Este jueves el Senado debatirá la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, un proyecto que buscaba realizar cuatro modificaciones clave en la regulación. Y, aunque el oficialismo retiró a último momento el capítulo que eliminaba los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, el debate se da en un contexto en el que un campo de primera calidad en la Argentina cuesta menos de la mitad que uno brasileño y un tercio que uno estadounidense, aún cuando su productividad es mayor.

Esa brecha aparece en los relevamientos de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) y la Compañía Argentina de Tierras: una hectárea equivalente vale USD 27.500 en Brasil y USD 42.000 en Estados Unidos, mientras que en la Argentina tiene un costo de USD 15.850 por hectárea. El contraste reavivó la discusión sobre el acceso a la tierra argentina justo cuando sus precios acumulan más de una década de estancamiento.

La sesión en la que se tratará la ley quedó prevista para este jueves a las 14, tras el cuarto intermedio del mes pasado. Según lo acordado, el resto del proyecto seguirá en debate con cambios sobre expropiaciones, terrenos afectados por incendios y procesos de titulación y desalojo.

Originalmente, la iniciativa buscaba reunir cuatro reformas. Además del punto sobre tierras rurales, proponía modificar la regulación para que las indemnizaciones por expropiación incorporen valor de mercado y lucro cesante, derogar restricciones de hoy impiden vender o cambiar el uso de terrenos alcanzados por incendios forestales o rurales, entre otras modificaciones.

La decisión de quitar el apartado sobre venta de campos a capitales extranjeros se tomó este miércoles después de una cumbre en el bloque de la UCR con Patricia Bullrich, jefa libertaria en la Cámara alta. El movimiento buscó salvar una sesión que llegaba con tensión política y dejó a Bullrich ante un nuevo revés.

El mercado rural argentino sigue por debajo de sus vecinos

Según los datos de CAIR, el pico histórico de precios en la Argentina se registró en 2011. Desde entonces, los valores cayeron de forma sostenida por los vaivenes económicos del país y llegaron a ubicarse entre 40% y 70% por debajo de tierras con igual capacidad productiva en otros mercados de la región.

En el último año, con cierta estabilidad macroeconómica, los precios subieron entre 10% y 15% frente al lustro anterior. Aun así, el rebote no alcanzó para recuperar el terreno perdido frente a Brasil, Estados Unidos y, en algunos segmentos, Uruguay.

El relevamiento distingue entre tierra agrícola de primera calidad y campos ganaderos. En ambos rubros, la Argentina aparece rezagada pese al reconocimiento internacional de la productividad de sus suelos.

En el segmento agrícola de primera calidad, Brasil cerró 2025 con un precio promedio de USD 27.500 por hectárea y Estados Unidos con USD 42.000, según el relevamiento de CAIR y CAT. En el rubro ganadero, las pasturas estadounidenses promediaron USD 4.740 por hectárea en 2025, con un crecimiento real compuesto de 1,8% anual en los últimos cinco años. En Uruguay, el precio promedio de los campos ganaderos marcó un récord de USD 3.967 por hectárea en 2024, un valor que multiplica por más de diez el mínimo de USD 386 registrado en 2002. La tierra argentina, en cambio, no logró replicar esa trayectoria: sus precios llevan más de una década sin recuperar los niveles de 2011.

El Triángulo de Oro concentra los valores más altos del país

Dentro de la Argentina, la zona de mayor cotización es el llamado Triángulo de Oro, formado por las localidades de Rojas, Salto y Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. Allí una hectárea se ubica entre USD 15.000 y USD 17.000, y los precios bajan a medida que se alejan de ese núcleo.

Otros polos de referencia son el centro y sur de Córdoba, los alrededores de Río Cuarto, el sudeste bonaerense, con Necochea, Mar del Plata y Tres Arroyos, y la zona de Venado Tuerto. En el otro extremo, la Patagonia, con Chubut y Santa Cruz, muestra valores de entre USD 200 y USD 450 por hectárea para campos ovinos y bovinos.

El cuadro regional de zonas ganaderas de la cámara también exhibe esa distancia interna. El nordeste de Buenos Aires, en el área de invernada de Capilla del Señor, cotiza entre USD 7.000 y USD 12.000 por hectárea, con una tendencia de fuerte recuperación.

Más abajo aparecen Corrientes Sur, con valores de USD 1.000 a USD 2.000; Chaco y Formosa, entre USD 700 y USD 1.400; y San Luis con el norte de Córdoba, entre USD 600 y USD 1.400. En Estados Unidos, el Corn Belt dedicado a pasturas va de USD 6.200 a USD 7.400 por hectárea, mientras que la región del Pacífico, con Oregon y Washington, llega a 9.900 dólares.

La actividad repunta, pero la incertidumbre todavía pesa sobre los precios

La inmobiliaria rural Tierra Fértil sostiene que la tierra argentina de primera calidad vale hoy lo mismo que en 2011. Referentes del sector consultados por Infobae atribuyen ese estancamiento a la incertidumbre económica y política: “Muchos prefieren esperar qué pasa después de las elecciones; hay desconfianza, miedo a nuevos impuestos o trabas”.

A pesar de ese freno en los valores de venta, la demanda sigue activa. De hecho, el Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural, elaborado por CAIR, cerró junio de 2026 en 47,73 puntos, 9,13 por debajo de mayo. Pese a esa caída, fue el segundo mes con mayor actividad del año.

La baja se explicó por una menor oferta de campos agrícolas y mixtos de alta calidad. El mismo índice señaló que los valores de la hacienda siguen generando un buen nivel de consultas sobre campos ganaderos y que la tendencia de largo plazo muestra una recuperación sostenida desde los mínimos de noviembre de 2023, coincidentes con las elecciones generales y el ballotage.

La actividad económica argentina registró en junio una leve caída del 0,1%, marcando el segundo mes consecutivo de retroceso, según el Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG), elaborado por las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe. A pesar de este comportamiento, el balance del primer semestre se mantuvo favorable, ya que el indicador cerró por encima del nivel observado en diciembre de 2025.

Entre los sectores que impulsaron la actividad se destacó el agro. Las labores agrícolas crecieron un 4,1% respecto de mayo y un 14,3% en comparación con junio del año pasado, impulsadas por la mayor producción de maíz y el avance de la cosecha de soja. Este desempeño volvió a posicionar al sector agropecuario como uno de los principales motores de la economía.

También mostraron señales de recuperación las ventas minoristas, que aumentaron un 0,5% mensual y acumularon tres meses consecutivos de crecimiento. Sin embargo, el consumo todavía se ubicó un 2,2% por debajo del registrado en junio de 2025. En paralelo, las importaciones totales de bienes crecieron un 0,8%, reflejando un mayor nivel de actividad en algunos segmentos de la economía.

En contraste, la industria manufacturera volvió a mostrar debilidad, con una caída mensual del 0,5%. La construcción registró el retroceso más pronunciado entre los principales indicadores, al descender un 3,6% respecto de mayo. A su vez, la recaudación del gobierno nacional cayó un 2,3% mensual y se ubicó un 4,9% por debajo de los niveles alcanzados en igual mes del año anterior.

En total, cuatro de los diez indicadores que integran el ICA-ARG registraron variaciones positivas durante junio, mientras que el resto mostró desempeños negativos. Esta heterogeneidad evidencia que la recuperación económica continúa siendo dispar entre los distintos sectores productivos y de servicios.

En la comparación interanual, el índice se ubicó un 0,5% por debajo del nivel registrado en junio de 2025. El informe concluye que, si bien el dinamismo del agro y la mejora gradual del consumo aportaron sostén a la actividad, todavía no lograron compensar plenamente las caídas observadas en la industria, la construcción y la recaudación, sectores que continúan condicionando el ritmo de recuperación de la economía.

El comercio exterior argentino quedó paralizado este lunes. La actividad portuaria amaneció sin actividad, y un buque destinado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) quedó detenido fuera del muelle sin poder ingresar. Todo ocurrió tras el cese de tareas por tiempo indeterminado de los prácticos, pilotos y baqueanos —los profesionales que guían a los barcos durante las maniobras de ingreso y salida en ríos, canales y puertos— de todo el país.

El reclamo, en rechazo al Decreto 690/2026 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger busca desregular el servicio de practicaje y pilotaje. Según fuentes vinculadas al sector consultadas por Infobae, el comercio exterior quedó “totalmente paralizado” por la decisión de los prácticos de no prestar servicios a ningún barco que ingrese, egrese o transite por puertos argentinos. “Toda la carga de granos, de combustible y otras mercaderías está detenida en los puertos. La situación se agravará hora tras hora”, advirtieron.

El impacto del cese de actividades no se limita al comercio exterior. La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones portuarias de todas sus empresas asociadas se encuentran interrumpidas por la indisponibilidad de prácticos, lo que genera riesgo de dificultades en el abastecimiento de combustible. La medida afecta los muelles de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, a través de los cuales opera la distribución de nafta, gasoil y fuel oil a todo el país, y se extiende a Caleta Córdova, en Chubut, terminal desde la cual se traslada crudo hacia las distintas refinerías.

Según revelaron fuentes del sector a Infobae, no hay ningún buque tanque operando en este momento y son 12 los barcos que están frenados en los puertos a la espera de los servicios.

Según pudo saber este medio, representantes del Ministerio de Seguridad y de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia se comunicaron con las autoridades del sector para manifestar la intención de abrir una mesa de trabajo. Los prácticos respondieron con una condición: la suspensión o derogación del Decreto 690/2026 antes de cualquier negociación. “Para que exista un diálogo real y sincero, es imprescindible que ambas partes podamos sentarnos en igualdad de condiciones”, señalaron en un comunicado interno. La CADE, por su parte, indicó que trabaja con las autoridades para avanzar en una solución que permita restablecer el funcionamiento normal de los puertos.

La protesta frenó maniobras en Rosario y dejó un buque fondeado

La respuesta del sector fue inmediata apenas comenzó a regir la nueva normativa. Los profesionales alcanzados por la reforma resolvieron dejar de prestar servicios por tiempo indeterminado en un boicot destinado a impedir la aplicación del decreto.

Entre las operaciones suspendidas aparece una vinculada al buque de transporte pesado White Marlin, cuya participación resulta necesaria para tareas asociadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur, el oleoducto que construye un consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Tecpetrol, que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro desde Allen hasta Punta Colorada a lo largo de casi 600 kilómetros. La obra supera el 75% de avance y para mediados de 2027 se proyecta una capacidad de transporte en torno a los 390.000 barriles por día, lo que llevaría las exportaciones de energía de ese año por encima de los USD 18.500 millones.

Según fuentes con conocimiento del tema consultadas por este medio, la embarcación permaneció fondeada fuera del puerto al no contar con un práctico para ingresar, lo que demoró el inicio de trabajos previstos para el tendido de infraestructura submarina.

En respuesta, la Prefectura Naval Argentina (PNA) comenzó a distribuir intimaciones individuales a los profesionales habilitados para que retomen de inmediato la prestación. El argumento oficial es que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación y que su interrupción puede derivar en denuncias penales y sumarios administrativos.

El Centro de Navegación (CNAV), la cámara que agrupa a las agencias marítimas responsables del movimiento de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino, formalizó su alarma ante la ANPYN y la PNA mediante una nota firmada por su presidente, Julio Delfino, a la que accedió Infobae. Según el documento, al momento de su presentación se registraban al menos 140 buques pendientes de confirmación del servicio de practicaje y pilotaje, una cifra que, advirtió la entidad, crecerá con el correr de las horas por la incorporación de embarcaciones pautadas para ingresar y salir de la Vía Navegable Troncal.

El CNAV alertó además que varias operaciones ya programadas en puertos argentinos fueron redireccionadas al puerto de Montevideo y a puertos del sur de Brasil, con pérdida de transbordos que habían sido repatriados al país tras años de gestión público-privada. Los puertos de La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca figuran entre los afectados.

La entidad advirtió sobre “pérdidas millonarias en divisas” por incumplimiento de contratos, lucro cesante y extracostos para toda la cadena logística, con riesgo de que plantas productivas agoten su capacidad de almacenamiento. La situación, señaló el CNAV, daña también la reputación del país como destino confiable para la actividad marítimo-portuaria.

Fuentes del sector sostienen que los prácticos justifican la medida en que el decreto pone en riesgo la seguridad de la navegación. Esas mismas voces señalan que ninguna otra área del Estado impulsó hasta ahora una instancia de negociación y reclaman una mesa de diálogo entre el Gobierno, los prácticos, los usuarios y las agencias marítimas.

El Gobierno asegura que la reforma busca bajar costos

El decreto firmado por Milei y Sturzenegger forma parte de la estrategia oficial para reducir el llamado “costo argentino” mediante la eliminación de regulaciones que, según la visión del Ejecutivo, restringen la competencia y encarecen la actividad económica. La norma reemplaza un régimen vigente desde 1991.

La nueva reglamentación crea un registro abierto de prácticos habilitados administrado por la PNA, permite que los usuarios contraten libremente a los prestadores, elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales y dispone que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) fije tarifas máximas. También obliga a publicar los precios para favorecer la competencia.

El esquema elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos profesionales y amplía los casos en los que determinados buques quedan exceptuados de contratar el servicio obligatorio. La reforma incorpora mecanismos para garantizar la continuidad de la actividad en situaciones excepcionales.

“La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, sostuvo Sturzenegger al anunciar los cambios. El ministro afirmó que el sistema anterior había levantado barreras de ingreso para nuevos prestadores, con lo que redujo la competencia y elevó los costos logísticos del comercio exterior.

Cayó el ingreso de divisas del agro en julio

La paralización portuaria se produce el mismo día en que se conocieron los datos de liquidación de divisas del sector agroindustrial. Según informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, las empresas del sector liquidaron USD 2.918 millones en julio, un monto 3% inferior al de junio y 28% por debajo del mismo mes de 2025. En el acumulado del año, el sector lleva USD 16.297 millones, un descenso del 16% frente al mismo período del año anterior.

Las entidades atribuyeron la caída interanual a un efecto de base: en julio de 2025 había vencido el Decreto 38/2025, que establecía una reducción temporal de retenciones y había impulsado ventas al exterior y registración de contratos por encima del promedio histórico para ese mes, con liquidaciones que rozaron los USD 7.000 millones en septiembre de ese año. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyecta una liquidación total de USD 34.897 millones para 2026, estimación que ya incorpora un recorte de alrededor de 1.200 millones respecto de la proyección de mayo. Milei ratificó hace dos semanas, en el discurso de apertura de la Sociedad Rural Argentina, que el cronograma de reducción de retenciones sigue en pie y que serán la minería y la energía los sectores que habilitarán ese alivio fiscal.

Las exportaciones argentinas apuntan este año a los USD 100.000 millones, un umbral que el país nunca alcanzó, con hidrocarburos, minería y agroindustria como motores del salto. Doce provincias registraron incrementos de ventas al exterior de entre el 14% y el 110% desde enero.

El superávit comercial acumula USD 13.923 millones hasta julio. Y, aun así, de las 24 provincias del país, solo tres muestran un aumento en el número de asalariados privados formales: Neuquén, Río Negro y San Juan —las mismas que concentran buena parte de la producción de hidrocarburos y minerales metálicos—. Esa es la paradoja que define la economía argentina de 2026: un boom exportador que genera divisas, pero no empleo.

Un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) cataloga esta paradoja como "crecimiento desbalanceado“ y se refiere a una expansión apoyada en sectores de alto valor exportador y baja intensidad laboral, que coexiste con el estancamiento de las ramas que concentran la mayor parte del empleo del país.

Tres sectores rezagados frente al dinamismo de la energía y los recursos naturales explican el 34% del empleo total del país (Ieral)

Según el análisis de Ieral sobre datos del EMAE, la actividad del comercio creció a una tasa anualizada del 3,3% en el primer semestre, la de la industria al 2,6% y la del transporte y las comunicaciones al 1,9% -crecimientos que, además, no se tradujeron en nuevos puestos de trabajo-. Esos tres sectores, rezagados frente al dinamismo de la energía y los recursos naturales, explican el 34% del empleo total del país.

El límite de los recursos naturales

Por caso, los sectores que lideran el crecimiento -hidrocarburos, minería metalífera y agroindustria- tienen en común una característica puntual, y es que generan mucho valor por trabajador, pero pocos puestos de trabajo por dólar exportado. El agro emplea a 324.300 trabajadores registrados, el 5,2% del empleo privado formal. La minería, a menos de 90.000. Juntos, dos de los tres pilares del boom exportador concentran menos del 7% del total de asalariados privados del país, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) publicados por la Secretaría de Trabajo en junio.

El empleo minero refleja este problema. El rubro metalífero -oro, plata, cobre- sumó 13.026 puestos en marzo, con un crecimiento interanual del 6,6%. Pero esa expansión se posa sobre un universo acotado: de las 59 empresas del sector, apenas 12 concentran el 82% del empleo, con una nómina promedio de 891 trabajadores cada una. El 90% de los montos comprometidos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) todavía no pasó del anuncio al desembolso, lo que significa que el empleo minero actual no es producto de la nueva inversión, sino de un núcleo reducido de operaciones consolidadas, varias de ellas en fase de cierre o extensión de vida útil.

El sector energético, por su parte, proyecta un salto mayor, pero también en el futuro. YPF prevé que el desarrollo de Vaca Muerta generará hasta 90.000 puestos de trabajo para 2029, entre directos, indirectos y los vinculados a obras de infraestructura.

El presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, estimó una demanda de alrededor de 40.000 trabajadores adicionales en el núcleo oil & gas en los próximos cuatro años.

Esos números son relevantes, pero no resuelven el problema del presente: hoy, la cuenca neuquina emplea a poco más de 30.000 trabajadores directos en el sector de hidrocarburos, una cifra que contrasta con los miles de millones de dólares que Vaca Muerta ya aporta al superávit comercial.

El riesgo del crecimiento sin empleo

El caso de Chile ofrece un antecedente que los economistas argentinos miran con atención. El cobre representa en promedio el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) chileno y llegó a superar el 56% de las exportaciones totales durante el boom de 2010-2011. Sin embargo, el empleo directo en minería nunca superó el 3% del empleo total del país.

La cuenca neuquina emplea a poco más de 30.000 trabajadores directos en el sector de hidrocarburos, una cifra que contrasta con los miles de millones de dólares que Vaca Muerta ya aporta al superávit comercial.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) documentó que los efectos del precio del cobre sobre el empleo nacional son marginales, y que el sector funciona como un “enclave” con su propia fuerza laboral concentrada en regiones del norte.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en un análisis de 2017, encontró que los derrames de la minería hacia la manufactura y la construcción existen, pero son modestos. La Argentina enfrenta una pregunta similar: ¿cuánto de la riqueza que genera Vaca Muerta, la franja cuprífera de San Juan y La Rioja, o la soja del centro del país, se traduce en empleo fuera de esos enclaves?

La apertura comercial, explicó, debilitará a sectores industriales concentrados en el Gran Buenos Aires mientras otras actividades ligadas a los recursos naturales ganan participación (Arriazu)

Ricardo Arriazu, uno de los economistas más escuchados por el presidente Javier Milei, se refirió a esa pregunta esta semana durante el Webinar de BlackTORO. La apertura comercial, explicó, debilitará a sectores industriales concentrados en el Gran Buenos Aires mientras otras actividades ligadas a los recursos naturales ganan participación.

El problema, advirtió Arriazu, es que ese desplazamiento productivo no arrastra personas. “La gente no se mueve”, dijo, y agregó que “tarda mucho en moverse, lo cual te plantea un desafío”.

Para Arriazu, esa inercia demográfica es el corazón del problema: “Esto va a generar bolsones de descontento, bolsones de desempleo y de pobreza, justo en la zona políticamente más intensa”.

La apuesta a la infraestructura

Desde el arranque del gobierno de Milei, el sector agropecuario y pesquero fue uno de los pocos que sumó trabajadores: 28.059 puestos registrados entre noviembre de 2023 y abril de 2026, un alza del 8,3% en su plantel. Pero ese número equivale a menos del 10% del empleo perdido en otras ramas de actividad en el mismo período. El empleo privado registrado total cayó un 3,46%, con 341.396 puestos menos, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El informe de Ieral apunta a una salida posible, aunque no inmediata. Los sectores en expansión -con alto sesgo exportador y limitada propensión a importar- empiezan a justificar inversiones en infraestructura largamente postergadas.

El Índice Construya registró un crecimiento del 6,3% desde diciembre, y el sector construcción mostró un alza anualizada del 25,3% en el primer semestre, la más alta entre todas las ramas. Ese sector participa con el 9% del empleo total y tiene mayor capacidad de derrame territorial que la minería o los hidrocarburos.

Empresas con inversiones activas en Vaca Muerta ya convocan a 800 proveedores locales

Empresas con inversiones activas en Vaca Muerta ya convocan a 800 proveedores locales. El gas natural a industrias en Argentina cuesta un tercio de lo que vale en Francia o Alemania, y la mitad que en Brasil o China, una ventaja competitiva que empieza a atraer industrias de fertilizantes y químicos. La pregunta que queda abierta es si esos efectos multiplicadores llegarán a tiempo para aliviar la presión sobre el mercado laboral en las regiones que el boom exportador todavía no alcanza.

Las empresas del sector agropecuario liquidaron USD 2.918 millones en julio, un monto 3% inferior al registrado en junio. En relación a igual mes de 2025, la baja alcanzó el 28%. De esta manera, el acumulado del año ascendió a USD 16.297 millones, cifra que representa una caída del 16% frente al mismo período de 2025.

Según informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, la comparación interanual está condicionada por un efecto de base.

En julio de 2025 finalizó la vigencia del Decreto 38/2025, que había establecido una reducción temporal de las retenciones. Esa situación particular sobre los derechos de exportación impulsó un volumen de ventas al exterior y de registración de contratos de exportación superior al promedio histórico para ese mes.

En cambio, 2026 presenta el perfil de una campaña agrícola normal, sin la incidencia de esquemas transitorios que alteren el ritmo habitual de comercialización.

Cabe mencionar que, de acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el agro proyecta una liquidación de USD 34.897 millones en 2026. La estimación representa un recorte de alrededor de USD 1.200 millones respecto de la proyección realizada en mayo, como consecuencia de la caída prevista en los precios internacionales de exportación.

En los primeros siete meses del año, las exportaciones de los principales granos y sus derivados industriales alcanzaron un récord de 69 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento interanual del 11,3% y supera el máximo previo de 65 millones de toneladas, registrado en 2022.

El desempeño responde a una demanda externa que continúa absorbiendo granos en niveles históricamente elevados. Entre los cultivos se destacan el trigo, con exportaciones por 11,7 millones de toneladas, un 70% por encima del promedio de los últimos años, y el girasol, cuyos envíos totalizaron 5 millones de toneladas, más del doble de su nivel habitual.

Sin embargo, pese a que el volumen exportado marcó un récord histórico, el crecimiento de las ventas externas todavía quedó por debajo del incremento de la producción.

En comparación con 2022, cuando se había alcanzado el anterior máximo de exportaciones, los despachos al exterior aumentaron un 6,15%, mientras que la producción avanzó un 26% respecto de ese mismo año. Esta diferencia refleja que una mayor oferta no se tradujo en un aumento proporcional de las exportaciones.

Por otra parte, el Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR), elaborado por la BCR, registró un aumento desestacionalizado del 3% mensual en junio. Con ese resultado, superó el máximo alcanzado en febrero y se ubicó en el nivel más alto desde el inicio de la serie.

El desempeño estuvo impulsado por una mejora generalizada de los indicadores: nueve de las doce variables que integran el índice mostraron avances respecto de mayo, mientras que las tres restantes retrocedieron. El principal aporte provino de las labores agrícolas, que crecieron 4,1% mensual, en un período marcado por la cosecha de los cultivos gruesos y el avance de la siembra de la nueva campaña de trigo y cebada.

La industria molinera también exhibió una evolución favorable. La molienda de soja aumentó 2% frente a mayo y el crushing de girasol avanzó 0,6%. En tanto, entre los cereales, el procesamiento de trigo registró un incremento del 0,7%, mientras que el de cebada subió 1,3% durante junio.

En la comparación interanual, el IACA-BCR se ubicó 10,9% por encima de junio de 2025. El crecimiento fue generalizado: diez de las doce series que integran el indicador registraron mejoras respecto del mismo mes del año pasado, impulsadas por el desempeño de la producción primaria, la agroindustria y las exportaciones.

El mayor aporte provino del IACA-Cultivos, que avanzó 14,3% interanual en el marco de una campaña agrícola 2025/26 récord. El ciclo se destacó por una producción histórica de trigo y maíz, la mayor cosecha de girasol del siglo y el volumen de soja más alto desde la campaña 2018/19.

En tanto, el IACA-Agroindustria mostró una mejora del 1,5% frente a junio de 2025, impulsado principalmente por la actividad molinera. La molienda de cebada creció 22,3% interanual, el procesamiento de girasol avanzó 14,6%, el crushing de soja aumentó 5,2% y la molienda de trigo se incrementó 0,8%.

También sobresalió la faena porcina, con una suba del 11,5%, mientras que la producción de leche y de biocombustibles registró leves aumentos.

Estos avances compensaron las caídas observadas en la faena bovina y aviar, los únicos dos componentes del índice que retrocedieron en la comparación interanual.

Por último, el IACA-Agroexportación creció 12,6% respecto de junio de 2025 y acumuló doce meses consecutivos de expansión interanual. El resultado respondió tanto al aumento de los volúmenes exportados como a la mejora en su valor, con un aporte destacado de los complejos de girasol, cebada, lácteos y soja.

Aunque se mantiene levemente por encima del nivel de diciembre de 2025, el Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) que elabora el Centro de Investigaciones sobre el Ciclo Económico tuvo una disminución del 0,1% en junio.

Así, aunque el saldo del primer semestre del año dio positivo, teniendo en cuenta que el pico previo había sido en febrero del año pasado, el nivel de actividad económica medido por ese indicador es inferior al que registraba en febrero de 2025.

Si bien no hay una definición técnica precisa sobre el concepto de recesión (el NBER, una institución privada de EEUU, la identificó como dos trimestres consecutivos de retroceso interanual del nivel de actividad, pero no es una definición oficial) lo cierto es que según el ICA-ARG la actividad económica fue en junio inferior a lo que era 16 meses antes. Las zonas en gris más oscuro que registran esos períodos en el gráfico de abajo permitirían identificarla como la novena recesión ocurrida en los últimos 32 años y medio.

La primera recesión desde 1994 se inició en octubre de ese año y, empalmada con el “efecto Tequila” de diciembre de ese año, se prolongó hasta septiembre de 1995.

Por extensión, la más larga fue la iniciada en agosto de 1998: se prolongó hasta agosto de 2002, exactamente cuatro años, extensión que en el siglo XX soportaron muy pocas economías nacionales. Al cabo de la misma el ingreso por habitante de la Argentina había caído cerca del 20%, un empobrecimiento con muy pocos antecedentes en economías no afectadas por desastres naturales o conflictos bélicos.

La segunda recesión más extendida fue la que se inició en diciembre de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, y que si bien a fines de 2019 y principios de 2020 tuvo un leve amago de salida, se hundió en un desplome del nivel de actividad marcado por el inicio de la pandemia de Covid y la extensa cuarentena decidida por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner (CFK).

La tercera recesión más larga del arco histórico cubierto por la el Centro de Investigaciones sobre el Ciclo Económico que sostienen las Bolsas de Comercio de Rosario y de Santa Fe empezó en mayo de 2022 y duró hasta marzo de 2024, abarcando la política económica con que las gestiones de Martín Guzmán y Sergio Massa buscaron impulsar la actividad pero solo lograron avivar las llamas de la inflación, que cerró en 2024 al 211% anual.

La quinta recesión más extensa se inició en mayo de 2015, ocho meses antes del final del segundo mandato de CFK, y se extendió hasta agosto de 2016, bien entrado el primer año del gobierno macrista. Al igual que entonces, voces oficiales hablan ahora de “brotes verdes” y de “segundo semestre”, en referencia a una recuperación que si bien hizo algunos amagos en el primero, no logra afirmarse y muestra una “economía de dos velocidades”: crecimiento en sectores como actividad financiera, campo, minería y energía, y retrocesos en los demás, en particular en construcción, comercio e industria manufacturera.

Sectores y reflejos

El ICA-ARG incluye datos sectoriales y manifestaciones de esa configuración económica. De diez indicadores, en junio solo uno, Avance mensual de labores agrícolas, mostró una variación mensual claramente positiva (4,1%). Otras, como Importaciones totales de bienes (+0,8%), Ventas minoristas (+0,5) y Remuneración bruta total del sector privado formal (+0,01) crecieron muy tímidamente. Del lado opuesto, la Actividad de la construcción y la Recaudación total nacional mostraron retrocesos del 3,6 y 2,6% respectivamente, con lo que la variación total del nivel de actividad retrocedió un leve 0,06% respecto de mayo.

Las variaciones interanuales muestran en cambio un paisaje desolador: un solo sector (otra vez, Avance mensual de Labores Agrícolas) muestra un avance de dos dígitos (14,3%) y caen indicadores como el patentamiento de vehículos (-15,3%), la recaudación nacional total (-4,9%), la Actividad de la Construcción y las Ventas minoristas (-2,2% en ambos casos) y muestran retrocesos más leves las importaciones totales, el número de trabajadores privados formales y la remuneración bruta total de los mismos

El informe precisa que la buena producción de maíz y el sólido avance de la cosecha de soja promovieron el avance mensual de labores agrícolas con el que el agro siguió superando sus registros históricos. Hay allí un claro contraste con la producción industrial, que arrastra dos meses de merma, “con caídas o estancamiento en la mayoría de las ramas industriales”.

También la Construcción lleva dos meses de un retroceso que -subraya el informe- “recorta casi toda la recuperación que mostró en el inicio del 2026”. De modo similar, prosigue, “las importaciones totales de bienes continúan en un entorno de estancamiento desde mediados de 2025, alternando meses positivos y negativos”. De hecho, se marca, “en junio el ingreso de bienes desde el exterior creció un 0,8%, mientras que la comparación contra igual mes del año pasado evidencia una leve caída del 1,4 por ciento”. Además, en junio se observa un aumento puntual en las importaciones de Combustibles y Lubricantes y de Piezas y Accesorios para Bienes de Capital, “ambos desde niveles históricamente deprimidos”.

¿Brotes verdes?

Donde sí se observa un repunte en los últimos tres meses es en las ventas minoristas, con una variación mensual estimada para junio de 0,5%, aunque la variación interanual sigue en terreno negativo (- 2,2%), pero con algunos datos esperanzadores: “en las últimas mediciones se observan repuntes en las categorías relacionadas al consumo masivo –Ventas en Supermercados y en Autoservicios Mayoristas– que son las que se encuentran más relegadas con relación a su desempeño histórico”, dice el ICA-ARG. En cambio, los patentamientos de vehículos nuevos acumulan tres meses sin resultados positivos: aunque casi sin variación en junio (-0,02%), ese indicador acumula la mayor caída de los diez indicadores relevados, - 15,3% por debajo de los valores registrados en junio del año pasado.

Los datos fiscales reflejan el mix de datos y desempeños de sectores y factores, con una recaudación total del gobierno nacional que volvió a caer, un 2,3%,, en junio, “borrando la leve recuperación de los meses previos”. La tasa de cambio interanual también sigue en terreno negativo y se aceleró al -4,9% en la última medición.

El ICA-ARG destaca que en el número de asalariados privados registrados se estiman dos meses de pausa en la contracción, pero sin exhibir una recuperación visible, que a tasa de entrada al mercado laboral presenta dos meses de leve baja, luego de cinco consecutivos de recuperación, con una variación estimada para el sexto mes del año del -0,1%, pero con una suba del 6,4% en la comparación interanual, “que representa un incremento de 0,12 puntos porcentuales en la tasa (fue 1,95 en mayo de 2025 y 2,07 el último mes”, y estima un leve repunte (0,1%) en la remuneración bruta total del empleo privado formal, pero sin salir de un sendero de deterioro que en la evolución anual exhibe una caída del 1,5 por ciento.

A la hora de la “Síntesis y perspectivas”, el informe afirma que el ICA-ARG acumula un segundo mes de desempeño levemente negativo, luego de haber registrado tasas mensuales positivas entre diciembre y abril y que en junio sólo cuatro de los diez indicadores que lo conforman mostraron un desempeño positivo. En consonancia, concluye, “el Índice de Difusión de Series Coincidentes se ubica en torno al 40%, a pesar de haber recuperado 25 puntos porcentuales desde noviembre pasado”. Este nivel de difusión, explica, “pone de manifiesto la heterogeneidad sectorial que ha caracterizado a la economía nacional en el último tiempo, con dinámicas dispares entre las distintas ramas de actividad”.

Las exportaciones argentinas alcanzaron los USD 49.500 millones durante el primer semestre de 2026, el mayor registro histórico para ese período, con un crecimiento interanual del 24%. En este contexto, la agroindustria volvió a consolidarse como el principal generador de divisas del país, al explicar el 57,5% de los ingresos por ventas al exterior. Sin embargo, el semestre dejó una novedad de peso: el aceite crudo de petróleo desplazó a la harina de soja como el principal producto exportado de la Argentina.

Los datos surgen de un informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Córdoba, que indica que el desempeño exportador estuvo impulsado por todos los grandes rubros de la economía. Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) representaron el 32% de las ventas externas, seguidas por las Manufacturas de Origen Industrial (27,1%), los Productos Primarios (25,5%) y el sector de Combustibles y Energía (15,4%). Precisamente este último fue el que mostró el mayor crecimiento, con un aumento del 43% interanual y exportaciones por USD 7.600 millones, favorecido por mayores volúmenes y elevados precios internacionales.

Pese al avance del sector energético, el complejo agroindustrial mantuvo un rol protagónico. La suma de las Manufacturas de Origen Agropecuario y los Productos Primarios generó ingresos por USD 28.500 millones, consolidando al campo como la principal fuente de divisas del país. Las MOA crecieron un 15% respecto del primer semestre de 2025 y los Productos Primarios avanzaron un 24%, reflejando la recuperación productiva de varias cadenas agrícolas.

El trigo, uno de los grandes protagonistas

Entre los principales complejos exportadores, la soja continuó encabezando el ranking con ingresos por USD 8.333 millones, un 4% más que un año atrás, aunque su participación cayó al 18%, el menor nivel de los últimos tres años. El maíz aportó USD 4.205 millones, con un crecimiento del 6%, mientras que el trigo fue uno de los grandes protagonistas del semestre: gracias a la cosecha récord de la campaña 2025/26, sus exportaciones treparon 41% y alcanzaron los USD 2.409 millones.

En conjunto, los complejos sojero, maicero y triguero generaron USD 15.280 millones, equivalentes al 31% de las exportaciones totales. Si bien continúan siendo el núcleo del comercio exterior agroindustrial, su participación relativa disminuyó frente a años anteriores debido al mayor peso que ganaron otros sectores, especialmente el energético.

El informe también destaca un cambio histórico en la composición de las exportaciones argentinas. Por primera vez en muchos años, la harina de soja dejó de ser el principal producto exportado y fue superada por el aceite crudo de petróleo, que explicó el 9,5% de los ingresos totales. Detrás quedaron el maíz en grano y la propia harina de soja, ambos con una participación del 8,4%. Además, el petróleo consolidó su liderazgo durante los últimos meses del semestre, con una incidencia mensual de entre el 10% y el 12%.

Girasol, récord

Otro de los grandes ganadores fue el complejo girasol, impulsado por una cosecha récord. Las divisas generadas por este cultivo crecieron un 970% respecto del primer semestre del año anterior y alcanzaron los USD 568 millones. A su vez, las exportaciones de aceite de girasol aumentaron un 92%, hasta los USD 1.100 millones, mientras que el pellet de girasol incrementó sus ingresos un 29%, confirmando el excelente momento que atraviesa la cadena.

El trabajo también resalta el buen desempeño de otros productos agroindustriales, como el sorgo, la cebada y el aceite de maní, que registraron aumentos cercanos al 20% en el ingreso de divisas. En contraste, el maní confitería, el maní tostado y el garbanzo fueron las pocas excepciones que mostraron una caída en sus exportaciones durante el período analizado.

En cuanto a los destinos, China continuó siendo el principal comprador del poroto de soja y absorbió prácticamente la totalidad de las exportaciones de sorgo. India lideró las compras de aceite de soja y concentró el 62% de las importaciones de aceite de girasol argentino. En trigo, la diversificación de mercados marcó una diferencia respecto de campañas anteriores: Vietnam desplazó a Brasil como principal comprador del cereal, mientras que el maíz mantuvo una cartera de destinos más amplia, encabezada por Vietnam, Perú, Argelia y Egipto.

Para José Luis Daza, viceministro de Economía de Luis “Toto” Caputo, “ya están los brotes verdes”, aunque para verlos habría que mirar de cerca, muy de cerca.

Eso dijo el funcionario hace unos días en una entrevista, casi como una respuesta anticipada a quienes aseguran que la recuperación de la economía no está, no se ve y no se siente ni en el bolsillo de los argentinos ni en las cuentas bancarias de las empresas del país. La referencia botánica, que remite a declaraciones de los años macristas, llegó acompañada de una arenga: “Se están creando las bases, se están creando las empresitas, se están creando los empleos poco a poco, que todavía no se ven”, dijo Daza en radio Mitre.

¿Será?

La frase recuerda el “bienestar que no se nota” que en 2022 refirió un funcionario del equipo económico de Martín Guzmán y el “crecimiento invisible” que el 1 de marzo de 2018, al abrir el período de sesiones ordinarias del Congreso, mencionó el entonces presidente Mauricio Macri.

Hay algo concreto, en ese sentido: los números no parecen acompañar del todo. Apenas unos días antes de esa entrevista, el Indec había confirmado que la actividad económica cayó 0,5% mensual en mayo, la segunda baja consecutiva tras el retroceso de 1,5% de abril. La suba interanual fue de apenas 0,2%, con ocho de los quince sectores del Estimador mensual de actividad económica (EMAE) en verde: minería lideró con un alza de 15,7%, seguida por electricidad, gas y agua (8%) y el agro (4,6%). Del otro lado, pesca se desplomó 29,3% y también cayeron la industria (5,6%) y el comercio (4,3%).

Habrá que esperar unos días más para que estén los datos oficiales de junio, y por lo tanto de la primera mitad del año. Mientras tanto, las consultoras ya tienen medido ese mes y calculan julio, que acaba de terminar. Son informes que no auguran grandes remontadas –aunque en algunos casos sí subas semestrales– y están surcados por conceptos que siguen mostrando los diferentes ritmos con los que se mueve la economía local: subas asintomáticas, economía dual, vías que se bifurcan, el mentado serrucho. Formas de referirse a un crecimiento económico que no termina de despegar.

En ese contexto, el Gobierno insiste con que ya se siente la mejora y Daza oficia de abanderado de la “tendencia-ciclo”, una serie estadística que filtra la estacionalidad y los componentes irregulares. Una cuestión bastante técnica que se puso de moda en las últimas semanas.

Volatilidad por dos

Según el viceministro, la volatilidad de la serie mensual se duplicó largamente desde 2024: la desviación estándar pasó de 0,9 ese año a 2,2 en lo que va de 2026. Saltos de ±3% mensuales, explicó, implican que la economía caiga a un ritmo anualizado de 30% un mes y crezca 43% al siguiente, algo que —según su argumento— “no pasa en ninguna economía real”. Dice que, en procesos de estabilización y reforma como el que atraviesa el país, las estadísticas miden con rezago a una economía que ya cambió de comportamiento y de agentes.

Con ese criterio, sostuvo, la Argentina acumula 26 meses consecutivos de crecimiento, algo que no ocurría en los quince años previos, cuando la actividad chocó cuatro veces contra el mismo techo: en 2013, 2015, 2017 y 2022. Ese tope, remarcó, ya fue superado, y esta vez con superávit fiscal, sin emisión monetaria, con superávit externo y con el Banco Central comprando reservas. Básicamente, pide mirar los números de otra forma. De la forma correcta, según su opinión. El segundo “¿será?” de esta nota.

Otra vez: todo muy técnico. Las series estadísticas de producción tienen componentes que hacen que en algún mes se produzca más que en otro. La famosa estacionalidad. Por eso, en general, el Indec y los privados muestran series de datos desestacionalizadas para entender mejor qué pasó de un mes al otro y poder hacer comparaciones más allá de ese efecto calendario, cíclico y recurrente que se da porque, por ejemplo, los hoteles trabajan más en verano que en abril.

“La serie tendencia-ciclo es una transformación estadística que cambia todo el tiempo”, resumió Gonzalo Carrera, economista senior de la consultora Equilibra. “Es verdad que en el EMAE crece hace 26 meses en la serie, pero hace un par de meses esa misma serie mostraba estancamiento. Es algo en constante revisión. Crece sobre todo por el PBI primario (agro, minería, energía y pesca). El resto, PBI No Primario, que es el el 87% del producto, tiene una serie estancada desde febrero del año pasado, y en niveles similares a los del 2º trimestre de 2022. La mayoría de los sectores tienen un crecimiento muy magro en el último año, con minería y energía que explican que la tendencia ciclo se sostenga (el Indec no abre la serie por sectores) y comercio e industria como los más golpeados este último año. Además, con el freno de crédito, la intermediación financiera también dejó de crecer desde agosto del año pasado”, destacó Carrera.

El “motor apagado”

"Hay un motor que está a full y otro que está apagado“. Así definió Hernán Lacunza, el exministro de Economía de Mauricio Macri, un contexto en el que las variables financieras —inflación en baja, dólar planchado, riesgo país y tasas a la baja— conviven con una producción, un empleo y un consumo que todavía no arrancan.

Lacunza, que ahora aspira a una candidatura presidencial, según reveló la semana pasada, usó datos de su consultora Empiria sobre el ingreso disponible de los hogares para explicar por qué la desinflación no siempre se traduce en alivio.

Según esos números, casi un cuarto del ingreso familiar se destina hoy a servicios, alquileres y expensas —contra apenas 15% de hace algunos años— y otro 24% queda comprometido en cuotas de préstamos ya tomados. En la práctica, buena parte del salario queda comprometida antes de llegar al supermercado, lo que explicaría en parte el salto de la morosidad, otra luz roja de estos tiempos.

Esa ecuación conecta, además, con la geografía productiva del país. Mientras la minería, la energía y el agro —con apenas 250 mil empleos directos, según los cálculos que citó Lacunza— traccionan el crecimiento, la industria y la construcción, que entre las dos emplean a unos 8 millones de personas, siguen golpeadas. El economista advirtió que la demanda social ya no pasa por bajar la inflación, sino por conseguir trabajo, y que la tolerancia social ante esa espera tiene un límite.

El diagnóstico de los “dos motores” tiene, además, sustento estadístico. Equilibra calculó que, desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, el PBI creció 6,5% y alcanzó su pico histórico. Pero el promedio esconde una realidad mucho más fragmentada: los sectores “ganadores” mencionados traccionan ese número, mientras la industria (-13%), la construcción (-12%) y el comercio (-2%) cayeron, y el grueso de las actividades quedó estancado.

Lo más llamativo del trabajo de Equilibra no es la dualidad sectorial en sí —sobre eso ya hay consenso—, sino lo que encontraron al cruzar esos datos con el empleo. Entre finales de 2023 y la actualidad, la industria perdió unos 175.000 puestos y la construcción, otros 90.000. Ese empleo no migró hacia los sectores en expansión, que de hecho perdieron unos pocos puestos en el mismo período, sino hacia el cuentapropismo de baja productividad: Uber, Rappi, ferias y comercio informal explican buena parte de los más de 500.000 empleos nuevos en transporte, restaurantes y comercio.

La foto se repite en el mapa. Neuquén, motor de Vaca Muerta, y provincias con minería o intermediación financiera —San Juan, Río Negro, la Ciudad de Buenos Aires— crecen con fuerza. El resto del país, con la excepción del “eje cordillerano”, muestra caídas de actividad, empleo formal y cantidad de empresas. Para los autores del trabajo, la pregunta de fondo no es si la energía y la minería son un activo real para la Argentina —lo son, y lo serán más—, sino si su expansión debe convivir con la retracción del resto del aparato productivo.

Para junio, Equilibra anticipó una suba de apenas 1% interanual del EMAE y un nivel desestacionalizado estancado (0%), casi 2% por debajo del máximo de marzo. La consultora volvió a marcar la asimetría: la actividad no primaria (la que excluye agro, minería, energía y pesca) cayó 0,6% interanual, mientras los sectores primarios treparon 9%, de la mano de una mejor cosecha de maíz y un buen mes de pesca. Sin esos dos rubros, la suba de junio directamente no habría existido.

Locomotora y vagones

Si el trabajo de Equilibra pone números a la dualidad, el informe de Fundar titulado “Crecimiento asintomático” la lleva al terreno de la metáfora: “la economía crece en el promedio; todo lo demás va para el otro lado”, resume el documento.

El trabajo muestra que el PBI creció 2,3% en el primer trimestre del año, pero que casi todos los demás indicadores —inversión, consumo masivo, importaciones, empleo formal, salario real registrado, cantidad de empresas y recaudación real— cayeron en el mismo período. Del otro lado, treparon la informalidad laboral, el desempleo, la morosidad de las familias y la pobreza.

Además, la inversión acumula cuatro caídas trimestrales consecutivas y su participación en el PBI —14,3%— está en mínimos históricos, lejos del 25% que consideran necesario para un proceso de desarrollo sostenido. La cantidad de empresas cayó en 28.262 desde noviembre de 2023 —el 5,5% del total—, la peor performance en los primeros 29 meses de cualquier gobierno desde el regreso de la democracia. La informalidad laboral alcanzó un récord de 44,2% y el salario real registrado cae en ocho de los últimos nueve meses. La mora de las familias, según los datos que citan, trepó de 2,5% en octubre de 2024 a 12,7% en mayo de 2026, con cuatro de cada diez menores de 35 años en situación de préstamo irregular.

Fundar también comparó la relación histórica entre crecimiento y empleo formal: desde 1997, cada vez que el PBI creció por encima de determinado umbral, el empleo asalariado privado lo acompañó. En 2025, por primera vez en ese registro, ese vínculo se cortó.

La conclusión del informe no niega el potencial de la minería y la energía —calculan exportaciones netas de esos sectores por USD 75.000 millones hacia 2035—, pero advierte sobre dos errores posibles: creer que los recursos naturales alcanzan por sí solos para el desarrollo y que la renta que generan se traduce automáticamente mejoras. Y usa otra metáfora: la locomotora no está arrastrando los vagones. Compara el caso argentino con Noruega, Australia y Canadá, países que combinaron sus booms de recursos naturales con política industrial, proveedores locales y financiamiento público a la ciencia y la tecnología.

“Sin macro, todo se multiplica por cero. Pero con macro sola no alcanza. Los recursos naturales pueden ser un atajo en nuestro camino al desarrollo. Como todo atajo, es un camino arriesgado (y el nuestro ni siquiera es tan ancho). Si lo conducimos bien, por el ramal correcto, llegamos antes a la estación del desarrollo. Si lo conducimos mal, por el otro ramal, nos quedaremos entrampados en el subdesarrollo por mucho tiempo más”, dijo Fundar usando la figura de los dos ramales viales que se bifurcan (como la que ilustra este texto).

Desde Fundación Mediterránea,en tanto, destacaron otro punto: en medio de una actividad casi estancada, las exportaciones alcanzan el mayor protagonismo en la generación de ingreso de las últimas dos décadas.

“Nunca desde 2004 las exportaciones habían tenido un peso como el que tienen en la actualidad, y el dinamismo exportador es heterogéneo pero generalizado. Gran parte del crecimiento del PIB puede explicarse a partir del incremento de las exportaciones, de modo que su participación en el producto alcanza el 24,4% del PBI”, aseguraron desde Córdoba. Cuando muestran los sectores ganadores y perdedores, desestacionalizado en lo que va de la gestión Milei, reinan minería (27,5%), intermediación financiera (21,5%) y agro (18%) y sufren industria (-5,7%), construcción (-13,1%) y turismo de viajeros internacionales (-21,5%).

“Más allá de las fluctuaciones mensuales y de los factores estacionales, los datos disponibles muestran que la economía argentina crece, aunque a un ritmo moderado. Considerando los primeros cinco meses de 2026 —último dato oficial disponible— y utilizando mediciones desestacionalizadas, la actividad económica se ubica 1,8% por encima del mismo período de 2025. La tendencia-ciclo muestra un crecimiento mensual cercano al 0,2%, equivalente a un ritmo anualizado de alrededor del 2,4%”, describió Marcos Cohen Arazi, responsable de la sección Productiva del Ieral, el instituto de la Mediterránea.

“Luego de más de una década de estancamiento, lograr dos años consecutivos de crecimiento representa un cambio relevante” (Cohen Arazi)

“La situación es mucho más desafiante para algunos sectores específicos, pero luego de más de una década de estancamiento, con una sucesión de años de expansión y contracción, lograr dos años consecutivos de crecimiento representa un cambio relevante. En este contexto, es esperable que la heterogeneidad sectorial continúe durante lo que resta de 2026 e incluso en 2027. Para el resto del año, la actividad podría acelerar moderadamente y cerrar con un crecimiento del orden del 2,5% al 3%, con el principal impulso del sector exportador”, afirmó el analista.

Semestre positivo con matices

Más allá del debate metodológico, el primer semestre del año cerró en terreno positivo –o levemente positivo–, según coincidieron dos de los centros de estudios más consultados del mercado: Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF) y la propia Equilibra, como se mencionó. La coincidencia, sin embargo, no llegó hasta la magnitud del número.

El Índice General de Actividad de OJF midió una suba de 1,9% interanual en junio y una mejora de 0,4% mensual desestacionalizada, con un acumulado semestral de apenas 0,1 por ciento. Según la consultora, ya está “afianzada” la fase de cifras positivas, con todos los sectores en verde salvo la administración pública. Minas y Canteras lideró con 9,8% interanual, de la mano de los récords de Vaca Muerta, seguido por el agro con 7,4 por ciento. La construcción avanzó 3,5% y la intermediación financiera, 3,2%, mientras que la industria manufacturera mostró una suba interanual de apenas 1,4%, pero una caída acumulada de 2,2% en el semestre.

Caputo, en tanto, anticipó los “mejores 18 meses” de la mano de la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, un esquema que buscaría movilizar capital privado y generar empleo en uno de los sectores más golpeados desde 2023.

“Crece el empleo informal, un segmento que en promedio ofrece una calidad de trabajo inferior a la del sector registrado” (Fracchia)

Eduardo Fracchia, del IAE Business School, concuerda con el comportamiento dual. “Si el nivel de actividad genera preocupación, el empleo la genera todavía más, siendo el indicador que hoy encabeza el ranking de preocupaciones sociales. El sector privado muestra un claro descenso y la caída es aún mayor en el sector público nacional. Como contracara, crece el empleo informal, un segmento que en promedio ofrece una calidad de trabajo inferior a la del sector registrado. El poder adquisitivo tampoco ayuda”, destacó.

Las consultoras, matizan el optimismo oficial. LCG habló de una “dinámica de serrucho con tendencia a la baja” y dudó de que el impulso de los sectores en auge alcance para traccionar al resto del aparato productivo en el corto plazo. Desde 1816 remarcaron que sigue costando consolidar la recuperación de la actividad, con una contracción acumulada de 1,5% en los primeros cinco meses del año. Juan Manuel Franco, economista jefe de SBS, coincidió en que los sectores ganadores se imponen con comodidad sobre los perdedores, más intensivos en mano de obra. Desde FMyA se mostraron algo más optimistas y esperan un rebote de salarios, inversión y exportaciones hacia fin de año, aunque reconocieron que la economía “sigue estable y a dos velocidades”.

Las proyecciones de crecimiento para 2026 oscilan entre el 2% de Equilibra y LCG y el 3% de FMyA, con un arrastre estadístico hacia 2027 que ya quedó fijado en apenas 1 por ciento.

La discusión de fondo, en medio de estos números que a veces coinciden y a veces se contradicen, no es si la Argentina va a crecer este año: probablemente lo haga, aunque sea con la ayuda casi exclusiva de la cosecha, la minería y Vaca Muerta. La pregunta que queda flotando es si esa locomotora de recursos naturales va a alcanzar para arrastrar los vagones de la industria, la construcción, el comercio y, sobre todo, el empleo formal. O si la Argentina, una vez más, va a manejar un tren potente por el ramal equivocado.

La presión tributaria efectiva del estado nacional proyectada para 2026 se ubicaría en el nivel más bajo desde 2006, según un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Respecto de 2023, último año del gobierno anterior, la reducción equivale a 1,8 puntos porcentuales del PBI, un descenso del 8% que consolida uno de los objetivos centrales del programa económico de Javier Milei y del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La llegada a Buenos Aires de la titular del organismo, Kristalina Georgieva, prevista para este lunes 27 de julio, convierte ese número en el telón de fondo de una visita clave.

El informe, elaborado por el economista Nadín Argañaraz, director del Iaraf, toma como punto de partida la carga impositiva de 2023 y la contrasta con las estimaciones para el año en curso. El resultado es una presión tributaria total de 20,8% del PBI para 2026, frente al 22,6% de 2023. Seis tributos presentarían mermas de recaudación, dos permanecerían sin cambios y solo dos registrarían alzas.

Los derechos de exportación —las retenciones que el campo reclama eliminar— son el eje del análisis. La comparación directa entre 2023 y 2026 muestra una baja de 0,15 puntos porcentuales del PBI en ese rubro, pero esa lectura está distorsionada: 2023 fue un año de sequía severa que deprimió los volúmenes exportados y, con ellos, la recaudación por retenciones. Entonces, para dimensionar el cambio real, el Iaraf propone comparar 2026 con 2022, el año previo a la sequía.

Desde esa base, los impuestos al comercio exterior en conjunto retrocederían del 3,19% del PBI al 1,34%, esto es 1,85 puntos porcentuales menos. De esa baja, el 70% fue por la reducción de los derechos de exportación, un alivio de 1,34 puntos del PBI entre ambos años.

La eliminación del Impuesto PAIS fue otro factor de peso. Pasó de representar el 0,79% del PBI en 2023 a cero en 2026, porque fue eliminado. Junto con la baja en retenciones, explica la mayor parte de la contracción en la presión sobre el comercio exterior, que reduce a la mitad su participación dentro del sistema tributario total: del 13,1% en 2022 al 6,6% en 2026.

El estudio desagregó la baja total de recaudación entre 2022 y 2026. Los derechos de exportación liderarían el ranking con el 36% de la caída, seguidos por Ganancias (33%), el Impuesto PAIS (11%), Bienes Personales (7%), Impuestos Internos (6%), IVA (5%) y Derechos de importación y tasa estadística (2%). El impuesto al Cheque permanece prácticamente sin variaciones, mientras que otros dos tributos compensan parte de esa baja: el Impuesto a los Combustibles, con un aporte adicional de 0,37 puntos del PBI, y los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, con 0,19 puntos. La suma de ambos, 0,56 puntos del PBI, amortigua pero no revierte la tendencia descendente del conjunto.

La visita del FMI

La reducción de la carga fiscal y la eliminación del déficit son metas compartidas por el gobierno de Milei y el FMI, y forman parte del acuerdo de USD 20.000 millones suscripto en 2025. La visita de Georgieva programada para esta semana —que incluye reuniones con Milei, con el ministro de Economía Luis Caputo y con el titular del Banco Central, Santiago Bausili, además de una recorrida por Vaca Muerta— llega en un momento en que el gobierno reporta superávit primario, aunque analistas advierten sobre la sostenibilidad de ese resultado. La meta acordada con el FMI para 2026 es un superávit primario de 1,4% del PBI.

El debate sobre el futuro de las retenciones se agudizó este domingo en la apertura de la Exposición Rural de Palermo. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, reclamó que los derechos de exportación “dejen de existir, por ley y para siempre”, y recordó que desde 2002 el Estado recaudó unos USD 215.000 millones por ese concepto. Milei respondió con un esquema gradual: la quita definitiva de retenciones, afirmó, se financiará con el crecimiento de los sectores energético y minero. "Las retenciones son una aberración que nunca debió haber existido“, sostuvo el mandatario ante productores y dirigentes rurales.

El plan oficial ya tiene costos fiscales estimados: USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028. En soja, el principal cultivo de exportación del país, la alícuota descenderá un cuarto de punto porcentual por mes durante 2027, desde el 23,75% hasta el 21%, para luego bajar medio punto mensual a lo largo de 2028.

La cosecha 2025-2026, con una superficie sembrada récord de 40 millones de hectáreas y más de 164 millones de toneladas de granos proyectadas, muestra que el sector produce a plena capacidad. El análisis del Iaraf refleja que, aun en ese escenario, la carga tributaria sobre sus exportaciones sigue en proceso de reducción, aunque todavía lejos del punto cero que el campo reclama.

El campo argentino llegó al tradicional acto de apertura de la Exposición Rural de Palermo con el reclamo histórico intacto —la eliminación total de las retenciones— y se fue sin el anuncio que esperaba. Pero las principales entidades del sector celebraron el discurso del presidente Javier Milei con una valoración que excede lo tributario: el reconocimiento explícito al agro como motor de la economía y, sobre todo, la ratificación del equilibrio fiscal como condición innegociable antes de avanzar en cualquier quita impositiva.

El tono lo marcó Milei desde el arranque. “Ustedes son los que desde que Argentina es Argentina tiran para adelante el carro del país y por eso, sin duda, merecen ser llamados héroes", afirmó ante productores y dirigentes rurales en el predio de Palermo, en un acto que se realizó un domingo —en lugar del tradicional sábado— por cuestiones de agenda presidencial. El mandatario llegó pasadas las 11 acompañado por su hermana, Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

El discurso de casi 40 minutos no incluyó anuncios de nuevas bajas de derechos de exportación, algo que ya había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su visita al predio el jueves de la semana pasada. “Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular. En la medida que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando”, había dicho Caputo el jueves, en referencia al esquema escalonado de reducción de retenciones anunciado en mayo.

Ese plan prevé un costo fiscal de USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028, con bajas mensuales que alcanzan a todos los cultivos desde el año próximo. En soja -el principal producto de exportación argentino-, la alícuota descenderá un cuarto de punto porcentual por mes a lo largo de 2027, desde 23,75% hasta 21%, para luego bajar medio punto mensual durante 2028.

El argumento de la energía y la minería

El pasaje del discurso que más resonó en el sector fue la respuesta de Milei al reclamo del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien minutos antes había pedido que los derechos de exportación “dejen de existir, por ley y para siempre” y recordó que desde 2002 el Estado recaudó unos USD 215.000 millones por ese concepto. La respuesta presidencial fue una ecuación: el crecimiento de los sectores energético y minero financiará la eliminación definitiva de las retenciones.

“Las retenciones son una aberración que nunca debió haber existido. Entendemos que eliminarlas es una obsesión para nuestro Gobierno y hemos dado muchos avances en esa dirección. No le sirve a nadie que las eliminemos para sacar rédito político en las elecciones y después el modelo reviente, como ha pasado en otros gobiernos”, afirmó Milei. Y precisó: “El crecimiento de esos sectores, que antes no producían nada, es lo que financiará la quita de retenciones y el verdadero empoderamiento de un campo pujante en las próximas décadas”.

