El nombramiento de Ahmad Vahidi al frente del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ha recibido atención en la decisión reciente de Argentina sobre organizaciones vinculadas al terrorismo. Según informó Europa Press, el Gobierno argentino, presidido por Javier Milei, ha declarado a la Guardia Revolucionaria de Irán como “organización terrorista” este martes, una acción que permite aplicar sanciones y restricciones para impedir operaciones ilegales asociadas en el país, tras investigaciones judiciales y antecedentes por atentados ocurridos en suelo argentino en los años noventa.

La decisión, dada a conocer por la Presidencia a través de un comunicado, responde al pedido reiterado por parte de Israel y toma como fundamento el papel de la organización libanesa Hezbolá, respaldada por Irán, en los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la sede de la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, en 1994. Según detalló Europa Press, ambas agresiones sumaron más de un centenar de muertes y cientos de heridos. El comunicado oficial subraya que Argentina fue “víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”.

Europa Press consignó palabras del comunicado de la presidencia argentina, donde se recuperan datos sobre los atentados: el ataque del 17 de marzo de 1992 con un coche bomba destruyó la Embajada de Israel y provocó 29 muertes y más de 200 personas lesionadas. Dos años después, el 18 de julio de 1994, la sede de la AMIA sufrió un atentado que dejó 85 personas asesinadas y superó los 300 heridos, convirtiéndose en el evento de terrorismo más letal en la historia del país.

El texto oficial señala que tanto las investigaciones realizadas por el sistema judicial como los trabajos de inteligencia concluyeron que ambos atentados “fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”. Europa Press señala que la administración de Milei recordó la emisión de alertas rojas de Interpol por parte de la justicia argentina contra varios ciudadanos iraníes, entre quienes figura Ahmad Vahidi, designado recientemente comandante del CGRI. La referencia a Vahidi añade contexto sobre la continuidad de investigaciones internacionales y los vínculos entre la estructura iraní y los hechos ocurridos en la capital argentina.

La declaración de la Guardia Revolucionaria como entidad terrorista se basa en “informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino”, puntualizó la casa de gobierno. Esta calificación permite la implementación de sanciones financieras dirigidas a reducir la capacidad operativa de la organización dentro del país y tiene como objetivo proteger al sistema financiero nacional de eventuales usos con fines ilícitos, precisa Europa Press.

Desde la perspectiva del Ejecutivo argentino, el presidente Milei percibe en esta resolución una forma de saldar una deuda con las familias de las víctimas de los atentados y afirma su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. El comunicado presidencial menciona que el gobierno actual mantiene “la convicción inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son”, y muestra su decisión de alinear a la Argentina con los países de la “civilización occidental”, adoptando una actitud frontal ante organizaciones que percibe como amenazas.

Según publicó Europa Press, esta adopción de postura endurecida de Argentina hacia Irán y sus afiliados ocurre en un contexto internacional donde Israel ha solicitado esta designación de manera explícita. En abril de 2024, el entonces ministro de Exteriores y actual titular de Defensa israelí, Israel Katz, reiteró esa solicitud a las autoridades argentinas. La medida argentina llega poco después de aplicar sanciones similares a la Fuerza Quds, otra estructura dentro del CGRI, y poco tiempo después de incluir a ramas del grupo islamista Hermanos Musulmanes —presentes en Egipto, Jordania y Líbano— en su lista de organizaciones sancionadas, en línea con políticas que también ha adoptado Estados Unidos, según detalló el medio.

Según el comunicado de la Casa Rosada, las acciones buscan evitar que organizaciones señaladas por terrorismo aprovechen la infraestructura local para actividades delictivas, limitar flujos financieros bajo investigación y reforzar la cooperación internacional en materia de persecución de terrorismo. Las medidas también suponen obstáculos para el ingreso y la actuación de personas vinculadas a la Guardia Revolucionaria en territorio argentino, además de enviar una señal sobre el reposicionamiento geopolítico y diplomático de la República Argentina respecto a Irán y otros actores internacionales señalados por terrorismo.

