La ira es una emoción frecuente en la vida adulta, y su presencia no indica un trastorno ni una falla de carácter. Lo que sí puede convertirse en un problema es cómo se responde ante ella: callarla por completo o dejarla estallar son las dos salidas que la evidencia científica más reciente asocia con peores resultados para los vínculos, las decisiones y el bienestar general.

El enojo no es lo mismo que la agresión. Esa distinción parece obvia, pero en la práctica muchas personas oscilan entre dos extremos igualmente poco eficaces: guardar el malestar hasta que se acumula o descargarlo de forma impulsiva sobre quien tienen cerca. El problema no está en sentir, sino en qué pasa entre la emoción y la respuesta, en ese margen en que la intensidad puede tomar el control.

La psicoterapeuta Norma Conde, especializada en ansiedad y terapia de pareja, señaló en una nota de Psicología y Mente que la regulación emocional aplicada al enojo se organiza en torno a tres ejes: reconocer los disparadores que lo activan, revisar la interpretación que la persona construye alrededor de la situación y disponer de recursos para bajar la intensidad antes de actuar.

A su vez, el psicólogo Tomás Santa Cecilia, director del Centro de Consultoría Psicológica CECOPS y especialista en psicología cognitivo-conductual, sostuvo en otra publicación de Psicología y Mente que entre la emoción y la respuesta existe siempre un margen de intervención posible, y que ampliar ese margen es precisamente el objetivo central de cualquier abordaje sobre la ira. Ese enfoque coincide con los hallazgos de dos grandes revisiones científicas publicadas en 2025.

Qué alimenta el enojo y estrategias claves

Buena parte del problema no se explica por el hecho que dispara el enojo, sino por el sentido que la persona le da a lo que pasó: qué significa lo ocurrido, cuánto daño intencional hubo, cuán grave fue la falta de respeto. Ese proceso de lectura interna define, en gran medida, la intensidad y la duración de la emoción.

Uno de los mecanismos más asociados con la persistencia del malestar es la rumiación, un patrón de pensamiento repetitivo que lleva a reconstruir la misma discusión u ofensa una y otra vez. En términos simples, es seguir dentro del episodio mucho después de que terminó, con una cadena mental que reaviva la irritación, sostiene la activación del cuerpo y vuelve más probable la respuesta hostil.

Un metaanálisis publicado en Scientific Reports en 2025 reunió 81 estudios para examinar la relación entre el enojo y distintas formas de manejarlo en adultos. El trabajo encontró que la rumiación, la supresión (reprimir la emoción sin procesarla) y la evitación se asociaban de forma positiva con niveles más altos de ira. Por el contrario, la aceptación y lo que los investigadores llaman reevaluación cognitiva mostraron asociaciones negativas: cuanto más se usaban, menor era el nivel de enojo registrado.

La reevaluación cognitiva consiste en revisar el significado que se le dio a una situación antes de actuar. Dicho de forma accesible: separar lo que efectivamente ocurrió de lo que se supone sobre la intención del otro, sobre el desprecio implícito o sobre la hostilidad ajena.

No se trata de minimizar el malestar, sino de ganar algo de distancia antes de responder. El propio estudio advirtió que los resultados variaron según el contexto y el tipo de enojo analizado, por lo que describen tendencias generales y no recetas universales.

Otro punto que aparece con fuerza en la evidencia es el papel del cuerpo. Cuando el organismo entra en un estado de alerta intensa (con tensión muscular, pulso acelerado y el impulso de responder de inmediato), la claridad para discutir, decidir o marcar un límite se reduce de forma considerable. En ese tramo, el primer objetivo no es resolver el conflicto ni ganar la discusión, sino recuperar calma y margen de acción.

Cuándo el enojo se vuelve un problema

Gestionar la ira no implica callar el malestar ni aceptar cualquier trato. La diferencia que marcan los estudios es otra: expresar una molestia no es lo mismo que descargarla sobre otra persona. Una reacción orientada a marcar un límite es cualitativamente distinta de una conducta de intimidación, insulto o amenaza, aunque ambas provengan del mismo estado emocional de partida.

Un metaanálisis publicado en Aggressive Behavior en 2025 ofrece una de las revisiones más amplias sobre el tema: reunió 137 artículos, 171 estudios y una muestra total de 252.605 participantes para medir la relación entre la regulación emocional y la conducta agresiva.

Los resultados mostraron que el uso de estrategias que sostienen o escalan el enojo —como la rumiación o la supresión— se asoció con niveles más altos de agresión, mientras que las estrategias adaptativas se vincularon con niveles menores, aunque ese efecto fue más débil y con variaciones según el tipo de situación.

Un hallazgo puntual del estudio merece atención: las dificultades para regular las emociones se relacionaron de forma más marcada con la agresión reactiva, es decir, la respuesta impulsiva frente a una provocación percibida como inmediata. Esa es, precisamente, la forma de agresión más frecuente en los conflictos cotidianos: la que aparece antes de que haya tiempo de pensar.

5 estrategias para gestionar el enojo, según la evidencia

1. Reconocer los disparadores antes de que escalen: No todo enojo aparece de la nada. Conde señala que identificar qué situaciones, personas o contextos activan el malestar es el primer paso para intervenir antes de que la intensidad tome el control.

2. Revisar el sentido que se le da a lo que ocurrió: Buena parte del enojo no depende de lo que pasó, sino de la lectura que se hace: cuánta intención hostil hubo, qué tan grave fue la falta de respeto. Separar lo que efectivamente ocurrió de lo que se supone sobre el otro reduce la intensidad de la emoción antes de responder.

3. Salir de la rumiación: Reconstruir mentalmente la misma discusión u ofensa una y otra vez reaviva el enojo en lugar de resolverlo. El metaanálisis de Scientific Reports encontró que la rumiación es una de las estrategias más asociadas con niveles altos de ira en adultos, junto con la supresión y la evitación.

4. Bajar la activación del cuerpo antes de responder: Cuando el organismo entra en estado de alerta intensa, la claridad para decidir o marcar un límite se reduce. Santa Cecilia sostiene que ampliar el margen entre la emoción y la respuesta es el objetivo central de cualquier abordaje: una pausa, respiración o alejamiento temporal de la situación cumple exactamente esa función.

5. Expresar el malestar sin descargarlo: El metaanálisis de Aggressive Behavior (2025) mostró que la supresión —reprimir la emoción sin procesarla— se asocia con niveles más altos de agresión. La alternativa no es explotar, sino comunicar lo que ocurrió y qué se necesita, sin convertir el enojo en un ataque global contra la otra persona.

El material audiovisual generó atención en plataformas digitales y provocó que las autoridades municipales activaran los mecanismos internos establecidos para atender este tipo de situaciones. A partir de la difusión de las imágenes, la dependencia abrió una investigación con el objetivo de determinar qué ocurrió y deslindar las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con la información proporcionada por la propia SSPM, ambos elementos fueron identificados como parte de la situación expuesta en el video. La corporación señaló que, una vez que tuvo conocimiento de la grabación, puso en marcha los protocolos institucionales para revisar los hechos.

La investigación incluyó un acercamiento entre los mandos de la corporación y los dos policías señalados en el material que se difundió en internet. Durante este procedimiento, los oficiales habrían reconocido su intervención en los acontecimientos que son analizados por las autoridades.

Policías reconocieron su participación

La SSPM explicó que el reconocimiento de los hechos fue tomado en cuenta dentro del procedimiento iniciado a raíz de la difusión del video.

“Como parte de los procedimientos de indagatoria, las autoridades mantuvieron un acercamiento directo con ambos oficiales involucrados, quienes reconocieron su participación en los hechos señalados”, dice el comunicado.

Ante este escenario, la institución determinó retirar de manera inmediata a ambos elementos de sus funciones. La medida fue tomada mientras continúan las investigaciones internas y tiene como propósito evitar que los involucrados interfieran con las diligencias que se encuentran en curso.

La decisión también busca mantener el desarrollo del procedimiento bajo los principios del debido proceso, mientras las autoridades competentes reúnen los elementos necesarios para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

El caso tomó relevancia debido a que las imágenes comenzaron a circular ampliamente en redes sociales, donde usuarios expresaron diversas opiniones sobre la conducta de los agentes y exigieron que se esclareciera lo ocurrido.

SSPM promete transparencia en investigación

Después de anunciar la separación de los dos policías, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal también fijó su postura respecto a los valores que deben regir el comportamiento de sus integrantes.

“La Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso con la disciplina, el respeto, la integridad y la conducta profesional de quienes forman parte de la corporación, así como con la transparencia ante cualquier situación que involucre a nuestros policías”, externó la corporación a través de un comunicado.

Con esta postura, la dependencia aseguró que continuará con las acciones correspondientes para esclarecer el caso y determinar si existen responsabilidades adicionales.

Hasta el momento, la autoridad municipal no ha informado públicamente si existe una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado relacionada con estos hechos. Por ello, el procedimiento permanece en el ámbito administrativo de la corporación, a través de sus respectivas áreas de control interno.

La falta de una confirmación sobre una posible investigación ministerial mantiene abierto el caso, mientras la SSPM continúa revisando la información disponible y las circunstancias que rodearon el incidente.

Por ahora, la separación de los dos elementos constituye la principal medida anunciada por la dependencia tras la difusión del video. Será el resultado de las investigaciones el que determine si existen otras consecuencias administrativas o legales para los involucrados.

La corporación reiteró que el comportamiento de sus integrantes debe mantenerse bajo los principios de respeto, disciplina e integridad, particularmente debido a la responsabilidad que implica desempeñar funciones de seguridad pública.

El caso permanece bajo investigación y se espera que las autoridades proporcionen nueva información conforme avance el procedimiento y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Luego de que el plantel de Patronato regresara a Paraná tras la derrota por 3 a 0 ante Colón de Santa Fe en la Primera Nacional, un grupo de hinchas agredió a los jugadores apenas llegaron al estadio Presbítero Bartolomé Grella. El caso ya se encuentra bajo investigación de las autoridades locales.

El episodio se produjo este sábado por la noche, cuando los futbolistas fueron interceptados por simpatizantes molestos por la nueva caída en el torneo. Hasta el momento, se confirmó que el capitán y arquero Alan Sosa y el defensor Facundo Díaz resultaron heridos.

De acuerdo con las imágenes que circularon en las redes sociales, Sosa habría sufrido varios golpes. Uno de ellos le dejó un moretón a la altura del pómulo izquierdo, mientras que el otro impactó cerca de su oído, mandíbula y cuello izquierdo.

En el caso de Díaz, se difundió una imagen en donde se lo vio con la cabeza vendada. Aparentemente, habría sufrido un corte, que también provocó que la campera que llevaba puesta quedara manchada con sangre. El resto de sus compañeros también fueron agredidos, pero no trascendió si hubo más heridos.

A raíz de los incidentes, el personal de la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos acudió a la sede de Patronato para intervenir ante los incidentes y recabar información sobre lo ocurrido. Según la información publicada por Diario UNO de Entre Ríos, la presencia policial buscó contener la situación y prevenir mayores disturbios en el club.

Actualmente, las autoridades trabajan para determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos y la responsabilidad de quienes participaron del episodio de violencia. Asimismo, se informó que la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos continuará recabando testimonios y evidencia, a fin de esclarecer lo ocurrido tras el regreso del plantel a su ciudad.

La derrota de Patronato ante Colón por 3 a 0 en la Primera Nacional generó un clima tenso en el entorno del equipo, debido a que profundizó la preocupación entre los simpatizantes por el presente deportivo del club entrerriano. Hasta el momento, ni la dirigencia ni los jugadores afectados se pronunciaron ante la gravedad de los hechos.

Denunciaron violencia contra jugadores infantiles de Bella Vista: una madre y un barra, señalados como agresores

A principios de julio, el Club Bella Vista denunció que jugadores menores de edad habían sido agredidos tras el partido frente a Rosario Puerto Belgrano en Punta Alta. Una mujer, identificada como madre de uno de los futbolistas rivales, fue señalada como una de las principales responsables del ataque, según la información elevada por la policía a la Fiscalía.

De acuerdo a ese reporte, la mujer habría golpeado con el puño a un jugador de Bella Vista, y tras la caída del adolescente, las agresiones continuaron. La investigación también apuntaría a la participación de un integrante de la barra del club local, de aproximadamente 30 años.

Frente a esto, el Club Bella Vista difundió un comunicado en el que repudió la violencia sufrida por los jugadores de la categoría 2009 y sus familias. En el texto, la institución expresó su “profunda preocupación” y confirmó que varios futbolistas y familiares resultaron heridos, por lo que debieron ser atendidos en el Hospital Eva Perón.

Según datos aportados por La Brújula 24, uno de los jóvenes necesitó puntos de sutura en el rostro, mientras que otro menor fue evaluado por lesiones en un dedo de la mano. “Estos actos no pueden pasar desapercibidos. Son sumamente preocupantes y repudiables, que atentan contra los valores del deporte y las normas de convivencia que promueve la liga”, apuntaron.

La agresión se desató al finalizar el encuentro y la rápida intervención de las autoridades evitó daños mayores. De acuerdo con el parte policial, la identificación de los involucrados se logró mediante testimonios y registros fílmicos aportados por testigos.

Por disposición de la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley del Deporte, mientras la investigación sigue bajo supervisión judicial para determinar responsabilidades y posibles sanciones. Asimismo, la Comisión Directiva del Club Rosario Puerto Belgrano también repudió lo sucedido y manifestó su solidaridad con Bella Vista a través de redes sociales.

En su comunicado, la entidad afirmó que los hechos no representaban los valores ni principios del club y aseguró que están colaborando activamente con la investigación y a disposición de la institución afectada para asistir en todo lo necesario.

Bryan Betancur, indultado por Donald Trump por el asalto al Capitolio, fue condenado en Washington por agresión simple tras tocar sin consentimiento el cabello de una mujer en un tren de la Línea Roja del Metro y difundir un video del episodio en la red social X.

El juez Anthony Epstein le impuso la pena máxima prevista para ese delito menor: 180 días de prisión, con descuento por los 128 días que ya pasó detenido.

De acuerdo con la acusación, el video fue publicado el 28 de febrero con la frase “las rubias son una buena aventura y sí, me dio permiso”.

La investigación estuvo a cargo de la Policía de Tránsito del Metro y del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Los agentes ya analizaban videos sobre el hecho antes de que la víctima presentara su denuncia, reportó WUSA9, afiliada de CBS.

Para atribuirle la grabación, los investigadores utilizaron metadatos de X y los cruzaron con registros de vigilancia del sistema ferroviario. Como el rostro de Betancur no se veía en las imágenes, los agentes compararon la actividad de su cuenta con los horarios y los trayectos captados por las cámaras hasta ubicarlo en el mismo recorrido que la mujer.

El relato de la víctima y la decisión del juez

Durante el juicio, la mujer dijo que no advirtió el contacto en el momento y que conoció lo ocurrido días después, cuando la grabación empezó a circular y compañeros de trabajo la reconocieron en la plataforma, precisó FOX 5.

“Fue muy perturbador e inquietante ver que alguien me había tocado y lo había publicado en internet sin mi consentimiento”, declaró.

La víctima contó que el episodio alteró su rutina y su percepción de seguridad: “Pienso en este video todos los días. Pienso en este video cada vez que tomo el metro, que es dos veces al día”.

A su vez, relató que desde entonces se siente “más paranoica y más expuesta”. Incluso explicó que permanece muy alerta respecto a lo que la rodea y que eligió un sitio con varios puntos seguros cuando hizo una mudanza hace poco.

Por su parte, según WUSA9, la defensa cuestionó la solidez de la investigación y sostuvo que la fiscalía no había demostrado de manera suficiente que Betancur fuera la persona que aparecía en el video y que cualquiera podría haber publicado los videos.

Asimismo, los abogados plantearon que no podía configurarse una agresión si la víctima no había percibido el contacto en ese instante.

El juez rechazó ese argumento después de revisar la prueba circunstancial y afirmó: “Es una cosa espeluznante”.

Antes de escuchar la sentencia, Betancur pidió consideración por su salud mental: “Solo quiero que sea un poco justo conmigo. Estoy lidiando con salud mental”.

Por consiguiente, Epstein remarcó que el contacto no fue violento, aunque sí produjo un impacto importante en la víctima.

Cuando dictó la pena, el magistrado alertó que el acusado “representa una amenaza” y justificó que imponía la pena máxima por no mostrar arrepentimiento ni aceptación de responsabilidad.

No obstante, no autorizó la petición de una orden de alejamiento contra la víctima, dado que consideró que Betancur no sabía quién era la mujer ni dónde se encontraba, informó WUSA9.

Otras denuncias y procesos abiertos contra Betancur

Bryan Betancur enfrenta otros procesos judiciales. En Arlington, Virginia, tiene un cargo de agresión por transmitir en vivo una interacción en la que habría vuelto a tocar el cabello de otra mujer dentro de un tren.

Además, en Washington, D.C., es acusado de acoso. Los documentos judiciales sostienen que Betancur le envió mensajes reiterados sobre salud mental, sus pies y temas sexualmente explícitos entre 2024 y 2025 a una mujer identificada como Amanda Moore.

Ese mismo expediente señala que Betancur coincidió con ella en un evento en la capital estadounidense, donde presuntamente tuvo una conducta inapropiada hacia ella y trató de que la retiraran del lugar. Cuando la mujer se fue, él la habría seguido mientras le gritaba un insulto, detalló WUSA9.

El acusado debe volver a comparecer ante el tribunal el 21 de agosto.

Las imágenes fueron difundidas en TikTok por la cuenta Metro Viral y muestran a un sujeto tendido en el piso dentro de una estación, con heridas visibles en el rostro. De acuerdo con el relato que acompaña la grabación, la agresión habría ocurrido luego de que otro usuario interviniera para defender a una joven que, presuntamente, estaba siendo seguida y acosada.

El video generó una inmediata reacción entre los usuarios, especialmente por la forma en que el joven encaró al señalado, a quien reclamó por lo que habría ocurrido desde que ambos descendieron en una estación.

En la grabación se escucha al hombre que intervino reclamarle al presunto acosador mientras este permanece en el suelo.

“Acabaste, hijo de tu puta madre, por venirla acosando, carnal. Ve. Pinche vato cerdo, hijo de tu puta madre. Desde allá atrás le vienes chin y chinga la puta madre, güey”, le reclama.

El agresor también cuestionó directamente al sujeto por haber seguido a la mujer durante el recorrido y continuó recriminándole su comportamiento.

“Hijos de puta. No, de qué amiga. Órale, a chingar a tu madre. (Le da una patada) Órale, güey. Pinche madre, ¿qué la vienes acosando, güey? ¿Eh? ¿Pensaste que no me había dado cuenta, perro? ¿No? Ah, pensaste que no. Pensaste que no, hijo de su pinche madre. ¿Qué no tienes mamá, no tienes hijas o qué, hijo de su puta madre, eh? Pinche madre.”

Mientras se desarrolla la confrontación, la mujer que presuntamente habría sido víctima de acoso intenta pedirle al joven que se tranquilice.

Sin embargo, el hombre continúa cuestionando al sujeto que permanece en el suelo y señala que habría observado su comportamiento desde antes.

Asegura que lo siguió desde Pantitlán

En otro momento de la grabación, el joven insiste en que el presunto acosador habría seguido a la mujer desde que descendieron en Pantitlán, una de las estaciones de la Línea 1.

“No, amiga, ¿pues qué te viene acosando el hijo de su puta madre? A ver la pinche cara, perro. A ver, a ver, hijo de su pinche madre. Desde allá atrás vienes tras de ella y tras de ella, hijo de la verga. ¿Eh? Puta madre, ¿qué no tienes mamá, no tienes hijas o qué puta madre, cabrón?”, expresa.

Posteriormente, el hombre que realizó la confrontación acerca su teléfono para grabar el rostro del supuesto acosador, quien intenta cubrirse la cara con las manos.

El joven vuelve a explicar por qué decidió intervenir y asegura que habría observado el comportamiento del sujeto durante buena parte del recorrido.

“Pinche madre. No, mi hijo, desde, desde que bajamos desde Pantitlán, la muchacha viene y ahí viene el hijo de su puta madre, nada más lo venía cazando al perro. ¿Qué le vienes haciendo a la mamada, hijo de tu puta madre”, agrega.

Hasta el momento, el material difundido en redes no aporta mayores detalles sobre la identidad de los involucrados ni sobre si hubo una denuncia formal ante las autoridades por lo ocurrido.

Usuarias aplauden al joven

La publicación rápidamente generó comentarios entre usuarios, quienes destacaron que el joven decidiera intervenir ante la situación denunciada en el transporte público.

Entre las reacciones pueden leerse mensajes como “Más hombres defendiendo a las mujeres” y “gracias por defenderla, ya los policías no hacen nada”.

Otros usuarios también expresaron su agradecimiento directamente al hombre que aparece en el video.

“gracias en nombre de todas las mujeres de todas las edades dios te cuide y guíe tu camino siempre”, escribió una persona.

También hubo comentarios que cuestionaron la ausencia de elementos de seguridad durante el incidente, entre ellos: “y los policias.... su ausencia”.

Una usuaria más destacó la actitud del joven y escribió: “Que lindo gesto, fuiste criado super bien”.

El caso vuelve a poner bajo la lupa las situaciones de acoso dentro del transporte público, además de generar debate en redes sobre la manera en que los pasajeros deben reaccionar ante este tipo de situaciones y la importancia de solicitar apoyo a las autoridades correspondientes.

Una mesera del bar Chúpame el Camarón atacó a un cliente a las 6:30 de la mañana en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX) luego de una discusión por el cobro de una cuenta. El hombre la acusó de haberle cobrado de más y el reclamo escaló hasta una agresión con una botella.

De acuerdo con el reporte, la trabajadora tomó el envase de vidrio, lo rompió y le hizo una herida en la espalda y pierna al cliente durante el pleito. En el lugar se difundió una imagen del afectado tras el ataque, aunque el texto fuente no precisó su identidad ni el estado de salud posterior.

La mujer fue detenida por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), según informó el periodista Carlos Jiménez. El hecho ocurrió dentro del establecimiento y, tras la intervención de la autoridad, la trabajadora terminó bajo custodia; el texto también señaló que fue captada riéndose después de la detención.

No se detalló si el cliente presentó denuncia, si el bar fue clausurado o si la detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público. Tampoco se especificó si el pago reclamado correspondió a una cantidad exacta ni si hubo más personas lesionadas durante el incidente.

• La agresión ocurrió a las 6:30 en un bar de Tlalpan.
• Un cliente reclamó un cobro de más y la mesera lo hirió con una botella.
• La SSC de la CDMX detuvo a la trabajadora en el lugar.

Mesera apúñaló a otra por cliente en Monterrey

En otro hecho no relacionado, el pasado 7 de agosto de 2026, una mesera fue acuchillada por una compañera con quien sostuvo una riña dentro de un bar ubicado en el Centro de Monterrey, luego de una presunta discusión relacionada con la atención de un cliente.

El incidente ocurrió en un establecimiento ubicado en el cruce de Ignacio López Rayón y Colón, en el Centro de Monterrey. Referenciageográfica

De acuerdo con los primeros reportes, las dos trabajadoras comenzaron una discusión verbal presuntamente relacionada con la atención de un cliente.

La confrontación escaló hasta una agresión física, durante la cual una de las mujeres habría utilizado un arma blanca para atacar a su compañera.

La víctima, de entre 25 y 30 años, presentó una herida en el muslo derecho y otra en el antebrazo izquierdo.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al establecimiento para brindar atención a la mujer lesionada.

Después de recibir los primeros auxilios en el lugar, la víctima fue trasladada en ambulancia a un hospital de la Zona Metropolitana de Monterrey para continuar con su valoración médica.

Elementos de la Policía de Monterrey y de Protección Civil municipal también acudieron al sitio.

Los agentes comenzaron las investigaciones para establecer cómo ocurrió la agresión y determinar las acciones legales correspondientes contra la presunta responsable.

El ataque ocurrió en un bar ubicado en el cruce de Ignacio López Rayón y Colón, donde presuntamente ambas trabajadoras discutieron por la atención a un cliente.

Ha trascendido que las dos mujeres iniciaron el conflicto con agresiones verbales, sin embargo, la riña escaló hasta que una de ellas apuñaló a su compañera.

¿Cómo ayudar a una persona apuñalada?

Si una persona ha sido apuñalada, lo más importante es llamar inmediatamente a los servicios de emergencia y brindar primeros auxilios básicos mientras llegan.

Llama al número de emergencias 911 e informa la ubicación, el estado de la víctima y que se trata de una herida por arma blanca.

No retires el cuchillo u otro objeto si sigue incrustado; en caso de que no haya algún objeto clavado en la piel aplica presión firme y continua sobre la herida con una gasa o un paño limpio.

Mantén a la persona lo más quieta posible, especialmente si sospechas lesiones en el pecho, abdomen, cuello o espalda. Si es posible, acuéstala y cúbrela con una manta o prenda para ayudar a conservar el calor corporal, ya que una pérdida importante de sangre puede provocar choque.

Si la víctima deja de respirar y sabes realizar reanimación cardiopulmonar (RCP), iníciala siguiendo las indicaciones del operador del 911.

En los fríos pasillos de los juzgados de Managua se respira un aire denso, cargado de agravios mutuos y revelaciones desconcertantes. En el banquillo de los acusados se encontraba Elizabeth Araceli Frank Davis, una joven de 26 años.

A pocos metros, el acusador: John Michael Quinn, un ciudadano estadounidense de 64 años. Lo que a simple vista parecía una audiencia más por supuesta violencia intrafamiliar en la comarca San Antonio Sur del Distrito V de Managua, ha comenzado a revelar una compleja trama donde la presunción de inocencia, los traumas del pasado y la extrema vulnerabilidad chocan de frente ante las leyes de la República.

Según sostuvo la representación fiscal y la abogada querellante Francis Fley, el ciudadano estadounidense habría sido víctima de un presunto patrón de agresión física y psicológica por parte de la joven.

De acuerdo con el relato presentado durante la acusación oral, en un incidente reciente la supuesta agresora habría ingresado a la vivienda mientras el señor Quinn descansaba. En ese momento, según la tesis acusatoria, Elizabeth presuntamente lo habría provocado con insultos denigrantes. La querella asegura además que la joven presuntamente tomó una varilla de hierro para intimidarlo y forzarlo a abandonar la propiedad. Cuando Quinn intentó documentar el supuesto ataque con el teléfono celular en la mano, la acusada le propinó un golpe que hizo caer el dispositivo al suelo.

El trasfondo de una historia compleja

No obstante, el caso dio un giro drástico cuando la defensa técnica de la imputada y reportes locales comenzaron a desenterrar los orígenes de esta controvertida relación. Según las versiones recabadas y la tesis defensiva, la historia se remontaría al año 2013, cuando la joven apenas contaba con 13 años de edad e incluso registros señalan que tenía 12 años cuando habrían iniciado los primeros acercamientos.

Relatos sobre la infancia de Elizabeth describen un contexto de severa precariedad económica. Hace aproximadamente quince años, la indigencia habría obligado a su madre y hermana a emigrar desde Puerto Cabezas hacia Managua, instalándose en las inmediaciones del mercado El Mayoreo.

Ante la posterior partida de la madre hacia Honduras en busca de ingresos, la menor habría comenzado a trabajar como mesera en un bar local para subsistir. Fue en ese entorno sensible donde supuestamente el adulto estadounidense conoció a Elizabeth.

La defensa sugiere que el señor Quinn se habría aprovechado presuntamente de la extrema vulnerabilidad de la menor. Producto de ese vínculo inicial, cuando Elizabeth tenía apenas 14 años, nació un niño que actualmente tiene 12 años. La abogada defensora cuestionó severamente la objetividad de la investigación inicial de la fiscalía, sugiriendo que la hoy acusada pudo haber sido en realidad víctima de un delito contra la libertad e integridad sexual durante su niñez.

Al término de la audiencia preliminar, el juez Alex Martínez dictó una serie de medidas cautelares en contra de Elizabeth Frank Davis a petición del Ministerio Público. Entre las disposiciones judiciales dictaminadas se encuentra la prohibición estricta de salir del país, para lo cual se giró el correspondiente oficio a la Dirección de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior.

Mientras las autoridades judiciales continúan con el proceso legal para determinar la veracidad de cada señalamiento, la opinión pública nicaragüense sigue de cerca un expediente donde las fronteras entre denunciante y denunciado, víctima y victimario, continúan sujetas al dictamen final de la justicia.

El ataque ocurrió durante la festividad patronal ‘San José Glorioso – Collpa’. Nieto se encontraba sobre el escenario entonando su repertorio cuando un hombre ubicado en el área del segundo escenario —el evento contaba con dos tarimas simultáneas— lanzó una botella llena de cerveza que impactó de lleno en su cara.

Las imágenes del momento, que circularon en redes sociales y fueron difundidas por medios como ATV y RPP, muestran a la artista bajando la mirada de forma inmediata tras el golpe, mientras los integrantes de su agrupación quedaron paralizados sin acercarse a auxiliarla.

Cortes, sutura y 12 días de reposo

Nieto describió las consecuencias físicas del ataque en una publicación en sus redes sociales. “Presento varios cortes pequeños en la cara, una herida debajo del labio inferior que requirió un punto de sutura, los párpados del ojo izquierdo moreteados y la zona de la ceja izquierda inflamada. Mis anteojos se hicieron añicos”, escribió la artista ayacuchana. Aclaró también que ningún fragmento de vidrio ingresó a sus ojos.

En declaraciones a RPP, la cantante relató el impacto del golpe: “La botella se rompió en mi rostro y ahí entré en shock. Tenía cortes y la gente vino a auxiliarme. Si no me caía a mí, igual le caía a cualquiera de los músicos, pero yo me llevé la peor parte”. El médico que la atendió le otorgó 12 días de descanso, período durante el cual tuvo que cancelar tres presentaciones y paralizar la producción de sus videoclips.

Nieto pasó por el médico legista para formalizar la denuncia correspondiente por agresión física y desfiguración. La denuncia fue presentada ante la comisaría de Ocros, según confirmó la artista. Hasta el cierre de esta nota, la Policía Nacional del Perú continúa con la búsqueda del agresor, cuyas imágenes del ataque ya fueron entregadas a las autoridades.

El motivo: la presentación habría empezado antes de lo previsto

Según el testimonio de la propia cantante, el ataque tuvo un detonante aparentemente trivial. El evento contaba con dos escenarios activos en simultáneo, y un espectador del segundo escenario reaccionó con violencia al considerar que la presentación de Nieto había comenzado con anticipación.

“Una persona cerca del otro escenario se molestó porque el nuestro comenzó a presentar su show con cierta anticipación. En ese momento, arrojó una botella de vidrio hacia nuestro escenario. La botella impactó en mi rostro”, relató la artista. El corresponsal de ATV en Ayacucho, Emerson Quispe, informó que durante todo el día del evento se consumió una gran cantidad de bebidas alcohólicas, por lo que las autoridades presumen que el agresor habría estado en estado de ebriedad al momento del ataque.

También se señaló que los músicos y la cantante del otro escenario no se solidarizaron con ella y continuaron con su presentación tras el incidente. La reacción de la agrupación de Nieto en el escenario también generó indignación entre los usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron que ningún integrante del grupo se acercara a auxiliarla de inmediato.

Reacciones en redes y pedido de justicia

Las imágenes del ataque generaron una ola de comentarios en redes sociales. “Que se identifique al agresor y pague por lo que le hizo, no es justo que una señora que está trabajando cantando reciba ese trato”, escribió un usuario. Otro apuntó la misma indignación hacia quienes rodeaban a la artista: “Me indigna que nadie le ayude. Todos esos parados como si no pasó nada”.

El portal ‘El Chico de las Noticias’ difundió el video en Instagram y señaló que, según una publicación de la propia Nieto en Facebook, el objeto habría sido lanzado desde el área del equipo de otra intérprete que se presentaba en el segundo escenario de forma simultánea. La artista precisó que no tenía ninguna responsabilidad en el hecho, dado que fue el otro show el que comenzó con anticipación.

Nieto se encuentra en reposo en su domicilio mientras avanza su recuperación. El presunto agresor Prado Tenorio sigue sin ser capturado, y los organizadores del evento no han emitido ningún pronunciamiento público sobre lo ocurrido.

La tranquilidad de una familia en Surco se quebró tras el hallazgo de imágenes en las que un niño de 11 años, diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA) y epilepsia, aparece siendo agredido por su cuidadora.

El hecho fue reportado por la madre del menor, Carol Vázquez, quien relató a RPP que contrató a Pamela Mayory Almenara Loayza, bachiller en Psicología, para acompañar y reforzar las terapias del pequeño en el hogar.

“Ella se gana la confianza de nosotros. Nosotros en todo momento hemos sido muy amables con ella. Le he brindado confianza, tanto así que le confío a mi hijo”, declaró la madre.

La situación salió a la luz cuando la familia revisó las grabaciones de seguridad y observó un episodio de aparente agresión en el área de juegos de la casa. Según el testimonio de Vázquez, el menor intentó comunicarse con la cuidadora antes de recibir un golpe en la mano.

“En el video se muestra que Esteban le quiere como pasar la voz o en la mano y ella le chanca la mano. Es una persona alta, le chanca la mano y luego Esteban se quiere defender, va contra ella y ella le pega en el brazo y lo tira al piso”, relató.

La madre indicó que, previo a revisar los registros, la familia pensó que los cambios de conducta en el niño -mayor agresividad y rechazo a ingresar al cuarto de juegos- se debían a crisis propias de su condición.

“Estaba un poquito más agresivo y ahora ya entiendo de que de repente no quería entrar solo al cuarto de juegos”, explicó. Su preocupación aumentó al considerar que su hijo, por ser no verbal, no pudo contar lo que ocurría.

“Creo que no soy la primera mamá que tiene un hijo autista que no habla, que a veces no te puede decir: ‘Mamá, está pasando algo’”, compartió Vázquez con RPP.

La cuidadora, Pamela Almenara Loayza, se pronunció en entrevista con el mismo medio. Negó haber cometido una agresión y definió su reacción como una “técnica” para evitar una crisis.

“El palmazo que le doy en la mano, porque no es una agresión grande o de gran magnitud, era para evitar justamente que él empiece su crisis. Era una técnica firme de decirle ‘no’, pero no hablándole, sino simplemente manifestando mi molestia”, declaró.

También reconoció que en ocasiones utilizó un vaporizador cerca del menor, justificándolo como una estrategia para relajarlo, aunque admitió que no es adecuado en un contexto terapéutico.

Minsa refuerza atención integral a niños con TEA

Frente al caso, el Ministerio de Salud (Minsa) reafirmó la importancia de una atención integral y especializada para personas con TEA. A través de sus 306 Centros de Salud Mental Comunitaria en todo el país, la entidad ofrece servicios que incluyen equipos multidisciplinarios de psicología, psiquiatría, terapia de lenguaje y ocupacional.

“La atención de las personas con trastorno del espectro autista debe responder a criterios clínicos, éticos y científicos. Por ello, es fundamental que las familias accedan a información confiable y a servicios especializados que contribuyan al desarrollo y bienestar de cada persona, y al respeto pleno de sus derechos”, enfatizó la directora de Salud Mental del Minsa, July Caballero Peralta.