La lógica oficial es que la pérdida de recaudación que implica avanzar hacia la quita total de derechos de exportación pueda compensarse con los ingresos provenientes del despegue exportador del petróleo, el gas y la minería —sectores que hoy generan divisas crecientes y que, a diferencia del agro, no cargan con retenciones de la misma magnitud.

Pino y el equilibrio entre el reclamo y el reconocimiento

El discurso de Pino combinó la exigencia con el reconocimiento. El titular de la SRA enumeró los logros de la gestión Milei —reducción de la inflación, equilibrio fiscal, estabilidad cambiaria, baja del riesgo país— y cuantificó en unos USD 6.000 millones la suma que el campo no pagó en retenciones durante el mandato actual, dinero que, según dijo, se reinvirtió “en genética, pasturas, maquinaria y otros tipos de mejoras”. Pero la demanda de fondo no cedió: “Las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre”.

Sin embargo, Pino también apuntó contra los impuestos provinciales y las tasas municipales, en línea con el discurso económico oficial. Acusó a las provincias de crear “aduanas internas, prohibidas por la misma Constitución Nacional” mediante el cobro de gravámenes por el traslado de mercadería entre distritos, y reclamó el fin del “manejo arbitrario del impuesto a los ingresos brutos” y de las tasas viales “que no se traducen en obras”.

Sobre las limitaciones en materia de infraestructura, dijo que el atraso en caminos rurales, trenes, puertos y obras de prevención de inundaciones —mencionó en particular la cuenca del río Salado— forma parte del “famoso costo argentino” que daña la competitividad del sector. Milei respondió a ese punto con dos anuncios concretos: la privatización del Belgrano Cargas y la adjudicación de la hidrovía, presentados como herramientas para reducir los costos logísticos del agro.

Mismo rumbo, más velocidad

La recepción del discurso presidencial entre las principales entidades del sector fue positiva. Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC —la cámara de las empresas agroexportadoras que representa alrededor del 50% de las exportaciones argentinas—, destacó que Milei “ratificó el camino a través de las negociaciones de apertura de mercados y las nuevas inversiones portuarias y de industrialización de soja y girasol”. Para Idígoras, la adjudicación de la vía navegable troncal y la próxima licitación del Belgrano Cargas son “los motores de las exportaciones del país” y generarán “más producción, más empleo y más exportaciones”.

Desde Coninagro, su presidente Lucas Magnano valoró que Milei haya puesto el foco en la certidumbre y la hoja de ruta a largo plazo, algo que considera indispensable para un sector cuyas actividades “exceden los períodos presidenciales”. Magnano reconoció que el escenario ideal hubiera sido la quita total de retenciones, pero entendió los límites del Gobierno: “Ha dado hasta donde puede sin comprometer el equilibrio fiscal, que es una de las variables innegociables”, afirmó, y agregó que ese camino “me parece correcto”.

Esa última frase sintetiza el estado de ánimo del sector tras la Rural: el campo sigue sin las retenciones cero que reclama desde hace décadas, pero encuentra en el superávit fiscal —una conquista que el propio agro siempre exigió como condición de sustentabilidad macroeconómica— una razón para acompañar el ritmo gradual que propone el Gobierno. La cosecha 2025-2026, con una superficie sembrada récord de 40 millones de hectáreas y más de 164 millones de toneladas de granos, muestra que el sector produce a máxima capacidad incluso con “una mano atada a la espalda”, como dijo el propio Milei.

El primer semestre de 2026 dejó un dato sin antecedentes en el comercio exterior argentino: las exportaciones de bienes totalizaron USD 49.454 millones, un 24,4% más que en igual período del año anterior, con un superávit de USD 13.923 millones. Pero detrás del número récord hay una transformación más profunda que el volumen, y es el mapa de qué exporta Argentina y desde dónde lo hace. Este cambio más en los últimos dos años, que en la década y media anterior.

Neuquén, Catamarca, Jujuy, Salta y San Juan -provincias que hace 15 años aportaban una fracción marginal al total exportado- concentran hoy una porción creciente de las divisas que ingresan al país.

Según el Intercambio Comercial Argentino (ICA) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la región patagónica exportó USD 8.783 millones en el primer semestre de 2026, y el Noroeste argentino (NOA) sumó otros USD 3.203 millones. Juntas, más Cuyo con USD 2.517 millones, esas tres regiones aportaron casi USD 14.500 millones, el 29,3% del total nacional.

De esta forma, si se contrastan esos números con los datos de comercio exterior de 2010, cuando la soja y sus derivados explicaban más de dos tercios de las exportaciones, esas provincias eran casi invisibles en la estadística de ICA.

Provincias que hace 15 años aportaban una fracción marginal al total exportado- concentran hoy una porción creciente de las divisas que ingresan al país

La región pampeana, sin embargo, sigue siendo el principal aportante de dólares al país, con USD 32.698 millones en el semestre. Santa Fe sumó USD 9.237 millones -casi todo en manufacturas de origen agropecuario- y la provincia de Buenos Aires otros USD 15.748 millones. Pero su peso relativo se redujo. Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) y los productos primarios (PP) sumados representan hoy el 57,5% del total exportado. En el período 2016-2020, ese par rozaba el 70 por ciento.

La energía recuperó una participación que no tenía desde 2006

El rubro de mayor crecimiento en el semestre fue combustibles y energía (CyE), con una suba del 42,5% interanual y una participación del 15,4% sobre el total exportado.

El dato tiene una dimensión histórica: en el primer semestre de 2006, CyE representaba el 17,1% de las exportaciones. En los años siguientes el sector cayó sin pausa. De hecho, entre 2016 y 2020, cuando el país era importado neto de energía, ese rubro llegó a representar apenas 4% del total exportado.

En este escenario, Neuquén es el epicentro de ese regreso. Según el Indec, la provincia exportó USD 4.283 millones en el primer semestre, de los cuales USD 4.205 millones correspondieron a combustibles y energía. Es decir, casi la totalidad de su aporte al comercio exterior proviene de Vaca Muerta. Solo en junio, Neuquén exportó USD 819 millones.

El salto en el valor de CyE, no obstante, combina dos factores de distinto peso. Por un lado, por el conflicto en Medio Oriente, el precio del petróleo crudo subió 47,8% interanual en junio, lo que explica una parte sustancial del incremento en dólares.

El volumen exportado de CyE, en cambio, cayó 11,7% en ese mes. El crecimiento del semestre acumulado -donde las cantidades exportadas de CyE subieron 24,9%- muestra que la expansión productiva también existe, pero que el precio amplifica el resultado.

Minería: de sector marginal a uno de cada diez dólares exportados

Si la energía recuperó terreno perdido, la minería directamente reescribió su lugar en la economía exportadora argentina. En 2025, el sector cerró con ventas externas por USD 6.075 millones, equivalentes al 6,9% del total nacional y un 31% más que en 2024, según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

El salto de las exportaciones mineras se apoya en: oro, plata y litio

La proyección para 2026, elaborada por CAEM estima que el sector superará los USD 9.000 millones, lo que representaría más del 10% de las exportaciones totales del país -o, dicho de otra forma, USD 1 de cada USD 10 que Argentina vende al exterior-.

Ese salto se apoya en tres metales con dinámicas distintas. El oro exportó USD 4.094 millones en 2025, un 30% más que el año anterior, y la proyección para 2026 es de USD 5.129 millones (25 por ciento).

La plata sumó USD 785 millones en 2025 y podría llegar a USD 1.172 millones este año (aumenta 49%). En ambos casos, el crecimiento en valor no proviene de mayor extracción sino de precios internacionales en niveles máximos. “Si los precios regresaran a los niveles de 2022, ninguna mina de oro y plata podría sostener sus operaciones en Argentina a causa de los altos costos actuales”, advirtió Roberto Cacciola, presidente de la CAEM, durante una presentación ante el sector en mayo.

El litio tiene una lógica diferente. Las exportaciones del mineral pasaron de USD 911 millones en 2025 a una proyección de USD 2.559 millones para 2026, un salto del 181% que se explica tanto por precios más altos como por una expansión real de la producción: la CAEM estima que Argentina producirá 172.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) este año, 48% más que en 2025, por mayor utilización de capacidad instalada en Salar Olaroz, Mina Fénix y Cauchari-Olaroz. Ya en el primer cuatrimestre de 2026, las exportaciones de litio crecieron 137,8% interanual en valor, según datos del Ministerio de Economía.

El carbonato de litio ya figura entre los diez principales productos exportados por Argentina

El ICA de junio confirma que el carbonato de litio ya figura entre los diez principales productos exportados por Argentina. Y el mapa provincial del Indec muestra desde dónde sale:

• Jujuy exportó USD 941 millones en el semestre, con USD 549 millones en manufacturas de origen industrial -categoría que incluye el litio procesado-.
• Catamarca aportó USD 391 millones, de los cuales USD 371 millones corresponden al mismo rubro.
• Salta sumó USD 958 millones, con USD 503 millones en MOI minero.
• San Juan exportó USD 1.283 millones, con USD 1.151 millones en MOI -casi en su totalidad oro y plata de Veladero y otros yacimientos-.

Las provincias de Catamarca, Santa Cruz, San Juan, Jujuy y Salta concentran entre 44% y 93% de su actividad económica en la minería, según cifras de la CAEM.

El agro, ancla inamovible con menor peso relativo

La transformación de la canasta exportadora no desplazó al agro: lo relativizó. Las MOA lideraron el semestre con USD 15.819 millones y una participación del 32%, mientras los productos primarios sumaron USD 12.631 millones (25,5 por ciento).

El complejo sojero exportó USD 8.844 millones en el período, con la harina y pellets de soja y el aceite de soja en bruto entre los tres productos más vendidos al exterior. El maíz en grano ocupó el segundo lugar del ranking general, con USD 639 millones solo en junio.

La suma de MOA y PP -que durante años representó dos tercios del total exportado- hoy equivale al 57,5%. Esa reducción de diez puntos porcentuales no responde a una caída del agro, sino al crecimiento más acelerado de los otros sectores.

Santa Fe exportó USD 9.237 millones en el semestre, casi todo en MOA, y sigue siendo la segunda provincia exportadora del país. El complejo agroindustrial del Gran Rosario no retrocedió; el resto del país avanzó.

En ese escenario, Banco Macro presenta en la Expo Rural una propuesta integral para productores, empresas y visitantes. Desde su stand en el Pabellón Azul, especialistas de las áreas de Agro, Individuos y Pymes brindan asesoramiento sobre préstamos, inversiones, beneficios y productos disponibles para cada perfil.

El espacio permite que nuevos usuarios puedan convertirse en clientes de manera simple a través de un código QR. El proceso es completamente online y puede completarse en pocos minutos desde un teléfono celular.

Soluciones digitales para cada etapa de la producción

Uno de los principales ejes de la propuesta es Crédito Simple Agro, una herramienta diseñada para ampliar la calificación crediticia de los productores de forma digital. La gestión se realiza desde la App Macro y permite acceder de manera inmediata a nuevos límites de crédito.

“Trabajamos con un objetivo muy claro: poner al productor en el centro. Tenemos un equipo dedicado exclusivamente a entender sus necesidades y desarrollar productos, procesos y servicios que mejoren su experiencia. Buscamos hacerle la vida más fácil, con herramientas simples y soluciones que lo acompañen en cada etapa de su actividad”, explicó Federico Taffarell, gerente de Macro Agro.

Esta solución incluye líneas especiales para capital de trabajo y préstamos de largo plazo destinados a la compra de maquinaria agrícola, sin necesidad de asistir a una sucursal. De esta manera, un usuario puede resolver sus necesidades financieras con mayor rapidez y adaptar las herramientas a los tiempos de cada actividad.

Una plataforma que conecta a productores y proveedores

La entidad también impulsa Red Agro, un portal de gestión de créditos pensado para integrar a toda la cadena de valor. A través de esta plataforma, empresas comercializadoras de insumos, consignatarias de hacienda y otros actores del sector pueden ofrecer financiación mediante Banco Macro y recibir el pago al contado.

Desde la app de esta entidad, el productor puede completar la solicitud de un préstamo de forma online y realizar el pago a su proveedor de manera inmediata, con plazos acordes a su ciclo productivo. Todo el circuito se desarrolla de manera digital, lo que simplifica la operatoria para todas las partes involucradas.

Como parte de la evolución de la plataforma, Red Agro incorporó una funcionalidad que permite a las empresas adheridas consultar online la disponibilidad de crédito de un listado de clientes. Esta herramienta agiliza la gestión comercial y facilita tanto las acciones de cobranza como las oportunidades de negocio.

“Hoy un productor puede abrir una cuenta, solicitar un préstamo y obtener una calificación crediticia de forma completamente digital. Con la información de su campaña declarada en ARCA, el proceso puede resolverse en menos de un minuto y acceder a una línea de hasta 600.000 dólares. A eso se suma el trabajo de más de 120 oficiales agro en todo el país, preparados para brindar asesoramiento personalizado”, destacó Taffarell.

Presencia en todo el país con foco en el sector agropecuario

Durante la exposición, los especialistas de Macro Agro también ofrecen información sobre convenios con las principales marcas de insumos y maquinaria agrícola, líneas de inversión, operaciones con granos y alternativas de financiación con condiciones especiales.

Con la mayor red de sucursales entre los bancos privados del país y presencia en los principales corredores productivos y economías regionales, Banco Macro acerca soluciones integrales para acompañar el crecimiento del sector agropecuario.

Créditos, herramientas digitales, opciones de inversión y financiamiento para insumos forman parte de una propuesta orientada a facilitar el desarrollo de cada campaña y responder a las necesidades actuales de los productores.

Las exportaciones del sector agroindustrial totalizaron USD 26.978 millones en los primeros seis meses del año, lo que representa un incremento de USD 3.984 millones o 17,3% en comparación con el mismo período de 2025. Se trata de la consolidación de una tendencia positiva en los envíos al exterior.

Así surge del informe mensual de la Bolsa de Cereales y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que precisó que las exportaciones sumaron USD 4.939 millones en junio, con un aumento de USD 733 millones (+17,4%) en comparación con igual mes de 2025.

Por complejos exportadores, el mayor aporte al crecimiento del saldo exportador provino de los sectores de girasol (USD 2.073,2), carne y cuero vacuno (USD 2.480,6), y trigo (USD 2.443,7), que fueron los principales impulsores de la mejora registrada. En términos de expansión relativa durante el semestre, se destacaron los complejos porcino, con un incremento del 130%, seguido por el girasol (+128,5%), las legumbres (+118%) y el algodón (+85%).

En contraposición, algunos sectores moderaron la tendencia general al alza, entre ellos el avícola, cuyas exportaciones retrocedieron 38%, el arrocero (-21%) y el manisero (-3%).

En relación a la competitividad, el CAA resaltó por otro lado que el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) del Banco Central se mantuvo en el mismo nivel respecto al mes anterior, y se ubicó 2% por debajo del promedio de 2025.

Por su parte, según la última actualización mensual de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el agro proyecta una liquidación de USD 34.897 millones en 2026. La estimación implica un recorte de alrededor de USD 1.200 millones respecto de la proyección de mayo, debido a una baja en los precios de exportación previstos.

En el acumulado hasta junio, el sector liquidó un estimado de USD 15.768 millones, por debajo de los USD 18.303 millones registrados en igual período de 2025. La caída responde principalmente a dos factores asociados a los esquemas de derechos de exportación vigentes el año pasado.

Por un lado, la reducción temporaria de las retenciones durante el primer semestre de 2025 adelantó la comercialización y elevó la base de comparación. Por el otro, la eliminación transitoria de esos derechos en septiembre de ese año impulsó un adelantamiento de ingresos en ese mes, aunque redujo el flujo de liquidaciones en los meses posteriores, con impacto entre octubre y diciembre y también en los primeros meses de 2026.

No obstante, la BCR señaló que entre abril y mayo de este año esa situación se habría normalizado, reflejada en ocho meses consecutivos de reducción de la deuda comercial asociada a anticipos y prefinanciaciones de exportaciones.

Vale mencionar también que el Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR) registró un incremento mensual desestacionalizado del 1,4% en mayo (último dato disponible). De esta manera, el dato del último mes se posicionó apenas 0,2% por debajo del máximo registro histórico alcanzado en febrero.

El mayor impulso del índice general provino del avance mensual de labores agrícolas, que evidenció un crecimiento del 2,6%, ante el notable progreso en la cosecha de soja, luego de los retrasos observados en el mes previo. Esta situación se reflejó asimismo en la molienda de la oleaginosa, que creció un 2% respecto a abril, en tanto que se estima que la producción de biodiésel habría registrado un incremento del 1,6%.

En términos generales, las exportaciones argentinas de bienes alcanzaron los USD 49.454 millones en el primer semestre de 2026, lo que representó un crecimiento interanual del 24,4%, según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA).

Como resultado, el saldo comercial acumulado entre enero y junio fue superavitario en USD 13.923 millones, más de cinco veces superior a los USD 2.762 millones registrados en igual período de 2025. La balanza comercial también cerró junio con resultado positivo.

Durante el sexto mes del año, las ventas al exterior totalizaron USD 9.055 millones, con un incremento interanual del 24,5%, mientras que el intercambio comercial del mes ascendió a USD 15.916 millones, el nivel más alto desde agosto de 2022. En contraste, las importaciones acumuladas en el primer semestre sumaron USD 35.531 millones, un 3,9% menos que en el mismo período del año pasado.

La Mesa de Enlace y las principales cámaras de la industria frigorífica emitieron un documento conjunto en el que rechazaron cualquier modificación al esquema de financiamiento obligatorio del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

La carta, que cuenta con la firma de las entidades más importantes del campo argentino, llegó luego de que trascendiera un anteproyecto del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que propone convertir en voluntarios los aportes que hoy pagan productores y frigoríficos por cada animal que va a faena. En lo que va de 2026, el organismo recaudó más de $8.000 millones.

El organismo fue creado por la Ley 25.507, sancionada en 2002, meses después de la crisis de la aftosa que golpeó al sector durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

El escrito lleva las firmas de los presidentes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace —Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA)— junto a las de las principales cámaras del sector cárnico: el Consorcio de Exportadores de Carne (ABC), la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (Cadif), la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra) y la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica). El documento expresa el “firme respaldo al IPCVA” y ratifica “su rol fundamental como herramienta estratégica para el desarrollo y posicionamiento de la cadena bovina argentina”.

El anteproyecto en cuestión forma parte de la Ley de Desregulación que impulsa el ministro Federico Sturzenegger y aún no ingresó al Congreso. El artículo 37 del borrador establece “la finalización, a partir del 1° de octubre de 2027, de las contribuciones obligatorias con destino al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina” e instruye al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a “cesar la aplicación, percepción, retención y/o recaudación” de esos aportes. Desde la cartera de Sturzenegger no confirmaron el contenido del texto.

El tema sobrevoló un almuerzo celebrado ayer en el predio de la Exposición Rural de Palermo, al que asistieron el propio Sturzenegger, el canciller Pablo Quirno y dirigentes de la SRA.

El financiamiento actual del IPCVA se sustenta en aportes privados de productores y frigoríficos. Los primeros pagan el equivalente al 0,07% del valor índice de res vacuna en plaza de faena —hoy $1.185 por cabeza—, mientras que la industria abona un 0,03% de ese valor, es decir, $535 por animal. En la práctica, el costo equivale a unos 250 gramos de carne por bovino faenado, según graficaron las entidades en su documento.

Los firmantes sostienen que “es fundamental mantener el actual esquema de pago obligatorio para sostener el funcionamiento virtuoso del IPCVA, tal como sucede con los institutos de promoción de los principales países productores de carne del mundo, como Australia, Reino Unido, Estados Unidos o Uruguay“. Además, señalan que entre el 3% y el 5% del presupuesto anual del Instituto se destina al Senasa, y que su labor fue “clave para consolidar acuerdos comerciales, abrir nuevos mercados internacionales y posicionar la marca ‘Carne Argentina’ como un producto premium a nivel global”.

El presidente del IPCVA, Georges Breitschmitt, calificó la propuesta de aportes voluntarios como “algo que no es superador” y advirtió que implementarla sería “lo mismo que decir cerremos el Instituto”.

La propuesta de Sturzenegger

La controversia no es nueva. La Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), que estima aportar alrededor del 14% del total recaudado por el fondo, viene reclamando desde hace tiempo la eliminación de la obligatoriedad y le hizo llegar sus reparos a Sturzenegger en cartas formales. También algunas entidades del interior se mostraron disconformes con el esquema, y cuestionaron la aplicación concreta de los fondos. Esa presión interna del sector fue la que, según fuentes del sector, terminó por activar el análisis en el Ministerio de Desregulación.

El anteproyecto propone reemplazar el artículo 14 de la Ley 25.507 por un “Fondo de Promoción de Carne Vacuna Argentina” que se nutriría de contribuciones voluntarias, donaciones, herencias, legados, contraprestaciones por asistencia técnica y rentas propias del fondo. Las contribuciones obligatorias continuarían vigentes hasta el 30 de abril de 2027 bajo el régimen actual, y los importes recaudados con posterioridad a esa fecha deberían devolverse dentro de los 60 días, salvo que el aportante manifieste su voluntad de convertirlos en un aporte voluntario.

La eliminación de Coviar, el antecedente más cercano

El caso del IPCVA no es el primero en el que el Gobierno avanza sobre aportes sectoriales obligatorios. En mayo pasado, el Ministerio de Desregulación eliminó las contribuciones compulsivas que bodegas y productores pagaban a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) desde 2004. Sturzenegger calificó en ese momento ese esquema como una “aberración” y estimó que, entre 2004 y 2025, el sector había aportado USD 300 millones “para financiar resultados que nunca llegaron”. Esa medida dividió al sector vitivinícola: mientras cámaras como Bodegas de Argentina la celebraron, otros actores advirtieron sobre el vacío institucional que podría generar.

Las exportaciones argentinas sumaron USD 49.454 millones en el primer semestre del año, el máximo histórico para ese período, con un incremento interanual del 24,4%. Sin embargo, se observaron diferencias marcadas entre las distintas provincias y, pese al salto en las ventas del sector energético, Buenos Aires volvió a ser el principal motor.

La región Pampeana explicó el 66,1% del total exportado, con ventas por USD 32.698 millones. En segundo lugar se ubicó la Patagonia, con una participación del 17,8% (USD 8.783 millones), seguida por el NOA, que representó el 6,5% (USD 3.203 millones), y Cuyo, con el 5,1% (USD 2.517 millones).

Según un informe de Politikon Chaco, todas las regiones aumentaron sus exportaciones medidas en valores FOB, aunque la evolución fue dispar. El NOA encabezó el crecimiento interanual, con una expansión del 66,3%, impulsada por las manufacturas de origen industrial. Le siguió la Patagonia, con una variación positiva del 51,3%, traccionada por la energía y las manufacturas industriales.

En un segundo escalón figuran la región Pampeana, con un 15% más, favorecida por la energía y los productos primarios; el NEA, con una suba del 14%, apuntalada por las manufacturas de origen agropecuario; y Cuyo, con un 13,9% adicional, gracias al sector manufacturero.

Por jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires se mantuvo como el principal distrito exportador durante los primeros seis meses del año, con ventas al exterior por USD 15.748 millones, equivalentes al 31,8% del total.

En tanto, Santa Fe sumó exportaciones por USD 9.237 millones y la provincia de Córdoba completó el podio con USD 5.880 millones.

Por su parte, Neuquén, atravesada por el boom de Vaca Muerta, se posicionó en el cuarto lugar del ranking nacional, con ventas por USD 4.283 millones. Detrás se encuentran Santa Cruz (USD 2.150 millones), Chubut (USD 1.758 millones), San Juan (USD 1.283 millones) y Entre Ríos (USD 1.048 millones).

“En conjunto, dichas provincias concentraron el 84% de los envíos al exterior en el primer semestre”, destacó Politikon Chaco.

Salta, Jujuy, Mendoza y La Pampa registraron exportaciones por montos que oscilaron entre USD 500 y USD 999 millones. Tucumán, San Luis, Catamarca, Santiago del Estero, Río Negro, Tierra del Fuego, Misiones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes y Chaco alcanzaron valores de entre USD 100 y USD 499 millones. Finalmente, La Rioja y Formosa no llegaron a los USD 100 millones.

Alejandro Pegoraro, director de la consultora, dijo en relación a los resultados: “Buenos Aires concentra una parte significativa de la producción primaria de granos y cereales, y también tiene un peso relevante en las exportaciones industriales y de combustibles, especialmente por su polo petroquímico. Por ello, históricamente ha liderado el ranking”.

Respecto a la posibilidad de que Neuquén supere el desempeño bonaerense, afirmó: “En cinco o diez años podría tener una chance, pero será difícil, porque aun con un fuerte crecimiento de la energía, el agro seguirá acaparando gran parte del volumen exportador total, y en ese aspecto Buenos Aires saca ventaja”.

En cuanto a la variación interanual, Catamarca exhibió la mayor expansión, con un alza de 118,7%; seguida por Jujuy, con un incremento del 94,2%, y Santa Cruz, con una suba del 86,2%. En los tres casos, el avance estuvo impulsado principalmente por el dinamismo de las exportaciones de productos industriales.

Por el contrario, Formosa fue la única provincia que marcó una disminución en el valor exportado, con una caída del 3,5% en dólares.

En términos per cápita, las exportaciones de Santa Cruz ascendieron a USD 6.419 por habitante, el mayor nivel entre las provincias, seguidas por Neuquén (USD 6.093) y Chubut (USD 2.918).

Por debajo del umbral de USD 200 aparecen La Rioja (USD 192), Corrientes (USD 152), Chaco (USD 126), CABA (USD 62) y Formosa (USD 23).

Luego del dato de junio informado por el Indec, la consultora Abeceb proyecta que las exportaciones cierren el 2026 en torno a los USD 100.000 millones, con un superávit comercial de USD 21.000 millones o incluso aún mayor. Esta cifra duplica el saldo positivo del año pasado, que llegó a USD 11.320 millones.

El precio de la soja cerró este lunes con un aumento 1,5% y alcanzó los USD 450,48 en el mercado de Chicago. Se trata del valor más elevado desde mayo, antes de una caída que llevó la oleaginosa a mantenerse cercana a los USD 400 durante los últimos dos meses. La suba responde a factores climáticos, mayor demanda y más conflictividad internacional.

El avance en los precios se debe principalmente al clima seco en las principales zonas agrícolas de EEUU y al sostenido interés de China por adquirir soja estadounidense. A esto se sumó la escalada del conflicto en Medio Oriente, a partir de lo cual el precio del crudo se volvió a ubicar en torno a los USD 90. Ocurre que la evolución de la soja y el maíz suele estar relacionada con la del mercado petrolero, debido a su utilización en la elaboración de biocombustibles.

En este sentido, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) precisó en su reporte diario: “El cultivo se ve impulsado por la preocupación ante condiciones secas en el Medio Oeste de Estados Unidos, que incrementan el riesgo climático sobre los cultivos. Además, las nuevas compras chinas de poroto estadounidense refuerzan la tendencia alcista y consolidan una demanda firme”.

“La renovación de los enfrentamientos en Medio Oriente aporta apoyo adicional por su vínculo con el mercado energético, aunque la volatilidad del crudo limita avances más pronunciados”, agregó.

En tanto, desde Wise Capital destacaron: “A pesar de una fuerte reducción del 8,7% en el área sembrada, la campaña de soja 2025/26 cerró con excelentes noticias económicas gracias al repunte de las cotizaciones internacionales”.

Según un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el complejo generará exportaciones por USD 21.192 millones y un Producto Bruto de USD 19.106 millones. En este marco, la recaudación fiscal podría incrementarse un 28%, hasta alcanzar los USD 7.534 millones.

Lento avance de la venta

De todos modos, de acuerdo a Max Capital, el ritmo de venta viene lento. Solo el 28% de la cosecha fue vendido con precio definido, frente al 36% que marca el promedio histórico para esta altura de la campaña. Incluso al sumar las operaciones “a fijar”, el avance llega al 43%, todavía por debajo del 51% registrado, en promedio, para esta época.

Con el cierre de la cosecha de soja, el mercado enfrenta un escenario en el que resulta complejo estimular nuevas ventas por parte de los productores.

De cara a la próxima campaña, además, el calendario electoral aparece como un factor adicional de incertidumbre, lo que podría reforzar una actitud más prudente en las decisiones de comercialización.

Por otra parte, la producción total nacional de la oleaginosa llegó a 50,1 millones de toneladas, una cifra casi idéntica al ciclo previo pero un 19% superior al promedio de los últimos cinco años.

Esta estabilidad productiva fue posible porque el rendimiento promedio compensó la menor superficie y alcanzó un rinde de 31,3 quintales por hectárea.

“El clima acompañó tras superar un verano seco gracias a oportunas lluvias en febrero que salvaron el llenado de los granos”, remarcó Wise Capital.

A su vez, la molienda industrial proyecta procesar 43,5 millones de toneladas. De todos modos, la BCR había alertado que Argentina perdió el liderazgo mundial en esta capacidad entre los principales exportadores.

Luego de haber alcanzado en 2020 un techo teórico de poco más de 68 millones de toneladas (Mt) de capacidad potencial anual de procesamiento de soja, la expansión de la industria se detuvo e incluso registró una leve contracción.

En paralelo, los otros dos principales orígenes de soja del mercado mundial mantuvieron un ritmo sostenido de expansión industrial, en línea con una oferta local de soja abundante y creciente a lo largo del tiempo.

En este contexto, la capacidad de procesamiento de soja en EEUU y Brasil creció, en promedio, un 4,0% y un 1,9% anual, respectivamente, durante la última década.

Como resultado, a partir de 2024 Argentina pasó a ocupar el segundo lugar en capacidad instalada teórica de procesamiento de soja entre los tres principales países exportadores, tras ser superada por EEUU. Posteriormente, en 2025 retrocedió al tercer puesto al ser también superada por Brasil.

Asimismo, la BCR señaló que el mercado de commodities agrícolas, y la industria de soja en particular, están atravesando un cambio de paradigma en cuanto a los drivers de demanda que impulsan la expansión de la producción y la industrialización.

“Si entre finales de 1980 y mediados de la segunda década de este siglo la transformación de proteína vegetal en proteína animal, traccionada por el crecimiento en el consumo de carnes a nivel global con China a la cabeza, fue el principal factor que potenció el avance en la producción de granos, la promoción para la elaboración de biocombustibles está liderando el flujo de la demanda", indicó la entidad.

Las exportaciones argentinas de bienes acumularon USD 49.454 millones en el primer semestre de 2026, con un incremento interanual de 24,4% respecto al mismo período del año anterior, según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El saldo comercial del período fue positivo en USD 13.923 millones, más del quíntuple de los USD 2.762 millones registrados en igual lapso de 2025.

El resultado de junio también fue positivo. Solo durante el sexto mes del año, las exportaciones alcanzaron USD 9.055 millones —un alza de 24,5% interanual—, lo que elevó el intercambio comercial total del mes a USD 15.916 millones, el mayor nivel desde agosto de 2022. En tanto, las importaciones del período enero-junio sumaron USD 35.531 millones, con una caída de 3,9% frente al mismo lapso del año previo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los datos en su cuenta de X: “Las exportaciones fueron récord histórico en junio y también en el primer semestre del año”. El funcionario subrayó que tres de los cuatro grandes rubros de exportación —combustibles y energía, manufacturas de origen industrial y productos primarios— alcanzaron en el semestre el mayor valor de toda la serie histórica.

Combustibles, industria y agro, los tres motores del alza

El motor del crecimiento exportador en el semestre fueron los combustibles y la energía (CyE), que avanzaron 42,5% interanual hasta acumular USD 7.619 millones. El impulso provino principalmente del petróleo crudo: los despachos de aceites crudos de petróleo crecieron 47,7% en el período, con ingresos por USD 4.693 millones. En junio, el rubro anotó una suba de 31,1%, con precios que escalaron 47,8% respecto al mismo mes de 2025, catapultados por el conflicto armado en Medio Oriente. En este contexto, la balanza energética del primer semestre acumuló un saldo positivo de USD 5.076 millones, frente a los USD 3.139 millones del mismo período del año anterior.

Las manufacturas de origen industrial (MOI) avanzaron 27,5% en el acumulado semestral, con ventas por USD 13.385 millones. Los subrubros que más traccionaron en junio fueron productos químicos y conexos, y metales comunes y sus manufacturas. Las cantidades exportadas crecieron 8,3% y los precios, 17,8%, lo que reflejó una mejora simultánea en volumen y valor.

Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) sumaron USD 15.819 millones en el semestre —el rubro con mayor participación, con 32% del total exportado— y registraron una suba de 15,1% interanual. En junio, el avance fue de 31,6%, impulsado por grasas y aceites, residuos y desperdicios de la industria alimentaria, y carnes y sus preparados. Los tres productos líderes de exportación en el acumulado fueron los aceites crudos de petróleo (9,5% del total), el maíz en grano (8,4%) y la harina y pellets de extracción del aceite de soja (8,4%).

Los productos primarios (PP) crecieron 24,4% en el semestre, con USD 12.631 millones, aunque en junio el avance fue más moderado: 3,6% interanual. El subrubro que más aportó en el mes fue minerales metalíferos, escorias y cenizas, con USD 64 millones adicionales.

En este escenario, el alza en los precios de exportación —9% en el semestre— superó al incremento de los precios de importación, que fue de 6,1%, lo que generó una ganancia en los términos del intercambio de USD 1.232 millones. El índice de cantidades exportadas creció 14,2%, con los productos primarios y los combustibles como principales motores de volumen: 27,1% y 24,9%, respectivamente.

Respecto al destino de las exportaciones argentinas, Brasil fue el principal destino en el semestre, con 12,6% del total, seguido por China y Estados Unidos, con 9,9% y 9,8% respectivamente. Del lado de las importaciones, China encabezó el origen de las compras con 22,5%, seguida por Brasil con 21,5 por ciento.

La escasez de divisas ha sido una característica histórica de la economía argentina, causa de los recurrentes ciclos de Stop & Go (parar y arrancar), en que una etapa de crecimiento se frenaba por falta de dólares, forzaba un ajuste de niveles de actividad, consumo, empleo y demanda de dólares, hasta que estos volvían a alcanzar para impulsar un nuevo tirón de crecimiento, que duraba hasta que reaparecía la escasez de combustible cambiario y se iniciaba un nuevo giro.

En buena medida, esos ciclos estuvieron asociados a la estacionalidad de las exportaciones del campo y la agroindustria, muy concentrada en el segundo trimestre. Esta vez, sin embargo, el aporte de Vaca Muerta y de la minería, cuyas exportaciones siguen un recorrido anual más parejo, además de las reservas en silobolsas, permitirían no solo un récord histórico de liquidación anual de divisas sino también evitar la estacionalidad e incluso revertirla.

Así lo sugiere un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) que consolidó la liquidación de divisas de agro, minería y energía y proyectó un récord de USD 57.168 millones para el año, superior al máximo histórico de la serie, de USD 57.622 millones en 2022 (tributo de la invasión rusa de Ucrania, que llevó a niveles estratosféricos los precios de los granos, justo cuando se iniciaba el período dorado de exportación del campo y la agroindustria locales) y se ubicaría casi USD 7.000 millones por sobre los USD 50.381 millones liquidados en 2025.

Consolidación

“La consolidación de estos tres complejos permite dimensionar la magnitud del ingreso de divisas comerciales del país y, sobre todo, capturar un cambio de composición que se viene gestando en los últimos años: el peso creciente de la energía de la mano del desarrollo de Vaca Muerta y del salto exportador de ese sector; y de la minería, que complementan y estabilizan un flujo históricamente dominado por el agro y su marcada estacionalidad”, dice el estudio, realizado por Julio Calzada, Guido D’Angelo y Tomás Rodríguez Zurro.

Con todo, la principal novedad está en las perspectivas para el segundo semestre del año, para el cual proyectan una liquidación de US$ 29.793 millones, superior a los USD 27.375 millones del primer semestre, un patrón que parece “romper la estacionalidad histórica del mercado de cambios”, destacan los autores.

Tradicionalmente, explican, el ingreso de divisas se concentra en la primera mitad del año, al calor de la cosecha gruesa, y se enfría en el último tramo del año. Ahora, en cambio, siguen, “la incorporación estructural de la energía y la minería, flujos menos dependientes del calendario agrícola y en expansión, estaría modificando ese comportamiento: el segundo semestre ya no muestra el enfriamiento típico e incluso superaría al primero”. De hecho, el perfil mensual proyectado para 2026, a diferencia de los últimos años y de 2025, se sostiene por encima del promedio y no exhibe el desplome estacional del último trimestre, cuando el aporte del agro se reduce sensiblemente.

Agro

La liquidación anual de divisas del agro se proyecta en USD 34.897 millones, un recorte de unos USD 1.200 millones respecto de la estimación de mayo, debido menores precios de exportación proyectados.

En el acumulado hasta junio, el agro liquidó un estimado de US$ 15.768 millones, por debajo de los USD 18.303 millones del mismo período de 2025, algo que respondió a los esquemas de derechos de exportación (retenciones) aplicados en 2025, en que hubo una reducción temporaria que hizo adelantar la comercialización y elevó la base de comparación. Además, hubo una eliminación temporaria de retenciones en septiembre (cuando el gobierno estaba contra las cuerdas, debido a la victoria electoral del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires) que adelantó ingresos ese mes pero deprimió el de los subsiguientes, incluso hasta los primeros meses de 2026. “Entre abril y mayo de 2026 esta situación se habría normalizado, con ocho meses consecutivos de disminución de la deuda comercial por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones”, dice el trabajo.

Minería

En 2025 las exportaciones del sector alcanzaron USD 6.075 millones, aumentando por cinco años consecutivos. Este año mostraría un nuevo récord, con exportaciones por USD 9.000 millones, con lo cual la minería pasaría de explicar cerca del 7% a más del 10% de las exportaciones totales de la Argentina, salto que se explica por la mejora de precios del oro y la plata y un crecimiento de volúmenes y precios del complejo litio.

De hecho, precisa el estudio, ya en el primer cuatrimestre del año la minería registró ingresos de comercio exterior por USD 2.927 millones, un asombroso 88% más que en igual período de 2025. “Con importaciones mínimas en relación con sus ventas externas, la minería se consolida como aportante neto de divisas, con un flujo estable a lo largo del año que espera apuntalar la liquidación del segundo semestre”, dice el trabajo.

Energía

La otra gran protagonista, sostenida en la formación Vaca Muerta, con epicentro en Neuquén, que ya explica un 70% de la producción de crudo, proyecta un crecimiento del 16% en la producción de petróleo, a un nuevo récord histórico, superando finalmente el que se había alcanzado en 1998. Los autores precisan que la balanza energética marcó en la primera mitad de 2026 el mayor superávit de la historia argentina para un primer semestre, superando los USD 6.987 millones, un crecimiento del 87% interanual.

“Las exportaciones de combustibles y energía habrían crecido un 52%, hasta más de US$ 8.118 millones, mientras las importaciones tocan mínimos de 20 años. Además, más del 70% del crecimiento exportador se explica por mayores cantidades, más que por la suba de precios derivada del conflicto en Medio Oriente”, dice un pasaje.

Las perpsectivas son aún mejores. “Hacia adelante -concluyen los autores- las ventas de combustibles y energía podrían superar los USD 14.400 millones en 2026, llevando la balanza energética a un récord por encima de los USD 12.000 millones. La puesta en marcha del oleoducto VMOS hacia fin de año, con una evacuación adicional de 190.000 barriles diarios, apuntala un flujo de divisas creciente y menos estacional, clave en la fortaleza proyectada para el segundo semestre y el año que viene”.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, participó del tradicional corte de cintas de la 138° Exposición Rural, el principal encuentro del sector agropecuario, y prometió continuar bajando los derechos de exportación, más conocidos como retenciones.

La edición de este año se desarrolla bajo el lema “El campo nos une” y permanecerá abierta hasta el próximo domingo 26 de julio, jornada en la que está prevista la presencia del presidente Javier Milei, quien brindará el discurso de cierre y se espera que venga “con buenas noticias”.

Durante la inauguración, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, sostuvo que el agro no será el único motor del crecimiento económico y destacó el surgimiento de otras actividades con potencial para impulsar al país.

“Veo gente de otras actividades como la minería, la energía y la economía del conocimiento. Todos esos vamos a ser los brazos que van a traccionar a esta Argentina tan pujante y tan vigorosa”, expresó.

En relación a la presencia del jefe de Estado, Pino había contado que la relación con el Gobierno se sostiene a través de un diálogo constante, principalmente con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y que la demanda prioritaria es la eliminación de las retenciones, un reclamo histórico que consideran indispensable para el desarrollo de la actividad.

No obstante, Pino señaló que actualmente la agenda se amplió e incluye problemáticas como la infraestructura y el acceso al financiamiento. En su análisis, la falta de caminos y soluciones logísticas adecuadas dificulta el traslado de la producción y limita la capacidad de crecimiento. Además, advirtió que el “costo argentino” continúa incrementándose y afecta la competitividad del agro.

En su discurso, Santilli repasó medidas implementadas para el sector agropecuario y destacó la reducción de la carga tributaria. “Este año vamos a terminar bajando dos puntos los derechos de exportación para el trigo y la cebada y vamos a cerrar con una presión fiscal equivalente al 26,7% del PBI, cuando veníamos de 32,6%”, afirmó. Consideró que el Gobierno “va por el camino correcto“ y dijo que en el gobierno hay convencimiento de que ”la Argentina se ha puesto en marcha”, agregó.

Vale recordar que a partir de junio las retenciones al trigo y la cebada bajaron del 7,5% al 5,5%. Desde 2027, la rebaja de retenciones se extenderá a otros cultivos (maíz, girasol, sorgo) y a la soja, que disminuirá entre 0,25% y 0,5% mensual, partiendo del 24% actual y llegando al 21% al finalizar 2027. En 2028, la reducción mensual será de medio punto porcentual para todos los productos alcanzados por la medida, siguiendo el cronograma oficial.

El funcionario remarcó el rol que tiene el sector agroindustrial en el país y su importancia: “Son los que saben lo que es competir, lo que es producir. Nosotros sabemos que merecen que se les saque la pata de la cabeza, y eso es lo que viene haciendo el Presidente desde el día uno que asumió”.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dijo: “Durante mucho tiempo se intentó instalar una dicotomía entre ciudad y campo que es falsa porque lo que nos une es la gente”.

En ese sentido, señaló que el 70% de las empresas agroindustriales tienen sede en la Ciudad de Buenos Aires y destacó que, dentro del Parque de la Innovación, dos de cada tres emprendimientos están vinculados con la agrotecnología o la industria agroalimentaria.

La ExpoRural congregará productores, empresarios, técnicos, profesionales y familias, con más de 400 stands comerciales que incluyen laboratorios, empresas de agroinsumos, maquinaria agrícola, automotrices, entidades financieras, centros de genética, provincias y talabarterías, junto a más de 4.500 expositores de animales y 2.000 ejemplares en exhibición.

Las dificultades para recuperar la rentabilidad siguen siendo una constante en buena parte de las economías regionales. Aunque algunos sectores muestran señales de mejora, el aumento de los costos, la debilidad de los precios al productor y un desempeño dispar de la producción y los mercados mantienen bajo presión a varias cadenas agropecuarias

Durante mayo, el Semáforo de Economías Regionales elaborado por Coninagro registró 4 actividades en verde, 7 en amarillo y 8 en rojo.

El indicador de la entidad agropecuaria analiza tres componentes: negocio, producción y mercado. El primero evalúa la evolución de los precios y los costos, tanto en términos mensuales como interanuales. El segundo mide el área o el stock, según corresponda a cada actividad, además de la producción. El tercero releva la evolución de las exportaciones, las importaciones y el consumo interno.

Entre las actividades en rojo se encuentra la yerba mate, arroz, vino y mosto, hortalizas y algodón, maní, leche y mandioca. En la mayoría de estos casos, el problema principal estuvo en que los precios que reciben los productores se mantuvieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación a la vez que aumentaron los costos operativos. “Esto termina deteriorando la rentabilidad y dificulta la recuperación”, señaló Coninagro.

Las actividades que figuran en verde fueron bovinos, ovinos, granos y miel. En estos sectores predominó un escenario favorable para el negocio, con precios que crecieron por encima de la inflación. La excepción fue granos, donde preocupa el fuerte aumento de los fertilizantes nitrogenados y del gasoil. A esto se sumó un desempeño positivo tanto en los mercados como en los indicadores productivos.

En tanto, las actividades que permanecieron en amarillo fueron forestal, tabaco, cítricos dulces, peras y manzanas, aves, porcinos y papa. Estos sectores mostraron un panorama más heterogéneo: los precios no lograron seguir el ritmo de la inflación, la demanda se mantuvo estable o con escaso dinamismo y los costos continuaron elevados. “La combinación derivó en períodos de recuperación prolongados y en dificultades para consolidar mejoras sostenidas”, explicó el informe.

En el detalle de las actividades “en rojo” se observa, por mencionar algunas, que en la yerba mate el componente de negocio mostró un deterioro. La tonelada de hoja verde se pagó al productor alrededor de $240.000, lo que implicó una caída real del 20% en la comparación interanual.

En el plano productivo, el área cultivada se mantuvo estable en 231.000 hectáreas. En los últimos doce meses, la producción alcanzó las 847.000 toneladas, con una baja del 3% respecto del período anterior.

En cuanto al mercado, el consumo interno se mantuvo en torno a los 6 kilos por habitante al año. En el frente externo, las exportaciones generaron ingresos por USD 127 millones, un 11% más que un año atrás, mientras que las importaciones totalizaron USD 20,5 millones, con una caída del 7%.

Por su parte, el negocio vitivinícola continuó bajo presión. En mayo, el precio promedio pagado al productor fue de $273 por litro, lo que representó una caída interanual del 23%.

Desde el punto de vista productivo, la superficie destinada a la vitivinicultura se ubicó en 196.000 hectáreas, un 2% menos que en el período previo. A su vez, la vendimia 2026 alcanzó una producción de 18,4 millones de toneladas, lo que significó una caída del 7% frente a la campaña anterior.

En el mercado, el consumo interno proyectado para 2026 se ubicó en 14,5 litros por habitante al año, un 10% menos que en 2025 (16,1 litros). En el comercio exterior, las exportaciones sumaron USD 951 millones, con una baja interanual del 4%, mientras que las importaciones alcanzaron los USD 42,3 millones, un 44% por encima del período anterior.

Respecto al maní, el componente de negocio mostró estabilidad en términos mensuales. En mayo, la tonelada se pagó al productor USD 650, equivalentes a $907.600, sin cambios respecto del mes previo. En la comparación interanual, el precio registró un incremento del 31%, desde los $693.000 de mayo de 2025.

En materia productiva, para la campaña 2025/26 se proyectó una superficie sembrada de 381.000 hectáreas, un 27% inferior a la de la campaña anterior. La producción estimada se ubicó en 1,3 millones de toneladas, con una caída del 31%.

En cuanto al mercado, el consumo interno se estimó en 2 kilos por habitante al año. En los últimos doce meses, las exportaciones generaron USD 1.395 millones, un 6% menos que en el período previo, mientras que las importaciones alcanzaron apenas USD 840.000, con una caída del 51%.

En la actividad lechera, el componente de negocio mostró una mejora mensual, aunque perdió frente a la inflación en la comparación interanual. En mayo, el litro de leche al productor se pagó $509, con una suba del 2,1% respecto de abril. Sin embargo, el aumento interanual fue de apenas el 9%, por debajo de la inflación del período (33,2%).

En el aspecto productivo, el stock bovino destinado a tambos se mantuvo estable en torno a los 3 millones de cabezas. Al mismo tiempo, la producción de leche alcanzó los 11.868 millones de litros en los últimos doce meses, lo que representó un incremento del 8% frente al período previo.

En el mercado, el consumo interno permaneció estable en 197 litros por habitante al año. En tanto, las exportaciones totalizaron USD 1.990 millones en los últimos doce meses, con un crecimiento del 24%, mientras que las importaciones ascendieron a USD 27,5 millones, un 19% más que un año antes.

En el algodón, el componente de negocio mostró una mejora. En mayo, el productor recibió en promedio $1.956 por kilogramo, un 14% más que en abril. En la comparación interanual, el precio aumentó 45%, por encima de la inflación del 33,2% registrada en el mismo período.

En el plano productivo, para la campaña 2025/26 se proyectó una fuerte reducción de la superficie sembrada, que alcanzaría las 390.000 hectáreas, un 43% menos que en la campaña anterior. A su vez, la producción se estimó en 750.000 toneladas, lo que implicó una caída interanual del 29%.

En cuanto al mercado, el complejo algodonero exportó USD 169 millones en los últimos doce meses, un 3% más que en el período previo. En sentido contrario, las importaciones crecieron 8%, al pasar de USD 83 millones a USD 89 millones.

En el caso del arroz, el componente de negocio mostró una mejora mensual. En mayo, el productor recibió $280.000 por tonelada, un 12% más que en abril. Sin embargo, en la comparación interanual el incremento fue del 22%, por debajo de la inflación.

En materia productiva, las primeras proyecciones para la campaña 2025/26 estimaron una superficie sembrada de 200.000 hectáreas, un 13% inferior a la de la campaña anterior (230.000 hectáreas). En tanto, la producción se ubicaría en 1,4 millones de toneladas, unas 200.000 toneladas menos que en la campaña 2024/25, lo que representó una caída interanual del 13%.

En el frente comercial, las exportaciones de arroz alcanzaron los USD 433 millones en los últimos doce meses, con un crecimiento del 9% respecto del período previo. Por su parte, las importaciones sumaron USD 2,2 millones, lo que representó una caída del 55%.

El Parlamento Europeo le dio una buena noticia al agro argentino: finalmente rechazó los cambios que la Comisión Europea había propuesto para el Reglamento 807 y frenó, al menos por ahora, una norma que hubiera impedido al biodiésel de soja argentino ingresar al mercado europeo como energía renovable. De hecho, la decisión preserva un negocio de alrededor de USD 350 millones anuales para el país.

Se trata de una regulación que el agro local seguía intensamente desde principios de año, justo cuando se concretó la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Ahora, luego de esta novedad, la Argentina podrá seguir exportando al principal —y prácticamente único— mercado de ese producto.

“Ahora la CE deberá reescribir el reglamento y seguir los lineamientos del Parlamento que coinciden con la postura de Ciara. Es una gran noticia. Una exitosa gestión público privada de Argentina“, resaltó en un comunicado el presidente de la cámara que engloba a aceiteras y grandes agroexportadores (Ciara-CEC), Gustavo Idigoras. Así, señaló: “La Argentina podrá seguir exportando biodiésel de soja a la UE y se trabajará con la CE en una redacción del reglamento que reconozca la situación del área sembrada de soja y sus criterios de sustentabilidad”.

La relevancia de esa definición se explica por la dependencia casi total del mercado europeo. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), entre 2018 y 2025 la Unión Europea (UE) absorbió en promedio el 97% de las exportaciones argentinas de biodiésel, y el año pasado concentró el 100% de esos envíos, con ingresos por USD 322 millones. A su vez, en sus mejores registros, durante 2022 y 2023, aportó unos USD 1500 millones y USD 1800 millones, respectivamente.

La soja evitó una clasificación que podía dejar al biodiésel fuera del mercado europeo

La norma cuestionada había sido puesta en consulta pública por la Comisión Europea y proponía revisar qué materias primas debían ser consideradas de alto riesgo por el llamado cambio indirecto en el uso del suelo, conocido como iLUC. Ese criterio parte de la idea de que una mayor demanda global de cultivos para producir energía puede empujar de manera indirecta la expansión de la frontera agrícola en otras regiones, con efectos sobre bosques y ecosistemas naturales, lo que derivaría en deforestación.

Dentro de ese esquema, la soja había quedado incluida entre los cultivos de “alto riesgo”. Si esa regla avanzaba en los términos del borrador, hacia 2030 el biodiésel argentino, elaborado mayormente a partir de soja, no habría podido ingresar al mercado europeo dentro de los objetivos de energías renovables del bloque.

La consecuencia práctica era directa: el producto local quedaba fuera del sistema. Para la agroindustria argentina, la votación del Parlamento despejó ese escenario y permitió que la oleaginosa local quede excluida de esa categorización como materia prima para biocombustibles, lo que preserva la continuidad de las exportaciones mientras se trabaja con la Comisión en una nueva redacción que reconozca el área sembrada de soja y sus criterios de sustentabilidad.

Un sector cada vez más expuesto

El biodiésel es un negocio de fuerte dependencia externa. Entre 2008 y 2022, cerca del 65% de la producción argentina se destinó a exportaciones, aunque esa participación fue retrocediendo a medida que distintos mercados cerraron o limitaron el acceso al producto local y otros países desarrollaron producción propia.

Esa proporción cayó a alrededor del 33% de la producción total en 2023 y 2024, y en 2025 bajó al 28%, el nivel más bajo desde la creación de la industria.

La exposición al mercado europeo también se agrava por otras barreras. La UE aplica aranceles de entre 25% y 33% al biodiésel importado, mientras impulsa subsidios e incentivos fiscales para sus propios productores en el marco de la transición energética. Ese esquema, aun cuando no funciona como un impuesto directo adicional, obliga a los exportadores a vender con fuertes descuentos o a buscar compradores fuera del sistema de créditos regulatorios europeo. En los hechos, eso reduce todavía más la competitividad del biodiésel argentino frente al producido dentro del bloque.

La mayor parte de la producción nacional se concentra en el polo agroindustrial del Gran Rosario. Solo Santa Fe explicó el 58% del total nacional en 2025, con una infraestructura de procesamiento y exportación muy ligada al complejo sojero. En este sentido, muchas plantas surgieron alrededor de 2010 para abastecer a Estados Unidos, Europa y países de la región como Perú.

La legislación argentina, en cambio, reservó el abastecimiento del corte obligatorio a pequeñas y medianas empresas, mientras que las grandes agroexportadoras orientaron su producción al exterior, una estructura que dejó al sector especialmente vulnerable a cambios regulatorios en otros mercados.

Ese patrón se repitió a lo largo de los años: primero se restringió el acceso al biodiésel argentino en Estados Unidos, después en Perú y más tarde en la UE, que fue sumando limitaciones progresivas. El rechazo del Parlamento Europeo al cambio propuesto para el Reglamento 807 evitó que esa secuencia terminara por cerrar el último destino central para las exportaciones argentinas de biodiésel.

La infraestructura vial rural volvió a quedar en el centro del debate productivo. Un informe elaborado por el Instituto de Tecnología (INTEC) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) concluyó que el deterioro de los caminos rurales se ha convertido en una de las principales limitantes para el crecimiento agropecuario, especialmente en el sudeste bonaerense y la Cuenca del Río Salado. El estudio sostiene que la falta de inversión sostenida, la escasa planificación y el deterioro progresivo de la red generan un fuerte impacto sobre la competitividad, la conectividad y la calidad de vida en el interior.

Argentina cuenta con más de 500.000 kilómetros de caminos rurales, de los cuales unos 260.000 kilómetros se encuentran en la región pampeana. Esta red representa el 82% de la infraestructura vial nacional, pero continúa siendo la más postergada en materia de políticas públicas. El trabajo remarca que estos caminos no solo permiten transportar la producción agropecuaria, sino que además garantizan el acceso a salud, educación, seguridad, conectividad y oportunidades de desarrollo para las comunidades rurales.

El diagnóstico elaborado a partir de una encuesta entre productores y profesionales agropecuarios refleja la magnitud del problema. El 79% de los consultados calificó el estado de los caminos como “malo” o “muy malo”, mientras que el 75% aseguró que no son transitables durante todo el año. Además, el 68% afirmó haber sufrido pérdidas económicas por demoras o imposibilidad de retirar la producción de los establecimientos y el 59% estimó que el deterioro vial incrementa los costos logísticos en más del 10%. A ello se suma la presencia generalizada de pozos, deformaciones de la calzada y deficiencias en la señalización vial.

El informe también describe cómo el mal estado de la infraestructura repercute directamente sobre la producción agropecuaria. En el sudeste bonaerense, por ejemplo, las lluvias frecuentes pueden impedir el ingreso de camiones durante varios días, provocando pérdidas de calidad en cultivos como trigo y cebada, mayores costos de transporte y combustible —que pueden aumentar entre un 20% y un 30%— y conflictos por la utilización de la tasa vial, cuya recaudación muchas veces no se traduce en mejoras visibles para los usuarios.

Frente a este escenario, el estudio analiza experiencias internacionales que podrían servir de referencia para Argentina. Australia considera a los caminos rurales un activo estratégico para la competitividad agroexportadora y destina miles de millones de dólares a su mantenimiento, mientras que China incorporó inteligencia artificial, sensores, drones y pavimentos prefabricados para optimizar la gestión vial. En tanto, los Países Bajos integran la infraestructura caminera con la gestión hídrica mediante tecnologías que almacenan agua para uso agrícola, y Estados Unidos utiliza sistemas digitales de evaluación para planificar inversiones de largo plazo.

En América Latina, el documento destaca como ejemplo el sistema de Consorcios Camineros de Córdoba, donde entidades integradas por productores administran el mantenimiento de los caminos rurales. También sobresale el caso del Consorcio de Servicios Rurales (CASER) de General Madariaga, una articulación público-privada que gestiona cerca de 740 kilómetros de caminos y fue reconocida por su modelo de administración. Para los autores, la recuperación de la red vial rural requiere combinar inversión sostenida, innovación tecnológica, planificación integral y una gobernanza que fortalezca el trabajo conjunto entre el Estado y los usuarios.

El informe concluye que los caminos rurales son mucho más que corredores para sacar la cosecha o trasladar hacienda. Constituyen una infraestructura esencial para el desarrollo federal, ya que por ellos también circulan la innovación, los servicios, la educación, la salud y las oportunidades de arraigo. Sin embargo, advierte que la red actual “no garantiza la circulación permanente” y que su evolución está muy por detrás del crecimiento de los sectores productivos, transformándose en uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo agroindustrial argentino.

Hay instituciones que trascienden el paso del tiempo porque saben adaptarse a los cambios sin renunciar a los principios que les dieron origen. La Sociedad Rural Argentina cumple 160 años con esa convicción: seguir contribuyendo al desarrollo del país desde la producción, la innovación y el compromiso con el bien común.

A lo largo de su historia, la entidad acompañó la transformación del agro argentino promoviendo la incorporación de tecnología, la mejora genética y la innovación productiva, al tiempo que defendió valores esenciales para el crecimiento de cualquier nación: la propiedad privada, la libertad de producir, la seguridad jurídica y el respeto por las instituciones.

Este aniversario no invita únicamente a mirar el camino recorrido. Nos interpela, sobre todo, a pensar en el futuro.

Cuando la producción crece, crecen también el empleo, las exportaciones, la inversión y las oportunidades para el desarrollo federal

La Argentina tiene una oportunidad excepcional en un mundo que demanda cada vez más alimentos, energía y conocimiento. Contamos con recursos naturales de enorme valor, pero también con productores, empresarios, científicos y trabajadores capaces de innovar, invertir y competir al más alto nivel. Ese potencial necesita un entorno que lo acompañe con estabilidad macroeconómica, previsibilidad y reglas claras que alienten la inversión y el desarrollo.

