Mayo cerró con números positivos para el comercio exterior argentino. Las exportaciones superaron por primera vez los USD 9.500 millones en un solo mes y el superávit comercial alcanzó su valor más alto de la historia, según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El resultado favorable se extendió por trigésimo mes consecutivo.

En detalle, en el quinto mes del año las exportaciones de bienes alcanzaron un récord histórico de USD 9.537 millones, lo que representó un incremento interanual de 34,4%. El crecimiento se explicó por un alza de 18,1% en las cantidades exportadas y de 13,9% en los precios. Todos los grandes rubros registraron subas respecto al mismo mes del año anterior.

Las importaciones, en tanto, totalizaron USD 6.033 millones, con una caída interanual de 7 por ciento. La baja se atribuyó a una reducción de 13,6% en las cantidades compradas, ya que los precios subieron 7,6%. El intercambio comercial total —exportaciones más importaciones— ascendió a USD 15.570 millones, un 14,6% más que en igual mes de 2025.

En ese contexto, la balanza comercial registró un superávit histórico de USD 3.504 millones, con una mejora de USD 2.897 millones respecto de mayo de 2025, cuando el saldo había sido de USD 607 millones. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el dato en su cuenta de la red X: “En mayo las exportaciones de bienes y la balanza comercial registraron un nuevo récord histórico”.

El petróleo como motor

El rubro que más traccionó el crecimiento exportador fue el de combustibles y energía (CyE), que alcanzó un valor histórico de USD 1.745 millones, con una variación interanual de 167,1 por ciento. El desempeño estuvo impulsado principalmente por el ascenso en las exportaciones de petróleo crudo y de carburantes: las cantidades exportadas crecieron 78,5% y los precios, 49,9 por ciento. Caputo señaló que “la balanza comercial energética registró el mayor saldo positivo de toda la serie, con un superávit de USD 1.543 millones”.

Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) llegaron a USD 2.992 millones, con una suba de 20,5% interanual. El incremento estuvo impulsado, en orden de importancia, por mayores ventas de grasas y aceites, carnes y sus preparados, y residuos y desperdicios de la industria alimentaria. Las manufacturas de origen industrial (MOI) crecieron 20,1%, con ventas por USD 2.360 millones. Según Caputo, las MOI “alcanzaron el segundo valor más alto de la historia para un mes de mayo”. Los productos primarios (PP) sumaron USD 2.441 millones, con un alza de 22,5%, impulsada principalmente por las cantidades exportadas.

Entre los diez principales productos de exportación del mes —que concentraron el 59,1% del total— se destacaron los aceites crudos de petróleo (12,3%), el maíz en grano (9,0%) y la harina y pellets de extracción del aceite de soja (8,8%).

La cara importadora

Del lado de las compras al exterior, el rubro con mayor retroceso fue el de combustibles y lubricantes, con una caída de 32,9% y una baja de USD 99 millones respecto a igual mes del año anterior. Las cantidades cayeron 55,3% y los precios subieron 50,2%. Las piezas y accesorios para bienes de capital retrocedieron 26,6%, con una merma de USD 374 millones, donde el mayor descenso en valores absolutos correspondió a piezas y accesorios para equipos de transporte.

Los vehículos automotores de pasajeros cayeron 21,3% y los bienes de capital, 6,8%. En sentido contrario, los bienes intermedios crecieron 8,6%, con USD 179 millones adicionales respecto a mayo del año pasado.

El principal destino: China

En mayo, China se posicionó como el primer destino de las ventas argentinas, con exportaciones por USD 1.497 millones, una suba de 78,9% interanual. El 75,1% de los despachos se concentró en porotos de soja, aceites crudos de petróleo, carbonatos de litio y carne bovina congelada. El intercambio bilateral con ese país dejó un superávit de 347 millones de dólares.

Brasil fue el segundo destino, con una participación de 12,5% del total y exportaciones por 1.188 millones de dólares. Las importaciones desde ese origen cayeron USD 466 millones, principalmente por menores compras de vehículos y bienes de capital. Estados Unidos fue el tercer destino, con ventas por USD 878 millones (+76,0%), impulsadas en gran parte por combustibles y energía.

Comienzo del año alentador

En los primeros cinco meses de 2026, las exportaciones argentinas de bienes totalizaron USD 40.359 millones, con un incremento de 24,3% respecto al mismo período de 2025. Las importaciones sumaron USD 28.575 millones, con una reducción de 6,6 por ciento. El saldo acumulado fue de 11.783 millones de dólares. Caputo subrayó que “las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial sumaron USD 10.964 millones, el mayor valor de la historia para el período enero-mayo”.

En el acumulado, los aceites crudos de petróleo lideraron las exportaciones con 9,3% de participación, seguidos por el maíz en grano con 8,7% y la harina y pellets de soja con 8,1 por ciento. Del lado de las compras, China encabezó el origen de las importaciones con 22,7% del total, seguida por Brasil con 21,6% y Estados Unidos con 8,6 por ciento.

La paritaria aceitera volvió a cerrarse sin acuerdo este martes. La audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo a pedido de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) terminó sin resultados, luego de que los gremios aceiteros rechazaran la propuesta empresaria de actualizar los salarios mes a mes según el índice de precios al consumidor del Indec.

Semanas atrás, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) lanzaron un paro en todas las plantas del pais, medida ante la que el Ministerio de Capital Humano reaccionó casi de forma inmediata con una conculiación obligatoria que vence este jueves 18 de junio.

Frente a la falta de acuerdo paritario el bloque empresario advirtió que cada semana de paro le costaría a cada trabajador hasta $960.000 en salario no percibido.

Según el comunicado que difundió por CIARA-CEC este martes tras la reunión, la industria llegó a la mesa dispuesta a firmar en ese mismo acto el compromiso de ajustar los salarios todos los meses según el reporte del Indec, sin excepción. “La industria confirmó que está dispuesta a firmar hoy mismo que todos los meses incrementará los salarios con el reporte mensual del Indec y de esa manera no perder poder adquisitivo. Pero no obtuvo voluntad de negociar de parte de los sindicatos”, señala el texto.

La oferta empresaria se apoya en los números acumulados desde enero: Ciara-CEC asegura haber anticipado aumentos del 13,8%, mientras que la inflación del mismo período llegó al 14,7%, una brecha de menos de un punto porcentual. Desde noviembre de 2023, el salario aceitero acumuló un alza del 361%, frente al 299% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y al 304% del tipo de cambio en ese lapso. Las cámaras sostienen que su propuesta “es la única viable para defender los salarios aceiteros”.

Los gremios, en cambio, reclaman un aumento del 20% retroactivo a mayo y rechazan que la indexación por IPC sea suficiente para recomponer el poder adquisitivo. El secretario general del SOEA de San Lorenzo, Daniel Succi, había anticipado antes de la reunión que las bases estaban dispuestas a dar pelea: “Siempre tenemos ganas de negociar y siempre que sea conveniente para el trabajador vamos a ver cómo se hace”, afirmó en declaraciones radiales. Los sindicatos también cuestionaron las cifras salariales que difunde el sector empresario: mientras CIARA-CEC sostiene que el promedio ponderado del trabajador aceitero alcanza los $4,8 millones mensuales, Succi señaló que el básico inicial es de $2.344.000 y el tope de supervisores ronda los 3.500.000 pesos.

Frente a la posibilidad de un nuevo paro, Ciara-CEC volvió a insistir en el costo concreto para los propios trabajadores: cada día de paralización representa una pérdida de $160.000 por empleado, lo que en una semana laboral completa acumularía $960.000 por trabajador.

El origen del conflicto

El conflicto tuvo su detonante a fines de mayo, cuando ambos sindicatos declararon un paro por tiempo indeterminado en todas las plantas del país tras la oferta empresaria de un incremento del 0% para ese mes. El Ministerio de Capital Humano intervino de inmediato con la conciliación obligatoria, que detuvo las medidas de fuerza y habilitó la negociación formal.

Según anticipó CIARA en su comunicado, es probable que la Secretaría de Trabajo extienda la conciliación una semana más, hasta el 25 de junio. De confirmarse esa extensión, las plantas del principal polo agroexportador del país seguirían activas mientras continúa la negociación. Los gremios, por su parte, quedarían habilitados para retomar las medidas de fuerza si no hay acuerdo al vencimiento del nuevo plazo.

El sector arrastra tensiones desde antes del paro del 27 de mayo. Semanas atrás, transportistas autoconvocados de la provincia de Buenos Aires habían paralizado las terminales portuarias de Bahía Blanca y Necochea en plena cosecha gruesa, en reclamo de un aumento del 15% en el flete, consecuencia del alza del gasoil efecto de la guerra de Medio Oriente. Esa medida, según las cámaras empresariales, generó pérdidas estimadas en al menos USD 450 millones y afectó el cumplimiento de contratos internacionales.

El Banco Central del Uruguay (BCU) publicó este lunes el resultado de cuentas nacionales del primer trimestre del año, que concluye que la actividad económica se expandió 0,8% en comparación al trimestre inmediato anterior al tiempo que registró un crecimiento de 0,9% en comparación al inicio de 2025.

El informe del BCU destaca los desempeños positivos de sectores como el transporte y el almacenamiento, información y comunicaciones, comercio y suministro de bebidas y servicios financieros.

Sin embargo, hubo otras actividades –como el agro– que mostraron un desempeño negativo en el arranque del año. De acuerdo al documento, el rubro agropecuario, de pesca y minería del primer trimestre del 2026 cayó un 3,7% respecto al mismo trimestre del año anterior.

¿Por qué sucedió esto? Porque se observó una reducción de la producción de arroz y de soja. Además, hubo una caída por la menor faena de ganado vacuno, que fue parcialmente compensada por un aumento de la remisión de leche a las plantas. En el sector silvícola, en cambio, hubo un crecimiento que estuvo principalmente asociado a una mayor demanda para exportación de rolos y, en menor medida, a la demanda con destino a la industria procesadora de madera.

Otro rubro que cayó fue el de la construcción, un 3,4%. Hubo una menor inversión en proyectos de vialidad, obras portuarias y líneas de comunicación. También un menor dinamismo en la construcción de edificios.

La industria, en tanto, registró un aumento de la actividad del 1,3% en el trimestre. La elaboración de jarabes y concentrados, la fabricación de productos de panadería y confitería y las industrias químicas incidieron en este crecimiento. En sentido contrario influyó la refinación de petróleo y la industria frigorífica.

La actividad eléctrica, de gas y agua presentó un incremento de 0,9%, explicado por una mayor generación de energía, un crecimiento de las exportaciones y una reducción de las exportaciones.El comercio, alojamiento y suministro de comidas y bebidas creció 1,4%. Esta suba se vinculó principalmente al comercio exterior de granos y a las importaciones de combustibles, carne, vehículos y otros bienes para consumo.

Este dato se conoce a dos semanas del plazo límite para que el gobierno presente el proyecto de Rendición de Cuentas, una ley clave de cada año en la que se pueden redestinar o incrementar los recursos establecidos en el Presupuesto quinquenal. Además, es la oportunidad que tiene el equipo económico de corregir las proyecciones que hace para la economía del país.

Hace algunas semanas las autoridades adelantaron que la estimación de crecimiento del Productor Interno Bruto (PIB) de un 2,2% para el promedio de 2026 sería ajustado a la baja a cerca de un 1,6%, como consignó Búsqueda. La explicación de esto es algunos eventos adversos mundiales que impactaron en el país, como el conflicto en medio oriente.

Meses atrás, entrevistado en La Diaria, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, señaló que existe la “posibilidad bastante elevada” de revisar a la baja el crecimiento previsto para 2026. Otra posibilidad que el gobierno tiene sobre la mesa es una revisión de las metas fiscales

“Si mirás la tasa de crecimiento de Argentina, Brasil, de Chile e incluso de Paraguay, se registra en el segundo semestre del año pasado, en particular en el último trimestre, una desaceleración importante de las economías. Eso tiene que ver con un efecto asociado a la incertidumbre internacional y al flujo de inversiones, y en particular en Uruguay a algunos elementos más específicos”, analizó Oddone.

Consultado en esa oportunidad sobre si en la Rendición de Cuentas puede haber alguna medida de recorte de gasto, Oddone señaló: “En este momento, con la información que tenemos, no podemos descartar ninguna medida. Hay que tener una mirada cuidadosa, pero podría ser necesario. No necesariamente un recorte generalizado, pero sí asumir que hay algunos compromisos que tenemos que diferir”.

El agro y la explotación de minas y canteras sumaron 1.400 puestos de trabajo formal en marzo, según el informe de situación y evolución del trabajo registrado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), publicado por la Secretaría de Trabajo. En tanto, en la comparación interanual, la actividad agroindustrial sumó 1.700 puestos en un año, mientras que la extracción de minerales, combustibles fósiles y áridos perdió 5.200 puestos de trabajo.

Los últimos datos oficiales muestran que, por un lado, la agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció un 0,3% en marzo respecto a febrero, lo que sobre una base de 324.300 trabajadores equivale a unas 970 personas adicionales. Por el otro, la explotación de minas y canteras avanzó en marzo un 0,5% —el mayor incremento porcentual entre todas las ramas—, pero sobre un universo de apenas 86.800 empleados, lo que representa aproximadamente 430 nuevos puestos. La suma de ambos sectores es de 1.400 nuevos trabajadores en el mes.

En la comparación interanual entre marzo de 2025 y el mismo mes de 2026, la minería pasó de 92.000 a 86.800 trabajadores registrados, lo que refleja una caída del 5,7% y equivale a 5.200 puestos menos. El agro, en tanto, sumó 1.700 empleos en el mismo período, al pasar de 322.600 a 324.300 trabajadores. El saldo interanual combinado de los dos sectores es una pérdida neta de alrededor de 3.500 puestos formales.

El peso real de los sectores exportadores

La brecha entre el desempeño porcentual y el impacto real en el empleo formal se explica por el tamaño relativo de estos sectores dentro del mercado laboral. La explotación de minas y canteras —extracción de recursos naturales del subsuelo o la superficie— emplea a menos de 87.000 personas sobre un total de 6,1 millones de asalariados privados registrados. El agro, con 324.300 trabajadores, representa el 5,2% del empleo privado formal. Juntos, los dos sectores concentran menos del 7% del total.

Un análisis de Fundación Mediterránea-Ieral sobre los mismos datos del SIPA señala que los rubros más dinámicos en materia exportadora y de inversión “representan solo el 3% del empleo total y el 7% del empleo asalariado privado registrado”, lo que impide que el crecimiento del frente externo se traslade de manera automática al mercado de trabajo.

El empleo formal, en caída generalizada

Mientras los sectores exportadores muestran variaciones porcentuales positivas pero de escaso impacto absoluto, el empleo privado formal acumula una caída del 1,5% interanual, equivalente a 96.700 trabajadores menos respecto a marzo de 2025, según el SIPA. En la comparación intermensual, el retroceso fue del 0,1 por ciento.

Los sectores que más perdieron en la comparación interanual fueron precisamente los que concentran la mayor parte del empleo: industrias manufactureras (-4,0%, equivalente a 46.700 puestos menos), intermediación financiera (-3,7%) y comercio y reparaciones (-1,9%). La industria, con 1.122.500 trabajadores registrados, es con diferencia el sector privado con mayor peso en el empleo formal y el que más perdió puestos tanto en el mes como en el año.

En marzo, los sectores con caídas mensuales más pronunciadas fueron intermediación financiera (-0,5%), industrias manufactureras (-0,4%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,3%) y comercio y reparaciones (-0,2%). Seis de las 14 ramas de actividad privada redujeron planteles en el mes, cuatro se mantuvieron estables y solo cuatro —entre ellas el agro y la minería— registraron variaciones positivas.

La minería creció en marzo pero perdió en el año

El caso de la explotación de minas y canteras ilustra con precisión la tensión entre la dinámica de corto plazo y la tendencia estructural. Si bien la actividad creció un 0,5% mensual en marzo, en la comparación interanual acumula la mayor caída relativa de todas las ramas: -5,7%, con 5.200 puestos formales menos que un año atrás. En marzo de 2025, el sector había registrado una contracción mensual del 1,2%, lo que indica que la recuperación de marzo de 2026 se produce sobre una base ya deteriorada.

El dato territorial refuerza esa lectura. Neuquén, la provincia con mayor concentración de actividad hidrocarburífera, fue la única jurisdicción que mostró crecimiento interanual relevante en el empleo privado formal, con un alza del 3,3%. Pero ese desempeño no alcanzó para compensar las caídas en el resto del país, donde 19 de las 24 jurisdicciones registraron pérdida de empleo formal en la comparación anual.

La Unión Europea excluyó a Brasil de su listado de compliance regulatorio para importaciones de carne vacuna a partir del 3 de septiembre de 2026, una medida que abre una ventana de exportación para la Argentina en uno de los mercados de mayor valor del mundo. La decisión, confirmada por el bloque esta semana, se origina en irregularidades sanitarias: Brasil declaró que no utiliza estimuladores de crecimiento en su ganadería, pero los controles europeos detectaron residuos de esas sustancias en la carne exportada.

“Brasil está diciendo que no utiliza estimuladores de crecimiento y sí los usa. Pero no solo los usa, sino que además los deja de usar mucho tiempo después de lo que debería hacerlo, y entonces quedan rastros en la carne”, dijo a Infobae Miguel Schiariti, titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).

La posición argentina en ese punto es diametralmente opuesta: el uso de antibióticos como promotores de crecimiento en animales destinados al consumo está prohibido en el país, lo que le otorga una ventaja sanitaria concreta frente a las exigencias del mercado europeo.

Según datos del Ministerio de Agricultura del país vecino relevados por el portal brasileño O Globo, la Unión Europea es el cuarto principal destino de su carne vacuna, con 129.000 toneladas anuales por un total de USD 1.090 millones. Las estimaciones del sector elevan el impacto total de la sanción a USD 1.800 millones.

La exclusión, sin embargo, no es definitiva. El país vecino tiene plazo hasta el 3 de septiembre para rectificar las observaciones de Bruselas y ser rehabilitado. En el ínterin, los compradores europeos aumentarán sus compras al país sudamericano para cubrirse antes de que la medida entre en vigor, lo que podría amortiguar parcialmente el impacto sobre la oferta disponible en ese mercado.

El consultor ganadero Víctor Tonelli relativizó el efecto directo sobre la Cuota Hilton, el cupo de carne enfriada de alta calidad que la UE otorga a países seleccionados, como la Argentina: “No veo que modifique el negocio local con la UE porque poseemos el 55% del total de la Cuota Hilton, pero seguramente pondrá más avidez a los europeos”. Tonelli también marcó una diferencia estructural entre los dos competidores: "Brasil compite en volumen, pero no en calidad".

La asimetría de escala entre ambos países es pronunciada. Brasil cuenta con un rodeo de aproximadamente 150 millones de cabezas; la Argentina, por su parte, cuenta con entre 53 y 55 millones. Uruguay, otro exportador de la región, tiene apenas 3 millones, lo que lo deja sin capacidad para cubrir el espacio que eventualmente dejaría el gigante vecino. “La pasada a Uruguay no sería tan relevante; Uruguay no tiene stock”, señaló Schiariti.

El impacto sobre las exportaciones argentinas podría ser sustancial. En los últimos tres meses, las ventas externas de carne vacuna crecieron casi 40% en dólares, según datos que maneja el sector. Schiariti proyectó que, si Brasil no resuelve rápidamente su situación ante la UE, “las exportaciones de carne del segundo semestre van a ser realmente espectaculares”.

A su vez, el escenario se potencia aún más por la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur, que habilitó un cupo adicional de 500.000 toneladas de carne desde el bloque regional hacia Europa, y por la mayor demanda de Estados Unidos, donde una sequía en el norte del país redujo la oferta local de carne magra para hamburguesas y llevó a ampliar las compras a Argentina, Brasil e India.

Schiariti advirtió, no obstante, que el escenario tiene condicionantes. El conflicto en el estrecho de Ormuz encareció el petróleo y, con él, los costos de flete y logística. “El famoso estrecho nos tiene locos”, dijo. A eso se suma la variable climática: la Argentina perdió casi 500.000 terneros en 2023 por la fuerte sequía de aquel año que se extendió por más de cuatro meses, y en 2024 y 2025 sufrió inundaciones sobre 3 y 5 millones de hectáreas respectivamente. “Este año daría la sensación de que las condiciones van a ser mejores, pero vemos qué pasa”, señaló.

Los precios se estabilizan en el mercado interno

El contexto exportador contrasta con la dinámica del mercado local. Según el último informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el precio promedio del kilo de carne vacuna registró en mayo de 2026 una variación de apenas 0,1% respecto al mes anterior, con un precio promedio de $18.569 por kilo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La variación interanual, en tanto, acumula 57,9%, muy por encima de la inflación general (33,2%). En Córdoba, por ejemplo, el promedio mensual fue negativo en un 0,5%. El consumidor, que ya absorbió subas acumuladas de esa magnitud, dejó de convalidar nuevos aumentos.

Esa presión sobre el bolsillo se refleja también en la relación entre proteínas. Un kilo de asado equivale hoy a 3,8 kilos de pollo, un 20,8% más que en el mismo período de 2025, según el IPCVA. La relación asado/cerdo también se amplió: con un kilo de asado se compran 2,02 kilos de pechito de cerdo, 35% más que el año anterior.

Al mismo tiempo, según el último estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las exportaciones acumularon hasta abril un volumen 10% superior al registrado en igual período del año anterior, lo que implica, según la entidad, “una menor disponibilidad de carne para el consumo interno” con un recorte cercano al 12% interanual en el primer cuatrimestre. Pese a esa contracción de la oferta, los precios en los mostradores no registraron aumentos en los últimos dos meses y, medidos en términos reales, muestran una caída frente a la inflación minorista.

La producción del sector también muestra señales de contracción. En mayo de 2026, la faena total fue de aproximadamente 1,001 millones de cabezas, un 11,3% menos que en mayo de 2025, según el informe mensual del Consorcio ABC. La producción de carne bovina alcanzó las 239.800 toneladas res con hueso, con una caída interanual de 8,5%. En el acumulado enero-mayo, la producción sumó 1,167 millones de toneladas, un 7,3% por debajo del mismo período del año anterior.

El conflicto salarial entre los gremios aceiteros y las empresas agroexportadoras suma un nuevo capítulo. Con el vencimiento de la conciliación obligatoria previsto para este jueves 18 de junio, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) pidieron a la Secretaría de Trabajo que convoque a ambos sindicatos del sector a una mesa de negociación para este martes, en lo que las cámaras califican como el primer “intento real” de diálogo paritario desde que se inició el conflicto.

A días del vencimiento del plazo que dictó Capital Humano de forma casi instantánea luego del anuncio de paro de los gremios aceiteros, CIARA-CEC difundió un nuevo comunicado en el que sostiene que su posición es sólida desde el punto de vista numérico.

En el escrito que envió este fin de semana, las entidades aseguraron que ya anticiparon aumentos del 13,8% desde enero, mientras que la inflación acumulada en el mismo período llegó al 14,7%, una diferencia de menos de un punto porcentual. A partir del mes próximo, proponen actualizar los salarios según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, el mismo mecanismo que rige en otros sectores de la economía formal.

El origen del conflicto se remonta a los últimos días de mayo, cuando el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) lanzaron un paro por tiempo indeterminado en todas las plantas del país.

El detonante fue la propuesta empresaria de un incremento del 0% para mayo, seguido de ajustes atados a la inflación a partir de junio, que los gremios rechazaron de plano y calificaron de “vergonzosa”. En ese momento, el Ministerio de Capital Humano intervino de inmediato con la conciliación obligatoria, que frenó las medidas de fuerza y devolvió el conflicto a la mesa de diálogo.

“Nuestra propuesta es clara: ya anticipamos aumentos salariales por un 13,8% desde enero y recién ahora la inflación consolidada llegó al 14,7%. Este mes la diferencia es menor al 1%, por lo que a partir del próximo mes se irá actualizando el salario en base al índice de inflación del Indec como se hace todos los años”, sostiene el comunicado de CIARA-CEC.

A su vez, la entidad puso en perspectiva el nivel salarial del sector: el salario promedio ponderado del trabajador aceitero alcanza los $4,8 millones mensuales, muy por encima del promedio del empleo privado registrado, que ronda $1,4 millones. La categoría inicial del convenio arranca en $2,34 millones, un 67% por encima del piso del sector privado formal, mientras que en las categorías superiores la brecha trepa al 117%. Desde noviembre de 2023, el salario aceitero acumuló un alza del 361%, frente al 299% del IPC y al 304% del tipo de cambio en el mismo período.

Frente a esos números, CIARA-CEC rechazó el planteo gremial y advirtió que un nuevo paro tendría un costo directo para los propios trabajadores. Cada día de paralización implica una pérdida de $160.000 por empleado; en una semana laboral completa, esa caída acumulada ascendería a $960.000 por trabajador. Las cámaras apuntan además a lo que definen como motivaciones extrasalariales: en el comunicado señalaron que algunos dirigentes gremiales “miran sus ambiciones políticas y la caja de recaudación de los aportes sindicales y solidarios que suman millones de dólares”.

Los sindicatos, por su parte, argumentaron que el pedido de aumento —que en la última instancia previa a la conciliación ascendía al 20%— responde a necesidades concretas. El SOEA y la FTCIODyARA citaron datos del propio INDEC para sostener que la canasta básica que garantiza la reproducción del salario se ubica en $2.802.754, y recordaron que las patronales recibieron un beneficio adicional de USD 3.740 millones por la reducción de los derechos de exportación. “Los salarios representan apenas un 3,3% de las exportaciones del sector”, subrayaron los gremios en su momento.

Desde noviembre de 2023, el salario de los aceiteros acumuló un alza del 361%, frente al 299% del IPC y al 304% del tipo de cambio en el mismo período. De hecho, según un informe de la Secretaría de Trabajo publicado en mayo, los aceiteros fueron uno de los tres únicos gremios del país —junto con encargados de edificio y transporte automotor— que lograron mantener el poder adquisitivo de sus trabajadores frente a una tendencia generalizada de pérdida salarial real.

Conflictos salariales afectan las exportaciones agroindustriales

El conflicto aceitero se produce en un contexto de tensiones previas en la cadena agroindustrial. Semanas antes del paro del 27 de mayo, transportistas autoconvocados de la provincia de Buenos Aires habían paralizado las terminales portuarias de Bahía Blanca y Necochea en plena cosecha gruesa, en reclamo de un aumento del 15% en el flete ante la suba de costos operativos por el precio del combustible.

Esa medida de fuerza, según CIARA-CEC, hizo colapsar las operaciones de comercio exterior en esos puertos. De hecho, las entidades difundieron que esta situación les provocó pérdidas estimadas en al menos USD 450 millones, a la vez que afectó el cumplimiento de contratos internacionales y deterioró la competitividad nacional.

Las exportaciones argentinas de cítricos alcanzaron en el primer cuatrimestre de 2026 su nivel más alto en 20 años. El sector logró ingresos por USD 108 millones en los primeros cuatro meses del año -un 36% más que en el mismo período del año anterior-, mientras que, en volumen, el salto fue del 50% interanual, con 50.085 toneladas despachadas al exterior, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El resultado tiene un componente estacional que lo potencia: el primer cuatrimestre coincide con el pico de cosecha del hemisferio sur, lo que colocó a la Argentina en una posición de ventaja para abastecer a Europa y Estados Unidos cuando la oferta del hemisferio norte declina. El país produce alrededor de 1,9 millones de toneladas anuales y concentra el 95% de su producción exportable en la provincia de Tucumán, con unas 50.000 hectáreas dedicadas al cultivo.

El producto que más creció fueron los limones frescos. Las ventas externas subieron 76% en volumen y 129% en valor, con ingresos por USD 26 millones, unos USD 14,7 millones más que en igual período de 2025. El jugo concentrado de limón, por su parte, también tuvo un desempeño positivo, con un alza del 23,6% en volumen y del 67,1% en valor, por 32,4 millones de dólares.

El dato más destacado dentro del período fue el aceite esencial de limón, que registró un récord de ventas con USD 48,2 millones, un 6% por encima de 2025. El precio por tonelada llegó a USD 24.477, un 9% superior al año anterior.

Argentina aporta cerca del 65% de la oferta mundial de derivados industriales del limón —jugos concentrados, aceites esenciales y cáscaras deshidratadas—, un segmento que absorbe entre el 70% y el 75% de la cosecha total del país.

Los principales destinos del período fueron Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos, Rusia e Italia. Entre los mercados con mayor crecimiento interanual sobresalen China (+921%), España (+729%), Francia (+640%), Japón (+217%) y Grecia (+176%).

El regreso al mercado estadounidense

El acceso al mercado estadounidense no fue sencillo para la Argentina. El país estuvo 17 años con imposibilidad de enviar limones a ese destino, tras una disputa fitosanitaria que arrancó en 2001 y que se resolvió en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri.

La prohibición se impuso en aquel entonces, cuando productores de California —segundo estado productor de cítricos del país— apelaron ante los tribunales americanos contra un permiso que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) había otorgado a sus competidores del sur. La corte californiana falló a favor de los productores locales, con el argumento de que los limones argentinos portaban una bacteria denominada cancrosis, acusación que la Argentina siempre rechazó.

Cuando se impuso la restricción, el país exportaba unos USD 100 millones anuales en limones a ese mercado. Durante los 16 años siguientes, los productores locales diversificaron destinos —principalmente Europa y Rusia— y el país logró mantenerse entre los principales exportadores mundiales del producto.

La reapertura llegó en 2017, cuando el USDA autorizó definitivamente el ingreso de limones argentinos a su territorio, en un proceso que se aceleró tras un encuentro entre el entonces presidente Mauricio Macri y su par estadounidense Donald Trump en Washington. Fue el propio Trump quien introdujo el tema durante ese encuentro y ordenó una reunión con el secretario de Comercio Wilbur Ross para destrabar las negociaciones. En abril de 2018, Macri encabezó en Tucumán el despacho del primer cargamento de limones frescos con destino a Estados Unidos tras 17 años de veda.

Estados Unidos es hoy el mayor importador mundial de limones, con 885.365 toneladas adquiridas en 2023 por un valor de USD 907 millones; le sigue Alemania, Países Bajos, Francia y Reino Unido. Aproximadamente el 20% de la producción mundial de limones frescos se destina a la exportación, mientras que el 50% se comercializa en forma de productos industriales.

En medio de un escenario todavía adverso para la industria siderúrgica, con niveles de producción que se ubican 40% por debajo de los alcanzados hasta 2023, afectados por la crisis del sector de la construcción y la industria, Acindar volverá a paralizar los hornos de la acería que tiene en Villa Constitución, Santa Fe, para ajustar la producción a los actuales niveles de demanda.

Lo hará la semana próxima, en coincidencia con el feriado del lunes 15 de junio, y la producción del principal insumo de la cadena estará frenada hasta el jueves inclusive. Ya el viernes los hornos volverán a encenderse.

La decisión apunta a evitar tener niveles de stocks demasiado elevados, con los costos que ello implica. En este caso, entre enero y mayo se acumularon aproximadamente 10.000 toneladas de más -a razón de 2.000 por mes- que hoy sobran. La empresa había hecho cálculos de la demanda que preveían tener y las ventas finalmente fueron algo menores.

La acería no fabrica el producto final, sino que produce el acero líquido y luego las palanquillas (bloques semiterminados de acero) que después se transforman en distintos productos mediante laminación. Por el momento, sólo estará paralizada la acería, aunque en e último tiempo también ha habido otras instalaciones del grupo que tuvieron ajustes productivos.

El gremio ya tomó conocimiento de esta situación pero lo entiende como parte del proceso de adecuación a las nuevas condiciones del mercado, que si bien no sigue cayendo, está estancado. La estimación para este año es que Acindar producirá 860.000 toneladas, de las cuales 120.000 se estiman irán a exportación y el resto a la plaza doméstica. Pero ese volumen, similar al del 2025, está lejos del 1,1 millón que la siderúrgica producía hasta el 2023.

¿Qué pasará con los trabajadores de la acería? Hoy la empresa cuenta con 2.200 empleados propios y 1.300 contratistas. Pero ése es el número total, es decir, los que trabajan en todas las instalaciones de Acindar de Villa Constitución (la acería, la planta de reducción directa, los dos trenes de laminación y la planta de alambre), de San Nicolás (dos trenes de laminación que fabrican perfiles), de Rosario (plantas terminadoras) y de Buenos Aires, en La Tablada, donde elaboran alambres industriales. Puntualmente en la acería, son alrededor de 200 operarios (80 por turno).

Por estos días que los hornos estarán apagados, la empresa adelantará vacaciones en algunos casos y otorgará francos compensatorios.

Búsqueda de eficiencia y productividad

Como muchas empresas industriales, Acindar también está trabajando intensamente para mejorar la eficiencia y la productividad, en un contexto de fuerte caída de ventas y de mayor competencia. El objetivo de la empresa es trabajar para aumentar las exportaciones, ya que consideran que están en condiciones de competir para venderle productos de acero a países de la región.

Para ello, están realizando distintas inversiones, en energías renovables, para poder reducir el costo y la huella de carbono de la electricidad que consume su producción siderúrgica. Algunos mercados, como el europeo, son altamente exigentes en esta materia. Por otro lado, Acindar invertirá USD 80 millones en el puerto de Villa Constitución para mejorar las instalaciones y aumentar la productividad.

Para la empresa, hoy existe una gran oportunidad para ampliar las ventas al exterior, aunque los reclamos al Gobierno para que nivele la cancha nunca faltan. Bajar más impuestos y equiparar normas que otros países tienen para garantizar la seguridad en los productos siderúrgicos son dos de los pedidos que desde el sector se le viene haciendo a las autoridades en los últimos meses.

Otra apuesta es el avance de la tecnología y la necesidad de ir adecuando los procesos productivos y al propio personal cada vez más a la nueva realidad.

La energía y la minería se transformaron en un motor clave de la economía argentina en los últimos años a tal punto que, según estimaciones privadas en base a datos oficiales, el sector aportó la misma cantidad de dólares que el agro en el primer cuatrimestre del año.

Un informe de la consultora 1816 titulado “El futuro llegó hace rato” revela un cambio clave en la matriz exportadora argentina. La producción y exportación de petróleo, gas y minería generaron en el primer cuatrimestre del año prácticamente la misma cantidad de divisas que el campo, alcanzando ambos sectores una oferta neta de alrededor de USD 8.150 millones cada uno, de acuerdo con la clasificación sectorial del BCRA.

La consultora señaló que “todo el mercado esperaba hace tiempo que en algún momento la energía sea tan relevante para la balanza de pagos como el agro y lo cierto es que ese futuro ya llegó” y destacó que, la oferta neta en el Mercado Libre de Cambios (MLC) por parte del segmento energético y minero sumados fue tan grande como la de cereales y oleaginosas durante los primeros cuatro meses del año.

Componentes de la generación de divisas

De todas maneras, cabe destacar que en el caso de las cerealeras, el 91% de los dólares del cuatrimestre provinieron de exportaciones netas. En cambio, en el segmento de petróleo, gas y minería, el comercio exterior representó el 71% de los ingresos en divisas, mientras que el restante 29% llegó esencialmente de la liquidación de las obligaciones negociables. Es decir, colocación de deuda en moneda extranjera por parte de las empresas sectoriales.

“Estos números dejan más que claro que la energía y la minería son el futuro, pero también el presente y el pasado reciente”, indicó 1816. La participación de estos sectores en la generación de divisas impacta de manera directa en la balanza de pagos y en la dinámica cambiaria del país.

Pese a la paridad alcanzada en el primer cuatrimestre, la comparación entre sectores no contempla los dos meses más “fecundos” para la cosecha gruesa del agro, mayo y junio, en los que tradicionalmente -junto a abril- se concentra la mayor liquidación de divisas por parte del sector agrícola.

El desempeño anual completo del campo suele definirse en ese período, por lo que la comparación cuatrimestral presenta una instantánea parcial del año. De hecho, buena parte de esos dólares fueron adquiridos por el Banco Central tanto dentro como fuera del mercado cambiario, lo que permitió que la autoridad monetaria alcance la meta de USD 10.000 millones fijada para todo 2026 a comienzos de junio.

Impacto bursátil y el efecto ANSES

El análisis de 1816 también aborda el efecto de la suba bursátil reciente en la energética estatal YPF. En los últimos días se registró “récord en 15 años el precio de las acciones de YPF”, lo que generó un impacto considerable en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

“Por la suba del mercado y las compras que hizo ANSES desde mayo de 2025, la posición del FGS en la energética estatal alcanzó los USD 1.736 millones esta semana versus menos de USD 100 millones cuando asumió Milei, calculamos nosotros”, indica el informe.

Esta valorización refuerza el peso de la energía en los activos estratégicos del sector público y en la capacidad de financiamiento del sistema previsional.

¿Cambia la estacionalidad?

El equipo económico liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo, considera que la Argentina atraviesa un cambio en la estacionalidad del mercado cambiario. Esta dinámica es impulsada, justamente, por la aparición de los rubros petroleros y mineros como un eje clave de la economía argentina.

A mediados de abril, el titular del BCRA, Santiago Bausili, se refirió a este cambio de paradigma al sostener que el crecimiento de los sectores energético y minero podría generar un flujo de divisas más distribuido a lo largo del año, a diferencia del esquema tradicional concentrado en la temporada de cosecha en el “trimestre de oro” que se extiende de abril a junio.

Consideró el presidente del BCRA que “todavía existe una percepción muy arraigada sobre la estacionalidad del mercado de cambios, porque durante décadas la dinámica estuvo marcada por el impacto estacional de la cosecha gruesa”.

El funcionario proyectó un cambio estructural en la matriz exportadora del país: “Sin embargo, el país está evolucionando y convirtiéndose en una economía más diversificada hacia la energía y, eventualmente, la minería. Entonces, empezaremos a ver un desempeño más equilibrado en nuestras reservas”.

La biotech argentina Kheiron Biotech recibió en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, a una delegación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en el marco del acuerdo bilateral firmado entre Argentina y Estados Unidos, una visita que vinculó el nuevo entendimiento oficial entre ambos países con los desarrollos de la empresa en clonación equina y mejoramiento genético de precisión.

La comitiva visitó las instalaciones de Kheiron Biotech y Doña Sofía Genética. Participaron el presidente y CEO de U.S. Livestock Genetics Export, Martin Sieber; el asesor principal de la oficina de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores del USDA, Edward Newburn; y otros referentes del sector agropecuario y biotecnológico de Estados Unidos.

La visita se inscribió en la misión oficial encabezada por Luke Lindberg, subsecretario para Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores de Estados Unidos, quien viajó a la Argentina por el acuerdo bilateral suscripto en febrero de 2026. La elección de Kheiron fue leída como un reconocimiento a la trayectoria científica de la firma, sus publicaciones en revistas especializadas y sus avances en biotecnología animal.

“Estamos muy entusiasmados con lo que Estados Unidos y Argentina están haciendo y seguirán haciendo en el futuro; es un escenario totalmente diferente a lo que hemos visto en el pasado. Juntos conocemos el valor de la evidencia científica que respalda la producción y vemos sus beneficios, por lo que debemos trabajar en conjunto para educar al resto del mundo sobre estos temas. A través de nuestro acuerdo, buscamos avanzar hacia un estándar más global que ayude a proteger la propiedad intelectual en genética y potenciar estos esfuerzos en Argentina”, dijo Lindberg.

Kheiron afirmó que logró los primeros caballos nacidos con procesos genéticos de precisión

Daniel Sammartino, fundador y CEO de Kheiron Biotech y Doña Sofía Genética, sostuvo que la presencia del USDA en la empresa reflejó el lugar alcanzado por la biotecnología desarrollada por la compañía.

“Que el USDA haya elegido Kheiron como parte de su visita a la Argentina dice algo sobre el lugar que ocupa nuestra biotecnología en el mundo. Es un orgullo, pero sobre todo es una responsabilidad. Creemos que el mejoramiento genético de precisión, cuando se realiza con el rigor y la metodología que aplica Kheiron, representa el futuro del progreso genético, y esto es válido para todas las especies”, afirmó.

Kheiron unió la clonación con el progreso genético de precisión en equinos y su desarrollo más reciente la convirtió en la primera empresa del mundo en lograr caballos nacidos mediante esos procesos. La compañía distinguió esa técnica de la edición génica y sostiene que replica la selección natural con un grado de precisión que los métodos tradicionales de cría tardarían varias generaciones en alcanzar.

Ese es el punto central de la visita y del reconocimiento que la empresa expone: que su tecnología permite obtener ejemplares que podrían considerarse equivalentes a los producidos por cruza, pero en plazos más cortos y con selección dirigida de rasgos.

“El progreso genético de precisión que desarrollamos en Kheiron replica la selección natural. Que Conabia dictamine a estos ejemplares como organismos no regulados consolida a la Argentina como líder global en biotecnología aplicada. Sería muy oportuno que las organizaciones ecuestres internacionales analicen estos avances que abren una ventana inédita al futuro del diseño genético”, agregó Sammartino.

Conabia otorgó a los ejemplares el estatus de organismo no regulado

La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, Conabia, otorgó a esos ejemplares el estatus de organismo no regulado. Esa calificación implica que no son considerados Organismos Genéticamente Modificados y que pueden circular libremente en la naturaleza.

Esa definición regulatoria ubica a la Argentina en una posición de liderazgo en la construcción de marcos normativos para esta tecnología. También atribuye a ese punto una consecuencia concreta para la proyección internacional de la actividad biotecnológica aplicada a la cría equina.

“Este avance representa una evolución en la cría de caballos, el comienzo de una era de optimización genética, donde podemos seleccionar y mejorar las características deseadas con precisión quirúrgica. Esta tecnología viene a sumar otro avance para la cría de caballos. Estamos convencidos de que se lograrán mejores caballos en un menor plazo”, explicó el cofundador y director científico de Kheiron Biotech, Gabriel Vichera.

La delegación recorrió las instalaciones de ambas empresas y observó la operación vinculada con los procesos de clonación y biología de precisión, incluido el trabajo con los ejemplares obtenidos mediante esas técnicas. La visita abrió perspectivas concretas de colaboración dentro del nuevo vínculo estratégico entre Argentina y EEUU.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio su mirada sobre cómo se dará de acá en más el proceso de crecimiento económico. Y a través de un informe presentado por su vicepresidente, Vladimir Werning, detalló de qué manera se dará el proceso de derrame desde sectores “naturalmente ganadores” a otros que lucen más rezagados.

“La recuperación de la actividad se consolidará, abarcando progresivamente a otros sectores”, explican en un informe. Los sectores ganadores en esta etapa del ciclo, explican, requieren de insumos, infraestructura, servicios urbanos y logística. “El eslabonamiento con otros sectores contribuirá a la creación de oportunidades de empleo”.

Se trata de la teoría del “derrame”. Es decir algunos sectores que impulsan la actividad pero que luego permiten que otros segmentos que no están directamente beneficiados por las nuevas reglas de juego terminen también sumándose a la reactivación.

De hecho el crecimiento que muestran los índices oficiales están básicamente sostenidos por algunos sectores puntuales, pero que crecen muy fuerte: agro, energía y minería son los más relevantes.

En 2026 se estima que el PBI crecería cerca de 3,5%, pero con estos sectores creciendo a más del doble o incluso el triple de velocidad. Mientras tanto, otros se mantienen rezagados, no crecen o directamente siguen cayendo.

En relación a la inversión privada, el Central reconoce que cayó recientemente pero por efecto de la incertidumbre electoral: “Hoy se observa una expansión del financiamiento corporativo doméstico y externo que anticipa el tercer motor de la expansión económica en curso, la inversión”.

El informe también se muestra optimista en relación a la evolución del consumo, pero, al mismo tiempo, reconoce que hay cambios en el contexto que vale la pena tener en cuenta.

Uno de ellos tiene que ver con los cambios en los canales de comercialización, como la innovación digital. “El sector privado -señala- deberá adaptarse a márgenes que están siendo redefinidos rápidamente”.

La baja del riesgo país también es algo que se menciona como un impacto para el sector privado: “Los retornos se ajustan por riesgo, que disminuye. No será factible preservar márgenes vigentes cuando el riesgo país era más alto que ahora”.

La transición a un régimen de baja inflación, agregan, afecta la composición de márgenes. “La contribución financiera cae automáticamente y aumenta la productividad operativa, en la medida que se capitaliza la empresa”, marcan.

Por otra parte, enfatizan que el volumen es lo que explicará la rentabilidad futura de las empresas al considerar que en la facturación “aportará más el esfuerzo por aumentar ventas versus la velocidad de remarcación de precios”.

Y, por último, puntualizan que con tasas de interés reales positivas es clave la rotación de productos y “se requiere optimizar el manejo de inventarios”.

Werning también se centró en el proceso de baja de la inflación. En ese sentido, explica que una serie de factores la hicieron subir pero temporalmente. Entre ellos, mencionó el impacto que tuvo la incertidumbre preelectoral del año pasado. Aunque no lo menciona explícitamente se produjo una suba del tipo de cambio que meses después generó un impacto en los precios.

Pero luego también se refiere a algunos shocks internacionales, más precisamente el aumento de la nafta por la guerra en Medio Oriente y también el aumento internacional de la carne que también se sintió en el mercado local.

La buena noticia, sostiene, es que se sigue esperando un descenso de la inflación en los próximos meses. El índice porteño arrojó 2,1% en mayo y el Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM) estimó un 2,3% para la inflación nacional del mes pasado. El proceso de desinflación se mantendría, perforando el 2% en agosto aunque algunos economistas como Fernando Marull estiman que esto podría ocurrir incluso en junio.

En ese escenario, Valtra eligió compartir sus avances más recientes en materia de eficiencia, conectividad y gestión inteligente, con lanzamientos que buscan marcar el ritmo de la próxima campaña. En esa línea, exhibió su portfolio de soluciones en tractores, pulverización y agricultura de precisión.

“Estamos presentes con novedades como la generación A5, evolución de la A4, tanto en su versión estándar como high-tech. Es un tractor orientado a la línea media de potencia, con mayor versatilidad, nuevo diseño, menor consumo respecto al modelo anterior y mayor capacidad en el levante hidráulico”, señaló Emiliano Ferrari, director de Ventas de Valtra y Fendt para Hispanoamérica.

Nuevas soluciones para el agro: tecnología aplicada y conectividad

La edición 2026 de Agroactiva fue el escenario para el lanzamiento de una nueva generación de tractores de Valtra. Estos equipos suman avances en eficiencia, confort operativo y capacidades digitales, orientados a optimizar las tareas diarias y la gestión en el campo.

Dentro de las innovaciones, la propuesta tecnológica incluye herramientas basadas en inteligencia artificial y conectividad. Entre ellas se destacan el sistema Talking Tractor y la plataforma FarmENGAGE, dos desarrollos que amplían la interacción entre el productor y la maquinaria.

“A través de una plataforma digital que integra todos los equipos del campo y facilita la conectividad entre ellos, ponemos información a disposición de quienes toman decisiones para ajustar sus labores diarias y hacerlas más eficientes”, explicó Ferrari.

Estas innovaciones, presentadas previamente en Agritechnica 2025 y en Agrishow 2026, representan el liderazgo de Valtra en el campo de la agricultura digital en Sudamérica.

Inteligencia artificial aplicada al trabajo diario

Uno de los diferenciales del nuevo portfolio de Valtra es la integración de soluciones basadas en inteligencia artificial, que permiten una gestión más eficiente de la maquinaria. “La IA permite una conectividad directa entre el operador y el equipo. Mejora la accesibilidad y posibilita la interacción oral, brindando información al usuario mientras opera el tractor”, indicó Ferrari.

El objetivo de la marca es reducir la brecha entre las capacidades de los equipos y el uso real que hace el productor. Mediante la incorporación de nuevas tecnologías, busca facilitar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia de cada tarea en el campo.

Asesoramiento y soporte: el rol de los concesionarios

El espacio de Valtra en Agroactiva 2026 contó con el respaldo de su red de concesionarios y especialistas técnicos. Los visitantes pudieron obtener asesoramiento personalizado y conocer detalles sobre el funcionamiento de las herramientas digitales y el servicio postventa.

La plataforma de agricultura de precisión sigue siendo clave en la estrategia de la marca, integrando soluciones que permiten optimizar la gestión de los recursos y la productividad en el campo.

El desafío de la eficiencia y la mirada al futuro

Con una trayectoria consolidada en la Argentina, Valtra forma parte del grupo AGCO y opera una planta industrial en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, desde donde fabrica y ensambla equipos adaptados a las condiciones del campo local. La marca combina experiencia global y desarrollo local, ofreciendo tractores reconocidos por su robustez, eficiencia y confiabilidad.

El contexto actual del sector agropecuario requiere soluciones que ayuden a los productores a mejorar la eficiencia y reducir el consumo. “En el campo, se observa un productor receptivo a las innovaciones que Valtra presenta. El objetivo es reducir la brecha entre las capacidades del equipo y el uso real que hace el productor”, aseguró Ferrari.

La presencia en Agroactiva 2026 reforzó el compromiso de Valtra con el desarrollo del agro argentino, apostando a la innovación continua y a la construcción de relaciones de largo plazo con quienes trabajan en el campo.

“Es un paso para empezar a resolver y a reactivar las inversiones del sector. No es la solución en sí misma”, señaló Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la ASA, en declaraciones a Infobae en Vivo. La entidad nuclea a la mayoría de las empresas que trabajan en el mejoramiento genético vegetal en el país.

Paseyro explicó que el esquema no modifica lo que el sector privado ya viene realizando desde hace más de una década. “Hoy al productor no le cambia nada, porque lo que establece esta resolución es lo mismo que viene haciendo el sector privado hace más de 10 años”, afirmó el directivo. Lo que sí cambia, subrayó, es que la norma otorga un marco legal formal al proceso y abre la puerta a reactivar inversiones en mejoramiento genético que se perdieron por falta de previsibilidad.

Paseyro precisó que el retraso afecta a las llamadas semillas autógamas —aquellas que, a diferencia de los híbridos como el maíz, pueden ser reproducidas por el productor sin necesidad de comprar nuevas cada campaña—. En esas especies, la ausencia de protección intelectual desincentivó la inversión privada en nuevas variedades.

El resultado de esta situación es visible en los datos: Brasil registró 330 variedades de soja el año pasado, frente a solo 23 en Argentina, según citó Sturzenegger este lunes en su cuenta de X al momento de la oficialización de la medida.

En tanto, el directivo de la ASA señaló que la adopción del sistema de contratos entre privados avanzó en soja, pero que quedan pendientes otras especies como el trigo. “Hay un gran porcentaje de productores que adhirieron a ese programa y viene mejorando, pero tenemos que mejorar la adopción en otras especies”, indicó. La resolución, precisó, no resuelve de manera inmediata esa brecha, pero genera las condiciones para que el sector privado retome inversiones que durante años migraron hacia Brasil, Estados Unidos, Canadá y países europeos.

De qué se trata la nueva normativa

La norma, firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Famulari, fue impulsada desde el Ministerio de Desregulación a cargo de Sturzenegger, quien la calificó como “una gran reforma estructural” que permitirá a Argentina acercarse a la frontera tecnológica en producción agrícola.

El ministro ilustró el problema con un dato concreto en su cuenta de X: una hectárea de algodón en el Chaco rinde unos 600 kilogramos de fibra, mientras que en Brasil los rindes superan los 1.800 kilogramos, una brecha que atribuyó directamente a la falta de protección de los derechos de propiedad sobre las semillas.

El mecanismo que establece la resolución funciona a partir de la toma de muestras en el primer punto de entrega de granos, en establecimientos registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Los análisis, realizados con métodos reconocidos por el INASE —entre ellos escáneres e inteligencia artificial—, son procesados por cámaras arbitrales o entidades privadas habilitadas, que luego remiten los resultados al titular de la variedad registrada y al productor. Si se detecta una irregularidad, las partes disponen de un plazo de negociación directa; solo si no hay acuerdo interviene el INASE como instancia de resolución.

Ley de Semillas

No se trata, no obstante, de la implementación de la Ley de Semillas, un debate de larga data en el sector agroindustrial local que volvió a cobrar fuerza tras el acuerdo comercial que la Argentina firmó en febrero con Estados Unidos. Según ese entendimiento, el país debería avanzar hacia los estándares de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, conocidos como UPOV 91.

Esta última es una normativa internacional que refuerza la protección de la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales. En la práctica, cambia las reglas del negocio de la genética agrícola: las empresas semilleras sostienen que sin protección de la innovación no hay incentivos para invertir en genética, mientras que buena parte de los productores teme que una normativa más estricta limite prácticas históricas del agro argentino y eleve los costos de producción.

El sistema genera además un incentivo a la multiplicación informal: un productor puede adquirir una variedad, verificar su rendimiento y luego reservar parte del grano para sembrarlo durante varias temporadas sin volver a pagar por esa tecnología. La Mesa de Enlace, Coninagro y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa ya adelantaron públicamente que no respaldarán una normativa en esa línea, mientras el INASE aún tiene pendiente la definición de los protocolos de toma de muestras para cultivos como el algodón.

La multinacional agroindustrial francesa Louis Dreyfus Company (LDC) confirmó una inversión de USD 400 millones para la construcción de una planta de procesamiento de girasol y soja en Bahía Blanca. Según adelantó la empresa, será una de las más grandes del mundo.

La compañía formalizó su desembolso a través de una carta que envió este lunes al ministro de Economía, Luis Caputo, quien compartió el escrito en su cuenta de X. Allí, LDC reafirmó su decisión de avanzar con un proyecto industrial de gran escala en el sur de la provincia de Buenos Aires. Según la comunicación oficial, la empresa ya había comentado sus intenciones de llevar a cabo el proyecto en el marco del Foro Empresarial Estados Unidos-Argentina organizado durante los primeros días de marzo de este año por el banco americano JP Morgan.

“Como seguimiento de esa conversación, le escribo hoy para compartir que nuestra compañía ha decidido avanzar con la construcción en Bahía Blanca de una nueva planta de procesamiento de girasol y soja. La futura instalación será una de las mayores plantas de molienda de semillas de girasol del mundo y, con una inversión total aproximada de USD 400 millones, estimamos que representa una de las inversiones más importantes del sector agroindustrial argentino en la última década”, recita la carta enviada desde la sede de Louis Dreyfus Company Suisse SA, ubicada en Ginebra, Suiza.

La misiva, dirigida a Caputo, remarca que el proyecto refleja tanto la confianza de la firma en el potencial de largo plazo de la economía argentina como el compromiso de fortalecer la presencia industrial de la multinacional en el país. “Creemos que también contribuirá significativamente al desarrollo económico local, la creación de empleo y la continua modernización de la infraestructura agroindustrial del país”, puntualiza el texto.

La futura planta estará ubicada en Bahía Blanca, donde la empresa ya tiene operaciones e incluso un complejo portuario desde donde exporta sus granos al exterior. El desembolso de USD 400 millones es una cifra que la propia compañía consideró una de las más relevantes del sector agroindustrial argentino en la última década. “Esta inversión será fundamental para aumentar la capacidad de procesamiento de oleaginosas, mejorando así la competitividad del sector agroindustrial argentino y generando mayores exportaciones con valor agregado”, destaca el comunicado oficial de LDC.

Argentina representa un mercado estratégico para Louis Dreyfus Company, que concentra allí varias de sus principales líneas de negocio, entre ellas granos, oleaginosas y algodón. La empresa subraya que su decisión de inversión se apoya en recursos naturales, experiencia agrícola y la reciente estabilidad macroeconómica observada en el país. “Los recursos naturales del país, su experiencia agrícola y su relevancia global en las cadenas de suministro de alimentos, nutrición animal y otros productos lo convierten en una piedra angular de nuestras operaciones globales”, señala la carta.

La compañía prevé que la nueva instalación fortalecerá la posición de Argentina como proveedor global líder de productos agrícolas, además de profundizar la relación de LDC con productores locales y otros actores empresariales. El anuncio formal por parte de la compañía se oficializará en el transcurso de la jornada y se anticipa un encuentro entre ejecutivos de la empresa y el ministro Caputo en julio, donde se prevé brindar mayores detalles sobre el proyecto y analizar futuras formas de colaboración en el desarrollo del sector agrícola nacional.

Por su parte, Caputo acompañó el posteo con un pequeño comentario: “Recibí esta carta de Michael Gelchie, director ejecutivo de Louis Dreyfus Company. Una inversión estratégica para la empresa que se decidió que se hiciera en nuestro país. Surgió a partir de la reunión que mantuvimos en el Argentina Week en New York y es otra muestra enorme de confianza en lo que está haciendo el presidente Javier Milei”.

La apuesta anterior de Dreyfus

LDC fue una de las empresas que, junto a Molinos Agro, la pata agroindustrial del grupo Perez Companc, compitió para quedarse con el control de Vicentin. Finalmente, la gigante cerealera, que estaba en concurso desde 2019 y que incluso tuvo intento de expropiación durante el gobierno de Alberto Fernández, quedó en manos de uno de sus mayores acreedores, el Grupo Grassi.

Recientemente, en un comunicado que enviaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Molinos Agro y LDC desistieron de su propuesta para quedarse con el control de la compañía. Esta novedad marcó el cierre de años de conflictividad judicial y empresarial, y consolida la transición definitiva del control de Vicentin al empresario Mariano Grassi.

Fue éste el final de una trama que mantuvo en vilo a productores, acreedores y empleados, ya que finalmente la cerealera tiene nuevos dueños tras un proceso judicial que se extendió durante más de seis años. Según reconocieron fuentes cercanas al caso a Infobae, la carta de Molinos y LDC ante la CNV fue “una vuelta de página”, término con el que describieron el fin de una disputa que había enfrentado a las partes durante todo el año pasado.

La Agencia de Extensión Rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de la localidad cordobesa de Brinkmann enfrenta su cierre inminente por quedarse sin personal para operar. Ubicado en el noreste de la provincia mediterránea, el distrito depende mayoritariamente de las actividades agropecuarias, con una marcada especialización en la lechería.

Los tres técnicos que conforman el equipo actual de la agencia, la unidad territorial encargada de llevar la investigación científica al productor, adhirieron al plan de retiro voluntario impulsado por el organismo.

Esta medida, diseñada para reducir de manera significativa la planta de personal, tenía como plazo inicial de adhesión fines de mayo, con una prórroga hasta el 10 de junio. Según el portal especializado Bichos de Campo, la amenaza de eventuales pases a disponibilidad una vez vencido ese plazo aceleró la cantidad de solicitudes, que ya totalizan 900 en el instituto.

De esta manera, la dependencia de Brinkmann quedará sin personal para atender las necesidades del sector productivo local, dejando sin asesoramiento ni acompañamiento técnico a los productores de una región con fuerte impronta agropecuaria.

El presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, había manifestado su postura respecto a las agencias de extensión rural, afirmando que si dependiera de él cerraría todas. Sin embargo, en este caso la clausura de la agencia no responde a una orden directa sino a la falta total de recursos humanos.

El municipio de Brinkmann emitió un duro comunicado de oposición a la medida. El gobierno municipal aseguró que “durante casi 60 años el INTA Brinkmann, a través de sus profesionales y en conjunto con los productores y las familias rurales, llevaron adelante tareas y programas que mejoraron la producción, cuidando el medio ambiente y el uso eficiente de los recursos”.

Destacó el Programa Pro Huerta, “a través del cual cientos de personas encontraron en la producción de alimentos una forma de sustento a sus economías familiares”.

Asimismo, afirmó que “la ciencia aplicada al desarrollo de las economías regionales, la investigación al servicio de la producción y los recursos del Estado en beneficio de las comunidades del interior han sido, entre muchos otros, los beneficios que la presencia del INTA en todo el país, ha dejado a cada uno de los rincones de la Argentina”.

Rechazaron “el cierre del INTA en Brinkmann, el proceso de achique inconsulto y a su vaciamiento feroz en todo el territorio de la República Argentina”.

Por otra parte, desde el municipio advirtieron que “si finalmente el Gobierno Nacional decide el cierre de las oficinas de Brinkmann- su edificio (construido con el aporte de toda la comunidad de Brinkmann y por iniciativa y trabajo de un grupo de brinkmanenses) no sea un bien sujeto a las reglas del mercado. Y que permanezca como patrimonio de toda la ciudad y de utilidad para el bien común”.