Durante este año, el Minsa atendió 59.741 casos de personas con TEA en sus servicios, respaldado por la Ley N.° 30150 y la Ley N.° 30947. La especialista detalló que los planes de atención se elaboran de manera individualizada, y que el abordaje puede incluir consulta médica, reuniones grupales, terapias, acompañamiento a padres y, si corresponde, tratamiento farmacológico.

El Minsa recalcó que no existe evidencia científica que respalde el uso de la fuerza física, el vapeo o el tabaco como intervención terapéutica para el autismo. “No forman parte de las recomendaciones ni de los tratamientos promovidos por el Ministerio de Salud”, advirtió la institución.

Según las autoridades, Greene fue detenido casi ocho horas después y quedó recluido en el centro correccional TGK, donde enfrentó cargos vinculados a la agresión. La víctima fue trasladada a un hospital local con lesiones faciales.

El ataque generó alarma entre vecinos y comerciantes del sector. En un reporte de CBS Miami, testigos dijeron reconocer al sospechoso como una presencia habitual en la zona y describieron la agresión como repentina, sin que la mujer hubiera mediado palabra o gesto previo.

Lo que se ve en el video y cómo ocurrió el ataque

De acuerdo con la información oficial, el episodio quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en el área. La secuencia mostró a la víctima caminando por la acera cuando fue atacada de manera inesperada.

“Ella está caminando normalita, tranquila y de buenas a primeras le pegó… le pegó de una forma demasiado fuerte que la tumbó”, relató Mónica Zapata, dueña de Calle Ocho Sports Bar and Grill a Local 10.

Zapata describió la escena que encontró al llegar a abrir el negocio: “Vi que había un caos aquí pasando. La señora estaba toda sangrienta. Dos señoras la estaban tratando de ayudar, pero estaban como perdidas… estaba tirada en el piso y no la podían parar”.

También aseguró que la mujer sufrió lesiones graves en el rostro: “Le reventó la cara y le hundió la nariz. La pobre señora quedó mal y estaba perdiendo el conocimiento”.

La comerciante ubicó el episodio dentro de un tramo de alta circulación peatonal, con locales que abren desde temprano y reciben circulación peatonal constante durante el día. La violencia del golpe y la rapidez con la que ocurrió el ataque incrementaron la preocupación de quienes trabajan en el corredor.

El arresto y los cargos que enfrenta Tavaris Greene

La Policía de Miami informó que el sospechoso fue localizado y detenido casi ocho horas después del ataque. Tras su arresto, quedó recluido en el centro correccional TGK y enfrentó cargos vinculados a la agresión.

Las autoridades indicaron que la víctima fue derivada a un hospital local para recibir atención médica por lesiones faciales. En los testimonios recogidos tras el hecho, el foco estuvo puesto en el estado en el que quedó la mujer luego del golpe y en el auxilio inmediato que intentaron darle otras personas en la vereda.

CBS Miami también recogió el impacto del episodio en la comunidad comercial del área, donde varios aseguraron haber visto al sospechoso con anterioridad. El ataque no solo generó alarma por la violencia en sí, sino por la sensación de que se trató de un hecho imprevisible, ocurrido en plena vía pública y a la vista de quienes transitaban o trabajaban cerca.

Antecedentes penales y la preocupación de los comerciantes

Según la Policía de Miami, Greene tenía antecedentes penales. Registros judiciales indicaron que estuvo preso desde 2008 por varios cargos y que fue liberado en 2012; luego fue arrestado en 2019 por agresión física y en febrero de 2025 por un caso de robo menor.

A partir de esa información, comerciantes de la zona expresaron temor por la repetición de episodios violentos en un corredor donde conviven bares, restaurantes y pequeños negocios. La preocupación no se limitó al momento del ataque: también se extendió a la idea de que un hecho así puede ocurrir “en segundos”, sin margen de reacción para la víctima ni para quienes están alrededor.

“Tengo empleados y personas que trabajan aquí, y los vecinos dicen que él se mantiene por aquí hablando solo”, añadió Zapata. “Nadie se merece eso. Ese señor aparentemente tiene problemas mentales y lo siguen dejando salir. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde vamos a llegar?“, dijo a Local10.

Para quienes trabajan sobre la Calle Ocho, la escena posterior al golpe —la víctima en el piso, con sangrado visible y asistida por otras personas— reforzó una inquietud que suele reaparecer después de incidentes de este tipo: la vulnerabilidad de quienes caminan por la zona durante el día, cuando el movimiento es constante y la atención de la gente está puesta en la rutina.

En el relato de Zapata, el auxilio inicial estuvo a cargo de otras mujeres que se acercaron a ayudar, mientras intentaban comprender qué había ocurrido. La descripción incluyó el desconcierto de quienes presenciaron o encontraron la escena, y la dificultad para asistir a la víctima en esos primeros minutos.

La investigación del caso continuó mientras la mujer se recuperaba de las lesiones. Por el momento, las autoridades no informaron sobre un vínculo previo entre el agresor y la víctima, ni sobre un motivo que explicara el ataque.

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Pamela Mayory Almenara Loayza, bachiller en Psicología acusada de presunta agresión física y psicológica contra un menor de 11 años con trastorno del espectro autista (TEA). El caso fue denunciado por la madre del niño luego de revisar las cámaras de seguridad instaladas en su vivienda.

La Tercera Fiscalía Transitoria Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro asumió las diligencias del caso y busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el presunto ataque. El menor, identificado como Esteban, también cuenta con diagnóstico de epilepsia.

Según informó el Ministerio Público, el fiscal provincial José Luis Huarhua Ortiz dispuso diversas acciones, entre ellas la toma de declaraciones de la denunciante y testigos, la revisión de los registros audiovisuales del domicilio y la programación de evaluaciones psicológicas para los involucrados.

Fiscalía investiga presunta agresión contra menor con trastorno del espectro autista

La investigación fiscal se inició tras la denuncia presentada por Carol Vázquez, madre del menor, quien señaló que su hijo habría sido víctima de violencia mientras permanecía bajo el cuidado de Almenara Loayza. La bachiller en Psicología había sido contratada para acompañarlo en sus actividades de aprendizaje y reforzar algunas tareas después de su jornada escolar.

De acuerdo con la versión de la familia, la cuidadora trabajó durante aproximadamente cuatro meses con el niño y llegó a ganarse la confianza de sus padres. Sin embargo, la situación cambió cuando la madre revisó las grabaciones de seguridad de su vivienda y encontró imágenes que, según su interpretación, mostrarían una agresión.

La Fiscalía informó que continuará recopilando elementos para esclarecer los hechos y establecer si existió responsabilidad penal. Además, gestionó medidas de protección para el menor debido a su condición de vulnerabilidad.

“Dispuso la toma de declaraciones de la denunciante y los testigos del suceso, la revisión de los registros fílmicos captados por cámaras de video del lugar donde habría ocurrido la agresión física, la programación de evaluaciones psicológicas, entre otros”, detalló el Ministerio Público.

Madre del menor denunció cambios en su conducta antes de revisar cámaras de seguridad

Carol Vázquez relató que antes de conocer lo ocurrido en las grabaciones, la familia había atribuido los cambios de comportamiento de su hijo a episodios relacionados con su condición. Según explicó, el niño comenzó a mostrarse más irritable y evitaba ingresar al cuarto donde realizaba sus actividades con la cuidadora.

“Nosotros hemos estado acá y hemos dicho: ‘¿Qué pasó?’. ‘No, sino que le dio una crisis’. Y nosotros creímos eso”, declaró la madre en una entrevista difundida por RPP.

La denunciante afirmó que las imágenes registradas en su vivienda evidenciarían un momento en el que su hijo intentó acercarse a la cuidadora antes de que ocurriera la presunta agresión. Según su relato, el menor habría recibido golpes en la mano y el brazo, además de terminar en el suelo durante un forcejeo.

“En el video se muestra que Esteban le quiere como pasar la voz o en la mano y ella le chanca la mano. Es una persona alta, le chanca la mano y luego Esteban se quiere defender, va contra ella y ella le pega en el brazo y lo tira al piso”, contó Vázquez.

La madre también expresó preocupación porque su hijo tiene dificultades para comunicarse verbalmente y no pudo contar lo que presuntamente ocurría. “Creo que no soy la primera mamá que tiene un hijo autista que no habla, que a veces no te puede decir: ‘Mamá, está pasando algo’”, manifestó.

Pamela Almenara negó agresión y aseguró que actuó en defensa propia

Tras conocerse la denuncia, Pamela Almenara Loayza brindó su versión y negó haber maltratado al menor. La bachiller en Psicología sostuvo que las acciones registradas en las cámaras correspondían a una intervención durante una supuesta crisis del niño y afirmó que actuó para protegerse.

En entrevista con RPP, señaló que la palmada que aparece en las imágenes correspondía a una técnica para marcar límites y detener una conducta del menor. Además, sostuvo que el forcejeo posterior fue una acción de contención y no una agresión.

“Usted no sabe la fuerza que se necesita para contener a ese niño. Nosotros lo hemos contenido entre tres personas, porque una sola persona no lo puede hacer por la fuerza que tiene”, afirmó Almenara.

La acusada también mencionó que había solicitado cambiar de menor asignado al centro psicológico donde trabajaba debido a supuestas dificultades durante el acompañamiento. Según indicó, habría comunicado situaciones en las que recibió lesiones por parte del niño.

Durante la entrevista, Almenara confirmó además que existe otra denuncia en su contra por un caso distinto, relacionado con presuntos actos contra el pudor en agravio de otro menor. “Eso está en investigación. Le corresponde ya responder a mi abogada, porque ese caso ya está en investigación”, declaró.

Mientras avanzan las diligencias, la Fiscalía deberá determinar si los hechos denunciados constituyen un delito y establecer las responsabilidades correspondientes. La familia del menor espera que el proceso permita esclarecer lo ocurrido y evitar que una situación similar afecte a otros niños en condición de vulnerabilidad.

Según relató la madre, identificada como Carol Vázquez, la mujer señalada como responsable es Pamela Mayory Almenara Loayza, bachiller en Psicología, quien había sido contratada para acompañar al menor y apoyarlo en sus actividades de aprendizaje. La denunciante aseguró que la cuidadora se había ganado la confianza de la familia durante los cuatro meses que trabajó con ellos.

“Ella se gana la confianza de nosotros. Nosotros en todo momento hemos sido muy amables con ella. Le he brindado confianza, tanto así que le confío a mi hijo”, declaró la madre en entrevista con RPP. Asimismo, explicó que la contrató para reforzar las terapias que el menor recibía en su centro educativo y con sus especialistas.

Cámaras revelarían la agresión

La mujer indicó que al revisar las grabaciones de seguridad de su domicilio observó un episodio que, según su versión, evidenciaría una agresión contra su hijo en el área de juegos de la vivienda. De acuerdo con su relato, el menor habría intentado comunicarse con la cuidadora antes de ser golpeado.

“En el video se muestra que Esteban le quiere como pasar la voz o en la mano y ella le chanca la mano. Es una persona alta, le chanca la mano y luego Esteban se quiere defender, va contra ella y ella le pega en el brazo y lo tira al piso”, afirmó para el citado medio.

La progenitora señaló que, antes de revisar las imágenes, la familia creyó que el comportamiento del niño respondía a una crisis relacionada con su condición. “Nosotros hemos estado acá y hemos dicho: ‘¿Qué pasó?’. ‘No, sino que le dio una crisis’. Y nosotros creímos eso”, agregó.

Cambios en la conducta del menor

La madre también relató que, durante las últimas semanas, había notado cambios en la conducta de su hijo, como una mayor agresividad y rechazo a ingresar al cuarto donde realizaba sus actividades con la cuidadora. Tras conocer lo ocurrido, considera que esos cambios podrían estar relacionados con la situación que ahora denuncia.

“Estaba un poquito más agresivo y ahora ya entiendo de que de repente no quería entrar solo al cuarto de juegos”. Además, expresó su preocupación porque, debido a que su hijo es un niño no verbal, no pudo comunicar lo que presuntamente estaba ocurriendo.

“Creo que no soy la primera mamá que tiene un hijo autista que no habla, que a veces no te puede decir: ‘Mamá, está pasando algo’”, conto a RPP.

Piden investigar el caso

La señora Carol Vázquez anunció que acudirá a la comisaría del sector para presentar la denuncia correspondiente y pidió que se investigue lo ocurrido. Según informó el citado medio, la familia también recibió apoyo de la agencia mediante la cual contactó a la cuidadora, entidad que le habría brindado asesoría legal.

La progenitora señaló que su principal preocupación es que una situación similar pueda repetirse con otros menores. “No quiero que esto se repita con otro niño, que sea la condición de mi hijo, que no pueda hablar y no pueda defenderse”, expresó.

Hasta el momento, la persona señalada por la denuncia no habría brindado su versión de los hechos. Mientras tanto, la familia espera que las autoridades determinen responsabilidades tras la revisión de las evidencias y las diligencias correspondientes.

Un joven de 23 años que circulaba por una calle de Chaco portando un cuchillo, quedó detenido este miércoles, luego de atacar a dos efectivos de la Policía.

Al momento de su arresto, los agentes constataron que el sospechoso tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo con escalamiento, denunciada apenas un día antes.

El episodio comenzó cuando desde la comisaría de Puerto Tirol observaron al individuo en la vía pública con un arma blanca sujeta a la cintura y en aparente estado de ebriedad. Al intentar identificarlo, el sospechoso tomó el cuchillo de forma violenta y agredió a uno de los policías.

Tras la reacción escapó a pie por las calles del barrio por lo que se inició una persecución por el barrio Asentamiento San Francisco. Los efectivos lograron alcanzarlo y cuando intentaron reducirlo, el joven comenzó a agredirse con el propio cuchillo, mientras amenazaba al personal, informó Diario Chaco.

La secuencia se extendió por unos minutos hasta que finalmente pudieron desarmarlo y neutralizarlo. Como consecuencia del ataque, el policía sufrió una herida en la mano izquierda. De acuerdo con el parte oficial, el efectivo se encuentra fuera de peligro. El detenido, en tanto, quedó a disposición de la Justicia.

No obstante, al momento de verificar los antecedentes, detectaron que el joven era buscado por una causa de “supuesto robo con escalamiento”. La denuncia había sido radicada el día anterior al incidente. El joven permanecerá detenido hasta su declaración.

Otro violento episodio contra policías en Córdoba

Días antes de que se produjera el primero de los ataques mencionado en esta nota, un grupo de individuos atacó e hirió a efectivos policiales en medio de un operativo en Córdoba.

Tres hombres de 29, 31 y 68 años fueron detenidos en la madrugada del domingo pasado tras atacar alos oficiales durante un control preventivo en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba. Los agentes terminaron con politraumatismos y debieron ser trasladados al hospital local para recibir atención médica.

El operativo se inició en calle Drago al 300, cuando personal policial intentó detener a los ocupantes de una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc que circulaba por el sector. El conductor no respondió a la orden de detenerse y aceleró hasta esconderse en una vivienda cercana. Momentos después, tres hombres salieron del domicilio y atacaron a los uniformados sin mediar palabras.

De acuerdo con información publicada por ElDoce.TV, durante el enfrentamiento en San Francisco los tres detenidos utilizaron una tijera y elementos de hierro para golpear a los agentes. La Policía logró reducirlos y, al momento del procedimiento, secuestró la motocicleta junto con los objetos empleados en la agresión.

Los efectivos heridos recibieron una primera atención en el lugar por parte de un servicio de emergencias y luego fueron derivados al hospital de San Francisco. Los médicos les diagnosticaron politraumatismos a raíz de los golpes recibidos, aunque las lesiones fueron calificadas, en principio, como leves. En las imágenes compartidas por la Policía de la provincia, mediante la res social X, se podía observar la violencia ejercida contra los agentes. Uno de ellos terminó con un profundo corte en la cabeza, además del resto de las heridas que les produjeron.

Los tres detenidos quedaron alojados en la sede policial de la ciudad junto con los elementos secuestrados, tales como una cuchilla, un tijera y fierros de diferentes tamaños. La Justicia tomó intervención en la causa y deberá determinar las responsabilidades legales por la agresión a efectivos en ejercicio de sus funciones y el intento de evasión durante el operativo.

Según informó Latina Noticias, el diputado de Juntos por el Perú fue trasladado durante la noche a Medicina Legal y posteriormente a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), antes de regresar a la comisaría de San Miguel, donde permaneció mientras avanzaban las investigaciones. Al lugar también acudieron altos mandos de la Policía Nacional y la abogada del legislador, Gabriela Estefanero.

De acuerdo al cita medio, la secuencia de los hechos todavía no ha sido esclarecida por completo. Sin embargo, la versión ofrecida por la defensa del diputado difiere en aspectos importantes de la información consignada en el acta de intervención policial, documento que forma parte de la investigación fiscal.

Abogada asegura que diputado fue víctima de agresión

La defensa del diputado aseguró que existieron dos momentos distintos durante la jornada en que ocurrieron los hechos. Según explicó, inicialmente hubo una discusión en la vivienda de la expareja del diputado y posteriormente ambas partes decidieron acudir voluntariamente a la comisaría de San Miguel para dejar constancia de un retiro voluntario del hogar.

Durante ese segundo episodio, afirmó que fue su patrocinado quien terminó siendo agredido físicamente. “El acta de intervención policial señala un hecho plenamente objetivo (...) volteamos y vemos que al señor Mallqui le están dando manotadas y él se está protegiendo con los brazos”, declaró la abogada, citando parte del documento policial mostrado a la prensa.

Asimismo, sostuvo que el procedimiento presentó diversas irregularidades. “No le han querido recepcionar su denuncia para que él pueda hacer su denuncia respectiva por abuso de autoridad, por omisión de funciones e incluso por agresión”, manifestó Estefanero. Además, afirmó que su defendido “no quiere aprovechar su condición de diputado” y que únicamente busca que el proceso se desarrolle “respetando el debido proceso”.

Acta policial contradice versión

No obstante, el informe periodístico precisó que el contenido del acta policial revisada por Latina Noticias no coincide completamente con la versión expuesta por la defensa. Según el documento, la agresión física sí habría ocurrido dentro de la comisaría, pero mientras ya se desarrollaban diligencias relacionadas con una denuncia por presunta violencia psicológica.

De acuerdo con el citado medio, la diferencia resulta relevante porque la defensa sostiene que el diputado nunca incurrió en actos de violencia y atribuye responsabilidad a los efectivos policiales por permitir que se produjera una agresión dentro de las instalaciones policiales.

Durante la cobertura también se informó que, al ser consultada sobre las lesiones que presentaría la expareja del legislador, la abogada no brindó mayores explicaciones y se retiró del lugar sin responder nuevas preguntas. En ese contexto, el informe destacó la importancia de contrastar las distintas versiones con los documentos oficiales y las diligencias que continúan desarrollándose.

Fiscal supremo seguirá la investigación

Otro de los aspectos relevantes del caso es que la investigación deberá ser asumida por un fiscal supremo debido al cargo que ocupa Julián Pérez. Según informó Latina Noticias, inicialmente acudió un fiscal de familia; sin embargo, este decidió inhibirse de continuar con el procedimiento al advertir que el caso correspondía a una instancia superior.

En las próximas horas se espera la llegada de un fiscal supremo, quien deberá evaluar las actuaciones realizadas hasta el momento y determinar si corresponde formalizar la denuncia contra el legislador. También deberá definir la situación jurídica inmediata del parlamentario y establecer si continuará detenido o recuperará su libertad mientras avanzan las investigaciones.

Eso fue precisamente lo que ocurrió durante una función celebrada en la Arena Olímpico Laguna, en Gómez Palacio, Durango, donde el luchador independiente Gran Jefe IV terminó envuelto en una fuerte controversia luego de bajar del ring para enfrentar físicamente a un espectador que presuntamente le arrojó un objeto.

Las imágenes del incidente comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y provocaron un intenso debate entre aficionados, quienes se dividieron entre quienes reprobaron la agresión y quienes consideraron que el fanático provocó la reacción del gladiador.

Todo ocurrió durante la lucha estelar

El altercado se registró mientras se disputaba la lucha principal de la función.

En ese combate se enfrentaban Hijo de Silver King y Dr. Wagner Jr. contra Difunto I y Gran Jefe IV, cuando de pronto un objeto proveniente de las gradas interrumpió momentáneamente el desarrollo del encuentro.

De acuerdo con el video que circula en internet, una caja de plástico negra fue lanzada desde el público y alcanzó al luchador independiente, quien de inmediato perdió la calma y dirigió su mirada hacia la zona donde aparentemente se encontraba la persona responsable.

El luchador fue a encararlo

Sin esperar a que personal de seguridad interviniera, Gran Jefe IV, quien estaba debajo del ring caminó directamente hacia uno de los asistentes.

Las imágenes muestran cómo el supuesto aficionado intenta protegerse permaneciendo sentado y utilizando las piernas para mantener alejado al luchador, quien insistía en acercarse.

Después de algunos segundos de forcejeo, el gladiador consiguió conectar tres golpes en el rostro del espectador.

Durante el altercado también se observa a una mujer, quien aparentemente acompañaba al hombre agredido, intentando detener la pelea mientras le pedía al luchador que dejara de golpearlo.

El momento fue captado por varios asistentes y rápidamente comenzó a compartirse en plataformas digitales, donde acumuló miles de reproducciones en pocas horas.

El video dividió a los aficionados

Lejos de existir un consenso, el incidente provocó opiniones encontradas entre la comunidad luchística.

Mientras algunos usuarios condenaron cualquier tipo de agresión física fuera del ring, otros defendieron la reacción de Gran Jefe IV al considerar que ningún aficionado tiene derecho a lanzar objetos contra quienes están realizando su trabajo.

Entre los comentarios que más se repitieron en redes sociales destacan:

“El don se puso pedo y se le hizo facil lanzar la caja”.

“La neta se lo merecía ya que sí le alcanzo a pegar en la cara al Gran Jefe IV”.

“Cómo aficionados debemos respetar su trabajo y a los luchadores”.

“Así pasó con el L.A Park y uno de sus hijos, los aficionados se metieron, incluso les aventaron chela y éstos se defendieron con un buen cachetadón”.

Las publicaciones reflejan la división de opiniones sobre el comportamiento tanto del aficionado como del luchador.

No hay postura oficial

Hasta el momento, Gran Jefe IV no ha emitido ninguna declaración pública sobre lo ocurrido durante la función del 30 de julio.

De igual manera, la Arena Olímpico Laguna tampoco ha informado si habrá alguna investigación o sanción derivada del altercado.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa un tema que desde hace años genera debate dentro de la lucha libre: el límite entre la pasión del público y el respeto hacia quienes se presentan sobre el ring. Si bien el intercambio de gritos, burlas y provocaciones forma parte de la tradición del pancracio mexicano, los actos de violencia, tanto de aficionados como de luchadores, continúan siendo motivo de controversia cada vez que cruzan la línea del espectáculo y terminan en agresiones físicas.

A través del Programa Nacional Warmi Ñan, un equipo multidisciplinario del sector acudió a la comisaría de San Miguel para ofrecer soporte especializado a la denunciante. Según informó el MIMP, los profesionales desplegados tienen como objetivo garantizar la atención integral de la víctima y facilitar el acceso a los mecanismos de protección y orientación disponibles.

MIMP brinda atención a víctima

El Ministerio de la Mujer señaló que puso a disposición de la ciudadana profesionales en psicología, así como servicios de asesoría legal y acompañamiento social. Estas acciones forman parte de la respuesta institucional frente a casos de violencia, con el propósito de brindar contención emocional y orientación durante el proceso correspondiente.

De acuerdo con información difundida por Canal N, la denuncia involucra al diputado Julián Pérez Mallqui, quien fue intervenido y permanece detenido en una sede policial tras ser acusado por la denunciante de presuntas agresiones físicas y verbales. El caso se encuentra bajo evaluación de las autoridades competentes, que deberán determinar las responsabilidades correspondientes.

MIMP exige una investigación rápida

El MIMP expresó su rechazo frente a los hechos denunciados y calificó como especialmente grave que el caso involucre a una autoridad recientemente elegida. La institución señaló que ningún cargo público debe estar por encima del cumplimiento de la ley y reiteró su compromiso de brindar apoyo a las personas afectadas por situaciones de violencia.

Asimismo, el sector exhortó a los operadores de justicia a actuar con celeridad y garantizar una investigación transparente y diligente. El objetivo, indicó el ministerio, es que el proceso permita esclarecer lo ocurrido y determinar las medidas correspondientes conforme al marco legal vigente.

Autoridades definirán responsabilidades

El MIMP recordó que la intervención del Programa Nacional Warmi Ñan busca asegurar que la denunciante reciba atención profesional durante el desarrollo de las diligencias. Además, remarcó la importancia de que las instituciones involucradas actúen de manera coordinada para garantizar la protección de la víctima.

Finalmente, la institución reiteró su llamado para que el caso sea investigado con rigurosidad y que, de comprobarse responsabilidades, se apliquen las sanciones establecidas por la normativa. La entidad sostuvo que continuará brindando los servicios necesarios para acompañar a la denunciante durante este proceso.

Antecedentes de Julián Pérez

La hoja de vida de Pérez Mallqui ante el Jurado Nacional de Elecciones muestra antecedentes judiciales, incluyendo un proceso por accidente de tránsito en 2024 ocurrido en Pichari, provincia de La Convención, Cusco.

A estos antecedentes se suman investigaciones por violencia familiar y otros procesos consignados en el registro correspondiente. Esta situación ha generado mayor atención sobre la figura del legislador y su historial judicial.

Actualmente, la Policía Nacional realiza diligencias para determinar las circunstancias del presunto hecho de violencia, mientras el Ministerio Público evalúa las acciones que correspondan. Hasta ahora, el congresista y su bancada no han emitido ningún pronunciamiento oficial.

La reciente instalación del Congreso bicameral volvió a colocar en la agenda pública el perfil de algunos de los nuevos representantes elegidos. Uno de los casos que concentra atención corresponde al diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, conocido en el Vraem como “Cheldo”, quien afronta un proceso judicial relacionado con un accidente de tránsito ocurrido en 2024 y, además, permanece intervenido por una denuncia distinta presentada en San Miguel.

La situación del parlamentario reúne antecedentes judiciales, cuestionamientos políticos y una investigación policial vigente. El caso tomó mayor relevancia debido a que su incorporación al Legislativo ocurrió pocos días antes de una nueva intervención policial.

El programa Panorama también difundió un reportaje sobre el historial judicial del legislador, con testimonios de la víctima, declaraciones del propio diputado y referencias al expediente que continúa en trámite. La investigación televisiva recordó los hechos registrados en Pichari, Cusco, y el estado del proceso penal.

Mientras tanto, la representación del sector cocalero en el nuevo Parlamento también ocupa espacio en el debate político, debido a las propuestas legislativas anunciadas por dirigentes vinculados al Vraem y a sus posiciones frente a la política de erradicación de cultivos de coca.

De acuerdo con información de RPP, Julián Pérez Mallqui permanece en la comisaría de San Miguel luego de una intervención policial originada por una denuncia de presunta agresión física contra su expareja.

Según ese medio, el parlamentario llegó al domicilio de la mujer. Tras un forcejeo con el padre de la denunciante, ingresó al inmueble. En ese momento, la víctima solicitó apoyo de la Policía Nacional del Perú y del Serenazgo del distrito, situación que permitió la intervención en flagrancia.

El proceso judicial por el accidente registrado en Pichari

El reportaje de Panorama recordó que el 9 de febrero de 2024 una madre y su hija resultaron afectadas tras un accidente en el distrito cusqueño de Pichari. El programa incluyó el testimonio de la madre, quien relató: “Yo me despierto en el hospital y ahí estaba mi hija. La pequeñita estaba ya... en coma estaba”.

El parte policial citado señala que el conductor fue perseguido e intervenido luego del hecho. Un efectivo indicó: “Tomamos conocimiento que una persona a bordo de una camioneta cerrada, modelo Fortuner, color blanca, habría atropellado a una menor de edad, habiéndole prestado primeros auxilios. Se dio a la fuga al notar la presencia policial, siendo este perseguido, haciendo caso omiso a las señales. Al intervenir al conductor, se evidenció signo de ebriedad, asimismo tratando de faltar al respeto a la autoridad policial con palabras denigrantes y desafiantes”.

Durante la entrevista difundida por el programa, Pérez Mallqui rechazó esa versión. “Yo no lo vi, yo me iba a ir contra la pared. Había una piedra que me bota y la señora venía por la pista. Y no fue un atropello, fue un choque”, manifestó.

Sentencia, revisión judicial y reparación civil

Panorama informó que Pérez Mallqui recibió condena en dos instancias del Poder Judicial y que el expediente permanece en revisión mediante un recurso de casación en la Corte Suprema.

El reportaje también mostró el intercambio sobre la reparación civil solicitada por la parte agraviada. Consultado sobre el monto, el diputado respondió: “¿Sabe de cuánto es su pretensión económica de reparación civil? De trescientos cincuenta mil soles. ¿Le parece justo?”.

La madre de la menor explicó las consecuencias del accidente para su hija. “Ella quedó con secuelas. Tiene, este, epilepsia y convulsiona”. Además, añadió: “Ella es operada de la columna. Tiene fierritos en la espalda, en la columna, y ha tenido también fracturas en el cráneo. A causa de ese accidente, mi hijita queda así con eso. Convulsiona, tiene epilepsia”.

El médico tratante, según la información presentada por Panorama, diagnosticó en la menor traumatismo encéfalo-craneano y fractura de clavícula, mientras que la madre sufrió múltiples traumatismos y un hematoma en el ojo derecho.

Representación cocalera y propuestas en el nuevo Parlamento

Con la instalación del Congreso bicameral, dirigentes relacionados con el sector cocalero volvieron a obtener representación parlamentaria. Entre ellos figura Julián Pérez Mallqui como diputado por Juntos por el Perú y Serafín Andrés Luján como senador.

Según la información proporcionada, ambos parlamentarios impulsarán proyectos de ley dirigidos al sector cocalero, en un escenario donde el Estado mantiene políticas de control de cultivos ilegales junto con programas de desarrollo alternativo basados en productos como café y cacao en el Vraem.

También señala que las relaciones políticas de ambos legisladores con Antauro Humala generan expectativa respecto de las iniciativas que podrían presentar durante el nuevo periodo legislativo, especialmente en asuntos vinculados con la política sobre la hoja de coca y el desarrollo de las zonas cocaleras.

Nicolás Xiviller Pardodeir, conocido en el ámbito del tenis y el pádel, fue detenido por la policía local después de protagonizar un altercado que involucró daños materiales y amenazas a empleados, según detalló la cobertura de NBC South Florida.

El incidente, registrado en video y difundido por cuentas locales, evidenció la rápida intervención policial en la ciudad de Doral.

Detención de Nicolás Xiviller Pardodeir en Doral

La policía de Doral acudió al comercio Tennis Plaza tras recibir reportes sobre una situación conflictiva en el establecimiento. Al llegar, los agentes constataron que Xiviller Pardodeir había dañado dos raquetas y, tras ser confrontado por los empleados, los amenazó antes de abandonar el lugar.

Horas más tarde del hecho, los efectivos localizaron al ex tenista en una estación de servicio cercana, donde procedieron a su arresto, según informaron tanto NBC South Florida como Telemundo 51.

Cargos presentados y descripción del incidente

De acuerdo con los reportes policiales citados por ambos medios, Xiviller Pardodeir enfrenta acusaciones por tres delitos: agresión agravada con arma mortal, daños a la propiedad y conducta desordenada. Estas imputaciones derivan tanto del daño a los objetos en la tienda como de las amenazas emitidas a los empleados del local.

El altercado se originó cuando, según el parte oficial, Xiviller Pardodeir dañó deliberadamente dos raquetas de tenis en el interior de la tienda. Ante esa conducta, los empleados le solicitaron que se retirara, momento en el que el ex jugador habría proferido amenazas antes de salir del comercio.

El momento fue captado en video y compartido en redes sociales por la cuenta Qué Pasa en Doral, lo que contribuyó a la rápida difusión del hecho.

Valor de los daños ocasionados y perfil del acusado

El reporte policial detalla que el valor total de las dos raquetas dañadas asciende a USD 568. Esta cifra fue consignada tanto en la información divulgada por NBC South Florida como por Telemundo 51, reflejando el alcance económico del incidente para el comercio afectado.

En sus redes sociales, Nicolás Xiviller Pardodeir se presenta como ex jugador del circuito ATP y actual profesional de pádel.

Su trayectoria en el deporte fue destacada por los medios que cubrieron el suceso, añadiendo contexto sobre la notoriedad pública del detenido.

La reacción del hijo de Eugenio Derbez fue inmediata: se giró, la detuvo y le dijo algo que las cámaras no alcanzaron a captar. Su expresión, sin embargo, dejó poco a la interpretación. Momentos después, el actor se retiró del lugar.

Lo que captó la cámara

La persona que grababa se acercó a doña Silvia tras el incidente. La mujer confirmó que Vadhir sí se había molestado y asintió con la cabeza llevándose la mano a la boca, sin añadir más palabras en ese momento.

El video circuló rápidamente en TikTok y generó cientos de comentarios. La mayoría de los usuarios respaldó la reacción del actor bajo el argumento de que nadie debe tocar a otra persona sin su consentimiento.

Declaració doña Silvia

Ante la polémica, doña Silvia publicó su propio video en redes sociales para relatar lo sucedido. Reconoció sin rodeos que actuó mal: “La cagué”, dijo, y explicó que fue a buscar a Vadhir para pedirle disculpas en persona.

En ese encuentro, el actor le dejó en claro cómo se sintió. “Yo a usted pues ni la conozco ni la conocía, y se me hizo raro que me haya hecho así. Sí me asusté, me molesté”, le dijo, según el relato de doña Silvia. Ella respondió: “Tienes toda la razón, mijo”.

La mujer también le mostró videos de su personalidad para explicarle su forma de ser. “Reconocí que yo la cagué. Le dije que me disculpara”, afirmó doña Silvia.

El desenlace: TikTok juntos tras las disculpas

Después de la conversación, ambos grabaron un TikTok juntos que doña Silvia publicó en su cuenta. “Este video que yo tengo aquí en mi TikTok fue después de lo que pasó. Ya platicamos bien, le pedí una disculpa y todo bien”, explicó ella misma.

Vadhir Derbez no emitió ninguna declaración pública sobre el incidente hasta el cierre de esta nota.

La demanda por presunto abuso que enfrenta en paralelo

El incidente de la fiesta llegó en un momento delicado para Vadhir Derbez, de 35 años, quien enfrenta un proceso legal por una denuncia de presunto abuso sexual presentada el 2 de abril de 2026 ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

La denunciante es una modelo estadounidense de 19 años, identificada con las iniciales S.E.S., quien participó en el rodaje de un videoclip del cantante en la Casa Volopapilio, en Coyoacán. Según la carpeta de investigación —que consta de 333 páginas, de acuerdo con lo difundido por el programa De Primera Mano—, el presunto incidente ocurrió el último día del rodaje, alrededor de las 18:15 horas.

El actor negó categóricamente las acusaciones y aseguró contar con pruebas de su inocencia. “Tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió”, declaró en entrevista con De Primera Mano. Sostuvo que nunca estuvo a solas con la modelo y que su equipo de producción estuvo presente en todo momento.

