En una entrevista con Infobae al Amanecer, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, celebró la convocatoria de la Argentina Week en Nueva York, pero lamentó el conflicto del Gobierno con sectores del empresariado.

Durante su diálogo con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Weretilneck valoró la comitiva oficial y la repercusión en Estados Unidos: “Ha sido una gran decisión del Gobierno. Por la calidad y la cantidad de empresarios, gobernadores y distintos líderes de nuestro país. Lo que se percibió en Nueva York de la contraparte de Estados Unidos y de otros países, fue algo muy importante, muy necesario”.

El mandatario provincial señaló que el consenso entre provincias y Nación en el marco de la gira a Estados Unidos fue clave para mostrar “el rumbo económico de la Argentina relacionado a la inserción internacional y a las inversiones” y que “es uno solo”.

Sin embargo, para Weretilneck, lo negativo fueron las críticas que deslizó Javier Milei contra los dueños de Techint y Aluar, Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, a quienes el Presidente volvió a llamar “empresarios corruptos” y “prebendarios”, al acusarlos de querer extorsionar al Gobierno.

“Todos los países del mundo cuidan a sus empresarios, los ayudan y hay una relación muy fuerte entre el Gobierno central. Es innecesario, uno puede hablar de las dificultades que hay en la economía y el rol de los empresarios, pero sin la personalización”, señaló el gobernador rionegrino. Y agregó: “Me parece que cuando uno entra en la personalización una y otra vez, no hace bien. Siempre hay que tener presente la investidura que tiene cada uno. No era el lugar y fue innecesario”.

Consultado sobre el trasfondo, Weretilneck explicó que la disputa entre Techint y el Gobierno se originó en una licitación por caños para un gasoducto en Río Negro, pese a haber sido un “acuerdo entre privados”. En ese marco, remarcó que la mediatización del asunto resultó extraña: “Es muy raro cómo este negocio entre privados termina después transformándose en una situación política y económica, con el nivel que está alcanzando”.

El balance de Argentina Week y el reclamo por las rutas

Sobre el atractivo del país para los inversores, que buscó ponerse de manifiesto en Nueva York, Weretilneck remarcó el peso estratégico de Vaca Muerta y el desarrollo de la infraestructura exportadora: “Río Negro está teniendo el rol de de la construcción del principal hub exportador de gas y de petróleo de América Latina. Hoy se está construyendo en Punta Colorada, en Sierra Grande, el Vaca Muerta Oil Sur, que es un esfuerzo de nueve empresas y la obra está al 56%”.

Con este desarrollo, el gobernador precisó que, durante el primer trimestre del próximo año, Argentina exportará petróleo en superpetroleros y comenzará la exportación de gas natural licuado (GNL). Junto al proyecto en curso de YPF, en colaboración con la italiana ENI y XRG de Emiratos Árabes Unidos, el perfil de este tipo de explotaciones ubicará a la nación como "un país abastecedor proveedor de gas y de petróleo a escala mundial”.

Al ser consultado por los cambios en la Ley de Glaciares, Weretilneck defendió la reforma: “Tiene algo que es muy importante para nosotros, que devuelve la potestad de resolver a las provincias. Porque las realidades son distintas. No es lo mismo un glaciar como el Perito Moreno que uno a siete mil metros de altura. Los recursos naturales, por la Constitución de 1994, son provinciales. Tiene coherencia”.

Pese a este rumbo, el gobernador explicó que, pese a los acuerdos entre Nación y provincias para atraer inversiones, persisten otros problemas estructurales, como la necesidad de infraestructura a nivel federal. Entre ellos, la ruta nacional 40, que une Bariloche y Bolsón, o las rutas 23, 22 y la 151, que “son el ingreso y el egreso del 95% de la producción de Vaca Muerta”. “Las rutas están sin obras, sin mantenimiento y absolutamente destruidas”, sostuvo.

Ahora bien, reconoció que, tras gestiones con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “se ha activado una comisión técnica entre el gobierno nacional y la provincia, en la cual empezamos a discutir técnicamente una solución”. En ese marco, subrayó que la logística es “determinante para la competitividad del país”.

Otra preocupación que manifestó el gobernador es la situación fiscal: “La recaudación viene cayéndose de una manera muy fuerte, con pérdidas permanentes. En enero y febrero tuvimos entre 6 y 7 puntos abajo en términos reales. Nos obliga a repensar y a replantear todo nuestro esquema de funcionamiento”.

Al finalizar, Weretilneck concluyó que la Argentina Week cumplió con su objetivo: “Estuvieron absolutamente todas las presencias y el cronograma. Todos los salones llenos, ya sean empresarios como gobernadores, en forma permanente, con audiencias en todos los ámbitos. En Estados Unidos este es un objetivo absolutamente cumplido, no solo por el gobierno nacional, sino también para nosotros como gobernadores”.

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Un grupo de gobernadores de provincias del interior mantuvo este martes un encuentro virtual con el objetivo de analizar su rol en el Congreso Nacional y exigir una mirada federal para la Argentina. La reunión, que se realizó por videoconferencia, reunió a los mandatarios Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quienes debatieron los desafíos comunes y articularon visiones sobre el papel que estas jurisdicciones deben desempeñar en la agenda económica y política nacional.

Según deslizaron, la iniciativa surgió de la necesidad de coordinar estrategias de gestión y representación parlamentaria en un contexto de fuerte reconfiguración política en el Congreso. Los gobernadores intercambiaron análisis, datos y perspectivas sobre la situación en sus regiones y el país en su conjunto. El encuentro giró en torno a la importancia de que las provincias del interior consoliden una posición común en el Parlamento, a través de sus representantes en diputados y senadores, y de que el aporte de los gobiernos provinciales sea reconocido en la gobernabilidad.

La conversación incluyó un repaso de los principales temas que afectan a cada distrito, como la producción agrícola, el turismo, la minería, el desarrollo energético, las políticas impositivas y la ganadería.

Los mandatarios que participaron de la videoconferencia provienen de proyectos políticos provinciales y comparten la visión de que el federalismo debe ser real y concreto, y no limitarse a anuncios. “Esta iniciativa no tiene nada que ver con cuestiones electorales, sino con la necesidad de generar y mantener una agenda de trabajo conjunto en temas clave para el desarrollo regional”, remarcaron. De este modo, los gobernadores comenzaron a delinear una línea de trabajo basada en las realidades provinciales, con énfasis en la producción, el desarrollo energético y la generación de infraestructura para el crecimiento.

El debate sobre el rol de las provincias en el Congreso se produce en medio de un escenario nacional convulsionado, marcado por la reciente fractura del bloque peronista en el Senado y la consolidación de la fuerza libertaria en la Cámara Alta. Tres senadores de Convicción Federal —Sandra Mariela Mendoza (Tucumán), Carolina Moisés (Jujuy) y Guillermo Andrada (Catamarca)— anunciaron su salida del interbloque peronista y su decisión de conformar un nuevo bloque propio, aunque aclararon que no se unirán a La Libertad Avanza. Estos legisladores responden políticamente a Jaldo, Sáenz y Jalil, respectivamente, y han mantenido diálogo con la Casa Rosada.

En un comunicado difundido por el nuevo bloque, los senadores sostuvieron que “la oposición y las minorías deben estar representadas en las cámaras legislativas a través de los dictámenes, las propuestas, los proyectos y la participación en el debate de forma institucional”.

En ese sentido, agregaron: “Ignorar a las provincias es negar la base fundacional de nuestro movimiento nacional justicialista; no ocupar los lugares en las comisiones es dejar el campo orégano —como decía Perón— para que galopen los gorilas. Eso es una mala praxis parlamentaria, que políticamente deja al peronismo sin acción”.

En línea con este movimiento, los gobernadores enfatizaron durante la reunión la necesidad de coordinar acciones y mantener encuentros periódicos para generar sinergia entre las provincias, con el objetivo de potenciar sus posibilidades de desarrollo y crecimiento. La intención es que la colaboración no se limite al ámbito local, sino que se proyecte a nivel nacional e internacional, con una agenda orientada a la producción, la infraestructura y la inserción global de los sectores estratégicos de cada región.

De hecho, la agenda provincial incluye la participación de varios de estos gobernadores en el evento internacional Argentina Week, que tendrá lugar en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo de 2026. El evento, diseñado como un “road show” con apoyo de la Embajada Argentina y grandes instituciones financieras globales, busca atraer inversiones extranjeras, especialmente en energía, minería, agroindustria y sectores considerados estratégicos para el país. La invitación se extiende tanto a autoridades nacionales como provinciales, y apunta a mostrar las oportunidades de inversión ante bancos, fondos y líderes empresariales internacionales.

La dinámica entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo nacional cobró relevancia en las últimas semanas, en paralelo al debate sobre la reforma laboral y la reorganización de los bloques políticos en el Congreso. La salida de Convicción Federal dejó al peronismo con apenas veinticinco senadores, la cifra más baja desde 1983.

Aunque la nueva configuración no permitiría aún que los libertarios alcancen los dos tercios necesarios para aprobar reformas que requieren mayorías especiales, la fragmentación del bloque justicialista reconfigura el equilibrio de fuerzas en la Cámara Alta.

En este contexto, los gobernadores buscan consolidar una agenda propia, con autonomía respecto de los alineamientos nacionales y enfocados en los intereses de sus provincias. La coordinación de estrategias legislativas, el fortalecimiento del federalismo y la proyección internacional aparecen como ejes de la hoja de ruta común. Como parte de esa visión, los mandatarios acordaron mantener reuniones periódicas y profundizar el trabajo conjunto en áreas clave para el desarrollo regional y nacional.

Justamente, el próximo lunes 2 de febrero se reactivará tanto la Cámara de Senadores como de Diputados para comenzara a tratar el temario propuesto por el Poder Ejecutivo, entre los que se encuentran iniciativas como la baja de edad de imputabilidad o la reforma laboral.

De la cumbre, que se realizó de forma virtual, participaron los mandatarios de Río Negro, Alberto Weretilneck; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto; el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; y el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.

Durante el encuentro, los mandatarios coincidieron en la gravedad de la situación que atraviesa la región, marcada por incendios que se extendieron durante los últimos meses. En ese período, se reportó que La Pampa registra más de 168.000 hectáreas quemadas, Chubut 45.000, Neuquén 6.000, Río Negro 10.000 y Santa Cruz 700. El total supera las 230.000 hectáreas devastadas, lo que representa un impacto ambiental y productivo sin precedentes para la Patagonia.

Los gobernadores resaltaron el trabajo coordinado con el Gobierno nacional a través del Sistema Nacional del Manejo del Fuego, valorando el despliegue operativo y la cooperación entre jurisdicciones. No obstante, enfatizaron que la magnitud de los focos y la crisis climática en curso requieren recursos y herramientas extraordinarias, tanto para combatir el fuego como para asistir a las comunidades y restaurar los ecosistemas dañados.

En ese sentido, informaron que durante la jornada mantuvieron contacto con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien le anticiparon la decisión de impulsar el reclamo ante el Congreso. El objetivo central es lograr la pronta aprobación de la Ley de Emergencia Ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias, a fin de contar con herramientas legales que permitan responder con mayor eficacia ante la emergencia.

La sanción de la norma permitiría, según los mandatarios, destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.

Mientras tanto, la situación en los territorios afectados sigue siendo crítica. Con llamas que superan los 50 metros de altura y el avance acelerado por el viento, cientos de brigadistas continúan trabajando en Chubut para proteger poblaciones cercanas, viviendas y recursos animales. En los últimos días, llegaron refuerzos de brigadistas provenientes de distintas provincias y cuadrillas enviadas desde Chile, que se sumaron a las tareas de combate terrestre.

El despliegue de medios aéreos, como aviones hidrantes y helicópteros, se realiza de manera intermitente, condicionado por las condiciones climáticas y la visibilidad, que en ocasiones se ve reducida a causa del humo denso. Los equipos trabajan con maquinaria pesada para la apertura de cortafuegos y autobombas. Los brigadistas llevan casi 50 días sin descanso, enfrentando condiciones extremas y jornadas de alto riesgo.

El lunes 26, mientras persistía una ventana de meteorología favorable, el grupo de brigadistas en tierra debió replegarse por el agravamiento de las condiciones. Según la Agencia Federal de Emergencias (AFE), la prioridad pasó de intentar frenar el avance del fuego a proteger las comunidades cercanas. El resguardo del ecosistema continúa como una de las preocupaciones centrales en medio de la emergencia.

Uno de los focos más activos se ubica en el brazo sur del Lago Menéndez y en los alrededores de los lagos Verde y Rivadavia. Las condiciones climáticas favorecieron el avance de los incendios hacia el área de Cholila, una villa turística, y amenazaron con expandirse hacia Esquel. El caso del incendio en el Parque Nacional Los Alerces se originó a principios de diciembre por una tormenta eléctrica. Aunque en una primera instancia fue controlado, la combinación de altas temperaturas y la falta de lluvias reavivó el fuego con mayor intensidad.

Los residentes colaboran trasladando animales a zonas seguras. Según relató Hugo Huenelaf, vecino de la región, han perdido parte del ganado y realizan esfuerzos para salvar lo que queda. La ventana de ventilación permitió el lunes operar con medios aéreos sobre sectores como Lago Menéndez, Pasarella Arrayanes - Bahía Rosales, Laguna Froilán y Población Neira – Portada Norte, aunque el fuego incrementó su actividad en horas de la tarde.

La meteorología complica el panorama: las ráfagas de viento alcanzaron 50 kilómetros por hora y la temperatura se acercó a 28 grados. Estos factores potenciaron el comportamiento extremo de los focos y su reactivación. Las previsiones hablan de posibles lluvias ligeras para el martes, pero se anticipan días calurosos con temperaturas que podrían superar los 30 grados durante la semana.

El gobernador Alberto Weretilneck visitó la Casa Rosada. Allí mantuvo el primer encuentro con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, ante quienes renovó el reclamo por el mantenimiento de algunas de las rutas nacionales de la jurisdicción y la necesidad de culminar tramos inconclusos de varios trazados.

El ejecutivo rionegrino celebró la apertura al diálogo con Casa Rosada, en el encuentro inaugural ante la nueva estructura ministerial del gobierno central.

Weretilneck mencionó que planteó a los funcionarios la necesidad de definiciones en materia de obra pública, haciendo foco en rutas nacionales que se encuentran en la provincia.

Durante la última campaña electoral, esa temática configuró el eje discursivo de los candidatos oficialistas.

Incluso el ejecutivo rionegrino mantiene una pulseada con el gobierno nacional para la reparación de tramos deteriorados de distintas rutas, en la que incluso judicializó algunos de los casos.

Días atrás la Justicia Federal condenó a Vialidad Nacional a reparar tramos intransitables de la ruta 40, entre El Bolsón y Bariloche. La acción de amparo colectivo fue impulsada en 2023 por Weretilneck, cuando cumplía funciones como Senador, antes de asumir el mandato actual al frente del Ejecutivo.

En julio de 2024, el fallo original del Juzgado Federal de Bariloche ordenó la reparación urgente y completa del tramo de la ruta nacional 40 que une Bariloche con El Bolsón. El juez Gustavo Villanueva determinó que la Dirección Nacional de Vialidad incumplió su obligación de mantener la ruta en condiciones seguras y ordenó la ejecución inmediata de reparaciones urgentes en los puntos más críticos de la ruta, la señalización adecuada y la implementación de medidas de seguridad vial.

Durante el encuentro con Adorni y Santilli, Weretilneck llevó a la mesa el fallo reciente y también el mantenimiento de la ruta 151, que también fue judicializada. En primera instancia, la Justicia avaló el planteo de Río Negro aunque Casa Rosada apeló el fallo. La inconclusa ruta nacional 23, cruza de la provincia desde la Cordillera hasta la costa atlántica, y el mantenimiento de la 40 fueron temas de la conversación.

El mandatario patagónico, en el mismo contexto, avanzó sobre el uso de vías del Alto Valle para poner en marcha el Tren del Valle, un proyecto que “puede transformar la conectividad en toda la región”.

“Transmitimos nuestra voluntad de trabajar en mejorar la conectividad para nuestra gente, para nuestros vecinos”, sintetizó Weretilneck.

El rionegrino solicitó acompañamiento para culminar obras públicas en universidades nacionales que están en la región, como la Universidad del Comahue y la de Río Negro, que cuenta en Bariloche con un moderno campus aunque aún no fue inaugurado por el desfinanciamiento nacional para la culminación de los trabajos.

Con críticas al gobierno nacional, la provincia anunció que licitará la obra de nexo de gas para el Campus de esa casa de estudios, con una inversión provincial que supera los $342 millones. “Esta licitación se enmarca en la decisión del Gobierno Provincial de retomar y finalizar con fondos rionegrinos las obras de infraestructura que Nación dejó inconclusas” anunció el gobierno, días atrás.

Otro de los temas analizados en conjunto fue el impacto estratégico para la provincia del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, los proyectos de GNL, el desarrollo minero y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, indispensables para aumentar la capacidad productiva provincial. Todos ellos proyectos que necesitan de inversión pública que apalanque el esfuerzo privado.

Weretilneck destacó el valor del encuentro: “Me permitió transmitir en primera persona cuáles son las necesidades y las prioridades de los rionegrinos. Es fundamental que exista apertura por parte del Gobierno Nacional y que podamos avanzar en una agenda común que concrete las acciones necesarias para que nuestra gente viva cada vez mejor”.

Luego de que se conociera que Karina Alejandra Rott, una turista argentina se encontraba internada en estado crítico, tras haberse caído de un tercer piso en la ciudad de Tulum, México, se confirmó que será trasladada en un avión sanitario. No obstante, el operativo estaría pendiente de ser autorizado por el centro médico, en el que la ciudadana, oriunda de Las Grutas, continúa hospitalizada.

En la zona donde todo sucedió se realizarían las excursiones de buceo a la Barrera de Coral Mesoamericana.

En medio de la organización de una campaña para reunir fondos para costear los gastos del tratamiento de la mujer en el país extranjero, se anunció que el Gobierno de Río Negro facilitó un avión sanitario, para poder concretar el vuelo de regreso. Se espera que el viaje se realice este miércoles, de acuerdo con lo que comunicó la familia en redes sociales.

Según relataron los familiares de Rott, la paciente sufrió dos fracturas expuestas, lesiones en las vértebras L2 y L5, y una fractura en el tobillo izquierdo. Asimismo, destacaron que estas heridas requieren de una intervención quirúrgica urgente para evitar consecuencias irreversibles, como la parálisis o la amputación de un miembro inferior.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, pero no se dieron detalles de cómo habría sucedido la caída.

De acuerdo a la información publicada por LM Cipolletti, al conocerse el accidente que había sufrido la turista, la familia notificó la situación al consulado argentino y al Gobierno Provincial. A partir de este contacto, las autoridades rionegrinas pusieron a disposición el avión sanitario.

Una amiga de la víctima, llamada Belén, detalló a medios locales que el gobernador Alberto Weretilneck gestionó el avión sanitario y que la familia aguarda la autorización médica para el traslado. De la misma manera, explicó que “la idea es traerla a la Argentina y operarla acá, ya que allá los valores son imposibles de costear, y no hay tiempo ya. Corre riesgo en cada segundo que pasa”.

Por otro lado, la familia de la paciente denunció la falta de respuestas y soluciones efectivas por parte de la Embajada y el Consulado de Argentina en México, así como de la Cancillería. “La familia ha contactado desesperadamente a la Embajada y el Consulado de Argentina en México, así como a la Cancillería, sin recibir respuestas ni soluciones efectivas hasta el momento”, explicó uno de los familiares de Rott.

En línea con esto, los allegados agregaron que, a pesar de la gravedad del cuadro, la mujer no recibió la atención adecuada en los hospitales públicos locales. Inicialmente, fue atendida en el Hospital de Playa del Carmen y luego en el Hospital General Agustín O´Horán en Mérida, pero ambos centros se negaron a brindarle el tratamiento necesario.

“Los hospitales privados, por su parte, exigen costos exorbitantes que la familia, con recursos limitados, no puede costear”, indicó la familia sobre el motivo por el que Rott no pudo ser derivada hacia otro centro médico.

Previo a esto, ealizaron una colecta para cubrir los gastos médicos y de traslado, luego de que indicaran que la mujer había tenido que pagar el costo del traslado desde el Hospital de Playa del Carmen hacia el Hospital General Agustín O’Horán. Según había relatado una sobrina de la mujer que se encontraría viviendo en ese país, esta habría viajado de visita cuando ocurrió el accidente.

“Vino de vacaciones, llegó hace dos semanas y de verdad está muy grave. Necesitamos un millón de pesos para operarla y son 60 mil dólares”, comunicó Daiana en redes sociales, poco después de que la argentina resultara accidentada.

El mandatario se mantenía al margen del escándalo entre el diputado José Luis Espert y su cercanía con Machado, y sobre la relación conyugal del primo del empresario, Claudio Ciccarelli, con la diputada libertaria Lorena Villaverde.

Sin embargo, a partir de la vinculación que realizó el ex ministro de Justicia durante la presidencia de Alberto Fernández entre Ciccarelli y el oficialismo provincial, el gobernador se despegó de la acusación y apuntó contra el ex intendente roquense y candidato a senador por Fuerza Patria: “Esa es la verdadera vinculación de la política con el narcotráfico”.

El clan Montecino es una conocida organización criminal de la provincia de Río Negro, con base principal en la ciudad de Cipolletti, cuyos integrantes están vinculados al ambiente delictivo, principalmente en narcotráfico y estafas.

Se cree que la familia homónima lidera una de las bandas narco más poderosas de la Patagonia. De hecho, integrantes de esa familia enfrentaron numerosos procesos judiciales en los últimos años, varios están presos y otros con libertad vigilada.

En contacto con medios rionegrinos, Weretilneck desacreditó los dichos de Soria, vinculó al diputado con la familia Montecino y exhibió fotografías en la que aparece el ex intendente roquense junto al cabecilla de la banda.

Preparado para la ocasión, el mandatario buscó en sus bolsillos las dos imágenes y las mostró a cámaras. “Se habló mucho de la política y el narcotráfico. Esta -mostrando las imágenes- es la verdadera vinculación de la política y el narcotráfico en Río Negro, la relación de la familia Soria con la familia Montecino”. “Este es Soria, y este Montecino” dijo, señalando las muestras gráficas.

En cuanto a la relación con Machado y Ciccarelli, el gobernador mencionó una reunión que mantuvo hace “8 o 10 años atrás” por temas estrictamente deportivos, cuando el último formaba parte de Deportivo Viedma y negó aportes del empresario a la campaña de Juntos Somos Río Negro, la fuerza que fundó y conduce.

Dijo que existen, en la administración provincial, permisos otorgados a Ciccarelli para la explotación de canteras de arena para su uso en explotaciones petrolíferas, y otras autorizaciones que están en trámite.

Reconoció que durante esa reunión, en la que Machado gestionó sponsoreo estatal para la entidad deportiva, el empresario mencionó su intención de invertir en la provincia, aunque “fue el único contacto y la única conversación que hubo”.

Negó también cualquier vínculo “personal o político” con el hombre que tiene pedido de extradición para ser juzgado en Estados Unidos.

Soria vinculó al oficialismo rionegrino con Ciccarelli y puso en duda los permisos que recibió el primo de Machado para esa explotación minera. “El primo de Fred Machado, ñoqui del gobierno provincial, tiene casi 40 por ciento de las arenas silíceas que se usan en Vaca Muerta”, denunció Soria, apuntando contra la gestión de la ex secretaria de Energía de la provincia, Andrea Confini, quien es candidata a senadora por el oficialismo rionegrino.

Weretilneck, en relación a la acusación, dijo que “tiene permisos de tres canteras y dos en trámite” y aclaró que “los permisos que están en el marco del Código de Procedimiento Minero. Tiene que cumplir esos requerimientos del código como el resto de los empresarios” y enumeró los requisitos. Dijo, a diferencia del número que arrojó Soria, que tiene “menos del 1 por ciento de las arenas de Río Negro”.

Enviada especial a Bariloche - El XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías, que se inició este jueves en el Llao Llao, fue la excusa para que un grupo de gobernadores se reuniera a debatir sobre el financiamiento de pymes y lanzar duras críticas a la gestión de Javier Milei en términos de federalismo. Pero, además, se dio en medio del pedido de Estados Unidos al Presidente para recuperar el diálogo con el Congreso y los mandatarios provinciales. En su mayoría, según pudo reconstruir Infobae, se mostraron predispuestos a reunirse con la Casa Rosada, aunque algunos marcaron reparos por los tiempos electorales.

El evento, organizado por el gobierno de Río Negro, la Red Iberoamericana de Garantías (REGAR) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), reunió al propio Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Ziliotto (La Pampa), Marcelo Orrego (San Juan), Teresita Madera (vicegobernadora de La Rioja) y Hugo Passalacqua (Misiones).

El encuentro se realizó tras el respaldo económico que el Tesoro de Estados Unidos le dio a la Argentina y el pedido de reconstruir el diálogo con los gobernadores y los bloques en el Congreso. “Ahora tenemos el tema de las elecciones”, respondió Sadir en diálogo con este medio al ser consultado por una posible convocatoria por parte del Gobierno. Si bien confirmó que no fue convocado aún, consideró que “con este salvataje de Estados Unidos me parece que amerita que luego de la elección haya una convocatoria en general a ver cómo seguimos”.

Sáenz, el más crítico de la gestión nacional, que recientemente realizó una metáfora con las palomas de las iglesias que “cagan a sus fieles”, habló esta mañana de una “soberbia grande” en el Gobierno, al cual describió como “centralista, con funcionarios que no han recorrido el país y no conocen las distintas realidades de las provincias”. De todos modos, se mostró abierto al diálogo con el Presidente sin importar los tiempos electorales que remarcó su par jujeño.

“Siempre estuvimos dispuestos al diálogo”, aseguró Ziliotto. De hecho, recordó el paquete de leyes que enviaron en conjunto los gobernadores al Congreso y que previamente fue presentado a la Casa Rosada. “Fuimos a proponer un acuerdo político”, resaltó el mandatario pampeano.

Weretilneck, el anfitrión del evento, aseguró que el “diálogo se puede dar en cualquier momento” pero reconoció que “después de las elecciones habrá menor presión, porque vamos a tener más claridad sobre lo que los argentinos quieren de su país”. En ese sentido, resaltó que es necesario un acuerdo para que el Ejecutivo tenga un Presupuesto 2026, pero que para eso la gestión libertaria debe “escuchar, reflexionar y pensar en conjunto con las provincias”.

En la previa, los gobernadores participaron de la mesa de debate “El rol de las garantías en el desarrollo de las economías regionales”, encabezada por el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe. También fue un espacio en el que hubo reclamos, miradas y cuestionamientos a la necesidad de apoyar los proyectos regionales para impulsar el desarrollo productivo de las provincias.

“El Estado tiene que intervenir en la economía para potenciarla”, planteó Ziliotto en contraposición a las ideas libertarias. Incluso agregó: “El Gobierno usa poco las palabras ‘producción’ y ‘trabajo’. Necesitamos un gran acuerdo nacional entre lo público y privado y ponernos al frente del problema”.

En esa misma línea, Sáenz alertó sobre las “políticas cortoplacistas” que “no nos llevan a ningún lado”. “Tenemos que avanzar sin egoísmo, sin soberbia, dejando de lado los egoísmos de la política que tanto daño han hecho, pensando en la gente, olvidando que hay elecciones y pensando en las próximas generaciones”.

“El litio abrió una nueva etapa para nuestra provincia, generando un clúster de proveedores locales y nuevas oportunidades de empleo. El FOGAJUY permite que pequeñas y medianas empresas accedan al crédito que de otro modo no podrían conseguir, fortaleciendo así a las comunidades que crecen junto a la minería y al turismo”, remarcó a su vez Sadir.

Orrego también enfatizó el valor del fondo de garantía provincial: “San Juan construyó una economía diversificada en la que la minería, la agroindustria y las energías renovables conviven con sectores como el turismo y la economía del conocimiento. La agencia Garantía San Juan, creada en 2018, ya acompañó a cientos de pymes y emprendedores, y hoy sigue siendo un instrumento clave para sostener el empleo privado y facilitar el acceso al crédito en nuestra provincia”.

Lamothe, por su parte, destacó que “el financiamiento es clave en la hoja de ruta para el desarrollo de la Argentina. Por eso desde el CFI impulsamos junto a las provincias la creación de fondos de garantía públicos que fortalezcan la confianza con el sistema financiero. Este foro es un espacio clave para seguir complejizando la discusión y diseñar instrumentos acordes a los desafíos que tenemos por delante”.

El Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantías y Financiamiento PyME es el principal espacio de intercambio en la región en materia de financiamiento productivo. Reúne a entidades de garantías públicas y privadas, bancos, organismos multilaterales y autoridades de un gran número de países latinoamericanos junto a España y Portugal, con el objetivo de compartir experiencias, evaluar desafíos comunes y promover el acceso al crédito para las pymes, la innovación y la sostenibilidad.

El evento continúa durante las jornadas del 25 y 26 de septiembre con conferencias y paneles de especialistas sobre los factores y escenarios que transforman el marco geopolítico de la región y su impacto en los esquemas de garantías y el financiamiento a las pymes.

Los sistemas de garantías son herramientas financieras que respaldan a las micro, pequeñas y medianas empresas en el acceso al crédito. A través de avales o reafianzamientos, las garantías reducen el riesgo para las entidades financieras y facilitan que las empresas obtengan financiamiento en mejores condiciones. Estos instrumentos son claves para fortalecer la competitividad de las economías regionales y ampliar la inclusión productiva.

La provincia de Río Negro busca diversificar su matriz económica a partir de la exportación a Europa y Asia de gas natural licuado (GNL). En ese marco, como parte del proyecto, que podría comenzar a operar recién en 2028, debió sortear dos audiencias públicas, en las que logró respaldo mayoritario entre cientos de expositores.

El encuentro, que se realizó en la localidad costera de San Antonio Oeste, una localidad a poco más de 180 kilómetros de Viedma y que se encuentra sobre el Mar Argentino, fue convocado por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, para analizar el estudio de impacto ambiental del segundo buque de GNL propuesta por Southern Energy.

Se trata del buque MK II, la segunda unidad de licuefacción prevista por ese consorcio para exportar gas natural licuado (GNL) desde el Golfo San Matías.

El proyecto traza una cadena que conecta Vaca Muerta, infraestructuras específicas y la operación internacional de barcos, cuya adquisición ya se negocia con proveedores internacionales.

La iniciativa logró consenso mayoritario a favor del proyecto. La Secretaria de Energía y Ambiente de la provincia, Andrea Confini, remarcó que la audiencia forma parte de un proceso administrativo transparente: “Hace cuatro años trabajamos para que Río Negro se convierta en polo energético. Este proyecto no es solo una obra, es una oportunidad de 20 años de desarrollo que involucra a nuestras futuras generaciones”.

Confini subrayó, además, que la Provincia busca consolidarse como socio estratégico en la exportación de gas y petróleo al mundo, apostando a la formación de trabajadores locales para acompañar el cambio de matriz productiva.

El intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei, calificó a la audiencia como un “acto de democracia y consenso social” y resaltó que “durante años hemos dialogado con todos los sectores y hoy sabemos que existe un amplio consenso para avanzar. Estas inversiones no reemplazan nuestras economías tradicionales; Río Negro seguirá siendo frutícola, ganadera, pesquera y turística”.

En tanto, Casadei remarcó que el proyecto permitirá generar puestos de trabajo digno para los vecinos y fortalecer el desarrollo local: “Lo que temen algunos es que nuestros trabajadores, a través de la dignidad del trabajo, puedan dar a sus hijos un futuro con más oportunidades”.

El legislador de Juntos Defendemos Río Negro, Facundo López, remarcó que el desarrollo del GNL en el Golfo San Matías será una oportunidad histórica para la provincia. En la audiencia pública por el buque MK II, destacó que con el impulso político del gobernador Alberto Weretilneck el proyecto combinará inversión, empleo local y reglas claras para que los beneficios queden en manos de los rionegrinos.

Entre las voces que discrepan con la iniciativa, expuso el abogado Gonzalo Vergez, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, quien aseguró que el gobierno nacional “viene promoviendo estas políticas a contramano de lo que dice la comunidad científica y jurídica. Y eso, por lo menos, amerita un análisis de los impactos climáticos con mucha mayor profundidad de la que se está llevando adelante en este estudio de impacto ambiental”.

Y completó: "Hay una necesidad de analizar los efectos de la liberación de esas enormes cantidades de metano al ambiente y donde va a terminar todo ese gas que nosotros desde Vaca Muerta vamos a liberar al mundo, en el marco de una crisis climática”.

Por otro lado, según informó Infobae, desde YPF apuntan a que este tipo de iniciativas sea destinada a transformar el panorama energético del país y abrir oportunidades de negocio a nivel global. El proyecto traza una cadena que conecta Vaca Muerta, infraestructuras específicas y la operación internacional de barcos cuya adquisición ya se negocia con proveedores de Asia y Europa

“¿Cuál es el nivel de mileísmo que llevan en sangre?”. La pregunta inicial para romper el hielo de la exposición en Bariloche de los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Raúl Jalil (Catamarca), en la segunda jornada de la 46° convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), extendió el preámbulo de la disertación.

Risas incómodas y miradas cómplices. Ninguno de los mandatarios respondió el interrogante. “¿Podemos empezar de vuelta?”, preguntó el rionegrino Weretilneck, quien atribuyó el silencio, sin nombrarlos, a las presencias en el salón del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

El panel, denominado “Federalismo competitivo: el rol de las provincias en la transformación del país”, estuvo conformado además por Figueroa y Jalil.

Los mandatarios, convocados para disertar en la jornada final del cónclave que se realizó hasta este viernes en el emblemático hotel Llao Llao, exigieron al presidente Javier Milei una apertura en el diálogo.

“Existe una mirada miope desde el Obelisco hacia las provincias”, aseguró Figueroa, quien comulga con su par rionegrino sobre el “destrato” de Nación a las provincias, a las que ven como “productoras y generadoras de recursos y empleo”.

Con la presentación, respondieron la pregunta inicial: poco o nulo nivel de mileísmo en sangre.  Jalil fue el más moderado al hablar de su vínculo con Casa Rosada. “La provincia mejoró mucho desde este Gobierno”, consideró, aunque también renegó de la falta de diálogo.

Los mandatarios desacreditaron la acusación de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien en la jornada inaugural de la convención pidió a las provincias “más compromiso” para reducir el gasto público.

