el que manifestó estar a disposición de las autoridades.

Aseguró que “sólo responderá ante la Justicia”, al tiempo que remarcó que se “puso a derecho”. “Luego de 72 horas de la tragedia ocurrida el día 29/10/2024 en el Hotel Dubrovnik de Villa Gesell ante las distintas versiones periodísticas erróneas, nos hemos llamado a silencio por respeto a las personas fallecidas, a las desaparecidas y sus familiares”, señaló el texto.

Dijo que aportó “toda la documentación correspondiente a los permisos y todos los soportes electrónicos solicitados por la Justicia”, y agregó que: “colaboró y sigue aportando todo lo que esté a su alcance para que se esclarezca lo sucedido”.

El empresario reclamó también que “se informe con precisión, respeto y seriedad dado que comparte el dolor”. Además, sostuvo que “ruega que se encuentren con vida las personas desaparecidas”.

Graciela Bravo, abogada de la familia de María Rosa Stefanic y una de las tres víctimas fatales que hasta ahora se confirmaron, aseguró en Radio 10 que “los responsables acá son el propietario y el arquitecto”.

De acuerdo con registros previsionales, Arcos Cortés tiene 79 años y nació en España. Su domiclio fiscal está ubicado en la ciudad de Mar del Plata.

Según información del diario La Capital, de la ciudad balnearia, es recordado allí porque llevó adelante reacondicionamiento del hotel Ostende, ubicado en la esquina de la Municipalidad de General Pueyrredón. Se trata de un edificio histórico por cuya restauración recibió incluso un reconocimiento por parte del Concejo Deliberante.

Jorge Cocco, presidente de la Asociación de Hoteles Restaurantes Confiterías y Afines (AHRCA), contó al medio marplatense que en abril de este año Arcos Cortés compró el hotel Dubrovnik y comenzó a refaccionarlo, algo que también hace con otros alojamientos. La calificación del expediente por el derrumbe de esta semana es estrago culposo agravado.

Lo esencial: un operativo en el barrio Terrazas de Neuquén permitió rescatar a una galga en estado crítico, informó el subcomisario Mario Campos. La situación fue denunciada a través una aplicación destinada a reportes de crueldad animal. A pesar de advertencias previas, el dueño, un comerciante de 37 años, no mejoró las condiciones de la perra, lo que llevó a los vecinos a alimentarla a través de las rejas. Con una salud evaluada en 1.5 en una escala de 5, el animal fue trasladado al área de Bienestar Ambiental para recibir cuidados. Campos advirtió que es probable que no regrese a su dueño y se le buscará un nuevo hogar de tránsito.

El jueves 31 de octubre, un operativo de rescate permitió salvar a una galga que sufría maltrato animal en el barrio Terrazas de la ciudad de Neuquén. La intervención fue llevada a cabo por el personal de Delitos Ambientales, que ejecutó un allanamiento en la vivienda donde se encontraba el animal, según informó el subcomisario Mario Campos.

El caso había sido previamente denunciado a través de la aplicación AMVOZ, una herramienta destinada a recibir reportes de delitos contra animales en la región. Campos explicó que el dueño del perro, un comerciante de 37 años, ya había sido advertido por el personal de Bienestar Ambiental Municipal para mejorar las condiciones del animal. Sin embargo, tras un mes, nuevas denuncias indicaron que el estado de la galga no había mejorado, lo que llevó a los vecinos a alimentarla a través de las rejas de la propiedad.

Durante el allanamiento, el equipo de esa cartera, acompañado por un veterinario, evaluó al animal y determinó que su estado de salud era crítico, con una puntuación de 1.5 en una escala donde 5 representa un estado óptimo, según informó el portal LM Neuquén. Ante esta situación, se decidió trasladar a la galga al área de Bienestar Ambiental para realizarle exámenes más detallados y comenzar su recuperación.

El subcomisario Campos señaló que, en estos casos, el procedimiento habitual es recuperar al perro y capacitar al propietario en leyes de crueldad y maltrato animal. Sin embargo, es probable que la galga no regrese a su dueño actual y se le busque un nuevo hogar de tránsito. Además, mencionó que el municipio ha implementado una ordenanza para crear un registro de tenedores irresponsables, en el cual se inscriben las personas involucradas en este tipo de casos una vez iniciada la causa judicial.

El dueño del animal, quien aparentemente vive solo y no enfrenta problemas económicos, afirmó que el can era de su propiedad y que siempre estaba dentro de la casa. No obstante, las visitas del área municipal encontraron al animal afuera, sin un refugio adecuado. Tras la identificación del propietario, se labraron las actas correspondientes, mientras que la galga fue resguardada para recibir atención y recuperación tanto física como emocional.

Campos también recordó un incidente reciente en otra vivienda de Neuquén, donde tuvieron que ingresar por el techo para rescatar a varios perros con rabia, ya que el propietario no atendió al personal.

Un caso reciente de maltrato animal

Cabe recordar que, también durante la jornada del jueves, otro hecho similar ocurrió en el barrio porteño de Flores, donde fueron rescatados 57 perros de raza caniche toy durante un allanamiento. El hecho ocurrió en una casa en la que funcionaba un criadero ilegal. Los animales estaban encerrados en apenas 10 jaulas, hacinados, en malas condiciones de salud, higiene, y carentes de agua y alimento, según detallaron las fuentes policiales.

Finalmente, tras el operativo, los perros rescatados fueron entregados a una ONG. Además, imputaron a dos sospechosos, acusados de ser las responsables de retener a las mascotas para, luego, venderlas. En el mercado, los precios de los ejemplares de esta raza rondan los 200 mil pesos.

El operativo realizado por la Policía de la Ciudad se desarrolló en un domicilio ubicado sobre la calle Arrotea al 600 del barrio porteño de Flores.

El caso surgió a partir de una denuncia que advertía sobre la posible existencia de un criadero ilegal, donde mantenían a los perros para luego ser puestos a la venta.

Así, comenzó una investigación llevada adelante por el Área de Fauna del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), que está a cargo de Carlos Rolero Santurián.

Fue entonces como, tras una serie de tareas investigativas, se lograron reunir las pruebas suficientes para avanzar en el caso. Entonces, el fiscal solicitó el allanamiento, cuya orden fue otorgada por la jueza Fernanda Botana.

Las dos personas que se encontraban en el lugar fueron imputadas por infracción a la Ley 14.346 de Protección contra el Maltrato Animal y por violar las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal, presentes en el art. 206 del Código Penal.

Quito, 20 oct (EFE).- La Policía de Ecuador informó este domingo que decomisó más de 800 kilos de clorhidrato de cocaína, armas, municiones y un camión de carga, tras allanar una vivienda en la ciudad de Babahoyo, la capital de la provincia costera de Los Ríos, en el suroeste del país.

La operación de allanamiento denominada 'Visnú' y de carácter "urgente" se efectuó el sábado tras haber recibido informes de inteligencia proporcionados por la unidad de Investigación Antidrogas de la Policía, precisó la fuente en un comunicado.

En la vivienda allanada los agentes encontraron en una bodega 859 paquetes en forma de ladrillo que contenían un total de 834.275 gramos de clorhidrato de cocaína, un volumen con el que la entidad del orden cree que se podrían preparar 8.342.750 dosis.