Su abogado, Enrique González Casanova, señaló que el caso habría comenzado como una extorsión: personas desconocidas contactaron a Vadhir por redes sociales y WhatsApp para exigirle USD 350.000 a cambio de detener el proceso, con mensajes que incluso aludían al patrimonio de su padre. González Casanova indicó que ya presentaron denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y que detrás del esquema operaría presuntamente una red de delincuencia organizada con integrantes de origen colombiano y mexicano.

La familia del actor le da su respaldo

La hermana del actor, Aislinn Derbez, declaró a medios mexicanos en julio de 2026 que lo veía “muy bien” y que afrontaba el proceso “bastante tranquilo y con mucha confianza de que todo va a salir bien”. La carpeta de investigación permanece abierta.

El periodista Juan Pablo Ávila Martínez fue agredido físicamente la mañana de este viernes 24 de julio al salir de su domicilio en Tecomán, Colima, acompañado de su familia. El comunicador reportó lesiones físicas, aunque confirmó que tanto él como sus familiares se encuentran con vida.

Ávila Martínez es director de un medio que lleva su mismo nombre, con presencia en redes sociales como Facebook. En un mensaje publicado en su perfil a las 10:46 horas del centro, señaló desconocer el origen de la agresión y afirmó no tener interés en saberlo.

“Siempre me he conducido con responsabilidad y respeto y sobre todo sin hacerle daño a nadie”, escribió. El periodista, quien se describe como comentarista, comunicador, emisor de opiniones político-sociales, altruista, gestor social y padre de familia, lamentó que “la inseguridad hoy llegue hasta los medios de comunicación”.

Ávila Martínez reconoció que las lesiones más profundas no son las físicas. “Las emocionales, psicológicas y más aún a mi propia familia que tanto he cuidado”, escribió en su mensaje. El comunicador agradeció a quienes se preocuparon por su salud y anunció una pausa a entrevistas.

Según reportes de Milenio, Ávila Martínez reveló en entrevista que los agresores le indicaron que el ataque era “un mensaje por lo que estaba publicando”. El periodista detalló al medio que fueron dos personas, quienes portaban un arma de fuego y un palo de aproximadamente 40 centímetros.

“No estás solo”: Colima Informa condena la agresión y exige investigación

El medio Colima Informa emitió un pronunciamiento en el que condenó el ataque. Arturo Olivares, director general del medio, calificó los hechos como “lamentables” y llamó a las autoridades a investigar a fondo y garantizar justicia. “Ningún comunicador debe ser intimidado, amenazado o agredido por cumplir con el compromiso de mantener informada a la sociedad”, señaló Olivares en el comunicado.

Colima Informa destacó que la libertad de expresión y el ejercicio periodístico deben ser protegidos en todo momento. El medio expresó su solidaridad con Ávila Martínez y con su familia, y subrayó que el periodista no está solo. “Cuentas con todo nuestro respaldo, solidaridad y apoyo”, se lee en el mensaje.

Tras el pronunciamiento de Colima Informa, el periodista reposteó el mensaje y confirmó su estado de salud con sus propias palabras. “Gracias a Dios estamos bien y con vida”, escribió.

Ávila Martínez señaló que su labor siempre ha sido informar a la sociedad “sin afectar a nadie” y que su medio ha sido uno que “coadyuva con la sociedad y con el gobierno”. Pese a la agresión, el comunicador pidió a Dios que bendiga a quienes lo atacaron y agradeció a las múltiples personas que se comunicaron para preguntar por su salud.

El Partido Acción Nacional también condenó la agresión mediante un posicionamiento de su Comité Directivo Estatal. El partido exigió a las autoridades “una investigación pronta, profesional y transparente” que permita esclarecer los hechos, identificar y sancionar a los responsables. El PAN advirtió que la violencia en Colima es consecuencia de “una estrategia de seguridad que ha sido incapaz de devolver la paz y la tranquilidad” al estado.

Hasta el momento el comunicador no ha informado si ya presentó la denuncia correspondiente tras la agresión o qué medidas piensa tomar luego de los hechos.

La violencia contra periodistas en México, sin freno en este mes

La agresión a Ávila Martínez se registró en un mes en que la violencia contra comunicadores no ha dado tregua. El pasado 16 de julio, Josué Martínez Contreras, maestro, abogado y director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado a balazos por dos hombres en motocicleta cuando se encontraba a metros de su domicilio en San Lucas Atoyatenco, Puebla. Su hijo de 13 años fue quien llamó al 911 para pedir auxilio.

Seis días después, el 22 de julio, Alejandro Leyva Aguilar fue ejecutado mientras desayunaba en un puesto de comida en San Pablo Etla, Oaxaca. La Fiscalía del estado reveló que los atacantes rondaron la zona durante una hora y 40 minutos antes del crimen, portaban un arma calibre 9mm y huyeron en un Peugeot sin placas tras abandonar la motocicleta y cambiarse de ropa. La FGR atrajo el caso.

Semanas antes, el este 4 de julio se confirmó la muerte de Alex Serna, periodista ambiental de 39 años desaparecido desde el 20 de junio en Zihuatanejo, Guerrero. Su cuerpo fue hallado dentro de un tambo azul cubierto con bolsas de plástico cerca de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo. Había denunciado amenazas en redes sociales meses antes de su desaparición.

Un hombre fue retenido, amarrado con cinta adhesiva transparente y golpeado por al menos dos personas en calles de la zona centro del municipio de Nicolás Romero, luego de ser señalado por un presunto robo. La agresión quedó registrada en un video que comenzó a circular ampliamente en redes sociales y ha generado indignación entre usuarios por la forma en que fue sometido.

En las imágenes se observa a la víctima inmovilizada con las muñecas sujetas a un tubo metálico mediante varias vueltas de cinta adhesiva. También tenía los tobillos atados y parte de la cabeza cubierta con el mismo material, lo que limitaba por completo su movilidad.

Mientras permanecía inmovilizado, dos hombres le propinaron varios golpes con los puños y pies, principalmente en el abdomen y la espalda. El hombre no pudo defenderse debido a que se encontraba completamente atado.

Video de la agresión se viraliza en redes sociales

La grabación muestra que varias personas presenciaban la escena mientras el hombre permanecía sometido sin embargo, la difusión del material generó un amplio debate en redes sociales sobre los llamados actos de justicia por propia mano, sobre todo porque portaba una playera con el nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con versiones preliminares, el hombre habría sido acusado de cometer un robo en la zona comercial del municipio. No obstante, esa versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, por lo que su presunta participación en algún delito continúa sin acreditarse.

Tras la difusión del video, diversos usuarios cuestionaron el uso de la violencia y recordaron que corresponde únicamente a las autoridades investigar los hechos y determinar la responsabilidad de cualquier persona mediante el debido proceso.

Habría sido entregado a la Policía Municipal

Después de ser golpeado y humillado, el hombre fue entregado a elementos de la Policía Municipal para que quedara a disposición de las autoridades competentes.

Hasta el momento, el gobierno municipal ni la Fiscalía estatal, han emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido, ni han informado si se inició alguna investigación por la agresión cometida contra el hombre o por el presunto robo que motivó su retención.

Tampoco se ha dado a conocer el estado de salud de la persona agredida ni si recibió atención médica tras la golpiza.

Los hechos ocurrieron cerca del Palacio Municipal

De acuerdo con la información difundida junto con el video, la retención ocurrió en el primer cuadro del municipio, a escasos metros del Palacio Municipal y de la Comisaría de Seguridad Pública local, una zona con constante presencia de ciudadanos y actividad comercial.

La cercanía con instalaciones gubernamentales ha generado cuestionamientos sobre la respuesta de las autoridades y el tiempo que transcurrió antes de que intervinieran para controlar la situación.

Por ahora, las autoridades deberán esclarecer si el hombre efectivamente estuvo involucrado en algún ilícito y determinar las responsabilidades correspondientes tanto por el presunto robo como por la agresión y retención que quedaron registradas en video.

La investigación permitirá establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades conforme a la ley, mientras el caso continúa generando reacciones entre habitantes del municipio y usuarios de redes sociales.

España se coronó el pasado domingo como la mejor selección del mundo. Después de vencer a Argentina y dominar el partido durante 120 minutos, La Roja levantó su segundo Mundial, lo que derivó en celebraciones multitudinarias en todo el país.

Una de las localidades que ha estado en el punto de mira es Madrid. La capital volvió a convertirse en uno de los principales focos de atención. Sin embargo, más allá del ambiente festivo que se vivió durante toda la jornada, la madrugada estuvo marcada por diversos incidentes que obligaron a intervenir a los servicios de emergencia y a las fuerzas de seguridad.

Cifras de la noche en Madrid

Los datos de Emergencias Comunidad de Madrid 112 reflejan el impacto que tuvo la celebración. Durante la madrugada recibieron 2.111 llamadas, lo que supone un 88% más que en la misma franja horaria de la semana anterior.

A pesar del amplio dispositivo de seguridad desplegado para el encuentro y las celebraciones, integrado por unos 800 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, las incidencias aumentaron de forma notable durante las horas posteriores al partido. De hecho, las agresiones y las intoxicaciones etílicas se quintuplicaron.

Pese al incremento de las incidencias, desde la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid han querido transmitir un mensaje de tranquilidad. Según el balance oficial, la noche de celebración por la victoria de España en el Mundial de 2026 se saldó con siete personas detenidas por distintos hechos, aunque destacan que “no se han registrado alteraciones graves del orden público” durante el dispositivo desplegado con motivo del partido y las celebraciones.

En el apartado sanitario, Samur-Protección Civil realizó 303 asistencias durante la noche y efectuó el traslado de 36 personas a distintos centros hospitalarios. La mayoría de las intervenciones fueron de carácter leve y solo se registró un caso de cierta gravedad, correspondiente a una persona con una intoxicación por drogas, cuyo ingreso fue comunicado previamente al hospital de destino.

La vigilancia policial celebración de la rúa

Para la celebración de la rúa mundialista, en la que un autobús hará un recorrido para que la selección española pueda mostrar a los aficionados el Mundial, se desplegará un amplio dispositivo policial.

Con el objetivo de garantizar que el recorrido transcurra sin incidentes, se desplegará un dispositivo integrado por 500 agentes de la Policía Nacional y 150 guardias civiles, que estarán distribuidos a lo largo de todo el itinerario.

La expedición iniciará el recorrido una vez concluyan las recepciones oficiales. La rúa, prevista para comenzar sobre las 19:00 horas desde Moncloa, recorrerá algunos de los puntos más emblemáticos de la capital hasta finalizar en la calle Montalbán, junto al Palacio de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración con la presentación de los jugadores y diversas actuaciones musicales.

El autobús circulará por Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Goya, Serrano, la plaza de la Independencia, la Puerta de Alcalá y Alfonso XII, antes de llegar a su destino final. Las autoridades prevén una asistencia masiva de aficionados llegados desde distintos puntos de España, por lo que el recorrido estará especialmente vigilado para garantizar la seguridad durante toda la celebración.

El hombre que agredió a una trabajadora recepcionista del hotel Park Life Paradox en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, y que fue identificado como el empresario sinaloense inmobiliario Jorge Octavio Cortés sumaría una polémica más ya que aparecería en los folletos que Los Mayos distribuyeron contra los amigos y colaboradores de Los Chapitos.

El caso volvió a colocar bajo escrutinio al empresario de Mazatlán por denuncias previas de presunto fraude inmobiliario y por su aparición en narcovolantes distribuidos en Sinaloa en septiembre de 2024.

La agresión quedó registrada el 29 de junio en cámaras de seguridad. Tras la difusión del video, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que dio acompañamiento a la víctima y al gerente del establecimiento.

Las imágenes mostraron al empresario en el área de recepción mientras golpeaba el mostrador, arrojaba teléfonos, tiraba mobiliario, insultaba a la empleada y después la agredía físicamente, luego de que ella comenzara a grabarlo con su celular. En redes sociales, la grabación provocó una reacción inmediata y reactivó otros señalamientos públicos en su contra.

Cortez Jiménez fue identificado además como presidente de Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias, S.A. de C.V. Información pública también lo ubicó en actividades de los sectores inmobiliario, financiero y legal, principalmente en Mazatlán.

Unas 70 familias lo señalaron por incumplimientos en proyectos inmobiliarios

Desde 2022, alrededor de 70 familias mantuvieron denuncias relacionadas con un proyecto desarrollado por Universal Inmobiliaria de Torres Triana. Los afectados sostuvieron que entregaron terrenos o anticipos a cambio de departamentos que nunca les fueron entregados o concluidos.

Las denuncias también incluyeron presuntos movimientos irregulares en el Registro Público de la Propiedad. Según los señalamientos, hubo cambios de propietarios y operaciones vinculadas con créditos bancarios sobre los desarrollos involucrados.

Por esos hechos existían denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Los denunciantes continuaron exigiendo la recuperación de su patrimonio y el esclarecimiento de las operaciones realizadas.

El empresario también apareció como representante legal y administrador de firmas ligadas a proyectos como Torre Triana, Coto Munich y Kapitalizer. Además, ocupó la presidencia de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Mazatlán y formó parte del Consejo Municipal de Seguridad Pública de ese municipio en representación del sector inmobiliario.

Su nombre apareció en volantes lanzados desde avionetas en septiembre de 2024

El 27 de septiembre de 2024, miles de volantes fueron arrojados desde avionetas en Culiacán, Mazatlán, Guamúchil y Los Mochis. En esos folletos apareció el nombre de Jorge Octavio Cortez Jiménez, identificado con el alias de “El Acapulco” y señalado como presunto socio inmobiliario del Cártel de Sinaloa.

Ese material anónimo incluyó la frase: “Cártel Los Sapitos. ¿Los conoces? Denúncialos”. También mostró números telefónicos de la Novena Zona Militar, Semar, Sedena y la DEA de Estados Unidos.

En la parte posterior, los volantes enumeraron presuntas conductas ilícitas como cobro de piso, robo de vehículos, extorsión, secuestro, asesinatos, tortura, fraudes inmobiliarios y venta ilegal de mercancías. Junto con esas acusaciones apareció un listado de personas que, según los autores del volante, estarían relacionadas con esas actividades.

Entre los nombres mencionados figuraron Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López, Víctor Manuel Barraza Pablos, el youtuber Markitos Toyz, el entonces gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza, funcionarios públicos y empresarios.

La aparición de Cortez Jiménez en esos folletos no constituyó una determinación judicial ni una acusación formal de autoridad. El señalamiento debió entenderse solo como el contenido de un material distribuido públicamente por personas no identificadas.

La SSC revisó a la empresa de seguridad privada del inmueble

Después de la agresión en el hotel, la SSC informó que personal del sector correspondiente entrevistó a la recepcionista, de 40 años, y al gerente para brindarles asesoría y acompañamiento. La dependencia agregó que la Fiscalía capitalina coordinaba la aplicación de medidas de protección para la víctima.

La corporación también instruyó a la Dirección General de Seguridad Privada revisar la situación administrativa de la empresa que prestaba servicios en el inmueble. Esa línea se integró a las indagatorias porque el personal de seguridad no intervino para defender a la trabajadora durante la agresión.

El caso en la Ciudad de México se sumó así a otros señalamientos públicos sobre el empresario, entre ellos presuntos fraudes inmobiliarios, incumplimientos en la entrega de departamentos vendidos en preventa y procedimientos civiles, mercantiles y penales promovidos por compradores e inversionistas.

• Jorge Octavio Cortez Jiménez fue identificado como el hombre que agredió física y verbalmente a una recepcionista del hotel Park Life Paradox el 29 de junio en Santa Fe.
• Desde 2022, unas 70 familias lo señalaron por presunto fraude inmobiliario en Mazatlán por terrenos y anticipos entregados a cambio de departamentos que no fueron entregados.
• Su nombre apareció en narcovolantes lanzados el 27 de septiembre de 2024 en Sinaloa, pero ese señalamiento no constituyó una acusación formal ni una resolución judicial.

El hecho ocurrió el miércoles por la noche en la calle Belgrano, entre 25 de Mayo y Marconi. Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, a mujer golpeó por la espalda a un subinspector que intentaba replegar a un hombre que arengaba a la multitud a generar disturbios.

De acuerdo a la fiscalía, la imputada intentó luego agredir al policía con una botella de vidrio, acción que fue impedida por otros uniformados que finalmente la aprehendieron. Por estos hechos, se le endilgó la autoría del delito de atentado a la autoridad agravado.

La acusación fue formulada por el fiscal Luis Lagioia ante la jueza Andrea Cavallero en una audiencia realizada en los tribunales locales. Lagioia indicó que la acusada transitará el proceso judicial bajo medidas alternativas a la prisión preventiva, entre ellas la "prohibición de asistir a festejos públicos vinculados a eventos deportivos hasta el próximo lunes".

El fiscal Lagioia remarcó que el ataque buscó impedir que el agente cumpliera con su deber público. En el marco del mismo festejo, la fiscalía investiga otros ataques a policías con botellas de vidrio y objetos contundentes.

“El uniformado fue atacado mientras buscaba replegar a un hombre del entorno de la mujer investigada que estaba arengando a otras personas a producir disturbios”, indicó Lagioia. “Por la espalda, la imputada le dio un golpe de puño al integrante de la fuerza de seguridad, con la clara intención de evitar que él pueda desempeñar correctamente su deber público”, remarcó.

Se están analizando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables de los incidentes, que incluyeron la aprehensión de un menor por agresión con arma blanca y lesiones. Durante un allanamiento, se secuestró la ropa que el menor vestía en los videos, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

Lagioia puntualizó que “también están trabajando para esclarecer otras conductas delictivas que fueron cometidas en el contexto del festejo mundialista del miércoles pasado en Venado Tuerto”.

El fiscal afirmó que “varios policías fueron atacados con botellas de vidrio y otros objetos contundentes que arrojaron hacia ellos”. En tal sentido, señaló que “se están analizando registros de cámaras de videovigilancia para individualizar a los miembros del grupo que generó los incidentes”.

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) manifestó que “la mujer a la que se investiga luego trató de agredir al policía con una botella de vidrio”, y aclaró que “no lo logró porque intervinieron otros uniformados que luego la aprehendieron”.

Otros hechos violentos durante festejos

En la localidad de Rufino, el fiscal Mauro Menéndez investiga delitos cometidos durante los festejos del mismo partido.

Según el funcionario, cinco personas ingresaron a una heladería, agredieron a un hombre, rompieron el vidrio de un mostrador y accedieron sin autorización a un sector privado del local.

Hasta el momento, cuatro de los coautores fueron identificados y aprehendidos, y las pesquisas continúan para identificar al restante involucrado.

“Cinco personas ingresaron a una heladería, agredieron a un hombre que estaba allí, rompieron el vidrio de un mostrador y entraron sin autorización a un lugar de acceso privado en el local”, indicó el fiscal.

Menéndez destacó que “hasta el momento ya fueron identificados cuatro de los coautores y anoche se logró la aprehensión de todos ellos”, y agregó que “las tareas investigativas se encaminan a determinar quién fue el otro involucrado”.

El hecho, que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, muestra cómo el trabajador fue lanzado al suelo y agredido a puños y patadas mientras cumplía con su labor técnica.

La agresión ocurrió en la mañana del martes 14 de julio, cuando el operario realizaba el corte de energía debido a una deuda pendiente en el inmueble. Según testigos, la cuadrilla de Air-e ejecutó la suspensión mientras la vivienda estaba desocupada, y minutos después el propietario llegó y confrontó al personal, que aún no terminaba la suspensión.

La discusión escaló hasta convertirse en una pelea física, en la que compañeros del trabajador y transeúntes intentaron separar a los involucrados.

En un comunicado publicado en redes sociales, desde la empresa Air-e se rechazó el ataque y se señaló que “este tipo de hechos que atentan contra la integridad y la vida del personal técnico, quienes desarrollan su labor con el propósito de garantizar la continuidad, confiabilidad y sostenibilidad del servicio de energía eléctrica para todos los usuarios”.

“El hecho se registró durante un procedimiento de suspensión del servicio de energía en un inmueble que presentaba obligaciones pendientes de pago, actuación realizada en cumplimiento de la normativa y los procedimientos comerciales vigentes”.

Además, hicieron un llamado a la comunidad a que “las diferencias o inquietudes relacionadas con la prestación del servicio sean tramitadas por los canales institucionales y en un ambiente de respeto, evitando cualquier acto de violencia contra el personal que cumple funciones operativas”.

El trabajador agredido fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica por contusiones en el rostro, una herida abierta en la ceja y lesiones en el ojo derecho. Hasta el momento, ni la empresa ni las autoridades locales han informado sobre medidas adicionales o avances en la investigación del caso.

Detectaron nuevos casos de hurto de energía en comercios de la costa Caribe

Días atrás, voceros oficiales de la empresa Air-e Intervenida informaron que se identificaron nuevos casos de hurto de energía eléctrica en comercios de Barranquilla, Magdalena y La Guajira.

Según el comunicado emitido desde la empresa, aún continúan con operativos para garantizar un servicio público seguro y confiable en la región; sin embargo, en Barranquilla, las inspecciones permitieron detectar un supermercado con un equipo de medida conectado de forma directa, así como un casino, en otro barrio, que operaba con el servicio sin medidor.

Además, en una estación de servicio de la misma ciudad se halló un equipo de medición sin los estándares técnicos requeridos, y en una bodega de alimentos fríos se encontró un equipo manipulado.

En otro sector del municipio Soledad, Atlántico, los operativos evidenciaron que un hotel tenía conexión directa al servicio eléctrico de manera irregular.

En el departamento de Magdalena, desde la empresa reportaron tres hallazgos de hurto de energía en Santa Marta: un hostal en Taganga con medidor manipulado y un restaurante en el sector Centro con irregularidades en el medidor.

En la zona rural de Uribia, en La Guajira, los técnicos identificaron dos conexiones directas sin medidor, una de ellas enlazada a un transformador ilegal de 75 KVA que suministraba energía a una casa-finca y a una planta de venta de agua.

En Air-e Intervenida afirmaron que los operativos forman parte de una estrategia permanente para combatir la manipulación y el robo de energía en el Caribe colombiano, y que seguirán en ejecución, con el propósito de proteger la infraestructura y asegurar la continuidad del servicio para todos los usuarios.

Un video difundido recientemente en redes sociales ha generado múltiples reacciones entre usuarios luego de mostrar un presunto acto de maltrato animal ocurrido en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. Las imágenes, registradas por una cámara de videovigilancia, exhiben la secuencia de una agresión contra un perro que descansaba sobre la banqueta frente a un domicilio.

De acuerdo con la información que acompaña la publicación, la dueña del can ya presentó una denuncia relacionada con los hechos y actualmente busca reunir mayores elementos que permitan robustecer el procedimiento legal. Hasta ahora, los señalamientos realizados contra el presunto responsable aparecen únicamente en los textos que acompañan la difusión del video, ya que el dueño del animal no aparece en las imágenes.

La grabación inicia mostrando a un perro de pelaje café claro con blanco acostado tranquilamente sobre la vía pública. En ningún momento se observa una conducta agresiva por parte del animal ni acciones que representen un riesgo para las personas que circulan por la zona.

Instantes después aparece un hombre vestido con ropa blanca y una gorra, quien permanece algunos segundos junto al perro mientras se encuentra sobre una motocicleta de color verde. Durante ese lapso, el can continúa inmóvil frente a la vivienda.

Video muestra el momento de la presunta agresión

Posteriormente, la grabación muestra que el individuo desciende de la motocicleta, toma un ladrillo que se encontraba en el lugar y lo lanza directamente hacia el perro.

El objeto alcanza al animal, que únicamente responde con ladridos tras recibir el impacto. En las imágenes no se aprecia que el perro intente atacar al hombre, perseguirlo o cambiar de lugar antes o después de la agresión.

Una vez realizada la acción, el sujeto vuelve a subir a la motocicleta y abandona el sitio, tal como quedó registrado por la cámara de seguridad instalada en el domicilio.

Según la información difundida por la propietaria, el perro es ampliamente conocido por los vecinos del sector, ya que con frecuencia sale de su casa para convivir y jugar con la mascota de una vivienda cercana. Después de hacerlo, normalmente regresa a su hogar sin ocasionar problemas.

La joven sostiene que se trata de un animal dócil, tranquilo y de carácter noble, por lo que asegura que no tiene antecedentes de comportamiento agresivo hacia personas o mascotas. Asimismo, señala que la actitud observada en el video coincide con la conducta habitual del perro, pues incluso después de recibir el golpe permaneció sin responder violentamente contra quien presuntamente lo atacó.

La difusión del material ha provocado diversas reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes han compartido la grabación y expresado su rechazo ante el presunto caso de maltrato animal. Al mismo tiempo, el propietario ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita identificar plenamente al responsable o aportar datos que puedan ser útiles para la investigación.

Hasta el momento, el video continúa siendo uno de los principales elementos con los que cuenta la parte denunciante para documentar los hechos ocurridos en la alcaldía Xochimilco. Las autoridades no han informado públicamente sobre el avance de la investigación ni sobre la posible identificación del hombre que aparece en la grabación, por lo que el caso permanece sujeto al desarrollo del procedimiento legal correspondiente.

Tres adolescentes —de 13, 14 y 15 años— quedaron arrestados por arrojar ácido sulfúrico sobre seis mujeres en Jersey City, Nueva Jersey. El ataque dejó quemaduras de segundo grado en una de las víctimas y conmocionó al vecindario de Greenville.

Kim Wallace Scalcione, vocera del Departamento de Seguridad Pública de Jersey City, confirmó los arrestos.

Quiénes son los detenidos y qué cargos enfrentan

Los tres detenidos son menores de edad, por lo que las autoridades no revelaron sus identidades. Cada uno enfrenta cargos de agresión agravada con arma mortal con lesiones corporales, entre otros delitos.

El Departamento de Seguridad Pública señaló que el incidente “parece haber sido un ataque dirigido” y que pudo haberse originado en una disputa previa entre un grupo numeroso de personas. La investigación permanece abierta.

Lo que ocurrió el 15 de junio de 2026

El ataque tuvo lugar alrededor de las 7:30 p.m. del 15 de junio frente a una vivienda en Wilkinson Avenue, cerca de Ocean Avenue, en el barrio Greenville de Jersey City. Seis mujeres y jóvenes estaban afuera del edificio cuando dos sospechosos pasaron en un ciclomotor y les arrojaron lo que la policía identificó como ácido sulfúrico.

Las seis víctimas, entre ellas tres adolescentes, fueron trasladadas de urgencia a un hospital local. De acuerdo con CBS News, todas sobrevivieron, aunque sufrieron quemaduras e irritación en la piel. La más afectada fue una joven de 21 años, trasladada a la unidad de quemados del hospital St. Barnabas con quemaduras de segundo grado en la cara y el cuero cabelludo.

Scalcione describió el alcance de las lesiones: “Las seis víctimas fueron trasladadas a un hospital local para recibir tratamiento por heridas no mortales que incluyeron quemaduras e irritación en la piel”, según recogió NBC News.

El testimonio de los vecinos

La escena que se vivió en Wilkinson Avenue quedó grabada en la memoria de quienes estaban cerca. La vecina Emilia Sanchez relató a CBS News lo que escuchó en los momentos posteriores al ataque: “Escuché a una de las chicas decir: ‘¡Nos tiraron ácido!’ Hubo mucho alboroto, chicas peleando, puertas que se cerraban de golpe. Minutos después de los gritos y el caos, escuché a algunas chicas gritar: ‘¡Quema! ¡Quema!’”.

Otra vecina, Vantisha Govia, también habló con CBS News y apuntó a algo más profundo detrás del hecho. “La gente ya no tiene compasión por los demás. Parece que todos quieren hacerse daño y vengarse”, dijo.

La respuesta de las autoridades

Desde el primer momento, la policía descartó que el ataque fuera al azar. Las víctimas fueron elegidas como blanco tras una discusión ocurrida más temprano ese mismo día, según estableció la investigación inicial.

El alcalde de Jersey City, James Solomon, condenó el hecho en términos directos: “Mis pensamientos están con las heridas en este ataque terrible, y quiero que nuestras comunidades sepan que la violencia como esta no tiene absolutamente ningún lugar en nuestras calles”, declaró el funcionario.

Solomon también garantizó que el departamento de policía contaría con todos los recursos necesarios para identificar a los responsables. Semanas después, ese compromiso se tradujo en los tres arrestos.

Un caso que sigue bajo investigación

Aunque los tres adolescentes ya están detenidos, las autoridades no han cerrado el expediente. El Departamento de Seguridad Pública de Jersey City confirmó que la investigación continúa, lo que podría indicar que se busca determinar si hubo más personas involucradas en la planificación o ejecución del ataque.

El caso puso bajo la lupa a un vecindario que, según sus propios residentes, enfrenta tensiones que van más allá de un incidente aislado. El uso de ácido como arma —una sustancia capaz de causar daño permanente en segundos— elevó la gravedad del hecho por encima de una riña común y lo convirtió en un caso que las autoridades de Nueva Jersey siguen con atención.

La exfuncionaria es investigada por el presunto delito de violencia y resistencia a la autoridad, un ilícito que, según el Código Penal, puede ser sancionado con una pena de entre 8 y 12 años de prisión cuando la agresión se comete contra un policía en el ejercicio de sus funciones. En ese contexto, el defensor legal de la PNP pidió que el caso se resuelva sin privilegios y que se aplique la máxima sanción prevista por la ley, además del pago de una reparación civil en favor del Estado.

Fiscalía de la Nación dispuso el cese de Johanny Lindao tras el incidente con policías

Mediante una disposición oficial, la Fiscalía de la Nación dio por concluido el nombramiento de Johanny Yessenia Lindao Feria como fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Piura, así como su designación en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla.

La decisión se conoció días después de que la funcionaria fuera detenida por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad, luego de un operativo de tránsito desarrollado el pasado 11 de julio en el distrito de Castilla.

De acuerdo con la información policial, el vehículo en el que se trasladaba la entonces fiscal fue intervenido porque el conductor realizaba maniobras consideradas temerarias y presentaba aparentes signos de haber ingerido bebidas alcohólicas. Durante la diligencia, Lindao Feria se identificó como integrante del Ministerio Público y, según el parte policial, habría solicitado que se favoreciera al conductor.

Los agentes señalaron además que la funcionaria se negó inicialmente a identificarse conforme al procedimiento establecido y protagonizó momentos de tensión con el personal policial durante la intervención. Posteriormente, fue trasladada a una dependencia policial.

Fue precisamente dentro de esas instalaciones donde ocurrió el hecho que terminó agravando su situación legal. Las cámaras registraron el momento en que la exfiscal se acerca a uno de los efectivos y le propina un cabezazo en el rostro mientras este realizaba diligencias relacionadas con la intervención.

Las imágenes fueron difundidas en medios de comunicación nacionales y pasaron a formar parte de las principales evidencias dentro de la investigación que ahora desarrolla la Primera Fiscalía Penal Delictiva de Piura.

Defensa de la Policía exige la máxima sanción y recuerda penas previstas en el Código Penal

Tras conocerse la separación de la exfuncionaria, el defensor de la Policía Nacional solicitó públicamente que el proceso se desarrolle sin privilegios y que se aplique la sanción prevista en la legislación peruana para este tipo de delitos.

Según indicó, el caso debe ser evaluado bajo las disposiciones del artículo 367 del Código Penal, que sanciona los delitos de violencia y resistencia a la autoridad cuando la agresión se produce contra efectivos policiales en pleno ejercicio de sus funciones.

“La ley es única para todos los peruanos, sea fiscal, sea juez, quien sea. La ley tiene que aplicarse como corresponde. Si se aplica la ley, ella tendría que ir a la cárcel porque la violencia contra efectivos policiales contempla una pena de entre ocho y doce años de prisión”, manifestó el representante legal durante declaraciones a medios de comunicación.

Asimismo, sostuvo que la conducta atribuida a la exmagistrada ya ocasionó un impacto institucional y consideró que el proceso debe desarrollarse sin ningún tipo de protección corporativa.

“Acá no se puede apañar a nadie. Los policías han sido violentados. Las imágenes muestran que hubo una agresión física contra uno de los efectivos durante el cumplimiento de sus funciones”, señaló.

De acuerdo con lo informado, culminada la investigación policial, el expediente fue remitido a la Primera Fiscalía Penal Delictiva de Piura, despacho que asumió las investigaciones correspondientes y que evaluará las responsabilidades penales de la exfuncionaria.

Además de la posible pena privativa de libertad, el proceso también contempla la eventual imposición de una reparación civil a favor del Estado, en caso se determine responsabilidad penal.

El caso también mantiene un frente administrativo dentro del Ministerio Público, luego de que la institución resolviera dejar sin efecto el nombramiento provisional de Lindao Feria como parte de las medidas adoptadas tras conocerse los hechos.

La justicia panameña dictó detención provisional para un hombre de 38 años acusado de violencia doméstica en perjuicio de su madre, tras un incidente ocurrido hace unos días en el sector de Mano de Piedra, corregimiento de Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito.

Según informó la Procuraduría General de la Nación, la medida fue solicitada por la Sección de Familia y el Menor de la Fiscalía Regional de San Miguelito y avalada por el Juzgado de Garantías, debido a los riesgos procesales detectados durante la audiencia.

De acuerdo con el reporte oficial, la Fiscalía argumentó la necesidad de la detención inmediata ante el peligro de fuga, la posible afectación de medios de prueba y la amenaza que el imputado representa para la víctima.

La gravedad del delito fue uno de los factores determinantes para la decisión judicial, según detalló la Procuraduría.

Datos recientes muestran que la provincia de Panamá es la que registra el mayor número de denuncias por violencia familiar y delitos sexuales con 550 casos reportados hasta mayo de 2026, cifra que supera a los 432 del mismo período del año anterior, según información recopilada por Infobae.

Otras regiones con elevados índices son Chiriquí, con 406 denuncias, y Panamá Oeste, con 340 casos, además de la comarca Ngäbe Buglé, donde los reportes aumentaron a 299. Estas estadísticas reflejan el incremento sostenido de denuncias en el país y la urgencia de fortalecer las políticas de prevención.

La violencia doméstica, especialmente contra personas mayores y mujeres, continúa representando un problema de salud pública y seguridad en Panamá.

Instituciones como la Procuraduría General de la Nación insisten en la importancia de la denuncia y el acompañamiento judicial para garantizar la protección de las víctimas y la aplicación efectiva de la ley.

La detención provisional dictada por el Juzgado de Garantías en San Miguelito destaca la respuesta del sistema judicial ante estos hechos, en un contexto donde la demanda social exige mayor transparencia y eficacia en la protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas por la violencia familiar.

La violencia contra personas de la tercera edad en Panamá muestra un incremento preocupante durante 2026, con casos de agresión, maltrato y homicidios que involucran a adultos mayores en distintos puntos del país.

De acuerdo con reportes de la Policía Nacional de Panamá, se han registrado episodios reiterados de maltrato físico y psicológico, así como delitos patrimoniales y homicidios cuyas víctimas son personas de edad avanzada.

Durante julio, la Policía Nacional detuvo a un sospechoso de homicidio en Chame, quien contaba con antecedentes previos por maltrato al adulto mayor. Esta detención renovó el enfoque de las autoridades sobre la situación de vulnerabilidad que enfrenta este grupo poblacional en el país.