La funcionaria explicó que al asumir Milei el gasto en relación al Producto Bruto Interno (PBI) era del 40 por ciento y que, de ese total, el 21 % correspondía a Nación, 15 % a las provincias y 4 % a los municipios. “La Nación bajó el gasto del 21 al 16 % del PBI, pero las provincias y los municipios se mantienen en los mismos porcentajes” aseguró.

Weretilneck respondió a la funcionaria, sin hacer alusión a la acusación, y aseguró: “Las provincias no somos responsables de la deuda externa que tiene el país ni tampoco de la inflación, porque no hay emisión de moneda”. Además, aseguró que el 85 % de los impuestos vigentes son nacionales.

“Las provincias no somos responsables de la situación fiscal del Estado Nacional ni del desorden macro”, sentenció.

En cambio, planteó que el gobierno central no puede funcionar sin presupuesto. “Es básico, elemental y le ahorraría muchos dolores de cabeza a los argentinos saber en qué se va a gastar y de dónde van a salir los fondos”, sostuvo.

Los patagónicos hicieron foco en la conversión de la matriz productiva que experimentan Río Negro y Neuquén, con inversiones en el ámbito de los hidrocarburos y una proyección optimista para el futuro, con la exportación de petróleo y GNL.

Confiaron en que tras el paso de las elecciones de término medio, el gobierno central abrirá el diálogo sobre la ley de coparticipación, que quedó “obsoleta e injusta”.

Figueroa, en ese sentido, aseguró que su provincia “aporta, en términos de PBI, mucho más de lo que recibe”, e hizo extensiva la comparación a lo que sucede con otras provincias patagónicas.

Para Menem el Gobierno “reaccionó rápidamente” en la polémica por los audios

Tras la presentación de los gobernadores, fue el turno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien defendió al gobierno nacional en el debate por los audios y las denuncias por presunta corrupción en el manejo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), afirmando que “aún no se sabe nada sobre la autenticidad de las grabaciones” y que “su contenido es absolutamente falso”.

“El Gobierno reaccionó rápidamente. En menos de 48 horas, el presidente Javier Milei decidió apartar al funcionario, intervino el organismo y ordenó auditar, y también intervino la Justicia, que enseguida generó allanamientos y secuestro de pruebas, e incluso un fiscal ordenó declaraciones en el Congreso”, sostuvo el diputado.

También respondió al moderador sobre la repentina resonancia del “apellido Menem” ligado a supuestos casos de corrupción, y aseguró que “la fama del apellido no es por eso, sino por la serie Menem, que es muy mala, no refleja lo que sucedió en esa época”.

“Tengo 50 años y el cuero duro. Tengo claro que la mejor lucha contra la corrupción es achicar el Estado, como lo está haciendo el Gobierno. Siempre debe intervenir la Justicia, pero achicar el Estado es lo que le quita margen de maniobra a la corrupción. Tras la crisis del 2001, volvieron los políticos del Estado grande y prebendario, que reacciona ahora cuando se les quitan esos beneficios”, señaló.

Afirmó que los pilares de la gestión de Milei son el superávit fiscal, la seguridad en las calles y la transparencia. “Y es justamente ahí donde pegan. Quieren de vuelta la inestabilidad, atacan la gobernabilidad, y ahora justo la transparencia, no es casualidad”, agregó.

Menem restó importancia al “grupito de rebeldes del espacio violeta” y dijo que si en 2023 no iban en la lista de Milei, “jamás hubiesen accedido a la banca”, y atribuyó la virulencia en la discusión al proceso de armado de listas: “En la ciudad de La Rioja hay 100 postulantes para cuatro bancas a lo sumo, y eso significa que quedarán 96 heridos. Son las reglas del juego”, dijo.

Sobre las peleas encendidas afuera de La Libertad Avanza, Menem consideró que se trata de “insultos y papelones” contra el oficialismo minoritario en el Congreso, y recordó que desde el 10 de diciembre se renuevan más de 120 bancas. “Estamos jubilando a toda una casta, que se aferra a este juego político perverso en el que no vamos a caer. El equilibrio fiscal no está en discusión. Nos atacan por la marcha del Gobierno”, sostuvo.

“Lo que sucedió ayer en el Congreso lo demuestra, buscan desestabilizar al gobierno con leyes impagables. Una de esas implica un costo del 3% del PBI, es un disparate. Le quitan la herramienta del DNU a este Gobierno, cuando el kirchnerismo lo usó en todos sus períodos completos. No les interesa Argentina, solo quieren destruir para volver”, expresó.

Consideró que “el kirchnerismo es una fuerza en retirada”, que está dando “sus últimos manotazos de ahogado” y que en las elecciones del domingo, “una elección de concejales”, al poner en juego “poder territorial”, “queman todas las naves”.

Agregó que en octubre la lista del PJ es encabezada por Jorge Taiana, “quien no es de Cristina, ni de Kicilof ni de Massa. Un neutral para culpar de una posible derrota”.

La temperatura electoral en Río Negro se acerca al punto de ebullición con tres sectores mayoritarios en carrera para lograr representación en los cinco espacios legislativos en juego, tres de ellos en la cámara alta.

Juntos Somos Río Negro, el partido provincial que encabeza el gobernador Alberto Weretilneck proyecta, de mínima, retener las bancadas que liberan la senadora Mónica Silva y el diputado Agustín Domingo.

Postuló para el primero de los espacios a Facundo López, un hombre de su extrema confianza que lidera el bloque “albertista” en la legislatura rionegrina. La decisión causó estrías en el oficialismo por el disgusto del vicegobernador Pedro Pesatti, quien estaba postulado para encabezar la lista a la cámara alta.

El gobierno provincial desempolvó el “Gran Acuerdo”, una estrategia electoral que fue útil para recuperar el sillón de la gobernación, con la inclusión de distintas fuerzas a la lista de Juntos Somos Río Negro. La nueva coalición es Juntos Defendemos Río Negro y cuenta con adhesiones del radicalismo, Coalición Cívica-Ari y jefes comunales, como el de Bariloche, Walter Cortés, distrito que congrega la mayor cantidad de electores.

El peronismo logró una unidad con fórceps. En la conformación de la versión rionegrina de Fuerza Patria, el PJ selló alianza con el Frente Renovador y otros partidos como Kolina y el Frente Grande.

El diputado Martín Soria encabezará la lista de candidatos para el Senado, mientras que aún hay dudas sobre el primer escaño para la cámara baja, por el que puja el massismo.

Dos de los mandatos que expiran en diciembre pertenecen al sector. El de Silvina García Larraburu, quien codea para adueñarse de un espacio en la lista e intentar repetir, y el de Martín Doñate.

El estallido

Este miércoles, una reunión de LLA con el PRO terminó de la peor manera. En pleno carteo de candidatos, luego la foto del anuncio de unidad entre ellos, Republicanos Unidos y Creo Río Negro, los buenos deseos desaparecieron de la imagen al no poder acordarlos nombres para la boleta violeta. La diputada Lorena Villaverde se autoproclamó candidata natural en la lista de senadores del sector y postulación no provocó reacciones en la Rosada.

Juan Martín, líder del PRO en la provincia patagónica y cercano a la ministra Patricia Bullrich, se había aprontado para ir en diputados. Y de hecho hacía buena letra: tras una intervención en la legislatura provincial, Martín fustigó al kirchnerismo y el presidente celebró el discurso del parlamentario. En la red social Instagram, el mandatario nacional posteó la frase del rionegrino, en una publicación compartida con el periodista Alejandro Fantino, en la que también destaca la gestión del economista.

“Ningún país salió adelante con inflación o déficit fiscal. Milei nos salvó del desastre que dejó el kirchnerismo y nos devolvió la esperanza” dijo el diputado provincial. La frase con la imagen del líder del PRO rionegrino ocupa un sitio privilegiado en la red social de Jefe de Estado.

Juan Martín, ilusionado con la palmada de Milei, vio que se acercaba a su primera candidatura al Senado. Pero Villaverde se negó a ceder, apoyó Casa Rosada, y quedó el camino despejado el diputado Anibal Tortoriello (ex intendente de Cipolletti dos veces derrotado por JSRN), cuyo mandato en la cámara baja también está en juego y apuesta a renovar. El empresario cipolleño logró su banca de la mano del PRO, creó su sello Creo Río Negro, y pasó luego a las filas libertarias. Según él, las mediciones le sonríen y será el 1 de Diputados. Así lo pidió Villaverde y logró la venia de Karina.

Es lo peor que podía oír Juan Martín. “Bancamos a Milei, pero no nos vamos a juntar con delincuentes, vagos ni paracaidistas”, expresó el presidente del PRO, quien venció a Tortoriello con comodidad, pero debió soportar operaciones y hostilidades insidiosas. No obstante, El Jefe y el mago de la Casa Rosada lo vieron más potable.

Como si todas las provincias sureñas hubiesen sido asesoradas por el mismo consultor, los gobiernos patagónicos avanzan con sus estrategias de campaña hacia las elecciones de octubre marcando diferencias y espetando con duras críticas al gobierno de Javier Milei.

La Libertad Avanza, en todo el territorio patagónico, tiene el desafío de enfrentar a las estructuras oficialistas y para ello teje alianzas y construye frentes, aun con nombres en danza, para intentar imponerse en las urnas de la contienda de término medio.

Recién el 27 de agosto será el lanzamiento de la campaña, aunque los mandatarios de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, ventilaron a través de sus redes sociales cómo será la estrategia de cara a octubre, compartiendo el mismo concepto.

Sin alusiones electoralistas, pero sí con definiciones políticas claras, los mandatarios lanzaron materiales audiovisuales en los que marcan distancia con la conducción de Casa Rosada.

“A Neuquén lo miran cuando conviene y lo olvidan cuando no. Cuando hay que producir, nos piden más. Cuando hay que ajustar, nos sueltan la mano”, dice la voz en off de Figueroa en los primeros segundos de un video reciente, que lleva la insignia de la fuerza política que conduce. El mensaje es claro y contundente.

La publicidad institucional de Weretilneck avanza por la misma línea y hace foco en el “olvido” del gobierno nacional al mantenimiento de las rutas, entre otros temas.

El gobernador rionegrino, además, felicitó a su par neuquino por la presentación de sus candidatos a las cámaras legislativas. “En momentos tan difíciles para la Patagonia, necesitamos tener representantes que defiendan los intereses de nuestra gente” celebró el cipoleño.

Las fuerzas que conducen ambos -La Neuquinidad y Juntos Somos Río Negro– tienen candidatos elegidos. En la provincia de Figueroa, los libertarios no logran hacer pie y escasean las definiciones. En Río Negro anunciaron la conformación de una alianza con el PRO, Creo y Republicanos Unidos. Resta ahora la definición de los candidatos, tarea que no será sencilla.

El chubutense Ignacio “Nacho” Torres no solo integra “Un Grito Federal”, el frente lanzado días atrás para tomar distancia del kirchnerismo y del violeta libertario. Durante la presentación del partido que fundó, Despierta Chubut, hizo esmero para distanciarse de los violetas.

El presidente del PRO en Chubut, Martín Gómez, aseguró que en la provincia patagónica “no hay ningún tipo de acercamiento electoral” con La Libertad Avanza y puso un cierre a las especulaciones sobre posibles acercamientos: “No interesa un acuerdo con LLA”.

Con ese panorama, LLA revuelve la lista de encolumnados para tratar de conformar una lista potable para la próxima contienda.

Días atrás lanzó una campaña en redes sociales en la que puso en juego el nombre de varios referentes que podrían convertirse en sus candidatos a la Cámara baja, teniendo en cuenta que en la provincia de los pingüinos no habrá bancas en juego en el Senado de la Nación.

“Nos preparamos para una instancia clave: 17 de agosto – Jornada de definición y presentación de candidatos rumbo a las elecciones de octubre”, rezaba el texto de la campaña. De definiciones, nada.

El santacruceño Claudio Vidal no escapa al mismo posicionamiento que sus pares. Ocupó la primera fila del lanzamiento de “Un Grito Federal” junto a los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Carlos Sadir, de Jujuy; y su vecino “Nacho” Torres.

Su presencia en el cónclave define su postura: formar parte de la “avenida del medio”, con claras diferencias con el kircherismo y los libertarios.

Gustavo Melella habló, días atrás, sobre la falta de envío de recursos del Poder Ejecutivo hacia las provincias y puso en duda si “algún gobernador tiene diálogo” con el presidente Javier Milei. “La casta está instalada en el Gobierno por esta misma metodología”, consideró.

El mandatario fueguino planteó que, luego de los reclamos del interior del país, permanece inexistente un canal de comunicación real entre las provincias y el Presidente. “No tenemos mucho diálogo con el Gobierno nacional. Con el Presidente, ningún tipo de diálogo, no sé si algún gobernador lo tiene”, describió, en declaraciones radiales.

Los gobernadores patagónicos condicionan su respaldo al veto que firmará el presidente Javier Milei a las señales que lleguen desde Casa Rosada en respuesta a las demandas de los gobernadores, entre las que se encuentran el desembolso de fondos de ATN y la distribución del impuesto a los combustibles.

El sur del país no escapa al poroteo que encabeza el gobierno nacional para obtener los votos necesarios para blindar el veto. La administración Milei, por su parte, confía en la gestión de los negociadores y no descarta condiciones particulares, como ausentismos y abstenciones.

La discusión se traspaló a un plano estrictamente político. El argumento oficialista es utilizado por los gobernadores al momento de negociar.

“Si se trata de rechazar las iniciativas para no alterar el equilibrio fiscal, es el mismo argumento que llevamos a la mesa de Casa Rosada los gobiernos patagónicos. Necesitamos una señal para no caer en el desequilibrio, y eso se traduce ni más ni menos que en recursos”, afirman.

Mientras que el Gobierno negocia para blindar los vetos, en el Sur especulan con el almanaque en la mano.

Los canales están abiertos, pero, al menos hasta ahora, no hay ofertas. “El Gobierno debería iniciar una conversación y eso no está pasando. Los canales están, pero hay mucho que negociar”, sostuvo en diálogo con Infobae una fuente ligada a Ignacio Torres, gobernador de Chubut.

“Mientras no haya propuestas, no es posible anticipar qué postura tomarán los parlamentarios del sur”, anticiparon.

De hecho, para no arriesgar una postura, varios de ellos esquivaron la consulta. “Tenemos los teléfonos on line y sabemos que el Gobierno analiza ofrecimientos, pero mientras no estén, no hay confirmaciones posibles”, arriesgaron colaboradores del mandatario santacruceño Claudio Vidal.

La postura es compartida por las provincias patagónicas, aunque cada mandatario suma sus propias exigencias a la discusión.

“No hay un condicionamiento zonificado, pero todos pensamos igual”, aseguran en Río Negro. El gobierno central puso sobre la lupa la votación del diputado Agustín Domingo, copartidario del gobernador Alberto Weretilneck e integrante también del bloque Innovación Federal, junto a parlamentarios salteños y misioneros.

El mandatario rionegrino encabeza la cruzada judicial contra el gobierno nacional por el mantenimiento de rutas y la transferencia de fondos. El último embate mediático ocurrió días atrás, tras una tragedia automovilística en la que murieron cuatro personas cuando transitaban por una deteriorada ruta nacional, cerca de Catriel.

“La desidia mata”, sentenció el mandamás rionegrino. Recordó que su gobierno ya presentó una demanda judicial contra el Estado Nacional por el estado crítico de la Ruta 151 y otras vías nacionales. “No podemos seguir mirando para otro lado. No es solo un reclamo. Es una obligación moral, institucional y política. Estamos hablando de vidas”, sentenció.

A juzgar por esa confrontación, el alfil del gobernador en la cámara baja podría rechazar el veto. Sin embargo, con negociaciones a la vista y la necesidad de la Casa Rosada de sumar manos alzadas, la elección de Domingo es aún incierta.

Más allá de la demanda pública de Weretilneck por las obras en las rutas, lo cierto es que en las últimas semanas también le hizo guiños al presidente Milei, como la baja de la candidatura a senador nacional de su vicegobernador, Pedro Pesatti, de postura combativa ante las políticas del Gobierno y cuyo referente político es Sergio Massa. “He sido vetado por mis ideas”, denunció en sus redes sociales tras la elección para encabezar la lista de Facundo López, jefe del oficialista bloque Alianza Juntos Somos Río Negro en la Legislatura provincial.

El calendario aprieta y las estructuras políticas de Río Negro ajustan los cinturones para la próxima contienda electoral de octubre. La provincia patagónica irá a las urnas para definir los representantes para cinco bancas en el Congreso: tres en el Senado de la Nación y dos en Diputados.

El PRO postula al actual legislador provincial y presidente de esa fuerza, Juan Martín, para ocupar una de las butacas del Senado. La lista se proclamará el último día de julio. Sin embargo, no descartan una posible alianza con La Libertad Avanza que ya figura en los bocetos, pero aún no fue confirmada.

Si se confirma, Martín aspira a mantener el mismo lugar de la lista y solo cambiaría el amarillo por violeta, además de la fuerza política y de los aspirantes que lo escolten.

Para ello, la Justicia Federal Electoral validó una modificación en el reglamento partidario interno que daría lugar al pacto, si es que llega a un acuerdo con la mesa política de la Casa Rosada.

“En esta instancia, por una cuestión de plazos legales, inscribimos nuestra lista en la Justicia Electoral, pero esto de ninguna manera es definitivo. Estamos convencidos de que hay que sumar a todos los que pensamos parecido para así darle fuerza al cambio, como sucedió en la provincia de Buenos Aires”, aseguró.

Y agregó: “Estamos dispuestos a seguir conversando y acordando hasta el cierre definitivo de las listas, siempre y cuando sea en torno a valores compartidos”.

La referente de LLA en la provincia, la diputada Lorena Villaverde, anunció que encabezará la boleta a senadores del partido violeta en Río Negro. Sin embargo, en la mesa chica libertaria no están del todo convencidos de su candidatura. “Por ahora es una autopostulación”, dijeron a Infobae fuentes ligadas a Casa Rosada. No hubo likes a sus posteos ni adhesiones, al menos públicas.

La parlamentaria se esmeró para posicionarse como cabeza de lista y abrió el juego para extrapartidarios en el resto de su conformación, según los acuerdos alcanzados.

“Somos muchos los rionegrinos que vemos que este proyecto de libertad, esta valentía del presidente Javier Milei y la firmeza con la que estamos enfrentando al sistema que ha empobrecido a nuestra provincia y a la Argentina durante décadas es el motor fundamental para el cambio y los proyectos que se vienen”, dijo la diputada, sin dar nombres.

Ruidos oficialistas

Juntos Somos Río Negro, fuerza oficialista rionegrina, buscará conservar el escaño que dejará en diciembre la senadora Mónica Silva. Para sucederla, el gobernador provincial eligió a su alfil en la Legislatura provincial, Facundo López, a quien consideran el hombre “de mayor confianza” de Alberto Weretilneck.

La elección de López tuvo masiva aprobación, excepto del vicegobernador Pedro Pesatti, quien se había anotado para ese lugar.

“Fui vetado por mis ideas”, posteó Pesatti, de riñón peronista, al conocer la candidatura de López, en alusión a la oposición ciega que mantiene con el gobierno de Milei.

El viedmense no ocultó su desencanto. “No coincido con el diagnóstico del escenario y, en consecuencia, tampoco con la estrategia elegida”, publicó el ex intendente de la capital rionegrina.

Evaluó que su postura opositora al gobierno nacional fue la clave para correrlo de la carrera electoral. “No puedo dejar de expresar la profunda decepción que me provoca la decisión”, publicó, en el primer cruce fuerte que tiene con quien compartió fórmula para la gobernación de Río Negro.

A quien le va mejor con el discurso antilibertario es al diputado justicialista Martín Soria, quien encabezará la lista del Partido Justicialista para el Senado.

El actual diputado celebró que los distintos sectores se alinearon en una lista única y presentó la alternativa “en tiempo y forma”.

En la conformación de la lista, dijo que algunos lugares quedan reservados para el Frente que conforman con el Frente Renovador, Kolina, Socialismo y otras fuerzas.

Durante la presentación de la lista de “unidad” dijo que “el peronismo es el único en Río Negro que refleja la defensa de los intereses de los rionegrinos”.

“Lo hemos venido mostrando todo este tiempo”, resaltó el ex ministro de Justicia de Alberto Fernández.

Un escándalo sacude al poder de Río Negro, ya que el vicegobernador, Pedro Pesatti, denunció que Alberto Weretilneck, primer mandatario provincial, bajó su candidatura a senador nacional por su postura confrontativa con Javier Milei. “He sido vetado por mis ideas”, acusó el funcionario a través de un duro comunicado en sus redes sociales.

“El gobernador Weretilneck me comunicó que tomó la decisión de impulsar una candidatura al Senado con un posicionamiento distinto al mío. No coincido con el diagnóstico del escenario y, en consecuencia, tampoco con la estrategia elegida. Todos los rionegrinos saben lo que pienso sobre este momento de la realidad nacional, y lo he expresado sin eufemismos. Por eso le manifesté con claridad lo que interpreto: que he sido vetado por mis ideas”, comienza la denuncia pública realizada por Pesatti, quien responde a nivel nacional a Sergio Massa.

Luego, resaltó que “históricamente, quienes mejor representaron los ideales del federalismo fueron relegados y perseguidos”. “No seré la excepción”, consideró.

“Puedo entender que el gobernador desestime una candidatura que —en su momento— él mismo propició, pero no puedo dejar de expresar la profunda decepción que esta decisión me provoca. Como siempre sostuve: los métodos desnudan la verdadera ideología. No hay camiseta que pueda taparla“, concluyó Pesatti su mensaje, que marca un camino de profundas diferencias con Weretilneck que les será difícil resolver.

El gobernador, que busca sostener una relación con buen diálogo con la administración que conduce Javier Milei, decidió darle la candidatura a senador nacional a Facundo López, jefe del oficialista bloque Alianza Juntos Somos Río Negro en la Legislatura provincial.

Weretilneck le propuso en su momento a Pesatti, ex intendente de Viedma, el puesto de vicegobernador en la fórmula electoral que compartieron con la promesa de otorgarle este año la candidatura a senador nacional, según informaron desde su entorno cercano.

Es por ello que desde su sector toman esta decisión del gobernador como una traición a aquel pacto, con la intención de acercar posiciones con Javier Milei, con quien tuvo una muy buena relación en el inicio de su mandato y a quien apoyó con la Ley Bases, ordenando a sus legisladores nacionales votar a favor.

Distintos medios indicaron que fue Derek Hampton, consultor político que asesora a Weretilneck y quien supo trabajar con Patricia Bullrich y Santiago Caputo, quien recomendó el cambio de candidatura.

Ahora, tras esta jugada, toma una mayor dimensión la postura que tomará Sergio Massa en Río Negro, ya que tenía la decisión de conformar una lista del Frente Renovador en la provincia, con Silvina García Larraburu como quien contaba con las mayores chances de encabezarla.

Con Pesatti fuera de la lista oficialista, suma una nueva alternativa a ese espacio político, que tampoco ve con malos ojos un acuerdo con el Partido Justicialista, que llevará como candidato a Martín Soria, ex ministro de Justicia de Alberto Fernández.

Río Negro presentó una demanda colectiva contra el gobierno nacional por el “abandono” de una ruta

No todo son acercamientos entre Alberto Weretilneck y Javier Milei. A principios de julio, después de meses de reclamos, el gobernador resolvió ir un paso más allá y anunció la presentación de una demanda colectiva ante Nación por el estado crítico de "abandono" de la Ruta Nacional 151.

El mandatario presentó la acción judicial ante el Juzgado Federal de General Roca, donde denunció tanto al Estado nacional como a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Les exigió la intervención urgente ante el “grave deterioro” del corredor vial.

“La 151, de acceso a la Patagonia, está destruida. Pone en riesgo vidas todos los días. El Estado Nacional mira para otro lado, pero nosotros no. Junto a intendentes, cámaras empresariales y la Defensoría del Pueblo, presentamos una demanda colectiva contra Nación y Vialidad. Exigimos la reparación total del tramo Cipolletti - La Pampa, señalización urgente y un plan serio de obras”, anunció Weretilneck, desde sus cuentas de redes sociales.

En su juego de cintura, el gobernador en las últimas horas cambió de frente para acercar posiciones al gobierno nacional, al menos en cuanto a la candidatura a senador.

En el interior del país crece la preocupación de los gobernadores por la falta de obras y recursos destinados al mantenimiento y ampliación de la infraestructura pública, como la de las rutas nacionales. Después de meses de reclamos a Javier Milei, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, resolvió ir un paso más allá: anunció la presentación de una demanda colectiva ante Nación por el estado crítico de "abandono" de la Ruta Nacional 151.

El mandatario presentó la acción judicial ante el Juzgado Federal de General Roca, donde denunció tanto al Estado nacional como a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Les exigió la intervención urgente ante el “grave deterioro” del corredor vial.

“La 151, de acceso a la Patagonia, está destruida. Pone en riesgo vidas todos los días. El Estado Nacional mira para otro lado, pero nosotros no. Junto a intendentes, cámaras empresariales y la Defensoría del Pueblo, presentamos una demanda colectiva contra Nación y Vialidad. Exigimos la reparación total del tramo Cipolletti - La Pampa, señalización urgente y un plan serio de obras”, anunció hoy Weretilneck, desde sus cuentas de redes sociales

El escrito, firmado por el mandatario patagónico y el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, así como por varios intendentes del Alto Valle —Rodrigo Buteler (Cipolletti), Daniela Salzotto (Catriel), Enrique Rossi (Cinco Saltos), Horacio Zuñiga (Contralmirante Cordero) y Daniel Hernández (Campo Grande)—, solicita “medidas cautelares urgentes y la reparación integral de los 150 kilómetros” afectados.

La demanda cuenta también con el apoyo de representantes de la sociedad civil y otros estamentos del sector público. Desde el sector privado, acompañaron la medida los presidentes de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Bunter, la Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro, Federico Paolo, y la Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro, Ramiro Arceo, además de la defensora del Pueblo, Adriana Santagati.

La presentación sostiene que el “deterioro de la ruta obstaculiza el servicio de salud pública, con más de 576 traslados sanitarios en lo que va de 2025 que deben circular por ese tramo; la educación, afectando el acceso diario de más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas; y actividades clave como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera”. Sobre este último punto, destaca que esta industria representa “el 72% del petróleo y el 42% del gas” de la provincia.

En cuanto al estado de la Ruta 151, Vialidad Rionegrina elaboró un diagnóstico a escala provincial, según publicó el Diario Río Negro, donde se detalla la presencia de “deformaciones del tipo ahuellamiento, descascaramientos y baches” a lo largo del trayecto. La situación se tornó crítica para los rionegrinos, dado que la infraestructura en su estado actual “afecta gravemente los servicios esenciales, actividades productivas y la economía regional”.

El juzgado federal ya dio curso a la presentación y ordenó el traslado de la demanda a Vialidad Nacional, que dispone de cinco días para responder sobre “el estado de abandono de la ruta, en el contexto de la medida cautelar establecida”. Las medidas urgentes contemplan “la señalización inmediata, bacheo provisorio y campañas informativas para prevenir accidentes, además de un plan técnico y presupuestario que garantice la ejecución de las obras, con informes periódicos sobre los avances”.

En el comunicado oficial, el gobierno de Río Negro explica que “la presentación busca proteger los derechos a la vida, la salud, la integridad física y la seguridad de las miles de personas que la usan a diario”. Como argumento central, se señala la “desnaturalización del régimen de financiamiento vial”, ya que, a pesar de que el 28,58% del Impuesto a los Combustibles debe destinarse por ley al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, el Estado nacional habría desviado esos fondos, “dejando a rutas estratégicas como la 151 en un estado calamitoso”.

En palabras de la administración provincial, “esta demanda representa un paso firme del gobierno de Río Negro para defender los derechos de sus habitantes frente a la inacción del Estado Nacional”. Se anticipa, además, que este caso podría sentar “un precedente judicial para que otras provincias exijan judicialmente obras públicas ante omisiones estructurales del Estado central”.

La situación de las rutas nacionales cobró relevancia en la agenda local desde fines de mayo, cuando el gobierno provincial esbozó su intención de litigar contra el Poder Ejecutivo nacional por el mal estado de cuatro rutas troncales: la 151, 22, 23 y 40. La presentación sobre la Ruta 151 se convierte así en el primer antecedente concreto en esta estrategia.

Desde el año pasado, tanto Weretilneck, como otros gobernadores patagónicos, reclaman que se transfiera la jurisdicción de las autovías a las provincias, entre ellas, la RN 151. “Exigimos lo que nos corresponde, defendemos a nuestra gente, con hechos y en la Justicia”, compartió el gobernador, desde sus redes sociales.

Las rutas nacionales que están dentro del territorio rionegrino presentan un avanzado estado de deterioro, debido a la falta de mantenimiento. El gobierno que conduce Alberto Weretilneck elevó a Nación diversos reclamos para solicitar la reparación de distintas trazas, pero, ante la negativa y la omisión de respuestas, comenzó a planificar la judicialización del reclamo.

En diálogo con Infobae, el mandatario aseguró que el estado de las rutas “es deplorable”. Mencionó el estado de las rutas 3, 23, 151, 40 Sur y 22 como las más complicadas, las cuales “ponen en riesgo la vida de conductores”.

“Hicimos público, de forma permanente, nuestro reclamo al gobierno nacional para que se ocupe de las rutas que están dentro del territorio y cuya jurisdicción corresponde al gobierno central”, aseguró Weretilneck, y agregó que “están destruidas, sin inversión nacional”.

Hizo foco en que el gobierno “recauda a través del impuesto a los combustibles”, que contemplan un porcentaje que debe estar destinado “al mantenimiento de las rutas, pero eso no ocurre”.

“Agotamos todas las instancias posibles y ante la falta de respuestas, analizamos iniciar acciones judiciales”, remarcó el mandatario.

La medida, que aún no se hizo efectiva, establece una medida cautelar, que será elevada por la Fiscalía de Estado.

El planteo inicial se focalizará en la ruta 151, una traza de 315 kilómetros que abarca parte del territorio rionegrino y una parte de La Pampa.

“No hemos tenido respuesta a nuestros planteos. El reclamo judicial apunta a que la Justicia Federal se involucre, cite al gobierno nacional y lo obligue a cuidar las rutas que están dentro de la provincia”, sentenció el gobernador.

Pero antes de llegar al recurso judicial, la provincia sugirió a Nación la provincialización, con cargos, de la ruta para que sea “el gobierno rionegrino el que se ocupe de su mantenimiento”.

Sin embargo, la respuesta fue negativa. Planteó además, “un plan de obras y mantenimiento, aunque no tampoco lo hicieron”. “A nuestros planteos, nos respondieron con oídos sordos o negativas, por eso ahora acudiremos a la Justicia, como última solución posible a lo que necesitamos los rionegrinos”, dijo.

Un informe que elaboró el Ministerio de Obras Públicas de la provincia establece que los 150 kilómetros de la ruta 151 presentan numerosas irregularidades estructurales.

“Es una vía importante de integración y desarrollo regional. La ruta es utilizada por las industrias petroleras y por toda la población que reside en el sector, pero el alto nivel de deterioro que presenta dificulta el tránsito por la misma, aumentando el riesgo de accidentes”, indica el texto.

El legislador Facundo López, presidente de la bancada oficialista en la Legislatura provincial, aseguró que “planteamos todas las opciones posibles, desde la política, en la búsqueda de una solución a la problemática, que no es menor”.

Dijo que “no existe desarrollo económico ni turístico posible, si no hay inversión en infraestructura. El gobierno percibe los fondos para mantener las rutas, pero el dinero no vuelve en obras ni mantenimiento”.

No es la primera vez que el gobierno de la provincia patagónica acude a la Justicia para exigir obras postergadas.

En julio de 2024, la Justicia Federal ordenó a Vialidad Nacional que, en un plazo de 90 días, ejecute las obras necesarias para reparar la ruta 40, entre El Bolsón y Bariloche. Surgió luego de una presentación que elevó el Fiscal de Estado de Río Negro y contó con el acompañamiento de distintas organizaciones y cámaras empresariales.

Las pruebas

Con material fotográfico, el gobierno sostiene que entre otras dificultades presenta un ahuellamiento de 23 centímetros, abultamientos, hundimientos y fisuras. Presenta baches de importantes dimensiones, agrietamiento y banquinas descalzadas, entre otras dificultades.

El tramo que está entre el empalme de la ruta provincial 69 y el límite con la provincia de Neuquén es el que presenta las peores dificultades. “La transitabilidad se vuelve dificultosa debido a su estado. La deformación del tipo ahuellamiento son una constante en el recorrido, apareciendo con mayor frecuencia otras fallas, como ser descascaramientos y baches. Este tramo es, notoriamente, el más afectado de la ruta”, indica el escrito oficial.

Días atrás el gobierno de Río Negro transfirió al municipio de Bariloche la jurisdicción sobre la Avenida Bustillo, un tramo de 24 kilómetros que une el centro de la ciudad lacustre con el emblemático hotel Llao Llao, bordeando el lago Nahuel Huapi.

La transferencia implica un aporte anual de $400 millones para que sea el ejecutivo barilochense el que asuma el mantenimiento de la ruta. “Esto mismo que el gobierno de Río Negro hizo con la Avenida Bustillo, es lo que pretendemos que ocurra con las rutas nacionales que están dentro de la provincia”, aseguró Weretilneck durante la firma del convenio que rubricó con el intendente local Walter Cortés.

El gobierno de Río Negro desmintió a la diputada Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza, quien denunció un aporte millonario para la organización de una competencia automovilística en la provincia que se realizará mediados de junio.

Fuentes del Ejecutivo rionegrino afirmaron que la denuncia de Villaverde “es falsa” y surge como reacción a las críticas del gobernador Alberto Weretilneck a la desinversión del gobierno central en obras públicas y mantenimiento de rutas nacionales dentro del territorio patagónico.

Villaverde aseguró que el ejecutivo rionegrino aprobó un gasto de más de 300 millones de pesos para financiar una competencia automovilística de Turismo Nacional que se realizará del 13 al 15 de junio en la capital provincial.

“El gobernador de la provincia gastó más de 300 millones para apoyar el TN en Viedma, mientras las comisarías no tienen gas ni agua caliente. Hay comisarias que acumulan más de ocho meses sin gas, dejando a los efectivos sin calefacción ni agua caliente durante todo el invierno”, acusó la parlamentaria.

El Ejecutivo rionegrino respondió a la denuncia pública y aseguró que son declaraciones “malintencionadas” que buscan desprestigiar la gestión provincial y “desviar la desatención del gobierno nacional hacia la provincia”.

