El gobierno de Santa Fe, junto a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) anunció la creación de un fideicomiso para financiar el mantenimiento y la mejora de las rutas agrícolas que conectan con los principales puertos del Gran Rosario, por donde circula la mayor parte de las exportaciones agroindustriales argentinas.

Este mecanismo, diseñado en colaboración con los intendentes de ciudades portuarias, busca transferir el costo del desgaste vial a quienes generan esa presión logística: productores, acopiadores y exportadores.

De concretarse, la medida implicará un nuevo peaje variable por tonelada transportada, lo que elevaría el costo del transporte en aproximadamente USD 1,5 por camión. Dado que todos los recursos se destinarán exclusivamente a obras viales, los municipios ya no tendrían la potestad de cobrar tasas propias. El anuncio, que recibió tanto halagos como detractores, surge en el contexto de una actividad agroexportadora récord y una proyección de ingreso de divisas históricas para el sector.

Luego de varios días de lluvia que complicaron la actividad del sector, el corredor agroindustrial del Gran Rosario está recibiendo alrededor de 6.000 camiones diarios repletos de granos para su posterior exportación. En el inicio de la campaña gruesa, el estado de las rutas fue el principal punto de debate del campo, ya que los caminos de tierra y la infraestructura existente no alcanza para garantizar una entrega eficiente de los granos.

Las estimaciones para la campaña 2025/26 apuntan a una cosecha de 158 millones de toneladas, un 14% más que en el ciclo anterior, según proyectó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Con estos números, la entidad espera que la liquidación de divisas del agro alcance en 2026 los USD 35.375 millones. Se trata de una previsión que supera en alrededor de USD 850 millones la estimación anterior de la entidad, que había sido de USD 34.530 millones, y anticipa un flujo de dólares sostenido para el año agrícola.

La BCR también estima que entre abril y diciembre de 2026 ingresarían USD 29.600 millones por exportaciones agroindustriales. El peso de esta dinámica se evidencia especialmente en periodo de cosecha, cuando entran alrededor de dos millones de camiones a los puertos santafesinos, un factor que incrementa de forma sustancial el deterioro de rutas y accesos, y exige un mantenimiento de alta intensidad que excede al de la red vial convencional.

Estos datos permiten entender la magnitud de la iniciativa: la infraestructura vial se encuentra ante una exigencia inédita, motivada por campañas agrícolas con rendimientos excepcionales y una demanda global que, según destaca la BCR, puede favorecer a la Argentina al hallarse lejos de los principales focos de conflicto internacional.

Un nuevo modelo de financiamiento y las tensiones en el sector agropecuario

El esquema en desarrollo no plantea un sistema de peaje tradicional, sino una tarifa variable calculada de acuerdo al peso transportado por cada camión. Esto busca reconocer que el tránsito de carga pesada genera un daño extraordinario sobre la infraestructura, que requiere inversiones constantes para su reparación y mejora. Hasta ahora, cada municipio portuario aplicaba una tasa vial propia para financiar los servicios de mantenimiento. Para muchos intendentes, esos ingresos superaban lo recibido por coparticipación. La nueva propuesta unifica el criterio de cobro en toda la región, elimina la dispersión normativa y centraliza todo lo recaudado en el fideicomiso, que se destinará únicamente a obras.

Fuentes oficiales aclararon que el sector privado va a administrar el fideicomiso que va realizar las obras en los accesos a los puertos. “El gobierno provincial no cobra ni administra los recursos. El fideicomiso estará integrado por productores, cerealeras, transportistas, municipios y provincia”, explicaron.

La medida, cuya existencia fue confirmada pero aún no fue formalmente firmada, generó fuertes críticas entre los productores. En un comunicado, la Sociedad Rural Argentina (SRA) reconoció la relevancia estratégica de contar con una infraestructura eficiente y sostenible, especialmente en nodos clave para la exportación agroindustrial.

La Sociedad Rural enfatizó la importancia de que los productores participen activamente en el diseño y la toma de decisiones sobre políticas que afectan a su actividad, y advirtió: “La implementación de una nueva tasa sobre el transporte de cargas implicaría, en los hechos, un aumento adicional de los costos logísticos que recaerá directa o indirectamente sobre los productores agropecuarios, en un contexto ya marcado por una elevada presión impositiva”.

El comunicado añadió que el financiamiento de la infraestructura productiva debe formar parte de una estrategia integral, donde los Estados nacional y provincial asuman su responsabilidad en la provisión de bienes públicos esenciales.

El sector viene de una interna cruda. Por el conflicto en Medio Oriente, un grupo de transportistas autoconvocados realizó bloqueos en los puertos de Neuquén y Bahía Blanca en reclamo de un aumento tarifario ante la escalada de costos operativos, especialmente del combustible. Una de las posturas más replicadas por productores y acopiadores era que el monto que reciben por la venta de granos no llega a recuperar el aumento en los costos operativos que le demanda su propia actividad.

En tanto, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas confirmó a Infobae que apoya la medida.

El plan del gobierno de Santa Fe establece que la totalidad de los fondos vinculados a la tasa se dirija exclusiva y directamente al fideicomiso vial y a la ejecución de obras de acondicionamiento y mantenimiento en los accesos a los puertos. De este modo, busca resolver el histórico déficit de la infraestructura y garantizar la competitividad frente al aumento sostenido del tránsito logístico.

De cara a la cosecha gruesa, los exportadores del sector agropecuario liquidaron USD 2.495 millones durante abril. Este monto representa un incremento del 23% en relación a marzo, pero una caída del 1% respecto a igual mes de 2025.

En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, el sector liquidó un total de USD 7.667 millones. Esa cifra implica una caída del 11% en relación a lo liquidado en el mismo período de 2025.

Así surge del último informe de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas.

“El mes de abril se caracterizó por un crecimiento de arribo de camiones de maíz y girasol y la llegada de los primeros camiones de soja para procesamiento industrial y posterior exportación”, detalló CIARA-CEC.

Vale mencionar que la campaña 2025/26 constituye un punto de inflexión en la historia reciente del girasol. Con 3,1 millones de hectáreas sembradas —la mayor superficie desde la campaña 1999/00— y rendimientos superiores al promedio, favorecidos por condiciones climáticas óptimas, la producción se estima en 6,6 millones de toneladas. Este volumen representaría la cosecha más alta de los últimos 27 años (desde 1998/99) y la segunda mayor registrada para el cultivo.

No obstante, proyecciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) la ubican incluso por encima de los 7 millones de toneladas, lo que implicaría un nuevo récord histórico oficial para el país.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la Argentina concentra el 13% de la producción mundial de semillas de girasol, el mayor nivel de participación de los últimos cinco años.

En paralelo, el precio FOB promedio del aceite de girasol se ubicó en USD 1.300 por tonelada entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, por encima de los USD 1.100 registrados en el período previo.

El maíz también tiene protagonismo: las exportaciones marcaron un récord por segundo mes consecutivo. Entre marzo y abril, los embarques programados superaron los 10,3 millones de toneladas, un 54% más que el mismo período del año anterior y 3,7 millones por encima del promedio de los últimos 5 años, precisó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De acuerdo a la entidad, el ciclo de soja y maíz cerrará con una producción récord en la región, al alcanzar un volumen conjunto de 36,5 millones de toneladas. De esta manera, se superará la marca histórica de la campaña 2017/18, cuando se habían registrado 34,7 millones de toneladas.

El resultado se da en un contexto climático desafiante. Durante el verano, el déficit hídrico afectó de manera significativa a la soja, que atravesó momentos críticos, mientras que el maíz vio limitado su potencial productivo, quedando por debajo de las expectativas iniciales.

Así, y con precios internacionales más favorables, la BCR proyectó que la liquidación de divisas del agro en 2026 alcanzará los USD 35.375 millones. Esta cifra representa un incremento de cerca de USD 850 millones frente a la estimación anterior de la entidad, que era de USD 34.530 millones, y anticipa un flujo sostenido de dólares para la campaña actual.

Según el informe, entre abril y diciembre se prevé un ingreso de USD 29.600 millones por exportaciones agroindustriales. El complejo sojero aportaría USD 16.500 millones, el maíz USD 7.500 millones, el trigo USD 2.200 millones, el girasol USD 2.400 millones, la cebada USD 500 millones, el sorgo USD 300 millones y el resto de las oleaginosas y cereales USD 600 millones.

Como referencia, en 2025, el agro liquidó unos USD 31.330 millones, un 25% más que el año anterior. Ese incremento se explica en gran medida por el adelantamiento de exportaciones ante la eliminación temporal de retenciones, un efecto que se extendió hasta los primeros meses de 2026.

La BCR también advirtió, no obstante, que el contexto internacional que favorece los precios de los granos está provocando un aumento considerable en los costos de producción. La suba del petróleo, motivada por las tensiones en Medio Oriente, encareció insumos clave como combustibles y fertilizantes, con alzas destacadas en productos como la urea.

La confianza de los productores agropecuarios registró una caída en el arranque de 2026 y encendió una señal de alerta en el sector. Según el último relevamiento del Ag Barometer Austral, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, el índice descendió 16% en la medición marzo-abril, al ubicarse en 132 puntos frente a los 158 registrados en enero-febrero. El retroceso marca un punto de inflexión luego del pico histórico alcanzado a fines de 2025, cuando el optimismo rural había tocado máximos tras las elecciones legislativas de medio término.

El deterioro, aunque moderado en la comparación interanual, se explica por un empeoramiento generalizado en todos los indicadores relevados, especialmente en las condiciones presentes y en las expectativas de inversión. “El cambio de tendencia responde, en gran medida, al impacto del contexto internacional sobre los costos de producción, particularmente por la suba del precio del petróleo y su efecto en insumos clave como el gasoil y los fertilizantes”, explicó Carlos Steiger, director del Ag Barometer Austral e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

La mayor caída se observó en el Índice de Condiciones Presentes, que retrocedió 18%, mientras que la situación financiera actual de los productores cayó 21%, reflejando el estrechamiento de márgenes. También se debilitó la predisposición a invertir: aunque un 54% considera que sigue siendo un buen momento para hacerlo, apenas un 43% cree que podrá concretar inversiones en el corto plazo. “Se mantiene la intención de inversión, pero no necesariamente su concreción. La incertidumbre sobre los costos y la rentabilidad futura está generando cautela en la toma de decisiones”, señaló Steiger.

Detrás de este cambio de humor aparece con fuerza el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre la economía rural. El 66% de los productores identificó el aumento de los precios de los insumos en dólares como su principal preocupación para los próximos doce meses, por encima del clima, los precios agrícolas o las tasas de interés. La suba del petróleo elevó el costo del gasoil y de fertilizantes como la urea, golpeando de lleno la ecuación productiva. “El aumento de costos derivado del conflicto internacional ya está influyendo en las decisiones productivas y en la planificación de la próxima campaña”, advirtió Steiger.

Ese escenario ya empieza a reflejarse en la campaña fina. De cara al trigo 2026/27, un 61% de los productores considera que enfrenta un contexto desfavorable para sembrar, mientras que un 41% planea reducir el área implantada, un 49% mantendría la superficie y apenas un 9% prevé aumentarla, pese a venir de una campaña récord. En paralelo, las inversiones se mantienen en pausa, con foco principal en maquinaria, vientres vacunos e instalaciones, aunque condicionadas por el elevado costo del financiamiento. “Las altas tasas de interés siguen siendo un factor limitante. Aunque hubo una baja en las tasas pasivas, el crédito todavía no refleja plenamente esa mejora y eso condiciona las decisiones de inversión”, explicó Steiger.

Más allá de los números coyunturales, el informe deja una conclusión de fondo: las preocupaciones del agro cambiaron de eje. Hoy, la incertidumbre política local perdió protagonismo frente a variables concretas del negocio, como costos, márgenes y rentabilidad. “Hoy las preocupaciones del productor están mucho más asociadas a variables concretas del negocio que al contexto político local, lo que marca un cambio relevante en la percepción del sector”, concluyó Steiger. Con una mirada más conservadora, mayor acumulación de stocks de maíz como reserva de valor y decisiones productivas bajo revisión, el campo entra en una etapa de cautela que podría condicionar el ritmo de inversión y crecimiento del sector en los próximos meses.

Los cambios medioambientales representan hoy un factor determinante para la producción agropecuaria en Colombia. Fenómenos climáticos extremos, variaciones en las condiciones del suelo y riesgos inesperados afectan la estabilidad de los cultivos y elevan la incertidumbre para los productores.

Para muchos, el desafío no es solo producir, sino prever qué ocurre si una cosecha entera se pierde.

En respuesta a este escenario, La Previsora Seguros, ha impulsado una línea de seguros sostenibles orientada a pequeños y medianos productores, así como a empresas privadas y entidades estatales. Según la aseguradora, estos seguros buscan respaldar iniciativas que protejan la biodiversidad y fortalezcan el sector agropecuario, brindando un respaldo financiero concreto frente a eventos climáticos adversos y promoviendo prácticas responsables.

A diferencia de los seguros tradicionales, la propuesta incorpora criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), lo que implica que no solo se responde ante una pérdida, sino que también se incentiva una producción más responsable y resiliente.

La compañía indica que el objetivo es reducir el impacto del cambio climático y mejorar la gestión de riesgos, generando condiciones para que los productores no queden desprotegidos ante eventos inesperados.

“Los seguros sostenibles, más que una cobertura, representan una inversión para el futuro. Hablar de sostenibilidad en Colombia es hablar del agro, donde está el origen de gran parte de la economía y también uno de sus mayores desafíos”, afirmó Ramon Angarita, presidente de Previsora Seguros.

¿Cómo funcionan y qué beneficios aportan los seguros sostenibles?

En los últimos años, los pequeños y medianos productores han enfrentado escenarios de alta incertidumbre, especialmente por las pérdidas derivadas de fenómenos climáticos y la escasez de respaldo financiero. Los seguros sostenibles buscan anticipar el riesgo y asegurar la continuidad de quienes sostienen el campo, ofreciendo protección y apoyo para que puedan recuperarse tras una eventualidad.

“No se trata únicamente de responder ante el riesgo, sino de anticiparlo, de acompañar, de garantizar continuidad. La protección se convierte en un motor de estabilidad para quienes sostienen el campo, permitiéndoles crecer con mayor confianza”, concluyó Angarita.

A nivel global, el sector asegurador ha comenzado a integrar los criterios ASG en sus productos, reconociendo que su rol va más allá de cubrir riesgos, ya que puede contribuir a reducirlos activamente. En Colombia, los seguros sostenibles se consolidan como un respaldo financiero ante afectaciones productivas, impulsando la responsabilidad social y fortaleciendo la confianza en el sector agropecuario.

Entre sus principales objetivos se encuentran la reducción del impacto del cambio climático, la promoción de la responsabilidad social, el fomento de inversiones responsables, la mejora de la gestión de riesgos y el fortalecimiento de la confianza en el sector.

Nuevas soluciones y enfoques para la protección agropecuaria

La oferta de La Previsora de Seguros incluye actualmente seguros forestales, coberturas para productores de caucho y productos enfocados en la construcción de paz. La entidad anunció, además, el próximo lanzamiento de un seguro del oso, previsto para los próximos meses.

A través de estas iniciativas, los seguros sostenibles buscan consolidarse como herramientas fundamentales para el desarrollo del campo colombiano, fortaleciendo la resiliencia de los productores ante el cambio climático y ofreciendo respaldo en un entorno cada vez más desafiante.

La actividad económica argentina registró en marzo una variación mensual de -0,1%, según el Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG), elaborado por las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe. Se trata del primer dato negativo en lo que va de 2026, en un contexto en el que la recuperación exhibe señales de fragilidad. En la comparación interanual, el indicador se ubicó 1,3% por debajo del nivel observado en marzo de 2025.

Pese a la baja mensual, el nivel general de actividad todavía se mantiene 0,4% por encima de diciembre, aunque permanece 1,4% por debajo del máximo relativo alcanzado en abril del año pasado. El informe refleja además un deterioro generalizado en buena parte de los sectores relevados: siete de los diez componentes del índice registraron caídas mensuales y, en la medición interanual, la mayoría de las variables se ubicaron en terreno negativo.

Entre los sectores productivos, la actividad agropecuaria mostró un freno luego de cinco meses consecutivos de mejora. El avance mensual de labores agrícolas cayó 4,3% en marzo, afectado por excesos hídricos que demoraron las tareas de campo, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en la comparación con igual mes de 2025, el indicador exhibió una suba de 22,1%, consolidando al agro como uno de los motores de la economía.

La producción industrial volvió a retroceder, con una baja mensual del 0,4%, interrumpiendo la recuperación observada en meses previos, mientras que en términos interanuales acumuló una caída del 5,7%. La construcción, en contraste, sostuvo su recuperación con una suba de 1,2% mensual y un crecimiento de 2,8% respecto de marzo del año pasado, convirtiéndose en otro de los pocos sectores con desempeño positivo.

En el mercado interno, las señales fueron mayormente negativas. Las ventas minoristas cayeron 0,3% en marzo y acumularon un desplome interanual del 8,9%, reflejando la persistente debilidad del consumo. Los patentamientos de vehículos nuevos crecieron 2,1% frente a febrero, aunque continuaron en baja en la comparación interanual (-3,0%). A esto se sumó una recaudación nacional prácticamente estancada (-0,02% mensual) y 6,8% inferior a la de un año atrás.

El mercado laboral también profundizó su deterioro. El número de asalariados privados registrados cayó 0,1% mensual y encadenó diez meses consecutivos de retroceso, con una pérdida interanual cercana a 120 mil puestos de trabajo. Además, la remuneración bruta real de los trabajadores formales descendió 0,4% en marzo y acumula una caída de 2,4% interanual. Como señal adicional de cautela, el Índice Compuesto Líder de Actividad (ILA-ARG), que anticipa la evolución económica futura, retrocedió 0,2% y cortó una racha de cuatro meses consecutivos de subas, lo que abre interrogantes sobre la dinámica de la economía en los próximos meses.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) atraviesa una crisis institucional sin precedentes tras la denuncia pública de un fracaso tecnológico que implicó un costo superior a USD 3 millones y profundizó la disputa por la conducción de la entidad. El conflicto se desató cuando salieron a la luz graves fallas en la digitalización de los registros genealógicos de razas animales, lo que derivó en acusaciones cruzadas entre el presidente Nicolás Pino y el vicepresidente Marcos Pereda, justo cuando se acercan las elecciones internas previstas para el 9 de septiembre.

La tensión creció en los últimos días, luego de que la SRA, tras la ruptura pública entre sus principales autoridades, ordenara una auditoría externa para determinar el alcance de las irregularidades. La conducción encabezada por Pino acusa a la empresa Mobile Computing SA, responsable del sistema, de negarse a someterse a la revisión, mientras que parte del equipo técnico designado por Gustavo Papini (ex director general del Correo Argentino y asesor de Pereda) renunció durante el proceso. Actualmente, la entidad está en una instancia de mediación judicial.

Según la documentación presentada por la dirección actual, el proyecto de modernización tecnológica debía extenderse por nueve meses a partir de junio de 2023, pero se prolongó durante dos años debido a demoras y renegociaciones, con un costo final que superó los USD 3 millones.

En un comunicado al que accedió Infobae, la SRA admite: “Lamentablemente, en forma inmediata, se detectan numerosos errores y fallas de funcionamiento, desarrollos no realizados, entregas parciales y limitaciones no informadas que impidieron la utilización normal del sistema”. La situación se agravó cuando, a mediados de 2024, Mobile Computing SA fue transferida a Grid Dynamics, lo que sumó incertidumbre técnica. Además, la auditoría interna advirtió que el área liderada por Papini y Pereda no atendió advertencias legales del Estudio Cassagne, asesor de la entidad. Desde el bando de Pereda alegan que el ejecutivo no influyó en la decisión ni en la elección del proveedor.

En este contexto, este lunes un grupo de cabañeros de la SRA pidió formalmente a Pino la realización de una auditoría forense específica por el desmanejo de los registros, evidenciando un fuerte malestar hacia el presidente por la falta de respuestas y controles.

Desde la oposición, Pereda sostiene que “hubo mala administración y falta de controles”, y reclama acceso total a la documentación y comunicaciones internas, además de exigir una auditoría forense independiente. Su espacio, Renovación con Unidad, también denuncia que la gestión de Pino utilizó recursos institucionales con fines políticos y en operaciones de desprestigio en medio de la campaña electoral.

La interna se profundizó con la oficialización de la candidatura presidencial de Pereda, quien había compartido la conducción con Pino desde 2021 y ahora denuncia el colapso del sistema digital que originalmente ambos promovieron. En marzo, en Expoagro, Pereda lanzó su propio espacio junto a Santos Zuberbühler, referente de otro sector interno que exige renovación en la SRA. Según pudo saber Infobae, Pereda lleva tiempo apartado de las decisiones de la Comisión Directiva por el cierre de los espacios de discusión, lo que alimentó la interna y la ruptura definitiva hace casi dos años.

Pereda Born, descendiente de la familia Bunge y Born y presidente del Grupo Bermejo, se posiciona como referente de un sector más combativo y crítico ante el Gobierno nacional. Pino, con más de tres décadas de militancia en la SRA, representa la defensa de la estabilidad institucional y el diálogo con la administración de Javier Milei.

El quiebre de la alianza Pino-Pereda

El trasfondo de la disputa está en el quiebre de la alianza que los llevó al liderazgo en 2021, tras iniciativas de modernización como el traslado de la sede histórica y la introducción del voto electrónico. Las diferencias se ampliaron en la segunda mitad del mandato, también debido a las políticas del presidente Javier Milei. Mientras Pino apostó por una relación dialogante con el Ejecutivo, Pereda expresó las críticas de sectores opuestos a las retenciones sobre las exportaciones agropecuarias.

Surge además la controversia sobre los límites a la reelección. Un grupo de 120 socios objetó la posible reelección de Pino para un cuarto mandato, invocando la reforma estatutaria impulsada por él mismo en marzo de 2023, que fijó el tope en tres mandatos consecutivos.

Sin embargo, según la conducción actual, este límite solo aplica a partir de la aprobación formal ante la Inspección General de Justicia, el 20 de julio de 2023. Bajo este criterio, el período 2024-2026 sería el primer mandato de Pino bajo la nueva norma. En una carta, los socios críticos advirtieron que autorizar una nueva postulación implicaría un “retroceso institucional y una contradicción ética” y que “las reglas pierden toda legitimidad cuando quienes las impulsan deciden no cumplirlas”.

En paralelo, la SRA reafirma su rol como principal organización de grandes productores rurales y terratenientes de Argentina, con 3.900 socios y una historia institucional ligada a apellidos como Martínez de Hoz, Anchorena, Miguens, Blaquier, Frers y Etchevehere. Fundada en 1866, la entidad pertenece al Grupo de los Seis, que nuclea a los actores económicos más poderosos del país: bancos nacionales (Adeba), la industria (UIA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara de la Construcción (Camarco) y la Cámara Argentina del Comercio (CAC).

La situación electoral mantiene la expectativa. Aunque Pereda ya formalizó su candidatura a la presidencia, Pino sostiene en redes sociales que aún evalúa su postulación, postergando el anuncio definitivo. Estas definiciones marcarán el escenario competitivo de septiembre y determinarán el futuro institucional de la Sociedad Rural Argentina para sus socios y el sector agroindustrial.

El dinamismo de la demanda internacional y la reconfiguración de los mercados por la guerra en Medio Oriente impulsaron a niveles históricos las exportaciones de granos argentinos en el primer cuatrimestre de 2026. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el país alcanzaría un envío récord de 40 millones de toneladas, un incremento del 11% frente a la marca previa.

El crecimiento del volumen exportado responde a la confluencia de factores climáticos adversos en otras regiones productoras y a la demanda europea, acentuada por las disrupciones comerciales provocadas por el conflicto bélico que incluye a EEUU, Irán e Israel. El campo argentino logró ocupar así una posición estratégica que le permite capitalizar la ventana internacional abierta por la falta de oferta en Ucrania, la Unión Europea y Turquía.

Cabe resaltar que la Unión Europea representa el mercado más exigente del mercado global. El bloque impone barreras fitosanitarias y estándares de calidad que actúan como un estricto filtro de ingreso, especialmente tras la implementación del “Pacto Verde” que exige trazabilidad total y certificaciones de baja huella de carbono.

Maíz y girasol, dueños del récord exportador

El protagonismo de la campaña 2025/26 corresponde al maíz, cuyas exportaciones marcan un récord por segundo mes consecutivo. Entre marzo y abril, los embarques programados superarán los 10,3 millones de toneladas, un 54% más que el mismo período del año anterior y 3,7 millones por encima del promedio de los últimos cinco años, precisó la BCR. Esta tendencia posiciona a la Argentina como uno de los principales proveedores mundiales, incluso antes de la plena incorporación al mercado global de la “safrinha” brasileña.

El impacto concreto en la balanza comercial se refleja en la proyección de liquidación de divisas que, según la BCR, podría alcanzar los USD 35.375 millones en 2026, lo que equivale a un aumento de USD 850 millones respecto al cálculo previo. Solo entre abril y diciembre, se anticipan ingresos por USD 29.600 millones derivados de las exportaciones agroindustriales. Esta proyección muestra un aporte clave del sector agrícola al flujo de dólares, con el tipo de cambio mayorista en torno a los $1.400 en el último mes.

La performance del girasol sobresale dentro del panorama. El ciclo 2025/26 alcanza una cosecha récord estimada en 7,3 millones de toneladas, un 30,4% superior a la anterior, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP). Ya cosecharon 6,98 millones y, solo en el primer cuatrimestre, las exportaciones de semilla en bruto se acercan al millón de toneladas, una modalidad poco habitual frente a los tradicionales subproductos industriales.

La Comisión Europea informó, además, que la Argentina suministró el 30,6% de las importaciones de semilla de girasol de la Unión Europea, en contraste con apenas un 1% en 2025, y el 54% de la harina de girasol, más del doble respecto al año anterior.

Los principales destinos son Bulgaria y Rumania. Bulgaria, afectada por alteraciones climáticas, debió importar hasta 400.000 toneladas de semilla argentina para suplir la escasez local. Rumania, sin urgencias de abastecimiento, optó por 100.000 toneladas para aprovechar la relación costo-beneficio del girasol argentino ante precios récord del aceite en Europa, señaló la BCR.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), las semillas argentinas concentran el 13% de la producción global, el mayor porcentaje en cinco años. Además, el precio FOB (en origen) promedio del aceite de girasol alcanzó USD 1.300 por tonelada entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, frente a los USD 1.100 en el periodo anterior.

Perspectivas para el agro argentino

En el mercado interno, la comercialización de maíz avanza sobre 23,7 millones de toneladas —el 35 % de la cosecha prevista— y la superficie sembrada fue elevada a 11,2 millones de hectáreas por la SAGyP, con una producción total de 67,6 millones. El precio, en torno a $260.000 por tonelada, refleja la presión de la cosecha y una reciente recuperación tras registrar mínimos en marzo. En el plano internacional, la oferta secundaria se contrae: Estados Unidos ya comprometió el 87% de su programa exportador y Ucrania opera por debajo de su potencial, mientras el FOB argentino subió más de USD 15 por tonelada desde inicios del año, aseguró la BCR en su análisis sectorial.

En este contexto, las perspectivas de mayores ingresos y desafíos futuros también aparecen en el horizonte. La BCR proyectó que si el gobierno eliminara las retenciones a la exportación de productos agropecuarios a partir de 2028, las exportaciones del complejo podrían ascender a 183 millones de toneladas, con un valor estimado de USD 50.000 millones en la próxima década. El informe afirma que, en tal escenario, el Estado recuperaría lo resignado por la menor recaudación en apenas cuatro años, debido al aumento de otros tributos asociados al crecimiento del sector.

Rizobacter, una compañía de Bioceres Corp, puso en marcha un nuevo proceso de reestructuración de deuda por USD 42 millones. La firma de microbiología busca extender plazos y ajustar condiciones para ordenar sus compromisos financieros y evitar un incumplimiento, en medio de la incertidumbre generada por la reciente quiebra de Bioceres S.A., la firma de biotecnología agropecuaria fundada en 2001 por un grupo de productores de Rosario y considerada el germen del actual holding que cotiza en Wall Street.

Según informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV), en el caso de no alcanzar un acuerdo que cuente con la adhesión mínima del 70% en cada clase involucrada, Rizobacter advirtió sobre un “riesgo grave e inmediato de default”.

El documento detalla que aquellos tenedores de obligaciones negociables que no participen del canje pueden enfrentarse a una reestructuración forzosa, con condiciones potencialmente menos favorables que las previstas en la propuesta voluntaria. La empresa también advirtió que si no puede acceder a divisas, los acreedores podrían recibir bonos soberanos en lugar de efectivo.

La oferta vigente, que representa una nueva etapa en el proceso de optimización financiera de la empresa, contempla que los tenedores de las ON puedan entregar sus títulos actuales y recibir a cambio nuevas Obligaciones Negociables Serie XI, estructuradas en tres clases, con vencimiento el 3 de septiembre de 2029 y una tasa de interés anual del 9%. Los participantes voluntarios recibirán como incentivo un pago inicial equivalente al 20% del capital el próximo 28 de junio, siempre que se cumplan todas las condiciones detalladas en la operación.

El antecedente: reestructuración previa y crisis en el grupo Bioceres

Semanas antes de esta nueva oferta, Rizobacter ya había logrado la adhesión de más del 76% de los tenedores de la Serie VIII Clase B, correspondiente a aproximadamente USD 3,8 millones, lo que permitió implementar un cronograma de pagos que incluyó un adelanto del 20% del saldo y el resto hasta septiembre de 2028. Este hito, informado a la CNV, sirvió de base para la estrategia actual y proporcionó previsibilidad en un contexto que permanece adverso para la corporación nacida en Rosario.

Fundada en 1977 por Ricardo Yapur en Pergamino, Rizobacter es ahora controlada mayoritariamente por Bioceres Crop Solutions (BIOX), que en 2016 adquirió el 50,01% de sus acciones.

En los últimos años, el conglomerado atravesó una transformación internacional, expandiéndose a más de 25 países y realizando adquisiciones estratégicas como la de ProFarm Group por USD 243 millones. Sin embargo, la estructura corporativa—con Bioceres Group Limited en el Reino Unido, Bioceres SA en Argentina y Bioceres Crop Solutions (BIOX) en el Nasdaq—se volvió insostenible ante una sucesión de crisis, comenzando con la sequía de 2022 y la caída de los precios internacionales.

En 2025 se decretó la quiebra de Bioceres S.A. en Santa Fe, en medio de enfrentamientos directivos y denuncias cruzadas. El ex CEO Federico Trucco, ahora al frente de BIOX, y el empresario uruguayo Juan Sartori, quien tomó el control de la compañía tras ingresar en 2025, mantienen posturas antagónicas sobre la responsabilidad de la crisis. Desde el entorno de Sartori acusan a la gestión anterior de producir un “profundo deterioro económico y financiero”, cuantificando pérdidas en USD 180 millones para el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2025, un número significativamente superior a los USD 130,3 millones del ciclo precedente.

Entre las decisiones más controvertidas, destaca la desconsolidación deliberada del control sobre BIOX, que habría significado para Bioceres S.A. la pérdida de casi USD 350 millones en patrimonio neto, según la versión de los allegados a Sartori. Por su parte, fuentes del lado de Trucco afirman que nunca existió voluntad de pago real bajo la nueva administración y que el objetivo era incrementar la posición accionaria sobre BIOX, cuyo valor se desplomó desde USD 7 a finales de julio hasta los USD 0,62 por acción en la actualidad, tras una serie de ventas de emergencia realizadas por Sartori.

ProFarm Group, comprada en 2022, finalmente fue transferida a acreedores estadounidenses luego de la ejecución de garantías por USD 55 millones, permitiendo al fondo Jasper Lake quedarse con la empresa por alrededor de USD 15 millones.

Impacto operativo y disputas judiciales tras la crisis de Bioceres

En paralelo al proceso de reestructuración, Rizobacter continúa negociando con bancos e inversores para profundizar su estrategia de estabilización financiera en un ambiente marcado por la crisis del conglomerado. Fuentes ligadas a las negociaciones consultadas por Infobae advirtieron que el futuro de Bioceres sigue siendo incierto y condicionado a la evolución de las demandas de acreedores.

El entorno judicial se encuentra caliente tras la salida de Trucco del directorio de Bioceres S.A. y su enfrentamiento con Sartori. Trucco prepara una denuncia penal vinculada a la asamblea en la que fue removido y a las decisiones administrativas adoptadas durante el proceso de quiebra. En tanto, la administración liderada por Sartori detalla que el cierre fue inevitable ante “la imposibilidad objetiva de atender obligaciones exigibles”, según argumentaron en el último comunicado.

La disputa tuvo efectos directos en los mercados financieros: Moolec, la controlante actual de Bioceres S.A. y propiedad de Sartori, reportó un ahorro de USD 95 millones ante la SEC debido a la quiebra, y la acción de BIOX se desplomó casi un 90% desde el ingreso del empresario uruguayo como accionista.

Pampa Energía, la compañía de Marcelo Mindlin, presentará un nuevo proyecto en el marco del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de Fértil Pampa, un proyecto que demandará alrededor de USD 2.400 millones para la producir fertilizantes en el Polo Industrial de Bahía Blanca.

La iniciativa, que tiene el objetivo de transformar el gas natural de Vaca Muerta en 2,1 millones de toneladas anuales de urea a partir de 2030, apunta a sustituir importaciones, fortalecer el agro nacional y abastecer la creciente demanda regional, según pudo saber Infobae.

El proyecto, que podría contar con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y negocia una línea de crédito con la Corporación Financiera Internacional (CFI), organismo del Banco Mundial. Según un informe que publicó la propia CFI, el complejo industrial aprovechará su cercanía a gasoductos, líneas de transmisión de alta tensión, infraestructura de captación de agua y un puerto de aguas profundas que facilitará tanto la exportación como la distribución nacional.

En este sentido, la propuesta contempla un impacto directo en las cuentas externas argentinas: se estima que el complejo generará USD 890 millones anuales en divisas desde el inicio de operaciones, con el 60% de la producción orientada a exportaciones, principalmente a Brasil, nación con un fuerte déficit de urea.

Actualmente, el mercado argentino depende en gran parte de importaciones, ya que la única productora local es Profertil, ubicada también en Bahía Blanca, y cuya propiedad pasó recientemente mayoritariamente a Adecoagro y en un 10% a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

Según pudo saber Infobae, Fértil Pampa S.A.U., propiedad total de Pampa Energía, generará 3.500 puestos de trabajo durante la fase de construcción y 300 empleos fijos en la etapa operativa. Según pudo saber este medio, la empresa busca industrializar recursos, generar divisas y desarrollar proveedores locales, aunque el éxito de la iniciativa dependerá de la estabilidad macroeconómica y la competitividad de los precios energéticos.

El desafío energético y la infraestructura clave

El crecimiento de la producción de gas de Vaca Muerta es un pilar del plan, ya que se prevé un fuerte incremento de la oferta en la próxima década. En 2025, Pampa Energía alcanzó un récord de 17,6 millones de metros cúbicos diarios y proyecta elevar esa cifra en 10 millones de metros cúbicos adicionales en los próximos tres años. Esta condición coloca a la compañía en una posición estratégica: podrá abastecer directamente a la planta de Fértil Pampa, aprovechando el gas excedente de la cuenca neuquina como principal insumo.

El proyecto implica, además, la instalación de una planta que fabricará amoníaco y dióxido de carbono, materias primas indispensables para la producción de urea. El gas natural llegará a través de un gasoducto exclusivo, la electricidad se tomará del Sistema Interconectado Nacional (SADI) y se empleará agua de mar desalinizada en las operaciones.

El anuncio de Fértil Pampa coincide con un entorno internacional marcado por la inestabilidad. En las últimas semanas, el precio internacional de la urea registró subas del 40% al 57%, con valores FOB que pasaron de alrededor de USD 685 a USD 755 por tonelada a raíz del conflicto en Medio Oriente. El 35% de la urea importada por Argentina transita por el Estrecho de Ormuz, zona afectada por bloqueos y recortes de producción, situación que impacta de lleno en los costos de la agricultura local.

La demanda interna de este fertilizante es relevante: la urea es uno de los insumos agrícolas más utilizados en la Argentina. La nueva planta permitirá reducir la dependencia externa y blindar la economía rural frente a las fluctuaciones internacionales.

RIGI: otro megadesembolso en la agenda

La estrategia de Pampa Energía en torno al RIGI trasciende la planta de urea. Según anunció el ministro de Economía Luis Caputo en marzo, la compañía tiene en carpeta otra inversión en el yacimiento Rincón de Aranda, Neuquén, donde planea destinar USD 4.500 millones al desarrollo de petróleo, construcción de nuevas plantas de tratamiento, oleoductos y gasoductos. Esta expansión prevé perforar “más de 100 pozos adicionales” y extender el pico de extracción del campo.

En julio, la empresa de Marcelo Mindlin, quien también acaba de quedar al mando -junto a fondos internacionales- de la cementera Loma Negra, ya había registrado un primer pedido de adhesión al régimen, vinculado a obras de infraestructura para el bloque. Esta inversión inicial fue estimada en USD 426 millones e involucra la construcción de una planta de tratamiento, oleoductos, gasoductos, instalaciones de almacenamiento y estaciones de bombeo para conectar el yacimiento con los sistemas de transporte principales, como el gasoducto Perito Moreno y el oleoducto Vaca Muerta Sur.

La provincia de Santa Fe enfrenta una de las crisis hídricas más severas de la última década tras las lluvias extraordinarias ocurridas en la primera quincena de abril de 2026. Las tormentas provocaron inundaciones generalizadas y afectaron gravemente la producción ganadera, la infraestructura vial y el acceso a servicios esenciales en las localidades de 9 de Julio, Vera y General Obligado.

Según difundió la Sociedad Rural de Vera, el impacto de este fenómeno “amenaza la continuidad de la principal actividad económica de la región” y profundiza la vulnerabilidad social en una de las zonas más extensas de Santa Fe, con un territorio que abarca más de 22.000 kilómetros cuadrados.

En menos de una semana se registraron precipitaciones “de carácter extraordinario”, que alcanzaron valores entre los 150 milímetros y más de 230 mm en lapsos inferiores a 48 horas, con acumulados puntuales que superan ampliamente los promedios históricos mensuales. Puntualmente, la localidad de Fortín Olmos registró hasta 230 milímetros en solo dos días, mientras se detectaron acumulados de hasta 350 milímetros en sitios puntuales de la región.

En tanto, el Departamento Vera, el más extenso de la provincia de Santa Fe, recibió lluvias excepcionales, con acumulados que triplicaron la media mensual. El fenómeno dejó la totalidad de los suelos saturados, lo que desencadenó inundaciones, anegamientos persistentes y la interrupción sostenida de servicios vitales y productivos.

El Departamento Vera tiene un stock bovino calculado en 700.000 cabezas, valor que lo posiciona como uno de los núcleos ganaderos centrales del país. El anegamiento de campos y la contaminación de aguadas comprometieron la alimentación y la salud de los animales, con reportes de “deterioro en la condición corporal de los rodeos, dificultades en la alimentación y suplementación, riesgos sanitarios y restricciones operativas que comprometen la continuidad de los sistemas productivos”. Dirigentes locales advierten sobre la pérdida de animales ante la imposibilidad de acceder a zonas seguras y la dificultad para realizar controles sanitarios y movimientos de hacienda.

Colapso en servicios

La infraestructura rural se encuentra “en estado de intransitabilidad generalizada, dificultando el acceso a los establecimientos productivos, el traslado de hacienda, la provisión de insumos básicos y la circulación de servicios esenciales, generando aislamiento en amplias zonas rurales”, señala el documento difundido por la entidad.

El reporte más grave señala interrupciones de hasta 16 horas continuas en el suministro de energía eléctrica en parajes y establecimientos productivos. Esto afecta la operatividad de bombas de agua, sistemas de electrificación rural y la conservación de medicamentos e insumos veterinarios. La inoperancia de la red vial perjudica directamente el funcionamiento de la cadena productiva y la seguridad alimentaria de la región.

En cuanto al plano educativo, la suspensión de clases por tiempo indefinido perjudicó a niños y adolescentes rurales que no pueden asistir a los establecimientos, alterando el calendario escolar y restringiendo el acceso a comedores y a servicios complementarios de nutrición, conforme detalla el pedido institucional de emergencia presentado por las entidades rurales al gobierno provincial y nacional.

La ganadería bajo amenaza en un contexto mundial desafiante

El contratiempo climático en el campo argentino ocurre en coincidencia con un escenario internacional de ajustes en la producción y el comercio de carne vacuna. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, realizado en base a datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en 2026 la producción mundial de carne vacuna experimentará su primera caída en cinco años, descendiendo un 1% hasta 61,6 millones de toneladas, un recorte de 685.000 toneladas respecto de 2025.

El documento subraya que China y Brasil encabezan los recortes: el gigante sudamericano reduciría su producción un 2%, a 12,4 millones de toneladas, aunque retendría su lugar como principal exportador mundial, con 4,275 millones de toneladas.

Por su parte, Australia prevé un descenso del 1% en su producción, alcanzando 2,9 millones de toneladas, pero sostiene su posición como segundo exportador global, con 2,16 millones de toneladas. Al mismo tiempo, la demanda internacional también se ajusta: el USDA anticipa que las importaciones globales de carne vacuna pasarán de 12,01 a 11,68 millones de toneladas, una disminución del 2,6%. China, en particular, reducirá sus compras externas a 3,2 millones de toneladas, el nivel más bajo desde 2020.

Estos cambios estructurales en el mercado tienen implicancias directas para exportadores tradicionales como Argentina. Según la BCR, mientras Brasil y Australia deben administrar cuotas reducidas en China, Argentina no enfrenta estas limitaciones y podría beneficiarse de una demanda creciente de Estados Unidos y Europa, donde se pronostica un alza del 6% en el mercado estadounidense, con importaciones que alcanzarían los 2,626 millones de toneladas. En la Unión Europea, la reducción de aranceles gracias al acuerdo Mercosur y la posición dominante en la Cuota Hilton fortalecen el escenario exportador argentino.

Luego de más de dos semanas del bloqueo de transportistas autoconvocados en el acceso a Puerto Quequén, en la provincia de Buenos Aires, la operatoria agroexportadora permanece detenida. La Cámara de Puertos Privados Comerciales denunció que, pese a los acuerdos tarifarios alcanzados por la mayoría del sector, un grupo minoritario mantiene la interrupción de la circulación de granos. Esta situación ya provocó pérdidas estimadas en al menos USD 450 millones, afectando el cumplimiento de contratos internacionales y deteriorando la competitividad nacional.

La entidad informó que, en los últimos días, 22 embarcaciones quedaron a la espera en Bahía Blanca y nueve en Quequén, lo que equivale a entre 700.000 y 1,5 millones de toneladas de granos sin posibilidad de embarque. Esta situación no solo perjudica a exportadores, sino que compromete a productores, cooperativas, acopios e industrias, por tratarse de la temporada alta de cosecha, cuando está en juego la salida de los productos primarios y los flujos de capitales vinculados.

El conflicto se originó el 7 de abril con el inicio de un paro total por parte de transportistas de granos, principalmente de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Exigían una actualización tarifaria ante la suba del combustible derivada del conflicto internacional en Medio Oriente. Aunque las cámaras más representativas del sector arribaron a un acuerdo unos días después, un núcleo reducido de autoconvocados mantuvo bloqueos en rutas y accesos, especialmente sobre Quequén.

La crisis logística y sus implicancias económicas

A lo largo de más de dos semanas, la persistencia de los reclamos convirtió a ese enclave bonaerense en el principal foco de la crisis. Organizaciones como la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC) advirtieron que la interrupción del flujo exportador agrava el deterioro financiero y logístico.

“Los barcos no están viniendo a cargar a la Argentina, por lo que el daño económico para toda la cadena de valor cerealera y oleaginosa es inmenso, y está afectando también al país”, expuso en un comunicado Ciara-CEC.

El origen de la protesta de los transportistas tiene como trasfondo el fuerte incremento de los costos operativos. Según la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeaac), el gasoil aumentó un 24,7% en marzo y registró un 48% de incremento interanual. El combustible representa cerca del 35% del costo total de un camión, lo que generó que los transportistas reclamaran un aumento del 15% en la tarifa frente a una oferta de 10% por parte de los acopiadores.

En este contexto, los valores de referencia para el transporte de granos alcanzan hoy los $25.389 por tonelada para trayectos de 100 km y superan los $148.000 en viajes de 1.500 km. Los transportistas sostienen que la tarifa reconocida no cubre el alza de los costos, y advierten que la brecha entre precio real y costos hace inviable la actividad en muchos casos.

Costos de la parálisis e impacto sectorial

La detención de la logística tiene implicancias especialmente costosas. Cada buque parado genera un sobrecosto diario aproximado de USD 50.000 al que se adiciona el almacenaje transitorio de granos en origen, estimado en USD 5 por tonelada en silobolsas.

Sin embargo, las consecuencias trascienden el daño económico inmediato. La paralización de Bahía Blanca y Necochea, donde ocho muelles permanecen sin actividad, afecta la imagen de la Argentina como origen confiable de productos agrícolas. Con una cosecha estimada en 158 millones de toneladas para la campaña en curso, exportadores y cámaras empresariales advirtieron que los retrasos generan incumplimientos contractuales y pueden derivar en pérdidas futuras en la inserción internacional del sector.

Actualmente, el sector agroindustrial proyecta para 2026 una liquidación de divisas cercana a los USD 35.375 millones. El bloqueo sobre Quequén y la tensión entre transportistas y acopiadores pondrá bajo presión el flujo de divisas proyectado para marzo.

En respuesta a este panorama, la Cámara de Puertos Privados Comerciales exigió la intervención urgente de autoridades nacionales, provinciales, municipales y judiciales para restablecer el orden y eliminar prácticas coercitivas detectadas entre los bloqueadores. Parte de estas acciones fueron denunciadas ante la Justicia por involucrar amenazas físicas contra choferes que intentaron trabajar durante el paro.

A pesar de los acuerdos logrados en otros puertos, Quequén continúa paralizado, con más de 20 accesos estratégicos bloqueados y una disputa tarifaria aún sin solución, en pleno momento crítico para el sector exportador argentino.

En medio de una campaña de girasol que promete ser la mayor del siglo XXI, el campo insistió en la necesidad de llevar a cero las retenciones del sector.

De hecho, la Asociación Argentina de Girasol (Asagir) advirtió que, mientras el Estado recauda apenas USD 90 millones anuales por esa vía —el 2% del total de retenciones— el tributo limita la expansión de un negocio que atraviesa un momento de demanda excepcional: la caída en la producción de Ucrania y Rusia, que concentran más del 60% del mercado mundial, abrió una ventana de oportunidad que la Argentina, por ahora, no termina de aprovechar.

Jorge Ingaramo, presidente de Asagir, remarcó que el objetivo es “duplicar las exportaciones en el complejo de girasol, sobre todo en aceite. Pasar de USD 2.400 millones a USD 4.800 millones no es chiste”. En ese sentido, instó a considerar el girasol como una economía regional y recordó: “Muchachos del Estado, no se preocupen. El año pasado con el 4,5% de retenciones, la recaudación fue de USD 90 millones. Es el 2% de la recaudación de retenciones de exportaciones”.

La noticia cobra relevancia ya que el girasol es uno de los complejos que explica el fuerte crecimiento proyectado para el agro argentino en 2026. En medio de una cosecha récord, impulsada por condiciones climáticas más favorables, el sector prevé un ingreso de USD 35.375 millones al Mercado Libre de Cambios (MULC) durante el año, según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La escalada del conflicto en Medio Oriente, en particular en el Estrecho de Ormuz, es uno de los factores que incidieron en la dinámica exportadora. El aumento en los costos de transporte internacional, sin embargo, atenúa el efecto positivo de la mayor producción sobre los ingresos por exportaciones, según el análisis de la BCR.

Ramiro Costa, economista de la Bolsa de Cereales, aseguró que un derecho de exportación del 0% al girasol aumentaría la siembra y la adopción tecnológica. Según su análisis, en el marco del Congreso Argentino de Girasol, si la baja fiscal se concreta, la tasa de crecimiento de la producción de girasol “pasaría de 6% a 20% anual”. A esto se suma el contexto internacional: Costa señaló que el aceite de girasol muestra una tasa de crecimiento proyectada del 26%, frente al 20% del resto de los aceites, una diferencia que posiciona al cultivo como el “gran ganador de los últimos años”.

La BCR proyecta que los Derechos de Exportación (DEX) generarán en 2026 cerca de USD 4.650 millones, una cifra similar a la del año previo. El complejo sojero seguirá encabezando los aportes, con USD 3.420 millones, aunque en descenso interanual por la menor producción. El maíz mostraría un incremento relevante en la recaudación, con USD 720 millones (30% más que el año pasado), mientras que el trigo sumaría USD 300 millones (21% de aumento). En el caso del girasol, se prevé una recaudación de USD 115 millones, lo que representa un crecimiento de casi 60%, impulsado por el mayor volumen exportado.

La nueva campaña marcaría un récord de producción y exportaciones de girasol

El departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) actualizó en su informe de marzo que la cosecha argentina de girasol alcanzaría 7 millones de toneladas, lo que representa un incremento interanual del 25,2%. Este sería uno de los mejores resultados de las últimas campañas. Las proyecciones locales, como la de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), aunque más conservadoras —6,2 millones de toneladas—, también anticipan potenciales rindes superiores a los promedios históricos en varias provincias productivas.

En lo que respecta a exportaciones, Emilce Terré, economista e investigadora de la BCR, sostuvo que la campaña 25/26 “será la mayor del siglo XXI”, con un récord estimado de 1,1 millón de toneladas de semilla, casi 2 millones de toneladas de aceite y 1,9 millones de pellets. Este volumen totaliza un ingreso de más de USD 3.000 millones, que se dividirán en USD 500 millones por semillas, aproximadamente USD 2.500 millones por aceites y USD 260 millones por subproductos como pellets y harina.

En enero, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) relevó que las exportaciones del complejo girasol aportaron USD 210,1 millones, lo que implicó un salto interanual del 173,2%. En términos globales, según el USDA, la Argentina aporta el 13,8% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol: “Exportará casi una de cada siete toneladas de aceite de girasol que se comercializan en el mundo”, precisó el informe de la cartera americana.

El contexto histórico y la transformación del girasol

En la campaña 2001/02, la Argentina dominaba el 60% del mercado mundial de aceite de girasol, según la BCR. El liderazgo se perdió en los siguientes 20 años cuando Ucrania y Rusia expandieron su área sembrada, tecnificaron sus procesos y fortalecieron la industrialización, desplazando a la Argentina en el comercio global. Actualmente, entre ambos países concentran más del 60% del mercado.

La menor inversión, el arraigo de modelos productivos menos sofisticados y la vigencia de derechos de exportación restaron incentivos al girasol argentino, que además sufrió pérdida de terreno frente a cultivos como la soja y el maíz, favorecidos por mejores paquetes tecnológicos y rentabilidad durante el auge de los precios internacionales de commodities. Esto redujo sostenidamente la superficie sembrada con girasol y, por ende, la participación argentina en el negocio global.

Estas condiciones estructurales explican la discusión actual sobre la necesidad de actualizar la Ley de Semillas, un reclamo central del sector agroindustrial para cerrar la brecha de rendimientos por hectárea frente a los competidores de Europa, Estados Unidos y Brasil. Mientras parte del agro se resiste a aumentar las regulaciones, la mayoría de los actores reconocen que una actualización normativa permitiría recuperar competitividad.

Federico Albrecht, de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, vinculó las rebajas fiscales al impacto directo en el desarrollo económico regional. En el marco del congreso del girasol organizado por Asagir, remarcó que transformar el grano en productos como expeller, aceite, carne o leche “multiplica los ingresos” y genera encadenamientos productivos concretos que “transforman áreas de producción en lugares de desarrollo”. Albrecht definió el agregado de valor en origen como una “decisión estratégica para desarrollar los territorios”.

El crecimiento de la oferta argentina aparece como un factor relevante para el equilibrio global del mercado, dado que, según el USDA, la relación entre stocks y consumo mundial de aceite de girasol ronda el 13,5%, reflejando una oferta ajustada frente a la demanda. Este escenario, marcado por la volatilidad en la región del Mar Negro, le otorga al país una oportunidad singular para fortalecer su presencia internacional y recuperar su protagonismo exportador.

Luego de la sanción del acuerdo de libre comercio Mercosur- Unión Europea en los Congresos de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay; el bloque europeo endureció las cláusulas bilaterales del salvaguardias agrícolas, lo que podría afectar las exportaciones de varios sectores argentinos.

Las modificaciones reflejan una estrategia más cautelosa y protectora por parte de la Unión Europea frente a la apertura comercial que implica el tratado. El endurecimiento de los umbrales, el monitoreo permanente y la ampliación de facultades de la Comisión Europea configuran un esquema más estricto para responder a eventuales impactos negativos en el agro europeo.

Según detalló la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el texto definitivo introduce cambios sustanciales respecto del borrador presentado en octubre:

Umbrales más estrictos para activar investigaciones

Una de las principales diferencias radica en el endurecimiento de los criterios que permiten iniciar investigaciones. Mientras que el borrador contemplaba umbrales del 10% en variables como el aumento de importaciones, la caída de la producción local o la brecha de precios, el reglamento final reduce esos parámetros al 5%.

De este modo, podrán activarse investigaciones cuando se verifique un incremento superior al 5% en el volumen importado respecto del promedio de los últimos tres años, acompañado de precios de importación al menos un 5% inferiores a los nacionales.

También se contemplan escenarios en los que los precios de importación caigan más de un 5% frente al promedio trienal y se mantengan por debajo de los precios internos.

Además de reducir los umbrales, se sustituye la comparación interanual por un promedio de tres años, lo que amplía la base de cálculo. A ello se suma una cláusula que otorga mayor discrecionalidad a la Comisión Europea, que podrá iniciar investigaciones aun sin alcanzar dichos umbrales si detecta indicios claros de deterioro económico o caídas sostenidas de precios.

Monitoreo permanente y mayor control

El reglamento también refuerza el sistema de seguimiento del mercado. El control, que en el borrador era semestral, pasa ahora a ser “constante y proactivo”, apoyado en los observatorios de mercado de la Unión Europea como fuentes oficiales de datos sobre precios y volúmenes.

En este marco, se introduce una herramienta clave: la posibilidad de que la Comisión Europea modifique la lista de productos sensibles. Esta decisión podrá adoptarse tanto por iniciativa propia como a pedido de sectores productivos europeos, siempre que exista una justificación fundada.

Medidas contra la elusión comercial

Otra novedad relevante es la incorporación de disposiciones anti-elusión. La normativa faculta a la Comisión a intervenir cuando detecte desvíos en las rutas comerciales destinados a evitar la aplicación de salvaguardias. En tales casos, podrá reforzar los controles aduaneros para impedir estas prácticas.

Ajustes jurídicos para evitar conflictos en la OMC

Más allá de los cambios operativos, el reglamento introduce modificaciones terminológicas con implicancias jurídicas. En particular, se reemplaza el concepto de “industria de la Unión” por el de “rama de la producción de la Unión”, alineándose con las categorías reconocidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Este ajuste busca prevenir eventuales disputas por parte de países del Mercosur ante dicho organismo.

“Es el caso de la desaparición de ‘la industria de la Unión’ del borrador y su reemplazo por ‘la rama de la producción de la Unión’ en el texto definitivo, más específicamente en los artículos sobre el seguimiento de productos sensibles o los procesos de investigación. Lo positivo de esta reforma es que, de alguna manera, circunscribe la investigación y la presentación de pruebas de daño a los productores de un bien específico y no lo amplía a la cadena de valor, como hubiera sido el caso de utilizar un término mucho más amplio como ‘industria’”, remarcó la BCR.

Por otra parte, el reglamento establece que para pedir la salvaguardia debe existir una representatividad de la rama de la producción de “más del 50%” de la producción de todo el bloque -o un mínimo de 25% en casos excepcionales-.

“A todo esto, dichos porcentajes no se encuentran expresados en el Acuerdo de Salvaguardias de la OMC, en donde expresa que debe representar ‘una parte sustancial de la producción’”, remarcó la BCR.

En este contexto, la entidad señaló que si se tuviera que identificar cuáles son los sectores exportados por Argentina con mayor riesgo de enfrentar presiones u objeciones de parte de los productores europeos, podría señalarse que la carne bovina refrigerada y congelada, el biodiesel y otros combustibles a base de aceites vegetales.

En suma, “las oportunidades que el acuerdo genera para el arroz (especialmente el elaborado), los quesos y la leche en polvo también los hacen potenciales objetivos de presiones por la gran competitividad argentina y la arbitrariedad de las salvaguardas impuestas”, planteó la BCR.

Impulsada por mejores precios internacionales y una cosecha récord de maíz, la liquidación de divisas del agro alcanzaría en 2026 los USD 35.375 millones, según estimó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La proyección implica un aumento de alrededor de USD 850 millones respecto del cálculo previo de la entidad (USD 34.530 millones) y anticipa un flujo de dólares sostenido para esta campaña.

Ese escenario se instalará en un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas y cambios en la demanda de alimentos, lo que podría beneficiar a la Argentina como un proveedor de materia prima alejado del epicentro de los conflictos bélicos.

El informe de la BCR destaca que entre abril y diciembre de 2026 se proyecta un ingreso de USD 29.600 millones por las exportaciones agroindustriales.

