La acumulación excesiva de minerales en los terrenos productivos representa un grave peligro para la seguridad alimentaria en todo el planeta. Las temperaturas extremas y los períodos secos y prolongados aceleran la evaporación del agua superficial, lo que deja costras salobres sobre la superficie arable.

A su vez, la escasez hídrica empuja a los productores a recurrir a fuentes de menor calidad o de vertientes saladas para el riego, un hábito que agrava el deterioro de la tierra. Cálculos del ámbito científico indican que la salinidad amenaza los cultivos en la mitad del regadío mundial, una condición crítica que compromete la supervivencia de la producción alimentaria frente a los rigores del clima.

Frente a un panorama tan hostil, la botánica comprobó hace tiempo que el reino vegetal cuenta con un reloj biológico capaz de anticipar los cambios de luz y de humedad que ocurren durante la jornada. Asimismo, los especialistas observaron que los mecanismos de protección celular se encienden en franjas horarias específicas para responder a las exigencias del entorno.

Sin embargo, persistía una incógnita crucial: se desconocía la vía exacta mediante la cual el reloj biológico activa defensas cuando las raíces absorben compuestos dañinos en el terreno. El puente material que une la noción celular del tiempo con el despliegue del escudo defensivo permanecía sin respuesta.

Ese interrogante halló una respuesta concreta a través de una investigación encabezada por biólogos de la Universidad de Washington en San Luis, según un estudio publicado en la revista Science Advances. El equipo descubrió que una proteína del reloj detecta el exceso mineral y libera interruptores genéticos que protegen a la célula mediante gotas microscópicas en el núcleo. Al operar esta molécula como una compuerta directa, la capacidad del vegetal para resistir la agresión ambiental queda estrechamente vinculada con la hora del día.

Gotas nucleares que liberan los genes de defensa vegetal

El hallazgo gira en torno a la molécula TIME FOR COFFEE, identificada por las siglas TIC, cuya tarea habitual consiste en coordinar las etapas del ritmo biológico en la planta de ensayo Arabidopsis.

Frente a una subida repentina de sales en el entorno, esta proteína experimenta una separación de fase líquida, esto es, una transformación física por la cual las moléculas forman gotas espesas y móviles dentro del núcleo, muy parecido a lo que ocurre cuando el aceite se divide en el agua. La aparición de estas formaciones no responde a una simple falta de líquido ni a la presencia de azúcares, sino puntualmente al contacto con los minerales salinos.

“Cuando una planta detecta sal, una proteína del reloj se agrupa en diminutas gotas dentro del núcleo, lo que libera los genes protectores para que se activen”, afirmó Xuehua Zhong, profesora distinguida en la Escuela de Artes y Ciencias de la Universidad de Washington en San Luis, según el comunicado de prensa. Zhong explicó que este enlace directo permite que el sistema defensivo actúe en sintonía con las variaciones cotidianas del ambiente.

En condiciones normales, un conjunto de enzimas represoras permanece adherido al material genético para evitar un gasto innecesario de energía. No obstante, en cuanto surgen las gotas microscópicas, la proteína TIC absorbe a esos guardianes moleculares, lo que retira la traba celular y permite que la planta lea sus órdenes de emergencia.

La reorganización de la cromatina, entendida como el ovillo ordenado que forma el ADN y las proteínas nucleares, adquiere un protagonismo central en esta maniobra. El trabajo concluye que el estrés salino induce la acetilación de histonas en sectores decisivos del mapa genético, un ajuste molecular que activa escudos naturales como los genes NAC019 y RD29A.

Según se detalla en el estudio, “la formación de condensados inducida por la sal vincula la regulación de la cromatina con los tiempos circadianos”, lo que demuestra que un reordenamiento físico dentro del núcleo incide de inmediato sobre la función de los genes. Si este mecanismo falla, el daño celular se multiplica y castiga las raíces.

La sincronización horaria determina la supervivencia del cultivo

El rendimiento de este blindaje biológico cambia según el momento de la jornada en que el vegetal recibe la agresión mineral. La activación de los escudos genéticos alcanza su mayor fuerza cuando el ingreso salino coincide con las horas de mayor actividad programadas por el reloj circadiano. Dicho de otro modo, una misma cantidad de sal produce efectos moleculares desiguales según el instante en que ocurra el contacto.

“El reloj modela directamente las respuestas al estrés”, afirmó Zhong, según el comunicado de prensa, tras recordar que una amenaza idéntica genera desenlaces celulares distintos según la hora.

Durante los ensayos, aquellas plantas con un ciclo acortado a 21 horas mejoraron notablemente su supervivencia cuando los investigadores las colocaron bajo jornadas artificiales de esa misma duración, lo que ratificó la conveniencia de sincronizar el reloj celular con los ciclos del ambiente exterior.

Este avance ofrece claves concretas para desarrollar cosechas capaces de afianzarse en tierras que hoy se consideran perdidas. En vista de que la molécula TIME FOR COFFEE opera como un interruptor sensible a los minerales, el comunicado de prensa indica que este mecanismo podría transformarse en un blanco estratégico para el mejoramiento botánico y la edición genética en cultivos de consumo masivo.

Adecuar los ritmos biológicos de las especies sembradas al clima particular de cada región se perfila como una solución prometedora para blindar la producción de alimentos frente al avance de la salinidad en los campos de todo el mundo.

Los accionistas de Adecoagro compraron las más de 900.000 hectáreas -una superficie equivalente a la de Puerto Rico y Chipre juntos- que el Grupo Benetton tenía distribuidas en cuatro provincias argentinas, en una operación que marca la salida definitiva del holding italiano del agro del país.

La transacción, confirmaron fuentes con conocimiento de la operación, transfiere el control de las dos únicas firmas agropecuarias que Benetton mantenía en la Argentina, con más de un siglo de historia en la Patagonia. La adquisición no fue realizada por Adecoagro como compañía, sino por sus socios y directores.

Los ejecutivos compraron dos empresas que hasta ahora pertenecían al holding italiano: la Compañía de Tierras Sud Argentino (CTSA) y Ganadera Cóndor. Juntas concentran tierras en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Mariano Bosch, CEO de Adecoagro, encabeza el grupo de accionistas que concretó la compra. La conducción operativa de CTSA no cambia: Agustín Dranovsky continuará como director ejecutivo de la compañía.

El activo adquirido tiene un peso considerable en el agro argentino. CTSA es la firma con mayor posesión de hectáreas del país: más de 900.000 distribuidas en Chubut (33%), Santa Cruz (60%), Río Negro (5%) y Buenos Aires (2%). Su negocio central es la cría de ganado ovino y bovino y la producción de lana, segmento en el que ocupa el primer lugar a nivel nacional.

En sus campos pastan alrededor de 260.000 cabezas ovinas y unas 22.000 vacunas, concentradas principalmente en la zona de cordillera entre Esquel y Bariloche, y el resto en Balcarce. De ese rodeo, unos 80.000 animales pasan por esquila cada año, con una producción de aproximadamente 1 millón de kilos de lana. En materia agrícola, la empresa siembra alrededor de 7.500 hectáreas de maíz, trigo, soja y girasol, y destina otras 700 hectáreas a la producción de forrajes como avena, vicia y alfalfa.

En el segmento forestal, donde ingresó en 1992, cuenta con 10.000 hectáreas implantadas principalmente de pinos, con proyectos de instalación de un vivero propio para autoabastecimiento de plantines.

La cadena de valor de CTSA también tiene un eslabón industrial. La empresa opera el frigorífico Faimali, con dos plantas procesadoras de cordero y liebre ubicadas en Río Gallegos, a poca distancia del Estrecho de Magallanes. La capacidad de faena es de 2.500 corderos diarios.

La historia detrás de la transacción

La historia de CTSA arranca en 1889, cuando fue fundada bajo el nombre de The Argentine Southern Land Company Limited (A.S.L.Co.), con capitales 100% ingleses y sede inscripta en Londres. Parte de sus socios originales habían financiado el primer ramal del Ferrocarril Central del Chubut, desde Puerto Madryn hasta Trelew, y como contraprestación recibieron una franja de terreno entre ambas estaciones que se convirtió en la primera propiedad de la compañía en el país.

Con el respaldo del Estado argentino, la firma fue incorporando tierras a lo largo de las décadas siguientes. Durante sus primeros años, además de la explotación ganadera, tuvo una posición dominante en la importación de insumos que comercializaba en el mercado interno.

En 1975, ante la caída del precio de la lana, sus dueños vendieron gran parte de los activos. El control pasó a un grupo de empresarios locales encabezados por las familias Menéndez-Hume y Ochoa-Paz Repetto, que mudaron la sede a Luxemburgo bajo el nombre de Grade Western Company Limited.

Durante la Guerra de Malvinas, ante la posibilidad de que el gobierno argentino incautara propiedades de titularidad británica, los nuevos dueños notificaron que esas tierras ya eran de capitales nacionales y cambiaron la denominación a Compañía Argentina de Tierras del Sud. Así, 92 años después de su fundación, la empresa quedó inscripta bajo las leyes locales.

En 1991, la totalidad de la firma y sus tierras fue adquirida por Benetton, que la incorporó al portafolio de Edizione Holding, el conglomerado familiar italiano con inversiones en agricultura, alimentos, industria y deportes. Ese grupo factura unos 12.000 millones de euros a nivel global e integra, entre otras marcas, a United Colors of Benetton. La explotación patagónica funcionó durante más de tres décadas como proveedor estratégico de lana para esa cadena textil. Con la venta a los socios de Adecoagro, el grupo italiano cierra su presencia en el agro argentino: CTSA y Ganadera Cóndor eran sus únicos activos rurales en el país.

El debate por la Ley de Tierras

La operación se produce en un contexto político sensible. La Argentina es el octavo país del mundo en superficie, con 2,78 millones de kilómetros cuadrados que van desde los territorios antárticos hasta la aridez del norte, pasando por la llanura pampeana. La propiedad de la tierra es un eje de tensión desde el período colonial, y el debate se reavivó con la derogación de la Ley de Tierras (Ley 26.737) mediante el DNU 70/2023 que firmó el presidente Javier Milei, que eliminó los límites a la tenencia de suelo por parte de extranjeros.

Esa norma había fijado un techo del 15% de la superficie rural nacional en manos foráneas y establecía restricciones por departamento y nacionalidad. El Gobierno intentó luego elevar ese tope al 25% a través del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero la iniciativa generó una resistencia que el oficialismo no pudo contener. En agosto de 2026, el oficialismo retiró por completo el capítulo referido a tierras para poder aprobar el resto del paquete, que incluía cambios en materia de expropiaciones y desalojos. El proyecto pasó a Diputados sin ese apartado.

En la Cámara baja, el resultado fue aún más adverso para el Ejecutivo: los diputados reincorporaron un capítulo que restituyó de forma plena, y con fuerza de ley, las restricciones originales a los extranjeros. Esa moción se aprobó con 239 votos a favor. El texto volvió al Senado para su revisión final, donde el oficialismo no logró reunir los avales necesarios para emitir un dictamen y el tratamiento quedó postergado mientras continúan las negociaciones. En paralelo, la Corte Suprema dictó una medida cautelar en una causa ambiental que suspendió transitoriamente el artículo del DNU que derogaba la ley, con lo que los límites a la extranjerización quedaron restablecidos de forma provisoria mientras el máximo tribunal define el fondo de la cuestión.

En abril de 2025, el grupo Tether —emisor de la USDT, la criptomoneda estable de mayor capitalización del mundo— adquirió el 70% de Adecoagro en una operación que totalizó más de USD 615 millones. Tether ya controlaba el 19% del capital antes de esa compra. La adquisición de las tierras patagónicas, en cambio, fue realizada a título personal por los socios y directores de la firma, con Mariano Bosch a la cabeza, y no por Adecoagro como entidad corporativa.

La compañía, que cotiza en la Bolsa de Nueva York y es propietaria de marcas como Las Tres Niñas, tiene sin embargo su propia agenda de expansión. En julio de 2026, desembolsó USD 148 millones para adquirir la usina Caarapó al Grupo Raízen —la energética brasileña asociada a Shell—, una planta de azúcar, etanol y energía renovable ubicada en el municipio homónimo del estado de Mato Grosso do Sul, a unos 100 kilómetros de los dos ingenios que ya opera en esa región. La compra, sujeta a la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE), llega en un momento de fuerte impulso para el etanol en ese país, donde el corte obligatorio en naftas acaba de elevarse al 32%.

En el mercado local, el año pasado Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) adquirieron el 100% de Profertil tras comprarle primero el 50% a la canadiense Nutrien y luego ejercer la opción sobre la porción que tenía YPF. La compañía, única productora de fertilizantes nitrogenados del país, elabora cerca de 1,3 millones de toneladas de urea al año y abastece aproximadamente el 60% de la demanda interna. Adecoagro también figura entre los diez oferentes que compraron los pliegos para adquirir los activos de SanCor, la histórica cooperativa láctea declarada en quiebra, aunque ese proceso está suspendido desde julio por una resolución de la Cámara de Apelaciones de Rafaela que frenó la venta a pedido de un acreedor que impugnó el esquema de fragmentación de los bienes.

El complejo agroexportador liquidó USD 2.880 millones en octubre, el mayor registro para ese mes en los 25 años que lleva la serie histórica, según informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que concentran el 48% de las exportaciones del país. El dato consolida una campaña 2025/26 que ya acumula USD 25.156 millones entre enero y octubre, y que tiene al sector en camino de cerrar el año con uno de los mayores flujos de divisas agroindustriales de la historia.

Según informó la entidad, la liquidación del agro del mes pasado fue un 157% más alta que la del mismo mes del año pasado. Sucedió que, en septiembre de 2025, el gobierno nacional instrumentó el Decreto 682/25, que suspendió temporalmente la aplicación de retenciones por un plazo determinado. Esa medida generó un aluvión de liquidaciones en ese mes —el sector volcó más de USD 7.000 millones en septiembre de 2025, una anomalía sin precedentes en la serie— y dejó a octubre de ese año prácticamente sin operaciones: los exportadores ya habían adelantado todo lo que podían. La base de comparación, en consecuencia, era excepcionalmente baja, lo que infla el porcentaje interanual de este octubre.

La variación mensual, en cambio, ofrece una imagen más fiel del momento: octubre registró una caída del 10% respecto a septiembre de 2026, que había sido el tercer mes más alto en la historia de la serie con USD 3.228 millones liquidados. Esa baja es, en buena medida, esperable dentro del ciclo normal.

Maíz, soja y trigo impulsaron el mes

Tres factores explicaron el volumen de octubre. El primero fue un flujo sostenido de ventas y embarques de maíz, en línea con la intensificación de la comercialización por parte de los productores. El segundo fue una molienda de soja de exportación que se mantuvo activa. El tercero fueron los despachos de trigo de la cosecha 25/26, que encontraron una ventana de oportunidad frente a un contexto internacional favorable, con el cereal acumulando una suba del 45% en su precio a lo largo de 2026.

Esa combinación de volumen y precios es el reflejo directo de la campaña 2025/26, que resultó ser la mejor de la que se tenga registro en términos productivos: 172,4 millones de toneladas en total, con máximos históricos en trigo (29,5 Mt) y maíz (70,5 Mt), impulsados por el invierno más lluvioso de los últimos 60 años en la región central del país.

El último trimestre de 2026 proyecta una liquidación récord

Octubre cierra con este registro en un momento en que históricamente el aporte de dólares del agro tiende a reducirse. El último trimestre suele ser el más flojo del año: pasado el pico de la cosecha gruesa, el flujo de divisas pierde intensidad y recién se reanima con la llegada del trigo nuevo. Este año, sin embargo, ese patrón se estaría quebrando.

Según proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el cuarto trimestre de 2026 registraría una liquidación de USD 9.458 millones, un máximo histórico para ese período con una única excepción: 2022, cuando la guerra entre Rusia y Ucrania disparó los precios de los commodities a niveles extraordinarios. La abundante oferta de granos y el ritmo exportador sostenido que viene mostrando el sector a lo largo del año son los factores que explican esa proyección.

Para todo 2026, la BCR estimó en septiembre pasado un ingreso de divisas del agro de USD 35.200 millones, levemente por debajo de los USD 36.164 millones liquidados en 2025 si se toman ambos mercados, pero por encima cuando la comparación se limita al Mercado Libre de Cambios. En paralelo, las proyecciones de la entidad para la campaña 2026/27 apuntan a exportaciones agroindustriales por USD 42.200 millones, lo que representaría el mayor registro de la serie histórica, por encima incluso del pico de 2021/22.

Pauny, la fábrica de tractores con sede en Las Varillas, Córdoba, atraviesa una grave crisis financiera. Con 146 cheques rechazados por $ 1.028,4 millones —más de USD 600.000— en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la firma, que en su sitio web afirma fabricar seis de cada 10 tractores que circulan en el país, busca un inversor para sostener sus operaciones y garantizar los puestos de trabajo de sus 450 empleados directos.

Desde el mes pasado, Pauny redujo su actividad a tres días semanales —no trabaja los lunes ni los martes— y abona únicamente el 70% de los haberes, en el marco de un procedimiento preventivo de crisis acordado con los trabajadores y el gobierno provincial. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), seccional San Francisco, precisó que la deuda salarial se arrastra desde la segunda quincena de septiembre y que la empresa no realizó los aportes patronales correspondientes.

La tensión escaló esta semana cuando la compañía envió un comunicado a su personal que los dispensaba de concurrir los días 28, 29 y 30 de octubre. Los trabajadores no acataron la medida y se presentaron con normalidad. Ante esa situación, la UOM solicitó formalmente una reunión al Ministerio de Trabajo provincial.

La apertura importadora y los tractores chinos, los factores centrales de la debacle

Aunque los directivos de la firma no hicieron declaraciones públicas sobre las causas de la crisis, fuentes provinciales consultadas por este medio apuntaron a dos factores: la apertura de importaciones, que facilitó el ingreso masivo de tractores de origen chino a precios competitivos, y un problema de capital de trabajo que impide a la empresa cumplir sus compromisos pese a tener pedidos en cartera. “Aunque menor, todavía tienen mercado, tienen tractores para entregar”, señalaron esas fuentes, que subrayaron que la dificultad no es comercial sino financiera.

El dato de mercado respalda esa lectura. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en septiembre de 2026 se patentaron 401 tractores en todo el país, una baja del 21,1% respecto de agosto y del 22,6% frente a septiembre de 2025. En ese contexto, Pauny cayó de 33 unidades patentadas en agosto a 24 en septiembre, con una participación de mercado del 7,9% acumulado en el año. El mercado total de maquinaria agrícola —tractores, cosechadoras y pulverizadoras— registró en septiembre 493 patentamientos, un descenso del 20,6% interanual.

Fuentes del mercado de maquinaria agrícola local describieron la presión de los tractores chinos como “terrible”: los equipos llegan prácticamente listos para operar, a precios que la industria nacional no puede igualar.

En este escenario, fuentes del gobierno provincial confirmaron a este medio que las autoridades cordobesas siguen con atención la situación de Pauny y trabajan en distintas alternativas para acompañar a la empresa. Entre las opciones que se estudian figura la incorporación de un grupo inversor, aunque sin precisar plazos ni condiciones. “Estamos viendo algunas alternativas para acompañar desde la provincia”, indicaron esas fuentes.

Por estas horas, los directivos de la empresa trabajan en un comunicado dirigido a trabajadores, proveedores y clientes para dar explicaciones sobre el presente de la firma y los pasos a seguir. En paralelo, se barajan distintas salidas: desde un concurso preventivo hasta una inyección de capital externo, sin que se descarte tampoco una venta total o parcial de la compañía. Hasta el momento no se registraron despidos, aunque la continuidad del esquema de trabajo reducido y el atraso en los pagos mantienen en vilo a los 450 empleados directos de la planta.

Noticia en desarrollo.

La gigante del agro Bunge decidió discontinuar la producción industrial de amoníaco y tiosulfato de amonio en su planta de Campana, provincia de Buenos Aires. La medida alcanza a 110 empleados, que serán desvinculados, y responde, según pudo saber Infobae, a una combinación de factores que afectaron la viabilidad del negocio.

La decisión pone fin a la fabricación local de dos productos utilizados en la actividad agropecuaria. El amoníaco es un insumo clave para la industria de fertilizantes, mientras que el tiosulfato de amonio se emplea como fuente de nutrientes para los cultivos.

Fuentes con conocimiento de la decisión comentaron a este medio que la empresa llegó a esta determinación “después de un proceso de análisis y de evaluar distintas alternativas operativas y comerciales”. Entre los motivos mencionó las limitaciones de infraestructura y tecnología de una planta con más de 50 años de operación, además de los cambios en las condiciones del mercado y en el abastecimiento de insumos.

La medida se limita exclusivamente a la producción industrial de amoníaco y tiosulfato de amonio en el establecimiento de Campana. En esa operación, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) participa de manera asociativa por un equivalente al 17,5% del total producido.

El impacto sobre los trabajadores

Uno de los puntos centrales de la decisión es su impacto laboral. La planta cuenta con 110 empleados y la empresa reconoció que la medida tendrá consecuencias para los trabajadores y sus familias.

Pese al cese de esta actividad industrial, las mismas fuentes comentaron a Infobae que la compañía mantendrá su compromiso con el país y continuará invirtiendo en infraestructura y activos productivos vinculados con la transformación de materias primas agrícolas.

Bunge es uno de los principales actores globales del negocio agroindustrial, con actividades que incluyen el origen, almacenamiento y distribución de granos, además del procesamiento y la refinación de oleaginosas. Su operación internacional abarca más de 50 países. Tiene su sede registrada en Ginebra, Suiza, y su sede corporativa en St. Louis, Missouri.

En la Argentina, Bunge ocupa una posición destacada dentro del negocio agroexportador. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), durante el primer semestre de 2026 registró 11,6 millones de toneladas en declaraciones de ventas al exterior, el mayor volumen para una empresa en ese período en al menos cinco años.

Con esos registros, la compañía encabezó el ranking de agroexportadores, por delante de Cargill y Cofco, y concentró alrededor del 22% del total declarado por el sector. Su posición se fortaleció tras la integración con Viterra.

En cuanto a la actividad que ahora decidió discontinuar, la producción de tiosulfato de amonio en Campana comenzó en octubre de 2004. Este producto se utiliza en la elaboración de fertilizantes líquidos que aportan nitrógeno y azufre, nutrientes esenciales para distintos cultivos.

El mercado de fertilizantes está estrechamente vinculado con las decisiones de inversión de los productores agropecuarios, que evalúan el costo de estos insumos en relación con los precios de los granos y las necesidades de cada campaña agrícola.

La demanda de fertilizantes en la Argentina está vinculada principalmente con la producción de cereales y oleaginosas. El maíz y el trigo se encuentran entre los cultivos que requieren mayores aportes de nitrógeno, mientras que otros productos, como la soja y el girasol, también utilizan distintas fuentes de nutrientes para complementar las necesidades de los suelos.

Bunge tiene más de 140 años de presencia en la Argentina, donde emplea a unos 4.500 trabajadores y cuenta con alrededor de 60 instalaciones. Sus actividades abarcan la comercialización de granos, la molienda de soja y girasol, la producción de aceites vegetales y la distribución de fertilizantes. A escala global, la compañía reúne aproximadamente 34.000 empleados y más de 500 instalaciones y terminales portuarias. En julio de 2025 concretó su fusión con Viterra, una operación que amplió su presencia internacional y su capacidad de procesamiento y comercialización de productos agrícolas.

La incertidumbre política ante las elecciones de 2027 se convirtió en el principal condicionante de las inversiones agropecuarias, incluso en un escenario de elevada confianza y expectativas favorables para el negocio. Así lo revela el Ag Barometer Austral de septiembre-octubre de 2026, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, que registró una suba del 2% en el índice general, hasta los 150 puntos, frente a los 147 de la medición anterior. Aunque el indicador permanece en niveles históricamente elevados, los resultados muestran una brecha entre las oportunidades que identifican los productores y su disposición a comprometer capital en el corto plazo, en un contexto atravesado por la incertidumbre política, climática y financiera.

El relevamiento señala que el 49% de los productores menciona el escenario electoral de 2027 como un factor que lo lleva a actuar con cautela o postergar inversiones. En segundo lugar aparece la incertidumbre climática, con el 38%, seguida por las tasas de interés y las condiciones de financiamiento, con el 24%. Además, el 68% afirma que el panorama electoral influye mucho o algo en sus decisiones de inversión. “Los resultados muestran que el productor mantiene confianza en el mediano plazo, pero esa expectativa no se traduce automáticamente en decisiones inmediatas de inversión. Hay oportunidades que se evalúan favorablemente, aunque la incertidumbre política, climática y financiera lleva a analizar con cuidado cuándo comprometer capital y cómo preservar capacidad de maniobra”, explicó Carlos Steiger, director del Ag Barometer Austral.

La cautela, sin embargo, no implica una visión negativa sobre las posibilidades de crecimiento del sector. Por el contrario, el Índice de Expectativas de Inversión aumentó un 3,9% y llegó a los 133 puntos, su máximo histórico, mientras que el 66% de los encuestados considera que es un buen momento para invertir. La aparente contradicción se explica por la diferencia entre reconocer una oportunidad y decidir cuándo concretarla: frente a un escenario todavía incierto, los empresarios buscan preservar liquidez, limitar compromisos financieros y mantener margen para ajustar sus estrategias. En esa línea, Steiger sostuvo: “Que el índice de inversión alcance un máximo histórico y que, al mismo tiempo, los productores manifiesten cautela no es contradictorio. Una cosa es evaluar favorablemente una oportunidad y otra es decidir el momento adecuado para comprometer recursos. La liquidez y la flexibilidad financiera siguen siendo importantes para atravesar un escenario que todavía presenta incertidumbres”.

A las variables políticas y financieras se suma el riesgo climático, ante la posibilidad de un evento El Niño durante la campaña agrícola 2026/27. Según el informe, el 31% de los productores prevé ajustar las fechas de las labores, la selección de cultivos o las tecnologías utilizadas; el 17% evalúa contratar seguros o ya lo hizo, y el 16% considera modificar su plan de siembra y adoptar una mayor cautela en las inversiones. En contraste, el 27% afirma que no modificaría sus decisiones ante ese escenario. “El riesgo climático obliga a pensar las decisiones productivas de manera integral. La elección de cultivos, las fechas de las labores, la tecnología y las herramientas de cobertura forman parte de una misma estrategia de adaptación. Frente a un escenario de posible Niño, la planificación y la capacidad de ajustar las decisiones adquieren especial importancia”, señaló Steiger.

En cuanto al destino de los recursos, el 32% prioriza mejorar la producción durante la próxima campaña y el 25% apunta a adquirir activos estratégicos, como tierra o hacienda. Al mismo tiempo, otro 25% busca preservar liquidez y capacidad de maniobra, mientras que el 21% prioriza reducir deudas y compromisos financieros. La presión de los costos también pesa sobre las decisiones: el 55% de los productores afirma que sus costos en dólares son superiores a los de la campaña anterior. Pese a estas restricciones, la incorporación de nuevas tecnologías aparece como una oportunidad para mejorar la eficiencia: el 32% identifica a la producción como el área con mayor potencial para aprovechar la inteligencia artificial, seguida por el planeamiento estratégico, con el 28%, y la gestión financiera, con el 23%.

La evolución del índice general confirma que la confianza se mantiene estable en niveles elevados: después de alcanzar los 151 puntos en mayo y retroceder a 147 en julio, el indicador se recuperó hasta los 150 puntos en septiembre-octubre, con una mejora interanual del 20%. En la última medición, el Índice de Condiciones Presentes avanzó un 5%, hasta los 126 puntos, mientras que el de Expectativas Futuras subió un 1,2%, hasta los 167. Los datos reflejan un sector que mantiene perspectivas favorables, pero selecciona cuidadosamente sus inversiones y procura conservar flexibilidad ante posibles cambios. “El productor mantiene una mirada favorable sobre el mediano plazo, pero evalúa cuidadosamente cada decisión de inversión. En un escenario atravesado por la incertidumbre política y climática, preservar la liquidez y la capacidad de adaptación es tan importante como identificar oportunidades de crecimiento”, concluyó Steiger.

Después de siete meses consecutivos a la baja, la venta de combustibles en la Argentina repuntó en septiembre. Según el informe mensual que realiza el portal especializado Surtidores, se comercializaron 1.403.856 metros cúbicos en todo el país, un 1,96% más que en el mismo mes de 2025, cuando se habían despachado 1.376.837 m³. Se trató, en este sentido, del primer resultado interanual positivo desde enero. Sin embargo, la recuperación tiene una particularidad: el alza estuvo sostenida casi en exclusiva por el gasoil, mientras que la nafta súper —el combustible que más se vende en el país y el que mejor refleja el consumo de los automovilistas particulares— siguió cayendo.

El dato marca un quiebre respecto de agosto, cuando las ventas habían retrocedido 2,19% interanual. En la comparación mensual, el volumen promedio diario de septiembre también fue superior al del mes anterior: creció 4,42%, un cálculo que contempla que septiembre tuvo 30 días frente a los 31 de agosto. Aun así, el acumulado de enero a septiembre arrastra una contracción cercana al 2,4% a nivel nacional.

De acuerdo con el relevamiento, la demanda de gasoil aumentó 6,29% interanual en septiembre. El grado 3 (premium) fue el producto que más creció, con una suba del 6,61% y 248.068 m³ comercializados. El grado 2 (común) avanzó 6,08%, hasta los 378.053 m³. En conjunto, ambas variedades de diésel sumaron más de 626.000 m³ y fueron las responsables de que el número total diera positivo.

Las naftas, en cambio, cerraron el mes con una caída conjunta del 1,27%. La nafta súper retrocedió 2,17% interanual —de 583.318 a 570.688 m³— y fue el único segmento que quedó en terreno negativo. Se trata de un dato relevante porque la súper representa alrededor del 41% de todo lo que se vende en los surtidores del país y su evolución está asociada al uso del automóvil particular, uno de los indicadores más directos del nivel de actividad económica cotidiana. La nafta premium, por su parte, logró un leve repunte del 1,27%, con 207.047 metros cúbicos.

El rebote coincide con provincias de perfil agropecuario

De las 24 jurisdicciones que releva el informe, 14 registraron subas interanuales en septiembre, frente a apenas cuatro que habían crecido en agosto. Varias de las provincias que revirtieron la tendencia negativa forman parte del cinturón agrícola: Santa Fe pasó de estar en baja a crecer 7,06%; Entre Ríos subió 7,14%; Córdoba aceleró su crecimiento al 5,41% y Santiago del Estero avanzó 5%. También se sumaron Chaco (+3,28%), Río Negro (+3,82%), Tucumán (+1,94%) y Corrientes, que pasó de una caída del 9,51% en agosto a un alza del 1,12 por ciento.

La Pampa encabezó las subas con un incremento del 14,04%, mientras que la provincia de Buenos Aires, el principal mercado del país con más de un tercio de las ventas totales, creció 2,05% y alcanzó los 496.193 m³. En la vereda opuesta, Santa Cruz volvió a registrar la mayor contracción del país, con una baja del 8,97%. Le siguieron Catamarca (-5,63%), Tierra del Fuego (-5,29%), Chubut (-5,58%) y la Ciudad de Buenos Aires, donde las ventas cayeron 5,21% y sumaron 83.650 metros cúbicos.

Participación por empresa

Respecto al market share de las petroleras, YPF lideró las ventas con 778.795 m³ y un crecimiento del 2,91% interanual. La compañía de bandera, que concentra el 55,5% del mercado minorista, fue la empresa de mayor volumen que logró crecer. Detrás se ubicaron Shell, con 309.463 m³ y una leve baja del 0,70%, y Axion Energy, que vendió 170.614 m³ y subió 2,25 por ciento.

Puma Energy despachó 78.366 m³ (+3,59%), Dapsa cerró prácticamente estable con 28.139 m³ (-0,59%) y Gulf fue la que más retrocedió entre las grandes, con una caída del 10,94% y 22.997 m³. Refinor, en tanto, registró la mayor suba porcentual entre las empresas relevadas —un 31,63%—, aunque opera en una escala considerablemente menor, con 15.482 m³ vendidos.

El mejor desempeño de YPF en relación con sus competidoras se da en un contexto en el que la empresa mantuvo durante septiembre precios más bajos que el resto del mercado. Mientras que Shell, Axion y Puma habían aumentado sus valores entre 2% y 5% a fines de ese mes —en respuesta a la escalada del petróleo, que llegó a superar los USD 105 por barril—, YPF aplicó un ajuste de apenas el 1% promedio. La estrategia, que la compañía enmarcó en su esquema de “buffer” o amortiguación de precios, le permitió captar mayor demanda, pero a costa de vender por debajo de los valores del resto de la industria.

El contexto de precios sigue presionando el consumo

La caída sostenida en la demanda de naftas se inscribe en un año marcado por el encarecimiento de los combustibles. En dólares, la nafta acumula un alza del 23% en lo que va de 2026, impulsada tanto por el traslado del precio internacional del crudo —afectado por el conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán— como por la actualización progresiva del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC).

El barril de Brent superó los USD 106 en las primeras semanas de octubre, y la Agencia Internacional de la Energía proyectó una caída del 6% en el suministro global de petróleo durante 2026 a raíz de las tensiones en la región del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo que se comercializa en el mundo.

En ese marco, el dato de septiembre ofrece una señal ambivalente. La venta total de combustibles dejó atrás los números rojos, pero el motor de la recuperación es el gasoil —asociado al transporte de carga y a la actividad agropecuaria—, no la nafta. Que el combustible de los autos particulares siga en baja sugiere que, al menos en los surtidores, el consumo cotidiano todavía no repunta.

La Argentina aparece como la excepción entre los principales productores agrícolas globales expuestos a El Niño. Mientras las condiciones climáticas amenazan con reducir los volúmenes de las cosechas en distintas regiones del mundo, las lluvias superiores a lo normal mejoraron las perspectivas locales de soja y permitieron elevar las estimaciones de producción.

Según un informe de S&P Global, en el caso de la soja, la proyección para Argentina aumentó en 4 millones de toneladas, hasta alcanzar los 55 millones de toneladas. Esta mejora contrasta con el panorama de Brasil, donde las estimaciones ya se redujeron en 6 millones de toneladas, hasta los 177 millones. Sin embargo, el deterioro podría ser mayor: un modelo que contempla la intensidad de El Niño y la menor aplicación de fertilizantes fosfatados estima una producción de 168 millones de toneladas.

La mejora argentina, de todos modos, no alcanzaría para compensar por completo las posibles pérdidas brasileñas. El modelo utilizado por S&P Global calcula una probabilidad del 65% de que la cosecha de soja de Brasil se ubique entre 160 y 170 millones de toneladas, un rango inferior a la previsión oficial y que podría alterar el equilibrio de la oferta regional.

El panorama también resulta favorable para el maíz argentino. Según las estimaciones del impacto potencial de El Niño, el país podría registrar una mejora de alrededor del 3% en su producción, en contraste con Brasil, donde se proyecta una caída cercana al 7%.

De esta manera, la Argentina presenta perspectivas positivas para sus dos principales cultivos extensivos dentro de las regiones analizadas.

La situación difiere de la de otros productores relevantes. Australia enfrenta un riesgo de caída de alrededor del 21% en su producción de trigo, mientras que Brasil también aparece entre los países más expuestos a condiciones adversas para el maíz. El efecto del fenómeno climático dependerá, además, del estado inicial de los cultivos: una menor utilización de fertilizantes puede reducir su capacidad para resistir el estrés provocado por el clima.

A diferencia de los cultivos anuales, el impacto sobre el aceite de palma se sentiría más adelante. Las pérdidas comenzarían a hacerse más visibles a partir de marzo de 2027, debido al ciclo de desarrollo del fruto, que dura entre 22 y 24 meses. Indonesia podría enfrentar una reducción de 5,8 millones de toneladas y Malasia, de 2,5 millones.

En este escenario, la Argentina se posiciona entre los países con mejores perspectivas productivas frente a El Niño. Las mejoras previstas para la soja y el maíz ofrecen un contraste con los riesgos que enfrentan otros grandes proveedores agrícolas, aunque la evolución de las condiciones meteorológicas será determinante para confirmar las estimaciones de la próxima cosecha.

Según un informe de EcoGo, durante las 15 campañas con El Niño registradas desde 1980/81, los rindes de soja se ubicaron, en promedio, un 6,1% por encima de su tendencia, mientras que los de maíz lo hicieron un 6,4%. Sobre una cosecha de 115 millones de toneladas, la diferencia respecto de los años con La Niña supera los 10 millones de toneladas.

En base a datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la consultora que dirige Marina Dal Poggetto proyecta para la campaña 2026/27 una producción de 155,8 millones de toneladas, un 10% por debajo del récord de la temporada anterior. Sin embargo, la estimación todavía no contempla el impacto de El Niño. Si la soja y el maíz replicaran los desvíos promedio observados en campañas bajo este fenómeno, podrían aportar alrededor de 7 millones de toneladas adicionales. Se trata de una referencia de magnitud y no de una proyección de producción.

Por su parte, la BCR moderó sus previsiones sobre el fenómeno climático y consideró que su intensidad podría pasar de la categoría de “muy fuerte” a “fuerte”. Aunque el escenario sigue siendo inusual, la entidad mantiene una perspectiva más optimista sobre su evolución y lo define como un evento climatológico “muy importante”.

De todos modos, el principal riesgo no sería la falta de lluvias. “El riesgo de este Niño no es la falta de agua sino el exceso, y sobre todo su frecuencia. La cuenca del Salado llega con antecedentes: a fines de 2025 tenía unos 2 millones de hectáreas inundadas o anegadas”, advirtieron desde EcoGo.

Tras la fuerte caída de julio, la actividad económica experimentó un leve incremento de 0,1% en agosto y, según estimaciones privadas, se necesitaría un aumento superior al 8% en septiembre para evitar un escenario de recesión técnica.

En el octavo mes del año, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) evidenció una caída interanual de 1,7% y acumuló un avance de 1,2% en lo que va del año.

De acuerdo al reporte oficial, cinco sectores registraron subas frente al mismo mes de 2025. Los mayores incrementos correspondieron a Explotación de minas y canteras, con un alza de 11,1% interanual, y Electricidad, gas y agua, que creció 4,3 por ciento.

Ambas actividades también tuvieron la mayor incidencia positiva sobre la variación interanual del EMAE, seguidas por Hoteles y restaurantes, que avanzó 3,1%. En conjunto, los tres sectores aportaron 0,6 puntos porcentuales al resultado general.

En contraste, diez sectores mostraron caídas interanuales. Pesca fue el rubro con el descenso más pronunciado, con una baja de 15,7 por ciento.

Industria manufacturera, que retrocedió 3,2%, y Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una caída de 3,5%, fueron las actividades con mayor incidencia negativa. Entre ambas restaron 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador del Indec.

¿Recesión en puerta?

El dato mensual desestacionalizado cristaliza un virtual estancamiento en agosto y fue menor a lo esperado por los analistas. La consultora Equilibra había anticipado un aumento de 1,5% y una caída interanual de 0,5 por ciento. En tanto, el Índice General de Actividad (IGA) de Orlando Ferreres proyectaba un avance mensual de 1,7% e interanual de 0,6 por ciento.

En paralelo, el consenso entre los expertos apunta a que la economía podría entrar en “recesión técnica” durante el tercer trimestre tras la caída desestacionalizada de 2,8% en julio. Según estimaciones privadas, para que el período no cierre con una nueva contracción, el dato de septiembre debería exhibir una recuperación superior a 8% para compensar ese retroceso.

“La economía no rebotó en agosto (+0,1%) y está 3,8% por debajo del cierre de 2025. Además, el arrastre estadístico quedó en -1,5% y debería haber crecido 8,5% en septiembre para zafar de la recesión técnica”, destacaron desde Estudios Económicos del Banco Provincia.

“El rebote de agosto fue marginal. Todo encaminado hacia confirmar recesión técnica. Hay un evidente problema de demanda, como también mostraron las importaciones esta semana. El desafío es revertir sin generar otros desequilibrios”, sumó Claudio Caprarulo, director de Analytica.

La definición es conocida, pero sus efectos trascienden lo estadístico. Una economía cae en recesión técnica si el Producto Bruto Interno (PBI) desestacionalizado registra descensos durante dos trimestres seguidos.

La inquietud no se limita al cálculo trimestral. Comercio, industria y construcción, actividades con fuerte peso en la generación de empleo, acumulan varios meses por debajo del desempeño general. En contraste, el crecimiento se concentra en el agro, la minería y la producción petrolera. Esta tendencia de una economía “a dos velocidades” se acentuó a lo largo de 2026.

“Hacia adelante, los indicadores de actividad que monitoreamos para septiembre continúan mostrando una dinámica mixta, aunque con un sesgo levemente positivo. En este contexto, estimamos que el EMAE podría registrar una variación mensual positiva durante septiembre, aunque sin señales de una aceleración significativa en el ritmo de crecimiento de la actividad”, indicó Ammiel Pardo, economista senior de Aldazabal y Cía.

La mirada del Gobierno

Frente a la dinámica en “serrucho” que evidenció la economía en los últimos meses, alternando subas y bajas, el presidente Javier Milei definió el escenario como una pérdida de ritmo de expansión y afirmó: “Lo que hay es una desaceleración del ritmo de expansión”.

También cuestionó la utilidad del dato desestacionalizado ante las transformaciones de la economía: “Cuando usted construye un indicador desestacionalizado, se arma en función de la historia. Si su economía está teniendo muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal”.

En su lugar, el oficialismo priorizó la serie de tendencia-ciclo, que busca aislar movimientos excepcionales y observar la trayectoria general de la actividad. Milei sostuvo: “Por eso nosotros nos enfocamos en el indicador tendencia a ciclo porque la economía está teniendo muchos cambios estructurales. Por eso están arrojando cualquier cosa. Nosotros vamos a lograr cuatro años seguidos de crecimiento. Estamos en niveles máximos de consumo, exportaciones y PBI”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, compartió esa interpretación y describió al EMAE desestacionalizado como una medición afectada por una volatilidad que no representa la dinámica subyacente. “Si se mira el EMAE desestacionalizado, claramente está dando un nivel de volatilidad que no refleja la realidad. Están habiendo cambios estructurales en la economía y muestra un mes que sube y otro que baja”, afirmó.

Sin embargo, el informe del Indec correspondiente a agosto mostró que el índice tendencia-ciclo no registró crecimiento alguno ni en abril, ni en mayo, ni en junio, ni en julio, ni en el octavo mes. Es decir, en todos esos meses arrojó un estancamiento.

El jefe de Research de Adcap Grupo Financiero, Federico Filippini, definió a esta medición como “una estimación que busca separar los movimientos persistentes de la actividad de las oscilaciones transitorias o estacionales, ofreciendo una lectura más ‘suavizada’ de la economía”.

“El problema es que la tendencia-ciclo tiene una limitación importante: los últimos datos son particularmente sensibles a revisiones. Como el filtro necesita información futura para estimar correctamente la tendencia, en el extremo de la muestra esa información todavía no existe”, explicó Filippini.

El antecedente de CABA

Como antecedente, la actividad económica de la Ciudad de Buenos Aires atravesó una recesión técnica durante la primera mitad de 2026, tras registrar dos retrocesos trimestrales seguidos en términos desestacionalizados. El Producto Geográfico Bruto (PGB) cayó 0,9% entre enero y marzo y volvió a disminuir 0,2% en el período abril-junio, según datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba).

El desempeño de la economía porteña cobró relevancia en un contexto de debate sobre la evolución de la actividad a nivel nacional y la posibilidad de que también se acumularan dos trimestres negativos. Aunque la Ciudad mostró una leve mejora de 0,3% frente al segundo trimestre de 2025, la variación interanual confirmó una desaceleración marcada.

La pérdida de ritmo se había iniciado durante 2025. La expansión interanual pasó de 4,4% en el tercer trimestre de ese año a 2,9% en el último, mientras que entre enero y marzo de 2026 se redujo a 0,8%. La serie de tendencia-ciclo también reflejó la debilidad de la actividad.

Pese a las caídas consecutivas al inicio de 2026, el PGB acumuló un alza de 0,6% en el primer semestre respecto del mismo período del año anterior. El resultado quedó lejos del crecimiento de 4,4% que la economía de la Ciudad había registrado en los primeros seis meses de 2025.

Detrás de cada producto que llega al changuito del supermercado hay una extensa cadena de producción, industria, transporte y comercialización que genera millones de puestos de trabajo. En 2025, las cadenas agroindustriales generaron 4.332.114 empleos en Argentina, equivalentes al 23% del empleo privado nacional. Así lo indica el informe Empleo en las Cadenas Agroindustriales, elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), que destaca el papel del sector como motor laboral tanto en el campo como en las ciudades.

La producción primaria concentra el 34% de los puestos de trabajo agroindustriales, mientras que la comercialización representa el 27% y la industria, el 21%. El resto se distribuye entre transporte y logística, junto con los servicios que hacen posible el funcionamiento de las cadenas. De esta manera, el empleo vinculado al agro abarca desde productores, agrónomos y contratistas hasta operarios de fábricas, transportistas, comerciantes, profesionales y trabajadores de supermercados. Según Fiorella Savarino, economista de FADA, entre 2020 y 2025 se crearon 480.000 empleos en estas cadenas, a un promedio de 80.000 por año.

En el ranking de las actividades que más trabajo generan, la carne vacuna ocupa el primer lugar, con alrededor de 519.000 puestos, seguida por la cadena de frutas, verduras y legumbres, con 462.000, y la soja, con 446.000. Más atrás se ubican el trigo, con unos 440.000 empleos, y el maíz, con 258.000. En conjunto, estas cinco cadenas concentran prácticamente la mitad del empleo agroindustrial. El impacto se extiende a múltiples eslabones: desde la producción y la investigación hasta los frigoríficos, la distribución, el transporte y la venta minorista.

Uno de los principales planteos del informe es el potencial de creación de empleo que tendría una eliminación de los derechos de exportación. Según las estimaciones de FADA, las cadenas de granos, carnes y biocombustibles podrían generar más de 850.000 puestos adicionales en un plazo de diez años. La proyección contempla un aumento de la producción de cereales y oleaginosas de alrededor de 70 millones de toneladas, con mayores volúmenes destinados tanto al mercado interno como a la exportación y a la elaboración de productos como carnes, bioetanol y biodiésel.

De concretarse ese escenario, el empleo adicional equivaldría a cerca de la mitad de los 1,6 millones de personas desempleadas considerados en el análisis. Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA, destacó que el crecimiento alcanzaría a distintas etapas de las cadenas productivas, desde la producción primaria hasta la industrialización, el transporte y la comercialización. La estimación no implica una reducción automática del desempleo: su concreción dependería de que se materialicen el incremento productivo y las inversiones necesarias para sostenerlo.

El informe también pone de relieve la distribución federal del empleo agroindustrial. Las cadenas agrícolas, como la soja, el maíz, el trigo y el girasol, reúnen el 32% de los puestos; las economías regionales, el 29%; y las cadenas de carnes y lácteos, el 23%. Esa diversidad se refleja en actividades como la producción ovina en la Patagonia, los vinos en Cuyo, la caña de azúcar en el NOA y la yerba mate en el NEA. Con datos basados en fuentes oficiales y el análisis de más de 250 actividades económicas, FADA busca dimensionar el aporte de un sector cuyo impacto va mucho más allá del campo y se hace visible, todos los días, en los productos que llegan a la mesa de los argentinos.

Las imágenes que llegan desde el Litoral son tan dramáticas como elocuentes: la furia de la naturaleza desatada, la incertidumbre que genera en las personas que viven río abajo y un contexto económico que, sin dudas, se verá impactado por un Niño que este año llegó recargado.

En Corrientes, los evacuados sumaban ayer unos 500 ayer y la perspectiva es que el río supere los 7 metros frente a la capital. Falta lo peor aún, dicen los expertos, y hay dudas sobre cómo terminará de inclinarse la balanza en medio de la tormenta.

Más allá del drama de las familias afectadas de manera directa, la pregunta que se hacen en los escritorios de economistas, productores y funcionarios es otra: ¿cuál será el impacto económico? En el medio está la Hidrovía, la ruta de salida del 80% de las exportaciones locales.

Los datos para el campo

Mientras los organismos internacionales hacen cuentas de pérdidas, en el campo argentino, uno de los motores de la economía local, miran todo con cautela. El Niño es, históricamente, la contracara de La Niña que terminó en la sequía de 2022/23. Claro, es complejo hablar de beneficios económicos en medio de lo que seguramente serán importantes inundaciones, ríos desbordados y familias muy complicadas.

“Para el campo argentino, El Niño suele ser una buena noticia porque favorece las precipitaciones, mejora la humedad del suelo y puede impulsar los rindes”, dijo Diego Picardo, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. Y agregó que su escenario promedio país es que “el balance económico podría ser positivo”.

Pero Picardo también marcó la letra chica. Un episodio muy intenso podría generar excesos hídricos e inundaciones, con pérdidas de producción y dificultades para cosechar y transportar los granos. Además, puede interrumpir obras y actividades en las ciudades afectadas por las crecidas. Su lectura hacia la cosecha de 2027 es más tranquilizadora.

Según un trabajo de EcoGo, en las 15 campañas con El Niño desde 1980/81 la soja rindió en promedio 6,1% por encima de su tendencia y el maíz, 6,4 por ciento. Sobre una cosecha de 115 millones de toneladas, la diferencia con los años de Niña supera los 10 millones. Un informe del viernes de la consultora que comanda Marina Dal Poggetto –en base a datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)– proyecta para 2026/27 una cosecha de 155,8 millones de toneladas, 10% menos que el récord de la campaña pasada. Pero esa estimación todavía no incorpora el fenómeno: si soja y maíz repitieran el desvío promedio de los “años Niño”, sumarían unas 7 millones de toneladas más. Es un orden de magnitud, no una proyección.

Con todo, la BCR estimó días atrás que la intensidad prevista del “Niño” podría bajar de “muy fuerte” a “fuerte”, y son más optimistas con respecto a lo inédito de la situación, en medio de un evento climatológico que igualmente definen como “muy importante”.

“El riesgo de este Niño no es la falta de agua sino el exceso, y sobre todo su frecuencia. La cuenca del Salado llega con antecedentes: a fines de 2025 tenía unos 2 millones de hectáreas inundadas o anegadas”, explicaron desde EcoGo.

En Abeceb, en tanto, concuerdan con un fenómeno intenso y extendido, que llegará a la cosecha de soja, y será heterogéneo por región y por actividad. “En general el Niño suele tener impacto positivo en agro y cultivos extensivos, trigo, soja y maíz, siempre en promedio y sobre todo para los dos últimos cultivos. Hay que ver bien cada zona”, dijo Mariángel Ghilardi Sierra, coordinadora de Sectores y Negocios de la consultora que fundó el exministro Dante Sica.

Para la ganadería, más lluvias es igual a más pasto y menos costos para el productor, pero las inundaciones “rompen” todo. “En ese contexto, los impactos promedios son más difíciles de estimar, pero podría generar subas de precios que terminen impactando en la inflación. Otro sector que que ya viene golpeado y podría tener impacto por las lluvias es la construcción. Lo mismo con la generación de energía hidroeléctrica, que podría tener más producción”, aseguró Ghilardi Sierra.

El exceso de agua obliga a las represas de la cuenca a generar más hidroelectricidad, la más barata del mercado. Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy y exsecretario de Planeamiento Energético, explicó que el salto en el aporte hidro “debería bajar” el costo de generación, porque reduce el uso de centrales térmicas que dependen de combustibles más caros. Eso sí, con un asterisco: según la propia Entidad Binacional Yacyretá (EBY), más caudal no significa más energía en la misma proporción, porque con el río crecido aguas abajo cada metro cúbico rinde menos en las turbinas.

Y luego está la góndola. Después de algunos meses de cierta estabilidad, en el mercado esperan subas de hasta 10% en la carne vacuna para fin de año, por la menor oferta de los últimos meses e ¿impacto del Súper Niño? Habrá que esperar un poco para tener más precisión sobre eso. Los ajustes serían progresivos antes de las Fiestas, aunque con el consumo flojo hay poco margen para aumentos grandes.

Alimentos y bebidas pesan 23,4% en el IPC, y la carne tiene un peso de entre 7% y 13% dentro de ese rubro, según la región. En el último informe de inflación del Indec, los cortes de carne de vaca relevados subieron en torno al 1 por ciento en un mes. Presión justo sobre la tendencia de desaceleración que el Gobierno viene persiguiendo.

Números e impacto

Más de 26.300 metros cúbicos por segundo. Es el pico que alcanzó el Paraná en los últimos días, un volumen equivalente a llenar diez piletas olímpicas cada segundo, según detalló este medio días atrás. Tanto, que la represa hidroeléctrica de Yacyretá tuvo que abrir las compuertas del vertedero principal y encender una alerta preventiva en toda la zona del litoral. El agua baja y se espera que el torrente llegue al Delta en unos 20 días con una intensidad y caudal que aún no están del todo claros.

La NOAA, la agencia climática de Estados Unidos, le asignó 75% de probabilidad a que el Súper Niño 2026-2027 sea el más intenso desde que hay registros, en 1950. En agosto esa chance era de 69 por ciento.

Aún no hay cifras actualizadas de pérdidas para la Argentina. El último número fino sigue siendo el del Banco Mundial, que en 2021 calculó que las inundaciones le cuestan al país unos USD 1.000 millones por año en activos destruidos (con un rango de entre USD 500 y 1.400 millones). Eso en años promedio: ese mismo informe advertía que el cambio climático podría aumentar esa factura en 125 por ciento. El organismo sí estimó el número regional, con costos proyectados de USD 60.000 millones para toda América Latina. Ese es el piso de la conversación, no el techo, y aún no calcularon lo que podría ocurrir en cada país.

Otro paraguas regional lo puso la Cepal, que a fines de septiembre advirtió que un Niño extremo puede provocar una pérdida acumulada de al menos 2% del PIB de América Latina y el Caribe en tres años, la mitad en el primero. Además, podría sumar hasta 4,8 millones de personas a la pobreza hacia finales de la década. “Las respuestas adoptadas una vez declarada la emergencia son considerablemente más costosas que las medidas preventivas”, sostuvo su secretario ejecutivo, José Manuel Salazar-Xirinachs.

¿Seguros?

Después están las pérdidas físicas, que impactan en empresas y pymes de las zonas afectadas y que pueden ser de los rubros más variados.

“La factura económica continúa creciendo mucho después de que el agua comienza a bajar. Las pérdidas incluyen inventarios destruidos, interrupciones en la producción, problemas de abastecimiento, mayores costos logísticos, incumplimientos contractuales y semanas, o incluso meses, de actividad reducida. En algunos casos, el costo de no poder operar supera ampliamente el valor de los daños físicos”, detalló Roberto Lynch, director general de Globaim Argentina, una empresa especializada en asesorar a las compañías aseguradas frente a siniestros de alta complejidad.

Las inundaciones representan el 54% de los desastres naturales registrados en el país desde 1970 y alrededor del 28% de los argentinos vive en zonas propensas a sufrirlas. Además, constituyen la amenaza natural que concentra la mayor parte de los daños económicos y de la población afectada por desastres en el país.

“La recurrencia dejó de ser una cuestión abstracta. Desde 2003, una sucesión de inundaciones, lluvias extraordinarias y tormentas severas afectó ciudades, corredores logísticos y centros productivos de distintos puntos del territorio”, afirmó el especialista, quien detalló que el país está muy cerca de ser declarado como zona “catastrófica” por las reaseguradores globales. Para lograr ese estatus deben darse tres condiciones: frecuencia alta de eventos severos, pérdidas económicas agregadas elevadas y recurrentes, e impacto significativo en la capacidad del mercado asegurador local. Argentina ya cumple parcialmente las tres.

“El costo de anticiparse suele ser sustancialmente menor que el costo de detener una empresa sin saber cuándo podrá volver a operar. Para la economía, una inundación no termina en la línea que deja el agua sobre una pared”, resumió Lynch.

El Gobierno, en tanto, mira el fenómeno e intenta contener el impacto. ¿Se podrá en un esquema en el que la inversión en obras de infraestructura está con freno de mano desde hace varios años?

Santiago Hardie está al frente de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), un organismo desconcentrado –según la terminología que aplica esta administración– de Seguridad. “Venimos trabajando desde mayo con las provincias involucradas, sobre todo con la Cuenca del Plata, para coordinar respuestas y ver escenarios. Se trabajó con organismos científico-técnicos, cuando el impacto era aún neutro. Por ahora lo que se ve en el litoral es desborde de ríos, no lluvias como en Brasil. Hay estado de alerta y evacuaciones, sobre todo en Corrientes y Chaco”, afirmó.

“Es difícil pronosticar porque el Niño interactúa con otros fenómenos, pero este año es fuerte y será largo, de octubre a diciembre. Es agua que viene bajando. Ahora estamos en una ventana sin lluvias en Brasil, y eso ayuda. El escenario es complejo”, destacó el funcionario.

El drama humano de un fenómeno que promete ser más fuerte que otros años ya se ve en primera persona en provincias del Litoral.

En lo económico, el balance se parte en dos calendarios. Los dólares del agro llegan con la cosecha de 2027: si soja y maíz repiten el desvío promedio de los años de El Niño. La factura llegará antes. Caminos rurales anegados, empresas del Litoral con la producción frenada, la Hidrovía que podría tener algún tipo de complicación por caudal y la carne en alza. En el medio, una energía hidroeléctrica más barata que quizás no llegue nunca a la boleta, y un Estado con la obra pública con freno de mano.

Lo que entra, entra en abril. Lo que cuesta, en diciembre.

Las exportaciones de granos, subproductos y aceites de la Argentina acumularon cerca de 88,9 millones de toneladas (Mt) entre enero y septiembre de 2026, un volumen que supera en casi 10% al registrado en igual período del año anterior y que deja atrás en unas 6 Mt el récord previo de 83 Mt, alcanzado en 2021. El dato, publicado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su último informe de mercado, se produce en un año en que las exportaciones totales del país apuntan a superar los USD 100.000 millones por primera vez en la historia.

El número responde, según la BCR, a dos fuerzas simultáneas. Por un lado, la cosecha 2025/26 fue la mejor de la que se tenga registro, con 172,4 Mt totales, tras el invierno más lluvioso en 60 años en la región central del país. Por otro, la demanda externa absorbe granos argentinos en niveles también inéditos, favorecida por disrupciones en los principales orígenes competidores.

Entre los cultivos con mejor desempeño individual se destacan el trigo, con 12,8 Mt exportadas (60% por encima del promedio histórico para esta fecha), y el girasol, cuyos envíos ya superan las 6,5 Mt y más que duplican el promedio de las últimas campañas.

La magnitud del ciclo en curso también se refleja en la liquidación de divisas. Según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las empresas del sector ingresaron USD 3.228 millones en septiembre, un 17% más que en agosto y el tercer valor más alto para cualquier mes en los 25 años de registro de la serie. El acumulado anual asciende a USD 22.275 millones. En paralelo, la BCR proyecta que la campaña 2026/27 podría generar divisas agroindustriales por USD 42.200 millones, lo que representaría el registro más alto de la historia, por encima incluso del pico de 2021/22.

El maíz lidera los embarques con cifras sin precedentes

El maíz fue el producto de mayor dinamismo en el bimestre de la campaña. Entre agosto y septiembre se exportaron cerca de 7,63 Mt del cereal, el valor más alto para esos meses en los últimos años, y el acumulado desde el inicio de la campaña trepó a 30,2 Mt, casi un 18% por encima del promedio histórico. En términos de comercialización interna, las compras totales superaron las 45 Mt a la semana del 30 de septiembre, más de 10 Mt por encima del promedio para esa fecha, con precios en pizarra que llegaron a tocar los USD 199 por tonelada a fines de mes.

De acuerdo con el análisis de la BCR, la competitividad del maíz argentino responde tanto a factores locales como externos. En el plano doméstico, la reducción de los derechos de exportación —del 12% al 8,5% vigente desde el decreto 423/2026— mejoró el precio relativo del cereal frente a otros orígenes.