Fuentes del gobierno que conduce Weretilneck aseguraron que la provincia, a través de Lotería de Río Negro, “abonó el canon correspondiente para la competencia por un monto de 120 millones de pesos más IVA, muy lejos de los números difundidos por la legisladora”.

Afirmaron además que “la decisión de contratar este espectáculo deportivo se enmarca en la política de Estado de impulsar eventos que promuevan el desarrollo de actividades deportivas y posicionen a Río Negro en la agenda nacional”, y aportaron otros ejemplos de acompañamiento a competencias deportivas como La Vuelta al Valle de ciclismo, la Vuelta de la Manzana de automovilismo y el Nacional Sub 14 de vóley en Bariloche, que reunirá a representantes de 20 provincias.

“Esta inversión no solo representa una oportunidad de promoción turística para Río Negro —ya que la carrera será transmitida por televisión para millones de espectadores en todo el país—, sino que también generará un impacto económico significativo en la ciudad de Viedma y su zona de influencia”, resaltaron en diálogo con Infobae.

Y agregaron que “el movimiento comercial y turístico derivado de este evento se traduce en ingresos genuinos para la provincia a través del Impuesto a los Ingresos Brutos”. “Cada compra en un comercio, cada noche de hotel y cada carga de combustible se reflejarán en la recaudación provincial”, indicaron.

La relación entre el gobierno de Río Negro y el nacional se fragmentó cuando Weretilneck cuestionó la falta de mantenimiento de rutas nacionales que se encuentran dentro del territorio provincial.

“Es un claro intento de desviar la atención al reclamo que realizó la provincia sobre el calamitoso estado de las Rutas Nacionales N° 22, N° 23, N° 151 y N° 40, donde periódicamente ocurren accidentes que le cuestan mucho a todos los rionegrinos”, apuntaron.

El diputado nacional Agustín Domingo se sumó a la discusión con Villaverde por el estado de las rutas y dijo que “no importa quién gobierne en Nación, les preocupa más el olor a pis de Buenos Aires que las rutas nacionales del interior”. “Lo dijimos antes y lo sostenemos ahora. Si no se quieren hacer cargo, entonces dejen que nosotros lo hagamos”, desafió.

Villaverde no solo confronta con el mandatario provincial, sino que también busca frentes de conflicto con otros actores políticos de la provincia, incluso dentro del seno libertario.

El presidente del bloque oficialista en la Legislatura de Río Negro, Facundo López, celebró el desarrollo de la competencia deportiva, que provoca un impacto sustancial en la economía rionegrina, y acusó a Villaverde de “mentir descaradamente”.

“No le importa lo que pasa en la provincia, su única prioridad es su carrera política, las elecciones de octubre y quedar bien con sus jefes porteños a cualquier costo”, sentenció.

La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lorena Villaverde, denunció que el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, destinará más de 300 millones de pesos en la realización de una carrera de Turismo Nacional (TN).

“El gobernador de la provincia gastó más de 300 millones para apoyar el TN en Viedma, mientras las comisarías no tienen gas ni agua caliente. Hay comisarias que acumulan más de ocho meses sin gas, dejando a los efectivos sin calefacción ni agua caliente durante todo el invierno”, apuntó la parlamentaria.

A su vez, remarcó que,esta semana el problema escaló, ya que un corte eléctrico dejó a la dependencia prácticamente inoperativa. “Esto es una vergüenza que debe explicar el actual gobernador”, sostuvo la diputada nacional.

La carrera se celebrará entre el 13 y el 15 de junio en el autódromo Ciudad de Viedma. En ese sentido, Villaverde indicó que el gobierno provincial gastará más de 300 millones de pesos para solventar gastos en televisación, comunicación y asesores. También, indicó que parte de la erogación estará destinada a premios y viáticos de los equipos de competición intervinientes, honorarios, traslados, estadía del personal y fiscalización del evento.

En una carta enviada por el apoderado de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT), Juan Martín Inchaurregui –y que cuenta con la rúbrica de Weretilneck-, el remitente destacó: “Me resulta grato hacerle saber que la institución se encuentra abocada a incorporar a su calendario la realización de una competencia en el autódromo de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro”.

Luego informa: “El canon para solventar el pago de premios y viáticos a los equipos de competición intervinientes, así como para atender los diversos gastos, tales como honorarios, traslados, estadía del personal, fiscalización y televisación del evento, asciende a la cantidad de $120.000.000 (pesos ciento veinte millones), más IVA”.

Mientras, la APAT ya publicó los precios de las entradas para la carrera: $20 mil la general, $35 mil para ubicarse directamente en boxes, además de los precios referidos a los distintos tipos de estacionamiento.

El organismo se encarga de la realización de carreras automovilísticas en su Clase 2, que actúa como una escuela y plataforma de acceso para pilotos jóvenes o con experiencia intermedia. También desarrolla la Clase 3, donde se compite con motores más potentes y autos de mayor desarrollo técnico.

La Clase 2 agrupa a vehículos de producción nacional homologados, que pertenecen al segmento chico o compacto. Estos autos deben responder a ciertas condiciones mecánicas y de equipamiento establecidas por el reglamento de la categoría.

En cambio, la Clase 3 tiene carreras de alto nivel, con autos veloces, gran paridad y espectáculos atractivos para el público. Muchas figuras del automovilismo nacional pasan o pasaron por esta categoría, que suele estar entre las más valoradas del automovilismo argentino por su competitividad y espectáculo.

Fuego, datos y dinero

A principios de año, Río Negro sufrió el incendio de muchas de sus hectáreas de parques y bosques nativos y, de acuerdo al relevamiento oficial, al menos 144 inmuebles sufrieron destrucción total. Es por eso que el Gobierno Nacional destinó íntegramente los fondos girados por el Gobierno Nacional a la reconstrucción de las viviendas que fueron arrasadas por los incendios, que rondan los 30 millones de pesos en subsidios.

Además, otras 47 casas sufrieron pérdidas parciales y tendrán a disposición montos de hasta 15 millones de pesos para realizar reparaciones. Se trata de 5.000 millones de pesos que el Ejecutivo Nacional destinó al distrito en medio del desastre ocasionado por los incendios.

Durante el 2024, el 29% de los accidentes automovilísticos fatales que se registraron en el país ocurrieron en rutas nacionales, de acuerdo a las estadísticas que recabaron desde el Informe de siniestralidad vial que realiza el Gobierno Nacional. En ese sentido, el foco sobre el estado de los caminos ya elevó el reclamo de varios gobernadores, quienes piden por un esfuerzo del Ejecutivo para reactivar la obra pública.

Sin embargo, el presidente Javier Milei ha reiterado en varias oportunidades su búsqueda de implementar un sistema de obras privado para reemplazar al Estado en estas acciones. De hecho, en los últimos días, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció una reforma en el sistema de contratación, diseñada con el objetivo de eliminar antiguos mecanismos de “cartelización” y permitir una mayor competencia y transparencia entre las empresas nacionales y extranjeras.

Justamente, según un informe de Chequeado, hasta el mes de mayo de 2025 el Ejecutivo inició solo 18 proyectos de obra pública. En tanto que no se avanzó en el 54% de las construcciones que se comenzaron en la gestión de Alberto Fernández.

Esto generó que, desde varias provincias, pongan en el centro de discusión el estado de los caminos nacionales, no solo por la cantidad de accidentes viales, sino por el mal estado de rutas donde circulan automovilistas, camiones de carga y micros de larga distancia.

Uno de los que alzó la voz en los últimos días fue Alberto Weretilneck, mandatario de Río Negro, quien criticó el estado de los caminos nacionales y aseguró: “Es el reflejo de un país donde Buenos Aires decide y las provincias pagan las consecuencias”.

“La Ruta 22, la 23, la 40 y la 151… heridas, rotas, olvidadas. Hace más de 15 años que estamos esperando. Gobiernos van, gobiernos vienen, y las promesas se archivan. Pero la producción sigue saliendo por caminos destrozados, los turistas llegan por rutas intransitables y la gente se juega la vida todos los días. La respuesta es siempre la misma: que no hay plata. Pero en 2024, el Estado Nacional recaudó más de 2 billones de pesos del impuesto a los combustibles, que por ley deben destinarse a infraestructura vial. ¿Dónde está esa plata? ¿En qué provincia invierten? Porque en Río Negro, no", continuó en sus redes sociales.

El gobernador rionegrino aclaró que los caminos nacionales “son competencia de Nación” y añadió: “No se puede intervenir sin recursos, sin maquinaria, sin acuerdos. Lo propusimos. Lo dijimos en todos los tonos. Y lo volvemos a decir: Río Negro no va a usar sus fondos para cubrir la desidia de un gobierno que se borró”.

“Esto no es ideología. Es una pelea justa por lo que nos corresponde. Defendemos a los rionegrinos. Defendemos a nuestra gente. Y tenemos derecho a transitar por rutas seguras. Porque cada vez que salimos a la ruta, salimos a trabajar, a producir, a sostener la economía de este país”, cerró.

Por su parte, el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe, Carlos Torres, se refirió al estado de las rutas en la provincia por los baches, la iluminación y la falta de desmalezado. “Parcialmente, han hecho arreglos. En la ruta 33 taparon algunos pozos, pero fue muy precario”, señaló en declaraciones radiales.

“Lo que exigimos es tapar pozos, prender las luces y cortar el pasto”, subrayó el funcionario en relación al trabajo que reclaman a Vialidad Nacional. Además, remarcó que “no es correcto desde lo legal”, pero justificó que la provincia debería accionar en los arreglos: “Si uno prioriza la vida de los santafesinos, yo lo haría”.

En ese sentido, en los últimos días, se conoció que Alfredo Cornejo, uno de los gobernadores que mantiene una buena relación con el Presidente, firmó un convenio para que el gobierno de Mendoza se haga cargo de los vía nacionales que pasan por esa jurisdicción. Todo esto se dio luego del pedido de diputados nacionales al Gobierno para que declare el estado de emergencia de la Ruta Nacional 7, la principal vía de acceso terrestre a Chile.

Cornejo señaló que se harán cargo de “235 kilómetros de rutas nacionales de alto tránsito y vital importancia logística y productiva”. En total será un tramo de la Ruta Nacional 7, uno de la Ruta Nacional 143 y tres sectores de la Ruta Nacional 40, que atraviesa la provincia.

Este acuerdo permite la construcción de infraestructuras clave previamente solicitadas por la provincia para mejorar la conectividad y seguridad en diversas rutas. Los trabajos, que ahora se transferirán al ámbito provincial, incluyen cláusulas que imponen a Mendoza la responsabilidad sobre posibles reclamos durante su desarrollo.

La administración mendocina tendrá la oportunidad de recuperar las inversiones, ya sea a través de la implementación de peajes en las nuevas rutas o reclamando los costos al Estado nacional si no se autoriza el cobro

El Gobierno avanza en el plan de privatización de las rutas nacionales

Desde la Casa Rosada, bajo la dirección de la Dirección Nacional de Vialidad, han puesto en marcha audiencias públicas para discutir la privatización de más de 4.400 kilómetros de rutas que estaban bajo la gestión de la empresa estatal Corredores Viales S.A.. Este movimiento busca traspasar rutas a concesionarios privados como parte del plan mayor de cerrar la empresa estatal, según anunciaron fuentes oficiales al adelantar el medio Infobae.

La resolución 827/2025 establece audiencias para la segunda fase de la Red Federal de Concesiones (RFC) que incluye ocho tramos estratégicos, distribuidos en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa. Estos representan una porción significativa del tránsito nacional, con la expectativa de concesionar un total de 9.342 kilómetros. En su fase inicial, el RFC discutió la concesión del Corredor 18, una ruta crucial para el Mercosur.

Los futuros concesionarios podrían gestionar rutas de alto valor comercial como las autopistas Ezeiza-Cañuelas y Riccheri. De aprobarse, la privatización se llevará a cabo sin subsidios estatales, rompiendo con el esquema anterior que era considerado deficitario. Las vías nacionales ya no recibirán apoyo fiscal, centrando la estructura de financiamiento en los operadores privados.

Durante las audiencias, divididas en fechas a mediados de junio, se dará voz a usuarios y vecinos para expresar sus opiniones y propuestas. Estas participaciones ciudadanas son parte del esfuerzo por mantener la transparencia en la adjudicación, que se completará usando resultados de un Data Room donde los oferentes han podido evaluar y sugerir mejoras a los documentos preliminares.

La consolidación de la fase inicial se anticipa para completarse entre septiembre y octubre, señalando un nuevo modelo de gestión vial que buscará redefinir el panorama de infraestructura en Argentina.

El consorcio de las principales petroleras del país que están al frente del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (Vmos), lideradas por la empresa de mayoría estatal YPF, firmaron el viernes un acuerdo con Río Negro que incluye entre otros ítems el pago de un “canon” de unos USD 1.000 millones a la provincia a lo largo de los próximos 13 años para llevar adelante la obra. El acuerdo llegó luego de meses de negociación tras el intento de la gestión local de cobrar regalías por las exportaciones generadas a partir de la iniciativa para que la Argentina tenga mayor evacuación de los yacimientos de la Cuenca Neuquina.

El proyecto Vmos es la obra de infraestructura privada más importante de los últimos años: un oleoducto de 430 kilómetros entre Neuquén y Río Negro, junto con obras complementarias, que permitirá aumentar significativamente las exportaciones de crudo a partir de 2027 y alcanzar los USD 15.000 millones anuales desde 2028. El consorcio está integrado por Chevron, Shell, Vista, Pluspetrol, Pan American Energy (PAE) y Pampa Energía, además de la petrolera estatal.

El convenio fue anunciado por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien señaló que además de los USD 1.000 millones el proyecto “ayudará con miles de nuevos puestos de trabajo provincial, además de formación técnica para las futuras generaciones y oportunidades para más de 150 empresas locales". En paralelo ya comenzó el proceso de movimiento de suelo y traslado de caños.

El acuerdo se selló tras un proceso de conversaciones que generó tensiones en el sector privado. La provincia planteó inicialmente la posibilidad de cobrar regalías de entre 0,5% y 1% sobre las exportaciones, pese a que el petróleo se extrae en territorio neuquino. Esa pretensión, aunque con impacto económico moderado, despertó inquietud entre las empresas por implicar un cambio en las condiciones del negocio.

La situación derivó en negociaciones informales, dado que Río Negro adhirió a la ley nacional 27.742, que prohíbe crear nuevos tributos sobre proyectos que se enmarcan en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Esa norma, que forma parte del paquete de reformas impulsadas por el Gobierno nacional, también contempla beneficios fiscales y exenciones impositivas. La ley establece que los nuevos gravámenes no serán válidos si se crean luego de que una provincia se adhiera al régimen.

En lugar de avanzar con un impuesto, la administración provincial buscó una alternativa que derivó en este nuevo “canon”, según lo definieron desde YPF. De acuerdo con el comunicado oficial de la provincia, Río Negro se posicionó como un “protagonista del desarrollo energético” y no como una simple zona de paso. El mensaje remarcó que el entendimiento se alcanzó en términos de cooperación y desarrollo mutuo, sin imposiciones.

Durante los últimos meses, el gobernador Weretilneck insistió en que la provincia debía obtener beneficios proporcionales a la magnitud del proyecto. En encuentros con representantes del sector hidrocarburífero, propuso un esquema complementario al RIGI, conocido como el “mini RIGI” provincial, que exime del pago de impuestos locales como Ingresos Brutos y Sellos por diez años, según lo establecido en la ley provincial 4.618.

Además, la Legislatura provincial modificó una norma previa que prohibía la utilización del mar territorial para actividades hidrocarburíferas, habilitando de este modo la construcción de una terminal portuaria en Punta Colorada para la carga de petróleo y gas natural licuado (GNL).

Las petroleras también solicitaron formalmente al Ministerio de Economía la inclusión del proyecto en el RIGI. La adhesión del Vmos al esquema de incentivos fue aprobada en marzo.

El oleoducto en construcción contempla una terminal de carga y descarga con monoboyas interconectadas, y una planta de tanques de almacenamiento en Punta Colorada, una infraestructura clave para la exportación de hidrocarburos hacia mercados internacionales.

El financiamiento del proyecto también avanzó: según reveló Infobae, el consorcio petrolero negocia un préstamo internacional de USD 1.700 millones a cinco años. El crédito tendrá como garantía los flujos futuros de exportación, lo que le da una estructura innovadora dentro del mercado de infraestructura energética en América Latina.

El proyecto también generó debate en el sector energético respecto a la posibilidad de abrir la puerta a regalías sobre transporte, algo sin precedentes en la industria nacional.

El fuego se desató el pasado jueves en el camino a la reserva natural Cajón del Azul, al noroeste de la ciudad turística de El Bolsón, atravesó la localidad de Mallín del Medio y llegó hasta localidades aledañas.

Según el Gobierno de la provincia de Rio Negro, donde se encuentra El Bolsón, en las últimas horas han incorporado más recursos aéreos y más brigadistas para hacer frente a las llamas.

Durante el fin de semana se utilizaron tres aviones hidrantes y un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, además de un equipo de unas 300 personas sobre el terreno.

El gobernador provincial, Alberto Weretilneck, denunció este lunes que se trata de un incendio intencional y explicó que los equipos sobre el terreno hallaron una botella con combustible en la zona.

"Es una cuestión criminal porque no es solo atentar contra la naturaleza y el bosque nativo, sino también por las consecuencias que trajo", señaló el gobernador durante una entrevista con la emisora Radio Mitre, en la que confirmó el fallecimiento de un vecino de la zona durante el fin de semana.

Además, precisó que ya fueron destruidas 88 viviendas -aunque se estima que el número supera las 200- y que se han quemado cerca de 3.000 hectáreas han sido.

Según la prensa local, la cifra de evacuados supera ya los 1.000, incluyendo tanto residentes de la zona como turistas que se habían desplazado hacia allí para pasar sus vacaciones de verano.

Se trata del tercer incendio de grandes proporciones que se ha desatado en la Patagonia argentina durante esta temporada de verano.

El primero fue en el Parque Nacional Nahuel Huapi, cercano a la ciudad de Bariloche, que ya ha carbonizado más de 4.200 hectáreas y no está totalmente extinguido tras semanas de actividades.

El segundo fue en la localidad de Epuyén, en la provincia de Chubut, donde las llamas han arrasado más de 1.800 hectáreas de bosque y pastizal y quemado más medio centenar de viviendas. EFE

Buenos Aires, 19 ene (EFE).- El activista mapuche argentino Facundo Jones Huala, quien fue expulsado de Chile a Argentina tras cumplir la condena por los delitos de incendio y porte ilegal de armas, fue detenido este domingo mientras intentaba robar vehículos en la provincia argentina de Río Negro.

El gobernador de la provincia patagónica de Río Negro, Alberto Weretilneck, informó en su cuenta de X que Jones Huala fue detenido por la Policía local en la localidad de El Bolsón "mientras intentaba robar vehículos en pleno centro de la ciudad".

"Un individuo con un largo historial delictivo que vuelve a ser puesto tras las rejas", señaló Weretilneck.

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), de 38 años, cumplió en Chile la condena por hechos que se remontan a enero de 2013, cuando junto a un grupo de encapuchados armados entró a la hacienda Pisu Pisué, en Chile, redujo a la familia encargada de su cuidado y vigilancia y, después, prendió fuego al predio.

Tras cumplir su condena, el Gobierno de Chile ordenó su expulsión el 19 de agosto de 2024, por lo que no podrá reingresar a Chile durante los próximos 20 años.

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, relacionó la detención de Jones Huala en Río Negro con los incendios en la provincia vecina de Chubut, que las autoridades habían vinculado con el desalojo la semana pasada de un grupo autoproclamado mapuche, que desde 2020 ocupaba ilegalmente áreas protegidas del Parque Nacional Los Alerces.

"¡JONES HUALA DETENIDO CERCA DE LOS INCENDIOS EN CHUBUT!", publicó Bullrich en su cuenta de X.

La ministra contó que se activó el "convenio para la emergencia en la Patagonia y, a las 4 AM (7 GMT), el sistema de monitoreo detectó en El Bolsón a un hombre intentando abrir autos. La Policía de Río Negro intervino, fue agredida y, al detenerlo, descubrieron que era ¡el terrorista Facundo Jones Huala!".

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, denunció este sábado un "atentado" en su distrito que relacionó con el desalojo, el 9 de enero pasado, de la formación ´Lof Pailako´, que desde 2020 ocupaba ilegalmente áreas protegidas del Parque Nacional Los Alerces.

"A las pocas horas del desalojo tuvimos tres focos de incendio simultáneos", afirmó Torres en su cuenta de X, en la ciudad de Epuyén, donde arrasó con más de 70 viviendas, y en el intento en la madrugada de este sábado de incendiar la ´Estancia Amancay´, camino al Parque Los Alerces, "atacando con bombas molotov y prendiendo fuego toda la maquinaria y los vehículos del lugar".

Bullrich había advertido este sábado que se activaban los convenios firmados desde el Ministerio de Seguridad con Neuquén, Río Negro y Chubut, sus Ministerios de Seguridad y sus Ministerios Públicos Fiscales para combatir los hechos "vinculados a grupos terroristas que buscan imponer sus ideas y cumplir sus objetivos a través de la violencia y el terror". EFE

Realizar pronósticos a esta altura del año resulta complejo. En Río Negro las distintas fuerzas políticas todavía no definieron quienes serán los elegidos como candidatos para ocupar los tres lugares en el Senado Nacional que se pondrán en juego, ni quiénes irán por las dos bancas que se renuevan en la Cámara de Diputados. Todo puede pasar hasta que venza el plazo de presentación de las listas. Lo único claro es que el 27 de abril se realizarán los comicios en los que se renovarán los legisladores en los Consejos Deliberantes de 9 distritos de la provincia patagónica.

De los tres senadores nacionales a los que se les vence el mandato, Mónica Silva responde al oficialismo del gobernador Alberto Weretilneck, mientras que los otros dos son del ex Frente de Todos, Martín Doñate y Silvina Marcela Larraburu. Los tres están en carrera hacia la reelección, por más que en unos pocos meses la política argentina puede ofrecer sorpresas.

El escenario aparece aún muy fragmentado. Weretilneck, creador de Juntos Somos Río Negro, el partido que surgió en 2015, tiene en la Cámara Alta a Silva que lo reemplazó hace dos años. En la elección anterior armó pactos que no tenían antecedentes con “desencantados” tanto del peronismo como del radicalismo, fuerzas tradicionales que todavía muestran su poderío en el territorio. Así ganó. Los del PJ se fueron alejando de ese frente, algo que seguramente resentirá su estructura.

Si no es con Silva de candidata, muchos anotan en la carrera al vicegobernador Pedro Pesatti, quien habitualmente recorre la provincia por su cargo actual y ya expresó su predisposición para asumir el desafío. De reojo miran los movimientos de la ex gobernadora, Arabela Carreras, quien en los últimos días se unió a Hacemos, el espacio que lidera a nivel nacional el ex mandatario cordobés Juan Schiaretti, una movida que le quitaría votos al oficialismo.

Silva, ex ministra de Educación provincial durante 6 años, le expresó a Infobae que “por ahora estuvimos enfocados en los comicios municipales ayudando en el armado de las listas”. Admite la dificultad que representará pelear por una senaduría. “La Libertad Avanza se presentará ya como partido y si hay polarización entre los espacios tradicionales será más difícil aún”, agregó. La senadora resalta el esfuerzo del gobierno rionegrino que le permitió afrontar los graves incendios en la localidad de El Bolsón, que ya empezó a reconstruir casas, fábricas de dulces y otras industrias que fueron destruidas por el fuego en los dos primeros meses de este 2025.

Por el desgaste natural de la gestión, la banca que Juntos Somos Río Negro pone en juego tendrá muchos competidores. Referentes de diferentes espacios aseguran que un electorado dividido en tres tercios asoma como muy posible.

El peronismo apuesta a la unidad para no perder los dos lugares que ostenta en el Senado. “El espacio parcelado no sirve y donde no somos oficialismo hay que tener más paciencia. Aglutinar a todos los que conviven en el partido no será fácil, pero es necesario”, le contó a Infobae un conocedor de la interna provincial. Tanto García Larraburu, quien acumula 12 años en el Congreso, como el camporista Martín Doñate aspiran a la reelección. Adriana Serquis, de Patria Grande que lidera Juan Grabois, irá por una de las diputaciones.

Todavía no se sabe con quién se alineará el Movimiento Evita. En 2023 presentó para la gobernación a Silvia Horne, quien se quedó con el 9% de los votos. Habrá que ver cómo se acomoda en el tablero de este sector, que mantiene una relación estrecha con el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar.

En el PRO ponen la mayoría de las fichas a un acuerdo con La Libertad Avanza. Con 7 representantes en la Legislatura provincial lo que los transforma en la primera minoría pretenden quedarse con dos senadores en octubre. “Estamos trabajando en un marco de entendimiento, aunque tengamos diferencias en algunos matices. Falta mucho todavía pero estamos para ganar, confiamos en la construcción de un frente que pueda ganarle al oficialismo y lograr dos senadores”, le dijo a este medio Juan Martín, presidente del bloque y también del partido en Río Negro.

Las negociaciones están en marcha aunque no se habla de candidatos. “Lo principal es ratificar que la semilla de la libertad la plantó Mauricio Macri. La provincia tiene serios problemas de gestión sobre todo en salud, educación y seguridad. Por el espanto que nos provoca la idea de que vuelva el kirchnerismo debemos hacer un frente”, afirma Martín.

Solamente en dos municipios, Darwin y Pomona, el PRO tendrá candidatos propios que aspiran a lugares en sus Consejos Deliberantes.

En La Libertad Avanza se apoyan en la buena imagen del presidente Javier Milei, mientras consiguieron la personería jurídica en el distrito que les permitirá colocar por primera vez a sus propios cuadros. La diputada nacional Lorena Villaverde se encarga del armado.

Esta semana legisladores del radicalismo que adhieren a la línea libertaria (Luis Picat, Mariano Arjol, Pablo Cervi y Mariano Campero) llegaron en plan proselitista donde visitaron al intendente de Allen, Marcelo Román. Luego cumplieron otras actividades en tono de campaña. La minigira comprende, además, un paso por Neuquén.

“Nuestras expectativas están de acuerdo con las de nuestro presidente Milei. Llenar de legisladores libertarios el congreso. Sabemos que los rionegrinos van a acompañar el cambio cultural y serán dos senadores y dos diputados libertarios quienes nos representen”, le confesó a este medio.

Para las candidaturas, según Villaverde “falta mucho. Si sabemos que quienes nos representen ante el electorado tienen que tener los ideales y la entereza de acompañar y generar legislación en el sentido del cambio profundo que nuestro gobierno viene llevando a cabo”.

Sobre la posibilidad de alianzas sostuvo que “tenemos muy buen diálogo con todos los sectores que comparten que no podemos regresar a las políticas populistas electorales”. Y analizó que el gobernador Weretilneck “aún hace el duelo por la pérdida electoral del kirchnerismo. Los funcionarios no resuelven la problemática de la gente y solo añoran las cajas para hacer demagogia que no solucionaban las cuestiones de fondo”

Mientras tanto se mira con recelo la actitud que tomará el diputado nacional Aníbal Tortoriello, ex intendente de Cipolletti y ex aspirante a la gobernación (en 2023 quedó segundo con el 23,86% de los votos en representación de Juntos por el Cambio), a quien se le vence el mandato parlamentario en diciembre.

Tortoriello abandonó el bloque macrista en diciembre, coquetea con un posible paso a “Las Fuerzas del Cielo” de Milei y manifestó su intención de crear su propio partido, Creo en Río Negro. Algunos especulan con que podría ser otra de las fuerzas en disputa o que tejerá algún acuerdo con otros espacios provinciales.

El gobierno de Río Negro desalojó hoy un predio forestal ubicado entre Bariloche y El Bolsón que en 2021 fue usurpado por una comunidad autoproclamada mapuche. El grupo ingresó al lugar en el marco de una supuesta recuperación de tierras ancestrales.

El fin de semana que pasó expiró el plazo para que los integrantes de la Lof Quemquemtreu abandonen el predio de forma voluntaria; por eso, la Policía de Río Negro irrumpió este jueves en el terreno y concretó la orden judicial de desalojo.

Fuentes del gobierno rionegrino confirmaron que el operativo comenzó a las 7 de la mañana con el ingreso de los efectivos al lugar, aunque los usurpadores ya se habían retirado.

Una situación similar ocurrió el 9 de enero pasado en el Parque Nacional Los Alerces, donde la comunidad Lof Paillako abandonó la usurpación antes del arribo de las fuerzas de seguridad.

En los últimos días, la policía que depende del Ejecutivo rionegrino incrementó su presencia en la zona, con personal uniformado y efectivos de la división de choque denominada COER. El despliegue comenzó días atrás con el arribo del personal e incluso de los funcionarios de la cartera de Seguridad, que viajaron desde Viedma, la capital de la provincia.

Para evitar el desalojo, las comunidades elevaron una medida cautelar de no innovar.

El campo que será restituido al empresario forestal está ubicado en la ruta provincial 6, a pocos kilómetros del cruce con la 40, entre Bariloche y El Bolsón. El 18 de septiembre de 2021, el grupo ingresó de forma intempestiva a dos lotes pertenecientes a la misma explotación forestal y se adjudicó el avance como una supuesta recuperación de tierras ancestrales.

El empresario Rolando Rocco tiene, desde 1981, la explotación forestal del campo. A partir del avance de los usurpadores, se constituyó como querellante para recuperar la posesión de las tierras y seguir adelante con esa actividad comercial.

Tres integrantes del Lof Quemquemtreu fueron condenados a 1 año y 6 meses de prisión en suspenso. Se trata de Romina Jones, Lautaro Cárdenas y Alejandro Morales Godoy, a quienes la Justicia los encontró responsables de la irrupción en los lotes pastoriles, mientras que a otros tres los sobreseyó de los cargos.

En ese mismo sitio se produjo la muerte de Elías Garay, otro integrante de la Lof Quemquemtreu, hecho por el que fueron condenados dos socios comerciales de Rocco quienes permanecen en prisión.

En el fallo, la Justicia confirmó que “los mapuches despojaron de la posesión pacífica que la víctima, Rolando Rocco, detentaba desde 1981. Invadieron el predio y le impidieron concretar las actividades forestales y ganaderas que realizaba hasta ese momento”. La magistrada ordenó la restitución de las tierras al empresario.

La lof Quemquemtreu mantuvo lazos cercanos con la conflictiva comunidad Lafken Winkul Mapu, que en octubre de 2022 fue desalojada de Villa Mascardi. Incluso en Cuesta del Ternero se habría refugiado el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, durante los casi 12 meses que estuvo prófugo de la Justicia chilena, antes de ser recapturado.

Así lo mencionaron camaristas federales quienes, en un fallo por los daños que mapuches provocaron en la sede del Juzgado Federal de Bariloche, ordenaron a las fuerzas federales inspeccionar el predio de la Lof Quemquemtreu para poder detener a los prófugos.

Los intrusos derribaron especies arbóreas y construyeron tinglados en el campo, donde además instalaron pancartas con el nombre de la agrupación e hicieron mención a la muerte de Rafael Nahuel, asesinado en noviembre de 2017 durante el desalojo de los predios de Villa Mascardi.

A principios de 2022, Rocco y los mapuches -con la intervención de la Justicia mediante- pactaron una tregua y ambos convivieron en el mismo campo. Rocco siguió explotando el campo y los mapuches construyeron allí viviendas precarias y se instalaron en un predio de 10 hectáreas.

Voceros de la comunidad solicitaron entonces una mesa de diálogo para intentar dirimir el caso de manera extrajudicial. Plantearon al gobierno de Río Negro retomar la instancia de diálogo e intentar arribar a un nuevo acuerdo similar al anterior, que les garantice la permanencia en el sitio.

Los mapuches, además, reafirmaron su intención de seguir adelante con la “recuperación ancestral”. “Apelamos a que el gobierno interceda para generar una solución del conflicto que sea pacífica y política, no represiva” dijeron desde la comunidad, aunque no lo consiguieron.

Los usurpadores no fueron pacíficos como lo intentaron demostrar durante el juicio, sino que actuaron de forma hostil tanto con el fiscal Francisco Arrien como también con efectivos de la Policía de Río Negro.

Durante la instancia de los alegatos, el Ministerio Público consideró probado “que los imputados participaron de manera activa de este hecho junto a otras personas que no han sido identificadas aún. Estas personas, traídas a juicio, sabían cual era la intencionalidad” y ellos mismos “confirmaron la fecha del hecho”.

La fiscal Jefa Betiana Cendón -durante su exposición- explicó que los intrusos ingresaron al predio ocultando sus rostros, encapuchados y se negaron a ser identificados, es decir “en la clandestinidad”.

Acerca de Rocco, el Ministerio Público acreditó que era legítimo poseedor de las tierras, a partir de testimonios recabados durante la etapa de instrucción. “El lugar fue invadido, la comunidad ha usurpado”, sentenció la fiscal.

La funcionaria judicial agregó que se pudo ver en los videos exhibidos a lo largo del debate el corte de árboles, la obstaculización del ingreso imposibilitando la posesión de Rocco hasta el día de hoy y señaló que existe un trámite ante el Estado rionegrino, única autoridad concedente, “que se encuentra paralizado por una ocupación”.

Mientras los reflectores apuntaba a Javier Milei y su discurso de apertura del 143° período de sesiones en el Congreso, en el resto del país, casi una docena de gobernadores protagonizó su propio ritual político. Con discursos atravesados por las necesidades provinciales y la compleja relación con el Gobierno, la mayoría de los mandatarios evitó confrontar con el Presidente -algunos, de hecho, lo elogiaron-, o bien optaron por priorizar temas locales en el primer año de gestión de la era libertaria.

El intenso raid institucional comenzó a primera mañana. A las 8, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, ratificó su alineamiento con la Casa Rosada, al eludir cualquier tipo de comentario al “criptogate”, o el ajuste de las partidas nacionales para obras. Por el contrario, agradeció al Gobierno por ser “facilitador y amigo de los que quieren traer prosperidad”.

Zdero celebró que Chaco fue la primera provincia en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). También subrayó que “años de caos no se corrigen en 15 meses” y resaltó que su administración logró que, por primera vez, la provincia cumpla un año sin piquetes y “sin gerentes de la pobreza”. Y fue, particularmente, muy duro contra Jorge Capitanich, su antecesor en la gobernación. Calificó a su gestión como un “acto genocida y canalla” el estado en que recibió el sistema de salud pública provincial. “Nos dejaron un desastre para que estalle en nuestras manos una bomba”, aseguró.