Puntualmente, USD 16.500 millones provendrán del complejo sojero; USD 7.500 millones, de maíz, USD 2.200 millones de trigo, USD 2.400 millones de girasol, USD 500 millones de cebada, USD 300 millones de sorgo y USD 600 millones de otras oleaginosas y cereales.

Sin embargo, el panorama no es enteramente favorable para el sector. El mismo contexto internacional que impulsa los precios de los granos también está elevando con fuerza los costos de producción. La suba del petróleo, en medio de las tensiones en Medio Oriente, encareció insumos clave como combustibles y fertilizantes, con aumentos significativos en productos como la urea.

En este marco, si bien el agro proyecta mayores ingresos por exportaciones, buena parte de esa mejora se ve compensada por una estructura de costos más exigente, lo que limita el impacto positivo en la rentabilidad de los productores. De hecho, asociaciones del agro locales ya advirtieron por el impacto del conflicto bélico en el el campo argentino.

El maíz lidera el crecimiento

La campaña 2025/26 de maíz en Argentina se encamina a cifras históricas en la mayoría de sus indicadores. Según el reporte de la BCR, la superficie sembrada se expandirá a 10,2 millones de hectáreas, notablemente por encima del promedio de los últimos cinco años (8,8 millones) y de los 8,3 millones estimados para el ciclo previo. La superficie cosechada llegaría a 8,5 millones de hectáreas, mientras que el rendimiento nacional promedio se proyecta en 78,8 quintales por hectárea (es decir, unos 7,9 toneladas por hectárea), superando los 67 quintales del lustro anterior.

La oferta total de maíz alcanzaría 73,7 millones de toneladas, impulsada por una producción estimada en 67 millones de toneladas, frente a los 50 millones del ciclo previo y los 47,9 millones del promedio quinquenal informado por la BCR.

El stock inicial para 2025/26 se sitúa en 6,7 millones de toneladas, duplicando el promedio de los últimos cinco años y muy por encima de los 3,6 millones estimados para el ciclo actual. El consumo interno escalaría a 20,2 millones de toneladas, con el uso industrial en 4,5 millones y el forrajero, semilla y residual en 15,7 millones, superando todos los valores anteriores.

Las exportaciones de maíz, en tanto, se proyectan en 43 millones de toneladas, cifra que constituiría un récord histórico para el país. Esta expectativa está sujeta a posibles ajustes en función del comportamiento de los otros grandes exportadores globales, como Estados Unidos y Brasil, cuyas propias producciones y saldos exportables se siguen revisando a la baja, especialmente luego de la disminución en la siembra estadounidense y la menor producción brasileña de la segunda cosecha, la zafrinha, según reportes de la CONAB y el USDA citados por la BCR.

Flujo de divisas: volatilidad en 2025 y previsión de estabilidad en 2026

En 2025, el agro liquidó unos USD 31.330 millones, un 25% más que el año anterior. Ese crecimiento estuvo explicado en parte por el adelantamiento de exportaciones ante la eliminación temporal de retenciones, un efecto que se extendió hasta los primeros meses de 2026 pero que ya comenzó a diluirse.

En septiembre de 2025, la liquidación mensual de divisas del agro experimentó extremos, con un pico superior a USD 7.000 millones, una cifra muy por encima del promedio, derivado de la eliminación temporal de retenciones. Este fenómeno provocó un adelantamiento de exportaciones, seguido de un descenso abrupto en la liquidación durante los meses siguientes, tendencia que se prolongó hasta los primeros meses de 2026, según detalla la Bolsa de Comercio de Rosario.

La dinámica de los saldos a favor de las exportadoras muestra que el máximo se alcanzó en septiembre de 2025, con un saldo de USD 7.700 millones. Desde entonces, la diferencia entre los dólares ingresados y los despachos físicos retrocedió hasta equilibrarse en marzo de este año, lo que sugiere que el efecto de la eliminación temporal de los derechos de exportación fue transitorio y ya fue absorbido.

Historial de liquidación de divisas del agro

El historial de liquidación anual de divisas del sector agropecuario argentino desde 2011 muestra importantes fluctuaciones en función de las condiciones productivas y del contexto internacional. En 2011, la liquidación alcanzó los USD 32.673 millones y se mantuvo en valores similares en 2012, cuando sumó USD 31.090 millones. Durante 2013 y 2014, los montos fueron de USD 27.172 y USD 27.440 millones, respectivamente.

En 2015 se registró uno de los pisos de actividad, con una liquidación de USD 23.019 millones. En 2016 volvió a crecer, a USD 27.474 millones, y en 2017 se mantuvo en USD 26.745 millones. Otro mínimo se observó en 2018, con USD 22.293 millones. En 2019 la liquidación subió a USD 26.758 millones, y en 2020, afectado por una nueva sequía, la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, bajó a USD 22.126 millones.

Los principales picos de la serie se dieron en 2021 y 2022, cuando la liquidación anual llegó a USD 38.162 millones y USD 44.175 millones respectivamente, impulsadas por cosechas excepcionales y precios internacionales favorables, nuevamente, por condiciones internacionales derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania.

En 2023, el impacto de la sequía volvió a notarse con fuerza y el monto liquidado descendió a USD 23.554 millones. El sector recuperó la senda de crecimiento en 2024, con una liquidación de USD 30.572 millones. Para 2025, el pronóstico fue de USD 36.164 millones, con una leve retracción proyectada para 2026, estimada ahora en USD 35.376 millones, en línea con los aumentos previstos en producción y exportaciones.

Hasta el momento -enero, febrero y marzo- la producción agropecuaria aportó más de USD 7.000 millones en el primer trimestre, lo que suma más oferta al mercado cambiario y fortalece la apreciación.

Ciclo con oferta holgada y demanda sostenida

El stock final para la campaña 2025/26 se estima en 10,4 millones de toneladas, prácticamente el doble del promedio recientemente registrado y más de 3 millones por encima del cierre proyectado para 2024/25. El ratio stock/consumo interno crecería al 16%, superando el 14% previsto para el ciclo vigente y duplicando el promedio quinquenal, lo que refleja una mayor holgura en la relación entre la oferta disponible y la demanda doméstica.

La demanda total del cereal, incluyendo exportaciones y consumo interno, llegaría a 63,2 millones de toneladas. Este panorama global anticipa un flujo cambiario estable y elevado a lo largo de todo 2026, con el maíz como componente central del avance exportador del agro argentino.

Este escenario se da en un contexto internacional atravesado por conflictos en Medio Oriente, que, al igual que ocurre en el mercado energético, refuerzan la búsqueda de proveedores confiables y alejados de zonas de riesgo. En ese marco, países exportadores de alimentos como Argentina ganan relevancia en las cadenas globales.

Los inversores le tomaron el pulso a las negociaciones, lo que llevó a que el mercado overnight no reaccionara ante los mensajes de tono amenazante provenientes de Estados Unidos, que rechaza el cobro de peajes por parte de Irán en el estrecho de Ormuz, y de Teherán, que sostiene que la zona está minada y propone rutas alternativas. Esta situación obliga a contar con la autorización de la Guardia Revolucionaria para transitar por ese paso estratégico.

Sin embargo, apareció un nuevo actor que había evitado involucrarse del conflicto. Acosado por la falta de gas y petróleo, la OTAN se ofreció a participar en las conversaciones entre las partes.

Al mismo tiempo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que iniciará negociaciones directas con el Líbano para conseguir el retiro de Hizbolá. De alguna manera, este anuncio está en línea con la demanda de Irán de que la tregua deberá incluir al Líbano.

En medio de este ruido, los mercados comenzaron a calmarse y el petróleo Brent cerró con una suba de 1,75 por ciento. En la noche operaba con escasos aumentos.

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “el dato de PCE (Indice de Gasto de Consumo Personal) de febrero para Estados Unidos no trajo sorpresas, pero aún está lejos del target de la FED del 2% tras arrojar una lectura del 3% anual. La variación del core PCE anualizada para seis meses fue del 3,4% y a 3 meses fue del 4,4% lo que obliga a pensar en un escenario de mayor cautela para la FED cuando pegue de lleno el incremento del costo de la energía producto de la guerra. Sumado a esto cayeron el ingreso personal y el ingreso disponible algo que no es favorable para la actividad”.

La Argentina otra vez redujo el impacto de la crisis del exterior y casi todos los indicadores fueron favorables. El único que cedió fue el S&P Merval de las acciones lideres, que tuvo una mínima baja de 0,4% en pesos y 0,3% en dólares. Brasil fue la contracara porque la Bolsa de San Pablo aumentó 1,52% y acumula ganancias de 23% en el año contra pérdidas de 1,7% del S&P Merval.

El contraste del ETF, fondo de inversión que cotiza en bolsa, que representa a Brasil con el de países emergentes es abrumador. El país vecino subió 27,6% y emergentes, 10 por ciento.

Se destacó el desempeño de los bonos de la deuda, que registraron subas de hasta 2,4% en los Globales de mayor plazo. Este movimiento provocó que el riesgo país, tras iniciar la jornada en alza, finalizara con una baja de 13 unidades (-2,3%), ubicándose en 557 puntos básicos.

La crisis energética permitió que YPF saliera al mercado a buscar USD 122 millones a 4 años por los que pagó una tasa de 5,5% anual, 1,30 puntos porcentuales por arriba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, el equivalente a un riesgo país de 120 puntos básicos.

Mientras tanto, el Gobierno busca de reactivar el consumo. Ante los complicados indicadores de caída de la actividad económica, el equipo económico decidió aliviar el cepo aumentando los plazos para liquidar dólares para empresas y exportadores, al tiempo que cortó el denominado “rulo” en la jerga financiera para aprovechar la brecha entre el dólar mayorista y el contado con liquidación (CCL) que alcanza a 7 por ciento. Quienes realicen estas operaciones no podrán operar en el CCL en los siguientes 90 días.

Por el otro lado, la administración libertaria está liberando liquidez para bajar las tasas. Esto se vio en el Mercado Libre de Cambios (MLC) donde el Banco Central hizo la mayor compra del año de 281 millones de dólares. En el MLC operaron USD 353 millones y el dólar mayorista cerró con una baja de $6,50 a 1.381 pesos.

En la plaza financiera, el CCL perdió $1,50 (-0,1%) a $1.478 y el MEP bajó $3,59 (-0,3%) a 1.420 pesos. La brecha o dólar cable se alargo a 4,10 por ciento.

Las tasas descendieron debido a la demanda por las LECAP a tasa fija, ya que el aumento en su cotización redujo su rendimiento. Al cierre de abril, la tasa efectiva mensual bajó a 1,47%; para fines de mayo se ubicó en 1,82% y a fin de junio en 1,95%. Desde julio, la tasa se establece en 2,01% y alcanza su valor máximo de 2,22% a fines de mayo de 2027. En cuanto a los BONCER, los que vencen en noviembre registraron una suba de 0,23%, mientras que los que vencen en noviembre de 2029 avanzaron 0,73%.

Esta reacción se produjo porque la reducción de la tasa de REPO por parte del Banco Central impactó a la baja en el resto de las tasas, incluidos los plazos fijos. Además, la Comisión Nacional de Valores otorgó mayores beneficios a quienes invierten en Money Market a través de Fondos Comunes de Inversión.

Federico Filippini (Head of Research) y Javier Casabal (Sr Fixed Income Strategist) de Adcap Grupo Financiero advirtieron que ante la posibilidad de que “el mayor rendimiento de los bonos en pesos frente a los de moneda dura parece estar cerca de agotarse, ya que se viene comprimiendo del 21% al 19% desde fines de enero, recomendamos tomar ganancias en posiciones en pesos y rotar hacia la curva en dólares, donde los bonos están mejor posicionados para beneficiarse de una recuperación en el apetito por riesgo”.

En paralelo, crece la preocupación en el agro. El conflicto con los camioneros está afectando a las zonas alejadas del puerto de Rosario y en el corto plazo podría afectar el ingreso de divisas.

El jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli, señaló que “está muy convulsionada la zona de Córdoba y Santa Fe, no tanto lo que es la zona aledaña a Rosario. Lo que se está viendo de camiones son de acopios de las zonas cercanas, pero el interior está muy complicado sin demasiada concordancia entre los dadores de carga y los fleteros. Están buscando subas de fletes sustanciales, considerando el aumento del gasoil. Ya se había largado algo de cosecha con la tarifa acordada en febrero”.

“Siempre se termina pactando alguna tarifa de referencia menos algún descuento extra; nunca se termina convalidando lo que en la jerga se denomina tarifa llena, pero más allá de eso en marzo se largó la trilla con aumentos de combustible que no habían sido contemplados en la tarifa anterior. A esto se sumó el conflicto bélico que hizo subir estrepitosamente los combustibles. La situación se volvió bastante crítica porque las tarifas que se estaban negociando en su momento no estaban contemplando esta nueva realidad. Aún no hay grandes novedades. Se empiezan a liberar algunas zonas, pero otras se complican. No es homogénea la situación”, sumó.

Vitelli señaló que la zona más afectada es el interior, aunque la situación se compensó con la lluvia generalizada, que elevó la humedad de los cultivos e impidió el ingreso por los caminos. A la vez, indicó que, pese a que comienzan a verse las primeras actividades de cosecha, el panorama se complica por la falta de tarifas de referencia, la ausencia de fletes y la presencia de paros.

Bajo su perspectiva, hasta el momento, la crisis no se percibe con fuerza porque los exportadores cuentan con acopios cercanos, pero advirtió que, si el conflicto se extiende, su impacto será mayor. En caso de no alcanzarse un acuerdo debido a pedidos de tarifas muy elevadas, los productores optarían por embolsar el grano, lo que demoraría las liquidaciones, aunque el especialista consideró que esta situación aún es poco probable y prevé que se llegará a un acuerdo antes de que eso ocurra.

El mercado overnight mostró cautela entre los inversores, que ya no confían en que las noticias actuales se mantendrán sin cambios en pocas horas. La experiencia con movimientos inesperados les enseñó a no sorprenderse ante posibles giros en el escenario financiero.

De hecho, las bolsas no definían tendencia, el petróleo continuaba estable en alrededor de USD 98, bajaba el oro y el dólar recuperaba una mínima parte de lo que había bajado el día anterior frente a las demás monedas del mundo. Del resultado de las conversaciones que comienzan mañana, dependerá la suerte de los inversores.

Se pactó la tregua en el conflicto en Medio Oriente y hubo euforia instintiva en los mercados. Cuando cerraron, se dieron cuenta que el cese del fuego era tan frágil como las ganancias del día.

Las Bolsas se dispararon en todo el mundo. En Estados Unidos las alzas alcanzaron hasta 2,80%; en Europa fueron de más de 3% y en Asia de más de 5 por ciento. A la vez, el Bitcoin había sido el otro ganador al anunciarse que el peaje del estrecho de Ormuz se pagaría en criptomonedas.

Pronto aparecieron los defectos del pacto. Israel bombardeó Beirut e Irán aclaró que ellos decidirían qué barcos pasarán por el estrecho. En otras palabras, la exigencia más importante de Donald Trump, la apertura sin restricciones del paso clave, quedó desdibujada.

Solo circularon apenas 10% de los buques del tránsito habitual. Las compañías de seguros, más cautas que los inversores, aclararon que las primas no cubrirían el daño hasta que certifiquen que el tránsito era seguro. Irán cobra USD 2 millones por buques y esa condición está en el acuerdo porque pretende una compensación por los daños de la guerra.

Para el analista Matías Togni de la consultora petrolera NextBarrel, “el anuncio de un cese al fuego temporario ayudo a desarmar las posiciones apalancadas en futuros que, en términos de volumen, no eran tan grandes, sino en la relación long vs short. Los principales benchmarks (referencias) cayeron un 15% en promedio, tal vez sobre reaccionando, pero en los mercados físicos nada cambió. El mercado descree que el tránsito por el estrecho vaya a normalizarse rápido. De hecho, Irán se encargó de refutar a Trump diciendo que van a ejercer control o selectividad en el ingreso y egreso por aguas iraníes, algo que no resiste ninguna posibilidad”.

Togni aclaró que “desde el inicio del conflicto, solo 60 millones de barriles salieron, de los cuales el 90% son en barcos sancionados Iraníes. Hasta que no veamos al menos 50 barcos saliendo todos los días, ninguna naviera estará dispuesta a entrar. Lo que faltan son garantías, con la información que tenemos a hoy, nadie va a mandar un barco a cargar en Iraq o Kuwait si no sabe si en dos semanas va a poder salir. El conflicto no está ni cerca de resolverse”.

La Argentina fue más cauta. A pesar de que el petróleo que exporta, el barril de crudo Brent perdió más de 11% y las acciones de YPF cedieron 2,1% porque muchos inversores decidieron mantenerlas. Los que vendieron fueron compradores de los últimos días que tomaron ganancias.

El S&P Merval de las acciones líderes, comparadas con las demás Bolsas del mundo, incluso la de Brasil que aumentó 2,09%, tuvo una leve suba de 1,2% en pesos y de 1,7% en dólares por la caída del contado con liquidación (CCL) de 0,4% a 1.479 pesos. Los grandes ganadores fueron los bancos que tenían los precios atrasados por su balances negativos. Macro lideró el alza; subió 7,3%, seguido de Supervielle con 6,4% y Banco Francés con 4,9 por ciento.

Los dólares tuvieron bajas absolutas. El MEP cedió $5,70 a $ 1.424,50, mientras el “blue” retrocedió $5 a $1.390 y casi iguala al dólar mayorista que se negoció en el Mercado Libre de Cambios (MLC) a 1.387,50 pesos. Se registraron operaciones por USD 487 millones en el MLC y el Banco Central compró 102 millones de dólares.

Ante la debilidad del dólar en el mundo -bajó 0,8%- que volvió a los niveles del 8 de enero, las reservas subieron USD 308 millones a 44.750 millones de dólares.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini advirtió que “el REM de marzo movió al alza las expectativas de inflación y ahora se acercan más a los break even (punto de equilibrio) del mercado de bonos. Los rendimientos en pesos siguen corriendo por debajo y, por lo tanto, en terreno negativo en términos reales. Pero para el caso del tipo de cambio, los pronósticos del REM (mediana) se corrieron a la baja. De modo que, con inflación más alta y tipo de cambio más bajo, si todo lo demás se mantiene constante, podríamos concluir en que el mercado espera un dólar más apreciado”.

Los bonos soberanos fueron los grandes ganadores del día. Los Globales, que son la referencia para medir el riesgo país, subieron hasta 2,10 por ciento. El riesgo bajó 40 unidades (-6,6%) a 570 puntos básicos. Los mercados de la región acompañaron y el índice de países emergentes subió 5,5 por ciento.

Los bonos en pesos continuaron con la caución en 20% (el martes estuvo en 21%) y los BONCER que ajustan por inflación siguen siendo los preferidos. El TX26 que vence en noviembre subió 0,08% y el TX28, 0,22 por ciento. Las LECAP con buenos negocios en abril y julio, tuvieron alzas generalizadas que hizo retroceder su tasa de retorno a 1,60% a fin de abril y a 1,96% a fin de mayo. Están por debajo de la inflación, pero encima de la evolución del dólar.

No obstante, no todo fue optimismo. Las exportaciones están sufriendo el costo del aumento de los combustibles. La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), la de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA), emitieron un comunicado donde reclaman por “la creciente conflictividad que está ocurriendo en estos días con los transportistas de carga de granos, con retenes en las principales rutas y accesos a los más importantes nodos portuarios del país imposibilitando el normal desarrollo de la actividad”.

Y agregaron: “La medida de fuerza por el reclamo de una recomposición tarifaria es debido al incremento de los costos operativos, principalmente del combustible. Si bien entendemos el planteo de fondo, la falta de acuerdo y el rechazo de la propuesta ofrecida está afectando el desarrollo de la logística en plena cosecha. Esto representa graves inconvenientes como retrasos de embarque, incumplimientos de contratos con el exterior e imposibilidad en el ingreso de divisas”.

El conflicto se agrava y el país parece estar construyendo su propio estrecho de Ormuz. Ayer entre la medianoche y las 6 de la mañana ingresaron 2.790 camiones y se estima que es poco más de la mitad de lo que debería ingresar.

En tanto, anoche continuaba el conflicto y permanecía cerrado el estrecho de Ormuz por los ataques israelíes en el Líbano. Trump defendió a Israel al señalar que el Líbano no estaba dentro del acuerdo que firmaron.

El primer ministro de Israel declaró que su país está “listo para reanudar los combates en cualquier momento” contra Irán y la respuesta fue que Hezbolá, el grupo armado del Líbano, esta dispuesto a responder los ataques. Las esperanzas están puestas en lo que sucederá mañana cuando Estados Unidos e Irán negocien en Islamabad, la capital de Pakistán.

El mercado overnight quedó en tensión. En la noche, las Bolsas de Nueva York operaban con bajas de 0,20% al igual que las de Europa. El oro bajaba 0,8% y el petróleo estaba en alza de 3% a USD 97 por barril.

El suspenso sigue y habrá problemas de abastecimiento de petróleo y gas por un largo tiempo porque, aún finalizada la guerra, restablecer la producción será un problema. Por un tiempo, el crudo alimentará la inflación del planeta.

En lo que va de 2026, el sector exportador colombiano experimentó una notable recuperación, con un crecimiento total de 12,1% en las ventas externas durante el primer bimestre del año frente al mismo periodo de 2025.

Analistas del Centro de Estudios Económicos de Colombia (Anif) indicaron que dos de los sectores que más impulsaron este repunte fueron el oro no monetario y el agropecuario.

El oro no monetario —el metal precioso físico que no está bajo el control de las autoridades monetarias— se consolidó como el principal motor de este buen desempeño exportador. De acuerdo con la observación de los analistas, las exportaciones de este producto alcanzaron 1.457,9 millones de dólares FOB (Free on Board, o Libre a Bordo) entre enero y febrero, lo que representó un incremento de 124,3% anual y una participación del 17,2% en el total exportado colombiano.

Según los expertos, el impulso de este crecimiento tuvo su origen principalmente en el contexto internacional; es decir, en la influencia de la coyuntura sobre los precios: el oro reafirmó su papel como activo refugio en un escenario de alta incertidumbre mundial y menor apetito por el dólar, que permitió un aumento en su cotización internacional de 50,1% anual.

No obstante, de manera paralela al “efecto precio”, se presentó un avance en los volúmenes exportados, con un aumento anual de 29,8%.

Por su parte, las exportaciones no minero - energéticas (NME), en las que el segmento agropecuario es fundamental, crecieron 9,5% anual en el bimestre, que sumaron 4.222 millones de dólares FOB. En el grupo de las NME, el desempeño agropecuario resultó particularmente destacado: la canasta agropecuaria concentró el 46,8% de las exportaciones de este tipo y la expansión anual de las exportaciones agropecuarias fue de 16,6%, impulsada principalmente por el café, el banano y el aguacate hass.

En cambio, al combustible no le fue bien y demostró “un desempeño desfavorable”, pese a que sigue siendo uno de los sectores más exportados. En 2025, su participación pasó de 39,7% a 33,3% del total exportado en febrero de 2026. En términos de valor, las exportaciones alcanzaron 2.866 millones de dólares FOB, debido a menores ventas de petróleo colombiano y sus derivados, constó en la nota económica.

Aun así, el repunte en el oro no monetario y la consolidación del agro han permitido compensar la disminución de las exportaciones de combustibles durante el primer bimestre de 2026.

Exportaciones colombianas en febrero de 2026: Estados Unidos, Unión Europea y Panamá concentran más de la mitad de las ventas externas

Durante febrero de 2026, las exportaciones de Colombia alcanzaron un volumen de 7,4 millones de toneladas métricas.

Estados Unidos se consolidó como el principal destino de las exportaciones colombianas en los dos primeros meses del año, al concentrar 2.669,9 millones de dólares FOB, con un 31,5% del total exportado, de acuerdo con las estimaciones de expertos de la Asociación Nacional de Comercio Exterior.

Las ventas a ese país crecieron 22,5% respecto al mismo periodo de 2025, particularmente el café sin tostar, que representó cerca del 31,8% de las exportaciones no minero-energéticas hacia ese mercado.

La Unión Europea ocupó el segundo lugar, con compras por 1.195,9 millones de dólares FOB y una participación de 14,1%. Las exportaciones hacia ese bloque crecieron 38,5%, impulsadas por mayores envíos a Italia, Países Bajos, Alemania y Bélgica.

Panamá fue el tercer mayor destino, con 612,5 millones de dólares FOB (7,2% del total), un aumento de 36,1%. El 91,9% de las exportaciones a Panamá correspondieron a productos minero-energéticos, principalmente petróleo.

Estados Unidos, la Unión Europea y Panamá reunieron el 52,9% de las exportaciones colombianas en el periodo.

Otros destinos relevantes

Las exportaciones a Venezuela cayeron 13,7%, ubicándose en 132,2 millones de dólares FOB, influenciadas por el contexto político y económico. Las ventas a Ecuador disminuyeron 27,1% hasta 251,4 millones de dólares, afectadas por tensiones comerciales y ajustes arancelarios.

En términos de participación, aumentó la importancia de la Unión Europea (+2,7 puntos porcentuales) e India (+1,3 puntos porcentuales), mientras que China, la Comunidad Andina, México y Chile redujeron su peso en la canasta exportadora.

En pleno inicio de la cosecha gruesa, cuando el flujo de camiones hacia los puertos alcanza su pico, transportistas autoconvocados mantienen bloqueados más de 20 accesos en Bahía Blanca y Necochea. La medida ya paraliza la descarga de granos y amenaza con frenar exportaciones en un momento clave para el ingreso de divisas.

El conflicto está motivado por el reclamo de un aumento tarifario ante la escalada de costos operativos, especialmente del combustible.

Según informaron la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, las tensiones, que comenzaron el pasado lunes, ya ocasionan pérdidas millonarias y podrían comprometer la llegada de divisas al país.

De acuerdo con entidades empresariales, cada buque detenido representa un sobrecosto de USD 50.000 diarios para el sector exportador, monto que agrava la competitividad argentina y recae también sobre los productores. A su vez, los granos que no pueden ingresar a puerto quedan almacenados en silobolsas, lo cual implica un gasto adicional de USD 5 por tonelada.

Más allá del incremento de costos, esta obstaculización logística impide también cumplir contratos internacionales y pone en riesgo la reputación de la Argentina como proveedor confiable en los mercados globales, una preocupación reiterada por la industria aceitera y el centro de exportadores.

El desencadenante del conflicto es el aumento sostenido del gasoil, que según el índice de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeaac) marcó una suba del 24,7% solo en marzo de 2026, con una acumulación interanual del 48 por ciento.

Este incremento impulsó los costos generales del transporte de carga un 10,15% en el mismo mes, ya que el combustible representa cerca del 35% de la estructura de costos operativos del transporte y el litro de gasoil superó los $2100 en la mayoría de las plazas del país.

A este aumento se suman, además, los incrementos en neumáticos, repuestos y mantenimiento, situando los costos por encima de la inflación acumulada hasta el momento (5,9% hasta febrero) y motivando el reclamo de los transportistas, quienes exigen que las tarifas reflejen los gastos reales de la actividad.

El esquema tarifario vigente contempla diferencias según trayecto y tipo de operación: para viajes cortos de 100 kilómetros la referencia es $25.389 por tonelada, mientras que un recorrido de 500 kilómetros supera los $77.700 y trayectos largos de 1.500 kilómetros llegan a $148.417 por tonelada. Además, la estadía —que impacta cuando hay demoras en carga o descarga— se estipula en $223.180 por día. Estos valores, difundidos por las federaciones de transportistas, son orientativos, ya que la negociación con acopiadores es libre y estacional.

La mesa de negociación mediante la que se limaban este tipo de asperezas dentro del campo se trasladó desde el Ministerio de Transporte a instancias provinciales, pero se fracturó ante la falta de acuerdo sobre el incremento tarifario. Los transportistas reclamaron una suba del 15%, mientras que los acopiadores ofrecieron un 10%, según confirmaron a Infobae fuentes con conocimiento de las negociaciones. Ante la imposibilidad de conciliación, los bloqueos y retenes se multiplicaron en las principales rutas hacia los puertos.

Es por eso que las cámaras empresariales advirtieron que los persistentes cortes derivan en “retrasos de embarque, incumplimientos de contratos con el exterior e imposibilidad en el ingreso de divisas al país”. En los puertos de Bahía Blanca y Necochea, ocho muelles permanecen paralizados y los barcos comienzan a acumularse, con el riesgo de que la fila siga creciendo mientras el conflicto persista.

Los transportistas en protesta, no afiliados al sindicato de Camioneros sino organizados en federaciones y como monotributistas, argumentan que las actuales tarifas resultan insuficientes para cubrir los gastos. Uno de los manifestantes resumió el reclamo: “Con las tarifas que tenemos, perdemos plata”.

Cosecha récord y dólares en juego en medio del conflicto

El conflicto se da en un momento especialmente sensible para la economía argentina. Con el inicio de la cosecha gruesa, el campo proyecta una campaña con volúmenes récord y un fuerte ingreso de divisas en los próximos meses. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción total de granos alcanzaría las 158 millones de toneladas, un 14% más que en el ciclo anterior, con exportaciones que podrían superar los 113 millones de toneladas.

En ese contexto, el sector agroindustrial prevé una liquidación de USD 34.530 millones en 2026, un nivel similar al del año pasado pese al salto productivo. La paradoja responde a distintos factores que moderan el ingreso de divisas. Entre ellos, el aumento de los costos logísticos a nivel global, que se dispararon entre 40% y 50% en medio de las tensiones en Medio Oriente, y que impactan directamente sobre el precio final que reciben los exportadores.

A nivel local, además, el factor geográfico agrega presión. La distancia respecto de los principales mercados consumidores —ubicados mayormente en el hemisferio norte— encarece los fletes y reduce la competitividad de los granos argentinos. En ese escenario, los bloqueos en los accesos a los puertos suman un nuevo factor de riesgo, ya que amenazan con demorar embarques y frenar el ingreso de divisas justo cuando la cosecha empieza a volcarse al circuito exportador.

Apache, la pyme santafesina dedicada a la fabricación y comercialización de maquinaria agrícola, concretó la emisión de su primera obligación negociable por USD 3,9 millones. La transacción se dio en el marco de una nueva operatoria del mercado de capitales local, que recibió el respaldo de los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

La empresa, con casi 70 años de trayectoria y sede en Las Parejas, provincia de Santa Fe, destinará los fondos a expandir su capacidad productiva, potenciar la innovación tecnológica y sostener su crecimiento tanto en el mercado interno como en el exterior.

El instrumento financiero de Apache S.A. fue la primera ON de una pyme avalada por bancos y despertó un fuerte interés: registró ofertas superiores a los USD 6 millones, lo que representó una sobresuscripción de más del 50%, informó la compañía.

La colocación de la Clase 1 tendrá un rendimiento del 6,75% TNA, con pagos trimestrales de intereses y amortización de capital a partir del primer año, y fue respaldada por un sindicato de cinco entidades bancarias —Banco Mariva, CMF, BST, Bind/Industrial y Banco Comafi—.

La normativa que abre el mercado a más inversores

Este movimiento empresarial ocurrió en paralelo a la actualización de la normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV), publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1125/26, que facilita el acceso de empresas al mercado de capitales y agiliza las emisiones al eliminar autorizaciones previas para emisiones más chicas.

La Resolución 1125/26 de @CNVArgentina a cargo de Roberto Silva, publicada hoy en el Boletín Oficial, amplía el abanico de alternativas de inversión en el mercado de capitales. Hace más de un año lanzamos el sistema de emisión sin autorización previa para ONs y para acciones.… https://t.co/E0iud9G4GI

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 7, 2026

En su mensaje en redes sociales, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó: “Hace más de un año lanzamos el sistema de emisión sin autorización previa para ON y acciones. Hoy, pasado un año, y dado el éxito de la modalidad (la ON de Apache maquinaria es sólo un ejemplo) la CNV duplica los montos autorizados en dicha opción”.

La nueva reglamentación también se orienta a revertir los efectos de la Ley 27.349, que reguló el “crowdfunding” con exigencias que, según Sturzenegger, “virtualmente destruyeron el instrumento”. Ahora se clarifica que cuando no hay oferta pública, el control de CNV no es necesario, y se autoriza para emisiones públicas la utilización del sistema de autorización automática, dentro de los límites de monto establecidos.

“Otro paso en pos de la libertad que nos pide el presidente Javier Milei. VLLC!”, posteó en su cuenta de X el funcionario. Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo, reaccionó a la noticia en redes sociales con la expresión: “Muchas más”, en alusión al desembarco de nuevas pymes en el mercado de capitales tras la colocación de Apache.

Como consecuencia directa de esta resolución, las empresas pueden captar fondos de un mayor número de inversores, incluso no calificados, aunque existen topes: cada persona podrá invertir hasta UVA 3.000 por emisión y hasta UVA 10.000 en total, o hasta el 5% de su patrimonio por proyecto y el 10% bajo este régimen. Para emisiones de mediano impacto, el máximo se elevó a UVA 15 millones por colocación y UVA 30 millones acumulados. Asimismo, la CNV actualizó la definición de inversor calificado y exige ahora un lenguaje más claro y accesible en la información dirigida al público.

La apuesta de Apache

Según consignó la compañía en un comunicado posterior a su colocación, la empresa utilizará los fondos para reforzar su capital de trabajo y para fortalecer una expansión comercial con proyección exportadora. Actualmente, la empresa destina el 30% de su producción al mercado externo y proyecta aumentos en las ventas del 20% interanual en dólares.

Entre los destinos de la recaudación figura el avance del proyecto de ensamblaje local de tractores Apache Solis, realizado en alianza con una compañía india. Para ello, la pyme inauguró en marzo del año pasado una planta de 3.600 m², cuya construcción demandó USD 3,5 millones.

La nueva planta permite a la fabricante santafesina incrementar su capacidad un 30% en un turno y hasta un 50% con operación optimizada. Se prevé la incorporación de 20 a 30 empleados, con un foco especial en el ensamblaje de tractores de baja y mediana potencia. La trayectoria de Apache en el segmento tractoril se remonta a 18 años de importación de estos equipos y la actual inyección de capital está orientada a aumentar la participación en el mercado argentino y en el circuito de exportaciones agroindustriales.

El ministro de Ganadería de Uruguay, Alfredo Fratti, promueve desde el inicio de la gestión un plan para erradicar la garrapata del agro uruguayo. La preocupación se extendió luego de que se hayan encontrado residuos de garrapaticidas en carne exportada a China y el jerarca del gobierno advierte que, si no se la controla, el campo podría sufrir las mismas consecuencias de la epidemia de la aftosa de 2001.

“Sin ser apocalíptico, si no logramos controlar esto de la garrapata, se nos puede venir algo parecido a lo que fue la epidemia de fiebre aftosa”, dijo el ministro Fratti, entrevistado en Agro de Búsqueda.

Su referencia fue a que en 2001, luego de una década libre de la enfermedad, Uruguay vivió una epidemia de fiebre aftosa que se saldó con la matanza de ciento de cabezas de ganado y la pérdida del estatus de país libre de fiebre aftosa sin vacunación. En esa época, el país sufrió el cierre de los mercados sanitarios más exigentes y de mejores precios. Fue un elemento más de la fuerte crisis social y política que atravesó el país entre 2001 y 2002.

Fratti hizo esos comentarios con un tono de frustración –de acuerdo a la publicación periodística– porque el gobierno no pudo sancionar a los responsables de la presencia de residuos de garrapaticidas en carne exportada hacia China.

Hubo unos 40 productores que no respetaron los tiempos de espera para exportación y el Poder Ejecutivo prepara un decreto para poder interdictar esos predios.

La preocupación del ministro está dada por el impacto negativo de esta situación en la “reputación” de la sanidad y de la carne uruguaya y por el “riesgo” de pérdida de los mercados. Con este argumento fue que planteó la similitud al escenario que vivió Uruguay en 2001. Sin embargo, Fratti confía en que se va a “poder evitar” que se llegue a ese extremo.

El plan contra la garrapata

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) presentó en agosto de 2025 un Plan Nacional de la Lucha contra la Garrapata. La estrategia fue presentada debido a las pérdidas que esta parasitosis genera a la ganadería, que están estimadas en USD 95 millones, casi el doble de las que provoca la bichera.

El gobierno informó entonces que el plan tiene seis objetivos. El primero es contar con un diagnóstico actualizado de la situación epidemiológica de la garrapata, utilizando sensores diagnósticos, revisiones en visitas oficiales y un muestreo nacional previsto para este año.

El segundo apunta a reducir la morbimortalidad por hemoparásitos, promoviendo la preinmunización con hemovacuna en rodeos de alto riesgo y ampliando la acreditación de veterinarios para su aplicación.

El tercero plantea la reducción de la prevalencia en las zonas endémicas, con medidas de fiscalización sanitaria, planes prediales obligatorios, interdicciones y controles de movimiento apoyados en el despacho electrónico de tropas.

Otro de los objetivos es erradicar la garrapata en zona libre, además de retrasar la aparición de cepas multirresitentes. El sexto objetivo es eliminar los hallazgos de residuos garrapaticidas en productos de origen animal.

En mayo del año pasado, en tanto, científicos uruguayos desarrollaron una vacuna contra la garrapata. La vacuna fue elaborada a partir de herramientas de ingeniería genética. Su funcionamiento implica que se administre en las vacas para que puedan producir una respuesta inmune contra la garrapata, de manera que generen anticuerpos contra esta plaga. Una vez que la garrapata vaya a infectar al animal (picar) y tomar su sangre, va a ingerir esos anticuerpos que la vaca generó. Así, se logrará afectar la capacidad reproductiva de este parásito y hasta provocar su muerte. Una sola garrapata puede poner entre 2.000 y 4.000 huevos.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, centró su discurso de este lunes en una serie de anuncios clave para el sector agropecuario durante una actividad en Peralta de Turrialba, en Cartago, donde detalló inversiones en infraestructura, sistemas de riego, innovación tecnológica y apoyo directo a productores.

En lo que calificó como parte de su cierre de gestión en la provincia, el mandatario presentó un paquete de proyectos que, según datos oficiales, supera los ₡800 millones y busca impactar a miles de personas vinculadas al campo costarricense.

Uno de los principales anuncios fue la creación del Distrito de Riego de Zona Norte y Este (DRISNECE), una iniciativa orientada a mejorar el acceso al agua para los productores agrícolas. De acuerdo con lo expuesto por el mandatario, este proyecto permitirá ampliar las hectáreas irrigadas de 507 a más de 1,350, lo que se traduce en mayor producción y competitividad para el sector.

“El agua, que es de todos, terminaba siendo un privilegio de unos pocos. Hoy más productores acceden de forma justa y productiva”, se destacó durante la presentación oficial del proyecto.

El acceso al recurso hídrico fue uno de los ejes centrales del evento, donde también se detallaron avances en sistemas de riego en comunidades como Oreamuno y Paraíso. En el asentamiento El Tigre, por ejemplo, se implementó un sistema que permite captación y distribución eficiente del agua, beneficiando a más de 100 personas con una inversión superior a ₡269 millones.

A esto se suma el proyecto Don Rogelio, que incorpora riego por goteo en más de cinco kilómetros de infraestructura, con una inversión que supera los ₡266 millones. Ambas iniciativas buscan garantizar la producción incluso en épocas secas, un factor clave ante los efectos del cambio climático.

En materia de producción y valor agregado, el Gobierno resaltó el fortalecimiento de la planta de lácteos La Peraltica, en Turrialba, donde se invirtieron más de ₡56 millones en equipamiento. Esta planta procesa cerca de 27.000 litros de leche por semana y beneficia a unas 140 personas, principalmente pequeños productores.

El propio presidente subrayó que este tipo de iniciativas permiten que los agricultores “produzcan más y mejor”, sin depender de intermediarios, en línea con su discurso de impulsar oportunidades en lugar de subsidios.

Otro de los anuncios relevantes fue el desarrollo del Centro de Innovación Agropecuaria Edith Chaverri Chaverri, ubicado en Llano Grande de Cartago. Según detalló el mandatario, este proyecto representa una inversión cercana a ₡500 millones y busca acercar la tecnología y la investigación al productor.

El centro estará enfocado en sistemas hortícolas tecnificados, cultivos de altura y transferencia de conocimiento, con el objetivo de mejorar los rendimientos en productos como papa, cebolla y hortalizas.

“Se trata de llevar la ciencia al campo, no de dejarla guardada en laboratorios”, afirmó el presidente, quien insistió en la necesidad de modernizar la agricultura costarricense.

Como complemento, también se anunció la entrega de tecnología agrícola a productores, incluyendo sistemas de riego por goteo, sensores de humedad, tensiómetros y estaciones meteorológicas. Estas herramientas permitirán una agricultura más precisa, con mejor uso de recursos como agua y fertilizantes.

Además de los proyectos directamente vinculados al agro, el Gobierno incluyó dentro de los anuncios la mejora de infraestructura vial en zonas productivas. Destaca el asfaltado del centro de San Miguel de Tucurrique, con una inversión superior a ₡315 millones, que beneficiará a unas 5,000 personas al facilitar el traslado de productos como café, caña y ganado.

Durante su intervención, el mandatario también defendió el papel de instituciones como el Instituto de Desarrollo Rural(INDER) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), señalando que durante su administración se orientaron hacia un enfoque más directo de apoyo al productor.

En esa línea, afirmó que su gobierno impulsó la aprobación de nuevas moléculas agroquímicas —once en total— tras más de dos décadas sin avances en este ámbito, lo que, según indicó, rompe monopolios y reduce costos para el sector.

Más allá de los anuncios, el discurso del presidente tuvo un fuerte tono político, en el que defendió su gestión y llamó a dar continuidad a las políticas impulsadas en el agro. Sin embargo, el eje central de la actividad se mantuvo en la inversión en infraestructura, acceso a recursos y modernización del campo.

El evento reunió a productores, autoridades locales y representantes de instituciones del sector, quienes coincidieron en señalar la importancia de fortalecer el apoyo al agro como base del desarrollo económico y la seguridad alimentaria del país.

La economía transita un período marcado por diferencias notorias entre sus sectores productivos. Mientras las actividades relacionadas con la exportación y el interior del país, como la minería, el agro y el petróleo, exhiben tasas de crecimiento elevadas y sostienen el avance general, los segmentos más vinculados con la vida urbana, como el comercio, la industria y la construcción, muestran señales claras de estancamiento o desaceleración.

Este fenómeno de “dos velocidades” fue identificado por varias consultoras y se refleja en los indicadores recientes, que evidencian que el dinamismo de las industrias asociadas a la exportación de recursos naturales y sus manufacturas primarias compensa la falta de impulso de las áreas tradicionalmente asociadas al consumo y al empleo. Así, el crecimiento agregado de la economía se sostiene, aunque la realidad es dispar según el rubro.

Pese a que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) anotó un máximo histórico en los últimos dos meses, la paradoja de este escenario dual radica en que las ramas económicas que más crecen y explican el avance del nivel de actividad emplean menos trabajadores que aquellos que permanecen rezagados. El agro, la minería y el petróleo aportan volumen y expansión, pero su impacto en el empleo limita la mejora en los indicadores sociales y en la distribución de los beneficios del crecimiento.

Las ramas económicas que más crecen y explican el avance del nivel de actividad emplean menos trabajadores que aquellos que permanecen rezagados

De hecho, la desocupación experimentó un alza de 1,1 puntos porcentuales hasta 7,5% al cierre de 2025. Al analizar de qué actividades provenían quienes perdieron su empleo, la construcción aparece como la principal fuente, ya que casi una de cada cinco personas desocupadas trabajaba en ese sector. El comercio aportó el 16% de los casos, el servicio doméstico el 11,3% y la industria manufacturera el 9,7%. El conjunto de las demás actividades sumó el 42,9% restante.

En este contexto, la evolución futura de la economía dependerá en buena medida de la capacidad de los sectores relegados para recuperar terreno, un desafío condicionado por la debilidad del consumo interno y del crédito. Mientras tanto, la dinámica económica avanza impulsada por motores poco intensivos en generación de trabajo, acentuando la brecha entre los distintos componentes del entramado productivo.

Un informe de la consultora Invecq destacó que los motores que había traccionado a la economía en diciembre -agro y energía- se apagaron en enero, aunque el índice arrojó un dato positivo (1,9% interanual y 0,4% mensual) asistido por la ayuda de los “perdedores”: industria y construcción crecieron 1,5% mensual y comercio 1,4 por ciento.

“De esta forma, vemos que en enero los sectores ganadores cayeron, pero se mantienen 15,3% arriba respecto al nivel de noviembre de 2023, mientras que los perdedores tuvieron una mejora, pero continúan 4,9% por debajo del nivel del inicio del gobierno, y se encuentran estancados desde junio de 2025″, destacaron.

Los sectores ganadores cayeron, pero se mantienen 15,3% arriba respecto al nivel de noviembre de 2023, mientras que los perdedores tuvieron una mejora, pero continúan 4,9% por debajo (Invecq)

A nivel interanual, se observa una economía “a dos velocidades” para los analistas, con el agro explicando la mayor parte del crecimiento, así como la minería y la intermediación financiera, pero en menor medida. Por el contrario, la industria y el comercio restaron, mientras que la construcción arrojó un leve repunte.

Se consolida una tendencia en la cual los sectores “menos intensivos en trabajo están mostrando repuntes mensuales en diciembre y enero, pero se mantienen rezagados en la comparación interanual, excepto construcción que se mantiene neutro”.

Perspectivas y proyecciones de analistas

“En los próximos meses se definirá si los sectores ‘perdedores’ han tocado el piso y comienzan o no a recuperar terreno. La respuesta dependerá, en buena medida, de la evolución del salario real y del crédito: dos variables que todavía no muestran señales robustas de aceleración y que son claves para que el consumo interno reactive a la industria y el comercio. Mientras eso no ocurra, el crecimiento agregado continuará, pero con impacto limitado en el empleo”, subrayaron desde Invecq.

Los analistas de GMA Capital subrayaron que detrás del dato de enero del Indec -el último disponible- conviven secuencias dispares entre los distintos segmentos. Además, remarcaron que la desaceleración del crédito y el incremento de la morosidad, que en el caso de las familias se cuadruplicó en el último año, desaceleraron al EMAE.

Según los especialistas, lo que sucede con el crédito aporta una clave de lectura: “Durante 2024 y comienzos de 2025, el financiamiento al sector privado funcionó como canal de recomposición de la demanda, traccionando especialmente el consumo. Sin embargo, ese impulso se agotó hacia mediados del año pasado: la desaceleración inflacionaria eliminó el efecto de licuación de compromisos pactados y las tasas reales elevadas encarecieron el crédito”.

Durante 2024 y comienzos de 2025, el financiamiento al sector privado funcionó como canal de recomposición de la demanda, traccionando especialmente el consumo. Sin embargo, ese impulso se agotó hacia mediados del año pasado (GMA Capital)

El economista Marcos Cohen Arazi, de Fundación Mediterránea-Ieral, estimó que el nivel de actividad se ubica 6,4% por encima de noviembre de 2023, mes previo al inicio de la presidencia de Javier Milei, lo que refleja un “desempeño destacado”. A la vez, en los últimos 12 meses, el crecimiento calculado es de 1,9 por ciento.

Cohen Arazi explicó que “en enero gran parte de las actividades económicas tuvieron ligeras caídas, mientras que el crecimiento se asentó en minería, actividad industrial y construcción. No obstante, persiste una gran divergencia acumulada”.

Según sus estimaciones, desde noviembre de 2023 hasta el presente, los sectores que evidenciaron mayor dinamismo son la intermediación financiera, la minería y el agro. También presentan resultados favorables el transporte, las comunicaciones y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. En contraste, la industria manufacturera, la construcción y el turismo internacional figuran entre los rubros con menor impulso.

La consultora Epyca coincidió al advertir que, más allá del crecimiento de los segmentos vinculados a actividades extractivas (minería y agro), los servicios (inmobiliarios, financieros, salud y educación) también evolucionaron de forma positiva “por el proceso de apertura comercial, que en contrapartida perjudica en mayor medida a los sectores perdedores: la industria manufacturera y la construcción. Esta evolución desigual (“en forma de K”) es resultado de la política económica implementada".

Según los economistas de LCG “a pesar del dato de enero y del arrastre estadístico de diciembre (1,9 puntos porcentuales), no esperamos un crecimiento elevado este año. Mantenemos nuestra proyección de una expansión de la actividad por debajo del 3 % anual promedio”. Proyectaron que el crecimiento anual estará traccionado por petróleo, minería, agro e intermediación financiera, ya que “para el resto no hay drivers claros que impulsen” un desarrollo vigoroso”.

El crecimiento anual estará traccionado por petróleo, minería, agro e intermediación financiera, ya que “para el resto no hay drivers claros que impulsen” un desarrollo vigoroso (LCG)

En tanto, proyectaron que el crecimiento anual estará traccionado por petróleo, minería, agro e intermediación financiera ya que “para el resto no hay drivers claros que impulsen" un desarrollo vigoroso.

Los analistas de LCG destacaron: “Este escenario se da en un contexto en el que la demanda interna no logra consolidar una recuperación, afectada por el bajo poder adquisitivo y la retracción del crédito. A su vez, parte del consumo se desplaza hacia bienes importados, en un entorno de mayor competencia asociada a una mayor apertura comercial y a un tipo de cambio real relativamente apreciado”.

La confianza del sector agropecuario en la Argentina alcanzó en marzo de 2026 su punto más elevado de los últimos nueve años, de acuerdo con el Índice de Confianza del Empresario Agropecuario (ICEA), elaborado a partir de la Encuesta CREA.

El estudio, refleja que tanto la percepción sobre las condiciones actuales, como las expectativas de futuro mantienen valores superiores al promedio histórico, aunque persisten focos de incertidumbre que condicionan la toma de decisiones, según difundió el Movimiento CREA, la red de productores que nuclea a más de 2.000 empresas agropecuarias y es una de las principales referencias técnicas del sector.

El ICEA trepó a 70 puntos en marzo de 2026, lo que representa una suba del 4,5% respecto de noviembre de 2025 y un 7,7% en términos interanuales. El promedio histórico del indicador es de 48 puntos, lo que ubica al indicador en uno de los puntos más altos de toda la serie relevada.

El impulso fundamental proviene de una mejora considerable en la evaluación de las condiciones presentes por parte del sector agroindustrial. El subíndice de Condiciones actuales creció hasta 65 puntos —un 13,8% más que en noviembre de 2025— y consolida la tendencia positiva iniciada a mediados de 2025.

Por su parte, el subíndice de Expectativas se ubicó en 75 puntos, manteniéndose en niveles superiores al promedio pero cediendo 2,5% en comparación con la medición previa, lo que sugiere un clima de mayor volatilidad e incertidumbre en el corto plazo.

La mejora del agro supera a la del contexto económico

El análisis por sectores revela dinámicas distintas. La percepción sobre la situación económica nacional experimentó una baja leve del 2,2% frente a noviembre de 2025, tras el repunte posterior a las elecciones de octubre de ese año, sin replicar los máximos alcanzados durante la actual administración.

En contraste, la valoración de la situación de la empresa mostró una mejora sustancial del 6,3%, alcanzando los 70 puntos, el registro más alto desde marzo de 2017. El subíndice de Situación del sector agropecuario evidenció un crecimiento del 11,8% frente a la medición previa y del 31,6% interanual.

Según el relevamiento, la mejora se explica por mejores expectativas de precios y por una mayor predisposición a invertir, especialmente en el rubro ganadero.

Este último segmento exhibe un diferencial importante: el 82% de los empresarios exclusivamente ganaderos considera actualmente que es un buen momento para invertir, mientras que solo el 28% en agricultura y el 19% en lechería comparten esa percepción.

Esta brecha destaca el dinamismo particular del sector ganadero en el actual contexto. La industria está impulsada por altos valores en el mercado internacional y por una recuperación en los precios en el negocio local. La mayor demanda prevista, en parte, por los acuerdos entre la Argentina y Estados Unidos y la esperanza de una mejora en los pedidos por parte de Asia -especialmente, China- y Europa, también mejora las proyecciones del sector ganadero argentino.

Volatilidad y recuperación

El recorrido del ICEA y sus subíndices entre noviembre de 2012 y marzo de 2026 registra varias fases marcadas. Hasta 2016, las líneas de confianza muestran un crecimiento sostenido, con un pico relevante ese año. Posteriormente, se verifica una caída abrupta que se extiende hasta mediados de 2017, una leve recomposición hacia 2018 y una recaída durante el bienio 2019-2021, donde predominan valores bajos y alta volatilidad.

A partir de 2022, las mediciones del ICEA señalan una recuperación gradual, con especial énfasis en las expectativas de futuro y la confianza general; las condiciones actuales también mejoran, aunque a un ritmo moderado. Para marzo de 2026, todos los indicadores (ICEA, condiciones presentes y futuras) se sitúan claramente por encima de su promedio histórico, confirmando una percepción de mejora tanto en el presente como en las proyecciones a futuro.

El recorrido del ICEA entre 2012 y marzo de 2026 muestra varias etapas bien marcadas. Tras una mejora sostenida hasta 2016, cuando se alcanzó uno de los picos más altos de la serie, la confianza cayó con fuerza y se mantuvo débil hasta 2021, con alta volatilidad y valores bajos. Desde 2022 comenzó una recuperación gradual que se fue consolidando durante 2025 y que en marzo de 2026 ubica tanto el índice general como los subíndices de condiciones actuales y expectativas claramente por encima del promedio histórico.

Al mismo tiempo, la percepción sobre la situación del país sigue siendo la más inestable, mientras que la evaluación sobre las empresas y el sector agropecuario muestra una mejora más sostenida.

Durante marzo, las empresas del sector agropecuario liquidaron divisas por un total de USD 2.032 millones. Este monto reflejó un aumento del 57% en relación a lo registrado en febrero, cuando el flujo de ingresos resultó sensiblemente menor. Con respecto al mismo mes de 2025, el incremento en la liquidación fue del 8%.

Son datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas.

El acumulado anual alcanzó los USD 5.172 millones, aunque, al compararlo con igual periodo de 2025, se observa una caída interanual del 15% en los ingresos generados por la actividad agroexportadora.

“El mes de marzo se caracterizó por un crecimiento de arribo de camiones de maíz y embarques de trigo y maíz sumados a harina y aceite de soja, junto al inicio de la campaña de girasol”, explicaron.

Durante 2026, el sector agropecuario argentino prevé aportar USD 34.530 millones al Mercado Libre de Cambios (MULC), según proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Esta previsión se da en el marco de una cosecha que alcanzaría niveles récord por la mejora en las condiciones climáticas, aunque el monto estimado resulta similar al registrado el año anterior.

Las proyecciones para la campaña 2025/26 anticipan una producción total de 158 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 14% respecto al ciclo previo. Emilce Terré, economista de la BCR, indicó que este ciclo marca una notable recuperación tras varios años afectados por dificultades climáticas.

El incremento responde principalmente a mejores rendimientos y a la recuperación de la producción en varios cultivos estratégicos. Entre los cultivos con mayor aporte se encuentran el trigo, con 29,5 millones de toneladas; el maíz, con 62 millones; y el girasol, con 6,6 millones, el mayor registro en lo que va del siglo.

En el caso de la soja, la producción rondaría los 48 millones de toneladas, una cifra inferior a sus picos históricos debido a una reducción en la superficie sembrada, aunque con un rendimiento superior al alcanzado en la campaña anterior.

El fenómeno expone una particularidad: el crecimiento en la producción de granos y la recuperación transitoria de los precios internacionales no se verían reflejados en un incremento equivalente en la liquidación de divisas, debido a distintos factores.

Entre los elementos que limitan ese crecimiento, uno de los más recientes es el conflicto en Medio Oriente. El aumento de la tensión en la zona del Estrecho de Ormuz, vía por la que se transporta cerca de un tercio del petróleo global, elevó los costos del transporte internacional, lo que atenúa el efecto positivo de la suba productiva sobre los ingresos por exportaciones.

Vale mencionar que un informe de la Sociedad Rural (SRA) señaló que el conflicto en Medio Oriente provocó un aumento considerable de los costos totales de producción agrícola en Argentina, impulsado principalmente por la suba del precio del gasoil y de los fertilizantes nitrogenados.

Estos incrementos generaron un encarecimiento de entre 9,5% y 11% en los costos de producción, dependiendo de la distancia a puerto, afectando especialmente a los establecimientos más alejados. El impacto podría ampliarse si el conflicto se prolonga, trasladando la presión sobre los márgenes agrícolas en la próxima campaña.

Además, la misma entidad insistió en la necesidad de avanzar en la eliminación de los derechos de exportación, luego de que las proyecciones oficiales situaran las exportaciones agropecuarias en hasta USD 42.000 millones para 2026. La entidad sostuvo que el sector responde con inversiones, mayor producción y generación de empleo cuando existen reglas claras y una menor presión tributaria.

Según la SRA, estos resultados reflejan el impacto favorable de la reducción de aranceles para la importación de insumos y bienes de capital, y subrayó que el sector reaccionó de forma inmediata a los incentivos fiscales.

La actividad económica en Argentina mostró en febrero una leve recuperación mensual del 0,3%, marcando el tercer incremento consecutivo, según el Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica (ICA-ARG), elaborado de manera conjunta por la Bolsas de Comercio de Rosario y de Santa Fe, a través del Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEc). Sin embargo, en la comparación interanual se registra una caída del 1,0%, en un contexto donde la base de comparación corresponde a niveles elevados del año pasado.