En el plano internacional, el conflicto en el Mar Negro se agravó con una escalada de ataques con drones que alcanzaron por primera vez la zona económica exclusiva de Bulgaria, miembro de la OTAN, y hundieron un buque mercante. Esa escalada golpea directamente a Ucrania, el cuarto exportador de maíz más grande del mundo, cuyas exportaciones marítimas acumulan limitaciones crecientes.

El calendario agrava el escenario ucraniano: en los meses que restan del año, el país suele exportar en promedio 6,9 Mt de maíz, en línea con el inicio de su cosecha en octubre. Parte de esos envíos se está redirigiendo por el Danubio hacia países de la Unión Europea (UE), un bloque que, según la Comisión Europea, registraría para esta campaña su producción de maíz más baja desde al menos el año 2000, con 48,3 Mt, tras una sequía que afectó varias regiones. Según proyecciones de S&P Global, la UE importaría un 32% más de maíz que el año pasado, con Ucrania como segundo proveedor, aunque la continuidad logística de esos flujos sigue siendo incierta.

A ese escenario se suma el retroceso exportador de Brasil. Según datos de la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (ANEC), el país envió cerca de 5,39 Mt de maíz en septiembre, el segundo valor más bajo desde 2019 y un 22% menos que en el mismo mes del año anterior. El cambio responde a un factor estructural: la demanda interna de maíz para la producción de biocombustibles viene compitiendo con el programa exportador. El consumo industrial pasaría de 19 Mt a 37 Mt en cuatro años y, frente al promedio de los últimos cinco ciclos, el consumo doméstico total de la campaña 2026/27 crecería un 42%, mientras las exportaciones caerían más de un 10 por ciento.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay comparten una característica clave: son exportadores netos de granos dentro del Mercosur. Sin embargo, la forma en que sus gobiernos apoyan al sector agropecuario es muy diferente. Un análisis elaborado por Giuliana Dellamaggiore y Emilce Terré para la Bolsa de Comercio de Rosario, y basado en la metodología de Estimaciones de Apoyo de la OCDE y la iniciativa Agrimonitor del BID muestra que, mientras a fines de los años 90 Argentina y Brasil partían de niveles cercanos a cero, en 2024 Brasil destinó recursos equivalentes al 9% del valor de su producción agropecuaria (VPA), mientras Argentina registró una transferencia neta desde el campo hacia el resto de la economía equivalente al 15% del VPA. Uruguay y Paraguay, en tanto, mantuvieron durante el período políticas de apoyo, con promedios del 6% y 3%, respectivamente.

El estudio compara las políticas mediante cuatro grandes canales: Apoyos a Precios de Mercado (APM), que surgen de la diferencia entre el precio doméstico y el internacional; Apoyos Directos (AD), que incluyen pagos vinculados con producción, insumos o inversiones; Servicios Generales, destinados a investigación, sanidad, educación e infraestructura rural; y Transferencias a los Consumidores, orientadas a favorecer el acceso a los alimentos. Los dos primeros conforman el apoyo al productor, mientras que los cuatro determinan el apoyo total, que puede ser negativo cuando las políticas generan una transferencia neta desde el sector agropecuario hacia el resto de la economía.

Argentina: el peso de las distorsiones

La trayectoria argentina es la más contrastante. Entre 1997 y 2001, el apoyo total promedió apenas USD 40 millones anuales, equivalentes al 0,2% del VPA. El punto de quiebre llegó en 2002, con la reintroducción de los Derechos de Exportación (DEX) y otras medidas para desacoplar los precios internos de los internacionales. Posteriormente se sumaron restricciones cuantitativas a las exportaciones y, entre 2007 y 2010, subsidios al consumo y compensaciones a la industria molinera.

Entre 2002 y 2015, las políticas implicaron una transferencia neta desde el sector equivalente al 23,7% del VPA, mientras que entre 2016 y 2024 la detracción se moderó, aunque volvió a profundizarse desde 2018, puntualiza el análisis de la BCR.

Brasil cambió el esquema

Brasil muestra una evolución prácticamente inversa. Entre 1995 y 1999, el apoyo total promedió -0,02% del VPA, pero entre 2000 y 2012 ascendió al 11%, impulsado principalmente por apoyos al productor. Entre 2013 y 2020 se redujo a menos de la mitad, con los apoyos directos como principal instrumento, especialmente mediante subsidios a las tasas de interés y seguros. En el período 2021-2024 volvió a crecer el sostén de precios, con un promedio de USD 7.200 millones anuales, mientras que el seguro agrícola PROAGRO cuadruplicó sus pagos respecto de 2019-2021 y desde 2023 se convirtió en la principal partida presupuestaria individual del apoyo brasileño.

Uruguay y Paraguay: mayor estabilidad

Uruguay presenta una trayectoria mucho más estable. Entre 2009-2013 el apoyo total representó en promedio 5,1% del VPA, mientras que entre 2019 y 2023 alcanzó el 5,8%. Los servicios generales mantuvieron un papel importante, especialmente en innovación y transferencia de conocimiento, mientras que los apoyos directos crecieron hasta convertirse en un componente de mayor peso. Paraguay, por su parte, es el único de los cuatro países que no registra apoyo mediante distorsiones de precios ni transferencias a consumidores: todo su apoyo es presupuestario y se divide entre servicios generales, con 52%, y apoyos directos, con 48%.

La comparación entre 2020 y 2022 sintetiza las diferencias: el apoyo total equivalió al 5,3% del VPA en Uruguay, 4,1% en Brasil y 1,6% en Paraguay, mientras que en Argentina implicó una detracción del 19,5%. En términos acumulados, entre 1997 y 2024 las distorsiones de precios argentinas representaron USD 207.500 millones, frente a USD 6.500 millones de apoyos directos y USD 9.700 millones destinados a servicios generales. El informe de la Bolsa de Comercio de Rosario destaca además que Argentina es el único de los cuatro países con apoyo neto negativo y que las distorsiones de precios generaron una transferencia desde el sector de aproximadamente USD 13 por cada dólar canalizado mediante apoyos directos y servicios generales.

Las autoras plantean que la composición de las políticas también importa al momento de analizar el desempeño productivo. La evidencia citada del BID encuentra una asociación negativa entre la Productividad Total de los Factores (PTF) y las políticas que generan distorsiones de precios, mientras que identifica una asociación positiva con las transferencias presupuestarias, tanto mediante apoyos directos como a través de servicios generales. En otras palabras, no solamente importa cuánto dinero o recursos recibe el agro, sino también cómo se canaliza ese apoyo y qué incentivos genera para productores e inversiones.

La comparación con la evolución de los principales cultivos del bloque agrega otra dimensión al análisis. Según datos del USDA utilizados en el informe, entre las campañas 2000/01 y 2026/27, la producción de los principales cultivos se multiplicó por ocho en Uruguay, por más de tres en Brasil y Paraguay y por dos en Argentina. En paralelo, la participación argentina en la producción del Mercosur cayó del 41% al 28%.

La cantidad de empresas con trabajadores formales en la Argentina sigue retrocediendo. El fenómeno se refleja en los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que contabilizan mes a mes cuántas firmas tienen al menos un trabajador formal.

Según los datos de la SRT relevados por Infobae, en julio de 2026 había 480.067 empresas registradas con al menos un trabajador formal. En noviembre de 2023, el mes anterior a la asunción de Milei, la cifra era de 512.357. La diferencia es de 32.290 empresas menos, lo que representa una baja de 6,3% en 32 meses.

El dato de julio, además, completó 18 meses consecutivos de caída. La última vez que la cantidad de empresas aumentó de un mes a otro fue en enero de 2025, cuando se sumaron 1.194 firmas. Desde febrero de ese año, todos los meses terminaron con saldo negativo.

En lo que respecta al último mes, la baja fue de 948 empresas respecto de junio, cuando había 481.015 empresas formales en el país, lo que equivale a una caída de 0,2%. Es una variación menor que las de marzo, abril y mayo, pero mantiene el signo negativo.

Del pico de enero de 2024 al ajuste de abril

El punto más alto de la serie histórica se registró en enero de 2024, con 514.204 empresas en funcionamiento, siempre hablando de compañías con al menos un trabajador registrado. A partir de febrero comenzó una racha descendente que sigue su curso. Tomando como punto de inicio ese mes, se puede concluir que cerraron 34.137 firmas en los últimos 30 meses, unas 1138 por mes.

La SRT aún no publica el detalle desagregado correspondiente a julio, pero los datos vigentes hasta el mes anterior (junio) muestran con claridad que los sectores más perjudicados por los cierres fueron el comercio, la industria y el agro. Entre esas tres ramas de actividad acumulaban en ese entonces 15.353 bajas en la era Milei, hasta el sexto mes de este año.

Cómo explican la caída

Según declaró en una entrevista con la agencia EFE, el economista Hernán Bergstein, profesor de la Universidad Nacional de Lanús y especialista en pymes, el cierre de empresas responde a varios factores vinculados con la política económica del Gobierno, que a su juicio plantea una apertura económica indiscriminada.

Uno de esos factores, según el economista, es el ingreso de importaciones a bajo costo, que constituye una “competencia desleal” para las pymes industriales, que terminan cerrando o sobreviven con dificultades.

A eso suma la pérdida de poder de compra de los salarios en términos reales, en un contexto de inflación todavía elevada, que redujo el consumo. En ese escenario, explicó, “las empresas bajan su producción hasta cerrar porque no tienen demanda”. Bergstein agregó que también hay menos firmas proveedoras de bienes y servicios del Estado, como consecuencia de la política fiscal de reducción del gasto público.

El economista describió además un fenómeno de “transferencia”: las empresas que tienen menos ingresos trasladan esa situación a sus proveedores, que al vender menos también empiezan a cerrar. Según su análisis, la cadena de pagos se está cortando en todos los sectores, con efectos sobre miles de pymes y sobre sus trabajadores.

La respuesta del Presidente

Consultado sobre este fenómeno en una entrevista, el presidente Javier Milei sostuvo que muchas de las empresas que cierran están conformadas por una sola persona, de lo que se deduce no se trata de firmas con toda una infraestructura montada, sino más bien de emprendimientos unipersonales.

Asimismo, Milei remarcó que la cantidad de empleo subió durante su gestión y que el consumo se encuentra en niveles récord.

Por lo pronto, el dato de julio muestra que el registro de la SRT se ubica en 480.067 empresas, el nivel más bajo de la serie que comienza en noviembre de 2023. La tendencia a la baja se mantiene mes a mes desde febrero de 2025, con variaciones que oscilaron entre las 149 y las 2.371 empresas por mes.

La semana pasada estuve en París, en la Argentina Week, el encuentro que el Gobierno argentino organizó para atraer inversores, con el presidente Milei y sus ministros. Esta semana estoy en Buenos Aires, donde he hablado con muchos empresarios y economistas. Este artículo surge de esas dos semanas. Soy optimista con la Argentina. Este es mi escenario realista si Milei gana en 2027 y mantiene el rumbo.

Si termina su segundo mandato en diciembre de 2031, veo una Argentina con una economía entre un 22 % y un 34 % mayor que la de 2026. Sumado a lo que ha crecido desde que asumió, sería entre un 29 % y un 42 % más grande que la de 2023. Para eso tiene que crecer entre el 4 % y el 6 % anual durante cinco años. ¿Es mucho pedir? Argentina ya lo hizo: entre 1991 y 1998 creció cerca del 6 % anual de media, con la recesión de 1995 por la crisis mexicana incluida.

La población casi no crece, así que el PIB por habitante aumentaría prácticamente en la misma proporción. En dólares, el PIB pasaría de unos 690.000 millones a cerca de un billón, y el PIB por habitante de unos 14.800 dólares a más de 21.000.

Donde veo el cambio más grande es en las exportaciones. Este año rondarán los 100.000 millones de dólares y en 2031 pueden estar entre 140.000 y 160.000 millones. La diferencia sale de Vaca Muerta, el yacimiento de petróleo y gas de Neuquén, y de la minería de cobre, litio y oro.

El petróleo ya es el primer producto de exportación del país: casi 4.700 millones de dólares en el primer semestre de este año. A finales de 2026 empieza a funcionar el oleoducto Vaca Muerta Sur, 437 kilómetros de tubería entre Allen y Punta Colorada, en la costa atlántica de Río Negro, que sacarán al mar el petróleo de Neuquén. Arranca con 180.000 barriles diarios y llegará a 550.000 en 2027. Horacio Marín, el presidente de YPF, calcula que en 2030 se exportarán 750.000 barriles diarios, unos 20.000 millones de dólares al año. Esa cuenta sale con el barril cerca de 73 dólares; a 63 serían 17.000 millones.

El gas llega después. Southern Energy, el consorcio de Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar, va a instalar dos buques de licuefacción en el Golfo San Matías, en Río Negro, uno a finales de 2027 y otro a finales de 2028. Entre los dos producirán 6 millones de toneladas anuales de gas natural licuado, unos 2.500 millones de dólares al año. Un tercio ya está comprometido durante ocho años con SEFE, la energética estatal alemana. YPF prepara con socios internacionales un proyecto el doble de grande, Argentina LNG, de otros 12 millones de toneladas, que al mismo precio serían unos 5.000 millones al año. Es lo menos seguro de todo lo que cuento para 2031.

Petróleo, Southern Energy y Argentina LNG suman unos 27.500 millones. Marín proyecta bastante más para toda la energía: entre 50.000 y 58.000 millones hacia 2030 o 2031. Es la proyección de una empresa y exige más producción, más oleoductos, más plantas de licuefacción y precios altos. El Banco Central calcula 34.000 millones en 2030.

La minería exportó 6.075 millones en 2025 y la Cámara de Empresas Mineras espera superar los 9.000 este año. Para 2030, la Secretaría de Minería proyecta 15.411 millones, y la Cámara Minera junto con la Bolsa de Comercio de Rosario, 18.500. El litio pasaría de 911 millones a 4.534, el oro subiría hasta 5.697 y el cobre, que hoy no se exporta, aportaría unos 4.600. El cobre es el que más cuesta: hacen falta 41.000 millones de dólares de inversión en minas que tardan años en construirse.

El agro es el que menos crece porque ya es grande. Exportó unos 52.000 millones en 2025 contando toda la agroindustria. La Bolsa de Comercio de Rosario proyecta para la campaña 2026/27 un récord de 42.200 millones solo en granos y derivados, con una cosecha de 155,8 millones de toneladas. Ese récord se debe a los precios: este año la soja ha subido un 27 %, el trigo un 45 % y el maíz un 21 %. Para 2031 calculo entre 55.000 y 60.000 millones.

Sumo energía, minería, agro y el resto de la industria que, sin contar la minería, exportó unos 18.000 millones en 2025 y que calculo entre 20.000 y 25.000 en 2031. Con la cifra de energía del Banco Central, el total ronda los 130.000 millones. Con la de YPF está entre 140.000 y 160.000, que es mi rango. Un país que exporta 150.000 millones es mucho menos vulnerable a la falta de dólares, que ha estado detrás de casi todas las crisis argentinas. Siguen contando las importaciones, los pagos de deuda y los movimientos de capital, pero con ese nivel de exportaciones Argentina tendría mucho más margen que hoy.

La inflación va a cerrar este año cerca del 30 %, igual que en 2025, la pobreza ha vuelto a subir del 28,2 % al 32,3 % y la actividad cayó un 2,9 % en julio respecto de junio. Para llegar a 2031 como lo describo, hace falta que la inflación baje a un dígito, cosa que veo hacia 2028 o 2029, y que la pobreza caiga hasta el 20 %. Eso último es lo más difícil de todo, porque exige empleo fuera del petróleo y de las minas.

El riesgo país, la sobretasa que paga la deuda argentina sobre la de Estados Unidos, estaba en 430 puntos en julio y ha saltado por encima de 600. Buena parte de esa subida se debe al miedo a que el kirchnerismo vuelva en 2027. Si Milei gana, buena parte de ese miedo desaparece. Los inversores seguirán mirando las reservas, los pagos de deuda y lo que pase después de 2031. Con ocho años de superávit fiscal y reservas que crecen con las exportaciones, veo el riesgo país entre 150 y 250 puntos, donde están hoy México y Brasil. La agencia S&P califica hoy la deuda argentina con B-, seis escalones por debajo del grado de inversión, la nota que exigen muchos fondos de pensiones y aseguradoras para comprar la deuda de un país.

La bolsa argentina vale unos 80.000 millones de dólares, el 12 % del PIB. La media del resto de América Latina es el 36 %. Con un PIB de un billón y un mercado del 30 % al 36 % del PIB, la bolsa valdría entre 300.000 y 360.000 millones, unas cuatro veces más que hoy. Buena parte de ese aumento vendría de empresas que hoy no cotizan y de ampliaciones de capital, así que el Merval, el índice de la bolsa de Buenos Aires, subiría menos que el valor total del mercado. Con beneficios que crecen al ritmo del PIB en dólares y un riesgo país mucho más bajo, veo razonable que el Merval se duplique en dólares.

Este es mi escenario realista. Depende de que Milei gane en 2027, mantenga el rumbo y la economía crezca entre el 4 % y el 6 % anual en los cinco años siguientes. Creo que la Argentina puede conseguirlo.

Andrea Sarnari fue reelegida como presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA) con el 95,5% de los votos, durante el Consejo Anual Ordinario de la entidad que se desarrolló en Rosario, Santa Fe. De esta manera, la dirigente continuará al frente de una de las organizaciones gremiales que representan a los pequeños y medianos productores agropecuarios del país.

La elección se produjo en el marco del 112° Congreso Anual Ordinario de la FAA, que comenzó este martes en Rosario bajo el lema “Somos voces que transforman. Con historia en la tierra, firmeza en el presente”. El encuentro reúne a representantes de la entidad y referentes del sector agropecuario, además de autoridades provinciales y nacionales.

La nueva conducción de FAA

Sarnari estará acompañada en su segunda gestión al frente de la entidad federada por José Luis Careggio y José Luis Volando, en la vicepresidencia primera y segunda, respectivamente. En tanto, Claudio Angeleri (Buenos Aires, Distrito 9), y Orlando Marino (Mendoza, Distrito 13) fueron electos como síndico titular y suplente, respectivamente.

Careggio se desempeñó hasta hoy como presidente de la filial Oncativo y director titular del Distrito 2 de FAA, el cual abarca la zona centro, oeste y noroeste de la provincia de Córdoba; mientras que Volando —hijo del histórico dirigente federado Humberto Volando—, oriundo de James Craik, Córdoba (Distrito 5), ya formaba parte del Consejo Directivo Central de la entidad como vicepresidente primero.

Retenciones, presión fiscal y rentabilidad

Durante la apertura del Congreso, Sarnari puso el foco en la necesidad de construir una agenda que contemple la diversidad de situaciones que atraviesan los productores. En ese sentido, sostuvo que la representación gremial debe considerar no solamente los grandes indicadores de producción, sino también la realidad de las familias, las comunidades y los pueblos del interior productivo.

Uno de los principales ejes planteados por la dirigente fue la presión impositiva. Sarnari reclamó que las retenciones tengan un final definitivo establecido por ley del Congreso y planteó la necesidad de avanzar hacia una reforma tributaria integral. También reclamó reglas claras y previsibles que permitan a los productores planificar sus actividades y alcanzar niveles de rentabilidad que hagan posible la continuidad de las explotaciones.

El foco en los pequeños y medianos productores

La situación de los productores de menor escala ocupó además un lugar central en sus planteos. En diálogo con Chacra TV durante el Congreso, Sarnari advirtió sobre las dificultades vinculadas con la rentabilidad, el financiamiento, el costo de los insumos y las condiciones de infraestructura. También señaló que la problemática de las economías regionales presenta realidades diferentes que requieren políticas específicas.

“Queremos ser ejemplo de institucionalidad. Algo que a la Argentina hoy le falta para poder debatir los temas con seriedad”, aseguró Sarnari a Chacra TV

Con la renovación de su mandato, Sarnari continuará encabezando la conducción de la FAA en una etapa marcada por debates sobre retenciones, presión fiscal, financiamiento, infraestructura, semillas, economías regionales y políticas diferenciadas para pequeños y medianos productores.

Más de un siglo de historia

La Federación Agraria Argentina, entidad que conforma la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias junto a la Sociedad Rural Argentina, Coninagro y CRA, nació en 1912, a partir de una huelga de arrendatarios y aparceros, en lo que se recuerda como el “Grito de Alcorta”. Impulsados por el abogado Francisco Netri y otros referentes locales, los chacareros se unieron y conformaron una entidad gremial propia en el marco de un congreso realizado en Rosario.

Tras el acto eleccionario, Sarnari puntualizó: “Creo que nuestra institución tiene que estar al servicio de toda la comunidad, por supuesto enfocada especialmente en los pequeños y medianos productores, pero pensando en toda la sociedad, para transitar estos momentos donde la microeconomía nos está afectando el bolsillo y nos plantea dificultades para nuestro desarrollo, y el de nuestras familias. El compromiso que volvemos a asumir hoy es ese: no vamos a bajar los brazos. Y ojalá esto sirva para reforzar esa voz que decimos que entre todos tenemos que ser y hacer más fuerte”.

La reelecta presidente de la FAA concluyó: “Para el próximo año de gestión en la Federación Agraria (…) vamos a redoblar los esfuerzos para no solo trabajar por nuestra entidad, sino trabajar por esta Argentina que necesita cada vez más diálogo, cada vez más pensamiento estratégico; que necesita fortalecer las instituciones para que podamos proyectar, para que podamos tener planificación y para que podamos hacer realidad las políticas públicas que necesitamos, que nos incluyan y nos den oportunidades”.

Del campo familiar a la presidencia de la FAA

La historia de Andrea Sarnari con el campo y el gremialismo agrario comenzó mucho antes de llegar a la conducción de la Federación Agraria Argentina. Nacida en Bolívar, creció en una familia profundamente ligada al cooperativismo y a la representación de los productores: su bisabuelo fue uno de los fundadores de una cooperativa agropecuaria, su abuelo participó en la Federación y su padre fue director de la entidad. A los 13 años se incorporó al Centro Juvenil Agrario Simón Bolívar, donde comenzó a formarse en cooperativismo, gremialismo y cuestiones productivas. Ese vínculo temprano se convirtió en una vocación que la acompañaría durante toda su vida. Incluso cuando se trasladó a Rosario para estudiar abogacía, eligió vivir a pocas cuadras de la sede de la Federación y mantuvo intacto su vínculo con la institución y con el campo familiar, que hoy administra junto a su madre y su hermano.

Su recorrido dentro de la Federación fue progresivo: después de recibirse de abogada y especializarse en derecho agrario, colaboró con la Secretaría de Juventud, coordinó la Fundación Federación Agraria y luego ocupó distintos cargos de conducción hasta llegar a la Secretaría Gremial y, finalmente, a la presidencia.

Esa combinación entre formación jurídica, militancia gremial desde la adolescencia y una vida atravesada por el trabajo rural la convirtió en 2025, en la primera mujer en conducir la Federación Agraria después de 112 años de liderazgos masculinos, cargo que hoy revalidó con el 95,5% de los votos de los productores federados.

La reducción de la cantidad de empresas que emplean trabajadores en relación de dependencia ha sido uno de los puntos más sensibles de análisis de la gestión Milei. El fenómeno no impacta de la misma manera en todos los sectores ni en todas las provincias, y según los expertos responde a una combinación de factores macroeconómicos junto con dinámicas propias de cada actividad.

Según los datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) procesados por la consultora Politikon Chaco, en junio de 2026 había 476.750 empresas empleadoras activas en el sector privado de todo el país. La cifra evidencia una caída del 3,3% frente a igual mes de 2025, equivalente a 16.259 firmas menos. Cuando la comparación se extiende hasta noviembre de 2023, mes previo al comienzo de la actual administración, la baja es considerablemente mayor: 31.098 empresas empleadoras dejaron de estar activas en el período, lo que marca una contracción del 6,1% del total nacional.

Que una empresa deje de estar “activa” no implica en todos los casos que haya quebrado o cerrado, pero sí que dejó de hacer sus contribuciones. Al no existir un certificado de defunción de empresas, este es el indicador que usan los especialistas para determinar qué está pasando con las sociedades. Y el indicador genera más confianza en sus conclusiones dado que ya acumula 28 meses consecutivos de caídas. Según la consultora, desde septiembre de 2025 el ritmo se aceleró, y las bajas registradas en mayo y junio de 2026 fueron las más pronunciadas de todo el período analizado.

Los sectores más golpeados

Al desagregar la caída acumulada entre noviembre de 2023 y junio de 2026 por sector de actividad, se encuentra que tres rubros concentran la mitad de caída de empresas en la inactividad registradas en el país: el comercio, la industria manufacturera y el agro. El comercio fue el que más firmas perdió en términos absolutos, con 8.758 empresas menos, una baja del 5,9 por ciento. Le siguió la industria manufacturera, con 4.158 empresas empleadoras menos, lo que representó una contracción del 8,4 por ciento. El agro, por su parte, muestra una reducción de 2.437 empresas, lo que marcó un retroceso del 4,5% desde el inicio de la actual gestión.

Entre esos tres sectores explican 15.353 de las 31.098 empresas perdidas en el período, lo que representa el 49,4% del total nacional, prácticamente la mitad de la caída en la cantidad de empresas registrada desde noviembre de 2023.

La construcción, en tanto, exhibió la caída porcentual más marcada de todas las actividades relevadas, con un retroceso del 9,5%, aunque en términos absolutos la pérdida fue menor a la de los tres sectores mencionados, con 2.068 empresas. El resto de los rubros, agrupados, sumaron una baja de 13.677 firmas, equivalente al 5,9 por ciento.

Diferencias regionales

Ahora bien, la caída del entramado empresario también tuvo una distribución geográfica dispar. De las 24 jurisdicciones del país, solo Neuquén mostró un crecimiento neto de empresas empleadoras entre noviembre de 2023 y junio de 2026, con un alza del 1,5% equivalente a 132 firmas más. El resto de las provincias retrocedió, aunque con intensidades muy distintas entre sí.

Los descensos porcentuales más moderados se dieron en CABA, con una caída del 2,5%, y en Tucumán, con el 2,4 por ciento. En el otro extremo, un grupo de seis distritos registró bajas de dos dígitos, entre las que se destacan por su profundidad las de Tierra del Fuego (-14,2%), Catamarca (-14,7%) y La Rioja, la provincia con la contracción más pronunciada de todo el país, con 20% de caída.

En términos absolutos no hay demasiada sorpresa, dado que el ranking de cierres de empresas lo encabezan las provincias con mayor peso en la economía nacional y con mayor número de firmas registradas. Por lógica, una caída del 2,5% en CABA se traduce en una mayor cantidad de cierres que una baja del 20% en La Rioja, por citar un ejemplo. Así, la mayor pérdida en términos absolutos se dio en la provincia de Buenos Aires, con 8.437 empresas menos, seguida por Córdoba, con 4.909 firmas menos, Santa Fe, con una baja de 3.155, y CABA, con 3.020 empresas menos. Estos cuatro distritos concentran el mayor volumen del universo empresario del país, por lo que sus caídas explican buena parte de la contracción registrada a nivel nacional.

Qué pasó en junio

El último dato mensual disponible confirma la continuidad de la tendencia. En junio de 2026, la industria manufacturera fue el sector con la caída relativa más fuerte respecto a igual mes de 2025, con un retroceso del 5,5%, equivalente a 2.644 empresas. El comercio, en cambio, fue el que más empresas perdió en términos absolutos ese mes, con 6.600 firmas menos, una baja del 4,5 por ciento. Le siguieron el agro, con un descenso del 2,5% (1.287 empresas), y la construcción, con -2,4% (487 empresas). El resto de las actividades, agrupadas, cayeron 2,3%, equivalente a 5.241 firmas.

A nivel provincial, Neuquén también fue la única jurisdicción con una variación positiva en la comparación interanual de junio, con un incremento del 0,2% equivalente a 20 empresas, mientras que La Rioja volvió a ubicarse en el otro extremo, con una caída del 18% en el mismo mes.

En los últimos dos años y medio, el crecimiento de las exportaciones argentinas se concentró especialmente en el petróleo de Vaca Muerta, la minería metalífera y el agro pampeano. Pero el aumento de las ventas al exterior no necesariamente se traduce de la misma manera dentro de cada provincia: el impacto depende de cuánto ese impulso se convierte en empleo, salarios y demanda de bienes y servicios producidos localmente.

Un informe del IERAL analizó justamente ese efecto derrame a partir de la evolución, entre 2023 y 2025, de la masa salarial privada formal neta de inflación. El indicador permite combinar el comportamiento del empleo registrado y de los salarios reales. Para cada provincia, el análisis distingue entre el sector exportador relevante, el resto de los bienes transables y las actividades restantes, principalmente servicios.

La comparación muestra que el boom exportador tiene efectos muy diferentes según la estructura productiva de cada territorio. Mientras en algunas provincias el crecimiento de una actividad exportadora logra traccionar a sectores que no están directamente vinculados con ella, en otras el impacto queda concentrado o incluso es neutralizado por la caída de otras ramas de la economía.

Neuquén, el caso de mayor derrame

Neuquén aparece como el ejemplo más claro de un impulso exportador capaz de extenderse al conjunto de la economía provincial. El fuerte crecimiento de la actividad petrolera vinculada con Vaca Muerta no sólo se refleja en una mejora de la masa salarial total, sino que también genera un efecto significativo sobre sectores que no pertenecen directamente al petróleo y el gas.

De hecho, el resto de los bienes transables —es decir, las actividades que producen bienes comerciables y que quedan fuera del sector de hidrocarburos— registra una mejora incluso mayor que la del propio sector petrolero. A su vez, los demás sectores de la economía neuquina también muestran una evolución positiva.

El resultado es un derrame que excede a la actividad que origina el boom exportador y alcanza a una porción más amplia de la estructura productiva provincial.

En este sentido, la masa salarial privada formal real aumentó 17% en esta jurisdicción entre 2023 y 2025. El petróleo y el gas registraron una suba del 13%, mientras que el resto de los bienes transables mostró un crecimiento mucho más marcado, del 29%. A su vez, los demás sectores avanzaron 17%, en línea con el incremento de la masa salarial privada total.

Salta y San Juan: la minería genera un derrame parcial

El panorama es diferente en las provincias mineras. Salta y San Juan también registran una mejora de la masa salarial total entre 2023 y 2025, pero el impacto es más acotado cuando se observa qué ocurre fuera de las actividades directamente relacionadas con la minería.

En San Juan, uno de los datos destacados es que el resto de los bienes transables crece incluso más que la propia minería. Una de las explicaciones está en el peso de la industria que provee insumos y bienes a la actividad minera, que también se beneficia del mayor nivel de producción.

Sin embargo, tanto en San Juan como en Salta, el comportamiento de los sectores más alejados de la minería es considerablemente más moderado. Comercio, servicios y construcción mejoran, pero en una magnitud menor, lo que muestra que el impulso exportador todavía tiene dificultades para trasladarse de manera plena al conjunto de la economía provincial.

En Salta, la masa salarial privada formal real aumentó 5% entre 2023 y 2025, aunque con una marcada diferencia entre sectores. La explotación de minas y canteras registró un incremento del 19%, mientras que el resto de los bienes transables avanzó 6% y los demás sectores apenas 1%.

En San Juan, la masa salarial total creció 3%, con una suba del 7% en la minería y un salto del 11% en el resto de los bienes transables. Los demás sectores, en cambio, mostraron una mejora de apenas 1%.

Buenos Aires y Córdoba: el agro exporta más, pero derrama poco

Buenos Aires y Córdoba presentan otro escenario. En ambas provincias, los sectores vinculados con las exportaciones del agro pampeano tienen un desempeño favorable, pero el efecto sobre el resto de las actividades resulta limitado.

Mientras el agro mejora su desempeño y registra mejores condiciones salariales, la industria transable no vinculada con el sector agropecuario retrocede. También caen parte de las actividades restantes, aunque la contracción resulta menos marcada en Córdoba.

Así, el aumento de las exportaciones agropecuarias no alcanza para generar una mejora generalizada en las economías provinciales. El sector exportador muestra una evolución positiva, pero el efecto no se replica con la misma intensidad en el resto de la estructura productiva.

En la provincia de Buenos Aires, la masa salarial real de la explotación de minas y canteras —el agregado que contempla las actividades vinculadas al complejo exportador analizado— aumentó 7% entre 2023 y 2025, pero el resto de los bienes transables cayó 4% y los demás sectores retrocedieron 3%. Como resultado, la masa salarial privada total disminuyó 2%.

En Córdoba, la actividad vinculada al sector exportador creció 5%, mientras que el resto de los bienes transables registró una caída del 5%. Los demás sectores no mostraron variación y la masa salarial privada total también quedó estable.

Santa Cruz

Santa Cruz muestra una dinámica diferente. Allí, el buen desempeño de una actividad exportadora no alcanza para compensar el retroceso de otra rama de mayor peso dentro de la economía provincial.

Si bien la explotación de minas y canteras registró un fuerte aumento del 21% en la masa salarial real entre 2023 y 2025, ese resultado fue ampliamente contrarrestado por la evolución del resto de la economía. Los demás bienes transables sufrieron una caída del 27%, mientras que el resto de los sectores retrocedió 17%. Como consecuencia, la masa salarial privada formal total se redujo 15% en el período.

Según el IERAL, la minería atraviesa un período favorable y genera un efecto positivo, pero ese impulso queda contrarrestado por una fuerte caída del petróleo. Como consecuencia, el retroceso de los hidrocarburos termina impactando sobre el resto de los bienes transables y también sobre otras actividades provinciales.

“El derrame existe, pero queda contrarrestado por lo que ocurre en el resto de la estructura productiva provincial”, asegura el informe.

Como conclusión, el centro de estudios indicó: “El principal resultado es que un boom exportador genera oportunidades, pero no necesariamente alcanza para mover a toda la economía provincial. El derrame es más amplio cuando el sector que crece impulsa el empleo, los salarios y los proveedores locales, y no convive con otra actividad de gran peso en retroceso. Neuquén es el caso más claro. En las provincias mineras, el efecto aparece con fuerza alrededor de la propia cadena productiva, pero todavía llega menos al resto de la economía”.

“En Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz, en cambio, sectores importantes con mal desempeño compensan parte —o incluso la totalidad— del impulso exportador. Para una empresa, por lo tanto, no basta con mirar qué sector exporta más: también importa cuánto de ese crecimiento se transmite a proveedores, trabajadores y actividades locales, y qué está ocurriendo al mismo tiempo con el resto de la estructura productiva provincial”, añadió.

La mejora de los precios de los principales granos y la baja del precio de la urea, en un contexto de costos relativamente estables, permitieron una recuperación del resultado económico de la actividad agrícola. Sin embargo, la carga tributaria continúa representando más de la mitad de la renta que genera una hectárea.

El dato surge del Índice FADA, que mide la participación de los impuestos nacionales, provinciales y municipales sobre la renta agrícola. Según el relevamiento, por cada $100 de renta que genera una hectárea, $58,2 corresponden a impuestos. El indicador se ubicó así 3,7 puntos porcentuales por debajo del registro de junio, cuando había alcanzado el 61,9%.

La renta agrícola promedio se distribuye entre tres componentes: el 58,2% que representa la participación del Estado, el 27,3% correspondiente al costo de la tierra y el 14,5% que queda como resultado económico para el productor. Este último componente mejoró seis puntos porcentuales respecto de la medición anterior, principalmente por la evolución de los precios de los cultivos.

“La leve caída del índice no se dio por cambios en los impuestos argentinos en sí, fue por factores en el contexto internacional”, explicó Fiorella Savarino, economista de FADA. Según detalló, por un lado aumentaron los precios de los granos y, por otro, bajó el precio de la urea, uno de los principales insumos utilizados para producir.

La carga tributaria presenta diferencias según el cultivo. En septiembre, el Estado representó el 60,7% de la renta generada por una hectárea de soja, el 53,8% en maíz, el 55,5% en trigo y el 56,8% en girasol. En todos los casos, el indicador se redujo frente a junio.

La mejora fue particularmente significativa en trigo y girasol. En el caso del trigo, la participación de los impuestos cayó 18,2 puntos porcentuales respecto de junio, mientras que en girasol la baja fue de 8,1 puntos.

El informe vincula este comportamiento con la mejora de los precios internacionales y locales, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania y sus efectos sobre la logística.

“El aumento de los precios de los granos, junto con la baja de la urea, permitió que el resultado económico o la ganancia del productor mejore. Pero el Estado todavía se queda con una porción mayoritaria de esa renta”, señaló Antonella Semadeni, economista de FADA.

Qué impuestos explican la carga

Dentro del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola, la mayor parte corresponde a tributos nacionales no coparticipables, que representan el 55,6%. Los principales componentes son los derechos de exportación y el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

En segundo lugar aparecen los impuestos nacionales coparticipables, con el 35,7% del total. Allí se encuentran principalmente el impuesto a las Ganancias y los saldos técnicos de IVA. Los impuestos provinciales explican el 7,8%, mientras que los municipales representan el 0,9%.

Los derechos de exportación redujeron su peso dentro de la estructura tributaria luego de las bajas aplicadas desde diciembre de 2023. Para los principales cultivos, la alícuota de soja pasó del 33% al 24%; la de maíz, del 12% al 8,5%; la de trigo, del 12% al 5,5%; y la de girasol, del 7% al 4,5%.

Como consecuencia, los impuestos nacionales no coparticipables representan actualmente el 55,6% del total, el nivel más bajo desde junio de 2019, según la serie del índice con esta desagregación.

Precios más altos y urea más barata

La menor participación de los impuestos sobre la renta agrícola se dio en un contexto de mejora de los precios de los granos. En septiembre, el trigo aumentó 11% frente a junio y quedó 18,7% por encima de septiembre de 2025.

La soja avanzó 13,5% en el mercado local, hasta ubicarse en torno a USD 371 por tonelada, mientras que el maíz subió 7,6% respecto de junio y 10% interanual. El girasol registró una mejora del 20% en el mercado internacional.

A la vez, algunos costos mostraron una evolución favorable. El precio promedio de la urea cayó de USD 730 por tonelada en junio a USD 570 en septiembre. Así, para comprar una tonelada de urea se necesitaron 2,9 toneladas de maíz y 2,4 de trigo, frente a las 4 y 3,4 toneladas, respectivamente, que se requerían tres meses antes.

“Hoy, tanto para maíz como para trigo, se necesitan menos toneladas de grano que en junio para comprar una tonelada de urea”, dijo Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA.

No todos los costos tuvieron la misma evolución. Los fletes aumentaron 3% en pesos respecto de junio, aunque registraron una baja del 2% medidos en dólares. En comparación con septiembre de 2025, acumularon una suba del 44% en pesos y del 30% en dólares.

La carga tributaria también varía según la provincia. El promedio nacional de 58,2% se ubicó en 56,9% en Córdoba, 56,1% en Buenos Aires, 53,9% en Santa Fe, 54,7% en La Pampa, 58,4% en Entre Ríos y 55% en San Luis.

El informe aclara que un porcentaje más elevado no implica necesariamente que en esa provincia se paguen más impuestos en términos de pesos. El resultado depende también de los rindes, los precios, los costos, los fletes y la estructura de impuestos provinciales y municipales de cada territorio.

La economía panameña creció 6,4% entre abril y junio de 2026, impulsada por sectores vinculados al transporte, el comercio, el agro y los servicios públicos.

El resultado, de acuerdo con las autoridades, superó el registro del primer trimestre y elevó la expansión acumulada de la primera mitad del año a 5,5%.

La continuidad del crecimiento debe trasladarse a la vida cotidiana mediante nuevas oportunidades laborales y una mejora en los ingresos familiares, aseguró el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

“Esto prontamente se va a traducir en empleo y en ponerle plata en el bolsillo a la familia panameña”, aseguró.

Actualmente, la tasa de desempleo en Panamá alcanza el 10.4%, dejando a más de 227 mil ciudadanos sin trabajo, mientras que la informalidad afecta a aproximadamente 784 mil personas, reflejando un mercado laboral con alta precariedad y desigualdad.

Durante el XVIII Foro Nacional para la Competitividad, Chapman afirmó que el país mantendrá su trayectoria de expansión durante los próximos doce meses, pese a las tensiones de la economía internacional.

La economía de Panamá aceleró su crecimiento durante el segundo trimestre de 2026 porque, de acuerdo con el funcionario, varias actividades avanzaron al mismo tiempo.

Explicó que el transporte, el almacenamiento y la logística encabezaron el desempeño, mientras el comercio, el sector agropecuario y el suministro de electricidad y agua también registraron aumentos por encima de la dinámica habitual.

El informe del Producto Interno Bruto (PIB) al segundo trimestre 2026, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República, indica que la actividad nacional creció frente al mismo período del año anterior.

La comparación trimestral muestra una aceleración respecto del 4,8% registrado entre enero y marzo.

Para Chapman, ese avance confirma que la actividad económica mantiene una base amplia y no depende de una única rama productiva.

El ministro destacó que el transporte, el almacenamiento y la logística aumentaron 12,8%, un ritmo que duplicó la expansión general de la economía.

En ese conjunto incluyó al Canal de Panamá, los puertos, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y el transporte terrestre.

“Todo lo que nos conecta y nos mueve creció 12,8% en el trimestre. El doble del ritmo al que creció el país”, afirmó Chapman durante el encuentro organizado bajo el lema “De posición estratégica a nación competitiva”.

El funcionario remarcó que el resultado de esa actividad tuvo una característica adicional: las cuatro áreas que integran esa cadena mostraron crecimiento en el mismo período.

El comercio al por mayor y menor registró un incremento de 11,6% durante el trimestre. Chapman vinculó esa mejora tanto con los negocios pequeños como con las grandes operaciones instaladas en el país, incluida la Zona Libre de Colón.

“Nuestro comercio creció 11,6%. Desde la tienda familiar de la esquina hasta la Zona Libre de Colón”, dijo el titular del Ministerio de Economía y Finanzas.

El sector agropecuario tuvo un alza de 9,6%, de acuerdo con los datos expuestos por el ministro. La actividad eléctrica y el suministro de agua avanzaron 7,5%, con lo que completaron el grupo de sectores que sostuvo el resultado del período.

La evolución de estas ramas permitió que la expansión alcanzara actividades relacionadas con la movilidad de bienes y personas, el consumo interno, la

“Yo creo que vienen muchos mejores tiempos para el país, en un mundo que está atravesando una situación muy difícil y una crisis energética”, afirmó el ministro.

Chapman reconoció el actual contexto externo adverso, aunque planteó que Panamá cuenta con condiciones para conservar el dinamismo de su economía.

Su evaluación se apoyó en el comportamiento conjunto de los sectores que mostraron mayores avances durante el segundo trimestre.

Con la soja en su precio más alto desde diciembre de 2023, el trigo acumulando una suba del 45% en lo que va del año y el maíz en máximos desde mediados de 2023, el agro argentino cierra la campaña 2025/26 con viento a favor y ya mira hacia adelante con expectativas que, de cumplirse, marcarían un hito en la historia de las exportaciones del país.

Según las proyecciones preliminares de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la campaña 2026/27 podría generar divisas agroindustriales por USD 42.200 millones, el registro más alto de la serie histórica, que supera incluso el pico de 2021/22 cuando la guerra entre Rusia y Ucrania disparó los commodities a niveles récord.

El dato no es solo el producto de una cosecha voluminosa —de hecho, la producción para 2026/27 se estima en 155,8 millones de toneladas (Mt), un 10% menos que las 172,4 Mt del ciclo récord que termina— sino de la confluencia entre una oferta local sostenida y cotizaciones globales que operan en sus valores más elevados en tres años y medio. La soja avanzó 27% en 2026, el trigo escaló 45% y el maíz subió 21%, según datos de mercado. Esa combinación transforma lo que sería una campaña “normal” —en términos de volumen— en un potencial máximo histórico en dólares.

El análisis de la BCR sitúa a la Argentina en una posición de privilegio frente a un escenario global con oferta ajustada. El déficit de lluvias y las temperaturas elevadas en el hemisferio norte afectaron primero la cosecha de trigo y luego la de maíz. El fenómeno de El Niño, por su parte, proyecta precipitaciones por debajo de lo normal en zonas productoras clave como el sudeste de Asia, Oceanía, regiones de Brasil y Estados Unidos. A eso se suma el impacto de los conflictos geopolíticos en la logística de granos. En ese contexto, el país aparece como un proveedor estable y alejado de las zonas de riesgo.

La campaña que termina deja un piso alto

El punto de partida para entender las proyecciones del nuevo ciclo es la excepcionalidad del que cierra. La campaña 2025/26 fue, en términos productivos, la mejor de la que se tenga registro. El invierno más lluvioso de los últimos 60 años en la región central del país impulsó rendimientos un 21% por encima de la media histórica, con marcas inéditas en trigo (29,5 Mt sobre una superficie récord de 7,2 millones de hectáreas) y en maíz (70,5 Mt). La soja sumó 51,5 Mt. El total de 172,4 Mt superó en más de 30 Mt las proyecciones más optimistas que se manejaban a esta misma altura del año pasado, cuando la expectativa era una cosecha de 146,4 Mt.

El ritmo de liquidación del ciclo en curso acompaña esas expectativas. Las exportaciones del agro acumularon USD 19.000 millones en los primeros ocho meses de 2026, con agosto como un mes de peso: las entidades agroexportadoras nucleadas en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron liquidaciones por USD 2.751 millones en ese mes, el tercer agosto más alto en 25 años de registro y un 51,3% por encima del mismo mes de 2025.

Si bien la cifra acumulada es un 12% inferior a la del mismo período del año anterior, esa brecha se explica en gran medida por el efecto base: en septiembre de 2025, una reducción temporaria de retenciones generó un pico de liquidación superior a los USD 7.000 millones en un solo mes, una anomalía que distorsiona la comparación interanual.

Para la 2026/27, la BCR proyecta rindes tendenciales —es decir, retorno a los valores de largo plazo— en lugar de los extraordinarios del ciclo anterior. Eso explica prácticamente toda la baja proyectada en producción: la superficie sembrada total casi no variaría, con apenas cambios marginales respecto del ciclo previo. Con esas 155,8 Mt, el agro argentino seguiría escribiendo historia: quedaría como la segunda mayor cosecha de la serie, solo por detrás del récord de este año.

En términos de toneladas despachadas al exterior, el ciclo 2026/27 proyecta envíos por 113 Mt, 5,8 Mt menos que en el ciclo en curso pero igualmente la segunda cifra más alta en los registros. El maíz volvería a liderar con 45 Mt, seguido por el trigo con 13 Mt y la cebada con 3,2 Mt. Las exportaciones de poroto de soja se estiman en 5,5 Mt, mientras que sorgo y girasol aportarían 1,2 Mt y 1,1 Mt, respectivamente. En subproductos, los embarques alcanzarían las 33,7 Mt —de las cuales 30,6 Mt corresponden a harina de soja— y en aceites, 8,5 Mt, con 6,2 Mt de aceite de soja y 1,9 Mt de aceite de girasol.

En valor, el complejo sojero encabezaría nuevamente la tabla de divisas con USD 22.000 millones generados por granos y derivados. El maíz aportaría USD 10.100 millones, un máximo histórico para el cereal. El complejo triguero generaría USD 3.500 millones, por debajo de los USD 4.200 millones del ciclo actual por efecto de la menor cosecha. El girasol apunta a USD 3.400 millones, con un área sembrada en 3,2 millones de hectáreas que representa el nivel más alto de la década para esa oleaginosa.

La economía argentina experimentó una caída en el segundo trimestre de 2026, con un retroceso del Producto Interno Bruto (PIB) del 0,6% frente al trimestre anterior y un avance de 2% en la comparación interanual, según el informe del nivel de actividad difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En tanto, el estudio destaca que “la tendencia ciclo presenta una variación positiva de 0,8%”, lo que indica que, más allá de la caída puntual del segundo trimestre, la trayectoria de mediano plazo del PIB continúa en terreno positivo. En el acumulado del primer semestre del año, la economía exhibe un crecimiento de 2,2% respecto a igual período de 2025.

Del lado de la demanda, el comportamiento también fue diferente entre los distintos componentes. Mientras las exportaciones de bienes y servicios reales mostraron un alza de 2,5% en la medición desestacionalizada respecto al primer trimestre, el resto de los agregados registró retrocesos: el consumo privado cayó 2,4%, el consumo público 2,3% y la formación bruta de capital fijo 0,8%. Las importaciones, por su parte, se contrajeron 3,5% en el mismo período.

En la comparación interanual, el panorama de la demanda cambia de signo en varios de sus componentes. Las exportaciones fueron el rubro de mayor expansión, con un incremento de 13,7 por ciento. El consumo privado, en cambio, mostró un avance más moderado, de 0,4%, mientras que el consumo público retrocedió 4,1 por ciento. La formación bruta de capital fijo fue el componente más golpeado, con una caída de 11,1% frente al segundo trimestre de 2025.

La inversión, el componente más afectado

Dentro de la formación bruta de capital fijo, el informe detalla que la caída de 11,1% respondió a comportamientos dispares según el tipo de bien. La inversión en construcciones prácticamente se mantuvo estable, con un descenso de apenas 0,1%, mientras que el rubro de “otras construcciones” retrocedió 8,2 por ciento. El golpe más fuerte se concentró en los bienes durables de producción: la inversión en maquinaria y equipo cayó 15,2% y la de equipo de transporte, 22,1 por ciento.

Al desagregar por origen, tanto los componentes nacionales como los importados mostraron retrocesos de magnitud similar. En maquinaria y equipo, el componente nacional cayó 15,5% y el importado 15 por ciento. En equipo de transporte, la caída del componente nacional fue de 20,4%, mientras que el importado retrocedió 24,9%. De esta manera, la contracción de la inversión no estuvo asociada a un solo origen de los bienes, sino que afectó de manera pareja a la producción local y a la traída del exterior.

Pesca, minería y agro, los sectores que más crecieron

Ahora bien, al analizar el nivel de actividad por sector económico, la comparación interanual muestra una fotografía distinta a la de la demanda agregada, con varias ramas en expansión. El sector pesca lideró las subas, con un incremento interanual de 44,7 por ciento. Le siguió explotación de minas y canteras, con un alza de 16,4%, y agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 6,9% frente al segundo trimestre de 2025.

Otros sectores también mostraron variaciones positivas, aunque de menor magnitud. La intermediación financiera avanzó 4,8%, mientras que electricidad, gas y agua tuvo un incremento de 5,0 por ciento. El sector hoteles y restaurantes y el de transporte, almacenamiento y comunicaciones registraron cada uno una suba de 1,6%. Las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler crecieron 0,7%, y la construcción tuvo un incremento de 0,2% en el trimestre.

Los que cayeron y los que se estancaron

Del otro lado, la industria manufacturera fue uno de los sectores con peor desempeño, con un descenso de 2,1% en su nivel de actividad respecto a igual trimestre del año pasado. El sector de administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, también mostró una caída, de 1,4 por ciento. En tanto, otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales retrocedieron 0,9 por ciento.

Por su parte, el comercio mayorista, minorista y reparaciones, uno de los sectores de mayor peso en la economía, mostró, según el informe, “una variación positiva cercana a cero respecto al mismo trimestre del año anterior”, lo que refleja un estancamiento más que una recuperación o una caída. Entre los servicios vinculados al Estado y al consumo interno, el segundo trimestre no mostró señales de dinamismo.

De acuerdo con el Indec, los servicios sociales y de salud tuvieron un incremento de 0,5% interanual, mientras que el sector de enseñanza mostró una suba de apenas 0,1 por ciento. El sector hogares privados con servicio doméstico, por su parte, registró una variación positiva de 0,9% frente al segundo trimestre de 2025.

En cuanto a la oferta global, el Indec precisó que se registró un descenso de 0,4% en la comparación interanual, medida a precios de 2004, resultado del crecimiento de 2,0% del PIB combinado con la caída de 8,6% en las importaciones de bienes y servicios reales. Esta combinación explica parte de la dinámica observada: una economía que crece en la comparación interanual pero que compra menos al exterior, en un contexto donde la inversión en bienes de capital fue el componente más resentido del trimestre.

Un gráfico incluido en el reciente informe de un histórico y reconocido consultor describe de modo muy preciso la “economía de dos velocidades” a la que se suelen referir quienes evalúan la actual configuración de la economía y sus efectos sociales y políticos.

El más reciente reporte mensual del estudio que hace más de 40 años encabeza Miguel Angel Broda ubica allí a cada sector económico en función de cuánto variaron su nivel de actividad y de empleo desde noviembre de 2023. Cada uno está representado por un círculo cuyo tamaño refleja su participación en el empleo formal: cuanto mayor el círculo, más empleo genera el sector.

Una línea horizontal identifica un nivel de empleo estanco y una vertical hace lo mismo con el nivel de actividad. Aparecen así cuatro cuadrantes. En el superior y a la derecha del observador, donde crecen la actividad y el empleo, hay un solo sector: Agro y Ganadería, que en el período creció 18,1%, pero aumentó su empleo 4,3%, cuatro veces menos. El pequeño círculo denota que es un sector que emplea poca gente, al menos de modo directo.

En el espacio superior a la izquierda aparecen los sectores que desde noviembre de 2023 crecieron, pero emplean de modo directo menos gente que entonces. Como Minería y Energía, cuyo nivel de actividad se expandió 29,7%, pero su empleo se contrajo 8,4%, y actividad inmobiliaria, que creció 5,1%, pero emplea 2,7% menos que en noviembre de 2023.

El cuadrante más poblado es el inferior izquierdo y su frontera. Allí aparecen dos círculos grandes, que identifican al Comercio (creció apenas 0,5%, emplea 1,1% menos que antes) y la Industria (se contrajo 4,1% y redujo 7,2% su nivel de empleo) y otro algo más pequeño, Construcción, cuya actividad se achicó 8,6% y su empleo 14,2 por ciento. El cuadrante inferior derecho está desierto: ningún sector exhibió la rara combinación de reducir su actividad y emplear más gente.

Para el conjunto de la economía, muestran los datos, el nivel de actividad medido por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que publica el Indec es 5,3% superior al de fines de 2023, pero el empleo formal se contrajo 3,8 por ciento.

La calle

La elaboración grafica resume así el conflicto que entraña la “economía de dos velocidades”: poco empleo y reflejo en “la calle”, en especial en las grandes ciudades, en un país altamente urbanizado.

Esa configuración, explica el informe de Broda, resulta de una actividad que se estancó en medio de una transición profunda y de alto costo y en la que, en el mejor de los casos, a los sectores más expuestos a la apertura, la desregulación y el retiro de antiguos motores de demanda (déficits, subsidios, protección) reconvertirse y ganar productividad les llevará tiempo y capital. Mientras, los nuevos motores no logran aportar suficiente nivel actividad y, en particular, de empleo.

Además, prosigue el estudio, la estrategia anti-inflacionaria oficial estira la debilidad de la demanda al apoyarse en un trípode (política monetaria restrictiva, ancla fiscal, retraso cambiario) no tan eficaz, pues la economía sigue estando fuertemente indexada, no logra quebrar cierta inercia inflacionaria y aumenta los costos sociales y políticos.

El resultado es una “economía de la calle” estancada, en la que desde febrero de 2025, cuando se detuvo la expansión en base a crédito iniciada en el segundo trimestre de 2024, los sectores primarios crecieron 11% y el resto cayó 0,9%, combo que más o menos se mantiene, pues en el primer semestre de 2026, precisa Broda, los sectores primarios crecieron 11,3% y el resto, que abarca casi el 90% del PBI, creció apenas 0,6 por ciento.

Viento de cola y salarios en dólares

La economía mileísta cuenta con el viento a favor de excelentes “términos de intercambio” (relación entre los precios de lo que exporta y lo que importa el país), pero combinado con un salario en dólares que duplica los niveles de fines de 2023 y cuyo saldo de poder adquisitivo “disponible” cayó desde entonces 18,5% y soporta una alta carga financiera, que engendró el problema de la morosidad.

Según el informe, a pesar del discurso ortodoxo de Milei, Economía intenta reactivar, pero dispone de pocas herramientas. Flexibilizó líneas de crédito bancario permitiendo el uso de hasta 15% de los depósitos en dólares para prestar a no exportadores, recurrió al FGS de la Anses para fondear crédito hipotecario y a la baja de tasas del Nación y al intento de fijar un salario mínimo por sobre el millón de pesos vía sumas no obligatorias para categorías convencionales, además de impulsar concesiones viales e intentar avanzar con la “inocencia fiscal”, de incierto impacto sobre depósitos, crédito y actividad.

De cara a 2027, el panorama no luce mejor: el aumento de la tasa de interés internacional y la “incertidumbre electoral” pesarán sobre el riesgo país, complicarán el financiamiento y meterán presión al dólar. Y el gobierno no cuenta con instrumentos para apurar una desinflación lenta que mantiene deprimida la demanda interna. Dilemas de la economía de cuatro cuadrantes y dos velocidades que expuso el informe del conocido consultor.

La Sociedad Rural Argentina (SRA), la entidad ruralista que forma parte del círculo rojo, cerrará este miércoles 9 de septiembre una de las elecciones más disputadas de sus 160 años de historia. Los comicios tendrán al actual presidente, Nicolás Pino, y a su vicepresidente, Marcos Pereda, como únicos protagonistas, luego de una interna que combina denuncias cruzadas por supuestas irregularidades administrativas, un desacuerdo sobre la reelección y una campaña que se extendió durante más de dos meses.

Fuentes cercanas a Pino calculan un resultado favorable de aproximadamente 70 a 30 puntos porcentuales. Del lado de Pereda, en cambio, se muestran igual de confiados y aseguran que “se están contando los últimos porotos” antes del cierre de la votación. La asamblea general ordinaria del miércoles definirá no solo la conducción de la entidad para el próximo período, sino también el modelo de relación que la SRA mantendrá con el Gobierno de Milei y el grado de autonomía con que la institución representará a sus socios ante la Casa Rosada.

Pino y Pereda ganaron juntos la conducción de la SRA en las elecciones de 2020, aunque por la pandemia de coronavirus recién asumieron el 1 de junio de 2021, con un discurso de renovación frente al statu quo ruralista tradicional. Reformaron el estatuto, ganaron una reelección conjunta en 2022 y, según la versión de Pereda, acordaron de palabra un esquema de alternancia en el poder que nunca se cumplió. La ruptura entre ambos se consolidó en los últimos dos años y derivó en la conformación de dos espacios enfrentados dentro de la misma entidad, que representa a la aristocracia agraria histórica del país y agrupa a cerca de 3.900 socios.

Pino, de 62 años, estudió Producción Agropecuaria en la Universidad Católica Argentina (UCA) y lleva más de tres décadas de militancia dentro de la entidad. No posee campos propios, un dato que sus críticos remarcan con frecuencia en un ámbito donde la propiedad de la tierra suele ser condición de peso simbólico. Su rival lo acusa de buscar un cuarto mandato pese a la reforma estatutaria de 2023 que fijó un límite de tres períodos consecutivos.

El propio dirigente defendió su candidatura en diálogo con Infobae: “En 2023, en asamblea y con aprobación de una amplia mayoría de los socios, se decidió terminar con las reelecciones indefinidas y establecimos un límite de tres mandatos. Las normas rigen desde su sanción, no retroactivamente. Carlos Odriozola y yo estamos plenamente habilitados”, sostuvo.

Pereda, también de 62 años, es descendiente de la familia Bunge y Born —su bisabuelo cofundó el histórico holding agroindustrial— y preside el Grupo Bermejo, un conglomerado con campos en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. En declaraciones a Infobae, calificó la postulación de Pino como “la burla más flagrante” a los acuerdos internos y llegó a compararlo con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, al advertir que la SRA corre el riesgo de convertirse en un espacio sin alternancia. “Al romperse ese compromiso surgió el conflicto. Nuestro acuerdo era que iba a haber alternancia y otras reformas, como redactar un código de ética para el directorio”, explicó el vicepresidente.