Europa Press destacó que la fundamentación oficial de esta decisión remite directamente tanto a los antecedentes judiciales como a los informes de inteligencia nacional e internacional. La presidencia argentina reitera que la política gubernamental se basa en expedientes probatorios y fallos judiciales que involucran a altos funcionarios iraníes y a la Guardia Revolucionaria Islámica en operaciones ilícitas de alcance transnacional y en acciones terroristas concretas en Argentina, respaldando la imposición de alertas internacionales y sanciones financieras.

La muerte del ex líder supremo iraní Ali Khamenei y otros altos funcionarios tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel provocó una reconfiguración veloz del poder en Teherán. Pese a la conmoción, las instituciones clave lograron mantener su operatividad, proyectando la imagen de un sistema que resiste los embates externos y asegura la continuidad.

Para quienes se preguntan por la estructura de poder en Irán tras los ataques, el país ha experimentado un reemplazo inmediato de figuras clave en la cúpula militar, política y de seguridad, sin luchas internas visibles. El liderazgo supremo recayó en Mojtaba Khamenei, la Guardia Revolucionaria reforzó su control y el presidente Pezeshkian se mantiene en el cargo, aunque con atribuciones limitadas frente a las instituciones militares.

El conflicto ha acelerado la militarización del régimen iraní, reforzando la hegemonía de la Guardia Revolucionaria y desplazando a los defensores de la diplomacia. La república islámica, tras casi medio siglo de historia, enfrenta un punto de inflexión: el poder se concentra en manos de instituciones que priorizan la confrontación y la autarquía, mientras la figura del nuevo líder supremo permanece en la sombra.

La continuidad institucional y la ausencia de divisiones abiertas sugieren que, al menos por ahora, el régimen ha sorteado el impacto inicial de los ataques. No obstante, la creciente influencia militar y la reducción de espacios para el debate interno anuncian un periodo de mayor rigidez política y menor apertura hacia el exterior.

El nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei

El nombramiento de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo marcó el inicio de una etapa en la que la Guardia Revolucionaria Islámica amplió su influencia. Mojtaba, de 56 años, asumió el cargo diez días después del asesinato de su padre y resultó herido en el propio ataque, perdiendo a varios familiares cercanos. Aunque no ha aparecido en público desde entonces, fuentes internas aseguran que sigue “dirigiendo el país” y que sus capacidades decisorias permanecen intactas, pese a las lesiones físicas.

Actualmente, la figura de Mojtaba despierta incertidumbre. Solo seis mensajes escritos han salido de su oficina desde que asumió, ninguno mostrando cambios sustanciales en las políticas estatales. Sin embargo, estos textos sugieren una postura aún más inflexible frente a los llamados estadounidenses al cambio de régimen.

A pesar del hermetismo, se sostiene que las decisiones estratégicas, en especial las militares, continúan bajo su supervisión, aunque no se ha clarificado si ha delegado parte de sus poderes debido a su ausencia pública.

El jefe de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi

El control militar ha recaído en la Guardia Revolucionaria, ahora bajo el mando de Ahmad Vahidi, tras la muerte de Mohammad Pakpour en el inicio de la guerra. Vahidi tampoco ha hecho apariciones públicas, mientras que Israel afirma haber eliminado a otros altos mandos, como el jefe naval Alireza Tangsiri. Analistas y fuentes internas coinciden en que la fortaleza de la Guardia reside en su estructura, capaz de reemplazar rápidamente a los líderes caídos y mantener la cohesión.

Esta institución, con unos 180.000 efectivos, ha evolucionado desde su rol militar hasta consolidar un conglomerado económico y de inteligencia paralelo. La Guardia rechaza cualquier acercamiento relevante con Estados Unidos o Israel.