Escenario heterogéneo

El escenario reciente se caracteriza por una marcada heterogeneidad: mientras algunos sectores exhiben mejoras, otros continúan en retroceso. Entre los datos positivos se destaca el dinamismo del agro, junto con una incipiente recuperación industrial y repuntes en variables como importaciones, patentamientos y recaudación. En contraste, persisten caídas en ventas minoristas y empleo registrado.

En términos generales, seis de los diez indicadores que componen el índice mostraron variaciones mensuales positivas, aunque la mayoría se mantiene por debajo de los niveles de febrero de 2025. La excepción es el sector agrícola, que continúa consolidándose como uno de los principales motores de la actividad.

Girasol imparable

El desempeño del agro volvió a sobresalir con un crecimiento mensual del 1,7%, superando incluso el récord del mes previo. La cosecha de girasol avanza hacia la mayor producción del siglo, mientras que el maíz comienza a recolectarse con estimaciones históricas. En términos interanuales, el sector se ubica 28,2% por encima del año pasado.

La industria, por su parte, mantiene una recuperación gradual con una suba mensual del 0,5%, aunque acumula siete meses consecutivos de caída interanual, con un retroceso del 3,1%. La construcción, en tanto, volvió a caer un 0,3% en febrero y continúa mostrando un comportamiento errático, sin lograr consolidar una tendencia sostenida.

En el frente externo, las importaciones registraron un repunte del 1,1% tras cuatro meses de caídas, aunque siguen 6,7% por debajo del nivel interanual. Las exportaciones, en cambio, descendieron por tercer mes consecutivo, afectando levemente la balanza comercial, que se mantiene en terreno positivo.

Ventas minoristas en baja

El consumo interno continúa debilitado. Las ventas minoristas cayeron 0,5% en febrero y acumulan un deterioro interanual del 8,3%, con bajas generalizadas en supermercados, mayoristas y shoppings. Solo se destaca un repunte en electrodomésticos y artículos para el hogar.

En el mercado laboral, la situación sigue siendo contractiva. El empleo registrado privado cayó 0,04% mensual y 1,6% interanual, lo que implica alrededor de cien mil puestos formales menos que un año atrás. A su vez, los salarios mostraron una leve mejora mensual del 1,2%, aunque aún se ubican 1,9% por debajo en términos interanuales.

De cara al futuro, si bien la economía muestra señales de recuperación apoyadas en la estabilidad cambiaria y la baja de tasas, persisten riesgos relevantes. La posible escalada del conflicto en Medio Oriente podría generar mayores ingresos por exportaciones, pero también presiones inflacionarias y un encarecimiento de la energía, configurando un escenario de incertidumbre para la evolución económica.

La escalada bélica que inició hace poco más de un mes en Medio Oriente ya comenzó a provocar un aumento de costos en la producción agrícola argentina, con un impacto inmediato sobre dos insumos clave: el gasoil y los fertilizantes. Según un informe de la Sociedad Rural Argentina (SRA), si las condiciones actuales persisten, el aumento acumulado de estos recursos encarecerá hasta 11% los costos de la próxima campaña agrícola.

El principal canal de transmisión del shock internacional para el campo argentino es el gasoil, que afecta dos rubros clave: la cosecha y el transporte de granos a los puertos. La SRA calcula que el gasoil representa en promedio el 15% del costo total de cosecha, de modo que el aumento acumulado de 22% en el precio del combustible desde el inicio del conflicto encarecería la recolección en un 3,3 por ciento.

En el área logística, el gasoil constituye aproximadamente un tercio del costo del transporte automotor de cargas. Por ello, el alza ya se traduce en subas de entre 6% y 7% en los costos de flete agrícola. Considerando un establecimiento situado a 300 kilómetros del puerto, el informe precisa que el costo de transporte de granos ascendió de USD 35 por tonelada a USD 38, mientras que para 800 kilómetros el costo creció de USD 61 a USD 65, y para 1.100 kilómetros subió de USD 70 a USD 75 por tonelada.

Mientras el mayor impacto del gasoil se concentra en el flete y la cosecha, la suba del precio de la urea suma alrededor de USD 39 por hectárea al costo total. El informe precisa que el efecto combinado de ambos insumos sumará aproximadamente USD 58 adicionales por hectárea respecto al escenario de costos de dos meses atrás.

La suba de insumos y la campaña fina 2026/27

El encarecimiento simultáneo del gasoil y la urea comienza a configurar una nueva ecuación de costos productivos para la próxima campaña agrícola. Si la tendencia se mantiene, la entidad nacional del campo estima que el costo total de producción de trigo en la campaña fina 2026/27 se incrementará un 9,5% en campos ubicados a 300 kilómetros del puerto, y hasta un 11% en establecimientos a más de 600 kilómetros.

El impacto es más agudo en cultivos cuyo valor por tonelada es menor y tienen mayor dependencia logística: para maíz y trigo, el transporte puede representar hasta 22% del precio de venta recibido por el productor, frente al 11% en el caso de la soja.

El informe también plantea que el impacto no será igual si el conflicto se extiende en el tiempo. En el corto plazo, el efecto se concentra en el aumento del costo del gasoil y en la cosecha y el transporte de la campaña gruesa 2025/26, mientras que los fertilizantes todavía muestran un impacto más acotado.

En tanto, si la tensión se mantiene durante los próximos meses, el golpe empezará a sentirse con mayor claridad en los números de la campaña fina 2026/27, especialmente por la suba sostenida del nitrógeno y el encarecimiento gradual de los fosfatos.

En un escenario más prolongado, el informe advierte que el impacto sería aún más profundo: el mercado internacional de fertilizantes podría ajustarse por completo, aumentarían los costos marítimos y se sumaría una presión adicional sobre los márgenes agrícolas.

Esta situación se da, además, en medio de una campaña que se perfila como una de las más grandes de los últimos años. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el campo argentino proyecta ingresar unos USD 34.530 millones al Mercado Libre de Cambios (MLC) durante 2026, una cifra muy similar a la del año pasado pese al fuerte aumento esperado en la producción de granos.

La explicación está, en parte, en el nuevo escenario internacional: el encarecimiento del transporte marítimo, el aumento de los costos logísticos y la suba del petróleo moderan el impacto positivo de una cosecha récord sobre los ingresos por exportaciones.

El impacto internacional

Desde el estallido del conflicto, el precio internacional del petróleo subió más del 40%, mientras que la urea —principal fertilizante utilizado en el país— experimentó un alza del 42% en el mercado local. El informe de la SRA puntualiza que el gasoil grado 2 en la Argentina registró incrementos del 22% en el mismo periodo, lo que arrojó una suba paralela en los costos logísticos, un componente estructuralmente central para el sector.

La tradicional entidad que representa a productores y empresarios del campo atribuye el shock directo en los precios al efecto que el conflicto ejerce sobre el Estrecho de Ormuz, por donde transita el 25% del comercio petrolero global. La reducción del tráfico marítimo en la zona incrementó el riesgo logístico y los costos del transporte de hidrocarburos, repercutiendo de inmediato en los precios del insumo base que sostiene la maquinaria y la logística agropecuaria argentina.

El informe destaca que en las primeras tres semanas del conflicto el incremento del barril de petróleo llegó a oscilar entre 42% y 50%. En el mercado local, el gasoil grado 2 se elevó de $1.775 a $2.166 por litro, lo que representa un incremento del 22 por ciento.

En el mercado internacional, la urea aumentó 36% en apenas tres semanas. Sin embargo, el mercado argentino reflejó un salto aún mayor: la tonelada pasó de USD 530 a USD 750, un aumento del 42%. Según la SRA, estas alzas no solo incorporan el efecto internacional, sino también ajustes logísticos, recomposición de precios internos y variaciones en la disponibilidad local.

Al analizar la dinámica del agro, hay un factor que muchas veces queda en segundo plano pero resulta determinante: la logística de la maquinaria agrícola. El movimiento de equipos de gran porte no solo requiere una planificación precisa, sino que además condiciona los tiempos productivos y la eficiencia de toda la operación.

En un contexto donde las ventanas de siembra y cosecha son cada vez más ajustadas, la coordinación logística se vuelve un componente crítico. A diferencia de otros segmentos, el traslado de maquinaria agrícola implica operar con unidades sobredimensionadas, lo que introduce restricciones específicas en términos de circulación, permisos y tiempos de traslado. Esto obliga a las empresas a trabajar con esquemas logísticos que integren variables técnicas, normativas y operativas, con un alto grado de anticipación.

Planificación y ventanas operativas

Uno de los principales desafíos de esta logística está vinculado a la estacionalidad. Las campañas agrícolas imponen plazos estrictos, donde cualquier desvío puede generar impactos en el rendimiento productivo. En este sentido, la logística deja de ser un soporte para convertirse en un factor que incide directamente en el resultado.

La necesidad de movilizar maquinaria entre distintas zonas productivas en períodos muy acotados exige una sincronización precisa entre disponibilidad de equipos, transporte y condiciones operativas. Esto implica definir rutas, gestionar tiempos de carga y descarga, y prever contingencias que puedan afectar la operación.

Además, la planificación debe contemplar la variabilidad de la demanda. En momentos pico, la presión sobre la disponibilidad de transporte y recursos logísticos aumenta, lo que puede generar cuellos de botella si no se anticipan correctamente.

Transporte especial y restricciones operativas

El traslado de maquinaria agrícola se encuadra dentro de las cargas especiales, lo que implica la necesidad de gestionar permisos viales, escoltas y condiciones específicas de circulación. Estas restricciones no solo afectan los tiempos de traslado, sino que también condicionan las rutas disponibles.

En muchos casos, los movimientos deben realizarse en horarios determinados o con limitaciones de velocidad, lo que incrementa la complejidad operativa. A esto se suma la necesidad de garantizar la seguridad en todo el recorrido, tanto para la carga como para terceros.

La infraestructura también juega un rol clave. El estado de las rutas, la disponibilidad de caminos alternativos y las condiciones climáticas pueden alterar la planificación original. Por eso, la logística de este tipo de operaciones requiere una lectura constante del entorno y capacidad de adaptación en tiempo real.

Impacto en costos y eficiencia

La complejidad operativa del traslado de maquinaria tiene un impacto directo en la estructura de costos. Factores como la distancia, los tiempos de espera, la gestión de permisos y las restricciones de circulación inciden en el costo final del transporte.

En este contexto, la eficiencia logística se vuelve determinante. Optimizar recorridos, reducir tiempos improductivos y mejorar la utilización de los recursos son variables clave para sostener la competitividad. La gestión eficiente de estos procesos permite no solo reducir costos, sino también mejorar la previsibilidad de la operación.

Al mismo tiempo, la falta de coordinación puede generar demoras que impactan en toda la cadena productiva. Un equipo que no llega a tiempo puede retrasar tareas críticas, afectando rendimientos y generando costos adicionales.

Integración con el comercio exterior

La logística de maquinaria agrícola también tiene una dimensión vinculada al comercio exterior. Tanto la importación de equipos como la exportación de maquinaria requieren una coordinación que combine transporte interno, operaciones portuarias y gestión aduanera.

En estos casos, la planificación adquiere un nivel adicional de complejidad, ya que se deben integrar tiempos logísticos con procesos documentales y regulatorios. La articulación entre actores resulta fundamental para evitar demoras y asegurar la continuidad de la operación.

Además, la localización de los puertos y centros logísticos respecto de las zonas productivas introduce desafíos adicionales en términos de transporte terrestre, especialmente cuando se trata de equipos de gran porte.

En definitiva, la logística de la maquinaria agrícola no es solo un componente operativo, sino un factor estratégico que incide en la productividad del agro. La capacidad de anticiparse, coordinar recursos y adaptarse a un entorno cambiante define el desempeño de una cadena que depende, en gran medida, de que todo funcione en el momento justo.

En la antesala del comienzo de la cosecha gruesa, la Sociedad Rural Argentina (SRA) reiteró el pedido de avanzar hacia la eliminación de los derechos de exportación tras las previsiones oficiales que proyectan exportaciones agropecuarias por hasta USD 42.000 millones en 2026.

A través de un comunicado, la entidad rural valoró el impacto de las recientes medidas fiscales y aseguró que el “campo argentino responde con inversión, producción y generación de empleo ante señales claras de reglas previsibles y reducción de la carga impositiva”.

La proyección difundida por el Ministerio de Economía estima un ingreso adicional de 8.700 millones de dólares respecto al año anterior, una mejora que el ministro Luis Caputo asoció con la recuperación del sector agropecuario como motor del crecimiento económico.

Para la SRA, este desempeño evidencia el efecto positivo de la baja de aranceles a la importación de insumos y bienes de capital, al tiempo que remarcó que “la actividad respondió de manera inmediata” a los incentivos de reducción impositiva.

En el contexto internacional, el comunicado de la SRA advirtió que los productores argentinos enfrentan “costos de guerra”. Entre los factores que limitan la competitividad mencionó el fuerte aumento de insumos críticos, como la Urea, que subió más del 50%, y el impacto del precio del combustible en la logística local.

Por otra parte, la organización rural reclamó transformar el alivio fiscal en un proceso “sostenido” y reiteró el pedido para “avanzar con firmeza hacia un cronograma de eliminación definitiva de los Derechos de Exportación (DEX)”, al considerar que su continuidad “actúa como un techo al desarrollo pleno de las fuerzas productivas”.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, expresó: “Celebramos que el país reciba estos miles de millones adicionales, pero hoy el esfuerzo del que arriesga se agota en cubrir costos récord y presión fiscal. El campo ya demostró que, con previsibilidad, responde. La eliminación de las retenciones será el acelerador definitivo para que la Argentina exprese su máximo potencial agroindustrial y supere el déficit mediante la actividad y no la asfixia”.

Por último, la SRA planteó que el país atraviesa “una oportunidad histórica” y sostuvo que una menor carga fiscal “no solo incentiva la inversión y la tecnología, sino que amplía la base imponible, generando mayores ingresos para el Estado de manera sana y genuina vía Ganancias e IVA”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había destacado la respuesta del sector agropecuario ante la reducción de impuestos aplicada en los últimos meses. “Todos hablamos del potencial de la energía y la minería, pero pocos reparan en la extraordinaria reacción de nuestros productores agropecuarios a las bajas de impuestos que hemos hecho a las exportaciones (retenciones) e importaciones (aranceles a bienes de capital, herbicidas, equipos de riego, permiso para importar maquinaria usada, etc)”, afirmó en su cuenta oficial de X.

Caputo señaló que la inversión en el campo se incrementó notablemente y que la producción apunta a niveles históricos. “Así, subió fuertemente la inversión y la producción apunta a una cosecha récord para este año”, sostuvo. El ministro estimó que “en un escenario conservador, las exportaciones aumentarían en 3.700 millones de dólares con respecto al año pasado”, aunque aclaró que, de mantenerse el impulso actual, “las exportaciones treparían a casi 42 mil millones de dólares. Esto es 8.700 millones más que el año pasado”.

“El agro está en un boom absoluto y va a ser, como siempre, un motor clave para el crecimiento económico en los próximos años”, concluyó el funcionario nacional.

Estimaciones privadas

La supresión de los derechos de exportación en el agro permitiría modificar en profundidad la estructura productiva argentina, con una expansión proyectada del 90% en los próximos diez años y la chance de que el sector alcance hasta el 45% del Producto Interno Bruto (PIB).

Este avance consolidaría al agro como principal fuente de divisas y motor estructural de la economía nacional, siempre que se acompañe con inversiones en infraestructura y tecnología, de acuerdo con un análisis elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y el IAE Business School.

Según el informe, que utiliza el modelo Agmemod y fue realizado junto a la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción podría llegar a los 251 millones de toneladas en una década. Este salto productivo impactaría no solo en el incremento del aporte sectorial al PIB, sino también en un mayor ingreso de divisas, permitiendo financiar obras como la red vial nacional en un plazo de tres años, impulsado por el aumento de las exportaciones. Para la campaña 2025/26, se proyecta una cosecha fina de 27,7 millones de toneladas (con ingresos superiores a USD 4.500 millones) y una gruesa que rondaría las 154 millones de toneladas, generando entre USD 32.000 y 37.000 millones de dólares.

Hoy, el complejo agroindustrial explica el 23% del PIB argentino y cerca del 60% de las exportaciones, con los sectores oleaginoso y cerealero aportando el 45% del ingreso de divisas. El sector emplea al 18,7% de la fuerza laboral nacional, involucrando a 4,2 millones de personas en actividades que van desde la investigación hasta la logística y la comercialización, según el reporte presentado por Guillermo D’Andrea, Daniel Mamone y Ernesto Ruete Güemes (IAE Business School) y Bernardo Piazzardi (Universidad Austral).

En enero de 2026, la actividad económica mostró señales de recuperación. El estimador mensual de actividad económica (EMAE) avanzó 1,9% en la comparación interanual y 0,4% respecto de diciembre, según la medición desestacionalizada del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Diez de los sectores relevados presentaron incrementos en el primer mes del año. Entre ellos sobresalieron pesca, con una suba de 50,8% interanual, y agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 25,1 por ciento. Este último sector resultó el de mayor impacto positivo sobre el EMAE, seguido por explotación de minas y canteras, que aumentó 9,6 por ciento. Ambos rubros aportaron 1,7 puntos porcentuales al crecimiento interanual del indicador.

En contraste, cinco sectores reflejaron bajas frente a enero del año pasado. Comercio mayorista, minorista y reparaciones retrocedió 3,2%, electricidad, gas y agua cayó 3%, industria manufacturera disminuyó 2,6% y administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, se redujo 1,6 por ciento. Estos sectores restaron en conjunto 0,9 puntos porcentuales a la variación anual del EMAE.

El ministro de Economía, Luis Caputo, apeló a su cuenta oficial de X para señalar que en enero, el EMAE “alcanzó un nuevo máximo histórico, tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia-ciclo”.

Por su parte, Martín Vauthier, director del BICE e integrante del equipo económico, consideró que “la actividad continúa creciendo y en enero se ubicó en un nuevo máximo histórico”. “Desde 2024, la economía crece y la inflación baja, con corrección de precios relativos, disminución de impuestos y eliminación de trabas y regulaciones innecesarias”, sumó en X.

Qué pasó en 2025

La economía argentina registró una expansión del 4,4% durante 2025, de acuerdo con cifras publicadas por el Indec. Este desempeño resulta significativo para el Ejecutivo, que apuesta por una recuperación en 2026, luego de dos años iniciales caracterizados por la implementación de políticas de ajuste fiscal y el objetivo de contener la inflación.

El avance anual del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 se atribuyó al incremento del consumo privado (7,9%), del consumo público (0,2%), de las exportaciones (7,6%) y de la inversión (formación bruta de capital fijo) que subió 16,4 por ciento.

En el análisis sectorial, intermediación financiera lideró las subas con un alza interanual de 24,7%, seguida por explotación de minas y canteras (8,0%) y hoteles y restaurantes (7,4%). Agricultura, ganadería, caza y silvicultura ocupó el cuarto puesto (6,2%), mientras que la construcción avanzó 4,3 por ciento.

Por otro lado, la pesca sufrió un descenso de 15,2% en términos interanuales y el rubro hogares privados con servicio doméstico retrocedió 1,1% respecto de 2024. También se observaron bajas en servicios sociales y de salud (-0,2%) y en administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1%).

En el cuarto trimestre de 2025, el PIB creció 0,6% en términos desestacionalizados en comparación con el trimestre previo. En el desglose de la demanda, las exportaciones se incrementaron 5,0% y el consumo privado avanzó 1,7%, ambos en la medición trimestral desestacionalizada. Por el contrario, el consumo público bajó 1,0% y la inversión (formación bruta de capital fijo) retrocedió 2,8 por ciento.

Al comparar con igual período de 2024, la actividad económica registró una expansión de 2,1% en el cuarto trimestre. Dentro de los componentes de la demanda, las exportaciones encabezaron las subas con un aumento de 10,9% respecto del mismo trimestre del año anterior. Entre los sectores productivos, sobresalieron las mejoras en intermediación financiera (17,2% interanual), agricultura, ganadería, caza y silvicultura (16,1%) y pesca (10,6%).

Cómo sigue en febrero

El relevamiento de Qualy Consultora para enero y febrero mostró un comportamiento parecido. La economía registró avances en el primer bimestre, aunque el mayor dinamismo se concentró en la agroindustria y el comercio exterior. El consumo interno y los sectores industriales tradicionales exhibieron un repunte más moderado o incluso retrocesos en ciertos rubros.

En febrero, la industria automotriz aumentó su producción 41,1% respecto al mes anterior, según los datos de Qualy. No obstante, frente a febrero de 2025, se observó una baja de 30,1%. Las ventas nacionales de vehículos descendieron 19,9% en la comparación mensual y 45,9% en términos interanuales. En contraste, los patentamientos de motos subieron 4,4% respecto a enero y 70,4% en la comparación interanual.

El sector de la construcción mantuvo cifras negativas: el índice de insumos para la construcción, desestacionalizado, disminuyó 1,2% frente a enero y 1,6% respecto de febrero del año anterior. Los despachos de cemento al mercado interno bajaron 11,6% en el mes y 5,3% en la comparación interanual.

En el comercio minorista de pequeñas y medianas empresas, el índice subió 2,6% en febrero respecto al mes previo, pero descendió 5,7% frente a igual mes de 2025. El acumulado anual arrojó una contracción de 5,2%. El consumo en comercios de cercanía se mantuvo limitado, con los hogares privilegiando la adquisición de bienes esenciales y una merma en las ventas de productos durables.

Javier Milei volvió a criticar a empresarios argentinos, generó aplausos y partió a Chile, donde hoy participará de la ceremonia de asunción de José Antonio Katz. El Presidente cargó otra vez contra Paolo Rocca (Techint) y Javier Madanes Quintanilla (Aluar), esta vez con nombre y apellido, desde el atril del headquarters de JP Morgan, a metros de la imponente Grand Central Terminal, en el Midtown de esta ciudad. Allí se desarrolló la primera jornada del Argentina Week.

Milei acusó a los empresarios de explotar durante años un sistema de beneficios otorgados por el Estado y reiteró que “quienes defienden la industria nacional son unos chorros”. En el auditorio hubo voces a favor, pero también otros a los cuales no les gustó el tono, como destacó ayer Infobae. Como sea, el aplauso al mandatario fue cerrado.

Sin dudas el que peor la pasó fue Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), quien estaba sentado a pocos metros del mandatario. Rocca pisa fuerte en la UIA, quizá como ningún otro hombre de negocios. Al menos por el momento, Rappallini prefirió no hablar del tema. En la previa le dijo a este medio que esperaba que con el evento se empezara a plasmar un “trabajo conjunto con el sector público”. No parece ser el caso: no al menos con un sector del empresariado.

Si bien aquí toda la temática tiene que ver con la economía y las inversiones, mañana, en el Bank of America (BofA), frente al Bryant Park, será el día “eco” por excelencia.

Luis “Toto” Caputo ocupará la centralidad: tendrá la apertura de la jornada y luego hablará de “Economía y Mercado de Capitales”, junto a Santiago Bausili, presidente del BCRA, y serán moderados por los anfitriones Facundo Gómez Minujín (JP Morgan) y Sebastián Loketek (BofA). Se espera que el titular del Palacio de Hacienda enumere logros y “que hable de beneficios para inversores, además de RIGI, y temas financieros sobre la estrategia de financiamiento del Gobierno”, como pidió ayer uno de los asistentes al evento.

También disertará Federico Sturzenegger, y habrá paneles destacados de tecnología (con el nuevo CEO de Mercado Libre); banca, con Juan Parma (Macro), Diego Rivas (Galicia) y Gustavo Manríquez (Supervielle); y Energía, con un panel con Horacio Marín (YPF), Marcos Bulgheroni (PAE) Marcelo Mindlin (Pampa Energía), quien también hará un anunció de una de sus empresas, TGS; y una charla entre Alejandro Bulgheroni, presidente de PAE, y Daniel González, Coordinador de Energía y Minería del gobierno.

Se hablará de agro con la presencia de Juan Farinatti (Bayer) e Ignacio Bartolomé (GDM). Se espera además que ambos, cabezas de los mayores productores de semillas del país, tengan al mediodía un encuentro privado con gobernadores, legisladores y Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción, en el marco del tratamiento legislativo del convenio UPOV91, un reclamo histórico de empresas del sector que buscan reforzar la protección de la propiedad intelectual de las semillas. Se trata de un tema sensible que también es parte del Acuerdo Comercial con EEUU y que el Gobierno anunció que atendería.

Día 1

Ayer martes, además de los temas que destacó Infobae -como los elogios de Jamie Dimon, las palabras de los número 1 de los entes de financiamiento externo de EEUU, DFC y Exim Bank, y la disertación del historiador Niall Ferguson-, sobresalieron dos paneles.

El primero fue con CEOs globales y estuvo moderado por Martín Varsavsky. Jim Fitterling, CEO de Dow, subrayó la importancia de la industria química y energética en el desarrollo económico de Argentina, destacando la evolución de Vaca Muerta y la transformación del país de importador a potencial exportador de gas. También planteó que la reducción de barreras regulatorias y la modernización financiera serán claves para atraer nuevas inversiones a largo plazo.

Lynn Martin, presidenta del NYSE, por su parte, sostuvo que un entorno regulatorio equilibrado —sin exceso de restricciones— resulta esencial para que los ahorros privados se transformen en inversiones productivas. Y Andrew Macdonald, vicepresidente de Uber, relató la experiencia de la compañía en Argentina, desde los obstáculos regulatorios y económicos de los primeros años hasta su actual expansión, que incluye operaciones en la mayoría de las provincias y el relanzamiento de Uber Eats.

En el cierre, los panelistas coincidieron en señalar la importancia de la apertura internacional y las alianzas estratégicas, especialmente con Estados Unidos, para el desarrollo del país. “La cooperación global, la desregulación y la estabilidad de reglas son factores decisivos para promover la llegada de inversiones y el crecimiento sostenido”, aseguraron.

El otro panel destacado estuvo a cargo de Mark Nelson, vicepresidente de Chevron, y el foco fue Vaca Muerta. Nelson felicitó al Gobierno por las reformas orientadas a la estabilidad macroeconómica y subrayó que “las inversiones energéticas a largo plazo dependen no solo de la calidad de los recursos, sino también de la estabilidad regulatoria y la competitividad de costos”.

En el cierre, Nelson aseguró: “Creemos en los recursos de Argentina, en su gente y en el papel a largo plazo de Argentina en los mercados energéticos globales”. Remarcó que la estabilidad macroeconómica y regulatoria es clave para convertir el impulso actual en inversiones sostenidas y proyectó que, con ese marco, el país tiene “una oportunidad única de ampliar su sector energético de manera responsable y sostenible”.

Hubo también un anuncio de inversión. La tech Salesforce comunicó un acuerdo estratégico con el Gobierno nacional. El monto no se hizo público, pero está enmarcado dentro del plan de desembolso de USD 500 millones para el país que se anunció en el último Foro de Davos.

Es para “acelerar la eficiencia del Estado, fortalecer la competitividad del sector productivo y promover el talento digital en el país mediante el uso de la Inteligencia Artificial” y lo firmaron Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, y por la empresa, Alejandro Anderlic, Director de Asuntos Gubernamentales y Externos para la región y Silvia Tenazinha, country manager local.

¿Habrá más anuncios similares antes del cierre de Argentina Week?

El suceso, que expone la escala que está alcanzando el abigeato organizado en el país, rápidamente generó un operativo de búsqueda, tanto por el volumen de hacienda sustraída, como por la complejidad logística que implica movilizar casi doscientas cabezas de ganado sin ser detectado. Según detalló el propio Riboldi, el perjuicio económico supera los $300 millones.

De acuerdo con los datos que dio a conocer el productor, el lote robado estaba compuesto por 100 machos —entre novillos y novillitos— y 90 vaquillonas de razas angus negras y coloradas. Se trataba de animales listos para producción, lo que aumenta el impacto económico y también la probabilidad de que hayan sido trasladados rápidamente para su venta o faena clandestina.

El caso llamó la atención dentro del sector no solo por el volumen del robo, sino también por el lugar en el que ocurrió. El establecimiento está ubicado en una zona productiva muy activa, rodeada de empresas, concesionarios de maquinaria agrícola y movimiento constante de camiones, lo que vuelve todavía más llamativo que un traslado de esa magnitud haya podido concretarse sin controles efectivos.

Según explicó el propio Riboldi en diversos videos que subió a su cuenta de Instagram, para concretar una maniobra de ese tamaño fue necesario contar con infraestructura específica, como corrales de encierre, mangas aptas para el movimiento de hacienda y varios camiones jaula. El traslado de 190 animales no se resuelve en pocos minutos y requiere planificación, organización y conocimiento del funcionamiento del circuito ganadero.

El productor también advirtió sobre las debilidades en los controles en caminos rurales y en la fiscalización de guías y marcas, un problema que aqueja a distintas entidades del sector desde hace años. En ese contexto, el caso volvió a poner en discusión el avance del abigeato organizado y la falta de herramientas para prevenir este tipo de delitos.

La repercusión del episodio fue aún mayor porque Riboldi no es un productor tradicional. Se trata de uno de los creadores de contenido más conocidos del mundo agro en la Argentina, con una comunidad que supera los 3 millones de seguidores entre sus cuentas de Instagram y TikTok.

Su propuesta en redes sociales se basa en explicar situaciones del campo para público urbano, con videos breves y contenidos pedagógicos que buscan acercar la realidad productiva a quienes no tienen vínculo directo con el sector. En ese contexto, el video en el que denunció el robo se viralizó rápidamente y superó las 3,5 millones de visualizaciones en pocas horas.

La repercusión fue inmediata y generó cientos de mensajes de personas que intentaron aportar información o difundir el caso. También hubo una fuerte reacción dentro del sector agropecuario, donde el episodio fue interpretado como una señal de alerta por la escala que están alcanzando este tipo de delitos.

El robo de casi doscientas cabezas de ganado no solo representa una pérdida económica significativa, sino también un golpe operativo que puede afectar el funcionamiento del establecimiento durante meses. La reposición de animales, los costos productivos y la pérdida de capital generan un impacto que va mucho más allá del monto inicial.

El caso volvió a poner en foco la vulnerabilidad que enfrentan muchos productores en distintas zonas del país. Mientras continúa la búsqueda de los animales y la investigación para determinar cómo se concretó el robo, el episodio expone una problemática que el sector viene denunciando desde hace tiempo: el crecimiento del abigeato organizado y la dificultad para controlar los movimientos de hacienda en zonas rurales.

Murió Carlos Guerrero, uno de los referentes históricos de la ganadería argentina y figura clave del mejoramiento genético bovino en el país. Formaba parte de la familia que introdujo la raza Angus en 1879, hoy la base de la carne premium argentina reconocida a nivel mundial.

La noticia fue confirmada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), entidad que lo despidió con un mensaje en su cuenta de X y destacó el legado de una familia que cambió el rumbo de la producción de carne en el país durante más de un siglo.

El origen de la historia de Guerrero se remonta a fines del siglo XIX. En 1879, Carlos Francisco Guerrero Cueto introdujo en el país los primeros ejemplares de la raza Angus. Tenía 32 años cuando llevó tres animales —el toro Virtuoso y las vaquillonas Aunt Lee y Cinderella— a su establecimiento en la localidad bonaerense de General Madariaga.

Aunque otros estancieros habían traído ejemplares algunos años antes, fueron los de Guerrero los que quedaron registrados oficialmente y marcaron el inicio real de la raza en el país. Hoy están entre los animales más caros de la ganadería argentina: un toro reproductor puede valer en promedio unos $10 millones, aunque los campeones superan los $40 millones y en remates excepcionales llegaron a pagarse hasta 115 millones de pesos.

Sin embargo, en esos primeros años, el Angus no fue bien recibido. Muchos productores consideraban que esos animales, más chicos que otras razas, no iban a funcionar como ganado de carne e incluso fueron vistos como una rareza. Sin embargo, con el paso del tiempo la raza empezó a ganar terreno y en 1881 debutó en la Exposición Rural de Palermo. Ese momento marcó el inicio de un proceso que terminaría cambiando la genética ganadera argentina.

Con los años, el Angus pasó de ser una apuesta discutida a convertirse en la raza dominante. Hoy se estima que más del 55% del ganado argentino es Angus y que, si se suman los cruces, más del 70% de la genética bovina del país tiene origen en esa raza. Además, es la más valorada por frigoríficos, exportadores y restaurantes porque produce carne más tierna y con mayor nivel de grasa infiltrada, lo que mejora el sabor y la calidad final del producto.

La familia Guerrero mantuvo viva esa tradición a través de la cabaña Charles de Guerrero. Durante décadas, la presencia de la familia en la pista central de la Exposición Rural se convirtió en una imagen habitual, con numerosos premios obtenidos por sus animales y una fuerte participación en el desarrollo de la raza en el país.

El trabajo de la familia siempre estuvo enfocado en mejorar la genética. El objetivo fue producir animales más eficientes y con carne de mayor calidad, un proceso que se fue transmitiendo de generación en generación y que terminó siendo uno de los pilares del crecimiento del sector ganadero argentino.

“Con profundo pesar despedimos a Carlos Guerrero, referente indiscutido de la ganadería argentina y protagonista de una historia familiar que forma parte del ADN productivo de nuestro país”, publicó la SRA en su cuenta oficial de X.

“Su legado se remonta a 1879, cuando Charles de Guerrero introdujo la raza Angus en la Argentina, dando origen a una de las cabañas más antiguas del mundo. Desde entonces, la familia Guerrero —a lo largo de generaciones— ha sostenido un compromiso inquebrantable con la mejora genética y la excelencia productiva, valores que Carlos honró y proyectó con dedicación y pasión", dice el texto de la entidad rural.

Guerrero se desempeñó como Secretario, Director de Registros Genealógicos, Vocal Titular, Vocal Suplente, Vocal de Distrito e integrante de la Comisión Revisora de Cuentas de la SRA. “Nunca vamos a olvidar la imponente presencia de la familia Guerrero en la pista central de Palermo, símbolo de una tradición de trabajo y excelencia, reflejada en los innumerables premios obtenidos a lo largo de los años. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de dolor, con el respeto y el reconocimiento a una vida dedicada al campo”.

Hoy la actividad sigue en manos de la séptima generación. Carlos José “Pepe” Pestalardo Guerrero, nieto del histórico referente, asumió la conducción de la cabaña y continúa el camino familiar, que incluye incluso la exportación de genética a Europa. Según explicó, la misión sigue siendo la misma: mejorar la genética de los animales para que cada vaca produzca carne de mayor calidad con menos recursos.

La eliminación de los derechos de exportación en el sector agroindustrial argentino podría transformar de manera drástica el perfil productivo nacional, con un crecimiento estimado del 90% para la próxima década y la posibilidad de elevar la participación sectorial hasta el 45% del Producto Bruto Interno. Ese salto permitiría al agro consolidarse como el eje central de la generación de divisas y el principal motor estructural de la economía, siempre que se logre avanzar en mejoras de infraestructura y modernización tecnológica, según un informe conjunto del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y el IAE Business School.

La proyección —basada en el modelo Agmemod e incorporada a un estudio colaborativo con la Bolsa de Comercio de Rosario— sostiene que la producción podría alcanzar las 251 millones de toneladas en diez años. Ese volumen impactaría no solo incrementando el aporte agropecuario al PIB, sino acelerando la generación de divisas y posibilitando, con el impulso de exportaciones, financiar la reconstrucción integral de la red vial nacional en apenas tres años. En la campaña 2025/26, se estima una cosecha fina de 27,7 millones de toneladas (más de USD 4.500 millones) y una gruesa de 154 millones de toneladas, cuyo ingreso rondaría entre USD 32.000 y 37.000 millones.

Actualmente, el complejo agroindustrial es responsable del 23% del PIB argentino y de cerca del 60% de las exportaciones totales, con los complejos oleaginosos y cerealeros explicando el 45% del ingreso de divisas. Además, el sector representa el 18,7% del empleo nacional, involucrando a 4,2 millones de personas desde la investigación hasta el transporte y la comercialización, según se detalla en el informe presentado por Guillermo D’Andrea, Daniel Mamone y Ernesto Ruete Güemes del IAE Business School, y Bernardo Piazzardi, del Centro de Agronegocios de la Universidad Austral.

Presión fiscal y déficit de competitividad

El informe sostiene que la competitividad argentina está severamente limitada por la presión fiscal impuesta al sector: la carga sobre la renta agrícola fue del 55,5% y llegó a 63,6% en junio de 2025 para cultivos clave como soja, maíz, trigo y girasol. En contraste, los productores de la Unión Europea reciben apoyos equivalentes al 16%, en China al 13%, en Estados Unidos al 7% y en Brasil el respaldo promedia apenas el 0,5% del PIB. Entre 1997 y 2023, Argentina extrajo del agro recursos equivalentes al -1,6% del PIB anual, una dinámica que limita la capacidad de inversión y la adopción tecnológica.

Mamone, enfatizó: “La presión fiscal actual reduce fuertemente los incentivos a invertir y adoptar tecnología en el agro. Corregir ese esquema impositivo es clave para liberar el potencial productivo del sector”.

La modernización tecnológica no solo resulta indispensable para destrabar el crecimiento, sino que es el primer paso: el 73% de los tractores y el 46% de las cosechadoras tienen más de 15 años de uso, lo que ha derivado en que, en los últimos 20 años, la productividad total de factores en Argentina haya caído un 6%, mientras que en Brasil creció un 45%. A esto se suma una baja adopción efectiva de tecnologías existentes: los productores apenas aprovechan entre el 30% y el 50% del potencial de las herramientas disponibles.

Infraestructura insuficiente y brecha tecnológica

El 90% del transporte de granos en el país se realiza por camión, sólo el 10% por tren. De los 640.000 kilómetros de la red vial, el 62% corresponde a caminos municipales, en su mayoría sin pavimentar. Apenas el 6% de las rutas son nacionales y hay 3.200 kilómetros de autopistas o autovías. Según el estudio, el mantenimiento adecuado de la red vial requeriría entre USD 3.200 y 6.500 millones al año, menos del 17% del enorme aporte tributario anual del sector, que en 2023 fue de USD 28.686 millones.

El estudio señala, además, que el potencial de inversión está, en buena medida, condicionado por factores macroeconómicos y por la falta de incentivos claros en materia tributaria y de financiamiento. No obstante, el 80% de los productores consultados por la encuesta AgBarometer Austral —el índice de confianza elaborado bimestralmente por el mismo centro académico— se manifestó dispuesto a modernizar su maquinaria y adoptar nuevas tecnologías si las condiciones de rentabilidad y financiamiento mejoran.

Bajo un esquema de reducción drástica o eliminación de las retenciones, mejora de caminos y accesos portuarios, inversión tecnológica y una expansión de 6,5 millones de hectáreas en la frontera agrícola, la producción agroindustrial podría trepar un 90% en diez años, y así contribuir con el 45% del PIB en términos actuales.

Un aporte crítico para el desarrollo y empleo en Argentina

El rol del sector agroindustrial como generador de riqueza, divisas y empleo se observa en múltiples dimensiones: no sólo representa el 23% del producto interno y el 60% de las exportaciones, sino que sostiene a 4,2 millones de trabajadores en diferentes etapas de la cadena de valor. El informe subraya que el salto de productividad registrado en los últimos treinta años se debió a la biotecnología, la digitalización, la agricultura de precisión y la innovación logística, aunque la infraestructura, el atraso tecnológico y el esquema impositivo continúan ahogando el potencial.

El escenario optimista requiere una acción concertada entre sector público y privado, centrada en la inversión y la productividad. Las recomendaciones incluyen la construcción de consensos estratégicos de largo plazo que trasciendan los gobiernos, el alivio fiscal en todos los niveles (nacional, provincial y municipal), el desarrollo de instrumentos financieros eficientes y una coordinación amplia para maximizar el impacto de la tecnología ya implementada.

Piazzardi resumió el enfoque estructural: “Reemplazar la lógica extractiva por una estrategia de inversión y productividad permitiría transformar al agro en el eje estructural del crecimiento argentino”.

La evidencia recopilada describe un potencial sin igual para la economía nacional. Si el Estado y el sector privado logran articular una visión colaborativa y modernizadora, el agro argentino podría sustentar la generación de divisas, la expansión del empleo y la transformación productiva del país, elevando a la Argentina al rango de potencias productoras globales.

El pistacho emergió como un producto de impacto global, reconocido por su vínculo con la gastronomía, sus aportes a la salud y su potencial como oportunidad de inversión. En Argentina, el cultivo avanzó y se posiciona entre los productos estratégicos para responder al crecimiento de la demanda internacional y generar retornos económicos competitivos para quienes apuestan por este sector.

En ese contexto de crecimiento para el rubro, en el proyecto agrícola de 100 hectáreas productivas, “La Memita”, impulsado por AgroFides en San Juan, surge un perfil inversor que rompe con los esquemas tradicionales del sector agropecuario. La compañía identificó un fenómeno creciente: la tierra como activo de largo plazo despierta interés más allá del campo, atrayendo a personas y capitales de perfiles diversos.

Según datos de la firma, quienes participan en la iniciativa provienen de siete provincias argentinas y de cuatro países distintos. La mayor concentración se da en residentes de CABA, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Juan, aunque también se suman argentinos radicados en el exterior, sobre todo en Estados Unidos y Europa, junto a inversores sudafricanos.

De acuerdo con Juan Ignacio Ponelli, fundador y CEO de la empresa, se observa “un cambio en el perfil del inversor agropecuario. Hoy participan profesionales, ejecutivos, empresarios tecnológicos argentinos que viven fuera del país y extranjeros, que buscan diversificar en activos reales y dolarizados”.

El interés por la tierra productiva vuelve a estar en el centro de las estrategias de inversión de quienes buscan alternativas vinculadas a la economía real. AgroFides plantea que los proyectos agrícolas de largo plazo, como la producción de pistacho, combinan activo físico, producción y potencial exportador, diferenciándose de los instrumentos financieros tradicionales. En este sentido, el pistacho representa un cultivo con demanda global sostenida, oferta limitada y ventajas competitivas para la Argentina, gracias a su capacidad de producción contraestacional.

A juicio de Ponelli, “el campo siempre fue un termómetro de la Argentina productiva. Lo interesante hoy es que personas que nunca habían tenido vínculo con el agro están entendiendo su lógica y buscando participar, no desde la gestión directa sino a través de modelos profesionales y administrados”.

El informe de la empresa revela que el ticket promedio de inversión se ubica en USD 90.000, con participaciones que parten desde USD 30.000, lo que amplía el acceso a perfiles históricamente alejados del sector. La diversidad también se refleja en la edad de los participantes: la mayoría de los inversores tiene entre 40 y 60 años, pero se observa un aumento del interés entre perfiles más jóvenes vinculados a sectores como tecnología, finanzas y servicios profesionales, así como en personas mayores de 60 que buscan diversificar sus carteras.

El pistacho aparece como un cultivo estratégico para las próximas décadas, por su demanda global en aumento, una oferta que no acompaña ese ritmo y las ventajas naturales que posee Argentina para consolidarse como referente del hemisferio sur en la industria.

A lo largo de la última década, el mercado internacional de pistacho evidenció una expansión constante. El consumo global creció a una tasa anual cercana al 6,5%, mientras que la oferta se concentró en Estados Unidos, Irán y Turquía. Esta diferencia entre la oferta disponible y la mayor demanda generó incrementos significativos en los valores internacionales y favoreció la aparición de nuevos productores interesados en abastecer mercados que enfrentan faltantes.

Pistacho argentino

En el contexto argentino, el pistacho se presenta como una alternativa de inversión atractiva. Diversos proyectos agrícolas emplean esquemas que integran plantación, desarrollo de infraestructura y administración profesional bajo fideicomisos rurales. El desembolso por hectárea ronda los USD 72.000, sumando inversión inicial y mantenimiento anual. A partir del séptimo año, los cultivos comienzan a generar ingresos, con tasas de retorno anuales estimadas entre 14% y 20% en dólares. La longevidad de las plantas, que superan los 50 años de productividad, transforma al pistacho en un activo pensado para el largo plazo.

El crecimiento de este fruto en Argentina se refleja también en la gastronomía. En efecto, se integró de manera progresiva en recetas dulces y saladas, y ganó protagonismo en heladerías, chocolaterías y pastelerías. Ya no se limita a consumidores gourmet, sino que se instaló como una tendencia de consumo en el público general. En Buenos Aires y otras ciudades, es común encontrar helados, bombones y postres que lo incluyen, así como variantes que lo combinan con chocolate y otros frutos secos, ampliando su presencia en el mercado nacional.

En relación a sus características nutricionales, el pistacho contiene elevadas cantidades de proteínas, grasas saludables y minerales, lo que lo posiciona como un alimento funcional. Su aporte a dietas equilibradas y su perfil nutricional reforzaron su valoración entre quienes buscan opciones saludables y la industria alimentaria orientada a ingredientes naturales.

En términos de expansión, la superficie destinada al pistacho en Argentina creció de forma marcada. La provincia de San Juan lidera la producción nacional con unas 6.500 hectáreas, lo que representa cerca del 90% del total, mientras que Mendoza suma aproximadamente 770 hectáreas. Otras provincias, como La Rioja y La Pampa, incorporaron áreas adicionales dedicadas a este cultivo.

En medio de una cosecha récord impulsada por mejores condiciones climáticas, el campo argentino proyecta un ingreso de USD 34.530 millones al Mercado Libre de Cambios (MULC) durante 2026. La cifra es similar a la del año pasado, pese al salto esperado en la producción de granos y a la recuperación -temporal- de los precios internacionales.

El dato surge de estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y refleja una paradoja del actual ciclo agrícola. Aunque la campaña se encamina a volúmenes históricos, hay varias razones por las que una mayor exportación de granos no se traducirá necesariamente en un alza en la liquidación de divisas.

Uno de esos factores, y el más reciente, es el conflicto en Medio Oriente. La escalada bélica en el Estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente un tercio del transporte mundial de petróleo, encareció los costos de transporte internacional y moderó el impacto de esa mayor producción sobre los ingresos por exportaciones.

Transporte más caro

Según la BCR, el aumento de las tensiones en el Golfo Pérsico elevó los costos de flete entre 40% y 50%, dependiendo del destino. Ese factor actúa como un freno sobre los precios que reciben los exportadores y limita parte del beneficio que genera una cosecha más grande.

A esto se suma un factor estructural para la Argentina, dado que el país necesita mantener precios competitivos por una cuestión logística. Es que, por su ubicación -el 85% de la población mundial vive en el Hemisferio Norte- los granos argentinos enfrentan un desafío adicional de competitividad por la distancia geográfica respecto de los principales mercados consumidores. Los costos de flete impactan de manera significativa en el precio final, generando un descuento que afecta especialmente a la producción local.

Cosecha y volumen exportable

Las estimaciones para la campaña 2025/26 apuntan a una cosecha de 158 millones de toneladas, un 14% más que en el ciclo anterior. “El ciclo agrícola actual representa una fuerte recuperación después de varios años condicionados por problemas climáticos”, explicó Emilce Terré, economista de la BCR.

El crecimiento se explica principalmente por mejores rindes y una recuperación productiva en varios cultivos clave. Entre los principales cultivos se destacan el trigo, con 29,5 millones de toneladas; el maíz, con 62 millones; y el girasol, con 6,6 millones, el mayor volumen registrado en lo que va del siglo.

La soja, en cambio, se ubicaría en 48 millones de toneladas, por debajo de sus máximos históricos debido a una menor superficie sembrada. Sin embargo, el rendimiento mejora respecto del año pasado.

Ese salto productivo también se reflejará en el comercio exterior. Según la BCR, el volumen exportado de granos y derivados podría alcanzar 113 millones de toneladas en 2026. De confirmarse, sería casi 10 millones de toneladas más que el récord previo registrado en la campaña 2018/19.

La actividad logística ya empieza a mostrar ese movimiento. En lo que va del año se descargaron 16,8 millones de toneladas en terminales portuarias argentinas, con el 67% de los envíos concentrados en los puertos del Gran Rosario, el principal nodo exportador del país.

La entidad espera, no obstante, que la liquidación mensual de divisas del agro supere el promedio de los últimos cinco años durante la mayor parte del año.

Retenciones y aporte fiscal

El aporte fiscal del sector se mantendría relativamente estable, según consignó la entidad. De hecho, la BCR estima que la recaudación por Derechos de Exportación (DEX) alcanzará en 2026 unos USD 4.650 millones, una cifra que permanece prácticamente sin cambios respecto al año anterior.

El principal aporte seguirá proviniendo del complejo sojero, con USD 3.420 millones, aunque eso representaría una caída interanual del 6%, explicado por una menor producción. El maíz, en cambio, mostraría un crecimiento importante. La recaudación proyectada alcanza USD 720 millones, un 30% más que el año pasado. El trigo aportaría USD 300 millones (suba del 21%) y el girasol USD 115 millones, con un crecimiento cercano al 60% impulsado por el mayor volumen exportado.

La estabilidad en la recaudación se explica, en parte, por los movimientos anticipados de liquidación que se registraron en 2025 tras la reducción temporal de retenciones.

El decreto 685/2025 generó en septiembre una liquidación extraordinaria cercana a USD 8.000 millones, uno de los valores mensuales más altos registrados por el sector. El efecto se revirtió rápidamente y en octubre y noviembre, la liquidación de divisas cayó a los niveles más bajos desde 2005, de acuerdo con datos del Banco Central. Esta tendencia se vio también en enero y febrero de 2026, aunque empezará a recuperarse a partir de marzo, con el ingreso de la cosecha gruesa.

El Gobierno Nacional presentó el Mapa de Cultivos, una herramienta digital orientada a mejorar la disponibilidad de información estratégica para el sector agropecuario y facilitar la planificación operativa en toda la cadena productiva. La plataforma permite analizar la distribución de los principales cultivos a nivel regional y local mediante el uso de datos georreferenciados e imágenes satelitales.

La iniciativa, desarrollada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, busca poner a disposición del sector público y privado información detallada sobre las campañas agrícolas. A partir de estos datos, productores, operadores logísticos y actores del comercio agroindustrial podrán anticipar escenarios productivos y optimizar la organización del transporte durante los períodos de cosecha.

Información territorial para anticipar la logística de la cosecha

El Mapa de Cultivos se construye a partir de los relevamientos realizados por las delegaciones territoriales del organismo, que recaban información en distintas regiones productivas del país. En cada campaña agrícola se analizan aproximadamente 2 millones de hectáreas, lo que permite obtener una base de datos precisa sobre la evolución de los distintos cultivos.

La herramienta combina información obtenida en campo con imágenes satelitales de alta y mediana resolución, integradas en un sistema de información geográfica (SIG). Esta tecnología permite identificar la distribución espacial de los cultivos extensivos y analizar su evolución campaña tras campaña.

Desde la perspectiva logística, contar con información territorial actualizada resulta clave para anticipar el movimiento de la cosecha, planificar la disponibilidad de transporte y organizar la infraestructura necesaria para el traslado de la producción hacia centros de acopio, industrias procesadoras o puertos.

Datos georreferenciados y tecnología para la toma de decisiones

El sistema se nutre del trabajo de las 40 delegaciones territoriales que el organismo tiene distribuidas en las principales zonas productivas del país. Los técnicos recopilan información directamente en campo mediante una aplicación específica instalada en dispositivos móviles, que permite cargar los datos de manera georreferenciada.

Posteriormente, estos registros se integran con imágenes satelitales y se procesan mediante algoritmos de aprendizaje automático, lo que permite estimar con mayor precisión la distribución de los distintos cultivos.

La plataforma también permite analizar indicadores como el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), una herramienta utilizada para evaluar el estado de los cultivos y su evolución durante la campaña.

Una herramienta para fortalecer las cadenas agroindustriales

Además de ofrecer información sobre la distribución de los cultivos, el sistema permite evaluar el impacto de fenómenos climáticos como sequías, inundaciones o plagas, lo que contribuye a mejorar la previsión de la producción agrícola.

Desde el punto de vista logístico, esta capacidad de anticipación resulta especialmente relevante para dimensionar la demanda de transporte, organizar los circuitos de traslado de granos y coordinar la operación de la infraestructura vinculada al comercio agroindustrial.

Con la incorporación de esta herramienta digital, el sector agropecuario suma una nueva fuente de información que puede contribuir a mejorar la planificación del transporte, optimizar la logística de cosecha y fortalecer la eficiencia de las cadenas de suministro vinculadas al agro.

El arranque de 2026 encontró a la economía en una etapa de transición. Tras un año atravesado por ajustes macroeconómicos, cambios en precios relativos y un comportamiento irregular del consumo, distintos sectores productivos muestran trayectorias divergentes.

Las actividades vinculadas a recursos naturales y exportaciones -minería, agro, energía- conservan niveles de dinamismo, mientras ramas orientadas al mercado interno -industria, comercio y construcción- enfrentan mayores dificultades para sostener el ritmo de producción.

El diagnóstico casi generalizado del mercado es que este año será igual de heterogéneo que el pasado: los que ganaron lo seguirán haciendo y los que perdieron podrían hundirse aún más. En promedio, la economía mostrará crecimiento, coinciden los analistas.

La actividad no evoluciona de manera uniforme entre sectores ni entre regiones. En algunas provincias vinculadas al agro, la energía o la minería se registran niveles de producción y empleo más dinámicos, mientras en los grandes centros urbanos la evolución de la demanda interna condiciona el desempeño de empresas industriales, comercios y servicios.

En algunas provincias vinculadas al agro, la energía o la minería se registran niveles de producción y empleo más dinámicos, mientras en los grandes centros urbanos la evolución de la demanda interna condiciona el desempeño

Ese contraste también aparece en los indicadores adelantados que se difundieron para el inicio del año. Tras un cierre de 2025 con un rebote de la actividad económica -en diciembre, la economía creció 1,8% respecto de noviembre, 3,5% interanual y 4,4% en promedio en todo el año-, los primeros datos privados del nuevo año describen un panorama más moderado, con movimientos mensuales dispares y un crecimiento que depende de pocos motores. Antes del repunte de diciembre, en octubre y noviembre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec había registrado caídas mensuales de 0,5% y 0,1%, respectivamente.

A partir de ese punto de partida, los análisis privados buscaron anticipar la dinámica del comienzo de 2026. Las consultoras elaboraron estimaciones preliminares a partir de indicadores sectoriales, series de producción y datos de comercio exterior. Equilibra, por ejemplo, estimó que el EMAE mostró en enero un nivel estable en la comparación interanual, con una variación de 0% frente al mismo mes del año anterior, mientras que en la medición desestacionalizada el indicador mostró caída de 0,8%. La oficial del Indec se conocerá recién el jueves 26 de marzo.

El informe de la consultora Equilibra destacó que el nivel de actividad alcanzado a fines de 2025 marcó un máximo reciente.

Tras la baja de enero, la serie desestacionalizada volvió a ubicarse en niveles cercanos al pico previo registrado en junio de 2022. Equilibra también analizó la evolución de la actividad excluyendo el sector agropecuario. En ese caso, el EMAE sin agro cayó 1% interanual en enero.

Otra estimación privada ofreció una lectura diferente sobre la dinámica mensual. El anticipo de actividad elaborado por Eco Go estimó que la economía registró en enero un crecimiento de 1% respecto de diciembre en términos desestacionalizados. Según ese informe, la expansión mensual se explicó principalmente por el desempeño del sector de bienes. En la comparación interanual, el relevamiento estimó una contracción de 1,2% punta a punta.

Entre los segmentos con mejores perspectivas aparecen agro, minería, energía, actividades primarias e intermediación financiera, actúan como la locomotora del resto (Sigaut Gravina)

Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, dijo a Infobae: “Los sectores ganadores van a seguir ganando”. Según su análisis, el patrón observado durante el año anterior continuó en el comienzo de 2026.

Entre los segmentos con mejores perspectivas aparecen agro, minería, energía, actividades primarias e intermediación financiera. El economista contó que esos rubros actúan como locomotoras de la actividad, mientras otros sectores enfrentan mayores dificultades para expandirse.

¿Sobre ruedas?

Entre esos casos Sigaut Gravina mencionó a la industria automotriz, donde los datos del primer trimestre mostraron niveles de producción por debajo del mismo período del año anterior. Destacó el economista que el sector enfrenta dificultades para exportar vehículos y una mayor competencia de automóviles importados en el mercado interno. También mencionó el comportamiento de la construcción, que mostró señales mixtas entre meses recientes.

En relación con el consumo, Lorenzo Sigaut Gravina dijo: “Los sectores vinculados a la demanda de las familias no muestran una recuperación clara". Según explicó, la evolución del consumo se vincula con el comportamiento de los ingresos.

El economista mencionó que el empleo privado formal de calidad registró caídas, mientras los salarios formales en algunos casos apenas acompañan la inflación. La aceleración de la inflación de los últimos meses afectó aún más el poder adquisitivo de las familias, con salarios que subieron -en algunos casos- 2% y una inflación mensual cercana al 3 por ciento.

Recuperación, caídas y escenarios

Martín Kalos, director de la consultora Epyca, describió un escenario moderado: “El primer trimestre arrancó lento”. Para el panorama actual, el economista describió un escenario en el que industria, construcción y varios servicios vinculados al mercado interno operan en niveles de actividad problemáticos y de que, en promedio, “se amesetaron los niveles de actividad en valores menores a los que había hace algunos años, y no hay perspectiva de crecimiento”.

“Hay empresas a las que les está yendo bien por sus nichos específicos, pero también hay otras que están pensando en cerrar, o en pasar a ser importadoras, todo lo cual retroalimenta un ciclo problemático para la demanda interna y la producción nacional”, agregó Kalos.