“Un Estado y un sistema científico, técnico y productivo al servicio de las comunidades del interior es no sólo responsabilidad de todos sino una necesidad para una Argentina realmente grande, justa y soberana”, concluyó el comunicado.

Mientras tanto, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín falló a favor de ATE y ordenó la suspensión de la Resolución 24/2026 del INTA, para evitar la supresión de funciones y unidades dependientes, movimientos de los trabajadores, pase a disponibilidad o desvinculaciones de técnicos de la administración pública, traslado de equipos, asignación de edificios y/o venta y subasta de propiedades.

La decisión firmada por el Juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto también detalla que la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) y sus agencias de extensión constituyen estructuras destinadas a la investigación científica, la transferencia tecnológica, la asistencia técnica a productores y el fortalecimiento de la agricultura familiar, actividades vinculadas con objetivos expresamente promovidos por la Constitución Nacional y diversas leyes nacionales.

Cada 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente invita a reflexionar sobre los avances y desafíos pendientes en relación con la sustentabilidad. En ese marco, CampoLimpio —organización dedicada a desarrollar e implementar un sistema de gestión ambiental para la recuperación de envases vacíos de fitosanitarios en la Argentina— advierte sobre uno de los desafíos más relevantes para la sustentabilidad del sector agropecuario: garantizar que estos recipientes sean acondicionados correctamente antes de ingresar al circuito de recupero.

Al respecto, la directora ejecutiva de CampoLimpio, María Pisanu, subrayó -en diálogo con Chacra TV- que “el productor tiene que sentirse orgulloso de mostrarle a su comunidad su aporte a la sustentabilidad y dar el ejemplo con una gestión ambiental responsable”.

1,3 millones de kilos de plástico, fuera del sistema

Aunque el sistema formal continúa expandiéndose en todo el país, durante 2025 más de 1,3 millones de kilos de plástico no pudieron reciclarse debido a que los envases no habían recibido el triple lavado o lavado a presión exigido por la normativa.

Según informó la asociación, el dato refleja una problemática que aún persiste dentro de la cadena productiva. Los envases que llegan al sistema sin el lavado correspondiente no pueden ser reciclados ni revalorizados, lo que impide su transformación en nuevas materias primas destinadas a usos seguros y autorizados.

Desde CampoLimpio remarcaron que “sin el correcto lavado previo, el proceso no puede continuar y esos envases no pueden revalorizarse ni reinsertarse como materia prima en usos seguros y autorizados”. Además, señalaron que “no da lo mismo entregar los envases lavados que sin lavar”, ya que la falta de esta práctica genera un impacto ambiental negativo al impedir su aprovechamiento dentro de la economía circular.

La entidad explicó que el sistema está diseñado para gestionar exclusivamente envases correctamente lavados, garantizando posteriormente un destino final que no represente riesgos para el ambiente ni para la salud de las personas. Por ese motivo, el triple lavado o lavado a presión constituye un paso clave dentro del proceso de gestión responsable de estos residuos.

Envases de fitosanitarios: se recuperaron 25 millones de kg

A pesar de este desafío, los indicadores muestran una evolución positiva. Desde sus inicios y hasta abril de 2026, CampoLimpio logró recuperar más de 25 millones de kilos de envases vacíos de fitosanitarios en todo el territorio nacional. En los últimos tres años, el recupero registró un crecimiento promedio del 30% interanual.

Ese volumen es posible gracias a una extensa infraestructura territorial compuesta por más de 95 Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT), distribuidos en 22 provincias argentinas. A ello se suman más de 1.900 jornadas de capacitación y concientización dirigidas a productores, aplicadores, distribuidores y otros actores vinculados al sistema.

Argentina, uno de los líderes mundiales en gestión de envases de fitosanitarios

La iniciativa se desarrolla en el marco de la Ley Nacional 27.279, considerada la única norma de responsabilidad extendida del productor vigente en el país. Bajo este esquema, CampoLimpio se consolidó como el segundo sistema de gestión de envases de este tipo en América Latina y el tercero a nivel mundial (el primer lugar lo ocupa Brasil, que cuenta con más de 25 años de experiencia en la materia, y el segundo puesto lo detenta China, por sus características poblacionales).

En ese contexto, la directora ejecutiva de CampoLimpio, destacó que la Ley 27.279 permitió transformar un problema ambiental en una oportunidad para impulsar la economía circular dentro del sector agropecuario. “La ley viene a ofrecer soluciones. Por un lado, el tratamiento seguro de envases que podrían haber terminado en un curso de agua, enterrados o quemados, generando un daño no sólo al ambiente sino también a las comunidades. Y, a su vez, cambia la forma en que se trata ese residuo y permite que podamos reciclarlo para que ese plástico vuelva al sector productivo como insumo”, explicó.

En ese sentido, señaló que el sistema cumple una doble función ambiental. “Estamos cuidando el ambiente de ese plástico que luego de su uso queda allí y, al mismo tiempo, permitiendo que vuelva a insertarse como material, evitando que se siga generando plástico virgen”, sostuvo.

María Pisanu resaltó además, el posicionamiento que logró el sistema argentino a nivel internacional: “el agro tiene que estar orgulloso porque hoy es la única actividad productiva del país que cuenta con un sistema de estas características. El compromiso y la toma de conciencia de los productores va creciendo año tras año”.

Responsabilidad compartida

Desde la entidad remarcan que el aporte de los productores resulta fundamental para que el circuito funcione correctamente.

Pisanu remarcó que el primer paso para garantizar la circularidad es la correcta limpieza de los envases. “El productor o el aplicador, una vez que utilizan el producto, tienen que realizar las técnicas de reducción de residuos, que son el triple lavado o el lavado a presión, inmediatamente después del uso. A partir de ese lavado y de la entrega a CampoLimpio, están permitiendo no sólo sacar ese envase de circuitos que no deberían existir, sino también asegurar su destino circular”, afirmó.

El proceso, paso a paso

El proceso comienza una vez utilizado el producto fitosanitario, cuando el usuario debe realizar el triple lavado o lavado a presión, perforar el envase para inutilizarlo y almacenarlo temporalmente.

Posteriormente, los envases deben ser trasladados a los Centros de Almacenamiento Transitorio, donde son clasificados y compactados para su posterior tratamiento. Estos espacios funcionan como nodos estratégicos para garantizar una gestión segura y eficiente.

Una vez reunido el material, CampoLimpio coordina la logística para derivarlo a industrias recicladoras autorizadas. Allí, los plásticos recuperados son transformados en nuevos productos seguros, entre ellos caños para cloacas, postes para alambrados y bidones tricapa destinados nuevamente al sector agrícola.

La directora ejecutiva de CampoLimpio, explicó además que todos los envases recuperados son enviados a recicladores habilitados y bajo estrictos controles. “Nos aseguramos de que el material vaya a recicladores autorizados y que se transforme en productos que no estén en contacto con las personas ni con el medio ambiente. Es muy importante porque existe un circuito informal del plástico que muchas veces hace creer al productor que está actuando correctamente cuando entrega sus envases a operadores no autorizados”, advirtió.

Por eso, recomendó a los usuarios exigir siempre la documentación correspondiente. “Hoy es fundamental pedir el certificado de CampoLimpio, porque es el único que garantiza que el productor cumplió con su obligación legal y que ese bidón terminará en materiales que no pondrán en riesgo la salud”, señaló.

Destacó, por otra parte, que además de la red fija de CAT, la organización desarrolla jornadas itinerantes de recepción en localidades donde todavía no existen centros permanentes. Estas acciones permiten ampliar la cobertura territorial y facilitar que los productores obtengan el certificado oficial de disposición final exigido por la normativa.

Plazos y medios de devolución

Pisanu también respondió una de las consultas más frecuentes de los usuarios sobre la devolución de los envases. “Los productores pueden transportarlos por sus propios medios, sin necesidad de contratar servicios especiales. Sólo pedimos que soliciten turno previamente para garantizar una recepción ordenada en los Centros de Almacenamiento Transitorio”, explicó.

Recordó, por otra parte, que los productores cuentan con un plazo de un año desde la compra para devolver los envases, que no necesitan documentación especial para trasladarlos dentro del territorio nacional, y que cuentan con el certificado de CampoLimpio para acreditar su compromiso.

“Juguemos Limpio”: la sustentabilidad implica un compromiso cotidiano

En el marco de AgroActiva 2026, que se desarrolla hasta el 6 de junio en Armstrong, provincia de Santa Fe, CampoLimpio impulsa la campaña “Juguemos Limpio”, inspirada en la pasión futbolera de los argentinos. Al respecto, Pisanu destacó la importancia de sumar cada vez más productores al sistema. “CampoLimpio pone la cancha. Tenemos casi 100 centros de almacenamiento distribuidos en todo el país y un equipo presente en el territorio para acompañar a los productores en este proceso”, expresó.

La directiva explicó que el cumplimiento de la normativa debe entenderse como un compromiso con la comunidad más que como una obligación legal. “Nos gusta hablar de responsabilidad. Cuando un productor lava y devuelve sus envases, se asegura de que ese plástico no termine convertido en una bolsa de verdulería, un juguete para un niño, una conservadora o una cucharita de helado. Es ese granito de arena que todos podemos aportar para cuidar el ambiente y la salud”, afirmó.

La asociación cuenta con un espacio en AgroActiva Arena, lote 208G, donde productores, distribuidores, aplicadores, autoridades y empresas pueden conocer de cerca el recorrido que realizan los envases desde su recuperación hasta su transformación en nuevos insumos para la industria plástica.

Sustentabilidad, una exigencia del presente

Desde la organización sostienen que el Día Mundial del Ambiente representa una oportunidad para poner en valor los avances alcanzados por el sistema, pero también para recordar que la sustentabilidad requiere del compromiso cotidiano de todos los actores involucrados. En ese sentido, señalaron que “la sustentabilidad no es un objetivo a futuro, sino una exigencia del presente”.

CampoLimpio articula esfuerzos con autoridades municipales, provinciales y nacionales junto a distribuidores, productores y organizaciones del sector para desplegar el sistema en todo el territorio nacional. Se trata de una plataforma que integra el trabajo colaborativo de esta amplia cadena de valor, unificando el proceso de recuperación de envases vacíos de productos fitosanitarios utilizados en el campo argentino, e impulsando un nuevo paradigma de economía circular en el sector productivo.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Ambiente?

El Día Mundial del Ambiente se celebra cada 5 de junio por iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que estableció la fecha en 1972 durante la histórica Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano. El objetivo de esta jornada es sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de proteger el planeta, promover el uso responsable de los recursos naturales e impulsar acciones concretas que contribuyan al desarrollo sostenible. Más de cinco décadas después de su creación, la efeméride continúa siendo un llamado global para transformar hábitos y fortalecer políticas ambientales en todos los sectores productivos.

La Argentina registró niveles récord en exportaciones de carne porcina y huevos durante el primer cuatrimestre de 2026. El crecimiento en los envíos al exterior se da en un contexto de fuerte demanda internacional de proteínas animales, normalización de las liquidaciones tras la unificación cambiaria y la entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

En el primer cuatrimestre del año, consignó la cartera que dirige Sergio Iraeta, las exportaciones de la cadena porcina crecieron 161% interanual en valor, hasta alcanzar los USD 6 millones. En tanto, en volumen, el avance fue de 78%, con un total de 5.137 toneladas exportadas.

Los principales destinos de la carne de cerdo, chacinados, productos y subproductos comestibles y no comestibles argentinos fueron Costa de Marfil, China, Filipinas, Congo, Uruguay, Brasil, Hong Kong, Georgia y Paraguay. El organismo oficial agregó que ya son 54 los mercados abiertos para la producción porcina, a la vez que continúa la gestión para ampliar ese número.

Récord en exportación de huevos

La Secretaría de Agricultura también informó que las exportaciones de ovoproductos subieron 28,5% en valor en el primer cuatrimestre de 2026, hasta USD 10,8 millones. En volumen, las ventas llegaron a 1.312 toneladas, un 8% más que en el mismo período del año pasado.

Los principales destinos fueron Dinamarca, Japón, Chile, Austria y Macedonia del Norte. El resto de las colocaciones se distribuyó entre Suecia, Rusia, Arabia Saudita, Costa Rica, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador y México. Entre los productos exportados en 2026 se destacaron huevo entero, yema y albúmina en polvo, destinados a la industria alimenticia de mayonesas, panificados, budines, pastas y helados.

La producción de huevos en el país se distribuye principalmente en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Salta.

El acuerdo con Europa

Este incremento en las exportaciones tiene un precedente clave: el sector logró, a pocos días de oficializado el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, cubrir todo el cupo asignado al bloque sudamericano para todo el periodo.

Este hecho se dio luego de que los exportadores de miel agotaran el primer cupo sin aranceles durante las primeras horas de vigencia del acuerdo. Esta situación inspiró a los mayores empresarios del país, quienes destacaron la iniciativa en diferentes apariciones públicas y resaltaban el diferencial argentino: “Hay que aprender de ellos. Hay que primerear”, comentaban.

Mientras el acuerdo entró en vigor el 1 de mayo pasado, dos días mas tarde, salió desde Concordia el primer cargamento argentino hacia Alemania, con 20.986 kilogramos adquiridos por Langnese Honig GmbH & Co.. Antes del nuevo acuerdo, la miel argentina enfrentaba un arancel del 17,3 por ciento.

El régimen para ese producto prevé cupos crecientes: entre mayo y diciembre de 2026 se asignaron 5.000 toneladas libres de arancel, de las cuales 1.400 ya se exportaron en la primera etapa. Desde el 1° de julio estarán disponibles dos nuevos cupos de 1.800 toneladas cada uno; para 2027 el límite anual subirá a 15.000 toneladas y en 2031 llegará a 45.000 toneladas, según el texto fuente.

Días después, Argentina y Uruguay agotaron el cupo de 6.667 toneladas de arroz asignado al Mercosur para exportar a la Unión Europea en 2026, de acuerdo con el texto fuente. Argentina abarcó casi el 40% del beneficio arancelario y Uruguay tomó el 63 por ciento.

De acuerdo con el INDEC, en 2025 las exportaciones argentinas a la Unión Europea sumaron USD 8.486 millones y las importaciones llegaron a USD 10.478 millones, con una participación de 9,7% en las ventas externas y de 13,8% en las compras.

Según un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario, en el primer trimestre de 2026 la participación de la Unión Europea en las exportaciones argentinas fue de 9,3%, un mínimo en décadas que podría empezar a revertirse con la entrada en vigor del acuerdo. En tanto, el comercio con el bloque representó menos del 10% de las exportaciones en 2025, lejos del casi 32% registrado en 1991.

Entre los bienes exportados hacia ese mercado figuran harina de soja, biodiésel, minerales de plata, carne bovina y maní, según el texto fuente. Los principales destinos son Países Bajos, Alemania, España, Italia e Irlanda, aunque el liderazgo neerlandés se explica por el peso del Puerto de Rotterdam como puerta de entrada para mercadería que luego sigue hacia otros mercados europeos.

Vassalli, la fabricante de cosechadoras fundada en Firmat en 1949, negocia su traspaso a un nuevo grupo inversor por el valor simbólico de un dólar. La condición principal es que quien ingrese como nuevo accionista absorberá la totalidad de los pasivos acumulados por la compañía, que si bien no se comunicaron oficialmente, en la industria ya adelantan que serían “montos de deuda altísimos”.

Sin embargo, según consta en registros oficiales del Banco Central, la firma acumula unos 869 cheques rechazados por un monto total de 1.337 millones de pesos. En el caso de que el acuerdo se cierre antes de fin de junio, tal como prevén las partes involucradas en la transacción, la empresa cambiará de manos por cuarta vez en poco menos de una década.

El valor de venta de la compañía refleja el peso de una deuda que incluye salarios adeudados, obligaciones con proveedores y un esquema laboral reducido a cuatro horas diarias acordado entre la empresa, el gremio metalúrgico y las autoridades laborales de Santa Fe. “El eventual comprador está preocupado por la masa salarial, porque es demasiado grande lo que se adeuda”, dijeron a Infobae fuentes con conocimiento de la transacción.

La propuesta está encabezada por Roberto Santiago Chinelli, exgerente general de la empresa durante la gestión del último propietario, Eduardo Marsó, y vinculado a la firma desde los años 90. Detrás de él, aseguran, hay un grupo de inversores nacionales cuya identidad no trascendió. Si la operación prospera, Chinelli quedará al frente de toda la operación industrial: producción, desarrollo de producto, área comercial, recursos humanos y servicio mecánico. El área financiera seguiría radicada en Buenos Aires.

Las negociaciones apuntan a cerrarse entre el 15 y el 20 de junio, aunque fuentes de la Municipalidad de Firmat advirtieron a Infobae que el proceso acumula demoras. “La esperada venta se podría concretar entre el 15 y el 20 de junio, situación que se repite en esta cuestión de plantearle a la sociedad una nueva prórroga de tiempo. Es lo que pasa siempre”, comentaron.

En tanto, lo que frena el cierre, según fuentes con conocimiento de la operación, es un enredo de papeles que se arrastra desde los sucesivos cambios de manos. “Estaban complicados los papeles por el encadenamiento de cambios societarios, el paso por una convocatoria y la venta previa a Marsó, que pagó una parte y luego dejó de pagar”, explicaron a este medio.

El deterioro de la planta

La crisis de Vassalli no es nueva, pero se agudizó con fuerza desde 2023. Ese año, marcado por la fuerte sequía que atravesó el agro argentino, la empresa dejó de tomar nuevas ventas y concentró su actividad en fabricar 39 máquinas ya comprometidas. A noviembre de ese año quedaba una sola unidad por terminar. Hoy, los trabajadores asisten a la planta en un esquema de cuatro horas diarias, con salarios atrasados y sin certeza sobre el futuro inmediato de la compañía. La municipalidad y el gobierno provincial asistieron a los empleados con alimentos y atención sanitaria durante los meses más críticos.

El plan que llevaría adelante el nuevo grupo no se limita a pagar las deudas, sino que prevé una reorganización integral que incluye la recuperación gradual de la actividad fabril, una modernización tecnológica orientada al desarrollo de nuevos productos y la creación de herramientas financieras propias para la comercialización de maquinaria. Este último punto apunta a cerrar una brecha histórica frente a los grandes fabricantes internacionales, que cuentan con estructuras de crédito para ofrecer financiamiento directo a los productores.

Antecedentes

Roque Vassalli fundó la compañía en 1949 en Firmat, ciudad del sur de Santa Fe. Desde entonces, la firma creció hasta convertirse en una de las marcas de referencia de la industria de maquinaria agrícola argentina, con tres plantas cubiertas que suman 99.000 metros cuadrados, producción de cosechadoras, plataformas y repuestos, y un área de investigación y desarrollo propia.

La historia reciente de la empresa es la de una sucesión de crisis y traspasos. Tras atravesar una convocatoria de acreedores, en 2020 la Justicia aprobó el acuerdo entre Mariana Vassalli —heredera de la familia fundadora— y la firma Financiamiento Estratégico S.A. para transferir la gestión a nuevos actores mediante un fideicomiso creado para asumir el manejo de la compañía. Bajo ese esquema, Esteban Eskenazi —hijo mayor de Enrique Eskenazi, titular del Grupo Petersen— tomó el control con el 90% del capital accionario, con Matías Carballo como socio minoritario.

La gestión de Eskenazi y Carballo logró ordenar los números de la empresa, pero el contexto macroeconómico y la sequía de 2023 los llevaron a poner Vassalli en venta. En enero de 2024, la compañía pasó a manos del empresario entrerriano Eduardo Marsó por USD 8 millones, en una operación pactada a cinco años con un desembolso inicial del 10% y el resto a cancelar dentro del plazo convenido.

Marsó tenía antecedentes en el sector agroindustrial: había estado al frente de la metalúrgica Albace, dedicada a maquinaria para frigoríficos, fue dueño de la avícola Las Camelias —que luego cedió a sus hermanos— y tuvo participación en Procesadora Ganadera Entrerriana, dedicada a la faena de bovinos. Sin embargo, según las fuentes consultadas por Infobae, el empresario pagó la primera cuota y dejó de abonar el resto. Esa deuda pendiente con los anteriores dueños es hoy uno de los nudos que complica la transferencia al nuevo grupo.

El Gran Rosario fue en 2025 el mayor complejo portuario granario del mundo con 75,7 millones de toneladas embarcadas de granos, harinas y aceites. Ese volumen colocó a la Argentina en el tercer lugar entre los exportadores globales de commodities agrícolas en la campaña 2024/25, solo detrás de Brasil y Estados Unidos.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el complejo, ubicado en el sur santafesino, representó el 75% de todos los productos agroindustriales despachados desde puertos argentinos. El segundo lugar correspondió a Bahía Blanca, con el 13%. Con una extensión de 70 kilómetros sobre la ribera del río Paraná, entre Timbúes y Arroyo Seco, el Gran Rosario abarca 30 terminales portuarias, de las cuales 18 despachan productos agroindustriales que representan casi uno de cada tres dólares que ingresan al país por exportaciones de bienes.

De esta forma, el año pasado, la Argentina exportó 97,5 millones de toneladas de commodities agrícolas en la campaña 2024/25. Brasil encabezó el ranking con 174,2 millones de toneladas y Estados Unidos ocupó el segundo puesto con 170,6 millones de toneladas, consignó la BCR.

Tal como resalta el informe, solo con los embarques salidos del Gran Rosario durante 2025, el país logró superar en volumen despachado al resto de los exportadores fuera de aquel trío. Por eso la comparación central del relevamiento se concentra en puertos de Argentina, Brasil y Estados Unidos.

El nodo agroexportador santafesino recuperó así el primer puesto mundial después de varios años en los que la menor producción agrícola lo había relegado. En 2023, año de la sequía histórica, había caído incluso al tercer lugar.

Ranking completo

La región del Up-River Paraná totalizó 75.657.255 toneladas de oleaginosas, cereales y subproductos. Detrás quedaron Nueva Orleans, en Estados Unidos, con 74.835.792 toneladas, y Santos, en Brasil, con 59.999.048 toneladas.

Ese podio fue seguido por Belém, en Brasil, con 32.248.371 toneladas; Columbia-Snake, en Estados Unidos, con 31.065.697; y Paranaguá, en Brasil, con 26.875.376 toneladas. Luego aparecieron Irf Sao Luis con 18.675.265, Rio Grande con 17.176.268, Salvador con 12.998.937, Bahía Blanca con 12.991.920, Seattle con 12.304.149 y Sao Francisco do Sul con 9.348.872.

La ventaja de Rosario

La singularidad del Gran Rosario no radica solo en el volumen embarcado. En esa zona los buques remontan el Paraná para cargar en el corazón productivo, en lugar de que los granos recorran el trayecto final hasta puertos marítimos.

La carga llega desde campos ubicados a más de 1000 kilómetros, se procesa en la región y luego se embarca hacia más de 150 países por la Vía Navegable Troncal de la Hidrovía, que desemboca en el Río de la Plata y de allí al océano Atlántico.

La logística argentina de granos y subproductos a granel se organiza en dos grandes áreas portuarias: el sur de la provincia de Buenos Aires, con Necochea/Quequén y Bahía Blanca, y la zona del Gran Rosario, sobre 70 kilómetros de costa del Paraná. En este polo operan terminales que despachan granos, aceites y subproductos a todo el mundo.

Soja, maíz y trigo explicaron el liderazgo del nodo santafesino

En el complejo soja, el Gran Rosario embarcó 40.914.950 toneladas en 2025. Ese desempeño lo ubicó segundo entre los nodos exportadores de ese complejo, por detrás de Santos y por encima de Nueva Orleans.

El aumento estuvo asociado a una buena oferta exportable de soja y al contexto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que impulsó los despachos de poroto durante la segunda mitad del año pasado. A eso se sumaron los embarques habituales de aceite y harina de soja, que incluye al principal producto de exportación de la economía argentina. En el año previo, la región había embarcado 35 millones de toneladas del complejo.

En maíz, el Up-River despachó 22.840.853 toneladas y quedó como el segundo nodo global, solo detrás de Nueva Orleans. El informe de la BCR señala que Ucrania, cuarto exportador mundial del cereal, vendió al exterior menos toneladas que las que salieron desde el Gran Rosario.

En trigo, el sistema Columbia-Snake de Estados Unidos lideró con 11.957.154 toneladas y el Gran Rosario quedó segundo con 8.789.962 toneladas. El relevamiento aclara que en este complejo algunas zonas portuarias de Rusia, Ucrania o Australia podrían haber superado a la región argentina, y que algo similar podría ocurrir con otros cereales y otras oleaginosas.

La primera posición mundial de Rosario surgió de la suma de los principales complejos y de la diversificación de productos exportados. Brasil, con puertos como Santos, Belém y Paranaguá, mostró una participación más fragmentada, mientras que los complejos estadounidenses registraron altos volúmenes en algunos rubros, pero sin superar el total consolidado del nodo argentino.

El Gran Rosario recuperó durante 2025 el liderazgo mundial entre los principales nodos portuarios agroexportadores, una posición que refleja la relevancia de la infraestructura logística argentina dentro del comercio internacional de productos agrícolas. Con embarques por 75,7 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos, el complejo portuario ubicado sobre el río Paraná superó a la región portuaria de Nueva Orleans, en Estados Unidos, y al puerto de Santos, en Brasil.

Según un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, el nodo del Gran Rosario volvió a ubicarse en el primer puesto del ranking global luego de varios años afectados por menores niveles de producción agrícola y por las consecuencias de la histórica sequía de 2023.

El complejo rosarino despachó durante 2025 un total de 75,7 millones de toneladas, superando las 74,8 millones embarcadas desde Nueva Orleans y las 60 millones movilizadas por Santos.

Un modelo logístico único en el mundo

El liderazgo del Gran Rosario se apoya en una estructura logística singular. En apenas 70 kilómetros de costa sobre el río Paraná, entre Timbúes y Arroyo Seco, se concentran 30 terminales portuarias, de las cuales 18 operan específicamente productos agroindustriales.

La región concentra además más de 52 millones de toneladas anuales de capacidad de molienda de oleaginosas, equivalentes al 75 % de la capacidad instalada de Argentina. Esa integración entre producción, procesamiento industrial y logística portuaria permite que buena parte de la producción agrícola nacional sea transformada y exportada desde una misma región.

A diferencia de otros grandes polos exportadores del mundo, donde las materias primas suelen recorrer largas distancias hasta llegar a puertos marítimos, en el Gran Rosario son los buques los que remontan el río Paraná para cargar directamente en el principal núcleo agroindustrial argentino.

La mercadería llega desde distintas regiones productivas del país y encuentra en el nodo rosarino una combinación de infraestructura portuaria, capacidad industrial y conectividad logística que le permite alcanzar más de 150 mercados internacionales a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay y su conexión con el océano Atlántico.

El peso de las cadenas de suministro agroindustriales

El informe también permite dimensionar la importancia logística del Gran Rosario dentro de las exportaciones argentinas. Cerca del 75 % de los productos agroindustriales embarcados desde puertos nacionales durante 2025 salieron desde terminales ubicadas en el Up-River rosarino.

En el caso del complejo soja, los embarques alcanzaron 40,9 millones de toneladas durante el año, posicionando a la región como el segundo nodo exportador mundial de productos vinculados a esta cadena, sólo por detrás de Santos.

En maíz, el Gran Rosario se ubicó como el segundo nodo portuario global, con 22,8 millones de toneladas despachadas, únicamente por detrás de Nueva Orleans.

Estos volúmenes reflejan el papel central que desempeñan las cadenas logísticas vinculadas al agro dentro de la economía argentina y la importancia de la infraestructura portuaria para sostener la competitividad exportadora.

Expectativas para 2026

La recuperación productiva registrada durante la campaña 2024/25 fue uno de los factores que permitió al Gran Rosario recuperar el liderazgo mundial. Entre 2020 y 2024, la menor producción agrícola y los problemas derivados de la bajante del río Paraná habían reducido los volúmenes exportados desde la región.

Sin embargo, las perspectivas para 2026 aparecen aún más favorables. Según el informe, durante los primeros cuatro meses del año ya se embarcaron desde terminales argentinas 34,6 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos, el mayor volumen registrado para un primer cuatrimestre. De ese total, 25,2 millones de toneladas salieron desde los puertos del Gran Rosario, también un récord para ese período.

Si esa tendencia se mantiene durante el resto del año, el complejo portuario rosarino podría convertirse por segundo año consecutivo en el principal nodo agroexportador del mundo, un logro que hasta ahora no registra antecedentes dentro de la actividad portuaria argentina.

En plena cosecha gruesa, las empresas del sector agroexportador liquidaron USD 2.677 millones durante mayo. Este monto representa un incremento del 7% respecto a abril.

Los datos surgen de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las cuales precisaron además que el acumulado anual totalizó 10.343 millones de dólares, que comparado con el período enero-mayo de 2025, significo un ingreso un 12% inferior.

“Mayo marcó un crecimiento en embarques y en recepción de camiones a los puertos, especialmente con la recuperación de ventas de maíz a la exportación; las diferencias con el año pasado están dadas por precios internacionales menores en términos comparativos”, explicaron en CIARA-CEC.

Para el resto del año, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) elevó recientemente su proyección de liquidación de divisas del agro hasta los USD 36.111 millones, luego de revisar al alza las estimaciones de producción y exportación de soja y maíz de la campaña 2025/26. De alcanzar ese monto, el ingreso de dólares del sector se ubicaría en uno de los niveles más altos de los últimos 16 años.

La entidad informó que la producción de soja se estima ahora en 50 millones de toneladas, dos millones más que la proyección de abril. En el caso del maíz, la previsión subió a 68 millones de toneladas, un millón por encima del cálculo anterior. El incremento en la disponibilidad de granos llevó a ajustar al alza las estimaciones de industrialización y exportaciones.

La BCR indicó que este contexto supone un aumento de un millón de toneladas en la molienda de oleaginosas, así como mayores volúmenes exportados de harina, pellets y aceite de soja para la campaña. Además, la proyección de exportaciones de maíz subió en 500.000 toneladas.

Así, la combinación de mayores volúmenes exportables y una mejora en los precios internacionales de los productos agrícolas impulsó la nueva estimación sobre el ingreso de divisas.

Otro factor adicional que puede impulsar las exportaciones del sector es la baja de derechos de exportación, más conocidos como retenciones.

En detalle, las retenciones para el trigo y la cebada pasarán de 7,5% a 5,5% a partir de este mes, mientras que a partir de enero de 2027, según los resultados de la recaudación, se reducirán entre 0,25 y 0,5% por mes las retenciones para la soja. El esquema se ampliará a todos los cultivos, incluyendo sorgo, maíz y girasol, con un ajuste mensual previamente determinado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, precisó que el impacto fiscal estimado de la medida será de USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028.

Tras el anuncio, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, expresó que las retenciones a las exportaciones agrícolas deberían ser eliminadas totalmente. Y destacó que la rentabilidad en el campo depende del acceso a financiamiento a tasas razonables y criticó la falta de crédito “amigable” para productores.

En la misma línea, en diálogo con Infobae en Vivo, Ricardo Buryaile, ex ministro de Agricultura, valoró la decisión oficial pero señaló que la baja en las retenciones, aunque positiva, no compensa el encarecimiento de los costos: “Vos preferís perder 35 en vez de 50, pero lo lógico sería que el mayor incentivo funcione con rentabilidad, no con menor pérdida”.

Por su parte, un informe de la Fundación Mediterránea remarcó que la medida constituye “una señal positiva para el sector y va en la dirección correcta”, al reducir parcialmente “el impuesto más distorsivo que enfrenta el agro argentino”.

Sin embargo, señala que los derechos de exportación no constituyen la única carga tributaria que incide sobre la actividad. También existen impuestos nacionales, provinciales y municipales que afectan los costos, los márgenes y los incentivos para invertir.

Desde la automatización de maquinaria hasta el uso de drones y sistemas guiados por GPS, la tecnología empezó a modificar tareas que durante décadas se hicieron prácticamente de la misma manera. “La tecnología vino a corregir errores y a mejorar la productividad”, explica Silvio, quien además sostiene que minería, petróleo y gas pueden convertirse en los sectores que más transformen la economía argentina durante los próximos años.

¿Cómo empezó tu vínculo con la tecnología aplicada a sectores productivos?

Hace unos 25 años trabajaba en una cooperativa tambera, en el área de compras y expedición. También soy técnico en industrias lácteas. En un momento sentí que había mucho por hacer y decidí buscar otro camino. Ahí empecé a pensar cómo podía aportar algo distinto dentro de sectores donde gran parte de los productos ya estaban comoditizados.

En ese contexto apareció algo que me llamó mucho la atención: la tecnología aplicada al agro. Veía que el productor agropecuario muchas veces era reticente a los cambios, muy acostumbrado a trabajar de determinada manera, pero al mismo tiempo tenía curiosidad cuando aparecía algo distinto. No era lo mismo llegar ofreciendo semillas o agroquímicos que decir “vendo tecnología para el agro”. Ahí automáticamente aparecía otra reacción.

Capaz alguien decía que no tenía tiempo, pero cuando escuchaba hablar de sensores, automatización o GPS se quedaba preguntando. Y entendí que tarde o temprano el agro iba a incorporar tecnología de la misma manera que pasó dentro de nuestras propias casas.

¿A qué te referís con esa comparación?

A que muchas tecnologías primero parecen un lujo y después terminan convirtiéndose en una necesidad. Pasó con internet, con el aire acondicionado, con el lavarropas automático o con los teléfonos celulares. Al principio parecía algo reservado para pocos, pero después entendimos que mejoran productividad, calidad de vida y aprovechamiento del tiempo.

En el agro empezó a pasar exactamente lo mismo. Tecnologías que antes parecían innecesarias hoy permiten trabajar mejor, reducir errores y aumentar productividad. Por ejemplo, el piloto automático en maquinaria agrícola cambió completamente la forma de trabajar. Antes había tareas que directamente no podían hacerse correctamente de noche porque no se veía bien o porque el cansancio terminaba generando errores inevitables.

Hoy un tractor puede sembrar guiado por GPS y el operario se concentra en controlar parámetros y funcionamiento. Eso permitió trabajar en horarios más eficientes, especialmente en zonas donde las temperaturas son extremas.

En provincias como Chaco o Santiago del Estero hay momentos donde trabajar durante la tarde puede ser muy duro para las personas y también para las máquinas. Entonces la tecnología no solamente mejora productividad: también mejora condiciones de trabajo y permite reducir errores que antes eran normales dentro de la operatoria.

También hablaste del vínculo entre tecnología y comercio exterior. ¿Qué tan importante es hoy la importación para este sector?

Es fundamental. Y hay algo importante para destacar: el ingenio argentino es impresionante. La capacidad que tiene Argentina para encontrar soluciones técnicas o resolver problemas es realmente muy valorada. El problema no está en la creatividad ni en el conocimiento. El problema está en la industrialización.

Argentina está lejos de fabricar este tipo de tecnologías al nivel de China o Alemania. Entonces muchas veces la solución nace acá, se prueba acá y funciona bien, pero después termina fabricándose afuera porque los costos son completamente distintos.

Ahí el comercio exterior, la logística y la conectividad global pasan a ser centrales. Porque muchas veces fabricar localmente un producto puede costar muchísimo más que producirlo a escala en China. Entonces aparece un equilibrio entre desarrollo local, importación y rentabilidad. Hay productos que se diseñan en Argentina y se adaptan a necesidades locales, pero necesitan escala industrial internacional para ser viables.

¿Y qué impacto tiene la conectividad global sobre el desarrollo tecnológico?

Cambió todo. Hoy alguien encuentra una solución en Argentina y automáticamente puede compartirla con el resto del mundo. Y también pasa al revés. Una innovación aparece en China, Alemania o Estados Unidos y rápidamente ya está llegando a Argentina o al menos empieza a analizarse cómo implementarla.

Eso acelera la adopción tecnológica. Antes muchas soluciones quedaban aisladas porque no existían estos niveles de comunicación. Hoy la logística, internet y el ecommerce funcionan como puentes permanentes entre necesidades, desarrollos y soluciones.

Muchas veces había procesos que se hacían de determinada manera simplemente porque “siempre se hicieron así”. Pero cuando aparece una solución concreta y rentable, todo empieza a cambiar más rápido. Y eso también genera nuevas empresas, nuevos servicios y nuevas oportunidades alrededor de la tecnología aplicada a sectores productivos.

Mencionabas también el crecimiento de la minería. ¿Qué estás viendo hoy en ese sector?

La minería está atravesando un momento muy parecido al que atravesó el agro hace unos 15 años. Hoy muchas empresas todavía creen que ciertas tecnologías solamente vienen incorporadas en maquinaria nueva. Pero también existe la posibilidad de automatizar equipos que ya están trabajando.

Por ejemplo, una topadora, una motoniveladora o una retroexcavadora pueden incorporar sistemas de automatización aunque tengan varios años de uso. Eso está generando mucho interés porque mejora precisión, productividad y tiempos operativos sin necesidad de reemplazar toda la maquinaria.

También aparecen herramientas como drones autónomos para relevamientos topográficos que permiten hacer en un día trabajos que antes podían demandar varios días.

¿Cómo ves el futuro productivo argentino?

Creo que Argentina tiene un potencial enorme vinculado a minería, petróleo, gas y litio. El agro sigue siendo fuerte y va a seguir creciendo gracias a la tecnología y a la productividad, pero la minería todavía está en una etapa inicial y eso genera oportunidades enormes.

Hoy la minería empieza a incorporar automatización, conectividad y nuevos procesos operativos de una manera acelerada. Y alrededor de eso también empiezan a crecer la logística, el transporte, la infraestructura y toda la cadena vinculada al abastecimiento.

Por eso creo que minería, petróleo y gas van a tener un impacto muy fuerte sobre el desarrollo económico argentino en los próximos años.

El sector agroindustrial enfrenta un escenario inédito: Brasil superó a la Argentina en exportaciones de harina de soja durante el primer cuatrimestre de 2026, según datos oficiales de ambos países. El volumen exportado por Brasil alcanzó 7,7 millones de toneladas, mientras que la Argentina despachó 7,5 millones, una diferencia que pone en jaque el histórico liderazgo argentino en este mercado estratégico.

Considerando el promedio 2019-2024, la harina de soja aportó más del 13% de las exportaciones totales del país y concentró más del 50% de los envíos del complejo sojero nacional. En la campaña anterior, los ingresos anuales superaron los USD 10.500 millones, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Este producto llegó a representar más del 17% del comercio exterior argentino en períodos como 2014-2016. Este escenario abre el interrogante sobre si se trata de una coyuntura puntual o de un cambio estructural con consecuencias profundas para la economía.

De acuerdo con el análisis del especialista Javier Preciado Patiño, la brecha entre ambos países se redujo de 21 millones de toneladas hace diez años a 2,5 millones proyectadas para 2026-2027, según registros del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Estados Unidos también intensifica su presencia, con una tasa de crecimiento en la molienda que iguala la de Brasil y supera a la de la Argentina.

La producción local muestra signos de estancamiento. En el sector, fuentes consultadas señalaron que en 2016 se proyectaba alcanzar 65 millones de toneladas de soja producidas en la Argentina, pero el número actual ronda los 50 millones, incluso sumando la importación desde Paraguay como única vía para compensar la caída nacional.

Según datos de la BCR, durante los primeros años de este siglo Europa era el destino por excelencia de la harina y pellets de soja, concentrando en promedio 54% del total exportado en la primera década de 2000. El segundo lugar lo ocupaba el continente asiático, siendo destino del 30% de las exportaciones en el mismo período. Cerraban el total África y América, continentes con participaciones del 10% y 6% respectivamente.

Finalizada la primera década de los 2000, mientras la Argentina seguía creciendo en su producción de soja, -logró en 2016 el máximo nivel exportador de harina de soja-, el volumen exportado de este subproducto a Europa tocó su máximo de casi 2,6 millones de toneladas en la campaña 2013/2014, marcando desde entonces una tendencia descendente hasta ubicarse en 1,4 millones de toneladas en la cosecha 2023/24.

En ese marco, los países de Asia comenzaron a ampliar sus compras y ganar participación en los embarques argentinos de harina de soja. Para el fin de la década del 2010, ya promediaban el 45% de los despachos. Mientras tanto, el Viejo Continente pasaba a concentrar el 35% del total exportado, 19 puntos menos que la década pasada.

De esta forma, la harina de soja argentina se exportó a más 68 países en la campaña 23/24. “Con 193 países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), podemos afirmar que la harina de soja argentina nos vinculó comercialmente con más de un tercio del mundo, superando el 35% de los países del planeta”, sostiene la BCR.

La pérdida de competitividad de la harina de soja argentina, comentan en el sector, responde a una variedad de factores. La superficie sembrada se redujo en 3 millones de hectáreas, mientras que las retenciones del 24% para el poroto y del 22,5% para el aceite y la harina dificultaron la viabilidad del cultivo en regiones alejadas de los puertos o con rendimientos bajos. Además, la utilización generalizada de semilla “bolsa blanca” limita la adopción de genética certificada, un avance que en Brasil permitió mejoras sostenidas en la productividad por hectárea.

La competencia de Brasil y Estados Unidos

El estancamiento argentino contrasta con el impulso de Brasil y Estados Unidos, donde las políticas de fomento a los biocombustibles empujan la demanda de crushing y generan excedentes exportables de harina.

Brasil sostiene una estrategia de diversificación de mercados y fortalecimiento de la demanda interna, anticipando una posible baja en las compras de soja por parte de China. “Brasil sabe perfectamente que tiene hoy una gran dependencia de China como comprador de poroto de soja, que la demanda china va a ir cayendo en los próximos años por una cantidad de factores”, explicó Preciado Patiño.

Indonesia, en tanto, se consolida como el principal destino de la harina brasileña, mientras la Argentina pierde posiciones también frente a Estados Unidos, que avanza sobre mercados clave como Vietnam.

Soluciones posibles

La competitividad del complejo sojero local depende de tres factores que, según Preciado Patiño, requieren atención inmediata: la modernización de la logística fluvial a través de la hidrovía, la ampliación del corte de biodiésel al 15% y una ley de semillas que promueva la innovación genética y el acceso a nuevas tecnologías. El especialista advirtió sobre la necesidad de acelerar la reducción de los derechos de exportación para evitar una pérdida mayor de competitividad respecto a los dos principales competidores.

Hay, sin embargo, algunos avances en materia regulatoria para frenar esta tendencia. Por un lado, la semana pasada el Gobierno anunció un esquema paulatino de rebaja de retenciones. Por el otro, en el marco del acuerdo de cooperación económica que la Argentina firmó con Estados Unidos en febrero de este año contempla definiciones clave acerca de la implementación de la Ley de Propiedad intelectual.

Por último, en materia de biocombustibles, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó que el Gobierno está dispuesto a iniciar el debate parlamentario sobre el proyecto de ley para aumentar el corte de biocombustibles en los combustibles fósiles y avanzar hacia una mayor apertura del mercado. La propuesta, elaborada por la Secretaría de Energía que encabeza María Tettamanti, fue presentada en la Cámara baja por Bullrich y otros senadores libertarios.

La iniciativa, que surge en un contexto de alza internacional del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, propone subir el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 10% y el de bioetanol del 12% al 15% en el plazo de un año, con la posibilidad de incrementos adicionales a discreción de la Secretaría de Energía. El texto incorpora la habilitación de motores Flex Fuel y crea un sistema electrónico para la comercialización del producto.

Las exportaciones argentinas crecieron 45% en cantidades físicas desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Ese salto, terminó por empujar un superávit comercial de bienes de USD 2.711 millones en abril. En este contexto, además, retrocedieron las importaciones y el mercado empieza a proyectar que ese saldo favorable se consolidará aún más en los próximos meses por la cosecha récord, la fortaleza de los precios energéticos y una actividad interna que seguiría moderada.

Según un estudio de la consultora Invecq, en el primer cuatrimestre, el resultado positivo acumulado fue de USD 8.277 millones, contra los USD 1.275 millones de 2025, el mayor registro para ese período desde 2009 en términos reales. En abril, las exportaciones alcanzaron USD 8.914 millones y las importaciones USD 6.204 millones, con una mejora interanual de USD 2.496 millones.

El mismo informe releva la evolución de las cantidades exportadas entre abril de 2005 y abril de 2026, con base 100 en 2005. El gráfico destaca distintos ciclos: entre 2005 y 2008 el índice crece de 110 a 127 puntos; luego cae a 108 en 2009. Entre 2010 y 2012 vuelve a subir, alcanzando un nuevo máximo de 128 puntos, para descender a 105 en 2015. Entre 2016 y 2019 hay otra recuperación hasta 125 puntos, seguida de una baja y un repunte en 2021-2022 cerca de los 124 puntos. A partir de 2023, el índice toca su piso en torno a 100 puntos, pero desde ese momento inicia un crecimiento sostenido y acelerado que lo lleva a marcar 145 puntos en abril de 2026.

Este último salto representa no solo el valor más alto de toda la serie, sino también un crecimiento del 45% en las cantidades exportadas desde el nivel registrado al inicio del gobierno de Javier Milei, en diciembre de 2023.

Exportaciones en máximos e importaciones a la baja

Según Invecq, el superávit, que tocó un pico en abril, promedia USD 2.100 millones desde noviembre, frente a una media de USD 686 millones en los primeros 10 meses de 2025. La consultora atribuyó ese desempeño a una combinación de volúmenes exportados en máximos e importaciones en contracción.

En este sentido, tres de los cuatro grandes rubros de exportación se ubicaron en máximos históricos al medirlos con promedio móvil de 12 meses. Los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron los valores más altos de la serie iniciada en 2004, mientras que combustibles y energía quedó 8% por debajo del pico de enero de 2005, aunque abril fue, de manera puntual, el mes más alto de la historia.

La excepción fueron las manufacturas de origen industrial. Según la consultora, se mantuvieron en niveles similares a los picos recientes de fines de 2022 y 2018, pero todavía 26% por debajo del máximo de enero de 2012.

Al desempeño en cantidades se sumó una mejora de precios en lo que va de 2026. En el primer cuatrimestre, los precios de exportación avanzaron 6% interanual, una de las claves, según el estudio, de la mejora en la balanza comercial argentina.

En tanto, las importaciones mostraron el movimiento inverso. Las cantidades importadas cayeron en todos los meses de 2026, con un descenso promedio interanual de 9,9% y una baja acumulada de 10%. En este caso, la contracción fue más marcada en los bienes ligados a la producción: piezas y accesorios retrocedieron 30,1%, los bienes de capital 14% y los bienes intermedios 3,6%. En cambio, los bienes de consumo crecieron 2% y los vehículos de pasajeros 41 por ciento, prinicpalmente debido a la llegada de automotrices chinas al país, como BYD, Baic, Jac, entre otras.

Uno de los puntos destacados fue que la compra externa de combustibles y lubricantes cayó 32,8% en volumen. La consultra vinculó ese descenso con el cambio estructural de la Argentina en su transición de importadora neta de energía a exportadora, principalmente por el dinamismo de Vaca Muerta. De hecho, la balanza energética explicó el 52% del saldo positivo en el intercambio comercial de abril

Sin embargo, el dato central es que la mejora del saldo comercial no se explicó por un solo factor. Se sostuvo en una expansión récord de las cantidades exportadas, una suba de precios y una baja de las importaciones, sobre todo de las asociadas al nivel de actividad.

El mercado de ONs volvió a moverse y sumó expectativa de divisas

En el frente financiero, el mercado de obligaciones negociables recuperó dinamismo desde abril tras la volatilidad internacional de febrero y marzo. En lo que va de mayo, las colocaciones ya superan USD 1.600 millones, por encima de todo lo emitido en abril.

Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires volvió al mercado con una colocación por USD 500 millones, equivalente al 33% del total emitido en mayo. Por sectores, 47% de las emisiones correspondió a compañías de energía, 11% a servicios financieros y el resto se repartió entre empresas del agro, servicios no financieros e industria.

Entre las operaciones destacadas, Arcor emitió deuda en dólares a tres años al 5,25% anual en el mercado local. Mercado Pago colocó una ON con vencimiento a septiembre, a 106 días, con tasa de 0%, mientras que Pampa Energía emitió USD 500 millones a 18 meses con una tasa de 7,775% anual.

Estas emisiones hard dollar implican futuros ingresos de divisas porque cuentan con hasta 180 días para liquidar parcialmente en el MULC. Este flujo se complementa con el ingreso esperado por la campaña récord del agro (se esperan ventas por USD 36.111 millones), la mejora en exportaciones energéticas tras la suba del petróleo (se prevén exportaciones por alrededor de UAS 14.000 millones) y el crecimiento de los préstamos en dólares al sector privado.

La suba de tasas en Estados Unidos complica el regreso al crédito externo

El escenario internacional, de todos modos, siguió agregando presión. En las últimas semanas, las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron con fuerza: el rendimiento a 10 años alcanzó máximos de los últimos 15 meses y la tasa a 30 años tocó niveles no vistos desde 2007.

Ese movimiento encareció el financiamiento global y complicó en especial a los mercados emergentes, tanto por tasa como por flujos. Para la Argentina, el problema aparece en un momento en que el equipo económico busca una ventana para volver al mercado internacional sin convalidar costos altos frente a los vencimientos que se concentran en 2026 y 2027.

Según el estudio de Invecq, en 2026 los vencimientos totalizan USD 13.531 millones, aunque los pagos efectivos serían de USD 5.773 millones. Para 2027, los compromisos ascienden a USD 37.609 millones y los vencimientos efectivos a USD 23.507 millones, con mayor presión en julio y enero.

En ese marco, la semana pasada el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del acuerdo bajo el Servicio Ampliado del Fondo y habilitó un desembolso cercano a USD 1.000 millones. El organismo destacó el avance del programa económico argentino y remarcó la importancia de seguir flexibilizando el esquema cambiario y fortalecer la acumulación de reservas internacionales.

En el plano cambiario, el BCRA realizó esta semana una compra neta de USD 328 millones en una sola jornada, la segunda mayor del año, y acumula adquisiciones por USD 8.995 millones en 2026. Si se sostiene la dinámica actual de flujos, el mercado proyecta que la meta de acumulación de reservas por USD 10.000 millones podría alcanzarse e incluso superarse en los próximos meses.

La actividad agropecuaria registró una caída mensual del 2,6% en abril, afectada principalmente por las demoras en la cosecha y dificultades logísticas derivadas de las abundantes lluvias, según el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). A pesar de este descenso puntual, el sector, que proyecta una cosecha récord para este periodo, permanece en valores históricamente elevados, ubicándose 16,5% por encima del nivel alcanzado en abril del año pasado.

El retroceso mensual se explicó por complicaciones climáticas que demoraron las tareas en los campos y dificultaron el traslado de mercadería a los puertos. Según la BCR, ocho de las 12 series relevadas mostraron caídas mensuales, con los mayores descensos en el avance de labores agrícolas y en las exportaciones de los principales complejos agropecuarios. El informe destaca que la cosecha de soja fue la más afectada, con un progreso de apenas 17 puntos porcentuales, el menor avance registrado para abril desde el inicio de la serie.

En el sector ganadero, la faena bovina descendió 1,8%, acumulando nueve meses consecutivos a la baja. También se registraron disminuciones en la faena aviar y porcina, así como en la producción de leche. Las exportaciones agroindustriales retrocedieron 3,4% respecto a marzo, en un escenario marcado por el paro de transportistas y las persistentes lluvias.

El análisis interanual evidencia un desempeño sólido del sector, con una tasa de variación de 16,5% respecto al año anterior. En este caso, 10 de las 12 series que componen el índice se ubicaron por encima del nivel de abril de 2025, con la producción primaria avanzando 22,4% interanual, impulsada por la mayor cosecha de girasol del siglo y una cosecha récord de maíz. Solo la faena de bovinos (11,9%) y aviar (3,2%) presentaron caídas frente al mismo mes del año pasado, mientras que crecieron la faena de porcinos (9,9%), la molienda de cebada (13,6%), la de girasol (27,5%), la de soja (2,9%), la de trigo (0,3%), la producción de biodiesel (17,5%), de bioetanol (4,6%) y de leche (2,4%).

Milei anunció la eliminación progresiva de las retenciones

En paralelo, la semana pasada, en el marco de una campaña que promete resultados históricos, Javier Milei sorprendió al sector con el anuncio de una reducción de las retenciones al trigo y la cebada del 7,5% al 5,5% a partir de junio. La medida, celebrada por los productores, llega en plena definición de siembra y podría aportar mayor previsibilidad al sector.

La BCR estimó el costo fiscal de la medida en USD 29 millones para la campaña en curso, mientras que un informe de la Fundación Mediterránea calcula que la menor recaudación anual en 2027 rondaría entre USD 390 y USD 690 millones.

Desde el sector industrial, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, sostuvo que la baja de retenciones representa “una clara señal de la decisión del Gobierno de ir cumpliendo con su objetivo de bajar paulatina y progresivamente los derechos de exportación”. Destacó la publicación de un cronograma para la reducción de retenciones y consideró que establece condiciones claras para la comercialización y exportación durante todo 2026, 2027 y 2028.

El contexto de la medida se da en medio de un fuerte encarecimiento de insumos clave para la siembra, como los combustibles y fertilizantes, impulsados por el conflicto armado en Medio Oriente. Según la BCR, la relación urea/trigo alcanzó el valor más alto de la historia.

El efecto inmediato sobre los márgenes agrícolas se refleja en el precio que puede convalidar la demanda: en el caso del trigo, la BCR estimó que la medida elevaría la capacidad teórica de pago entre 2,2% y 2,3%, con una mejora de hasta USD 4,9 por tonelada.

La baja de retenciones se conoció mientras la agroindustria exhibe un gran momento en el frente externo. Según el Consejo Agroindustrial Argentino, entre enero y abril de 2026 las exportaciones agroindustriales sumaron USD 16.804 millones, un 16,2% más que en igual periodo del año pasado, con un ingreso adicional de USD 2.337 millones. En abril, el sector exportó USD 4.542 millones, USD 650 millones más que en el mismo mes de 2025.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, los seis principales cultivos alcanzaron 163,2 millones de toneladas, 21,25% más que en el ciclo anterior, lo que refuerza las expectativas de un año récord para el agro argentino.

En un año que promete ser histórico para el campo, Javier Milei sorprendió al sector agropecuario con un anuncio inesperado. Durante el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires adelantó que el Gobierno bajaría las retenciones al trigo y la cebada del 7,5% al 5,5% desde junio.

La medida, que fue bien recibida por el sector, llega en plena definición de siembra y podría otorgar mayor previsibilidad a los productores. De cara a la campaña en curso, la medida tendrá un costo fiscal que la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó en USD 29 millones. En tanto, en el cálculo anual, una estimación de la Fundación Mediterránea ubica la menor recaudación de 2027 entre USD 390 y USD 690 millones, equivalente a entre 0,06% y 0,10% del PIB. “El costo luce manejable si se sostiene el orden fiscal y parte se compensa con mayor actividad económica”, resalta el informe.

Ese impacto sobre las cuentas públicas surge de un universo ya acotado de exportaciones pendientes, una de las principales críticas del sector sobre el timing del anuncio. La Dirección de Información y Estudios Económicos de la BCR precisó que en trigo resta vender 5,3 millones de toneladas de las 19 millones estimadas del ciclo y en cebada quedan 500.000 toneladas de la variedad cervecera y 200.000 toneladas de la forrajera. Igualmente, “el anuncio de menores DEX para trigo y cebada ofrece alivio a los márgenes agrícolas, apuntalando decisiones de siembra e inversión de cara a la nueva campaña”, sostuvo la entidad.

El presidente de la Cámara de Aceiteros (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, valoró la baja de retenciones como “una clara señal de la decisión del Gobierno de ir cumpliendo con su objetivo de bajar paulatina y progresivamente los derechos de exportación”. Destacó la publicación de un cronograma para la reducción de retenciones, un reclamo histórico del sector, y consideró que “disipa cualquier incertidumbre en el mercado de granos, tanto en materia de decisiones de siembra como de comercialización y exportación, porque establece durante todo 2026, 2027 y 2028 las condiciones de los derechos de exportación”, señaló el ejecutivo a Infobae.

Con esos saldos remanentes y tomando los precios FOB promedio de junio a noviembre de este año, el costo fiscal asciende a USD 26,2 millones para el trigo y a USD 3,3 millones para la cebada, de acuerdo con el mismo informe. Si la rebaja impulsara mayores ventas externas y las exportaciones trigueras 2025/26 subieran a 20 millones de toneladas, ese costo se reduciría a USD 12,7 millones para ese cereal.

La decisión oficial llega en un contexto de fuerte encarecimiento de insumos para la siembra de granos. Según la Dirección de Información y Estudios Económicos, la suba de combustibles y fertilizantes tras el conflicto armado en Medio Oriente llevó la relación urea/trigo al valor más alto de la historia.

Gustavo Idígoras valoró la baja de retenciones anunciada por el Gobierno y detallada por el ministro de Economía como “una clara señal de la decisión del Gobierno de ir cumpliendo con su objetivo de ir bajando paulatina y progresivamente los derechos de exportación”. Destacó la publicación de un cronograma para la reducción de retenciones, un reclamo histórico del sector, y consideró que “disipa cualquier incertidumbre en el mercado de granos, tanto en materia de decisiones de siembra como de comercialización y exportación, porque establece durante todo el 2026, 2027 y 2028 las condiciones de los derechos de exportación”. “Celebramos esta medida, esta decisión y seguramente en estos días estaremos intercambiando ideas y opiniones con el Ministerio de Economía para que el decreto esté redactado de tal manera que se pueda entender correctamente por el mercado”, señaló Idígoras.

La rebaja mejora la capacidad de pago y busca sostener la siembra

El efecto más inmediato de la baja de derechos de exportación aparece en el precio que puede convalidar la demanda. Según la BCR, en el caso del trigo la medida elevaría la capacidad teórica de pago entre 2,2% y 2,3% según la posición comercial, con una mejora de entre USD 4,8 y USD 4,9 dólares por tonelada en el FAS teórico.

Ese alivio llega cuando la campaña ya empezó. Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, al 21 de mayo la siembra de trigo avanzaba sobre el 3% del área de intención y la de cebada sobre el 6%; en este último cultivo, casi el 92% de la producción se concentra en la provincia de Buenos Aires.

En trigo, la implantación muestra una distribución más amplia. Según la SAGyP, el norte argentino y la provincia de Entre Ríos encabezaban el avance de labores, con una cobertura promedio del 30% de la superficie a implantar.

La presión de costos había deteriorado la rentabilidad esperada aún en zonas relativamente cercanas a los puertos. A precios actuales, fertilizantes y fletes explicaban juntos el 54% de los costos de producción del trigo para un campo modelo ubicado a 150 kilómetros del puerto de Rosario, según estimaciones de GEA-BCR.

Con esa estructura de costos, el margen neto en campo propio quedaba en USD 94 por hectárea y se convertía en una pérdida de USD 103 por hectárea en campo alquilado, de acuerdo con GEA-BCR. El costo del flete, además, crece a medida que la producción se aleja de los núcleos de consumo.

El Gobierno vinculó la medida con una cosecha récord y anticipó cambios para la soja

Milei también confirmó que desde enero de 2027, y de forma paulatina, las retenciones a la soja bajarán entre 0,25% y 0,5% por mes (actualmente en 24%). “Será de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, declaró.

El Presidente agregó que también bajarán retenciones para la industria automotriz, la petroquímica y maquinarias. Desde el sector hubo una recepción favorable, en un escenario en el que las entidades vienen reclamando la eliminación total de esos tributos.

En la industria sostienen que un esquema de retenciones en descenso, incentivaría a los productores a postergar la venta de soja a la espera de alícuotas sucesivamente menores. Ese comportamiento podría impactar el ritmo de liquidación y el flujo de divisas por las ventas externas del principal complejo exportador del país. Un efecto opuesto al registrado en septiembre de 2025, cuando el cupo de USD 7.000 millones con retenciones cero que dispuesto el Gobierno se agotó en solo tres días por la aceleración de ventas ante una ventana fiscal temporal, en un contexto de alta demanda de dólares previo a las elecciones legislativas.