Asimismo, los agentes incautaron tres fusiles calibre 5,56 milímetros (con 109 cartuchos de ese diámetro) y dos pistolas de 9 milímetros (con 101 cartuchos) y un camión de carga.

La Policía no informó de detenciones y aseguró que las investigaciones "continúan para dar con los implicados en este hecho ilícito".

Además, la institución dijo estimar que el alijo podría alcanzar un valor de 8,3 millones de dólares en Estados Unidos y de 33,3 millones de dólares en Europa.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína y con una economía completamente dolarizada desde el año 2000, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de drogas que se dirige mayormente a Europa y Estados Unidos.

Ecuador está catalogado como el tercer país en el mundo que más droga decomisa -solo por detrás de Colombia y Estados Unidos-, con unas 200 toneladas de estupefacientes incautadas anualmente, según registros de los tres últimos años, mientras que en lo que va de 2024 ya ha superado esa cifra. EFE

El Gobierno ha defendido que las denuncias por 'okupación' de vivienda van "disminuyendo lentamente" en una respuesta por escrito a Sumar en la que ha respaldado una campaña lanzada por la Policía Nacional que pretende hacer frente a la "alarma social generada y producida por noticias que confunden de forma deliberada el allanamiento con la usurpación".

"El fenómeno de la ocupación está disminuyendo lentamente, a pesar de lo cual, persisten las campañas de promoción y la desinformación", ha apuntado el Ejecutivo en una respuesta fechada el 23 de septiembre, consultada por Europa Press.

El Gobierno se remonta al año 2022 para señalar que entonces "se produjo un descenso del 2,9% de este tipo de hechos, tendencia descendente que ha continuado en 2023, en el que se ha producido una bajada del 8,8% con respecto a los datos del año anterior".

El Ejecutivo informa del total de allanamientos y usurpaciones cometidos entre julio y septiembre de 2023, que fue de 3.675 casos, aunque en la respuesta no se aporta el dato computado a cada uno de los delitos.

DIFERENCIAS ENTRE ALLANAMIENTO Y USURPACIÓN

De esta forma, vuelve a poner el foco en las diferencias entre el delito de allanamiento de morada en viviendas y la usurpación que se lleva a cabo sobre inmuebles y bienes vacíos, y que es donde se concentra la mayoría de casos, según viene subrayando el Ministerio del Interior.

En la respuesta a Sumar, el Gobierno justifica que la página web de la Policía Nacional incluya bajo la denominación de "Consejos de seguridad" información relativa a planes y programas de prevención para los ciudadanos, "ofreciendo información diversa sobre prevención ante diferentes tipos de delitos, entre ellos, las ocupaciones ilegales".

El Gobierno recuerda que bajo la expresión "ocupación de inmuebles" se están incluyendo diferentes tipos de delitos del Código Penal: por un lado, se incluye el allanamiento de morada (artículo 202) y, por otro lado, la usurpación de inmuebles (artículo 245), "sea con violencia o no, y sean residenciales o no".

En el primer caso, alega que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan conforme al ordenamiento jurídico vigente, "de forma urgente y perentoria en el caso de allanamiento de morada, desalojando las viviendas de inmediato, siempre que se tenga permiso del morador y este haya presentado una denuncia".

Los agentes también actúan en casos de usurpaciones de inmuebles, "residenciales o no, pero que no son morada", si bien estos casos el proceder de las Fuerzas de Seguridad está sujeto a una orden judicial de desalojo previa, además de la intención manifiesta del propietario de recuperar su propiedad, "salvo que puedan intervenir en el momento en el que se está cometiendo el delito y sea con violencia o intimidación, en cuyo caso sí pueden desalojar los casos de usurpación en el momento".

Las cámaras del Centro Operativo de Monitoreo municipal captaron al asesino mientras ingresaba a la propiedad a las 15.48 del viernes pasado, y también lo vieron salir a las 15.53. Llegó al domicilio de la calle Mendoza 1292 en un Fiat Duna Weekend color bordó. El 911 recién se enteró de que algo podría estar pasando en el lugar durante la madrugada del sábado, cuando una vecina alertó a las autoridades por ruidos sospechosos.

Cuando la Policía Bonaerense ingresó a la casa de las víctimas, encontró a Máximo Bocci sin vida tendido en el piso de su baño. Su esposa, Elsa Elena Benedetti, también de 75 años, logró sobrevivir al ataque. La trasladaron rápidamente al Hospital de la Asociación Médica “Dr. Felipe Glassman” por “golpes severos en el rostro, fractura de mandíbula y lesiones graves”, según precisaron fuentes policiales.

También se determinó en los primeros peritajes que no se forzaron las puertas para ingresar a la propiedad y tampoco había signos de violencia en ningún ambiente de la casa.

La víctima fatal sufrió varios hematomas en la parte interna de la cabeza, sobre todo en la región occipital y temporal. La autopsia que le practicaron esclareció que la causa de la muerte fue una compresión en el cuello que le provocó una fractura en la laringe. Eso derivó en la insuficiencia respiratoria que terminó con su vida.

Entre las imágenes que aportaron las cámaras de seguridad y el testimonio que brindó la jubilada internada, las autoridades señalaron al presunto atacante: J.A., quien alquila otra propiedad que tiene la pareja en la calle Emilio Rosas 236, de la misma ciudad bonaerense. Las imágenes lo muestran en remera manga corta, y se pueden ver dos tatuajes característicos que tiene en el brazo izquierdo. Fue un dato clave para apurar su identificación.

En un primer operativo en la casa de las víctimas, la Policía Bonaerense secuestró dólares y pesos argentinos, recibos de extracciones bancarias, cuadernos con anotaciones de alquileres, pagos y cuentas cobradas, talonario de recibos de alquiler y dos llaves de una caja fuerte.

Luego, allanaron el domicilio donde residía el inquilino. Allí incautaron dos celulares -uno de ellos estaba dañado-, una prenda de vestir femenina con una mancha de sangre y recibos de pago alquiler. Pero no hallaron a J.A..

Quien estaba en la casa era su pareja, que reconoció ante la Policía que el sospechoso se había escapado a Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Sacó el pasaje en la tarde del sábado, un día después del crimen.

Entonces, se desplegó un operativo para capturarlo que terminó con la detención del supuesto asesino en el kilómetro 714 de la ruta 3, todavía en la ciudad de Bahía Blanca. Lo trasladaron a la DDI bahiense y allí lo revisaron los médicos legistas: notaron que tenía escoriaciones en los nudillos de ambas manos.

En su equipaje, en tanto, los investigadores encontraron las cámaras de seguridad de la casa en alquiler, que había sustraído el asesino antes de escapar del lugar.

En un tercer procedimiento llevado adelante por personal de la comisaría 5ª y la Guardia Urbana, encontraron en la casa del hermano del detenido el Fiat Duna Weekend que se ve en los videos. En su interior, detectaron manchas de sangre y, como no tenía papeles en regla, se secuestró el vehículo.

La fiscal Lorelei Liberati, titular de la UFI N°5 de Bahía Blanca, imputó a J.A. por el delito de homicidio.