El director de Epyca destacó que esos sectores trabajan con niveles reducidos de utilización de capacidad. En el caso de la industria, mencionó niveles cercanos al 60% de capacidad instalada. Kalos explicó que en ese contexto no aparece una necesidacd inmediata de inversión, sino una mayor necesidad de ventas.

No aparece una necesidacd inmediata de inversión, sino una mayor necesidad de ventas (Kalos)

El economista también mencionó la evolución de los ingresos familiares. Señaló que el consumo masivo continúa en crisis, debido al deterioro del ingreso disponible de los hogares. Ese movimiento se vincula, según indicó, con distintos factores. Entre ellos mencionó el deterioro en la cantidad y calidad del empleo y el aumento del peso de tarifas, transporte y servicios públicos dentro del presupuesto familiar.

Por su parte, el economista Federico González Rouco, de la consultora Empiria, describió un escenario de crecimiento cercano al 3,5% para el año respecto del 2025 y diferenció, como sus colegas, las actividades. “Ese avance estaría liderado principalmente por el agro, que tendrá una muy buena cosecha, especialmente en trigo y maíz, mientras que la soja tendría un desempeño aceptable. A eso se sumarán hidrocarburos y minería, que también van a estar entre los sectores que motorizan la actividad”, explicó.

“También podría haber algo de recuperación del consumo si el crédito repunta, aunque eso es menos seguro que lo que ocurre con los sectores vinculados a recursos naturales. En términos generales creemos que va a ser un año de crecimiento”, agregó. Pero aclaró que “la construcción probablemente enfrente más dificultades y la industria podría expandirse menos que esos sectores, pero por ahora no se ven caídas fuertes a nivel agregado, más allá de algunos nichos puntuales de producción”.

González Rouco también describió diferencias entre regiones del país. El economista dijo que el crecimiento vinculado a energía, minería y agro genera dinámicas distintas entre provincias.

La clave, para evitar tensiones sociales, es que esas grandes urbes, como el AMBA por ejemplo, comiencen en algún momento a mostrar recuperación (González Rouco)

Según explicó, provincias asociadas a esos sectores registran mayor dinamismo económico y laboral, y esa dinámica genera heterogeneidad geográfica en el crecimiento, con regiones vinculadas a recursos naturales que muestran mayor actividad en comparación con grandes centros urbanos.

“La clave, para evitar tensiones sociales, es que esas grandes urbes, como el AMBA por ejemplo, comiencen en algún momento a mostrar recuperación, y que esos empleos que se están perdiendo en los sectores más sensibles puedan reorientarse”, estimó Federico González Rouco.

El aumento de las tensiones en Medio Oriente volvió a agitar los mercados internacionales de materias primas internacionales. En el caso del trigo, las tensiones geopolíticas generaron episodios de volatilidad en los precios globales, aunque en Argentina el impacto fue limitado por la abundante cosecha local y la elevada disponibilidad de granos, que amortiguan las fluctuaciones internacionales y reducen la posibilidad de que la bonanza productiva se traduzca en ingresos extraordinarios para la economía.

Una de las razones que explica esta situación es el encarecimiento de insumos y costos logísticos, y el efecto sobre los precios FOB locales del trigo argentino, que permanece acotado: la cotización aumentó apenas 0,5% tras el inicio del conflicto en la región, frente a subas de hasta 5% en otros orígenes, detalló Emilce Terré, investigadora y economista de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Esta diferencia obedece, en parte, a la ubicación geográfica y a la capacidad de abastecimiento nacional, que ponen a Argentina como uno de los pocos países exportadores que atraviesan la coyuntura sin señales de preocupación ni por oferta interna ni por incrementos abruptos en el precio del cereal.

La abundante oferta local de trigo funciona como un factor de contención para el precio de la harina y limita la posibilidad de subas abruptas en el pan

En este entorno, distintos especialistas coinciden en que, al menos en el corto plazo, la abundante oferta local de trigo funciona como un factor de contención para el precio de la harina y limita la posibilidad de subas abruptas en el pan, aunque los panaderos advierten que los costos de servicios, combustibles, salarios y alquileres, siguen presionando sobre los precios y el consumo de los hogares.

Récord de oferta

Argentina alcanzó una producción histórica de 30 millones de toneladas de trigo, superando de forma considerable el anterior techo de 21 a 23 millones de toneladas, dijo Terré.

De ese volumen, cerca de 16 millones de toneladas ya fueron vendidas, y existe una disponibilidad exportable cercana a 17 millones de toneladas, según Gustavo Idígoras, presidente del Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Estos niveles, inéditos en la historia del sector, explican por qué la volatilidad internacional produjo un impacto local moderado.

En síntesis, la Argentina logró una cosecha récord de trigo, maíz, cebada y girasol, pero ese salto productivo no se refleja en mayores ingresos de divisas. El principal motivo es el estancamiento de los precios internacionales, al que se suma el adelantamiento de liquidaciones que se produjo en septiembre de 2025, cuando la eliminación temporaria de derechos de exportación aceleró ventas y embarques.

Según la BCR, el ingreso proyectado por exportaciones del sector para 2026 en el Mercado Libre de Cambios rondará USD 34.530 millones, prácticamente idéntico al valor alcanzado en 2025, a pesar del aumento en los volúmenes exportados. El impacto adicional de esa liquidación anticipada se hizo notorio, ya que el ingreso de divisas del agro en el último trimestre de 2025 fue el menor registrado desde 2005 para igual período.

Los últimos datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y CEC informaron que el sector liquidó USD 1.289 millones en febrero de 2026, lo que significó una reducción del 30% respecto de enero y un total anual de USD 3.140 millones acumulados.

El ingreso proyectado por exportaciones del sector para 2026 en el Mercado Libre de Cambios rondará USD 34.530 millones, prácticamente idéntico al valor alcanzado en 2025 (BCR)

Esta caída responde al anticipo de ingresos y a un entorno internacional menos favorable en materia de precios, así como por diversos paros y menos días de actividad. En enero, el sector había registrado USD 1.850 millones, monto un 82% superior al de diciembre de 2025, sostenido por embarques de trigo, cebada, maíz y subproductos de la soja.

Insumos, costos y competitividad

La volatilidad global en los precios de insumos energéticos y fertilizantes, como urea y gas, representa una presión adicional sobre los márgenes de la producción nacional. Más del 33% de los fertilizantes circula por el estrecho de Ormuz, epicentro logístico amenazado por la crisis geopolítica, de manera que se encarecieron los fletes marítimos a la vez que disminuyó la competitividad argentina frente a otros mercados que obtienen mejores condiciones de venta desde países como Australia favorecidos por la cercanía.

El costo local para la cadena agroexportadora aumenta por la distancia a los centros de consumo, donde reside el 85% de la población mundial, y por la dependencia de insumos importados para la fabricación y la logística. “Hoy lo que más define este mercado es la volatilidad y la incertidumbre”, afirmó Terré.

El mercado global reaccionó con compras especulativas de contratos agrícolas: en el último mes, los fondos internacionales sumaron 540.000 contratos en el mercado de futuros de Chicago, empujando los precios internacionales en episodios puntuales. El trigo en esa plaza llegó a USD 218 por tonelada, el valor más alto desde febrero de 2025. Sin embargo, este impulso se asocia a movimientos financieros y no con variaciones reales en la oferta y demanda mundial.

Presión para la industria panadera

A pesar de la estabilidad de los precios relativamente estables y elevada disponibilidad de trigo contrasta con la crisis que atraviesa el sector panadero en la provincia de Buenos Aires. El Centro de Panaderos de Merlo y la Cámara de Industriales Panaderos señalaron que el consumo de pan cayó 45% en el primer trimestre de 2026 respecto del año anterior.

Las causas principales son la caída generalizada de ventas vinculada a la pérdida de poder adquisitivo, mientras el sector enfrenta incrementos persistentes en insumos, servicios y combustibles.

Proyecciones y desempeño de la campaña agrícola

Con vistas a la campaña 2025/26, Argentina espera una producción total de granos cercana a 160 millones de toneladas, según proyecciones de la BCR.

La cosecha fina estableció nuevas marcas con 29,5 millones de toneladas de trigo, 5,6 millones de cebada, mientras entre los granos gruesos el maíz alcanzaría 62 millones y el girasol marcaría su mayor cosecha del siglo con 6,6 millones de toneladas. La soja, con 48 millones de toneladas, se ubica por debajo de años anteriores, pero con rindes superiores, explicado por una menor superficie sembrada.

Hoy lo que más define este mercado es la volatilidad y la incertidumbre (Terré)

El aumento en la oferta podría llevar las exportaciones de granos y derivados hasta 113 millones de toneladas, superando en casi 10 millones el récord de la campaña 2018/19.

Este desempeño permite proyectar para 2026 un ingreso de USD 34.530 millones en el Mercado Libre de Cambios, mientras que el aporte por Derechos de Exportación para el Estado Nacional se estima en USD 4.650 millones, en niveles similares a los del año previo.

El complejo sojero aportará USD 3.420 millones en retenciones, el complejo maíz USD 720 millones (30% más que en 2025), trigo USD 300 millones (alza del 21%) y girasol USD 115 millones (suba del 60%), en función del mejor volumen exportado y precios internacionales favorables, señala la BCR.

El inicio de la campaña gruesa a partir de marzo y la evolución de los costos logísticos y de insumos determinarán la capacidad de la agroindustria para transformar los volúmenes récord en divisas

Para los próximos meses, el inicio de la campaña gruesa a partir de marzo y la evolución de los costos logísticos y de insumos determinarán la capacidad de la agroindustria para transformar los volúmenes récord en divisas efectivas.

Mientras tanto, el sector agroexportador continúa representando 48% de los envíos argentinos al exterior. La tendencia de liquidación de divisas se proyecta al alza respecto del promedio de los últimos cinco años, sostenida por el volumen exportable y cierta estabilización de los precios internacionales, a pesar de la volatilidad en los mercados globales.

Según explicó en una entrevista en Infobae en Vivo, los recientes movimientos en los mercados internacionales modificaron de manera abrupta el valor de activos clave para la actividad agrícola y ganadera y si bien subieron los precios de los granos, también lo hicieron los costos, por lo que no está tan claro que el productor salga beneficiado en la cuenta final. “Esto, a priori, es una mala noticia para el productor”, sostuvo Ordoñez.

De acuerdo con el análisis del especialista, en las últimas semanas se registró un “cambio total en el posicionamiento de activos del mundo financiero”. El economista señaló que los fondos de inversión realizaron un “trueque de posiciones” que alteró la dinámica habitual de los precios de commodities e insumos.

Como consecuencia directa, el precio del petróleo casi se duplicó en solo un mes. Esta variación arrastró al alza el valor de los fertilizantes, que subieron “alrededor de un treinta y pico por ciento”. En contraste, las oleínas –productos derivados que utilizan petróleo– se depreciaron, mientras que las acciones de compañías vinculadas a fertilizantes aumentaron por el encarecimiento del gas, principal insumo para la producción de fertilizantes nitrogenados.

Ordoñez indicó que el mercado anticipó que ese aumento de costos se trasladaría “directo al productor agropecuario a nivel global”. La soja, en ese contexto, subió entre un 10% y un 15%, pero la variación resultó menor respecto al salto de los insumos. “Mientras más te alejás del impacto inicial, que es el petróleo, más se amortiza la suba de los activos derivados”, puntualizó.

El economista advirtió que el margen del productor, especialmente en Estados Unidos, se encuentra bajo presión. Explicó que los agricultores norteamericanos se preparan para la siembra con costos significativamente más altos en gasoil y fertilizantes, mientras los precios de los granos no acompañan ese incremento. “A priori, esto es una mala noticia para el productor agropecuario global, sobre todo el norteamericano”, remarcó.

Cosechar será más caro

En el caso argentino, la coyuntura difiere porque la cosecha coincide con esta etapa de subas. De todos modos, los costos de la cosecha también aumentan, fundamentalmente por el encarecimiento del gasoil, que se utiliza tanto en cosechadoras como en el transporte hacia puertos y plantas.

Ordoñez explicó que en la plaza local “dejó de haber una transferencia de precio directa de Chicago al sur”. Según detalló, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, junto a las políticas de aranceles, afectó la correlación de precios internacionales con los valores que reciben países exportadores como Argentina y Brasil. La producción brasileña de soja ronda los 150 millones de toneladas, mientras la argentina se ubica en 50 millones. “No va a acompañar tanto la suba del precio de los granos a la suba de los costos”, afirmó el economista.

Durante la conversación, los periodistas plantearon la percepción de que el contexto podría beneficiar a los productores. Ordoñez fue enfático: “El productor que administra bien su cartera lo que mira es la relación insumo-producto. Y acá lo que pasó es que el insumo está subiendo mucho más rápido que el producto. Entonces, la relación se desmejora”. En términos nominales, precisó, la soja subió, pero el costo lo hizo aún más. “Por ahí está neutro. Por ahí gana muy poquito, por ahí pierde un poco. No es lineal”, agregó.

Beneficio en la recaudación y las divisas

El especialista también se refirió al impacto sobre la recaudación estatal. “Al que obviamente le viene muy bien esta suba es al Gobierno. El Gobierno sí, automáticamente va a hacer una mejora de recaudación por todo, porque la Argentina hoy es exportador neto de combustibles y es también, obviamente, exportador de granos. Esta suba le va a venir bien al Gobierno en términos de recaudación y un poco también en términos de divisas”, sostuvo. Las retenciones y otros impuestos generarían un “empujón” a las arcas públicas, a la vez que las petroleras enfrentan un escenario favorable para invertir por la posibilidad de obtener retornos acordes.

No obstante, Ordoñez alertó sobre el costado negativo para los consumidores: “El precio del combustible va a subir, efectivamente”. Consultado sobre el impacto en la carne, el economista explicó que ese rubro transita un ciclo propio. “En el mundo ya venimos de un ciclo de alrededor de uno o dos años de precios altísimos, que creo que se va a mantener durante al menos dos o tres años más”.

Respecto al mercado de granos, Ordoñez consideró que el salto de precios responde en gran medida a la “especulación”. Detalló que los fundamentos de la cosecha de granos resultan bajistas: Estados Unidos sufrió abundantes nevadas, lo que garantiza suelos con mucha agua y, por lo tanto, “mega rindes” en septiembre. Brasil también se encamina a una cosecha récord. Por ese motivo, el economista planteó que el escenario alcista puede tener “patas cortas”.

La incertidumbre, según Ordoñez, domina el escenario para los productores argentinos que deben decidir qué hacer con el grano cosechado. Si optan por retenerlo y la guerra se agrava, pueden obtener grandes beneficios; si lo venden y el conflicto se resuelve en poco tiempo, también podrían salir favorecidos. El economista describió así un “juego de decisión muy finito donde el productor agropecuario argentino se está jugando todo su capital de trabajo para sembrar en noviembre, diciembre del año que viene”.

Respecto de la aparición, en el marco de Expoagro, de los créditos en dólares para el sector, el economista señaló que resulta atractivo pero presenta riesgos macroeconómicos. Describió que en la Argentina, ante la ausencia de una unidad de cuenta estable, las alternativas de crédito suelen ser en UVA o en dólares, ya que el financiamiento en pesos enfrenta tasas elevadas y mecanismos de cobertura bancaria. Observó que los bancos vienen de más de diez años, “casi dos décadas”, de prestar principalmente al Estado y ahora deben empezar a identificar clientes en el sector privado, con productos financieros adecuados al ciclo de cada actividad.

En relación a las importaciones, Ordoñez destacó la presencia de camiones, tractores y drones de origen chino. La tecnología de drones, en particular, experimentó una transformación acelerada. “Hace cinco años, para el agro no servían para nada, porque era una forma cara de tomar imágenes. Para eso ya teníamos las imágenes satelitales, que eran prácticamente gratis y con eso obteníamos la información para controlar los cultivos”, explicó. Con el avance de la guerra en Ucrania y la liberación de tecnología para uso civil, los drones alcanzaron nuevas capacidades: hoy pueden cargar hasta cien kilos, lo que los convierte en herramientas competitivas frente a sembradoras tradicionales, a un costo mucho menor.

Ordoñez sostuvo que los drones permiten sembrar cultivos como pasturas, trigo o cebada con mayor eficiencia y menor costo. “El dron cuesta cuarenta mil dólares y el tractor con la sembradora puede ser una cuenta de doscientos mil”, comparó. Además, una sola persona puede operar hasta veinte drones en simultáneo. No obstante, advirtió que existen desafíos de mantenimiento, ya que los drones requieren reparaciones y pueden sufrir accidentes.

El economista mencionó que los drones ya se utilizan para arrear ganado, aprovechando que el ruido de estos dispositivos mueve a los animales. “No estamos muy lejos de un dron que levanta doscientos cincuenta kilos. Si es así, te levanta un ternero”, afirmó. También remarcó que los avances en algoritmos permiten detectar enfermedades y anomalías en el ganado, optimizando la gestión sanitaria y ahorrando tiempo de recorridas en grandes extensiones.

Las estadísticas más recientes indican que en la Argentina funcionan unos ochocientos drones para uso agropecuario, pero el economista proyectó que en los próximos tres o cuatro años esa cifra podría multiplicarse por veinte. El especialista consideró que este cambio impactará en la fisonomía del campo y en la organización productiva.

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Las economías regionales se enfrentan a un panorama complejo, con una mayoría de rubros que presentan retrocesos. La principal problemática de los sectores “en rojo” se vincula con el precio que reciben los productores, lo que afecta la rentabilidad y las posibilidades de seguir en actividad.

Así surge del Semáforo de Economías Regionales elaborado por Coninagro, que registró 4 actividades en verde, 7 en amarillo y 8 en rojo durante enero. En relación al mes previo, se notó una desmejora, dado que las actividades lechera y manisera cambiaron de la categoría amarilla a la roja.

El indicador incluye tres componentes: negocio, productivo y mercado. El primero evalúa la evolución del precio y el costo; el segundo mide el área o stock y la producción, y el último, la evolución de las exportaciones y las importaciones de las producciones, así como el consumo interno.

Entre las actividades que continúan en terreno negativo aparecen la yerba mate, el arroz, la papa, el vino y el mosto, las hortalizas y el algodón, a las que este mes se agregan el maní y la leche.

En la mayoría de los casos, la dificultad central está en la ecuación de negocio: los precios que perciben los productores avanzan muy poco o quedan por detrás de la inflación y del incremento de los costos operativos, lo que erosiona la rentabilidad y complica la recuperación de estas economías.

Respecto a la lechería, el paso a rojo se explica principalmente por el deterioro del componente de negocio. El precio que recibe el productor por litro de leche se mantiene sin cambios desde hace diez meses, en torno a los $470. En términos interanuales, esto implica una suba de apenas 8%, muy por debajo de la inflación.

El componente productivo se mantiene sin grandes cambios en los niveles de producción, mientras que el componente de mercado enfrenta un panorama complejo, con un incremento de las importaciones (+50%) en relación con las exportaciones (+20%).

En cuanto a la producción manisera, se observó un deterioro del componente de negocio, combinado con proyecciones poco favorables en el plano productivo. El precio en dólares de la tonelada pagada al productor se encuentra estancado desde hace ocho meses, en torno a los USD 594.

Se añaden las malas proyecciones para la campaña 2025/26, con una caída proyectada del 25% en el área sembrada (132 mil hectáreas menos) y una reducción del 13% en la producción (215 mil toneladas).

En suma, si bien la demanda externa se mantuvo relativamente estable, las importaciones aumentaron 12%.

Cabe mencionar también que, según consignó Folha de São Paulo, en el último año, 40.000 trabajadores del sector yerbatero de Misiones migraron a Brasil, reflejando un aumento significativo del éxodo rural hacia ese país debido a la crisis derivada de la eliminación del precio mínimo de la yerba mate. Esto provocó una caída drástica en el valor de la hoja verde e impidió a muchos continuar con sus labores.

En perspectiva histórica, “entre las situaciones más comprometidas se destacan la vitivinicultura y los cítricos dulces, que registraron indicadores en rojo en más del 70% de los meses. Les siguen la actividad citrícola, con el 67% de los meses en rojo, y la lechería, con el 65%”, detalló Coninagro.

En contraposición, las actividades en verde fueron bovinos, ovinos, granos y miel. “En todos estos sectores se observó un buen componente de negocio, con precios que crecieron por encima de la inflación. Este resultado se complementó con un buen desempeño en los mercados y con indicadores productivos que acompañaron”, destacó Coninagro.

Las actividades que permanecieron en amarillo incluyeron forestal, maní, leche, tabaco, cítricos dulces, mandioca, peras y manzanas, aves y porcinos. Estos sectores mostraron resultados variados: los precios no alcanzaron a compensar la inflación, la demanda se mantuvo estable y los costos continuaron elevados. Bajo estas condiciones, los períodos de recuperación resultaron prolongados y persistieron obstáculos para consolidar mejoras sostenidas.

Comercio exterior

Para el comercio exterior, las 19 actividades agropecuarias y economías regionales relevadas sumaron exportaciones por USD 5.032 millones, un aumento del 44% frente al promedio histórico de la última década para ese mes (USD 4.072 millones).

La composición de las ventas externas presentó una alta concentración: el 80% de los ingresos correspondió a los complejos granarios (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) y el sector bovino aportó otro 9%. El 11% restante, equivalente a unos USD 525 millones, correspondió al resto de las economías regionales.

Respecto de las importaciones, en enero se realizaron compras externas por USD 82 millones, frente a los USD 5.032 millones exportados. El complejo granario representó el 30% del total importado, seguido por la actividad forestal (22%), el sector porcino (11%) y el algodonero (10%). El 11% restante se distribuyó entre otras actividades con menor participación.

Al comparar los datos con el promedio del mismo período de los últimos diez años, las diferencias entre sectores se vuelven más marcadas: algunos muestran fuertes avances en sus exportaciones y otros registran retrocesos significativos.

Entre los que más crecieron se destacó el complejo de peras y manzanas, con ventas externas por USD 26 millones, un 95% por encima de su promedio histórico. Le siguió la actividad arrocera, que exportó USD 25 millones, con un aumento del 92% respecto del promedio del primer mes de los últimos años.

En el extremo opuesto, la actividad avícola registró la mayor caída, con exportaciones por USD 8 millones, un 73% por debajo de su promedio histórico.

En materia de importaciones, el mayor dinamismo se observó en el sector bovino, cuyas compras externas llegaron a USD 9 millones, un 138% más que su promedio histórico, aunque se trata de montos poco representativos frente a un sector que exporta más de USD 3.000 millones al año.

En contraste, las importaciones de peras y manzanas y de arroz cayeron con fuerza en términos porcentuales, aunque en valores absolutos siguen siendo marginales y en conjunto representan apenas el 1% del total importado en enero.

Durante la charla con el staff de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, Benegas Lynch sostuvo que “el campo representa el 60% de las exportaciones. Las exportaciones crecieron casi un 10%. Estamos en números récord en siembra. Ahora con la apertura de los mercados del Mercosur y Estados Unidos para la carne, la maquinaria agrícola tiene récord de ventas porque los insumos son más baratos tras la baja de aranceles”. El senador vinculó estos indicadores a la política del Ejecutivo: “Todo esto es gracias a un enorme trabajo del Ejecutivo de desregular y sacarle el pie del Estado de encima al campo”.

Benegas Lynch y el agro: “Hoy el campo no tiene nada que quejarse”

El legislador enfatizó que la baja de retenciones y la apertura de mercados internacionales reconfiguraron la rentabilidad del agro: “La ganadería nunca tuvo tanta rentabilidad como ahora. Eso no quiere decir que tenemos que dejar de trabajar en sacarle el pie del Estado de encima al productor”.

Remarcó que “la agricultura, tenemos un gobierno que es el primero que le bajó las retenciones un 20%. Nosotros en el campo no tenemos, te diría, nada que quejarnos, todo para festejar y sobre todo por el tipo de presidente que tenés, que te dice que las retenciones van a ser cero”.

Sin embargo, reconoció que el proceso de transformación es gradual y con dificultades: “No es que ahora a partir de abril va a haber el boom de las inversiones y la Argentina pasa a ser Singapur. Estamos en ese camino”.

El diagnóstico sobre la economía: tensiones y desafíos

Consultado por los problemas de consumo y los sectores que aún no ven mejoras, Benegas Lynch sostuvo: “De los 15 sectores, 11 sectores crecen, cuatro no crecen. El bolsillo del argentino empezó a cambiar porque tenés récord de créditos hipotecarios en 2024. En 2025, vino una desaceleración importante por el riesgo político-electoral que nosotros le decimos el riesgo Cuca, cuando el Congreso se puso en contra de los argentinos. Eso hizo ralentizar el crecimiento que teníamos en 2024”.

El senador no esquivó los datos críticos: “Venimos del Congo. Íbamos a la venezualización de Argentina. En 2023 íbamos a una inflación del 17.000%. Lo que digo es: venimos del Congo. Tuvimos un 2024 que empezamos a despegar. Tuvimos un 2025 que el Congreso nos puso un freno de mano”.

Para Benegas Lynch, el sendero de recomposición es ineludiblemente lento: “No es Suiza, estamos lejos de ser Suiza. El Congo fue antes de ayer y me parece que claramente todos los indicadores más importantes, que tienen que ver principalmente con seguridad jurídica, son los que estamos cambiando en el Congreso”. Sostuvo que la prioridad es “generar confianza, un cimiento económico fundado en el superávit y el no emitir para no generar inflación”.

Reforma, austeridad y ética: la agenda y las controversias

Sobre la agenda legislativa, el senador precisó: “Todavía no llegaron los proyectos en concreto para saber: ‘Mirá, son estos y estos’. Son más de noventa proyectos donde el titular para la gente es desregulación, sacar trabas y hacerle la vida más fácil al sector privado. Después, una reforma del Código Penal y también una reforma tributaria tan necesaria para la Argentina”.

La entrevista abordó también el reciente viaje del jefe de gabinete con su pareja en el avión presidencial: “Es su mujer. El Estado no gastó un peso en llevarla”, defendió el senador. Sin embargo, consultado sobre si él haría lo mismo, admitió: “Probablemente no”. Benegas Lynch justificó la austeridad del oficialismo: “Estamos con ese nivel de austeridad y de cuidado. Vos decís: ‘Che, bueno, qué lástima, no se cuidaron, que llevó justo la mujer’. Bueno, tal vez puede ser. ¿Está mal tener cuatro o cinco asesores? No sé si está mal, depende lo que hacés”.

Al cierre, el legislador valoró la solidez moral de esta etapa: “Jamás hemos vivido esto. El respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad privada como marco y norte de país no lo hemos tenido jamás”.

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En medio de una inusual interna con Nicolás Pino, el actual presidente de la mayor entidad del agro, su número 2, Marcos Pereda, finalmente oficializó su candidatura a la presidencia de la Sociedad Rural Argentina (SRA). De esta manera, escala la interna dentro de una de las entidades más influyentes del campo argentino, donde dos sectores enfrentados disputan el control de la institución y la interpretación de las reglas que definen su conducción.

Esta presentación toma relevancia, ya que desde septiembre del año pasado hay un debate en el sector sobre la alternancia institucional y el límite de los mandatos. La postulación de Pereda, actual vicepresidente de la SRA, se da luego de una abierta ruptura con Pino, con quien comparte la conducción desde 2021.

El dirigente, que junto con Pereda Born desplazó al oficialismo histórico en 2020, podría disputar un nuevo mandato pese a la resistencia de un grupo de 78 socios que sostiene que la reelección para un cuarto período sería contraria al estricto límite fijado por el propio presidente en 2023, durante su segundo mandato. Fue el propio Pino quien dispuso el cambio en el estatuto y fijó el límite de tres mandatos consecutivos.

En una carta que envió a los miembros de la entidad, este sector denunció que permitir una nueva postulación sería un “retroceso institucional y una contradicción ética”, aludiendo a que “las reglas pierden toda legitimidad cuando quienes las impulsan deciden no cumplirlas”.

Las elecciones de la Sociedad Rural Argentina (SRA) tendrán lugar el próximo 9 de septiembre. Aunque faltan meses para la elección, la interna ya está en plena ebullición.

La candidatura de Pereda y el quiebre con Pino

La proclamación del espacio “Renovación con Unidad”, el partido con el que se presentará Pereda, se realizó durante la muestra Expoagro y representa el primer movimiento formal hacia la disputa presidencial en la SRA.

Pereda presentó la iniciativa junto a Santos Zuberbühler, un referente de otro espacio interno impulsor de la renovación, y propuso un frente que sintetiza diferentes corrientes y sectores independientes. “Creemos que podemos hacer nuestro aporte y ofrecer una alternativa en términos de representación”, sostuvo Pereda en el acto, a la vez que remarcó que “avanzar hacia un cuarto mandato presidencial consecutivo se aparta del criterio de calidad institucional que inspiró ese proceso”.

El dirigente argumentó que “no es una cuestión personal; es la defensa de un principio y de una forma de conducción basada en reglas claras y previsibilidad”.

El trasfondo de esta candidatura está marcado por la ruptura de la fórmula que llevó al poder al actual oficialismo de la SRA. Tras colaborar en una agenda de modernización que incluyó el traslado de la sede histórica y la instrumentación del voto electrónico, las diferencias entre Pino y Pereda se hicieron irreconciliables durante la segunda mitad del mandato, principalmente por diferencias en el posicionamiento frente al Gobierno de Javier Milei.

Mientras Pino mantuvo un perfil dialoguista y una relación cercana con el presidente, Pereda fue referente de los sectores internos que reclamaban una conducción más combativa, especialmente respecto de las retenciones a las exportaciones del campo.

En su presentación, Pereda subrayó que el surgimiento de su candidatura no desconoce los logros recientes de la gestión, pero enfatizó que la SRA “necesita madurez, previsibilidad y unidad, dejando atrás los sectarismos y el internismo permanente”. Por su parte, Zuberbühler expresó que “hay que trabajar todos juntos para defender lo que nos corresponde y ayudar a que los socios tengan más y mejores servicios. Ampliar, profesionalizar y retomar la centralidad de la Rural en la agenda productiva es el norte que nos moviliza”.

La respuesta de Pino

Frente a la candidatura de Pereda, Pino reconoció en sus redes sociales que hasta el momento no definió su candidatura, pero que lo “evaluará en los próximos días y tomará una decisión”.

El referente publicó en su cuenta de X: “Frente a las declaraciones del Vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, les comento que en las numerosas recorridas que realizo me encuentro con muchos socios y productores que me piden que siga al frente de la entidad”. E insistió: “Estamos convencidos de que el camino es seguir hablando, seguir representando la voz de nuestros productores”.

La conducción actual rechazó haber violado el estatuto y sostuvo que el nuevo límite de mandatos fijado por la reforma de marzo de 2023 debe contarse desde su registro ante la Inspección General de Justicia, el 20 de julio de ese año. Bajo ese criterio, el período 2024-2026 sería el primero del nuevo esquema. Si vuelve a ser electo, Pino asumiría así su “segundo mandato” bajo la nueva normativa y no un cuarto consecutivo.

La SRA es el principal espacio de representación de los grandes productores y terratenientes del país, con unos 3.900 socios y una historia vinculada a los apellidos emblemáticos del sector: Martínez de Hoz, Anchorena, Miguens, Blaquier, Frers y Etchevehere, entre otros. Fundada en 1866 con el objetivo de “velar por el patrimonio agropecuario del país”, la entidad integra el llamado Grupo de los Seis, el círculo que reúne a los bancos nacionales (Adeba), la industria (UIA), la Bolsa de Comercio porteña (BCBA), la Cámara de la Construcción (Camarco) y el comercio (CAC), referente del poder económico tradicional argentino.

Pino, de 60 años y miembro de la SRA desde hace más de 30, estableció la reforma que hoy es objeto central de la controversia. En tanto, Pereda Born, descendiente de la familia fundadora de Bunge y Born y presidente del Grupo Bermejo, se posiciona como el representante de una línea más combativa, orientada a profundizar la modernización y el perfil crítico frente al Ejecutivo nacional.

Después de más de dos décadas, la Argentina empieza a recuperar terreno en un mercado que supo liderar. A comienzos de 2000, el país concentraba cerca de la mitad del comercio mundial de aceite de girasol, pero con el avance productivo de Europa del Este, ese protagonismo se diluyó. Ahora, una proyección internacional indica que el país volverá a a ganar espacio en el tablero global.

En su último informe mensual, el departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, United States Department of Agriculture) elevó su estimación para la cosecha argentina girasol a 7 millones de toneladas, lo que implicaría un crecimiento interanual de 25,2%. A su vez, de confirmarse, sería uno de los mejores registros de las últimas campañas.

Las previsiones locales también muestran un buen desempeño. Y, aunque la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantuvo una estimación algo más moderada, de 6,2 millones de toneladas, la entidad destacó que el país podría tener rindes por encima de los promedios históricos en varias regiones productivas.

Este salto productivo coincidió con un cambio en el mapa del comercio internacional. Según el USDA, la Argentina representó el 13,8% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol, mientras que la participación de Ucrania y Rusia -los dos mayores productores de girasol en el mundo- mostró una baja relativa, hasta 33,2% y 30,3%, respectivamente.

En términos prácticos, esto significa que la Argentina exportará casi una de cada siete toneladas de aceite de girasol que se comercializan en el mundo. Según consignó el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), en enero, las exportaciones del complejo girasol aportaron un total de USD 210,1 millones, un salto interanual del 173,2 por ciento.

De líder global a tercer jugador

A comienzos de siglo, la Argentina dominaba el negocio mundial del girasol. De acuerdo con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en la campaña 2001/02 el país concentraba cerca del 60% del comercio mundial de aceite de girasol, muy por delante de Ucrania (25%) y Rusia (6%).

Sin embargo, el escenario cambió en las dos décadas siguientes. Ambos países de Europa del Este expandieron con fuerza el área sembrada, incorporaron tecnología agrícola y desarrollaron una potente industria de procesamiento, lo que les permitió ganar competitividad y pasar a dominar el mercado global.

En tanto, la reducción de la participación de la Argentina en el negocio entre 2000 y 2015 responde a varios factores estructurales. El primero de ellos fue la expansión y modernización de la agricultura en Ucrania y Rusia, que aumentaron su superficie cultivada y adoptaron tecnología más avanzada, lo que les permitió lograr mejores rendimientos y mayor capacidad de industrialización.

Durante ese mismo período, la Argentina mantuvo modelos productivos con menor inversión y enfrentó además un esquema de retenciones a las exportaciones que redujo los incentivos para el cultivo. A eso se sumó una menor incorporación de tecnología en comparación con el fuerte salto productivo que registró la región del Mar Negro.

El país también reorientó su matriz agrícola hacia la soja y el maíz, cultivos que ofrecían mejores paquetes tecnológicos y mayor rentabilidad durante el boom internacional de commodities. Esa transición redujo de forma sostenida el área destinada al girasol y su participación relativa en el mercado global.

Esta es una de las razones por las que, hoy, el sector agroindustrial local está en pleno debate sobre la necesidad de actualizar la Ley de Semillas, en medio de advertencias por el atraso productivo frente a competidores directos. Si bien parte del agro resiste mayores regulaciones, la mayoría de los actores reconoce que una actualización normativa podría ayudar a cerrar la brecha de rendimientos por hectárea frente a los productores de Europa del Este.

Hoy, entre Ucrania y Rusia concentran más del 60% del comercio mundial de aceite de girasol, una participación que convirtió a la región del Mar Negro en el principal centro de producción y exportación del producto.

Un mercado con oferta ajustada

A pesar del mayor aporte argentino, el mercado internacional sigue mostrando señales de tensión. El USDA advirtió que la relación entre stocks y consumo mundial de aceite de girasol continúa cayendo y se ubica en torno al 13,5%, un nivel que refleja una oferta relativamente ajustada frente a la demanda.

En ese contexto, el repunte productivo argentino aparece como un factor relevante para equilibrar el mercado, especialmente en un escenario internacional todavía marcado por la volatilidad en la región del Mar Negro.

En su discurso durante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei volvió a poner al campo en el centro de su agenda económica. Allí, reiteró su intención de reducir las retenciones de manera gradual, “siempre que el superávit fiscal lo permita”. Pero junto con ese mensaje, revivió un tema que el agro arrastra desde hace décadas y que divide al sector: la posible reforma de la Ley de Semillas.

El debate no es nuevo, pero volvió a cobrar fuerza tras el acuerdo comercial que la Argentina firmó el mes pasado con Estados Unidos. Según ese entendimiento, el país debería avanzar hacia los estándares de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, conocidos como UPOV 91.

Se trata de una norma internacional que refuerza la protección de la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales. Y que, en la práctica, cambia las reglas del negocio de la genética agrícola.

Detrás de esta discusión técnica, aparece un conflicto sectorial más profundo. Por un lado, las empresas semilleras sostienen que sin protección de la innovación no hay incentivos para invertir en genética, y, por el otro, buena parte de los productores teme que una normativa más estricta limite prácticas históricas del agro argentino y eleve los costos de producción.

La ley vigente en el país data de 1973 y quedó desactualizada frente al avance de la biotecnología y del comercio global de semillas. Mientras tanto, más de 60 países ya adoptaron UPOV 91 como estándar internacional.

El ‘uso propio’

En el centro de la discusión aparece una práctica clave del agro argentino. El llamado ‘uso propio’ implica que los productores pueden guardar parte de su cosecha y volver a sembrarla en la campaña siguiente sin pagar regalías adicionales por la genética utilizada.

Las empresas del sector sostienen que este esquema dificulta recuperar las inversiones en investigación y desarrollo. Los productores, en cambio, advierten que limitarlo podría concentrar el negocio en pocas multinacionales y encarecer la implantación de los cultivos.

En la práctica, el sistema actual genera además un incentivo a la multiplicación informal de semillas. Un productor puede comprar una variedad una campaña, comprobar su buen desempeño y luego reservar parte del grano para volver a sembrarlo en las siguientes temporadas.

Según datos del mercado local, el nivel de formalidad en el pago de derechos de propiedad intelectual en semillas no supera el 40 por ciento. En Brasil, en cambio, más del 80% de los productores reconoce esos derechos.

El atraso productivo

Para parte de la industria semillera, ese diferencial explica el atraso productivo argentino. “En el caso de la soja, el principal cultivo del país, los rindes se mantienen prácticamente estancados desde hace dos décadas en torno a los 3.000 kilos por hectárea. En ese mismo período, Brasil pasó de tener rendimientos unos 300 kilos inferiores a los de la Argentina a superarlos hoy en más de 350 kilos por hectárea”, dijo el analista agropecuario Javier Preciado Patiño.

Analizó, además, que si el país vecino tuviera hoy el mismo rendimiento que a comienzos de los años 2000, su producción rondaría las 134 millones de toneladas. En cambio, actualmente se ubica cerca de las 180 millones de toneladas al año.

Para algunos actores del sector, la explicación está en el acceso a genética más avanzada. “La discusión de fondo es si queremos que el productor argentino acceda a la misma tecnología que utilizan los productores brasileños o estadounidenses”, explicó una fuente vinculada a la industria semillera. Según ese diagnóstico, la falta de un sistema claro de recuperación de la inversión en genética desincentiva la llegada de nuevos desarrollos al país.

“Para quien se adelante a objetar que el diferencial es impositivo, el algodón lo muestra todavía más nítido. Tuvo retenciones más bajas que los cultivos principales, las eliminamos, y aún así tenemos la mitad del rinde que Brasil (~700 kg de fibra/ha vs +1.500)”, escribió el secretario de Desregulación y Transformación del Estado, Alejandro Cacace, en su cuenta de X.

Destacó, además, que “la innovación agrícola es hiperlocal, particular a cada geografía. Sin retorno para quien la desarrolla acá, no se desarrolla acá. Sin innovación, los rindes se estancan. Ese rinde no capturado son miles de millones en exportaciones que no ocurren. El pago de semillas no es un beneficio para las semilleras. Es la condición para que exista mejoramiento local. Y con rindes estancados, el que pierde es el productor. Más tecnología en el campo = más kilos por hectárea = más Argentina”, publicó el funcionario.

La genética que no llega

En los últimos años varias compañías redujeron sus programas de investigación o limitaron la introducción de nuevas variedades. La soja Intacta, desarrollada por Bayer, dejó de tener nuevas versiones comerciales en el mercado local, mientras que otras tecnologías que ya se utilizan en Brasil o Estados Unidos todavía no están disponibles para los productores argentinos.

Actualmente, apenas un puñado de empresas mantiene programas de mejoramiento de soja a escala en el país, encabezados por compañías como DonMario y algunos desarrollos de origen internacional.

Desde una de las principales compañías de genética agrícola con presencia global y operaciones en la Argentina señalaron que los países que reforzaron la protección de la propiedad intelectual lograron acelerar la adopción de nuevas variedades y expandir sus exportaciones agrícolas.

Ante la falta de una reforma legal, la propia industria impulsó en los últimos años un sistema privado para regular el pago de regalías. Se trata de Sembrá Evolución, un esquema de licencias que ya reúne a más de 21.000 productores y cubre unas 3,8 millones de hectáreas de soja sobre un total cercano a las 16 millones sembradas en el país.

El sistema busca ordenar el reconocimiento de la propiedad intelectual sobre las variedades, aunque el nivel de adhesión todavía es parcial y convive con prácticas informales como la llamada ‘bolsa blanca’.

La interna del campo

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtió que la adhesión a UPOV 91 “limita severamente el concepto de uso propio”, desequilibra la relación entre obtentores y productores y podría incrementar los costos de implantación.

En un comunicado, la entidad reconoció la necesidad de reglas claras para fomentar la innovación, pero reclamó preservar el rol del productor como “socio estratégico y no solo cliente cautivo de la tecnología de semillas”.

La Mesa de Enlace también comenzó a analizar el tema. Según explicó Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina, la entidad no respaldará la adhesión a UPOV 91, aunque está dispuesta a discutir una nueva ley nacional que combine innovación con los derechos históricos de los productores.

Desde Coninagro, su presidente Lucas Magnano destacó la importancia de alcanzar consensos dentro del sector y vinculó el debate con el estancamiento productivo del país. “Argentina está estancada en materia productiva hace bastante tiempo”, señaló. Y agregó que para alcanzar una producción de 300 millones de toneladas de granos -tal como lo dijo el presidente en su discurso en el Congreso- también será necesario avanzar en la reducción de las retenciones.

El frente político

El frente político no es sencillo. Durante más de dos décadas se presentaron distintos proyectos para actualizar la Ley de Semillas, pero ninguno logró avanzar en el Congreso. Las diferencias entre productores, empresas y entidades rurales imposibilitaron cualquier intento de reforma.

En el sector reconocen que el debate volverá a ser intenso en el Parlamento, donde las entidades rurales mantienen fuerte influencia sobre distintos bloques políticos. Comentan que, incluso dentro del oficialismo, conviven posiciones diferentes sobre el tema: mientras algunos legisladores cercanos al sector agropecuario prefieren avanzar en una nueva ley nacional otros optan por adherir directamente a UPOV 91.

Mientras tanto, el Gobierno convocó a los distintos actores del sector para presentar propuestas y anticipó el envío de un proyecto al Congreso.

La alternativa a la adhesión directa a UPOV 91 sería una nueva ley nacional. Ese proyecto —que aún no existe formalmente, pero que distintos actores del sector aseguran que está en elaboración— también deberá pasar por la Comisión de Agricultura y Ganadería, un espacio históricamente atravesado por la influencia de las entidades rurales y de las provincias agrícolas.

Cada 7 de marzo se celebra en Argentina el Día del Campo, una fecha que reconoce el rol estratégico del sector agropecuario en la economía nacional.

Más allá de la producción, el campo es también el motor de una compleja red logística que conecta regiones productivas, puertos, industrias y mercados internacionales.

En un país con fuerte perfil exportador de alimentos, la relación entre agroindustria, logística y comercio exterior resulta determinante para sostener la competitividad global.

El peso del agro en la economía argentina es contundente. Según el Monitor de Exportaciones Agroindustriales de la Fundación FADA, 6 de cada 10 dólares que ingresan al país provienen de las cadenas agroindustriales.

En 2025, Argentina exportó cerca de US$ 87.076 millones, de los cuales US$ 52.900 millones correspondieron al sector agroindustrial, equivalente al 61% de las exportaciones totales.

Estos números muestran por qué el campo no solo es un sector productivo, sino también el principal generador de divisas del país y un actor central en el comercio internacional de alimentos.

El campo argentino en el comercio global

La agroindustria argentina tiene una fuerte presencia internacional. Según el Monitor de Exportaciones Agroindustriales de FADA, los productos del campo argentino llegan a más de 143 países, lo que significa que cerca del 75% del mundo consume alimentos o productos agroindustriales del país.

Entre los principales complejos exportadores se destacan la soja y sus derivados —que representan alrededor del 41% de las exportaciones agroindustriales—, seguidos por el maíz (13%) y las cadenas cárnicas (alrededor del 9%).

Argentina además ocupa posiciones estratégicas en el mercado global de alimentos: es primer exportador mundial de aceite de soja, maní y jugo de limón, segundo exportador de harina de soja y uno de los principales exportadores globales de maíz y carne bovina.

Este posicionamiento internacional convierte al sector agroindustrial en uno de los principales demandantes de servicios logísticos, transporte de cargas y operaciones de comercio exterior.

Logística y puertos: el corazón del sistema agroexportador

Para que los productos del campo lleguen a los mercados internacionales, la logística juega un papel decisivo. Cada año millones de toneladas de granos, aceites y subproductos deben trasladarse desde las zonas productivas del interior hacia los principales puertos del país.

Uno de los nodos logísticos más relevantes es el Gran Rosario, considerado uno de los complejos portuarios agroexportadores más importantes del mundo.

Desde esta región se embarca entre el 70% y el 76% de las exportaciones agroindustriales argentinas, a través de una red de terminales portuarias y plantas de procesamiento ubicadas a lo largo de unos 70 kilómetros del río Paraná.

En esta zona también se encuentra el denominado Up River, un corredor portuario sobre el río Paraná que se extiende por unos 70 kilómetros entre Timbúes y Arroyo Seco, donde se concentran los principales puertos exportadores de granos, aceites y subproductos del país.

Desde este sistema portuario parten buques hacia Asia, Europa, América y África, consolidando a la región como uno de los nodos logísticos más relevantes del comercio internacional de alimentos.

Transporte interno: el desafío logístico del agro

Antes de llegar a los puertos, los productos del campo deben recorrer largas distancias desde las regiones agrícolas hasta las terminales exportadoras. Este proceso implica una enorme operación logística que involucra camiones, ferrocarriles, acopios, plantas industriales y centros de distribución.

El transporte terrestre sigue siendo el principal medio para movilizar granos y subproductos hacia los puertos, aunque el sistema ferroviario cumple un rol creciente en el traslado de cargas agrícolas.

El crecimiento del comercio internacional de alimentos también plantea nuevos desafíos para la logística del sector agroindustrial. La eficiencia en el transporte, el almacenamiento y la gestión portuaria se vuelve cada vez más importante para reducir costos y mantener la competitividad frente a otros países exportadores.

Además de la infraestructura física, el sector incorpora cada vez más tecnología aplicada a la logística, incluyendo sistemas de trazabilidad, digitalización de operaciones, monitoreo satelital de cargas y herramientas de planificación del transporte.

Estas innovaciones permiten optimizar el movimiento de millones de toneladas de productos agrícolas que cada año se integran a las cadenas globales de suministro.

Mucho más que producción

El Día del Campo no solo celebra a los productores rurales. También pone en valor a todos los actores que forman parte del sistema agroexportador: transportistas, operadores logísticos, terminales portuarias, empresas de comercio exterior y servicios asociados.

Detrás de cada tonelada exportada existe una compleja cadena logística que conecta el interior productivo con los mercados internacionales.

En un contexto global donde la demanda de alimentos continúa creciendo, el campo argentino seguirá siendo uno de los pilares del comercio exterior del país.

Y junto a él, la logística continuará desempeñando un rol fundamental para que la producción nacional llegue de manera eficiente a los mercados del mundo.

El crecimiento del agro peruano en los últimos años es motivo de orgullo nacional. Nuestro país se ha consolidado como un proveedor confiable de alimentos de alta calidad, capaces de competir y destacar en los mercados más exigentes del mundo. Este avance sostenido responde a una combinación de factores: inversión, tecnología, profesionalización del campo y aplicación rigurosa de buenas prácticas agrícolas.

En este proceso de modernización, la protección eficiente de los cultivos ha sido un componente fundamental. La agricultura contemporánea enfrenta desafíos naturales permanentes, como plagas y enfermedades que pueden afectar el rendimiento y la calidad de los productos. Frente a ello, el uso responsable y técnicamente adecuado de plaguicidas se convierte en una herramienta estratégica para garantizar productividad, inocuidad y sostenibilidad.

Las cifras recientes reflejan esta evolución positiva. En 2025, el sector agropecuario peruano registró un crecimiento destacado, impulsado principalmente por el subsector agrícola. Asimismo, según la Asociación de Exportadores (ADEX), las agroexportaciones superaron los USD 12.800 millones, con productos como uvas, arándanos, paltas, cítricos y mangos consolidando su presencia en destinos altamente regulados, entre ellos la Unión Europea. Estos resultados evidencian que el Perú cumple con estándares sanitarios y fitosanitarios de nivel internacional.

El cumplimiento de límites máximos de residuos, los sistemas de trazabilidad y las certificaciones internacionales forman parte de la gestión cotidiana de la agroindustria peruana. En ese contexto, los plaguicidas autorizados y empleados bajo criterios técnicos permiten proteger los cultivos sin comprometer la seguridad de los alimentos. La clave está en la capacitación, la planificación y el respeto al marco normativo vigente.

La agricultura moderna se basa en la integración de herramientas. No se trata únicamente de aplicar insumos, sino de hacerlo dentro de esquemas de manejo integrado, con monitoreo constante, asesoría especializada y evaluación permanente. Este enfoque técnico asegura que cada intervención sea oportuna, eficiente y alineada con los estándares de calidad que demandan los mercados globales.

El acompañamiento institucional también desempeña un rol relevante. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) cumple funciones esenciales en la supervisión, autorización y control de insumos, fortaleciendo la confianza de los socios comerciales y respaldando la reputación del país como exportador responsable. Este trabajo articulado entre sector público, productores y agroindustria consolida un modelo agrícola competitivo y seguro.

Además, el contexto internacional plantea nuevas oportunidades. El cambio climático exige mayor capacidad de adaptación y respuestas técnicas oportunas para proteger los cultivos. En ese escenario, la innovación en productos, la investigación científica y el uso responsable de herramientas agrícolas permiten mantener la estabilidad productiva y asegurar el abastecimiento de alimentos.

La experiencia peruana demuestra que productividad y sostenibilidad pueden avanzar de la mano. La incorporación de tecnología, el fortalecimiento de capacidades en campo y el uso adecuado de plaguicidas contribuyen a optimizar rendimientos, reducir pérdidas y garantizar alimentos inocuos para millones de consumidores dentro y fuera del país.

Es importante reconocer que el agro no solo genera divisas. También impulsa el empleo formal, dinamiza economías regionales y promueve el desarrollo en zonas donde la agricultura es el principal motor productivo. Cada mejora en eficiencia y calidad impacta directamente en la calidad de vida de miles de familias.

Mirando hacia el futuro, el camino es claro: continuar fortaleciendo la capacitación en buenas prácticas agrícolas, promover el uso de insumos debidamente autorizados, fomentar la innovación tecnológica y consolidar la cultura de cumplimiento normativo. Estas acciones permiten que el Perú siga ampliando su presencia en mercados internacionales y consolidando su prestigio como proveedor confiable.

El uso responsable de plaguicidas forma parte de este modelo de crecimiento sostenible. Cuando se aplican con criterio técnico, dentro de los estándares regulatorios y con acompañamiento especializado, contribuyen a proteger los cultivos, asegurar la calidad y sostener la competitividad.

El agro peruano ha demostrado que es posible crecer con estándares altos y con visión de largo plazo. La combinación de conocimiento, regulación y responsabilidad continuará siendo la base para que nuestros productos sigan destacando en el mundo y para que el campo peruano mantenga su dinamismo como uno de los pilares de la economía nacional.

Durante décadas, invertir en tierra agrícola en Argentina fue sinónimo de patrimonio familiar o grandes fortunas. Un análisis de largo plazo volvió a poner al campo en el radar financiero: en los últimos 50 años, la renta anual en dólares de los campos argentinos, sumando alquiler y valorización de la hectárea, superó el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, uno de los activos más seguros del mundo. La explicación está en la doble naturaleza del activo, que genera una renta anual -ya sea por arrendamiento o por explotación directa- y puede apreciarse en el tiempo.

El dato gana cobra relevancia porque, al observar el valor actual de la tierra en la zona agrícola más productiva del país, conocida como el Triángulo de Oro o “núcleo”, el valor ronda USD 23.000 por hectárea. En áreas núcleo del norte bonaerense como Pergamino, Rojas o Salto, los valores se ubican por encima de USD 20.000 por hectárea.

Para operadores del sector, esos precios resultan bajos en términos históricos ya que, a pesar de la alta productividad del suelo argentino, los valores actuales no reflejan totalmente la capacidad de generación de renta ni la demanda de activos reales en contextos inestables.

Para operadores del sector, los precios de los campos resultan bajos en términos históricos ya que, a pesar de la alta productividad del suelo, los valores no reflejan totalmente la capacidad de generación de renta

La región pampeana es reconocida a nivel global por su fertilidad y eficiencia natural. En campañas normales, los rindes compiten con los de Estados Unidos o Brasil, aun con menor nivel de subsidios, retenciones y en muchos casos con menor incorporación tecnológica. Esa relación entre calidad productiva y precio sostiene la idea de que la tierra argentina ofrece una ecuación atractiva para inversores de largo plazo.

El acceso, no obstante, prresenta barreras. Con valores por encima de USD 20.000 por hectárea en las zonas premium, incluso una inversión relativamente pequeña implica cifras altas. Un establecimiento de 100 hectáreas en zona núcleo puede superar con facilidad los USD 2.000.000. A esto se suma la baja liquidez: a diferencia de un bono o una acción, la compra y venta de tierra puede demorar meses y requiere gestión permanente, ya sea para arrendar o producir.

Alternativas de inversión en el mercado agropecuario

Esa barrera histórica comenzó a modificarse con la aparición de nuevas estructuras financieras que permiten fraccionar el acceso a la tierra. Hoy existen instrumentos que permiten invertir en campo sin necesidad de adquirir una hectárea completa.

Una de las opciones son los fideicomisos agropecuarios tradicionales. Se trata de fondos cerrados que reúnen capital para financiar campañas agrícolas o ciclos ganaderos, o para adquirir campos que luego se alquilan. En estos esquemas, además del capital aportado, suele existir un fee de ingreso que puede oscilar entre el 2% y el 5% del monto invertido, destinado a estructuración, administración y gastos iniciales.

Los fideicomisos agropecuarios tradicionales reúnen capital para financiar campañas agrícolas o ciclos ganaderos con inversiones desde 500 dólares

En los modelos productivos integrados, la inversión mínima puede comenzar desde USD 500 por animal en los fideicomisos ganaderos, o por hectárea cultivada en los agrícolas. Estos vehículos contemplan honorarios de administración anuales que rondan entre 3% y 7% sobre el capital o sobre el resultado, dependiendo del contrato y del esquema de participación.

Esquemas productivos y riesgos asociados

A diferencia de los fideicomisos enfocados solo en la renta de la tierra, estos proyectos apuntan a capturar todo el margen del proceso productivo. El negocio se basa en la conversión del cereal producido en kilos de carne para venta en el mercado interno y exportaciones.

En algunos casos, la integración vertical comienza con la vaca de cría, que genera el propio ternero, y se extiende hasta la llegada del producto terminado a la góndola.

Según los términos difundidos por operadores del sector, la empresa responsable asume el riesgo operativo y fija contractualmente una utilidad objetivo para el inversor, incorporando cláusulas de seguro de ganado y seguro agrícola dentro del esquema de adhesión. Bajo este formato, los retornos proyectados pueden rondar el 10% anual en dólares en los fideicomisos ganaderos y hasta el 14% anual en los agrícolas.

Economistas de consultoras referentes advierten que la existencia de una rentabilidad objetivo o pactada no elimina el riesgo sistémico. El negocio agropecuario está expuesto a factores climáticos, variaciones en los precios internacionales de los granos y la carne, cambios regulatorios y tensiones financieras propias del ciclo económico argentino. En escenarios adversos, los flujos pueden diferirse o renegociarse.

La existencia de una rentabilidad objetivo o pactada no elimina el riesgo sistémico

Nuevos vehículos y rentabilidades potenciales

Otra alternativa son los fideicomisos financieros con oferta pública que permiten invertir en una cartera diversificada de campos agrícolas a través de sociedades de bolsa. Bajo este esquema, el ingreso puede comenzar desde montos muy bajos, incluso desde USD 50. En estos modelos se proyecta una renta bruta anual estimada de entre 3% y 4% por arrendamiento, a lo que se suma una apreciación potencial de capital de entre 5% y 6%. También en este caso existen costos de estructuración y administración que reducen el rendimiento efectivo final.

Además, hay proyectos privados vinculados a actividades específicas como feedlot o expansión comercial en la cadena cárnica, donde las rentas objetivo publicadas pueden ubicarse entre el 14% y el 24% anual. En estos casos, el inversor no apuesta solo a la valorización de la tierra sino al resultado directo del negocio operativo, lo que implica una mayor exposición al riesgo empresarial.

El panorama actual muestra distintos niveles de riesgo y retorno dentro del universo agropecuario. Desde la tierra arrendada con perfil patrimonial y horizonte de largo plazo, hasta los fideicomisos productivos y los proyectos operativos con mayor volatilidad.