Según voces internas, el resultado de la guerra ha sido una consolidación casi total de su poder: “Prácticamente se han apoderado del país, y la guerra lo hizo posible sin ninguna resistencia”.

En la práctica, la Guardia ha fortalecido sus lazos con grupos aliados en la región, especialmente Hezbollah. Entre sus estrategias defensivas destaca la producción nacional de misiles balísticos y drones, un punto central de la política de defensa asimétrica iraní.

El presidente Masoud Pezeshkian

El mandatario Masoud Pezeshkian, identificado con el sector reformista, gestiona las tareas administrativas, la economía y el diálogo diplomático. Su administración ha conseguido que la población mantenga el acceso a alimentos, combustible y servicios bancarios, mientras los diplomáticos, liderados por Abbas Araqchi, mantienen abiertas las vías de comunicación internacional para buscar salidas pacíficas al conflicto.

En cuanto a la toma de decisiones estratégicas, la autoridad del presidente sigue limitada por el peso de la Guardia y la supremacía del líder supremo. Aunque Pezeshkian ordenó detener ataques contra países del Golfo, la Guardia desoyó la orden, forzando al presidente a rectificar. La coordinación de eventuales negociaciones con Estados Unidos se concentra en Araqchi, cercano a la Guardia y figura de confianza del anterior líder.

Se prevé que Pezeshkian, quien preside el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, complete su mandato hasta 2028, aunque su margen de acción en cuestiones militares y exteriores se ve estrechamente vigilado por la Guardia y el líder supremo.

El titular del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf

En el poder legislativo, Mohammad Bagher Ghalibaf ha visto incrementada su relevancia durante la guerra. Excomandante de la Guardia y ex alcalde de Teherán, Ghalibaf se ha mantenido activo a través de declaraciones en redes sociales, en un momento en que las apariciones públicas de las figuras principales escasean. Aunque circuló el rumor de un posible contacto con el presidente estadounidense, algunos en Teherán lo consideraron una maniobra para exponerlo o generar divisiones.

Pese a su experiencia y conexiones, Ghalibaf no es considerado insustituible en el sistema iraní, caracterizado por la rápida sucesión de cuadros. Su pragmatismo económico y diplomático genera desconfianza entre los sectores más jóvenes y radicales de la Guardia.

Mohammad Bagher Zolghadr, el nuevo secretario del Consejo Supremo

La designación de Mohammad Bagher Zolghadr como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional confirma el giro hacia posturas más rígidas. Sustituyó a Ali Larijani, muerto en un ataque israelí el 17 de marzo, y representa la consolidación de la influencia militar en la conducción de la política de seguridad. Analistas como Saeed Laylaz interpretan el hecho como “el fin de las esperanzas de diplomacia”.

El desplazamiento de figuras proclives al diálogo con Occidente, junto al ascenso de veteranos de la Guardia, evidencia la marginación de los sectores reformistas y moderados. El Consejo, bajo la mirada Zolghadr, opera en coordinación estricta con la Guardia y refuerza la tendencia hacia una política exterior menos dispuesta a la negociación.

Irán nombró al general de brigada Ahmad Vahidi nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según informó la agencia iraní Mehr. Se trata del líder militar que ideó el ataque terrorista a la AMIA y se encuentra prófugo de la justicia argentina.

Vahidi sustituye al general Mohamad Pakpur, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y confirmado por el régimen iraní, de acuerdo consignó EFE.

Además de la muerte de su líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, Teherán ha confirmado que en los ataques han fallecido el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, así como el secrtario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

Vahidi ya había ocupado ese cargo de manera temporal en 2025 tras la muerte de Hossein Salami, abatido durante ataques israelíes contra el régimen persa.

El nuevo líder de la Guardia Revolucionaria, de 66 años, nació en la histórica ciudad de Shiraz, situada al suroeste de Irán y a unos 900 kilómetros de Teherán. Su vínculo con la fuerza comenzó con el surgimiento de la Revolución Islámica en 1979, cuando se integró a esa estructura militar, una suerte de ejército paralelo que responde únicamente al líder supremo de Irán.