El cronograma de cierre previsto para este miércoles marca el inicio de la acreditación a las 12.30, la votación presencial electrónica de autoridades y, a las 16.30, el segundo llamado a la asamblea general ordinaria en la sede social de Juncal 4450, en pleno barrio de Palermo. El resultado de la elección se conocería alrededor de las 18 horas.

La disputa por el sistema de registros genealógicos

El otro eje central de la campaña giró en torno a un proyecto de modernización tecnológica de los registros genealógicos, el sistema que permite inscribir animales de pedigrí. La actualización, contratada a la empresa Mobile Computing SA —luego rebautizada Grid Dynamics Holdings—, debía completarse en nueve meses a partir de junio de 2023, pero se extendió durante dos años y su costo se cuadruplicó respecto de lo previsto. Según el balance difundido en la recta final de la campaña, la SRA destinó 7.410 millones de pesos al desarrollo del software y otros 1.613 millones de pesos en previsión por reclamos de facturas impagas, un total cercano a los 6 millones de dólares.

La empresa proveedora se negó a someterse a la auditoría externa ordenada por la entidad. El sector de Pereda exige una auditoría forense independiente y responsabiliza a la conducción de Pino por la gestión del proyecto, mientras que desde el oficialismo remarcan que Pereda participó activamente del proceso como vicepresidente y de la designación de los equipos técnicos a cargo. Pino debió referirse públicamente al tema en su discurso durante la última Exposición Rural de Palermo, con el presidente Javier Milei a pocos metros del estrado.

Un balance con lecturas encontradas

El oficialismo defiende el último balance de la gestión, que calificó como “uno de los mejores de la historia de la institución” y que será sometido a votación en la asamblea del 9 de septiembre. Sectores críticos de la conducción advirtieron, sin embargo, que por primera vez en varios años el resultado operativo neto resulta negativo si se descuenta el canon que ingresa por la explotación comercial del predio ferial de Palermo, sede tradicional de la Exposición Rural.

A esa controversia se sumó el reclamo de Pereda por la extensión del cronograma electoral. La votación electrónica, abierta desde el 22 de julio, se prolongó durante 58 días, casi el cuádruple de los 15 días que rigieron en la elección anterior. El vicepresidente sostuvo que ese plazo amplió la ventana de exposición de la conducción actual durante la Exposición Rural de Palermo, cuando miles de productores visitan el predio. “Son inclinadas de cancha que evidentemente no son del todo equitativas”, afirmó en una entrevista con Infobae.

La cercanía de Pino con la Casa Rosada

La relación de cada candidato con el Gobierno nacional también atravesó la campaña. Pino sostiene un vínculo fluido con la administración de Milei y reclama públicamente la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. “Es necesario llegar a retenciones cero”, afirmó en declaraciones a este medio, en las que también remarcó que el diálogo actual con el Ejecutivo es “inédito”.

Este martes, en la antesala del cierre de la votación, Pino visitó el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo en la Casa Rosada, según confirmaron a Infobae fuentes de Balcarce 50. Pereda, en cambio, cuestionó la injerencia oficial en la interna gremial y advirtió sobre el riesgo de que la entidad pierda autonomía frente al Gobierno. “Si la cercanía con el gobierno limita los reclamos, no es conveniente. Pino empezó a hablar de retenciones en campaña, antes no lo hacía”, sostuvo el vicepresidente en la entrevista con este medio.

Fuentes cercanas a Pino calculan un resultado favorable de aproximadamente 70 a 30 puntos porcentuales. Del lado de Pereda, en cambio, se muestran igual de confiados y aseguran que “se están contando los últimos porotos” antes del cierre de la votación. La asamblea general ordinaria del miércoles definirá no solo la conducción de la entidad para el próximo período, sino también el modelo de relación que la SRA mantendrá con el Gobierno de Milei y el grado de autonomía con que la institución representará a sus socios ante la Casa Rosada.

El mapa exportador argentino atraviesa una transformación impulsada por la energía y la minería, con la Patagonia como una de las regiones que más terreno ganó. En el primer semestre de 2026, la región pasó a representar el 17,8% de las ventas externas del país, frente al 14,8% registrado durante 2025. En ese escenario, Neuquén se convirtió en el caso más destacado: alcanzó US$4.283 millones en exportaciones, con una suba interanual del 84,5%, y ya ocupa el tercer lugar entre las provincias exportadoras, detrás de Buenos Aires y Santa Fe.

El salto neuquino resulta todavía más significativo cuando se observa su evolución de largo plazo. En 2015, la provincia explicaba apenas el 0,25% de las exportaciones nacionales, mientras que en el primer semestre de 2026 esa participación llegó al 8,7%, es decir, se multiplicó más de 30 veces. Los datos surgen de un informe del Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG) de la Universidad Austral, que señala que el fenómeno no supone el reemplazo de la estructura exportadora tradicional, sino la incorporación de nuevos motores a la economía nacional.

El agro conserva el liderazgo

Pese al avance de los hidrocarburos y la minería, la agroindustria continúa siendo el principal componente de las exportaciones argentinas, con una participación del 32% del total. Sin embargo, otros sectores presentan una dinámica más acelerada: las Manufacturas de Origen Industrial aumentaron 27,5%, mientras que Combustibles y Energía avanzaron 42,5%. En paralelo, las exportaciones de minerales metalíferos y litio se incrementaron 111,1%, consolidando a la minería como otra de las actividades con mayor impulso dentro de la nueva matriz exportadora.

La energía es, precisamente, el principal factor detrás del salto de Neuquén y de la Patagonia. Las exportaciones de petróleo crudo alcanzaron US$4.693 millones, con una mejora del 47,7%, mientras que las ventas externas de carburantes aumentaron 53,5%.

La mayor producción nacional también comenzó a modificar la relación con las importaciones: entre 2022 y el primer semestre de 2026, el índice de cantidades importadas de combustibles y lubricantes cayó 62,1%, en línea con la expansión de la producción energética, especialmente a partir del desarrollo de Vaca Muerta.

La transformación también se refleja en los destinos de los productos argentinos. Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones hacia China aumentaron 59,1%, mientras que las destinadas a Estados Unidos subieron 42,1% y las dirigidas a los países de ASEAN avanzaron 59,8%. Para el CIG, el desafío consiste ahora en lograr que el mayor flujo de divisas generado por energía, minería y agroindustria se traduzca en desarrollo productivo, con más proveedores nacionales y regionales, inversión, tecnología, capacidades de ingeniería y empleo calificado.

Las exportaciones de proteínas animales acumularon USD 3.464 millones entre enero y julio de 2026, el valor más alto en una década para ese período, según datos oficiales. El resultado consolida una tendencia de crecimiento sostenido que abarca carnes bovina, porcina, aviar, caprina, equina y ovina, junto con todos sus subproductos.

Según informó la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional con base en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el desempeño acumulado implica un alza del 35% en valor respecto al mismo período de 2025. En ese contexto, el complejo bovino lideró el crecimiento en términos absolutos con un avance del 37% interanual, mientras que el porcino registró el salto más pronunciado —111%— y el ovino creció un 87 por ciento.

La carne bovina superó los USD 2.700 millones en siete meses

Dentro del total de proteínas animales, la carne vacuna concentró la mayor porción: USD 2.768 millones en los primeros siete meses del año y unas 403.100 toneladas peso producto, según el informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC). Frente a igual lapso de 2025, el volumen creció un 6,7% y el valor un 41,8 por ciento.

El precio promedio de exportación de carne bovina refrigerada y congelada en julio se ubicó en USD 7.123 por tonelada, un 27,5% por encima del registro de julio de 2025. El pico de USD 7.300 por tonelada alcanzado en mayo de este año representa el nivel más alto desde que los precios tocaron un piso de USD 3.740 a mediados de 2024.

China y Estados Unidos, los principales destinos por volumen

China consolidó su posición como principal comprador de la carne argentina al absorber el 59,8% del volumen acumulado entre enero y julio. En julio se enviaron 21.000 toneladas de carne deshuesada por USD 126,3 millones y 16.500 toneladas de cortes con hueso por 46,3 millones de dólares. El precio medio de la carne sin hueso con destino al país asiático se situó en torno a los USD 6.010 por tonelada, por encima del máximo previo de USD 5.900 registrado en mayo de 2022.

Estados Unidos, por su parte, se posicionó como el segundo destino en importancia, impulsado por la ampliación del cupo libre de aranceles —que pasó de 20.000 a 100.000 toneladas anuales tras gestiones del gobierno argentino en Washington—. En los primeros siete meses, la Argentina exportó 67.118 toneladas de carne vacuna al mercado estadounidense, frente a las 22.183 toneladas del mismo período de 2025, un incremento del 202,6% que elevó la participación de ese destino del 6% al 17% del total embarcado.

En este escenario, la semana pasada, la administración de Donald Trump anunció un cupo temporal de importación de carne vacuna sin aranceles por 300.000 toneladas, con el objetivo de ampliar la oferta interna y contener los precios al consumidor. La medida entró en vigor este martes 1° de septiembre y tendrá una vigencia de 90 días, en tres tramos mensuales de 100.000 toneladas.

Sin embargo, la Argentina no forma parte de este esquema ya que fue incluida en el anterior acuerdo. El beneficio aplica únicamente al contingente denominado “otros países o áreas”, al que acceden naciones sin cuota preferencial propia, como Brasil, Paraguay o Irlanda. Los países que ya cuentan con un cupo específico —entre ellos Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Uruguay— no son elegibles para esta ampliación.

El consultor ganadero Víctor Tonelli minimizó el impacto para el sector local: “A Brasil le sirve, a Paraguay le sirve, a nosotros no nos va a afectar en nada. Si hubiera venido, bienvenido, algo hubiéramos metido por ese lado, pero tenemos cuota todavía de las 80.000, y también de las 20.000. Así que no nos cambia mucho”, declaró en diálogo con Infobae.

El acuerdo Mercosur-UE suma impulso a las ventas al bloque europeo

Las exportaciones hacia Europa también mostraron un desempeño favorable. Entre enero y julio, los envíos argentinos a la Unión Europea (UE) crecieron casi un 20% interanual hasta USD 5.191 millones, su tercer mayor nivel para ese período en 14 años, según un informe de la BCR. El impulso se aceleró a partir de mayo, mes en que entró en vigencia el acuerdo Mercosur-UE: entre mayo y julio, las exportaciones al bloque sumaron USD 2.476 millones, con un alza del 13,1% frente al mismo trimestre de 2025.

En el segmento de carnes, el país concentra casi un tercio del cupo de carne bovina fresca asignado al Mercosur y el 7% del cupo de carne congelada. La Cuota Hilton —históricamente gravada con un arancel del 20%— pasó a ingresar libre de derechos al bloque desde la entrada en vigor del tratado.

La cotización internacional de la soja superó los 480 dólares por tonelada y alcanzó su valor más alto en la gestión del presidente Javier Milei, impulsada por la sostenida demanda compradora de China y las mejores expectativas de consumo industrial en Estados Unidos.

Durante la jornada de este martes en el Mercado de Comercio de Chicago, el grano anotó un incremento del 2,37%, con lo cual acumula un alza superior al 25% en lo que va del año al posicionarse en USD 484, 20 para los contratos a noviembre. Se trata del precio más elevado desde diciembre de 2023.

El impulso positivo se trasladó también a los derivados del complejo agroindustrial: el aceite de soja escaló USD 33 en la rueda y cotizó a USD 1.601,19 la tonelada, mientras que la harina avanzó USD 7,28 hasta cerrar en USD 388,67 por tonelada.

“Entre las señales que acompañaron la recuperación se destacó la reaparición de la demanda China. Durante el lunes se informaron compras de China a Estados Unidos por 136.000 toneladas de soja correspondientes a la campaña 2026/27, un dato que el mercado seguirá de cerca para determinar si se trata de un flujo sostenido”, remarcó Ariel Tejera, responsable de Análisis de Mercados en Grassi.

En cuanto a la oferta en Estados Unidos, el estado de los cultivos mostró un leve deterioro que captó la atención del mercado. La proporción de soja evaluada en condición buena o excelente retrocedió del 60% al 58% en la última semana. Si bien esta cifra se sitúa por debajo del 65% alcanzado en el mismo período del año anterior, se mantiene cerca del promedio del 60% registrado en los últimos cinco ciclos agrícolas.

“Hacia adelante, buena parte de la atención estará concentrada en la evolución de las compras de China y en los márgenes de la industria aceitera estadounidense, cuya mejora podría fortalecer la demanda interna por soja. Al mismo tiempo, será clave seguir la competitividad de los principales países exportadores, particularmente Brasil, mientras Estados Unidos se aproxima al ingreso de su nueva cosecha”, sumó Tejera.

En símultáneo, la reactivación compradora de China se consolidó como uno de los principales motores del mercado, con colocaciones semanales desde territorio estadounidense que superaron las 2,4 millones de toneladas, según estimaciones de Dante Romano, gerente de Research de Max Agro.

A su vez, en el plano normativo de Estados Unidos, la posibilidad de que eventuales exenciones al biodiésel para pequeñas refinerías sean compensadas con metas de corte más altas para el resto de las empresas sostuvo las expectativas de consumo.

En el mercado argentino, la reaparición de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) tonifica la demanda y mejora los valores de la soja disponible de la cosecha previa, lo que incentivó nuevas operaciones por parte de los productores.

Según Romano, esta dinamización coincidió con una alta actividad en las plantas de procesamiento locales, que operan a un 82% de su capacidad instalada y recurren al esquema de importación temporaria para compensar la menor fluidez en las ventas del mercado interno.

Un informe reciente de Fundación Mediterránea-Ieral determinó que todavía existe un “volumen considerable” de soja y maíz de la actual campaña sin precio cerrado, lo que implica que podría aumentar la oferta de ambos cultivos en los próximos meses.

“Sobre una producción estimada de 49,5 millones de toneladas, se habían comercializado con precio cerrado 17,7 millones, equivalentes al 35,7% de la cosecha. Otras 7,2 millones de toneladas ya habían sido adquiridas por exportadores o industrias, pero permanecían con precio a fijar, mientras que unas 24,6 millones todavía no habían sido compradas por estos canales”, precisó el informe que lleva las firmas de Juan Manuel Garzón y Franco Artusso.

Bajo la perspectiva de ambos especialistas, la comercialización del grano exhibe un retraso considerable en comparación con los parámetros habituales del sector. Un volumen cercano a los 31,8 millones de toneladas de soja —que representa el 64,3% del total obtenido— permanece todavía sin un valor definido.

El ritmo actual de operaciones contrasta con el desempeño del ciclo 2024/25, cuando a esta misma fecha ya contaba con cotización pactada el 47,4% de la cosecha. Asimismo, la cifra se ubica por debajo del promedio histórico registrado desde 2010, que sitúa el nivel de fijación de precios para esta época del año en el 46 por ciento.

Cuánto liquidó el sector agroexportador en agosto

Durante agosto de 2026, las agroexportadoras ingresaron 2.750 millones de dólares, lo que representó un incremento del 33% respecto del mismo mes del año previo, aunque significó una baja del 6% en la comparación con julio. Los datos surgen del informe de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de los envíos al exterior del país.

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, las divisas liquidadas por el sector sumaron 19.047 millones de dólares, una retracción del 12% frente al mismo período de 2025. Según explicaron las organizaciones empresariales, el comportamiento del último mes estuvo impulsado por “un aumento en los embarques de maíz derivado de una buena cosecha” y una mayor fluidez en las ventas de los productores. Asimismo, destacaron que el ciclo actual muestra “el perfil de una campaña agrícola normal gracias a la ausencia de esquemas temporales” en los derechos de exportación, a diferencia de los mecanismos transitorios aplicados durante 2025 que alteraron la base comparativa interanual.

Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyectó que el mayor volumen despachado en las principales cadenas agrícolas —soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo— neutralizará la rebaja de alícuotas vigentes desde diciembre de 2025 y mantendrá estable la recaudación fiscal. La entidad estimó un aporte total por retenciones del agro de 4.613 millones de dólares en 2026, nivel levemente inferior a los 4.665 millones registrados el año anterior.

Dentro de este esquema, la cadena de la soja continuará a la cabeza en la generación de divisas y en el pago de derechos de exportación, con una contribución calculada en 3.275 millones de dólares, seguida por el maíz con 754 millones y el trigo con 324 millones. La entidad previó además una recuperación de los ingresos tributarios en el segundo semestre del año, asociada a la normalización de las declaraciones juradas de ventas al exterior y a la compensación que aportará el mayor tonelaje comercializado.

Las advertencias sobre la baja productividad y el escaso interés juvenil en el agro se han convertido en señales de alarma para los académicos.

Esta preocupación se suma a otros desafíos, como los efectos del cambio climático, la competencia de productos importados y la dificultad para acceder a financiamiento.

Recientemente, el ministro de la cartera agropecuaria, Roberto Linares, dijo que el personal de esa entidad está jubilado y algunos colaboradores superan los 80 años de edad.

Aseguró que contar con funcionarios retirados implica un retraso operativo, ya que muchos deberían realizar tareas en campo y no permanecer en oficinas.

Según el pronunciamiento de los académicos, el sector agrícola enfrenta obstáculos que limitan su aporte a la economía, el empleo rural y la seguridad alimentaria. La falta de inversión, junto con la poca modernización, agrava la situación.

Ante esta situación proponen soluciones que incluyen la planificación eficiente del uso de la tierra y la diversificación de la producción.

Además, recomienda incorporar innovaciones tecnológicas, como la agricultura vertical, la hidroponía, la acuaponía y los cultivos en ambientes controlados.

Entre las recomendaciones, figura la necesidad de motivar a las nuevas generaciones para formarse en áreas vinculadas al agro. Se destaca la urgencia de mejorar las condiciones de los colegios agropecuarios y actualizar la infraestructura y los equipos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

El documento también plantea la importancia de fortalecer el acceso al agua, impulsar la mecanización agrícola y avanzar en investigación, financiamiento, titulación de tierras y mejora de caminos rurales.

Se suma la creación de centros de acopio y redes de comercialización más sólidas, así como el refuerzo de los controles fitosanitarios y el fomento del consumo de productos nacionales.

El desarrollo hídrico en la cuenca del Río Indio aparece como un tema central. El Consejo Académico de la Universidad de Panamá resalta la importancia estratégica de la obra para asegurar la disponibilidad de agua en el futuro, pero advierte sobre el impacto ambiental y social que podría generar.

El proyecto prevé la construcción de un lago artificial de cerca de 4.600 hectáreas, una presa y un túnel de 9 kilómetros para trasladar agua al lago Gatún. Se estima un costo de $1.600 millones, una duración de cuatro años y el reasentamiento de unas 600 familias.

Frente a estos datos, proponen que sus unidades especializadas, como el herbario y los museos, realicen estudios sobre biodiversidad y aspectos sociales, para evaluar científicamente las posibles afectaciones del proyecto.

El Consejo Académico también considera fundamental escuchar las preocupaciones de las comunidades potencialmente afectadas y garantizar que cualquier proceso de reasentamiento o expropiación se realice de manera justa, previa y transparente, respetando la Constitución, las leyes, el debido proceso y los mecanismos de participación y compensación establecidos.

El pronunciamiento dedica un apartado a la relación entre Panamá y Estados Unidos, subrayando la importancia de analizarla desde una perspectiva soberana y equilibrada. La defensa de los intereses nacionales y la cooperación internacional, sostiene la Universidad, deben estar en el centro del vínculo bilateral, sostienen los académicos

El ente universitario recuerda el proceso que culminó en la transferencia del Canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999 y defiende que la protección de la vía interoceánica debe apoyarse en el Derecho Internacional y en los tratados vigentes.

Sobre el tránsito de buques de guerra estadounidenses sin pago de peajes, el documento cita el Tratado de Neutralidad Permanente, que establece igualdad de condiciones y costos para todos los países.

La Universidad añade que la seguridad del Canal no solo debe centrarse en su infraestructura, sino también en la gestión sostenible de los recursos hídricos, la prevención de riesgos cibernéticos, y la atención a tensiones geopolíticas y escenarios de contingencia.

La actividad de la cadena agropecuaria mantuvo su dinamismo durante julio, respaldada por una campaña agrícola de resultados históricos. Según un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR) registró un crecimiento mensual desestacionalizado del 0,2% y se ubicó un 12% por encima del nivel alcanzado en julio de 2025. De esta manera, el indicador quedó apenas 1,6% por debajo del máximo histórico registrado en febrero.

Durante el mes, cinco de las doce actividades que componen el índice mostraron variaciones positivas. La molienda de soja encabezó los avances, con una suba mensual del 1,1%, seguida por la producción de leche, que creció 0,6%, y el avance de las labores agrícolas, con un incremento del 0,4%. También registraron mejoras la molienda de girasol, con 0,2%, y la faena porcina, que aumentó 0,1%.

En el otro extremo, algunas actividades registraron retrocesos. La molienda de cebada cayó 2,4% y la de trigo, 0,5%, mientras que la faena bovina disminuyó 1,2% y la aviar, 0,6%. En el segmento de biocombustibles, la producción de bioetanol habría descendido 1,9% y la de biodiésel, 0,9%. A su vez, las exportaciones de las cadenas agroindustriales, medidas en valor, se redujeron 0,6% frente a junio.

El desempeño interanual estuvo marcado por el fuerte aporte de la actividad agrícola: ocho de las doce series que integran el IACA se ubicaron por encima de julio de 2025 y el IACA-Cultivos creció 18,6%. El resultado se explica por una campaña 2025/26 que alcanzó niveles históricos, con récords de producción de trigo y maíz, la mayor cosecha de girasol del siglo y el mayor volumen de soja desde la campaña 2018/19. Durante julio, además, finalizó la cosecha de soja, con una producción estimada en 51,1 millones de toneladas, mientras que la recolección de maíz avanzó 19 puntos porcentuales hasta cubrir el 82% del área y la siembra de trigo alcanzó el 95% de las 7 millones de hectáreas proyectadas.

La agroindustria también mostró una evolución positiva frente al año anterior. El IACA-Agroindustria se ubicó 0,6% por encima de julio de 2025, mientras que la molienda conjunta de los principales cereales y oleaginosas avanzó 0,3% en el mes y 5,8% interanual, impulsada principalmente por el procesamiento de soja y girasol. La actividad de faena, en cambio, retrocedió 0,9% mensual como consecuencia de las caídas en bovinos y aves, parcialmente compensadas por el crecimiento de la faena porcina.

Finalmente, el IACA-Agroexportación cayó 0,6% mensual desestacionalizado, aunque logró ubicarse 2,7% por encima de julio de 2025 y acumuló trece meses consecutivos de crecimiento interanual. Durante el mes se exportaron 10,5 millones de toneladas de productos correspondientes a los nueve complejos agroindustriales considerados, un 3% más que un año atrás y un 16% por encima del promedio de los últimos cinco años. Los datos reflejan así el fuerte impacto que la cosecha récord continúa teniendo sobre el movimiento de toda la cadena agropecuaria.

El precio del trigo alcanzó su mayor nivel en dos años, al cotizar USD 268 por tonelada, impulsado principalmente por las crecientes tensiones en el Mar Negro a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania. Las dificultades para exportar el cereal desde esa región, que concentra una porción significativa del comercio mundial, comenzaron a generar preocupación en el mercado.

El consultor agropecuario Javier Preciado Patiño señaló que uno de los principales factores que impactan sobre el mercado internacional de granos es la problemática en el Mar Negro.

“Rusia es el principal exportador mundial de trigo y todo su trigo, o la gran mayoría, sale por el mar de Azov y se embarca en los puertos de aguas profundas del Mar Negro. De ahí pasa por el estrecho del Bósforo hacia el Mediterráneo y luego al mundo”, explicó.

En ese contexto, sostuvo que Ucrania tiene una participación menor en el mercado del trigo, aunque es un actor relevante en maíz y girasol. “Tiene el puerto de Odesa, que es un puerto de aguas profundas, y ambas cosas están siendo atacadas mutuamente”, afirmó.

Preciado Patiño recordó que, al comienzo de la guerra, en 2022, se había alcanzado un acuerdo para evitar ataques contra activos agrícolas y garantizar el abastecimiento de los mercados, principalmente de Medio Oriente, Asia Central y el norte de África. “Eso hoy ya no ocurre”, advirtió.

“Rusia hundió barcos graneleros que iban a cargar a Odesa y atacó instalaciones agroindustriales en esa ciudad. Ucrania, por su parte, atacó el puerto de Novorossiysk y también barcos graneleros y de uso civil en el mar de Azov”, detalló.

Según el especialista, esta situación ya tiene un impacto concreto sobre los embarques de trigo ruso. “Hoy el trigo ruso no está pudiendo salir. Si, por ejemplo, en un mes de agosto Rusia sacaba entre 4,5 y 5,5 millones de toneladas de trigo, hoy está saliendo apenas un millón y pico”, indicó.

A esto se suma la situación de Ucrania y las dificultades para utilizar el río Danubio como vía alternativa de exportación. “En el caso de Ucrania, el río Danubio, que es una alternativa, está muy bajo por la sequía y la ola de calor, con problemas importantes. Todo eso está presionando al mercado en general”, concluyó.

Cabe mencionar que Rusia y Ucrania concentran aproximadamente el 30% del comercio mundial de trigo, por lo que las dificultades para exportar por el Mar Negro generan una fuerte presión sobre el abastecimiento y la demanda global.

Preciado Patiño mencionó también que la producción de EEUU cayó de 54 a 42 millones de toneladas.

Mariela Brandolin, especialista en mercado de granos, afirmó: “Rusia, el principal exportador de trigo del mundo (20%), tiene que sacar su producción a través del mar de Azov y luego por el Estrecho de Kerch. Este estrecho se encuentra cerrado por los ataques con drones por parte de Ucrania. A su vez, gran parte de la producción del Mar Negro solía salir por el Bósforo (actualmente restringido por Turquía). Ucrania encuentra alternativa para sacar por el Rio Danubio, pero la capacidad es limitada”.

“Había expectativas de que lleguen a un acuerdo en el Mar Negro para retomar exportaciones, pero pasó lo contrario. Zelensky, el presidente de Ucrania, ofreció una tregua para buques con carga agrícola, pero Rusia no solo la rechazó, sino que además aseguró acentuar sus ataques con misiles”, contó Brandolin.

Y agregó que las exportaciones ucranianas de granos están próximas a alcanzar su nivel más bajo desde abril de 2022, cuando registraron el peor desempeño desde el inicio de la guerra, en febrero de ese año. A su vez, se estima que los embarques de trigo ruso en agosto serán los menores desde 2010.

Según Max Capital, los compradores internacionales de trigo ya no pueden seguir esperando que se normalice la logística en el Mar Negro y comenzaron a buscar alternativas para garantizar el abastecimiento. En ese contexto, el trigo argentino empieza a ganar movimiento en el mercado.

La producción de Rusia y Ucrania es muy buena, pero el principal problema es la disponibilidad. La dificultad para sacar el cereal de la región llevó a los compradores a explorar otros orígenes. La semana pasada, por ejemplo, se concretó un negocio de trigo francés con destino a Sudán, algo que no ocurría desde hace 18 años.

Si esta tendencia se consolida, resalta Max Capital, los orígenes alternativos podrían recibir una mayor demanda y generar una “inyección de compras” que se traduzca en mejores precios. Sin embargo, el escenario podría cambiar rápidamente si se encuentra una solución para la logística del Mar Negro, lo que podría generar una baja en las cotizaciones.

Mientras tanto, el precio del maíz se ubica por encima de los USD 200 y alcanzó máximos en un año y medio. De acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en EEUU, los resultados del Pro Farmer Crop Tour mostraron rindes inferiores a los previstos por el USDA en estados clave como Iowa, Illinois y Nebraska, lo que generó expectativas de una oferta más ajustada y llevó las cotizaciones en Chicago a máximos desde febrero de 2025.

A esto se sumó el deterioro de la producción europea por la ola de calor y las dificultades de exportación en el Mar Negro, que redujeron las perspectivas de disponibilidad global.

Las cadenas agroindustriales exportaron USD 31.952 millones entre enero y julio de 2026, lo que representa un incremento acumulado del 14,9% frente al mismo período del año pasado. En términos absolutos, el aumento fue de USD 4.137 millones.

Así surge del informe mensual elaborado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). En julio, los despachos al exterior alcanzaron USD 4.926 millones y superaron en un 2,2% a los registrados durante el mismo mes de 2025, con una diferencia positiva de USD 106 millones.

Entre los sectores que más contribuyeron al crecimiento se destacó el complejo girasolero, que acumuló exportaciones por USD 2.419,4 millones en los primeros siete meses, un 100% más que un año atrás. Solo en julio, sus ventas externas crecieron 14%.

También sobresalió el complejo de carne y cuero vacuno, con USD 2.999,1 millones acumulados y una expansión interanual del 40%. En julio, las exportaciones del sector aumentaron 29%.

El trigo, por su parte, alcanzó USD 2.603,8 millones en el acumulado, un 37% más que en igual período de 2025, aunque en julio registró una baja interanual del 2%.

En términos porcentuales, los mayores avances correspondieron a porcinos y al complejo algodonero. Las exportaciones porcinas crecieron 188% interanual en julio y 111% en el acumulado anual, mientras que el sector algodonero registró un incremento del 188% en el mes y del 101% entre enero y julio. También se destacaron los complejos apícola y de legumbres, con aumentos acumulados del 65% y 77%, respectivamente.

En sentido contrario, algunos sectores moderaron el crecimiento general de las exportaciones agroindustriales. El complejo avícola acumuló una caída del 43%, seguido por el arrocero, con una baja del 17%, y el manisero, que retrocedió 5% en los primeros siete meses del año.

Por participación, la soja se mantuvo como el principal complejo agroindustrial. Con USD 10.548,6 millones exportados, concentró el 33% del total y mostró un crecimiento acumulado del 0,5%.

El maíz ocupó el segundo lugar, con una participación del 16,5% y exportaciones por USD 5.269,4 millones, un 12% más que en el mismo período del año anterior. En julio, además, sus ventas externas dieron un salto del 42%.

El complejo pesquero generó USD 1.416,3 millones en los primeros siete meses, con un crecimiento acumulado del 18% y una suba del 38% en julio. De esta manera, representó el 4,4% de las divisas generadas por las cadenas agroindustriales.

El complejo bovino-lácteo, en tanto, alcanzó USD 811,9 millones, un 14% más interanual, mientras que la cebada sumó USD 813,8 millones, con una mejora del 11%.

El informe también analizó la evolución del tipo de cambio. En julio, el tipo de cambio vendedor/comprador del Banco Nación promedió $1.476,98 por dólar, lo que implicó un incremento del 2,4% mensual y del 17,1% interanual.

Por su parte, el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) elaborado por el Banco Central registró una mejora del 1% respecto de junio. Sin embargo, se ubicó 2% por debajo del promedio de 2025 y 6% por debajo del nivel de un año atrás. El indicador continúa siendo una referencia clave para evaluar la competitividad de las economías regionales y de las distintas cadenas agroalimentarias.

Por otro lado, Coninagro destacó en su último reporte que en la mayoría de las economías regionales, las importaciones representan una fracción mínima en relación con las exportaciones, lo que refuerza el perfil estructuralmente superavitario de estos sectores.

No obstante, existen casos puntuales donde la balanza comercial resulta deficitaria o donde la competencia con productos importados adquiere relevancia.

Por un lado, se destacan las economías generadoras netas de divisas, en las que las importaciones tienen una incidencia marginal frente a las exportaciones. Dentro de este grupo, las actividades manicera, arrocera, apícola, ovina y de peras y manzanas presentan los mayores superávits, con una participación de las compras externas inferior al 1% de sus ventas al exterior.

En el extremo opuesto se encuentran las economías deficitarias, donde el ingreso de divisas resulta insuficiente para cubrir el gasto en importaciones, lo que refleja una mayor dependencia del exterior o una limitada inserción exportadora.

La mandioca presenta la situación más extrema, con exportaciones prácticamente nulas e importaciones que equivalen al 152,8% de las exportaciones.

En el caso de la actividad porcina, las compras externas representan el 549,6% de las ventas al exterior, mientras que en el sector forestal alcanzan el 112,3%.

Este fin de semana, en un remate realizado en la localidad bonaerense de Tres Arroyos, la Cabaña Santa Rosa, de la familia Bellocq, subastó el 50% de Álvaro, un toro de la raza Angus, y estableció el precio más alto jamás pagado por un reproductor bovino en la Argentina: $300.000.000, (equivalentes a unos USD 200.000) por la mitad del animal. Un consorcio de criadores y cabañeros de La Pampa se quedó con la parte del toro tras una puja en la que también participaron personas físicas y otros consorcios.

La operación la confirmó la Asociación Argentina de Angus, que destacó el carácter histórico de la transacción. Alfredo Bellocq, dueño de la cabaña y propietario del reproductor, describió: “Álvaro es uno de esos toros que aparecen muy de vez en cuando; es un toro único”, afirmó. Agregó que “puede hacer un aporte importante al Angus nacional” y que el remate “fue muy exitoso, con muy buenos valores, con mucha gente”.

Álvaro es hijo de Mateo y de una vaca de la nueva generación del plantel de donantes de la cabaña, un reproductor de genética propia de Santa Rosa. Su nombre rinde homenaje a Álvaro Moreira, responsable de la cobertura de redes de la Asociación Argentina de Angus.

La trayectoria del toro en las principales pistas de la raza durante 2026 fue determinante para su valorización. Obtuvo el título de Gran Campeón Macho Colorado en la última Exposición Angus de Otoño y el premio de 3° Mejor Toro en la última Exposición Rural de Palermo, dos de los reconocimientos más buscados dentro de la raza en lo que va del año.

El uso del reproductor y la apertura del mercado

El consorcio pampeano que adquirió el 50% de Álvaro tendrá el uso exclusivo del toro durante el primer período de extracción de semen, hasta fines de este año. A partir de 2027, la genética del reproductor quedará disponible para su comercialización más amplia, lo que amplía el alcance potencial de la operación más allá de sus compradores directos.

El negocio refleja una tendencia que viene ganando fuerza en el sector: centros de inseminación artificial y grupos de criadores destinan inversiones cada vez mayores a reproductores de genética superior. El valor de estos animales reside en su capacidad para transmitir y multiplicar características productivas a través de la inseminación artificial, lo que convierte a la genética de elite en un activo estratégico tanto para las cabañas como para los rodeos comerciales.

Para entender el valor, se puede comparar con la mayor operación previa en el mercado de genética bovina argentina. En 2025, Select De Bernardi compró el 50% del toro Brangus Mafioso por $272 millones, una suma que entonces equivalía a USD 200.000.

La actualidad del mercado cárnico argentino

La inversión récord en genética se produce en un momento de transformación del negocio ganadero. Según el último informe mensual de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo interno de carne vacuna cayó en julio de 2026 a 46,3 kilos por habitante al año, el nivel más bajo en más de dos décadas y un retroceso del 9,4% frente al mismo mes de 2025.

En un contexto de fuerte crecimiento de las exportaciones, la razón de la baja en el consumo local no tiene que ver con que se envié al exterior todo lo que antes se consumía: los productores retienen vientres para recomponer el stock de hacienda, lo que reduce la oferta disponible para el mercado local.

A su vez, entre enero y julio, los embarques al exterior sumaron 487.200 toneladas, un 8,8% más que en el mismo período de 2025, con la tonelada exportada cotizada en un promedio de USD 7.880. El gran motor de ese crecimiento fue Estados Unidos, cuyo cupo de importación para la carne argentina se amplió de las 20.000 toneladas anuales históricas a 100.000 toneladas. En el primer semestre, la Argentina despachó 54.150 toneladas al mercado norteamericano, un crecimiento del 193,9% interanual. Es esa ecuación —menos carne para el mercado local, precios externos que duplican los domésticos y rodeos en proceso de recomposición— la que vuelve cada vez más valiosa la genética de elite y explica por qué un toro como Álvaro puede marcar un récord histórico.

La actividad económica experimentó un alza mensual de 0,8% en junio, revirtiendo la caída de 0,6% de mayo, y acumuló una suba de 1,9% en el primer semestre de 2026. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el indicador registró un incremento interanual de 2,7 por ciento.

De acuerdo a los datos del Indec, doce de los quince sectores que integran el EMAE mostraron crecimiento respecto al mismo mes de 2025. Pesca encabezó el avance con una suba del 247,6% interanual, seguida por Explotación de minas y canteras, que aumentó 15,6 por ciento.

La minería se constituyó como el sector que más influyó en el alza del índice, secundado por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 4,6 por ciento. Entre ambos aportaron 1,1 puntos porcentuales al crecimiento interanual del índice.

En contraste, tres rubros registraron descensos frente a junio de 2025. Administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, cayó 1,5 por ciento. Electricidad, gas y agua retrocedió 0,4%, y Enseñanza bajó 0,1 por ciento. Estos sectores restaron en conjunto 0,1 puntos porcentuales al resultado interanual del EMAE.

A través de su cuenta oficial de X, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el dato y destacó, entre otros puntos, que “el indicador tendencia-ciclo, que permite analizar la dinámica subyacente del nivel de actividad al extraer el componente irregular, creció 0,2% mensual y acumuló 27 meses consecutivos de crecimiento, resultando el ciclo expansivo más largo desde el registrado entre junio de 2009 y agosto de 2011″.

El “serrucho” de la economía

Pese al buen dato de junio, la economía viene exhibiendo un comportamiento inestable, caracterizado por fluctuaciones mensuales que los especialistas identifican como un movimiento de “serrucho”.

Mientras segmentos como energía y minería mostraron fuertes tasas de crecimiento, la actividad en conjunto continúa expuesta a cambios constantes y con señales mixtas. El panorama evidencia ritmos dispares: el agro, la minería y la energía presentan expansión, mientras que la industria y la construcción registran estancamiento.

Respecto a la estadística difundida este jueves por el Indec, el economista de Equilibra, Gonzalo Carrera, apuntó que “tras 2 meses de caída, en junio la actividad se recuperó 0,8% mensual y 2,7% interanual, traccionada por sectores primarios”.

“En el desagregado, el crecimiento de minería/energía (0,4%) y pesca (arriba de 30% mensual) fue central para el crecimiento de la actividad total. Por tercer mes al hilo, los sectores no primarios volvieron a caer. Fue un mes de recuperación para la intermediación financiera (2,1%) y la industria (1,0% mensual); pero construcción y comercio continuaron cayendo (-1%)”, sumó Carrera.

Por su parte, Sergio González, jefe de Asset Management en Cohen Aliados Financieros, coincidió en parte al identificar que los motores del crecimiento fueron los sectores primarios como la minería y el agro. Entre los dos segmentos explicaron 1,08 de los 2,69 puntos porcentuales de avance interanual del EMAE, es decir el 40% del crecimiento total.

En paralelo, González señaló que Construcción, Comercio e Industria crecieron pero “muy por detrás” y puso el énfasis en las dos velocidades que priman en la actividad económica. “La diferencia importa porque los rezagados son justamente los sectores intensivos en mano de obra: industria, construcción y comercio concentran el grueso del empleo privado registrado, mientras que la minería es intensiva en capital y genera relativamente pocos puestos por unidad de producto”, analizó.

Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier, detalló que “el promedio del segundo trimestre quedó 0,9% abajo respecto del primer trimestre y junio quedó 1,2% abajo de diciembre de 2025″. “La serie original registró un alza interanual de +2,7% y la primera mitad del año promedió un alza de +1,9% interanual. Con lo cual, se confirma un arranque de 2026 con un dinamismo bien por debajo del esperado”, añadió.

El equipo económico espera que en los próximos meses la economía crezca de forma sostenida en base a tres iniciativas centrales: la reforma laboral, la Inocencia Fiscal y la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. De estas, únicamente la concesión de rutas avanzó según lo previsto por el Gobierno.

Aunque tanto la reforma laboral como la Inocencia Fiscal recibieron aprobación parlamentaria, la implementación de medidas como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) se postergó por motivos fiscales. El oficialismo planea presentar un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal para corregir las deficiencias detectadas en la normativa vigente.

Las proyecciones

Las estimaciones de los bancos y consultoras que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) habían proyectado que el Producto Interno Bruto (PIB), considerando los efectos estacionales, se habría reducido un 0,4% durante el segundo trimestre del año.

Para los siguientes dos trimestres de 2026, los analistas estimaron un aumento del 1,0% en cada uno. En cuanto al promedio de proyecciones para todo 2026, el crecimiento del PIB real se ubica en 2,7%, y el grupo de las diez consultoras con mejores pronósticos anticipa una expansión del 2,6 por ciento.

En tanto, el Banco Mundial pronosticó un crecimiento de 3,6% para la economía argentina en 2026, según el informe Perspectivas Económicas Mundiales difundido en junio. El organismo recortó las proyecciones para este año e hizo lo mismo con la previsión para 2027: espera un incremento del PIB de 3,7 por ciento.

Estas proyecciones quedaron por debajo de las que se habían publicado en enero y forman parte de una revisión general que afectó a diversas economías. El informe atribuyó los cambios al impacto del conflicto en Medio Oriente, que generó mayor incertidumbre, incrementó los precios de la energía y sumó presiones inflacionarias.

Pese al recorte, las perspectivas para la Argentina se mantuvieron por encima de las estimaciones para el crecimiento global y para América Latina y el Caribe. El Banco Mundial anticipó también que la economía argentina avanzará 3,5% en 2028, el año posterior a las elecciones presidenciales programadas para 2027.

El Gobierno dio a conocer este jueves los pliegos licitatorios para la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., la empresa estatal que opera las tres líneas de carga ferroviaria del país —Belgrano, San Martín y Urquiza—, con un plazo de concesión de 50 años. La medida abre un proceso que las propias autoridades reconocen como urgente: el sistema ferroviario argentino transporta 10 veces menos carga por kilómetro de vía que Chile, y esa brecha es la que busca cerrar con esta privatización. Fuentes oficiales con conocimiento directo del proceso lo llaman “círculo vicioso”.

La prisa por resolver la concesión por las próximas cinco décadas tiene que ver con que la Argentina registra un ratio de 0,6 toneladas-kilómetro por kilómetro de vía operativa, una métrica que mide cuánto se transporta en relación con la extensión de red que hay que mantener. Chile multiplica ese número por 10, Brasil por seis, Estados Unidos entre 15 y 20 veces dependiendo de la operadora, y Australia llega a 40 veces. La consecuencia directa es que lo que genera el sistema ferroviario no alcanza para financiar su propio mantenimiento, lo que deteriora la infraestructura, degrada el material rodante y obliga al Estado a subsidiar tarifas para seguir siendo competitivo frente al camión.

Actualmente, menos del 5% de la carga total del país se transporta por tren. En países con sistemas ferroviarios de referencia, ese porcentaje ronda entre el 20 y el 25 por ciento. El 80% de lo que mueve hoy Belgrano Cargas y Logística son cereales, mientras que sectores como la minería, los hidrocarburos y las economías regionales del norte y el oeste del país dependen casi exclusivamente del transporte por ruta.

Los pliegos revelan que el máximo histórico de carga transportada por la línea Belgrano fue de 2.140 millones de toneladas-kilómetro, alcanzado en 2024; la línea San Martín llegó a 3.034 millones en 2022, y la Urquiza a 348 millones ese mismo año. Esos registros son la línea base sobre la que el Gobierno medirá el crecimiento que genere el concesionario privado.

El privado asume el riesgo

En mayo de 2024, Belgrano Cargas y Logística quedó sujeta a privatización. Según comentaron fuentes oficiales a Infobae, la conclusión fue que el Estado no tiene capacidad para sostener la inversión estratégica que el sistema requiere, de manera que quien asuma el riesgo empresario debe ser el sector privado.

El modelo elegido se basa en la desintegración vertical: la licitación no obliga al concesionario a operar el material rodante, sino que le exige administrar y mantener la infraestructura y cobrar un peaje a cualquier operador que quiera circular por la red. Ese esquema, conocido como open access, elimina la exclusividad comercial que hoy tienen los ramales y abre la puerta a que empresas logísticas, cerealeras o mineras puedan incorporar sus propios trenes y pagar por el uso de la vía, tal como ocurre con camiones en rutas o barcos en la hidrovía.

El modelo es flexible: una constructora puede presentarse como concesionaria sin necesidad de operar trenes, pero un operador ferroviario tradicional también puede hacerlo y, si gana, tiene la opción de adquirir el 50% del material rodante de cada línea sin ir a subasta pública, al valor de tasación. El otro 50% se vende por remate, y el ganador puede ser el mismo concesionario. El pliego incorpora además una cláusula que prohíbe participar a empresas controladas directa o indirectamente por Estados extranjeros —la misma restricción aplicada en las licitaciones de la Hidrovía y del proyecto AMBA I para la red eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires—, una medida que apunta a limitar la participación de firmas vinculadas al gobierno chino.

La demanda que el sistema no puede atender

El cuello de botella más inmediato no es la falta de clientes: es la incapacidad de dar servicio. Fuentes oficiales señalaron que hoy los clientes de Belgrano Cargas y Logística demandan el triple de lo que el sistema puede ofrecer. La obra estructural pendiente en Santa Fe —la circunvalación que obliga a limitar el paso a dos trenes por día en ventana nocturna, con más de 20 pasos a nivel y a baja velocidad— es el principal obstáculo en el troncal de la línea Belgrano. El pliego la identifica como obra obligatoria prioritaria e incluye la construcción de traza nueva, renovación de vías, un puente sobre el río Salado y pasos de alto nivel sobre las rutas nacionales 4, 11 y 70. Las fuentes estiman que podría completarse en dos años y medio dado su estado de avance, aunque el pliego da cinco años de plazo.

El plan de obras obligatorias apunta a resolver ese déficit de capacidad, con foco en los proyectos mineros del norte y el oeste del país como demanda futura. La línea San Martín, que llega hasta San Juan, es la arteria natural para los grandes proyectos de cobre de esa provincia. La línea Belgrano, que atraviesa Catamarca, Salta y Jujuy, conecta con la franja de proyectos de litio más activa del país, incluidos los tres activos de Rio Tinto en esas provincias. En ambos casos, el suministro de insumos y maquinaria hacia esas operaciones —no solo el transporte del mineral producido— es donde el tren tiene mayor potencial de crecimiento.

El fideicomiso, el RIGI y la condición que no admite excepciones

El financiamiento de las obras se realizará sobre un mecanismo diseñado para que los recursos no pasen por el Tesoro. El material rodante de las tres líneas está tasado en torno a los USD 500 millones: solo el lote de la línea San Martín tiene un precio de venta de USD 131,7 millones, y el de la Urquiza de USD 52,3 millones, según consta en los pliegos publicados este jueves. Lo que se obtenga de su venta —tanto el lote que adquiere el concesionario como el que va a subasta— se deposita en un fideicomiso administrado por Belgrano Cargas y Logística, algo que Infobae publicó este martes. El dinero no va al Tesoro: vuelve al sistema ferroviario.

El fideicomiso financia las obras obligatorias, pero no como adelanto: el repago se hace cada seis meses contra avance físico certificado. El concesionario debe conseguir el financiamiento para ejecutar las obras y el fideicomiso le devuelve el dinero a medida que las termina. La línea San Martín concentra el mayor aporte del fideicomiso: hasta USD 386 millones, muy por encima de los USD 34,3 millones previstos para la Urquiza, lo que refleja que es la línea con mayor volumen de inversión obligatoria.

Las obras obligatorias suman USD 800 millones distribuidos en las tres líneas, con un plazo de ejecución de cinco años. De ese total, USD 500 millones pueden cubrirse con los recursos del fideicomiso; los USD 300 millones restantes deben ser aportados por el concesionario. La arquitectura del pliego está diseñada para que quien quiera acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) invierta más de lo que el plan obligatorio exige: el régimen exige que el 40% de la inversión comprometida se ejecute en los primeros dos años, un plazo más corto que el de las obras obligatorias, que se distribuyen en cinco.

La condición es categórica: si un oferente presenta su propuesta vinculada al RIGI y no obtiene la aprobación del régimen, su oferta queda sin efecto y no se adjudica, de manera que ganará su sucesor en la lista. Las obras de renovación y duplicación de vías califican para el régimen; el mantenimiento, no. Una vez que el concesionario complete el plan de obras obligatorias, podrá aumentar su tarifa de peaje hasta un 15% por encima del valor ofertado. Ese techo no puede superarse bajo ninguna circunstancia durante la vigencia del contrato. La tarifa, en todo caso, es una compulsa privada entre el concesionario y sus clientes —grandes exportadores agroindustriales, empresas mineras, proveedores de insumos— y no una tarifa regulada de acceso público.

Los interesados

La publicación de los pliegos activó las primeras reacciones formales. GMXT USA, filial del Grupo México Transportes —que opera más de 11.000 kilómetros de vías en México y el sur de Estados Unidos— ratificó su interés y confirmó el inicio del análisis de los documentos. La empresa anunció además un acuerdo estratégico con Wabtec, compañía estadounidense especializada en equipos, componentes y servicios digitales para el sector ferroviario, con el objetivo de dotar a las líneas de carga de estándares internacionales de eficiencia operativa y reducir el costo por tonelada transportada.

Grupo México había manifestado previamente su disposición a invertir USD 3.000 millones en la modernización de la red. Ese número debe leerse con cautela: según explicaron fuentes oficiales, las obras optativas funcionan como un menú del que el concesionario puede elegir según su modelo de negocio, sin expectativa oficial de que se ejecuten todas. Los pliegos revelan que solo las obras optativas de las líneas San Martín y Belgrano suman más de USD 1.876 millones —entre duplicaciones de vía, renovaciones y mejoramientos pesados de tramos clave—, lo que permite dimensionar de dónde puede provenir una cifra de esa magnitud.

Del lado de las cerealeras, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) celebraron la publicación de los pliegos y la calificaron como “un hito fundamental para la competitividad del sector agroindustrial exportador”. Las entidades destacaron el esquema de open access y la elegibilidad del RIGI, y señalaron que la privatización puede devolverle competitividad a la producción agrícola del interior alejada de los puertos. Detrás de esa posición opera un consorcio integrado por Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

El Grupo Roggio, holding de origen cordobés con más de 117 años de trayectoria en infraestructura y transporte, también manifestó interés en participar. El grupo tiene experiencia ferroviaria directa: a través de Metrovías opera la línea Urquiza de pasajeros, y cuenta con Benito Roggio Ferroindustrial, una planta de construcción y reparación de material rodante. Su perfil lo posiciona como un candidato natural para el segmento de administración de infraestructura, el núcleo de la licitación.

Entre los potenciales socios inversores figura Rio Tinto, la minera global con tres proyectos de litio activos en Argentina: Rincón en Salta —su principal activo, con una inversión de USD 2.500 millones y una capacidad proyectada de 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio—, y los proyectos Fénix y Sal de Vida en Catamarca, con inversiones de USD 700 millones cada uno. El pliego contempla la figura de socios inversores: el concesionario puede sumar a empresas de sectores específicos con interés en determinados ramales, sin obligarlas a competir por la concesión completa.

El calendario y el financiamiento externo

Las ofertas deben presentarse antes del 11 de noviembre de 2026, fecha en que se abrirán los sobres de forma pública a través de la plataforma CONTRAT.AR. Las consultas sobre la documentación licitatoria tienen plazo hasta el 28 de octubre. Para evaluar las propuestas, el Gobierno creó una Comisión Evaluadora integrada por Enrique Juan Eiras, María Pilar Trejo y Cristián Nicolás García, con tres suplentes. La adjudicación está prevista para comienzos de 2027.

El proceso cuenta con respaldo financiero internacional confirmado. BID Invest, el brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la Corporación Financiera Internacional (IFC), del Banco Mundial, participaron como asesores en la construcción de los pliegos y tienen previsto financiar al concesionario adjudicatario. Ambos organismos revisaron las cláusulas contractuales y dieron su conformidad —una señal relevante, dado que su respaldo condiciona el acceso al financiamiento. La Corporación de Financiamiento para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) mantuvo reuniones con empresas interesadas y evalúa financiar a oferentes específicos según su perfil. El Export-Import Bank de Estados Unidos (Eximbank) se perfila como fuente de crédito para la adquisición de material rodante de origen americano, sin límite de monto definido, según revelaron fuentes oficiales al tanto de las negociaciones.

El Gobierno de República Dominicana puso en marcha el Programa Nacional de Mecanización (PRONAMEC) con una inversión superior a RD$200 millones (aproximadamente a USD $3,404,255) para mecanizar la producción agropecuaria, reducir costos, elevar la productividad y recortar la dependencia de mano de obra extranjera, en una estrategia que comenzó en San Juan de la Maguana y que apunta a extenderse a distintas regiones productivas del país.

La agropecuaria representa cerca del 5.6% del Producto Interno Bruto, genera alrededor del 8.8% del empleo nacional y aporta aproximadamente el 11.8% de las exportaciones, según informó el Ministerio de Agricultura de República Dominicana al presentar el programa. La cartera planteó que la mecanización busca impactar una actividad con peso directo en la producción, el trabajo y el comercio exterior.

El lanzamiento fue encabezado por el presidente Luis Abinader en la provincia de San Juan.

La primera etapa arranca en seis zonas productivas

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, explicó que la primera fase se desarrollará con parcelas demostrativas de mecanización. El esquema inicia en San Juan y continuará en Las Matas de Santa Cruz, Valverde, La Vega, Constanza y Arenoso.

En esos puntos, las maquinarias serán llevadas directamente a los campos para hacer demostraciones, capacitar a los productores y definir qué tecnologías se ajustan mejor a cada cultivo y a cada región. El funcionario sostuvo que el objetivo central es “producir más, producir mejor y reducir costos”.

Durante el acto, el ministro afirmó: “Hoy no hemos venido simplemente a presentar un programa. Estaremos poniendo en marcha una verdadera transformación del campo dominicano”. También definió la hoja de ruta de PRONAMEC en tres acciones: enseñar, financiar y expandir.

El Ministerio de Agricultura trabajará al mismo tiempo con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional y empresas distribuidoras para formar operadores y mecánicos especializados. La meta es que los productores conozcan las tecnologías, aprendan a utilizarlas y las incorporen de manera efectiva a sus actividades.

La segunda etapa estará enfocada en facilitar el acceso a equipos mediante financiamientos flexibles con respaldo del Banco Agrícola, BANDEX y la banca privada. Ese esquema estará dirigido a pequeños y medianos productores para que puedan adquirir maquinarias adaptadas a sus necesidades.

Para los pequeños productores, el programa también prevé esquemas asociativos y cooperativos para compartir equipos y bajar costos. La tercera etapa llevará la transformación a escala nacional mediante el fortalecimiento y la modernización de PROSEMA, con una ampliación progresiva de los servicios de maquinaria que ofrece el ministerio.

El programa se presenta como respuesta a la falta de mano de obra

Según detalló el funcionario, en cultivos como arroz, maíz, sorgo y habichuela es posible mecanizar alrededor del 90% del proceso. En plátano y banano, por su mayor complejidad, la meta es superar el 60% mediante una planificación adecuada de las siembras.

El proceso, agregó, continuará hacia otros cultivos, entre ellos vegetales, tubérculos y frutales. PRONAMEC contempla toda la cadena productiva: preparación del terreno, siembra mecanizada, manejo del cultivo, recolección y poscosecha.

El acto, que tuvo lugar este sábado, reunió a autoridades del Gobierno, representantes de organismos vinculados al sector agropecuario, organizaciones agrícolas y productores de la provincia de San Juan.

En un contexto de relativa estabilidad cambiaria, el dólar se consolidó como la moneda de preferencia para el financiamiento del sector agropecuario. Durante el primer semestre de 2026, el 81% de las operaciones de crédito registradas en la plataforma Nera se pactó en dólares, 30 puntos porcentuales más que en el mismo período del año pasado.

La preferencia por el dólar se da en un sector que requiere un volumen elevado de financiamiento para sostener su actividad. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), los productores destinan alrededor de USD 30.000 millones por campaña a la agricultura, considerando los seis principales cultivos, mientras que la ganadería también demanda financiamiento a través de créditos bancarios, comerciales y de proveedores.

La demanda de financiamiento varía según la actividad. En agricultura, los principales destinos fueron la protección y nutrición de cultivos y la compra de semillas. En ganadería, en tanto, el crédito se orientó principalmente a la nutrición, la mejora genética, la invernada y la retención de vientres.

En paralelo, el financiamiento digital mostró un fuerte crecimiento y acumuló un 40% más de operaciones a nivel interanual. “El primer semestre de 2026 confirmó que el productor elige crédito embebido para financiar sus insumos o hacienda, agilizando la operatoria con sus proveedores de manera directa. En un escenario de márgenes ajustados, contar con este tipo de herramientas puede marcar la diferencia en la rentabilidad del negocio”, señaló Marcos Herbin, CEO en Nera.

El informe destacó el regreso de las líneas de financiamiento en dólares para la actividad pecuaria y el lanzamiento de un nuevo producto, denominado Crédito Ganadero Garantizado, que permite acceder a fondos de libre disponibilidad utilizando animales como respaldo.

Mientras tanto, el Gobierno anunció la semana pasada una flexibilización para el otorgamiento de créditos en dólares a todas las empresas, permitiendo a los bancos prestar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera sin limitarse solo a empresas generadoras de dólares o con garantía.

Las restricciones previas al anuncio se habían establecido tras la crisis de 2001 para evitar un descalce de monedas en el sistema financiero: una eventual devaluación podía volver impagables los préstamos en dólares y, al mismo tiempo, comprometer la capacidad de los bancos para devolver los depósitos denominados en esa moneda.

La nueva normativa apunta a “incrementar el financiamiento disponible para la inversión privada”, lo que, en palabras del Banco Central, podría “impulsar la actividad económica, la productividad y el empleo, y reducir la dependencia del financiamiento externo”.

Evolución de las tasas

Otro dato relevante es que durante los últimos 12 meses, las tasas de mercado bajaron más de 30% tanto en pesos como en dólares y se mantuvieron estables durante el primer semestre. Si se toma como referencia el fuerte pico registrado en octubre por el contexto electoral, la caída de las tasas en moneda local supera el 60%.

Además, más de la mitad de los créditos se otorgó a tasas inferiores a las tasas de referencia del mercado. En algunos casos, las líneas denominadas en dólares llegaron a tener una tasa de 0%, principalmente debido a condiciones especiales ofrecidas por proveedores como incentivo comercial para sus clientes.

En cuanto a los plazos, el 54% de los créditos se pactó a 12 meses, una modalidad que permite hacer coincidir los vencimientos con el momento de la cosecha. El informe también detectó un mayor uso de créditos a 270 días en diciembre, asociado al crecimiento del maíz tardío y a la necesidad de extender los plazos cuando la cosecha se desplaza más allá de julio.

El financiamiento respaldado por producción también mostró un crecimiento. Durante el semestre se utilizaron más de 260.000 toneladas de granos como garantía, con la participación de 37 acopios, corredoras, exportadoras y cooperativas registradas en la plataforma.

El 69% de los contratos se pactó con precio a fijar. El maíz representó el 43% de los cultivos utilizados como respaldo, seguido por la soja, con 40%, y el trigo, con 12%.

Martina Donath, Directora de Producto en Nera, dijo: “El agro argentino tiene todavía un enorme potencial de crecimiento, y el crédito es la próxima frontera para destrabarlo. La tecnología es la palanca que va a permitir que ese crédito fluya mejor, más rápido y con mejores condiciones para el productor”.

Según explicó, esa transformación se apoya en tres frentes: el crédito embebido en el momento de la compra, el uso de datos e inteligencia artificial para personalizar la oferta crediticia, optimizar la toma decisiones y el desarrollo de nuevos productos financieros sobre activos reales del campo.