El Ministerio Público de Panamá ha procesado en las últimas semanas a individuos por delitos de violencia doméstica y maltrato contra sus propios progenitores de edad avanzada.

El impacto de la violencia hacia adultos mayores no se limita al entorno privado. Las estadísticas policiales muestran que los delitos patrimoniales y las estafas también afectan de forma recurrente a este grupo etario.

Las autoridades reportaron casos en los que adultos mayores fueron víctimas de robos, fraudes y apropiaciones indebidas, muchas veces perpetrados por personas de confianza o familiares.

Uno de los casos más recientes involucró la detención provisional de un hombre acusado de agredir a su madre, mientras que una mujer fue ingresada a prisión y otro hombre es buscado por no intervenir para proteger a una adulta mayor de agresiones.

Una cámara de seguridad fue clave para la Justicia bonaerense al confirmar que un hombre atacó por la espalda y sin mediar palabra al abogado de su madre en una sucursal bancaria de Bragado en 2021. El agresor, quien ya había accedido a una probation en la causa penal, intentó evitar la condena civil, pero la evidencia fílmica mostró el momento exacto en que propinó un puñetazo en la nuca a la víctima. Ahora, deberá pagarle 16 millones de pesos en concepto de indemnización por daños físicos y morales.

El expediente tuvo origen en la demanda por una indemnización inicial de más de tres millones de pesos, cifra que luego fue modificada en la liquidación final. La versión incorporada a la causa describe que, mientras el reclamante realizaba una operación en el cajero automático acompañado por un cliente, fue agredido sorpresivamente por la espalda. El impacto lo hizo golpear su cabeza contra la máquina, mientras escuchaba amenazas e insultos del atacante, quien llegó a gritar: “Te voy a matar...”.

El expediente judicial describe que el incidente fue captado por las cámaras de seguridad del banco, cuyo registro fílmico se incorporó al proceso penal y luego también al trámite civil. Las imágenes permitieron reconstruir lo ocurrido y, según el fallo, muestran que el golpe se produjo sin discusión previa ni intercambio verbal entre las partes.

En la demanda, el reclamante expuso que la agresión le ocasionó lesiones físicas y daño moral, y requirió además el reconocimiento de un daño psíquico y la necesidad de tratamiento psicológico. Como parte de la estrategia de defensa, la persona demandada negó los hechos tal como fueron relatados y sostuvo que el contacto físico habría sido leve y provocado únicamente por una supuesta provocación verbal, sin intención de causar heridas.

A lo largo del proceso, la defensa planteó también la existencia de una relación previa entre el testigo principal y el reclamante, cuestionando la validez de su testimonio. Además, el demandado expuso que desconocía la actuación profesional del demandante en causas judiciales que involucraban a su entorno familiar.

El juzgado dio por probado que el hecho ocurrió el 10 de mayo de 2021 y que el demandante fue sorprendido de espaldas mientras operaba el cajero, recibiendo un fuerte golpe que derivó en un impacto contra la máquina y el inicio de una discusión verbal posterior. La reconstrucción se apoyó en el análisis del video, que fue calificado en la sentencia como una evidencia de carácter decisivo.

En el marco penal, la causa derivó en una suspensión de juicio a prueba para la persona que produjo el daño. Esta resolución incluyó la obligación de cumplir reglas de conducta estrictas por dos años, el pago de una suma de $50.000 a la víctima y una donación de $150.000 a una organización benéfica local. El acuerdo dejó sin efecto la audiencia oral prevista y quedó firme en noviembre de 2024.

El fallo civil establece que la conducta del demandado encuadra en la responsabilidad prevista en el Código Civil y Comercial por tratarse de un daño injustificado originado por un acto doloso. La sentencia cita la normativa sobre el deber general de no dañar y desarrolla los fundamentos para la atribución de responsabilidad, diferenciando entre culpa y dolo, y mencionando el rango constitucional del principio de reparación.

Entre las pruebas clave, la resolución destaca el informe pericial médico, que determinó una incapacidad parcial y permanente del 10 por ciento para el reclamante. El perito explicó, en abril de 2024, la existencia de una pérdida auditiva relevante y el fallo consideró que las secuelas físicas acreditadas justificaban el otorgamiento de una suma indemnizatoria significativa.

En cuanto al daño psicológico, el tribunal valoró el informe del perito psicólogo, quien manifestó que el reclamante experimentó intranquilidad y desconfianza al caminar por la ciudad desde el hecho, aunque no se observaron indicadores de afectación que disminuyeran la capacidad laboral ni necesidad de tratamiento especializado.

El juzgado descartó la existencia de un daño psíquico indemnizable y centró el resarcimiento en las lesiones físicas y el daño moral, que fue considerado procedente por la existencia de padecimientos físicos y espirituales derivados de la agresión.

Para establecer el monto de la indemnización, el tribunal tomó como referencia el salario mínimo vital y móvil vigente al momento de la sentencia, equivalente a 357.800 pesos, y aplicó la fórmula polinómica conocida como “Vuoto”, utilizada habitualmente en este tipo de cálculos. Así, fijó una suma de ocho millones de pesos para compensar la incapacidad, a la cual se sumó un monto igual en concepto de daño moral.

La sentencia impone al demandado la obligación de abonar la totalidad de la suma reconocida, más los intereses legales calculados desde la fecha del hecho y hasta el pago efectivo. El cálculo de los intereses se realizará en dos tramos diferenciados: una tasa fija del seis por ciento anual hasta la sentencia, y, posteriormente, la tasa moratoria establecida por el Banco Central de la República Argentina.

Los gastos y costas del proceso deberán ser asumidos por la parte condenada, en virtud del principio general que rige en la materia y que fue aplicado por el juzgado.

El fallo, firmado por el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial n.º 3 de Mercedes, enfatiza la importancia de la prueba fílmica para dirimir la controversia y sostiene que la agresión se produjo sin que mediara justificación alguna, ubicando a la víctima en una situación de total indefensión por encontrarse de espaldas y distraída al momento del ataque.

Además, denunciaron al Municipio de General Roca por haber autorizado el evento. Según pudo saber Infobae, la presentación incluye los presuntos delitos de turbación de la posesión, destrucción de sitios arqueológicos e incumplimiento del derecho a la consulta previa.

La denuncia fue radicada en la Fiscalía Nº 1 de General Roca. En el escrito, la comunidad responsabiliza a autoridades políticas por “violaciones sistemáticas a un territorio comunitario indígena”, aunque no hace referencia a la agresión ocurrida durante la competencia.

Desde el Municipio de General Roca rechazaron esa interpretación y aseguraron que el circuito se desarrolló en un sector de acceso público, ubicado dentro de un Área Protegida Municipal (APM).

"Es un área de uso recreativo a la que pueden asistir libremente no sólo deportistas, sino también familias y vecinos para realizar actividades al aire libre", explicó la secretaria de Producción del municipio, Florencia Ghirardelli.

La funcionaria indicó que el organizador presentó previamente el croquis del recorrido, que fue evaluado y autorizado por guardias ambientales y otras áreas municipales. También señaló que participaron organismos provinciales en la coordinación del operativo.

El ataque a los corredores

La agresión ocurrió el domingo al mediodía, cuando un grupo de jinetes interceptó a los competidores y los atacó con rebenques y boleadoras. Varios corredores sufrieron golpes y algunos no pudieron completar la prueba.

“Me pegaron con boleadoras en la cabeza y me rompieron la remera”, relató uno de los participantes.

Fernando Castro, otro de los corredores, aseguró que “es una situación de violencia que se viene dando desde hace mucho tiempo”.

El repudio de la organización

Tras los incidentes registrados durante la 17ª edición de la Doble Apolo, la organización repudió lo sucedido y afirmó que la competencia contaba con todas las autorizaciones necesarias.

En un comunicado, la organización señaló que presentó el recorrido ante la Municipalidad de General Roca, abonó los cánones correspondientes, obtuvo los permisos de Vialidad Rionegrina para los cortes parciales sobre la Ruta 6 y también la autorización del propietario del campo lindero al predio municipal.

Asimismo, explicó que, como ocurre habitualmente, colaboradores recorrieron el circuito media hora antes de la largada y detectaron la remoción de algunas marcas de señalización. Según precisaron, en ese momento no había personas en el lugar y la cartelería fue reinstalada minutos antes del inicio de la competencia.

“Esperamos que la Justicia y las autoridades tomen intervención para evitar que hechos como este vuelvan a repetirse”, expresaron.

La postura de la comunidad

En un comunicado, la Lof Leufuche sostuvo que desde hace 18 años la competencia afecta a las siete familias que integran la comunidad.

“Se nos ha cerrado el ingreso a nuestros puestos, se pasa por el frente de nuestras rucas, han atropellado animales y utilizan las únicas bajadas que tienen las vacas para llegar al río. Hemos sufrido importantes pérdidas porque los animales se espantan y caen por las bardas”, señalaron.

También afirmaron que el día previo a la carrera la vocera de la comunidad solicitó reunirse con los organizadores para expresar su desacuerdo con el recorrido, aunque sostuvieron que ese pedido no fue atendido.

Finalmente, cuestionaron el desarrollo de distintos proyectos y actividades que, según aseguran, se realizan dentro del territorio comunitario sin el consentimiento de la comunidad.

Las imágenes del hecho rápidamente se replicaron en redes sociales y portales de noticias. En el video se puede ver cómo un grupo de gauchos se acerca a la zona por donde pasaban los corredores y comenzaron con la agresión, utilizando boleadoras y otros elementos parecidos a una fusta.

En ese marco, Alejandro Pellegrini, uno de los organizadores del evento, dialogó con Infobae al Mediodía y dio detalles de cómo fue el hecho. “Nosotros somos dos profes de Educación Física que empezamos hace dieciocho años y siempre usamos la misma zona, obviamente con todos los permisos, porque para hacer un evento, uno tiene que llenar cierta cantidad de requisitos para poder organizar”, comenzó en su relato.

“Para nosotros fue premeditado porque dos meses antes, cuando se presentan los planos en el municipio, nos dicen que hay que corregir otro trayecto. Se hacen las correcciones a través de guardias ambientales. Esta es un área protegida municipal, donde se hacen actividades deportivas, recreativas y de turismo. Con todo ese papelerío, nosotros presentamos los planos en nuestra página web. Ellos sabían por dónde íbamos a pasar”, siguió.

Y añadió: “Al otro día, nosotros, por seguridad de los corredores, recorremos con gente el circuito y nos llamó la atención que estaban los primeros cuatro kilómetros sin las marcas. Automáticamente mandamos a la persona, que es una chica que se encarga de marcar, y no había nadie. De hecho, el banderillero del desvío de los dos kilómetros, de los ocho kilómetros, el profe que estuvo ahí, me dijo que estaba todo señalizado. Esa gente, cuando largamos, apareció con sus caballos y empezó con lo que todos vemos. Fue muy premeditado“.

El incidente ocurrió en el kilómetro 2 del recorrido, en la zona del cañadón que conduce a la subida de Colicheo, en Paso Córdoba, localidad de General Roca. Al menos cinco jinetes bloquearon el paso a los atletas, retiraron las cintas que demarcaban el circuito y arrojaron piedras contra los participantes. En medio de la confusión, algunos corredores pedían que las agresiones cesaran.

Los jinetes respondieron con insultos hacia la organización: “Que venga el organizador, que venga acá”, se escucha en el video. Pellegrini precisó que los más afectados fueron los primeros 40 o 50 corredores, los más veloces del pelotón. “Los de atrás se enteraron cuando terminó la carrera, porque realmente no vieron nada”, aclaró.

Uno de los atletas agredidos relató su experiencia en medios locales: “Vi los caballos y que algunos corredores se volvían. Pensé que esto no podía suceder y seguí. Ahí me empezaron a perseguir, me pegaron con boleadoras en la cabeza y me rompieron la remera”. El corredor agregó que no pudo recuperarse del impacto, se acalambró y abandonó en el kilómetro 10. “Arruinaron mi carrera; entrenamos todos los días para esto”, concluyó. Otro de los participantes que resultó más afectado recibió dos golpes de rebenque en la espalda, mientras que un tercero fue derribado por un caballo y voló varios metros, según describió Pellegrini.

El conflicto con los lugareños de la zona no es nuevo. Pellegrini explicó que desde 2010, segunda edición de la prueba, les prohibieron ingresar al sector donde viven esas personas, por lo que la organización modificó el circuito para alejarse de esa área. Hace tres años volvieron a reubicar el trazado hacia el otro lado de la montaña para evitar roces. “Ahora nos quieren sacar del otro lado”, señaló.

El organizador también reveló que dos años atrás recibió amenazas telefónicas la noche previa a la carrera, lo que motivó una denuncia policial y la presencia de efectivos durante el evento, que transcurrió sin incidentes. “Dejaron pasar dos años y vinieron de sorpresa”, indicó.

Sobre la titularidad del terreno, Pellegrini fue claro: se trata de una zona municipal, respaldada por ordenanza y resolución, donde están permitidas las actividades deportivas, recreativas y turísticas. La secretaria de Turismo, Flor Giraldelli, emitió una nota aclarando ese punto. Los agresores, según describió el organizador, son lugareños que residen a unos tres o cuatro kilómetros del lugar y reclaman esos cuarenta kilómetros de montaña como propios.

La organización presentó la denuncia de manera conjunta con los corredores lesionados y funcionarios municipales. Multieventos del Valle, empresa a cargo de la prueba, emitió un comunicado en el que repudió los hechos y detalló los permisos obtenidos: aprobación municipal de los planos del circuito, permiso de Vialidad Rionegrina para los cortes de ruta, autorización del dueño del campo lindero y pago de los cánones correspondientes al Área Protegida. “Esperemos que la Justicia y autoridades tomen nota del caso para evitar futuros hechos”, concluyó el texto oficial.

El presidente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional, Arnold Burgos, solicitó este viernes la destitución de la maestra señalada de agredir físicamente a una estudiante en el municipio de Morazán, Yoro, al tiempo que anunció que impulsará iniciativas para instalar cámaras de seguridad en los centros educativos públicos con el objetivo de prevenir hechos similares.

El parlamentario manifestó que la bancada del Partido Nacional expresó su indignación tras la difusión del video en el que se observa a la docente presuntamente agrediendo a una alumna dentro del aula de clases, por lo que consideró que la educadora debe ser separada de su cargo mientras concluyen las investigaciones.

Burgos sostuvo que existen mecanismos disciplinarios establecidos para atender situaciones relacionadas con la conducta de los estudiantes, por lo que rechazó cualquier acto de violencia física o verbal por parte del personal docente.

"Hay medidas disciplinarias diferentes a golpear a un estudiante o faltarle al respeto“, expresó el congresista al referirse al incidente que ha generado diversas reacciones en la opinión pública.

El diputado relató que inicialmente desconocían que la maestra ya había sido requerida por las autoridades; sin embargo, posteriormente confirmaron que fue detenida por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Asimismo, explicó que la docente fue trasladada a las instalaciones del Ministerio Público, donde enfrenta una investigación tras ser considerada sospechosa del presunto delito de trato degradante.

"Desconocíamos que a esa hora la maestra ya había sido detenida por parte de las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones y no solamente detenida, sino que fue detenida y trasladada a las instalaciones del Ministerio Público por suponerla responsable del delito de trato degradante“, declaró.

Según Burgos, ahora corresponde a la Secretaría de Educación determinar las sanciones administrativas que procedan, una vez concluya el proceso de investigación.

El legislador señaló que, de acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, la docente primero habría agredido verbalmente a una estudiante, posteriormente le propinó un golpe en la cabeza y luego también agredió a la alumna que grababa lo ocurrido con un teléfono celular.

A criterio del presidente de la Comisión de Educación, este tipo de comportamientos no deben repetirse dentro del sistema educativo, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y prevención en los centros de enseñanza.

En ese sentido, informó que la Comisión de Educación del Congreso Nacional ha recibido varias iniciativas orientadas a instalar cámaras de videovigilancia en las escuelas y colegios públicos del país, como una herramienta para mejorar la seguridad y documentar cualquier incidente que pueda registrarse dentro de los planteles.

"Nosotros lo que buscamos es prevenir y no después reaccionar; eso es lo que vamos a buscar desde el Congreso Nacional“, afirmó el diputado al referirse a las propuestas que actualmente son analizadas.

Burgos explicó que los proyectos ya fueron remitidos a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Finanzas, instituciones que deberán emitir los dictámenes técnicos y presupuestarios correspondientes antes de que puedan avanzar en el proceso legislativo.

Indicó que la implementación de sistemas de videovigilancia requerirá una inversión económica importante, razón por la cual será necesario establecer un mecanismo de financiamiento que permita ejecutar el proyecto de manera gradual en los diferentes centros educativos del país.

El parlamentario consideró que la instalación de cámaras no solo contribuiría a prevenir agresiones entre docentes y estudiantes, sino también otros hechos que puedan poner en riesgo la integridad de la comunidad educativa, fortaleciendo los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas dentro del sistema escolar.

Mientras tanto, las autoridades educativas mantienen abierto el proceso administrativo para establecer las acciones que procedan contra la docente involucrada, en tanto el Ministerio Público continúa con las diligencias investigativas relacionadas con el caso.

La localidad bonaerense de Gorina, partido de La Plata, fue escenario de un violento caso de violencia de género, en el que un hombre golpeó y asfixió a su mujer e intentó secuestrar a su hija. El hombre escapó y todavía es buscado por la Policía de la Provincia.

Según medios platenses, todo ocurrió alrededor de las 21 horas del jueves en una vivienda ubicada en la esquina de las calles 135 bis y 482. De acuerdo con la denuncia, la mujer se encontraba en su domicilio junto a su hija de tres años y su ex pareja, padre de la menor.

El episodio se desencadenó cuando aprovechó un descuido del hombre, revisó su teléfono celular y descubrió mensajes que evidenciaban una supuesta infidelidad con otra mujer.

Apenas le recriminó por el engaño, la mujer echó de la casa a su pareja sin imaginar que reaccionaría con violencia y que el hallazgo en el teléfono derivaría en una discusión que rápidamente escaló a una agresión física.

“La denunciante no pudo tolerar la situación y lo echó de su casa, pero él enfureció, forcejeó con la víctima y la tiró a la cama de la habitación, dándole trompadas y hasta intentó ahorcarla con sus manos”, dijo una fuente policial citada por el diario El Día.

Según la denuncia, el violento forcejeó con ella, la arrojó sobre la cama de la habitación y le propinó varios golpes de puño, además de intentar ahorcarla con sus propias manos.

Durante el forcejeo, la mujer logró escapar hacia la calle para pedir ayuda, pero el acusado la alcanzó, volvió a golpearla y la arrastró de vuelta a la vivienda.

En ese momento, la niña de tres años quedó en medio del conflicto y por temor a que la menor resultara herida, la madre la soltó y buscó nuevamente resguardarse en la casa de su madre, ubicada a pocas cuadras. Allí, al ver a su cuñado, le pidió que le avisara a la Policía. “Hasta hubo un forcejeo con la nena en el medio de ambos”, precisó la fuente.

Preocupada por la menor, la denunciante le pidió a su hijo de 18 años que fuera hasta la vivienda y retirara a su hermana. Sin embargo, cuando llegó, la niña y el agresor no estaban. El joven caminó algunas cuadras y encontró al agresor con la nena y le exigió que se la entregara.

En un principio, el sospechoso no quiso deponer su actitud y quería llevarse a la menor. Pese a eso, al sonar una alarma vecinal, desistió de su plan, soltó a la menor y se dio a la fuga.

“El hijo de 18 años de esta mujer llegó a la casa y ella le solicitó que buscara a la beba. La encontró con el denunciado, quien caminaba por el barrio. Y si bien se negaba a darle a la criatura, oyó la alarma vecinal y se la dio, pero huyó con la moto del chico”, indicó la fuente al medio platense.

Como consecuencia de la agresión, la mujer presenta golpes en brazos, cuello y otras partes del cuerpo. Según se informó, solicitó una prohibición de acercamiento contra el acusado. Todavía es buscado por la Policía. “Ella tiene dolencias en brazos, cuello y otras partes del cuerpo”, señalaron las fuentes.

La comunidad educativa y la opinión pública se encuentran conmocionadas tras la difusión de un video en redes sociales que muestra a una maestra agrediendo verbalmente a una menor de edad. Los hechos, que ocurrieron el día de ayer, jueves 9 de julio, provocaron la indignación de los padres de familia, quienes interpusieron una denuncia formal de manera inmediata, desencadenando la rápida intervención de las fuerzas del orden en este sector del país.

En el material audiovisual, que se viralizó rápidamente en plataformas digitales, se escucha a la docente dirigirse de forma sumamente hostil y con gritos hacia una estudiante de apenas 15 años.

Durante el altercado, la maestra increpa fuertemente a la alumna cuestionando la educación recibida en su hogar, exigiéndole silencio de forma despectiva y amenazándola con callarla a la fuerza si no obedecía sus órdenes.

Asimismo, el video evidencia el momento en que la educadora confronta a las personas presentes por estar grabando el incidente, llegando incluso a amenazar con destruir el teléfono celular de una de las jóvenes involucradas en la escena.

La gravedad de las imágenes provocó una reacción en cadena. Horas después de que el video se esparciera en las redes, funcionarios de la Unidad Departamental de Prevención Número 18 (UDEP-18), en un trabajo coordinado con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ejecutaron la captura de la docente en el municipio de Morazán, Yoro.

La operación se ejecutó bajo el amparo del Plan Barrios y Comunidades Seguras. Según el reporte oficial, las autoridades policiales remitieron a la sospechosa a la Fiscalía del Ministerio Público para que se le dé continuidad al proceso legal correspondiente por la vulneración de los derechos de la menor.

Delito, sanciones y consecuencias legales en caso de ser encontrada culpable

Si las investigaciones del Ministerio Público sustentan la acusación y un juez competente la encuentra culpable, la docente enfrentará severas consecuencias legales tipificadas en el ordenamiento jurídico penal de Honduras.

El requerimiento fiscal se ha presentado formalmente por suponerla responsable del delito de trato degradante, una figura jurídica que protege la integridad moral, la dignidad humana y el bienestar psicológico de los ciudadanos, con un especial rigor cuando las víctimas son niños, niñas o adolescentes.

De acuerdo con el Código Penal vigente, el delito de trato degradante se comete cuando una persona somete a otra a condiciones o conductas que minimizan, humillan o envilecen su dignidad.

Por lo tanto, el uso de un lenguaje violento, las amenazas físicas o psicológicas y el abuso de autoridad dentro de un aula de clases constituyen agravantes directas al delito.

Las sanciones para quien sea hallado culpable de trato degradante contra un menor de edad abarcan las siguientes medidas penales y administrativas:

• Pena de prisión: La legislación hondureña establece penas de privación de libertad que pueden oscilar entre los 1 y 3 años, dependiendo de la gravedad de los hechos y los agravantes del caso.
• Inhabilitación especial: Al tratarse de una servidora pública del sistema educativo, la sentencia condenatoria conlleva de forma casi automática la inhabilitación especial para ejercer la docencia o cualquier cargo que implique el cuidado de menores de edad por el doble del tiempo que dure la pena de prisión.
• Sanciones administrativas de la Secretaría de Educación: Paralelamente al proceso penal, las autoridades educativas realizan una audiencia de descargo que suele concluir con el despido definitivo e inmediato de la docente de su puesto de trabajo, sin derecho a prestaciones laborales por incurrir en faltas graves contra la ética profesional.

Las autoridades enfatizaron que no se tolerará ningún tipo de abuso, intimidación o trato humillante que vulnere los derechos fundamentales de los estudiantes dentro de las aulas hondureñas.

Una mujer sufrió un severo traumatismo facial tras ser golpeada por su expareja en presencia de sus dos hijas de 10 y 11 años. El brutal episodio ocurrió el jueves 9 de julio en la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy, en un domicilio de la calle San Antonio.

El agresor, un hombre de 46 años, llegó hasta la vivienda de su ex pareja y comenzó a golpear la puerta de manera insistente. Cuando la mujer abrió, la empujó y entró a la fuerza, insultando y amenazándola. En el interior de la vivienda, la situación se agravó aún más.

De acuerdo con Jujuy al Momento, el atacante se dirigió directamente hacia la madre de las menores y la golpeó con el puño en el rostro, causándole heridas de gravedad. Las hijas, testigos directas del ataque, quedaron conmocionadas. Además del daño físico, la agresión tuvo un fuerte impacto emocional en las menores, quienes no pudieron intervenir ni pedir ayuda durante esos minutos críticos. La secuencia de violencia no se limitó a la agresión física.

Tras dejar a la mujer herida, tomó las llaves de un Volkswagen azul perteneciente a la víctima y se robó el vehículo, que contenía toda la documentación personal. Según relató la mujer en la denuncia formal, el agresor permaneció más de dos horas frente a la casa, impidiendo que la víctima pudiera pedir ayuda o salir a buscar auxilio.

Una vez que pudo abandonar la vivienda, la víctima se trasladó de inmediato a la Seccional N° 47 para radicar la denuncia. En su declaración, manifestó que no era el primer hecho de violencia que sufría por parte de su expareja y expresó temor tanto por su vida como por la de sus hijas. Además, relató que el acusado ya le había dado de baja su línea telefónica y la conexión a internet, dejándola completamente incomunicada y sin posibilidad de contactar a familiares o autoridades.

Debido a la gravedad de las lesiones en el rostro, la mujer fue derivada de urgencia al Hospital Pablo Soria, en la capital jujeña. El equipo médico diagnosticó un severo traumatismo facial y dispuso su internación en la sala de observación ante el riesgo de complicaciones. En este momento, la mujer se encuentra bajo monitoreo permanente para evaluar su evolución y garantizar su recuperación física.

El caso fue puesto en conocimiento del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso que la comisaría interviniente quedara a cargo de las actuaciones complementarias. Al mismo tiempo, se solicitó al Juzgado de Violencia de Género la adopción de medidas urgentes, entre ellas el secuestro del automóvil sustraído y la imposición de restricciones estrictas para proteger la integridad física y psicológica de la madre y sus hijas.

En este contexto, las autoridades recordaron la existencia de la Línea 144, un canal de atención telefónica gratuita, anónima y nacional, disponible las 24 horas para mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género. El servicio busca ofrecer asistencia, contención y orientación a quienes requieren ayuda inmediata.

La causa continúa en etapa de investigación judicial, mientras la víctima y sus hijas reciben contención institucional y apoyo especializado. Las medidas cautelares dictadas por la justicia buscan impedir cualquier intento de contacto del agresor con la familia y garantizar la seguridad y el bienestar de las afectadas en el corto y mediano plazo.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de un sujeto de nacionalidad guatemalteca que habría agredido físicamente a un creador de contenido en el Centro Histórico de San Salvador. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto en el que el sujeto arremetió contra el creador de contenido tras un aparente disgusto durante una dinámica.

El incidente se registró en el parque Libertad, una de las zonas más concurridas del Centro Histórico de San Salvador. De acuerdo con información oficial, el agresor fue identificado como Kevin Daniel Bautista Cabrera, de 24 años, ciudadano guatemalteco. Según informes de las autoridades policiales, el joven se encontraba en el lugar vendiendo productos de forma ambulante.

De acuerdo con versiones recabadas por las autoridades, el altercado surgió cuando el creador de contenido Efraían Orellana, conocido en redes como TNT, invitó a Bautista Cabrera a participar de manera voluntaria en una de sus dinámicas. Tras un intercambio breve, Bautista Cabrera falló en las dinámicas y habría solicitado otra oportunidad para participar, pero al recibir la respuesta de que debía esperar un nuevo turno, la situación escaló rápidamente. La secuencia quedó registrada en video, donde se observa cómo el agresor intenta golpear al creador de contenido en varias ocasiones, estas imágenes habrían sido grabadas el pasado martes en horas de la tarde.

El reto incluía un premio de $10 para el ganador, situación que podría haber complicado la situación.

Durante el incidente, algunas personas que presenciaron los hechos preguntaron a Bautista Cabrera si había consumido bebidas alcohólicas, debido a su violenta reacción, lo que provocó reacciones más agresivas de su parte. El equipo que acompañaba a Orellana solicitó la intervención de la Policía Nacional Civil, cuyos agentes intervinieron pocos minutos después. Bautista Cabrera manifestó ante los policías que padecía de “problemas de epilepsia” y que no se sentía bien de salud debido a que “no había dormido”. El incidente ocurrió el pasado martes, pero la PNC confirmó la detención hasta la noche del miércoles.

Según los reportes, Bautista Cabrera se encontraba en El Salvador de forma irregular. Luego de su detención, fue remitido a la Dirección General de Migración y Extranjería para continuar el procedimiento correspondiente en este caso.

En un primer momento, los agentes de la PNC no detuvieron a Bautista Cabrera y únicamente lo retiraron del sitio donde comercializaba sus productos a una zona más alejada. Posteriormente, el creador de contenido consultó sobre el futuro del agresor, a lo que las autoridades respondieron que no podían realizar la detención formal porque no se habían producido lesiones y el delito de desorden público solo aplica si hay al menos dos personas involucradas.

En El Salvador, la legislación establece que causar lesiones a otra persona puede implicar una pena de entre dos y ocho años de cárcel, dependiendo de la gravedad del daño. Por desórdenes públicos, la ley contempla sanciones que pueden ir desde multas hasta penas de prisión que oscilan entre uno y cuatro años, según la participación y la reincidencia.

Las autoridades reiteraron a través de sus redes sociales "no permitirán que ninguna persona, incluyendo extranjeros, altere el orden y la paz en el país“, tras confirmarse la captura del agresor.

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una restricción de concurrencia administrativa por 24 meses a Claudia Noemí Romero en todos los eventos deportivos dentro del territorio argentino. La medida, publicada en el Boletín Oficial el 8 de julio de 2026, surge tras incidentes ocurridos el 31 de mayo en el club Asociación Nueva Alianza, donde Romero habría agredido físicamente a otra persona y proferido amenazas.

Según la información de la Resolución 618/2026 “surge que Claudia Noemí Romero habría agredido físicamente a la denunciante, Laura Riggio, sujetándola del cuello y propinándole golpes de puño en el rostro, profiriéndole posteriormente amenazas de muerte”. El expediente, iniciado por solicitud de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De), detalla que la sanción responde a una denuncia penal por lesiones leves y amenazas.

La Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, dependiente de la Subsecretaría de Despliegue Territorial, evaluó los hechos en el marco del programa Tribuna Segura, mecanismo federal de control y prevención aplicado desde 2016. Este programa permite identificar digitalmente a quienes ingresan a estadios y bloquear el acceso a personas sancionadas o con causas penales activas. De acuerdo con la resolución, “resulta pertinente registrar en el Programa Tribuna Segura a la causante y disponer las medidas previstas” para impedir su presencia en recintos deportivos.

Tribuna Segura constituye uno de los ejes centrales del sistema nacional de control en estadios, articulando registros de personas sancionadas o procesadas en coordinación con las fuerzas federales y provinciales. El texto oficial detalla que la Dirección “entiende en el diseño, aplicación de políticas y estrategias para el control de la seguridad en espectáculos futbolísticos, generando competencias de prevención de la violencia y coordinando las acciones necesarias con las áreas de la jurisdicción competentes”.

El Ministerio de Seguridad Nacional fundamentó la medida en lo previsto por los artículos 2° y 3° de la Resolución MS N° 354/17 y el Decreto N° 246/17, normativa que habilita a adoptar restricciones ante conductas consideradas riesgosas para la seguridad pública en el ámbito del fútbol y otros deportes. El texto oficial indica: “La presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones y el artículo 7° del Decreto N° 246/17”. Además, se aclara que el servicio jurídico permanente del Ministerio intervino en el proceso y avaló la legalidad del acto administrativo.

La restricción, dirigida a Claudia Noemí Romero, DNI N° 32.006.935, se aplicará a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial y se extenderá durante veinticuatro meses, hasta julio de 2028. La disposición se adoptó luego de que el club Asociación Nueva Alianza solicitara formalmente la aplicación del derecho de admisión y remitiera copia de la denuncia penal correspondiente, radicada en la Fiscalía General de La Plata bajo el número PP-06-00-029006-26/00.

El texto de la resolución destaca la necesidad de “neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterar, en cualquier forma, la reunión deportiva, resulte pertinente registrar en el Programa Tribuna Segura a la causante y disponer las medidas previstas”. Con esta decisión, las autoridades buscan fortalecer la seguridad en el deporte y desalentar comportamientos que puedan poner en riesgo la integridad de los asistentes y el normal desarrollo de los espectáculos.

La medida se inscribe en un esquema federal de prevención y control de la violencia en el deporte, apoyado en la coordinación entre organismos nacionales y provinciales y en el uso de herramientas como Tribuna Segura para la identificación y exclusión de personas involucradas en hechos violentos, conforme a las leyes y decretos que regulan la materia.

Un hombre de 35 años fue aprehendido en San Fernando del Valle de Catamarca, por personal de la Comisaría Décima, tras protagonizar un hecho que dejó consternados a los vecinos.

Todo sucedió cerca de la medianoche del martes en una casa ubicada en las calles La Rioja y Armando Correa. Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido tras una llamada al 911, que alertaba sobre el comportamiento agresivo de un individuo hacia miembros de su familia.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Ancasti, una mujer de 33 años y un joven de 22 informaron que su tío se presentó en la vivienda con una actitud violenta y que la mujer resultó agredida físicamente. La rápida comunicación con el SAE-911 permitió que una patrulla llegara al lugar en minutos para controlar la situación.

Al advertir la presencia de los efectivos, el presunto agresor intentó huir saltando los techos de viviendas lindantes. La persecución se desarrolló en plena madrugada, lo que generó inquietud entre los residentes de la zona. El hombre, cuya identidad responde al apellido Córdoba, fue finalmente interceptado a escasa distancia del domicilio y reducido por el personal policial.

Una vez aprehendido, el hombre fue trasladado y quedó alojado en la dependencia policial correspondiente. Las autoridades informaron que Córdoba permanece a disposición de la Fiscalía de Instrucción de turno del Distrito Sur, que ahora deberá definir los pasos procesales a seguir en el marco de la causa por violencia familiar.

Según la información aportada por la policía, la mujer de 33 años y el joven de 22 fueron invitados a radicar las denuncias formales en el Precinto Judicial N.º 2.

Le exigió plata a su pareja y golpeó brutalmente a su hija

En el barrio Alto Comedero de la ciudad de San Salvador de Jujuy, un episodio de violencia de género e intrafamiliar generó conmoción entre los vecinos durante la última semana. Un hombre de 46 años fue detenido hace unos días por la Policía tras protagonizar una agresión física y amenazas de muerte contra su pareja y su hija de 15 años, quien intervino para defender a su madre.

El hecho tuvo como detonante un reclamo económico. El incidente ocurrió en una vivienda del sector conocido como 18 Hectáreas, en Alto Comedero. El hombre ingresó a la casa y exigió a su pareja una suma de dinero. Ante la negativa, lanzó amenazas de muerte y la situación escaló rápidamente de una agresión verbal al ataque físico.

La hija adolescente se interpuso para proteger a su madre, acción que desató la furia del agresor, quien le pegó en el rostro a la menor. Según informó Jujuy al Momento, la intervención del hijo mayor de la familia resultó clave para frenar la situación.

