Un educador fue encontrado sin vida dentro de su residencia en el corregimiento de La Arena, en Chitré, provincia de Herrera, antes de que las autoridades cumplieran una diligencia de allanamiento vinculada con una investigación por un presunto delito contra la libertad e integridad sexual.

Informes preliminares indican que el hombre tenía una herida en el cuello.

Las primeras versiones señalan que presuntamente se quitó la vida con un arma blanca, aunque las autoridades aún deben establecer de forma oficial cómo ocurrió la muerte.

El caso reúne dos líneas de investigación: la muerte del docente que laboraba en la provincia de Los Santos y el proceso que motivó el allanamiento previsto para la mañana del miércoles.

El Ministerio Público deberá determinar las circunstancias del fallecimiento y si existe algún vínculo con la pesquisa que ya estaba en curso.

La diligencia estaba programada para realizarse en la vivienda del docente como parte de una investigación relacionada con el presunto delito sexual.

El hallazgo se produjo antes de que el procedimiento pudiera concretarse. La situación causó conmoción entre los residentes del sector de La Arena.

Tras conocer el hecho, las autoridades acordonaron el lugar e iniciaron las tareas para recoger elementos dentro de la residencia.

Los exámenes forenses y las diligencias de investigación permitirán determinar qué ocurrió en el interior de la vivienda. Hasta ahora, no se ha confirmado oficialmente la identidad del fallecido.

El Ministerio Público tampoco ha divulgado detalles adicionales sobre la investigación que motivó el allanamiento. Las pesquisas continúan bajo reserva.

En otro caso ocurrido igualmente en la provincia de Herrera, tres hombres recibieron condenas de 35 años de prisión por el homicidio de Nivia Judith Bósquez, una comerciante de 62 años asesinada dentro de su minisúper en la comunidad de Los Higos de Parita.

Las sentencias equivalen a 420 meses de cárcel e incluyen los delitos de homicidio doloso agravado, robo agravado y asociación ilícita para delinquir.

Se informó que la Fiscalía Regional de la provincia de Herrera obtuvo las condenas individuales luego de que tres de los implicados aceptaran su responsabilidad penal. Otras tres personas vinculadas al expediente serán llevadas ante un Tribunal de Juicio en octubre.

Las pesquisas judiciales lograron determinar que el crimen ocurrió el 1 de septiembre de 2025, cuando la comunidad recibió la noticia de que la comerciante había sido hallada sin vida dentro de su negocio.

De acuerdo con los resultados de la investigación, los sujetos ingresaron al local y se llevaron $2.700 en efectivo que estaba distribuido entre la caja registradora y dos alcancías.

También sustrajeron el teléfono celular de la víctima. La causa sostiene que el robo derivó en el asesinato de la comerciante. La mujer fue encontrada amordazada y con un golpe en la cabeza. El hecho provocó temor entre los vecinos de una comunidad donde la víctima era conocida por su actividad comercial.

Los familiares y residentes de Los Higos de Parita reclamaron justicia desde el inicio de la investigación. El homicidio alteró la tranquilidad habitual del poblado.

La Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron operativos en las provincias de Herrera y Panamá Oeste para ubicar a los sospechosos.

Cuatro personas fueron detenidas el 13 de septiembre de 2025 durante allanamientos simultáneos. Tres días más tarde, otro implicado se entregó voluntariamente en el corregimiento de Chitré cabecera.

El último sospechoso fue capturado después. La Fiscalía logró imputar a seis personas por el homicidio y el robo agravado. La causa continuará respecto de los tres acusados que no aceptaron culpabilidad. Será el Tribunal de Juicio el que deberá resolver su situación procesal en este caso que conmocionó a los residentes de Los Higos de Parita.

Según pudo saber Infobae, la mujer que radicó la denuncia aseguró que el cantante y sus acompañantes irrumpieron por la fuerza en la propiedad e intimidaron con armas de fuego a quienes se encontraban en el lugar, con el objetivo de exigirles nuevamente que abandonaran el terreno.

En la mañana de este martes, a poco de conocerse los allanamientos, Claudia Valenzuela, madre del músico, envió un audio a la periodista Pía Shaw, que lo reprodujo al aire en A la Barbarossa, el programa de Telefe. En ese mensaje, Valenzuela ofreció su propia versión sobre el origen del conflicto: “Se debe a una denuncia que hicieron personas que usurparon unos terrenos que pertenecen a mi familia, esos terrenos están atrás de la casa de mi mamá, que a su vez era la casa de mis abuelos”, relató en el mensaje de voz que le envió a la periodista.

La madre del cantante remarcó la antigüedad del vínculo familiar con esa propiedad. “Imagínate, 80 o 90 años que está esa casa en esa zona, esos terrenos en esa zona. Esa gente vino a usurpar”, afirmó. En su audio, Claudia caracterizó a quienes ocuparon el terreno con dureza. “Es una gente de mal vivir, una gente que está acostumbrada a hacer esto. A usurpar casas, a usurpar lugares y después los venden, ¿me entendés? Y ahora se hacen los pobrecitos que no tienen dónde vivir, te caen y te usurpan así”, sostuvo.

Sobre el estado judicial de la causa, la madre de Elián, nombre de pila del cantante, precisó que la documentación de la propiedad está en poder de una prima suya y que el expediente avanza en la fiscalía. “La causa, que tiene los papeles mi prima, y todos esos terrenos, está en la fiscalía, el viernes hubo una audiencia, esta gente no se presentó, así que bueno, a seguir los pasos, esto ya está en fiscalía”, detalló.

La mujer vinculó el reclamo actual con el patrimonio familiar de L-Gante y planteó una hipótesis sobre el motivo detrás de la ocupación. “Al enterarse que estos terrenos y todo esto pertenecía a la familia de L-Gante, o sea que la casa de sus abuelos, los terrenos de sus tíos y qué sé yo, ahora, imagínate, quieren plata”, expresó.

Valenzuela hizo referencia a un antecedente similar que había involucrado a otras personas en un conflicto de características parecidas. “Es una repetición. La otra causa fue con otros vecinos, esta es con otros, pero de bastante mal vivir. Lo que pasa es que los agarra... bueno, no quiero seguir... salen a hacer esto, pero ese es el motivo”, cerró.

En medio de este contexto judicial, el cantante de “El último romántico” también recibió la noticia de que no formará parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity, certamen en el que ya estaba confirmado en las redes sociales del canal y del programa. Según pudo saber Teleshow, la baja se debió a que no se logró llegar a un acuerdo entre las partes. Sin embargo, a las pocas horas de conocerse esa decisión se llevó adelante el allanamiento en su propiedad de General Rodríguez.

Fue Yanina Latorre quien reveló en SQP (América TV) el nombre del reemplazante: Mike Amigorena. Según explicó la conductora, el actor mendocino venía siendo tentado por la producción desde hacía varios meses, aunque en un primer momento había rechazado la propuesta.

“Lo buscaron desde el principio porque Telefe lo quería en MasterChef, pero él no quiso”, detalló Latorre. La conductora remarcó que, tras la salida de L-Gante, la producción retomó la negociación con Amigorena y logró cerrar el acuerdo.

Los procedimientos tuvieron como objetivo dos viviendas dentro del country Terravista y un domicilio particular, todos en General Rodríguez. De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, dentro de los elementos incautados, se encuentran una BMW X5 y tres teléfonos celulares. El operativo se jecutó en el marco de una causa que investiga amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y violación de domicilio, en la que resultó formalmente imputado Valenzuela.

Los trabajos fueron organizados por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Moreno - General Rodríguez, en conjunto con dependencias de la Estación de Policía Departamental de Seguridad local, con intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 10 —a cargo de la fiscal María Florencia Toscano— y el Juzgado de Garantías N° 2 del mismo departamento judicial.

El rodado es el mismo que, según la investigación, Valenzuela habría conducido durante al menos uno de los episodios que originaron la denuncia, por lo que fue incautado como prueba material. Los tres celulares secuestrados serán sometidos a peritajes tecnológicos para extraer información vinculada a la causa.

En el transcurso de los allanamientos, dos personas fueron notificadas formalmente de la formación de la causa: Valenzuela, de 26 años, y un allegado identificado como E. J. A. C., también de 26. Ambos quedaron imputados bajo la carátula de amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, todos los cargos en concurso real entre sí.

El expediente judicial tuvo origen en la denuncia de una vecina de 23 años que refirió haber sido intimidada para abandonar su vivienda. Según las actuaciones, un sujeto apodado “El Oso”, tío del músico, la habría amenazado en nombre de “La Mafilia” para que desalojara el inmueble. Días después, Valenzuela llegó al domicilio junto a alrededor de diez personas, irrumpió en el patio tras abrir el portón y los ocupantes exhibieron armas de fuego para amedrentar a los moradores. En una segunda visita, uno de los acompañantes volvió a mostrar un arma desde la ventanilla.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y tareas de inteligencia territorial, los investigadores lograron identificar los vehículos, a los involucrados y los tres inmuebles que fueron allanados. La causa está a cargo de Toscano, quien aguarda los resultados definitivos de los procedimientos para resolver las próximas medidas procesales.

No es la primera vez que Valenzuela enfrenta acusaciones de este tipo. En febrero de 2022, un vecino del barrio Bicentenario lo denunció por amenazarlo con un arma durante una discusión; la Justicia allanó su vivienda y encontró una réplica de arma de fuego. Ese episodio fue uno de los analizados en el juicio de 2024, en el que el juez Ignacio Racca lo condenó a tres años de prisión en suspenso. En ese mismo debate también se juzgaron los hechos por los que el cantante había sido detenido en junio de 2023, acusado de amenazas y privación ilegítima de la libertad, y por los que permaneció casi tres meses preso. Al momento del juicio, Racca lo absolvió por la acusación de privación ilegítima de la libertad y no consideró probado el uso de un arma de fuego en ese episodio.

La Policía Bonaerense realizó tres allanamientos en General Rodríguez en el marco de una causa por amenazas agravadas con armas de fuego que involucra a Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, y a personas de su entorno familiar, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez y tienen como objetivos dos viviendas ubicadas dentro del country Terravista y otro domicilio particular de General Rodríguez.

La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer que alquilaba un inmueble ubicado sobre la calle 25 de Octubre. Según su relato, el conflicto comenzó cuando fue interceptada por un hombre apodado “El Oso”, señalado como tío del cantante.

De acuerdo con la denuncia, el hombre la habría amenazado y le habría exigido que abandonara la propiedad bajo el argumento de que pertenecía a L-Gante.

Pero el conflicto no terminó allí. Días después, el propio Valenzuela se habría presentado en el lugar acompañado por un grupo de personas.

La mujer aseguró que el cantante y sus acompañantes irrumpieron por la fuerza e intimidaron con armas de fuego a quienes se encontraban en la propiedad para exigirles nuevamente que abandonaran el terreno.

Tras la denuncia, investigadores de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) realizaron distintas tareas de campo y analizaron cámaras de seguridad de la zona.

Esas medidas permitieron, según indicaron fuentes del caso, reconstruir el recorrido de los vehículos que habrían sido utilizados durante el episodio e identificar domicilios vinculados con los sospechosos.

Con esos elementos, la Justicia autorizó las tres órdenes de allanamiento que se ejecutan este lunes. “Se están realizando en este momento”, indicaron las fuentes policiales a este medio al cierre de esta nota.

La causa está a cargo de la UFI N° 10, conducida por la fiscal María Florencia Toscano, que aguarda los resultados definitivos de los procedimientos para resolver las próximas medidas procesales respecto de las personas investigadas.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si durante los operativos fueron secuestradas armas u otros elementos de interés para la causa.

Los antecedentes de L-Gante con la Justicia

El cantante acumula un extenso historial de causas judiciales vinculadas al presunto uso, exhibición y tenencia ilegal de armas de fuego.

En febrero de 2022, un vecino del barrio Bicentenario denunció que el músico lo había amenazado con un arma de fuego durante una discusión. A raíz de aquella presentación, la Justicia ordenó allanar su vivienda, donde los investigadores encontraron una réplica de arma.

Ese episodio fue uno de los hechos analizados durante el juicio que enfrentó el cantante en 2024. En octubre de ese año, el juez Ignacio Racca condenó a Valenzuela a tres años de prisión en suspenso por amenazas coactivas.

En ese mismo debate también se juzgaron los hechos por los que L-Gante había sido detenido en junio de 2023. En aquella causa, dos personas lo habían denunciado por amenazas y privación ilegítima de la libertad, y una de ellas aseguró que el músico la había obligado a subir a un vehículo bajo amenazas con un arma.

Valenzuela permaneció casi tres meses detenido por ese expediente. Sin embargo, al momento del juicio, el magistrado lo absolvió por la acusación de privación ilegítima de la libertad y no consideró probado el uso de un arma de fuego en ese episodio.

Un hombre de 25 años fue detenido el lunes 7 de septiembre cerca de la residencia de Kris Jenner en el área de Los Ángeles, luego de que un guardia de seguridad lo retuviera. El arrestado, identificado como Zenwilliam Robson, quedó acusado de un delito menor por ingreso indebido y negativa a abandonar propiedad privada, aunque los agentes lo detuvieron inicialmente bajo sospecha de acoso, según NBC Los Angeles.

El episodio ocurrió en una zona de las montañas de Santa Mónica, al noroeste de Los Ángeles, donde se ubica la propiedad de Jenner. De acuerdo con NBC Los Angeles, el personal de seguridad indicó a la policía que Robson había intentado contactarla en ocasiones anteriores. El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles intervino después de que el guardia mantuviera al hombre retenido.

No se informó si Jenner estaba en la casa al momento de la detención ni si tuvo contacto con Robson. Page Six y Daily Mail señalaron que los representantes de la empresaria no respondieron las consultas de ambos medios. El caso tiene antecedentes en la familia Kardashian-Jenner, cuyos integrantes recurrieron a órdenes de restricción y otros mecanismos judiciales frente a episodios de presunto acoso.

¿Quién es Zenwilliam Robson, el hombre detenido cerca de la casa de Kris Jenner?

Zenwilliam Robson, de 25 años, fue identificado por NBC Los Angeles como la persona arrestada tras ser detenida por el equipo de seguridad cercano a la vivienda de Kris Jenner. La cobertura disponible no aporta información adicional sobre su ocupación, residencia, vínculo con Jenner ni antecedentes penales. Las autoridades tampoco difundieron una declaración atribuida a Robson.

Según el reporte de NBC Los Angeles, el guardia de seguridad actuó el lunes por la noche y mantuvo retenido a Robson hasta la llegada de los agentes. La publicación no especificó cuánto tiempo permaneció el hombre en el lugar, cómo ingresó al área ni si portaba objetos que llamaran la atención de los custodios.

Daily Mail informó que el arresto se produjo en el sur de California y que funcionarios comunicaron a NBC que los agentes tomaron a Robson bajo custodia por sospecha de acoso. El medio británico no publicó documentos policiales ni judiciales que detallaran el relato presentado ante las autoridades.

¿Qué cargos enfrenta el sospechoso detenido por el caso de Kris Jenner?

La acusación conocida hasta el momento se limita a un cargo menor por ingresar sin autorización y negarse a abandonar propiedad privada, de acuerdo con NBC Los Angeles. Esa calificación es distinta del motivo inicial informado para el arresto, que fue la sospecha de acoso. Las fuentes consultadas no indicaron que hubiera cargos por amenazas, agresión, daños materiales o ingreso a la vivienda.

La diferencia entre la detención y la imputación es relevante para el avance del expediente. Los agentes pueden arrestar a una persona bajo sospecha de un delito, pero la fiscalía puede presentar una acusación diferente tras revisar los antecedentes disponibles. NBC Los Angeles reportó el cargo menor, sin precisar si existía una investigación abierta sobre otras conductas atribuidas a Robson.

Según Page Six, los agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles arrestaron al hombre después de que el personal de seguridad alertara sobre su presencia. La publicación agregó que Robson habría sido detenido antes de alcanzar la propiedad de Jenner, un punto que también fue mencionado por TMZ, aunque este último medio citó fuentes propias y no difundió documentos oficiales.

¿El sospechoso llegó a entrar a la propiedad de Kris Jenner?

Page Six señaló que el hombre fue interceptado antes de llegar a la propiedad de Jenner, situada en las montañas de Santa Mónica. TMZ publicó una versión similar y sostuvo que el equipo de seguridad lo frenó en el vecindario.

NBC Los Angeles ubicó la intervención “cerca” de la residencia, sin describir el límite exacto entre el área pública, el vecindario y el terreno privado. Esa precisión no aparece en los informes difundidos hasta ahora. Por ese motivo, la información confirmada se limita a que el guardia retuvo al sospechoso en las inmediaciones y que luego fue entregado a los agentes.

Daily Mail también indicó que el hombre fue detenido en una zona próxima a la vivienda. El medio señaló que no estaba claro si Jenner se encontraba en el domicilio. Ninguno de los artículos revisados informó sobre un encuentro entre la empresaria y Robson, ni sobre una declaración de ella ante los investigadores.

¿Por qué la policía investigó un posible caso de acoso contra Kris Jenner?

El elemento que llevó a los agentes a considerar una posible conducta de acoso fueron los antecedentes relatados por el equipo de seguridad. Según NBC Los Angeles, los custodios dijeron a la policía que Robson había buscado contactar a Jenner en varias oportunidades previas. El medio no detalló cómo fueron esos intentos, en qué fechas ocurrieron ni si hubo comunicaciones directas.

Page Six reprodujo esa versión y afirmó que la seguridad informó a las autoridades sobre repetidos intentos de acercamiento. Sin embargo, la publicación tampoco aportó información sobre mensajes, llamadas, visitas anteriores o medidas de protección vigentes. La falta de esos datos limita el alcance de cualquier descripción sobre el supuesto patrón de conducta.

De acuerdo con Daily Mail, los funcionarios consultados confirmaron que Robson fue puesto bajo custodia por sospecha de acoso antes de que se conociera la acusación menor. El medio informó que contactó al Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles y a representantes de Jenner para solicitar comentarios adicionales, aunque no publicó una respuesta posterior de esas partes.

¿Cuándo debía comparecer Zenwilliam Robson ante la justicia de Los Ángeles?

Los registros de la cárcel citados por NBC Los Angeles indicaban que Robson tenía programada una comparecencia judicial para el miércoles 9 de septiembre. La cobertura no informó cuál fue el resultado de esa audiencia, si el acusado quedó en libertad, si pagó una fianza o si recibió instrucciones específicas de un juez.

Page Six también hizo referencia a la audiencia prevista, pero no aportó novedades sobre una resolución. Hasta el momento de las publicaciones revisadas, no trascendieron declaraciones de la fiscalía, de la defensa de Robson ni del tribunal a cargo del expediente. Tampoco hubo información sobre una posible orden que le impida acercarse a Jenner o a su residencia.

El próximo dato relevante será la confirmación judicial de la acusación, la situación procesal del detenido y cualquier medida cautelar que adopte el tribunal. Según NBC Los Angeles, la imputación reportada corresponde a un delito menor, por lo que los pasos posteriores dependerán de la presentación de la fiscalía y de las decisiones que se tomen en sede judicial.

Qué antecedentes de acoso tuvo Kris Jenner antes de este arresto

El incidente de septiembre de 2026 no es el primer episodio de seguridad que involucró a Jenner. Daily Mail recordó que en 2017 obtuvo una orden de restricción contra Joshua Jacobs, un exguardia de seguridad. Según ese medio, Jacobs fue detenido cuando intentaba acceder a la comunidad cerrada donde Jenner residía en ese momento.

La publicación indicó que Jenner sostuvo, mediante sus representantes legales, que Jacobs había atravesado con su vehículo el acceso de la comunidad y había entrado en su propiedad durante la madrugada de mayo de 2017. Daily Mail añadió que, de acuerdo con esa presentación judicial, el hecho fue el tercero en pocos meses en el que el hombre intentaba llegar hasta ella.

Page Six mencionó además que Christina Elizabeth Bankston fue arrestada en 2016 por acusaciones de acoso electrónico contra Jenner. Daily Mail precisó que una acusación federal de agosto de 2016 sostuvo que Bankston ingresó a una cuenta en línea de la empresaria y le envió mensajes amenazantes y obscenos entre marzo y septiembre de 2014.

El expediente de Robson se encuentra en una etapa inicial y no hay información pública sobre una respuesta de Kris Jenner o de su equipo legal. Según NBC Los Angeles, la causa seguirá su curso a partir de la comparecencia judicial prevista, mientras las autoridades determinan si mantienen el cargo menor conocido o si surgen nuevos elementos en la investigación.

En el marco de una causa por lavado de activos que investiga una maniobra de unos 27.000 millones de pesos, se realizó una serie de allanamientos simultáneos en Mar del Plata. El procedimiento derivó en la detención de uno de los acusados mientras otros dos sospechosos son buscados por la Justica.

El operativo, ejecutado este miércoles, se inscribe en una investigación originada en La Plata y apunta a una presunta estructura de recirculación financiera vinculada con billeteras virtuales, cuentas bancarias y posibles conexiones con el juego clandestino en línea.

En total se concretaron seis allanamientos en distintos puntos de la ciudad marplatense, entre ellos viviendas ubicadas en un barrio privado y un departamento de lujo en la zona de Playa Grande. De acuerdo con La Capital de Mar del Plata, las diligencias fueron solicitadas por la fiscal Betina Lacki después de reconstruir el recorrido del dinero bajo sospecha.

Como resultado, fue detenido Cristian Alejandro Scigliano, mientras que Juan Ignacio Campoli Sillero y Catriel Taubenschlag no fueron encontrados en los operativos y quedaron en condición de prófugos. Los tres están acusados por “asociación ilícita, defraudación mediante uso indebido de datos y lavado de activos agravado”.

La hipótesis fiscal vincula parte de las operaciones con posibles actividades de juego clandestino en línea. Ese punto podría ampliar el alcance de las responsabilidades penales y sumar nuevos involucrados si se confirma la conexión entre la operatoria financiera y plataformas ilegales de apuestas.

El inicio de la causa

La causa judicial comenzó a partir de la denuncia presentada por una empleada de maestranza del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires contra Albertina Mangini, funcionaria de la Procuración General de la Corte. A partir de esa presentación, la fiscalía empezó a seguir el movimiento de fondos y la utilización de herramientas financieras digitales que habrían servido para canalizar el dinero.

Según la investigación, la maniobra se iniciaba con la captación de personas en situación de vulnerabilidad, a quienes les ofrecían dinero a cambio del DNI, fotografías y un supuesto escaneo de ojos. Con esos datos, siempre de acuerdo con la hipótesis fiscal, se abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales que luego eran utilizadas para mover fondos de origen presuntamente ilícito.

Antes de los allanamientos de este miércoles, la causa ya había tenido un avance importante el 14 de agosto, cuando se realizaron procedimientos en Mar del Plata, Córdoba y el Conurbano bonaerense. En aquel momento fueron detenidos: Mauro Perrotta, Albertina Mangini e Ignacio Marchioni, identificado en la investigación como financista con domicilio en Quilmes.

Según detalló La Capital de Mar del Plata, Perrotta es propietario de la cadena de gimnasios Red Line, cuyos tres locales comerciales en la ciudad también fueron allanados durante esa fase previa de la investigación.

En paralelo con los avances de la investigación, la defensa de Albertina Mangini prepara una presentación para pedir que la prisión preventiva sea sustituida por detención domiciliaria con monitoreo electrónico y controles médicos. El planteo se apoya en informes médicos, psicológicos y psiquiátricos incorporados por la defensa.

Según esos estudios, la imputada registra un peso corporal de 45,3 kilogramos, pérdida de masa muscular, un cuadro de ansiedad y episodios de descompensación emocional vinculados con el encierro. Con esos argumentos, sus abogados intentarán modificar las condiciones actuales de detención.

Sin embargo, la situación procesal de Mangini ya había recibido un revés en instancias anteriores. La Cámara de Apelación y Garantías de La Plata rechazó un recurso de hábeas corpus presentado por la acusada al considerar que seguían vigentes los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Mientras tanto, la causa continúa su marcha con nuevos sospechosos bajo la mira y con la búsqueda en curso de los dos acusados que aún no fueron localizados.

Una mujer de 26 años fue detenida por una causa de tentativa de homicidio en Mar del Plata, luego de que fuera acusada de agredir con arma blanca a una joven de 24 años. A raíz de la gravedad de la herida, tuvo que ser asistida en el hospital.

El ataque ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Rodríguez Peña al 3500, en pleno centro de la ciudad costera. Según las fuentes consultadas por Infobae, la acusada quedó señalada como presunta autora de la agresión contra la otra mujer.

Mientras que el procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Segunda, que intervino luego del ataque denunciado en ese domicilio. También se convocó a la Policía Científica, que trabajó dentro de la vivienda en busca de pruebas vinculadas con el ataque.

Durante el ingreso al domicilio, los efectivos secuestraron el arma blanca presuntamente utilizada en la agresión. Por este motivo, informaron que el elemento será sometido a pericias para incorporar resultados a la causa.

A partir de los elementos reunidos durante la investigación, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 1, a cargo de la Dra. Salas, dispuso un allanamiento de urgencia en el lugar donde ocurrió el hecho.

Tras analizarse el hecho, la Fiscalía decidió abrir una causa por tentativa de homicidio y la detención de la sospechosa. Poco después, se ordenó el traslado de la imputada a la Unidad Penal N° 50, mientras avanza la investigación judicial.

Por su parte, la víctima fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió curaciones y sutura por la lesión sufrida. De acuerdo con el último parte difundido, permanecía bajo atención médica con estado reservado.

Mataron a un hombre en Mar del Plata tras una pelea familiar por ruidos molestos

A finales de julio, un hombre de 40 años fue asesinado a puñaladas durante una pelea familiar que comenzó por una queja vinculada al ruido del escape de una moto. Por el crimen, quedaron tres hombres detenidos, todos allegados a la víctima.

El episodio se produjo en una vivienda de Felipe Arana al 5400, en el barrio San Martín, en la zona sur de la ciudad. De acuerdo con el expediente, la discusión se originó cuando familiares de la víctima fueron a reclamarle por los ruidos molestos que provocaba una motocicleta.

Al momento de los hechos, el hombre se encontraba dentro de un vehículo en las inmediaciones de su domicilio cuando comenzó el cruce. La pelea avanzó en plena calle y derivó en una agresión con arma blanca. Producto de esto, el hombre sufrió cuatro puñaladas, lesiones que le provocaron la muerte en el lugar antes de poder ser asistido.

Tras el ataque, trabajaron en la escena personal de Policía Científica y un médico policial para determinar la mecánica del homicidio. Durante los rastrillajes realizados en la zona, señalaron que no fue hallada el arma utilizada.

En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría 15ta, el Comando de Patrullas y la DDI Mar del Plata. Dos de los involucrados fueron aprehendidos en el lugar del hecho, mientras que el tercer sospechoso escapó y se presentó horas más tarde en la Comisaría 7ma.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la investigación, este último sería el presunto autor material de las heridas mortales. Los tres quedaron detenidos bajo una imputación provisoria por homicidio.

Actualmente, la causa se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 7, que dispuso el traslado de los acusados a la Unidad Penal N°44, además del secuestro de prendas de interés para el expediente y la realización de distintas diligencias periciales.

Entre las medidas ordenadas figuró la autopsia del cuerpo, mientras la investigación continúa para establecer con precisión cómo se desarrolló el enfrentamiento y cuál fue la participación de cada uno de los detenidos.

Un profesor de guitarra fue detenido en Castelar tras ser acusado de captar a menores de edad y de distribuir material de abuso sexual infantil. La causa reúne al menos siete hechos investigados por la Justicia de Morón y apunta a determinar si existió un patrón sostenido en el tiempo a través de identidades falsas en redes sociales.

El imputado, identificado como Maximiliano R. D., de 31 años, fue detenido durante un allanamiento realizado en una vivienda de la calle Pedro Arrieta al 1700. El expediente lo vincula con una maniobra de contacto, hostigamiento y amenazas a niñas, niños y adolescentes a través de redes sociales. Cuando las víctimas intentaban interrumpir el vínculo, aparecían amenazas de difusión de chats o de exposición del contenido ya compartido.

La investigación comenzó luego de que el padre de una adolescente denunciara que su hija era acosada mediante una cuenta falsa de redes con una supuesta identidad femenina. De acuerdo con esa presentación, desde ese perfil le exigían el envío de contenido íntimo y la amenazaban para obtener ese material.

A partir de esa acusación, los investigadores rastrearon la cuenta utilizada en los contactos y reconstruyeron la ruta digital de los mensajes. Ese trabajo permitió ubicar el origen de las comunicaciones y avanzar sobre el sospechoso, que ya aparecía mencionado en reportes internacionales vinculados con delitos contra menores.

La causa quedó en manos de la fiscal Marisa Monti, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 de Morón, con intervención del ayudante fiscal Martín Aksiutik. El expediente fue caratulado como grooming en cuatro hechos y divulgación de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas en otros tres casos.

Uno de los datos centrales del caso es que el sospechoso habría operado con diversas cuentas en redes sociales. Según Primer Plano Online, entre los perfiles bajo análisis figuran “martuuherrera5”, “pilarotero.privvv”, “sofiaecheverri40” y “privvv.pilu”. Esas cuentas serían utilizadas para acercarse a las víctimas y sostener conversaciones privadas.

El objetivo era generar una relación de confianza inicial para después avanzar hacia intercambios de contenido sexualizado y pedidos de imágenes íntimas. La investigación sostiene que el mecanismo se repetía con una lógica similar en distintos casos.

Durante el procedimiento, efectivos de la DDI Morón detuvieron al sospechoso y secuestraron dos teléfonos celulares, una computadora de gabinete, una tablet, una notebook y una guitarra eléctrica. Uno de los celulares, de acuerdo con la reconstrucción del caso, coincidía con un equipo mencionado en el reporte internacional.

Ese material será sometido a peritajes para determinar el contenido almacenado, la eventual existencia de nuevos contactos con menores, posibles intercambios en otras plataformas y la dimensión real de la maniobra investigada. Los dispositivos electrónicos son ahora una pieza clave de la prueba en el avance del expediente.

El expediente ya reúne al menos siete hechos, pero los investigadores no descartan que existan más personas afectadas. Esa posibilidad quedó abierta a partir del volumen del material reunido y de la cantidad de perfiles que habrían sido utilizados para contactar a menores.

El joven fue llevado a sede judicial para su primera audiencia. Sin embargo, el acusado se negó a declarar. El avance de la causa dependerá ahora del análisis forense de los equipos secuestrados, de la profundización de los cruces digitales y de la eventual aparición de nuevas denuncias o testimonios.

La pesquisa cobró mayor dimensión cuando los investigadores establecieron una presunta conexión con reportes del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), una organización de referencia internacional en el monitoreo y denuncia de explotación infantil en entornos digitales.

Según detalló la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, la maniobra fue detectada a partir de un trabajo conjunto del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina y áreas de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal. A partir de esa tarea, las fuerzas avanzaron sobre distintos eslabones de la organización con una serie de procedimientos simultáneos.

Por disposición de la jueza Servini, los operativos se efectuaron en CABA y PBA. En ellos, 11 personas resultaron detenidas. Según los investigadores, entre los capturados se hallan presuntos cabecillas y un individuo al que identificaron como “El Sicario”, cuya función como encargado de seguridad del grupo fue mencionada por la ministra.

Además de las detenciones, el operativo derivó en el secuestro de casi 30 kilos de droga, 112 millones de pesos y un conjunto de armas que, según la funcionaria, incluía armas automáticas, un supresor, 20 granadas y más de 300 municiones. Se trata de un volumen de armamento y recursos que, por lo menos en la descripción oficial, muestra una organización con capacidad logística, financiamiento y una estructura de protección interna.

En su mensaje, Monteoliva remarcó que “los presos están para cumplir su condena, no para seguir manejando sus negocios desde una celda” y advirtió que, ante cualquier intento de eludir controles penitenciarios, el Gobierno avanzará también sobre las redes externas. “El que las hace, las paga”, cerró la funcionaria cerró su publicación.

El loco César

La figura de César Morán de la Cruz, alias “El Loco César”, aparece desde hace más de una década en causas por narcotráfico, homicidios y control territorial en la Villa 31 de Retiro. De nacionalidad peruana, fue capturado en febrero de 2012 tras permanecer prófugo y, al año siguiente, recibió una condena a 15 años de prisión por un homicidio y un intento de homicidio.

Con el paso de los años, su nombre siguió apareciendo en distintas investigaciones judiciales. En 2019, la Justicia lo condenó a prisión perpetua por haber ordenado desde la cárcel el crimen de María Belén Peralta, asesinada por error en 2016 en Moreno. Según la acusación de ese expediente, el ataque estaba dirigido en realidad contra un familiar de una expareja suya.

La Justicia también lo vinculó con la disputa territorial que su banda mantuvo con Los Sampedranos, otra organización criminal con presencia en el barrio. Pese a llevar más de una década preso, en 2023, Morán de la Cruz seguía siendo considerado por investigadores como una figura con influencia dentro de la venta de droga en la zona, a través de una estructura compuesta por entre 50 y 100 personas, con base operativa en el llamado “Pasillo de los Zombis”.

En expedientes recientes también reaparecieron nombres vinculados a su entorno. En marzo de este año, volvió a quedar bajo análisis la situación de Alberto Dionisio Yauri Quicaño, condenado por el asesinato de Héctor Morán de la Cruz, hermano del jefe narco, en un ataque ocurrido en 2019 en la Villa 31.

También este año comenzó el juicio contra Giancarlos Crisostomo Paredes, alias “El Contador”, acusado por un triple crimen de 2018 que los investigadores situaron dentro del universo de violencia atribuido a la organización. Aunque en ese expediente no se acreditó la intervención directa de Morán de la Cruz, su nombre volvió a quedar asociado al trasfondo de una trama atravesada por narcotráfico, sicarios y control armado del territorio.

Una pareja vivió minutos de tensión en su casa en la localidad de Francisco Álvarez en Moreno y se topó con un individuo que se encontraba en el interior. Luego de amenazarlos, el hombre escapó pero los vecinos lo alcanzaron y retuvieron. En el medio se produjeron golpes y fracturas que dejaron al delincuente con asistencia médica.

Todo comenzó cuando el matrimonio sorprendió al hombre de 51 años mientras revolvía sus pertenencias. En ese momento, según la denuncia, apuntó con un elemento contundente hacia la mujer que tenía al bebé en brazos. “Nos amenazó con una barreta”, relató ante las autoridades.

El episodio ocurrió en una casa ubicada en el cruce de la calle Paramaribo al 2300, en la esquina de Ramón Falcón, en la zona oeste de Moreno. Tras algunos minutos, el delincuente decidió marcharse pero cuando se estaba alejando de la zona, los gritos de la pareja alertaron a los vecinos de la cuadra, que salieron a interceptarlo. El hombre logró correr algunos metros antes de intentar refugiarse en un inmueble de la calle Salto al 1800, aproximadamente una cuadra, pero lo alcanzaron.

Varios de los presentes lo golpearon de manera reiterada, le arrancaron la ropa, lo escupieron e insultaron. Finalmente, lo ataron con cables por el cuello a un árbol. La situación continuó hasta que efectivos de la Policía de la provincia llegaron al lugar y lograron apartar a la multitud para poner al detenido a resguardo. “Literalmente querían matarlo”, describió un testigo de la secuencia, según Primer Plano.

El imputado, identificado como Juan José F., perdió el conocimiento dentro del móvil policial que lo trasladaba para realizarle el reconocimiento médico de rigor. Ante ese cuadro, fue derivado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde los médicos determinaron que presentaba graves lesiones. “Sufrió diversas fracturas costales y neumotórax, motivo por el cual, previa realización de una tomografía computada, se dispuso su intervención quirúrgica”, de acuerdo con lo indicado por voceros de la investigación. El hombre quedó internado con custodia policial.

El caso quedó a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 1 del Departamento Judicial de Moreno, que imputó a F. por los delitos de robo en grado de tentativa y violación de domicilio.

En paralelo, el funcionario ordenó abrir una investigación por las palabras que el individuo mencionó antes de salir de la casa de la pareja. “Tu hermana te vendió, me dijo que acá estaba la plata”, señaló el acusado según Primer Plano.

El hombre tiene antecedentes penales y registra una exclusión del hogar ordenada por el Juzgado de Familia N° 1 de Moreno en 2022, circunstancia que los investigadores tomaron en cuenta al trazar su perfil. Mientras tanto, la causa avanza con el arresto en el nosocomio, a la espera de que su estado de salud permita continuar con las diligencias procesales correspondientes.

Entró a robar a una casa en Luján y lo mataron a golpes

Este episodio tuvo lugar a mediados de julio. Un hombre que entró a robar a una vivienda de Luján murió tras recibir golpes de las víctimas que intentaba asaltar, y dos de sus cómplices fueron detenidos días después en el marco de la investigación judicial. El hecho ocurrió en una casa de la calle 351 bis.

Omar Horacio Bourlot irrumpió en el domicilio junto a una mujer, identificada como NN Cachi. Allí encontraron a dos jóvenes de 23 y 24 años, a quienes maniataron y redujeron para exigirles dinero. Durante el forcejeo, las víctimas lograron resistirse y golpearon a Bourlot en la cabeza con un palo, mientras su cómplice escapaba del lugar. Trasladado al hospital local, el hombre ingresó con traumatismo de cráneo y permaneció internado en estado reservado. La Policía constató además que sobre él pesaba una orden de captura previa por desobediencia y amenazas. Tras más de dos semanas de internación, Bourlot falleció, lo que derivó en la recaratulación de la causa como homicidio.

La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°10 y el Juzgado de Garantías de Luján, avanzó con testimonios y pericias que permitieron identificar a los cómplices. El 11 de agosto, personal de la División de Delitos de Investigación (DDI) allanó una vivienda en la calle Las Margaritas 537 y detuvo a Mariano Leonel Amarillo y Agustina Denise Chavez —la NN Cachi—, acusados de homicidio y tenencia ilegal de armas. En el operativo se secuestraron dos pistolas aptas para el disparo y municiones de distintos calibres. La causa continúa abierta bajo supervisión de la UFI N°10, con la búsqueda de otros posibles implicados.

En una causa que combinó seguimiento digital y tareas de calle, una investigación policial en Posadas, provincia de Misiones, derivó en operativos por el robo y desarme de motocicletas. En el procedimiento, se arrestó a un joven de 19 años, se retuvo a dos menores y se incautaron varios vehículos.

Este miércoles por la mañana, la Policía realizó allanamientos en los barrios A-4 y Los Lapachitos. Los allanamientos comenzaron cerca de las 7.30, contó con apoyo de la Dirección Guardia de Infantería y se desarrolló de manera simultánea en ambos puntos señalados por la pesquisa

Los investigadores de la Comisaría 16.ª de Posadas lograron identificar a los sospechosos tras revisar cámaras de seguridad de la zona y seguir publicaciones en redes sociales, donde algunos de los involucrados aparecían fotografiados junto a uno de los vehículos sustraídos. Esa secuencia de indicios permitió avanzar con medidas judiciales que terminaron en dos irrupciones ordenadas por el Juzgado Correccional y de Menores N.° 2.

La causa se había abierto a partir de la denuncia por el robo de una moto radicada el 15 de agosto. Desde entonces, la investigación se concentró en reconstruir el recorrido posterior al hecho, establecer vínculos entre los presuntos implicados y localizar los inmuebles donde podían encontrarse los rodados o sus partes.

Uno de los procedimientos se concretó en el barrio A-4. Allí, fue detenido Marcelo V., de 19 años, acusado de encubrimiento, y se secuestraron partes de una Honda Wave, plásticos presuntamente usados para alterar motocicletas, un casco y una sustancia que será analizada.

El segundo allanamiento tuvo lugar en Los Lapachitos, donde la Policía recuperó el resto de la Honda Wave que se encontraba parcialmente desarmada, que coincidiría con la sustraída en agosto. En ese domicilio, también incautó una Motomel Blitz con pedido de secuestro activo y una Keller que habría sido utilizada en los hechos investigados.

A eso se sumaron dos cascos y prendas de vestir que coincidirían con las observadas en registros de videovigilancia. Ese cruce entre los objetos secuestrados y las imágenes obtenidas durante la pesquisa es uno de los puntos que ahora deberá profundizar la causa para determinar con mayor precisión el grado de participación de cada uno de los involucrados.

Según El Territorio, los sospechosos se fotografiaban y exhibían en redes sociales los rodados sustraídos, una conducta que terminó reforzando las sospechas surgidas a partir del análisis de cámaras. Las publicaciones terminaron ayudando a la investigación y a seguir los movimientos de los aprehendidos.

Durante los procedimientos también fueron demorados dos adolescentes de 15 y 17 años, mientras que la fuerza provincial mantenía la búsqueda de otro menor de 15 años, mencionado como presunto integrante del grupo investigado. Tanto los jóvenes como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, que ahora deberá definir los pasos siguientes en el expediente.

Por el momento, la información oficial conocida no precisa cuántos hechos podrían quedar finalmente vinculados con el mismo grupo. Sin embargo, el secuestro de una moto con pedido activo y la recuperación de otra compatible con la denunciada en agosto abren la posibilidad de que la pesquisa avance sobre episodios adicionales.

En la provincia de Córdoba, una investigación que se extendió durante siete meses derivó en un megaoperativo contra el narcomenudeo con 13 allanamientos, 10 puntos de venta desarticulados y 24 detenidos, entre ellos un menor de edad. El procedimiento se concentró en los barrios Ampliación Cabildo y Villa El Libertador, donde la pesquisa había detectado una red de comercialización de estupefacientes con distintas modalidades de venta.

El despliegue fue ejecutado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) a partir de denuncias recibidas en la línea 0800-888-8080. Según la información oficial, los investigadores establecieron conexiones entre varios de los domicilios intervenidos y también identificaron estructuras que operaban de manera separada, aunque dentro del mismo circuito delictivo.

El resultado del operativo incluyó el secuestro de drogas, dinero, armas y vehículos, además de otros elementos vinculados con la venta de sustancias. De acuerdo con los datos difundidos por la fuerza, el valor estimado de todo lo incautado asciende a $147.445.400, mientras que los acusados quedaron a disposición de la Justicia.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, la causa se inició hace siete meses, cuando comenzaron a recibirse presentaciones en la línea habilitada para reportar actividades vinculadas al narcotráfico. A partir de esa información, la FPA desarrolló tareas de investigación que permitieron ubicar distintos puntos de expendio de drogas en el sur de la ciudad de Córdoba.

Con esos elementos, la fuerza avanzó con 13 allanamientos en dos sectores específicos: Ampliación Cabildo y Villa El Libertador. La intervención fue coordinada bajo directivas de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, que supervisó el procedimiento judicial y el destino de los detenidos.

Según lo informado oficialmente, el operativo permitió cerrar 10 puntos de venta de estupefacientes. Parte de esos lugares estaba vinculada entre sí, mientras que otros funcionaban con autonomía. Los investigadores también detectaron vínculos familiares entre algunos de los principales sospechosos y relaciones de sociedad entre otros integrantes del esquema.

Uno de los aspectos destacados de la pesquisa fue la identificación de las modalidades de comercialización. De acuerdo con la reconstrucción del caso, los investigados utilizaban sistemas de kiosco y delivery para distribuir las sustancias en los barrios alcanzados por los procedimientos.

La información oficial indicó que no todos los domicilios cumplían la misma función. Algunos estaban dedicados a la venta de cocaína, otros a la de marihuana y, en al menos una vivienda, los agentes hallaron indicios de comercialización de psicofármacos. Ese esquema mostró una organización segmentada por tipo de producto y por punto de distribución.

Durante la irrupción policial, varios de los sospechosos que realizaban ventas en la vía pública intentaron escapar. Sin embargo, fueron detenidos en ese mismo contexto, según precisó la fuerza interviniente. Entre los 24 apresados hay un menor de edad, un dato que quedó incorporado a la causa judicial.

En materia de secuestros, el procedimiento dejó 4.400 dosis de cocaína y 380 dosis de marihuana, además de plantas de cannabis sativa y psicofármacos.