El agro ha demostrado, incluso en contextos adversos, una extraordinaria capacidad de adaptación. Gracias a la incorporación permanente de tecnología y conocimiento, la agroindustria argentina es hoy uno de los sectores más dinámicos y competitivos de nuestra economía. Biotecnología, agricultura de precisión, inteligencia artificial, genética y digitalización forman parte de una transformación que fortalece la productividad y consolida un modelo cada vez más sostenible.

El desafío que tenemos por delante es aprovechar plenamente esa capacidad. Cuando la producción crece, crecen también el empleo, las exportaciones, la inversión y las oportunidades para el desarrollo federal. Por eso resulta indispensable superar visiones que enfrentan sectores que, en realidad, se complementan. Campo e industria forman parte de una misma cadena de valor. Producción y sostenibilidad son objetivos inseparables. El Estado y el sector privado deben construir, juntos, las condiciones para que la Argentina pueda desplegar todo su potencial.

Argentina tiene una oportunidad excepcional en un mundo que demanda cada vez más alimentos, energía y conocimiento.

La Sociedad Rural Argentina seguirá trabajando con ese propósito. Lo hará, como desde hace 160 años, defendiendo principios, promoviendo el diálogo y representando a quienes todos los días invierten, producen y generan valor en todo el país.

Celebrar este aniversario es honrar una historia, pero también renovar un compromiso. Porque las instituciones perduran cuando son capaces de proyectarse hacia el futuro sin perder de vista su razón de ser.

Ese ha sido el espíritu de la Sociedad Rural Argentina durante estos 160 años. Y ese seguirá siendo su compromiso con una Argentina que encuentre en la producción, la libertad y el trabajo el camino hacia un desarrollo sostenido e inclusivo.

El autor es presidente de la Sociedad Rural Argentina

La confianza de los productores agropecuarios volvió a mostrar una marcada recuperación y quedó nuevamente muy cerca de su máximo histórico. Según la medición de mayo-junio del Ag Barometer Austral, elaborada por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, el índice alcanzó los 151 puntos, un 14% por encima del registro de marzo, recuperando casi por completo la caída observada en la medición anterior y consolidando un crecimiento interanual del 16%.

El relevamiento refleja una mejora tanto en la percepción de la situación actual como en las expectativas para los próximos meses. El Índice de Condiciones Presentes avanzó un 16%, impulsado por una mejor evaluación de la situación financiera de las empresas agropecuarias y por un renovado interés en la inversión en activos fijos. A su vez, el Índice de Expectativas Futuras trepó un 13%, con el 65% de los productores convencido de que su situación financiera mejorará durante el próximo año y ocho de cada diez anticipando un mejor escenario para el sector.

Sin embargo, el mayor optimismo todavía no se traduce en un aumento sostenido de las inversiones. Desde la Universidad Austral advierten que las decisiones de largo plazo continúan condicionadas por la incertidumbre política y económica. “La recuperación de la confianza muestra que el productor volvió a tener una mirada positiva sobre el negocio agropecuario. Sin embargo, todavía existe prudencia cuando las decisiones implican compromisos de inversión de largo plazo”, explicó Carlos Steiger, director del Ag Barometer Austral.

El estudio también revela que el mayor entusiasmo se concentra en la ganadería. El 80% de los productores considera que la actividad atravesará un ciclo favorable durante los próximos cinco años, respaldada por los actuales precios de la hacienda y por perspectivas positivas para la demanda internacional de carne. En la agricultura, si bien predominan las expectativas favorables, el optimismo es más moderado debido a los márgenes ajustados que enfrenta el sector.

Entre los principales desafíos que siguen condicionando la rentabilidad aparecen los elevados costos de los insumos y los bajos precios de los granos. El 58% de los productores considera que la recuperación económica dependerá de una reducción en el costo de producción, mientras que un 48% espera mejores precios para sus productos. Las condiciones climáticas y las variables políticas también figuran entre los factores que podrían modificar el panorama económico del agro.

El informe además muestra una mejora en las perspectivas sobre el mercado de tierras. La mitad de los productores cree que los valores de los campos aumentarán durante los próximos doce meses, aunque las retenciones continúan siendo uno de los principales factores que limitan ese crecimiento. De hecho, el 44% considera que la reciente reducción parcial de los derechos de exportación tendrá un impacto significativo sobre la rentabilidad, mientras que otro 29% la interpreta principalmente como una señal política. El resultado deja una conclusión clara: el ánimo del campo volvió a fortalecerse, pero la recuperación plena dependerá de que las expectativas positivas se transformen en mejores márgenes económicos y decisiones concretas de inversión.

Una semana después de solicitar la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) por el atraso en el pago de sueldos a sus 600 empleados directos, la empresa de maquinaria agrícola cordobesa Metalfor despidió a 35 trabajadores de su planta de Noetinger. Los trabajadores se habían retirado con autorización antes de hora para ver el partido de la selección argentina frente a Egipto.

Los 35 telegramas de desvinculación llegaron mientras los operarios seguían el encuentro.

La planta de Noetinger, localidad ubicada en el departamento Unión, en el este de Córdoba, contaba con 146 operarios al momento de producirse los despidos. Los trabajadores recibieron mensajes en los que se les solicitaba que concurrieran a las oficinas de correo para retirar los telegramas correspondientes.

Según testimonios del personal que publicó el medio local La Voz, existía la convicción de que el PPC —el mecanismo legal que habilita el diálogo tripartito entre empresa, sindicato y Estado— garantizaba la estabilidad de los puestos mientras se resolvía la situación ante la Cámara de Trabajo. Desde la empresa no hubo respuesta a las consultas periodísticas hasta el cierre de esta nota.

Eduardo Borri, presidente y accionista de la empresa, no respondió de manera rápida el llamado de este medio.

Una crisis financiera que se aceleró en meses

El deterioro de Metalfor no fue repentino, pero sí se agudizó en el último año. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la compañía mantiene deudas con 23 entidades bancarias por unos $52.000 millones. De ese total, aproximadamente $22.000 millones se ubican en categorías de seguimiento especial hasta alto riesgo de insolvencia (Situaciones 2 a 4). Además, la firma registra 558 cheques rechazados por $5.348 millones, de los cuales abonó apenas el 11 por ciento.

La trayectoria crediticia refleja la velocidad del deterioro: Metalfor se mantuvo en Situación 1 —la de menor riesgo— hasta mayo de 2025, pasó a Situación 2 entre agosto y noviembre de ese año, y alcanzó la Situación 3 entre marzo y abril de 2026.

Ese deterioro financiero tiene correlato directo en la producción. La empresa opera al 50% de su capacidad instalada en sus dos plantas de Marcos Juárez —ciudad cabecera en el sudeste provincial y sede central de la compañía— y en una tercera ubicada en el estado brasileño de Paraná. En el primer trimestre de 2026, las ventas cayeron casi a la mitad respecto al mismo período del año anterior: 56 unidades frente a 116. La producción acompañó esa tendencia, con 38 máquinas fabricadas contra 86 en la comparación interanual.

El PPC y la baja de ventas del sector

El Procedimiento Preventivo de Crisis fue dictado oficialmente por el Ministerio de Trabajo de Córdoba el 2 de julio. El mecanismo habilita a empresas que acrediten un estado económico adverso a aliviar sus costos laborales mediante la renegociación de convenios colectivos, la aplicación de suspensiones o, en última instancia, la desvinculación de personal. Las partes tienen plazo hasta el 15 de julio para alcanzar un acuerdo.

El contexto de mercado, en tanto, no ofrece señales de alivio a corto plazo. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras en junio de 2026 totalizaron 480 unidades, una baja del 5,1% interanual respecto a las 506 registradas en junio de 2025. La comparación mensual es más pronunciada: una caída del 32,4% frente a las 710 unidades patentadas en mayo. El acumulado de los primeros seis meses del año alcanzó 3.303 unidades, un 1,9% por debajo de las 3.367 del mismo período de 2025.

El derrumbe de mayo ya había encendido señales de alerta: ese mes, los patentamientos del sector habían registrado una caída del 16,8% interanual. La tendencia sostenida a la baja comprime aún más el margen de maniobra de fabricantes como Metalfor, que compiten en un mercado con menor demanda y con costos financieros en escalada.

El préstamo de USD 50 millones que no alcanzó

La situación resulta más llamativa si se considera que, a fines de 2025, Metalfor se convirtió en la primera empresa argentina en recibir financiamiento de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) —el banco de desarrollo del gobierno de Estados Unidos— tras más de seis años de interrupción. El préstamo fue de USD 50 millones, a ocho años de plazo con dos de gracia.

Según pudo saber Infobae en febrero de 2026, ese crédito se enmarcó en la reactivación del vínculo financiero entre Washington y Buenos Aires tras el acuerdo comercial bilateral, y fue presentado como una señal del retorno de Argentina al radar de inversión de organismos estatales estadounidenses. “El caso de Metalfor no es aislado. Hay al menos otras dos empresas que están transitando el mismo proceso con la DFC, incluso con montos superiores a los USD 50 millones. Ambos expedientes están muy avanzados, con visitas presenciales de ejecutivos del organismo en las plantas de las empresas”, explicó en ese momento una fuente al tanto de las conversaciones.

El préstamo no logró revertir la espiral de deterioro. Con la fecha límite del 15 de julio para cerrar un acuerdo con la UOM y 35 trabajadores ya desvinculados, el futuro de los restantes 600 empleados directos de la firma depende del resultado de esas negociaciones.

Molinos Agro, la empresa agroindustrial de la familia Pérez Companc anunció este miércoles una inversión de más de USD 500 millones para construir y operar una nueva planta de molienda de soja en Timbúes, Santa Fe. La iniciativa, que se hará en sociedad con la Asociación de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada (ACA), elevará en un 50% la capacidad de procesamiento de la empresa y deja en suspenso su plan propio de USD 800 millones en el mismo distrito.

La nueva planta tendrá una capacidad de 15.000 toneladas diarias. Molinos Agro operará inicialmente el 65% —unas 10.000 toneladas por día—, volumen que se sumará a las 20.000 toneladas que la compañía ya procesa en su planta de San Lorenzo, también en territorio santafesino.

La empresa informó el acuerdo ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y A3 Mercados. La decisión de avanzar en terrenos de ACA y no en los propios tiene una lógica operativa: el predio de la cooperativa ya cuenta con puerto sobre el río Paraná, instalaciones de descarga de materia prima y servicios centrales, una base que permite capturar sinergias económicas y logísticas frente a la alternativa de desarrollar desde cero un complejo propio.

Otro plan

La alianza reemplaza por ahora el plan de expansión que la firma de la familia Pérez Companc había trazado sobre sus propios terrenos en la misma localidad. En mayo, Infobae informó que la compañía había obtenido autorización comunal para avanzar con un complejo portuario y de molienda de USD 800 millones sobre un predio de más de 150 hectáreas.

Ese proyecto contemplaba tres líneas de molienda con capacidad para procesar 45.000 toneladas diarias, un sistema de acopio para hasta un millón de toneladas de granos, dos muelles para buques Panamax y Neopanamax, otro para barcazas y una central de cogeneración eléctrica de 55 MW. La decisión de inversión todavía no era definitiva, aunque ya contaba con el marco legal y la aprobación comunal. En un documento difundido por la empresa, la definición actual es que los terrenos propios de Timbúes “quedan disponibles para futuras expansiones y/o destinos”.

La empresa prevé que la planta conjunta con ACA sea la Etapa 1 de un plan maestro con un plazo de construcción de aproximadamente tres años. Si las condiciones económicas, financieras y agronómicas acompañan, el predio podría sumar nuevas líneas de crushing, un segundo muelle sobre el Paraná, más capacidad de almacenamiento, ampliación de la playa de camiones y un segundo módulo de plataformas volcables.

Mayor oferta de soja y demanda global de harinas y aceites

Molinos Agro explicó que el proyecto se sustenta en factores normativos, comerciales y estratégicos. Entre ellos, el anuncio del Gobierno nacional de una baja progresiva en los derechos de exportación de la soja y sus subproductos a partir de enero de 2027, una medida que la compañía estima impulsará la superficie sembrada y la oferta disponible para industrializar.

La empresa también apoyó su decisión en la evolución de la demanda internacional: crece de manera sostenida la producción de proteínas de cerdo, pollos y pescados, al tiempo que aumenta el consumo de aceite tanto para alimentación humana como para la elaboración de biocombustibles renovables.

La asociación agrega además una dimensión de abastecimiento de largo plazo. ACA tiene 100 años de historia, 60 centros de desarrollo cooperativo distribuidos en varias provincias y comercializa 26 millones de toneladas anuales entre cereales y oleaginosas, una red que amplía el origen de materia prima para Molinos Agro. La compañía facturó USD 2.660 millones en el ejercicio fiscal que cerró el 31 de marzo de 2025 y embarca el 4% del comercio mundial de harina y aceite de soja desde el Puerto San Benito, según los datos a los que accedió Infobae.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) recortó su proyección de liquidación de divisas del agro para 2026 hasta los USD 34.897 millones, unos USD 1.200 millones por debajo de la estimación que la misma entidad había publicado en mayo, cuando la cifra trepaba a USD 36.111 millones. La revisión a la baja responde exclusivamente a la caída en los precios internacionales de los productos de exportación del sector, ya que los volúmenes proyectados no registraron cambios y se espera una cosecha récord para la plaza local.

El nuevo número se ubica levemente por debajo de los USD 36.164 millones que el agro liquidó en 2025, al computar tanto lo operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) como lo canalizado a través del mercado de Contado con Liquidación. El ajuste representa un giro respecto del optimismo de mayo, cuando la BCR había elevado su previsión en USD 800 millones frente a abril, impulsada por una mayor producción esperada de soja y maíz y por mejores cotizaciones en los mercados globales.

El informe del GEA-BCR, firmado por los economistas Rodríguez Zurro y Julio Calzada, precisó que las hojas de balance de granos y derivados no presentaron modificaciones en los volúmenes a exportar respecto del mes anterior. El factor detrás del recorte fue, por lo tanto, la presión bajista sobre las cotizaciones de los principales productos del complejo agroexportador.

En el acumulado hasta junio, el agro liquidó un estimado de USD 15.768 millones, un 14% por debajo de los USD 18.303 millones del mismo período de 2025. La BCR atribuyó esa brecha a dos distorsiones del año anterior: la reducción temporaria de derechos de exportación vigente durante el primer semestre de 2025, que adelantó ventas y elevó artificialmente la base de comparación, y la eliminación temporaria de retenciones de septiembre de 2025, que concentró ingresos en ese mes y deprimió las liquidaciones en los meses siguientes, con un efecto que se extendió hasta los primeros meses de este año.

La entidad rosarina señaló que entre abril y mayo de 2026 esa distorsión se habría disipado. El sector agroexportador acumuló ocho meses consecutivos de reducción de la deuda comercial por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones, dato que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su informe mensual del mercado de cambios.

Para la BCR, ese indicador sugiere que el efecto de adelantamiento derivado del régimen de septiembre ya se diluyó y que el flujo de divisas de la cosecha 2025/26 al MLC se sostiene por encima del promedio del último lustro.

Los datos de junio, publicados la semana pasada por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), aportaron una señal de estabilización. El sector liquidó USD 3.007 millones en ese mes, un 12% más que en mayo, aunque un 18% por debajo de igual mes del año anterior. El acumulado de CIARA-CEC al cierre de junio alcanzó USD 13.378 millones, con una caída del 13% frente al mismo período de 2025.

Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, describió el desempeño como “un año normal en términos históricos”. “El inicio de la cosecha de soja entre mayo y junio está ratificando que vamos a tener un año estable y bastante estandarizado en cuanto a ingreso anualizado de divisas en todos los meses”, sostuvo. Idígoras descartó que haya condiciones excepcionales que puedan alterar ese ritmo y reiteró que las diferencias con 2025 obedecen a los precios internacionales y al programa excepcional de divisas de octubre pasado.

La proyección de CIARA-CEC para el total del año se ubica en USD 35.375 millones, algo por encima de los USD 34.897 millones de la BCR, pero ambas estimaciones convergen en un escenario de ingreso de divisas inferior al de 2025. La baja escalonada de retenciones anunciada a principios de junio —que alcanza al trigo, la cebada, el maíz, el sorgo, el girasol y, en forma gradual a partir de 2027, a la soja— aparece como el principal factor que podría modificar ese panorama en los próximos meses.

Cómo será el nuevo cronograma de baja de retenciones

A comienzos de junio, el presidente Javier Milei anunció en el acto de la Bolsa de Cereales una baja de los derechos de exportación del trigo y la cebada, que pasaron del 7,5% al 5,5%. Además, confirmó que desde enero de 2027, y condicionado a los resultados de la recaudación, el Gobierno reducirá entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales por mes las retenciones a la soja. “Será de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, declaró el mandatario.

El sector recibió el anuncio con expectativas. Las entidades agroindustriales vienen reclamando desde hace tiempo la eliminación total de las retenciones, compromiso que Milei había asumido al llegar al Gobierno. Tras algunos pasos en esa dirección durante 2025, la caída de la recaudación en términos reales llevó al Ejecutivo a priorizar el objetivo de déficit cero y la reducción de la inflación, lo que frenó cualquier medida con costo fiscal hasta este nuevo anuncio.

El impacto presupuestario de la medida fue cuantificado por distintas instituciones. La BCR estimó que el costo fiscal de la baja para la campaña en curso alcanza los USD 29 millones. Para 2027, la Fundación Mediterránea proyectó una menor recaudación de entre USD 390 y USD 690 millones, equivalente a entre el 0,06% y el 0,10% del PBI. “El costo luce manejable si se sostiene el orden fiscal y parte se compensa con mayor actividad económica”, señaló el informe de esa entidad.

La interna entre las dos facciones que se enfrentarán para dirigir la Sociedad Rural Argentina (SRA) suma un nuevo capítulo. Esta vez, la lista opositora, Renovación con Unidad, que encabeza el actual vicepresidente Marcos Pereda Born, lanzó su ataque más frontal hasta el momento contra la conducción de la entidad más antigua del campo argentino, hoy liderada por Nicolás Pino.

En los últimos días, la lista de Pereda emitió un comunicado en el que desmonta la versión oficial sobre el fracaso del sistema de registros genealógicos, un sistema tecnológico malogrado que implicó un costo superior a USD 3 millones y profundizó la disputa por la conducción de la entidad. Pino, por su parte, le adjudicó la responsabilidad a Pereda; mientras que este último señaló que el presidente de la entidad no puede ser ajeno a la situación.

Ahora, la denuncia del bando de Pereda señala a tres directivos como responsables del desastre; entre ellos, Nicolás Pino, Raúl Etchebehere -director de Registros genealógicos- y el tesorero de la entidad, Ángel Rossi.

No es la primera vez que las partes discuten por los registros genealógicos. Poco menos de dos semanas atrás, el oficialismo ya había enviado una carta a los socios para explicar el colapso del proyecto de digitalización de los registros de razas animales, cuyo costo escaló de USD 900.000 a USD 4.500.000 en tres años sin que el sistema llegara a funcionar correctamente. En ese mensaje, el oficialismo atribuyó el origen del problema a la firma del contrato por parte del gerente general Fernando Mosquera con la empresa Mobile Computing S.A., pese a las advertencias del Estudio Cassagne, asesor legal externo de la entidad.

Renovación con Unidad rechazó esa explicación. El comunicado señala que Mosquera era “el Gerente General de la SRA, es decir un empleado designado y contratado por Nicolás Pino con aprobación de la Comisión Directiva", y que el gerente solo puede suscribir documentos si cuenta con poderes otorgados por la institución y siguiendo instrucciones de sus superiores. Desde esa lógica, la lista opositora pregunta: si el gerente firmó sin poder suficiente y en contradicción con los asesores legales, ¿por qué el presidente validó ese contrato en lugar de invalidarlo de inmediato?

“Resulta muy extraño que si el Gerente General hubiera firmado sin tener poder otorgado y en contradicción con lo indicado por los asesores legales de la SRA, el Presidente haya dado validez a ese contrato y no lo haya invalidado inmediatamente. Además de que hubiera debido tomar medidas disciplinarias por el uso indebido de la firma social”, dice el texto. Y remata: “Más extraño aún es que estos hechos hayan sido comunicados a los asociados tres años después de haberse firmado el contrato.”

Por su parte, del lado de Pino, publicaron un escrito titulado “La situación del área de Sistemas de la SRA y la responsabilidad del actual vicepresidente, Marcos Pereda Born”, en el que revela que “la actual gestión ha dispuesto todas las medidas de evaluación, ordenamiento y remediación necesarias con el objeto de corregir los desvíos detectados, atender las incidencias identificadas y resguardar la adecuada prestación de los servicios a nuestros socios”.

Y sostiene: “Resultan absolutamente falsas las manifestaciones formuladas por Marcos Pereda Born, quien ha sido un partícipe necesario y responsable, tanto por el nivel de conocimiento que tuvo de todo el proceso como por las responsabilidades inherentes a su función y por el aval y respaldo —directos e indirectos— brindados a las personas que ocuparon posiciones clave durante las gestiones con el proveedor, seleccionado y recomendado por ese mismo equipo".

La multa del tesorero

El segundo frente que se abrió en los últimos días involucra directamente a Rossi, ganadero y uno de los nombres más destacados de la lista Presencia Federal que encabeza Pino. Según denunció la cuenta de X Campo Patria, la empresa Establecimientos La Negra S.A., de su propiedad, recibió en noviembre de 2023 una multa automática por inscribir 39 animales fuera de término. La sobretasa, generada por el sistema informático de la SRA sin margen de discrecionalidad, quedó integrada en la Factura 52 del 16 de noviembre de 2023. La firma abonó el monto mediante cinco cheques electrónicos escalonados a 30, 60, 90, 120 y 150 días.

Dos meses después, el 22 de enero de 2024, la SRA recibió una “solicitud” —cuyo origen no queda registrado en la documentación interna, según la denuncia— para emitir notas de crédito, reducir la sobretasa ya cobrada y devolver tres de los cinco cheques. La entidad aceptó el pedido y recalculó el monto. El resultado: una reducción del 61% sobre la multa original. “Por cada $100 de multa que el sistema informático había aplicado de forma justa, la entidad le perdonó $61 a la empresa de su Tesorero”, publicó la cuenta anónima Campo Patria.

Rossi respondió públicamente que el beneficio no fue exclusivo para su empresa, sino que alcanzó a varios socios afectados por una multa mal aplicada. Desde el sector opositor, la pregunta que circula ahora es otra: ¿quién ordenó perdonar una deuda que al resto se le exige?

Según comentaron a Infobae fuentes del oficialismo, Rossi no es el único beneficiado de esta situación, a la vez que se trata de un error de cálculos por parte del sistema tecnológico que se utiliza en la entidad. En este escenario, hay también un dato que complica el relato opositor: Pereda, quien integra la Comisión Directiva como vicepresidente desde 2021, tampoco denunció el caso en el momento en que se produjo, según consignó el medio especializado Bichos de Campo.

El escenario electoral

La disputa se desarrolla a menos de dos meses de las elecciones internas previstas para el 9 de septiembre, en las que Pino buscará un cuarto mandato consecutivo al frente de la SRA con la lista Presencia Federal —con Carlos Odriozola como compañero de fórmula— frente a Renovación con Unidad, que postula a Pereda junto a Santos Zuberbühler. La Expo Rural de Palermo, que se realizará entre el 16 y el 26 de julio y contará con la presencia del presidente Javier Milei en el acto inaugural, será el primer gran escenario público donde ambos espacios se medirán ante los socios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrentó un retroceso tras la caída de 1,5% en la actividad económica de abril, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Aunque señaló que los “mejores 18 meses” comenzarían en mayo o junio, el retraso en la difusión de los datos oficiales dificulta la narrativa del Gobierno. No obstante, relevamientos privados proyectaron una recuperación en mayo, pese a que todavía no está claro si ese resultado respalda el optimismo del titular del Palacio de Hacienda o representa solo una variación más en la evolución mensual de la economía.

Según la consultora Analytica, el Índice Líder de Actividad (ILA) estimó una suba de 0,3% para mayo y consideró que la actividad mostró una recomposición moderada, con resultados dispares entre los principales indicadores. La dinámica del año se mantuvo en “serrucho”, sin que los crecimientos logren sostenerse en dos meses consecutivos.

Por su parte, Orlando Ferreres & Asociados reportó que su análisis registró una mejora de 0,7% anual en mayo, con la serie desestacionalizada en su nivel más alto del año. Ocho de once sectores cerraron mayo en terreno positivo, aunque el comercio siguió mostrando dificultades para revertir la tendencia negativa.

En tanto, desde Equilibra estimaron un avance de 0,5% mensual desestacionalizado y de 2% interanual en el quinto mes del año: “Tras la caída de abril (-1,5%), la actividad se recuperaría en mayo, manteniendo la dinámica de ‘serrucho’ que se observa desde febrero de 2025″.

“En el mes donde el agro mas incide, la cosecha de soja, la producción vacuna, porcina y de leche mejoraron explicando la totalidad del crecimiento interanual, ya que el EMAE sin agro se mantuvo estancado en comparación contra mayo 2025 (0%). En contraste con el mes previo, el EMAE sin agro en mayo se habría recuperado 0,3% mensual s.e. (luego de caer 1,1% en abril) y el agro habría mejorado 2,0% mensual sin estacionalidad”, remarcaron.

Cómo evoluciona cada sector

En el plano sectorial, Analytica destacó que la siderurgia impulsó el repunte industrial, con un crecimiento de 26,6% en la producción de acero laminado en caliente. Los aceros no planos aumentaron 4,5% y los laminados en frío 2,6%. La producción de aceites subió 9,5%, la de autos 5,7% y la de gas 2,9%. En contraste, la producción de hierro cayó 5,9%, y las ventas de vehículos a concesionarios bajaron 9,2%, el mayor retroceso mensual entre los indicadores relevados.

El agro también mostró dinamismo. El IACA-BCR subió 1,4% mensual en mayo y quedó 0,2% por debajo de su récord histórico de febrero. La cosecha de soja cubrió el 75% de la superficie, el mayor porcentaje para un mes de mayo. La molienda de soja aumentó 2% y la de cebada 1,2%. Interanualmente, el índice general avanzó 8,8%, con el subíndice de Agroexportación creciendo 15,3 por ciento.

Mientras que en la construcción, el Índice Construya registró un alza de 1,9% mensual y el consumo de cemento subió 7,1%, impulsado por el despacho a granel y el alza en bolsas. Estos incrementos compensaron la caída de 7,5% en abril, aunque el consumo de cemento se mantuvo en mínimos históricos para un mes de mayo, excluyendo 2024 y 2020.

Luego del la suba que había registrado en marzo del 8,3%, en abril la construcción volvió a caer 1,8%. Se trata de un sector clave que el ministro de Caputo busca reactivar por medio de la concesión de los 9.000 kilómetros de rutas nacionales. A causa del dinamismo que puede generar en el resto de la economía al ser una actividad de mano obra intensiva.

El sector automotriz evidenció señales mixtas. La producción de autos creció 5,7%, pero el patentamiento de vehículos bajó 2,4% y las ventas a concesionarios retrocedieron 9,2%. El patentamiento de maquinaria agrícola descendió 1,4%, mientras que la demanda eléctrica de grandes usuarios disminuyó 0,5%, en línea con la reducción de la producción industrial.

También Orlando Ferreres & Asociados, la actividad en mayo comenzó a mostrar cifras positivas en la comparación anual, aunque destacan que el comercio no logró modificar la tendencia negativa. Agricultura y ganadería crecieron 6,4% en mayo y acumularon 7,6% en los primeros cinco meses. El impulso llegó del sector agrícola, mientras que la ganadería redujo la faena por la extensión de los períodos de engorde y la retención de vientres.

La industria manufacturera avanzó 1,3% mensual en mayo, con el nivel más alto del año según el índice de producción industrial de Orlando Ferreres. La heterogeneidad interna persistió, ya que maquinaria y equipo cayó 14,6% y las refinerías subieron 10,9%. El acumulado industrial de enero a mayo mostró una contracción de 2,3%. En servicios públicos, electricidad, gas y agua treparon 13,1% anual, la tasa más alta en cinco años. El descenso promedio de 3,2℃ respecto a mayo del año pasado impulsó el consumo de energía. CAMMESA reportó un alza de 10,8% en la generación eléctrica y de 11,1% en la demanda. El sector sumó un crecimiento de 3,7% en lo que va del año.

Mientras que el sector de minas y canteras mostró una expansión de 8,6% en mayo y acumuló 6,5% entre enero y mayo, motorizado por la extracción de petróleo y la actividad en Vaca Muerta, que marcó un nuevo récord de producción según el Ministerio de Energía de Neuquén.

Las dudas

El ministro fundamentó su optimismo en la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, la Ley de Inocencia Fiscal, la modernización laboral y la reducción de cargas patronales. Además, aseguró que estas reformas alentaban a las empresas a contratar, al conocer de antemano el costo de un despido y reducir la carga de 18 a solo dos puntos, además de contar con un fondo para afrontar eventuales desvinculaciones.

En la práctica, no todas las variables evolucionaron como esperaba el Gobierno. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pieza central de la reforma laboral, fue postergado hasta noviembre por el costo fiscal. La Ley de Inocencia Fiscal sigue pendiente de modificaciones a pedido de los contadores, que advirtieron sobre riesgos para contribuyentes.

Al mismo tiempo, el oficialismo enfrenta trabas en el Congreso por la adhesión de funcionarios públicos al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), lo que sumó obstáculos a la sanción de las reformas. De esta manera, el equipo económico solo cuenta por ahora con la concesión de rutas nacionales como avance, mientras que fuentes del sector de la construcción advierten que la obra pública representa apenas el 30% de la actividad, ya que el resto depende del sector privado.

En plena cosecha gruesa, el agro liquidó USD 3.007 millones en junio, lo que implica un 12% más de divisas en relación a mayo, pero un 18% menos respecto de igual mes del año pasado. De esta forma, el acumulado anual total asciende a USD 13.378 millones que, comparado con el mismo período de 2025, significó una caída del 13%.

Así lo informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representa a las empresas que aportan el 48% de las exportaciones argentinas.

Gustavo Idígoras, presidente de la entidad, señaló que “el flujo de ingreso de divisas muestra un año normal en términos históricos, en donde la comercialización de trigo, girasol y maíz ha sido firme”.

“El inicio de la cosecha de soja entre mayo y junio está ratificando que vamos a tener un año estable y bastante estandarizado en cuanto a ingreso anualizado de divisas en todos los meses”, proyectó.

Por lo tanto, “no vemos ningún tipo de modificaciones o condiciones excepcionales que puedan modificar este ritmo de divisas”, dijo Idígoras.

Explicó que la comparación con el año anterior genera algunas diferencias, en primer lugar, por los precios internacionales, y en segundo, por el programa excepcional de divisas de octubre pasado, que que generó impactos a la baja, dada la acumulación del ingreso de divisas en esos meses.

Para 2026, se espera que el agro liquide un total de USD 35.375 millones. Es importante mencionar que la agroindustria representa más del 70% del total exportado en la mitad de las provincias en términos de valor, según destacó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En 2025, el sector registró exportaciones por USD 51.369 millones, de acuerdo con la base de datos de exportaciones provinciales por rubros del Indec. Este monto representó el 59% del total de las exportaciones argentinas.

Si bien esta participación se ubicó 10 puntos porcentuales por debajo del máximo alcanzado en 2020 y 2021, el valor exportado en 2025 constituye el tercer registro más elevado de la serie histórica en términos absolutos, solo superado por los alcanzados en 2021 y 2022.

La BCR precisó que al considerar el valor absoluto de las exportaciones agroindustriales por provincia, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba encabezan el ranking. En conjunto, estas jurisdicciones exportaron USD 58.786 millones en 2025, de los cuales USD 40.642 millones correspondieron a productos agroindustriales.

En consecuencia, concentraron el 67,5% del total de las exportaciones argentinas y, específicamente en el caso de la agroindustria, explicaron el 79,1% de las ventas externas del sector.

Se espera que la baja escalonada de retenciones anunciada a principios de junio continúe promoviendo las exportaciones del sector. A saber, en el caso del trigo y la cebada, se dispuso una reducción de los derechos de exportación aplicados a los granos, cuya alícuota pasó del 7,5% al 5,5%.

Asimismo, la normativa estableció nuevas tasas para diversos productos derivados de ambas cadenas —entre ellos harinas, sémolas, almidones, malta y otros subproductos industriales—, con alícuotas que oscilan entre el 1% y el 3,5%, según el producto.

Para el poroto de soja, la alícuota vigente del 24% se reducirá de manera gradual: descenderá al 21% en diciembre de 2027 y al 15% en diciembre de 2028, con el inicio del cronograma previsto para enero de 2027.

En el caso del aceite de soja, la reducción también comenzará en enero de 2027, de modo que las alícuotas actuales, ubicadas entre el 18% y el 22%, convergerán a un rango de entre el 11% y el 14% hacia fines de 2028.

Para el maíz y el sorgo, algunas posiciones arancelarias quedarán exentas de derechos de exportación, mientras que otras reducirán sus alícuotas del 8,5% al 5,5% al cierre de 2028. En cuanto al girasol, el decreto prevé una reducción escalonada de los derechos de exportación para semillas, aceites y otros productos derivados.

Mientras que determinadas variedades de semillas quedarán exentas, algunas posiciones correspondientes al aceite de girasol pasarán de alícuotas de entre el 2,5% y el 4,5% en 2026 a un rango de entre el 1% y el 3% hacia fines de 2028.

El serrucho que describe el comportamiento de la actividad económica en el primer cuatrimestre tendería a desaparecer a medida que pasen los meses. La expectativa es que la recuperación se empiece a sentir en más sectores, a partir de la baja de la inflación y la gradual recuperación de los salarios.

La actividad económica registró una contracción del 1,5% en abril respecto de marzo, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), interrumpiendo la senda de recuperación que había mostrado en marzo.

El dato representa el primer retroceso mensual de magnitud en varios meses y refleja una desaceleración en el ritmo de crecimiento de distintos sectores de la economía, en un contexto marcado por el endurecimiento de las condiciones financieras, el menor dinamismo del consumo y una recuperación aún heterogénea entre los distintos sectores.

En términos interanuales, sin embargo, el EMAE mantuvo una variación positiva, impulsada en parte por la baja base de comparación que dejó el mismo período del año pasado, cuando la economía todavía acusaba el impacto de la fuerte recesión y la sequía sobre el sector agropecuario.

Pese a la caída de 1,5% en abril, la comparación interanual todavía arroja un resultado favorable de 2,1 por ciento. Los pronósticos sobre cómo seguirá la actividad son bastante variados. Si bien todos coinciden en que el PBI crecerá en 2026, hay distintas opiniones respecto a la velocidad.

Economistas como Fernando Marull y Fausto Spotorno proyectan que el PBI terminará el año con una expansión de entre 2,8% y 3 por ciento. El BBVA Argentina estimó que la expansión será de 3% y espera una evolución similar para el 2027.

Sin embargo, otros son mucho más cautos. Esteban Domecq, director de la consultora Invecq, cree que la mejora será mucho más gradual y el PBI mostrará un crecimiento de solo 2,5 por ciento.

El economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, fue aún más prudente. “Esperamos un incremento del PBI real en la zona de 2,2% este año, por encima del arrastre estadístico que deja abr-26 (1,4%)”, afirmó.

El escenario base de Franco es que “los sectores ganadores (agro, minería, hidrocarburos) impulsarán al EMAE, aunque la cifra final estará también sujeta a la dinámica tanto se los sectores rezagados como de variables como la inflación, los salarios reales, los precios de los commodities, el TCR y las cuentas externas”.

Y sumó: “En el mediano plazo, estimamos que el derrame de los ganadores a otros sectores ocurrirá, pero pensando en el corto plazo y en que hay elecciones presidenciales en 2027, la dinámica relativa de los rezagados frente a los ganadores irá ganando en importancia con el correr de los meses”.

En ese sentido, Spotorno adelantó que Índice General de Actividad (IGA) que elabora la consultora Orlando Ferreres arrojó una mejora en mayo, recuperando buena parte de lo perdido en abril: “Los que ganarán dinamismo en los próximos meses son los sectores que hasta ahora vienen perdiendo, como el comercio minorista y la actividad manufacturera. Esto sucederá de la mano de la baja de la inflación y una gradual mejora de los ingresos”.

La construcción, que muestra una leve mejora pero todavía desde niveles muy bajos, es una de las mayores incógnitas. Sin obras viales ordenadas por el Gobierno nacional y sin reaparición del crédito hipotecario, el dinamismo del sector luce bastante limitado.

La caída mensual abre interrogantes sobre la solidez del proceso de recuperación económica. Si bien algunos sectores vinculados a la energía, la minería y el agro continúan mostrando un desempeño favorable, otras ramas como la industria manufacturera, el comercio y la construcción enfrentan mayores dificultades para consolidar el repunte.

Analistas señalan que la normalización macroeconómica y la desaceleración de la inflación todavía no se traducen en una recuperación generalizada de la demanda interna. El consumo privado permanece condicionado por la pérdida acumulada del poder adquisitivo, mientras que la inversión continúa dependiendo de la evolución del crédito y de las expectativas empresarias.

Entre los factores que seguirán de cerca los mercados figuran la evolución del salario real, la recuperación del crédito, el comportamiento del consumo y el impacto de la cosecha sobre la actividad. También será determinante el efecto de la desaceleración inflacionaria sobre los ingresos de los hogares y la capacidad del Gobierno para sostener el proceso de estabilización sin afectar el nivel de actividad.

El director de la consultora Equilibra, afirmó que los sectores ganadores no están generando puestos de trabajo de calidad suficientes para compensar la destrucción en los rubros tradicionales.

El informe elaborado por Equilibra sostiene que la economía exhibe una dualidad. Entre los sectores perdedores, identificó a la construcción, la industria, parte del comercio y el sector público, donde “los puestos de calidad que se destruyeron, no se han generado en los ganadores”.

Entre los rubros en expansión, el economista mencionó la minería, la energía y la agroindustria, incluyendo la producción de alimentos y la intermediación financiera. No obstante, advirtió que la inversión y la creación de empleo se concentran en los no convencionales, como Vaca Muerta, mientras que en las provincias de Santa Cruz y Chubut se registran despidos y cierres de pozos convencionales.

Sigaut Gravina diferenció este escenario del de los años noventa, ya que, a pesar de la destrucción de empleo en sectores tradicionales, el desempleo no se incrementó de manera significativa por el crecimiento de actividades de baja calificación, que generan empleos refugio.

“Estamos viendo que se crea empleo en servicios no transables y de baja productividad”, puntualizó el economista. Ejemplificó con el comercio informal, vendedores ambulantes, y el crecimiento de ocupaciones ligadas a plataformas como Uber.

“Hay un mercado laboral mucho más flexible que en el pasado... este tipo de empleo en los 90 no existía, pero en muchísimos casos no tenés ningún tipo de seguridad social”, destacó.

La situación genera que, aunque la macroeconomía muestre signos de estabilización, el crecimiento “no se está derramando en el empleo de calidad”. El especialista remarcó que existe una gran cantidad de trabajadores que no logra cubrir sus necesidades básicas con sus ingresos principales. “Hay mucha gente empleada que no llega a fin de mes y tiene que complementar con trabajo en alguna aplicación”, describió.

El impacto de este fenómeno sobre la estructura social argentina es una de las preocupaciones del economista. “La pregunta es si vamos de alguna manera a latinoamericanizarnos, en el sentido de que la Argentina ha tenido una clase media siempre vigorosa, pujante, y si no se crea empleo de calidad, ese proceso se va a profundizar”.

Otra paradoja que Sigaut Gravina subrayó es la coexistencia de crecimiento económico con caída de la inversión. “Hace cuatro trimestres que la economía crece poquito y al mismo tiempo cae la inversión. Yo analicé las cuentas nacionales desde 1993 y no pasó nunca”.

La explicación reside en la desinversión o el levantamiento de líneas de producción en sectores clave, como la construcción y la infraestructura. Según Sigaut Gravina, las capacidades propias de Argentina en materia de infraestructura se han visto deterioradas, y la obra pública se ha reducido con la gestión de Javier Milei. “El ajuste fiscal siempre va por lo más fácil que es recortar la obra pública”, sostuvo.

En cuanto al futuro, el economista considera que el modelo basado en recursos naturales, como Vaca Muerta, minería de litio y cobre, traerá un fuerte ingreso de dólares, pero también desafíos, como la posibilidad de industrializar los recursos naturales para desarrollar así un entramado industrial más profundo y generar empleo.

Y cuestionó la idea que un trabajador del Conurbano que perdió su empleo en una empresa textil pueda por sí solo mudarse a provincias petroleras o mineras. “A las capacidades humanas hay que formarlas, hay que ayudarlas”. “Creo que este modelo, así como está, no derrama lo suficiente y hay que trabajar. Eso es política pública”.

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La paritaria aceitera entra este lunes en su instancia decisiva. Agroexportadores y sindicatos del sector retomarán hoy las negociaciones salariales en la Secretaría de Trabajo de la Nación tras casi 15 horas de diálogo que el jueves terminaron sin acuerdo firmado, con puntos pendientes y ambas partes al límite del agotamiento.

La reunión se produce después de que el jueves venciera la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Capital Humano sin que las partes lograran firmar un acuerdo. Tras casi 15 horas de negociación, los equipos llegaron a un punto de agotamiento sin resolver las diferencias pendientes. Con todo, empresarios y gremios acordaron de manera voluntaria continuar el diálogo este lunes alrededor de las 13:30, lo que en la práctica equivale a una extensión informal del proceso —conocida en el ámbito laboral como “conciliación voluntaria”— que mantiene la paz social entre ambas partes sin que ninguna haya firmado nada al respecto.

Los gremios que participan de la negociación son el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina(FTCIODyARA), que, juntos, representan a un total de entre 10.000 y 12.000 trabajadores rurales.

El escenario que se abre es de incertidumbre: no hay acuerdo firmado, pero tampoco convocatoria a huelga. Las fuentes consultadas advierten que el resultado de la reunión del lunes es impredecible: se registraron avances, aunque insuficientes para rubricar un entendimiento. La posibilidad de que las plantas del principal polo agroexportador del país retomen medidas de fuerza depende de lo que ocurra hoy en esa mesa.

El nudo del conflicto es el mismo desde el inicio de las negociaciones. Ciara-CEC propone actualizar los salarios mes a mes según el Índice de Precios al Consumidor del Indec, con el argumento de que esa fórmula garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo. Los gremios, en cambio, exigen un aumento del 20% retroactivo a mayo y rechazan que la indexación por inflación sea suficiente para recomponer lo perdido. Según los sindicatos, la canasta básica que garantiza la reproducción del salario se ubica en $2.802.754, cifra que el básico inicial del sector —de $2.344.000— no alcanza.

La disputa también incluye una pelea de cifras. Mientras Ciara-CEC sostiene que el salario promedio ponderado del trabajador aceitero alcanza los $4,8 millones mensuales, el secretario general del SOEA de San Lorenzo, Daniel Succi, señaló que ese número no refleja la realidad de la mayoría: el básico inicial está en $2.344.000 y el tope de supervisores ronda los $3,5 millones. Los gremios también recordaron que las patronales recibieron un beneficio de USD 3.740 millones por la reducción de los derechos de exportación, y que los salarios representan apenas el 3,3% de las exportaciones del sector.

Desde el bloque empresario, un comunicado de Ciara insistió en que la propuesta de indexación al IPC “es la única viable para defender los salarios aceiteros” y advirtió sobre el costo concreto de un paro: $160.000 por trabajador por día, lo que en una semana acumularía $960.000 por empleado. La cámara llegó incluso a apelar directamente a los trabajadores de base para que presionaran a sus dirigentes sindicales a firmar la oferta.

El conflicto tiene su origen en fines de mayo, cuando ambos gremios declararon un paro por tiempo indeterminado en todas las plantas del país tras la oferta empresaria de un incremento del 0% para ese mes. El Ministerio de Capital Humano intervino con la conciliación obligatoria, que detuvo las medidas de fuerza y habilitó la negociación formal. Desde entonces, las partes se reunieron en al menos seis oportunidades en la Secretaría de Trabajo sin lograr un acuerdo.

El sector arrastra además tensiones previas: semanas antes del paro del 27 de mayo, transportistas autoconvocados de la provincia de Buenos Aires habían paralizado las terminales portuarias de Bahía Blanca y Necochea en reclamo de un aumento en el flete, con pérdidas estimadas en al menos USD 450 millones para el complejo agroexportador.

La perspectiva agroclimática para el período comprendido entre el 25 de junio y el 1 de julio anticipa una semana de fuerte variabilidad meteorológica sobre el área agrícola argentina. El escenario estará marcado por lluvias concentradas en el nordeste del país, posibles nevadas en sectores de Cuyo y la Región Pampeana, y el ingreso de una intensa masa de aire polar que provocará un marcado descenso térmico hacia el cierre de la semana, anticipa en su informe semanal, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En los primeros días predominarán los vientos provenientes del trópico, favoreciendo temperaturas máximas moderadas a elevadas sobre el norte del área agrícola. En el este del NOA, gran parte de la Mesopotamia, el norte de la Región Pampeana y buena parte de Uruguay se registrarán máximas superiores a los 15°C, con amplias zonas del norte que superarán los 20°C, 25°C e incluso los 30°C. En contraste, el oeste del NOA, gran parte de Cuyo y la Región Pampeana presentarán valores entre 10°C y 15°C.

En forma paralela avanzará un frente de tormenta que tendrá un comportamiento muy desigual. Las precipitaciones más importantes se concentrarán sobre Paraguay, el norte y centro de la Mesopotamia y el este del Chaco, donde se esperan acumulados de entre 10 y 25 milímetros. En el resto del área agrícola predominarán aportes escasos o nulos, aunque no se descartan focos aislados con lluvias moderadas.

El pasaje del sistema frontal también podría generar nevadas en sectores del este de Cuyo y de la Región Pampeana, mientras que la Cordillera Sur registrará tormentas con lluvias y nevadas. Estas condiciones podrían afectar la transitabilidad y las tareas rurales en las zonas cordilleranas y precordilleranas.

Tras el frente ingresará una vigorosa irrupción de aire polar que abarcará la mayor parte del área agrícola, generando heladas de variada intensidad.

Se prevén heladas generales en el oeste del NOA, Cuyo, las serranías bonaerenses y el centro de Uruguay, con temperaturas inferiores a 0°C, mientras que en las zonas serranas y cordilleranas del NOA y de Cuyo los registros podrían descender por debajo de los -5°C. En el resto del área agrícola también se esperan heladas localizadas, configurando un escenario de riesgo para los cultivos sensibles y las actividades agropecuarias.

República Dominicana registró un crecimiento sostenido de la superficie sembrada y una diversificación de cultivos entre 2020 y 2025, según el informe “República Dominicana: Superficie sembrada por tipo de producto agrícola, según año 2020-2025″, elaborado por la Oficina Nacional de Estadística y publicado en junio de 2026.

La superficie total sembrada alcanzó 693,681.30 hectáreas en 2024, frente a 335,513.96 hectáreas en 2020, de acuerdo con la ONE. El aumento estuvo impulsado por los cereales, que totalizaron 516,995.80 hectáreas en 2024 frente a 229,506.04 hectáreas en 2020.

Dentro de ese grupo, el arroz fue el principal cultivo del país, con 464,246.90 hectáreas sembradas en 2024. El maíz pasó de 24,804.65 hectáreas en 2020 a 52,748.90 hectáreas en 2024, mientras que el sorgo registró alrededor de 1,000 hectáreas anuales.

Cultivos tradicionales y oleaginosas

En los productos tradicionales, la caña de azúcar se mantuvo como el cultivo de mayor superficie, con 150,615.64 hectáreas en 2024. El tabaco alcanzó 60,126.97 hectáreas ese mismo año y el café sumó 108,902.31 hectáreas. El cacao, cuya última cifra disponible corresponde a 2020, registró 56,375.28 hectáreas sembradas.

El informe de la ONE también señaló el crecimiento de las oleaginosas, en especial el maní, que en 2025 alcanzó 3,661.89 hectáreas. En las leguminosas, la habichuela blanca y la habichuela roja superaron las 49,000 hectáreas en 2024.

Musáceas, hortalizas y tubérculos

Entre los cultivos no tradicionales, las musáceas aumentaron de forma progresiva. El plátano pasó de 19,699.18 hectáreas en 2020 a 75,381.22 hectáreas en 2025, mientras que el guineo registró 7,903.19 hectáreas en el último año del período analizado.

El segmento de hortalizas y vegetales también creció hasta 24,360.66 hectáreas en 2025, con cultivos como ají, ajo, berenjena, cebolla y pepino. En raíces y tubérculos, la yuca se mantuvo como principal cultivo, con 21,869.82 hectáreas en 2025.

Otros rubros como la batata, el ñame y la papa también aumentaron: la batata superó las 9,000 hectáreas y la papa se acercó a las 4,000, según la ONE.

Frutales y fuentes de los datos

En el sector frutícola, el aguacate alcanzó 3,576.82 hectáreas en 2025 y la chinola sumó 2,998.48 hectáreas. Melón, piña y limón agrio también reflejaron aumentos en las superficies sembradas.

El informe técnico de la ONE indicó que “la expansión de la frontera agrícola y la diversificación de cultivos han sido elementos clave para fortalecer la seguridad alimentaria y dinamizar las exportaciones”. Las cifras provienen de registros administrativos del Ministerio de Agricultura y de entidades responsables de cultivos de exportación, como el Instituto Azucarero Dominicano, el Instituto del Tabaco de la República Dominicana, el Consejo Dominicano del Café y el Consejo Dominicano del Cacao.

El documento precisó que las cifras están sujetas a rectificación por la naturaleza dinámica de la producción agrícola y la recopilación de datos en campo. De acuerdo con la ONE, la tendencia observada en la última década responde a políticas públicas orientadas a la modernización del agro, la tecnificación de los cultivos y la apertura de nuevos mercados. El gobierno central genera actividades de promoción del agro local.

Mayo cerró con números positivos para el comercio exterior argentino. Las exportaciones superaron por primera vez los USD 9.500 millones en un solo mes y el superávit comercial alcanzó su valor más alto de la historia, según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El resultado favorable se extendió por trigésimo mes consecutivo.

En detalle, en el quinto mes del año las exportaciones de bienes alcanzaron un récord histórico de USD 9.537 millones, lo que representó un incremento interanual de 34,4%. El crecimiento se explicó por un alza de 18,1% en las cantidades exportadas y de 13,9% en los precios. Todos los grandes rubros registraron subas respecto al mismo mes del año anterior.

Las importaciones, en tanto, totalizaron USD 6.033 millones, con una caída interanual de 7 por ciento. La baja se atribuyó a una reducción de 13,6% en las cantidades compradas, ya que los precios subieron 7,6%. El intercambio comercial total —exportaciones más importaciones— ascendió a USD 15.570 millones, un 14,6% más que en igual mes de 2025.

En ese contexto, la balanza comercial registró un superávit histórico de USD 3.504 millones, con una mejora de USD 2.897 millones respecto de mayo de 2025, cuando el saldo había sido de USD 607 millones. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el dato en su cuenta de la red X: “En mayo las exportaciones de bienes y la balanza comercial registraron un nuevo récord histórico”.

El petróleo como motor

El rubro que más traccionó el crecimiento exportador fue el de combustibles y energía (CyE), que alcanzó un valor histórico de USD 1.745 millones, con una variación interanual de 167,1 por ciento. El desempeño estuvo impulsado principalmente por el ascenso en las exportaciones de petróleo crudo y de carburantes: las cantidades exportadas crecieron 78,5% y los precios, 49,9 por ciento. Caputo señaló que “la balanza comercial energética registró el mayor saldo positivo de toda la serie, con un superávit de USD 1.543 millones”.

Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) llegaron a USD 2.992 millones, con una suba de 20,5% interanual. El incremento estuvo impulsado, en orden de importancia, por mayores ventas de grasas y aceites, carnes y sus preparados, y residuos y desperdicios de la industria alimentaria. Las manufacturas de origen industrial (MOI) crecieron 20,1%, con ventas por USD 2.360 millones. Según Caputo, las MOI “alcanzaron el segundo valor más alto de la historia para un mes de mayo”. Los productos primarios (PP) sumaron USD 2.441 millones, con un alza de 22,5%, impulsada principalmente por las cantidades exportadas.

Entre los diez principales productos de exportación del mes —que concentraron el 59,1% del total— se destacaron los aceites crudos de petróleo (12,3%), el maíz en grano (9,0%) y la harina y pellets de extracción del aceite de soja (8,8%).

La cara importadora

Del lado de las compras al exterior, el rubro con mayor retroceso fue el de combustibles y lubricantes, con una caída de 32,9% y una baja de USD 99 millones respecto a igual mes del año anterior. Las cantidades cayeron 55,3% y los precios subieron 50,2%. Las piezas y accesorios para bienes de capital retrocedieron 26,6%, con una merma de USD 374 millones, donde el mayor descenso en valores absolutos correspondió a piezas y accesorios para equipos de transporte.

Los vehículos automotores de pasajeros cayeron 21,3% y los bienes de capital, 6,8%. En sentido contrario, los bienes intermedios crecieron 8,6%, con USD 179 millones adicionales respecto a mayo del año pasado.

El principal destino: China

En mayo, China se posicionó como el primer destino de las ventas argentinas, con exportaciones por USD 1.497 millones, una suba de 78,9% interanual. El 75,1% de los despachos se concentró en porotos de soja, aceites crudos de petróleo, carbonatos de litio y carne bovina congelada. El intercambio bilateral con ese país dejó un superávit de 347 millones de dólares.

Brasil fue el segundo destino, con una participación de 12,5% del total y exportaciones por 1.188 millones de dólares. Las importaciones desde ese origen cayeron USD 466 millones, principalmente por menores compras de vehículos y bienes de capital. Estados Unidos fue el tercer destino, con ventas por USD 878 millones (+76,0%), impulsadas en gran parte por combustibles y energía.

Comienzo del año alentador

En los primeros cinco meses de 2026, las exportaciones argentinas de bienes totalizaron USD 40.359 millones, con un incremento de 24,3% respecto al mismo período de 2025. Las importaciones sumaron USD 28.575 millones, con una reducción de 6,6 por ciento. El saldo acumulado fue de 11.783 millones de dólares. Caputo subrayó que “las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial sumaron USD 10.964 millones, el mayor valor de la historia para el período enero-mayo”.

En el acumulado, los aceites crudos de petróleo lideraron las exportaciones con 9,3% de participación, seguidos por el maíz en grano con 8,7% y la harina y pellets de soja con 8,1 por ciento. Del lado de las compras, China encabezó el origen de las importaciones con 22,7% del total, seguida por Brasil con 21,6% y Estados Unidos con 8,6 por ciento.

La paritaria aceitera volvió a cerrarse sin acuerdo este martes. La audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo a pedido de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) terminó sin resultados, luego de que los gremios aceiteros rechazaran la propuesta empresaria de actualizar los salarios mes a mes según el índice de precios al consumidor del Indec.

Semanas atrás, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) lanzaron un paro en todas las plantas del pais, medida ante la que el Ministerio de Capital Humano reaccionó casi de forma inmediata con una conculiación obligatoria que vence este jueves 18 de junio.

Frente a la falta de acuerdo paritario el bloque empresario advirtió que cada semana de paro le costaría a cada trabajador hasta $960.000 en salario no percibido.

Según el comunicado que difundió por CIARA-CEC este martes tras la reunión, la industria llegó a la mesa dispuesta a firmar en ese mismo acto el compromiso de ajustar los salarios todos los meses según el reporte del Indec, sin excepción. “La industria confirmó que está dispuesta a firmar hoy mismo que todos los meses incrementará los salarios con el reporte mensual del Indec y de esa manera no perder poder adquisitivo. Pero no obtuvo voluntad de negociar de parte de los sindicatos”, señala el texto.

La oferta empresaria se apoya en los números acumulados desde enero: Ciara-CEC asegura haber anticipado aumentos del 13,8%, mientras que la inflación del mismo período llegó al 14,7%, una brecha de menos de un punto porcentual. Desde noviembre de 2023, el salario aceitero acumuló un alza del 361%, frente al 299% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y al 304% del tipo de cambio en ese lapso. Las cámaras sostienen que su propuesta “es la única viable para defender los salarios aceiteros”.

Los gremios, en cambio, reclaman un aumento del 20% retroactivo a mayo y rechazan que la indexación por IPC sea suficiente para recomponer el poder adquisitivo. El secretario general del SOEA de San Lorenzo, Daniel Succi, había anticipado antes de la reunión que las bases estaban dispuestas a dar pelea: “Siempre tenemos ganas de negociar y siempre que sea conveniente para el trabajador vamos a ver cómo se hace”, afirmó en declaraciones radiales. Los sindicatos también cuestionaron las cifras salariales que difunde el sector empresario: mientras CIARA-CEC sostiene que el promedio ponderado del trabajador aceitero alcanza los $4,8 millones mensuales, Succi señaló que el básico inicial es de $2.344.000 y el tope de supervisores ronda los 3.500.000 pesos.

Frente a la posibilidad de un nuevo paro, Ciara-CEC volvió a insistir en el costo concreto para los propios trabajadores: cada día de paralización representa una pérdida de $160.000 por empleado, lo que en una semana laboral completa acumularía $960.000 por trabajador.

El origen del conflicto

El conflicto tuvo su detonante a fines de mayo, cuando ambos sindicatos declararon un paro por tiempo indeterminado en todas las plantas del país tras la oferta empresaria de un incremento del 0% para ese mes. El Ministerio de Capital Humano intervino de inmediato con la conciliación obligatoria, que detuvo las medidas de fuerza y habilitó la negociación formal.

Según anticipó CIARA en su comunicado, es probable que la Secretaría de Trabajo extienda la conciliación una semana más, hasta el 25 de junio. De confirmarse esa extensión, las plantas del principal polo agroexportador del país seguirían activas mientras continúa la negociación. Los gremios, por su parte, quedarían habilitados para retomar las medidas de fuerza si no hay acuerdo al vencimiento del nuevo plazo.

El sector arrastra tensiones desde antes del paro del 27 de mayo. Semanas atrás, transportistas autoconvocados de la provincia de Buenos Aires habían paralizado las terminales portuarias de Bahía Blanca y Necochea en plena cosecha gruesa, en reclamo de un aumento del 15% en el flete, consecuencia del alza del gasoil efecto de la guerra de Medio Oriente. Esa medida, según las cámaras empresariales, generó pérdidas estimadas en al menos USD 450 millones y afectó el cumplimiento de contratos internacionales.

El Banco Central del Uruguay (BCU) publicó este lunes el resultado de cuentas nacionales del primer trimestre del año, que concluye que la actividad económica se expandió 0,8% en comparación al trimestre inmediato anterior al tiempo que registró un crecimiento de 0,9% en comparación al inicio de 2025.

El informe del BCU destaca los desempeños positivos de sectores como el transporte y el almacenamiento, información y comunicaciones, comercio y suministro de bebidas y servicios financieros.

Sin embargo, hubo otras actividades –como el agro– que mostraron un desempeño negativo en el arranque del año. De acuerdo al documento, el rubro agropecuario, de pesca y minería del primer trimestre del 2026 cayó un 3,7% respecto al mismo trimestre del año anterior.