La escalada de violencia se extendió con nuevas amenazas dirigidas a todos los integrantes del grupo familiar. En ese contexto, el hijo mayor, un joven de 20 años, intervino y logró reducir al agresor tras un forcejeo. Inmediatamente, el hijo efectuó un llamado telefónico a la policía, lo que permitió la llegada rápida de los efectivos de la Seccional Nº 63 al domicilio.

Los agentes constataron la gravedad del hecho y procedieron a detener al hombre, quien quedó alojado en la sede policial a disposición de la Justicia, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio Público de la Acusación y el Juzgado de Violencia de Género de la capital jujeña. La madre de la familia fue trasladada a la dependencia policial para formalizar la denuncia y solicitar medidas urgentes de protección para ella y sus hijos.

Un ciudadano identificado como Andrés Bermúdez tendrá que someterse a una cirugía después de recibir un botellazo en el rostro en la noche del sábado 27 de junio de 2026, cuando se encontraba disfrutando del partido entre Colombia y Portugal en un bar del sector de la Primero de Mayo en Bogotá.

La agresión ocurrió en medio de una pelea dentro del establecimiento y lo obligó a pasar la noche en urgencias junto a su esposa embarazada. Por ahora, el ciudadano continúa hospitalizado y está a la espera de un traslado autorizado por la EPS para que le practiquen la intervención correspondiente.

Según relató Bermúdez a Alerta Bogotá, inicialmente intentó detener otra riña en el local: “Nosotros intervenimos porque había una pareja. Eran solamente ellos dos. Les estaban pegando muy duro las personas de seguridad. Junto con un amigo les dijimos: ‘Ya no les peguen más, déjenlos quietos, miren que son dos peladitos, déjenlos quietos, déjenlos que se vayan’”.

El afectado contó que más tarde fue al baño y, al regresar a su mesa vio que había comenzado otra pelea dentro del bar. En ese momento intentó avanzar rápido hacia su esposa, pero un integrante del personal de seguridad lo atacó sin razón aparente.

“Mi esposa me dijo: ‘Cuidado’, pero yo volteé a mirar y el tipo venía encima. Me pegó con una botella. Mi esposa me dijo que era una botella. Yo no alcancé ni siquiera a alzar la mano o defenderme. Nada. Simplemente sentí el golpe y me di cuenta de que comencé a sangrar”, declaró.

Desde que ocurrió el ataque, el ciudadano permanece hospitalizado y está a la espera de que la EPS autorice su traslado a un centro asistencial con capacidad para practicar la intervención que necesita, debido a que el hecho le dejó graves lesiones en su rostro.

En el diálogo con la emisora, el afectado reveló que la noche no dejó a una sola víctima, pues aseguró que una amiga del grupo resultó lesionada por otro miembro del personal de seguridad, que presuntamente la golpeó con un objeto contundente.

Sobre ese episodio, el ciudadano contó más detalles: “Ella estaba con el novio y con tal de defenderlo, se metió en medio, y uno de esos tipos de seguridad, que tenía un separador de los que se ponen en las filas de los bancos, salió corriendo y la golpeó, le alcanzó a tumbar tres dientes”.

El denunciante aseguró que el bar siguió operando al día siguiente

De acuerdo con el testimonio recogido por Alerta Bogotá, Bermúdez les señaló a los policías quién lo había golpeado. Aun así, sostuvo que el trabajador siguió en el lugar como si nada.

“Le dije al policía: ‘Mire, fue esa persona’. Lo alcancé a reconocer. Mi esposa lo reconoció, las otras dos personas que estaban con nosotros lo reconocieron, y no fueron capaces de pedirle la cédula (…) Me tuvieron dos horas en ese bar, esperando los documentos de la empresa logística y de una sola persona, que fue la que le tumbó los dientes a mi amiga. Y la persona que me hizo esto en la cara estaba como si nada”, relató la víctima.

En medio de la entrevista añadió que, según le comentaron algunos de sus allegados, al día siguiente de la agresión el establecimiento seguía funcionando con normalidad. También indicó que, antes de que abandonara el lugar, dos hombres se acercaron para intentar llegar a un arreglo económico.

Su versión indicó lo siguiente: “Se acercaron dos personas: uno haciéndose pasar, porque no sé si era real, por el dueño del establecimiento, y el otro, por el administrador. Se acercaron para negociar, a ofrecernos plata para que no los demandáramos, para que no hiciéramos nada”.

Un paciente ingresó al Hospital Federico Lleras Acosta, en Ibagué (Tolima), sin signos vitales. En ese momento, los especialistas comunicaron la noticia a quienes lo trasladaron con la esperanza de salvarle la vida; sin embargo, su familia no aceptó el diagnóstico y se desató un ataque contra médicos, vigilantes e instalaciones.

De acuerdo con reportes de medios locales como Ondas de Ibagué, el episodio dejó ocho trabajadores afectados, tres de ellos con lesiones de gravedad. La situación derivó en denuncias ante la Policía, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades sanitarias.

El ataque ocurrió en la madrugada del domingo 28 de junio, hacia la 1:40 a. m., y se prolongó durante 20 minutos. Según explicó Diego Padilla, gerente encargado del centro asistencial, citado por Noticias RCN, el paciente llegó al servicio de urgencias, al parecer, tras un presunto caso de suicidio.

Cuando familiares y acompañantes recibieron la noticia del fallecimiento, reaccionaron de forma violenta contra el personal que atendió la emergencia. Incluso, uno de los heridos tuvo que ser llevado a cirugía ese mismo día por la gravedad de una lesión en uno de sus brazos, mientras que los demás seguían hospitalizados con heridas menores.

Padilla describió lo ocurrido: “Un paciente ingresa al parecer sin signos vitales después de un proceso de un suicidio, los familiares y acompañantes al recibir la noticia no la aceptan como tal. Se desencadena esto en un ataque violento contra las instalaciones, pero sobre todo contra la misión médica”.

El gerente del Hospital Federico Lleras Acosta precisó que algunos de los trabajadores quedaron con lesiones graves: “Como resultado tuvimos ocho compañeros de trabajo que resultaron inmersos en el evento. Tres de ellos revistieron gravedad”.

Además de las agresiones físicas, el hospital reportó daños en varias áreas de sus instalaciones. Una vez controlada la situación, personal administrativo del centro asistencial llegó durante la madrugada para iniciar las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con Padilla, desde las 4:00 a. m. del domingo se presentó la denuncia primero ante la estación de Policía y después ante la Fiscalía por los daños causados a la institución. Los trabajadores lesionados también fueron orientados para instaurar las denuncias por las agresiones personales.

El directivo señaló que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes como un ataque contra la misión médica y también indicó que ya fueron enviados los reportes a la Secretaría Departamental para que adelante las actuaciones que correspondan.

Cuatro personas fueron capturadas tras los hechos

En declaraciones a Caracol Radio, el secretario de Seguridad del Tolima, Alfredo Bocanegra, rechazó la agresión y confirmó que hubo capturas tras la intervención de los uniformados de la Policía.

Bocanegra dijo lo siguiente a la emisora: “Las urgencias del Hospital Federico Lleras Acosta sufrieron una afectación notable por parte de algunas personas que se encuentran capturadas quienes llegaron aquí acompañando a un familiar”.

El secretario reiteró que la persona llegó al centro asistencial sin signos vitales y que varios de los presentes estaban aparentemente alicorados cuando atacaron al personal que se encargó de atender la emergencia. Del mismo modo, informó que uno de los lesionados debía ser sometido a una cirugía de mano.

El funcionario se refirió a la misión médica como sagrada: “No se puede agredir, miren la tragedia de esta manera, el padre muerto y cuatro familiares en la cárcel respondiendo por los heridos y los daños ocasionado a la infraestructura”.

Bocanegra cerró con un llamado a la ciudadanía para mantener la calma en situaciones de crisis y respetar la integridad del personal médico que trabaja en toda la región del Tolima.

La detención de un camionero en la ciudad de Bell Ville, provincia de Córdoba, puso en alerta a las autoridades locales luego de que protagonizara una secuencia de alto riesgo en la vía pública.

El incidente ocurrió en las últimas horas, cuando efectivos de la Policía Caminera interceptaron al conductor que circulaba realizando maniobras peligrosas a bordo de un camión.

Al advertir la conducta temeraria del vehículo, los agentes procedieron a detener la marcha para realizar un control de rutina. La situación se tornó tensa cuando el conductor mostró signos evidentes de estar bajo los efectos de una sustancia. El hombre fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado arrojó 2,70 gramos de alcohol en sangre, un valor que excede ampliamente el límite legal permitido para la conducción de vehículos pesados.

La reacción del conductor ante la intervención policial fue violenta y desafiante. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Caminera, el hombre agredió a uno de los efectivos y se resistió activamente al procedimiento. Esta conducta obligó a los agentes a emplear técnicas de reducción para lograr la detención, garantizando así la seguridad de los transeúntes y del propio involucrado.

Durante el operativo y según informó el portal El Doce.tv, los uniformados procedieron al secuestro del camión, en cuyo interior hallaron bebidas alcohólicas, un arma blanca y otros elementos que quedaron a disposición de la investigación. La presencia de estos objetos refuerza los indicios sobre la peligrosidad de la situación y la necesidad de una intervención rápida y eficaz por parte de las fuerzas de seguridad.

El episodio tuvo lugar en una zona transitada de Bell Ville, donde la circulación de camiones es habitual debido a la actividad productiva regional. La intervención de la Policía Caminera se produjo tras recibir alertas sobre la conducción errática del vehículo, lo que motivó un despliegue preventivo para evitar posibles accidentes o daños a terceros.

El conductor enfrenta cargos por conducción peligrosa, resistencia a la autoridad y agresión a personal policial. La investigación busca establecer el recorrido previo del camión y si hubo situaciones de riesgo adicional para otros usuarios de la vía pública. Las cámaras de seguridad y los testimonios de testigos serán claves para reconstruir el episodio.

Detuvieron a un camionero por manejar ebrio en la Ruta 2

Hace un mes, un camionero de 49 años dio positivo en el control de alcoholemia que personal de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires realizaba en el kilómetro 58 de la Ruta 2, a la altura del cruce Etcheverry. Lo sorprendente fue la excusa que le dijo a las autoridades al conocer el resultado: “Me comí una empanadita”.

La pipeta indicó que tenía 0,65 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que supera el límite de tolerancia cero vigente en territorio bonaerense para conductores profesionales.

La escena, registrada por las body cams del personal que trabajaba en el operativo, se volvió pública a través de un video en el que se escucha el diálogo entre el chofer y la agente del Ministerio de Transporte bonaerense.

En cuanto el conductor, la empleada le indicó que detuviera el vehículo y que “vaya bajando y tire la copa que tiene”. El camionero obedeció sin oponer resistencia.

Luego de hacer el testeo y antes de saber el resultado, la funcionaria le recordó: “En provincia de Buenos Aires es cero. ¿Sabía que es cero?”.

Fue al conocer el resultado cuando el conductor ofreció su particular versión de los hechos. “Sí sabía, solamente que me comí una empanadita nomás. Vos sabés que fui a casa a buscar el camión y ahí me invitó mi mamá una empanadita. ‘Bueno’, le dije”, le explicó a la agente.

“Acompañada de un vinito, una cervecita...”, le retrucó la agente. En ese momento, el hombre precisó que fue “un vasito nada más”, para acompañar la comida.

La justificación no alcanzó para torcer el procedimiento. Los agentes de la Subsecretaría le retuvieron la licencia de conducir y labraron el acta correspondiente por la infracción. El conductor circulaba por la autovía provincial que une el Área Metropolitana de Buenos Aires con la costa atlántica, una de las arterias de mayor tránsito de camiones del país.

Desde la dependencia provincial precisaron que el episodio forma parte de los operativos diarios que se despliegan en rutas y caminos bonaerenses, y que el registro en video a través de las cámaras corporales del personal es práctica habitual en esos controles.

La policía indicó que la investigación determinó que, durante el altercado, un guardia de seguridad presuntamente usó una pistola eléctrica. La víctima, un hombre adulto, fue evaluada por el Departamento de Bomberos de Carlsbad y trasladada a un hospital local para recibir tratamiento.

Imágenes difundidas del episodio muestran al guardia sacando el dispositivo y apuntando a centímetros del rostro del hombre, que estaba sin camisa, antes de disparar. Luego se ve a la víctima en el suelo y arrastrándose por la acera mientras algunos transeúntes se acercan para asistirlo.

El portero fue identificado como David Márquez. El sitio de espectáculos TMZ informó que los agentes arrestaron al guardia luego de revisar el video del supuesto ataque y que quedó detenido en la cárcel del condado de Vista, acusado de dos delitos graves: agresión con arma mortal y agresión con pistola eléctrica.

La policía señaló que arrestó a Márquez, de 42 años, residente de San Marcos, bajo sospecha de esos cargos y que el caso continúa bajo investigación. En las imágenes también se observa a los agentes llevándolo esposado.

La respuesta de Park 101

Representantes de Park 101 dijeron al sitio local SanDiegoVille que el portero ya no trabaja para el local. El copropietario dijo: “El video es profundamente perturbador y lo que muestra no refleja la imagen de Park 101 ni de ninguno de nuestros establecimientos”.

Según ese mismo comunicado, el establecimiento rescindió el contrato con el proveedor de seguridad involucrado, coopera con el Departamento de Policía de Carlsbad y realiza una revisión interna sobre la selección, evaluación, contratación y capacitación del personal de seguridad para eventos.

Medios estadounidenses que replicaron el video y reportaron el arresto

El caso fue retomado por medios estadounidenses centrados en noticias de entretenimiento, cultura digital y circulación de videos virales. En esos sitios, el video fue presentado como el insumo para reconstruir lo ocurrido y como el elemento que impulsó su difusión en redes sociales.

Uno de los que difundió el episodio fue TMZ. En la misma cobertura, TMZ señaló que la víctima fue trasladada a un centro de trauma para recibir atención médica y que la policía investigaba el motivo del hecho. Ese enfoque ubicó el eje en el resultado del operativo: la identificación del sospechoso y el inicio de un proceso penal con delitos graves.

El video también fue abordado por Daily Dot, un sitio especializado en cultura de internet y tendencias digitales. En su publicación, describió la grabación como un material que “parece mostrar” a un guardia de seguridad disparando un Taser desde muy corta distancia. Además, afirmó que en otra parte del clip se veía a la misma persona esposada y escoltada por policías.

A diferencia del enfoque de TMZ, Daily Dot remarcó que, al momento de su publicación, las autoridades no habían confirmado públicamente si el guardia había sido arrestado o acusado, y aclaró que el medio no podía verificar de manera independiente la identidad de los involucrados, el lugar del hecho ni la situación procesal.

En paralelo, la circulación del material en Instagram funcionó como motor de expansión del caso. En redes se compartió el video del episodio en las inmediaciones de Park 101 y se replicaron fragmentos que muestran el momento del disparo y la intervención policial posterior.

En ese ecosistema, SanDiegoVille aparece como una de las cuentas que difundieron el clip y amplificaron el tema, en línea con su perfil de noticias y vida urbana del área de San Diego.

En términos de jerarquía informativa, las coberturas revisadas muestran un contraste para el armado de una nota: TMZ presentó la detención y los cargos como hechos ya consolidados y los vinculó a un vocero policial, mientras que Daily Dot optó por un encuadre de verificación más cauteloso, apoyado en el carácter viral del video y en la falta de confirmación oficial que consignó en su propio texto.

Esa divergencia editorial también impacta en el tipo de lenguaje: un registro afirmativo cuando se atribuye a fuentes oficiales, y un registro condicional cuando el sostén es el video y las publicaciones en redes.

El alcalde de El Carmen, Nuevo León, Gerardo de la Maza Villarreal, ofreció una disculpa pública luego de que se difundiera un video en el que aparece involucrado en un altercado con un mesero de la taquería Los Focos Amarillos, ubicada en el municipio de San Pedro Garza García.

Las imágenes, compartidas ampliamente en redes sociales durante los últimos días, muestran al edil ingresando al establecimiento acompañado de una mujer para reclamar una situación relacionada con el servicio recibido previamente en el lugar.

El hecho ocurrió ante la presencia de otros clientes y trabajadores del restaurante, quienes presenciaron la discusión que posteriormente escaló a un intercambio físico.

Versiones señalan inconformidad por la atención en el establecimiento

De acuerdo con los reportes difundidos por diversos medios, el incidente se habría originado después de una inconformidad relacionada con la atención brindada por el personal del restaurante.

Según estas versiones, una integrante de la familia del alcalde manifestó molestia porque su orden no fue tomada de manera inmediata.

Posteriormente, De la Maza y la mujer ingresaron nuevamente al establecimiento para solicitar explicaciones al trabajador que presuntamente los había atendido.

En el video se observa una discusión entre ambas partes. De acuerdo con testimonios citados por medios locales, el mesero explicó que se encontraba atendiendo otras mesas que habían llegado previamente al lugar.

Lo que se conoce del caso

Hasta el momento, los hechos que han sido reportados públicamente incluyen:

• El incidente ocurrió en la taquería Los Focos Amarillos, ubicada sobre la avenida José Vasconcelos, en San Pedro Garza García.
• Los hechos se registraron durante la madrugada del 15 de junio.
• Un video del altercado fue difundido posteriormente en redes sociales.
• El alcalde de El Carmen fue identificado como una de las personas involucradas.
• Tras la viralización de las imágenes, el edil emitió un posicionamiento público sobre lo ocurrido.

Gerardo de la Maza reconoce error y ofrece disculpa pública

Luego de la difusión del video, Gerardo de la Maza publicó un comunicado en el que reconoció que su actuación fue incorrecta.

En el mensaje, señaló que reaccionó de manera equivocada ante una situación que involucraba a su hija y afirmó que permitió que la emoción y la impotencia influyeran en sus acciones.

“Reconozco que mi comportamiento fue incorrecto. Reaccioné de manera equivocada en una situación que involucraba a mi hija y permití que la emoción y la impotencia del momento influyeran en mis acciones. Nada de eso justifica la forma en que actué”, expresó.

Asimismo, ofreció disculpas al personal del restaurante, particularmente a los meseros involucrados, al propietario del establecimiento y a los clientes que presenciaron el incidente.

Anuncian acciones legales y petición de juicio político

Tras la controversia, integrantes del Partido Verde Ecologista de México en El Carmen informaron que buscarán promover distintas acciones legales y políticas contra el alcalde.

Durante una conferencia en el Congreso de Nuevo León, el dirigente municipal del partido, Rodolfo Peña Martínez, señaló que impulsarán una solicitud de juicio político y la presentación de denuncias relacionadas con los hechos difundidos en el video.

Además, indicó que brindarán acompañamiento jurídico a las personas que consideren haber resultado afectadas por el incidente.

Hasta el momento, las autoridades correspondientes no han informado sobre alguna resolución relacionada con el caso.

Quién es Gerardo de la Maza

Gerardo Alfonso de la Maza Villarreal es presidente municipal de El Carmen para el periodo 2024-2027.

Ingeniero en Sistemas de Información por la Universidad Regiomontana, cuenta con experiencia en la administración pública municipal, donde previamente se desempeñó como secretario del Ayuntamiento y alcalde durante dos periodos consecutivos.

La polémica surgida tras la difusión del video ha colocado al edil en el centro de la atención pública en Nuevo León, mientras continúan las reacciones políticas y el seguimiento al caso por parte de distintos actores locales.

La agresión fue repudiada de manera transversal por todo el espectro político y ahora, desde la casa de estudios ubicada en la ciudad de Valdivia (900 kilómetros al sur de Santiago), anunciaron una “suspensión académica según su grado de responsabilidad”, pues se logró comprobar su participación “en los referidos acontecimientos”.

De esta manera, uno de los estudiantes acusados recibió tres semestres de suspensión, otro dos semestres, y los dos restantes, un mes cada uno.

Finalmente, desde la UACH subrayaron que “la universidad tiene una historia construida sobre el rigor académico, el pensamiento crítico y el compromiso genuino con el sur de Chile y el país. Esos atributos no están en cuestión; al contrario, nos orientan en las tareas que vienen, tales como el fortalecimiento de los espacios de convivencia universitaria y de nuestros reglamentos, con el fin de afianzar una cultura interna de diálogo, respeto y tolerancia”, cerraron.

La investigación penal

Cabe recordar que tres de los estudiantes detenidos por la agresión fueron formalizados ese mismo mes por la justicia acusados por el delito de atentado contra la autoridad, quedando en libertad pero con la medida cautelar de arraigo nacional, a pesar de que el Gobierno -que actuó como querellante- y el Ministerio Público pidieron prisión preventiva para ellos.

Los detenidos son dos hombres, estudiantes de bioquímica y pedagogía en historia y ciencias sociales, y una mujer que cursa la carrera de antropología, quienes por ahora deben presentarse ante el juzgado cada dos semanas por los próximos 120 días que dio de plazo el juez para la investigación.

En caso de ser condenados, arriesgan penas de hasta tres años de cárcel, además de multas, las cuales cumplirían en libertad dado su irreprochable historial previo.

Tras la agresión, figuras femeninas de todo el espectro político solidarizaron con Lincolao.

“La violencia política no debe tener ningún espacio en nuestro país. El debate de ideas se defiende con argumentos, nunca con violencia. Todo mi apoyo y solidaridad con la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, ante la condenable agresión que sufrió esta tarde”, afirmó la excandidata presidencial, Evelyn Matthei (UDI).

Por su parte, la exministra de Educación, Marcela Cubillos, entregó “todo el apoyo a la ministra ante el cobarde ataque que acaba de sufrir. Y mucha fuerza a todo el gabinete. Que nadie los calle. La ultra izquierda no tolera que la derecha gane y gobierne”.

Desde la otra vereda, Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, sostuvo que “solidarizo con la ministra Lincolao ante la agresión inaceptable que vivió en la Universidad Austral. Las diferencias se enfrentan con diálogo y democracia, no con maltrato“.

De la misma opinión fue la diputada Ericka Ñanco (FA), quien manifestó que “lo ocurrido con la ministra de Ciencias es inaceptable. En democracia, la protesta es legítima, pero nunca debe transformarse en agresión”.

Una violenta confrontación registrada por cámaras de seguridad terminó con la condena del nicaragüense Michel Manuel García Rojas a cuatro años y tres meses de prisión federal en Estados Unidos, destaca una nota publicada este viernes en el periódico 100% Noticias. Tras cumplir la sentencia, el exmiembro de la Policía Nacional de Nicaragua será sometido a un proceso de deportación hacia su país de origen.

La sentencia, dictada el 16 de junio de 2026, responde a un episodio ocurrido en marzo de 2025 en el estado de Nueva York. García Rojas, quien se encontraba en situación migratoria irregular y ya enfrentaba un proceso de expulsión, fue detenido inicialmente por intento de robo en un supermercado de Róterdam, donde, según la acusación, ocultó mercancía bajo un niño pequeño en un carrito y trató de salir tras pagar solo dos productos de los 158 USD en alimentos que llevaba.

Las autoridades estadounidenses detallaron que, luego del arresto, la Policía de Róterdam notificó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre la situación migratoria de García Rojas y su pareja. El nicaragüense fue esposado y colocado en la parte trasera de un vehículo oficial, pero logró zafarse parcialmente de las esposas y escapar a pie.

El ataque al agente federal y la captura

De acuerdo a la nota, las imágenes de vigilancia muestran a García Rojas alejándose del coche policial antes de ser interceptado por un agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional.

La confrontación, que duró más de un minuto, terminó cuando al menos seis agentes y una pistola eléctrica lograron reducirlo. “Fue necesario el uso de una pistola eléctrica y al menos seis agentes para someterle”, consta en el expediente judicial citado por medios estadounidenses.

Durante el forcejeo, García Rojas golpeó al agente federal “en la mandíbula y lo lanzó contra una puerta”, provocándole lesiones en la mandíbula, cortes en manos y rodillas, y una lesión en la espalda. Los fiscales federales subrayaron que la violencia del enfrentamiento impidió que otros oficiales pudieran acudir de inmediato en auxilio del agente agredido.

El proceso judicial concluyó cuando el acusado se declaró culpable en febrero de 2026 del cargo de agresión, resistencia e impedimento al arresto de un agente federal. El tribunal tomó en cuenta la gravedad de la agresión y el riesgo para la seguridad de los agentes.

Perfil y antecedentes de Michel Manuel García Rojas

Durante la investigación, García Rojas reconoció haber trabajado durante cinco años en la Policía Nacional de Nicaragua, donde también se desempeñó como instructor de tácticas defensivas. Los fiscales lo describieron como un “exinstructor táctico”, según consta en el informe judicial.

Al concluir su condena de 51 meses en prisión federal, García Rojas no obtendrá la libertad plena: las autoridades estadounidenses ya tienen preparado el expediente para gestionar su deportación hacia Nicaragua, país al que será enviado tras cumplir su pena en suelo estadounidense.

En síntesis, Michel Manuel García Rojas fue sentenciado a prisión federal luego de atacar a un agente federal en Nueva York durante un intento de fuga posterior a su detención por robo en un supermercado. Tras cumplir su condena, enfrentará un proceso de deportación, según confirmaron fuentes judiciales federales de Estados Unidos.

A nivel nacional se han conocido varios actos violentos en contra de los agentes de tránsito que trabajan por hacer cumplir las normas, pues algunos conductores imprudentes no solo ponen en riesgo su integridad, sino la de todos los actores viales. Precisamente, por realizar sus labores se ven expuestos ante el peligro por parte de algunos que no toman en serio la autoridad y terminan por atacarlos.

Uno de estos hechos ocurrió en la capital del Tolima y generó indignación entre la comunidad, teniendo en cuenta que un motociclista atacó a un regulador de tránsito en Ibagué tras ser requerido por el uso incorrecto del casco y por hacer un giro prohibido, lo que pudo haber terminado en un siniestro vial.

El hecho ocurrió en la carrera Quinta con calle 122, en la comuna 7, donde el funcionario recibió insultos por parte del individuo que se movilizaba de forma irregular y resultó herido en el rostro tras ser golpeado.

Llama la atención que el criminal lo intimidó con un arma blanca, lo que causó rechazo a nivel nacional, puesto que pudo lesionarlo en el mismo lugar donde adelantaba su trabajo.

Ante la gravedad del ataque se pronunció el secretario de Movilidad de Ibagué, Camilo Martínez, que afirmó que en los últimos meses se han registrado más de 7 agentes de tránsito lesionados en la ciudad. Una cifra que, sin duda, llama la atención y demuestra que es necesario un cambio desde la pedagogía para evitar situaciones similares.

Según el funcionario, el episodio se presentó en el cruce de Comfatolima, un punto que cuenta con regulación oficial por las obras de pavimentación en la Avenida Ambalá.

El regulador afectado, identificado como Abel Martínez, dijo que estaba en labores de control por el alto flujo vehicular asociado a esos trabajos, en el momento que decidió detener al conductor para informarlo de las normas que debía cumplir, a lo que este reaccionó con insultos y golpes.

“Estaba regulando el tránsito cuando llegó un sujeto en una moto BWS negra con azul, vestido con buzo rojo y pantalón claro. Me trató mal, me pegó y me causó una herida en la cara. Además, sacó un cuchillo con el que me amenazó. Todo esto ocurrió simplemente porque se le pidió que utilizara el casco y que no hiciera un giro a la izquierda que está prohibido en hora pico”, aseguró en declaraciones citadas por el medio local Alerta Tolima.

El secretario Camilo Martínez reiteró que el regulador presentará una denuncia por lesiones personales ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se abra un proceso en contra del agresor, teniendo en cuenta que representa un riesgo para la sociedad al portar un arma cortopunzante tipo cuchillo, con la que puede hacerle daño a cualquier ciudadano.

También indicó que la Secretaría de Movilidad radicó denuncias por el delito de violencia contra servidor público por los hechos y que se busca coordinar con la Policía Metropolitana acompañamientos permanentes en zonas de alta congestión ante el riesgo para los trabajadores.

Operativo en Ibagué dejó 18 comparendos y 5 vehículos inmovilizados

La Secretaría de Movilidad y la Policía Nacional realizaron operativo de control y recuperación del espacio público en la carrera Sexta entre calles 39 y 40 y en la calle 38 con carrera Quinta, por las afectaciones causadas por vehículos mal estacionados y la ocupación indebida de andenes y zonas peatonales.

Según declaraciones de Giovanny Posada, director Operativo de la Secretaría de Movilidad, durante el procedimiento se impusieron 18 comparendos por infracciones de tránsito y se ordenó la inmovilización de 5 vehículos que incumplían las normas.

La mayor Yuleyxi Andrade, comandante de la estación de Policía Centro, informó que “se aplicó una suspensión temporal de la actividad comercial en un establecimiento donde se evidenció la afectación por la ocupación irregular de zonas comunes”.

El hecho se registró en las horas de la tarde, cuando, como parte de su labor, la trabajadora solicitó a una pasajera la documentación necesaria para transportar una mascota, en cumplimiento de los protocolos del sistema.

A través de un video, desde la empresa de transporte comenzó a circular la versión oficial de la afectada:

“Comencé la labor como todos los días a las cinco de la mañana. Siendo como las 12:20 del mediodía, llega una usuaria con su mascota. Para ingresar debe tener carné y bozal. Ya estaba agresiva en ese momento, ella como que me quería atacar. Ella comenzó a insultarme y comenzó a pelear con otras usuarias dentro de la ruta”, relató.

La exigencia de carné de vacunación y bozal desencadenó una reacción violenta por parte de la usuaria, que insultó y posteriormente abordó un bus articulado. Minutos después, al descender del vehículo, la mujer buscó deliberadamente a la guarda y la empujó desde una altura de un metro hacia el carril exclusivo de los buses, en la estación Buitrera, en el sur de Cali.

Agregó que “de ver que ella ya se bajó, el operador siguió y en ese momento ella me busca. Sin medir distancia, ella me tiró, me lanzó. Y ahí yo la verdad no recuerdo bien. Cuando ella me lanza, me socorre un operador. Él fue el que me ayudó en todo. Él me llevó hasta la ambulancia, hizo todo el trabajo. Llegó la Fonad, llegaron los supervisores”, continuó.

Tras el ataque, unidades de la Policía Nacional, supervisores de seguridad y personal de reacción inmediata acudieron al lugar. Gracias a la denuncia ciudadana y el despliegue policial, la Secretaría de Seguridad de Cali confirmó la captura formal de la agresora, que deberá responder ante la justicia. La guarda de seguridad también interpuso una denuncia penal para que el hecho no quede impune.

Por su parte, la trabajadora confirmó: “Ya coloqué la denuncia, sí. Pues tengo hematomas, me duele demasiado la parte derecha. Y agradecerle a la empresa, la empresa ha estado muy pendiente de mí. Agradecidos con ellos. Ellos han estado pendientes desde el momento que sucedió el hecho”.

La capitán Juliana Quintana, jefe de Policía del Sistema de Transporte Masivo MIO, entregó detalles del caso y confirmó que la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió varios días de incapacidad por los traumatismos sufridos.

Las autoridades recordaron que el artículo 146 del Código Nacional de Policía contempla multas de $216.474 a $1.731.792 para quienes agredan a servidores en sistemas de transporte.

Además, las autoridades evalúan la posible imputación de delitos como violencia contra servidor público, lesiones personales y tentativa de homicidio contra la señalada responsable, en un proceso judicial que sigue en curso.

Frente a los hechos de violencia en Cali, las autoridades aseguran que no son situaciones aisladas, ya que la ciudad es uno de los focos de violencia más contundentes en Colombia, con más de 7.100 unidades de la Policía, distribuidos en los seis municipios que integran el área metropolitana de Cali, debido a los altos niveles de criminalidad y población.

Las autoridades indican que hay alrededor de 83 grupos delincuenciales y más de mil jóvenes que requieren atención de la población y el Estado en su conjunto.

En el texto, los abogados Joaquín Rúa y Pedro Martín Casas afirmaron que desmintieron las versiones que circularon en las redes sociales sobre la personalidad del imputado. En contraposición, lo describieron como “un joven común, sin antecedentes de ningún tipo, que nunca estuvo involucrado en una situación como esta”.

“No es una persona conflictiva ni ‘buscapleitos’”, remarcaron los defensores. Acto seguido, aclararon que Fay no practica rugby, a modo de refutar los rumores que lo habían vinculado con ese deporte.

Respecto a la acusación de que Fay habría tenido la intención de empujar a la víctima contra un auto de manera premeditada, apuntaron que “sostener que quiso provocar un resultado de esa gravedad es, sencillamente, inverosímil”.

De acuerdo con la información obtenida por el medio marplatense 0223, los representantes legales indicaron que el jueves se presentaron ante la Fiscalía para manifestar la voluntad de Fay de declarar y aportar datos para el esclarecimiento de los hechos.

Aunque la declaración no pudo concretarse ese día, la defensa remarcó que Fay “se encuentra a plena disposición para hacerlo en cuanto la Fiscalía lo disponga” y que cumple con todas las medidas dispuestas en la causa hasta el momento.

Por último, los abogados insistieron en la necesidad de “serenidad” para que la investigación avance sin prejuzgamientos, más allá del “reproche social ya instalado”. Asimismo, reiteraron que están “a entera disposición para colaborar en el esclarecimiento de lo ocurrido, en el ámbito que corresponde, que es el del expediente”.

Los detalles del caso

El joven, de 22 años, fue atropellado por un automóvil en la ciudad de Mar del Plata tras ser empujado durante una pelea ocurrida en la madrugada del domingo en la zona de Playa Grande. La secuencia, registrada en video y difundida en redes sociales, motivó el inicio de una investigación judicial de oficio, según informaron fuentes policiales a Infobae.

El incidente se produjo en la intersección de Primera Junta y Victoria Ocampo, donde varias personas discutían en plena calle. En las imágenes, uno de los presentes empuja a V.L. fuera del grupo. En ese momento, el joven pierde el equilibrio, cae hacia atrás y es embestido de inmediato por un Peugeot 208 blanco que circulaba por Victoria Ocampo. El impacto lo proyecta contra el parabrisas del vehículo.

La reconstrucción realizada por personal de la Comisaría 9.ª indicó que la confrontación se habría iniciado a partir de un incidente de tránsito entre los conductores de dos vehículos. Tras el atropello, los participantes de la pelea se dispersaron y abandonaron el lugar, mientras los testigos registraban la escena con sus teléfonos móviles. Fue así que las imágenes se viralizaron en las horas siguientes.

Por su parte, la víctima fue trasladada al Hospital Público de la Comunidad (HPC) con politraumatismos y, tras recibir atención médica, fue dada de alta. La Unidad Funcional de Instrucción N°4, a cargo de María Constanza Mandagarán, quedó a cargo de la investigación, que fue caratulada como “lesiones dolosas”. La fiscal avaló las actuaciones de la Policía Bonaerense, que inició la causa de oficio.

Actualmente, los investigadores planean tomar declaraciones testimoniales y analizar en detalle las imágenes para identificar al hombre que empujó a la víctima y establecer las responsabilidades de los involucrados. Asimismo, consideraron que la secuencia registrada en video será central para determinar cómo se desarrollaron los hechos y el grado de participación de cada persona implicada.