A eso se sumó la incautación de $9.586.700 y 3.052 dólares, cifra que las autoridades asociaron a la presunta actividad de comercialización investigada. También fueron secuestradas cuatro armas de fuego y seis vehículos, de los cuales cuatro eran automóviles y dos motocicletas.

El detalle difundido por la Fuerza Policial Antinarcotráfico incluyó además otros elementos considerados de interés para la causa, todos vinculados con la presunta venta de drogas. El monto total estimado de los bienes secuestrados fue calculado en $147.445.400, según la valuación oficial informada al cierre del operativo.

El conserje principal Timothy Walters vivió en secreto durante meses dentro de la escuela secundaria Hackett, en la ciudad de Albany. Tomó esa decisión a los 36 años y, según explicó en entrevistas, lo hizo porque no podía sostener un alquiler propio mientras pagaba la manutención de sus cuatro hijos adolescentes y buscaba reducir gastos.

El caso se conoció en la última semana de abril, cuando funcionarios del distrito escolar revisaban grabaciones de seguridad por una pesquisa distinta: la de conserjes sospechados de inflar reclamos fraudulentos de horas extras.

Walters no fue acusado por esa maniobra, pero el registro dejó en evidencia que permanecía en el edificio de forma continua, por fuera de cualquier esquema regular de turnos.

Según relató al New York Post, convirtió en octubre una habitación del cuarto piso —ubicada sobre el auditorio— en un espacio improvisado para uso personal.

Allí instaló varias camas, un minirrefrigerador y distintos muebles, con los que armó un ambiente que describió como un estudio.

En ese mismo testimonio, Walters contó que antes vivía con su hermana menor y la pareja de ella, pero sintió que su presencia resultaba invasiva y que debía buscar una alternativa.

“No tenía a dónde ir”, dijo al medio. “Vivía con mi hermana y su novio, pero necesitaban tiempo a solas para lidiar con sus propios problemas”.

El distrito escolar tomó conocimiento del uso no autorizado del edificio a partir de la revisión del material de seguridad, y el hallazgo abrió una investigación administrativa que se extendió durante varias semanas.

La situación, además, dejó expuesto un punto sensible para el distrito: el control de accesos y la supervisión de espacios que, por su ubicación dentro del establecimiento, no forman parte de la circulación diaria.

El distrito lo suspendió sin sueldo y Walters renunció en junio

En mayo, el distrito lo suspendió sin goce de sueldo mientras avanzaba la investigación. Finalmente, Walters renunció el 23 de junio, según dijo el portavoz distrital Ron Lesko al Times Union. La renuncia cerró su vínculo laboral con el sistema escolar en medio de un caso que obligó a la administración a dar explicaciones y a revisar procedimientos internos.

Walters dio cifras sobre sus ingresos para contextualizar su situación. Afirmó que cobraba USD 64.000 al año y que, con horas extras, llegó a percibir alrededor de USD 80.000 en 2025. En su versión, ese nivel de ingresos no implicaba estabilidad, porque una parte significativa se destinaba a obligaciones vinculadas a sus hijos adolescentes.

En declaraciones a CBS 6, describió el estado previo del lugar y los cambios que hizo para poder usarlo: “El apartamento tenía un futón, un montón de sillas viejas y algunos muebles que llevaban ahí quién sabe cuánto tiempo.

Al final lo vacié y puse varias camas y una nevera pequeña”. Esa descripción aportó un detalle sobre el “antes y después” del cuarto y sobre el modo en que lo adaptó para pasar la noche.

Sus hijos se quedaban con él los fines de semana y los cargos fueron retirados

Walters también dijo que los fines de semana recibía visitas. Según su relato, sus cuatro hijos adolescentes se quedaban con él cuando le correspondía la custodia, sin que nadie de su entorno advirtiera que el alojamiento estaba dentro de una escuela.

En su reconstrucción, esa dinámica se sostuvo sin alertas externas durante el tiempo en que utilizó el edificio.

El propio Walters admitió que entendía la gravedad de lo que hacía. “Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal”, dijo. “Pero no sabía qué hacer. Cuando estás contra la espada y la pared, a veces terminas tomando decisiones que probablemente no deberías haber tomado”. Con esas frases, presentó su conducta como el resultado de una situación límite y no como una elección cómoda.

La policía local investigó el episodio y al principio lo acusó de allanamiento de morada. Esos cargos después fueron retirados, de acuerdo con lo informado en el seguimiento del caso.

El material disponible no detalla los motivos por los que la acusación quedó sin efecto, ni si existieron condiciones asociadas a esa decisión.

Tras dejar su puesto, Walters dijo que ahora vive con un tío en un parque de casas rodantes y que está en lista de espera para acceder a una vivienda propia. También aseguró que ya recibió dos ofertas de trabajo, aunque no precisó en qué consisten ni cuándo podrían concretarse.

Su hermana creó una campaña en GoFundMe para ayudarlo a instalarse en un nuevo hogar.

La iniciativa se difundió después de que el caso tomara estado público y se sumó como una vía de apoyo económico en un momento de transición, con el objetivo de cubrir gastos asociados a la mudanza y a la instalación en una vivienda estable.

Todo ocurrió el lunes pasado, cuando las víctimas se proponían salir en auto, para llevar a su gato al veterinario. En ese momento, fueron sorprendidos por tres delincuentes encapuchados y con guantes. Gracias a que la vivienda contaba con cámaras en el interior, el episodio quedó grabado por completo.

“En un momento, miré para atrás y vi que se metían tres ladrones: dos agarraron a mi marido y a mí se me vino uno con un cuchillo. El cuarto se quedó vigilando en la vereda”, relató la mujer. Según la investigación, los asaltantes los redujeron, entraron a la vivienda y escaparon en una Volkswagen Amarok robada del lugar.

En declaraciones a La Capital de Mar del Plata, la mujer denunció que la banda no solo había golpeado a su esposo, sino que también la habían intimidado tanto a ella como a su hijo, un pequeño de 11 años. “Me pegaron para que dejara de gritar y me amenazaron con que me iban a cortar la lengua si seguía gritando y con que le iban a pegar a mi hijo”, recordó.

“Lo desfiguraron a golpes. Hasta con el palo de hockey del nene le pegaron”, apuntó la mujer sobre el ataque que sufrió su esposo. “Nos gritaban: ‘¡Los dólares, los dólares!’. Pero no tenemos dólares”, explicó sobre el motivo por el cual habían ingresado a la vivienda.

Además de la camioneta, los ladrones se llevaron un anillo de oro, una PlayStation 5, un perfume y 300 mil pesos. Y, según fuentes oficiales consultadas por Infobae, el seguimiento del vehículo fue clave para poder ordenar los allanamientos.

Por medio de las cámaras de seguridad públicas, los efectivos encontraron el vehículo abandonado en la zona de Olazar y Manrique. Tras un rastrillaje, lograron detener a un adolescente de 17 años en el patio de una vivienda cercana, que fue señalado como la persona que había dejado la camioneta en el lugar.

Sobre la Amarok, la Policía Científica realizó pericias y levantó una huella para cotejo. Asimismo, se secuestraron prendas de vestir del menor y su teléfono celular, aunque el sospechoso se negó a declarar y a aportar la clave del dispositivo.

Con el avance de la investigación, los investigadores lograron identificar a otros presuntos involucrados, entre ellos, tres hombres mayores de edad y otro adolescente de 16 años. Fue así que, finalmente, este viernes se concretó la detención de dos de los adultos.

Según confirmaron fuentes cercanas a la causa a este medio, estos fueron identificados como J. O. (23) y A. O. (28). En el caso de este último, fue acusado de haber golpeado a las víctimas con un palo de hockey y con los puños.

En los procedimientos también fueron aprehendidas otras dos personas, A. J. (48) y D. O. (49), por una presunta infracción a la Ley N° 23.737 de Narcotráfico. Asimismo, indicaron que en la vivienda se incautaron 4.335 kilos de cogollos de marihuana.

Como parte de los operativos, la policía secuestró el Peugeot 2008, es decir, el vehículo presuntamente utilizado para la fuga. Además, hallaron prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el robo, una gorra con visera y dos teléfonos iPhone que serán sometidos a las pericias correspondientes.

Actualmente, la causa por el robo es investigada por la Unidad Funcional de Responsabilidad Penal Juvenil (UFRPJ) Nº 1, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, mientras que los investigadores continúan con tareas para localizar a los otros dos sospechosos que aún permanecen prófugos.

La Policía Bonaerense allanó esta semana la Unidad Penitenciaria N°31 de Florencio Varela tras denuncias que apuntan a la existencia de una supuesta organización delictiva integrada por internos y agentes penitenciarios.

El grupo, conocido entre los presos como “La Comitiva”, habría llevado adelante actividades de tráfico de drogas, extorsiones, reducción a la servidumbre y otras maniobras ilegales dentro del penal.

De acuerdo con las denuncias presentadas por familiares y detenidos del Pabellón N°1, la banda operaba un sistema de control sobre bienes y servicios, incluyendo la provisión del servicio de internet.

Según esas presentaciones, los líderes de “La Comitiva” administraban antenas de la empresa Starlink y exigían cuotas mensuales de entre 30.000 y 40.000 pesos a los internos por el acceso a la conectividad.

En la denuncia se indicó que el esquema tuvo problemas cuando otros reclusos intentaron instalar su propio equipo para ofrecer el servicio a un costo más bajo. Eso generó un conflicto que desembocó en agresiones físicas y desplazamientos forzados de pabellones.

Los denunciantes también mencionaron prácticas como el monopolio en la venta de bebidas y alimentos, la imposición de trabajos forzados y la falsificación de traslados. Señalaron que todas estas maniobras se realizaban con la presunta complicidad de personal penitenciario y que el grupo incluso accedía de manera irregular a oficinas y bases de datos oficiales.

Todo eso es ahora materia de investigación para la Unidad Funcional de Instrucción N°9 de Florencio Varela, especializada en delitos carcelarios y actualmente subrogada por la fiscal Roxana Giménez, quien dispuso el allanamiento del penal tras analizar la primera información aportada en la causa.

El operativo se llevó a cabo la tarde del miércoles pasado y estuvieron a cargo de la DDI de Quilmes. Los efectivos allanaron cinco celdas del Módulo A Pabellón D, otras cuatro del Módulo A Pabellón 1 y también la oficina del subdirector del establecimiento.

Como resultado, fueron imputados 11 internos y se secuestraron 13 teléfonos celulares, dos de los cuales se encontraron en la oficina del subdirector.

Los presos sospechosos en la causa fueron identificados como Lautaro Agustín Ríos (27), Juan Alejandro Osuna Aguirre (34), Antonio Agustín Romero Ramúa (60), Hernán Ariel Gómez (28), Brian Leonel Funes (31), Rubén Darío García (39), Marcelo Miguel Aquino Barraza (57), Jonathan Sebastián Giuliani Pérez (32), Ángel Alberto Segovia González (34), Carlos Norberto Tortella (55) y Roberto Carlos Echeverría (47).

No es la primera vez que la Unidad N°31 de Florencio Varela queda en el centro de investigaciones judiciales por maniobras vinculadas al tráfico de drogas. Hace poco más de un año, el penal fue allanado en el marco de otra causa de la UFI N°9 que apuntaba a una estructura interna liderada por dos presos identificados como Fernando Martín Escobar Brítez (35) y Matías Ezequiel Paz Benítez (40).

Según aquella investigación, ambos habrían organizado una red de venta de estupefacientes desde el interior del penal, con ramificaciones externas y apoyo logístico en el barrio Villa Azul. Los detectives establecieron que las visitas femeninas eran utilizadas como “mulas” para ingresar droga a los pabellones, donde luego se distribuía en al menos 13 sectores distintos de la cárcel.

La policía realizó 20 allanamientos, 13 de ellos dentro de la unidad, y secuestró 1.342 dosis de cocaína, 98 dosis de marihuana, armas, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Además, cuatro sospechosos fueron aprehendidos y otros seis notificados.

A través de un video difundido públicamente, el comunicador manifestó temor por la seguridad de su familia, debido a que los individuos no sólo conocían su domicilio, sino que, según señaló, pretendían ingresar hasta el lugar donde se encontraban su esposa e hijos.

“Esta noche hago este video con temor, con mucho miedo, porque durante este jueves un notificador, porque así se hizo pasar y hemos investigado que es un notificador del Poder Judicial del Estado de México, y civiles, dos civiles, intentaron ingresar a mi casa”, relató.

Osvaldo Muller cuestiona actuación de supuesto notificador

De acuerdo con la denuncia del periodista, los tres individuos llegaron a bordo de un vehículo particular que no portaba placas. Muller aseguró que los sujetos se hicieron pasar inicialmente por policías ministeriales para intentar ingresar a la zona habitacional.

El comunicador explicó que posteriormente un hombre que dijo ser notificador descendió del automóvil y se acercó a los vigilantes de la privada para solicitar el acceso.

Muller cuestionó que el supuesto funcionario no llevara visible una identificación oficial ni utilizara un vehículo institucional.

“No tenía ni siquiera ninguna identificación visible ni venía tampoco en un vehículo que era oficial con, pues, la nomenclatura del Poder Judicial del Estado de México”, señaló.

También dijo que durante sus 18 años de trayectoria como periodista nunca había observado a un notificador judicial realizar una diligencia de esa manera.

“Nunca había visto a un notificador vestido con tenis y ropa así totalmente de civil, pantalón de mezclilla, una playera tipo polo”, expresó.

Denuncia que conocían la dirección de su familia

Uno de los principales motivos de preocupación para Muller es que las personas que acudieron al domicilio conocían exactamente dónde vivía.

“Me llama mucho la atención cómo es que estos civiles obtuvieron mi dirección, mi dirección, la de mi casa, donde se encontraban mis hijos, mi esposa, donde se encontraba mi familia”, manifestó.

Ante la presencia de los individuos, el comunicador solicitó apoyo a elementos de seguridad.

“Le hablé de inmediato a la Policía Estatal, a la Guardia Civil, quienes atendieron de inmediato el llamado”, relató.

Sin embargo, aseguró que cuando comenzó la movilización de los cuerpos de seguridad, los hombres huyeron del lugar.

Muller exigió una explicación al presidente del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García, para conocer si la persona que se presentó como notificador realmente pertenece a la institución y bajo qué condiciones se realizó la diligencia.

“¿Usted sabe que así trabaja la gente, sus notificadores, sin identificarse, haciéndose pasar como policías, luego vienen acompañados de civiles o así les permite salir a notificar?”, cuestionó.

Muller exige protección para él y su familia

Ante estos hechos, el periodista pidió que las autoridades investiguen quiénes eran las personas que acudieron a su domicilio, por qué tenían su dirección y cuál era el objetivo de la diligencia.

“Necesito una respuesta inmediata por parte del Poder Judicial del Estado de México y hago responsables de cualquier cosa que me pase a mí y a mi familia”, declaró.

Finalmente, Muller insistió en que la situación le genera temor debido a que quienes acudieron al lugar conocen dónde vive, “tengo mucho miedo, eso se los quiero decir”, concluyó.

Osvaldo Muller ya ha sido víctima de agresiones

La denuncia ocurre además en un contexto de antecedentes de violencia contra el propio periodista.

Uno de los casos más graves ocurrió el 13 de abril de 2022, cuando Muller cubría los funerales de ocho integrantes de una familia asesinada en Tultepec. Durante la cobertura fue agredido por elementos de la policía municipal.

De acuerdo con antecedentes documentados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), el periodista fue lesionado por policías municipales. Una investigación del organismo concluyó que existió una falta de mecanismos de prevención para proteger a periodistas y comunicadores.

El caso tuvo consecuencias judiciales. En septiembre de 2022, una jueza de Cuautitlán ordenó separar del cargo al entonces comisario de Seguridad Pública de Tultepec, quien había sido denunciado por Muller por posibles delitos de abuso de autoridad, lesiones y delitos contra la libertad de expresión. Además, la agresión provocó una lesión en la mano del comunicador que requirió intervención quirúrgica.

Otro episodio ocurrió en octubre de 2022, cuando Muller y el camarógrafo Luis de la Cruz fueron agredidos mientras daban cobertura al secuestro de un menor en Huehuetoca. De acuerdo con reportes periodísticos, fueron amenazados y se realizaron disparos durante el incidente.

Estos antecedentes muestran que la nueva denuncia no ocurre de manera aislada, sino después de otros episodios en los que el periodista ha enfrentado agresiones o situaciones de riesgo durante el ejercicio de su profesión.

La víctima, identificada como E. V. E. de 42 años, denunció ante las autoridades que el robo tuvo lugar en el momento en que llegó manejando su Mercedes Benz Sprinter blanca hasta la intersección de las calles Ferre y Carabelas, sitio donde tenía previsto realizar la entrega de un cargamento de mercadería.

Según la información a la que accedió Infobae, justo cuando se preparaba para realizar la entrega, fue sorprendido por tres hombres que estaban armados. Los sujetos le sustrajeron el vehículo y toda la carga.

Tras la denuncia, personal de la Comisaría Avellaneda 6ª inició tareas investigativas. A partir del análisis de cámaras de seguridad privadas y registros del Centro de Monitoreo, lograron identificar un vehículo que habría sido utilizado como apoyo durante el asalto.

Con esas imágenes, los agentes reconstruyeron parte del recorrido posterior al robo, detectaron movimientos en distintos puntos de Avellaneda y Lanús y reunieron elementos para solicitar los allanamientos. La causa, que sigue bajo la órbita de la UFI N° 4 de Avellaneda, mantiene además la búsqueda de un cuarto sospechoso.

El primer allanamiento fue en Madariaga al 2100, Avellaneda, donde detuvieron a un joven identificado como Díaz, de 24 años. En ese lugar, se secuestraron varios elementos de interés, tales como: un camperón negro, un pantalón gris y un par de zapatillas blancas, prendas que, según los investigadores, coincidirían con las utilizadas durante el robo.

El segundo procedimiento se hizo en México 600, donde fue identificada una mujer que manifestó alquilar el inmueble desde hacía aproximadamente un mes. El resultado del operativo fue negativo.

El tercer objetivo fue en Paso de Burgos 221, Lanús, domicilio vinculado a la familia de uno de los presuntos participantes, identificado como Valdez, de 19 años. Allí, su madre informó que el joven alternaba entre ese lugar y la casa de su padre, en Anatole France 810. A partir de ese dato, los efectivos montaron un operativo en la zona y concretaron su detención cuando salía de la vivienda. Además, secuestraron una campera negra.

El cuarto allanamiento se realizó en Jean Jaurès 2800, Lanús, donde fue aprehendido Vedovi, de 20 años. En ese procedimiento se incautó un par de zapatillas negras con suela blanca. Según el parte policial, el joven habría mencionado de forma espontánea y ante testigos que otro de los sospechosos, que aún no fue detenido, habría vendido hace un mes la camioneta Renault Kangoo roja presuntamente utilizada en el hecho.

Durante el operativo intervinieron efectivos que forman parte de los GTO pertenecientes a las comisarías de Avellaneda y se contó con la presencia de personal de la UPPL Avellaneda. Además, participaron agentes que prestan servicio en la Comisaría Berazategui 5ª, así como efectivos de la Comisaría Lanús 10ª. A ellos se sumaron miembros que integran la Fuerza de Operaciones Especiales.

Por disposición del fiscal González, se avaló lo actuado, se convalidaron los secuestros y se notificó a los detenidos sobre la formación de la causa. Los tres detenidos tienen entre 19 y 24 años y quedaron imputados por robo agravado en poblado y en banda, con uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada.

La investigación sigue adelante con el objetivo de localizar al sospechoso que permanece prófugo y establecer si tuvo una presunta participación en los hechos investigados. Mientras tanto, los detenidos serán trasladados a la sede judicial correspondiente.

En el barrio Monterrey, en el partido de Pilar, una investigación iniciada a partir de denuncias vecinales derivó en la detención de dos personas acusadas de vender drogas tras dos allanamientos simultáneos realizados por fuerzas policiales. El procedimiento dejó además el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular, de acuerdo con la información oficial difundida sobre el caso.

La causa quedó en manos de la UFI de Drogas Ilícitas de Pilar, a cargo de Pablo Menteguiaga, y del Juzgado de Garantías N° 7, también con jurisdicción en ese distrito.

Según los datos informados, los operativos se concentraron en distintos puntos de Monterrey y tuvieron como resultado el arresto de una mujer de 23 años y de un hombre de 24.

El expediente fue caratulado como “Allanamiento y aprehensión por amenazas agravadas. Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, una tipificación que reúne tanto la intervención en los domicilios como la presunta actividad de narcomenudeo bajo investigación.

La investigación tomó impulso a partir de esas denuncias de vecinos, que apuntaban a una presunta venta de droga en el barrio. A partir de ese material, la Policía avanzó con tareas de seguimiento y reunió elementos para solicitar los allanamientos. Con esa base, se ejecutaron dos procedimientos en forma simultánea en direcciones cercanas entre sí.

Según informó el portal Pilar a Diario, uno de los operativos tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la calle Córdoba al 2200, entre Ecuador y Perú. En ese domicilio, el personal interviniente secuestró 679.000 pesos en billetes de baja denominación. En el lugar fue detenida una mujer de 23 años, señalada en la causa como una de las personas presuntamente vinculadas con la comercialización de estupefacientes.

El segundo allanamiento se realizó en Córdoba y Perú, también dentro del barrio Monterrey. Allí, de acuerdo con la información del procedimiento, los agentes incautaron 194 dosis de cocaína, con un pesaje total de 193 gramos, además de 800.000 pesos en efectivo y un teléfono celular. En ese punto, fue arrestado un hombre de 24 años.

Entre ambos procedimientos, las autoridades informaron el secuestro de 1.479.000 pesos, una cifra compuesta por los 679.000 pesos encontrados en el primer domicilio y los 800.000 pesos localizados en el segundo.

En el operativo participaron efectivos de la Comisaría Pilar 2da - Presidente Derqui, de la Comisaría 8va. y de los destacamentos de Villa Astolfi, Monterrey, Santa Ana y Zelaya. La intervención conjunta respondió al despliegue necesario para concretar los dos allanamientos ordenados en paralelo dentro del mismo barrio.

A principios de mes, la Policía de la Ciudad desarticuló una familia narco dedicada a la venta de drogas en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, tanto al menudeo como a la comercialización a gran escala. En total hubo ocho detenidos.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la organización cayó tras un operativo que incluyó siete allanamientos, en los que se incautaron más de 8 kilos de marihuana, cocaína y pasta base. “Todos presos. Estos no joden más. Ley y Orden”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, luego del procedimiento.

Las detenciones se concretaron luego de una investigación iniciada en agosto de 2025 por personal de la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur.

Las acciones incluyeron procedimientos en la Villa 1-11-14, en el barrio de Parque Chacabuco, en la calle Thorne al 1200, en una torre del barrio de La Boca (Irala al 100) y en Isidro Casanova, en la calle Magnasco al 200, en la Provincia de Buenos Aires. Según informaron las fuentes a este medio, la organización comercializaba estupefacientes al menudeo y a gran escala, utilizando distintos inmuebles para almacenar la droga.

El robo de armas llevó a un operativo a gran escala que llevó al hallazgo de un arsenal en San Lucas Sacatepéquez, municipio ubicado a 21 kilómetros de la Ciudad de Guatemala.

La diligencia se realizó en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) y el Ejército de Guatemala, donde las autoridades localizaron armas con reporte de robo, municiones, dinero en efectivo, placas para vehículos, pasaportes y otros objetos en una residencia y en un terreno baldío.

Entre lo incautado había Q10.011 (USD 1.283) y USD 1 mil 245 en efectivo, además de seis teléfonos celulares, cuatro tabletas, un dron, una pica para abrir puertas, una ganzúa y una mochila.

El reporte oficial también incluyó un sobre con siete pares de placas para vehículos y pasaportes, sin que hasta ahora se haya precisado a quién pertenecen.

La diligencia estuvo a cargo de investigadores de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos de la PNC y del Ministerio Público, con apoyo del Ejército.

Según la información divulgada por las autoridades, el operativo se realizó como seguimiento a una investigación por robo de armas de fuego.

El operativo permitió ubicar al menos seis armas y tres tenían reporte de robo

La Policía Nacional Civil informó primero que en las afueras de un inmueble fueron localizadas cinco armas de fuego, cargadores y municiones. Después, la institución indicó que dentro de la propiedad fue hallada un arma con reporte de robo y que en un terreno aledaño aparecieron otras cinco.

El Ejército de Guatemala detalló una relación de seis armas de fuego: dos carabinas y cuatro pistolas. De ese total, una carabina y dos pistolas tenían reporte de robo.

Las fuerzas de seguridad también encontraron 13 cargadores para pistola de 9 mm, un cargador para carabina calibre .223 y municiones de distintos calibres. Según el reporte militar, parte de los objetos estaba en una residencia y otra parte en un terreno baldío.

Las autoridades no informaron capturas ni el origen de las placas y pasaportes

Las acciones incluyeron puestos de control, patrullajes a pie y allanamientos en distintos puntos de San Lucas Sacatepéquez. El despliegue fue coordinado por la Segunda Brigada de Policía Militar “General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales”, junto con la PNC y el MP.

De acuerdo con el reporte castrense, las armas localizadas estaban dentro de una mochila ubicada en el terreno baldío, mientras que en el allanamiento de una residencia se ubicaron otros indicios.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas vinculadas con las diligencias. Tampoco han precisado cuándo ni dónde fueron robadas las armas recuperadas, ni a quién corresponden los pasaportes y las placas halladas durante el operativo.

El Ejército señaló que los indicios fueron embalados y puestos a disposición de los órganos jurisdiccionales correspondientes para fortalecer las investigaciones en curso. La institución añadió que estas acciones forman parte de operaciones coordinadas para prevenir hechos ilícitos y se suman a despliegues del Plan Anillo de Contención y a incursiones previas en zonas del país.

Luego de la conmoción generada en un jardín de infantes de Córdoba cuando descubrieron que un niño tenía en su poder 71 envoltorios de cocaína, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó un allanamiento este miércoles y detuvieron al padre del menor.

El operativo se desplegó en se realizó en una vivienda de la Manzana 34 del barrio Ampliación Cabildo. El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación por presunta comercialización de drogas a pequeña escala. Personal policial ingresó al domicilio señalado y halló varias dosis de marihuana junto a elementos de interés para la causa. La operación fue supervisada por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, que dispuso la remisión de todo el material incautado.

Durante el allanamiento y según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, los agentes detuvieron a un sujeto de 22 años, quien, según fuentes oficiales, sería el padre del niño que ayer llevó 71 dosis de cocaína al Centro de Cuidado Infantil del mismo barrio. El menor llegó acompañado de su madre, quien fue arrestada cuando se acercó a retirar a su hijo.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno ordenó la remisión de los elementos incautados y el traslado del aprehendido a sede judicial. Al hombre se le imputa el delito de tenencia con fines de comercialización agravada, figura que contempla penas más severas cuando se comprueba el involucramiento de menores de edad.

En el marco del proceso, los investigadores procuran reunir pruebas adicionales para determinar si existió una red de distribución más amplia o si la actividad ilícita se limitaba al entorno familiar y barrial. La intervención de la fuerza policial y la justicia busca prevenir la reiteración de hechos similares y proteger a la niñez de situaciones de vulnerabilidad asociadas al narcotráfico.

El caso continúa bajo investigación, con la expectativa de nuevos avances en las próximas semanas.

El hecho

Todo comenzó cuando una mujer llevó a sus dos hijos pequeños al centro de cuidado y los dejó allí bajo el resguardo de los responsables del lugar. Su hijo menor entró en la Sala Naranja, mientras que su hija mayor, de tres años, permaneció en la Sala Verde. Una de las maestras notó que el niño más chico tenía en sus manos un monedero de color rosa.

La docente tomó el objeto para revisar qué contenía y encontró en su interior una serie de envoltorios transparentes con una sustancia blanca. A partir de esto, el personal del establecimiento activó el resguardo del objeto y dio aviso a las autoridades. El jardín se comunicó de inmediato con el servicio de emergencias 911 y también notificó a la Secretaría de Salud y Desarrollo ante la sospecha de que se tratara de estupefacientes. Minutos más tarde, la mujer volvió al establecimiento para reclamar el objeto que había perdido.

Durante ese intercambio la mujer exigió que le devolvieran el monedero y habría dicho que se trataba de algo “con lo que sustentaba a sus hijos menores”. En ese momento, las docentes se negaron a entregarle el objeto y aguardaron la llegada de los agentes.

Poco después, la mujer se retiró del sitio junto con el nene de dos años. Más tarde, volvió acompañada por su madre, abuela de los chicos, para retirar a la niña de tres años que permanecía en otra sala. Para entonces, el personal policial ya se encontraba en el centro infantil.

La verificación de la sustancia quedó a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que realizó pruebas de campo sobre los paquetes secuestrados. El resultado confirmó que se trataba de cocaína y tras el conteo oficial, se hallaron 71 envoltorios.

Con esta información, intervino la Unidad Judicial de Lucha Contra el Narcotráfico, que ordenó el secuestro formal de la droga y del monedero. La causa quedó encuadrada en presuntas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737. La madre fue aprehendida y trasladada a sede judicial, donde quedó a disposición de las autoridades encargadas de la investigación.

Tras el procedimiento, tanto el pequeño de dos años como su hermana de tres quedaron al cuidado de su abuela.

Una investigación por presunta venta de drogas en Resistencia, Chaco, derivó este martes en la detención de una mujer de 70 años durante un allanamiento en el barrio Santa Catalina, donde la Policía secuestró cocaína fraccionada, dinero en efectivo y otros elementos incorporados a la causa.

De acuerdo con Diario Chaco, el allanamiento se desarrolló en el barrio Santa Catalina de la capital chaqueña, en una vivienda ubicada sobre Remedios de Escalada al 1200. Estuvo a cargo de personal de la División Microtráfico Metropolitana, con apoyo de otras áreas policiales, en el marco de una supuesta infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes. La principal investigada fue identificada como Ester de la Cruz Pereña, quien quedó aprehendida en el lugar tras el operativo realizado entre las 16:25 y las 19.

Los efectivos hallaron 12,1 gramos de cocaína distribuidos en distintas presentaciones. Entre los elementos secuestrados incautaron: un envoltorio con forma de piedra, cuatro envoltorios tipo “bochita” y otro paquete de mayor volumen que contenía la sustancia ya disgregada. La droga fue sometida a un reactivo de orientación que arrojó resultado positivo para cocaína.

El procedimiento también permitió el secuestro de $32.000 en efectivo, además de recortes, una tijera y un teléfono celular marca Samsung. Esos elementos quedaron bajo resguardo para su análisis dentro de la investigación judicial, que busca determinar el alcance de la presunta actividad atribuida a la sospechosa y el posible destino de la sustancia hallada en el domicilio.

La intervención judicial se concretó por orden del Juzgado de Garantías N°5, con actuación de la ayudante fiscal Agustina Colussi y bajo la órbita de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N°1, a cargo del fiscal Sergio Cáceres Olivera. En el exterior de la vivienda trabajó además el Cuerpo de Operaciones Motorizadas, que tuvo a su cargo la cobertura de seguridad durante toda la franja horaria del allanamiento. La presencia de esa unidad respondió a la necesidad de resguardar el perímetro mientras el personal especializado avanzaba con la inspección del inmueble.

Uno de los aspectos que sumó relevancia al procedimiento fue el antecedente judicial de Pereña. La mujer ya había sido condenada por una causa vinculada a la comercialización de estupefacientes. El informe de antecedentes señaló que en 2024 recibió una pena de cuatro años de prisión efectiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Según Diario Chaco, con posterioridad, ese mismo informe precisó que la sanción fue unificada con otra condena dictada por el Tribunal Oral Federal de Resistencia, lo que dio como resultado una pena única de cuatro años de prisión efectiva. Los registros añadieron que en junio de 2025 se le otorgó el beneficio de la libertad condicional hasta el agotamiento total de la pena.

La fecha prevista para ese vencimiento era el 2 de julio de 2026, y la Policía indicó que la condena quedó agotada en ese momento. Por ese motivo, al concretarse el nuevo procedimiento, la mujer no registraba pedido de captura ni otros impedimentos legales vigentes.

El documento policial agregó una aclaración sobre las constancias asentadas en sus bases de datos. Allí se indicó que las identificaciones policiales existentes en los registros administrativos no deben ser consideradas como antecedentes judiciales, una distinción que suele aparecer en este tipo de reportes para separar actuaciones preventivas de condenas firmes o procesos con resolución judicial.

La causa ahora continuará bajo análisis de la fiscalía especializada, que deberá evaluar el material secuestrado, los antecedentes del caso y el resultado de las medidas incorporadas tras el allanamiento en Resistencia, donde la investigación volvió a poner el foco sobre el narcomenudeo en sectores urbanos de la ciudad.

Durante dos días, Jeanine John Taele apareció en el mismo campo de golf donde Donald Trump tenía previsto participar de una actividad política en Rancho Palos Verdes, en California. La primera vez fue visto mientras registraba con fotografías y videos los preparativos del operativo de seguridad. La segunda terminó detenido por agentes federales.

Lo que en un principio parecía un episodio aislado se convirtió rápidamente en una investigación de mayor alcance. Tras el arresto, el FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles allanaron la vivienda del exmarine de 38 años y encontraron armas, municiones, un chaleco balístico y otros elementos que pasaron a integrar la causa.

Mientras la pesquisa avanzaba, la fiscalía federal presentó cargos por la posesión de un rifle de cañón recortado no registrado y la justicia estatal impulsó un expediente paralelo por otros delitos vinculados con armas y una causa de robo previa.

Aunque el caso despertó preocupación por producirse en un predio asociado al presidente y pocos meses después de otros intentos de ataque contra Trump, las autoridades insistieron en que, hasta el momento, no identificaron un plan de atentado definido y que el motivo de Taele sigue bajo investigación.

La audiencia federal que debía realizarse el miércoles quedó postergada, de acuerdo con Los Angeles Times. The Washington Post agregó que todavía no está claro cuándo será la primera comparecencia de Taele ante la justicia federal.

Un episodio bajo máxima seguridad

El caso se desarrolló en el Trump National Golf Club Los Angeles, en Rancho Palos Verdes, en los días previos a una visita del presidente Donald Trump a esa propiedad del condado de Los Ángeles.

Según ABC News, agentes federales realizaban una evaluación de seguridad antes de una cena del Comité Nacional Republicano cuando detectaron la presencia de un hombre que recorría el campo.

El contexto volvió el episodio especialmente sensible. De acuerdo con Los Angeles Times, la pesquisa recibió atención inmediata por tratarse de un sitio asociado al presidente y por el antecedente de los intentos de ataque previos contra Trump en Pensilvania y Florida.

La investigación quedó en manos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio Secreto de Estados Unidos y el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD).

Quién es Jeanine John Taele

Jeanine John Taele, de 38 años, vive en Downey. Según ABC7, sirvió en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos entre 2008 y 2016, con despliegues en Irak y Afganistán, y alcanzó el rango de cabo.

Su situación profesional reciente también pasó a formar parte del expediente. Los Angeles Times informó que Taele había tenido autorización para portar armas como guardia de seguridad hasta julio de 2025, aunque ese permiso fue cancelado. El diario agregó que conservaba licencia como guardia de seguridad hasta 2028.

Antes de su arresto en el club, ya aparecía en otra investigación. Según Los Angeles Times, la policía de El Segundo lo buscaba por una causa de robo vinculada a un hecho ocurrido el 4 de noviembre de 2025.

El teniente Eric Atkinson dijo a ese medio que se trató de un robo con uso de fuerza o intimidación, sin arma.

La vigilancia previa y el regreso al club

La reconstrucción de la causa ubica la primera aparición de Taele en el club de golf el 31 de julio. Según ABC News, agentes federales lo vieron caminar por el predio con un auricular mientras tomaba fotografías y videos de las tareas de planificación de seguridad.

Ese primer episodio no terminó con un arresto. Los Angeles Times señaló que Taele se retiró del lugar y volvió el domingo 2 de agosto.

Según The Washington Post, fue el personal del lugar el que alertó a las autoridades sobre ese regreso. Para entonces, los agentes federales seguían en el club por el operativo previo a la llegada de Trump.

Según ABC News, en su segunda visita dijo que trabajaba para el Departamento de Estado y que estaba ahí por un operativo de seguridad. También admitió que tenía un arma cargada en su vehículo, estacionado en el predio.

A partir de esa conversación intervinieron agentes del LASD. De acuerdo con ABC News, una revisión en bases de datos mostró que Taele era buscado en la causa de robo de El Segundo. Los agentes lo retuvieron y registraron.

El arma en la camioneta y lo que hallaron en Downey

Durante esa revisión, los agentes encontraron un cargador de 16 balas con munición de punta hueca en el bolsillo del pantalón, según ABC News.

Después inspeccionaron la camioneta y secuestraron una pistola 9 mm cargada, otro cargador con munición de punta hueca, binoculares y una placa con la inscripción “agente de protección de seguridad”, de acuerdo con ese mismo medio.

La investigación avanzó al día siguiente. Según Los Angeles Times, el lunes 3 de agosto detectives del sheriff y agentes del FBI allanaron la casa de Taele en Downey.

Allí encontraron un rifle estilo AR modificado de forma ilegal, una pistola calibre .45, chaleco balístico, cargadores de alta capacidad, munición en cantidad, dos dispositivos de señal de radio y otra placa que decía “recuperación de fugitivos y ejecución de fianzas”, informó Los Angeles Times.

The Washington Post añadió que en el allanamiento también fue hallado un auricular. Los Angeles Times informó que los agentes encontraron además cuadernos con “declaraciones preocupantes”.

Ese material quedó en el centro del caso. ABC News consignó que la denuncia federal menciona esos cuadernos, aunque no detalla su contenido.

La acusación federal y las causas estatales

El paso más importante en tribunales llegó con la imputación federal. Según ABC News, Taele fue acusado de posesión de un rifle de cañón recortado no registrado, un delito grave federal.

La causa estatal avanza en paralelo. Los Angeles Times informó que también enfrenta cargos por recepción de un cargador de gran capacidad, portación de arma oculta, posesión de un rifle de cañón recortado y robo.

The Washington Post precisó que se trata de un cargo de robo en segundo grado. El diario añadió que Taele se declaró no culpable de esos cargos el martes. ABC7 precisó que el cargo federal puede derivar en una pena máxima de 10 años de prisión si es declarado culpable.

La fiscalía evitó atribuirle un motivo cerrado. Según ABC News, el fiscal adjunto principal Bill Essayli declaró que la investigación seguía abierta, aunque agradeció que el arresto se hubiera producido antes de la visita presidencial.

La audiencia que se postergó

Uno de los datos centrales del seguimiento apareció después de la acusación formal. Los Angeles Times informó que la audiencia federal prevista para este miércoles fue reprogramada para una fecha todavía no determinada.

Hasta el momento, no hay una explicación pública más precisa sobre las razones del cambio.

Mientras tanto, la causa siguió su curso en el plano estatal. Según ABC News, Taele tenía una fianza fijada en USD 250.000 y una audiencia prevista en la justicia estatal para el 26 de agosto.

Cómo sigue la causa

La investigación ya dejó establecidos varios puntos: Taele fue detectado en el club antes de la visita presidencial y, después del arresto, los investigadores encontraron más armas y otros elementos en su casa.

Lo que sigue sin respuesta es cuál era su propósito. Según ABC News, las autoridades siguen investigando qué hacía en el club y por qué registraba las tareas de seguridad.

Los Angeles Times agregó que, pese a la gravedad del episodio, las fuerzas dijeron no haber identificado una amenaza creíble para la comunidad.

Trump asistió de todos modos a la cena partidaria del martes por la noche en Rancho Palos Verdes.

Taele quedó detenido, con una causa federal abierta, cargos estatales en marcha y una audiencia que, por ahora, sigue sin nueva fecha pública.

La Policía Nacional de República Dominicana realizó en las últimas horas un operativo en La Vega que resultó en la incautación de armas de fuego, máquinas tragamonedas y armas blancas, según informó Diego Pesqueira, vocero de la institución. La acción, coordinada entre la Subdirección Regional de Inteligencia (DINTEL), el Ministerio Público y la Policía Preventiva, forma parte de las estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana en distintos sectores de la provincia.

Durante el allanamiento principal, los agentes ingresaron a una vivienda vinculada a dos personas que no se encontraban en el lugar al momento de la intervención. En esa residencia, la policía ocupó una escopeta calibre 12, marca Maverick by Mossberg, cinco cartuchos, un kit para arma de fuego y un cargador con capacidad para 30 cápsulas, ninguno de los cuales contaba con la documentación legal requerida. Pesqueira detalló que estos elementos fueron hallados en el marco de investigaciones sobre la proliferación de armas ilegales en la región.

En simultáneo, la Policía Nacional desplegó operativos preventivos en sectores como María Auxiliadora, Las Maras, Cutupú y Las Carmelitas, donde los agentes incautaron cuatro máquinas tragamonedas que operaban de manera ilegal en comercios. Además, se retiraron de circulación diez armas blancas halladas en estos establecimientos y en la vía pública, en acciones orientadas a prevenir delitos y proteger la convivencia pacífica.

Las evidencias incautadas fueron puestas bajo control del Ministerio Público, que determinará las acciones legales correspondientes. Diego Pesqueira subrayó que la colaboración interinstitucional y el enfoque preventivo resultan esenciales para mantener el orden y la seguridad en la provincia.

La operación se produce en un contexto de intensificación de los controles policiales en República Dominicana, donde las autoridades han reforzado los allanamientos y las labores de inteligencia para combatir el crimen organizado y los delitos relacionados con armas y juegos de azar ilegales. Según datos recientes recogidos por Diario Libre, en días previos agentes de la Dirección General de Migración (DGM) y otras dependencias de seguridad han ejecutado operativos en varias provincias, incluyendo La Vega, con resultados en la detención de personas indocumentadas y la incautación de bienes ilegales.

Además, la DGM reportó la aprehensión de 946 extranjeros en condición migratoria irregular y la deportación de 907 personas en distintos operativos realizados en la última semana en coordinación con el Ejército de República Dominicana (ERD), la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT). Las operaciones de interdicción han abarcado provincias como Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega, San Pedro de Macorís y otras, según informó Diario Libre.

Fuentes institucionales destacan que la intervención en La Vega responde al aumento de denuncias vinculadas a la circulación de armas ilegales y a la proliferación de máquinas de juego sin autorización. La Policía Nacional indicó que se mantendrán los operativos de inteligencia y prevención en la provincia, con especial atención a la actuación coordinada entre las diferentes áreas del cuerpo policial y el Ministerio Público.

En los procedimientos recientes, las autoridades han priorizado el retiro de armas y objetos peligrosos de la circulación, así como la clausura de establecimientos que alojan actividades ilícitas. De acuerdo con Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, las acciones buscan “preservar el orden y la convivencia pacífica” en las distintas comunidades intervenidas.

El material decomisado, incluidas las armas de fuego, las máquinas tragamonedas y las armas blancas, permanece bajo custodia judicial mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades han reiterado su compromiso con el combate frontal a las redes delictivas y con el refuerzo de la seguridad en La Vega y otras zonas del país, en línea con las directrices del gobierno dominicano para reducir los índices de criminalidad.

Un adolescente de 16 años fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) en las últimas horas tras ser acusado de allanamiento y hurto en una vivienda de la colonia San José, en Chalchuapa, departamento de Santa Ana. Según la información proporcionada por las autoridades, el hecho ocurrió cuando el propietario de la casa salió a hacer compras, lo que fue aprovechado por el joven para ingresar y tomar dinero en efectivo.

La madre de la víctima identificó al sospechoso, Edwin B., ya que se encontraba aún dentro de la vivienda al momento de su llegada. Aunque el adolescente logró escapar, la familia presentó la denuncia ante las autoridades. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional Civil iniciaron un operativo de búsqueda y localizaron al menor en la colonia Buena Vista, en el mismo municipio de Chalchuapa.