Seis oficiales de la Policía Bonaerense fueron detenidos el miércoles en La Plata en el marco de una investigación por un robo millonario. Están acusados de fingir un allanamiento por juego clandestino y quedarse con los elementos incautados.

Los acusados fueron identificados como Juan Alejandro Del Valle González, Juan Alejando Osuna, María José Barrera, Patricia Esther De Campo, Daiana Belén Maidana y Ariel Nahuel Ortega Jurado. Todos ellos cumplían funciones en la comisaría Tercera de Los Hornos.

Fuentes policiales indicaron a Infobae el hecho ocurrió el 14 de septiembre, cuando los seis uniformados llegaron al lugar luego de fingir un llamado anónimo al 911, en el que se alertaba sobre un supuesto altercado en el lugar.

“Simulando actuar bajo uno de los supuestos de gravedad y urgencia de allanamiento sin orden judicial y manipulando armas de fuego, ingresaron ilegalmente, donde bajo amenazas, efectuando al menos dos disparos de escopeta intimidatorios y abusando de la autoridad que les brinda la investidura, redujeron a un grupo estimado entre veinticinco y treinta personas que se encontraban recreativamente en el lugar practicando ‘picky voley’ y juegos de azar”, sostiene la denuncia.

En ese sentido, en la presentación continúan con el relato de los hechos y aseguran que “ya reducidos los presentes y dividiendo los sujetos las tareas de vigilancia e intimidación, se apoderaron ilegítimamente de al menos 6 millones de pesos, 6 mil 700 dólares estadounidenses y tres millones de guaraníes”. A su vez, se llevaron cadenas, anillos, bolsos, vestimenta, relojes y celulares de las personas que se encontraban en el lugar al momento del falso allanamiento, así como también las llaves de sus vehículos y de sus casas para luego ingresar a robar a los domicilios.

Además, los agentes, aprovechando la jerarquía de tres de ellos —titular de Comisaría, jefe de Judiciales y jefe del Servicio Externo—, eligieron a 10 de las víctimas y los encerraron en la seccional por tres horas para justificar su trabajo. En ese sentido, también dejaron asentada una falsa declaración testimonial en contra de los demorados. Incluso, alegaron que fueron hasta el lugar por orden del fiscal Álvaro Garganta, de la UFI N°11 de La Plata, pero nunca existió esa disposición.

El falso parte de ese procedimiento indicaba que los oficiales llegaron al lugar y, se percataron de que un grupo de 10 personas llevaba a cabo “prácticas de juego de dados clandestino”.

La causa en contra de los seis oficiales detenidos cuenta también con el testimonio de las víctimas, quienes aportaron también videos en los que se observan las irregularidades del proceso.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires investigó la situación y ordenó que los oficiales sean echados de la fuerza. En tanto, personal de la Policía Federal realizó un allanamiento en la Comisaría Tercera con el fin de requisar el casillero de uno de los efectivos involucrados, aunque el resultado fue negativo. En paralelo, los acusados fueron detenidos en sus domicilios.

La investigación quedó en manos de la UFI Nº17 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien calificó el expediente como robo calificado por el uso de arma de fuego, por ser en poblado y banda y por ser ejecutado por miembros de las fuerzas policiales, en concurso real con allanamiento ilegal, falsificación ideológica de instrumento público, falso testimonio, privación ilegal de la libertad agravada y abuso de autoridad.

Otro escándalo en la Policía

Este no es el primer escándalo dentro de la Policía Bonaerense este año, puesto que en junio se conoció la noticia de que dos efectivos de la fuerza de seguridad provincial habían sido detenidos por liberar a un preso a cambio de una coima en dólares.

En el marco de la investigación, la Comisaría 9° de Villa Caraza de la Policía Bonaerense fue allanada por órdenes del fiscal Martín Rodríguez, titular de la UFI N°5. El delito del que se los acusa: extorsión, cobrarle a un detenido para liberarlo, con un curioso plan de pago en dólares.

El hecho ocurrió el 26 de mayo último a las 4 AM. Allí, un oficial inspector, Leandro Segovia, enfrentó al detenido en cuestión, acusado en una causa por usurpación, con un breve monólogo. “¿Cuánto vale tu libertad? Vos no entendés como se manejan las cosas, ¿Vos te querés ir ahora? ¿O te querés quedar hasta el lunes, martes o cualquier día?”, asegura una fuente clave en el expediente. Así, según el testimonio de la víctima, Segovia le habría exigido al hombre 400 dólares en el acto y dos mil más a pagar en los próximos días. Anteayer, Segovia lo habría cruzado otra vez al detenido, ya suelto: “No te olvides de Papá Noel”, le habría dicho, como para reforzar las cosas. El otro implicado, de apellido, Castillo habría actuado como campana en el apriete, también como refuerzo moral. “Soy más malo que Segovia”, le habría asegurado.

El hombre pagó. Le entregó 140 mil pesos a Segovia, bajo la mirada de Castillo. Pero el oficial inspector, tal vez ignorante de los clichés del rubro, no sabía que le tendían una trampa. Su víctima ya había denunciado la extorsión a la Justicia. Esos billetes, que fueron encontrados en el allanamiento realizado en la comisaría, estaban marcados.

El propio Grabois fue quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. Según narró, Miño llegó a su casa, ubicada en Villa La Cava, cerca de las 22 horas del martes, luego de participar de la presentación del documental de Ofelia Fernández. “Los vecinos nos informan que cuando abrió la puerta, un grupo de policías encapuchados con armas largas que estaban escondidos se metieron violentamente por atrás”, señaló.

En el mismo sentido precisó que, durante el tiempo que estuvieron allí, “no la dejaron comunicarse con su abogado”, por lo que se hizo presente en el lugar junto a un equipo de abogados del partido Patria Grande. “Hacemos responsable al gobierno de este accionar propio de la dictadura”, expresó sobre el cierre de la jornada del martes.

Una vez que llegó al domicilio de Miño, Grabois grabó un video en el que sostuvo: “A Fernanda nunca le pudieron encontrar nada, entonces, ahora le inventaron que ella, que es la gran bandida del mundo, se robó una moto. ¿Saben por qué es este allanamiento? Por el robo de una moto”. “¿Se piensan que nosotros somos boludos y que vamos a creer que tan diligentes son los fiscales que por el robo de una moto van a hacer un allanamiento a las 10 y media de la noche?”, se preguntó.

En ese sentido, continuó: “Son nuestros enemigos que están cruzando una línea roja más, que son cobardes, siempre cobardes con los de arriba y muy fuertes con los de abajo. Esto no se lo vamos a dejar pasar”.

A su vez, denunció que uno de los oficiales habría agredido físicamente a Miño. “Una de las menores que estaban en el lugar cuando fue el operativo, artero, completamente ilegal, nos cuenta que un señor encapuchado la agarró del pelo y la golpeó”, detalló y reflexionó: “Son muy guapos con los pobres, son muy guapos con los villeros”.

“Este barrio está lleno de narcotraficantes, en este barrio están envenenando a los pibes, mueren pibes envenenados todos los días y vienen a hacer un allanamiento por una moto a Fernanda Miño. ¿Qué puedo pensar?”, enfatizó sobre el final del video.