La derrota de Atlético Nacional ante Junior de Barranquilla en el partido de vuelta, disputado el lunes 8 de junio de 2026, dejó más que el resultado: pese al 1-0 conseguido por los Verdolagas en el Atanasio Girardot, el encuentro terminó marcado por una víctima mortal en medio de enfrentamientos dentro del estadio y por el testimonio de un ciudadano estadounidense que denunció un hecho de intolerancia en Medellín.

Por medio de un video que compartió la tarde del martes 9 de junio desde su cuenta de Instagram, el norteamericano y residente en la capital de Antioquia identificado como AJ Lew (@coachajlew), contó lo que tuvo que vivir con uno de sus amigos mientras estaban disfrutando el juego número de la serie final de la NBA entre los Spurs de San Antonio y los Kicks de Nueva York.

“Anoche apuñalaron a mi amigo en la Setenta (como se le conoce a una de las calles más vivas y rodeada de establecimientos como gastrobares)”, inicia la grabación por parte del usuario en redes sociales.

“Estábamos sentados en el billar viendo el partido de baloncesto, y antes del partido de baloncesto estaba el partido de fútbol (entre Atlético Nacionaly Junior)”, sigue con su recapitulación de los hechos el norteamericano.

Lew precisó que “Nacional, que es uno de los equipos de aquí de Medellín, estaba jugando la final contra un equipo de la costa (Junior), y perdieron. Así que la Setenta estaba llena. Había un montón de hinchas de Nacional. Y nosotros estábamos ahí sentados viendo el partido de baloncesto, tranquilos, ya sabes, sin que pasara nada. Y llegan dos amigos más, en realidad un amigo que vive aquí y su sobrino”.

Pero justo en este punto el estadounidense aclaró que las dos personas que llegaron a acompañarlos estaban luciendo dos camisetas, algo que a él le pareció normal.

“Y cuando llegan están usando camisetas, ¿no? Y no hay nada de malo. Uno lleva una camiseta verde y el otro una camiseta negra. Para el ojo inexperto, todo bien, solo están usando camisetas, ¿verdad?" agregó en narración Lew antes de precisar el por qué esta acción desencadenó algo que él ni ninguno de los presentes se imaginaba que ocurriría.

“El sobrino entra al lugar donde estamos. Nosotros estábamos sentados afuera, en la terraza, y él entra un minuto. Y esos dos colombianos que estaban sentados frente a nosotros nos dicen: ‘Oye, dile a tu amigo que tenga cuidado con esa camiseta hoy’. Y yo les pregunto: ‘¿Por qué? ¿Qué pasa?’ Y me dicen: ‘Es que es una camiseta de Medellín, no es de Nacional’”, detalló Lew.

La situación escaló hasta el punto en que las empleadas del lugar también les hicieron la advertencia.

“Así que fui y le dije (al sobrino de su conocido). Ellos dijeron: “Ok.” Y entonces las chicas que trabajan en el lugar también le estaban diciendo, así que dijeron: ‘¿Saben qué? Mejor vamos a comprar otra camiseta y así ni siquiera tenemos que preocuparnos’. Así que el tío, el sobrino y mi otro amigo van a comprar la camiseta. Y mientras van caminando, creo que al sobrino alguien lo choca", y ahí comenzó lo peor.

“Él (el sobrino) estaba mirando el teléfono, escribiendo o algo, y alguien lo chocó con el hombro. Y él se da la vuelta, y no está tratando de pelear. Solo pensó que se chocó con alguien, así que le dice: ‘Oh, perdón, hermano, tranquilo’. Y el tipo empieza a agitar su camiseta así, hablándole en español. Y él está tratando de decir: “No, hermano, solo estoy de visita”, haciendo alusión a los colores de Atlético Nacional.

A los pocos segundos llegó “un grupo de gente e intentan pelear con él (sobrino), así que el tío va y, cuando llega, como que lo empujan o algo y termina cayendo al suelo. Justo le habían operado la rodilla, y entonces como cuatro o cinco tipos se le tiran encima al tío. Dos tipos están persiguiendo al sobrino y mi otro amigo va para allá, y él es un tipo grande, mide unos 1,96 metros y pesa unos 113 kilogramos. Él va y, según parece, como ocho tipos se le tiran encima y uno de ellos lo apuñala por la espalda. Así que terminó en el hospital. Por suerte, está bien. Solo están revisando que todo esté bien, que no haya hemorragias internas ni nada de eso”.

La trifulca que se armó por una camiseta de color rojo llevó a que Lew reflexionara al final de la grabación sobre la magnitud de lo que presenció y calificó lo ocurrido como “una situación realmente lamentable”.

Para cerrar, el estadounidense aclaró: “Pero cuando estás aquí, si no sabes, es mejor no hacer nada. Lo que quiero decir con esto es que algo tan sencillo como una maldita camiseta de fútbol te puede causar problemas, así que solo ten cuidado, hermano”.

“Ante la gravedad de los hechos sufridos y la preocupación que genera que el responsable continúe en libertad pese a las pruebas existentes, me veo en la necesidad de hacer pública esta situación”, comienza el posteo que compartió en su cuenta de Instagram.

En primer lugar, V.L. pidió que la Justicia “investigue los hechos con la profundidad que merecen”. Y agregó: “Cuando una agresión pudo haber terminado con una vida, el silencio deja de ser una opción”.

De acuerdo con la publicación, el joven solicitó la inmediata detención del hombre que lo empujó y que “se investigue si los hechos podrían constituir una tentativa de homicidio”.

En su mensaje, afirmó que el expediente tramita ante la Fiscalía N°4 de Mar del Plata bajo la figura de lesiones dolosas. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por Infobae aseguraron que hasta el momento no fue presentada ninguna denuncia formal vinculada al episodio.

Las mismas fuentes señalaron que será la Fiscalía General la que determine en las próximas horas qué fiscal deberá intervenir en el caso, siempre y cuando se formalice una presentación judicial.

En otro tramo del comunicado, V.L. explicó que el episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 7 de junio, a la salida de un local nocturno de Playa Grande.

“La violencia comenzó segundos antes del hecho, cuando el agresor me ahorcó y me amenazó de muerte porque le pedí que dejara de discutir con un cuidacoches. Mientras me agredía físicamente, me exigía que le pidiera perdón”, relató.

Y agregó: “Luego me empujó hacia la calle en el momento exacto en que el vehículo Peugeot 208 circulaba, provocando un impacto que pudo haber sido fatal”.

Según su versión, tras el atropello, el agresor escapó del lugar y lo dejó tendido sobre el asfalto.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que un hombre empuja a V.L. durante una discusión en plena calle. Tras perder el equilibrio, el joven cae sobre la calzada y es impactado por un Peugeot 208 que circulaba por la zona. En la secuencia se observa cómo golpea contra el parabrisas del vehículo.

Producto del episodio, el joven fue trasladado al Hospital Privado de Comunidad (HPC) con politraumatismos y recibió el alta horas más tarde, sin lesiones de gravedad.

A través del comunicado, V.L. sostuvo que la gravedad de los hechos justifica una investigación más profunda y una respuesta judicial acorde a lo ocurrido.

“Las amenazas previas, la secuencia registrada en video y la posterior fuga constituyen elementos que, a nuestro entender, justifican una investigación exhaustiva sobre la verdadera entidad del hecho y la adopción de medidas acordes a su gravedad”, expresó.

Por último, pidió colaboración para difundir el caso y reclamó que la Justicia actúe con firmeza. “Por eso pido colaboración con la difusión de este mensaje para visibilizar el caso, evitar la impunidad y reclamar que la Justicia actúe con urgencia y firmeza”, concluyó.

El episodio se produjo sobre la calle Victoria Ocampo y fue registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo la víctima, identificada como Valentín, recibe un golpe que le hace perder el equilibrio y caer hacia la calzada justo cuando circulaba un vehículo.

Según publicó el sitio 0223.com, el conflicto se habría iniciado cuando un cuidacoches de la zona le pidió un cigarrillo al joven. Valentín habría accedido al pedido, pero poco después otro hombre comenzó a insultar al trabajador informal.

De acuerdo con los testimonios recolectados, la víctima intervino con la intención de calmar la situación y pedir que cesaran las agresiones verbales. Sin embargo, lejos de desactivarse, la discusión escaló rápidamente.

Los investigadores intentan determinar las circunstancias exactas del ataque, aunque varios testigos señalaron que el agresor comenzó a exigirle disculpas a Valentín de manera insistente. Incluso, según esas versiones, llegó a colocarse frente a él mientras repetía el reclamo.

Instantes antes del golpe, el atacante habría pronunciado la frase: “Ahora me pedís perdón”. Segundos después, le propinó un golpe en el rostro que provocó que el joven cayera hacia atrás.

Al perder el equilibrio, Valentín fue impactado por un Peugeot 308 que transitaba por el lugar. A pesar de la violencia del choque contra el parabrisas, logró reincorporarse y fue trasladado al Hospital Privado de Comunidad para realizar estudios médicos.

Los profesionales constataron que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que recibió el alta horas después.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4, a cargo de la fiscal Costanza Mandagarán, quien imputó al acusado por el delito de lesiones dolosas mientras avanza la recolección de pruebas y declaraciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

Según pudo averiguar Infobae, la víctima no presentó ninguna denuncia hasta el momento.

El episodio recordó otros hechos de violencia ocurridos tras incidentes viales. En junio de 2025, por ejemplo, un automovilista chocó contra una caravana de motociclistas en Mar del Plata y provocó la muerte de un joven de 18 años, además de dejar varios heridos.

En aquel caso, las cámaras de seguridad y los videos registrados por testigos resultaron claves para reconstruir la secuencia y determinar cómo se produjo el impacto.

Oficiales de la SSC detienen a un hombre de 45 años en la alcaldía Venustiano Carranza tras identificarlo como el sujeto que aparece en un video donde presuntamente agrede a un adulto mayor. La corporación lo asegura en posesión de 20 bolsitas con aparente marihuana y dinero en efectivo, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

La detención se da luego de que el pasado 29 de mayo de 2026 se difunde en redes sociales un video en el que se observa a un hombre golpear a un ciudadano mientras caminaba por calles de la colonia La Michoacana, en Venustiano Carranza, según la SSC. A partir de esa denuncia, la dependencia activa labores de investigación e inteligencia en la zona para ubicar al posible responsable.

Como parte del seguimiento, los uniformados realizan entrevistas con vecinos, montan vigilancia y revisan registros de cámaras de videovigilancia para establecer la ruta de escape y el área de movilidad del individuo, además de obtener su media filiación, de acuerdo con la SSC. Con esa información, intensifican los recorridos en calles cercanas para localizar a alguien con las mismas características.

La SSC informa que durante los patrullajes en la colonia Janitzio, los policías detectan a un hombre que coincide con el perfil buscado. La dependencia señala que el sujeto muestra una conducta inusual mientras manipula bolsitas de plástico similares a las que suelen usarse para la venta de narcóticos.

El aseguramiento ocurre en la avenida Congreso de la Unión y la calle Diagonal, donde los agentes le marcan el alto ante el probable hecho delictivo, según la SSC. En apego a los protocolos de actuación policial, le practican una revisión precautoria.

En esa inspección, la SSC reporta el aseguramiento de una mochila tipo cangurera que contenía 20 bolsitas transparentes con aparente marihuana y dinero en efectivo. Con esos indicios, los policías concretan la detención y resguardan la presunta droga.

La corporación señala que al detenido se le comunican sus derechos de ley y es trasladado ante el agente del Ministerio Público, junto con lo asegurado. La autoridad ministerial determinará su situación legal y dará continuidad a la carpeta de investigación correspondiente, de acuerdo con la SSC.

• La SSC detiene a un hombre de 45 años ligado a un video de presunta agresión a un adulto mayor en Venustiano Carranza.
• El aseguramiento ocurre en Congreso de la Unión y Diagonal; le hallan 20 bolsitas con aparente marihuana y dinero en efectivo.
• El detenido queda a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal y la investigación.

Aumenta el número de ancianos, aumenta el abuso

Entre 2015 y 2030 se espera que en todos los países aumente sustancialmente el número ancianos, y en algunos casos, tristemente también aumentan los abusos de los que esta población es víctima.

A pesar de que sigue siendo uno de los tipos de violencia menos tratados en los estudios que se llevan a cabo y menos abordados en los planes de acción, el maltrato a los ancianos ha comenzado a ganar visibilidad. Es un problema social que merece la atención de la comunidad internacional ya que afecta la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo.

Por esta razón, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, con el fin de expresar de manera global la oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores. (Fuente: ONU)

El maltrato hacia este sector daña también a la familia, a la sociedad y a las instituciones, pues el impacto negativo en su salud física y emocional es inmediato y su atención integral representa un costo económico considerable.

Las estadísticas sobre el maltrato en la vejez son datos alejados de la realidad, debido a que la mayoría de los adultos mayores que lo viven no lo denuncian. Esta situación tiene su origen en distintas razones:

• no aceptan que están siendo maltratados,
• tienen temor a las represalias; pues es el único familiar con el que cuentan,
• creen que es temporal,
• no quieren que su familiar o cuidador vaya a la cárcel,
• desconocen con qué autoridad deben dirigirse,
• o su condición física o cognitiva no les permiten realizar una denuncia.

La conjunción de estos aspectos hace de este tema un asunto complejo. Por fortuna las perspectivas de derechos humanos y de género se han sumado al estudio de este fenómeno favoreciendo su conocimiento y atención. Sumado a ello, el interés de las asociaciones civiles, las instituciones públicas y privadas que trabajan violencia (desde la teoría y la atención directa), han favorecido la generación de nuevas políticas públicas orientadas a combatirlo.

Un hombre es buscado por autoridades de la Ciudad de México luego de que fuera captado agrediendo presuntamente sin motivo a un adulto mayor en calles de la colonia Michoacana, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza.

El caso generó indignación en redes sociales después de que se difundieran imágenes y videos que muestran el momento en que la víctima caminaba por la vía pública antes de ser atacada de manera repentina.

De acuerdo con la información difundida por el periodista especializado en nota roja Carlos Jiménez, el agresor interceptó al hombre de la tercera edad y le propinó un golpe que lo derribó sobre el pavimento.

Como consecuencia del impacto, el adulto mayor sufrió lesiones en el rostro y en la cabeza, luego de golpearse contra el suelo durante la caída.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud actualizado de la víctima, aunque las imágenes difundidas muestran la gravedad de la agresión.

La agresión quedó captada por cámaras

El ataque habría ocurrido en la colonia Michoacana, una zona ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, al oriente de la capital del país.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a un hombre caminando por la banqueta cuando, presuntamente, fue sorprendido por el agresor.

Según los reportes difundidos en redes sociales, no existió una confrontación previa entre ambos ni algún motivo aparente que justificara el ataque.

Tras recibir el golpe, la víctima cayó al pavimento, sufriendo heridas que requirieron atención médica.

La grabación comenzó a circular ampliamente en plataformas digitales, donde usuarios expresaron su molestia y exigieron que el responsable sea identificado y detenido.

Piden apoyo para localizar al responsable

Luego de la difusión del caso, se solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar información que permita ubicar al presunto agresor.

A través de redes sociales también se hizo un llamado para que cualquier persona que reconozca al sujeto proporcione datos a las autoridades correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia capitalina fueron señaladas en las publicaciones donde se compartieron las imágenes del caso.

Hasta ahora no se ha informado sobre alguna detención relacionada con estos hechos ni sobre la posible identidad del agresor.

El incidente ha generado nuevamente debate sobre la violencia contra los adultos mayores y la necesidad de reforzar mecanismos de protección para este sector de la población.

Mientras continúan las investigaciones, familiares, vecinos y usuarios de redes sociales mantienen la exigencia de que el responsable sea localizado y presentado ante la justicia para responder por las lesiones ocasionadas a la víctima.

Por medio de un video que publicó en las redes sociales, la joven aseguró que ella vio los intentos de agresión en contra de la víctima, pero que en ningun momento se unió al grupo de personas que lo estaba hostigando.

“He estado recibiendo demasiadas amenazas y para mí es importante aclarar la situación, ya que se está difundiendo demasiada información falsa”, afirmó la mujer.

Caro aseguró que cuando comenzó la pelea solo se acercó a mirar. “Cuando se presentó la pelea, yo me acerqué únicamente a ver qué estaba pasando”, afirmó, y sostuvo que al llegar ya había personas tratando de controlar la situación “tal vez no de la mejor manera”.

Según su relato, no tuvo contacto físico con el Alexánder: “Yo en ningún momento participé en ninguna agresión. No lo toqué, no lo empujé y tampoco le pegué”, dijo, y enfatizó: “Nunca le pegué, nunca lo toqué ni participé en la agresión”.

En su versión, hubo un momento que le generó enojo durante el altercado. “Hubo un momento en el que él empezó a exhibir sus partes íntimas, lo cual a mí sí me generó indignación”, señaló, y agregó: “Recuerdo haberle dicho cochino, pero fuera de eso no tuve ninguna participación”.

Caro también describió lo que, según ella, vio en la escena. “Yo vi que él se estaba comportando de manera violenta, incluso que golpeó una mujer, que después me di cuenta que era su hermana”, sostuvo.

Sobre lo que publicó posteriormente, dijo que llevó su relato a redes sociales y pidió disculpas por el modo en que se expresó. “Esto lo expresé en redes sociales y pido mis más sinceras disculpas si no me expresé de la mejor forma, si no me di a entender, si me expresé de forma equivocada”, indicó, aunque insistió: “Simplemente expresé lo que vi”.

La mujer negó una acusación que, según afirmó, se viralizó junto con los videos del episodio. “Tampoco es cierto que yo haya gritado que lo ahogaran o que le hicieran daño”, dijo, y agregó: “En los videos que circulan se puede ver perfectamente que yo no hice tales comentarios ni participé en la agresión”.

También explicó por qué no intervino para intentar calmar la situación. “Yo no intervine porque como mujer, entrar en una situación tan alterada, yo sé que no hubiera ayudado a resolver el problema”, afirmó. “Por el contrario, me estaba exponiendo a resultar también agredida. En ese momento también me sentía en riesgo”.

Caro aseguró que en los días posteriores fue señalada como responsable de lo ocurrido. “En los últimos días me han señalado como responsable de lo ocurrido. Me han llamado asesina, me han atribuido acciones que jamás cometí”, afirmó, y denunció: “Están difundiendo mi imagen e incluso sugerido asesinarme de múltiples formas”.

Al cerrar su declaración, sostuvo que no tuvo participación en los hechos que derivaron en la muerte de Avendaño. “Quiero aclarar de manera categórica que yo no tuve absolutamente nada que ver en los hechos que terminaron en tragedia”.

Ministerio de Transporte se pronunció sobre los hechos

Las autoridades colombianas investigan un incidente en el embalse de El Peñol, vinculado a posibles irregularidades en la seguridad de una embarcación turística.

El Ministerio de Transporte advirtió que, si se comprueban infracciones, los operadores podrían recibir sanciones administrativas. Aunque la empresa cumplía con los requisitos documentales, la ministra María Fernanda Rojas destacó que se detectaron fallas de seguridad durante el recorrido, señalando que la protección de los pasajeros debe ser efectiva y no limitarse a la documentación.

Se abrió un proceso para verificar el cumplimiento de normas, especialmente sobre el uso obligatorio de chalecos salvavidas y la prohibición de abordar o consumir alcohol y sustancias alucinógenas. La Ley 1242 de 2008 regula estos aspectos, y la Superintendencia de Transporte supervisa su aplicación. El ministerio evalúa el uso de elementos de protección y la conducta de quienes participaron, advirtiendo que las sanciones se aplicarán si se confirman las faltas.

El caso tomó relevancia porque algunos implicados denunciaron amenazas recibidas después del episodio, y circula un video en el que se observa cómo uno de los jóvenes fue golpeado e inducido a saltar al agua pese a no saber nadar.

Por esto, la investigación considera tanto las condiciones técnicas de la embarcación como la conducta de los presentes. Las autoridades insisten en la corresponsabilidad de operadores, tripulantes y usuarios para evitar tragedias, subrayando que la seguridad náutica depende del cumplimiento real de las normas y de la prevención activa por parte de todos los involucrados.

El Poder Judicial dispuso siete meses de prisión preventiva para dos de los investigados por este hecho, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar todas las responsabilidades penales.

Una cena que terminó en una pesadilla

Según el testimonio de la familia, el adolescente acudió a una pollería de su localidad para cenar un cuarto de pollo. Al momento de cancelar la cuenta, se percató de que no tenía dinero en efectivo y que su celular, con el que pensaba realizar el pago mediante Yape, se había apagado.

Ante la situación, el menor intentó dialogar con los propietarios y trabajadores del establecimiento. Incluso ofreció dejar su teléfono móvil como garantía mientras caminaba hasta su vivienda, ubicada a solo una cuadra del local, para conseguir el dinero y regresar a pagar.

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, la propuesta fue rechazada. En lugar de permitirle solucionar el inconveniente, varios trabajadores del negocio habrían comenzado a golpearlo.

Lo más grave ocurrió después. Según la versión de la víctima y sus familiares, los agresores utilizaron carbón encendido de la cocina de la pollería para quemarle la boca, provocándole severas lesiones en el rostro.

“No puede comer ni alimentarse”

La madre del adolescente, Janet Aguilar Matamoros, relató el dramático estado de salud de su hijo tras el ataque. “Por un cuarto de pollo a mi hijo lo han maltratado hasta llevarlo al hospital. Ahora ni siquiera puede comer, ni alimentarse. Todo lo está consumiendo licuado”, expresó.

La mujer aseguró que las secuelas no son solo físicas. También teme por las consecuencias psicológicas y emocionales que dejará la agresión en el menor, quien cursa el cuarto año de secundaria y ha dejado de asistir a clases debido a su estado de salud.

“Está afectado moralmente y psicológicamente. No está yendo a estudiar. Lo que queremos es que pueda recuperarse y volver a ser el mismo de antes”, manifestó.

Traslado para recibir atención especializada

Debido a la gravedad de las lesiones, el adolescente fue trasladado fuera de Huancavelica para recibir atención médica especializada.

La familia llegó hasta Huancayo en busca de un cirujano que pueda tratar las quemaduras y reducir las secuelas permanentes en el rostro del menor. Según denunciaron, el propietario de la pollería se comprometió a cubrir parte de los gastos médicos; sin embargo, cuestionaron presuntas demoras y cambios de horario en las citas programadas para la evaluación especializada.

La madre hizo además un llamado a las autoridades y profesionales de la salud para que apoyen el tratamiento de su hijo, especialmente en el ámbito reconstructivo y psicológico.

Poder Judicial ordena prisión preventiva

Mientras el adolescente continúa su recuperación, el Poder Judicial de Huancavelica dictó siete meses de prisión preventiva contra Yuri Morales Urichaci, propietario de la pollería, y Jorge Iván Valladolid Apari, trabajador del establecimiento señalado como uno de los participantes en la agresión.

Asimismo, las autoridades informaron que un tercer investigado, identificado como Ronald Efraín Asto, permanece prófugo y es buscado por la justicia.

La medida busca garantizar la presencia de los implicados durante el proceso judicial y evitar posibles actos que obstaculicen las investigaciones fiscales.

Asimismo, la familia informó que ya ha recibido comunicación por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entidad que ha ofrecido apoyo ante el impacto emocional que enfrenta el adolescente.

La violencia dentro de los hogares panameños continúa dejando escenas cada vez más brutales, reflejando el deterioro de los vínculos familiares y de una convivencia que durante años fue considerada la base de la sociedad.

En menos de una semana, las autoridades judiciales procesaron casos que incluyeron el asesinato de un adulto mayor a manos de su propio nieto, agresiones entre hermanas y amenazas de muerte de un hijo contra su madre para exigirle dinero.

Uno de los hechos más estremecedores ocurrió en la comunidad de Los Machos, en el corregimiento de El Palmar, distrito de Olá, provincia de Coclé. Allí, un hombre de 32 años fue enviado a detención provisional por seis meses tras ser imputado por homicidio doloso agravado en perjuicio de su abuelo materno, de 79 años.

De acuerdo con la investigación de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Coclé, el crimen ocurrió la mañana del 23 de mayo de 2026. El informe preliminar de necropsia reveló que el adulto mayor recibió múltiples golpes en la cabeza, rostro, tronco y extremidades, causándole la muerte.

Durante la audiencia de garantías, la Fiscalía solicitó la legalización de la aprehensión y la formulación de cargos. El juez también ordenó la detención provisional al considerar el alto grado de agresividad demostrado por el imputado y el peligro que representaba tanto para la comunidad como para los familiares de la víctima.

Otro caso reciente se registró en El Cruce de Torrijos Carter, en el corregimiento de Rogelio Sinán, distrito de San Miguelito. Allí, una mujer de 40 años fue detenida provisionalmente luego de ser imputada por violencia doméstica en perjuicio de su hermana de 42 años, a quien presuntamente agredió físicamente causándole lesiones en distintas partes del cuerpo.

Según el Ministerio Público, el incidente ocurrió el pasado 17 de mayo dentro de una residencia familiar. La Fiscalía de Familia y el Menor solicitó la medida cautelar argumentando riesgos procesales, afectación de pruebas y el peligro que la imputada representaba para la víctima y otros familiares.

Mientras tanto, en Chiriquí, otro hombre quedó detenido provisionalmente tras ser acusado de violencia doméstica psicológica, hostigamiento y quebrantamiento de medida de protección en perjuicio de su propia madre. La investigación señala que desde febrero de este año el imputado acudía constantemente a la vivienda de la víctima para exigirle dinero mediante amenazas e intimidación.

De acuerdo con las autoridades, el hombre amenazaba con atentar contra la vida de su madre y de su hermana si no accedían a entregarle dinero. Aunque previamente existía una orden de alejamiento, el señalado continuó acercándose a la residencia y mantuvo los episodios de hostigamiento.

Los casos recientes coinciden con un aumento sostenido en las denuncias relacionadas con violencia doméstica, maltrato infantil y agresiones contra adultos mayores en Panamá. Las cifras preliminares del Ministerio Público revelan que entre enero y abril de 2026 se registraron 8,272 denuncias por delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, un incremento de 19.2% en comparación con el mismo período del año pasado.

La violencia doméstica continúa siendo el delito más denunciado en el país. Solo entre enero y abril de este año se contabilizaron 6,089 casos, frente a 5,215 registrados durante el mismo período de 2025, reflejando un aumento de 16.8%.

Las estadísticas también muestran incrementos preocupantes en otros delitos familiares. Los casos de maltrato al adulto mayor pasaron de 288 a 445 denuncias, un aumento de 55%, mientras que los delitos contra la familia crecieron 54%. El maltrato al menor registró 1,412 denuncias en apenas cuatro meses.

Las áreas con mayores aumentos en este tipo de delitos fueron Panamá Oeste, con un incremento de 50%; San Miguelito, con 45%; Herrera, con 37%; y Veraguas, con 28%, según datos del Centro de Estadística del Ministerio Público.

Especialistas en temas de violencia familiar han advertido en reiteradas ocasiones que muchos de estos casos permanecen ocultos durante años dentro de los hogares y solo salen a la luz cuando las agresiones escalan a niveles extremos. Factores como el consumo de drogas y alcohol, problemas económicos, conflictos de convivencia y la falta de atención psicológica suelen aparecer de forma recurrente en este tipo de situaciones.

Mientras las denuncias siguen aumentando, las autoridades enfrentan el reto de fortalecer la prevención, la protección de las víctimas y la atención psicológica dentro de comunidades donde la violencia doméstica se ha convertido en un problema cada vez más visible y frecuente.

Desde febrero de este año un sujeto llegaba en reiteradas ocasiones a la residencia de su madre para exigirle dinero bajo violencia e intimidación, amenazándola con que, si no accedía a sus requerimientos, la asesinaría a ella y a su hermana.

Aunque mediaba una orden de alejamiento como medida de protección a favor de la víctima, el agresor la incumplió reiteradamente al continuar con los mismos episodios de hostigamiento en contra de su progenitora.

Una vez fue denunciado, la fiscalía reunió los elementos de convicción que lograron acreditar el hecho punible y la presunta responsabilidad del imputado.

Esto sirvió para que un juez de garantías legalizara la aprehensión, formulara los cargos y ordenara la detención provisional por el término de la investigación, al considerar el peligro que representa el individuo para la víctima y sus familiares.

En enero pasado una adulta mayor de 60 años de edad fue víctima inicialmente de un intento de femicidio a manos de su hijo, hecho ocurrido en David, provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

Agredida, la mujer presentaba quemaduras en el 20% de su cuerpo, por lo que fue recluida en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional Rafael Hernández, donde posteriormente falleció.

En otro hecho actual, las autoridades ejecutaron una medida cautelar de detención provisional para una mujer de 40 años de edad, a quien se le imputó cargo por la presunta comisión del delito de violencia doméstica en perjuicio de su hermana.

El hecho se remonta al 17 de mayo de 2026, cuando el reloj marcaba las horas del mediodía y en una residencia ubicada en El Cruce de Torrijos Carter, corregimiento de Rogelio Sinán, la imputada agredió físicamente a su hermana de 42 años de edad, causándole lesiones en varias partes de su anatomía.

Ante la agresión y para salvaguardar la integridad de la víctima y sus familiares, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de detención provisional con base en los riesgos procesales tales como la afectación de medios de pruebas, el peligro que la imputada representa para la víctima y la naturaleza grave del delito.

La violencia no descansa, está en todas partes, y a un menor de 17 años de edad se le legalizó la aprehensión y se le imputó por el delito de posesión ilícita de arma de fuego.

El hecho delictivo ocurrió este 22 de mayo en calle I, Paraíso, corregimiento de Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito, cuando el imputado fue sorprendido por unidades de la Policía Nacional en posesión del arma de fuego con características técnicas que aumentan su poder letal, con su respectivo proveedor y tres municiones sin detonar.

El Ministerio Público manifestó que se basó para la solicitud de la medida cautelar en los riesgos procesales, específicamente el riesgo de fuga, el peligro que representa el imputado para la colectividad y los testigos del hecho, así como la naturaleza grave del delito.

Un hombre de 48 años denunció haber sido víctima de una violenta agresión durante la madrugada del domingo en el barrio Matadero de la localidad de Quitilipi. Los agresores lo golpearon con una botella en la cara, provocándole serias lesiones y cortes.

Todo ocurrió cuando la víctima regresaba a su casa. Relató ante la comisaría local que, al descender de su vehículo, fue sorprendido por dos sujetos que lo interceptaron en la vía pública. Según consta en la denuncia policial, los hombres le exigieron dinero de manera inmediata, pero ante la negativa, los hombres recurrieron a la violencia física, utilizando una botella de vidrio como arma.

De acuerdo a lo informado por el portal del Diario Chaco, los individuos dejaron de golpearlo y escaparon al escuchar que un grupo de vecinos se acercaba para auxiliar a la víctima. Ante lo sucedido, la Policía inició actuaciones tendientes a identificar y localizar a los dos hombres señalados como autores del hecho. La investigación contó con la declaración de los residentes de la zona.

En tanto, el hombre agredido recibió atención médica por los cortes sufridos en el rostro. Las lesiones no revistieron gravedad, aunque requirieron curaciones y seguimiento. Posteriormente, el damnificado formalizó la denuncia en la Comisaría de Quitilipi, lo que permitió la apertura de una investigación penal.

Hasta el momento, no se reportaron detenciones vinculadas al caso.

Un episodio de violencia se registró hace dos semanas en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, el cual derivó en la detención de dos personas acusadas de asaltar y golpear a un hombre en la vía pública. El hecho ocurrió en el barrio Tomás Ryan, donde la víctima, un hombre de 32 años, fue interceptada y agredida por los atacantes, quienes escaparon con sus pertenencias. Como consecuencia de la agresión, el hombre fue trasladado al hospital local para recibir atención médica y permaneció en observación hasta que recibió el alta.

La investigación, coordinada por la Fiscalía Penal 2, avanzó rápidamente gracias al análisis de registros fílmicos obtenidos por el Centro de Videovigilancia de la ciudad. Las imágenes permitieron reconstruir los movimientos de los presuntos autores luego del ataque y determinar su identidad. Personal de la Dirección General de Investigaciones identificó a un hombre de 28 años y a una mujer de 22, ambos en situación de calle, como sospechosos principales del robo.

En un operativo realizado en el asentamiento San Francisco, los agentes localizaron y detuvieron a los dos sospechosos. Durante el procedimiento, la policía incautó prendas de vestir y objetos personales que pertenecerían a la víctima. El caso fue caratulado como lesiones y robo calificado en poblado y en banda, una figura penal que contempla agravantes por la modalidad y el contexto en que se produjo el hecho.

Según información brindada por la Policía de Salta, los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan en la investigación. La fiscalía dispuso nuevas medidas probatorias y la ampliación de las tareas investigativas en la zona, incluyendo la recolección de testimonios y el análisis de los elementos secuestrados.

El objetivo de los investigadores es determinar con precisión el grado de participación de los aprehendidos y establecer si hay otros involucrados en la agresión y el robo. Tras recibir el alta médica, la víctima amplió su declaración ante la fiscalía, aportando detalles que serán tenidos en cuenta en la causa.

Los videos del incidente comenzaron a circular rápidamente en TikTok, Facebook e Instagram, mostrando el momento en que el cantante discute con personal del evento y luego se enfrenta físicamente con Moisés Arango, stage manager y técnico del festival. La difusión de las imágenes desató una ola de comentarios entre seguidores del metal peruano y usuarios que cuestionaron lo ocurrido sobre el escenario. Mientras el trabajador denunció haber sufrido una fractura de tabique, el músico admitió sentirse avergonzado por su reacción y aseguró que todo ocurrió en medio de tensiones por la organización del show.

¿Cómo empezó la pelea entre Sebastián Palma y el técnico del concierto?

El altercado ocurrió durante la madrugada del sábado 16 de mayo en el Centro de Convenciones Festiva, lugar donde se desarrollaba el Resurrection of Metal Fest, evento que reunió a varias agrupaciones de la escena metalera nacional. Según los testimonios difundidos posteriormente, el conflicto habría iniciado cuando la banda Blizzard Hunter notó que su presentación sería reducida y que parte de su setlist no podría completarse.

De acuerdo con la versión brindada por integrantes de la agrupación, existieron problemas con los horarios establecidos previamente. Incluso señalaron que otras canciones habrían sido colocadas durante su presentación, interrumpiendo el show en vivo. Esa situación generó molestia dentro de la banda y derivó en reclamos hacia el personal técnico encargado de coordinar los tiempos del evento.

Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran primero una discusión verbal entre miembros del grupo y trabajadores de producción. Segundos después, Sebastián Palma se acerca al stage manager Moisés Arango y ambos terminan enfrentándose físicamente frente al público y otros músicos presentes. En las imágenes también se observa cómo personal de seguridad y algunos asistentes intentan separarlos para evitar que la agresión continúe.

Según relató el propio Arango en declaraciones televisivas, el enfrentamiento dejó varias lesiones en su rostro y nariz. El trabajador aseguró que recibió múltiples golpes y que posteriormente fue trasladado al Hospital Dos de Mayo para recibir atención médica.

“He recibido muchos golpes. Toda esta zona estaba muy golpeada e hinchada. Al final terminé con fractura de tabique”, declaró el técnico, quien además sostuvo que únicamente cumplía funciones operativas relacionadas con el montaje y desmontaje de las bandas siguiendo instrucciones de producción.