¿Por qué sucedió esto? Porque se observó una reducción de la producción de arroz y de soja. Además, hubo una caída por la menor faena de ganado vacuno, que fue parcialmente compensada por un aumento de la remisión de leche a las plantas. En el sector silvícola, en cambio, hubo un crecimiento que estuvo principalmente asociado a una mayor demanda para exportación de rolos y, en menor medida, a la demanda con destino a la industria procesadora de madera.

Otro rubro que cayó fue el de la construcción, un 3,4%. Hubo una menor inversión en proyectos de vialidad, obras portuarias y líneas de comunicación. También un menor dinamismo en la construcción de edificios.

La industria, en tanto, registró un aumento de la actividad del 1,3% en el trimestre. La elaboración de jarabes y concentrados, la fabricación de productos de panadería y confitería y las industrias químicas incidieron en este crecimiento. En sentido contrario influyó la refinación de petróleo y la industria frigorífica.

La actividad eléctrica, de gas y agua presentó un incremento de 0,9%, explicado por una mayor generación de energía, un crecimiento de las exportaciones y una reducción de las exportaciones.El comercio, alojamiento y suministro de comidas y bebidas creció 1,4%. Esta suba se vinculó principalmente al comercio exterior de granos y a las importaciones de combustibles, carne, vehículos y otros bienes para consumo.

Este dato se conoce a dos semanas del plazo límite para que el gobierno presente el proyecto de Rendición de Cuentas, una ley clave de cada año en la que se pueden redestinar o incrementar los recursos establecidos en el Presupuesto quinquenal. Además, es la oportunidad que tiene el equipo económico de corregir las proyecciones que hace para la economía del país.

Hace algunas semanas las autoridades adelantaron que la estimación de crecimiento del Productor Interno Bruto (PIB) de un 2,2% para el promedio de 2026 sería ajustado a la baja a cerca de un 1,6%, como consignó Búsqueda. La explicación de esto es algunos eventos adversos mundiales que impactaron en el país, como el conflicto en medio oriente.

Meses atrás, entrevistado en La Diaria, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, señaló que existe la “posibilidad bastante elevada” de revisar a la baja el crecimiento previsto para 2026. Otra posibilidad que el gobierno tiene sobre la mesa es una revisión de las metas fiscales

“Si mirás la tasa de crecimiento de Argentina, Brasil, de Chile e incluso de Paraguay, se registra en el segundo semestre del año pasado, en particular en el último trimestre, una desaceleración importante de las economías. Eso tiene que ver con un efecto asociado a la incertidumbre internacional y al flujo de inversiones, y en particular en Uruguay a algunos elementos más específicos”, analizó Oddone.

Consultado en esa oportunidad sobre si en la Rendición de Cuentas puede haber alguna medida de recorte de gasto, Oddone señaló: “En este momento, con la información que tenemos, no podemos descartar ninguna medida. Hay que tener una mirada cuidadosa, pero podría ser necesario. No necesariamente un recorte generalizado, pero sí asumir que hay algunos compromisos que tenemos que diferir”.

El agro y la explotación de minas y canteras sumaron 1.400 puestos de trabajo formal en marzo, según el informe de situación y evolución del trabajo registrado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), publicado por la Secretaría de Trabajo. En tanto, en la comparación interanual, la actividad agroindustrial sumó 1.700 puestos en un año, mientras que la extracción de minerales, combustibles fósiles y áridos perdió 5.200 puestos de trabajo.

Los últimos datos oficiales muestran que, por un lado, la agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció un 0,3% en marzo respecto a febrero, lo que sobre una base de 324.300 trabajadores equivale a unas 970 personas adicionales. Por el otro, la explotación de minas y canteras avanzó en marzo un 0,5% —el mayor incremento porcentual entre todas las ramas—, pero sobre un universo de apenas 86.800 empleados, lo que representa aproximadamente 430 nuevos puestos. La suma de ambos sectores es de 1.400 nuevos trabajadores en el mes.

En la comparación interanual entre marzo de 2025 y el mismo mes de 2026, la minería pasó de 92.000 a 86.800 trabajadores registrados, lo que refleja una caída del 5,7% y equivale a 5.200 puestos menos. El agro, en tanto, sumó 1.700 empleos en el mismo período, al pasar de 322.600 a 324.300 trabajadores. El saldo interanual combinado de los dos sectores es una pérdida neta de alrededor de 3.500 puestos formales.

El peso real de los sectores exportadores

La brecha entre el desempeño porcentual y el impacto real en el empleo formal se explica por el tamaño relativo de estos sectores dentro del mercado laboral. La explotación de minas y canteras —extracción de recursos naturales del subsuelo o la superficie— emplea a menos de 87.000 personas sobre un total de 6,1 millones de asalariados privados registrados. El agro, con 324.300 trabajadores, representa el 5,2% del empleo privado formal. Juntos, los dos sectores concentran menos del 7% del total.

Un análisis de Fundación Mediterránea-Ieral sobre los mismos datos del SIPA señala que los rubros más dinámicos en materia exportadora y de inversión “representan solo el 3% del empleo total y el 7% del empleo asalariado privado registrado”, lo que impide que el crecimiento del frente externo se traslade de manera automática al mercado de trabajo.

El empleo formal, en caída generalizada

Mientras los sectores exportadores muestran variaciones porcentuales positivas pero de escaso impacto absoluto, el empleo privado formal acumula una caída del 1,5% interanual, equivalente a 96.700 trabajadores menos respecto a marzo de 2025, según el SIPA. En la comparación intermensual, el retroceso fue del 0,1 por ciento.

Los sectores que más perdieron en la comparación interanual fueron precisamente los que concentran la mayor parte del empleo: industrias manufactureras (-4,0%, equivalente a 46.700 puestos menos), intermediación financiera (-3,7%) y comercio y reparaciones (-1,9%). La industria, con 1.122.500 trabajadores registrados, es con diferencia el sector privado con mayor peso en el empleo formal y el que más perdió puestos tanto en el mes como en el año.

En marzo, los sectores con caídas mensuales más pronunciadas fueron intermediación financiera (-0,5%), industrias manufactureras (-0,4%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,3%) y comercio y reparaciones (-0,2%). Seis de las 14 ramas de actividad privada redujeron planteles en el mes, cuatro se mantuvieron estables y solo cuatro —entre ellas el agro y la minería— registraron variaciones positivas.

La minería creció en marzo pero perdió en el año

El caso de la explotación de minas y canteras ilustra con precisión la tensión entre la dinámica de corto plazo y la tendencia estructural. Si bien la actividad creció un 0,5% mensual en marzo, en la comparación interanual acumula la mayor caída relativa de todas las ramas: -5,7%, con 5.200 puestos formales menos que un año atrás. En marzo de 2025, el sector había registrado una contracción mensual del 1,2%, lo que indica que la recuperación de marzo de 2026 se produce sobre una base ya deteriorada.

El dato territorial refuerza esa lectura. Neuquén, la provincia con mayor concentración de actividad hidrocarburífera, fue la única jurisdicción que mostró crecimiento interanual relevante en el empleo privado formal, con un alza del 3,3%. Pero ese desempeño no alcanzó para compensar las caídas en el resto del país, donde 19 de las 24 jurisdicciones registraron pérdida de empleo formal en la comparación anual.

La Unión Europea excluyó a Brasil de su listado de compliance regulatorio para importaciones de carne vacuna a partir del 3 de septiembre de 2026, una medida que abre una ventana de exportación para la Argentina en uno de los mercados de mayor valor del mundo. La decisión, confirmada por el bloque esta semana, se origina en irregularidades sanitarias: Brasil declaró que no utiliza estimuladores de crecimiento en su ganadería, pero los controles europeos detectaron residuos de esas sustancias en la carne exportada.

“Brasil está diciendo que no utiliza estimuladores de crecimiento y sí los usa. Pero no solo los usa, sino que además los deja de usar mucho tiempo después de lo que debería hacerlo, y entonces quedan rastros en la carne”, dijo a Infobae Miguel Schiariti, titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).

La posición argentina en ese punto es diametralmente opuesta: el uso de antibióticos como promotores de crecimiento en animales destinados al consumo está prohibido en el país, lo que le otorga una ventaja sanitaria concreta frente a las exigencias del mercado europeo.

Según datos del Ministerio de Agricultura del país vecino relevados por el portal brasileño O Globo, la Unión Europea es el cuarto principal destino de su carne vacuna, con 129.000 toneladas anuales por un total de USD 1.090 millones. Las estimaciones del sector elevan el impacto total de la sanción a USD 1.800 millones.

La exclusión, sin embargo, no es definitiva. El país vecino tiene plazo hasta el 3 de septiembre para rectificar las observaciones de Bruselas y ser rehabilitado. En el ínterin, los compradores europeos aumentarán sus compras al país sudamericano para cubrirse antes de que la medida entre en vigor, lo que podría amortiguar parcialmente el impacto sobre la oferta disponible en ese mercado.

El consultor ganadero Víctor Tonelli relativizó el efecto directo sobre la Cuota Hilton, el cupo de carne enfriada de alta calidad que la UE otorga a países seleccionados, como la Argentina: “No veo que modifique el negocio local con la UE porque poseemos el 55% del total de la Cuota Hilton, pero seguramente pondrá más avidez a los europeos”. Tonelli también marcó una diferencia estructural entre los dos competidores: "Brasil compite en volumen, pero no en calidad".

La asimetría de escala entre ambos países es pronunciada. Brasil cuenta con un rodeo de aproximadamente 150 millones de cabezas; la Argentina, por su parte, cuenta con entre 53 y 55 millones. Uruguay, otro exportador de la región, tiene apenas 3 millones, lo que lo deja sin capacidad para cubrir el espacio que eventualmente dejaría el gigante vecino. “La pasada a Uruguay no sería tan relevante; Uruguay no tiene stock”, señaló Schiariti.

El impacto sobre las exportaciones argentinas podría ser sustancial. En los últimos tres meses, las ventas externas de carne vacuna crecieron casi 40% en dólares, según datos que maneja el sector. Schiariti proyectó que, si Brasil no resuelve rápidamente su situación ante la UE, “las exportaciones de carne del segundo semestre van a ser realmente espectaculares”.

A su vez, el escenario se potencia aún más por la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur, que habilitó un cupo adicional de 500.000 toneladas de carne desde el bloque regional hacia Europa, y por la mayor demanda de Estados Unidos, donde una sequía en el norte del país redujo la oferta local de carne magra para hamburguesas y llevó a ampliar las compras a Argentina, Brasil e India.

Schiariti advirtió, no obstante, que el escenario tiene condicionantes. El conflicto en el estrecho de Ormuz encareció el petróleo y, con él, los costos de flete y logística. “El famoso estrecho nos tiene locos”, dijo. A eso se suma la variable climática: la Argentina perdió casi 500.000 terneros en 2023 por la fuerte sequía de aquel año que se extendió por más de cuatro meses, y en 2024 y 2025 sufrió inundaciones sobre 3 y 5 millones de hectáreas respectivamente. “Este año daría la sensación de que las condiciones van a ser mejores, pero vemos qué pasa”, señaló.

Los precios se estabilizan en el mercado interno

El contexto exportador contrasta con la dinámica del mercado local. Según el último informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el precio promedio del kilo de carne vacuna registró en mayo de 2026 una variación de apenas 0,1% respecto al mes anterior, con un precio promedio de $18.569 por kilo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La variación interanual, en tanto, acumula 57,9%, muy por encima de la inflación general (33,2%). En Córdoba, por ejemplo, el promedio mensual fue negativo en un 0,5%. El consumidor, que ya absorbió subas acumuladas de esa magnitud, dejó de convalidar nuevos aumentos.

Esa presión sobre el bolsillo se refleja también en la relación entre proteínas. Un kilo de asado equivale hoy a 3,8 kilos de pollo, un 20,8% más que en el mismo período de 2025, según el IPCVA. La relación asado/cerdo también se amplió: con un kilo de asado se compran 2,02 kilos de pechito de cerdo, 35% más que el año anterior.

Al mismo tiempo, según el último estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las exportaciones acumularon hasta abril un volumen 10% superior al registrado en igual período del año anterior, lo que implica, según la entidad, “una menor disponibilidad de carne para el consumo interno” con un recorte cercano al 12% interanual en el primer cuatrimestre. Pese a esa contracción de la oferta, los precios en los mostradores no registraron aumentos en los últimos dos meses y, medidos en términos reales, muestran una caída frente a la inflación minorista.

La producción del sector también muestra señales de contracción. En mayo de 2026, la faena total fue de aproximadamente 1,001 millones de cabezas, un 11,3% menos que en mayo de 2025, según el informe mensual del Consorcio ABC. La producción de carne bovina alcanzó las 239.800 toneladas res con hueso, con una caída interanual de 8,5%. En el acumulado enero-mayo, la producción sumó 1,167 millones de toneladas, un 7,3% por debajo del mismo período del año anterior.

El conflicto salarial entre los gremios aceiteros y las empresas agroexportadoras suma un nuevo capítulo. Con el vencimiento de la conciliación obligatoria previsto para este jueves 18 de junio, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) pidieron a la Secretaría de Trabajo que convoque a ambos sindicatos del sector a una mesa de negociación para este martes, en lo que las cámaras califican como el primer “intento real” de diálogo paritario desde que se inició el conflicto.

A días del vencimiento del plazo que dictó Capital Humano de forma casi instantánea luego del anuncio de paro de los gremios aceiteros, CIARA-CEC difundió un nuevo comunicado en el que sostiene que su posición es sólida desde el punto de vista numérico.

En el escrito que envió este fin de semana, las entidades aseguraron que ya anticiparon aumentos del 13,8% desde enero, mientras que la inflación acumulada en el mismo período llegó al 14,7%, una diferencia de menos de un punto porcentual. A partir del mes próximo, proponen actualizar los salarios según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, el mismo mecanismo que rige en otros sectores de la economía formal.

El origen del conflicto se remonta a los últimos días de mayo, cuando el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) lanzaron un paro por tiempo indeterminado en todas las plantas del país.

El detonante fue la propuesta empresaria de un incremento del 0% para mayo, seguido de ajustes atados a la inflación a partir de junio, que los gremios rechazaron de plano y calificaron de “vergonzosa”. En ese momento, el Ministerio de Capital Humano intervino de inmediato con la conciliación obligatoria, que frenó las medidas de fuerza y devolvió el conflicto a la mesa de diálogo.

“Nuestra propuesta es clara: ya anticipamos aumentos salariales por un 13,8% desde enero y recién ahora la inflación consolidada llegó al 14,7%. Este mes la diferencia es menor al 1%, por lo que a partir del próximo mes se irá actualizando el salario en base al índice de inflación del Indec como se hace todos los años”, sostiene el comunicado de CIARA-CEC.

A su vez, la entidad puso en perspectiva el nivel salarial del sector: el salario promedio ponderado del trabajador aceitero alcanza los $4,8 millones mensuales, muy por encima del promedio del empleo privado registrado, que ronda $1,4 millones. La categoría inicial del convenio arranca en $2,34 millones, un 67% por encima del piso del sector privado formal, mientras que en las categorías superiores la brecha trepa al 117%. Desde noviembre de 2023, el salario aceitero acumuló un alza del 361%, frente al 299% del IPC y al 304% del tipo de cambio en el mismo período.

Frente a esos números, CIARA-CEC rechazó el planteo gremial y advirtió que un nuevo paro tendría un costo directo para los propios trabajadores. Cada día de paralización implica una pérdida de $160.000 por empleado; en una semana laboral completa, esa caída acumulada ascendería a $960.000 por trabajador. Las cámaras apuntan además a lo que definen como motivaciones extrasalariales: en el comunicado señalaron que algunos dirigentes gremiales “miran sus ambiciones políticas y la caja de recaudación de los aportes sindicales y solidarios que suman millones de dólares”.

Los sindicatos, por su parte, argumentaron que el pedido de aumento —que en la última instancia previa a la conciliación ascendía al 20%— responde a necesidades concretas. El SOEA y la FTCIODyARA citaron datos del propio INDEC para sostener que la canasta básica que garantiza la reproducción del salario se ubica en $2.802.754, y recordaron que las patronales recibieron un beneficio adicional de USD 3.740 millones por la reducción de los derechos de exportación. “Los salarios representan apenas un 3,3% de las exportaciones del sector”, subrayaron los gremios en su momento.

Desde noviembre de 2023, el salario de los aceiteros acumuló un alza del 361%, frente al 299% del IPC y al 304% del tipo de cambio en el mismo período. De hecho, según un informe de la Secretaría de Trabajo publicado en mayo, los aceiteros fueron uno de los tres únicos gremios del país —junto con encargados de edificio y transporte automotor— que lograron mantener el poder adquisitivo de sus trabajadores frente a una tendencia generalizada de pérdida salarial real.

Conflictos salariales afectan las exportaciones agroindustriales

El conflicto aceitero se produce en un contexto de tensiones previas en la cadena agroindustrial. Semanas antes del paro del 27 de mayo, transportistas autoconvocados de la provincia de Buenos Aires habían paralizado las terminales portuarias de Bahía Blanca y Necochea en plena cosecha gruesa, en reclamo de un aumento del 15% en el flete ante la suba de costos operativos por el precio del combustible.

Esa medida de fuerza, según CIARA-CEC, hizo colapsar las operaciones de comercio exterior en esos puertos. De hecho, las entidades difundieron que esta situación les provocó pérdidas estimadas en al menos USD 450 millones, a la vez que afectó el cumplimiento de contratos internacionales y deterioró la competitividad nacional.

Las exportaciones argentinas de cítricos alcanzaron en el primer cuatrimestre de 2026 su nivel más alto en 20 años. El sector logró ingresos por USD 108 millones en los primeros cuatro meses del año -un 36% más que en el mismo período del año anterior-, mientras que, en volumen, el salto fue del 50% interanual, con 50.085 toneladas despachadas al exterior, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El resultado tiene un componente estacional que lo potencia: el primer cuatrimestre coincide con el pico de cosecha del hemisferio sur, lo que colocó a la Argentina en una posición de ventaja para abastecer a Europa y Estados Unidos cuando la oferta del hemisferio norte declina. El país produce alrededor de 1,9 millones de toneladas anuales y concentra el 95% de su producción exportable en la provincia de Tucumán, con unas 50.000 hectáreas dedicadas al cultivo.

El producto que más creció fueron los limones frescos. Las ventas externas subieron 76% en volumen y 129% en valor, con ingresos por USD 26 millones, unos USD 14,7 millones más que en igual período de 2025. El jugo concentrado de limón, por su parte, también tuvo un desempeño positivo, con un alza del 23,6% en volumen y del 67,1% en valor, por 32,4 millones de dólares.

El dato más destacado dentro del período fue el aceite esencial de limón, que registró un récord de ventas con USD 48,2 millones, un 6% por encima de 2025. El precio por tonelada llegó a USD 24.477, un 9% superior al año anterior.

Argentina aporta cerca del 65% de la oferta mundial de derivados industriales del limón —jugos concentrados, aceites esenciales y cáscaras deshidratadas—, un segmento que absorbe entre el 70% y el 75% de la cosecha total del país.

Los principales destinos del período fueron Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos, Rusia e Italia. Entre los mercados con mayor crecimiento interanual sobresalen China (+921%), España (+729%), Francia (+640%), Japón (+217%) y Grecia (+176%).

El regreso al mercado estadounidense

El acceso al mercado estadounidense no fue sencillo para la Argentina. El país estuvo 17 años con imposibilidad de enviar limones a ese destino, tras una disputa fitosanitaria que arrancó en 2001 y que se resolvió en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri.

La prohibición se impuso en aquel entonces, cuando productores de California —segundo estado productor de cítricos del país— apelaron ante los tribunales americanos contra un permiso que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) había otorgado a sus competidores del sur. La corte californiana falló a favor de los productores locales, con el argumento de que los limones argentinos portaban una bacteria denominada cancrosis, acusación que la Argentina siempre rechazó.

Cuando se impuso la restricción, el país exportaba unos USD 100 millones anuales en limones a ese mercado. Durante los 16 años siguientes, los productores locales diversificaron destinos —principalmente Europa y Rusia— y el país logró mantenerse entre los principales exportadores mundiales del producto.

La reapertura llegó en 2017, cuando el USDA autorizó definitivamente el ingreso de limones argentinos a su territorio, en un proceso que se aceleró tras un encuentro entre el entonces presidente Mauricio Macri y su par estadounidense Donald Trump en Washington. Fue el propio Trump quien introdujo el tema durante ese encuentro y ordenó una reunión con el secretario de Comercio Wilbur Ross para destrabar las negociaciones. En abril de 2018, Macri encabezó en Tucumán el despacho del primer cargamento de limones frescos con destino a Estados Unidos tras 17 años de veda.

Estados Unidos es hoy el mayor importador mundial de limones, con 885.365 toneladas adquiridas en 2023 por un valor de USD 907 millones; le sigue Alemania, Países Bajos, Francia y Reino Unido. Aproximadamente el 20% de la producción mundial de limones frescos se destina a la exportación, mientras que el 50% se comercializa en forma de productos industriales.

En medio de un escenario todavía adverso para la industria siderúrgica, con niveles de producción que se ubican 40% por debajo de los alcanzados hasta 2023, afectados por la crisis del sector de la construcción y la industria, Acindar volverá a paralizar los hornos de la acería que tiene en Villa Constitución, Santa Fe, para ajustar la producción a los actuales niveles de demanda.

Lo hará la semana próxima, en coincidencia con el feriado del lunes 15 de junio, y la producción del principal insumo de la cadena estará frenada hasta el jueves inclusive. Ya el viernes los hornos volverán a encenderse.

La decisión apunta a evitar tener niveles de stocks demasiado elevados, con los costos que ello implica. En este caso, entre enero y mayo se acumularon aproximadamente 10.000 toneladas de más -a razón de 2.000 por mes- que hoy sobran. La empresa había hecho cálculos de la demanda que preveían tener y las ventas finalmente fueron algo menores.

La acería no fabrica el producto final, sino que produce el acero líquido y luego las palanquillas (bloques semiterminados de acero) que después se transforman en distintos productos mediante laminación. Por el momento, sólo estará paralizada la acería, aunque en e último tiempo también ha habido otras instalaciones del grupo que tuvieron ajustes productivos.

El gremio ya tomó conocimiento de esta situación pero lo entiende como parte del proceso de adecuación a las nuevas condiciones del mercado, que si bien no sigue cayendo, está estancado. La estimación para este año es que Acindar producirá 860.000 toneladas, de las cuales 120.000 se estiman irán a exportación y el resto a la plaza doméstica. Pero ese volumen, similar al del 2025, está lejos del 1,1 millón que la siderúrgica producía hasta el 2023.

¿Qué pasará con los trabajadores de la acería? Hoy la empresa cuenta con 2.200 empleados propios y 1.300 contratistas. Pero ése es el número total, es decir, los que trabajan en todas las instalaciones de Acindar de Villa Constitución (la acería, la planta de reducción directa, los dos trenes de laminación y la planta de alambre), de San Nicolás (dos trenes de laminación que fabrican perfiles), de Rosario (plantas terminadoras) y de Buenos Aires, en La Tablada, donde elaboran alambres industriales. Puntualmente en la acería, son alrededor de 200 operarios (80 por turno).

Por estos días que los hornos estarán apagados, la empresa adelantará vacaciones en algunos casos y otorgará francos compensatorios.

Búsqueda de eficiencia y productividad

Como muchas empresas industriales, Acindar también está trabajando intensamente para mejorar la eficiencia y la productividad, en un contexto de fuerte caída de ventas y de mayor competencia. El objetivo de la empresa es trabajar para aumentar las exportaciones, ya que consideran que están en condiciones de competir para venderle productos de acero a países de la región.

Para ello, están realizando distintas inversiones, en energías renovables, para poder reducir el costo y la huella de carbono de la electricidad que consume su producción siderúrgica. Algunos mercados, como el europeo, son altamente exigentes en esta materia. Por otro lado, Acindar invertirá USD 80 millones en el puerto de Villa Constitución para mejorar las instalaciones y aumentar la productividad.

Para la empresa, hoy existe una gran oportunidad para ampliar las ventas al exterior, aunque los reclamos al Gobierno para que nivele la cancha nunca faltan. Bajar más impuestos y equiparar normas que otros países tienen para garantizar la seguridad en los productos siderúrgicos son dos de los pedidos que desde el sector se le viene haciendo a las autoridades en los últimos meses.

Otra apuesta es el avance de la tecnología y la necesidad de ir adecuando los procesos productivos y al propio personal cada vez más a la nueva realidad.

La energía y la minería se transformaron en un motor clave de la economía argentina en los últimos años a tal punto que, según estimaciones privadas en base a datos oficiales, el sector aportó la misma cantidad de dólares que el agro en el primer cuatrimestre del año.

Un informe de la consultora 1816 titulado “El futuro llegó hace rato” revela un cambio clave en la matriz exportadora argentina. La producción y exportación de petróleo, gas y minería generaron en el primer cuatrimestre del año prácticamente la misma cantidad de divisas que el campo, alcanzando ambos sectores una oferta neta de alrededor de USD 8.150 millones cada uno, de acuerdo con la clasificación sectorial del BCRA.

La consultora señaló que “todo el mercado esperaba hace tiempo que en algún momento la energía sea tan relevante para la balanza de pagos como el agro y lo cierto es que ese futuro ya llegó” y destacó que, la oferta neta en el Mercado Libre de Cambios (MLC) por parte del segmento energético y minero sumados fue tan grande como la de cereales y oleaginosas durante los primeros cuatro meses del año.

Componentes de la generación de divisas

De todas maneras, cabe destacar que en el caso de las cerealeras, el 91% de los dólares del cuatrimestre provinieron de exportaciones netas. En cambio, en el segmento de petróleo, gas y minería, el comercio exterior representó el 71% de los ingresos en divisas, mientras que el restante 29% llegó esencialmente de la liquidación de las obligaciones negociables. Es decir, colocación de deuda en moneda extranjera por parte de las empresas sectoriales.

“Estos números dejan más que claro que la energía y la minería son el futuro, pero también el presente y el pasado reciente”, indicó 1816. La participación de estos sectores en la generación de divisas impacta de manera directa en la balanza de pagos y en la dinámica cambiaria del país.

Pese a la paridad alcanzada en el primer cuatrimestre, la comparación entre sectores no contempla los dos meses más “fecundos” para la cosecha gruesa del agro, mayo y junio, en los que tradicionalmente -junto a abril- se concentra la mayor liquidación de divisas por parte del sector agrícola.

El desempeño anual completo del campo suele definirse en ese período, por lo que la comparación cuatrimestral presenta una instantánea parcial del año. De hecho, buena parte de esos dólares fueron adquiridos por el Banco Central tanto dentro como fuera del mercado cambiario, lo que permitió que la autoridad monetaria alcance la meta de USD 10.000 millones fijada para todo 2026 a comienzos de junio.

Impacto bursátil y el efecto ANSES

El análisis de 1816 también aborda el efecto de la suba bursátil reciente en la energética estatal YPF. En los últimos días se registró “récord en 15 años el precio de las acciones de YPF”, lo que generó un impacto considerable en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

“Por la suba del mercado y las compras que hizo ANSES desde mayo de 2025, la posición del FGS en la energética estatal alcanzó los USD 1.736 millones esta semana versus menos de USD 100 millones cuando asumió Milei, calculamos nosotros”, indica el informe.

Esta valorización refuerza el peso de la energía en los activos estratégicos del sector público y en la capacidad de financiamiento del sistema previsional.

¿Cambia la estacionalidad?

El equipo económico liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo, considera que la Argentina atraviesa un cambio en la estacionalidad del mercado cambiario. Esta dinámica es impulsada, justamente, por la aparición de los rubros petroleros y mineros como un eje clave de la economía argentina.

A mediados de abril, el titular del BCRA, Santiago Bausili, se refirió a este cambio de paradigma al sostener que el crecimiento de los sectores energético y minero podría generar un flujo de divisas más distribuido a lo largo del año, a diferencia del esquema tradicional concentrado en la temporada de cosecha en el “trimestre de oro” que se extiende de abril a junio.

Consideró el presidente del BCRA que “todavía existe una percepción muy arraigada sobre la estacionalidad del mercado de cambios, porque durante décadas la dinámica estuvo marcada por el impacto estacional de la cosecha gruesa”.

El funcionario proyectó un cambio estructural en la matriz exportadora del país: “Sin embargo, el país está evolucionando y convirtiéndose en una economía más diversificada hacia la energía y, eventualmente, la minería. Entonces, empezaremos a ver un desempeño más equilibrado en nuestras reservas”.

La biotech argentina Kheiron Biotech recibió en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, a una delegación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en el marco del acuerdo bilateral firmado entre Argentina y Estados Unidos, una visita que vinculó el nuevo entendimiento oficial entre ambos países con los desarrollos de la empresa en clonación equina y mejoramiento genético de precisión.

La comitiva visitó las instalaciones de Kheiron Biotech y Doña Sofía Genética. Participaron el presidente y CEO de U.S. Livestock Genetics Export, Martin Sieber; el asesor principal de la oficina de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores del USDA, Edward Newburn; y otros referentes del sector agropecuario y biotecnológico de Estados Unidos.

La visita se inscribió en la misión oficial encabezada por Luke Lindberg, subsecretario para Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores de Estados Unidos, quien viajó a la Argentina por el acuerdo bilateral suscripto en febrero de 2026. La elección de Kheiron fue leída como un reconocimiento a la trayectoria científica de la firma, sus publicaciones en revistas especializadas y sus avances en biotecnología animal.

“Estamos muy entusiasmados con lo que Estados Unidos y Argentina están haciendo y seguirán haciendo en el futuro; es un escenario totalmente diferente a lo que hemos visto en el pasado. Juntos conocemos el valor de la evidencia científica que respalda la producción y vemos sus beneficios, por lo que debemos trabajar en conjunto para educar al resto del mundo sobre estos temas. A través de nuestro acuerdo, buscamos avanzar hacia un estándar más global que ayude a proteger la propiedad intelectual en genética y potenciar estos esfuerzos en Argentina”, dijo Lindberg.

Kheiron afirmó que logró los primeros caballos nacidos con procesos genéticos de precisión

Daniel Sammartino, fundador y CEO de Kheiron Biotech y Doña Sofía Genética, sostuvo que la presencia del USDA en la empresa reflejó el lugar alcanzado por la biotecnología desarrollada por la compañía.

“Que el USDA haya elegido Kheiron como parte de su visita a la Argentina dice algo sobre el lugar que ocupa nuestra biotecnología en el mundo. Es un orgullo, pero sobre todo es una responsabilidad. Creemos que el mejoramiento genético de precisión, cuando se realiza con el rigor y la metodología que aplica Kheiron, representa el futuro del progreso genético, y esto es válido para todas las especies”, afirmó.

Kheiron unió la clonación con el progreso genético de precisión en equinos y su desarrollo más reciente la convirtió en la primera empresa del mundo en lograr caballos nacidos mediante esos procesos. La compañía distinguió esa técnica de la edición génica y sostiene que replica la selección natural con un grado de precisión que los métodos tradicionales de cría tardarían varias generaciones en alcanzar.

Ese es el punto central de la visita y del reconocimiento que la empresa expone: que su tecnología permite obtener ejemplares que podrían considerarse equivalentes a los producidos por cruza, pero en plazos más cortos y con selección dirigida de rasgos.

“El progreso genético de precisión que desarrollamos en Kheiron replica la selección natural. Que Conabia dictamine a estos ejemplares como organismos no regulados consolida a la Argentina como líder global en biotecnología aplicada. Sería muy oportuno que las organizaciones ecuestres internacionales analicen estos avances que abren una ventana inédita al futuro del diseño genético”, agregó Sammartino.

Conabia otorgó a los ejemplares el estatus de organismo no regulado

La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, Conabia, otorgó a esos ejemplares el estatus de organismo no regulado. Esa calificación implica que no son considerados Organismos Genéticamente Modificados y que pueden circular libremente en la naturaleza.

Esa definición regulatoria ubica a la Argentina en una posición de liderazgo en la construcción de marcos normativos para esta tecnología. También atribuye a ese punto una consecuencia concreta para la proyección internacional de la actividad biotecnológica aplicada a la cría equina.

“Este avance representa una evolución en la cría de caballos, el comienzo de una era de optimización genética, donde podemos seleccionar y mejorar las características deseadas con precisión quirúrgica. Esta tecnología viene a sumar otro avance para la cría de caballos. Estamos convencidos de que se lograrán mejores caballos en un menor plazo”, explicó el cofundador y director científico de Kheiron Biotech, Gabriel Vichera.

La delegación recorrió las instalaciones de ambas empresas y observó la operación vinculada con los procesos de clonación y biología de precisión, incluido el trabajo con los ejemplares obtenidos mediante esas técnicas. La visita abrió perspectivas concretas de colaboración dentro del nuevo vínculo estratégico entre Argentina y EEUU.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio su mirada sobre cómo se dará de acá en más el proceso de crecimiento económico. Y a través de un informe presentado por su vicepresidente, Vladimir Werning, detalló de qué manera se dará el proceso de derrame desde sectores “naturalmente ganadores” a otros que lucen más rezagados.

“La recuperación de la actividad se consolidará, abarcando progresivamente a otros sectores”, explican en un informe. Los sectores ganadores en esta etapa del ciclo, explican, requieren de insumos, infraestructura, servicios urbanos y logística. “El eslabonamiento con otros sectores contribuirá a la creación de oportunidades de empleo”.

Se trata de la teoría del “derrame”. Es decir algunos sectores que impulsan la actividad pero que luego permiten que otros segmentos que no están directamente beneficiados por las nuevas reglas de juego terminen también sumándose a la reactivación.

De hecho el crecimiento que muestran los índices oficiales están básicamente sostenidos por algunos sectores puntuales, pero que crecen muy fuerte: agro, energía y minería son los más relevantes.

En 2026 se estima que el PBI crecería cerca de 3,5%, pero con estos sectores creciendo a más del doble o incluso el triple de velocidad. Mientras tanto, otros se mantienen rezagados, no crecen o directamente siguen cayendo.

En relación a la inversión privada, el Central reconoce que cayó recientemente pero por efecto de la incertidumbre electoral: “Hoy se observa una expansión del financiamiento corporativo doméstico y externo que anticipa el tercer motor de la expansión económica en curso, la inversión”.

El informe también se muestra optimista en relación a la evolución del consumo, pero, al mismo tiempo, reconoce que hay cambios en el contexto que vale la pena tener en cuenta.

Uno de ellos tiene que ver con los cambios en los canales de comercialización, como la innovación digital. “El sector privado -señala- deberá adaptarse a márgenes que están siendo redefinidos rápidamente”.

La baja del riesgo país también es algo que se menciona como un impacto para el sector privado: “Los retornos se ajustan por riesgo, que disminuye. No será factible preservar márgenes vigentes cuando el riesgo país era más alto que ahora”.

La transición a un régimen de baja inflación, agregan, afecta la composición de márgenes. “La contribución financiera cae automáticamente y aumenta la productividad operativa, en la medida que se capitaliza la empresa”, marcan.

Por otra parte, enfatizan que el volumen es lo que explicará la rentabilidad futura de las empresas al considerar que en la facturación “aportará más el esfuerzo por aumentar ventas versus la velocidad de remarcación de precios”.

Y, por último, puntualizan que con tasas de interés reales positivas es clave la rotación de productos y “se requiere optimizar el manejo de inventarios”.

Werning también se centró en el proceso de baja de la inflación. En ese sentido, explica que una serie de factores la hicieron subir pero temporalmente. Entre ellos, mencionó el impacto que tuvo la incertidumbre preelectoral del año pasado. Aunque no lo menciona explícitamente se produjo una suba del tipo de cambio que meses después generó un impacto en los precios.

Pero luego también se refiere a algunos shocks internacionales, más precisamente el aumento de la nafta por la guerra en Medio Oriente y también el aumento internacional de la carne que también se sintió en el mercado local.

La buena noticia, sostiene, es que se sigue esperando un descenso de la inflación en los próximos meses. El índice porteño arrojó 2,1% en mayo y el Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM) estimó un 2,3% para la inflación nacional del mes pasado. El proceso de desinflación se mantendría, perforando el 2% en agosto aunque algunos economistas como Fernando Marull estiman que esto podría ocurrir incluso en junio.

En ese escenario, Valtra eligió compartir sus avances más recientes en materia de eficiencia, conectividad y gestión inteligente, con lanzamientos que buscan marcar el ritmo de la próxima campaña. En esa línea, exhibió su portfolio de soluciones en tractores, pulverización y agricultura de precisión.

“Estamos presentes con novedades como la generación A5, evolución de la A4, tanto en su versión estándar como high-tech. Es un tractor orientado a la línea media de potencia, con mayor versatilidad, nuevo diseño, menor consumo respecto al modelo anterior y mayor capacidad en el levante hidráulico”, señaló Emiliano Ferrari, director de Ventas de Valtra y Fendt para Hispanoamérica.

Nuevas soluciones para el agro: tecnología aplicada y conectividad

La edición 2026 de Agroactiva fue el escenario para el lanzamiento de una nueva generación de tractores de Valtra. Estos equipos suman avances en eficiencia, confort operativo y capacidades digitales, orientados a optimizar las tareas diarias y la gestión en el campo.

Dentro de las innovaciones, la propuesta tecnológica incluye herramientas basadas en inteligencia artificial y conectividad. Entre ellas se destacan el sistema Talking Tractor y la plataforma FarmENGAGE, dos desarrollos que amplían la interacción entre el productor y la maquinaria.

“A través de una plataforma digital que integra todos los equipos del campo y facilita la conectividad entre ellos, ponemos información a disposición de quienes toman decisiones para ajustar sus labores diarias y hacerlas más eficientes”, explicó Ferrari.

Estas innovaciones, presentadas previamente en Agritechnica 2025 y en Agrishow 2026, representan el liderazgo de Valtra en el campo de la agricultura digital en Sudamérica.

Inteligencia artificial aplicada al trabajo diario

Uno de los diferenciales del nuevo portfolio de Valtra es la integración de soluciones basadas en inteligencia artificial, que permiten una gestión más eficiente de la maquinaria. “La IA permite una conectividad directa entre el operador y el equipo. Mejora la accesibilidad y posibilita la interacción oral, brindando información al usuario mientras opera el tractor”, indicó Ferrari.

El objetivo de la marca es reducir la brecha entre las capacidades de los equipos y el uso real que hace el productor. Mediante la incorporación de nuevas tecnologías, busca facilitar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia de cada tarea en el campo.

Asesoramiento y soporte: el rol de los concesionarios

El espacio de Valtra en Agroactiva 2026 contó con el respaldo de su red de concesionarios y especialistas técnicos. Los visitantes pudieron obtener asesoramiento personalizado y conocer detalles sobre el funcionamiento de las herramientas digitales y el servicio postventa.

La plataforma de agricultura de precisión sigue siendo clave en la estrategia de la marca, integrando soluciones que permiten optimizar la gestión de los recursos y la productividad en el campo.

El desafío de la eficiencia y la mirada al futuro

Con una trayectoria consolidada en la Argentina, Valtra forma parte del grupo AGCO y opera una planta industrial en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, desde donde fabrica y ensambla equipos adaptados a las condiciones del campo local. La marca combina experiencia global y desarrollo local, ofreciendo tractores reconocidos por su robustez, eficiencia y confiabilidad.

El contexto actual del sector agropecuario requiere soluciones que ayuden a los productores a mejorar la eficiencia y reducir el consumo. “En el campo, se observa un productor receptivo a las innovaciones que Valtra presenta. El objetivo es reducir la brecha entre las capacidades del equipo y el uso real que hace el productor”, aseguró Ferrari.

La presencia en Agroactiva 2026 reforzó el compromiso de Valtra con el desarrollo del agro argentino, apostando a la innovación continua y a la construcción de relaciones de largo plazo con quienes trabajan en el campo.

“Es un paso para empezar a resolver y a reactivar las inversiones del sector. No es la solución en sí misma”, señaló Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la ASA, en declaraciones a Infobae en Vivo. La entidad nuclea a la mayoría de las empresas que trabajan en el mejoramiento genético vegetal en el país.

Paseyro explicó que el esquema no modifica lo que el sector privado ya viene realizando desde hace más de una década. “Hoy al productor no le cambia nada, porque lo que establece esta resolución es lo mismo que viene haciendo el sector privado hace más de 10 años”, afirmó el directivo. Lo que sí cambia, subrayó, es que la norma otorga un marco legal formal al proceso y abre la puerta a reactivar inversiones en mejoramiento genético que se perdieron por falta de previsibilidad.

Paseyro precisó que el retraso afecta a las llamadas semillas autógamas —aquellas que, a diferencia de los híbridos como el maíz, pueden ser reproducidas por el productor sin necesidad de comprar nuevas cada campaña—. En esas especies, la ausencia de protección intelectual desincentivó la inversión privada en nuevas variedades.

El resultado de esta situación es visible en los datos: Brasil registró 330 variedades de soja el año pasado, frente a solo 23 en Argentina, según citó Sturzenegger este lunes en su cuenta de X al momento de la oficialización de la medida.

En tanto, el directivo de la ASA señaló que la adopción del sistema de contratos entre privados avanzó en soja, pero que quedan pendientes otras especies como el trigo. “Hay un gran porcentaje de productores que adhirieron a ese programa y viene mejorando, pero tenemos que mejorar la adopción en otras especies”, indicó. La resolución, precisó, no resuelve de manera inmediata esa brecha, pero genera las condiciones para que el sector privado retome inversiones que durante años migraron hacia Brasil, Estados Unidos, Canadá y países europeos.

De qué se trata la nueva normativa

La norma, firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Famulari, fue impulsada desde el Ministerio de Desregulación a cargo de Sturzenegger, quien la calificó como “una gran reforma estructural” que permitirá a Argentina acercarse a la frontera tecnológica en producción agrícola.

El ministro ilustró el problema con un dato concreto en su cuenta de X: una hectárea de algodón en el Chaco rinde unos 600 kilogramos de fibra, mientras que en Brasil los rindes superan los 1.800 kilogramos, una brecha que atribuyó directamente a la falta de protección de los derechos de propiedad sobre las semillas.

El mecanismo que establece la resolución funciona a partir de la toma de muestras en el primer punto de entrega de granos, en establecimientos registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Los análisis, realizados con métodos reconocidos por el INASE —entre ellos escáneres e inteligencia artificial—, son procesados por cámaras arbitrales o entidades privadas habilitadas, que luego remiten los resultados al titular de la variedad registrada y al productor. Si se detecta una irregularidad, las partes disponen de un plazo de negociación directa; solo si no hay acuerdo interviene el INASE como instancia de resolución.

Ley de Semillas

No se trata, no obstante, de la implementación de la Ley de Semillas, un debate de larga data en el sector agroindustrial local que volvió a cobrar fuerza tras el acuerdo comercial que la Argentina firmó en febrero con Estados Unidos. Según ese entendimiento, el país debería avanzar hacia los estándares de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, conocidos como UPOV 91.

Esta última es una normativa internacional que refuerza la protección de la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales. En la práctica, cambia las reglas del negocio de la genética agrícola: las empresas semilleras sostienen que sin protección de la innovación no hay incentivos para invertir en genética, mientras que buena parte de los productores teme que una normativa más estricta limite prácticas históricas del agro argentino y eleve los costos de producción.

El sistema genera además un incentivo a la multiplicación informal: un productor puede adquirir una variedad, verificar su rendimiento y luego reservar parte del grano para sembrarlo durante varias temporadas sin volver a pagar por esa tecnología. La Mesa de Enlace, Coninagro y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa ya adelantaron públicamente que no respaldarán una normativa en esa línea, mientras el INASE aún tiene pendiente la definición de los protocolos de toma de muestras para cultivos como el algodón.

La multinacional agroindustrial francesa Louis Dreyfus Company (LDC) confirmó una inversión de USD 400 millones para la construcción de una planta de procesamiento de girasol y soja en Bahía Blanca. Según adelantó la empresa, será una de las más grandes del mundo.

La compañía formalizó su desembolso a través de una carta que envió este lunes al ministro de Economía, Luis Caputo, quien compartió el escrito en su cuenta de X. Allí, LDC reafirmó su decisión de avanzar con un proyecto industrial de gran escala en el sur de la provincia de Buenos Aires. Según la comunicación oficial, la empresa ya había comentado sus intenciones de llevar a cabo el proyecto en el marco del Foro Empresarial Estados Unidos-Argentina organizado durante los primeros días de marzo de este año por el banco americano JP Morgan.

“Como seguimiento de esa conversación, le escribo hoy para compartir que nuestra compañía ha decidido avanzar con la construcción en Bahía Blanca de una nueva planta de procesamiento de girasol y soja. La futura instalación será una de las mayores plantas de molienda de semillas de girasol del mundo y, con una inversión total aproximada de USD 400 millones, estimamos que representa una de las inversiones más importantes del sector agroindustrial argentino en la última década”, recita la carta enviada desde la sede de Louis Dreyfus Company Suisse SA, ubicada en Ginebra, Suiza.

La misiva, dirigida a Caputo, remarca que el proyecto refleja tanto la confianza de la firma en el potencial de largo plazo de la economía argentina como el compromiso de fortalecer la presencia industrial de la multinacional en el país. “Creemos que también contribuirá significativamente al desarrollo económico local, la creación de empleo y la continua modernización de la infraestructura agroindustrial del país”, puntualiza el texto.

La futura planta estará ubicada en Bahía Blanca, donde la empresa ya tiene operaciones e incluso un complejo portuario desde donde exporta sus granos al exterior. El desembolso de USD 400 millones es una cifra que la propia compañía consideró una de las más relevantes del sector agroindustrial argentino en la última década. “Esta inversión será fundamental para aumentar la capacidad de procesamiento de oleaginosas, mejorando así la competitividad del sector agroindustrial argentino y generando mayores exportaciones con valor agregado”, destaca el comunicado oficial de LDC.

Argentina representa un mercado estratégico para Louis Dreyfus Company, que concentra allí varias de sus principales líneas de negocio, entre ellas granos, oleaginosas y algodón. La empresa subraya que su decisión de inversión se apoya en recursos naturales, experiencia agrícola y la reciente estabilidad macroeconómica observada en el país. “Los recursos naturales del país, su experiencia agrícola y su relevancia global en las cadenas de suministro de alimentos, nutrición animal y otros productos lo convierten en una piedra angular de nuestras operaciones globales”, señala la carta.

La compañía prevé que la nueva instalación fortalecerá la posición de Argentina como proveedor global líder de productos agrícolas, además de profundizar la relación de LDC con productores locales y otros actores empresariales. El anuncio formal por parte de la compañía se oficializará en el transcurso de la jornada y se anticipa un encuentro entre ejecutivos de la empresa y el ministro Caputo en julio, donde se prevé brindar mayores detalles sobre el proyecto y analizar futuras formas de colaboración en el desarrollo del sector agrícola nacional.

Por su parte, Caputo acompañó el posteo con un pequeño comentario: “Recibí esta carta de Michael Gelchie, director ejecutivo de Louis Dreyfus Company. Una inversión estratégica para la empresa que se decidió que se hiciera en nuestro país. Surgió a partir de la reunión que mantuvimos en el Argentina Week en New York y es otra muestra enorme de confianza en lo que está haciendo el presidente Javier Milei”.

La apuesta anterior de Dreyfus

LDC fue una de las empresas que, junto a Molinos Agro, la pata agroindustrial del grupo Perez Companc, compitió para quedarse con el control de Vicentin. Finalmente, la gigante cerealera, que estaba en concurso desde 2019 y que incluso tuvo intento de expropiación durante el gobierno de Alberto Fernández, quedó en manos de uno de sus mayores acreedores, el Grupo Grassi.

Recientemente, en un comunicado que enviaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Molinos Agro y LDC desistieron de su propuesta para quedarse con el control de la compañía. Esta novedad marcó el cierre de años de conflictividad judicial y empresarial, y consolida la transición definitiva del control de Vicentin al empresario Mariano Grassi.

Fue éste el final de una trama que mantuvo en vilo a productores, acreedores y empleados, ya que finalmente la cerealera tiene nuevos dueños tras un proceso judicial que se extendió durante más de seis años. Según reconocieron fuentes cercanas al caso a Infobae, la carta de Molinos y LDC ante la CNV fue “una vuelta de página”, término con el que describieron el fin de una disputa que había enfrentado a las partes durante todo el año pasado.

La Agencia de Extensión Rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de la localidad cordobesa de Brinkmann enfrenta su cierre inminente por quedarse sin personal para operar. Ubicado en el noreste de la provincia mediterránea, el distrito depende mayoritariamente de las actividades agropecuarias, con una marcada especialización en la lechería.

Los tres técnicos que conforman el equipo actual de la agencia, la unidad territorial encargada de llevar la investigación científica al productor, adhirieron al plan de retiro voluntario impulsado por el organismo.

Esta medida, diseñada para reducir de manera significativa la planta de personal, tenía como plazo inicial de adhesión fines de mayo, con una prórroga hasta el 10 de junio. Según el portal especializado Bichos de Campo, la amenaza de eventuales pases a disponibilidad una vez vencido ese plazo aceleró la cantidad de solicitudes, que ya totalizan 900 en el instituto.

De esta manera, la dependencia de Brinkmann quedará sin personal para atender las necesidades del sector productivo local, dejando sin asesoramiento ni acompañamiento técnico a los productores de una región con fuerte impronta agropecuaria.

El presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, había manifestado su postura respecto a las agencias de extensión rural, afirmando que si dependiera de él cerraría todas. Sin embargo, en este caso la clausura de la agencia no responde a una orden directa sino a la falta total de recursos humanos.

El municipio de Brinkmann emitió un duro comunicado de oposición a la medida. El gobierno municipal aseguró que “durante casi 60 años el INTA Brinkmann, a través de sus profesionales y en conjunto con los productores y las familias rurales, llevaron adelante tareas y programas que mejoraron la producción, cuidando el medio ambiente y el uso eficiente de los recursos”.

Destacó el Programa Pro Huerta, “a través del cual cientos de personas encontraron en la producción de alimentos una forma de sustento a sus economías familiares”.

Asimismo, afirmó que “la ciencia aplicada al desarrollo de las economías regionales, la investigación al servicio de la producción y los recursos del Estado en beneficio de las comunidades del interior han sido, entre muchos otros, los beneficios que la presencia del INTA en todo el país, ha dejado a cada uno de los rincones de la Argentina”.

Rechazaron “el cierre del INTA en Brinkmann, el proceso de achique inconsulto y a su vaciamiento feroz en todo el territorio de la República Argentina”.

Por otra parte, desde el municipio advirtieron que “si finalmente el Gobierno Nacional decide el cierre de las oficinas de Brinkmann- su edificio (construido con el aporte de toda la comunidad de Brinkmann y por iniciativa y trabajo de un grupo de brinkmanenses) no sea un bien sujeto a las reglas del mercado. Y que permanezca como patrimonio de toda la ciudad y de utilidad para el bien común”.

“Un Estado y un sistema científico, técnico y productivo al servicio de las comunidades del interior es no sólo responsabilidad de todos sino una necesidad para una Argentina realmente grande, justa y soberana”, concluyó el comunicado.

Mientras tanto, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín falló a favor de ATE y ordenó la suspensión de la Resolución 24/2026 del INTA, para evitar la supresión de funciones y unidades dependientes, movimientos de los trabajadores, pase a disponibilidad o desvinculaciones de técnicos de la administración pública, traslado de equipos, asignación de edificios y/o venta y subasta de propiedades.

La decisión firmada por el Juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto también detalla que la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) y sus agencias de extensión constituyen estructuras destinadas a la investigación científica, la transferencia tecnológica, la asistencia técnica a productores y el fortalecimiento de la agricultura familiar, actividades vinculadas con objetivos expresamente promovidos por la Constitución Nacional y diversas leyes nacionales.

Cada 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente invita a reflexionar sobre los avances y desafíos pendientes en relación con la sustentabilidad. En ese marco, CampoLimpio —organización dedicada a desarrollar e implementar un sistema de gestión ambiental para la recuperación de envases vacíos de fitosanitarios en la Argentina— advierte sobre uno de los desafíos más relevantes para la sustentabilidad del sector agropecuario: garantizar que estos recipientes sean acondicionados correctamente antes de ingresar al circuito de recupero.

Al respecto, la directora ejecutiva de CampoLimpio, María Pisanu, subrayó -en diálogo con Chacra TV- que “el productor tiene que sentirse orgulloso de mostrarle a su comunidad su aporte a la sustentabilidad y dar el ejemplo con una gestión ambiental responsable”.

1,3 millones de kilos de plástico, fuera del sistema

Aunque el sistema formal continúa expandiéndose en todo el país, durante 2025 más de 1,3 millones de kilos de plástico no pudieron reciclarse debido a que los envases no habían recibido el triple lavado o lavado a presión exigido por la normativa.

Según informó la asociación, el dato refleja una problemática que aún persiste dentro de la cadena productiva. Los envases que llegan al sistema sin el lavado correspondiente no pueden ser reciclados ni revalorizados, lo que impide su transformación en nuevas materias primas destinadas a usos seguros y autorizados.

Desde CampoLimpio remarcaron que “sin el correcto lavado previo, el proceso no puede continuar y esos envases no pueden revalorizarse ni reinsertarse como materia prima en usos seguros y autorizados”. Además, señalaron que “no da lo mismo entregar los envases lavados que sin lavar”, ya que la falta de esta práctica genera un impacto ambiental negativo al impedir su aprovechamiento dentro de la economía circular.

La entidad explicó que el sistema está diseñado para gestionar exclusivamente envases correctamente lavados, garantizando posteriormente un destino final que no represente riesgos para el ambiente ni para la salud de las personas. Por ese motivo, el triple lavado o lavado a presión constituye un paso clave dentro del proceso de gestión responsable de estos residuos.

Envases de fitosanitarios: se recuperaron 25 millones de kg

A pesar de este desafío, los indicadores muestran una evolución positiva. Desde sus inicios y hasta abril de 2026, CampoLimpio logró recuperar más de 25 millones de kilos de envases vacíos de fitosanitarios en todo el territorio nacional. En los últimos tres años, el recupero registró un crecimiento promedio del 30% interanual.

Ese volumen es posible gracias a una extensa infraestructura territorial compuesta por más de 95 Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT), distribuidos en 22 provincias argentinas. A ello se suman más de 1.900 jornadas de capacitación y concientización dirigidas a productores, aplicadores, distribuidores y otros actores vinculados al sistema.

Argentina, uno de los líderes mundiales en gestión de envases de fitosanitarios

La iniciativa se desarrolla en el marco de la Ley Nacional 27.279, considerada la única norma de responsabilidad extendida del productor vigente en el país. Bajo este esquema, CampoLimpio se consolidó como el segundo sistema de gestión de envases de este tipo en América Latina y el tercero a nivel mundial (el primer lugar lo ocupa Brasil, que cuenta con más de 25 años de experiencia en la materia, y el segundo puesto lo detenta China, por sus características poblacionales).

En ese contexto, la directora ejecutiva de CampoLimpio, destacó que la Ley 27.279 permitió transformar un problema ambiental en una oportunidad para impulsar la economía circular dentro del sector agropecuario. “La ley viene a ofrecer soluciones. Por un lado, el tratamiento seguro de envases que podrían haber terminado en un curso de agua, enterrados o quemados, generando un daño no sólo al ambiente sino también a las comunidades. Y, a su vez, cambia la forma en que se trata ese residuo y permite que podamos reciclarlo para que ese plástico vuelva al sector productivo como insumo”, explicó.

En ese sentido, señaló que el sistema cumple una doble función ambiental. “Estamos cuidando el ambiente de ese plástico que luego de su uso queda allí y, al mismo tiempo, permitiendo que vuelva a insertarse como material, evitando que se siga generando plástico virgen”, sostuvo.

María Pisanu resaltó además, el posicionamiento que logró el sistema argentino a nivel internacional: “el agro tiene que estar orgulloso porque hoy es la única actividad productiva del país que cuenta con un sistema de estas características. El compromiso y la toma de conciencia de los productores va creciendo año tras año”.

Responsabilidad compartida

Desde la entidad remarcan que el aporte de los productores resulta fundamental para que el circuito funcione correctamente.

Pisanu remarcó que el primer paso para garantizar la circularidad es la correcta limpieza de los envases. “El productor o el aplicador, una vez que utilizan el producto, tienen que realizar las técnicas de reducción de residuos, que son el triple lavado o el lavado a presión, inmediatamente después del uso. A partir de ese lavado y de la entrega a CampoLimpio, están permitiendo no sólo sacar ese envase de circuitos que no deberían existir, sino también asegurar su destino circular”, afirmó.

El proceso, paso a paso

El proceso comienza una vez utilizado el producto fitosanitario, cuando el usuario debe realizar el triple lavado o lavado a presión, perforar el envase para inutilizarlo y almacenarlo temporalmente.

Posteriormente, los envases deben ser trasladados a los Centros de Almacenamiento Transitorio, donde son clasificados y compactados para su posterior tratamiento. Estos espacios funcionan como nodos estratégicos para garantizar una gestión segura y eficiente.

Una vez reunido el material, CampoLimpio coordina la logística para derivarlo a industrias recicladoras autorizadas. Allí, los plásticos recuperados son transformados en nuevos productos seguros, entre ellos caños para cloacas, postes para alambrados y bidones tricapa destinados nuevamente al sector agrícola.

La directora ejecutiva de CampoLimpio, explicó además que todos los envases recuperados son enviados a recicladores habilitados y bajo estrictos controles. “Nos aseguramos de que el material vaya a recicladores autorizados y que se transforme en productos que no estén en contacto con las personas ni con el medio ambiente. Es muy importante porque existe un circuito informal del plástico que muchas veces hace creer al productor que está actuando correctamente cuando entrega sus envases a operadores no autorizados”, advirtió.

Por eso, recomendó a los usuarios exigir siempre la documentación correspondiente. “Hoy es fundamental pedir el certificado de CampoLimpio, porque es el único que garantiza que el productor cumplió con su obligación legal y que ese bidón terminará en materiales que no pondrán en riesgo la salud”, señaló.

Destacó, por otra parte, que además de la red fija de CAT, la organización desarrolla jornadas itinerantes de recepción en localidades donde todavía no existen centros permanentes. Estas acciones permiten ampliar la cobertura territorial y facilitar que los productores obtengan el certificado oficial de disposición final exigido por la normativa.

Plazos y medios de devolución

Pisanu también respondió una de las consultas más frecuentes de los usuarios sobre la devolución de los envases. “Los productores pueden transportarlos por sus propios medios, sin necesidad de contratar servicios especiales. Sólo pedimos que soliciten turno previamente para garantizar una recepción ordenada en los Centros de Almacenamiento Transitorio”, explicó.

Recordó, por otra parte, que los productores cuentan con un plazo de un año desde la compra para devolver los envases, que no necesitan documentación especial para trasladarlos dentro del territorio nacional, y que cuentan con el certificado de CampoLimpio para acreditar su compromiso.