La Guardia Revolucionaria es descripta como “parte del aparato operativo del régimen, responsable de la realización de atentados en todo el mundo, el más famoso de ellos en 1994”, en referencia al ataque contra la mutual judía argentina.

Su trayectoria en el mapa del poder iraní resulta ilustrativa. El cargo que ocupó al frente de las Fuerzas Quds —la unidad de élite responsable de operaciones en el extranjero— fue heredado posteriormente por el general Qassem Souleimani, quien murió en 2019 tras un ataque aéreo de Estados Unidos en Bagdad. Vahidi pertenece además a un reducido círculo de asesores que tenía acceso directo al líder supremo y compone el Consejo Superior, un organismo que define las principales estrategias del régimen, entre ellas las decisiones sobre el acuerdo nuclear.

Desde noviembre de 2007, Vahidi integra la base de datos de Interpol por una alerta roja activa que lo acusa de “homicidio calificado, doblemente agravado (por odio racial o religioso y por ser un medio idóneo para causar un peligro común) en perjuicio de 85 víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones leves y graves calificadas, reiteradas y daños múltiples agravados por odio racial o religioso”. Estas acusaciones surgen especialmente por su presunta participación intelectual en el atentado a la AMIA en Buenos Aires, que dejó un saldo de 85 muertos en 1994.

El fiscal Alberto Nisman lo identificó como uno de los principales responsables de la planificación del ataque. De acuerdo a la investigación judicial, Vahidi, por entonces comandante de la Fuerza Quds, participó en la reunión en la que se resolvió concretar el atentado y delegar la ejecución en Hezbollah del Líbano.

Estados Unidos también exige su captura y lo colocó en su lista negra en 2010. En 2019, la Unidad de Información Financiera de Argentina y el fiscal Sebastián Basso solicitaron que Vahidi y otros seis imputados en la causa AMIA fueran incluidos en el registro argentino de terroristas. La UIF ya había determinado que Vahidi y Moshen Rezai lideraron los análisis sobre la propuesta de atentar en Argentina en el seno de la inteligencia iraní.

En 2021, Vahidi asumió el Ministerio del Interior de Irán, cargo que ocupaba cuando el gobierno argentino requirió su detención durante una visita oficial a Pakistán y Sri Lanka. La Cancillería argentina señaló entonces que integraba una comitiva iraní en el exterior. Interpol emitió en ese marco una Circular Roja, y Argentina solicitó cooperación internacional para su arresto conforme a los tratados vigentes.

A lo largo de su carrera, Vahidi ha ocupado cargos de alto rango: en 2009 fue ministro de Defensa durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad, pese a su situación judicial internacional. Ese respaldo interno consolidó su prestigio dentro de la teocracia iraní. También ocupaba ese puesto cuando, en 2013, Argentina e Irán firmaron el Memorándum para intentar avanzar en la causa AMIA bajo el gobierno de Cristina Kirchner.

Luego de la muerte del fiscal Nisman en 2015, las nuevas autoridades judiciales y la Unidad de Información Financiera mantuvieron la presión sobre los acusados internacionales. Vahidi permanece en la lista de los más buscados de Interpol.

Cuál fue el rol de Vahidi en el ataque a la AMIA

Ahmad Vahidi era el comandante de las Fuerzas Quds cuando ocurrió el atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, episodio en el que murieron 85 personas y hubo 151 heridos. Sobre él recae la acusación de ser uno de los autores ideológicos del ataque y de haber participado en una reunión clave donde se definió la realización del atentado, que terminó siendo uno de los crímenes más graves de la historia argentina.

En noviembre de 2006, el entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la captura internacional de quienes consideraba responsables intelectuales del caso, incluyendo a Vahidi. También figuran en la lista roja de Interpol Moshen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria; Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada iraní en Argentina; y desde 2009, Samuel Salman El Reda.

