Un hombre decidió dejar atrás la vida urbana y aislarse por completo en la selva de Vietnam. Sin ayuda externa y sin electricidad, pasó cerca de un año construyendo una aldea flotante en un lago. El resultado fue un asentamiento autosuficiente, hecho casi en su totalidad con bambú y madera, que le permite vivir de forma independiente en medio de la naturaleza.

La aldea fue construida utilizando únicamente recursos disponibles en el entorno natural. Para ello, recurrió a técnicas tradicionales de carpintería y ensamblaje, sin elementos industriales modernos. Según informa el diario as, cada pieza fue cortada a mano, lo que le permitió crear estructuras resistentes, capaces de adaptarse a los cambios de nivel del agua.

La intención del hombre, al construir sobre una plataforma flotante, fue reducir los riesgos asociados al terreno húmedo, así como las inundaciones o los peligros de la fauna salvaje. Asimismo, el agua se convirtió en un recurso central y de fácil acceso.

Aprovechar los materiales naturales

El material principal que utilizó fue el bambú. Se trata de la planta más abundante de toda la isla. Gracias a ella pudo construir suelos, paredes y techos. Con el paso de los meses, la construcción inicial fue creciendo hasta convertirse en un pequeño poblado, un microcosmos natural que constituye un modo de vida alternativo.

El asentamiento cuenta con espacios diferenciados para dormir, cocinar, almacenar alimentos y desarrollar tareas diarias. Todo está dispuesto de forma funcional, con recorridos simples y accesos directos al lago.

Un modelo de vida basado en la autosuficiencia

La alimentación es uno de los elementos que, según la experiencia del hombre, viene facilitado por este modelo de vida. Parte de la plataforma flotante se utiliza como estanque para la cría de peces. Esto le permite obtener una fuente constante de proteínas sin depender de largas jornadas de pesca ni de suministros externos. El propio lago facilita la renovación del agua y el mantenimiento del ecosistema.

Además, el hombre desarrolló un huerto adaptado al entorno acuático. Allí cultiva verduras, frutas y arroz mediante el uso de compost orgánico. Los cultivos crecen sobre estructuras que se sostienen en el agua y aprovechan la humedad constante del entorno.

Toda la aldea funciona sin electricidad. Las actividades diarias dependen únicamente de la energía humana y de elementos naturales como el fuego o el agua. La cocina, por ejemplo, se realiza con leña. El transporte se hace en pequeñas embarcaciones artesanales. El almacenamiento se organiza en espacios ventilados para conservar los alimentos.

Sobre la seguridad de la aldea

El asentamiento también fue pensado desde el punto de vista de la seguridad. Al estar rodeado de agua, se reduce el acceso de animales y se mantiene una distancia natural con el entorno selvático. La ubicación permite observar el entorno con facilidad y responder ante cualquier cambio.

La aldea flotante no fue concebida como un proyecto tecnológico ni turístico. Es, ante todo, una forma de vida alternativa. Un ejemplo de cómo, con conocimientos de carpintería y recursos naturales, es posible construir un sistema funcional sin depender de infraestructuras modernas. En un contexto global marcado por el consumo y la urbanización, esta experiencia muestra otra manera de habitar el territorio.

La construcción de un conjunto de viviendas destinadas a acoger hasta 40 personas sin hogar ha recibido un respaldo financiero clave que permitirá avanzar en este ambicioso proyecto. La Greater Manchester Combined Authority (GMCA), organismo que representa a diez ayuntamientos de la región, ha aportado 1,4 millones de libras para el desarrollo de la Embassy Homeless Village. Este espacio se ubica bajo los arcos ferroviarios en Castlefield, junto al canal Bridgewater, en una zona que antes se encontraba infrautilizada.

El proyecto, cuyo costo total de construcción y operación se estima en aproximadamente 5 millones de libras (5,75 millones de euros), recibe el apoyo de diferentes fuentes. Además de la contribución de la GMCA, fundaciones benéficas han donado 3,6 millones, y empresas locales han aportado cerca de 2 millones en servicios profesionales gratuitos. El dinero público destinado por la GMCA proviene de un fondo dedicado a la recuperación y uso de terrenos industriales en desuso, conocidos como “brownfield land”.

Esta combinación de recursos públicos y privados ha sido fundamental para impulsar un plan que no solo busca ofrecer un techo a personas en situación vulnerable, sino también crear un entorno que favorezca la reinserción social y laboral.