Durante la captura, los policías recuperaron más de mil dólares en efectivo, cantidad que presuntamente corresponde al dinero sustraído. Edwin B. enfrenta cargos por allanamiento de morada y hurto, será remitido ante las instancias judiciales correspondientes, según confirmaron los voceros oficiales de la PNC.

Las autoridades han reiterado el llamado a la población para evitar involucrarse en actividades delictivas. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, quienes atenten contra la propiedad ajena deberán responder ante la justicia salvadoreña. El caso evidencia la respuesta inmediata de la policía en la zona occidental y subraya la importancia de la denuncia ciudadana para localizar y detener a los responsables de estos delitos.

Las autoridades no brindaron detalles sobre la relación del adolescente con la víctima del caso.

La PNC mantiene patrullajes constantes en diferentes sectores de Santa Ana, con el objetivo de prevenir hechos similares y garantizar la seguridad de la comunidad. Los habitantes de la colonia San José han expresado preocupación por la incidencia de estos hechos y han manifestado su respaldo a la labor policial.

¿Qué dice la ley sobre el hurto?

En El Salvador, el Código Penal vigente establece distintas penas de cárcel para el delito de hurto, dependiendo de las circunstancias en que se cometa. Estas sanciones buscan proteger la propiedad y disuadir la comisión de delitos similares.

El hurto simple, regulado en el artículo 207 del Código Penal, contempla penas de 2 a 5 años de prisión cuando el valor de lo sustraído supera los doscientos colones (más de $22.86 dólares). Esta figura aplica en situaciones donde no existen agravantes y el delito no involucra violencia ni el uso de herramientas especiales.

En el caso de hurto agravado, tipificado en el artículo 208, la condena puede aumentar a 5 a 8 años de prisión si concurren circunstancias especiales. Entre los agravantes se encuentran el uso de llaves falsas, fuerza en las cosas, o si el hurto afecta infraestructura pública, vehículos o ganado. Además, la ley contempla penas mayores si se presentan agravantes adicionales, como la actuación en grupo o el uso de métodos especialmente peligrosos.

Estas disposiciones legales buscan responder con firmeza ante los delitos contra la propiedad y ofrecen un marco claro para la actuación de las autoridades en casos como el ocurrido en Chalchuapa.

La investigación estuvo a cargo de la División Investigaciones Comunales 14 y se inició a partir de un robo ocurrido el pasado 6 de junio, cuando dos hombres conocieron a dos mujeres en un boliche del barrio porteño de Palermo.

De acuerdo con la pesquisa, las víctimas aceptaron continuar el encuentro en una barbería, donde compartieron bebidas alcohólicas junto a las sospechosas. Poco después perdieron el conocimiento y, al despertar varias horas más tarde, descubrieron que les habían robado distintos objetos de valor, por lo que realizaron la denuncia.

A partir de ese hecho, los investigadores analizaron imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir el recorrido de los involucrados. Las tareas permitieron identificar tanto a las mujeres que captaban a las víctimas como a los hombres que integraban la organización y al vehículo utilizado para concretar el robo: un Renault Logan blanco.

Con esa información, los detectives establecieron la identidad de los sospechosos y determinaron que dos de ellos residían en la Villa Zavaleta, mientras que otro se ocultaba en Castelar. Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos en ambos puntos.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos tres hombres mayores de edad y una adolescente, señalados como integrantes de la banda. Además, durante los operativos los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.

En la causa intervienen el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30, a cargo de Martín Sebastián Peluso; el Juzgado Nacional de Menores N° 3, encabezado por Julia Marano Sanchis; y el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Morón, a cargo de Ricardo Julio Fraga.

El caso se suma a otros golpes recientes contra bandas de “viudas negras” en la Ciudad de Buenos Aires. En mayo, procesaron a cuatro mujeres oriundas de Ciudad Oculta acusadas de captar hombres en un conocido boliche de Palermo para drogarlos y desvalijarlos.

Unas semanas después, en junio, otra investigación terminó con la detención de tres mujeres acusadas de integrar una red que operaba en Puerto Madero. En ese caso, las sospechosas conocían a sus víctimas en bares y boliches de la zona, las drogaban con clotiapina y luego las acompañaban hasta sus domicilios para robarles dinero, dispositivos electrónicos, joyas y otros objetos de valor. La investigación se extendió durante diez meses y permitió reconstruir el recorrido de la banda mediante el análisis de teléfonos, aplicaciones de transporte, movimientos bancarios y redes sociales.

La División Antinarcóticos de la Comarca llevó a cabo el allanamiento de dos viviendas en Cutral Co donde hallaron más de 300 dosis de cocaína listas para la venta. El procedimiento en Neuquén, que contó con autorización judicial y se concretó el viernes 18 de julio, concluyó con el secuestro de estupefacientes, una importante suma de dinero en efectivo, un vehículo y diversos elementos de interés para la investigación. Una mujer fue imputada tras el operativo y permanece supeditada al avance de la causa.

Según LM Neuquén, la investigación que derivó en los allanamientos se extendió durante 12 días y permitió identificar dos domicilios conectados con la comercialización de estupefacientes en la localidad. Una de las viviendas habría funcionado como punto de venta directa al menudeo, mientras que la otra era utilizada como depósito y espacio de ocultamiento de la droga. Al irrumpir, los efectivos de la fuerza encontraron clorhidrato de cocaína ya fraccionado, equivalente a unas 350 dosis, preparadas para su distribución inmediata. El hallazgo refuerza la hipótesis de un sistema organizado de distribución local.

Además de la droga, las fuerzas policiales secuestraron: dinero en efectivo, un automóvil y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y la comercialización de los estupefacientes. Entre los objetos incautados figuran balanzas y otros instrumentos empleados en la preparación de dosis. Durante la intervención, una mujer mayor de edad fue demorada y trasladada para cumplir con las diligencias judiciales correspondientes. Tras ser informada formalmente de la imputación, la acusada recuperó la libertad, aunque continúa bajo investigación y quedó a disposición de la Justicia.

En el operativo participaron efectivos de la División Antinarcóticos El Pehuén de Zapala, el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), el Departamento Comando Radioeléctrico y la División Tránsito de Plaza Huincul. Estas unidades especializadas brindaron apoyo logístico y de seguridad, asegurando la cobertura y la protección de la zona mientras se ejecutaban los procedimientos. La coordinación entre distintas dependencias fue clave para la concreción de los allanamientos sin incidentes.

De manera simultánea, la Policía desplegó un procedimiento contra el narcomenudeo en la ciudad de Neuquén, focalizado en el barrio Villa María, donde se desarticularon dos presuntos puntos de venta de droga. En este caso, la investigación surgió a partir de denuncias presentadas por vecinos, lo que motivó tareas de inteligencia policial. La confirmación de la actividad ilícita permitió solicitar y ejecutar órdenes de allanamiento en ambos domicilios de manera coordinada.

El despliegue policial en la capital resultó en la clausura preventiva de una de las viviendas, la detención de dos personas adultas y el secuestro de más de 73 gramos de cocaína compactada, además de 18 dosis listas para la venta y 125 gramos de cannabis sativa.

También se incautaron dos balanzas digitales con restos de cocaína, creatina utilizada para corte, seis teléfonos celulares y una suma de 234.600 pesos en efectivo. Entre los elementos retenidos figuran 71 cartuchos de diversos calibres, dos réplicas de armas de aire comprimido, una pistola calibre .22 y un arma de fabricación casera, lo que evidencia el nivel de equipamiento y protección con que contaban los involucrados.

Todos los elementos secuestrados durante los procedimientos serán incorporados como pruebas en el expediente judicial, lo que podría derivar en nuevas diligencias o imputaciones adicionales si surgen elementos comprometedores a lo largo del proceso. La seguidilla de operativos refleja una intensificación de las acciones policiales y judiciales contra la venta de estupefacientes en la provincia.

Neuquén ha implementado en los últimos años una política activa de combate al narcomenudeo, apoyada en la desfederalización de la investigación y sanción de delitos vinculados a la venta minorista de drogas. La Ley 3.488, reglamentada en 2026, facultó a la Justicia provincial a intervenir en estos casos, agilizando los procedimientos y permitiendo una respuesta más rápida ante la aparición de nuevos puntos de venta.

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutaron un operativo que culminó con el decomiso de armamento, explosivos y vestimenta con características similares a la utilizada por personal militar, en un taller de buses ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

La acción fue desarrollada en un establecimiento localizado en el barrio La Puerta, detrás de la Gran Terminal de Buses, luego de varias semanas de trabajos de inteligencia, vigilancia y seguimiento realizados por unidades tácticas de la Fuerza Naval de Honduras junto con agentes de la ATIC.

De acuerdo con el portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, la operación respondió a una investigación que permitió identificar movimientos sospechosos relacionados con el traslado de una caja tipo encomienda, la cual fue inspeccionada por las autoridades durante el despliegue.

Al revisar el paquete, los equipos de seguridad encontraron dos fusiles AR-15, dos granadas de fragmentación, cinco uniformes con características similares a los utilizados por las Fuerzas Armadas y dos cargadores para fusil sin munición, evidencia que fue asegurada de inmediato como parte del procedimiento.

Las autoridades señalaron que el hallazgo representa un importante resultado dentro de las acciones orientadas a combatir el tráfico ilegal de armas y prevenir que este tipo de material llegue a manos de estructuras criminales que operan en el país.

El operativo fue ejecutado por efectivos de la Base Naval de Puerto Cortés y del Escuadrón Canino Naval, unidades que participaron en las labores de localización, inspección y aseguramiento de la evidencia. Posteriormente, el material decomisado fue embalado siguiendo los protocolos establecidos para preservar la cadena de custodia.

Según las Fuerzas Armadas, todas las evidencias fueron remitidas a las instancias competentes para que se desarrollen los análisis forenses y las investigaciones correspondientes, con el propósito de determinar el origen del armamento, el destino del envío y la posible vinculación con organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

Las diligencias también buscan identificar a las personas involucradas en el envío, recepción y eventual utilización del arsenal incautado. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con este caso, aunque indicaron que las investigaciones continúan bajo reserva para no afectar el desarrollo del proceso.

El portavoz militar explicó que la operación fue posible gracias a la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y la investigación criminal, así como al intercambio de información de inteligencia que permitió detectar movimientos irregulares y actuar de manera oportuna.

Las Fuerzas Armadas reiteraron que este tipo de acciones forman parte de una estrategia permanente para fortalecer la seguridad ciudadana, limitar el flujo de armamento ilegal y apoyar las investigaciones dirigidas a desarticular redes vinculadas con delitos de alto impacto.

Asimismo, destacaron que la cooperación entre los cuerpos de seguridad continuará reforzándose mediante operaciones de vigilancia, patrullajes e intervenciones focalizadas en distintos puntos del territorio nacional, especialmente en zonas consideradas estratégicas para el tránsito de armas y otros ilícitos.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para colaborar con información que contribuya a identificar actividades sospechosas relacionadas con el transporte, almacenamiento o comercialización ilegal de armamento, recordando que las denuncias ciudadanas representan una herramienta importante para prevenir hechos delictivos.

Mientras avanzan las investigaciones, el arsenal decomisado permanecerá bajo resguardo de las autoridades competentes, que determinarán mediante peritajes especializados si las armas y explosivos han sido utilizados anteriormente en la comisión de otros delitos dentro del país.

El martes por la tarde en la ciudad de Balcarce, la policía llevó a cabo un operativo que resultó en la aprehensión de un joven de 26 años acusado de producir, comercializar y distribuir pornografía infantil. La intervención se realizó en una vivienda ubicada en calle 5 al 300, entre las calles 8 y 10, a cargo de personal de la SubDDI Balcarce, dependiente de la DDI Mar del Plata.

La investigación se inició tras un reporte recibido por el National Center for Missing & Exploited Children (Ncmec), organización con sede en Estados Unidos que colabora con múltiples jurisdicciones internacionales. La causa comenzó el 31 de marzo, cuando el Ncmec detectó la manipulación y distribución de material con contenido de abuso sexual infantil a través de un dispositivo conectado a Internet en la ciudad de Balcarce.

Tras recibir la alerta, las autoridades argentinas iniciaron una serie de acciones para identificar al responsable, contando para ello con la colaboración de una empresa de telefonía que facilitó información clave sobre la línea telefónica vinculada con el dispositivo investigado. El análisis de esos datos permitió identificar al propietario del teléfono y solicitar a la justicia una orden de allanamiento y secuestro.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron un teléfono celular Motorola Moto E15 que será sometido a pericias técnicas con el objetivo de determinar si contiene archivos, comunicaciones o cualquier otro elemento de interés para la causa. Tanto el operativo como las tareas de investigación estuvieron supervisados por la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Balcarce, encabezada por el fiscal Rodolfo Moure.

Sin embargo, el joven recuperó la libertad tras cumplir los recaudos legales establecidos en el artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense, mientras la investigación continúa para determinar el alcance de su responsabilidad y si existen otras personas involucradas. El caso se mantiene bajo estricta reserva judicial, aunque fuentes policiales indicaron que los peritajes sobre los dispositivos electrónicos resultan centrales para la recolección de pruebas.

Pornografía infantil en Mar del Plata

En el contexto de la lucha contra los delitos informáticos vinculados al abuso sexual infantil, Mar del Plata también fue escenario de una serie de allanamientos coordinados a nivel provincial. Este despliegue, formó parte del Operativo Protección de las Infancias VII, impulsado por los fiscales referentes en Grooming, Ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, bajo la conducción del Procurador General Julio Conte-Grand.

Seis meses después del último megaoperativo, más de un centenar de procedimientos se realizaron simultáneamente en diferentes distritos bonaerenses. En Mar del Plata, las acciones incluyeron cinco allanamientos focalizados en la distribución de material de abuso sexual infantil, así como la investigación de la posible producción y tenencia de ese tipo de archivos y el acoso sexual en línea.

Los operativos se efectuaron en los barrios Nueva Pompeya, Parque Independencia, Malvinas Argentinas, Jorge Newbery y Las Avenidas. Durante los procedimientos, se secuestraron computadoras, teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento, que serán objeto de análisis forense. Entre los imputados figura un ex policía exonerado, junto con otras personas notificadas de la formación de la causa penal.

El proceso judicial se encuentra en etapa de instrucción, y los acusados serán citados a declarar una vez concluidos los peritajes sobre los equipos secuestrados. Las imputaciones se enmarcan en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino, que sancionan la producción, distribución, tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil, así como el acoso sexual en línea a menores de edad.

Las investigaciones buscan establecer posibles conexiones entre los casos detectados y la existencia de redes de distribución a nivel nacional o internacional. Los procedimientos recientes refuerzan el compromiso de la justicia y las fuerzas de seguridad con la protección integral de las infancias y la persecución penal de quienes vulneran sus derechos.

La Fiscalía Federal de Gualeguaychú desarticuló una organización que producía y distribuía cigarrillos apócrifos en cinco provincias, en una causa que detectó una planta clandestina con capacidad para fabricar 700 millones de unidades al año y una maniobra que habría generado ganancias ilícitas por USD 32 millones.

En el operativo “MK8” se secuestraron: 54 toneladas de tabaco, alrededor de 14 millones de estampillas fiscales falsas y maquinaria industrial apta para sostener una producción masiva. Según informó el Ministerio Público Fiscal, también se realizaron 24 allanamientos simultáneos y fueron imputadas cinco personas, mientras continúan las medidas de prueba.

De acuerdo con la fiscalía, la estructura se dedicaba a la producción, distribución y comercialización de cigarrillos con marcas falsificadas, estampillas fiscales apócrifas y productos sin la registración tributaria exigida. Los representantes de la tabacalera de las dos marcas afectadas sostuvieron que se trata de la mayor estructura de producción ilegal de cigarrillos registrada en la historia de Argentina.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, encabezada por el fiscal federal subrogante Pedro Mariano Rebollo y el auxiliar fiscal Matías Emmanuel Silva. Las medidas solicitadas por ambos fueron autorizadas por el Juzgado Federal de la jurisdicción, a cargo de Hernán Viri.

La causa se inició en julio de 2024 a partir de información aportada por personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina sobre la comercialización de cigarrillos presuntamente apócrifos en comercios de Gualeguaychú y otras localidades de Entre Ríos.

Ante la posibilidad de una red de distribución más amplia, el Ministerio Público Fiscal abrió actuaciones preliminares y encomendó tareas para identificar a los proveedores, los canales logísticos y el origen de la mercadería. El expediente investiga, además de la falsificación de marcas y la adulteración de estampillas fiscales, una posible evasión fiscal y maniobras de lavado de activos vinculadas con las ganancias obtenidas.

La investigación del caso

Las primeras medidas incluyeron vigilancias, compras controladas, análisis de documentación comercial y seguimientos sobre los circuitos de distribución. Con el avance de la pesquisa se sumaron intervenciones telefónicas, análisis de movimientos logísticos y relevamientos patrimoniales.

Para la fiscalía, esos elementos permitieron establecer vínculos comerciales permanentes entre los integrantes de la organización y reconstruir el recorrido de la mercadería desde su origen hasta los puntos de venta. También se detectaron envíos regulares hacia Entre Ríos y otras jurisdicciones, además de depósitos, galpones y centros de distribución usados para almacenar y redistribuir los productos.

Uno de los hallazgos centrales fue la identificación de una planta tabacalera en la ciudad de San Luis. Los investigadores llegaron hasta ese establecimiento después de varios meses de seguimiento del recorrido de la mercadería mediante remitos, observaciones directas y tareas de inteligencia desarrolladas también en San Juan y Mendoza.

Según el expediente, los cigarrillos se elaboraban en esa planta y desde allí se distribuían a distintos puntos del país mediante empresas transportistas y una red de distribuidores que abastecía a comercios minoristas. La investigación también detectó indicios de operaciones transfronterizas vinculadas con el ingreso y egreso de mercadería hacia países vecinos.

El Ministerio Público Fiscal sostuvo que la fábrica funcionaba detrás de una estructura societaria aparentemente legítima. Las tareas de campo permitieron detectar “ruidos compatibles con el funcionamiento de maquinaria”, además de movimientos de transporte y otros indicios de una línea de producción activa.

Las vigilancias también registraron maniobras de carga y descarga de cajas compatibles con cartones de cigarrillos, entregas en comercios minoristas y movimientos logísticos coordinados entre distintos integrantes. En procedimientos encubiertos se constató la venta de esos productos sin exhibición al público y con cobros en efectivo, una modalidad que buscaba reducir la trazabilidad de las operaciones.

El procedimiento se llevó a cabo este miércoles, luego de una investigación por narcomenudeo encabezada por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de las comisarías de San Fernando.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, testimonios y tareas de inteligencia encubiertas, los investigadores lograron identificar a los cuatro integrantes de la organización, quienes presuntamente se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en la zona.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron un revólver calibre .22 marca Galand, que registraba un pedido de secuestro por robo, además de dos municiones calibre .22, cuatro calibre .32 largo, dos de 9 milímetros y una calibre .380.

También incautaron una remera y una gorra con insignias de la Policía Bonaerense, 170 envoltorios con cocaína, con un peso total de 195 gramos, y 213 envoltorios con marihuana, que totalizaron 865 gramos. Además, secuestraron cinco teléfonos celulares, una balanza de precisión y distintos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la droga.

Los detenidos fueron identificados como Luis Alberto Chávez, de 19 años; Pablo David Farías, de 43; Nicolás Ariel Saavedra, de 32; y Guillermo Adrián Saavedra, de 34.

La causa se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Investigaciones de Drogas Ilícitas de San Fernando, encabezada por el fiscal Federico González.

Tras más de seis meses prófugo, la Policía de Investigaciones detuvo este miércoles 24 de junio en Villa Constitución a Luis Jonathan Gómez, alias “Polaco”, de 31 años, buscado desde diciembre de 2025 por una causa de violencia de género, lesiones graves, amenazas calificadas y tentativa de robo.

El operativo se realizó en una vivienda precaria de Rosario, provincia de Santa Fe, luego de una serie de allanamientos que incluyeron también intervenciones en la vecina localidad bonaerense de San Nicolás. La investigación contra Gómez se inició tras un episodio ocurrido el 16 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la Fiscalía local, la noche del 16 de diciembre, el acusado incumplió una orden de restricción de acercamiento y atacó a su ex, provocándole graves heridas. La víctima debió recibir atención médica tras el violento ataque y además, el episodio derivó en un pedido de captura emitido por la Fiscalía de Villa Constitución, que desde entonces buscaba al hombre de 31 años.

El caso generó preocupación en la comunidad desde que se conocieron los hechos y la posterior fuga del sospechoso. A partir de esa fecha, la búsqueda de “Polaco” se mantuvo como una prioridad para las autoridades policiales y judiciales. El caso fue tratado como uno de alto riesgo por el nivel de violencia desplegado y el incumplimiento de las medidas judiciales de protección.

Durante los meses siguientes, la investigación incluyó múltiples allanamientos y seguimientos. Según reportó La Capital, la fiscalía difundió imágenes del acusado y solicitó la colaboración de la población para dar con su paradero. El pedido de ayuda fue replicado en redes sociales y medios locales, alertando a la ciudadanía sobre la peligrosidad del prófugo.

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante siete operativos en distintos puntos de Villa Constitución y otros dos en la ciudad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. El despliegue de recursos incluyó la coordinación con fuerzas de distintas jurisdicciones y el monitoreo de movimientos sospechosos vinculados al entorno de Gómez.

La detención del “Polaco”

La PDI desplegó un nuevo operativo bajo la coordinación del fiscal Ramiro Martínez. Los primeros allanamientos resultaron infructuosos para dar con el paradero de “Polaco”. Sin embargo, durante uno de ellos, en el barrio Unión Sur, los agentes observaron una maniobra sospechosa de un habitante de la vivienda.

Tras una requisa, hallaron 17,6 gramos de cocaína y seis teléfonos celulares. Por ese hallazgo, Diego Armando G., familiar del prófugo, quedó detenido bajo cargos de tenencia de estupefacientes con presuntos fines de comercialización. Horas más tarde, los investigadores recibieron información sobre un posible escondite de Gómez.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por Rosario3, el despliegue de los operativos y la colaboración de distintos testigos resultaron determinantes para concretar la detención. Con autorización judicial, ingresaron a una vivienda precaria donde finalmente lo localizaron y lo arrestaron. En ese lugar secuestraron también una motocicleta Honda Wave de 110 centímetros cúbicos, mencionada en otra causa por tentativa de robo calificado, además de un teléfono celular.

Luego de su detención, Luis Jonathan Gómez fue trasladado al módulo de detención de la Unidad Regional VI. Permanece a disposición de la Justicia y en los próximos días será llevado a una audiencia imputativa en los Tribunales Provinciales de Villa Constitución. Allí la Fiscalía formalizará todos los cargos por: violencia de género, lesiones graves, amenazas y tentativa de robo.

La audiencia permitirá avanzar hacia el juicio oral y público, una instancia esperada tanto por la víctima como por los organismos de protección de derechos. La captura del “Polaco” representa un avance clave en una causa que mantuvo en alerta a las autoridades y provocó inquietud en la sociedad por la prolongada condición de fuga del principal sospechoso.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a Lautaro G., de 18 años, como sospechoso de haber participado en el asesinato de Nehemías José Altamirano, quien perdió la vida tras recibir varios disparos el 13 de mayo en Villa Gobernador Gálvez. Esta detención se concretó luego de dos allanamientos ordenados por el fiscal Franco Miatello, en una causa que ya contaba con otro arresto y el secuestro de armas, municiones, teléfonos celulares y prendas vinculadas al expediente.

Los procedimientos que derivaron en la última detención se llevaron a cabo en dos domicilios de José Ingenieros al 0, con apoyo de grupos de irrupción de la Unidad Regional II. En uno de los allanamientos se secuestró una escopeta recortada calibre 12, un cartucho del mismo calibre, un revólver calibre 32 largo, municiones, teléfonos celulares y un chip telefónico. Además, se incautaron prendas de vestir relevantes para la causa.

El joven quedó a disposición de la Justicia, bajo la órbita del fiscal Miatello. La medida se enmarca en la investigación por el homicidio de Altamirano, quien fue encontrado herido en la vía pública y falleció antes de poder ser asistido por los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). El informe médico confirmó que presentaba heridas de arma de fuego en el tórax y en uno de los brazos, lesiones que resultaron mortales.

Por otro lado, la investigación ya había avanzado el 18 de mayo con la captura de un hombre de 47 años, también relacionado con el caso. En ese operativo, la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) incautó: una pistola calibre 380 con cargador y municiones, dos escopetas, tres rifles de aire comprimido, más de 130 cartuchos, cuatro teléfonos celulares, 1.820 dólares y una suma superior a 13 millones de pesos. Todos estos elementos fueron incorporados a la causa como pruebas fundamentales para esclarecer el crimen de Altamirano.

Las pericias realizadas en la escena del crimen determinaron que en el ataque se utilizaron varias armas de fuego, ya que se hallaron restos de proyectiles de distintos calibres. Ese dato orientó las hipótesis iniciales del hecho y definió el rumbo de la investigación, ya que permitió deducir la participación de más de un agresor o la utilización de diferentes tipos de armas en el ataque.

El crimen de Altamirano

La noche del 13 de mayo, poco después de las 21, varios llamados al 911 alertaron sobre detonaciones de arma de fuego en un pasillo de Comandante Espora al 100 bis. Personal policial halló a Nehemías Altamirano, de 19 años, tirado en el suelo con múltiples heridas de bala. El personal médico confirmó el fallecimiento del joven en el lugar.

Las tareas de la Unidad Especial en Violencias Altamente Lesivas y la Policía de Investigaciones incluyeron el relevamiento del sitio, la toma de fotografías, la búsqueda de imágenes de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios de vecinos. Cerca del cuerpo se hallaron alrededor de 20 vainas servidas de distinto calibre, dos plomos y un cartucho intacto.

Las pericias confirmaron el uso de varias armas y reforzaron la hipótesis de un ataque directo, perpetrado por al menos dos personas. El ataque se produjo en un pasillo, lo que sugiere que los agresores se acercaron a la víctima con la intención de ejecutarlo. La autopsia, ordenada por la fiscal Agustina Eiris, determinó que la muerte fue instantánea debido a la gravedad de las heridas en el tórax.

El crimen de Altamirano fue el segundo homicidio registrado en Villa Gobernador Gálvez en lo que va del año y el segundo en el departamento Rosario durante el mes de mayo. La magnitud del ataque, la cantidad de proyectiles y el uso simultáneo de diferentes armas reforzaron la gravedad del caso e impulsaron una investigación con múltiples allanamientos en busca de los responsables materiales.

Un operativo realizado en un campo de la localidad de La Criolla, departamento Concordia, en la provincia de Entre Ríos, expuso una presunta situación de trata de personas con fines de explotación laboral que sacudió a la comunidad y encendió las alarmas sobre las condiciones en que se desarrolla parte del trabajo rural en la región.

El procedimiento, impulsado por una denuncia anónima, fue coordinado por la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina bajo la supervisión de la Fiscalía Federal de Concordia y con la intervención del Juzgado Federal local.

Según la información publicada por el medio local ElOnce, la investigación se inició a partir del reporte de presuntas irregularidades laborales y habitacionales en el predio. Según los datos reunidos por los investigadores, los trabajadores vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad, residiendo en estructuras precarias sin terminar y con acceso deficiente a servicios esenciales. Las primeras inspecciones permitieron constatar que las edificaciones carecían de puertas, ventanas y sistemas de calefacción, una situación incompatible con cualquier estándar de alojamiento digno.

La gravedad de los hallazgos llevó a las autoridades a profundizar la pesquisa. Los elementos recolectados en las tareas preliminares fueron incorporados a la causa, que busca determinar si los hechos investigados pueden ser tipificados como delitos de trata con fines de explotación laboral. La Fiscalía Federal avanzó con el pedido de allanamiento para asegurar pruebas materiales y documentales que permitan esclarecer la situación de las personas involucradas en el caso.

Durante el relevamiento, se constató que las personas vivían expuestas a condiciones ambientales adversas y sin los resguardos mínimos para garantizar su integridad. La descripción de los espacios habitacionales y el estado general de las instalaciones fueron considerados por los agentes intervinientes como “incompatibles con la dignidad humana”, según se informó oficialmente tras el operativo.

Los elementos recogidos durante la inspección fueron incorporados al expediente judicial. El estado de las viviendas fue evaluado como un indicio relevante para determinar la existencia de una posible explotación laboral, en tanto configura una vulneración de derechos básicos establecidos por la normativa argentina y los tratados internacionales suscritos por el país.

Otro aspecto central de la pesquisa fue la revisión de la situación registral de los trabajadores. Los empleados del campo no se encontraban formalmente registrados, lo que suponía la ausencia de cobertura social, aportes previsionales y el acceso a derechos laborales previstos por la legislación vigente. Esta falta de formalización constituye uno de los principales indicadores de vulnerabilidad y facilita la existencia de situaciones de explotación.

En el marco del procedimiento judicial, la Justicia Federal dispuso el secuestro de documentación laboral y otros elementos de interés para el expediente. Las pruebas recolectadas serán analizadas para determinar las responsabilidades de los propietarios o encargados del establecimiento y establecer si existieron conductas que encuadren en la figura penal de trata de personas.

Las medidas adoptadas por la Fiscalía Federal de Concordia buscan garantizar la protección de los trabajadores y el efectivo cumplimiento de los derechos laborales. El avance de la investigación permitirá esclarecer si, además de las condiciones habitacionales, existieron otras formas de vulneración, como jornadas excesivas, salarios por debajo de lo establecido o retención de documentos personales.

La causa judicial continúa en etapa de instrucción y los investigadores analizan los elementos recabados para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados.

Durante un operativo llevado a cabo el viernes por la madrugada, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a dos hombres e incautó armas, droga y teléfonos. Se realizaron un total de 35 allanamientos en Rosario por el crimen del agente Rodolfo Manfredi, en una causa que además busca determinar quién disparó contra la patrulla y qué hacían los efectivos en ese sector.

Entre lo secuestrado hubo: 3 armas de fuego, 162 municiones de distintos calibres, 358 envoltorios de clorhidrato de cocaína, 86 gramos adicionales de esa sustancia, varias dosis de marihuana, elementos de corte y fraccionamiento, dos balanzas de precisión, 26 celulares y un Posnet, de acuerdo con la PFA.

Manfredi fue asesinado durante una balacera entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en Villa Banana. La investigación quedó en manos de la Fiscalía Federal de Rosario, a cargo de Santiago Alberdi, y de la Fiscalía de la Acusación, encabezada por Laura Ricardo, mientras que el juez de Garantías Carlos Vera Barros ordenó los operativos tras una serie de pruebas reunidas por los investigadores.

Los detenidos

Durante la jornada del sábado, la fiscal Ricardo imputó a Luis M., uno de los demorados por el ataque, mientras que su hermano Juan Carlos M. fue liberado después del análisis de la evidencia reunida en operativos realizados en la zona oeste y otras medidas de seguridad.

Luis M., de 42 años, habia sido internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Había ingresado el viernes con una herida de arma de fuego y, tras recibir el alta, fue trasladado bajo custodia policial en una causa que corre en paralelo con actuaciones de la Justicia federal, según La Capital.

Fue Juan Carlos M. quien lo llevó al hospital en un vehículo particular después de la balacera, por lo que también quedó demorado al inicio de la pesquisa. El primer parte médico indicaba que el paciente tenía una lesión en el tórax, pero su estado mejoró en las horas siguientes y la policía lo retiró del centro de salud con autorización del Ministerio Público de la Acusación.

La Fiscalía Regional de Rosario confirmó que Juan Carlos M. seguirá vinculado a la causa penal, aunque no había elementos suficientes para imputarlo por el crimen ni por otros delitos asociados a ese episodio. Además se señaló que es probable que Luis sea imputado durante la próxima semana.

La reconstrucción del hecho

Un agente de la Policía Federal fue asesinado en Rosario durante un tiroteo ocurrido cerca de las 22 en el barrio Villa Banana, donde también resultaron heridos otro efectivo y el detenido, en un ataque que dejó además el robo del arma reglamentaria de la víctima y derivó en la detención de dos sospechosos, según la información del caso.

El policía fue identificado como Rodolfo Manfredi, de 30 años. Según la información policial, los agentes que llegaron a la intersección de 27 de Febrero y Gutenberg lo encontraron tendido en la vía pública, con varios impactos de arma de fuego y sin su pistola reglamentaria, que habría sido sustraída.

También fue herido el cabo Emilio Miguel Gómez Villafañe, de 34 años. El agente ingresó al Hospital Italiano con dos disparos en el abdomen y fue sometido a una cirugía después de que sus compañeros lo trasladaran de urgencia.

La secuencia comenzó con un llamado que alertó sobre personas baleadas en la calle. El episodio movilizó a personal de la Comisaría 19na y a unidades de la Agrupación de Unidades de Orden Público. La investigación sigue en curso para establecer cómo se produjo el tiroteo, identificar a los agresores y recuperar el arma reglamentaria robada a Manfredi.

Dos agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) quedaron presos en Reconquista acusados de filtrar información sobre 18 allanamientos antidrogas realizados el 29 de mayo en Avellaneda. Esta maniobra frustró gran parte del operativo justo cuando la investigación empezó a detectar avisos previos dentro de los entornos familiares de los sospechosos, lo que permitió ocultar droga.

Los imputados son Estefanía Oviedo y Ariel Sena, integrantes de la Policía de Investigaciones, acusados de encubrimiento agravado por su condición de miembros de una fuerza de seguridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, según Rosario3. La prisión preventiva sin plazo fue dispuesta por el juez Mauricio Martelossi, a pedido de los fiscales.

Según el fiscal Sebastián Galleano “el resultado de estos allanamientos se vio frustrado” y de los 18 objetivos allanados solo hubo resultados incriminantes en dos. Ese rendimiento activó las sospechas sobre una filtración y abrió una pesquisa con análisis de líneas telefónicas, capturas de pantalla, testimonios y cruces de información.

Uno de los elementos que incorporó la Fiscalía surgió en una escuela primaria de Avellaneda. Según Carbone, una vicedirectora informó que una alumna de sexto grado le contó que llevaba marihuana y una balanza de precisión entre sus útiles porque su madre le había ordenado esconderlos al saber que “iba a haber allanamientos” en su casa.

“El colmo fue una niña de sexto grado que llegó a la escuela con una balanza y con papelillos y bolsitas de droga donde la madre le había dicho que se lleve todo eso porque iban a haber allanamientos y ya estaba avisada”, declaró Carbone ante el juez. Ese episodio se sumó a llamados al 911 y a denuncias hechas en el Centro Territorial de Denuncias.

La causa empezó precisamente con una denuncia presentada en ese centro. Desde allí, fiscales y personal de Asuntos Internos reconstruyeron la secuencia que terminó por vincular a Oviedo y Sena con la maniobra. “Con el grado de probabilidad requerido en esta instancia del proceso, pudimos vincularlos a los hechos investigados”, sostuvo Galleano.

El jefe de Microtráfico sostuvo además que la Fiscalía acreditó que el bajo resultado de los procedimientos fue consecuencia directa de la filtración atribuida a los dos agentes, de acuerdo con Rosario3. En esa misma exposición remarcó que en el operativo participaron más de 100 efectivos.

Carbone expresó: “Después de filtrar todo esto quisieron inculpar a un montón de otras personas, jefes de Policía de Investigaciones, compañeros de ellos. Nos quisieron hacer creer que esto era de una determinada manera”. El fiscal agregó que la información falsa incorporada por los sospechosos puso a la propia Fiscalía al borde de decisiones equivocadas. “Estuvimos a punto de cometer errores judiciales en cabeza de la Fiscalía por culpa de estas dos personas”, declaró.

La pesquisa avanzó con rapidez y según contó Carbone a Rosario3, el nombre de Oviedo apareció en las primeras informaciones recibidas durante los procedimientos, y para el viernes siguiente ya había elementos para detenerla; después, el análisis de los teléfonos durante varios días permitió establecer su vínculo con Ariel Sena.

La investigación también apunta a un intento de desviar responsabilidades y el expediente podría no terminar en los dos arrestados. Diego Vigo señaló: “Entendemos que esto es la punta del iceberg”, al tiempo que destacó la coordinación entre distintas áreas del Ministerio Público de la Acusación para detectar la filtración mientras los allanamientos todavía estaban en marcha.

Por su parte, Galleano mantuvo cautela sobre nuevas detenciones, aunque reconoció que ya existen indicios sobre otras personas. “Hay terceras personas que estarían involucradas y hay que desplegar una investigación que nos permita reunir elementos de convicción para traerlas al proceso”, afirmó.

Una investigación de 13 meses permitió a las autoridades de Río Negro desarticular una red narco que distribuía cocaína y marihuana entre el Alto Valle y la zona de Bariloche. El operativo, denominado Acción Unificada contra el Delito (AUDI), se concretó el 30 de mayo: movilizó a 120 efectivos, desembocó en allanamientos simultáneos en nueve domicilios, ocho de ellos en Allen y uno en Bariloche.

De acuerdo con Río Negro, la investigación permitió reconstruir el circuito de abastecimiento, traslado y distribución de estupefacientes. El grupo intervenía principalmente en el movimiento de marihuana y cocaína, productos que se encontraban listos para su fraccionamiento y venta al menudeo en distintos puntos de la provincia. Como resultado, dos personas fueron detenidas, otras cinco imputadas y se incautaron más de 2,7 kilogramos de droga.

En los allanamientos se incautaron cerca de 1,6 kilos de cocaína y 1,1 kilos de marihuana, parte de la cual estaba acondicionada para el transporte y su distribución en distintos puntos de la provincia. La cocaína incautada estaba compactada en ladrillos rectangulares con marcas identificatorias, lo que podría ayudar a rastrear su origen o ruta de distribución. Por otro lado, la marihuana se encontraba acondicionada en bolsas herméticas recubiertas con grasa, una técnica utilizada para dificultar su detección durante el transporte.

Además, los investigadores secuestraron celulares, balanzas de precisión, máquinas contadoras de billetes y dinero en efectivo: $2.486.250, USD 16.400 y 205 euros, que quedaron incorporados al expediente que tramita en la Justicia Federal. La pesquisa también derivó en el secuestro de tres armas de fuego y tres vehículos que habrían sido utilizados en maniobras vinculadas al negocio.

Las tareas de inteligencia permitieron ejecutar allanamientos coordinados y simultáneos en ambas ciudades. Dos hombres quedaron detenidos y otras cinco personas vinculadas a la causa bajo la Ley de Estupefacientes, mientras la Justicia Federal continúa el análisis de los elementos secuestrados para profundizar la pesquisa.

Durante la misma jornada del sábado, se realizaron allanamientos en la provincia de Neuquén por un caso reciente de narcotráfico. La organización que operaba desde el centro de Añelo comenzó a ser investigada hace dos meses tras una denuncia anónima.

El operativo incluyó siete allanamientos, cinco en Añelo y dos en El Chañar, lo que permitió secuestrar 1,3 kilogramos de cocaína, casi cinco kilos de marihuana y cerca de cinco millones de pesos en efectivo. Además, la policía incautó una pistola Glock calibre 9 milímetros, partes de un rifle, balanzas digitales, dispositivos electrónicos para cobrar ventas, vehículos de distintas marcas y una motocicleta tipo enduro.

La causa de Añelo derivó en la detención de dos mujeres y un hombre, y sumó nuevos allanamientos en Andacollo y en el barrio Confluencia de Neuquén capital, donde también se incautaron drogas y dinero. Las autoridades continúan trabajando para determinar posibles ramificaciones y la existencia de más involucrados en la red.

De acuerdo con el medio Contexto Tucumán, las redes narco en Argentina suelen operar con esquemas logísticos complejos, utilizando vehículos particulares para el traslado de estupefacientes. Los denominados “patrones” contratan choferes, mecánicos y personal de apoyo para acondicionar vehículos, establecer rutas alternativas y eludir controles policiales. Estas redes, que en ocasiones funcionan solo como transporte, también participan en el acopio, distribución y comercialización local.

El narcomenudeo y la disputa territorial han incrementado la violencia, lo que alimenta el mercado interno. Los cargamentos suelen fraccionarse en trayectos cortos y postas, y la droga se almacena en distintos puntos hasta llegar a los grandes centros de consumo o a mercados internacionales. Las causas del Alto Valle y de Añelo, continúan abiertas bajo análisis judicial, con posible ampliación de imputaciones. En ambos casos, el despliegue coordinado fue clave para romper la estructura.

Una funcionaria del Municipio de Morón quedó acusada de integrar una presunta banda narco luego de que la Policía Federal Argentina hallara 509 gramos de cocaína en una vivienda de su propiedad durante allanamientos en Morón y Merlo. Se trata de Luna Suyai Ortigoza, quien fue desvinculada de su cargo y es buscada por la Justicia ya que no fue encontrada en la vivienda.

El operativo incluyó ocho allanamientos en inmuebles usados para acopio y venta de estupefacientes en Castelar y Libertad, partido de Merlo, y fue supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. En uno de los procedimiento que se realizó en un domicilio de la calle Isabel Pardo al 2500, la Policía Federal Argentina secuestró cocaína en una piedra compacta, tipo ladrillo y fragmentos de marihuana, distribuidos entre la cocina y la habitación principal.

Durante los operativos hubo un detenido y se secuestraron 1,7 kilos de cocaína, 241 gramos de marihuana, dos balanzas digitales, $24.800 en efectivo, un revólver calibre 32, un cargador calibre 22, municiones, tres teléfonos celulares y documentación, según Primer Plano Online.

El único arrestado informado fue identificado como Norberto Hernán Aliano de 41 años, acusado por comercio y tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización. Los investigadores también incautaron celulares que serán analizados para sumar prueba a la causa.

Voceros del Municipio señalaron que Ortigoza estaba de vacaciones en la casa de su madre y que manifestó su intención de presentarse ante la justicia “cuanto antes”. También alegó, siempre según esa versión, que había iniciado una relación de pareja y que un joven empezó a dejar pertenencias en su casa.

La investigación de la funcionaria de Morón

La investigación había comenzado en marzo tras una denuncia anónima sobre maniobras de narcotráfico en la localidad de Castelar y hay al menos ocho personas señaladas como integrantes de la organización. Tras el operativo, el intendente Lucas Ghi dispuso apartarla del cargo y dio de baja su contrato mientras avanza la investigación sobre su presunto vínculo con la actividad ilícita.

La causa está a cargo de la Fiscalía N° 9 de Morón, con los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, y los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de la jueza Laura Mariel Pinto que incluyó requisas en los siguientes domicilios: Pasaje Florit al 3600, Eduardo Cogliatti al 3500, Gabriel Miró al 3000, 14 de Julio al 3300, Presidente Ortiz al 3800 Y Zabaleta al 500.

Los investigadores identificaron una modalidad de venta “delivery”: un integrante almacenaba la droga y otro la distribuía y comercializaba en motocicleta. También detectaron cambios frecuentes de puntos de venta entre distintas viviendas de Castelar para evitar ser descubiertos. Las pruebas recolectadas en los allanamientos reforzaron esta hipótesis del narcomenudeo, de una estructura dedicada a la venta directa de drogas en pequeñas cantidades.

Los investigadores señalaron que la banda utilizaba distintos domicilios para almacenar y preparar las sustancias, y que la distribución se realizaba mediante entregas rápidas, sobre todo a través de motocicletas. Este esquema de comercialización permitió a los sospechosos moverse con agilidad y cambiar frecuentemente los puntos de venta para eludir a las fuerzas de seguridad, replicando una lógica de narcomenudeo extendida en el conurbano bonaerense.

Tras conocerse el resultado del operativo, el Municipio de Morón comunicó la desvinculación inmediata de la funcionaria. En un parte oficial, el gobierno local afirmó que “en el marco de los allanamientos impulsados desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana para combatir el delito en el distrito, fueron hallados estupefacientes en una propiedad perteneciente a una funcionaria municipal del área de Políticas de Género”.

“La gestión municipal ratifica su compromiso con la transparencia institucional, el cumplimiento de la ley y el acompañamiento a todas las acciones destinadas a garantizar la seguridad de los vecinos de Morón”, concluyó el comunicado.