“Juguemos Limpio”: la sustentabilidad implica un compromiso cotidiano

En el marco de AgroActiva 2026, que se desarrolla hasta el 6 de junio en Armstrong, provincia de Santa Fe, CampoLimpio impulsa la campaña “Juguemos Limpio”, inspirada en la pasión futbolera de los argentinos. Al respecto, Pisanu destacó la importancia de sumar cada vez más productores al sistema. “CampoLimpio pone la cancha. Tenemos casi 100 centros de almacenamiento distribuidos en todo el país y un equipo presente en el territorio para acompañar a los productores en este proceso”, expresó.

La directiva explicó que el cumplimiento de la normativa debe entenderse como un compromiso con la comunidad más que como una obligación legal. “Nos gusta hablar de responsabilidad. Cuando un productor lava y devuelve sus envases, se asegura de que ese plástico no termine convertido en una bolsa de verdulería, un juguete para un niño, una conservadora o una cucharita de helado. Es ese granito de arena que todos podemos aportar para cuidar el ambiente y la salud”, afirmó.

La asociación cuenta con un espacio en AgroActiva Arena, lote 208G, donde productores, distribuidores, aplicadores, autoridades y empresas pueden conocer de cerca el recorrido que realizan los envases desde su recuperación hasta su transformación en nuevos insumos para la industria plástica.

Sustentabilidad, una exigencia del presente

Desde la organización sostienen que el Día Mundial del Ambiente representa una oportunidad para poner en valor los avances alcanzados por el sistema, pero también para recordar que la sustentabilidad requiere del compromiso cotidiano de todos los actores involucrados. En ese sentido, señalaron que “la sustentabilidad no es un objetivo a futuro, sino una exigencia del presente”.

CampoLimpio articula esfuerzos con autoridades municipales, provinciales y nacionales junto a distribuidores, productores y organizaciones del sector para desplegar el sistema en todo el territorio nacional. Se trata de una plataforma que integra el trabajo colaborativo de esta amplia cadena de valor, unificando el proceso de recuperación de envases vacíos de productos fitosanitarios utilizados en el campo argentino, e impulsando un nuevo paradigma de economía circular en el sector productivo.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Ambiente?

El Día Mundial del Ambiente se celebra cada 5 de junio por iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que estableció la fecha en 1972 durante la histórica Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano. El objetivo de esta jornada es sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de proteger el planeta, promover el uso responsable de los recursos naturales e impulsar acciones concretas que contribuyan al desarrollo sostenible. Más de cinco décadas después de su creación, la efeméride continúa siendo un llamado global para transformar hábitos y fortalecer políticas ambientales en todos los sectores productivos.

La Argentina registró niveles récord en exportaciones de carne porcina y huevos durante el primer cuatrimestre de 2026. El crecimiento en los envíos al exterior se da en un contexto de fuerte demanda internacional de proteínas animales, normalización de las liquidaciones tras la unificación cambiaria y la entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

En el primer cuatrimestre del año, consignó la cartera que dirige Sergio Iraeta, las exportaciones de la cadena porcina crecieron 161% interanual en valor, hasta alcanzar los USD 6 millones. En tanto, en volumen, el avance fue de 78%, con un total de 5.137 toneladas exportadas.

Los principales destinos de la carne de cerdo, chacinados, productos y subproductos comestibles y no comestibles argentinos fueron Costa de Marfil, China, Filipinas, Congo, Uruguay, Brasil, Hong Kong, Georgia y Paraguay. El organismo oficial agregó que ya son 54 los mercados abiertos para la producción porcina, a la vez que continúa la gestión para ampliar ese número.

Récord en exportación de huevos

La Secretaría de Agricultura también informó que las exportaciones de ovoproductos subieron 28,5% en valor en el primer cuatrimestre de 2026, hasta USD 10,8 millones. En volumen, las ventas llegaron a 1.312 toneladas, un 8% más que en el mismo período del año pasado.

Los principales destinos fueron Dinamarca, Japón, Chile, Austria y Macedonia del Norte. El resto de las colocaciones se distribuyó entre Suecia, Rusia, Arabia Saudita, Costa Rica, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador y México. Entre los productos exportados en 2026 se destacaron huevo entero, yema y albúmina en polvo, destinados a la industria alimenticia de mayonesas, panificados, budines, pastas y helados.

La producción de huevos en el país se distribuye principalmente en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Salta.

El acuerdo con Europa

Este incremento en las exportaciones tiene un precedente clave: el sector logró, a pocos días de oficializado el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, cubrir todo el cupo asignado al bloque sudamericano para todo el periodo.

Este hecho se dio luego de que los exportadores de miel agotaran el primer cupo sin aranceles durante las primeras horas de vigencia del acuerdo. Esta situación inspiró a los mayores empresarios del país, quienes destacaron la iniciativa en diferentes apariciones públicas y resaltaban el diferencial argentino: “Hay que aprender de ellos. Hay que primerear”, comentaban.

Mientras el acuerdo entró en vigor el 1 de mayo pasado, dos días mas tarde, salió desde Concordia el primer cargamento argentino hacia Alemania, con 20.986 kilogramos adquiridos por Langnese Honig GmbH & Co.. Antes del nuevo acuerdo, la miel argentina enfrentaba un arancel del 17,3 por ciento.

El régimen para ese producto prevé cupos crecientes: entre mayo y diciembre de 2026 se asignaron 5.000 toneladas libres de arancel, de las cuales 1.400 ya se exportaron en la primera etapa. Desde el 1° de julio estarán disponibles dos nuevos cupos de 1.800 toneladas cada uno; para 2027 el límite anual subirá a 15.000 toneladas y en 2031 llegará a 45.000 toneladas, según el texto fuente.

Días después, Argentina y Uruguay agotaron el cupo de 6.667 toneladas de arroz asignado al Mercosur para exportar a la Unión Europea en 2026, de acuerdo con el texto fuente. Argentina abarcó casi el 40% del beneficio arancelario y Uruguay tomó el 63 por ciento.

De acuerdo con el INDEC, en 2025 las exportaciones argentinas a la Unión Europea sumaron USD 8.486 millones y las importaciones llegaron a USD 10.478 millones, con una participación de 9,7% en las ventas externas y de 13,8% en las compras.

Según un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario, en el primer trimestre de 2026 la participación de la Unión Europea en las exportaciones argentinas fue de 9,3%, un mínimo en décadas que podría empezar a revertirse con la entrada en vigor del acuerdo. En tanto, el comercio con el bloque representó menos del 10% de las exportaciones en 2025, lejos del casi 32% registrado en 1991.

Entre los bienes exportados hacia ese mercado figuran harina de soja, biodiésel, minerales de plata, carne bovina y maní, según el texto fuente. Los principales destinos son Países Bajos, Alemania, España, Italia e Irlanda, aunque el liderazgo neerlandés se explica por el peso del Puerto de Rotterdam como puerta de entrada para mercadería que luego sigue hacia otros mercados europeos.

Vassalli, la fabricante de cosechadoras fundada en Firmat en 1949, negocia su traspaso a un nuevo grupo inversor por el valor simbólico de un dólar. La condición principal es que quien ingrese como nuevo accionista absorberá la totalidad de los pasivos acumulados por la compañía, que si bien no se comunicaron oficialmente, en la industria ya adelantan que serían “montos de deuda altísimos”.

Sin embargo, según consta en registros oficiales del Banco Central, la firma acumula unos 869 cheques rechazados por un monto total de 1.337 millones de pesos. En el caso de que el acuerdo se cierre antes de fin de junio, tal como prevén las partes involucradas en la transacción, la empresa cambiará de manos por cuarta vez en poco menos de una década.

El valor de venta de la compañía refleja el peso de una deuda que incluye salarios adeudados, obligaciones con proveedores y un esquema laboral reducido a cuatro horas diarias acordado entre la empresa, el gremio metalúrgico y las autoridades laborales de Santa Fe. “El eventual comprador está preocupado por la masa salarial, porque es demasiado grande lo que se adeuda”, dijeron a Infobae fuentes con conocimiento de la transacción.

La propuesta está encabezada por Roberto Santiago Chinelli, exgerente general de la empresa durante la gestión del último propietario, Eduardo Marsó, y vinculado a la firma desde los años 90. Detrás de él, aseguran, hay un grupo de inversores nacionales cuya identidad no trascendió. Si la operación prospera, Chinelli quedará al frente de toda la operación industrial: producción, desarrollo de producto, área comercial, recursos humanos y servicio mecánico. El área financiera seguiría radicada en Buenos Aires.

Las negociaciones apuntan a cerrarse entre el 15 y el 20 de junio, aunque fuentes de la Municipalidad de Firmat advirtieron a Infobae que el proceso acumula demoras. “La esperada venta se podría concretar entre el 15 y el 20 de junio, situación que se repite en esta cuestión de plantearle a la sociedad una nueva prórroga de tiempo. Es lo que pasa siempre”, comentaron.

En tanto, lo que frena el cierre, según fuentes con conocimiento de la operación, es un enredo de papeles que se arrastra desde los sucesivos cambios de manos. “Estaban complicados los papeles por el encadenamiento de cambios societarios, el paso por una convocatoria y la venta previa a Marsó, que pagó una parte y luego dejó de pagar”, explicaron a este medio.

El deterioro de la planta

La crisis de Vassalli no es nueva, pero se agudizó con fuerza desde 2023. Ese año, marcado por la fuerte sequía que atravesó el agro argentino, la empresa dejó de tomar nuevas ventas y concentró su actividad en fabricar 39 máquinas ya comprometidas. A noviembre de ese año quedaba una sola unidad por terminar. Hoy, los trabajadores asisten a la planta en un esquema de cuatro horas diarias, con salarios atrasados y sin certeza sobre el futuro inmediato de la compañía. La municipalidad y el gobierno provincial asistieron a los empleados con alimentos y atención sanitaria durante los meses más críticos.

El plan que llevaría adelante el nuevo grupo no se limita a pagar las deudas, sino que prevé una reorganización integral que incluye la recuperación gradual de la actividad fabril, una modernización tecnológica orientada al desarrollo de nuevos productos y la creación de herramientas financieras propias para la comercialización de maquinaria. Este último punto apunta a cerrar una brecha histórica frente a los grandes fabricantes internacionales, que cuentan con estructuras de crédito para ofrecer financiamiento directo a los productores.

Antecedentes

Roque Vassalli fundó la compañía en 1949 en Firmat, ciudad del sur de Santa Fe. Desde entonces, la firma creció hasta convertirse en una de las marcas de referencia de la industria de maquinaria agrícola argentina, con tres plantas cubiertas que suman 99.000 metros cuadrados, producción de cosechadoras, plataformas y repuestos, y un área de investigación y desarrollo propia.

La historia reciente de la empresa es la de una sucesión de crisis y traspasos. Tras atravesar una convocatoria de acreedores, en 2020 la Justicia aprobó el acuerdo entre Mariana Vassalli —heredera de la familia fundadora— y la firma Financiamiento Estratégico S.A. para transferir la gestión a nuevos actores mediante un fideicomiso creado para asumir el manejo de la compañía. Bajo ese esquema, Esteban Eskenazi —hijo mayor de Enrique Eskenazi, titular del Grupo Petersen— tomó el control con el 90% del capital accionario, con Matías Carballo como socio minoritario.

La gestión de Eskenazi y Carballo logró ordenar los números de la empresa, pero el contexto macroeconómico y la sequía de 2023 los llevaron a poner Vassalli en venta. En enero de 2024, la compañía pasó a manos del empresario entrerriano Eduardo Marsó por USD 8 millones, en una operación pactada a cinco años con un desembolso inicial del 10% y el resto a cancelar dentro del plazo convenido.

Marsó tenía antecedentes en el sector agroindustrial: había estado al frente de la metalúrgica Albace, dedicada a maquinaria para frigoríficos, fue dueño de la avícola Las Camelias —que luego cedió a sus hermanos— y tuvo participación en Procesadora Ganadera Entrerriana, dedicada a la faena de bovinos. Sin embargo, según las fuentes consultadas por Infobae, el empresario pagó la primera cuota y dejó de abonar el resto. Esa deuda pendiente con los anteriores dueños es hoy uno de los nudos que complica la transferencia al nuevo grupo.

El Gran Rosario fue en 2025 el mayor complejo portuario granario del mundo con 75,7 millones de toneladas embarcadas de granos, harinas y aceites. Ese volumen colocó a la Argentina en el tercer lugar entre los exportadores globales de commodities agrícolas en la campaña 2024/25, solo detrás de Brasil y Estados Unidos.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el complejo, ubicado en el sur santafesino, representó el 75% de todos los productos agroindustriales despachados desde puertos argentinos. El segundo lugar correspondió a Bahía Blanca, con el 13%. Con una extensión de 70 kilómetros sobre la ribera del río Paraná, entre Timbúes y Arroyo Seco, el Gran Rosario abarca 30 terminales portuarias, de las cuales 18 despachan productos agroindustriales que representan casi uno de cada tres dólares que ingresan al país por exportaciones de bienes.

De esta forma, el año pasado, la Argentina exportó 97,5 millones de toneladas de commodities agrícolas en la campaña 2024/25. Brasil encabezó el ranking con 174,2 millones de toneladas y Estados Unidos ocupó el segundo puesto con 170,6 millones de toneladas, consignó la BCR.

Tal como resalta el informe, solo con los embarques salidos del Gran Rosario durante 2025, el país logró superar en volumen despachado al resto de los exportadores fuera de aquel trío. Por eso la comparación central del relevamiento se concentra en puertos de Argentina, Brasil y Estados Unidos.

El nodo agroexportador santafesino recuperó así el primer puesto mundial después de varios años en los que la menor producción agrícola lo había relegado. En 2023, año de la sequía histórica, había caído incluso al tercer lugar.

Ranking completo

La región del Up-River Paraná totalizó 75.657.255 toneladas de oleaginosas, cereales y subproductos. Detrás quedaron Nueva Orleans, en Estados Unidos, con 74.835.792 toneladas, y Santos, en Brasil, con 59.999.048 toneladas.

Ese podio fue seguido por Belém, en Brasil, con 32.248.371 toneladas; Columbia-Snake, en Estados Unidos, con 31.065.697; y Paranaguá, en Brasil, con 26.875.376 toneladas. Luego aparecieron Irf Sao Luis con 18.675.265, Rio Grande con 17.176.268, Salvador con 12.998.937, Bahía Blanca con 12.991.920, Seattle con 12.304.149 y Sao Francisco do Sul con 9.348.872.

La ventaja de Rosario

La singularidad del Gran Rosario no radica solo en el volumen embarcado. En esa zona los buques remontan el Paraná para cargar en el corazón productivo, en lugar de que los granos recorran el trayecto final hasta puertos marítimos.

La carga llega desde campos ubicados a más de 1000 kilómetros, se procesa en la región y luego se embarca hacia más de 150 países por la Vía Navegable Troncal de la Hidrovía, que desemboca en el Río de la Plata y de allí al océano Atlántico.

La logística argentina de granos y subproductos a granel se organiza en dos grandes áreas portuarias: el sur de la provincia de Buenos Aires, con Necochea/Quequén y Bahía Blanca, y la zona del Gran Rosario, sobre 70 kilómetros de costa del Paraná. En este polo operan terminales que despachan granos, aceites y subproductos a todo el mundo.

Soja, maíz y trigo explicaron el liderazgo del nodo santafesino

En el complejo soja, el Gran Rosario embarcó 40.914.950 toneladas en 2025. Ese desempeño lo ubicó segundo entre los nodos exportadores de ese complejo, por detrás de Santos y por encima de Nueva Orleans.

El aumento estuvo asociado a una buena oferta exportable de soja y al contexto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que impulsó los despachos de poroto durante la segunda mitad del año pasado. A eso se sumaron los embarques habituales de aceite y harina de soja, que incluye al principal producto de exportación de la economía argentina. En el año previo, la región había embarcado 35 millones de toneladas del complejo.

En maíz, el Up-River despachó 22.840.853 toneladas y quedó como el segundo nodo global, solo detrás de Nueva Orleans. El informe de la BCR señala que Ucrania, cuarto exportador mundial del cereal, vendió al exterior menos toneladas que las que salieron desde el Gran Rosario.

En trigo, el sistema Columbia-Snake de Estados Unidos lideró con 11.957.154 toneladas y el Gran Rosario quedó segundo con 8.789.962 toneladas. El relevamiento aclara que en este complejo algunas zonas portuarias de Rusia, Ucrania o Australia podrían haber superado a la región argentina, y que algo similar podría ocurrir con otros cereales y otras oleaginosas.

La primera posición mundial de Rosario surgió de la suma de los principales complejos y de la diversificación de productos exportados. Brasil, con puertos como Santos, Belém y Paranaguá, mostró una participación más fragmentada, mientras que los complejos estadounidenses registraron altos volúmenes en algunos rubros, pero sin superar el total consolidado del nodo argentino.

El Gran Rosario recuperó durante 2025 el liderazgo mundial entre los principales nodos portuarios agroexportadores, una posición que refleja la relevancia de la infraestructura logística argentina dentro del comercio internacional de productos agrícolas. Con embarques por 75,7 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos, el complejo portuario ubicado sobre el río Paraná superó a la región portuaria de Nueva Orleans, en Estados Unidos, y al puerto de Santos, en Brasil.

Según un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, el nodo del Gran Rosario volvió a ubicarse en el primer puesto del ranking global luego de varios años afectados por menores niveles de producción agrícola y por las consecuencias de la histórica sequía de 2023.

El complejo rosarino despachó durante 2025 un total de 75,7 millones de toneladas, superando las 74,8 millones embarcadas desde Nueva Orleans y las 60 millones movilizadas por Santos.

Un modelo logístico único en el mundo

El liderazgo del Gran Rosario se apoya en una estructura logística singular. En apenas 70 kilómetros de costa sobre el río Paraná, entre Timbúes y Arroyo Seco, se concentran 30 terminales portuarias, de las cuales 18 operan específicamente productos agroindustriales.

La región concentra además más de 52 millones de toneladas anuales de capacidad de molienda de oleaginosas, equivalentes al 75 % de la capacidad instalada de Argentina. Esa integración entre producción, procesamiento industrial y logística portuaria permite que buena parte de la producción agrícola nacional sea transformada y exportada desde una misma región.

A diferencia de otros grandes polos exportadores del mundo, donde las materias primas suelen recorrer largas distancias hasta llegar a puertos marítimos, en el Gran Rosario son los buques los que remontan el río Paraná para cargar directamente en el principal núcleo agroindustrial argentino.

La mercadería llega desde distintas regiones productivas del país y encuentra en el nodo rosarino una combinación de infraestructura portuaria, capacidad industrial y conectividad logística que le permite alcanzar más de 150 mercados internacionales a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay y su conexión con el océano Atlántico.

El peso de las cadenas de suministro agroindustriales

El informe también permite dimensionar la importancia logística del Gran Rosario dentro de las exportaciones argentinas. Cerca del 75 % de los productos agroindustriales embarcados desde puertos nacionales durante 2025 salieron desde terminales ubicadas en el Up-River rosarino.

En el caso del complejo soja, los embarques alcanzaron 40,9 millones de toneladas durante el año, posicionando a la región como el segundo nodo exportador mundial de productos vinculados a esta cadena, sólo por detrás de Santos.

En maíz, el Gran Rosario se ubicó como el segundo nodo portuario global, con 22,8 millones de toneladas despachadas, únicamente por detrás de Nueva Orleans.

Estos volúmenes reflejan el papel central que desempeñan las cadenas logísticas vinculadas al agro dentro de la economía argentina y la importancia de la infraestructura portuaria para sostener la competitividad exportadora.

Expectativas para 2026

La recuperación productiva registrada durante la campaña 2024/25 fue uno de los factores que permitió al Gran Rosario recuperar el liderazgo mundial. Entre 2020 y 2024, la menor producción agrícola y los problemas derivados de la bajante del río Paraná habían reducido los volúmenes exportados desde la región.

Sin embargo, las perspectivas para 2026 aparecen aún más favorables. Según el informe, durante los primeros cuatro meses del año ya se embarcaron desde terminales argentinas 34,6 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos, el mayor volumen registrado para un primer cuatrimestre. De ese total, 25,2 millones de toneladas salieron desde los puertos del Gran Rosario, también un récord para ese período.

Si esa tendencia se mantiene durante el resto del año, el complejo portuario rosarino podría convertirse por segundo año consecutivo en el principal nodo agroexportador del mundo, un logro que hasta ahora no registra antecedentes dentro de la actividad portuaria argentina.

En plena cosecha gruesa, las empresas del sector agroexportador liquidaron USD 2.677 millones durante mayo. Este monto representa un incremento del 7% respecto a abril.

Los datos surgen de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las cuales precisaron además que el acumulado anual totalizó 10.343 millones de dólares, que comparado con el período enero-mayo de 2025, significo un ingreso un 12% inferior.

“Mayo marcó un crecimiento en embarques y en recepción de camiones a los puertos, especialmente con la recuperación de ventas de maíz a la exportación; las diferencias con el año pasado están dadas por precios internacionales menores en términos comparativos”, explicaron en CIARA-CEC.

Para el resto del año, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) elevó recientemente su proyección de liquidación de divisas del agro hasta los USD 36.111 millones, luego de revisar al alza las estimaciones de producción y exportación de soja y maíz de la campaña 2025/26. De alcanzar ese monto, el ingreso de dólares del sector se ubicaría en uno de los niveles más altos de los últimos 16 años.

La entidad informó que la producción de soja se estima ahora en 50 millones de toneladas, dos millones más que la proyección de abril. En el caso del maíz, la previsión subió a 68 millones de toneladas, un millón por encima del cálculo anterior. El incremento en la disponibilidad de granos llevó a ajustar al alza las estimaciones de industrialización y exportaciones.

La BCR indicó que este contexto supone un aumento de un millón de toneladas en la molienda de oleaginosas, así como mayores volúmenes exportados de harina, pellets y aceite de soja para la campaña. Además, la proyección de exportaciones de maíz subió en 500.000 toneladas.

Así, la combinación de mayores volúmenes exportables y una mejora en los precios internacionales de los productos agrícolas impulsó la nueva estimación sobre el ingreso de divisas.

Otro factor adicional que puede impulsar las exportaciones del sector es la baja de derechos de exportación, más conocidos como retenciones.

En detalle, las retenciones para el trigo y la cebada pasarán de 7,5% a 5,5% a partir de este mes, mientras que a partir de enero de 2027, según los resultados de la recaudación, se reducirán entre 0,25 y 0,5% por mes las retenciones para la soja. El esquema se ampliará a todos los cultivos, incluyendo sorgo, maíz y girasol, con un ajuste mensual previamente determinado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, precisó que el impacto fiscal estimado de la medida será de USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028.

Tras el anuncio, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, expresó que las retenciones a las exportaciones agrícolas deberían ser eliminadas totalmente. Y destacó que la rentabilidad en el campo depende del acceso a financiamiento a tasas razonables y criticó la falta de crédito “amigable” para productores.

En la misma línea, en diálogo con Infobae en Vivo, Ricardo Buryaile, ex ministro de Agricultura, valoró la decisión oficial pero señaló que la baja en las retenciones, aunque positiva, no compensa el encarecimiento de los costos: “Vos preferís perder 35 en vez de 50, pero lo lógico sería que el mayor incentivo funcione con rentabilidad, no con menor pérdida”.

Por su parte, un informe de la Fundación Mediterránea remarcó que la medida constituye “una señal positiva para el sector y va en la dirección correcta”, al reducir parcialmente “el impuesto más distorsivo que enfrenta el agro argentino”.

Sin embargo, señala que los derechos de exportación no constituyen la única carga tributaria que incide sobre la actividad. También existen impuestos nacionales, provinciales y municipales que afectan los costos, los márgenes y los incentivos para invertir.

Desde la automatización de maquinaria hasta el uso de drones y sistemas guiados por GPS, la tecnología empezó a modificar tareas que durante décadas se hicieron prácticamente de la misma manera. “La tecnología vino a corregir errores y a mejorar la productividad”, explica Silvio, quien además sostiene que minería, petróleo y gas pueden convertirse en los sectores que más transformen la economía argentina durante los próximos años.

¿Cómo empezó tu vínculo con la tecnología aplicada a sectores productivos?

Hace unos 25 años trabajaba en una cooperativa tambera, en el área de compras y expedición. También soy técnico en industrias lácteas. En un momento sentí que había mucho por hacer y decidí buscar otro camino. Ahí empecé a pensar cómo podía aportar algo distinto dentro de sectores donde gran parte de los productos ya estaban comoditizados.

En ese contexto apareció algo que me llamó mucho la atención: la tecnología aplicada al agro. Veía que el productor agropecuario muchas veces era reticente a los cambios, muy acostumbrado a trabajar de determinada manera, pero al mismo tiempo tenía curiosidad cuando aparecía algo distinto. No era lo mismo llegar ofreciendo semillas o agroquímicos que decir “vendo tecnología para el agro”. Ahí automáticamente aparecía otra reacción.

Capaz alguien decía que no tenía tiempo, pero cuando escuchaba hablar de sensores, automatización o GPS se quedaba preguntando. Y entendí que tarde o temprano el agro iba a incorporar tecnología de la misma manera que pasó dentro de nuestras propias casas.

¿A qué te referís con esa comparación?

A que muchas tecnologías primero parecen un lujo y después terminan convirtiéndose en una necesidad. Pasó con internet, con el aire acondicionado, con el lavarropas automático o con los teléfonos celulares. Al principio parecía algo reservado para pocos, pero después entendimos que mejoran productividad, calidad de vida y aprovechamiento del tiempo.

En el agro empezó a pasar exactamente lo mismo. Tecnologías que antes parecían innecesarias hoy permiten trabajar mejor, reducir errores y aumentar productividad. Por ejemplo, el piloto automático en maquinaria agrícola cambió completamente la forma de trabajar. Antes había tareas que directamente no podían hacerse correctamente de noche porque no se veía bien o porque el cansancio terminaba generando errores inevitables.

Hoy un tractor puede sembrar guiado por GPS y el operario se concentra en controlar parámetros y funcionamiento. Eso permitió trabajar en horarios más eficientes, especialmente en zonas donde las temperaturas son extremas.

En provincias como Chaco o Santiago del Estero hay momentos donde trabajar durante la tarde puede ser muy duro para las personas y también para las máquinas. Entonces la tecnología no solamente mejora productividad: también mejora condiciones de trabajo y permite reducir errores que antes eran normales dentro de la operatoria.

También hablaste del vínculo entre tecnología y comercio exterior. ¿Qué tan importante es hoy la importación para este sector?

Es fundamental. Y hay algo importante para destacar: el ingenio argentino es impresionante. La capacidad que tiene Argentina para encontrar soluciones técnicas o resolver problemas es realmente muy valorada. El problema no está en la creatividad ni en el conocimiento. El problema está en la industrialización.

Argentina está lejos de fabricar este tipo de tecnologías al nivel de China o Alemania. Entonces muchas veces la solución nace acá, se prueba acá y funciona bien, pero después termina fabricándose afuera porque los costos son completamente distintos.

Ahí el comercio exterior, la logística y la conectividad global pasan a ser centrales. Porque muchas veces fabricar localmente un producto puede costar muchísimo más que producirlo a escala en China. Entonces aparece un equilibrio entre desarrollo local, importación y rentabilidad. Hay productos que se diseñan en Argentina y se adaptan a necesidades locales, pero necesitan escala industrial internacional para ser viables.

¿Y qué impacto tiene la conectividad global sobre el desarrollo tecnológico?

Cambió todo. Hoy alguien encuentra una solución en Argentina y automáticamente puede compartirla con el resto del mundo. Y también pasa al revés. Una innovación aparece en China, Alemania o Estados Unidos y rápidamente ya está llegando a Argentina o al menos empieza a analizarse cómo implementarla.

Eso acelera la adopción tecnológica. Antes muchas soluciones quedaban aisladas porque no existían estos niveles de comunicación. Hoy la logística, internet y el ecommerce funcionan como puentes permanentes entre necesidades, desarrollos y soluciones.

Muchas veces había procesos que se hacían de determinada manera simplemente porque “siempre se hicieron así”. Pero cuando aparece una solución concreta y rentable, todo empieza a cambiar más rápido. Y eso también genera nuevas empresas, nuevos servicios y nuevas oportunidades alrededor de la tecnología aplicada a sectores productivos.

Mencionabas también el crecimiento de la minería. ¿Qué estás viendo hoy en ese sector?

La minería está atravesando un momento muy parecido al que atravesó el agro hace unos 15 años. Hoy muchas empresas todavía creen que ciertas tecnologías solamente vienen incorporadas en maquinaria nueva. Pero también existe la posibilidad de automatizar equipos que ya están trabajando.

Por ejemplo, una topadora, una motoniveladora o una retroexcavadora pueden incorporar sistemas de automatización aunque tengan varios años de uso. Eso está generando mucho interés porque mejora precisión, productividad y tiempos operativos sin necesidad de reemplazar toda la maquinaria.

También aparecen herramientas como drones autónomos para relevamientos topográficos que permiten hacer en un día trabajos que antes podían demandar varios días.

¿Cómo ves el futuro productivo argentino?

Creo que Argentina tiene un potencial enorme vinculado a minería, petróleo, gas y litio. El agro sigue siendo fuerte y va a seguir creciendo gracias a la tecnología y a la productividad, pero la minería todavía está en una etapa inicial y eso genera oportunidades enormes.

Hoy la minería empieza a incorporar automatización, conectividad y nuevos procesos operativos de una manera acelerada. Y alrededor de eso también empiezan a crecer la logística, el transporte, la infraestructura y toda la cadena vinculada al abastecimiento.

Por eso creo que minería, petróleo y gas van a tener un impacto muy fuerte sobre el desarrollo económico argentino en los próximos años.

El sector agroindustrial enfrenta un escenario inédito: Brasil superó a la Argentina en exportaciones de harina de soja durante el primer cuatrimestre de 2026, según datos oficiales de ambos países. El volumen exportado por Brasil alcanzó 7,7 millones de toneladas, mientras que la Argentina despachó 7,5 millones, una diferencia que pone en jaque el histórico liderazgo argentino en este mercado estratégico.

Considerando el promedio 2019-2024, la harina de soja aportó más del 13% de las exportaciones totales del país y concentró más del 50% de los envíos del complejo sojero nacional. En la campaña anterior, los ingresos anuales superaron los USD 10.500 millones, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Este producto llegó a representar más del 17% del comercio exterior argentino en períodos como 2014-2016. Este escenario abre el interrogante sobre si se trata de una coyuntura puntual o de un cambio estructural con consecuencias profundas para la economía.

De acuerdo con el análisis del especialista Javier Preciado Patiño, la brecha entre ambos países se redujo de 21 millones de toneladas hace diez años a 2,5 millones proyectadas para 2026-2027, según registros del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Estados Unidos también intensifica su presencia, con una tasa de crecimiento en la molienda que iguala la de Brasil y supera a la de la Argentina.

La producción local muestra signos de estancamiento. En el sector, fuentes consultadas señalaron que en 2016 se proyectaba alcanzar 65 millones de toneladas de soja producidas en la Argentina, pero el número actual ronda los 50 millones, incluso sumando la importación desde Paraguay como única vía para compensar la caída nacional.

Según datos de la BCR, durante los primeros años de este siglo Europa era el destino por excelencia de la harina y pellets de soja, concentrando en promedio 54% del total exportado en la primera década de 2000. El segundo lugar lo ocupaba el continente asiático, siendo destino del 30% de las exportaciones en el mismo período. Cerraban el total África y América, continentes con participaciones del 10% y 6% respectivamente.

Finalizada la primera década de los 2000, mientras la Argentina seguía creciendo en su producción de soja, -logró en 2016 el máximo nivel exportador de harina de soja-, el volumen exportado de este subproducto a Europa tocó su máximo de casi 2,6 millones de toneladas en la campaña 2013/2014, marcando desde entonces una tendencia descendente hasta ubicarse en 1,4 millones de toneladas en la cosecha 2023/24.

En ese marco, los países de Asia comenzaron a ampliar sus compras y ganar participación en los embarques argentinos de harina de soja. Para el fin de la década del 2010, ya promediaban el 45% de los despachos. Mientras tanto, el Viejo Continente pasaba a concentrar el 35% del total exportado, 19 puntos menos que la década pasada.

De esta forma, la harina de soja argentina se exportó a más 68 países en la campaña 23/24. “Con 193 países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), podemos afirmar que la harina de soja argentina nos vinculó comercialmente con más de un tercio del mundo, superando el 35% de los países del planeta”, sostiene la BCR.

La pérdida de competitividad de la harina de soja argentina, comentan en el sector, responde a una variedad de factores. La superficie sembrada se redujo en 3 millones de hectáreas, mientras que las retenciones del 24% para el poroto y del 22,5% para el aceite y la harina dificultaron la viabilidad del cultivo en regiones alejadas de los puertos o con rendimientos bajos. Además, la utilización generalizada de semilla “bolsa blanca” limita la adopción de genética certificada, un avance que en Brasil permitió mejoras sostenidas en la productividad por hectárea.

La competencia de Brasil y Estados Unidos

El estancamiento argentino contrasta con el impulso de Brasil y Estados Unidos, donde las políticas de fomento a los biocombustibles empujan la demanda de crushing y generan excedentes exportables de harina.

Brasil sostiene una estrategia de diversificación de mercados y fortalecimiento de la demanda interna, anticipando una posible baja en las compras de soja por parte de China. “Brasil sabe perfectamente que tiene hoy una gran dependencia de China como comprador de poroto de soja, que la demanda china va a ir cayendo en los próximos años por una cantidad de factores”, explicó Preciado Patiño.

Indonesia, en tanto, se consolida como el principal destino de la harina brasileña, mientras la Argentina pierde posiciones también frente a Estados Unidos, que avanza sobre mercados clave como Vietnam.

Soluciones posibles

La competitividad del complejo sojero local depende de tres factores que, según Preciado Patiño, requieren atención inmediata: la modernización de la logística fluvial a través de la hidrovía, la ampliación del corte de biodiésel al 15% y una ley de semillas que promueva la innovación genética y el acceso a nuevas tecnologías. El especialista advirtió sobre la necesidad de acelerar la reducción de los derechos de exportación para evitar una pérdida mayor de competitividad respecto a los dos principales competidores.

Hay, sin embargo, algunos avances en materia regulatoria para frenar esta tendencia. Por un lado, la semana pasada el Gobierno anunció un esquema paulatino de rebaja de retenciones. Por el otro, en el marco del acuerdo de cooperación económica que la Argentina firmó con Estados Unidos en febrero de este año contempla definiciones clave acerca de la implementación de la Ley de Propiedad intelectual.

Por último, en materia de biocombustibles, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó que el Gobierno está dispuesto a iniciar el debate parlamentario sobre el proyecto de ley para aumentar el corte de biocombustibles en los combustibles fósiles y avanzar hacia una mayor apertura del mercado. La propuesta, elaborada por la Secretaría de Energía que encabeza María Tettamanti, fue presentada en la Cámara baja por Bullrich y otros senadores libertarios.

La iniciativa, que surge en un contexto de alza internacional del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, propone subir el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 10% y el de bioetanol del 12% al 15% en el plazo de un año, con la posibilidad de incrementos adicionales a discreción de la Secretaría de Energía. El texto incorpora la habilitación de motores Flex Fuel y crea un sistema electrónico para la comercialización del producto.

Las exportaciones argentinas crecieron 45% en cantidades físicas desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Ese salto, terminó por empujar un superávit comercial de bienes de USD 2.711 millones en abril. En este contexto, además, retrocedieron las importaciones y el mercado empieza a proyectar que ese saldo favorable se consolidará aún más en los próximos meses por la cosecha récord, la fortaleza de los precios energéticos y una actividad interna que seguiría moderada.

Según un estudio de la consultora Invecq, en el primer cuatrimestre, el resultado positivo acumulado fue de USD 8.277 millones, contra los USD 1.275 millones de 2025, el mayor registro para ese período desde 2009 en términos reales. En abril, las exportaciones alcanzaron USD 8.914 millones y las importaciones USD 6.204 millones, con una mejora interanual de USD 2.496 millones.

El mismo informe releva la evolución de las cantidades exportadas entre abril de 2005 y abril de 2026, con base 100 en 2005. El gráfico destaca distintos ciclos: entre 2005 y 2008 el índice crece de 110 a 127 puntos; luego cae a 108 en 2009. Entre 2010 y 2012 vuelve a subir, alcanzando un nuevo máximo de 128 puntos, para descender a 105 en 2015. Entre 2016 y 2019 hay otra recuperación hasta 125 puntos, seguida de una baja y un repunte en 2021-2022 cerca de los 124 puntos. A partir de 2023, el índice toca su piso en torno a 100 puntos, pero desde ese momento inicia un crecimiento sostenido y acelerado que lo lleva a marcar 145 puntos en abril de 2026.

Este último salto representa no solo el valor más alto de toda la serie, sino también un crecimiento del 45% en las cantidades exportadas desde el nivel registrado al inicio del gobierno de Javier Milei, en diciembre de 2023.

Exportaciones en máximos e importaciones a la baja

Según Invecq, el superávit, que tocó un pico en abril, promedia USD 2.100 millones desde noviembre, frente a una media de USD 686 millones en los primeros 10 meses de 2025. La consultora atribuyó ese desempeño a una combinación de volúmenes exportados en máximos e importaciones en contracción.

En este sentido, tres de los cuatro grandes rubros de exportación se ubicaron en máximos históricos al medirlos con promedio móvil de 12 meses. Los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron los valores más altos de la serie iniciada en 2004, mientras que combustibles y energía quedó 8% por debajo del pico de enero de 2005, aunque abril fue, de manera puntual, el mes más alto de la historia.

La excepción fueron las manufacturas de origen industrial. Según la consultora, se mantuvieron en niveles similares a los picos recientes de fines de 2022 y 2018, pero todavía 26% por debajo del máximo de enero de 2012.

Al desempeño en cantidades se sumó una mejora de precios en lo que va de 2026. En el primer cuatrimestre, los precios de exportación avanzaron 6% interanual, una de las claves, según el estudio, de la mejora en la balanza comercial argentina.

En tanto, las importaciones mostraron el movimiento inverso. Las cantidades importadas cayeron en todos los meses de 2026, con un descenso promedio interanual de 9,9% y una baja acumulada de 10%. En este caso, la contracción fue más marcada en los bienes ligados a la producción: piezas y accesorios retrocedieron 30,1%, los bienes de capital 14% y los bienes intermedios 3,6%. En cambio, los bienes de consumo crecieron 2% y los vehículos de pasajeros 41 por ciento, prinicpalmente debido a la llegada de automotrices chinas al país, como BYD, Baic, Jac, entre otras.

Uno de los puntos destacados fue que la compra externa de combustibles y lubricantes cayó 32,8% en volumen. La consultra vinculó ese descenso con el cambio estructural de la Argentina en su transición de importadora neta de energía a exportadora, principalmente por el dinamismo de Vaca Muerta. De hecho, la balanza energética explicó el 52% del saldo positivo en el intercambio comercial de abril

Sin embargo, el dato central es que la mejora del saldo comercial no se explicó por un solo factor. Se sostuvo en una expansión récord de las cantidades exportadas, una suba de precios y una baja de las importaciones, sobre todo de las asociadas al nivel de actividad.

El mercado de ONs volvió a moverse y sumó expectativa de divisas

En el frente financiero, el mercado de obligaciones negociables recuperó dinamismo desde abril tras la volatilidad internacional de febrero y marzo. En lo que va de mayo, las colocaciones ya superan USD 1.600 millones, por encima de todo lo emitido en abril.

Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires volvió al mercado con una colocación por USD 500 millones, equivalente al 33% del total emitido en mayo. Por sectores, 47% de las emisiones correspondió a compañías de energía, 11% a servicios financieros y el resto se repartió entre empresas del agro, servicios no financieros e industria.

Entre las operaciones destacadas, Arcor emitió deuda en dólares a tres años al 5,25% anual en el mercado local. Mercado Pago colocó una ON con vencimiento a septiembre, a 106 días, con tasa de 0%, mientras que Pampa Energía emitió USD 500 millones a 18 meses con una tasa de 7,775% anual.

Estas emisiones hard dollar implican futuros ingresos de divisas porque cuentan con hasta 180 días para liquidar parcialmente en el MULC. Este flujo se complementa con el ingreso esperado por la campaña récord del agro (se esperan ventas por USD 36.111 millones), la mejora en exportaciones energéticas tras la suba del petróleo (se prevén exportaciones por alrededor de UAS 14.000 millones) y el crecimiento de los préstamos en dólares al sector privado.

La suba de tasas en Estados Unidos complica el regreso al crédito externo

El escenario internacional, de todos modos, siguió agregando presión. En las últimas semanas, las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron con fuerza: el rendimiento a 10 años alcanzó máximos de los últimos 15 meses y la tasa a 30 años tocó niveles no vistos desde 2007.

Ese movimiento encareció el financiamiento global y complicó en especial a los mercados emergentes, tanto por tasa como por flujos. Para la Argentina, el problema aparece en un momento en que el equipo económico busca una ventana para volver al mercado internacional sin convalidar costos altos frente a los vencimientos que se concentran en 2026 y 2027.

Según el estudio de Invecq, en 2026 los vencimientos totalizan USD 13.531 millones, aunque los pagos efectivos serían de USD 5.773 millones. Para 2027, los compromisos ascienden a USD 37.609 millones y los vencimientos efectivos a USD 23.507 millones, con mayor presión en julio y enero.

En ese marco, la semana pasada el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del acuerdo bajo el Servicio Ampliado del Fondo y habilitó un desembolso cercano a USD 1.000 millones. El organismo destacó el avance del programa económico argentino y remarcó la importancia de seguir flexibilizando el esquema cambiario y fortalecer la acumulación de reservas internacionales.

En el plano cambiario, el BCRA realizó esta semana una compra neta de USD 328 millones en una sola jornada, la segunda mayor del año, y acumula adquisiciones por USD 8.995 millones en 2026. Si se sostiene la dinámica actual de flujos, el mercado proyecta que la meta de acumulación de reservas por USD 10.000 millones podría alcanzarse e incluso superarse en los próximos meses.

La actividad agropecuaria registró una caída mensual del 2,6% en abril, afectada principalmente por las demoras en la cosecha y dificultades logísticas derivadas de las abundantes lluvias, según el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). A pesar de este descenso puntual, el sector, que proyecta una cosecha récord para este periodo, permanece en valores históricamente elevados, ubicándose 16,5% por encima del nivel alcanzado en abril del año pasado.

El retroceso mensual se explicó por complicaciones climáticas que demoraron las tareas en los campos y dificultaron el traslado de mercadería a los puertos. Según la BCR, ocho de las 12 series relevadas mostraron caídas mensuales, con los mayores descensos en el avance de labores agrícolas y en las exportaciones de los principales complejos agropecuarios. El informe destaca que la cosecha de soja fue la más afectada, con un progreso de apenas 17 puntos porcentuales, el menor avance registrado para abril desde el inicio de la serie.

En el sector ganadero, la faena bovina descendió 1,8%, acumulando nueve meses consecutivos a la baja. También se registraron disminuciones en la faena aviar y porcina, así como en la producción de leche. Las exportaciones agroindustriales retrocedieron 3,4% respecto a marzo, en un escenario marcado por el paro de transportistas y las persistentes lluvias.

El análisis interanual evidencia un desempeño sólido del sector, con una tasa de variación de 16,5% respecto al año anterior. En este caso, 10 de las 12 series que componen el índice se ubicaron por encima del nivel de abril de 2025, con la producción primaria avanzando 22,4% interanual, impulsada por la mayor cosecha de girasol del siglo y una cosecha récord de maíz. Solo la faena de bovinos (11,9%) y aviar (3,2%) presentaron caídas frente al mismo mes del año pasado, mientras que crecieron la faena de porcinos (9,9%), la molienda de cebada (13,6%), la de girasol (27,5%), la de soja (2,9%), la de trigo (0,3%), la producción de biodiesel (17,5%), de bioetanol (4,6%) y de leche (2,4%).

Milei anunció la eliminación progresiva de las retenciones

En paralelo, la semana pasada, en el marco de una campaña que promete resultados históricos, Javier Milei sorprendió al sector con el anuncio de una reducción de las retenciones al trigo y la cebada del 7,5% al 5,5% a partir de junio. La medida, celebrada por los productores, llega en plena definición de siembra y podría aportar mayor previsibilidad al sector.

La BCR estimó el costo fiscal de la medida en USD 29 millones para la campaña en curso, mientras que un informe de la Fundación Mediterránea calcula que la menor recaudación anual en 2027 rondaría entre USD 390 y USD 690 millones.

Desde el sector industrial, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, sostuvo que la baja de retenciones representa “una clara señal de la decisión del Gobierno de ir cumpliendo con su objetivo de bajar paulatina y progresivamente los derechos de exportación”. Destacó la publicación de un cronograma para la reducción de retenciones y consideró que establece condiciones claras para la comercialización y exportación durante todo 2026, 2027 y 2028.

El contexto de la medida se da en medio de un fuerte encarecimiento de insumos clave para la siembra, como los combustibles y fertilizantes, impulsados por el conflicto armado en Medio Oriente. Según la BCR, la relación urea/trigo alcanzó el valor más alto de la historia.

El efecto inmediato sobre los márgenes agrícolas se refleja en el precio que puede convalidar la demanda: en el caso del trigo, la BCR estimó que la medida elevaría la capacidad teórica de pago entre 2,2% y 2,3%, con una mejora de hasta USD 4,9 por tonelada.

La baja de retenciones se conoció mientras la agroindustria exhibe un gran momento en el frente externo. Según el Consejo Agroindustrial Argentino, entre enero y abril de 2026 las exportaciones agroindustriales sumaron USD 16.804 millones, un 16,2% más que en igual periodo del año pasado, con un ingreso adicional de USD 2.337 millones. En abril, el sector exportó USD 4.542 millones, USD 650 millones más que en el mismo mes de 2025.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, los seis principales cultivos alcanzaron 163,2 millones de toneladas, 21,25% más que en el ciclo anterior, lo que refuerza las expectativas de un año récord para el agro argentino.

En un año que promete ser histórico para el campo, Javier Milei sorprendió al sector agropecuario con un anuncio inesperado. Durante el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires adelantó que el Gobierno bajaría las retenciones al trigo y la cebada del 7,5% al 5,5% desde junio.

La medida, que fue bien recibida por el sector, llega en plena definición de siembra y podría otorgar mayor previsibilidad a los productores. De cara a la campaña en curso, la medida tendrá un costo fiscal que la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó en USD 29 millones. En tanto, en el cálculo anual, una estimación de la Fundación Mediterránea ubica la menor recaudación de 2027 entre USD 390 y USD 690 millones, equivalente a entre 0,06% y 0,10% del PIB. “El costo luce manejable si se sostiene el orden fiscal y parte se compensa con mayor actividad económica”, resalta el informe.

Ese impacto sobre las cuentas públicas surge de un universo ya acotado de exportaciones pendientes, una de las principales críticas del sector sobre el timing del anuncio. La Dirección de Información y Estudios Económicos de la BCR precisó que en trigo resta vender 5,3 millones de toneladas de las 19 millones estimadas del ciclo y en cebada quedan 500.000 toneladas de la variedad cervecera y 200.000 toneladas de la forrajera. Igualmente, “el anuncio de menores DEX para trigo y cebada ofrece alivio a los márgenes agrícolas, apuntalando decisiones de siembra e inversión de cara a la nueva campaña”, sostuvo la entidad.

El presidente de la Cámara de Aceiteros (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, valoró la baja de retenciones como “una clara señal de la decisión del Gobierno de ir cumpliendo con su objetivo de bajar paulatina y progresivamente los derechos de exportación”. Destacó la publicación de un cronograma para la reducción de retenciones, un reclamo histórico del sector, y consideró que “disipa cualquier incertidumbre en el mercado de granos, tanto en materia de decisiones de siembra como de comercialización y exportación, porque establece durante todo 2026, 2027 y 2028 las condiciones de los derechos de exportación”, señaló el ejecutivo a Infobae.

Con esos saldos remanentes y tomando los precios FOB promedio de junio a noviembre de este año, el costo fiscal asciende a USD 26,2 millones para el trigo y a USD 3,3 millones para la cebada, de acuerdo con el mismo informe. Si la rebaja impulsara mayores ventas externas y las exportaciones trigueras 2025/26 subieran a 20 millones de toneladas, ese costo se reduciría a USD 12,7 millones para ese cereal.

La decisión oficial llega en un contexto de fuerte encarecimiento de insumos para la siembra de granos. Según la Dirección de Información y Estudios Económicos, la suba de combustibles y fertilizantes tras el conflicto armado en Medio Oriente llevó la relación urea/trigo al valor más alto de la historia.

Gustavo Idígoras valoró la baja de retenciones anunciada por el Gobierno y detallada por el ministro de Economía como “una clara señal de la decisión del Gobierno de ir cumpliendo con su objetivo de ir bajando paulatina y progresivamente los derechos de exportación”. Destacó la publicación de un cronograma para la reducción de retenciones, un reclamo histórico del sector, y consideró que “disipa cualquier incertidumbre en el mercado de granos, tanto en materia de decisiones de siembra como de comercialización y exportación, porque establece durante todo el 2026, 2027 y 2028 las condiciones de los derechos de exportación”. “Celebramos esta medida, esta decisión y seguramente en estos días estaremos intercambiando ideas y opiniones con el Ministerio de Economía para que el decreto esté redactado de tal manera que se pueda entender correctamente por el mercado”, señaló Idígoras.

La rebaja mejora la capacidad de pago y busca sostener la siembra

El efecto más inmediato de la baja de derechos de exportación aparece en el precio que puede convalidar la demanda. Según la BCR, en el caso del trigo la medida elevaría la capacidad teórica de pago entre 2,2% y 2,3% según la posición comercial, con una mejora de entre USD 4,8 y USD 4,9 dólares por tonelada en el FAS teórico.

Ese alivio llega cuando la campaña ya empezó. Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, al 21 de mayo la siembra de trigo avanzaba sobre el 3% del área de intención y la de cebada sobre el 6%; en este último cultivo, casi el 92% de la producción se concentra en la provincia de Buenos Aires.

En trigo, la implantación muestra una distribución más amplia. Según la SAGyP, el norte argentino y la provincia de Entre Ríos encabezaban el avance de labores, con una cobertura promedio del 30% de la superficie a implantar.

La presión de costos había deteriorado la rentabilidad esperada aún en zonas relativamente cercanas a los puertos. A precios actuales, fertilizantes y fletes explicaban juntos el 54% de los costos de producción del trigo para un campo modelo ubicado a 150 kilómetros del puerto de Rosario, según estimaciones de GEA-BCR.

Con esa estructura de costos, el margen neto en campo propio quedaba en USD 94 por hectárea y se convertía en una pérdida de USD 103 por hectárea en campo alquilado, de acuerdo con GEA-BCR. El costo del flete, además, crece a medida que la producción se aleja de los núcleos de consumo.

El Gobierno vinculó la medida con una cosecha récord y anticipó cambios para la soja

Milei también confirmó que desde enero de 2027, y de forma paulatina, las retenciones a la soja bajarán entre 0,25% y 0,5% por mes (actualmente en 24%). “Será de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, declaró.

El Presidente agregó que también bajarán retenciones para la industria automotriz, la petroquímica y maquinarias. Desde el sector hubo una recepción favorable, en un escenario en el que las entidades vienen reclamando la eliminación total de esos tributos.

En la industria sostienen que un esquema de retenciones en descenso, incentivaría a los productores a postergar la venta de soja a la espera de alícuotas sucesivamente menores. Ese comportamiento podría impactar el ritmo de liquidación y el flujo de divisas por las ventas externas del principal complejo exportador del país. Un efecto opuesto al registrado en septiembre de 2025, cuando el cupo de USD 7.000 millones con retenciones cero que dispuesto el Gobierno se agotó en solo tres días por la aceleración de ventas ante una ventana fiscal temporal, en un contexto de alta demanda de dólares previo a las elecciones legislativas.

El trasfondo fiscal ayuda a explicar por qué el Gobierno había frenado medidas de mayor costo en los últimos meses, pese a los repetidos pedidos del campo. En los últimos meses, la recaudación cayó con fuerza en términos reales y la administración mantiene como prioridad el déficit cero y la desaceleración de la inflación.

Las exportaciones agroindustriales crecieron 16,2% en el primer cuatrimestre

La baja de retenciones se conoció mientras la agroindustria exhibe una mejora en el frente externo. Según el informe mensual de exportaciones por complejos presentado por el Consejo Agroindustrial Argentino, entre enero y abril de 2026 las exportaciones agroindustriales alcanzaron USD 16.804 millones, un alza de 16,2% frente al mismo período de 2025.

Ese incremento equivale a un ingreso adicional de USD 2.337 millones para el país en lo que va del año, según el CAA. Solo en abril de 2026, el sector registró despachos por USD 4.542 millones, USD 650 millones más que en abril del año anterior.

El mismo informe ubicó a los complejos de girasol, trigo y carne más cuero vacuno entre los de mayor aporte al crecimiento neto de divisas. En términos de dinamismo relativo, los mayores avances porcentuales correspondieron a porcino, girasol y legumbres, mientras que soja, manisero y avícola mostraron variaciones negativas o menor impulso.

En paralelo, el Gobierno vinculó su anuncio con el buen desempeño productivo de la campaña agrícola 2025/2026. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca difundidos por el ministro de Economía Luis Caputo en su cuenta de X, los seis principales cultivos sumaron 163,2 millones de toneladas, 21,25% más que en el ciclo anterior.

Según esos datos oficiales, la soja produjo 49,9 millones de toneladas con un rendimiento promedio de 30,6 quintales por hectárea, mientras que el maíz alcanzó 70 millones de toneladas, el mayor volumen en dos décadas, con 72 quintales por hectárea. El trigo aportó 27,9 millones de toneladas, máximo histórico de la serie estadística nacional; la cebada sumó 5,6 millones, el girasol 7,4 millones y el sorgo 2,4 millones de toneladas.

Durante su paso, Buryaile ponderó el anuncio: “Me parece correcto. Lo que tenemos que hacer es dividir en dos: lo inmediato para trigo y cebada, y lo proyectado para la soja en los próximos años”.

La confirmación de un cronograma “más certero” para la baja de retenciones, según Buryaile, permite que los productores puedan tomar decisiones de siembra con mayor información.

El impacto inmediato de la baja de retenciones en trigo y cebada

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que desde junio las retenciones para trigo y cebada tendrán una reducción de dos puntos porcentuales, medida que llega “justo a tiempo” para la toma de decisiones de siembra.

Buryaile contextualizó: “El productor triguero venía perdiendo 50 dólares por hectárea. Con este anuncio pierde 35. Ya la Bolsa de Comercio de Rosario estima una caída de alrededor de 250 mil hectáreas en la superficie sembrada”.

La suba de insumos sigue siendo una preocupación central para el sector. “No es indiferente a la producción agropecuaria lo que pasó con los combustibles, que subieron más del 40%. Los fertilizantes también aumentaron muchísimo”, detalló el exministro.

Según su visión, la baja en las retenciones, aunque positiva, no compensa el encarecimiento de los costos: “Vos preferís perder 35 en vez de 50, pero lo lógico sería que el mayor incentivo funcione con rentabilidad, no con menor pérdida”.

Buryaile fue enfático al describir el dilema: “La decisión del productor cuando saca los números es: ‘¿Le pongo menos tecnología al trigo?’ Vas a tener o reducís el área de siembra o aplicás menos tecnología. Eso te baja la calidad y los rindes”.

El nuevo cronograma para soja y la importancia de la previsibilidad

El gobierno estableció un cronograma fijo para la baja de retenciones a la soja, que será de un cuarto de punto porcentual cada mes durante 2027 y medio punto porcentual mensual a partir de 2028.

El impacto fiscal mayor, de 1.224 millones, se trasladará al próximo mandato presidencial. Sobre este punto, Buryaile valoró la previsibilidad: “Ahora está fijo, es otra cosa. Cuando el presidente decía que dependía de la recaudación, había incertidumbre sobre cómo iban a operar los mercados a futuro”.

El exministro insistió en la necesidad de transformar el esquema en legislación: “Sería mucho mejor que sea por ley. Todos los gobiernos usan el artículo 755 del código aduanero para fijar estos aranceles, pero funcionan como derecho de exportación. Es un impuesto y debería darlo el Congreso”.

Recordó la experiencia de años anteriores: “En 2022, cuando Sergio Massa asumió el Ministerio de Economía, incluyó los derechos de exportación en la ley de presupuesto y nosotros rechazamos la suba. Eso es lo que hay que hacer: darle previsibilidad de futuro”.

Costos, clima y tipo de cambio: los desafíos recurrentes para el campo

Pese al alivio que implica la baja de retenciones, Buryaile subrayó que “la suba de los costos y la inestabilidad climática siguen generando pérdidas para los productores”. Explicó que la rentabilidad depende también del tipo de cambio: “No es lo mismo tener una retención sobre un tipo de cambio de mil cuatrocientos que de mil seiscientos. El tipo de cambio real, después de restar el derecho de exportación, incide directamente en los ingresos”.

La incertidumbre climática añade un factor de riesgo: “Cuando producís a cielo abierto enfrentás los avatares del clima. Este año fue extraordinario, tuvimos una gran cosecha, pero si viene un Super Niño puede complicar todo. Tenés que ganar plata para cuando te vaya mal, y si perdés dos años seguidos, te desanimás”.

En cuanto a la estructura productiva, Buryaile aclaró: “No todo es soja o trigo. Muchas veces se habla del campo como un todo y hay cultivos o actividades, como la ganadería, que atraviesan realidades distintas. Hoy la ganadería pasa un mejor momento que la agricultura”.

El exministro concluyó que “hay un punto que hay que empezar a animarse a terminar con estos impuestos distorsivos”, aunque reconoció que “llevar las retenciones a cero es difícil porque implican entre 8 y 10 mil millones de dólares menos para el Estado”.

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En un escenario atravesado por cambios regulatorios, desafíos logísticos y fuertes variaciones entre importaciones y exportaciones, el comercio exterior argentino sigue apoyándose en operadores capaces de coordinar procesos cada vez más complejos. Para Claudia, Rosario continúa ocupando un rol estratégico dentro de esa dinámica, especialmente por su vínculo con los commodities y la actividad portuaria. “No sirve que el barco salga perfecto si después la mercadería no puede liberarse en destino”, advierte.

¿Cómo comenzó tu vínculo con el comercio exterior?

Comencé en el comercio exterior de una manera totalmente inesperada. En ese momento yo era docente de escuela primaria y además estudiaba la carrera de psicología, así que mi camino profesional parecía ir por otro lado. Pero un verano hubo en Rosario un curso de comercio exterior dictado por un despachante de aduana que venía de Buenos Aires.

Me anoté casi de casualidad, sin conocer demasiado, y ahí descubrí algo que me atrapó por completo: entendí que eso era realmente lo que me apasionaba.

No tenía familiares ni conocidos vinculados al sector, así que todo fue completamente nuevo para mí. Sin embargo, desde el primer momento encontré algo que me fascinó: los barcos, la logística internacional, la posibilidad de traer mercadería desde el exterior y coordinar operaciones con distintos países. Todo ese mundo me despertó una curiosidad enorme y, casi sin darme cuenta, terminé apasionándome por el comercio exterior.