La diferencia con décadas anteriores es que el campo dejó de ser un activo reservado exclusivamente para grandes propietarios y comenzó a ofrecer puertas de entrada más graduales para pequeños y medianos inversores que buscan activos reales en un contexto de incertidumbre financiera global.

El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG), elaborado por las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe, registró en enero una variación mensual de 0,2%, positiva por segundo mes consecutivo tras el repunte de diciembre. En la comparación interanual, el indicador se ubicó 1,1% por debajo del nivel de enero de 2025.

Al desagregar el índice, seis de los diez componentes tuvieron tasas mensuales positivas, aunque solo dos mejoraron respecto a enero del año pasado, lo que refleja heterogeneidad en la dinámica económica.

El avance más notable provino del sector agrícola: labores agrícolas subieron 2,8% mensual, acumulando cuatro incrementos consecutivos y alcanzando un máximo histórico, con un crecimiento interanual de 20,8% ligado al cierre de cosechas de trigo y cebada y al avance en implantación de soja y maíz.

La producción industrial anotó un alza mensual de 1,1% (segundo mes positivo), pero sigue 3,9% por debajo en la comparación interanual; la construcción creció 0,5% mensual y mostró una variación interanual de -0,6%.

En comercio exterior y mercado interno, las importaciones cayeron 2,8% mensual y acumulaban cuatro bajas seguidas (-8,7% interanual), mientras las exportaciones en dólares constantes bajaron 0,8% mensual, aunque la balanza quedó en superávit. Las ventas minoristas cayeron 0,1% mensual y 6,4% interanual; patentamientos subieron 2,1% mensual, pero -3,1% interanual. La recaudación total creció 0,4% mensual, pero se ubicó 7,5% por debajo de enero de 2025.

En el mercado laboral, los asalariados privados registrados retrocedieron 0,1% mensual y 1,3% interanual; la tasa de entrada al mercado laboral subió 0,4% mensual y 4,6% interanual, mientras la remuneración bruta real de empleados privados cayó 0,8% mensual y 4,2% interanual. Entre los indicadores adelantados, el Índice Compuesto Líder (ILA-ARG) fue neutro en enero (0,0%), con siete de doce componentes en baja.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que las empresas del sector liquidaron USD 1.289 millones en febrero, cifra que representa una baja del 30% respecto a enero y un acumulado anual de 3.140 millones de dólares. Se trata de una caída esperada en el mercado.

Según las entidades, el monto ingresado el último mes quedó 26% por debajo del registrado en el mismo período de 2025, lo que refleja una retracción en los ingresos por exportaciones.

Vale recordar que en enero el ingreso ascendió a USD 1.850 millones de dólares, siendo un 82% mayor al monto liquidado en diciembre de 2025, principalmente por el incremento de los embarques de trigo y cebada así como por la continuidad de las exportaciones de maíz y productos industrializados de la soja exportación.

De acuerdo con información difundida por las cámaras empresariales, que representan el 48% de las exportaciones de Argentina, “el mes de febrero se caracterizó por una marcada reducción de días hábiles, únicamente 15 días en total, debido a los feriados, pero en particular a los días de paro nacional que decretaron sindicatos aceiteros por motivos políticos ajenos a la industria, relativos a las deliberaciones en las Cámaras de Senadores y Diputados de la Ley de Modernización Laboral finalmente adoptada”.

En el mercado ya estimaban que el flujo de divisas caería, en un contexto —local e internacional— que combinó factores estacionales y de incentivos. Javier Preciado Patiño, ingeniero agrónomo y ex subsesecretario de Mercados Agropecuarios, explicó que, por lo general, febrero suele ser un mes más bajo por cuestiones de calendario.

Ese año, además, tuvo menos jornadas operativas por los feriados de Carnaval y por la medida de fuerza que afectó a toda la actividad a nivel nacional.

A ese escenario se sumó un dato estructural: por la época del año y el avance de la campaña, ya no quedó el volumen de granos que había impulsado la liquidación en los meses previos. Parte de esas ventas, de hecho, se adelantaron bajo esquemas extraordinarios que mejoraron de forma transitoria las condiciones para exportar el año anterior.

Según Preciado Patiño, la eliminación transitoria de las retenciones a las exportaciones que el equipo económico encabezado por Luis Caputo aplicó en septiembre también incentivó declaraciones anticipadas de ventas al exterior.

La medida rigió durante un período acotado de 72 horas y, en ese lapso, se registró un récord de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por 13,6 millones de toneladas de soja, lo que generó un ingreso de divisas al mercado cambiario de unos USD 7.100 millones.

En el sector exportador señalan que, ante una posible mayor demanda de divisas en el segundo trimestre, existe la posibilidad de que se evalúe una reducción adicional en los derechos de exportación para estimular un mayor ingreso de dólares.

En ese sentido, el presidente Javier Milei, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, adelantó que implementará una nueva Ley de Semillas que garantice derechos de propiedad intelectual y prometió seguir por el sendero de la baja gradual de las retenciones.

Al mismo tiempo, el actual valor del tipo de cambio no genera un estímulo significativo para acelerar las ventas de los exportadores. La estabilidad del dólar y la ausencia de expectativas de una corrección abrupta llevan a que varios productores consideren administrar con cautela el ritmo de comercialización.

Por otra parte, Milei afirmó que el sector agroindustrial experimentará una transformación profunda y sostuvo que Argentina cuenta con el potencial para alcanzar una producción de 300 millones de toneladas de granos, cifra que representa casi el doble del volumen vigente.

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei puso al sector agroindustrial en el centro de su estrategia de inserción internacional y prometió avanzar en dos de los reclamos históricos del campo. El mandatario adelantó que implementará una nueva Ley de Semillas que garantice derechos de propiedad intelectual y prometió seguir por el sendero de la baja gradual de las retenciones.

“Tenemos los minerales críticos que necesita Occidente, tenemos energía, gas, petróleo, energía nuclear y renovable para abastecer cadenas de producción a escala; tenemos tierra, agua y capacidad agroindustrial para garantizar la seguridad alimentaria del hemisferio”, sostuvo ante el Congreso. Y remarcó: “Somos un eslabón natural de la cadena de valor estratégica de Occidente”.

El foco de esa parte del mensaje estuvo en la competitividad agroindustrial. Milei aseguró que el sector “tendrá su revolución” y planteó que el país está en condiciones de producir 300 millones de toneladas de granos, prácticamente el doble del volumen actual.

Para eso, anunció que enviará un régimen que “garantice el derecho de propiedad para los innovadores en semillas”, uno de los pedidos más insistentes de las semilleras y laboratorios. Además, prometió continuar “el sendero de reducción de retenciones”, aunque aclaró que será “de forma responsable y solo en la medida en que el superávit fiscal lo permita”.

El trasfondo es la vieja discusión sobre la Ley de Semillas. La normativa vigente permite que el pago de regalías por el uso de genética mejorada quede, en muchos casos, a voluntad del productor. Actualmente, el mercado de propiedad intelectual en la Argentina ronda el 45%, muy por debajo de países como Brasil, donde cerca del 80% de los productores paga derechos por el uso de tecnología.

Según el diagnóstico del sector, esta situación genera atraso genético y menores rindes, ya que las compañías priorizan mercados donde la propiedad intelectual está protegida. Milei fue explícito: “No podemos permitir que Brasil triplique su producción de soja usando semillas con tecnología argentina que no se pueden vender en la Argentina”.

También apuntó contra la brecha de productividad regional: “No podemos aceptar que nuestros rindes en Chaco sean de 600 kilos de algodón por hectárea cuando en Brasil son de 1.400”.

El Presidente vinculó la agenda agroindustrial con la inserción global y cuestionó el bajo nivel de apertura de la economía. “Hoy tenemos un 30% de comercio exterior sobre el PBI cuando deberíamos tener el triple, cerca del 93%. Son números de vergüenza y no nos puede volver a pasar”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que en un año la red de ferrocarriles de carga atravesará “la modernización más grande en más de un siglo”, con el objetivo de reducir costos logísticos y mejorar la competitividad exportadora.

Además, destacó la creación de un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta pensada como versión acotada del esquema para grandes proyectos, orientada a dinamizar la incorporación de bienes de capital, tecnología y sistemas de riego en economías regionales.

Tras el discurso, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) —la mesa que reúne a más de 60 entidades de toda la cadena agroindustrial, entre ellos, productores agropecuarios, exportadores de granos y subproductos, industria aceitera, frigoríficos y sector cárnico— expresó su respaldo a los lineamientos planteados por el Presidente.

La entidad aseguró que comparte “plenamente los conceptos del presidente Milei en el Congreso de la Nación: el respeto a la propiedad privada, la apertura económica, la inserción internacional, la necesidad de crecimiento del comercio exterior, la modernización laboral, los objetivos del RIMI, el superávit fiscal y a continuar con la baja de impuestos distorsivos que afectan la competitividad”.

Prometía ser un unicornio biotecnológico argentino, el primero del rubro, la avanzada del mundo biotech local. No sólo eso, iba a revolucionar el agro con súper semillas transgénicas anti-sequía que iban a venderse en todo el mundo. También planeaba generar biomateriales con residuos de maíz y hasta producir asfalto y cemento con un blend de enzimas vegetales.

Nada de eso ocurrió… o al menos esos objetivos quedaron relegados por una mega crisis, una verdadera guerra de accionistas que son pesos pesados del agro y el mundo financiero, todo en medio de acciones cuyo precio se desbarrancaron y muy fuertes acusaciones, desde provocar pérdidas adrede, hasta inoperancia y otras sospechas. Las amenazas de acciones judiciales inminentes también están a la orden del día.

¿Que va a pasar con Bioceres, la empresa que nació casi como una cooperativa y llegó a cotizar en Wall Street? No está claro. Lo cierto es que sus referentes están en medio de un conflicto que “amenaza con llevarse puesto todo”, como describió un ejecutivo al tanto de los acontecimientos.

Los principales protagonistas de esta batalla son Federico Trucco, el histórico CEO de Bioceres, y Juan Sartori, un millonario uruguayo que creció como accionista dentro de la estructura de la empresa y, en paralelo, se convirtió en un jugador importante a nivel local luego de encabezar –como representante en la región de Tether, el gigante cripto detrás de la stablecoin USDT– la compra de Adecoagro, otra emblemática compañía del agro vernáculo.

El trasfondo de esta historia es un verdadero entramado de empresas e intereses. A grandes rasgos, Trucco acusa a Sartori de querer quedarse con las empresas del grupo y de vaciarlas o perjudicarlas para lograrlo, si es necesario. En el entorno del uruguayo aseguran que él es sólo un accionista y apuntan a Trucco como el responsable de hacer tambalear la estructura corporativa con malas decisiones de negocios.

1 - ¿Qué es Bioceres?

La biotech nació en 2001, en medio de la crisis político económica, cuando un grupo de productores decidieron crear una compañía para financiar la investigación pública. Entre ellos estaban Víctor Trucco, padre de Federico y presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), y Gustavo Grobocopatel.

El modelo de negocios fue mutando y comenzaron a integrarse verticalmente hasta operar en 25 países. En el medio hubo turbulencias, como cuando salió del negocio el Grupo Sidus, en 2008. También compraron empresas para desarrollar su red comercial, como Rizobacter por USD 76 millones.

2 - Socios y patentes

La empresa, que siempre tuvo un entramado societario muy atomizado, de unos 300 accionistas del campo argentino, desarrolló, entre otras, la tecnología HB4, que llegaba para combatir el estrés hídrico. La tan mentada semilla anti sequía que iba a convertirse en uno de los ejes centrales de su negocio.

En 2024, el Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA) autorizó el cultivo sin restricciones del trigo resistente a la sequía producido en la Argentina y dijo que no presentaba riesgos en comparación con el trigo convencional.

La decisión del USDA fue una luz verde para el HB4, que fue desarrollado por la bioquímica Raquel Chan y su equipo del Conicet junto a un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Litoral y Bioceres, que en ese momento definió la noticia como “un gran hito”.

3 - Mamushka

En 2011, Trucco se convirtió en CEO de Bioceres. El ejecutivo es licenciado en bioquímica de la Universidad Estatal de Luisiana, en EEUU, tiene una maestría en malezoología y patología vegetal de la Universidad Estatal de Colorado y un doctorado en ciencia de cultivos de la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, donde también obtuvo una especialización en administración de empresas.

Con los años y su proyección internacional, la empresa santafesina se fue convirtiendo en una verdadera mamushka de sociedades locales y extranjeras.

Así, arriba de todo estaba Bioceres Group Limited, una empresa radicada en Reino Unido. De ella se desprendían, en orden: Bioceres SA (Argentina), Bioceres LLC (EEUU) y, finalmente, Bioceres Crop Solutions, que es la que comenzó a cotizar en Wall Street bajo la sigla BIOX.

4 - Salida a la bolsa

Luego de un intento frustrado, Bioceres salió a la bolsa en 2019.

Lo hizo con la modalidad SPAC: adquirieron una empresa sin actividad que ya estaba listada, una suerte de “cáscara”. Es otra de las formas de empezar a cotizar, además del tradicional IPO.

Sartori, que ya tenía vínculo con la empresa, acercó ese instrumento financiero.

5 - Después de la cotización

Las cosas no fueron como se esperaba para el negocio.

Hubo demoras en la autorización de las patentes internacionales y el negocio comenzó a resentirse, debido al vaivén de la economía local y la global. La sequía del 2022, las malas cosechas locales y la caída internacional del precio de los commodities aportaron y sumaron incertidumbre.

Finalmente, la crisis del agro de fines de 2024, con empresas golpeadas como Surcos y Los Grobo, le generó un fuerte estrés financiero del que nunca terminó de recuperarse.

6 - Año clave: 2025

A mediados del año pasado, Trucco estaba apremiado financieramente y convocó a Sartori, quien había seguido invirtiendo en el holding, sobre todo en una de sus asociadas, Moolec, dedicada a la agricultura molecular.

Moolec y Bioceres Group se convirtieron en el paraguas societario principal, por encima de todo el resto. Y Sartori ingresó como un inversor fuerte en el entramado.

Hoy, Moolec controla a Bioceres Group. Union Group, de Sartori, tiene el 19,7% de las acciones. En el resto del paquete accionario de Moolec figuraban los más de 300 accionistas históricos de Bioceres. Representaban algo así como el 60% y ninguno tiene más del 10 por ciento, pero fueron saliendo en medio de la crisis. Ahora, el que manda es el uruguayo.

¿Cuándo se pelearon Sartori y Trucco? No queda claro. En este punto empiezan las versiones encontradas.

7 - Qué dicen en el entorno de Sartori

Apuntaron a Trucco y pidieron la quiebra de Bioceres SA.

En un extenso comunicado del viernes acusaron al CEO de haber generado un “profundo deterioro económico y financiero” registrado al cierre de sus estados financieros al 30 de junio de 2025. Aseguraron que no les quedó otra, que el pedido de quiebra fue una medida “razonable e ineludible”.

“La pérdida de activos netos estimados en aproximadamente 295 millones de dólares, equivalente a más de $270.000 millones, junto con el agravamiento de la exposición financiera del grupo”, detallaron.

Afirmaron que una semana después de la fusión de Moolec y Bioceres Group –del ingreso de Sartori como accionista–, Trucco promovió que el directorio de Bioceres SA dejara de tener el control de BIOX.

“En ese momento Bioceres SA perdió USD 350 millones de su estado financiero porque se quedó sin ese patrimonio, algo que impactó muy fuerte en los resultados financieros consolidados de la empresa. Dejaron a Bioceres SA como un residual dentro de Moolec y limpiaron una deuda de $157.000 millones que habían generado ellos. Ese patrimonio neto negativo lo aprobó el mismo Trucco que era el CEO de Bioceres SA y miembro del directorio”, dicen en Moolec.

También auguran un mal futuro para BIOX, de la que Sartori es accionista. “Hoy la empresa está prácticamente circunscripta a Rizobacter y Pro Farm Group, una firma de biológicos e inoculantes que se compró por USD 243 millones, en 2022, y que ahora terminó rematada por la justicia de EEUU. Uno de los accionistas de BIOX, el fondo Jasper Lake, la acusó de no cumplir con pagos y, en enero, se quedó con Pro Farm por apenas USD 15 millones. Con Rizobacter va a pasar algo parecido. BIOX no tiene salvación. Nasdaq la va a deslistar en cualquier momento”, dicen cerca de Sartori.

Rizobacter pudo reestructurar su deuda días atrás, según se anunció.

8 - Qué dicen en el entorno de Trucco

Creen que ahora Sartori va por BIOX y sospechan que era lo único que le importaba desde el comienzo. Y que para eso el uruguayo está dispuesto a perder dinero, incluso. También miran de reojo a parte del management y los directores que trabajaron junto a Trucco por más de 20 años. Apuntan, sobre todo, a una directora.

Aseguran que ni bien Sartori tomó el control de Bioceres SA, ordenó defaultear pagarés y comenzó una negociación hostil con los acreedores que terminó con el autopedido de quiebra. “Nunca tuvo voluntad de pago ni de arreglo. Como no pudo sacar a Trucco de la empresa que cotiza, desaprobó su gestión y empezó a rematar acciones de la empresa a pérdida: perdió unos USD 20 millones en esa maniobra, a pesar de ser accionista”, relató una fuente cercana a Trucco.

Con respecto a por qué y cómo BIOX se separó del resto, aseguran que la maniobra que detalló el entorno de Sartori nunca existió y que la desconsolidación de Bioceres SA se provocó por el accionar de deudores que gatillaron su acreencias, entre ellos una de las empresas del propio Sartori. “Así él consiguió quedarse con el 15% de BIOX que luego empezó a vender por debajo del valor de mercado. Esas salidas aportaron a la caída del valor bursátil la compañía”, detallaron las fuentes.

La acción de BIOX se desbarrancó: valía más de USD 15 en 2021 y ahora apenas 0,56 dólares. Desde mediados del año pasado, cuando ingresó Sartori, perdió 89% de su valor. Esta situación la ubica en la categoría devaluada de penny stocks y la expone a la posibilidad de ser retirada del mercado accionario estadounidense.

Trucco y otros exdirectivos denunciaron una asamblea de diciembre pasado, en la que el ejecutivo, que aún era director, quedó definitivamente fuera del directorio de Bioceres SA, luego del pedido de quiebra.

Ahora estarían preparando una denuncia penal al respecto, según pudo saber este medio. Días atrás, un comunicado que firmaron “un grupo de directores y fundadores de Bioceres” denunció una nueva maniobra de presión. El texto rechazó el intento de “presentar la situación como una disputa entre accionistas en igualdad de condiciones. No se trata de una asamblea de accionistas históricos ni de una decisión colectiva. Se trata de un acto unipersonal del nuevo accionista, Juan Sartori, utilizado como herramienta de presión contra quienes condujeron la empresa y trabajaron activamente para evitar su quiebra”.

9 - Quién es Sartori

El millonario uruguayo estudió Economía y Administración de empresas en la école des Hautes études Commerciales, en Lausanne, Suiza, y está casado con Ekaterina Rybolovleva, hija de Dmitri Yevguénievich Rybolóvlev, un multimillonario ruso que fue cercano a Vladimir Putin, hizo su fortuna en el negocio de los fertilizantes y es presidente del AS Mónaco.

Fue senador en su país hasta 2024 y antes había perdido la interna presidencial del Partido Nacional con Luis Lacalle Pou, ex mandatario del país vecino. Es accionista de Sunderland AFC, que ascendió a la Premier League; vicepresidente del AS Mónaco y miembro del European Club Association y de la Professional Football League (LFP), en Francia.

En mayo de 2025 fue designado presidente del directorio de Adecoagro, empresa que compró Tether por 600 millones. Sartori es VP a cargo de las inversiones en la región: en los últimos meses, Adecoagro –con ACA como accionista minoritario– le compró Profertil a YPF y Nutrien por unos USD 1.200 millones.

El jueves pasado tocó la campana de inicio de jornada en el Nasdaq, en Nueva York, como parte de Elemental Royalty Corporation, una empresa del negocio del oro, físico y digital, asociada también a Tether, de la que es executive chairman.

10 - ¿Cómo sigue esta historia?

La tensión es total. Se espera una inminente denuncia de Trucco, pero aún no está claro si será contra Sartori. Es muy probable que sí apunte a exdirectivos de Bioceres SA.

Mientras tanto, la empresa que se preparaba para ser el primer unicornio biotech celeste y blanco se desangra, escindida, y enfrenta un futuro que es cada vez más incierto.

Hay una guerra desatada entre dos de las figuras de más peso en Bioceres, una de las joyas del mundo biotecnológico local, que prometía ser un unicornio y ahora está desmembrada y atravesando una fuerte crisis cuyo impacto y consecuencias aún no están del todo claros.

En el centro de la disputa, que presenta denuncias cruzadas y fuertes acusaciones económicas, se encuentran Federico Trucco, el histórico CEO y fundador de la empresa, y Juan Sartori, un millonario uruguayo, que fue senador y precandidato presidencial en su país, y se convirtió en accionista el año pasado.

En medio de un entramado societario complejo, con “varias Bioceres” que convivieron en un momento bajo el paraguas de la misma empresa holding, una novedad de los últimos días fue que una de ellas, Bioceres S.A., había pedido la quiebra.

Ayer por la noche, esa empresa quebrada emitió un comunicado detallando que llegó a una situación de “profundo deterioro económico y financiero” registrada al cierre de sus estados financieros al 30 de junio de 2025, por la gestión del ex CEO, Federico Trucco. Desde la compañía, que hoy está en manos de Sartori, remarcaron que la presentación fue una medida “razonable e ineludible”. Así, se hizo evidente el fuerte conflicto que existe entre la administración actual y la anterior.

Desde la compañía aseguran que la firma, nacida en 2001 como un emprendimiento de productores agropecuarios que apostaron por la tecnología en el sector, y que llegó a convertirse en un ejemplo para startups que buscaban acceder al mercado de capitales, terminó bajo “un esquema de concentración absoluta de poder decisorio” en la figura de Trucco.

Guerra de comunicados

Según el comunicado, “los números del desmanejo del Sr. Trucco hablan por sí mismos y son concluyentes: al cierre del ejercicio 2025 finalizado el 30 de junio de 2025, la Sociedad registró pérdidas por aproximadamente 157 mil millones de pesos (equivalentes a aproximadamente 170–180 millones de dólares al tipo de cambio de cierre)”. En comparación, la pérdida del ejercicio anterior ascendía a $6.000 millones de pesos (alrededor de 130,3 millones de dólares).

La empresa quebrada detalló que el auditor externo, Price Waterhouse Coopers (PwC), emitió un informe con abstención de opinión, destacando un patrimonio neto negativo de 156.526.180.076 pesos (aproximadamente 170 millones de dólares) y la existencia de “incertidumbres significativas” respecto de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en marcha. Bioceres S.A. afirma que esta cifra “es el resultado patrimonial de una estrategia financiera ejecutada bajo una conducción centralizada que asumió niveles de riesgo extraordinarios”.

En tal sentido, la compañía afirmó que durante los años en los que se tomaron las decisiones financieras que llevaron al deterioro patrimonial, “la conducción quedó, en los hechos, centralizada bajo la órbita directa de Trucco”.

En concreto, el comunicado detalla que las acciones de Trucco tuvieron como consecuencia directa “la pérdida de activos netos estimados en aproximadamente 295 millones de dólares, equivalente a más de 270.000 millones de pesos, junto con el agravamiento de la exposición financiera del grupo”.

Además, el documento difundido asevera que las operaciones más relevantes —incluyendo emisión de pagarés bursátiles, endeudamiento a cancelarse en menos de 30 días, otorgamiento de garantías, adquisición de acciones de BIOX y negociaciones con acreedores— “fueron definidas y ejecutadas en el ámbito de su autoridad ejecutiva”.

BIOX es otra de las empresa del entramado societario: está en poder de Trucco, quien es su CEO, y cotiza en Wall Street.

Sobre el final del comunicado, Bioceres S.A. alegó que “la magnitud del deterioro patrimonial no admite reinterpretaciones retrospectivas. Frente a la imposibilidad objetiva de atender obligaciones exigibles, consecuencia directa del deterioro patrimonial, la solicitud de quiebra no fue una opción estratégica sino una medida necesaria para encauzar la situación dentro del marco legal vigente”.

Finalmente, la empresa informó que “ratifica su compromiso con la transparencia y con el esclarecimiento integral de los hechos en sede judicial, donde deberán evaluarse las decisiones adoptadas y sus efectos patrimoniales sobre la base de documentación auditada y verificable”.

La respuesta de los fundadores

“No puede creer ese comunicado. Usan el logo de una empresa que mandaron a la quiebra”, resumió un allegado a Trucco en diálogo con Infobae.

El histórico CEO de Bioceres y actual CEO de Biox convocó a Sartori –que ya tenía vínculos con el negocio– como accionista, en momento de crisis, a mediados de 2025. Lo hizo ingresando al holding, Bioceres S.A., en el que había varias empresas. El uruguayo tomó el control, ordenó defaultear pagarés y comenzó una negociación hostil con los acreedores, de acuerdo a lo que manifiestan cerca del exdirectivo.

“Después quiso quedarse con Biox, la empresa que cotiza en Wall Street. Hizo una oferta hostil, pero no pudo sacar a Trucco. No aprobó la gestión de Trucco, quien fue a la Justicia este año. La Justicia le dio la razón y Sartori empezó a rematar acciones de BIOX a pérdida: perdió unos 20 millones de dólares. Vaciaron una sociedad”, relató una fuente cercana a Trucco.

En las últimas semanas, la acción cayó de USD 2 a 0,60 centavos. Cuando Sartorio entró al grupo como accionistas, en julio pasado, ese papel valía 7 dólares.

Según pudo saber este medio, el ejecutivo analiza iniciar acciones judiciales contra su histórica directora de legales, a la que acusa de haberse pasado al “bando de Sartori” y al propio empresario uruguayo.

Sartori hoy tiene Bioceres S.A. y Moolec, que es su controlante y que reportó un ahorro ante la SEC de USD 95 millones por mandar a la quiebra a la primera. El 25 de febrero Moolec informó a la SEC, el regulador bursátil de Wall Street, cambios en su Junta Directiva, a la que ingresó Daniel Core y de la que salieron Aimar Dimo y Gloria Montaron Estrada. Montaron Estrada estaría trabajando ahora directamente para Sartori, indicaron cerca de Trucco, y su salida del directorio sería una movida preventiva ante la posibilidad de implicancias legales futuras.

Antes de la difusión del último comunicado vinculado al accionista nacido en Uruguay, el ala fundadora de la empresa, vinculada a Federico Truco, hizo público un texto titulado “Otra vez, otro intento de extorsión: Grupo de directores y fundadores de Bioceres denuncian una nueva maniobra de presión” en el que cuestionaron el “nuevo intento de extorsión por parte de Juan Sartori”.

A propósito de la quiebra, los fundadores y directivos de la compañía original rechazaron “la caracterización que intenta presentar la situación como una disputa entre accionistas en igualdad de condiciones” durante la última asamblea de accionistas. "Se trata de un acto unipersonal del nuevo accionista, Juan Sartori, utilizado como herramienta de presión contra quienes condujeron la empresa y trabajaron activamente para evitar su quiebra”, argumentaron.

Además, alertaron que la presentación de insolvencia propuesta por Sartori intenta “torcer la medida cautelar dictada por la Justicia a favor de uno de los directores, desnaturalizando el alcance de una resolución judicial vigente mediante acciones de presión societaria”. A la vez, acusaron al accionista de optar “por una estrategia de confrontación en lugar de buscar un proceso de reestructuración ordenado y responsable”.

La crisis de Bioceres

La empresa santafesina fue durante años uno de los mayores referentes de la biotecnología agrícola en Argentina, llegando a alcanzar una valuación cercana a la de un unicornio y posicionándose como la esperanza local en el sector. Actualmente, sin embargo, su acción en Wall Street se encuentra por debajo de un dólar, en medio de una transformación profunda de su modelo de negocios y en un contexto económico adverso tanto a nivel nacional como internacional.

Bioceres Crop Solutions (BIOX), que opera en el Nasdaq, llegó a cotizar a 6,55 dólares por acción a principios de febrero de 2025. Doce meses después, y en medio de la guerra interna, sus acciones rondan los 0,56 dólares, lo que representa una caída de 91,5 por ciento. Esta situación la ubica en la categoría de penny stocks y la expone a la posibilidad de ser retirada del mercado estadounidense.

La crisis bursátil se reflejó también en la estructura local del grupo. A principios de 2026, Bioceres S.A.—la sociedad argentina con sede en Rosario, fundada en 2001 y origen de BIOX—solicitó la apertura de un concurso de acreedores por una deuda impaga de aproximadamente 39 millones de dólares.

El proceso se inició tras el incumplimiento del pago de pagarés bursátiles por más de USD 5 millones, en un escenario marcado por el deterioro de los flujos de fondos y activos financieros de la compañía. Aunque en la actualidad Biox y Bioceres S.A. mantienen operaciones separadas, la sociedad argentina había sido controlante hasta la reestructuración societaria que tuvo lugar a mediados del año pasado. Durante su último año fiscal, la firma registró ingresos por USD 335,3 millones, una baja del 28% respecto al ciclo anterior, como resultado de la menor demanda local y la disminución de ventas de la tecnología HB4, semillas resistentes a la sequía.

La empresa Rizobacter, una de las firmas del grupo de biotecnología agrícola Bioceres, dio un paso clave en el proceso de mejora de su perfil financiero, al alcanzar las mayorías necesarias para aprobar la reestructuración de Obligaciones Negociables (ONs) por USD 3,8 millones recientemente anunciada, cuyo vencimiento estaba previsto para el 10 de febrero.

Según informó la compañía en una presentación ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), las adhesiones de los tenedores superaron el 76% del capital emitido, lo que habilita la implementación del nuevo esquema.

En esa nota, Rizobacter informó que “ha obtenido el consentimiento de Tenedores de las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase B que representan el 76,18% del monto de capital total pendiente de pago de las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase B en circulación, superando de esta forma el 70% requerido en el Suplemento de Prospecto a los efectos de aprobar la reestructuración".

Tras el acuerdo, fuentes de Bioceres señalaron que con el mismo ”se reordena el perfil de vencimientos y se gana previsibilidad” en el marco de un proceso más amplio. En ese sentido, señalaron que en lo que hay “conversaciones muy avanzadas” con bancos, inversores y otros tenedores de la deuda de la empresa. “En un contexto desafiante para el sector agropecuario, la readecuación apunta a extender plazos y ajustar condiciones para ordenar compromisos de corto y mediano plazo”, agregaron.

El acuerdo alcanzado contempla el pago del 20% del capital residual el próximo 3 de marzo de 2026, junto con los intereses devengados, y un cronograma de amortizaciones escalonadas hasta septiembre de 2028. El cronograma de pagos a los tenedores para 2026 también contempla un vencimiento por más de USD 16 millones en junio.

Fuentes del mercado al tanto de la negociación explicaron que en los últimos meses, compañías agroindustriales como San Miguel, la firma citrícola que también optó por reestructurar su deuda mediante el canje de ONs, avanzó en procesos de extensión y reordenamiento de vencimientos, “en busca de mayor previsibilidad financiera en un escenario de tasas altas y menor liquidez”.

Otro caso similar se observó en Los Grobo y Agrofina, que están vinculadas societariamente y tienen gran peso en el sector agroindustrial. Debieron afrontar procesos de reetructuración, dado que a finales de 2024 e inicios de 2025, informaron impagos por un total de unos USD 21,4 millones y casi $9.400 millones, respectivamente.

Asimismo, Red Surcos, especializada en fitosanitarios, declaró un default en diciembre de 2024 y anunció una reestructuración de deuda tras incumplir pagos por aproximadamente USD 3,5 millones y $9.364 millones en pagarés bursátiles.

El impacto en el mercado

A partir del reperfilamiento de los vencimientos, Bioceres Crop Solutions (BIOX), la acción de la filial que opera en el Nasdaq, sufrió una depreciación superior al 90% anual, luego de haber tocado máximos en febrero de 2025. Esta caída la posiciona como una penny stock, categoría reservada para compañías cuyas acciones valen menos de USD 1, y la deja expuesta a una posible exclusión del mercado estadounidense.

Al mismo tiempo, la estructura local del holding presentó dificultades financieras. Bioceres S.A., la empresa argentina con sede en Rosario que fue el origen de BIOX, comenzó un proceso de convocatoria de acreedores debido a una deuda impaga cercana a los 39 millones de dólares.

Esta medida se tomó después de que la compañía incumpliera el pago de pagarés bursátiles por más de 5 millones de dólares, en un escenario de fuerte disminución en los ingresos y activos financieros. Aunque Biox y Bioceres S.A. ya no mantienen relación operativa directa, la segunda fue la principal accionista de la primera hasta la reestructuración del grupo, concretada a mediados del año pasado.

La crisis afectó también a la filial tecnológica del grupo en Estados Unidos. Recientemente se conoció que el control de ProFarm Group, parte de Bioceres Crop Solutions, quedó en manos de un consorcio de acreedores tras la ejecución de garantías por 55 millones de dólares.

La compañía comunicó que el proceso judicial sigue abierto y en etapa de apelación, y remarcó la diferencia entre el valor de ejecución (15 millones de dólares) y los 243 millones que BIOX había pagado por la adquisición de esa firma en 2022, cuando el sector agrícola atravesaba un momento favorable.

La confianza del campo se sostiene en niveles excepcionalmente altos y las intenciones de inversión marcan un récord desde que comenzó a elaborarse el Ag Barometer Austral, impulsado por un fuerte crecimiento en inversiones en activos fijos y un clima de optimismo entre los productores.

Así lo refleja el último informe del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral. En enero de 2026, el índice general se ubicó en 158 puntos, apenas un escalón por debajo de los 159 alcanzados en noviembre de 2025. La diferencia es marginal —una variación de apenas 0,06%— y consolida al indicador en valores históricamente elevados.

Pero el dato que sobresale en esta edición es el fuerte avance en las decisiones de inversión en activos fijos. Ese subíndice creció 14% en el último bimestre y llegó a 127 puntos, el registro más alto desde la creación del relevamiento.

Para Carlos Steiger, director del estudio, el salto en este componente es una señal clara del clima que atraviesa el sector. “El productor inicia 2026 con una visión optimista y mayor confianza en el negocio agropecuario”, señaló.

El informe también revela que el 63% de los productores considera que el contexto actual es propicio para invertir en tierra, maquinaria o vientres. Detrás de esa percepción aparece, principalmente, una mayor previsibilidad en el escenario político y económico.

En ese sentido, Steiger sostuvo que el resultado de las elecciones legislativas de octubre de 2025 funcionó como una señal de continuidad en el rumbo económico, un factor que —según explicó— impacta directamente en las expectativas de inversión del sector.

El desagregado del informe muestra además una mejora en la evaluación del presente. El Índice de Condiciones Presentes avanzó de 124 puntos en noviembre de 2025 a 132 en enero de 2026, lo que implica un incremento del 6,45% en apenas dos meses.

Distinta fue la dinámica del Índice de Expectativas Futuras, que registró una leve contracción: retrocedió de 182 a 175 puntos. Aun así, el nivel continúa siendo muy alto en términos históricos y refleja que el horizonte del sector sigue marcado por perspectivas favorables.

La comparación interanual refuerza esa tendencia. El índice general escaló de 117 puntos en enero de 2025 a 158 en el mismo mes de 2026, lo que equivale a un salto del 35%.

“El productor argentino mantiene una visión positiva sobre el futuro, pero ahora esa confianza comienza a reflejarse también en cómo percibe la situación actual”, afirmó Steiger.

Por otro lado, señalan que, en la campaña agrícola 2025/26, la mayoría de los productores recurrió principalmente a sus propios recursos para financiar la actividad.

En detalle, el 61% utilizó fondos propios, mientras que el 49% accedió a financiamiento de proveedores a través de canjes a cosecha. Por su parte, el crédito bancario tradicional mantiene una participación reducida, con apenas 17% de uso, limitado sobre todo por las elevadas tasas de interés reales.

“El productor tiene intención de invertir, pero el sistema financiero aún no ofrece condiciones acordes con la dinámica económica del sector agropecuario”, dijo Steiger.

El informe también destaca que los productores proyectan destinar alrededor del 51% de los ingresos esperados por soja y el 52% de los provenientes del maíz para cubrir los costos totales de la campaña.

Esto sugiere que, en promedio, los productores podrían cerrar el ciclo con un superávit financiero, un factor que contribuye al aumento en las expectativas de inversión.

No obstante, la estrategia de comercialización sigue siendo cautelosa. Casi la mitad de los productores (48%) prefiere retener parte de la producción, a la espera de mejores precios internacionales o de posibles modificaciones en los derechos de exportación. Otros destinan los excedentes a la adquisición de insumos para la próxima campaña, mientras que un grupo menor los invierte en maquinaria o en la compra de hacienda.

Vale mencionar que las exportaciones de la agroindustria iniciaron 2026 con un crecimiento interanual del 17,6%, según el último informe del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), elaborado junto a la Bolsa de Cereales. En enero, el sector generó USD 4.088 millones, es decir, USD 613 millones más que en el mismo mes del año pasado.

Este desempeño se explicó principalmente por los complejos de trigo, girasol y cebada, que lideraron el incremento mensual. Además, destacaron por su dinamismo sectores como el tabacalero, la alfalfa y el girasol, con aumentos relativos de 271%, 233% y 173%, respectivamente.

Cultivar una huerta casera favorece la salud personal y contribuye a la protección ambiental. Quienes buscan alimentos frescos y sostenibles encuentran en el jardín del hogar una opción práctica y beneficiosa. Los especialistas coinciden en que las huertas urbanas producen alimentos más nutritivos, reducen la huella de carbono y mejoran el bienestar general.

De acuerdo a un informe presentado por The Associated Press, las plantas cultivadas en casa capturan carbono, mejoran el suelo y aportan diversidad vegetal al entorno. Las frutas y verduras del supermercado suelen recorrer largas distancias en camiones, lo que incrementa las emisiones de gases contaminantes. Sin embargo, según el sitio The Old Farmer’s Almanac, destacan que la comida de kilómetro cero reduce el impacto ambiental al eliminar el transporte y almacenamiento prolongado.

Por su parte, Katherine Alaimo, profesora de la Universidad Estatal de Michigan Estados Unidos, afirma que la jardinería mejora la salud física, emocional y social. El esfuerzo de plantar, cuidar y cosechar requiere movimiento, promueve la alimentación variada y fortalece los vínculos familiares y comunitarios. Los productos de huerta se cosechan en su punto óptimo y mantienen más nutrientes que los alimentos procesados o almacenados durante largo tiempo.

Beneficios ambientales y reducción de emisiones

Las huertas caseras contribuyen a la sostenibilidad del planeta. Las plantas capturan y almacenan carbono en el suelo, previenen la compactación y refrescan el aire en patios y techos. Sustituir el césped por cultivos o aprovechar terrazas y balcones para la siembra incrementa la biodiversidad y favorece la presencia de polinizadores, como abejas y mariposas.

El impacto ambiental positivo se amplía al evitar el uso de fertilizantes y pesticidas industriales. El compostaje doméstico permite reciclar residuos orgánicos y enriquecer el sustrato de forma natural. Los jardines urbanos reducen la demanda de productos empaquetados y transportados, lo que disminuye el consumo de plásticos y combustibles fósiles. La producción local promueve la economía circular y la autosuficiencia alimentaria.

Las huertas escolares y comunitarias refuerzan la educación ambiental y crean conciencia sobre los ciclos naturales. Los niños y jóvenes que participan en el cultivo de alimentos desarrollan habilidades prácticas y valores ecológicos. La conexión con la tierra mejora la percepción del entorno y fomenta el respeto por los recursos naturales, afirma The Associated Press.

Beneficios sociales y para la salud

La actividad en la huerta involucra a personas de todas las edades y fortalece la cooperación familiar y vecinal. La jardinería ofrece beneficios emocionales al reducir el estrés, mejorar el ánimo y estimular la creatividad. El contacto regular con la naturaleza favorece el bienestar mental y disminuye la ansiedad.

El trabajo físico de sembrar, regar y cosechar promueve la actividad cardiovascular y la movilidad articular. Los productos frescos y madurados en el propio jardín aportan más vitaminas, minerales y antioxidantes que los que se venden en supermercados. La dieta se enriquece con alimentos variados, libres de aditivos y conservantes.

La recolección directa permite consumir frutas y verduras en su mejor momento, lo que maximiza el aporte nutricional. El aprendizaje de técnicas de cultivo y conservación impulsa la autonomía y el empoderamiento de las personas. La participación en ferias, intercambios y talleres refuerza la integración comunitaria.

Consejos para comenzar una huerta casera

El primer paso para iniciar una huerta consiste en planificar el espacio y reunir los materiales necesarios. La elección del sitio debe considerar la exposición solar, el acceso al agua y la protección contra heladas o vientos fuertes. El calendario de siembra varía según la región y la temporada, por lo que conviene informarse sobre las fechas óptimas para cada cultivo, destaca The Associated Press.

Los expertos recomiendan comenzar con especies de fácil manejo, como lechuga, tomate, zanahoria, rabanito y hierbas aromáticas. El uso de semillas orgánicas y sustratos naturales mejora el rendimiento y la calidad de los alimentos. La rotación de cultivos y el control biológico de plagas previenen enfermedades y mantienen la fertilidad del suelo.

La huerta puede instalarse en el suelo, en macetas o en cajones elevados, según el espacio disponible. La recolección regular y el consumo inmediato garantizan productos frescos y sabrosos. El registro de avances y resultados ayuda a perfeccionar la técnica y a disfrutar del proceso de aprendizaje.

Las elecciones para definir el nuevo presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) tendrán lugar el próximo 9 de septiembre. Aunque hasta el momento no hay candidatos oficiales, ya se generó una disputa interna entre el bando ‘oficialista’ y un grupo de socios que plantea la necesidad de renovar el nombre propio que lidera una de las entidades más importantes y tradicionales del agro local.

La interna comenzó cuando un grupo de integrantes de la entidad envió una carta al resto de los miembros en la que planteó cuatro “consideraciones sobre la calidad institucional de la SRA”, ante el trascendido de que Nicolás Pino, actual presidente, volvería a postularse para el cargo.

El escrito, firmado por 78 afiliados de la sociedad, pretende demostrar que una eventual nueva presentación de Pino violaría el estatuto y sería un “retroceso institucional y una contradicción ética”.

El principal punto sobre el que se posa la carta es el límite máximo de tres períodos consecutivos para sus autoridades, una norma que introdujo el propio Pino al estatuto de la entidad en 2023, durante su segundo mandato al frente de la Sociedad Rural.

“Ante las recientes declaraciones públicas sobre una eventual postulación del actual presidente para un cuarto mandato, resulta imperioso asentar las siguientes consideraciones: las reglas pierden toda legitimidad cuando quienes las impulsan deciden no cumplirlas. La conducción actual fijó un límite de tres mandatos; ignorarlo hoy por conveniencia personal carece de integridad”, establece el escrito.

Y continúa: “No podemos criticar a los políticos que se ‘atornillan’ al poder si replicamos esas mismas prácticas. La coherencia es nuestro activo. Lo verdaderamente inédito no es la aspiración a la continuidad, sino que quien impulsó un límite de tres mandatos pretenda ahora exceptuarse de él, apelando a una supuesta interpretación administrativa nunca puesta a disposición de los socios. Si tal excepción existiera, debe ser exhibida con claridad y transparencia. Seis años son suficientes para cualquier proyecto. La alternancia no es una opción, es una garantía de salud democrática”.

La carta cierra con un pedido expreso: “Debemos evitar que nuestra institución sea cuestionada desde el plano ético. No podemos convertirnos en un ejemplo más de aquello que criticamos: dirigentes más preocupados por aferrarse a un sillón que por promover nuevas voces en el sector que representamos”.

En respuesta a la carta, la Sociedad Rural envió también una comunicación interna a sus socios en la que sostuvo que Nicolás Pino se encuentra legalmente habilitado para postularse para el período 2026–2028.

El cruce se da en un contexto en el que Pino es cuestionado por parte de sus pares por su cercanía con el Gobierno y por la necesidad, planteada por algunos sectores, de una conducción más combativa frente al Ejecutivo en temas sensibles como los derechos de exportación.

La interna en la entidad se conoce, además, un día después de que Pino desmintiera una supuesta baja de retenciones. En una entrevista con Eduardo Feinmann en A24, contó que habló tanto Luis Caputo, como con el presidente Javier Milei, quienes le aclararon que no existe una decisión tomada en ese sentido. “Empezó a circular un rumor que es totalmente falso (…) decía que el Gobierno ya tenía casi arreglado que iba a hacer una baja absoluta total de retenciones en breve. Ojalá hubiese sido verdad”, afirmó, y relató que ambos le dijeron: “No, Nicolás, lamentablemente no podemos”, en alusión al impacto fiscal que tendría una medida de ese tipo.

Según detalló la SRA en el escrito al que accedió Infobae, la reforma estatutaria que fijó el límite de tres mandatos consecutivos fue aprobada por la Asamblea Extraordinaria del 30 de marzo de 2023 e inscripta ante la Inspección General de Justicia el 20 de julio de ese año, momento a partir del cual comenzó a regir formalmente.

En ese marco, la conducción explicó que el actual mandato de Pino, correspondiente al período 2024–2026, debe considerarse el primero a los efectos del nuevo cómputo. La interpretación surge de una consulta realizada por la propia entidad ante la IGJ, organismo que el 19 de junio de 2025 determinó que la limitación estatutaria rige desde su inscripción y no con efecto retroactivo.

De esta manera, si Pino decidiera presentarse y resultara electo en septiembre próximo, iniciaría su segundo mandato bajo el nuevo esquema, y no un cuarto período consecutivo como sostienen los firmantes de la carta.

“Insistimos en que la actual conducción siempre actuó y actuará conforme a derecho, respetando los procedimientos internos de la SRA y las leyes de nuestro país. La actual gestión saneó una SRA con graves problemas económicos, llevó nuestra entidad a todo el país con una mirada federal y obtuvo importantes logros para todo el mundo rural, haciendo que nuestra voz sea respetada y escuchada en todos los ámbitos”, finaliza el documento firmado por 43 miembros de la actual Comisión Directiva.

La liquidación de divisas del complejo agroexportador mostraría en febrero una caída de entre USD 400 millones y USD 600 millones respecto de enero, en un mes atravesado por la estabilidad en el precio del dólar, menos días hábiles, un paro general y el cierre del tramo más activo de la campaña de soja.

De acuerdo con los últimos datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las asociaciones que reúnen a las principales empresas agroexportadoras del país, en enero el sector había ingresado USD 1.850 millones, un 82% superior a los USD 1015 millones de diciembre de 2025.

Sin embargo, para febrero, altas fuentes del mercado ya estiman que el flujo rondará entre los USD 1200 millones y los USD 1400 millones, en un contexto -local e internacional- que combina factores estacionales y de incentivos.

Javier Preciado Patiño, ingeniero agrónomo y ex subsecretario de Mercados Agropecuarios analizó que, generalmente, febrero suele ser un mes más bajo por cuestiones de calendario. Este año, además, tuvo menos jornadas operativas por los feriados de Carnaval y por la medida de fuerza que afectó a toda la actividad a nivel nacional.

A eso se suma un dato estructural, ya que, también, por la época del año y el avance de la campaña, ya no queda el volumen de granos que había impulsado la liquidación en los meses previos. Parte de esas ventas, de hecho, se adelantaron bajo esquemas extraordinarios que mejoraron de forma pasajera las condiciones para exportar el año pasado.

Según Patiño, la eliminación transitoria de las retenciones a las exportaciones que el equipo económico que conduce Luis Caputo aplicó en septiembre pasado también incentivó declaraciones anticipadas de ventas al exterior. Esta medida se aplicó durante un breve período de 72 horas, y, durante ese lapso, se registró un récord de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por 13,6 millones de toneladas de soja, lo que generó un ingreso de dólares al mercado cambiario de unos USD 7.100 millones.

Patiño explicó que, si bien la medida logró acelerar la liquidación de divisas en la previa a las elecciones legislativas, también produjo una fuerte caída en las ventas una vez finalizado el beneficio, lo que rememoró la dinámica observada en ediciones anteriores del dólar soja. De todos modos, en el mercado advierten que, si hacia el segundo trimestre la necesidad de divisas se intensifica, no se descarta la solicitud de una nueva baja en los derechos de exportación como incentivo para acelerar la liquidación.

En paralelo, el actual nivel del tipo de cambio tampoco actúa como un incentivo fuerte para acelerar ventas. Con un dólar estable y sin expectativas inmediatas de corrección brusca, muchos productores podrían optar por administrar el ritmo de comercialización.

A pesar de que en la última jornada el dólar mayorista avanzó $18,50 o 1,3%, a $1.399, el tipo de cambio arrastró una tendencia a la baja en febrero. Fue el salto más amplio desde los 20 pesos de alza en la rueda del 2 de enero de este año. Sin embargo, acumulaba una baja del 5% en el segundo mes del año.

Según explicó Patiño, esa dinámica impacta de lleno en la cotización en pesos de los granos. “Hoy la soja ronda los $455.000 por tonelada, cuando supo estar en $508.000. El productor perdió alrededor de un 10% en pesos”, detalló. El especialista agregó que el comportamiento no es lineal, pero que, con un dólar en retroceso, la liquidación se cobra en pesos y eso tiende a desalentar ventas.

“El tipo de cambio bajando es más para no vender que para vender. Puede haber casos en los que alguien piense que el dólar va a subir, entonces venda, compre dólares baratos y espere. Pero también puede quedarse con el grano y venderlo más adelante si el tipo de cambio se aprecia”, analizó.

Proyecciones para la campaña 25/26

Las proyecciones para la campaña 2025/26 comenzaron a ajustarse tras un enero con lluvias muy por debajo de lo normal en la región núcleo. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, las precipitaciones promediaron menos de 40 milímetros cuando el registro histórico para el período oscila entre 100 y 120 milímetros, lo que implicó un déficit del 66% y apenas el 35% de las lluvias habituales.

El año pasado había cerrado con expectativas de una producción récord cercana a las 154,5 millones de toneladas, pero el déficit hídrico limitó el potencial de la cosecha gruesa y enfrió el optimismo. En el sector descartan un escenario crítico, aunque ya se habla de una corrección hacia volúmenes más próximos al promedio histórico, tanto en soja como en maíz.

Un informe de la BCR publicado en enero de 2026 proyectaba una oferta de dólares de USD 33.600 millones para este año, un 8% menos que en 2025 por el adelantamiento de liquidaciones tras la eliminación de retenciones a fines de septiembre.

Huergo Cereales, una firma de acopio de granos basada en la ciudad bonaerense de Chivilcoy, enfrenta el punto más álgido de su crisis. Con 440 cheques impagos por más de $2.442 millones, la empresa ya estaría negociando con un grupo agroindustrial del interior para ser absorbida y así evitar su quiebra y la liquidación de sus activos.

Esta crítica situación financiera que ya se replicó en varias partes de la cadena agroindustrial no es, sin embargo, el único problema de Huergo. Además de los cheques rechazados que figuran en los registros oficiales del Banco Central, la compañía tiene deudas con productores, lubricentros, talleres mecánicos, electricistas, casas de repuestos y otros proveedores.

El contexto volvió a encender algunas luces amarillas en el sector, que tuvo momentos de tensión con empresas en crisis más recientes, como Bioceres, y otras que tuvieron cuestiones financieras complejas el año pasado, como Surcos, Los Grobo y su controlada firma de insumos para el campo Agrofina, entre otras.

Tensión en Chivilcoy

Los granos de soja correspondientes a la última campaña y el trigo que los casi 50 productores que trabajan con Huergo Cereales entregaron hace poco más de un mes, ya no se encontrarían en las instalaciones del acopio. De hecho, según pudo saber este medio, la mercadería fue entregada para su procesamiento o exportación en un lapso menor al que suelen llevar estos procesos. Fuentes con conocimiento del caso señalaron que “entraban camiones a la medianoche”, en movimientos que llamaron la atención de productores de la zona.

La magnitud de la deuda encendió las alarmas en la plaza local, donde la compañía operó durante años como uno de los principales canales de comercialización para productores medianos y pequeños de la zona. En el circuito comercial agropecuario, la acumulación de documentos impagos no solo restringe el acceso al financiamiento, sino que también paraliza la operatoria cotidiana y deteriora la confianza, un activo central en el negocio del acopio.

Huergo tiene una larga trayectoria en la región. Originaria de las localidades bonaerenses de Palemón Huergo y Coronel Mom, estuvo inicialmente conformada por múltiples productores de la zona. Sin embargo, con el paso del tiempo y ante el fallecimiento de los titulares originales, las participaciones se vendieron hasta quedar en manos de dos socios locales que no tenían vínculo con la actividad agropecuaria. Uno de ellos provenía de la industria aseguradora, mientras que el otro, se dedicaba a la venta de cigarrillos.

Actualmente el primero ya no integra la sociedad. El segundo, en tanto, concentra entre el 90% y 95% de la estructura accionaria de la empresa. El porcentaje restante está en manos de un empleado histórico del acopio. Este medio intentó comunicarse con los involucrados, pero no obtuvo respuesta al momento del cierre de esta nota.

Según comentaron fuentes con conocimiento del caso a Infobae, los productores que entregaron granos al acopio desconfían del origen de los fondos que utilizó uno de los socios para hacerse con el control de la empresa tres años atrás. De hecho, muchos de ellos recurrieron a la Justicia alegando que el empresario habría utilizado fondos provenientes de la comercialización de esos granos para ampliar su participación en la compañía.

“La empresa se encuentra actualmente evaluando distintos escenarios operativos y financieros, en un contexto complejo para el sector. No hay definiciones formales adoptadas ni decisiones institucionales para comunicar en este momento. Ante cualquier novedad oficial, será informada por los canales correspondientes”, respondió ante la consulta de este medio el abogado de la empresa.

Aunque la actividad principal de Huergo es el acopio de granos y cuenta con dos plantas de silo, una en Palemón Huergo y otra en Coronel Mom, la empresa también alquila campos para realizar siembras y posee cuatro camiones propios para el flete del acopio.

En materia de personal, la firma contaba con 19 empleados, aunque uno de ellos renunció en diciembre pasado debido a retrasos en los pagos. En el mercado local no descartan que, de no prosperar la incorporación de un inversor, la firma deba recurrir a una presentación judicial para reordenar sus pasivos.

El precio de la carne volvió a subir y el impacto ya empieza a proyectarse sobre la inflación. En la última semana, el valor de la hacienda en el Mercado Agroganadero de Cañuelas —principal referencia para frigoríficos y carnicerías— registró subas cercanas al 7% en las principales categorías destinadas al consumo interno.

El movimiento ya comenzó a trasladarse a los mostradores y podría aportar entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales al Índice de Precios al Consumidor de febrero.

Según pudo saber Infobae, el precio de la hacienda para faena pasó en pocos días de niveles cercanos a los $4.700 por kilo a operaciones de hasta $5.500, con mayor firmeza en los lotes especiales de mejor calidad.

La suba se potencia en cada eslabón de la cadena. De acuerdo con operadores del mercado, el valor del animal en pie suele duplicarse cuando se transforma en media res y vuelve a ampliarse en el mostrador. Así, si el kilo del animal en pie ronda los $5.000, la media res puede ubicarse en torno a los $10.000 y un corte promedio acercarse a los $20.000.

El repunte, no obstante, se monta sobre una tendencia que ya mostraba desvíos respecto del índice general. De acuerdo con la última estadística del Indec, en enero la carne aumentó 4,9% mensual, frente a una inflación de 2,9%. En términos interanuales, el incremento fue del 73,4%, más de 40 puntos por encima del IPC.

“Hoy la carne vacuna está buscando un punto de equilibrio entre lo que la demanda va a consolidar de precio y la oferta. Ese es el gran tema”, explicó Javier Preciado Patiño, ingeniero agrónomo y ex subsecretario de Mercados Agropecuarios. Desde 2023, agregó, el mercado registra saltos de precios seguidos de períodos de estabilización en niveles más altos, en un proceso de reacomodamiento que todavía no termina de consolidarse.

Por qué sube el precio de la carne

Son varias las razones que explican este alza en el precio de la carne. Una de ellas es tiene origen en el frente externo. Es que la ampliación de la cuota de exportación hacia los Estados Unidos —que podría elevar el cupo total a 100.000 toneladas— reforzó las expectativas del sector. Exportar implica acceder a valores en dólares y, en muchos casos, superiores a los del mercado interno, por lo que los frigoríficos compiten con mayor intensidad por hacienda de calidad.

“La expectativa de una mayor demanda externa acelera la retención y la búsqueda de mejores valores”, explicó Fernando Storni, gerente general de la Cámara Argentina de Feedlot, al mismo tiempo que señaló que cada tonelada que se destina al exterior reduce la disponibilidad para el consumo local.

Otra de las causas que impulsa el precio de la hacienda es la menor faena. Si bien la retracción no fue significativa en términos históricos, sí implica menos volumen disponible en el corto plazo. A eso se suma la decisión de muchos productores de estirar los ciclos productivos y retener hacienda tras un buen desempeño del negocio en 2024 y comienzos de 2025.

La buena disponibilidad de pasto, efecto directo de las buenas condiciones climáticas, también modificó la dinámica productiva. A diferencia de la sequía de 2022-2023, hoy los animales pueden ganar peso a menor costo a campo, sin necesidad de ingresar rápidamente a un feedlot, lo que retrasa la salida a faena.