Más que un refugio: un espacio para formar comunidad

La gestión y operación de este complejo estarán a cargo de Embassy, una organización benéfica que brinda apoyo a personas sin hogar. Sid Williams, cofundador y director de Embassy, señala que la iniciativa busca “romper el ciclo de la falta de hogar” a través de un enfoque integral que combina vivienda con formación y acompañamiento. Para él, no se trata solo de construir casas, sino de fomentar un sentido de comunidad, un espacio donde los residentes puedan sentirse acompañados y no sufrir la soledad que muchas veces caracteriza a esta situación.

El proyecto incluye la intención de que el 90% de los residentes salgan del programa con un empleo y viviendo de forma independiente en el mercado privado de alquiler, lo que muestra la apuesta por una solución sostenible a largo plazo. Williams destaca que la “aldea” no solo brindará un espacio físico, sino también oportunidades para que sus habitantes fortalezcan las herramientas necesarias para rehacer sus vidas.

Un entorno equipado para la vida diaria

El complejo contará con una serie de instalaciones pensadas para cubrir distintas necesidades. Entre ellas, habrá un salón comunitario que funcionará como lugar de encuentro y para compartir comidas, promoviendo la convivencia entre los residentes. También se dispondrá de una lavandería, acceso a ordenadores para facilitar la conexión y búsqueda de oportunidades, y una cocina equipada especialmente para formación culinaria, con la idea de enseñar a los habitantes habilidades prácticas.

El proyecto se encuentra en plena fase de construcción y se espera que la primera de las viviendas esté lista para noviembre, permitiendo que las personas empiecen a mudarse a partir de enero del próximo año. Andy Burnham, alcalde de Greater Manchester, ha resaltado la importancia de esta financiación: “Esta inversión será crucial para que el proyecto pueda completarse y ofrezca el mejor apoyo posible desde el inicio”.

Los hechos se registraron el 16 de julio de 2021 en el municipio costero de Atacames, de la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. Según el Ministerio Público, la mujer se despertó en la madrugada para ir al baño cuando encontró a su expareja, identificada como Carlos Alberto B. R., rociando un líquido inflamable en los exteriores de la vivienda e inmediatamente incendió todo.

Ella no pudo salir a tiempo y terminó con quemaduras muy graves en el 80 % de su cuerpo por las que días después falleció, pese a que había sido llevada a un hospital de Quito, la capital del país, para una atención especializada.

Uno de los vecinos de la mujer, un hombre de 71 años, también resultó herido con quemaduras en su cuerpo, aunque logró sobrevivir.

La Fiscalía señaló en un comunicado que la mujer pudo identificar a su expareja como el causante del incendio antes de morir, un testimonio que fue ratificado por su vecino.

Tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía, un tribunal declaró culpable al hombre por el delito de feminicidio y le ordenó el pago de 100.000 dólares como reparación integral a la familia de la víctima y una multa de más de 600.000 dólares.

Según los datos de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea), hasta el 15 de marzo de 2025 se registraron al menos 82 feminicidios en Ecuador. El promedio fue de un asesinato de una mujer o niña cada 21 horas.

En 2024, se documentaron 274 casos de feminicidio de los cuales 126 fueron íntimos o sexuales, 129 relacionados o vinculados al crimen organizado y 14 transfemicidios. EFE

Quito, 11 dic (EFE).- Apenas el 51 % de los hijos e hijas de víctimas de feminicidio en Ecuador recibe la ayuda estatal de orfandad, por lo que las familias de mujeres asesinadas por la violencia machista denuncian que no se está cumpliendo con las medidas de reparación integral establecidas por ley nacional y que éstas son insuficientes, según reveló un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

“Esta investigación evidencia que hay una inadecuada coordinación interinstitucional de las instancias del Estado responsables de atender las necesidades de estos niños y niñas, lo que impide tener un registro unificado del número de menores a atender, aseguró este miércoles en una entrevista con EFE Juan Enrique Quiñonez, representante adjunto de Unicef en el país.

"Y también hay una debilidad institucional dentro del bono de orfandad porque no cuenta con un presupuesto propio”, añadió.

El estudio, que se titula ‘Esperando el verano: trayectoria de los niños, niñas y adolescentes víctimas de feminicidio en Ecuador’, fue realizado por Unicef junto a la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea), y se apoya en el testimonio directo de 76 familias con 151 niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas del feminicidio.

El bono de orfandad, que incluye beneficios en salud, educación y acceso a la justicia, y que fue aprobado en 2019, se trata de una pensión mensual que deben recibir todos los huérfanos de la violencia machista a fin de poder cubrir sus necesidades básicas.

Sin embargo, de acuerdo con este reporte recién publicado, sólo lo reciben el 51 % de los menores víctimas de esta violencia, el 38 % no lo recibe o no lo conoce y un 11 % de familiares a cargo de estos menores no respondió a esta pregunta.