El trasfondo fiscal ayuda a explicar por qué el Gobierno había frenado medidas de mayor costo en los últimos meses, pese a los repetidos pedidos del campo. En los últimos meses, la recaudación cayó con fuerza en términos reales y la administración mantiene como prioridad el déficit cero y la desaceleración de la inflación.

Las exportaciones agroindustriales crecieron 16,2% en el primer cuatrimestre

La baja de retenciones se conoció mientras la agroindustria exhibe una mejora en el frente externo. Según el informe mensual de exportaciones por complejos presentado por el Consejo Agroindustrial Argentino, entre enero y abril de 2026 las exportaciones agroindustriales alcanzaron USD 16.804 millones, un alza de 16,2% frente al mismo período de 2025.

Ese incremento equivale a un ingreso adicional de USD 2.337 millones para el país en lo que va del año, según el CAA. Solo en abril de 2026, el sector registró despachos por USD 4.542 millones, USD 650 millones más que en abril del año anterior.

El mismo informe ubicó a los complejos de girasol, trigo y carne más cuero vacuno entre los de mayor aporte al crecimiento neto de divisas. En términos de dinamismo relativo, los mayores avances porcentuales correspondieron a porcino, girasol y legumbres, mientras que soja, manisero y avícola mostraron variaciones negativas o menor impulso.

En paralelo, el Gobierno vinculó su anuncio con el buen desempeño productivo de la campaña agrícola 2025/2026. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca difundidos por el ministro de Economía Luis Caputo en su cuenta de X, los seis principales cultivos sumaron 163,2 millones de toneladas, 21,25% más que en el ciclo anterior.

Según esos datos oficiales, la soja produjo 49,9 millones de toneladas con un rendimiento promedio de 30,6 quintales por hectárea, mientras que el maíz alcanzó 70 millones de toneladas, el mayor volumen en dos décadas, con 72 quintales por hectárea. El trigo aportó 27,9 millones de toneladas, máximo histórico de la serie estadística nacional; la cebada sumó 5,6 millones, el girasol 7,4 millones y el sorgo 2,4 millones de toneladas.

Durante su paso, Buryaile ponderó el anuncio: “Me parece correcto. Lo que tenemos que hacer es dividir en dos: lo inmediato para trigo y cebada, y lo proyectado para la soja en los próximos años”.

La confirmación de un cronograma “más certero” para la baja de retenciones, según Buryaile, permite que los productores puedan tomar decisiones de siembra con mayor información.

El impacto inmediato de la baja de retenciones en trigo y cebada

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que desde junio las retenciones para trigo y cebada tendrán una reducción de dos puntos porcentuales, medida que llega “justo a tiempo” para la toma de decisiones de siembra.

Buryaile contextualizó: “El productor triguero venía perdiendo 50 dólares por hectárea. Con este anuncio pierde 35. Ya la Bolsa de Comercio de Rosario estima una caída de alrededor de 250 mil hectáreas en la superficie sembrada”.

La suba de insumos sigue siendo una preocupación central para el sector. “No es indiferente a la producción agropecuaria lo que pasó con los combustibles, que subieron más del 40%. Los fertilizantes también aumentaron muchísimo”, detalló el exministro.

Según su visión, la baja en las retenciones, aunque positiva, no compensa el encarecimiento de los costos: “Vos preferís perder 35 en vez de 50, pero lo lógico sería que el mayor incentivo funcione con rentabilidad, no con menor pérdida”.

Buryaile fue enfático al describir el dilema: “La decisión del productor cuando saca los números es: ‘¿Le pongo menos tecnología al trigo?’ Vas a tener o reducís el área de siembra o aplicás menos tecnología. Eso te baja la calidad y los rindes”.

El nuevo cronograma para soja y la importancia de la previsibilidad

El gobierno estableció un cronograma fijo para la baja de retenciones a la soja, que será de un cuarto de punto porcentual cada mes durante 2027 y medio punto porcentual mensual a partir de 2028.

El impacto fiscal mayor, de 1.224 millones, se trasladará al próximo mandato presidencial. Sobre este punto, Buryaile valoró la previsibilidad: “Ahora está fijo, es otra cosa. Cuando el presidente decía que dependía de la recaudación, había incertidumbre sobre cómo iban a operar los mercados a futuro”.

El exministro insistió en la necesidad de transformar el esquema en legislación: “Sería mucho mejor que sea por ley. Todos los gobiernos usan el artículo 755 del código aduanero para fijar estos aranceles, pero funcionan como derecho de exportación. Es un impuesto y debería darlo el Congreso”.

Recordó la experiencia de años anteriores: “En 2022, cuando Sergio Massa asumió el Ministerio de Economía, incluyó los derechos de exportación en la ley de presupuesto y nosotros rechazamos la suba. Eso es lo que hay que hacer: darle previsibilidad de futuro”.

Costos, clima y tipo de cambio: los desafíos recurrentes para el campo

Pese al alivio que implica la baja de retenciones, Buryaile subrayó que “la suba de los costos y la inestabilidad climática siguen generando pérdidas para los productores”. Explicó que la rentabilidad depende también del tipo de cambio: “No es lo mismo tener una retención sobre un tipo de cambio de mil cuatrocientos que de mil seiscientos. El tipo de cambio real, después de restar el derecho de exportación, incide directamente en los ingresos”.

La incertidumbre climática añade un factor de riesgo: “Cuando producís a cielo abierto enfrentás los avatares del clima. Este año fue extraordinario, tuvimos una gran cosecha, pero si viene un Super Niño puede complicar todo. Tenés que ganar plata para cuando te vaya mal, y si perdés dos años seguidos, te desanimás”.

En cuanto a la estructura productiva, Buryaile aclaró: “No todo es soja o trigo. Muchas veces se habla del campo como un todo y hay cultivos o actividades, como la ganadería, que atraviesan realidades distintas. Hoy la ganadería pasa un mejor momento que la agricultura”.

El exministro concluyó que “hay un punto que hay que empezar a animarse a terminar con estos impuestos distorsivos”, aunque reconoció que “llevar las retenciones a cero es difícil porque implican entre 8 y 10 mil millones de dólares menos para el Estado”.

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En un escenario atravesado por cambios regulatorios, desafíos logísticos y fuertes variaciones entre importaciones y exportaciones, el comercio exterior argentino sigue apoyándose en operadores capaces de coordinar procesos cada vez más complejos. Para Claudia, Rosario continúa ocupando un rol estratégico dentro de esa dinámica, especialmente por su vínculo con los commodities y la actividad portuaria. “No sirve que el barco salga perfecto si después la mercadería no puede liberarse en destino”, advierte.

¿Cómo comenzó tu vínculo con el comercio exterior?

Comencé en el comercio exterior de una manera totalmente inesperada. En ese momento yo era docente de escuela primaria y además estudiaba la carrera de psicología, así que mi camino profesional parecía ir por otro lado. Pero un verano hubo en Rosario un curso de comercio exterior dictado por un despachante de aduana que venía de Buenos Aires.

Me anoté casi de casualidad, sin conocer demasiado, y ahí descubrí algo que me atrapó por completo: entendí que eso era realmente lo que me apasionaba.

No tenía familiares ni conocidos vinculados al sector, así que todo fue completamente nuevo para mí. Sin embargo, desde el primer momento encontré algo que me fascinó: los barcos, la logística internacional, la posibilidad de traer mercadería desde el exterior y coordinar operaciones con distintos países. Todo ese mundo me despertó una curiosidad enorme y, casi sin darme cuenta, terminé apasionándome por el comercio exterior.

Todavía me acuerdo del primer embarque que traje desde China. El barco tardó alrededor de 60 días en llegar y creo que, durante todo ese tiempo, no dormí tranquila ni una sola noche. Era una mezcla de ansiedad, responsabilidad y entusiasmo constante, porque cada etapa del proceso era nueva para mí y sentía que todo dependía de que esa operación saliera bien.

¿Qué fue lo que más te atrapó de la actividad?

Creo que fue un desafío permanente. Hace 30 años el comercio internacional era completamente distinto a lo que conocemos hoy. Actualmente, cualquiera puede comunicarse con China desde un celular en cuestión de segundos, pero en aquel momento todo era muchísimo más complejo: las comunicaciones eran lentas, la información no circulaba con facilidad y cada operación requería una enorme dosis de paciencia, seguimiento y aprendizaje constante.

Coordinar un embarque, hablar con proveedores del exterior, cerrar una operación o simplemente lograr una comunicación fluida era todo un desafío. Y justamente eso era lo que más me apasionaba.

Además, el mundo del despacho aduanero estaba mucho más dominado por hombres que hoy. No era habitual encontrar tantas mujeres trabajando en el sector, así que también hubo un desafío personal muy importante: abrirme camino y ganarme mi lugar dentro de ese ambiente.

Sin embargo, cada obstáculo fue también una motivación para seguir creciendo. Y lo más lindo es que, después de más de 30 años, sigo sintiendo exactamente la misma pasión por esta actividad que el primer día.

Rosario aparece muy vinculada al comercio exterior argentino. ¿Cómo describirías el rol de la ciudad?

Rosario tiene una relación muy profunda con el comercio exterior argentino. La ciudad y toda la región viven esta actividad de una manera muy intensa, porque gran parte de los commodities del país salen desde Rosario, San Lorenzo y Puerto San Martín.

Todo ese cordón industrial y portuario es absolutamente clave para la economía argentina y para el movimiento del comercio internacional.

Además, tenemos una ubicación estratégica. Somos un punto central para la distribución hacia Córdoba y gran parte del norte argentino.

¿Cómo describirías el rol del despachante dentro de una operación agroexportadora?

El rol del despachante de aduana es mucho más integral y estratégico que solo “llenar papeles”. Coordinamos con la Aduana, SENASA, empresas de control y diversos actores que intervienen a lo largo de toda la operación. En el caso de las exportaciones agroindustriales, es necesario articular de manera simultánea la gestión de certificaciones fitosanitarias, certificados de origen, documentación comercial, controles y procesos de consolidación de carga.

Todo ello debe desarrollarse de forma sincronizada para asegurar el correcto avance de la operación.

En las empresas de gran envergadura, que cuentan con un departamento interno de comercio exterior, nuestro trabajo suele ser más específico y focalizado en determinadas instancias del proceso.

En cambio, las empresas medianas o pequeñas requieren, en muchos casos, un acompañamiento integral desde las etapas iniciales de la operación, lo que implica una participación más amplia en la planificación y ejecución de la misma.

¿Qué importancia tiene la logística dentro de ese proceso?

Es central. Nuestro enfoque es acompañar al cliente a lo largo de toda la cadena logística, no únicamente en la instancia del embarque. En este sentido, entendemos que el proceso debe gestionarse de manera integral, considerando cada etapa de la operación.

Solemos expresar que no alcanza con que el embarque se realice correctamente si luego la mercadería no puede ser liberada en destino. Por ello, el objetivo es asegurar la coherencia y el cumplimiento de todos los requisitos tanto en origen como en destino, evitando contingencias que puedan afectar la operación en su conjunto.

Desde afuera suelen verse las largas filas de camiones durante la cosecha. ¿Cómo impacta eso sobre la operatoria?

Desde una perspectiva externa, suelen observarse las largas filas de camiones durante la época de cosecha. Ante esto, surge el interrogante sobre su impacto en la operatoria logística.

Este fenómeno tiene un impacto significativo tanto en la logística portuaria como en la circulación urbana y en las rutas de acceso. Durante las campañas agrícolas, el volumen de camiones se incrementa de manera considerable, generando una alta densidad de tránsito en determinados períodos.

Sin embargo, se trata de situaciones previstas dentro del esquema operativo. No implica que las terminales o los buques estén aguardando de manera improvisada la llegada de los camiones, sino que existe planificación previa y cronogramas de carga establecidos que ordenan la operatoria.

Lo que ocurre es que, en ciertos momentos del año, la actividad se concentra de forma muy intensa, lo que provoca picos de movimiento que se vuelven especialmente visibles y generan imágenes de congestión en accesos y zonas portuarias.

¿Cómo funciona la consolidación de grandes barcos graneleros?

Generalmente un mismo buque comparte cargas de distintos exportadores, aunque muchas veces el destino final o el comprador terminan siendo los mismos.

Estamos hablando de barcos que cargan decenas de miles de toneladas, así que distintos exportadores van consolidando sus partidas dentro de un mismo embarque.

¿Cómo viste la evolución reciente entre exportaciones e importaciones?

La sequía impactó muchísimo sobre las exportaciones agroindustriales. Hubo momentos donde prácticamente no había barcos porque no había cereal para cargar. En cambio, las importaciones nunca se frenaron completamente, aunque sí estuvieron afectadas por restricciones y regulaciones.

Hoy el mercado interno está más quieto y muchas empresas están frenando operaciones porque bajó el consumo. Pero el movimiento sigue existiendo y el comercio exterior continúa activo permanentemente.

Javier Milei aprovechó su presentación en el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para realizar un anuncio de alto impacto: la baja de retenciones al campo, pero también para otros sectores industriales.

El presidente aprovechó también para declarar en clave electoral. El cronograma de disminuciones se extenderá “a lo largo de 2027 y de 2028, si somos reelectos”. La declaración, por lo tanto, dejó en claro el objetivo desde el punto de vista económico de los anuncios pero también con un guiño político. La necesidad de recomponer la imagen presidencial, que viene cayendo en los últimos meses, no puede quedar ajena del análisis.

En concreto, Milei realizó varios anuncios en la misma dirección. Lo más inmediato es la reducción de las retenciones a las exportaciones de 7,5% a 5,5% para el trigo y la cebada, algo que debería impactar favorablemente en la siembra que arranca en breve. Ambos son cultivos de invierno, que se cosechan entre noviembre y enero.

También hubo anuncios para la soja, aunque -según explicó el propio jefe de Estado- están supeditados a la marcha de la recaudación. Desde el nivel actual de retenciones de 22,5% se bajaría de manera escalonada entre “un cuarto de punto y medio punto mensual” a partir de enero del año que viene. Esto significa que en el mejor escenario la baja llegaría a los seis puntos para fines del año próximo. Eso significa que las retenciones podría reducirse a 16,5% del volumen exportado.

La disminución continuaría en 2028 “si somos reelectos”, se ocupó aclarar el Presidente ante más de 1.000 personas que concurrieron al aniversario de la Bolsa de Cereales.

Pero no es todo. También se eliminarán las retenciones que aún se aplican para industrias como la petroquímica y la automotriz. En estos casos también será gradual arrancando en junio hasta mediados del año que viene.

Milei describió a las retenciones como “uno de las caras de este monstruo de mil cabezas que le tiraron encima a la producción en el último siglo, a costa de menor competitividad, menor capitalización y mayor desvalorización de la tierra”.

El efecto esperable de la baja gradual o eliminación de retenciones es que aumente la producción y que las exportaciones tengan todavía mayor impulso en el corto plazo. Este año se llegaría a un nuevo récord de USD 100.000 millones, producto de mayor volumen exportado y también altos precios internacionales.

También se buscaría promover una mayor liquidación de divisas el año que viene, cuando la Argentina se embarque en plena campaña electoral. Uno de los escenarios más probables es que aumente fuertemente la demanda de dólares por parte de los ahorristas para cubrirse de cualquier sorpresa electoral. En ese escenario, todo lo que ayude para aumentar la oferta de dólares y equilibrar la demanda es bienvenido.

Por otra parte, una reducción de retenciones implica a su vez una disminución de la recaudación, por lo que se trata una movida que no está exenta de riesgos. Si bien el presidente condicionó la baja de la presión fiscal para la soja a los mayores ingresos, en la práctica parece difícil que pueda dar marcha atrás luego de esta promesa. En todo caso, podrá jugar con bajar un cuarto de punto al menos en vez de medio punto, si es que el superávit fiscal queda comprometido.

La baja de retenciones también significa darle mayor competitividad a varios sectores que si bien están exportando mucho también se ven más presionados por un tipo de cambio cada vez más apreciado. La medida, por lo tanto, implica una mejora en el esquema cambiario para los exportaciones, pero sin necesidad de un aumento en la cotización del dólar.

La Argentina y Uruguay agotaron el cupo de 6.667 toneladas de arroz asignado al Mercosur para exportar a la Unión Europea en 2026. Argentina abarcó casi el 40% del beneficio arancelario, mientras que Uruguay tomó el 63%. Además, el país ya había agotado los cupos asignados para la miel y los huevos.

La confirmación llegó este martes desde el Departamento de Operaciones de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva informó que "ya no se aceptarán nuevas solicitudes de licencias de exportación con preferencia arancelaria porque el contingente quedó agotado antes de lo previsto".

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado celebró el agotamiento del cupo de arroz con un mensaje que publicó en X. “¿También nos llevamos la cuota del arroz? ¿Las exportaciones industriales suben 40%? Argentina sólidamente en un proceso de crecimiento liderado por las exportaciones. Bienvenidos a una nueva Argentina. Gracias presidente Javier Milei por mostrar que la libertad es el camino. VLLC!”, escribió en la red social.

Por su parte, el presidente uruguayo Yamandú Orsi destacó que su país se quedó con el 63% del total de la cuota anual de arroz con preferencias arancelarias asignada por Europa: “Hoy podemos gritar un gol”, publicó el primer mandatario en su cuenta de X.

La noticia, no obstante, generó malestar en sectores productivos de Brasil, que observan una mayor presencia argentina en segmentos agroindustriales del mercado europeo. En el país vecino aluden este avance a una combinación de competitividad, apertura comercial y cumplimiento sanitario.

Ese dato aparece pocos días después de otro revés para Brasil en su vínculo comercial con Europa. La Unión Europea excluyó recientemente a Brasil de las exportaciones de carne y productos animales hacia el bloque por incumplimientos ligados al uso de antibióticos y a fallas en los controles sanitarios, mientras que la Argentina fue autorizada por ajustarse a los estándares exigidos.

El arroz se suma a la miel y los huevos

La Argentina ya agotó también la cuota para exportar huevos al bloque europeo, a solo 15 días de la entrada en vigencia del acuerdo. El ministro de Economía Luis Caputo informó en X que las ventas a la Unión Europea alcanzaron las 333 toneladas y que se trató de huevos provenientes de granjas de Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires, procesados antes de su distribución en Europa.

Antes de eso, una empresa entrerriana había consumido en pocas horas la cuota libre de arancel para miel asignada al Mercosur para 2026. Según contó Federico Sturzenegger, el primer envío salió el 3 de mayo desde Concordia hacia Alemania con 20.986 kilogramos, adquiridos por la importadora alemana Langnese Honig GmbH & Co. Hasta la entrada en vigor del acuerdo la miel argentina pagaba un arancel de 17,3 por ciento.

Un acuerdo de 780 millones de personas

La relación comercial con Europa explica la relevancia de estos cupos. De acuerdo con el INDEC, en 2025 las exportaciones argentinas a la Unión Europea sumaron USD 8.486 millones y las importaciones llegaron a USD 10.478 millones, con una participación de 9,7% en las ventas externas y de 13,8% en las compras.

Según un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en el primer trimestre de 2026 la participación de la Unión Europea en las exportaciones argentinas fue de 9,3%, un mínimo en décadas que podría comenzar a revertirse con la entrada en vigor del acuerdo. El texto fuente añade que el comercio con el bloque representó menos del 10% de las exportaciones en 2025, lejos del casi 32% registrado en 1991.

El acuerdo consolidó un área de libre comercio entre 31 países, 27 de la Unión Europea y cuatro del Mercosur, con 780 millones de personas y el 20% del PBI global. También señala que el 99% de las exportaciones del Mercosur ingresa al esquema con beneficios: el 74% ya quedó libre de aranceles desde el 1 de mayo, el 18% los reducirá de manera progresiva en 10 años, el 7,8% entra con preferencias fijas o cuotas y solo el 0,3% queda fuera.

Entre los bienes exportados figuran harina de soja, biodiésel, minerales de plata, carne bovina y maní, según el texto fuente. Los principales destinos son Países Bajos, Alemania, España, Italia e Irlanda, aunque el primer lugar neerlandés se explica por el peso del Puerto de Rotterdam como puerta de entrada para mercadería que luego sigue hacia otros mercados europeos.

La licitación internacional para la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), conocida como Hidrovía Paraná-Paraguay, alcanzó su etapa final con la presentación de las ofertas económicas por parte de las dos multinacionales belgas que compitieron por el contrato. El proceso, iniciado en diciembre del año pasado, enfrentó a Jan De Nul y Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME), ambas con propuestas que igualaron el valor mínimo permitido en el pliego.

Según develó a Infobae Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), el modelo de las “bandas” que se utilizó en la licitación -los pliegos permitían un valor mínimo y otro máximo- respondió a la necesidad de evitar “ofertas temerarias o financiadas por un estado soberano”.

En este sentido, el funcionario aseguró que se trata de un mecanismo “recomendado por la división de Defensa a la Competencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, a la vez que resaltó que, a pesar de que fue un “procedimiento relativamente largo, no hubo una sola impugnación. Se puede comer arriba del pliego”, aseguró.

También destacó que, tanto la licitación, como el proceso en general, cuenta con el aval de importantes entidades del empresariado local, como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC).

“Todos entendían que si no planteábamos un esquema así, se ponía en riesgo la sostenibilidad del sistema. Es lo que se consensó con todos los actores, que en definitiva son los que tienen que pagar el costo. Sabíamos que iban a ser ofertas agresivas”, reconoció el funcionario en diálogo con este medio.

Bajan los costos para exportadores

Ambas compañías ofrecieron este martes una tarifa de peaje de USD 3,80 para la etapa inicial, lo que representa una reducción del 15% respecto de la tarifa vigente de USD 4,30. Según datos del mercado, este descenso podría significar un ahorro anual de entre USD 35 y USD 40 millones para los usuarios. “Todos los exportadores deben estar muy ansiosos. Todo se tiene que trasladar al sector productivo, que es donde hay que ayudar”, sostuvo Arreseygor al explicar el impacto de la rebaja.

A pesar de que la propuesta económica mostró una paridad casi absoluta, en la etapa anterior, correspondiente a la evaluación técnica, Jan de Nul había logrado una diferencia de más de 24 puntos sobre 80 posibles, por lo que se posicionó con ventaja frente a su competidora.

El funcionario destacó que el proceso licitatorio, validado por todos los actores relevantes y alineado con estándares internacionales, prevé la adjudicación en el plazo de un mes, seguido de un período de transición de alrededor de 60 días para los concesionarios. El contrato, que tendrá una vigencia de 25 años, exige al adjudicatario la modernización, ampliación, dragado y señalización de la vía, con inversiones estimadas en torno a los USD 10.000 millones y una ganancia mínima del 6% calculada sobre los peajes efectivos cobrados.

Actualmente, es el Estado argentino quien administra directamente la Hidrovía, cobra el peaje y subcontrata servicios de balizamiento y dragado, hoy en manos de Jan de Nul. Con la nueva concesión, el operador privado asumirá la gestión integral y las obligaciones de inversión sin respaldo estatal para los riesgos comerciales. El pliego proyecta ingresos anuales medios de USD 618,6 millones y un total estimado de USD 15.000 millones durante la vigencia del contrato, respaldados por el volumen de cargas transportadas por los ríos Paraná y Paraguay.

“El sector formó parte de la mesa que armó los pliegos y convalidó el sistema de bandas. Hoy piden que avancemos con estas ofertas porque les sirve”, afirmó Arreseygor. El directivo resaltó también la decisión política que permitió reactivar el proceso tras décadas de postergaciones. “Si no hubiera sido por la voluntad del Presidente, esto no se hacía”, señaló.

La Hidrovía se extiende a lo largo de 1.635 kilómetros y constituye la principal vía de acceso al Atlántico para el comercio exterior argentino. Por este corredor circula el 80% de las exportaciones agroindustriales del país, el 95% del transporte de contenedores, y el 100% de las exportaciones de la industria automotriz. Además, la vía cumple un papel central para la logística regional, ya que es utilizada por cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Estos cinco países firmaron en 1992 el acuerdo internacional que regula la navegación y el transporte comercial en la Vía Navegable Troncal.

De acuerdo con el cronograma oficial, la definición final quedará en manos del Gobierno durante las próximas semanas, y la expectativa empresarial gira en torno a la firma del contrato que modernizará la principal arteria fluvial del comercio exterior argentino.

Productores rurales del municipio de Baradero avanzan en una demanda judicial contra la administración local por haber utilizado más de $1.500 millones recaudados por la tasa vial para fines ajenos al mantenimiento de la red de caminos rurales. También reclaman que la justicia obligue a destinar esos fondos específicamente al sistema vial, en un momento en el que la necesidad de infraestructura se volvió uno de los problemas más críticos del interior productivo.

La denuncia, presentada por la Sociedad Rural de Baradero, expone la controversia en torno a la tasa vial y reflota la tensión entre los municipios y los productores rurales respecto a la legitimidad del cobro y el destino de los recursos. El vicepresidente de la Sociedad Rural de Baradero, Pablo Roller, dijo al medio especializado Bichos de Campo que la red vial funciona como un “servicio público esencial”, sin el cual la movilidad, el acceso a la educación y la seguridad de los habitantes rurales se encuentra comprometida.

También señalaron que, en siete años, menos de 200 kilómetros de los 600 que conforman la red vial rural del distrito recibieron tareas de mantenimiento o reparación

En la presentación judicial, Roller detalló que fue a partir del acceso a información oficial, logrado tras un amparo iniciado en junio de 2025, que pudieron constatar el desvío de fondos. De acuerdo con el análisis de la entidad, en los últimos tres años y medio solo se utilizó hasta 40% de lo recaudado en red vial para el destino original.

Roller aseguró que, en experiencias anteriores, el 25% de la recaudación del tributo había permitido no solo mantener sino mejorar la infraestructura vial mediante cambio de alcantarillas y obras de alteo. En este sentido, señaló que el problema excede lo productivo y afecta la vida cotidiana: “Los chicos no pueden ir al colegio, si tenés un problema de salud no podés salir del campo y si tenés un problema serio de seguridad tampoco puede llegar la policía”.

Un fallo judicial emitido en abril por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás había ordenado al municipio de Baradero, que actualmente lidera Esteban Sanzio, a informar sobre el destino de los fondos vinculados a la tasa vial, cuya recaudación anual asciende a $1.000 millones, según lo establecido en el expediente. Además, tal como consta en el fallo de los jueces Damián Cebey y Marcelo Schreginger, el municipio había negado información solicitada inicialmente por la Sociedad Rural, lo que obligó a los productores a recurrir a la vía judicial.

El reclamo se sitúa en el centro de una problemática estructural. Baradero cuenta con una red vial rural de 600 kilómetros, de los cuales “en los últimos siete años, no se han reparado ni mantenido siquiera 200 kilómetros”, aseguró Pablo Roller en declaraciones a Bichos de Campo. El dirigente resaltó que, además de la tasa vial, el municipio recibe aportes de la provincia de Buenos Aires por el impuesto inmobiliario rural, lo que incrementa el malestar ante la evidencia de la falta de inversión en infraestructura.

El antecedente clave

El caso de Baradero no es aislado. Diversos municipios de la provincia de Buenos Aires enfrentan reclamos similares impulsados por productores agropecuarios, quienes exigen transparencia en el uso y asignación de los recursos provenientes de la tasa vial a través de mecanismos judiciales de acceso a la información pública. En localidades como Azul, General Alvarado, Necochea y Henderson también se presentaron pedidos de información y la justicia concedió fallos a favor de los productores para garantizar su derecho a conocer el destino de los fondos recaudados.

De hecho, recientemente, el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen sentó un precedente significativo: ordenó que el municipio de Daireaux devuelva a los productores rurales las sumas percibidas por la tasa vial al comprobarse deficiencias graves en el mantenimiento de caminos y la reasignación de recursos hacia gastos ajenos al sistema vial. La sentencia, derivada de una demanda de cuatro productores y empresas del partido bonaerense, declaró nula la aplicación de la tasa para algunos contribuyentes y ordenó la devolución de lo abonado, mientras que en otros casos dispuso descuentos proporcionales.

El informe de ingeniería precisó que solo el 4% de la red vial de Daireaux se encontraba en estado “muy bueno”, a pesar de que el municipio disponía de recursos para que el 70% cumpliera condiciones óptimas. Además, se determinó que, en 2022, el 22,95% de la obligación fiscal por tasa vial fue desviado a otros fines, proporción que para 2023 se incrementó hasta 27,88%. La contabilidad confirmó que gran parte de la recaudación del tributo se destinó a rentas generales y no a obras de mantenimiento, lo que vulnera el principio de afectación específica.

Las exportaciones argentinas alcanzarían un nuevo récord histórico en 2026. Según proyecciones de la consultora Abeceb, el país podría alcanzar los USD 94.400 millones este año y así superar la marca previa de USD 88.446 millones de 2022. La razón detrás de este crecimiento es la diversificación productiva del país y la expansión de sectores estratégicos como energía, minería y servicios basados en el conocimiento.

Este cambio estructural incorpora nuevos sectores a la generación de divisas del país, lo que permite a la Argentina posicionarse como proveedor clave de insumos críticos, especialmente en un contexto global donde la demanda y la necesidad de seguridad energética configuran nuevos polos de oportunidad.

La proyección de Abeceb para 2026 anticipa un aumento interanual del 8,4% respecto al año anterior. De ese modo, el país no solo alcanzaría un récord en valores absolutos, sino que también consolidaría un superávit comercial cercano a los USD 16.000 millones. Sin embargo, aunque las exportaciones crecen en términos nominales, su participación en el PBI sería menor que en 2022: la relación exportaciones/PBI proyectada para 2026 ronda el 12,5%, por debajo del 14,6% registrado cuatro años antes.

La nueva Argentina exportadora

Según la consultora, el récord exportador previsto para 2026 se distingue por su impronta federal y su giro sectorial, en el que las provincias energéticas y mineras emergen como actores relevantes y complementan al histórico complejo agroindustrial situado en la región pampeana.

“Lo más importante es que este récord muestra una recomposición geográfica que refleja el cambio de matriz productiva y pone a nuevas provincias a jugar en el tablero del comercio global. Estas provincias ya muestran aumentos significativos en sus ventas al exterior, pero el crecimiento se va a potenciar en los próximos años y definitivamente, va a cambiar el mapa exportador”, afirmó Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de Abeceb.

Entre los casos más destacados, aparece Neuquén, con un crecimiento estimado de 1,5 puntos porcentuales respecto a su promedio 2022–2025. La provincia alcanzaría así una participación del 6% del total exportado en 2026, impulsada por la maduración de los desarrollos en Vaca Muerta y el incremento sostenido en la producción y exportación de shale oil y shale gas.

De esta forma, Neuquén deja de ser solo abastecedora del mercado interno para erigirse como exportadora neta de hidrocarburos, con potencial de crecimiento apoyado en la expansión de la infraestructura de evacuación, como oleoductos y proyectos de gas natural licuado.

Las proyecciones de la consultora también marcan el ascenso de tres provincias con fuerte impronta minera: Chubut, prevé un alza de 1,2 puntos porcentuales en 2026, situándose en el 5,2% del total exportado impulsado por el avance en hidrocarburos convencionales y la mejora significativa en el sector pesquero; San Juan, en tanto, capitaliza el ciclo alcista del oro, con una expansión de 1 punto porcentual y una participación del 2,9%, beneficiada por cotizaciones internacionales en máximos históricos. Santa Cruz por su parte, incrementa su cuota en 0,7 puntos porcentuales, consolidando su perfil minero en oro y plata, repotenciado además por la industria petrolera.

En el noroeste, Catamarca (+0,2 puntos) y Jujuy (+0,3 puntos) amplían su relevancia con nuevos proyectos de litio y mejores precios, mientras la agroindustria regional —tabaco, azúcar, frutas y hortalizas— dota de mayor estabilidad a economías antes basadas en un solo motor productivo.

Agricultura, energía y economía del conocimiento

Aunque la participación relativa de las provincias extractivas crece, la región pampeana mantiene su lugar como principal motor del comercio exterior, con un incremento previsto del 6,9%. Este avance responde a una cosecha récord de granos y subproductos, la normalización en la liquidación tras la unificación cambiaria y la sostenida demanda internacional, en particular desde China y el sudeste asiático.

De hecho, la Bolsa de Comercio de Rosario, elevó nuevamente su proyección de liquidación de divisas del sector agropecuario para 2026, estimando un ingreso de USD 36.111 millones. La entidad ya había ajustado previamente su estimación inicial, que era de USD 34.530 millones, a USD 35.375 millones, lo que representó un aumento de USD 850 millones. Con la última revisión, el incremento respecto al cálculo anterior alcanza los USD 1.581 millones.

El informe también resalta que la economía del conocimiento se consolida como “uno de los cinco principales complejos exportadores”, con ventas superiores a USD 10.000 millones anuales. Este sector presenta ventajas distintivas: menor dependencia de la logística tradicional, alta intensidad en talento y capacidad de generar divisas a partir de servicios, lo que mitiga la vulnerabilidad frente a factores exógenos o adversidades climáticas.

Izquierdo, sintetizó el nuevo perfil exportador al indicar que este año “a la fortaleza tradicional del agro se suma con peso creciente el aporte de Vaca Muerta, la minería metalífera y el litio”. Izquierdo agregó que esta diversificación “reduce la vulnerabilidad histórica del sector externo a los ciclos climáticos y de precios agrícolas, y abre la puerta a un sendero de crecimiento exportador estructuralmente más sólido, siempre que se sostengan las condiciones macro y se materialicen las inversiones comprometidas”.

En el caso de la energía, durante el primer trimestre de 2026 el sector alcanzó un superávit comercial récord de USD 2.405 millones, según datos del Indec. Mientras el país avanza hacia un rol clave como exportador en un mercado cada vez más competitivo, los productores locales esperan cerrar el año con envíos al exterior por USD 14.000 millones. El verdadero despegue del sector llegaría a partir de 2027, cuando entren en operación los proyectos más ambiciosos, como Southern Energy (SESA), el consorcio integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, que ya tiene cerrado un contrato por más de USD 7.000 millones para vender GNL a Alemania.

En tanto, según proyecciones de la industria minera, las exportaciones del sector alcanzarán los USD 9.000 millones en 2026, impulsadas por un escenario de recuperación de precios internacionales en oro y litio, lo que representaría un incremento cercano al 49% respecto al año pasado.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) elevó su proyección de liquidación de divisas del agro para 2026 hasta los USD 36.111 millones, luego de revisar al alza las estimaciones de producción y exportación de soja y maíz para la campaña 2025/26. De concretarse, el ingreso de dólares del sector alcanzaría uno de los niveles más altos de los últimos 16 años.

El ajuste se produjo tras la actualización del informe mensual de estimación de producción nacional elaborado por GEA-BCR, que incrementó sus previsiones para los dos principales cultivos del país. Según detalló la entidad, la producción de soja se proyecta ahora en 50 millones de toneladas, dos millones por encima de la estimación de abril, mientras que la de maíz fue elevada a 68 millones de toneladas, un millón más que el cálculo previo.

La mayor oferta esperada de granos derivó también en una revisión de las estimaciones de industrialización y exportaciones. La BCR señaló que este escenario implica “un aumento en la estimación de molienda de oleaginosa (+1 Mt), y mayores exportaciones de harina/pellets y aceite de soja para la campaña”. A esto se suma un incremento de 500.000 toneladas en la proyección de exportaciones de maíz.

Más producción y mejores precios

La combinación entre mayores volúmenes exportables y una mejora en los precios internacionales de los productos agrícolas fue el principal factor detrás de la nueva estimación de ingreso de divisas.

De acuerdo con la entidad rosarina, “este ajuste al alza en la previsión de exportaciones de maíz, harina y aceite de soja, sumado a precios levemente mayores a los vigentes hace un mes para prácticamente todos los productos dejan a la actualización en la estimación de liquidación de divisas del agro en USD 36.111 millones para 2026”.

Ese monto representa un incremento de USD 800 millones respecto de la previsión realizada en abril. Además, la BCR destacó que la cifra sería “prácticamente idéntica al 2025 contemplando tanto lo liquidado en el MLC como lo liquidado vía el mercado Contado con Liquidación”.

La nueva proyección ubicaría a 2026 entre los años de mayor ingreso de dólares del agro desde 2010 (en cuarto lugar). El complejo sojero y maicero continúa concentrando la mayor parte de las exportaciones argentinas y representa una de las principales fuentes de generación de divisas para la economía local.

El desempeño de 2025

En paralelo con las estimaciones para el próximo año, la Bolsa de Comercio de Rosario también analizó el comportamiento reciente de la liquidación de divisas durante 2025.

Según el informe, en los primeros cuatro meses del año el agro liquidó un estimado de USD 8.516 millones. El número se ubicó por debajo de los más de USD 9.000 millones registrados en el mismo período del año pasado.

La entidad atribuyó esa caída interanual a dos factores principales. Por un lado, mencionó “los coletazos finales del régimen de eliminación temporaria de retenciones de septiembre pasado”. Según explicó, esa medida generó “un efecto ‘adelantamiento’ que hizo mermar el ingreso en los meses subsiguientes”.

El segundo elemento señalado por la BCR fue el ritmo de avance de la cosecha y la comercialización durante abril. En ese sentido, el informe indicó que la demora en las tareas de recolección impactó sobre el flujo de divisas que ingresó al mercado cambiario durante el primer tramo del año.

La cosecha aceleró las ventas

La dinámica comenzó a modificarse en mayo, impulsada por un mayor ritmo de cosecha de soja y por mejores condiciones comerciales para los productores.

La Bolsa de Comercio de Rosario sostuvo que “en los primeros días de mayo, el buen avance en las labores de recolección de soja junto con una mejora en los precios ofrecidos aceleró la comercialización por parte de los productores”.

Ese movimiento empezó a reflejarse en el mercado cambiario. Según indicó la entidad, “el flujo de divisas de la nueva cosecha al MLC ya ha comenzado a sentirse”.

En este contexto, la BCR proyectó que mayo cerrará con un ingreso de dólares significativamente superior al de abril. El informe señaló que se prevé “que el mes cierre con un incremento considerable respecto de abril, ubicándose por encima del promedio del último lustro y manteniéndose arriba para lo que resta del año”.

El impacto sobre el ingreso de dólares

La evolución de la liquidación de divisas del complejo agroexportador es seguida de cerca por el mercado debido a su peso en la oferta de dólares de la economía argentina. Los ingresos provenientes de las exportaciones agrícolas tienen influencia sobre el nivel de reservas, el mercado cambiario y la disponibilidad de divisas para importaciones y pagos externos.

En ese marco, la mejora en las perspectivas productivas para la campaña 2025/26 aparece como uno de los factores centrales detrás de la proyección de USD 36.111 millones para el próximo año.

La revisión al alza de la producción de soja y maíz también refuerza las expectativas de mayores volúmenes exportables tanto de granos como de subproductos industriales, especialmente en el complejo sojero, donde Argentina mantiene un rol relevante en el comercio internacional de harina y aceite.

Con este nuevo escenario, la Bolsa de Comercio de Rosario consolidó una perspectiva de estabilidad en el ingreso de divisas del agro para 2026, en niveles similares a los proyectados para 2025 y entre los más elevados de los últimos años.

En los primeros días de mayo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) bajó el ritmo de adquisición de divisas y, en los primeros días, solo compró 466 millones de dólares. Si bien en las últimas dos jornadas hábiles adquirió sumas superiores a USD 100 millones, la desaceleración respecto a abril generó sorpresa, ya que este mes suele caracterizarse por una mayor oferta de dólares provenientes de la liquidación del sector agropecuario. No obstante, el Gobierno espera una “avalancha de dólares” en los próximos meses, provenientes de los principales complejos exportadores del país.

La entidad que conduce Santiago Bausili repartió sus compras de la siguiente manera: USD 71 millones el lunes de la semana previa, USD 69 millones el martes, USD 45 millones el miércoles, USD 35 millones el jueves, USD 110 millones el viernes y USD 136 millones este lunes. Estos números permiten comparar la performance semanal con la de meses anteriores y analizar el impacto de la estrategia oficial.

Lo cierto es que si se toman los primeros seis días hábiles del mes corriente, las compras ascienden a 466 millones de dólares. Durante el mismo período de abril, el monto trepaba a USD 1.039 millones, lo que marca una clara diferencia. El promedio diario alcanzó los USD 77 millones en lo que va de mayo, mientras que en abril el promedio diario fue de 138 millones de dólares.

“El viernes, el BCRA compró USD 110 millones en el MLC, el mayor monto de la semana, aunque el ritmo de compras de mayo continuó por debajo del observado en abril (promedio diario de USD 138 millones versus USD 66 millones). Naturalmente, este comienzo más moderado genera interrogantes, especialmente considerando que mayo suele ser un mes favorecido estacionalmente por una mayor oferta de divisas”, expresó un informe de PPI.

A la vez, los analistas resaltaron que la desaceleración en las compras no respondió a una menor liquidación del sector agropecuario. En las primeras cinco ruedas de mayo, el agro liquidó un promedio de USD 130 millones diarios, cifra prácticamente en línea con los USD 125 millones diarios de abril. “Aun cuando todavía no creemos que la cosecha gruesa haya impactado plenamente en el MLC”, agregaron desde la ALyC.

Desde la consultora Econviews, sin embargo, presentaron un contrapunto al considerar que las liquidaciones del agro están “demoradas”. “El promedio diario fue de USD 124,7 millones, ajustado por días hábiles y precios (-21% interanual). Este atraso se explica en parte por las lluvias, que llevaron a una cosecha tardía de la soja”, indicaron respecto a la evolución del mes pasado.

En tanto, la menor participación del BCRA en las compras llevó a preguntarse quién absorbió el resto de la oferta de dólares. Según PPI, el resto de las operaciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) implicó una demanda neta cercana a USD 65 millones diarios. Entre los factores que podrían explicar esta demanda, la firma mencionó una mayor demanda de dólares por parte del sector minorista, un aumento en las importaciones o una menor liquidación de divisas desde la cuenta financiera.

Frente a este escenario, el informe de PPI planteó la duda sobre la persistencia de esta dinámica durante el resto del mes. La consultora estimó que el BCRA podría igualar o incluso superar el ritmo de compras de abril, que representó 2.770 millones de dólares. De hecho, este lunes, la entidad adquirió USD 136 millones, el mayor monto del mes.

“Aún resta que la cosecha gruesa impacte de lleno en el mercado de cambios, lo que debería fortalecer los flujos del agro”, afirmaron. En esa misma línea, el viceministro de Economía, José Luis Daza, sostuvo que “se viene una avalancha de dólares”, lo que generaría presiones a la baja sobre el tipo de cambio.

“Se viene una avalancha de dólares. Vamos a tener un problema de sobreoferta de dólares. (...) Mi visión ha sido que vamos a tener una oferta de dólares muy grande y que la presión en la Argentina va a ser para que el dólar se aprecie. No es voluntario, no lo controlamos. Es consecuencia del proceso económico subyacente detrás de todo lo que está ocurriendo en la Argentina. Capacidad para generar flujo de capital permanente“, dijo Daza en la apertura del “Inside Argentina 2026” la semana pasada.

En tal sentido, la administración libertaria apuesta no solo al ingreso que aporte el agro, sino también a las divisas provenientes de la energía y la minería, así como a colocaciones de deuda por parte de las empresas argentinas en el exterior. Según datos del Central, todavía restan por liquidarse más de USD 3.200 millones en concepto de obligaciones negociables en los próximos meses, lo que contribuiría a mantener el flujo del mercado cambiario.

No obstante, ya en la última semana de abril, la consultora Analytica, alertó sobre el menor ritmo de compras del BCRA aunque en esa oportunidad hubo un feriado lo que daba lugar a la duda. "En la última semana de abril, que contó con un día hábil menos, el BCRA compró USD 390 millones, USD 356 millones menos que la semana previa y el menor ritmo semanal desde la semana del 25 de marzo. Si bien se ubicó por encima del 5% del volumen operado en el mercado de cambios (USD 108 millones), quedó por debajo de nuestra métrica de compras prudenciales“, remarcaron.

¿Ayuda para la inflación?

Algunos analistas vinculan el comportamiento del BCRA en este contexto con la evolución de la precios. Sobre todo luego de que la inflación en marzo se ubicará en 3,4% y el Gobierno se comprometiera a una desaceleración a partir de abril. Según PPI, una posible interpretación sugiere que el equipo económico podría permitir un menor ritmo de compras para evitar una suba del tipo de cambio y así contener la inflación.

Cabe destacar que el oficialismo ya tuvo un adelanto de la inflación de abril. Este lunes se publicó el dato de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde hubo una desaceleración ya que se ubicó en 2,5% (0,5 puntos porcentuales menos que en marzo). Si bien las ponderaciones son diferentes con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, la cifra porteña se ubica en línea con las expectativas de las consultoras en torno a 2,6 por ciento.

En medio de una campaña que ya se proyecta como récord, más de 850.000 camiones ya descargaron granos en terminales del Gran Rosario para descargar sus granos. Se trata de cerca de 20.000 kilómetros si a cada camión (en rigor, todos hacen numerosas descargas) y su respectivo acoplado, que ocupan unos 20 metros de longitud, se le agregan unos 5 metros de distancia prudencial, la fila imaginaria que cubrirían sería similar a la distancia que separa a la Antártida del extremo norte del continente americano.

Según datos relevados por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), al cierre de la primera semana de mayo se registraron unos 73.000 camiones, lo que representó un hito logístico sin precedentes para este punto del calendario agrícola. Esta cantidad de vehículos supera en 185.000 la marca que alcanzó el sector en igual período del año pasado.

Este mayor dinamismo en la entrega de granos contrasta con los retrasos en la cosecha de soja, que, según la BCR, hasta el momento alcanzó solo un 41% de avance nacional, uno de los valores más bajos de la última década. La razón detrás de este retraso fueron las persistentes lluvias que impidieron el ingreso normal de la cosecha a los circuitos comerciales. Al primero de mayo, el inventario de soja en plantas de acopio, fábricas y terminales de exportación se ubicaba en 11,8 millones de toneladas, lejos de los 15 millones informados en la campaña previa y significativamente por debajo de los casi 21 millones registrados en el ciclo 2019/20.

Nuevo récord en transporte agrícola

El flujo de camiones que descargaron granos en Rosario en lo que va de la campaña actual ya superó los niveles de años anteriores, incluso antes de finalizarla. Mientras que en 2023 —afectada por la histórica sequía— apenas se contabilizaron 400.000 descargas, el ascenso fue vertiginoso: 690.000 en 2024, 760.000 en 2025 y más de 830.000 en curso durante 2026. Para ponerlo en perspectiva, en los años previos las cifras oscilaron entre 490.000 y 720.000 unidades anuales, consolidando al presente como el año de máxima exigencia para la infraestructura portuaria aceitera argentina.

El impacto del récord logístico sobre el mercado de granos

La llegada masiva de granos a los puertos se tradujo en un efecto directo sobre los valores de referencia. Según la entidad rosarina, “entre todo abril y lo que va de mayo, la pizarra de soja promedió $432.000 por tonelada, sin salir del rango $420.000 – $440.000 por tonelada, un 10% menos que a mes de marzo. Valuada en dólares, la historia se repite, con caídas promedio del 7% entre marzo y mayo para el precio disponible, llegando a mínimos de diez meses”.

Este escenario afecta a los productores, quienes enfrentan precios deprimidos en el puerto, mientras los costos de operación y transporte continúan firmes o en alza. Como respuesta, muchos deciden almacenar parte de la producción en cooperativas o mantienen el grano sin fijación de precio a la espera de una mejora en las condiciones de mercado.

En un contexto de volatilidad internacional, la Bolsa de Comercio de Rosario describió: “Luego de 15 ruedas consecutivas en $430.000 por tonelada o menos, el precio spot por soja subió $10.000 por tonelada durante una sola rueda, lo que bastó para marcar la jornada con mayor cantidad de toneladas anotadas con precio hecho desde que arrancó la cosecha”.

Según precisó la BCR, el 5 de mayo se negociaron 304.000 toneladas de soja con precio firme, cifra que triplica el promedio diario de las tres semanas previas. No obstante, el ritmo de comercialización global sigue entre los más lentos, con apenas el 28% de la producción comprometida, nueve puntos porcentuales por debajo del promedio histórico.

Exportaciones e ingresos

La perspectiva para la liquidación de divisas por exportaciones agroindustriales en 2026 también es histórica: la Bolsa de Comercio de Rosario estimó ingresos por USD 35.375 millones, lo que representa un aumento de USD 850 millones respecto a su cálculo previo.

De este total, USD 16.500 millones provendrán del complejo sojero, USD 7.500 millones del maíz, USD 2.200 millones del trigo, USD 2.400 millones del girasol, USD 500 millones de la cebada, USD 300 millones del sorgo y USD 600 millones de otras oleaginosas y cereales.

Entre abril y diciembre de 2026, la entidad proyecta ingresos por exportación de USD 29.600 millones. Sin embargo, el alza del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente ya encarece los insumos agropecuarios, en particular el combustible y fertilizantes como la urea, lo que reduce el efecto positivo del mayor flujo de ventas externas sobre la rentabilidad final del productor. Asociaciones del sector ya advirtieron sobre la presión que el contexto bélico internacional ejerce sobre la estructura de costos del agro argentino.

¿Dónde van los granos argentinos?

China es el principal comprador de soja en el mundo. Es por esta razón que las compras del gigante oriental marcan el pulso del mercado internacional. De acuerdo con la Bolsa de Comercio de Rosario, apenas 11,8 millones de toneladas de soja estadounidense se comprometieron rumbo a China desde la campaña 2025/26, el nivel más bajo desde 2006/07, cuando el gigante asiático importaba solo una cuarta parte del volumen actual.

En tanto, el 70% de las 52,6 millones de toneladas exportadas por Brasil en el ciclo en curso tienen como destino China. Por su parte, la Argentina ya inscribió un line-up de más de 800.000 toneladas hacia el país asiático y 2,5 millones de toneladas declaradas oficialmente, superando los registros del año pasado a esta fecha.

El proceso de privatización de la Hidrovía, el corredor fluvial por donde transita el 80% del comercio exterior de Argentina, se acerca a su fase decisiva. Este jueves el Gobierno confirmó la conclusión de la evaluación técnica, de manera que en cuestión de semanas se definirá quién operará, durante los próximos 25 años y bajo reglas de inversión privada, la administración y modernización de la Vía Navegable Troncal.

Según explicaron fuentes con conocimiento del caso a Infobae, la diferencia técnica obtenida en la evaluación puede ser decisiva en el resultado de la licitación. El puntaje técnico, basado en antecedentes, experiencia y calidad de las propuestas, otorgó una ventaja significativa a Jan de Nul, que se distanció por más de 24 puntos sobre 80 respecto a su competidor, la también belga DEME NV.

Ahora, la definición se traslada a la fase económica, con 120 puntos en disputa en la próxima apertura del sobre 3. El esquema de licitación, alineado con recomendaciones de organismos internacionales, establece franjas de precios máximos y mínimos para cada una de las etapas de la concesión. Se prevé que las ofertas económicas resulten muy similares, ya que las empresas probablemente ajustarán sus propuestas a los valores de referencia definidos por la autoridad. En ese contexto, la ventaja técnica obtenida en la primera parte del proceso puede resultar determinante para la adjudicación final.

Dos empresas belgas entran en la definición económica

El proceso de privatización de la hidrovía cuenta con dos empresas belgas interesadas, luego de haber dejado atrás a otra compañía brasileña que se había presentado en el proceso. Entonces, en esta segunda fase de la licitación, Jan de Nul obtuvo 66,2 puntos y DEME NV sumó 42,14 puntos en la evaluación técnica de sus propuestas.

Las cifras asignadas, resaltó el comunicado oficial que difundió el Gobierno, surgieron como resultado del análisis del Sobre N° 2 realizado por la Comisión Evaluadora, de acuerdo con el mecanismo de puntaje validado por la UNCTAD, organismo dependiente de las Naciones Unidas. Esta sistematización estableció una escala en la que sólo las categorías “Excelentes” aspiraron al total de puntos, y las siguientes recibieron 75%, 50%, 25% o nada según la calificación alcanzada.

Los apartados de mayor peso en la evaluación fueron los trabajos de dragado y la experiencia documentada de los oferentes en obras similares, así como la gestión del balizamiento, las estrategias de mantenimiento, los protocolos de control ante derrames, las medidas de ciberseguridad y la gestión ambiental.

Ambos consorcios presentaron memorias técnicas detalladas, incluyendo antecedentes sobre volúmenes de dragado realizados y la eficacia en la señalización de canales de navegación.

Finalizada esta instancia, la licitación ingresa a su parte más determinante con la próxima apertura del Sobre N° 3, donde será considerada la oferta económica de cada competidor. En esta etapa, el componente económico representa el 60% de la nota total, con un máximo de 120 puntos en disputa. El futuro adjudicatario tendrá a cargo la operación integral de la Hidrovía “a riesgo propio”, bajo supervisión estatal y de organismos internacionales, sin garantías financieras directas por parte del Estado.

Inversiones proyectadas y reducción de tarifas como eje del nuevo modelo

Según Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, durante el Congreso de Puertos Privados celebrado en la Bolsa de Cereales, el proceso de licitación acumula ya 18 meses de trabajo conjunto con gobiernos provinciales.

La adjudicación, según las previsiones de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, generará ingresos aproximados de USD 15.000 millones para el concesionario a lo largo de los 25 años estipulados en el contrato. El proceso compromete a la empresa ganadora a desplegar inversiones constantes en modernización, ampliación, dragado y señalización, sin respaldo estatal para los riesgos comerciales, pero bajo monitoreo permanente.

La resolución establece también que el operador tendrá un retorno mínimo del 6%, calculado a partir de los peajes cobrados a los usuarios, lo que apunta a un modelo de inversión autosustentable y de largo plazo, crucial para el flujo de exportaciones de granos y subproductos agrícolas.

Una de las metas explícitas del proceso, según confirmó Arreseygor, es la reducción de las tarifas que actualmente pagan los usuarios por navegar la vía. El funcionario anticipó que, si las propuestas económicas presentadas se ubican en el valor mínimo de la banda definida, los costos de peaje se reducirán al menos un 15% en relación con los niveles actuales. Esta expectativa de rebaja en los costos logísticos ha sido respaldada públicamente por organizaciones como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA-CEC) —responsable del 48% de las exportaciones agrícolas—, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC).

La definición de la oferta económica, prevista para la próxima semana, marcará el paso decisivo para la selección de la empresa que gestionará la Hidrovía bajo el nuevo esquema de concesión. Según adelantó Arreseygor, se proyecta que la pre-adjudicación pueda concretarse en el mes de julio.

El proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal, más conocida como la Hidrovía, el corredor fluvial por el que circula el 85% del comercio exterior argentino, inicia su fase final con la inminente apertura del tercer sobre de la licitación. El resultado de esta etapa determinará cuál de las dos empresas belgas finalistas asumirá la operación y modernización de la llamada Hidrovía.

A partir de la próxima semana, se conocerán las ofertas económicas, paso determinante para definir una operación clave para el futuro logístico y productivo de Argentina. Según cálculos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), la concesión, prevista por 25 años le permitirá al adjudicatario facturar aproximadamente USD 15.000 millones.

En la última fase del concurso, solo Jan de Nul NV y DEME NV, ambas compañías con sede central en Bélgica y reputación global en obras de ingeniería fluvial, lograron superar las instancias técnicas y legales del proceso.

Según detalló Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Anpyn, durante el Congreso de Puertos Privados realizado esta semana en la Bolsa de Cereales, la licitación, que lleva 18 meses de trabajo colaborativo con gobiernos provinciales, incluyó la fiscalización del organismo de Naciones Unidas, lo que brindó garantías de transparencia tanto para el Estado como para los usuarios y la sociedad. Arreseygor anticipó que para julio se prevé la pre-adjudicación de la administración del sistema troncal de navegación a un operador privado y que, a partir de ese momento, el precio del peaje comenzará a reducirse.

Inversiones millonarias y la reducción de costos

Quien obtenga la concesión deberá garantizar la modernización, ampliación, dragado y balizamiento de la Hidrovía a riesgo empresario, sin aval estatal. Los términos, según precisó la Anpyn, estipulan un retorno mínimo para el ganador del 6% calculado en función del peaje que cobrará a los usuarios. El proceso apunta a un escenario de inversión sostenida durante un cuarto de siglo, robusteciendo la infraestructura esencial para la exportación de granos y otros subproductos.

Una meta explícita establecida es la disminución de las tarifas actuales: Arreseygor sostuvo que si las propuestas económicas alcanzan el valor mínimo de la banda prevista, los costos de peaje podrían bajar al menos 15% respecto a lo que se abona hoy para navegar el tramo. La expectativa de reducción directa de costos logísticos despierta la aprobación de los principales actores del sector privado, entre ellos la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA-CEC, que representa el 48% de las exportacones agrícolas), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), entidades que expresaron su respaldo público al procedimiento impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Superadas las dos primeras etapas del proceso, en la tercera parte del mismo quedaron dos empresas de relevancia internacional, Jan de Nul NV y DEME NV, quienes competirán en los próximos días por la concesión de la Hidrovía. De esta manera, el próximo paso es la apertura y comparación de ofertas económicas lo que definirá qué compañía operará y mantendrá la vía durante 25 años. El ganador operará bajo riesgo propio; es decir, sin garantías del Estado, pero con supervisión del sistema productivo y organismos internacionales.

Solo una tercera oferente, la firma brasileña DTA Engenharia, resultó descalificada luego de la apertura del primer sobre por no cumplir con el requisito de garantías. La compañía objetó el resultado, elevando una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), donde reclamó presuntas “distorsiones” en los pliegos. Sin embargo, Arreseygor aseguró que “fue un proceso bastante razonable hasta la apertura de sobres” y precisó que “tuvimos tres ofertas, con dos empresas top mundial que fueron las que quedaron luego del sobre uno y dos”.

El proceso fue auditado por un organismo de las Naciones Unidas, que certificó la capacidad de Jan de Nul y DEME —junto a otras pocas empresas— como concesionarios aptos para la envergadura del proyecto. Según el director ejecutivo de la Anpyn, esta validación internacional fue clave para disipar las dudas en los sectores productivos, los usuarios y la opinión pública nacional.

Con la incorporación de tecnología de última generación y la profundización del sistema de navegación, el gobierno nacional afirma que la privatización de la Hidrovía supondrá una transformación en la estructura logística y de costos del comercio exterior argentino. El respaldo explícito de cámaras y sectores industriales refuerza esta expectativa de mayor competitividad y proyección internacional de la economía argentina.

El gobierno de Santa Fe, junto a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) anunció la creación de un fideicomiso para financiar el mantenimiento y la mejora de las rutas agrícolas que conectan con los principales puertos del Gran Rosario, por donde circula la mayor parte de las exportaciones agroindustriales argentinas.

Este mecanismo, diseñado en colaboración con los intendentes de ciudades portuarias, busca transferir el costo del desgaste vial a quienes generan esa presión logística: productores, acopiadores y exportadores.

De concretarse, la medida implicará un nuevo peaje variable por tonelada transportada, lo que elevaría el costo del transporte en aproximadamente USD 1,5 por camión. Dado que todos los recursos se destinarán exclusivamente a obras viales, los municipios ya no tendrían la potestad de cobrar tasas propias. El anuncio, que recibió tanto halagos como detractores, surge en el contexto de una actividad agroexportadora récord y una proyección de ingreso de divisas históricas para el sector.

Luego de varios días de lluvia que complicaron la actividad del sector, el corredor agroindustrial del Gran Rosario está recibiendo alrededor de 6.000 camiones diarios repletos de granos para su posterior exportación. En el inicio de la campaña gruesa, el estado de las rutas fue el principal punto de debate del campo, ya que los caminos de tierra y la infraestructura existente no alcanza para garantizar una entrega eficiente de los granos.