En línea con el relato del dirigente social, los oficiales se fueron al poco tiempo de su llegada al barrio. “Sus cómplices narcos ahora empezaron a los tiros de fondo”, indicó. Sobre el operativo, indicó que los uniformados estuvieron dos horas “revolviendo la casa” y reiteró que “le pegaron mucho a Fernanda, la tiraron al piso, le pegaron a las niñas que están totalmente aterrorizadas”. “Esto no queda así. No nos chupamos los dedos. Nunca jamás hicieron esto para agarrar a un narco de los que matan a pibes en este barrio”, se quejó.

Miño estuvo bajo la lupa del Gobierno a principios de año, cuando se realizó una auditoría en el fondo fiduciario que ella manejaba. De hecho, fue la última responsable del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), que destinó miles de millones de pesos a obras en barrios vulnerables, por lo que fue imputada en una causa por presuntas irregularidades en el fuero federal.

El Registro Nacional de Barrios Populares también estaba a cargo Miño, ya que era la titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat, y tenía al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) como fiduciario.

Sin embargo, el propio Poder Ejecutivo aclaró que hasta ahora la auditoría “no encontró hechos de corrupción” al menos evidentes.

Según pudo saber este medio de fuentes oficiales, desde la creación del FISU se realizaron 1.278 obras de integración en barrios populares, alcanzaron 5.060 asentamientos con obras de vivienda en los que se realizaron 6.517 intervenciones por un monto de casi 500 mil millones de pesos, exactamente $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años. Fueron distribuidos en casi el 70% a “organizaciones de la sociedad civil”.

La auditoría en cuestión puso la lupa en que un gran porcentaje de las obras fueron veredas y cordones, que los contratos -como en las licitaciones de alimentos y medicamentos oncológicos- fueron dirigidos, en este caso, cooperativas vinculadas a los movimientos sociales de la UTEP.

València, 3 oct (EFE).- El menor de 17 años que extorsionó al diseñador valenciano Francis Montesinos y le amenazó con difundir un vídeo de contenido sexual ha sido condenado a 2 años de internamiento y al pago (él o sus tutores legales) de 5.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

El acusado, que actualmente tiene 17 años, ha admitido los hechos por los que le acusaba la Fiscalía y la acusación particular y deberá cumplir 18 meses de internamiento efectivo y otros 6 de libertad vigilada por tres delitos de amenazas, uno de allanamiento, uno contra la intimidad, robo con violencia y dos delitos leves de lesiones.

Otro de los menores implicados en estos hechos, que actualmente tiene 16 años, ha sido condenado por amenazas a 7 meses de libertad vigilada.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, es firme, por haberse alcanzado por conformidad, y contra la misma no cabe recurso alguno.

En el apartado de hechos probados se hace constar que el primero de los menores "de mutuo acuerdo con un mayor de edad" envió un mensaje el 2 de septiembre de 2022 al diseñador diciéndole, entre otras cosas, que le quería conocer porque le parecía muy guapo.

Montesinos le invitó a su casa con la excusa de ayudarle en una mudanza y un día después ambos mantuvieron un encuentro sexual que el menor, ocultando su edad real, grabó sin el conocimiento ni consentimiento del diseñador.

El menor, en colaboración con un mayor de edad, pidió a Montesinos un millón de euros a cambio de no difundir dicho vídeo, pero el diseñador se negó al pago y le informó de su intención de acudir a la Policía.

Fue en este momento cuando el menor reveló su edad real y en los días posteriores siguió reclamando dinero a cambio de mantener oculto el referido vídeo.

Como Montesinos no accedió a sus exigencias, el 25 de septiembre de 2022 el menor accedió sin autorización a la vivienda del artista, se dirigió a su dormitorio y le reclamó dinero, pero se marchó sin lograrlo.

Al no acceder a las pretensiones del menor y del mayor de edad también implicado en estos hechos (pero en otra causa judicial) ambos "planearon darle un escarmiento, para lo que acordaron con otros dos individuos mayores de edad facilitarles el domicilio de Montesinos".

Estos dos adultos accedieron a la vivienda en la tarde del 2 de octubre con el rostro cubierto por pasamontañas y guantes de trabajo, portando uno de ellos un palo largo de madera con la punta en forma de horquilla.

Tras amordazar al asistente de Montesinos, accedieron a la habitación en la que se encontraba el diseñador para golpearle e inmovilizarle. Posteriormente registraron la casa en busca de joyas y dinero, aunque de forma infructuosa, según refiere la sentencia.

Montesinos logró pulsar un botón instalado en su mesita que hace sonar un dispositivo en casa de sus vecinos -por si necesita ayuda- y que hizo huir a los asaltantes.

En referencia a estos mismos hechos, el pasado mes de marzo el Juzgado de Instrucción 5 de Llíria (Valencia) acordó el archivo provisional de la causa que se abrió contra el diseñador Francis Montesinos por un supuesto delito contra la libertad sexual de los menores. EFE

Desde las 6 de la mañana de hoy, la DUOF Rosario de la Policía Federal lleva adelante ocho allanamientos ordenados por la Justicia federal. El blanco: ocho policías de la Policía de Acción Táctica de la fuerza de Santa Fe, acusados de haber robado 15 kilos de cocaína y cincuenta mil dólares en un procedimiento realizado a comienzos de agosto, además de llevarse armas de fuego, pertenencias personales y privar ilegítimamente de su libertad a tres adultos y dos niños.

El procedimiento en cuestión fue realizado por la PAT el 13 de agosto pasado en la calle Forest al 5000. Allí, según dejó trascender la propia fuerza santafesina, se incautaron dos escopetas, una carabina con mira telescópica, cartuchos, tres granadas de mano -aparentemente de humo-, una balanza de precisión y sobre ella medio ladrillo de cocaína. Un hombre de nacionalidad peruana y otro oriundo de Bolivia fueron arrestados.

El botín real, sin embargo, habría sido mucho más.

Los allanamientos de la mañana de hoy, que continuaban al cierre de esta nota, se realizaban en Rosario, Santa Fe Capital y otras ciudades y en la base de la Dirección General Policía de Acción Táctica, sito en calle Lola Mora 100 bis de la ciudad de Rosario, con la participación de un veedor del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe.

Las medidas fueron requeridas por el Área Investigación y Litigio Casos Complejos-Oficina Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros de la Unidad Fiscal Rosario en una causa a cargo de Javier Arzubi Calvo y los fiscales coadyuvantes Soledad García, Andrés Montefeltro y María Virginia Sosa, bajo la firma del juez Carlos Vera Barros. En los procedimientos también participa Gendarmería Nacional.

No es la primera vez en lo que va del año que agentes provinciales se ven involucrados en un presunto delito. A fines de febrero pasado, cinco policías fueron detenidos por pedido del fiscal provincial Franco Carbone, quien luego los llevó a audiencia imputativa por supuestamente haber plantado tres armas y carteles dirigidos al gobernador Maximiliano Pullaro a un joven al que arrestaron el 31 de enero en la vía pública, en Pasaje Ancuña y Rouillón, en la zona oeste.