Vahidi, al igual que Fallahijan, habría estado presente en la presunta reunión de 1993 en Mahshad, donde, según la investigación de la UFI AMIA, se habría decidido el ataque. Según el dictamen firmado por el fiscal Alberto Nisman ese año, Vahidi no tuvo un rol pasivo sino que impulsó la propuesta de que Argentina fuera el país objetivo del atentado, planteo que luego fue evaluado por el Comité de Asuntos Especiales.

El dictamen señala que Vahidi habría presentado su iniciativa en la llamada “oficina de inteligencia”, donde integraba el núcleo de decisión. Después de avalar el objetivo argentino, el liderazgo de la operación se delegó en el entonces ministro de Inteligencia, Ali Fallahijan, mientras que la ejecución quedó a cargo de Vahidi, jefe de la Fuerza Quds.

En 2011, ya como ministro de Defensa de Irán, Vahidi viajó a Bolivia para participar en actos conjuntos con autoridades locales, pero el gobierno de ese país dispuso su salida tras conocer su identidad y antecedentes. En esa ocasión, compartió actividades oficiales con la ministra boliviana María Cecilia Chacón, entre ellas la graduación de pilotos de aviación y la inauguración de la Escuela de Defensa del ALBA, ambas en Santa Cruz de la Sierra.

La visita provocó una dura reacción tanto en la comunidad judía como en la política argentina. El entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger, calificó la presencia de Vahidi como “una provocación”, mientras que la DAIA solicitó que la Cancillería presentara una protesta diplomática formal y reclamara la inmediata detención del funcionario iraní. “Esta inadmisible presencia en el país hermano agravia a la memoria de las víctimas, a la comunidad que representamos y a la sociedad argentina en su conjunto”, manifestaron desde la entidad.

El régimen de Irán designó al general Ahmad Vahidi como subcomandante del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del país. Mediante un decreto emitido este jueves, el ayatollah Ali Khamenei lo oficializó en su nuevo rol.

Veterano del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, Vahidi ocupó cargos clave como ministro de Defensa y de Interior, además de presidir la Comisión de Política y Seguridad del Consejo de Discernimiento del Sistema.

Su reciente nombramiento generará repercusiones por su historial y la gravedad de las acusaciones que enfrenta, entre ellas, su participación en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires en 1994.

Vahidi, de 66 años, nació en Shiraz, ciudad situada al suroeste de Irán y a unos 900 kilómetros de Teherán. Su vínculo con la Guardia Revolucionaria comenzó con el surgimiento de la Revolución Islámica en 1979, cuando se integró a esa estructura militar, una suerte de ejército paralelo que responde únicamente al líder supremo de Irán.

Su trayectoria en el mapa del poder iraní resulta ilustrativa. El cargo que ocupó al frente de las Fuerzas Quds —la unidad de élite responsable de operaciones en el extranjero— fue heredado posteriormente por el general Qassem Souleimani, quien murió en 2019 tras un ataque aéreo de Estados Unidos en Bagdad.

Vahidi pertenece además a un reducido círculo de asesores con acceso directo al líder supremo y compone el Consejo Superior, un organismo que define las principales estrategias del régimen, entre ellas las decisiones sobre el acuerdo nuclear.

Desde noviembre de 2007, Vahidi integra la base de datos de Interpol por una alerta roja activa que lo acusa de “homicidio calificado, doblemente agravado (por odio racial o religioso y por ser un medio idóneo para causar un peligro común) en perjuicio de 85 víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones leves y graves calificadas, reiteradas y daños múltiples agravados por odio racial o religioso”. Estas acusaciones surgen especialmente por su presunta participación intelectual en el atentado a la AMIA en Buenos Aires, que dejó un saldo de 85 muertos en 1994.