A las 9.30 le tocó el turno al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El alcalde del PRO insistió en su reclamo a la Casa Rosada por la falta de cárceles en el distrito y exigió que los detenidos en alcaidías y comisarías sean trasladados al Servicio Penitenciario Federal. Entre los anuncios y medidas de su primer año de gestión, destacó el comienzo de la nueva línea de subte F y la importancia de lograr el superávit fiscal.

El discurso del alcalde sumó una cuota de tensión a la persistente conflictiva relación entre el macrismo y los libertarios, que están en un abierto enfrentamiento ante las próximas elecciones. Jorge Macri volvió a apuntar contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien le recordó que “nunca tuvimos ni la Justicia plena, ni el Servicio Penitenciario” en la CABA. “Entonces, no puede haber magia en la solución. Esto no se resuelve de golpe”, agregó.

En un cruce de redes sociales, funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) cruzaron a Jorge Macri por celebrar que se terminaron los piquetes y los acampes en el distrito capitalino. El vocero presidencial, Manuel Adorni, entre otros funcionarios, atribuyeron ese éxito al “enorme trabajo de la Ministra de Capital Humano y de la ministra de Seguridad Nacional”. Y chicaneó al PRO porque con “más de dos décadas de política no le habían logrado encontrar la solución” a la ciudad autónoma. Su contraparte porteña, Laura Alonso, le respondió: “Agradecemos el trabajo conjunto por liberar las calles de la Ciudad pero, recordemos, que el 95% de los piquetes y cortes evitados se debieron a la acción profesional de la Policia de la Ciudad“.

“Nobleza obliga”: los guiños de los peronistas

En el norte del país, dos gobernadores del peronismo ratificaron su cercanía con la Casa Rosada y su vocación de negociación, con algunos reparos.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, abrió el 127° período de sesiones ordinarias con un discurso en el que agradeció al Gobierno por el Plan Güemes, le reconoció “que haya tomado la posta en el cuidado de nuestra frontera”. Ahora bien, recordó una queja por las obras “que prometieron, que firmaron y por las que dieron su palabra”.

“Hay que respetar lo que hemos firmado en su momento. Porque acá, cuando hay que decir algo, hay que decir las cosas como son. Cuando están bien, la nobleza nos obliga a agradecerlo. Y cuando las cosas están mal, mi obligación es defender los intereses de los salteños”, dijo Sáenz, buscando equilibrio en su mensaje.

Sáenz pidió avanzar en la discusión con Nación sobre la Ley de Derribo y la actualización de la Ley de Migraciones para expulsar a extranjeros con condenas. “Que los delincuentes vuelvan a su país y no le hagan daño al nuestro”, afirmó.

Desde Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo dio un discurso de apertura de sesiones en el que ratificó que “desde un principio acompañamos institucionalmente al Gobierno elegido por la mayoría del pueblo argentino”. Aunque el mandatario era de Unión por la Patria, “transfugó” con una postura favorable al Poder Ejecutivo, donde aportó votos estratégicos hacia los proyectos del Gobierno en el Congreso.

En ese marco, Jaldo recordó la firma del Pacto de Mayo, firmado el 9 de julio de 2024 el año pasado en la provincia. “La posición dialoguista con el gobierno nacional no hay duda que dio sus frutos”, dijo, y deslizó que se logró refinanciar una deuda provincial. Ahora bien, atinó a rechazar una posible intervención federal en la provincia de Buenos Aires. “Rechazamos todas las posiciones que lleven a interrumpir los procesos democráticos”, sostuvo, en una conferencia de prensa posterior a su discurso.

El único norteño que se apartó del libreto afín a la Nación fue el formoseño Gildo Insfrán, uno de los más duros con Milei. En su discurso, calificó las políticas económicas del presidente como una “estafa” y atacó a la oposición local: “Así como defendieron a Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, hoy se disfrazan de libertarios, pero la libertad que ofrecen tiene la misma legitimidad que la criptomoneda del Presidente”.

La Patagonia, entre el conflicto docente y el desastre ambiental

En el sur del país, los mandatarios deslizaron discursos moderado hacia el Gobierno en cada apertura legislativa. La mayoría de las intervenciones se focalizaron en conflictos de índole local.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella (FORJA-UP), centró su mensaje en la educación y la obra pública. En el contexto de un paro docente de 48 horas, afirmó que “ninguna discusión salarial debería estar por encima de la educación de nuestros pibes”. Y dio una llamativa definición: propuso “dinamitar el sistema educativo”, en relación con modernizar la enseñanza, y anunció un proyecto de ley que establece un “piso mínimo de salario para Educación y Salud”.

Aunque es afín a Unión por la Patria y deslizó críticas sobre el ajuste a la obra pública, Melella evitó confrontar con Nación y se limitó a reconocer que “en un contexto muy difícil, priorizamos el bienestar de los fueguinos”. “Ante una realidad durísima, nos hicimos cargo”, expuso.

En Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck combinó elogios y críticas al Gobierno. Agradeció la respuesta del Ejecutivo nacional ante los incendios forestales en El Bolsón, pero reclamó la restitución de los fondos de coparticipación recortados en los últimos meses. Según el mandatario, Nación se queda con el 69% de los recursos impositivos, mientras que las provincias reciben solo el 30,5 por ciento.

“Un presidente, respaldado por más del 50% del país, inicia una nueva era en el país. Su rasgo distintivo es la derrota de los dos proyectos que gobernaron el país en más de 100 años. Esto significa que estamos en un nuevo esquema federal, con rasgos que cuestionamos, rechazamos y criticamos“, expresó Weretilneck, en la apertura del 54° período de sesiones.

En Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa tomó distancia del rumbo de Milei al reivindicar el rol del Estado y la obra pública, al reivindicar su visión “desarrollista”, pero su discurso careció de duros cuestionamientos al Gobierno central. “Yo pienso diferente, pero él está haciendo lo que dijo que iba a hacer”, expresó el mandatario ante los legisladores, y remarcó: “Todo lo que beneficie a los neuquinos lo vamos a apoyar y aquello que consideramos que no es bueno, no lo vamos a acompañar”.

En Santa Cruz, Claudio Vidal (SER) dio un mensaje centrado en las medidas de su gestión, como la eliminación de la Ley de Lemas, que como sistema electoral estuvo vigente por más de 30 años en la provincia. Además, anunció mejoras en infraestructura educativa y conectividad, entre otros puntos.

En lo político, el gobernador de origen petrolero aprovechó la oportunidad para repudiar a las gestiones peronistas anteriores y repudió la ausencia de los legisladores de Unión por la Patria. “Son ustedes los que dejaron una provincia destruida”, fustigó. “La primera vez que me paré frente a ustedes les dije que no íbamos a regresar al régimen de corrupción y de privilegios y lo digo hoy más fuerte que nunca: no vamos a regresar al modelo de la decadencia, Santa Cruz está cambiando. Eso lo saben, incluso, los que quedaron anclados en el pasado”, concluyó el santacruceño.

Desde La Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto emergió como otro de los pocos que más se diferenció de la Casa Rosada. Ante el inicio del período de sesiones, denunció un “vaciamiento de los procedimientos democráticos” y criticó la deuda de más de 115.000 millones de pesos que, según afirmó, la Nación mantiene con la provincia. En términos económicos, cuestionó el impacto del ajuste y sostuvo que el modelo libertario “derrumbó la actividad económica y el consumo, generando recesión y concentrando la riqueza”.

A las 19, apenas dos horas antes del discurso en el Congreso, el gobernador correntino Gustavo Valdés (UCR) fue el último que inauguró sesiones durante el sábado. Y sorprendió con su intervención; después de un año de una postura dialoguista con el Poder Ejecutivo, se animó a criticar, sin mencionarlo explícitamente, a la actitud del Presidente con la oposición.

“Denigrar la política no sólo es un error, sino que también es peligroso, porque erosiona la democracia que tanto nos costó construir”, lanzó Valdés, en una clara referencia sobre las descalificaciones que suele esgrimir Milei a la dirigencia política. Habló, además, del caso Loan Peña, y que no saber del niño de 5 años aún “duele”.

En otro pasaje, lamentó que “el actual gobierno eliminó distintos aportes y contribuciones como el Fondo de Incentivo Docente, el Programa Ciudades y Municipios Saludables", entre otros. Y recordó que su gestión se hizo cargo de obras publicas nacionales por 50.000 millones de pesos, en medio del ajuste. “Nosotros estamos cumpliendo con nuestro compromiso, esperamos que el Gobierno Nacional cumpla su parte”, se quejó.

En el interior del país, el cronograma de sesiones legislativas comenzó el 1° de febrero en Córdoba, donde Martín Llaryora cuestionó la falta de fondos nacionales para jubilaciones, salud, transporte y obras. Semanas después, en Entre Ríos, Rogelio Frigerio destacó su lucha contra la corrupción y defendió el “cambio de rumbo” en la gestión provincial.

Las próxima aperturas legislativas sucederán después del carnaval. El gobernador bonaerense Axel Kicillof y el chubutense Ignacio Torres postergaron el inicio al miércoles 5 de marzo. Carlos Sadir, de Jujuy, lo hará el viernes 8. Pocos días después, el 10 de marzo, dará su discurso el riojano Ricardo Quintela.

Además, informaron, se realizan tareas de enfriamiento y guardia de cenizas en sectores controlados.

Este jueves, Weretilneck, publicó un mensaje de despedida y agradecimiento a los brigadistas y bomberos voluntarios que participaron en el combate de los incendios forestales en la localidad.

Provenientes de distintos puntos de la provincia, los equipos desempeñaron tareas clave en la contención del fuego que afectó extensas áreas de bosques y comunidades rurales desde el 30 de enero.

Weretilneck destacó la labor de los brigadistas y expresó su reconocimiento a quienes enfrentaron las llamas en primera línea. “Su valentía, compromiso y esfuerzo han sido fundamentales para proteger nuestra comunidad y nuestros bosques”, afirmó el mandatario en un mensaje difundido en sus redes sociales.

El siniestro, que aún mantiene focos activos en varias zonas, consumió miles de hectáreas y generó evacuaciones preventivas. El combate contra el fuego demandó el despliegue de brigadas especializadas, medios aéreos y maquinaria pesada, en un operativo conjunto entre las autoridades provinciales y nacionales.

Incendios en la Patagonia: una emergencia que continúa

La situación en la Patagonia sigue siendo crítica, con focos activos en los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi, así como en sectores rurales de Chubut y Neuquén. Según información del Diario Río Negro, los incendios en Valle Magdalena y otras áreas continúan expandiéndose debido a las condiciones climáticas adversas, como altas temperaturas y fuertes vientos.

En el caso de El Bolsón, el Comité de Emergencia (COEM) informó que varias áreas afectadas ya se encuentran en fase de enfriamiento y guardia de cenizas, aunque persisten puntos críticos en zonas de difícil acceso. En tanto, en el Parque Nacional Lanín, el fuego ya consumió más de 15.000 hectáreas, según informó la secretaria de Emergencia y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna.

La funcionaria advirtió que la falta de lluvias en los próximos días podría agravar la situación. “El factor meteorológico no nos ayuda. No hay pronóstico de precipitaciones para las próximas dos semanas”, señaló en declaraciones a Radio Mitre.

El Gobierno de Río Negro anunció la implementación de medidas de asistencia para los damnificados, incluyendo la entrega de 30 millones de pesos para cada familia que haya perdido su vivienda en los incendios. Además, se trabaja en un plan de recuperación ambiental y reconstrucción de infraestructura, en coordinación con municipios y organismos nacionales.

Por su parte, en Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa firmó un convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para destinar 1.000 millones de pesos a la mitigación de daños en el Parque Nacional Lanín. Este acuerdo busca financiar tareas de reforestación, reconstrucción de caminos y apoyo a los productores afectados por el fuego.

Debate sobre el origen del fuego y las medidas de prevención

Las causas de los incendios siguen bajo investigación. El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, brindaron en el día de ayer una conferencia donde brindaron detalles del daño sufrido en la provincia a causa del fuego, en ella, también plantearon los pasos que comenzaron a darse para la reconstrucción, y el costo consiguiente.

Weretilneck afirmó que los focos fueron intencionales, aunque aclaró que aún no hay pruebas para señalar a responsables. “Sabemos que fueron provocados, pero no podemos acusar a alguien sin pruebas concretas”, sostuvo en una conferencia de prensa.

En tanto, desde el Gobierno nacional, los ministros de Justicia y Seguridad, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, anunciaron un proyecto para agravar las penas contra quienes provoquen incendios intencionales. La iniciativa prevé sanciones de hasta 25 años de prisión en los casos más graves.

Mientras el combate contra el fuego continúa en varios puntos de la Patagonia, el reconocimiento a los brigadistas y bomberos voluntarios cobra relevancia. El compromiso de estos equipos ha sido clave para contener la emergencia y evitar una mayor propagación de las llamas. La reconstrucción de las zonas afectadas será el próximo desafío para las autoridades y comunidades locales.

Cerca de las 18 horas, el Municipio de El Bolsón alertó sobre las complicaciones para frenar la expansión del fuego, por lo que anunciaron una “evacuación gradual y ordenada” en Las Perlas del Azul, sector que abarcó lugares como Paraíso y Hue Nain. Hacia el norte, también fueron incluidas las zonas de Dulcería, Cascada Escondida, Loma del Medio, Doña Rosa, Camping Los Alerces, Campo Base, Camping del Río Azul y el Paralelo.

“Lo que estamos tratando de hacer es defender las casas, porque el incendio tomó mucha fuerza en este momento”, confirmó Orlando Báez, el titular del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), luego de explicar que la situación se complicó por los focos secundarios que fueron impulsados por las fuertes ráfagas de viento que se produjeron en la región.

En línea con esto, el brigadista señaló que los focos avanzaron en dirección sur, al punto de bordear el Río Azul. De acuerdo a la información publicada por Diario Río Negro, el área está predominado por plantaciones implantadas, las cuales estarían cercanas a las 700 viviendas que fueron alertadas.

“Se descontroló en los focos originales y se corrió”, añadió Báez, después de que mencionara que el acceso a la Cascada Escondida tuvo que ser cerrado por el dominio que tuvo el fuego en la zona. Además de los efectivos del SPLIF, en el operativo participaron los bomberos voluntarios de El Bolsón y Bariloche, brigadistas de Buenos Aires, San Luis y equipos de Vialidad Provincial, entre otros organismos.

De acuerdo con los detalles recopilados por El Cordillerano, poco después de cumplirse las 20:40 horas, la intensidad con la que corría el viento había mermado y se volvieron a incorporar los medios aéreos al combate. No obstante, las autoridades pidieron a la población circular con precaución, no acercarse a las zonas afectadas y mantenerse atentos al desarrollo de la situación.

Incluso, remarcaron que las personas que se autoevacuaron podrán recibir asistencia en el Polideportivo Municipal, situado en la intersección de Avenida Rivadavia, debido a que funcionará como centro de evacuación. Asimismo, indicaron no concurrir al Hospital de El Bolsón, a menos que sea una emergencia.

Como consecuencia del avance del siniestro, el Gobierno de Río Negro informó que los brigadistas continuarán trabajando durante toda la madrugada. La decisión fue tomada durante una reunión del Comité de Emergencia Municipal (COEM), en donde participó el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Bruno Pogliano.

“La cabeza del incendio está detenida, y los medios aéreos comenzarán a operar el sábado si el clima lo permite”, señalaron por medio de un comunicado emitido a la medianoche. Asimismo, confirmaron que se sumarán más brigadistas de Bariloche y se optimizarán los accesos y el abastecimiento de agua.

En paralelo, Weretilneck mantuvo una reunión con el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad Nacional, Néstor Majul, con el objetivo de coordinar nuevas medidas para frenar los incendios. “Solicitamos fortalecer la coordinación entre Gendarmería Nacional y la Policía de Río Negro para mejorar la prevención en las rutas de la región”, comunicó.

Por otro lado, Aguas Rionegrinas solicitó a los ciudadanos que realicen un uso responsable y solidario del agua, debido al aumento de demanda por parte de las cuadrillas de emergencia. En este sentido, alertaron por una baja en la presión del servicio y en los niveles de reserva, por lo que señalaron que será fundamental que el recurso solo sea utilizado para consumo e higiene personal.

Previo a esto, un total de 120 familias comenzaron a recibir asistencia por parte del municipio, luego de que sus viviendas fueran destruidas por el incendio. Por esta razón, explicaron que confeccionarán declaraciones juradas por las pérdidas sufridas por los vecinos del área.

Además de evaluar los casos que tendrán que brindar asistencia en recuperación de viviendas, producción y daños económicos, las autoridades del Registro Civil de Río Negro comenzaron a gestionar los nuevos documentos de identidad, para aquellas personas que perdieron sus identificaciones durante los siniestros.

A casi una semana de que se desatara un incendio forestal en El Bolsón, las autoridades confirmaron que los responsables de presuntamente haber iniciado el foco fueron identificados. “Estamos ante un hecho intencional y delictivo”, sostuvo el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien aseguró que se había tratado de un atentado en contra de la comunidad local.

Luego de que los peritos encontraran bidones y una botella en la zona donde comenzó el siniestro, el mandatario aseguró que “con las pruebas reunidas, podemos confirmar que fue intencional”, y sentenció: “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para encontrar a los responsables y asegurarnos que paguen por lo que hicieron”.

De la misma manera, el subjefe de la Policía de Río Negro, comisario general Elio Tapia, informó que se identificó a los sospechosos de haber provocado el fuego. Pese a que no pudieron ser detenidos porque lograron darse a la fuga en una camioneta, se confirmó que se reforzarán los controles de seguridad en la zona para dar con su paradero.

“Se implementó un operativo, pero no se logró ubicar el rodado, ni los ocupantes”, relató el oficial durante una conferencia de prensa. Según la información publicada por LM Neuquén, el procedimiento consistirá de solicitar toda la documentación necesaria a las personas que circulen por Mallín, Campo de Palma y el ingreso a Wharton.

Por el momento, el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) confirmó que el incendio continuaba activo, aunque los focos de mayor actividad se ubican dentro del Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido. Por medio de un comunicado oficial, las autoridades aseguraron que las llamas comenzaron a avanzar en dirección a las partes altas de la montaña.

A pesar de que evaluaron que la jornada del martes tuvo buenas condiciones climáticas para el combate del fuego, advirtieron que el miércoles se esperaría un clima adverso. Por este motivo, se delinearán nuevas estrategias para evitar que los frentes se expandan por la región, en donde ya afectaron a más de 2.800 hectáreas.

Entre la fauna y flora natural que fueron consumidas por las llamas en estos días, las autoridades recordaron que un total de 120 casas resultaron destruidas por el avance del fuego. Asimismo, indicaron que unas 10 familias fueron alojadas en el Polideportivo municipal.

“En este caso, el incendio fue en una zona muy poblada, con muchos vecinos, con distintos tipos de construcciones, en una zona un poco alejada de la ciudad, pero con vecinos que viven ahí, con sus proyectos”, consideró el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, durante una entrevista para la 750. Además de los daños materiales, el siniestro dejó como saldo la muerte de un vecino el sábado pasado.

Con motivo de la situación que se vive en la región, el gobernador declaró el estado de “Emergencia y Desastre Agropecuario” por el plazo de un año. La medida fue oficializada en el Decreto 75/2025 y permanecerá vigente hasta el próximo 1 de febrero de 2026.

De esta manera, el documento eximirá a los productores afectados de abonar el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto Automotor, de manera total o parcial, según el nivel de afectación que hubieran sufrido. Las exenciones serán evaluadas por la Agencia de Recaudación Tributaria.

Mientras que el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo será el responsable de adquirir los bienes, servicios e insumos necesarios para reparar los daños provocados por el incendio, Weretilneck viajará a Buenos Aires, para solicitar a Nación que repliqué la declaración de emergencia y gestionar los recursos para asistir a las víctimas.

Por otro lado, la provincia recibió varios refuerzos para intensificar las líneas de combate. A la vez que el director nacional de Apoyo Federal a la Emergencia, Santiago Hardie, se hizo presenté en El Bolsón, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió brigadistas que estarán a disposición del operativo.

“Con nuestro personal que viene trabajando día y noche, y parte del equipo subiendo a las zonas más complicadas del incendio, su llegada permite sostener y fortalecer la lucha en el terreno más plano y garantizar la guardia de cenizas”, valoró el mandatario rionegrino. Asimismo, más de 100 efectivos de la Policía de Río Negro de las localidades de Viedma, Sierra Colorada, Cervantes, Choele Choel y Cinco Saltos fueron enviados para sumar apoyo.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, denunciaron hoy que los focos de incendio que sufren ambas provincias fueron intencionales. De hecho, el mandatario rionegrino informó que la Policía provincial, el Fiscal de Turno y peritos encontraron una botella de vidrio, que será peritada para determinar su vinculación con el incendio.

“Este desastre dejó una víctima fatal, arrasó miles de hectáreas y provocó un daño enorme a nuestra comunidad. Con las pruebas reunidas, podemos confirmar que fue intencional”, sentenció Weretilneck en un mensaje difundido en su cuenta de la red social X. Y aseguró que llegarán “hasta las últimas consecuencias” para dar con los responsables.

Por su parte, Torres denunció en sus redes sociales un nuevo foco de incendio, en Epuyén: “No nos vamos a dejar amedrentar y vamos a ir hasta las últimas consecuencias contra cada uno de estos delincuentes, hasta que terminen todos presos, que es donde tienen que estar”.

A través de un video, el gobernador chubutense informó que hoy una persona intentó encender un nuevo foco por debajo de un tendido eléctrico, con el fin de ocasionar un corte de luz. “El foco se pudo apagar rápido, pero hay una escalada de focos que están activando a lo largo y ancho de la cordillera, no solamente en Chubut, sino también en Río Negro”, advirtió.

“Estuvimos en Epuyén, más de 70 familias que perdieron todo y recién están empezando a reconstruir sus viviendas, recién están empezando a reconstruir sus vidas. Y hoy mismo, mientras estábamos acompañando a las familias, otro delincuente vino y quiso encender debajo de una línea de tendido eléctrico para que se corte la luz; y para volver a iniciar otro foco de incendio, acá mismo en Epuyén”, relató el gobernador chubutense.

Además, apuntó que otros dos criminales ayer intentaron replicar lo sucedido recientemente en la Estancia Amancay, cerca de Esquel. “Estuvimos en El Bolsón viendo como 100 familias perdieron todo y vimos un video de dos inadaptados, dos delincuentes, haciendo lo mismo que pasó en la estancia Amancay hace poco con bombas molotov”, puntualizó el gobernador.

Según el informe sobre el peritaje que realizaron expertos, el fuego fue provocado intencionalmente, mediante el uso de acelerantes en recipientes de vidrio, como una molotov, y así lograr “una mayor expansión y propagación del fuego”. Las llamas destruyeron tres máquinas viales, tres camiones -uno de ellos con tráiler y dos con cajas de carga, y un motorhome. Y se cree que los autores fueron más de dos personas.

En un texto publicado en sus redes sociales, Torres indicó que existe una “clara escalada de violencia”, que tiene como protagonistas “a un grupo de delincuentes que durante mucho tiempo se creyeron impunes sembrando caos, confusión y miedo entre los vecinos de la Cordillera”.

Y en el video adjuntado, determinó: “Vamos a trabajar juntos, más allá de que nos quieran amedrentar. Para que cada uno de esos delincuentes termine preso, que es el único lugar, donde tiene que estar. Acá no hay banderas, raza y religión, acá hay delincuentes que tienen que pagar por lo que están haciendo”.

El incendio en El Bolsón

La Municipalidad de El Bolsón emitió un nuevo parte sobre el incendio que afecta actualmente a la localidad rionegrina, donde dio cuenta que el foco continúa activo y que ya afectó a un total de 2712 hectáreas. Las ráfagas fuertes de viento dificultan el trabajo en el terreno.

“Los medios aéreos están operando en este momento y continuarán de acuerdo a las condiciones meteorológicas. Su disponibilidad estará sujeta a la seguridad operativa”, indicaron. También comunicaron que, para facilitar el trabajo de brigadistas y evitar “riesgos adicionales”, se restringieron todos los accesos a la zona del incendio. Y solicitaron a toda la población reducir al mínimo la circulación en la zona afectada, ya que las condiciones meteorológicas y la emergencia representan múltiples riesgos.

Más de 100 vecinos del paraje rionegrino Mallín Ahogado, ubicado cerca de El Bolsón, fueron evacuados el pasado jueves debido al avance del fuego. Como consecuencia, ya se incendiaron 1600 hectáreas, una escuela y una salita de salud. Ahora, los incendios provocaron la primera víctima fatal.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck informó a través de sus redes sociales: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de un vecino en la zona afectada por los incendios en El Bolsón. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento”. Por su parte, el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano también informó sobre el deceso del vecino.

Hasta el momento, la víctima no fue identificada pero la noticia generó conmoción en la comunidad de la provincia afectada. A través de un comunicado difundido en redes sociales, Pogliano sostuvo: “Con profunda tristeza, lamentamos el fallecimiento de un vecino nuestro en la zona afectada por los incendios en Mallín Ahogado”.

Además, el intendente transmitió sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima, destacando el apoyo de toda la comunidad en este difícil momento.

El avance de las llamas ha obligado a las autoridades a tomar medidas drásticas para proteger a la población. Según detalló el medio Río Negro, el Comité de Emergencia ordenó la evacuación de varias áreas cercanas al incendio, incluyendo la zona comprendida entre Costa del Río Azul y el camino al Cerro Perito Moreno, así como desde Wharton hasta Yayo Tillería, abarcando también el sector conocido como Morada del Sol.

En paralelo, se reportó que al menos 40 turistas permanecen atrapados en refugios de montaña debido a la rápida propagación del fuego. Las autoridades trabajan para garantizar su seguridad, aunque las condiciones en la zona complican las tareas de rescate.

El incendio, que se intensificó este sábado, ha afectado principalmente la zona de La Confluencia, avanzando hacia Wharton, según informó el Comité de Emergencia. Además, se identificaron otros focos importantes en sectores como el Callejón 7 Savos y el Campo de Nassler, donde los equipos de emergencia lograron contener parcialmente el avance de las llamas.

A pesar de las dificultades, las condiciones climáticas permitieron que los aviones hidrantes pudieran operar en la zona, lo que representa un alivio en medio de la emergencia. Aún continúan llegando refuerzos desde otras localidades para colaborar en las tareas de extinción y asistencia a los afectados.

La evacuación de familias, la destrucción de áreas naturales y la incertidumbre sobre el control del fuego mantienen en vilo a los habitantes de la región. Las autoridades locales, junto con los equipos de emergencia, enfrentan el desafío de contener las llamas y garantizar la seguridad de las personas en las zonas afectadas

Durante este sábado se llevó a cabo un operativo de evacuación en el Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido (ANPRALE), en El Bolsón, luego de que un incendio forestal pusiera en alerta a las autoridades locales. Según informó El Cordillerano, más de 800 personas fueron asistidas y trasladadas desde los refugios de montaña hacia zonas seguras, en un esfuerzo coordinado por el Gobierno de Río Negro y diversas instituciones. Aunque la evacuación fue de carácter optativo, las autoridades priorizaron la seguridad de los visitantes y garantizaron su bienestar durante el proceso.

El incendio, que se desató en esta reconocida área natural, movilizó a personal de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, junto con el Comité de Emergencia Municipal (COEM) y otras organizaciones. Las tareas de evacuación comenzaron en los refugios La Playita, Tronconada y Cajón del Azul, puntos clave dentro del ANPRALE.

El gobierno de Río Negro no le renovó el contrato a 448 empleados públicos argumentando la existencia de irregularidades graves en su desempeño. Entre ellos, destacaron ausencias injustificadas y “falta de compromiso laboral”. Según argumentaron desde el Ejecutivo provincial, no se trata de un ajuste, sino de una “optimización de los recursos humanos” para ser más eficientes en el uso de los fondos estatales.

De acuerdo a las cifras oficiales, el 31 de diciembre de 2024 vencieron 3.382 contratos de la planta de personal contratado. De estos, solamente se renovaron 2.934 para un nuevo período anual.

La decisión se tomó a partir de una revisión que hizo la Secretaría de la Función Pública. Esa auditoría reveló que el 13,2% de los casos tenía “sanciones disciplinarias, incumplimientos laborales, o ausentismo del lugar de trabajo sin justificación, entre otras irregularidades”, según informaron desde el gobierno provincial.

“Todos estos casos han sido debidamente justificados, y la patronal, en este caso el Estado rionegrino, tiene la potestad de no mantener el vínculo laboral con una persona que no cumple con sus obligaciones, tal cual sucede en el ámbito privado”, argumentaron en un comunicado de prensa.

Y agregaron: “Esta decisión de discontinuar la relación laboral con quienes no cumplen con sus compromisos no se trata de ninguna política de ajuste del gobierno provincial y mucho menos con lo que algunos denominan como “motosierra”, haciendo alusión al achique estatal implementado por el Poder Ejecutivo Nacional en muchas de sus dependencias. Por el contrario, dijeron, se trata de una política que apunta a hacer eficiente el gasto público, “cuidando los recursos generados por los propios rionegrinos a la hora de pagar sus impuestos”.

En el mismo sentido se pronunció a través de sus redes sociales el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien resaltó que no están “recortando ni achicando, estamos cuidando el dinero que cada rionegrino aporta con esfuerzo”.

“Creo profundamente que el Estado debe estar al servicio de quienes lo sostienen. Por eso, quienes no respetan su función no pueden seguir ocupando un lugar. Queremos un Estado eficiente, responsable y alineado con las necesidades reales de nuestra provincia”, ponderó el mandatario local.

En esta línea, el Ejecutivo continuará monitoreando a integrantes de su planta permanente y al personal contratado. Aplicaron nuevas medidas de control de ausentismo, que derivó en “una notable merma en la cantidad de licencias por enfermedad”, de acuerdo a lo informado por el oficialismo.

“Todos los agentes públicos, desde un empleado hasta el propio Gobernador nos debemos a quienes no pagan el sueldo, que son todos y cada uno de los rionegrinos que con sus impuestos contribuyen en ese sentido. Entonces, quienes no cumplen con la tarea para la cual se les está abonando un salario no merecen estar en el Estado”, sentenció Weretilneck.

El gobierno nacional actualizó los datos sobre la reducción del empleo público

El ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger, dio nuevas precisiones sobre el recorte del empleo público y cómo se repartió esa reducción entre personal de la Administración Pública Nacional, las Empresas Públicas y el personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad.

La reducción de la planta de empleados del Estado durante los primeros 12 meses de mandato del presidente Javier Milei, precisó, fue en total de 35.916 personas entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, lo que equivale a una reducción del 7,2% del personal.

“En particular, la Administración Pública Nacional (uno de los pocos sectores que había registrado crecimiento en el empleo durante la última década en Argentina) experimentó una disminución de más de 21 mil puestos, lo que generó un ahorro de 4.012 millones de dólares”, dice un pasaje del comunicado de la cartera desregulatoria.

En el caso de la Administración Pública Nacional, la reducción fue de 21.408 empleos, equivalente a una reducción del 10,4% sobre ese subsector del Estado. En el caso de las empresas estatales la reducción fue de 11.951 puestos o cargos, equivalente a un recorte del 13,1% respecto de la dotación heredada por el actual gobierno en diciembre de 2023.

La provincia de Río Negro se transformó en la primera del país en prohibir la candidatura de personas que hayan sido condenadas por delitos dolosos, con sentencias de primera y segunda instancia, y en restringir también la posibilidad de que sean designados como funcionarios o dirigentes de estructuras partidarias.

La iniciativa que elevó el ejecutivo provincial contó con 36 votos afirmativos. Los cinco legisladores que no acompañaron el proyecto están vinculados al kirchnerismo. “En Río Negro no hay lugar para los corruptos”, afirmó el gobernador Alberto Weretilneck, autor de la iniciativa que planteó modificaciones al Código Electoral.

“El proyecto viene a dar un verdadero shock de confianza”, indicó el legislador Lucas Pica, defensor del proyecto durante la sesión extraordinaria que se desarrolló en la capital provincial.

Y agregó: “Estamos convencidos de que con esto blindamos a los rionegrinos. Al reglamentar un derecho político pasivo, como es tener la posibilidad de ser candidato, estamos reglamentando el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece que solamente los idóneos pueden ocupar cargos públicos”.

Pero el jefe de la bancada oficialista, Facundo López, fue más allá del resultado de la votación y disparó contra quienes no acompañaron el proyecto: “El kirchnerismo rionegrino demostró que no le importan la ética ni la transparencia”. Dijo además que los referentes de ese sector “le dan la espalda a la sociedad y prefieren seguir encubriendo corruptos y delincuentes”.

El radicalismo provincial acompañó la iniciativa. Lorena Matzen, referente del sector, afirmó que la aprobación del proyecto de ficha limpia “es defender la democracia”. “Representa los valores y la necesidad de saldar una deuda con la ciudadanía”, apuntó.

Entre quienes se opusieron, está Magdalena Odarda, ex senadora y quien fuera titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández, quien sostuvo que el proyecto “viola la Constitución Nacional y las garantías establecidas en las convenciones y convenios internacionales”.

En particular, se refirió a la “violación” del estado de inocencia, que constituye una de las máximas garantías del imputado en el proceso penal, y al principio de cosa juzgada, que se obtiene con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Nosotros entendemos que un proyecto de esta naturaleza, en este momento histórico del país y de la provincia, puede ser entendido como una herramienta de proscripción política”, señaló.

Otro de los que se opuso es el legislador José Luis Berros -compañero de banca de Odarda-, quien basó su rechazo en críticas a ex funcionarios provinciales y hacia la independencia, imparcialidad e idoneidad de la Justicia de Río Negro.

La modificación a la ley contempla no solo delitos de corrupción en perjuicio del patrimonio público, sino también los de índole privada.

Hasta el momento, la provincia es la única que incluye todos los delitos dolosos en la norma, alcanzando así incluso a delitos menores contra las personas y no solamente contra la Administración Pública, como es el caso de los demás proyectos conocidos hasta el momento.

Tampoco podrán aspirar a cargos electivos quienes hayan sido inhabilitados por juicio político u otro procedimiento como expulsión, destitución, remoción e inhabilitación del cargo o la función pública.

El presidente de la bancada del PRO, Juan Martín, afirmó en diálogo con Infobae que “esta iniciativa no surge de los despachos, sino de la ciudadanía. Nosotros la recogimos, le dimos forma e insistimos muchísimo durante todo este tiempo. Finalmente, el gobierno decidió escuchar un reclamo de una sociedad harta de la corrupción”.