Todavía me acuerdo del primer embarque que traje desde China. El barco tardó alrededor de 60 días en llegar y creo que, durante todo ese tiempo, no dormí tranquila ni una sola noche. Era una mezcla de ansiedad, responsabilidad y entusiasmo constante, porque cada etapa del proceso era nueva para mí y sentía que todo dependía de que esa operación saliera bien.

¿Qué fue lo que más te atrapó de la actividad?

Creo que fue un desafío permanente. Hace 30 años el comercio internacional era completamente distinto a lo que conocemos hoy. Actualmente, cualquiera puede comunicarse con China desde un celular en cuestión de segundos, pero en aquel momento todo era muchísimo más complejo: las comunicaciones eran lentas, la información no circulaba con facilidad y cada operación requería una enorme dosis de paciencia, seguimiento y aprendizaje constante.

Coordinar un embarque, hablar con proveedores del exterior, cerrar una operación o simplemente lograr una comunicación fluida era todo un desafío. Y justamente eso era lo que más me apasionaba.

Además, el mundo del despacho aduanero estaba mucho más dominado por hombres que hoy. No era habitual encontrar tantas mujeres trabajando en el sector, así que también hubo un desafío personal muy importante: abrirme camino y ganarme mi lugar dentro de ese ambiente.

Sin embargo, cada obstáculo fue también una motivación para seguir creciendo. Y lo más lindo es que, después de más de 30 años, sigo sintiendo exactamente la misma pasión por esta actividad que el primer día.

Rosario aparece muy vinculada al comercio exterior argentino. ¿Cómo describirías el rol de la ciudad?

Rosario tiene una relación muy profunda con el comercio exterior argentino. La ciudad y toda la región viven esta actividad de una manera muy intensa, porque gran parte de los commodities del país salen desde Rosario, San Lorenzo y Puerto San Martín.

Todo ese cordón industrial y portuario es absolutamente clave para la economía argentina y para el movimiento del comercio internacional.

Además, tenemos una ubicación estratégica. Somos un punto central para la distribución hacia Córdoba y gran parte del norte argentino.

¿Cómo describirías el rol del despachante dentro de una operación agroexportadora?

El rol del despachante de aduana es mucho más integral y estratégico que solo “llenar papeles”. Coordinamos con la Aduana, SENASA, empresas de control y diversos actores que intervienen a lo largo de toda la operación. En el caso de las exportaciones agroindustriales, es necesario articular de manera simultánea la gestión de certificaciones fitosanitarias, certificados de origen, documentación comercial, controles y procesos de consolidación de carga.

Todo ello debe desarrollarse de forma sincronizada para asegurar el correcto avance de la operación.

En las empresas de gran envergadura, que cuentan con un departamento interno de comercio exterior, nuestro trabajo suele ser más específico y focalizado en determinadas instancias del proceso.

En cambio, las empresas medianas o pequeñas requieren, en muchos casos, un acompañamiento integral desde las etapas iniciales de la operación, lo que implica una participación más amplia en la planificación y ejecución de la misma.

¿Qué importancia tiene la logística dentro de ese proceso?

Es central. Nuestro enfoque es acompañar al cliente a lo largo de toda la cadena logística, no únicamente en la instancia del embarque. En este sentido, entendemos que el proceso debe gestionarse de manera integral, considerando cada etapa de la operación.

Solemos expresar que no alcanza con que el embarque se realice correctamente si luego la mercadería no puede ser liberada en destino. Por ello, el objetivo es asegurar la coherencia y el cumplimiento de todos los requisitos tanto en origen como en destino, evitando contingencias que puedan afectar la operación en su conjunto.

Desde afuera suelen verse las largas filas de camiones durante la cosecha. ¿Cómo impacta eso sobre la operatoria?

Desde una perspectiva externa, suelen observarse las largas filas de camiones durante la época de cosecha. Ante esto, surge el interrogante sobre su impacto en la operatoria logística.

Este fenómeno tiene un impacto significativo tanto en la logística portuaria como en la circulación urbana y en las rutas de acceso. Durante las campañas agrícolas, el volumen de camiones se incrementa de manera considerable, generando una alta densidad de tránsito en determinados períodos.

Sin embargo, se trata de situaciones previstas dentro del esquema operativo. No implica que las terminales o los buques estén aguardando de manera improvisada la llegada de los camiones, sino que existe planificación previa y cronogramas de carga establecidos que ordenan la operatoria.

Lo que ocurre es que, en ciertos momentos del año, la actividad se concentra de forma muy intensa, lo que provoca picos de movimiento que se vuelven especialmente visibles y generan imágenes de congestión en accesos y zonas portuarias.

¿Cómo funciona la consolidación de grandes barcos graneleros?

Generalmente un mismo buque comparte cargas de distintos exportadores, aunque muchas veces el destino final o el comprador terminan siendo los mismos.

Estamos hablando de barcos que cargan decenas de miles de toneladas, así que distintos exportadores van consolidando sus partidas dentro de un mismo embarque.

¿Cómo viste la evolución reciente entre exportaciones e importaciones?

La sequía impactó muchísimo sobre las exportaciones agroindustriales. Hubo momentos donde prácticamente no había barcos porque no había cereal para cargar. En cambio, las importaciones nunca se frenaron completamente, aunque sí estuvieron afectadas por restricciones y regulaciones.

Hoy el mercado interno está más quieto y muchas empresas están frenando operaciones porque bajó el consumo. Pero el movimiento sigue existiendo y el comercio exterior continúa activo permanentemente.

Javier Milei aprovechó su presentación en el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para realizar un anuncio de alto impacto: la baja de retenciones al campo, pero también para otros sectores industriales.

El presidente aprovechó también para declarar en clave electoral. El cronograma de disminuciones se extenderá “a lo largo de 2027 y de 2028, si somos reelectos”. La declaración, por lo tanto, dejó en claro el objetivo desde el punto de vista económico de los anuncios pero también con un guiño político. La necesidad de recomponer la imagen presidencial, que viene cayendo en los últimos meses, no puede quedar ajena del análisis.

En concreto, Milei realizó varios anuncios en la misma dirección. Lo más inmediato es la reducción de las retenciones a las exportaciones de 7,5% a 5,5% para el trigo y la cebada, algo que debería impactar favorablemente en la siembra que arranca en breve. Ambos son cultivos de invierno, que se cosechan entre noviembre y enero.

También hubo anuncios para la soja, aunque -según explicó el propio jefe de Estado- están supeditados a la marcha de la recaudación. Desde el nivel actual de retenciones de 22,5% se bajaría de manera escalonada entre “un cuarto de punto y medio punto mensual” a partir de enero del año que viene. Esto significa que en el mejor escenario la baja llegaría a los seis puntos para fines del año próximo. Eso significa que las retenciones podría reducirse a 16,5% del volumen exportado.

La disminución continuaría en 2028 “si somos reelectos”, se ocupó aclarar el Presidente ante más de 1.000 personas que concurrieron al aniversario de la Bolsa de Cereales.

Pero no es todo. También se eliminarán las retenciones que aún se aplican para industrias como la petroquímica y la automotriz. En estos casos también será gradual arrancando en junio hasta mediados del año que viene.

Milei describió a las retenciones como “uno de las caras de este monstruo de mil cabezas que le tiraron encima a la producción en el último siglo, a costa de menor competitividad, menor capitalización y mayor desvalorización de la tierra”.

El efecto esperable de la baja gradual o eliminación de retenciones es que aumente la producción y que las exportaciones tengan todavía mayor impulso en el corto plazo. Este año se llegaría a un nuevo récord de USD 100.000 millones, producto de mayor volumen exportado y también altos precios internacionales.

También se buscaría promover una mayor liquidación de divisas el año que viene, cuando la Argentina se embarque en plena campaña electoral. Uno de los escenarios más probables es que aumente fuertemente la demanda de dólares por parte de los ahorristas para cubrirse de cualquier sorpresa electoral. En ese escenario, todo lo que ayude para aumentar la oferta de dólares y equilibrar la demanda es bienvenido.

Por otra parte, una reducción de retenciones implica a su vez una disminución de la recaudación, por lo que se trata una movida que no está exenta de riesgos. Si bien el presidente condicionó la baja de la presión fiscal para la soja a los mayores ingresos, en la práctica parece difícil que pueda dar marcha atrás luego de esta promesa. En todo caso, podrá jugar con bajar un cuarto de punto al menos en vez de medio punto, si es que el superávit fiscal queda comprometido.

La baja de retenciones también significa darle mayor competitividad a varios sectores que si bien están exportando mucho también se ven más presionados por un tipo de cambio cada vez más apreciado. La medida, por lo tanto, implica una mejora en el esquema cambiario para los exportaciones, pero sin necesidad de un aumento en la cotización del dólar.

La Argentina y Uruguay agotaron el cupo de 6.667 toneladas de arroz asignado al Mercosur para exportar a la Unión Europea en 2026. Argentina abarcó casi el 40% del beneficio arancelario, mientras que Uruguay tomó el 63%. Además, el país ya había agotado los cupos asignados para la miel y los huevos.

La confirmación llegó este martes desde el Departamento de Operaciones de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva informó que "ya no se aceptarán nuevas solicitudes de licencias de exportación con preferencia arancelaria porque el contingente quedó agotado antes de lo previsto".

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado celebró el agotamiento del cupo de arroz con un mensaje que publicó en X. “¿También nos llevamos la cuota del arroz? ¿Las exportaciones industriales suben 40%? Argentina sólidamente en un proceso de crecimiento liderado por las exportaciones. Bienvenidos a una nueva Argentina. Gracias presidente Javier Milei por mostrar que la libertad es el camino. VLLC!”, escribió en la red social.

Por su parte, el presidente uruguayo Yamandú Orsi destacó que su país se quedó con el 63% del total de la cuota anual de arroz con preferencias arancelarias asignada por Europa: “Hoy podemos gritar un gol”, publicó el primer mandatario en su cuenta de X.

La noticia, no obstante, generó malestar en sectores productivos de Brasil, que observan una mayor presencia argentina en segmentos agroindustriales del mercado europeo. En el país vecino aluden este avance a una combinación de competitividad, apertura comercial y cumplimiento sanitario.

Ese dato aparece pocos días después de otro revés para Brasil en su vínculo comercial con Europa. La Unión Europea excluyó recientemente a Brasil de las exportaciones de carne y productos animales hacia el bloque por incumplimientos ligados al uso de antibióticos y a fallas en los controles sanitarios, mientras que la Argentina fue autorizada por ajustarse a los estándares exigidos.

El arroz se suma a la miel y los huevos

La Argentina ya agotó también la cuota para exportar huevos al bloque europeo, a solo 15 días de la entrada en vigencia del acuerdo. El ministro de Economía Luis Caputo informó en X que las ventas a la Unión Europea alcanzaron las 333 toneladas y que se trató de huevos provenientes de granjas de Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires, procesados antes de su distribución en Europa.

Antes de eso, una empresa entrerriana había consumido en pocas horas la cuota libre de arancel para miel asignada al Mercosur para 2026. Según contó Federico Sturzenegger, el primer envío salió el 3 de mayo desde Concordia hacia Alemania con 20.986 kilogramos, adquiridos por la importadora alemana Langnese Honig GmbH & Co. Hasta la entrada en vigor del acuerdo la miel argentina pagaba un arancel de 17,3 por ciento.

Un acuerdo de 780 millones de personas

La relación comercial con Europa explica la relevancia de estos cupos. De acuerdo con el INDEC, en 2025 las exportaciones argentinas a la Unión Europea sumaron USD 8.486 millones y las importaciones llegaron a USD 10.478 millones, con una participación de 9,7% en las ventas externas y de 13,8% en las compras.

Según un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en el primer trimestre de 2026 la participación de la Unión Europea en las exportaciones argentinas fue de 9,3%, un mínimo en décadas que podría comenzar a revertirse con la entrada en vigor del acuerdo. El texto fuente añade que el comercio con el bloque representó menos del 10% de las exportaciones en 2025, lejos del casi 32% registrado en 1991.

El acuerdo consolidó un área de libre comercio entre 31 países, 27 de la Unión Europea y cuatro del Mercosur, con 780 millones de personas y el 20% del PBI global. También señala que el 99% de las exportaciones del Mercosur ingresa al esquema con beneficios: el 74% ya quedó libre de aranceles desde el 1 de mayo, el 18% los reducirá de manera progresiva en 10 años, el 7,8% entra con preferencias fijas o cuotas y solo el 0,3% queda fuera.

Entre los bienes exportados figuran harina de soja, biodiésel, minerales de plata, carne bovina y maní, según el texto fuente. Los principales destinos son Países Bajos, Alemania, España, Italia e Irlanda, aunque el primer lugar neerlandés se explica por el peso del Puerto de Rotterdam como puerta de entrada para mercadería que luego sigue hacia otros mercados europeos.

La licitación internacional para la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), conocida como Hidrovía Paraná-Paraguay, alcanzó su etapa final con la presentación de las ofertas económicas por parte de las dos multinacionales belgas que compitieron por el contrato. El proceso, iniciado en diciembre del año pasado, enfrentó a Jan De Nul y Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME), ambas con propuestas que igualaron el valor mínimo permitido en el pliego.

Según develó a Infobae Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), el modelo de las “bandas” que se utilizó en la licitación -los pliegos permitían un valor mínimo y otro máximo- respondió a la necesidad de evitar “ofertas temerarias o financiadas por un estado soberano”.

En este sentido, el funcionario aseguró que se trata de un mecanismo “recomendado por la división de Defensa a la Competencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, a la vez que resaltó que, a pesar de que fue un “procedimiento relativamente largo, no hubo una sola impugnación. Se puede comer arriba del pliego”, aseguró.

También destacó que, tanto la licitación, como el proceso en general, cuenta con el aval de importantes entidades del empresariado local, como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC).

“Todos entendían que si no planteábamos un esquema así, se ponía en riesgo la sostenibilidad del sistema. Es lo que se consensó con todos los actores, que en definitiva son los que tienen que pagar el costo. Sabíamos que iban a ser ofertas agresivas”, reconoció el funcionario en diálogo con este medio.

Bajan los costos para exportadores

Ambas compañías ofrecieron este martes una tarifa de peaje de USD 3,80 para la etapa inicial, lo que representa una reducción del 15% respecto de la tarifa vigente de USD 4,30. Según datos del mercado, este descenso podría significar un ahorro anual de entre USD 35 y USD 40 millones para los usuarios. “Todos los exportadores deben estar muy ansiosos. Todo se tiene que trasladar al sector productivo, que es donde hay que ayudar”, sostuvo Arreseygor al explicar el impacto de la rebaja.

A pesar de que la propuesta económica mostró una paridad casi absoluta, en la etapa anterior, correspondiente a la evaluación técnica, Jan de Nul había logrado una diferencia de más de 24 puntos sobre 80 posibles, por lo que se posicionó con ventaja frente a su competidora.

El funcionario destacó que el proceso licitatorio, validado por todos los actores relevantes y alineado con estándares internacionales, prevé la adjudicación en el plazo de un mes, seguido de un período de transición de alrededor de 60 días para los concesionarios. El contrato, que tendrá una vigencia de 25 años, exige al adjudicatario la modernización, ampliación, dragado y señalización de la vía, con inversiones estimadas en torno a los USD 10.000 millones y una ganancia mínima del 6% calculada sobre los peajes efectivos cobrados.

Actualmente, es el Estado argentino quien administra directamente la Hidrovía, cobra el peaje y subcontrata servicios de balizamiento y dragado, hoy en manos de Jan de Nul. Con la nueva concesión, el operador privado asumirá la gestión integral y las obligaciones de inversión sin respaldo estatal para los riesgos comerciales. El pliego proyecta ingresos anuales medios de USD 618,6 millones y un total estimado de USD 15.000 millones durante la vigencia del contrato, respaldados por el volumen de cargas transportadas por los ríos Paraná y Paraguay.

“El sector formó parte de la mesa que armó los pliegos y convalidó el sistema de bandas. Hoy piden que avancemos con estas ofertas porque les sirve”, afirmó Arreseygor. El directivo resaltó también la decisión política que permitió reactivar el proceso tras décadas de postergaciones. “Si no hubiera sido por la voluntad del Presidente, esto no se hacía”, señaló.

La Hidrovía se extiende a lo largo de 1.635 kilómetros y constituye la principal vía de acceso al Atlántico para el comercio exterior argentino. Por este corredor circula el 80% de las exportaciones agroindustriales del país, el 95% del transporte de contenedores, y el 100% de las exportaciones de la industria automotriz. Además, la vía cumple un papel central para la logística regional, ya que es utilizada por cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Estos cinco países firmaron en 1992 el acuerdo internacional que regula la navegación y el transporte comercial en la Vía Navegable Troncal.

De acuerdo con el cronograma oficial, la definición final quedará en manos del Gobierno durante las próximas semanas, y la expectativa empresarial gira en torno a la firma del contrato que modernizará la principal arteria fluvial del comercio exterior argentino.

Productores rurales del municipio de Baradero avanzan en una demanda judicial contra la administración local por haber utilizado más de $1.500 millones recaudados por la tasa vial para fines ajenos al mantenimiento de la red de caminos rurales. También reclaman que la justicia obligue a destinar esos fondos específicamente al sistema vial, en un momento en el que la necesidad de infraestructura se volvió uno de los problemas más críticos del interior productivo.

La denuncia, presentada por la Sociedad Rural de Baradero, expone la controversia en torno a la tasa vial y reflota la tensión entre los municipios y los productores rurales respecto a la legitimidad del cobro y el destino de los recursos. El vicepresidente de la Sociedad Rural de Baradero, Pablo Roller, dijo al medio especializado Bichos de Campo que la red vial funciona como un “servicio público esencial”, sin el cual la movilidad, el acceso a la educación y la seguridad de los habitantes rurales se encuentra comprometida.

También señalaron que, en siete años, menos de 200 kilómetros de los 600 que conforman la red vial rural del distrito recibieron tareas de mantenimiento o reparación

En la presentación judicial, Roller detalló que fue a partir del acceso a información oficial, logrado tras un amparo iniciado en junio de 2025, que pudieron constatar el desvío de fondos. De acuerdo con el análisis de la entidad, en los últimos tres años y medio solo se utilizó hasta 40% de lo recaudado en red vial para el destino original.

Roller aseguró que, en experiencias anteriores, el 25% de la recaudación del tributo había permitido no solo mantener sino mejorar la infraestructura vial mediante cambio de alcantarillas y obras de alteo. En este sentido, señaló que el problema excede lo productivo y afecta la vida cotidiana: “Los chicos no pueden ir al colegio, si tenés un problema de salud no podés salir del campo y si tenés un problema serio de seguridad tampoco puede llegar la policía”.

Un fallo judicial emitido en abril por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás había ordenado al municipio de Baradero, que actualmente lidera Esteban Sanzio, a informar sobre el destino de los fondos vinculados a la tasa vial, cuya recaudación anual asciende a $1.000 millones, según lo establecido en el expediente. Además, tal como consta en el fallo de los jueces Damián Cebey y Marcelo Schreginger, el municipio había negado información solicitada inicialmente por la Sociedad Rural, lo que obligó a los productores a recurrir a la vía judicial.

El reclamo se sitúa en el centro de una problemática estructural. Baradero cuenta con una red vial rural de 600 kilómetros, de los cuales “en los últimos siete años, no se han reparado ni mantenido siquiera 200 kilómetros”, aseguró Pablo Roller en declaraciones a Bichos de Campo. El dirigente resaltó que, además de la tasa vial, el municipio recibe aportes de la provincia de Buenos Aires por el impuesto inmobiliario rural, lo que incrementa el malestar ante la evidencia de la falta de inversión en infraestructura.

El antecedente clave

El caso de Baradero no es aislado. Diversos municipios de la provincia de Buenos Aires enfrentan reclamos similares impulsados por productores agropecuarios, quienes exigen transparencia en el uso y asignación de los recursos provenientes de la tasa vial a través de mecanismos judiciales de acceso a la información pública. En localidades como Azul, General Alvarado, Necochea y Henderson también se presentaron pedidos de información y la justicia concedió fallos a favor de los productores para garantizar su derecho a conocer el destino de los fondos recaudados.

De hecho, recientemente, el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen sentó un precedente significativo: ordenó que el municipio de Daireaux devuelva a los productores rurales las sumas percibidas por la tasa vial al comprobarse deficiencias graves en el mantenimiento de caminos y la reasignación de recursos hacia gastos ajenos al sistema vial. La sentencia, derivada de una demanda de cuatro productores y empresas del partido bonaerense, declaró nula la aplicación de la tasa para algunos contribuyentes y ordenó la devolución de lo abonado, mientras que en otros casos dispuso descuentos proporcionales.

El informe de ingeniería precisó que solo el 4% de la red vial de Daireaux se encontraba en estado “muy bueno”, a pesar de que el municipio disponía de recursos para que el 70% cumpliera condiciones óptimas. Además, se determinó que, en 2022, el 22,95% de la obligación fiscal por tasa vial fue desviado a otros fines, proporción que para 2023 se incrementó hasta 27,88%. La contabilidad confirmó que gran parte de la recaudación del tributo se destinó a rentas generales y no a obras de mantenimiento, lo que vulnera el principio de afectación específica.

Las exportaciones argentinas alcanzarían un nuevo récord histórico en 2026. Según proyecciones de la consultora Abeceb, el país podría alcanzar los USD 94.400 millones este año y así superar la marca previa de USD 88.446 millones de 2022. La razón detrás de este crecimiento es la diversificación productiva del país y la expansión de sectores estratégicos como energía, minería y servicios basados en el conocimiento.

Este cambio estructural incorpora nuevos sectores a la generación de divisas del país, lo que permite a la Argentina posicionarse como proveedor clave de insumos críticos, especialmente en un contexto global donde la demanda y la necesidad de seguridad energética configuran nuevos polos de oportunidad.

La proyección de Abeceb para 2026 anticipa un aumento interanual del 8,4% respecto al año anterior. De ese modo, el país no solo alcanzaría un récord en valores absolutos, sino que también consolidaría un superávit comercial cercano a los USD 16.000 millones. Sin embargo, aunque las exportaciones crecen en términos nominales, su participación en el PBI sería menor que en 2022: la relación exportaciones/PBI proyectada para 2026 ronda el 12,5%, por debajo del 14,6% registrado cuatro años antes.

La nueva Argentina exportadora

Según la consultora, el récord exportador previsto para 2026 se distingue por su impronta federal y su giro sectorial, en el que las provincias energéticas y mineras emergen como actores relevantes y complementan al histórico complejo agroindustrial situado en la región pampeana.

“Lo más importante es que este récord muestra una recomposición geográfica que refleja el cambio de matriz productiva y pone a nuevas provincias a jugar en el tablero del comercio global. Estas provincias ya muestran aumentos significativos en sus ventas al exterior, pero el crecimiento se va a potenciar en los próximos años y definitivamente, va a cambiar el mapa exportador”, afirmó Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de Abeceb.

Entre los casos más destacados, aparece Neuquén, con un crecimiento estimado de 1,5 puntos porcentuales respecto a su promedio 2022–2025. La provincia alcanzaría así una participación del 6% del total exportado en 2026, impulsada por la maduración de los desarrollos en Vaca Muerta y el incremento sostenido en la producción y exportación de shale oil y shale gas.

De esta forma, Neuquén deja de ser solo abastecedora del mercado interno para erigirse como exportadora neta de hidrocarburos, con potencial de crecimiento apoyado en la expansión de la infraestructura de evacuación, como oleoductos y proyectos de gas natural licuado.

Las proyecciones de la consultora también marcan el ascenso de tres provincias con fuerte impronta minera: Chubut, prevé un alza de 1,2 puntos porcentuales en 2026, situándose en el 5,2% del total exportado impulsado por el avance en hidrocarburos convencionales y la mejora significativa en el sector pesquero; San Juan, en tanto, capitaliza el ciclo alcista del oro, con una expansión de 1 punto porcentual y una participación del 2,9%, beneficiada por cotizaciones internacionales en máximos históricos. Santa Cruz por su parte, incrementa su cuota en 0,7 puntos porcentuales, consolidando su perfil minero en oro y plata, repotenciado además por la industria petrolera.

En el noroeste, Catamarca (+0,2 puntos) y Jujuy (+0,3 puntos) amplían su relevancia con nuevos proyectos de litio y mejores precios, mientras la agroindustria regional —tabaco, azúcar, frutas y hortalizas— dota de mayor estabilidad a economías antes basadas en un solo motor productivo.

Agricultura, energía y economía del conocimiento

Aunque la participación relativa de las provincias extractivas crece, la región pampeana mantiene su lugar como principal motor del comercio exterior, con un incremento previsto del 6,9%. Este avance responde a una cosecha récord de granos y subproductos, la normalización en la liquidación tras la unificación cambiaria y la sostenida demanda internacional, en particular desde China y el sudeste asiático.

De hecho, la Bolsa de Comercio de Rosario, elevó nuevamente su proyección de liquidación de divisas del sector agropecuario para 2026, estimando un ingreso de USD 36.111 millones. La entidad ya había ajustado previamente su estimación inicial, que era de USD 34.530 millones, a USD 35.375 millones, lo que representó un aumento de USD 850 millones. Con la última revisión, el incremento respecto al cálculo anterior alcanza los USD 1.581 millones.

El informe también resalta que la economía del conocimiento se consolida como “uno de los cinco principales complejos exportadores”, con ventas superiores a USD 10.000 millones anuales. Este sector presenta ventajas distintivas: menor dependencia de la logística tradicional, alta intensidad en talento y capacidad de generar divisas a partir de servicios, lo que mitiga la vulnerabilidad frente a factores exógenos o adversidades climáticas.

Izquierdo, sintetizó el nuevo perfil exportador al indicar que este año “a la fortaleza tradicional del agro se suma con peso creciente el aporte de Vaca Muerta, la minería metalífera y el litio”. Izquierdo agregó que esta diversificación “reduce la vulnerabilidad histórica del sector externo a los ciclos climáticos y de precios agrícolas, y abre la puerta a un sendero de crecimiento exportador estructuralmente más sólido, siempre que se sostengan las condiciones macro y se materialicen las inversiones comprometidas”.

En el caso de la energía, durante el primer trimestre de 2026 el sector alcanzó un superávit comercial récord de USD 2.405 millones, según datos del Indec. Mientras el país avanza hacia un rol clave como exportador en un mercado cada vez más competitivo, los productores locales esperan cerrar el año con envíos al exterior por USD 14.000 millones. El verdadero despegue del sector llegaría a partir de 2027, cuando entren en operación los proyectos más ambiciosos, como Southern Energy (SESA), el consorcio integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, que ya tiene cerrado un contrato por más de USD 7.000 millones para vender GNL a Alemania.

En tanto, según proyecciones de la industria minera, las exportaciones del sector alcanzarán los USD 9.000 millones en 2026, impulsadas por un escenario de recuperación de precios internacionales en oro y litio, lo que representaría un incremento cercano al 49% respecto al año pasado.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) elevó su proyección de liquidación de divisas del agro para 2026 hasta los USD 36.111 millones, luego de revisar al alza las estimaciones de producción y exportación de soja y maíz para la campaña 2025/26. De concretarse, el ingreso de dólares del sector alcanzaría uno de los niveles más altos de los últimos 16 años.

El ajuste se produjo tras la actualización del informe mensual de estimación de producción nacional elaborado por GEA-BCR, que incrementó sus previsiones para los dos principales cultivos del país. Según detalló la entidad, la producción de soja se proyecta ahora en 50 millones de toneladas, dos millones por encima de la estimación de abril, mientras que la de maíz fue elevada a 68 millones de toneladas, un millón más que el cálculo previo.

La mayor oferta esperada de granos derivó también en una revisión de las estimaciones de industrialización y exportaciones. La BCR señaló que este escenario implica “un aumento en la estimación de molienda de oleaginosa (+1 Mt), y mayores exportaciones de harina/pellets y aceite de soja para la campaña”. A esto se suma un incremento de 500.000 toneladas en la proyección de exportaciones de maíz.

Más producción y mejores precios

La combinación entre mayores volúmenes exportables y una mejora en los precios internacionales de los productos agrícolas fue el principal factor detrás de la nueva estimación de ingreso de divisas.

De acuerdo con la entidad rosarina, “este ajuste al alza en la previsión de exportaciones de maíz, harina y aceite de soja, sumado a precios levemente mayores a los vigentes hace un mes para prácticamente todos los productos dejan a la actualización en la estimación de liquidación de divisas del agro en USD 36.111 millones para 2026”.

Ese monto representa un incremento de USD 800 millones respecto de la previsión realizada en abril. Además, la BCR destacó que la cifra sería “prácticamente idéntica al 2025 contemplando tanto lo liquidado en el MLC como lo liquidado vía el mercado Contado con Liquidación”.

La nueva proyección ubicaría a 2026 entre los años de mayor ingreso de dólares del agro desde 2010 (en cuarto lugar). El complejo sojero y maicero continúa concentrando la mayor parte de las exportaciones argentinas y representa una de las principales fuentes de generación de divisas para la economía local.

El desempeño de 2025

En paralelo con las estimaciones para el próximo año, la Bolsa de Comercio de Rosario también analizó el comportamiento reciente de la liquidación de divisas durante 2025.

Según el informe, en los primeros cuatro meses del año el agro liquidó un estimado de USD 8.516 millones. El número se ubicó por debajo de los más de USD 9.000 millones registrados en el mismo período del año pasado.

La entidad atribuyó esa caída interanual a dos factores principales. Por un lado, mencionó “los coletazos finales del régimen de eliminación temporaria de retenciones de septiembre pasado”. Según explicó, esa medida generó “un efecto ‘adelantamiento’ que hizo mermar el ingreso en los meses subsiguientes”.

El segundo elemento señalado por la BCR fue el ritmo de avance de la cosecha y la comercialización durante abril. En ese sentido, el informe indicó que la demora en las tareas de recolección impactó sobre el flujo de divisas que ingresó al mercado cambiario durante el primer tramo del año.

La cosecha aceleró las ventas

La dinámica comenzó a modificarse en mayo, impulsada por un mayor ritmo de cosecha de soja y por mejores condiciones comerciales para los productores.

La Bolsa de Comercio de Rosario sostuvo que “en los primeros días de mayo, el buen avance en las labores de recolección de soja junto con una mejora en los precios ofrecidos aceleró la comercialización por parte de los productores”.

Ese movimiento empezó a reflejarse en el mercado cambiario. Según indicó la entidad, “el flujo de divisas de la nueva cosecha al MLC ya ha comenzado a sentirse”.

En este contexto, la BCR proyectó que mayo cerrará con un ingreso de dólares significativamente superior al de abril. El informe señaló que se prevé “que el mes cierre con un incremento considerable respecto de abril, ubicándose por encima del promedio del último lustro y manteniéndose arriba para lo que resta del año”.

El impacto sobre el ingreso de dólares

La evolución de la liquidación de divisas del complejo agroexportador es seguida de cerca por el mercado debido a su peso en la oferta de dólares de la economía argentina. Los ingresos provenientes de las exportaciones agrícolas tienen influencia sobre el nivel de reservas, el mercado cambiario y la disponibilidad de divisas para importaciones y pagos externos.

En ese marco, la mejora en las perspectivas productivas para la campaña 2025/26 aparece como uno de los factores centrales detrás de la proyección de USD 36.111 millones para el próximo año.

La revisión al alza de la producción de soja y maíz también refuerza las expectativas de mayores volúmenes exportables tanto de granos como de subproductos industriales, especialmente en el complejo sojero, donde Argentina mantiene un rol relevante en el comercio internacional de harina y aceite.

Con este nuevo escenario, la Bolsa de Comercio de Rosario consolidó una perspectiva de estabilidad en el ingreso de divisas del agro para 2026, en niveles similares a los proyectados para 2025 y entre los más elevados de los últimos años.

En los primeros días de mayo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) bajó el ritmo de adquisición de divisas y, en los primeros días, solo compró 466 millones de dólares. Si bien en las últimas dos jornadas hábiles adquirió sumas superiores a USD 100 millones, la desaceleración respecto a abril generó sorpresa, ya que este mes suele caracterizarse por una mayor oferta de dólares provenientes de la liquidación del sector agropecuario. No obstante, el Gobierno espera una “avalancha de dólares” en los próximos meses, provenientes de los principales complejos exportadores del país.

La entidad que conduce Santiago Bausili repartió sus compras de la siguiente manera: USD 71 millones el lunes de la semana previa, USD 69 millones el martes, USD 45 millones el miércoles, USD 35 millones el jueves, USD 110 millones el viernes y USD 136 millones este lunes. Estos números permiten comparar la performance semanal con la de meses anteriores y analizar el impacto de la estrategia oficial.

Lo cierto es que si se toman los primeros seis días hábiles del mes corriente, las compras ascienden a 466 millones de dólares. Durante el mismo período de abril, el monto trepaba a USD 1.039 millones, lo que marca una clara diferencia. El promedio diario alcanzó los USD 77 millones en lo que va de mayo, mientras que en abril el promedio diario fue de 138 millones de dólares.

“El viernes, el BCRA compró USD 110 millones en el MLC, el mayor monto de la semana, aunque el ritmo de compras de mayo continuó por debajo del observado en abril (promedio diario de USD 138 millones versus USD 66 millones). Naturalmente, este comienzo más moderado genera interrogantes, especialmente considerando que mayo suele ser un mes favorecido estacionalmente por una mayor oferta de divisas”, expresó un informe de PPI.

A la vez, los analistas resaltaron que la desaceleración en las compras no respondió a una menor liquidación del sector agropecuario. En las primeras cinco ruedas de mayo, el agro liquidó un promedio de USD 130 millones diarios, cifra prácticamente en línea con los USD 125 millones diarios de abril. “Aun cuando todavía no creemos que la cosecha gruesa haya impactado plenamente en el MLC”, agregaron desde la ALyC.

Desde la consultora Econviews, sin embargo, presentaron un contrapunto al considerar que las liquidaciones del agro están “demoradas”. “El promedio diario fue de USD 124,7 millones, ajustado por días hábiles y precios (-21% interanual). Este atraso se explica en parte por las lluvias, que llevaron a una cosecha tardía de la soja”, indicaron respecto a la evolución del mes pasado.

En tanto, la menor participación del BCRA en las compras llevó a preguntarse quién absorbió el resto de la oferta de dólares. Según PPI, el resto de las operaciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) implicó una demanda neta cercana a USD 65 millones diarios. Entre los factores que podrían explicar esta demanda, la firma mencionó una mayor demanda de dólares por parte del sector minorista, un aumento en las importaciones o una menor liquidación de divisas desde la cuenta financiera.

Frente a este escenario, el informe de PPI planteó la duda sobre la persistencia de esta dinámica durante el resto del mes. La consultora estimó que el BCRA podría igualar o incluso superar el ritmo de compras de abril, que representó 2.770 millones de dólares. De hecho, este lunes, la entidad adquirió USD 136 millones, el mayor monto del mes.

“Aún resta que la cosecha gruesa impacte de lleno en el mercado de cambios, lo que debería fortalecer los flujos del agro”, afirmaron. En esa misma línea, el viceministro de Economía, José Luis Daza, sostuvo que “se viene una avalancha de dólares”, lo que generaría presiones a la baja sobre el tipo de cambio.

“Se viene una avalancha de dólares. Vamos a tener un problema de sobreoferta de dólares. (...) Mi visión ha sido que vamos a tener una oferta de dólares muy grande y que la presión en la Argentina va a ser para que el dólar se aprecie. No es voluntario, no lo controlamos. Es consecuencia del proceso económico subyacente detrás de todo lo que está ocurriendo en la Argentina. Capacidad para generar flujo de capital permanente“, dijo Daza en la apertura del “Inside Argentina 2026” la semana pasada.

En tal sentido, la administración libertaria apuesta no solo al ingreso que aporte el agro, sino también a las divisas provenientes de la energía y la minería, así como a colocaciones de deuda por parte de las empresas argentinas en el exterior. Según datos del Central, todavía restan por liquidarse más de USD 3.200 millones en concepto de obligaciones negociables en los próximos meses, lo que contribuiría a mantener el flujo del mercado cambiario.

No obstante, ya en la última semana de abril, la consultora Analytica, alertó sobre el menor ritmo de compras del BCRA aunque en esa oportunidad hubo un feriado lo que daba lugar a la duda. "En la última semana de abril, que contó con un día hábil menos, el BCRA compró USD 390 millones, USD 356 millones menos que la semana previa y el menor ritmo semanal desde la semana del 25 de marzo. Si bien se ubicó por encima del 5% del volumen operado en el mercado de cambios (USD 108 millones), quedó por debajo de nuestra métrica de compras prudenciales“, remarcaron.

¿Ayuda para la inflación?

Algunos analistas vinculan el comportamiento del BCRA en este contexto con la evolución de la precios. Sobre todo luego de que la inflación en marzo se ubicará en 3,4% y el Gobierno se comprometiera a una desaceleración a partir de abril. Según PPI, una posible interpretación sugiere que el equipo económico podría permitir un menor ritmo de compras para evitar una suba del tipo de cambio y así contener la inflación.

Cabe destacar que el oficialismo ya tuvo un adelanto de la inflación de abril. Este lunes se publicó el dato de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde hubo una desaceleración ya que se ubicó en 2,5% (0,5 puntos porcentuales menos que en marzo). Si bien las ponderaciones son diferentes con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, la cifra porteña se ubica en línea con las expectativas de las consultoras en torno a 2,6 por ciento.

En medio de una campaña que ya se proyecta como récord, más de 850.000 camiones ya descargaron granos en terminales del Gran Rosario para descargar sus granos. Se trata de cerca de 20.000 kilómetros si a cada camión (en rigor, todos hacen numerosas descargas) y su respectivo acoplado, que ocupan unos 20 metros de longitud, se le agregan unos 5 metros de distancia prudencial, la fila imaginaria que cubrirían sería similar a la distancia que separa a la Antártida del extremo norte del continente americano.

Según datos relevados por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), al cierre de la primera semana de mayo se registraron unos 73.000 camiones, lo que representó un hito logístico sin precedentes para este punto del calendario agrícola. Esta cantidad de vehículos supera en 185.000 la marca que alcanzó el sector en igual período del año pasado.

Este mayor dinamismo en la entrega de granos contrasta con los retrasos en la cosecha de soja, que, según la BCR, hasta el momento alcanzó solo un 41% de avance nacional, uno de los valores más bajos de la última década. La razón detrás de este retraso fueron las persistentes lluvias que impidieron el ingreso normal de la cosecha a los circuitos comerciales. Al primero de mayo, el inventario de soja en plantas de acopio, fábricas y terminales de exportación se ubicaba en 11,8 millones de toneladas, lejos de los 15 millones informados en la campaña previa y significativamente por debajo de los casi 21 millones registrados en el ciclo 2019/20.

Nuevo récord en transporte agrícola

El flujo de camiones que descargaron granos en Rosario en lo que va de la campaña actual ya superó los niveles de años anteriores, incluso antes de finalizarla. Mientras que en 2023 —afectada por la histórica sequía— apenas se contabilizaron 400.000 descargas, el ascenso fue vertiginoso: 690.000 en 2024, 760.000 en 2025 y más de 830.000 en curso durante 2026. Para ponerlo en perspectiva, en los años previos las cifras oscilaron entre 490.000 y 720.000 unidades anuales, consolidando al presente como el año de máxima exigencia para la infraestructura portuaria aceitera argentina.

El impacto del récord logístico sobre el mercado de granos

La llegada masiva de granos a los puertos se tradujo en un efecto directo sobre los valores de referencia. Según la entidad rosarina, “entre todo abril y lo que va de mayo, la pizarra de soja promedió $432.000 por tonelada, sin salir del rango $420.000 – $440.000 por tonelada, un 10% menos que a mes de marzo. Valuada en dólares, la historia se repite, con caídas promedio del 7% entre marzo y mayo para el precio disponible, llegando a mínimos de diez meses”.

Este escenario afecta a los productores, quienes enfrentan precios deprimidos en el puerto, mientras los costos de operación y transporte continúan firmes o en alza. Como respuesta, muchos deciden almacenar parte de la producción en cooperativas o mantienen el grano sin fijación de precio a la espera de una mejora en las condiciones de mercado.

En un contexto de volatilidad internacional, la Bolsa de Comercio de Rosario describió: “Luego de 15 ruedas consecutivas en $430.000 por tonelada o menos, el precio spot por soja subió $10.000 por tonelada durante una sola rueda, lo que bastó para marcar la jornada con mayor cantidad de toneladas anotadas con precio hecho desde que arrancó la cosecha”.

Según precisó la BCR, el 5 de mayo se negociaron 304.000 toneladas de soja con precio firme, cifra que triplica el promedio diario de las tres semanas previas. No obstante, el ritmo de comercialización global sigue entre los más lentos, con apenas el 28% de la producción comprometida, nueve puntos porcentuales por debajo del promedio histórico.

Exportaciones e ingresos

La perspectiva para la liquidación de divisas por exportaciones agroindustriales en 2026 también es histórica: la Bolsa de Comercio de Rosario estimó ingresos por USD 35.375 millones, lo que representa un aumento de USD 850 millones respecto a su cálculo previo.

De este total, USD 16.500 millones provendrán del complejo sojero, USD 7.500 millones del maíz, USD 2.200 millones del trigo, USD 2.400 millones del girasol, USD 500 millones de la cebada, USD 300 millones del sorgo y USD 600 millones de otras oleaginosas y cereales.

Entre abril y diciembre de 2026, la entidad proyecta ingresos por exportación de USD 29.600 millones. Sin embargo, el alza del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente ya encarece los insumos agropecuarios, en particular el combustible y fertilizantes como la urea, lo que reduce el efecto positivo del mayor flujo de ventas externas sobre la rentabilidad final del productor. Asociaciones del sector ya advirtieron sobre la presión que el contexto bélico internacional ejerce sobre la estructura de costos del agro argentino.

¿Dónde van los granos argentinos?

China es el principal comprador de soja en el mundo. Es por esta razón que las compras del gigante oriental marcan el pulso del mercado internacional. De acuerdo con la Bolsa de Comercio de Rosario, apenas 11,8 millones de toneladas de soja estadounidense se comprometieron rumbo a China desde la campaña 2025/26, el nivel más bajo desde 2006/07, cuando el gigante asiático importaba solo una cuarta parte del volumen actual.

En tanto, el 70% de las 52,6 millones de toneladas exportadas por Brasil en el ciclo en curso tienen como destino China. Por su parte, la Argentina ya inscribió un line-up de más de 800.000 toneladas hacia el país asiático y 2,5 millones de toneladas declaradas oficialmente, superando los registros del año pasado a esta fecha.

El proceso de privatización de la Hidrovía, el corredor fluvial por donde transita el 80% del comercio exterior de Argentina, se acerca a su fase decisiva. Este jueves el Gobierno confirmó la conclusión de la evaluación técnica, de manera que en cuestión de semanas se definirá quién operará, durante los próximos 25 años y bajo reglas de inversión privada, la administración y modernización de la Vía Navegable Troncal.

Según explicaron fuentes con conocimiento del caso a Infobae, la diferencia técnica obtenida en la evaluación puede ser decisiva en el resultado de la licitación. El puntaje técnico, basado en antecedentes, experiencia y calidad de las propuestas, otorgó una ventaja significativa a Jan de Nul, que se distanció por más de 24 puntos sobre 80 respecto a su competidor, la también belga DEME NV.

Ahora, la definición se traslada a la fase económica, con 120 puntos en disputa en la próxima apertura del sobre 3. El esquema de licitación, alineado con recomendaciones de organismos internacionales, establece franjas de precios máximos y mínimos para cada una de las etapas de la concesión. Se prevé que las ofertas económicas resulten muy similares, ya que las empresas probablemente ajustarán sus propuestas a los valores de referencia definidos por la autoridad. En ese contexto, la ventaja técnica obtenida en la primera parte del proceso puede resultar determinante para la adjudicación final.

Dos empresas belgas entran en la definición económica

El proceso de privatización de la hidrovía cuenta con dos empresas belgas interesadas, luego de haber dejado atrás a otra compañía brasileña que se había presentado en el proceso. Entonces, en esta segunda fase de la licitación, Jan de Nul obtuvo 66,2 puntos y DEME NV sumó 42,14 puntos en la evaluación técnica de sus propuestas.

Las cifras asignadas, resaltó el comunicado oficial que difundió el Gobierno, surgieron como resultado del análisis del Sobre N° 2 realizado por la Comisión Evaluadora, de acuerdo con el mecanismo de puntaje validado por la UNCTAD, organismo dependiente de las Naciones Unidas. Esta sistematización estableció una escala en la que sólo las categorías “Excelentes” aspiraron al total de puntos, y las siguientes recibieron 75%, 50%, 25% o nada según la calificación alcanzada.

Los apartados de mayor peso en la evaluación fueron los trabajos de dragado y la experiencia documentada de los oferentes en obras similares, así como la gestión del balizamiento, las estrategias de mantenimiento, los protocolos de control ante derrames, las medidas de ciberseguridad y la gestión ambiental.

Ambos consorcios presentaron memorias técnicas detalladas, incluyendo antecedentes sobre volúmenes de dragado realizados y la eficacia en la señalización de canales de navegación.

Finalizada esta instancia, la licitación ingresa a su parte más determinante con la próxima apertura del Sobre N° 3, donde será considerada la oferta económica de cada competidor. En esta etapa, el componente económico representa el 60% de la nota total, con un máximo de 120 puntos en disputa. El futuro adjudicatario tendrá a cargo la operación integral de la Hidrovía “a riesgo propio”, bajo supervisión estatal y de organismos internacionales, sin garantías financieras directas por parte del Estado.

Inversiones proyectadas y reducción de tarifas como eje del nuevo modelo

Según Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, durante el Congreso de Puertos Privados celebrado en la Bolsa de Cereales, el proceso de licitación acumula ya 18 meses de trabajo conjunto con gobiernos provinciales.

La adjudicación, según las previsiones de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, generará ingresos aproximados de USD 15.000 millones para el concesionario a lo largo de los 25 años estipulados en el contrato. El proceso compromete a la empresa ganadora a desplegar inversiones constantes en modernización, ampliación, dragado y señalización, sin respaldo estatal para los riesgos comerciales, pero bajo monitoreo permanente.

La resolución establece también que el operador tendrá un retorno mínimo del 6%, calculado a partir de los peajes cobrados a los usuarios, lo que apunta a un modelo de inversión autosustentable y de largo plazo, crucial para el flujo de exportaciones de granos y subproductos agrícolas.

Una de las metas explícitas del proceso, según confirmó Arreseygor, es la reducción de las tarifas que actualmente pagan los usuarios por navegar la vía. El funcionario anticipó que, si las propuestas económicas presentadas se ubican en el valor mínimo de la banda definida, los costos de peaje se reducirán al menos un 15% en relación con los niveles actuales. Esta expectativa de rebaja en los costos logísticos ha sido respaldada públicamente por organizaciones como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA-CEC) —responsable del 48% de las exportaciones agrícolas—, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC).

La definición de la oferta económica, prevista para la próxima semana, marcará el paso decisivo para la selección de la empresa que gestionará la Hidrovía bajo el nuevo esquema de concesión. Según adelantó Arreseygor, se proyecta que la pre-adjudicación pueda concretarse en el mes de julio.

El proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal, más conocida como la Hidrovía, el corredor fluvial por el que circula el 85% del comercio exterior argentino, inicia su fase final con la inminente apertura del tercer sobre de la licitación. El resultado de esta etapa determinará cuál de las dos empresas belgas finalistas asumirá la operación y modernización de la llamada Hidrovía.

A partir de la próxima semana, se conocerán las ofertas económicas, paso determinante para definir una operación clave para el futuro logístico y productivo de Argentina. Según cálculos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), la concesión, prevista por 25 años le permitirá al adjudicatario facturar aproximadamente USD 15.000 millones.

En la última fase del concurso, solo Jan de Nul NV y DEME NV, ambas compañías con sede central en Bélgica y reputación global en obras de ingeniería fluvial, lograron superar las instancias técnicas y legales del proceso.

Según detalló Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Anpyn, durante el Congreso de Puertos Privados realizado esta semana en la Bolsa de Cereales, la licitación, que lleva 18 meses de trabajo colaborativo con gobiernos provinciales, incluyó la fiscalización del organismo de Naciones Unidas, lo que brindó garantías de transparencia tanto para el Estado como para los usuarios y la sociedad. Arreseygor anticipó que para julio se prevé la pre-adjudicación de la administración del sistema troncal de navegación a un operador privado y que, a partir de ese momento, el precio del peaje comenzará a reducirse.

Inversiones millonarias y la reducción de costos

Quien obtenga la concesión deberá garantizar la modernización, ampliación, dragado y balizamiento de la Hidrovía a riesgo empresario, sin aval estatal. Los términos, según precisó la Anpyn, estipulan un retorno mínimo para el ganador del 6% calculado en función del peaje que cobrará a los usuarios. El proceso apunta a un escenario de inversión sostenida durante un cuarto de siglo, robusteciendo la infraestructura esencial para la exportación de granos y otros subproductos.

Una meta explícita establecida es la disminución de las tarifas actuales: Arreseygor sostuvo que si las propuestas económicas alcanzan el valor mínimo de la banda prevista, los costos de peaje podrían bajar al menos 15% respecto a lo que se abona hoy para navegar el tramo. La expectativa de reducción directa de costos logísticos despierta la aprobación de los principales actores del sector privado, entre ellos la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA-CEC, que representa el 48% de las exportacones agrícolas), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), entidades que expresaron su respaldo público al procedimiento impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Superadas las dos primeras etapas del proceso, en la tercera parte del mismo quedaron dos empresas de relevancia internacional, Jan de Nul NV y DEME NV, quienes competirán en los próximos días por la concesión de la Hidrovía. De esta manera, el próximo paso es la apertura y comparación de ofertas económicas lo que definirá qué compañía operará y mantendrá la vía durante 25 años. El ganador operará bajo riesgo propio; es decir, sin garantías del Estado, pero con supervisión del sistema productivo y organismos internacionales.

Solo una tercera oferente, la firma brasileña DTA Engenharia, resultó descalificada luego de la apertura del primer sobre por no cumplir con el requisito de garantías. La compañía objetó el resultado, elevando una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), donde reclamó presuntas “distorsiones” en los pliegos. Sin embargo, Arreseygor aseguró que “fue un proceso bastante razonable hasta la apertura de sobres” y precisó que “tuvimos tres ofertas, con dos empresas top mundial que fueron las que quedaron luego del sobre uno y dos”.

El proceso fue auditado por un organismo de las Naciones Unidas, que certificó la capacidad de Jan de Nul y DEME —junto a otras pocas empresas— como concesionarios aptos para la envergadura del proyecto. Según el director ejecutivo de la Anpyn, esta validación internacional fue clave para disipar las dudas en los sectores productivos, los usuarios y la opinión pública nacional.

Con la incorporación de tecnología de última generación y la profundización del sistema de navegación, el gobierno nacional afirma que la privatización de la Hidrovía supondrá una transformación en la estructura logística y de costos del comercio exterior argentino. El respaldo explícito de cámaras y sectores industriales refuerza esta expectativa de mayor competitividad y proyección internacional de la economía argentina.

El gobierno de Santa Fe, junto a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) anunció la creación de un fideicomiso para financiar el mantenimiento y la mejora de las rutas agrícolas que conectan con los principales puertos del Gran Rosario, por donde circula la mayor parte de las exportaciones agroindustriales argentinas.

Este mecanismo, diseñado en colaboración con los intendentes de ciudades portuarias, busca transferir el costo del desgaste vial a quienes generan esa presión logística: productores, acopiadores y exportadores.

De concretarse, la medida implicará un nuevo peaje variable por tonelada transportada, lo que elevaría el costo del transporte en aproximadamente USD 1,5 por camión. Dado que todos los recursos se destinarán exclusivamente a obras viales, los municipios ya no tendrían la potestad de cobrar tasas propias. El anuncio, que recibió tanto halagos como detractores, surge en el contexto de una actividad agroexportadora récord y una proyección de ingreso de divisas históricas para el sector.

Luego de varios días de lluvia que complicaron la actividad del sector, el corredor agroindustrial del Gran Rosario está recibiendo alrededor de 6.000 camiones diarios repletos de granos para su posterior exportación. En el inicio de la campaña gruesa, el estado de las rutas fue el principal punto de debate del campo, ya que los caminos de tierra y la infraestructura existente no alcanza para garantizar una entrega eficiente de los granos.

Las estimaciones para la campaña 2025/26 apuntan a una cosecha de 158 millones de toneladas, un 14% más que en el ciclo anterior, según proyectó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Con estos números, la entidad espera que la liquidación de divisas del agro alcance en 2026 los USD 35.375 millones. Se trata de una previsión que supera en alrededor de USD 850 millones la estimación anterior de la entidad, que había sido de USD 34.530 millones, y anticipa un flujo de dólares sostenido para el año agrícola.

La BCR también estima que entre abril y diciembre de 2026 ingresarían USD 29.600 millones por exportaciones agroindustriales. El peso de esta dinámica se evidencia especialmente en periodo de cosecha, cuando entran alrededor de dos millones de camiones a los puertos santafesinos, un factor que incrementa de forma sustancial el deterioro de rutas y accesos, y exige un mantenimiento de alta intensidad que excede al de la red vial convencional.

Estos datos permiten entender la magnitud de la iniciativa: la infraestructura vial se encuentra ante una exigencia inédita, motivada por campañas agrícolas con rendimientos excepcionales y una demanda global que, según destaca la BCR, puede favorecer a la Argentina al hallarse lejos de los principales focos de conflicto internacional.

Un nuevo modelo de financiamiento y las tensiones en el sector agropecuario

El esquema en desarrollo no plantea un sistema de peaje tradicional, sino una tarifa variable calculada de acuerdo al peso transportado por cada camión. Esto busca reconocer que el tránsito de carga pesada genera un daño extraordinario sobre la infraestructura, que requiere inversiones constantes para su reparación y mejora. Hasta ahora, cada municipio portuario aplicaba una tasa vial propia para financiar los servicios de mantenimiento. Para muchos intendentes, esos ingresos superaban lo recibido por coparticipación. La nueva propuesta unifica el criterio de cobro en toda la región, elimina la dispersión normativa y centraliza todo lo recaudado en el fideicomiso, que se destinará únicamente a obras.

Fuentes oficiales aclararon que el sector privado va a administrar el fideicomiso que va realizar las obras en los accesos a los puertos. “El gobierno provincial no cobra ni administra los recursos. El fideicomiso estará integrado por productores, cerealeras, transportistas, municipios y provincia”, explicaron.

La medida, cuya existencia fue confirmada pero aún no fue formalmente firmada, generó fuertes críticas entre los productores. En un comunicado, la Sociedad Rural Argentina (SRA) reconoció la relevancia estratégica de contar con una infraestructura eficiente y sostenible, especialmente en nodos clave para la exportación agroindustrial.

La Sociedad Rural enfatizó la importancia de que los productores participen activamente en el diseño y la toma de decisiones sobre políticas que afectan a su actividad, y advirtió: “La implementación de una nueva tasa sobre el transporte de cargas implicaría, en los hechos, un aumento adicional de los costos logísticos que recaerá directa o indirectamente sobre los productores agropecuarios, en un contexto ya marcado por una elevada presión impositiva”.

El comunicado añadió que el financiamiento de la infraestructura productiva debe formar parte de una estrategia integral, donde los Estados nacional y provincial asuman su responsabilidad en la provisión de bienes públicos esenciales.

El sector viene de una interna cruda. Por el conflicto en Medio Oriente, un grupo de transportistas autoconvocados realizó bloqueos en los puertos de Neuquén y Bahía Blanca en reclamo de un aumento tarifario ante la escalada de costos operativos, especialmente del combustible. Una de las posturas más replicadas por productores y acopiadores era que el monto que reciben por la venta de granos no llega a recuperar el aumento en los costos operativos que le demanda su propia actividad.

En tanto, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas confirmó a Infobae que apoya la medida.

El plan del gobierno de Santa Fe establece que la totalidad de los fondos vinculados a la tasa se dirija exclusiva y directamente al fideicomiso vial y a la ejecución de obras de acondicionamiento y mantenimiento en los accesos a los puertos. De este modo, busca resolver el histórico déficit de la infraestructura y garantizar la competitividad frente al aumento sostenido del tránsito logístico.

De cara a la cosecha gruesa, los exportadores del sector agropecuario liquidaron USD 2.495 millones durante abril. Este monto representa un incremento del 23% en relación a marzo, pero una caída del 1% respecto a igual mes de 2025.

En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, el sector liquidó un total de USD 7.667 millones. Esa cifra implica una caída del 11% en relación a lo liquidado en el mismo período de 2025.

Así surge del último informe de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas.

“El mes de abril se caracterizó por un crecimiento de arribo de camiones de maíz y girasol y la llegada de los primeros camiones de soja para procesamiento industrial y posterior exportación”, detalló CIARA-CEC.

Vale mencionar que la campaña 2025/26 constituye un punto de inflexión en la historia reciente del girasol. Con 3,1 millones de hectáreas sembradas —la mayor superficie desde la campaña 1999/00— y rendimientos superiores al promedio, favorecidos por condiciones climáticas óptimas, la producción se estima en 6,6 millones de toneladas. Este volumen representaría la cosecha más alta de los últimos 27 años (desde 1998/99) y la segunda mayor registrada para el cultivo.

No obstante, proyecciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) la ubican incluso por encima de los 7 millones de toneladas, lo que implicaría un nuevo récord histórico oficial para el país.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la Argentina concentra el 13% de la producción mundial de semillas de girasol, el mayor nivel de participación de los últimos cinco años.

En paralelo, el precio FOB promedio del aceite de girasol se ubicó en USD 1.300 por tonelada entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, por encima de los USD 1.100 registrados en el período previo.

El maíz también tiene protagonismo: las exportaciones marcaron un récord por segundo mes consecutivo. Entre marzo y abril, los embarques programados superaron los 10,3 millones de toneladas, un 54% más que el mismo período del año anterior y 3,7 millones por encima del promedio de los últimos 5 años, precisó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De acuerdo a la entidad, el ciclo de soja y maíz cerrará con una producción récord en la región, al alcanzar un volumen conjunto de 36,5 millones de toneladas. De esta manera, se superará la marca histórica de la campaña 2017/18, cuando se habían registrado 34,7 millones de toneladas.

El resultado se da en un contexto climático desafiante. Durante el verano, el déficit hídrico afectó de manera significativa a la soja, que atravesó momentos críticos, mientras que el maíz vio limitado su potencial productivo, quedando por debajo de las expectativas iniciales.

Así, y con precios internacionales más favorables, la BCR proyectó que la liquidación de divisas del agro en 2026 alcanzará los USD 35.375 millones. Esta cifra representa un incremento de cerca de USD 850 millones frente a la estimación anterior de la entidad, que era de USD 34.530 millones, y anticipa un flujo sostenido de dólares para la campaña actual.

Según el informe, entre abril y diciembre se prevé un ingreso de USD 29.600 millones por exportaciones agroindustriales. El complejo sojero aportaría USD 16.500 millones, el maíz USD 7.500 millones, el trigo USD 2.200 millones, el girasol USD 2.400 millones, la cebada USD 500 millones, el sorgo USD 300 millones y el resto de las oleaginosas y cereales USD 600 millones.

