La Cámara de Apelaciones de La Plata confirmó que los principales acusados por el caso de Julio “Chocolate” Rigau serán juzgados en un juicio oral por los delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública, tal como había determinado el juez Guillermo Atencio al cerrar la investigación. Se trata de Facundo y Claudio Albini, los jefes del puntero del PJ. En cambio, los 48 dueños de las tarjetas de débito solo serán acusados por la defraudación.

A fines de mayo, el juez Atencio elevó la causa a juicio y diferenció la situación de los acusados. La decisión fue apelada por los abogados de los Albini y tuvo que intervenir nuevamente la Sala III de la Cámara de La Plata.

En una resolución, el tribunal confirmó la doble acusación contra los Albini, la misma que recayó sobre el puntero del PJ. Los tres ahora esperan que se defina una fecha para el comienzo del juicio oral.

En la causa se probó que la cabeza de la organización estaba a cargo de Claudio Albini, que revestía el cargo de subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense.

La fiscal Betina Lacki determinó que Albini recibió varias de las tarjetas utilizadas y que tuvo encuentros con Rigau antes y después de las “giras de recaudación”.

Al ex concejal Facundo Albini lo hundieron los chats y los audios encontrados en el teléfono de Rigau.“Te llevas 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estas. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a la amistad que tenemos y no quiero terminar mal con vos”, fue uno de los mensajes que le mandó al puntero.

Después de cada recaudación, Rigau le rendía a Facundo Albini los comprobantes de los movimientos bancarios. Hay decenas de fotos. Uno de esos tickets correspondía a la tarjeta de Perla de Micheli, la suegra del ex concejal.

En otra resolución, a la que tuvo acceso Infobae, el tribunal también confirmó el sobreseimiento de los 48 dueños de las tarjetas por el delito de asociación ilícita. De esta manera, solo serán juzgados por un fraude.

La Cámara tuvo que intervenir nuevamente por una apelación de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien pretendía que todos sean juzgados como parte de una organización. “La valoración que realiza el juez garante en relación a que no resulta razonable que todos y cada uno de los contratados -’tarjeteros’- hayan concertado la maniobra tomando parte para que pudiese concretarse la maniobra delictiva de la Asociación Ilícita, deviene genérica y sin fundamentación, toda vez, que se limita a desvirtuar la participación endilgada por este Ministerio Público Fiscal a los imputados -’tarjeteros’- como miembros activos de la asociación ilícita con un escueto argumento convictivo, sin certeza ni fundamento probatorio sostiene una supuesta falta de razonabilidad, que no se condice con todos los elementos probatorios reunidos en autos que acreditan suficientemente la participación, aporte, permanencia y voluntad de pertenencia de cada uno de los imputados a la organización criminal investigada constituida para defraudar al erario público y que fuera detalladamente descripta en la materialidad ilícita del requerimiento de elevación a juicio”, planteó la fiscal contra el fallo de Atencio.

La Cámara, con el voto de, ratificó que los dueños de las tarjetas eran ajenos a la organización y colaboraron para obtener una obra social o una jubilación. “La asociación ilícita exige la cohesión del grupo el que debe plasmarse en el acuerdo previo para cometer delitos en una convergencia intencional con carácter estable, esto es, no transitoria. De otro lado, aunque no es necesario que sus miembros se conozcan entre sí, cada uno de ellos debe tener y exteriorizar su voluntad de ligarse a ese pacto lo que en el caso, a su respecto no ha quedado debidamente acreditado”, dice el fallo.

Entre los dueños de las tarjetas aparecen dos de los hijos de Rigau, Gerardo Roman (trabajaba en el hipermercado Chango Más) y Maximiliano Gastón (empleado de una distribuidora de aguas y gaseosas), un huevero, un albañil, y hasta una ama de casa.

Otro caso llamativo fue el de María Amanda Albino, quien declaró un domicilio en la calle 55 de La Plata, pero se terminó confirmando que de lunes a viernes vivía en la ciudad de Chivilcoy, a 220 kilómetros de la Legislatura. “La inconsistencia y contradicciones de la situación de Albino es solo uno de los ejemplos de la “informalidad” de las contrataciones de los agentes involucrados en las maniobras investigadas, donde la investigación preliminar de la Cámara de Diputados no ha reparado ni siquiera efectuado un comentario al respecto”, cuestionó la fiscal Lacki cuando pidió que todos sean juzgados por los mismos delitos.

Pese a las irregularidades administrativas encontradas dentro de la Cámara de Diputados bonaerense, la investigación judicial solo apuntó a Claudio Albini. Nunca fueron citados funcionarios clave como Miguel Antonio De Lisi, que sigue ejerciendo el cargo de secretario administrativo. “Estaban todos los partidos políticos involucrados, hubo control de daños”, admitió un funcionario que sigue formando parte de esa estructura.

La maniobra que tuvo a “Chocolate” como la cara visible significó un perjuicio a la provincia de Buenos Aires de más de 800 millones de pesos. También se estableció que el fraude comenzó en 2022, cuando Claudio Albini fue nombrado como subdirector de Personal. Esa fecha coincidió con la contratación de al menos seis imputados.

La Cámara de Apelaciones de La Plata revocó el beneficio de la prisión domiciliaria para el ex subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense, Claudio Albini, y su hijo, el ex concejal platense, Facundo Albini, dos de los detenidos por el caso de Julio “Chocolate” Rigau. Ambos habían recibido ese beneficio hace un mes pero no salieron de la cárcel por la falta de pulseras electrónicas.