Agregó, además: “Hoy estamos satisfechos por haber logrado que nos escuchen, pero sabemos que tenemos que seguir peleando para que Ficha Limpia sea ley a nivel nacional y para que se escuchen muchos otros reclamos”.

“En Río Negro no hay lugar para corruptos”. Así definió el mandatario rionegrino Alberto Weretilneck los alcances de la modificación al Código Electoral que propone que no podrán ser candidatos quienes hayan cometido delitos dolosos e incluso tampoco tendrán la posibilidad de ocupar cargos partidarios mientras dure su condena.

Se trata del primer proyecto de Ficha Limpia que no sólo contempla delitos de corrupción y en perjuicio del patrimonio público, sino también los de índole privada.

La propuesta, que inicia el recorrido parlamentario en la Legislatura Provincial, plantea modificar dos artículos de la Ley N° 2431 relacionada con el Código electoral y de Partidos Políticos.

“Quienes hayan cometido delitos dolosos, quedarán inhabilitados para ser candidatos a cargos electivos, es una manera de mejorar la calidad institucional de la provincia”, aseveró el gobernador a través de la red social X.

Se trata de una iniciativa única en su tipo a nivel nacional, ya que contempla todos los delitos dolosos, alcanzando así incluso a delitos menores contra las personas y no solamente contra la Administración Pública, como es el caso de los demás proyectos conocidos hasta el momento.

La iniciativa contempla que no podrán ser candidatas y candidatos a cargos públicos electivos, ni ser designados para ejercer cargos partidarios las personas condenadas por delitos dolosos con sentencia judicial en segunda instancia, por el plazo que dure la condena, computado a partir del momento en que el tribunal de impugnación provincial dicte la sentencia confirmatoria o habiendo quedado la sentencia penal firme cuando la persona imputada no interpusiera impugnación. Quedan exceptuados los condenados por delitos contra el honor, es decir, calumnias e injurias (Título II, Libro Segundo del Código Penal).

Tampoco podrán aspirar a cargos electivos quienes hayan sido inhabilitados por juicio político u otro procedimiento como expulsión, destitución, remoción e inhabilitación del cargo o la función pública.

En la presentación, Weretilneck consignó otras propuestas de Ficha Limpia presentadas por otros partidos políticos.

El legislador de la bancada del PRO, Juan Martín, avaló la presentación del mandatario provincial y aseguró que “este es un gran paso para limpiar la política. Creo, y lo sostengo, que la política no tiene que ser un aguantadero”.

Dijo además que se siente “satisfecho por haber conseguido lo que peleamos durante tantos años. Este logro no es solo mío, sino de todos los ciudadanos que pusieron Ficha Limpia en la agenda pública”. Adelantó su acompañamiento a la iniciativa y vaticinó que se tratará en única vuelta y la modificación será aprobada antes de fin de año.

Ficha Limpia, afuera de las extraordinarias en el Congreso nacional

El gobierno nacional convocará este jueves a sesiones extraordinarias del Congreso para debatir seis proyectos del 5 al 27 de diciembre. A pesar de la presión de sectores aliados de la oposición y de los gobernadores, en el temario no están incluidos el Presupuesto 2025 y la ley de Ficha Limpia, que impide que los condenados por corrupción sean candidatos a cargos nacionales.

El presidente del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, manifestó en las últimas horas su malestar con La Libertad Avanza por las trabas para tratar la iniciativa: “Lo que más duele es que nos quedamos pedaleando en el aire”, sostuvo.

“Si a nosotros la semana anterior nos decían que el Gobierno, por estrategia, no lo quiere acompañar, uno puede decir si tienen o no razón, pero no hubiéramos llegado a una sesión teniendo la expectativa que sea una sesión de minoría. Lo que más duele de esto, además que no haya salido la ley, es que nos quedamos pedaleando en el aire”, planteó el legislador ayer, durante una jornada para analizar “los desafíos de la transparencia electoral: Boleta Única y Ficha Limpia”, junto a Silvia Lospennato y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, entre otros dirigentes del PRO.

La provincia de Río Negro lanzó una convocatoria para médicos de distintas especialidades, con el objetivo de completar la grilla de facultativos para cubrir vacantes en los centros asistenciales públicos de todo el territorio.

Los interesados no podrán elegir el destino, sino que quedarán sujetos a la diagramación que elaborará el Ministerio de Salud de la provincia para ser destinados a las localidades que necesiten cubrir esos espacios.

Con la idea de completar los cargos faltantes, el gobierno rionegrino difundió que la provincia abona los salarios más altos para los médicos del sector público, que rondarán los $ 3.500.000. Además percibirán un adicional de $ 350.000 para afrontar los costos de alquiler.

La convocatoria alcanza a médicos clínicos, pediatras, cirujanos generalistas y gineco-obstetras, quienes serán asignados a los hospitales públicos distintas localidades de Río Negro.

El ministro de Salud Demetrio Tahalasselis, designado hace pocas semanas en el marco por el gobernador Alberto Weretilneck, explicó que “la convocatoria es atractiva, porque invitamos a los médicos a sumarse a un sistema de salud público, en una provincia con futuro, que tiene un desarrollo significativo por delante”.

En la convocatoria, la provincia destacó la implementación de un concepto renovado en materia de pago de guardias, el cual fue ideado para “hacer más tentadora la convocatoria para los profesionales de otras provincias”.

La provincia tiene 36 hospitales que dependen del estado. La administración de Weretilneck ejecuta un plan de fortalecimiento del sistema de salud, que tiene como objetivo incrementar la superficie de los centros asistenciales, de 40 a 75 mil metros cuadrados. Dentro de las obras en ejecución, la de mayor envergadura es la ampliación del hospital zonal Ramón Carrillo de Bariloche, que tiene un 90 por ciento de avance. Sumará 11.400 metros cuadrados a la infraestructura existente, se incorporarán quirófanos, se renovará el shock room y se incrementará la cantidad de camas de internación.

Tal como ocurre en otras provincias del país, el sistema público de salud rionegrino está “estresado” por múltiples factores, como el incremento en las cuotas de las prepagas. Para dar respuesta a ese crecimiento de la demanda, el Ministerio de Salud necesita médicos para poder dar respuesta en todo el territorio.

Las autoridades de la cartera mostraron su confianza en la respuesta a esta convocatoria por parte de los profesionales de todo el país, que, además de poder contar con uno de los mejores salarios del sector, “pueden encontrar en Río Negro una provincia en pleno desarrollo con un potencial de crecimiento exponencial, con una paz social y tranquilidad que no se disfruta en otros lugares del país, lo que, sumado a sus bellezas naturales, la convierte en una alternativa muy atractiva como parte de un proyecto de vida”.

“Desde el Ministerio de Salud y la Provincia vamos a acompañarlos en términos del desarrollo personal, profesional y en la capacitación, como lo demuestran estas acciones que hemos comunicado. Tenemos esta deficiencia de profesionales y la provincia está desarrollando inversiones importantes con gran esfuerzo del Gobierno y los rionegrinos”, manifestó Tahalasselis.

Los interesados e interesadas podrán inscribirse a la casilla de mail convocatorias@salud.rionegro.gov.ar donde podrán presentar su C.V., fotocopias de DNI y demás datos para ser contactados posteriormente por el área de Recursos Humanos del Ministerio de Salud.

La convocatoria estará disponible por 60 días, aunque el plazo es relativo, ya que el área de recursos humanos evaluará de forma periódica la evolución de la misma.

“No podemos precisar la cantidad de médicos que necesitamos, aunque sí aclaramos que responderemos todas las solicitudes, porque el plan de expansión del sistema sanitario está en pleno desarrollo” finalizó el funcionario.

El Gobierno de la provincia de Río Negro detectó que el 53% de los días de licencia solicitados por empleados públicos presentaron alguna irregularidad. En septiembre, a través de un nuevo sistema de control, denegaron 25.796 jornadas libres requeridas, lo que se tradujo en un ahorro de $1.763 millones para el Ejecutivo local.

Desde la gobernación informaron que el mes pasado recibieron un total de 48.518 pedidos por razones de salud o atención familiar, de los que solo aprobaron 22.722, lo que representa solo el 47%.

“Estos números evidencian un abuso que impacta directamente en las finanzas del Estado provincial”, manifestó a través de su cuenta de X el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien implementó el nuevo sistema de auditorías.

“Estamos avanzando en un control exhaustivo del presentismo, revisando faltas, inasistencias y justificaciones. Los primeros resultados ya se ven, y el impacto es claro: un Estado eficiente y ordenado que ahorra miles de millones. No vamos a permitir que sigan existiendo irregularidades que le cuesten millones a los rionegrinos”, agregó el mandatario.

Septiembre fue el primer mes en el que funcionó el sistema de auditorías médicas, que fue pensado desde el Ejecutivo para “optimizar el uso de los recursos humanos y evitar abusos”.

En agosto, cuando aún estaba vigente el régimen anterior, el Gobierno de Río Negro aprobó 42.214 días de licencia, lo que implicó un gasto para las arcas provinciales de más de $2.181 millones por inasistencias.

Según se reveló tras la auditoría interna, el 69% de las licencias aprobadas fueron solicitadas por cuestiones personales de los empleados, mientras que el 31% restante se debió a la atención de algún familiar directo.

En tanto, detectaron que el Ministerio de Educación absorbió el 76,68% de los pedidos de días libres, seguido por el Ministerio de Salud con el 9,46%, y la Policía con el 4,37%.

Cómo funciona el control de ausentismo en Río Negro

Desde el mes pasado el Gobierno de Río Negro firmó un convenio con la empresa Horizonte Seguros, que brinda los servicios para aplicar el nuevo sistema de medicina laboral.

La compañía tiene consultorios en Viedma, Choele Choel, General Roca, Cipolletti y Bariloche, que se convirtieron en el nuevo filtro para las licencias solicitadas por los estatales.

El Ejecutivo provincial le cedió a Horizonte las tareas de controles médicos presenciales, virtuales, auditorias médicas especializadas para evaluar casos complejos y telemedicina, con el objetivo de mejorar “la monitorización y seguimiento de los agentes que se encuentren en licencia, asegurando el cumplimiento de las indicaciones médicas desde sus hogares”, según comunicaron oficialmente.

“Este control del ausentismo no solo garantiza la eficiencia y continuidad del servicio público, sino que también promueve la transparencia en la gestión, permitiendo la auditoría interna y externa de las jornadas laborales de los empleados”, comunicó el Gobierno rionegrino.

Y completaron: “De esta manera, la Provincia sostiene un proceso de optimización del trabajo de los recursos humanos, sin permitir los abusos al sistema por parte de algunos empleados y empleadas, y a su vez, disminuyendo las altas erogaciones a las que debe hacer frente el Estado por las vacantes que se producían por ese motivo”.

Cuánto le cuesta al Gobierno cada suplencia

Según datos oficiales, cada vez que falta un empleado de la Administración Pública de la Provincia, el Estado gasta por día, en promedio, unos $59.000 extra. El monto asciende a $72.000 para los profesionales de la salud, $141.000 para los policías, $77.000 para agentes del Servicio Penitenciario Provincial, y $56.000 para personal del área de Educación.

Cabe destacar que entre los tres poderes del Estado, en Río Negro más de 55.000 personas se desempeñan como trabajadores públicos.

Los integrantes de las comunidades mapuches Lof Quemquemtreu y Lafken Winkul Mapu afrontan procesos judiciales en Bariloche por usurpar tierras públicas y privadas en la provincia de Río Negro. La primera de ellas aún sostiene la presencia en el territorio en conflicto. Los abogados de la segunda anticipan un fallo desfavorable para sus defendidos: “La sentencia está firmada”, aseguran.

El primero de los procesos comenzó el lunes pasado e involucra a la Lof Quemquemtreu, mientras que desde este jueves la Justicia Federal iniciará el proceso para juzgar a siete mujeres, integrantes de la Lafken Winkul Mapu por la usurpación de tierras pertenecientes a Parques Nacionales, ubicadas en Villa Mascardi.

La primera de ellas enfrenta un juicio por usurpación, tras la denuncia que presentó el poseedor de las tierras. El grupo permanece en el predio, al que ingresó de forma intempestiva.

Los integrantes de la agrupación Lof Quemquemtreu ocupan el banquillo de los acusados por la usurpación que protagonizaron en septiembre de 2021 y que mantienen actualmente en un campo ubicado entre Bariloche y El Bolsón, al que ingresaron como parte de una supuesta recuperación ancestral.

El juicio oral comenzó este lunes y los siete imputados en la causa siguieron con atención las exposiciones de quienes estuvieron al frente del operativo y del inicio del proceso judicial.

El argumento mapuche es la preexistencia en el territorio de sus ancestros, aunque desde el inicio de la usurpación careció de sustento técnico para demostrarlo. En las próximas jornadas, testigos de la defensa intentarán convencer a los jueces sobre los derechos que tienen sobre el predio en litigio y, al mismo tiempo, poner en duda la figura del querellante como titular del lugar.

Las tierras en conflicto están ubicadas en el paraje Cuesta del Ternero, sobre la ruta provincial 6, entre Bariloche y El Bolsón. Rolando Rocco, en la figura de querellante, es un empresario que explota forestalmente el campo usurpado y, según su presentación durante la primera jornada del juicio, lo adquirió en 1984 aunque nunca lo escrituró.

Los imputados aseguran que las tierras pertenecen al estado rionegrino y el denunciante es “apenas un concesionario”. Cuando ingresaron en 2021, aseguran, el campo “estaba abandonado”, dato que fue desmentido por el empresario.

El gobierno rionegrino se mantuvo al margen del conflicto. Antes del juicio, los denunciados acudieron al gobernador rionegrino Alberto Weretilneck para solicitarle la creación de una mesa de diálogo, con la idea de intentar una solución alternativa al conflicto, alejada de los tribunales. La estrategia fracasó.

Cuando ingresaron a la propiedad, los integrantes de la Lof Quemquemtreu emplearon métodos violentos para sostener la usurpación. Enfrentaron a efectivos policiales, intimidaron al fiscal de la causa Francisco Arrien, cortaron rutas nacionales y protagonizaron numerosos incidentes.

Sin embargo, desde ese momento, elevaron bandera blanca y convivieron en la misma tierra con el empresario forestal. Ellos se ubicaron en un cuadro de 10 hectáreas y Rocco pudo seguir explotando, parcialmente, la madera del campo. La tregua llegó a su fin y la querella decidió seguir adelante con el juicio por usurpación, en la que siete de los mapuches figuran como imputados.

Durante el juicio, los fiscales sostendrán la orden de desalojo que solicitaron y que se ejecutó seis días después del inicio de la usurpación, cuando se ordenó la restitución del lugar al damnificado. En la ocasión, cuatro de los integrantes de la agrupación fueron procesados.

En ese mismo campo, en noviembre de 2021 – cuando la ocupación ilegal llevaba 2 meses – fue asesinado Elías Garay, integrante de la comunidad, quien fue baleado por dos socios comerciales de Rocco. Diego Ravasio, socio del demandante, fue condenado a 12 años de prisión por el homicidio.

Los acusados son Mauro Vargas, Ariadna Mansilla Cedrón, Juan Cruz Baeza, Lautaro Cárdenas, Alejandro Morón y Romina Jones.

El testimonio central de la segunda jornada fue del retirado comisario general Osvaldo Tellería, en ese momento jefe de la Policía de Río Negro, quien coordinó las primeras diligencias policiales, y luego el enorme movimiento de efectivos, grupos, móviles, equipos y recursos que demandó la situación. Todo a cargo del juez Ricardo Calcagno y los fiscales Francisco Arrien (El Bolsón) y Betiana Minor (Bariloche), además de otros funcionarios judiciales.

Juicio por la usurpación de Villa Mascardi

La violenta agrupación mapuche Lafken Winkul Mapu, responsable de la usurpación en el paraje Villa Mascardi – a 35 kilómetros de Bariloche – será enjuiciada desde este jueves en Bariloche.

Las audiencias se realizarán en dependencias de Gendarmería Nacional, con acceso restringido. Siete mujeres que forman parte de la agrupación están imputadas en la causa, que comenzó en 2017, con la irrupción en dos predios pertenecientes a Parques Nacionales.

La anulación de un acuerdo que alcanzó la gestión del ex presidente Alberto Fernández, a partir del planteo que encabezó Cristian Larsen, presidente de la Administración de Parques Nacionales, dio lugar a las audiencias, que se extenderán hasta el próximo lunes.

El pacto frustrado que impulsó el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, contemplaba el regreso de la comunidad a las tierras públicas en conflicto. El Estado, además, se había comprometido a construir viviendas en el territorio y a ceder otro espacio de 10 hectáreas para la instalación de una parte del grupo.

Siete mujeres, entre quienes está la autoridad espiritual de la comunidad, Betiana Colhuan, ocuparán los banquillos de los acusados. Junto a ella fueron imputadas María Nahuel, Luciana Jaramillo, Yessica Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Tapia y Cristian Colhuan.

La Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina ejercerá la defensa de las acusadas. En la víspera del inicio del juicio, los abogados aseguraron que “la sentencia ya está cerrada” y anticipan un fallo adverso luego de las audiencias.

Laura Tafettani, secretaria general de la Gremial, aseguró que la entidad defendió siempre la idea que este tipo de conflictos se resuelve “fuera de los ámbitos penales”. Atribuyó la violencia del conflicto a la respuesta del Estado para intentar resolverlo, aunque omitió mencionar los hechos vandálicos que se le atribuyen a la Lafken Winkul Mapu como los ataques vandálicos e incendiarios, los ataques a turistas e incluso a las fuerzas de seguridad.

“Llegamos a lo que siempre se buscó, y es la condena” de los mapuches, y aseguró que “esa condena ya está escrita”.

Gustavo Franquet, otro de los integrantes de la Gremial, adelantó que es un juicio “de alto contenido simbólico y político”. Mencionó que la delegación de la parte acusadora está integrada por funcionarios del Ministerio de Defensa de la Nación, por entender que en el juicio “está en juego la soberanía nacional”.

“Si existe una sentencia condenatoria, estaríamos ante una clara violación de los tratados internacionales firmados por Argentina”, sostuvo.

El presidente de Parques Nacionales confirmó su participación en el proceso. La postura del organismo que conduce es “evitar cualquier pacto posible con quienes desconocen al Estado Argentino como tal y emplean métodos violentos para llevar a cabo sus reclamos territoriales”.

Sin embargo, en las últimas horas, cobró fuerza la posibilidad de que Petronas desista de realizar la inversión de alrededor de USD 30.000 millones, al que la compañía debe confirmar en noviembre, cuando deberá invertir unos USD 200 millones los detalles de ingeniería para la construcción de barcos de licuefacción, como paso previo a la construcción de la planta.

Ayer fue el presidente de YPF, Horacio Marín, quien habló sobre la continuidad del megaproyecto, aunque sin confirmar qué sucederá con la empresa malaya: “Si Petronas no continúa, YPF va a seguir adelante”, aseguró el directivo.

En ese marco, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se mostró alineado con las declaraciones de Marín y, si bien aclaró que no tiene detalles de lo que pueda decidir Petronas, afirmó que están tranquilos porque la petrolera estatal tiene la decisión de continuar con el proyecto.

“No tenemos detalles de la negociación entre las compañías, lo que sí sé en lo personal y en la relación de la provincia con YPF de la firme decisión de su presidente y su directorio de avanzar en los dos proyectos, el de Vaca Muerta sur y la planta de GNL que tuvo mucha más fama por la decisión de dónde tenía que estar ubicada”, aseguró.

En declaraciones a Radio Mitre, el mandatario provincial explicó que la planta de GNL “es un proyecto de mediano y largo plazo, con lo cual estas discusiones de las dos compañías entendemos que son normales y no afectan la decisión de YPF de seguir adelante con el proyecto”, y agregó: “Nosotros estamos tranquilos”.

“No sabemos qué pudo haber pasado porque no tenemos los detalles. Pero de todos modos, como dijo el presidente de YPF, hay plazos que cumplir, que están bien establecidos. De hecho el sitio definitivo no está informado públicamente por YPF. Son distintos procesos en distintos momentos, pero lo más importante es que esto avance, y ayer YPF dijo que se iba a cumplir con todo, incluso con la contratación de la ingeniería del proyecto. No hay que tener ningún tipo de preocupación”, insistió Weretilneck.

A fines de julio, YPF y Petronas finalmente decidieron que construirán su planta de Gas Natural Licuado (GNL) en Punta Colorada, en la provincia de Río Negro, gobernada por Alberto Weretilneck. Así, la conducción de la petrolera estatal descartó la posibilidad de llevar adelante el proyecto en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, gestionada por Axel Kicillof, quien no pudo quedarse con la inversión más grande en la historia argentina.

La construcción de la obra de infraestructura es la más ambiciosa que se haya realizado en el país, demandará entre USD 30.000 y USD 50.000 millones, según cálculos preliminares, y había generado una disputa entre ambas provincias, que ofrecían su territorio para emplazarla.

La planta de GNL permitiría, desde 2031 y si se cumplen las previsiones oficiales, exportaciones anuales totales por unos USD 30.000 millones (gas y también crudo). Esa misma cifra demandaría como mínimo la construcción de la planta, que se haría en varias etapas (al principio con “barcos fábricas” y luego con la planta propiamente dicha).

Más allá de los rumores de las últimas horas, el presidente de YPF afirmó que no hay nada oficial sobre la posibilidad de que Petronas desista de la inversión: “Yo no tengo información sobre cuál sería la decisión de Petronas. Es una de las mejores empresas de GNL del mundo y estamos trabajando muy bien con ellos”, comentó Marín.

El presidente de la petrolera sostuvo que existe mucho interés en el mundo por el proyecto que bautizaron “Argentina LNG”, con el que esperan que el país pueda exportar unos USD 15.000 millones en 2030 solo de gas. También resaltó que la intención es incluir a toda la industria local y que se acercaron empresas de talla mundial interesadas.

En la petrolera estatal explicaron que la firma malasia Petronas, una de las cuatro grandes productoras de GNL a nivel mundial, aportará el know-how técnico para desarrollar el proyecto, en caso de decidir seguir adelante. Se necesitan unos USD 10.000 millones para construir las dos plantas de licuefacción con YPF, pero la necesidad de mayor producción, gasoductos e infraestructura en Sierra Grande requerirán llegar a USD 20.000 y hasta USD 30.000 millones. Ante la posibilidad de que no sea así, YPF también conversa con los principales jugadores de la industria local y con otras multinacionales.

“Para llegar a un total 120 millones de metros cúbicos o más de exportación de gas por año, con la infraestructura y las plantas, se necesitan USD 30.000 millones. Es algo que se hará en etapas, pero igual es un número muy alto que no es financiable ni por YPF, ni por ninguna empresa argentina, ni por petroleras extranjeras. Se requiere un financiador, estructurar un project finance”, había explicado Marín en una entrevista reciente con Infobae.

“Demandamos y exigimos al gobierno nacional y a Vialidad Nacional una respuesta urgente a esta situación. No podemos permitir que la Ruta 22 siga siendo un riesgo constante para nuestra gente”, sostuvo el mandatario en las redes sociales esta semana. “Reiteramos nuestro pedido de que la Ruta 22 pase a manos de las provincias para que podamos resolver esta situación de una vez por todas. Río Negro y Neuquén necesitan tomar el control para garantizar la seguridad y el desarrollo de nuestra región”, agregó.

Ante el caos ocurrido en la ruta nacional, legisladores de la oposición kirchnerista, alineada con el el senador Martín Doñate, cuestionaron la cercanía del oficialismo con el presidente Javier Milei y la falta de resultados con el tema.

“Hoy no pueden garantizar gasas en los hospitales ¿y quieren terminar una obra nacional como la Ruta 22?”, publicó la diputada Ana Marks, en su cuenta personal en X. La representante del bloque PJ-Nuevo Encuentro también expresó dudas sobre la solicitud del Ejecutivo rionegrino de que la Nación ceda la jurisdicción de dicha ruta, en un cruce que mantuvo con el Facundo López, presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro (JSRN) en la Legislatura local.

“Facundo, hace 13 años JSRN gobierna la provincia y antes estuvieron 28 años la UCR. Hacete cargo de que votaron la Ley Bases por una rotonda que no le van a cumplir”, chicaneó Marks, aumentando la tensión entre ambos bloques. La legisladora le había cuestionado también que “arrodillarse ante Milei” no era el camino.

López había apuntado al kirchnerismo por la falta de mantenimiento de la RN 22, pero también a las administraciones anteriores: “Haganse cargo todos. 16 años de FPV, 4 años de PRO y 8 meses de LLA. Y si no pueden, dejen que nos hacemos cargo nosotros. En JSRN siempre hicimos las obras que necesitan los rionegrinos”. Y continuó: “Ninguno se hace cargo de lo que no hicieron cuando estuvieron en el Gobierno Nacional”.

En el provincia patagónica, el transporte intensivo relacionado con la explotación en Vaca Muerta se está incrementando, especialmente con el uso de arenas silíceas necesarias para las fracturas para utilizar estos combustibles. Esto, combinado con el transporte de hidrocarburos, pone el foco en el estado de la infraestructura vial.

En Río Negro, el desarrollo de nuevos proyectos, como Vaca Muerta Oil Sur y la planta de Gas Natural Licuado (GNL) en Sierra Grande y Punta Colorada -esta última la consiguió Weretilneck en el marco de la pulseada política entre el gobernador Axel Kicillof y Milei-, prevé un aumento aún mayor del tránsito.

En el caso del accidente en la RN°22, Weretilneck señaló que la calzada deteriorada fue un factor clave. Se complicó el tránsito todo el jueves, cuando hubo que interrumpir la circulación para llevar adelante el operativo destinado a sacar el camión del lugar.

En ese contexto, el gobernador rionegrino insistió en reclamar sobre la provincialización del sendero nacional, cuya ampliación fue anunciada hace más de 17 años y aún no se termina. Se trata de un reclamo que apoya también Neuquén, que se sumó este año al pedido de traspaso de la jurisdicción de la infraestructura.

Este mes, el oficialismo rionegrino envió a la senadora Mónica Silva para reclamarle a Vialidad Nacional que informe de manera urgente fecha de “reinicio y finalización de obra” para la rotonda de Choele Choel, emplazada en la misma autovía. Fue uno de los puntos que estuvieron en conversación entre la provincia patagónica y el Gobierno nacional, mientras se discutía la Ley Bases en el Congreso.

“Tengo una muy buena noticia. Se reactivará la obra Rotonda sobre Ruta Nacional 22 frente a Choele Choel. @albertoweretilneck gestionó esta obra, que avanzó en un 60%. Ahora avanzará el 40% restante”, escribió Silva en mayo pasado en la plataforma X. Una de las chicanas de la oposición apuntaba a ese proyecto que aún no está finalizado.

Weretilneck argumentó que la elección de Río Negro se basó en criterios técnicos y no políticos. “Después de haber visto el trabajo técnico y profesional de YPF, no hubo ninguna decisión política”, afirmó, en comunicación con radio Mitre.

Según el mandatario provincial, la combinación de un mar adecuado y las condiciones proporcionadas por el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) hizo de Río Negro el lugar ideal. “En Río Negro se dieron las dos cosas. A nosotros no se nos ocurrió un RIGI provincial”, agregó.

Asimismo, el gobernador destacó la competencia sana entre provincias para atraer inversiones. “La Argentina está entrando en una etapa donde las provincias vamos a competir sanamente para ver quién tiene condiciones más amigables para una inversión minera, para la erradicación de la planta industrial”, señaló.

Weretilneck también mencionó que la discusión futura en la economía se centrará en el costo de la energía, y que las provincias con costos más bajos serán más competitivas para la radicación de industrias.

En cuanto al impacto económico, el mandatario provincial subrayó que la planta de GNL y el oleoducto Vaca Muerta Sur, el cual se encuentra en construcción, generarán exportaciones por cerca de 30 mil millones de dólares. “Es la inversión más importante de la historia de la Argentina y es comparable únicamente cuando el Estado construyó los ferrocarriles, a principios del 1900″, afirmó.

Weretilneck comparó las ventajas de Río Negro con Bahía Blanca, señalando que su provincia cuenta con un mejor mar, sin necesidad de dragado y con una profundidad de 40 metros a siete kilómetros de la costa, lo que permite un tránsito libre y exclusivo para buques de gran tamaño. “Nosotros tenemos el Puerto San Antonio Este, que está en el mismo golfo que hoy se utiliza para toda la exportación de pera y manzana. Es un puerto que va a servir para las operaciones de este caso”, manifestó.

Además, Río Negro ofrece ventajas fiscales a través de la adhesión al RIGI, eximiendo de ingresos brutos y sellos por 30 años, y la cesión gratuita de tierras para la instalación de la planta. “Un aspecto importante es la adhesión al RIGI. Nosotros fuimos la primera provincia que adherimos al RIGI, este proyecto sin RIGI es imposible, inviable. Y otra cosa que ofrecemos es la exención de ingresos brutos y de sellos por parte de la provincia, por 30 años, que ya está planteado en el compromiso. Además de la sesión gratuita de tierras, para que YPF pueda sentar todo lo que necesite y no tenga que desembolsar plata por las tierras”, dijo.

El gobernador enfatizó la importancia de crear un nuevo polo de desarrollo en la Patagonia, destacando que es la primera vez que la región podrá industrializar el gas y el petróleo que produce. “Lo que estamos generando es un polo de desarrollo, que tanto necesita Argentina. Si nuestro razonamiento fuera ‘vamos únicamente a los lugares donde hay algo de infraestructura’, significaría que nunca vamos a terminar de desarrollar otro lugar en el país”, explicó.

“Nosotros consideramos que la importancia de todo esto es la creación de un nuevo polo de desarrollo. La provincia no percibe nada. Lo importante para nosotros es: puestos de trabajo, nuevas actividades económicas y factor de desarrollo”, añadió.

Y reveló: “Ahora YPF se está empezando a construir el Vaca Muerta Sur, es un oleoducto de exportación de petróleo, va a ser puerto más grande de Argentina y comparable con otros de América Latina. Van a atracar los barcos superpetroleros del mundo, que hoy no llegan a ningún lugar de Argentina. Esa obra, en la etapa plena de construcción, van a hacer entre 2.500 y 3.000 trabajadores, que se va a dar para esta fecha del año próximo, lo que es una realidad es ahora de que se está buscando”.

“Para nosotros la próxima discusión que viene de eficiencia en la economía es el costo de la energía, el costo de electricidad. Y aquella provincia que logremos tener el costo electricidad más barato, vamos a ser mucho más competitiva para la radicación de industrias y empresas”, concluyó.

Entre el fastidio, lo previsible y la resignación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sentó este miércoles por la mañana en el Salón Dorado de la gobernación para explicar la posición oficial de su gobierno ante la decisión de YPF de instalar la planta de licuefacción de gas natural en Punta Colorada, Río Negro, en desmedro de la opción de Ingeniero White, en Bahía Blanca.

Como había adelantado Infobae, el gobernador argumentó que la resolución del tema respondió meramente a un factor político que estuvo determinado por el presidente Javier Milei. El capítulo GNL puso, nuevamente, al mandatario provincial en confrontación directa con el presidente, forjando una discusión que tallará indefectiblemente en los objetivos electorales de mediano y largo plazo.

“Nosotros tenemos un puerto funcionando, hay que hacer un puerto nuevo donde no lo hay; yo creo que hasta el 2027, 2028 no va a haber un solo ladrillo; espero equivocarme”, planteó Kicillof en uno los pasajes de la conferencia que brindó este miércoles. La línea que ahora trazará discursivamente el gobernador está puesta en qué es lo que se va a hacer en Sierras Bajas. “Ahora el reloj empieza a correr para Milei, es él quien va a tener que dar explicaciones”, planteaban en la gobernación bonaerense una vez concluida la conferencia de prensa de Kicillof.

En La Plata sostienen la hipótesis de que la decisión está intervenida por dos factores: el desfinanciamiento al territorio bonaerense y la cuestión electoral venidera. Reconocen que la oposición dirá que la decisión del gobernador de no hacer una adhesión explícita al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) hizo mudar la inversión a Río Negro. Kicillof insistió este miércoles que la decisión de YPF no tiene nada que ver con el RIGI .

Ayer por la noche, el presidente de YPF, Horacio Marín y Kicillof hablaron por teléfono. Según pudo reconstruir Infobae, la conversación no fue para nada armoniosa. “Espero y exijo que ratifique públicamente lo que me expresó en privado”, dijo Kicillof sobre el intercambio con el titular de la petrolera argentina al que caracterizó -junto al directorio de YPF- como funcionario del Gobierno. En un comunicado oficial que lleva el sello de YPF y Patronas se explican cuestiones técnicas del por qué de la decisión y se explicita que “la provincia de Río Negro ofreció las condiciones regulatorias y fiscales necesarias para el desarrollo del proyecto”.

A Kicillof lo escoltaron la vicegobernadora, Verónica Magario; el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; de Infraestructura, Gabriel Katopodis y de Producción, Augusto Costa. Además del ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio y de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis. A diferencia de otras ocasiones similares -como por ejemplo la conferencia de prensa que realizó Kicillof cuando anunció que Buenos Aires iría a la Justicia por el recorte del Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FoFoFi)- esta vez no hubo intendentes ni demás dirigentes del peronismo. En gobernación aclararon que no hubo convocatoria formal y que todo se dio de manera intempestiva: la decisión de YPF y el llamado a la conferencia de prensa.

A la presencia de ministros también se le sumaron en las primera filas de los presentes, la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila; el asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios; el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero; y el director provincial de Vinculación con el Sistema Universitario y Científico, Juan Brardinelli.

Tras la conferencia, algunos diputados nacionales, intendentes y ministros provinciales se manifestaron a través de sus redes sociales. El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, expresó que “la decisión de marginar a la provincia de Buenos Aires de la construcción de la Planta de GNL es el fiel reflejo de la mirada política del Gobierno, una visión sesgada y cortoplacista que prioriza enconos personales por sobre el desarrollo y bienestar de la comunidad”. Otermín oscila entre los jefes comunales del PJ y la sintonía con La Cámpora y su líder, el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, planteó que “Milei decidió profundizar su castigo al pueblo bonaerense. Por un capricho ideológico del Presidente, nuestra Provincia se ve privada de una inversión en la que se viene trabajando hace 10 años”, y que “tenemos un sólo compromiso y es con el mismo pueblo al que todos los días defendemos de las agresiones del Gobierno nacional”.