La investigación por la desaparición de Axel Alejandro González avanzó de manera significativa con allanamientos simultáneos en cuatro domicilios de Fontana y Puerto Tirol, que derivaron en la detención de cuatro personas y el secuestro de elementos considerados clave para la causa. Las diligencias se realizaron bajo la coordinación de la Dirección de Investigaciones Complejas y con la intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 14 de la provincia de Chaco.

Axel Alejandro González, de 21 años, fue visto por última vez a principios de mayo, cuando, según testimonios de su entorno, salió del barrio Takay en Puerto Tirol con destino a la vivienda de su novia en Puerto Vicentini. Desde entonces, su paradero es desconocido y la falta de comunicación encendió la alarma en su familia, que inició la búsqueda y radicó la denuncia.

El caso se tornó prioritario para las autoridades provinciales, que activaron un protocolo de emergencia e involucraron a distintas áreas especializadas para intentar dar con el joven. La Policía del Chaco precisó que el operativo de búsqueda incluyó la colaboración de equipos del Departamento de Canes, el COE y otras divisiones especializadas. Las tareas de rastrillaje se extendieron por distintos sectores de Fontana, la ribera del riacho Arazá y predios aledaños a lagunas cloacales de Sameep.

La Dirección de Investigaciones Complejas detalló que las detenciones se produjeron en el marco de la estrategia para identificar a los posibles responsables de la desaparición forzada de González. Además de canes, se utilizó luz ultravioleta sobre ropa de cama, un procedimiento estándar para la detección de rastros biológicos o manchas no visibles a simple vista. Junto a las detenciones, durante los allanamientos, la policía incautó diez teléfonos celulares, prendas de vestir y otros objetos de interés.

El análisis de la evidencia incautada durante los allanamientos quedó a cargo del Departamento Cibercrimen, que avanza con la extracción de datos de los dispositivos electrónicos y la revisión de imágenes captadas por cámaras de vigilancia. Según la Fiscalía de Investigación Penal N° 14, los resultados de las pericias tecnológicas serán determinantes para reconstruir los últimos movimientos de González y definir la responsabilidad de los detenidos.

La mamá del joven sugiere que policiales plantaron evidencia

En paralelo a los operativos, la madre del joven, María Gómez, planteó serias dudas sobre la transparencia de la investigación. Según relató, una ojota atribuida a su hijo fue hallada en un sector que ya había sido inspeccionado, lo que alimentó sospechas de que la evidencia fue plantada y la escena está manipulada. A raíz de estas denuncias, la fiscalía abrió una investigación paralela para determinar si existió intervención irregular de personal policial.

“Hay cosas que no puedo hablar. No me cierra esa otra ojota que encontraron porque el día antes hicieron un rastrillaje, revisaron todo y la ojota no estaba y ayer fuimos y la ojota estaba”, declaró la mujer. Previamente, María Gómez señaló a dos agentes de la policia como posibles responsables.

La ficha difundida por la fiscalía describe a Axel González como un joven de 1,70 metros de altura, contextura delgada, tez blanca, cabello negro enrulado, tatuaje con el nombre Lautaro en el brazo derecho y una tobillera tejida de color rosado o morado. Vestía pantalón de acetato negro, medias de Boca Juniors, ojotas blancas y una campera inflable negra.

La policía mantiene habilitados los canales de contacto en la Comisaría de Puerto Tirol y el servicio de emergencias 911 para recibir información relacionada con el caso. El trabajo interdisciplinario entre las divisiones continuará en los próximos días, con la expectativa de que los análisis técnicos y los testimonios permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.

Un delincuente de 24 años fue aprehendido este miércoles en La Plata acusado de haber entrado a robar a la casa de una jubilada de 84 años, mientras la mujer estaba dentro de la vivienda. A pesar de su corta edad, no era un principiante: registraba once antecedentes previos en causas penales.

El hecho ocurrió el 11 de mayo y derivó en un allanamiento realizado dos días después por personal de la Comisaría 5ª.

Según confiaron fuentes policiales, la víctima denunció que estaba en su domicilio cuando advirtió la presencia de un hombre dentro de la casa. Al ser descubierto, el sospechoso huyó rápidamente, saltó el paredón y escapó con una caja pequeña. Poco después, la mujer notó la ausencia de una planchita de pelo.

A partir de la denuncia, el Gabinete Técnico Operativo de la seccional comenzó a relevar cámaras de seguridad de la zona y a tomar testimonios. Tras esas medidas, los investigadores identificaron como sospechoso a Laureano Badia, domiciliado en la zona de 73 y 28, a menos de diez cuadras de la casa de la jubilada.

Con esos elementos, la Justicia autorizó una orden de allanamiento en su domicilio. El procedimiento dio resultado positivo: los policías secuestraron una campera color crema, un pantalón negro, un pasamontañas negro y una gorra negra, elementos considerados de interés para la causa por ser compatibles con la vestimenta utilizada durante el hecho.

Badia fue aprehendido en el marco de una causa caratulada como “hurto agravado por escalamiento y violación de domicilio”. Según supo este medio, tiene un frondoso historial delictivo: registra al menos once antecedentes informados por la Policía, en su mayoría vinculados a delitos contra la propiedad.

El más reciente es del 3 de marzo de este año, por una causa de violación de domicilio tramitada en Berisso-Ensenada. Antes, el 16 de enero, había sido imputado por robo en La Plata. También figura un antecedente del 19 de febrero de 2025 por hurto.

El listado incluye, además, varias causas de 2022. Entre ellas, tres expedientes por robo agravado con escalamiento, fechados el 20, 21 y 26 de junio de ese año. En septiembre y octubre de 2022, en tanto, aparece mencionado en causas por tentativa de hurto y resistencia a la autoridad.

Su historial se completa con otros registros de 2021: una causa por hurto y resistencia a la autoridad, del 15 de febrero; otra por tentativa de hurto y resistencia a la autoridad, del 13 de marzo; y una más, con la misma calificación, del 7 de mayo. En el informe también figura una causa de noviembre de 2019 por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

La causa quedó en manos de la UFI N° 3, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial La Plata. El aprehendido será indagado en las próximas horas.

A casi un año del hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima —el adolescente de 16 años que desapareció en 1984 en el barrio porteño de Coghlan— efectivos de Gendarmería Nacional allanaron este lunes la casa de Cristian Graf, el principal acusado por el crimen de Diego.

La información fue confirmada a Infobae por el abogado de Graf. “Lo que hicieron fue pasar un georadar por el patio trasero para ver si encontraban algún resto”, indicó Martín Díaz.

De acuerdo con el letrado, el objetivo del procedimiento llevado a cabo en el domicilio ubicado en la avenida Congreso 3742, en el barrio porteño de Coghlan, era buscar más restos óseos, ropa o elementos que pudieran servir como prueba del homcidio.

Aunque trascendió que el resultado fue “negativo”, altas fuentes judiciales confirmaron a este medio que los resultados estarán en un mes.

Después de que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones resolviera, a fines de noviembre pasado, anular el sobreseimiento de Cristian Graf y ordenar su declaración indagatoria por supresión de evidencia y encubrimiento, la investigación avanzó con nuevas medidas de prueba sobre el caso por la desaparición y muerte de Diego Fernández Lima.

En ese contexto, el fiscal Martín López Perrando solicitó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56 una serie de diligencias sobre la vivienda donde vive Graf junto a su familia desde la década del ‘70. Entre ellas, un relevamiento con georradar realizado este lunes por efectivos de Gendarmería Nacional.

El crimen de Diego Fernández

El joven fue visto por última vez con vida el 26 de julio de 1984 en la Ciudad de Buenos Aires, día en el que regresó del colegio, almorzó con su madre y le pidió dinero para viajar en colectivo. Alrededor de las 20.30, como el adolescente no volvía, sus padres acudieron a la entonces Comisaría 39° de la Policía Federal para reportar su desaparición, donde asentaron el caso como una presunta “fuga de hogar”.

Así, comenzó una búsqueda con panfletos pegados en el barrio, al tiempo que trataron de visibilizar su desaparición en los medios de comunicación. Su padre dio una entrevista por el caso en 1986 y murió sin saber el destino de su hijo.

Los restos óseos de Fernández Lima aparecieron el 20 de mayo pasado, cuando un grupo de obreros levantaba una pared medianera en la casa de avenida Congreso 3748 que había sido propiedad de la artista Marina Olmi -hermana del actor Boy Olmi-, y que había alquilado el músico Gustavo Cerati, entre 2002 y 2003.

En ese contexto, se produjo un desmoronamiento de tierra desde el jardín del chalet lindero de Congreso 3742, donde vivía, desde los años ’70, el ex compañero de escuela de la víctima con su familia. Los obreros dieron aviso del hallazgo a una de las dueñas de la vivienda lindera -hermana del acusado-, al tiempo que un vecino llamó a la policía.

La investigación recayó en la fiscalía a cargo de López Perrando, quien dio intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Al analizar los 151 fragmentos de huesos hallados, los especialistas determinaron que el adolescente fue asesinado de una puñalada en el tórax que dejó una marca en su cuarta costilla derecha. También que, tras el crimen, intentaron desmembrarlo, aunque no pudieron. Tras ello, lo enterraron en una improvisada fosa a 60 centímetros de profundidad en el jardín de la casa.

Junto a los restos óseos, había una moneda japonesa, un reloj con calculadora Casio -fabricado en Japón en 1982-, un llavero flotante naranja con una llave, una ficha de casino, la hebilla de un cinturón, la suela de un mocasín talle 41 y una corbata tejida de uniforme colegial. Estos elementos brindaron indicios sobre la edad de la víctima y permitieron fijar la década del ’80 como la época en la que se habría cometido el crimen.

Un nuevo hecho de inseguridad encendió las alarmas en la zona sur cuando hombre de 41 años fue arrestado por un robo millonario que ocurrió en La Plata el 24 abril frente a una sucursal de un banco. Finalmente, fue detenido en Avellaneda tras ser señalado como el presunto autor de un robo de $7.000.000. Durante el procedimiento, la Policía recuperó más de $1.000.000 en efectivo, un Ford Fiesta Max negro y varios teléfonos celulares.

Las autoridades lograron dar con el sospechoso gracias al análisis de las cámaras de seguridad municipales. A partir de las imagenes, se logró identificar el vehículo utilizado, lo que llevó a solicitar las órdenes de allanamiento y, finalmente, a la captura del sospechoso en Avellaneda, según 0221.

El hecho se desencadenó cuando un hombre de 35 años, quien había estacionado su Volkswagen Amarok alrededor de las 13:20 en la calle 44 entre 29 y 30, fue victima de un robo. Al regresar a su vehículo, advirtió la sustracción de un morral negro que contenía alrededor de $7.000.000 y documentación personal.

Actualmente, la causa se encuentra bajo la órbita de la UFIJ N° 11 del Departamento Judicial La Plata. El detenido permanece alojado en una dependencia policial. Se confrmó que tiene antecedentes por hurto, robo agravado y resistencia a la autoridad.

Mientras el aprehendido queda a disposición de la Justicia, las autoridades mantienen abierta la pesquisa para determinar la posible participación de más personas en el robo. Además, continúa la investigación para recuperar el total del dinero sustraído.

Robos en La Plata preocupan a los vecinos

Hace dos días en el centro de La Plata, sucedió un nuevo robo en un conocido supermercado de la zona, ubicado en calle 4 entre 49 y 50. El episodio fue denunciado la noche del domingo por los propios vecinos, quienes expresaron preocupación por la reiteración de hechos delictivos y por el aumento de la inseguridad en el área. Según 0221, este comercio había sido blanco de otro ataque apenas una semana antes.

Entre otros de los delitos recientes en La Plata, las cámaras de seguridad de una vivienda particular registraron un asalto en el que un joven fue despojado de su motocicleta por dos motochorros, quienes permanecen prófugos. Además, tras un incidente en el que un menor fue interceptado por un ladrón mientras se dirigía a la escuela, los residentes aseguran haber identificado al agresor y estar abocados a su búsqueda.

En el mismo contexto, denunciaron la presencia permanente de cuidacoches o trapitos en la cuadra, afirmando que, en algunos casos, solicitan dinero de forma intimidante y actúan con violencia. Uno de estos trapitos, según relataron, permanece instalado en el estacionamiento de la esquina, donde habría provocado un basural y protagoniza conductas extremas: “se desnuda y defeca a plena luz del día en la vía pública”.

La situación, definida como “desesperante” por los residentes, ha motivado un reclamo por medidas urgentes para garantizar la seguridad en el centro platense. La sucesión de robos en La Plata refleja un escenario de inseguridad que afecta tanto a comercios como a vecinos.

La Fiscalía General de la República (FGR), en cooperación con la Policía Nacional Civil (PNC) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), realizó registros con prevención de allanamiento en dos inmuebles próximos al mercado central de San Salvador, tras la captura de Allan Balmore M. M. El detenido, según la Fiscalía, “transportaba varias cajas de medicamentos de dudosa procedencia” en su vehículo, por lo que será procesado por el delito de conducción de mercadería de dudosa procedencia.

La pesquisa permitió decomisar una variedad de medicamentos adulterados que, de acuerdo con la Fiscalía, “no se cuentan con los registros sanitarios correspondientes”. Los productos eran falsificados “con la colocación de viñetas falsas, utilizando el nombre de laboratorios reconocidos y de marcas; quienes no han dado su autorización para la fabricación y consumo de los mismos”, resaltó la autoridad. La FGR detalló que estos medicamentos “eran distribuidos en diversas farmacias y tiendas del país”.

La institución pública anunció que “las investigaciones continúan y que no descansarán hasta encontrar a los responsables”, afirmando su objetivo de “velar por los derechos de la salud y evitar que se comercialicen este tipo de medicamentos que son nocivos para la salud de las personas”.

Otros casos recientes

Fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil realizaron, entre el 17 y el 24 de abril de este año, una serie de registros con prevención de allanamiento en San Salvador que resultaron en la captura de cinco personas y la incautación de 116 porciones de cocaína asociadas a redes locales de tráfico, según informó la Fiscalía General de la República.

A través del apoyo de la Unidad Canina K-9, los equipos localizaron sustancias ilícitas en dos comercios y dos viviendas empleadas como fachada para la distribución de droga. Se procedió al arresto de Donis Obando S. G. en posesión de cocaína dosificada y material destinado a la preparación y venta del estupefaciente. La Fiscalía confirmó que Obando S. G. será procesado judicialmente por tráfico ilícito.

En uno de los operativos del 17 de abril, en un restaurante de la colonia Miramonte, se incautaron 88 porciones de cocaína distribuidas en diferentes áreas del local. Por este hecho, Jennifer Stephany P. F. y Alirio Antonio R. T., identificados como los propietarios con al menos tres años de actividad, fueron arrestados en flagrancia por tráfico ilícito. También fue detenido Jairo Antonio B. H., quien había adquirido una porción de droga momentos antes del allanamiento y enfrenta cargos de posesión y tenencia.

En un club bar del bulevar del Hipódromo, los agentes aprehendieron a Diego Alejandro R. A., empleado en el lugar, con una cantidad de cocaína que será valorada por la Fiscalía. Otros registros en la colonia Guatemala y otro restaurante de Miramonte completaron la operación.

En todos los procedimientos, además de la droga, los oficiales confiscaron dinero en efectivo y teléfonos celulares de los involucrados, que se someterán a análisis como parte de la investigación. La Fiscalía General de la República manifestó que mantendrá la supervisión activa para combatir las estructuras dedicadas a la venta de estupefacientes en el país.

La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) ejecutó ayer registros simultáneos en dos negocios y dos viviendas de San Salvador, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), con el objetivo de atacar redes de narcotráfico local. Las diligencias, que contaron con el apoyo de la Unidad Canina K-9, permitieron localizar sustancias ilícitas ocultas en los inmuebles, los cuales habrían sido usados como fachada para la comercialización de estupefacientes, según informó la Fiscalía General de la República en sus canales oficiales.

De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, los inmuebles intervenidos estaban bajo vigilancia tras detectarse actividades sospechosas y movimientos asociados con la venta de drogas. Las autoridades detallaron que la intervención se realizó bajo estricta prevención de allanamiento, asegurando la preservación de la evidencia y la integridad de los operativos. Durante los registros, los agentes caninos lograron ubicar con precisión los puntos donde se almacenaban las sustancias prohibidas, confirmando la importancia de este tipo de apoyo en investigaciones de narcotráfico.

Como resultado de los operativos, se produjo la captura de Donis Obando Sánchez Guzmán, quien fue sorprendido con una cantidad considerable de cocaína ya dosificada y lista para la venta, además de diversos objetos empleados para la preparación y distribución de droga. Según la Fiscalía, Sánchez Guzmán será presentado ante las instancias judiciales correspondientes para enfrentar cargos de tráfico ilícito de drogas. La institución subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para desmantelar puntos de venta que afectan a las comunidades.

La Fiscalía General de la República destacó la colaboración con la Policía Nacional Civil y el uso de tecnología especializada para el combate del narcomenudeo. Además, enfatizó el compromiso institucional de atacar frontalmente los focos de distribución de drogas y enviar un mensaje de cero tolerancia a quienes se involucran en este tipo de delitos.

En los últimos años, las autoridades salvadoreñas han intensificado los operativos contra el narcomenudeo y el narcotráfico. Según reportes de medios internacionales y datos oficiales citados por Reuters y OSAC, más de 22 toneladas de diferentes drogas fueron incautadas en 2025, con un valor estimado de 545 millones de dólares. Esta cifra representa un aumento respecto a años anteriores y se suma a los esfuerzos del gobierno por controlar los flujos ilícitos, sobre todo en rutas marítimas del océano Pacífico, donde se han realizado las mayores incautaciones.

Uno de los casos más relevantes se registró en febrero de 2026, cuando la Marina de El Salvador interceptó una embarcación con 6,6 toneladas de cocaína, valoradas en 165 millones de dólares, en aguas internacionales. El operativo, considerado el mayor en la historia del país, llevó a la detención de diez personas de diferentes nacionalidades.

La PNC y la FGR han señalado que, aunque El Salvador no figura como un gran punto de tránsito internacional, las organizaciones locales mantienen redes de narcomenudeo que operan principalmente en zonas urbanas, utilizando establecimientos comerciales y viviendas para encubrir sus actividades. La vigilancia y la cooperación interinstitucional han permitido el decomiso de importantes cargamentos y la desarticulación de estructuras dedicadas a la venta de estupefacientes a nivel de calle.

Algunos medios han recalcado que el 70% de las incautaciones en el último año se realizó en el mar, aunque la labor de la Oficina Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil también ha resultado en la captura de distribuidores locales y la incautación de drogas en tierra. La persistencia de estas acciones busca reducir la disponibilidad de drogas en barrios y comunidades, así como impedir el fortalecimiento de redes criminales.

Estas operaciones se inscriben en el marco de la política de seguridad implementada por el actual gobierno, que ha priorizado la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Según datos oficiales difundidos por OSAC, las penas por tráfico ilícito en El Salvador son severas y las autoridades han intensificado los controles en zonas fronterizas y áreas de mayor incidencia, con el fin de limitar el impacto del narcomenudeo en la población salvadoreña.

La Fiscalía General de la República reiteró su compromiso de continuar con la persecución penal de quienes se dedican a la venta y distribución de drogas, al tiempo que resaltó la importancia de la denuncia ciudadana y la colaboración interinstitucional para erradicar este fenómeno del territorio salvadoreño.

Un operativo a cargo de la Policía Federal Argentina sirvió para desmantelar una distribuidora clandestina dedicada a adulterar fechas de vencimiento en productos alimenticios con maquinaria industrial, con la intención de comercializarlos nuevamente como aptos para el consumo.

El procedimiento, realizado en el barrio Los Cardos de Los Cardales -perteneciente al partido de Exaltación de la Cruz- estuvo bajo la orden del juez federal Adrián González Charvay, quien permitió la incautación de grandes lotes de carnes, embutidos y bebidas adulteradas y herramientas específicas para modificar etiquetas y registros de caducidad.

Como resultado, los agentes de la PFA detuvieron a un hombre de 62 años, de nacionalidad argentina y presunto propietario del establecimiento, quien quedó a disposición del Juzgado Federal de Campana por violar la ley 26.524, que sanciona la adulteración o envenenamiento de alimentos.

El hallazgo de las máquinas de impresión y grabado láser resultó clave para probar el carácter sistemático y planificado de la maniobra. Además del equipo industrial, los agentes incautaron una camioneta utilizada para la distribución y documentación considerada de interés para la causa.

El origen de la investigación

Las averiguaciones se iniciaron tras una denuncia anónima recibida en octubre de 2022, según datos de Pilar a Diario, y fue retomada oficialmente el 6 de marzo de 2023, cuando la División Delitos contra la Salud Pública detectó la actividad ilegal en el local.

Los detectives constataron que la distribuidora compraba alimentos vencidos o cercanos a vencer ―particularmente cervezas, embutidos y pescados envasados al vacío― y utilizaba maquinaria láser e impresoras de etiquetas para alterar artificialmente las fechas de caducidad, para luego venderlos como productos aptos. Parte de la mercadería se adquiría y publicitaba mediante publicaciones en redes sociales.

Durante el allanamiento, que se llevó a cabo en la intersección de Gran Alameda y El Descanso, en el barrio Los Cardos, las autoridades decomisaron productos cuyo deterioro era notorio y que, en varios casos, ya se encontraban vencidos al momento de la intervención.

La colaboración de INAL, Senasa y la Dirección de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz permitió certificar la condición de los productos y el grado de adulteración.

Los responsables de la pesquisa indicaron que la circulación de estos alimentos “puso en grave riesgo la salud de los compradores” debido a su capacidad de provocar intoxicaciones y otras afecciones severas, lo que agravó las imputaciones respecto al delito.

La distribución de productos alimenticios con fechas de vencimiento manipuladas constituye una infracción grave contemplada en la legislación argentina, en particular cuando el volumen de mercadería es capaz de afectar la salud pública a nivel comunitario.

Mendoza: carne ilegal incautada

La Policía Rural incautó más de 370 kilos de productos cárnicos ilegales durante operativos en los departamentos de San Rafael y Rivadavia, en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato.

Los procedimientos se llevaron a cabo a mediados de abril en establecimientos de Monte Comán y Los Campamentos, donde se detectaron alimentos sin condiciones sanitarias ni habilitación legal, según reportó MendoVoz.

El decomiso y la desnaturalización de toda la mercadería fueron ordenados tras comprobar que la carga, compuesta por quesos de cerdo, panificados, carne, fiambres, escabeche de pollo, milanesas y hamburguesas, presentaba signos de contaminación y conservación inadecuada.

En Los Campamentos, un conductor fue aprehendido luego de intentar transportar achuras con una habilitación adulterada, medida que motivó la intervención de la Oficina Fiscal de Junín-Rivadavia y el inicio de actuaciones por presunta adulteración de documento público.

El personal de Bromatología constató que el traslado de los productos no cumplía con los requisitos exigidos. Las acciones se enmarcan en los controles periódicos para combatir el abigeato y garantizar el cumplimiento de las normas alimentarias en la provincia.

La Gendarmería Nacional allanó el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, Entre Ríos, en el marco de una investigación federal por presunto tráfico ilegal de medicamentos anestésicos y narcóticos.

El caso se disparó tras un hallazgo inesperado en Puerto Madryn, donde la detección de una encomienda con ampollas de fentanilo y frascos de remifentanilo enviados desde Entre Ríos encendió las alarmas en la Justicia Federal y en organismos sanitarios.

De acuerdo con lo informado por el portal del Diario Uno de Entre Ríos, el operativo derivó casi de inmediato en una serie de procedimientos simultáneos en la capital entrerriana.

La intervención judicial obligó a paralizar varias áreas internas del hospital durante horas, mientras los agentes revisaban depósitos, farmacias y oficinas en busca de documentación y elementos vinculados a la causa.

Según se informó desde el gobierno provincial, el Ministerio de Salud de Entre Ríos colaboró con la Justicia y precisó que el requerimiento incluía un lote puntual de un laboratorio específico que no figura en los registros del hospital San Roque de Paraná. Además, aseguraron que en dicho procedimiento no se secuestraron medicamentos, ni dinero ni armas.

En ese sentido, el director del hospital Materno Infantil San Roque, Alejandro Calógero, afirmó: “Nos pusimos inmediatamente a disposición, se presentó todo lo solicitado en formato de papel, y estamos terminando de armar los registros biométricos y de cámaras que se nos pidió en formato digital porque se nos solicitó información de varios meses para atrás”.

Luego, indicó que el pedido de información era sobre un lote puntual de un laboratorio específico y aclaró que “ese lote nunca fue comprado en el hospital, no está registrado y, por ende, no se dispensó por el área de farmacia”.

El avance de la investigación quedó a cargo de la Justicia Federal, que actúa en coordinación con la Fiscalía local y organismos de control sanitario. La hipótesis principal apunta a la existencia de una estructura interna con capacidad para manipular y extraer medicamentos de uso restringido, lo que agravaría la situación procesal de los posibles implicados.

La noticia se conoce semanas después de que saliera a la luz la investigación por el robo de fármacos del Hospital Italiano. La causa se inició luego de que encontraran a Alejandro Zalazar sin vida en su departamento de Palermo. La autopsia confirmó que murió por congestión, edema pulmonar y meningoencefálico, a raíz del consumo de propofol y fentanilo, dos fármacos empleados para anestesiar pacientes.

Junto a la víctima, la policía encontró frascos e insumos médicos que pertenecían al Hospital Italiano. Estos elementos llevaron a la apertura de una investigación interna por parte de la institución, que tres días después realizó una denuncia ante la Justicia.

Así, la causa tiene a Hernán Boveri, anestesiólogo con experiencia en jornadas científicas nacionales e internacionales, y Delfina “Fini” Lanusse como principales procesados por el delito de administración fraudulenta en la causa que investiga el robo de medicamentos hospitalarios.

Pese a que el Hospital Italiano, denunció el robo de estos fármacos, las defensas de ambos alegan que “no puede comprobarse el faltante”. Además, Boveri criticó que el inicio de la causa haya sido a partir de “una cadena de rumores originada por alguien que no presenció ninguno de los hechos investigados”. Al igual que Lanusse -con quien afirmó que mantenía una relación oculta que no debió salir a la luz- el caso representa un “cuadro de insuficiencia probatoria” y plantea que, ante la duda, correspondería dictar la falta de mérito.

A lo largo de sus escritos, tanto Boveri como Lanusse se refieren a la reunión que ambos tuvieron en la Asociación de Anestesiología de Buenos Aires (AAARBA), que es denunciante del robo de sustancias.

En este sentido, los procesados reclaman que las autoridades de la institución los citaron “bajo la apariencia de un procedimiento asistencial por presunto consumo problemático” y así obtuvieron información sobre ellos que usaron en su contra. Dijeron que asistieron al encuentro “confiando en la confidencialidad”, pero terminaron siendo interrogados por una supuesta sustracción de medicación.

El avance de una investigación federal por el presunto tráfico de medicamentos críticos en la ciudad de Paraná volvió a poner en el centro de la escena los controles sobre sustancias de uso hospitalario. En este contexto, la Gendarmería Nacional realizó un operativo en la sede del Ministerio de Salud de Entre Ríos para recolectar documentación clave en el marco de una causa que dirige la Justicia Federal de Chubut.

La pesquisa gira en torno a una ex enfermera del Hospital Materno Infantil San Roque, sospechada de haber manejado de manera irregular medicamentos de alto riesgo.

El caso generó preocupación entre los organismos sanitarios locales, ya que involucra el posible desvío de fármacos sumamente controlados como fentanilo, propofol, remifentanilo, ketamina y morfina. Estas sustancias, esenciales en la práctica médica y con un estricto régimen de seguimiento, están en el centro de una pesquisa que busca determinar cómo y por qué habrían salido del circuito legal.

La ex trabajadora del hospital, que ya no integra el personal estable, quedó bajo la lupa de la Justicia luego de detectarse inconsistencias en el circuito administrativo de los medicamentos.

En este nuevo operativo, los investigadores solicitaron acceder a la totalidad del legajo personal de la ex enfermera, con el objetivo de analizar en profundidad su historia laboral, funciones, jerarquías y responsabilidades tanto en el hospital como en tareas administrativas dentro del Ministerio. La documentación requerida permitirá determinar el alcance de sus atribuciones y evaluar posibles vulneraciones a los sistemas de control.

El requerimiento judicial incluye información sobre los roles específicos que la ex empleada desempeñó y si estos le otorgaban acceso a las sustancias investigadas. Según fuentes del Ministerio de Salud provincial, se entregó toda la información solicitada y se ratificó la voluntad institucional de colaborar con la Justicia.

De acuerdo con lo informado por el portal del Diario Uno de Entre Ríos, la investigación busca establecer si la persona señalada aprovechó su posición para facilitar o encubrir el desvío de medicamentos. El análisis de su legajo y antecedentes laborales resulta central para reconstruir posibles responsabilidades y definir la cadena de mando involucrada.

Los investigadores solicitaron detalles sobre los procedimientos de compra, almacenamiento y distribución, así como los sistemas internos de control y auditoría. El objetivo es identificar eventuales puntos débiles en el circuito oficial que pudieron haber permitido el desvío.

El director del Hospital Materno Infantil San Roque, Alejandro Calógero, fue consultado acerca de un lote específico del laboratorio Celtyc. Según indicó Calógero, ese lote no fue adquirido por el hospital, una declaración que, de acuerdo con el expediente.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos informó que continúa respondiendo a cada requerimiento judicial, manteniendo la disponibilidad de toda su estructura administrativa para colaborar con la pesquisa. El comunicado oficial recordó que la empleada investigada ya no pertenece al personal activo y reiteró su compromiso con la transparencia en el manejo de las drogas.

Las autoridades provinciales señalaron que, durante el operativo, no se incautaron medicamentos, dinero ni armas. El procedimiento, solicitado por la Justicia Federal de Rawson, se desarrolló tanto en la sede central del Ministerio como en el hospital San Roque. Paralelamente, se inició una investigación sumaria interna para esclarecer los hechos.

La causa federal examina tanto las responsabilidades individuales como las falencias institucionales que podrían haber facilitado la salida irregular de los medicamentos. La pesquisa se centra en la necesidad de garantizar el uso seguro y adecuado de sustancias sumamente sensibles, cuyo desvío supone riesgos tanto para la salud pública como para la seguridad.

La Cámara Federal de Casación Penal absolvió a tres ciudadanos de origen chino por el delito de tentativa de homicidio tras participar de un tiroteo con la policía durante un allanamiento en la localidad bonaerense de San Martín, al concluir que actuaron bajo un “error invencible” al creer que enfrentaban un robo. El fallo del máximo tribunal penal del país anuló parcialmente una condena previa y ordenó fijar una nueva pena por tenencia ilegal de armas.

La decisión fue adoptada por la Sala II, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, al resolver el recurso presentado por la defensa de Lin Bin, Lin Zhenbiao y Wang Yang Yang.

El caso se originó en la madrugada del 11 de junio de 2016, cuando personal de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal, con apoyo del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), intentó ejecutar una orden de allanamiento en un supermercado ubicado en la calle Rivadavia al 4300. El procedimiento, en rigor, formaba parte de una investigación sobre una organización criminal vinculada a la denominada “mafia china” y se desarrolló en simultáneo con otros operativos.

De acuerdo con lo reconstruido en el juicio oral, el ingreso se produjo de madrugada y en condiciones iniciales de sigilo, sin identificación visible ni balizas encendidas. En ese contexto, desde la planta superior del inmueble, los ocupantes comenzaron a efectuar disparos mientras el personal policial intentaba ingresar. El enfrentamiento se extendió durante aproximadamente 50 minutos.

Como consecuencia del intercambio, varios efectivos resultaron heridos. El agente Mariano Isaías Leiva sufrió impactos en el pómulo y el brazo, además de un disparo en el casco, mientras que otros policías recibieron impactos en chalecos antibalas y equipos de protección.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín consideró acreditado que los acusados intentaron matar a los efectivos y los condenó a siete años y seis meses de prisión por tentativa de homicidio, en concurso con otros delitos.

Apelación mediante, y a la hora de revisar el caso, el camarista Yacobucci sostuvo que la clave estaba en la percepción de los imputados durante el operativo policial. “El contexto a partir del cual cabe desarrollar el análisis crítico es aquel que razonablemente se representaron los aquí condenados”, afirmó. En esa línea, valoró que durante el procedimiento se registraron múltiples llamados al 911 realizados por los propios ocupantes y sus allegados denunciando un intento de robo en curso, lo que reflejaba que interpretaban la situación como una agresión ilegítima a su inmueble.

También tuvo en cuenta que los disparos se efectuaban sin exposición directa, asomando únicamente las manos desde ventanas o sectores de la escalera, lo que limitaba la visibilidad hacia el exterior. A ello se sumaron las condiciones del operativo: nocturnidad, ingreso sin aviso previo y un escenario de tensión con intercambio de disparos.

En ese contexto, el juez concluyó que los acusados habían incurrido en un “error respecto de la calidad de quienes ingresaban al domicilio” y evaluó que al inicio de los hechos “no contaron con posibilidad de visualizar a lo sujetos”, por consiguiente no resultaba razonable “exigir que en el marco de una situación de estrés que se estaba disputando -un intercambio activo de disparos- se hubieran expuesto, sin ningún tipo de resguardo, con el objeto de identificar a quienes se encontraban en el exterior y, de ese modo, superar el error en el que se hallaban”.

A partir de esa conclusión, el magistrado expresó que esa “falencia sobre la comprensión de los hechos neutraliza el progreso de una imputación subjetiva dolosa”, lo que llevó a la absolución por tentativa de homicidio de los tres imputados.

El juez Slokar adhirió al resultado, aunque encuadró el caso como un supuesto de “error indirecto de prohibición por falsa suposición de las circunstancias”, al señalar que no se podía descartar la hipótesis de que los imputados hubieran actuado creyendo legítima su defensa. Indicó que “los extremos relativos al error exculpante no fueron confutados en modo definitivo”.

La jueza Ledesma también acompañó la solución y destacó que la prueba permitía concluir que los acusados actuaron “con la creencia de que todo se trató de un intento de robo y en ese trance repeler el ingreso de los supuestos ofensores al inmueble en cuestión".

En cuanto al delito de tenencia ilegítima de “material asfixiante”, la Cámara Federal de Casación resolvió dejarlo sin efecto por falta de prueba suficiente, en tanto el elemento central para imputar ese ilícito había sido una anilla de ignición de espoleta hallada en el lugar, pero el propio fallo advirtió que ese componente “resultaba de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas”, lo que impedía determinar si había sido utilizado por los imputados o por el personal policial durante el operativo.

A ello se sumó el testimonio de un agente que reconoció que los propios efectivos emplearon granadas de gas lacrimógeno para reducir la resistencia dentro del inmueble. En ese contexto, los camaristas consideraron que el elemento secuestrado era un indicio “anfibológico”, es decir, ambiguo, que “únicamente da cuenta del empleo de una granada de gas, pero que resulta insuficiente para atribuir, más allá de toda duda razonable, su utilización a los imputados”.

En cambio, el fallo de Casación confirmó la responsabilidad por la tenencia ilegítima de armas de fuego. Se tuvo por corroborado que varias armas -pistolas y un revólver- estaban en un ámbito de acceso común dentro del inmueble, y eso permitió atribuir su tenencia a los tres imputados, aun cuando no contaban con autorización vigente o directamente no estaban registrados como usuarios.

La Sala II de la máxima instancia penal federal dispuso remitir el expediente al tribunal de origen para que, con otra integración, realice una nueva audiencia y determine la pena correspondiente en función de los delitos verificados.

El Partido Acción Nacional (PAN) denunció un ingreso no autorizado en la casa de la familia del diputado César Damián este 20 de abril en la Ciudad de México.

Durante el incidente, la esposa e hija del diputado estaban en el domicilio, según un comunicado emitido por el Grupo Parlamentario del PAN y el Comité Ejecutivo Nacional en las redes del partido.

Autoridades de Baja California, encabezadas por la gobernadora Marina del Pilar Ávila y el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, recibieron la solicitud del PAN para proteger la integridad del diputado y su familia.

El coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, subrayó: “Las autoridades están obligadas a garantizar su seguridad. Exigimos que se llegue a las últimas consecuencias”.

De acuerdo con la versión difundida en el comunicado, el acto sería interpretado como una posible advertencia derivada de los señalamientos públicos del legislador sobre temas de seguridad y extorsión en su estado.

El partido demanda al Gobierno Federal la implementación de medidas de resguardo y una investigación que esclarezca los hechos y determine responsabilidades. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN y la bancada panista aseguran que darán seguimiento al caso ante las instancias correspondientes.

El PAN podría postular a Grecia Quiroz en las elecciones del 2027 de Michoacán

Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, confirmó el pasado 17 de abril el interés de la dirigencia para iniciar acercamientos con Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, de cara a la selección de candidaturas para la renovación de 17 gubernaturas, incluido dicho estado, en la elección de 2027.

De acuerdo con declaraciones del propio dirigente, Acción Nacional busca sumar perfiles con reconocimiento ciudadano que hayan surgido fuera de las estructuras tradicionales del partido.

Tras el asesinato de Carlos Manzo en noviembre de 2025, el PAN contempla a figuras como Quiroz, cuyas posturas políticas y preocupaciones, incluidas las relacionadas con la seguridad en Uruapan, serán escuchadas personalmente por Romero Herrera. El dirigente enfatiza que “Acción Nacional tiene un espacio en donde se le reconoce lo que está haciendo”.

Sin embargo, la propia Quiroz rechazó la propuesta al día siguiente, afirmando que “Si participamos, va a ser bajo la línea independiente”.

El candidato del PAN para la gubernatura de Michoacán podría ser el actual alcalde de Morelia

El PAN perfila desde el pasado 18 de abril a Alfonso Martínez Alcázar, actual alcalde de Morelia, como su posible candidato a la gubernatura de Michoacán para las elecciones de 2027, articulando su estrategia en torno a tres temas centrales: seguridad, desarrollo económico y bienestar social.

Martínez Alcázar fue nombrado por el PAN como Coordinador del Cambio y la Defensa de la Familia, un cargo operativo cuyo objetivo es sentar las bases de una agenda estatal con miras al próximo proceso electoral.

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del partido, resaltó en una conferencia de prensa que el perfil de Martínez Alcázar se distingue por su experiencia administrativa y su capacidad para consolidar un proyecto político competitivo. La dirigencia sostiene que esta designación busca no solo fortalecer la estructura interna del PAN, sino también posicionar a Martínez Alcázar frente al electorado.

Un procedimiento judicial se desplegó en el boliche Kapital, en el barrio porteño de San Telmo, tras la denuncia de un joven de 19 años que afirmó haber sido golpeado por personal de seguridad. La intervención se produjo luego de que el hecho, ocurrido durante la madrugada del sábado, tomara notoriedad por la difusión de un video que mostraba al joven tendido inconsciente en el piso del establecimiento, ubicado sobre la calle Chile al 300.

Según indicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires a Infobae, el allanamiento se llevó a cabo a instancias de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 41, bajo la dirección del fiscal Mariano Camblong, y fue autorizado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, a cargo de Karina Andrade.

Personal de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y de Bomberos de la Ciudad acompañó el operativo, que incluyó la inspección integral del boliche. Durante el procedimiento, los agentes realizaron una inspección ocular de las instalaciones y recabaron registros planimétricos, fílmicos y fotográficos del lugar.

Además, se dispuso el secuestro de todas las cámaras de videovigilancia del establecimiento, computadoras y documentación considerada relevante para la investigación. De acuerdo con el MPF, estas medidas buscaron preservar toda la evidencia posible sobre lo sucedido la noche del incidente.

El caso

De acuerdo con información obtenida por Infobae, el episodio que motivó la intervención judicial ocurrió cerca de las 6:40 del último sábado. El joven, identificado como Leonel, había acudido al local junto a su grupo de amigos y permaneció en las mesas VIP. Según testimonios recogidos en el expediente, en el tramo final de la noche se produjo una discusión de pareja que derivó en una situación de tensión.

La preocupación de los allegados creció cuando uno de los amigos advirtió que personal de seguridad retiró al joven con violencia. Según el testimonio aportado por la novia, el grupo intentó seguirlos, pero fue interceptado por otro empleado de seguridad en la entrada del sector VIP.

Instantes más tarde, encontraron al joven inconsciente junto a un charco de sangre, mientras algunos asistentes intentaban grabar la escena con sus teléfonos. Los denunciantes sostienen que los empleados de seguridad intentaron impedir la obtención de imágenes utilizando punteros láser para bloquear las cámaras de los celulares.

El Ministerio Público Fiscal señaló que la causa se investiga como lesiones graves. El joven fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Argerich, donde los médicos constataron fractura de los huesos propios de la nariz, escoriaciones, equimosis en distintas partes del cuerpo y una lesión contusa cortante que requirió puntos de sutura. De acuerdo con la Fiscalía, el joven permaneció lúcido durante la atención, aunque sin recordar lo sucedido. Fue dado de alta en las últimas horas y se encuentra fuera de peligro.

En el transcurso de la investigación, la Fiscalía comenzó a recibir distintas declaraciones testimoniales y citó a otros posibles testigos directos para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Además, a partir de un relevamiento de fuentes abiertas, se identificaron notas periodísticas que contienen imágenes y videos viralizados vinculados al caso. Por esta razón, se solicitó a diferentes medios de comunicación y portales de noticias el envío urgente de filmaciones e imágenes relacionadas.

La medida de allanamiento incluyó la recolección de todos los registros digitales y físicos del local bailable. El objetivo fue asegurar pruebas que permitan esclarecer el episodio y verificar si las lesiones del joven responden, como sostiene la familia, a una agresión por parte de los empleados de seguridad, o si, como propone la versión difundida por el establecimiento, se trató de una caída accidental dentro del boliche.

El expediente, que permanece abierto, está bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Flagrancia Este. Tanto la familia como los allegados del joven solicitaron avances en la investigación y que se determinen las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, el local Kapital sigue funcionando sin que, hasta el momento, sus responsables hayan emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, fueron detenidas en una serie de allanamientos realizados en el barrio Empalme Graneros y otros puntos de la ciudad de Rosario como parte de una investigación por el homicidio de un joven. El brutal hecho ocurrió el 8 de marzo cuando balearon a Franco David Beltrán, de 20 años, crimen que vincularon con el narcomenudeo de la zona. Los operativos se realizaron en distintos barrios de la ciudad y permitieron secuestrar elementos clave.

El allanamiento fue coordinado por los fiscales Andrea Vega y César Cabrera de las unidades de Violencia Altamente Lesiva y de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), respectivamente. El procedimiento sucedió entre las calles Garzón al 1400, José Ingenieros al 2400 y múltiples puntos de Campbell al 1500 bis. Lograron encontrar materiales determinante para la investigación como sustancias ilegales, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

En total, incautaron 1,218 kilogramos de cocaína y 1,844 kilogramos de marihuana, así como 30 cartuchos calibre 9 milímetros y 10 cartuchos calibre 22. La suma de dinero secuestrada superó los 300 mil pesos. Entre los objetos hallados también se contaron un arma de fuego de fabricación casera, picadura de cannabis, nueve teléfonos celulares y dos tablets, de acuerdo a Cadena 3.

Con respecto a las investigaciones, que siguen en curso, el Gobierno de Santa Fe explicó: “Durante los requisas en estos domicilios fue clave la tarea del perro Kenzo, que encontró material estupefaciente alojado en una pared”. Los fiscales a cargo del caso aguardan los resultados de los peritajes sobre los dispositivos electrónicos y las sustancias secuestradas, mientraslos resultados de los peritajes. El avance de la causa dependerá del análisis de los elementos secuestrados y de las próximas diligencias judiciales.

El crimen

La investigación se originó por el fallecimiento de Franco David Beltrán, un joven de 20 años que fue hallado con heridas graves en la vía pública durante la madrugada del 8 de marzo. Minutos después, personal del servicio de emergencias médicas SIES constató el deceso. Según determinó la pesquisa inicial, el ataque habría sido ejecutado por un individuo a bordo de una motocicleta blanca.