El fiscal Alberto Nisman lo había identificado como uno de los principales responsables de la planificación del ataque. De acuerdo a la investigación judicial, Vahidi, por entonces comandante de la Fuerza Quds, participó en la reunión en la que se resolvió concretar el atentado y delegar la ejecución en Hezbollah del Líbano.

Estados Unidos también exige su captura y lo colocó en su lista negra en 2010. En 2019, la Unidad de Información Financiera de Argentina y el fiscal Sebastián Basso solicitaron que Vahidi y otros seis imputados en la causa AMIA fueran incluidos en el registro argentino de terroristas. La UIF ya había determinado que Vahidi y Moshen Rezai lideraron los análisis sobre la propuesta de atentar en Argentina en el seno de la inteligencia iraní.

En 2021, Vahidi asumió el Ministerio del Interior de Irán, cargo que ocupaba cuando el gobierno argentino requirió su detención durante una visita oficial a Pakistán y Sri Lanka. La Cancillería argentina señaló entonces que integraba una comitiva iraní en el exterior. Interpol emitió en ese marco una Circular Roja, y Argentina solicitó cooperación internacional para su arresto conforme a los tratados vigentes.

A lo largo de su carrera, Vahidi ha ocupado cargos de alto rango: en 2009 fue ministro de Defensa durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad, pese a su situación judicial internacional. Ese respaldo interno consolidó su prestigio dentro de la teocracia iraní. También ocupaba ese puesto cuando, en 2013, Argentina e Irán firmaron el Memorándum para intentar avanzar en la causa AMIA bajo el gobierno de Cristina Kirchner.

Luego de la muerte del fiscal Nisman en 2015, las nuevas autoridades judiciales y la Unidad de Información Financiera mantuvieron la presión sobre los acusados internacionales.

El rol de Vahidi en el atentado a la AMIA

Sobre Vahidi recae la acusación de ser uno de los autores ideológicos del ataque, uno de los crímenes más graves de la historia argentina.

En noviembre de 2006, el entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la captura internacional de quienes consideraba responsables intelectuales del caso, incluyendo a Vahidi. También figuran en la lista roja de Interpol Moshen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria; Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada iraní en Argentina; y desde 2009, Samuel Salman El Reda.

Vahidi, al igual que Fallahijan, habría estado presente en la presunta reunión de 1993 en Mahshad, donde, según la investigación de la UFI AMIA, se habría decidido el ataque. Según el dictamen firmado por el fiscal Alberto Nisman ese año, Vahidi no tuvo un rol pasivo, sino que impulsó la propuesta de que Argentina fuera el país objetivo del atentado, planteo que luego fue evaluado por el Comité de Asuntos Especiales.

El dictamen señala que Vahidi habría presentado su iniciativa en la llamada “oficina de inteligencia”, donde integraba el núcleo de decisión. Después de avalar el objetivo argentino, el liderazgo de la operación se delegó en el entonces ministro de Inteligencia, Ali Fallahijan, mientras que la ejecución quedó a cargo de Vahidi.

En 2011, ya como ministro de Defensa de Irán, Vahidi viajó a Bolivia para participar en actos conjuntos con autoridades locales, pero el gobierno de ese país dispuso su salida tras conocer su identidad y antecedentes. En esa ocasión, compartió actividades oficiales con la ministra boliviana María Cecilia Chacón, entre ellas la graduación de pilotos de aviación y la inauguración de la Escuela de Defensa del ALBA, ambas en Santa Cruz de la Sierra.

La visita provocó una dura reacción tanto en la comunidad judía como en la política argentina. El entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger, calificó la presencia de Vahidi como “una provocación”, mientras que la DAIA solicitó que la Cancillería presentara una protesta diplomática formal y reclamara la inmediata detención del funcionario iraní.

Ahmad Vahidi fue designado provisoriamente como jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán tras la muerte de Hossein Salami, abatido durante ataques israelíes contra el régimen persa.