Las estimaciones para la campaña 2025/26 apuntan a una cosecha de 158 millones de toneladas, un 14% más que en el ciclo anterior, según proyectó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Con estos números, la entidad espera que la liquidación de divisas del agro alcance en 2026 los USD 35.375 millones. Se trata de una previsión que supera en alrededor de USD 850 millones la estimación anterior de la entidad, que había sido de USD 34.530 millones, y anticipa un flujo de dólares sostenido para el año agrícola.

La BCR también estima que entre abril y diciembre de 2026 ingresarían USD 29.600 millones por exportaciones agroindustriales. El peso de esta dinámica se evidencia especialmente en periodo de cosecha, cuando entran alrededor de dos millones de camiones a los puertos santafesinos, un factor que incrementa de forma sustancial el deterioro de rutas y accesos, y exige un mantenimiento de alta intensidad que excede al de la red vial convencional.

Estos datos permiten entender la magnitud de la iniciativa: la infraestructura vial se encuentra ante una exigencia inédita, motivada por campañas agrícolas con rendimientos excepcionales y una demanda global que, según destaca la BCR, puede favorecer a la Argentina al hallarse lejos de los principales focos de conflicto internacional.

Un nuevo modelo de financiamiento y las tensiones en el sector agropecuario

El esquema en desarrollo no plantea un sistema de peaje tradicional, sino una tarifa variable calculada de acuerdo al peso transportado por cada camión. Esto busca reconocer que el tránsito de carga pesada genera un daño extraordinario sobre la infraestructura, que requiere inversiones constantes para su reparación y mejora. Hasta ahora, cada municipio portuario aplicaba una tasa vial propia para financiar los servicios de mantenimiento. Para muchos intendentes, esos ingresos superaban lo recibido por coparticipación. La nueva propuesta unifica el criterio de cobro en toda la región, elimina la dispersión normativa y centraliza todo lo recaudado en el fideicomiso, que se destinará únicamente a obras.

Fuentes oficiales aclararon que el sector privado va a administrar el fideicomiso que va realizar las obras en los accesos a los puertos. “El gobierno provincial no cobra ni administra los recursos. El fideicomiso estará integrado por productores, cerealeras, transportistas, municipios y provincia”, explicaron.

La medida, cuya existencia fue confirmada pero aún no fue formalmente firmada, generó fuertes críticas entre los productores. En un comunicado, la Sociedad Rural Argentina (SRA) reconoció la relevancia estratégica de contar con una infraestructura eficiente y sostenible, especialmente en nodos clave para la exportación agroindustrial.

La Sociedad Rural enfatizó la importancia de que los productores participen activamente en el diseño y la toma de decisiones sobre políticas que afectan a su actividad, y advirtió: “La implementación de una nueva tasa sobre el transporte de cargas implicaría, en los hechos, un aumento adicional de los costos logísticos que recaerá directa o indirectamente sobre los productores agropecuarios, en un contexto ya marcado por una elevada presión impositiva”.

El comunicado añadió que el financiamiento de la infraestructura productiva debe formar parte de una estrategia integral, donde los Estados nacional y provincial asuman su responsabilidad en la provisión de bienes públicos esenciales.

El sector viene de una interna cruda. Por el conflicto en Medio Oriente, un grupo de transportistas autoconvocados realizó bloqueos en los puertos de Neuquén y Bahía Blanca en reclamo de un aumento tarifario ante la escalada de costos operativos, especialmente del combustible. Una de las posturas más replicadas por productores y acopiadores era que el monto que reciben por la venta de granos no llega a recuperar el aumento en los costos operativos que le demanda su propia actividad.

En tanto, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas confirmó a Infobae que apoya la medida.

El plan del gobierno de Santa Fe establece que la totalidad de los fondos vinculados a la tasa se dirija exclusiva y directamente al fideicomiso vial y a la ejecución de obras de acondicionamiento y mantenimiento en los accesos a los puertos. De este modo, busca resolver el histórico déficit de la infraestructura y garantizar la competitividad frente al aumento sostenido del tránsito logístico.

De cara a la cosecha gruesa, los exportadores del sector agropecuario liquidaron USD 2.495 millones durante abril. Este monto representa un incremento del 23% en relación a marzo, pero una caída del 1% respecto a igual mes de 2025.

En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, el sector liquidó un total de USD 7.667 millones. Esa cifra implica una caída del 11% en relación a lo liquidado en el mismo período de 2025.

Así surge del último informe de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas.

“El mes de abril se caracterizó por un crecimiento de arribo de camiones de maíz y girasol y la llegada de los primeros camiones de soja para procesamiento industrial y posterior exportación”, detalló CIARA-CEC.

Vale mencionar que la campaña 2025/26 constituye un punto de inflexión en la historia reciente del girasol. Con 3,1 millones de hectáreas sembradas —la mayor superficie desde la campaña 1999/00— y rendimientos superiores al promedio, favorecidos por condiciones climáticas óptimas, la producción se estima en 6,6 millones de toneladas. Este volumen representaría la cosecha más alta de los últimos 27 años (desde 1998/99) y la segunda mayor registrada para el cultivo.

No obstante, proyecciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) la ubican incluso por encima de los 7 millones de toneladas, lo que implicaría un nuevo récord histórico oficial para el país.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la Argentina concentra el 13% de la producción mundial de semillas de girasol, el mayor nivel de participación de los últimos cinco años.

En paralelo, el precio FOB promedio del aceite de girasol se ubicó en USD 1.300 por tonelada entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, por encima de los USD 1.100 registrados en el período previo.

El maíz también tiene protagonismo: las exportaciones marcaron un récord por segundo mes consecutivo. Entre marzo y abril, los embarques programados superaron los 10,3 millones de toneladas, un 54% más que el mismo período del año anterior y 3,7 millones por encima del promedio de los últimos 5 años, precisó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De acuerdo a la entidad, el ciclo de soja y maíz cerrará con una producción récord en la región, al alcanzar un volumen conjunto de 36,5 millones de toneladas. De esta manera, se superará la marca histórica de la campaña 2017/18, cuando se habían registrado 34,7 millones de toneladas.

El resultado se da en un contexto climático desafiante. Durante el verano, el déficit hídrico afectó de manera significativa a la soja, que atravesó momentos críticos, mientras que el maíz vio limitado su potencial productivo, quedando por debajo de las expectativas iniciales.

Así, y con precios internacionales más favorables, la BCR proyectó que la liquidación de divisas del agro en 2026 alcanzará los USD 35.375 millones. Esta cifra representa un incremento de cerca de USD 850 millones frente a la estimación anterior de la entidad, que era de USD 34.530 millones, y anticipa un flujo sostenido de dólares para la campaña actual.

Según el informe, entre abril y diciembre se prevé un ingreso de USD 29.600 millones por exportaciones agroindustriales. El complejo sojero aportaría USD 16.500 millones, el maíz USD 7.500 millones, el trigo USD 2.200 millones, el girasol USD 2.400 millones, la cebada USD 500 millones, el sorgo USD 300 millones y el resto de las oleaginosas y cereales USD 600 millones.

Como referencia, en 2025, el agro liquidó unos USD 31.330 millones, un 25% más que el año anterior. Ese incremento se explica en gran medida por el adelantamiento de exportaciones ante la eliminación temporal de retenciones, un efecto que se extendió hasta los primeros meses de 2026.

La BCR también advirtió, no obstante, que el contexto internacional que favorece los precios de los granos está provocando un aumento considerable en los costos de producción. La suba del petróleo, motivada por las tensiones en Medio Oriente, encareció insumos clave como combustibles y fertilizantes, con alzas destacadas en productos como la urea.

La confianza de los productores agropecuarios registró una caída en el arranque de 2026 y encendió una señal de alerta en el sector. Según el último relevamiento del Ag Barometer Austral, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, el índice descendió 16% en la medición marzo-abril, al ubicarse en 132 puntos frente a los 158 registrados en enero-febrero. El retroceso marca un punto de inflexión luego del pico histórico alcanzado a fines de 2025, cuando el optimismo rural había tocado máximos tras las elecciones legislativas de medio término.

El deterioro, aunque moderado en la comparación interanual, se explica por un empeoramiento generalizado en todos los indicadores relevados, especialmente en las condiciones presentes y en las expectativas de inversión. “El cambio de tendencia responde, en gran medida, al impacto del contexto internacional sobre los costos de producción, particularmente por la suba del precio del petróleo y su efecto en insumos clave como el gasoil y los fertilizantes”, explicó Carlos Steiger, director del Ag Barometer Austral e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

La mayor caída se observó en el Índice de Condiciones Presentes, que retrocedió 18%, mientras que la situación financiera actual de los productores cayó 21%, reflejando el estrechamiento de márgenes. También se debilitó la predisposición a invertir: aunque un 54% considera que sigue siendo un buen momento para hacerlo, apenas un 43% cree que podrá concretar inversiones en el corto plazo. “Se mantiene la intención de inversión, pero no necesariamente su concreción. La incertidumbre sobre los costos y la rentabilidad futura está generando cautela en la toma de decisiones”, señaló Steiger.

Detrás de este cambio de humor aparece con fuerza el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre la economía rural. El 66% de los productores identificó el aumento de los precios de los insumos en dólares como su principal preocupación para los próximos doce meses, por encima del clima, los precios agrícolas o las tasas de interés. La suba del petróleo elevó el costo del gasoil y de fertilizantes como la urea, golpeando de lleno la ecuación productiva. “El aumento de costos derivado del conflicto internacional ya está influyendo en las decisiones productivas y en la planificación de la próxima campaña”, advirtió Steiger.

Ese escenario ya empieza a reflejarse en la campaña fina. De cara al trigo 2026/27, un 61% de los productores considera que enfrenta un contexto desfavorable para sembrar, mientras que un 41% planea reducir el área implantada, un 49% mantendría la superficie y apenas un 9% prevé aumentarla, pese a venir de una campaña récord. En paralelo, las inversiones se mantienen en pausa, con foco principal en maquinaria, vientres vacunos e instalaciones, aunque condicionadas por el elevado costo del financiamiento. “Las altas tasas de interés siguen siendo un factor limitante. Aunque hubo una baja en las tasas pasivas, el crédito todavía no refleja plenamente esa mejora y eso condiciona las decisiones de inversión”, explicó Steiger.

Más allá de los números coyunturales, el informe deja una conclusión de fondo: las preocupaciones del agro cambiaron de eje. Hoy, la incertidumbre política local perdió protagonismo frente a variables concretas del negocio, como costos, márgenes y rentabilidad. “Hoy las preocupaciones del productor están mucho más asociadas a variables concretas del negocio que al contexto político local, lo que marca un cambio relevante en la percepción del sector”, concluyó Steiger. Con una mirada más conservadora, mayor acumulación de stocks de maíz como reserva de valor y decisiones productivas bajo revisión, el campo entra en una etapa de cautela que podría condicionar el ritmo de inversión y crecimiento del sector en los próximos meses.

Los cambios medioambientales representan hoy un factor determinante para la producción agropecuaria en Colombia. Fenómenos climáticos extremos, variaciones en las condiciones del suelo y riesgos inesperados afectan la estabilidad de los cultivos y elevan la incertidumbre para los productores.

Para muchos, el desafío no es solo producir, sino prever qué ocurre si una cosecha entera se pierde.

En respuesta a este escenario, La Previsora Seguros, ha impulsado una línea de seguros sostenibles orientada a pequeños y medianos productores, así como a empresas privadas y entidades estatales. Según la aseguradora, estos seguros buscan respaldar iniciativas que protejan la biodiversidad y fortalezcan el sector agropecuario, brindando un respaldo financiero concreto frente a eventos climáticos adversos y promoviendo prácticas responsables.

A diferencia de los seguros tradicionales, la propuesta incorpora criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), lo que implica que no solo se responde ante una pérdida, sino que también se incentiva una producción más responsable y resiliente.

La compañía indica que el objetivo es reducir el impacto del cambio climático y mejorar la gestión de riesgos, generando condiciones para que los productores no queden desprotegidos ante eventos inesperados.

“Los seguros sostenibles, más que una cobertura, representan una inversión para el futuro. Hablar de sostenibilidad en Colombia es hablar del agro, donde está el origen de gran parte de la economía y también uno de sus mayores desafíos”, afirmó Ramon Angarita, presidente de Previsora Seguros.

¿Cómo funcionan y qué beneficios aportan los seguros sostenibles?

En los últimos años, los pequeños y medianos productores han enfrentado escenarios de alta incertidumbre, especialmente por las pérdidas derivadas de fenómenos climáticos y la escasez de respaldo financiero. Los seguros sostenibles buscan anticipar el riesgo y asegurar la continuidad de quienes sostienen el campo, ofreciendo protección y apoyo para que puedan recuperarse tras una eventualidad.

“No se trata únicamente de responder ante el riesgo, sino de anticiparlo, de acompañar, de garantizar continuidad. La protección se convierte en un motor de estabilidad para quienes sostienen el campo, permitiéndoles crecer con mayor confianza”, concluyó Angarita.

A nivel global, el sector asegurador ha comenzado a integrar los criterios ASG en sus productos, reconociendo que su rol va más allá de cubrir riesgos, ya que puede contribuir a reducirlos activamente. En Colombia, los seguros sostenibles se consolidan como un respaldo financiero ante afectaciones productivas, impulsando la responsabilidad social y fortaleciendo la confianza en el sector agropecuario.

Entre sus principales objetivos se encuentran la reducción del impacto del cambio climático, la promoción de la responsabilidad social, el fomento de inversiones responsables, la mejora de la gestión de riesgos y el fortalecimiento de la confianza en el sector.

Nuevas soluciones y enfoques para la protección agropecuaria

La oferta de La Previsora de Seguros incluye actualmente seguros forestales, coberturas para productores de caucho y productos enfocados en la construcción de paz. La entidad anunció, además, el próximo lanzamiento de un seguro del oso, previsto para los próximos meses.

A través de estas iniciativas, los seguros sostenibles buscan consolidarse como herramientas fundamentales para el desarrollo del campo colombiano, fortaleciendo la resiliencia de los productores ante el cambio climático y ofreciendo respaldo en un entorno cada vez más desafiante.

La actividad económica argentina registró en marzo una variación mensual de -0,1%, según el Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG), elaborado por las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe. Se trata del primer dato negativo en lo que va de 2026, en un contexto en el que la recuperación exhibe señales de fragilidad. En la comparación interanual, el indicador se ubicó 1,3% por debajo del nivel observado en marzo de 2025.

Pese a la baja mensual, el nivel general de actividad todavía se mantiene 0,4% por encima de diciembre, aunque permanece 1,4% por debajo del máximo relativo alcanzado en abril del año pasado. El informe refleja además un deterioro generalizado en buena parte de los sectores relevados: siete de los diez componentes del índice registraron caídas mensuales y, en la medición interanual, la mayoría de las variables se ubicaron en terreno negativo.

Entre los sectores productivos, la actividad agropecuaria mostró un freno luego de cinco meses consecutivos de mejora. El avance mensual de labores agrícolas cayó 4,3% en marzo, afectado por excesos hídricos que demoraron las tareas de campo, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en la comparación con igual mes de 2025, el indicador exhibió una suba de 22,1%, consolidando al agro como uno de los motores de la economía.

La producción industrial volvió a retroceder, con una baja mensual del 0,4%, interrumpiendo la recuperación observada en meses previos, mientras que en términos interanuales acumuló una caída del 5,7%. La construcción, en contraste, sostuvo su recuperación con una suba de 1,2% mensual y un crecimiento de 2,8% respecto de marzo del año pasado, convirtiéndose en otro de los pocos sectores con desempeño positivo.

En el mercado interno, las señales fueron mayormente negativas. Las ventas minoristas cayeron 0,3% en marzo y acumularon un desplome interanual del 8,9%, reflejando la persistente debilidad del consumo. Los patentamientos de vehículos nuevos crecieron 2,1% frente a febrero, aunque continuaron en baja en la comparación interanual (-3,0%). A esto se sumó una recaudación nacional prácticamente estancada (-0,02% mensual) y 6,8% inferior a la de un año atrás.

El mercado laboral también profundizó su deterioro. El número de asalariados privados registrados cayó 0,1% mensual y encadenó diez meses consecutivos de retroceso, con una pérdida interanual cercana a 120 mil puestos de trabajo. Además, la remuneración bruta real de los trabajadores formales descendió 0,4% en marzo y acumula una caída de 2,4% interanual. Como señal adicional de cautela, el Índice Compuesto Líder de Actividad (ILA-ARG), que anticipa la evolución económica futura, retrocedió 0,2% y cortó una racha de cuatro meses consecutivos de subas, lo que abre interrogantes sobre la dinámica de la economía en los próximos meses.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) atraviesa una crisis institucional sin precedentes tras la denuncia pública de un fracaso tecnológico que implicó un costo superior a USD 3 millones y profundizó la disputa por la conducción de la entidad. El conflicto se desató cuando salieron a la luz graves fallas en la digitalización de los registros genealógicos de razas animales, lo que derivó en acusaciones cruzadas entre el presidente Nicolás Pino y el vicepresidente Marcos Pereda, justo cuando se acercan las elecciones internas previstas para el 9 de septiembre.

La tensión creció en los últimos días, luego de que la SRA, tras la ruptura pública entre sus principales autoridades, ordenara una auditoría externa para determinar el alcance de las irregularidades. La conducción encabezada por Pino acusa a la empresa Mobile Computing SA, responsable del sistema, de negarse a someterse a la revisión, mientras que parte del equipo técnico designado por Gustavo Papini (ex director general del Correo Argentino y asesor de Pereda) renunció durante el proceso. Actualmente, la entidad está en una instancia de mediación judicial.

Según la documentación presentada por la dirección actual, el proyecto de modernización tecnológica debía extenderse por nueve meses a partir de junio de 2023, pero se prolongó durante dos años debido a demoras y renegociaciones, con un costo final que superó los USD 3 millones.

En un comunicado al que accedió Infobae, la SRA admite: “Lamentablemente, en forma inmediata, se detectan numerosos errores y fallas de funcionamiento, desarrollos no realizados, entregas parciales y limitaciones no informadas que impidieron la utilización normal del sistema”. La situación se agravó cuando, a mediados de 2024, Mobile Computing SA fue transferida a Grid Dynamics, lo que sumó incertidumbre técnica. Además, la auditoría interna advirtió que el área liderada por Papini y Pereda no atendió advertencias legales del Estudio Cassagne, asesor de la entidad. Desde el bando de Pereda alegan que el ejecutivo no influyó en la decisión ni en la elección del proveedor.

En este contexto, este lunes un grupo de cabañeros de la SRA pidió formalmente a Pino la realización de una auditoría forense específica por el desmanejo de los registros, evidenciando un fuerte malestar hacia el presidente por la falta de respuestas y controles.

Desde la oposición, Pereda sostiene que “hubo mala administración y falta de controles”, y reclama acceso total a la documentación y comunicaciones internas, además de exigir una auditoría forense independiente. Su espacio, Renovación con Unidad, también denuncia que la gestión de Pino utilizó recursos institucionales con fines políticos y en operaciones de desprestigio en medio de la campaña electoral.

La interna se profundizó con la oficialización de la candidatura presidencial de Pereda, quien había compartido la conducción con Pino desde 2021 y ahora denuncia el colapso del sistema digital que originalmente ambos promovieron. En marzo, en Expoagro, Pereda lanzó su propio espacio junto a Santos Zuberbühler, referente de otro sector interno que exige renovación en la SRA. Según pudo saber Infobae, Pereda lleva tiempo apartado de las decisiones de la Comisión Directiva por el cierre de los espacios de discusión, lo que alimentó la interna y la ruptura definitiva hace casi dos años.

Pereda Born, descendiente de la familia Bunge y Born y presidente del Grupo Bermejo, se posiciona como referente de un sector más combativo y crítico ante el Gobierno nacional. Pino, con más de tres décadas de militancia en la SRA, representa la defensa de la estabilidad institucional y el diálogo con la administración de Javier Milei.

El quiebre de la alianza Pino-Pereda

El trasfondo de la disputa está en el quiebre de la alianza que los llevó al liderazgo en 2021, tras iniciativas de modernización como el traslado de la sede histórica y la introducción del voto electrónico. Las diferencias se ampliaron en la segunda mitad del mandato, también debido a las políticas del presidente Javier Milei. Mientras Pino apostó por una relación dialogante con el Ejecutivo, Pereda expresó las críticas de sectores opuestos a las retenciones sobre las exportaciones agropecuarias.

Surge además la controversia sobre los límites a la reelección. Un grupo de 120 socios objetó la posible reelección de Pino para un cuarto mandato, invocando la reforma estatutaria impulsada por él mismo en marzo de 2023, que fijó el tope en tres mandatos consecutivos.

Sin embargo, según la conducción actual, este límite solo aplica a partir de la aprobación formal ante la Inspección General de Justicia, el 20 de julio de 2023. Bajo este criterio, el período 2024-2026 sería el primer mandato de Pino bajo la nueva norma. En una carta, los socios críticos advirtieron que autorizar una nueva postulación implicaría un “retroceso institucional y una contradicción ética” y que “las reglas pierden toda legitimidad cuando quienes las impulsan deciden no cumplirlas”.

En paralelo, la SRA reafirma su rol como principal organización de grandes productores rurales y terratenientes de Argentina, con 3.900 socios y una historia institucional ligada a apellidos como Martínez de Hoz, Anchorena, Miguens, Blaquier, Frers y Etchevehere. Fundada en 1866, la entidad pertenece al Grupo de los Seis, que nuclea a los actores económicos más poderosos del país: bancos nacionales (Adeba), la industria (UIA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara de la Construcción (Camarco) y la Cámara Argentina del Comercio (CAC).

La situación electoral mantiene la expectativa. Aunque Pereda ya formalizó su candidatura a la presidencia, Pino sostiene en redes sociales que aún evalúa su postulación, postergando el anuncio definitivo. Estas definiciones marcarán el escenario competitivo de septiembre y determinarán el futuro institucional de la Sociedad Rural Argentina para sus socios y el sector agroindustrial.

El dinamismo de la demanda internacional y la reconfiguración de los mercados por la guerra en Medio Oriente impulsaron a niveles históricos las exportaciones de granos argentinos en el primer cuatrimestre de 2026. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el país alcanzaría un envío récord de 40 millones de toneladas, un incremento del 11% frente a la marca previa.

El crecimiento del volumen exportado responde a la confluencia de factores climáticos adversos en otras regiones productoras y a la demanda europea, acentuada por las disrupciones comerciales provocadas por el conflicto bélico que incluye a EEUU, Irán e Israel. El campo argentino logró ocupar así una posición estratégica que le permite capitalizar la ventana internacional abierta por la falta de oferta en Ucrania, la Unión Europea y Turquía.

Cabe resaltar que la Unión Europea representa el mercado más exigente del mercado global. El bloque impone barreras fitosanitarias y estándares de calidad que actúan como un estricto filtro de ingreso, especialmente tras la implementación del “Pacto Verde” que exige trazabilidad total y certificaciones de baja huella de carbono.

Maíz y girasol, dueños del récord exportador

El protagonismo de la campaña 2025/26 corresponde al maíz, cuyas exportaciones marcan un récord por segundo mes consecutivo. Entre marzo y abril, los embarques programados superarán los 10,3 millones de toneladas, un 54% más que el mismo período del año anterior y 3,7 millones por encima del promedio de los últimos cinco años, precisó la BCR. Esta tendencia posiciona a la Argentina como uno de los principales proveedores mundiales, incluso antes de la plena incorporación al mercado global de la “safrinha” brasileña.

El impacto concreto en la balanza comercial se refleja en la proyección de liquidación de divisas que, según la BCR, podría alcanzar los USD 35.375 millones en 2026, lo que equivale a un aumento de USD 850 millones respecto al cálculo previo. Solo entre abril y diciembre, se anticipan ingresos por USD 29.600 millones derivados de las exportaciones agroindustriales. Esta proyección muestra un aporte clave del sector agrícola al flujo de dólares, con el tipo de cambio mayorista en torno a los $1.400 en el último mes.

La performance del girasol sobresale dentro del panorama. El ciclo 2025/26 alcanza una cosecha récord estimada en 7,3 millones de toneladas, un 30,4% superior a la anterior, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP). Ya cosecharon 6,98 millones y, solo en el primer cuatrimestre, las exportaciones de semilla en bruto se acercan al millón de toneladas, una modalidad poco habitual frente a los tradicionales subproductos industriales.

La Comisión Europea informó, además, que la Argentina suministró el 30,6% de las importaciones de semilla de girasol de la Unión Europea, en contraste con apenas un 1% en 2025, y el 54% de la harina de girasol, más del doble respecto al año anterior.

Los principales destinos son Bulgaria y Rumania. Bulgaria, afectada por alteraciones climáticas, debió importar hasta 400.000 toneladas de semilla argentina para suplir la escasez local. Rumania, sin urgencias de abastecimiento, optó por 100.000 toneladas para aprovechar la relación costo-beneficio del girasol argentino ante precios récord del aceite en Europa, señaló la BCR.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), las semillas argentinas concentran el 13% de la producción global, el mayor porcentaje en cinco años. Además, el precio FOB (en origen) promedio del aceite de girasol alcanzó USD 1.300 por tonelada entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, frente a los USD 1.100 en el periodo anterior.

Perspectivas para el agro argentino

En el mercado interno, la comercialización de maíz avanza sobre 23,7 millones de toneladas —el 35 % de la cosecha prevista— y la superficie sembrada fue elevada a 11,2 millones de hectáreas por la SAGyP, con una producción total de 67,6 millones. El precio, en torno a $260.000 por tonelada, refleja la presión de la cosecha y una reciente recuperación tras registrar mínimos en marzo. En el plano internacional, la oferta secundaria se contrae: Estados Unidos ya comprometió el 87% de su programa exportador y Ucrania opera por debajo de su potencial, mientras el FOB argentino subió más de USD 15 por tonelada desde inicios del año, aseguró la BCR en su análisis sectorial.

En este contexto, las perspectivas de mayores ingresos y desafíos futuros también aparecen en el horizonte. La BCR proyectó que si el gobierno eliminara las retenciones a la exportación de productos agropecuarios a partir de 2028, las exportaciones del complejo podrían ascender a 183 millones de toneladas, con un valor estimado de USD 50.000 millones en la próxima década. El informe afirma que, en tal escenario, el Estado recuperaría lo resignado por la menor recaudación en apenas cuatro años, debido al aumento de otros tributos asociados al crecimiento del sector.

Rizobacter, una compañía de Bioceres Corp, puso en marcha un nuevo proceso de reestructuración de deuda por USD 42 millones. La firma de microbiología busca extender plazos y ajustar condiciones para ordenar sus compromisos financieros y evitar un incumplimiento, en medio de la incertidumbre generada por la reciente quiebra de Bioceres S.A., la firma de biotecnología agropecuaria fundada en 2001 por un grupo de productores de Rosario y considerada el germen del actual holding que cotiza en Wall Street.

Según informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV), en el caso de no alcanzar un acuerdo que cuente con la adhesión mínima del 70% en cada clase involucrada, Rizobacter advirtió sobre un “riesgo grave e inmediato de default”.

El documento detalla que aquellos tenedores de obligaciones negociables que no participen del canje pueden enfrentarse a una reestructuración forzosa, con condiciones potencialmente menos favorables que las previstas en la propuesta voluntaria. La empresa también advirtió que si no puede acceder a divisas, los acreedores podrían recibir bonos soberanos en lugar de efectivo.

La oferta vigente, que representa una nueva etapa en el proceso de optimización financiera de la empresa, contempla que los tenedores de las ON puedan entregar sus títulos actuales y recibir a cambio nuevas Obligaciones Negociables Serie XI, estructuradas en tres clases, con vencimiento el 3 de septiembre de 2029 y una tasa de interés anual del 9%. Los participantes voluntarios recibirán como incentivo un pago inicial equivalente al 20% del capital el próximo 28 de junio, siempre que se cumplan todas las condiciones detalladas en la operación.

El antecedente: reestructuración previa y crisis en el grupo Bioceres

Semanas antes de esta nueva oferta, Rizobacter ya había logrado la adhesión de más del 76% de los tenedores de la Serie VIII Clase B, correspondiente a aproximadamente USD 3,8 millones, lo que permitió implementar un cronograma de pagos que incluyó un adelanto del 20% del saldo y el resto hasta septiembre de 2028. Este hito, informado a la CNV, sirvió de base para la estrategia actual y proporcionó previsibilidad en un contexto que permanece adverso para la corporación nacida en Rosario.

Fundada en 1977 por Ricardo Yapur en Pergamino, Rizobacter es ahora controlada mayoritariamente por Bioceres Crop Solutions (BIOX), que en 2016 adquirió el 50,01% de sus acciones.

En los últimos años, el conglomerado atravesó una transformación internacional, expandiéndose a más de 25 países y realizando adquisiciones estratégicas como la de ProFarm Group por USD 243 millones. Sin embargo, la estructura corporativa—con Bioceres Group Limited en el Reino Unido, Bioceres SA en Argentina y Bioceres Crop Solutions (BIOX) en el Nasdaq—se volvió insostenible ante una sucesión de crisis, comenzando con la sequía de 2022 y la caída de los precios internacionales.

En 2025 se decretó la quiebra de Bioceres S.A. en Santa Fe, en medio de enfrentamientos directivos y denuncias cruzadas. El ex CEO Federico Trucco, ahora al frente de BIOX, y el empresario uruguayo Juan Sartori, quien tomó el control de la compañía tras ingresar en 2025, mantienen posturas antagónicas sobre la responsabilidad de la crisis. Desde el entorno de Sartori acusan a la gestión anterior de producir un “profundo deterioro económico y financiero”, cuantificando pérdidas en USD 180 millones para el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2025, un número significativamente superior a los USD 130,3 millones del ciclo precedente.

Entre las decisiones más controvertidas, destaca la desconsolidación deliberada del control sobre BIOX, que habría significado para Bioceres S.A. la pérdida de casi USD 350 millones en patrimonio neto, según la versión de los allegados a Sartori. Por su parte, fuentes del lado de Trucco afirman que nunca existió voluntad de pago real bajo la nueva administración y que el objetivo era incrementar la posición accionaria sobre BIOX, cuyo valor se desplomó desde USD 7 a finales de julio hasta los USD 0,62 por acción en la actualidad, tras una serie de ventas de emergencia realizadas por Sartori.

ProFarm Group, comprada en 2022, finalmente fue transferida a acreedores estadounidenses luego de la ejecución de garantías por USD 55 millones, permitiendo al fondo Jasper Lake quedarse con la empresa por alrededor de USD 15 millones.

Impacto operativo y disputas judiciales tras la crisis de Bioceres

En paralelo al proceso de reestructuración, Rizobacter continúa negociando con bancos e inversores para profundizar su estrategia de estabilización financiera en un ambiente marcado por la crisis del conglomerado. Fuentes ligadas a las negociaciones consultadas por Infobae advirtieron que el futuro de Bioceres sigue siendo incierto y condicionado a la evolución de las demandas de acreedores.

El entorno judicial se encuentra caliente tras la salida de Trucco del directorio de Bioceres S.A. y su enfrentamiento con Sartori. Trucco prepara una denuncia penal vinculada a la asamblea en la que fue removido y a las decisiones administrativas adoptadas durante el proceso de quiebra. En tanto, la administración liderada por Sartori detalla que el cierre fue inevitable ante “la imposibilidad objetiva de atender obligaciones exigibles”, según argumentaron en el último comunicado.

La disputa tuvo efectos directos en los mercados financieros: Moolec, la controlante actual de Bioceres S.A. y propiedad de Sartori, reportó un ahorro de USD 95 millones ante la SEC debido a la quiebra, y la acción de BIOX se desplomó casi un 90% desde el ingreso del empresario uruguayo como accionista.

Pampa Energía, la compañía de Marcelo Mindlin, presentará un nuevo proyecto en el marco del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de Fértil Pampa, un proyecto que demandará alrededor de USD 2.400 millones para la producir fertilizantes en el Polo Industrial de Bahía Blanca.

La iniciativa, que tiene el objetivo de transformar el gas natural de Vaca Muerta en 2,1 millones de toneladas anuales de urea a partir de 2030, apunta a sustituir importaciones, fortalecer el agro nacional y abastecer la creciente demanda regional, según pudo saber Infobae.

El proyecto, que podría contar con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y negocia una línea de crédito con la Corporación Financiera Internacional (CFI), organismo del Banco Mundial. Según un informe que publicó la propia CFI, el complejo industrial aprovechará su cercanía a gasoductos, líneas de transmisión de alta tensión, infraestructura de captación de agua y un puerto de aguas profundas que facilitará tanto la exportación como la distribución nacional.

En este sentido, la propuesta contempla un impacto directo en las cuentas externas argentinas: se estima que el complejo generará USD 890 millones anuales en divisas desde el inicio de operaciones, con el 60% de la producción orientada a exportaciones, principalmente a Brasil, nación con un fuerte déficit de urea.

Actualmente, el mercado argentino depende en gran parte de importaciones, ya que la única productora local es Profertil, ubicada también en Bahía Blanca, y cuya propiedad pasó recientemente mayoritariamente a Adecoagro y en un 10% a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

Según pudo saber Infobae, Fértil Pampa S.A.U., propiedad total de Pampa Energía, generará 3.500 puestos de trabajo durante la fase de construcción y 300 empleos fijos en la etapa operativa. Según pudo saber este medio, la empresa busca industrializar recursos, generar divisas y desarrollar proveedores locales, aunque el éxito de la iniciativa dependerá de la estabilidad macroeconómica y la competitividad de los precios energéticos.

El desafío energético y la infraestructura clave

El crecimiento de la producción de gas de Vaca Muerta es un pilar del plan, ya que se prevé un fuerte incremento de la oferta en la próxima década. En 2025, Pampa Energía alcanzó un récord de 17,6 millones de metros cúbicos diarios y proyecta elevar esa cifra en 10 millones de metros cúbicos adicionales en los próximos tres años. Esta condición coloca a la compañía en una posición estratégica: podrá abastecer directamente a la planta de Fértil Pampa, aprovechando el gas excedente de la cuenca neuquina como principal insumo.

El proyecto implica, además, la instalación de una planta que fabricará amoníaco y dióxido de carbono, materias primas indispensables para la producción de urea. El gas natural llegará a través de un gasoducto exclusivo, la electricidad se tomará del Sistema Interconectado Nacional (SADI) y se empleará agua de mar desalinizada en las operaciones.

El anuncio de Fértil Pampa coincide con un entorno internacional marcado por la inestabilidad. En las últimas semanas, el precio internacional de la urea registró subas del 40% al 57%, con valores FOB que pasaron de alrededor de USD 685 a USD 755 por tonelada a raíz del conflicto en Medio Oriente. El 35% de la urea importada por Argentina transita por el Estrecho de Ormuz, zona afectada por bloqueos y recortes de producción, situación que impacta de lleno en los costos de la agricultura local.

La demanda interna de este fertilizante es relevante: la urea es uno de los insumos agrícolas más utilizados en la Argentina. La nueva planta permitirá reducir la dependencia externa y blindar la economía rural frente a las fluctuaciones internacionales.

RIGI: otro megadesembolso en la agenda

La estrategia de Pampa Energía en torno al RIGI trasciende la planta de urea. Según anunció el ministro de Economía Luis Caputo en marzo, la compañía tiene en carpeta otra inversión en el yacimiento Rincón de Aranda, Neuquén, donde planea destinar USD 4.500 millones al desarrollo de petróleo, construcción de nuevas plantas de tratamiento, oleoductos y gasoductos. Esta expansión prevé perforar “más de 100 pozos adicionales” y extender el pico de extracción del campo.

En julio, la empresa de Marcelo Mindlin, quien también acaba de quedar al mando -junto a fondos internacionales- de la cementera Loma Negra, ya había registrado un primer pedido de adhesión al régimen, vinculado a obras de infraestructura para el bloque. Esta inversión inicial fue estimada en USD 426 millones e involucra la construcción de una planta de tratamiento, oleoductos, gasoductos, instalaciones de almacenamiento y estaciones de bombeo para conectar el yacimiento con los sistemas de transporte principales, como el gasoducto Perito Moreno y el oleoducto Vaca Muerta Sur.

La provincia de Santa Fe enfrenta una de las crisis hídricas más severas de la última década tras las lluvias extraordinarias ocurridas en la primera quincena de abril de 2026. Las tormentas provocaron inundaciones generalizadas y afectaron gravemente la producción ganadera, la infraestructura vial y el acceso a servicios esenciales en las localidades de 9 de Julio, Vera y General Obligado.

Según difundió la Sociedad Rural de Vera, el impacto de este fenómeno “amenaza la continuidad de la principal actividad económica de la región” y profundiza la vulnerabilidad social en una de las zonas más extensas de Santa Fe, con un territorio que abarca más de 22.000 kilómetros cuadrados.

En menos de una semana se registraron precipitaciones “de carácter extraordinario”, que alcanzaron valores entre los 150 milímetros y más de 230 mm en lapsos inferiores a 48 horas, con acumulados puntuales que superan ampliamente los promedios históricos mensuales. Puntualmente, la localidad de Fortín Olmos registró hasta 230 milímetros en solo dos días, mientras se detectaron acumulados de hasta 350 milímetros en sitios puntuales de la región.

En tanto, el Departamento Vera, el más extenso de la provincia de Santa Fe, recibió lluvias excepcionales, con acumulados que triplicaron la media mensual. El fenómeno dejó la totalidad de los suelos saturados, lo que desencadenó inundaciones, anegamientos persistentes y la interrupción sostenida de servicios vitales y productivos.

El Departamento Vera tiene un stock bovino calculado en 700.000 cabezas, valor que lo posiciona como uno de los núcleos ganaderos centrales del país. El anegamiento de campos y la contaminación de aguadas comprometieron la alimentación y la salud de los animales, con reportes de “deterioro en la condición corporal de los rodeos, dificultades en la alimentación y suplementación, riesgos sanitarios y restricciones operativas que comprometen la continuidad de los sistemas productivos”. Dirigentes locales advierten sobre la pérdida de animales ante la imposibilidad de acceder a zonas seguras y la dificultad para realizar controles sanitarios y movimientos de hacienda.

Colapso en servicios

La infraestructura rural se encuentra “en estado de intransitabilidad generalizada, dificultando el acceso a los establecimientos productivos, el traslado de hacienda, la provisión de insumos básicos y la circulación de servicios esenciales, generando aislamiento en amplias zonas rurales”, señala el documento difundido por la entidad.

El reporte más grave señala interrupciones de hasta 16 horas continuas en el suministro de energía eléctrica en parajes y establecimientos productivos. Esto afecta la operatividad de bombas de agua, sistemas de electrificación rural y la conservación de medicamentos e insumos veterinarios. La inoperancia de la red vial perjudica directamente el funcionamiento de la cadena productiva y la seguridad alimentaria de la región.

En cuanto al plano educativo, la suspensión de clases por tiempo indefinido perjudicó a niños y adolescentes rurales que no pueden asistir a los establecimientos, alterando el calendario escolar y restringiendo el acceso a comedores y a servicios complementarios de nutrición, conforme detalla el pedido institucional de emergencia presentado por las entidades rurales al gobierno provincial y nacional.

La ganadería bajo amenaza en un contexto mundial desafiante

El contratiempo climático en el campo argentino ocurre en coincidencia con un escenario internacional de ajustes en la producción y el comercio de carne vacuna. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, realizado en base a datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en 2026 la producción mundial de carne vacuna experimentará su primera caída en cinco años, descendiendo un 1% hasta 61,6 millones de toneladas, un recorte de 685.000 toneladas respecto de 2025.

El documento subraya que China y Brasil encabezan los recortes: el gigante sudamericano reduciría su producción un 2%, a 12,4 millones de toneladas, aunque retendría su lugar como principal exportador mundial, con 4,275 millones de toneladas.

Por su parte, Australia prevé un descenso del 1% en su producción, alcanzando 2,9 millones de toneladas, pero sostiene su posición como segundo exportador global, con 2,16 millones de toneladas. Al mismo tiempo, la demanda internacional también se ajusta: el USDA anticipa que las importaciones globales de carne vacuna pasarán de 12,01 a 11,68 millones de toneladas, una disminución del 2,6%. China, en particular, reducirá sus compras externas a 3,2 millones de toneladas, el nivel más bajo desde 2020.

Estos cambios estructurales en el mercado tienen implicancias directas para exportadores tradicionales como Argentina. Según la BCR, mientras Brasil y Australia deben administrar cuotas reducidas en China, Argentina no enfrenta estas limitaciones y podría beneficiarse de una demanda creciente de Estados Unidos y Europa, donde se pronostica un alza del 6% en el mercado estadounidense, con importaciones que alcanzarían los 2,626 millones de toneladas. En la Unión Europea, la reducción de aranceles gracias al acuerdo Mercosur y la posición dominante en la Cuota Hilton fortalecen el escenario exportador argentino.

Luego de más de dos semanas del bloqueo de transportistas autoconvocados en el acceso a Puerto Quequén, en la provincia de Buenos Aires, la operatoria agroexportadora permanece detenida. La Cámara de Puertos Privados Comerciales denunció que, pese a los acuerdos tarifarios alcanzados por la mayoría del sector, un grupo minoritario mantiene la interrupción de la circulación de granos. Esta situación ya provocó pérdidas estimadas en al menos USD 450 millones, afectando el cumplimiento de contratos internacionales y deteriorando la competitividad nacional.

La entidad informó que, en los últimos días, 22 embarcaciones quedaron a la espera en Bahía Blanca y nueve en Quequén, lo que equivale a entre 700.000 y 1,5 millones de toneladas de granos sin posibilidad de embarque. Esta situación no solo perjudica a exportadores, sino que compromete a productores, cooperativas, acopios e industrias, por tratarse de la temporada alta de cosecha, cuando está en juego la salida de los productos primarios y los flujos de capitales vinculados.

El conflicto se originó el 7 de abril con el inicio de un paro total por parte de transportistas de granos, principalmente de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Exigían una actualización tarifaria ante la suba del combustible derivada del conflicto internacional en Medio Oriente. Aunque las cámaras más representativas del sector arribaron a un acuerdo unos días después, un núcleo reducido de autoconvocados mantuvo bloqueos en rutas y accesos, especialmente sobre Quequén.

La crisis logística y sus implicancias económicas

A lo largo de más de dos semanas, la persistencia de los reclamos convirtió a ese enclave bonaerense en el principal foco de la crisis. Organizaciones como la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC) advirtieron que la interrupción del flujo exportador agrava el deterioro financiero y logístico.

“Los barcos no están viniendo a cargar a la Argentina, por lo que el daño económico para toda la cadena de valor cerealera y oleaginosa es inmenso, y está afectando también al país”, expuso en un comunicado Ciara-CEC.

El origen de la protesta de los transportistas tiene como trasfondo el fuerte incremento de los costos operativos. Según la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeaac), el gasoil aumentó un 24,7% en marzo y registró un 48% de incremento interanual. El combustible representa cerca del 35% del costo total de un camión, lo que generó que los transportistas reclamaran un aumento del 15% en la tarifa frente a una oferta de 10% por parte de los acopiadores.

En este contexto, los valores de referencia para el transporte de granos alcanzan hoy los $25.389 por tonelada para trayectos de 100 km y superan los $148.000 en viajes de 1.500 km. Los transportistas sostienen que la tarifa reconocida no cubre el alza de los costos, y advierten que la brecha entre precio real y costos hace inviable la actividad en muchos casos.

Costos de la parálisis e impacto sectorial

La detención de la logística tiene implicancias especialmente costosas. Cada buque parado genera un sobrecosto diario aproximado de USD 50.000 al que se adiciona el almacenaje transitorio de granos en origen, estimado en USD 5 por tonelada en silobolsas.

Sin embargo, las consecuencias trascienden el daño económico inmediato. La paralización de Bahía Blanca y Necochea, donde ocho muelles permanecen sin actividad, afecta la imagen de la Argentina como origen confiable de productos agrícolas. Con una cosecha estimada en 158 millones de toneladas para la campaña en curso, exportadores y cámaras empresariales advirtieron que los retrasos generan incumplimientos contractuales y pueden derivar en pérdidas futuras en la inserción internacional del sector.

Actualmente, el sector agroindustrial proyecta para 2026 una liquidación de divisas cercana a los USD 35.375 millones. El bloqueo sobre Quequén y la tensión entre transportistas y acopiadores pondrá bajo presión el flujo de divisas proyectado para marzo.

En respuesta a este panorama, la Cámara de Puertos Privados Comerciales exigió la intervención urgente de autoridades nacionales, provinciales, municipales y judiciales para restablecer el orden y eliminar prácticas coercitivas detectadas entre los bloqueadores. Parte de estas acciones fueron denunciadas ante la Justicia por involucrar amenazas físicas contra choferes que intentaron trabajar durante el paro.

A pesar de los acuerdos logrados en otros puertos, Quequén continúa paralizado, con más de 20 accesos estratégicos bloqueados y una disputa tarifaria aún sin solución, en pleno momento crítico para el sector exportador argentino.

En medio de una campaña de girasol que promete ser la mayor del siglo XXI, el campo insistió en la necesidad de llevar a cero las retenciones del sector.

De hecho, la Asociación Argentina de Girasol (Asagir) advirtió que, mientras el Estado recauda apenas USD 90 millones anuales por esa vía —el 2% del total de retenciones— el tributo limita la expansión de un negocio que atraviesa un momento de demanda excepcional: la caída en la producción de Ucrania y Rusia, que concentran más del 60% del mercado mundial, abrió una ventana de oportunidad que la Argentina, por ahora, no termina de aprovechar.

Jorge Ingaramo, presidente de Asagir, remarcó que el objetivo es “duplicar las exportaciones en el complejo de girasol, sobre todo en aceite. Pasar de USD 2.400 millones a USD 4.800 millones no es chiste”. En ese sentido, instó a considerar el girasol como una economía regional y recordó: “Muchachos del Estado, no se preocupen. El año pasado con el 4,5% de retenciones, la recaudación fue de USD 90 millones. Es el 2% de la recaudación de retenciones de exportaciones”.

La noticia cobra relevancia ya que el girasol es uno de los complejos que explica el fuerte crecimiento proyectado para el agro argentino en 2026. En medio de una cosecha récord, impulsada por condiciones climáticas más favorables, el sector prevé un ingreso de USD 35.375 millones al Mercado Libre de Cambios (MULC) durante el año, según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La escalada del conflicto en Medio Oriente, en particular en el Estrecho de Ormuz, es uno de los factores que incidieron en la dinámica exportadora. El aumento en los costos de transporte internacional, sin embargo, atenúa el efecto positivo de la mayor producción sobre los ingresos por exportaciones, según el análisis de la BCR.

Ramiro Costa, economista de la Bolsa de Cereales, aseguró que un derecho de exportación del 0% al girasol aumentaría la siembra y la adopción tecnológica. Según su análisis, en el marco del Congreso Argentino de Girasol, si la baja fiscal se concreta, la tasa de crecimiento de la producción de girasol “pasaría de 6% a 20% anual”. A esto se suma el contexto internacional: Costa señaló que el aceite de girasol muestra una tasa de crecimiento proyectada del 26%, frente al 20% del resto de los aceites, una diferencia que posiciona al cultivo como el “gran ganador de los últimos años”.

La BCR proyecta que los Derechos de Exportación (DEX) generarán en 2026 cerca de USD 4.650 millones, una cifra similar a la del año previo. El complejo sojero seguirá encabezando los aportes, con USD 3.420 millones, aunque en descenso interanual por la menor producción. El maíz mostraría un incremento relevante en la recaudación, con USD 720 millones (30% más que el año pasado), mientras que el trigo sumaría USD 300 millones (21% de aumento). En el caso del girasol, se prevé una recaudación de USD 115 millones, lo que representa un crecimiento de casi 60%, impulsado por el mayor volumen exportado.

La nueva campaña marcaría un récord de producción y exportaciones de girasol

El departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) actualizó en su informe de marzo que la cosecha argentina de girasol alcanzaría 7 millones de toneladas, lo que representa un incremento interanual del 25,2%. Este sería uno de los mejores resultados de las últimas campañas. Las proyecciones locales, como la de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), aunque más conservadoras —6,2 millones de toneladas—, también anticipan potenciales rindes superiores a los promedios históricos en varias provincias productivas.

En lo que respecta a exportaciones, Emilce Terré, economista e investigadora de la BCR, sostuvo que la campaña 25/26 “será la mayor del siglo XXI”, con un récord estimado de 1,1 millón de toneladas de semilla, casi 2 millones de toneladas de aceite y 1,9 millones de pellets. Este volumen totaliza un ingreso de más de USD 3.000 millones, que se dividirán en USD 500 millones por semillas, aproximadamente USD 2.500 millones por aceites y USD 260 millones por subproductos como pellets y harina.

En enero, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) relevó que las exportaciones del complejo girasol aportaron USD 210,1 millones, lo que implicó un salto interanual del 173,2%. En términos globales, según el USDA, la Argentina aporta el 13,8% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol: “Exportará casi una de cada siete toneladas de aceite de girasol que se comercializan en el mundo”, precisó el informe de la cartera americana.

El contexto histórico y la transformación del girasol

En la campaña 2001/02, la Argentina dominaba el 60% del mercado mundial de aceite de girasol, según la BCR. El liderazgo se perdió en los siguientes 20 años cuando Ucrania y Rusia expandieron su área sembrada, tecnificaron sus procesos y fortalecieron la industrialización, desplazando a la Argentina en el comercio global. Actualmente, entre ambos países concentran más del 60% del mercado.

La menor inversión, el arraigo de modelos productivos menos sofisticados y la vigencia de derechos de exportación restaron incentivos al girasol argentino, que además sufrió pérdida de terreno frente a cultivos como la soja y el maíz, favorecidos por mejores paquetes tecnológicos y rentabilidad durante el auge de los precios internacionales de commodities. Esto redujo sostenidamente la superficie sembrada con girasol y, por ende, la participación argentina en el negocio global.

Estas condiciones estructurales explican la discusión actual sobre la necesidad de actualizar la Ley de Semillas, un reclamo central del sector agroindustrial para cerrar la brecha de rendimientos por hectárea frente a los competidores de Europa, Estados Unidos y Brasil. Mientras parte del agro se resiste a aumentar las regulaciones, la mayoría de los actores reconocen que una actualización normativa permitiría recuperar competitividad.

Federico Albrecht, de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, vinculó las rebajas fiscales al impacto directo en el desarrollo económico regional. En el marco del congreso del girasol organizado por Asagir, remarcó que transformar el grano en productos como expeller, aceite, carne o leche “multiplica los ingresos” y genera encadenamientos productivos concretos que “transforman áreas de producción en lugares de desarrollo”. Albrecht definió el agregado de valor en origen como una “decisión estratégica para desarrollar los territorios”.

El crecimiento de la oferta argentina aparece como un factor relevante para el equilibrio global del mercado, dado que, según el USDA, la relación entre stocks y consumo mundial de aceite de girasol ronda el 13,5%, reflejando una oferta ajustada frente a la demanda. Este escenario, marcado por la volatilidad en la región del Mar Negro, le otorga al país una oportunidad singular para fortalecer su presencia internacional y recuperar su protagonismo exportador.

Luego de la sanción del acuerdo de libre comercio Mercosur- Unión Europea en los Congresos de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay; el bloque europeo endureció las cláusulas bilaterales del salvaguardias agrícolas, lo que podría afectar las exportaciones de varios sectores argentinos.

Las modificaciones reflejan una estrategia más cautelosa y protectora por parte de la Unión Europea frente a la apertura comercial que implica el tratado. El endurecimiento de los umbrales, el monitoreo permanente y la ampliación de facultades de la Comisión Europea configuran un esquema más estricto para responder a eventuales impactos negativos en el agro europeo.

Según detalló la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el texto definitivo introduce cambios sustanciales respecto del borrador presentado en octubre:

Umbrales más estrictos para activar investigaciones

Una de las principales diferencias radica en el endurecimiento de los criterios que permiten iniciar investigaciones. Mientras que el borrador contemplaba umbrales del 10% en variables como el aumento de importaciones, la caída de la producción local o la brecha de precios, el reglamento final reduce esos parámetros al 5%.

De este modo, podrán activarse investigaciones cuando se verifique un incremento superior al 5% en el volumen importado respecto del promedio de los últimos tres años, acompañado de precios de importación al menos un 5% inferiores a los nacionales.

También se contemplan escenarios en los que los precios de importación caigan más de un 5% frente al promedio trienal y se mantengan por debajo de los precios internos.

Además de reducir los umbrales, se sustituye la comparación interanual por un promedio de tres años, lo que amplía la base de cálculo. A ello se suma una cláusula que otorga mayor discrecionalidad a la Comisión Europea, que podrá iniciar investigaciones aun sin alcanzar dichos umbrales si detecta indicios claros de deterioro económico o caídas sostenidas de precios.

Monitoreo permanente y mayor control

El reglamento también refuerza el sistema de seguimiento del mercado. El control, que en el borrador era semestral, pasa ahora a ser “constante y proactivo”, apoyado en los observatorios de mercado de la Unión Europea como fuentes oficiales de datos sobre precios y volúmenes.

En este marco, se introduce una herramienta clave: la posibilidad de que la Comisión Europea modifique la lista de productos sensibles. Esta decisión podrá adoptarse tanto por iniciativa propia como a pedido de sectores productivos europeos, siempre que exista una justificación fundada.

Medidas contra la elusión comercial

Otra novedad relevante es la incorporación de disposiciones anti-elusión. La normativa faculta a la Comisión a intervenir cuando detecte desvíos en las rutas comerciales destinados a evitar la aplicación de salvaguardias. En tales casos, podrá reforzar los controles aduaneros para impedir estas prácticas.

Ajustes jurídicos para evitar conflictos en la OMC

Más allá de los cambios operativos, el reglamento introduce modificaciones terminológicas con implicancias jurídicas. En particular, se reemplaza el concepto de “industria de la Unión” por el de “rama de la producción de la Unión”, alineándose con las categorías reconocidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Este ajuste busca prevenir eventuales disputas por parte de países del Mercosur ante dicho organismo.

“Es el caso de la desaparición de ‘la industria de la Unión’ del borrador y su reemplazo por ‘la rama de la producción de la Unión’ en el texto definitivo, más específicamente en los artículos sobre el seguimiento de productos sensibles o los procesos de investigación. Lo positivo de esta reforma es que, de alguna manera, circunscribe la investigación y la presentación de pruebas de daño a los productores de un bien específico y no lo amplía a la cadena de valor, como hubiera sido el caso de utilizar un término mucho más amplio como ‘industria’”, remarcó la BCR.

Por otra parte, el reglamento establece que para pedir la salvaguardia debe existir una representatividad de la rama de la producción de “más del 50%” de la producción de todo el bloque -o un mínimo de 25% en casos excepcionales-.

“A todo esto, dichos porcentajes no se encuentran expresados en el Acuerdo de Salvaguardias de la OMC, en donde expresa que debe representar ‘una parte sustancial de la producción’”, remarcó la BCR.

En este contexto, la entidad señaló que si se tuviera que identificar cuáles son los sectores exportados por Argentina con mayor riesgo de enfrentar presiones u objeciones de parte de los productores europeos, podría señalarse que la carne bovina refrigerada y congelada, el biodiesel y otros combustibles a base de aceites vegetales.

En suma, “las oportunidades que el acuerdo genera para el arroz (especialmente el elaborado), los quesos y la leche en polvo también los hacen potenciales objetivos de presiones por la gran competitividad argentina y la arbitrariedad de las salvaguardas impuestas”, planteó la BCR.

Impulsada por mejores precios internacionales y una cosecha récord de maíz, la liquidación de divisas del agro alcanzaría en 2026 los USD 35.375 millones, según estimó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La proyección implica un aumento de alrededor de USD 850 millones respecto del cálculo previo de la entidad (USD 34.530 millones) y anticipa un flujo de dólares sostenido para esta campaña.

Ese escenario se instalará en un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas y cambios en la demanda de alimentos, lo que podría beneficiar a la Argentina como un proveedor de materia prima alejado del epicentro de los conflictos bélicos.

El informe de la BCR destaca que entre abril y diciembre de 2026 se proyecta un ingreso de USD 29.600 millones por las exportaciones agroindustriales.

Puntualmente, USD 16.500 millones provendrán del complejo sojero; USD 7.500 millones, de maíz, USD 2.200 millones de trigo, USD 2.400 millones de girasol, USD 500 millones de cebada, USD 300 millones de sorgo y USD 600 millones de otras oleaginosas y cereales.

Sin embargo, el panorama no es enteramente favorable para el sector. El mismo contexto internacional que impulsa los precios de los granos también está elevando con fuerza los costos de producción. La suba del petróleo, en medio de las tensiones en Medio Oriente, encareció insumos clave como combustibles y fertilizantes, con aumentos significativos en productos como la urea.

En este marco, si bien el agro proyecta mayores ingresos por exportaciones, buena parte de esa mejora se ve compensada por una estructura de costos más exigente, lo que limita el impacto positivo en la rentabilidad de los productores. De hecho, asociaciones del agro locales ya advirtieron por el impacto del conflicto bélico en el el campo argentino.

El maíz lidera el crecimiento

La campaña 2025/26 de maíz en Argentina se encamina a cifras históricas en la mayoría de sus indicadores. Según el reporte de la BCR, la superficie sembrada se expandirá a 10,2 millones de hectáreas, notablemente por encima del promedio de los últimos cinco años (8,8 millones) y de los 8,3 millones estimados para el ciclo previo. La superficie cosechada llegaría a 8,5 millones de hectáreas, mientras que el rendimiento nacional promedio se proyecta en 78,8 quintales por hectárea (es decir, unos 7,9 toneladas por hectárea), superando los 67 quintales del lustro anterior.

La oferta total de maíz alcanzaría 73,7 millones de toneladas, impulsada por una producción estimada en 67 millones de toneladas, frente a los 50 millones del ciclo previo y los 47,9 millones del promedio quinquenal informado por la BCR.

El stock inicial para 2025/26 se sitúa en 6,7 millones de toneladas, duplicando el promedio de los últimos cinco años y muy por encima de los 3,6 millones estimados para el ciclo actual. El consumo interno escalaría a 20,2 millones de toneladas, con el uso industrial en 4,5 millones y el forrajero, semilla y residual en 15,7 millones, superando todos los valores anteriores.

Las exportaciones de maíz, en tanto, se proyectan en 43 millones de toneladas, cifra que constituiría un récord histórico para el país. Esta expectativa está sujeta a posibles ajustes en función del comportamiento de los otros grandes exportadores globales, como Estados Unidos y Brasil, cuyas propias producciones y saldos exportables se siguen revisando a la baja, especialmente luego de la disminución en la siembra estadounidense y la menor producción brasileña de la segunda cosecha, la zafrinha, según reportes de la CONAB y el USDA citados por la BCR.

Flujo de divisas: volatilidad en 2025 y previsión de estabilidad en 2026

En 2025, el agro liquidó unos USD 31.330 millones, un 25% más que el año anterior. Ese crecimiento estuvo explicado en parte por el adelantamiento de exportaciones ante la eliminación temporal de retenciones, un efecto que se extendió hasta los primeros meses de 2026 pero que ya comenzó a diluirse.

En septiembre de 2025, la liquidación mensual de divisas del agro experimentó extremos, con un pico superior a USD 7.000 millones, una cifra muy por encima del promedio, derivado de la eliminación temporal de retenciones. Este fenómeno provocó un adelantamiento de exportaciones, seguido de un descenso abrupto en la liquidación durante los meses siguientes, tendencia que se prolongó hasta los primeros meses de 2026, según detalla la Bolsa de Comercio de Rosario.

La dinámica de los saldos a favor de las exportadoras muestra que el máximo se alcanzó en septiembre de 2025, con un saldo de USD 7.700 millones. Desde entonces, la diferencia entre los dólares ingresados y los despachos físicos retrocedió hasta equilibrarse en marzo de este año, lo que sugiere que el efecto de la eliminación temporal de los derechos de exportación fue transitorio y ya fue absorbido.