Frente a la reconstrcción de hechos, los agentes judiciales analizaron el material de cámaras de seguridad disponibles, recopilaron testimonios y examinaron los antecedentes de la víctima. Gracias a eso, lograron realizar las detenciones de cuatro personas involucradas en el crimen.

A través del material recopilado por la Justicia, los invetigadores del Ministerio Público de la Acusación, lograron vincular el homicidio del joven y la venta de drogas en la ciudad de Rosario. Los datos obtenidos de los diferentes allanamientos arrojaron que la cantidad total de droga secuestrada superó los 3 kilogramos, distribuidos entre cocaína y marihuana.

En este marco, la fiscalía sostiene que el crimen de Beltrán responde a un ajuste de cuentas interno dentro del circuito del narcomenudeo de Rosario. Esta modalidad de violencia asociada al tráfico de drogas preocupa a las autoridades provinciales que se vuelve más regular y sigue creciendo en la provincia.

El material incautado refuerza la línea de investigación de la fiscalía sobre una conexión directa entre el homicidio y la comercialización de estupefacientes en distintos barrios de la ciudad. A partir de los dispositivos electrónicos secuestrados, el Ministerio Público de la Acusación busca determinar el alcance de las comunicaciones y posibles vínculos con otras personas o grupos dedicados al narcomenudeo.

Los antecedentes de Beltrán también formaron parte del expediente: había sido detenido en febrero por portación de arma de fuego, situación que ahora los fiscales Vega y Cabrera consideran relevante para comprender el contexto del asesinato. “Los antecedentes de la víctima y las denuncias previas por venta de drogas en su entorno fueron las piezas clave para reconstruir el móvil del hecho”, dijeron fuentes policiales a Telefe Rosario.

Una operación policial, llevada a cabo en la localidad bonaerense de Los Toldos, finalizó con la desarticulación de una plantación de marihuana y la detención de un hombre mayor de edad, según informó la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Junín.

El procedimiento, realizado este último lunes, se enmarca en la aplicación de la Ley 23.737 de estupefacientes y surge tras una investigación que permitió identificar la presencia de cannabis en una vivienda del barrio Pueyrredón.

El caso se inició a partir de información que alertaba sobre la posible existencia de plantas de marihuana en el domicilio mencionado.

Ante ello, personal de la DDI de Junín realizó tareas de inteligencia que permitieron verificar estos datos y avanzar en la solicitud de una orden de allanamiento. La petición fue elevada ante la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Junín, que habilitó el ingreso urgente al inmueble.

De acuerdo con lo informado por el portal Democracia, la intervención policial se concretó con la irrupción de los agentes en la vivienda señalada. Allí, se constató una plantación compuesta por 25 plantas de marihuana, cada una de aproximadamente 1,65 metros de altura. Este hallazgo fue respaldado por pruebas de orientación química realizadas en el lugar, las cuales arrojaron resultado positivo para cannabis.

Durante el procedimiento, los efectivos llevaron adelante el pesaje de las hojas y tallos secuestrados, estableciendo un total de 7,53 kilos de sustancia. Según se informó, la operación se desarrolló en el marco de un allanamiento de urgencia con autorización judicial, orientado a desactivar la producción y posible distribución de estupefacientes en la zona.

La autoridad judicial a cargo del caso dispuso la detención del morador de la vivienda. El acusado fue trasladado a dependencias policiales y quedó imputado por infracción a la Ley 23.737, que prevé penas de prisión para quienes cultiven, comercialicen o posean drogas prohibidas. La investigación continúa bajo la órbita de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Junín, que determinará la responsabilidad penal y las eventuales derivaciones del hecho.

En relación con el avance de la causa, el morador detenido quedó a disposición de la Justicia, que analizará las pruebas recolectadas y definirá los próximos pasos procesales. Entre los elementos secuestrados, además de las plantas, se encontraron insumos y herramientas presuntamente utilizadas para el cultivo y mantenimiento del cannabis.

Atraparon a un hombre con drogas y armas tras evadir un control

Días atrás, un hombre quedó detenido en el barrio Villa Boedo, de Córdoba, tras evadir un control policial y esconderse en la casa de una vecina. Cuando los agentes policiales lo encontraron, vieron que portaba una variedad de drogas y un revólver.

El operativo se desarrolló el lunes por la tarde en la intersección de Pedro Medrano y José Aycardoz, en el marco de un despliegue preventivo de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso intentó escapar a pie al advertir la presencia de los uniformados en la zona y se metió intespestivamente a una vivenda del barrio. Los efectivos observaron la maniobra e iniciaron un procedimiento para dar con el hombre.

Con el consentimiento de la propietaria, ingresaron a la vivienda y lograron reducirlo. Al revisar sus pertenencias, encontraron un morral que contenía un revólver calibre 22, un ladrillo de marihuana, 35 dosis de cocaína fraccionadas y una suma de dinero en efectivo.

En el operativo, también participó la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que prestó colaboración en el secuestro de los estupefacientes y el arma. Todo lo incautado fue trasladado a la comisaría correspondiente y quedó a disposición de la Justicia, que ahora deberá determinar la calificación legal y el avance de la causa. El sospechoso quedó alojado en sede policial y será indagado.

Agentes de la Fiscalía y la Policía boliviana allanaron este lunes en La Paz un departamento del expresidente Luis Arce (2020-2025) en el marco de una investigación contra su hijo, Luis Marcelo Arce Mosqueira, por los delitos de enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias y tráfico de influencias.

El operativo se realizó en horas de la mañana en un edificio del céntrico barrio de Miraflores, con la participación de fiscales de Santa Cruz de la Sierra y policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El fiscal Néstor Torres Tapia informó en rueda de prensa que durante la intervención se recolectó dinero, documentación sobre propiedades y movimientos financieros, además de dispositivos electrónicos como computadoras portátiles y memorias digitales.

“Se encontró documentación que va a ser procesada, el dinero no es una gran cantidad, más de 100 mil bolivianos (14 mil dólares)”, precisó Torres ante los periodistas locales. La autoridad agregó que se precintó el departamento ubicado en el piso diez, una baulera y los garajes correspondientes.

Luis Marcelo Arce Mosqueira, el hijo mayor del exmandatario, se encuentra con detención preventiva en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, tras ser capturado por la Policía el pasado 18 de marzo. La Fiscalía había emitido una orden de aprehensión en el caso que lo investiga por supuestas negociaciones irregulares vinculadas con recursos estratégicos del Estado, particularmente en hidrocarburos y litio, durante la presidencia de su padre.

Cuando fue detenido, Arce Mosqueira fue señalado por el Gobierno de Rodrigo Paz de hacerse pasar ilegalmente como funcionario de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En su defensa, al ingresar a su audiencia cautelar, el acusado calificó el caso como una medida “política” contra su familia. “Al final se hace justicia”, afirmó consultado por los periodistas.

Según informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, las supuestas ganancias ilícitas que se obtenían mediante contrataciones irregulares en YPFB se legitimaban a través de negocios familiares en el sector agroindustrial, por lo que los otros hijos del expresidente, Rafael y Camila, cuyo paradero se desconoce, también están siendo investigados por la Justicia.

Un reportaje periodístico de Connectas, reveló que los dos hijos menores obtuvieron también créditos millonarios para la adquisición de un predio agrícola y su desarrollo como campo de cultivo de maíz y soya. Adicionalmente, la investigación señala que habrían sido beneficiados con flexibilidades normativas y la construcción de un puente cerca del predio.

Mientras se desarrolla la investigación sobre estos casos, el exmandatario guarda detención preventiva desde el 12 de diciembre por una denuncia de abandono a una mujer embarazada, luego de que una alta exfuncionaria de su gobierno lo acusara de no reconocer la paternidad de su hijo. En paralelo, enfrenta cargos por el supuesto manejo irregular de recursos públicos en un proyecto de financiamiento para desarrollo campesino cuando era ministro de Economía en la gestión de Evo Morales (2006-2019).

Cuando Arce era presidente, evitó referirse a la situación judicial de sus hijos y fue solo tras el arresto temporal de su hijo mayor por un caso de violencia familiar que escribió en su cuenta de X: “Toda denuncia contra mis hijos, quienes son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos, debe investigarse y esclarecerse ante las instancias que correspondan como con cualquier otro ciudadano”.

La Fiscalía General del Estado realizó la madrugada del 17 de marzo de 2026 varios allanamientos vinculados a una investigación previa por presunto enriquecimiento ilícito contra el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora. Las diligencias incluyeron intervenciones en el despacho de la Alcaldía y en al menos dos domicilios relacionados con el burgomaestre, como parte de una indagación que se originó tras información remitida por la Contraloría General del Estado.

El operativo fue ejecutado por personal de la Fiscalía y de la Policía Nacional. Según informó la institución a través de sus canales oficiales, durante las diligencias se recabaron indicios y evidencias que ahora forman parte del proceso investigativo. Entre los elementos levantados constan computadoras, un teléfono celular, dispositivos de almacenamiento digital y documentación relacionada con la investigación.

La intervención en las instalaciones municipales y en los domicilios se enmarca en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, delito que en el Código Orgánico Integral Penal sanciona el incremento patrimonial injustificado de funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones o en relación con ellas. En este caso, las autoridades buscan determinar el origen de determinados movimientos financieros que habrían sido detectados durante una revisión administrativa.

El propio Zamora confirmó que su vivienda fue allanada durante la madrugada del martes. En un video difundido en redes sociales, el alcalde relató que agentes policiales llegaron alrededor de las 02:00 para ejecutar la orden judicial. Según su versión, el procedimiento se desarrolló sin incidentes y él permitió el ingreso de los uniformados para que cumplieran con las diligencias.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, la investigación se centra en movimientos financieros registrados en cuentas vinculadas al alcalde durante un período aproximado de cinco años, por un monto cercano a los USD 80.000 que, según la indagación preliminar, no contarían con justificación clara en los registros revisados por las autoridades.

Zamora rechazó las acusaciones y afirmó que los recursos cuestionados corresponden a préstamos realizados entre familiares y operaciones vinculadas a actividades empresariales. En sus declaraciones públicas, el alcalde sostuvo que los préstamos familiares son comunes y que los fondos provienen de personas con capacidad económica dentro de su entorno familiar. También señaló que parte de los depósitos investigados corresponderían a préstamos realizados por su padre a una de sus empresas para financiar operaciones.

Según el alcalde, estos movimientos financieros se habrían producido antes de que asumiera la Alcaldía de Cuenca, puesto que los registros examinados por la auditoría se remontarían al año 2020. Zamora agregó que los depósitos mencionados en la investigación fueron documentados mediante instrumentos notariales y que las personas que realizaron algunas transacciones serían trabajadores de su empresa, lo que explicaría su presencia en los registros bancarios.

Tras los allanamientos, el alcalde calificó el procedimiento como parte de una persecución política. “Quieren hacernos daño”, manifestó al referirse al proceso investigativo, y sostuvo que colaborará con las autoridades para aclarar el origen de los recursos cuestionados.

La Fiscalía, por su parte, no ha detallado aún los avances de la investigación ni si se formularán cargos en el corto plazo. El proceso se mantiene en fase de investigación previa, etapa en la que los fiscales recopilan información y evidencias para determinar si existen elementos suficientes que sustenten una acusación formal ante la justicia.

El caso ha generado reacciones en la ciudad de Cuenca. Durante la mañana posterior a los allanamientos, grupos de simpatizantes del alcalde se congregaron en los exteriores de una emisora radial local donde Zamora ofrecía entrevistas, expresando consignas de apoyo a la autoridad municipal.

Mientras tanto, las evidencias recabadas durante los allanamientos serán analizadas por los investigadores como parte del expediente. La Fiscalía deberá determinar si los movimientos financieros observados constituyen un incremento patrimonial injustificado.

El allanamiento de tres oficinas vinculadas a Panama Ports Company (PPC) realizado por el Ministerio Público marcó un nuevo episodio en la crisis institucional que rodea a la empresa portuaria, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, luego de la anulación de su concesión y la toma de control estatal de las terminales de Balboa y Cristóbal.

La diligencia fue confirmada por el fiscal superior de Atención Primaria, Azael Samaniego, quien explicó que la investigación se inició de oficio tras conocerse la posible comisión de un hecho ilícito.

Según detalló, las autoridades activaron las primeras actuaciones investigativas y ejecutaron el allanamiento como parte de los actos iniciales de pesquisa, sin precisar aún la titularidad jurídica de las oficinas intervenidas ni la naturaleza exacta del material incautado.

Durante el operativo, las autoridades retuvieron documentación que será objeto de análisis pericial, mientras que los locales quedaron bajo custodia temporal del Ministerio Público, con medidas de aseguramiento que incluyen cintas de prohibición de movimiento y control de acceso. Samaniego indicó que el procedimiento abarcó dos oficinas inicialmente y que se extendió a una tercera.

El fiscal sostuvo que la investigación está vinculada a un hecho ilícito puesto en conocimiento del Ministerio Público y aclaró que, por el momento, no es posible determinar si la documentación pertenece a una persona natural o jurídica.

En ese sentido, reiteró que el análisis del material incautado permitirá establecer responsabilidades y definir el alcance de la investigación.

El allanamiento ocurre en un contexto de alta tensión institucional tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la concesión portuaria otorgada en 1997 a PPC, decisión que puso fin al contrato que por más de dos décadas permitió a la empresa operar las terminales estratégicas de Balboa y Cristóbal.

La publicación del fallo en la Gaceta Oficial esta semana formalizó la terminación de la concesión y habilitó las actuaciones administrativas posteriores.

Tras la oficialización del fallo, el Gobierno panameño ejecutó la toma de control de las terminales portuarias, una medida que representó un cambio significativo en la administración del sistema portuario del país y abrió una nueva fase de transición operativa.

La decisión se sustentó en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio portuario y preservar la estabilidad logística nacional, dada la relevancia estratégica de ambas terminales para el comercio internacional.

Como parte del esquema transitorio, el Estado panameño contrató a APM Terminals Panamá S.A. para la operación del puerto de Balboa y a TIL Panamá S.A., filial de Mediterranean Shipping Company (MSC), para la administración del puerto de Cristóbal, bajo acuerdos temporales que contemplan un periodo de operación de 18 meses.

Este modelo busca asegurar la continuidad operativa mientras se define el futuro esquema de concesión o administración de las terminales.

En este escenario, el allanamiento del Ministerio Público introduce un componente judicial que podría ampliar el alcance de la investigación sobre la gestión de PPC y las actuaciones relacionadas con la concesión portuaria.

El año pasado, la Contraloría General publicó un informe de auditoría en el que advirtió indicios de una posible lesión patrimonial contra el Estado panameño vinculada a la concesión portuaria, prorrogada en 2021 por el gobierno anterior.

El fiscal Samaniego subrayó que la investigación se encuentra en fase preliminar y que las actuaciones buscan recabar elementos de convicción que permitan determinar la existencia de conductas ilícitas. Asimismo, explicó que el Ministerio Público actúa conforme a su facultad de iniciar investigaciones de oficio cuando tiene conocimiento de hechos que podrían constituir delitos.

Un día después de la toma de control de los puertos, la Contraloría General aprobó los contratos para la administración temporal de las terminales, con un monto total cercano a $41.9 millones destinados a la operación, mantenimiento y administración portuaria durante el período provisional.

En el caso del puerto de Balboa, la administración temporal quedó a cargo de APM Terminals Panamá S.A., mediante un contrato por $26,100,000 destinado a la operación, mantenimiento y gestión de la terminal en el Pacífico.

Por su parte, el puerto de Cristóbal será administrado por TIL Panamá S.A., filial de Mediterranean Shipping Company (MSC), bajo un acuerdo por $15,800,000 para la operación de la instalación en el Atlántico.

Por el momento, PPC no se ha pronunciado sobre el allanamiento a tres de sus oficinas ubicadas fuera de las terminales portuarias.

Un hombre de 36 años fue detenido en un importante operativo realizado este miércoles en la ciudad de Cruz del Eje, en el norte de la provincia de Córdoba. La aprehensión se produjo en el marco de una investigación dirigida contra una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes.

Como parte de las acciones impulsadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF), efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) ejecutaron, en simultáneo, dos allanamientos en diferentes puntos de la provincia: uno en la ciudad de Córdoba y otro en Cruz del Eje.

Según informó el portal del diario La Voz, la causa guarda relación directa con un caso anterior en el que dos mujeres, de 36 y 15 años, habían sido arrestadas tras un intento de ingresar varias dosis de cocaína al Establecimiento Penitenciario de Bouwer.

Durante los controles de rutina desarrollados por el Servicio Penitenciario, la sustancia fue detectada cuando la menor transportaba el estupefaciente, lo que derivó en la detención inmediata de ambas.

Tras el arresto de ayer miércoles, el hombre fue trasladado a sede judicial y permanece a disposición de la Justicia. La investigación y el seguimiento de la causa están a cargo de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Feria de la ciudad de Córdoba.

No se descartan nuevos procedimientos en las jornadas subsiguientes, ya que las líneas de la investigación abierta por el Ministerio Público Fiscal sugieren la posible existencia de otros implicados en el circuito de comercialización y entrega de drogas en el sistema carcelario. El hombre permanece en sede judicial mientras se define su situación procesal.

Desbarataron una banda que utilizaba un geriátrico como punto de venta de drogas

A mediados del mes pasado, el sur de Córdoba fue escenario de un despliegue policial que terminó con la detención de cinco integrantes de una banda narco familiar en las localidades de Leones y Marcos Juárez. La organización criminal utilizaba espacios residenciales y hasta un geriátrico para ocultar y comercializar drogas.

La organización tenía tres puntos confirmados para la venta y otros tres para guardar estupefacientes, según la información difundida por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

De esta manera, las investigaciones condujeron a múltiples allanamientos realizados de manera simultánea en diversos barrios claves, como La Fortuna, Centro y Sur de Marcos Juárez, y en la zona sur de Leones.

La modalidad operativa de la banda incluía la venta directa en viviendas transformadas en “kioscos”, así como también operaba como delivery. Incluso, utilizaban un geriátrico como punto de venta y acopio.

Entre las personas arrestadas figuran dos hombres de 32 y 35 años y tres mujeres de 33, 35 y 45 años. La FPA destacó el vínculo familiar entre gran parte de los detenidos, quienes desarrollaban distintas funciones dentro de la organización.

La investigación permitió identificar al principal responsable, un hombre condenado en 2018 por delitos vinculados al narcotráfico. Tras cumplir su pena, recuperó la libertad y volvió a orientar su actividad al narcomenudeo en la zona. Según la información brindada por la fuerza, el acusado manejaba personalmente la comercialización en su domicilio.

Durante los seis allanamientos, la FPA incautó 135 dosis de marihuana, 23 de cocaína, $693.000 en efectivo, una escopeta calibre 16, dos vehículos y distintos elementos vinculados a la investigación.

Los procedimientos fueron supervisados por la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con sede en Marcos Juárez, que quedó a cargo tanto de los elementos incautados como de la situación procesal de los detenidos.

Las investigaciones judiciales que tienen como eje a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia atravesaron una semana de fuerte actividad, aun en pleno inicio de la feria judicial de enero. Allanamientos simultáneos, levantamiento de secretos bancarios y fiscales, disputas por competencia entre juzgados y nuevas resoluciones mantuvieron en movimiento un entramado de causas penales que avanzan en paralelo en distintos fueros y jurisdicciones, con un denominador común: el análisis del manejo de fondos millonarios, tanto en el país como en el exterior, y el rol de estructuras vinculadas al fútbol profesional.

El frente más visible se consolidó este viernes, cuando el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky rechazó el pedido para apartarse de la investigación por presunto lavado de activos en torno a una mansión ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, valuada por peritos oficiales en USD 17 millones, y comunicó formalmente su decisión a su par de Campana, Adrián González Charvay, que deberá decidir si insiste con la inhibitoria. De hacerlo, el conflicto de competencia quedará en manos de la Cámara Federal de San Martín, como tribunal de apelaciones. Mientras tanto, la causa continuará tramitando en el juzgado porteño, con la feria judicial habilitada para la producción de nuevas medidas.

La causa de la mansión de Pilar se convirtió en uno de los ejes más sensibles del panorama judicial. El inmueble, emplazado sobre un predio de más de 100.000 metros cuadrados, cuenta con helipuerto, galpones y más de 50 vehículos de alta gama y de colección, valuados en casi USD 4 millones, lo que eleva el valor total del conjunto alrededor de USD 20 millones. Formalmente, la propiedad figura a nombre de la sociedad Real Central SRL, integrada por Luciano Pantano, monotributista, y su madre Ana Lucía Conte, jubilada. Para los investigadores, ninguno de los dos registra ingresos compatibles con la compra del predio -escriturado por USD 1,8 millones- ni con el mantenimiento de los bienes secuestrados.

Durante los allanamientos ordenados en el marco de esta causa se hallaron objetos y documentación que reforzaron las sospechas: una plaqueta del club Barracas Central, presidido por Matías Tapia, hijo del titular de la AFA, y cédulas de vehículos a nombre de familiares de otros directivos de la entidad. A ello se sumó un dato que Aguinsky destacó expresamente en su resolución de esta semana: Pantano utilizaba una tarjeta de crédito corporativa de la AFA, con consumos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos, entre ellos gastos vinculados a los automóviles secuestrados. Para el juez, ese elemento ubica a las autoridades de la AFA en el “epicentro” de la investigación y refuerza la hipótesis de un posible esquema de interposición de prestanombres.

En lo inmediato, el magistrado evalúa avanzar con nuevas medidas probatorias. Entre ellas, la eventual citación como testigos de dos pilotos de helicóptero ya identificados, que aterrizaron en reiteradas ocasiones en el helipuerto de la mansión. Ante la inexistencia de registros de pasajeros, se les preguntará bajo juramento a quiénes transportaron en esos vuelos, como parte de la estrategia para identificar a los reales beneficiarios del inmueble. Para los investigadores, en Pilar solo se encuentra el bien material, mientras que el presunto delito económico se habría articulado fuera de esa jurisdicción, extremo que sustenta la competencia del fuero penal económico porteño.

En paralelo, el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial advirtió que esta causa podría guardar relación con otro expediente de alto impacto que golpea directamente a la cúpula de la AFA: la investigación por presunta evasión y apropiación indebida de aportes previsionales. En ese expediente, radicado en el juzgado a cargo de Diego Amarante, se imputó formalmente a Tapia, al secretario general Cristian Malaspina y al director general Gustavo Lorenzo.

La denuncia, presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sostiene que entre 2024 y 2025 la AFA habría retenido y no depositado en tiempo y forma casi $19.353 millones correspondientes a aportes y contribuciones de la seguridad social. Amarante habilitó la feria judicial para avanzar con medidas de fondo, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de los imputados, al considerar que la reiteración de los incumplimientos y el volumen del dinero bajo análisis justificaban continuar la pesquisa sin demoras.

Otro capítulo relevante del derrotero judicial vinculado al universo de la entidad a cargo de Tapia se desarrolló en los tribunales federales de Lomas de Zamora. Allí, el juez Luis Armella impulsó allanamientos simultáneos en la sede de la AFA de la calle Viamonte, en el predio de Ezeiza y en el domicilio del empresario teatral Javier Faroni, titular de la sociedad TourProdEnter LLC, constituida en Florida en 2021.

Esta empresa fue designada por la AFA como agente comercial exclusivo para administrar ingresos y pagos en el exterior, en un contexto marcado por el endurecimiento del cepo cambiario. Según documentación incorporada al expediente, entre 2022 y 2025 TourProdEnter LLC administró más de USD 260 millones en cuentas abiertas en bancos estadounidenses, provenientes de sponsors internacionales, derechos de transmisión, plataformas digitales y partidos amistosos de la selección argentina en distintos continentes.

Faroni fue interceptado esta semana en Aeroparque cuando intentaba viajar a Uruguay, luego de haber permanecido apenas 12 horas en el país. Si bien no quedó detenido, Armella —a pedido de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)— le impuso una restricción de salida del país y ordenó el levantamiento del secreto bancario, financiero y bursátil del empresario, de su esposa Erica Gillette y de otras personas vinculadas a la firma.

La investigación de Armella se inscribe, a su vez, en un entramado más amplio que involucra a Sur Finanzas PSP S.A., la financiera de Ariel Vallejo, empresario que reconoció públicamente su cercanía con Tapia y cuyo nombre aparece asociado a contratos de sponsoreo y préstamos a clubes del fútbol argentino. En esa causa ya hay detenidos procesados por encubrimiento agravado, entre ellos la tesorera de la firma, sorprendida retirando computadoras de un galpón allanado en Turdera.

Durante esta semana, la Cámara Federal de La Plata, con voto del camarista Jorge Di Lorenzo, resolvió un conflicto de competencia entre Armella y su colega Federico Villena. El tribunal decidió que Villena continúe al frente de la denuncia presentada por ARCA contra Sur Finanzas por presunta evasión tributaria y lavado de dinero, al descartar -por el momento- la conexidad con la causa que tramita en el juzgado de Armella.

La resolución determinó que ambos expedientes seguirán su curso en paralelo, con la feria judicial habilitada y nuevas medidas en evaluación.

Ante la Comisión de Acusaciones e Investigaciones de la Cámara de Representantes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, solicitó la suspensión provisional de la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia, argumentando que la funcionaria habría continuado actuando en procesos en su contra pese a haber sido recusada y retirada del caso.

“Hoy ante la Comisión de Acusaciones he solicitado la suspensión provisional de la magistrada Cristina Lombana por la continuación de la comisión de faltas disciplinarias en su cargo y porque continúa actuando sin competencia alguna practicando pruebas a personas que no debería estar involucrando en mis procesos”, expresó el ministro en su cuenta de X.

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De igual manera, el funcionario, que se presentó en la célula legislativa el miércoles 17 de diciembre de 2025, recalcó que su petición se produce tras un allanamiento realizado en una de sus viviendas en el departamento de Atlántico, hecho que el ministro considera carente de fundamento jurídico.

En declaraciones a los medios de comunicación, el jefe de cartera considera que la magistrada se ha excedido en sus funciones, y aseveró que, más que un lío judicial, es una disputa personal.

“Vengo a ampliar la denuncia contra Cristina Lombana porque ella se ha extralimitado de sus funciones. Ella, por ejemplo, está recusada dos veces, en la cual la Sala de la Corte le ha dicho: ‘No puede investigar a Benedetti enriquecimiento ilícito’. Y lo que ella hace es abrir otra investigación. Entonces, me han estado investigando dos veces por el mismo delito”, afirmó Benedetti a la prensa nacional.

Del mismo modo, el alto funcionario cuestionó la labor de Lombana, asegurando que estaría involucrando a personas de su entorno familiar para recopilar pruebas en su contra.

“Ella lo que ha venido haciendo es que fracciona las investigaciones para entonces buscar otras pruebas y al mismo tiempo está investigando 56 familiares míos que no veo alguno de ellos hace diez años. O que una exmujer mía, que no lo es desde el año 1987, y quien no veo hace como veinte años. Entonces, ella es desmedida y se extralimita en sus funciones”, recalcó.

Finalmente, Armando Benedetti apuntó que “es la primera vez que esto sucede en el país”.

La diligencia se realizó ante la representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. No obstante, la decisión sobre la suspensión provisional de Cristina Lombana no recae en la presidenta de la Comisión, sino que deberá ser tomada por el triunvirato de investigadores que integran la corporación, conforme al procedimiento establecido.

Cuál fue la polémica entre Armando Benedetti y Cristina Lombana

La polémica entre Armando Benedetti y la magistrada Cristina Lombana surgió después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara el 11 de noviembre de 2025 un allanamiento a la vivienda de Benedetti en Barranquilla, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Benedetti respondió de forma agresiva, llamando a Lombana “loca” y “delincuente”, y la acusó de persecución y abuso de poder. También, cuestionó la competencia de Lombana para investigarlo, ya que argumentó que dejó de ser congresista en 2022 y consideró que la investigación carecía de pruebas.

La magistrada Lombana, por su parte, reconoció en una carta dirigida al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que lideró la diligencia de allanamiento, pero aseguró que actuó acompañada de uniformados que se comportaron correctamente y que se garantizó la protección de la información, cumpliendo con la ley.

No obstante, Benedetti la acusó públicamente de mentir y sostuvo que “ya la Sala de Instrucción dijo que usted se extralimitó en sus funciones, así que responda más bien por su nuevo abuso de poder”.

La Corte Suprema rechazó públicamente los insultos de Benedetti, advirtiendo que el lenguaje usado podía afectar el curso de la investigación y la confianza en la justicia.

Las declaraciones de Benedetti generaron rechazo en distintos sectores judiciales y políticos, lo que lo llevó a ofrecer disculpas públicas.

El ministro manifestó: “He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación y eso no refleja quién quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana. Sin embargo, esto no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso de poder contra mí y mi familia”.

La Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes citó al ministro del Interior, Armando Benedetti, a presentarse en el recinto de la comisión el 17 de diciembre de 2025 con el objetivo de que amplíe una denuncia. La citación fue realizada por la representante a la Cámara Gloria Elene Arizabaleta Corral.

“En cumplimiento del Auto de sustanciación No. 01 de diciembre de 2025, proferido por la suscrita representante investigadora, procedo a citarlo a diligencia de RATIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA DENUNCIA”, detalló la congresista en la comunicación enviada al ministro.

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Si el jefe de la cartera decide asistir a la diligencia, deberá ampliar la denuncia que hizo contra la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana. El 11 de noviembre de 2025, el ministro informó a través de sus redes sociales que una residencia ubicada en Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia (Atlántico) fue allanada por la togada y otros funcionarios de la Dijín, la Sijín, el Goes y la Policía de Infancia.

Benedetti aseguró que el procedimiento fue ilegal porque no hace parte del Congreso de la República y por ese motivo la Corte Suprema de Justicia no debería investigarlo ni avalar órdenes de allanamiento. En consecuencia, insultó a la magistrada Lombana y la tildó de loca por haber estado presente en la diligencia.

“En estos momentos estoy hablando como papá, sobre todo. En este momento, se está allanando mi hogar por parte de la magistrada Lombana, quien está completamente loca, demente y además es una delincuente”, señaló el ministro del Interior, indicando, además, que la magistrada habría intimidado y hostigado a su esposa, Adelina Guerrero, en medio del procedimiento.

El testimonio de Adelina Guerrero: “Muy humillante”

La mujer expuso lo que vivió en una entrevista con Caracol Radio, en la que aseguró que hubo un amplio despliegue de hombres armados en la propiedad, lo cual, a su juicio, no correspondía al tipo de procedimiento que hicieron. Aunado a ello, señaló a la togada de haberla tratado de manera denigrante durante el allanamiento.

Además, afirmó que fue presionada a responder las preguntas que se le formularan, so pena de ser recluida en un centro carcelario por al menos un mes. Incluso, al parecer, su abogado tuvo que intervenir y solicitar a la magistrada que detuvieran la sesión de cuestionamientos, teniendo en cuenta que Guerrero no debía estar siendo sometida a un interrogatorio.

“La magistrada me habló de una manera muy humillante, muy descalificativa. En todo momento me habló de una forma denigrante (…). Me hablaba de que yo no sabía de ley, que yo no sabía de derecho (…). En un momento ella llegó a hacerme unas preguntas y antes de hacerme las preguntas me amenazó que si yo le contestaba de una manera que no era la correcta, me metían en la cárcel 30 días”, detalló la esposa del ministro al medio de comunicación citado.

Magistrada Lombana explicó por qué llevó a cabo el allanamiento

La togada se pronunció sobre los hechos, indicando que la diligencia respondió a una investigación que yace en contra de Armando Benedetti en su despacho –sin aclarar de cuál se trata–. Aunado a ello, aseguró que los funcionarios a los que dirigió en el procedimiento actuaron con diligencia durante todo el proceso de allanamiento.

“Debo destacar del personal que acompañó la diligencia, la disciplina, el resguardo de la información y, sobre todo, el respeto por la ley, lo que permitió que la actividad probatoria se adelantara con todo éxito”, precisó la magistrada en una carta enviada al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

La Justicia allanó un galpón en la localidad bonaerense de Turdera y encontró gran cantidad de cajas con documentación de la empresa Sur Finanzas. También un CPU, cajeros automáticos, cajas fuertes de dimensiones y de seguridad más pequeñas.

Allí la Policía Federal Argentina (PFA) encontró a la tesorera de la financiera, Micaela Sánchez, moviendo cajas y celulares. Sospechan que estaba llevándose pruebas claves. Al entender que se trataría de un intento por entorpecer el avance de la investigación, el juez Luis Armella ordenó su detención.

Además, también se requisó el domicilio personal de esta empleada y un local de computación.

Llamado de un vecino

El hallazgo ocurrió luego del llamado de un vecino a la fiscalía de Lomas de Zamora a cargo de Cecilia Incardona. El hombre, cuya identidad se mantiene en reserva, contó que había visto cuatro camionetas ploteadas con el nombre de la financiera investigada por supuesto lavado de activos estacionar en el lugar para descargar todo tipo de cosas e ingresarlas al galpón.

La fiscal comunicó la información recibida al juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien tras tareas de inteligencia en el lugar ordenó el allanamiento.

El hombre que llamó a la fiscal dijo ser un comerciante de 72 años, de la zona de Turdera y le contó que hace unos 20 o 25 días vió por la tarde las camionetas que “hacían una mudanza”.

Contó que observó cómo ingresaban cajas al galpón ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 11818, “al lado de un lavadero de autos, a 20 metros del Outlet de Turdera”, detalló, según informaron a Infobae fuentes judiciales.

“Trajeron un montón de cajas” y además hicieron varios viajes en esa misma tarde, narró.

Al hombre le llamó la atención que los vehículos iban y venían muy rápido y precisó que camionetas serían marca Toyota SW4.

“Era evidente que cambiaban cosas de lugar” dijo en la llamada porque, incluso, no levantaron la persiana del galpón sino que entraban por una puerta existente al costado.

El hallazgo

Con base en esa información, la fiscalía le solicitó al juez Armella que constate el domicilio y en caso de que coincida con la descripción dada por el informante, autorice el allanamiento.

El magistrado ordenó el procedimiento al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal.

Al llegar al lugar encontraron una de las camionetas y una mujer que cargaba cajas: se trataba de la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sanchez.

En el vehículo había documentación y 5 celulares escondidos debajo del asiento, precisaron las fuentes.

La policía ingresó al lugar y encontró gran cantidad de cajas con documentación de la empresa. El procedimiento continuaba para inventariar todo lo encontrado.

Qué se investiga

Vallejo es investigado por supuesto lavado de dinero y en ese marco esta semana se ordenaron 33 allanamientos, entre ellos a sedes de la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares.

Entre los clubes allanados están San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas.

También el predio de la AFA en Ezeiza y la sede de la Superliga Argentina de Fútbol.

Se busca establecer si existe una conexión entre Sur Finanzas y la AFA, que actuaría en muchos casos como intermediaria con los clubes en las gestiones con la financiera, explicaron fuentes del caso.

Armella es juez federal de Quilmes y subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, que investiga una supuesta maniobra de lavado de activos vinculada a la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de los fondos de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que no fue devuelta.

En esta causa, Vallejo se presentó en el juzgado de manera voluntaria para entregar su teléfono celular, con el objetivo de que sea peritado.

La fiscalía sostuvo que esa estructura, sumada a la actuación de las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y el propio club, presenta un vínculo directo con la supuesta colocación de fondos ilícitos mediante los servicios de Sur Finanzas PSP S.A..

En su planteo, Incardona señaló que “existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desarrollada por las autoridades del Club Banfield”; las personas jurídicas vinculadas; y la “utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar las ganancias ilícitas obtenidas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pago”.

Se trata de una investigación previa a la que luego se abrió por denuncia de ARCA, que también tiene como centro a Sur Finanzas y que por el momento está en otro juzgado, el federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena.

La fiscal planteó que esta última causa debe ser remitida por “conexidad” a la que ya tenía abierta el juzgado a cargo de Armella, un conflicto que resolverá la Cámara Federal de La Plata.

Angie Rodríguez, que ejerció como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), denunció el miércoles 3 de diciembre un allanamiento e intimidación en su vivienda familiar ubicada en el barrio Los Molinos, localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.

Según la denuncia, el viernes 21 de noviembre, cinco hombres de civil ingresaron a su residencia entre las 2:05 y las 3:17 de la madrugada, ocasionando daños en puertas, chapas, ventanas, muebles y elementos personales, pero sin sustraer objetos de valor económico, excepto monedas de las alcancías de su hijo y documentos personales en una bolsa azul.

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En su video de denuncia, Rodríguez afirmó que el hecho no correspondió a delincuencia común, sino que presuntamente fue ejecutado por personas con conocimientos en seguridad y con intención de acceder a documentos relacionados con sus funciones públicas.

Asimismo, Rodríguez enfatizó que los atacantes conocían la ubicación de sus pertenencias y los sistemas de seguridad, lo que indica planificación y conocimiento experto: “Quiero hacer énfasis en lo siguiente: según análisis que me han suministrado expertos en materia de seguridad, no fue delincuencia común y tendrían inteligencia. Los patrones de comportamiento como saber la ubicación de circuitos de seguridad, estar con elementos que impiden su identificación visual y dactilar, así como conocer qué pertenencias estaban en la casa de mis padres y la forma de acceder solo es de personas expertas en la realización de este tipo de hechos delincuenciales”.

El mensaje de Gustavo Bolívar a Angie Rodríguez

Tras la denuncia de Angie Rodríguez, Gustavo Bolívar se pronunció en su cuenta de X para respaldar públicamente a la exdirectora del Dapre. En su mensaje, Bolívar subrayó que los funcionarios públicos que desempeñan roles estratégicos dentro del gobierno pueden verse expuestos a hostigamientos, amenazas y presiones internas, en especial cuando participan en la toma de decisiones con impacto político o social significativo.

“El precio de tocar intocables. El precio de subir donde quieren estar otros. El precio por entrar al hoyo negro de la política, donde priman las deslealtades, las envidias, las intrigas, la hipocresía, el odio. RT ¡Ánimo Angie! Como dice el dicho, lo que no te destruye te hace más fuerte", escribió.

Estas declaraciones se suman a las del ministro del Interior, Armando Benedetti, que expresó: “A pocas personas he querido cuando hemos trabajado juntos. Angie Rodríguez es una de ellas, a quien le reconozco su inteligencia y su eficacia en su trabajo. Me duele ver cómo su casa fue vulnerada y ultrajada. Solidario con ella a muerte”.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, también mostró respaldo a la exfuncionaria del Gobierno: “Nuestra total solidaridad con la directora del Dapre, Angie Rodríguez. Toda la disposición de la Defensoría del Pueblo para apoyar lo que pueda ser oportuno y necesario“.

Rodríguez fue designada directora del Dapre, entidad encargada de coordinar las políticas administrativas de la Presidencia de la República, supervisar los recursos de apoyo logístico y administrativo, y garantizar la eficiencia en la gestión de la Casa de Nariño. Previamente, como gerente del Fondo de Adaptación, lideró proyectos orientados a la reconstrucción de zonas afectadas por desastres naturales, administración de recursos públicos y seguimiento a obras de infraestructura social.

Avances judiciales

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación sobre los hechos denunciados por la exdirectora del Dapre, con el objetivo de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del allanamiento. La Fiscalía de Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá asumió el caso desde el 24 de noviembre, fecha en la que Rodríguez presentó la denuncia formal.

En este proceso se están recopilando videos de seguridad, análisis de expertos en protección y pruebas documentales para determinar si los actos constituyen concierto para delinquir o algún otro delito relacionado con la seguridad de funcionarios públicos.

Rodríguez solicitó que su seguridad, así como la de su hijo y padres, se mantenga o refuerce; y pidió que las autoridades garanticen que se investigue si los daños y la toma de documentos tuvieron relación directa con sus funciones en la Presidencia y en el Fondo de Adaptación. “Al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, compañero de gabinete, y al director de la Policía General, general William Rincón Zambrano, les solicito que mi seguridad permanezca siendo la que tengo hasta el momento, incluidos los policías que me acompañan y los vehículos que tengo asignados. Y teniendo en cuenta los hechos ocurridos, solicito seguridad para mis padres y para mi hijo”, aseguró.

Hasta ahora, no se han reportado capturas por estos hechos y las autoridades continúan evaluando las medidas necesarias para garantizar la protección de la exdirectora y su familia.

La salida de Angie Lizeth Rodríguez del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) fue el punto de partida para una serie de pronunciamientos que rodearon las circunstancias de su retiro del Gobierno.

La ahora exfuncionaria, que también ocupaba el cargo de secretaria general de la Presidencia, hizo pública su versión sobre los hechos que, aseguró, habrían puesto en riesgo su integridad y la de sus familiares.

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En un video de aproximadamente seis minutos, Rodríguez describió un allanamiento violento a su residencia. Según su relato, el hecho no correspondió a un caso de hurto común, pues aseguró que los intrusos mostraron conocimiento detallado sobre la ubicación de sistemas de seguridad y objetos personales en la vivienda que compartía con su familia. “Según análisis que me han suministrado expertos en materia de seguridad, no fue delincuencia común y tendrían inteligencia”, afirmó.

Rodríguez agregó que los agresores se movilizaron con elementos que impedían su identificación y actuaron con precisión frente a los dispositivos instalados en el inmueble. “Los patrones de comportamiento, como saber la ubicación de circuitos de seguridad, estar con elementos que impiden su identificación visual y dactilar, así como conocer qué pertenencias estaban en la casa de mis papás y la forma de acceder, solo es de personas expertas en la realización de este tipo de hechos delincuenciales”, aseguró.

Pese a que en la vivienda había objetos de valor, los intrusos solo sustrajeron una bolsa con documentos personales. Rodríguez señaló que la motivación del ataque estaría orientada a buscar información relacionada con su labor en el Gobierno; y mencionó que, entre los elementos tomados, estaban las monedas de dos alcancías pertenecientes a su hijo, marcadas con su nombre. “Hoy lo que más me duele como mamá es verme obligada a sacarlo en los próximos días de nuestro país”, indicó.

El mensaje de solidaridad de Armando Benedetti

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó con un mensaje en su cuenta de X dirigido a Rodríguez, luego de que ella difundiera un video en el que relató lo ocurrido en su vivienda el pasado 21 de noviembre.

“A pocas personas he querido cuando hemos trabajado juntos. Angie Rodríguez es una de ellas, a quien le reconozco su inteligencia y su eficacia en su trabajo. Me duele ver cómo su casa fue vulnerada y ultrajada. Solidario con ella a muerte”, escribió el funcionario en la red social.

Y es que, además del allanamiento, Rodríguez declaró que tendría conocimiento de reuniones entre personas que, presuntamente, habrían buscado su salida de la Casa de Nariño. En su mensaje, solicitó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y al director de la Policía, general William Rincón Zambrano, que se mantuvieran las condiciones actuales de seguridad asignadas para ella, sus padres y su hijo.

La exdirectora informó que ya radicó la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y que la Sijín tiene conocimiento de los hechos. Insistió en que las autoridades deben establecer responsabilidades y avanzar en las indagaciones sobre lo ocurrido en su residencia el 21 de noviembre.

Motivos de su retiro del Dapre

La denuncia de Rodríguez se conoció poco después de que se confirmara su salida del Dapre, cargo que ocupó desde febrero de 2025. Su retiro, oficializado el 1 de diciembre, habría estado marcado por desacuerdos internos con miembros del Gobierno. Entre las tensiones que se hicieron públicas, resaltó la discusión generada por la postulación de José Alexis Mahecha a un cargo directivo en la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC). Rodríguez se opuso a este nombramiento, lo que produjo un conflicto dentro del Ejecutivo.

El presidente Gustavo Petro mantuvo su respaldo a Mahecha, que había sido director administrativo del Dapre y salió previamente del cargo por discrepancias con Rodríguez. Este episodio se convirtió en un punto determinante en el proceso que llevó a la salida de la funcionaria.