Su nombramiento, reflejado por el gobierno argentino, se da en un momento de alta tensión regional y genera repercusiones internacionales por su historial y la gravedad de las acusaciones que enfrenta, entre ellas, su participación en el atentado a la AMIA en Buenos Aires.

Vahidi, de 66 años, nació en la histórica ciudad de Shiraz, situada al suroeste de Irán y a unos 900 kilómetros de Teherán. Su vínculo con la Guardia Revolucionaria comenzó con el surgimiento de la Revolución Islámica en 1979, cuando se integró a esa estructura militar, una suerte de ejército paralelo que responde únicamente al líder supremo de Irán.

La Guardia Revolucionaria es descripta como “parte del aparato operativo del régimen, responsable de la realización de atentados en todo el mundo, el más famoso de ellos en 1994”, en referencia al ataque contra la mutual judía argentina.

Su trayectoria en el mapa del poder iraní resulta ilustrativa. El cargo que ocupó al frente de las Fuerzas Quds —la unidad de élite responsable de operaciones en el extranjero— fue heredado posteriormente por el general Qassem Souleimani, quien murió en 2019 tras un ataque aéreo de Estados Unidos en Bagdad. Vahidi pertenece además a un reducido círculo de asesores con acceso directo al líder supremo y compone el Consejo Superior, un organismo que define las principales estrategias del régimen, entre ellas las decisiones sobre el acuerdo nuclear.

Desde noviembre de 2007, Vahidi integra la base de datos de Interpol por una alerta roja activa que lo acusa de “homicidio calificado, doblemente agravado (por odio racial o religioso y por ser un medio idóneo para causar un peligro común) en perjuicio de 85 víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones leves y graves calificadas, reiteradas y daños múltiples agravados por odio racial o religioso”. Estas acusaciones surgen especialmente por su presunta participación intelectual en el atentado a la AMIA en Buenos Aires, que dejó un saldo de 85 muertos en 1994.

El fiscal Alberto Nisman lo identificó como uno de los principales responsables de la planificación del ataque. De acuerdo a la investigación judicial, Vahidi, por entonces comandante de la Fuerza Quds, participó en la reunión en la que se resolvió concretar el atentado y delegar la ejecución en Hezbollah del Líbano.

Estados Unidos también exige su captura y lo colocó en su lista negra en 2010. En 2019, la Unidad de Información Financiera de Argentina y el fiscal Sebastián Basso solicitaron que Vahidi y otros seis imputados en la causa AMIA fueran incluidos en el registro argentino de terroristas. La UIF ya había determinado que Vahidi y Moshen Rezai lideraron los análisis sobre la propuesta de atentar en Argentina en el seno de la inteligencia iraní.

En 2021, Vahidi asumió el Ministerio del Interior de Irán, cargo que ocupaba cuando el gobierno argentino requirió su detención durante una visita oficial a Pakistán y Sri Lanka. La Cancillería argentina señaló entonces que integraba una comitiva iraní en el exterior. Interpol emitió en ese marco una Circular Roja, y Argentina solicitó cooperación internacional para su arresto conforme a los tratados vigentes.

A lo largo de su carrera, Vahidi ha ocupado cargos de alto rango: en 2009 fue ministro de Defensa durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad, pese a su situación judicial internacional. Ese respaldo interno consolidó su prestigio dentro de la teocracia iraní. También ocupaba ese puesto cuando, en 2013, Argentina e Irán firmaron el Memorándum para intentar avanzar en la causa AMIA bajo el gobierno de Cristina Kirchner.

Luego de la muerte del fiscal Nisman en 2015, las nuevas autoridades judiciales y la Unidad de Información Financiera mantuvieron la presión sobre los acusados internacionales.

El reciente ascenso de Vahidi al frente de la mayor estructura militar iraní ocurre mientras crecen los enfrentamientos en la región y la Argentina reitera su reclamo de justicia y su demanda de cooperación internacional para la detención de los responsables del atentado de 1994.