“Hay oferta futura, pero restricción actual. Se estiran los procesos productivos y tenemos menos oferta hoy. Hasta que no haya más producción va a haber restricciones”, señaló Storni.

Respecto al negocio de los corrales, el ejecutivo agregó que, aunque el diferencial entre compra y venta puede resultar interesante en términos nominales, “cuando se cierra el ciclo los márgenes quedan muy cerca de cero y, descontada la inflación, pueden ser negativos”. En ese contexto, explicó, el productor tiende a agregar más kilos antes de vender, lo que reduce la oferta inmediata.

Con un consumo que se mantiene en torno a los 45 a 50 kilos per cápita anuales y sin señales claras de una expansión inmediata de la oferta, el mercado enfrenta un equilibrio delicado. Desde el sector estiman que, a lo largo del año, la carne podría ubicarse entre cinco y diez puntos por encima de la inflación general si persiste la restricción de oferta.

Por ahora, el mercado no muestra señales de una expansión relevante del volumen disponible. “Recién a partir de julio se podría ver una mayor disponibilidad en la oferta”, advirtió Storni. Hasta entonces, el mercado seguirá sensible y cualquier tensión adicional podría traducirse en nuevos ajustes de precios, con impacto directo en la inflación.

Producir granos en la Argentina es más costoso que en varios de los principales países competidores cuando se analizan los precios de insumos y equipos clave.

El país registró valores más altos en 7 de los 13 productos relevados frente a Brasil, en 8 frente a Paraguay, en 5 frente a Uruguay y en 4 frente a Estados Unidos. Además, el gasoil grado 2 se ubicó 21,4% por encima del promedio del grupo y los tractores resultaron 28,5% más caros.

Los datos surgieron del último informe del IERAL, de Fundación Mediterránea, que actualizó su relevamiento comparativo de insumos y equipos agropecuarios en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos, con precios expresados en dólares a diciembre de 2025 y enero de 2026.

El trabajo buscó monitorear la competitividad asociada al costo de producir granos, una dimensión que el documento consideró menos explorada en los análisis habituales sobre el sector. Según explicó, la mayoría de los estudios evaluó la competitividad agropecuaria desde el lado de los ingresos, mediante la comparación de precios internos de los granos o de los tipos de cambio efectivos. En cambio, este relevamiento puso el foco en los costos, es decir, en los precios de insumos, servicios y bienes de capital.

En el caso argentino, el sector agropecuario presentó desventajas en la comparación internacional por el lado de los ingresos, ya que el país aplica derechos de exportación a los granos y sus derivados, algo que no ocurre en los demás países analizados. El informe señaló que existe menos evidencia sistemática sobre el posicionamiento relativo de la Argentina en materia de costos, lo que motivó la continuidad del estudio.

Desde principios de 2025, el IERAL relevó precios de fertilizantes, herbicidas, fungicidas, transporte de carga, combustible y maquinaria agrícola. El análisis abarcó trece bienes y servicios y procuró establecer comparaciones homogéneas entre economías que compiten en la producción y exportación de granos.

Dificultades para comparar costos

El documento explicó que la comparación internacional de costos agrícolas presentó desafíos metodológicos relevantes. No existieron bases de datos secundarias estandarizadas que permitieran acceder de forma directa y sistemática a precios de insumos y equipos similares en distintos países. Esa limitación obligó a recurrir a fuentes primarias y a estrategias de relevamiento específicas.

La comparabilidad entre insumos agropecuarios resultó más compleja que en bienes de consumo masivo. El uso de estos productos dependió de factores como la calidad y composición de los suelos, el clima, los cultivos predominantes, la tecnología aplicada, la presencia de plagas, las regulaciones sobre agroquímicos y la infraestructura y logística de distribución. Estas variables difirieron entre países y dificultaron la selección de productos relativamente homogéneos para incluir en la muestra.

El informe también aclaró que, aun cuando se dispuso de datos confiables de precios comparables, esa información no permite inferir de manera lineal el nivel de costos al que se produce en cada país. Para avanzar en esa dirección, resulta necesario complementar el relevamiento con información sobre tecnologías específicas, como dosis de aplicación por unidad de superficie y parámetros de eficiencia.

A modo de ejemplo, el documento indicó que un fertilizante puede costar lo mismo en Brasil y en Argentina, pero eso no implica que fertilizar tenga el mismo costo final en ambos mercados. La composición de los suelos y el clima influyen en las dosis necesarias por hectárea para alcanzar rendimientos similares, lo que determina diferencias en el costo por superficie aun cuando el precio del insumo fuera idéntico.

Resultados por rubro

En términos generales, Argentina presentó precios más altos en 7 de los 13 productos respecto de Brasil, lo que representó el 54% de los casos. Frente a Paraguay, el país registró valores superiores en 8 productos, equivalente al 62%. En comparación con Uruguay, los precios argentinos fueron más altos en 5 rubros, el 38% del total. En relación con Estados Unidos, Argentina resultó más cara en 4 productos, el 31% de la muestra.

En el segmento de agroquímicos, el relevamiento no mostró grandes brechas frente al promedio de los otros cuatro países. Los fertilizantes se ubicaron entre 1,6% y 12,9% por debajo del promedio regional, con excepción del superfosfato triple, que resultó 10,2% más caro en Argentina.

En herbicidas, los precios locales aparecieron entre 1,2% y 3,7% más bajos que el promedio, salvo el 2,4D, que se ubicó 3,5% por encima. El fungicida relevado fue 13% más barato en Argentina en comparación con el promedio del grupo.

En combustible, la situación fue diferente. El gasoil grado 2 se ubicó 21,4% por encima del promedio de los otros cuatro países, lo que posicionó a Argentina como el mercado más caro del conjunto en este rubro.

En servicios de transporte de carga, específicamente en el flete granario, el valor local fue 3,7% superior al promedio general. El precio argentino resultó más caro que en Brasil y Paraguay, pero más barato que en Uruguay y Estados Unidos.

En maquinaria agrícola, el panorama fue mixto. Los tractores resultaron 28,5% más caros en promedio en Argentina respecto de los otros cuatro países. En cambio, las cosechadoras aparecieron 8,2% más baratas en promedio en la comparación internacional.

Evolución reciente

El seguimiento de los costos durante el último año mostró una reducción en la brecha de precios con respecto a los competidores regionales y a Estados Unidos. Según indicó el informe, lo que inicialmente se manifestó como una desventaja generalizada en la mayoría de los rubros analizados evolucionó hacia una posición más equilibrada, especialmente en el segmento de los agroquímicos.

En la actualidad, gran parte de los fertilizantes, herbicidas y fungicidas se situaron en niveles competitivos o incluso por debajo de la media regional. El estudio también señaló que persistieron sobrecostos en maquinaria pesada y combustible, rubros en los que Argentina operó con valores superiores a los de sus pares.

El documento remarcó que el principal problema de la competitividad del sector agropecuario se ubicó en el lado de los ingresos y no en el de los costos, dado que en Argentina los productores enfrentaron derechos de exportación que redujeron el precio efectivo que recibieron por sus productos, una situación que no se registró en los demás países analizados.

Las exportaciones de la agroindustria argentina comenzaron 2026 con un crecimiento interanual del 17,6%, de acuerdo con el último informe del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), elaborado en conjunto con la Bolsa de Cereales. En enero, el sector generó USD 4.088 millones, lo que representó USD 613 millones más que en el mismo mes del año anterior.

El desempeño, aclara el informe, estuvo traccionado principalmente por los complejos de trigo, girasol y cebada, que encabezaron el aumento mensual. También se destacó el dinamismo de sectores como el tabacalero, la alfalfa y el girasol, con crecimientos relativos del 271%, 233% y 173%, respectivamente. Estos incrementos compensaron parcialmente los retrocesos observados en otros rubros de peso dentro de la matriz exportadora.

En contraste con el desempeño positivo de varios complejos, el maíz y la soja registraron caídas interanuales del 40% y 5%, respectivamente, lo que moderó el crecimiento global de las exportaciones agroindustriales. Aun así, el saldo general del primer mes del año fue ampliamente favorable para la balanza comercial del sector.

La caída en las exportaciones de dos de los principales complejos exportadores del país responde en gran medida a factores estacionales y al calendario comercial de los granos. Sucede que enero no es un mes de fuerte ingreso de cosecha nueva, especialmente en el caso de la soja, cuya campaña comienza recién en abril.

El aumento en el valor exportado se produjo en un contexto de variaciones en la competitividad cambiaria. El informe del CAA detalló que el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) del Banco Central registró en enero una caída del 1% respecto de diciembre, lo que reflejó una apreciación del peso en términos generales. No obstante, el indicador se mantiene un 5% por encima del promedio de 2025. Este escenario implica un entorno de menor competitividad cambiaria, que encarece los productos argentinos medidos en dólares y puede reducir incentivos a exportar.

Asimismo, el análisis señaló que se registraron movimientos específicos en el tipo de cambio, con variaciones del 3% frente a la Eurozona y del 4% respecto de la India. Estos cambios bilaterales también inciden en la dinámica de precios relativos y en la competitividad sectorial.

Si bien la suba interanual resulta significativa, en el sector agroindustrial las comparaciones entre distintos períodos deben interpretarse con cautela. El ritmo de exportaciones y de ingreso de divisas está fuertemente condicionado por la estacionalidad del ciclo comercial de los granos, que depende de factores como los precios internacionales, el volumen y la calidad de las cosechas, las condiciones climáticas, decisiones comerciales de los productores, cuestiones logísticas o sindicales y cambios regulatorios, tanto locales como externos. Esa combinación de variables puede generar oscilaciones marcadas entre meses sin que necesariamente reflejen un cambio estructural de tendencia.

Para el conjunto de 2026, el sector agroexportador proyecta una producción superior a las 140 millones de toneladas y exportaciones en torno a los USD 34.800 millones. Las estimaciones están atadas, en gran medida, al desempeño de la campaña gruesa, que comenzó con buenas condiciones hídricas y expectativas optimistas, aunque el resultado final dependerá de la evolución climática durante los meses críticos de definición de rindes.

El relevamiento del CAA y la Bolsa de Cereales mide el valor FOB de las exportaciones efectivamente realizadas durante el mes e incluye todos los rubros de la agroindustria, desde los complejos granarios hasta carnes, lácteos y economías regionales. En un contexto en el que la generación de divisas continúa siendo una variable central para la macroeconomía argentina, el desempeño de enero vuelve a confirmar el peso estructural del sector en la balanza comercial y en el abastecimiento de dólares de la economía.

La campaña 2025/26 se perfila como una de las más sólidas de los últimos años. Sin el efecto de la fuerte sequía que impactó en el sector entre 2022 y 2023, y con mejores condiciones climáticas, un complejo del agro podría marcar un récord tanto en producción como en exportaciones.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el complejo de legumbres alcanzaría 1,37 millones de toneladas, el mayor volumen en cinco años y un 24% por encima del promedio de las últimas campañas.

Se trata, además, de un sector con fuerte perfil exportador. Más de la mitad de lo que se produce en la Argentina se destina al mercado externo y las legumbres llegan hoy a casi 100 países, lo que podría ampliar aún más su incidencia en la generación de dólares del sector.

Anotando porotos

El impulso de las proyecciones de la BCR se explica principalmente por el poroto y la lenteja, que alcanzarían sus máximos del último quinquenio. En términos de superficie, el poroto concentra el 72% del área sembrada a nivel nacional y podría llegar a un récord histórico de 679.000 hectáreas. La lenteja, que representa cerca del 4% del total, se aproxima a los niveles más altos registrados en la campaña 2021/22.

La arveja —con una participación cercana al 12%— también muestra dinamismo y proyecta un crecimiento interanual del 40% en producción, con un volumen estimado en 370.000 toneladas. El garbanzo, en cambio, exhibe una contracción tanto en superficie como en volumen.

Este buen desempeño productivo llega después de un 2025 marcado por la recuperación del comercio exterior. El año pasado, las exportaciones argentinas de legumbres crecieron 32% interanual en términos de valor y se ubicaron 4% por encima del promedio de los últimos cinco años medido en dólares. Así, el complejo logró revertir tres años consecutivos de caídas y recuperar niveles cercanos a los previos a la sequía.

En volumen, el tonelaje exportado alcanzó 591.436 toneladas, un incremento del 24% respecto de 2024 y levemente superior al promedio del último lustro. En promedio, la Argentina envía al exterior unas 580.000 toneladas anuales y el complejo genera más de USD 400 millones por año.

Con la mayor producción proyectada para la campaña actual, el escenario aparece favorable en términos de saldos exportables, especialmente en aquellos cultivos que mostrarían los mayores incrementos interanuales.

En cuanto a los destinos, en 2025, Italia se posicionó como el principal receptor de legumbres argentinas en volumen, con el 8,7% del tonelaje exportado. Le siguieron China y España. En términos de valor, Italia lideró nuevamente el listado con compras por USD 50,8 millones, seguida por España y Turquía.

En el caso del poroto, los principales destinos se concentran en Europa, el norte de África, Medio Oriente y la región. En ese esquema se produjo un cambio estructural en los últimos años, ya que Brasil dejó de ser uno de los principales mercados para transformarse en competidor directo. De hecho, desde 2020, las exportaciones argentinas de poroto hacia Brasil se redujeron a la mitad, con una merma cercana a USD 42 millones, en un contexto de mayor producción local brasileña.

El impulso viene también del exterior

En este contexto, el escenario internacional también contribuye a las buenas expectativas. De acuerdo con estimaciones del International Grains Council (IGC), la producción mundial de legumbres creció cerca de 10% en los últimos cinco años, mientras que el consumo global avanzó alrededor de 13% en el mismo período.

La tendencia responde a cambios en los patrones de alimentación, mayor demanda de proteínas vegetales y expansión de mercados en Asia y África. En ese marco, las lentejas fueron el cultivo con mayor crecimiento relativo a nivel global, con un alza cercana al 15% en el último quinquenio.

Con mayor producción y un comercio exterior en recuperación, el complejo de legumbres queda mejor perfilado ante una demanda internacional en expansión y apunta a ampliar su participación dentro del ingreso de divisas del agro.

La campaña de trigo 2025/26 ya tiene comprometida más de la mitad de su saldo exportable. Según datos de la Secretaría de Agricultura, se registraron 10,25 millones de toneladas para embarcar entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, el trimestre en el que se concentra la salida del cereal argentino al mundo.

El volumen equivale a casi el 37% de la producción total y a cerca del 50% del saldo exportable estimado para la campaña. Con un consumo interno que suele ubicarse entre 6 y 7 millones de toneladas, la Argentina dispone de alrededor de 20 millones para vender al exterior, y la mitad ya tiene destino.

El dato cobra mayor relevancia en un año de producción récord. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estimó la cosecha en 27,8 millones de toneladas, 300.000 más que en su proyección anterior y en línea con los cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario. La cifra marca un fuerte salto frente a los 20,1 millones de toneladas de la campaña previa.

El desafío no era menor. Colocar casi 20 millones de toneladas en una ventana corta —diciembre, enero y febrero— implicaba redoblar la competitividad en un mercado dominado por grandes jugadores, como Australia y la Unión Europea.

“El desafío era cómo exportar cerca de 20 millones de toneladas en una ventana muy corta”, explicó Javier Preciado Patiño, consultor en agronegocios y ex subsecretario de Mercados Agropecuarios. “Veníamos de campañas en las que se exportaban entre 10 y 12 millones. Ahora había que salir a competir con casi el doble de volumen y antes de que empiece a ingresar el trigo del hemisferio norte”.

Según el especialista, el ritmo de registraciones superó las previsiones iniciales del mercado, que proyectaba entre 7 y 8 millones de toneladas anotadas a esta altura del ciclo. “Ya pasamos las 10 millones y podríamos acercarnos a 11 o 12 millones en los próximos días. Es un mérito de la cadena”, sostuvo.

Nuevos destinos

Además del volumen, cambió el mapa. Es que parte importante del trigo argentino está ingresando en el Sudeste Asiático y en el Norte de África, regiones tradicionalmente abastecidas por Australia, la Unión Europea y el Mar Negro. “Estamos compitiendo en mercados donde normalmente no éramos el proveedor principal”, señaló.

La clave de este crecimiento fue el precio. “Se logra siendo el trigo más competitivo. Puede haber habido algunos problemas de calidad, pero lo importante es que el productor tiene mercado y el volumen se está colocando”, agregó Patiño.

En tanto, el impacto no será únicamente comercial, ya que el grueso de esos embarques se concentra en el verano, el período previo al ingreso fuerte de la cosecha gruesa y cuando el mercado cambiario suele mostrar mayor sensibilidad. En ese contexto, el dinamismo del trigo ya empieza a reflejarse en la oferta de divisas.

De hecho, según CIARA-CEC, el agro liquidó en enero USD 1.850 millones, un 82% más que en igual mes de 2025. Si bien el complejo sojero sigue siendo el principal generador de dólares, el aporte del trigo en este primer tramo del año resulta clave para explicar el salto interanual.

En paralelo, el USDA mantuvo sin cambios sus previsiones para la soja (48,5 millones de toneladas) y el maíz (53 millones) en la campaña 2025/26. Si esos números se confirman, el flujo de dólares del agro podría sostenerse en los próximos meses.

“Argentina puede manejar una cosecha de entre 25 y 30 millones de toneladas de trigo sin problemas”, concluyó Preciado Patiño y resaltó que la campaña actual demuestra de esta forma que el techo productivo ya no es una limitación comercial.

Cuántos dólares aportará el campo en 2026

El desempeño del trigo se inscribe en un año en el que el agro volvió a consolidarse como el principal generador de divisas del país. El sector alcanzó en 2025 exportaciones por USD 52.337 millones, lo que implicó un incremento del 9% respecto al año anterior y una diferencia superior a USD 4.000 millones frente al monto total exportado en 2024.

Según el INDEC, el complejo oleaginoso-cerealero —incluyendo biodiésel y sus derivados— concentró el 47% de las exportaciones nacionales durante 2025. La harina de soja se mantuvo como el principal producto exportado, seguida por el aceite de soja y el maíz.

Hacia 2026, las proyecciones del sector agroexportador señalan una producción que podría superar las 140 millones de toneladas, con exportaciones estimadas en torno a los USD 34.800 millones. Estos cálculos dependen en gran medida del desarrollo de la campaña gruesa, que arrancó con buenas reservas hídricas y expectativas de cosecha récord, aunque su evolución continúa atada al comportamiento del clima.

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El semáforo de economías regionales correspondiente a diciembre de 2025 elaborado por Coninagro, reflejó un escenario más ajustado para las producciones del interior argentino, con 4 actividades en verde, 9 en amarillo y 6 en rojo. La principal novedad fue el retroceso de la actividad porcina, que pasó de verde a amarillo, marcando la única variación respecto del mes anterior y evidenciando un deterioro en la rentabilidad del sector.

El indicador releva tres ejes centrales: negocio, productivo y mercado. El primero compara la evolución de precios y costos, tanto mensual como interanual; el segundo evalúa área sembrada o stock y volumen de producción; y el tercero analiza exportaciones, importaciones y consumo interno. La combinación de estos factores permite medir el pulso real de cada economía regional más allá de los precios aislados.

Las actividades en rojo fueron yerba mate, arroz, papa, vino y mosto, hortalizas y algodón. En la mayoría de estos casos, el componente de negocio mostró el mayor deterioro, ya que los precios percibidos por los productores quedaron rezagados frente a la inflación y al aumento de los costos operativos, erosionando la rentabilidad y complicando cualquier intento de recuperación.

En el extremo opuesto se ubicaron bovinos, ovinos, granos y miel, que permanecieron en verde gracias a precios que crecieron por encima de la inflación, buen dinamismo exportador y señales productivas estables o en expansión. Estos complejos lograron sostener márgenes positivos en un contexto macroeconómico todavía exigente.

El grupo más numeroso fue el de actividades en amarillo: forestal, maní, leche, tabaco, cítricos dulces, mandioca, peras y manzanas, aves y, desde este mes, porcinos. Allí predominan situaciones intermedias, con precios que no terminan de acompañar la suba de costos, demanda interna sin gran impulso y mercados externos con avances dispares, lo que se traduce en recuperaciones lentas y frágiles.

El caso porcino sintetiza esta dinámica. En los últimos doce meses, los precios subieron 17%, muy por debajo de la inflación del 31,5%, mientras que las importaciones crecieron con fuerza y alcanzaron USD 165 millones. Aun con exportaciones en alza y un consumo interno que trepó a 19 kilos por habitante al año, el deterioro del margen llevó a que el sector perdiera la categoría verde.

Economías regionales: el 40% lleva más de 5 años “en rojo”

La mirada histórica muestra que las dificultades no son nuevas. En más de una década de seguimiento, 8 de las 19 economías regionales pasaron más de la mitad del tiempo en rojo. Vitivinicultura y cítricos dulces encabezan ese listado, seguidas por lechería y arroz. En contraste, las carnes bovina, aviar y porcina, junto con maní y granos, lograron trayectorias más estables, con mayor presencia en verde.

En materia de comercio exterior, 2025 dejó un fuerte crecimiento exportador, con ventas totales por USD 59.160 millones, un 29% por encima del promedio de la última década. Sin embargo, la estructura sigue altamente concentrada en el complejo granario, que explica el 78% de las exportaciones, mientras que el conjunto del resto de las economías regionales aporta apenas el 14%. Del lado de las importaciones, también se observa concentración, con granos liderando las compras externas y varios sectores mostrando subas significativas.

Al comparar con los promedios históricos, aparecen contrastes marcados: arroz, lácteos, tabaco y bovinos mostraron fuertes avances exportadores, mientras que aviar y forestal registraron retrocesos. En importaciones, crecieron con fuerza cítricos dulces, maní y vitivinicultura, mientras que papa, hortalizas y ovinos redujeron sus compras externas. El semáforo, así, no solo retrata el presente, sino que confirma que la competitividad estructural sigue siendo el gran desafío pendiente para buena parte de las economías regionales argentinas.

Las economías regionales cerraron 2025 con solo cuatro de los 19 sectores en verde. De acuerdo con el semáforo que elabora mensualmente Coninagro, la entidad que nuclea a cooperativas agropecuarias, seis actividades quedaron en rojo, mientras que los nueve restantes permanecieron en amarillo.

El semáforo integra tres componentes. Estos son negocio, producción y mercado. El primero compara la evolución de precios y costos; el segundo mide área o stock y producción; el tercero, la dinámica de exportaciones, importaciones y consumo interno.

Según el informe, los sectores más complicados fueron yerba mate, arroz, papa, vino y mosto, hortalizas y algodón. En estos casos, los precios que percibieron los productores quedaron por debajo de la inflación y los aumentos de costos, lo que redujo la rentabilidad y restringió la recuperación.

El relevamiento de Coninagro, que corresponde a diciembre de 2025, reveló que los cuatro sectores de las economías regionales que lograron superar la inflación y sostener márgenes positivos fueron las actividades de bovinos, ovinos, granos y miel. En estos casos, el desempeño en mercados y producción acompañó el buen resultado.

En tanto, el informe detalló que nueve actividades permanecieron en amarillo: forestal, maní, leche, tabaco, cítricos dulces, mandioca, peras y manzanas, aves y porcinos. Estos sectores exhibieron señales mixtas. Por un lado, precios que no acompañaron la inflación, a lo que se sumó una demanda poco dinámica y costos elevados. Esta combinación provocó que los períodos de recuperación sean prolongados y las mejoras, difíciles de consolidar.

La entidad advirtió que los números de diciembre de 2025 reflejaron una desmejora respecto del mes anterior, ya que la actividad porcina, que figuraba entre los sectores con mejor desempeño, pasó a la franja amarilla.

Este caso se destacó por su deterioro en el componente de negocio. El precio para el productor subió 17% en los últimos doce meses, muy por debajo de la inflación total de 2025, que finalizó en 31,5 por ciento. Las exportaciones de carne porcina crecieron 12%, mientras que las importaciones aumentaron 130% y el consumo interno avanzó 2 kg per cápita respecto al año anterior.

Exportaciones

En el plano externo, los envíos al exterior de las economías regionales sumaron USD 59.160 millones en 2025, un 29% más que el promedio de la última década. El 78% de esos ingresos provino de los complejos granarios; el 8%, del bovino; y el 14% restante del resto de las producciones. Las importaciones alcanzaron USD 3.222 millones, con predominio del complejo granario (71%), el sector forestal (9%), porcino y algodonero (4%).

De acuerdo con el relevamiento, el sector arrocero fue el que más creció en exportaciones, con un salto del 90% sobre el promedio histórico. El complejo lácteo aumentó 60%, el tabaco 51% y el bovino 43%. La mandioca, habitual para el mercado interno, exportó USD 2.500 en 2025, cinco veces más que el promedio. En cambio, la avicultura retrocedió 75% en exportaciones y el sector forestal cayó 27 por ciento.

Por el contrario, las importaciones crecieron con fuerza en cítricos dulces (155%), maní (126%), vitivinicultura (100%) y el complejo bovino (98%). Por otra parte, cuatro actividades redujeron sus compras al exterior cerca de un 50%: papa, apicultura, hortalizas y ovinos.

Análisis por sector

El análisis por rubro muestra que el algodón registró menores precios y exportaciones, junto con un incremento en las importaciones. El arroz aumentó la producción y las exportaciones, aunque perdió valor real y superficie sembrada. En aves se verificó una caída en exportaciones y alza de importaciones, con precios mixtos. El sector de bovinos logró que los precios al productor tripliquen la inflación y mantuvo buen ritmo exportador a pesar de una leve baja de stock.

El sector de cítricos dulces mostró subas destacadas en precios y producción, mientras avanzaron también las importaciones. La actividad forestal redujo exportaciones y subió importaciones, con precios por debajo de la inflación. El complejo de granos exhibió subas generalizadas en precios y producción, con exportaciones en alza y reducción de importaciones.

En los rubros donde predomina la señal roja, como yerba mate, vino y mosto, hortalizas y papa, la combinación de precios rezagados, caída en la producción y menor demanda interna o externa explica las dificultades para salir de la situación crítica. El monitoreo mensual de Coninagro indica que, pese a los incrementos observados en algunos rubros, la mayoría de las economías regionales sigue sin lograr una recuperación sostenida.

El vínculo comercial entre la Argentina y Uruguay es uno de los más estables de la región. La cercanía geográfica, la integración productiva y la complementariedad entre ambas economías convirtieron al mercado uruguayo en un destino relevante para las exportaciones de bienes argentinos.

A pesar de que la Argentina exporta bienes -y, sobre todo, granos- a varios destinos del mundo, Uruguay es el principal destino de las exportaciones nacionales medido en términos per cápita. Esto quiere decir que el país vecino gastó, en promedio, unos USD 526 por habitante en 2024 en productos argentinos, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Entonces, mientras los grandes socios comerciales como Brasil, China y los Estados Unidos concentran el grueso de las exportaciones argentinas en términos absolutos, el dato per cápita revela una dinámica diferente, ya que el vínculo con Uruguay resulta mucho más estrecho cuando se mide el gasto promedio por persona.

Cuidar el vecindario

Esta diferencia, resalta la BCR, destaca el rol estratégico de los mercados vecinos, ya que sostienen una demanda firme y promueven una integración comercial profunda, más allá del tamaño de su población. Además, a pesar de no ubicarse entre los cinco principales destinos por monto total, el valor per cápita exportado (USD 526) se ubica un 33% por encima del promedio del período 2019-2023.

Parte de esta dinámica se explica por factores estructurales. La proximidad logística, la estabilidad del mercado uruguayo y la afinidad en los patrones de consumo favorecen un flujo comercial sostenido.

Por caso, el componente agroindustrial ocupa un lugar central en esa relación. De acuerdo con la BCR, una porción significativa de las exportaciones argentinas hacia Uruguay corresponde a alimentos, bebidas y productos derivados del complejo agroindustrial, lo que le otorga al intercambio un carácter estructural y poco expuesto a vaivenes coyunturales.

A diferencia de otros mercados, donde predominan operaciones concentradas en pocos productos o compras puntuales, y, sobre todo, agroindustriales, Uruguay absorbe una canasta diversificada de bienes de origen agroindustrial argentino. Harinas, aceites, alimentos elaborados y materias primas forman parte del núcleo del comercio bilateral.

Ranking de exportaciones per cápita

Detrás de Uruguay aparece Chile, con exportaciones argentinas cercanas a USD 340 por habitante. Más abajo se ubican Paraguay y Suiza, ambos con valores en torno a USD 190 per cápita, mientras que Países Bajos completa el top cinco con más de USD 95 por persona. En este último caso, el posicionamiento se explica en gran medida por su rol logístico como puerta de entrada y redistribución de mercancías hacia Europa.

En contraste, los destinos con grandes poblaciones muestran cifras per cápita considerablemente más bajas. Aunque Brasil lidera el ranking de exportaciones totales, el volumen se distribuye entre más de 220 millones de habitantes, lo que reduce el indicador a USD 62 por persona.

En los Estados Unidos, el gasto promedio baja a USD 19 por habitante, mientras que en China alcanza apenas USD 4. India, otro socio relevante para la Argentina, presenta un nivel similar, con cerca de USD 3 per cápita. El contraste evidencia que el tamaño del mercado no siempre se traduce en una relación comercial intensa a nivel individual.

En este punto, las exportaciones agroindustriales representan más de la mitad de la canasta exportadora argentina. En este segmento, Chile aparece como el principal destino per cápita, con un valor cercano a USD 107 por habitante, seguido por Uruguay, con USD 101. Según la BCR, el 31% de las exportaciones argentinas a Chile durante 2024 correspondió a productos agroindustriales, proporción que alcanzó el 20% en el caso de Uruguay.

Chile, segundo en el ranking general per cápita, mantiene un perfil similar al de Uruguay. Su demanda de productos argentinos responde tanto al consumo cotidiano como a la provisión de insumos para la industria local.

Otros destinos relevantes, como Vietnam —que importa productos argentinos por unos USD 31 per cápita—, reflejan la diversificación geográfica del comercio exterior argentino, aunque con valores todavía muy por debajo de los mercados sudamericanos más integrados.

En tanto, los grandes mercados asiáticos, como China e India, continúan entre los principales socios en términos absolutos, aunque con una demanda per cápita baja, condicionada por la magnitud de sus poblaciones.

Rizobacter, una de las firmas del grupo empresario de biotecnología agrícola Bioceres, anunció un proceso de reestructuración de su deuda para mejorar el perfil y extender los plazos de sus compromisos financieros. La compañía que forma parte del holding, cuya acción se desmoronó en Wall Street, comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que comenzó las negociaciones con los tenedores de una serie de sus Obligaciones Negociables (ONs), cuyo vencimiento está previsto para el 10 de febrero y alcanza un monto de 3,8 millones de dólares.

Según confirmaron fuentes cercanas a la empresa a Infobae, “es el kick off de un proceso de reorganización de la deuda para estirar el plazo y mejorar el perfil”. Este movimiento replica la estrategia implementada previamente por San Miguel, la firma citrícola que también optó por reestructurar su deuda mediante el canje de ONs.

En los términos actuales de emisión, la compañía disponía de 30 días para negociar con los tenedores de los títulos y evitar, de esta manera, la cesación de pagos. El objetivo principal de la estrategia es modificar las condiciones originales, priorizando la extensión de los plazos y la adecuación a la capacidad de pago actual de la empresa.

“De cara al próximo vencimiento de la ON Serie VIII Clase B, previsto para el 10 de febrero de 2026, la compañía informó al mercado que los documentos de la emisión contemplan un período de gracia de 30 días“, señalaron desde Rizobacter.

En este contexto, la compañía intenta establecer un nuevo acuerdo con los bonistas a través de una petición de consentimiento, una herramienta frecuente para modificar fechas o términos de pago de la deuda corporativa. El cronograma de pagos a los tenedores para 2026 también contempla un vencimiento por más de USD 16 millones en junio.

Fuentes del mercado con información directa sobre la operación aseguraron a este medio que la negociación entre las partes se encuentra encaminada. El proceso busca aportar previsibilidad a las finanzas de la compañía en un contexto de fuerte caída bursátil de Bioceres.

El desplome bursátil de Bioceres

En efecto, Bioceres Crop Solutions (BIOX), la acción de la filial que opera en el Nasdaq, registró un valor máximo de USD 6,55 por acción en febrero de 2025. Doce meses después, los papeles cotizan alrededor de USD 0,58, lo que representa una depreciación superior al 90 por ciento. Esta reducción la posiciona como una penny stock, categoría reservada para compañías cuyas acciones valen menos de USD 1, y la deja expuesta a una posible exclusión del mercado estadounidense.

Mientras tanto, la estructura local del holding evidenció problemas financieros. Bioceres S.A., la firma argentina con sede en Rosario que dio origen de BIOX, inició un proceso de convocatoria de acreedores debido a una deuda impaga que ronda los 39 millones de dólares.

El inicio de este proceso respondió al impago de pagarés bursátiles por más de USD 5 millones, en un contexto marcado por una fuerte caída de los ingresos y activos financieros de la empresa. Aunque actualmente Biox y Bioceres S.A. no mantienen vínculo operativo directo, la segunda fue accionista principal de la primera hasta la reestructuración del grupo, realizada a mediados del año anterior.

La crisis también impactó en la filial tecnológica de la compañía en Estados Unidos. Recientemente trascendió que el control de ProFarm Group, empresa del grupo Bioceres Crop Solutions, pasó a manos de un consorcio de acreedores tras la ejecución de garantías por 55 millones de dólares. La empresa informó que el procedimiento legal sigue en curso y bajo apelación, y destacó la diferencia entre el valor de ejecución (USD 15 millones) y los USD 243 millones que BIOX había abonado por la adquisición de esa firma en 2022, durante un contexto favorable para el sector agrícola.

Este jueves comenzó a desplazarse un frente frío sobre Argentina, afectando amplias regiones agrícolas y ganaderas del país con lluvias y tormentas en evolución, indicó Christian Garavaglia, experto de Meteored, quien detalló que los núcleos de inestabilidad se moverán a lo largo de las próximas 48 horas.

Si bien las condiciones meteorológicas actuales aún mantienen aire caluroso y húmedo en gran parte de la franja centro y norte del país, las temperaturas han bajado en la Patagonia tras días récord de calor. Este contraste de masas de aire y la presencia de una debilitada zona frontal configuran un ambiente propicio para fenómenos convectivos organizados e intensos, indicó el meteorólogo.

Agregó que “la llegada de un frente frío al centro del país entre jueves y sábado será el principal catalizador para que las lluvias y tormentas se organicen y se trasladen hacia el este y el norte argentino”, dado que el avance de este sistema dará lugar a activación de precipitación y fenómenos de variada intensidad, desde el oeste de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Córdoba, hasta el norte de La Pampa y San Luis.

Durante el desplazamiento del frente, las provincias del norte presentarán por el momento condiciones más estables y cielos despejados, lo que no impide que el aire cálido y húmedo alimente la inestabilidad al interactuar con el sistema frontal, pronosticó. Hacia la noche del jueves, estos componentes favorecerán episodios de tormentas fuertes con lluvias abundantes, actividad eléctrica y ráfagas de viento, especialmente en sectores de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán.

El reporte de Garavaglia señala que el foco de mayor inestabilidad se desplazará hacia el norte del NOA desde el viernes, con probables reactivaciones de tormentas en el periodo nocturno entre viernes y sábado. Este sector del norte argentino, especialmente Tucumán, Salta y Jujuy, será el más comprometido en las próximas 24 horas, con lluvias que en forma localizada podrían acumular más de 100 mm en cortos períodos si las líneas de tormenta se organizan de manera más vigorosa.

En tanto, hacia el fin de semana, el tiempo tendería a mostrar una gradual estabilización y descenso de temperaturas, primero en la franja central y luego extendiéndose al norte. Esta evolución marcará el final del periodo más activo de mal tiempo, con un panorama más tranquilo hacia el domingo y una mejora en las condiciones atmosféricas en gran parte del territorio, subrayó el experto.

La actividad económica argentina mostró una leve mejora al cierre del año. En diciembre, el nivel general registró una variación mensual positiva, cortando una serie de caídas previas y aportando una señal de estabilización en el tramo final de 2025. Aun así, en la comparación interanual, el indicador se mantuvo por debajo de los valores observados un año atrás.

El dato surge del Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG), elaborado por las Bolsas de Comercio de Rosario y de Santa Fe. En diciembre, el índice mostró una variación mensual del 0,01 % respecto de noviembre. En términos interanuales, se ubicó 0,8 % por debajo de diciembre de 2024, aunque el promedio de 2025 resultó 4,0 % superior al del año previo.

El principal impulso del mes provino del sector agropecuario. Las labores agrícolas crecieron 3,3 % en diciembre, encadenando su tercera suba consecutiva y alcanzando un máximo histórico para ese mes. Este desempeño estuvo vinculado al avance de la cosecha fina, con rindes elevados, y al progreso en la siembra de cultivos de la campaña gruesa, especialmente soja y maíz, lo que permitió compensar retrocesos en otros sectores de la economía.

Entre los restantes componentes del índice se observaron señales mixtas. La producción industrial mostró una mejora mensual estimada del 1 %, interrumpiendo varios meses de bajas, aunque se mantuvo 4,5 % por debajo del nivel de un año atrás. La construcción, por su parte, registró un leve incremento mensual del 0,1 % y logró ubicarse 1,3 % por encima de diciembre de 2024, reflejando una recuperación gradual de la actividad.

En contraste, algunos indicadores ligados al mercado interno continuaron mostrando debilidad. Las importaciones de bienes cayeron 1,2 % en el mes y acumularon su tercera baja consecutiva, mientras que las ventas minoristas registraron una disminución mensual estimada del 0,1 % y una contracción interanual del 6,0 %. Los patentamientos de vehículos también retrocedieron 3,2 % en diciembre, aunque el total anual de 2025 fue el más alto desde 2018. En materia fiscal, la recaudación nacional mostró una baja real tanto en la comparación mensual como interanual.

El mercado laboral tampoco logró consolidar una recuperación. El empleo asalariado privado registrado cayó 0,16 % en diciembre y se ubicó 1,5 % por debajo del nivel de un año atrás, mientras que la remuneración bruta total mostró una baja mensual del 1 % y cerró el año con una caída interanual estimada del 1,9 %. Como dato positivo, los indicadores adelantados ofrecieron una señal más alentadora: el Índice Compuesto Líder de Actividad de Argentina (ILA-ARG) subió 0,5 % en diciembre, impulsado principalmente por variables financieras, el gasto de capital del gobierno, la confianza del consumidor y la mejora en los precios de materias primas de exportación.

Por las buenas condiciones climáticas que se dieron durante la siembra, el año pasado cerró con la expectativa de que la campaña 2025/26 marcaría un récord histórico, con una producción que podría alcanzar las 154,5 millones de toneladas.

Ese escenario, sin embargo, comenzó a ajustarse en enero, cuando las lluvias se ubicaron muy por debajo de lo normal y limitaron el potencial de la cosecha gruesa, con impacto directo en el volumen de dólares que el campo aportará en los próximos meses.

Según informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) a través de la Guía Estratégica para el Agro (GEA), durante el primer mes del año las precipitaciones promediaron menos de 40 milímetros en la región núcleo. En términos históricos, lo habitual para este período es que se acumulen entre 100 y 120 milímetros, lo que implicó una caída del 66% respecto de la media.

Este déficit hídrico comenzó a enfriar la expectativa de una supercampaña. En el sector descartan, por ahora, un escenario de desastre, pero sí reconocen una corrección desde niveles muy altos de optimismo. La idea de una cosecha récord empezó a diluirse y el consenso se desplaza hacia una campaña más cercana al promedio histórico, con menores volúmenes tanto en soja como en maíz.

De hecho, de acuerdo con un relevamiento de la BCR, alrededor del 84% de la soja y el maíz se mantiene entre condiciones normales y buenas, mientras que el 16% restante aparece como regular o malo. Si bien ese porcentaje refleja daños concretos, todavía se ubica dentro de parámetros considerados habituales para esta etapa del ciclo.

El cambio de escenario productivo tendrá también derivaciones en el frente cambiario. Enero cerró con un ingreso de divisas superior al habitual gracias a mayores embarques de trigo y cebada, que permitieron liquidar USD 1.850 millones. Se trata de un dato relevante para un mes que suele ser deficitario en dólares y que, en este caso, permitió que el Banco Central comprara reservas en un contexto financiero más favorable.

“El grueso del ingreso de dólares se concentrará entre marzo y mayo, con el avance de la cosecha de maíz y soja. Allí, el volumen final y la velocidad de venta del productor van a ser determinantes”, explicó a Infobae Javier Preciado Patiño, ingeniero agrónomo y ex subsecretario de Mercados Agropecuarios.

Por ahora, resaltó, los precios internacionales no anticipan un salto significativo, lo que limita el margen para compensar menores rindes con valores más altos. Al mismo tiempo, la menor dependencia de los dólares del campo -por el aporte de financiamiento provincial y otros flujos financieros— le dio aire al Gobierno en los últimos meses.

De todos modos, en el mercado advierten que, si hacia el segundo trimestre la necesidad de divisas se intensifica, no se descarta una nueva baja de los derechos de exportación, esta vez de carácter permanente, como incentivo para acelerar la liquidación.

La crisis hídrica hace recalibrar las proyecciones del campo

Un documento de la BCR publicado en enero de 2026 mostraba el optimismo previo a las dificultades climáticas. “La nueva campaña se perfila para romper la racha y permitirle al sector finalmente superar el récord productivo marcado hace ya ocho años”. La proyección estimaba una oferta de dólares de USD 33.600 millones para 2026, un 8% menos que el año anterior, principalmente por el adelanto en la liquidación de divisas tras la eliminación de retenciones a fines de septiembre.

El impacto de la sequía se siente con más fuerza en el nordeste bonaerense y el sur de Santa Fe. En esas zonas, la combinación de altas temperaturas y lluvias muy por debajo de lo normal afectó a la soja de primera y al maíz tardío. En Pergamino, uno de los distritos testigo de la región núcleo, ya se perdió cerca del 50% del potencial productivo, según estimaciones privadas relevadas en el mercado.

De las 36 estaciones meteorológicas de la red BCR-GEA, solo una alcanzó la media histórica de lluvias. Se trató de General Pinto, en el noroeste bonaerense, con 122 milímetros. En el otro extremo, Álvarez registró apenas 9 milímetros, el valor más bajo del mes. Pujato, Maggiolo y Gödeken tampoco escaparon al déficit, con acumulados de entre 10 y 11 milímetros.

La falta de agua también se refleja en el estado de los suelos. La mitad del área de la región núcleo se encuentra directamente en condición de sequía, especialmente en su franja central, mientras que el resto presenta escasez hídrica. Solo en el sur persisten algunos núcleos con reservas regulares, producto de lluvias algo más generosas hacia fines de 2025.

Aun así, el impacto no es homogéneo. Analistas del sector coinciden en que hay situaciones puntuales muy comprometidas, donde la falta de agua ya se traduce en menores rindes, pero también zonas que lograron amortiguar el golpe gracias a la recarga previa de la napa freática. “Las buenas condiciones durante la siembra funcionaron como un colchón que hoy evita un deterioro generalizado de la campaña”, concluyó Preciado.

La alerta no solo incluye este fenómeno, sino que documenta que más de 56 familias campesinas fueron directamente afectadas en Tolima, donde una exrepresentante de una organización social les cobró hasta $2.000.000 por supuestas adjudicaciones de predios, según información oficial de la máxima autoridad de tierras de la Nación, adscrita al Ministerio de Agricultura.

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Según detalló la entidad, hay 39 denuncias penales instauradas ante la Fiscalía por la ANT, junto a 13 más trasladadas tras una mesa de trabajo reciente, y la sistematización de 971 peticiones y quejas (PQRSD) recibidas en 2025.

En este contexto, Felipe Harman, director general de la ANT, afirmó: “Estamos preocupados por cuidar la Reforma Agraria en una lucha frontal contra la corrupción, no solamente algunos líderes campesinos que terminan cobrándole a sus beneficiarios cuotas mensuales para ser beneficiarios del acceso a tierras, sino en todo el país tramitadores que dicen tener contactos al interior de la agencia para cobrarle a propietarios que quieren vender, son denuncias que hemos interpuesto ante la Fiscalía”.

Bajo la misma línea, el inspector César Santoyo, jefe de la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras (OIGT), remarcó la preocupación institucional. “Hemos logrado instaurar 13 denuncias ante la Fiscalía General solo en lo que va del año. Hay gente utilizando falsas convocatorias laborales y otras artimañas para engañar a la comunidad”, dijo Santoyo, en un video publicado por la entidad en sus redes sociales.

El esquema fraudulento muestra diferentes grados de sofisticación. En Casanare, Cauca y Tolima, los estafadores recurren a grupos de WhatsApp que simulan ser oficinas institucionales, donde exigen documentos personales y pagos en rangos de $300.000 a $2.000.000 por trámites totalmente gratuitos, de acuerdo con las leyes vigentes. Estas redes prometen inscripciones en programas inexistentes de acceso a tierras.

La expansión en el uso de drones en el campo abrió una nueva salida laboral en la Argentina. La agroindustria incorporó en los últimos años un perfil técnico cada vez más requerido. Se trata de los pilotos de drones certificados, un oficio que permite ingresos mensuales de hasta $5 millones al mes.

Según un relevamiento de Expoagro, la demanda se consolidó en el último lustro, de la mano del crecimiento de la agricultura de precisión, y la necesidad del monitoreo inteligente de cultivos y la incorporación de aplicaciones digitales en el campo, que se traducen en costos mas bajos y mejores niveles de eficiencia.

A ese proceso se sumó, en agosto del año pasado, la desregulación del uso de drones a nivel nacional, que eliminó restricciones operativas y aceleró la adopción de esta tecnología.

La integración de aeronaves no tripuladas transformó las prácticas productivas. Los drones permiten realizar relevamientos detallados, aplicar insumos de manera focalizada y evaluar el estado de los cultivos con un nivel de eficiencia hasta ahora inédito en el agro local.

En este sentido, el crecimiento del mercado fue exponencial. En apenas cinco años, las ventas de drones agrícolas pasaron de unas 20 unidades en 2020 a cerca de 2.000 en 2025.

Este salto, consecuentemente, impulsó de manera directa la demanda de pilotos especializados, según el reporte de la la mayor muestra agroindustrial del país. De hecho, este oficio, aseguran en el mercado, tiene salida laboral inmediata. Un piloto profesional que no es propietario del equipo puede acceder a ingresos de entre $1,5 y $5 millones mensuales, según el nivel de especialización y la demanda.

Qué se necesita para ser piloto de dron

Para operar drones agrícolas es obligatoria la capacitación y el cumplimiento de la normativa aun vigente. La certificación profesional exige contar con estudios secundarios completos, un certificado médico aeronáutico y la aprobación de un curso especializado en agricultura. La formación se hace de acuerdo con el peso del dron: menos de 25 kg, de 25 a 150kg y más de 150kg.

La normativa actual define que la licencia de piloto de dron es obligatoria según el peso del equipo y el tipo de operación. Los microdrones de hasta 250 gramos quedan fuera del régimen, mientras que los drones de menos de 25 kilos pueden volar sin licencia ni autorización previa si la operación es simple, dentro del alcance visual del operador, hasta 122 metros de altura y en zonas rurales.

En cambio, los vuelos más complejos, como los realizados con drones de entre 25 y 150 kilos, fuera del alcance visual, en zonas urbanas o de noche, requieren autorización de la ANAC y licencia obligatoria. Para drones de más de 150 kilos destinados a transporte o movilidad urbana, la licencia y la certificación del equipo son requisitos indispensables.

Ya hay varios cursos disponibles en el mercado que, en su mayoría, tienen una duración de entre uno y tres meses. La formación incluye cierta cantidad de horas teóricas a distancia y otras jornadas de prácticas presenciales para acumular horas de vuelo.

Para qué se usa el dron en el campo

El dron es una herramienta competitiva porque se utiliza en lugares donde tractores o fumigadores no llegan y su vida útil ronda entre tres y cinco años. Aunque los equipos tienen valores que oscilan entre los USD 30.000 y USD 60.000 y presentan una obsolescencia tecnológica acelerada, la inversión puede recuperarse en plazos relativamente cortos.

En los últimos años, el uso de drones en la agricultura de precisión se extendió a tareas como la fotogrametría, la aplicación selectiva de fertilizantes y fitosanitarios, el análisis multiespectral del estado de los cultivos, la agrimensura y el conteo de ganado.

Entre las soluciones más valoradas, el sector destaca el ahorro de hasta 90% en productos fitosanitarios y la trazabilidad de las operaciones, gracias a sistemas de registro similares a las “cajas negras” de la aviación.

Más allá de la reducción de costos y el menor impacto ambiental, también se resalta la ausencia de huella, ya que se evita transitar cultivos con la consecuente pérdida de rendimiento por el impacto de la huella de la maquinaria, pérdida que puede rondar entre el 1% al 5%. También se evita la compactación del suelo y el “marcado” del lote cuando las condiciones no son las ideales. A esto se le suma la capacidad de “manchonear” el lote sin pisarlo.

El agro argentino, responsable del 48% de los envíos del país al exterior, liquidó USD 1.850 millones en enero, informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

De acuerdo con las entidades, el valor de las exportaciones del primer mes del año fue un 82% superior al de diciembre de 2025. El incremento, resaltaron, se explicó por un mayor volumen de embarques de trigo y cebada, junto con la continuidad de las exportaciones de maíz y de productos industrializados de la soja.

Sin embargo, en un comunicado conjunto Ciara y CEC advirtieron que la Argentina “sigue estancada en su producción y en el crecimiento exportador, dependiendo exclusivamente de las variaciones de precios internacionales para modificar su estructura exportadora”.

El agro argentino cerró 2025 con exportaciones por USD 52.337 millones. Esa cifra representó un aumento del 9% en valor respecto del año anterior y una diferencia de más de USD 4.000 millones frente al total exportado en 2024.

Según datos del INDEC, el complejo oleaginoso-cerealero —incluyendo biodiésel y sus derivados— explicó en 2025 el 47% del total de las exportaciones argentinas. El principal producto exportado fue la harina de soja, seguido por el aceite de soja y el maíz.

Sin embargo, en el sector agroindustrial, las comparaciones estadísticas entre distintos períodos son generalmente imprecisas o inexactas ya que la liquidación de divisas está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos, que depende de diversos y cambiantes factores exógenos, como cambios en los precios internacionales, retracción de la oferta, distinto volumen y valor proteico de las cosechas, condiciones climáticas, feriados, medidas de fuerza sindicales, modificaciones regulatorias, barreras arancelarias y para arancelarias del exterior, exigencias fitosanitarias o de calidad de otros países, entre otros.

Para 2026, el sector agroexportador prevé una producción superior a las 140 millones de toneladas, con exportaciones estimadas en torno a los USD 34.800 millones. Las proyecciones están atadas, en gran medida, al desempeño de la campaña gruesa, que comenzó con buenas condiciones hídricas y estimaciones récord, pero sigue sujeta a la evolución del clima.

En ese sentido, el panorama climático ya genera preocupación. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), enero de 2026 registró un 66% menos de lluvias respecto del promedio histórico. En la región núcleo agrícola se acumularon menos de 40 milímetros, frente a los 110 milímetros habituales, y cerca de la mitad del área productiva presenta condiciones de sequía, con recortes en el potencial de rinde de la soja de primera.

Presión del dólar y competitividad

El sector agroexportador también enfrenta un contexto marcado por la apreciación del peso y la consecuente pérdida de competitividad cambiaria. De acuerdo con un informe que difundió el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) a fines de 2025, el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) que publica el Banco Central cayó 1% en diciembre y se ubicó 6% por debajo del promedio del año anterior. Este movimiento encareció los productos argentinos en dólares y redujo el incentivo para exportar.

En este marco, las empresas agroexportadoras explicaron cómo funcionan los flujos de divisas del sector. “El ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible”, señalaron Ciara y CEC. Detallaron que la liquidación está vinculada a la compra efectiva de granos con destino a exportación, con una anticipación de alrededor de 30 días para granos y de hasta 90 días para aceites y harinas, según el producto y el momento de la campaña.

En este sentido, el sector remarcó que no existen retrasos en la liquidación de divisas y que, a pesar de la menor competitividad cambiaria, los exportadores aumentaron los envíos al exterior, impulsados por un mayor volumen y la recuperación productiva tras la sequía.

La discusión sobre el ritmo de liquidación y el tipo de cambio volvió a exponer la tensión entre la necesidad de aportar divisas a la economía y la búsqueda de rentabilidad por parte de las compañías exportadores en un escenario de dólar estable.

El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) registró en diciembre una variación mensual del 0,01%, un dato que interrumpió una secuencia de caídas y marcó un leve punto de inflexión al cierre de 2025.

De acuerdo con el informe elaborado por las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe, “la tasa de cambio mensual del último mes interrumpe una seguidilla de variaciones negativas que configuran un pico provisorio en febrero 2025”. Ese máximo de producción, alcanzado a comienzos del año pasado, se mantuvo como referencia en un contexto de debilitamiento que se extendió entre marzo y noviembre.

Aun con ese recorrido, el nivel promedio del ICA-ARG durante todo 2025 se ubicó un 4,0% por encima del promedio de 2024. El documento aclaró que el resultado anual positivo convivió con desempeños sectoriales dispares, donde el aporte del sector agrícola fue clave para compensar los números de otras variables.

Un avance sostenido por el agro

El informe señaló que el dato levemente positivo de diciembre “se apuntala particularmente en el desempeño del sector agrícola", que compensa la caída de importaciones, patentamientos de vehículos y otros sectores. En ese sentido, el avance mensual de las labores agrícolas mostró un incremento del 3,3% en diciembre, el tercero consecutivo.

Este desempeño contrastó con la evolución de otros componentes del índice. Al analizar los diez indicadores que integran el ICA-ARG, la Tabla 1 del informe mostró que cuatro presentaron tasas mensuales positivas en diciembre. En términos interanuales, la Tabla 2 indicó que apenas tres variables exhibieron mejoras respecto del nivel de diciembre del año anterior.

Industria y construcción

La producción industrial registró en diciembre un repunte estimado del 1,0% respecto del mes previo, lo que permitió interrumpir nueve meses consecutivos de caídas.

El informe destacó que “continúa observándose una marcada heterogeneidad al interior de las diferentes ramas”, lo que explica que el rebote mensual no haya alcanzado para revertir el desempeño acumulado del año.

En el caso de la construcción, la actividad mostró una recuperación mensual del 0,1% en diciembre. Ese movimiento permitió sostener un incremento del 1,3% interanual. Según el documento, las entidades del sector “mantienen expectativas más positivas para los próximos meses”, apoyadas en la evolución de las autorizaciones de obra en los principales centros urbanos y en la expectativa de una mayor dinamización del crédito.

Consumo y comercio exterior

Las importaciones totales de bienes registraron en diciembre su tercera caída mensual consecutiva, con una merma del 1,2%. En la comparación interanual, la contracción fue del 1,3%. En contraste, las exportaciones tuvieron un desempeño favorable a lo largo de 2025 y contribuyeron a una mejora de la balanza comercial, que duplicó su volumen mensual entre junio y diciembre.

En el frente interno, las ventas minoristas encadenaron nueve meses consecutivos de bajas. En diciembre se estimó una caída mensual del 0,1%, mientras que en la comparación con diciembre de 2024 la retracción acumulada alcanzó el 6,0%.

Los patentamientos de vehículos nuevos también mostraron un retroceso mensual del 3,2% en diciembre y acumularon una merma del 6,4% interanual. A pesar de ello, el informe señaló que, “gracias al buen inicio de año, el volumen patentado en todo 2025 constituye el mejor registro desde 2018”.

Empleo y salarios

El número de asalariados privados registrados presentó en diciembre una baja del 0,16% mensual y una caída del 1,5% interanual. En paralelo, la tasa de entrada al mercado laboral mostró un incremento estimado del 1,8% mensual. En los últimos doce meses, el indicador acumuló una suba del 8,7%, equivalente a un aumento de 0,15 puntos porcentuales, al pasar de 1,75 a 1,90.

Por su parte, la remuneración bruta total de los empleados privados registrados evidenció una nueva variación negativa del 1,0% en diciembre y cerró el año con una caída interanual estimada del 1,9%.

Diciembre romió con siete meses de datos a la baja

En la síntesis del informe, las Bolsas de Rosario y Santa Fe indicaron que los nuevos datos “provocaron una corrección negativa de las estimaciones realizadas los meses previos”, aunque diciembre exhibió una variación positiva que interrumpió siete meses consecutivos de registros negativos.

Durante 2025, las variables más afectadas estuvieron vinculadas con la producción industrial, el consumo minorista y el empleo registrado. En contrapartida, “el dinamismo en el sector agrícola y agroindustrial fue relevante para aminorar el efecto negativo de dichos indicadores”.

El índice de difusión de series coincidentes, que mide el porcentaje de componentes del ICA-ARG con variaciones positivas en los últimos seis meses, se mantuvo entre el 18% y el 22% en los últimos cuatro meses del año. El informe subrayó que esos valores se ubicaron por debajo de los niveles de referencia asociados a una economía en expansión, una señal que explica la prevalencia de luces rojas en los semáforos de actividad.

En paralelo, el Índice Compuesto Líder de Actividad de Argentina (ILA-ARG) mostró un cierre de 2025 con mejores registros. En diciembre, la variación mensual fue del 0,5%, con nueve de los doce indicadores líderes aportando de manera positiva. Entre los componentes con mejor desempeño se destacaron las variables financieras, el gasto de capital del gobierno nacional, el índice de confianza del consumidor, el tipo de cambio real multilateral y los precios de las materias primas de exportación. Como contracara, persistieron señales negativas en la base monetaria, las transferencias de vehículos usados y el patentamiento de maquinarias.