El tribunal hizo lugar a las apelaciones presentadas por la fiscal de la causa, Betina Lacki, y la Fundación Poder Ciudadano, en su rol de querellante.

“Las situaciones de los imputados Claudio Albini y Facundo Albini no resultan idénticas ni equiparables a la situación de Julio Rigau, no pudiendo entonces aplicarse el criterio sostenido por la mayoría de los jueces de la Sala II del Tribunal de Casación Penal", sostuvo el tribunal. Además, los jueces entendieron que la situación era distinta porque los Albini cumplían “roles de mayor jerarquía dentro de la asociación ilícita investigada, siendo además funcionarios públicos".

Cuando ocurrió el escándalo, Claudio Albini era el segundo del área de Personal de la Legislatura. Aunque no se encontraron chats con Rigau, la Justicia dio por probado que era el receptor de las recaudaciones.

“Bueno, bueno, si ayer nos dijeron que bueno, que...en el horario de visita, once y media, entre once y media y doce ehh... la... tenía el alta, yo tengo que ir a rendir, ahora estoy por llamar a Claudio tratar de rendir lo más temprano posible y llegar por lo menos a las doce”, afirmaba “Chocolate” en un audio encontrado en su teléfono.

En otra conversación con un hombre agendado como “Chispa”, Rigau volvió a mencionar a Claudio Albini. “Negro negro negro negro negro, escuchame una cosa, ehhh... que quedaste con el gordo porqueee Claudio hoy me preguntó si, como veía... como venía eso y para el lunes, tengo que tener finiquitado ese tema”.

Facundo Albini, en cambio, tenía decenas de mensajes con Rigau. “Te llevas 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estas. Siento que me estás faltando el respeto a mi y a la amistad que tenemos y no quiero terminar mal con vos”, le dijo el 27 de agosto de 2023, poco antes del escándalo.

Hay más. El 5 de septiembre, apenas cuatro días antes de su detención, Rigau le mandó a Albini una foto de un comprobante de movimientos bancarios. Ese mismo comprobante estaba entre los tickets secuestrados a “Chocolate”.

En enero, el juez Guillermo Atencio había otorgado la prisión domiciliaria a los Albini a partir de un fallo de la Cámara de Casación bonaerense, que le otorgó el mismo beneficio a Rigau. El puntero del PJ finalmente logró salir de la cárcel y ahora cumple el arresto en su domicilio. En cambio, los Albini deberán esperar a la cadena de apelaciones.

Los Albini, acusados de ser los “jefes” de Rigau, están detenidos desde noviembre de 2023 por el fraude millonario al presupuesto de la Legislatura bonaerense. Durante todo el año pasado, su defensa había argumentado que estaban en condiciones de recibir una morigeración.

En el caso de Claudio Albini, los abogados argumentaron que “tenía una afección cardíaca y epoc”. Pero la fiscal Lacki rechazó todas las presentaciones.

Al margen de las últimas novedades, la causa principal se encamina a un juicio oral por la defraudación que se llevó a cabo con las 48 tarjetas de débito que utilizaba Rigau. La maniobra está probada hace tiempo. Sin embargo, la Legislatura elaboró una investigación interna y determinó que no hubo irregularidades. No solo eso. El informe -que comenzó en septiembre de 2023 pero recién se presentó hace un mes en la causa- hasta elogia el “buen desempeño” y el “compromiso laboral” de los supuestos empleados.

¿Quiénes son los Albini?

Claudio Albini ingresó a la Legislatura bonaerense en enero del 2000, cuando la provincia de Buenos Aires era comandada por Carlos Ruckauf. Su primer contrato, a pedido del bloque del PJ, llevaba la firma del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Ferro, y del vice, Alejandro Mosquera.

En enero de 2001, el contrato de locación fue ratificado por otros doce meses. Pero duró apenas cuatro: en abril de ese año, se rescindió mediante la resolución 827/01, donde aparecía Ferro como vice y el presidente de ese entonces, Aldo San Pedro. El 15 de enero de 2002, bajo la gestión de Osvaldo Mercuri, Albini fue designado como subdirector de Capital Humano.

Pasó más de una década hasta que logró comandar el área de Personal, al menos en los papeles. En diciembre de 2015, tras el triunfo de María Eugenia Vidal en la Provincia, fue nombrado como Director de esa área estratégica.

Tampoco duró mucho en ese cargo. En enero de 2017 pasó a la Subdirección de Personal, un cargo que depende directamente de la Secretaría Administrativa. La última resolución con su nombre lleva la firma de Manuel Mosca, por entonces presidente de la Cámara.

El legajo de Facundo Albini arrancó el 31 de agosto de 2005, con apenas 19 años. Su “carrera legislativa” comenzó con un contrato de locación firmado por Osvaldo Mercuri. En 2006 y 2007, ese contrato fue ratificado bajo la presidencia de Ismael Passaglia. Algo similar ocurrió entre 2008 y 2011, pero con la firma de Horacio González.

En diciembre de 2015, durante la gestión de Cambiemos, Facundo Albini fue designado como Director de Estudios de Políticas Públicas y Legislativas. Y enero de 2017 saltó al cargo de Director de Control y Gestión. Luego pasó al Concejo Deliberante de La Plata. Su detención y el escándalo lo obligó a renunciar a su banca.