Historial de liquidación de divisas del agro

El historial de liquidación anual de divisas del sector agropecuario argentino desde 2011 muestra importantes fluctuaciones en función de las condiciones productivas y del contexto internacional. En 2011, la liquidación alcanzó los USD 32.673 millones y se mantuvo en valores similares en 2012, cuando sumó USD 31.090 millones. Durante 2013 y 2014, los montos fueron de USD 27.172 y USD 27.440 millones, respectivamente.

En 2015 se registró uno de los pisos de actividad, con una liquidación de USD 23.019 millones. En 2016 volvió a crecer, a USD 27.474 millones, y en 2017 se mantuvo en USD 26.745 millones. Otro mínimo se observó en 2018, con USD 22.293 millones. En 2019 la liquidación subió a USD 26.758 millones, y en 2020, afectado por una nueva sequía, la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, bajó a USD 22.126 millones.

Los principales picos de la serie se dieron en 2021 y 2022, cuando la liquidación anual llegó a USD 38.162 millones y USD 44.175 millones respectivamente, impulsadas por cosechas excepcionales y precios internacionales favorables, nuevamente, por condiciones internacionales derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania.

En 2023, el impacto de la sequía volvió a notarse con fuerza y el monto liquidado descendió a USD 23.554 millones. El sector recuperó la senda de crecimiento en 2024, con una liquidación de USD 30.572 millones. Para 2025, el pronóstico fue de USD 36.164 millones, con una leve retracción proyectada para 2026, estimada ahora en USD 35.376 millones, en línea con los aumentos previstos en producción y exportaciones.

Hasta el momento -enero, febrero y marzo- la producción agropecuaria aportó más de USD 7.000 millones en el primer trimestre, lo que suma más oferta al mercado cambiario y fortalece la apreciación.

Ciclo con oferta holgada y demanda sostenida

El stock final para la campaña 2025/26 se estima en 10,4 millones de toneladas, prácticamente el doble del promedio recientemente registrado y más de 3 millones por encima del cierre proyectado para 2024/25. El ratio stock/consumo interno crecería al 16%, superando el 14% previsto para el ciclo vigente y duplicando el promedio quinquenal, lo que refleja una mayor holgura en la relación entre la oferta disponible y la demanda doméstica.

La demanda total del cereal, incluyendo exportaciones y consumo interno, llegaría a 63,2 millones de toneladas. Este panorama global anticipa un flujo cambiario estable y elevado a lo largo de todo 2026, con el maíz como componente central del avance exportador del agro argentino.

Este escenario se da en un contexto internacional atravesado por conflictos en Medio Oriente, que, al igual que ocurre en el mercado energético, refuerzan la búsqueda de proveedores confiables y alejados de zonas de riesgo. En ese marco, países exportadores de alimentos como Argentina ganan relevancia en las cadenas globales.

Los inversores le tomaron el pulso a las negociaciones, lo que llevó a que el mercado overnight no reaccionara ante los mensajes de tono amenazante provenientes de Estados Unidos, que rechaza el cobro de peajes por parte de Irán en el estrecho de Ormuz, y de Teherán, que sostiene que la zona está minada y propone rutas alternativas. Esta situación obliga a contar con la autorización de la Guardia Revolucionaria para transitar por ese paso estratégico.

Sin embargo, apareció un nuevo actor que había evitado involucrarse del conflicto. Acosado por la falta de gas y petróleo, la OTAN se ofreció a participar en las conversaciones entre las partes.

Al mismo tiempo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que iniciará negociaciones directas con el Líbano para conseguir el retiro de Hizbolá. De alguna manera, este anuncio está en línea con la demanda de Irán de que la tregua deberá incluir al Líbano.

En medio de este ruido, los mercados comenzaron a calmarse y el petróleo Brent cerró con una suba de 1,75 por ciento. En la noche operaba con escasos aumentos.

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “el dato de PCE (Indice de Gasto de Consumo Personal) de febrero para Estados Unidos no trajo sorpresas, pero aún está lejos del target de la FED del 2% tras arrojar una lectura del 3% anual. La variación del core PCE anualizada para seis meses fue del 3,4% y a 3 meses fue del 4,4% lo que obliga a pensar en un escenario de mayor cautela para la FED cuando pegue de lleno el incremento del costo de la energía producto de la guerra. Sumado a esto cayeron el ingreso personal y el ingreso disponible algo que no es favorable para la actividad”.

La Argentina otra vez redujo el impacto de la crisis del exterior y casi todos los indicadores fueron favorables. El único que cedió fue el S&P Merval de las acciones lideres, que tuvo una mínima baja de 0,4% en pesos y 0,3% en dólares. Brasil fue la contracara porque la Bolsa de San Pablo aumentó 1,52% y acumula ganancias de 23% en el año contra pérdidas de 1,7% del S&P Merval.

El contraste del ETF, fondo de inversión que cotiza en bolsa, que representa a Brasil con el de países emergentes es abrumador. El país vecino subió 27,6% y emergentes, 10 por ciento.

Se destacó el desempeño de los bonos de la deuda, que registraron subas de hasta 2,4% en los Globales de mayor plazo. Este movimiento provocó que el riesgo país, tras iniciar la jornada en alza, finalizara con una baja de 13 unidades (-2,3%), ubicándose en 557 puntos básicos.

La crisis energética permitió que YPF saliera al mercado a buscar USD 122 millones a 4 años por los que pagó una tasa de 5,5% anual, 1,30 puntos porcentuales por arriba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, el equivalente a un riesgo país de 120 puntos básicos.

Mientras tanto, el Gobierno busca de reactivar el consumo. Ante los complicados indicadores de caída de la actividad económica, el equipo económico decidió aliviar el cepo aumentando los plazos para liquidar dólares para empresas y exportadores, al tiempo que cortó el denominado “rulo” en la jerga financiera para aprovechar la brecha entre el dólar mayorista y el contado con liquidación (CCL) que alcanza a 7 por ciento. Quienes realicen estas operaciones no podrán operar en el CCL en los siguientes 90 días.

Por el otro lado, la administración libertaria está liberando liquidez para bajar las tasas. Esto se vio en el Mercado Libre de Cambios (MLC) donde el Banco Central hizo la mayor compra del año de 281 millones de dólares. En el MLC operaron USD 353 millones y el dólar mayorista cerró con una baja de $6,50 a 1.381 pesos.

En la plaza financiera, el CCL perdió $1,50 (-0,1%) a $1.478 y el MEP bajó $3,59 (-0,3%) a 1.420 pesos. La brecha o dólar cable se alargo a 4,10 por ciento.

Las tasas descendieron debido a la demanda por las LECAP a tasa fija, ya que el aumento en su cotización redujo su rendimiento. Al cierre de abril, la tasa efectiva mensual bajó a 1,47%; para fines de mayo se ubicó en 1,82% y a fin de junio en 1,95%. Desde julio, la tasa se establece en 2,01% y alcanza su valor máximo de 2,22% a fines de mayo de 2027. En cuanto a los BONCER, los que vencen en noviembre registraron una suba de 0,23%, mientras que los que vencen en noviembre de 2029 avanzaron 0,73%.

Esta reacción se produjo porque la reducción de la tasa de REPO por parte del Banco Central impactó a la baja en el resto de las tasas, incluidos los plazos fijos. Además, la Comisión Nacional de Valores otorgó mayores beneficios a quienes invierten en Money Market a través de Fondos Comunes de Inversión.

Federico Filippini (Head of Research) y Javier Casabal (Sr Fixed Income Strategist) de Adcap Grupo Financiero advirtieron que ante la posibilidad de que “el mayor rendimiento de los bonos en pesos frente a los de moneda dura parece estar cerca de agotarse, ya que se viene comprimiendo del 21% al 19% desde fines de enero, recomendamos tomar ganancias en posiciones en pesos y rotar hacia la curva en dólares, donde los bonos están mejor posicionados para beneficiarse de una recuperación en el apetito por riesgo”.

En paralelo, crece la preocupación en el agro. El conflicto con los camioneros está afectando a las zonas alejadas del puerto de Rosario y en el corto plazo podría afectar el ingreso de divisas.

El jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli, señaló que “está muy convulsionada la zona de Córdoba y Santa Fe, no tanto lo que es la zona aledaña a Rosario. Lo que se está viendo de camiones son de acopios de las zonas cercanas, pero el interior está muy complicado sin demasiada concordancia entre los dadores de carga y los fleteros. Están buscando subas de fletes sustanciales, considerando el aumento del gasoil. Ya se había largado algo de cosecha con la tarifa acordada en febrero”.

“Siempre se termina pactando alguna tarifa de referencia menos algún descuento extra; nunca se termina convalidando lo que en la jerga se denomina tarifa llena, pero más allá de eso en marzo se largó la trilla con aumentos de combustible que no habían sido contemplados en la tarifa anterior. A esto se sumó el conflicto bélico que hizo subir estrepitosamente los combustibles. La situación se volvió bastante crítica porque las tarifas que se estaban negociando en su momento no estaban contemplando esta nueva realidad. Aún no hay grandes novedades. Se empiezan a liberar algunas zonas, pero otras se complican. No es homogénea la situación”, sumó.

Vitelli señaló que la zona más afectada es el interior, aunque la situación se compensó con la lluvia generalizada, que elevó la humedad de los cultivos e impidió el ingreso por los caminos. A la vez, indicó que, pese a que comienzan a verse las primeras actividades de cosecha, el panorama se complica por la falta de tarifas de referencia, la ausencia de fletes y la presencia de paros.

Bajo su perspectiva, hasta el momento, la crisis no se percibe con fuerza porque los exportadores cuentan con acopios cercanos, pero advirtió que, si el conflicto se extiende, su impacto será mayor. En caso de no alcanzarse un acuerdo debido a pedidos de tarifas muy elevadas, los productores optarían por embolsar el grano, lo que demoraría las liquidaciones, aunque el especialista consideró que esta situación aún es poco probable y prevé que se llegará a un acuerdo antes de que eso ocurra.

El mercado overnight mostró cautela entre los inversores, que ya no confían en que las noticias actuales se mantendrán sin cambios en pocas horas. La experiencia con movimientos inesperados les enseñó a no sorprenderse ante posibles giros en el escenario financiero.

De hecho, las bolsas no definían tendencia, el petróleo continuaba estable en alrededor de USD 98, bajaba el oro y el dólar recuperaba una mínima parte de lo que había bajado el día anterior frente a las demás monedas del mundo. Del resultado de las conversaciones que comienzan mañana, dependerá la suerte de los inversores.

Se pactó la tregua en el conflicto en Medio Oriente y hubo euforia instintiva en los mercados. Cuando cerraron, se dieron cuenta que el cese del fuego era tan frágil como las ganancias del día.

Las Bolsas se dispararon en todo el mundo. En Estados Unidos las alzas alcanzaron hasta 2,80%; en Europa fueron de más de 3% y en Asia de más de 5 por ciento. A la vez, el Bitcoin había sido el otro ganador al anunciarse que el peaje del estrecho de Ormuz se pagaría en criptomonedas.

Pronto aparecieron los defectos del pacto. Israel bombardeó Beirut e Irán aclaró que ellos decidirían qué barcos pasarán por el estrecho. En otras palabras, la exigencia más importante de Donald Trump, la apertura sin restricciones del paso clave, quedó desdibujada.

Solo circularon apenas 10% de los buques del tránsito habitual. Las compañías de seguros, más cautas que los inversores, aclararon que las primas no cubrirían el daño hasta que certifiquen que el tránsito era seguro. Irán cobra USD 2 millones por buques y esa condición está en el acuerdo porque pretende una compensación por los daños de la guerra.

Para el analista Matías Togni de la consultora petrolera NextBarrel, “el anuncio de un cese al fuego temporario ayudo a desarmar las posiciones apalancadas en futuros que, en términos de volumen, no eran tan grandes, sino en la relación long vs short. Los principales benchmarks (referencias) cayeron un 15% en promedio, tal vez sobre reaccionando, pero en los mercados físicos nada cambió. El mercado descree que el tránsito por el estrecho vaya a normalizarse rápido. De hecho, Irán se encargó de refutar a Trump diciendo que van a ejercer control o selectividad en el ingreso y egreso por aguas iraníes, algo que no resiste ninguna posibilidad”.

Togni aclaró que “desde el inicio del conflicto, solo 60 millones de barriles salieron, de los cuales el 90% son en barcos sancionados Iraníes. Hasta que no veamos al menos 50 barcos saliendo todos los días, ninguna naviera estará dispuesta a entrar. Lo que faltan son garantías, con la información que tenemos a hoy, nadie va a mandar un barco a cargar en Iraq o Kuwait si no sabe si en dos semanas va a poder salir. El conflicto no está ni cerca de resolverse”.

La Argentina fue más cauta. A pesar de que el petróleo que exporta, el barril de crudo Brent perdió más de 11% y las acciones de YPF cedieron 2,1% porque muchos inversores decidieron mantenerlas. Los que vendieron fueron compradores de los últimos días que tomaron ganancias.

El S&P Merval de las acciones líderes, comparadas con las demás Bolsas del mundo, incluso la de Brasil que aumentó 2,09%, tuvo una leve suba de 1,2% en pesos y de 1,7% en dólares por la caída del contado con liquidación (CCL) de 0,4% a 1.479 pesos. Los grandes ganadores fueron los bancos que tenían los precios atrasados por su balances negativos. Macro lideró el alza; subió 7,3%, seguido de Supervielle con 6,4% y Banco Francés con 4,9 por ciento.

Los dólares tuvieron bajas absolutas. El MEP cedió $5,70 a $ 1.424,50, mientras el “blue” retrocedió $5 a $1.390 y casi iguala al dólar mayorista que se negoció en el Mercado Libre de Cambios (MLC) a 1.387,50 pesos. Se registraron operaciones por USD 487 millones en el MLC y el Banco Central compró 102 millones de dólares.

Ante la debilidad del dólar en el mundo -bajó 0,8%- que volvió a los niveles del 8 de enero, las reservas subieron USD 308 millones a 44.750 millones de dólares.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini advirtió que “el REM de marzo movió al alza las expectativas de inflación y ahora se acercan más a los break even (punto de equilibrio) del mercado de bonos. Los rendimientos en pesos siguen corriendo por debajo y, por lo tanto, en terreno negativo en términos reales. Pero para el caso del tipo de cambio, los pronósticos del REM (mediana) se corrieron a la baja. De modo que, con inflación más alta y tipo de cambio más bajo, si todo lo demás se mantiene constante, podríamos concluir en que el mercado espera un dólar más apreciado”.

Los bonos soberanos fueron los grandes ganadores del día. Los Globales, que son la referencia para medir el riesgo país, subieron hasta 2,10 por ciento. El riesgo bajó 40 unidades (-6,6%) a 570 puntos básicos. Los mercados de la región acompañaron y el índice de países emergentes subió 5,5 por ciento.

Los bonos en pesos continuaron con la caución en 20% (el martes estuvo en 21%) y los BONCER que ajustan por inflación siguen siendo los preferidos. El TX26 que vence en noviembre subió 0,08% y el TX28, 0,22 por ciento. Las LECAP con buenos negocios en abril y julio, tuvieron alzas generalizadas que hizo retroceder su tasa de retorno a 1,60% a fin de abril y a 1,96% a fin de mayo. Están por debajo de la inflación, pero encima de la evolución del dólar.

No obstante, no todo fue optimismo. Las exportaciones están sufriendo el costo del aumento de los combustibles. La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), la de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA), emitieron un comunicado donde reclaman por “la creciente conflictividad que está ocurriendo en estos días con los transportistas de carga de granos, con retenes en las principales rutas y accesos a los más importantes nodos portuarios del país imposibilitando el normal desarrollo de la actividad”.

Y agregaron: “La medida de fuerza por el reclamo de una recomposición tarifaria es debido al incremento de los costos operativos, principalmente del combustible. Si bien entendemos el planteo de fondo, la falta de acuerdo y el rechazo de la propuesta ofrecida está afectando el desarrollo de la logística en plena cosecha. Esto representa graves inconvenientes como retrasos de embarque, incumplimientos de contratos con el exterior e imposibilidad en el ingreso de divisas”.

El conflicto se agrava y el país parece estar construyendo su propio estrecho de Ormuz. Ayer entre la medianoche y las 6 de la mañana ingresaron 2.790 camiones y se estima que es poco más de la mitad de lo que debería ingresar.

En tanto, anoche continuaba el conflicto y permanecía cerrado el estrecho de Ormuz por los ataques israelíes en el Líbano. Trump defendió a Israel al señalar que el Líbano no estaba dentro del acuerdo que firmaron.

El primer ministro de Israel declaró que su país está “listo para reanudar los combates en cualquier momento” contra Irán y la respuesta fue que Hezbolá, el grupo armado del Líbano, esta dispuesto a responder los ataques. Las esperanzas están puestas en lo que sucederá mañana cuando Estados Unidos e Irán negocien en Islamabad, la capital de Pakistán.

El mercado overnight quedó en tensión. En la noche, las Bolsas de Nueva York operaban con bajas de 0,20% al igual que las de Europa. El oro bajaba 0,8% y el petróleo estaba en alza de 3% a USD 97 por barril.

El suspenso sigue y habrá problemas de abastecimiento de petróleo y gas por un largo tiempo porque, aún finalizada la guerra, restablecer la producción será un problema. Por un tiempo, el crudo alimentará la inflación del planeta.

En lo que va de 2026, el sector exportador colombiano experimentó una notable recuperación, con un crecimiento total de 12,1% en las ventas externas durante el primer bimestre del año frente al mismo periodo de 2025.

Analistas del Centro de Estudios Económicos de Colombia (Anif) indicaron que dos de los sectores que más impulsaron este repunte fueron el oro no monetario y el agropecuario.

El oro no monetario —el metal precioso físico que no está bajo el control de las autoridades monetarias— se consolidó como el principal motor de este buen desempeño exportador. De acuerdo con la observación de los analistas, las exportaciones de este producto alcanzaron 1.457,9 millones de dólares FOB (Free on Board, o Libre a Bordo) entre enero y febrero, lo que representó un incremento de 124,3% anual y una participación del 17,2% en el total exportado colombiano.

Según los expertos, el impulso de este crecimiento tuvo su origen principalmente en el contexto internacional; es decir, en la influencia de la coyuntura sobre los precios: el oro reafirmó su papel como activo refugio en un escenario de alta incertidumbre mundial y menor apetito por el dólar, que permitió un aumento en su cotización internacional de 50,1% anual.

No obstante, de manera paralela al “efecto precio”, se presentó un avance en los volúmenes exportados, con un aumento anual de 29,8%.

Por su parte, las exportaciones no minero - energéticas (NME), en las que el segmento agropecuario es fundamental, crecieron 9,5% anual en el bimestre, que sumaron 4.222 millones de dólares FOB. En el grupo de las NME, el desempeño agropecuario resultó particularmente destacado: la canasta agropecuaria concentró el 46,8% de las exportaciones de este tipo y la expansión anual de las exportaciones agropecuarias fue de 16,6%, impulsada principalmente por el café, el banano y el aguacate hass.

En cambio, al combustible no le fue bien y demostró “un desempeño desfavorable”, pese a que sigue siendo uno de los sectores más exportados. En 2025, su participación pasó de 39,7% a 33,3% del total exportado en febrero de 2026. En términos de valor, las exportaciones alcanzaron 2.866 millones de dólares FOB, debido a menores ventas de petróleo colombiano y sus derivados, constó en la nota económica.

Aun así, el repunte en el oro no monetario y la consolidación del agro han permitido compensar la disminución de las exportaciones de combustibles durante el primer bimestre de 2026.

Exportaciones colombianas en febrero de 2026: Estados Unidos, Unión Europea y Panamá concentran más de la mitad de las ventas externas

Durante febrero de 2026, las exportaciones de Colombia alcanzaron un volumen de 7,4 millones de toneladas métricas.

Estados Unidos se consolidó como el principal destino de las exportaciones colombianas en los dos primeros meses del año, al concentrar 2.669,9 millones de dólares FOB, con un 31,5% del total exportado, de acuerdo con las estimaciones de expertos de la Asociación Nacional de Comercio Exterior.

Las ventas a ese país crecieron 22,5% respecto al mismo periodo de 2025, particularmente el café sin tostar, que representó cerca del 31,8% de las exportaciones no minero-energéticas hacia ese mercado.

La Unión Europea ocupó el segundo lugar, con compras por 1.195,9 millones de dólares FOB y una participación de 14,1%. Las exportaciones hacia ese bloque crecieron 38,5%, impulsadas por mayores envíos a Italia, Países Bajos, Alemania y Bélgica.

Panamá fue el tercer mayor destino, con 612,5 millones de dólares FOB (7,2% del total), un aumento de 36,1%. El 91,9% de las exportaciones a Panamá correspondieron a productos minero-energéticos, principalmente petróleo.

Estados Unidos, la Unión Europea y Panamá reunieron el 52,9% de las exportaciones colombianas en el periodo.

Otros destinos relevantes

Las exportaciones a Venezuela cayeron 13,7%, ubicándose en 132,2 millones de dólares FOB, influenciadas por el contexto político y económico. Las ventas a Ecuador disminuyeron 27,1% hasta 251,4 millones de dólares, afectadas por tensiones comerciales y ajustes arancelarios.

En términos de participación, aumentó la importancia de la Unión Europea (+2,7 puntos porcentuales) e India (+1,3 puntos porcentuales), mientras que China, la Comunidad Andina, México y Chile redujeron su peso en la canasta exportadora.

En pleno inicio de la cosecha gruesa, cuando el flujo de camiones hacia los puertos alcanza su pico, transportistas autoconvocados mantienen bloqueados más de 20 accesos en Bahía Blanca y Necochea. La medida ya paraliza la descarga de granos y amenaza con frenar exportaciones en un momento clave para el ingreso de divisas.

El conflicto está motivado por el reclamo de un aumento tarifario ante la escalada de costos operativos, especialmente del combustible.

Según informaron la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, las tensiones, que comenzaron el pasado lunes, ya ocasionan pérdidas millonarias y podrían comprometer la llegada de divisas al país.

De acuerdo con entidades empresariales, cada buque detenido representa un sobrecosto de USD 50.000 diarios para el sector exportador, monto que agrava la competitividad argentina y recae también sobre los productores. A su vez, los granos que no pueden ingresar a puerto quedan almacenados en silobolsas, lo cual implica un gasto adicional de USD 5 por tonelada.

Más allá del incremento de costos, esta obstaculización logística impide también cumplir contratos internacionales y pone en riesgo la reputación de la Argentina como proveedor confiable en los mercados globales, una preocupación reiterada por la industria aceitera y el centro de exportadores.

El desencadenante del conflicto es el aumento sostenido del gasoil, que según el índice de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeaac) marcó una suba del 24,7% solo en marzo de 2026, con una acumulación interanual del 48 por ciento.

Este incremento impulsó los costos generales del transporte de carga un 10,15% en el mismo mes, ya que el combustible representa cerca del 35% de la estructura de costos operativos del transporte y el litro de gasoil superó los $2100 en la mayoría de las plazas del país.

A este aumento se suman, además, los incrementos en neumáticos, repuestos y mantenimiento, situando los costos por encima de la inflación acumulada hasta el momento (5,9% hasta febrero) y motivando el reclamo de los transportistas, quienes exigen que las tarifas reflejen los gastos reales de la actividad.

El esquema tarifario vigente contempla diferencias según trayecto y tipo de operación: para viajes cortos de 100 kilómetros la referencia es $25.389 por tonelada, mientras que un recorrido de 500 kilómetros supera los $77.700 y trayectos largos de 1.500 kilómetros llegan a $148.417 por tonelada. Además, la estadía —que impacta cuando hay demoras en carga o descarga— se estipula en $223.180 por día. Estos valores, difundidos por las federaciones de transportistas, son orientativos, ya que la negociación con acopiadores es libre y estacional.

La mesa de negociación mediante la que se limaban este tipo de asperezas dentro del campo se trasladó desde el Ministerio de Transporte a instancias provinciales, pero se fracturó ante la falta de acuerdo sobre el incremento tarifario. Los transportistas reclamaron una suba del 15%, mientras que los acopiadores ofrecieron un 10%, según confirmaron a Infobae fuentes con conocimiento de las negociaciones. Ante la imposibilidad de conciliación, los bloqueos y retenes se multiplicaron en las principales rutas hacia los puertos.

Es por eso que las cámaras empresariales advirtieron que los persistentes cortes derivan en “retrasos de embarque, incumplimientos de contratos con el exterior e imposibilidad en el ingreso de divisas al país”. En los puertos de Bahía Blanca y Necochea, ocho muelles permanecen paralizados y los barcos comienzan a acumularse, con el riesgo de que la fila siga creciendo mientras el conflicto persista.

Los transportistas en protesta, no afiliados al sindicato de Camioneros sino organizados en federaciones y como monotributistas, argumentan que las actuales tarifas resultan insuficientes para cubrir los gastos. Uno de los manifestantes resumió el reclamo: “Con las tarifas que tenemos, perdemos plata”.

Cosecha récord y dólares en juego en medio del conflicto

El conflicto se da en un momento especialmente sensible para la economía argentina. Con el inicio de la cosecha gruesa, el campo proyecta una campaña con volúmenes récord y un fuerte ingreso de divisas en los próximos meses. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción total de granos alcanzaría las 158 millones de toneladas, un 14% más que en el ciclo anterior, con exportaciones que podrían superar los 113 millones de toneladas.

En ese contexto, el sector agroindustrial prevé una liquidación de USD 34.530 millones en 2026, un nivel similar al del año pasado pese al salto productivo. La paradoja responde a distintos factores que moderan el ingreso de divisas. Entre ellos, el aumento de los costos logísticos a nivel global, que se dispararon entre 40% y 50% en medio de las tensiones en Medio Oriente, y que impactan directamente sobre el precio final que reciben los exportadores.

A nivel local, además, el factor geográfico agrega presión. La distancia respecto de los principales mercados consumidores —ubicados mayormente en el hemisferio norte— encarece los fletes y reduce la competitividad de los granos argentinos. En ese escenario, los bloqueos en los accesos a los puertos suman un nuevo factor de riesgo, ya que amenazan con demorar embarques y frenar el ingreso de divisas justo cuando la cosecha empieza a volcarse al circuito exportador.

Apache, la pyme santafesina dedicada a la fabricación y comercialización de maquinaria agrícola, concretó la emisión de su primera obligación negociable por USD 3,9 millones. La transacción se dio en el marco de una nueva operatoria del mercado de capitales local, que recibió el respaldo de los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

La empresa, con casi 70 años de trayectoria y sede en Las Parejas, provincia de Santa Fe, destinará los fondos a expandir su capacidad productiva, potenciar la innovación tecnológica y sostener su crecimiento tanto en el mercado interno como en el exterior.

El instrumento financiero de Apache S.A. fue la primera ON de una pyme avalada por bancos y despertó un fuerte interés: registró ofertas superiores a los USD 6 millones, lo que representó una sobresuscripción de más del 50%, informó la compañía.

La colocación de la Clase 1 tendrá un rendimiento del 6,75% TNA, con pagos trimestrales de intereses y amortización de capital a partir del primer año, y fue respaldada por un sindicato de cinco entidades bancarias —Banco Mariva, CMF, BST, Bind/Industrial y Banco Comafi—.

La normativa que abre el mercado a más inversores

Este movimiento empresarial ocurrió en paralelo a la actualización de la normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV), publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1125/26, que facilita el acceso de empresas al mercado de capitales y agiliza las emisiones al eliminar autorizaciones previas para emisiones más chicas.

La Resolución 1125/26 de @CNVArgentina a cargo de Roberto Silva, publicada hoy en el Boletín Oficial, amplía el abanico de alternativas de inversión en el mercado de capitales. Hace más de un año lanzamos el sistema de emisión sin autorización previa para ONs y para acciones.… https://t.co/E0iud9G4GI

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 7, 2026

En su mensaje en redes sociales, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó: “Hace más de un año lanzamos el sistema de emisión sin autorización previa para ON y acciones. Hoy, pasado un año, y dado el éxito de la modalidad (la ON de Apache maquinaria es sólo un ejemplo) la CNV duplica los montos autorizados en dicha opción”.

La nueva reglamentación también se orienta a revertir los efectos de la Ley 27.349, que reguló el “crowdfunding” con exigencias que, según Sturzenegger, “virtualmente destruyeron el instrumento”. Ahora se clarifica que cuando no hay oferta pública, el control de CNV no es necesario, y se autoriza para emisiones públicas la utilización del sistema de autorización automática, dentro de los límites de monto establecidos.

“Otro paso en pos de la libertad que nos pide el presidente Javier Milei. VLLC!”, posteó en su cuenta de X el funcionario. Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo, reaccionó a la noticia en redes sociales con la expresión: “Muchas más”, en alusión al desembarco de nuevas pymes en el mercado de capitales tras la colocación de Apache.

Como consecuencia directa de esta resolución, las empresas pueden captar fondos de un mayor número de inversores, incluso no calificados, aunque existen topes: cada persona podrá invertir hasta UVA 3.000 por emisión y hasta UVA 10.000 en total, o hasta el 5% de su patrimonio por proyecto y el 10% bajo este régimen. Para emisiones de mediano impacto, el máximo se elevó a UVA 15 millones por colocación y UVA 30 millones acumulados. Asimismo, la CNV actualizó la definición de inversor calificado y exige ahora un lenguaje más claro y accesible en la información dirigida al público.

La apuesta de Apache

Según consignó la compañía en un comunicado posterior a su colocación, la empresa utilizará los fondos para reforzar su capital de trabajo y para fortalecer una expansión comercial con proyección exportadora. Actualmente, la empresa destina el 30% de su producción al mercado externo y proyecta aumentos en las ventas del 20% interanual en dólares.

Entre los destinos de la recaudación figura el avance del proyecto de ensamblaje local de tractores Apache Solis, realizado en alianza con una compañía india. Para ello, la pyme inauguró en marzo del año pasado una planta de 3.600 m², cuya construcción demandó USD 3,5 millones.

La nueva planta permite a la fabricante santafesina incrementar su capacidad un 30% en un turno y hasta un 50% con operación optimizada. Se prevé la incorporación de 20 a 30 empleados, con un foco especial en el ensamblaje de tractores de baja y mediana potencia. La trayectoria de Apache en el segmento tractoril se remonta a 18 años de importación de estos equipos y la actual inyección de capital está orientada a aumentar la participación en el mercado argentino y en el circuito de exportaciones agroindustriales.

El ministro de Ganadería de Uruguay, Alfredo Fratti, promueve desde el inicio de la gestión un plan para erradicar la garrapata del agro uruguayo. La preocupación se extendió luego de que se hayan encontrado residuos de garrapaticidas en carne exportada a China y el jerarca del gobierno advierte que, si no se la controla, el campo podría sufrir las mismas consecuencias de la epidemia de la aftosa de 2001.

“Sin ser apocalíptico, si no logramos controlar esto de la garrapata, se nos puede venir algo parecido a lo que fue la epidemia de fiebre aftosa”, dijo el ministro Fratti, entrevistado en Agro de Búsqueda.

Su referencia fue a que en 2001, luego de una década libre de la enfermedad, Uruguay vivió una epidemia de fiebre aftosa que se saldó con la matanza de ciento de cabezas de ganado y la pérdida del estatus de país libre de fiebre aftosa sin vacunación. En esa época, el país sufrió el cierre de los mercados sanitarios más exigentes y de mejores precios. Fue un elemento más de la fuerte crisis social y política que atravesó el país entre 2001 y 2002.

Fratti hizo esos comentarios con un tono de frustración –de acuerdo a la publicación periodística– porque el gobierno no pudo sancionar a los responsables de la presencia de residuos de garrapaticidas en carne exportada hacia China.

Hubo unos 40 productores que no respetaron los tiempos de espera para exportación y el Poder Ejecutivo prepara un decreto para poder interdictar esos predios.

La preocupación del ministro está dada por el impacto negativo de esta situación en la “reputación” de la sanidad y de la carne uruguaya y por el “riesgo” de pérdida de los mercados. Con este argumento fue que planteó la similitud al escenario que vivió Uruguay en 2001. Sin embargo, Fratti confía en que se va a “poder evitar” que se llegue a ese extremo.

El plan contra la garrapata

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) presentó en agosto de 2025 un Plan Nacional de la Lucha contra la Garrapata. La estrategia fue presentada debido a las pérdidas que esta parasitosis genera a la ganadería, que están estimadas en USD 95 millones, casi el doble de las que provoca la bichera.

El gobierno informó entonces que el plan tiene seis objetivos. El primero es contar con un diagnóstico actualizado de la situación epidemiológica de la garrapata, utilizando sensores diagnósticos, revisiones en visitas oficiales y un muestreo nacional previsto para este año.

El segundo apunta a reducir la morbimortalidad por hemoparásitos, promoviendo la preinmunización con hemovacuna en rodeos de alto riesgo y ampliando la acreditación de veterinarios para su aplicación.

El tercero plantea la reducción de la prevalencia en las zonas endémicas, con medidas de fiscalización sanitaria, planes prediales obligatorios, interdicciones y controles de movimiento apoyados en el despacho electrónico de tropas.

Otro de los objetivos es erradicar la garrapata en zona libre, además de retrasar la aparición de cepas multirresitentes. El sexto objetivo es eliminar los hallazgos de residuos garrapaticidas en productos de origen animal.

En mayo del año pasado, en tanto, científicos uruguayos desarrollaron una vacuna contra la garrapata. La vacuna fue elaborada a partir de herramientas de ingeniería genética. Su funcionamiento implica que se administre en las vacas para que puedan producir una respuesta inmune contra la garrapata, de manera que generen anticuerpos contra esta plaga. Una vez que la garrapata vaya a infectar al animal (picar) y tomar su sangre, va a ingerir esos anticuerpos que la vaca generó. Así, se logrará afectar la capacidad reproductiva de este parásito y hasta provocar su muerte. Una sola garrapata puede poner entre 2.000 y 4.000 huevos.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, centró su discurso de este lunes en una serie de anuncios clave para el sector agropecuario durante una actividad en Peralta de Turrialba, en Cartago, donde detalló inversiones en infraestructura, sistemas de riego, innovación tecnológica y apoyo directo a productores.

En lo que calificó como parte de su cierre de gestión en la provincia, el mandatario presentó un paquete de proyectos que, según datos oficiales, supera los ₡800 millones y busca impactar a miles de personas vinculadas al campo costarricense.

Uno de los principales anuncios fue la creación del Distrito de Riego de Zona Norte y Este (DRISNECE), una iniciativa orientada a mejorar el acceso al agua para los productores agrícolas. De acuerdo con lo expuesto por el mandatario, este proyecto permitirá ampliar las hectáreas irrigadas de 507 a más de 1,350, lo que se traduce en mayor producción y competitividad para el sector.

“El agua, que es de todos, terminaba siendo un privilegio de unos pocos. Hoy más productores acceden de forma justa y productiva”, se destacó durante la presentación oficial del proyecto.

El acceso al recurso hídrico fue uno de los ejes centrales del evento, donde también se detallaron avances en sistemas de riego en comunidades como Oreamuno y Paraíso. En el asentamiento El Tigre, por ejemplo, se implementó un sistema que permite captación y distribución eficiente del agua, beneficiando a más de 100 personas con una inversión superior a ₡269 millones.

A esto se suma el proyecto Don Rogelio, que incorpora riego por goteo en más de cinco kilómetros de infraestructura, con una inversión que supera los ₡266 millones. Ambas iniciativas buscan garantizar la producción incluso en épocas secas, un factor clave ante los efectos del cambio climático.

En materia de producción y valor agregado, el Gobierno resaltó el fortalecimiento de la planta de lácteos La Peraltica, en Turrialba, donde se invirtieron más de ₡56 millones en equipamiento. Esta planta procesa cerca de 27.000 litros de leche por semana y beneficia a unas 140 personas, principalmente pequeños productores.

El propio presidente subrayó que este tipo de iniciativas permiten que los agricultores “produzcan más y mejor”, sin depender de intermediarios, en línea con su discurso de impulsar oportunidades en lugar de subsidios.

Otro de los anuncios relevantes fue el desarrollo del Centro de Innovación Agropecuaria Edith Chaverri Chaverri, ubicado en Llano Grande de Cartago. Según detalló el mandatario, este proyecto representa una inversión cercana a ₡500 millones y busca acercar la tecnología y la investigación al productor.

El centro estará enfocado en sistemas hortícolas tecnificados, cultivos de altura y transferencia de conocimiento, con el objetivo de mejorar los rendimientos en productos como papa, cebolla y hortalizas.

“Se trata de llevar la ciencia al campo, no de dejarla guardada en laboratorios”, afirmó el presidente, quien insistió en la necesidad de modernizar la agricultura costarricense.

Como complemento, también se anunció la entrega de tecnología agrícola a productores, incluyendo sistemas de riego por goteo, sensores de humedad, tensiómetros y estaciones meteorológicas. Estas herramientas permitirán una agricultura más precisa, con mejor uso de recursos como agua y fertilizantes.

Además de los proyectos directamente vinculados al agro, el Gobierno incluyó dentro de los anuncios la mejora de infraestructura vial en zonas productivas. Destaca el asfaltado del centro de San Miguel de Tucurrique, con una inversión superior a ₡315 millones, que beneficiará a unas 5,000 personas al facilitar el traslado de productos como café, caña y ganado.

Durante su intervención, el mandatario también defendió el papel de instituciones como el Instituto de Desarrollo Rural(INDER) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), señalando que durante su administración se orientaron hacia un enfoque más directo de apoyo al productor.

En esa línea, afirmó que su gobierno impulsó la aprobación de nuevas moléculas agroquímicas —once en total— tras más de dos décadas sin avances en este ámbito, lo que, según indicó, rompe monopolios y reduce costos para el sector.

Más allá de los anuncios, el discurso del presidente tuvo un fuerte tono político, en el que defendió su gestión y llamó a dar continuidad a las políticas impulsadas en el agro. Sin embargo, el eje central de la actividad se mantuvo en la inversión en infraestructura, acceso a recursos y modernización del campo.

El evento reunió a productores, autoridades locales y representantes de instituciones del sector, quienes coincidieron en señalar la importancia de fortalecer el apoyo al agro como base del desarrollo económico y la seguridad alimentaria del país.

La economía transita un período marcado por diferencias notorias entre sus sectores productivos. Mientras las actividades relacionadas con la exportación y el interior del país, como la minería, el agro y el petróleo, exhiben tasas de crecimiento elevadas y sostienen el avance general, los segmentos más vinculados con la vida urbana, como el comercio, la industria y la construcción, muestran señales claras de estancamiento o desaceleración.

Este fenómeno de “dos velocidades” fue identificado por varias consultoras y se refleja en los indicadores recientes, que evidencian que el dinamismo de las industrias asociadas a la exportación de recursos naturales y sus manufacturas primarias compensa la falta de impulso de las áreas tradicionalmente asociadas al consumo y al empleo. Así, el crecimiento agregado de la economía se sostiene, aunque la realidad es dispar según el rubro.

Pese a que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) anotó un máximo histórico en los últimos dos meses, la paradoja de este escenario dual radica en que las ramas económicas que más crecen y explican el avance del nivel de actividad emplean menos trabajadores que aquellos que permanecen rezagados. El agro, la minería y el petróleo aportan volumen y expansión, pero su impacto en el empleo limita la mejora en los indicadores sociales y en la distribución de los beneficios del crecimiento.

Las ramas económicas que más crecen y explican el avance del nivel de actividad emplean menos trabajadores que aquellos que permanecen rezagados

De hecho, la desocupación experimentó un alza de 1,1 puntos porcentuales hasta 7,5% al cierre de 2025. Al analizar de qué actividades provenían quienes perdieron su empleo, la construcción aparece como la principal fuente, ya que casi una de cada cinco personas desocupadas trabajaba en ese sector. El comercio aportó el 16% de los casos, el servicio doméstico el 11,3% y la industria manufacturera el 9,7%. El conjunto de las demás actividades sumó el 42,9% restante.

En este contexto, la evolución futura de la economía dependerá en buena medida de la capacidad de los sectores relegados para recuperar terreno, un desafío condicionado por la debilidad del consumo interno y del crédito. Mientras tanto, la dinámica económica avanza impulsada por motores poco intensivos en generación de trabajo, acentuando la brecha entre los distintos componentes del entramado productivo.

Un informe de la consultora Invecq destacó que los motores que había traccionado a la economía en diciembre -agro y energía- se apagaron en enero, aunque el índice arrojó un dato positivo (1,9% interanual y 0,4% mensual) asistido por la ayuda de los “perdedores”: industria y construcción crecieron 1,5% mensual y comercio 1,4 por ciento.

“De esta forma, vemos que en enero los sectores ganadores cayeron, pero se mantienen 15,3% arriba respecto al nivel de noviembre de 2023, mientras que los perdedores tuvieron una mejora, pero continúan 4,9% por debajo del nivel del inicio del gobierno, y se encuentran estancados desde junio de 2025″, destacaron.

Los sectores ganadores cayeron, pero se mantienen 15,3% arriba respecto al nivel de noviembre de 2023, mientras que los perdedores tuvieron una mejora, pero continúan 4,9% por debajo (Invecq)

A nivel interanual, se observa una economía “a dos velocidades” para los analistas, con el agro explicando la mayor parte del crecimiento, así como la minería y la intermediación financiera, pero en menor medida. Por el contrario, la industria y el comercio restaron, mientras que la construcción arrojó un leve repunte.

Se consolida una tendencia en la cual los sectores “menos intensivos en trabajo están mostrando repuntes mensuales en diciembre y enero, pero se mantienen rezagados en la comparación interanual, excepto construcción que se mantiene neutro”.

Perspectivas y proyecciones de analistas

“En los próximos meses se definirá si los sectores ‘perdedores’ han tocado el piso y comienzan o no a recuperar terreno. La respuesta dependerá, en buena medida, de la evolución del salario real y del crédito: dos variables que todavía no muestran señales robustas de aceleración y que son claves para que el consumo interno reactive a la industria y el comercio. Mientras eso no ocurra, el crecimiento agregado continuará, pero con impacto limitado en el empleo”, subrayaron desde Invecq.

Los analistas de GMA Capital subrayaron que detrás del dato de enero del Indec -el último disponible- conviven secuencias dispares entre los distintos segmentos. Además, remarcaron que la desaceleración del crédito y el incremento de la morosidad, que en el caso de las familias se cuadruplicó en el último año, desaceleraron al EMAE.

Según los especialistas, lo que sucede con el crédito aporta una clave de lectura: “Durante 2024 y comienzos de 2025, el financiamiento al sector privado funcionó como canal de recomposición de la demanda, traccionando especialmente el consumo. Sin embargo, ese impulso se agotó hacia mediados del año pasado: la desaceleración inflacionaria eliminó el efecto de licuación de compromisos pactados y las tasas reales elevadas encarecieron el crédito”.

Durante 2024 y comienzos de 2025, el financiamiento al sector privado funcionó como canal de recomposición de la demanda, traccionando especialmente el consumo. Sin embargo, ese impulso se agotó hacia mediados del año pasado (GMA Capital)

El economista Marcos Cohen Arazi, de Fundación Mediterránea-Ieral, estimó que el nivel de actividad se ubica 6,4% por encima de noviembre de 2023, mes previo al inicio de la presidencia de Javier Milei, lo que refleja un “desempeño destacado”. A la vez, en los últimos 12 meses, el crecimiento calculado es de 1,9 por ciento.

Cohen Arazi explicó que “en enero gran parte de las actividades económicas tuvieron ligeras caídas, mientras que el crecimiento se asentó en minería, actividad industrial y construcción. No obstante, persiste una gran divergencia acumulada”.

Según sus estimaciones, desde noviembre de 2023 hasta el presente, los sectores que evidenciaron mayor dinamismo son la intermediación financiera, la minería y el agro. También presentan resultados favorables el transporte, las comunicaciones y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. En contraste, la industria manufacturera, la construcción y el turismo internacional figuran entre los rubros con menor impulso.

La consultora Epyca coincidió al advertir que, más allá del crecimiento de los segmentos vinculados a actividades extractivas (minería y agro), los servicios (inmobiliarios, financieros, salud y educación) también evolucionaron de forma positiva “por el proceso de apertura comercial, que en contrapartida perjudica en mayor medida a los sectores perdedores: la industria manufacturera y la construcción. Esta evolución desigual (“en forma de K”) es resultado de la política económica implementada".

Según los economistas de LCG “a pesar del dato de enero y del arrastre estadístico de diciembre (1,9 puntos porcentuales), no esperamos un crecimiento elevado este año. Mantenemos nuestra proyección de una expansión de la actividad por debajo del 3 % anual promedio”. Proyectaron que el crecimiento anual estará traccionado por petróleo, minería, agro e intermediación financiera, ya que “para el resto no hay drivers claros que impulsen” un desarrollo vigoroso”.

El crecimiento anual estará traccionado por petróleo, minería, agro e intermediación financiera, ya que “para el resto no hay drivers claros que impulsen” un desarrollo vigoroso (LCG)

En tanto, proyectaron que el crecimiento anual estará traccionado por petróleo, minería, agro e intermediación financiera ya que “para el resto no hay drivers claros que impulsen" un desarrollo vigoroso.

Los analistas de LCG destacaron: “Este escenario se da en un contexto en el que la demanda interna no logra consolidar una recuperación, afectada por el bajo poder adquisitivo y la retracción del crédito. A su vez, parte del consumo se desplaza hacia bienes importados, en un entorno de mayor competencia asociada a una mayor apertura comercial y a un tipo de cambio real relativamente apreciado”.

La confianza del sector agropecuario en la Argentina alcanzó en marzo de 2026 su punto más elevado de los últimos nueve años, de acuerdo con el Índice de Confianza del Empresario Agropecuario (ICEA), elaborado a partir de la Encuesta CREA.

El estudio, refleja que tanto la percepción sobre las condiciones actuales, como las expectativas de futuro mantienen valores superiores al promedio histórico, aunque persisten focos de incertidumbre que condicionan la toma de decisiones, según difundió el Movimiento CREA, la red de productores que nuclea a más de 2.000 empresas agropecuarias y es una de las principales referencias técnicas del sector.

El ICEA trepó a 70 puntos en marzo de 2026, lo que representa una suba del 4,5% respecto de noviembre de 2025 y un 7,7% en términos interanuales. El promedio histórico del indicador es de 48 puntos, lo que ubica al indicador en uno de los puntos más altos de toda la serie relevada.

El impulso fundamental proviene de una mejora considerable en la evaluación de las condiciones presentes por parte del sector agroindustrial. El subíndice de Condiciones actuales creció hasta 65 puntos —un 13,8% más que en noviembre de 2025— y consolida la tendencia positiva iniciada a mediados de 2025.

Por su parte, el subíndice de Expectativas se ubicó en 75 puntos, manteniéndose en niveles superiores al promedio pero cediendo 2,5% en comparación con la medición previa, lo que sugiere un clima de mayor volatilidad e incertidumbre en el corto plazo.

La mejora del agro supera a la del contexto económico

El análisis por sectores revela dinámicas distintas. La percepción sobre la situación económica nacional experimentó una baja leve del 2,2% frente a noviembre de 2025, tras el repunte posterior a las elecciones de octubre de ese año, sin replicar los máximos alcanzados durante la actual administración.

En contraste, la valoración de la situación de la empresa mostró una mejora sustancial del 6,3%, alcanzando los 70 puntos, el registro más alto desde marzo de 2017. El subíndice de Situación del sector agropecuario evidenció un crecimiento del 11,8% frente a la medición previa y del 31,6% interanual.

Según el relevamiento, la mejora se explica por mejores expectativas de precios y por una mayor predisposición a invertir, especialmente en el rubro ganadero.

Este último segmento exhibe un diferencial importante: el 82% de los empresarios exclusivamente ganaderos considera actualmente que es un buen momento para invertir, mientras que solo el 28% en agricultura y el 19% en lechería comparten esa percepción.

Esta brecha destaca el dinamismo particular del sector ganadero en el actual contexto. La industria está impulsada por altos valores en el mercado internacional y por una recuperación en los precios en el negocio local. La mayor demanda prevista, en parte, por los acuerdos entre la Argentina y Estados Unidos y la esperanza de una mejora en los pedidos por parte de Asia -especialmente, China- y Europa, también mejora las proyecciones del sector ganadero argentino.

Volatilidad y recuperación

El recorrido del ICEA y sus subíndices entre noviembre de 2012 y marzo de 2026 registra varias fases marcadas. Hasta 2016, las líneas de confianza muestran un crecimiento sostenido, con un pico relevante ese año. Posteriormente, se verifica una caída abrupta que se extiende hasta mediados de 2017, una leve recomposición hacia 2018 y una recaída durante el bienio 2019-2021, donde predominan valores bajos y alta volatilidad.

A partir de 2022, las mediciones del ICEA señalan una recuperación gradual, con especial énfasis en las expectativas de futuro y la confianza general; las condiciones actuales también mejoran, aunque a un ritmo moderado. Para marzo de 2026, todos los indicadores (ICEA, condiciones presentes y futuras) se sitúan claramente por encima de su promedio histórico, confirmando una percepción de mejora tanto en el presente como en las proyecciones a futuro.

El recorrido del ICEA entre 2012 y marzo de 2026 muestra varias etapas bien marcadas. Tras una mejora sostenida hasta 2016, cuando se alcanzó uno de los picos más altos de la serie, la confianza cayó con fuerza y se mantuvo débil hasta 2021, con alta volatilidad y valores bajos. Desde 2022 comenzó una recuperación gradual que se fue consolidando durante 2025 y que en marzo de 2026 ubica tanto el índice general como los subíndices de condiciones actuales y expectativas claramente por encima del promedio histórico.

Al mismo tiempo, la percepción sobre la situación del país sigue siendo la más inestable, mientras que la evaluación sobre las empresas y el sector agropecuario muestra una mejora más sostenida.

Durante marzo, las empresas del sector agropecuario liquidaron divisas por un total de USD 2.032 millones. Este monto reflejó un aumento del 57% en relación a lo registrado en febrero, cuando el flujo de ingresos resultó sensiblemente menor. Con respecto al mismo mes de 2025, el incremento en la liquidación fue del 8%.

Son datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas.

El acumulado anual alcanzó los USD 5.172 millones, aunque, al compararlo con igual periodo de 2025, se observa una caída interanual del 15% en los ingresos generados por la actividad agroexportadora.

“El mes de marzo se caracterizó por un crecimiento de arribo de camiones de maíz y embarques de trigo y maíz sumados a harina y aceite de soja, junto al inicio de la campaña de girasol”, explicaron.

Durante 2026, el sector agropecuario argentino prevé aportar USD 34.530 millones al Mercado Libre de Cambios (MULC), según proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Esta previsión se da en el marco de una cosecha que alcanzaría niveles récord por la mejora en las condiciones climáticas, aunque el monto estimado resulta similar al registrado el año anterior.

Las proyecciones para la campaña 2025/26 anticipan una producción total de 158 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 14% respecto al ciclo previo. Emilce Terré, economista de la BCR, indicó que este ciclo marca una notable recuperación tras varios años afectados por dificultades climáticas.

El incremento responde principalmente a mejores rendimientos y a la recuperación de la producción en varios cultivos estratégicos. Entre los cultivos con mayor aporte se encuentran el trigo, con 29,5 millones de toneladas; el maíz, con 62 millones; y el girasol, con 6,6 millones, el mayor registro en lo que va del siglo.

En el caso de la soja, la producción rondaría los 48 millones de toneladas, una cifra inferior a sus picos históricos debido a una reducción en la superficie sembrada, aunque con un rendimiento superior al alcanzado en la campaña anterior.

El fenómeno expone una particularidad: el crecimiento en la producción de granos y la recuperación transitoria de los precios internacionales no se verían reflejados en un incremento equivalente en la liquidación de divisas, debido a distintos factores.

Entre los elementos que limitan ese crecimiento, uno de los más recientes es el conflicto en Medio Oriente. El aumento de la tensión en la zona del Estrecho de Ormuz, vía por la que se transporta cerca de un tercio del petróleo global, elevó los costos del transporte internacional, lo que atenúa el efecto positivo de la suba productiva sobre los ingresos por exportaciones.

Vale mencionar que un informe de la Sociedad Rural (SRA) señaló que el conflicto en Medio Oriente provocó un aumento considerable de los costos totales de producción agrícola en Argentina, impulsado principalmente por la suba del precio del gasoil y de los fertilizantes nitrogenados.

Estos incrementos generaron un encarecimiento de entre 9,5% y 11% en los costos de producción, dependiendo de la distancia a puerto, afectando especialmente a los establecimientos más alejados. El impacto podría ampliarse si el conflicto se prolonga, trasladando la presión sobre los márgenes agrícolas en la próxima campaña.

Además, la misma entidad insistió en la necesidad de avanzar en la eliminación de los derechos de exportación, luego de que las proyecciones oficiales situaran las exportaciones agropecuarias en hasta USD 42.000 millones para 2026. La entidad sostuvo que el sector responde con inversiones, mayor producción y generación de empleo cuando existen reglas claras y una menor presión tributaria.

Según la SRA, estos resultados reflejan el impacto favorable de la reducción de aranceles para la importación de insumos y bienes de capital, y subrayó que el sector reaccionó de forma inmediata a los incentivos fiscales.

La actividad económica en Argentina mostró en febrero una leve recuperación mensual del 0,3%, marcando el tercer incremento consecutivo, según el Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica (ICA-ARG), elaborado de manera conjunta por la Bolsas de Comercio de Rosario y de Santa Fe, a través del Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEc). Sin embargo, en la comparación interanual se registra una caída del 1,0%, en un contexto donde la base de comparación corresponde a niveles elevados del año pasado.

Escenario heterogéneo

El escenario reciente se caracteriza por una marcada heterogeneidad: mientras algunos sectores exhiben mejoras, otros continúan en retroceso. Entre los datos positivos se destaca el dinamismo del agro, junto con una incipiente recuperación industrial y repuntes en variables como importaciones, patentamientos y recaudación. En contraste, persisten caídas en ventas minoristas y empleo registrado.

En términos generales, seis de los diez indicadores que componen el índice mostraron variaciones mensuales positivas, aunque la mayoría se mantiene por debajo de los niveles de febrero de 2025. La excepción es el sector agrícola, que continúa consolidándose como uno de los principales motores de la actividad.

Girasol imparable

El desempeño del agro volvió a sobresalir con un crecimiento mensual del 1,7%, superando incluso el récord del mes previo. La cosecha de girasol avanza hacia la mayor producción del siglo, mientras que el maíz comienza a recolectarse con estimaciones históricas. En términos interanuales, el sector se ubica 28,2% por encima del año pasado.

La industria, por su parte, mantiene una recuperación gradual con una suba mensual del 0,5%, aunque acumula siete meses consecutivos de caída interanual, con un retroceso del 3,1%. La construcción, en tanto, volvió a caer un 0,3% en febrero y continúa mostrando un comportamiento errático, sin lograr consolidar una tendencia sostenida.

En el frente externo, las importaciones registraron un repunte del 1,1% tras cuatro meses de caídas, aunque siguen 6,7% por debajo del nivel interanual. Las exportaciones, en cambio, descendieron por tercer mes consecutivo, afectando levemente la balanza comercial, que se mantiene en terreno positivo.

Ventas minoristas en baja

El consumo interno continúa debilitado. Las ventas minoristas cayeron 0,5% en febrero y acumulan un deterioro interanual del 8,3%, con bajas generalizadas en supermercados, mayoristas y shoppings. Solo se destaca un repunte en electrodomésticos y artículos para el hogar.

En el mercado laboral, la situación sigue siendo contractiva. El empleo registrado privado cayó 0,04% mensual y 1,6% interanual, lo que implica alrededor de cien mil puestos formales menos que un año atrás. A su vez, los salarios mostraron una leve mejora mensual del 1,2%, aunque aún se ubican 1,9% por debajo en términos interanuales.

De cara al futuro, si bien la economía muestra señales de recuperación apoyadas en la estabilidad cambiaria y la baja de tasas, persisten riesgos relevantes. La posible escalada del conflicto en Medio Oriente podría generar mayores ingresos por exportaciones, pero también presiones inflacionarias y un encarecimiento de la energía, configurando un escenario de incertidumbre para la evolución económica.

La escalada bélica que inició hace poco más de un mes en Medio Oriente ya comenzó a provocar un aumento de costos en la producción agrícola argentina, con un impacto inmediato sobre dos insumos clave: el gasoil y los fertilizantes. Según un informe de la Sociedad Rural Argentina (SRA), si las condiciones actuales persisten, el aumento acumulado de estos recursos encarecerá hasta 11% los costos de la próxima campaña agrícola.

El principal canal de transmisión del shock internacional para el campo argentino es el gasoil, que afecta dos rubros clave: la cosecha y el transporte de granos a los puertos. La SRA calcula que el gasoil representa en promedio el 15% del costo total de cosecha, de modo que el aumento acumulado de 22% en el precio del combustible desde el inicio del conflicto encarecería la recolección en un 3,3 por ciento.

En el área logística, el gasoil constituye aproximadamente un tercio del costo del transporte automotor de cargas. Por ello, el alza ya se traduce en subas de entre 6% y 7% en los costos de flete agrícola. Considerando un establecimiento situado a 300 kilómetros del puerto, el informe precisa que el costo de transporte de granos ascendió de USD 35 por tonelada a USD 38, mientras que para 800 kilómetros el costo creció de USD 61 a USD 65, y para 1.100 kilómetros subió de USD 70 a USD 75 por tonelada.

Mientras el mayor impacto del gasoil se concentra en el flete y la cosecha, la suba del precio de la urea suma alrededor de USD 39 por hectárea al costo total. El informe precisa que el efecto combinado de ambos insumos sumará aproximadamente USD 58 adicionales por hectárea respecto al escenario de costos de dos meses atrás.

La suba de insumos y la campaña fina 2026/27

El encarecimiento simultáneo del gasoil y la urea comienza a configurar una nueva ecuación de costos productivos para la próxima campaña agrícola. Si la tendencia se mantiene, la entidad nacional del campo estima que el costo total de producción de trigo en la campaña fina 2026/27 se incrementará un 9,5% en campos ubicados a 300 kilómetros del puerto, y hasta un 11% en establecimientos a más de 600 kilómetros.

El impacto es más agudo en cultivos cuyo valor por tonelada es menor y tienen mayor dependencia logística: para maíz y trigo, el transporte puede representar hasta 22% del precio de venta recibido por el productor, frente al 11% en el caso de la soja.

El informe también plantea que el impacto no será igual si el conflicto se extiende en el tiempo. En el corto plazo, el efecto se concentra en el aumento del costo del gasoil y en la cosecha y el transporte de la campaña gruesa 2025/26, mientras que los fertilizantes todavía muestran un impacto más acotado.

En tanto, si la tensión se mantiene durante los próximos meses, el golpe empezará a sentirse con mayor claridad en los números de la campaña fina 2026/27, especialmente por la suba sostenida del nitrógeno y el encarecimiento gradual de los fosfatos.

En un escenario más prolongado, el informe advierte que el impacto sería aún más profundo: el mercado internacional de fertilizantes podría ajustarse por completo, aumentarían los costos marítimos y se sumaría una presión adicional sobre los márgenes agrícolas.

Esta situación se da, además, en medio de una campaña que se perfila como una de las más grandes de los últimos años. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el campo argentino proyecta ingresar unos USD 34.530 millones al Mercado Libre de Cambios (MLC) durante 2026, una cifra muy similar a la del año pasado pese al fuerte aumento esperado en la producción de granos.

La explicación está, en parte, en el nuevo escenario internacional: el encarecimiento del transporte marítimo, el aumento de los costos logísticos y la suba del petróleo moderan el impacto positivo de una cosecha récord sobre los ingresos por exportaciones.

El impacto internacional

Desde el estallido del conflicto, el precio internacional del petróleo subió más del 40%, mientras que la urea —principal fertilizante utilizado en el país— experimentó un alza del 42% en el mercado local. El informe de la SRA puntualiza que el gasoil grado 2 en la Argentina registró incrementos del 22% en el mismo periodo, lo que arrojó una suba paralela en los costos logísticos, un componente estructuralmente central para el sector.