En esa audiencia, Carbone afirmó que los uniformados habían puesto una pistola calibre 9 milímetros, una calibre .380 y una calibre .40 en la camioneta Hilux del joven, al que conocían por ser allegado a un integrante del clan Tripi, que está condenado por venta de droga en el complejo Fonavi Parque Oeste.

Las armas, según aseguró el fiscal, habrían sido utilizadas para el ataque a tiros contra una sucursal del Banco Macro, el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, la sede de la Tropa de Operaciones Especiales, la Comisaría 19ª y una estación de servicio, atentados que tuvieron lugar entre diciembre y enero pasado, donde se arrojaron también notas intimidatorias donde estaban mencionados el gobernador y el ministro de Seguridad provincial Pablo Cococcioni. Las pistolas también se usaron para herir a un joven en Pedro Lino Funes y Cerrito.

Los nuevos allanamientos ordenados por la Justicia federal ocurren en unas últimas 24 horas ardientes para el hampa de Rosario, con el asesinato en la zona norte de la ciudad de Samuel Miqueas Medina, yerno de “Guille” Cantero, capo máximo de Los Monos, acribillado de 16 tiros por sicarios a bordo de una moto, luego de semanas de relativa paz con una notable baja en los homicidios en Rosario, usualmente motivados por el sicariato y la guerra entre bandas.

Medina atacado por sicarios desde una moto mientras manejaba un conducía un Volkswagen Polo blanco. Murió en el acto. Un joven de 18 años que iba como su acompañante terminó internado en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria con un disparo en el hombro izquierdo. Así, se convierte en el testigo clave del caso. La Policía Científica encontró 16 vainas calibre 9 milímetros: se presume que los asesinos usaron una ametralladora.

Luego de cambiar de género, la carrera musical de Ciro Quiñonez ha tenido una proyección positiva con el éxito de su sencillo Regalada sales cara, mismo por el que protagonizó una pelea pública con su colega Giovanni Ayala, que incluyó amenazas por WhatsApp.

Sin embargo, el cucuteño fue noticia nacional el 27 de agosto debido a que las autoridades en la capital de Norte de Santander allanaron una de sus propiedades por estar vinculada con un secuestro.

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En ese momento, el Gaula Militar informó que tenían información de que el responsable del secuestro a un comerciante en Cúcuta se estaba hospedando en una propiedad a nombre del artista, pero en el momento del operativo ya no estaba el señalado en la propiedad.

Debido a que su nombre fue ligado a la investigación, Quiñonez se pronunció en contra del accionar de los uniformados, puesto que: “también encañonaron a mis papás y ellos pasaron un susto sin saber qué sucedía. Me dañaron las puertas, pero bueno, supongo que hace parte de su proceder”.

Ciro Quiñonez reveló secretos del operativo

En diálogo con La Red, Quiñonez expuso que tiene ocho apartamentos que suele arrendar en Cúcuta y que estos están a cargo de su mamá y familiares cercanos “para que ellos se entretuvieran”.

Sobre el episodio de allanamiento, el artista indicó que antes de arrendar piden documentación de la persona que será responsable del contrato, pero no pueden respaldar el accionar de los individuos afuera de la propiedad.

“Fue terrible porque nosotros sabemos lo que hacen los huéspedes, nos cuidamos mucho en eso, pero no podemos saber qué hacen afuera, estaban involucradas en un secuestro”, indicó el cantante.

Debido a su fama en Norte de Santander, los uniformados lo reconocieron en las fotografías que hay suyas dentro del inmueble, por lo que su madre decidió llamarlo para informarle que estaba pasando y revelarle que los inquilinos se habían escapado antes de que los militares llegaran.

“Mi mamá me llama a la una de la mañana, me habla normal, pero en la tercera palabra se suelta en llanto. Los agentes van entrando y ven los cuadros de Ciro, pero ya no estaban, se habían ido ese mismo día”, indicó Quiñonez.

Sobre qué conocía de los señalados por las autoridades, Ciro recordó que la persona que arregló el tema del arriendo con su madre fue una mujer y que tras el episodio que vivieron se tomó la decisión de pedir el pasado judicial de los futuros interesados en hospedarse en sus apartamentos.

“Arreglo una muchacha, ella cumplió con todo, cuando me pasaron al mayor, me dieron más tips para ser más estricto, para no pasar con esas cosas. Ellos se dieron cuenta por todos los inquilinos, les pidieron antecedentes a todos”.

A pesar de los cambios que han implementado y que considera que podrían seguir trabajando con los inmuebles, Quiñonez reveló que su madre se ha visto afectada por la situación y le ha pedido no arrendar más, por lo que está pensando en poner en venta los apartamentos.

Mi mamá no me ha dejado volver a arrendar, tiene episodios de eso en su mente, le dije, “mamá dese dos meses para sanar y olvidar eso que vivió”, puntualizó el artista.

Sobre la investigación del caso, las autoridades informaron que hasta el momento no han podido conocer el paradero de los responsables de haber perpetrado el secuestro de hasta tres comerciantes que fueron rescatados por el Gaula Militar; sin embargo, en el inmueble de Quiñonez se encontró una pistola, un proveedor con 13 cartuchos y un teléfono celular que podrían ayudar en el proceso.

Un allanamiento a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) en la Ciudad de Buenos Aires descubrió un depósito ilegal donde se almacenaban alrededor de 40 toneladas de astas de distintas especies de ciervos. La Subsecretaria de Ambiente confirmó este miércoles que el lugar fue clausurado.

El operativo se desarrolló en conjunto entre la fuerza federal y Brigada de Control Ambiental (BCA), en el marco de las políticas impulsadas para combatir la cacería de fauna silvestre. Cuando irrumpieron en el local, los efectivos encontraron decenas de pallets con el cargamento: múltiples cornamentas de varias especies listas para ser comercializadas.

En internet, cada una se vende como decoración alrededor de los 250.000 pesos, e incluso algunas superan ese valor y se ofrecen por encima de los 400.000 pesos si incluyen la cabeza del animal.

El allanamiento en el depósito clandestino fue ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 12, que subroga el juez Ariel Lijo.

En la Argentina, quienes se dedican al tránsito interjurisdiccional, comercio con tránsito interjurisdiccional, comercio en jurisdicción federal, importación, exportación y reexportación de ejemplares vivos, productos y subproductos de la fauna silvestre tienen la obligación de estar inscriptos en el registro de operadores de fauna silvestre.

La Ley N° 22.421 prevé penas que van desde un mes hasta los cinco años de cárcel para quien “cazare, transportare, almacenare, comprare, vendiere, industrializare o de cualquier modo pusiere en el comercio piezas, productos o subproductos provenientes de la caza furtiva o de la depredación”.

También establece un marco para penar económicamente con multas desde 70 mil y hasta 50 millones de pesos a quienes cometan este tipo de delitos.

En otro allanamiento encontraron patas de elefante y cueros animales

La Brigada de Control Ambiental ya tuvo varios hallazgos de este calibre en el último tiempo. A principios de agosto se dio un fuerte golpe a una red de tráfico ilegal de fauna que operaba en todo el país y tenía un campo de caza ilegal en el norte.