El informe concluyó que, pese al debilitamiento de la actividad entre marzo y noviembre, en los últimos meses se observaron algunos avances que coincidieron con una mayor estabilidad de variables macroeconómicas como las tasas de interés y el tipo de cambio, un contexto que acompañó la mejora reciente de los indicadores coincidentes y líderes.

La empresa santafesina Bioceres supo ser uno de los casos más exitosos del agro argentino. De hecho, llegó a rozar la valuación de un unicornio y fue durante años la gran apuesta local en biotecnología para el campo. Hoy, su acción en Wall Street cotiza por debajo de USD 1 y la compañía atraviesa una reconfiguración profunda de su negocio, en un contexto local —y global— que no le resulta ajeno.

Bioceres Crop Solutions (BIOX), que cotiza en el Nasdaq, llegó a valer USD 6,55 por acción a comienzos de febrero de 2025. Un año después, sus papeles rondan los USD 0,84, lo que implica una caída cercana al 90%. Esto la convierte en una penny stock —empresas con acciones por menos de USD 1— y la expone al riesgo de desliste del mercado estadounidense.

En paralelo a su derrumbe bursátil, el holding mostró fisuras en su estructura local. A comienzos de 2026, Bioceres S.A., la sociedad argentina fundada en Rosario en 2001 y origen de Biox, se presentó en convocatoria de acreedores por una deuda impaga cercana a los USD 39 millones.

El proceso se activó luego de que la compañía incumpliera el pago de pagarés bursátiles por más de USD 5 millones, en un escenario de fuerte deterioro de sus flujos de fondos y activos financieros. Si bien hoy Biox y Bioceres SA no tienen operaciones conjuntas, la segunda fue controlante de la primera hasta la reestructuración societaria del grupo a mediados del año pasado.

La crisis también alcanzó a su pata tecnológica en los Estados Unidos. Recientemente se conoció que el control de ProFarm Group —empresa dentro del grupo de Bioceres Crop Solutions— quedó en manos de un conglomerado de acreedores tras la ejecución de garantías por USD 55 millones.

La compañía aclaró que el expediente aún está abierto y en apelación, y remarcó la brecha entre el valor ejecutado (USD 15 millones) y los USD 243 millones que Biox había pagado por la firma en 2022, en pleno auge del agro global.

A comienzos de 2025, Bioceres ya había anunciado que discontinuaría su negocio de mejoramiento y multiplicación de semillas, una de las actividades fundacionales del grupo. La semana pasada trascendió que la operación quedó en manos de las firmas locales Horus Agro y Natal Seeds, mientras la compañía decidió concentrarse exclusivamente en desarrollo tecnológico y genético.

El repliegue coincidió con un fuerte deterioro de los números: en su último ejercicio fiscal, Bioceres facturó USD 335,3 millones, un 28% menos que el año anterior, afectada por la retracción de la demanda local y menores ventas vinculadas a la tecnología HB4, sus semillas resistentes a la sequía.

Golpes al agro local

El caso Bioceres condensó varios de los problemas que atraviesan al agro argentino desde 2024. Entre ellos, caída de precios, desplome del mercado de insumos, exceso de stock, menor acceso al crédito y cambios en las reglas macroeconómicas que modificaron por completo la forma de hacer negocios.

Los problemas empezaron a hacerse visibles a fines de 2024, cuando Los Grobo Agropecuaria informó un fuerte deterioro de su situación financiera ante la caída de precios y la retracción de la demanda. En enero de 2025, su controlada Agrofina confirmó que no podría cumplir con sus vencimientos de deuda. Para febrero del año pasado, las dos empresas habían abierto su concurso preventivo.

Días después, la proveedora de insumos Surcos entró en default y también se presentó en convocatoria de acreedores.

Finalmente, a principios de 2026, Huergo Cereales S.R.L., empresa de acopio con más de dos décadas de presencia, cerró enero con 216 cheques rechazados por falta de fondos por cerca de $966 millones, a pesar de mantener calificación crediticia normal.

Según referentes del sector, la combinación de inventario excedente, precios bajos y menor acceso al crédito dejó a muchas compañías con márgenes negativos y obligó a replantear estrategias de negocio. La caída del mercado de agroquímicos —marcada por la pandemia, la sequía, la volatilidad macroeconómica y la liberación de importaciones— fue un factor clave en esta vulnerabilidad.

La oportunidad versus la sequía

A pesar del panorama complejo, el agro argentino podría recibir un impulso si se concreta el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, que podría duplicar las exportaciones de granos y subproductos a Europa, con un impacto estimado en USD 3.500 millones para el sector.

Sin embargo, el factor climático ya pone presión. Según un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el primer mes de 2026 cerró con 66% menos lluvias de lo habitual. De esta manera, la región agrícola núcleo promedió menos de 40 mm frente a los 110 mm esperados y cerca de la mitad del área productiva quedó bajo condición de sequía, con recortes significativos en el potencial de rinde de soja de primera.

Luego de la retracción del 0,3% que experimentó la actividad económica en noviembre, el ministro de Economía, Luis Caputo, necesita mostrar un repunte en diciembre para cerrar el trimestre de forma positiva, y la mayoría de los privados mostraron relevamientos en ese sentido que ilusionarían sobre lo que viene durante el 2026.

Según el Índice Líder de Actividad Analytica (ILA), que utiliza datos de alta frecuencia con elevada correlación con la medición oficial, en diciembre hubo un repunte del 0,2%, lo que derivaría en un crecimiento de 0,1% para el último trimestre y de 4,3% para el año.

“La actividad agregada mostró una mejora muy moderada en un contexto que continúa caracterizado por una marcada heterogeneidad sectorial”, destaca el informe. Si bien indicadores vinculados al consumo y a la construcción exhibieron desempeños positivos, persistieron señales de debilidad en industriales y financieros.

Además, se destacó un fuerte crecimiento de las ventas mayoristas de vehículos a concesionarios (+21,1 %), recuperación de la actividad de la construcción, reflejada en la suba del Índice Construya (+8,0 %) y en un leve aumento del consumo de cemento (+0,3 %). Como también de la demanda de electricidad de los grandes usuarios (+7,2 %) por la mejora puntual en el nivel de actividad de sectores intensivos. Los cuales compensaron la contracción de la industria, donde la producción de autos volvió a caer con fuerza (-9,1 %), acompañada por una baja en los patentamientos de autos (-1,8 %).

“Diciembre exhibe una recomposición incipiente y frágil, apoyada en pocos sectores dinámicos, particularmente consumo durable y construcción, que explica el leve avance del índice adelantado”, comentaron, a la vez que resaltaron que la persistencia de caídas en la producción industrial y en los indicadores financieros sugiere que la recuperación sigue siendo parcial y enfrenta dificultades para consolidarse en general.

El factor campo

Todo cambiaría para Equilibra en caso de que del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se excluya al sector agropecuario. En lugar de tener una variación positiva del 0,3%, contra noviembre, habría caído un 0,7 por ciento.

“La mejora de la actividad en diciembre 2025 responde exclusivamente al agro: impulsada por una cosecha récord de trigo, más que compensó la caída en la producción no agropecuaria mencionada, aportando 2 puntos porcentuales (p. p.) de expansión a la actividad. De hecho, en diciembre de 2025 la actividad agropecuaria trepó 28 % i.a., y 10,5 % en su medición desestacionalizada”, reportaron.

En la consultora OJF & Asociados presentan un pronóstico negativo respecto a lo que sucedió en el último mes del 2025. A diferencia del resto de las firmas de análisis económico, relevaron que la actividad tuvo una contracción del 0,6% respecto a noviembre, mientras que en términos interanuales fue del -0,2 por ciento.

“La actividad anota una nueva caída en diciembre, que se suma a las bajas de los otros meses del cuarto trimestre, cerrando un 2025 que fue de mayor a menor, y donde el último cuarto del año observó una baja de 0,5 % al comparar con el tercer trimestre”, sostuvieron.

No obstante, describieron un pronóstico más optimista respecto al 2026, donde observan el panorama más despejado, con mayor orden político y con la macroeconomía en una situación más estable. “Esto debería traducirse en mejor oferta de crédito productivo y en una mejora en los niveles de inversión. Entre las debilidades, debemos mencionar un mercado laboral estancado y precarizado, e ingresos de las familias deprimidos, factores que influyen negativamente en la demanda interna”, puntualizaron.

A la vez, desde Invecq juzgaron que "durante la mayor parte de 2025, la actividad económica evidenció un agotamiento. Esta dinámica respondió a la debilidad del mercado interno: los ingresos reales se recuperan lentamente, el crédito perdió impulso en los últimos meses y ni la tasa de interés ni el riesgo país descendieron lo suficiente como para dinamizar la demanda".

“Aun así, el último dato oficial de actividad —noviembre— refleja un crecimiento acumulado del 4,5% i.a. para 2025, explicado en gran medida por el arrastre estadístico que dejó el cierre de 2024. Con esa base ya agotada, 2026 arrancaría sin arrastre significativo, y proyectamos para este año un crecimiento moderado, en torno al 2–2,5% anual", sumaron.

Los analistas prevén “heterogeneidad sectorial, pero sin señales de una crisis generalizada” para el año. La firma distingue un grupo de sectores como agro, minería, pesca y construcción, que podrían registrar crecimientos anuales de entre 5% y 10%, recuperando parte de lo perdido en 2024. Otros rubros, como intermediación financiera, comercio y actividades empresariales, exhibirían un avance más moderado, del orden del 2% al 3% anual. Por último, sectores como industria, hotelería, servicios de salud y enseñanza “podrían crecer pero levemente”, en torno al 1% anual.

En lo que va de enero, los analistas de mercado perciben que las tasas siguen altas en términos reales (en comparación con la inflación proyectada por el Gobierno y los privados), lo que supone una complicación para la actividad económica.

En la consultora LCG consideran que, si bien luego de las elecciones el Gobierno obtuvo estabilidad para llevar a cabo las reformas pendientes en el Congreso, difícilmente estas tengan impacto inmediato en términos de actividad. Y que los focos deben estar cuando los proyectos del Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI) pasen a ejecución.

El sector agropecuario concluyó el 2025 con una dinámica positiva, impulsando la actividad a niveles récord. El desempeño de distintos rubros productivos y los principales complejos crecieron durante el último mes de 2025, en un escenario que combinó buenas condiciones para la producción y una demanda sólida. A su vez, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó que el cierre del año pasado arrojó un incremento de las exportaciones agroindustriales del 12% en volumen, alcanzando el récord de 115,41 millones de toneladas y un aumento del 9% en el valor llegando a 52.337 millones de dólares.

El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR) registró en el último mes del año pasado una suba mensual desestacionalizada del 1,7% y se ubicó 11,3% por encima del nivel de diciembre de 2024, según el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Dentro de las variaciones mensuales positivas, las labores agrícolas lideraron los incrementos, con una mejora del 3,3%. A esto se sumaron avances en la molienda de cebada, que creció 4,2%, y en la de trigo, con una suba del 0,9%.

También aumentó la producción de bioetanol (3,6%) y la de biodiesel (0,6%), mientras que la faena porcina mostró un alza marginal del 0,3%.

En sentido contrario, el procesamiento de soja y girasol mostró una contracción conjunta del 2,7% frente a noviembre, en un contexto de elevada demanda internacional de poroto sin procesar.

“No obstante, a los datos de diciembre hay que leerlos en el contexto de un gran año para la molienda de oleaginosas”, enfatizó la BCR.

La producción lechera registró en diciembre una caída mensual (-0,6%), la segunda consecutiva tras 19 meses seguidos de crecimiento entre abril de 2024 y octubre de 2025. Pese a esta baja, el balance de 2025 fue positivo: la producción aumentó 9,7% interanual, se ubicó 3,5% por encima del promedio de los últimos cinco años y se consolidó como la segunda más alta de la serie.

El buen desempeño anual respondió a condiciones productivas favorables y a una mayor demanda interna y externa, aunque hacia adelante el sector enfrenta un contexto internacional más desafiante, con menor demanda global y presión a la baja sobre los precios.

Por su parte, la faena aviar registró una baja del 1,6% y la faena bovina retrocedió 1,5%. “El sector muestra una tendencia hacia la retención de hacienda y una mejora en la eficiencia individual del animal, lo que ha generado una oferta a la baja en los últimos meses, contribuyendo a precios firmes”, explicó la BCR.

“A ello se le suma que, a mediados de diciembre, varios frigoríficos exportadores cerraron momentáneamente sus plantas por tareas de mantenimiento hasta enero, buscando minimizar los costos por capacidad ociosa”, agregó.

Al desagregar por subíndices, el IACA-Cultivos avanzó 3,3% en diciembre, en términos desestacionalizados, impulsado por el progreso de la campaña fina. En trigo, la combinación de una mayor superficie sembrada y el avance de la cosecha llevó a una estimación de producción de 27,7 millones de toneladas.

En cebada, la recolección alcanzó al 92% del área y la producción proyectada asciende a 5,6 millones de toneladas para la campaña 2025/26.

En cambio, el subíndice IACA-Agroindustria registró una contracción mensual del 1%. La molienda total de cereales y oleaginosas cayó 1,2% en términos desestacionalizados, afectada por menores volúmenes procesados de soja y girasol. A su vez, la actividad de faena se redujo 1,2%, con la faena bovina como principal factor de arrastre.

En el componente de agroexportaciones, los envíos al exterior de los complejos agroindustriales retrocedieron 0,9% en diciembre, tras haber acumulado un crecimiento del 32% en los seis meses anteriores.

“Casi la totalidad de la caída se explica por menores exportaciones de maíz, en un contexto de fuerte presencia internacional de Estados Unidos, que registró una cosecha récord del cereal, y Brasil, debilitando la participación del maíz argentino en el comercio global”, señaló la BCR.

De todos modos, según los últimos datos del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), el agro exportó USD 50.549 millones en 2025. El informe subrayó además que el desempeño exportador del sector se desarrolló en un escenario de menor competitividad cambiaria. En diciembre, el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) elaborado por el Banco Central retrocedió 1% frente a noviembre y se ubicó 6% por debajo del promedio registrado en 2024.

Entre los principales complejos responsables de este repunte, la entidad destacó a la soja, carne y cuero vacuno y trigo.

Exportaciones 2025

Por otra parte, según informó el Ministerio de Economía, el cierre de 2025 arrojó un incremento de las exportaciones agroindustriales del 12% en volumen, alcanzando el récord de 115,41 millones de toneladas y un aumento del 9% en el valor llegando a 52.337 millones de dólares, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base a estadísticas del INDEC.

Diez complejos, que incluyen productos primarios y sus derivados, representaron el 93% del volumen total comercializado: soja, maíz, trigo, cebada, girasol, sorgo, foresto-industria, bovinos, maní y legumbres.

En tanto, del total, 31 complejos mostraron incrementos respecto del 2024. Los más relevantes son colza con el 127%; arroz con el 78%; trigo con el 70%; girasol con el 36%; sorgo con el 31%; forrajeras, ovinos, preparaciones alimenticias y maní con el 25%, entre otros.

A su vez, del total de complejos agroindustriales también hay que destacar que 18 fueron récord de los últimos 10 años.

Asimismo, se destacan 132 productos que tuvieron sus mayores volúmenes exportados en al menos los últimos 7 años, representando el 36,5% del volumen total exportado (42 millones de toneladas). Es el caso de granos de trigo; poroto de soja; aceite de soja y de girasol; maní; azúcar de caña; maderas aserradas; rollizos; moluscos congelados; sebo bovino; carne bovina; deshuesada, fresca o refrigerada; alimentos para animales balanceados; miel; jugo de limón, vermut; margarina; semillas de trébol; queso pasta azul; pastas alimenticias rellenas; productos de mostaza, entre tantos otros.

La actividad económica mostró en diciembre de 2025 una leve recuperación, impulsada casi en su totalidad por el desempeño del sector agropecuario, de acuerdo con el anticipo del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) elaborado por la consultora Equilibra. Según el informe, el nivel de actividad registró una suba del 1% interanual y un incremento del 0,3% respecto de noviembre, en términos desestacionalizados.

De esta manera, la economía logró revertir parcialmente la caída registrada en los meses previos, aunque el informe advierte que la mejora fue acotada y concentrada en un solo sector. En términos de nivel, la actividad económica se mantuvo en diciembre un 0,3% por debajo del registro de febrero de 2025 y casi un 1% por debajo del máximo alcanzado en junio de 2022.

Un repunte explicado exclusivamente por el agro

Al analizar la evolución del EMAE excluyendo al sector agropecuario, el panorama resulta distinto. De acuerdo con el estudio, la actividad económica sin agro registró en diciembre una caída del 1% interanual, luego de haber mostrado una baja del 0,9% interanual en noviembre. En términos desestacionalizados, el retroceso fue del 0,7% mensual, lo que restó un punto porcentual a la variación total del nivel de actividad.

“La mejora de la actividad en diciembre responde exclusivamente al agro”, remarca el informe, que agrega que el resto de los sectores mostró un desempeño negativo en conjunto. La consultora detalla que la producción agropecuaria fue impulsada por una cosecha récord de trigo, que permitió más que compensar la contracción de la actividad no agropecuaria.

En cifras, el sector agropecuario registró en diciembre un crecimiento del 28% interanual y una suba del 10,5% en la medición desestacionalizada. Ese desempeño aportó cerca de dos puntos porcentuales a la expansión del EMAE total, según los cálculos de Equilibra. En contraste, la caída del resto de los sectores restó un punto porcentual a la variación interanual del indicador.

Estancamiento trimestral

El informe también analiza la evolución trimestral de la actividad económica. Luego de la contracción registrada en octubre y noviembre y la recuperación estimada para diciembre, la consultora concluye que el nivel de actividad se mantuvo prácticamente estable en el último trimestre del año. La serie desestacionalizada muestra una suba de apenas 0,1% en el cuarto trimestre de 2025 frente a los tres meses previos.

En ese contexto, Equilibra señala que, tras el crecimiento observado en el primer trimestre de 2025, la economía argentina acumuló tres trimestres consecutivos de estancamiento. “Luego de la caída de octubre/noviembre y posterior recuperación en diciembre, la actividad económica se habría mantenido estable en el último cuarto del año pasado”, afirma el documento.

A pesar de esa dinámica, el informe estima que el Producto Bruto Interno (PBI) habría crecido en promedio algo más del 4% en 2025. Ese resultado se explica, según la consultora, por el elevado arrastre estadístico que dejó la recuperación en “V” registrada durante 2024, que aportó un efecto positivo del 3,1% sobre el crecimiento anual.

El número está cerca del proyectado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que estimó un crecimiento del 4,5% en el PBI de Argentina para 2025. De cara al futuro, anticipa un 4% de crecimiento para nuestro país tanto en 2026 como en 2027.

Por su parte, el Banco Mundial proyecta que el PBI nacional terminó el 2025 con una mejora del 4,6%. Si bien se trata de un valor positivo, implica una baja respecto al pronóstico que mantenía a mediados de año (5,5%).

En tanto, según los especialistas consultados en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el PBI anotó un crecimiento del 0,4% en el cuarto trimestre del año y crecerá 3,5% en 2026 y 3,2% en 2027.

Los desempeños sectoriales

El análisis sectorial incluido en el informe muestra comportamientos heterogéneos en diciembre. Además del fuerte avance del agro, el sector de minas y canteras también presentó una variación positiva interanual (7,9%), aunque el documento aclara que en este rubro se excluye la comparación afectada por la sequía de 2023. En conjunto, agro y minas y canteras explicaron la mayor parte del crecimiento observado en el mes.

También la construcción mostró una recuperación en diciembre (1,3%). Por el contrario, la industria se achicó 3,7%, de acuerdo a la medición de la consultora. También se observaron variaciones negativas en comercio (-3,4%) y en transporte y comunicaciones (-1,9%), lo que contribuyó a limitar el alcance de la recuperación general.

En el caso de los servicios, el informe señala resultados alentadores. El suministro de electricidad, gas y agua mostró una variación interanual levemente positiva (2,2%), mientras que los servicios sociales y de salud registraron un crecimiento interanual del 1,2%. Las actividades inmobiliarias y los servicios empresariales presentaron una evolución cercana a la estabilidad (-0,2%), mientras que la intermediación financiera, logró un fuerte repunte del 10,6% en diciembre.

En tanto, la administración pública y el sector de enseñanza exhibieron variaciones acotadas, sin cambios significativos respecto de los meses anteriores, de acuerdo con las proyecciones de la consultora.

El informe aclara que la estimación del EMAE se basa en un modelo de nowcasting que contempla diversas variables económicas correspondientes al mes de referencia. En ese marco, Equilibra advierte que los datos corresponden a un anticipo y que los valores finales podrán diferir una vez que se conozcan las cifras oficiales.

El sector agrícola local alcanzó exportaciones por USD 50.549 millones en 2025, según los últimos datos del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). Este número representó un incremento del 9,3% versus el año anterior, mientras que la diferencia respecto al total exportado en 2024 fue de USD 4.286 millones.

Según el informe elaborado por la asociación que representa a las economías agroindustriales de todo el país, en diciembre de 2025 el sector exportó USD 4.062 millones, USD 492 millones más que el mismo mes de 2024.

El informe también destacó que el desempeño exportador del agro se dio en un contexto de menor competitividad cambiaria. En diciembre, el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) que publica el Banco Central cayó 1% respecto del mes previo y se ubicó 6% por debajo del promedio de 2024.

Esto quiere decir que, en términos reales, el peso se apreció frente a las monedas de los principales socios comerciales, lo que encareció los productos argentinos en dólares y redujo el incentivo cambiario para exportar. Aun así, el sector logró aumentar los envíos al exterior, impulsado principalmente por mayores volúmenes y una mejora en la producción tras la sequía.

Aporte por complejo

Entre los principales complejos responsables de este repunte, la asociación destacó a la soja, carne y cuero vacuno y trigo. El complejo sojero, históricamente el mayor proveedor de dólares de la Argentina, tuvo en este periodo una participación del 41,3% en el total exportado del sector, con USD 20.899 millones. El segmento tuvo un alza del 10%, incluso cuando el precio promedio de la tonelada para la exportación pasó de USD 473 en 2024 a USD 427 durante 2025.

Le siguió la carne y cuero vacuno, que superó los USD 4.272 millones, lo que evidenció un crecimiento del 27% contra su nivel de actividad correspondiente al año pasado. Este, no obstante, es el tercer segmento que más dólares aportó, con una participación del 8,5 por ciento.

Por el contrario, el segundo mayor proveedor de dólares fue el complejo maicero. Este, no obstante, evidenció una baja del 8% contra 2024 en el envío de granos al exterior. El aporte de divisas fue de USD 6.526 millones.

El complejo triguero aportó USD 3.470 millones, con un crecimiento de 34% frente al año pasado, mientras que la cebada registró ventas por USD 1.023 millones, una caída del 12% respecto a 2024.

Entre los complejos que más contribuyeron al crecimiento relativo destacaron el girasol, con exportaciones por USD 2.174 millones y un salto del 50%, y las legumbres, que sumaron USD 381 millones, con un aumento del 48%. El complejo lácteo también mostró una expansión con USD 1.459 millones exportados y un alza del 19 por ciento.

Por otro lado, el complejo pesquero alcanzó ventas por USD 2.030 millones, 2% más que el año anterior, mientras que el manisero exportó por USD 1.226 millones, con una suba del 3%. Otros complejos con desempeños destacados fueron el vitivinícola, limonero, peras y manzanas y papa, aunque con variaciones interanuales menores.

En contraste, algunos complejos mostraron retrocesos, como el cebadero y el maicero, junto al sector de arroz, que sumó USD 259 millones y cayó casi 10% frente al año previo.

Así, el balance de 2025 reflejó una recuperación en los principales complejos exportadores, impulsada por el aumento de volúmenes y una mejora en la producción agrícola tras la sequía.

Proyecciones para 2026

A pesar de que para este año se prevé la cosecha más grande en años, esta aportará menos dólares al inicio de 2026. Tras varias campañas afectadas por dificultades climáticas, la nueva temporada proyecta un récord histórico de 154,5 millones de toneladas. Sin embargo, este aumento en la productividad no se traducirá en un ingreso inmediato de divisas.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), entre enero y marzo el Gobierno podría recaudar unos USD 6.600 millones, por debajo del promedio histórico para un año ‘normal’ e insuficiente frente al tamaño de la cosecha.

La explicación está vinculada al adelantamiento de la liquidación de divisas tras la eliminación de retenciones que decretó el Ejecutivo en septiembre de 2025. El beneficio, que permitió liquidar unos USD 8.000 millones en apenas tres días, generó un fuerte ingreso momentáneo, pero derivó en meses posteriores con registros mínimos.

De hecho, octubre y noviembre marcaron la menor liquidación desde 2005. Como resultado, pese a que el valor total de exportaciones del agro para 2026 se estima en USD 36.800 millones, la oferta de dólares al Mercado Libre de Cambios será de USD 33.600 millones, un 8% menos que en 2025.

En un contexto internacional cada vez más exigente en términos de competitividad, las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe crecieron 6,4% en 2025, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Si bien el organismo destacó un escenario externo más favorable para la región en comparación con otros períodos, advirtió que aún persisten algunas dificultades para países como la Argentina.

Según el estudio, el crecimiento del comercio regional estuvo explicado por una recuperación de las cantidades exportadas, en un contexto de precios internacionales relativamente estables. Esa dinámica marcó una diferencia respecto de años anteriores, en los que los valores de intercambio habían jugado un rol más determinante en el desempeño exportador.

Para la Argentina, ese cambio de escenario implicó un desafío adicional. Con precios menos dinámicos, el margen para mejorar los envíos al exterior -y su consecuente ingreso de dólares- quedó más ligado a la capacidad de ganar competitividad, sostener volúmenes y reducir costos asociados al comercio.

La entidad estimó que las cantidades exportadas por Sudamérica crecieron 5,9%, una cifra que implicó una desaceleración de 7,8 puntos porcentuales frente a 2024.

En cuanto a los precios de los principales productos básicos exportados por la región, el BID aseguró que mantuvieron una tendencia contractiva. Tal fue el caso de la soja -principal complejo exportador de la Argentina- que tuvo una desaceleración en su precio del 6,7%. El precio del petróleo, en tanto, cayó 14,3%, mientras que el valor del azúcar cayó 17,4 por ciento.

El BID señaló que Sudamérica lideró la recuperación de las exportaciones dentro de la región, con una mejora en los envíos hacia Asia y la Unión Europea. En ese contexto, sectores vinculados a recursos naturales, como la agroindustria y la minería, volvieron a ganar protagonismo en el comercio regional.

Crecimiento con límites

El organismo advirtió que el repunte no fue homogéneo entre países. Mientras algunas economías lograron capitalizar la mejora del contexto externo, otras enfrentaron limitaciones estructurales que condicionaron su capacidad de aprovechar el crecimiento del comercio.

En el caso argentino, la necesidad de mejorar la competitividad apareció como un factor central para ganar participación en los mercados internacionales.

Es que a pesar de que las exportaciones del país fueron positivas en 2025 (8,1%), el año anterior se habían expandido un 19%. El mayor aporte provino de los envíos a China que explicaron 40% de la suba, seguidos por India, los Estados Unidos y destinos menos tradicionales como Suiza, Angola, Irán y Marruecos, entre otros. Los productos que más contribuyeron al aumento fueron la soja, grasas y aceites y combustibles.

El documento también puso el foco en los costos asociados al comercio exterior, como la logística, la infraestructura y los tiempos de despacho, que son actualmente los mayores conflictos para varios países de la región.

En ese sentido, el BID señaló: “América Latina y el Caribe enfrentan la necesidad de impulsar reformas estructurales y canalizar inversiones que fortalezcan la productividad de la economía en su conjunto y, de manera específica, remuevan obstáculos y promuevan las exportaciones y la inversión, a fin de que el comercio internacional siga desempeñando un papel relevante en el crecimiento económico de la región”.

Otro punto destacado fue el acceso al financiamiento para el comercio internacional. El organismo advirtió que las restricciones financieras continuaron afectando la capacidad exportadora, especialmente en economías con menor profundidad de mercado y mayores riesgos macroeconómicos.

Incertidumbre en el comercio global

En ese marco, el informe planteó que el desempeño exportador de los próximos años dependerá menos de shocks externos favorables y más de políticas que apunten a mejorar la productividad, la competitividad y la inserción internacional.

El BID también destacó que, si bien la región mostró una recuperación del comercio, el crecimiento global fue moderado. Ese contexto limitó las posibilidades de una expansión más acelerada y obligó a los países a competir en un escenario internacional más exigente.

“De cara al futuro, el contexto comercial global y de América Latina y el Caribe se caracterizará por una alta incertidumbre”, resaltó el informe. Y continuó: “Por un lado, se espera que el crecimiento económico global real se desacelere, en un contexto de menor inversión y consumo por la creciente incertidumbre a raíz de las tensiones comerciales, el aumento del proteccionismo y la mayor fragmentación política y económica”.

Asimismo, “el cambio climático constituye una fuente creciente de vulnerabilidad para la oferta exportable, dado el mayor riesgo de episodios climáticos extremos que pueden afectar tanto la producción agrícola como la logística y el transporte”.

Para la Argentina, el escenario que planteó el organismo dejó en claro que la mejora del comercio regional no garantizó, por sí sola, un salto exportador. La posibilidad de aprovechar ese contexto quedó atada a la capacidad de sostener reglas de juego estables, mejorar costos y facilitar el acceso a los mercados.

El entusiasmo inicial por la firma del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) duró poco para el agro. La modificación inesperada -y unilateral- de una cláusula que podría frenar los beneficios arancelarios para los países de América del Sur encendió las alarmas en el campo argentino.

Sucede que el capítulo agrícola-ganadero es uno de los más importantes del acuerdo para ambos bandos. Por un lado, los países del Mercosur y, sobre todo, la Argentina, celebraron la posibilidad de ampliar sus exportaciones a un mercado de 450 millones de consumidores con menores aranceles y sin cuotas que limiten los envíos.

Pero, por el otro lado, es el artículo que más preocupa a los países europeos, sobre todo a Francia e Italia, ya que se esfuerzan por proteger sus propios sectores agrícolas y ganaderos.

Entonces, con el objetivo de impedir una ‘invasión’ de productos provenientes del Mercosur, el acuerdo contemplaba una serie de salvaguardias que funcionarían como ‘airbag’ en el caso de que hubiera un ingreso muy superior de granos o cuando sus valores fueran muy competitivos contra los europeos. El bloque europeo podía congelar los beneficios arancelarios hasta que se resolviera la situación.

Entonces, si bien estas salvaguardias estaban incluidas en el acuerdo que se firmó apenas cuatro días atrás, el pasado 17 de enero en Paraguay, la Unión Europea las reforzó sin consenso del Mercosur para asegurar apoyos internos antes de avanzar con la ratificación.

“Es una forma clara de buscar condicionar y destruir el acuerdo de libre comercio. Europa se está equivocando seriamente, porque están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del continente para las próximas décadas”, comentó a Infobae Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara), responsable del 48% de las exportaciones del país.

La lista actual está conformada por 25 productos de los cuales la gran mayoría son fundamentales para la cadena exportadora argentina. Entre ellos, carnes bovinas, porcinas y aviar, lácteos, huevos, maíz y sus derivados, arroz, azúcar, miel, cítricos, etanol y biodiesel.

Cuándo podrían aplicar las salvaguardias

De esta forma, la Unión Europea se reservó la posibilidad de activar salvaguardias agrícolas ante dos escenarios concretos. Por un lado, si el ingreso de un producto proveniente del Mercosur supera en más de un 5% el volumen promedio registrado en los últimos años. Por el otro, si esas exportaciones presionan a la baja los precios internos europeos y generan una caída de al menos 5% frente a los valores históricos.

En ambos casos, el bloque podría frenar por tiempo indeterminado la baja de aranceles prevista en el acuerdo y dejar en suspenso los beneficios comerciales para el sector. Cabe destacar que previo a la modificación que introdujo la UE, el límite en ambos escenarios era del 10 por ciento.

“Esta situación no es para nada conveniente para la Argentina, porque son productos que el país produce y exporta casi en su totalidad a la UE, como el caso de la miel. De hecho, la eliminación de las tarifas brindaba una gran oportunidad para crecer en ese complejo”, comentó Javier Preciado Patiño, consultor en agronegocios y ex subsecretario de Mercados Agropecuarios.

Si bien el tratado ya está firmado por todos los países incluidos, aún deberá ser aprobado también por los parlamentos de cada una de las naciones. En la Argentina, el acuerdo está dentro del temario que deberá abordar el Congreso durante las sesiones extraordinarias, que tendrán lugar desde el 2 hasta el 27 de febrero. El Poder Legislativo local podrá aprobar o rechazar el acuerdo.

“Hay un gris legal, porque el acuerdo está firmado y las modificaciones no estaban incluidas, aunque también puede ser un juego de política por parte de Italia o Francia para dilatar la entrada en vigencia del tratado”, comentó Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

El funcionario agregó que la Argentina explica apenas el 3% de las importaciones totales de la Unión Europea, por lo que, en los hechos, la medida podría leerse más como una señal política que como una respuesta a un riesgo comercial concreto. En ese marco, Francia aparece como el principal impulsor del endurecimiento de las salvaguardias, en defensa de un sector agroindustrial fuertemente subsidiado y ante el potencial exportador de países como Brasil y la propia Argentina, incluso con retenciones vigentes.

Más limitaciones

Sin embargo, la preocupación del sector no se limita a las salvaguardias en sí. En el agro recuerdan que la Unión Europea tiene una larga tradición de limitar importaciones a través de herramientas para-arancelarias, como exigencias ambientales, sanitarias o de trazabilidad que encarecen los procesos productivos y reducen la competitividad de los exportadores.

En ese sentido, ya está en discusión la exigencia de que productos como la carne y la soja que ingresen desde América del Sur provengan de campos que no hayan sido deforestados en los últimos años. Desde el sector advierten que cumplir con esos estándares implica mayores costos, sin que Europa esté dispuesta a pagar un precio más alto por ellos.

Para la agroindustria, este combo —salvaguardias más exigencias adicionales— refuerza la idea de que el ‘airbag’ europeo podría activarse con mayor facilidad de lo previsto originalmente, dejando a los exportadores locales fuera del mercado o con beneficios congelados por tiempo indeterminado.

Mientras la soja y el maíz aún concentran la mayor parte de las exportaciones argentinas y son los complejos más auspiciosos para la generación de divisas, en 2025 hubo otros rubros que mostraron un desempeño positivo.

Productos como el azúcar, los duraznos enlatados, el tabaco y la carne lograron niveles récord de exportación en mercados clave, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La dependencia pública destacó que el año pasado cerró con un alto nivel de cumplimiento —y en algunos casos, sobrecumplimiento— de los volúmenes habilitados para exportar a destinos como los Estados Unidos y México, en un contexto de crecimiento general de las ventas externas del sector.

Azúcar

Uno de los hitos fue el uso pleno de la cuota de azúcar con destino a los Estados Unidos, uno de los mercados más regulados para ese producto.

Cada año, el país norteamericano asigna a la Argentina un cupo específico de importación de azúcar crudo con arancel reducido. Para el ejercicio 2025/26, el contingente total fue fijado en 44.178 toneladas efectivas, en un mercado que ronda los USD 60 millones anuales para el país.

De acuerdo con la normativa vigente, el Gobierno realizó la distribución del cupo en función de los antecedentes de exportación de cada firma. Entre las empresas adjudicatarias figuran Ledesma, con 16.237 toneladas, la mayor porción del cupo; Compañía Inversora Industrial, con 6.559 toneladas; Complejo Alimenticio San Salvador, con 4.945 toneladas; Prosal, con 4.809 toneladas y Arcor, con 2.857 toneladas.

Duraznos

En el caso de los duraznos en conserva con destino a México, la Argentina utilizó por completo el cupo anual de 10.000 toneladas con arancel preferencial (0%), algo que no había logrado desde que el régimen comenzó en 2005. En 2024, las exportaciones de durazno significaron unos USD 20 millones.

La Argentina es uno de los principales productores mundiales de durazno en conserva, una industria fuertemente concentrada en Mendoza y San Juan, con alto valor agregado y perfil exportador. A diferencia del durazno fresco, el enlatado tiene una larga tradición industrial que aporta a la generación de empleo.

A nivel global, el país se ubica entre los principales jugadores del segmento, junto con China, Grecia, España y Sudáfrica.

Carne

El buen desempeño también se replicó en el comercio de carnes. Las exportaciones de carne vacuna y menudencias a Colombia superaron en un 20% el volumen originalmente asignado, gracias a la utilización de parte del cupo que otros países del Mercosur no ejecutaron.

A la vez, la Argentina cumplió en su totalidad la cuota Hilton con destino al Reino Unido y agotó el cupo de carnes habilitado para Estados Unidos.

En el frente externo, 2025 fue un año excepcional para la carne bovina en términos de precios. La menor oferta en los Estados Unidos y la Unión Europea sostuvo la demanda internacional y mantuvo los valores en niveles elevados.

En ese contexto, aunque el volumen exportado cayó un 8,7% frente al récord de 2024, el valor total volvió a marcar un máximo, con exportaciones del complejo bovino que habrían cerrado el año en torno a los USD 4.600 millones, según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario.

También hubo señales positivas en segmentos históricamente marginales. La cuota de ovinos y caprinos —carne de cordero y chivo—, que durante años no llegó a utilizar ni el 5% del volumen disponible, cerró 2025 con un 11% de uso, el nivel más alto de los últimos 21 años.

Tabaco

En cuanto al tabaco, se produjo una reactivación de la cuota con destino a Estados Unidos. Tras un período de baja utilización, las exportaciones comenzaron a recuperar volumen desde septiembre, en un mercado clave para las economías regionales del norte del país.

Cosecha récord, pero menos dólares

Las proyecciones para la nueva campaña agrícola apuntan a una cosecha récord, cercana a 154,5 millones de toneladas. Sería la mayor en años, luego de varias temporadas afectadas por la sequía.

A pesar del salto productivo, el ingreso de divisas será menor en 2026. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, entre enero y marzo el Gobierno recaudaría unos USD 6.600 millones, una cifra por debajo del promedio histórico y baja en relación al tamaño de la cosecha.

Las exportaciones del sector se estiman en USD 36.800 millones, apenas USD 600 millones más que la campaña anterior.

Sin embargo, la oferta de dólares en el mercado cambiario llegaría a USD 33.600 millones, un 8% menos que el año pasado, debido al adelantamiento de liquidaciones que generó la eliminación de retenciones a fines de septiembre de 2025. Durante ese mes se liquidaron USD 8.000 millones, uno de los registros más altos, pero esa aceleración derivó en menores ingresos en los meses siguientes.

Por sector, el complejo sojero volvería a liderar con más de USD 19.500 millones, seguido por el maíz con USD 8.200 millones. El trigo aportaría USD 3.750 millones y el girasol cerca de USD 2.500 millones, superando los niveles de la campaña 2021/22.

El sistema climático inició el verano 2026 en un estado de “La Niña Débil”, aunque con una evolución considerada positiva. Los pronósticos indican que el patrón podría avanzar hacia un “Neutral Cálido” hacia el final de la estación, acompañado por una menor intensidad de los vientos polares, lo que en términos generales mejora las perspectivas climáticas. Sin embargo, el escenario no estará exento de riesgos y se anticipa un comportamiento muy dispar entre regiones.

El informe, elaborado por el Ingeniero Agrónomo especialista en agroclimatología, Eduardo Sierra, para la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, puntualiza que dentro de ese mapa contrastante, el centro del NOA y zonas aledañas aparece como una de las áreas más expuestas. Allí se prevé una franja de tormentas intensas, con fuertes vientos y lluvias torrenciales, capaces de provocar crecidas repentinas, desbordes de ríos y arroyos, e incluso desmoronamientos en áreas serranas.

Por su parte, el este del NOA, gran parte de Paraguay, sectores del Chaco, el sur del Cerrado brasileño y el extremo norte de la Mesopotamia atravesarán un período con lluvias moderadas, aunque insuficientes para compensar la elevada demanda hídrica. Esto se debe a que se esperan temperaturas extremadamente altas, lo que dejaría un balance hídrico negativo.

En cambio, el sudeste del NOA, el sur del Chaco, el oeste de Córdoba, el norte de Santa Fe, gran parte de la Mesopotamia, el sur de Brasil y Uruguay registrarían un régimen de precipitaciones moderadas a abundantes, con probabilidad de tormentas puntuales. Con temperaturas moderadamente elevadas, estas zonas podrían presentar un balance más equilibrado, mientras que el este de Cuyo, el este y sur de Córdoba, el este pampeano y el oeste bonaerense combinarían lluvias moderadas con calores intensos, lo que marcaría un balance negativo. El panorama sería más delicado aún en gran parte de Cuyo y el oeste de La Pampa, donde se esperan lluvias escasas y temperaturas muy elevadas.

En cuanto al otoño 2026, el informe prevé que comenzará bajo condiciones de “Neutral Cálido”, evolucionando gradualmente hacia un “Neutral Muy Cálido”, con posibilidad de pasar a un “El Niño Débil”. No obstante, se advierte que los vientos polares se activarían de manera temprana, compensando ese calentamiento y generando un escenario nuevamente contrastante para la región agrícola.

Las irrupciones de aire polar podrían provocar tormentas cordilleranas y proyectar una franja seca en diagonal sobre el oeste del NOA, gran parte de Cuyo y amplios sectores de la Región Pampeana, reduciendo el riesgo de calores tardíos pero elevando la probabilidad de heladas tempranas. En sentido contrario, la circulación tropical persistiría sobre el este del NOA, Paraguay, Chaco, Mesopotamia, sur de Brasil y Uruguay, con riesgo de altas temperaturas tardías, precipitaciones abundantes y tormentas severas. Con este marco, la campaña 2025/2026 mantiene un potencial productivo elevado, aunque con riesgos que no deben subestimarse, mientras crece la probabilidad de que el invierno 2026 se acerque a un evento “El Niño Débil”, que podría fortalecerse hacia la primavera.

La Mesa Argentina de Carbono advirtió que el mercado internacional de créditos de carbono representa una oportunidad económica concreta para el país, con capacidad de multiplicar los ingresos por exportaciones si se avanza en la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París. Según la entidad, la clave para destrabar ese potencial es la presentación de la nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), que permitiría a la Argentina integrarse a un circuito global que ya moviliza inversiones millonarias en la región.

Desde la Mesa señalan que el mercado de carbono debe ser considerado una decisión estratégica de política económica, con impacto directo en la generación de divisas, empleo y desarrollo regional. A través del Artículo 6, el país podría convertir de manera inmediata su capital natural y productivo en activos financieros exportables, apalancando proyectos en sectores como energía, agroindustria, bosques y gestión de residuos.

Argentina cuenta con más de dos décadas de experiencia técnica y una base sólida de proyectos certificados, aunque hasta ahora sus créditos sólo se comercializan en el mercado voluntario. Esa limitación reduce el impacto económico. “El mercado internacional del Artículo 6 paga entre dos y cinco veces más por crédito que el voluntario. Eso cambia la ecuación y vuelve viables iniciativas de gran escala que hoy no consiguen financiamiento”, explicó Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono.

Las estimaciones del Centro Argentino de Ingenieros y la Academia Nacional de Ingeniería refuerzan ese diagnóstico. Calculan un potencial mínimo de generación de 131,4 millones de créditos de carbono anuales, a partir de la producción forestal y agropecuaria y de la conservación de bosques nativos, entre otras actividades certificables. Bajo ese escenario, los ingresos por exportaciones podrían ubicarse entre USD 1.400 y USD 3.900 millones por año, muy por encima de los USD 788 millones proyectados si el país se mantiene sólo en el esquema voluntario.

El paso indispensable para activar ese flujo de inversiones y divisas es la presentación formal de la NDC 3.0 ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. De acuerdo con Cano, ese documento es un prerrequisito para negociar acuerdos bilaterales bajo el Artículo 6 y una señal clara para que el sector privado avance con proyectos orientados al mercado internacional.

El contexto global aparece como favorable. Más de 70 países ya incorporaron el Artículo 6 en sus nuevas NDC y existen más de 100 acuerdos bilaterales firmados, con naciones como Japón, Suiza y Corea entre los principales compradores. “Argentina tiene el talento y los recursos naturales para ser un proveedor relevante de créditos de carbono. Presentar la NDC 3.0 es el primer paso para dejar de mirar esta oportunidad desde afuera y pasar a jugar un rol protagónico en el mercado global”, concluyeron desde la Mesa.

Las lluvias previstas para enero y febrero no estarán condicionadas por el fenómeno de “La Niña”, que ya habría dejado atrás su fase más intensa y muestra una clara tendencia hacia un escenario de neutralidad en el Pacífico ecuatorial.

Así lo explicó el consultor de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Alfredo Elorriaga, quien señaló que el enfriamiento del océano “difícilmente vuelva a intensificarse como para afectar el régimen de precipitaciones en lo que resta del verano”. El dato resulta clave para el maíz temprano, que atraviesa semanas decisivas y depende de nuevas lluvias para sostener su potencial de rinde.

El seguimiento de la temperatura superficial del mar en el Pacífico muestra que “La Niña” alcanzó su punto más frío hace aproximadamente un mes, con una anomalía de -0,68 °C. Desde entonces, los registros comenzaron a moderarse y el último valor mensual se ubicó en torno a -0,61, confirmando una tendencia sostenida hacia condiciones neutrales.

Este comportamiento refuerza la proyección de una Niña corta y de baja intensidad, con escasa incidencia sobre las lluvias en Argentina. Incluso en momentos recientes en los que la circulación atmosférica limitó las precipitaciones en la región central, la humedad continuó ingresando al país y permitió lluvias significativas en el norte, puntualiza Cristian Russo, jefe de estimaciones de la BCR.

Al analizar los datos con mayor detalle temporal, las señales son aún más claras. La información semanal difundida por la NOAA indica que en la primera semana de enero la anomalía térmica ya alcanzó el umbral de -0,5 °C, valor que marca el límite inferior de la neutralidad.

Si bien aún se requiere que este comportamiento se consolide en los próximos informes mensuales, Elorriaga remarca que “es muy improbable que se reactive un enfriamiento capaz de condicionar las lluvias del verano”. Según el especialista, desde octubre quedó demostrado que el Pacífico no fue un factor determinante del régimen pluviométrico, y esa dinámica se mantendría durante enero y febrero.

Con un Pacífico que se encamina a la neutralidad y señales regionales más favorables, el clima parece ofrecer un respiro al campo argentino en la segunda mitad del verano.

La posible firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) en los próximos días se presenta como uno de los movimientos comerciales más relevantes de los últimos años para el bloque sudamericano, en un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, disputas comerciales y señales de debilitamiento del multilateralismo. Según un informe elaborado por la Fundación INAI, el entendimiento con Europa “abre grandes oportunidades para la inserción externa del Mercosur” y para “nuestra cadena agroindustrial”.

El documento subraya la magnitud de la contraparte: la UE es la tercera economía mundial y concentra un mercado interno de 450 millones de habitantes, con un PBI per cápita de USD 43.000 anuales. El informe agrega que el bloque importó productos agroindustriales por USD 220.000 millones en 2024, cifra que expone el volumen potencial para exportadores del Mercosur, dado que “Argentina solo explicó el 3%” de esas compras.

La Fundación INAI reseña que el 9 de enero Europa logró “resolver favorablemente sus discrepancias internas” y habilitó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a firmar el Acuerdo de Asociación Mercosur–UE. De concretarse en los próximos días, el paso pondría fin a un proceso de largo recorrido: “una negociación que demandó más de 25 años para concluir exitosamente”, señala el informe.

El acuerdo se estructura sobre tres pilares. El primero es el comercial, orientado a conformar una zona de libre comercio que facilite el intercambio de bienes, servicios y capitales, con un esquema integrado por “23 capítulos y 21 anexos”. Los otros dos pilares corresponden al componente político, que establece canales permanentes de diálogo, y el de cooperación, que incorpora pautas programáticas para promover el comercio y fortalecer especialmente a las pymes.

Para acelerar la entrada en vigencia, la UE dispuso dos instrumentos: el Acuerdo de Asociación (APEM), que reúne los tres pilares, y un Acuerdo Comercial Interino (ITA), que comprende solo el pilar comercial. Según la Fundación INAI, el ITA tendría un trámite más ágil, porque para que entre en vigor en Europa “solo se requiere la aprobación del Parlamento Europeo”, sin necesidad de ratificación de los 27 parlamentos nacionales, ya que se trata de una materia delegada.

Del lado sudamericano, el mecanismo de implementación también contempla una flexibilidad significativa. El informe indica que “no se requerirá la ratificación de los Estados Parte” para la entrada en vigor, sino que el esquema será bilateral entre la UE y cada país del Mercosur. En la práctica, el ITA comenzaría a regir para cada socio a medida que lo apruebe y ratifique, “sin tener que esperar” a los demás, lo que puede incidir en el uso temprano de beneficios comerciales.

En materia de acceso a mercados, el acuerdo define un amplio paquete de concesiones. El texto de la Fundación INAI destaca que “la UE otorgará beneficios arancelarios para el 99,5% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur”, eliminando aranceles para el 84% y otorgando cuotas o preferencias parciales para el 15,5% restante. Este esquema, afirma, permitiría que el Mercosur compita en condiciones similares con socios que ya tienen acuerdos vigentes, como Canadá, México o Chile.

Dentro de la eliminación inmediata se incluyen productos como porotos y harina de soja, maní, frutas y frutos secos, pasas, legumbres, aceites vegetales para uso industrial, y una lista de despojos comestibles y subproductos de origen animal. El informe aclara que este universo “beneficia al 70%” de las exportaciones agroindustriales del Mercosur al mercado europeo, consolidando una mejora directa sobre el costo de acceso.

Para otro segmento, se acordaron reducciones graduales en plazos de 4 a 10 años. Allí se encuentran la harina de maíz, aceites vegetales, preparaciones alimenticias, cítricos, frutillas, biodiesel, hortalizas, mermeladas, dulce de leche, alimentos para mascotas, algunas conservas de pescado y vinos. Según el reporte, esta categoría representa el 14% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur con destino a la UE.

Las cuotas arancelarias, en tanto, reúnen rubros estratégicos, como carne bovina (100.000 tn), carne aviar (180.000 tn), carne porcina (25.000 tn), maíz/sorgo (1 millón tn), además de leche en polvo, miel, arroz, quesos, ajo, etanol y ovoproductos. En este punto, el informe de la Fundación INAI resalta un incentivo operativo: “El primer Estado Parte del Mercosur en ratificar el Acuerdo tendrá derecho a utilizar el 100% de la cuota otorgada por la UE al Mercosur” hasta que se sumen los restantes socios.

El capítulo comercial también incorpora disciplinas sobre licencias y restricciones cuantitativas, y limita los regímenes discrecionales. En esa línea, el informe señala que Argentina se compromete a que “a partir del tercer año desde la entrada en vigor del ITA no aplicará más derechos a la exportación (DEX) en los productos enviados a la UE”, con excepciones para algunas cadenas. En el caso de la soja, por ejemplo, se prevén topes específicos: a partir del quinto año se consolida un máximo del 18%, que descenderá de forma gradual hasta 14% en el año 10.

La Fundación INAI concluye que el acuerdo aporta previsibilidad y funciona como un “contrapeso al proteccionismo” en un momento global de fragmentación comercial. También sostiene que el pacto moderniza marcos regulatorios y puede operar como “un ancla” para políticas nacionales sujetas a cambios pendulares. En síntesis, el documento afirma que el entendimiento con la UE “será un punto de inflexión” para profundizar la inserción del Mercosur en cadenas globales de valor y ampliar las oportunidades de exportación del agro.

Bioceres S.A., la firma de biotecnología del sector agropecuario fundada en 2001 por productores de Rosario, se presentó en convocatoria de acreedores por una deuda de más de USD 39 millones.

La compañía, dedicada principalmente a soluciones biotecnológicas para mejorar los rendimientos del campo, informó esta novedad a la SEC (Securities and Exchange Commission), que es el equivalente de EEUU a la Comisión Nacional de Valores (CNV) de la Argentina.

La firma entró en default en julio de 2025, tras la imposibilidad de afrontar en tiempo y forma una serie de pagarés bursátiles por más de USD 5 millones. Pero esta crisis había iniciado un año antes, como resultado de la caída en el precio de las acciones de Bioceres Crop Solutions (Biox), una empresa también rosarina, pero registrada en las Islas Caimán, que para ese entonces era controlada por Bioceres SA.

A mediados de 2025 las compañías realizaron una reestructuración societaria, de manera que Bioceres SA pasó a ser manejada por el grupo Moolec y quedó como una “sociedad residual” separada del grupo principal, con su propia deuda y sin participación operativa significativa en la empresa que cotiza en la bolsa de los EEUU e integra el Nasdaq, el mercado de las acciones tecnológicas más importantes del mundo.

Según confirmaron fuentes de Biox a Infobae, a pesar de que ésta aún conserva una participación minoritaria en la compañía, la crítica situación de Bioceres SA no tendrá efecto sobre la empresa, ni tampoco sobre su controlada Rizobacter.

Hoy, Bioceres SA es controlada por un grupo con base en las Islas Cimán, pero con muchos nuevos negocios en la Argentina. Moolec tiene como accionista al empresario y exsenador uruguayo Juan José Sartori, quien también tiene participación en los negocios de Tether, el gigante detrás de la criptomoneda USDT, una stablecoin que sigue la cotización del dólar.

En julio del año pasado Tether compró Adecoagro, una de las principales empresas del agro local con operaciones en la región y la compañía que recientemente se quedó con el control de Profertil, la principal productora de urea en el país.

El origen de la crisis

De acuerdo con información oficial de la compañía, la decisión de avanzar con la presentación voluntaria al concurso no responde a un hecho aislado, sino a una sucesión de eventos financieros que fueron deteriorando rápidamente la posición del grupo.

El punto de inflexión fue la pérdida de control sobre BIOX, la principal generadora de ingresos del conglomerado. Desde ese momento, Moolec y Bioceres dejaron de consolidar ese negocio en sus balances, lo que impactó de lleno en sus números y en su capacidad de acceso al crédito.

Fue por esa razón que las cuentas de la compañía se ajustaron, a lo que se sumó un contexto macroeconómico adverso para el agro argentino, con menores ventas, márgenes presionados, bajos precios internacionales y financiamiento cada vez más limitado.

Frente a ese escenario, el grupo optó por avanzar con esta herramienta como una forma de ordenar el pasivo, preservar activos clave y ganar tiempo para renegociar con acreedores. El propio Moolec reconoció en sus estados contables que, sin una inyección adicional de capital, no cuenta con los recursos suficientes para sostener sus operaciones ni ejecutar su plan de negocios.

Además de Bioceres, el grupo incluye a otras compañías vinculadas al desarrollo de biotecnología y alimentos alternativos. Entre ellas, Moolec Science, Nutrecon y Gentle Tech. Con excepción de Moolec Science, que enfrenta una fuerte crisis financiera aunque sin concurso formal declarado aún, las otras unidades no acusaron problemas financieros o concursos propios. Sin embargo, su futuro estará condicionado por la situación global del holding.

La cosecha más grande en años aportará menos dólares en el arranque de 2026. Es que después de las dificultades climáticas que condicionaron las campañas anteriores, ya se proyecta un récord histórico para la nueva temporada que podría alcanzar las 154,5 millones de toneladas (Mt).

Sin embargo, este alza en la productividad no se traducirá en un mayor ingreso de divisas, sobre todo durante los primeros tres meses del año. De acuerdo con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el Gobierno llegaría a recaudar USD 6.600 entre enero y marzo, un monto inferior al promedio histórico para un año ‘normal’, y claramente débil si se lo compara con el tamaño de la cosecha que se está desarrollando.

Según los precios internacionales proyectados para el nuevo ciclo, el aporte del sector en términos valor de exportaciones sería de USD 36.800 millones, USD 600 millones por encima del valor exportado en la campaña anterior.

No obstante, la oferta de dólares que aportará el agro en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para 2026 será de USD 33.600 millones, un 8% menos que la del año pasado. La principal explicación de esta caída tiene que ver con el adelanto en la liquidación de divisas que se dio con la eliminación de retenciones decretada a fines de septiembre.

El costo de la eliminación de retenciones

El decreto 685/2025 a través del cual el Gobierno buscaba acelerar la llegada de dólares al mercado cambiario, y, así, aumentar la competitividad exportadora, tuvo un gran rendimiento en ese mes. De hecho, se liquidaron en septiembre unos USD 8.000 millones, el segundo valor mensual más elevado de los que la BCR tiene registros.

El beneficio, que tenía un tope de USD 7.000 millones y estaba planeado para regir hasta fines de octubre de 2025, se agotó en apenas tres días hábiles. La contrapartida de esta situación fue una menor liquidación en los meses que le siguieron. Tal fue el caso del acumulado octubre-noviembre, que tuvo el nivel más bajo desde 2005, según datos del Banco Central.

“Se proyecta que esta situación se sostenga hacia los primeros meses del nuevo año, aunque no tan marcada como en el bimestre octubre-noviembre 2025, pero sí impactando en el aporte total anual para 2026″, establece el informe de la BCR.

Aportes por complejo

En el marco de una campaña récord, hay tres complejos que ya adelantan resultados históricos, tanto por la superficie sembrada, como por los rindes que se podrían conseguir.