La tradicional entidad que representa a productores y empresarios del campo atribuye el shock directo en los precios al efecto que el conflicto ejerce sobre el Estrecho de Ormuz, por donde transita el 25% del comercio petrolero global. La reducción del tráfico marítimo en la zona incrementó el riesgo logístico y los costos del transporte de hidrocarburos, repercutiendo de inmediato en los precios del insumo base que sostiene la maquinaria y la logística agropecuaria argentina.

El informe destaca que en las primeras tres semanas del conflicto el incremento del barril de petróleo llegó a oscilar entre 42% y 50%. En el mercado local, el gasoil grado 2 se elevó de $1.775 a $2.166 por litro, lo que representa un incremento del 22 por ciento.

En el mercado internacional, la urea aumentó 36% en apenas tres semanas. Sin embargo, el mercado argentino reflejó un salto aún mayor: la tonelada pasó de USD 530 a USD 750, un aumento del 42%. Según la SRA, estas alzas no solo incorporan el efecto internacional, sino también ajustes logísticos, recomposición de precios internos y variaciones en la disponibilidad local.

Al analizar la dinámica del agro, hay un factor que muchas veces queda en segundo plano pero resulta determinante: la logística de la maquinaria agrícola. El movimiento de equipos de gran porte no solo requiere una planificación precisa, sino que además condiciona los tiempos productivos y la eficiencia de toda la operación.

En un contexto donde las ventanas de siembra y cosecha son cada vez más ajustadas, la coordinación logística se vuelve un componente crítico. A diferencia de otros segmentos, el traslado de maquinaria agrícola implica operar con unidades sobredimensionadas, lo que introduce restricciones específicas en términos de circulación, permisos y tiempos de traslado. Esto obliga a las empresas a trabajar con esquemas logísticos que integren variables técnicas, normativas y operativas, con un alto grado de anticipación.

Planificación y ventanas operativas

Uno de los principales desafíos de esta logística está vinculado a la estacionalidad. Las campañas agrícolas imponen plazos estrictos, donde cualquier desvío puede generar impactos en el rendimiento productivo. En este sentido, la logística deja de ser un soporte para convertirse en un factor que incide directamente en el resultado.

La necesidad de movilizar maquinaria entre distintas zonas productivas en períodos muy acotados exige una sincronización precisa entre disponibilidad de equipos, transporte y condiciones operativas. Esto implica definir rutas, gestionar tiempos de carga y descarga, y prever contingencias que puedan afectar la operación.

Además, la planificación debe contemplar la variabilidad de la demanda. En momentos pico, la presión sobre la disponibilidad de transporte y recursos logísticos aumenta, lo que puede generar cuellos de botella si no se anticipan correctamente.

Transporte especial y restricciones operativas

El traslado de maquinaria agrícola se encuadra dentro de las cargas especiales, lo que implica la necesidad de gestionar permisos viales, escoltas y condiciones específicas de circulación. Estas restricciones no solo afectan los tiempos de traslado, sino que también condicionan las rutas disponibles.

En muchos casos, los movimientos deben realizarse en horarios determinados o con limitaciones de velocidad, lo que incrementa la complejidad operativa. A esto se suma la necesidad de garantizar la seguridad en todo el recorrido, tanto para la carga como para terceros.

La infraestructura también juega un rol clave. El estado de las rutas, la disponibilidad de caminos alternativos y las condiciones climáticas pueden alterar la planificación original. Por eso, la logística de este tipo de operaciones requiere una lectura constante del entorno y capacidad de adaptación en tiempo real.

Impacto en costos y eficiencia

La complejidad operativa del traslado de maquinaria tiene un impacto directo en la estructura de costos. Factores como la distancia, los tiempos de espera, la gestión de permisos y las restricciones de circulación inciden en el costo final del transporte.

En este contexto, la eficiencia logística se vuelve determinante. Optimizar recorridos, reducir tiempos improductivos y mejorar la utilización de los recursos son variables clave para sostener la competitividad. La gestión eficiente de estos procesos permite no solo reducir costos, sino también mejorar la previsibilidad de la operación.

Al mismo tiempo, la falta de coordinación puede generar demoras que impactan en toda la cadena productiva. Un equipo que no llega a tiempo puede retrasar tareas críticas, afectando rendimientos y generando costos adicionales.

Integración con el comercio exterior

La logística de maquinaria agrícola también tiene una dimensión vinculada al comercio exterior. Tanto la importación de equipos como la exportación de maquinaria requieren una coordinación que combine transporte interno, operaciones portuarias y gestión aduanera.

En estos casos, la planificación adquiere un nivel adicional de complejidad, ya que se deben integrar tiempos logísticos con procesos documentales y regulatorios. La articulación entre actores resulta fundamental para evitar demoras y asegurar la continuidad de la operación.

Además, la localización de los puertos y centros logísticos respecto de las zonas productivas introduce desafíos adicionales en términos de transporte terrestre, especialmente cuando se trata de equipos de gran porte.

En definitiva, la logística de la maquinaria agrícola no es solo un componente operativo, sino un factor estratégico que incide en la productividad del agro. La capacidad de anticiparse, coordinar recursos y adaptarse a un entorno cambiante define el desempeño de una cadena que depende, en gran medida, de que todo funcione en el momento justo.

En la antesala del comienzo de la cosecha gruesa, la Sociedad Rural Argentina (SRA) reiteró el pedido de avanzar hacia la eliminación de los derechos de exportación tras las previsiones oficiales que proyectan exportaciones agropecuarias por hasta USD 42.000 millones en 2026.

A través de un comunicado, la entidad rural valoró el impacto de las recientes medidas fiscales y aseguró que el “campo argentino responde con inversión, producción y generación de empleo ante señales claras de reglas previsibles y reducción de la carga impositiva”.

La proyección difundida por el Ministerio de Economía estima un ingreso adicional de 8.700 millones de dólares respecto al año anterior, una mejora que el ministro Luis Caputo asoció con la recuperación del sector agropecuario como motor del crecimiento económico.

Para la SRA, este desempeño evidencia el efecto positivo de la baja de aranceles a la importación de insumos y bienes de capital, al tiempo que remarcó que “la actividad respondió de manera inmediata” a los incentivos de reducción impositiva.

En el contexto internacional, el comunicado de la SRA advirtió que los productores argentinos enfrentan “costos de guerra”. Entre los factores que limitan la competitividad mencionó el fuerte aumento de insumos críticos, como la Urea, que subió más del 50%, y el impacto del precio del combustible en la logística local.

Por otra parte, la organización rural reclamó transformar el alivio fiscal en un proceso “sostenido” y reiteró el pedido para “avanzar con firmeza hacia un cronograma de eliminación definitiva de los Derechos de Exportación (DEX)”, al considerar que su continuidad “actúa como un techo al desarrollo pleno de las fuerzas productivas”.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, expresó: “Celebramos que el país reciba estos miles de millones adicionales, pero hoy el esfuerzo del que arriesga se agota en cubrir costos récord y presión fiscal. El campo ya demostró que, con previsibilidad, responde. La eliminación de las retenciones será el acelerador definitivo para que la Argentina exprese su máximo potencial agroindustrial y supere el déficit mediante la actividad y no la asfixia”.

Por último, la SRA planteó que el país atraviesa “una oportunidad histórica” y sostuvo que una menor carga fiscal “no solo incentiva la inversión y la tecnología, sino que amplía la base imponible, generando mayores ingresos para el Estado de manera sana y genuina vía Ganancias e IVA”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había destacado la respuesta del sector agropecuario ante la reducción de impuestos aplicada en los últimos meses. “Todos hablamos del potencial de la energía y la minería, pero pocos reparan en la extraordinaria reacción de nuestros productores agropecuarios a las bajas de impuestos que hemos hecho a las exportaciones (retenciones) e importaciones (aranceles a bienes de capital, herbicidas, equipos de riego, permiso para importar maquinaria usada, etc)”, afirmó en su cuenta oficial de X.

Caputo señaló que la inversión en el campo se incrementó notablemente y que la producción apunta a niveles históricos. “Así, subió fuertemente la inversión y la producción apunta a una cosecha récord para este año”, sostuvo. El ministro estimó que “en un escenario conservador, las exportaciones aumentarían en 3.700 millones de dólares con respecto al año pasado”, aunque aclaró que, de mantenerse el impulso actual, “las exportaciones treparían a casi 42 mil millones de dólares. Esto es 8.700 millones más que el año pasado”.

“El agro está en un boom absoluto y va a ser, como siempre, un motor clave para el crecimiento económico en los próximos años”, concluyó el funcionario nacional.

Estimaciones privadas

La supresión de los derechos de exportación en el agro permitiría modificar en profundidad la estructura productiva argentina, con una expansión proyectada del 90% en los próximos diez años y la chance de que el sector alcance hasta el 45% del Producto Interno Bruto (PIB).

Este avance consolidaría al agro como principal fuente de divisas y motor estructural de la economía nacional, siempre que se acompañe con inversiones en infraestructura y tecnología, de acuerdo con un análisis elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y el IAE Business School.

Según el informe, que utiliza el modelo Agmemod y fue realizado junto a la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción podría llegar a los 251 millones de toneladas en una década. Este salto productivo impactaría no solo en el incremento del aporte sectorial al PIB, sino también en un mayor ingreso de divisas, permitiendo financiar obras como la red vial nacional en un plazo de tres años, impulsado por el aumento de las exportaciones. Para la campaña 2025/26, se proyecta una cosecha fina de 27,7 millones de toneladas (con ingresos superiores a USD 4.500 millones) y una gruesa que rondaría las 154 millones de toneladas, generando entre USD 32.000 y 37.000 millones de dólares.

Hoy, el complejo agroindustrial explica el 23% del PIB argentino y cerca del 60% de las exportaciones, con los sectores oleaginoso y cerealero aportando el 45% del ingreso de divisas. El sector emplea al 18,7% de la fuerza laboral nacional, involucrando a 4,2 millones de personas en actividades que van desde la investigación hasta la logística y la comercialización, según el reporte presentado por Guillermo D’Andrea, Daniel Mamone y Ernesto Ruete Güemes (IAE Business School) y Bernardo Piazzardi (Universidad Austral).

En enero de 2026, la actividad económica mostró señales de recuperación. El estimador mensual de actividad económica (EMAE) avanzó 1,9% en la comparación interanual y 0,4% respecto de diciembre, según la medición desestacionalizada del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Diez de los sectores relevados presentaron incrementos en el primer mes del año. Entre ellos sobresalieron pesca, con una suba de 50,8% interanual, y agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 25,1 por ciento. Este último sector resultó el de mayor impacto positivo sobre el EMAE, seguido por explotación de minas y canteras, que aumentó 9,6 por ciento. Ambos rubros aportaron 1,7 puntos porcentuales al crecimiento interanual del indicador.

En contraste, cinco sectores reflejaron bajas frente a enero del año pasado. Comercio mayorista, minorista y reparaciones retrocedió 3,2%, electricidad, gas y agua cayó 3%, industria manufacturera disminuyó 2,6% y administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, se redujo 1,6 por ciento. Estos sectores restaron en conjunto 0,9 puntos porcentuales a la variación anual del EMAE.

El ministro de Economía, Luis Caputo, apeló a su cuenta oficial de X para señalar que en enero, el EMAE “alcanzó un nuevo máximo histórico, tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia-ciclo”.

Por su parte, Martín Vauthier, director del BICE e integrante del equipo económico, consideró que “la actividad continúa creciendo y en enero se ubicó en un nuevo máximo histórico”. “Desde 2024, la economía crece y la inflación baja, con corrección de precios relativos, disminución de impuestos y eliminación de trabas y regulaciones innecesarias”, sumó en X.

Qué pasó en 2025

La economía argentina registró una expansión del 4,4% durante 2025, de acuerdo con cifras publicadas por el Indec. Este desempeño resulta significativo para el Ejecutivo, que apuesta por una recuperación en 2026, luego de dos años iniciales caracterizados por la implementación de políticas de ajuste fiscal y el objetivo de contener la inflación.

El avance anual del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 se atribuyó al incremento del consumo privado (7,9%), del consumo público (0,2%), de las exportaciones (7,6%) y de la inversión (formación bruta de capital fijo) que subió 16,4 por ciento.

En el análisis sectorial, intermediación financiera lideró las subas con un alza interanual de 24,7%, seguida por explotación de minas y canteras (8,0%) y hoteles y restaurantes (7,4%). Agricultura, ganadería, caza y silvicultura ocupó el cuarto puesto (6,2%), mientras que la construcción avanzó 4,3 por ciento.

Por otro lado, la pesca sufrió un descenso de 15,2% en términos interanuales y el rubro hogares privados con servicio doméstico retrocedió 1,1% respecto de 2024. También se observaron bajas en servicios sociales y de salud (-0,2%) y en administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1%).

En el cuarto trimestre de 2025, el PIB creció 0,6% en términos desestacionalizados en comparación con el trimestre previo. En el desglose de la demanda, las exportaciones se incrementaron 5,0% y el consumo privado avanzó 1,7%, ambos en la medición trimestral desestacionalizada. Por el contrario, el consumo público bajó 1,0% y la inversión (formación bruta de capital fijo) retrocedió 2,8 por ciento.

Al comparar con igual período de 2024, la actividad económica registró una expansión de 2,1% en el cuarto trimestre. Dentro de los componentes de la demanda, las exportaciones encabezaron las subas con un aumento de 10,9% respecto del mismo trimestre del año anterior. Entre los sectores productivos, sobresalieron las mejoras en intermediación financiera (17,2% interanual), agricultura, ganadería, caza y silvicultura (16,1%) y pesca (10,6%).

Cómo sigue en febrero

El relevamiento de Qualy Consultora para enero y febrero mostró un comportamiento parecido. La economía registró avances en el primer bimestre, aunque el mayor dinamismo se concentró en la agroindustria y el comercio exterior. El consumo interno y los sectores industriales tradicionales exhibieron un repunte más moderado o incluso retrocesos en ciertos rubros.

En febrero, la industria automotriz aumentó su producción 41,1% respecto al mes anterior, según los datos de Qualy. No obstante, frente a febrero de 2025, se observó una baja de 30,1%. Las ventas nacionales de vehículos descendieron 19,9% en la comparación mensual y 45,9% en términos interanuales. En contraste, los patentamientos de motos subieron 4,4% respecto a enero y 70,4% en la comparación interanual.

El sector de la construcción mantuvo cifras negativas: el índice de insumos para la construcción, desestacionalizado, disminuyó 1,2% frente a enero y 1,6% respecto de febrero del año anterior. Los despachos de cemento al mercado interno bajaron 11,6% en el mes y 5,3% en la comparación interanual.

En el comercio minorista de pequeñas y medianas empresas, el índice subió 2,6% en febrero respecto al mes previo, pero descendió 5,7% frente a igual mes de 2025. El acumulado anual arrojó una contracción de 5,2%. El consumo en comercios de cercanía se mantuvo limitado, con los hogares privilegiando la adquisición de bienes esenciales y una merma en las ventas de productos durables.

Javier Milei volvió a criticar a empresarios argentinos, generó aplausos y partió a Chile, donde hoy participará de la ceremonia de asunción de José Antonio Katz. El Presidente cargó otra vez contra Paolo Rocca (Techint) y Javier Madanes Quintanilla (Aluar), esta vez con nombre y apellido, desde el atril del headquarters de JP Morgan, a metros de la imponente Grand Central Terminal, en el Midtown de esta ciudad. Allí se desarrolló la primera jornada del Argentina Week.

Milei acusó a los empresarios de explotar durante años un sistema de beneficios otorgados por el Estado y reiteró que “quienes defienden la industria nacional son unos chorros”. En el auditorio hubo voces a favor, pero también otros a los cuales no les gustó el tono, como destacó ayer Infobae. Como sea, el aplauso al mandatario fue cerrado.

Sin dudas el que peor la pasó fue Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), quien estaba sentado a pocos metros del mandatario. Rocca pisa fuerte en la UIA, quizá como ningún otro hombre de negocios. Al menos por el momento, Rappallini prefirió no hablar del tema. En la previa le dijo a este medio que esperaba que con el evento se empezara a plasmar un “trabajo conjunto con el sector público”. No parece ser el caso: no al menos con un sector del empresariado.

Si bien aquí toda la temática tiene que ver con la economía y las inversiones, mañana, en el Bank of America (BofA), frente al Bryant Park, será el día “eco” por excelencia.

Luis “Toto” Caputo ocupará la centralidad: tendrá la apertura de la jornada y luego hablará de “Economía y Mercado de Capitales”, junto a Santiago Bausili, presidente del BCRA, y serán moderados por los anfitriones Facundo Gómez Minujín (JP Morgan) y Sebastián Loketek (BofA). Se espera que el titular del Palacio de Hacienda enumere logros y “que hable de beneficios para inversores, además de RIGI, y temas financieros sobre la estrategia de financiamiento del Gobierno”, como pidió ayer uno de los asistentes al evento.

También disertará Federico Sturzenegger, y habrá paneles destacados de tecnología (con el nuevo CEO de Mercado Libre); banca, con Juan Parma (Macro), Diego Rivas (Galicia) y Gustavo Manríquez (Supervielle); y Energía, con un panel con Horacio Marín (YPF), Marcos Bulgheroni (PAE) Marcelo Mindlin (Pampa Energía), quien también hará un anunció de una de sus empresas, TGS; y una charla entre Alejandro Bulgheroni, presidente de PAE, y Daniel González, Coordinador de Energía y Minería del gobierno.

Se hablará de agro con la presencia de Juan Farinatti (Bayer) e Ignacio Bartolomé (GDM). Se espera además que ambos, cabezas de los mayores productores de semillas del país, tengan al mediodía un encuentro privado con gobernadores, legisladores y Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción, en el marco del tratamiento legislativo del convenio UPOV91, un reclamo histórico de empresas del sector que buscan reforzar la protección de la propiedad intelectual de las semillas. Se trata de un tema sensible que también es parte del Acuerdo Comercial con EEUU y que el Gobierno anunció que atendería.

Día 1

Ayer martes, además de los temas que destacó Infobae -como los elogios de Jamie Dimon, las palabras de los número 1 de los entes de financiamiento externo de EEUU, DFC y Exim Bank, y la disertación del historiador Niall Ferguson-, sobresalieron dos paneles.

El primero fue con CEOs globales y estuvo moderado por Martín Varsavsky. Jim Fitterling, CEO de Dow, subrayó la importancia de la industria química y energética en el desarrollo económico de Argentina, destacando la evolución de Vaca Muerta y la transformación del país de importador a potencial exportador de gas. También planteó que la reducción de barreras regulatorias y la modernización financiera serán claves para atraer nuevas inversiones a largo plazo.

Lynn Martin, presidenta del NYSE, por su parte, sostuvo que un entorno regulatorio equilibrado —sin exceso de restricciones— resulta esencial para que los ahorros privados se transformen en inversiones productivas. Y Andrew Macdonald, vicepresidente de Uber, relató la experiencia de la compañía en Argentina, desde los obstáculos regulatorios y económicos de los primeros años hasta su actual expansión, que incluye operaciones en la mayoría de las provincias y el relanzamiento de Uber Eats.

En el cierre, los panelistas coincidieron en señalar la importancia de la apertura internacional y las alianzas estratégicas, especialmente con Estados Unidos, para el desarrollo del país. “La cooperación global, la desregulación y la estabilidad de reglas son factores decisivos para promover la llegada de inversiones y el crecimiento sostenido”, aseguraron.

El otro panel destacado estuvo a cargo de Mark Nelson, vicepresidente de Chevron, y el foco fue Vaca Muerta. Nelson felicitó al Gobierno por las reformas orientadas a la estabilidad macroeconómica y subrayó que “las inversiones energéticas a largo plazo dependen no solo de la calidad de los recursos, sino también de la estabilidad regulatoria y la competitividad de costos”.

En el cierre, Nelson aseguró: “Creemos en los recursos de Argentina, en su gente y en el papel a largo plazo de Argentina en los mercados energéticos globales”. Remarcó que la estabilidad macroeconómica y regulatoria es clave para convertir el impulso actual en inversiones sostenidas y proyectó que, con ese marco, el país tiene “una oportunidad única de ampliar su sector energético de manera responsable y sostenible”.

Hubo también un anuncio de inversión. La tech Salesforce comunicó un acuerdo estratégico con el Gobierno nacional. El monto no se hizo público, pero está enmarcado dentro del plan de desembolso de USD 500 millones para el país que se anunció en el último Foro de Davos.

Es para “acelerar la eficiencia del Estado, fortalecer la competitividad del sector productivo y promover el talento digital en el país mediante el uso de la Inteligencia Artificial” y lo firmaron Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, y por la empresa, Alejandro Anderlic, Director de Asuntos Gubernamentales y Externos para la región y Silvia Tenazinha, country manager local.

¿Habrá más anuncios similares antes del cierre de Argentina Week?

El suceso, que expone la escala que está alcanzando el abigeato organizado en el país, rápidamente generó un operativo de búsqueda, tanto por el volumen de hacienda sustraída, como por la complejidad logística que implica movilizar casi doscientas cabezas de ganado sin ser detectado. Según detalló el propio Riboldi, el perjuicio económico supera los $300 millones.

De acuerdo con los datos que dio a conocer el productor, el lote robado estaba compuesto por 100 machos —entre novillos y novillitos— y 90 vaquillonas de razas angus negras y coloradas. Se trataba de animales listos para producción, lo que aumenta el impacto económico y también la probabilidad de que hayan sido trasladados rápidamente para su venta o faena clandestina.

El caso llamó la atención dentro del sector no solo por el volumen del robo, sino también por el lugar en el que ocurrió. El establecimiento está ubicado en una zona productiva muy activa, rodeada de empresas, concesionarios de maquinaria agrícola y movimiento constante de camiones, lo que vuelve todavía más llamativo que un traslado de esa magnitud haya podido concretarse sin controles efectivos.

Según explicó el propio Riboldi en diversos videos que subió a su cuenta de Instagram, para concretar una maniobra de ese tamaño fue necesario contar con infraestructura específica, como corrales de encierre, mangas aptas para el movimiento de hacienda y varios camiones jaula. El traslado de 190 animales no se resuelve en pocos minutos y requiere planificación, organización y conocimiento del funcionamiento del circuito ganadero.

El productor también advirtió sobre las debilidades en los controles en caminos rurales y en la fiscalización de guías y marcas, un problema que aqueja a distintas entidades del sector desde hace años. En ese contexto, el caso volvió a poner en discusión el avance del abigeato organizado y la falta de herramientas para prevenir este tipo de delitos.

La repercusión del episodio fue aún mayor porque Riboldi no es un productor tradicional. Se trata de uno de los creadores de contenido más conocidos del mundo agro en la Argentina, con una comunidad que supera los 3 millones de seguidores entre sus cuentas de Instagram y TikTok.

Su propuesta en redes sociales se basa en explicar situaciones del campo para público urbano, con videos breves y contenidos pedagógicos que buscan acercar la realidad productiva a quienes no tienen vínculo directo con el sector. En ese contexto, el video en el que denunció el robo se viralizó rápidamente y superó las 3,5 millones de visualizaciones en pocas horas.

La repercusión fue inmediata y generó cientos de mensajes de personas que intentaron aportar información o difundir el caso. También hubo una fuerte reacción dentro del sector agropecuario, donde el episodio fue interpretado como una señal de alerta por la escala que están alcanzando este tipo de delitos.

El robo de casi doscientas cabezas de ganado no solo representa una pérdida económica significativa, sino también un golpe operativo que puede afectar el funcionamiento del establecimiento durante meses. La reposición de animales, los costos productivos y la pérdida de capital generan un impacto que va mucho más allá del monto inicial.

El caso volvió a poner en foco la vulnerabilidad que enfrentan muchos productores en distintas zonas del país. Mientras continúa la búsqueda de los animales y la investigación para determinar cómo se concretó el robo, el episodio expone una problemática que el sector viene denunciando desde hace tiempo: el crecimiento del abigeato organizado y la dificultad para controlar los movimientos de hacienda en zonas rurales.

Murió Carlos Guerrero, uno de los referentes históricos de la ganadería argentina y figura clave del mejoramiento genético bovino en el país. Formaba parte de la familia que introdujo la raza Angus en 1879, hoy la base de la carne premium argentina reconocida a nivel mundial.

La noticia fue confirmada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), entidad que lo despidió con un mensaje en su cuenta de X y destacó el legado de una familia que cambió el rumbo de la producción de carne en el país durante más de un siglo.

El origen de la historia de Guerrero se remonta a fines del siglo XIX. En 1879, Carlos Francisco Guerrero Cueto introdujo en el país los primeros ejemplares de la raza Angus. Tenía 32 años cuando llevó tres animales —el toro Virtuoso y las vaquillonas Aunt Lee y Cinderella— a su establecimiento en la localidad bonaerense de General Madariaga.

Aunque otros estancieros habían traído ejemplares algunos años antes, fueron los de Guerrero los que quedaron registrados oficialmente y marcaron el inicio real de la raza en el país. Hoy están entre los animales más caros de la ganadería argentina: un toro reproductor puede valer en promedio unos $10 millones, aunque los campeones superan los $40 millones y en remates excepcionales llegaron a pagarse hasta 115 millones de pesos.

Sin embargo, en esos primeros años, el Angus no fue bien recibido. Muchos productores consideraban que esos animales, más chicos que otras razas, no iban a funcionar como ganado de carne e incluso fueron vistos como una rareza. Sin embargo, con el paso del tiempo la raza empezó a ganar terreno y en 1881 debutó en la Exposición Rural de Palermo. Ese momento marcó el inicio de un proceso que terminaría cambiando la genética ganadera argentina.

Con los años, el Angus pasó de ser una apuesta discutida a convertirse en la raza dominante. Hoy se estima que más del 55% del ganado argentino es Angus y que, si se suman los cruces, más del 70% de la genética bovina del país tiene origen en esa raza. Además, es la más valorada por frigoríficos, exportadores y restaurantes porque produce carne más tierna y con mayor nivel de grasa infiltrada, lo que mejora el sabor y la calidad final del producto.

La familia Guerrero mantuvo viva esa tradición a través de la cabaña Charles de Guerrero. Durante décadas, la presencia de la familia en la pista central de la Exposición Rural se convirtió en una imagen habitual, con numerosos premios obtenidos por sus animales y una fuerte participación en el desarrollo de la raza en el país.

El trabajo de la familia siempre estuvo enfocado en mejorar la genética. El objetivo fue producir animales más eficientes y con carne de mayor calidad, un proceso que se fue transmitiendo de generación en generación y que terminó siendo uno de los pilares del crecimiento del sector ganadero argentino.

“Con profundo pesar despedimos a Carlos Guerrero, referente indiscutido de la ganadería argentina y protagonista de una historia familiar que forma parte del ADN productivo de nuestro país”, publicó la SRA en su cuenta oficial de X.

“Su legado se remonta a 1879, cuando Charles de Guerrero introdujo la raza Angus en la Argentina, dando origen a una de las cabañas más antiguas del mundo. Desde entonces, la familia Guerrero —a lo largo de generaciones— ha sostenido un compromiso inquebrantable con la mejora genética y la excelencia productiva, valores que Carlos honró y proyectó con dedicación y pasión", dice el texto de la entidad rural.

Guerrero se desempeñó como Secretario, Director de Registros Genealógicos, Vocal Titular, Vocal Suplente, Vocal de Distrito e integrante de la Comisión Revisora de Cuentas de la SRA. “Nunca vamos a olvidar la imponente presencia de la familia Guerrero en la pista central de Palermo, símbolo de una tradición de trabajo y excelencia, reflejada en los innumerables premios obtenidos a lo largo de los años. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de dolor, con el respeto y el reconocimiento a una vida dedicada al campo”.

Hoy la actividad sigue en manos de la séptima generación. Carlos José “Pepe” Pestalardo Guerrero, nieto del histórico referente, asumió la conducción de la cabaña y continúa el camino familiar, que incluye incluso la exportación de genética a Europa. Según explicó, la misión sigue siendo la misma: mejorar la genética de los animales para que cada vaca produzca carne de mayor calidad con menos recursos.

La eliminación de los derechos de exportación en el sector agroindustrial argentino podría transformar de manera drástica el perfil productivo nacional, con un crecimiento estimado del 90% para la próxima década y la posibilidad de elevar la participación sectorial hasta el 45% del Producto Bruto Interno. Ese salto permitiría al agro consolidarse como el eje central de la generación de divisas y el principal motor estructural de la economía, siempre que se logre avanzar en mejoras de infraestructura y modernización tecnológica, según un informe conjunto del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y el IAE Business School.

La proyección —basada en el modelo Agmemod e incorporada a un estudio colaborativo con la Bolsa de Comercio de Rosario— sostiene que la producción podría alcanzar las 251 millones de toneladas en diez años. Ese volumen impactaría no solo incrementando el aporte agropecuario al PIB, sino acelerando la generación de divisas y posibilitando, con el impulso de exportaciones, financiar la reconstrucción integral de la red vial nacional en apenas tres años. En la campaña 2025/26, se estima una cosecha fina de 27,7 millones de toneladas (más de USD 4.500 millones) y una gruesa de 154 millones de toneladas, cuyo ingreso rondaría entre USD 32.000 y 37.000 millones.

Actualmente, el complejo agroindustrial es responsable del 23% del PIB argentino y de cerca del 60% de las exportaciones totales, con los complejos oleaginosos y cerealeros explicando el 45% del ingreso de divisas. Además, el sector representa el 18,7% del empleo nacional, involucrando a 4,2 millones de personas desde la investigación hasta el transporte y la comercialización, según se detalla en el informe presentado por Guillermo D’Andrea, Daniel Mamone y Ernesto Ruete Güemes del IAE Business School, y Bernardo Piazzardi, del Centro de Agronegocios de la Universidad Austral.

Presión fiscal y déficit de competitividad

El informe sostiene que la competitividad argentina está severamente limitada por la presión fiscal impuesta al sector: la carga sobre la renta agrícola fue del 55,5% y llegó a 63,6% en junio de 2025 para cultivos clave como soja, maíz, trigo y girasol. En contraste, los productores de la Unión Europea reciben apoyos equivalentes al 16%, en China al 13%, en Estados Unidos al 7% y en Brasil el respaldo promedia apenas el 0,5% del PIB. Entre 1997 y 2023, Argentina extrajo del agro recursos equivalentes al -1,6% del PIB anual, una dinámica que limita la capacidad de inversión y la adopción tecnológica.

Mamone, enfatizó: “La presión fiscal actual reduce fuertemente los incentivos a invertir y adoptar tecnología en el agro. Corregir ese esquema impositivo es clave para liberar el potencial productivo del sector”.

La modernización tecnológica no solo resulta indispensable para destrabar el crecimiento, sino que es el primer paso: el 73% de los tractores y el 46% de las cosechadoras tienen más de 15 años de uso, lo que ha derivado en que, en los últimos 20 años, la productividad total de factores en Argentina haya caído un 6%, mientras que en Brasil creció un 45%. A esto se suma una baja adopción efectiva de tecnologías existentes: los productores apenas aprovechan entre el 30% y el 50% del potencial de las herramientas disponibles.

Infraestructura insuficiente y brecha tecnológica

El 90% del transporte de granos en el país se realiza por camión, sólo el 10% por tren. De los 640.000 kilómetros de la red vial, el 62% corresponde a caminos municipales, en su mayoría sin pavimentar. Apenas el 6% de las rutas son nacionales y hay 3.200 kilómetros de autopistas o autovías. Según el estudio, el mantenimiento adecuado de la red vial requeriría entre USD 3.200 y 6.500 millones al año, menos del 17% del enorme aporte tributario anual del sector, que en 2023 fue de USD 28.686 millones.

El estudio señala, además, que el potencial de inversión está, en buena medida, condicionado por factores macroeconómicos y por la falta de incentivos claros en materia tributaria y de financiamiento. No obstante, el 80% de los productores consultados por la encuesta AgBarometer Austral —el índice de confianza elaborado bimestralmente por el mismo centro académico— se manifestó dispuesto a modernizar su maquinaria y adoptar nuevas tecnologías si las condiciones de rentabilidad y financiamiento mejoran.

Bajo un esquema de reducción drástica o eliminación de las retenciones, mejora de caminos y accesos portuarios, inversión tecnológica y una expansión de 6,5 millones de hectáreas en la frontera agrícola, la producción agroindustrial podría trepar un 90% en diez años, y así contribuir con el 45% del PIB en términos actuales.

Un aporte crítico para el desarrollo y empleo en Argentina

El rol del sector agroindustrial como generador de riqueza, divisas y empleo se observa en múltiples dimensiones: no sólo representa el 23% del producto interno y el 60% de las exportaciones, sino que sostiene a 4,2 millones de trabajadores en diferentes etapas de la cadena de valor. El informe subraya que el salto de productividad registrado en los últimos treinta años se debió a la biotecnología, la digitalización, la agricultura de precisión y la innovación logística, aunque la infraestructura, el atraso tecnológico y el esquema impositivo continúan ahogando el potencial.

El escenario optimista requiere una acción concertada entre sector público y privado, centrada en la inversión y la productividad. Las recomendaciones incluyen la construcción de consensos estratégicos de largo plazo que trasciendan los gobiernos, el alivio fiscal en todos los niveles (nacional, provincial y municipal), el desarrollo de instrumentos financieros eficientes y una coordinación amplia para maximizar el impacto de la tecnología ya implementada.

Piazzardi resumió el enfoque estructural: “Reemplazar la lógica extractiva por una estrategia de inversión y productividad permitiría transformar al agro en el eje estructural del crecimiento argentino”.

La evidencia recopilada describe un potencial sin igual para la economía nacional. Si el Estado y el sector privado logran articular una visión colaborativa y modernizadora, el agro argentino podría sustentar la generación de divisas, la expansión del empleo y la transformación productiva del país, elevando a la Argentina al rango de potencias productoras globales.

El pistacho emergió como un producto de impacto global, reconocido por su vínculo con la gastronomía, sus aportes a la salud y su potencial como oportunidad de inversión. En Argentina, el cultivo avanzó y se posiciona entre los productos estratégicos para responder al crecimiento de la demanda internacional y generar retornos económicos competitivos para quienes apuestan por este sector.

En ese contexto de crecimiento para el rubro, en el proyecto agrícola de 100 hectáreas productivas, “La Memita”, impulsado por AgroFides en San Juan, surge un perfil inversor que rompe con los esquemas tradicionales del sector agropecuario. La compañía identificó un fenómeno creciente: la tierra como activo de largo plazo despierta interés más allá del campo, atrayendo a personas y capitales de perfiles diversos.

Según datos de la firma, quienes participan en la iniciativa provienen de siete provincias argentinas y de cuatro países distintos. La mayor concentración se da en residentes de CABA, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Juan, aunque también se suman argentinos radicados en el exterior, sobre todo en Estados Unidos y Europa, junto a inversores sudafricanos.

De acuerdo con Juan Ignacio Ponelli, fundador y CEO de la empresa, se observa “un cambio en el perfil del inversor agropecuario. Hoy participan profesionales, ejecutivos, empresarios tecnológicos argentinos que viven fuera del país y extranjeros, que buscan diversificar en activos reales y dolarizados”.

El interés por la tierra productiva vuelve a estar en el centro de las estrategias de inversión de quienes buscan alternativas vinculadas a la economía real. AgroFides plantea que los proyectos agrícolas de largo plazo, como la producción de pistacho, combinan activo físico, producción y potencial exportador, diferenciándose de los instrumentos financieros tradicionales. En este sentido, el pistacho representa un cultivo con demanda global sostenida, oferta limitada y ventajas competitivas para la Argentina, gracias a su capacidad de producción contraestacional.

A juicio de Ponelli, “el campo siempre fue un termómetro de la Argentina productiva. Lo interesante hoy es que personas que nunca habían tenido vínculo con el agro están entendiendo su lógica y buscando participar, no desde la gestión directa sino a través de modelos profesionales y administrados”.

El informe de la empresa revela que el ticket promedio de inversión se ubica en USD 90.000, con participaciones que parten desde USD 30.000, lo que amplía el acceso a perfiles históricamente alejados del sector. La diversidad también se refleja en la edad de los participantes: la mayoría de los inversores tiene entre 40 y 60 años, pero se observa un aumento del interés entre perfiles más jóvenes vinculados a sectores como tecnología, finanzas y servicios profesionales, así como en personas mayores de 60 que buscan diversificar sus carteras.

El pistacho aparece como un cultivo estratégico para las próximas décadas, por su demanda global en aumento, una oferta que no acompaña ese ritmo y las ventajas naturales que posee Argentina para consolidarse como referente del hemisferio sur en la industria.

A lo largo de la última década, el mercado internacional de pistacho evidenció una expansión constante. El consumo global creció a una tasa anual cercana al 6,5%, mientras que la oferta se concentró en Estados Unidos, Irán y Turquía. Esta diferencia entre la oferta disponible y la mayor demanda generó incrementos significativos en los valores internacionales y favoreció la aparición de nuevos productores interesados en abastecer mercados que enfrentan faltantes.

Pistacho argentino

En el contexto argentino, el pistacho se presenta como una alternativa de inversión atractiva. Diversos proyectos agrícolas emplean esquemas que integran plantación, desarrollo de infraestructura y administración profesional bajo fideicomisos rurales. El desembolso por hectárea ronda los USD 72.000, sumando inversión inicial y mantenimiento anual. A partir del séptimo año, los cultivos comienzan a generar ingresos, con tasas de retorno anuales estimadas entre 14% y 20% en dólares. La longevidad de las plantas, que superan los 50 años de productividad, transforma al pistacho en un activo pensado para el largo plazo.

El crecimiento de este fruto en Argentina se refleja también en la gastronomía. En efecto, se integró de manera progresiva en recetas dulces y saladas, y ganó protagonismo en heladerías, chocolaterías y pastelerías. Ya no se limita a consumidores gourmet, sino que se instaló como una tendencia de consumo en el público general. En Buenos Aires y otras ciudades, es común encontrar helados, bombones y postres que lo incluyen, así como variantes que lo combinan con chocolate y otros frutos secos, ampliando su presencia en el mercado nacional.

En relación a sus características nutricionales, el pistacho contiene elevadas cantidades de proteínas, grasas saludables y minerales, lo que lo posiciona como un alimento funcional. Su aporte a dietas equilibradas y su perfil nutricional reforzaron su valoración entre quienes buscan opciones saludables y la industria alimentaria orientada a ingredientes naturales.

En términos de expansión, la superficie destinada al pistacho en Argentina creció de forma marcada. La provincia de San Juan lidera la producción nacional con unas 6.500 hectáreas, lo que representa cerca del 90% del total, mientras que Mendoza suma aproximadamente 770 hectáreas. Otras provincias, como La Rioja y La Pampa, incorporaron áreas adicionales dedicadas a este cultivo.

En medio de una cosecha récord impulsada por mejores condiciones climáticas, el campo argentino proyecta un ingreso de USD 34.530 millones al Mercado Libre de Cambios (MULC) durante 2026. La cifra es similar a la del año pasado, pese al salto esperado en la producción de granos y a la recuperación -temporal- de los precios internacionales.

El dato surge de estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y refleja una paradoja del actual ciclo agrícola. Aunque la campaña se encamina a volúmenes históricos, hay varias razones por las que una mayor exportación de granos no se traducirá necesariamente en un alza en la liquidación de divisas.

Uno de esos factores, y el más reciente, es el conflicto en Medio Oriente. La escalada bélica en el Estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente un tercio del transporte mundial de petróleo, encareció los costos de transporte internacional y moderó el impacto de esa mayor producción sobre los ingresos por exportaciones.

Transporte más caro

Según la BCR, el aumento de las tensiones en el Golfo Pérsico elevó los costos de flete entre 40% y 50%, dependiendo del destino. Ese factor actúa como un freno sobre los precios que reciben los exportadores y limita parte del beneficio que genera una cosecha más grande.

A esto se suma un factor estructural para la Argentina, dado que el país necesita mantener precios competitivos por una cuestión logística. Es que, por su ubicación -el 85% de la población mundial vive en el Hemisferio Norte- los granos argentinos enfrentan un desafío adicional de competitividad por la distancia geográfica respecto de los principales mercados consumidores. Los costos de flete impactan de manera significativa en el precio final, generando un descuento que afecta especialmente a la producción local.

Cosecha y volumen exportable

Las estimaciones para la campaña 2025/26 apuntan a una cosecha de 158 millones de toneladas, un 14% más que en el ciclo anterior. “El ciclo agrícola actual representa una fuerte recuperación después de varios años condicionados por problemas climáticos”, explicó Emilce Terré, economista de la BCR.

El crecimiento se explica principalmente por mejores rindes y una recuperación productiva en varios cultivos clave. Entre los principales cultivos se destacan el trigo, con 29,5 millones de toneladas; el maíz, con 62 millones; y el girasol, con 6,6 millones, el mayor volumen registrado en lo que va del siglo.

La soja, en cambio, se ubicaría en 48 millones de toneladas, por debajo de sus máximos históricos debido a una menor superficie sembrada. Sin embargo, el rendimiento mejora respecto del año pasado.

Ese salto productivo también se reflejará en el comercio exterior. Según la BCR, el volumen exportado de granos y derivados podría alcanzar 113 millones de toneladas en 2026. De confirmarse, sería casi 10 millones de toneladas más que el récord previo registrado en la campaña 2018/19.

La actividad logística ya empieza a mostrar ese movimiento. En lo que va del año se descargaron 16,8 millones de toneladas en terminales portuarias argentinas, con el 67% de los envíos concentrados en los puertos del Gran Rosario, el principal nodo exportador del país.

La entidad espera, no obstante, que la liquidación mensual de divisas del agro supere el promedio de los últimos cinco años durante la mayor parte del año.

Retenciones y aporte fiscal

El aporte fiscal del sector se mantendría relativamente estable, según consignó la entidad. De hecho, la BCR estima que la recaudación por Derechos de Exportación (DEX) alcanzará en 2026 unos USD 4.650 millones, una cifra que permanece prácticamente sin cambios respecto al año anterior.

El principal aporte seguirá proviniendo del complejo sojero, con USD 3.420 millones, aunque eso representaría una caída interanual del 6%, explicado por una menor producción. El maíz, en cambio, mostraría un crecimiento importante. La recaudación proyectada alcanza USD 720 millones, un 30% más que el año pasado. El trigo aportaría USD 300 millones (suba del 21%) y el girasol USD 115 millones, con un crecimiento cercano al 60% impulsado por el mayor volumen exportado.

La estabilidad en la recaudación se explica, en parte, por los movimientos anticipados de liquidación que se registraron en 2025 tras la reducción temporal de retenciones.

El decreto 685/2025 generó en septiembre una liquidación extraordinaria cercana a USD 8.000 millones, uno de los valores mensuales más altos registrados por el sector. El efecto se revirtió rápidamente y en octubre y noviembre, la liquidación de divisas cayó a los niveles más bajos desde 2005, de acuerdo con datos del Banco Central. Esta tendencia se vio también en enero y febrero de 2026, aunque empezará a recuperarse a partir de marzo, con el ingreso de la cosecha gruesa.

El Gobierno Nacional presentó el Mapa de Cultivos, una herramienta digital orientada a mejorar la disponibilidad de información estratégica para el sector agropecuario y facilitar la planificación operativa en toda la cadena productiva. La plataforma permite analizar la distribución de los principales cultivos a nivel regional y local mediante el uso de datos georreferenciados e imágenes satelitales.

La iniciativa, desarrollada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, busca poner a disposición del sector público y privado información detallada sobre las campañas agrícolas. A partir de estos datos, productores, operadores logísticos y actores del comercio agroindustrial podrán anticipar escenarios productivos y optimizar la organización del transporte durante los períodos de cosecha.

Información territorial para anticipar la logística de la cosecha

El Mapa de Cultivos se construye a partir de los relevamientos realizados por las delegaciones territoriales del organismo, que recaban información en distintas regiones productivas del país. En cada campaña agrícola se analizan aproximadamente 2 millones de hectáreas, lo que permite obtener una base de datos precisa sobre la evolución de los distintos cultivos.

La herramienta combina información obtenida en campo con imágenes satelitales de alta y mediana resolución, integradas en un sistema de información geográfica (SIG). Esta tecnología permite identificar la distribución espacial de los cultivos extensivos y analizar su evolución campaña tras campaña.

Desde la perspectiva logística, contar con información territorial actualizada resulta clave para anticipar el movimiento de la cosecha, planificar la disponibilidad de transporte y organizar la infraestructura necesaria para el traslado de la producción hacia centros de acopio, industrias procesadoras o puertos.

Datos georreferenciados y tecnología para la toma de decisiones

El sistema se nutre del trabajo de las 40 delegaciones territoriales que el organismo tiene distribuidas en las principales zonas productivas del país. Los técnicos recopilan información directamente en campo mediante una aplicación específica instalada en dispositivos móviles, que permite cargar los datos de manera georreferenciada.

Posteriormente, estos registros se integran con imágenes satelitales y se procesan mediante algoritmos de aprendizaje automático, lo que permite estimar con mayor precisión la distribución de los distintos cultivos.

La plataforma también permite analizar indicadores como el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), una herramienta utilizada para evaluar el estado de los cultivos y su evolución durante la campaña.

Una herramienta para fortalecer las cadenas agroindustriales

Además de ofrecer información sobre la distribución de los cultivos, el sistema permite evaluar el impacto de fenómenos climáticos como sequías, inundaciones o plagas, lo que contribuye a mejorar la previsión de la producción agrícola.

Desde el punto de vista logístico, esta capacidad de anticipación resulta especialmente relevante para dimensionar la demanda de transporte, organizar los circuitos de traslado de granos y coordinar la operación de la infraestructura vinculada al comercio agroindustrial.

Con la incorporación de esta herramienta digital, el sector agropecuario suma una nueva fuente de información que puede contribuir a mejorar la planificación del transporte, optimizar la logística de cosecha y fortalecer la eficiencia de las cadenas de suministro vinculadas al agro.

El arranque de 2026 encontró a la economía en una etapa de transición. Tras un año atravesado por ajustes macroeconómicos, cambios en precios relativos y un comportamiento irregular del consumo, distintos sectores productivos muestran trayectorias divergentes.

Las actividades vinculadas a recursos naturales y exportaciones -minería, agro, energía- conservan niveles de dinamismo, mientras ramas orientadas al mercado interno -industria, comercio y construcción- enfrentan mayores dificultades para sostener el ritmo de producción.

El diagnóstico casi generalizado del mercado es que este año será igual de heterogéneo que el pasado: los que ganaron lo seguirán haciendo y los que perdieron podrían hundirse aún más. En promedio, la economía mostrará crecimiento, coinciden los analistas.

La actividad no evoluciona de manera uniforme entre sectores ni entre regiones. En algunas provincias vinculadas al agro, la energía o la minería se registran niveles de producción y empleo más dinámicos, mientras en los grandes centros urbanos la evolución de la demanda interna condiciona el desempeño de empresas industriales, comercios y servicios.

En algunas provincias vinculadas al agro, la energía o la minería se registran niveles de producción y empleo más dinámicos, mientras en los grandes centros urbanos la evolución de la demanda interna condiciona el desempeño

Ese contraste también aparece en los indicadores adelantados que se difundieron para el inicio del año. Tras un cierre de 2025 con un rebote de la actividad económica -en diciembre, la economía creció 1,8% respecto de noviembre, 3,5% interanual y 4,4% en promedio en todo el año-, los primeros datos privados del nuevo año describen un panorama más moderado, con movimientos mensuales dispares y un crecimiento que depende de pocos motores. Antes del repunte de diciembre, en octubre y noviembre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec había registrado caídas mensuales de 0,5% y 0,1%, respectivamente.

A partir de ese punto de partida, los análisis privados buscaron anticipar la dinámica del comienzo de 2026. Las consultoras elaboraron estimaciones preliminares a partir de indicadores sectoriales, series de producción y datos de comercio exterior. Equilibra, por ejemplo, estimó que el EMAE mostró en enero un nivel estable en la comparación interanual, con una variación de 0% frente al mismo mes del año anterior, mientras que en la medición desestacionalizada el indicador mostró caída de 0,8%. La oficial del Indec se conocerá recién el jueves 26 de marzo.

El informe de la consultora Equilibra destacó que el nivel de actividad alcanzado a fines de 2025 marcó un máximo reciente.

Tras la baja de enero, la serie desestacionalizada volvió a ubicarse en niveles cercanos al pico previo registrado en junio de 2022. Equilibra también analizó la evolución de la actividad excluyendo el sector agropecuario. En ese caso, el EMAE sin agro cayó 1% interanual en enero.

Otra estimación privada ofreció una lectura diferente sobre la dinámica mensual. El anticipo de actividad elaborado por Eco Go estimó que la economía registró en enero un crecimiento de 1% respecto de diciembre en términos desestacionalizados. Según ese informe, la expansión mensual se explicó principalmente por el desempeño del sector de bienes. En la comparación interanual, el relevamiento estimó una contracción de 1,2% punta a punta.

Entre los segmentos con mejores perspectivas aparecen agro, minería, energía, actividades primarias e intermediación financiera, actúan como la locomotora del resto (Sigaut Gravina)

Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, dijo a Infobae: “Los sectores ganadores van a seguir ganando”. Según su análisis, el patrón observado durante el año anterior continuó en el comienzo de 2026.

Entre los segmentos con mejores perspectivas aparecen agro, minería, energía, actividades primarias e intermediación financiera. El economista contó que esos rubros actúan como locomotoras de la actividad, mientras otros sectores enfrentan mayores dificultades para expandirse.

¿Sobre ruedas?

Entre esos casos Sigaut Gravina mencionó a la industria automotriz, donde los datos del primer trimestre mostraron niveles de producción por debajo del mismo período del año anterior. Destacó el economista que el sector enfrenta dificultades para exportar vehículos y una mayor competencia de automóviles importados en el mercado interno. También mencionó el comportamiento de la construcción, que mostró señales mixtas entre meses recientes.

En relación con el consumo, Lorenzo Sigaut Gravina dijo: “Los sectores vinculados a la demanda de las familias no muestran una recuperación clara". Según explicó, la evolución del consumo se vincula con el comportamiento de los ingresos.

El economista mencionó que el empleo privado formal de calidad registró caídas, mientras los salarios formales en algunos casos apenas acompañan la inflación. La aceleración de la inflación de los últimos meses afectó aún más el poder adquisitivo de las familias, con salarios que subieron -en algunos casos- 2% y una inflación mensual cercana al 3 por ciento.

Recuperación, caídas y escenarios

Martín Kalos, director de la consultora Epyca, describió un escenario moderado: “El primer trimestre arrancó lento”. Para el panorama actual, el economista describió un escenario en el que industria, construcción y varios servicios vinculados al mercado interno operan en niveles de actividad problemáticos y de que, en promedio, “se amesetaron los niveles de actividad en valores menores a los que había hace algunos años, y no hay perspectiva de crecimiento”.

“Hay empresas a las que les está yendo bien por sus nichos específicos, pero también hay otras que están pensando en cerrar, o en pasar a ser importadoras, todo lo cual retroalimenta un ciclo problemático para la demanda interna y la producción nacional”, agregó Kalos.

El director de Epyca destacó que esos sectores trabajan con niveles reducidos de utilización de capacidad. En el caso de la industria, mencionó niveles cercanos al 60% de capacidad instalada. Kalos explicó que en ese contexto no aparece una necesidacd inmediata de inversión, sino una mayor necesidad de ventas.

No aparece una necesidacd inmediata de inversión, sino una mayor necesidad de ventas (Kalos)

El economista también mencionó la evolución de los ingresos familiares. Señaló que el consumo masivo continúa en crisis, debido al deterioro del ingreso disponible de los hogares. Ese movimiento se vincula, según indicó, con distintos factores. Entre ellos mencionó el deterioro en la cantidad y calidad del empleo y el aumento del peso de tarifas, transporte y servicios públicos dentro del presupuesto familiar.

Por su parte, el economista Federico González Rouco, de la consultora Empiria, describió un escenario de crecimiento cercano al 3,5% para el año respecto del 2025 y diferenció, como sus colegas, las actividades. “Ese avance estaría liderado principalmente por el agro, que tendrá una muy buena cosecha, especialmente en trigo y maíz, mientras que la soja tendría un desempeño aceptable. A eso se sumarán hidrocarburos y minería, que también van a estar entre los sectores que motorizan la actividad”, explicó.

“También podría haber algo de recuperación del consumo si el crédito repunta, aunque eso es menos seguro que lo que ocurre con los sectores vinculados a recursos naturales. En términos generales creemos que va a ser un año de crecimiento”, agregó. Pero aclaró que “la construcción probablemente enfrente más dificultades y la industria podría expandirse menos que esos sectores, pero por ahora no se ven caídas fuertes a nivel agregado, más allá de algunos nichos puntuales de producción”.

González Rouco también describió diferencias entre regiones del país. El economista dijo que el crecimiento vinculado a energía, minería y agro genera dinámicas distintas entre provincias.

La clave, para evitar tensiones sociales, es que esas grandes urbes, como el AMBA por ejemplo, comiencen en algún momento a mostrar recuperación (González Rouco)

Según explicó, provincias asociadas a esos sectores registran mayor dinamismo económico y laboral, y esa dinámica genera heterogeneidad geográfica en el crecimiento, con regiones vinculadas a recursos naturales que muestran mayor actividad en comparación con grandes centros urbanos.

“La clave, para evitar tensiones sociales, es que esas grandes urbes, como el AMBA por ejemplo, comiencen en algún momento a mostrar recuperación, y que esos empleos que se están perdiendo en los sectores más sensibles puedan reorientarse”, estimó Federico González Rouco.

El aumento de las tensiones en Medio Oriente volvió a agitar los mercados internacionales de materias primas internacionales. En el caso del trigo, las tensiones geopolíticas generaron episodios de volatilidad en los precios globales, aunque en Argentina el impacto fue limitado por la abundante cosecha local y la elevada disponibilidad de granos, que amortiguan las fluctuaciones internacionales y reducen la posibilidad de que la bonanza productiva se traduzca en ingresos extraordinarios para la economía.

Una de las razones que explica esta situación es el encarecimiento de insumos y costos logísticos, y el efecto sobre los precios FOB locales del trigo argentino, que permanece acotado: la cotización aumentó apenas 0,5% tras el inicio del conflicto en la región, frente a subas de hasta 5% en otros orígenes, detalló Emilce Terré, investigadora y economista de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Esta diferencia obedece, en parte, a la ubicación geográfica y a la capacidad de abastecimiento nacional, que ponen a Argentina como uno de los pocos países exportadores que atraviesan la coyuntura sin señales de preocupación ni por oferta interna ni por incrementos abruptos en el precio del cereal.

La abundante oferta local de trigo funciona como un factor de contención para el precio de la harina y limita la posibilidad de subas abruptas en el pan

En este entorno, distintos especialistas coinciden en que, al menos en el corto plazo, la abundante oferta local de trigo funciona como un factor de contención para el precio de la harina y limita la posibilidad de subas abruptas en el pan, aunque los panaderos advierten que los costos de servicios, combustibles, salarios y alquileres, siguen presionando sobre los precios y el consumo de los hogares.

Récord de oferta

Argentina alcanzó una producción histórica de 30 millones de toneladas de trigo, superando de forma considerable el anterior techo de 21 a 23 millones de toneladas, dijo Terré.

De ese volumen, cerca de 16 millones de toneladas ya fueron vendidas, y existe una disponibilidad exportable cercana a 17 millones de toneladas, según Gustavo Idígoras, presidente del Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Estos niveles, inéditos en la historia del sector, explican por qué la volatilidad internacional produjo un impacto local moderado.

En síntesis, la Argentina logró una cosecha récord de trigo, maíz, cebada y girasol, pero ese salto productivo no se refleja en mayores ingresos de divisas. El principal motivo es el estancamiento de los precios internacionales, al que se suma el adelantamiento de liquidaciones que se produjo en septiembre de 2025, cuando la eliminación temporaria de derechos de exportación aceleró ventas y embarques.

Según la BCR, el ingreso proyectado por exportaciones del sector para 2026 en el Mercado Libre de Cambios rondará USD 34.530 millones, prácticamente idéntico al valor alcanzado en 2025, a pesar del aumento en los volúmenes exportados. El impacto adicional de esa liquidación anticipada se hizo notorio, ya que el ingreso de divisas del agro en el último trimestre de 2025 fue el menor registrado desde 2005 para igual período.

Los últimos datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y CEC informaron que el sector liquidó USD 1.289 millones en febrero de 2026, lo que significó una reducción del 30% respecto de enero y un total anual de USD 3.140 millones acumulados.

El ingreso proyectado por exportaciones del sector para 2026 en el Mercado Libre de Cambios rondará USD 34.530 millones, prácticamente idéntico al valor alcanzado en 2025 (BCR)

Esta caída responde al anticipo de ingresos y a un entorno internacional menos favorable en materia de precios, así como por diversos paros y menos días de actividad. En enero, el sector había registrado USD 1.850 millones, monto un 82% superior al de diciembre de 2025, sostenido por embarques de trigo, cebada, maíz y subproductos de la soja.

Insumos, costos y competitividad

La volatilidad global en los precios de insumos energéticos y fertilizantes, como urea y gas, representa una presión adicional sobre los márgenes de la producción nacional. Más del 33% de los fertilizantes circula por el estrecho de Ormuz, epicentro logístico amenazado por la crisis geopolítica, de manera que se encarecieron los fletes marítimos a la vez que disminuyó la competitividad argentina frente a otros mercados que obtienen mejores condiciones de venta desde países como Australia favorecidos por la cercanía.

El costo local para la cadena agroexportadora aumenta por la distancia a los centros de consumo, donde reside el 85% de la población mundial, y por la dependencia de insumos importados para la fabricación y la logística. “Hoy lo que más define este mercado es la volatilidad y la incertidumbre”, afirmó Terré.

El mercado global reaccionó con compras especulativas de contratos agrícolas: en el último mes, los fondos internacionales sumaron 540.000 contratos en el mercado de futuros de Chicago, empujando los precios internacionales en episodios puntuales. El trigo en esa plaza llegó a USD 218 por tonelada, el valor más alto desde febrero de 2025. Sin embargo, este impulso se asocia a movimientos financieros y no con variaciones reales en la oferta y demanda mundial.

Presión para la industria panadera

A pesar de la estabilidad de los precios relativamente estables y elevada disponibilidad de trigo contrasta con la crisis que atraviesa el sector panadero en la provincia de Buenos Aires. El Centro de Panaderos de Merlo y la Cámara de Industriales Panaderos señalaron que el consumo de pan cayó 45% en el primer trimestre de 2026 respecto del año anterior.

Las causas principales son la caída generalizada de ventas vinculada a la pérdida de poder adquisitivo, mientras el sector enfrenta incrementos persistentes en insumos, servicios y combustibles.

Proyecciones y desempeño de la campaña agrícola

Con vistas a la campaña 2025/26, Argentina espera una producción total de granos cercana a 160 millones de toneladas, según proyecciones de la BCR.

La cosecha fina estableció nuevas marcas con 29,5 millones de toneladas de trigo, 5,6 millones de cebada, mientras entre los granos gruesos el maíz alcanzaría 62 millones y el girasol marcaría su mayor cosecha del siglo con 6,6 millones de toneladas. La soja, con 48 millones de toneladas, se ubica por debajo de años anteriores, pero con rindes superiores, explicado por una menor superficie sembrada.

Hoy lo que más define este mercado es la volatilidad y la incertidumbre (Terré)

El aumento en la oferta podría llevar las exportaciones de granos y derivados hasta 113 millones de toneladas, superando en casi 10 millones el récord de la campaña 2018/19.

Este desempeño permite proyectar para 2026 un ingreso de USD 34.530 millones en el Mercado Libre de Cambios, mientras que el aporte por Derechos de Exportación para el Estado Nacional se estima en USD 4.650 millones, en niveles similares a los del año previo.

El complejo sojero aportará USD 3.420 millones en retenciones, el complejo maíz USD 720 millones (30% más que en 2025), trigo USD 300 millones (alza del 21%) y girasol USD 115 millones (suba del 60%), en función del mejor volumen exportado y precios internacionales favorables, señala la BCR.