Se hicieron trece allanamientos en simultáneo en distintas localidades del país y detuvieron a cuatro personas. En Dolores, provincia de Buenos Aires, secuestraron 467 productos y subproductos de diversas especies de fauna silvestre: entre ellos dos patas de elefantes mutiladas que sostenían el vidrio de una mesa ratona. Esta a su vez se posaba sobre una alfombra de cuero animal de color blanco y negro a rayas, que se presume era de una cebra.

En las imágenes que difundieron las autoridades, se distinguen esparcidos por el frente de una estancia al menos ocho rifles de caza, cajas con municiones y cientos de “botines” animales. En otra de las fotografías, encima de pallets en el patio de una suerte de depósito, se acumulan astas y cuernos de ciervos y antílopes.

Además, en un campo utilizado para la caza de Santiago del Estero, rescataron a un puma en cautiverio y a tres pecaríes, que fueron trasladados a una reserva de la Dirección de Fauna de la provincia de Santiago del Estero para su liberación. Y en un domicilio particular, se hallaron 23 taxidermias, incluyendo la de un elefante que colgaba como decoración de una de las paredes de la vivienda.

Además de los cuatros detenidos, la investigación tiene bajo la lupa a otros tres involucrados que están prófugos. El total incautado de tres mil trofeos de cazas, decenas de armas y miles de municiones, se presume que oscilaría alrededor de los cincuenta millones de dólares.

El trabajo conjunto se llevó adelante con órdenes del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, bajo la dirección del magistrado Ernesto Kreplak.

Los seis allanamientos realizados ayer en seis domicilios de la localidad de Tolosa -tres en casas del barrio La Bajada y otros tres en el barrio El Mercadito- fueron el resultado de la investigación que el GTO de la Comisaría 6° de Tolosa inició a raíz del violento ataque que sufrió un policía local el 23 de noviembre pasado, cuando fue interceptado por varios sospechosos en la calle 122.

En esa oportunidad, el efectivo fue amenazado a punta de pistola. No fue solo una amenaza: el policía resultó herido tras recibir varios disparos y fue trasladado a hospital de la zona.

Al iniciar la investigación para dar con los responsables del hecho, los policías lograron identificar a tres de los sospechosos: U.M., alias “El Chulo” -quien además posee una orden de detención en una causa por homicidio investigada por la UFI N° 7 de La Plata-, G.G., alias “El Churri”, y otro hombre apodado “El Pollo”.

Con las identidades confirmadas de los sospechosos, los investigadores solicitaron seis órdenes de allanamiento y secuestro que finalmente fueron ejecutadas ayer por la tarde.

Durante el registro al domicilio de “El Chulo”, los detectives incautaron un revólver marca Colt calibre .38, con tres balas intactas y una detonada, así como una moto Honda Wave. La hermana del sospechoso fue arrestada en medio de los disturbios.

En otro domicilio en la zona, se incautó una moto Zanella con el número de motor limado. Allí, los vecinos se congregaron para atacar a la Bonaerense. Personal de Infantería disparó con cartuchos de estruendo y goma, y logró controlar la situación.

La tensión volvió al poco tiempo. Los vecinos se volvieron a reunir por la noche frente al módulo de la Fuerza Barrial de Aproximación situado en el cruce de las calles 527 bis y 121, junto a las vías del tren Roca, a una cuadra del lugar de los allanamientos. Así, comenzó la lluvia de piedras otra vez y un policía del lugar resultó herido en uno de sus labios.

Los violentos que arrojaban todo tipo de objetos contundentes desde el otro lado de la vía otra vez fueron dispersados a tiros de postas de goma.

Los tres sospechosos de atacar al policía siguen prófugos de la Justicia.

Este miércoles 21 de agosto una noticia copó los titulares de los principales medios franceses. Un adolescente de 18 años habría decidió entrar presuntamente en una vivienda privada de Toulouse (Francia) con sus amigos para disfrutar de su piscina, aunque sin autorización. El joven se sumergió, pero una mala caída le provocó una rotura de todas las vertebras y quedó tetrapléjico. A este catastrófico resultado contribuyó de manera decisiva el hecho de que se lanzase en una zona que no era muy honda.

Los hechos ocurrieron hace ya dos años, en 2022, y tal y como informó la televisión gala BFMTV, ahora es cuando el perjudicado habría decidido interponer una denuncia, la cual habría sido presentada el pasado mes de julio, contra los copropietarios de la vivienda. El motivo: negligencia. La historia fue replicada por periódicos como Sudouest y comentada en el prime time de la mañana en TF1, el principal canal de televisión de información en Francia.

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Sin embargo, la televisión France 3 Occitaine se ha puesto en contacto con el abogado del perjudicado, confirmando únicamente una parte de la historia. En este sentido, el letrado confirma que el 6 de agosto de 2022 su cliente se quedó tetrapléjico tras zambullirse en la parte con menos profundidad de la piscina. Eso sí, no interpuso una demanda por negligencia.

Según sus palabras, el único movimiento jurídico que tuvo lugar fue el envío de correos por su parte a la gerencia de la propiedad (Crédit Agricole Immobilier, CAI) pidiendo información en lo referente a las condiciones y mantenimiento de la piscina. La ausencia de demanda también ha sido confirmada por CAI.

Dado que la víctima tiene un seguro personal de accidentes, esta información es valiosa desde el punto de vista jurídico para iniciar un procedimiento de responsabilidad civil que le permita conseguir una indemnización que le asegure los cuidados necesarios para el resto de su vida. “No reprocha a los copropietarios ninguna infracción”, señalan desde France 3.

Asimismo, el abogado niega que su cliente entrase a la piscina sin autorización de los copropietarios. Presuntamente, uno de los tres amigos que lo acompañaban sería uno de los 67 copropietarios o uno de los inquilinos de la urbanización. No obstante, esta información no ha sido ratificada todavía.

“No es culpa nuestra”

Alexandra, una de las copropietarias, fue la que aseguró en BFMTV el pasado 19 de agosto que había decidido demandarles. Asimismo, indicó que ella había cumplido“su parte del trato al ir a ver a estos jóvenes, hablar con ellos y pedirles que abandonen el local” en declaraciones al citado medio. “La situación es dramática”, insistió Alexandra sobre el estado de salud del adolescente, pero “no es culpa nuestra”, añadió.

“En la pared de entrada encontramos nuestro panel de profundidad de la piscina que indica muy claramente la profundidad de 1m08, así como la de 2m20 para el fondo de la piscina”, advirtió.

Casos similares

En 2022, un noruego de 19 años quedó tetrapléjico al tirarse de cabeza en una piscina de Magaluf (Mallorca). A pesar de las indicaciones de profundidad de la piscina, un metro, el adolescente decidió tirarse para hacer “un reto vira de Tiktok”.

Además, a principios de verano, los agentes de policía de Tudela (Navarra) detuvieron a cinco jóvenes por colarse y bañarse en las piscinas municipales del complejo Ribotas.

Tetraplejía: ¿tiene cura?

Hace 12 años, un accidente de bicicleta dejó tetrapléjico a Gert-Jan Oskam. El 25 de mayo de 2023, gracias a una tecnología cerebral de última generación, el hombre logró ponerse de pie y caminar, gracias a un dispositivo que creó un “puente digital” entre su cerebro y los nervios debajo de su lesión.