Vahidi permanece en la lista de los más buscados de Interpol. Su influencia en la política y la estrategia de seguridad nacional lo ubica al frente de una de las instituciones de mayor poder dentro del régimen iraní.

Cuál fue el rol de Vahidi en el ataque a la AMIA

Ahmad Vahidi, flamante jefe militar de Irán, era el comandante de las Fuerzas Quds cuando ocurrió el atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, episodio en el que murieron 85 personas y hubo 151 heridos. Sobre él recae la acusación de ser uno de los autores ideológicos del ataque y de haber participado en una reunión clave donde se definió la realización del atentado, que terminó siendo uno de los crímenes más graves de la historia argentina.

En noviembre de 2006, el entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la captura internacional de quienes consideraba responsables intelectuales del caso, incluyendo a Vahidi. También figuran en la lista roja de Interpol Moshen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria; Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada iraní en Argentina; y desde 2009, Samuel Salman El Reda.

Vahidi, al igual que Fallahijan, habría estado presente en la presunta reunión de 1993 en Mahshad, donde, según la investigación de la UFI AMIA, se habría decidido el ataque. Según el dictamen firmado por el fiscal Alberto Nisman ese año, Vahidi no tuvo un rol pasivo sino que impulsó la propuesta de que Argentina fuera el país objetivo del atentado, planteo que luego fue evaluado por el Comité de Asuntos Especiales.

El dictamen señala que Vahidi habría presentado su iniciativa en la llamada “oficina de inteligencia”, donde integraba el núcleo de decisión. Después de avalar el objetivo argentino, el liderazgo de la operación se delegó en el entonces ministro de Inteligencia, Ali Fallahijan, mientras que la ejecución quedó a cargo de Vahidi, jefe de la Fuerza Quds.

En 2011, ya como ministro de Defensa de Irán, Vahidi viajó a Bolivia para participar en actos conjuntos con autoridades locales, pero el gobierno de ese país dispuso su salida tras conocer su identidad y antecedentes. En esa ocasión, compartió actividades oficiales con la ministra boliviana María Cecilia Chacón, entre ellas la graduación de pilotos de aviación y la inauguración de la Escuela de Defensa del ALBA, ambas en Santa Cruz de la Sierra.

La visita provocó una dura reacción tanto en la comunidad judía como en la política argentina. El entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger, calificó la presencia de Vahidi como “una provocación”, mientras que la DAIA solicitó que la Cancillería presentara una protesta diplomática formal y reclamara la inmediata detención del funcionario iraní. “Esta inadmisible presencia en el país hermano agravia a la memoria de las víctimas, a la comunidad que representamos y a la sociedad argentina en su conjunto”, manifestaron desde la entidad.

El repudio del gobierno argentino

El gobierno argentino expresó un rechazo contundente al nombramiento de Ahmad Vahidi como comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, por su rol investigado en el atentado a la AMIA. El repudio se hizo público a través de un comunicado oficial en el que también se condenaron los recientes ataques de Irán contra Israel. Desde la Casa Rosada se recordó que Vahidi tiene un pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol desde 2007 y que, según las investigaciones judiciales, encabezó la mesa de decisiones que definió el objetivo de atacar en suelo argentino, con el fin de enviar un mensaje político al mundo.

El comunicado calificó la designación de Vahidi como “una provocación inaceptable” y como un agravio a la memoria de las 85 víctimas fatales del atentado de 1994. Además, se recordó que la Unidad Fiscal AMIA solicitó recientemente la instrumentación del juicio en ausencia para avanzar con el juzgamiento de Vahidi y de otros acusados por el atentado terrorista más grave en la historia argentina. El gobierno nacional insistió en que no debe existir ningún tipo de privilegio ni amparo internacional para los responsables, y ratificó su compromiso con la búsqueda de justicia.

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