El inicio de la campaña gruesa a partir de marzo y la evolución de los costos logísticos y de insumos determinarán la capacidad de la agroindustria para transformar los volúmenes récord en divisas

Para los próximos meses, el inicio de la campaña gruesa a partir de marzo y la evolución de los costos logísticos y de insumos determinarán la capacidad de la agroindustria para transformar los volúmenes récord en divisas efectivas.

Mientras tanto, el sector agroexportador continúa representando 48% de los envíos argentinos al exterior. La tendencia de liquidación de divisas se proyecta al alza respecto del promedio de los últimos cinco años, sostenida por el volumen exportable y cierta estabilización de los precios internacionales, a pesar de la volatilidad en los mercados globales.

Según explicó en una entrevista en Infobae en Vivo, los recientes movimientos en los mercados internacionales modificaron de manera abrupta el valor de activos clave para la actividad agrícola y ganadera y si bien subieron los precios de los granos, también lo hicieron los costos, por lo que no está tan claro que el productor salga beneficiado en la cuenta final. “Esto, a priori, es una mala noticia para el productor”, sostuvo Ordoñez.

De acuerdo con el análisis del especialista, en las últimas semanas se registró un “cambio total en el posicionamiento de activos del mundo financiero”. El economista señaló que los fondos de inversión realizaron un “trueque de posiciones” que alteró la dinámica habitual de los precios de commodities e insumos.

Como consecuencia directa, el precio del petróleo casi se duplicó en solo un mes. Esta variación arrastró al alza el valor de los fertilizantes, que subieron “alrededor de un treinta y pico por ciento”. En contraste, las oleínas –productos derivados que utilizan petróleo– se depreciaron, mientras que las acciones de compañías vinculadas a fertilizantes aumentaron por el encarecimiento del gas, principal insumo para la producción de fertilizantes nitrogenados.

Ordoñez indicó que el mercado anticipó que ese aumento de costos se trasladaría “directo al productor agropecuario a nivel global”. La soja, en ese contexto, subió entre un 10% y un 15%, pero la variación resultó menor respecto al salto de los insumos. “Mientras más te alejás del impacto inicial, que es el petróleo, más se amortiza la suba de los activos derivados”, puntualizó.

El economista advirtió que el margen del productor, especialmente en Estados Unidos, se encuentra bajo presión. Explicó que los agricultores norteamericanos se preparan para la siembra con costos significativamente más altos en gasoil y fertilizantes, mientras los precios de los granos no acompañan ese incremento. “A priori, esto es una mala noticia para el productor agropecuario global, sobre todo el norteamericano”, remarcó.

Cosechar será más caro

En el caso argentino, la coyuntura difiere porque la cosecha coincide con esta etapa de subas. De todos modos, los costos de la cosecha también aumentan, fundamentalmente por el encarecimiento del gasoil, que se utiliza tanto en cosechadoras como en el transporte hacia puertos y plantas.

Ordoñez explicó que en la plaza local “dejó de haber una transferencia de precio directa de Chicago al sur”. Según detalló, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, junto a las políticas de aranceles, afectó la correlación de precios internacionales con los valores que reciben países exportadores como Argentina y Brasil. La producción brasileña de soja ronda los 150 millones de toneladas, mientras la argentina se ubica en 50 millones. “No va a acompañar tanto la suba del precio de los granos a la suba de los costos”, afirmó el economista.

Durante la conversación, los periodistas plantearon la percepción de que el contexto podría beneficiar a los productores. Ordoñez fue enfático: “El productor que administra bien su cartera lo que mira es la relación insumo-producto. Y acá lo que pasó es que el insumo está subiendo mucho más rápido que el producto. Entonces, la relación se desmejora”. En términos nominales, precisó, la soja subió, pero el costo lo hizo aún más. “Por ahí está neutro. Por ahí gana muy poquito, por ahí pierde un poco. No es lineal”, agregó.

Beneficio en la recaudación y las divisas

El especialista también se refirió al impacto sobre la recaudación estatal. “Al que obviamente le viene muy bien esta suba es al Gobierno. El Gobierno sí, automáticamente va a hacer una mejora de recaudación por todo, porque la Argentina hoy es exportador neto de combustibles y es también, obviamente, exportador de granos. Esta suba le va a venir bien al Gobierno en términos de recaudación y un poco también en términos de divisas”, sostuvo. Las retenciones y otros impuestos generarían un “empujón” a las arcas públicas, a la vez que las petroleras enfrentan un escenario favorable para invertir por la posibilidad de obtener retornos acordes.

No obstante, Ordoñez alertó sobre el costado negativo para los consumidores: “El precio del combustible va a subir, efectivamente”. Consultado sobre el impacto en la carne, el economista explicó que ese rubro transita un ciclo propio. “En el mundo ya venimos de un ciclo de alrededor de uno o dos años de precios altísimos, que creo que se va a mantener durante al menos dos o tres años más”.

Respecto al mercado de granos, Ordoñez consideró que el salto de precios responde en gran medida a la “especulación”. Detalló que los fundamentos de la cosecha de granos resultan bajistas: Estados Unidos sufrió abundantes nevadas, lo que garantiza suelos con mucha agua y, por lo tanto, “mega rindes” en septiembre. Brasil también se encamina a una cosecha récord. Por ese motivo, el economista planteó que el escenario alcista puede tener “patas cortas”.

La incertidumbre, según Ordoñez, domina el escenario para los productores argentinos que deben decidir qué hacer con el grano cosechado. Si optan por retenerlo y la guerra se agrava, pueden obtener grandes beneficios; si lo venden y el conflicto se resuelve en poco tiempo, también podrían salir favorecidos. El economista describió así un “juego de decisión muy finito donde el productor agropecuario argentino se está jugando todo su capital de trabajo para sembrar en noviembre, diciembre del año que viene”.

Respecto de la aparición, en el marco de Expoagro, de los créditos en dólares para el sector, el economista señaló que resulta atractivo pero presenta riesgos macroeconómicos. Describió que en la Argentina, ante la ausencia de una unidad de cuenta estable, las alternativas de crédito suelen ser en UVA o en dólares, ya que el financiamiento en pesos enfrenta tasas elevadas y mecanismos de cobertura bancaria. Observó que los bancos vienen de más de diez años, “casi dos décadas”, de prestar principalmente al Estado y ahora deben empezar a identificar clientes en el sector privado, con productos financieros adecuados al ciclo de cada actividad.

En relación a las importaciones, Ordoñez destacó la presencia de camiones, tractores y drones de origen chino. La tecnología de drones, en particular, experimentó una transformación acelerada. “Hace cinco años, para el agro no servían para nada, porque era una forma cara de tomar imágenes. Para eso ya teníamos las imágenes satelitales, que eran prácticamente gratis y con eso obteníamos la información para controlar los cultivos”, explicó. Con el avance de la guerra en Ucrania y la liberación de tecnología para uso civil, los drones alcanzaron nuevas capacidades: hoy pueden cargar hasta cien kilos, lo que los convierte en herramientas competitivas frente a sembradoras tradicionales, a un costo mucho menor.

Ordoñez sostuvo que los drones permiten sembrar cultivos como pasturas, trigo o cebada con mayor eficiencia y menor costo. “El dron cuesta cuarenta mil dólares y el tractor con la sembradora puede ser una cuenta de doscientos mil”, comparó. Además, una sola persona puede operar hasta veinte drones en simultáneo. No obstante, advirtió que existen desafíos de mantenimiento, ya que los drones requieren reparaciones y pueden sufrir accidentes.

El economista mencionó que los drones ya se utilizan para arrear ganado, aprovechando que el ruido de estos dispositivos mueve a los animales. “No estamos muy lejos de un dron que levanta doscientos cincuenta kilos. Si es así, te levanta un ternero”, afirmó. También remarcó que los avances en algoritmos permiten detectar enfermedades y anomalías en el ganado, optimizando la gestión sanitaria y ahorrando tiempo de recorridas en grandes extensiones.

Las estadísticas más recientes indican que en la Argentina funcionan unos ochocientos drones para uso agropecuario, pero el economista proyectó que en los próximos tres o cuatro años esa cifra podría multiplicarse por veinte. El especialista consideró que este cambio impactará en la fisonomía del campo y en la organización productiva.

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Mirá la entrevista completa a Iván Ordoñez

Las economías regionales se enfrentan a un panorama complejo, con una mayoría de rubros que presentan retrocesos. La principal problemática de los sectores “en rojo” se vincula con el precio que reciben los productores, lo que afecta la rentabilidad y las posibilidades de seguir en actividad.

Así surge del Semáforo de Economías Regionales elaborado por Coninagro, que registró 4 actividades en verde, 7 en amarillo y 8 en rojo durante enero. En relación al mes previo, se notó una desmejora, dado que las actividades lechera y manisera cambiaron de la categoría amarilla a la roja.

El indicador incluye tres componentes: negocio, productivo y mercado. El primero evalúa la evolución del precio y el costo; el segundo mide el área o stock y la producción, y el último, la evolución de las exportaciones y las importaciones de las producciones, así como el consumo interno.

Entre las actividades que continúan en terreno negativo aparecen la yerba mate, el arroz, la papa, el vino y el mosto, las hortalizas y el algodón, a las que este mes se agregan el maní y la leche.

En la mayoría de los casos, la dificultad central está en la ecuación de negocio: los precios que perciben los productores avanzan muy poco o quedan por detrás de la inflación y del incremento de los costos operativos, lo que erosiona la rentabilidad y complica la recuperación de estas economías.

Respecto a la lechería, el paso a rojo se explica principalmente por el deterioro del componente de negocio. El precio que recibe el productor por litro de leche se mantiene sin cambios desde hace diez meses, en torno a los $470. En términos interanuales, esto implica una suba de apenas 8%, muy por debajo de la inflación.

El componente productivo se mantiene sin grandes cambios en los niveles de producción, mientras que el componente de mercado enfrenta un panorama complejo, con un incremento de las importaciones (+50%) en relación con las exportaciones (+20%).

En cuanto a la producción manisera, se observó un deterioro del componente de negocio, combinado con proyecciones poco favorables en el plano productivo. El precio en dólares de la tonelada pagada al productor se encuentra estancado desde hace ocho meses, en torno a los USD 594.

Se añaden las malas proyecciones para la campaña 2025/26, con una caída proyectada del 25% en el área sembrada (132 mil hectáreas menos) y una reducción del 13% en la producción (215 mil toneladas).

En suma, si bien la demanda externa se mantuvo relativamente estable, las importaciones aumentaron 12%.

Cabe mencionar también que, según consignó Folha de São Paulo, en el último año, 40.000 trabajadores del sector yerbatero de Misiones migraron a Brasil, reflejando un aumento significativo del éxodo rural hacia ese país debido a la crisis derivada de la eliminación del precio mínimo de la yerba mate. Esto provocó una caída drástica en el valor de la hoja verde e impidió a muchos continuar con sus labores.

En perspectiva histórica, “entre las situaciones más comprometidas se destacan la vitivinicultura y los cítricos dulces, que registraron indicadores en rojo en más del 70% de los meses. Les siguen la actividad citrícola, con el 67% de los meses en rojo, y la lechería, con el 65%”, detalló Coninagro.

En contraposición, las actividades en verde fueron bovinos, ovinos, granos y miel. “En todos estos sectores se observó un buen componente de negocio, con precios que crecieron por encima de la inflación. Este resultado se complementó con un buen desempeño en los mercados y con indicadores productivos que acompañaron”, destacó Coninagro.

Las actividades que permanecieron en amarillo incluyeron forestal, maní, leche, tabaco, cítricos dulces, mandioca, peras y manzanas, aves y porcinos. Estos sectores mostraron resultados variados: los precios no alcanzaron a compensar la inflación, la demanda se mantuvo estable y los costos continuaron elevados. Bajo estas condiciones, los períodos de recuperación resultaron prolongados y persistieron obstáculos para consolidar mejoras sostenidas.

Comercio exterior

Para el comercio exterior, las 19 actividades agropecuarias y economías regionales relevadas sumaron exportaciones por USD 5.032 millones, un aumento del 44% frente al promedio histórico de la última década para ese mes (USD 4.072 millones).

La composición de las ventas externas presentó una alta concentración: el 80% de los ingresos correspondió a los complejos granarios (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) y el sector bovino aportó otro 9%. El 11% restante, equivalente a unos USD 525 millones, correspondió al resto de las economías regionales.

Respecto de las importaciones, en enero se realizaron compras externas por USD 82 millones, frente a los USD 5.032 millones exportados. El complejo granario representó el 30% del total importado, seguido por la actividad forestal (22%), el sector porcino (11%) y el algodonero (10%). El 11% restante se distribuyó entre otras actividades con menor participación.

Al comparar los datos con el promedio del mismo período de los últimos diez años, las diferencias entre sectores se vuelven más marcadas: algunos muestran fuertes avances en sus exportaciones y otros registran retrocesos significativos.

Entre los que más crecieron se destacó el complejo de peras y manzanas, con ventas externas por USD 26 millones, un 95% por encima de su promedio histórico. Le siguió la actividad arrocera, que exportó USD 25 millones, con un aumento del 92% respecto del promedio del primer mes de los últimos años.

En el extremo opuesto, la actividad avícola registró la mayor caída, con exportaciones por USD 8 millones, un 73% por debajo de su promedio histórico.

En materia de importaciones, el mayor dinamismo se observó en el sector bovino, cuyas compras externas llegaron a USD 9 millones, un 138% más que su promedio histórico, aunque se trata de montos poco representativos frente a un sector que exporta más de USD 3.000 millones al año.

En contraste, las importaciones de peras y manzanas y de arroz cayeron con fuerza en términos porcentuales, aunque en valores absolutos siguen siendo marginales y en conjunto representan apenas el 1% del total importado en enero.

Durante la charla con el staff de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, Benegas Lynch sostuvo que “el campo representa el 60% de las exportaciones. Las exportaciones crecieron casi un 10%. Estamos en números récord en siembra. Ahora con la apertura de los mercados del Mercosur y Estados Unidos para la carne, la maquinaria agrícola tiene récord de ventas porque los insumos son más baratos tras la baja de aranceles”. El senador vinculó estos indicadores a la política del Ejecutivo: “Todo esto es gracias a un enorme trabajo del Ejecutivo de desregular y sacarle el pie del Estado de encima al campo”.

Benegas Lynch y el agro: “Hoy el campo no tiene nada que quejarse”

El legislador enfatizó que la baja de retenciones y la apertura de mercados internacionales reconfiguraron la rentabilidad del agro: “La ganadería nunca tuvo tanta rentabilidad como ahora. Eso no quiere decir que tenemos que dejar de trabajar en sacarle el pie del Estado de encima al productor”.

Remarcó que “la agricultura, tenemos un gobierno que es el primero que le bajó las retenciones un 20%. Nosotros en el campo no tenemos, te diría, nada que quejarnos, todo para festejar y sobre todo por el tipo de presidente que tenés, que te dice que las retenciones van a ser cero”.

Sin embargo, reconoció que el proceso de transformación es gradual y con dificultades: “No es que ahora a partir de abril va a haber el boom de las inversiones y la Argentina pasa a ser Singapur. Estamos en ese camino”.

El diagnóstico sobre la economía: tensiones y desafíos

Consultado por los problemas de consumo y los sectores que aún no ven mejoras, Benegas Lynch sostuvo: “De los 15 sectores, 11 sectores crecen, cuatro no crecen. El bolsillo del argentino empezó a cambiar porque tenés récord de créditos hipotecarios en 2024. En 2025, vino una desaceleración importante por el riesgo político-electoral que nosotros le decimos el riesgo Cuca, cuando el Congreso se puso en contra de los argentinos. Eso hizo ralentizar el crecimiento que teníamos en 2024”.

El senador no esquivó los datos críticos: “Venimos del Congo. Íbamos a la venezualización de Argentina. En 2023 íbamos a una inflación del 17.000%. Lo que digo es: venimos del Congo. Tuvimos un 2024 que empezamos a despegar. Tuvimos un 2025 que el Congreso nos puso un freno de mano”.

Para Benegas Lynch, el sendero de recomposición es ineludiblemente lento: “No es Suiza, estamos lejos de ser Suiza. El Congo fue antes de ayer y me parece que claramente todos los indicadores más importantes, que tienen que ver principalmente con seguridad jurídica, son los que estamos cambiando en el Congreso”. Sostuvo que la prioridad es “generar confianza, un cimiento económico fundado en el superávit y el no emitir para no generar inflación”.

Reforma, austeridad y ética: la agenda y las controversias

Sobre la agenda legislativa, el senador precisó: “Todavía no llegaron los proyectos en concreto para saber: ‘Mirá, son estos y estos’. Son más de noventa proyectos donde el titular para la gente es desregulación, sacar trabas y hacerle la vida más fácil al sector privado. Después, una reforma del Código Penal y también una reforma tributaria tan necesaria para la Argentina”.

La entrevista abordó también el reciente viaje del jefe de gabinete con su pareja en el avión presidencial: “Es su mujer. El Estado no gastó un peso en llevarla”, defendió el senador. Sin embargo, consultado sobre si él haría lo mismo, admitió: “Probablemente no”. Benegas Lynch justificó la austeridad del oficialismo: “Estamos con ese nivel de austeridad y de cuidado. Vos decís: ‘Che, bueno, qué lástima, no se cuidaron, que llevó justo la mujer’. Bueno, tal vez puede ser. ¿Está mal tener cuatro o cinco asesores? No sé si está mal, depende lo que hacés”.

Al cierre, el legislador valoró la solidez moral de esta etapa: “Jamás hemos vivido esto. El respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad privada como marco y norte de país no lo hemos tenido jamás”.

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En medio de una inusual interna con Nicolás Pino, el actual presidente de la mayor entidad del agro, su número 2, Marcos Pereda, finalmente oficializó su candidatura a la presidencia de la Sociedad Rural Argentina (SRA). De esta manera, escala la interna dentro de una de las entidades más influyentes del campo argentino, donde dos sectores enfrentados disputan el control de la institución y la interpretación de las reglas que definen su conducción.

Esta presentación toma relevancia, ya que desde septiembre del año pasado hay un debate en el sector sobre la alternancia institucional y el límite de los mandatos. La postulación de Pereda, actual vicepresidente de la SRA, se da luego de una abierta ruptura con Pino, con quien comparte la conducción desde 2021.

El dirigente, que junto con Pereda Born desplazó al oficialismo histórico en 2020, podría disputar un nuevo mandato pese a la resistencia de un grupo de 78 socios que sostiene que la reelección para un cuarto período sería contraria al estricto límite fijado por el propio presidente en 2023, durante su segundo mandato. Fue el propio Pino quien dispuso el cambio en el estatuto y fijó el límite de tres mandatos consecutivos.

En una carta que envió a los miembros de la entidad, este sector denunció que permitir una nueva postulación sería un “retroceso institucional y una contradicción ética”, aludiendo a que “las reglas pierden toda legitimidad cuando quienes las impulsan deciden no cumplirlas”.

Las elecciones de la Sociedad Rural Argentina (SRA) tendrán lugar el próximo 9 de septiembre. Aunque faltan meses para la elección, la interna ya está en plena ebullición.

La candidatura de Pereda y el quiebre con Pino

La proclamación del espacio “Renovación con Unidad”, el partido con el que se presentará Pereda, se realizó durante la muestra Expoagro y representa el primer movimiento formal hacia la disputa presidencial en la SRA.

Pereda presentó la iniciativa junto a Santos Zuberbühler, un referente de otro espacio interno impulsor de la renovación, y propuso un frente que sintetiza diferentes corrientes y sectores independientes. “Creemos que podemos hacer nuestro aporte y ofrecer una alternativa en términos de representación”, sostuvo Pereda en el acto, a la vez que remarcó que “avanzar hacia un cuarto mandato presidencial consecutivo se aparta del criterio de calidad institucional que inspiró ese proceso”.

El dirigente argumentó que “no es una cuestión personal; es la defensa de un principio y de una forma de conducción basada en reglas claras y previsibilidad”.

El trasfondo de esta candidatura está marcado por la ruptura de la fórmula que llevó al poder al actual oficialismo de la SRA. Tras colaborar en una agenda de modernización que incluyó el traslado de la sede histórica y la instrumentación del voto electrónico, las diferencias entre Pino y Pereda se hicieron irreconciliables durante la segunda mitad del mandato, principalmente por diferencias en el posicionamiento frente al Gobierno de Javier Milei.

Mientras Pino mantuvo un perfil dialoguista y una relación cercana con el presidente, Pereda fue referente de los sectores internos que reclamaban una conducción más combativa, especialmente respecto de las retenciones a las exportaciones del campo.

En su presentación, Pereda subrayó que el surgimiento de su candidatura no desconoce los logros recientes de la gestión, pero enfatizó que la SRA “necesita madurez, previsibilidad y unidad, dejando atrás los sectarismos y el internismo permanente”. Por su parte, Zuberbühler expresó que “hay que trabajar todos juntos para defender lo que nos corresponde y ayudar a que los socios tengan más y mejores servicios. Ampliar, profesionalizar y retomar la centralidad de la Rural en la agenda productiva es el norte que nos moviliza”.

La respuesta de Pino

Frente a la candidatura de Pereda, Pino reconoció en sus redes sociales que hasta el momento no definió su candidatura, pero que lo “evaluará en los próximos días y tomará una decisión”.

El referente publicó en su cuenta de X: “Frente a las declaraciones del Vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, les comento que en las numerosas recorridas que realizo me encuentro con muchos socios y productores que me piden que siga al frente de la entidad”. E insistió: “Estamos convencidos de que el camino es seguir hablando, seguir representando la voz de nuestros productores”.

La conducción actual rechazó haber violado el estatuto y sostuvo que el nuevo límite de mandatos fijado por la reforma de marzo de 2023 debe contarse desde su registro ante la Inspección General de Justicia, el 20 de julio de ese año. Bajo ese criterio, el período 2024-2026 sería el primero del nuevo esquema. Si vuelve a ser electo, Pino asumiría así su “segundo mandato” bajo la nueva normativa y no un cuarto consecutivo.

La SRA es el principal espacio de representación de los grandes productores y terratenientes del país, con unos 3.900 socios y una historia vinculada a los apellidos emblemáticos del sector: Martínez de Hoz, Anchorena, Miguens, Blaquier, Frers y Etchevehere, entre otros. Fundada en 1866 con el objetivo de “velar por el patrimonio agropecuario del país”, la entidad integra el llamado Grupo de los Seis, el círculo que reúne a los bancos nacionales (Adeba), la industria (UIA), la Bolsa de Comercio porteña (BCBA), la Cámara de la Construcción (Camarco) y el comercio (CAC), referente del poder económico tradicional argentino.

Pino, de 60 años y miembro de la SRA desde hace más de 30, estableció la reforma que hoy es objeto central de la controversia. En tanto, Pereda Born, descendiente de la familia fundadora de Bunge y Born y presidente del Grupo Bermejo, se posiciona como el representante de una línea más combativa, orientada a profundizar la modernización y el perfil crítico frente al Ejecutivo nacional.

Después de más de dos décadas, la Argentina empieza a recuperar terreno en un mercado que supo liderar. A comienzos de 2000, el país concentraba cerca de la mitad del comercio mundial de aceite de girasol, pero con el avance productivo de Europa del Este, ese protagonismo se diluyó. Ahora, una proyección internacional indica que el país volverá a a ganar espacio en el tablero global.

En su último informe mensual, el departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, United States Department of Agriculture) elevó su estimación para la cosecha argentina girasol a 7 millones de toneladas, lo que implicaría un crecimiento interanual de 25,2%. A su vez, de confirmarse, sería uno de los mejores registros de las últimas campañas.

Las previsiones locales también muestran un buen desempeño. Y, aunque la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantuvo una estimación algo más moderada, de 6,2 millones de toneladas, la entidad destacó que el país podría tener rindes por encima de los promedios históricos en varias regiones productivas.

Este salto productivo coincidió con un cambio en el mapa del comercio internacional. Según el USDA, la Argentina representó el 13,8% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol, mientras que la participación de Ucrania y Rusia -los dos mayores productores de girasol en el mundo- mostró una baja relativa, hasta 33,2% y 30,3%, respectivamente.

En términos prácticos, esto significa que la Argentina exportará casi una de cada siete toneladas de aceite de girasol que se comercializan en el mundo. Según consignó el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), en enero, las exportaciones del complejo girasol aportaron un total de USD 210,1 millones, un salto interanual del 173,2 por ciento.

De líder global a tercer jugador

A comienzos de siglo, la Argentina dominaba el negocio mundial del girasol. De acuerdo con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en la campaña 2001/02 el país concentraba cerca del 60% del comercio mundial de aceite de girasol, muy por delante de Ucrania (25%) y Rusia (6%).

Sin embargo, el escenario cambió en las dos décadas siguientes. Ambos países de Europa del Este expandieron con fuerza el área sembrada, incorporaron tecnología agrícola y desarrollaron una potente industria de procesamiento, lo que les permitió ganar competitividad y pasar a dominar el mercado global.

En tanto, la reducción de la participación de la Argentina en el negocio entre 2000 y 2015 responde a varios factores estructurales. El primero de ellos fue la expansión y modernización de la agricultura en Ucrania y Rusia, que aumentaron su superficie cultivada y adoptaron tecnología más avanzada, lo que les permitió lograr mejores rendimientos y mayor capacidad de industrialización.

Durante ese mismo período, la Argentina mantuvo modelos productivos con menor inversión y enfrentó además un esquema de retenciones a las exportaciones que redujo los incentivos para el cultivo. A eso se sumó una menor incorporación de tecnología en comparación con el fuerte salto productivo que registró la región del Mar Negro.

El país también reorientó su matriz agrícola hacia la soja y el maíz, cultivos que ofrecían mejores paquetes tecnológicos y mayor rentabilidad durante el boom internacional de commodities. Esa transición redujo de forma sostenida el área destinada al girasol y su participación relativa en el mercado global.

Esta es una de las razones por las que, hoy, el sector agroindustrial local está en pleno debate sobre la necesidad de actualizar la Ley de Semillas, en medio de advertencias por el atraso productivo frente a competidores directos. Si bien parte del agro resiste mayores regulaciones, la mayoría de los actores reconoce que una actualización normativa podría ayudar a cerrar la brecha de rendimientos por hectárea frente a los productores de Europa del Este.

Hoy, entre Ucrania y Rusia concentran más del 60% del comercio mundial de aceite de girasol, una participación que convirtió a la región del Mar Negro en el principal centro de producción y exportación del producto.

Un mercado con oferta ajustada

A pesar del mayor aporte argentino, el mercado internacional sigue mostrando señales de tensión. El USDA advirtió que la relación entre stocks y consumo mundial de aceite de girasol continúa cayendo y se ubica en torno al 13,5%, un nivel que refleja una oferta relativamente ajustada frente a la demanda.

En ese contexto, el repunte productivo argentino aparece como un factor relevante para equilibrar el mercado, especialmente en un escenario internacional todavía marcado por la volatilidad en la región del Mar Negro.

En su discurso durante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei volvió a poner al campo en el centro de su agenda económica. Allí, reiteró su intención de reducir las retenciones de manera gradual, “siempre que el superávit fiscal lo permita”. Pero junto con ese mensaje, revivió un tema que el agro arrastra desde hace décadas y que divide al sector: la posible reforma de la Ley de Semillas.

El debate no es nuevo, pero volvió a cobrar fuerza tras el acuerdo comercial que la Argentina firmó el mes pasado con Estados Unidos. Según ese entendimiento, el país debería avanzar hacia los estándares de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, conocidos como UPOV 91.

Se trata de una norma internacional que refuerza la protección de la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales. Y que, en la práctica, cambia las reglas del negocio de la genética agrícola.

Detrás de esta discusión técnica, aparece un conflicto sectorial más profundo. Por un lado, las empresas semilleras sostienen que sin protección de la innovación no hay incentivos para invertir en genética, y, por el otro, buena parte de los productores teme que una normativa más estricta limite prácticas históricas del agro argentino y eleve los costos de producción.

La ley vigente en el país data de 1973 y quedó desactualizada frente al avance de la biotecnología y del comercio global de semillas. Mientras tanto, más de 60 países ya adoptaron UPOV 91 como estándar internacional.

El ‘uso propio’

En el centro de la discusión aparece una práctica clave del agro argentino. El llamado ‘uso propio’ implica que los productores pueden guardar parte de su cosecha y volver a sembrarla en la campaña siguiente sin pagar regalías adicionales por la genética utilizada.

Las empresas del sector sostienen que este esquema dificulta recuperar las inversiones en investigación y desarrollo. Los productores, en cambio, advierten que limitarlo podría concentrar el negocio en pocas multinacionales y encarecer la implantación de los cultivos.

En la práctica, el sistema actual genera además un incentivo a la multiplicación informal de semillas. Un productor puede comprar una variedad una campaña, comprobar su buen desempeño y luego reservar parte del grano para volver a sembrarlo en las siguientes temporadas.

Según datos del mercado local, el nivel de formalidad en el pago de derechos de propiedad intelectual en semillas no supera el 40 por ciento. En Brasil, en cambio, más del 80% de los productores reconoce esos derechos.

El atraso productivo

Para parte de la industria semillera, ese diferencial explica el atraso productivo argentino. “En el caso de la soja, el principal cultivo del país, los rindes se mantienen prácticamente estancados desde hace dos décadas en torno a los 3.000 kilos por hectárea. En ese mismo período, Brasil pasó de tener rendimientos unos 300 kilos inferiores a los de la Argentina a superarlos hoy en más de 350 kilos por hectárea”, dijo el analista agropecuario Javier Preciado Patiño.

Analizó, además, que si el país vecino tuviera hoy el mismo rendimiento que a comienzos de los años 2000, su producción rondaría las 134 millones de toneladas. En cambio, actualmente se ubica cerca de las 180 millones de toneladas al año.

Para algunos actores del sector, la explicación está en el acceso a genética más avanzada. “La discusión de fondo es si queremos que el productor argentino acceda a la misma tecnología que utilizan los productores brasileños o estadounidenses”, explicó una fuente vinculada a la industria semillera. Según ese diagnóstico, la falta de un sistema claro de recuperación de la inversión en genética desincentiva la llegada de nuevos desarrollos al país.

“Para quien se adelante a objetar que el diferencial es impositivo, el algodón lo muestra todavía más nítido. Tuvo retenciones más bajas que los cultivos principales, las eliminamos, y aún así tenemos la mitad del rinde que Brasil (~700 kg de fibra/ha vs +1.500)”, escribió el secretario de Desregulación y Transformación del Estado, Alejandro Cacace, en su cuenta de X.

Destacó, además, que “la innovación agrícola es hiperlocal, particular a cada geografía. Sin retorno para quien la desarrolla acá, no se desarrolla acá. Sin innovación, los rindes se estancan. Ese rinde no capturado son miles de millones en exportaciones que no ocurren. El pago de semillas no es un beneficio para las semilleras. Es la condición para que exista mejoramiento local. Y con rindes estancados, el que pierde es el productor. Más tecnología en el campo = más kilos por hectárea = más Argentina”, publicó el funcionario.

La genética que no llega

En los últimos años varias compañías redujeron sus programas de investigación o limitaron la introducción de nuevas variedades. La soja Intacta, desarrollada por Bayer, dejó de tener nuevas versiones comerciales en el mercado local, mientras que otras tecnologías que ya se utilizan en Brasil o Estados Unidos todavía no están disponibles para los productores argentinos.

Actualmente, apenas un puñado de empresas mantiene programas de mejoramiento de soja a escala en el país, encabezados por compañías como DonMario y algunos desarrollos de origen internacional.

Desde una de las principales compañías de genética agrícola con presencia global y operaciones en la Argentina señalaron que los países que reforzaron la protección de la propiedad intelectual lograron acelerar la adopción de nuevas variedades y expandir sus exportaciones agrícolas.

Ante la falta de una reforma legal, la propia industria impulsó en los últimos años un sistema privado para regular el pago de regalías. Se trata de Sembrá Evolución, un esquema de licencias que ya reúne a más de 21.000 productores y cubre unas 3,8 millones de hectáreas de soja sobre un total cercano a las 16 millones sembradas en el país.

El sistema busca ordenar el reconocimiento de la propiedad intelectual sobre las variedades, aunque el nivel de adhesión todavía es parcial y convive con prácticas informales como la llamada ‘bolsa blanca’.

La interna del campo

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtió que la adhesión a UPOV 91 “limita severamente el concepto de uso propio”, desequilibra la relación entre obtentores y productores y podría incrementar los costos de implantación.

En un comunicado, la entidad reconoció la necesidad de reglas claras para fomentar la innovación, pero reclamó preservar el rol del productor como “socio estratégico y no solo cliente cautivo de la tecnología de semillas”.

La Mesa de Enlace también comenzó a analizar el tema. Según explicó Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina, la entidad no respaldará la adhesión a UPOV 91, aunque está dispuesta a discutir una nueva ley nacional que combine innovación con los derechos históricos de los productores.

Desde Coninagro, su presidente Lucas Magnano destacó la importancia de alcanzar consensos dentro del sector y vinculó el debate con el estancamiento productivo del país. “Argentina está estancada en materia productiva hace bastante tiempo”, señaló. Y agregó que para alcanzar una producción de 300 millones de toneladas de granos -tal como lo dijo el presidente en su discurso en el Congreso- también será necesario avanzar en la reducción de las retenciones.

El frente político

El frente político no es sencillo. Durante más de dos décadas se presentaron distintos proyectos para actualizar la Ley de Semillas, pero ninguno logró avanzar en el Congreso. Las diferencias entre productores, empresas y entidades rurales imposibilitaron cualquier intento de reforma.

En el sector reconocen que el debate volverá a ser intenso en el Parlamento, donde las entidades rurales mantienen fuerte influencia sobre distintos bloques políticos. Comentan que, incluso dentro del oficialismo, conviven posiciones diferentes sobre el tema: mientras algunos legisladores cercanos al sector agropecuario prefieren avanzar en una nueva ley nacional otros optan por adherir directamente a UPOV 91.

Mientras tanto, el Gobierno convocó a los distintos actores del sector para presentar propuestas y anticipó el envío de un proyecto al Congreso.

La alternativa a la adhesión directa a UPOV 91 sería una nueva ley nacional. Ese proyecto —que aún no existe formalmente, pero que distintos actores del sector aseguran que está en elaboración— también deberá pasar por la Comisión de Agricultura y Ganadería, un espacio históricamente atravesado por la influencia de las entidades rurales y de las provincias agrícolas.

Cada 7 de marzo se celebra en Argentina el Día del Campo, una fecha que reconoce el rol estratégico del sector agropecuario en la economía nacional.

Más allá de la producción, el campo es también el motor de una compleja red logística que conecta regiones productivas, puertos, industrias y mercados internacionales.

En un país con fuerte perfil exportador de alimentos, la relación entre agroindustria, logística y comercio exterior resulta determinante para sostener la competitividad global.

El peso del agro en la economía argentina es contundente. Según el Monitor de Exportaciones Agroindustriales de la Fundación FADA, 6 de cada 10 dólares que ingresan al país provienen de las cadenas agroindustriales.

En 2025, Argentina exportó cerca de US$ 87.076 millones, de los cuales US$ 52.900 millones correspondieron al sector agroindustrial, equivalente al 61% de las exportaciones totales.

Estos números muestran por qué el campo no solo es un sector productivo, sino también el principal generador de divisas del país y un actor central en el comercio internacional de alimentos.

El campo argentino en el comercio global

La agroindustria argentina tiene una fuerte presencia internacional. Según el Monitor de Exportaciones Agroindustriales de FADA, los productos del campo argentino llegan a más de 143 países, lo que significa que cerca del 75% del mundo consume alimentos o productos agroindustriales del país.

Entre los principales complejos exportadores se destacan la soja y sus derivados —que representan alrededor del 41% de las exportaciones agroindustriales—, seguidos por el maíz (13%) y las cadenas cárnicas (alrededor del 9%).

Argentina además ocupa posiciones estratégicas en el mercado global de alimentos: es primer exportador mundial de aceite de soja, maní y jugo de limón, segundo exportador de harina de soja y uno de los principales exportadores globales de maíz y carne bovina.

Este posicionamiento internacional convierte al sector agroindustrial en uno de los principales demandantes de servicios logísticos, transporte de cargas y operaciones de comercio exterior.

Logística y puertos: el corazón del sistema agroexportador

Para que los productos del campo lleguen a los mercados internacionales, la logística juega un papel decisivo. Cada año millones de toneladas de granos, aceites y subproductos deben trasladarse desde las zonas productivas del interior hacia los principales puertos del país.

Uno de los nodos logísticos más relevantes es el Gran Rosario, considerado uno de los complejos portuarios agroexportadores más importantes del mundo.

Desde esta región se embarca entre el 70% y el 76% de las exportaciones agroindustriales argentinas, a través de una red de terminales portuarias y plantas de procesamiento ubicadas a lo largo de unos 70 kilómetros del río Paraná.

En esta zona también se encuentra el denominado Up River, un corredor portuario sobre el río Paraná que se extiende por unos 70 kilómetros entre Timbúes y Arroyo Seco, donde se concentran los principales puertos exportadores de granos, aceites y subproductos del país.

Desde este sistema portuario parten buques hacia Asia, Europa, América y África, consolidando a la región como uno de los nodos logísticos más relevantes del comercio internacional de alimentos.

Transporte interno: el desafío logístico del agro

Antes de llegar a los puertos, los productos del campo deben recorrer largas distancias desde las regiones agrícolas hasta las terminales exportadoras. Este proceso implica una enorme operación logística que involucra camiones, ferrocarriles, acopios, plantas industriales y centros de distribución.

El transporte terrestre sigue siendo el principal medio para movilizar granos y subproductos hacia los puertos, aunque el sistema ferroviario cumple un rol creciente en el traslado de cargas agrícolas.

El crecimiento del comercio internacional de alimentos también plantea nuevos desafíos para la logística del sector agroindustrial. La eficiencia en el transporte, el almacenamiento y la gestión portuaria se vuelve cada vez más importante para reducir costos y mantener la competitividad frente a otros países exportadores.

Además de la infraestructura física, el sector incorpora cada vez más tecnología aplicada a la logística, incluyendo sistemas de trazabilidad, digitalización de operaciones, monitoreo satelital de cargas y herramientas de planificación del transporte.

Estas innovaciones permiten optimizar el movimiento de millones de toneladas de productos agrícolas que cada año se integran a las cadenas globales de suministro.

Mucho más que producción

El Día del Campo no solo celebra a los productores rurales. También pone en valor a todos los actores que forman parte del sistema agroexportador: transportistas, operadores logísticos, terminales portuarias, empresas de comercio exterior y servicios asociados.

Detrás de cada tonelada exportada existe una compleja cadena logística que conecta el interior productivo con los mercados internacionales.

En un contexto global donde la demanda de alimentos continúa creciendo, el campo argentino seguirá siendo uno de los pilares del comercio exterior del país.

Y junto a él, la logística continuará desempeñando un rol fundamental para que la producción nacional llegue de manera eficiente a los mercados del mundo.

El crecimiento del agro peruano en los últimos años es motivo de orgullo nacional. Nuestro país se ha consolidado como un proveedor confiable de alimentos de alta calidad, capaces de competir y destacar en los mercados más exigentes del mundo. Este avance sostenido responde a una combinación de factores: inversión, tecnología, profesionalización del campo y aplicación rigurosa de buenas prácticas agrícolas.

En este proceso de modernización, la protección eficiente de los cultivos ha sido un componente fundamental. La agricultura contemporánea enfrenta desafíos naturales permanentes, como plagas y enfermedades que pueden afectar el rendimiento y la calidad de los productos. Frente a ello, el uso responsable y técnicamente adecuado de plaguicidas se convierte en una herramienta estratégica para garantizar productividad, inocuidad y sostenibilidad.

Las cifras recientes reflejan esta evolución positiva. En 2025, el sector agropecuario peruano registró un crecimiento destacado, impulsado principalmente por el subsector agrícola. Asimismo, según la Asociación de Exportadores (ADEX), las agroexportaciones superaron los USD 12.800 millones, con productos como uvas, arándanos, paltas, cítricos y mangos consolidando su presencia en destinos altamente regulados, entre ellos la Unión Europea. Estos resultados evidencian que el Perú cumple con estándares sanitarios y fitosanitarios de nivel internacional.

El cumplimiento de límites máximos de residuos, los sistemas de trazabilidad y las certificaciones internacionales forman parte de la gestión cotidiana de la agroindustria peruana. En ese contexto, los plaguicidas autorizados y empleados bajo criterios técnicos permiten proteger los cultivos sin comprometer la seguridad de los alimentos. La clave está en la capacitación, la planificación y el respeto al marco normativo vigente.

La agricultura moderna se basa en la integración de herramientas. No se trata únicamente de aplicar insumos, sino de hacerlo dentro de esquemas de manejo integrado, con monitoreo constante, asesoría especializada y evaluación permanente. Este enfoque técnico asegura que cada intervención sea oportuna, eficiente y alineada con los estándares de calidad que demandan los mercados globales.

El acompañamiento institucional también desempeña un rol relevante. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) cumple funciones esenciales en la supervisión, autorización y control de insumos, fortaleciendo la confianza de los socios comerciales y respaldando la reputación del país como exportador responsable. Este trabajo articulado entre sector público, productores y agroindustria consolida un modelo agrícola competitivo y seguro.

Además, el contexto internacional plantea nuevas oportunidades. El cambio climático exige mayor capacidad de adaptación y respuestas técnicas oportunas para proteger los cultivos. En ese escenario, la innovación en productos, la investigación científica y el uso responsable de herramientas agrícolas permiten mantener la estabilidad productiva y asegurar el abastecimiento de alimentos.

La experiencia peruana demuestra que productividad y sostenibilidad pueden avanzar de la mano. La incorporación de tecnología, el fortalecimiento de capacidades en campo y el uso adecuado de plaguicidas contribuyen a optimizar rendimientos, reducir pérdidas y garantizar alimentos inocuos para millones de consumidores dentro y fuera del país.

Es importante reconocer que el agro no solo genera divisas. También impulsa el empleo formal, dinamiza economías regionales y promueve el desarrollo en zonas donde la agricultura es el principal motor productivo. Cada mejora en eficiencia y calidad impacta directamente en la calidad de vida de miles de familias.

Mirando hacia el futuro, el camino es claro: continuar fortaleciendo la capacitación en buenas prácticas agrícolas, promover el uso de insumos debidamente autorizados, fomentar la innovación tecnológica y consolidar la cultura de cumplimiento normativo. Estas acciones permiten que el Perú siga ampliando su presencia en mercados internacionales y consolidando su prestigio como proveedor confiable.

El uso responsable de plaguicidas forma parte de este modelo de crecimiento sostenible. Cuando se aplican con criterio técnico, dentro de los estándares regulatorios y con acompañamiento especializado, contribuyen a proteger los cultivos, asegurar la calidad y sostener la competitividad.

El agro peruano ha demostrado que es posible crecer con estándares altos y con visión de largo plazo. La combinación de conocimiento, regulación y responsabilidad continuará siendo la base para que nuestros productos sigan destacando en el mundo y para que el campo peruano mantenga su dinamismo como uno de los pilares de la economía nacional.

Durante décadas, invertir en tierra agrícola en Argentina fue sinónimo de patrimonio familiar o grandes fortunas. Un análisis de largo plazo volvió a poner al campo en el radar financiero: en los últimos 50 años, la renta anual en dólares de los campos argentinos, sumando alquiler y valorización de la hectárea, superó el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, uno de los activos más seguros del mundo. La explicación está en la doble naturaleza del activo, que genera una renta anual -ya sea por arrendamiento o por explotación directa- y puede apreciarse en el tiempo.

El dato gana cobra relevancia porque, al observar el valor actual de la tierra en la zona agrícola más productiva del país, conocida como el Triángulo de Oro o “núcleo”, el valor ronda USD 23.000 por hectárea. En áreas núcleo del norte bonaerense como Pergamino, Rojas o Salto, los valores se ubican por encima de USD 20.000 por hectárea.

Para operadores del sector, esos precios resultan bajos en términos históricos ya que, a pesar de la alta productividad del suelo argentino, los valores actuales no reflejan totalmente la capacidad de generación de renta ni la demanda de activos reales en contextos inestables.

Para operadores del sector, los precios de los campos resultan bajos en términos históricos ya que, a pesar de la alta productividad del suelo, los valores no reflejan totalmente la capacidad de generación de renta

La región pampeana es reconocida a nivel global por su fertilidad y eficiencia natural. En campañas normales, los rindes compiten con los de Estados Unidos o Brasil, aun con menor nivel de subsidios, retenciones y en muchos casos con menor incorporación tecnológica. Esa relación entre calidad productiva y precio sostiene la idea de que la tierra argentina ofrece una ecuación atractiva para inversores de largo plazo.

El acceso, no obstante, prresenta barreras. Con valores por encima de USD 20.000 por hectárea en las zonas premium, incluso una inversión relativamente pequeña implica cifras altas. Un establecimiento de 100 hectáreas en zona núcleo puede superar con facilidad los USD 2.000.000. A esto se suma la baja liquidez: a diferencia de un bono o una acción, la compra y venta de tierra puede demorar meses y requiere gestión permanente, ya sea para arrendar o producir.

Alternativas de inversión en el mercado agropecuario

Esa barrera histórica comenzó a modificarse con la aparición de nuevas estructuras financieras que permiten fraccionar el acceso a la tierra. Hoy existen instrumentos que permiten invertir en campo sin necesidad de adquirir una hectárea completa.

Una de las opciones son los fideicomisos agropecuarios tradicionales. Se trata de fondos cerrados que reúnen capital para financiar campañas agrícolas o ciclos ganaderos, o para adquirir campos que luego se alquilan. En estos esquemas, además del capital aportado, suele existir un fee de ingreso que puede oscilar entre el 2% y el 5% del monto invertido, destinado a estructuración, administración y gastos iniciales.

Los fideicomisos agropecuarios tradicionales reúnen capital para financiar campañas agrícolas o ciclos ganaderos con inversiones desde 500 dólares

En los modelos productivos integrados, la inversión mínima puede comenzar desde USD 500 por animal en los fideicomisos ganaderos, o por hectárea cultivada en los agrícolas. Estos vehículos contemplan honorarios de administración anuales que rondan entre 3% y 7% sobre el capital o sobre el resultado, dependiendo del contrato y del esquema de participación.

Esquemas productivos y riesgos asociados

A diferencia de los fideicomisos enfocados solo en la renta de la tierra, estos proyectos apuntan a capturar todo el margen del proceso productivo. El negocio se basa en la conversión del cereal producido en kilos de carne para venta en el mercado interno y exportaciones.

En algunos casos, la integración vertical comienza con la vaca de cría, que genera el propio ternero, y se extiende hasta la llegada del producto terminado a la góndola.

Según los términos difundidos por operadores del sector, la empresa responsable asume el riesgo operativo y fija contractualmente una utilidad objetivo para el inversor, incorporando cláusulas de seguro de ganado y seguro agrícola dentro del esquema de adhesión. Bajo este formato, los retornos proyectados pueden rondar el 10% anual en dólares en los fideicomisos ganaderos y hasta el 14% anual en los agrícolas.

Economistas de consultoras referentes advierten que la existencia de una rentabilidad objetivo o pactada no elimina el riesgo sistémico. El negocio agropecuario está expuesto a factores climáticos, variaciones en los precios internacionales de los granos y la carne, cambios regulatorios y tensiones financieras propias del ciclo económico argentino. En escenarios adversos, los flujos pueden diferirse o renegociarse.

La existencia de una rentabilidad objetivo o pactada no elimina el riesgo sistémico

Nuevos vehículos y rentabilidades potenciales

Otra alternativa son los fideicomisos financieros con oferta pública que permiten invertir en una cartera diversificada de campos agrícolas a través de sociedades de bolsa. Bajo este esquema, el ingreso puede comenzar desde montos muy bajos, incluso desde USD 50. En estos modelos se proyecta una renta bruta anual estimada de entre 3% y 4% por arrendamiento, a lo que se suma una apreciación potencial de capital de entre 5% y 6%. También en este caso existen costos de estructuración y administración que reducen el rendimiento efectivo final.

Además, hay proyectos privados vinculados a actividades específicas como feedlot o expansión comercial en la cadena cárnica, donde las rentas objetivo publicadas pueden ubicarse entre el 14% y el 24% anual. En estos casos, el inversor no apuesta solo a la valorización de la tierra sino al resultado directo del negocio operativo, lo que implica una mayor exposición al riesgo empresarial.

El panorama actual muestra distintos niveles de riesgo y retorno dentro del universo agropecuario. Desde la tierra arrendada con perfil patrimonial y horizonte de largo plazo, hasta los fideicomisos productivos y los proyectos operativos con mayor volatilidad.

La diferencia con décadas anteriores es que el campo dejó de ser un activo reservado exclusivamente para grandes propietarios y comenzó a ofrecer puertas de entrada más graduales para pequeños y medianos inversores que buscan activos reales en un contexto de incertidumbre financiera global.

El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG), elaborado por las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe, registró en enero una variación mensual de 0,2%, positiva por segundo mes consecutivo tras el repunte de diciembre. En la comparación interanual, el indicador se ubicó 1,1% por debajo del nivel de enero de 2025.

Al desagregar el índice, seis de los diez componentes tuvieron tasas mensuales positivas, aunque solo dos mejoraron respecto a enero del año pasado, lo que refleja heterogeneidad en la dinámica económica.

El avance más notable provino del sector agrícola: labores agrícolas subieron 2,8% mensual, acumulando cuatro incrementos consecutivos y alcanzando un máximo histórico, con un crecimiento interanual de 20,8% ligado al cierre de cosechas de trigo y cebada y al avance en implantación de soja y maíz.

La producción industrial anotó un alza mensual de 1,1% (segundo mes positivo), pero sigue 3,9% por debajo en la comparación interanual; la construcción creció 0,5% mensual y mostró una variación interanual de -0,6%.

En comercio exterior y mercado interno, las importaciones cayeron 2,8% mensual y acumulaban cuatro bajas seguidas (-8,7% interanual), mientras las exportaciones en dólares constantes bajaron 0,8% mensual, aunque la balanza quedó en superávit. Las ventas minoristas cayeron 0,1% mensual y 6,4% interanual; patentamientos subieron 2,1% mensual, pero -3,1% interanual. La recaudación total creció 0,4% mensual, pero se ubicó 7,5% por debajo de enero de 2025.

En el mercado laboral, los asalariados privados registrados retrocedieron 0,1% mensual y 1,3% interanual; la tasa de entrada al mercado laboral subió 0,4% mensual y 4,6% interanual, mientras la remuneración bruta real de empleados privados cayó 0,8% mensual y 4,2% interanual. Entre los indicadores adelantados, el Índice Compuesto Líder (ILA-ARG) fue neutro en enero (0,0%), con siete de doce componentes en baja.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que las empresas del sector liquidaron USD 1.289 millones en febrero, cifra que representa una baja del 30% respecto a enero y un acumulado anual de 3.140 millones de dólares. Se trata de una caída esperada en el mercado.

Según las entidades, el monto ingresado el último mes quedó 26% por debajo del registrado en el mismo período de 2025, lo que refleja una retracción en los ingresos por exportaciones.

Vale recordar que en enero el ingreso ascendió a USD 1.850 millones de dólares, siendo un 82% mayor al monto liquidado en diciembre de 2025, principalmente por el incremento de los embarques de trigo y cebada así como por la continuidad de las exportaciones de maíz y productos industrializados de la soja exportación.

De acuerdo con información difundida por las cámaras empresariales, que representan el 48% de las exportaciones de Argentina, “el mes de febrero se caracterizó por una marcada reducción de días hábiles, únicamente 15 días en total, debido a los feriados, pero en particular a los días de paro nacional que decretaron sindicatos aceiteros por motivos políticos ajenos a la industria, relativos a las deliberaciones en las Cámaras de Senadores y Diputados de la Ley de Modernización Laboral finalmente adoptada”.

En el mercado ya estimaban que el flujo de divisas caería, en un contexto —local e internacional— que combinó factores estacionales y de incentivos. Javier Preciado Patiño, ingeniero agrónomo y ex subsesecretario de Mercados Agropecuarios, explicó que, por lo general, febrero suele ser un mes más bajo por cuestiones de calendario.

Ese año, además, tuvo menos jornadas operativas por los feriados de Carnaval y por la medida de fuerza que afectó a toda la actividad a nivel nacional.

A ese escenario se sumó un dato estructural: por la época del año y el avance de la campaña, ya no quedó el volumen de granos que había impulsado la liquidación en los meses previos. Parte de esas ventas, de hecho, se adelantaron bajo esquemas extraordinarios que mejoraron de forma transitoria las condiciones para exportar el año anterior.

Según Preciado Patiño, la eliminación transitoria de las retenciones a las exportaciones que el equipo económico encabezado por Luis Caputo aplicó en septiembre también incentivó declaraciones anticipadas de ventas al exterior.

La medida rigió durante un período acotado de 72 horas y, en ese lapso, se registró un récord de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por 13,6 millones de toneladas de soja, lo que generó un ingreso de divisas al mercado cambiario de unos USD 7.100 millones.

En el sector exportador señalan que, ante una posible mayor demanda de divisas en el segundo trimestre, existe la posibilidad de que se evalúe una reducción adicional en los derechos de exportación para estimular un mayor ingreso de dólares.

En ese sentido, el presidente Javier Milei, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, adelantó que implementará una nueva Ley de Semillas que garantice derechos de propiedad intelectual y prometió seguir por el sendero de la baja gradual de las retenciones.

Al mismo tiempo, el actual valor del tipo de cambio no genera un estímulo significativo para acelerar las ventas de los exportadores. La estabilidad del dólar y la ausencia de expectativas de una corrección abrupta llevan a que varios productores consideren administrar con cautela el ritmo de comercialización.

Por otra parte, Milei afirmó que el sector agroindustrial experimentará una transformación profunda y sostuvo que Argentina cuenta con el potencial para alcanzar una producción de 300 millones de toneladas de granos, cifra que representa casi el doble del volumen vigente.

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei puso al sector agroindustrial en el centro de su estrategia de inserción internacional y prometió avanzar en dos de los reclamos históricos del campo. El mandatario adelantó que implementará una nueva Ley de Semillas que garantice derechos de propiedad intelectual y prometió seguir por el sendero de la baja gradual de las retenciones.

“Tenemos los minerales críticos que necesita Occidente, tenemos energía, gas, petróleo, energía nuclear y renovable para abastecer cadenas de producción a escala; tenemos tierra, agua y capacidad agroindustrial para garantizar la seguridad alimentaria del hemisferio”, sostuvo ante el Congreso. Y remarcó: “Somos un eslabón natural de la cadena de valor estratégica de Occidente”.

El foco de esa parte del mensaje estuvo en la competitividad agroindustrial. Milei aseguró que el sector “tendrá su revolución” y planteó que el país está en condiciones de producir 300 millones de toneladas de granos, prácticamente el doble del volumen actual.

Para eso, anunció que enviará un régimen que “garantice el derecho de propiedad para los innovadores en semillas”, uno de los pedidos más insistentes de las semilleras y laboratorios. Además, prometió continuar “el sendero de reducción de retenciones”, aunque aclaró que será “de forma responsable y solo en la medida en que el superávit fiscal lo permita”.

El trasfondo es la vieja discusión sobre la Ley de Semillas. La normativa vigente permite que el pago de regalías por el uso de genética mejorada quede, en muchos casos, a voluntad del productor. Actualmente, el mercado de propiedad intelectual en la Argentina ronda el 45%, muy por debajo de países como Brasil, donde cerca del 80% de los productores paga derechos por el uso de tecnología.

Según el diagnóstico del sector, esta situación genera atraso genético y menores rindes, ya que las compañías priorizan mercados donde la propiedad intelectual está protegida. Milei fue explícito: “No podemos permitir que Brasil triplique su producción de soja usando semillas con tecnología argentina que no se pueden vender en la Argentina”.

También apuntó contra la brecha de productividad regional: “No podemos aceptar que nuestros rindes en Chaco sean de 600 kilos de algodón por hectárea cuando en Brasil son de 1.400”.

El Presidente vinculó la agenda agroindustrial con la inserción global y cuestionó el bajo nivel de apertura de la economía. “Hoy tenemos un 30% de comercio exterior sobre el PBI cuando deberíamos tener el triple, cerca del 93%. Son números de vergüenza y no nos puede volver a pasar”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que en un año la red de ferrocarriles de carga atravesará “la modernización más grande en más de un siglo”, con el objetivo de reducir costos logísticos y mejorar la competitividad exportadora.

Además, destacó la creación de un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta pensada como versión acotada del esquema para grandes proyectos, orientada a dinamizar la incorporación de bienes de capital, tecnología y sistemas de riego en economías regionales.

Tras el discurso, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) —la mesa que reúne a más de 60 entidades de toda la cadena agroindustrial, entre ellos, productores agropecuarios, exportadores de granos y subproductos, industria aceitera, frigoríficos y sector cárnico— expresó su respaldo a los lineamientos planteados por el Presidente.

La entidad aseguró que comparte “plenamente los conceptos del presidente Milei en el Congreso de la Nación: el respeto a la propiedad privada, la apertura económica, la inserción internacional, la necesidad de crecimiento del comercio exterior, la modernización laboral, los objetivos del RIMI, el superávit fiscal y a continuar con la baja de impuestos distorsivos que afectan la competitividad”.

Prometía ser un unicornio biotecnológico argentino, el primero del rubro, la avanzada del mundo biotech local. No sólo eso, iba a revolucionar el agro con súper semillas transgénicas anti-sequía que iban a venderse en todo el mundo. También planeaba generar biomateriales con residuos de maíz y hasta producir asfalto y cemento con un blend de enzimas vegetales.

Nada de eso ocurrió… o al menos esos objetivos quedaron relegados por una mega crisis, una verdadera guerra de accionistas que son pesos pesados del agro y el mundo financiero, todo en medio de acciones cuyo precio se desbarrancaron y muy fuertes acusaciones, desde provocar pérdidas adrede, hasta inoperancia y otras sospechas. Las amenazas de acciones judiciales inminentes también están a la orden del día.

¿Que va a pasar con Bioceres, la empresa que nació casi como una cooperativa y llegó a cotizar en Wall Street? No está claro. Lo cierto es que sus referentes están en medio de un conflicto que “amenaza con llevarse puesto todo”, como describió un ejecutivo al tanto de los acontecimientos.

Los principales protagonistas de esta batalla son Federico Trucco, el histórico CEO de Bioceres, y Juan Sartori, un millonario uruguayo que creció como accionista dentro de la estructura de la empresa y, en paralelo, se convirtió en un jugador importante a nivel local luego de encabezar –como representante en la región de Tether, el gigante cripto detrás de la stablecoin USDT– la compra de Adecoagro, otra emblemática compañía del agro vernáculo.

El trasfondo de esta historia es un verdadero entramado de empresas e intereses. A grandes rasgos, Trucco acusa a Sartori de querer quedarse con las empresas del grupo y de vaciarlas o perjudicarlas para lograrlo, si es necesario. En el entorno del uruguayo aseguran que él es sólo un accionista y apuntan a Trucco como el responsable de hacer tambalear la estructura corporativa con malas decisiones de negocios.

1 - ¿Qué es Bioceres?

La biotech nació en 2001, en medio de la crisis político económica, cuando un grupo de productores decidieron crear una compañía para financiar la investigación pública. Entre ellos estaban Víctor Trucco, padre de Federico y presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), y Gustavo Grobocopatel.

El modelo de negocios fue mutando y comenzaron a integrarse verticalmente hasta operar en 25 países. En el medio hubo turbulencias, como cuando salió del negocio el Grupo Sidus, en 2008. También compraron empresas para desarrollar su red comercial, como Rizobacter por USD 76 millones.

2 - Socios y patentes

La empresa, que siempre tuvo un entramado societario muy atomizado, de unos 300 accionistas del campo argentino, desarrolló, entre otras, la tecnología HB4, que llegaba para combatir el estrés hídrico. La tan mentada semilla anti sequía que iba a convertirse en uno de los ejes centrales de su negocio.