Desde que Javier Milei asumió la presidencia, en diciembre 2023, apenas tres de los catorce sectores de actividad económica lograron generar empleo privado formal en comparación con los niveles previos al cambio de gobierno, según los datos difundidos por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

De acuerdo con la serie desestacionalizada que elabora el organismo nacional, el empleo registrado en el sector privado se ubica hoy 3,8% por debajo del nivel que tenía en noviembre de 2023, el mes previo al inicio de la actual gestión. Esa diferencia porcentual equivale a una pérdida acumulada de 241.176 puestos de trabajo formales en el sector privado durante lo que va del mandato.

El dato surge de un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco en base a la información oficial de la Secretaría de Trabajo, que además señala que el volumen actual de empleo privado formal es el más bajo de los últimos cuatro años. En mayo de 2026 la cantidad de asalariados registrados en el sector privado, medida en términos desestacionalizados, fue de 6.131.500 personas, contra los 6.372.700 puestos que existían en noviembre de 2023.

Los sectores que crecieron y los que retrocedieron

Al observar el desempeño por rama de actividad durante toda la gestión, la Pesca fue el sector con mejor comportamiento relativo, con un incremento del 7,4% en su nivel de empleo respecto a noviembre de 2023, aunque la mejora sólo se traduce en la generación de 965 puestos de trabajo asalariados formales. Le siguió el Agro, con una suba del 4,3% (13.369 empleos nuevos), y luego la Enseñanza, que se mantuvo prácticamente estable, con una variación del 0,1% (237 trabajadores más).

En el otro extremo se ubican los sectores con las caídas más profundas. La Construcción encabeza esa lista con una baja del 14,2%, equivalente a 62.747 empleos menos que en noviembre de 2023. Le sigue la Explotación de Minas y Canteras, con una contracción del 8,4% y 7.947 puestos perdidos, y la Industria Manufacturera, con una caída del 7,2% que representa 85.561 empleos formales menos, el mayor número absoluto de pérdidas entre todos los rubros relevados.

También registraron retrocesos significativos la Intermediación Financiera (-5,7%), Transporte y otros servicios (-4,8%), Hoteles y restaurantes (-3,8%), Servicios Inmobiliarios y otros (-2,7%), Servicios Sociales y de Salud (-1,3%), Comercio (-1,1%) y Electricidad, Gas y Agua (-0,8%).

El mercado laboral en mayo

En el análisis específico del último mes relevado, el empleo privado formal a nivel nacional cayó 0,1% en la comparación desestacionalizada respecto a abril de 2026, lo que representa la pérdida de 9.059 puestos de trabajo. En ese mes, cinco sectores mostraron incrementos: el Agro (+0,7% y 2.253 empleos), Minas y Canteras (+0,3% y 292 empleos), Servicios Inmobiliarios y empresariales (+0,1% y 703 empleos), Servicios Sociales y de Salud (+0,1% y 246 empleos) y Electricidad, Gas y Agua (+0,1% y 44 empleos).

Los sectores con mejoras en mayo lograron crear en conjunto 3.538 empleos, pero esa cifra fue superada por las pérdidas de los rubros en baja, que sumaron 12.597 puestos menos. Entre estos últimos, las caídas más marcadas se dieron en Comercio (-0,3% y 4.214 empleos), Construcción (-0,5% y 1.990 empleos) y Pesca (-2,9% y 417 empleos).

El mapa provincial durante la gestión Milei

A nivel geográfico también se observa una clara desigualdad. Según la Secretaría de Trabajo, sólo tres jurisdicciones muestran hoy más empleo que en noviembre de 2023: Neuquén, con una suba del 7,6% equivalente a 10.882 puestos adicionales; Río Negro, con un incremento del 3,4% y 3.800 empleos de más; y San Juan, con una mejora del 0,4% que representa 328 puestos.

El resto de las provincias todavía no logra recuperar el nivel de empleo que tenía antes del recambio presidencial. La caída más leve se registra en Tucumán, con un descenso del 1,0%. En el otro extremo, las jurisdicciones con las bajas más pronunciadas son Santa Cruz, con una contracción del 17,0%; Tierra del Fuego, con el 16,8%; y Formosa, con el 12,0%. También se ubican entre las más afectadas Catamarca (-11,7%), Misiones (-11,3%), Chaco y La Rioja, ambas con el 10,7%.

El desempeño mensual

En el plano mensual, diez distritos mostraron mejoras en mayo respecto a abril, encabezados por San Juan, Catamarca y Neuquén, los tres con una suba del 0,5%. Por detrás se ubicaron Río Negro (+0,4%) y Chubut (+0,2%), mientras que Santiago del Estero, Corrientes, Formosa, Mendoza y Santa Fe avanzaron 0,1% cada uno. Tucumán, San Luis y Entre Ríos se mantuvieron sin variación, y once distritos registraron caídas, con Tierra del Fuego (-1,2%) y Santa Cruz (-0,6%) a la cabeza de los descensos.

La Argentina se encamina a cerrar este año con exportaciones de carne vacuna superiores a los USD 3.000 millones. Se trata de un registro histórico que se alcanzará con menos kilos vendidos que en años anteriores, pero a precios internacionales sin precedentes en la última década.

El país que durante generaciones se identificó con el asado y el novillo propios empieza a transitar otro camino: importar carne de Brasil para cubrir parte de la demanda interna, mientras coloca la producción propia en mercados externos a valores que duplican el costo de la carne importada.

Así lo proyectó Andrés Costamagna, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA), productor y consultor ganadero de Córdoba, en un análisis del mercado bovino para la segunda mitad del año.

Los números del primer semestre de 2026 validan esa proyección. Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) elaborados a partir de cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), entre enero y junio se exportaron 280.140 toneladas de carne bovina por un valor acumulado de USD 2.260 millones. Solo en junio, los embarques alcanzaron las 54.294 toneladas y generaron divisas por USD 427,8 millones, un 40,4% más que en el mismo mes del año anterior. El precio promedio de exportación en ese mes fue de USD 7.879 por tonelada, casi un 30% por encima del registrado en junio de 2025.

El salto más pronunciado se produjo en el vínculo comercial con Estados Unidos. En el primer semestre, la Argentina despachó 54.150 toneladas al mercado norteamericano, lo que representó un crecimiento del 193,9% interanual y convirtió a ese destino en el segundo más relevante en volumen, con una participación del 16,2% del total exportado. Datos de la aduana estadounidense al 30 de junio registraron 61.000 toneladas ingresadas desde Argentina, con un incremento del 111% respecto al mismo período de 2025. Entre los proveedores de carne a ese mercado, el país fue el de mayor crecimiento porcentual del año, aunque ocupa el séptimo lugar en volumen absoluto.

El giro hacia Estados Unidos

Ese desempeño se explica en parte por la ampliación de la cuota de acceso libre de aranceles, que pasó de las 20.000 toneladas anuales históricas a 100.000 toneladas tras las negociaciones del gobierno argentino con Washington.

Al 3 de agosto, la Argentina ya había utilizado el 72,5% de su cupo permanente, el porcentaje más alto entre todos los países beneficiarios, por encima de Australia (69,8%), Nueva Zelanda (66%) y Uruguay (64,9%), estos últimos con cuotas de mayor magnitud. Costamagna proyectó que las 100.000 toneladas totales “se van a completar antes de fin de año, porque el negocio da”, y subrayó que el precio promedio de venta a ese mercado trepó de USD 6.500 a USD 8.500 la tonelada entre 2025 y 2026.

El aumento de valor también se refleja en la composición de los productos enviados. Argentina comenzó a despachar a Estados Unidos no solo trimmings —recortes magros que las plantas norteamericanas mezclan con su carne de alto tenor graso para elaborar hamburguesas— sino también cortes de mayor calidad.

En este escenario, el precio promedio de exportación al mercado estadounidense en el primer semestre fue de USD 8.274 por tonelada, frente a los USD 7.079 del mismo período del año anterior, según el IPCVA. Pese a esa mejora, los precios a Estados Unidos registraron una leve caída del 2% al comparar junio de 2026 con junio de 2025, lo que sugiere que la composición del producto enviado aún está en transición.

El modelo que viene

Detrás del alza generalizada de precios hay una razón de oferta: la producción argentina de carne cayó. El stock ganadero se redujo en años anteriores y los productores atraviesan un ciclo de retención de vientres para recomponer los rodeos, luego de la fuerte sequía que complicó al sector en 2023. Eso contrajo la disponibilidad de animales para faena y redujo la producción por habitante de 70 kilogramos anuales a 55 kilogramos. En ese esquema, las exportaciones en volumen también retrocedieron: las 700.000 toneladas proyectadas para 2026 quedan lejos del millón de toneladas de 2022 y 2024. El volumen mensual promedio exportado en 2026 se ubica en 67.864 toneladas equivalente res con hueso, un 3,4% por debajo del promedio mensual de 2025, según el IPCVA.

Esa menor producción por habitante es la que abre la puerta a la importación. Costamagna describió el proceso: “Vamos a importar a USD 4 el kilo y exportar a USD 8, que es como hacen Estados Unidos y Uruguay”. El consultor anticipó que la Argentina adoptará progresivamente el modelo de Uruguay, que abastece parte de su mercado interno con carne importada mientras sostiene un flujo exportador de alto valor.

En este mercado, los principales proveedores serían Brasil, en menor medida Paraguay y una participación incluso más pequeña de Uruguay. Las importaciones ya crecieron de manera pronunciada en términos porcentuales, aunque en volumen absoluto todavía son marginales frente a las 180.000 toneladas mensuales que consume y produce el mercado local.

El escenario de precios internacionales elevados, que según Costamagna se extendería hasta 2033, es el factor que hace viable ese modelo de largo plazo.

Brasil proveerá

La situación que atraviesa Brasil calzaría con el escenario que proyectó Costamagna. El gigante sudamericano, principal exportador mundial de carne vacuna, enfrenta el agotamiento de su cuota anual en China — ya utilizó el 80% del cupo de 1.106.000 toneladas asignado para 2026, un 24% inferior al volumen ingresado en 2025— y una posible exclusión del mercado europeo por deficiencias en los controles sobre el uso de antimicrobianos en su ganadería, con fecha límite fijada para el 3 de septiembre.

Esa combinación de frentes adversos podría redirigir volumen brasileño hacia mercados alternativos, entre ellos la Argentina, a precios más bajos que los que rigen en los destinos de mayor valor. Los embarques brasileños a China cayeron de 158.400 toneladas en junio a 82.700 toneladas en julio, una reducción de casi el 50% en un mes.

Con una convocatoria récord, la Bolsa de Comercio de Rosario fue sede de una nueva edición del BCR Agtech Forum, un encuentro que se consolidó como uno de los principales espacios de vinculación del ecosistema de innovación agropecuaria. Bajo el lema “Conectar para transformar el futuro del agro” y en la antesala del Congreso Aapresid, la jornada reunió a más de 800 inscriptos, 40 startups y 23 representantes de fondos de inversión, productores y empresas.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la generación de vínculos concretos entre quienes desarrollan nuevas tecnologías y quienes pueden incorporarlas, financiarlas o potenciarlas. En ese marco, se concretaron 120 reuniones individuales destinadas a conectar proyectos tecnológicos con potenciales inversores, clientes y aliados estratégicos, en una dinámica orientada a generar oportunidades comerciales, financiamiento y nuevos proyectos conjuntos.

Durante la apertura, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, destacó el crecimiento sostenido del Foro y ratificó el compromiso de la institución con la innovación. “Año tras año estamos marcando un camino porque la concurrencia es cada vez mayor. Poder conectarnos alrededor de algo que es un bien para todos, como la innovación, es muy importante”, sostuvo. Además, anticipó que la BCR proyecta poner en funcionamiento durante el próximo año un hub de innovación en un espacio de su edificio institucional de calle Corrientes. “Estamos apostando a eso porque es uno de los caminos que, sin dudas, tenemos que transitar”, señaló.

También tuvo un rol destacado el presidente de Aapresid, Marcelo Torres, quien repasó el vínculo histórico entre ambas instituciones y puso el foco en el papel que tendrá la tecnología frente a los desafíos que enfrenta la producción agropecuaria. “En los años noventa no hablábamos de Agtech, pero sí de agronomía y de mercados. Hoy el agro atraviesa desafíos y buena parte de ellos se va a resolver con tecnología”, expresó. En ese sentido, definió a las Agtech como “la nueva siembra directa”, por su capacidad para modificar procesos y abrir paso a un nuevo paradigma productivo.

La agenda del BCR Agtech Forum abordó distintos aspectos vinculados con la transformación de la agroindustria. Entre los temas analizados estuvieron el financiamiento de la innovación en Argentina, los desafíos del liderazgo empresarial y la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas a diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria. También hubo una sesión de presentaciones de startups y desarrollos orientados a resolver problemas concretos de la producción.

La tecnología aplicada al campo ocupó otro de los bloques destacados, con especial atención al uso de drones en agricultura y ganadería. El programa también puso el foco en la biología digital y en la manera en que la inteligencia artificial está acelerando el desarrollo de nuevos bioproductos. De esta manera, el encuentro mostró un abanico de herramientas que van desde la digitalización y automatización de procesos hasta la biotecnología y el uso de datos para mejorar la eficiencia productiva, además de poner en valor el rol de los emprendedores que desarrollan nuevas soluciones y asumen riesgos para transformar la actividad agropecuaria.

La transformación del Estado, la competitividad del agro, las políticas públicas, la innovación tecnológica y la articulación regional, fueron algunos de los ejes del 34° Congreso AAPRESID, que se desarrolló en Rosario bajo el lema “Nuestro Suelo, Nuestra Voz”. En ese contexto, durante el panel titulado “¿Qué reglas de juego necesita el agro para ser más competitivo?”, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP), Sergio Iraeta, aseguró: “Yo fui víctima del sistema regulatorio y vi que eso se está desmalezando. La baja de retenciones, la perspectiva de que a futuro sigan bajando, y el compromiso del presidente y el ministro de Economía te dan la energía para seguir adelante con un trabajo que es complejo”.

En tanto, el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, quien también participó del encuentro explicó que el Gobierno trabaja en dos niveles de transformación: por un lado, el ordenamiento y revisión de las normas existentes y, por otro, modificaciones vinculadas con cuestiones estructurales como los costos logísticos y la carga impositiva.

“Identificamos las más relevantes para el día a día del productor y las estamos dividiendo por temáticas y revisando. Estamos eliminando lo que no sirve y poniendo el foco en el rol del Estado. El mes pasado derogamos 50 normas en Senasa, algunas están escritas como si el productor fuera un delincuente”, afirmó Fariña. En la misma línea, Iraeta sostuvo que los cambios implican un “cambio de visión” y remarcó que “hoy el Estado no va tener gente redactando resoluciones sino chequeando que ellas tengan sentido”.

En el panel, moderado por el economista Gustavo “Lacha” Lazzari, el titular de la SAGyP destacó que los productores perciben señales diferentes respecto de políticas aplicadas en el pasado: “Esta gestión no va a prohibir exportaciones de carne, no va a hacer un fideicomiso para estabilizar el precio del trigo y no va a poner precios máximos. Todo eso despeja el camino”. Y agregó que el objetivo es “hacer las cosas lo menos dañinas posible para el sector”.

En otro de los paneles que se desarrollaron durante el Congreso, el presidente de AAPRESID, Marcelo Torres, puso el foco en el nuevo escenario internacional y en las oportunidades que se abren para la Argentina como proveedor de alimentos y energía. “En un contexto global fragmentado y bajo un nuevo orden mundial, los países exportadores de alimentos y energía, tenemos más poder de negociación y nuevas oportunidades. En este contexto, no es buena idea seguir discutiendo en Argentina las mismas cosas de hace 50 años, ni con la misma estructura”, sostuvo. También reclamó una articulación público-privada de calidad y una política orientada a generar valor en la producción.

La innovación tecnológica y la cooperación regional ocuparon otro de los espacios destacados de la jornada, con la participación de los máximos referentes de los Institutos Nacionales de Investigación Agropecuaria de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Allí se planteó “¿Cómo escalar la innovación que el agro necesita?”, y hubo coincidencia en la necesidad de profundizar la cooperación a través del Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur (PROCISUR) y acelerar la transferencia de conocimiento hacia los productores.

Los representantes de los cinco organismos remarcaron que el desafío no es solamente producir conocimiento, sino lograr que las innovaciones lleguen al territorio y tengan impacto concreto. “Es bueno publicar papers pero es mucho mejor si desarrollamos tecnologías que tengan impacto y transformen la realidad de los productores”, afirmó el presidente de INIA Uruguay, Miguel Sierra. En tanto, la titular de Embrapa, Silvia Massruhá, destacó la importancia de medir los impactos ambientales y sociales de las tecnologías, mientras que el director nacional de INIA Chile, Carlos Furche, advirtió: “Ya no sirven investigaciones que demoren 10 o 15 años en obtener una innovación, porque el mundo camina mucho más rápido que eso, por lo tanto necesitamos que el proceso de investigación e innovación se acelere”.

Sierra, al referirse al potencial regional, sintetizó: “La región tiene un potencial enorme si compartimos de forma generosa y con propósito común, las capacidades científico técnicas, empresariales y de políticas que tenemos en la región que, en muchas cosas, son de avanzada en el mundo. Primero tenemos que creer que tenemos ese potencial y después debemos desafiarnos juntos para salir al mundo”.

Este jueves el Senado debatirá la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, un proyecto que buscaba realizar cuatro modificaciones clave en la regulación. Y, aunque el oficialismo retiró a último momento el capítulo que eliminaba los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, el debate se da en un contexto en el que un campo de primera calidad en la Argentina cuesta menos de la mitad que uno brasileño y un tercio que uno estadounidense, aún cuando su productividad es mayor.

Esa brecha aparece en los relevamientos de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) y la Compañía Argentina de Tierras: una hectárea equivalente vale USD 27.500 en Brasil y USD 42.000 en Estados Unidos, mientras que en la Argentina tiene un costo de USD 15.850 por hectárea. El contraste reavivó la discusión sobre el acceso a la tierra argentina justo cuando sus precios acumulan más de una década de estancamiento.

La sesión en la que se tratará la ley quedó prevista para este jueves a las 14, tras el cuarto intermedio del mes pasado. Según lo acordado, el resto del proyecto seguirá en debate con cambios sobre expropiaciones, terrenos afectados por incendios y procesos de titulación y desalojo.

Originalmente, la iniciativa buscaba reunir cuatro reformas. Además del punto sobre tierras rurales, proponía modificar la regulación para que las indemnizaciones por expropiación incorporen valor de mercado y lucro cesante, derogar restricciones de hoy impiden vender o cambiar el uso de terrenos alcanzados por incendios forestales o rurales, entre otras modificaciones.

La decisión de quitar el apartado sobre venta de campos a capitales extranjeros se tomó este miércoles después de una cumbre en el bloque de la UCR con Patricia Bullrich, jefa libertaria en la Cámara alta. El movimiento buscó salvar una sesión que llegaba con tensión política y dejó a Bullrich ante un nuevo revés.

El mercado rural argentino sigue por debajo de sus vecinos

Según los datos de CAIR, el pico histórico de precios en la Argentina se registró en 2011. Desde entonces, los valores cayeron de forma sostenida por los vaivenes económicos del país y llegaron a ubicarse entre 40% y 70% por debajo de tierras con igual capacidad productiva en otros mercados de la región.

En el último año, con cierta estabilidad macroeconómica, los precios subieron entre 10% y 15% frente al lustro anterior. Aun así, el rebote no alcanzó para recuperar el terreno perdido frente a Brasil, Estados Unidos y, en algunos segmentos, Uruguay.

El relevamiento distingue entre tierra agrícola de primera calidad y campos ganaderos. En ambos rubros, la Argentina aparece rezagada pese al reconocimiento internacional de la productividad de sus suelos.

En el segmento agrícola de primera calidad, Brasil cerró 2025 con un precio promedio de USD 27.500 por hectárea y Estados Unidos con USD 42.000, según el relevamiento de CAIR y CAT. En el rubro ganadero, las pasturas estadounidenses promediaron USD 4.740 por hectárea en 2025, con un crecimiento real compuesto de 1,8% anual en los últimos cinco años. En Uruguay, el precio promedio de los campos ganaderos marcó un récord de USD 3.967 por hectárea en 2024, un valor que multiplica por más de diez el mínimo de USD 386 registrado en 2002. La tierra argentina, en cambio, no logró replicar esa trayectoria: sus precios llevan más de una década sin recuperar los niveles de 2011.

El Triángulo de Oro concentra los valores más altos del país

Dentro de la Argentina, la zona de mayor cotización es el llamado Triángulo de Oro, formado por las localidades de Rojas, Salto y Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. Allí una hectárea se ubica entre USD 15.000 y USD 17.000, y los precios bajan a medida que se alejan de ese núcleo.

Otros polos de referencia son el centro y sur de Córdoba, los alrededores de Río Cuarto, el sudeste bonaerense, con Necochea, Mar del Plata y Tres Arroyos, y la zona de Venado Tuerto. En el otro extremo, la Patagonia, con Chubut y Santa Cruz, muestra valores de entre USD 200 y USD 450 por hectárea para campos ovinos y bovinos.

El cuadro regional de zonas ganaderas de la cámara también exhibe esa distancia interna. El nordeste de Buenos Aires, en el área de invernada de Capilla del Señor, cotiza entre USD 7.000 y USD 12.000 por hectárea, con una tendencia de fuerte recuperación.

Más abajo aparecen Corrientes Sur, con valores de USD 1.000 a USD 2.000; Chaco y Formosa, entre USD 700 y USD 1.400; y San Luis con el norte de Córdoba, entre USD 600 y USD 1.400. En Estados Unidos, el Corn Belt dedicado a pasturas va de USD 6.200 a USD 7.400 por hectárea, mientras que la región del Pacífico, con Oregon y Washington, llega a 9.900 dólares.

La actividad repunta, pero la incertidumbre todavía pesa sobre los precios

La inmobiliaria rural Tierra Fértil sostiene que la tierra argentina de primera calidad vale hoy lo mismo que en 2011. Referentes del sector consultados por Infobae atribuyen ese estancamiento a la incertidumbre económica y política: “Muchos prefieren esperar qué pasa después de las elecciones; hay desconfianza, miedo a nuevos impuestos o trabas”.

A pesar de ese freno en los valores de venta, la demanda sigue activa. De hecho, el Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural, elaborado por CAIR, cerró junio de 2026 en 47,73 puntos, 9,13 por debajo de mayo. Pese a esa caída, fue el segundo mes con mayor actividad del año.

La baja se explicó por una menor oferta de campos agrícolas y mixtos de alta calidad. El mismo índice señaló que los valores de la hacienda siguen generando un buen nivel de consultas sobre campos ganaderos y que la tendencia de largo plazo muestra una recuperación sostenida desde los mínimos de noviembre de 2023, coincidentes con las elecciones generales y el ballotage.

La actividad económica argentina registró en junio una leve caída del 0,1%, marcando el segundo mes consecutivo de retroceso, según el Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG), elaborado por las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe. A pesar de este comportamiento, el balance del primer semestre se mantuvo favorable, ya que el indicador cerró por encima del nivel observado en diciembre de 2025.

Entre los sectores que impulsaron la actividad se destacó el agro. Las labores agrícolas crecieron un 4,1% respecto de mayo y un 14,3% en comparación con junio del año pasado, impulsadas por la mayor producción de maíz y el avance de la cosecha de soja. Este desempeño volvió a posicionar al sector agropecuario como uno de los principales motores de la economía.

También mostraron señales de recuperación las ventas minoristas, que aumentaron un 0,5% mensual y acumularon tres meses consecutivos de crecimiento. Sin embargo, el consumo todavía se ubicó un 2,2% por debajo del registrado en junio de 2025. En paralelo, las importaciones totales de bienes crecieron un 0,8%, reflejando un mayor nivel de actividad en algunos segmentos de la economía.

En contraste, la industria manufacturera volvió a mostrar debilidad, con una caída mensual del 0,5%. La construcción registró el retroceso más pronunciado entre los principales indicadores, al descender un 3,6% respecto de mayo. A su vez, la recaudación del gobierno nacional cayó un 2,3% mensual y se ubicó un 4,9% por debajo de los niveles alcanzados en igual mes del año anterior.

En total, cuatro de los diez indicadores que integran el ICA-ARG registraron variaciones positivas durante junio, mientras que el resto mostró desempeños negativos. Esta heterogeneidad evidencia que la recuperación económica continúa siendo dispar entre los distintos sectores productivos y de servicios.

En la comparación interanual, el índice se ubicó un 0,5% por debajo del nivel registrado en junio de 2025. El informe concluye que, si bien el dinamismo del agro y la mejora gradual del consumo aportaron sostén a la actividad, todavía no lograron compensar plenamente las caídas observadas en la industria, la construcción y la recaudación, sectores que continúan condicionando el ritmo de recuperación de la economía.

El comercio exterior argentino quedó paralizado este lunes. La actividad portuaria amaneció sin actividad, y un buque destinado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) quedó detenido fuera del muelle sin poder ingresar. Todo ocurrió tras el cese de tareas por tiempo indeterminado de los prácticos, pilotos y baqueanos —los profesionales que guían a los barcos durante las maniobras de ingreso y salida en ríos, canales y puertos— de todo el país.

El reclamo, en rechazo al Decreto 690/2026 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger busca desregular el servicio de practicaje y pilotaje. Según fuentes vinculadas al sector consultadas por Infobae, el comercio exterior quedó “totalmente paralizado” por la decisión de los prácticos de no prestar servicios a ningún barco que ingrese, egrese o transite por puertos argentinos. “Toda la carga de granos, de combustible y otras mercaderías está detenida en los puertos. La situación se agravará hora tras hora”, advirtieron.

El impacto del cese de actividades no se limita al comercio exterior. La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones portuarias de todas sus empresas asociadas se encuentran interrumpidas por la indisponibilidad de prácticos, lo que genera riesgo de dificultades en el abastecimiento de combustible. La medida afecta los muelles de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, a través de los cuales opera la distribución de nafta, gasoil y fuel oil a todo el país, y se extiende a Caleta Córdova, en Chubut, terminal desde la cual se traslada crudo hacia las distintas refinerías.

Según revelaron fuentes del sector a Infobae, no hay ningún buque tanque operando en este momento y son 12 los barcos que están frenados en los puertos a la espera de los servicios.

Según pudo saber este medio, representantes del Ministerio de Seguridad y de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia se comunicaron con las autoridades del sector para manifestar la intención de abrir una mesa de trabajo. Los prácticos respondieron con una condición: la suspensión o derogación del Decreto 690/2026 antes de cualquier negociación. “Para que exista un diálogo real y sincero, es imprescindible que ambas partes podamos sentarnos en igualdad de condiciones”, señalaron en un comunicado interno. La CADE, por su parte, indicó que trabaja con las autoridades para avanzar en una solución que permita restablecer el funcionamiento normal de los puertos.

La protesta frenó maniobras en Rosario y dejó un buque fondeado

La respuesta del sector fue inmediata apenas comenzó a regir la nueva normativa. Los profesionales alcanzados por la reforma resolvieron dejar de prestar servicios por tiempo indeterminado en un boicot destinado a impedir la aplicación del decreto.

Entre las operaciones suspendidas aparece una vinculada al buque de transporte pesado White Marlin, cuya participación resulta necesaria para tareas asociadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur, el oleoducto que construye un consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Tecpetrol, que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro desde Allen hasta Punta Colorada a lo largo de casi 600 kilómetros. La obra supera el 75% de avance y para mediados de 2027 se proyecta una capacidad de transporte en torno a los 390.000 barriles por día, lo que llevaría las exportaciones de energía de ese año por encima de los USD 18.500 millones.

Según fuentes con conocimiento del tema consultadas por este medio, la embarcación permaneció fondeada fuera del puerto al no contar con un práctico para ingresar, lo que demoró el inicio de trabajos previstos para el tendido de infraestructura submarina.

En respuesta, la Prefectura Naval Argentina (PNA) comenzó a distribuir intimaciones individuales a los profesionales habilitados para que retomen de inmediato la prestación. El argumento oficial es que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación y que su interrupción puede derivar en denuncias penales y sumarios administrativos.

El Centro de Navegación (CNAV), la cámara que agrupa a las agencias marítimas responsables del movimiento de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino, formalizó su alarma ante la ANPYN y la PNA mediante una nota firmada por su presidente, Julio Delfino, a la que accedió Infobae. Según el documento, al momento de su presentación se registraban al menos 140 buques pendientes de confirmación del servicio de practicaje y pilotaje, una cifra que, advirtió la entidad, crecerá con el correr de las horas por la incorporación de embarcaciones pautadas para ingresar y salir de la Vía Navegable Troncal.

El CNAV alertó además que varias operaciones ya programadas en puertos argentinos fueron redireccionadas al puerto de Montevideo y a puertos del sur de Brasil, con pérdida de transbordos que habían sido repatriados al país tras años de gestión público-privada. Los puertos de La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca figuran entre los afectados.

La entidad advirtió sobre “pérdidas millonarias en divisas” por incumplimiento de contratos, lucro cesante y extracostos para toda la cadena logística, con riesgo de que plantas productivas agoten su capacidad de almacenamiento. La situación, señaló el CNAV, daña también la reputación del país como destino confiable para la actividad marítimo-portuaria.

Fuentes del sector sostienen que los prácticos justifican la medida en que el decreto pone en riesgo la seguridad de la navegación. Esas mismas voces señalan que ninguna otra área del Estado impulsó hasta ahora una instancia de negociación y reclaman una mesa de diálogo entre el Gobierno, los prácticos, los usuarios y las agencias marítimas.

El Gobierno asegura que la reforma busca bajar costos

El decreto firmado por Milei y Sturzenegger forma parte de la estrategia oficial para reducir el llamado “costo argentino” mediante la eliminación de regulaciones que, según la visión del Ejecutivo, restringen la competencia y encarecen la actividad económica. La norma reemplaza un régimen vigente desde 1991.

La nueva reglamentación crea un registro abierto de prácticos habilitados administrado por la PNA, permite que los usuarios contraten libremente a los prestadores, elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales y dispone que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) fije tarifas máximas. También obliga a publicar los precios para favorecer la competencia.

El esquema elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos profesionales y amplía los casos en los que determinados buques quedan exceptuados de contratar el servicio obligatorio. La reforma incorpora mecanismos para garantizar la continuidad de la actividad en situaciones excepcionales.

“La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, sostuvo Sturzenegger al anunciar los cambios. El ministro afirmó que el sistema anterior había levantado barreras de ingreso para nuevos prestadores, con lo que redujo la competencia y elevó los costos logísticos del comercio exterior.

Cayó el ingreso de divisas del agro en julio

La paralización portuaria se produce el mismo día en que se conocieron los datos de liquidación de divisas del sector agroindustrial. Según informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, las empresas del sector liquidaron USD 2.918 millones en julio, un monto 3% inferior al de junio y 28% por debajo del mismo mes de 2025. En el acumulado del año, el sector lleva USD 16.297 millones, un descenso del 16% frente al mismo período del año anterior.

Las entidades atribuyeron la caída interanual a un efecto de base: en julio de 2025 había vencido el Decreto 38/2025, que establecía una reducción temporal de retenciones y había impulsado ventas al exterior y registración de contratos por encima del promedio histórico para ese mes, con liquidaciones que rozaron los USD 7.000 millones en septiembre de ese año. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyecta una liquidación total de USD 34.897 millones para 2026, estimación que ya incorpora un recorte de alrededor de 1.200 millones respecto de la proyección de mayo. Milei ratificó hace dos semanas, en el discurso de apertura de la Sociedad Rural Argentina, que el cronograma de reducción de retenciones sigue en pie y que serán la minería y la energía los sectores que habilitarán ese alivio fiscal.

Las exportaciones argentinas apuntan este año a los USD 100.000 millones, un umbral que el país nunca alcanzó, con hidrocarburos, minería y agroindustria como motores del salto. Doce provincias registraron incrementos de ventas al exterior de entre el 14% y el 110% desde enero.

El superávit comercial acumula USD 13.923 millones hasta julio. Y, aun así, de las 24 provincias del país, solo tres muestran un aumento en el número de asalariados privados formales: Neuquén, Río Negro y San Juan —las mismas que concentran buena parte de la producción de hidrocarburos y minerales metálicos—. Esa es la paradoja que define la economía argentina de 2026: un boom exportador que genera divisas, pero no empleo.

Un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) cataloga esta paradoja como "crecimiento desbalanceado“ y se refiere a una expansión apoyada en sectores de alto valor exportador y baja intensidad laboral, que coexiste con el estancamiento de las ramas que concentran la mayor parte del empleo del país.

Tres sectores rezagados frente al dinamismo de la energía y los recursos naturales explican el 34% del empleo total del país (Ieral)

Según el análisis de Ieral sobre datos del EMAE, la actividad del comercio creció a una tasa anualizada del 3,3% en el primer semestre, la de la industria al 2,6% y la del transporte y las comunicaciones al 1,9% -crecimientos que, además, no se tradujeron en nuevos puestos de trabajo-. Esos tres sectores, rezagados frente al dinamismo de la energía y los recursos naturales, explican el 34% del empleo total del país.

El límite de los recursos naturales

Por caso, los sectores que lideran el crecimiento -hidrocarburos, minería metalífera y agroindustria- tienen en común una característica puntual, y es que generan mucho valor por trabajador, pero pocos puestos de trabajo por dólar exportado. El agro emplea a 324.300 trabajadores registrados, el 5,2% del empleo privado formal. La minería, a menos de 90.000. Juntos, dos de los tres pilares del boom exportador concentran menos del 7% del total de asalariados privados del país, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) publicados por la Secretaría de Trabajo en junio.

El empleo minero refleja este problema. El rubro metalífero -oro, plata, cobre- sumó 13.026 puestos en marzo, con un crecimiento interanual del 6,6%. Pero esa expansión se posa sobre un universo acotado: de las 59 empresas del sector, apenas 12 concentran el 82% del empleo, con una nómina promedio de 891 trabajadores cada una. El 90% de los montos comprometidos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) todavía no pasó del anuncio al desembolso, lo que significa que el empleo minero actual no es producto de la nueva inversión, sino de un núcleo reducido de operaciones consolidadas, varias de ellas en fase de cierre o extensión de vida útil.

El sector energético, por su parte, proyecta un salto mayor, pero también en el futuro. YPF prevé que el desarrollo de Vaca Muerta generará hasta 90.000 puestos de trabajo para 2029, entre directos, indirectos y los vinculados a obras de infraestructura.

El presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, estimó una demanda de alrededor de 40.000 trabajadores adicionales en el núcleo oil & gas en los próximos cuatro años.

Esos números son relevantes, pero no resuelven el problema del presente: hoy, la cuenca neuquina emplea a poco más de 30.000 trabajadores directos en el sector de hidrocarburos, una cifra que contrasta con los miles de millones de dólares que Vaca Muerta ya aporta al superávit comercial.

El riesgo del crecimiento sin empleo

El caso de Chile ofrece un antecedente que los economistas argentinos miran con atención. El cobre representa en promedio el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) chileno y llegó a superar el 56% de las exportaciones totales durante el boom de 2010-2011. Sin embargo, el empleo directo en minería nunca superó el 3% del empleo total del país.

La cuenca neuquina emplea a poco más de 30.000 trabajadores directos en el sector de hidrocarburos, una cifra que contrasta con los miles de millones de dólares que Vaca Muerta ya aporta al superávit comercial.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) documentó que los efectos del precio del cobre sobre el empleo nacional son marginales, y que el sector funciona como un “enclave” con su propia fuerza laboral concentrada en regiones del norte.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en un análisis de 2017, encontró que los derrames de la minería hacia la manufactura y la construcción existen, pero son modestos. La Argentina enfrenta una pregunta similar: ¿cuánto de la riqueza que genera Vaca Muerta, la franja cuprífera de San Juan y La Rioja, o la soja del centro del país, se traduce en empleo fuera de esos enclaves?

La apertura comercial, explicó, debilitará a sectores industriales concentrados en el Gran Buenos Aires mientras otras actividades ligadas a los recursos naturales ganan participación (Arriazu)

Ricardo Arriazu, uno de los economistas más escuchados por el presidente Javier Milei, se refirió a esa pregunta esta semana durante el Webinar de BlackTORO. La apertura comercial, explicó, debilitará a sectores industriales concentrados en el Gran Buenos Aires mientras otras actividades ligadas a los recursos naturales ganan participación.

El problema, advirtió Arriazu, es que ese desplazamiento productivo no arrastra personas. “La gente no se mueve”, dijo, y agregó que “tarda mucho en moverse, lo cual te plantea un desafío”.

Para Arriazu, esa inercia demográfica es el corazón del problema: “Esto va a generar bolsones de descontento, bolsones de desempleo y de pobreza, justo en la zona políticamente más intensa”.

La apuesta a la infraestructura

Desde el arranque del gobierno de Milei, el sector agropecuario y pesquero fue uno de los pocos que sumó trabajadores: 28.059 puestos registrados entre noviembre de 2023 y abril de 2026, un alza del 8,3% en su plantel. Pero ese número equivale a menos del 10% del empleo perdido en otras ramas de actividad en el mismo período. El empleo privado registrado total cayó un 3,46%, con 341.396 puestos menos, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El informe de Ieral apunta a una salida posible, aunque no inmediata. Los sectores en expansión -con alto sesgo exportador y limitada propensión a importar- empiezan a justificar inversiones en infraestructura largamente postergadas.

El Índice Construya registró un crecimiento del 6,3% desde diciembre, y el sector construcción mostró un alza anualizada del 25,3% en el primer semestre, la más alta entre todas las ramas. Ese sector participa con el 9% del empleo total y tiene mayor capacidad de derrame territorial que la minería o los hidrocarburos.

Empresas con inversiones activas en Vaca Muerta ya convocan a 800 proveedores locales

Empresas con inversiones activas en Vaca Muerta ya convocan a 800 proveedores locales. El gas natural a industrias en Argentina cuesta un tercio de lo que vale en Francia o Alemania, y la mitad que en Brasil o China, una ventaja competitiva que empieza a atraer industrias de fertilizantes y químicos. La pregunta que queda abierta es si esos efectos multiplicadores llegarán a tiempo para aliviar la presión sobre el mercado laboral en las regiones que el boom exportador todavía no alcanza.

Las empresas del sector agropecuario liquidaron USD 2.918 millones en julio, un monto 3% inferior al registrado en junio. En relación a igual mes de 2025, la baja alcanzó el 28%. De esta manera, el acumulado del año ascendió a USD 16.297 millones, cifra que representa una caída del 16% frente al mismo período de 2025.

Según informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, la comparación interanual está condicionada por un efecto de base.

En julio de 2025 finalizó la vigencia del Decreto 38/2025, que había establecido una reducción temporal de las retenciones. Esa situación particular sobre los derechos de exportación impulsó un volumen de ventas al exterior y de registración de contratos de exportación superior al promedio histórico para ese mes.

En cambio, 2026 presenta el perfil de una campaña agrícola normal, sin la incidencia de esquemas transitorios que alteren el ritmo habitual de comercialización.

Cabe mencionar que, de acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el agro proyecta una liquidación de USD 34.897 millones en 2026. La estimación representa un recorte de alrededor de USD 1.200 millones respecto de la proyección realizada en mayo, como consecuencia de la caída prevista en los precios internacionales de exportación.

En los primeros siete meses del año, las exportaciones de los principales granos y sus derivados industriales alcanzaron un récord de 69 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento interanual del 11,3% y supera el máximo previo de 65 millones de toneladas, registrado en 2022.

El desempeño responde a una demanda externa que continúa absorbiendo granos en niveles históricamente elevados. Entre los cultivos se destacan el trigo, con exportaciones por 11,7 millones de toneladas, un 70% por encima del promedio de los últimos años, y el girasol, cuyos envíos totalizaron 5 millones de toneladas, más del doble de su nivel habitual.

Sin embargo, pese a que el volumen exportado marcó un récord histórico, el crecimiento de las ventas externas todavía quedó por debajo del incremento de la producción.

En comparación con 2022, cuando se había alcanzado el anterior máximo de exportaciones, los despachos al exterior aumentaron un 6,15%, mientras que la producción avanzó un 26% respecto de ese mismo año. Esta diferencia refleja que una mayor oferta no se tradujo en un aumento proporcional de las exportaciones.

Por otra parte, el Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR), elaborado por la BCR, registró un aumento desestacionalizado del 3% mensual en junio. Con ese resultado, superó el máximo alcanzado en febrero y se ubicó en el nivel más alto desde el inicio de la serie.

El desempeño estuvo impulsado por una mejora generalizada de los indicadores: nueve de las doce variables que integran el índice mostraron avances respecto de mayo, mientras que las tres restantes retrocedieron. El principal aporte provino de las labores agrícolas, que crecieron 4,1% mensual, en un período marcado por la cosecha de los cultivos gruesos y el avance de la siembra de la nueva campaña de trigo y cebada.

La industria molinera también exhibió una evolución favorable. La molienda de soja aumentó 2% frente a mayo y el crushing de girasol avanzó 0,6%. En tanto, entre los cereales, el procesamiento de trigo registró un incremento del 0,7%, mientras que el de cebada subió 1,3% durante junio.

En la comparación interanual, el IACA-BCR se ubicó 10,9% por encima de junio de 2025. El crecimiento fue generalizado: diez de las doce series que integran el indicador registraron mejoras respecto del mismo mes del año pasado, impulsadas por el desempeño de la producción primaria, la agroindustria y las exportaciones.

El mayor aporte provino del IACA-Cultivos, que avanzó 14,3% interanual en el marco de una campaña agrícola 2025/26 récord. El ciclo se destacó por una producción histórica de trigo y maíz, la mayor cosecha de girasol del siglo y el volumen de soja más alto desde la campaña 2018/19.

En tanto, el IACA-Agroindustria mostró una mejora del 1,5% frente a junio de 2025, impulsado principalmente por la actividad molinera. La molienda de cebada creció 22,3% interanual, el procesamiento de girasol avanzó 14,6%, el crushing de soja aumentó 5,2% y la molienda de trigo se incrementó 0,8%.

También sobresalió la faena porcina, con una suba del 11,5%, mientras que la producción de leche y de biocombustibles registró leves aumentos.

Estos avances compensaron las caídas observadas en la faena bovina y aviar, los únicos dos componentes del índice que retrocedieron en la comparación interanual.

Por último, el IACA-Agroexportación creció 12,6% respecto de junio de 2025 y acumuló doce meses consecutivos de expansión interanual. El resultado respondió tanto al aumento de los volúmenes exportados como a la mejora en su valor, con un aporte destacado de los complejos de girasol, cebada, lácteos y soja.

Aunque se mantiene levemente por encima del nivel de diciembre de 2025, el Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) que elabora el Centro de Investigaciones sobre el Ciclo Económico tuvo una disminución del 0,1% en junio.

Así, aunque el saldo del primer semestre del año dio positivo, teniendo en cuenta que el pico previo había sido en febrero del año pasado, el nivel de actividad económica medido por ese indicador es inferior al que registraba en febrero de 2025.

Si bien no hay una definición técnica precisa sobre el concepto de recesión (el NBER, una institución privada de EEUU, la identificó como dos trimestres consecutivos de retroceso interanual del nivel de actividad, pero no es una definición oficial) lo cierto es que según el ICA-ARG la actividad económica fue en junio inferior a lo que era 16 meses antes. Las zonas en gris más oscuro que registran esos períodos en el gráfico de abajo permitirían identificarla como la novena recesión ocurrida en los últimos 32 años y medio.

La primera recesión desde 1994 se inició en octubre de ese año y, empalmada con el “efecto Tequila” de diciembre de ese año, se prolongó hasta septiembre de 1995.

Por extensión, la más larga fue la iniciada en agosto de 1998: se prolongó hasta agosto de 2002, exactamente cuatro años, extensión que en el siglo XX soportaron muy pocas economías nacionales. Al cabo de la misma el ingreso por habitante de la Argentina había caído cerca del 20%, un empobrecimiento con muy pocos antecedentes en economías no afectadas por desastres naturales o conflictos bélicos.

La segunda recesión más extendida fue la que se inició en diciembre de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, y que si bien a fines de 2019 y principios de 2020 tuvo un leve amago de salida, se hundió en un desplome del nivel de actividad marcado por el inicio de la pandemia de Covid y la extensa cuarentena decidida por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner (CFK).

La tercera recesión más larga del arco histórico cubierto por la el Centro de Investigaciones sobre el Ciclo Económico que sostienen las Bolsas de Comercio de Rosario y de Santa Fe empezó en mayo de 2022 y duró hasta marzo de 2024, abarcando la política económica con que las gestiones de Martín Guzmán y Sergio Massa buscaron impulsar la actividad pero solo lograron avivar las llamas de la inflación, que cerró en 2024 al 211% anual.

La quinta recesión más extensa se inició en mayo de 2015, ocho meses antes del final del segundo mandato de CFK, y se extendió hasta agosto de 2016, bien entrado el primer año del gobierno macrista. Al igual que entonces, voces oficiales hablan ahora de “brotes verdes” y de “segundo semestre”, en referencia a una recuperación que si bien hizo algunos amagos en el primero, no logra afirmarse y muestra una “economía de dos velocidades”: crecimiento en sectores como actividad financiera, campo, minería y energía, y retrocesos en los demás, en particular en construcción, comercio e industria manufacturera.

Sectores y reflejos

El ICA-ARG incluye datos sectoriales y manifestaciones de esa configuración económica. De diez indicadores, en junio solo uno, Avance mensual de labores agrícolas, mostró una variación mensual claramente positiva (4,1%). Otras, como Importaciones totales de bienes (+0,8%), Ventas minoristas (+0,5) y Remuneración bruta total del sector privado formal (+0,01) crecieron muy tímidamente. Del lado opuesto, la Actividad de la construcción y la Recaudación total nacional mostraron retrocesos del 3,6 y 2,6% respectivamente, con lo que la variación total del nivel de actividad retrocedió un leve 0,06% respecto de mayo.

Las variaciones interanuales muestran en cambio un paisaje desolador: un solo sector (otra vez, Avance mensual de Labores Agrícolas) muestra un avance de dos dígitos (14,3%) y caen indicadores como el patentamiento de vehículos (-15,3%), la recaudación nacional total (-4,9%), la Actividad de la Construcción y las Ventas minoristas (-2,2% en ambos casos) y muestran retrocesos más leves las importaciones totales, el número de trabajadores privados formales y la remuneración bruta total de los mismos

El informe precisa que la buena producción de maíz y el sólido avance de la cosecha de soja promovieron el avance mensual de labores agrícolas con el que el agro siguió superando sus registros históricos. Hay allí un claro contraste con la producción industrial, que arrastra dos meses de merma, “con caídas o estancamiento en la mayoría de las ramas industriales”.

También la Construcción lleva dos meses de un retroceso que -subraya el informe- “recorta casi toda la recuperación que mostró en el inicio del 2026”. De modo similar, prosigue, “las importaciones totales de bienes continúan en un entorno de estancamiento desde mediados de 2025, alternando meses positivos y negativos”. De hecho, se marca, “en junio el ingreso de bienes desde el exterior creció un 0,8%, mientras que la comparación contra igual mes del año pasado evidencia una leve caída del 1,4 por ciento”. Además, en junio se observa un aumento puntual en las importaciones de Combustibles y Lubricantes y de Piezas y Accesorios para Bienes de Capital, “ambos desde niveles históricamente deprimidos”.

¿Brotes verdes?

Donde sí se observa un repunte en los últimos tres meses es en las ventas minoristas, con una variación mensual estimada para junio de 0,5%, aunque la variación interanual sigue en terreno negativo (- 2,2%), pero con algunos datos esperanzadores: “en las últimas mediciones se observan repuntes en las categorías relacionadas al consumo masivo –Ventas en Supermercados y en Autoservicios Mayoristas– que son las que se encuentran más relegadas con relación a su desempeño histórico”, dice el ICA-ARG. En cambio, los patentamientos de vehículos nuevos acumulan tres meses sin resultados positivos: aunque casi sin variación en junio (-0,02%), ese indicador acumula la mayor caída de los diez indicadores relevados, - 15,3% por debajo de los valores registrados en junio del año pasado.

Los datos fiscales reflejan el mix de datos y desempeños de sectores y factores, con una recaudación total del gobierno nacional que volvió a caer, un 2,3%,, en junio, “borrando la leve recuperación de los meses previos”. La tasa de cambio interanual también sigue en terreno negativo y se aceleró al -4,9% en la última medición.

El ICA-ARG destaca que en el número de asalariados privados registrados se estiman dos meses de pausa en la contracción, pero sin exhibir una recuperación visible, que a tasa de entrada al mercado laboral presenta dos meses de leve baja, luego de cinco consecutivos de recuperación, con una variación estimada para el sexto mes del año del -0,1%, pero con una suba del 6,4% en la comparación interanual, “que representa un incremento de 0,12 puntos porcentuales en la tasa (fue 1,95 en mayo de 2025 y 2,07 el último mes”, y estima un leve repunte (0,1%) en la remuneración bruta total del empleo privado formal, pero sin salir de un sendero de deterioro que en la evolución anual exhibe una caída del 1,5 por ciento.

A la hora de la “Síntesis y perspectivas”, el informe afirma que el ICA-ARG acumula un segundo mes de desempeño levemente negativo, luego de haber registrado tasas mensuales positivas entre diciembre y abril y que en junio sólo cuatro de los diez indicadores que lo conforman mostraron un desempeño positivo. En consonancia, concluye, “el Índice de Difusión de Series Coincidentes se ubica en torno al 40%, a pesar de haber recuperado 25 puntos porcentuales desde noviembre pasado”. Este nivel de difusión, explica, “pone de manifiesto la heterogeneidad sectorial que ha caracterizado a la economía nacional en el último tiempo, con dinámicas dispares entre las distintas ramas de actividad”.

Las exportaciones argentinas alcanzaron los USD 49.500 millones durante el primer semestre de 2026, el mayor registro histórico para ese período, con un crecimiento interanual del 24%. En este contexto, la agroindustria volvió a consolidarse como el principal generador de divisas del país, al explicar el 57,5% de los ingresos por ventas al exterior. Sin embargo, el semestre dejó una novedad de peso: el aceite crudo de petróleo desplazó a la harina de soja como el principal producto exportado de la Argentina.

Los datos surgen de un informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Córdoba, que indica que el desempeño exportador estuvo impulsado por todos los grandes rubros de la economía. Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) representaron el 32% de las ventas externas, seguidas por las Manufacturas de Origen Industrial (27,1%), los Productos Primarios (25,5%) y el sector de Combustibles y Energía (15,4%). Precisamente este último fue el que mostró el mayor crecimiento, con un aumento del 43% interanual y exportaciones por USD 7.600 millones, favorecido por mayores volúmenes y elevados precios internacionales.

Pese al avance del sector energético, el complejo agroindustrial mantuvo un rol protagónico. La suma de las Manufacturas de Origen Agropecuario y los Productos Primarios generó ingresos por USD 28.500 millones, consolidando al campo como la principal fuente de divisas del país. Las MOA crecieron un 15% respecto del primer semestre de 2025 y los Productos Primarios avanzaron un 24%, reflejando la recuperación productiva de varias cadenas agrícolas.

El trigo, uno de los grandes protagonistas

Entre los principales complejos exportadores, la soja continuó encabezando el ranking con ingresos por USD 8.333 millones, un 4% más que un año atrás, aunque su participación cayó al 18%, el menor nivel de los últimos tres años. El maíz aportó USD 4.205 millones, con un crecimiento del 6%, mientras que el trigo fue uno de los grandes protagonistas del semestre: gracias a la cosecha récord de la campaña 2025/26, sus exportaciones treparon 41% y alcanzaron los USD 2.409 millones.

En conjunto, los complejos sojero, maicero y triguero generaron USD 15.280 millones, equivalentes al 31% de las exportaciones totales. Si bien continúan siendo el núcleo del comercio exterior agroindustrial, su participación relativa disminuyó frente a años anteriores debido al mayor peso que ganaron otros sectores, especialmente el energético.

El informe también destaca un cambio histórico en la composición de las exportaciones argentinas. Por primera vez en muchos años, la harina de soja dejó de ser el principal producto exportado y fue superada por el aceite crudo de petróleo, que explicó el 9,5% de los ingresos totales. Detrás quedaron el maíz en grano y la propia harina de soja, ambos con una participación del 8,4%. Además, el petróleo consolidó su liderazgo durante los últimos meses del semestre, con una incidencia mensual de entre el 10% y el 12%.

Girasol, récord

Otro de los grandes ganadores fue el complejo girasol, impulsado por una cosecha récord. Las divisas generadas por este cultivo crecieron un 970% respecto del primer semestre del año anterior y alcanzaron los USD 568 millones. A su vez, las exportaciones de aceite de girasol aumentaron un 92%, hasta los USD 1.100 millones, mientras que el pellet de girasol incrementó sus ingresos un 29%, confirmando el excelente momento que atraviesa la cadena.

El trabajo también resalta el buen desempeño de otros productos agroindustriales, como el sorgo, la cebada y el aceite de maní, que registraron aumentos cercanos al 20% en el ingreso de divisas. En contraste, el maní confitería, el maní tostado y el garbanzo fueron las pocas excepciones que mostraron una caída en sus exportaciones durante el período analizado.

En cuanto a los destinos, China continuó siendo el principal comprador del poroto de soja y absorbió prácticamente la totalidad de las exportaciones de sorgo. India lideró las compras de aceite de soja y concentró el 62% de las importaciones de aceite de girasol argentino. En trigo, la diversificación de mercados marcó una diferencia respecto de campañas anteriores: Vietnam desplazó a Brasil como principal comprador del cereal, mientras que el maíz mantuvo una cartera de destinos más amplia, encabezada por Vietnam, Perú, Argelia y Egipto.

Para José Luis Daza, viceministro de Economía de Luis “Toto” Caputo, “ya están los brotes verdes”, aunque para verlos habría que mirar de cerca, muy de cerca.

Eso dijo el funcionario hace unos días en una entrevista, casi como una respuesta anticipada a quienes aseguran que la recuperación de la economía no está, no se ve y no se siente ni en el bolsillo de los argentinos ni en las cuentas bancarias de las empresas del país. La referencia botánica, que remite a declaraciones de los años macristas, llegó acompañada de una arenga: “Se están creando las bases, se están creando las empresitas, se están creando los empleos poco a poco, que todavía no se ven”, dijo Daza en radio Mitre.

¿Será?

La frase recuerda el “bienestar que no se nota” que en 2022 refirió un funcionario del equipo económico de Martín Guzmán y el “crecimiento invisible” que el 1 de marzo de 2018, al abrir el período de sesiones ordinarias del Congreso, mencionó el entonces presidente Mauricio Macri.

Hay algo concreto, en ese sentido: los números no parecen acompañar del todo. Apenas unos días antes de esa entrevista, el Indec había confirmado que la actividad económica cayó 0,5% mensual en mayo, la segunda baja consecutiva tras el retroceso de 1,5% de abril. La suba interanual fue de apenas 0,2%, con ocho de los quince sectores del Estimador mensual de actividad económica (EMAE) en verde: minería lideró con un alza de 15,7%, seguida por electricidad, gas y agua (8%) y el agro (4,6%). Del otro lado, pesca se desplomó 29,3% y también cayeron la industria (5,6%) y el comercio (4,3%).

Habrá que esperar unos días más para que estén los datos oficiales de junio, y por lo tanto de la primera mitad del año. Mientras tanto, las consultoras ya tienen medido ese mes y calculan julio, que acaba de terminar. Son informes que no auguran grandes remontadas –aunque en algunos casos sí subas semestrales– y están surcados por conceptos que siguen mostrando los diferentes ritmos con los que se mueve la economía local: subas asintomáticas, economía dual, vías que se bifurcan, el mentado serrucho. Formas de referirse a un crecimiento económico que no termina de despegar.

En ese contexto, el Gobierno insiste con que ya se siente la mejora y Daza oficia de abanderado de la “tendencia-ciclo”, una serie estadística que filtra la estacionalidad y los componentes irregulares. Una cuestión bastante técnica que se puso de moda en las últimas semanas.

Volatilidad por dos

Según el viceministro, la volatilidad de la serie mensual se duplicó largamente desde 2024: la desviación estándar pasó de 0,9 ese año a 2,2 en lo que va de 2026. Saltos de ±3% mensuales, explicó, implican que la economía caiga a un ritmo anualizado de 30% un mes y crezca 43% al siguiente, algo que —según su argumento— “no pasa en ninguna economía real”. Dice que, en procesos de estabilización y reforma como el que atraviesa el país, las estadísticas miden con rezago a una economía que ya cambió de comportamiento y de agentes.

Con ese criterio, sostuvo, la Argentina acumula 26 meses consecutivos de crecimiento, algo que no ocurría en los quince años previos, cuando la actividad chocó cuatro veces contra el mismo techo: en 2013, 2015, 2017 y 2022. Ese tope, remarcó, ya fue superado, y esta vez con superávit fiscal, sin emisión monetaria, con superávit externo y con el Banco Central comprando reservas. Básicamente, pide mirar los números de otra forma. De la forma correcta, según su opinión. El segundo “¿será?” de esta nota.

Otra vez: todo muy técnico. Las series estadísticas de producción tienen componentes que hacen que en algún mes se produzca más que en otro. La famosa estacionalidad. Por eso, en general, el Indec y los privados muestran series de datos desestacionalizadas para entender mejor qué pasó de un mes al otro y poder hacer comparaciones más allá de ese efecto calendario, cíclico y recurrente que se da porque, por ejemplo, los hoteles trabajan más en verano que en abril.

“La serie tendencia-ciclo es una transformación estadística que cambia todo el tiempo”, resumió Gonzalo Carrera, economista senior de la consultora Equilibra. “Es verdad que en el EMAE crece hace 26 meses en la serie, pero hace un par de meses esa misma serie mostraba estancamiento. Es algo en constante revisión. Crece sobre todo por el PBI primario (agro, minería, energía y pesca). El resto, PBI No Primario, que es el el 87% del producto, tiene una serie estancada desde febrero del año pasado, y en niveles similares a los del 2º trimestre de 2022. La mayoría de los sectores tienen un crecimiento muy magro en el último año, con minería y energía que explican que la tendencia ciclo se sostenga (el Indec no abre la serie por sectores) y comercio e industria como los más golpeados este último año. Además, con el freno de crédito, la intermediación financiera también dejó de crecer desde agosto del año pasado”, destacó Carrera.

El “motor apagado”

"Hay un motor que está a full y otro que está apagado“. Así definió Hernán Lacunza, el exministro de Economía de Mauricio Macri, un contexto en el que las variables financieras —inflación en baja, dólar planchado, riesgo país y tasas a la baja— conviven con una producción, un empleo y un consumo que todavía no arrancan.

Lacunza, que ahora aspira a una candidatura presidencial, según reveló la semana pasada, usó datos de su consultora Empiria sobre el ingreso disponible de los hogares para explicar por qué la desinflación no siempre se traduce en alivio.

Según esos números, casi un cuarto del ingreso familiar se destina hoy a servicios, alquileres y expensas —contra apenas 15% de hace algunos años— y otro 24% queda comprometido en cuotas de préstamos ya tomados. En la práctica, buena parte del salario queda comprometida antes de llegar al supermercado, lo que explicaría en parte el salto de la morosidad, otra luz roja de estos tiempos.

Esa ecuación conecta, además, con la geografía productiva del país. Mientras la minería, la energía y el agro —con apenas 250 mil empleos directos, según los cálculos que citó Lacunza— traccionan el crecimiento, la industria y la construcción, que entre las dos emplean a unos 8 millones de personas, siguen golpeadas. El economista advirtió que la demanda social ya no pasa por bajar la inflación, sino por conseguir trabajo, y que la tolerancia social ante esa espera tiene un límite.

El diagnóstico de los “dos motores” tiene, además, sustento estadístico. Equilibra calculó que, desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, el PBI creció 6,5% y alcanzó su pico histórico. Pero el promedio esconde una realidad mucho más fragmentada: los sectores “ganadores” mencionados traccionan ese número, mientras la industria (-13%), la construcción (-12%) y el comercio (-2%) cayeron, y el grueso de las actividades quedó estancado.