En el mes de agosto, Milei encabezará un acto político en territorio provincial. Una de las posibles locaciones puede ser la capital bonaerense. El encuentro tendrá un alto tinte proselitista en sangre. El presidente estará acompañado por el diputado nacional, José Luis Espert, como escolta estelar junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. El diputado se perfila para encabezar la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Este miércoles, Kicillof habló sobre eso: “Milei no solo perdió las tres elecciones sino que no ganó un solo municipio en la provincia de Buenos Aires. Leía que quiere venir a hacer un acto; evidentemente están en campaña y la campaña de Milei es perjudicar y hacer daño a la provincia de Buenos Aires, para ver si así lo votan; pero justamente lo que está haciendo Milei es deteriorando más una situación que va en caída libre por su programa económico”.

En la gobernación bonaerense ponen sobre la mesa que en las elecciones del año pasado, lo que fue Unión por la Patria se impuso en las Primarias, las elecciones generales y el balotaje. Sin embargo, no alcanzó.De esta manera, la resolución por la ubicación en la planta de GNL forma parte otro punto de inflexión de la tumultuosa relación entre el presidente y el gobernador bonaerense, adelantando una contienda electoral que los tendrá como protagonistas.

El gobernador Alberto Weretilneck celebró que YPF y Petronas decidieran construir su planta de Gas Natural Licuado (GNL) en Punta Colorada, provincia de Río Negro, luego de meses de competencia con el gobierno de Axel Kicillof que buscaba instalarla en Bahía Blanca. La rápida adhesión al al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por parte del Poder Ejecutivo rionegrino y la dilación de la Provincia de Buenos Aires fueron determinantes en la definición de lo que será la inversión más grande en la historia argentina.

“La planta de GNL en Río Negro no solo representa una oportunidad enorme de crecimiento económico y generación de empleo para nuestra región, sino también un acto de justicia con nuestra Patagonia que tanto le ha dado a nuestro país”, destacó Weretilneck. “La historia nos enseñó que las decisiones deben ser tomadas en beneficio de todos, y esta es una oportunidad enorme para que por fin la Patagonia lidere un proyecto que traerá prosperidad y progreso para nuestros pueblos”, agregó el mandatario provincial.

La decisión de YPF y Petronas fue festejada por otros gobernadores patagónicos. El santacruceño Claudio Vidal publicó un extenso tuit en el que explicó su preferencia a que la planta de GNL se haga en Río Negro. “Soy un gobernador patagónico, como tal quiero el puerto para poder exportar GNL en la Patagonia. Lo quiero en Río Negro. Lo quiero en la tierra desde donde se extrae el recurso que da tanta riqueza. Siempre se le dio prioridad a Buenos Aires y no es justo. Siempre nuestra riqueza termina allí, para que luego nos impongan condiciones en los precios, los recursos, el abastecimiento y la distribución”, expresó.

El titular del Poder Ejecutivo de Santa Cruz señaló que es “una oportunidad de desarrollo” que debe ser aprovechada por la región. La ubicación de la planta “ofrece ventajas técnicas, ambientales y sociales que la posicionan como la mejor opción para la construcción de un puerto que nos permita exportar, e industrializar nuestro gas, para desarrollar nuestra región y compartir la riqueza con toda la Argentina”.

“Han pasado casi 40 años desde que Neuquén se plantó frente al centralismo porteño y defendió sus recursos. En 1984 Neuquén dijo ‘No al caño’ y pidió que la planta de Fertilizantes se radique en Cutral Co. Finalmente triunfó Buenos Aires y se construyó en Bahía Blanca. Que no nos pase de vuelta lo mismo”, advirtió. “‘Nuestro gas es entubado en caños de alta presión, que llevan calefacción para entibiar otros pagos’” escribió entonces Marcelo Berbel. Los patagónicos sabemos de ese sufrimiento y estamos dispuestos a cambiar la historia. El proyecto Vaca Muerta Sur es un paso monumental hacia este sueño. Este nuevo ducto hacia el Golfo de San Matías ofrece una segunda salida al mar, permitiendo que la riqueza de la Patagonia fluya directamente a los mercados internacionales. La capacidad de operar buques con el doble de capacidad que los actuales en Bahía Blanca abrirá nuevas fronteras para la exportación, facilitando el comercio y reduciendo los costos logísticos. Santa Cruz va por el mismo camino. Buscaremos desarrollar Palermo Aike, para aumentar esas opciones de desarrollo, industrializar nuestro recurso y proveer una mejor calidad de vida a nuestros pueblos”, continuó.

Vidal ratificó su apoyo al gobierno de Weretilnek: “Aquí lo acompaña un pueblo valeroso y digno, que sabe defender sus derechos”, escribió en su cuenta de X. El gobernador rionegrino agradeció el “respaldo” y el “compromiso con el desarrollo de la Patagonia”.

“Agradezco al pueblo y al gobierno de Santa Cruz por su valentía y apoyo. Juntos, con unidad y determinación, vamos a cambiar la historia y asegurar que la riqueza de nuestra tierra sea aprovechada por nuestra gente. Sigamos avanzando con la convicción de que la Patagonia merece un lugar protagónico en el desarrollo de la Argentina”, expresó Weretilneck.

En la misma sintonía se manifestó el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa: “Cuando uno habla de provincias hermanas, la primera que se nos viene en mente es Río Negro. Por eso, para nosotros es muy importante la elección de Punta Colorada, en el golfo San Matías, como el emplazamiento para la futura planta de Gas Natural Licuado”.

“Para que la producción de Vaca Muerta compita en el mundo debemos diferenciarnos en calidad, mejorar el precio y salir por un puerto patagónico que nos permita crecer como región creando nuevas oportunidades. Esta es una ocasión para agregarle valor a la Patagonia y trabajar para que el país progrese, con una mirada desde el interior”, celebró en sus redes sociales.

La construcción de la planta prevé una inversión superior a los 30 mil millones de dólares, y apunta a exportar GNL en barcos por una cifra similar hacia el año 2031. La planta es la instalación necesaria para transformar el gas y hacerlo exportable por medio de barcos, los mismos que hoy importa el país y que generaron un fuerte gasto de dólares del Tesoro y el BCRA

Embarcado en una negociación a varios frentes para lograr que la planta de licuefacción que YPF y Petronas pretender instalar en el país se emplace en el puerto de Bahía Blanca y no en Punta Colorada, en Río Negro, Axel Kicillof ofrece otros beneficios impositivos a los que propone el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) nacional.

El texto, que ya está escrito, pero que aún no fue enviado a la Legislatura, incluye ciertos beneficios y estabilidad tributaria en la masa impositiva propia de la provincia de Buenos Aires. Se trata de Ingresos Brutos, Impuesto al Sello, Inmobiliario en todas sus modalidades e Impuesto automotor.

Durante el 2023, Buenos Aires recaudó en total en materia impositiva $3.040.410.000.000. De ese total, $2.973.346.000.000 corresponde a recaudación sin planes de pago. La mayor parte de la recaudación está representada por Ingresos Brutos: $2.424.197.000.000.

Con ese componente, el gobierno bonaerense intenta buscar una ventaja en la negociación. A ese incentivo se le suma la posibilidad de que Buenos Aires termine adhiriendo al RIGI nacional o al menos dé lugar en su proyecto a una mención en ese sentido, que es lo que viene pidiendo la oposición bonaerense.

Esta es una condición excluyente dispuesta por YPF para elegir dónde llevar adelante el megaproyecto, que implica una inversión de 30 a 50 mil millones de dólares en el mediano y largo plazo. Será una cuestión política en la que no se descarta que la administración de Kicillof termine cediendo.

Río Negro ya tiene suplida esa cuestión. El gobernador Alberto Weretilneck envió a su Legislatura un proyecto de ley para que la provincia que gobierna adhiera explícitamente al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones incluido en la Ley Bases. En menos de 48 horas obtuvo la adhesión. La jugada fue respaldada por el propio presidente Javier Milei que, además, dio a entender que la planta en cuestión se instalará en Río Negro.

En los últimos días, el gobernador de Río Negro también sumó el respaldo de sus pares patagónicos, Rolo Figueroa (Neuquén), Nacho Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quiénes esgrimieron que el valor agregado y la exportación de lo producido en la vasta región patagónica debe darse en la misma Patagonia.

En Buenos Aires se apoyan sobre cuestiones técnicas y de factibilidad que ofrece el puerto de Ingeniero White. Pese a ello, se tuvo que activar una señal política. En un principio, el Ejecutivo bonaerense anunció que enviaría un proyecto de ley a la Legislatura bonaerense. “A través de este régimen, los proyectos que sean aprobados van a tener estabilidad tributaria similar al régimen nacional”, decía Kicillof. Incluirá, también, celeridad en cuestiones ambientales que son de competencia provincial.

En La Plata repiten que el proyecto propio llega para “complementar” al RIGI nacional. También hubo un giro discursivo en los últimos días. De rechazar el RIGI y la Ley Bases en lo que fue la discusión en el Congreso, ahora la administración bonaerense plantea que el régimen en cuestión “ya está vigente en la provincia de Buenos Aires”. Bajo este argumento también se indicaba que no era necesario una adhesión explícita como la hecha por Río Negro y que la iniciativa de Weretilneck era una formalidad.

En las últimas horas, negociadores políticos del Ejecutivo admitían que -en el marco de un acuerdo con la oposición- no habría mayores inconvenientes en incluir dentro del proyecto provincial de régimen de inversiones un artículo que implique una adhesión al RIGI nacional. La oposición bonaerense aceptaría esa instancia, pero hará hincapié en todo lo que se tardó para llegar a ese entendimiento.

Solo en la Cámara de Diputados se presentaron tres proyectos para que Buenos Aires adhiera al RIGI nacional. Uno de Agustín Forchieri del PRO, otro de Agustín Romo de La Libertad Avanza y un proyecto del diputado Guillermo Castello, del bloque Libre. En la última sesión, quisieron poner alguna de las iniciativas a consideración sin mayores éxitos.

También hay un proyecto presentado a la par del anuncio de Kicillof en el Senado bonaerense para implementar un RIGI bonaerense. Es una iniciativa en conjunto entre los legisladores Marcelo Daletto (UCR-Cambio Federal) y Carlos Kikuchi (La Libertad Avanza). Este proyecto propone que sea “aplicación a todas las actividades que se desarrollen en el territorio provincial que impliquen un valor agregado en la actividad económica”, para proyectos de inversión superior a USD 10 millones y que involucre “la creación sostenida de empleo directo asociado a la inversión en los primeros diez (10) años de desarrollo siendo el mínimo requerido el de cien (100) puestos de trabajo”.

Además, como todo régimen de inversión, también otorga eximición impositiva al 100% en impuesto inmobiliario rural y urbano durante los primeros 15 años y un 50% desde los 16 a los 30 años. Misma ecuación corre para el impuesto automotor y para el impuesto al sello.

Pese a la concesión impositiva, el texto que enviará Kicillof a la Legislatura también plantea “contraprestaciones” que implica que cada inversión -lo que en el RIGI se plantea como Vehículo de Proyecto Único (VPU)- garanticen la generación de puestos de trabajo, el uso de mano de obra local, valor agregado y la vinculación con empresas locales de donde se vaya a instalar la inversión. Bajo ese paraguas, el gobierno provincial plantea que de esa forma se resguarda a la industria local por sobre las grandes empresas que se acoplen en esa iniciativa.

El mega proyecto de licuefacción del gas de Vaca Muerta, que proyecta llegar a los 30.000 millones de dólares y que contempla la construcción de una planta de gas natural licuado (GNL), entró en estas horas en su recta final y el potencial destino de esa inversión amenaza con terminar de erosionar por completo la relación política entre la Casa Rosada y el gobernador Axel Kicillof, uno de los principales opositores al gobierno libertario.

Ayer, altas fuentes oficiales aseguraron a Infobae que la decisión sobre la ubicación de la planta de GNL, un proyecto clave de la petrolera YPF en alianza con la malaya Petronas para la matriz energética del país y de enorme relevancia para la provincia que lo albergue, estaba confirmada en un altísimo porcentaje no en favor de la provincia de Buenos Aires -en el puerto de Bahía Blanca- si no de su competidor, Río Negro, en Punta Colorada, en el distrito de Sierra Grande, en el sureste. “Ya está tomada la decisión”, apuntaron las fuentes.

Hace dos viernes, en su presentación ante Alejandro Fantino en los estudios de Neura, el propio Javier Milei había dicho que trabajaría para que el proyecto se instalara en Río Negro.

El gobernador Alberto Weretilneck, de buen vínculo con la Casa Rosada, fue uno de los firmantes del escénico Pacto de Mayo que colaboró activamente para la sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal que incluyeron al RIGI entre sus prioridades. Kicillof, por el contrario, se opuso abiertamente a cualquier tipo de negociación, y se plantó en un posicionamiento político contrario al rumbo elegido por Milei, que también aprovechó la posición del gobernador bonaerense para confrontarlo y capitalizarlo con su electorado.

En La Plata están convencidos de que, de confirmarse la inversión en Río Negro, arrastrará en ese sentido un componente mucho más político que técnico. Una dimensión que altas fuentes oficiales no negaron ante la consulta de este medio: “La cuestión política de la decisión también es importante”, confiaron en Casa Rosada.

Este lunes, en la gobernación bonaerense sobrevolaba una creciente inquietud sobre la resolución de la instalación de la planta. Por eso se terminaba de redactar el proyecto provincial de régimen de incentivo a las grandes inversiones, cuyo envío a la Legislatura se presumía para los próximos días, y que Kicillof apuró en esta última quincena cuando empezó a olfatear seriamente que el proyecto se le escurría de las manos.

El viernes 12, Río Negro convalidó mediante una ley local la adhesión al RIGI nacional en una sesión exprés de la Legislatura provincial que Weretilneck se encargó de celebrar públicamente. Tres días después, el lunes 15, Kicillof presentó en conferencia de prensa su propio régimen de inversiones para presionar a YPF e inclinar la inversión en favor de Bahía Blanca. “Habría que conocer bien los motivos por los que ahora se analiza un cambio de locación, porque además ya hay unos 50 millones de dólares invertidos en el puerto de Bahía Blanca debido a los estudios preliminares”, dijo el ex ministro esa mañana.

A fines de mayo ya había habido una reunión en la Legislatura bonaerense con autoridades del puerto de Bahía Blanca y el intendente Federico Susbielles con los legisladores. Cuando se aprobaron en el Congreso la Ley Bases y el paquete fiscal, diputados provinciales del PRO y de La Libertad Avanza presentaron tres proyectos de adhesión al RIGI nacional. Y esperaron la respuesta del gobernador. El fin de semana trascendió una invitación informal a los jefes de los distintos bloques para visitar Bahía Blanca que, según remarcaron, nunca terminó de concretarse formalmente.

Hace unos dos meses y medio, Horacio Marín, CEO y presidente de YPF, se reunió con Weretilneck -luego se cruzaron en un evento social- y Kicillof, por separado, para explicarles el proyecto y las obras que debían considerarse en ambos puertos. Y planteó, según fuentes de la petrolera, que el RIGI era condición necesaria para la inversión. Después se envió una carta con siete requerimientos técnicos que ambas jurisdicciones respondieron hace unos quince días, para el análisis final de los equipos de Petronas y de YPF, y de la consultora norteamericana Arthur D. Little que, como publicó este medio, está a cargo de la auditoría del proceso.

La decisión se conocerá oficialmente el mes entrante. “La idea es que no se demore demasiado, que esté definido en agosto”, subrayaron desde la petrolera. Una vez definida la disputa, las autoridades de la empresa prevén viajar a Europa y Asia para cerrar los precontratos de venta con los eventuales compradores del gas licuado y salir a buscar la inversión a los bancos, que serán los encargados de financiar el proyecto. Petronas aporta el know-how.

Ayer, fuentes bonaerenses explicaron que Kicillof estaba dispuesto a incluir en su régimen de inversiones un ítem con la adhesión al RIGI de Milei, pero aclararon que, por tratarse de una normativa nacional, tenía vigencia en la provincia. Aclararon, además, que el ex ministro hizo desde el inicio del proyecto todo lo que estuvo a su alcance para que la planta de licuefacción del gas de Vaca Muerta se instale en Bahía Blanca, que trabajó incluso con el intendente anterior, de otro signo político, y que les llamaría la atención que la balanza se incline finalmente por Río Negro, incluso por un tema de infraestructura.

Lo cierto es que la cuestión política hizo su parte. En los últimos días, por caso, Ignacio Torres, de Chubut, y Rolando Figueroa, de Neuquén, salieron a respaldar a Weretilneck en la puja con Buenos Aires.

Es que desde el propio entorno de Milei aseguraron que de elegir entre un gobernador aliado como Weretilneck y uno opositor como Kicillof, prefieren al rionegrino. El mandatario patagónico tiene una relación directa con el “triángulo de hierro” presidencial que conforman el presidente, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo. Negociaron por la Ley Bases y el paquete fiscal, y existen tratativas vinculadas, por ejemplo, a la sanción de la boleta única papel en el Senado. Existe un posición reacia del gobierno provincial al modelo de boleta que permite convalidar con una sola tilde todas las categorías, tal como fija el dictamen de comisión que se firmó en el verano en la Cámara alta y que todavía está vigente después de que Diputados remitiera su media sanción.

En el caso de Kicillof, prácticamente no existe ningún tipo de relación con el Ejecutivo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, exploró alguna conversación al inicio del gobierno. Fuentes oficiales remarcaron alguna conversación entre Sebastián Pareja, un funcionario del riñón de la secretaria General de la Presidencia, a cargo del armado en territorio bonaerense, y Carlos Bianco, mano derecha del gobernador. Pero nada trascendente.

Es que, desde que desembarcó en Casa Rosada, Milei se encargó de profundizar su disputa pública, y de gestión, con la administración bonaerense: cortó cualquier tipo de ayuda financiera a la provincia, quitó beneficios y programas, y dinamitó todos los puentes.

Escogió a Kicillof de rival así como el gobernador ahondó sus diferencias con el Ejecutivo: junto a un grupo de gobernadores referenciados en el kirchnerismo, se opuso fuertemente al pacto de mayo y a la sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal. Fue uno de los abanderados, en ese sentido, en contra del RIGI.

En Casa Rosada explicaron en estas horas que, hasta el momento, esa estrategia pública le dio sus réditos a Milei. Al menos en términos de popularidad, Kicillof también tuvo sus frutos: las encuestas lo posicionan como el dirigente mejor evaluado de la oposición por fuera de la órbita de La Libertad Avanza. Es uno de los puntos que tienen en cuenta los estrategas del Presidente. Se aprovechan de la atomización del sistema político, y por eso no quieren aglutinar a todo el electorado opositor detrás de la figura del ex ministro de Economía. “(Mauricio) Macri hizo eso con Cristina (Kirchner)”, compararon cerca del jefe de Estado.

La disyuntiva en torno a la decisión inminente de YPF, sin embargo, podría volver a presentarse en los próximos años con otro ambicioso proyecto. Se trata del acuerdo que Pan American Energy y la noruega Golar LNG firmaron por 20 años para la instalación de un barco flotante de licuefacción que prevé producir gas natural licuado para exportación, un compromiso de inversión de 300 millones de dólares por año cuando el barco, que ahora opera en Camerún, entre en operación. Según los planes, en el 2027.

Desde PAE resaltaron que la empresa analizará en el terreno estrictamente técnico, en su momento, si el buque conviene que se instale en el puerto de Río Negro o en Bahía Blanca.

El gobierno bonaerense entra en etapa de definición en la competencia con la provincia de Río Negro por la instalación de la planta de GNL que YPF proyecta realizar con Petronas. Una de las locaciones posibles es el puerto de Ingeniero White en Bahía Blanca, pero para ello la petrolera estatal puso como condición excluyente la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) incluido en la Ley Bases; una iniciativa que el peronismo en su totalidad rechazó en su momento. Sin embargo, la Ley Bases se aprobó y ya es historia. Ahora, el gobierno de Axel Kicillof busca mecanismos para incluir una adhesión explícita al RIGI en el proyecto que discutirá en la Legislatura

“El RIGI nacional se encuentra vigente en la Provincia de Buenos Aires”, planteó el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco este lunes, en su habitual conferencia de prensa desde el Salón Dorado de la Gobernación bonaerense en La Plata. Las palabras de Bianco evidencian el posicionamiento del Ejecutivo provincial ante el pedido de la oposición de que Buenos Aires haga lo mismo que Río Negro y adhiera al RIGI de manera explícita. Para el gobierno de Kicillof lo hecho por la administración de Alberto Weretilneck “es una formalidad” y no propone estabilidad tributaria provincial, como sí lo haría el régimen bonaerense que Kicillof enviará a la Legislatura.

La discusión ahora se pasa al ámbito legislativo. “Cuando uno presenta un proyecto en la Legislatura, más allá del trabajo técnico y jurídico, de establecer las normas, se requiere de un trabajo político para poder avanzar, sobre todo en un momento en donde el oficialismo no tiene los votos necesarios como para poder aprobar un proyecto”, advirtió Bianco.

El peronismo está en esa instancia: buscando los votos. Para la oposición más dura que representan los dos bloques del PRO, el sector del radicalismo que responde al senador nacional Maximiliano Abad, los bloques de La Libertad Avanza y otros libertarios es crucial que Kicillof incluya la adhesión explícita al RIGI nacional. Es una batalla política y discursiva.

En el gobierno bonaerense lo saben y es por ello que no descartan incluir un artículo dentro del propio proyecto que vaya en ese sentido. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la inversión se quede en Bahía Blanca”, admiten voceros de la gobernación. “Si quieren un artículo que diga que en la provincia de Buenos Aires está el RIGI vigente, no veo el problema”, admite un funcionario al tanto de la negociación. El escenario se va preparando.

Mientras tanto, este miércoles los representantes legislativos de Unión por la Patria encabezarán una comitiva de diputados y senadores que recorrerán el puerto de Bahía Blanca. Fueron invitados las autoridades de todos bloques de ambas cámaras. En el PRO, el PRO Libertad, la Libertad Avanza, la UCR y la Coalición Cívica ya declinaron la invitación.

El proyecto que enviará Kicillof tiene algunas particularidades. Incluirá que haya una contraprestación de parte de los Vehículos de Proyectos Únicos; es decir las inversiones. Serán la generación de puestos de trabajo, generación de valor agregado y vinculación con empresas locales.

A cambio, se garantiza beneficios impositivos sobre los Ingresos Brutos, el impuesto al sello y los impuestos inmobiliarios (rural y urbano) y automotores; que son sobre los que la provincia de Buenos Aires tiene potestad para intervenir.

Bianco planteó que el Régimen de Fomento a las Inversiones Estratégicas es “una ley que sería complementaria a ese régimen -el RIGI- y también, como lo hemos dicho, en una inversión de semejante magnitud como la que se estipula lo que puede llegar a impactar de los impuestos nacionales sobre ese monto es un monto mínimo”. Es por eso que Buenos Aires defiende y buscará quedarse con la inversión de la mano de régimen de fomento propio. .

“Creemos y estamos convencidos, porque también lo ha hecho y lo ha dicho la empresa Petronas en su momento cuando anunció la inversión, que Bahía Blanca es la mejor localización por distintos motivos que ya hemos abundado”, agregó el ministro de Gobierno bonaerense.

Unión por Patria no tiene mayoría en ninguna de las cámaras. Si intenta sacar el proyecto sobre tablas debe tener nueve aliados en el Senado bonaerense donde tiene 21 bancas de un total de 46 y 24 votos en la Cámara de Diputados donde cuenta con un bloque de 37 sobre 92 totales. La ecuación se acorta si la iniciativa que vaya a girar Kicillof se discute en comisiones y logra ingresar al orden del día donde depende solo de la mitad más uno de los presentes. Pero sería una carrera a contrarreloj entendiendo que a priori YPF definiría el tema antes de que finalice el mes de agosto.

“Hace falta sí o sí una Ley Provincial, acá lo que faltan son las exenciones que vamos a dejar hacer a cualquier empresa que venga en la provincia de Buenos Aires”, adelantó por su parte el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara en declaraciones a La Brújula. El legislador también planteó que “tenemos las ganas de apoyar el proyecto, pero también de cuidar el bolsillo de los bonaerenses. Lo que yo puedo garantizar es que desde la Legislatura se va a aprobar que Bahía Blanca pueda ofrecer las mismas condiciones a Petronas que Río Negro”.

La discusión por el destino de la planta de Gas Natural Licuado (GNL) que YPF junto a Petronas proyectan emplazar en el país puso al peronismo bonaerense en sintonía pese a las diferencias políticas que se exteriorizaron en la primera mitad del año. Es que una de las locaciones posibles es la ciudad de Bahía Blanca. El sistema político provincial -esto es oficialismo y oposición- coincide en que el Puerto de Ingeniero White en la ciudad sureña del territorio bonaerense es el más ventajoso para un proyecto como el que se planea realizar a largo plazo: licuefacción y exportación de gas natural producido en Vaca Muerta.

Con la aprobación de la Ley Bases que incluye el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), YPF condicionó el lugar a instalar la planta en cuestión. Además de Bahía Blanca también existe la posibilidad de que el proyecto se concrete en Punta Colorada, en la zona de Sierras Bajas en la provincia de Río Negro. La condición que puso YPF es que quien no adhiere al RIGI queda fuera de las posibilidades. Para atraer las inversiones que hacen falta para un proyecto de esas magnitudes, la petrolera estatal busca ciertas condiciones de factibilidad impositiva y demás cuestiones que -sostienen desde YPF- aporta el RIGI.

Es por eso que la oposición al gobernador Axel Kicillof presiona para que el gobernador bonaerense adhiera al RIGI nacional tal como lo hizo su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, que también pulsea en la discusión. En La Plata no plantean taxativamente que se moverán en esa línea, pero se anunció el envío de un proyecto de fomento a las inversiones de carácter provincial. En la gobernación bonaerense consideran que esa iniciativa propia “complementa” al RIGI nacional que -repiten- ya rige una vez sancionada la Ley Bases. “Es abstracta la discusión”, dijo el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco el último lunes cuando encabezó su conferencia de prensa semanal.

Bianco participó de la reunión que está semana que finaliza mantuvieron Kicillof junto a la vicegobernadora, Verónica Magario con el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli y la presidenta de la bancada kirchnerista en el Senado, Teresa García. Allí, el gobernador contó el objetivo del proyecto del RIGI bonaerense que anunció que enviará a la Legislatura y en qué instancia está el proyecto desde Buenos Aires. “Se puso en común la información que tiene hasta acá el gobierno de la Provincia sobre la instalación de la planta y empezar a iniciar lo que correspondería a un camino legislativo sobre el tema de cómo sería la instalación de la planta en términos de materia legislativa; lo que tiene que aportar la Legislatura para que la inversión se realice y quede en la provincia de Buenos Aires”, detalló Tignanelli en declaraciones a Radio Provincia. Para la oposición lo que tiene que aportar la Legislatura es la adhesión al RIGI nacional. Sobre ese ida y vuelta se mueve la discusión política en el escenario bonaerense.

Lo novedoso es que tanto Tignanelli como García responden a la ex presidenta, Cristina Kirchner y orbitan en el universo cristinista. Un sector que en la discusión interna toma distancia de una construcción política que se viene dando alrededor del gobernador bonaerense, de la mano de algunos intendentes y funcionarios provinciales. Pero con el temario GNL parece haber coincidencias. Tignanelli además es la mano derecha de Máximo Kirchner.

El último viernes, Kicillof encabezó en el municipio de Moreno un acto homenaje a Eva Duarte, al cumplirse 71 años de su fallecimiento. Organizado por la intendenta de ese distrito, Mariel Fernández (Movimiento Evita), reunió intendentes bonaerenses de distintas extracciones del peronismo y ministros. La jefa comunal planteó que “hoy más que nunca necesitamos de todos y todas porque nadie sobra en la reconstrucción de nuestra Patria, nadie sobra en la Provincia de Buenos Aires, nadie sobra para construir la justicia social que tanto necesita nuestro pueblo y que tanto anhelamos”. También le envió un saludo a la ex presidenta y -al igual que Kicillof- pidió por el esclarecimiento al intento de asesinato perpetrado el 1 de septiembre de 2022.

El diálogo entre el gobernador y la ex presidenta transita con fluidez. Incluso por el tema de la planta de GNL. “Está todo acordado”, deslizaron cerca del mandatario provincial. En el entorno de la dos veces Jefa de Estado aclaran que no es su intención protagonizar la conversación política alrededor de este tema, pero admiten que desde el minuto cero la planta estaba pensada en Bahía Blanca. Además, ante la consulta de Infobae, aseguraron que hay que ser responsables, cuidadosos y darle garantías a las empresas de que van a poder desarrollarse de manera normal y eficiente en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en Bahía que está preparada para recibir una inversión de esas características. La línea discursiva es coincidente con la que se esgrime desde La Plata.

Este sábado, Bianco volvió a plantear que el RIGI ya impera tanto en Buenos Aires como en cualquier otra provincia, producto de la aprobación de la Ley Bases. Describió que lo que hizo Río Negro es una “formalidad”, que en su adhesión no hay beneficios impositivos en el orden provincial y que por eso, Kicillof avanzará con un proyecto para darle un régimen especial a las grandes inversiones -en esta caso la planta de GNL- que contenga exenciones en los Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano, Rural, Automotor e Impuesto al Sello. El de mayor impacto se sugiere en los Ingresos Brutos. En la provincia de Buenos Aires, además, rige una sobretasa por carga y descarga portuaria que podría estar afectada por el RIGI bonaerense.

El texto que aprobó en una sesión exprés la Legislatura rionegrina tiene un solo artículo que dice: “Adhiere a los términos previstos en el Título VII denominado “RÉGIMEN DE INCENTIVO PARA GRANDES INVERSIONES (RIGI) que contiene los Capítulos I al XII y los artículos 164 al 228 respectivamente, de la ley nacional nº 27742, que establece un marco regulatorio de incentivos impositivos, certidumbre económica, y seguridad jurídica, que habilita el fomento de grandes inversiones en nuestra provincia, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I”. La oposición en la provincia de Buenos Aires impulsará incluir un artículo de similar características dentro de lo que vaya a enviar Kicillof.

La Ley Bases plantea en su artículo 224 invita a las provincias, a la Ciudad y a los municipios a “adherir al RIGI en todos sus términos y condiciones”. Mientras que el 225 aclara que “no podrán podrán imponer a los VPU nuevos gravámenes locales, salvo las tasas retributivas por servicios efectivamente prestados”. Se estima que esta semana se giraría a la Legislatura el proyecto de Régimen bonaerense, anunciado hace 13 días.

YPF y Petronas contrataron a la consultora Arthur D. Little para auditar y “garantizar la transparencia” del proceso para elegir dónde se ubicará la planta de gas natural licuado (GNL) que planean construir ambas empresas para exportar el fluido de Vaca Muerta. La intención de la petrolera estatal es evitar que se comente que esa decisión se tomará por cuestiones políticas.

Es que la inversión más grande de la historia del país, de entre USD 30.000 y USD 50.000 millones, es disputada por la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, y por Río Negro, gestionada por Alberto Weretilneck. Recientemente, el presidente Javier Milei dijo que lo más probable era que el proyecto fuera a la provincia patagónica que a diferencia de los bonaerenses, ya adhirió al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

La contratación de la firma de consultoría internacional, con sede en Boston, Estados Unidos, fue confirmada a Infobae por fuentes de YPF. “Se contrató a esta empresa vendedora para darle transparencia al proceso”, explicaron. Arthur D. Little, fundada en 1886, tiene experiencia previa con YPF, pero también con firmas como Pemex (petrolera mexicana), Ecopetrol, AT&T o Entel.

El presidente de YPF, Horacio Marín, ya se encontró cara a cara con Kicillof y Weretilneck, a quienes envió una carta con siete puntos (tres económicos y cuatro con permisos y ayudas al proyecto), para que cada provincia respondiera sobre su locación para instalar la planta de GNL. Buenos Aires ofrece Bahía Blanca y Río Negro, Punta Colorada, donde se encuentran ambos puertos.

Esas cartas ya fueron respondidas, por lo que serán analizadas en las próximas semanas por YPF y Petronas, con la supervisión de Arthur D. Little. Ese proceso podría finalizar para finales de agosto.

Sin embargo, otro punto clave es la adhesión de la provincia al RIGI, contenido en la Ley Bases que impulsó el oficialismo, que otorga beneficios tributarios y cambiarios a proyectos de inversión superiores a los USD 200 millones, pero más aún a proyectos estratégicos como el GNL. A menos de un mes de la sanción en el Congreso, Río Negro adhirió al régimen mientras que Buenos Aires prepara una normativa provincial en busca de no sumarse a uno de los principales caballitos de batalla de su adversario político Milei.

Se trata de un proyecto de YPF y la malaya Petronas y que se considera la mayor obra de infraestructura de la historia argentina. La planta es la instalación necesaria para transformar el gas y hacerlo exportable por medio de barcos, los mismos que hoy importa el país y que generaron un fuerte gasto de dólares del Tesoro y el BCRA en los últimos años (aunque mucho menos desde que funciona el Gasoducto Néstor Kirchner que inyecta fluido a red nacional y ahorra, en parte, esas importaciones).

Esto permitiría, desde 2031 y si se cumplen las previsiones oficiales, exportaciones anuales totales por unos USD 30.000 millones (gas y también crudo). Esa misma cifra demandará la construcción de la planta, que se haría en varias etapas (al principio con “barcos fábricas” y luego con la planta propiamente dicha).

En este marco es que Milei tomó partido respecto a la locación del proyecto: “En Buenos Aires tenés al lastre de Kicillof, que es un expropiador serial. ¿Le van a confiar a un comunista? Si hubiera querido hacer las cosas bien, se hubiera adherido al RIGI nacional”, dijo en una entrevista con Alejandro Fantino.

Fuentes de YPF aseguraron a Infobae que “el Presidente dijo algo lógico y de sentido común y es lo que nosotros venimos diciendo desde el comienzo ‘Sin RIGI no hay GNL’, es la primera condición que está escrita en las cartas que le enviamos a ambos gobernadores, luego están las evaluaciones técnico/económicas que van a terminar de definir el destino del proyecto. Pero el RIGI es un contexto y marco normativo necesario para que el proyecto se desarrolle, hasta ahora solo adhirió formalmente Río Negro”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, marcó un nuevo rumbo de acción en la disputa por la ubicación de la planta de Gas Natural Licuado (GNL) que YPF proyecta realizar junto a la petrolera malaya Petronas. La definición de dónde se hará el proyecto tiene una condición sine qua non: que el lugar elegido -Bahía Blanca en Buenos Aires o Punta Colorada en Río Negro- cuente con las condiciones necesarias que establece el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que se aprobó en la Ley Bases. Esa posición, pese a las alternativas que se barajan, sigue siendo excluyente para YPF, según pudo saber este medio.