Rodríguez asumió la dirección del Dapre tras la salida de la excanciller Laura Sarabia, consolidándose como una de las figuras centrales de la administración. Tras su retiro del cargo, Letty Leal, subdirectora del Dapre, asumió temporalmente la dirección mientras se define una designación de carácter permanente.

Un operativo en el barrio La Perla, del municipio de Sardinata, en Norte de Santander, terminó con la captura de Angelmiro Torres Silva, un hombre que se movilizaba en silla de ruedas y tenía en su poder una escopeta y cerca de tres kilogramos de base de coca.

De acuerdo con información divulgada por la policía del departamento y conocida por el diario cucuteño La Opinión, el procedimiento fue ejecutado por efectivos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) de la Policía de Norte de Santander (Denor), adscritos al grupo de estupefacientes, con apoyo del Ejército.

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El informativo detalló que Torres Silva fue sorprendido durante un allanamiento con una escopeta de madera y aproximadamente 2.958 gramos de base de coca.

La diligencia fue autorizada por la Fiscalía 19 seccional de la estructura de apoyo EDA de Cúcuta. Las autoridades confirmaron que el detenido, además, cuenta con antecedentes por concierto para delinquir y habría formado parte de distintas bandas criminales de la zona.

Tras su detención, un juez municipal con funciones de control de garantías en Sardinata dictó medida de detención domiciliaria en su contra, dado que el capturado presenta una discapacidad física. El proceso judicial seguirá mientras permanece bajo custodia en su residencia.

Fuerzas Militares destruyeron laboratorio del ELN en Norte de Santander: decomisaron media tonelada de cocaína

Una operación conjunta de las Fuerzas Militares permitió la destrucción de un laboratorio del ELN en la vereda El Carrizal, Ocaña, con la incautación de 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína y grandes volúmenes de insumos, según fuentes oficiales.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, la acción representa una afectación directa a la estructura financiera ilícita del Frente Camilo Torres Restrepo, responsable del procesamiento y comercialización de drogas en la región.

El procedimiento, desarrollado el sábado 27 de septiembre, incluyó la coordinación de tropas del Ejército Nacional y la Policía Nacional en una zona estratégica para el narcotráfico en el noreste de Colombia.

Las unidades localizaron la instalación clandestina y confiscaron 317 galones de pasta base en proceso, 490 galones de insumos líquidos y 116 kilogramos de insumos sólidos. Según las autoridades, el golpe financiero para el ELN supera los $4.000 millones, debilitando un eslabón fundamental de su economía ilícita.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, valoró el impacto de la ofensiva estatal. “Un duro golpe a las finanzas del narcotráfico que alimenta la violencia en la región”, expresó el funcionario, en redes sociales.

Sánchez destacó el trabajo conjunto: “Cada operación de este tipo debilita las estructuras ilegales, libera territorios y devuelve tranquilidad a nuestras comunidades”.

En un mensaje dirigido a quienes persisten en actividades ilegales, el ministro subrayó la necesidad de abandonar el crimen. “El camino de la legalidad siempre será más fuerte y duradero que el de la violencia”, afirmó Sánchez, e instó a reconstruir vidas al margen del delito.

Además, reiteró la importancia de la denuncia ciudadana como clave en el combate contra el narcotráfico, recordando las líneas habilitadas para informar sobre estos delitos con absoluta reserva.

De forma paralela, el 25 de septiembre de 2025, tropas del Grupo de Caballería Mediano N° 5 General Hermógenes Maza y la Sijin Mecuc ejecutaron una segunda operación en San Cayetano (Norte de Santander).

Allí, las autoridades desmantelaron otro laboratorio del ELN y decomisaron 240 kilos de sustancias sólidas, más de mil galones de insumos líquidos, 100 kilos de insumos sólidos, 50 kilos de clorhidrato de cocaína y equipos industriales. El complejo pertenecía al Frente Urbano Carlos Germán Velazco Villamizar y que la organización dejaría de recibir cerca de mil millones de pesos por la producción de estupefacientes.

Las autoridades enfatizaron que estas acciones coordinadas refuerzan la presencia estatal, afectan el flujo de recursos hacia organizaciones armadas y buscan devolver condiciones de seguridad a las comunidades de Norte de Santander, una zona afectada históricamente por la violencia y el narcotráfico.

Un allanamiento en Río Cuarto por un caso de robo domiciliario derivó en el hallazgo de 240 ladrillos de marihuana y dos de cocaína por parte de la Policía de Córdoba.

El procedimiento se realizó este jueves en una vivienda ubicada en Pasaje Público al 3300, en el barrio 400 Viviendas.

La intervención policial se originó a raíz de una investigación por un robo. Al ingresar al inmueble, los efectivos se toparon con una cantidad significativa de drogas, lo que motivó la inmediata participación de la Justicia Federal, de acuerdo con fuentes consultadas por El Doce.

Además de los estupefacientes, en el lugar se incautaron armas de fuego de grueso calibre y chalecos antibalas que llevaban inscripciones de la fuerza de seguridad provincial.

El procedimiento concluyó con la detención de un hombre de 31 años y una mujer de 24. Según trascendió, el individuo arrestado poseía frondosos antecedentes penales y, al momento del operativo, se encontraba bajo libertad condicional.

Si bien la orden de allanamiento había sido emitida por el Juzgado de Control, el descubrimiento de la droga provocó que la Fiscalía Federal de Río Cuarto asuma la investigación, ampliando el alcance judicial del caso.

Córdoba: así operaba “Manitos blancas”, un narco boliviano que ocultaba la droga en baldes de pintura

Hace un mes, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó la prisión preventiva de Hugo “Huguichi” Hermosa Vacaflor, un ciudadano boliviano de 55 años conocido como “Manitos blancas”, acusado de liderar una organización dedicada al tráfico de cocaína que utilizaba una pinturería como fachada y ocultaba la droga en baldes de pintura.

El juez federal Alejandro Sánchez Freytes determinó que Hermosa Vacaflor actuaba como jefe, asignaba tareas, controlaba la recaudación y coordinaba la logística para el ingreso y distribución de estupefacientes desde Bolivia hacia Argentina. Las conversaciones intervenidas revelaron instrucciones directas sobre la entrega de la droga y el dinero, así como el uso de códigos como “pescado”, “rabas” o “tacho de pintura” para referirse a la cocaína y sus cantidades.

La investigación, iniciada tras la incautación de teléfonos celulares y la detección de contactos clave como “Inge 890” e “Inge”, permitió identificar a varios integrantes de la banda. Entre ellos, Antony Amadeus “Tomás” Delki Antezana, de origen peruano, señalado como mano derecha de Hermosa Vacaflor, y Yohana Villarreal, pareja de Delki, quienes fueron grabados trasladando mochilas y valijas con droga o dinero entre distintos domicilios de Córdoba capital.

Durante los allanamientos realizados en barrios como Centro, Villa Martínez, Argüello y Ameghino Norte, así como en la Comuna San Roque y Malvinas Argentinas, se detuvo a ocho personas y se incautaron 66,5 kilos de cocaína, valorados en aproximadamente USD665.000, junto a más de USD153.000, 15 millones de pesos, 8.760 euros y 20.000 bolivianos. En la vivienda de Hermosa Vacaflor se hallaron USD48.900 y $340.000, mientras que en la de su expareja se encontraron $9.130.500, USD33.850, 8.760 euros y 20.000 bolivianos. Delki y Villarreal ocultaban $308.170 y USD70.540 en su residencia, además de $6.554.200 y USD250 en un departamento del centro.

El esquema delictivo incluía la participación de otros cómplices, como Osvaldo Miguel “Chino” Cejas, quien utilizaba su vivienda como “búnker” para almacenar y vender la sustancia, y Gustavo Fernando “el Pili” Cabello y Brian Daniel Palacio, encargados de custodiar y comercializar la droga. Las operaciones de venta se realizaban mediante la modalidad delivery y al menudeo, con la recaudación entregada diariamente al líder de la banda.

La Cámara Federal declaró desistida la apelación de Delki y ratificó la prisión preventiva de Hermosa Vacaflor por los delitos de organización para el comercio y distribución de estupefacientes, asociación ilícita y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, según informó el Ministerio Público Fiscal.

La reciente decisión de la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, de ordenar un allanamiento en la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, sigue siendo tema de polémica en el Ejecutivo.

La diligencia, ejecutada con la colaboración de la fuerza pública, fue señalada por el propio Benedetti y su pareja, Adelina Cobo, de presentar irregularidades y supuestas extralimitaciones frente a sus hijos menores.

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En su último pronunciamiento al respecto, Benedetti indicó: “Pésele a quien le pesare, hoy soy víctima del abuso y la extralimitación de Cristina Lombana, de ultraderecha. No encontraron nada en el allanamiento, soy inocente, he dado la cara a la Corte Suprema, y todos los tonticos que son de derecha no han presentado ni una sola prueba de un negocio de enriquecimiento ilícito (...)“.

Frente a esta polémica, Lombana defendió su actuación mediante una carta dirigida al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la que detalló el respaldo operativo recibido y rechazó las acusaciones de abuso en el procedimiento.

En la misiva, la magistrada subrayó que ella misma lideró tanto la planeación como la ejecución de la diligencia, y que el allanamiento se realizó “con fundamento en el artículo 293 de la Ley 600 de 2000”, en el desarrollo de una investigación formal contra contra el hoy ministro del Interior, según consta en la comunicación remitida a Sánchez.

“En relación con las manifestaciones que se han publicitado en medios de comunicación, quiero aclararle al señor Ministro de la Defensa que personalmente dirigí el planeamiento y ejecución de la diligencia de allanamiento (...)”, indica la carta dirigida a Sánchez.

Lombana enfatizó que dispuso el acompañamiento de unidades de diferentes especialidades policiales, incluyendo Dijín, Sijín y Goes, equipos cuyos integrantes desconocían la naturaleza de la misión hasta el momento mismo de su ejecución. De esta manera, la magistrada agradeció abiertamente el respaldo recibido por parte del Ministerio de Defensa.

“Quiero agradecerle el acompañamiento que la fuerza pública prestó a las diligencias judiciales que se adelantaron en el marco de las competencias que le asigna a esta Magistratura los artículos 114, 142 y 312 de la Ley 600 de 2000“, se lee expresamente en el documento.

Además, en respuesta indirecta a los señalamientos lanzados por Benedetti y Cobo sobre supuestas extralimitaciones ante sus hijos, Lombana aclaró que todo el procedimiento contó con la presencia de personal policial femenino y masculino, así como de miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia, que, conforme afirma la magistrada en el oficio, “guardaron la compostura y templanza que exige una diligencia judicial de esta índole” y cumplieron estrictamente las instrucciones impartidas.

¿Por qué allanaron la casa de Armando Benedetti?

El allanamiento se realizó en el desarrollo de una investigación que busca esclarecer su presunta participación en una red político-empresarial orientada a favorecer a la firma Simetric S.A., dedicada a certificar la aptitud psicofísica de vigilantes privados.

Según el auto de apertura de instrucción formal emitido el 6 de junio de 2024, la magistrada Cristina Lombana sostiene que Benedetti, cuando era senador, habría impulsado la Ley 1539 con el objetivo de beneficiar económicamente al empresario Euclides Torres, propietario de la compañía.

El documento judicial detalló que, a cambio de gestiones legislativas, Torres habría otorgado a Benedetti un préstamo superior a $3.600 millones para la compra de una vivienda en Puerto Colombia (Atlántico), sin que existan garantías ni soportes de pago que respalden la operación. Esta transacción, junto con otros movimientos económicos y vínculos políticos identificados por la Policía Judicial y registros financieros, habría motivado a la Corte Suprema a considerar la diligencia judicial como una medida para recolectar pruebas en la investigación.

El funcionario sostuvo que no es de su competencia intervenir en el trámite, que está a cargo de la Sala Disciplinaria de Instrucción y de procuradores especializados.

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Durante la presentación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2028, Eljach recordó que el caso pasó a etapa preliminar luego de que se abriera indagación por los señalamientos que el ministro dirigió a la magistrada, posteriores al allanamiento realizado a su vivienda en Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia, Atlántico.

El jefe del Ministerio Público enfatizó que el proceso avanza conforme a los procedimientos establecidos y bajo autonomía de los funcionarios responsables. “Por el fuero legal que tiene el ministro, eso corresponde a una sala disciplinaria de instrucción. Allí se está adelantando con la competencia y la autonomía que ellos tienen. El procurador no se mete en ese nivel”.

Con relación al proceso, afirmó que ya hay un avance clave: "Ellos han decretado unas pruebas, ya las estarán realizando. Cuando llegue el momento, evaluarán cuál es la conducta a seguir y cuál es la medida que hay que adoptar. Entonces, en este momento, sabremos. Yo no me debo ni quiero meterme en ellos porque ellos tienen autonomía y son independientes del despacho del procurador”, expresó Eljach ante los medios de comunicación.

Indagación disciplinaria en curso

La actuación disciplinaria está en el despacho del procurador delegado Jorge Enrique Sanjuán. La indagación se originó por las expresiones de Benedetti tras el allanamiento a su residencia, diligencia judicial practicada por orden de la magistrada Lombana. En ese momento, el ministro calificó a la magistrada como “loca” y “delincuente”, cuestionando su competencia en el procedimiento.

La Corte Suprema de Justicia difundió un comunicado en rechazo a esos señalamientos y llamó a evitar el escalamiento del lenguaje en asuntos institucionales. Pese a los pronunciamientos, el trámite disciplinario continúa centrado en determinar si las expresiones proferidas constituyen una falta que amerite abrir investigación formal.

En la red social X, Benedetti expresó arrepentimiento por sus palabras hacia Lombana. “He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación y eso no refleja quien quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana. Sin embargo, esto no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso de poder contra mí y mi familia”, escribió el ministro.

La Fiscalía también investiga

Paralelo al proceso disciplinario que cursa en la Procuraduría, el viernes 14 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar para establecer si hubo irregularidades en la adquisición de la residencia ubicada en Lagos de Caujaral. El objetivo es verificar posibles conexiones ilegales relacionadas con el crédito de leasing habitacional suscrito con Ricardo Leyva para obtener la propiedad.

El proceso está a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que adelanta las averiguaciones previas para determinar si existen fundamentos suficientes para iniciar una investigación formal. De darse ese escenario, la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema asumiría el caso, dada la condición del ministro como alto funcionario del Estado.

Benedetti reaccionó al anuncio también desde X, señalando que recibe positivamente el inicio de la indagación y sosteniendo que ello demostraría que la magistrada Lombana no estaba facultada para realizar el allanamiento a su vivienda “y mucho menos hacerlo de forma violenta e ilegal”.

El ministro del Interior se refirió además a las recusaciones que ha presentado contra la magistrada Lombana en procesos que la involucran en investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito. Según manifestó, “aún así, en Barranquilla interrogó a Leyva y otros empresarios por hechos ocurridos dos meses atrás, cuando dejé de ser senador hace ya tres años, y presionó a muchas otras personas por actividades de hace apenas un mes, amenazándolas incluso con extradiciones y con enviarlas a prisión”.

Las recientes declaraciones de Armando Benedetti reavivaron la controversia en torno al allanamiento de un predio vinculado a su nombre, un hecho que generó debate público y cuestionamientos sobre la legalidad y motivaciones detrás del procedimiento.

Durante una intervención en vivo en el programa El Debate de Semana, el ministro del Interior abordó directamente la propiedad del inmueble y desmintió las versiones que circulan sobre la supuesta mansión.

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El operativo, ordenado por la magistrada Cristina Lombana, se realizó en un predio asociado a Benedetti, lo que desató una ola de especulaciones sobre la titularidad de la propiedad. El ministro rechazó categóricamente las afirmaciones que lo señalan como dueño de una mansión y calificó de falsas las versiones difundidas en los últimos días.

“A mí me da risa que todo lo que dicen es mentira. Y si es verdad, me pregunto por qué no han ido a denunciar o a mostrar los papeles. Cada semana salen a decir que es de Pedro, de Juan, de Mario, del banco, y ni siquiera les da rubor decir que están completamente equivocados”, afirmó Benedetti a la revista citada anteriormente.

En su explicación, el jefe de la cartera del Interior detalló que la presencia en el inmueble se debe a una permuta realizada a principios de septiembre, lo que le permitió residir allí temporalmente mientras avanzaba el proceso correspondiente. A su vez, subrayó que, por esta razón, la propiedad no figura en su declaración de renta.

“Ayer se dijo que es del Banco Colpatria, o sea que no es mía. Si aparece en un papel que es del banco, ningún banco va a ser el testaferro de uno, ¿verdad? Es mentira entonces todo lo que dijeron durante 15 días sobre de quién era la propiedad”, manifestó Benedetti, negando cualquier vínculo de testaferro y desestimando las acusaciones sobre la titularidad del bien.

En el mismo espacio, el ministro dirigió duras críticas a la actuación de la magistrada Lombana, a la que acusó de “abuso de autoridad” y de tomar decisiones motivadas por su cercanía con el presidente Gustavo Petro.

Benedetti anunció que presentará varias demandas contra Lombana por lo que considera actuaciones indebidas en su contra y en perjuicio de su familia. “Ella ha abusado de su poder y se ha extralimitado en su poder”, declaró Benedetti a Semana.

Además, expresó su frustración por la falta de acceso a la justicia: “Yo no he tenido acceso a la justicia, dicen que yo soy poderoso e importante, pero a la hora de yo intentar demandar alguien, nunca lo puedo hacer. (…) Entonces ella ha hecho lo que le da la gana”.

En su intervención, Armando Benedetti sostuvo que la magistrada “intimida” a personas de su entorno y que, pese a estar recusada para actuar sobre el tema de los bienes, ha continuado con procedimientos que, según él, carecen de fundamento legal.

“Ella lo hace de forma ilegal porque está recusada para actuar sobre el tema de los bienes”, aseguró Benedetti al medio mencionado.

De igual modo, el ministro también cuestionó los objetivos del allanamiento, al señalar que no se hallaron pruebas de riqueza ni objetos de valor en el inmueble.

“Ella lo que cree es que va a encontrar plata por allá, obras de arte y una casa lujosa, (…) pero no encontraron absolutamente nada. ¿Para qué hizo el allanamiento? No se llevó nada, entonces esto demuestra que lo único que quiere es perseguirme”, concluyó Benedetti en su diálogo con Semana.

El funcionario insistió en que la polémica tiene motivaciones políticas y anunció que agotará las vías legales para esclarecer lo ocurrido.

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar contra el representante a la Cámara Juan Carlos Wills Ospina tras una queja presentada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, relacionada con la falta de trámite a una denuncia contra la magistrada Cristina Lombana.

Según informó el organismo público, el jefe de cartera radicó la queja disciplinaria el 11 de noviembre de 2025, argumentando que el congresista del Partido Conservador no había dado curso a la denuncia interpuesta el 15 de agosto de 2023 contra la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ante la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes.

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“... indagación previa en este asunto, en contra del representante a la Cámara, Juan Carlos Wills Ospina, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 208 del CGD y de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído (...) el investigador, presuntamente, no ha dado trámite a la actuación y no ha proferido auto de apertura de indagación preliminar, constituyéndose un retardo injustificado y una omisión manifiesta de su deber funcional”, señala el documento revelado por Semana.

No obstante, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría determinó que, aunque la queja de Benedetti sugiere una posible omisión y un retardo injustificado en el cumplimiento de los deberes funcionales de Wills Ospina, hasta el momento no existen pruebas suficientes para abrir una investigación disciplinaria formal.

“Si bien la noticia disciplinaria proporciona elementos orientadores, esta carece de precisión fáctica, ya que no se conoce el contexto completo de cómo el representante investigador ha tramitado hasta la fecha el radicado 6265 asignado por el presidente de la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes, el 25 de septiembre de 2023, ni las actuaciones procesales que se han surtido dentro de esa actuación”, detalla el ente de control.

Como parte de este proceso, la Sala ordenó una inspección disciplinaria en la corporación legislativa para “obtener copia íntegra de la actuación” bajo responsabilidad de Wills Ospina.

Contexto de la denuncia

El caso se remonta a una denuncia disciplinaria que el entonces senador Armando Benedetti había interpuesto contra la togada Cristina Lombana por presunto abuso de función pública y prevaricato, según recopiló El Espectador.

Esta denuncia fue presentada después de que el hoy funcionario de Gobierno presentara una recusación en su contra por el caso de Fonade (Fondo Nacional de Desarrollo), en el que el excongresista es investigado por presunto interés indebido en la celebración de contratos en dicha entidad.

Adicionalmente, el diario bogotano detalló que Lombana, que actualmente investiga a Benedetti en la Corte Suprema de Justicia por supuestos delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito, enfrenta cuatro procesos relacionados con el hoy ministro del Interior.

La defensa de Benedetti argumentó que la magistrada Lombana retuvo indebidamente bajo su despacho tres investigaciones contra el exsenador durante casi un año, a pesar de que había perdido competencia para conocer de esos asuntos tras la designación de Benedetti como embajador de Venezuela en 2022.

Según la denuncia, Lombana se habría negado a remitir los expedientes a la Fiscalía, autoridad que debía asumir la investigación.

Además, el documento presentado por Benedetti cuestiona que la magistrada insistiera ante el Tribunal Superior de Bogotá en conservar los casos y que, sin tener competencia, ordenara una inspección judicial en el proceso por enriquecimiento ilícito.

Pelea entre Benedetti y Lombana

La investigación contra Juan Carlos Wills se suma a las tensiones entre Armando Benedetti y Cristina Lombana tras un allanamiento ordenado por la magistrada en la residencia del ministro en Barranquilla.

Este procedimiento, realizado el 11 de noviembre, se enmarca en una investigación que la Sala Especial de Instrucción adelanta desde hace varios años sobre presuntas irregularidades cometidas por el ministro durante su etapa como congresista en 2012.

En respuesta a la diligencia, Benedetti calificó públicamente a Lombana de “loca, demente y delincuente”, declaraciones que generaron un rechazo inmediato por parte de la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, el jefe de cartera se retractó de dichos calificativos, al considerar que se dejó llevar de sus emociones por la ocupación de su residencia, aunque insistió en que la magistrada se extramilitó en sus funciones.

“He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación y eso no refleja quién quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana. Sin embargo, esto no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso de poder contra mí y mi familia”, expresó Benedetti en su cuenta de X.

El miércoles 12 de noviembre de 2025, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes realizó una inspección judicial en las oficinas de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Al respecto, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, cuestionó a la representante y exesposa de Roy Barreras, Gloria Arizabaleta.

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Según Briceño, Arizabaleta fue la persona que “ordenó” el allanamiento al Consejo de Estado desde la Comisión de Acusaciones.

“La representante a la Cámara Gloria Arizabaleta exesposa de Roy Barreras ordenó un allanamiento al Consejo de Estado desde la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra varios magistrados”, señaló Briceño.

El concejal indicó que uno de los magistrados estudia una demanda contra el partido de la representante, La Fuerza de la Paz, por lo que le preguntó a la congresista por qué no se declaró impedida.

“Uno de esos magistrados se encuentra estudiando una demanda en contra de su partido ‘La Fuerza de la Paz’. Esta es una presión absoluta burda y grosera a la justicia ¿Por qué Arizabaleta no se declaró impedida?”, afirmó Briceño.

En un video, el concejal Daniel Briceño entregó más detalles de su denuncia, realizando una cronología de las fechas.

“El pasado 21 de octubre de 2025, los estudiantes Samuel Ortiz y Lucas Durán presentaron ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la personería jurídica de Fuerza de la Paz, señalando que la división del partido no debía haberse autorizado por existir procesos sancionatorios previos. La demanda fue admitida y quedó en manos del magistrado Omar Joaquín Barreto”, indicó el cabildante.

Y agregó: “De forma sorpresiva, el 10 de noviembre, Gloria Arizabaleta, desde la Comisión de Acusaciones y con base en una denuncia contra magistrados, ordenó un allanamiento e investigación sobre los magistrados Omar Joaquín Barreto, Luis Alberto Álvarez Parra, Gloria María Gómez Montoya y Pedro Pablo Vanegas Gil, de la Sección Quinta del Consejo de Estado”.

Por los hechos, según Daniel Briceño, el magistrado Barreto se declaró impedido, “para seguir conociendo el caso, lo que podría dilatar e intimidar a los magistrados encargados del proceso que afecta a Fuerza de la Paz”.

“Me pregunto cómo es posible que la señora Arizabaleta utilice su poder en la Comisión de Acusaciones para intimidar a magistrados y favorecer sus propios intereses. ¿Por qué no se declaró impedida en este caso? ¿Por qué decidió continuar con la investigación contra los mismos magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado cuando ella y su partido tienen intereses en esa instancia? ¿Está utilizando el poder de la Comisión para presionar decisiones a favor suyo?“, aseveró Daniel Briceño.

La diligencia, realizada el miércoles 12 de noviembre, está vinculada a dos demandas de nulidad electoral: una contra el alcalde de Calima Darién y otra contra el gobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta, encabezó la diligencia en la sede del Consejo de Estado junto a funcionarios de la Dijín y del CTI, quienes acudieron para obtener información sobre los expedientes de los procesos citados.

Qué dijo el Consejo de Estado

En un comunicado, el Consejo de Estado informó que la diligencia se desarrolló sin contratiempos y conforme a los procedimientos institucionales.

“La Sección Quinta informa que a través de la Secretaría General y la Secretaría de la Sección Quinta, se atienden en este momento las diligencias de inspección judicial decretadas por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales“, señaló el alto tribunal.

Y agregó que, en tal sentido, “prestó toda la colaboración para su práctica, como corresponde y como lo ha hecho en oportunidades anteriores en las que, en diversas investigaciones, se han practicado este tipo de pruebas”.

Al denunciar lo que ocurrió en el proceso, Benedetti lanzó duros ataques hacia la magistrada Cristina Lombana, que encabezaba la investigación por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias vinculados a su pasada gestión como congresista.

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En respuesta a estas declaraciones, el Consejo Superior de la Judicatura emitió una carta oficial dirigida a Benedetti, en la que expresó su preocupación por los señalamientos realizados contra la magistrada Lombana. La misiva, firmada por el presidente de la alta corte, recalcó la importancia de la independencia judicial e hizo un llamado a la prudencia a los funcionarios para evitar generar un clima de confrontación que pueda vulnerar los principios democráticos del país.

El 10 de noviembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia ordenó un allanamiento a la residencia de Armando Benedetti como parte de una investigación sobre presuntos delitos cometidos durante su etapa como congresista. El caso se centra en la adquisición de una propiedad cuyo origen y justificación no están claros, lo que dio pie a una serie de denuncias por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

En medio de este operativo, Benedetti reaccionó en sus redes sociales con un video y varios mensajes en X, donde acusó a la magistrada Cristina Lombana de ser la responsable de una “persecución judicial” y calificándola de “loca” y “obsesionada” por su caso. Además, ministro consideró que el allanamiento fue un abuso de poder, al denunciar que la togada regresó “con las manos vacías” y que la investigación carecía de fundamento.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también respaldó a Benedetti y calificó el operativo como “ilegal”, comparándolo con un “secuestro”. Estas declaraciones fueron interpretadas como un ataque directo a la autonomía de la Corte Suprema, lo que llevó al Consejo Superior de la Judicatura a tomar cartas en el asunto.

La carta del Consejo Superior de la Judicatura

La misiva enviada al ministro Benedetti resalta la gravedad de sus declaraciones contra la magistrada Lombana. En el documento, el presidente de la alta corte, Jorge Enrique Vallejo, recuerda al ministro del Interior que, si bien cualquier ciudadano tiene el derecho de expresar su desacuerdo con las decisiones judiciales, estas deben ser planteadas de manera respetuosa y dentro de los canales adecuados para garantizar el debido proceso.

“Lo invito a reflexionar que las descalificaciones personales y los señalamientos injuriosos contra quienes administran justicia atacan su dignidad y ubican al servidor en un escenario de polarización y virulencia”, expone la carta.

Además, el Consejo recuerda que, en un reciente encuentro con la Conferencia Episcopal de Colombia y con la presencia activa del presidente Gustavo Petro, se había hecho un compromiso público para “desescalar el lenguaje” y promover un diálogo institucional respetuoso: “Es necesario preservar el imperio de la civilidad, el respeto mutuo y la observancia de la ley como fundamento de nuestra convivencia pacífica”.

Además, el Consejo Superior de la Judicatura, en su carta, insistió en la necesidad de proteger la independencia judicial, un principio fundamental que asegura que los jueces puedan actuar sin interferencias externas.

Según se lee en la misiva: “Los pronunciamientos agresivos constituyen un grave atropello hacia la institucionalidad y una vulneración al principio de independencia judicial, que es pilar esencial del Estado social y democrático de derecho”.

De igual manera, la corte hizo un llamado a evitar que los enfrentamientos públicos entre los actores políticos y judiciales generen un clima de desconfianza y debilitamiento de las instituciones. Recordó que las críticas deben estar basadas en el respeto y centradas en los procedimientos legales establecidos, sin caer en ataques personales o injuriosos.

Juliana Guerrero, activista y líder estudiantil de la costa colombiana, se encuentra en medio de un escándalo académico tras la anulación de su título de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria por parte de la Fundación Universitaria San José. Según la universidad, y las investigaciones, no se logró verificar la actividad académica que respaldara su grado, ni su cumplimiento con el examen Saber Pro —requisito esencial para la graduación en Colombia—.

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Lina María Garrido, conocida por su postura crítica hacia el Gobierno de Petro, aprovechó la situación para arremeter contra del ministro Benedetti y por medio de un video difundido a través de su cuenta en X, la legisladora hizo una parodia en la que simulaba una conversación con el alto funcionario al usar una rata de juguete como “su interlocutor”.

En el clip, la congresista cuestionó duramente el manejo del caso de Guerrero y la situación política de la administración nacional: “Armando, otra vez por aquí. Hoy te veo lloroso y meditabundo, y no es para menos, no te ha ido bien. Aquí en el Congreso las reformas se te van a caer. La ley de financiamiento no avanza. Te quedaste sin visa, te metieron a la lista Clinton, te cancelaron las tarjetas de crédito”.

La congresista también hizo alusión a las supuestas irregularidades de la joven en relación con su título universitario. “La empresita que le estaba funcionando de artículos universitarios falsos con Juliana Guerrero también se te cayó”, agregó, al sugerir que detrás de la situación se escondía un entramado de corrupción y malas prácticas.

Benedetti respondió a la congresista: “Eres una hipócrita”

El ministro Benedetti no tardó en responder a las acusaciones de Garrido, y lo hizo de forma tajante. A través de su cuenta en X, lanzó un extenso mensaje en el que no solo defendió su gestión, sino que atacó duramente a la congresista, al sugerir que ella está rodeada de personas vinculadas con la corrupción.

“Tú estás rodeada por Facundo Castillo, exgobernador de Arauca CONDENADO Y PRESO POR CORRUPTO, dueño tuyo. La esposa de Facundo, Raquel, y la hija de Facundo, Isabella, trabajan en tu UTL. Y TU PAPÁ, quien te crio, fue destituido de la Gobernación de Arauca por conductas irregulares (sic)”, escribió Benedetti, en un ataque directo a los vínculos políticos de Garrido.

Además, el ministro se refirió a las acusaciones que implican a Facundo Castillo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), al agregar: “Y hoy que te las tiras de derecha, Facundo Castillo tuvo presuntos nexos con el ELN. Puede que haya tenido malos días, pero estoy seguro de que todos los días que tú has tenido han sido malos (sic)”.

La discusión estuvo marcada por varios episodios polémicos en los que ambos se sacaron los ‘trapitos al sol’; sin embargo, lo realmente sorprendente no fue tanto lo que se dijeron ni las acusaciones que surgieron en su contra, sino que ninguno de los involucrados las desmintió. Pareciera como si los escándalos y casos de corrupción se estuvieran volviendo algo común, cuando en realidad no es aceptable que el Estado esté relacionado con este tipo de situaciones.

A pesar de todo, los líderes involucrados causaron gran controversia, especialmente por los vínculos que tienen con otras figuras y, sobre todo, porque la casa del ministro del Interior fue allanada como parte de una investigación que lleva a cabo la magistrada Cristian Lombada en su contra. De allí surgió la referencia de la representante, quien comentó que él ha tenido “días malos”.

El reciente allanamiento a la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, ha puesto en el centro de la atención nacional al exclusivo Club Lagos de Caujaral, un complejo residencial en las afueras de Barranquilla que destaca por su lujo y acceso restringido.

La vivienda del funcionario, ubicada en este condominio, fue intervenida por orden de la Corte Suprema de Justicia en el marco de una investigación liderada por la magistrada Cristina Lombana, lo que desató una serie de reacciones y denuncias públicas tanto del ministro como de su esposa.

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El Club Lagos de Caujaral, situado en la vía que conecta Puerto Colombia con la capital del Atlántico, se distingue por su entorno de bosques y vegetación caribeña, así como por la privacidad que ofrece a sus residentes.

El complejo alberga mansiones cuyo valor oscila entre 2.500 y 15.000 millones de pesos, y cuenta con instalaciones como terrazas con piscinas, restaurantes exclusivos, canchas de tenis, un gimnasio, zonas húmedas y un campo de golf de dieciocho hoyos.

El acceso a estas comodidades no es para todos: la membresía y los servicios tienen costos elevados, como la entrada mensual al gimnasio para residentes, que asciende a $160.000, y la participación en torneos privados de golf, que puede alcanzar $8.700.000 más IVA.

La historia del Club Lagos de Caujaral se remonta a noviembre de 1968, cuando un grupo de personalidades de Barranquilla, liderado por el urbanizador Karl Parrish, impulsó la creación de este proyecto. Cuatro décadas después, el club se consolidó como uno de los conjuntos residenciales más exclusivos de la región, con una oferta de actividades y servicios que lo diferencian de cualquier otro espacio recreativo en la ciudad.

La mansión habitada por Armando Benedetti se encuentra en la calle “No me olvides” dentro del complejo y dispone de cuatro habitaciones, estudio, sala, comedor, piscina y garajes.

De acuerdo con El Colombiano, el inmueble, que anteriormente perteneció a Álex Saab —señalado como testaferro del régimen de Nicolás Maduro—, fue entregado por este al banco Scotiabank Colpatria en 2011 como dación en pago por una deuda de $2.000 millones, cifra que hoy equivaldría a unos $3.800 millones.

Posteriormente, el empresario de espectáculos Ricardo Leyva ocupó la vivienda y, hace aproximadamente dos meses, cedió el contrato al ministro Benedetti, aunque no se han precisado los detalles del acuerdo ni el valor exacto del arriendo.

Según información divulgada por el periodista Daniel Coronell y el abogado Camilo Enciso, Benedetti firmó un contrato de leasing habitacional con el banco, lo que le permite ocupar la casa pagando cuotas mensuales con opción de compra.

El ministro estaría abonando más de $20 millones mensuales, una suma considerable en comparación con su ingreso oficial de $26,8 millones.

Tras el allanamiento, la esposa del ministro, Adelina Guerrero Covo, denunció a través de su cuenta de X haber sido víctima de maltrato y abuso de autoridad por parte de la magistrada Lombana, integrante de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Guerrero relató: “La magistrada Cristina Lombana, durante el allanamiento a mi casa, me trató de ignorante, me mandó despectivamente a sentar y a callarme”. Añadió que la funcionaria le quitó el celular e intentaron ingresar de manera ilegal hasta bloquearlo.

Según Guerrero, aunque se permitió la presencia de su abogado, “fue solo para que me mantuviera calladita”, y afirmó haber sido amenazada con captura e intimidada por funcionarios del GOES, grupo de operaciones especiales contra el crimen organizado. En su mensaje, sostuvo que la magistrada “intentó humillarme y aplastar mi dignidad como mujer”, concluyendo con un llamado público: “Calladitas no nos vemos más bonitas”.

El Club Lagos de Caujaral, con su campo de golf, zonas húmedas, restaurantes y carritos de golf para desplazarse por sus instalaciones, se mantiene como un símbolo de exclusividad en Barranquilla. Solo quienes cuentan con una “billetera robusta” o conexiones en la alta sociedad local pueden acceder a este enclave, que se diferencia claramente de los espacios recreativos habituales de la ciudad.

“En estos momentos estoy hablando como papá, sobre todo. En este momento, se está allanando mi hogar por parte de la magistrada Lombana, quien está completamente loca, demente y además es una delincuente. Está abusando de su poder, porque yo hace tres años dejé de ser senador. No puede investigarme”, indicó Benedetti en un video publicado en sus redes sociales.

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De acuerdo con el ministro, sus derechos están siendo vulnerados y teme por su seguridad y la de su familia. Por eso, responsabilizó a la togada de cualquier cosa que le pueda pasar a sus allegados, tras el allanamiento de su vivienda.

De hecho, aseguró que su esposa, Adelina Guerrero, fue humillada y maltratada durante la diligencia. “¿Cuántos colombianos hoy aguantarían un allanamiento en su casa de forma ilegal y con 30 policías humillando y maltratando a su esposa?”, cuestionó en su cuenta de X.

Crítica de Katherine Miranda a Benedetti

La representante a la Cámara Katherine Miranda se pronunció sobre los hechos, criticando al ministro del Interior por haber insultado a la magistrada. Desde su perspectiva, la reacción de Benedetti es “inaceptable”.

“Que Armando Benedetti haya tratado de loca, demente, hijueputa y delincuente a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia porque lo está investigando, es realmente inaceptable”, precisó.

Aseguró que este tipo de comentarios hacia las mujeres que ejercen poder en Colombia no son nuevos en el Gobierno nacional. Recordó distintos momentos en los que el presidente Gustavo Petro hizo señalamientos que molestaron a varias mujeres por ser violentos y machistas.

Mencionó, por ejemplo, el momento en el que el mandatario hizo un comentario en un Consejo de Ministros sobre los órganos de las mujeres: “Una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer. Dicen que no hable de eso, entonces hablo del hombre”.

De igual manera, recordó que en un evento público llamó a las periodistas “muñecas de la mafia”.

Así las cosas, Miranda aseguró que las declaraciones de Benedetti constituyen una afrenta a la Corte Suprema de Justicia, que debe actuar con autonomía e independencia en todos sus procesos judiciales. En consecuencia, rechazó las declaraciones del ministro del Interior.

“Esto también es una afrenta directa a la independencia judicial, a las cortes. Este Gobierno vulnera una y otra vez la separación de poderes. Desde el Congreso de la República, rechazamos con firmeza esta violencia verbal y política y exigimos respeto a la justicia, a las mujeres y a las instituciones del Estado”, expresó la congresista.

La Corte Suprema de Justicia también condenó la reacción del jefe de la cartera, indicando que las decisiones que se toman en la etapa investigativa son adelantadas exclusiva y autónomamente por cada despacho. Aunado a ello, aseguró que los insultos de del ministro en contra de la magistrada “pueden afectar el desarrollo de las investigaciones o menoscabar la confianza en la administración de justicia”.

En consecuencia, instó a la sociedad a “desescalar el lenguaje”, con el fin de fortalecer y proteger el Estado de derecho y la convivencia democrática. Además, según una decisión tomada en mayo de 2024 por la Sala Plena de la Corte, la corporación sí es competente para investigar al actual miembro del Gobierno, pese a no ser congresista.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, dividió el país político tras haber informado que, por orden de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, su vivienda en el Atlántico fue allanada por las autoridades. El jefe de la cartera tiene varios procesos en curso en la Corte y uno de ellos está relacionado con el delito de concierto para delinquir.

De acuerdo con Benedetti, el alto tribunal no es competente para investigarlo y tampoco para ordenar un allanamiento de su propiedad. Pues, hace tres años no hace parte del Congreso de la República, y la Corte se encarga de investigar a los legisladores.

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Pese a que ese conflicto de competencia ya se resolvió y confirmó que la Corte puede investigarlo, el ministro se mantiene en su posición. Por eso, insultó a la magistrada Lombana, tildándola de “loca” por haber dado paso a esa actuación judicial en su contra.

“En estos momentos estoy hablando como papá, sobre todo. En este momento, se está allanando mi hogar por parte de la magistrada Lombana, quien está completamente loca, demente y además es una delincuente”, señaló Benedetti en un video publicado en sus redes sociales.

El ministro contó con el respaldo del presidente Gustavo Petro, que a través de su cuenta de X aseguró que la togada actuó desde el odio al ordenar el allanamiento. Además, indicó que la diligencia se convirtió en una especie de secuestro, teniendo en cuenta que el ministro denunció que su esposa, Adelina Guerrero, fue humillada y maltratada en el proceso.

“Un allanamiento ilegal que se transforma en secuestro de una familia, producida por una magistrada de la corte suprema víctima de su propio odio”, señaló.

Crítica de Efraín Cepeda a Petro: “No es la forma”

El expresidente del Senado de la República Efraín Cepeda se pronunció sobre la situación, cuestionando directamente al primer mandatario por haber respaldado a Benedetti y haber criticado la decisión judicial que tomó la magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

En su publicación en X, instó al jefe de Estado a respetar la separación de poderes, una solicitud que no es nueva y que varios políticos han hecho ante las constantes declaraciones del presidente en contra de las decisiones que tomas las altas cortes.

“Presidente @petrogustavo, por millonésima vez le pedimos que respete a los poderes públicos y, en particular, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, escribió Cepeda en la red social.

Desde su perspectiva, no es correcto ni adecuado que el presidente de la República califique de ilegal un procedimiento que fue ordenado por una corte que adelanta una investigación en contra de una persona. Asimismo, cuestionó el hecho de que haya asegurado que la determinación de la togada se basó en el “odio”. “No es la forma en que un presidente debe referirse a quien encarna la majestad de la justicia”, precisó.

El expresidente de la corporación indicó que sus declaraciones no pueden ser tomadas como un acto de libertad de expresión. Además, comparó la postura que ha adoptado el jefe de Estado cuando es objeto de críticas; en varias ocasiones ha denunciado estar siendo víctima de faltas de respeto y hasta golpes blandos o de Estado con los que se pretendería sacarlo del poder.

“Cuando lo critican a usted, lo presenta como un atentado contra toda Colombia; pero cuando usted ofende a los demás, es simple libertad de expresión. Esa doble medida socava la institucionalidad y el ejemplo que el país espera de quien ostenta la primera magistratura”, aseveró.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado rechazando los insultos de Benedetti a la magistrada, informando que este tipo de señalamientos “pueden afectar el desarrollo de las investigaciones o menoscabar la confianza en la administración de justicia”.

La controversia entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la magistrada Cristina Lombana escaló tras una serie de denuncias públicas en las que el funcionario aseguró que su privacidad pudo haber sido vulnerada, luego de que su residencia en Barranquilla fuera allanada por orden de la togada.

El titular de la cartera manifestó su preocupación por la posibilidad de que su teléfono celular haya sido intervenido, lo que, según él, se evidenció al notar que más de 2000 chats de WhatsApp que permanecían sin leer aparecieron abiertos sin su autorización.

A la par, relató que la diligencia judicial se llevó a cabo en un ambiente de alta tensión, con la presencia de cerca de 30 uniformados de la fuerza pública, quienes, según su denuncia, cubrieron sus rostros y no portaban placas visibles.

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Benedetti calificó el procedimiento como un abuso de poder y cuestionó la legitimidad de la investigación, señalando: “Denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de tres años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025 (sic)”, escribió el ministro en sus redes sociales.

La inquietud del exsenador se intensificó tras descubrir que sus comunicaciones personales presentaban irregularidades. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Benedetti planteó: “Entonces, señores magistrados y jueces del país, ¿a mí me pueden allanar e interceptar el teléfono sin que exista un juez de garantías? ¿O un control previo?”.

Más adelante, agregó: “¡Más denuncias! Esta mañana tenía más de 2.200 chats sin leer en WhatsApp y ahora aparecen todos abiertos. ¿Me están interceptando?”.

Frente a esto, el presidente de la República, Gustavo Petro, defendió al ministro Benedetti en sus redes sociales, calificando de ilegales las operaciones en la casa del alto funcionario. A su juicio, la inspección estuvo motivada por el odio de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

“Un allanamiento ilegal que se transforma en secuestro de una familia, producida por una magistrada de la corte suprema víctima de su propio odio”, escribió en su cuenta de X.