Lo más llamativo del trabajo de Equilibra no es la dualidad sectorial en sí —sobre eso ya hay consenso—, sino lo que encontraron al cruzar esos datos con el empleo. Entre finales de 2023 y la actualidad, la industria perdió unos 175.000 puestos y la construcción, otros 90.000. Ese empleo no migró hacia los sectores en expansión, que de hecho perdieron unos pocos puestos en el mismo período, sino hacia el cuentapropismo de baja productividad: Uber, Rappi, ferias y comercio informal explican buena parte de los más de 500.000 empleos nuevos en transporte, restaurantes y comercio.

La foto se repite en el mapa. Neuquén, motor de Vaca Muerta, y provincias con minería o intermediación financiera —San Juan, Río Negro, la Ciudad de Buenos Aires— crecen con fuerza. El resto del país, con la excepción del “eje cordillerano”, muestra caídas de actividad, empleo formal y cantidad de empresas. Para los autores del trabajo, la pregunta de fondo no es si la energía y la minería son un activo real para la Argentina —lo son, y lo serán más—, sino si su expansión debe convivir con la retracción del resto del aparato productivo.

Para junio, Equilibra anticipó una suba de apenas 1% interanual del EMAE y un nivel desestacionalizado estancado (0%), casi 2% por debajo del máximo de marzo. La consultora volvió a marcar la asimetría: la actividad no primaria (la que excluye agro, minería, energía y pesca) cayó 0,6% interanual, mientras los sectores primarios treparon 9%, de la mano de una mejor cosecha de maíz y un buen mes de pesca. Sin esos dos rubros, la suba de junio directamente no habría existido.

Locomotora y vagones

Si el trabajo de Equilibra pone números a la dualidad, el informe de Fundar titulado “Crecimiento asintomático” la lleva al terreno de la metáfora: “la economía crece en el promedio; todo lo demás va para el otro lado”, resume el documento.

El trabajo muestra que el PBI creció 2,3% en el primer trimestre del año, pero que casi todos los demás indicadores —inversión, consumo masivo, importaciones, empleo formal, salario real registrado, cantidad de empresas y recaudación real— cayeron en el mismo período. Del otro lado, treparon la informalidad laboral, el desempleo, la morosidad de las familias y la pobreza.

Además, la inversión acumula cuatro caídas trimestrales consecutivas y su participación en el PBI —14,3%— está en mínimos históricos, lejos del 25% que consideran necesario para un proceso de desarrollo sostenido. La cantidad de empresas cayó en 28.262 desde noviembre de 2023 —el 5,5% del total—, la peor performance en los primeros 29 meses de cualquier gobierno desde el regreso de la democracia. La informalidad laboral alcanzó un récord de 44,2% y el salario real registrado cae en ocho de los últimos nueve meses. La mora de las familias, según los datos que citan, trepó de 2,5% en octubre de 2024 a 12,7% en mayo de 2026, con cuatro de cada diez menores de 35 años en situación de préstamo irregular.

Fundar también comparó la relación histórica entre crecimiento y empleo formal: desde 1997, cada vez que el PBI creció por encima de determinado umbral, el empleo asalariado privado lo acompañó. En 2025, por primera vez en ese registro, ese vínculo se cortó.

La conclusión del informe no niega el potencial de la minería y la energía —calculan exportaciones netas de esos sectores por USD 75.000 millones hacia 2035—, pero advierte sobre dos errores posibles: creer que los recursos naturales alcanzan por sí solos para el desarrollo y que la renta que generan se traduce automáticamente mejoras. Y usa otra metáfora: la locomotora no está arrastrando los vagones. Compara el caso argentino con Noruega, Australia y Canadá, países que combinaron sus booms de recursos naturales con política industrial, proveedores locales y financiamiento público a la ciencia y la tecnología.

“Sin macro, todo se multiplica por cero. Pero con macro sola no alcanza. Los recursos naturales pueden ser un atajo en nuestro camino al desarrollo. Como todo atajo, es un camino arriesgado (y el nuestro ni siquiera es tan ancho). Si lo conducimos bien, por el ramal correcto, llegamos antes a la estación del desarrollo. Si lo conducimos mal, por el otro ramal, nos quedaremos entrampados en el subdesarrollo por mucho tiempo más”, dijo Fundar usando la figura de los dos ramales viales que se bifurcan (como la que ilustra este texto).

Desde Fundación Mediterránea,en tanto, destacaron otro punto: en medio de una actividad casi estancada, las exportaciones alcanzan el mayor protagonismo en la generación de ingreso de las últimas dos décadas.

“Nunca desde 2004 las exportaciones habían tenido un peso como el que tienen en la actualidad, y el dinamismo exportador es heterogéneo pero generalizado. Gran parte del crecimiento del PIB puede explicarse a partir del incremento de las exportaciones, de modo que su participación en el producto alcanza el 24,4% del PBI”, aseguraron desde Córdoba. Cuando muestran los sectores ganadores y perdedores, desestacionalizado en lo que va de la gestión Milei, reinan minería (27,5%), intermediación financiera (21,5%) y agro (18%) y sufren industria (-5,7%), construcción (-13,1%) y turismo de viajeros internacionales (-21,5%).

“Más allá de las fluctuaciones mensuales y de los factores estacionales, los datos disponibles muestran que la economía argentina crece, aunque a un ritmo moderado. Considerando los primeros cinco meses de 2026 —último dato oficial disponible— y utilizando mediciones desestacionalizadas, la actividad económica se ubica 1,8% por encima del mismo período de 2025. La tendencia-ciclo muestra un crecimiento mensual cercano al 0,2%, equivalente a un ritmo anualizado de alrededor del 2,4%”, describió Marcos Cohen Arazi, responsable de la sección Productiva del Ieral, el instituto de la Mediterránea.

“Luego de más de una década de estancamiento, lograr dos años consecutivos de crecimiento representa un cambio relevante” (Cohen Arazi)

“La situación es mucho más desafiante para algunos sectores específicos, pero luego de más de una década de estancamiento, con una sucesión de años de expansión y contracción, lograr dos años consecutivos de crecimiento representa un cambio relevante. En este contexto, es esperable que la heterogeneidad sectorial continúe durante lo que resta de 2026 e incluso en 2027. Para el resto del año, la actividad podría acelerar moderadamente y cerrar con un crecimiento del orden del 2,5% al 3%, con el principal impulso del sector exportador”, afirmó el analista.

Semestre positivo con matices

Más allá del debate metodológico, el primer semestre del año cerró en terreno positivo –o levemente positivo–, según coincidieron dos de los centros de estudios más consultados del mercado: Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF) y la propia Equilibra, como se mencionó. La coincidencia, sin embargo, no llegó hasta la magnitud del número.

El Índice General de Actividad de OJF midió una suba de 1,9% interanual en junio y una mejora de 0,4% mensual desestacionalizada, con un acumulado semestral de apenas 0,1 por ciento. Según la consultora, ya está “afianzada” la fase de cifras positivas, con todos los sectores en verde salvo la administración pública. Minas y Canteras lideró con 9,8% interanual, de la mano de los récords de Vaca Muerta, seguido por el agro con 7,4 por ciento. La construcción avanzó 3,5% y la intermediación financiera, 3,2%, mientras que la industria manufacturera mostró una suba interanual de apenas 1,4%, pero una caída acumulada de 2,2% en el semestre.

Caputo, en tanto, anticipó los “mejores 18 meses” de la mano de la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, un esquema que buscaría movilizar capital privado y generar empleo en uno de los sectores más golpeados desde 2023.

“Crece el empleo informal, un segmento que en promedio ofrece una calidad de trabajo inferior a la del sector registrado” (Fracchia)

Eduardo Fracchia, del IAE Business School, concuerda con el comportamiento dual. “Si el nivel de actividad genera preocupación, el empleo la genera todavía más, siendo el indicador que hoy encabeza el ranking de preocupaciones sociales. El sector privado muestra un claro descenso y la caída es aún mayor en el sector público nacional. Como contracara, crece el empleo informal, un segmento que en promedio ofrece una calidad de trabajo inferior a la del sector registrado. El poder adquisitivo tampoco ayuda”, destacó.

Las consultoras, matizan el optimismo oficial. LCG habló de una “dinámica de serrucho con tendencia a la baja” y dudó de que el impulso de los sectores en auge alcance para traccionar al resto del aparato productivo en el corto plazo. Desde 1816 remarcaron que sigue costando consolidar la recuperación de la actividad, con una contracción acumulada de 1,5% en los primeros cinco meses del año. Juan Manuel Franco, economista jefe de SBS, coincidió en que los sectores ganadores se imponen con comodidad sobre los perdedores, más intensivos en mano de obra. Desde FMyA se mostraron algo más optimistas y esperan un rebote de salarios, inversión y exportaciones hacia fin de año, aunque reconocieron que la economía “sigue estable y a dos velocidades”.

Las proyecciones de crecimiento para 2026 oscilan entre el 2% de Equilibra y LCG y el 3% de FMyA, con un arrastre estadístico hacia 2027 que ya quedó fijado en apenas 1 por ciento.

La discusión de fondo, en medio de estos números que a veces coinciden y a veces se contradicen, no es si la Argentina va a crecer este año: probablemente lo haga, aunque sea con la ayuda casi exclusiva de la cosecha, la minería y Vaca Muerta. La pregunta que queda flotando es si esa locomotora de recursos naturales va a alcanzar para arrastrar los vagones de la industria, la construcción, el comercio y, sobre todo, el empleo formal. O si la Argentina, una vez más, va a manejar un tren potente por el ramal equivocado.

La presión tributaria efectiva del estado nacional proyectada para 2026 se ubicaría en el nivel más bajo desde 2006, según un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Respecto de 2023, último año del gobierno anterior, la reducción equivale a 1,8 puntos porcentuales del PBI, un descenso del 8% que consolida uno de los objetivos centrales del programa económico de Javier Milei y del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La llegada a Buenos Aires de la titular del organismo, Kristalina Georgieva, prevista para este lunes 27 de julio, convierte ese número en el telón de fondo de una visita clave.

El informe, elaborado por el economista Nadín Argañaraz, director del Iaraf, toma como punto de partida la carga impositiva de 2023 y la contrasta con las estimaciones para el año en curso. El resultado es una presión tributaria total de 20,8% del PBI para 2026, frente al 22,6% de 2023. Seis tributos presentarían mermas de recaudación, dos permanecerían sin cambios y solo dos registrarían alzas.

Los derechos de exportación —las retenciones que el campo reclama eliminar— son el eje del análisis. La comparación directa entre 2023 y 2026 muestra una baja de 0,15 puntos porcentuales del PBI en ese rubro, pero esa lectura está distorsionada: 2023 fue un año de sequía severa que deprimió los volúmenes exportados y, con ellos, la recaudación por retenciones. Entonces, para dimensionar el cambio real, el Iaraf propone comparar 2026 con 2022, el año previo a la sequía.

Desde esa base, los impuestos al comercio exterior en conjunto retrocederían del 3,19% del PBI al 1,34%, esto es 1,85 puntos porcentuales menos. De esa baja, el 70% fue por la reducción de los derechos de exportación, un alivio de 1,34 puntos del PBI entre ambos años.

La eliminación del Impuesto PAIS fue otro factor de peso. Pasó de representar el 0,79% del PBI en 2023 a cero en 2026, porque fue eliminado. Junto con la baja en retenciones, explica la mayor parte de la contracción en la presión sobre el comercio exterior, que reduce a la mitad su participación dentro del sistema tributario total: del 13,1% en 2022 al 6,6% en 2026.

El estudio desagregó la baja total de recaudación entre 2022 y 2026. Los derechos de exportación liderarían el ranking con el 36% de la caída, seguidos por Ganancias (33%), el Impuesto PAIS (11%), Bienes Personales (7%), Impuestos Internos (6%), IVA (5%) y Derechos de importación y tasa estadística (2%). El impuesto al Cheque permanece prácticamente sin variaciones, mientras que otros dos tributos compensan parte de esa baja: el Impuesto a los Combustibles, con un aporte adicional de 0,37 puntos del PBI, y los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, con 0,19 puntos. La suma de ambos, 0,56 puntos del PBI, amortigua pero no revierte la tendencia descendente del conjunto.

La visita del FMI

La reducción de la carga fiscal y la eliminación del déficit son metas compartidas por el gobierno de Milei y el FMI, y forman parte del acuerdo de USD 20.000 millones suscripto en 2025. La visita de Georgieva programada para esta semana —que incluye reuniones con Milei, con el ministro de Economía Luis Caputo y con el titular del Banco Central, Santiago Bausili, además de una recorrida por Vaca Muerta— llega en un momento en que el gobierno reporta superávit primario, aunque analistas advierten sobre la sostenibilidad de ese resultado. La meta acordada con el FMI para 2026 es un superávit primario de 1,4% del PBI.

El debate sobre el futuro de las retenciones se agudizó este domingo en la apertura de la Exposición Rural de Palermo. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, reclamó que los derechos de exportación “dejen de existir, por ley y para siempre”, y recordó que desde 2002 el Estado recaudó unos USD 215.000 millones por ese concepto. Milei respondió con un esquema gradual: la quita definitiva de retenciones, afirmó, se financiará con el crecimiento de los sectores energético y minero. "Las retenciones son una aberración que nunca debió haber existido“, sostuvo el mandatario ante productores y dirigentes rurales.

El plan oficial ya tiene costos fiscales estimados: USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028. En soja, el principal cultivo de exportación del país, la alícuota descenderá un cuarto de punto porcentual por mes durante 2027, desde el 23,75% hasta el 21%, para luego bajar medio punto mensual a lo largo de 2028.

La cosecha 2025-2026, con una superficie sembrada récord de 40 millones de hectáreas y más de 164 millones de toneladas de granos proyectadas, muestra que el sector produce a plena capacidad. El análisis del Iaraf refleja que, aun en ese escenario, la carga tributaria sobre sus exportaciones sigue en proceso de reducción, aunque todavía lejos del punto cero que el campo reclama.

El campo argentino llegó al tradicional acto de apertura de la Exposición Rural de Palermo con el reclamo histórico intacto —la eliminación total de las retenciones— y se fue sin el anuncio que esperaba. Pero las principales entidades del sector celebraron el discurso del presidente Javier Milei con una valoración que excede lo tributario: el reconocimiento explícito al agro como motor de la economía y, sobre todo, la ratificación del equilibrio fiscal como condición innegociable antes de avanzar en cualquier quita impositiva.

El tono lo marcó Milei desde el arranque. “Ustedes son los que desde que Argentina es Argentina tiran para adelante el carro del país y por eso, sin duda, merecen ser llamados héroes", afirmó ante productores y dirigentes rurales en el predio de Palermo, en un acto que se realizó un domingo —en lugar del tradicional sábado— por cuestiones de agenda presidencial. El mandatario llegó pasadas las 11 acompañado por su hermana, Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

El discurso de casi 40 minutos no incluyó anuncios de nuevas bajas de derechos de exportación, algo que ya había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su visita al predio el jueves de la semana pasada. “Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular. En la medida que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando”, había dicho Caputo el jueves, en referencia al esquema escalonado de reducción de retenciones anunciado en mayo.

Ese plan prevé un costo fiscal de USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028, con bajas mensuales que alcanzan a todos los cultivos desde el año próximo. En soja -el principal producto de exportación argentino-, la alícuota descenderá un cuarto de punto porcentual por mes a lo largo de 2027, desde 23,75% hasta 21%, para luego bajar medio punto mensual durante 2028.

El argumento de la energía y la minería

El pasaje del discurso que más resonó en el sector fue la respuesta de Milei al reclamo del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien minutos antes había pedido que los derechos de exportación “dejen de existir, por ley y para siempre” y recordó que desde 2002 el Estado recaudó unos USD 215.000 millones por ese concepto. La respuesta presidencial fue una ecuación: el crecimiento de los sectores energético y minero financiará la eliminación definitiva de las retenciones.

“Las retenciones son una aberración que nunca debió haber existido. Entendemos que eliminarlas es una obsesión para nuestro Gobierno y hemos dado muchos avances en esa dirección. No le sirve a nadie que las eliminemos para sacar rédito político en las elecciones y después el modelo reviente, como ha pasado en otros gobiernos”, afirmó Milei. Y precisó: “El crecimiento de esos sectores, que antes no producían nada, es lo que financiará la quita de retenciones y el verdadero empoderamiento de un campo pujante en las próximas décadas”.

La lógica oficial es que la pérdida de recaudación que implica avanzar hacia la quita total de derechos de exportación pueda compensarse con los ingresos provenientes del despegue exportador del petróleo, el gas y la minería —sectores que hoy generan divisas crecientes y que, a diferencia del agro, no cargan con retenciones de la misma magnitud.

Pino y el equilibrio entre el reclamo y el reconocimiento

El discurso de Pino combinó la exigencia con el reconocimiento. El titular de la SRA enumeró los logros de la gestión Milei —reducción de la inflación, equilibrio fiscal, estabilidad cambiaria, baja del riesgo país— y cuantificó en unos USD 6.000 millones la suma que el campo no pagó en retenciones durante el mandato actual, dinero que, según dijo, se reinvirtió “en genética, pasturas, maquinaria y otros tipos de mejoras”. Pero la demanda de fondo no cedió: “Las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre”.

Sin embargo, Pino también apuntó contra los impuestos provinciales y las tasas municipales, en línea con el discurso económico oficial. Acusó a las provincias de crear “aduanas internas, prohibidas por la misma Constitución Nacional” mediante el cobro de gravámenes por el traslado de mercadería entre distritos, y reclamó el fin del “manejo arbitrario del impuesto a los ingresos brutos” y de las tasas viales “que no se traducen en obras”.

Sobre las limitaciones en materia de infraestructura, dijo que el atraso en caminos rurales, trenes, puertos y obras de prevención de inundaciones —mencionó en particular la cuenca del río Salado— forma parte del “famoso costo argentino” que daña la competitividad del sector. Milei respondió a ese punto con dos anuncios concretos: la privatización del Belgrano Cargas y la adjudicación de la hidrovía, presentados como herramientas para reducir los costos logísticos del agro.

Mismo rumbo, más velocidad

La recepción del discurso presidencial entre las principales entidades del sector fue positiva. Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC —la cámara de las empresas agroexportadoras que representa alrededor del 50% de las exportaciones argentinas—, destacó que Milei “ratificó el camino a través de las negociaciones de apertura de mercados y las nuevas inversiones portuarias y de industrialización de soja y girasol”. Para Idígoras, la adjudicación de la vía navegable troncal y la próxima licitación del Belgrano Cargas son “los motores de las exportaciones del país” y generarán “más producción, más empleo y más exportaciones”.

Desde Coninagro, su presidente Lucas Magnano valoró que Milei haya puesto el foco en la certidumbre y la hoja de ruta a largo plazo, algo que considera indispensable para un sector cuyas actividades “exceden los períodos presidenciales”. Magnano reconoció que el escenario ideal hubiera sido la quita total de retenciones, pero entendió los límites del Gobierno: “Ha dado hasta donde puede sin comprometer el equilibrio fiscal, que es una de las variables innegociables”, afirmó, y agregó que ese camino “me parece correcto”.

Esa última frase sintetiza el estado de ánimo del sector tras la Rural: el campo sigue sin las retenciones cero que reclama desde hace décadas, pero encuentra en el superávit fiscal —una conquista que el propio agro siempre exigió como condición de sustentabilidad macroeconómica— una razón para acompañar el ritmo gradual que propone el Gobierno. La cosecha 2025-2026, con una superficie sembrada récord de 40 millones de hectáreas y más de 164 millones de toneladas de granos, muestra que el sector produce a máxima capacidad incluso con “una mano atada a la espalda”, como dijo el propio Milei.

El primer semestre de 2026 dejó un dato sin antecedentes en el comercio exterior argentino: las exportaciones de bienes totalizaron USD 49.454 millones, un 24,4% más que en igual período del año anterior, con un superávit de USD 13.923 millones. Pero detrás del número récord hay una transformación más profunda que el volumen, y es el mapa de qué exporta Argentina y desde dónde lo hace. Este cambio más en los últimos dos años, que en la década y media anterior.

Neuquén, Catamarca, Jujuy, Salta y San Juan -provincias que hace 15 años aportaban una fracción marginal al total exportado- concentran hoy una porción creciente de las divisas que ingresan al país.

Según el Intercambio Comercial Argentino (ICA) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la región patagónica exportó USD 8.783 millones en el primer semestre de 2026, y el Noroeste argentino (NOA) sumó otros USD 3.203 millones. Juntas, más Cuyo con USD 2.517 millones, esas tres regiones aportaron casi USD 14.500 millones, el 29,3% del total nacional.

De esta forma, si se contrastan esos números con los datos de comercio exterior de 2010, cuando la soja y sus derivados explicaban más de dos tercios de las exportaciones, esas provincias eran casi invisibles en la estadística de ICA.

Provincias que hace 15 años aportaban una fracción marginal al total exportado- concentran hoy una porción creciente de las divisas que ingresan al país

La región pampeana, sin embargo, sigue siendo el principal aportante de dólares al país, con USD 32.698 millones en el semestre. Santa Fe sumó USD 9.237 millones -casi todo en manufacturas de origen agropecuario- y la provincia de Buenos Aires otros USD 15.748 millones. Pero su peso relativo se redujo. Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) y los productos primarios (PP) sumados representan hoy el 57,5% del total exportado. En el período 2016-2020, ese par rozaba el 70 por ciento.

La energía recuperó una participación que no tenía desde 2006

El rubro de mayor crecimiento en el semestre fue combustibles y energía (CyE), con una suba del 42,5% interanual y una participación del 15,4% sobre el total exportado.

El dato tiene una dimensión histórica: en el primer semestre de 2006, CyE representaba el 17,1% de las exportaciones. En los años siguientes el sector cayó sin pausa. De hecho, entre 2016 y 2020, cuando el país era importado neto de energía, ese rubro llegó a representar apenas 4% del total exportado.

En este escenario, Neuquén es el epicentro de ese regreso. Según el Indec, la provincia exportó USD 4.283 millones en el primer semestre, de los cuales USD 4.205 millones correspondieron a combustibles y energía. Es decir, casi la totalidad de su aporte al comercio exterior proviene de Vaca Muerta. Solo en junio, Neuquén exportó USD 819 millones.

El salto en el valor de CyE, no obstante, combina dos factores de distinto peso. Por un lado, por el conflicto en Medio Oriente, el precio del petróleo crudo subió 47,8% interanual en junio, lo que explica una parte sustancial del incremento en dólares.

El volumen exportado de CyE, en cambio, cayó 11,7% en ese mes. El crecimiento del semestre acumulado -donde las cantidades exportadas de CyE subieron 24,9%- muestra que la expansión productiva también existe, pero que el precio amplifica el resultado.

Minería: de sector marginal a uno de cada diez dólares exportados

Si la energía recuperó terreno perdido, la minería directamente reescribió su lugar en la economía exportadora argentina. En 2025, el sector cerró con ventas externas por USD 6.075 millones, equivalentes al 6,9% del total nacional y un 31% más que en 2024, según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

El salto de las exportaciones mineras se apoya en: oro, plata y litio

La proyección para 2026, elaborada por CAEM estima que el sector superará los USD 9.000 millones, lo que representaría más del 10% de las exportaciones totales del país -o, dicho de otra forma, USD 1 de cada USD 10 que Argentina vende al exterior-.

Ese salto se apoya en tres metales con dinámicas distintas. El oro exportó USD 4.094 millones en 2025, un 30% más que el año anterior, y la proyección para 2026 es de USD 5.129 millones (25 por ciento).

La plata sumó USD 785 millones en 2025 y podría llegar a USD 1.172 millones este año (aumenta 49%). En ambos casos, el crecimiento en valor no proviene de mayor extracción sino de precios internacionales en niveles máximos. “Si los precios regresaran a los niveles de 2022, ninguna mina de oro y plata podría sostener sus operaciones en Argentina a causa de los altos costos actuales”, advirtió Roberto Cacciola, presidente de la CAEM, durante una presentación ante el sector en mayo.

El litio tiene una lógica diferente. Las exportaciones del mineral pasaron de USD 911 millones en 2025 a una proyección de USD 2.559 millones para 2026, un salto del 181% que se explica tanto por precios más altos como por una expansión real de la producción: la CAEM estima que Argentina producirá 172.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) este año, 48% más que en 2025, por mayor utilización de capacidad instalada en Salar Olaroz, Mina Fénix y Cauchari-Olaroz. Ya en el primer cuatrimestre de 2026, las exportaciones de litio crecieron 137,8% interanual en valor, según datos del Ministerio de Economía.

El carbonato de litio ya figura entre los diez principales productos exportados por Argentina

El ICA de junio confirma que el carbonato de litio ya figura entre los diez principales productos exportados por Argentina. Y el mapa provincial del Indec muestra desde dónde sale:

• Jujuy exportó USD 941 millones en el semestre, con USD 549 millones en manufacturas de origen industrial -categoría que incluye el litio procesado-.
• Catamarca aportó USD 391 millones, de los cuales USD 371 millones corresponden al mismo rubro.
• Salta sumó USD 958 millones, con USD 503 millones en MOI minero.
• San Juan exportó USD 1.283 millones, con USD 1.151 millones en MOI -casi en su totalidad oro y plata de Veladero y otros yacimientos-.

Las provincias de Catamarca, Santa Cruz, San Juan, Jujuy y Salta concentran entre 44% y 93% de su actividad económica en la minería, según cifras de la CAEM.

El agro, ancla inamovible con menor peso relativo

La transformación de la canasta exportadora no desplazó al agro: lo relativizó. Las MOA lideraron el semestre con USD 15.819 millones y una participación del 32%, mientras los productos primarios sumaron USD 12.631 millones (25,5 por ciento).

El complejo sojero exportó USD 8.844 millones en el período, con la harina y pellets de soja y el aceite de soja en bruto entre los tres productos más vendidos al exterior. El maíz en grano ocupó el segundo lugar del ranking general, con USD 639 millones solo en junio.

La suma de MOA y PP -que durante años representó dos tercios del total exportado- hoy equivale al 57,5%. Esa reducción de diez puntos porcentuales no responde a una caída del agro, sino al crecimiento más acelerado de los otros sectores.

Santa Fe exportó USD 9.237 millones en el semestre, casi todo en MOA, y sigue siendo la segunda provincia exportadora del país. El complejo agroindustrial del Gran Rosario no retrocedió; el resto del país avanzó.

En ese escenario, Banco Macro presenta en la Expo Rural una propuesta integral para productores, empresas y visitantes. Desde su stand en el Pabellón Azul, especialistas de las áreas de Agro, Individuos y Pymes brindan asesoramiento sobre préstamos, inversiones, beneficios y productos disponibles para cada perfil.

El espacio permite que nuevos usuarios puedan convertirse en clientes de manera simple a través de un código QR. El proceso es completamente online y puede completarse en pocos minutos desde un teléfono celular.

Soluciones digitales para cada etapa de la producción

Uno de los principales ejes de la propuesta es Crédito Simple Agro, una herramienta diseñada para ampliar la calificación crediticia de los productores de forma digital. La gestión se realiza desde la App Macro y permite acceder de manera inmediata a nuevos límites de crédito.

“Trabajamos con un objetivo muy claro: poner al productor en el centro. Tenemos un equipo dedicado exclusivamente a entender sus necesidades y desarrollar productos, procesos y servicios que mejoren su experiencia. Buscamos hacerle la vida más fácil, con herramientas simples y soluciones que lo acompañen en cada etapa de su actividad”, explicó Federico Taffarell, gerente de Macro Agro.

Esta solución incluye líneas especiales para capital de trabajo y préstamos de largo plazo destinados a la compra de maquinaria agrícola, sin necesidad de asistir a una sucursal. De esta manera, un usuario puede resolver sus necesidades financieras con mayor rapidez y adaptar las herramientas a los tiempos de cada actividad.

Una plataforma que conecta a productores y proveedores

La entidad también impulsa Red Agro, un portal de gestión de créditos pensado para integrar a toda la cadena de valor. A través de esta plataforma, empresas comercializadoras de insumos, consignatarias de hacienda y otros actores del sector pueden ofrecer financiación mediante Banco Macro y recibir el pago al contado.

Desde la app de esta entidad, el productor puede completar la solicitud de un préstamo de forma online y realizar el pago a su proveedor de manera inmediata, con plazos acordes a su ciclo productivo. Todo el circuito se desarrolla de manera digital, lo que simplifica la operatoria para todas las partes involucradas.

Como parte de la evolución de la plataforma, Red Agro incorporó una funcionalidad que permite a las empresas adheridas consultar online la disponibilidad de crédito de un listado de clientes. Esta herramienta agiliza la gestión comercial y facilita tanto las acciones de cobranza como las oportunidades de negocio.

“Hoy un productor puede abrir una cuenta, solicitar un préstamo y obtener una calificación crediticia de forma completamente digital. Con la información de su campaña declarada en ARCA, el proceso puede resolverse en menos de un minuto y acceder a una línea de hasta 600.000 dólares. A eso se suma el trabajo de más de 120 oficiales agro en todo el país, preparados para brindar asesoramiento personalizado”, destacó Taffarell.

Presencia en todo el país con foco en el sector agropecuario

Durante la exposición, los especialistas de Macro Agro también ofrecen información sobre convenios con las principales marcas de insumos y maquinaria agrícola, líneas de inversión, operaciones con granos y alternativas de financiación con condiciones especiales.

Con la mayor red de sucursales entre los bancos privados del país y presencia en los principales corredores productivos y economías regionales, Banco Macro acerca soluciones integrales para acompañar el crecimiento del sector agropecuario.

Créditos, herramientas digitales, opciones de inversión y financiamiento para insumos forman parte de una propuesta orientada a facilitar el desarrollo de cada campaña y responder a las necesidades actuales de los productores.

Las exportaciones del sector agroindustrial totalizaron USD 26.978 millones en los primeros seis meses del año, lo que representa un incremento de USD 3.984 millones o 17,3% en comparación con el mismo período de 2025. Se trata de la consolidación de una tendencia positiva en los envíos al exterior.

Así surge del informe mensual de la Bolsa de Cereales y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que precisó que las exportaciones sumaron USD 4.939 millones en junio, con un aumento de USD 733 millones (+17,4%) en comparación con igual mes de 2025.

Por complejos exportadores, el mayor aporte al crecimiento del saldo exportador provino de los sectores de girasol (USD 2.073,2), carne y cuero vacuno (USD 2.480,6), y trigo (USD 2.443,7), que fueron los principales impulsores de la mejora registrada. En términos de expansión relativa durante el semestre, se destacaron los complejos porcino, con un incremento del 130%, seguido por el girasol (+128,5%), las legumbres (+118%) y el algodón (+85%).

En contraposición, algunos sectores moderaron la tendencia general al alza, entre ellos el avícola, cuyas exportaciones retrocedieron 38%, el arrocero (-21%) y el manisero (-3%).

En relación a la competitividad, el CAA resaltó por otro lado que el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) del Banco Central se mantuvo en el mismo nivel respecto al mes anterior, y se ubicó 2% por debajo del promedio de 2025.

Por su parte, según la última actualización mensual de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el agro proyecta una liquidación de USD 34.897 millones en 2026. La estimación implica un recorte de alrededor de USD 1.200 millones respecto de la proyección de mayo, debido a una baja en los precios de exportación previstos.

En el acumulado hasta junio, el sector liquidó un estimado de USD 15.768 millones, por debajo de los USD 18.303 millones registrados en igual período de 2025. La caída responde principalmente a dos factores asociados a los esquemas de derechos de exportación vigentes el año pasado.

Por un lado, la reducción temporaria de las retenciones durante el primer semestre de 2025 adelantó la comercialización y elevó la base de comparación. Por el otro, la eliminación transitoria de esos derechos en septiembre de ese año impulsó un adelantamiento de ingresos en ese mes, aunque redujo el flujo de liquidaciones en los meses posteriores, con impacto entre octubre y diciembre y también en los primeros meses de 2026.

No obstante, la BCR señaló que entre abril y mayo de este año esa situación se habría normalizado, reflejada en ocho meses consecutivos de reducción de la deuda comercial asociada a anticipos y prefinanciaciones de exportaciones.

Vale mencionar también que el Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR) registró un incremento mensual desestacionalizado del 1,4% en mayo (último dato disponible). De esta manera, el dato del último mes se posicionó apenas 0,2% por debajo del máximo registro histórico alcanzado en febrero.

El mayor impulso del índice general provino del avance mensual de labores agrícolas, que evidenció un crecimiento del 2,6%, ante el notable progreso en la cosecha de soja, luego de los retrasos observados en el mes previo. Esta situación se reflejó asimismo en la molienda de la oleaginosa, que creció un 2% respecto a abril, en tanto que se estima que la producción de biodiésel habría registrado un incremento del 1,6%.

En términos generales, las exportaciones argentinas de bienes alcanzaron los USD 49.454 millones en el primer semestre de 2026, lo que representó un crecimiento interanual del 24,4%, según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA).

Como resultado, el saldo comercial acumulado entre enero y junio fue superavitario en USD 13.923 millones, más de cinco veces superior a los USD 2.762 millones registrados en igual período de 2025. La balanza comercial también cerró junio con resultado positivo.

Durante el sexto mes del año, las ventas al exterior totalizaron USD 9.055 millones, con un incremento interanual del 24,5%, mientras que el intercambio comercial del mes ascendió a USD 15.916 millones, el nivel más alto desde agosto de 2022. En contraste, las importaciones acumuladas en el primer semestre sumaron USD 35.531 millones, un 3,9% menos que en el mismo período del año pasado.

La Mesa de Enlace y las principales cámaras de la industria frigorífica emitieron un documento conjunto en el que rechazaron cualquier modificación al esquema de financiamiento obligatorio del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

La carta, que cuenta con la firma de las entidades más importantes del campo argentino, llegó luego de que trascendiera un anteproyecto del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que propone convertir en voluntarios los aportes que hoy pagan productores y frigoríficos por cada animal que va a faena. En lo que va de 2026, el organismo recaudó más de $8.000 millones.

El organismo fue creado por la Ley 25.507, sancionada en 2002, meses después de la crisis de la aftosa que golpeó al sector durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

El escrito lleva las firmas de los presidentes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace —Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA)— junto a las de las principales cámaras del sector cárnico: el Consorcio de Exportadores de Carne (ABC), la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (Cadif), la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra) y la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica). El documento expresa el “firme respaldo al IPCVA” y ratifica “su rol fundamental como herramienta estratégica para el desarrollo y posicionamiento de la cadena bovina argentina”.

El anteproyecto en cuestión forma parte de la Ley de Desregulación que impulsa el ministro Federico Sturzenegger y aún no ingresó al Congreso. El artículo 37 del borrador establece “la finalización, a partir del 1° de octubre de 2027, de las contribuciones obligatorias con destino al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina” e instruye al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a “cesar la aplicación, percepción, retención y/o recaudación” de esos aportes. Desde la cartera de Sturzenegger no confirmaron el contenido del texto.

El tema sobrevoló un almuerzo celebrado ayer en el predio de la Exposición Rural de Palermo, al que asistieron el propio Sturzenegger, el canciller Pablo Quirno y dirigentes de la SRA.

El financiamiento actual del IPCVA se sustenta en aportes privados de productores y frigoríficos. Los primeros pagan el equivalente al 0,07% del valor índice de res vacuna en plaza de faena —hoy $1.185 por cabeza—, mientras que la industria abona un 0,03% de ese valor, es decir, $535 por animal. En la práctica, el costo equivale a unos 250 gramos de carne por bovino faenado, según graficaron las entidades en su documento.

Los firmantes sostienen que “es fundamental mantener el actual esquema de pago obligatorio para sostener el funcionamiento virtuoso del IPCVA, tal como sucede con los institutos de promoción de los principales países productores de carne del mundo, como Australia, Reino Unido, Estados Unidos o Uruguay“. Además, señalan que entre el 3% y el 5% del presupuesto anual del Instituto se destina al Senasa, y que su labor fue “clave para consolidar acuerdos comerciales, abrir nuevos mercados internacionales y posicionar la marca ‘Carne Argentina’ como un producto premium a nivel global”.

El presidente del IPCVA, Georges Breitschmitt, calificó la propuesta de aportes voluntarios como “algo que no es superador” y advirtió que implementarla sería “lo mismo que decir cerremos el Instituto”.

La propuesta de Sturzenegger

La controversia no es nueva. La Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), que estima aportar alrededor del 14% del total recaudado por el fondo, viene reclamando desde hace tiempo la eliminación de la obligatoriedad y le hizo llegar sus reparos a Sturzenegger en cartas formales. También algunas entidades del interior se mostraron disconformes con el esquema, y cuestionaron la aplicación concreta de los fondos. Esa presión interna del sector fue la que, según fuentes del sector, terminó por activar el análisis en el Ministerio de Desregulación.

El anteproyecto propone reemplazar el artículo 14 de la Ley 25.507 por un “Fondo de Promoción de Carne Vacuna Argentina” que se nutriría de contribuciones voluntarias, donaciones, herencias, legados, contraprestaciones por asistencia técnica y rentas propias del fondo. Las contribuciones obligatorias continuarían vigentes hasta el 30 de abril de 2027 bajo el régimen actual, y los importes recaudados con posterioridad a esa fecha deberían devolverse dentro de los 60 días, salvo que el aportante manifieste su voluntad de convertirlos en un aporte voluntario.

La eliminación de Coviar, el antecedente más cercano

El caso del IPCVA no es el primero en el que el Gobierno avanza sobre aportes sectoriales obligatorios. En mayo pasado, el Ministerio de Desregulación eliminó las contribuciones compulsivas que bodegas y productores pagaban a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) desde 2004. Sturzenegger calificó en ese momento ese esquema como una “aberración” y estimó que, entre 2004 y 2025, el sector había aportado USD 300 millones “para financiar resultados que nunca llegaron”. Esa medida dividió al sector vitivinícola: mientras cámaras como Bodegas de Argentina la celebraron, otros actores advirtieron sobre el vacío institucional que podría generar.

Las exportaciones argentinas sumaron USD 49.454 millones en el primer semestre del año, el máximo histórico para ese período, con un incremento interanual del 24,4%. Sin embargo, se observaron diferencias marcadas entre las distintas provincias y, pese al salto en las ventas del sector energético, Buenos Aires volvió a ser el principal motor.

La región Pampeana explicó el 66,1% del total exportado, con ventas por USD 32.698 millones. En segundo lugar se ubicó la Patagonia, con una participación del 17,8% (USD 8.783 millones), seguida por el NOA, que representó el 6,5% (USD 3.203 millones), y Cuyo, con el 5,1% (USD 2.517 millones).

Según un informe de Politikon Chaco, todas las regiones aumentaron sus exportaciones medidas en valores FOB, aunque la evolución fue dispar. El NOA encabezó el crecimiento interanual, con una expansión del 66,3%, impulsada por las manufacturas de origen industrial. Le siguió la Patagonia, con una variación positiva del 51,3%, traccionada por la energía y las manufacturas industriales.

En un segundo escalón figuran la región Pampeana, con un 15% más, favorecida por la energía y los productos primarios; el NEA, con una suba del 14%, apuntalada por las manufacturas de origen agropecuario; y Cuyo, con un 13,9% adicional, gracias al sector manufacturero.

Por jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires se mantuvo como el principal distrito exportador durante los primeros seis meses del año, con ventas al exterior por USD 15.748 millones, equivalentes al 31,8% del total.

En tanto, Santa Fe sumó exportaciones por USD 9.237 millones y la provincia de Córdoba completó el podio con USD 5.880 millones.

Por su parte, Neuquén, atravesada por el boom de Vaca Muerta, se posicionó en el cuarto lugar del ranking nacional, con ventas por USD 4.283 millones. Detrás se encuentran Santa Cruz (USD 2.150 millones), Chubut (USD 1.758 millones), San Juan (USD 1.283 millones) y Entre Ríos (USD 1.048 millones).

“En conjunto, dichas provincias concentraron el 84% de los envíos al exterior en el primer semestre”, destacó Politikon Chaco.

Salta, Jujuy, Mendoza y La Pampa registraron exportaciones por montos que oscilaron entre USD 500 y USD 999 millones. Tucumán, San Luis, Catamarca, Santiago del Estero, Río Negro, Tierra del Fuego, Misiones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes y Chaco alcanzaron valores de entre USD 100 y USD 499 millones. Finalmente, La Rioja y Formosa no llegaron a los USD 100 millones.

Alejandro Pegoraro, director de la consultora, dijo en relación a los resultados: “Buenos Aires concentra una parte significativa de la producción primaria de granos y cereales, y también tiene un peso relevante en las exportaciones industriales y de combustibles, especialmente por su polo petroquímico. Por ello, históricamente ha liderado el ranking”.

Respecto a la posibilidad de que Neuquén supere el desempeño bonaerense, afirmó: “En cinco o diez años podría tener una chance, pero será difícil, porque aun con un fuerte crecimiento de la energía, el agro seguirá acaparando gran parte del volumen exportador total, y en ese aspecto Buenos Aires saca ventaja”.

En cuanto a la variación interanual, Catamarca exhibió la mayor expansión, con un alza de 118,7%; seguida por Jujuy, con un incremento del 94,2%, y Santa Cruz, con una suba del 86,2%. En los tres casos, el avance estuvo impulsado principalmente por el dinamismo de las exportaciones de productos industriales.

Por el contrario, Formosa fue la única provincia que marcó una disminución en el valor exportado, con una caída del 3,5% en dólares.

En términos per cápita, las exportaciones de Santa Cruz ascendieron a USD 6.419 por habitante, el mayor nivel entre las provincias, seguidas por Neuquén (USD 6.093) y Chubut (USD 2.918).

Por debajo del umbral de USD 200 aparecen La Rioja (USD 192), Corrientes (USD 152), Chaco (USD 126), CABA (USD 62) y Formosa (USD 23).

Luego del dato de junio informado por el Indec, la consultora Abeceb proyecta que las exportaciones cierren el 2026 en torno a los USD 100.000 millones, con un superávit comercial de USD 21.000 millones o incluso aún mayor. Esta cifra duplica el saldo positivo del año pasado, que llegó a USD 11.320 millones.

El precio de la soja cerró este lunes con un aumento 1,5% y alcanzó los USD 450,48 en el mercado de Chicago. Se trata del valor más elevado desde mayo, antes de una caída que llevó la oleaginosa a mantenerse cercana a los USD 400 durante los últimos dos meses. La suba responde a factores climáticos, mayor demanda y más conflictividad internacional.

El avance en los precios se debe principalmente al clima seco en las principales zonas agrícolas de EEUU y al sostenido interés de China por adquirir soja estadounidense. A esto se sumó la escalada del conflicto en Medio Oriente, a partir de lo cual el precio del crudo se volvió a ubicar en torno a los USD 90. Ocurre que la evolución de la soja y el maíz suele estar relacionada con la del mercado petrolero, debido a su utilización en la elaboración de biocombustibles.

En este sentido, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) precisó en su reporte diario: “El cultivo se ve impulsado por la preocupación ante condiciones secas en el Medio Oeste de Estados Unidos, que incrementan el riesgo climático sobre los cultivos. Además, las nuevas compras chinas de poroto estadounidense refuerzan la tendencia alcista y consolidan una demanda firme”.

“La renovación de los enfrentamientos en Medio Oriente aporta apoyo adicional por su vínculo con el mercado energético, aunque la volatilidad del crudo limita avances más pronunciados”, agregó.

En tanto, desde Wise Capital destacaron: “A pesar de una fuerte reducción del 8,7% en el área sembrada, la campaña de soja 2025/26 cerró con excelentes noticias económicas gracias al repunte de las cotizaciones internacionales”.

Según un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el complejo generará exportaciones por USD 21.192 millones y un Producto Bruto de USD 19.106 millones. En este marco, la recaudación fiscal podría incrementarse un 28%, hasta alcanzar los USD 7.534 millones.

Lento avance de la venta

De todos modos, de acuerdo a Max Capital, el ritmo de venta viene lento. Solo el 28% de la cosecha fue vendido con precio definido, frente al 36% que marca el promedio histórico para esta altura de la campaña. Incluso al sumar las operaciones “a fijar”, el avance llega al 43%, todavía por debajo del 51% registrado, en promedio, para esta época.

Con el cierre de la cosecha de soja, el mercado enfrenta un escenario en el que resulta complejo estimular nuevas ventas por parte de los productores.

De cara a la próxima campaña, además, el calendario electoral aparece como un factor adicional de incertidumbre, lo que podría reforzar una actitud más prudente en las decisiones de comercialización.

Por otra parte, la producción total nacional de la oleaginosa llegó a 50,1 millones de toneladas, una cifra casi idéntica al ciclo previo pero un 19% superior al promedio de los últimos cinco años.

Esta estabilidad productiva fue posible porque el rendimiento promedio compensó la menor superficie y alcanzó un rinde de 31,3 quintales por hectárea.

“El clima acompañó tras superar un verano seco gracias a oportunas lluvias en febrero que salvaron el llenado de los granos”, remarcó Wise Capital.

A su vez, la molienda industrial proyecta procesar 43,5 millones de toneladas. De todos modos, la BCR había alertado que Argentina perdió el liderazgo mundial en esta capacidad entre los principales exportadores.

Luego de haber alcanzado en 2020 un techo teórico de poco más de 68 millones de toneladas (Mt) de capacidad potencial anual de procesamiento de soja, la expansión de la industria se detuvo e incluso registró una leve contracción.

En paralelo, los otros dos principales orígenes de soja del mercado mundial mantuvieron un ritmo sostenido de expansión industrial, en línea con una oferta local de soja abundante y creciente a lo largo del tiempo.

En este contexto, la capacidad de procesamiento de soja en EEUU y Brasil creció, en promedio, un 4,0% y un 1,9% anual, respectivamente, durante la última década.

Como resultado, a partir de 2024 Argentina pasó a ocupar el segundo lugar en capacidad instalada teórica de procesamiento de soja entre los tres principales países exportadores, tras ser superada por EEUU. Posteriormente, en 2025 retrocedió al tercer puesto al ser también superada por Brasil.

Asimismo, la BCR señaló que el mercado de commodities agrícolas, y la industria de soja en particular, están atravesando un cambio de paradigma en cuanto a los drivers de demanda que impulsan la expansión de la producción y la industrialización.

“Si entre finales de 1980 y mediados de la segunda década de este siglo la transformación de proteína vegetal en proteína animal, traccionada por el crecimiento en el consumo de carnes a nivel global con China a la cabeza, fue el principal factor que potenció el avance en la producción de granos, la promoción para la elaboración de biocombustibles está liderando el flujo de la demanda", indicó la entidad.

Las exportaciones argentinas de bienes acumularon USD 49.454 millones en el primer semestre de 2026, con un incremento interanual de 24,4% respecto al mismo período del año anterior, según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El saldo comercial del período fue positivo en USD 13.923 millones, más del quíntuple de los USD 2.762 millones registrados en igual lapso de 2025.

El resultado de junio también fue positivo. Solo durante el sexto mes del año, las exportaciones alcanzaron USD 9.055 millones —un alza de 24,5% interanual—, lo que elevó el intercambio comercial total del mes a USD 15.916 millones, el mayor nivel desde agosto de 2022. En tanto, las importaciones del período enero-junio sumaron USD 35.531 millones, con una caída de 3,9% frente al mismo lapso del año previo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los datos en su cuenta de X: “Las exportaciones fueron récord histórico en junio y también en el primer semestre del año”. El funcionario subrayó que tres de los cuatro grandes rubros de exportación —combustibles y energía, manufacturas de origen industrial y productos primarios— alcanzaron en el semestre el mayor valor de toda la serie histórica.

Combustibles, industria y agro, los tres motores del alza

El motor del crecimiento exportador en el semestre fueron los combustibles y la energía (CyE), que avanzaron 42,5% interanual hasta acumular USD 7.619 millones. El impulso provino principalmente del petróleo crudo: los despachos de aceites crudos de petróleo crecieron 47,7% en el período, con ingresos por USD 4.693 millones. En junio, el rubro anotó una suba de 31,1%, con precios que escalaron 47,8% respecto al mismo mes de 2025, catapultados por el conflicto armado en Medio Oriente. En este contexto, la balanza energética del primer semestre acumuló un saldo positivo de USD 5.076 millones, frente a los USD 3.139 millones del mismo período del año anterior.

Las manufacturas de origen industrial (MOI) avanzaron 27,5% en el acumulado semestral, con ventas por USD 13.385 millones. Los subrubros que más traccionaron en junio fueron productos químicos y conexos, y metales comunes y sus manufacturas. Las cantidades exportadas crecieron 8,3% y los precios, 17,8%, lo que reflejó una mejora simultánea en volumen y valor.

Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) sumaron USD 15.819 millones en el semestre —el rubro con mayor participación, con 32% del total exportado— y registraron una suba de 15,1% interanual. En junio, el avance fue de 31,6%, impulsado por grasas y aceites, residuos y desperdicios de la industria alimentaria, y carnes y sus preparados. Los tres productos líderes de exportación en el acumulado fueron los aceites crudos de petróleo (9,5% del total), el maíz en grano (8,4%) y la harina y pellets de extracción del aceite de soja (8,4%).

Los productos primarios (PP) crecieron 24,4% en el semestre, con USD 12.631 millones, aunque en junio el avance fue más moderado: 3,6% interanual. El subrubro que más aportó en el mes fue minerales metalíferos, escorias y cenizas, con USD 64 millones adicionales.

En este escenario, el alza en los precios de exportación —9% en el semestre— superó al incremento de los precios de importación, que fue de 6,1%, lo que generó una ganancia en los términos del intercambio de USD 1.232 millones. El índice de cantidades exportadas creció 14,2%, con los productos primarios y los combustibles como principales motores de volumen: 27,1% y 24,9%, respectivamente.

Respecto al destino de las exportaciones argentinas, Brasil fue el principal destino en el semestre, con 12,6% del total, seguido por China y Estados Unidos, con 9,9% y 9,8% respectivamente. Del lado de las importaciones, China encabezó el origen de las compras con 22,5%, seguida por Brasil con 21,5 por ciento.

La escasez de divisas ha sido una característica histórica de la economía argentina, causa de los recurrentes ciclos de Stop & Go (parar y arrancar), en que una etapa de crecimiento se frenaba por falta de dólares, forzaba un ajuste de niveles de actividad, consumo, empleo y demanda de dólares, hasta que estos volvían a alcanzar para impulsar un nuevo tirón de crecimiento, que duraba hasta que reaparecía la escasez de combustible cambiario y se iniciaba un nuevo giro.

En buena medida, esos ciclos estuvieron asociados a la estacionalidad de las exportaciones del campo y la agroindustria, muy concentrada en el segundo trimestre. Esta vez, sin embargo, el aporte de Vaca Muerta y de la minería, cuyas exportaciones siguen un recorrido anual más parejo, además de las reservas en silobolsas, permitirían no solo un récord histórico de liquidación anual de divisas sino también evitar la estacionalidad e incluso revertirla.

Así lo sugiere un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) que consolidó la liquidación de divisas de agro, minería y energía y proyectó un récord de USD 57.168 millones para el año, superior al máximo histórico de la serie, de USD 57.622 millones en 2022 (tributo de la invasión rusa de Ucrania, que llevó a niveles estratosféricos los precios de los granos, justo cuando se iniciaba el período dorado de exportación del campo y la agroindustria locales) y se ubicaría casi USD 7.000 millones por sobre los USD 50.381 millones liquidados en 2025.

Consolidación

“La consolidación de estos tres complejos permite dimensionar la magnitud del ingreso de divisas comerciales del país y, sobre todo, capturar un cambio de composición que se viene gestando en los últimos años: el peso creciente de la energía de la mano del desarrollo de Vaca Muerta y del salto exportador de ese sector; y de la minería, que complementan y estabilizan un flujo históricamente dominado por el agro y su marcada estacionalidad”, dice el estudio, realizado por Julio Calzada, Guido D’Angelo y Tomás Rodríguez Zurro.

Con todo, la principal novedad está en las perspectivas para el segundo semestre del año, para el cual proyectan una liquidación de US$ 29.793 millones, superior a los USD 27.375 millones del primer semestre, un patrón que parece “romper la estacionalidad histórica del mercado de cambios”, destacan los autores.

Tradicionalmente, explican, el ingreso de divisas se concentra en la primera mitad del año, al calor de la cosecha gruesa, y se enfría en el último tramo del año. Ahora, en cambio, siguen, “la incorporación estructural de la energía y la minería, flujos menos dependientes del calendario agrícola y en expansión, estaría modificando ese comportamiento: el segundo semestre ya no muestra el enfriamiento típico e incluso superaría al primero”. De hecho, el perfil mensual proyectado para 2026, a diferencia de los últimos años y de 2025, se sostiene por encima del promedio y no exhibe el desplome estacional del último trimestre, cuando el aporte del agro se reduce sensiblemente.

Agro

La liquidación anual de divisas del agro se proyecta en USD 34.897 millones, un recorte de unos USD 1.200 millones respecto de la estimación de mayo, debido menores precios de exportación proyectados.

En el acumulado hasta junio, el agro liquidó un estimado de US$ 15.768 millones, por debajo de los USD 18.303 millones del mismo período de 2025, algo que respondió a los esquemas de derechos de exportación (retenciones) aplicados en 2025, en que hubo una reducción temporaria que hizo adelantar la comercialización y elevó la base de comparación. Además, hubo una eliminación temporaria de retenciones en septiembre (cuando el gobierno estaba contra las cuerdas, debido a la victoria electoral del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires) que adelantó ingresos ese mes pero deprimió el de los subsiguientes, incluso hasta los primeros meses de 2026. “Entre abril y mayo de 2026 esta situación se habría normalizado, con ocho meses consecutivos de disminución de la deuda comercial por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones”, dice el trabajo.

Minería

En 2025 las exportaciones del sector alcanzaron USD 6.075 millones, aumentando por cinco años consecutivos. Este año mostraría un nuevo récord, con exportaciones por USD 9.000 millones, con lo cual la minería pasaría de explicar cerca del 7% a más del 10% de las exportaciones totales de la Argentina, salto que se explica por la mejora de precios del oro y la plata y un crecimiento de volúmenes y precios del complejo litio.

De hecho, precisa el estudio, ya en el primer cuatrimestre del año la minería registró ingresos de comercio exterior por USD 2.927 millones, un asombroso 88% más que en igual período de 2025. “Con importaciones mínimas en relación con sus ventas externas, la minería se consolida como aportante neto de divisas, con un flujo estable a lo largo del año que espera apuntalar la liquidación del segundo semestre”, dice el trabajo.

Energía

La otra gran protagonista, sostenida en la formación Vaca Muerta, con epicentro en Neuquén, que ya explica un 70% de la producción de crudo, proyecta un crecimiento del 16% en la producción de petróleo, a un nuevo récord histórico, superando finalmente el que se había alcanzado en 1998. Los autores precisan que la balanza energética marcó en la primera mitad de 2026 el mayor superávit de la historia argentina para un primer semestre, superando los USD 6.987 millones, un crecimiento del 87% interanual.

“Las exportaciones de combustibles y energía habrían crecido un 52%, hasta más de US$ 8.118 millones, mientras las importaciones tocan mínimos de 20 años. Además, más del 70% del crecimiento exportador se explica por mayores cantidades, más que por la suba de precios derivada del conflicto en Medio Oriente”, dice un pasaje.

Las perpsectivas son aún mejores. “Hacia adelante -concluyen los autores- las ventas de combustibles y energía podrían superar los USD 14.400 millones en 2026, llevando la balanza energética a un récord por encima de los USD 12.000 millones. La puesta en marcha del oleoducto VMOS hacia fin de año, con una evacuación adicional de 190.000 barriles diarios, apuntala un flujo de divisas creciente y menos estacional, clave en la fortaleza proyectada para el segundo semestre y el año que viene”.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, participó del tradicional corte de cintas de la 138° Exposición Rural, el principal encuentro del sector agropecuario, y prometió continuar bajando los derechos de exportación, más conocidos como retenciones.

La edición de este año se desarrolla bajo el lema “El campo nos une” y permanecerá abierta hasta el próximo domingo 26 de julio, jornada en la que está prevista la presencia del presidente Javier Milei, quien brindará el discurso de cierre y se espera que venga “con buenas noticias”.

Durante la inauguración, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, sostuvo que el agro no será el único motor del crecimiento económico y destacó el surgimiento de otras actividades con potencial para impulsar al país.

“Veo gente de otras actividades como la minería, la energía y la economía del conocimiento. Todos esos vamos a ser los brazos que van a traccionar a esta Argentina tan pujante y tan vigorosa”, expresó.

En relación a la presencia del jefe de Estado, Pino había contado que la relación con el Gobierno se sostiene a través de un diálogo constante, principalmente con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y que la demanda prioritaria es la eliminación de las retenciones, un reclamo histórico que consideran indispensable para el desarrollo de la actividad.

No obstante, Pino señaló que actualmente la agenda se amplió e incluye problemáticas como la infraestructura y el acceso al financiamiento. En su análisis, la falta de caminos y soluciones logísticas adecuadas dificulta el traslado de la producción y limita la capacidad de crecimiento. Además, advirtió que el “costo argentino” continúa incrementándose y afecta la competitividad del agro.

En su discurso, Santilli repasó medidas implementadas para el sector agropecuario y destacó la reducción de la carga tributaria. “Este año vamos a terminar bajando dos puntos los derechos de exportación para el trigo y la cebada y vamos a cerrar con una presión fiscal equivalente al 26,7% del PBI, cuando veníamos de 32,6%”, afirmó. Consideró que el Gobierno “va por el camino correcto“ y dijo que en el gobierno hay convencimiento de que ”la Argentina se ha puesto en marcha”, agregó.

Vale recordar que a partir de junio las retenciones al trigo y la cebada bajaron del 7,5% al 5,5%. Desde 2027, la rebaja de retenciones se extenderá a otros cultivos (maíz, girasol, sorgo) y a la soja, que disminuirá entre 0,25% y 0,5% mensual, partiendo del 24% actual y llegando al 21% al finalizar 2027. En 2028, la reducción mensual será de medio punto porcentual para todos los productos alcanzados por la medida, siguiendo el cronograma oficial.

El funcionario remarcó el rol que tiene el sector agroindustrial en el país y su importancia: “Son los que saben lo que es competir, lo que es producir. Nosotros sabemos que merecen que se les saque la pata de la cabeza, y eso es lo que viene haciendo el Presidente desde el día uno que asumió”.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dijo: “Durante mucho tiempo se intentó instalar una dicotomía entre ciudad y campo que es falsa porque lo que nos une es la gente”.

En ese sentido, señaló que el 70% de las empresas agroindustriales tienen sede en la Ciudad de Buenos Aires y destacó que, dentro del Parque de la Innovación, dos de cada tres emprendimientos están vinculados con la agrotecnología o la industria agroalimentaria.

La ExpoRural congregará productores, empresarios, técnicos, profesionales y familias, con más de 400 stands comerciales que incluyen laboratorios, empresas de agroinsumos, maquinaria agrícola, automotrices, entidades financieras, centros de genética, provincias y talabarterías, junto a más de 4.500 expositores de animales y 2.000 ejemplares en exhibición.

Las dificultades para recuperar la rentabilidad siguen siendo una constante en buena parte de las economías regionales. Aunque algunos sectores muestran señales de mejora, el aumento de los costos, la debilidad de los precios al productor y un desempeño dispar de la producción y los mercados mantienen bajo presión a varias cadenas agropecuarias

Durante mayo, el Semáforo de Economías Regionales elaborado por Coninagro registró 4 actividades en verde, 7 en amarillo y 8 en rojo.

El indicador de la entidad agropecuaria analiza tres componentes: negocio, producción y mercado. El primero evalúa la evolución de los precios y los costos, tanto en términos mensuales como interanuales. El segundo mide el área o el stock, según corresponda a cada actividad, además de la producción. El tercero releva la evolución de las exportaciones, las importaciones y el consumo interno.