Gert-Jan fue sometido a operaciones en las que se le colocaron dos implantes: uno en la médula espinal, y otro más complejo, una interfaz o conector entre el cerebro humano y una computadora que, mediante 64 electrodos, recoge estímulos cerebrales y los traduce en datos digitales tras una fase de aprendizaje tanto del humano como de la máquina, gracias a la inteligencia artificial.

Cuando Oskam piensa en caminar, los implantes del cráneo detectan la actividad eléctrica del cerebro. Esta señal es transmitida y descodificada por una computadora que Oskam lleva en una mochila y que transmite la información al generador de pulso de la médula espinal.

Después de unas 40 sesiones de rehabilitación utilizando la interfaz cerebro-columna vertebral, Oskam recuperó la capacidad de mover voluntariamente las piernas y los pies.

Un mono que se encontraba en cautiverio fue rescatado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires durante un allanamiento en el marco de una causa por amenazas y uso de arma de fuego.

Los procedimientos se realizaron en una vivienda ubicada en la calle Pola al 2000, del barrio de Mataderos y estuvieron a cargo de la Comisaría Vecinal 9 A. Hasta allí, llegaron para ejecutar una orden de allanamiento emitida por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°39, a cargo del Dr. Biglino, de acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae.

El operativo se dio en el marco de una causa por amenazas y uso de arma de fuego, que inició tras un llamado al 911 luego de que dos ambulancieros fueron increpados de manera violenta por otro hombre que los amenazó con una maza y después con un arma de fuego. Ellos se encontraban dentro de la ambulancia al momento del hecho.

Ante esto, intervino la Unidad de Flagrancia Sur, que solicitó el allanamiento y la detención del hombre en cuestión. Una vez que el Juzgado PCyF 8 hizo lugar a su pedido, se procedió con el operativo.

Durante el allanamiento, no se hallaron armas de fuego, pero los oficiales se sorprendieron al encontrar a un mono de tamaño pequeño de la especie Cai. En consecuencia, las autoridades advirtieron a la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), dependiente de Rolero Santurián, quien ordenó labrar actuaciones por infracción a las leyes 13.346 y 22.421.

Dentro de los delitos identificados se encuentran: actos de crueldad animal, tráfico de fauna silvestre e incumplimiento de las normas de la Policía Sanitaria Animal. A su vez, Santurián solicitó el traslado del animal al Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires.

El mono fue bautizado como “Charly” y ya comenzó su período de cuarentena para su evaluación física y comportamental. En simultáneo, fue declarado sujeto de derecho por la jueza Natalia Molina.

Con esto, puede iniciarse el proceso correspondiente para su próxima reinserción en su hábitat natural. En el caso de que esto no sea posible, ya que el animal no logra adaptarse de la manera correcta, “Charly” será trasladado a un centro de rescate especializado que procure su bienestar, así como su recuperación total.

Se trata de un ejemplar de fauna silvestre, cuyo hábitat se encuentra en las zonas selváticas y las yungas norteñas, propias de la zona de Chaco Húmedo, que se extiende por gran parte de los territorios de Salta, Jujuy, Misiones y Chaco.

Este no es el primer caso de estas mismas características, puesto que Charly es el tercer ejemplar que fue recuperado por la UFEMA. El primer caso fue el de “Coco”, un mono carayá de al menos 5 años que fue encontrado en 2021 cuando desarticularon una fiesta con drogas en el barrio de Belgrano R.

El animal se encontraba encerrado en un armario sin luz, agua, ni ventilación y, debido a las condiciones en las que vivía presentaba atrofia muscular en las cuatro patas, lo que le causó una gran dificultad para caminar y alimentarse porque las manos delanteras están reducidas al movimiento.

“Además, le faltan algunas piezas dentales, entre ellas, los dos colmillos que son fundamentales para un mono de este tipo por el tipo de alimentación que tienen”, mencionaron las autoridades al momento de su rescate. El segundo caso fue el de “Lulu” en 2023.

Al respecto, el fiscal aseguró: “Estos casos son muestra de la lucha diaria que venimos dando desde la UFEMA contra el trafico de fauna silvestre, y de la afectación a la biodiversidad. Nuestro objetivo ahora es devolver a ‘Charly’ a su hábitat natural”.

Una banda de delincuentes vestidos con uniformes policiales fingió un allanamiento para cometer un robo en una vivienda de Rosario. El plan que trazaron sorprendió a las autoridades, debido a que estos ingresaron a la vivienda con una copia de la llave y una orden de allanamiento falsa. Las autoridades buscarán dar con su paradero, aunque el que fue sindicado como el centinela fue arrestado en el centro de la ciudad.

El hecho ocurrió este martes por la mañana, cuando los delincuentes irrumpieron en un domicilio ubicado en la calle Zeballos al 3600, en el barrio Echesortu, pasadas las 07:45 horas. Aparentemente, los criminales esperaron hasta que el padre de familia salió en dirección a su trabajo, para poder entrar a la propiedad. Sin embargo, todo fue con suma cautela, por lo que el resto de los habitantes no se percataron de que los extraños estaban dentro de la casa.

Una vez que se encontraban en el interior del domicilio, estos despertaron a una mujer y a su hijo mayor de edad, a quienes le informaron que contaban con un pedido de allanamiento por una supuesta vinculación con la banda narco liderada por Esteban Lindor Alvarado, preso en el penal de Ezeiza. En el escrito falsificado se leía el nombre del dueño de la vivienda, así como su número de documento, lo que habría aportado una cuota de credibilidad a la escena montada.

De acuerdo a la información publicada por Rosario 3, los delincuentes maniataron a la madre y el hijo con precintos. Incluso, las autoridades señalaron que estos llegaron a golpear a la mujer en la cara cuando le exigieron que revelara la ubicación de una supuesta caja fuerte que debía estar en la propiedad. No obstante, al percatarse de que no había una gran suma de dinero en el inmueble, estos robaron un celular, una notebook y prendas de indumentaria.

Los movimientos de la banda fueron registrados por una cámara de seguridad de la zona, por lo que se pudo confirmar la existencia de un quinto cómplice que los esperaba a bordo de un Peugeot 306 color blanco. Momentos más tarde, las víctimas lograron pedir ayuda a los vecinos y comerciantes de la cuadra, quienes se encargaron de denunciar lo sucedido al 911.

Hasta el momento, los videos tomados por las cámaras de seguridad se han convertido en la prueba más fehaciente para dar con el paradero de los responsables. De hecho, el conductor del vehículo fue detenido horas más tarde en la avenida 27 de febrero al ser identificado como el rodado utilizado en el asalto.

Al mismo tiempo que los oficiales descubrieron que el automóvil contaba con un pedido de captura por robo, estos indicaron que en el interior se encontraba la orden de allanamiento falsa, los precintos blancos y otros elementos que serían de interés para la causa. Sin embargo, el resto de los integrantes de la banda aún no fueron identificados y continuarían prófugos de la justicia.