Benedetti vs. Corte Suprema de Justicia

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, hizo un llamado a la prudencia y el respeto por la ley tras las descalificaciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada Cristina Lombana.

“La corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones y menoscabar la confianza en la administración de justicia. La Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la ciudadanía para que la prudencia y el respeto por la ley y por las entidades legalmente reconocidas se mantengan en todo momento y sean el eje fundamental para preservar la convivencia democrática y la defensa de las instituciones”, aseveró el presidente del máximo tribunal en rueda de prensa.

En reacción a la petición de Tejeiro, Benedetti se comprometió a que actuaría de manera prudencial. Sin embargo, el exsenador explicó que teme por sus derechos y acceso a la justicia.

“Acato el llamado a la prudencia, pero también suplico por mi acceso al derecho a la justicia”, escribió en su cuenta de X.

A su vez, el titular de la cartera afirmó que en reiteradas ocasiones denunció prácticas irregulares por parte de la magistrada a la que tildó de “loca”. Incluso, reveló que Lombana publicó información confidencial sobre él que afectó sus intereses y los de sus familiares.

“Yo denuncié a la magistrada Lombana, me tocó presentar queja y tutela contra la Comisión de Acusaciones y contra el investigador Wills porque el rumor es que ella intimida a los congresistas de la Comisión y nadie se atreve a abrirle siquiera una investigación. Ha sido RECUSADA porque es demostrado su interés en incriminarme. Ha filtrado TODO, pruebas reservadas con videos y audios, a los medios de comunicación. Ha investigado a 50 familiares míos y no son aforados”, expuso Benedetti.

“En la etapa investigativa, las decisiones sobre los avances de las indagaciones son adelantadas exclusiva y autónomamente por cada despacho; no obstante, las decisiones de fondo que luego deban adoptarse sí han de ser pronunciadas por la Sala de Instrucción de manera colegiada”, detalló.

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Asimismo, indicó que los funcionarios y los ciudadanos pueden ejercer su defensa acogiéndose a los mecanismos legales que tienen a la mano. Por lo tanto, rechazó las declaraciones del ministro del Interior en contra de la magistrada Cristina Lombana, que ordenó el allanamiento de su residencia.

De acuerdo con la Corte, las aseveraciones de Benedetti, que llamó “loca”, “delincuente” y “demente” a la togada, “pueden afectar el desarrollo de las investigaciones o menoscabar la confianza en la administración de justicia”.

La Corte invitó a la sociedad a “desescalar el lenguaje” y evitar las ofensas, buscando siempre respetar la ley y a las entidades legalmente reconocidas, con el fin de preservar la convivencia democrática y la defensa de las instituciones.

“El respeto en las expresiones, el tono prudente y el diálogo constructivo son pilares esenciales para el fortalecimiento del Estado de derecho y la convivencia democrática”, concluyó.

Las críticas de Benedetti y la postura de la Corte

El ministro del Interior aseguró en un video publicado en sus redes sociales que la magistrada ordenó un allanamiento que no tendría ningún sustento. En consecuencia, la llamó demente y afirmó que estaría actuando en contra de la ley colombiana.

“En estos momentos estoy hablando como papá, sobre todo. En este momento, se está allanando mi hogar por parte de la magistrada Lombana, quien está completamente loca, demente y además es una delincuente”, precisó.

Asimismo, afirmó que la Corte Suprema de Justicia no es competente para investigarlo, puesto que ya no es un congresista de la República. En consecuencia, considera que el allanamiento de su vivienda no tendría justificación alguna.

“Está abusando de su poder, porque yo hace tres años dejé de ser senador. No puede investigarme”, detalló.

No obstante, en mayo de 2024, la Sala Plena de la Corte resolvió un conflicto de competencia entre la Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Sala Especial de Instrucción de la corporación en el proceso de investigación que se surte contra Benedetti por el delito de enriquecimiento ilícito.

La Sala indicó que el alto tribunal está facultado para continuar con las indagaciones en contra del hoy ministro del Interior, que para entonces era embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en Roma (Italia).

“Declarar que la competencia para seguir conociendo de la investigación contra Armando Alberto Benedetti Villaneda corresponde a la Sala Especial de Instrucción de esta Corporación”, se lee en la decisión de la Sala.

Contra esa determinación no proceden recursos, por lo que la competencia de investigación sobre Benedetti sigue siendo de la Corte Suprema de Justicia y no de la Fiscalía General de la Nación.

Por otro lado, Benedetti también denunció temer por su seguridad y la de sus allegados y responsabilizó a la magistrada Lombana por cualquier cosa que pueda suceder.

“Señora Lombana, temo por mi seguridad, la de mi esposa y mi familia. La responsabilizo de cualquier cosa que le pase a mi esposa a quien usted amenazó y la intimidó. Temo por atentados contra mi vida, explosivos”, indicó.

El ministro afirmó que algo extraño ocurrió con sus comunicaciones personales y que esa situación lo llevó a creer que su privacidad fue vulnerada. A través de su cuenta de X, escribió: “Entonces, señores magistrados y jueces del país, ¿a mí me pueden allanar e interceptar el teléfono sin que exista un juez de garantías? ¿O un control previo?”.

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En otro mensaje, el funcionario expresó su desconcierto: “¡Más denuncias! Esta mañana tenía más de 2.200 chats sin leer en WhatsApp y ahora aparecen todos abiertos. ¿Me están interceptando?”.

El allanamiento que vivió el ministro del Interior en Barranquilla

Estas declaraciones se conocieron después de una jornada de alta tensión política y judicial; durante la mañana, la magistrada Cristina Lombana llegó a la casa del ministro con cerca de 30 uniformados de la fuerza pública Los agentes cubrieron sus rostros y no llevaban placas visibles, de acuerdo con la denuncia hecha por el mismo jefe de cartera.

La diligencia generó molestia en el ministro, que acusó a la magistrada de actuar con abuso de poder: “Denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de tres años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025 (sic)”.

Benedetti también aseguró que la magistrada ha mantenido un comportamiento persecutorio en su contra: “Ha sido recusada dos veces por mostrar su interés en incriminarme en delitos. No me podría investigar. ¿Qué encontró o qué va a encontrar? Nada. Mi casa es de puertas abiertas y siempre he puesto la cara ante la justicia”.

En una grabación de más de cuatro minutos difundida por él mismo, el ministro amplió su denuncia: “Esa señora está enferma, demente, obsesionada conmigo. Ha investigado a 50 familiares míos, incluidos mis hijos menores, y ha hecho seguimiento a mis movimientos financieros. Más de doscientos testigos han sido llamados en procesos que ella me lleva. ¿Cómo hago yo para acceder a mi derecho de tener justicia y que la investiguen a ella?”.

Acusaciones directas contra la togada Lombana

El ministro reiteró que considera irregular la actuación de Lombana y que buscará instancias internacionales para denunciar la situación. Manifestó su intención de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo el argumento de que la magistrada actúa de manera indebida.

Además, Armando Benedetti solicitó a los medios de comunicación que acompañen y vigilen el proceso, con el fin de que la ciudadanía conozca los resultados, las acciones realizadas y los objetivos del allanamiento.

El ministro expresó no solo su molestia y preocupación por la forma en que se realizó el procedimiento, sino también porque en el momento del allanamiento se encontraban sus dos hijos menores de edad en la vivienda. Su inquietud aumentó debido a que el hecho ocurrió pocos días después de que denunciara la presencia de drones que habrían sobrevolado su casa durante una madrugada, situación que encendió las alarmas tanto suyas como de los vecinos del sector.

A esta situación se suma la nueva denuncia y es que el ministro aseguró que algunas conversaciones que tenía sin leer fueron abiertas sin su consentimiento. Según su versión, él no fue quien las revisó, lo que considera una irregularidad más dentro del proceso.

Además, dirigió críticas directas contra la magistrada Lombana, que está a cargo de la investigación, y cuestionó el procedimiento al afirmar que estuvo plagado de inconsistencias y que ni siquiera conoce con claridad los motivos de la indagación en su contra.

La residencia del ministro de Interior, Armando Benedetti, fue objeto de una inspección ordenada por la magistrada Cristina Lombana, según comunicó el propio funcionario este martes 11 de noviembre. Al referirse a Lombana, Benedetti utilizó términos contundentes: “Es una loca, demente y delincuente”, expresó el ministro de la política del Gobierno Petro.

Las afirmaciones de Armando Benedetti no tardaron en generar un intenso debate público. El impacto de sus declaraciones se extendió rápidamente, originando reacciones desde distintos sectores.

Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio del Gobierno de Gustavo Petro y conocido en redes sociales como “Mr. Taxes”, cuestionó abiertamente la conducta del ministro del Interior. En palabras de Reyes: “Debe renunciar”.

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Y es que Benedetti expuso que la magistrada Cristina Lombana estaría intentando incriminarlo en hechos delictivos pese a que, según él, no corresponde a sus competencias.

Argumentó que al no ser congresista desde hace más de tres años, la Corte Suprema de Justicia no podría investigarlo por situaciones ocurridas en los años recientes, reafirmando además que Lombana ya ha sido recusada en dos ocasiones.

“La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de tres años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos de 2023, 2024 y 2025. Ha sido recusada dos veces”, comentó.

Luis Carlos Reyes reaccionó en la red social X calificando de grave la actitud de Armando Benedetti hacia la magistrada Cristina Lombana. Para Reyes, el comportamiento del ministro pone en riesgo la independencia de los poderes del Estado y debilita la confianza en las instituciones. Como consecuencia, sostuvo que Benedetti debería dejar su cargo.

“El ataque del ministro y presunto delincuente @AABenedetti a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana que lo investiga es peligroso, irrespeta la separación de poderes y socava la institucionalidad. Benedetti debe renunciar”, escribió el exfuncionario público del Gobierno de Gustavo Petro.

La controversia suscitada por las declaraciones de Armando Benedetti provocó también la intervención de Wilson Ruiz, quien encabezó el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Iván Duque. Ruiz recalcó su preocupación por los ataques al poder judicial y advirtió al actual ministro sobre la gravedad de sus palabras, subrayando que los insultos proferidos a la magistrada Cristina Lombana constituyen una falta de respeto al marco institucional colombiano.

“Como exministro de Justicia, no puedo quedarme en silencio ante los ataques a la independencia judicial. Ministro @AABenedetti, mida sus palabras: insultar a la magistrada Cristina Lombana no solo es una vergüenza, es una afrenta directa al Estado social de Derecho”, escribió Ruiz en su perfil de X.

Ruiz hizo énfasis en la importancia de defender tanto la integridad de la justicia como el respeto hacia las mujeres. Instó a Armando Benedetti a permitir que los procesos judiciales avancen libremente, sin interferencias ni presiones externas, y recordó que quien actúa conforme a la ley no tiene motivo para temer investigaciones.

“La justicia se respeta y las mujeres se honran. Quien nada debe, nada teme. Deje actuar a la justicia y permita que las investigaciones sigan su curso con transparencia y sin presiones”, aseveró el exministro de Justicia.

Por su parte, Armando Benedetti informó que planea acudir ante organismos internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y realizó una petición formal al procurador general Gregorio Eljach para que se examine el caso, señalando que se trata, a su juicio, de un “‘abuso de poder’”.

Al explicar su postura, expresó: “¿Cómo hago yo para acceder a mi derecho de tener justicia y que la investiguen a ella? Iré entonces, a las instancias de los juzgados internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos, porque esa señora está loca, demente y es una delincuente”.

Benedetti mencionó un reporte difundido en julio por el periodista colombiano Gonzalo Guillén, donde se alertaba sobre un posible montaje dirigido contra él por el abogado Diego Cadena —actualmente condenado— y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). De acuerdo con Benedetti, esta situación guarda semejanzas con la denuncia realizada previamente por el periodista Daniel Coronell respecto a acusaciones sin sustento lanzadas contra Iván Cepeda y Miguel Ángel del Río.

En una operación conjunta, uniformados de la Sijín de la Policía Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad lograron allanar un taller clandestino dedicado al desmantelamiento y venta ilegal de motocicletas robadas en el barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy

Las autoridades en cuestión lograron desarticular este centro ilícito, que funcionaba como taller de mecánica y punto de comercialización de autopartes ubicado en el sur de Bogotá.

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Durante el procedimiento, las autoridades capturaron al propietario del establecimiento y a un mecánico, quien fue sorprendido en el acto de desarmar una motocicleta reportada como robada el fin de semana anterior. El operativo incluyó el allanamiento de dos locales: uno destinado al despiece de los vehículos y otro a la venta de las piezas obtenidas, ambos bajo la titularidad del mismo individuo.

En el local, dedicado a la venta de autopartes, los agentes hallaron dos motores de motocicletas Pulsar NS 200 con los números de identificación borrados, un motor de moto Duke con número original y reporte de hurto, y una tapa de motor de una Pulsar NS 200 también reportada como robada.

Por su parte, en el taller de desarme o deshuesadero se encontraron un chasis de Pulsar NS 200 con identificación original y reporte de hurto, otro chasis de una Dominar 400, y una motocicleta Pulsar que estaba siendo desarmada y figuraba como robada.

La investigación determinó que en estos establecimientos se desarmaban motocicletas hurtadas, se alteraban los números de identificación y posteriormente se comercializaban las piezas en el mercado ilegal.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación, mientras que los elementos incautados quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales como material probatorio.

La Secretaría de Seguridad enfatizó que el delito de receptación se configura al comprar, recibir o poseer objetos robados, incluso si quien los adquiere no participó en el robo original. La pena por este delito puede oscilar entre dos y ocho años de prisión, advirtió la entidad, recordando que al adquirir estos objetos se financia el mercado criminal y se incurre en responsabilidad penal.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad delictiva a la Línea 123, con el objetivo de cerrar los espacios de operación a las redes dedicadas al desmonte y venta ilegal de motocicletas robadas.

La bodega clandestina donde operaba ilegalmente un deshuesadero en Fontibón

En junio de 2025, las autoridades descubrieron la existencia de una bodega clandestina en el barrio Versalles de la localidad de Fontibón, cuyo hallazgo permitió a la Policía Metropolitana de Bogotá recuperar una grúa valorada en 300 millones de pesos, robada horas antes en Engativá.

La investigación se activó tras la denuncia de una víctima, quien reportó el robo de su vehículo y proporcionó su ubicación a través del sistema GPS. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, esta información fue determinante para que las unidades del CAI Versalles pudieran desplegarse rápidamente y dar con el paradero de la bodega.

Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron el vehículo tipo grúa camuflado entre numerosas autopartes almacenadas de manera ilegal: el operativo permitió establecer que el espacio funcionaba como un punto estratégico para la banda, facilitando el resguardo y la distribución de piezas sustraídas.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, la intervención no solo permitió la incautación de la grúa y las autopartes, sino que también evidenció la importancia de la colaboración ciudadana y el uso de tecnología para rastrear vehículos robados. “El reporte inmediato del robo y la entrega de la localización vía GPS facilitaron el despliegue policial”, destacó la institución en una comunicación oficial.

Un operativo realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), con apoyo de grupos especiales de la Policía de Santa Fe, permitió el secuestro de droga y la detención de seis personas en Empalme Graneros, Rosario.

La acción se desarrolló este sábado último, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (Ley 23.737), bajo directivas del fiscal Diego Giro, del Equipo de Trabajo sobre Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El operativo se concretó en un domicilio de la calle Pelayo al 2400, en la zona noroeste de la ciudad. Como resultado de los procedimientos, se incautaron drogas y diversos elementos relacionados con la presunta venta de droga al menudeo.

La División Microtráfico de la PDI arrestó a L. E. S., de 24 años; J. J. L., de 21; J. D. S., de 26; B. G. D., de 35; J. M. F., de 37; y M. A. D., de 44. Todas estas personas fueron trasladadas a dependencias de la Policía de Investigaciones y quedaron a disposición del fiscal Diego Giro. Todas ellas permanecerán alojadas en dependencias de la PDI.

Durante la intervención policial, y según informó el portal del diario La Capital, los efectivos incautaron 14,19 gramos de cocaína, junto a recortes de nylon que suelen ser usados para el fraccionamiento de la sustancia, además de dos teléfonos celulares, 20 mil pesos en efectivo y otros objetos vinculados con la actividad ilegal.

Otro de los elementos que los agentes encontraron fue un altar a San La Muerte, una figura venerada en distintos sectores sociales y que, de acuerdo con registros policiales previos, ha sido detectada en otros domicilios allanados por presunta comercialización de droga.

Esta circunstancia, habitual en investigaciones sobre narcotráfico en la región, fue documentada por la fuerza interviniente y será parte de la evaluación judicial.

Secuestraron drogas y hay siete detenidos en un operativo en Rosario

Dos meses atrás, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a siete personas y secuestró drogas, dinero y armas durante cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos de Rosario, en el marco de una investigación por narcomenudeo.

El operativo fue llevado adelante por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Rosario, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales.

En los allanamientos, la Policía Federal secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento.

La causa está bajo la órbita de la Fiscalía de Microtráfico, a cargo del fiscal Diego Maximiliano Giró, quien ordenó las tareas de inteligencia tras detectar un punto de venta en un pasillo interno de la calle Piamonte.

De acuerdo con la pesquisa, el lugar era manejado por un hombre identificado como Figueredo, señalado como principal organizador, asistido por “soldaditos” y revendedores que operaban en la zona.

El caso se originó en junio, cuando brigadas federales habían detenido a dos hombres con droga y armas, lo que derivó en la apertura de una investigación más amplia.

Luego de semanas de seguimientos y tareas encubiertas, los efectivos secuestraron importante cantidad de clorhidrato de cocaína y picadura de marihuana, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, elementos de corte y estiramiento y anotaciones contables vinculadas a la comercialización.

Las siete personas detenidas fueron trasladadas a la sede de la DUOIE Rosario para las diligencias de rigor y, posteriormente, quedaron alojadas en la alcaidía de la PFA, a disposición de la Justicia.

Desde la Policía Federal remarcaron que este tipo de procedimientos se enmarca en los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación y buscan desarticular bandas dedicadas al narcomenudeo y otros delitos complejos que afectan a Rosario.

Una denuncia penal presentada este lunes por Gabriel Morillo Rodríguez ha puesto en el centro de la atención a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y a su director regional, Jaime Avendaño Camacho, tras un procedimiento de desalojo en el barrio La Concepción, en el norte de Barranquilla.

Morillo, que afirma ser el poseedor legítimo de una bodega desde hace 14 años, acusa al funcionario de haberlo agredido físicamente durante el operativo, pese a la existencia de un fallo judicial que, según su relato, protege su permanencia en el inmueble.

De acuerdo con la información proporcionada por Morillo Rodríguez a Zona Cero, el incidente ocurrió el sábado a las 2:00 p. m. en la intersección de la carrera 68 con la calle 74. Funcionarios de la SAE acudieron al lugar con la intención de desalojar la bodega, la cual había estado involucrada en un proceso de extinción de dominio.

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Sin embargo, Morillo sostiene que una sentencia judicial de 2011 retiró el predio de dicho proceso y ordenó la suspensión de todas las medidas cautelares sobre el mismo.

“Soy el poseedor, real, pacífico y tranquilo e ininterrumpido”, declaró Morillo Rodríguez a Zona Cero.

El empresario relató que, tras solicitar una revisión y actuación administrativa ante la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, el folio del inmueble fue bloqueado.

Morillo se declaró víctima de las acciones del director regional de la SAE y exigió respeto por la decisión de la jueza séptima laboral del circuito de Barranquilla, Alicia Elvira García Osorio, quien había decretado como medida cautelar la suspensión de la ejecución de la orden de desalojo voluntario emitida por la entidad oficial.

Según la denuncia, cuando Morillo mostró el fallo judicial a Avendaño Camacho, este lo sujetó por el cuello, lo levantó y lo arrojó contra un vehículo, todo ello en presencia de los inquilinos de la bodega.

En conversación con La FM, el agredido afirmó que en medio del intento de desalojo, y la noticia que de la orden desalojo había sido bloqueada, se llenó de rabia y “me agarro por el cuello, me encamino, me empezó a estrangular y me reventó contra un carro”.

Tal fue el grado de violencia que se ejerció en ese momento, que el mismo Avendaño Camacho debió coger por el cuello a uno de los hombres de su seguridad, y someterlo, porque este estaba ejerciendo actos de agresión, en contra de otra de las personas que se encontraban en el lugar, luego de que el director de la SAE comenzará las agresiones.

Asevero que sufrió lesiones graves en mi integridad física, específicamente en la región cervical, torácica y lumbosacra, con traumas contusos, cefalea occipital, dolor intenso en el cuello y espalda, y síntomas asociados como náuseas y vértigo, detalló Morillo ante la Fiscalía General de la Nación, según las declaraciones recogidas por el medio de comunicación de esa región, Zona Cero. Estas lesiones fueron diagnosticadas y tratadas en la Clínica Semin (Servicios Médicos Integrales del Norte S.A.S. I.P.).

La denuncia penal presentada por Morillo Rodríguez ante la Fiscalía incluye los delitos de lesiones personales agravadas, fraude a resolución judicial, prevaricato por acción y violación de domicilio.

El denunciante manifestó además su temor por la seguridad personal tras el incidente, subrayando que el propio Avendaño Camacho encabezó el procedimiento, algo que calificó como un comportamiento inusual para un funcionario de ese rango.

Morillo también afirmó haber tenido conocimiento de que, pese al amparo judicial vigente, el director regional de la SAE se presentó en dos ocasiones adicionales frente a las bodegas, donde grabó videos del lugar.

Declaraciones del director de la SAE

Jaime Avendaño, director regional, ofreció detalles sobre su actuación, luego de ser acusado de agresión y de intentar ejecutar un desalojo en el inmueble.

En conversación con Emisora Atlántico, el funcionario argumentó que el bien involucrado fue declarado dentro de un proceso de extinción de dominio, conectado a investigaciones contra los Rodríguez Orejuela. Posteriormente, según Avendaño, la Fiscalía determinó la apertura de un nuevo proceso al detectar un error en la situación jurídica del mismo.

El director regional subrayó que no acudió al lugar con el propósito de ejecutar un desalojo, aclarando que su presencia respondía a la atención de una queja administrativa y a la verificación del estado actual de la bodega. Rechazó las acusaciones sobre un supuesto acto de violencia. En palabras de Avendaño, recogidas por Emisora Atlántico: “Nunca agredí al señor Morillo. Lo que hice fue interponer una barrera física para separar la situación y prevenir un forcejeo. No lo estrellé contra el carro; no tengo la capacidad física para hacerlo como él lo describe”.

Además, desmintió que se hubiese intentado la entrada de personal privado al predio en contravención de una orden judicial, señalando que tal versión carece de fundamento.

“¿Te esposaron?¿Te hicieron la foto?”, comenzó preguntándole Santiago Riva Roy a Ojeda al abordarlo con la cámara de LAM (América). Con algo de impotencia y angustia por la situación, el influencer respondió: “No me pusieron nunca esposas. Yo después me doy cuenta que era una jugada media mediática por el hecho de pedirme que ponga las manos atrás, obviamente que lo hice porque uno en esa situación se siente completamente indefenso”.

Ante la respuesta del joven, el periodista le consultó si estaba asesorado, si contaba con abogados y si quería dar su testimonio sobre su situación. “Fue un pedido de ellos que me ponga las manos atrás y yo obviamente hice lo que me pidieron, está la policía dentro de mi casa con un orden de allanamiento. Hoy sí fui a la fiscalía, hablé con la defensoría también, que hay un abogado que está a cargo del tema. La semana que viene voy a tener novedades. Yo principalmente lo que quiero hacer es recuperar mis pertenencias, que saquen toda la información que quieran, que como te digo, yo no tengo nada que esconder y recuperar mis cosas”, comentó Joel respecto al allanamiento.

A lo largo de la charla, el exparticipante del reality reafirmó sus ganas por resolver esta cuestión: “Por supuesto que mi intención es cerrar este tema lo más pronto posible. Uno cuando sube, cuando lo invitan o hacés un negocio de subir una publicidad, uno no sabe nunca cuándo algo es legal. Yo hago la publicidad, que es lo que a mí me compete y nada más. Yo creo que igual, lo que están buscando con este allanamiento, en verdad es parar esto”. En la misma línea, el movilero comentó: “Quieren evitar que muchos famosos se pongan a publicar todo el tiempo cosas de casinos”.

Fue entonces cuando Ojeda se quitó la responsabilidad de encima y se refirió a quienes manejan estas plataformas de apuestas ilegales: “Y sobre todo ir, que creo que es lo que corresponde, sobre los que están infringiendo la ley de verdad, que son los que no están habilitados para hacer ese tipo de actividades”.

Al escuchar al joven, el periodista quiso saber si, después de este hecho, no volvería a promocionar plataformas de apuestas. Inmediatamente, con un tono de ansiedad, el influencer comentó: “Directamente yo no voy a volver a hacer casinos porque no me interesa y si se trata de algo ilegal, obviamente que no quiero tener nada que ver porque siempre me manejé bien, siempre fui un pibe que laburó toda su vida. ¿Sabes qué pasa? Que sí sentí que fue todo un circo mediático. A mí me llama mucho la atención que hace muy poquito tiempo yo mostré abiertamente mi postura política”.

Luego de que se conociera la foto que tomó la Policía Judicial (CIJ) del momento, y a medida que circulaba la noticia, el joven usó su cuenta de X para aclarar la situación. “Nunca estuve detenido, ni esposado. Sí allanaron mi casa 12 PERSONAS para buscar quién sabe qué, por supuesto, no encontraron nada“, comenzó el descargo que hizo en la antigua red social del pajarito. Y siguió detallando lo que confiscaron durante la requisa: “Se llevaron mi celular, mi computadora y 400 mil pesos de la JUBILACIÓN (sic) de mi vieja”.

A modo de crítica, dejó en claro que, en el contexto actual, hay cosas con más urgencia que su caso: “Creo que hay allanamientos más importantes que hacer en el país, ¿No les parece?“. Indignado por la situación que le tocó vivir, agregó: ”Es increíble, me dieron vuelta la casa como si yo fuera un narcotraficante, mientras los narcos de verdad andan libres y campantes. Puro circo para tapar las cosas que de verdad son importantes“.

El jueves por la mañana, Joel Ojeda quedó en el centro de la escena, no por la fama que adquirió en Gran Hermano (Telefe), sino por haber sido el protagonista de un allanamiento e imputación por promocionar juegos de azar ilegales. Luego de que se conociera la foto que tomó la Policía Judicial (CIJ) del momento, y a medida que circulaba la noticia, el joven usó su cuenta de X para aclarar la situación.

"Nunca estuve detenido, ni esposado. Sí allanaron mi casa 12 PERSONAS para buscar quién sabe qué, por supuesto, no encontraron nada“, comenzó el descargo que hizo en la antigua red social del pajarito. Y siguió detallando lo que confiscaron durante la requisa: “Se llevaron mi celular, mi computadora y 400 mil pesos de la JUBILACIÓN (sic) de mi vieja".

A modo de crítica, dejó en claro que, en el contexto actual, hay cosas con más urgencia que su caso: “Creo que hay allanamientos más importantes que hacer en el país, ¿No les parece?“. Indignado por la situación que le tocó vivir, agregó: ”Es increíble, me dieron vuelta la casa como si yo fuera un narcotraficante, mientras los narcos de verdad andan libres y campantes. Puro circo para tapar las cosas que de verdad son importantes“.

"Mañana me voy a presentar en la fiscalía para aclarar esta situación. Los voy a mantener informados. Gracias y buen jueves“, cerró el tema Joel, mostrándose dispuesto a ayudar a la Justicia en la causa y minimizando la imputación.

La operación, que estuvo a cargo de la Policía Judicial (CIJ), personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI de San Miguel, se realizó luego de un prolongado período de investigación y seguimiento. Según pudo saber Infobae a través de fuentes policiales, Ojeda promociona y capta apostadores por redes sociales desde al menos enero. Fue indagado en la fiscalía en abril y desde ese entonces continuó captando con frecuencia casi diaria.

La respuesta de los organismos a cargo fue contundente. Según se informó, la Lotería de la Ciudad, conducida por Jesús Acevedo, realizó junto a la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), a cargo de Juan Rozas, el Ministerio Público Fiscal y la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFEIC) de San Isidro, liderada por Alejandro Musso, más de 30 allanamientos simultáneos y ordenados judicialmente. A esto se suman el bloqueo de cerca de 2.300 perfiles y publicaciones en redes, y el envío de aproximadamente 100 Cartas Documento a personas involucradas.

Según pudo saber este medio por fuentes policiales, en el allanamiento realizado en la vivienda de Ojeda lograron secuestrar un iPhone 15, dos notebooks de alta gama, que serán sometidas a peritajes para profundizar en la investigación y determinar la operatoria, contactos y posibles ramificaciones. También se encontraron 398.930 pesos en efectivo, que de acuerdo al testimonio de Ojeda corresponderían a la jubilación de su madre.

El ex participante de Gran Hermano deberá presentarse ante sede judicial en el plazo de las 72 horas hábiles para responder a las imputaciones de un fenómeno delictivo que crece en diferentes zonas del país. El jefe del operativo, Comisario Mayor Pablo Machicote, informó que este procedimiento se suma a los más de 30 allanamientos realizados en el último tiempo en toda la jurisdicción, en el marco de una investigación más amplia sobre juegos de azar clandestinos, y el bloqueo de miles de perfiles en redes sociales asociados a estas maniobras.

De acuerdo con fuentes policiales que accedió Infobae, la presencia de personal de Loterías, la DDI y el Ministerio Público Fiscal refuerza la importancia del trabajo interdisciplinario contra un delito que busca captar a jóvenes y adultos, aprovechando la confianza y la viralidad de los nuevos famosos.

A comienzos de la mañana del miércoles, la Policía Federal Argentina comenzó un allanamiento a la casa de “Fred” Machado, ubicada en la zona de Viedma, Rio Negro, donde el empresario acusado de narcotráfico vinculado a José Luis Espert cumplió prisión domiciliaria y donde fue detenido ayer para comenzar su extradición a los Estados Unidos, confirmaron fuentes del caso a Infobae.

El procedimiento ocurre en el marco de la causa contra Espert por presunto lavado de dinero investigada por el fiscal federal Federico Domínguez, iniciada por el dirigente político Juan Grabois, por el pago de 200 mil dólares que el ahora ex candidato bonaerense de La Libertad Avanza reconoció recibir de Machado. En una entrevista realizada esta semana, Machado reconoció abiertamente su vínculo con Espert, así como los pagos realizados.

El empresario, mientras tanto, permanece desde anoche en una celda de la Delegación Viedma de la PFA, mientras el Servicio Penitenciario Federal define a qué penal lo envía antes de su salida a territorio norteamericano.

El fiscal federal Domínguez decidió imputar a Espert ayer martes, a horas del traslado de Machado. El juez sanisidrense Lino Mirabelli decidió delegar la causa en el fiscal.

En su denuncia, Grabois pidió que se determine si los fondos recibidos por Espert, supuestamente “provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la Justicia federal del Estado de Texas, Estados Unidos, por el delito de tráfico de estupefacientes se corresponden con una maniobra de lavado de activos" y si “configuran por lo tanto el delito previsto y reprimido por el artículo 303, inciso 1 del Código Penal”, que castiga el delito de lavado de activos con una pena de tres a diez años.

El pago de los 200 mil dólares, que ocurrió entre enero y febrero de 2020, forma parte del expediente criminal “USA v. Mercer-Erwin et al.”, de donde el equipo de Juan Grabois obtuvo la información para impulsar su denuncia, donde el dirigente también remarcó que Espert empleó vehículos y aviones del empresario rionegrino durante su campaña presidencial de 2019.

Con respecto al pago, el diputado afirmó en un reciente descargo: “Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista”. La firma en cuestión es Minas del Pueblo de Guatemala. De acuerdo a su versión original, los 200 mil dólares fueron “un adelanto en virtud de ese contrato”, y “no se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales”.

El minuto cero de la trama narco de Machado

En abril de 2021, este cronista reveló el arresto de Federico Andrés Machado, alias “Fred”, cuando fue acorralado y arrestado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el aeropuerto de Neuquén, mientras se disponía a abordar un vuelo hacia Capital Federal, acusado de lavar dinero y traficar droga, no aquí, sino en Estados Unidos, con una circular roja de Interpol sobre su cabeza.

“Fred” ya había sido procesado en el Tribunal para el East District del estado de Texas por los delitos de asociación ilícita para la fabricación y distribución de cocaína, lavado de dinero y fraude virtual. El 1° de abril, en el Tribunal de East District fue firmada una orden de arresto en su contra. La circular roja fue emitida poco antes de que abordara el vuelo. Ya lo habían detenido el 15 de abril de 2020 en la pequeña ciudad texana de Sherman y fue liberado a la espera de una mayor investigación en su contra. En febrero de 2021 cruzó hacia México. Luego, llegó hasta la Argentina.

A nivel local, el juez federal neuquino Gustavo Villanueva firmó su pedido de arresto luego de un pedido de la PROCUNAR, el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos de narcotráfico, con el fiscal Diego Iglesias. Así, la PSA comenzó a seguirle el rastro.

De 53 años, y co ndos domicilios fiscales, uno en Viedma y otro en CABA, Machado había integrado años atrás una pequeña empresa del negocio cosmético. Su real fortuna estaba en Estados Unidos: fue el referente de la firma South Aviation, basada en Fort Lauderdale, Florida, dedicada al negocio de los aviones, con la compra de viejos modelos bélicos.

Tras una audiencia en la que se expusieron detalles sobre la modalidad delictiva y los antecedentes inmediatos que rodearon el hecho, dictaron la prisión preventiva para los dos policías que participaron en el robo a una fábrica de plásticos en Granadero Baigorria, Santa Fe

El juez Fernando Sosa resolvió que A. E. R. (31), perteneciente a la División Asuntos Internos, y P. G. F. (40), del Comando Radioeléctrico de Rosario, permanezcan detenidos mientras avanza la investigación.

La fiscal Karina Bartocci encabezó la audiencia imputativa, donde se atribuyó a los agentes haber ingresado el 19 de septiembre a la planta PlastiTec, ubicada en Las Malvinas al 2700, acompañados por otros dos individuos.

Todos vestían chalecos balísticos y portaban armas cortas y largas, presentándose con una supuesta orden de allanamiento por una causa de lavado de dinero.

Según la acusación, el grupo llevó al propietario de la fábrica hasta su oficina y sustrajo una bolsa con 18.900.000 pesos, retirándose en una camioneta Ford Ecosport sin patente. Antes de irse, dejaron un formulario de cadena de custodia, haciéndolo pasar por una constancia oficial del secuestro del dinero.

El relato de la víctima del asalto aporta contexto sobre los días previos al robo. En declaraciones a un programa de El Tres, explicó que el 15 de septiembre había presentado una denuncia por usurpación de su vivienda.

“Tenía mi casa ocupada ilegalmente, después de luchar mucho tiempo en la Justicia, el 15 de septiembre se libró un oficio para desalojarla. Ese lunes se presentaron en mi casa y estuvieron todo el día para desalojar a esta gente que la estaba ocupando. Cuando ingresé, me encontré con que la casa estaba destruida”, afirmó.

La situación se agravó esa misma noche, cuando las personas desalojadas intentaron reingresar a la vivienda a través de casas linderas y lo amenazaron con incendiar la propiedad. Este episodio motivó una nueva denuncia en la comisaría 24ª.

Al día siguiente, el hombre regresó a la casa con un equipo de trabajo y herramientas para iniciar tareas de limpieza y restauración. Alrededor de las 18, cuando se retiraba del lugar, fue interceptado por varios patrulleros.

“Me detienen varios patrulleros diciéndome que me tenía que bajar de la camioneta por una denuncia en mi contra. Pedí estacionar el vehículo y me dijeron que no, que tenía que bajar porque me iba detenido. Me retuvieron el documento, me bajaron de forma violenta de la camioneta y me empezaron a patear”, recordó .

Durante el tiempo que permaneció arrestado, informó al personal policial que en su camioneta había 20 millones de pesos y solicitó que el dinero permaneciera en el vehículo hasta su liberación.

“Llamaron a Asuntos Internos para que abran la camioneta y no quedar involucrados y ahí lo encuentran y cuentan. Cuando terminó el procedimiento, me devolvieron el dinero y personal femenino del Comando estaban muy enojadas por todo lo que estaba pasando, tuvieron una actitud muy violenta, me siguieron unas cuadras. Eso fue visto por Asuntos Internos”, enfatizó.

Tres días después de ese episodio, el hombre se encontraba en su fábrica cuando observó el ingreso de personas encapuchadas. “Eran tres personas vestidas de policía con chaleco, guantes tácticos y capucha. Supuestamente, venían con una orden de allanamiento por lavado de activos. Nunca me mostraron la orden. Cuando entramos a la oficina sabía que era un robo, pero no me podía resistir. Les entregué el dinero, ellos seguían simulando el allanamiento. Querían llevarse el dinero sin contar, se los dije y entonces usaron mi máquina para contar los billetes”, relató.

También detalló que el local cuenta con cámaras de seguridad internas y externas. “Aparentemente, vinieron con un inhibidor de wifi porque las cámaras wifi no tienen registro de las imágenes, pero hay dos cableadas. Hasta el día de hoy estoy esperando que venga la policía científica a registrar los equipos de grabación para que constaten qué imágenes hay del allanamiento trucho”, concluyó.

Un allanamiento policial realizado en una vivienda de Barrio Aeropuerto, en la ciudad de La Plata, reveló la existencia de un búnker de drogas. Como parte del operativo, un joven de 20 años fue detenido e incautaron estupefacientes y dinero en efectivo.

El operativo se desencadenó luego de que un hombre de 38 años ingresara al Hospital San Martín con una herida de bala en la pierna derecha, tras un incidente registrado el viernes pasado.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, el hecho activó una intensa investigación a cargo de los efectivos del Destacamento Aeropuerto. Pese a que la víctima señaló que fue atacada durante un intento de robo en la vía pública, las autoridades manejan diversas hipótesis mientras avanza la causa.

El caso, que expuso la presunta vinculación entre organizaciones dedicadas a la comercialización de drogas y episodios de violencia armada, mantiene en alerta a los residentes de la zona y a la Unidad Funcional de Instrucción N° 18 (UFI N° 18) de La Plata, encargada de continuar la investigación judicial.

La denuncia y las primeras indagaciones permitieron a los efectivos identificar una vivienda en calle 601, situada entre 5 y 5 bis, como un posible punto de venta de drogas. Los agentes de la Policía Bonaerense reunieron elementos que permitieron solicitar una orden de allanamiento ante la Justicia.

Con orden judicial, el operativo se desplegó en la mañana del lunes. En el lugar, la Policía detuvo a un joven de 20 años, a quien se señala como presunto responsable de la tenencia y comercialización de estupefacientes.

En el domicilio se encontraron 52 gramos de cocaína, 28 gramos de marihuana, una balanza digital, un teléfono celular y 96.000 pesos en billetes. Además, se incautaron dos casquillos de proyectil de arma de fuego, lo que refuerza la conexión entre el tiroteo previo y la actividad narco en ese punto.

El joven arrestado quedó a disposición de la UFI N° 18 de La Plata, que dispuso que comparezca ante la Justicia. Mientras tanto, la investigación continúa abierta para determinar la relación entre la agresión con arma de fuego y la actividad delictiva detectada en el búnker.

Vendían droga a domicilio y los atraparon cuando hacían una entrega

Una secuencia breve, dos movimientos sospechosos y un intento de fuga que terminó frustrado a pocas cuadras. Todo ocurrió en cuestión de minutos en La Plata, la escena incluyó una persecución por varias calles y derivó en la detención de dos hombres, el secuestro de 29 envoltorios de cocaínay la confirmación de un pedido de captura vigente desde 2023.

Todo sucedió en agosto. El operativo comenzó cuando el sol ya caía sobre el barrio San Carlos. Eran las 19:30 y un grupo de efectivos de la delegación Drogas Ilícitas de La Plata llevaba adelante tareas encubiertas en la zona de calle 40 entre 140 y 141. En ese contexto, los investigadores detectaron la llegada de un Ford Ka gris con dos ocupantes que, sin perder tiempo, se detuvo frente a una vivienda.

Fue allí cuando uno de los pasajeros descendió para interactuar brevemente con una persona que salió del domicilio. El contacto fue rápido: un típico “pasamanos”, según describieron fuentes del caso al portal local La Buena Info.

El episodio no terminó ahí. Aguardaron, tomaron nota y decidieron seguir los pasos del vehículo, que retomó la marcha y se desplazó hasta la calle 66 entre 15 y 16. En ese nuevo punto, el acompañante volvió a bajarse del auto y repitió el mismo movimiento: otro intercambio fugaz con un sujeto que lo esperaba en la vereda.

Esta vez, los agentes no esperaron más. Decidieron intervenir. Intentaron frenar la maniobra, pero el conductor del Ford Ka, al notar la presencia policial, pisó el acelerador e intentó escapar. La persecución se extendió por unas cuadras hasta que el vehículo fue alcanzado y finalmente detenido en calle 64 entre 12 y 13. Allí, los uniformados lograron reducir a los dos ocupantes.

La Fiscalía de Bolivia allanó este lunes el departamento de Luis Marcelo Arce Mosqueira, el hijo mayor del presidente Luis Arce, quien enfrenta una orden de aprehensión por violencia familiar.

La fiscal que lleva el caso, Jessica Echeverría, especializada en delitos en razón género, informó que la intervención se realizó en un edificio de la avenida Beni, en la zona norte en Santa Cruz de la Sierra, y que hubo resistencia de parte de la administración del inmueble. En el lugar no se encontró al acusado pero se decomisaron dispositivos de video vigilancia para continuar con las investigaciones.

Arce Mosqueira fue denunciado por violencia familiar el 19 de septiembre por su presunta pareja, Mary Carmen C.B. Según la fiscal Echeverría, la víctima fue sometida a un examen forense que concluyó que tiene 12 días de impedimento, lo que “significa que los golpes que ha sufrido han sido bastante fuertes”.

La orden de aprehensión se emitió el 20 de septiembre. “Nos estamos basando en la gravedad del hecho y en quién sería el denunciado, considerando la facilidad de esta persona de irse del país, a nosotros nos corresponde actuar de manera rápida para que se pueda presentar ante la Justicia”, explicó la fiscal en entrevista con la radio Erbol.

El mismo día en el que se emitió la orden de captura, presidente Luis Arce se pronunció públicamente a través de redes sociales y manifestó las denuncias contra sus hijos deben ser investigada y esclarecidas igual que con cualquier otro ciudadano. “Son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos”, escribió y dijo que su postura va más allá de su cargo presidencial y responde a su condición de padre que respeta las normas bolivianas.

En tanto, el ministro de Gobierno (Seguridad), Roberto Ríos, aseguró que la Policía dará cumplimiento a la orden de captura.

Fuera de esta denuncia, Arce Mosqueira también fue señalado en 2023 como supuesto intermediario entre el Estado y empresas interesadas en participar en proyectos de industrialización de litio, a raíz de fotografías y grabaciones que fueron difundidas públicamente. La denuncia no prosperó y fue desestimada en abril de 2024 al considerar que el material presentado no constituía prueba suficiente.

Los otros hijos del presidente, Rafael y Camila Arce Mosqueira, también está nen la mira de la Justicia por la presunta adquisición irregular de un predio agrícola en el departamento de Santa Cruz. Según las investigaciones, los jóvenes habría adquirido un préstamo millonario para comprar tierra y encaminar el proyecto agropecuario, vulnerando normas ambientales y obteniendo beneficios legales para su desarrollo. Los hermanos obtuvieron en total 9,1 millones de dólares en préstamos, cuando tenían menos de 25 años y no contaban con trayectoria empresarial ni experiencia en el rubro.

Arce calificó este caso como parte de la “guerra sucia” contra su Gobierno y defendió la inocencia de sus hijos, al señalar que el préstamo fue validado por la solvencia del proyecto.