Como referencia, en 2025, el agro liquidó unos USD 31.330 millones, un 25% más que el año anterior. Ese incremento se explica en gran medida por el adelantamiento de exportaciones ante la eliminación temporal de retenciones, un efecto que se extendió hasta los primeros meses de 2026.

La BCR también advirtió, no obstante, que el contexto internacional que favorece los precios de los granos está provocando un aumento considerable en los costos de producción. La suba del petróleo, motivada por las tensiones en Medio Oriente, encareció insumos clave como combustibles y fertilizantes, con alzas destacadas en productos como la urea.

La confianza de los productores agropecuarios registró una caída en el arranque de 2026 y encendió una señal de alerta en el sector. Según el último relevamiento del Ag Barometer Austral, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, el índice descendió 16% en la medición marzo-abril, al ubicarse en 132 puntos frente a los 158 registrados en enero-febrero. El retroceso marca un punto de inflexión luego del pico histórico alcanzado a fines de 2025, cuando el optimismo rural había tocado máximos tras las elecciones legislativas de medio término.

El deterioro, aunque moderado en la comparación interanual, se explica por un empeoramiento generalizado en todos los indicadores relevados, especialmente en las condiciones presentes y en las expectativas de inversión. “El cambio de tendencia responde, en gran medida, al impacto del contexto internacional sobre los costos de producción, particularmente por la suba del precio del petróleo y su efecto en insumos clave como el gasoil y los fertilizantes”, explicó Carlos Steiger, director del Ag Barometer Austral e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

La mayor caída se observó en el Índice de Condiciones Presentes, que retrocedió 18%, mientras que la situación financiera actual de los productores cayó 21%, reflejando el estrechamiento de márgenes. También se debilitó la predisposición a invertir: aunque un 54% considera que sigue siendo un buen momento para hacerlo, apenas un 43% cree que podrá concretar inversiones en el corto plazo. “Se mantiene la intención de inversión, pero no necesariamente su concreción. La incertidumbre sobre los costos y la rentabilidad futura está generando cautela en la toma de decisiones”, señaló Steiger.

Detrás de este cambio de humor aparece con fuerza el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre la economía rural. El 66% de los productores identificó el aumento de los precios de los insumos en dólares como su principal preocupación para los próximos doce meses, por encima del clima, los precios agrícolas o las tasas de interés. La suba del petróleo elevó el costo del gasoil y de fertilizantes como la urea, golpeando de lleno la ecuación productiva. “El aumento de costos derivado del conflicto internacional ya está influyendo en las decisiones productivas y en la planificación de la próxima campaña”, advirtió Steiger.

Ese escenario ya empieza a reflejarse en la campaña fina. De cara al trigo 2026/27, un 61% de los productores considera que enfrenta un contexto desfavorable para sembrar, mientras que un 41% planea reducir el área implantada, un 49% mantendría la superficie y apenas un 9% prevé aumentarla, pese a venir de una campaña récord. En paralelo, las inversiones se mantienen en pausa, con foco principal en maquinaria, vientres vacunos e instalaciones, aunque condicionadas por el elevado costo del financiamiento. “Las altas tasas de interés siguen siendo un factor limitante. Aunque hubo una baja en las tasas pasivas, el crédito todavía no refleja plenamente esa mejora y eso condiciona las decisiones de inversión”, explicó Steiger.

Más allá de los números coyunturales, el informe deja una conclusión de fondo: las preocupaciones del agro cambiaron de eje. Hoy, la incertidumbre política local perdió protagonismo frente a variables concretas del negocio, como costos, márgenes y rentabilidad. “Hoy las preocupaciones del productor están mucho más asociadas a variables concretas del negocio que al contexto político local, lo que marca un cambio relevante en la percepción del sector”, concluyó Steiger. Con una mirada más conservadora, mayor acumulación de stocks de maíz como reserva de valor y decisiones productivas bajo revisión, el campo entra en una etapa de cautela que podría condicionar el ritmo de inversión y crecimiento del sector en los próximos meses.

Los cambios medioambientales representan hoy un factor determinante para la producción agropecuaria en Colombia. Fenómenos climáticos extremos, variaciones en las condiciones del suelo y riesgos inesperados afectan la estabilidad de los cultivos y elevan la incertidumbre para los productores.

Para muchos, el desafío no es solo producir, sino prever qué ocurre si una cosecha entera se pierde.

En respuesta a este escenario, La Previsora Seguros, ha impulsado una línea de seguros sostenibles orientada a pequeños y medianos productores, así como a empresas privadas y entidades estatales. Según la aseguradora, estos seguros buscan respaldar iniciativas que protejan la biodiversidad y fortalezcan el sector agropecuario, brindando un respaldo financiero concreto frente a eventos climáticos adversos y promoviendo prácticas responsables.

A diferencia de los seguros tradicionales, la propuesta incorpora criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), lo que implica que no solo se responde ante una pérdida, sino que también se incentiva una producción más responsable y resiliente.

La compañía indica que el objetivo es reducir el impacto del cambio climático y mejorar la gestión de riesgos, generando condiciones para que los productores no queden desprotegidos ante eventos inesperados.

“Los seguros sostenibles, más que una cobertura, representan una inversión para el futuro. Hablar de sostenibilidad en Colombia es hablar del agro, donde está el origen de gran parte de la economía y también uno de sus mayores desafíos”, afirmó Ramon Angarita, presidente de Previsora Seguros.

¿Cómo funcionan y qué beneficios aportan los seguros sostenibles?

En los últimos años, los pequeños y medianos productores han enfrentado escenarios de alta incertidumbre, especialmente por las pérdidas derivadas de fenómenos climáticos y la escasez de respaldo financiero. Los seguros sostenibles buscan anticipar el riesgo y asegurar la continuidad de quienes sostienen el campo, ofreciendo protección y apoyo para que puedan recuperarse tras una eventualidad.

“No se trata únicamente de responder ante el riesgo, sino de anticiparlo, de acompañar, de garantizar continuidad. La protección se convierte en un motor de estabilidad para quienes sostienen el campo, permitiéndoles crecer con mayor confianza”, concluyó Angarita.

A nivel global, el sector asegurador ha comenzado a integrar los criterios ASG en sus productos, reconociendo que su rol va más allá de cubrir riesgos, ya que puede contribuir a reducirlos activamente. En Colombia, los seguros sostenibles se consolidan como un respaldo financiero ante afectaciones productivas, impulsando la responsabilidad social y fortaleciendo la confianza en el sector agropecuario.

Entre sus principales objetivos se encuentran la reducción del impacto del cambio climático, la promoción de la responsabilidad social, el fomento de inversiones responsables, la mejora de la gestión de riesgos y el fortalecimiento de la confianza en el sector.

Nuevas soluciones y enfoques para la protección agropecuaria

La oferta de La Previsora de Seguros incluye actualmente seguros forestales, coberturas para productores de caucho y productos enfocados en la construcción de paz. La entidad anunció, además, el próximo lanzamiento de un seguro del oso, previsto para los próximos meses.

A través de estas iniciativas, los seguros sostenibles buscan consolidarse como herramientas fundamentales para el desarrollo del campo colombiano, fortaleciendo la resiliencia de los productores ante el cambio climático y ofreciendo respaldo en un entorno cada vez más desafiante.

La actividad económica argentina registró en marzo una variación mensual de -0,1%, según el Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG), elaborado por las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe. Se trata del primer dato negativo en lo que va de 2026, en un contexto en el que la recuperación exhibe señales de fragilidad. En la comparación interanual, el indicador se ubicó 1,3% por debajo del nivel observado en marzo de 2025.

Pese a la baja mensual, el nivel general de actividad todavía se mantiene 0,4% por encima de diciembre, aunque permanece 1,4% por debajo del máximo relativo alcanzado en abril del año pasado. El informe refleja además un deterioro generalizado en buena parte de los sectores relevados: siete de los diez componentes del índice registraron caídas mensuales y, en la medición interanual, la mayoría de las variables se ubicaron en terreno negativo.

Entre los sectores productivos, la actividad agropecuaria mostró un freno luego de cinco meses consecutivos de mejora. El avance mensual de labores agrícolas cayó 4,3% en marzo, afectado por excesos hídricos que demoraron las tareas de campo, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en la comparación con igual mes de 2025, el indicador exhibió una suba de 22,1%, consolidando al agro como uno de los motores de la economía.

La producción industrial volvió a retroceder, con una baja mensual del 0,4%, interrumpiendo la recuperación observada en meses previos, mientras que en términos interanuales acumuló una caída del 5,7%. La construcción, en contraste, sostuvo su recuperación con una suba de 1,2% mensual y un crecimiento de 2,8% respecto de marzo del año pasado, convirtiéndose en otro de los pocos sectores con desempeño positivo.

En el mercado interno, las señales fueron mayormente negativas. Las ventas minoristas cayeron 0,3% en marzo y acumularon un desplome interanual del 8,9%, reflejando la persistente debilidad del consumo. Los patentamientos de vehículos nuevos crecieron 2,1% frente a febrero, aunque continuaron en baja en la comparación interanual (-3,0%). A esto se sumó una recaudación nacional prácticamente estancada (-0,02% mensual) y 6,8% inferior a la de un año atrás.

El mercado laboral también profundizó su deterioro. El número de asalariados privados registrados cayó 0,1% mensual y encadenó diez meses consecutivos de retroceso, con una pérdida interanual cercana a 120 mil puestos de trabajo. Además, la remuneración bruta real de los trabajadores formales descendió 0,4% en marzo y acumula una caída de 2,4% interanual. Como señal adicional de cautela, el Índice Compuesto Líder de Actividad (ILA-ARG), que anticipa la evolución económica futura, retrocedió 0,2% y cortó una racha de cuatro meses consecutivos de subas, lo que abre interrogantes sobre la dinámica de la economía en los próximos meses.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) atraviesa una crisis institucional sin precedentes tras la denuncia pública de un fracaso tecnológico que implicó un costo superior a USD 3 millones y profundizó la disputa por la conducción de la entidad. El conflicto se desató cuando salieron a la luz graves fallas en la digitalización de los registros genealógicos de razas animales, lo que derivó en acusaciones cruzadas entre el presidente Nicolás Pino y el vicepresidente Marcos Pereda, justo cuando se acercan las elecciones internas previstas para el 9 de septiembre.

La tensión creció en los últimos días, luego de que la SRA, tras la ruptura pública entre sus principales autoridades, ordenara una auditoría externa para determinar el alcance de las irregularidades. La conducción encabezada por Pino acusa a la empresa Mobile Computing SA, responsable del sistema, de negarse a someterse a la revisión, mientras que parte del equipo técnico designado por Gustavo Papini (ex director general del Correo Argentino y asesor de Pereda) renunció durante el proceso. Actualmente, la entidad está en una instancia de mediación judicial.

Según la documentación presentada por la dirección actual, el proyecto de modernización tecnológica debía extenderse por nueve meses a partir de junio de 2023, pero se prolongó durante dos años debido a demoras y renegociaciones, con un costo final que superó los USD 3 millones.

En un comunicado al que accedió Infobae, la SRA admite: “Lamentablemente, en forma inmediata, se detectan numerosos errores y fallas de funcionamiento, desarrollos no realizados, entregas parciales y limitaciones no informadas que impidieron la utilización normal del sistema”. La situación se agravó cuando, a mediados de 2024, Mobile Computing SA fue transferida a Grid Dynamics, lo que sumó incertidumbre técnica. Además, la auditoría interna advirtió que el área liderada por Papini y Pereda no atendió advertencias legales del Estudio Cassagne, asesor de la entidad. Desde el bando de Pereda alegan que el ejecutivo no influyó en la decisión ni en la elección del proveedor.

En este contexto, este lunes un grupo de cabañeros de la SRA pidió formalmente a Pino la realización de una auditoría forense específica por el desmanejo de los registros, evidenciando un fuerte malestar hacia el presidente por la falta de respuestas y controles.

Desde la oposición, Pereda sostiene que “hubo mala administración y falta de controles”, y reclama acceso total a la documentación y comunicaciones internas, además de exigir una auditoría forense independiente. Su espacio, Renovación con Unidad, también denuncia que la gestión de Pino utilizó recursos institucionales con fines políticos y en operaciones de desprestigio en medio de la campaña electoral.

La interna se profundizó con la oficialización de la candidatura presidencial de Pereda, quien había compartido la conducción con Pino desde 2021 y ahora denuncia el colapso del sistema digital que originalmente ambos promovieron. En marzo, en Expoagro, Pereda lanzó su propio espacio junto a Santos Zuberbühler, referente de otro sector interno que exige renovación en la SRA. Según pudo saber Infobae, Pereda lleva tiempo apartado de las decisiones de la Comisión Directiva por el cierre de los espacios de discusión, lo que alimentó la interna y la ruptura definitiva hace casi dos años.

Pereda Born, descendiente de la familia Bunge y Born y presidente del Grupo Bermejo, se posiciona como referente de un sector más combativo y crítico ante el Gobierno nacional. Pino, con más de tres décadas de militancia en la SRA, representa la defensa de la estabilidad institucional y el diálogo con la administración de Javier Milei.

El quiebre de la alianza Pino-Pereda

El trasfondo de la disputa está en el quiebre de la alianza que los llevó al liderazgo en 2021, tras iniciativas de modernización como el traslado de la sede histórica y la introducción del voto electrónico. Las diferencias se ampliaron en la segunda mitad del mandato, también debido a las políticas del presidente Javier Milei. Mientras Pino apostó por una relación dialogante con el Ejecutivo, Pereda expresó las críticas de sectores opuestos a las retenciones sobre las exportaciones agropecuarias.

Surge además la controversia sobre los límites a la reelección. Un grupo de 120 socios objetó la posible reelección de Pino para un cuarto mandato, invocando la reforma estatutaria impulsada por él mismo en marzo de 2023, que fijó el tope en tres mandatos consecutivos.

Sin embargo, según la conducción actual, este límite solo aplica a partir de la aprobación formal ante la Inspección General de Justicia, el 20 de julio de 2023. Bajo este criterio, el período 2024-2026 sería el primer mandato de Pino bajo la nueva norma. En una carta, los socios críticos advirtieron que autorizar una nueva postulación implicaría un “retroceso institucional y una contradicción ética” y que “las reglas pierden toda legitimidad cuando quienes las impulsan deciden no cumplirlas”.

En paralelo, la SRA reafirma su rol como principal organización de grandes productores rurales y terratenientes de Argentina, con 3.900 socios y una historia institucional ligada a apellidos como Martínez de Hoz, Anchorena, Miguens, Blaquier, Frers y Etchevehere. Fundada en 1866, la entidad pertenece al Grupo de los Seis, que nuclea a los actores económicos más poderosos del país: bancos nacionales (Adeba), la industria (UIA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara de la Construcción (Camarco) y la Cámara Argentina del Comercio (CAC).

La situación electoral mantiene la expectativa. Aunque Pereda ya formalizó su candidatura a la presidencia, Pino sostiene en redes sociales que aún evalúa su postulación, postergando el anuncio definitivo. Estas definiciones marcarán el escenario competitivo de septiembre y determinarán el futuro institucional de la Sociedad Rural Argentina para sus socios y el sector agroindustrial.

El dinamismo de la demanda internacional y la reconfiguración de los mercados por la guerra en Medio Oriente impulsaron a niveles históricos las exportaciones de granos argentinos en el primer cuatrimestre de 2026. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el país alcanzaría un envío récord de 40 millones de toneladas, un incremento del 11% frente a la marca previa.

El crecimiento del volumen exportado responde a la confluencia de factores climáticos adversos en otras regiones productoras y a la demanda europea, acentuada por las disrupciones comerciales provocadas por el conflicto bélico que incluye a EEUU, Irán e Israel. El campo argentino logró ocupar así una posición estratégica que le permite capitalizar la ventana internacional abierta por la falta de oferta en Ucrania, la Unión Europea y Turquía.

Cabe resaltar que la Unión Europea representa el mercado más exigente del mercado global. El bloque impone barreras fitosanitarias y estándares de calidad que actúan como un estricto filtro de ingreso, especialmente tras la implementación del “Pacto Verde” que exige trazabilidad total y certificaciones de baja huella de carbono.

Maíz y girasol, dueños del récord exportador

El protagonismo de la campaña 2025/26 corresponde al maíz, cuyas exportaciones marcan un récord por segundo mes consecutivo. Entre marzo y abril, los embarques programados superarán los 10,3 millones de toneladas, un 54% más que el mismo período del año anterior y 3,7 millones por encima del promedio de los últimos cinco años, precisó la BCR. Esta tendencia posiciona a la Argentina como uno de los principales proveedores mundiales, incluso antes de la plena incorporación al mercado global de la “safrinha” brasileña.

El impacto concreto en la balanza comercial se refleja en la proyección de liquidación de divisas que, según la BCR, podría alcanzar los USD 35.375 millones en 2026, lo que equivale a un aumento de USD 850 millones respecto al cálculo previo. Solo entre abril y diciembre, se anticipan ingresos por USD 29.600 millones derivados de las exportaciones agroindustriales. Esta proyección muestra un aporte clave del sector agrícola al flujo de dólares, con el tipo de cambio mayorista en torno a los $1.400 en el último mes.

La performance del girasol sobresale dentro del panorama. El ciclo 2025/26 alcanza una cosecha récord estimada en 7,3 millones de toneladas, un 30,4% superior a la anterior, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP). Ya cosecharon 6,98 millones y, solo en el primer cuatrimestre, las exportaciones de semilla en bruto se acercan al millón de toneladas, una modalidad poco habitual frente a los tradicionales subproductos industriales.

La Comisión Europea informó, además, que la Argentina suministró el 30,6% de las importaciones de semilla de girasol de la Unión Europea, en contraste con apenas un 1% en 2025, y el 54% de la harina de girasol, más del doble respecto al año anterior.

Los principales destinos son Bulgaria y Rumania. Bulgaria, afectada por alteraciones climáticas, debió importar hasta 400.000 toneladas de semilla argentina para suplir la escasez local. Rumania, sin urgencias de abastecimiento, optó por 100.000 toneladas para aprovechar la relación costo-beneficio del girasol argentino ante precios récord del aceite en Europa, señaló la BCR.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), las semillas argentinas concentran el 13% de la producción global, el mayor porcentaje en cinco años. Además, el precio FOB (en origen) promedio del aceite de girasol alcanzó USD 1.300 por tonelada entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, frente a los USD 1.100 en el periodo anterior.

Perspectivas para el agro argentino

En el mercado interno, la comercialización de maíz avanza sobre 23,7 millones de toneladas —el 35 % de la cosecha prevista— y la superficie sembrada fue elevada a 11,2 millones de hectáreas por la SAGyP, con una producción total de 67,6 millones. El precio, en torno a $260.000 por tonelada, refleja la presión de la cosecha y una reciente recuperación tras registrar mínimos en marzo. En el plano internacional, la oferta secundaria se contrae: Estados Unidos ya comprometió el 87% de su programa exportador y Ucrania opera por debajo de su potencial, mientras el FOB argentino subió más de USD 15 por tonelada desde inicios del año, aseguró la BCR en su análisis sectorial.

En este contexto, las perspectivas de mayores ingresos y desafíos futuros también aparecen en el horizonte. La BCR proyectó que si el gobierno eliminara las retenciones a la exportación de productos agropecuarios a partir de 2028, las exportaciones del complejo podrían ascender a 183 millones de toneladas, con un valor estimado de USD 50.000 millones en la próxima década. El informe afirma que, en tal escenario, el Estado recuperaría lo resignado por la menor recaudación en apenas cuatro años, debido al aumento de otros tributos asociados al crecimiento del sector.

Rizobacter, una compañía de Bioceres Corp, puso en marcha un nuevo proceso de reestructuración de deuda por USD 42 millones. La firma de microbiología busca extender plazos y ajustar condiciones para ordenar sus compromisos financieros y evitar un incumplimiento, en medio de la incertidumbre generada por la reciente quiebra de Bioceres S.A., la firma de biotecnología agropecuaria fundada en 2001 por un grupo de productores de Rosario y considerada el germen del actual holding que cotiza en Wall Street.

Según informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV), en el caso de no alcanzar un acuerdo que cuente con la adhesión mínima del 70% en cada clase involucrada, Rizobacter advirtió sobre un “riesgo grave e inmediato de default”.

El documento detalla que aquellos tenedores de obligaciones negociables que no participen del canje pueden enfrentarse a una reestructuración forzosa, con condiciones potencialmente menos favorables que las previstas en la propuesta voluntaria. La empresa también advirtió que si no puede acceder a divisas, los acreedores podrían recibir bonos soberanos en lugar de efectivo.

La oferta vigente, que representa una nueva etapa en el proceso de optimización financiera de la empresa, contempla que los tenedores de las ON puedan entregar sus títulos actuales y recibir a cambio nuevas Obligaciones Negociables Serie XI, estructuradas en tres clases, con vencimiento el 3 de septiembre de 2029 y una tasa de interés anual del 9%. Los participantes voluntarios recibirán como incentivo un pago inicial equivalente al 20% del capital el próximo 28 de junio, siempre que se cumplan todas las condiciones detalladas en la operación.

El antecedente: reestructuración previa y crisis en el grupo Bioceres

Semanas antes de esta nueva oferta, Rizobacter ya había logrado la adhesión de más del 76% de los tenedores de la Serie VIII Clase B, correspondiente a aproximadamente USD 3,8 millones, lo que permitió implementar un cronograma de pagos que incluyó un adelanto del 20% del saldo y el resto hasta septiembre de 2028. Este hito, informado a la CNV, sirvió de base para la estrategia actual y proporcionó previsibilidad en un contexto que permanece adverso para la corporación nacida en Rosario.

Fundada en 1977 por Ricardo Yapur en Pergamino, Rizobacter es ahora controlada mayoritariamente por Bioceres Crop Solutions (BIOX), que en 2016 adquirió el 50,01% de sus acciones.

En los últimos años, el conglomerado atravesó una transformación internacional, expandiéndose a más de 25 países y realizando adquisiciones estratégicas como la de ProFarm Group por USD 243 millones. Sin embargo, la estructura corporativa—con Bioceres Group Limited en el Reino Unido, Bioceres SA en Argentina y Bioceres Crop Solutions (BIOX) en el Nasdaq—se volvió insostenible ante una sucesión de crisis, comenzando con la sequía de 2022 y la caída de los precios internacionales.

En 2025 se decretó la quiebra de Bioceres S.A. en Santa Fe, en medio de enfrentamientos directivos y denuncias cruzadas. El ex CEO Federico Trucco, ahora al frente de BIOX, y el empresario uruguayo Juan Sartori, quien tomó el control de la compañía tras ingresar en 2025, mantienen posturas antagónicas sobre la responsabilidad de la crisis. Desde el entorno de Sartori acusan a la gestión anterior de producir un “profundo deterioro económico y financiero”, cuantificando pérdidas en USD 180 millones para el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2025, un número significativamente superior a los USD 130,3 millones del ciclo precedente.

Entre las decisiones más controvertidas, destaca la desconsolidación deliberada del control sobre BIOX, que habría significado para Bioceres S.A. la pérdida de casi USD 350 millones en patrimonio neto, según la versión de los allegados a Sartori. Por su parte, fuentes del lado de Trucco afirman que nunca existió voluntad de pago real bajo la nueva administración y que el objetivo era incrementar la posición accionaria sobre BIOX, cuyo valor se desplomó desde USD 7 a finales de julio hasta los USD 0,62 por acción en la actualidad, tras una serie de ventas de emergencia realizadas por Sartori.

ProFarm Group, comprada en 2022, finalmente fue transferida a acreedores estadounidenses luego de la ejecución de garantías por USD 55 millones, permitiendo al fondo Jasper Lake quedarse con la empresa por alrededor de USD 15 millones.

Impacto operativo y disputas judiciales tras la crisis de Bioceres

En paralelo al proceso de reestructuración, Rizobacter continúa negociando con bancos e inversores para profundizar su estrategia de estabilización financiera en un ambiente marcado por la crisis del conglomerado. Fuentes ligadas a las negociaciones consultadas por Infobae advirtieron que el futuro de Bioceres sigue siendo incierto y condicionado a la evolución de las demandas de acreedores.

El entorno judicial se encuentra caliente tras la salida de Trucco del directorio de Bioceres S.A. y su enfrentamiento con Sartori. Trucco prepara una denuncia penal vinculada a la asamblea en la que fue removido y a las decisiones administrativas adoptadas durante el proceso de quiebra. En tanto, la administración liderada por Sartori detalla que el cierre fue inevitable ante “la imposibilidad objetiva de atender obligaciones exigibles”, según argumentaron en el último comunicado.

La disputa tuvo efectos directos en los mercados financieros: Moolec, la controlante actual de Bioceres S.A. y propiedad de Sartori, reportó un ahorro de USD 95 millones ante la SEC debido a la quiebra, y la acción de BIOX se desplomó casi un 90% desde el ingreso del empresario uruguayo como accionista.

Pampa Energía, la compañía de Marcelo Mindlin, presentará un nuevo proyecto en el marco del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de Fértil Pampa, un proyecto que demandará alrededor de USD 2.400 millones para la producir fertilizantes en el Polo Industrial de Bahía Blanca.

La iniciativa, que tiene el objetivo de transformar el gas natural de Vaca Muerta en 2,1 millones de toneladas anuales de urea a partir de 2030, apunta a sustituir importaciones, fortalecer el agro nacional y abastecer la creciente demanda regional, según pudo saber Infobae.

El proyecto, que podría contar con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y negocia una línea de crédito con la Corporación Financiera Internacional (CFI), organismo del Banco Mundial. Según un informe que publicó la propia CFI, el complejo industrial aprovechará su cercanía a gasoductos, líneas de transmisión de alta tensión, infraestructura de captación de agua y un puerto de aguas profundas que facilitará tanto la exportación como la distribución nacional.

En este sentido, la propuesta contempla un impacto directo en las cuentas externas argentinas: se estima que el complejo generará USD 890 millones anuales en divisas desde el inicio de operaciones, con el 60% de la producción orientada a exportaciones, principalmente a Brasil, nación con un fuerte déficit de urea.

Actualmente, el mercado argentino depende en gran parte de importaciones, ya que la única productora local es Profertil, ubicada también en Bahía Blanca, y cuya propiedad pasó recientemente mayoritariamente a Adecoagro y en un 10% a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

Según pudo saber Infobae, Fértil Pampa S.A.U., propiedad total de Pampa Energía, generará 3.500 puestos de trabajo durante la fase de construcción y 300 empleos fijos en la etapa operativa. Según pudo saber este medio, la empresa busca industrializar recursos, generar divisas y desarrollar proveedores locales, aunque el éxito de la iniciativa dependerá de la estabilidad macroeconómica y la competitividad de los precios energéticos.

El desafío energético y la infraestructura clave

El crecimiento de la producción de gas de Vaca Muerta es un pilar del plan, ya que se prevé un fuerte incremento de la oferta en la próxima década. En 2025, Pampa Energía alcanzó un récord de 17,6 millones de metros cúbicos diarios y proyecta elevar esa cifra en 10 millones de metros cúbicos adicionales en los próximos tres años. Esta condición coloca a la compañía en una posición estratégica: podrá abastecer directamente a la planta de Fértil Pampa, aprovechando el gas excedente de la cuenca neuquina como principal insumo.

El proyecto implica, además, la instalación de una planta que fabricará amoníaco y dióxido de carbono, materias primas indispensables para la producción de urea. El gas natural llegará a través de un gasoducto exclusivo, la electricidad se tomará del Sistema Interconectado Nacional (SADI) y se empleará agua de mar desalinizada en las operaciones.

El anuncio de Fértil Pampa coincide con un entorno internacional marcado por la inestabilidad. En las últimas semanas, el precio internacional de la urea registró subas del 40% al 57%, con valores FOB que pasaron de alrededor de USD 685 a USD 755 por tonelada a raíz del conflicto en Medio Oriente. El 35% de la urea importada por Argentina transita por el Estrecho de Ormuz, zona afectada por bloqueos y recortes de producción, situación que impacta de lleno en los costos de la agricultura local.

La demanda interna de este fertilizante es relevante: la urea es uno de los insumos agrícolas más utilizados en la Argentina. La nueva planta permitirá reducir la dependencia externa y blindar la economía rural frente a las fluctuaciones internacionales.

RIGI: otro megadesembolso en la agenda

La estrategia de Pampa Energía en torno al RIGI trasciende la planta de urea. Según anunció el ministro de Economía Luis Caputo en marzo, la compañía tiene en carpeta otra inversión en el yacimiento Rincón de Aranda, Neuquén, donde planea destinar USD 4.500 millones al desarrollo de petróleo, construcción de nuevas plantas de tratamiento, oleoductos y gasoductos. Esta expansión prevé perforar “más de 100 pozos adicionales” y extender el pico de extracción del campo.

En julio, la empresa de Marcelo Mindlin, quien también acaba de quedar al mando -junto a fondos internacionales- de la cementera Loma Negra, ya había registrado un primer pedido de adhesión al régimen, vinculado a obras de infraestructura para el bloque. Esta inversión inicial fue estimada en USD 426 millones e involucra la construcción de una planta de tratamiento, oleoductos, gasoductos, instalaciones de almacenamiento y estaciones de bombeo para conectar el yacimiento con los sistemas de transporte principales, como el gasoducto Perito Moreno y el oleoducto Vaca Muerta Sur.

La provincia de Santa Fe enfrenta una de las crisis hídricas más severas de la última década tras las lluvias extraordinarias ocurridas en la primera quincena de abril de 2026. Las tormentas provocaron inundaciones generalizadas y afectaron gravemente la producción ganadera, la infraestructura vial y el acceso a servicios esenciales en las localidades de 9 de Julio, Vera y General Obligado.

Según difundió la Sociedad Rural de Vera, el impacto de este fenómeno “amenaza la continuidad de la principal actividad económica de la región” y profundiza la vulnerabilidad social en una de las zonas más extensas de Santa Fe, con un territorio que abarca más de 22.000 kilómetros cuadrados.

En menos de una semana se registraron precipitaciones “de carácter extraordinario”, que alcanzaron valores entre los 150 milímetros y más de 230 mm en lapsos inferiores a 48 horas, con acumulados puntuales que superan ampliamente los promedios históricos mensuales. Puntualmente, la localidad de Fortín Olmos registró hasta 230 milímetros en solo dos días, mientras se detectaron acumulados de hasta 350 milímetros en sitios puntuales de la región.

En tanto, el Departamento Vera, el más extenso de la provincia de Santa Fe, recibió lluvias excepcionales, con acumulados que triplicaron la media mensual. El fenómeno dejó la totalidad de los suelos saturados, lo que desencadenó inundaciones, anegamientos persistentes y la interrupción sostenida de servicios vitales y productivos.

El Departamento Vera tiene un stock bovino calculado en 700.000 cabezas, valor que lo posiciona como uno de los núcleos ganaderos centrales del país. El anegamiento de campos y la contaminación de aguadas comprometieron la alimentación y la salud de los animales, con reportes de “deterioro en la condición corporal de los rodeos, dificultades en la alimentación y suplementación, riesgos sanitarios y restricciones operativas que comprometen la continuidad de los sistemas productivos”. Dirigentes locales advierten sobre la pérdida de animales ante la imposibilidad de acceder a zonas seguras y la dificultad para realizar controles sanitarios y movimientos de hacienda.

Colapso en servicios

La infraestructura rural se encuentra “en estado de intransitabilidad generalizada, dificultando el acceso a los establecimientos productivos, el traslado de hacienda, la provisión de insumos básicos y la circulación de servicios esenciales, generando aislamiento en amplias zonas rurales”, señala el documento difundido por la entidad.

El reporte más grave señala interrupciones de hasta 16 horas continuas en el suministro de energía eléctrica en parajes y establecimientos productivos. Esto afecta la operatividad de bombas de agua, sistemas de electrificación rural y la conservación de medicamentos e insumos veterinarios. La inoperancia de la red vial perjudica directamente el funcionamiento de la cadena productiva y la seguridad alimentaria de la región.

En cuanto al plano educativo, la suspensión de clases por tiempo indefinido perjudicó a niños y adolescentes rurales que no pueden asistir a los establecimientos, alterando el calendario escolar y restringiendo el acceso a comedores y a servicios complementarios de nutrición, conforme detalla el pedido institucional de emergencia presentado por las entidades rurales al gobierno provincial y nacional.

La ganadería bajo amenaza en un contexto mundial desafiante

El contratiempo climático en el campo argentino ocurre en coincidencia con un escenario internacional de ajustes en la producción y el comercio de carne vacuna. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, realizado en base a datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en 2026 la producción mundial de carne vacuna experimentará su primera caída en cinco años, descendiendo un 1% hasta 61,6 millones de toneladas, un recorte de 685.000 toneladas respecto de 2025.

El documento subraya que China y Brasil encabezan los recortes: el gigante sudamericano reduciría su producción un 2%, a 12,4 millones de toneladas, aunque retendría su lugar como principal exportador mundial, con 4,275 millones de toneladas.

Por su parte, Australia prevé un descenso del 1% en su producción, alcanzando 2,9 millones de toneladas, pero sostiene su posición como segundo exportador global, con 2,16 millones de toneladas. Al mismo tiempo, la demanda internacional también se ajusta: el USDA anticipa que las importaciones globales de carne vacuna pasarán de 12,01 a 11,68 millones de toneladas, una disminución del 2,6%. China, en particular, reducirá sus compras externas a 3,2 millones de toneladas, el nivel más bajo desde 2020.

Estos cambios estructurales en el mercado tienen implicancias directas para exportadores tradicionales como Argentina. Según la BCR, mientras Brasil y Australia deben administrar cuotas reducidas en China, Argentina no enfrenta estas limitaciones y podría beneficiarse de una demanda creciente de Estados Unidos y Europa, donde se pronostica un alza del 6% en el mercado estadounidense, con importaciones que alcanzarían los 2,626 millones de toneladas. En la Unión Europea, la reducción de aranceles gracias al acuerdo Mercosur y la posición dominante en la Cuota Hilton fortalecen el escenario exportador argentino.

Luego de más de dos semanas del bloqueo de transportistas autoconvocados en el acceso a Puerto Quequén, en la provincia de Buenos Aires, la operatoria agroexportadora permanece detenida. La Cámara de Puertos Privados Comerciales denunció que, pese a los acuerdos tarifarios alcanzados por la mayoría del sector, un grupo minoritario mantiene la interrupción de la circulación de granos. Esta situación ya provocó pérdidas estimadas en al menos USD 450 millones, afectando el cumplimiento de contratos internacionales y deteriorando la competitividad nacional.

La entidad informó que, en los últimos días, 22 embarcaciones quedaron a la espera en Bahía Blanca y nueve en Quequén, lo que equivale a entre 700.000 y 1,5 millones de toneladas de granos sin posibilidad de embarque. Esta situación no solo perjudica a exportadores, sino que compromete a productores, cooperativas, acopios e industrias, por tratarse de la temporada alta de cosecha, cuando está en juego la salida de los productos primarios y los flujos de capitales vinculados.

El conflicto se originó el 7 de abril con el inicio de un paro total por parte de transportistas de granos, principalmente de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Exigían una actualización tarifaria ante la suba del combustible derivada del conflicto internacional en Medio Oriente. Aunque las cámaras más representativas del sector arribaron a un acuerdo unos días después, un núcleo reducido de autoconvocados mantuvo bloqueos en rutas y accesos, especialmente sobre Quequén.

La crisis logística y sus implicancias económicas

A lo largo de más de dos semanas, la persistencia de los reclamos convirtió a ese enclave bonaerense en el principal foco de la crisis. Organizaciones como la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC) advirtieron que la interrupción del flujo exportador agrava el deterioro financiero y logístico.

“Los barcos no están viniendo a cargar a la Argentina, por lo que el daño económico para toda la cadena de valor cerealera y oleaginosa es inmenso, y está afectando también al país”, expuso en un comunicado Ciara-CEC.

El origen de la protesta de los transportistas tiene como trasfondo el fuerte incremento de los costos operativos. Según la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeaac), el gasoil aumentó un 24,7% en marzo y registró un 48% de incremento interanual. El combustible representa cerca del 35% del costo total de un camión, lo que generó que los transportistas reclamaran un aumento del 15% en la tarifa frente a una oferta de 10% por parte de los acopiadores.

En este contexto, los valores de referencia para el transporte de granos alcanzan hoy los $25.389 por tonelada para trayectos de 100 km y superan los $148.000 en viajes de 1.500 km. Los transportistas sostienen que la tarifa reconocida no cubre el alza de los costos, y advierten que la brecha entre precio real y costos hace inviable la actividad en muchos casos.

Costos de la parálisis e impacto sectorial

La detención de la logística tiene implicancias especialmente costosas. Cada buque parado genera un sobrecosto diario aproximado de USD 50.000 al que se adiciona el almacenaje transitorio de granos en origen, estimado en USD 5 por tonelada en silobolsas.

Sin embargo, las consecuencias trascienden el daño económico inmediato. La paralización de Bahía Blanca y Necochea, donde ocho muelles permanecen sin actividad, afecta la imagen de la Argentina como origen confiable de productos agrícolas. Con una cosecha estimada en 158 millones de toneladas para la campaña en curso, exportadores y cámaras empresariales advirtieron que los retrasos generan incumplimientos contractuales y pueden derivar en pérdidas futuras en la inserción internacional del sector.

Actualmente, el sector agroindustrial proyecta para 2026 una liquidación de divisas cercana a los USD 35.375 millones. El bloqueo sobre Quequén y la tensión entre transportistas y acopiadores pondrá bajo presión el flujo de divisas proyectado para marzo.

En respuesta a este panorama, la Cámara de Puertos Privados Comerciales exigió la intervención urgente de autoridades nacionales, provinciales, municipales y judiciales para restablecer el orden y eliminar prácticas coercitivas detectadas entre los bloqueadores. Parte de estas acciones fueron denunciadas ante la Justicia por involucrar amenazas físicas contra choferes que intentaron trabajar durante el paro.

A pesar de los acuerdos logrados en otros puertos, Quequén continúa paralizado, con más de 20 accesos estratégicos bloqueados y una disputa tarifaria aún sin solución, en pleno momento crítico para el sector exportador argentino.

En medio de una campaña de girasol que promete ser la mayor del siglo XXI, el campo insistió en la necesidad de llevar a cero las retenciones del sector.

De hecho, la Asociación Argentina de Girasol (Asagir) advirtió que, mientras el Estado recauda apenas USD 90 millones anuales por esa vía —el 2% del total de retenciones— el tributo limita la expansión de un negocio que atraviesa un momento de demanda excepcional: la caída en la producción de Ucrania y Rusia, que concentran más del 60% del mercado mundial, abrió una ventana de oportunidad que la Argentina, por ahora, no termina de aprovechar.

Jorge Ingaramo, presidente de Asagir, remarcó que el objetivo es “duplicar las exportaciones en el complejo de girasol, sobre todo en aceite. Pasar de USD 2.400 millones a USD 4.800 millones no es chiste”. En ese sentido, instó a considerar el girasol como una economía regional y recordó: “Muchachos del Estado, no se preocupen. El año pasado con el 4,5% de retenciones, la recaudación fue de USD 90 millones. Es el 2% de la recaudación de retenciones de exportaciones”.

La noticia cobra relevancia ya que el girasol es uno de los complejos que explica el fuerte crecimiento proyectado para el agro argentino en 2026. En medio de una cosecha récord, impulsada por condiciones climáticas más favorables, el sector prevé un ingreso de USD 35.375 millones al Mercado Libre de Cambios (MULC) durante el año, según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La escalada del conflicto en Medio Oriente, en particular en el Estrecho de Ormuz, es uno de los factores que incidieron en la dinámica exportadora. El aumento en los costos de transporte internacional, sin embargo, atenúa el efecto positivo de la mayor producción sobre los ingresos por exportaciones, según el análisis de la BCR.

Ramiro Costa, economista de la Bolsa de Cereales, aseguró que un derecho de exportación del 0% al girasol aumentaría la siembra y la adopción tecnológica. Según su análisis, en el marco del Congreso Argentino de Girasol, si la baja fiscal se concreta, la tasa de crecimiento de la producción de girasol “pasaría de 6% a 20% anual”. A esto se suma el contexto internacional: Costa señaló que el aceite de girasol muestra una tasa de crecimiento proyectada del 26%, frente al 20% del resto de los aceites, una diferencia que posiciona al cultivo como el “gran ganador de los últimos años”.

La BCR proyecta que los Derechos de Exportación (DEX) generarán en 2026 cerca de USD 4.650 millones, una cifra similar a la del año previo. El complejo sojero seguirá encabezando los aportes, con USD 3.420 millones, aunque en descenso interanual por la menor producción. El maíz mostraría un incremento relevante en la recaudación, con USD 720 millones (30% más que el año pasado), mientras que el trigo sumaría USD 300 millones (21% de aumento). En el caso del girasol, se prevé una recaudación de USD 115 millones, lo que representa un crecimiento de casi 60%, impulsado por el mayor volumen exportado.

La nueva campaña marcaría un récord de producción y exportaciones de girasol

El departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) actualizó en su informe de marzo que la cosecha argentina de girasol alcanzaría 7 millones de toneladas, lo que representa un incremento interanual del 25,2%. Este sería uno de los mejores resultados de las últimas campañas. Las proyecciones locales, como la de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), aunque más conservadoras —6,2 millones de toneladas—, también anticipan potenciales rindes superiores a los promedios históricos en varias provincias productivas.

En lo que respecta a exportaciones, Emilce Terré, economista e investigadora de la BCR, sostuvo que la campaña 25/26 “será la mayor del siglo XXI”, con un récord estimado de 1,1 millón de toneladas de semilla, casi 2 millones de toneladas de aceite y 1,9 millones de pellets. Este volumen totaliza un ingreso de más de USD 3.000 millones, que se dividirán en USD 500 millones por semillas, aproximadamente USD 2.500 millones por aceites y USD 260 millones por subproductos como pellets y harina.

En enero, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) relevó que las exportaciones del complejo girasol aportaron USD 210,1 millones, lo que implicó un salto interanual del 173,2%. En términos globales, según el USDA, la Argentina aporta el 13,8% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol: “Exportará casi una de cada siete toneladas de aceite de girasol que se comercializan en el mundo”, precisó el informe de la cartera americana.

El contexto histórico y la transformación del girasol

En la campaña 2001/02, la Argentina dominaba el 60% del mercado mundial de aceite de girasol, según la BCR. El liderazgo se perdió en los siguientes 20 años cuando Ucrania y Rusia expandieron su área sembrada, tecnificaron sus procesos y fortalecieron la industrialización, desplazando a la Argentina en el comercio global. Actualmente, entre ambos países concentran más del 60% del mercado.

La menor inversión, el arraigo de modelos productivos menos sofisticados y la vigencia de derechos de exportación restaron incentivos al girasol argentino, que además sufrió pérdida de terreno frente a cultivos como la soja y el maíz, favorecidos por mejores paquetes tecnológicos y rentabilidad durante el auge de los precios internacionales de commodities. Esto redujo sostenidamente la superficie sembrada con girasol y, por ende, la participación argentina en el negocio global.

Estas condiciones estructurales explican la discusión actual sobre la necesidad de actualizar la Ley de Semillas, un reclamo central del sector agroindustrial para cerrar la brecha de rendimientos por hectárea frente a los competidores de Europa, Estados Unidos y Brasil. Mientras parte del agro se resiste a aumentar las regulaciones, la mayoría de los actores reconocen que una actualización normativa permitiría recuperar competitividad.

Federico Albrecht, de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, vinculó las rebajas fiscales al impacto directo en el desarrollo económico regional. En el marco del congreso del girasol organizado por Asagir, remarcó que transformar el grano en productos como expeller, aceite, carne o leche “multiplica los ingresos” y genera encadenamientos productivos concretos que “transforman áreas de producción en lugares de desarrollo”. Albrecht definió el agregado de valor en origen como una “decisión estratégica para desarrollar los territorios”.

El crecimiento de la oferta argentina aparece como un factor relevante para el equilibrio global del mercado, dado que, según el USDA, la relación entre stocks y consumo mundial de aceite de girasol ronda el 13,5%, reflejando una oferta ajustada frente a la demanda. Este escenario, marcado por la volatilidad en la región del Mar Negro, le otorga al país una oportunidad singular para fortalecer su presencia internacional y recuperar su protagonismo exportador.

Luego de la sanción del acuerdo de libre comercio Mercosur- Unión Europea en los Congresos de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay; el bloque europeo endureció las cláusulas bilaterales del salvaguardias agrícolas, lo que podría afectar las exportaciones de varios sectores argentinos.

Las modificaciones reflejan una estrategia más cautelosa y protectora por parte de la Unión Europea frente a la apertura comercial que implica el tratado. El endurecimiento de los umbrales, el monitoreo permanente y la ampliación de facultades de la Comisión Europea configuran un esquema más estricto para responder a eventuales impactos negativos en el agro europeo.

Según detalló la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el texto definitivo introduce cambios sustanciales respecto del borrador presentado en octubre:

Umbrales más estrictos para activar investigaciones

Una de las principales diferencias radica en el endurecimiento de los criterios que permiten iniciar investigaciones. Mientras que el borrador contemplaba umbrales del 10% en variables como el aumento de importaciones, la caída de la producción local o la brecha de precios, el reglamento final reduce esos parámetros al 5%.

De este modo, podrán activarse investigaciones cuando se verifique un incremento superior al 5% en el volumen importado respecto del promedio de los últimos tres años, acompañado de precios de importación al menos un 5% inferiores a los nacionales.

También se contemplan escenarios en los que los precios de importación caigan más de un 5% frente al promedio trienal y se mantengan por debajo de los precios internos.

Además de reducir los umbrales, se sustituye la comparación interanual por un promedio de tres años, lo que amplía la base de cálculo. A ello se suma una cláusula que otorga mayor discrecionalidad a la Comisión Europea, que podrá iniciar investigaciones aun sin alcanzar dichos umbrales si detecta indicios claros de deterioro económico o caídas sostenidas de precios.

Monitoreo permanente y mayor control

El reglamento también refuerza el sistema de seguimiento del mercado. El control, que en el borrador era semestral, pasa ahora a ser “constante y proactivo”, apoyado en los observatorios de mercado de la Unión Europea como fuentes oficiales de datos sobre precios y volúmenes.

En este marco, se introduce una herramienta clave: la posibilidad de que la Comisión Europea modifique la lista de productos sensibles. Esta decisión podrá adoptarse tanto por iniciativa propia como a pedido de sectores productivos europeos, siempre que exista una justificación fundada.

Medidas contra la elusión comercial

Otra novedad relevante es la incorporación de disposiciones anti-elusión. La normativa faculta a la Comisión a intervenir cuando detecte desvíos en las rutas comerciales destinados a evitar la aplicación de salvaguardias. En tales casos, podrá reforzar los controles aduaneros para impedir estas prácticas.

Ajustes jurídicos para evitar conflictos en la OMC

Más allá de los cambios operativos, el reglamento introduce modificaciones terminológicas con implicancias jurídicas. En particular, se reemplaza el concepto de “industria de la Unión” por el de “rama de la producción de la Unión”, alineándose con las categorías reconocidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Este ajuste busca prevenir eventuales disputas por parte de países del Mercosur ante dicho organismo.

“Es el caso de la desaparición de ‘la industria de la Unión’ del borrador y su reemplazo por ‘la rama de la producción de la Unión’ en el texto definitivo, más específicamente en los artículos sobre el seguimiento de productos sensibles o los procesos de investigación. Lo positivo de esta reforma es que, de alguna manera, circunscribe la investigación y la presentación de pruebas de daño a los productores de un bien específico y no lo amplía a la cadena de valor, como hubiera sido el caso de utilizar un término mucho más amplio como ‘industria’”, remarcó la BCR.

Por otra parte, el reglamento establece que para pedir la salvaguardia debe existir una representatividad de la rama de la producción de “más del 50%” de la producción de todo el bloque -o un mínimo de 25% en casos excepcionales-.

“A todo esto, dichos porcentajes no se encuentran expresados en el Acuerdo de Salvaguardias de la OMC, en donde expresa que debe representar ‘una parte sustancial de la producción’”, remarcó la BCR.

En este contexto, la entidad señaló que si se tuviera que identificar cuáles son los sectores exportados por Argentina con mayor riesgo de enfrentar presiones u objeciones de parte de los productores europeos, podría señalarse que la carne bovina refrigerada y congelada, el biodiesel y otros combustibles a base de aceites vegetales.

En suma, “las oportunidades que el acuerdo genera para el arroz (especialmente el elaborado), los quesos y la leche en polvo también los hacen potenciales objetivos de presiones por la gran competitividad argentina y la arbitrariedad de las salvaguardas impuestas”, planteó la BCR.

Impulsada por mejores precios internacionales y una cosecha récord de maíz, la liquidación de divisas del agro alcanzaría en 2026 los USD 35.375 millones, según estimó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La proyección implica un aumento de alrededor de USD 850 millones respecto del cálculo previo de la entidad (USD 34.530 millones) y anticipa un flujo de dólares sostenido para esta campaña.

Ese escenario se instalará en un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas y cambios en la demanda de alimentos, lo que podría beneficiar a la Argentina como un proveedor de materia prima alejado del epicentro de los conflictos bélicos.

El informe de la BCR destaca que entre abril y diciembre de 2026 se proyecta un ingreso de USD 29.600 millones por las exportaciones agroindustriales.

Puntualmente, USD 16.500 millones provendrán del complejo sojero; USD 7.500 millones, de maíz, USD 2.200 millones de trigo, USD 2.400 millones de girasol, USD 500 millones de cebada, USD 300 millones de sorgo y USD 600 millones de otras oleaginosas y cereales.

Sin embargo, el panorama no es enteramente favorable para el sector. El mismo contexto internacional que impulsa los precios de los granos también está elevando con fuerza los costos de producción. La suba del petróleo, en medio de las tensiones en Medio Oriente, encareció insumos clave como combustibles y fertilizantes, con aumentos significativos en productos como la urea.

En este marco, si bien el agro proyecta mayores ingresos por exportaciones, buena parte de esa mejora se ve compensada por una estructura de costos más exigente, lo que limita el impacto positivo en la rentabilidad de los productores. De hecho, asociaciones del agro locales ya advirtieron por el impacto del conflicto bélico en el el campo argentino.

El maíz lidera el crecimiento

La campaña 2025/26 de maíz en Argentina se encamina a cifras históricas en la mayoría de sus indicadores. Según el reporte de la BCR, la superficie sembrada se expandirá a 10,2 millones de hectáreas, notablemente por encima del promedio de los últimos cinco años (8,8 millones) y de los 8,3 millones estimados para el ciclo previo. La superficie cosechada llegaría a 8,5 millones de hectáreas, mientras que el rendimiento nacional promedio se proyecta en 78,8 quintales por hectárea (es decir, unos 7,9 toneladas por hectárea), superando los 67 quintales del lustro anterior.

La oferta total de maíz alcanzaría 73,7 millones de toneladas, impulsada por una producción estimada en 67 millones de toneladas, frente a los 50 millones del ciclo previo y los 47,9 millones del promedio quinquenal informado por la BCR.

El stock inicial para 2025/26 se sitúa en 6,7 millones de toneladas, duplicando el promedio de los últimos cinco años y muy por encima de los 3,6 millones estimados para el ciclo actual. El consumo interno escalaría a 20,2 millones de toneladas, con el uso industrial en 4,5 millones y el forrajero, semilla y residual en 15,7 millones, superando todos los valores anteriores.

Las exportaciones de maíz, en tanto, se proyectan en 43 millones de toneladas, cifra que constituiría un récord histórico para el país. Esta expectativa está sujeta a posibles ajustes en función del comportamiento de los otros grandes exportadores globales, como Estados Unidos y Brasil, cuyas propias producciones y saldos exportables se siguen revisando a la baja, especialmente luego de la disminución en la siembra estadounidense y la menor producción brasileña de la segunda cosecha, la zafrinha, según reportes de la CONAB y el USDA citados por la BCR.

Flujo de divisas: volatilidad en 2025 y previsión de estabilidad en 2026

En 2025, el agro liquidó unos USD 31.330 millones, un 25% más que el año anterior. Ese crecimiento estuvo explicado en parte por el adelantamiento de exportaciones ante la eliminación temporal de retenciones, un efecto que se extendió hasta los primeros meses de 2026 pero que ya comenzó a diluirse.

En septiembre de 2025, la liquidación mensual de divisas del agro experimentó extremos, con un pico superior a USD 7.000 millones, una cifra muy por encima del promedio, derivado de la eliminación temporal de retenciones. Este fenómeno provocó un adelantamiento de exportaciones, seguido de un descenso abrupto en la liquidación durante los meses siguientes, tendencia que se prolongó hasta los primeros meses de 2026, según detalla la Bolsa de Comercio de Rosario.

La dinámica de los saldos a favor de las exportadoras muestra que el máximo se alcanzó en septiembre de 2025, con un saldo de USD 7.700 millones. Desde entonces, la diferencia entre los dólares ingresados y los despachos físicos retrocedió hasta equilibrarse en marzo de este año, lo que sugiere que el efecto de la eliminación temporal de los derechos de exportación fue transitorio y ya fue absorbido.

Historial de liquidación de divisas del agro

El historial de liquidación anual de divisas del sector agropecuario argentino desde 2011 muestra importantes fluctuaciones en función de las condiciones productivas y del contexto internacional. En 2011, la liquidación alcanzó los USD 32.673 millones y se mantuvo en valores similares en 2012, cuando sumó USD 31.090 millones. Durante 2013 y 2014, los montos fueron de USD 27.172 y USD 27.440 millones, respectivamente.

En 2015 se registró uno de los pisos de actividad, con una liquidación de USD 23.019 millones. En 2016 volvió a crecer, a USD 27.474 millones, y en 2017 se mantuvo en USD 26.745 millones. Otro mínimo se observó en 2018, con USD 22.293 millones. En 2019 la liquidación subió a USD 26.758 millones, y en 2020, afectado por una nueva sequía, la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, bajó a USD 22.126 millones.

Los principales picos de la serie se dieron en 2021 y 2022, cuando la liquidación anual llegó a USD 38.162 millones y USD 44.175 millones respectivamente, impulsadas por cosechas excepcionales y precios internacionales favorables, nuevamente, por condiciones internacionales derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania.

En 2023, el impacto de la sequía volvió a notarse con fuerza y el monto liquidado descendió a USD 23.554 millones. El sector recuperó la senda de crecimiento en 2024, con una liquidación de USD 30.572 millones. Para 2025, el pronóstico fue de USD 36.164 millones, con una leve retracción proyectada para 2026, estimada ahora en USD 35.376 millones, en línea con los aumentos previstos en producción y exportaciones.

Hasta el momento -enero, febrero y marzo- la producción agropecuaria aportó más de USD 7.000 millones en el primer trimestre, lo que suma más oferta al mercado cambiario y fortalece la apreciación.

Ciclo con oferta holgada y demanda sostenida

El stock final para la campaña 2025/26 se estima en 10,4 millones de toneladas, prácticamente el doble del promedio recientemente registrado y más de 3 millones por encima del cierre proyectado para 2024/25. El ratio stock/consumo interno crecería al 16%, superando el 14% previsto para el ciclo vigente y duplicando el promedio quinquenal, lo que refleja una mayor holgura en la relación entre la oferta disponible y la demanda doméstica.

La demanda total del cereal, incluyendo exportaciones y consumo interno, llegaría a 63,2 millones de toneladas. Este panorama global anticipa un flujo cambiario estable y elevado a lo largo de todo 2026, con el maíz como componente central del avance exportador del agro argentino.

Este escenario se da en un contexto internacional atravesado por conflictos en Medio Oriente, que, al igual que ocurre en el mercado energético, refuerzan la búsqueda de proveedores confiables y alejados de zonas de riesgo. En ese marco, países exportadores de alimentos como Argentina ganan relevancia en las cadenas globales.

Los inversores le tomaron el pulso a las negociaciones, lo que llevó a que el mercado overnight no reaccionara ante los mensajes de tono amenazante provenientes de Estados Unidos, que rechaza el cobro de peajes por parte de Irán en el estrecho de Ormuz, y de Teherán, que sostiene que la zona está minada y propone rutas alternativas. Esta situación obliga a contar con la autorización de la Guardia Revolucionaria para transitar por ese paso estratégico.

Sin embargo, apareció un nuevo actor que había evitado involucrarse del conflicto. Acosado por la falta de gas y petróleo, la OTAN se ofreció a participar en las conversaciones entre las partes.

Al mismo tiempo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que iniciará negociaciones directas con el Líbano para conseguir el retiro de Hizbolá. De alguna manera, este anuncio está en línea con la demanda de Irán de que la tregua deberá incluir al Líbano.

En medio de este ruido, los mercados comenzaron a calmarse y el petróleo Brent cerró con una suba de 1,75 por ciento. En la noche operaba con escasos aumentos.

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “el dato de PCE (Indice de Gasto de Consumo Personal) de febrero para Estados Unidos no trajo sorpresas, pero aún está lejos del target de la FED del 2% tras arrojar una lectura del 3% anual. La variación del core PCE anualizada para seis meses fue del 3,4% y a 3 meses fue del 4,4% lo que obliga a pensar en un escenario de mayor cautela para la FED cuando pegue de lleno el incremento del costo de la energía producto de la guerra. Sumado a esto cayeron el ingreso personal y el ingreso disponible algo que no es favorable para la actividad”.

La Argentina otra vez redujo el impacto de la crisis del exterior y casi todos los indicadores fueron favorables. El único que cedió fue el S&P Merval de las acciones lideres, que tuvo una mínima baja de 0,4% en pesos y 0,3% en dólares. Brasil fue la contracara porque la Bolsa de San Pablo aumentó 1,52% y acumula ganancias de 23% en el año contra pérdidas de 1,7% del S&P Merval.

El contraste del ETF, fondo de inversión que cotiza en bolsa, que representa a Brasil con el de países emergentes es abrumador. El país vecino subió 27,6% y emergentes, 10 por ciento.

Se destacó el desempeño de los bonos de la deuda, que registraron subas de hasta 2,4% en los Globales de mayor plazo. Este movimiento provocó que el riesgo país, tras iniciar la jornada en alza, finalizara con una baja de 13 unidades (-2,3%), ubicándose en 557 puntos básicos.

La crisis energética permitió que YPF saliera al mercado a buscar USD 122 millones a 4 años por los que pagó una tasa de 5,5% anual, 1,30 puntos porcentuales por arriba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, el equivalente a un riesgo país de 120 puntos básicos.

Mientras tanto, el Gobierno busca de reactivar el consumo. Ante los complicados indicadores de caída de la actividad económica, el equipo económico decidió aliviar el cepo aumentando los plazos para liquidar dólares para empresas y exportadores, al tiempo que cortó el denominado “rulo” en la jerga financiera para aprovechar la brecha entre el dólar mayorista y el contado con liquidación (CCL) que alcanza a 7 por ciento. Quienes realicen estas operaciones no podrán operar en el CCL en los siguientes 90 días.

Por el otro lado, la administración libertaria está liberando liquidez para bajar las tasas. Esto se vio en el Mercado Libre de Cambios (MLC) donde el Banco Central hizo la mayor compra del año de 281 millones de dólares. En el MLC operaron USD 353 millones y el dólar mayorista cerró con una baja de $6,50 a 1.381 pesos.