La alternativa que trabajan en La Plata es, en principio, ir a la Legislatura con un proyecto propio de fomento a las inversiones; un RIGI bonaerense. Pero en la requisitoria que la petrolera argentina hizo tanto para Buenos Aires como para Río Negro establece en su primer punto que tiene que haber “una adhesión incondicional” al régimen nacional. En el Gobierno bonaerense plantean que un “RIGI Bonaerense” complementará de las condiciones necesarias que pide YPF.

Con esa línea fue que el gobernador se reunió este jueves con dos referentes de peso del kirchnerismo bonaerense. La presidenta del bloque de senadores bonaerense de Unión por la Patria, Teresa García y el titular de la bancada peronista en la Cámara de Diputados provincial, Facundo Tignanelli. Ambos reportan a Cristina Kirchner. Como dio cuenta este medio, Kicillof viene hablando del tema con la ex presidenta para amalgamar posiciones internas.

“Lo que nos planteó el gobernador claramente es que está toda la voluntad y todo el compromiso de la Provincia para que la inversión se realice acá. Nosotros ahora tenemos que estudiar todo lo que tiene que ver con la materia legislativa, para ver cuál es el mecanismo que se va a ir trabajando”, detalló Tignanelli tras el encuentro en gobernación del que también participaron la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; de Producción, Augusto Costa y la Secretaria General, Agustina Vila.

Las autoridades de los bloques peronistas en la Legislatura le pedirán una audiencia al presidente de YPF, Horacio Marín y la semana que viene recorrerán el puerto de Ingeniero White en Bahía Blanca junto al intendente Federico Susbielles. Invitarán también a los presidentes de los demás bloques legislativos. La mayoría de la oposición provincial le exige al mandatario bonaerense la adhesión al RIGI nacional como lo hizo su par rionegrino, Alberto Weretilneck. Sobre ese escenario se pararán.

Por su parte, el jefe comunal buscará su adhesión al RIGI nacional de manera implícita a partir del envío al concejo deliberante de una ordenanza para rezonificación de terrenos y exención impositiva. Una vez aprobado, deberá pasar a la órbita provincial para su validez plena. Fuentes del gobierno bonaerense aseguraron a este medio que darán vía libre a lo que se resuelva en el ámbito legislativo bahiense.

Mientras, crecen las especulaciones de cómo será el proyecto que Kicillof vaya a mandar a la Legislatura bonaerense y, lo más consistente, si en ese texto habrá un artículo puntual que adhiera a la ley nacional. En La Plata manejan el tema con sigilo y además de esperar por la definición de YPF sobre especificaciones técnicas del proyecto, también aguardan por la reglamentación de la Ley Bases y el título referido al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). “No podemos impulsar un proyecto sin saber qué hará YPF, porque puede que enviemos un régimen que luego no sirva para el proyecto de GNL”, plantean cerca del mandatario bonaerense.

El tema ya está totalmente politizado. La oposición provincial empuja la adhesión. El senador nacional por Buenos Aires de la UCR, Maximiliano Abad, planteó en una nota de opinión en Infobae que “el problema es que a la propuesta de la provincia de Buenos Aires la perjudica el laberinto ideológico en el que se recluyó su propio gobernador. Con el anuncio de un régimen de inversiones local -que aún no ingresó a la Legislatura- y la confrontación con la Nación, Kicillof pretende esquivar responsabilidades y disimular la inoperancia de su gestión. Apuesta a la grieta y se resguarda en discursos picantes, saturados de pretextos, mientras deja pasar una chance inmejorable”. Además, el titular de la UCR provincia de Buenos Aires, plantea que “actualmente, en el pico de consumo invernal, Argentina importa aproximadamente 30 barcos de GNL (Gas Natural Licuado). Cuando la planta alcance su capacidad máxima de producción, estará en condiciones de exportar más de 460 barcos. Esto se traduce en un ingreso superior a 20.000 millones de dólares por año”, y que por eso -entre otras cuestiones- el mandatario provincial debe adherir al RIGI nacional para asegurarse la locación de la planta de GNL.

Una de las respuestas partió del ex titular de ENARSA, Agustín Gérez. El ex funcionario, hoy miembro de los equipos técnicos de la Fundación Encuentro le contestó: “¿Usted leyó la ley que aprobó? De qué USD 20.000 millones habla si la ley aprobada por usted -Ley Bases- no prevé ni la liquidación de exportaciones en territorio nacional ni la aplicación de derechos de exportación salvo por un periodo casi inexistente de tiempo en relación a la duración de los proyectos.

La palabra de Gerez se traduce como el posicionamiento del ex ministro de Economía, Sergio Massa, que trabajó junto a la entonces Secretaria de Energía, Flavia Royón, en lo que fue el proyecto de incentivo al GNL aprobado el año pasado en la Cámara de Diputados, pero nunca tratado en el Senado nacional. En ese período de gobierno la Cámara alta era presidida por la entonces vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Cuando parecía que el Senado se aprestaba a destrabar en las próximas semanas la Boleta Única de Papel (BUP), la iniciativa ya aprobada por Diputados se frenó en las últimas horas. De manera sugestiva, la legisladora Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) ratificó su dictamen de minoría y volvió a dejar la cuestión en un virtual empate que, al ser electoral, no puede ser desempatado por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

La postura de Silva se da en medio de una feroz puja entre su gobernador, Alberto Weretilneck -hábil para bloquear y modificar proyectos en soledad cuando fue senador, con picardías envidadas por otros bloques-; y su par de Buenos Aires, Axel Kicillof, por una mega millonaria inversión para una planta de Gas Natural Licuado (GNL), y una definición en manos de Nación que traerá consecuencias.

Para entender este embrollo hay que remontarse a las sesiones extraordinarias del último período estival, cuando se logró un dictamen de mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, para avalar el modelo cordobés de papeleta única. No obstante, en dicho plenario, la entonces eventual aliada del oficialismo Silva, que representa a Juntos Somos Río Negro -fuerza que apoyó el texto aprobado por Diputados, en 2022-, presentó un despacho de minoría con cambios, que fue apoyado por el cristinismo y que apunta a replicar el sistema de Santa Fe, con boleta para cada categoría.

Al dictamen de Silva se sumó su compañero de interbloque y renovador misionero -no massista-, Carlos Arce. Este partido se ausentó en la Cámara baja cuando se votó la Boleta Única de Papel. Entonces, si a los 39 legisladores del oficialismo y la oposición no K que se unieron el 13 de diciembre para votar autoridades se le restaran Silva, Arce y la también misionera Sonia Rojas Decut, el proyecto queda bloqueado, ya que necesita la mayoría absoluta del pleno, es decir, 37 voluntades. Aquí no puede desempatar Villarruel, por ser cuestión electoral.

Días atrás, Infobae contó una negociación en camino -luego confirmada por fuentes inobjetables- con Silva, bajo la supervisión de Villarruel y con movimientos en tándem del radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) y el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta), y entre todos se llegó a un acuerdo que también cuenta con el guiño de los silenciosos misioneros: eliminar la casilla para votar la “lista completa” que el proyecto contempla en la elección general, ya que no se prevé para las PASO. Así podría beneficiarse una fuerza provincial sin candidato, por ejemplo, a presidente.

Esto también serviría para fuerzas locales como las del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal y, por ende, a los menos confiables senadores José María Carambia y Natalia Gadano -rubricó el dictamen de mayoría-, si es que no aparecen con alguna jugada extravagante de último momento. En caso de cualquier tipo de modificación, la ley volverá en segunda revisión a Diputados para su sanción definitiva.

A pesar de lo actuado en las últimas semanas, la situación se agitó una vez más este miércoles, con una gacetilla de Silva para informar una reunión con gremialistas y ex funcionarios kirchneristas que avalan su dictamen de minoría. Lo curioso es que hay declaraciones de los involucrados en el convite -donde resaltan el sistema de categorías de la BUP- pero no de Silva, quien es la que tiene la definición de la iniciativa en la Cámara alta. La legisladora fue contactada por este medio y no realizará declaraciones sobre el tema.

Desde Río Negro sigue de cerca todo esto Weretilneck, apodado “El Brujo”. De hecho, las estrategias que utilizó como senador durante su estadía en la Cámara alta se asemejan, aunque para nada cerca, con las del experimentado peronista y ex gobernador pampeano Carlos Verna, uno de los mejores estrategas que tuvo el Congreso -en modo solitario- de los últimos 20 años.

Weretilneck defendió la candidatura de Río Negro, destacando las ventajas comparativas de la provincia en términos de infraestructura y rapidez para implementar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). “Más de 35 legisladores apoyaron la medida inmediatamente después de la promulgación de la ley nacional”, señaló el mandatario, subrayando el compromiso de Río Negro con el desarrollo energético.

En respuesta a las críticas desde Buenos Aires, Weretilneck enfatizó las condiciones ideales de Río Negro para albergar la planta de GNL. “Tenemos puerto, líneas de electricidad, rutas, el gasoducto San Martín. Tenemos la infraestructura que se necesita”, afirmó, rechazando las afirmaciones de que la provincia no está preparada para un proyecto de tal envergadura.

El gobernador también criticó la dependencia del puerto de Bahía Blanca del gas suministrado por Neuquén y Río Negro. “Con todo respeto a los bonaerenses, el puerto de Bahía Blanca funciona por los neuquinos y rionegrinos; venimos hace 50 años dándole el gas. Por eso, Bahía Blanca es la potencia que es”, señaló, agregando que “no se termina el mundo en Bahía Blanca”.

“No tenemos un desierto como se dice. Tenemos puerto, lineas de electricidad, rutas, el gasoducto San Martín. Tenemos la infraestructura que se necesita», añadió durante una entrevista en Neura Media.

Weretilneck subrayó que el proyecto en Río Negro no solo beneficiará a la provincia, sino a toda la región patagónica. “Pedimos que el gas neuquino, rionegrino, chubutense y santacruceño sea industrializado en la Patagonia. Aspiramos a que se genere el valor agregado con nuestros propios recursos naturales”, declaró, destacando la importancia de desarrollar una industria energética robusta en la región.

Sobre los rumores de presuntos “lobbies” cercanos al peronismo bonaerense en contra de Río Negro, Weretilneck reveló que recibieron llamados de personas interesadas en la decisión que se tome, pero insistió en que respetan la decisión técnica de YPF. “Nosotros somos respetuosos de la decisión técnica de YPF y de que las dos alternativas se discutan”, afirmó.

Finalmente, Weretilneck destacó el compromiso de Río Negro para atraer más inversiones en el futuro, ofreciendo incentivos adicionales a YPF y Petronas, como la desgravación de ingresos brutos por 10 años y la cesión gratuita de tierras. “Estamos dispuestos a sancionar una ley específica para darle a YPF y Petronas todas las garantías necesarias para el futuro”, subrayó.

El apoyo público de Milei y la respuesta de Kicillof

La planta en disputa es un proyecto de YPF y la malaya Petronas y que se considera la mayor obra de infraestructura de la historia argentina. La planta es la instalación necesaria para transformar el gas y hacerlo exportable por medio de barcos, los mismos que hoy importa el país y que generaron un fuerte gasto de dólares del Tesoro y el BCRA en los últimos años (aunque mucho menos desde que funciona el Gasoducto Néstor Kirchner que inyecta fluido a red nacional y ahorra, en parte, esas importaciones).

Esto permitiría, desde 2031 y si se cumplen las previsiones oficiales, exportaciones anuales totales por unos USD 30.000 millones (gas y también crudo). Esa misma cifra demandará la construcción de la planta, que se haría en varias etapas (al principio con “barcos fábricas” y luego con la planta propiamente dicha).

Una de las cuestiones en duda es el lugar donde se localizará el proyecto, que nació en el gobierno de Alberto Fernández tiene plena continuidad en el actual. Las opciones de las compañías son Buenos Aires o Río Negro. Si bien se suponía que esto se iba definir a mediados de julio, se espera que se precise el próximo mes, a principios o mediados de agosto. Temas de impuestos, infraestructura, condiciones naturales de ambos lugares y, sobre todo, la adhesión al RIGI terminarán de inclinar la balanza.

En este marco es que Milei tomó partido respecto a la locación del proyecto: “En Buenos Aires tenés al lastre de Kicillof, que es un expropiador serial. ¿Le van a confiar a un comunista? Si hubiera querido hacer las cosas bien, se hubiera adherido al RIGI nacional”, dijo en una entrevista con Alejandro Fantino.

Consultado si la inversión va a irse finalmente a Río Negro, sostuvo: “Obvio que se va a ir a otro lado. ¿Vas a invertir donde está Kicillof? ¿Para qué quiere un RIGI distinto, para hacerlo con sus ideas comunistas?”. La decisión la tomarán los directorios de YPF y Petronas, pero no hay que olvidar que las acciones de la petrolera local están en un un 51% en manos del Estado.

En respuesta, el mandatario bonaerense publicó en su cuenta de X: “Enoja y, a la vez, entristece escuchar al presidente abordar un tema tan importante de manera tan superficial y grosera. Y, además, con tanta agresividad. No podemos naturalizar que quien conduce el Estado Nacional y representa a nuestro país se maneje con tanta irresponsabilidad. Porque mientras Javier Milei despliega este espectáculo tragicómico, el desempleo sigue creciendo y la producción sigue cayendo”.

“La construcción de la planta de GNL es una inversión muy importante tanto para nuestra provincia como para el país. Espero que YPF y Petronas manejen el tema con seriedad y profesionalismo, sin dejarse influenciar por los comentarios trasnochados que escupe a diario el presidente y que ya nos hicieron entrar en conflicto con nuestros socios comerciales más estratégicos como China, Brasil, España, Colombia y Francia”, sostuvo.

Sobre la “disputa” con Río Negro, afirmó: “Seguiré trabajando en favor de los intereses de la provincia que gobierno y en defensa de los derechos de los bonaerenses sin entrar en una ridícula competencia con una provincia hermana y sin caer en las provocaciones de un presidente que confunde al país con las redes sociales”. Y agregó que “nuestra tarea es urgente: fortalecer un escudo y una red para proteger al pueblo bonaerense de las agresiones de Milei y contribuir a la construcción de una alternativa para la Argentina”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunirá con representantes legislativos del peronismo en la provincia de Buenos Aires para terminar de pulir los detalles del proyecto de ley para crear un Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas -un RIGI bonaerense- con el foco puesto en la instalación de la planta de GNL proyectada por YPF y Petronas.

La iniciativa había sido anunciada por Kicillof la semana pasada, en medio de la presión opositora para que Buenos Aires adhiera al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y garantizar así que la planta de GNL se establezca en Bahía Blanca y no en Punta Colorada, Río Negro, como propuso el mandatario provincial patagónico Alberto Wertelineck.

Hasta el momento el proyecto bonaerense no fue enviado a la Legislatura. Se hará una vez finalizado el receso invernal. Además, según pudo saber Infobae, Kicillof primero se reunirá con diputados y senadores de Unión por la Patria. En los bloques legislativos. de UP hay representantes de La Cámpora, el Frente Renovador, el PJ que responde a los intendentes, el Movimiento Evita, Patria Grande, la CGT y los sindicatos, Nuevo Encuentro. La intención es “hacerlos parte” a los legisladores del proyecto en cuestión y tantear cómo está el terreno legislativo, donde el oficialismo precisa de algunos aliados para conseguir su aprobación. Se trazó un encuentro la semana pasada que fue reprogramado.

Este lunes, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, planteó que “la mejor localización posible para la planta de GNL -y esto ha sido anunciado por varias empresas públicamente- es Bahía Blanca por muchos motivos: ya existe el puerto, ya existen los caminos, ya existen los ductos que se necesitan para la explotación y las disposiciones del RIGI ya están vigentes, tanto para la provincia de Buenos Aires como para cualquier otra provincia; lo que falta es que lo reglamente el Estado. Nosotros nos hemos expresado respecto, pero ya es una cuestión que devino abstracta. ¿Qué es lo que supuestamente se le está demandando a la provincia de Buenos Aires? que adhiera al RIGI para dar estabilidad fiscal a los impuestos provinciales y eso es básicamente el impuesto a los ingresos brutos y los impuestos a los sellos que es lo que afectaría el impuesto de estas inversiones. Lo que dijo el gobernador es que va a presentar un régimen de incentivo”.

En su lineamiento general se espera que el RIGI bonaerense incluya exención impositiva provincial para grandes inversiones. La discusión es si esta aplicación correrá de manera automática para todos los proyectos a establecer o habrá una instancia de evaluación inversión por inversión. Es parte de lo que se está resolviendo. Tras el anuncio que hizo Kicillof, en la Legislatura bonaerense apuraron algunos proyectos similares. Uno de ellos lleva la firma de los senadores opositores Marcelo Daletto (UCR-Cambio Federal) y Carlos Kikuchi (La Libertad Avanza), que ofrece además de la cuestión a los ingresos brutos una exención impositiva al 100% por 15 años en impuesto inmobiliario tanto urbano como rural y los siguientes 15 años al 50%, entre otros puntos.

La posición de Bahía Blanca

Pese al ida y vuelta entre la gestión de Javier Milei y la provincia de Buenos Aires, en lo que respecta al proyecto de GNL hay una coincidencia -que también alcanza al municipio de Bahía Blanca- y es que habrá beneficios impositivos para YPF y Petronas. Este viernes, mientras Carlos Bianco encabezaba su conferencia de prensa en la gobernación bonaerense, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, también realizaba un encuentro con medios para detallar en qué posición se encuentra el municipio en el marco de la negociación por la planta de GNL. El jefe comunal bahiense -de Unión por la Patria- planteó que “lo importante es que se generen regímenes especiales y globales que tomen como base los beneficios del RIGI, dando estabilidad fiscal e impositiva y contemple la prórroga jurisdiccional”, y que “si el elegido es el Puerto de Bahía Blanca, la Provincia de Buenos Aires generará las mejores condiciones para que el proyecto se albergue acá. Y tampoco tengo dudas que si esa es la decisión de YPF y Petronas el Presidente también va a buscar lo mejor para el país”.

“El Puerto tiene más de 30 años de tradición, con una mayoría privada y un directorio que lo deja trabajar y ser líder a nivel nacional y latinoamericano. Opera más de mil buques por año, tiene un servicio de tráfico marítimo que permite operar con seguridad y tranquilidad. Es un puerto que mueve 30 millones de toneladas al año, con servicios especializados en todos los ámbitos y una trayectoria larguísima en materia de energía. Los procesos de licuefacción y regasificación no son nuevos para nosotros; tenemos gente preparada para esto. Además, contamos con la infraestructura necesaria. Es un puerto abrigado, por lo que opera un 22 % más de días que Punta Colorada”, agregó Susbielles desde el Puerto de Bahía.

El jefe comunal también garantizó un marco jurídico a YPF y Petronas: anunció que habrá rezonificaciones pedidas por las empresas en el área donde podría implementarse la planta de GNL. Susbielles evitó confrontar directamente con el presidente. Incluso estuvo acompañado por la titular del Concejo Deliberante, María Teresa Gonard que es de LLA y el ex candidato a intendente del espacio libertario, Oscar Liberman, además de representantes de las cámaras empresarias, de las universidades locales, sectores gremiales y referentes de otros sectores de la política local.

La planta de GNL se estima como la mayor obra de infraestructura de la historia argentina. La planta es la instalación necesaria para transformar el gas y hacerlo exportable por medio de barcos, los mismos que hoy importa el país y que generaron un fuerte gasto de dólares del Tesoro y el BCRA en los últimos años (aunque mucho menos desde que funciona el Gasoducto Néstor Kirchner que inyecta fluido a red nacional y ahorra, en parte, esas importaciones).

Esto permitiría, desde 2031 y si se cumplen las previsiones oficiales, exportaciones anuales totales por unos USD 30.000 millones (gas y también crudo). Esa misma cifra demandará la construcción de la planta, que se haría en varias etapas (al principio con “barcos fábricas” y luego con la planta propiamente dicha).

“La construcción de la planta de GNL es una inversión muy importante tanto para nuestra provincia como para el país. Espero que YPF y Petronas manejen el tema con seriedad y profesionalismo, sin dejarse influenciar por los comentarios trasnochados que escupe a diario el presidente y que ya nos hicieron entrar en conflicto con nuestros socios comerciales más estratégicos como China, Brasil, España, Colombia y Francia”, planteó Kicillof este fin de semana, luego de que Milei dijera en una entrevista con Alejandro Fantino que “en Buenos Aires tenés al lastre de Kicillof, que es un expropiador serial. ¿Le van a confiar a un comunista? Si hubiera querido hacer las cosas bien, se hubiera adherido al RIGI nacional”.

Por estas horas, el gobierno de Axel Kicillof termina de pulir el proyecto para impulsar un régimen de inversiones propio y de características similares al RIGI con el objetivo de asegurarse que la planta de GNL que proyectan las petroleras YPF y Petronas, se instale en el puerto de Bahía Blanca por sobre la opción de Río Negro, que ofreció a Punta Colorada en Sierras Bajas, como locación factible. Así, se enfrenta a dos escenarios: conseguir el respaldo en la Legislatura bonaerense y dar la factibilidad que pide la petrolera para que el proyecto se quede en territorio bonaerense.

Este martes, un sector de la oposición se movió en la Legislatura y presentó su propia iniciativa de régimen de fomento de inversiones. La estrategia es, con ese proyecto, hacer aportes a lo que vaya a presentar el Ejecutivo bonaerense. Lleva las firmas del senador por La Libertad Avanza, Carlos Kikuchi y de UCR-Cambio Federal, Marcelo Daletto.

Que hayan sido estos dos legisladores quienes empujen un texto similar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y al Fomento que propone la Provincia es una señal para el oficialismo. “No estamos de acuerdo con la negativa del Gobernador a no adherir al RIGI nacional”, planteó Kikuchi, aunque advirtió que “es muy importante que la Provincia lo haga y vamos a acompañar todas las iniciativas en ese sentido”.

El bloque de Kikuchi en el Senado ha sido determinante para algunas iniciativas que impulsó el gobierno como la Ley Fiscal Impositiva 2024, al menos en la votación general donde acompañó. El espacio que integra suma tres integrantes de una cámara que tiene 46 miembros y donde Unión por la Patria cuenta con 21 escaños. Para un proyecto incluido en el sobre tablas, el oficialismo necesita de tres aliados.

Kikuchi fue uno de los armadores de campaña de Javier Milei en las últimas elecciones; pero luego de enemistarse con la hermana del presidente y hoy Secretaria General de Presidencia, Karina Milei, a finales del año pasado quedó relegado de la estructura libertaria. Semanas atrás mantuvo un encuentro con los diputados nacionales del peronismo no K, Miguel Ángel Pichetto y Florencio Randazzo.

El proyecto presentado en la Cámara alta por estos dos senadores de la oposición -denominado como Régimen de Inversiones Bonaerense de la Provincia de Buenos Aires (R.IN.BO)- plantea que es de “aplicación a todas las actividades que se desarrollen en el territorio provincial que impliquen un valor agregado en la actividad económica”, para proyectos de inversión superior a USD 10 millones y que involucre “la creación sostenida de empleo directo asociado a la inversión en los primeros diez (10) años de desarrollo siendo el mínimo requerido el de cien (100) puestos de trabajo”.

Además, como todo régimen de inversión también propone eximición impositiva al 100% en impuesto inmobiliario rural y urbano durante los primeros 15 años y un 50% desde los 16 a los 30 años. Misma ecuación corre para el impuesto automotor y para el impuesto al sello.

“Proponemos que mediante la firma de convenios la Provincia delegue estas acciones en los Municipios para que cada uno de los 135 Intendentes tengan la herramienta para generar inversiones y empleo en sus distritos”, dijo Daletto, otro de los autores de la iniciativa.

La UCR en el Senado también tenía en carpeta la presentación de un proyecto similar. Adelantaron que analizarán el proyecto de la Provincia aportando cambios. Se descuenta que habrá un acompañamiento.

Toda la discusión cobró velocidad producto de la disputa por la instalación de la planta de Gas Natural Licuado que YPF junto a Petronas pretende instalar en el país. La locación de esa inversión es el núcleo de la cuestión. Es una inversión histórica y que representa USD 50 mil millones. La ciudad de Bahía Blanca apareció como la primera alternativa ya 2022, pero Río Negro asomó como opción B con el cambio de gobierno nacional. El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck adhirió al RIGI como pidió el presidente de YPF, Horacio Marín, y seguidamente confrontó contra la gestión bonaerense: “La posición dogmática de Kicillof y el kirchnerismo nos ayuda muchísimo”, planteó en declaraciones a Clarín.

En Buenos Aires evitan contestar. Kicillof y el vicegobernador rionegrino, Pedro Pesatti, se cruzaron días atrás en un acto homenaje a las víctimas de la AMIA.. Según el mandatario bonaerense no hablaron del tema. Esperan que la Legislatura acompañe la iniciativa al Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas (así se llamará el proyecto).

En el PRO no hay intenciones explícitas de aprobar a libro cerrado la iniciativa que vaya a mandar el Ejecutivo bonaerense. Lo mismo que La Libertad Avanza que responde al presidente Javier Milei. Piden que Kicillof envíe la adhesión al RIGI nacional incluido en la Ley Bases. Hasta el momento, ningún texto -ni adhesión al RIGI ni la ley de Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas- fue girado a ninguna de las Cámaras. La adhesión al RIGI nacional prácticamente un caso cerrado. Buenos Aires no adherirá.

En el peronismo aguardan que el gobernador envíe el texto. Detrás de su contenido está el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa. Según pudo saber este medio, el proyecto será girado antes de que termine la semana. Aún restan algunas conversaciones, incluso entre las distintas terminales del oficialismo.

Tanto en Diputados como en el Senado, el oficialismo requiere de aliados para mover un expediente de peso como pareciera ser el Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas. En Diputados, el bloque de UP cuenta con 37 integrantes. Precisa de 10 votos más siempre y cuando el total de los presentes al momento de la votación es de 92 diputados. Si ese número es menor, el porcentual se reduce como ocurrió la semana pasada cuando el oficialismo consiguió los votos para aprobar la creación de una empresa estatal de emergencias médicas; cuyo tratamiento ya se encuentra ahora en manos del Senado.

En días donde las referencias futbolísticas se imponen, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, corrió el arco. A la demanda de la oposición para que el gobierno de la provincia de la provincia de Buenos Aires adhiera al Régimen de Incentivos de Grandes Inversores (RIGI) con la eventual garantía de que de esta forma la provincia se asegurará que las petroleras YPF y Petronas elijan al puerto de Bahía Blanca como locación para instalar la planta de Gas Natural Licuado (GNL) que tienen proyectado desde hace años, el mandatario provincial anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de similares características al RIGI que está diseñado con el específico objetivo de que la inversión por USD 50 mil millones que implica el proyecto energético se quede en el territorio bonaerense. Al momento de publicación de esta nota, la iniciativa anunciada todavía no estaba cerrada.

Mientras, espera que YPF defina junto a Petronas la locación definitiva de la planta. Las autoridades bonaerenses y también algunos sectores de la oposición, como por ejemplo el radicalismo, exhiben los beneficios logísticos que otorga el puerto de Ingeniero White en Bahía Blanca para su instalación por sobre la opción de Río Negro que ofreció Punta Colorada, en Sierras Bajas, para llevar adelante el proyecto. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, mandó la adhesión provincial al RIGI y la Legislatura se lo aprobó sin mayores complejidades. Tras la conferencia de prensa de Kicillof de este lunes, volvió a ponderar a la provincia que gobierna como locación factible para la planta de GNL. El bonaerense había pedido que no se plantee el tema como una partidización. En la provincia patagónica contestaron con un tuit de su gobernador.

“Río Negro se posiciona como la opción más sólida para albergar esta planta de GNL. Este proyecto no solo promete beneficios económicos y de desarrollo significativos para nuestra provincia, sino que también fortalecerá de manera considerable la infraestructura energética regional”, aseguró nuevamente Weretilneck

Con el proyecto de ley para crear un Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas, el Ejecutivo bonaerense busca englobar requisitos que necesitan las compañías para llevar adelante el proyecto en Bahía Blanca. “Entre ellas, ofrecemos estabilidad tributaria por un periodo similar al que ofrece el régimen nacional”, dijo Kicillof este lunes al momento de presentar la iniciativa que, al cierre de esta nota, todavía no estaba terminada ni girada a la Legislatura, donde se espera por un rápido tratamiento luego del receso invernal.

En el terreno político, el Ejecutivo bonaerense esquiva la adhesión al RIGI sancionado en la Ley Bases. Para lo que refiere la instalación de la planta de GNL, Kicillof ha planteado que el proyecto de YPF con Petronas es anterior a la instauración del RIGI y que con el proyecto bonaerense ya se suplen los requerimientos impositivos. También, planteó que en el pedido que hizo YPF de siete puntos de factibilidad hay cuestiones por las que la Provincia no puede responder, como ser ordenanzas locales (que corresponde al ámbito legislativo bahiense) o la viabilidad para la expropiación de terrenos (que es potestad de la Legislatura bonaerense). Este lunes, Buenos Aires hizo la contestación formal a la petrolera estatal argentina.

Con este giro en la discusión que planteó el mandatario bonaerense, la Legislatura cobra ahora un valor co-protagónico. Desde ese ámbito hasta el último fin de semana se le exigía mayoritariamente a Kicillof -con los bloques libertarios y del PRO a la cabeza- que adhiera al RIGI aprobado en el Congreso. El gobernador salió del laberinto por arriba; con su propio proyecto.

Otra negociación con la oposición

Ahora el Ejecutivo afina los detalles del Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado esperan con ansias el texto. “Es fundamental que se aumenten las inversiones en la provincia de Buenos Aires pero lo que no puede pasar es que el gobernador esté haciendo piruetas para enfrentar al gobierno nacional y cuando llegue el proyecto a la legislatura, lo vamos a analizar con seriedad”, le dijo a Infobae la presidenta del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, Maricel Etchecoin Moro.

Por ahora, sin mayores precisiones, los bloques no peronistas toman distancia de la estrategia legislativa de Kicillof. En una ronda de consultas las posiciones son escépticas con este tema.

“Cuando llegue a la Legislatura el proyecto, lo estudiaremos y le haremos los aportes necesarios para que se logre concretar la instalación en Bahía Blanca de la planta de GNL que las petroleras YPF y Petronas planean construir. Bahía Blanca tiene las mejores condiciones técnicas, geográficas y de infraestructura para que este proyecto se lleve a adelante en esta región”; bregó el diputado del bloque Unión Renovación y Fe, Fabián Luayza. Este bloque estuvo en los últimos días en el centro de la escena cuando la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, cuestionó el apoyo que la bancada le dio al proyecto del Ejecutivo para aprobar la creación de una empresa de emergencias médicas. Es que los integrantes de esta bancada ingresaron a la Legislatura como parte de un acuerdo electoral con el presidente Javier Milei e integraron las listas de La Libertad Avanza durante las últimas elecciones. La vicepresidenta, pidió “que devuelvan sus bancas”.

Respecto a la instalación de la planta de GNL en Bahía Blanca, la bancada de libertarios dialoguistas ratificaron su perfil exhibido en la última sesión en la Cámara baja bonaerense. “Acompañaremos todas las iniciativas que promuevan la generación empleo de calidad e inversiones en el territorio bonaerense”, agregó Luayza.

En el PRO siguen pidiendo que Kicillof adhiera al RIGI y luego estarían dispuestos a estudiar y discutir la iniciativa bonaerense. “Deje de dar vueltas y adhiera a la normativa nacional para que las empresas puedan invertir y producir en la provincia. Termine esta pelea ideológica porque los bonaerenses perderemos una oportunidad histórica”, deslizó el presidente del bloque PRO en la Cámara baja bonaerense, Agustín Forchieri.

“La adhesión al RIGI va más allá de la inversión en Bahía Blanca y es importante que el gobierno adhiera”, planteó la senadora de la UCR, Nerina Neumann. La legisladora provincial es de la Sexta sección electoral -región sur del territorio bonaerense- y mantiene una agenda enfocada en este proyecto. “Seguiremos trabajando para que el gobernador lo haga pero mientras tanto, esperamos que se concrete el proyecto por el que se viene trabajando hace años de GNL Bahía”. Sin embargo, dentro del radicalismo hay diferentes miradas al respecto.

A diferencia de los bloques del PRO y La Libertad Avanza, el radicalismo se corrió de la presión en el marco legislativo para que Kicillof adhiera al RIGI. “Es una potestad del gobernador, nosotros no podemos generar desde la Legislatura la adhesión al RIGI. Lo tiene que hacer el gobernador; si lo hace lo apoyaremos. Si se cae la inversión por este tema y será el responsable” planteó un legislador del partido centenario ante Infobae.

En la Libertad Avanza bonaerense apelaron al eufemismo de RIGI Blue para referirse a la iniciativa. El diputado del bloque libertario y apoderado del partido a nivel provincial, Alejandro Carrancio, planteó que “no necesitamos la creación de un RIGI paralelo”, sino que “hay que adherir al que ya existe y avanzar”.

Desde el momento en que el presidente de YPF, Horacio Marín, planteó que si Buenos Aires no adhería al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la provincia que gobierna Axel Kicillof perdería el proyecto para instalar una planta de licuefacción de gas natural en la ciudad de Bahía Blanca, los distintos sectores de la oposición bonaerense empezaron a presionar por carriles legislativos para que el distrito se sume a la iniciativa que se incluyó en la Ley Bases, es decir, que adhiera al RIGI.

Hubo estudios de factibilidad y reserva de cientos de hectáreas y disponibilidad de tierras en el Puerto de Bahía Blanca de parte de YPF y la empresa petrolera nacional de Malasia, Petronas. El proyecto implica la participación de ambas petroleras. El año pasado, se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto que dotaba de ciertas facilidades impositivas y condiciones de estabilidad fiscal, regulatoria y cambiaria a las inversiones, teniendo como horizonte el proyecto de GNL entre YPF y Petronas, producto del aumento de producción de gas en Vaca Muerta. Meses atrás, Kicillof también sacó un decreto donde declara “de interés provincial la iniciativa expuesta por Y.P.F. S.A. y la empresa estatal malaya Petronas para la instalación de una planta de licuefacción de gas natural en el Puerto de Bahía Blanca, la infraestructura necesaria para su concreción y la realización de estudios relacionados con la cuestión marítima, de suelo, técnicos, económicos y ambientales relacionados con la explotación del gas natural licuado en Argentina”.