A estos casos se suma una demanda reciente contra el presidente Arce, quien fue denunciado por un ex funcionaria pública de haberla abandonado estando embarazada y no reconocer su paternidad, además le exige el pago de una renta mensual para la manutención del menor.

El mandatario indicó que considera este caso un asunto “personal” y afirmó que asumirá su defensa legal. Aunque el caso fue declarado en reserva, se informó que Arce se presentó ante la Fiscalía de Cochabamba para prestar su declaración y se aguarda la realización de una prueba de ADN, que estaba prevista para el 12 de septiembre pero fue suspendida.

En ese contexto, han surgido pedidos para activar una alerta migratoria temporal contra el presidente y su entorno una vez que concluya su mandato el 8 de noviembre. En declaraciones anteriores, Arce manifestó que no tiene intenciones de irse del país, que no cometió ningún delito y que finalizando su gestión se dedicará a la docencia universitaria.

La Comisión de Constitución del Congreso continúa con el debate sobre el nuevo reglamento para el retorno al sistema bicameral. Aunque se retiró la propuesta de incremento de sueldos, los parlamentarios aún evalúan otras medidas que atentan contra la Constitución y el equilibrio de poderes.

Uno de los puntos más cuestionados es el artículo XI del dictamen, que plantea la inviolabilidad de los recintos e instalaciones parlamentarias. En la práctica, esto impediría que cualquier autoridad o miembro de la fuerza pública ingrese a las sedes del Legislativo sin autorización expresa de los presidentes de las cámaras de senadores o diputados.

La congresista Ruth Luque, de la bancada Bloque Democrático, advirtió sobre los riesgos de esta propuesta, a la que calificó como un “manto de impunidad” para evitar futuras investigaciones.

“Innecesario y va en contra de lo que la Constitución señala, generando un manto de impunidad y espíritu de cuerpo ante casos que requieren allanamiento o diligencias por flagrancia delictiva u otros delitos”, señaló en su cuenta de X.

El cuestionamiento central es claro: si esta norma hubiera estado vigente en la actual legislatura, el Ministerio Público no habría podido ingresar al Congreso para recabar información en investigaciones sobre congresistas involucrados en presuntos actos irregulares.

Allanamientos y diligencias en despachos parlamentarios

La muerte de la ex trabajadora parlamentaria Andrea Vidal dio inicio a una investigación sobre una presunta red de prostitución que operaba dentro del Congreso. En ese contexto, el Ministerio Público ingresó al Palacio Legislativo para recolectar información como parte de sus labores regulares.

No obstante, de haber estado vigente el principio de “inviolabilidad parlamentaria”, los fiscales y efectivos policiales no habrían podido ingresar sin la autorización del presidente del Congreso de ese entonces, Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso (APP), bancada señalada en medio del escándalo.

Al igual que esta intervención, se realizaron otros operativos vinculados a casos de corrupción, contrataciones irregulares, el cobro de los llamados “mocha sueldos” e incluso una denuncia por violación. Estas diligencias no solo se efectuaron en la sede central del Parlamento, sino también en las oficinas de los congresistas ubicadas en la avenida Abancay. El texto actualmente en debate busca restringir este tipo de actuaciones fiscales y policiales.

Otras propuestas preocupantes

Si bien el reglamento del próximo Congreso bicameral aún se está debatiendo y debe ser aprobado por el pleno, hay varios puntos que generan preocupación.

Como por ejemplo, la controvertida propuesta sobre la figura de la suspensión presidencial, que —en ausencia de límites claros— podría permitir que un presidente sea apartado del cargo por tiempo indefinido. A diferencia de la vacancia que pone término definitivo al mandato, la suspensión ocurre por causas temporales y requiere solo 66 votos para ser aprobada.

Según el predictamen, el Congreso podría suspender al jefe de Estado si declara su incapacidad temporal, si enfrenta un proceso judicial, o si se presenta un “hecho objetivo público” que lo inhabilite —como una enfermedad grave o indagaciones por delitos graves como cerrar el Congreso, traición a la patria o impedir elecciones, contemplados en el artículo 117 de la Constitución.

El principal problema radica en que el texto no establece ningún plazo máximo para la duración de esta suspensión y deja las causas abiertas a interpretación del próximo Congreso. Esto ha generado alarma, pues podría convertirse en una especie de vacancia encubierta, aumentando la inestabilidad política en lugar de corregirla.

La irrupción de patrulleros y policías en el exclusivo barrio Las Islas de Nordelta, durante la madrugada del viernes, alteró la habitual calma del barrio.

La inquietud y desconcierto fue total entre los vecinos del empresario Emmanuel Kovalivker, propietario de la droguería Suizo Argentina (junto a su hermano Jonathan Simón Kovalivker) apuntado en la investigación iniciada a partir de los audios del exdirector del ANDIS, Diego Spagnuolo por presuntas coimas.

Las reacciones se reflejaron en una serie de chats filtrados entre los residentes, a los que accedió Noticias Argentinas, producto del allanamiento vinculado a la causa judicial.

La primera señal de alarma surgió poco después de la medianoche, cuando un habitante del country advirtió: “Estoy entrando al barrio y hay un montón de patrulleros en la guardia... Y policías por todos lados”. Al consultar a los oficiales presentes, recibió como respuesta que “no pueden dar información”, lo que incrementó la incertidumbre entre los residentes.

A medida que avanzaban las horas, el flujo de mensajes en el chat se intensificó. Los vecinos comenzaron a reenviar noticias que confirmaban la naturaleza del operativo: “Allanamientos en Nordelta, Buscan a Spagnuolo”. La confirmación de que el procedimiento tenía como objetivo a un miembro de la comunidad impactó especialmente a los habitantes del barrio.

Pero la sorpresa se transformó en preocupación cuando uno de los participantes del chat identificó a uno de los allanados: “Sí, el dueño de la droguería es vecino, y parece que lo allanaron en la madrugada”. Esta revelación provocó una serie de reclamos por la falta de comunicación oficial por parte de la administración del country.

Un residente preguntó: “¿Es vecino nuestro?”, mientras otro expresó su malestar: “Cuando es así no se debió Mandar la alerta a los vecinos en la aplicación para que estemos al tanto?”.

Cómo fue el allanamiento

Cuando las fuerzas llegaron, Emmanuel Kovalivker se estaba yendo en un auto: en el asiento de atrás le encontraron distintos sobres que en su interior contenían dólares de montos varios. En total, eran 266 mil dólares y 7 millones de pesos.

El dinero fue hallado con anotaciones y al empresario le secuestraron el celular y el pasaporte. Por otro lado, su hermano Jonathan -sin pedido de captura- ya había abandonado su propiedad antes del allanamiento a su vivienda.

Por ende, ante el llamado de la Justicia, este último se presentó este en los tribunales federales de Comodoro Py, para entregar su teléfono celular, tras ser llamado a indagatoria por pedido del fiscal Franco Picardi en la causa que lleva adelante el juez Sebastián Casanello.

Se presentó en los estrados junto a su abogado Martín Magram y dio su teléfono móvil para una eventual revisión pericial. Sin embargo, no entregó la clave de su dispositivo.

El allanamiento a la propiedad formó parte de los 15 operativos que ordenó la justicia en la causa. El 21 de agosto, por la noche, fueron allanadas las sedes de ANDIS y de la droguería de donde personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad secuestró computadoras y documentación vinculada a la compra y licitaciones de medicamentos.

Vale recordar que la investigación continuó y durante el mediodía del 22 de agosto, personal de la Policía de la Ciudad llegó a un country del partido bonaerense de Pilar donde estaba Spagnuolo circulando en un automóvil, un VW Nivus.

La Policía lo detuvo y le secuestró el celular. Eso había solicitado el fiscal federal Franco Picardi y lo ordenó el juez federal Sebastián Casanello. El móvil será peritado. Además se secuestró una computadora y documentación.

Para los investigadores, el primer paso será comprobar si efectivamente existió un delito. Por esto, en los próximos días el foco estará en la apertura y peritaje de los celulares personales de los sospechosos, entre ellos Spagnuolo, Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, y Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina.

El barrio privado Haras del Lago, ubicado en la zona del aeropuerto de Carrasco de Uruguay, tiene como slogan “disfrutarlo es vivirlo”. Ofrece en su página web apartamentos de entre uno y cuatro dormitorios, rodeados de verde y de “una gran variedad de servicios”. Quienes van a vivir allí lo hacen en parte buscando alejarse del ruido de la ciudad. Pero esa paz buscada fue interrumpida por la policía en algunas ocasiones.

El 21 de julio, la Policía realizó un allanamiento en una vivienda en ese complejo. En el procedimiento resultó detenido un hombre de 21 años, que tenía antecedentes penales y una requisitoria vigente, y una mujer de 19 sin antecedentes. En el operativo los agentes incautaron siete kilos de cocaína, una pistola con 17 cartuchos, dinero en pesos uruguayo y dólares, una balanza de precisión, elementos para fraccionar drogas, celulares y un auto.

El hombre fue condenado por un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, dos delitos de porte y tenencia de armas de fuego, dos delitos de tráfico de armas y un delito de atentado agravado. Fue sentenciado a tres años de cárcel.

El narco vivía allí, en ese country ubicado en el departamento de Canelones pero cercano a Montevideo.

El allanamiento generó tensión en los vecinos, no solo por la imagen que genera el ingreso de la Policía a ese lugar sino porque los efectivos se confundieron de casa en una primera instancia, informó El País este lunes. Los efectivos primero fueron a la casa de una pareja, que está esperando un bebé. “Me apuntaron con un revólver en la frente, y a mi mujer en el tironeo le dejaron un chichón en la frente”, relató el hombre al diario uruguayo.

La pareja se tuvo que mudar a otro apartamento y todavía no saben si hacer una denuncia por este tema porque son “reacios al conflicto”.

Este no era el primer allanamiento que hubo en el barrio. En marzo fue allanada la casa de Jonathan Mastropierro, uno de los denunciantes de la casa del exsenador Gustavo Penadés y quien cumple prisión domiciliaria por facilitación de la difusión de material pornográfico con la imagen de un menor de edad.

A los vecinos les molestó ver la imagen de policías ingresando al edificio y montando un operativo, según el artículo del medio uruguayo.

Después de estas dos situaciones, los grupos de WhatsApp explotaban a mensajes y se convocó a una asamblea de copropietarios para tomar definiciones. Estos fueron los cinco puntos acordados:

1- Se autorizó a la administración del country a implementar un sistema automatizado de identificación de personas y matrículas.

2- Se acordó revisar el protocolo de visitas al predio.

3- Se podrá realizar un relevamiento de las cédulas de identidad (los DNI uruguayos) y la libreta de propiedad de todos los vehículos de todos los residentes. Los vecinos deberán presentar fotos en la administración, con el objetivo de mejorar los controles de los habitantes del barrio.

4- Se podrá compartir información con la policía sobre los residentes del barrio, para garantizar la seguridad de todos.

5- Se contratará un abogado “para realizar una consulta en el expediente judicial sobre la situación jurídica y brindar asesoramiento sobre los pasos a seguir respecto a la situación” de Mastropierro, quien cumple prisión preventiva en ese barrio.

Estas resoluciones, también informadas por El País, no fueron bien recibidas por este joven que cumple la medida cautelar allí. Antes de la asamblea, envió una carta a los vecinos por WhatsApp en la que asegura que tiene una “conducta ordenada, discreta y respetuosa con el entorno”, que no interfiere “en la vida de nadie” ni genera “perturbaciones dentro del barrio”.

Un caso de estafa, usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina se conoció en las últimas horas en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), en donde desbarataron un consultorio odontológico clandestino. Dos personas fueron imputadas.

El caso llegó a las autoridades a través de la denuncia de una ex paciente, quien contó que llegó al consultorio a través de un anuncio en Facebook Marketplace. Allí la imputada ofrecía implantes y prótesis.

Tras colocarse una prótesis dental, la víctima comenzó a sentir molestias y decidió contactar nuevamente a la supuesta dentista. Al no recibir una respuesta adecuada, presentó un reclamo ante el Ministerio de Salud de la Nación.

Fue entonces que descubrió que la matrícula que la constaba en el sello y factura emitida por la falsa odontóloga no estaba registrada a su nombre.

La denuncia derivó en una investigación del fiscal Rodrigo Pagano Mata, quien solicitó el allanamiento al consultorio ubicado sobre la calle Beauchef al 1400.

Durante el procedimiento -coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y con el apoyo de la Policía de la Ciudad- se secuestraron instrumentos médicos y documentos útiles.

La falsa dentista enfrenta cargos por estafa, en concurso ideal con ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título. Su pareja fue imputada como partícipe necesario en la maniobra.

Arrestaron a un hombre que ejercía como falso médico en un centro de salud porteño

A principios de junio se conoció la detención de un hombre de 39 años sospechado de ejercer como médico sin habilitación. Se trata de Cristian Leonardo Rodríguez, sobre quien ya pesa un requerimiento de juicio oral por el uso de documentos falsos, ejercicio ilegal de la medicina, estafas y por su presunta responsabilidad en la muerte de una mujer en una residencia geriátrica.

El procedimiento se llevó a cabo en los “Consultorios Médicos Moliere”, ubicados en la calle Moliere al 1600, barrio porteño de Monte Castro. Allí, el hombre continuaba trabajando como si contara con la habilitación profesional.

La detención fue concretada por personal de la División Delitos Contra la Salud Pública de la Policía Federal Argentina, en el marco de un allanamiento en el que se pudo constatar que Rodríguez utilizaba matrículas correspondientes a otros profesionales de la salud.

Según publicó el Ministerio Público Fiscal (MPF), en esa clínica el acusado se presentaba como médico generalista, cardiólogo y neumonólogo. A su vez, atendía consultas, realizaba electrocardiogramas, holters cardíacos, espirometrías, mapeos, aptos físicos, ecografías ginecológicas y abdominales; prescribía medicamentos y emitía recetas electrónicas.

Fuentes judiciales indicaron que su detención se concretó mediante la intervención de un agente revelador. Explicaron que, en rigor, ya había sido enviado a juicio en otras actuaciones por un hecho de características similares, que incluye una sospecha de homicidio, y que desde hace tiempo ejercía la medicina sin habilitación. Afirmaron que aún no se conoce la dimensión de las posibles víctimas y que se trabaja para identificarlas. Agregaron también que el establecimiento ya había sido alcanzado por una orden de clausura dictada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego del allanamiento, desde los consultorios de salud difundieron en redes sociales que el lugar había sido asaltado, por lo que se habían visto obligados a permanecer cerrados.

La elevación a juicio oral contra Rodríguez había sido solicitada por el fiscal Rívolo en torno a dos expedientes iniciados en 2019 y 2023, en donde se le endilga al imputado la utilización de títulos universitarios presuntamente emitidos por la Universidad de Buenos Aires, certificados del Registro Nacional de Prestadores de la Superintendencia de Servicios de Salud, y matrículas médica nacional y provincial. Con esos documentos, Rodríguez habría practicado de forma ilícita la medicina en el sanatorio San Cayetano del barrio porteño de Parque Avellaneda, en la empresa IRT Medicina para Empresas, en los Consultorios Médicos Moliere, en el geriátrico Nuevo Senior y en la residencia geriátrica Flores.

De hecho, en una de esas instituciones geriátricas, el acusado, asumiendo “una posición de garante”, habría creado un “riesgo jurídicamente desaprobado” que derivó en el deceso de una paciente internada.

Un robo registrado el domingo pasado en el barrio Los Pinares de la ciudad de Mar del Plata fue el punto de partida para una investigación que terminó con un allanamiento policial y el secuestro de varios de los objetos sustraídos.

La víctima, una mujer de 50 años, reportó la sustracción de una caldera, herramientas, fardos de alambres y una garrafa de su vivienda, lo que motivó la intervención de la Oficina de Determinación de Autores (ODA) y de la comisaría séptima.

Las tareas investigativas permitieron reunir indicios sobre el destino de los objetos, lo que derivó en la solicitud de una orden de allanamiento al juzgado de Garantías competente. El procedimiento, llevado a cabo en un domicilio de la calle Rejón al 6400, permitió recuperar parte del botín y secuestrar evidencia clave para el avance de la causa.

El allanamiento se realizó este último martes bajo supervisión judicial y fue ejecutado por personal policial de la comisaría séptima. Sobre ese domicilio recaían sospechas vinculadas a la venta de elementos robados en la zona, tras la aparición de publicaciones y ofertas irregulares.

En el interior del inmueble, según informó el portal 0223, los efectivos encontraron varios de los objetos denunciados como robados. Junto con el material sustraído, se incautaron un teléfono celular, vestimenta, prendas con insignias policiales y un handy. Estos últimos elementos, según fuentes del caso, serán sometidos a peritajes para determinar su procedencia y posible asociación con otros delitos.

Una joven de 23 años, residente en la vivienda, fue identificada en el lugar durantee los procedimientos. La Policía labró las actuaciones correspondientes y notificó al fiscal Fernando Berlingeri, quien decidió la formación de una causa por encubrimiento, aunque no dispuso medidas restrictivas de la libertad para la sospechosa.

El fiscal orientó las primeras diligencias hacia el esclarecimiento del circuito de reducción de objetos robados en el barrio, con la hipótesis de que existía una red informal de comercialización.

Entre las pruebas recolectadas figuran los mensajes y registros del teléfono celular secuestrado, posible evidencia sobre la oferta y venta de los bienes sustraídos. La indumentaria policial y el handy incautados podrían tener relevancia en la vinculación de la joven y otros posibles imputados con conductas ilícitas adicionales, por lo que se dispusieron pericias y cruces de antecedentes.

Falsos policías con más uniformes robados

Pocos días atrás, un hombre fue detenido en la localidad de El Manantial, provincia de Tucumán, acusado de hacerse pasar por policía. Fue descubierto mientras caminaba por un barrio vestido con prendas alusivas a la fuerza y hasta un arma.

Según comunicó el Ministerio de Seguridad de esa provincia, el sospechoso fue observado por un equipo de la División Patrulla Motorizada El Manantial, que realizaba tareas de prevención a la altura de la intersección de las calles Gobernador del Campo e Independencia.

Al detectar la presencia policial, el hombre trató de evitar el control al ingresar a un pasaje sin salida ni iluminación. Sin embargo, su plan de escape se vio rápidamente frustrado. Los agentes lo siguieron y observaron cuando intentaba deshacerse de un objeto y quitarse un chaleco portaplacas que tenía estampada la leyenda “Policía” en la espalda.

Pero no pudo y finalmente fue detenido. De acuerdo con lo que comunicó el Gobierno tucumano a través de sus canales oficiales, durante el procedimiento los efectivos le secuestraron además cartuchos calibre 12, dos cuchillos, una gorra de uso policial, un celular con su cargador y el chaleco.

Al constatar que el sospechoso no pertenecía a ninguna fuerza, fue arrestado y la Justicia ordenó el secuestro de todos los elementos que portaba e investigar sus antecedentes. Finalmente, fue trasladado a la dependencia policial.

En la mañana del lunes, un importante operativo policial y judicial tuvo lugar en el barrio Las Palomas de la localidad de Juan José Castelli, Chaco. Un domicilio de la zona fue el epicentro de un allanamiento ordenado en el marco de las investigaciones realizadas sobre tráfico y tenencia ilegal de fauna silvestre. Se encontraron más de 100 aves de distintas especies.

En el interior de ese inmueble, la imagen era desoladora: docenas de jaulas, muchas improvisadas con cajones de madera, contenían aves exóticas, autóctonas y domésticas. Algunos ejemplares eran pichones, otros estaban en plena puesta y varios huevos aguardaban para su incubación. Y entre el bullicio del despliegue oficial, hallaron también una perra pincher evidenciaba signos visibles de abandono, maltrato y desnutrición.

Según informó el portal del Diario Tag, el allanamiento realizado este lunes respondió a una orden emitida por el Juzgado de Garantías, por una causa de tenencia y tráfico de fauna silvestre en infracción a las leyes nacionales y provinciales de protección animal.

La ejecución del operativo estuvo a cargo de la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental de San Martín, con la intervención de la fiscal Noelia Beatriz Miño, el Ayudante Fiscal, Noelia Leoni, y el veterinario oficial Principal Jairo José Melgarejo.

Las dos personas que habitaban la vivienda allanada, P.E.S. de 45 años, y A.D.R. de 23, recibieron la notificación correspondiente en libertad acerca de la imputación que pesará sobre ellos. Se desconoce si hay algún tipo de parentesco entre los acusados.

Hasta el momento, la Justicia no dictó ninguna medida de restricción mayor, aunque las actuaciones continúan en curso y no se descartan eventuales imputaciones adicionales.

En total, se incautaron 109 pájaros, entre ellos: 9 cacatúas ninfa, 4 cardenales, 1 cardeñilla, 4 reinas mora, 7 canarios silvestres, 22 agapornis, 3 zorzales, 2 palomas coloradas, 43 periquitos australianos y 1 martineta, junto a otros que serán analizados por los expertos. También se encontraron 15 cajones con huevos y pichones, lo que evidenciaba una posible cría clandestina o comercialización ilegal; y 3 jaulas de fabricación casera de escasa higiene y ausencia de condiciones sanitarias mínimas.

Respecto del perro hallado en el operativo, el oficial Melgarejo, encargado de la inspección, advirtió que el animal presentaba bajo peso y lesiones cutáneas compatibles con dermatitis, lo que llevó a su inmediato retiro del lugar ante la sospecha de maltrato, conforme a lo establecido por la Ley 14.346.

Una vez secuestrados todos los animales, fueron trasladados al Zoológico Municipal de Roque Sáenz Peña. Allí, un equipo de especialistas evaluará su estado y brindará la atención necesaria, tanto en lo sanitario como en lo alimentario.

Por otra parte, la Justicia chaqueña continuará el proceso para determinar la responsabilidad penal y administrativa de los dos involucrados. Las actuaciones se mantienen bajo reserva mientras se analizan evidencias y testimonios recabados durante el procedimiento.

Operativo rescate en Córdoba

Casi cien aves exóticas fueron rescatadas de cautiverio en una serie de allanamientos realizados en viviendas de la localidad cordobesa de Santa Rosa de Calamuchita. El operativo, llevado a cabo por personal de la Policía Ambiental y la Patrulla Ambiental de Córdoba, permitió liberar a un total de 94 ejemplares que permanecían en distintas casas de la zona.

La intervención tuvo lugar a fines de mayo y se enmarcó en una investigación destinada a combatir el tráfico ilegal y la tenencia no autorizada de especies silvestres y exóticas. Durante los procedimientos, los agentes constataron la presencia de jaulas y recintos utilizados para mantener a los pájaros en condiciones de encierro.

Los animales rescatados fueron trasladados a la Reserva Tatú Carreta, ubicada en la localidad de Casa Grande, donde los especialistas comenzaron con las tareas de rehabilitación que incluyeron un período de cuarentena con fines sanitarios, antes de evaluar la posibilidad de su reinserción en el entorno natural de origen.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N° 5 de San Martín rechazó la solicitud de exención de prisión presentada por la defensa de Zhang Ming Qiang (30), un ciudadano chino que se encuentra imputado por haber intentado matar a efectivos de la Policía Federal Argentina durante un allanamiento realizado en un supermercado de la localidad bonaerense de San Martín en 2016. La resolución tuvo en cuenta que el hombre fue declarado en rebeldía y tiene una orden de captura nacional e internacional por permanecer prófugo de la Justicia, en tanto se sospecha que habría regresado a China en enero de 2020.

El proceso penal se originó a partir de un operativo policial ejecutado en la madrugada del 11 de junio de 2016, en el comercio “Mis Sueños”, ubicado en la planta baja de un inmueble de la calle Rivadavia al 4300. Durante la diligencia, personal de la División Defraudaciones y Estafas, con apoyo del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), fue atacado con armas de fuego y granadas de gas lacrimógeno, según se desprende del requerimiento de elevación a juicio firmado por el fiscal Paulo Starc. Como consecuencia de la agresión, el agente Mariano Isaías Leiva resultó herido en el pómulo y brazo izquierdo, y otros efectivos recibieron impactos en sus chalecos antibalas.

Zhang Ming Qiang, junto con Lin Bin (35), Lin Zhenbiao, Wang Xiaoling (34) y Yang Yang Wang, fue acusado como coautor de tentativa de homicidio doblemente agravado -por ser contra miembros de una fuerza de seguridad en ejercicio de sus funciones y por el uso de armas de fuego-, tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil y de guerra -un revólver Jaguar calibre .32 largo, una escopeta de dos caños yuxtapuestos marca Carlos Grassi calibre 32/70 y un fusil de repetición Norinco modelo JW-15A calibre .22 mm, entre otras- y posesión de material asfixiante, todos en concurso real.

Los sospechosos desempeñaban diversas funciones dentro del mismo establecimiento comercial: Zhang Ming Qiang y Lin Bin trabajaban como repositores; Wang Xiaoling se desempeñaba como cajera; mientras que no se consignó información laboral precisa sobre Lin Zhenbiao y Yang Yang Wang. Todos residían en el mismo inmueble donde se llevó adelante el allanamiento.

En el fallo firmado por la jueza de cámara María Claudia Morgese Martin, se llegó esgrimió que no estaban dadas las condiciones para conceder eximición de prisión solicitada por la defensa particular del imputado, en manos de Mariano Luzuriaga y Jorge Gabriel Taiah.

Entre sus fundamentos, la magistrada del TOCF destacó que Zhang Ming Qiang se encuentra declarado en rebeldía desde el 19 de marzo de 2024, fecha en la que se ordenó su inmediata detención tras comprobarse que no compareció a las citaciones judiciales ni se encontraba en su domicilio declarado. Según registros de la Dirección Nacional de Migraciones, el imputado salió del país el 13 de enero de 2020 rumbo a los Emiratos Árabes Unidos.

El fallo valoró además como agravante que Zhang Ming Qiang se encuentra presumiblemente radicado en la República Popular China, país que no tiene tratado de extradición vigente con la Argentina. En ese marco, la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores informó que las autoridades chinas no dan curso a planteos de extradición de sus ciudadanos, un hecho que en la práctica imposibilita su comparecencia ante los tribunales argentinos.

“Tal circunstancia agrava aún más la condición de prófugo que reviste el imputado Zhang Ming Qiang, pues se radicó en un Estado que no permite que sea solicitado para su juzgamiento en el territorio de nuestro país”, señaló el fallo del tribunal oral de San Martín.

En línea con lo dictaminado por el fiscal general, la jueza Morgese Martin señaló que “la severidad de la pena conminada en abstracto para el delito enrostrado” constituía un indicador objetivo del “peligro de fuga”, en los términos del artículo 221 del Código Procesal Penal Federal. Además hizo hincapié en “las circunstancias, gravedad, naturaleza de los hechos endilgados y la consecuente expectativa concreta de prisión que afronta el incuso”.

Los defensores del imputado no presentaron contraargumentos frente a la postura del Ministerio Público Fiscal, de acuerdo a las actuaciones. A su vez, la víctima del caso manifestó en un informe su rechazo respecto a la posibilidad de que el ciudadano chino fuera beneficiado con una medida que mejore su situación procesal.

La denegatoria judicial también tuvo en cuenta que la Dirección Nacional de Migraciones no había hecho lugar a la solicitud de Zhang Ming Qiang para obtener la residencia permanente en el país en el año 2013. En aquel entonces, su residencia precaria quedó cancelada y el sospechoso pasó a residir de manera “irregular” en Argentina.

“Por otro lado -añadió la jueza de cámara al fundar la resolución-, cabe recordar que, en virtud de la captura ordenada por este Tribunal, se encuentra activa la notificación roja de INTERPOL respecto del nombrado".

Así las cosas, el expediente “FSM 36193/2016″ permanece suspendido en relación a Zhang Ming Qiang hasta que pueda ser puesto a disposición del tribunal de juicio, tal como lo establece el artículo 290 del Código Procesal Penal de la Nación.

En el marco de la causa que investiga la muerte de Diego Maradona, este miércoles las autoridades ordenaron allanar la empresa prestadora de servicios de enfermería y aparatología médica que estuvo a cargo de equipar la internación domiciliaria donde murió el futbolista el pasado 25 de noviembre de 2020.

Se trata de Medidom, cuyo domicilio legal figura en la calle Güemes 4243, en el barrio porteño de Palermo. Fue allí a donde personal de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales se movilizó para ejecutar el operativo por instrucción del Juzgado Nacional de Rogatorias y del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

Sin embargo, el procedimiento no salió como esperaban: según supo Infobae, al llegar al edificio en cuestión, los agentes constataron que la compañía se había mudado. No funciona más allí desde hace aproximadamente 5 años, cuando murió Diego.

El objetivo del operativo era secuestrar todo el material, tanto físico como digital, que sea de interés para la causa. Por ejemplo, la documentación correspondiente al período en el que se organizó y montó la internación domiciliaria para Maradona en Tigre.

La orden también incluía la incautación de dispositivos electrónicos y el secuestro de correspondencia digital, como mails o chats, que pudiera contener datos vinculados a la investigación.

Estos intercambios podían contener información crucial que involucrara -o no- a dos de los siete imputados en el juicio: Nancy Forlini, la coordinadora de la prepaga de Maradona; y Mariano Perroni, de Medidom, quien estaba a cargo de los enfermeros que trabajan en la internación domiciliaria de Diego.

El allanamiento se ordenó una semana después de que se hiciera el registro en Clínica Olivos, donde, luego de la declaración del director del sanatorio, Pablo Dimitroff, los jueces del TOC Nº3 de San Isidro pidieron secuestrar todos los archivos relacionados con la salud de Maradona con fecha entre el 3 y el 11 de noviembre de 2020.

El operativo se hizo el pasado martes a la noche. Una vez dentro del sanatorio, los uniformados se entrevistaron con el médico a cargo, doctor Juan Molinos; el gerente de la clínica, Pablo Castiello; y el apoderado de la prepaga, Claudio Gabriel Ravinovich, quienes interiorizados de la diligencia, autorizaron el acceso a los sistemas informáticos.

Verificados los mismos, se procedió al secuestro de archivos en soporte digital y documentación física en soporte papel, ambas relevantes y de intereses para la presente investigación. En detalle, los agentes incautaron 279 fojas correspondientes a la historia clínica completa de Diego Maradona, seis estudios de laboratorio y 543 correos electrónicos que se enviaron entre los investigados.

Durante el operativo, también buscaban incautar documentación sobre otros procedimientos que se practicaron en la Clínica durante el período establecido.

La medida fue decidida por unanimidad a partir de un pedido del fiscal general adjunto de San Isidro, doctor Patricio Ferrari, uno de los fiscales a cargo de la acusación pública, quien solicitó hacer un registro del establecimiento de zona Norte por considerar que hay pruebas que involucran a los imputados y que no fueron aportadas en la causa.

La petición -que recibió el apoyo de todos los abogados querellantes y hasta de los defensores de Luque y Cosachov- tuvo lugar luego de la declaración del director del sanatorio, Pablo Dimitroff, quien durante su testimonio aportó un estudio prequirúrgico que le habrían realizado al Diez antes de su operación de cabeza, a principios de noviembre de 2020. Sus resultados, sin embargo, no constaban en el historial clínico.

La causa por la cual se inició la investigación derivó en la ejecución de once allanamientos autorizados por el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial Zárate-Campana.

Nueve de los operativos se desarrollaron en domicilios de la ciudad de Campana y los dos restantes en el partido de Exaltación de la Cruz, luego de establecerse conexiones con ilícitos ocurridos en esa jurisdicción.

El despliegue incluyó la participación del Grupo Halcón Sur y Norte, efectivos de los Grupos de Apoyo Departamental (GAD) de Campana, San Pedro, Escobar y Pilar, junto a unidades de la DDI Zárate-Campana, Sub DDI Zárate, Subcomisaría Cardales, Comando de Patrullas Campana, UPPL Campana, y otras dependencias policiales.

El operativo fue ejecutado en conjunto con personal policial de Exaltación de la Cruz y San Andrés de Giles, bajo la supervisión de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°2 de Campana.

El primer allanamiento se realizó en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Pasteur y Ricardo Rojas, allí se incautaron un revólver calibre .44, un arma de fabricación casera tipo tumbera, tres cascos de motocicleta, tres motocicletas —dos de ellas sin patente— y piezas de otros vehículos.

El principal sospechoso, identificado como J. A. I., el cual se encuentra prófugo.

Posteriormente, en otro operativo llevado a cabo en la calle Barlaro, se hallaron 16 envoltorios de cocaína (8,78 gramos), 500 gramos de cogollos de marihuana, y dos plantas de la misma sustancia con un peso de 4,76 kilogramos. También se secuestraron cinco teléfonos celulares y partes de motocicletas.

Allí se notificó a M. S. J. de 39 años, un menor de edad y T. Z. F. de 22 años, por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización. Una de las víctimas, reconoció herramientas y una baulera sustraídas en un robo ocurrido sobre la Ruta 8, km 94, en jurisdicción de Solís.

Otro de los operativos positivos se realizó en un domicilio ubicado en la calle Ghiachino, en él fue aprehendido J. J. P. de 22 años, a quien se le secuestró una motocicleta Honda CBX 300 cc con pedido de secuestro activo por una causa de robo tramitada en la UFI y J N°7 de Zárate. También se incautaron prendas, un casco, una baulera y un teléfono celular.

En el domicilio ubicado en la calle Coletta, fue detenido A. N. B. de 24 años, acusado de robo agravado. Se le secuestró un teléfono Samsung S24, propiedad de una de las víctimas asaltadas por la banda. Además, tenía otros cinco celulares adicionales y un chaleco marca The North Face.

En otro operativo llevado a cabo en el barrio Las Campanas, se detuvo a U. A. A. de 20 años. En el lugar se encontró un revólver calibre .32, sin documentación, un block de motor con numeración suprimida, autopartes y dos cascos.

Por último, en la localidad de Exaltación de la Cruz, un allanamiento realizado en Gran Alameda, en el barrio La Sidrera, terminó con el secuestro de 456 gramos de cogollos de marihuana.

Según expresaron fuentes del caso consultadas por Infobae, los implicados también estarían vinculados a delitos cometidos en Exaltación de la Cruz, lo que motivó la extensión del operativo a esa jurisdicción. Las órdenes de allanamiento adicionales fueron emitidas tras la intervención del Ministerio Público Fiscal.

La investigación, que hasta ahora tiene tres detenidos, continúa en curso, mientras las autoridades mantienen la búsqueda para localizar al sospechoso prófugo.

"El alcalde de Newark, Ras Baraka, incurrió en allanamiento de morada e ignoró múltiples advertencias para que se retirara del centro de detención de ICE en Newark", escribió en su cuenta de X Alina Habba, la fiscal interina de Nueva Jersey y exabogada del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Según la fiscal, Baraka estaba protestando frente al centro de detención Delaney Hall por las condiciones del lugar, junto con "los representantes (del Congreso) Robert Menéndez Jr. y Bonnie Watson Coleman" y otros manifestantes, añadió.

En su mensaje, Habba señala que Baraka optó por "ignorar la ley" y que ha sido "puesto bajo custodia".

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos indica en un comunicado que, mientras un autobús con detenidos entrada en las instalaciones, un grupo de manifestantes "irrumpió en el centro de detención".

"Que miembros del Congreso irrumpan en un centro de detención va más allá de una maniobra política estrafalaria y pone en riesgo la seguridad de nuestros agentes del orden y de los detenidos", anotó en el comunicado la subsecretaria Tricia McLaughlin.

"Los miembros del Congreso no están por encima de la ley y no pueden irrumpir ilegalmente en los centros de detención. Si estos miembros hubieran solicitado una visita, la habríamos facilitado. Esta situación está en constante evolución", agregó el mensaje.

El DHS, además, apunta que las acusaciones de los manifestantes de que el centro de detención Delaney Hall no cuenta con los permisos necesarios "son falsas".

En ese sentido, el departamento anota que cuentan con permisos válidos, inspecciones de plomería y electricidad y se han aprobado los códigos de incendios.

"Delaney Hall alberga actualmente a asesinos, violadores, presuntos terroristas y pandilleros", anota el comunicado. EFE

A través de X, Meda, aliada de la líder opositora María Corina Machado, expresó que el "brazo represor" del ministro de Interior, Diosdado Cabello, "violenta" su residencia en Caracas la noche de este miércoles.

Igualmente, aseguró que el funcionario "miente" sobre "supuestas negociaciones" para la salida de la sede diplomática y del Venezuela de ella y los otros cuatro opositores que estuvieron refugiados ahí desde marzo de 2024, que son Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Ómar González. EFE

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Andre Stephon-Curtis Broadenax, de 29 años, enfrenta múltiples cargos penales tras ser acusado de irrumpir en una vivienda de Detroit y presuntamente forzar a su hija de 11 años a colaborar en el delito. La Fiscalía del Condado de Wayne confirmó que el incidente ocurrió el 29 de abril de 2025, alrededor de las 8:43 p.m., cuando Broadenax ingresó a la casa de un hombre de 75 años ubicada en el bloque 600 de Marquette Drive.

El sospechoso habría llegado al lugar conduciendo un vehículo robado, propiedad de un residente de Dearborn Heights de 52 años. Según la acusación, Broadenax forzó la entrada a la vivienda llevando consigo a su hija menor de edad y la obligó a ayudarlo en el ingreso ilegal. La casa estaba siendo renovada en el momento de los hechos, informó la fiscalía.

Cuando el hijo del propietario llegó a la residencia aproximadamente a las 8:45 p.m., descubrió a Broadenax dentro de la vivienda. Al verse sorprendido, el acusado huyó a pie, dejando atrás tanto el vehículo robado como a su hija de 11 años, de acuerdo con los reportes oficiales.

La detención y la reacción policial

La Policía de Detroit acudió rápidamente al lugar y, según testigos y declaraciones de las autoridades, estableció un perímetro de seguridad en la zona para localizar al sospechoso. David Bridges, vecino del área, relató a ABC News que su tía observó desde un balcón cómo los agentes rodeaban la cuadra mientras buscaban al intruso. Bridges añadió: “Mi tía había salido al balcón y vio a todos los policías afuera”.

Bridges, padre de ocho hijos y residente del vecindario, también expresó durante la entrevista su desconcierto: “Como padre de ocho hijos, no puedo imaginar usar a ninguno de mis hijos para irrumpir en una casa o hacer daño a otra persona porque está mal”.

La investigación realizada por el Departamento de Policía de Detroit permitió detener a Broadenax poco después de su huida. Las autoridades confirmaron que no se reportaron heridos durante el arresto y que la menor fue puesta a salvo.

Los cargos presentados

La Fiscalía del Condado de Wayne informó que Broadenax enfrenta los siguientes cargos:

• Invasión de hogar en primer grado
• Invasión de hogar en segundo grado
• Hurto en un edificio
• Recepción y ocultamiento de un vehículo robado
• Inducción de un menor a cometer un delito
• Contribución a la delincuencia de un menor.

Las autoridades subrayaron que todas las acusaciones son por el momento alegaciones, y que el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.

Audiencias judiciales en los próximos días

Broadenax fue procesado el 2 de mayo de 2025 en el 36th District Court ante la magistrada Delphia Burton. Se le fijó una fianza de $75,000 con la condición de llevar un dispositivo GPS y permanecer bajo arresto domiciliario, de acuerdo con el reporte de la fiscalía.

Sin embargo, el 5 de mayo de 2025, durante una audiencia de reexamen de la fianza, el juez William McConico decidió aumentarla a $150,000, manteniendo el monitoreo por GPS y el arresto domiciliario. La audiencia de causa probable está programada para el 14 de mayo de 2025 a las 8:30 a.m., y el examen preliminar se realizará el 21 de mayo de 2025 a las 8:45 a.m. ante el juez Shawn Jacque.

La comunidad de Marquette Drive, descrita por sus propios residentes como un área típicamente tranquila, reaccionó con preocupación ante lo sucedido. Según los informes oficiales, el caso sigue en desarrollo y las autoridades continúan investigando todos los aspectos relacionados con el incidente. Además, también determinarán la situación de la menor que se encontraba bajo custodia del detenido.

El allanamiento fue ordenado por los jueces Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro por pedido de la Fiscalía tras la declaración este martes del director de la clínica, Pablo Dimitroff.

En su testimonio, Dimitroff presentó unos estudios que dijo habían sido realizados a Maradona antes de su última operación -por un hematoma subdural en la cabeza-, algo que contradijo lo declarado ante los jueces por el jefe de Terapia Intensiva de la misma institución, Fernando Villarejo, que la semana pasada afirmó que no se le habían realizado estudios prequirírgicos al ídolo argentino antes de la operación. EFE

Un hombre de Carolina del Sur enfrenta varios cargos graves tras ser acusado de irrumpir en la casa de su exnovia y atacarla mientras se ocultaba en su ducha. Según un informe del Departamento de Policía de Charleston citado por los medios locales WCBD y WCIV, el sospechoso afirmó que se trataba de una “broma” para aliviar las tensiones luego de una discusión.

Jackson Collum Arnold, de 25 años, presuntamente ingresó sin autorización al apartamento tipo garaje de su exnovia poco antes de la medianoche del domingo. De acuerdo con el informe policial, Arnold se escondió en la ducha hasta que la mujer regresó a su hogar. Para cubrirse el rostro, utilizó un par de pantalones cortos de ciclismo pertenecientes a la víctima y llevaba puesto un sombrero. Estaba desnudo de la cintura para abajo cuando sorprendió a la mujer con un cuchillo, señalaron las autoridades.

La víctima relató a los oficiales que temió por su vida cuando Arnold presuntamente le sostuvo el cuchillo al costado de la cabeza y simuló cortarle el cuello antes de intentar estrangularla. La mujer logró quitarle los pantalones cortos que le cubrían el rostro y así identificó a su agresor, quien era su pareja intermitente, de acuerdo con la policía.

Arnold alegó que su intención era hacer una broma tras una discusión por mensajes de texto

El informe policial, citado por WCBD y WCIV, indica que Arnold justificó sus acciones afirmando que solo quería “sorprender” a la mujer y “aligerar el ambiente” después de una disputa que habían tenido por mensajes de texto esa misma noche. Según las autoridades, el hombre planeó cuidadosamente su entrada para no ser detectado: estacionó su vehículo a una distancia considerable de la vivienda y dejó su teléfono móvil atrás.

Durante la investigación, los oficiales encontraron la ropa interior de Arnold en el baño donde ocurrió el incidente. Al momento de la llegada de la policía, el acusado ya se había vestido con unos jeans. La víctima logró contactar a los servicios de emergencia mediante una llamada al 911, lo que permitió a las autoridades intervenir rápidamente.

Cargos presentados: allanamiento, agresión y posesión de arma durante un delito violento

Tras ser arrestado, Arnold fue ingresado en el centro de detención local y enfrenta cargos de allanamiento de primer grado, agresión y lesiones y posesión de un arma durante la comisión de un delito violento. Estos cargos conllevan penas severas bajo las leyes de Carolina del Sur, que contemplan sanciones más estrictas cuando se utilizan armas blancas o cuando el delito ocurre en una vivienda habitada.

El Departamento de Policía de Charleston no proporcionó detalles adicionales sobre el estado físico de la víctima después del incidente ni sobre si había presentado lesiones que requirieran atención médica. Tampoco se informó si Arnold cuenta con antecedentes penales previos.

El incidente subraya los riesgos de violencia doméstica disfrazada de bromas

El caso ha generado preocupación entre defensores de los derechos de las víctimas de violencia doméstica, quienes advierten que acciones como la que se le imputa a Arnold pueden poner en peligro la vida de las personas y no deben ser minimizadas como bromas o malentendidos. Según los expertos, este tipo de conductas a menudo forman parte de un patrón de comportamiento abusivo que puede escalar si no se toman medidas legales firmes.

El informe no especifica si se emitió alguna orden de alejamiento o si la víctima recibió asistencia de servicios de apoyo para víctimas de agresión. Las autoridades instaron a cualquier persona que se sienta en peligro o experimente situaciones similares a comunicarse con las fuerzas del orden o con organizaciones especializadas en violencia de pareja.