El caso tomó aún más notoriedad luego de que algunos asistentes afirmaran que el cantante habría continuado arengando al público mientras el conflicto seguía desarrollándose cerca del escenario. Las imágenes del incidente rápidamente se viralizaron y convirtieron el nombre de Sebastián Palma en tendencia entre usuarios peruanos durante las últimas horas.

Exparticipante de ‘La Voz Perú’ responde y banda emite comunicado

Tras la difusión masiva de los videos, Sebastián Palma decidió pronunciarse públicamente sobre lo sucedido. El cantante, quien participó en la cuarta temporada de ‘La Voz Perú’ interpretando una versión metal de “Gimme! Gimme! Gimme!” de ABBA y formando parte del equipo de Daniela Darcourt, reconoció que reaccionó de manera desproporcionada durante el concierto.

“No me siento orgulloso para nada. Me siento muy, muy avergonzado con todo esto”, expresó el músico al referirse a las imágenes que circulan en redes sociales.

Palma sostuvo que durante la presentación existieron constantes retrasos y problemas de coordinación que terminaron generando frustración dentro de la banda. Según explicó, el horario pactado inicialmente no se habría respetado y eso provocó tensión antes del enfrentamiento.

“Teníamos un horario establecido que no se cumplió. Había mucha frustración por cómo se dieron las cosas”, comentó.

El vocalista también aseguró que no se considera una persona agresiva y admitió sentir vergüenza tras revisar los videos del incidente. “Me ha dado mucha vergüenza ver ese video porque siento que sobrereaccioné”, afirmó.

Mientras tanto, Moisés Arango confirmó que ya inició acciones legales contra el cantante. El técnico indicó que pasó por exámenes médico-legales y que presentará los informes correspondientes dentro del proceso judicial. Además, relató que despertó cubierto de sangre luego de la agresión ocurrida durante el festival.

“Me levanté y era un mar de sangre”, declaró.

En paralelo, la banda Blizzard Hunter publicó un comunicado oficial en sus redes sociales para ofrecer disculpas a los asistentes y reconocer que la situación escaló incorrectamente. En el mensaje, la agrupación señaló que intentó comunicarse con la persona afectada y pidió detener amenazas y mensajes de hostigamiento que comenzaron a aparecer en internet tras la viralización del caso.

Por su parte, la organización del Resurrection of Metal Fest también difundió un pronunciamiento rechazando cualquier acto de violencia dentro o fuera de sus eventos. Los organizadores expresaron su respaldo al equipo técnico y aseguraron que reforzarán las medidas de seguridad para futuras presentaciones, tanto para trabajadores como para artistas y asistentes.

El incidente ocurrió a plena luz del día en una zona conocida como Jardín de los Poetas, al oeste de la ciudad de San Juan, en el departamento de Rivadavia. Allí, un hombre se cruzó con el grupo de ciclistas y le pegó en la cara a Cobarrubia en medio de una discusión de tránsito.

Todo surgió producto de que los ciclistas circulaban en doble fila por una avenida de la zona y complicaban las maniobras para el tránsito que venía detrás. Según el portal “Los Cazadores de Noticias”, el automovilista se molestó por la forma en que transitaban las bicicletas, detuvo su vehículo y descendió para confrontarlos.

La discusión fue filmada y se difundió con rapidez en redes sociales y grupos de WhatsApp. En las imágenes, registradas por Los Cazadores de Noticias, se escucha al conductor reclamar: “¿Yo me tengo que frenar por ustedes? Vos no seas atrevido”, para luego dirigirse directamente a Cobarrubia: “Desde allá te vengo tocando bocina, hacete a la orilla”.

El grupo de ciclistas intentó defender su forma de circular y respondió: “Venimos bien nosotros. ¿Por qué no podés respetar?”. En el punto más tenso del intercambio, el conductor propinó un golpe en el rostro al deportista.

Cobarrubia reaccionó con evidente enojo y lanzó una frase que quedó registrada en el material audiovisual: “Uy, vos no sabés quién p... soy”, mientras intentaba comunicarse por teléfono. El automovilista había reclamado, además, que los ciclistas “ocupaban toda la calle” e impedían el paso normal del resto de los vehículos que circulaban por el sector.

Minutos después de la agresión, personal policial llegó al lugar para intervenir en el conflicto. No obstante, el conductor involucrado huyó antes de ser identificado por los efectivos.

El propio deportista tomó la palabra en un video que publicó tras la viralización de las imágenes. Según su relato, ese día salió a entrenar solo y fue sumando compañeros en el camino hasta conformar un grupo de entre cinco y seis ciclistas que circulaban de a dos. “Este auto nos pasa y nos escupe y directamente se nos tira, nos tira el auto encima. A mí casi me engancha, no sé cómo hice para no caerme”, describió.

Cobarrubia precisó que, al detenerse el vehículo, descendieron siete personas, no solo el conductor. “Directamente a ver si la reacción de nosotros para ya saben qué hacer”, señaló. Ante esa situación de superioridad numérica y con tres adolescentes de 15 y 16 años entre los ciclistas, el excampeón optó por no responder con violencia.

“Tuve que hacerme como que hablaba por teléfono y demás”, explicó, y aclaró que su objetivo era lograr que el agresor se retirara sin que la situación escalara. Indicó también que una mujer policía que circulaba detrás del grupo en un automóvil particular presenció toda la secuencia y le recomendó realizar la denuncia correspondiente.

En su video, Cobarrubia enmarcó el episodio en una problemática más amplia que, según afirmó, afecta a los ciclistas de manera cotidiana. “Un montón de veces se han bajado a agredirte, a patotearte o hasta tirar el auto encima”, sostuvo, y agregó que si el vehículo lo hubiera alcanzado, las consecuencias podrían haber sido graves.

El deportista subrayó que el ciclismo es su medio de vida y que entrenar en la vía pública no es una opción sino una necesidad. “Es mi trabajo, yo vivo del ciclismo”, afirmó, y trazó un paralelo con cualquier trabajador que sale a cumplir su jornada. Reconoció que los grupos numerosos pueden generar inconvenientes en el tránsito, pero planteó que la solución pasa por el respeto mutuo: “A veces perdés más tiempo con el celular en la puerta de tu casa mirando algo que treinta segundos que podés parar y mirar que no venga nadie y pasar bien a un grupo de ciclistas”.

Cobarrubia mencionó también el caso de un colega al que le arrojaron agua hirviendo y que fue víctima de otras agresiones, para ilustrar lo que describió como una conducta reiterada hacia los deportistas de ruta. Cerró su descargo con un pedido de convivencia: “Tienen que respetar el metro y medio”, en referencia a la distancia mínima que la normativa vial exige mantener al adelantar a un ciclista.

El episodio ocurrió alrededor de las 09:30 horas, cuando el agresor ingresó al local y obligó a la empleada que se encontraba detrás del mostrador a que entregara el dinero de la caja registradora. Acto seguido, amenazó con un arma al propietario, quien se encontraba sentado cerca del mostrador.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local. Todo menos el rostro del delincuente, quien vestía una campera de color oscuro junto con una bufanda. Según el relato de la hija de la víctima, el ladrón le mostró el arma y lo golpeó con ella antes de volver a amenazar a la empleada para exigir la recaudación del día.

En ese momento, el propietario se levantó e intentó resistirse, pero instantáneamente fue atacado con una de las banquetas del local. El asaltante le propinó varios golpes en la cara usando el asiento como arma. Ante esta situación, la empleada, identificada como Rita, intervino para frenar la agresión y también resultó golpeada.

“Gracias a Dios estaba con mi papá, porque si estaba solo, lo mataba”, relató la hija del comerciante durante un diálogo con el medio marplatense 0223. Finalmente, la acción de la empleada logró que el delincuente se retirara del local y se escapara corriendo mientras circulaban los vehículos por la calle. Sin embargo, logró escaparse con el dinero de la caja registradora.

Como consecuencia de la agresión, y de acuerdo con la información proporcionada por la hija de la víctima, el hombre sufrió lesiones graves, entre ellas un coágulo en el hemisferio izquierdo del cerebro. Por este motivo, tuvo que ser operado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). La operación fue exitosa y el estado de salud del comerciante evoluciona de forma favorable.

Violento asalto a jubilados en Mar del Plata: los golpearon y huyeron tras enfrentarse a la policía

Una pareja de jubilados, de 86 años, fue víctima de un violento asalto en la madrugada del 15 de mayo en su domicilio de la calle Guido al 1100, Mar del Plata. Según se informó, cuatro personas irrumpieron en la vivienda tras trepar al balcón, sorprendiendo a las víctimas mientras dormían. Los delincuentes los redujeron y golpearon para exigirles la entrega de sus ahorros, joyas y hasta las alianzas de oro.

El operativo criminal se desarrolló con rapidez y organización, dificultando la detección inmediata. Sin embargo, algunos vecinos alertaron a la policía tras escuchar ruidos extraños que interrumpieron la calma nocturna. La llamada al servicio de emergencias activó una respuesta inmediata, debido a que varios patrulleros arribaron al lugar en cuestión de minutos, cuando los ladrones ya habían concretado el robo y se disponían a huir, según el portal del diario La Capital de Mar del Plata.

Al notar la llegada de los agentes, los sospechosos escaparon en un vehículo y abrieron fuego contra los móviles policiales que intentaban interceptarlos. La huida derivó en una persecución durante varias cuadras en la que los delincuentes dispararon contra los patrulleros y arrojaron “miguelitos” a la calzada, lo que inutilizó uno de los vehículos tras pincharle un neumático. Otro patrullero fue impactado por un disparo en el capot, aunque no se reportaron heridos.

En el trayecto de la fuga, los delincuentes emplearon maniobras violentas y elementos metálicos para dificultar el accionar de las fuerzas de seguridad. Finalmente, llegaron a la zona de Magnasco y Rosales, donde abandonaron la Honda CRV blanca utilizada para escapar y huyeron a pie. El vehículo tenía chapas patentes falsas y registraba pedido de secuestro por robo.

Dentro de la vivienda asaltada, los investigadores hallaron una escalera y diversas herramientas utilizadas por el grupo delictivo para el ingreso. Estas pruebas, junto con los testimonios de los vecinos y el análisis de las cámaras de seguridad, son la base de la investigación que ahora encabeza el fiscal Mariano Moyano.

La pareja de jubilados fue asistida por servicios médicos y, pese a los golpes recibidos, no se reportaron lesiones de gravedad que pusieran en riesgo su vida. La investigación prioriza la identificación de los responsables y determinar si el hecho está vinculado a otros robos similares en la ciudad.

Un grave episodio de violencia ocurrió este lunes por la mañana en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, cuando un hombre de 28 años fue detenido tras protagonizar un ataque violento contra su ex pareja.

El hecho tuvo lugar cerca de las 9, cuando una llamada de emergencia alertó a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo en una vivienda ubicada sobre la calle Paraísos.

Al llegar al lugar, personal de las comisarías Primera y Tercera escuchó gritos que provenían del interior de la casa. Los efectivos, al ingresar, confirmaron que el sujeto había irrumpido sin autorización en el domicilio de su ex pareja y la había atacado físicamente. En el inmueble también se encontraban el hermano del agresor, quien intentaba contenerlo, y una niña de apenas dos años.

De acuerdo a lo informado por el portal El Once, la intervención policial no logró calmar la situación. Por el contrario, el hombre reaccionó con violencia ante la presencia de los uniformados. En medio del forcejeo, tomó del cuello a una funcionaria policial, provocándole lesiones por estrangulamiento y hematomas, según detallaron fuentes policiales. La agente fue liberada por la rápida intervención de sus compañeros, aunque el agresor aprovechó la confusión para huir del lugar.

La fuga del sospechoso desencadenó una persecución que se extendió por los fondos de varias viviendas del barrio Unión. De acuerdo con lo informado por la Policía, el individuo saltó tapiales y trepó a los techos de casas vecinas, ignorando las reiteradas órdenes de detención.

Los agentes solicitaron el apoyo del Comando Radioeléctrico para implementar un operativo cerrojo en toda la manzana. Finalmente, el oficial a cargo logró alcanzar y reducir al sospechoso sobre uno de los techos de las viviendas linderas, poniendo fin a la persecución y permitiendo su detención.

Una vez detenido, el hombre de 28 años fue trasladado y quedó a disposición de la justicia. Respecto al estado en el que quedó su ex pareja, trascendió que no presentaba lesiones visibles y decidió no radicar una denuncia formal contra el agresor. El ataque se dio delante de una niña de dos años que se encontraba en la vivienda.

No obstante, la Fiscalía Auxiliar en turno dispuso que el acusado permanezca detenido bajo los cargos de resistencia a la autoridad y violencia de género, en virtud de la gravedad de los hechos ocurridos en el barrio Unión de Concepción del Uruguay.

Los condenaron por violencia y volvió a agredir a su ex pareja

Días atrás, un tribunal de San Juan sentenció a Rafael Arturo Lucero a 6 meses de prisión efectiva en el penal de Chimbas por agredir nuevamente a su ex pareja en 2024, siete años después de haber recibido una condena condicional por hechos similares.

El expediente se reactivó luego de que el agresor, de 42 años, quedó detenido el jueves pasado en el barrio Los Zorzales de Rivadavia tras haber sido declarado prófugo desde el 19 de mayo de 2025, fecha en que no se presentó a Tribunales pese a una orden de comparecencia vinculada a causas de violencia de género.

La condena resolvió un acuerdo de juicio abreviado entre la defensa de L., a cargo de María Filomena Noriega, la ayudante fiscal Virginia Pérez Lloveras y el fiscal Alberto Martínez, de la UFI CAVIG, avalado por la jueza de garantías Celia Maldonado.

La última agresión ocurrió el 9 de octubre de 2024, cuando el detenido atacó a la víctima en una parada de colectivo ubicada sobre avenida Benavídez, frente a la Comisaría N° 30. El episodio fue presenciado por agentes policiales e intervinieron de inmediato para lograr su detención.

En 2017 había recibido un año de prisión condicional por lesionar a la misma persona y enfrentó en aquella ocasión cargos por lesiones leves y amenazas, ambos agravados por el vínculo y por ser cometidos en un contexto de violencia de género. La sentencia de 6 meses fue definida tras reconocer su responsabilidad en los hechos y aceptar el juicio abreviado.

Un adolescente de 17 años fue detenido este último miércoles por la noche en la localidad de Villa Dolores, provincia de Córdoba, acusado de agredir a su madre con una tabla de madera, en un episodio que activó el protocolo de intervención policial y judicial en casos de violencia familiar.

El incidente se registró alrededor de las 22:20 en el domicilio de la víctima. Efectivos de seguridad llegaron rápidamente al lugar luego de que la propia víctima llamara a las autoridades y concretaron la aprehensión del menor, quien, de acuerdo con el reporte oficial, habría atacado físicamente a su madre y le provocó lesiones leves.

Según la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, la agresión se produjo en el interior del domicilio familiar, y la víctima fue asistida en el lugar.

La información oficial brindada por el portal El Doce.tv, señala que el episodio fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales competentes para determinar los pasos a seguir en el proceso.

El adolescente fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, que deberán definir su situación en función de la investigación y las pruebas recabadas. Se informó que la madre de la víctima fue asistida y que presenta lesiones consideradas leves.

En situaciones de violencia familiar en las que el presunto agresor es menor de edad, la ley prevé la intervención de organismos especializados y equipos interdisciplinarios para evaluar tanto el contexto familiar como las eventuales medidas de protección para la víctima. Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre eventuales antecedentes o situaciones previas que involucren al joven.

Un hombre apuñaló a su pareja frente a sus hijos

A finales de abril, un hombre intentó asesinar a su pareja frente a sus hijos en Salta y luego trató de quitarse la vida. El episodio se produjo alrededor de las 18 del martes 21 de abril, según informaron fuentes policiales, y dejó a la víctima en grave estado tras recibir tres puñaladas.

Los vecinos escucharon los gritos de auxilio de los hijos del matrimonio, y de inmediato, avisaron a las autoridades. Los niños, presentes en la casa al momento del ataque, lograron salir y pedir ayuda desesperadamente.

La Policía acudió rápidamente al domicilio. Mientras los efectivos aseguraban la escena, la mujer fue trasladada de urgencia primero a la salita barrial y luego derivada al hospital San Bernardo, donde se encuentra internada en estado crítico. Fuentes consultadas por El Tribuno señalaron que la intervención médica fue crucial para estabilizar a la víctima ante la magnitud de las lesiones sufridas.

De acuerdo con los primeros datos recabados por la Policía, todo comenzó con una discusión entre la pareja que escaló rápidamente. El agresor, cuya identidad se mantiene bajo reserva en esta etapa de la investigación, huyó del lugar luego del ataque. Sin embargo, tras una breve búsqueda en la zona, los efectivos lograron localizar al agresor en el barrio Ceferino, a poca distancia del lugar del hecho.

Al verse rodeado por la Policía, el agresor intentó quitarse la vida, provocándose lesiones leves que requirieron atención médica. Fue derivado al hospital más cercano, donde se constató que su vida no corría peligro. Tras la revisión médica, quedó detenido y fue puesto a disposición de la justicia, en donde podría quedar imputado por intento de femicidio.

Un hombre que agredió a un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, murió luego de que el policía le disparara. Los hechos ocurrieron el pasado martes 5 de mayo.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia capitalina, policías de la Ciudad de México fueron informados, por medio de frecuencia de radio, sobre una riña en la que participaban varias mujeres en la calle Palma Norte esquina con Libertad, en la colonia mencionada.

En ese momento, se señala, un uniformado que realizaba recorridos de prevenciónn pie a tierra en la zona, intervino en la pelea para tratar de concluirla y separar a las involucradas. Sin embargo, en ese momento, de una unidad habitacional salieron varios hombres, y uno de ellos comenzó a golpear al policía en repetidas ocasiones, mismo que se llevó la mano a la altura de la cintura. Al ver en riesgo su integridad, el policía desenfundó su arma de fuego y la accionó contra el agresor, dice el comunicado.

Paramédicos llegaron hasta el lugar e informaron que el sujeto herido, quien contaba con 25 años de edad, ya había perdido la vida, por lo que la zona fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes correspondientes y las indagatorias del caso.

El policía, por su parte, fue presentado ante las autoridades ministeriales para rendir su declaración, mientras personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya integra la carpeta de investigación administrativa interna para colaborar en lo que derive de los hechos.

Cabe destacar que, de acuerdo con información del periodista de nota roja, Carlos C4 Jiménez, el sujeto que perdió la vida respondía al nombre de Roberto Alanís, quien era apodado El Soldado y quien, según el comunicador, pertenecía a La Antiunión Tepito, un grupo delictivo capitalino que mantiene rencillas con La Unión Tepito.

De acuerdo con C4 Jiménez, a El Soldado ya lo habían detenido anteriormente por agredir a policías a golpes y por portación de armas.

El reportero acusó que el occiso había sido detenido hace 9 años, en 2017, en la alcaldía Iztapalapa por golpear a un agente. En 2022 y en 2024 también habría sido detenido en Ecatepec y Tecámac, respectivamente, por portación de armas.

En una publicación realizada en su cuenta de X, el periodista también acusó que presuntamente El Soldado se encontraba armado al momento de la agresión y que, tras haber sido agredido por el policía, un sujeto se acercó a él y le retiró el arma para meterse dentro de una vecindad.

En un video mostrado por el periodista, se ve el momento en el que las mujeres pelean a golpes, cuando el policía se les acerca para separarlas y el sujeto que murió se acerca al elemento policiaco para agredirlo a golpes. Tras esto, el policía saca su arma de fuego y la acciona contra el agresor.

La acusación formal identificó al hombre como Yona Schreiber, de 36 años, originario del asentamiento de Peduel, en la Cisjordania ocupada por Israel. Esto ocurre después de que un video de la agresión recibiera una amplia condena por parte de líderes extranjeros y cristianos.

Schreiber fue arrestado la semana pasada, y el fiscal general de Israel recomendó extender su detención mientras dure el proceso judicial. El abogado de Schreiber se negó a hablar con un periodista de Associated Press en el tribunal.

Según la acusación, Schreiber atacó a una mujer en Jerusalén, justo a las afueras de la Ciudad Vieja, porque llevaba un hábito que la identificaba como monja católica. La empujó y luego la pateó mientras yacía en el suelo, y también atacó a un transeúnte que intentó detener la agresión, según consta en la acusación.

Schreiber está siendo acusado de agresión simple y de agresión motivada por hostilidad religiosa.

Olivier Poquillon, director de la Escuela Francesa de Investigación Bíblica y Arqueológica, afirmó que la monja era investigadora de la escuela. En una publicación en X, calificó el ataque como un “acto de violencia sectaria”.

Grupos religiosos han documentado un aumento de los actos de acoso y violencia contra peregrinos y clérigos cristianos, así como contra residentes cristianos palestinos, incluyendo agresiones y escupitajos, a menudo perpetrados por judíos ultraortodoxos extremistas.

La detención se produce en un momento en que el trato que Israel da a las minorías religiosas está bajo escrutinio, semanas después de que la policía limitara el acceso a los lugares más sagrados de Jerusalén para el culto durante las festividades debido a preocupaciones de seguridad en el contexto de la guerra con Irán.

Al patriarca latino, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, se le prohibió celebrar una misa privada en la Iglesia del Santo Sepulcro el Domingo de Ramos, siendo la primera vez en siglos que a líderes católicos se les impide celebrar el Domingo de Ramos en dicha iglesia. Tras el revuelo, la policía de Jerusalén finalmente llegó a un acuerdo para que se celebrara una misa de Pascua con aforo limitado en la iglesia.

Israel también recibió críticas internacionales después de que un soldado se fotografiara golpeando con un hacha una estatua caída de Jesús en la cruz en el sur del Líbano. Posteriormente, los líderes israelíes se desvincularon del incidente y anunciaron que el soldado sería reprendido, además de ayudar a los residentes locales a reponer la estatua.

El ejército israelí también abrió una investigación sobre un soldado fotografiado introduciendo un cigarrillo en la boca de la estatua de la Virgen María, fotografía que, al parecer, fue tomada hace varias semanas. El ejército declaró que considera el incidente con la máxima seriedad. Asimismo, han surgido preguntas y preocupación sobre la demolición parcial de un convento católico en el sur del Líbano por parte de soldados israelíes.

El mes pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel nombró al ex embajador George Deek como enviado especial para el mundo cristiano, en respuesta a los incidentes. Deek había sido anteriormente embajador de Israel en Azerbaiyán y fue el primer embajador árabe cristiano de Israel.

Deek condenó al soldado que fue filmado fumando un cigarrillo junto a una estatua de la Virgen María, y recalcó que Israel “está comprometido con la preservación de la libertad religiosa y la dignidad de todas las religiones”.

La declaración fundacional de Israel incluye la salvaguarda de la libertad de religión y de todos los lugares sagrados, y se presenta a sí misma como un oasis de tolerancia religiosa en una región inestable.

Sin embargo, algunas autoridades eclesiásticas y grupos de vigilancia han lamentado un reciente aumento del sentimiento anticristiano y el acoso. El problema es particularmente acuciante en la Ciudad Vieja de Jerusalén, una zona densamente poblada con callejones estrechos de piedra antigua, que alberga lugares sagrados para el judaísmo, el cristianismo y el islam.

Wadie Abunassar, coordinador del Foro Cristiano de Tierra Santa, afirmó la semana pasada que los ataques contra cristianos son un fenómeno creciente. Atribuyó la rápida respuesta al ataque contra la monja al hecho de que fue grabado en vídeo.

Dijo sentir “una gran rabia contra el sistema y una gran tristeza, porque presiento que esto no terminará pronto”. Uno de los problemas, según él, era la falta de medidas disuasorias contra este tipo de violencia.

“Muchas veces, en estos casos, no hay arrestos, y si los hay, a veces, después de uno o dos días, los sospechosos son liberados”, agregó. “En algunos casos, la policía no recomienda a la fiscalía que presente cargos ni que los acuse formalmente. Y en algunos casos, cuando se presenta una acusación formal, esta es leve”.

(con información de AP)

El hecho ocurrió esta mañana en la intersección de Av. Colón y Boulogne Sur Mer, en el barrio Quebrada de las Rosas, y terminó con la mujer mayor de edad a disposición del magistrado interviniente.

Todo comenzó a bordo de la unidad de transporte público, donde la mujer subió con una actitud violenta que de inmediato generó alarma entre los presentes. El conductor del colectivo relató a los efectivos que la pasajera dijo insultos tanto hacia él como hacia el resto de los viajeros desde el momento en que abordó el vehículo. Ante la continuidad de la situación, el chofer solicitó la intervención policial.

El personal de Cordobeses en Alerta llegó al lugar y, al intentar reducirla, la mujer opuso resistencia. Lejos de ceder, agredió a uno de los uniformados y le provocó un corte en una de sus manos. La lesión al efectivo derivó en la detención inmediata de la agresora.

La mujer quedó detenida a disposición del magistrado interviniente, quien determinará los pasos a seguir en el marco de la causa.

El antecedente de una pelea entre un colectivero y un pasajero en Flores

Un incidente de gravedad sacudió la Ciudad de Buenos Aires cuando un colectivo de la línea 113, que cubre el trayecto entre Barrancas de Belgrano y San Justo, fue escenario de una pelea a puñetazos entre el conductor y un pasajero.

Todo comenzó cerca de las 23:15 del pasado 25 de enero, en el cruce de Avenida Rivadavia y Nazca, en el barrio porteño de Flores. En un momento de extrema tensión, el chofer dejó el volante y se fue a las manos con el pasajero, mientras la unidad continuaba su marcha sin nadie al mando.

Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales en las últimas horas, registran cómo el colectivo avanzó sin conductor: cruzó semáforos en rojo y circuló varios metros en contramano en plena Avenida Rivadavia, con el riesgo que eso supuso tanto para peatones como para otros automovilistas.

En medio del caos, uno de los pasajeros saltó del vehículo en movimiento para escapar del peligro antes de que el colectivo se detuviera. Todo ocurrió en cuestión de segundos, aunque la preocupación generada se extendió mucho más allá del momento.

Tras la difusión de los videos, la empresa de transporte actuó con rapidez y dispuso el despido inmediato e irrevocable del chofer. Según informó TN, el conductor ya había exhibido comportamiento agresivo durante su tiempo de servicio, aunque no trascendieron mayores detalles sobre antecedentes previos.

En un audio dirigido a sus compañeros, el propio conductor intentó justificar su accionar: “Me defendí, la medida es injusta”, afirmó, de acuerdo con la señal de noticias.

Horas más tarde, ya en la madrugada del 26 de enero, efectivos de la Policía de la Ciudad se hicieron presentes en el cruce de Rivadavia y Nazca tras recibir el aviso de transeúntes por la pelea entre el chofer y el pasajero.

Ante la fuerza porteña, el pasajero denunció haber sido golpeado por el conductor y presentaba signos de haber consumido alcohol. El chofer, por su parte, sostuvo que su reacción fue una respuesta ante la actitud amenazante y los disturbios previos del pasajero.

La Unidad de Flagrancia Oeste tomó intervención y ordenó la detención de ambos. El conductor quedó imputado por lesiones, en tanto que el pasajero fue acusado por amenazas.

El caso salió a la luz luego de que las madres detectaran lesiones visibles en el cuello de una de las menores. Posteriormente, ambas niñas relataron lo ocurrido a sus familiares, quienes acudieron al colegio para exigir explicaciones a las autoridades educativas.

En conversación con ATV, una de las madres explicó cómo descubrieron el hecho. “Nos dimos cuenta por la otra compañerita que tenía su chupete en el cuello. Después empezamos a preguntarles y las dos niñas empezaron a decirnos lo que sucedió”, relató.

Amordazada y amarrada

Según el testimonio de una de las madres, una de las niñas fue encontrada dentro de los servicios higiénicos amordazada y con las manos atadas. La otra menor habría ingresado a buscarla debido a la demora, pero también terminó retenida por los escolares.

“La encontró dentro del baño con cinta de embalaje en la boca y con sus manitos atadas atrás con un cordoncito de un zapato”, declaró la mujer en conversación con ATV.

Asimismo, otra madre denunció que su hija fue sujetada por uno de los estudiantes mientras intentaba auxiliar a su compañera. “Sí, mi hija tenía un chupete en el cuello y cuando le preguntamos, ella nos dijo que cuando fue a auxiliar a su compañera vino otro niño, la sujetó de las manos, la agarró por la parte de atrás, empezó a tocarla y le besó el cuello”, manifestó.

“Les dijo que era un juego”

Las madres señalaron que la docente del aula habría tenido conocimiento de lo sucedido, pero no informó a los padres ni reportó el incidente de inmediato a las autoridades del plantel. Además, habría minimizado el hecho como un juego de niños.

“Ella les dijo que era un juego, que regresaran al salón y que no alarmaran a los papitos”, señaló una de las denunciantes, quien se mostró notablemente indignada por la falta de acción de la profesora.

Los familiares cuestionaron además que la dirección del colegio no adoptara medidas inmediatas tras la denuncia. Según indicaron, acudieron al plantel para pedir explicaciones, pero aseguran que no recibieron respuestas claras sobre lo ocurrido ni sobre las acciones tomadas frente a los estudiantes involucrados.

Padres exigen investigación

Tras conocerse el caso, varios padres decidieron no enviar a sus hijos a clases y permanecieron en los exteriores de la institución educativa para exigir garantías de seguridad.

“Queremos justicia. Mi hija no está segura en este colegio”, expresó una de las madres afectadas. Los familiares solicitaron la intervención de las autoridades educativas y organismos de protección infantil para investigar los hechos y determinar responsabilidades.

De acuerdo con el citado medio, la directora del colegio, identificada como Miriam Vergaray López evitó pronunciarse sobre las denuncias realizadas por los padres de familia. Hasta el momento, la institución educativa no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso.

Un policía de Santa Fe sufrió una fractura en el cráneo, luego de que resultara gravemente herido durante un operativo en la localidad de Casilda. Luego de que solicitaran asistencia policial para frenar un enfrentamiento entre dos familias, los agentes fueron agredidos a los piedrazos por los involucrados.

Todo ocurrió el viernes por la noche en el barrio Alberdi, cuando varios móviles policiales arribaron al lugar para ponerle fin a una violenta pelea callejera. En ese momento, observaron una gran cantidad de personas, diferenciadas en dos bandos, que se agredían mediante el lanzamiento de objetos.

En este contexto, los efectivos intentaron restablecer el orden público y, luego de agotar toda instancia de diálogo, disuadieron la situación utilizando una escopeta con cartuchos anti-tumulto. Aunque inicialmente se logró dispersar a los presentes, el conflicto se reanudó poco después, lo que obligó a la policía a regresar al sitio.

En esta segunda intervención, los agentes lograron detener a dos personas. Como consecuencia, los familiares de los detenidos adoptaron una postura hostil hacia el personal policial, por lo que les arrojaron piedrazos a los uniformados.

De acuerdo con la información publicada por Rosario 3, uno de los efectivos sufrió una grave lesión como resultado de estos hechos. Por este motivo, el oficial fue trasladado al Hospital San Carlos de Casilda con diagnóstico de fractura de cráneo, producto de los golpes recibidos en medio del operativo. La secuencia de violencia también dejó daños materiales en dos unidades policiales.

Amenazaron con una jeringa a una inspectora de tránsito durante un operativo de control

Un hombre intentó agredir con una jeringa a una inspectora municipal en la ciudad de Rosario, tras ser advertido por la agente mientras gestionaba la remoción de un auto mal estacionado sobre una plataforma de bicicletas públicas.

El episodio, ocurrido el miércoles 24 de abril por la tarde en avenida Francia al 700, derivó en una denuncia penal y la intervención policial. Asimismo, se confirmó que las autoridades investigan si el atacante cumple funciones como cuidacoches.

La inspectora se encontraba labrando el acta de infracción y solicitando una grúa cuando fue interceptada por un hombre que la insultó y amenazó con una jeringa. De acuerdo con el video aportado a la denuncia, el individuo expresó que “nadie se iba a llevar el auto de ahí”. Luego, se autoinfundió la aguja en el brazo y trató de atacar de la misma manera a la agente.

La trabajadora municipal dio aviso inmediato al 911. Cuando arribó la policía, el hombre intentó clavar la aguja a uno de los efectivos, por lo que fue reducido y detenido en el lugar. El secretario de Control y Convivencia municipal, Diego Herrera, informó a El Tres que el agresor quedó alojado en la comisaría 2ª y que, además de la denuncia policial, se inició una instancia penal para restringir su presencia en la zona.

De la misma manera, Herrera detalló que el individuo “no estaba en sus cabales” y que aparentemente presenta “problemas de consumo”. En este contexto, relató: “Se clavó una jeringa en su brazo y la amenazó con hacerle lo mismo”.

Por último, el secretario de Control y Convivencia municipal manifestó que “las inspectoras e inspectores cumplen una función clave para el orden y la convivencia en la ciudad, y no vamos a tolerar este tipo de agresiones. Vamos a acompañar a la trabajadora y avanzar con las acciones correspondientes”.

La investigación penal permanece abierta para determinar el vínculo del agresor con la actividad de cuidacoches y establecer las condiciones en las que se produjo el incidente. Hasta el momento, no se confirmó si el hombre se desempeñaba como “trapito” o cuidacoches en la zona. No obstante, remarcaron que la restricción de acercamiento a la zona busca prevenir nuevos episodios y proteger a los trabajadores municipales involucrados.

Las imágenes difundidas muestran el momento en que Bon Blas, identificado también como exdirector o exgerente regional de Producción, se abalanza sobre el suboficial de tercera Jean Pierre Reátegui Tafur y lo ataca dentro de la sede policial. La escena provocó una fuerte reacción pública no solo por la brutalidad del hecho, sino también porque el efectivo terminó con una fractura de tabique nasal y la fiscalía dispuso la libertad del intervenido, una decisión que ahora ha encendido la controversia en Loreto.

El ataque quedó registrado en cámaras durante la diligencia policial

El hecho ocurrió cuando Bon Blas fue trasladado a una oficina de la Unidad de Flagrancia para pasar por el examen de ley. El intervenido había sido detenido en aparente estado de ebriedad luego de una intervención previa vinculada a un accidente de tránsito en el distrito de Punchana, en Iquitos. Según los reportes, durante ese proceso se encontraba en instalaciones policiales a la espera del procedimiento médico y administrativo correspondiente.

En medio de esa diligencia, el exfuncionario habría aprovechado un descuido para reaccionar de forma violenta. Las cámaras de seguridad captaron el instante en que toma de la cabeza al suboficial Reátegui Tafur y le propina tres rodillazos en el rostro, específicamente en la nariz. El ataque fue tan rápido como agresivo, y provocó que el efectivo cayera en una situación de evidente desventaja dentro de la sala, y terminó por fracturarle el tabique.

Tras el ataque, otro efectivo policial ingresó a la sala para auxiliar a su compañero y reducir al agresor. Reátegui Tafur respondió al forcejeo empujando a Bon Blas contra la pared, con el apoyo de un colega que finalmente logró derribarlo y enmarrocarlo. Todo ello ocurrió en la misma oficina donde debía continuar la diligencia por alcoholemia.