En el medio apareció la opción de llevar el proyecto a la provincia de Río Negro, puntualmente a la zona de Punta Colorada, donde el gobierno provincial ya se aseguró la puesta en marcha de un oleoducto y ahora va por el premio mayor. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se movió con velocidad en términos políticos. Primero acompañó a través de sus legisladores nacionales la Ley Bases y este viernes la Legislatura votó un proyecto del Ejecutivo rionegrino para adherir al RIGI, convirtiéndose de esta manera en la primera provincia que suscribe al Régimen en cuestión.

“Trabajo genuino, desarrollo, ingresos brutos, inversiones y un mejor futuro para los rionegrinos. Eso es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) al cual adherimos en Río Negro a través de un proyecto de ley que hace minutos fue aprobado en la Legislatura”, remarcó el gobernador rionegrino una vez sancionado el proyecto.

Hasta el momento, no hay miras de que Kicillof vaya a suscribir a la propuesta incluida en la ley recientemente sancionada en el Congreso. Sin embargo, Buenos Aires “sigue en carrera” para obtener la locación a la planta de GNL.

Según pudo reconstruir Infobae, YPF envió dos cartas similares: una a Buenos Aires y otra a Río Negro. En ellas se consulta sobre siete puntos de factibilidad y beneficios de instalar la planta en cuestión, ya sea en Ingeniero White (Bahía Blanca, PBA) o en Punta Colorada (Río Negro). Son tres puntos de aspectos económicos y cuatro puntos de factibilidad, entre ellos la adhesión al RIGI. Aún no fueron contestadas.

Fuentes del gobierno bonaerense confirmaron ante la consulta de este medio que contestarán la misiva a la brevedad, pues la intención de YPF es tener resuelto ese tema antes del mes de agosto.

Con las dos cartas contestadas, técnicos de YPF y de Petronas evaluarán las condiciones económicas que, sostienen en la petrolera argentina, “son los puntos más importantes”, así como los pros y los contras de cada posible locación. Tras ello, tomarán una decisión.

Por su parte, YPF contrató a una empresa norteamericana que será veedora del proceso para dar cuenta de que se tomarán pautas técnicas y económicas para elegir el destino final. El proyecto de la planta de GNL proyecta una inversión de alrededor de 40 mil millones de dólares.

Esta semana, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, mantuvo una reunión con el presidente de YPF. Según destacó el jefe comunal, “de radicarse en el Puerto de Bahía Blanca, la iniciativa será competitiva en tasas e impuestos con estándares comparables a los puertos más relevantes del mundo en la materia”, aseguró y agregó también que “nuestra ciudad también ofrece aristas que claramente la diferencian de otras opciones de todo el país y en ellas se inscribe la calidad y formación del recurso humano especializado en licuefacción y regasificación, empresas de servicios, universidades, institutos científicos y licencias sociales y ambientales vigentes”.

Al decreto de Kicillof se le sumaron en las últimas semanas algunas gestualidades políticas de parte del PRO y La Libertad Avanza. Los intendentes de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (PRO bullrchista), de San Isidro, Ramón Lanús (PRO bullrchista), y de Junín, Pablo Petrecca (PRO), presentaron en sus concejos deliberantes proyectos para que los municipios que gobiernan adhieran al RIGI. Este tridente invitó a la provincia de Buenos Aires a una acción similar.

Tras la frase de Marín de “sin RIGI no hay GNL”, florecieron los proyectos en la Legislatura bonaerense para que Buenos Aires se sume al régimen. El primero -incluso antes de ser sancionada la normativa en el congreso-, fue del diputado provincial de La Libertad Avanza Agustín Romo; le siguieron proyectos similares del PRO tanto en la Cámara de Diputados -espacio presidido por Agustín Forchieri, que responde a Diego Santilli- como en la Cámara de Senadores -una iniciativa presentada por el legislador Alex Campbell, que lleva la firma de todos los senadores del bloque que preside Alejandro Rabinovich-. Ninguna iniciativa avanzó hasta el momento. Todas ponen a la planta de GNL como argumento práctico para la adhesión.

“Creemos que presentar un proyecto para adherir al RIGI es la mejor manera porque la adhesión es una atribución del Poder Legislativo. Estamos haciendo el trabajo que el gobernador Kicillof debería impulsar, pero no lo hace. Pareciera que no quiere que las empresas inviertan y produzcan más, ni que los bonaerenses tengan más oportunidades de trabajo”, sostuvo Forchieri.

En la misma sintonía, el senador Campbell planteó que “este régimen al cual tiene que adherir la provincia de Buenos Aires va a ayudar a para que la planta de GNL, de gas licuado, se instale en la provincia de Buenos Aires y no se vaya a otra provincia y darle las condiciones adecuadas a que las grandes inversiones que se quieran instalar en la Argentina vengan a la provincia de Buenos Aires”, dijo Campbell. En los próximos días, Buenos Aires contestará la requisitoria de YPF y Petronas.

A menos de una semana de que entrara en vigor la Ley Bases, este viernes Río Negro se convirtió en la primera provincia del país en adherir al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa fue aprobada por 35 a 10 -aunque recibió el rechazo en su totalidad de los legisladores kirchneristas- y significó un avance para el gobierno provincial en su objetivo de quedarse con la instalación de la planta de licuefacción de gas de Vaca Muerta que le disputa a Buenos Aires.

El gobernador Alberto Weretilneck había enviado el proyecto de ley a su parlamento el mismo lunes en el que el paquete de medidas impulsado por la administración de Javier Milei fue publicado en el Boletín Oficial. Según él mismo señaló, la finalidad de su apuro fue avanzar en su disputa con Axel Kicillof para quedarse con la inversión clave que, hasta ahora, Petronas e YPF habían acordado hacer en Bahía Blanca.

Tras la aprobación en su provincia del régimen sancionado por el Congreso nacional, el mandatario local celebró el paso y le agradeció a los legisladores por apoyar la iniciativa. Lo hizo con un mensaje a través de sus redes sociales, en el que aseguró que desde ahora “comienza a escribirse un nuevo capítulo en la historia de Río Negro”.

“Trabajo genuino, desarrollo, ingresos brutos, inversiones y un mejor futuro para los rionegrinos. Eso es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) al cual adherimos en Río Negro a través de un proyecto de ley que hace minutos fue aprobado en la Legislatura de Río Negro”, comienza el posteo de Weretilneck en su cuenta de X.

Este continúa: “Quiero agradecer a los legisladores que apoyaron este proyecto porque entendieron lo que significa para nuestra provincia, para Sierra Grande y San Antonio Oeste, la oportunidad histórica que tenemos de salir adelante después de tantos años de frustraciones y estancamiento. Hoy comienza un nuevo capítulo en la historia de Río Negro, estamos convencidos de que podemos transformar a nuestra provincia y a nuestro país”.

En Buenos Aires, los legisladores bonaerenses del PRO se hicieron eco de la noticia y le reclamaron al gobernador Axel Kicillof que la provincia también se adhiera al RIGI. “De lo contrario las inversiones seguro buscarán ir a otras provincias que ofrezcan mejores condiciones y mayor seguridad y estabilidad jurídica”, explicó el senador Alex Campbell al respecto en sus redes.

En este sentido, enviaron un proyecto de ley a la Legislatura a fin de tratar la adhesión al régimen que, según la defensa que hizo el gobierno nacional, busca brindar incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema de protección de derechos adquiridos a los titulares de un único proyecto de inversión que deberá ser superior a los USD 200 millones.

El documento presentado por el PRO alega que sumarse al RIGI “es fundamental para lograr la instalación de la planta de Gas Natural Licuado (GNL) en el puerto Bahía Blanca”. Sobre este punto, el texto señala: “La provincia de Buenos Aires se encuentra pugnando con la Provincia de Río Negro para la instalación de esta planta, que hará que las exportaciones de la provincia de Buenos Aires pasen a representar del 36 al 50 por ciento a nivel nacional fomentando el desarrollo de los sectores vinculados al proceso productivo, y la creación de empleo que se estima en 6.300 puestos de trabajo durante la construcción de la planta, y 3.000 durante el periodo de funcionamiento”.

Además, destaca el accionar en la provincia rionegrina: “Por ello rápidamente ni bien fue sancionada por el Congreso Nacional la Ley Bases la Provincia de Río Negro a través de su Gobernador ingresó a la legislatura el proyecto de adhesión al Título VII que establece el RIGI con miras a brindar un mejor escenario para la radicación de la misma en la localidad de Punta Colorada”.

Y cierra: “Lamentablemente y pese a que la instalación de la planta en el Puerto de Bahía Blanca fue declarada de interés provincial por Decreto 544/2024 del Gobernador Kicillof, no ha procedido de igual forma que el gobernador de Río Negro, desatendiéndose del bienestar de los bonaerenses por cuestiones ideológicas y políticas”.

Pocas horas después de que el gobierno pusiera en vigor la Ley Bases con su publicación en el Boletín Oficial, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck envió un proyecto a la legislatura local para que su provincia sea una de las primeras en adherirse al régimen sancionado por el Congreso.

El objetivo del apuro por tener aprobada la adhesión al RIGI tiene el objetivo de disputarle a la provincia de Buenos Aires que gobierna Axel Kicillof la instalación y desarrollo de una planta de licuefacción de gas proveniente de Vaca Muerta. Hasta ahora, Petronas e YPF habian acordado hacerlo en Bahía Blanca.

“Solicité el tratamiento urgente de este régimen que atraerá inversiones superiores a 200 millones de dólares con incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios, posicionando a Río Negro como un destino clave para inversiones nacionales y extranjeras”, aseguró el mandatario.

Y agregó: “El proyecto resalta que nuestra provincia, con sus recursos naturales, condiciones geográficas e infraestructura, es un candidato ideal. Nuestro objetivo es claro: promover la competitividad económica, incrementar exportaciones y generar empleo para los rionegrinos”.

Como la Argentina es un país federal, la adhesión de las provincias al régimen incluido en la ley nacional es un paso previo obligatorio para su puesta en marcha en cada jurisdicción. Se prevé que en los próximos días otras jurisdicciones, sobre todo las administradas por el PRO y otras fuerzas aliadas al Ejecutivo, sigan el camino de Río Negro.

Hay dudas sobre lo que harán los mandatarios peronistas, cuyos legisladores votaron en contra al RIGI. Un caso emblemático es el de la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, que no adherirse perdería millones de dólares en inversión y puestos de trabajo.

Qué es el Régimen de Incentivo a Grandes Inversores (RIGI)

El RIGI es un régimen de promoción de inversiones incluido en la Ley Bases, recientemente aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo. Según la defensa que hizo el gobierno, el esquema busca brindar incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema de protección de derechos adquiridos a los titulares de un único proyecto de inversión que deberá ser superior a los USD 200 millones.

Las empresas que quieran adherirse tendrán dos años para hacerlo y el Poder Ejecutivo quedó autorizado a extender ese plazo por un año más.

Quienes ingresen al RIGI tendrán, para el proyecto ingresado, beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años. Entre ellos se encuentra una mayor flexibilidad para girar divisas al exterior, uno de los principales reparos que ponen los empresarios a la hora de invertir.

La oposición cuestiona al RIGI porque considera que entrega condiciones demasiado beneficiosas para las empresas extranjeras que decidan invertir en la Argentina.

No es casual que Río Negro sea una de las primeras provincias en activar su adhesión al RIGI. En parte de su territorio se ubica Vaca Muerta, la segunda reserva de gas del mundo y la cuarta de petróleo, que atrae no solamente a las principales compañías energéticas del mundo, sino también a todo un ecosistema económico que girará en torno a la explotación de esos recursos durante varias décadas.

De acuerdo a un informe publicado este fin de semana, justamente el desarrollo y los negocios en torno de Vaca Muerta y los proyectos mineros lucen como los sectores en que el régimen podría tener mayor efecto. También podría generar inversiones en otros sectores como forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología y siderurgia.

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro investiga a médicos de distintas localidades de la provincia que otorgaban certificados de salud apócrifos para justificar ausencias de trabajadores estatales de distintas reparticiones y cuya emisión era tarifada de acuerdo a la cantidad de días solicitados por el paciente.

La secretaria de la Función Pública de la provincia, Tania Lastra, denunció que los médicos “utilizaban una tabla de precios en función de la cantidad de días que necesitaban, mientras más días más elevados esos valores”.

En el transcurso de la investigación, surgió que los pacientes contactaban a los médicos por WhatsApp y solicitaban licencias médicas, aclarando la cantidad de días que pretendían ausentarse de su trabajo. En la respuesta el profesional enviaba una planilla, a completar por el supuesto paciente, y la tarifa correspondiente por la emisión. “Hay una tabla de cuánto cuesta un certificado por tantos días”, dijo.

El elevado nivel de ausentismo en las distintas áreas que dependen del gobierno despertó sospechas sobre la genuinidad de los documentos presentados por los trabajadores, muchos de los cuales estaban rubricados por los mismos facultativos.

El gobernador de la provincia Alberto Weretilneck, con los datos que recabó durante la investigación, denunció a dos de los médicos sospechados de participar de la maniobra. Se cree que serían más de 20 los profesionales involucrados.

La presentación estuvo a cargo de la fiscalía de Estado, a cargo de Gastón Pérez Estevan, y en el marco de las actuaciones se allanaron domicilios y consultorios pertenecientes a los médicos involucrados.

El caso investigado es una posible defraudación en perjuicio de la administración pública, a partir del otorgamiento de certificados médicos que consignaban diagnósticos falsos de enfermedades o impedimentos laborales inexistentes.

Lastra aseguró que los médicos “habrían emitido cientos de certificados médicos irregulares, otorgando licencias injustificadas extensas, ocasionando un desfalco millonario”. Sólo una profesional otorgó más de 2181 días de licencias médicas.

Weretilneck, por su parte, explicó que “una de las profesionales investigadas entregaba 20 certificados por día, los cobraba y en un mes se entregaron más de 300. No hay forma que le den las horas del día para atender a tantos pacientes”. Con la intervención de esa médica, el Estado pierde más de $ 260 millones.

Llamativamente una de las médicas investigadas es pediatra. De acuerdo a las averiguaciones que impulsa el Ejecutivo, los médicos tenían un tarifario con distintos valores, que variaban de acuerdo a la cantidad de días que solicitaba el “cliente”.

En algunos casos el pago se realizaba a través de canales virtuales, dato que también forma parte de la investigación, aunque también existen registros de cancelaciones en efectivo.

Uno de los facultativos denunciados tenía en su estado de WhatsApp un aviso donde informaba cuánto cobraba por emitir un certificado de salud para solicitar licencia médica, dato que forma parte del expediente como “material probatorio de primera mano”.

La investigación recaerá también en los empleados que presentaron esos documentos apócrifos para tomarse licencias por motivos de salud, quienes podrían ser sancionados o incluso despedidos.

“Hay casos de docentes que no trabajan desde hace dos años, renuevan sus licencias médicas de forma recurrente. Son casos que están en evaluación” aseguraron fuentes del gobierno.

La investigación está en manos del fiscal jefe de la Primera Circunscripción Judicial, Juan Pedro Peralta, con jurisdicción en Viedma, la capital rionegrina.

En un mensaje grabado, Weretilneck anunció que el gobierno será implacable con los médicos que emitieron los certificados. ”Cuando hablábamos de falsificación de certificados, también hablamos del impacto económico negativo que tienen este tipo de conductas para el Estado Provincial”, publicó este miércoles el gobernador, y concluyó: “Vamos a hacer hasta que los médicos que tenemos bajo investigación, pierdan su matrícula profesional, no vamos a permitir que ilegalmente sigan perjudicando al Estado provincial y a todos los rionegrinos”.

Con un tono desafiante, los directivos de la agrupación sindical de los docentes de Río Negro, la Unión de Trabajadores de la Educación (Unter), defendieron la medida de fuerza repentina que paralizó la actividad de las escuelas públicas de la provincia, a pesar de que las negociaciones paritarias aún no habían concluido. Desde el gobierno provincial reaccionaron y apuntaron contra la organización por la decisión que, aseguran, se tomó de forma inesperada.

“Es insuficiente, vamos al paro” anunciaron los docentes. A partir de la medida, la Unter fue blanco de críticas provenientes de distintos sectores, no sólo por la dureza de la misma, sino también por su aplicación repentina.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, aseguró que el reclamo “es inexplicable e inentendible” y anticipó que la medida de fuerza afectó las negociaciones.

Un reciente informe de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) reveló que Río Negro es la provincia argentina con los salarios docentes más altos del país. Según reveló, un maestro que recién comienza recibe un sueldo neto de $620.000. El relevamiento del Instituto Marina Vilte, realizó un comparativo de los sueldos que se perciben en el sector en Argentina.

El dato, ignorado por la conducción sindical, fue mencionado por el mandatario provincia. “Los docentes de nuestra Provincia tienen los mejores sueldos del país. Cuando uno compara las 24 jurisdicciones, Río Negro tiene el salario más alto, por eso que es inentendible esta medida. El gobierno provincial desde el 10 de diciembre hasta aquí ha tenido gestos de acompañamiento en la recuperación del salario docente”, señaló el mandatario.

Dijo además que “cuando el gobierno nacional quitó el FONID muchas provincias lo eliminaron, Río Negro dejó ese 10 por ciento en el sueldo de los docentes como una manera de acompañar y de no quitarles ese Fondo de Incentivo Docente que a la provincia se le fue quitado por Nación”.

La medida de fuerza vació las aulas de los establecimientos educativos estatales y privó a más de 170 mil chicos de asistir a los comedores escolares.

La inmediatez del planteo generó, además, pérdidas millonarias en alimentos que estaban destinados a esos espacios. “Es un reclamo injustificado” dijo Weretilneck.

“Un día de paro de docentes, es un día en el que 170 mil estudiantes no desayunan/meriendan y 33 mil niños no almuerzan. Es un agravio a las familias que necesitan la ayuda del comedor escolar y un retroceso en el proceso de aprendizaje de los estudiantes” publicó el jefe del ejecutivo rionegrino.

Lamentó la decisión, a la que catalogó de “egoísta, injustificada y donde los únicos perjudicados terminan siendo nuestros chicos”.

Los docentes rechazaron un aumento del 133 por ciento entre febrero y julio. La sorpresiva determinación de UNTER fue cuestionada también por los Padres Autoconvocados por la Educación Pública, quienes mencionaron el “oportunismo” de la agrupación sindical de decretar la medida de fuerza “sin avisar 24 horas antes, en la víspera de un fin de semana largo y en la antesala de una semana con varios feriados”.

El grupo criticó a los docentes “por perjudicar a los alumnos con estas medidas de fuerza. No entendemos cómo pueden rechazar un aumento tan significativo y seguir afectando la educación de nuestros hijos. ¡Exigimos que se priorice el bienestar y la educación de los estudiantes!”

Dijeron además que “con la última propuesta del gobierno un maestro inicial sin antigüedad tendrá un salario de $793.000, representando un aumento acumulado en lo que va del año del 132,79%, superando ampliamente a la inflación acumulada en el año”.

A pesar de las críticas, la conducción sindical amenazó con un nuevo paro para el próximo miércoles.

Los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, participaron de la cumbre PRIORIDAD FII, organizada por el Future Investment Initiative (FII Institute) en Río de Janeiro. La invitación para encontrarse este miércoles 12 de junio llegó por parte del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con el objetivo de intercambiar miradas sobre la transición energética, Vaca Muerta y el potencial frutícola de la región norpatagónica.

Asimismo, en la reunión estuvieron miembros del gabinete de ministros del mandatario brasileño. Después fue el turno de un encuentro personal con el jefe de Gabinete, Rui Costa; el ministro de Transporte, Renan Filho; y el de Energía, Alexandre Silveira. También se reunieron con la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, y autoridades del Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES).

Por su parte, Rolando Figueroa, durante su visita a Houston en mayo, ya había mantenido encuentros con directivos de la empresa energética de Brasil, por lo que vienen trabajando sobre las potencialidades que ofrece Vaca Muerta para todo el Cono Sur y las opciones de inversión en la cuenca neuquina.

En la cumbre PRIORIDAD FII se abordaron temas que afectan principalmente a la Patagonia, siempre manteniendo un enfoque ambiental. En ese sentido, los dirigentes destacaron que Vaca Muerta tiene un rol importante para todo el Cono Sur en el proceso de transición energética a partir del desarrollo del gas. Al respecto, uno de los datos más subrayados es la posibilidad concreta de exportar energía a distintos países del continente como Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia. También continúan los avances para el proceso de la descarbonización, con el objetivo de producir gas “Net Zero”. La financiación de estos desarrollos fue uno de los temas principales del encuentro.

En el mismo sentido, Alberto Weretilneck se refirió al mercado de peras y manzanas que han logrado desarrollar con Brasil y también al de cebollas, siendo este país el receptor del 90% de la producción rionegrina. A su vez, el gobernador de Río Negro le agradeció a Lula da Silva el trabajo que vienen realizando con la empresa rionegrina de tecnología INVAP, en especial por el proyecto del Reactor Multipropósito Brasileño (RMB) y distintos proyectos de ingeniería.

Esto se debe a que el RMB traerá beneficios sociales importantes para la sociedad brasileña, ya que garantizará la producción autónoma de radioisótopos. Eso permitirá la ampliación del uso de la medicina nuclear en el país vecino.

A través de las redes sociales, Figueroa expresó sus sensaciones tras el encuentro: “Agradecidos junto a Alberto Weretilneck por el recibimiento que nos dio el presidente Lula en la cumbre FII PRIORITY para intercambiar miradas sobre la transición energética e interiorizarlo sobre Vaca Muerta y el potencial frutícola de la región. Vaca Muerta es una realidad, y es la gran posibilidad que tiene la Argentina para su despegue”.

Además, el mandatario rionegrino afirmó: “Durante la cumbre PRIORIDAD FII, organizada por Future Investment Initiative (FII Institute) en Río de Janeiro, junto a Rolando Figueroa nos reunimos con el presidente de Brasil para intercambiar miradas sobre la transición energética e interiorizarlo sobre Vaca Muerta y el potencial frutícola de nuestra región. Dialogamos sobre las futuras inversiones de Petrobras para la generación de gas y de petróleo en ambas provincias; y la producción de peras, manzanas y cebollas que Río Negro exporta a Brasil. Le agradecí el trabajo que vienen realizando con la empresa rionegrina de tecnología INVAP en el proyecto del Reactor Multipropósito Brasileño (RMB) y otras iniciativas de ingeniería”

El encuentro en Río de Janeiro se realizó este año bajo el lema “Invertir en dignidad”. De dicha actividad participaron algunos de los inversores más influyentes del mundo, líderes empresariales y jefes de Estado. Durante la jornada, los expositores profundizaron en cómo invertir en la transición ecológica, la tecnología y la innovación, y en la inclusión social puede construir un nuevo orden mundial que dé prioridad a la dignidad para todos.

El accionar de la institución provincial fue valorado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien destacó el resultado del operativo y aseguró que “estamos cambiando el paradigma de la seguridad en la Argentina”.

La funcionaria distribuyó a través de la red social X un video que fue registrado por los mismos usurpadores, durante el intercambio que mantuvieron con efectivos de la Comisaría 12º de la localidad rionegrina.

Una mujer que cumple funciones en esa dependencia estuvo a cargo del operativo y fue la encargada de transmitirle a los usurpadores que procedería a detener a los integrantes del grupo que se negaran a abandonar el sitio ocupado. “Les pido que se retiren del lugar o daré la directiva al personal de proceder a la demora de la gente que no se quiera retirar”, dijo. Y agregó: “No necesitamos un oficio [de un juez], estamos ante un delito infraganti y podemos actuar sin orden” advirtió la uniformada.

Uno de los usurpadores le respondió que realizarían una asamblea con el grupo para decidir cómo actuarían ante la advertencia policial, pero la mujer rechazó la moción. “Ninguna asamblea”, respondió, cortante. “Si quieren reunirse, háganlo pero en la vía pública y no en el interior de la propiedad” sostuvo.

El hecho ocurrió este sábado al mediodía, a pocas cuadras del núcleo comercial de la localidad sureña. Los manifestantes pretendían instalarse en el predio y construir viviendas precarias, argumentando que “es imposible alquilar o construir” y las soluciones habitacionales “son insuficientes”.

La Comisario General Mary Carmen Carrizo conduce, desde diciembre, la Policía de Río Negro, designada por el gobernador Alberto Weretilneck. A través de sus redes felicitó al personal que participó del operativo. “Seguridad y actitud, valores que deben perdurar en nuestras acciones” publicó.

La intervención de la policía local, que contó con el soporte de destacamentos cercanos y de efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), se produjo cuando el damnificado radicaba una denuncia penal por usurpación.

“Actuamos con celeridad para evitar que el grupo se establezca en el predio y comience la construcción de casillas, es un delito en grado de flagrancia y ello nos habilita a actuar de forma inmediata” aseguraron desde la institución.

En el marco del mismo procedimiento y por disposición del fiscal Álvaro Verbori, dos hombres fueron demorados, sospechados de ser los responsables de la convocatoria. Ante esa presunción, el representante del Ministerio Público Fiscal ordenó el secuestro de los teléfonos celulares, para ser sometidos a peritajes y determinar su participación en la comisión del ilícito.

Los alcances del desalojo circularon rápidamente a través de las redes sociales en la provincia patagónica. En Bariloche, vecinos de Villa Mascardi lo distribuyeron para contraponerlo a lo ocurrido en los predios federales del paraje, con la irrupción de grupos mapuches, en 2017.

En ese caso, recordaron, un grupo conformado por idéntica cantidad de personas ingresó a dos predios pertenecientes a Parques Nacionales. “No sólo que nadie los sacó en el momento, sino que desde allí avanzaron a otros predios linderos, públicos y privados”, rememoraron. Cuestionaron la actitud “pasiva” en aquel momento de la Administración de Parques Nacionales, como propietario de las tierras, que no sólo actuó con contemplación hacia los mapuches que ingresaron en los terrenos, sino que además “los fortaleció y abasteció durante varios años”.

“Así es como hay que actuar, sin ceder ante quienes actúan fuera de las normas. Esto hubiese evitado el avance de grupos mapuches a una cantidad de tierras que fueron tomadas ilegalmente, no sólo en la provincia sino en distintos lugares del país”, aseguraron los vecinos de Villa Mascardi.

En medio del fuerte ajuste del gasto que aplica el Ejecutivo nacional, los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Neuquén, Rolando Figueroa, formalizaron un pedido ante la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para hacerse cargo de la operación y el mantenimiento de algunas rutas nacionales.

Ambos mandatarios advirtieron al titular del organismo, Raúl Bértola, por la “crítica situación” de las rutas nacionales que atraviesan sus territorios y solicitaron “medidas inmediatas” para abordar esta problemática. Se trata de las rutas nacionales 22, 151, 231 y 242, a las que Weretilneck y Figueroa calificaron de “vitales para el desarrollo económico, industrial, turístico y social de la región del Comahue, así como para la integración de ambas provincias”.

Según los mandatarios, el “estado de abandono en el que se encuentran estas carreteras está generando graves consecuencias, tanto en términos humanos como económicos”, alertaron. En un comunicado, el Gobierno de Río Negro aseguró que el deterioro de las vías ha provocado un aumento alarmante de accidentes de tránsito, con un número significativo de víctimas fatales cada año.

“La información siniestral de los últimos años es elocuente y nos interpela a tomar acción para reducir la tasa de siniestros. Son más de 20 personas las que pierden la vida año a año en la ruta nacional N° 22 en el trayecto que ocupa la provincia de Río Negro, y 41 en la provincia del Neuquén”, detallaron, y agregaron: “Lo único cierto es que siguen existiendo varios tramos sin terminar, y que todas las obras están paralizadas”.

“La actual situación nacional de ajuste pone en riesgo la capacidad operativa de Vialidad en Río Negro y lo mismo sucede en Neuquén. Junto a @Rolo_Figueroa solicitamos al Gobierno nacional el traspaso de las rutas nacionales a las provincias”, sostuvo el gobernador Alberto Weretilneck, en su cuenta personal de X. “Si no nos ocupamos nosotros del mantenimiento y las obras que necesitamos, nadie lo va hacer. Si seguimos así, en los próximos años el deterioro será mayor y la conectividad dentro y fuera de las provincias, inviable”, agregó.

Uno de los flancos del reclamo abarca a un área estratégica en materia de recursos. Es que la situación vial está generando un cuello de botella logístico que afecta el desarrollo de importantes sectores económicos, especialmente la actividad petrolera en Vaca Muerta.

“No se observa ninguna acción concreta por parte del Estado Nacional para resolver esta situación. Ante esta falta de respuesta, la intervención de las provincias es indispensable e impostergable”, señalaron los mandatarios provinciales.

Los gobernadores propusieron la transferencia de responsabilidades de mantenimiento y operación de estas rutas a las direcciones provinciales de vialidad de Río Negro y Neuquén. Esta medida se complementaría con un esquema de financiamiento público y/o privado, que permita garantizar la conservación y mejora de las carreteras.

Lo que se evalúa es la implementación de un sistema de peajes, que comenzará aplicarse en las rutas 2, 6, 8, 65 y 69, de jurisdicción rionegrina. Todos estos caminos se están deteriorando por la intensa actividad petrolera en la zona y la fuerte caída de los fondos nacionales para mantener las rutas, según informó Alejandro Echarren, ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro. La Legislatura local empezó a tratar el proyecto de ley que regula el financiamiento esta semana.

“El proyecto no incluye ninguna ruta turística, la idea es incorporarlo en aquellas que están sufriendo un fuerte deterioro como la 65, la 6 y la 69, las más utilizadas en el circuito de Vaca Muerta. Un peaje que irá destinado a quienes no son habitantes de Río Negro ni de Neuquén”, consideró Weretilneck en sus redes sociales.

En Neuquén avanza otro proyecto similar para instalar peajes en al menos cuatro rutas locales. Ayer se aprobó un despacho en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura neuquina para implementar el mecanismo en las rutas provinciales 17, 51, 67 y la 7, en el empalme con la Ruta 8.

En caso de completarse el traspaso de las rutas nacionales a las provincias patagónicas, habrá también peajes en dichos caminos terrestres. El ministro de Infraestructura provincial, Rubén Etcheverry, indicó que hay expectativa en que se materialice el pedido de “provincialización” de las autovías. “Hablamos en su momento con Vialidad Nacional y nos dijeron que, si no es para poner recursos, que les parecía razonable que presentemos la propuesta”, apuntó al ser consultado por diario Río Negro.

Cuáles son las rutas nacionales en debate

- Ruta Nacional 22: desde el kilómetro 0 en el límite este con La Pampa (Río Colorado) hasta su intersección con la rotonda de Cipolletti, rotonda inclusive, con la provincia de Río Negro. Además, desde el límite con la provincia de Río Negro (tercer puente) hasta su finalización en el empalme con la Ruta Nacional N° 40 en la localidad de Zapala, con la provincia del Neuquén.

- Ruta Nacional N° 151: desde la rotonda de Cipolletti hasta el límite con la provincia de La Pampa (kilómetro 149,74), con la provincia de Río Negro.

- Ruta Nacional N° 231: desde su nacimiento en el empalme con la Ruta Nacional N° 40 en cercanías de Lago Espejo hasta su finalización en el límite con (Paso Cardenal Samoré), con la provincia del Neuquén.

- Ruta Nacional N° 242: desde su nacimiento en el empalme con la Ruta Nacional N° 40 en la localidad de Las Lajas, hasta el límite con Chile (Paso Pino Hachado), con la provincia del Neuquén.

(San Carlos de Bariloche)- El gobierno que conduce el presidente Javier Milei tomó la decisión de avanzar con la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), con el objetivo de permitir el ingreso de capitales privados a los clubes de fútbol con el doble objetivo de promover inversiones extranjeras directas y mejorar la economía de esas entidades sociales. En este marco, el funcionario reveló que el Ejecutivo acudirá a la FIFA para revertir la sanción que aplicó la AFA a un pequeño club platense que votó abrirle la puertas al gerenciamiento.

En diálogo con Infobae, el secretario de Turismo, Deportes y Ambiente, Daniel Scioli, confirmó que acudirán al organismo que preside Gianni Infantino para “ponerlo al tanto” sobre la desafiliación que recibió el Club Centro Fomento José Hernández de la Plata por parte de la AFA, luego de anunciar que sería la primera entidad del país en habilitar la inversión privada en el ámbito del fútbol.

“El máximo organismo a nivel mundial debe, por lo menos, estar al tanto de esa conducta”, dijo Scioli, quien en los próximos días se reunirá con el presidente del club platense.

Aseguró que “hay un listado de instituciones deportivas que van en el mismo camino, y también están los inversores” y reafirmó que “el fútbol no es ajeno al interés creciente que hay de inversiones en el país”.

La desafiliación del José Hernández podría atentar con la transformación de otras instituciones deportivas que buscan incorporar capitales privados para salir del default o para mejorar su situación financiera. Por eso el gobierno quiere desactivar ese antecedente y confía en generar “un llamado de atención” al organismo que preside Tapia.

“Tomamos experiencias de otros países como Brasil, Uruguay, Colombia y Chile, y por eso también nos reunimos con el presidente de LaLiga”, dijo Scioli. El objetivo es brindar a los clubes la libertad de elegir por la inclusión de inversiones externas para mejorar la infraestructura, aumentar derechos televisivos, incrementar el importe social. “A favor se han expresado grandes referentes del fútbol argentino”, consideró el funcionario, haciendo referencia a las declaraciones del Kun Agüero y Sebastián Verón.

Tras el encuentro del lunes pasado con Javier Tebas, presidente de LaLiga, Scioli dijo que “tenemos que mirar lo que pasa en las ligas más importantes del mundo, es la búsqueda de la modernización de los clubes, y en definitiva de toda la disciplina”.

El objetivo del Gobierno es incorporar la opción de que los clubes argentinos puedan transformarse en sociedades anónimas deportivas. Así lo estableció en el DNU 70/23 que fue firmado a fines del año pasado por Milei, que aplicó profundas desregulaciones en la economía, entre ellas en el mundo del fútbol.

Más allá de las cuestiones deportivas, para la administración libertaria, la posibilidad de que hayan inversiones directas y rápidas desde el exterior es un objetivo de primer orden. Así lo explicaba el presidente en enero pasado: “Si el aumento del ahorro tiene contrapartida la inversión, el ajuste será menos doloroso. Habrá menos pérdida de empleo. Lo interesante de las Sociedades Anónimas dentro del fútbol es que la inversión entra muy rápido, porque es un negocio muy fácil. No se trata de construir una planta, que puede demorar más de dos años”.