En 2024, el Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA) autorizó el cultivo sin restricciones del trigo resistente a la sequía producido en la Argentina y dijo que no presentaba riesgos en comparación con el trigo convencional.

La decisión del USDA fue una luz verde para el HB4, que fue desarrollado por la bioquímica Raquel Chan y su equipo del Conicet junto a un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Litoral y Bioceres, que en ese momento definió la noticia como “un gran hito”.

3 - Mamushka

En 2011, Trucco se convirtió en CEO de Bioceres. El ejecutivo es licenciado en bioquímica de la Universidad Estatal de Luisiana, en EEUU, tiene una maestría en malezoología y patología vegetal de la Universidad Estatal de Colorado y un doctorado en ciencia de cultivos de la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, donde también obtuvo una especialización en administración de empresas.

Con los años y su proyección internacional, la empresa santafesina se fue convirtiendo en una verdadera mamushka de sociedades locales y extranjeras.

Así, arriba de todo estaba Bioceres Group Limited, una empresa radicada en Reino Unido. De ella se desprendían, en orden: Bioceres SA (Argentina), Bioceres LLC (EEUU) y, finalmente, Bioceres Crop Solutions, que es la que comenzó a cotizar en Wall Street bajo la sigla BIOX.

4 - Salida a la bolsa

Luego de un intento frustrado, Bioceres salió a la bolsa en 2019.

Lo hizo con la modalidad SPAC: adquirieron una empresa sin actividad que ya estaba listada, una suerte de “cáscara”. Es otra de las formas de empezar a cotizar, además del tradicional IPO.

Sartori, que ya tenía vínculo con la empresa, acercó ese instrumento financiero.

5 - Después de la cotización

Las cosas no fueron como se esperaba para el negocio.

Hubo demoras en la autorización de las patentes internacionales y el negocio comenzó a resentirse, debido al vaivén de la economía local y la global. La sequía del 2022, las malas cosechas locales y la caída internacional del precio de los commodities aportaron y sumaron incertidumbre.

Finalmente, la crisis del agro de fines de 2024, con empresas golpeadas como Surcos y Los Grobo, le generó un fuerte estrés financiero del que nunca terminó de recuperarse.

6 - Año clave: 2025

A mediados del año pasado, Trucco estaba apremiado financieramente y convocó a Sartori, quien había seguido invirtiendo en el holding, sobre todo en una de sus asociadas, Moolec, dedicada a la agricultura molecular.

Moolec y Bioceres Group se convirtieron en el paraguas societario principal, por encima de todo el resto. Y Sartori ingresó como un inversor fuerte en el entramado.

Hoy, Moolec controla a Bioceres Group. Union Group, de Sartori, tiene el 19,7% de las acciones. En el resto del paquete accionario de Moolec figuraban los más de 300 accionistas históricos de Bioceres. Representaban algo así como el 60% y ninguno tiene más del 10 por ciento, pero fueron saliendo en medio de la crisis. Ahora, el que manda es el uruguayo.

¿Cuándo se pelearon Sartori y Trucco? No queda claro. En este punto empiezan las versiones encontradas.

7 - Qué dicen en el entorno de Sartori

Apuntaron a Trucco y pidieron la quiebra de Bioceres SA.

En un extenso comunicado del viernes acusaron al CEO de haber generado un “profundo deterioro económico y financiero” registrado al cierre de sus estados financieros al 30 de junio de 2025. Aseguraron que no les quedó otra, que el pedido de quiebra fue una medida “razonable e ineludible”.

“La pérdida de activos netos estimados en aproximadamente 295 millones de dólares, equivalente a más de $270.000 millones, junto con el agravamiento de la exposición financiera del grupo”, detallaron.

Afirmaron que una semana después de la fusión de Moolec y Bioceres Group –del ingreso de Sartori como accionista–, Trucco promovió que el directorio de Bioceres SA dejara de tener el control de BIOX.

“En ese momento Bioceres SA perdió USD 350 millones de su estado financiero porque se quedó sin ese patrimonio, algo que impactó muy fuerte en los resultados financieros consolidados de la empresa. Dejaron a Bioceres SA como un residual dentro de Moolec y limpiaron una deuda de $157.000 millones que habían generado ellos. Ese patrimonio neto negativo lo aprobó el mismo Trucco que era el CEO de Bioceres SA y miembro del directorio”, dicen en Moolec.

También auguran un mal futuro para BIOX, de la que Sartori es accionista. “Hoy la empresa está prácticamente circunscripta a Rizobacter y Pro Farm Group, una firma de biológicos e inoculantes que se compró por USD 243 millones, en 2022, y que ahora terminó rematada por la justicia de EEUU. Uno de los accionistas de BIOX, el fondo Jasper Lake, la acusó de no cumplir con pagos y, en enero, se quedó con Pro Farm por apenas USD 15 millones. Con Rizobacter va a pasar algo parecido. BIOX no tiene salvación. Nasdaq la va a deslistar en cualquier momento”, dicen cerca de Sartori.

Rizobacter pudo reestructurar su deuda días atrás, según se anunció.

8 - Qué dicen en el entorno de Trucco

Creen que ahora Sartori va por BIOX y sospechan que era lo único que le importaba desde el comienzo. Y que para eso el uruguayo está dispuesto a perder dinero, incluso. También miran de reojo a parte del management y los directores que trabajaron junto a Trucco por más de 20 años. Apuntan, sobre todo, a una directora.

Aseguran que ni bien Sartori tomó el control de Bioceres SA, ordenó defaultear pagarés y comenzó una negociación hostil con los acreedores que terminó con el autopedido de quiebra. “Nunca tuvo voluntad de pago ni de arreglo. Como no pudo sacar a Trucco de la empresa que cotiza, desaprobó su gestión y empezó a rematar acciones de la empresa a pérdida: perdió unos USD 20 millones en esa maniobra, a pesar de ser accionista”, relató una fuente cercana a Trucco.

Con respecto a por qué y cómo BIOX se separó del resto, aseguran que la maniobra que detalló el entorno de Sartori nunca existió y que la desconsolidación de Bioceres SA se provocó por el accionar de deudores que gatillaron su acreencias, entre ellos una de las empresas del propio Sartori. “Así él consiguió quedarse con el 15% de BIOX que luego empezó a vender por debajo del valor de mercado. Esas salidas aportaron a la caída del valor bursátil la compañía”, detallaron las fuentes.

La acción de BIOX se desbarrancó: valía más de USD 15 en 2021 y ahora apenas 0,56 dólares. Desde mediados del año pasado, cuando ingresó Sartori, perdió 89% de su valor. Esta situación la ubica en la categoría devaluada de penny stocks y la expone a la posibilidad de ser retirada del mercado accionario estadounidense.

Trucco y otros exdirectivos denunciaron una asamblea de diciembre pasado, en la que el ejecutivo, que aún era director, quedó definitivamente fuera del directorio de Bioceres SA, luego del pedido de quiebra.

Ahora estarían preparando una denuncia penal al respecto, según pudo saber este medio. Días atrás, un comunicado que firmaron “un grupo de directores y fundadores de Bioceres” denunció una nueva maniobra de presión. El texto rechazó el intento de “presentar la situación como una disputa entre accionistas en igualdad de condiciones. No se trata de una asamblea de accionistas históricos ni de una decisión colectiva. Se trata de un acto unipersonal del nuevo accionista, Juan Sartori, utilizado como herramienta de presión contra quienes condujeron la empresa y trabajaron activamente para evitar su quiebra”.

9 - Quién es Sartori

El millonario uruguayo estudió Economía y Administración de empresas en la école des Hautes études Commerciales, en Lausanne, Suiza, y está casado con Ekaterina Rybolovleva, hija de Dmitri Yevguénievich Rybolóvlev, un multimillonario ruso que fue cercano a Vladimir Putin, hizo su fortuna en el negocio de los fertilizantes y es presidente del AS Mónaco.

Fue senador en su país hasta 2024 y antes había perdido la interna presidencial del Partido Nacional con Luis Lacalle Pou, ex mandatario del país vecino. Es accionista de Sunderland AFC, que ascendió a la Premier League; vicepresidente del AS Mónaco y miembro del European Club Association y de la Professional Football League (LFP), en Francia.

En mayo de 2025 fue designado presidente del directorio de Adecoagro, empresa que compró Tether por 600 millones. Sartori es VP a cargo de las inversiones en la región: en los últimos meses, Adecoagro –con ACA como accionista minoritario– le compró Profertil a YPF y Nutrien por unos USD 1.200 millones.

El jueves pasado tocó la campana de inicio de jornada en el Nasdaq, en Nueva York, como parte de Elemental Royalty Corporation, una empresa del negocio del oro, físico y digital, asociada también a Tether, de la que es executive chairman.

10 - ¿Cómo sigue esta historia?

La tensión es total. Se espera una inminente denuncia de Trucco, pero aún no está claro si será contra Sartori. Es muy probable que sí apunte a exdirectivos de Bioceres SA.

Mientras tanto, la empresa que se preparaba para ser el primer unicornio biotech celeste y blanco se desangra, escindida, y enfrenta un futuro que es cada vez más incierto.

Hay una guerra desatada entre dos de las figuras de más peso en Bioceres, una de las joyas del mundo biotecnológico local, que prometía ser un unicornio y ahora está desmembrada y atravesando una fuerte crisis cuyo impacto y consecuencias aún no están del todo claros.

En el centro de la disputa, que presenta denuncias cruzadas y fuertes acusaciones económicas, se encuentran Federico Trucco, el histórico CEO y fundador de la empresa, y Juan Sartori, un millonario uruguayo, que fue senador y precandidato presidencial en su país, y se convirtió en accionista el año pasado.

En medio de un entramado societario complejo, con “varias Bioceres” que convivieron en un momento bajo el paraguas de la misma empresa holding, una novedad de los últimos días fue que una de ellas, Bioceres S.A., había pedido la quiebra.

Ayer por la noche, esa empresa quebrada emitió un comunicado detallando que llegó a una situación de “profundo deterioro económico y financiero” registrada al cierre de sus estados financieros al 30 de junio de 2025, por la gestión del ex CEO, Federico Trucco. Desde la compañía, que hoy está en manos de Sartori, remarcaron que la presentación fue una medida “razonable e ineludible”. Así, se hizo evidente el fuerte conflicto que existe entre la administración actual y la anterior.

Desde la compañía aseguran que la firma, nacida en 2001 como un emprendimiento de productores agropecuarios que apostaron por la tecnología en el sector, y que llegó a convertirse en un ejemplo para startups que buscaban acceder al mercado de capitales, terminó bajo “un esquema de concentración absoluta de poder decisorio” en la figura de Trucco.

Guerra de comunicados

Según el comunicado, “los números del desmanejo del Sr. Trucco hablan por sí mismos y son concluyentes: al cierre del ejercicio 2025 finalizado el 30 de junio de 2025, la Sociedad registró pérdidas por aproximadamente 157 mil millones de pesos (equivalentes a aproximadamente 170–180 millones de dólares al tipo de cambio de cierre)”. En comparación, la pérdida del ejercicio anterior ascendía a $6.000 millones de pesos (alrededor de 130,3 millones de dólares).

La empresa quebrada detalló que el auditor externo, Price Waterhouse Coopers (PwC), emitió un informe con abstención de opinión, destacando un patrimonio neto negativo de 156.526.180.076 pesos (aproximadamente 170 millones de dólares) y la existencia de “incertidumbres significativas” respecto de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en marcha. Bioceres S.A. afirma que esta cifra “es el resultado patrimonial de una estrategia financiera ejecutada bajo una conducción centralizada que asumió niveles de riesgo extraordinarios”.

En tal sentido, la compañía afirmó que durante los años en los que se tomaron las decisiones financieras que llevaron al deterioro patrimonial, “la conducción quedó, en los hechos, centralizada bajo la órbita directa de Trucco”.

En concreto, el comunicado detalla que las acciones de Trucco tuvieron como consecuencia directa “la pérdida de activos netos estimados en aproximadamente 295 millones de dólares, equivalente a más de 270.000 millones de pesos, junto con el agravamiento de la exposición financiera del grupo”.

Además, el documento difundido asevera que las operaciones más relevantes —incluyendo emisión de pagarés bursátiles, endeudamiento a cancelarse en menos de 30 días, otorgamiento de garantías, adquisición de acciones de BIOX y negociaciones con acreedores— “fueron definidas y ejecutadas en el ámbito de su autoridad ejecutiva”.

BIOX es otra de las empresa del entramado societario: está en poder de Trucco, quien es su CEO, y cotiza en Wall Street.

Sobre el final del comunicado, Bioceres S.A. alegó que “la magnitud del deterioro patrimonial no admite reinterpretaciones retrospectivas. Frente a la imposibilidad objetiva de atender obligaciones exigibles, consecuencia directa del deterioro patrimonial, la solicitud de quiebra no fue una opción estratégica sino una medida necesaria para encauzar la situación dentro del marco legal vigente”.

Finalmente, la empresa informó que “ratifica su compromiso con la transparencia y con el esclarecimiento integral de los hechos en sede judicial, donde deberán evaluarse las decisiones adoptadas y sus efectos patrimoniales sobre la base de documentación auditada y verificable”.

La respuesta de los fundadores

“No puede creer ese comunicado. Usan el logo de una empresa que mandaron a la quiebra”, resumió un allegado a Trucco en diálogo con Infobae.

El histórico CEO de Bioceres y actual CEO de Biox convocó a Sartori –que ya tenía vínculos con el negocio– como accionista, en momento de crisis, a mediados de 2025. Lo hizo ingresando al holding, Bioceres S.A., en el que había varias empresas. El uruguayo tomó el control, ordenó defaultear pagarés y comenzó una negociación hostil con los acreedores, de acuerdo a lo que manifiestan cerca del exdirectivo.

“Después quiso quedarse con Biox, la empresa que cotiza en Wall Street. Hizo una oferta hostil, pero no pudo sacar a Trucco. No aprobó la gestión de Trucco, quien fue a la Justicia este año. La Justicia le dio la razón y Sartori empezó a rematar acciones de BIOX a pérdida: perdió unos 20 millones de dólares. Vaciaron una sociedad”, relató una fuente cercana a Trucco.

En las últimas semanas, la acción cayó de USD 2 a 0,60 centavos. Cuando Sartorio entró al grupo como accionistas, en julio pasado, ese papel valía 7 dólares.

Según pudo saber este medio, el ejecutivo analiza iniciar acciones judiciales contra su histórica directora de legales, a la que acusa de haberse pasado al “bando de Sartori” y al propio empresario uruguayo.

Sartori hoy tiene Bioceres S.A. y Moolec, que es su controlante y que reportó un ahorro ante la SEC de USD 95 millones por mandar a la quiebra a la primera. El 25 de febrero Moolec informó a la SEC, el regulador bursátil de Wall Street, cambios en su Junta Directiva, a la que ingresó Daniel Core y de la que salieron Aimar Dimo y Gloria Montaron Estrada. Montaron Estrada estaría trabajando ahora directamente para Sartori, indicaron cerca de Trucco, y su salida del directorio sería una movida preventiva ante la posibilidad de implicancias legales futuras.

Antes de la difusión del último comunicado vinculado al accionista nacido en Uruguay, el ala fundadora de la empresa, vinculada a Federico Truco, hizo público un texto titulado “Otra vez, otro intento de extorsión: Grupo de directores y fundadores de Bioceres denuncian una nueva maniobra de presión” en el que cuestionaron el “nuevo intento de extorsión por parte de Juan Sartori”.

A propósito de la quiebra, los fundadores y directivos de la compañía original rechazaron “la caracterización que intenta presentar la situación como una disputa entre accionistas en igualdad de condiciones” durante la última asamblea de accionistas. "Se trata de un acto unipersonal del nuevo accionista, Juan Sartori, utilizado como herramienta de presión contra quienes condujeron la empresa y trabajaron activamente para evitar su quiebra”, argumentaron.

Además, alertaron que la presentación de insolvencia propuesta por Sartori intenta “torcer la medida cautelar dictada por la Justicia a favor de uno de los directores, desnaturalizando el alcance de una resolución judicial vigente mediante acciones de presión societaria”. A la vez, acusaron al accionista de optar “por una estrategia de confrontación en lugar de buscar un proceso de reestructuración ordenado y responsable”.

La crisis de Bioceres

La empresa santafesina fue durante años uno de los mayores referentes de la biotecnología agrícola en Argentina, llegando a alcanzar una valuación cercana a la de un unicornio y posicionándose como la esperanza local en el sector. Actualmente, sin embargo, su acción en Wall Street se encuentra por debajo de un dólar, en medio de una transformación profunda de su modelo de negocios y en un contexto económico adverso tanto a nivel nacional como internacional.

Bioceres Crop Solutions (BIOX), que opera en el Nasdaq, llegó a cotizar a 6,55 dólares por acción a principios de febrero de 2025. Doce meses después, y en medio de la guerra interna, sus acciones rondan los 0,56 dólares, lo que representa una caída de 91,5 por ciento. Esta situación la ubica en la categoría de penny stocks y la expone a la posibilidad de ser retirada del mercado estadounidense.

La crisis bursátil se reflejó también en la estructura local del grupo. A principios de 2026, Bioceres S.A.—la sociedad argentina con sede en Rosario, fundada en 2001 y origen de BIOX—solicitó la apertura de un concurso de acreedores por una deuda impaga de aproximadamente 39 millones de dólares.

El proceso se inició tras el incumplimiento del pago de pagarés bursátiles por más de USD 5 millones, en un escenario marcado por el deterioro de los flujos de fondos y activos financieros de la compañía. Aunque en la actualidad Biox y Bioceres S.A. mantienen operaciones separadas, la sociedad argentina había sido controlante hasta la reestructuración societaria que tuvo lugar a mediados del año pasado. Durante su último año fiscal, la firma registró ingresos por USD 335,3 millones, una baja del 28% respecto al ciclo anterior, como resultado de la menor demanda local y la disminución de ventas de la tecnología HB4, semillas resistentes a la sequía.

La empresa Rizobacter, una de las firmas del grupo de biotecnología agrícola Bioceres, dio un paso clave en el proceso de mejora de su perfil financiero, al alcanzar las mayorías necesarias para aprobar la reestructuración de Obligaciones Negociables (ONs) por USD 3,8 millones recientemente anunciada, cuyo vencimiento estaba previsto para el 10 de febrero.

Según informó la compañía en una presentación ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), las adhesiones de los tenedores superaron el 76% del capital emitido, lo que habilita la implementación del nuevo esquema.

En esa nota, Rizobacter informó que “ha obtenido el consentimiento de Tenedores de las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase B que representan el 76,18% del monto de capital total pendiente de pago de las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase B en circulación, superando de esta forma el 70% requerido en el Suplemento de Prospecto a los efectos de aprobar la reestructuración".

Tras el acuerdo, fuentes de Bioceres señalaron que con el mismo ”se reordena el perfil de vencimientos y se gana previsibilidad” en el marco de un proceso más amplio. En ese sentido, señalaron que en lo que hay “conversaciones muy avanzadas” con bancos, inversores y otros tenedores de la deuda de la empresa. “En un contexto desafiante para el sector agropecuario, la readecuación apunta a extender plazos y ajustar condiciones para ordenar compromisos de corto y mediano plazo”, agregaron.

El acuerdo alcanzado contempla el pago del 20% del capital residual el próximo 3 de marzo de 2026, junto con los intereses devengados, y un cronograma de amortizaciones escalonadas hasta septiembre de 2028. El cronograma de pagos a los tenedores para 2026 también contempla un vencimiento por más de USD 16 millones en junio.

Fuentes del mercado al tanto de la negociación explicaron que en los últimos meses, compañías agroindustriales como San Miguel, la firma citrícola que también optó por reestructurar su deuda mediante el canje de ONs, avanzó en procesos de extensión y reordenamiento de vencimientos, “en busca de mayor previsibilidad financiera en un escenario de tasas altas y menor liquidez”.

Otro caso similar se observó en Los Grobo y Agrofina, que están vinculadas societariamente y tienen gran peso en el sector agroindustrial. Debieron afrontar procesos de reetructuración, dado que a finales de 2024 e inicios de 2025, informaron impagos por un total de unos USD 21,4 millones y casi $9.400 millones, respectivamente.

Asimismo, Red Surcos, especializada en fitosanitarios, declaró un default en diciembre de 2024 y anunció una reestructuración de deuda tras incumplir pagos por aproximadamente USD 3,5 millones y $9.364 millones en pagarés bursátiles.

El impacto en el mercado

A partir del reperfilamiento de los vencimientos, Bioceres Crop Solutions (BIOX), la acción de la filial que opera en el Nasdaq, sufrió una depreciación superior al 90% anual, luego de haber tocado máximos en febrero de 2025. Esta caída la posiciona como una penny stock, categoría reservada para compañías cuyas acciones valen menos de USD 1, y la deja expuesta a una posible exclusión del mercado estadounidense.

Al mismo tiempo, la estructura local del holding presentó dificultades financieras. Bioceres S.A., la empresa argentina con sede en Rosario que fue el origen de BIOX, comenzó un proceso de convocatoria de acreedores debido a una deuda impaga cercana a los 39 millones de dólares.

Esta medida se tomó después de que la compañía incumpliera el pago de pagarés bursátiles por más de 5 millones de dólares, en un escenario de fuerte disminución en los ingresos y activos financieros. Aunque Biox y Bioceres S.A. ya no mantienen relación operativa directa, la segunda fue la principal accionista de la primera hasta la reestructuración del grupo, concretada a mediados del año pasado.

La crisis afectó también a la filial tecnológica del grupo en Estados Unidos. Recientemente se conoció que el control de ProFarm Group, parte de Bioceres Crop Solutions, quedó en manos de un consorcio de acreedores tras la ejecución de garantías por 55 millones de dólares.

La compañía comunicó que el proceso judicial sigue abierto y en etapa de apelación, y remarcó la diferencia entre el valor de ejecución (15 millones de dólares) y los 243 millones que BIOX había pagado por la adquisición de esa firma en 2022, cuando el sector agrícola atravesaba un momento favorable.

La confianza del campo se sostiene en niveles excepcionalmente altos y las intenciones de inversión marcan un récord desde que comenzó a elaborarse el Ag Barometer Austral, impulsado por un fuerte crecimiento en inversiones en activos fijos y un clima de optimismo entre los productores.

Así lo refleja el último informe del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral. En enero de 2026, el índice general se ubicó en 158 puntos, apenas un escalón por debajo de los 159 alcanzados en noviembre de 2025. La diferencia es marginal —una variación de apenas 0,06%— y consolida al indicador en valores históricamente elevados.

Pero el dato que sobresale en esta edición es el fuerte avance en las decisiones de inversión en activos fijos. Ese subíndice creció 14% en el último bimestre y llegó a 127 puntos, el registro más alto desde la creación del relevamiento.

Para Carlos Steiger, director del estudio, el salto en este componente es una señal clara del clima que atraviesa el sector. “El productor inicia 2026 con una visión optimista y mayor confianza en el negocio agropecuario”, señaló.

El informe también revela que el 63% de los productores considera que el contexto actual es propicio para invertir en tierra, maquinaria o vientres. Detrás de esa percepción aparece, principalmente, una mayor previsibilidad en el escenario político y económico.

En ese sentido, Steiger sostuvo que el resultado de las elecciones legislativas de octubre de 2025 funcionó como una señal de continuidad en el rumbo económico, un factor que —según explicó— impacta directamente en las expectativas de inversión del sector.

El desagregado del informe muestra además una mejora en la evaluación del presente. El Índice de Condiciones Presentes avanzó de 124 puntos en noviembre de 2025 a 132 en enero de 2026, lo que implica un incremento del 6,45% en apenas dos meses.

Distinta fue la dinámica del Índice de Expectativas Futuras, que registró una leve contracción: retrocedió de 182 a 175 puntos. Aun así, el nivel continúa siendo muy alto en términos históricos y refleja que el horizonte del sector sigue marcado por perspectivas favorables.

La comparación interanual refuerza esa tendencia. El índice general escaló de 117 puntos en enero de 2025 a 158 en el mismo mes de 2026, lo que equivale a un salto del 35%.

“El productor argentino mantiene una visión positiva sobre el futuro, pero ahora esa confianza comienza a reflejarse también en cómo percibe la situación actual”, afirmó Steiger.

Por otro lado, señalan que, en la campaña agrícola 2025/26, la mayoría de los productores recurrió principalmente a sus propios recursos para financiar la actividad.

En detalle, el 61% utilizó fondos propios, mientras que el 49% accedió a financiamiento de proveedores a través de canjes a cosecha. Por su parte, el crédito bancario tradicional mantiene una participación reducida, con apenas 17% de uso, limitado sobre todo por las elevadas tasas de interés reales.

“El productor tiene intención de invertir, pero el sistema financiero aún no ofrece condiciones acordes con la dinámica económica del sector agropecuario”, dijo Steiger.

El informe también destaca que los productores proyectan destinar alrededor del 51% de los ingresos esperados por soja y el 52% de los provenientes del maíz para cubrir los costos totales de la campaña.

Esto sugiere que, en promedio, los productores podrían cerrar el ciclo con un superávit financiero, un factor que contribuye al aumento en las expectativas de inversión.

No obstante, la estrategia de comercialización sigue siendo cautelosa. Casi la mitad de los productores (48%) prefiere retener parte de la producción, a la espera de mejores precios internacionales o de posibles modificaciones en los derechos de exportación. Otros destinan los excedentes a la adquisición de insumos para la próxima campaña, mientras que un grupo menor los invierte en maquinaria o en la compra de hacienda.

Vale mencionar que las exportaciones de la agroindustria iniciaron 2026 con un crecimiento interanual del 17,6%, según el último informe del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), elaborado junto a la Bolsa de Cereales. En enero, el sector generó USD 4.088 millones, es decir, USD 613 millones más que en el mismo mes del año pasado.

Este desempeño se explicó principalmente por los complejos de trigo, girasol y cebada, que lideraron el incremento mensual. Además, destacaron por su dinamismo sectores como el tabacalero, la alfalfa y el girasol, con aumentos relativos de 271%, 233% y 173%, respectivamente.

Cultivar una huerta casera favorece la salud personal y contribuye a la protección ambiental. Quienes buscan alimentos frescos y sostenibles encuentran en el jardín del hogar una opción práctica y beneficiosa. Los especialistas coinciden en que las huertas urbanas producen alimentos más nutritivos, reducen la huella de carbono y mejoran el bienestar general.

De acuerdo a un informe presentado por The Associated Press, las plantas cultivadas en casa capturan carbono, mejoran el suelo y aportan diversidad vegetal al entorno. Las frutas y verduras del supermercado suelen recorrer largas distancias en camiones, lo que incrementa las emisiones de gases contaminantes. Sin embargo, según el sitio The Old Farmer’s Almanac, destacan que la comida de kilómetro cero reduce el impacto ambiental al eliminar el transporte y almacenamiento prolongado.

Por su parte, Katherine Alaimo, profesora de la Universidad Estatal de Michigan Estados Unidos, afirma que la jardinería mejora la salud física, emocional y social. El esfuerzo de plantar, cuidar y cosechar requiere movimiento, promueve la alimentación variada y fortalece los vínculos familiares y comunitarios. Los productos de huerta se cosechan en su punto óptimo y mantienen más nutrientes que los alimentos procesados o almacenados durante largo tiempo.

Beneficios ambientales y reducción de emisiones

Las huertas caseras contribuyen a la sostenibilidad del planeta. Las plantas capturan y almacenan carbono en el suelo, previenen la compactación y refrescan el aire en patios y techos. Sustituir el césped por cultivos o aprovechar terrazas y balcones para la siembra incrementa la biodiversidad y favorece la presencia de polinizadores, como abejas y mariposas.

El impacto ambiental positivo se amplía al evitar el uso de fertilizantes y pesticidas industriales. El compostaje doméstico permite reciclar residuos orgánicos y enriquecer el sustrato de forma natural. Los jardines urbanos reducen la demanda de productos empaquetados y transportados, lo que disminuye el consumo de plásticos y combustibles fósiles. La producción local promueve la economía circular y la autosuficiencia alimentaria.

Las huertas escolares y comunitarias refuerzan la educación ambiental y crean conciencia sobre los ciclos naturales. Los niños y jóvenes que participan en el cultivo de alimentos desarrollan habilidades prácticas y valores ecológicos. La conexión con la tierra mejora la percepción del entorno y fomenta el respeto por los recursos naturales, afirma The Associated Press.

Beneficios sociales y para la salud

La actividad en la huerta involucra a personas de todas las edades y fortalece la cooperación familiar y vecinal. La jardinería ofrece beneficios emocionales al reducir el estrés, mejorar el ánimo y estimular la creatividad. El contacto regular con la naturaleza favorece el bienestar mental y disminuye la ansiedad.

El trabajo físico de sembrar, regar y cosechar promueve la actividad cardiovascular y la movilidad articular. Los productos frescos y madurados en el propio jardín aportan más vitaminas, minerales y antioxidantes que los que se venden en supermercados. La dieta se enriquece con alimentos variados, libres de aditivos y conservantes.

La recolección directa permite consumir frutas y verduras en su mejor momento, lo que maximiza el aporte nutricional. El aprendizaje de técnicas de cultivo y conservación impulsa la autonomía y el empoderamiento de las personas. La participación en ferias, intercambios y talleres refuerza la integración comunitaria.

Consejos para comenzar una huerta casera

El primer paso para iniciar una huerta consiste en planificar el espacio y reunir los materiales necesarios. La elección del sitio debe considerar la exposición solar, el acceso al agua y la protección contra heladas o vientos fuertes. El calendario de siembra varía según la región y la temporada, por lo que conviene informarse sobre las fechas óptimas para cada cultivo, destaca The Associated Press.

Los expertos recomiendan comenzar con especies de fácil manejo, como lechuga, tomate, zanahoria, rabanito y hierbas aromáticas. El uso de semillas orgánicas y sustratos naturales mejora el rendimiento y la calidad de los alimentos. La rotación de cultivos y el control biológico de plagas previenen enfermedades y mantienen la fertilidad del suelo.

La huerta puede instalarse en el suelo, en macetas o en cajones elevados, según el espacio disponible. La recolección regular y el consumo inmediato garantizan productos frescos y sabrosos. El registro de avances y resultados ayuda a perfeccionar la técnica y a disfrutar del proceso de aprendizaje.

Las elecciones para definir el nuevo presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) tendrán lugar el próximo 9 de septiembre. Aunque hasta el momento no hay candidatos oficiales, ya se generó una disputa interna entre el bando ‘oficialista’ y un grupo de socios que plantea la necesidad de renovar el nombre propio que lidera una de las entidades más importantes y tradicionales del agro local.

La interna comenzó cuando un grupo de integrantes de la entidad envió una carta al resto de los miembros en la que planteó cuatro “consideraciones sobre la calidad institucional de la SRA”, ante el trascendido de que Nicolás Pino, actual presidente, volvería a postularse para el cargo.

El escrito, firmado por 78 afiliados de la sociedad, pretende demostrar que una eventual nueva presentación de Pino violaría el estatuto y sería un “retroceso institucional y una contradicción ética”.

El principal punto sobre el que se posa la carta es el límite máximo de tres períodos consecutivos para sus autoridades, una norma que introdujo el propio Pino al estatuto de la entidad en 2023, durante su segundo mandato al frente de la Sociedad Rural.

“Ante las recientes declaraciones públicas sobre una eventual postulación del actual presidente para un cuarto mandato, resulta imperioso asentar las siguientes consideraciones: las reglas pierden toda legitimidad cuando quienes las impulsan deciden no cumplirlas. La conducción actual fijó un límite de tres mandatos; ignorarlo hoy por conveniencia personal carece de integridad”, establece el escrito.

Y continúa: “No podemos criticar a los políticos que se ‘atornillan’ al poder si replicamos esas mismas prácticas. La coherencia es nuestro activo. Lo verdaderamente inédito no es la aspiración a la continuidad, sino que quien impulsó un límite de tres mandatos pretenda ahora exceptuarse de él, apelando a una supuesta interpretación administrativa nunca puesta a disposición de los socios. Si tal excepción existiera, debe ser exhibida con claridad y transparencia. Seis años son suficientes para cualquier proyecto. La alternancia no es una opción, es una garantía de salud democrática”.

La carta cierra con un pedido expreso: “Debemos evitar que nuestra institución sea cuestionada desde el plano ético. No podemos convertirnos en un ejemplo más de aquello que criticamos: dirigentes más preocupados por aferrarse a un sillón que por promover nuevas voces en el sector que representamos”.

En respuesta a la carta, la Sociedad Rural envió también una comunicación interna a sus socios en la que sostuvo que Nicolás Pino se encuentra legalmente habilitado para postularse para el período 2026–2028.

El cruce se da en un contexto en el que Pino es cuestionado por parte de sus pares por su cercanía con el Gobierno y por la necesidad, planteada por algunos sectores, de una conducción más combativa frente al Ejecutivo en temas sensibles como los derechos de exportación.

La interna en la entidad se conoce, además, un día después de que Pino desmintiera una supuesta baja de retenciones. En una entrevista con Eduardo Feinmann en A24, contó que habló tanto Luis Caputo, como con el presidente Javier Milei, quienes le aclararon que no existe una decisión tomada en ese sentido. “Empezó a circular un rumor que es totalmente falso (…) decía que el Gobierno ya tenía casi arreglado que iba a hacer una baja absoluta total de retenciones en breve. Ojalá hubiese sido verdad”, afirmó, y relató que ambos le dijeron: “No, Nicolás, lamentablemente no podemos”, en alusión al impacto fiscal que tendría una medida de ese tipo.

Según detalló la SRA en el escrito al que accedió Infobae, la reforma estatutaria que fijó el límite de tres mandatos consecutivos fue aprobada por la Asamblea Extraordinaria del 30 de marzo de 2023 e inscripta ante la Inspección General de Justicia el 20 de julio de ese año, momento a partir del cual comenzó a regir formalmente.

En ese marco, la conducción explicó que el actual mandato de Pino, correspondiente al período 2024–2026, debe considerarse el primero a los efectos del nuevo cómputo. La interpretación surge de una consulta realizada por la propia entidad ante la IGJ, organismo que el 19 de junio de 2025 determinó que la limitación estatutaria rige desde su inscripción y no con efecto retroactivo.

De esta manera, si Pino decidiera presentarse y resultara electo en septiembre próximo, iniciaría su segundo mandato bajo el nuevo esquema, y no un cuarto período consecutivo como sostienen los firmantes de la carta.

“Insistimos en que la actual conducción siempre actuó y actuará conforme a derecho, respetando los procedimientos internos de la SRA y las leyes de nuestro país. La actual gestión saneó una SRA con graves problemas económicos, llevó nuestra entidad a todo el país con una mirada federal y obtuvo importantes logros para todo el mundo rural, haciendo que nuestra voz sea respetada y escuchada en todos los ámbitos”, finaliza el documento firmado por 43 miembros de la actual Comisión Directiva.

La liquidación de divisas del complejo agroexportador mostraría en febrero una caída de entre USD 400 millones y USD 600 millones respecto de enero, en un mes atravesado por la estabilidad en el precio del dólar, menos días hábiles, un paro general y el cierre del tramo más activo de la campaña de soja.

De acuerdo con los últimos datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las asociaciones que reúnen a las principales empresas agroexportadoras del país, en enero el sector había ingresado USD 1.850 millones, un 82% superior a los USD 1015 millones de diciembre de 2025.

Sin embargo, para febrero, altas fuentes del mercado ya estiman que el flujo rondará entre los USD 1200 millones y los USD 1400 millones, en un contexto -local e internacional- que combina factores estacionales y de incentivos.

Javier Preciado Patiño, ingeniero agrónomo y ex subsecretario de Mercados Agropecuarios analizó que, generalmente, febrero suele ser un mes más bajo por cuestiones de calendario. Este año, además, tuvo menos jornadas operativas por los feriados de Carnaval y por la medida de fuerza que afectó a toda la actividad a nivel nacional.

A eso se suma un dato estructural, ya que, también, por la época del año y el avance de la campaña, ya no queda el volumen de granos que había impulsado la liquidación en los meses previos. Parte de esas ventas, de hecho, se adelantaron bajo esquemas extraordinarios que mejoraron de forma pasajera las condiciones para exportar el año pasado.

Según Patiño, la eliminación transitoria de las retenciones a las exportaciones que el equipo económico que conduce Luis Caputo aplicó en septiembre pasado también incentivó declaraciones anticipadas de ventas al exterior. Esta medida se aplicó durante un breve período de 72 horas, y, durante ese lapso, se registró un récord de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por 13,6 millones de toneladas de soja, lo que generó un ingreso de dólares al mercado cambiario de unos USD 7.100 millones.

Patiño explicó que, si bien la medida logró acelerar la liquidación de divisas en la previa a las elecciones legislativas, también produjo una fuerte caída en las ventas una vez finalizado el beneficio, lo que rememoró la dinámica observada en ediciones anteriores del dólar soja. De todos modos, en el mercado advierten que, si hacia el segundo trimestre la necesidad de divisas se intensifica, no se descarta la solicitud de una nueva baja en los derechos de exportación como incentivo para acelerar la liquidación.

En paralelo, el actual nivel del tipo de cambio tampoco actúa como un incentivo fuerte para acelerar ventas. Con un dólar estable y sin expectativas inmediatas de corrección brusca, muchos productores podrían optar por administrar el ritmo de comercialización.

A pesar de que en la última jornada el dólar mayorista avanzó $18,50 o 1,3%, a $1.399, el tipo de cambio arrastró una tendencia a la baja en febrero. Fue el salto más amplio desde los 20 pesos de alza en la rueda del 2 de enero de este año. Sin embargo, acumulaba una baja del 5% en el segundo mes del año.

Según explicó Patiño, esa dinámica impacta de lleno en la cotización en pesos de los granos. “Hoy la soja ronda los $455.000 por tonelada, cuando supo estar en $508.000. El productor perdió alrededor de un 10% en pesos”, detalló. El especialista agregó que el comportamiento no es lineal, pero que, con un dólar en retroceso, la liquidación se cobra en pesos y eso tiende a desalentar ventas.

“El tipo de cambio bajando es más para no vender que para vender. Puede haber casos en los que alguien piense que el dólar va a subir, entonces venda, compre dólares baratos y espere. Pero también puede quedarse con el grano y venderlo más adelante si el tipo de cambio se aprecia”, analizó.

Proyecciones para la campaña 25/26

Las proyecciones para la campaña 2025/26 comenzaron a ajustarse tras un enero con lluvias muy por debajo de lo normal en la región núcleo. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, las precipitaciones promediaron menos de 40 milímetros cuando el registro histórico para el período oscila entre 100 y 120 milímetros, lo que implicó un déficit del 66% y apenas el 35% de las lluvias habituales.

El año pasado había cerrado con expectativas de una producción récord cercana a las 154,5 millones de toneladas, pero el déficit hídrico limitó el potencial de la cosecha gruesa y enfrió el optimismo. En el sector descartan un escenario crítico, aunque ya se habla de una corrección hacia volúmenes más próximos al promedio histórico, tanto en soja como en maíz.

Un informe de la BCR publicado en enero de 2026 proyectaba una oferta de dólares de USD 33.600 millones para este año, un 8% menos que en 2025 por el adelantamiento de liquidaciones tras la eliminación de retenciones a fines de septiembre.

Huergo Cereales, una firma de acopio de granos basada en la ciudad bonaerense de Chivilcoy, enfrenta el punto más álgido de su crisis. Con 440 cheques impagos por más de $2.442 millones, la empresa ya estaría negociando con un grupo agroindustrial del interior para ser absorbida y así evitar su quiebra y la liquidación de sus activos.

Esta crítica situación financiera que ya se replicó en varias partes de la cadena agroindustrial no es, sin embargo, el único problema de Huergo. Además de los cheques rechazados que figuran en los registros oficiales del Banco Central, la compañía tiene deudas con productores, lubricentros, talleres mecánicos, electricistas, casas de repuestos y otros proveedores.

El contexto volvió a encender algunas luces amarillas en el sector, que tuvo momentos de tensión con empresas en crisis más recientes, como Bioceres, y otras que tuvieron cuestiones financieras complejas el año pasado, como Surcos, Los Grobo y su controlada firma de insumos para el campo Agrofina, entre otras.

Tensión en Chivilcoy

Los granos de soja correspondientes a la última campaña y el trigo que los casi 50 productores que trabajan con Huergo Cereales entregaron hace poco más de un mes, ya no se encontrarían en las instalaciones del acopio. De hecho, según pudo saber este medio, la mercadería fue entregada para su procesamiento o exportación en un lapso menor al que suelen llevar estos procesos. Fuentes con conocimiento del caso señalaron que “entraban camiones a la medianoche”, en movimientos que llamaron la atención de productores de la zona.

La magnitud de la deuda encendió las alarmas en la plaza local, donde la compañía operó durante años como uno de los principales canales de comercialización para productores medianos y pequeños de la zona. En el circuito comercial agropecuario, la acumulación de documentos impagos no solo restringe el acceso al financiamiento, sino que también paraliza la operatoria cotidiana y deteriora la confianza, un activo central en el negocio del acopio.

Huergo tiene una larga trayectoria en la región. Originaria de las localidades bonaerenses de Palemón Huergo y Coronel Mom, estuvo inicialmente conformada por múltiples productores de la zona. Sin embargo, con el paso del tiempo y ante el fallecimiento de los titulares originales, las participaciones se vendieron hasta quedar en manos de dos socios locales que no tenían vínculo con la actividad agropecuaria. Uno de ellos provenía de la industria aseguradora, mientras que el otro, se dedicaba a la venta de cigarrillos.

Actualmente el primero ya no integra la sociedad. El segundo, en tanto, concentra entre el 90% y 95% de la estructura accionaria de la empresa. El porcentaje restante está en manos de un empleado histórico del acopio. Este medio intentó comunicarse con los involucrados, pero no obtuvo respuesta al momento del cierre de esta nota.

Según comentaron fuentes con conocimiento del caso a Infobae, los productores que entregaron granos al acopio desconfían del origen de los fondos que utilizó uno de los socios para hacerse con el control de la empresa tres años atrás. De hecho, muchos de ellos recurrieron a la Justicia alegando que el empresario habría utilizado fondos provenientes de la comercialización de esos granos para ampliar su participación en la compañía.

“La empresa se encuentra actualmente evaluando distintos escenarios operativos y financieros, en un contexto complejo para el sector. No hay definiciones formales adoptadas ni decisiones institucionales para comunicar en este momento. Ante cualquier novedad oficial, será informada por los canales correspondientes”, respondió ante la consulta de este medio el abogado de la empresa.

Aunque la actividad principal de Huergo es el acopio de granos y cuenta con dos plantas de silo, una en Palemón Huergo y otra en Coronel Mom, la empresa también alquila campos para realizar siembras y posee cuatro camiones propios para el flete del acopio.

En materia de personal, la firma contaba con 19 empleados, aunque uno de ellos renunció en diciembre pasado debido a retrasos en los pagos. En el mercado local no descartan que, de no prosperar la incorporación de un inversor, la firma deba recurrir a una presentación judicial para reordenar sus pasivos.

El precio de la carne volvió a subir y el impacto ya empieza a proyectarse sobre la inflación. En la última semana, el valor de la hacienda en el Mercado Agroganadero de Cañuelas —principal referencia para frigoríficos y carnicerías— registró subas cercanas al 7% en las principales categorías destinadas al consumo interno.

El movimiento ya comenzó a trasladarse a los mostradores y podría aportar entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales al Índice de Precios al Consumidor de febrero.

Según pudo saber Infobae, el precio de la hacienda para faena pasó en pocos días de niveles cercanos a los $4.700 por kilo a operaciones de hasta $5.500, con mayor firmeza en los lotes especiales de mejor calidad.

La suba se potencia en cada eslabón de la cadena. De acuerdo con operadores del mercado, el valor del animal en pie suele duplicarse cuando se transforma en media res y vuelve a ampliarse en el mostrador. Así, si el kilo del animal en pie ronda los $5.000, la media res puede ubicarse en torno a los $10.000 y un corte promedio acercarse a los $20.000.

El repunte, no obstante, se monta sobre una tendencia que ya mostraba desvíos respecto del índice general. De acuerdo con la última estadística del Indec, en enero la carne aumentó 4,9% mensual, frente a una inflación de 2,9%. En términos interanuales, el incremento fue del 73,4%, más de 40 puntos por encima del IPC.

“Hoy la carne vacuna está buscando un punto de equilibrio entre lo que la demanda va a consolidar de precio y la oferta. Ese es el gran tema”, explicó Javier Preciado Patiño, ingeniero agrónomo y ex subsecretario de Mercados Agropecuarios. Desde 2023, agregó, el mercado registra saltos de precios seguidos de períodos de estabilización en niveles más altos, en un proceso de reacomodamiento que todavía no termina de consolidarse.

Por qué sube el precio de la carne

Son varias las razones que explican este alza en el precio de la carne. Una de ellas es tiene origen en el frente externo. Es que la ampliación de la cuota de exportación hacia los Estados Unidos —que podría elevar el cupo total a 100.000 toneladas— reforzó las expectativas del sector. Exportar implica acceder a valores en dólares y, en muchos casos, superiores a los del mercado interno, por lo que los frigoríficos compiten con mayor intensidad por hacienda de calidad.

“La expectativa de una mayor demanda externa acelera la retención y la búsqueda de mejores valores”, explicó Fernando Storni, gerente general de la Cámara Argentina de Feedlot, al mismo tiempo que señaló que cada tonelada que se destina al exterior reduce la disponibilidad para el consumo local.

Otra de las causas que impulsa el precio de la hacienda es la menor faena. Si bien la retracción no fue significativa en términos históricos, sí implica menos volumen disponible en el corto plazo. A eso se suma la decisión de muchos productores de estirar los ciclos productivos y retener hacienda tras un buen desempeño del negocio en 2024 y comienzos de 2025.

La buena disponibilidad de pasto, efecto directo de las buenas condiciones climáticas, también modificó la dinámica productiva. A diferencia de la sequía de 2022-2023, hoy los animales pueden ganar peso a menor costo a campo, sin necesidad de ingresar rápidamente a un feedlot, lo que retrasa la salida a faena.

“Hay oferta futura, pero restricción actual. Se estiran los procesos productivos y tenemos menos oferta hoy. Hasta que no haya más producción va a haber restricciones”, señaló Storni.

Respecto al negocio de los corrales, el ejecutivo agregó que, aunque el diferencial entre compra y venta puede resultar interesante en términos nominales, “cuando se cierra el ciclo los márgenes quedan muy cerca de cero y, descontada la inflación, pueden ser negativos”. En ese contexto, explicó, el productor tiende a agregar más kilos antes de vender, lo que reduce la oferta inmediata.

Con un consumo que se mantiene en torno a los 45 a 50 kilos per cápita anuales y sin señales claras de una expansión inmediata de la oferta, el mercado enfrenta un equilibrio delicado. Desde el sector estiman que, a lo largo del año, la carne podría ubicarse entre cinco y diez puntos por encima de la inflación general si persiste la restricción de oferta.

Por ahora, el mercado no muestra señales de una expansión relevante del volumen disponible. “Recién a partir de julio se podría ver una mayor disponibilidad en la oferta”, advirtió Storni. Hasta entonces, el mercado seguirá sensible y cualquier tensión adicional podría traducirse en nuevos ajustes de precios, con impacto directo en la inflación.

Producir granos en la Argentina es más costoso que en varios de los principales países competidores cuando se analizan los precios de insumos y equipos clave.

El país registró valores más altos en 7 de los 13 productos relevados frente a Brasil, en 8 frente a Paraguay, en 5 frente a Uruguay y en 4 frente a Estados Unidos. Además, el gasoil grado 2 se ubicó 21,4% por encima del promedio del grupo y los tractores resultaron 28,5% más caros.

Los datos surgieron del último informe del IERAL, de Fundación Mediterránea, que actualizó su relevamiento comparativo de insumos y equipos agropecuarios en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos, con precios expresados en dólares a diciembre de 2025 y enero de 2026.

El trabajo buscó monitorear la competitividad asociada al costo de producir granos, una dimensión que el documento consideró menos explorada en los análisis habituales sobre el sector. Según explicó, la mayoría de los estudios evaluó la competitividad agropecuaria desde el lado de los ingresos, mediante la comparación de precios internos de los granos o de los tipos de cambio efectivos. En cambio, este relevamiento puso el foco en los costos, es decir, en los precios de insumos, servicios y bienes de capital.

En el caso argentino, el sector agropecuario presentó desventajas en la comparación internacional por el lado de los ingresos, ya que el país aplica derechos de exportación a los granos y sus derivados, algo que no ocurre en los demás países analizados. El informe señaló que existe menos evidencia sistemática sobre el posicionamiento relativo de la Argentina en materia de costos, lo que motivó la continuidad del estudio.

Desde principios de 2025, el IERAL relevó precios de fertilizantes, herbicidas, fungicidas, transporte de carga, combustible y maquinaria agrícola. El análisis abarcó trece bienes y servicios y procuró establecer comparaciones homogéneas entre economías que compiten en la producción y exportación de granos.

Dificultades para comparar costos

El documento explicó que la comparación internacional de costos agrícolas presentó desafíos metodológicos relevantes. No existieron bases de datos secundarias estandarizadas que permitieran acceder de forma directa y sistemática a precios de insumos y equipos similares en distintos países. Esa limitación obligó a recurrir a fuentes primarias y a estrategias de relevamiento específicas.

La comparabilidad entre insumos agropecuarios resultó más compleja que en bienes de consumo masivo. El uso de estos productos dependió de factores como la calidad y composición de los suelos, el clima, los cultivos predominantes, la tecnología aplicada, la presencia de plagas, las regulaciones sobre agroquímicos y la infraestructura y logística de distribución. Estas variables difirieron entre países y dificultaron la selección de productos relativamente homogéneos para incluir en la muestra.

El informe también aclaró que, aun cuando se dispuso de datos confiables de precios comparables, esa información no permite inferir de manera lineal el nivel de costos al que se produce en cada país. Para avanzar en esa dirección, resulta necesario complementar el relevamiento con información sobre tecnologías específicas, como dosis de aplicación por unidad de superficie y parámetros de eficiencia.

A modo de ejemplo, el documento indicó que un fertilizante puede costar lo mismo en Brasil y en Argentina, pero eso no implica que fertilizar tenga el mismo costo final en ambos mercados. La composición de los suelos y el clima influyen en las dosis necesarias por hectárea para alcanzar rendimientos similares, lo que determina diferencias en el costo por superficie aun cuando el precio del insumo fuera idéntico.

Resultados por rubro

En términos generales, Argentina presentó precios más altos en 7 de los 13 productos respecto de Brasil, lo que representó el 54% de los casos. Frente a Paraguay, el país registró valores superiores en 8 productos, equivalente al 62%. En comparación con Uruguay, los precios argentinos fueron más altos en 5 rubros, el 38% del total. En relación con Estados Unidos, Argentina resultó más cara en 4 productos, el 31% de la muestra.

En el segmento de agroquímicos, el relevamiento no mostró grandes brechas frente al promedio de los otros cuatro países. Los fertilizantes se ubicaron entre 1,6% y 12,9% por debajo del promedio regional, con excepción del superfosfato triple, que resultó 10,2% más caro en Argentina.

En herbicidas, los precios locales aparecieron entre 1,2% y 3,7% más bajos que el promedio, salvo el 2,4D, que se ubicó 3,5% por encima. El fungicida relevado fue 13% más barato en Argentina en comparación con el promedio del grupo.

En combustible, la situación fue diferente. El gasoil grado 2 se ubicó 21,4% por encima del promedio de los otros cuatro países, lo que posicionó a Argentina como el mercado más caro del conjunto en este rubro.

En servicios de transporte de carga, específicamente en el flete granario, el valor local fue 3,7% superior al promedio general. El precio argentino resultó más caro que en Brasil y Paraguay, pero más barato que en Uruguay y Estados Unidos.

En maquinaria agrícola, el panorama fue mixto. Los tractores resultaron 28,5% más caros en promedio en Argentina respecto de los otros cuatro países. En cambio, las cosechadoras aparecieron 8,2% más baratas en promedio en la comparación internacional.

Evolución reciente

El seguimiento de los costos durante el último año mostró una reducción en la brecha de precios con respecto a los competidores regionales y a Estados Unidos. Según indicó el informe, lo que inicialmente se manifestó como una desventaja generalizada en la mayoría de los rubros analizados evolucionó hacia una posición más equilibrada, especialmente en el segmento de los agroquímicos.

En la actualidad, gran parte de los fertilizantes, herbicidas y fungicidas se situaron en niveles competitivos o incluso por debajo de la media regional. El estudio también señaló que persistieron sobrecostos en maquinaria pesada y combustible, rubros en los que Argentina operó con valores superiores a los de sus pares.

El documento remarcó que el principal problema de la competitividad del sector agropecuario se ubicó en el lado de los ingresos y no en el de los costos, dado que en Argentina los productores enfrentaron derechos de exportación que redujeron el precio efectivo que recibieron por sus productos, una situación que no se registró en los demás países analizados.

Las exportaciones de la agroindustria argentina comenzaron 2026 con un crecimiento interanual del 17,6%, de acuerdo con el último informe del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), elaborado en conjunto con la Bolsa de Cereales. En enero, el sector generó USD 4.088 millones, lo que representó USD 613 millones más que en el mismo mes del año anterior.

El desempeño, aclara el informe, estuvo traccionado principalmente por los complejos de trigo, girasol y cebada, que encabezaron el aumento mensual. También se destacó el dinamismo de sectores como el tabacalero, la alfalfa y el girasol, con crecimientos relativos del 271%, 233% y 173%, respectivamente. Estos incrementos compensaron parcialmente los retrocesos observados en otros rubros de peso dentro de la matriz exportadora.

En contraste con el desempeño positivo de varios complejos, el maíz y la soja registraron caídas interanuales del 40% y 5%, respectivamente, lo que moderó el crecimiento global de las exportaciones agroindustriales. Aun así, el saldo general del primer mes del año fue ampliamente favorable para la balanza comercial del sector.

La caída en las exportaciones de dos de los principales complejos exportadores del país responde en gran medida a factores estacionales y al calendario comercial de los granos. Sucede que enero no es un mes de fuerte ingreso de cosecha nueva, especialmente en el caso de la soja, cuya campaña comienza recién en abril.

El aumento en el valor exportado se produjo en un contexto de variaciones en la competitividad cambiaria. El informe del CAA detalló que el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) del Banco Central registró en enero una caída del 1% respecto de diciembre, lo que reflejó una apreciación del peso en términos generales. No obstante, el indicador se mantiene un 5% por encima del promedio de 2025. Este escenario implica un entorno de menor competitividad cambiaria, que encarece los productos argentinos medidos en dólares y puede reducir incentivos a exportar.

Asimismo, el análisis señaló que se registraron movimientos específicos en el tipo de cambio, con variaciones del 3% frente a la Eurozona y del 4% respecto de la India. Estos cambios bilaterales también inciden en la dinámica de precios relativos y en la competitividad sectorial.

Si bien la suba interanual resulta significativa, en el sector agroindustrial las comparaciones entre distintos períodos deben interpretarse con cautela. El ritmo de exportaciones y de ingreso de divisas está fuertemente condicionado por la estacionalidad del ciclo comercial de los granos, que depende de factores como los precios internacionales, el volumen y la calidad de las cosechas, las condiciones climáticas, decisiones comerciales de los productores, cuestiones logísticas o sindicales y cambios regulatorios, tanto locales como externos. Esa combinación de variables puede generar oscilaciones marcadas entre meses sin que necesariamente reflejen un cambio estructural de tendencia.

Para el conjunto de 2026, el sector agroexportador proyecta una producción superior a las 140 millones de toneladas y exportaciones en torno a los USD 34.800 millones. Las estimaciones están atadas, en gran medida, al desempeño de la campaña gruesa, que comenzó con buenas condiciones hídricas y expectativas optimistas, aunque el resultado final dependerá de la evolución climática durante los meses críticos de definición de rindes.

El relevamiento del CAA y la Bolsa de Cereales mide el valor FOB de las exportaciones efectivamente realizadas durante el mes e incluye todos los rubros de la agroindustria, desde los complejos granarios hasta carnes, lácteos y economías regionales. En un contexto en el que la generación de divisas continúa siendo una variable central para la macroeconomía argentina, el desempeño de enero vuelve a confirmar el peso estructural del sector en la balanza comercial y en el abastecimiento de dólares de la economía.

La campaña 2025/26 se perfila como una de las más sólidas de los últimos años. Sin el efecto de la fuerte sequía que impactó en el sector entre 2022 y 2023, y con mejores condiciones climáticas, un complejo del agro podría marcar un récord tanto en producción como en exportaciones.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el complejo de legumbres alcanzaría 1,37 millones de toneladas, el mayor volumen en cinco años y un 24% por encima del promedio de las últimas campañas.

Se trata, además, de un sector con fuerte perfil exportador. Más de la mitad de lo que se produce en la Argentina se destina al mercado externo y las legumbres llegan hoy a casi 100 países, lo que podría ampliar aún más su incidencia en la generación de dólares del sector.

Anotando porotos

El impulso de las proyecciones de la BCR se explica principalmente por el poroto y la lenteja, que alcanzarían sus máximos del último quinquenio. En términos de superficie, el poroto concentra el 72% del área sembrada a nivel nacional y podría llegar a un récord histórico de 679.000 hectáreas. La lenteja, que representa cerca del 4% del total, se aproxima a los niveles más altos registrados en la campaña 2021/22.

La arveja —con una participación cercana al 12%— también muestra dinamismo y proyecta un crecimiento interanual del 40% en producción, con un volumen estimado en 370.000 toneladas. El garbanzo, en cambio, exhibe una contracción tanto en superficie como en volumen.

Este buen desempeño productivo llega después de un 2025 marcado por la recuperación del comercio exterior. El año pasado, las exportaciones argentinas de legumbres crecieron 32% interanual en términos de valor y se ubicaron 4% por encima del promedio de los últimos cinco años medido en dólares. Así, el complejo logró revertir tres años consecutivos de caídas y recuperar niveles cercanos a los previos a la sequía.

En volumen, el tonelaje exportado alcanzó 591.436 toneladas, un incremento del 24% respecto de 2024 y levemente superior al promedio del último lustro. En promedio, la Argentina envía al exterior unas 580.000 toneladas anuales y el complejo genera más de USD 400 millones por año.

Con la mayor producción proyectada para la campaña actual, el escenario aparece favorable en términos de saldos exportables, especialmente en aquellos cultivos que mostrarían los mayores incrementos interanuales.

En cuanto a los destinos, en 2025, Italia se posicionó como el principal receptor de legumbres argentinas en volumen, con el 8,7% del tonelaje exportado. Le siguieron China y España. En términos de valor, Italia lideró nuevamente el listado con compras por USD 50,8 millones, seguida por España y Turquía.

En el caso del poroto, los principales destinos se concentran en Europa, el norte de África, Medio Oriente y la región. En ese esquema se produjo un cambio estructural en los últimos años, ya que Brasil dejó de ser uno de los principales mercados para transformarse en competidor directo. De hecho, desde 2020, las exportaciones argentinas de poroto hacia Brasil se redujeron a la mitad, con una merma cercana a USD 42 millones, en un contexto de mayor producción local brasileña.

El impulso viene también del exterior

En este contexto, el escenario internacional también contribuye a las buenas expectativas. De acuerdo con estimaciones del International Grains Council (IGC), la producción mundial de legumbres creció cerca de 10% en los últimos cinco años, mientras que el consumo global avanzó alrededor de 13% en el mismo período.

La tendencia responde a cambios en los patrones de alimentación, mayor demanda de proteínas vegetales y expansión de mercados en Asia y África. En ese marco, las lentejas fueron el cultivo con mayor crecimiento relativo a nivel global, con un alza cercana al 15% en el último quinquenio.

Con mayor producción y un comercio exterior en recuperación, el complejo de legumbres queda mejor perfilado ante una demanda internacional en expansión y apunta a ampliar su participación dentro del ingreso de divisas del agro.