Según los detalles proporcionados en el noticiero de El Tres, los investigadores plantearon la posibilidad de que el robo estuviera vinculado con un golpe comando sufrido en un joyería del centro rosarino el pasado 4 de julio. En esa oportunidad, una banda compuesta por tres delincuentes disfrazados de policías robaron una gran cantidad de dinero.

El asalto tuvo como blanco a la joyería Fernández, ubicada en la galería Libertad, en Sarmiento al 800, en pleno horario comercial. Todo parecía transcurrir de forma normal, cuando dos de ellos vestidos con ropa similar a la de las fuerzas de seguridad ingresaron al local con el rostro cubierto.

En cuestión de segundos, los ladrones amenazaron con sus armas a las cinco personas que se encontraban dentro del local: el dueño de la joyería, identificado como Eduardo Fernández; dos de sus empleadas; y dos mujeres que se encontraban comprando. Pese a que el comerciante intentó defenderse, éste recibió un culatazo y no pudo evitar que los criminales escaparan con el botín.

El grupo comando huyó del lugar en el vehículo Toyota Corolla gris, con el que habían llegado. Tiempo después, se montó un gran operativo policial en la zona. Por el momento, la vinculación entre los hechos es una mera suposición, sin embargo, un detalle sería llamativo para las autoridades, debido a que en ambos casos las víctimas habrían señalado que se trataban de masculinos con tonada cordobesa.

En el sector de Candelaria La Nueva, en la localidad de Ciudad Bolívar, miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá clausuraron una vivienda que estaba siendo usada para el lenocinio en un sector residencial.

En medio de la diligencia se encontró armamento y se estableció que allí se realizaba la venta de sustancias alucinógenas. Las personas que trabajaban en este lugar promocionan la vivienda por medio de las redes sociales bajo la página que lleva por nombre de Mismascotas.com

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Un funcionario en representación de la Alcaldía de Bogotá se pronunció sobre los hechos y aseguró que este resultado es producto del trabajo en conjunto de varias entidades gubernamentales.

“En los operativos que se están realizando con la fuerza publica, la Policía y el equipo de seguridad del alcaldía, se han identificado estos sitios gracias a las denuncias de la ciudadanía, donde no encontramos solo trabajo sexual, sino venta de estupefacientes, consumo y armas. Todo esto fue incautado por medio de la fuerza pública, la alcaldía local y la secretaría de seguridad”.

Son varios los detalles que llaman la atención en esta investigación, uno de ellos es la posible relación y presencia de menores de edad con las actividades que se realizan dentro de la residencia. De igual manera, se conoció que los propietarios tenían una agenda en donde se encontraban los datos de todos sus clientes. El lugar se promovia por medio de las redes sociales y referidos de los asistentes.

La casa fue sellada por más de 10 días mientras avanzan las investigaciones correspondientes. Sin embargo, por medio de las redes sociales la comunidad también se pronunció y aseguran que son más de dos años en los que la comunidad lleva haciendo estas denuncias, sin embargo, el lugar continúa operando con normalidad. Además, aseguraron que los dueños ya se acercaron y retiraron el sello que pusieron las autoridades para continuar con el funcionamiento habitual.

Asalto masivo en La Ceja, Antioquia, un grupo de 13 personas fueron víctimas de los delincuentes

13 personas fueron víctimas de un asalto masivo la noche del pasado 4 de agosto en la vía que comunica a los corregimiento del Abejorral y La caja en el departamento de Antioquia.

Sobre las 10 p.m. seis sujetos intervinieron a un grupo de personas que transitaba por el lugar, por medio de intimidaciones y amenazas con arma de fuego ojos amarraron y trasladaron a una zona boscosa donde los juntaron con más ciudadanos que habían retenido previamente, los delincuentes alcanzaron a reunir a 13 personas.

Las víctimas fueron despojadas de cuatro motocicletas, una Honda xr150 placas NVZ57F, una Auteco Boxer negra, una AKT TT 200 placas KZF33F y una Pulsar Placas WYS75F, aparte de tres celulares. De acuerdo con el informe entregado por la policía el robo está avaluado en 22 millones de pesos.

Uno de los afectados conversó vía WhatsApp con el medio de comunicación Mi Oriente, allí comentó cómo fueron esos momentos de angustia y aseguró que desde las 7 p. m. los ladrones empezaron a retener a las personas: “Causan un impacto bastante grande porque se llevan las motos, todos los que estábamos somos campesinos, habitantes de la vereda, es un daño muy grande el que nos causaron”, expresó la víctima afirmando que fueron más de tres horas los que estuvieron retenidos.

En la mañana del miércoles 7 de agosto, María Ilbed Santa, alcaldesa de La Ceja, en compañía de miembros de la Policía y el Ejército Nacional visitaron la vereda Las Piedra, lugar exacto donde ocurrieron los hechos para volver a inspeccionar la zona para tomar acciones y dar con el paradero de este grupo de criminales, así como garantizar la seguridad de los residentes cercanos al lugar.

La investigación, en la que intervinieron los fiscales coadyuvantes Santiago Alberdi y Matías Mené del área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario y el juez federal Marcelo Bailaque –a cargo del Juzgado N° 4–, se inició como un desprendimiento de un procedimiento que tuvo lugar en diciembre pasado en Alsina y Ocampo, en la zona oeste de la ciudad, cuando dos pasajeros de un taxi fueron aprehendidos en Alsina y Ocampo con 10 panes de cocaína.

En las tareas de campo llevadas adelante, los investigadores pudieron establecer que la banda traía la droga de provincia de Buenos Aires y luego la distribuía en distintos bunkers de la ciudad para venderla.

Para el transporte, generalmente usaban un taxi que tiene licencia en Rosario y que servía de campana de otro vehículo, el que solía trasladar los ladrillos de cocaína.

La banda, creen investigadores, está integrada por Ayelén A. y por los hermanos Misael y Fernando R. Fernando, por ejemplo, tiene 30 años, es oriundo de Pérez: sus registros revelan que trabaja en blanco para una mujer de Rosario dedicada al negocio de los taxis. Misael, de 31, es empleado de la misma mujer. Los dos jóvenes fueron detenidos en el Cronos y en el Peugeot 308 este domingo, mientras que Ayelén -de 30 años, rosarina, ex empleada gastronómica, también registrada en el rubro de taxis de la AFIP- cayó este lunes en el barrio de Arroyito.

Por los datos recolectados hasta el momento, no se determinó que la estructura responda a organizaciones locales conocidas.

En el avance de las medidas, los investigadores pudieron establecer que los sospechosos movían la droga dentro de Rosario en remises truchos, en taxis y en autos particulares, y en algunas ocasiones acopiaban la cocaína en departamentos de alquiler temporario del centro y macrocentro.

Además, se detectó que los sospechosos llevaban el dinero recaudado por la venta de droga a una cueva financiera que está situada frente a uno de los hoteles más conocidos de Rosario, en Mitre y Catamarca, en pleno centro de la ciudad. El objetivo, claramente, era adquirir dólares blue para después usar la divisa norteamericana para comprar la cocaína con la que operaban.

La cueva financiera fue uno de los lugares allanados este lunes por la Policía Federal, donde fueron identificadas dos personas. Allí, se incautó un teléfono que podría arrojar mayor información a la causa de los fiscales Alberdi y Mené.