En la plaza financiera, el CCL perdió $1,50 (-0,1%) a $1.478 y el MEP bajó $3,59 (-0,3%) a 1.420 pesos. La brecha o dólar cable se alargo a 4,10 por ciento.

Las tasas descendieron debido a la demanda por las LECAP a tasa fija, ya que el aumento en su cotización redujo su rendimiento. Al cierre de abril, la tasa efectiva mensual bajó a 1,47%; para fines de mayo se ubicó en 1,82% y a fin de junio en 1,95%. Desde julio, la tasa se establece en 2,01% y alcanza su valor máximo de 2,22% a fines de mayo de 2027. En cuanto a los BONCER, los que vencen en noviembre registraron una suba de 0,23%, mientras que los que vencen en noviembre de 2029 avanzaron 0,73%.

Esta reacción se produjo porque la reducción de la tasa de REPO por parte del Banco Central impactó a la baja en el resto de las tasas, incluidos los plazos fijos. Además, la Comisión Nacional de Valores otorgó mayores beneficios a quienes invierten en Money Market a través de Fondos Comunes de Inversión.

Federico Filippini (Head of Research) y Javier Casabal (Sr Fixed Income Strategist) de Adcap Grupo Financiero advirtieron que ante la posibilidad de que “el mayor rendimiento de los bonos en pesos frente a los de moneda dura parece estar cerca de agotarse, ya que se viene comprimiendo del 21% al 19% desde fines de enero, recomendamos tomar ganancias en posiciones en pesos y rotar hacia la curva en dólares, donde los bonos están mejor posicionados para beneficiarse de una recuperación en el apetito por riesgo”.

En paralelo, crece la preocupación en el agro. El conflicto con los camioneros está afectando a las zonas alejadas del puerto de Rosario y en el corto plazo podría afectar el ingreso de divisas.

El jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli, señaló que “está muy convulsionada la zona de Córdoba y Santa Fe, no tanto lo que es la zona aledaña a Rosario. Lo que se está viendo de camiones son de acopios de las zonas cercanas, pero el interior está muy complicado sin demasiada concordancia entre los dadores de carga y los fleteros. Están buscando subas de fletes sustanciales, considerando el aumento del gasoil. Ya se había largado algo de cosecha con la tarifa acordada en febrero”.

“Siempre se termina pactando alguna tarifa de referencia menos algún descuento extra; nunca se termina convalidando lo que en la jerga se denomina tarifa llena, pero más allá de eso en marzo se largó la trilla con aumentos de combustible que no habían sido contemplados en la tarifa anterior. A esto se sumó el conflicto bélico que hizo subir estrepitosamente los combustibles. La situación se volvió bastante crítica porque las tarifas que se estaban negociando en su momento no estaban contemplando esta nueva realidad. Aún no hay grandes novedades. Se empiezan a liberar algunas zonas, pero otras se complican. No es homogénea la situación”, sumó.

Vitelli señaló que la zona más afectada es el interior, aunque la situación se compensó con la lluvia generalizada, que elevó la humedad de los cultivos e impidió el ingreso por los caminos. A la vez, indicó que, pese a que comienzan a verse las primeras actividades de cosecha, el panorama se complica por la falta de tarifas de referencia, la ausencia de fletes y la presencia de paros.

Bajo su perspectiva, hasta el momento, la crisis no se percibe con fuerza porque los exportadores cuentan con acopios cercanos, pero advirtió que, si el conflicto se extiende, su impacto será mayor. En caso de no alcanzarse un acuerdo debido a pedidos de tarifas muy elevadas, los productores optarían por embolsar el grano, lo que demoraría las liquidaciones, aunque el especialista consideró que esta situación aún es poco probable y prevé que se llegará a un acuerdo antes de que eso ocurra.

El mercado overnight mostró cautela entre los inversores, que ya no confían en que las noticias actuales se mantendrán sin cambios en pocas horas. La experiencia con movimientos inesperados les enseñó a no sorprenderse ante posibles giros en el escenario financiero.

De hecho, las bolsas no definían tendencia, el petróleo continuaba estable en alrededor de USD 98, bajaba el oro y el dólar recuperaba una mínima parte de lo que había bajado el día anterior frente a las demás monedas del mundo. Del resultado de las conversaciones que comienzan mañana, dependerá la suerte de los inversores.

Se pactó la tregua en el conflicto en Medio Oriente y hubo euforia instintiva en los mercados. Cuando cerraron, se dieron cuenta que el cese del fuego era tan frágil como las ganancias del día.

Las Bolsas se dispararon en todo el mundo. En Estados Unidos las alzas alcanzaron hasta 2,80%; en Europa fueron de más de 3% y en Asia de más de 5 por ciento. A la vez, el Bitcoin había sido el otro ganador al anunciarse que el peaje del estrecho de Ormuz se pagaría en criptomonedas.

Pronto aparecieron los defectos del pacto. Israel bombardeó Beirut e Irán aclaró que ellos decidirían qué barcos pasarán por el estrecho. En otras palabras, la exigencia más importante de Donald Trump, la apertura sin restricciones del paso clave, quedó desdibujada.

Solo circularon apenas 10% de los buques del tránsito habitual. Las compañías de seguros, más cautas que los inversores, aclararon que las primas no cubrirían el daño hasta que certifiquen que el tránsito era seguro. Irán cobra USD 2 millones por buques y esa condición está en el acuerdo porque pretende una compensación por los daños de la guerra.

Para el analista Matías Togni de la consultora petrolera NextBarrel, “el anuncio de un cese al fuego temporario ayudo a desarmar las posiciones apalancadas en futuros que, en términos de volumen, no eran tan grandes, sino en la relación long vs short. Los principales benchmarks (referencias) cayeron un 15% en promedio, tal vez sobre reaccionando, pero en los mercados físicos nada cambió. El mercado descree que el tránsito por el estrecho vaya a normalizarse rápido. De hecho, Irán se encargó de refutar a Trump diciendo que van a ejercer control o selectividad en el ingreso y egreso por aguas iraníes, algo que no resiste ninguna posibilidad”.

Togni aclaró que “desde el inicio del conflicto, solo 60 millones de barriles salieron, de los cuales el 90% son en barcos sancionados Iraníes. Hasta que no veamos al menos 50 barcos saliendo todos los días, ninguna naviera estará dispuesta a entrar. Lo que faltan son garantías, con la información que tenemos a hoy, nadie va a mandar un barco a cargar en Iraq o Kuwait si no sabe si en dos semanas va a poder salir. El conflicto no está ni cerca de resolverse”.

La Argentina fue más cauta. A pesar de que el petróleo que exporta, el barril de crudo Brent perdió más de 11% y las acciones de YPF cedieron 2,1% porque muchos inversores decidieron mantenerlas. Los que vendieron fueron compradores de los últimos días que tomaron ganancias.

El S&P Merval de las acciones líderes, comparadas con las demás Bolsas del mundo, incluso la de Brasil que aumentó 2,09%, tuvo una leve suba de 1,2% en pesos y de 1,7% en dólares por la caída del contado con liquidación (CCL) de 0,4% a 1.479 pesos. Los grandes ganadores fueron los bancos que tenían los precios atrasados por su balances negativos. Macro lideró el alza; subió 7,3%, seguido de Supervielle con 6,4% y Banco Francés con 4,9 por ciento.

Los dólares tuvieron bajas absolutas. El MEP cedió $5,70 a $ 1.424,50, mientras el “blue” retrocedió $5 a $1.390 y casi iguala al dólar mayorista que se negoció en el Mercado Libre de Cambios (MLC) a 1.387,50 pesos. Se registraron operaciones por USD 487 millones en el MLC y el Banco Central compró 102 millones de dólares.

Ante la debilidad del dólar en el mundo -bajó 0,8%- que volvió a los niveles del 8 de enero, las reservas subieron USD 308 millones a 44.750 millones de dólares.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini advirtió que “el REM de marzo movió al alza las expectativas de inflación y ahora se acercan más a los break even (punto de equilibrio) del mercado de bonos. Los rendimientos en pesos siguen corriendo por debajo y, por lo tanto, en terreno negativo en términos reales. Pero para el caso del tipo de cambio, los pronósticos del REM (mediana) se corrieron a la baja. De modo que, con inflación más alta y tipo de cambio más bajo, si todo lo demás se mantiene constante, podríamos concluir en que el mercado espera un dólar más apreciado”.

Los bonos soberanos fueron los grandes ganadores del día. Los Globales, que son la referencia para medir el riesgo país, subieron hasta 2,10 por ciento. El riesgo bajó 40 unidades (-6,6%) a 570 puntos básicos. Los mercados de la región acompañaron y el índice de países emergentes subió 5,5 por ciento.

Los bonos en pesos continuaron con la caución en 20% (el martes estuvo en 21%) y los BONCER que ajustan por inflación siguen siendo los preferidos. El TX26 que vence en noviembre subió 0,08% y el TX28, 0,22 por ciento. Las LECAP con buenos negocios en abril y julio, tuvieron alzas generalizadas que hizo retroceder su tasa de retorno a 1,60% a fin de abril y a 1,96% a fin de mayo. Están por debajo de la inflación, pero encima de la evolución del dólar.

No obstante, no todo fue optimismo. Las exportaciones están sufriendo el costo del aumento de los combustibles. La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), la de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA), emitieron un comunicado donde reclaman por “la creciente conflictividad que está ocurriendo en estos días con los transportistas de carga de granos, con retenes en las principales rutas y accesos a los más importantes nodos portuarios del país imposibilitando el normal desarrollo de la actividad”.

Y agregaron: “La medida de fuerza por el reclamo de una recomposición tarifaria es debido al incremento de los costos operativos, principalmente del combustible. Si bien entendemos el planteo de fondo, la falta de acuerdo y el rechazo de la propuesta ofrecida está afectando el desarrollo de la logística en plena cosecha. Esto representa graves inconvenientes como retrasos de embarque, incumplimientos de contratos con el exterior e imposibilidad en el ingreso de divisas”.

El conflicto se agrava y el país parece estar construyendo su propio estrecho de Ormuz. Ayer entre la medianoche y las 6 de la mañana ingresaron 2.790 camiones y se estima que es poco más de la mitad de lo que debería ingresar.

En tanto, anoche continuaba el conflicto y permanecía cerrado el estrecho de Ormuz por los ataques israelíes en el Líbano. Trump defendió a Israel al señalar que el Líbano no estaba dentro del acuerdo que firmaron.

El primer ministro de Israel declaró que su país está “listo para reanudar los combates en cualquier momento” contra Irán y la respuesta fue que Hezbolá, el grupo armado del Líbano, esta dispuesto a responder los ataques. Las esperanzas están puestas en lo que sucederá mañana cuando Estados Unidos e Irán negocien en Islamabad, la capital de Pakistán.

El mercado overnight quedó en tensión. En la noche, las Bolsas de Nueva York operaban con bajas de 0,20% al igual que las de Europa. El oro bajaba 0,8% y el petróleo estaba en alza de 3% a USD 97 por barril.

El suspenso sigue y habrá problemas de abastecimiento de petróleo y gas por un largo tiempo porque, aún finalizada la guerra, restablecer la producción será un problema. Por un tiempo, el crudo alimentará la inflación del planeta.

En lo que va de 2026, el sector exportador colombiano experimentó una notable recuperación, con un crecimiento total de 12,1% en las ventas externas durante el primer bimestre del año frente al mismo periodo de 2025.

Analistas del Centro de Estudios Económicos de Colombia (Anif) indicaron que dos de los sectores que más impulsaron este repunte fueron el oro no monetario y el agropecuario.

El oro no monetario —el metal precioso físico que no está bajo el control de las autoridades monetarias— se consolidó como el principal motor de este buen desempeño exportador. De acuerdo con la observación de los analistas, las exportaciones de este producto alcanzaron 1.457,9 millones de dólares FOB (Free on Board, o Libre a Bordo) entre enero y febrero, lo que representó un incremento de 124,3% anual y una participación del 17,2% en el total exportado colombiano.

Según los expertos, el impulso de este crecimiento tuvo su origen principalmente en el contexto internacional; es decir, en la influencia de la coyuntura sobre los precios: el oro reafirmó su papel como activo refugio en un escenario de alta incertidumbre mundial y menor apetito por el dólar, que permitió un aumento en su cotización internacional de 50,1% anual.

No obstante, de manera paralela al “efecto precio”, se presentó un avance en los volúmenes exportados, con un aumento anual de 29,8%.

Por su parte, las exportaciones no minero - energéticas (NME), en las que el segmento agropecuario es fundamental, crecieron 9,5% anual en el bimestre, que sumaron 4.222 millones de dólares FOB. En el grupo de las NME, el desempeño agropecuario resultó particularmente destacado: la canasta agropecuaria concentró el 46,8% de las exportaciones de este tipo y la expansión anual de las exportaciones agropecuarias fue de 16,6%, impulsada principalmente por el café, el banano y el aguacate hass.

En cambio, al combustible no le fue bien y demostró “un desempeño desfavorable”, pese a que sigue siendo uno de los sectores más exportados. En 2025, su participación pasó de 39,7% a 33,3% del total exportado en febrero de 2026. En términos de valor, las exportaciones alcanzaron 2.866 millones de dólares FOB, debido a menores ventas de petróleo colombiano y sus derivados, constó en la nota económica.

Aun así, el repunte en el oro no monetario y la consolidación del agro han permitido compensar la disminución de las exportaciones de combustibles durante el primer bimestre de 2026.

Exportaciones colombianas en febrero de 2026: Estados Unidos, Unión Europea y Panamá concentran más de la mitad de las ventas externas

Durante febrero de 2026, las exportaciones de Colombia alcanzaron un volumen de 7,4 millones de toneladas métricas.

Estados Unidos se consolidó como el principal destino de las exportaciones colombianas en los dos primeros meses del año, al concentrar 2.669,9 millones de dólares FOB, con un 31,5% del total exportado, de acuerdo con las estimaciones de expertos de la Asociación Nacional de Comercio Exterior.

Las ventas a ese país crecieron 22,5% respecto al mismo periodo de 2025, particularmente el café sin tostar, que representó cerca del 31,8% de las exportaciones no minero-energéticas hacia ese mercado.

La Unión Europea ocupó el segundo lugar, con compras por 1.195,9 millones de dólares FOB y una participación de 14,1%. Las exportaciones hacia ese bloque crecieron 38,5%, impulsadas por mayores envíos a Italia, Países Bajos, Alemania y Bélgica.

Panamá fue el tercer mayor destino, con 612,5 millones de dólares FOB (7,2% del total), un aumento de 36,1%. El 91,9% de las exportaciones a Panamá correspondieron a productos minero-energéticos, principalmente petróleo.

Estados Unidos, la Unión Europea y Panamá reunieron el 52,9% de las exportaciones colombianas en el periodo.

Otros destinos relevantes

Las exportaciones a Venezuela cayeron 13,7%, ubicándose en 132,2 millones de dólares FOB, influenciadas por el contexto político y económico. Las ventas a Ecuador disminuyeron 27,1% hasta 251,4 millones de dólares, afectadas por tensiones comerciales y ajustes arancelarios.

En términos de participación, aumentó la importancia de la Unión Europea (+2,7 puntos porcentuales) e India (+1,3 puntos porcentuales), mientras que China, la Comunidad Andina, México y Chile redujeron su peso en la canasta exportadora.

En pleno inicio de la cosecha gruesa, cuando el flujo de camiones hacia los puertos alcanza su pico, transportistas autoconvocados mantienen bloqueados más de 20 accesos en Bahía Blanca y Necochea. La medida ya paraliza la descarga de granos y amenaza con frenar exportaciones en un momento clave para el ingreso de divisas.

El conflicto está motivado por el reclamo de un aumento tarifario ante la escalada de costos operativos, especialmente del combustible.

Según informaron la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, las tensiones, que comenzaron el pasado lunes, ya ocasionan pérdidas millonarias y podrían comprometer la llegada de divisas al país.

De acuerdo con entidades empresariales, cada buque detenido representa un sobrecosto de USD 50.000 diarios para el sector exportador, monto que agrava la competitividad argentina y recae también sobre los productores. A su vez, los granos que no pueden ingresar a puerto quedan almacenados en silobolsas, lo cual implica un gasto adicional de USD 5 por tonelada.

Más allá del incremento de costos, esta obstaculización logística impide también cumplir contratos internacionales y pone en riesgo la reputación de la Argentina como proveedor confiable en los mercados globales, una preocupación reiterada por la industria aceitera y el centro de exportadores.

El desencadenante del conflicto es el aumento sostenido del gasoil, que según el índice de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeaac) marcó una suba del 24,7% solo en marzo de 2026, con una acumulación interanual del 48 por ciento.

Este incremento impulsó los costos generales del transporte de carga un 10,15% en el mismo mes, ya que el combustible representa cerca del 35% de la estructura de costos operativos del transporte y el litro de gasoil superó los $2100 en la mayoría de las plazas del país.

A este aumento se suman, además, los incrementos en neumáticos, repuestos y mantenimiento, situando los costos por encima de la inflación acumulada hasta el momento (5,9% hasta febrero) y motivando el reclamo de los transportistas, quienes exigen que las tarifas reflejen los gastos reales de la actividad.

El esquema tarifario vigente contempla diferencias según trayecto y tipo de operación: para viajes cortos de 100 kilómetros la referencia es $25.389 por tonelada, mientras que un recorrido de 500 kilómetros supera los $77.700 y trayectos largos de 1.500 kilómetros llegan a $148.417 por tonelada. Además, la estadía —que impacta cuando hay demoras en carga o descarga— se estipula en $223.180 por día. Estos valores, difundidos por las federaciones de transportistas, son orientativos, ya que la negociación con acopiadores es libre y estacional.

La mesa de negociación mediante la que se limaban este tipo de asperezas dentro del campo se trasladó desde el Ministerio de Transporte a instancias provinciales, pero se fracturó ante la falta de acuerdo sobre el incremento tarifario. Los transportistas reclamaron una suba del 15%, mientras que los acopiadores ofrecieron un 10%, según confirmaron a Infobae fuentes con conocimiento de las negociaciones. Ante la imposibilidad de conciliación, los bloqueos y retenes se multiplicaron en las principales rutas hacia los puertos.

Es por eso que las cámaras empresariales advirtieron que los persistentes cortes derivan en “retrasos de embarque, incumplimientos de contratos con el exterior e imposibilidad en el ingreso de divisas al país”. En los puertos de Bahía Blanca y Necochea, ocho muelles permanecen paralizados y los barcos comienzan a acumularse, con el riesgo de que la fila siga creciendo mientras el conflicto persista.

Los transportistas en protesta, no afiliados al sindicato de Camioneros sino organizados en federaciones y como monotributistas, argumentan que las actuales tarifas resultan insuficientes para cubrir los gastos. Uno de los manifestantes resumió el reclamo: “Con las tarifas que tenemos, perdemos plata”.

Cosecha récord y dólares en juego en medio del conflicto

El conflicto se da en un momento especialmente sensible para la economía argentina. Con el inicio de la cosecha gruesa, el campo proyecta una campaña con volúmenes récord y un fuerte ingreso de divisas en los próximos meses. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción total de granos alcanzaría las 158 millones de toneladas, un 14% más que en el ciclo anterior, con exportaciones que podrían superar los 113 millones de toneladas.

En ese contexto, el sector agroindustrial prevé una liquidación de USD 34.530 millones en 2026, un nivel similar al del año pasado pese al salto productivo. La paradoja responde a distintos factores que moderan el ingreso de divisas. Entre ellos, el aumento de los costos logísticos a nivel global, que se dispararon entre 40% y 50% en medio de las tensiones en Medio Oriente, y que impactan directamente sobre el precio final que reciben los exportadores.

A nivel local, además, el factor geográfico agrega presión. La distancia respecto de los principales mercados consumidores —ubicados mayormente en el hemisferio norte— encarece los fletes y reduce la competitividad de los granos argentinos. En ese escenario, los bloqueos en los accesos a los puertos suman un nuevo factor de riesgo, ya que amenazan con demorar embarques y frenar el ingreso de divisas justo cuando la cosecha empieza a volcarse al circuito exportador.

Apache, la pyme santafesina dedicada a la fabricación y comercialización de maquinaria agrícola, concretó la emisión de su primera obligación negociable por USD 3,9 millones. La transacción se dio en el marco de una nueva operatoria del mercado de capitales local, que recibió el respaldo de los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

La empresa, con casi 70 años de trayectoria y sede en Las Parejas, provincia de Santa Fe, destinará los fondos a expandir su capacidad productiva, potenciar la innovación tecnológica y sostener su crecimiento tanto en el mercado interno como en el exterior.

El instrumento financiero de Apache S.A. fue la primera ON de una pyme avalada por bancos y despertó un fuerte interés: registró ofertas superiores a los USD 6 millones, lo que representó una sobresuscripción de más del 50%, informó la compañía.

La colocación de la Clase 1 tendrá un rendimiento del 6,75% TNA, con pagos trimestrales de intereses y amortización de capital a partir del primer año, y fue respaldada por un sindicato de cinco entidades bancarias —Banco Mariva, CMF, BST, Bind/Industrial y Banco Comafi—.

La normativa que abre el mercado a más inversores

Este movimiento empresarial ocurrió en paralelo a la actualización de la normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV), publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1125/26, que facilita el acceso de empresas al mercado de capitales y agiliza las emisiones al eliminar autorizaciones previas para emisiones más chicas.

La Resolución 1125/26 de @CNVArgentina a cargo de Roberto Silva, publicada hoy en el Boletín Oficial, amplía el abanico de alternativas de inversión en el mercado de capitales. Hace más de un año lanzamos el sistema de emisión sin autorización previa para ONs y para acciones.… https://t.co/E0iud9G4GI

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 7, 2026

En su mensaje en redes sociales, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó: “Hace más de un año lanzamos el sistema de emisión sin autorización previa para ON y acciones. Hoy, pasado un año, y dado el éxito de la modalidad (la ON de Apache maquinaria es sólo un ejemplo) la CNV duplica los montos autorizados en dicha opción”.

La nueva reglamentación también se orienta a revertir los efectos de la Ley 27.349, que reguló el “crowdfunding” con exigencias que, según Sturzenegger, “virtualmente destruyeron el instrumento”. Ahora se clarifica que cuando no hay oferta pública, el control de CNV no es necesario, y se autoriza para emisiones públicas la utilización del sistema de autorización automática, dentro de los límites de monto establecidos.

“Otro paso en pos de la libertad que nos pide el presidente Javier Milei. VLLC!”, posteó en su cuenta de X el funcionario. Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo, reaccionó a la noticia en redes sociales con la expresión: “Muchas más”, en alusión al desembarco de nuevas pymes en el mercado de capitales tras la colocación de Apache.

Como consecuencia directa de esta resolución, las empresas pueden captar fondos de un mayor número de inversores, incluso no calificados, aunque existen topes: cada persona podrá invertir hasta UVA 3.000 por emisión y hasta UVA 10.000 en total, o hasta el 5% de su patrimonio por proyecto y el 10% bajo este régimen. Para emisiones de mediano impacto, el máximo se elevó a UVA 15 millones por colocación y UVA 30 millones acumulados. Asimismo, la CNV actualizó la definición de inversor calificado y exige ahora un lenguaje más claro y accesible en la información dirigida al público.

La apuesta de Apache

Según consignó la compañía en un comunicado posterior a su colocación, la empresa utilizará los fondos para reforzar su capital de trabajo y para fortalecer una expansión comercial con proyección exportadora. Actualmente, la empresa destina el 30% de su producción al mercado externo y proyecta aumentos en las ventas del 20% interanual en dólares.

Entre los destinos de la recaudación figura el avance del proyecto de ensamblaje local de tractores Apache Solis, realizado en alianza con una compañía india. Para ello, la pyme inauguró en marzo del año pasado una planta de 3.600 m², cuya construcción demandó USD 3,5 millones.

La nueva planta permite a la fabricante santafesina incrementar su capacidad un 30% en un turno y hasta un 50% con operación optimizada. Se prevé la incorporación de 20 a 30 empleados, con un foco especial en el ensamblaje de tractores de baja y mediana potencia. La trayectoria de Apache en el segmento tractoril se remonta a 18 años de importación de estos equipos y la actual inyección de capital está orientada a aumentar la participación en el mercado argentino y en el circuito de exportaciones agroindustriales.

El ministro de Ganadería de Uruguay, Alfredo Fratti, promueve desde el inicio de la gestión un plan para erradicar la garrapata del agro uruguayo. La preocupación se extendió luego de que se hayan encontrado residuos de garrapaticidas en carne exportada a China y el jerarca del gobierno advierte que, si no se la controla, el campo podría sufrir las mismas consecuencias de la epidemia de la aftosa de 2001.

“Sin ser apocalíptico, si no logramos controlar esto de la garrapata, se nos puede venir algo parecido a lo que fue la epidemia de fiebre aftosa”, dijo el ministro Fratti, entrevistado en Agro de Búsqueda.

Su referencia fue a que en 2001, luego de una década libre de la enfermedad, Uruguay vivió una epidemia de fiebre aftosa que se saldó con la matanza de ciento de cabezas de ganado y la pérdida del estatus de país libre de fiebre aftosa sin vacunación. En esa época, el país sufrió el cierre de los mercados sanitarios más exigentes y de mejores precios. Fue un elemento más de la fuerte crisis social y política que atravesó el país entre 2001 y 2002.

Fratti hizo esos comentarios con un tono de frustración –de acuerdo a la publicación periodística– porque el gobierno no pudo sancionar a los responsables de la presencia de residuos de garrapaticidas en carne exportada hacia China.

Hubo unos 40 productores que no respetaron los tiempos de espera para exportación y el Poder Ejecutivo prepara un decreto para poder interdictar esos predios.

La preocupación del ministro está dada por el impacto negativo de esta situación en la “reputación” de la sanidad y de la carne uruguaya y por el “riesgo” de pérdida de los mercados. Con este argumento fue que planteó la similitud al escenario que vivió Uruguay en 2001. Sin embargo, Fratti confía en que se va a “poder evitar” que se llegue a ese extremo.

El plan contra la garrapata

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) presentó en agosto de 2025 un Plan Nacional de la Lucha contra la Garrapata. La estrategia fue presentada debido a las pérdidas que esta parasitosis genera a la ganadería, que están estimadas en USD 95 millones, casi el doble de las que provoca la bichera.

El gobierno informó entonces que el plan tiene seis objetivos. El primero es contar con un diagnóstico actualizado de la situación epidemiológica de la garrapata, utilizando sensores diagnósticos, revisiones en visitas oficiales y un muestreo nacional previsto para este año.

El segundo apunta a reducir la morbimortalidad por hemoparásitos, promoviendo la preinmunización con hemovacuna en rodeos de alto riesgo y ampliando la acreditación de veterinarios para su aplicación.

El tercero plantea la reducción de la prevalencia en las zonas endémicas, con medidas de fiscalización sanitaria, planes prediales obligatorios, interdicciones y controles de movimiento apoyados en el despacho electrónico de tropas.

Otro de los objetivos es erradicar la garrapata en zona libre, además de retrasar la aparición de cepas multirresitentes. El sexto objetivo es eliminar los hallazgos de residuos garrapaticidas en productos de origen animal.

En mayo del año pasado, en tanto, científicos uruguayos desarrollaron una vacuna contra la garrapata. La vacuna fue elaborada a partir de herramientas de ingeniería genética. Su funcionamiento implica que se administre en las vacas para que puedan producir una respuesta inmune contra la garrapata, de manera que generen anticuerpos contra esta plaga. Una vez que la garrapata vaya a infectar al animal (picar) y tomar su sangre, va a ingerir esos anticuerpos que la vaca generó. Así, se logrará afectar la capacidad reproductiva de este parásito y hasta provocar su muerte. Una sola garrapata puede poner entre 2.000 y 4.000 huevos.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, centró su discurso de este lunes en una serie de anuncios clave para el sector agropecuario durante una actividad en Peralta de Turrialba, en Cartago, donde detalló inversiones en infraestructura, sistemas de riego, innovación tecnológica y apoyo directo a productores.

En lo que calificó como parte de su cierre de gestión en la provincia, el mandatario presentó un paquete de proyectos que, según datos oficiales, supera los ₡800 millones y busca impactar a miles de personas vinculadas al campo costarricense.

Uno de los principales anuncios fue la creación del Distrito de Riego de Zona Norte y Este (DRISNECE), una iniciativa orientada a mejorar el acceso al agua para los productores agrícolas. De acuerdo con lo expuesto por el mandatario, este proyecto permitirá ampliar las hectáreas irrigadas de 507 a más de 1,350, lo que se traduce en mayor producción y competitividad para el sector.

“El agua, que es de todos, terminaba siendo un privilegio de unos pocos. Hoy más productores acceden de forma justa y productiva”, se destacó durante la presentación oficial del proyecto.

El acceso al recurso hídrico fue uno de los ejes centrales del evento, donde también se detallaron avances en sistemas de riego en comunidades como Oreamuno y Paraíso. En el asentamiento El Tigre, por ejemplo, se implementó un sistema que permite captación y distribución eficiente del agua, beneficiando a más de 100 personas con una inversión superior a ₡269 millones.

A esto se suma el proyecto Don Rogelio, que incorpora riego por goteo en más de cinco kilómetros de infraestructura, con una inversión que supera los ₡266 millones. Ambas iniciativas buscan garantizar la producción incluso en épocas secas, un factor clave ante los efectos del cambio climático.

En materia de producción y valor agregado, el Gobierno resaltó el fortalecimiento de la planta de lácteos La Peraltica, en Turrialba, donde se invirtieron más de ₡56 millones en equipamiento. Esta planta procesa cerca de 27.000 litros de leche por semana y beneficia a unas 140 personas, principalmente pequeños productores.

El propio presidente subrayó que este tipo de iniciativas permiten que los agricultores “produzcan más y mejor”, sin depender de intermediarios, en línea con su discurso de impulsar oportunidades en lugar de subsidios.

Otro de los anuncios relevantes fue el desarrollo del Centro de Innovación Agropecuaria Edith Chaverri Chaverri, ubicado en Llano Grande de Cartago. Según detalló el mandatario, este proyecto representa una inversión cercana a ₡500 millones y busca acercar la tecnología y la investigación al productor.

El centro estará enfocado en sistemas hortícolas tecnificados, cultivos de altura y transferencia de conocimiento, con el objetivo de mejorar los rendimientos en productos como papa, cebolla y hortalizas.

“Se trata de llevar la ciencia al campo, no de dejarla guardada en laboratorios”, afirmó el presidente, quien insistió en la necesidad de modernizar la agricultura costarricense.

Como complemento, también se anunció la entrega de tecnología agrícola a productores, incluyendo sistemas de riego por goteo, sensores de humedad, tensiómetros y estaciones meteorológicas. Estas herramientas permitirán una agricultura más precisa, con mejor uso de recursos como agua y fertilizantes.

Además de los proyectos directamente vinculados al agro, el Gobierno incluyó dentro de los anuncios la mejora de infraestructura vial en zonas productivas. Destaca el asfaltado del centro de San Miguel de Tucurrique, con una inversión superior a ₡315 millones, que beneficiará a unas 5,000 personas al facilitar el traslado de productos como café, caña y ganado.

Durante su intervención, el mandatario también defendió el papel de instituciones como el Instituto de Desarrollo Rural(INDER) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), señalando que durante su administración se orientaron hacia un enfoque más directo de apoyo al productor.

En esa línea, afirmó que su gobierno impulsó la aprobación de nuevas moléculas agroquímicas —once en total— tras más de dos décadas sin avances en este ámbito, lo que, según indicó, rompe monopolios y reduce costos para el sector.

Más allá de los anuncios, el discurso del presidente tuvo un fuerte tono político, en el que defendió su gestión y llamó a dar continuidad a las políticas impulsadas en el agro. Sin embargo, el eje central de la actividad se mantuvo en la inversión en infraestructura, acceso a recursos y modernización del campo.

El evento reunió a productores, autoridades locales y representantes de instituciones del sector, quienes coincidieron en señalar la importancia de fortalecer el apoyo al agro como base del desarrollo económico y la seguridad alimentaria del país.

La economía transita un período marcado por diferencias notorias entre sus sectores productivos. Mientras las actividades relacionadas con la exportación y el interior del país, como la minería, el agro y el petróleo, exhiben tasas de crecimiento elevadas y sostienen el avance general, los segmentos más vinculados con la vida urbana, como el comercio, la industria y la construcción, muestran señales claras de estancamiento o desaceleración.

Este fenómeno de “dos velocidades” fue identificado por varias consultoras y se refleja en los indicadores recientes, que evidencian que el dinamismo de las industrias asociadas a la exportación de recursos naturales y sus manufacturas primarias compensa la falta de impulso de las áreas tradicionalmente asociadas al consumo y al empleo. Así, el crecimiento agregado de la economía se sostiene, aunque la realidad es dispar según el rubro.

Pese a que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) anotó un máximo histórico en los últimos dos meses, la paradoja de este escenario dual radica en que las ramas económicas que más crecen y explican el avance del nivel de actividad emplean menos trabajadores que aquellos que permanecen rezagados. El agro, la minería y el petróleo aportan volumen y expansión, pero su impacto en el empleo limita la mejora en los indicadores sociales y en la distribución de los beneficios del crecimiento.

Las ramas económicas que más crecen y explican el avance del nivel de actividad emplean menos trabajadores que aquellos que permanecen rezagados

De hecho, la desocupación experimentó un alza de 1,1 puntos porcentuales hasta 7,5% al cierre de 2025. Al analizar de qué actividades provenían quienes perdieron su empleo, la construcción aparece como la principal fuente, ya que casi una de cada cinco personas desocupadas trabajaba en ese sector. El comercio aportó el 16% de los casos, el servicio doméstico el 11,3% y la industria manufacturera el 9,7%. El conjunto de las demás actividades sumó el 42,9% restante.

En este contexto, la evolución futura de la economía dependerá en buena medida de la capacidad de los sectores relegados para recuperar terreno, un desafío condicionado por la debilidad del consumo interno y del crédito. Mientras tanto, la dinámica económica avanza impulsada por motores poco intensivos en generación de trabajo, acentuando la brecha entre los distintos componentes del entramado productivo.

Un informe de la consultora Invecq destacó que los motores que había traccionado a la economía en diciembre -agro y energía- se apagaron en enero, aunque el índice arrojó un dato positivo (1,9% interanual y 0,4% mensual) asistido por la ayuda de los “perdedores”: industria y construcción crecieron 1,5% mensual y comercio 1,4 por ciento.

“De esta forma, vemos que en enero los sectores ganadores cayeron, pero se mantienen 15,3% arriba respecto al nivel de noviembre de 2023, mientras que los perdedores tuvieron una mejora, pero continúan 4,9% por debajo del nivel del inicio del gobierno, y se encuentran estancados desde junio de 2025″, destacaron.

Los sectores ganadores cayeron, pero se mantienen 15,3% arriba respecto al nivel de noviembre de 2023, mientras que los perdedores tuvieron una mejora, pero continúan 4,9% por debajo (Invecq)

A nivel interanual, se observa una economía “a dos velocidades” para los analistas, con el agro explicando la mayor parte del crecimiento, así como la minería y la intermediación financiera, pero en menor medida. Por el contrario, la industria y el comercio restaron, mientras que la construcción arrojó un leve repunte.

Se consolida una tendencia en la cual los sectores “menos intensivos en trabajo están mostrando repuntes mensuales en diciembre y enero, pero se mantienen rezagados en la comparación interanual, excepto construcción que se mantiene neutro”.

Perspectivas y proyecciones de analistas

“En los próximos meses se definirá si los sectores ‘perdedores’ han tocado el piso y comienzan o no a recuperar terreno. La respuesta dependerá, en buena medida, de la evolución del salario real y del crédito: dos variables que todavía no muestran señales robustas de aceleración y que son claves para que el consumo interno reactive a la industria y el comercio. Mientras eso no ocurra, el crecimiento agregado continuará, pero con impacto limitado en el empleo”, subrayaron desde Invecq.

Los analistas de GMA Capital subrayaron que detrás del dato de enero del Indec -el último disponible- conviven secuencias dispares entre los distintos segmentos. Además, remarcaron que la desaceleración del crédito y el incremento de la morosidad, que en el caso de las familias se cuadruplicó en el último año, desaceleraron al EMAE.

Según los especialistas, lo que sucede con el crédito aporta una clave de lectura: “Durante 2024 y comienzos de 2025, el financiamiento al sector privado funcionó como canal de recomposición de la demanda, traccionando especialmente el consumo. Sin embargo, ese impulso se agotó hacia mediados del año pasado: la desaceleración inflacionaria eliminó el efecto de licuación de compromisos pactados y las tasas reales elevadas encarecieron el crédito”.

Durante 2024 y comienzos de 2025, el financiamiento al sector privado funcionó como canal de recomposición de la demanda, traccionando especialmente el consumo. Sin embargo, ese impulso se agotó hacia mediados del año pasado (GMA Capital)

El economista Marcos Cohen Arazi, de Fundación Mediterránea-Ieral, estimó que el nivel de actividad se ubica 6,4% por encima de noviembre de 2023, mes previo al inicio de la presidencia de Javier Milei, lo que refleja un “desempeño destacado”. A la vez, en los últimos 12 meses, el crecimiento calculado es de 1,9 por ciento.

Cohen Arazi explicó que “en enero gran parte de las actividades económicas tuvieron ligeras caídas, mientras que el crecimiento se asentó en minería, actividad industrial y construcción. No obstante, persiste una gran divergencia acumulada”.

Según sus estimaciones, desde noviembre de 2023 hasta el presente, los sectores que evidenciaron mayor dinamismo son la intermediación financiera, la minería y el agro. También presentan resultados favorables el transporte, las comunicaciones y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. En contraste, la industria manufacturera, la construcción y el turismo internacional figuran entre los rubros con menor impulso.

La consultora Epyca coincidió al advertir que, más allá del crecimiento de los segmentos vinculados a actividades extractivas (minería y agro), los servicios (inmobiliarios, financieros, salud y educación) también evolucionaron de forma positiva “por el proceso de apertura comercial, que en contrapartida perjudica en mayor medida a los sectores perdedores: la industria manufacturera y la construcción. Esta evolución desigual (“en forma de K”) es resultado de la política económica implementada".

Según los economistas de LCG “a pesar del dato de enero y del arrastre estadístico de diciembre (1,9 puntos porcentuales), no esperamos un crecimiento elevado este año. Mantenemos nuestra proyección de una expansión de la actividad por debajo del 3 % anual promedio”. Proyectaron que el crecimiento anual estará traccionado por petróleo, minería, agro e intermediación financiera, ya que “para el resto no hay drivers claros que impulsen” un desarrollo vigoroso”.

El crecimiento anual estará traccionado por petróleo, minería, agro e intermediación financiera, ya que “para el resto no hay drivers claros que impulsen” un desarrollo vigoroso (LCG)

En tanto, proyectaron que el crecimiento anual estará traccionado por petróleo, minería, agro e intermediación financiera ya que “para el resto no hay drivers claros que impulsen" un desarrollo vigoroso.

Los analistas de LCG destacaron: “Este escenario se da en un contexto en el que la demanda interna no logra consolidar una recuperación, afectada por el bajo poder adquisitivo y la retracción del crédito. A su vez, parte del consumo se desplaza hacia bienes importados, en un entorno de mayor competencia asociada a una mayor apertura comercial y a un tipo de cambio real relativamente apreciado”.

La confianza del sector agropecuario en la Argentina alcanzó en marzo de 2026 su punto más elevado de los últimos nueve años, de acuerdo con el Índice de Confianza del Empresario Agropecuario (ICEA), elaborado a partir de la Encuesta CREA.

El estudio, refleja que tanto la percepción sobre las condiciones actuales, como las expectativas de futuro mantienen valores superiores al promedio histórico, aunque persisten focos de incertidumbre que condicionan la toma de decisiones, según difundió el Movimiento CREA, la red de productores que nuclea a más de 2.000 empresas agropecuarias y es una de las principales referencias técnicas del sector.

El ICEA trepó a 70 puntos en marzo de 2026, lo que representa una suba del 4,5% respecto de noviembre de 2025 y un 7,7% en términos interanuales. El promedio histórico del indicador es de 48 puntos, lo que ubica al indicador en uno de los puntos más altos de toda la serie relevada.

El impulso fundamental proviene de una mejora considerable en la evaluación de las condiciones presentes por parte del sector agroindustrial. El subíndice de Condiciones actuales creció hasta 65 puntos —un 13,8% más que en noviembre de 2025— y consolida la tendencia positiva iniciada a mediados de 2025.

Por su parte, el subíndice de Expectativas se ubicó en 75 puntos, manteniéndose en niveles superiores al promedio pero cediendo 2,5% en comparación con la medición previa, lo que sugiere un clima de mayor volatilidad e incertidumbre en el corto plazo.

La mejora del agro supera a la del contexto económico

El análisis por sectores revela dinámicas distintas. La percepción sobre la situación económica nacional experimentó una baja leve del 2,2% frente a noviembre de 2025, tras el repunte posterior a las elecciones de octubre de ese año, sin replicar los máximos alcanzados durante la actual administración.

En contraste, la valoración de la situación de la empresa mostró una mejora sustancial del 6,3%, alcanzando los 70 puntos, el registro más alto desde marzo de 2017. El subíndice de Situación del sector agropecuario evidenció un crecimiento del 11,8% frente a la medición previa y del 31,6% interanual.

Según el relevamiento, la mejora se explica por mejores expectativas de precios y por una mayor predisposición a invertir, especialmente en el rubro ganadero.

Este último segmento exhibe un diferencial importante: el 82% de los empresarios exclusivamente ganaderos considera actualmente que es un buen momento para invertir, mientras que solo el 28% en agricultura y el 19% en lechería comparten esa percepción.

Esta brecha destaca el dinamismo particular del sector ganadero en el actual contexto. La industria está impulsada por altos valores en el mercado internacional y por una recuperación en los precios en el negocio local. La mayor demanda prevista, en parte, por los acuerdos entre la Argentina y Estados Unidos y la esperanza de una mejora en los pedidos por parte de Asia -especialmente, China- y Europa, también mejora las proyecciones del sector ganadero argentino.

Volatilidad y recuperación

El recorrido del ICEA y sus subíndices entre noviembre de 2012 y marzo de 2026 registra varias fases marcadas. Hasta 2016, las líneas de confianza muestran un crecimiento sostenido, con un pico relevante ese año. Posteriormente, se verifica una caída abrupta que se extiende hasta mediados de 2017, una leve recomposición hacia 2018 y una recaída durante el bienio 2019-2021, donde predominan valores bajos y alta volatilidad.

A partir de 2022, las mediciones del ICEA señalan una recuperación gradual, con especial énfasis en las expectativas de futuro y la confianza general; las condiciones actuales también mejoran, aunque a un ritmo moderado. Para marzo de 2026, todos los indicadores (ICEA, condiciones presentes y futuras) se sitúan claramente por encima de su promedio histórico, confirmando una percepción de mejora tanto en el presente como en las proyecciones a futuro.

El recorrido del ICEA entre 2012 y marzo de 2026 muestra varias etapas bien marcadas. Tras una mejora sostenida hasta 2016, cuando se alcanzó uno de los picos más altos de la serie, la confianza cayó con fuerza y se mantuvo débil hasta 2021, con alta volatilidad y valores bajos. Desde 2022 comenzó una recuperación gradual que se fue consolidando durante 2025 y que en marzo de 2026 ubica tanto el índice general como los subíndices de condiciones actuales y expectativas claramente por encima del promedio histórico.

Al mismo tiempo, la percepción sobre la situación del país sigue siendo la más inestable, mientras que la evaluación sobre las empresas y el sector agropecuario muestra una mejora más sostenida.

Durante marzo, las empresas del sector agropecuario liquidaron divisas por un total de USD 2.032 millones. Este monto reflejó un aumento del 57% en relación a lo registrado en febrero, cuando el flujo de ingresos resultó sensiblemente menor. Con respecto al mismo mes de 2025, el incremento en la liquidación fue del 8%.

Son datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas.

El acumulado anual alcanzó los USD 5.172 millones, aunque, al compararlo con igual periodo de 2025, se observa una caída interanual del 15% en los ingresos generados por la actividad agroexportadora.

“El mes de marzo se caracterizó por un crecimiento de arribo de camiones de maíz y embarques de trigo y maíz sumados a harina y aceite de soja, junto al inicio de la campaña de girasol”, explicaron.

Durante 2026, el sector agropecuario argentino prevé aportar USD 34.530 millones al Mercado Libre de Cambios (MULC), según proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Esta previsión se da en el marco de una cosecha que alcanzaría niveles récord por la mejora en las condiciones climáticas, aunque el monto estimado resulta similar al registrado el año anterior.

Las proyecciones para la campaña 2025/26 anticipan una producción total de 158 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 14% respecto al ciclo previo. Emilce Terré, economista de la BCR, indicó que este ciclo marca una notable recuperación tras varios años afectados por dificultades climáticas.

El incremento responde principalmente a mejores rendimientos y a la recuperación de la producción en varios cultivos estratégicos. Entre los cultivos con mayor aporte se encuentran el trigo, con 29,5 millones de toneladas; el maíz, con 62 millones; y el girasol, con 6,6 millones, el mayor registro en lo que va del siglo.

En el caso de la soja, la producción rondaría los 48 millones de toneladas, una cifra inferior a sus picos históricos debido a una reducción en la superficie sembrada, aunque con un rendimiento superior al alcanzado en la campaña anterior.

El fenómeno expone una particularidad: el crecimiento en la producción de granos y la recuperación transitoria de los precios internacionales no se verían reflejados en un incremento equivalente en la liquidación de divisas, debido a distintos factores.

Entre los elementos que limitan ese crecimiento, uno de los más recientes es el conflicto en Medio Oriente. El aumento de la tensión en la zona del Estrecho de Ormuz, vía por la que se transporta cerca de un tercio del petróleo global, elevó los costos del transporte internacional, lo que atenúa el efecto positivo de la suba productiva sobre los ingresos por exportaciones.

Vale mencionar que un informe de la Sociedad Rural (SRA) señaló que el conflicto en Medio Oriente provocó un aumento considerable de los costos totales de producción agrícola en Argentina, impulsado principalmente por la suba del precio del gasoil y de los fertilizantes nitrogenados.

Estos incrementos generaron un encarecimiento de entre 9,5% y 11% en los costos de producción, dependiendo de la distancia a puerto, afectando especialmente a los establecimientos más alejados. El impacto podría ampliarse si el conflicto se prolonga, trasladando la presión sobre los márgenes agrícolas en la próxima campaña.

Además, la misma entidad insistió en la necesidad de avanzar en la eliminación de los derechos de exportación, luego de que las proyecciones oficiales situaran las exportaciones agropecuarias en hasta USD 42.000 millones para 2026. La entidad sostuvo que el sector responde con inversiones, mayor producción y generación de empleo cuando existen reglas claras y una menor presión tributaria.

Según la SRA, estos resultados reflejan el impacto favorable de la reducción de aranceles para la importación de insumos y bienes de capital, y subrayó que el sector reaccionó de forma inmediata a los incentivos fiscales.

La actividad económica en Argentina mostró en febrero una leve recuperación mensual del 0,3%, marcando el tercer incremento consecutivo, según el Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica (ICA-ARG), elaborado de manera conjunta por la Bolsas de Comercio de Rosario y de Santa Fe, a través del Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEc). Sin embargo, en la comparación interanual se registra una caída del 1,0%, en un contexto donde la base de comparación corresponde a niveles elevados del año pasado.

Escenario heterogéneo

El escenario reciente se caracteriza por una marcada heterogeneidad: mientras algunos sectores exhiben mejoras, otros continúan en retroceso. Entre los datos positivos se destaca el dinamismo del agro, junto con una incipiente recuperación industrial y repuntes en variables como importaciones, patentamientos y recaudación. En contraste, persisten caídas en ventas minoristas y empleo registrado.

En términos generales, seis de los diez indicadores que componen el índice mostraron variaciones mensuales positivas, aunque la mayoría se mantiene por debajo de los niveles de febrero de 2025. La excepción es el sector agrícola, que continúa consolidándose como uno de los principales motores de la actividad.

Girasol imparable

El desempeño del agro volvió a sobresalir con un crecimiento mensual del 1,7%, superando incluso el récord del mes previo. La cosecha de girasol avanza hacia la mayor producción del siglo, mientras que el maíz comienza a recolectarse con estimaciones históricas. En términos interanuales, el sector se ubica 28,2% por encima del año pasado.

La industria, por su parte, mantiene una recuperación gradual con una suba mensual del 0,5%, aunque acumula siete meses consecutivos de caída interanual, con un retroceso del 3,1%. La construcción, en tanto, volvió a caer un 0,3% en febrero y continúa mostrando un comportamiento errático, sin lograr consolidar una tendencia sostenida.

En el frente externo, las importaciones registraron un repunte del 1,1% tras cuatro meses de caídas, aunque siguen 6,7% por debajo del nivel interanual. Las exportaciones, en cambio, descendieron por tercer mes consecutivo, afectando levemente la balanza comercial, que se mantiene en terreno positivo.

Ventas minoristas en baja

El consumo interno continúa debilitado. Las ventas minoristas cayeron 0,5% en febrero y acumulan un deterioro interanual del 8,3%, con bajas generalizadas en supermercados, mayoristas y shoppings. Solo se destaca un repunte en electrodomésticos y artículos para el hogar.

En el mercado laboral, la situación sigue siendo contractiva. El empleo registrado privado cayó 0,04% mensual y 1,6% interanual, lo que implica alrededor de cien mil puestos formales menos que un año atrás. A su vez, los salarios mostraron una leve mejora mensual del 1,2%, aunque aún se ubican 1,9% por debajo en términos interanuales.

De cara al futuro, si bien la economía muestra señales de recuperación apoyadas en la estabilidad cambiaria y la baja de tasas, persisten riesgos relevantes. La posible escalada del conflicto en Medio Oriente podría generar mayores ingresos por exportaciones, pero también presiones inflacionarias y un encarecimiento de la energía, configurando un escenario de incertidumbre para la evolución económica.

La escalada bélica que inició hace poco más de un mes en Medio Oriente ya comenzó a provocar un aumento de costos en la producción agrícola argentina, con un impacto inmediato sobre dos insumos clave: el gasoil y los fertilizantes. Según un informe de la Sociedad Rural Argentina (SRA), si las condiciones actuales persisten, el aumento acumulado de estos recursos encarecerá hasta 11% los costos de la próxima campaña agrícola.

El principal canal de transmisión del shock internacional para el campo argentino es el gasoil, que afecta dos rubros clave: la cosecha y el transporte de granos a los puertos. La SRA calcula que el gasoil representa en promedio el 15% del costo total de cosecha, de modo que el aumento acumulado de 22% en el precio del combustible desde el inicio del conflicto encarecería la recolección en un 3,3 por ciento.

En el área logística, el gasoil constituye aproximadamente un tercio del costo del transporte automotor de cargas. Por ello, el alza ya se traduce en subas de entre 6% y 7% en los costos de flete agrícola. Considerando un establecimiento situado a 300 kilómetros del puerto, el informe precisa que el costo de transporte de granos ascendió de USD 35 por tonelada a USD 38, mientras que para 800 kilómetros el costo creció de USD 61 a USD 65, y para 1.100 kilómetros subió de USD 70 a USD 75 por tonelada.

Mientras el mayor impacto del gasoil se concentra en el flete y la cosecha, la suba del precio de la urea suma alrededor de USD 39 por hectárea al costo total. El informe precisa que el efecto combinado de ambos insumos sumará aproximadamente USD 58 adicionales por hectárea respecto al escenario de costos de dos meses atrás.

La suba de insumos y la campaña fina 2026/27

El encarecimiento simultáneo del gasoil y la urea comienza a configurar una nueva ecuación de costos productivos para la próxima campaña agrícola. Si la tendencia se mantiene, la entidad nacional del campo estima que el costo total de producción de trigo en la campaña fina 2026/27 se incrementará un 9,5% en campos ubicados a 300 kilómetros del puerto, y hasta un 11% en establecimientos a más de 600 kilómetros.

El impacto es más agudo en cultivos cuyo valor por tonelada es menor y tienen mayor dependencia logística: para maíz y trigo, el transporte puede representar hasta 22% del precio de venta recibido por el productor, frente al 11% en el caso de la soja.

El informe también plantea que el impacto no será igual si el conflicto se extiende en el tiempo. En el corto plazo, el efecto se concentra en el aumento del costo del gasoil y en la cosecha y el transporte de la campaña gruesa 2025/26, mientras que los fertilizantes todavía muestran un impacto más acotado.

En tanto, si la tensión se mantiene durante los próximos meses, el golpe empezará a sentirse con mayor claridad en los números de la campaña fina 2026/27, especialmente por la suba sostenida del nitrógeno y el encarecimiento gradual de los fosfatos.

En un escenario más prolongado, el informe advierte que el impacto sería aún más profundo: el mercado internacional de fertilizantes podría ajustarse por completo, aumentarían los costos marítimos y se sumaría una presión adicional sobre los márgenes agrícolas.

Esta situación se da, además, en medio de una campaña que se perfila como una de las más grandes de los últimos años. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el campo argentino proyecta ingresar unos USD 34.530 millones al Mercado Libre de Cambios (MLC) durante 2026, una cifra muy similar a la del año pasado pese al fuerte aumento esperado en la producción de granos.

La explicación está, en parte, en el nuevo escenario internacional: el encarecimiento del transporte marítimo, el aumento de los costos logísticos y la suba del petróleo moderan el impacto positivo de una cosecha récord sobre los ingresos por exportaciones.

El impacto internacional

Desde el estallido del conflicto, el precio internacional del petróleo subió más del 40%, mientras que la urea —principal fertilizante utilizado en el país— experimentó un alza del 42% en el mercado local. El informe de la SRA puntualiza que el gasoil grado 2 en la Argentina registró incrementos del 22% en el mismo periodo, lo que arrojó una suba paralela en los costos logísticos, un componente estructuralmente central para el sector.

La tradicional entidad que representa a productores y empresarios del campo atribuye el shock directo en los precios al efecto que el conflicto ejerce sobre el Estrecho de Ormuz, por donde transita el 25% del comercio petrolero global. La reducción del tráfico marítimo en la zona incrementó el riesgo logístico y los costos del transporte de hidrocarburos, repercutiendo de inmediato en los precios del insumo base que sostiene la maquinaria y la logística agropecuaria argentina.

El informe destaca que en las primeras tres semanas del conflicto el incremento del barril de petróleo llegó a oscilar entre 42% y 50%. En el mercado local, el gasoil grado 2 se elevó de $1.775 a $2.166 por litro, lo que representa un incremento del 22 por ciento.

En el mercado internacional, la urea aumentó 36% en apenas tres semanas. Sin embargo, el mercado argentino reflejó un salto aún mayor: la tonelada pasó de USD 530 a USD 750, un aumento del 42%. Según la SRA, estas alzas no solo incorporan el efecto internacional, sino también ajustes logísticos, recomposición de precios internos y variaciones en la disponibilidad local.

Al analizar la dinámica del agro, hay un factor que muchas veces queda en segundo plano pero resulta determinante: la logística de la maquinaria agrícola. El movimiento de equipos de gran porte no solo requiere una planificación precisa, sino que además condiciona los tiempos productivos y la eficiencia de toda la operación.

En un contexto donde las ventanas de siembra y cosecha son cada vez más ajustadas, la coordinación logística se vuelve un componente crítico. A diferencia de otros segmentos, el traslado de maquinaria agrícola implica operar con unidades sobredimensionadas, lo que introduce restricciones específicas en términos de circulación, permisos y tiempos de traslado. Esto obliga a las empresas a trabajar con esquemas logísticos que integren variables técnicas, normativas y operativas, con un alto grado de anticipación.

Planificación y ventanas operativas

Uno de los principales desafíos de esta logística está vinculado a la estacionalidad. Las campañas agrícolas imponen plazos estrictos, donde cualquier desvío puede generar impactos en el rendimiento productivo. En este sentido, la logística deja de ser un soporte para convertirse en un factor que incide directamente en el resultado.

La necesidad de movilizar maquinaria entre distintas zonas productivas en períodos muy acotados exige una sincronización precisa entre disponibilidad de equipos, transporte y condiciones operativas. Esto implica definir rutas, gestionar tiempos de carga y descarga, y prever contingencias que puedan afectar la operación.

Además, la planificación debe contemplar la variabilidad de la demanda. En momentos pico, la presión sobre la disponibilidad de transporte y recursos logísticos aumenta, lo que puede generar cuellos de botella si no se anticipan correctamente.

Transporte especial y restricciones operativas

El traslado de maquinaria agrícola se encuadra dentro de las cargas especiales, lo que implica la necesidad de gestionar permisos viales, escoltas y condiciones específicas de circulación. Estas restricciones no solo afectan los tiempos de traslado, sino que también condicionan las rutas disponibles.

En muchos casos, los movimientos deben realizarse en horarios determinados o con limitaciones de velocidad, lo que incrementa la complejidad operativa. A esto se suma la necesidad de garantizar la seguridad en todo el recorrido, tanto para la carga como para terceros.

La infraestructura también juega un rol clave. El estado de las rutas, la disponibilidad de caminos alternativos y las condiciones climáticas pueden alterar la planificación original. Por eso, la logística de este tipo de operaciones requiere una lectura constante del entorno y capacidad de adaptación en tiempo real.

Impacto en costos y eficiencia

La complejidad operativa del traslado de maquinaria tiene un impacto directo en la estructura de costos. Factores como la distancia, los tiempos de espera, la gestión de permisos y las restricciones de circulación inciden en el costo final del transporte.

En este contexto, la eficiencia logística se vuelve determinante. Optimizar recorridos, reducir tiempos improductivos y mejorar la utilización de los recursos son variables clave para sostener la competitividad. La gestión eficiente de estos procesos permite no solo reducir costos, sino también mejorar la previsibilidad de la operación.

Al mismo tiempo, la falta de coordinación puede generar demoras que impactan en toda la cadena productiva. Un equipo que no llega a tiempo puede retrasar tareas críticas, afectando rendimientos y generando costos adicionales.

Integración con el comercio exterior

La logística de maquinaria agrícola también tiene una dimensión vinculada al comercio exterior. Tanto la importación de equipos como la exportación de maquinaria requieren una coordinación que combine transporte interno, operaciones portuarias y gestión aduanera.

En estos casos, la planificación adquiere un nivel adicional de complejidad, ya que se deben integrar tiempos logísticos con procesos documentales y regulatorios. La articulación entre actores resulta fundamental para evitar demoras y asegurar la continuidad de la operación.

Además, la localización de los puertos y centros logísticos respecto de las zonas productivas introduce desafíos adicionales en términos de transporte terrestre, especialmente cuando se trata de equipos de gran porte.

En definitiva, la logística de la maquinaria agrícola no es solo un componente operativo, sino un factor estratégico que incide en la productividad del agro. La capacidad de anticiparse, coordinar recursos y adaptarse a un entorno cambiante define el desempeño de una cadena que depende, en gran medida, de que todo funcione en el momento justo.