Entre las actividades en rojo se encuentra la yerba mate, arroz, vino y mosto, hortalizas y algodón, maní, leche y mandioca. En la mayoría de estos casos, el problema principal estuvo en que los precios que reciben los productores se mantuvieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación a la vez que aumentaron los costos operativos. “Esto termina deteriorando la rentabilidad y dificulta la recuperación”, señaló Coninagro.

Las actividades que figuran en verde fueron bovinos, ovinos, granos y miel. En estos sectores predominó un escenario favorable para el negocio, con precios que crecieron por encima de la inflación. La excepción fue granos, donde preocupa el fuerte aumento de los fertilizantes nitrogenados y del gasoil. A esto se sumó un desempeño positivo tanto en los mercados como en los indicadores productivos.

En tanto, las actividades que permanecieron en amarillo fueron forestal, tabaco, cítricos dulces, peras y manzanas, aves, porcinos y papa. Estos sectores mostraron un panorama más heterogéneo: los precios no lograron seguir el ritmo de la inflación, la demanda se mantuvo estable o con escaso dinamismo y los costos continuaron elevados. “La combinación derivó en períodos de recuperación prolongados y en dificultades para consolidar mejoras sostenidas”, explicó el informe.

En el detalle de las actividades “en rojo” se observa, por mencionar algunas, que en la yerba mate el componente de negocio mostró un deterioro. La tonelada de hoja verde se pagó al productor alrededor de $240.000, lo que implicó una caída real del 20% en la comparación interanual.

En el plano productivo, el área cultivada se mantuvo estable en 231.000 hectáreas. En los últimos doce meses, la producción alcanzó las 847.000 toneladas, con una baja del 3% respecto del período anterior.

En cuanto al mercado, el consumo interno se mantuvo en torno a los 6 kilos por habitante al año. En el frente externo, las exportaciones generaron ingresos por USD 127 millones, un 11% más que un año atrás, mientras que las importaciones totalizaron USD 20,5 millones, con una caída del 7%.

Por su parte, el negocio vitivinícola continuó bajo presión. En mayo, el precio promedio pagado al productor fue de $273 por litro, lo que representó una caída interanual del 23%.

Desde el punto de vista productivo, la superficie destinada a la vitivinicultura se ubicó en 196.000 hectáreas, un 2% menos que en el período previo. A su vez, la vendimia 2026 alcanzó una producción de 18,4 millones de toneladas, lo que significó una caída del 7% frente a la campaña anterior.

En el mercado, el consumo interno proyectado para 2026 se ubicó en 14,5 litros por habitante al año, un 10% menos que en 2025 (16,1 litros). En el comercio exterior, las exportaciones sumaron USD 951 millones, con una baja interanual del 4%, mientras que las importaciones alcanzaron los USD 42,3 millones, un 44% por encima del período anterior.

Respecto al maní, el componente de negocio mostró estabilidad en términos mensuales. En mayo, la tonelada se pagó al productor USD 650, equivalentes a $907.600, sin cambios respecto del mes previo. En la comparación interanual, el precio registró un incremento del 31%, desde los $693.000 de mayo de 2025.

En materia productiva, para la campaña 2025/26 se proyectó una superficie sembrada de 381.000 hectáreas, un 27% inferior a la de la campaña anterior. La producción estimada se ubicó en 1,3 millones de toneladas, con una caída del 31%.

En cuanto al mercado, el consumo interno se estimó en 2 kilos por habitante al año. En los últimos doce meses, las exportaciones generaron USD 1.395 millones, un 6% menos que en el período previo, mientras que las importaciones alcanzaron apenas USD 840.000, con una caída del 51%.

En la actividad lechera, el componente de negocio mostró una mejora mensual, aunque perdió frente a la inflación en la comparación interanual. En mayo, el litro de leche al productor se pagó $509, con una suba del 2,1% respecto de abril. Sin embargo, el aumento interanual fue de apenas el 9%, por debajo de la inflación del período (33,2%).

En el aspecto productivo, el stock bovino destinado a tambos se mantuvo estable en torno a los 3 millones de cabezas. Al mismo tiempo, la producción de leche alcanzó los 11.868 millones de litros en los últimos doce meses, lo que representó un incremento del 8% frente al período previo.

En el mercado, el consumo interno permaneció estable en 197 litros por habitante al año. En tanto, las exportaciones totalizaron USD 1.990 millones en los últimos doce meses, con un crecimiento del 24%, mientras que las importaciones ascendieron a USD 27,5 millones, un 19% más que un año antes.

En el algodón, el componente de negocio mostró una mejora. En mayo, el productor recibió en promedio $1.956 por kilogramo, un 14% más que en abril. En la comparación interanual, el precio aumentó 45%, por encima de la inflación del 33,2% registrada en el mismo período.

En el plano productivo, para la campaña 2025/26 se proyectó una fuerte reducción de la superficie sembrada, que alcanzaría las 390.000 hectáreas, un 43% menos que en la campaña anterior. A su vez, la producción se estimó en 750.000 toneladas, lo que implicó una caída interanual del 29%.

En cuanto al mercado, el complejo algodonero exportó USD 169 millones en los últimos doce meses, un 3% más que en el período previo. En sentido contrario, las importaciones crecieron 8%, al pasar de USD 83 millones a USD 89 millones.

En el caso del arroz, el componente de negocio mostró una mejora mensual. En mayo, el productor recibió $280.000 por tonelada, un 12% más que en abril. Sin embargo, en la comparación interanual el incremento fue del 22%, por debajo de la inflación.

En materia productiva, las primeras proyecciones para la campaña 2025/26 estimaron una superficie sembrada de 200.000 hectáreas, un 13% inferior a la de la campaña anterior (230.000 hectáreas). En tanto, la producción se ubicaría en 1,4 millones de toneladas, unas 200.000 toneladas menos que en la campaña 2024/25, lo que representó una caída interanual del 13%.

En el frente comercial, las exportaciones de arroz alcanzaron los USD 433 millones en los últimos doce meses, con un crecimiento del 9% respecto del período previo. Por su parte, las importaciones sumaron USD 2,2 millones, lo que representó una caída del 55%.

El Parlamento Europeo le dio una buena noticia al agro argentino: finalmente rechazó los cambios que la Comisión Europea había propuesto para el Reglamento 807 y frenó, al menos por ahora, una norma que hubiera impedido al biodiésel de soja argentino ingresar al mercado europeo como energía renovable. De hecho, la decisión preserva un negocio de alrededor de USD 350 millones anuales para el país.

Se trata de una regulación que el agro local seguía intensamente desde principios de año, justo cuando se concretó la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Ahora, luego de esta novedad, la Argentina podrá seguir exportando al principal —y prácticamente único— mercado de ese producto.

“Ahora la CE deberá reescribir el reglamento y seguir los lineamientos del Parlamento que coinciden con la postura de Ciara. Es una gran noticia. Una exitosa gestión público privada de Argentina“, resaltó en un comunicado el presidente de la cámara que engloba a aceiteras y grandes agroexportadores (Ciara-CEC), Gustavo Idigoras. Así, señaló: “La Argentina podrá seguir exportando biodiésel de soja a la UE y se trabajará con la CE en una redacción del reglamento que reconozca la situación del área sembrada de soja y sus criterios de sustentabilidad”.

La relevancia de esa definición se explica por la dependencia casi total del mercado europeo. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), entre 2018 y 2025 la Unión Europea (UE) absorbió en promedio el 97% de las exportaciones argentinas de biodiésel, y el año pasado concentró el 100% de esos envíos, con ingresos por USD 322 millones. A su vez, en sus mejores registros, durante 2022 y 2023, aportó unos USD 1500 millones y USD 1800 millones, respectivamente.

La soja evitó una clasificación que podía dejar al biodiésel fuera del mercado europeo

La norma cuestionada había sido puesta en consulta pública por la Comisión Europea y proponía revisar qué materias primas debían ser consideradas de alto riesgo por el llamado cambio indirecto en el uso del suelo, conocido como iLUC. Ese criterio parte de la idea de que una mayor demanda global de cultivos para producir energía puede empujar de manera indirecta la expansión de la frontera agrícola en otras regiones, con efectos sobre bosques y ecosistemas naturales, lo que derivaría en deforestación.

Dentro de ese esquema, la soja había quedado incluida entre los cultivos de “alto riesgo”. Si esa regla avanzaba en los términos del borrador, hacia 2030 el biodiésel argentino, elaborado mayormente a partir de soja, no habría podido ingresar al mercado europeo dentro de los objetivos de energías renovables del bloque.

La consecuencia práctica era directa: el producto local quedaba fuera del sistema. Para la agroindustria argentina, la votación del Parlamento despejó ese escenario y permitió que la oleaginosa local quede excluida de esa categorización como materia prima para biocombustibles, lo que preserva la continuidad de las exportaciones mientras se trabaja con la Comisión en una nueva redacción que reconozca el área sembrada de soja y sus criterios de sustentabilidad.

Un sector cada vez más expuesto

El biodiésel es un negocio de fuerte dependencia externa. Entre 2008 y 2022, cerca del 65% de la producción argentina se destinó a exportaciones, aunque esa participación fue retrocediendo a medida que distintos mercados cerraron o limitaron el acceso al producto local y otros países desarrollaron producción propia.

Esa proporción cayó a alrededor del 33% de la producción total en 2023 y 2024, y en 2025 bajó al 28%, el nivel más bajo desde la creación de la industria.

La exposición al mercado europeo también se agrava por otras barreras. La UE aplica aranceles de entre 25% y 33% al biodiésel importado, mientras impulsa subsidios e incentivos fiscales para sus propios productores en el marco de la transición energética. Ese esquema, aun cuando no funciona como un impuesto directo adicional, obliga a los exportadores a vender con fuertes descuentos o a buscar compradores fuera del sistema de créditos regulatorios europeo. En los hechos, eso reduce todavía más la competitividad del biodiésel argentino frente al producido dentro del bloque.

La mayor parte de la producción nacional se concentra en el polo agroindustrial del Gran Rosario. Solo Santa Fe explicó el 58% del total nacional en 2025, con una infraestructura de procesamiento y exportación muy ligada al complejo sojero. En este sentido, muchas plantas surgieron alrededor de 2010 para abastecer a Estados Unidos, Europa y países de la región como Perú.

La legislación argentina, en cambio, reservó el abastecimiento del corte obligatorio a pequeñas y medianas empresas, mientras que las grandes agroexportadoras orientaron su producción al exterior, una estructura que dejó al sector especialmente vulnerable a cambios regulatorios en otros mercados.

Ese patrón se repitió a lo largo de los años: primero se restringió el acceso al biodiésel argentino en Estados Unidos, después en Perú y más tarde en la UE, que fue sumando limitaciones progresivas. El rechazo del Parlamento Europeo al cambio propuesto para el Reglamento 807 evitó que esa secuencia terminara por cerrar el último destino central para las exportaciones argentinas de biodiésel.

La infraestructura vial rural volvió a quedar en el centro del debate productivo. Un informe elaborado por el Instituto de Tecnología (INTEC) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) concluyó que el deterioro de los caminos rurales se ha convertido en una de las principales limitantes para el crecimiento agropecuario, especialmente en el sudeste bonaerense y la Cuenca del Río Salado. El estudio sostiene que la falta de inversión sostenida, la escasa planificación y el deterioro progresivo de la red generan un fuerte impacto sobre la competitividad, la conectividad y la calidad de vida en el interior.

Argentina cuenta con más de 500.000 kilómetros de caminos rurales, de los cuales unos 260.000 kilómetros se encuentran en la región pampeana. Esta red representa el 82% de la infraestructura vial nacional, pero continúa siendo la más postergada en materia de políticas públicas. El trabajo remarca que estos caminos no solo permiten transportar la producción agropecuaria, sino que además garantizan el acceso a salud, educación, seguridad, conectividad y oportunidades de desarrollo para las comunidades rurales.

El diagnóstico elaborado a partir de una encuesta entre productores y profesionales agropecuarios refleja la magnitud del problema. El 79% de los consultados calificó el estado de los caminos como “malo” o “muy malo”, mientras que el 75% aseguró que no son transitables durante todo el año. Además, el 68% afirmó haber sufrido pérdidas económicas por demoras o imposibilidad de retirar la producción de los establecimientos y el 59% estimó que el deterioro vial incrementa los costos logísticos en más del 10%. A ello se suma la presencia generalizada de pozos, deformaciones de la calzada y deficiencias en la señalización vial.

El informe también describe cómo el mal estado de la infraestructura repercute directamente sobre la producción agropecuaria. En el sudeste bonaerense, por ejemplo, las lluvias frecuentes pueden impedir el ingreso de camiones durante varios días, provocando pérdidas de calidad en cultivos como trigo y cebada, mayores costos de transporte y combustible —que pueden aumentar entre un 20% y un 30%— y conflictos por la utilización de la tasa vial, cuya recaudación muchas veces no se traduce en mejoras visibles para los usuarios.

Frente a este escenario, el estudio analiza experiencias internacionales que podrían servir de referencia para Argentina. Australia considera a los caminos rurales un activo estratégico para la competitividad agroexportadora y destina miles de millones de dólares a su mantenimiento, mientras que China incorporó inteligencia artificial, sensores, drones y pavimentos prefabricados para optimizar la gestión vial. En tanto, los Países Bajos integran la infraestructura caminera con la gestión hídrica mediante tecnologías que almacenan agua para uso agrícola, y Estados Unidos utiliza sistemas digitales de evaluación para planificar inversiones de largo plazo.

En América Latina, el documento destaca como ejemplo el sistema de Consorcios Camineros de Córdoba, donde entidades integradas por productores administran el mantenimiento de los caminos rurales. También sobresale el caso del Consorcio de Servicios Rurales (CASER) de General Madariaga, una articulación público-privada que gestiona cerca de 740 kilómetros de caminos y fue reconocida por su modelo de administración. Para los autores, la recuperación de la red vial rural requiere combinar inversión sostenida, innovación tecnológica, planificación integral y una gobernanza que fortalezca el trabajo conjunto entre el Estado y los usuarios.

El informe concluye que los caminos rurales son mucho más que corredores para sacar la cosecha o trasladar hacienda. Constituyen una infraestructura esencial para el desarrollo federal, ya que por ellos también circulan la innovación, los servicios, la educación, la salud y las oportunidades de arraigo. Sin embargo, advierte que la red actual “no garantiza la circulación permanente” y que su evolución está muy por detrás del crecimiento de los sectores productivos, transformándose en uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo agroindustrial argentino.

Hay instituciones que trascienden el paso del tiempo porque saben adaptarse a los cambios sin renunciar a los principios que les dieron origen. La Sociedad Rural Argentina cumple 160 años con esa convicción: seguir contribuyendo al desarrollo del país desde la producción, la innovación y el compromiso con el bien común.

A lo largo de su historia, la entidad acompañó la transformación del agro argentino promoviendo la incorporación de tecnología, la mejora genética y la innovación productiva, al tiempo que defendió valores esenciales para el crecimiento de cualquier nación: la propiedad privada, la libertad de producir, la seguridad jurídica y el respeto por las instituciones.

Este aniversario no invita únicamente a mirar el camino recorrido. Nos interpela, sobre todo, a pensar en el futuro.

Cuando la producción crece, crecen también el empleo, las exportaciones, la inversión y las oportunidades para el desarrollo federal

La Argentina tiene una oportunidad excepcional en un mundo que demanda cada vez más alimentos, energía y conocimiento. Contamos con recursos naturales de enorme valor, pero también con productores, empresarios, científicos y trabajadores capaces de innovar, invertir y competir al más alto nivel. Ese potencial necesita un entorno que lo acompañe con estabilidad macroeconómica, previsibilidad y reglas claras que alienten la inversión y el desarrollo.

El agro ha demostrado, incluso en contextos adversos, una extraordinaria capacidad de adaptación. Gracias a la incorporación permanente de tecnología y conocimiento, la agroindustria argentina es hoy uno de los sectores más dinámicos y competitivos de nuestra economía. Biotecnología, agricultura de precisión, inteligencia artificial, genética y digitalización forman parte de una transformación que fortalece la productividad y consolida un modelo cada vez más sostenible.

El desafío que tenemos por delante es aprovechar plenamente esa capacidad. Cuando la producción crece, crecen también el empleo, las exportaciones, la inversión y las oportunidades para el desarrollo federal. Por eso resulta indispensable superar visiones que enfrentan sectores que, en realidad, se complementan. Campo e industria forman parte de una misma cadena de valor. Producción y sostenibilidad son objetivos inseparables. El Estado y el sector privado deben construir, juntos, las condiciones para que la Argentina pueda desplegar todo su potencial.

Argentina tiene una oportunidad excepcional en un mundo que demanda cada vez más alimentos, energía y conocimiento.

La Sociedad Rural Argentina seguirá trabajando con ese propósito. Lo hará, como desde hace 160 años, defendiendo principios, promoviendo el diálogo y representando a quienes todos los días invierten, producen y generan valor en todo el país.

Celebrar este aniversario es honrar una historia, pero también renovar un compromiso. Porque las instituciones perduran cuando son capaces de proyectarse hacia el futuro sin perder de vista su razón de ser.

Ese ha sido el espíritu de la Sociedad Rural Argentina durante estos 160 años. Y ese seguirá siendo su compromiso con una Argentina que encuentre en la producción, la libertad y el trabajo el camino hacia un desarrollo sostenido e inclusivo.

El autor es presidente de la Sociedad Rural Argentina

La confianza de los productores agropecuarios volvió a mostrar una marcada recuperación y quedó nuevamente muy cerca de su máximo histórico. Según la medición de mayo-junio del Ag Barometer Austral, elaborada por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, el índice alcanzó los 151 puntos, un 14% por encima del registro de marzo, recuperando casi por completo la caída observada en la medición anterior y consolidando un crecimiento interanual del 16%.

El relevamiento refleja una mejora tanto en la percepción de la situación actual como en las expectativas para los próximos meses. El Índice de Condiciones Presentes avanzó un 16%, impulsado por una mejor evaluación de la situación financiera de las empresas agropecuarias y por un renovado interés en la inversión en activos fijos. A su vez, el Índice de Expectativas Futuras trepó un 13%, con el 65% de los productores convencido de que su situación financiera mejorará durante el próximo año y ocho de cada diez anticipando un mejor escenario para el sector.

Sin embargo, el mayor optimismo todavía no se traduce en un aumento sostenido de las inversiones. Desde la Universidad Austral advierten que las decisiones de largo plazo continúan condicionadas por la incertidumbre política y económica. “La recuperación de la confianza muestra que el productor volvió a tener una mirada positiva sobre el negocio agropecuario. Sin embargo, todavía existe prudencia cuando las decisiones implican compromisos de inversión de largo plazo”, explicó Carlos Steiger, director del Ag Barometer Austral.

El estudio también revela que el mayor entusiasmo se concentra en la ganadería. El 80% de los productores considera que la actividad atravesará un ciclo favorable durante los próximos cinco años, respaldada por los actuales precios de la hacienda y por perspectivas positivas para la demanda internacional de carne. En la agricultura, si bien predominan las expectativas favorables, el optimismo es más moderado debido a los márgenes ajustados que enfrenta el sector.

Entre los principales desafíos que siguen condicionando la rentabilidad aparecen los elevados costos de los insumos y los bajos precios de los granos. El 58% de los productores considera que la recuperación económica dependerá de una reducción en el costo de producción, mientras que un 48% espera mejores precios para sus productos. Las condiciones climáticas y las variables políticas también figuran entre los factores que podrían modificar el panorama económico del agro.

El informe además muestra una mejora en las perspectivas sobre el mercado de tierras. La mitad de los productores cree que los valores de los campos aumentarán durante los próximos doce meses, aunque las retenciones continúan siendo uno de los principales factores que limitan ese crecimiento. De hecho, el 44% considera que la reciente reducción parcial de los derechos de exportación tendrá un impacto significativo sobre la rentabilidad, mientras que otro 29% la interpreta principalmente como una señal política. El resultado deja una conclusión clara: el ánimo del campo volvió a fortalecerse, pero la recuperación plena dependerá de que las expectativas positivas se transformen en mejores márgenes económicos y decisiones concretas de inversión.

Una semana después de solicitar la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) por el atraso en el pago de sueldos a sus 600 empleados directos, la empresa de maquinaria agrícola cordobesa Metalfor despidió a 35 trabajadores de su planta de Noetinger. Los trabajadores se habían retirado con autorización antes de hora para ver el partido de la selección argentina frente a Egipto.

Los 35 telegramas de desvinculación llegaron mientras los operarios seguían el encuentro.

La planta de Noetinger, localidad ubicada en el departamento Unión, en el este de Córdoba, contaba con 146 operarios al momento de producirse los despidos. Los trabajadores recibieron mensajes en los que se les solicitaba que concurrieran a las oficinas de correo para retirar los telegramas correspondientes.

Según testimonios del personal que publicó el medio local La Voz, existía la convicción de que el PPC —el mecanismo legal que habilita el diálogo tripartito entre empresa, sindicato y Estado— garantizaba la estabilidad de los puestos mientras se resolvía la situación ante la Cámara de Trabajo. Desde la empresa no hubo respuesta a las consultas periodísticas hasta el cierre de esta nota.

Eduardo Borri, presidente y accionista de la empresa, no respondió de manera rápida el llamado de este medio.

Una crisis financiera que se aceleró en meses

El deterioro de Metalfor no fue repentino, pero sí se agudizó en el último año. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la compañía mantiene deudas con 23 entidades bancarias por unos $52.000 millones. De ese total, aproximadamente $22.000 millones se ubican en categorías de seguimiento especial hasta alto riesgo de insolvencia (Situaciones 2 a 4). Además, la firma registra 558 cheques rechazados por $5.348 millones, de los cuales abonó apenas el 11 por ciento.

La trayectoria crediticia refleja la velocidad del deterioro: Metalfor se mantuvo en Situación 1 —la de menor riesgo— hasta mayo de 2025, pasó a Situación 2 entre agosto y noviembre de ese año, y alcanzó la Situación 3 entre marzo y abril de 2026.

Ese deterioro financiero tiene correlato directo en la producción. La empresa opera al 50% de su capacidad instalada en sus dos plantas de Marcos Juárez —ciudad cabecera en el sudeste provincial y sede central de la compañía— y en una tercera ubicada en el estado brasileño de Paraná. En el primer trimestre de 2026, las ventas cayeron casi a la mitad respecto al mismo período del año anterior: 56 unidades frente a 116. La producción acompañó esa tendencia, con 38 máquinas fabricadas contra 86 en la comparación interanual.

El PPC y la baja de ventas del sector

El Procedimiento Preventivo de Crisis fue dictado oficialmente por el Ministerio de Trabajo de Córdoba el 2 de julio. El mecanismo habilita a empresas que acrediten un estado económico adverso a aliviar sus costos laborales mediante la renegociación de convenios colectivos, la aplicación de suspensiones o, en última instancia, la desvinculación de personal. Las partes tienen plazo hasta el 15 de julio para alcanzar un acuerdo.

El contexto de mercado, en tanto, no ofrece señales de alivio a corto plazo. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras en junio de 2026 totalizaron 480 unidades, una baja del 5,1% interanual respecto a las 506 registradas en junio de 2025. La comparación mensual es más pronunciada: una caída del 32,4% frente a las 710 unidades patentadas en mayo. El acumulado de los primeros seis meses del año alcanzó 3.303 unidades, un 1,9% por debajo de las 3.367 del mismo período de 2025.

El derrumbe de mayo ya había encendido señales de alerta: ese mes, los patentamientos del sector habían registrado una caída del 16,8% interanual. La tendencia sostenida a la baja comprime aún más el margen de maniobra de fabricantes como Metalfor, que compiten en un mercado con menor demanda y con costos financieros en escalada.

El préstamo de USD 50 millones que no alcanzó

La situación resulta más llamativa si se considera que, a fines de 2025, Metalfor se convirtió en la primera empresa argentina en recibir financiamiento de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) —el banco de desarrollo del gobierno de Estados Unidos— tras más de seis años de interrupción. El préstamo fue de USD 50 millones, a ocho años de plazo con dos de gracia.

Según pudo saber Infobae en febrero de 2026, ese crédito se enmarcó en la reactivación del vínculo financiero entre Washington y Buenos Aires tras el acuerdo comercial bilateral, y fue presentado como una señal del retorno de Argentina al radar de inversión de organismos estatales estadounidenses. “El caso de Metalfor no es aislado. Hay al menos otras dos empresas que están transitando el mismo proceso con la DFC, incluso con montos superiores a los USD 50 millones. Ambos expedientes están muy avanzados, con visitas presenciales de ejecutivos del organismo en las plantas de las empresas”, explicó en ese momento una fuente al tanto de las conversaciones.

El préstamo no logró revertir la espiral de deterioro. Con la fecha límite del 15 de julio para cerrar un acuerdo con la UOM y 35 trabajadores ya desvinculados, el futuro de los restantes 600 empleados directos de la firma depende del resultado de esas negociaciones.

Molinos Agro, la empresa agroindustrial de la familia Pérez Companc anunció este miércoles una inversión de más de USD 500 millones para construir y operar una nueva planta de molienda de soja en Timbúes, Santa Fe. La iniciativa, que se hará en sociedad con la Asociación de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada (ACA), elevará en un 50% la capacidad de procesamiento de la empresa y deja en suspenso su plan propio de USD 800 millones en el mismo distrito.

La nueva planta tendrá una capacidad de 15.000 toneladas diarias. Molinos Agro operará inicialmente el 65% —unas 10.000 toneladas por día—, volumen que se sumará a las 20.000 toneladas que la compañía ya procesa en su planta de San Lorenzo, también en territorio santafesino.

La empresa informó el acuerdo ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y A3 Mercados. La decisión de avanzar en terrenos de ACA y no en los propios tiene una lógica operativa: el predio de la cooperativa ya cuenta con puerto sobre el río Paraná, instalaciones de descarga de materia prima y servicios centrales, una base que permite capturar sinergias económicas y logísticas frente a la alternativa de desarrollar desde cero un complejo propio.

Otro plan

La alianza reemplaza por ahora el plan de expansión que la firma de la familia Pérez Companc había trazado sobre sus propios terrenos en la misma localidad. En mayo, Infobae informó que la compañía había obtenido autorización comunal para avanzar con un complejo portuario y de molienda de USD 800 millones sobre un predio de más de 150 hectáreas.

Ese proyecto contemplaba tres líneas de molienda con capacidad para procesar 45.000 toneladas diarias, un sistema de acopio para hasta un millón de toneladas de granos, dos muelles para buques Panamax y Neopanamax, otro para barcazas y una central de cogeneración eléctrica de 55 MW. La decisión de inversión todavía no era definitiva, aunque ya contaba con el marco legal y la aprobación comunal. En un documento difundido por la empresa, la definición actual es que los terrenos propios de Timbúes “quedan disponibles para futuras expansiones y/o destinos”.

La empresa prevé que la planta conjunta con ACA sea la Etapa 1 de un plan maestro con un plazo de construcción de aproximadamente tres años. Si las condiciones económicas, financieras y agronómicas acompañan, el predio podría sumar nuevas líneas de crushing, un segundo muelle sobre el Paraná, más capacidad de almacenamiento, ampliación de la playa de camiones y un segundo módulo de plataformas volcables.

Mayor oferta de soja y demanda global de harinas y aceites

Molinos Agro explicó que el proyecto se sustenta en factores normativos, comerciales y estratégicos. Entre ellos, el anuncio del Gobierno nacional de una baja progresiva en los derechos de exportación de la soja y sus subproductos a partir de enero de 2027, una medida que la compañía estima impulsará la superficie sembrada y la oferta disponible para industrializar.

La empresa también apoyó su decisión en la evolución de la demanda internacional: crece de manera sostenida la producción de proteínas de cerdo, pollos y pescados, al tiempo que aumenta el consumo de aceite tanto para alimentación humana como para la elaboración de biocombustibles renovables.

La asociación agrega además una dimensión de abastecimiento de largo plazo. ACA tiene 100 años de historia, 60 centros de desarrollo cooperativo distribuidos en varias provincias y comercializa 26 millones de toneladas anuales entre cereales y oleaginosas, una red que amplía el origen de materia prima para Molinos Agro. La compañía facturó USD 2.660 millones en el ejercicio fiscal que cerró el 31 de marzo de 2025 y embarca el 4% del comercio mundial de harina y aceite de soja desde el Puerto San Benito, según los datos a los que accedió Infobae.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) recortó su proyección de liquidación de divisas del agro para 2026 hasta los USD 34.897 millones, unos USD 1.200 millones por debajo de la estimación que la misma entidad había publicado en mayo, cuando la cifra trepaba a USD 36.111 millones. La revisión a la baja responde exclusivamente a la caída en los precios internacionales de los productos de exportación del sector, ya que los volúmenes proyectados no registraron cambios y se espera una cosecha récord para la plaza local.

El nuevo número se ubica levemente por debajo de los USD 36.164 millones que el agro liquidó en 2025, al computar tanto lo operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) como lo canalizado a través del mercado de Contado con Liquidación. El ajuste representa un giro respecto del optimismo de mayo, cuando la BCR había elevado su previsión en USD 800 millones frente a abril, impulsada por una mayor producción esperada de soja y maíz y por mejores cotizaciones en los mercados globales.

El informe del GEA-BCR, firmado por los economistas Rodríguez Zurro y Julio Calzada, precisó que las hojas de balance de granos y derivados no presentaron modificaciones en los volúmenes a exportar respecto del mes anterior. El factor detrás del recorte fue, por lo tanto, la presión bajista sobre las cotizaciones de los principales productos del complejo agroexportador.

En el acumulado hasta junio, el agro liquidó un estimado de USD 15.768 millones, un 14% por debajo de los USD 18.303 millones del mismo período de 2025. La BCR atribuyó esa brecha a dos distorsiones del año anterior: la reducción temporaria de derechos de exportación vigente durante el primer semestre de 2025, que adelantó ventas y elevó artificialmente la base de comparación, y la eliminación temporaria de retenciones de septiembre de 2025, que concentró ingresos en ese mes y deprimió las liquidaciones en los meses siguientes, con un efecto que se extendió hasta los primeros meses de este año.

La entidad rosarina señaló que entre abril y mayo de 2026 esa distorsión se habría disipado. El sector agroexportador acumuló ocho meses consecutivos de reducción de la deuda comercial por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones, dato que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su informe mensual del mercado de cambios.

Para la BCR, ese indicador sugiere que el efecto de adelantamiento derivado del régimen de septiembre ya se diluyó y que el flujo de divisas de la cosecha 2025/26 al MLC se sostiene por encima del promedio del último lustro.

Los datos de junio, publicados la semana pasada por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), aportaron una señal de estabilización. El sector liquidó USD 3.007 millones en ese mes, un 12% más que en mayo, aunque un 18% por debajo de igual mes del año anterior. El acumulado de CIARA-CEC al cierre de junio alcanzó USD 13.378 millones, con una caída del 13% frente al mismo período de 2025.

Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, describió el desempeño como “un año normal en términos históricos”. “El inicio de la cosecha de soja entre mayo y junio está ratificando que vamos a tener un año estable y bastante estandarizado en cuanto a ingreso anualizado de divisas en todos los meses”, sostuvo. Idígoras descartó que haya condiciones excepcionales que puedan alterar ese ritmo y reiteró que las diferencias con 2025 obedecen a los precios internacionales y al programa excepcional de divisas de octubre pasado.

La proyección de CIARA-CEC para el total del año se ubica en USD 35.375 millones, algo por encima de los USD 34.897 millones de la BCR, pero ambas estimaciones convergen en un escenario de ingreso de divisas inferior al de 2025. La baja escalonada de retenciones anunciada a principios de junio —que alcanza al trigo, la cebada, el maíz, el sorgo, el girasol y, en forma gradual a partir de 2027, a la soja— aparece como el principal factor que podría modificar ese panorama en los próximos meses.

Cómo será el nuevo cronograma de baja de retenciones

A comienzos de junio, el presidente Javier Milei anunció en el acto de la Bolsa de Cereales una baja de los derechos de exportación del trigo y la cebada, que pasaron del 7,5% al 5,5%. Además, confirmó que desde enero de 2027, y condicionado a los resultados de la recaudación, el Gobierno reducirá entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales por mes las retenciones a la soja. “Será de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, declaró el mandatario.

El sector recibió el anuncio con expectativas. Las entidades agroindustriales vienen reclamando desde hace tiempo la eliminación total de las retenciones, compromiso que Milei había asumido al llegar al Gobierno. Tras algunos pasos en esa dirección durante 2025, la caída de la recaudación en términos reales llevó al Ejecutivo a priorizar el objetivo de déficit cero y la reducción de la inflación, lo que frenó cualquier medida con costo fiscal hasta este nuevo anuncio.

El impacto presupuestario de la medida fue cuantificado por distintas instituciones. La BCR estimó que el costo fiscal de la baja para la campaña en curso alcanza los USD 29 millones. Para 2027, la Fundación Mediterránea proyectó una menor recaudación de entre USD 390 y USD 690 millones, equivalente a entre el 0,06% y el 0,10% del PBI. “El costo luce manejable si se sostiene el orden fiscal y parte se compensa con mayor actividad económica”, señaló el informe de esa entidad.

La interna entre las dos facciones que se enfrentarán para dirigir la Sociedad Rural Argentina (SRA) suma un nuevo capítulo. Esta vez, la lista opositora, Renovación con Unidad, que encabeza el actual vicepresidente Marcos Pereda Born, lanzó su ataque más frontal hasta el momento contra la conducción de la entidad más antigua del campo argentino, hoy liderada por Nicolás Pino.

En los últimos días, la lista de Pereda emitió un comunicado en el que desmonta la versión oficial sobre el fracaso del sistema de registros genealógicos, un sistema tecnológico malogrado que implicó un costo superior a USD 3 millones y profundizó la disputa por la conducción de la entidad. Pino, por su parte, le adjudicó la responsabilidad a Pereda; mientras que este último señaló que el presidente de la entidad no puede ser ajeno a la situación.

Ahora, la denuncia del bando de Pereda señala a tres directivos como responsables del desastre; entre ellos, Nicolás Pino, Raúl Etchebehere -director de Registros genealógicos- y el tesorero de la entidad, Ángel Rossi.

No es la primera vez que las partes discuten por los registros genealógicos. Poco menos de dos semanas atrás, el oficialismo ya había enviado una carta a los socios para explicar el colapso del proyecto de digitalización de los registros de razas animales, cuyo costo escaló de USD 900.000 a USD 4.500.000 en tres años sin que el sistema llegara a funcionar correctamente. En ese mensaje, el oficialismo atribuyó el origen del problema a la firma del contrato por parte del gerente general Fernando Mosquera con la empresa Mobile Computing S.A., pese a las advertencias del Estudio Cassagne, asesor legal externo de la entidad.

Renovación con Unidad rechazó esa explicación. El comunicado señala que Mosquera era “el Gerente General de la SRA, es decir un empleado designado y contratado por Nicolás Pino con aprobación de la Comisión Directiva", y que el gerente solo puede suscribir documentos si cuenta con poderes otorgados por la institución y siguiendo instrucciones de sus superiores. Desde esa lógica, la lista opositora pregunta: si el gerente firmó sin poder suficiente y en contradicción con los asesores legales, ¿por qué el presidente validó ese contrato en lugar de invalidarlo de inmediato?

“Resulta muy extraño que si el Gerente General hubiera firmado sin tener poder otorgado y en contradicción con lo indicado por los asesores legales de la SRA, el Presidente haya dado validez a ese contrato y no lo haya invalidado inmediatamente. Además de que hubiera debido tomar medidas disciplinarias por el uso indebido de la firma social”, dice el texto. Y remata: “Más extraño aún es que estos hechos hayan sido comunicados a los asociados tres años después de haberse firmado el contrato.”

Por su parte, del lado de Pino, publicaron un escrito titulado “La situación del área de Sistemas de la SRA y la responsabilidad del actual vicepresidente, Marcos Pereda Born”, en el que revela que “la actual gestión ha dispuesto todas las medidas de evaluación, ordenamiento y remediación necesarias con el objeto de corregir los desvíos detectados, atender las incidencias identificadas y resguardar la adecuada prestación de los servicios a nuestros socios”.

Y sostiene: “Resultan absolutamente falsas las manifestaciones formuladas por Marcos Pereda Born, quien ha sido un partícipe necesario y responsable, tanto por el nivel de conocimiento que tuvo de todo el proceso como por las responsabilidades inherentes a su función y por el aval y respaldo —directos e indirectos— brindados a las personas que ocuparon posiciones clave durante las gestiones con el proveedor, seleccionado y recomendado por ese mismo equipo".

La multa del tesorero

El segundo frente que se abrió en los últimos días involucra directamente a Rossi, ganadero y uno de los nombres más destacados de la lista Presencia Federal que encabeza Pino. Según denunció la cuenta de X Campo Patria, la empresa Establecimientos La Negra S.A., de su propiedad, recibió en noviembre de 2023 una multa automática por inscribir 39 animales fuera de término. La sobretasa, generada por el sistema informático de la SRA sin margen de discrecionalidad, quedó integrada en la Factura 52 del 16 de noviembre de 2023. La firma abonó el monto mediante cinco cheques electrónicos escalonados a 30, 60, 90, 120 y 150 días.

Dos meses después, el 22 de enero de 2024, la SRA recibió una “solicitud” —cuyo origen no queda registrado en la documentación interna, según la denuncia— para emitir notas de crédito, reducir la sobretasa ya cobrada y devolver tres de los cinco cheques. La entidad aceptó el pedido y recalculó el monto. El resultado: una reducción del 61% sobre la multa original. “Por cada $100 de multa que el sistema informático había aplicado de forma justa, la entidad le perdonó $61 a la empresa de su Tesorero”, publicó la cuenta anónima Campo Patria.

Rossi respondió públicamente que el beneficio no fue exclusivo para su empresa, sino que alcanzó a varios socios afectados por una multa mal aplicada. Desde el sector opositor, la pregunta que circula ahora es otra: ¿quién ordenó perdonar una deuda que al resto se le exige?

Según comentaron a Infobae fuentes del oficialismo, Rossi no es el único beneficiado de esta situación, a la vez que se trata de un error de cálculos por parte del sistema tecnológico que se utiliza en la entidad. En este escenario, hay también un dato que complica el relato opositor: Pereda, quien integra la Comisión Directiva como vicepresidente desde 2021, tampoco denunció el caso en el momento en que se produjo, según consignó el medio especializado Bichos de Campo.

El escenario electoral

La disputa se desarrolla a menos de dos meses de las elecciones internas previstas para el 9 de septiembre, en las que Pino buscará un cuarto mandato consecutivo al frente de la SRA con la lista Presencia Federal —con Carlos Odriozola como compañero de fórmula— frente a Renovación con Unidad, que postula a Pereda junto a Santos Zuberbühler. La Expo Rural de Palermo, que se realizará entre el 16 y el 26 de julio y contará con la presencia del presidente Javier Milei en el acto inaugural, será el primer gran escenario público donde ambos espacios se medirán ante los socios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrentó un retroceso tras la caída de 1,5% en la actividad económica de abril, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Aunque señaló que los “mejores 18 meses” comenzarían en mayo o junio, el retraso en la difusión de los datos oficiales dificulta la narrativa del Gobierno. No obstante, relevamientos privados proyectaron una recuperación en mayo, pese a que todavía no está claro si ese resultado respalda el optimismo del titular del Palacio de Hacienda o representa solo una variación más en la evolución mensual de la economía.

Según la consultora Analytica, el Índice Líder de Actividad (ILA) estimó una suba de 0,3% para mayo y consideró que la actividad mostró una recomposición moderada, con resultados dispares entre los principales indicadores. La dinámica del año se mantuvo en “serrucho”, sin que los crecimientos logren sostenerse en dos meses consecutivos.

Por su parte, Orlando Ferreres & Asociados reportó que su análisis registró una mejora de 0,7% anual en mayo, con la serie desestacionalizada en su nivel más alto del año. Ocho de once sectores cerraron mayo en terreno positivo, aunque el comercio siguió mostrando dificultades para revertir la tendencia negativa.

En tanto, desde Equilibra estimaron un avance de 0,5% mensual desestacionalizado y de 2% interanual en el quinto mes del año: “Tras la caída de abril (-1,5%), la actividad se recuperaría en mayo, manteniendo la dinámica de ‘serrucho’ que se observa desde febrero de 2025″.

“En el mes donde el agro mas incide, la cosecha de soja, la producción vacuna, porcina y de leche mejoraron explicando la totalidad del crecimiento interanual, ya que el EMAE sin agro se mantuvo estancado en comparación contra mayo 2025 (0%). En contraste con el mes previo, el EMAE sin agro en mayo se habría recuperado 0,3% mensual s.e. (luego de caer 1,1% en abril) y el agro habría mejorado 2,0% mensual sin estacionalidad”, remarcaron.

Cómo evoluciona cada sector

En el plano sectorial, Analytica destacó que la siderurgia impulsó el repunte industrial, con un crecimiento de 26,6% en la producción de acero laminado en caliente. Los aceros no planos aumentaron 4,5% y los laminados en frío 2,6%. La producción de aceites subió 9,5%, la de autos 5,7% y la de gas 2,9%. En contraste, la producción de hierro cayó 5,9%, y las ventas de vehículos a concesionarios bajaron 9,2%, el mayor retroceso mensual entre los indicadores relevados.

El agro también mostró dinamismo. El IACA-BCR subió 1,4% mensual en mayo y quedó 0,2% por debajo de su récord histórico de febrero. La cosecha de soja cubrió el 75% de la superficie, el mayor porcentaje para un mes de mayo. La molienda de soja aumentó 2% y la de cebada 1,2%. Interanualmente, el índice general avanzó 8,8%, con el subíndice de Agroexportación creciendo 15,3 por ciento.

Mientras que en la construcción, el Índice Construya registró un alza de 1,9% mensual y el consumo de cemento subió 7,1%, impulsado por el despacho a granel y el alza en bolsas. Estos incrementos compensaron la caída de 7,5% en abril, aunque el consumo de cemento se mantuvo en mínimos históricos para un mes de mayo, excluyendo 2024 y 2020.

Luego del la suba que había registrado en marzo del 8,3%, en abril la construcción volvió a caer 1,8%. Se trata de un sector clave que el ministro de Caputo busca reactivar por medio de la concesión de los 9.000 kilómetros de rutas nacionales. A causa del dinamismo que puede generar en el resto de la economía al ser una actividad de mano obra intensiva.

El sector automotriz evidenció señales mixtas. La producción de autos creció 5,7%, pero el patentamiento de vehículos bajó 2,4% y las ventas a concesionarios retrocedieron 9,2%. El patentamiento de maquinaria agrícola descendió 1,4%, mientras que la demanda eléctrica de grandes usuarios disminuyó 0,5%, en línea con la reducción de la producción industrial.

También Orlando Ferreres & Asociados, la actividad en mayo comenzó a mostrar cifras positivas en la comparación anual, aunque destacan que el comercio no logró modificar la tendencia negativa. Agricultura y ganadería crecieron 6,4% en mayo y acumularon 7,6% en los primeros cinco meses. El impulso llegó del sector agrícola, mientras que la ganadería redujo la faena por la extensión de los períodos de engorde y la retención de vientres.

La industria manufacturera avanzó 1,3% mensual en mayo, con el nivel más alto del año según el índice de producción industrial de Orlando Ferreres. La heterogeneidad interna persistió, ya que maquinaria y equipo cayó 14,6% y las refinerías subieron 10,9%. El acumulado industrial de enero a mayo mostró una contracción de 2,3%. En servicios públicos, electricidad, gas y agua treparon 13,1% anual, la tasa más alta en cinco años. El descenso promedio de 3,2℃ respecto a mayo del año pasado impulsó el consumo de energía. CAMMESA reportó un alza de 10,8% en la generación eléctrica y de 11,1% en la demanda. El sector sumó un crecimiento de 3,7% en lo que va del año.

Mientras que el sector de minas y canteras mostró una expansión de 8,6% en mayo y acumuló 6,5% entre enero y mayo, motorizado por la extracción de petróleo y la actividad en Vaca Muerta, que marcó un nuevo récord de producción según el Ministerio de Energía de Neuquén.

Las dudas

El ministro fundamentó su optimismo en la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, la Ley de Inocencia Fiscal, la modernización laboral y la reducción de cargas patronales. Además, aseguró que estas reformas alentaban a las empresas a contratar, al conocer de antemano el costo de un despido y reducir la carga de 18 a solo dos puntos, además de contar con un fondo para afrontar eventuales desvinculaciones.

En la práctica, no todas las variables evolucionaron como esperaba el Gobierno. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pieza central de la reforma laboral, fue postergado hasta noviembre por el costo fiscal. La Ley de Inocencia Fiscal sigue pendiente de modificaciones a pedido de los contadores, que advirtieron sobre riesgos para contribuyentes.

Al mismo tiempo, el oficialismo enfrenta trabas en el Congreso por la adhesión de funcionarios públicos al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), lo que sumó obstáculos a la sanción de las reformas. De esta manera, el equipo económico solo cuenta por ahora con la concesión de rutas nacionales como avance, mientras que fuentes del sector de la construcción advierten que la obra pública representa apenas el 30% de la actividad, ya que el resto depende del sector privado.

En plena cosecha gruesa, el agro liquidó USD 3.007 millones en junio, lo que implica un 12% más de divisas en relación a mayo, pero un 18% menos respecto de igual mes del año pasado. De esta forma, el acumulado anual total asciende a USD 13.378 millones que, comparado con el mismo período de 2025, significó una caída del 13%.

Así lo informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representa a las empresas que aportan el 48% de las exportaciones argentinas.

Gustavo Idígoras, presidente de la entidad, señaló que “el flujo de ingreso de divisas muestra un año normal en términos históricos, en donde la comercialización de trigo, girasol y maíz ha sido firme”.

“El inicio de la cosecha de soja entre mayo y junio está ratificando que vamos a tener un año estable y bastante estandarizado en cuanto a ingreso anualizado de divisas en todos los meses”, proyectó.

Por lo tanto, “no vemos ningún tipo de modificaciones o condiciones excepcionales que puedan modificar este ritmo de divisas”, dijo Idígoras.

Explicó que la comparación con el año anterior genera algunas diferencias, en primer lugar, por los precios internacionales, y en segundo, por el programa excepcional de divisas de octubre pasado, que que generó impactos a la baja, dada la acumulación del ingreso de divisas en esos meses.

Para 2026, se espera que el agro liquide un total de USD 35.375 millones. Es importante mencionar que la agroindustria representa más del 70% del total exportado en la mitad de las provincias en términos de valor, según destacó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En 2025, el sector registró exportaciones por USD 51.369 millones, de acuerdo con la base de datos de exportaciones provinciales por rubros del Indec. Este monto representó el 59% del total de las exportaciones argentinas.

Si bien esta participación se ubicó 10 puntos porcentuales por debajo del máximo alcanzado en 2020 y 2021, el valor exportado en 2025 constituye el tercer registro más elevado de la serie histórica en términos absolutos, solo superado por los alcanzados en 2021 y 2022.

La BCR precisó que al considerar el valor absoluto de las exportaciones agroindustriales por provincia, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba encabezan el ranking. En conjunto, estas jurisdicciones exportaron USD 58.786 millones en 2025, de los cuales USD 40.642 millones correspondieron a productos agroindustriales.

En consecuencia, concentraron el 67,5% del total de las exportaciones argentinas y, específicamente en el caso de la agroindustria, explicaron el 79,1% de las ventas externas del sector.

Se espera que la baja escalonada de retenciones anunciada a principios de junio continúe promoviendo las exportaciones del sector. A saber, en el caso del trigo y la cebada, se dispuso una reducción de los derechos de exportación aplicados a los granos, cuya alícuota pasó del 7,5% al 5,5%.

Asimismo, la normativa estableció nuevas tasas para diversos productos derivados de ambas cadenas —entre ellos harinas, sémolas, almidones, malta y otros subproductos industriales—, con alícuotas que oscilan entre el 1% y el 3,5%, según el producto.

Para el poroto de soja, la alícuota vigente del 24% se reducirá de manera gradual: descenderá al 21% en diciembre de 2027 y al 15% en diciembre de 2028, con el inicio del cronograma previsto para enero de 2027.

En el caso del aceite de soja, la reducción también comenzará en enero de 2027, de modo que las alícuotas actuales, ubicadas entre el 18% y el 22%, convergerán a un rango de entre el 11% y el 14% hacia fines de 2028.

Para el maíz y el sorgo, algunas posiciones arancelarias quedarán exentas de derechos de exportación, mientras que otras reducirán sus alícuotas del 8,5% al 5,5% al cierre de 2028. En cuanto al girasol, el decreto prevé una reducción escalonada de los derechos de exportación para semillas, aceites y otros productos derivados.

Mientras que determinadas variedades de semillas quedarán exentas, algunas posiciones correspondientes al aceite de girasol pasarán de alícuotas de entre el 2,5% y el 4,5% en 2026 a un rango de entre el 1% y el 3% hacia fines de 2028.

El serrucho que describe el comportamiento de la actividad económica en el primer cuatrimestre tendería a desaparecer a medida que pasen los meses. La expectativa es que la recuperación se empiece a sentir en más sectores, a partir de la baja de la inflación y la gradual recuperación de los salarios.

La actividad económica registró una contracción del 1,5% en abril respecto de marzo, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), interrumpiendo la senda de recuperación que había mostrado en marzo.

El dato representa el primer retroceso mensual de magnitud en varios meses y refleja una desaceleración en el ritmo de crecimiento de distintos sectores de la economía, en un contexto marcado por el endurecimiento de las condiciones financieras, el menor dinamismo del consumo y una recuperación aún heterogénea entre los distintos sectores.

En términos interanuales, sin embargo, el EMAE mantuvo una variación positiva, impulsada en parte por la baja base de comparación que dejó el mismo período del año pasado, cuando la economía todavía acusaba el impacto de la fuerte recesión y la sequía sobre el sector agropecuario.

Pese a la caída de 1,5% en abril, la comparación interanual todavía arroja un resultado favorable de 2,1 por ciento. Los pronósticos sobre cómo seguirá la actividad son bastante variados. Si bien todos coinciden en que el PBI crecerá en 2026, hay distintas opiniones respecto a la velocidad.

Economistas como Fernando Marull y Fausto Spotorno proyectan que el PBI terminará el año con una expansión de entre 2,8% y 3 por ciento. El BBVA Argentina estimó que la expansión será de 3% y espera una evolución similar para el 2027.

Sin embargo, otros son mucho más cautos. Esteban Domecq, director de la consultora Invecq, cree que la mejora será mucho más gradual y el PBI mostrará un crecimiento de solo 2,5 por ciento.

El economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, fue aún más prudente. “Esperamos un incremento del PBI real en la zona de 2,2% este año, por encima del arrastre estadístico que deja abr-26 (1,4%)”, afirmó.

El escenario base de Franco es que “los sectores ganadores (agro, minería, hidrocarburos) impulsarán al EMAE, aunque la cifra final estará también sujeta a la dinámica tanto se los sectores rezagados como de variables como la inflación, los salarios reales, los precios de los commodities, el TCR y las cuentas externas”.

Y sumó: “En el mediano plazo, estimamos que el derrame de los ganadores a otros sectores ocurrirá, pero pensando en el corto plazo y en que hay elecciones presidenciales en 2027, la dinámica relativa de los rezagados frente a los ganadores irá ganando en importancia con el correr de los meses”.

En ese sentido, Spotorno adelantó que Índice General de Actividad (IGA) que elabora la consultora Orlando Ferreres arrojó una mejora en mayo, recuperando buena parte de lo perdido en abril: “Los que ganarán dinamismo en los próximos meses son los sectores que hasta ahora vienen perdiendo, como el comercio minorista y la actividad manufacturera. Esto sucederá de la mano de la baja de la inflación y una gradual mejora de los ingresos”.

La construcción, que muestra una leve mejora pero todavía desde niveles muy bajos, es una de las mayores incógnitas. Sin obras viales ordenadas por el Gobierno nacional y sin reaparición del crédito hipotecario, el dinamismo del sector luce bastante limitado.

La caída mensual abre interrogantes sobre la solidez del proceso de recuperación económica. Si bien algunos sectores vinculados a la energía, la minería y el agro continúan mostrando un desempeño favorable, otras ramas como la industria manufacturera, el comercio y la construcción enfrentan mayores dificultades para consolidar el repunte.

Analistas señalan que la normalización macroeconómica y la desaceleración de la inflación todavía no se traducen en una recuperación generalizada de la demanda interna. El consumo privado permanece condicionado por la pérdida acumulada del poder adquisitivo, mientras que la inversión continúa dependiendo de la evolución del crédito y de las expectativas empresarias.

Entre los factores que seguirán de cerca los mercados figuran la evolución del salario real, la recuperación del crédito, el comportamiento del consumo y el impacto de la cosecha sobre la actividad. También será determinante el efecto de la desaceleración inflacionaria sobre los ingresos de los hogares y la capacidad del Gobierno para sostener el proceso de estabilización sin afectar el nivel de actividad.

El director de la consultora Equilibra, afirmó que los sectores ganadores no están generando puestos de trabajo de calidad suficientes para compensar la destrucción en los rubros tradicionales.

El informe elaborado por Equilibra sostiene que la economía exhibe una dualidad. Entre los sectores perdedores, identificó a la construcción, la industria, parte del comercio y el sector público, donde “los puestos de calidad que se destruyeron, no se han generado en los ganadores”.

Entre los rubros en expansión, el economista mencionó la minería, la energía y la agroindustria, incluyendo la producción de alimentos y la intermediación financiera. No obstante, advirtió que la inversión y la creación de empleo se concentran en los no convencionales, como Vaca Muerta, mientras que en las provincias de Santa Cruz y Chubut se registran despidos y cierres de pozos convencionales.

Sigaut Gravina diferenció este escenario del de los años noventa, ya que, a pesar de la destrucción de empleo en sectores tradicionales, el desempleo no se incrementó de manera significativa por el crecimiento de actividades de baja calificación, que generan empleos refugio.

“Estamos viendo que se crea empleo en servicios no transables y de baja productividad”, puntualizó el economista. Ejemplificó con el comercio informal, vendedores ambulantes, y el crecimiento de ocupaciones ligadas a plataformas como Uber.

“Hay un mercado laboral mucho más flexible que en el pasado... este tipo de empleo en los 90 no existía, pero en muchísimos casos no tenés ningún tipo de seguridad social”, destacó.

La situación genera que, aunque la macroeconomía muestre signos de estabilización, el crecimiento “no se está derramando en el empleo de calidad”. El especialista remarcó que existe una gran cantidad de trabajadores que no logra cubrir sus necesidades básicas con sus ingresos principales. “Hay mucha gente empleada que no llega a fin de mes y tiene que complementar con trabajo en alguna aplicación”, describió.

El impacto de este fenómeno sobre la estructura social argentina es una de las preocupaciones del economista. “La pregunta es si vamos de alguna manera a latinoamericanizarnos, en el sentido de que la Argentina ha tenido una clase media siempre vigorosa, pujante, y si no se crea empleo de calidad, ese proceso se va a profundizar”.

Otra paradoja que Sigaut Gravina subrayó es la coexistencia de crecimiento económico con caída de la inversión. “Hace cuatro trimestres que la economía crece poquito y al mismo tiempo cae la inversión. Yo analicé las cuentas nacionales desde 1993 y no pasó nunca”.

La explicación reside en la desinversión o el levantamiento de líneas de producción en sectores clave, como la construcción y la infraestructura. Según Sigaut Gravina, las capacidades propias de Argentina en materia de infraestructura se han visto deterioradas, y la obra pública se ha reducido con la gestión de Javier Milei. “El ajuste fiscal siempre va por lo más fácil que es recortar la obra pública”, sostuvo.

En cuanto al futuro, el economista considera que el modelo basado en recursos naturales, como Vaca Muerta, minería de litio y cobre, traerá un fuerte ingreso de dólares, pero también desafíos, como la posibilidad de industrializar los recursos naturales para desarrollar así un entramado industrial más profundo y generar empleo.

Y cuestionó la idea que un trabajador del Conurbano que perdió su empleo en una empresa textil pueda por sí solo mudarse a provincias petroleras o mineras. “A las capacidades humanas hay que formarlas, hay que ayudarlas”. “Creo que este modelo, así como está, no derrama lo suficiente y hay que trabajar. Eso es política pública”.

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La paritaria aceitera entra este lunes en su instancia decisiva. Agroexportadores y sindicatos del sector retomarán hoy las negociaciones salariales en la Secretaría de Trabajo de la Nación tras casi 15 horas de diálogo que el jueves terminaron sin acuerdo firmado, con puntos pendientes y ambas partes al límite del agotamiento.

La reunión se produce después de que el jueves venciera la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Capital Humano sin que las partes lograran firmar un acuerdo. Tras casi 15 horas de negociación, los equipos llegaron a un punto de agotamiento sin resolver las diferencias pendientes. Con todo, empresarios y gremios acordaron de manera voluntaria continuar el diálogo este lunes alrededor de las 13:30, lo que en la práctica equivale a una extensión informal del proceso —conocida en el ámbito laboral como “conciliación voluntaria”— que mantiene la paz social entre ambas partes sin que ninguna haya firmado nada al respecto.

Los gremios que participan de la negociación son el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina(FTCIODyARA), que, juntos, representan a un total de entre 10.000 y 12.000 trabajadores rurales.

El escenario que se abre es de incertidumbre: no hay acuerdo firmado, pero tampoco convocatoria a huelga. Las fuentes consultadas advierten que el resultado de la reunión del lunes es impredecible: se registraron avances, aunque insuficientes para rubricar un entendimiento. La posibilidad de que las plantas del principal polo agroexportador del país retomen medidas de fuerza depende de lo que ocurra hoy en esa mesa.

El nudo del conflicto es el mismo desde el inicio de las negociaciones. Ciara-CEC propone actualizar los salarios mes a mes según el Índice de Precios al Consumidor del Indec, con el argumento de que esa fórmula garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo. Los gremios, en cambio, exigen un aumento del 20% retroactivo a mayo y rechazan que la indexación por inflación sea suficiente para recomponer lo perdido. Según los sindicatos, la canasta básica que garantiza la reproducción del salario se ubica en $2.802.754, cifra que el básico inicial del sector —de $2.344.000— no alcanza.

La disputa también incluye una pelea de cifras. Mientras Ciara-CEC sostiene que el salario promedio ponderado del trabajador aceitero alcanza los $4,8 millones mensuales, el secretario general del SOEA de San Lorenzo, Daniel Succi, señaló que ese número no refleja la realidad de la mayoría: el básico inicial está en $2.344.000 y el tope de supervisores ronda los $3,5 millones. Los gremios también recordaron que las patronales recibieron un beneficio de USD 3.740 millones por la reducción de los derechos de exportación, y que los salarios representan apenas el 3,3% de las exportaciones del sector.

Desde el bloque empresario, un comunicado de Ciara insistió en que la propuesta de indexación al IPC “es la única viable para defender los salarios aceiteros” y advirtió sobre el costo concreto de un paro: $160.000 por trabajador por día, lo que en una semana acumularía $960.000 por empleado. La cámara llegó incluso a apelar directamente a los trabajadores de base para que presionaran a sus dirigentes sindicales a firmar la oferta.

El conflicto tiene su origen en fines de mayo, cuando ambos gremios declararon un paro por tiempo indeterminado en todas las plantas del país tras la oferta empresaria de un incremento del 0% para ese mes. El Ministerio de Capital Humano intervino con la conciliación obligatoria, que detuvo las medidas de fuerza y habilitó la negociación formal. Desde entonces, las partes se reunieron en al menos seis oportunidades en la Secretaría de Trabajo sin lograr un acuerdo.

El sector arrastra además tensiones previas: semanas antes del paro del 27 de mayo, transportistas autoconvocados de la provincia de Buenos Aires habían paralizado las terminales portuarias de Bahía Blanca y Necochea en reclamo de un aumento en el flete, con pérdidas estimadas en al menos USD 450 millones para el complejo agroexportador.