La urgencia de que los huérfanos de feminicidio accedan a este bono, que según Quiñonez, debería aumentar su monto, radica en que 7 de cada 10 familias que se encargan de su cuidado no tienen ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas insatisfechas.

Y casi la mitad de estas familias (47 %) tuvo problemas para pagar los alimentos en las últimas semanas. Esta situación se da porque la mayoría de los menores huérfanos quedan al cuidado de la abuela o la tía materna, quienes no tenían planificado asumir los gastos derivados de estos cuidados.

“Muchas veces las mujeres asesinadas eran el único o principal sostén económico de la familia y suplir esta responsabilidad económica es prácticamente difícil para las abuelas que ahora cargan con el cuidado de los niños y niñas que quedaron huérfanos”, explicó el representante de Unicef.

Asimismo, la falta de atención por parte del Estado tiene un gran impacto en el desarrollo educativo y social de los menores, recordó Quiñónez. “Muchos de ellos ya no van a los mismos colegios donde estaban anteriormente y hemos visto casos en los que enfrentan dificultades para continuar con los estudios”, apuntó.

Desde que en 2014 se tipificara el feminicidio como delito, se han contabilizado 1.920 asesinatos machistas, que han dejado un total de 1.817 niños y niñas en la orfandad en Ecuador, de acuerdo con datos de Aldea.

Quiñónez insistió en que “hay un vínculo directo entre la violencia contra las mujeres y la violencia contra niñas, niños y adolescentes”. Ante este escenario, solicitó “mayor entendimiento de la problemática” por parte del Gobierno e instituciones públicas.

Pero también llamó a realizar un cambio social y cultural. “La violencia está muy generalizada y normalizada en el Ecuador. Si eso no cambia, será difícil que las actitudes de los funcionarios públicos también se transformen”, concluyó. EFE

Guayaquil (Ecuador), 16 oct (EFE).- Ecuador registró 180 feminicidios entre el 1 de enero y el 27 de septiembre de 2024, informó este miércoles la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea).

De ese total, 96 casos son feminicidios íntimos, familiares y/o en contextos sexuales, 13 de mujeres transgénero y 71 vinculados con contextos criminales, es decir, en entornos violentos en donde las bandas criminales ocupan territorios y donde sus cuerpos son usados para mandar mensajes.

Con estos 180 asesinatos machistas, la estadística total de estos crímenes por razones de género subió a 1.891 desde 2014, año en que se tipificó el delito de femicidio en el Código Penal ecuatoriano.

Ya en 2023 el país cerró con una de las cifras más elevadas de muertes violentas de mujeres desde que se tienen registros. Según datos oficiales, en ese año hubo 112 casos tipificados como femicidios, mientras que la sociedad civil contabilizó 321.

Aldea señaló que al menos 23 víctimas habían reportado antecedentes de violencia, 4 tenían boleta de auxilio y 7 sufrieron abuso sexual. La edad promedio de las asesinadas es de 32 años, siendo esa la edad más frecuente, mientras que las más jóvenes tenían apenas 1 año y la mayor, 81 años. Otras 17 víctimas eran menores de 18 años.

"La escalada de feminicidios contra niñas y adolescentes es inminente y se requieren acciones contundentes para prevenirlos", dijo Aldea en su reporte.

La organización también informó que 55 de las víctimas eran madres, quienes dejaron en la orfandad al menos a 106 niños y niñas, y otras 7 mujeres estaban embarazadas al momento de su asesinato. Con respecto a los feminicidas, 8 de ellos se suicidaron y 3 más lo intentaron.

"En el 35% de los casos, los feminicidas tenían un vínculo sentimental con la víctima", agregó la Asociación.

Además, denunció que el mapa en el que muestran la realidad de los asesinatos machistas en Ecuador da cuenta de "una distribución preocupante de la violencia por provincias".

La mayor cantidad de feminicidios se registraron en las provincias de la costa, con Guayas a la cabeza, con 50 mujeres asesinadas, seguida de Manabí (26 mujeres) y Los Ríos (20 mujeres).

En cuanto a las armas utilizadas, el 59% de estos delitos fueron cometidos con armas de fuego. "En 2019 y 2020 este porcentaje no superaba el 9%", advirtió la organización.

"Es obligación del Estado contar con un sistema de registro de femicidios que dé cuenta de la realidad de la violencia contra mujeres y niñas en el país, en todas sus formas y en todos los territorios. Hay un vacío latente en los datos oficiales que se niegan a registrar femicidios en sistemas criminales. Esto tiene que cambiar, porque todos los casos deben nombrarse para avanzar hacia políticas públicas de no repetición", denunció Aldea. EFE