Entre los principales sectores, el sojero se quedaría nuevamente con el podio como principal exportador, con más de USD 19.500 millones generados por los despachos de granos y derivados. También se adelanta una fuerte recuperación del maíz, con un aporte de USD 8.200 millones.

El complejo triguero, en tanto, generaría envíos por USD 3.750 millones, mientras que el girasol apunta a generar exportaciones por USD 2.500 millones. Esto lo dejaría por encima de la marca de la temporada 2021/22, el último récord del lustro que estuvo apuntalado por el boom de precios internacionales.

A su vez, en base a los números de producción, exportaciones y precios, la BCR adelantó una estimación de recaudación por Derechos de Exportación de los principales seis complejos de granos. El aporte por retenciones podría alcanzar los USD 4.830 millones en 2026, 4% más de lo estimado para 2025.

La gran posibilidad de la Argentina

La BCR proyecta envíos al exterior de granos y cereales por un total de 69,2 Mt, con el maíz posicionándose como el principal grano de exportación (40 Mt) pero también el trigo aportando despachos récord de 17 Mt.

Por el contrario, se prevé que las exportaciones de soja caigan a 5,5 Mt desde las 12,2 Mt estimadas para esta campaña. El crecimiento de este complejo dependerá casi exclusivamente del conflicto comercial entre los Estados Unidos y China, ya que la Argentina tiene la oportunidad de posicionarse como proveedor de poroto al gigante asiático, en un contexto de alta tensión en el comercio internacional.

El agro argentino atraviesa una etapa de redefinición profunda. La estabilidad macroeconómica relativa, combinada con cambios tecnológicos acelerados, plantea nuevos interrogantes sobre cómo sostener la rentabilidad sin resignar eficiencia. En ese escenario, la gestión inteligente de recursos se vuelve un eje central para productores y empresas del sector.

En ese contexto, Sergio Cortina, líder de Agronegocios Cono Sur de la multinacional Deloitte plantea que la pregunta central del sector debe ser cómo producir más de una manera eficiente. En esta línea, sostiene que el desafío pasa por encontrar un equilibrio entre reducción de costos, mejora de márgenes y sostenimiento de la competitividad.

Tecnología, datos y cambio cultural en el centro de la estrategia

Desde su perspectiva, el desarrollo de nuevas tecnologías y el avance de la conectividad permiten obtener información de campo en tiempo real y tomar decisiones más oportunas.

Asimismo, remarca que el uso de dispositivos interconectados facilita la aplicación precisa de recetas productivas. Esta implementación permite reducir los costos operativos vinculados a insumos y horas de monitoreo, además de contribuir a una mayor protección ambiental.

En esa línea, Cortina subraya que la cultura del dato resulta un factor clave. Sostiene que la gobernanza, la convergencia y la centralización de información de calidad son condiciones necesarias para avanzar hacia decisiones analíticas, inteligentes y predictivas.

Según su enfoque, el cambio requiere abandonar prácticas manuales arraigadas y aprender a confiar en la automatización inteligente que genera datos estructurados desde el origen.

De acuerdo con la metodología de Deloitte, ese proceso hoy es posible gracias a tecnologías como IoT, inteligencia artificial y al ecosistema de empresas AgTech especializadas. La consultora menciona que estos actores facilitan la adopción de soluciones adaptadas a las particularidades de la industria agropecuaria.

En ese sentido, el análisis destaca la existencia de hubs de GeoData que homologan y democratizan el acceso a la información. Estos espacios aportan un enfoque multidisciplinario para acompañar la transformación con una visión integral.

Además, Cortina, señala que una transformación Data & AI First exitosa requiere una hoja de ruta clara. Para ello, identifica seis pilares fundamentales: interoperabilidad de datos, seguridad de la información, acceso a internet en áreas rurales, personalización de soluciones, integración de sistemas agrícolas y educación continua.

Eficiencia operativa, logística y sostenibilidad como palancas de margen

Por otra parte, sostiene que la optimización de costos operativos encuentra un aliado en la agricultura de precisión. El uso de sensores, drones y mapas satelitales permite graduar la aplicación de insumos según las necesidades específicas de los cultivos.

Según lSergio Cortina, esta práctica reduce el gasto en fertilizantes y agroquímicos, al tiempo que mejora la eficiencia productiva. A ello se suma la incorporación de robótica y automatización en tareas como la siembra y la cosecha.

Desde el análisis de la firma, estas tecnologías contribuyen a disminuir costos laborales y a elevar los niveles de productividad. A su vez, la transición hacia energías renovables para riego y almacenamiento se presenta como una gran herramienta para reducir la dependencia de combustibles líquidos.

Del mismo modo, la consultora identifica a la logística como otro frente crítico. Según su evaluación, el uso de aplicaciones que permitan consolidar cargas entre productores puede disminuir de manera significativa los costos por tonelada transportada.

En línea con los trabajos que viene realizando la consultora, Sergio Cortina sostiene que la innovación tecnológica se consolida como un aliado estratégico. Plataformas digitales para la compra y venta de insumos, financiamiento online y herramientas de inteligencia artificial para planificación predictiva que transforman el negocio agropecuario.

A partir del análisis realizado, Deloitte considera que el agro argentino enfrenta una oportunidad concreta de transformar sus procesos mediante el uso de tecnología disponible. El futuro del sector dependerá de la capacidad de reinventarse a partir de datos, innovación y una estrategia integral orientada a la sostenibilidad.

La actividad económica y la inversión bruta interna mostraron retrocesos en noviembre, de acuerdo con los últimos informes elaborados por la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados. Los datos reflejan una caída mensual del nivel de la economía, medida sin estacionalidad, y una baja interanual de la inversión bruta interna, luego de varios meses de registros positivos.

Según el Índice General de Actividad (IGA-OJF), el nivel de actividad económica registró en noviembre una contracción del 0,8% mensual, en la medición desestacionalizada, lo que implicó un freno en la dinámica de los meses previos. Sin embargo, en términos interanuales el indicador mostró una suba de 1,6%, mientras que el acumulado de los primeros once meses del año arrojó un crecimiento de 5,4 por ciento.

El estudio destacó que la contracción mensual “cortó con la expansión de los últimos meses”, y remarcó que el desempeño interanual mostró una desaceleración frente a períodos anteriores. En ese sentido, el reporte puntualizó que algunos sectores tuvieron un comportamiento negativo durante noviembre.

“La medición interanual muestra una suba de 1,6%, desacelerando respecto de las cifras pasadas, destacándose la merma de la industria (-3,7%) y la del comercio (-0,7%)”, indicó el informe del IGA. Estos dos sectores tuvieron una incidencia relevante en el resultado general del mes.

En el caso de la industria manufacturera, la consultora señaló que “noviembre no fue un buen mes en términos de producción industrial”. La serie desestacionalizada del Índice de Producción Industrial (IPI-OJF) mostró una caída mensual de 1,8%, luego de que la mejora observada en octubre fuera revisada a la baja. En la medición interanual, el sector acumuló una contracción de 3,7%, aunque el resultado de los once primeros meses del año todavía arrojó una suba de 1,6 por ciento.

Dentro del sector industrial, uno de los retrocesos más relevantes se observó en la producción automotriz. Según el informe, durante noviembre se produjeron 37.961 vehículos, lo que implicó una caída de 29,3% interanual y de 19,6% respecto de octubre.

Otros sectores mostraron desempeños heterogéneos. La actividad de electricidad, gas y agua registró una contracción interanual de 0,5% en noviembre y acumuló una baja de 1,5% en los primeros once meses del año. En el detalle, la consultora indicó que Cammesa informó una caída de 4,4% anual en la generación eléctrica, asociada a una menor demanda residencial.

En contraste, el sector de minas y canteras presentó una suba interanual de 9,2% en noviembre y acumuló un crecimiento de 7,3% en lo que va del año. El informe señaló que este desempeño estuvo liderado por la actividad en Vaca Muerta, donde la producción de petróleo crudo creció 28% interanual, mientras que la producción de gas natural registró una baja de 3 por ciento.

El agro también mostró un comportamiento positivo en la comparación interanual. La actividad de agricultura y ganadería creció 8,9% en noviembre, impulsada por la campaña triguera, aunque el acumulado de los primeros once meses del año reflejó una leve merma de 0,3 por ciento.

La inversión bruta interna

En paralelo al freno de la actividad, la inversión bruta interna fija volvió a mostrar un retroceso en noviembre. De acuerdo con el Índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM-OJF), la inversión real cayó 2,6% interanual, medida en términos de volumen físico.

“El IBIM-OJF registró para noviembre una caída de la inversión de 2,6% interanual medido en términos de volumen físico”, indicó el informe. En valores corrientes, la inversión fue estimada en USD 6.734 millones, mientras que la relación inversión-producto se ubicó en 18,2% del PBI, según la medición en volumen desestacionalizado.

El comportamiento de la inversión mostró diferencias marcadas entre sus principales componentes. La inversión en maquinaria y equipos registró una expansión interanual de 3,6% en noviembre y acumuló un crecimiento de 32,8% en los primeros once meses del año.

Dentro de este rubro, la inversión en bienes de capital importados mostró una suba de 9,6% interanual, mientras que la inversión en equipos de origen nacional se redujo 3 por ciento. Este contraste explicó parte de la dinámica general del indicador durante el mes.

El sector de la construcción, en cambio, tuvo un desempeño negativo. La inversión en construcción cayó 8,8% interanual en noviembre, lo que representó “la contracción más abultada del año”, según la consultora. A pesar de este resultado, el acumulado de enero a noviembre todavía mostró una suba de 1,8 por ciento.

En su conclusión, el informe de inversión remarcó que “luego de once meses de registros positivos, la inversión vuelve a registrar una contracción en la medición interanual”. Además, precisó que “la importante caída de la construcción, más la baja de la inversión en equipos nacionales, primó sobre la expansión de la inversión en equipos durables de producción importados”, que en noviembre mostró la suba más moderada de los últimos doce meses.

De este modo, los datos de noviembre reflejaron un freno simultáneo en la actividad económica y en la inversión, con impactos diferenciados entre sectores.

El Gobierno dispuso en la última semana un nuevo recorte a los derechos de exportación, más conocidos como retenciones, a los principales granos. Si bien la medida fue celebrada por todo el sector agropecuario, su impacto sería limitado tanto en términos de ingreso de divisas como en los márgenes de los productores.

Las alícuotas se modifican de la siguiente manera: para la soja pasa de 26% a 24%, y para sus subproductos baja de 24,5% a 22,5%, trigo y cebada descienden de 9,5% a 7,5%, maíz y sorgo de 9,5% a 8,5%, y para girasol de 5,5% a 4,5% por ciento.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que “esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”.

Reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país (Caputo)

De este modo, Caputo afirmó: “reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) resaltó que con esta reducción, la alícuota del complejo de soja quedó en su nivel más bajo en casi 19 años.

Impacto en la generación de dólares

El consultor agropecuario Javier Preciado Patiño opinó: “Una de las razones por las que el Gobierno tomó esta decisión ahora es que las liquidaciones vienen muy bajas después del ‘dólar soja’ de septiembre. La estabilidad cambiaria de las últimas semanas se explicó por las ON que lanzó el sector privado, especialmente las empresas de energía, y por algunas colocaciones de deuda de las provincias”.

Entre los analistas predomina la incertidumbre sobre si ese alivio alcanza para sostener la situación en verano, cuando aumenta la demanda de divisas para viajes al exterior.

Da la impresión de que el Gobierno buscó enviar una señal al campo para mejorar el precio y acelerar las ventas de cara a los primeros meses de 2026 (Preciado Patiño)

Preciado Patiño añadió: “Da la impresión de que el Gobierno buscó enviar una señal al campo para mejorar el precio y acelerar las ventas de cara a los primeros meses de 2026. Un dato concreto es que el registro de exportaciones del complejo sojero para enero y febrero está por debajo del promedio”.

En cuanto a la discusión política, dijo a Infobae: “El otro punto, ya en el terreno de las hipótesis, es si esta medida no contribuye también a facilitar la aprobación del Presupuesto 2026. Sería un gesto hacia Córdoba y Santa Fe, donde la discusión por las retenciones siempre está presente”.

Por su parte, Mariela Brandolin, consultora en mercado de granos e inversiones financieras, sostuvo: “Si bien es una buena noticia, a priori, no implicaría un impacto significativo ni en los precios internos ni en el ingreso de divisas. La reducción de derechos de exportación mejora la capacidad teórica de pago en alrededor de USD 4 para el trigo, USD 2 para maíz y sorgo, USD 8 para la soja y USD 4 para el girasol”.

La reducción de derechos de exportación mejora la capacidad teórica de pago en alrededor de USD 4 para el trigo, USD 2 para maíz y sorgo, USD 8 para la soja y USD 4 para el girasol (Brandolin)

“Dado que los compradores ya venían convalidando valores superiores a esa capacidad teórica -con la excepción del trigo-, no espero un cambio relevante en el ritmo de comercialización. Incluso en el caso de la soja, que sería la más beneficiada, es difícil que veamos un repunte significativo en las ventas, porque el flujo comercial ya venía siendo elevado en los meses previos”, precisó la especialista.

Según la BCR, falta que el mercado le ponga precio a 27,2 millones de toneladas entre soja y maíz de la campaña 2024/25, que equivale a unos USD 7.084 millones según la valuación FAS actual (precio de un grano antes de ser cargado a un buque). Por el lado del trigo, que recién comienza el ciclo 2025/26, restan unas 18,6 millones de toneladas, que representan USD 3.016 millones.

Carlos Steiger, director del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, señaló: “La baja de retenciones no afecta el precio FOB que depende de Chicago y una prima local. Lo que puede pasar es que se acelere la venta de las cosechas en Argentina y que los dólares ingresen antes, como ocurrió antes de las elecciones con las retenciones cero”.

Un informe de dicha casa de estudios apunta que “la decisión del Gobierno generó una lectura ambigua en el mercado: aunque el objetivo es mejorar la competitividad, el impacto real es acotado”.

Dante Romano, profesor e investigador de la universidad, contó: “Hoy la industria debería estar mostrando márgenes positivos de entre USD 10 y 12 por tonelada, pero continúa en terreno negativo”.

Hoy la industria debería estar mostrando márgenes positivos de entre USD 10 y 12 por tonelada, pero continúa en terreno negativo (Romano)

Hacia la nueva cosecha, los márgenes proyectados son de USD 20 a USD 30 por tonelada, pero los cereales todavía muestran rojos de entre USD 5 y USD 10. Romano advirtió: “No corresponde esperar un traslado lineal de la quita impositiva al precio, porque el mercado siempre se define por oferta y demanda”. Además, falta conocer la letra chica del decreto para saber si es temporal o si tendrá condicionantes. “Por ahora, la medida tiene gusto a poco”, concluyó.

Efecto sobre las cuentas públicas

De acuerdo al Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la baja de derechos de exportación supondría un costo directo para las cuentas públicas de aproximadamente USD 570 millones.

Al considerar un posible aumento de recaudación vía Impuesto a las Ganancias -dada la distribución de coparticipación-, el costo fiscal cae a USD 520 millones, equivalente a $704.600 millones y a 0,08% del PBI. En tanto, las provincias y CABA recibirían USD 66 millones.

“Dependiendo del grado de elasticidad de la oferta, se tendrá el porcentaje de recaudación de derechos de exportación recuperado. En un extremo, puede compensar completamente la reducción. Es decir, el incremento de la producción puede incrementar la base imponible del tributo y compensar el descenso de alícuota”, evaluó el Iaraf.

El costo fiscal cae a USD 520 millones, equivalente a $704.600 millones y a 0,08% del PBI. En tanto, las provincias y CABA recibirían USD 66 millones (Iaraf)

El presidente del Iaraf, Nadin Argañaraz, aseguró que, con el anuncio, “el Gobierno seguramente busque modificar las expectativas para impulsar la producción y que el costo fiscal sea nulo”. Igualmente, remarcó que existen otros factores que pueden influir a futuro, tales como las condiciones climáticas y la evolución de los precios internacionales.

La BCR indicó: “La rebaja de alícuotas para los principales granos y derivados tendrá un impacto de USD 511 millones en 2026, dejando la recaudación por este concepto en un estimado de USD 4.809 millones bajo el nuevo esquema, lo que representa una caída del 10% con relación a lo que se proyectaba en el escenario previo”.

LCG estimó que el costo fiscal de la quita parcial de retenciones ascendería a USD 700 millones en 2026, equivalente a 0,1% del PBI. “Contrasta con las proyecciones que el Poder Ejecutivo incorporó al Presupuesto 2026, próximo a tratarse en el Congreso. Allí se asume que lo recaudado por ese tributo crecería de 0,95% a 0,98% del PBI entre 2025 y 2026″, subrayó la consultora.

En ese proyecto “el Gobierno se comprometió a alcanzar un superávit primario del 1,5% del PBI en 2026. Implica una ‘relajación’ de 0,1 puntos porcentuales respecto a la meta autoimpuesta para este año. Con esta medida, ese alivio fiscal ya estaría incorporado”, detalló.

La reducción de las alícuotas de retenciones impacta de manera directa en la rentabilidad agrícola proyectada para la campaña 2025/26. El nuevo esquema establece una rebaja permanente en la carga impositiva para los principales cultivos que apunta a recuperar la competitividad del sector agroexportador, particularmente en zonas marginales en términos ambientales o muy alejadas de los puertos.

A saber, la alícuota para la soja disminuye de 26% a 24%, para los subproductos de soja de 24,5% a 22,5%, para trigo y cebada de 9,5% a 7,5%, para maíz y sorgo de 9,5% a 8,5%, y para girasol de 5,5% a 4,5 por ciento.

El Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), de la Fundación Mediterránea, evaluó cómo quedará la rentabilidad agrícola para la campaña 2025/26 a partir del nuevo esquema tributario y comparó con un escenario en que las alícuotas del tributo se hubiesen mantenido sin cambios desde la asunción del gobierno actual.

El análisis cubre dos zonas clave: la zona núcleo (sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires) y la zona extrapampeana (norte de Córdoba, Santiago del Estero y otras regiones del centro-norte del país), así como dos formas de tenencia de tierra: campo propio y campo alquilado. En todos los casos se evalúa una escala de 500 hectáreas y una rotación paritaria entre soja y maíz.

La comparación entre el nuevo régimen tributario, con alícuotas fijadas en 24% para soja y 8,5% para maíz, y el escenario contrafáctico de mantener las tasas anteriores (33% y 12% respectivamente desde el inicio de la actual administración), evidencia una mejora de entre 38 y 76 dólares por hectárea en la rentabilidad neta, según zona y modalidad de tenencia.

“El esquema tributario vigente implica una mejora de entre USD 38 y 76 por hectárea en la rentabilidad neta del productor respecto de la que se habría registrado en 2025/26 si las alícuotas de retenciones no bajaban”, señala el IERAL.

Este aumento responde a una baja en la carga fiscal sobre la renta agrícola. “La reducción de la carga tributaria total —entendida como el porcentaje de la renta generada (ingresos menos costos) que el productor no puede apropiarse por efecto de los impuestos— es de entre 8 y 20 puntos porcentuales según el caso”.

El impacto de la rebaja de retenciones no resulta uniforme en todos los productores. Los márgenes netos mejoran en la zona núcleo y en las explotaciones de campo propio, pero la carga tributaria permanece elevada.

En la campaña 2025/26, los productores de la zona núcleo enfrentan tasas de entre 53% y 73%, mientras que en la zona extrapampeana, los niveles llegan a 67% para propietarios y superan 123% para arrendatarios. “Que la carga tributaria resulte superior al 100% para arrendatarios de la zona extrapampeana significa que los impuestos siguen haciendo inviable a la actividad en este caso”.

Las estimaciones muestran que la mejora en rentabilidad generada por la rebaja de retenciones representa un alivio parcial. Persisten limitaciones estructurales para los agricultores de zonas de menor productividad o mayor distancia a los puertos, especialmente quienes explotan campos alquilados, que continúan con márgenes negativos y enfrentan inviabilidad económica producto del peso de los tributos.

El IERAL asegura que el costo fiscal derivado de la medida compensa el retorno directo al sector privado, al disminuir la recaudación estatal en concepto de retenciones y aumentar la proporción de ingresos retenidos por los productores.

Consideran que la medida busca incentivar la producción y, a futuro, reactivar áreas marginadas de la frontera agrícola, aunque el recorrido hacia una carga tributaria considerada sostenible permanece pendiente.

El estudio indica que “muchas de estas tierras que hoy no son rentables a causa de los impuestos podrían volverse rentables y reactivar la expansión de la frontera agrícola”.

El gobierno argentino anunció una reducción del impuesto a la exportación o retenciones para la soja al 24% desde el 26% actual, y del aceite y la harina derivados al 22,5% desde el 24,5%. La administración de Javier Milei también anunció que recortará las tasas a los embarques al exterior de maíz del 9,5% al 8,5% y las de trigo de 9,5% a 7,5%. Una fuente del Gobierno indicó a Reuters que la medida entraría en vigencia una vez publicada en el Boletín Oficial, en los próximos días.

¿Cuál será el efecto de la reducción de retenciones?

1) En lo inmediato la medida le va a dar un impulso a las ventas de trigo, que se concentran en diciembre y enero, y parcialmente para las liquidaciones del complejo sojero, cuyas liquidaciones se efectúan masivamente entre abril y julio.

2) La señal más fuerte que da el Gobierno es que este recorte del orden de dos puntos para las alícuotas de derechos de exportación es permanente, lo que marca una diferencia con la reducción temporal para granos y derivados al 0% y que se aplicó en septiembre, por un lapso que abarcó solo 72 horas, con un cupo máximo de USD 7.000 millones en DJVE (Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior). Justamente, por haberse incentivado la liquidación en septiembre, a esta altura del año queda poco producto remanente para ofrecer en la plaza.

3) En cuanto a la recaudación, los derechos de exportación aportaron cerca de 7 billones de pesos en 2025. Este monto, que representa un poco más del 4% de los recursos tributarios, equivale a unos USD 4.900 millones de dólares.

Si se tiene en cuenta que las alícuotas para soja y derivados se reducen en dos puntos desde la liquidación del segundo trimestre (del 26% al 24% para el grano sin procesar, y del 24,5% al 22,5% para productos industriales), esto arroja una caída de recaudación estimada del 8% para el año entrante en este cultivo. En el caso del maíz la baja de recaudación rondaría el 10,5% (reducción de un punto en la alícuota), y para el trigo, del 37% (al reducirse la alícuota en 4,5 puntos respecto de enero de 2025).

Una caída en la recaudación del sector en un rango del 9% al 10% interanual implicaría para el fisco un sacrifico de no menos de USD 500 millones, en caso de mantenerse los precios internacionales con pocas oscilaciones respecto del nivel presente.

Estimaciones de Romano Group cifran en unos USD 580 millones el costo fiscal de la medida en 2026, mientras que un análisis de la consultora LCG proyecta que el Gobierno resignará recaudación por unos USD 687 millones de ingresos tributarios por este concepto. Estos números están sujetos al volumen de producción exportable y la evolución de los precios internacionales.

4) En cuanto al impacto cambiario, la baja de retenciones puede maximizar las ventas de trigo (el cultivo con baja más importante de retenciones) y, por lo tanto, mejorar los ingresos de divisas al mercado durante el verano. El cereal viene con estimaciones récord en a presente cambiaria, de 24,5 millones de toneladas según la Bolsa de Comercio de Rosario, y de 25,5 millones según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Dado un stock inicial estimado en 3,4 millones de toneladas de la cosecha anterior, elevaría la oferta total a un rango entre 27,9 y 28,9 millones. Esto deja un saldo exportable de 16 a 17 millones de toneladas frente a 12,3 millones en el ciclo previo.

Con precios en el mercado de Chicago de USD 197 la tonelada, el trigo tiene un potencial exportador de unos USD 3.200 millones este verano, unos USD 700 millones más que la campaña anterior, aunque esta mejora se basa más en la oferta exportable que en el incentivo tributario.

5) El beneficio es parcial para el productor, debido a que el traslado de la baja de impuestos al precio del mercado interno sería menor en un período de alta liquidación. Un informe de la Universidad Austral consignó que “la decisión del Gobierno de bajar las retenciones generó una lectura ambigua en el mercado. Aunque la medida busca mejorar la competitividad, su impacto real es acotado” en los precios de la plaza local. “Hoy la industria debería estar mostrando márgenes positivos de entre USD 10 y USD 12 por tonelada, pero continúa en terreno negativo”, señaló Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

Hacia la nueva cosecha (de soja), los márgenes de mejora del precio para el productor son de USD 20 a USD 30 por tonelada, pero los cereales muestran todavía márgenes negativos de entre 5 a 10 dólares. Por eso, Romano advirtió que “no corresponde esperar un traslado lineal de la baja impositiva al precio, porque el mercado siempre se define por oferta y demanda. Además, falta conocer la letra chica del decreto para saber si la baja es temporal o si tendrá condicionantes: Por ahora, la medida tiene gusto a poco”.

“La decisión se asocia con la necesidad de generar dólares en el verano de parte del complejo sojero” (Javier Preciado Patiño)

La ingeniera agrónoma y analista Paulina Lescano precisó que “en el caso de la soja se estaba pagando muy por encima de la capacidad de pago teórica con los derechos de exportación que había hasta el viernes. La rebaja de derechos de exportación para soja podemos decir que representan unos USD 8 por tonelada y parece difícil que se vea una mejora respecto de los niveles que tuvimos el viernes pasado; si se da esa suba, es una oportunidad para aprovechar. En el trigo son cerca de USD 4 por tonelada la mejora, pero en el trigo tenemos la contra de que se está bajo la presión de la cosecha, entonces es difícil que se vea esa mejora. En maíz la mejora es de dos dólares por tonelada".

“La decisión se asocia con la necesidad de generar dólares en el verano de parte del complejo sojero, porque la ventas de los productores fueron muy bajas en las últimas semanas, no mayores a 100.000 toneladas por día, nivel que no hace posible completar el programa de exportaciones de enero, febrero y marzo. Esto podría mejorar la oferta de precios para los productores e impulsarlos a venderle soja a la industria y generar dólares para una economía debilitada”, comentó el ingeniero agrónomo y asesor Javier Preciado Patiño.

“Es una mejora de precio importante, aunque no veo al productor con ganas de vender soja, maíz y trigo” (Salvador Di Stefano)

“Es una decisión muy valorada y positiva. Es clave seguir avanzando en la baja de derechos de exportación, especialmente en el complejo agroindustrial de la soja”, dijo a Reuters Gustavo Idígoras, presidente de Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y Centro Exportador de Cereales (CEC).

“Es una mejora de precio importante, aunque no veo al productor con ganas de vender soja, maíz y trigo. Y respecto a la recaudación, el impacto no va a ser tan importante”, expresó el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.

“El impacto en este momento no lo veo tan claro, porque evidentemente estamos hablando de que mucha soja se vendió ya, con lo todo va como una señal pensando en la nueva campaña 2025/2026, una señal de apoyo a que se siembre y se produzca más que al impacto que pueda generar en el corto plazo un escenario comercial y la recaudación asociada. No veo grandes impactos inmediatos, tiene que ver con un incentivo para que el productor siembre y sepa que tiene el apoyo del Gobierno para ir cambiando de a poco el escenario y la política de retenciones”, afirmó el analista financiero Ruben Ullúa.

“No corresponde esperar un traslado lineal de la baja impositiva al precio que recibe el productor” (Dante Romano)

Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja, y el tercero de maíz. De esta manera, el Gobierno se acerca más a su promesa electoral, cuando aseguró que eliminaría de forma gradual la tasa a las exportaciones del sector.

“Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo en la red social “X”, donde escribió que “eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente. Y seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”. “Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”, añadió Caputo.

“No veo grandes impactos inmediatos, tiene que ver con un incentivo para que el productor siembre y sepa que tiene el apoyo del Gobierno” (Ruben Ullúa)

Desde las cámaras de exportadores y procesadores de granos celebraron la decisión del Gobierno, aunque los analistas destacan más la señal del recorte de las retenciones en vistas a la próxima campaña que una mejora en las exportaciones en el corto plazo.

¿Cómo quedan las alícuotas?

• Soja: de 26% a 24%
• Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%
• Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%
• Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%
• Girasol: de 5,5% a 4,5%

“Con la baja de retenciones anunciada hoy (ayer), las alícuotas permanentes de derechos de exportación del maíz y el trigo se ubican en mínimos de seis años”, precisó la Bolsa de Comercio de Rosario.

“Esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”, expresó Caputo. Y reafirmó la “convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo. El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”.

La productividad agrícola en Latinoamérica enfrenta desafíos conocidos —clima, disponibilidad de tecnología, acceso al financiamiento—, pero el nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) incorpora un elemento que se vuelve determinante para entender el desempeño del sector: la accesibilidad a los mercados.

Según el estudio, las mejoras en conexión logística entre zonas productivas y centros de consumo pueden elevar la productividad entre un 20% y un 30%, superando incluso el impacto de algunas intervenciones tecnológicas.

El hallazgo desplaza el foco tradicional: ya no se trata solo de cuánto se produce o qué insumos se utilizan, sino de qué tan rápido, estable y eficientemente la producción llega a destino. En un contexto donde los mercados son más competitivos y las cadenas agroalimentarias operan con márgenes estrechos, la logística se convierte en un multiplicador decisivo.

El transporte como variable crítica en la cadena agroalimentaria

El informe muestra que una parte sustancial de las pérdidas, interrupciones y caídas de productividad está asociada a dificultades logísticas, desde la distribución de insumos hasta la salida de la cosecha. La falta de conectividad fluida genera retrasos, incrementa costos y altera calendarios comerciales, afectando directamente la competitividad de los productores.

Cuando la accesibilidad mejora —ya sea por mayor disponibilidad de transporte, reducción de tiempos de traslado o mejor articulación entre actores de la cadena—, los sistemas productivos no solo entregan más: entregan mejor, con mayor estabilidad y menor exposición a pérdidas.

Uno de los impactos más destacados del estudio es la disminución de pérdidas vinculadas a fallas en infraestructura y transporte. Con una cadena más integrada, los productores reducen riesgos, planifican con mayor precisión y acceden a mercados que antes eran inaccesibles por tiempos o costos.

La logística de insumos: un eslabón determinante y poco visible

El documento también subraya el rol del transporte en la provisión de insumos, un aspecto muchas veces ausente en la discusión pública. Semillas, fertilizantes, maquinaria y servicios técnicos dependen de una red logística que debe llegar a zonas rurales con regularidad. Cuando ese flujo se interrumpe o se encarece, toda la estructura productiva queda condicionada.

En varios países de la región, el informe registra cómo los programas que mejoran la entrega de insumos —asociados a inversiones en servicios logísticos o en contratos públicos para provisión de maquinaria e infraestructura operativa— generan un círculo virtuoso que impulsa la productividad desde el inicio del ciclo agrícola.

La productividad, en estos casos, depende menos del volumen de insumos y más de la oportunidad en que se distribuyen, especialmente en sistemas donde la estacionalidad y el clima dejan ventanas operativas muy acotadas.

Infraestructura rural: relevante pero en segundo plano

Si bien el estudio también evalúa intervenciones sobre caminos rurales, su aporte aparece como parte de un ecosistema más amplio. La mejora de caminos, por ejemplo, reduce tiempos de traslado y facilita la llegada a mercados, pero no es el protagonista principal: lo decisivo es la capacidad del sistema para mover producción y conectar territorios productivos con nodos de consumo.

Los datos muestran que, incluso con inversiones moderadas, las mejoras logísticas generan impactos que superan ampliamente los resultados obtenidos solo por infraestructura física. La competitividad depende de cómo se integran los distintos eslabones, desde la cosecha hasta la entrega final.

Una agenda logística para la productividad agrícola regional

El informe plantea una conclusión clara: la próxima etapa de crecimiento agrícola en Latinoamérica no llegará únicamente por expansión de superficies o incorporación de tecnología, sino por la optimización del transporte, la distribución y la accesibilidad a los mercados.

Para la región, esto implica:

• Fortalecer la logística de insumos.
• Acortar distancias operativas entre productores y mercados.
• Mejorar la continuidad del transporte en zonas rurales.
• Coordinar servicios logísticos que aseguren entregas estables y oportunas.

En un escenario donde las cadenas de suministro son cada vez más exigentes y los consumidores demandan disponibilidad continua, la accesibilidad —y no solo la producción— es el componente que puede transformar la competitividad agrícola latinoamericana en la próxima década.

El aporte del sector agropecuario al ingreso de divisas volverá a cobrar impulso este año, impulsado principalmente por la mejora del precio internacional de la soja y por mayores volúmenes esperados de maíz y trigo para la campaña 2025/26. Según un informe de la consultora LCG, la combinación de mejores cotizaciones y mayor producción permitirá que el valor total de la cosecha aumente en torno a USD 4.000 millones.

De acuerdo con el relevamiento, “el futuro de la soja para mayo de 2026 en la Bolsa de Chicago pasó de un promedio de USD/Tn 390 entre enero y septiembre a USD/Tn 420 en los últimos días, lo que representa una suba del 8%”. El movimiento alcista se produjo tras el acuerdo entre China y Estados Unidos, que reactivó las compras de soja norteamericana y generó un impacto directo en las cotizaciones globales.

Si bien para la Argentina se proyecta una producción menor de soja respecto del ciclo previo, el aumento del precio más que compensa el recorte en volumen. LCG estima que la cosecha de soja 2025/26 será de 47 millones de toneladas, frente a los 49,5 millones de toneladas del año anterior. Aun así, el efecto precio genera un incremento significativo en el valor de la producción: “En total, sólo por efecto precio, el valor de la producción de soja aumentaría USD 1.400 millones”, planteó la consultora.

Precios en máximos y efectos del acuerdo comercial

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) señala que las cotizaciones de la oleaginosa alcanzaron “máximos de 16 meses” en Chicago y que la tendencia está fuertemente ligada a la dinámica de compras de China. Según la entidad, “la cotización del contrato más operado en Chicago por soja alcanzó los USD 425/t, máximos desde julio de 2024 y 13% por encima del precio promedio durante este año”.

El avance de la harina de soja también acompañó esta tendencia. La BCR destacó que “el precio de la harina de soja llega a los USD 360/t”, tras escalar un 23% desde el comienzo de octubre.

La entidad explicó que el mercado reaccionó en los últimos días a señales de mayores compras chinas: “Llegaron reportes oficiales que indican ventas externas por un total de 1,5 Mt al gigante asiático durante los últimos cuatro días”. Desde mediados de octubre, los contratos comenzaron un sendero alcista sostenido por las expectativas comerciales entre Estados Unidos y China.

La mejora de las cotizaciones internacionales ocurre en un año en que los otros dos cultivos centrales de la Argentina —maíz y trigo— muestran un fuerte repunte productivo. Según LCG, ambos registrarán incrementos del 22% en sus volúmenes cosechados por mayor superficie sembrada y mejores rindes.

El maíz pasará de 50 a 61 millones de toneladas, y el trigo de 20,1 a 24,5 millones de toneladas. Con precios internacionales relativamente estables, el impacto en el valor total de producción es significativo: en maíz, el VBP aumentará 24%, mientras que en trigo también crecerá 24%.

LCG resume la variación esperada en relación con los cambios proyectados para cantidades, precios y valor bruto de producción en los tres cultivos principales de la Argentina. En conjunto, el VBP de soja, maíz y trigo pasará de USD 31.433 millones a USD 35.233 millones. “En la suma, con mayores cantidades agregadas y mejores precios, el año que viene el valor de la producción podría incrementarse casi USD 4.000 millones”, concluyó LCG.

Efectos en exportaciones y en la industria local

La BCR analizó también los efectos que tuvo la dinámica comercial global sobre el mercado argentino. El reporte detalla que la fuerte demanda externa de soja hacia Sudamérica generó un “ritmo de exportaciones histórico” para la Argentina en el cuatrimestre agosto-noviembre, con 7,5 millones de toneladas exportadas. Si se cumplen los embarques previstos hasta fin de mes, la campaña alcanzará 11,3 millones de toneladas, uno de los niveles más altos recientes.

El impacto también se trasladó al mercado industrial. Según la BCR, “el precio FOB para embarques desde el Up-River pasó del rango de USD 290-300/t hasta alcanzar los USD 360/t, máximos en más de un año”. El precio del aceite de soja se mantuvo dentro de la franja de USD 1.050-1.150/t, lo que elevó el valor promedio de venta del complejo industrial-exportador.

Ese movimiento también se reflejó en el mercado interno: “La soja volvió a marcar USD 350/t, 5% más que durante las últimas veinte ruedas y niveles que solo se alcanzaron durante las primeras jornadas de la suspensión temporal de retenciones”.

En conjunto, el avance de los precios internacionales y el aumento proyectado de maíz y trigo configuran un escenario de mayor ingreso de divisas para el país en el próximo año. El aporte adicional cercano a USD 4.000 millones, estimado por LCG, dependerá de la evolución del mercado global y del clima, pero marca una mejora respecto de lo observado en los primeros meses del año y otorgará un mayor flujo de divisas al Mercado Libre de Cambios (MLC).

En Argentina, la competitividad logística del sector agropecuario depende de dos infraestructuras que suelen quedar fuera del debate público: los caminos rurales y los sistemas de riego.

Aunque su impacto se percibe cada vez que fallan —cosechas que no pueden salir, pérdidas de calidad en alimentos frescos o interrupciones en el flujo exportador—, ambos ejes siguen arrastrando décadas de inversión insuficiente, modelos de gestión fragmentados y un nivel de deterioro que compromete la eficiencia del transporte y la circulación en zonas productivas.

Así lo explican Carlos Pastor, ingeniero agrónomo y asesor del Área de Pensamiento Estratégico (APE) de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), y Bernardino Capra, ingeniero especialista en caminos rurales y también asesor del APE. Ambos participaron del ciclo CAMARCO 2025, donde detallaron el estado actual de estas infraestructuras y su impacto directo en la logística del país.

Caminos rurales: la “primera milla” más crítica de la logística agropecuaria

Argentina posee unos 400.000 kilómetros de caminos rurales no pavimentados, que representan el 85% de la red vial del país. Esta “primera milla” conecta establecimientos productivos con accesos pavimentados, rutas provinciales, estaciones ferroviarias y puertos. Sin embargo, es también la porción más vulnerable del sistema.

Capra explica que la red rural funciona “como una manguera demasiado pequeña para la demanda logística actual”: por más producción que exista en origen, si los caminos están intransitables, el flujo se interrumpe. El deterioro puede darse en cuestión de horas: “Podés dejar un camino impecable y, con una lluvia fuerte, pasar a un estado deplorable en dos días”, resume.

Las consecuencias logísticas son múltiples:

• Demoras en la salida de cosechas o tambos
• Mayor costo de transporte por desvíos o tiempos muertos
• Imposibilidad de ingreso de ambulancias, transporte escolar o proveedores
• Pérdida de productividad en cadenas de frío y perecederos

La situación es especialmente crítica en zonas como Buenos Aires y la Mesopotamia, donde los suelos arcillosos se vuelven intransitables con lluvias intensas. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay 450 parajes sin accesos pavimentados y 4.500 km de rutas provinciales de tierra que hoy funcionan como cuellos de botella permanentes para la logística rural.

Capra señala que invertir en la estabilización de estos caminos —con piedra, cal, cemento u otros materiales— genera retornos extraordinarios: “Tenemos tasas internas de retorno superiores al 30% en dólares solo en provincia de Buenos Aires. Invertir en caminos rurales es un negoción desde el punto de vista productivo”.

Riego: apenas el 5% de la superficie, pero 13% del valor agrícola

En materia hídrica, la Argentina también presenta una brecha estructural. Solo 2,1 millones de hectáreas, el 5% de la superficie agrícola, están irrigadas. Aun así, esa pequeña porción genera entre el 12 y el 13% del valor total de la producción agrícola, lo que revela su enorme potencial.

Pastor explica que el riego se concentra principalmente en zonas andinas —Mendoza, San Juan, Río Negro, Catamarca, Jujuy—, donde la producción sería inviable sin infraestructura hídrica: vitivinicultura, frutales, frutos rojos, cultivos bajo riego en Patagonia, especias y más. “El Malbec argentino, reconocido entre los mejores del mundo, no existiría sin estos sistemas de riego”, señala.

Pero la red está envejecida. Gran parte de los canales primarios, secundarios y terciarios fueron construidos antes de 1970 y hoy están amortizados, depreciados y con una eficiencia bajísima: solo 25% a 35% del agua transportada llega efectivamente a los cultivos. El resto se pierde por filtraciones en canales sin revestimiento o en estructuras obsoletas.

Las obras de modernización realizadas entre 1998 y 2018 (PROSAP) mejoraron parcialmente el sistema, pero no alcanzan para responder al crecimiento demográfico, la demanda exportadora ni la expansión de la frontera agrícola con riego complementario. Para Pastor, el desafío es claro: Mantener los sistemas actuales con financiamiento adecuado. Recuperar y modernizar canales de tierra y piedra. Llevar la eficiencia del 30% actual al 60–80%, revestir canales y sumar tecnificación.

La tecnología —riego por goteo, sensores, telemetría y automatización— ya existe, pero requiere planificación de cuencas y financiamiento público-privado.

Una infraestructura silenciosa que define la logística nacional

Los expertos coinciden en que el país debe encarar políticas sostenidas de inversión y mantenimiento. En riego, la clave está en modernizar canales y aumentar la eficiencia hídrica; en caminos rurales, en estabilizar suelos críticos y garantizar accesibilidad permanente.

Ambos sistemas —a menudo invisibles— son esenciales para: reducir costos logísticos, asegurar la salida de la producción, mejorar competitividad exportadora, evitar pérdidas por imposibilidad de circulación y proteger servicios sociales básicos en zonas rurales.

El desafío, según los técnicos del APE de CAMARCO, es dejar de ver estas infraestructuras como gastos y empezar a considerarlas inversiones logísticas estratégicas para el desarrollo del país.

La reciente decisión del Parlamento Europeo de extender el plazo para la entrada en vigor de la normativa 1115/2023 generó malestar en la Sociedad Rural Argentina (SRA), que reclama una revisión de los criterios y exigencias impuestos por la Unión Europea (UE) a los productos agrícolas y forestales.

La normativa, adoptada el 31 de mayo de 2023 y vigente desde el 29 de junio de ese año, establece que solo podrán comercializarse en el mercado europeo productos como carne vacuna, soja, cacao, café, aceite de palma, caucho y madera si se garantiza que están libres de deforestación y degradación forestal.

Además, exige que estos productos hayan sido elaborados conforme a la legislación del país de origen y cuenten con una declaración de diligencia debida.

En respuesta a la prórroga, la Sociedad Rural Argentina manifestó que resulta imprescindible que la UE reconsidere el alcance de la normativa, permitiendo que cada nación gestione sus recursos naturales como lo ha hecho históricamente.

La entidad también solicitó una revisión de las categorías de riesgo asignadas, recordando que Argentina fue clasificada como país de “Riesgo Bajo” y, por tanto, solo debería estar obligada a combatir la deforestación ilegal.

La SRA fue enfática al señalar que la obligación de diligencia debida debería eliminarse del reglamento, advirtiendo que su mantenimiento provocará sobrecostos en las cadenas de abastecimiento, lo que derivará en un aumento de precios para los consumidores europeos y contribuirá a la inflación de los alimentos.

En palabras de la entidad: “Debe ser eliminada la obligación de ‘Diligencia Debida’ como requisito, ya que de lo contrario esto conlleva a las cadenas de abastecimiento a tener sobrecostos que indefectiblemente llevarán a aumento de precios a los consumidores europeos y generarán inflación en alimentos”.

También, subrayó los esfuerzos realizados para demostrar la capacidad de Argentina de cumplir con todas las exigencias, aunque insistió en la necesidad de que la implementación sea transparente y sencilla.

Según la SRA, “las dilaciones y falta de certidumbre no ayudan al comercio y a las relaciones institucionales entre la Unión Europea y la Argentina”.

El Parlamento Europeo, por su parte, justificó la prórroga señalando que los cambios introducidos buscan simplificar los requisitos y “facilitar la aplicación de la normativa europea de deforestación a las empresas, los actores globales, a los Estados miembros y a países terceros”, según el comunicado oficial.

El texto aprobado recibió 402 votos a favor, 250 en contra y 8 abstenciones, y otorga a las empresas un año adicional para adaptarse a las nuevas reglas.

De acuerdo con el nuevo calendario, los grandes operadores y comerciantes deberán cumplir con las obligaciones de la legislación a partir del 30 de diciembre de 2026, mientras que las empresas más pequeñas —aquellas con menos de cincuenta empleados y una facturación anual inferior a diez millones de euros— tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2027.

El Parlamento explicó que “los nuevos plazos tratan de garantizar una adaptación fluida y el refuerzo del sistema informático que los operadores, comerciantes y sus representantes utilizan para realizar declaraciones de diligencia debida electrónicas”.

En paralelo, la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que lleva más de 20 años negociándose, podría concretarse en menos de un mes.

El principal promotor de que la rúbrica se realice antes de que finalice el año es el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien inicialmente buscaba que se firmara el mismo día en que se celebraría la cumbre de jefes de Estado del Mercosur —bloque del cual es presidente pro tempore— en Foz de Iguazú.

El acuerdo contempla la eliminación de aranceles sobre el 90% del comercio bilateral y prevé plazos de desgravación más amplios que los concedidos a otros socios de la UE.

Sus beneficios impulsarían las exportaciones de los sectores agroindustriales, energéticos y mineros del Mercosur, mientras que la UE obtendría seguridad de abastecimiento de alimentos, energía y minerales críticos, además de una mayor presencia en América Latina.

Fuentes europeas estimaron que la región sumará exportaciones por unos USD 10.000 millones por año, mientras que las exportaciones europeas aumentarían en casi USD 60.000 millones.

Todavía persisten tensiones, entre ellas la preocupación de algunos sectores europeos por el impacto ambiental de las exportaciones regionales. De concretarse, la implementación del acuerdo facilitará la reducción de aranceles, la apertura de mercados y la mejora de la cooperación económica entre ambas regiones.

El acuerdo comercial anunciado entre Argentina y Estados Unidos abre un escenario nuevo para la economía local. No solo por la baja de aranceles o la simplificación burocrática, sino porque puede modificar la lógica con la que operan las empresas que importan, exportan o dependen de pagos internacionales. Si finalmente se cumple lo que se prometió el impacto será mucho más profundo que un simple ajuste técnico.

En lo inmediato, los sectores más beneficiados son los que ya están integrados al comercio global: minería (litio y cobre), agro, carnes, farma, dispositivos médicos, tecnología y servicios basados en el conocimiento. Para todas estas industrias, poder pagar insumos afuera sin trabas y cobrar exportaciones sin plazos obligatorios representa una mejora directa en costos y tiempos. El acuerdo promete aceptar estándares de EE.UU., eliminar licencias, agilizar certificaciones y reducir fricción en documentación. Eso, en la práctica, significa menos días de espera, menos errores administrativos y menos gastos innecesarios.

El capítulo de pagos internacionales puede ser el verdadero punto de inflexión. Hoy, una transferencia de una empresa argentina puede demorar varios días retenida por controles, pedidos de información o validaciones cruzadas entre organismos. El acuerdo apunta a eliminar parte de esas barreras y establecer reglas más claras para el envío y recepción de datos financieros entre jurisdicciones. Además, abre la puerta para que más fintechs puedan operar con previsibilidad, potenciando la competencia y reduciendo costos.

Si a esto se le suma un eventual levantamiento del cepo, el cambio sería estructural: las empresas podrían volver a pagar servicios, software, proveedores e insumos en el exterior de manera directa, sin triangulaciones ni maniobras forzadas. Del lado de las exportaciones, podrían cobrar en cuentas propias, administrar su flujo de dólares y tomar decisiones financieras sin intervenciones obligatorias. Para cualquier compañía que vende o compra afuera, esto redefine por completo el mapa operativo.

Sin embargo, no todos los sectores tendrán un escenario favorable desde el primer momento. La apertura obligará a muchas industrias protegidas a revisar su modelo. Textil, calzado, algunas ramas de alimentos, manufacturas con baja escala o baja productividad: todos deberán mejorar procesos, invertir en tecnología y competir con estándares internacionales. En un escenario de mayor fluidez comercial, ya no alcanza con el “costo argentino” ni con barreras artificiales para sostener márgenes. Va a ganar quien produzca mejor, más rápido y con mayor calidad.

El acuerdo, en suma, puede ordenar el comercio exterior y modernizar el sistema de pagos. Y si finalmente se libera a las empresas de las restricciones cambiarias, Argentina podría dar su primer paso en años hacia una economía donde pagar y cobrar afuera deje de ser un problema y vuelva a ser simplemente una operación más. Para un país acostumbrado a diseñar estrategias defensivas, la oportunidad ahora es volver a pensar en cómo crecer.

La actividad económica mostró una mejora en octubre y volvió a avanzar en términos desestacionalizados, según el Índice General de Actividad (IGA) elaborado por la consultora Orlando J. Ferreres. De acuerdo con el informe, el nivel general registró un crecimiento de 0,7% mensual respecto de septiembre, luego de la corrección al alza del dato del mes previo.

En la comparación interanual, el estudio señala que la economía registró un incremento de 4,6% contra octubre de 2024, mientras que el acumulado de los primeros diez meses del año cerró con una suba de 5,8%.

El IGA-OJF, que se calcula a partir de 122 series estadísticas y funciona como un estimador mensual del PBI, mostró así un nuevo avance tras el crecimiento mensual revisado de septiembre. Según el estudio, la mejora de octubre permitió “mostrar un mejor panorama para la actividad que lo previsto en los últimos meses”.

Sectores que impulsaron la actividad

En el análisis por ramas, el documento destacó el desempeño de la intermediación financiera, el agro y la actividad minera, que explicaron buena parte de la variación positiva registrada en octubre.

La intermediación financiera volvió a ubicarse entre los sectores de mayor dinamismo, con un crecimiento interanual del 31%. El ireporte no detalla los factores detrás de esa suba, pero la categoría se consolidó como la de mayor variación positiva dentro del conjunto relevado por el indicador.

El sector agropecuario también contribuyó al avance del nivel general. En octubre registró un aumento de 4,8% interanual, después de seis meses consecutivos de caída. El estudio precisó que dentro de esta rama hubo comportamientos diferenciados: “el impulso del sector agrícola (+12,3%)” contrastó con “una ganadería con mayores dificultades (-2,4%)”. Aun con la mejora del décimo mes, el acumulado del año muestra una contracción de 1,3% para el rubro.

En tanto, la actividad de minas y canteras anotó en octubre una expansión anual del 3,9%, lo que completó 56 meses consecutivos de crecimiento. La consultora detalló que el avance estuvo sostenido por la producción de petróleo crudo, que mostró un incremento del 13,5% interanual. Por el contrario, la producción de gas natural marcó una baja del 7% en la misma comparación. Entre enero y octubre, este sector acumuló una suba de 7,4%.

La industria manufacturera tuvo una evolución dispar. En términos mensuales, registró una mejora de 0,9%, lo que permitió recortar parte de la baja acumulada en el año. Según la medición sin estacionalidad, la actividad industrial se ubicó 1,9% por debajo del registro de diciembre de 2024. Sin embargo, en la comparación interanual, la industria mostró una baja del 1,1%, aunque el acumulado de los primeros diez meses reflejó un incremento de 2%. Dentro del sector, el informe destacó la caída de 4,6% en maquinaria y equipo como “la principal incidencia a la baja”, seguida por la merma de 1,2% en alimentos, bebidas y tabaco.

Por su parte, el sector de electricidad, gas y agua exhibió en octubre un incremento interanual de 1,8%, reduciendo la caída acumulada del año a 1,5%. El reporte señaló que, según Cammesa, la generación eléctrica mostró una leve baja de 0,2% anual, asociada a una menor demanda residencial.

El rubro de servicios sociales y de salud marcó una caída interanual de 1,6%, mientras que la administración pública y defensa retrocedió 0,9% en el mismo período. En contraste, la construcción creció 4% interanual y el comercio mayorista y minorista avanzó 2,7%. Las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler aumentaron 2,6% y el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones subió 1,2% contra el mismo mes del año anterior.

En concreto, fueron tres los sectores que cayeron en la comparación interanual y ocho los que crecieron, lo que demuestra que la recuperación general no está apalancada por un rubro económico en particular, sino que responde a un repunte generalizado.

La actividad creció en septiembre

El último dato oficial correspondiente a septiembre mostró que la economía experimentó un aumento de 0,5% en relación con agosto y registró una suba interanual de 5%, de acuerdo con los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En el acumulado anual, el indicador marcó un crecimiento de 5,2% comparado con el mismo período de 2024.

Con este resultado, el índice sumó tres meses seguidos en alza y evitó una recesión técnica, situación que se presenta cuando el Producto Bruto Interno (PBI), ajustado por inflación, cae durante dos trimestres consecutivos frente al trimestre anterior.

Durante el noveno mes del año, trece de los sectores relevados por el EMAE reflejaron mejoras respecto al mismo mes del año pasado. El sector pesquero lideró con un avance de 58,2% interanual, seguido por Intermediación financiera, que creció 39,7%. Intermediación financiera fue el sector que más contribuyó al crecimiento anual registrado por el Indec, seguido por Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que mostró un incremento de 5%.

En contraste, solo dos sectores mostraron descensos frente a septiembre del año anterior: Industria manufacturera, con una baja de 1% interanual, y Administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, con una merma de 0,7%. Ambos sectores redujeron en conjunto 0,19 puntos porcentuales la variación anual del EMAE.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) se sumó a las críticas por la Ley Fiscal enviada a la legislatura bonaerense y aseguró que los cambios vinculados al Impuesto Inmobiliario Rural afectan la planificación del sector y generan incertidumbre. Otras entidades ya había cuestionado distintos puntos del proyecto.

“Manifestamos nuestra preocupación frente al proyecto de Ley Fiscal enviado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires y reclamamos que sean los legisladores provinciales quienes definan con precisión todas las condiciones vinculadas al Impuesto Inmobiliario Rural”, dijo la entidad en un comunicado.

“Advertimos que el proyecto presentado traslada facultades centrales al Ejecutivo, generando un marco de incertidumbre que afecta directamente la previsibilidad que necesitamos quienes producimos en la provincia. En particular, señalamos que el Artículo 133 habilita al Ejecutivo a intervenir en las valuaciones sin criterios consensuados ni una hoja de ruta acordada para el revalúo, que incluya espacios de consulta con las instituciones locales y con la comunidad productiva”, explicaron.

Por otro lado, aseguraron que el artículo 167 permite modificar las cuotas no vencidas durante el propio ejercicio fiscal, “afectando nuestra capacidad de planificación”, aseguraron.

A su vez, el esquema de bonificaciones mantiene definiciones abiertas, sin porcentajes establecidos por ley. “La ausencia de parámetros claros por parte del gobierno provincial genera un escenario de inseguridad normativa. Por ello, instamos a la Legislatura provincial a asumir plenamente su responsabilidad constitucional, definiendo en la ley los criterios, límites y alcances del tributo y evitando delegar facultades esenciales al Poder Ejecutivo”, consideraron.

Cabe mencionar que el reclamo de la SRA se da en un contexto donde miles de hectáreas están bajo agua, declaradas en emergencia y desastre agropecuario. “El gobierno provincial debería estar proyectando la realización de las obras de infraestructura que permitan prevenir fenómenos climáticos adversos y la baja de impuestos para aliviar la situación”, enfatizaron.

Por otra parte, señalaron que “los productores venimos haciendo frente a un alto tributo provocado por la Ley Fiscal aprobada en diciembre de 2023 y prorrogada en diciembre del año pasado con adicionales extraordinarios (5ta cuota). Todo esto nos obliga una vez más reclamar un sistema tributario transparente y plenamente definido por Ley, sin sorpresas ni turbulencias, para poder seguir produciendo e invirtiendo en la provincia de Buenos Aires”.

En la misma línea, desde CARBAP apuntaron que “en medio de una crisis productiva con millones de hectáreas bajo el agua, caminos rurales intransitables y miles de familias rurales que resisten pese a todo, el gobierno decide agregar más peso a un sector que ya está al límite”.

Manifestaron “su enérgico rechazo a la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de aplicar, mediante el artículo 139 de la Ley Fiscal, un incremento adicional del 25% en el Impuesto Inmobiliario Rural, conocido como la ‘quinta cuota’, mediante la duplicación del valor de la cuarta cuota. Esta medida es ilegal e improcedente, al adoptarse sin la aprobación del Presupuesto 2025 ni de una nueva Ley Impositiva”.

No son las primeras entidades que presenta críticas sobre la ley impulsada por el gobierno de Axel Kicillof. Por caso, días atrás las cámaras empresariales de la provincia de Buenos Aires reclamaron la actualización de la base no imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Explicaron que, en los últimos dos años, la ausencia de aprobación de la Ley impidió modificar el monto de facturación, lo que llevó a que muchas pequeñas y medianas empresas bonaerenses, antes exentas, comenzaran a tributar aunque sus ingresos no hayan crecido o incluso hayan caído en términos reales.

Así lo expresaron la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires (ADIBA), la Confederación Económica (CEPBA), la Federación Económica (FEBA) y la Unión Industrial Bonaerense (UIPBA) en un comunicado conjunto.

Las entidades calcularon que, teniendo en cuenta la inflación acumulada, la base no imponible debería ajustarse a un mínimo de $4.600 millones para restablecer las condiciones vigentes en la última aprobación de 2023 y evitar que la falta de actualización siga impactando en la competitividad y sostenibilidad del entramado productivo local. Advirtieron también que cualquier actualización menor a ese valor implicaría un aumento del impuesto para las Pymes.