La perspectiva agroclimática para el período comprendido entre el 25 de junio y el 1 de julio anticipa una semana de fuerte variabilidad meteorológica sobre el área agrícola argentina. El escenario estará marcado por lluvias concentradas en el nordeste del país, posibles nevadas en sectores de Cuyo y la Región Pampeana, y el ingreso de una intensa masa de aire polar que provocará un marcado descenso térmico hacia el cierre de la semana, anticipa en su informe semanal, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En los primeros días predominarán los vientos provenientes del trópico, favoreciendo temperaturas máximas moderadas a elevadas sobre el norte del área agrícola. En el este del NOA, gran parte de la Mesopotamia, el norte de la Región Pampeana y buena parte de Uruguay se registrarán máximas superiores a los 15°C, con amplias zonas del norte que superarán los 20°C, 25°C e incluso los 30°C. En contraste, el oeste del NOA, gran parte de Cuyo y la Región Pampeana presentarán valores entre 10°C y 15°C.

En forma paralela avanzará un frente de tormenta que tendrá un comportamiento muy desigual. Las precipitaciones más importantes se concentrarán sobre Paraguay, el norte y centro de la Mesopotamia y el este del Chaco, donde se esperan acumulados de entre 10 y 25 milímetros. En el resto del área agrícola predominarán aportes escasos o nulos, aunque no se descartan focos aislados con lluvias moderadas.

El pasaje del sistema frontal también podría generar nevadas en sectores del este de Cuyo y de la Región Pampeana, mientras que la Cordillera Sur registrará tormentas con lluvias y nevadas. Estas condiciones podrían afectar la transitabilidad y las tareas rurales en las zonas cordilleranas y precordilleranas.

Tras el frente ingresará una vigorosa irrupción de aire polar que abarcará la mayor parte del área agrícola, generando heladas de variada intensidad.

Se prevén heladas generales en el oeste del NOA, Cuyo, las serranías bonaerenses y el centro de Uruguay, con temperaturas inferiores a 0°C, mientras que en las zonas serranas y cordilleranas del NOA y de Cuyo los registros podrían descender por debajo de los -5°C. En el resto del área agrícola también se esperan heladas localizadas, configurando un escenario de riesgo para los cultivos sensibles y las actividades agropecuarias.

República Dominicana registró un crecimiento sostenido de la superficie sembrada y una diversificación de cultivos entre 2020 y 2025, según el informe “República Dominicana: Superficie sembrada por tipo de producto agrícola, según año 2020-2025″, elaborado por la Oficina Nacional de Estadística y publicado en junio de 2026.

La superficie total sembrada alcanzó 693,681.30 hectáreas en 2024, frente a 335,513.96 hectáreas en 2020, de acuerdo con la ONE. El aumento estuvo impulsado por los cereales, que totalizaron 516,995.80 hectáreas en 2024 frente a 229,506.04 hectáreas en 2020.

Dentro de ese grupo, el arroz fue el principal cultivo del país, con 464,246.90 hectáreas sembradas en 2024. El maíz pasó de 24,804.65 hectáreas en 2020 a 52,748.90 hectáreas en 2024, mientras que el sorgo registró alrededor de 1,000 hectáreas anuales.

Cultivos tradicionales y oleaginosas

En los productos tradicionales, la caña de azúcar se mantuvo como el cultivo de mayor superficie, con 150,615.64 hectáreas en 2024. El tabaco alcanzó 60,126.97 hectáreas ese mismo año y el café sumó 108,902.31 hectáreas. El cacao, cuya última cifra disponible corresponde a 2020, registró 56,375.28 hectáreas sembradas.

El informe de la ONE también señaló el crecimiento de las oleaginosas, en especial el maní, que en 2025 alcanzó 3,661.89 hectáreas. En las leguminosas, la habichuela blanca y la habichuela roja superaron las 49,000 hectáreas en 2024.

Musáceas, hortalizas y tubérculos

Entre los cultivos no tradicionales, las musáceas aumentaron de forma progresiva. El plátano pasó de 19,699.18 hectáreas en 2020 a 75,381.22 hectáreas en 2025, mientras que el guineo registró 7,903.19 hectáreas en el último año del período analizado.

El segmento de hortalizas y vegetales también creció hasta 24,360.66 hectáreas en 2025, con cultivos como ají, ajo, berenjena, cebolla y pepino. En raíces y tubérculos, la yuca se mantuvo como principal cultivo, con 21,869.82 hectáreas en 2025.

Otros rubros como la batata, el ñame y la papa también aumentaron: la batata superó las 9,000 hectáreas y la papa se acercó a las 4,000, según la ONE.

Frutales y fuentes de los datos

En el sector frutícola, el aguacate alcanzó 3,576.82 hectáreas en 2025 y la chinola sumó 2,998.48 hectáreas. Melón, piña y limón agrio también reflejaron aumentos en las superficies sembradas.

El informe técnico de la ONE indicó que “la expansión de la frontera agrícola y la diversificación de cultivos han sido elementos clave para fortalecer la seguridad alimentaria y dinamizar las exportaciones”. Las cifras provienen de registros administrativos del Ministerio de Agricultura y de entidades responsables de cultivos de exportación, como el Instituto Azucarero Dominicano, el Instituto del Tabaco de la República Dominicana, el Consejo Dominicano del Café y el Consejo Dominicano del Cacao.

El documento precisó que las cifras están sujetas a rectificación por la naturaleza dinámica de la producción agrícola y la recopilación de datos en campo. De acuerdo con la ONE, la tendencia observada en la última década responde a políticas públicas orientadas a la modernización del agro, la tecnificación de los cultivos y la apertura de nuevos mercados. El gobierno central genera actividades de promoción del agro local.

Mayo cerró con números positivos para el comercio exterior argentino. Las exportaciones superaron por primera vez los USD 9.500 millones en un solo mes y el superávit comercial alcanzó su valor más alto de la historia, según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El resultado favorable se extendió por trigésimo mes consecutivo.

En detalle, en el quinto mes del año las exportaciones de bienes alcanzaron un récord histórico de USD 9.537 millones, lo que representó un incremento interanual de 34,4%. El crecimiento se explicó por un alza de 18,1% en las cantidades exportadas y de 13,9% en los precios. Todos los grandes rubros registraron subas respecto al mismo mes del año anterior.

Las importaciones, en tanto, totalizaron USD 6.033 millones, con una caída interanual de 7 por ciento. La baja se atribuyó a una reducción de 13,6% en las cantidades compradas, ya que los precios subieron 7,6%. El intercambio comercial total —exportaciones más importaciones— ascendió a USD 15.570 millones, un 14,6% más que en igual mes de 2025.

En ese contexto, la balanza comercial registró un superávit histórico de USD 3.504 millones, con una mejora de USD 2.897 millones respecto de mayo de 2025, cuando el saldo había sido de USD 607 millones. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el dato en su cuenta de la red X: “En mayo las exportaciones de bienes y la balanza comercial registraron un nuevo récord histórico”.

El petróleo como motor

El rubro que más traccionó el crecimiento exportador fue el de combustibles y energía (CyE), que alcanzó un valor histórico de USD 1.745 millones, con una variación interanual de 167,1 por ciento. El desempeño estuvo impulsado principalmente por el ascenso en las exportaciones de petróleo crudo y de carburantes: las cantidades exportadas crecieron 78,5% y los precios, 49,9 por ciento. Caputo señaló que “la balanza comercial energética registró el mayor saldo positivo de toda la serie, con un superávit de USD 1.543 millones”.

Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) llegaron a USD 2.992 millones, con una suba de 20,5% interanual. El incremento estuvo impulsado, en orden de importancia, por mayores ventas de grasas y aceites, carnes y sus preparados, y residuos y desperdicios de la industria alimentaria. Las manufacturas de origen industrial (MOI) crecieron 20,1%, con ventas por USD 2.360 millones. Según Caputo, las MOI “alcanzaron el segundo valor más alto de la historia para un mes de mayo”. Los productos primarios (PP) sumaron USD 2.441 millones, con un alza de 22,5%, impulsada principalmente por las cantidades exportadas.

Entre los diez principales productos de exportación del mes —que concentraron el 59,1% del total— se destacaron los aceites crudos de petróleo (12,3%), el maíz en grano (9,0%) y la harina y pellets de extracción del aceite de soja (8,8%).

La cara importadora

Del lado de las compras al exterior, el rubro con mayor retroceso fue el de combustibles y lubricantes, con una caída de 32,9% y una baja de USD 99 millones respecto a igual mes del año anterior. Las cantidades cayeron 55,3% y los precios subieron 50,2%. Las piezas y accesorios para bienes de capital retrocedieron 26,6%, con una merma de USD 374 millones, donde el mayor descenso en valores absolutos correspondió a piezas y accesorios para equipos de transporte.

Los vehículos automotores de pasajeros cayeron 21,3% y los bienes de capital, 6,8%. En sentido contrario, los bienes intermedios crecieron 8,6%, con USD 179 millones adicionales respecto a mayo del año pasado.

El principal destino: China

En mayo, China se posicionó como el primer destino de las ventas argentinas, con exportaciones por USD 1.497 millones, una suba de 78,9% interanual. El 75,1% de los despachos se concentró en porotos de soja, aceites crudos de petróleo, carbonatos de litio y carne bovina congelada. El intercambio bilateral con ese país dejó un superávit de 347 millones de dólares.

Brasil fue el segundo destino, con una participación de 12,5% del total y exportaciones por 1.188 millones de dólares. Las importaciones desde ese origen cayeron USD 466 millones, principalmente por menores compras de vehículos y bienes de capital. Estados Unidos fue el tercer destino, con ventas por USD 878 millones (+76,0%), impulsadas en gran parte por combustibles y energía.

Comienzo del año alentador

En los primeros cinco meses de 2026, las exportaciones argentinas de bienes totalizaron USD 40.359 millones, con un incremento de 24,3% respecto al mismo período de 2025. Las importaciones sumaron USD 28.575 millones, con una reducción de 6,6 por ciento. El saldo acumulado fue de 11.783 millones de dólares. Caputo subrayó que “las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial sumaron USD 10.964 millones, el mayor valor de la historia para el período enero-mayo”.

En el acumulado, los aceites crudos de petróleo lideraron las exportaciones con 9,3% de participación, seguidos por el maíz en grano con 8,7% y la harina y pellets de soja con 8,1 por ciento. Del lado de las compras, China encabezó el origen de las importaciones con 22,7% del total, seguida por Brasil con 21,6% y Estados Unidos con 8,6 por ciento.

La paritaria aceitera volvió a cerrarse sin acuerdo este martes. La audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo a pedido de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) terminó sin resultados, luego de que los gremios aceiteros rechazaran la propuesta empresaria de actualizar los salarios mes a mes según el índice de precios al consumidor del Indec.

Semanas atrás, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) lanzaron un paro en todas las plantas del pais, medida ante la que el Ministerio de Capital Humano reaccionó casi de forma inmediata con una conculiación obligatoria que vence este jueves 18 de junio.

Frente a la falta de acuerdo paritario el bloque empresario advirtió que cada semana de paro le costaría a cada trabajador hasta $960.000 en salario no percibido.

Según el comunicado que difundió por CIARA-CEC este martes tras la reunión, la industria llegó a la mesa dispuesta a firmar en ese mismo acto el compromiso de ajustar los salarios todos los meses según el reporte del Indec, sin excepción. “La industria confirmó que está dispuesta a firmar hoy mismo que todos los meses incrementará los salarios con el reporte mensual del Indec y de esa manera no perder poder adquisitivo. Pero no obtuvo voluntad de negociar de parte de los sindicatos”, señala el texto.

La oferta empresaria se apoya en los números acumulados desde enero: Ciara-CEC asegura haber anticipado aumentos del 13,8%, mientras que la inflación del mismo período llegó al 14,7%, una brecha de menos de un punto porcentual. Desde noviembre de 2023, el salario aceitero acumuló un alza del 361%, frente al 299% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y al 304% del tipo de cambio en ese lapso. Las cámaras sostienen que su propuesta “es la única viable para defender los salarios aceiteros”.

Los gremios, en cambio, reclaman un aumento del 20% retroactivo a mayo y rechazan que la indexación por IPC sea suficiente para recomponer el poder adquisitivo. El secretario general del SOEA de San Lorenzo, Daniel Succi, había anticipado antes de la reunión que las bases estaban dispuestas a dar pelea: “Siempre tenemos ganas de negociar y siempre que sea conveniente para el trabajador vamos a ver cómo se hace”, afirmó en declaraciones radiales. Los sindicatos también cuestionaron las cifras salariales que difunde el sector empresario: mientras CIARA-CEC sostiene que el promedio ponderado del trabajador aceitero alcanza los $4,8 millones mensuales, Succi señaló que el básico inicial es de $2.344.000 y el tope de supervisores ronda los 3.500.000 pesos.

Frente a la posibilidad de un nuevo paro, Ciara-CEC volvió a insistir en el costo concreto para los propios trabajadores: cada día de paralización representa una pérdida de $160.000 por empleado, lo que en una semana laboral completa acumularía $960.000 por trabajador.

El origen del conflicto

El conflicto tuvo su detonante a fines de mayo, cuando ambos sindicatos declararon un paro por tiempo indeterminado en todas las plantas del país tras la oferta empresaria de un incremento del 0% para ese mes. El Ministerio de Capital Humano intervino de inmediato con la conciliación obligatoria, que detuvo las medidas de fuerza y habilitó la negociación formal.

Según anticipó CIARA en su comunicado, es probable que la Secretaría de Trabajo extienda la conciliación una semana más, hasta el 25 de junio. De confirmarse esa extensión, las plantas del principal polo agroexportador del país seguirían activas mientras continúa la negociación. Los gremios, por su parte, quedarían habilitados para retomar las medidas de fuerza si no hay acuerdo al vencimiento del nuevo plazo.

El sector arrastra tensiones desde antes del paro del 27 de mayo. Semanas atrás, transportistas autoconvocados de la provincia de Buenos Aires habían paralizado las terminales portuarias de Bahía Blanca y Necochea en plena cosecha gruesa, en reclamo de un aumento del 15% en el flete, consecuencia del alza del gasoil efecto de la guerra de Medio Oriente. Esa medida, según las cámaras empresariales, generó pérdidas estimadas en al menos USD 450 millones y afectó el cumplimiento de contratos internacionales.

El Banco Central del Uruguay (BCU) publicó este lunes el resultado de cuentas nacionales del primer trimestre del año, que concluye que la actividad económica se expandió 0,8% en comparación al trimestre inmediato anterior al tiempo que registró un crecimiento de 0,9% en comparación al inicio de 2025.

El informe del BCU destaca los desempeños positivos de sectores como el transporte y el almacenamiento, información y comunicaciones, comercio y suministro de bebidas y servicios financieros.

Sin embargo, hubo otras actividades –como el agro– que mostraron un desempeño negativo en el arranque del año. De acuerdo al documento, el rubro agropecuario, de pesca y minería del primer trimestre del 2026 cayó un 3,7% respecto al mismo trimestre del año anterior.

¿Por qué sucedió esto? Porque se observó una reducción de la producción de arroz y de soja. Además, hubo una caída por la menor faena de ganado vacuno, que fue parcialmente compensada por un aumento de la remisión de leche a las plantas. En el sector silvícola, en cambio, hubo un crecimiento que estuvo principalmente asociado a una mayor demanda para exportación de rolos y, en menor medida, a la demanda con destino a la industria procesadora de madera.

Otro rubro que cayó fue el de la construcción, un 3,4%. Hubo una menor inversión en proyectos de vialidad, obras portuarias y líneas de comunicación. También un menor dinamismo en la construcción de edificios.

La industria, en tanto, registró un aumento de la actividad del 1,3% en el trimestre. La elaboración de jarabes y concentrados, la fabricación de productos de panadería y confitería y las industrias químicas incidieron en este crecimiento. En sentido contrario influyó la refinación de petróleo y la industria frigorífica.

La actividad eléctrica, de gas y agua presentó un incremento de 0,9%, explicado por una mayor generación de energía, un crecimiento de las exportaciones y una reducción de las exportaciones.El comercio, alojamiento y suministro de comidas y bebidas creció 1,4%. Esta suba se vinculó principalmente al comercio exterior de granos y a las importaciones de combustibles, carne, vehículos y otros bienes para consumo.

Este dato se conoce a dos semanas del plazo límite para que el gobierno presente el proyecto de Rendición de Cuentas, una ley clave de cada año en la que se pueden redestinar o incrementar los recursos establecidos en el Presupuesto quinquenal. Además, es la oportunidad que tiene el equipo económico de corregir las proyecciones que hace para la economía del país.

Hace algunas semanas las autoridades adelantaron que la estimación de crecimiento del Productor Interno Bruto (PIB) de un 2,2% para el promedio de 2026 sería ajustado a la baja a cerca de un 1,6%, como consignó Búsqueda. La explicación de esto es algunos eventos adversos mundiales que impactaron en el país, como el conflicto en medio oriente.

Meses atrás, entrevistado en La Diaria, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, señaló que existe la “posibilidad bastante elevada” de revisar a la baja el crecimiento previsto para 2026. Otra posibilidad que el gobierno tiene sobre la mesa es una revisión de las metas fiscales

“Si mirás la tasa de crecimiento de Argentina, Brasil, de Chile e incluso de Paraguay, se registra en el segundo semestre del año pasado, en particular en el último trimestre, una desaceleración importante de las economías. Eso tiene que ver con un efecto asociado a la incertidumbre internacional y al flujo de inversiones, y en particular en Uruguay a algunos elementos más específicos”, analizó Oddone.

Consultado en esa oportunidad sobre si en la Rendición de Cuentas puede haber alguna medida de recorte de gasto, Oddone señaló: “En este momento, con la información que tenemos, no podemos descartar ninguna medida. Hay que tener una mirada cuidadosa, pero podría ser necesario. No necesariamente un recorte generalizado, pero sí asumir que hay algunos compromisos que tenemos que diferir”.

El agro y la explotación de minas y canteras sumaron 1.400 puestos de trabajo formal en marzo, según el informe de situación y evolución del trabajo registrado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), publicado por la Secretaría de Trabajo. En tanto, en la comparación interanual, la actividad agroindustrial sumó 1.700 puestos en un año, mientras que la extracción de minerales, combustibles fósiles y áridos perdió 5.200 puestos de trabajo.

Los últimos datos oficiales muestran que, por un lado, la agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció un 0,3% en marzo respecto a febrero, lo que sobre una base de 324.300 trabajadores equivale a unas 970 personas adicionales. Por el otro, la explotación de minas y canteras avanzó en marzo un 0,5% —el mayor incremento porcentual entre todas las ramas—, pero sobre un universo de apenas 86.800 empleados, lo que representa aproximadamente 430 nuevos puestos. La suma de ambos sectores es de 1.400 nuevos trabajadores en el mes.

En la comparación interanual entre marzo de 2025 y el mismo mes de 2026, la minería pasó de 92.000 a 86.800 trabajadores registrados, lo que refleja una caída del 5,7% y equivale a 5.200 puestos menos. El agro, en tanto, sumó 1.700 empleos en el mismo período, al pasar de 322.600 a 324.300 trabajadores. El saldo interanual combinado de los dos sectores es una pérdida neta de alrededor de 3.500 puestos formales.

El peso real de los sectores exportadores

La brecha entre el desempeño porcentual y el impacto real en el empleo formal se explica por el tamaño relativo de estos sectores dentro del mercado laboral. La explotación de minas y canteras —extracción de recursos naturales del subsuelo o la superficie— emplea a menos de 87.000 personas sobre un total de 6,1 millones de asalariados privados registrados. El agro, con 324.300 trabajadores, representa el 5,2% del empleo privado formal. Juntos, los dos sectores concentran menos del 7% del total.

Un análisis de Fundación Mediterránea-Ieral sobre los mismos datos del SIPA señala que los rubros más dinámicos en materia exportadora y de inversión “representan solo el 3% del empleo total y el 7% del empleo asalariado privado registrado”, lo que impide que el crecimiento del frente externo se traslade de manera automática al mercado de trabajo.

El empleo formal, en caída generalizada

Mientras los sectores exportadores muestran variaciones porcentuales positivas pero de escaso impacto absoluto, el empleo privado formal acumula una caída del 1,5% interanual, equivalente a 96.700 trabajadores menos respecto a marzo de 2025, según el SIPA. En la comparación intermensual, el retroceso fue del 0,1 por ciento.

Los sectores que más perdieron en la comparación interanual fueron precisamente los que concentran la mayor parte del empleo: industrias manufactureras (-4,0%, equivalente a 46.700 puestos menos), intermediación financiera (-3,7%) y comercio y reparaciones (-1,9%). La industria, con 1.122.500 trabajadores registrados, es con diferencia el sector privado con mayor peso en el empleo formal y el que más perdió puestos tanto en el mes como en el año.

En marzo, los sectores con caídas mensuales más pronunciadas fueron intermediación financiera (-0,5%), industrias manufactureras (-0,4%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,3%) y comercio y reparaciones (-0,2%). Seis de las 14 ramas de actividad privada redujeron planteles en el mes, cuatro se mantuvieron estables y solo cuatro —entre ellas el agro y la minería— registraron variaciones positivas.

La minería creció en marzo pero perdió en el año

El caso de la explotación de minas y canteras ilustra con precisión la tensión entre la dinámica de corto plazo y la tendencia estructural. Si bien la actividad creció un 0,5% mensual en marzo, en la comparación interanual acumula la mayor caída relativa de todas las ramas: -5,7%, con 5.200 puestos formales menos que un año atrás. En marzo de 2025, el sector había registrado una contracción mensual del 1,2%, lo que indica que la recuperación de marzo de 2026 se produce sobre una base ya deteriorada.

El dato territorial refuerza esa lectura. Neuquén, la provincia con mayor concentración de actividad hidrocarburífera, fue la única jurisdicción que mostró crecimiento interanual relevante en el empleo privado formal, con un alza del 3,3%. Pero ese desempeño no alcanzó para compensar las caídas en el resto del país, donde 19 de las 24 jurisdicciones registraron pérdida de empleo formal en la comparación anual.

La Unión Europea excluyó a Brasil de su listado de compliance regulatorio para importaciones de carne vacuna a partir del 3 de septiembre de 2026, una medida que abre una ventana de exportación para la Argentina en uno de los mercados de mayor valor del mundo. La decisión, confirmada por el bloque esta semana, se origina en irregularidades sanitarias: Brasil declaró que no utiliza estimuladores de crecimiento en su ganadería, pero los controles europeos detectaron residuos de esas sustancias en la carne exportada.

“Brasil está diciendo que no utiliza estimuladores de crecimiento y sí los usa. Pero no solo los usa, sino que además los deja de usar mucho tiempo después de lo que debería hacerlo, y entonces quedan rastros en la carne”, dijo a Infobae Miguel Schiariti, titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).

La posición argentina en ese punto es diametralmente opuesta: el uso de antibióticos como promotores de crecimiento en animales destinados al consumo está prohibido en el país, lo que le otorga una ventaja sanitaria concreta frente a las exigencias del mercado europeo.

Según datos del Ministerio de Agricultura del país vecino relevados por el portal brasileño O Globo, la Unión Europea es el cuarto principal destino de su carne vacuna, con 129.000 toneladas anuales por un total de USD 1.090 millones. Las estimaciones del sector elevan el impacto total de la sanción a USD 1.800 millones.

La exclusión, sin embargo, no es definitiva. El país vecino tiene plazo hasta el 3 de septiembre para rectificar las observaciones de Bruselas y ser rehabilitado. En el ínterin, los compradores europeos aumentarán sus compras al país sudamericano para cubrirse antes de que la medida entre en vigor, lo que podría amortiguar parcialmente el impacto sobre la oferta disponible en ese mercado.

El consultor ganadero Víctor Tonelli relativizó el efecto directo sobre la Cuota Hilton, el cupo de carne enfriada de alta calidad que la UE otorga a países seleccionados, como la Argentina: “No veo que modifique el negocio local con la UE porque poseemos el 55% del total de la Cuota Hilton, pero seguramente pondrá más avidez a los europeos”. Tonelli también marcó una diferencia estructural entre los dos competidores: "Brasil compite en volumen, pero no en calidad".

La asimetría de escala entre ambos países es pronunciada. Brasil cuenta con un rodeo de aproximadamente 150 millones de cabezas; la Argentina, por su parte, cuenta con entre 53 y 55 millones. Uruguay, otro exportador de la región, tiene apenas 3 millones, lo que lo deja sin capacidad para cubrir el espacio que eventualmente dejaría el gigante vecino. “La pasada a Uruguay no sería tan relevante; Uruguay no tiene stock”, señaló Schiariti.

El impacto sobre las exportaciones argentinas podría ser sustancial. En los últimos tres meses, las ventas externas de carne vacuna crecieron casi 40% en dólares, según datos que maneja el sector. Schiariti proyectó que, si Brasil no resuelve rápidamente su situación ante la UE, “las exportaciones de carne del segundo semestre van a ser realmente espectaculares”.

A su vez, el escenario se potencia aún más por la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur, que habilitó un cupo adicional de 500.000 toneladas de carne desde el bloque regional hacia Europa, y por la mayor demanda de Estados Unidos, donde una sequía en el norte del país redujo la oferta local de carne magra para hamburguesas y llevó a ampliar las compras a Argentina, Brasil e India.

Schiariti advirtió, no obstante, que el escenario tiene condicionantes. El conflicto en el estrecho de Ormuz encareció el petróleo y, con él, los costos de flete y logística. “El famoso estrecho nos tiene locos”, dijo. A eso se suma la variable climática: la Argentina perdió casi 500.000 terneros en 2023 por la fuerte sequía de aquel año que se extendió por más de cuatro meses, y en 2024 y 2025 sufrió inundaciones sobre 3 y 5 millones de hectáreas respectivamente. “Este año daría la sensación de que las condiciones van a ser mejores, pero vemos qué pasa”, señaló.

Los precios se estabilizan en el mercado interno

El contexto exportador contrasta con la dinámica del mercado local. Según el último informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el precio promedio del kilo de carne vacuna registró en mayo de 2026 una variación de apenas 0,1% respecto al mes anterior, con un precio promedio de $18.569 por kilo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La variación interanual, en tanto, acumula 57,9%, muy por encima de la inflación general (33,2%). En Córdoba, por ejemplo, el promedio mensual fue negativo en un 0,5%. El consumidor, que ya absorbió subas acumuladas de esa magnitud, dejó de convalidar nuevos aumentos.

Esa presión sobre el bolsillo se refleja también en la relación entre proteínas. Un kilo de asado equivale hoy a 3,8 kilos de pollo, un 20,8% más que en el mismo período de 2025, según el IPCVA. La relación asado/cerdo también se amplió: con un kilo de asado se compran 2,02 kilos de pechito de cerdo, 35% más que el año anterior.

Al mismo tiempo, según el último estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las exportaciones acumularon hasta abril un volumen 10% superior al registrado en igual período del año anterior, lo que implica, según la entidad, “una menor disponibilidad de carne para el consumo interno” con un recorte cercano al 12% interanual en el primer cuatrimestre. Pese a esa contracción de la oferta, los precios en los mostradores no registraron aumentos en los últimos dos meses y, medidos en términos reales, muestran una caída frente a la inflación minorista.

La producción del sector también muestra señales de contracción. En mayo de 2026, la faena total fue de aproximadamente 1,001 millones de cabezas, un 11,3% menos que en mayo de 2025, según el informe mensual del Consorcio ABC. La producción de carne bovina alcanzó las 239.800 toneladas res con hueso, con una caída interanual de 8,5%. En el acumulado enero-mayo, la producción sumó 1,167 millones de toneladas, un 7,3% por debajo del mismo período del año anterior.

El conflicto salarial entre los gremios aceiteros y las empresas agroexportadoras suma un nuevo capítulo. Con el vencimiento de la conciliación obligatoria previsto para este jueves 18 de junio, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) pidieron a la Secretaría de Trabajo que convoque a ambos sindicatos del sector a una mesa de negociación para este martes, en lo que las cámaras califican como el primer “intento real” de diálogo paritario desde que se inició el conflicto.

A días del vencimiento del plazo que dictó Capital Humano de forma casi instantánea luego del anuncio de paro de los gremios aceiteros, CIARA-CEC difundió un nuevo comunicado en el que sostiene que su posición es sólida desde el punto de vista numérico.

En el escrito que envió este fin de semana, las entidades aseguraron que ya anticiparon aumentos del 13,8% desde enero, mientras que la inflación acumulada en el mismo período llegó al 14,7%, una diferencia de menos de un punto porcentual. A partir del mes próximo, proponen actualizar los salarios según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, el mismo mecanismo que rige en otros sectores de la economía formal.

El origen del conflicto se remonta a los últimos días de mayo, cuando el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) lanzaron un paro por tiempo indeterminado en todas las plantas del país.

El detonante fue la propuesta empresaria de un incremento del 0% para mayo, seguido de ajustes atados a la inflación a partir de junio, que los gremios rechazaron de plano y calificaron de “vergonzosa”. En ese momento, el Ministerio de Capital Humano intervino de inmediato con la conciliación obligatoria, que frenó las medidas de fuerza y devolvió el conflicto a la mesa de diálogo.

“Nuestra propuesta es clara: ya anticipamos aumentos salariales por un 13,8% desde enero y recién ahora la inflación consolidada llegó al 14,7%. Este mes la diferencia es menor al 1%, por lo que a partir del próximo mes se irá actualizando el salario en base al índice de inflación del Indec como se hace todos los años”, sostiene el comunicado de CIARA-CEC.

A su vez, la entidad puso en perspectiva el nivel salarial del sector: el salario promedio ponderado del trabajador aceitero alcanza los $4,8 millones mensuales, muy por encima del promedio del empleo privado registrado, que ronda $1,4 millones. La categoría inicial del convenio arranca en $2,34 millones, un 67% por encima del piso del sector privado formal, mientras que en las categorías superiores la brecha trepa al 117%. Desde noviembre de 2023, el salario aceitero acumuló un alza del 361%, frente al 299% del IPC y al 304% del tipo de cambio en el mismo período.

Frente a esos números, CIARA-CEC rechazó el planteo gremial y advirtió que un nuevo paro tendría un costo directo para los propios trabajadores. Cada día de paralización implica una pérdida de $160.000 por empleado; en una semana laboral completa, esa caída acumulada ascendería a $960.000 por trabajador. Las cámaras apuntan además a lo que definen como motivaciones extrasalariales: en el comunicado señalaron que algunos dirigentes gremiales “miran sus ambiciones políticas y la caja de recaudación de los aportes sindicales y solidarios que suman millones de dólares”.

Los sindicatos, por su parte, argumentaron que el pedido de aumento —que en la última instancia previa a la conciliación ascendía al 20%— responde a necesidades concretas. El SOEA y la FTCIODyARA citaron datos del propio INDEC para sostener que la canasta básica que garantiza la reproducción del salario se ubica en $2.802.754, y recordaron que las patronales recibieron un beneficio adicional de USD 3.740 millones por la reducción de los derechos de exportación. “Los salarios representan apenas un 3,3% de las exportaciones del sector”, subrayaron los gremios en su momento.

Desde noviembre de 2023, el salario de los aceiteros acumuló un alza del 361%, frente al 299% del IPC y al 304% del tipo de cambio en el mismo período. De hecho, según un informe de la Secretaría de Trabajo publicado en mayo, los aceiteros fueron uno de los tres únicos gremios del país —junto con encargados de edificio y transporte automotor— que lograron mantener el poder adquisitivo de sus trabajadores frente a una tendencia generalizada de pérdida salarial real.

Conflictos salariales afectan las exportaciones agroindustriales

El conflicto aceitero se produce en un contexto de tensiones previas en la cadena agroindustrial. Semanas antes del paro del 27 de mayo, transportistas autoconvocados de la provincia de Buenos Aires habían paralizado las terminales portuarias de Bahía Blanca y Necochea en plena cosecha gruesa, en reclamo de un aumento del 15% en el flete ante la suba de costos operativos por el precio del combustible.

Esa medida de fuerza, según CIARA-CEC, hizo colapsar las operaciones de comercio exterior en esos puertos. De hecho, las entidades difundieron que esta situación les provocó pérdidas estimadas en al menos USD 450 millones, a la vez que afectó el cumplimiento de contratos internacionales y deterioró la competitividad nacional.

Las exportaciones argentinas de cítricos alcanzaron en el primer cuatrimestre de 2026 su nivel más alto en 20 años. El sector logró ingresos por USD 108 millones en los primeros cuatro meses del año -un 36% más que en el mismo período del año anterior-, mientras que, en volumen, el salto fue del 50% interanual, con 50.085 toneladas despachadas al exterior, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El resultado tiene un componente estacional que lo potencia: el primer cuatrimestre coincide con el pico de cosecha del hemisferio sur, lo que colocó a la Argentina en una posición de ventaja para abastecer a Europa y Estados Unidos cuando la oferta del hemisferio norte declina. El país produce alrededor de 1,9 millones de toneladas anuales y concentra el 95% de su producción exportable en la provincia de Tucumán, con unas 50.000 hectáreas dedicadas al cultivo.

El producto que más creció fueron los limones frescos. Las ventas externas subieron 76% en volumen y 129% en valor, con ingresos por USD 26 millones, unos USD 14,7 millones más que en igual período de 2025. El jugo concentrado de limón, por su parte, también tuvo un desempeño positivo, con un alza del 23,6% en volumen y del 67,1% en valor, por 32,4 millones de dólares.

El dato más destacado dentro del período fue el aceite esencial de limón, que registró un récord de ventas con USD 48,2 millones, un 6% por encima de 2025. El precio por tonelada llegó a USD 24.477, un 9% superior al año anterior.

Argentina aporta cerca del 65% de la oferta mundial de derivados industriales del limón —jugos concentrados, aceites esenciales y cáscaras deshidratadas—, un segmento que absorbe entre el 70% y el 75% de la cosecha total del país.

Los principales destinos del período fueron Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos, Rusia e Italia. Entre los mercados con mayor crecimiento interanual sobresalen China (+921%), España (+729%), Francia (+640%), Japón (+217%) y Grecia (+176%).

El regreso al mercado estadounidense

El acceso al mercado estadounidense no fue sencillo para la Argentina. El país estuvo 17 años con imposibilidad de enviar limones a ese destino, tras una disputa fitosanitaria que arrancó en 2001 y que se resolvió en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri.

La prohibición se impuso en aquel entonces, cuando productores de California —segundo estado productor de cítricos del país— apelaron ante los tribunales americanos contra un permiso que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) había otorgado a sus competidores del sur. La corte californiana falló a favor de los productores locales, con el argumento de que los limones argentinos portaban una bacteria denominada cancrosis, acusación que la Argentina siempre rechazó.

Cuando se impuso la restricción, el país exportaba unos USD 100 millones anuales en limones a ese mercado. Durante los 16 años siguientes, los productores locales diversificaron destinos —principalmente Europa y Rusia— y el país logró mantenerse entre los principales exportadores mundiales del producto.

La reapertura llegó en 2017, cuando el USDA autorizó definitivamente el ingreso de limones argentinos a su territorio, en un proceso que se aceleró tras un encuentro entre el entonces presidente Mauricio Macri y su par estadounidense Donald Trump en Washington. Fue el propio Trump quien introdujo el tema durante ese encuentro y ordenó una reunión con el secretario de Comercio Wilbur Ross para destrabar las negociaciones. En abril de 2018, Macri encabezó en Tucumán el despacho del primer cargamento de limones frescos con destino a Estados Unidos tras 17 años de veda.

Estados Unidos es hoy el mayor importador mundial de limones, con 885.365 toneladas adquiridas en 2023 por un valor de USD 907 millones; le sigue Alemania, Países Bajos, Francia y Reino Unido. Aproximadamente el 20% de la producción mundial de limones frescos se destina a la exportación, mientras que el 50% se comercializa en forma de productos industriales.

En medio de un escenario todavía adverso para la industria siderúrgica, con niveles de producción que se ubican 40% por debajo de los alcanzados hasta 2023, afectados por la crisis del sector de la construcción y la industria, Acindar volverá a paralizar los hornos de la acería que tiene en Villa Constitución, Santa Fe, para ajustar la producción a los actuales niveles de demanda.

Lo hará la semana próxima, en coincidencia con el feriado del lunes 15 de junio, y la producción del principal insumo de la cadena estará frenada hasta el jueves inclusive. Ya el viernes los hornos volverán a encenderse.

La decisión apunta a evitar tener niveles de stocks demasiado elevados, con los costos que ello implica. En este caso, entre enero y mayo se acumularon aproximadamente 10.000 toneladas de más -a razón de 2.000 por mes- que hoy sobran. La empresa había hecho cálculos de la demanda que preveían tener y las ventas finalmente fueron algo menores.

La acería no fabrica el producto final, sino que produce el acero líquido y luego las palanquillas (bloques semiterminados de acero) que después se transforman en distintos productos mediante laminación. Por el momento, sólo estará paralizada la acería, aunque en e último tiempo también ha habido otras instalaciones del grupo que tuvieron ajustes productivos.

El gremio ya tomó conocimiento de esta situación pero lo entiende como parte del proceso de adecuación a las nuevas condiciones del mercado, que si bien no sigue cayendo, está estancado. La estimación para este año es que Acindar producirá 860.000 toneladas, de las cuales 120.000 se estiman irán a exportación y el resto a la plaza doméstica. Pero ese volumen, similar al del 2025, está lejos del 1,1 millón que la siderúrgica producía hasta el 2023.

¿Qué pasará con los trabajadores de la acería? Hoy la empresa cuenta con 2.200 empleados propios y 1.300 contratistas. Pero ése es el número total, es decir, los que trabajan en todas las instalaciones de Acindar de Villa Constitución (la acería, la planta de reducción directa, los dos trenes de laminación y la planta de alambre), de San Nicolás (dos trenes de laminación que fabrican perfiles), de Rosario (plantas terminadoras) y de Buenos Aires, en La Tablada, donde elaboran alambres industriales. Puntualmente en la acería, son alrededor de 200 operarios (80 por turno).

Por estos días que los hornos estarán apagados, la empresa adelantará vacaciones en algunos casos y otorgará francos compensatorios.

Búsqueda de eficiencia y productividad

Como muchas empresas industriales, Acindar también está trabajando intensamente para mejorar la eficiencia y la productividad, en un contexto de fuerte caída de ventas y de mayor competencia. El objetivo de la empresa es trabajar para aumentar las exportaciones, ya que consideran que están en condiciones de competir para venderle productos de acero a países de la región.

Para ello, están realizando distintas inversiones, en energías renovables, para poder reducir el costo y la huella de carbono de la electricidad que consume su producción siderúrgica. Algunos mercados, como el europeo, son altamente exigentes en esta materia. Por otro lado, Acindar invertirá USD 80 millones en el puerto de Villa Constitución para mejorar las instalaciones y aumentar la productividad.

Para la empresa, hoy existe una gran oportunidad para ampliar las ventas al exterior, aunque los reclamos al Gobierno para que nivele la cancha nunca faltan. Bajar más impuestos y equiparar normas que otros países tienen para garantizar la seguridad en los productos siderúrgicos son dos de los pedidos que desde el sector se le viene haciendo a las autoridades en los últimos meses.

Otra apuesta es el avance de la tecnología y la necesidad de ir adecuando los procesos productivos y al propio personal cada vez más a la nueva realidad.

La energía y la minería se transformaron en un motor clave de la economía argentina en los últimos años a tal punto que, según estimaciones privadas en base a datos oficiales, el sector aportó la misma cantidad de dólares que el agro en el primer cuatrimestre del año.

Un informe de la consultora 1816 titulado “El futuro llegó hace rato” revela un cambio clave en la matriz exportadora argentina. La producción y exportación de petróleo, gas y minería generaron en el primer cuatrimestre del año prácticamente la misma cantidad de divisas que el campo, alcanzando ambos sectores una oferta neta de alrededor de USD 8.150 millones cada uno, de acuerdo con la clasificación sectorial del BCRA.

La consultora señaló que “todo el mercado esperaba hace tiempo que en algún momento la energía sea tan relevante para la balanza de pagos como el agro y lo cierto es que ese futuro ya llegó” y destacó que, la oferta neta en el Mercado Libre de Cambios (MLC) por parte del segmento energético y minero sumados fue tan grande como la de cereales y oleaginosas durante los primeros cuatro meses del año.

Componentes de la generación de divisas

De todas maneras, cabe destacar que en el caso de las cerealeras, el 91% de los dólares del cuatrimestre provinieron de exportaciones netas. En cambio, en el segmento de petróleo, gas y minería, el comercio exterior representó el 71% de los ingresos en divisas, mientras que el restante 29% llegó esencialmente de la liquidación de las obligaciones negociables. Es decir, colocación de deuda en moneda extranjera por parte de las empresas sectoriales.

“Estos números dejan más que claro que la energía y la minería son el futuro, pero también el presente y el pasado reciente”, indicó 1816. La participación de estos sectores en la generación de divisas impacta de manera directa en la balanza de pagos y en la dinámica cambiaria del país.

Pese a la paridad alcanzada en el primer cuatrimestre, la comparación entre sectores no contempla los dos meses más “fecundos” para la cosecha gruesa del agro, mayo y junio, en los que tradicionalmente -junto a abril- se concentra la mayor liquidación de divisas por parte del sector agrícola.

El desempeño anual completo del campo suele definirse en ese período, por lo que la comparación cuatrimestral presenta una instantánea parcial del año. De hecho, buena parte de esos dólares fueron adquiridos por el Banco Central tanto dentro como fuera del mercado cambiario, lo que permitió que la autoridad monetaria alcance la meta de USD 10.000 millones fijada para todo 2026 a comienzos de junio.

Impacto bursátil y el efecto ANSES

El análisis de 1816 también aborda el efecto de la suba bursátil reciente en la energética estatal YPF. En los últimos días se registró “récord en 15 años el precio de las acciones de YPF”, lo que generó un impacto considerable en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

“Por la suba del mercado y las compras que hizo ANSES desde mayo de 2025, la posición del FGS en la energética estatal alcanzó los USD 1.736 millones esta semana versus menos de USD 100 millones cuando asumió Milei, calculamos nosotros”, indica el informe.

Esta valorización refuerza el peso de la energía en los activos estratégicos del sector público y en la capacidad de financiamiento del sistema previsional.

¿Cambia la estacionalidad?

El equipo económico liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo, considera que la Argentina atraviesa un cambio en la estacionalidad del mercado cambiario. Esta dinámica es impulsada, justamente, por la aparición de los rubros petroleros y mineros como un eje clave de la economía argentina.

A mediados de abril, el titular del BCRA, Santiago Bausili, se refirió a este cambio de paradigma al sostener que el crecimiento de los sectores energético y minero podría generar un flujo de divisas más distribuido a lo largo del año, a diferencia del esquema tradicional concentrado en la temporada de cosecha en el “trimestre de oro” que se extiende de abril a junio.

Consideró el presidente del BCRA que “todavía existe una percepción muy arraigada sobre la estacionalidad del mercado de cambios, porque durante décadas la dinámica estuvo marcada por el impacto estacional de la cosecha gruesa”.

El funcionario proyectó un cambio estructural en la matriz exportadora del país: “Sin embargo, el país está evolucionando y convirtiéndose en una economía más diversificada hacia la energía y, eventualmente, la minería. Entonces, empezaremos a ver un desempeño más equilibrado en nuestras reservas”.

La biotech argentina Kheiron Biotech recibió en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, a una delegación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en el marco del acuerdo bilateral firmado entre Argentina y Estados Unidos, una visita que vinculó el nuevo entendimiento oficial entre ambos países con los desarrollos de la empresa en clonación equina y mejoramiento genético de precisión.

La comitiva visitó las instalaciones de Kheiron Biotech y Doña Sofía Genética. Participaron el presidente y CEO de U.S. Livestock Genetics Export, Martin Sieber; el asesor principal de la oficina de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores del USDA, Edward Newburn; y otros referentes del sector agropecuario y biotecnológico de Estados Unidos.

La visita se inscribió en la misión oficial encabezada por Luke Lindberg, subsecretario para Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores de Estados Unidos, quien viajó a la Argentina por el acuerdo bilateral suscripto en febrero de 2026. La elección de Kheiron fue leída como un reconocimiento a la trayectoria científica de la firma, sus publicaciones en revistas especializadas y sus avances en biotecnología animal.

“Estamos muy entusiasmados con lo que Estados Unidos y Argentina están haciendo y seguirán haciendo en el futuro; es un escenario totalmente diferente a lo que hemos visto en el pasado. Juntos conocemos el valor de la evidencia científica que respalda la producción y vemos sus beneficios, por lo que debemos trabajar en conjunto para educar al resto del mundo sobre estos temas. A través de nuestro acuerdo, buscamos avanzar hacia un estándar más global que ayude a proteger la propiedad intelectual en genética y potenciar estos esfuerzos en Argentina”, dijo Lindberg.

Kheiron afirmó que logró los primeros caballos nacidos con procesos genéticos de precisión

Daniel Sammartino, fundador y CEO de Kheiron Biotech y Doña Sofía Genética, sostuvo que la presencia del USDA en la empresa reflejó el lugar alcanzado por la biotecnología desarrollada por la compañía.

“Que el USDA haya elegido Kheiron como parte de su visita a la Argentina dice algo sobre el lugar que ocupa nuestra biotecnología en el mundo. Es un orgullo, pero sobre todo es una responsabilidad. Creemos que el mejoramiento genético de precisión, cuando se realiza con el rigor y la metodología que aplica Kheiron, representa el futuro del progreso genético, y esto es válido para todas las especies”, afirmó.

Kheiron unió la clonación con el progreso genético de precisión en equinos y su desarrollo más reciente la convirtió en la primera empresa del mundo en lograr caballos nacidos mediante esos procesos. La compañía distinguió esa técnica de la edición génica y sostiene que replica la selección natural con un grado de precisión que los métodos tradicionales de cría tardarían varias generaciones en alcanzar.

Ese es el punto central de la visita y del reconocimiento que la empresa expone: que su tecnología permite obtener ejemplares que podrían considerarse equivalentes a los producidos por cruza, pero en plazos más cortos y con selección dirigida de rasgos.

“El progreso genético de precisión que desarrollamos en Kheiron replica la selección natural. Que Conabia dictamine a estos ejemplares como organismos no regulados consolida a la Argentina como líder global en biotecnología aplicada. Sería muy oportuno que las organizaciones ecuestres internacionales analicen estos avances que abren una ventana inédita al futuro del diseño genético”, agregó Sammartino.

Conabia otorgó a los ejemplares el estatus de organismo no regulado

La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, Conabia, otorgó a esos ejemplares el estatus de organismo no regulado. Esa calificación implica que no son considerados Organismos Genéticamente Modificados y que pueden circular libremente en la naturaleza.

Esa definición regulatoria ubica a la Argentina en una posición de liderazgo en la construcción de marcos normativos para esta tecnología. También atribuye a ese punto una consecuencia concreta para la proyección internacional de la actividad biotecnológica aplicada a la cría equina.

“Este avance representa una evolución en la cría de caballos, el comienzo de una era de optimización genética, donde podemos seleccionar y mejorar las características deseadas con precisión quirúrgica. Esta tecnología viene a sumar otro avance para la cría de caballos. Estamos convencidos de que se lograrán mejores caballos en un menor plazo”, explicó el cofundador y director científico de Kheiron Biotech, Gabriel Vichera.

La delegación recorrió las instalaciones de ambas empresas y observó la operación vinculada con los procesos de clonación y biología de precisión, incluido el trabajo con los ejemplares obtenidos mediante esas técnicas. La visita abrió perspectivas concretas de colaboración dentro del nuevo vínculo estratégico entre Argentina y EEUU.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio su mirada sobre cómo se dará de acá en más el proceso de crecimiento económico. Y a través de un informe presentado por su vicepresidente, Vladimir Werning, detalló de qué manera se dará el proceso de derrame desde sectores “naturalmente ganadores” a otros que lucen más rezagados.

“La recuperación de la actividad se consolidará, abarcando progresivamente a otros sectores”, explican en un informe. Los sectores ganadores en esta etapa del ciclo, explican, requieren de insumos, infraestructura, servicios urbanos y logística. “El eslabonamiento con otros sectores contribuirá a la creación de oportunidades de empleo”.

Se trata de la teoría del “derrame”. Es decir algunos sectores que impulsan la actividad pero que luego permiten que otros segmentos que no están directamente beneficiados por las nuevas reglas de juego terminen también sumándose a la reactivación.

De hecho el crecimiento que muestran los índices oficiales están básicamente sostenidos por algunos sectores puntuales, pero que crecen muy fuerte: agro, energía y minería son los más relevantes.

En 2026 se estima que el PBI crecería cerca de 3,5%, pero con estos sectores creciendo a más del doble o incluso el triple de velocidad. Mientras tanto, otros se mantienen rezagados, no crecen o directamente siguen cayendo.

En relación a la inversión privada, el Central reconoce que cayó recientemente pero por efecto de la incertidumbre electoral: “Hoy se observa una expansión del financiamiento corporativo doméstico y externo que anticipa el tercer motor de la expansión económica en curso, la inversión”.

El informe también se muestra optimista en relación a la evolución del consumo, pero, al mismo tiempo, reconoce que hay cambios en el contexto que vale la pena tener en cuenta.

Uno de ellos tiene que ver con los cambios en los canales de comercialización, como la innovación digital. “El sector privado -señala- deberá adaptarse a márgenes que están siendo redefinidos rápidamente”.

La baja del riesgo país también es algo que se menciona como un impacto para el sector privado: “Los retornos se ajustan por riesgo, que disminuye. No será factible preservar márgenes vigentes cuando el riesgo país era más alto que ahora”.

La transición a un régimen de baja inflación, agregan, afecta la composición de márgenes. “La contribución financiera cae automáticamente y aumenta la productividad operativa, en la medida que se capitaliza la empresa”, marcan.

Por otra parte, enfatizan que el volumen es lo que explicará la rentabilidad futura de las empresas al considerar que en la facturación “aportará más el esfuerzo por aumentar ventas versus la velocidad de remarcación de precios”.

Y, por último, puntualizan que con tasas de interés reales positivas es clave la rotación de productos y “se requiere optimizar el manejo de inventarios”.

Werning también se centró en el proceso de baja de la inflación. En ese sentido, explica que una serie de factores la hicieron subir pero temporalmente. Entre ellos, mencionó el impacto que tuvo la incertidumbre preelectoral del año pasado. Aunque no lo menciona explícitamente se produjo una suba del tipo de cambio que meses después generó un impacto en los precios.

Pero luego también se refiere a algunos shocks internacionales, más precisamente el aumento de la nafta por la guerra en Medio Oriente y también el aumento internacional de la carne que también se sintió en el mercado local.

La buena noticia, sostiene, es que se sigue esperando un descenso de la inflación en los próximos meses. El índice porteño arrojó 2,1% en mayo y el Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM) estimó un 2,3% para la inflación nacional del mes pasado. El proceso de desinflación se mantendría, perforando el 2% en agosto aunque algunos economistas como Fernando Marull estiman que esto podría ocurrir incluso en junio.

En ese escenario, Valtra eligió compartir sus avances más recientes en materia de eficiencia, conectividad y gestión inteligente, con lanzamientos que buscan marcar el ritmo de la próxima campaña. En esa línea, exhibió su portfolio de soluciones en tractores, pulverización y agricultura de precisión.

“Estamos presentes con novedades como la generación A5, evolución de la A4, tanto en su versión estándar como high-tech. Es un tractor orientado a la línea media de potencia, con mayor versatilidad, nuevo diseño, menor consumo respecto al modelo anterior y mayor capacidad en el levante hidráulico”, señaló Emiliano Ferrari, director de Ventas de Valtra y Fendt para Hispanoamérica.

Nuevas soluciones para el agro: tecnología aplicada y conectividad

La edición 2026 de Agroactiva fue el escenario para el lanzamiento de una nueva generación de tractores de Valtra. Estos equipos suman avances en eficiencia, confort operativo y capacidades digitales, orientados a optimizar las tareas diarias y la gestión en el campo.

Dentro de las innovaciones, la propuesta tecnológica incluye herramientas basadas en inteligencia artificial y conectividad. Entre ellas se destacan el sistema Talking Tractor y la plataforma FarmENGAGE, dos desarrollos que amplían la interacción entre el productor y la maquinaria.

“A través de una plataforma digital que integra todos los equipos del campo y facilita la conectividad entre ellos, ponemos información a disposición de quienes toman decisiones para ajustar sus labores diarias y hacerlas más eficientes”, explicó Ferrari.

Estas innovaciones, presentadas previamente en Agritechnica 2025 y en Agrishow 2026, representan el liderazgo de Valtra en el campo de la agricultura digital en Sudamérica.

Inteligencia artificial aplicada al trabajo diario

Uno de los diferenciales del nuevo portfolio de Valtra es la integración de soluciones basadas en inteligencia artificial, que permiten una gestión más eficiente de la maquinaria. “La IA permite una conectividad directa entre el operador y el equipo. Mejora la accesibilidad y posibilita la interacción oral, brindando información al usuario mientras opera el tractor”, indicó Ferrari.

El objetivo de la marca es reducir la brecha entre las capacidades de los equipos y el uso real que hace el productor. Mediante la incorporación de nuevas tecnologías, busca facilitar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia de cada tarea en el campo.

Asesoramiento y soporte: el rol de los concesionarios

El espacio de Valtra en Agroactiva 2026 contó con el respaldo de su red de concesionarios y especialistas técnicos. Los visitantes pudieron obtener asesoramiento personalizado y conocer detalles sobre el funcionamiento de las herramientas digitales y el servicio postventa.

La plataforma de agricultura de precisión sigue siendo clave en la estrategia de la marca, integrando soluciones que permiten optimizar la gestión de los recursos y la productividad en el campo.

El desafío de la eficiencia y la mirada al futuro

Con una trayectoria consolidada en la Argentina, Valtra forma parte del grupo AGCO y opera una planta industrial en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, desde donde fabrica y ensambla equipos adaptados a las condiciones del campo local. La marca combina experiencia global y desarrollo local, ofreciendo tractores reconocidos por su robustez, eficiencia y confiabilidad.

El contexto actual del sector agropecuario requiere soluciones que ayuden a los productores a mejorar la eficiencia y reducir el consumo. “En el campo, se observa un productor receptivo a las innovaciones que Valtra presenta. El objetivo es reducir la brecha entre las capacidades del equipo y el uso real que hace el productor”, aseguró Ferrari.

La presencia en Agroactiva 2026 reforzó el compromiso de Valtra con el desarrollo del agro argentino, apostando a la innovación continua y a la construcción de relaciones de largo plazo con quienes trabajan en el campo.

“Es un paso para empezar a resolver y a reactivar las inversiones del sector. No es la solución en sí misma”, señaló Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la ASA, en declaraciones a Infobae en Vivo. La entidad nuclea a la mayoría de las empresas que trabajan en el mejoramiento genético vegetal en el país.

Paseyro explicó que el esquema no modifica lo que el sector privado ya viene realizando desde hace más de una década. “Hoy al productor no le cambia nada, porque lo que establece esta resolución es lo mismo que viene haciendo el sector privado hace más de 10 años”, afirmó el directivo. Lo que sí cambia, subrayó, es que la norma otorga un marco legal formal al proceso y abre la puerta a reactivar inversiones en mejoramiento genético que se perdieron por falta de previsibilidad.

Paseyro precisó que el retraso afecta a las llamadas semillas autógamas —aquellas que, a diferencia de los híbridos como el maíz, pueden ser reproducidas por el productor sin necesidad de comprar nuevas cada campaña—. En esas especies, la ausencia de protección intelectual desincentivó la inversión privada en nuevas variedades.

El resultado de esta situación es visible en los datos: Brasil registró 330 variedades de soja el año pasado, frente a solo 23 en Argentina, según citó Sturzenegger este lunes en su cuenta de X al momento de la oficialización de la medida.

En tanto, el directivo de la ASA señaló que la adopción del sistema de contratos entre privados avanzó en soja, pero que quedan pendientes otras especies como el trigo. “Hay un gran porcentaje de productores que adhirieron a ese programa y viene mejorando, pero tenemos que mejorar la adopción en otras especies”, indicó. La resolución, precisó, no resuelve de manera inmediata esa brecha, pero genera las condiciones para que el sector privado retome inversiones que durante años migraron hacia Brasil, Estados Unidos, Canadá y países europeos.

De qué se trata la nueva normativa

La norma, firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Famulari, fue impulsada desde el Ministerio de Desregulación a cargo de Sturzenegger, quien la calificó como “una gran reforma estructural” que permitirá a Argentina acercarse a la frontera tecnológica en producción agrícola.

El ministro ilustró el problema con un dato concreto en su cuenta de X: una hectárea de algodón en el Chaco rinde unos 600 kilogramos de fibra, mientras que en Brasil los rindes superan los 1.800 kilogramos, una brecha que atribuyó directamente a la falta de protección de los derechos de propiedad sobre las semillas.

El mecanismo que establece la resolución funciona a partir de la toma de muestras en el primer punto de entrega de granos, en establecimientos registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Los análisis, realizados con métodos reconocidos por el INASE —entre ellos escáneres e inteligencia artificial—, son procesados por cámaras arbitrales o entidades privadas habilitadas, que luego remiten los resultados al titular de la variedad registrada y al productor. Si se detecta una irregularidad, las partes disponen de un plazo de negociación directa; solo si no hay acuerdo interviene el INASE como instancia de resolución.

Ley de Semillas

No se trata, no obstante, de la implementación de la Ley de Semillas, un debate de larga data en el sector agroindustrial local que volvió a cobrar fuerza tras el acuerdo comercial que la Argentina firmó en febrero con Estados Unidos. Según ese entendimiento, el país debería avanzar hacia los estándares de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, conocidos como UPOV 91.

Esta última es una normativa internacional que refuerza la protección de la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales. En la práctica, cambia las reglas del negocio de la genética agrícola: las empresas semilleras sostienen que sin protección de la innovación no hay incentivos para invertir en genética, mientras que buena parte de los productores teme que una normativa más estricta limite prácticas históricas del agro argentino y eleve los costos de producción.

El sistema genera además un incentivo a la multiplicación informal: un productor puede adquirir una variedad, verificar su rendimiento y luego reservar parte del grano para sembrarlo durante varias temporadas sin volver a pagar por esa tecnología. La Mesa de Enlace, Coninagro y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa ya adelantaron públicamente que no respaldarán una normativa en esa línea, mientras el INASE aún tiene pendiente la definición de los protocolos de toma de muestras para cultivos como el algodón.

La multinacional agroindustrial francesa Louis Dreyfus Company (LDC) confirmó una inversión de USD 400 millones para la construcción de una planta de procesamiento de girasol y soja en Bahía Blanca. Según adelantó la empresa, será una de las más grandes del mundo.

La compañía formalizó su desembolso a través de una carta que envió este lunes al ministro de Economía, Luis Caputo, quien compartió el escrito en su cuenta de X. Allí, LDC reafirmó su decisión de avanzar con un proyecto industrial de gran escala en el sur de la provincia de Buenos Aires. Según la comunicación oficial, la empresa ya había comentado sus intenciones de llevar a cabo el proyecto en el marco del Foro Empresarial Estados Unidos-Argentina organizado durante los primeros días de marzo de este año por el banco americano JP Morgan.

“Como seguimiento de esa conversación, le escribo hoy para compartir que nuestra compañía ha decidido avanzar con la construcción en Bahía Blanca de una nueva planta de procesamiento de girasol y soja. La futura instalación será una de las mayores plantas de molienda de semillas de girasol del mundo y, con una inversión total aproximada de USD 400 millones, estimamos que representa una de las inversiones más importantes del sector agroindustrial argentino en la última década”, recita la carta enviada desde la sede de Louis Dreyfus Company Suisse SA, ubicada en Ginebra, Suiza.

La misiva, dirigida a Caputo, remarca que el proyecto refleja tanto la confianza de la firma en el potencial de largo plazo de la economía argentina como el compromiso de fortalecer la presencia industrial de la multinacional en el país. “Creemos que también contribuirá significativamente al desarrollo económico local, la creación de empleo y la continua modernización de la infraestructura agroindustrial del país”, puntualiza el texto.

La futura planta estará ubicada en Bahía Blanca, donde la empresa ya tiene operaciones e incluso un complejo portuario desde donde exporta sus granos al exterior. El desembolso de USD 400 millones es una cifra que la propia compañía consideró una de las más relevantes del sector agroindustrial argentino en la última década. “Esta inversión será fundamental para aumentar la capacidad de procesamiento de oleaginosas, mejorando así la competitividad del sector agroindustrial argentino y generando mayores exportaciones con valor agregado”, destaca el comunicado oficial de LDC.

Argentina representa un mercado estratégico para Louis Dreyfus Company, que concentra allí varias de sus principales líneas de negocio, entre ellas granos, oleaginosas y algodón. La empresa subraya que su decisión de inversión se apoya en recursos naturales, experiencia agrícola y la reciente estabilidad macroeconómica observada en el país. “Los recursos naturales del país, su experiencia agrícola y su relevancia global en las cadenas de suministro de alimentos, nutrición animal y otros productos lo convierten en una piedra angular de nuestras operaciones globales”, señala la carta.

La compañía prevé que la nueva instalación fortalecerá la posición de Argentina como proveedor global líder de productos agrícolas, además de profundizar la relación de LDC con productores locales y otros actores empresariales. El anuncio formal por parte de la compañía se oficializará en el transcurso de la jornada y se anticipa un encuentro entre ejecutivos de la empresa y el ministro Caputo en julio, donde se prevé brindar mayores detalles sobre el proyecto y analizar futuras formas de colaboración en el desarrollo del sector agrícola nacional.

Por su parte, Caputo acompañó el posteo con un pequeño comentario: “Recibí esta carta de Michael Gelchie, director ejecutivo de Louis Dreyfus Company. Una inversión estratégica para la empresa que se decidió que se hiciera en nuestro país. Surgió a partir de la reunión que mantuvimos en el Argentina Week en New York y es otra muestra enorme de confianza en lo que está haciendo el presidente Javier Milei”.

La apuesta anterior de Dreyfus

LDC fue una de las empresas que, junto a Molinos Agro, la pata agroindustrial del grupo Perez Companc, compitió para quedarse con el control de Vicentin. Finalmente, la gigante cerealera, que estaba en concurso desde 2019 y que incluso tuvo intento de expropiación durante el gobierno de Alberto Fernández, quedó en manos de uno de sus mayores acreedores, el Grupo Grassi.

Recientemente, en un comunicado que enviaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Molinos Agro y LDC desistieron de su propuesta para quedarse con el control de la compañía. Esta novedad marcó el cierre de años de conflictividad judicial y empresarial, y consolida la transición definitiva del control de Vicentin al empresario Mariano Grassi.

Fue éste el final de una trama que mantuvo en vilo a productores, acreedores y empleados, ya que finalmente la cerealera tiene nuevos dueños tras un proceso judicial que se extendió durante más de seis años. Según reconocieron fuentes cercanas al caso a Infobae, la carta de Molinos y LDC ante la CNV fue “una vuelta de página”, término con el que describieron el fin de una disputa que había enfrentado a las partes durante todo el año pasado.

La Agencia de Extensión Rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de la localidad cordobesa de Brinkmann enfrenta su cierre inminente por quedarse sin personal para operar. Ubicado en el noreste de la provincia mediterránea, el distrito depende mayoritariamente de las actividades agropecuarias, con una marcada especialización en la lechería.

Los tres técnicos que conforman el equipo actual de la agencia, la unidad territorial encargada de llevar la investigación científica al productor, adhirieron al plan de retiro voluntario impulsado por el organismo.

Esta medida, diseñada para reducir de manera significativa la planta de personal, tenía como plazo inicial de adhesión fines de mayo, con una prórroga hasta el 10 de junio. Según el portal especializado Bichos de Campo, la amenaza de eventuales pases a disponibilidad una vez vencido ese plazo aceleró la cantidad de solicitudes, que ya totalizan 900 en el instituto.

De esta manera, la dependencia de Brinkmann quedará sin personal para atender las necesidades del sector productivo local, dejando sin asesoramiento ni acompañamiento técnico a los productores de una región con fuerte impronta agropecuaria.

El presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, había manifestado su postura respecto a las agencias de extensión rural, afirmando que si dependiera de él cerraría todas. Sin embargo, en este caso la clausura de la agencia no responde a una orden directa sino a la falta total de recursos humanos.

El municipio de Brinkmann emitió un duro comunicado de oposición a la medida. El gobierno municipal aseguró que “durante casi 60 años el INTA Brinkmann, a través de sus profesionales y en conjunto con los productores y las familias rurales, llevaron adelante tareas y programas que mejoraron la producción, cuidando el medio ambiente y el uso eficiente de los recursos”.

Destacó el Programa Pro Huerta, “a través del cual cientos de personas encontraron en la producción de alimentos una forma de sustento a sus economías familiares”.

Asimismo, afirmó que “la ciencia aplicada al desarrollo de las economías regionales, la investigación al servicio de la producción y los recursos del Estado en beneficio de las comunidades del interior han sido, entre muchos otros, los beneficios que la presencia del INTA en todo el país, ha dejado a cada uno de los rincones de la Argentina”.

Rechazaron “el cierre del INTA en Brinkmann, el proceso de achique inconsulto y a su vaciamiento feroz en todo el territorio de la República Argentina”.

Por otra parte, desde el municipio advirtieron que “si finalmente el Gobierno Nacional decide el cierre de las oficinas de Brinkmann- su edificio (construido con el aporte de toda la comunidad de Brinkmann y por iniciativa y trabajo de un grupo de brinkmanenses) no sea un bien sujeto a las reglas del mercado. Y que permanezca como patrimonio de toda la ciudad y de utilidad para el bien común”.

“Un Estado y un sistema científico, técnico y productivo al servicio de las comunidades del interior es no sólo responsabilidad de todos sino una necesidad para una Argentina realmente grande, justa y soberana”, concluyó el comunicado.

Mientras tanto, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín falló a favor de ATE y ordenó la suspensión de la Resolución 24/2026 del INTA, para evitar la supresión de funciones y unidades dependientes, movimientos de los trabajadores, pase a disponibilidad o desvinculaciones de técnicos de la administración pública, traslado de equipos, asignación de edificios y/o venta y subasta de propiedades.

La decisión firmada por el Juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto también detalla que la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) y sus agencias de extensión constituyen estructuras destinadas a la investigación científica, la transferencia tecnológica, la asistencia técnica a productores y el fortalecimiento de la agricultura familiar, actividades vinculadas con objetivos expresamente promovidos por la Constitución Nacional y diversas leyes nacionales.

Cada 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente invita a reflexionar sobre los avances y desafíos pendientes en relación con la sustentabilidad. En ese marco, CampoLimpio —organización dedicada a desarrollar e implementar un sistema de gestión ambiental para la recuperación de envases vacíos de fitosanitarios en la Argentina— advierte sobre uno de los desafíos más relevantes para la sustentabilidad del sector agropecuario: garantizar que estos recipientes sean acondicionados correctamente antes de ingresar al circuito de recupero.

Al respecto, la directora ejecutiva de CampoLimpio, María Pisanu, subrayó -en diálogo con Chacra TV- que “el productor tiene que sentirse orgulloso de mostrarle a su comunidad su aporte a la sustentabilidad y dar el ejemplo con una gestión ambiental responsable”.

1,3 millones de kilos de plástico, fuera del sistema

Aunque el sistema formal continúa expandiéndose en todo el país, durante 2025 más de 1,3 millones de kilos de plástico no pudieron reciclarse debido a que los envases no habían recibido el triple lavado o lavado a presión exigido por la normativa.

Según informó la asociación, el dato refleja una problemática que aún persiste dentro de la cadena productiva. Los envases que llegan al sistema sin el lavado correspondiente no pueden ser reciclados ni revalorizados, lo que impide su transformación en nuevas materias primas destinadas a usos seguros y autorizados.

Desde CampoLimpio remarcaron que “sin el correcto lavado previo, el proceso no puede continuar y esos envases no pueden revalorizarse ni reinsertarse como materia prima en usos seguros y autorizados”. Además, señalaron que “no da lo mismo entregar los envases lavados que sin lavar”, ya que la falta de esta práctica genera un impacto ambiental negativo al impedir su aprovechamiento dentro de la economía circular.

La entidad explicó que el sistema está diseñado para gestionar exclusivamente envases correctamente lavados, garantizando posteriormente un destino final que no represente riesgos para el ambiente ni para la salud de las personas. Por ese motivo, el triple lavado o lavado a presión constituye un paso clave dentro del proceso de gestión responsable de estos residuos.

Envases de fitosanitarios: se recuperaron 25 millones de kg

A pesar de este desafío, los indicadores muestran una evolución positiva. Desde sus inicios y hasta abril de 2026, CampoLimpio logró recuperar más de 25 millones de kilos de envases vacíos de fitosanitarios en todo el territorio nacional. En los últimos tres años, el recupero registró un crecimiento promedio del 30% interanual.

Ese volumen es posible gracias a una extensa infraestructura territorial compuesta por más de 95 Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT), distribuidos en 22 provincias argentinas. A ello se suman más de 1.900 jornadas de capacitación y concientización dirigidas a productores, aplicadores, distribuidores y otros actores vinculados al sistema.

Argentina, uno de los líderes mundiales en gestión de envases de fitosanitarios

La iniciativa se desarrolla en el marco de la Ley Nacional 27.279, considerada la única norma de responsabilidad extendida del productor vigente en el país. Bajo este esquema, CampoLimpio se consolidó como el segundo sistema de gestión de envases de este tipo en América Latina y el tercero a nivel mundial (el primer lugar lo ocupa Brasil, que cuenta con más de 25 años de experiencia en la materia, y el segundo puesto lo detenta China, por sus características poblacionales).

En ese contexto, la directora ejecutiva de CampoLimpio, destacó que la Ley 27.279 permitió transformar un problema ambiental en una oportunidad para impulsar la economía circular dentro del sector agropecuario. “La ley viene a ofrecer soluciones. Por un lado, el tratamiento seguro de envases que podrían haber terminado en un curso de agua, enterrados o quemados, generando un daño no sólo al ambiente sino también a las comunidades. Y, a su vez, cambia la forma en que se trata ese residuo y permite que podamos reciclarlo para que ese plástico vuelva al sector productivo como insumo”, explicó.

En ese sentido, señaló que el sistema cumple una doble función ambiental. “Estamos cuidando el ambiente de ese plástico que luego de su uso queda allí y, al mismo tiempo, permitiendo que vuelva a insertarse como material, evitando que se siga generando plástico virgen”, sostuvo.

María Pisanu resaltó además, el posicionamiento que logró el sistema argentino a nivel internacional: “el agro tiene que estar orgulloso porque hoy es la única actividad productiva del país que cuenta con un sistema de estas características. El compromiso y la toma de conciencia de los productores va creciendo año tras año”.

Responsabilidad compartida

Desde la entidad remarcan que el aporte de los productores resulta fundamental para que el circuito funcione correctamente.

Pisanu remarcó que el primer paso para garantizar la circularidad es la correcta limpieza de los envases. “El productor o el aplicador, una vez que utilizan el producto, tienen que realizar las técnicas de reducción de residuos, que son el triple lavado o el lavado a presión, inmediatamente después del uso. A partir de ese lavado y de la entrega a CampoLimpio, están permitiendo no sólo sacar ese envase de circuitos que no deberían existir, sino también asegurar su destino circular”, afirmó.

El proceso, paso a paso

El proceso comienza una vez utilizado el producto fitosanitario, cuando el usuario debe realizar el triple lavado o lavado a presión, perforar el envase para inutilizarlo y almacenarlo temporalmente.

Posteriormente, los envases deben ser trasladados a los Centros de Almacenamiento Transitorio, donde son clasificados y compactados para su posterior tratamiento. Estos espacios funcionan como nodos estratégicos para garantizar una gestión segura y eficiente.

Una vez reunido el material, CampoLimpio coordina la logística para derivarlo a industrias recicladoras autorizadas. Allí, los plásticos recuperados son transformados en nuevos productos seguros, entre ellos caños para cloacas, postes para alambrados y bidones tricapa destinados nuevamente al sector agrícola.

La directora ejecutiva de CampoLimpio, explicó además que todos los envases recuperados son enviados a recicladores habilitados y bajo estrictos controles. “Nos aseguramos de que el material vaya a recicladores autorizados y que se transforme en productos que no estén en contacto con las personas ni con el medio ambiente. Es muy importante porque existe un circuito informal del plástico que muchas veces hace creer al productor que está actuando correctamente cuando entrega sus envases a operadores no autorizados”, advirtió.

Por eso, recomendó a los usuarios exigir siempre la documentación correspondiente. “Hoy es fundamental pedir el certificado de CampoLimpio, porque es el único que garantiza que el productor cumplió con su obligación legal y que ese bidón terminará en materiales que no pondrán en riesgo la salud”, señaló.

Destacó, por otra parte, que además de la red fija de CAT, la organización desarrolla jornadas itinerantes de recepción en localidades donde todavía no existen centros permanentes. Estas acciones permiten ampliar la cobertura territorial y facilitar que los productores obtengan el certificado oficial de disposición final exigido por la normativa.

Plazos y medios de devolución

Pisanu también respondió una de las consultas más frecuentes de los usuarios sobre la devolución de los envases. “Los productores pueden transportarlos por sus propios medios, sin necesidad de contratar servicios especiales. Sólo pedimos que soliciten turno previamente para garantizar una recepción ordenada en los Centros de Almacenamiento Transitorio”, explicó.

Recordó, por otra parte, que los productores cuentan con un plazo de un año desde la compra para devolver los envases, que no necesitan documentación especial para trasladarlos dentro del territorio nacional, y que cuentan con el certificado de CampoLimpio para acreditar su compromiso.

“Juguemos Limpio”: la sustentabilidad implica un compromiso cotidiano

En el marco de AgroActiva 2026, que se desarrolla hasta el 6 de junio en Armstrong, provincia de Santa Fe, CampoLimpio impulsa la campaña “Juguemos Limpio”, inspirada en la pasión futbolera de los argentinos. Al respecto, Pisanu destacó la importancia de sumar cada vez más productores al sistema. “CampoLimpio pone la cancha. Tenemos casi 100 centros de almacenamiento distribuidos en todo el país y un equipo presente en el territorio para acompañar a los productores en este proceso”, expresó.

La directiva explicó que el cumplimiento de la normativa debe entenderse como un compromiso con la comunidad más que como una obligación legal. “Nos gusta hablar de responsabilidad. Cuando un productor lava y devuelve sus envases, se asegura de que ese plástico no termine convertido en una bolsa de verdulería, un juguete para un niño, una conservadora o una cucharita de helado. Es ese granito de arena que todos podemos aportar para cuidar el ambiente y la salud”, afirmó.

La asociación cuenta con un espacio en AgroActiva Arena, lote 208G, donde productores, distribuidores, aplicadores, autoridades y empresas pueden conocer de cerca el recorrido que realizan los envases desde su recuperación hasta su transformación en nuevos insumos para la industria plástica.

Sustentabilidad, una exigencia del presente

Desde la organización sostienen que el Día Mundial del Ambiente representa una oportunidad para poner en valor los avances alcanzados por el sistema, pero también para recordar que la sustentabilidad requiere del compromiso cotidiano de todos los actores involucrados. En ese sentido, señalaron que “la sustentabilidad no es un objetivo a futuro, sino una exigencia del presente”.

CampoLimpio articula esfuerzos con autoridades municipales, provinciales y nacionales junto a distribuidores, productores y organizaciones del sector para desplegar el sistema en todo el territorio nacional. Se trata de una plataforma que integra el trabajo colaborativo de esta amplia cadena de valor, unificando el proceso de recuperación de envases vacíos de productos fitosanitarios utilizados en el campo argentino, e impulsando un nuevo paradigma de economía circular en el sector productivo.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Ambiente?

El Día Mundial del Ambiente se celebra cada 5 de junio por iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que estableció la fecha en 1972 durante la histórica Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano. El objetivo de esta jornada es sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de proteger el planeta, promover el uso responsable de los recursos naturales e impulsar acciones concretas que contribuyan al desarrollo sostenible. Más de cinco décadas después de su creación, la efeméride continúa siendo un llamado global para transformar hábitos y fortalecer políticas ambientales en todos los sectores productivos.

La Argentina registró niveles récord en exportaciones de carne porcina y huevos durante el primer cuatrimestre de 2026. El crecimiento en los envíos al exterior se da en un contexto de fuerte demanda internacional de proteínas animales, normalización de las liquidaciones tras la unificación cambiaria y la entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

En el primer cuatrimestre del año, consignó la cartera que dirige Sergio Iraeta, las exportaciones de la cadena porcina crecieron 161% interanual en valor, hasta alcanzar los USD 6 millones. En tanto, en volumen, el avance fue de 78%, con un total de 5.137 toneladas exportadas.

Los principales destinos de la carne de cerdo, chacinados, productos y subproductos comestibles y no comestibles argentinos fueron Costa de Marfil, China, Filipinas, Congo, Uruguay, Brasil, Hong Kong, Georgia y Paraguay. El organismo oficial agregó que ya son 54 los mercados abiertos para la producción porcina, a la vez que continúa la gestión para ampliar ese número.

Récord en exportación de huevos

La Secretaría de Agricultura también informó que las exportaciones de ovoproductos subieron 28,5% en valor en el primer cuatrimestre de 2026, hasta USD 10,8 millones. En volumen, las ventas llegaron a 1.312 toneladas, un 8% más que en el mismo período del año pasado.

Los principales destinos fueron Dinamarca, Japón, Chile, Austria y Macedonia del Norte. El resto de las colocaciones se distribuyó entre Suecia, Rusia, Arabia Saudita, Costa Rica, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador y México. Entre los productos exportados en 2026 se destacaron huevo entero, yema y albúmina en polvo, destinados a la industria alimenticia de mayonesas, panificados, budines, pastas y helados.

La producción de huevos en el país se distribuye principalmente en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Salta.

El acuerdo con Europa

Este incremento en las exportaciones tiene un precedente clave: el sector logró, a pocos días de oficializado el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, cubrir todo el cupo asignado al bloque sudamericano para todo el periodo.

Este hecho se dio luego de que los exportadores de miel agotaran el primer cupo sin aranceles durante las primeras horas de vigencia del acuerdo. Esta situación inspiró a los mayores empresarios del país, quienes destacaron la iniciativa en diferentes apariciones públicas y resaltaban el diferencial argentino: “Hay que aprender de ellos. Hay que primerear”, comentaban.

Mientras el acuerdo entró en vigor el 1 de mayo pasado, dos días mas tarde, salió desde Concordia el primer cargamento argentino hacia Alemania, con 20.986 kilogramos adquiridos por Langnese Honig GmbH & Co.. Antes del nuevo acuerdo, la miel argentina enfrentaba un arancel del 17,3 por ciento.

El régimen para ese producto prevé cupos crecientes: entre mayo y diciembre de 2026 se asignaron 5.000 toneladas libres de arancel, de las cuales 1.400 ya se exportaron en la primera etapa. Desde el 1° de julio estarán disponibles dos nuevos cupos de 1.800 toneladas cada uno; para 2027 el límite anual subirá a 15.000 toneladas y en 2031 llegará a 45.000 toneladas, según el texto fuente.

Días después, Argentina y Uruguay agotaron el cupo de 6.667 toneladas de arroz asignado al Mercosur para exportar a la Unión Europea en 2026, de acuerdo con el texto fuente. Argentina abarcó casi el 40% del beneficio arancelario y Uruguay tomó el 63 por ciento.

De acuerdo con el INDEC, en 2025 las exportaciones argentinas a la Unión Europea sumaron USD 8.486 millones y las importaciones llegaron a USD 10.478 millones, con una participación de 9,7% en las ventas externas y de 13,8% en las compras.

Según un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario, en el primer trimestre de 2026 la participación de la Unión Europea en las exportaciones argentinas fue de 9,3%, un mínimo en décadas que podría empezar a revertirse con la entrada en vigor del acuerdo. En tanto, el comercio con el bloque representó menos del 10% de las exportaciones en 2025, lejos del casi 32% registrado en 1991.

Entre los bienes exportados hacia ese mercado figuran harina de soja, biodiésel, minerales de plata, carne bovina y maní, según el texto fuente. Los principales destinos son Países Bajos, Alemania, España, Italia e Irlanda, aunque el liderazgo neerlandés se explica por el peso del Puerto de Rotterdam como puerta de entrada para mercadería que luego sigue hacia otros mercados europeos.

Vassalli, la fabricante de cosechadoras fundada en Firmat en 1949, negocia su traspaso a un nuevo grupo inversor por el valor simbólico de un dólar. La condición principal es que quien ingrese como nuevo accionista absorberá la totalidad de los pasivos acumulados por la compañía, que si bien no se comunicaron oficialmente, en la industria ya adelantan que serían “montos de deuda altísimos”.

Sin embargo, según consta en registros oficiales del Banco Central, la firma acumula unos 869 cheques rechazados por un monto total de 1.337 millones de pesos. En el caso de que el acuerdo se cierre antes de fin de junio, tal como prevén las partes involucradas en la transacción, la empresa cambiará de manos por cuarta vez en poco menos de una década.

El valor de venta de la compañía refleja el peso de una deuda que incluye salarios adeudados, obligaciones con proveedores y un esquema laboral reducido a cuatro horas diarias acordado entre la empresa, el gremio metalúrgico y las autoridades laborales de Santa Fe. “El eventual comprador está preocupado por la masa salarial, porque es demasiado grande lo que se adeuda”, dijeron a Infobae fuentes con conocimiento de la transacción.

La propuesta está encabezada por Roberto Santiago Chinelli, exgerente general de la empresa durante la gestión del último propietario, Eduardo Marsó, y vinculado a la firma desde los años 90. Detrás de él, aseguran, hay un grupo de inversores nacionales cuya identidad no trascendió. Si la operación prospera, Chinelli quedará al frente de toda la operación industrial: producción, desarrollo de producto, área comercial, recursos humanos y servicio mecánico. El área financiera seguiría radicada en Buenos Aires.

Las negociaciones apuntan a cerrarse entre el 15 y el 20 de junio, aunque fuentes de la Municipalidad de Firmat advirtieron a Infobae que el proceso acumula demoras. “La esperada venta se podría concretar entre el 15 y el 20 de junio, situación que se repite en esta cuestión de plantearle a la sociedad una nueva prórroga de tiempo. Es lo que pasa siempre”, comentaron.

En tanto, lo que frena el cierre, según fuentes con conocimiento de la operación, es un enredo de papeles que se arrastra desde los sucesivos cambios de manos. “Estaban complicados los papeles por el encadenamiento de cambios societarios, el paso por una convocatoria y la venta previa a Marsó, que pagó una parte y luego dejó de pagar”, explicaron a este medio.

El deterioro de la planta

La crisis de Vassalli no es nueva, pero se agudizó con fuerza desde 2023. Ese año, marcado por la fuerte sequía que atravesó el agro argentino, la empresa dejó de tomar nuevas ventas y concentró su actividad en fabricar 39 máquinas ya comprometidas. A noviembre de ese año quedaba una sola unidad por terminar. Hoy, los trabajadores asisten a la planta en un esquema de cuatro horas diarias, con salarios atrasados y sin certeza sobre el futuro inmediato de la compañía. La municipalidad y el gobierno provincial asistieron a los empleados con alimentos y atención sanitaria durante los meses más críticos.

El plan que llevaría adelante el nuevo grupo no se limita a pagar las deudas, sino que prevé una reorganización integral que incluye la recuperación gradual de la actividad fabril, una modernización tecnológica orientada al desarrollo de nuevos productos y la creación de herramientas financieras propias para la comercialización de maquinaria. Este último punto apunta a cerrar una brecha histórica frente a los grandes fabricantes internacionales, que cuentan con estructuras de crédito para ofrecer financiamiento directo a los productores.

Antecedentes

Roque Vassalli fundó la compañía en 1949 en Firmat, ciudad del sur de Santa Fe. Desde entonces, la firma creció hasta convertirse en una de las marcas de referencia de la industria de maquinaria agrícola argentina, con tres plantas cubiertas que suman 99.000 metros cuadrados, producción de cosechadoras, plataformas y repuestos, y un área de investigación y desarrollo propia.

La historia reciente de la empresa es la de una sucesión de crisis y traspasos. Tras atravesar una convocatoria de acreedores, en 2020 la Justicia aprobó el acuerdo entre Mariana Vassalli —heredera de la familia fundadora— y la firma Financiamiento Estratégico S.A. para transferir la gestión a nuevos actores mediante un fideicomiso creado para asumir el manejo de la compañía. Bajo ese esquema, Esteban Eskenazi —hijo mayor de Enrique Eskenazi, titular del Grupo Petersen— tomó el control con el 90% del capital accionario, con Matías Carballo como socio minoritario.

La gestión de Eskenazi y Carballo logró ordenar los números de la empresa, pero el contexto macroeconómico y la sequía de 2023 los llevaron a poner Vassalli en venta. En enero de 2024, la compañía pasó a manos del empresario entrerriano Eduardo Marsó por USD 8 millones, en una operación pactada a cinco años con un desembolso inicial del 10% y el resto a cancelar dentro del plazo convenido.

Marsó tenía antecedentes en el sector agroindustrial: había estado al frente de la metalúrgica Albace, dedicada a maquinaria para frigoríficos, fue dueño de la avícola Las Camelias —que luego cedió a sus hermanos— y tuvo participación en Procesadora Ganadera Entrerriana, dedicada a la faena de bovinos. Sin embargo, según las fuentes consultadas por Infobae, el empresario pagó la primera cuota y dejó de abonar el resto. Esa deuda pendiente con los anteriores dueños es hoy uno de los nudos que complica la transferencia al nuevo grupo.

El Gran Rosario fue en 2025 el mayor complejo portuario granario del mundo con 75,7 millones de toneladas embarcadas de granos, harinas y aceites. Ese volumen colocó a la Argentina en el tercer lugar entre los exportadores globales de commodities agrícolas en la campaña 2024/25, solo detrás de Brasil y Estados Unidos.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el complejo, ubicado en el sur santafesino, representó el 75% de todos los productos agroindustriales despachados desde puertos argentinos. El segundo lugar correspondió a Bahía Blanca, con el 13%. Con una extensión de 70 kilómetros sobre la ribera del río Paraná, entre Timbúes y Arroyo Seco, el Gran Rosario abarca 30 terminales portuarias, de las cuales 18 despachan productos agroindustriales que representan casi uno de cada tres dólares que ingresan al país por exportaciones de bienes.

De esta forma, el año pasado, la Argentina exportó 97,5 millones de toneladas de commodities agrícolas en la campaña 2024/25. Brasil encabezó el ranking con 174,2 millones de toneladas y Estados Unidos ocupó el segundo puesto con 170,6 millones de toneladas, consignó la BCR.

Tal como resalta el informe, solo con los embarques salidos del Gran Rosario durante 2025, el país logró superar en volumen despachado al resto de los exportadores fuera de aquel trío. Por eso la comparación central del relevamiento se concentra en puertos de Argentina, Brasil y Estados Unidos.

El nodo agroexportador santafesino recuperó así el primer puesto mundial después de varios años en los que la menor producción agrícola lo había relegado. En 2023, año de la sequía histórica, había caído incluso al tercer lugar.

Ranking completo

La región del Up-River Paraná totalizó 75.657.255 toneladas de oleaginosas, cereales y subproductos. Detrás quedaron Nueva Orleans, en Estados Unidos, con 74.835.792 toneladas, y Santos, en Brasil, con 59.999.048 toneladas.

Ese podio fue seguido por Belém, en Brasil, con 32.248.371 toneladas; Columbia-Snake, en Estados Unidos, con 31.065.697; y Paranaguá, en Brasil, con 26.875.376 toneladas. Luego aparecieron Irf Sao Luis con 18.675.265, Rio Grande con 17.176.268, Salvador con 12.998.937, Bahía Blanca con 12.991.920, Seattle con 12.304.149 y Sao Francisco do Sul con 9.348.872.

La ventaja de Rosario

La singularidad del Gran Rosario no radica solo en el volumen embarcado. En esa zona los buques remontan el Paraná para cargar en el corazón productivo, en lugar de que los granos recorran el trayecto final hasta puertos marítimos.

La carga llega desde campos ubicados a más de 1000 kilómetros, se procesa en la región y luego se embarca hacia más de 150 países por la Vía Navegable Troncal de la Hidrovía, que desemboca en el Río de la Plata y de allí al océano Atlántico.

La logística argentina de granos y subproductos a granel se organiza en dos grandes áreas portuarias: el sur de la provincia de Buenos Aires, con Necochea/Quequén y Bahía Blanca, y la zona del Gran Rosario, sobre 70 kilómetros de costa del Paraná. En este polo operan terminales que despachan granos, aceites y subproductos a todo el mundo.

Soja, maíz y trigo explicaron el liderazgo del nodo santafesino

En el complejo soja, el Gran Rosario embarcó 40.914.950 toneladas en 2025. Ese desempeño lo ubicó segundo entre los nodos exportadores de ese complejo, por detrás de Santos y por encima de Nueva Orleans.

El aumento estuvo asociado a una buena oferta exportable de soja y al contexto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que impulsó los despachos de poroto durante la segunda mitad del año pasado. A eso se sumaron los embarques habituales de aceite y harina de soja, que incluye al principal producto de exportación de la economía argentina. En el año previo, la región había embarcado 35 millones de toneladas del complejo.

En maíz, el Up-River despachó 22.840.853 toneladas y quedó como el segundo nodo global, solo detrás de Nueva Orleans. El informe de la BCR señala que Ucrania, cuarto exportador mundial del cereal, vendió al exterior menos toneladas que las que salieron desde el Gran Rosario.

En trigo, el sistema Columbia-Snake de Estados Unidos lideró con 11.957.154 toneladas y el Gran Rosario quedó segundo con 8.789.962 toneladas. El relevamiento aclara que en este complejo algunas zonas portuarias de Rusia, Ucrania o Australia podrían haber superado a la región argentina, y que algo similar podría ocurrir con otros cereales y otras oleaginosas.

La primera posición mundial de Rosario surgió de la suma de los principales complejos y de la diversificación de productos exportados. Brasil, con puertos como Santos, Belém y Paranaguá, mostró una participación más fragmentada, mientras que los complejos estadounidenses registraron altos volúmenes en algunos rubros, pero sin superar el total consolidado del nodo argentino.

El Gran Rosario recuperó durante 2025 el liderazgo mundial entre los principales nodos portuarios agroexportadores, una posición que refleja la relevancia de la infraestructura logística argentina dentro del comercio internacional de productos agrícolas. Con embarques por 75,7 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos, el complejo portuario ubicado sobre el río Paraná superó a la región portuaria de Nueva Orleans, en Estados Unidos, y al puerto de Santos, en Brasil.

Según un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, el nodo del Gran Rosario volvió a ubicarse en el primer puesto del ranking global luego de varios años afectados por menores niveles de producción agrícola y por las consecuencias de la histórica sequía de 2023.

El complejo rosarino despachó durante 2025 un total de 75,7 millones de toneladas, superando las 74,8 millones embarcadas desde Nueva Orleans y las 60 millones movilizadas por Santos.

Un modelo logístico único en el mundo

El liderazgo del Gran Rosario se apoya en una estructura logística singular. En apenas 70 kilómetros de costa sobre el río Paraná, entre Timbúes y Arroyo Seco, se concentran 30 terminales portuarias, de las cuales 18 operan específicamente productos agroindustriales.

La región concentra además más de 52 millones de toneladas anuales de capacidad de molienda de oleaginosas, equivalentes al 75 % de la capacidad instalada de Argentina. Esa integración entre producción, procesamiento industrial y logística portuaria permite que buena parte de la producción agrícola nacional sea transformada y exportada desde una misma región.

A diferencia de otros grandes polos exportadores del mundo, donde las materias primas suelen recorrer largas distancias hasta llegar a puertos marítimos, en el Gran Rosario son los buques los que remontan el río Paraná para cargar directamente en el principal núcleo agroindustrial argentino.

La mercadería llega desde distintas regiones productivas del país y encuentra en el nodo rosarino una combinación de infraestructura portuaria, capacidad industrial y conectividad logística que le permite alcanzar más de 150 mercados internacionales a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay y su conexión con el océano Atlántico.

El peso de las cadenas de suministro agroindustriales

El informe también permite dimensionar la importancia logística del Gran Rosario dentro de las exportaciones argentinas. Cerca del 75 % de los productos agroindustriales embarcados desde puertos nacionales durante 2025 salieron desde terminales ubicadas en el Up-River rosarino.

En el caso del complejo soja, los embarques alcanzaron 40,9 millones de toneladas durante el año, posicionando a la región como el segundo nodo exportador mundial de productos vinculados a esta cadena, sólo por detrás de Santos.

En maíz, el Gran Rosario se ubicó como el segundo nodo portuario global, con 22,8 millones de toneladas despachadas, únicamente por detrás de Nueva Orleans.

Estos volúmenes reflejan el papel central que desempeñan las cadenas logísticas vinculadas al agro dentro de la economía argentina y la importancia de la infraestructura portuaria para sostener la competitividad exportadora.

Expectativas para 2026

La recuperación productiva registrada durante la campaña 2024/25 fue uno de los factores que permitió al Gran Rosario recuperar el liderazgo mundial. Entre 2020 y 2024, la menor producción agrícola y los problemas derivados de la bajante del río Paraná habían reducido los volúmenes exportados desde la región.

Sin embargo, las perspectivas para 2026 aparecen aún más favorables. Según el informe, durante los primeros cuatro meses del año ya se embarcaron desde terminales argentinas 34,6 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos, el mayor volumen registrado para un primer cuatrimestre. De ese total, 25,2 millones de toneladas salieron desde los puertos del Gran Rosario, también un récord para ese período.

Si esa tendencia se mantiene durante el resto del año, el complejo portuario rosarino podría convertirse por segundo año consecutivo en el principal nodo agroexportador del mundo, un logro que hasta ahora no registra antecedentes dentro de la actividad portuaria argentina.

En plena cosecha gruesa, las empresas del sector agroexportador liquidaron USD 2.677 millones durante mayo. Este monto representa un incremento del 7% respecto a abril.

Los datos surgen de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las cuales precisaron además que el acumulado anual totalizó 10.343 millones de dólares, que comparado con el período enero-mayo de 2025, significo un ingreso un 12% inferior.

“Mayo marcó un crecimiento en embarques y en recepción de camiones a los puertos, especialmente con la recuperación de ventas de maíz a la exportación; las diferencias con el año pasado están dadas por precios internacionales menores en términos comparativos”, explicaron en CIARA-CEC.

Para el resto del año, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) elevó recientemente su proyección de liquidación de divisas del agro hasta los USD 36.111 millones, luego de revisar al alza las estimaciones de producción y exportación de soja y maíz de la campaña 2025/26. De alcanzar ese monto, el ingreso de dólares del sector se ubicaría en uno de los niveles más altos de los últimos 16 años.

La entidad informó que la producción de soja se estima ahora en 50 millones de toneladas, dos millones más que la proyección de abril. En el caso del maíz, la previsión subió a 68 millones de toneladas, un millón por encima del cálculo anterior. El incremento en la disponibilidad de granos llevó a ajustar al alza las estimaciones de industrialización y exportaciones.

La BCR indicó que este contexto supone un aumento de un millón de toneladas en la molienda de oleaginosas, así como mayores volúmenes exportados de harina, pellets y aceite de soja para la campaña. Además, la proyección de exportaciones de maíz subió en 500.000 toneladas.

Así, la combinación de mayores volúmenes exportables y una mejora en los precios internacionales de los productos agrícolas impulsó la nueva estimación sobre el ingreso de divisas.

Otro factor adicional que puede impulsar las exportaciones del sector es la baja de derechos de exportación, más conocidos como retenciones.

En detalle, las retenciones para el trigo y la cebada pasarán de 7,5% a 5,5% a partir de este mes, mientras que a partir de enero de 2027, según los resultados de la recaudación, se reducirán entre 0,25 y 0,5% por mes las retenciones para la soja. El esquema se ampliará a todos los cultivos, incluyendo sorgo, maíz y girasol, con un ajuste mensual previamente determinado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, precisó que el impacto fiscal estimado de la medida será de USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028.

Tras el anuncio, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, expresó que las retenciones a las exportaciones agrícolas deberían ser eliminadas totalmente. Y destacó que la rentabilidad en el campo depende del acceso a financiamiento a tasas razonables y criticó la falta de crédito “amigable” para productores.

En la misma línea, en diálogo con Infobae en Vivo, Ricardo Buryaile, ex ministro de Agricultura, valoró la decisión oficial pero señaló que la baja en las retenciones, aunque positiva, no compensa el encarecimiento de los costos: “Vos preferís perder 35 en vez de 50, pero lo lógico sería que el mayor incentivo funcione con rentabilidad, no con menor pérdida”.

Por su parte, un informe de la Fundación Mediterránea remarcó que la medida constituye “una señal positiva para el sector y va en la dirección correcta”, al reducir parcialmente “el impuesto más distorsivo que enfrenta el agro argentino”.

Sin embargo, señala que los derechos de exportación no constituyen la única carga tributaria que incide sobre la actividad. También existen impuestos nacionales, provinciales y municipales que afectan los costos, los márgenes y los incentivos para invertir.

Desde la automatización de maquinaria hasta el uso de drones y sistemas guiados por GPS, la tecnología empezó a modificar tareas que durante décadas se hicieron prácticamente de la misma manera. “La tecnología vino a corregir errores y a mejorar la productividad”, explica Silvio, quien además sostiene que minería, petróleo y gas pueden convertirse en los sectores que más transformen la economía argentina durante los próximos años.

¿Cómo empezó tu vínculo con la tecnología aplicada a sectores productivos?

Hace unos 25 años trabajaba en una cooperativa tambera, en el área de compras y expedición. También soy técnico en industrias lácteas. En un momento sentí que había mucho por hacer y decidí buscar otro camino. Ahí empecé a pensar cómo podía aportar algo distinto dentro de sectores donde gran parte de los productos ya estaban comoditizados.

En ese contexto apareció algo que me llamó mucho la atención: la tecnología aplicada al agro. Veía que el productor agropecuario muchas veces era reticente a los cambios, muy acostumbrado a trabajar de determinada manera, pero al mismo tiempo tenía curiosidad cuando aparecía algo distinto. No era lo mismo llegar ofreciendo semillas o agroquímicos que decir “vendo tecnología para el agro”. Ahí automáticamente aparecía otra reacción.

Capaz alguien decía que no tenía tiempo, pero cuando escuchaba hablar de sensores, automatización o GPS se quedaba preguntando. Y entendí que tarde o temprano el agro iba a incorporar tecnología de la misma manera que pasó dentro de nuestras propias casas.

¿A qué te referís con esa comparación?

A que muchas tecnologías primero parecen un lujo y después terminan convirtiéndose en una necesidad. Pasó con internet, con el aire acondicionado, con el lavarropas automático o con los teléfonos celulares. Al principio parecía algo reservado para pocos, pero después entendimos que mejoran productividad, calidad de vida y aprovechamiento del tiempo.

En el agro empezó a pasar exactamente lo mismo. Tecnologías que antes parecían innecesarias hoy permiten trabajar mejor, reducir errores y aumentar productividad. Por ejemplo, el piloto automático en maquinaria agrícola cambió completamente la forma de trabajar. Antes había tareas que directamente no podían hacerse correctamente de noche porque no se veía bien o porque el cansancio terminaba generando errores inevitables.

Hoy un tractor puede sembrar guiado por GPS y el operario se concentra en controlar parámetros y funcionamiento. Eso permitió trabajar en horarios más eficientes, especialmente en zonas donde las temperaturas son extremas.

En provincias como Chaco o Santiago del Estero hay momentos donde trabajar durante la tarde puede ser muy duro para las personas y también para las máquinas. Entonces la tecnología no solamente mejora productividad: también mejora condiciones de trabajo y permite reducir errores que antes eran normales dentro de la operatoria.

También hablaste del vínculo entre tecnología y comercio exterior. ¿Qué tan importante es hoy la importación para este sector?

Es fundamental. Y hay algo importante para destacar: el ingenio argentino es impresionante. La capacidad que tiene Argentina para encontrar soluciones técnicas o resolver problemas es realmente muy valorada. El problema no está en la creatividad ni en el conocimiento. El problema está en la industrialización.

Argentina está lejos de fabricar este tipo de tecnologías al nivel de China o Alemania. Entonces muchas veces la solución nace acá, se prueba acá y funciona bien, pero después termina fabricándose afuera porque los costos son completamente distintos.

Ahí el comercio exterior, la logística y la conectividad global pasan a ser centrales. Porque muchas veces fabricar localmente un producto puede costar muchísimo más que producirlo a escala en China. Entonces aparece un equilibrio entre desarrollo local, importación y rentabilidad. Hay productos que se diseñan en Argentina y se adaptan a necesidades locales, pero necesitan escala industrial internacional para ser viables.

¿Y qué impacto tiene la conectividad global sobre el desarrollo tecnológico?

Cambió todo. Hoy alguien encuentra una solución en Argentina y automáticamente puede compartirla con el resto del mundo. Y también pasa al revés. Una innovación aparece en China, Alemania o Estados Unidos y rápidamente ya está llegando a Argentina o al menos empieza a analizarse cómo implementarla.

Eso acelera la adopción tecnológica. Antes muchas soluciones quedaban aisladas porque no existían estos niveles de comunicación. Hoy la logística, internet y el ecommerce funcionan como puentes permanentes entre necesidades, desarrollos y soluciones.

Muchas veces había procesos que se hacían de determinada manera simplemente porque “siempre se hicieron así”. Pero cuando aparece una solución concreta y rentable, todo empieza a cambiar más rápido. Y eso también genera nuevas empresas, nuevos servicios y nuevas oportunidades alrededor de la tecnología aplicada a sectores productivos.

Mencionabas también el crecimiento de la minería. ¿Qué estás viendo hoy en ese sector?

La minería está atravesando un momento muy parecido al que atravesó el agro hace unos 15 años. Hoy muchas empresas todavía creen que ciertas tecnologías solamente vienen incorporadas en maquinaria nueva. Pero también existe la posibilidad de automatizar equipos que ya están trabajando.

Por ejemplo, una topadora, una motoniveladora o una retroexcavadora pueden incorporar sistemas de automatización aunque tengan varios años de uso. Eso está generando mucho interés porque mejora precisión, productividad y tiempos operativos sin necesidad de reemplazar toda la maquinaria.

También aparecen herramientas como drones autónomos para relevamientos topográficos que permiten hacer en un día trabajos que antes podían demandar varios días.

¿Cómo ves el futuro productivo argentino?

Creo que Argentina tiene un potencial enorme vinculado a minería, petróleo, gas y litio. El agro sigue siendo fuerte y va a seguir creciendo gracias a la tecnología y a la productividad, pero la minería todavía está en una etapa inicial y eso genera oportunidades enormes.

Hoy la minería empieza a incorporar automatización, conectividad y nuevos procesos operativos de una manera acelerada. Y alrededor de eso también empiezan a crecer la logística, el transporte, la infraestructura y toda la cadena vinculada al abastecimiento.

Por eso creo que minería, petróleo y gas van a tener un impacto muy fuerte sobre el desarrollo económico argentino en los próximos años.

El sector agroindustrial enfrenta un escenario inédito: Brasil superó a la Argentina en exportaciones de harina de soja durante el primer cuatrimestre de 2026, según datos oficiales de ambos países. El volumen exportado por Brasil alcanzó 7,7 millones de toneladas, mientras que la Argentina despachó 7,5 millones, una diferencia que pone en jaque el histórico liderazgo argentino en este mercado estratégico.

Considerando el promedio 2019-2024, la harina de soja aportó más del 13% de las exportaciones totales del país y concentró más del 50% de los envíos del complejo sojero nacional. En la campaña anterior, los ingresos anuales superaron los USD 10.500 millones, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Este producto llegó a representar más del 17% del comercio exterior argentino en períodos como 2014-2016. Este escenario abre el interrogante sobre si se trata de una coyuntura puntual o de un cambio estructural con consecuencias profundas para la economía.

De acuerdo con el análisis del especialista Javier Preciado Patiño, la brecha entre ambos países se redujo de 21 millones de toneladas hace diez años a 2,5 millones proyectadas para 2026-2027, según registros del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Estados Unidos también intensifica su presencia, con una tasa de crecimiento en la molienda que iguala la de Brasil y supera a la de la Argentina.

La producción local muestra signos de estancamiento. En el sector, fuentes consultadas señalaron que en 2016 se proyectaba alcanzar 65 millones de toneladas de soja producidas en la Argentina, pero el número actual ronda los 50 millones, incluso sumando la importación desde Paraguay como única vía para compensar la caída nacional.

Según datos de la BCR, durante los primeros años de este siglo Europa era el destino por excelencia de la harina y pellets de soja, concentrando en promedio 54% del total exportado en la primera década de 2000. El segundo lugar lo ocupaba el continente asiático, siendo destino del 30% de las exportaciones en el mismo período. Cerraban el total África y América, continentes con participaciones del 10% y 6% respectivamente.

Finalizada la primera década de los 2000, mientras la Argentina seguía creciendo en su producción de soja, -logró en 2016 el máximo nivel exportador de harina de soja-, el volumen exportado de este subproducto a Europa tocó su máximo de casi 2,6 millones de toneladas en la campaña 2013/2014, marcando desde entonces una tendencia descendente hasta ubicarse en 1,4 millones de toneladas en la cosecha 2023/24.

En ese marco, los países de Asia comenzaron a ampliar sus compras y ganar participación en los embarques argentinos de harina de soja. Para el fin de la década del 2010, ya promediaban el 45% de los despachos. Mientras tanto, el Viejo Continente pasaba a concentrar el 35% del total exportado, 19 puntos menos que la década pasada.

De esta forma, la harina de soja argentina se exportó a más 68 países en la campaña 23/24. “Con 193 países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), podemos afirmar que la harina de soja argentina nos vinculó comercialmente con más de un tercio del mundo, superando el 35% de los países del planeta”, sostiene la BCR.

La pérdida de competitividad de la harina de soja argentina, comentan en el sector, responde a una variedad de factores. La superficie sembrada se redujo en 3 millones de hectáreas, mientras que las retenciones del 24% para el poroto y del 22,5% para el aceite y la harina dificultaron la viabilidad del cultivo en regiones alejadas de los puertos o con rendimientos bajos. Además, la utilización generalizada de semilla “bolsa blanca” limita la adopción de genética certificada, un avance que en Brasil permitió mejoras sostenidas en la productividad por hectárea.

La competencia de Brasil y Estados Unidos

El estancamiento argentino contrasta con el impulso de Brasil y Estados Unidos, donde las políticas de fomento a los biocombustibles empujan la demanda de crushing y generan excedentes exportables de harina.

Brasil sostiene una estrategia de diversificación de mercados y fortalecimiento de la demanda interna, anticipando una posible baja en las compras de soja por parte de China. “Brasil sabe perfectamente que tiene hoy una gran dependencia de China como comprador de poroto de soja, que la demanda china va a ir cayendo en los próximos años por una cantidad de factores”, explicó Preciado Patiño.

Indonesia, en tanto, se consolida como el principal destino de la harina brasileña, mientras la Argentina pierde posiciones también frente a Estados Unidos, que avanza sobre mercados clave como Vietnam.

Soluciones posibles

La competitividad del complejo sojero local depende de tres factores que, según Preciado Patiño, requieren atención inmediata: la modernización de la logística fluvial a través de la hidrovía, la ampliación del corte de biodiésel al 15% y una ley de semillas que promueva la innovación genética y el acceso a nuevas tecnologías. El especialista advirtió sobre la necesidad de acelerar la reducción de los derechos de exportación para evitar una pérdida mayor de competitividad respecto a los dos principales competidores.

Hay, sin embargo, algunos avances en materia regulatoria para frenar esta tendencia. Por un lado, la semana pasada el Gobierno anunció un esquema paulatino de rebaja de retenciones. Por el otro, en el marco del acuerdo de cooperación económica que la Argentina firmó con Estados Unidos en febrero de este año contempla definiciones clave acerca de la implementación de la Ley de Propiedad intelectual.

Por último, en materia de biocombustibles, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó que el Gobierno está dispuesto a iniciar el debate parlamentario sobre el proyecto de ley para aumentar el corte de biocombustibles en los combustibles fósiles y avanzar hacia una mayor apertura del mercado. La propuesta, elaborada por la Secretaría de Energía que encabeza María Tettamanti, fue presentada en la Cámara baja por Bullrich y otros senadores libertarios.

La iniciativa, que surge en un contexto de alza internacional del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, propone subir el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 10% y el de bioetanol del 12% al 15% en el plazo de un año, con la posibilidad de incrementos adicionales a discreción de la Secretaría de Energía. El texto incorpora la habilitación de motores Flex Fuel y crea un sistema electrónico para la comercialización del producto.

Las exportaciones argentinas crecieron 45% en cantidades físicas desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Ese salto, terminó por empujar un superávit comercial de bienes de USD 2.711 millones en abril. En este contexto, además, retrocedieron las importaciones y el mercado empieza a proyectar que ese saldo favorable se consolidará aún más en los próximos meses por la cosecha récord, la fortaleza de los precios energéticos y una actividad interna que seguiría moderada.

Según un estudio de la consultora Invecq, en el primer cuatrimestre, el resultado positivo acumulado fue de USD 8.277 millones, contra los USD 1.275 millones de 2025, el mayor registro para ese período desde 2009 en términos reales. En abril, las exportaciones alcanzaron USD 8.914 millones y las importaciones USD 6.204 millones, con una mejora interanual de USD 2.496 millones.

El mismo informe releva la evolución de las cantidades exportadas entre abril de 2005 y abril de 2026, con base 100 en 2005. El gráfico destaca distintos ciclos: entre 2005 y 2008 el índice crece de 110 a 127 puntos; luego cae a 108 en 2009. Entre 2010 y 2012 vuelve a subir, alcanzando un nuevo máximo de 128 puntos, para descender a 105 en 2015. Entre 2016 y 2019 hay otra recuperación hasta 125 puntos, seguida de una baja y un repunte en 2021-2022 cerca de los 124 puntos. A partir de 2023, el índice toca su piso en torno a 100 puntos, pero desde ese momento inicia un crecimiento sostenido y acelerado que lo lleva a marcar 145 puntos en abril de 2026.

Este último salto representa no solo el valor más alto de toda la serie, sino también un crecimiento del 45% en las cantidades exportadas desde el nivel registrado al inicio del gobierno de Javier Milei, en diciembre de 2023.

Exportaciones en máximos e importaciones a la baja

Según Invecq, el superávit, que tocó un pico en abril, promedia USD 2.100 millones desde noviembre, frente a una media de USD 686 millones en los primeros 10 meses de 2025. La consultora atribuyó ese desempeño a una combinación de volúmenes exportados en máximos e importaciones en contracción.

En este sentido, tres de los cuatro grandes rubros de exportación se ubicaron en máximos históricos al medirlos con promedio móvil de 12 meses. Los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron los valores más altos de la serie iniciada en 2004, mientras que combustibles y energía quedó 8% por debajo del pico de enero de 2005, aunque abril fue, de manera puntual, el mes más alto de la historia.

La excepción fueron las manufacturas de origen industrial. Según la consultora, se mantuvieron en niveles similares a los picos recientes de fines de 2022 y 2018, pero todavía 26% por debajo del máximo de enero de 2012.

Al desempeño en cantidades se sumó una mejora de precios en lo que va de 2026. En el primer cuatrimestre, los precios de exportación avanzaron 6% interanual, una de las claves, según el estudio, de la mejora en la balanza comercial argentina.

En tanto, las importaciones mostraron el movimiento inverso. Las cantidades importadas cayeron en todos los meses de 2026, con un descenso promedio interanual de 9,9% y una baja acumulada de 10%. En este caso, la contracción fue más marcada en los bienes ligados a la producción: piezas y accesorios retrocedieron 30,1%, los bienes de capital 14% y los bienes intermedios 3,6%. En cambio, los bienes de consumo crecieron 2% y los vehículos de pasajeros 41 por ciento, prinicpalmente debido a la llegada de automotrices chinas al país, como BYD, Baic, Jac, entre otras.

Uno de los puntos destacados fue que la compra externa de combustibles y lubricantes cayó 32,8% en volumen. La consultra vinculó ese descenso con el cambio estructural de la Argentina en su transición de importadora neta de energía a exportadora, principalmente por el dinamismo de Vaca Muerta. De hecho, la balanza energética explicó el 52% del saldo positivo en el intercambio comercial de abril

Sin embargo, el dato central es que la mejora del saldo comercial no se explicó por un solo factor. Se sostuvo en una expansión récord de las cantidades exportadas, una suba de precios y una baja de las importaciones, sobre todo de las asociadas al nivel de actividad.

El mercado de ONs volvió a moverse y sumó expectativa de divisas

En el frente financiero, el mercado de obligaciones negociables recuperó dinamismo desde abril tras la volatilidad internacional de febrero y marzo. En lo que va de mayo, las colocaciones ya superan USD 1.600 millones, por encima de todo lo emitido en abril.

Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires volvió al mercado con una colocación por USD 500 millones, equivalente al 33% del total emitido en mayo. Por sectores, 47% de las emisiones correspondió a compañías de energía, 11% a servicios financieros y el resto se repartió entre empresas del agro, servicios no financieros e industria.

Entre las operaciones destacadas, Arcor emitió deuda en dólares a tres años al 5,25% anual en el mercado local. Mercado Pago colocó una ON con vencimiento a septiembre, a 106 días, con tasa de 0%, mientras que Pampa Energía emitió USD 500 millones a 18 meses con una tasa de 7,775% anual.

Estas emisiones hard dollar implican futuros ingresos de divisas porque cuentan con hasta 180 días para liquidar parcialmente en el MULC. Este flujo se complementa con el ingreso esperado por la campaña récord del agro (se esperan ventas por USD 36.111 millones), la mejora en exportaciones energéticas tras la suba del petróleo (se prevén exportaciones por alrededor de UAS 14.000 millones) y el crecimiento de los préstamos en dólares al sector privado.

La suba de tasas en Estados Unidos complica el regreso al crédito externo

El escenario internacional, de todos modos, siguió agregando presión. En las últimas semanas, las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron con fuerza: el rendimiento a 10 años alcanzó máximos de los últimos 15 meses y la tasa a 30 años tocó niveles no vistos desde 2007.

Ese movimiento encareció el financiamiento global y complicó en especial a los mercados emergentes, tanto por tasa como por flujos. Para la Argentina, el problema aparece en un momento en que el equipo económico busca una ventana para volver al mercado internacional sin convalidar costos altos frente a los vencimientos que se concentran en 2026 y 2027.

Según el estudio de Invecq, en 2026 los vencimientos totalizan USD 13.531 millones, aunque los pagos efectivos serían de USD 5.773 millones. Para 2027, los compromisos ascienden a USD 37.609 millones y los vencimientos efectivos a USD 23.507 millones, con mayor presión en julio y enero.

En ese marco, la semana pasada el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del acuerdo bajo el Servicio Ampliado del Fondo y habilitó un desembolso cercano a USD 1.000 millones. El organismo destacó el avance del programa económico argentino y remarcó la importancia de seguir flexibilizando el esquema cambiario y fortalecer la acumulación de reservas internacionales.

En el plano cambiario, el BCRA realizó esta semana una compra neta de USD 328 millones en una sola jornada, la segunda mayor del año, y acumula adquisiciones por USD 8.995 millones en 2026. Si se sostiene la dinámica actual de flujos, el mercado proyecta que la meta de acumulación de reservas por USD 10.000 millones podría alcanzarse e incluso superarse en los próximos meses.

La actividad agropecuaria registró una caída mensual del 2,6% en abril, afectada principalmente por las demoras en la cosecha y dificultades logísticas derivadas de las abundantes lluvias, según el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). A pesar de este descenso puntual, el sector, que proyecta una cosecha récord para este periodo, permanece en valores históricamente elevados, ubicándose 16,5% por encima del nivel alcanzado en abril del año pasado.

El retroceso mensual se explicó por complicaciones climáticas que demoraron las tareas en los campos y dificultaron el traslado de mercadería a los puertos. Según la BCR, ocho de las 12 series relevadas mostraron caídas mensuales, con los mayores descensos en el avance de labores agrícolas y en las exportaciones de los principales complejos agropecuarios. El informe destaca que la cosecha de soja fue la más afectada, con un progreso de apenas 17 puntos porcentuales, el menor avance registrado para abril desde el inicio de la serie.

En el sector ganadero, la faena bovina descendió 1,8%, acumulando nueve meses consecutivos a la baja. También se registraron disminuciones en la faena aviar y porcina, así como en la producción de leche. Las exportaciones agroindustriales retrocedieron 3,4% respecto a marzo, en un escenario marcado por el paro de transportistas y las persistentes lluvias.

El análisis interanual evidencia un desempeño sólido del sector, con una tasa de variación de 16,5% respecto al año anterior. En este caso, 10 de las 12 series que componen el índice se ubicaron por encima del nivel de abril de 2025, con la producción primaria avanzando 22,4% interanual, impulsada por la mayor cosecha de girasol del siglo y una cosecha récord de maíz. Solo la faena de bovinos (11,9%) y aviar (3,2%) presentaron caídas frente al mismo mes del año pasado, mientras que crecieron la faena de porcinos (9,9%), la molienda de cebada (13,6%), la de girasol (27,5%), la de soja (2,9%), la de trigo (0,3%), la producción de biodiesel (17,5%), de bioetanol (4,6%) y de leche (2,4%).

Milei anunció la eliminación progresiva de las retenciones

En paralelo, la semana pasada, en el marco de una campaña que promete resultados históricos, Javier Milei sorprendió al sector con el anuncio de una reducción de las retenciones al trigo y la cebada del 7,5% al 5,5% a partir de junio. La medida, celebrada por los productores, llega en plena definición de siembra y podría aportar mayor previsibilidad al sector.

La BCR estimó el costo fiscal de la medida en USD 29 millones para la campaña en curso, mientras que un informe de la Fundación Mediterránea calcula que la menor recaudación anual en 2027 rondaría entre USD 390 y USD 690 millones.

Desde el sector industrial, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, sostuvo que la baja de retenciones representa “una clara señal de la decisión del Gobierno de ir cumpliendo con su objetivo de bajar paulatina y progresivamente los derechos de exportación”. Destacó la publicación de un cronograma para la reducción de retenciones y consideró que establece condiciones claras para la comercialización y exportación durante todo 2026, 2027 y 2028.

El contexto de la medida se da en medio de un fuerte encarecimiento de insumos clave para la siembra, como los combustibles y fertilizantes, impulsados por el conflicto armado en Medio Oriente. Según la BCR, la relación urea/trigo alcanzó el valor más alto de la historia.

El efecto inmediato sobre los márgenes agrícolas se refleja en el precio que puede convalidar la demanda: en el caso del trigo, la BCR estimó que la medida elevaría la capacidad teórica de pago entre 2,2% y 2,3%, con una mejora de hasta USD 4,9 por tonelada.

La baja de retenciones se conoció mientras la agroindustria exhibe un gran momento en el frente externo. Según el Consejo Agroindustrial Argentino, entre enero y abril de 2026 las exportaciones agroindustriales sumaron USD 16.804 millones, un 16,2% más que en igual periodo del año pasado, con un ingreso adicional de USD 2.337 millones. En abril, el sector exportó USD 4.542 millones, USD 650 millones más que en el mismo mes de 2025.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, los seis principales cultivos alcanzaron 163,2 millones de toneladas, 21,25% más que en el ciclo anterior, lo que refuerza las expectativas de un año récord para el agro argentino.