La gravedad de la lesión quedó confirmada luego de la evaluación médica. Según informó la familia del agente, el suboficial continúa con tratamiento a base de analgésicos, antibióticos y una próxima inmovilización con yeso, para corregir la fractura y evitar mayores complicaciones respiratorias. Incluso se indicó que, en una siguiente etapa, requerirá una operación para su recuperación total.

La liberación del exfuncionario desató cuestionamientos a la fiscalía

Pese a la existencia del video y a las lesiones sufridas por el policía, la fiscal adjunta provincial Katherine Melissa Gonzáles Cahuaza, de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, dispuso la liberación de Alfredo Arturo Bon Blas. Esa decisión fue confirmada por los medios que dieron seguimiento al caso y generó inmediatas críticas desde la Defensoría de la Policía.

Máximo Ramírez, representante de esa institución, cuestionó duramente la medida y sostuvo que no se entiende por qué la fiscal decidió dejar en libertad al agresor. Según explicó, la evidencia del dosaje etílico demostraría que el intervenido sí fue sometido al procedimiento, pero la calificación jurídica aplicada al caso no habría sido la correcta. Desde su perspectiva, el hecho no solo implicaría una agresión física, sino también una afectación al principio de autoridad.

Ramírez incluso anunció una denuncia contra la magistrada por presunto prevaricato, al considerar que la resolución carecería de sustento. En declaraciones difundidas por América Noticias, señaló que la conducta del intervenido no puede ser minimizada porque el suboficial estaba cumpliendo funciones en una intervención oficial. Además, remarcó que el uso de ropa de civil por parte del agente no elimina la condición de autoridad en ejercicio.

La familia del suboficial también salió a pronunciarse. Leydi Tafur, madre del policía herido, calificó la liberación como una humillación y expresó su malestar por la decisión fiscal. Según su testimonio, el daño no se limita a la lesión física de su hijo, sino que también existe un impacto moral y profesional. “Es indignante”, dijo al cuestionar que el agresor haya recuperado su libertad pese a la evidencia registrada por las cámaras.

La madre del efectivo sostuvo además que su hijo continúa afectado por la fractura y que la recuperación será lenta. En su mensaje público, también pidió que el caso no quede impune y que se investigue con detalle lo ocurrido dentro de la dependencia policial. La familia insiste en que el video, la atención médica y el testimonio de los agentes involucrados deberían ser tomados en cuenta para revisar la decisión adoptada por el Ministerio Público.

Un acto de violencia a bordo de un catamarán turístico en Hawái dejó en estado de conmoción a pasajeros y tripulación, marcando un hecho sin precedentes para la industria local.

De acuerdo con Fox News, Avery Nissen, un joven de 21 años oriundo de Kansas, fue arrestado tras atacar por sorpresa a Stanley Lurbiecki, capitán de 62 años, cuando la embarcación regresaba al puerto de Honokōhau en Kailua-Kona.

El episodio se produjo durante una excursión de tres horas organizada por Hawaii Nautical, con un reducido grupo a bordo: el capitán, un tripulante, el agresor y dos familiares de este, su madre y su hermano.

Reacción inmediata y gravedad del ataque

La policía de Hawái detalló que Nissen tomó un cuchillo filetero de casi 26 centímetros (10 pulgadas) de la cocina del barco y apuñaló a Lurbiecki por la espalda sin mediar palabra, justo cuando faltaban unos 30 minutos para llegar a puerto.

Según Big Island Now, el capitán sufrió heridas en la cabeza, manos y abdomen, y perdió casi la mitad de su sangre. Pese a la gravedad, Lurbiecki logró mantener el control de la embarcación y guiarla hasta tierra firme, donde fue trasladado al Kona Community Hospital.

Tras el ataque, el agresor se sentó en calma junto a su madre y permaneció así hasta la llegada de la policía, sin oponer resistencia.

La intervención rápida del tripulante y los pasajeros fue crucial para salvar la vida del capitán. Según relató la propia víctima a Big Island Now, en más de 35 años de trayectoria profesional nunca había enfrentado una situación similar. Lurbiecki permanece hospitalizado y su recuperación ha requerido varias transfusiones sanguíneas.

Investigación policial y proceso judicial

Avery Nissen fue imputado por intento de asesinato en segundo grado, agresión en primer grado y agresión en segundo grado, con una fianza impuesta de USD 1,57 millones. Según la policía local y Fox News, la audiencia judicial inicial de Nissen se fijó para el lunes en la Corte de Distrito de Kona.

Las autoridades, hasta el momento, no pudieron identificar ningún motivo aparente o provocación que haya desencadenado el ataque, el cual se produjo en completo silencio y sin discusión previa.

La policía de Hawái difundió un pedido de colaboración a cualquier persona con información sobre el caso, poniendo a disposición los datos de contacto del detective Bradley Llanes.

Hasta ahora, no se informó si Nissen cuenta con representación legal ni se conocieron declaraciones de sus familiares. Tampoco se divulgaron antecedentes psiquiátricos o policiales del atacante.

Impacto en el sector turístico y debate sobre la seguridad

El incidente, ocurrido en una embarcación de Hawaii Nautical, empresa dedicada a excursiones por el principal archipiélago hawaiano, generó un fuerte impacto en el sector turístico por la violencia insólita del hecho.

Mark Towill, presidente de la compañía, destacó a Fox News la profesionalidad y el temple de su equipo, así como la importancia de la rápida intervención de los presentes para evitar una tragedia de mayores proporciones: “Estoy increíblemente agradecido de que nuestro equipo esté a salvo y de que la situación haya tenido este desenlace”.

Tanto autoridades como operadores turísticos manifestaron su preocupación por la falta de antecedentes similares en la región y la necesidad de revisar los protocolos de seguridad en los tours náuticos. El caso reabrió el debate sobre cómo proteger a trabajadores y a turistas en actividades recreativas en alta mar. Las autoridades insisten en la importancia de que cualquier testigo aporte información para esclarecer los hechos y avanzar en la investigación.

Integrantes del grupo delictivo conocido como La Chokiza agredieron físicamente a un menor de 14 años en la colonia Héroes de la Independencia, municipio de Ecatepec, Estado de México. Así lo dio a conocer el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, quien además, en sus redes sociales, compartió un video en el que se ve el momento de la agresión.

El ataque ocurrió frente a una niña pequeña, hermana de la víctima, quien presenció la escena entre lágrimas. Los hechos se desencadenaron por una presunta deuda económica atribuida al tío del adolescente, a quien los agresores buscaban localizar.

El incidente quedó registrado en cámaras de seguridad. Un primer sujeto, vestido con sudadera negra y a bordo de una motocicleta, llegó al domicilio y preguntó insistentemente por el paradero del tío. Al no obtener respuesta, aguardó en la calle y minutos después arribó un segundo individuo, identificado como “El Mudo”, en una camioneta blanca. Tras algunas llamadas telefónicas, este último golpeó al menor y trató de despojarlo de su teléfono móvil. El adolescente fue sacado a la vía pública y golpeado nuevamente, aunque logró escapar de sus agresores.

Posteriormente, los integrantes de La Chokiza ingresaron sin autorización a la vivienda para buscar al deudor. Al no encontrarlo, amenazaron de muerte a las mujeres de la familia, exigiendo el pago de 200 mil pesos y advirtiendo represalias en caso de incumplimiento. El miedo provocado por la agresión obligó a la familia a abandonar su hogar de manera definitiva.

Según reportes de seguridad, La Chokiza mantiene una presencia activa en Ecatepec pese a los operativos implementados en la zona. La organización se dedica principalmente a la extorsión, el narcomenudeo y la violencia contra deudores, utilizando la intimidación y ataques directos como mecanismo de presión. Actualmente, el grupo está bajo el mando de David “N” tras la captura de su hermano Alejandro “N”, alias “El Choko”, quien lideró la agrupación hasta su detención.

El caso provocó indignación y preocupación entre vecinos y autoridades locales, pues evidencia la vulnerabilidad de menores y familias ante los métodos de cobro violentos de las bandas criminales. Hasta el momento, no se reportó la detención de los responsables, a pesar de la evidencia en video difundida en redes sociales y medios de comunicación.

Las autoridades continúan con las investigaciones y han reiterado el llamado a la ciudadanía para denunciar actos de extorsión y violencia, a fin de fortalecer la seguridad y protección de las comunidades afectadas por la actividad delictiva de grupos como La Chokiza.

El incidente, capturado por un testigo y publicado en redes sociales, se produjo durante una operación encubierta el martes en BK Wine Depot, ubicado en el barrio de Boerum Hill.

Aunque los oficiales involucrados pensaban inicialmente que el hombre era sospechoso de participar en la venta de drogas, más tarde admitieron que no tenía relación con el delito que se investigaba, según informó la cadena estadounidense NBC News.

La operación encubierta y la confusión de identidad

La investigación resultó en la colocación de los agentes implicados en “servicio modificado”, una medida que incluye la retirada de sus armas y placas mientras avanzan las pesquisas, tal como confirmó la comisionada de policía Jessica Tisch a los medios el miércoles. La determinación oficial de que el hombre arrestado no formaba parte del intercambio de drogas surgió tras analizar la evidencia del caso, detalló la policía a NBC News.

El video, que suma cerca de ocho minutos, documenta el momento en que dos hombres —uno con un chaleco identificatorio de la policía de Nueva York y otro vestido de civil— sujetan a un individuo con camisa blanca y pantalones cortos dentro de la tienda.

Detectives de la operación encubierta habían seguido a un hombre que coincidía con la descripción de un asociado al vendedor de drogas: afroamericano, camisa blanca y pantalones cortos celestes, según la versión policial difundida por NBC News. Al ingresar al local, los oficiales se identificaron y procedieron a intentar la detención.

Tras un forcejeo inicial, el hombre es golpeado en el rostro por el agente uniformado, mientras el detective de civil lo agrede repetidamente, incluso propinándole una rodilla en el pecho. La víctima, quien en el transcurso de la grabación informa a los agentes que posee una “licencia de seguridad” en su bolsillo y niega relación con el caso diciendo “no soy yo”, termina en el suelo, sangrando visiblemente y aquejado de una lesión en la pierna.

En el fondo se escuchan voces de testigos cuestionando la agresividad policial y asegurando que el arrestado “no estaba resistiéndose”, punto que refutan los agentes en medio de la intervención, con uno de los oficiales insistiendo en voz alta: “No puede resistirse al arresto”.

Luego de ser esposado, según relata NBC News, el oficial con chaleco policial pisa el cuerpo del hombre, gesto que también quedó registrado. Un tercer hombre, no uniformado, irrumpe en la tienda y pide levantar al arrestado.

A continuación, el hombre fue atendido por una ambulancia solicitada por la policía para tratar la herida sufrida durante la detención, mientras un grupo mayor de efectivos escolta al hombre esposado fuera del local, bajo la mirada de una multitud congregada.

Reacciones públicas y medidas disciplinarias

El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani difundió el video el miércoles, calificando la actuación policial de “extremadamente perturbadora e inaceptable” y demandando una investigación exhaustiva, según sus declaraciones en la red social X recopiladas por NBC News.

Por su parte, la comisionada Jessica Tisch afirmó que el material es “profundamente preocupante” y que la Oficina de Asuntos Internos de la policía examina el episodio, destacando el interés y las consecuencias para la comunidad ante las imágenes.

Sobre el desenlace legal, la policía precisó a NBC News que el hombre agredido fue acusado únicamente de resistencia a la autoridad y obstrucción de la administración gubernamental. No enfrentó cargos vinculados con drogas, ya que las investigaciones confirmaron que no participó en la venta ilícita que motivó el operativo.

El vendedor identificado de crack, quien sí entregó la sustancia al agente encubierto, fue arrestado y enfrenta cargos por venta criminal de sustancias controladas.

La intervención quedó documentada por Doha Madani, periodista de sucesos en NBC News, y la periodista Marlene Lenthang, también del mismo medio.

La violencia policial en Nueva York, de nuevo bajo la lupa tras nueva evidencia audiovisual

La divulgación de videos grabados por testigos y la rápida circulación en redes sociales volvieron a poner la respuesta y el uso de la fuerza de la policía de Nueva York en el centro del debate público.

El involucramiento directo de altos cargos municipales y la implementación inmediata de medidas disciplinarias reflejan las consecuencias para la comunidad e impacto del episodio para la opinión pública.

En respuesta directa al incidente, el Departamento de Policía de Nueva York apartó del servicio habitual a los oficiales en cuestión y abrió un expediente formal que supervise la Oficina de Asuntos Internos.

Según la comisionada Tisch, “los oficiales han sido modificados; se les retiraron sus armas y placas” como paso inicial, mientras se determina su posible responsabilidad en el empleo desproporcionado de la fuerza.

NBC News asegura que el arresto documentado en Brooklyn subraya el desafío constante de identificar, corregir y prevenir episodios de violencia policial en Nueva York, en especial cuando afectan a ciudadanos cuya implicación en delitos no se confirma posteriormente.

Este caso desencadenó denuncias de abuso policial y una demanda de esclarecimiento que, como señaló Mamdani, “debe ser exhaustiva”.

Un hombre sin dos piernas y beneficiario del Ejército de la Salvación fue prendido fuego este martes mientras circulaba en su silla de ruedas frente a un centro comercial en el que acostumbra a pedir dinero. El suceso tuvo lugar en Smaragdplein, Utrecht, poco después de las 15:30 horas. La víctima, un hombre mayor, sufrió quemaduras graves en la cabeza, los brazos y la espalda y fue trasladada de inmediato al hospital. Horas después del ataque, la policía detuvo a un sospechoso, aunque no ha trascendido su identidad ni si pudo haber otras personas implicadas.

Testigos del suceso pudieron rescatar al hombre

Por suerte para el hombre, el incidente tuvo lugar en una zona muy transitada, por lo que varios testigos pudieron reaccionar y acudir en su auxilio, logrando sacarle de la silla de ruedas y apagar las llamas. Según el RTL, el sospechoso podría ser un hombre con quien la víctima habría discutido brevemente antes del suceso y que vende periódicos en la misma zona, cerca del supermercado Plus, junto al lugar del ataque.

El gerente del supermercado, citado por AD, explicó que había “echado” a la víctima - que pedía dinero frecuentemente frente al comercio - y que “al poco tiempo un hombre desconocido se le acercó con una hoja en llamas detrás de la espalda”. En ese momento, tanto la ropa del hombre como la silla de ruedas empezaron a arder, y fue entonces cuando un testigo “le sacó inmediatamente de su scooter e intentó apagar las llamas”.

Varias personas colaboraron en el auxilio y una mujer, entrevistada por RTL Nieuws, describió la escena como caótica, con gente intentando refrescar a la víctima hasta la llegada de los sanitarios. La policía procedió a acordonar el acceso principal del centro comercial, así como el aparcamiento adyacente al supermercado Plus, aunque el resto del complejo pudo permanecer abierto. El área se mantuvo acordonada durante cerca de una hora mientras se recogían pruebas y se tomaba declaración a los testigos.

Las primeras informaciones apuntan a que la víctima y el agresor mantuvieron un breve enfrentamiento verbal antes del ataque, aunque no han trascendido detalles sobre el motivo de la discusión. El sospechoso huyó del lugar, pero fue detenido horas más tarde; la policía no ha hecho pública su identidad ni el contenido de su declaración inicial. Tampoco se ha informado oficialmente de la existencia de grabaciones del suceso.

“Una forma horrible de violencia”

La alcaldesa de Utrecht, Sharon Dijksma, calificó el hecho como “una forma horrible de violencia” y subrayó que, al tratarse de una persona sin movilidad, el impacto es mayor. En un comunicado dirigido a los vecinos y testigos, añadió: “Es ante todo terrible para la víctima, y mi solidaridad es para él, pero este suceso también ha dejado una fuerte impresión en los testigos. Todos están muy conmocionados”. El ayuntamiento ha puesto a disposición de quienes presenciaron el suceso apoyo psicológico.

También el ministro de Justicia y Seguridad, David van Weel, se refirió al suceso en un mensaje publicado en X, donde afirmó: “Esto trasciende todos los límites. El autor o autores deben ser localizados y castigados. Es terrible lo que ha ocurrido aquí en Utrecht”.

La investigación policial sigue en marcha y el equipo distrital de Utrecht se ha hecho cargo del caso. La policía mantiene su llamamiento a la colaboración ciudadana para que cualquier persona que haya presenciado el ataque o disponga de información relevante se ponga en contacto con las autoridades. La víctima permanece hospitalizada, mientras los agentes tratan de esclarecer los detalles del ataque y el posible trasfondo entre los implicados.

La detención de Kevin Cichowski, aspirante demócrata a la gobernación de Florida, ha generado conmoción en el escenario político estatal tras un violento incidente familiar en el condado de Flagler. Los hechos, ocurridos en la residencia de sus padres, derivaron en una intervención policial de alto riesgo y han puesto en entredicho la viabilidad de su campaña en las primarias demócratas.

Según los informes oficiales, Cichowski fue arrestado luego de que las autoridades recibieran una llamada de auxilio al 911 desde una vivienda ubicada en Cleveland Court. En ese domicilio, el político, de 46 años, habría agredido físicamente a sus padres de edad avanzada, utilizando un bastón y un teléfono como armas. Durante el altercado, el aspirante presuntamente emitió amenazas de muerte dirigidas tanto a las víctimas como a los agentes policiales que acudieron al lugar, elevando la tensión del operativo y generando preocupación inmediata en la comunidad.

La gravedad de la situación obligó a la policía del condado de Flagler a desplegar un equipo táctico especializado, en coordinación con recursos tecnológicos como drones y el Centro de Crimen en Tiempo Real. El riesgo de un posible enfrentamiento armado se hizo patente cuando Cichowski advirtió que dispararía contra cualquier oficial que intentara ingresar a la vivienda. En este contexto, las autoridades optaron por ejecutar una estrategia de evacuación cuidadosa. Una de las víctimas, postrada en cama y atrapada en una habitación, fue rescatada por los oficiales a través de la terraza de la propiedad, garantizando así la seguridad de ambas personas afectadas antes de intentar negociar la rendición del agresor.

Tras varias horas de tensión, los agentes lograron asegurar el perímetro y establecer comunicación con Cichowski, quien finalmente accedió a salir de la casa y fue puesto bajo custodia policial. A pesar de la resistencia inicial y de su actitud desafiante frente a los uniformados, el operativo culminó sin heridos entre los efectivos policiales ni entre los vecinos de la zona, aunque sí se registraron lesiones en las víctimas producto de la agresión.

El arresto de Cichowski estuvo acompañado de medidas adicionales debido al comportamiento exhibido durante su traslado. Según el reporte de las autoridades, el candidato demócrata emitió declaraciones suicidas al ser detenido, lo que motivó la activación de la Ley Baker. Esta normativa de Florida faculta a las fuerzas del orden a remitir a una persona a evaluación psiquiátrica obligatoria cuando existen indicios de riesgo para su propia integridad o la de terceros. Por esta razón, el político permanece bajo observación médica mientras avanza el proceso judicial en su contra.

El expediente legal que enfrenta Cichowski es extenso y de considerable peso. Las acusaciones formales incluyen dos cargos de asalto agravado con arma mortal, agresión a personas mayores de 65 años, manipulación de testigos y robo por arrebato súbito. Estos delitos, de ser probados en un tribunal, conllevan penas severas que podrían derivar en largas condenas de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Durante su detención, el candidato negó de manera enfática haber cometido los hechos, argumentando que su padre atravesaba una crisis de salud mental. Sin embargo, las pruebas físicas y los testimonios recabados por los oficiales contradicen la versión ofrecida por el político, añadiendo complejidad al proceso judicial y mediático que enfrenta.

Este episodio no constituye el primer conflicto legal en la trayectoria de Cichowski. El candidato cuenta con antecedentes por agresión doméstica y privación ilegítima de la libertad, registros previos que ya habían generado controversia en torno a su postulación. Pese a ello, hasta el momento del incidente, el aspirante mantenía en firme su intención de competir en las primarias demócratas programadas para el 18 de agosto. La aparición de nuevos cargos y la magnitud del escándalo han sembrado dudas sobre la viabilidad de su candidatura y la respuesta del electorado ante estos hechos.

La contienda por la gobernación de Florida, que tendrá su desenlace en noviembre de 2026, se encuentra en plena efervescencia. El escenario republicano está dominado por el congresista Byron Donalds, quien goza del respaldo explícito de Donald Trump y se perfila como el favorito para suceder a Ron DeSantis. En el campo demócrata, las figuras de David Jolly y Jerry Demings lideran las preferencias, aunque el caso judicial de Cichowski ha introducido un factor de incertidumbre y ha dejado en evidencia los desafíos que enfrenta el partido para consolidar una alternativa competitiva.

La detención y los cargos formales contra uno de los aspirantes han alterado el equilibrio de la campaña, obligando a los estrategas demócratas a replantear sus posiciones y a los votantes a reconsiderar sus opciones de cara a las próximas elecciones. Con el calendario electoral en marcha, el futuro de la candidatura de Kevin Cichowski y su impacto en la carrera por el gobierno estatal permanecen sujetos al desarrollo de los acontecimientos judiciales y políticos que se suceden día a día.

Una riña entre internos del Cereso de Tijuana derivó este 9 de abril en disturbios y la movilización de más de 300 agentes de seguridad, mientras familiares de los reos exigieron información sobre el estado de los involucrados. El incidente inició en el edificio seis y se extendió a otras áreas, obligando a la intervención de corporaciones como la FGE, la policía municipal, la Guardia Nacional y la policía estatal.

A las 15:00 horas, tres internos comenzaron una pelea que escaló rápidamente, involucrando a al menos 80 reclusos. El operativo de contención se prolongó durante más de 40 minutos, aunque la presencia de las fuerzas de seguridad se mantuvo por horas, señala un medio local. Tras el control de la riña, las autoridades permitieron el ingreso de tres mujeres familiares como representantes, quienes constataron la condición de los internos.

Familiares denuncian agresión de custodio y falta de información

Testigos y familiares de los internos dijeron que el disturbio habría iniciado por el maltrato de un custodio, identificado como Margarito, quien presuntamente golpeó a un reo. Una de las representantes que ingresó al penal afirma: “Sí hay un interno golpeado por el custodio. Está estable, pero lo golpeó el custodio”. El director del penal, Uriel Guerrero, niega la existencia de lesionados y asegura que la reacción de las corporaciones fue parte del protocolo de seguridad.

Las autoridades reiteran que la situación está bajo control y que los familiares pueden contactar a los internos a través de las visitas regulares y por medio de sus abogados. Sin embargo, la persistencia del cerco policial y la falta de información oficial mantienen la tensión entre los familiares.

Disturbio moviliza a 300 agentes y afecta a 80 internos

El despliegue de seguridad incluyó a cerca de 300 elementos de distintas corporaciones. El disturbio involucró a por lo menos 80 internos del Cereso, de acuerdo con los reportes. Las fuerzas estatales y federales se mantuvieron en el sitio hasta después de las 17:00 horas, momento en que comenzaron a retirarse tras asegurar el cese de los disturbios y la estabilidad al interior del penal.

El director del penal sostuvo que ninguna de las corporaciones ingresó físicamente al Cereso, pues solo montaron un cerco exterior en apoyo a las autoridades penitenciarias. Guerrero afirmó: “No hay lesionados. Se aplicó el protocolo para contener la riña y garantizar la seguridad”.

Autoridades insisten en control, familiares mantienen dudas

Pese a la confirmación oficial de que no existen lesionados y de que las condiciones dentro del penal están controladas, los familiares aseguraron en que la información es insuficiente y piden mayor transparencia. La presencia de representantes al interior del penal permitió a los familiares corroborar la condición de los internos, pero la versión oficial y la de los testigos difiere en torno a la existencia de lesionados.

El incidente ocurre en un contexto donde la seguridad interna de los penales en Baja California permanece bajo observación y los familiares de reclusos demandan mayor claridad en la comunicación oficial.

El incidente y la evidencia visual

De acuerdo con los reportes de New York Daily News, Linda Scott, residente de President Street, confrontó a dos mujeres cuyos perros andaban sueltos y defecaron en un terreno baldío contiguo a su casa.

El ataque ocurrió cerca de las 9:00 de la mañana, cuando la víctima exigió que las dueñas limpiaran los residuos de los animales. Un video obtenido por el propio medio muestra la secuencia: una de las mujeres, identificada por vestir una sudadera roja, se acercó a Scott y la agredió con una serie de golpes contundentes.

La grabación exhibe cómo la agresora la derribó al césped, la pateó y le pisoteó el rostro sin que la víctima ofreciera resistencia.

Michael Scott, hijo de la víctima, relató a New York Daily News que la intervención de una vecina fue determinante para evitar un desenlace fatal.

“Si mi vecina no intervenía, estaríamos hablando de un asesinato ahora mismo”, afirmó Scott en declaraciones recogidas por el medio neoyorquino.

El hijo también explicó que la madre fue trasladada de inmediato al Interfaith Medical Center, donde los médicos advirtieron que la paciente estuvo cerca de sufrir un infarto debido a la violencia física recibida. La salud de Linda Scott es especialmente delicada por antecedentes de dos cirugías cardíacas previas.

Contexto del conflicto y antecedentes del terreno

La situación que desencadenó la agresión tiene antecedentes. Según la reconstrucción de New York Daily News, el terreno baldío donde los perros hicieron sus necesidades permanece abandonado desde un incendio ocurrido en 2011.

El espacio, según describió Michael Scott, se ha convertido en un foco de problemas para la comunidad: en el sitio hay autos abandonados, campamentos de personas sin hogar y se han encontrado agujas desechadas, lo que incrementa la inseguridad y los riesgos sanitarios.

Antes del ataque, las agresoras acusaron a Linda Scott de lanzar ammonia –un compuesto químico de olor fuerte usado en limpieza y para repeler animales, que puede causar irritación en piel y vías respiratorias– sobre los perros, una versión que fue desmentida por su hijo.

Michael sostuvo que su madre utiliza el producto únicamente para ahuyentar roedores y mapaches que suelen ingresar al lote. “Ella no les arrojó nada, es para los animales salvajes”, aseguró el hijo en diálogo con New York Daily News.

Investigación y reacciones

Tras el suceso, no se han reportado arrestos ni avances sustanciales en la investigación policial, según detallaron tanto New York Daily News como la emisora 1010 WINS. La familia Scott demandó públicamente la captura de las responsables.

“A mi madre la patearon, la golpearon, la tiraron al piso. Quiero que detengan a los responsables, no me importa nada más”, enfatizó Michael Scott.

El caso ha llamado la atención de otros medios como CBS News, que refuerzan el relato central y la existencia de la grabación que documenta la agresión. La cobertura coincide en el perfil de la víctima, el entorno conflictivo del lote y la ausencia de medidas inmediatas por parte de las autoridades.

La comunidad de Crown Heights permanece en alerta, mientras se difunden imágenes del ataque y se solicita información que permita identificar a las agresoras.

La detención del exluchador mexicano Alberto ‘N’, conocido como “El Patrón”, volvió a generar atención mediática no solo por la acusación actual en su contra, sino por el historial de señalamientos que han surgido a lo largo de los años por parte de algunas de sus exparejas.

El arresto ocurrió el pasado 6 de abril en San Luis Potosí, tras una denuncia por presunta violencia física y verbal. A partir de ese momento, en redes sociales comenzaron a circular imágenes del exintegrante de la WWE, lo que provocó que usuarios retomaran episodios anteriores relacionados con su vida personal.

A continuación, se detallan algunos de los casos más conocidos que han marcado su trayectoria fuera del ring.

Saraya-Jade Bevis (Paige)

La relación entre Alberto del Río y Saraya-Jade Bevis fue una de las más mediáticas. Ambos mantuvieron un vínculo sentimental entre 2016 y 2018, e incluso llegaron a comprometerse. Sin embargo, su ruptura estuvo rodeada de controversias.

En distintas entrevistas, la luchadora británica expresó su postura tras la separación. En un podcast, declaró que “El Patrón” era como “Voldemort” para ella y que no volvería a pronunciar su nombre. Durante su relación, en 2017, ambos se vieron involucrados en un incidente por presunta violencia doméstica, aunque no se presentaron cargos formales en ese momento.

Reyna Quintero

En 2020, Reyna Quintero denunció al exluchador por secuestro y violencia sexual, generando gran impacto mediático. El caso avanzó inicialmente en instancias legales, pero posteriormente la denunciante decidió retirar los cargos.

Un año después, en 2021, Alberto del Río fue declarado libre de responsabilidad en ese proceso. A pesar de ello, el caso quedó como uno de los episodios más polémicos en su historial personal.

Ángela Velkei

Ángela Velkei, de origen húngaro, fue la primera esposa del exluchador y madre de sus tres hijos. La pareja permaneció unida durante aproximadamente una década antes de separarse en medio de conflictos legales.

Tras su divorcio, ambos protagonizaron una disputa por la custodia de sus hijos, acompañada de acusaciones mutuas. En 2022, Velkei falleció, hecho que el propio luchador dio a conocer públicamente con un mensaje en redes sociales: “Ángela fue un ser humano excepcional y una madre ejemplar para mis tres hijos”.

María del Carmen Rodríguez

En años recientes, María del Carmen Rodríguez, conocida como Mary Carmen Rodríguez, ha sido identificada como su pareja actual. La relación se hizo pública en 2024 y, según reportes, ambos estarían casados.

Tras la detención, Rodríguez declaró a la periodista Flor Rubio que se encuentra “procesando” lo ocurrido y que ya cuenta con asesoría legal. Se espera que en los próximos días emita un posicionamiento más amplio sobre la denuncia.

El caso de Alberto del Río continúa en proceso, mientras las autoridades correspondientes determinan su situación jurídica. En paralelo, el tema ha reavivado el interés público en los antecedentes del exluchador y las controversias que han acompañado su carrera fuera del ámbito deportivo.

Una mujer de 54 años fue acusada por un tribunal de Los Ángeles de múltiples delitos graves en relación con un ataque contra el músico Lindsey Buckingham, integrante de la banda Fleetwood Mac, ocurrido el 25 de marzo en Santa Mónica, California.

Según documentos judiciales revisados por medios internacionales, identificada como Michelle Dick, habría arrojado una sustancia no identificada sobre Buckingham, de 76 años.

La Fiscalía presentó un total de siete cargos en su contra, entre ellos amenazas criminales, agresión con arma mortal relacionada con un vehículo y vandalismo grave.

Las autoridades también la imputaron por acoso reiterado contra el músico y otra persona identificada en los documentos como Stephanie N.

De acuerdo con los registros judiciales, se emitió una orden de arresto con una fianza fijada en 300.000 dólares, al considerar que existen pruebas suficientes para continuar con el proceso.

El incidente se produjo poco más de un año después de que un tribunal concediera a Buckingham una orden de restricción permanente contra Dick.

Según consta en los documentos citados por el Daily Mail, el músico denunció que la mujer lo ha acosado desde 2021.

En su declaración ante la corte, Lindsey Buckingham afirmó que Michelle Dick comenzó a contactar a su esposa, Kristen, ese mismo año, asegurando ser su hija biológica.

El músico sostuvo que las llamadas se producían “decenas de veces al día” durante un periodo de varios meses.

Asimismo, señaló que la mujer dejó mensajes de voz extensos en los que reiteraba esa afirmación y emitía amenazas.

“Incluían la afirmación de que era mi hija y amenazas de matarme a mí y a mi familia”, indicó el artista en su testimonio judicial.

De acuerdo con su versión, Dick también se presentó en su domicilio y realizó una llamada falsa al servicio de emergencias 911, lo que provocó un despliegue policial en su vivienda mientras dormía.

Buckingham relató que los agentes lo esposaron y registraron la propiedad durante unos 20 minutos antes de concluir que se trataba de una falsa alarma.

El músico aseguró posteriormente que la llamada fue rastreada hasta el teléfono de Dick, citando la declaración de un detective del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Añadió que este episodio formaba parte de un “patrón continuo de acoso y amenazas” contra él y su familia.

En otro episodio descrito en los documentos judiciales, la mujer habría dejado collages con imágenes del músico y su esposa en los buzones de sus domicilios en septiembre de 2024.

Según la declaración, ambos identificaron a Dick como autora del material.

Tras ese incidente, un guardia de seguridad contratado por la esposa de Lindsey Buckingham detectó a la mujer estacionada frente a la vivienda.

La policía la interceptó posteriormente y, según el testimonio del músico, la escuchó hacer declaraciones incoherentes en las que insistía en que él era su padre.

La orden de restricción otorgada por el tribunal establece que Michelle Dick debe mantenerse a una distancia mínima de aproximadamente 90 metros del músico, su esposa y su hijo William, y le prohíbe cualquier forma de contacto o amenaza. La medida tiene vigencia hasta diciembre de 2029.

En declaraciones al canal KTLA5 recogidas por el Daily Mail, Dick afirmó haber visitado la casa de Buckingham en el pasado y aseguró que no sabía que existía una orden de restricción en su contra.

También reiteró su afirmación de ser hija del músico. “Él no fue un padre para mí, pero es mi padre biológico”, dijo al citado medio.

En la misma entrevista, señaló que había estado viviendo en su vehículo y que no había sido arrestada en ese momento.

Registros judiciales citados indican que un agente intentó sin éxito notificarle formalmente la orden de restricción en el área de la Bahía en diciembre de 2025.

El historial de Michelle Dick con la justicia incluye un arresto en 2016 en el condado de Alameda por conducir bajo los efectos del alcohol y agredir a un agente.

Según los documentos, se declaró sin oposición a uno de los cargos relacionados con el nivel de alcohol en sangre, mientras que otros fueron retirados como parte de un acuerdo.

Tras el ataque más reciente, familiares y allegados de Lindsey Buckingham acudieron a su residencia en Brentwood.

Entre ellos se encontraba su hija Leelee Welles Buckingham, quien había participado junto a su madre en las primeras denuncias contra Dick en 2021. También se observó la presencia de personal de seguridad privada en el lugar.

El legendario guitarrista y vocalista Lindsey Buckingham, figura icónica de la banda de rock Fleetwood Mac, fue atacado el miércoles en el área de Santa Mónica, en Los Ángeles, cuando una mujer le arrojó una sustancia no identificada al momento de llegar a una cita, informaron múltiples fuentes policiales.

El músico de 76 años, ganador de dos premios Grammy, no resultó herido durante el incidente.

Según las mismas fuentes citadas por NBC4 Los Ángeles, la atacante, descrita por las autoridades como una sospechosa de acoso, huyó del lugar tras el ataque.

La policía ya identificó a la mujer y se espera que sea detenida en los próximos días.

De acuerdo con las autoridades, la mujer habría averiguado con anticipación la hora y el lugar de la cita de Buckingham para presentarse en el sitio.

Tanto la Policía de Santa Mónica como el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) trabajan de forma conjunta en el caso. Los representantes del artista no han emitido declaraciones públicas hasta el momento.

La agresión se produjo más de un año después de que Lindsey Buckingham obtuviera una orden de alejamiento permanente contra una acosadora identificada como Michelle, de 53 años.

No obstante, las autoridades no han confirmado públicamente que se trate de la misma persona que protagonizó el ataque del miércoles.

Según documentos judiciales recogidos por el Daily Mail, en una audiencia celebrada el 20 de diciembre de 2024, Buckingham presentó ante un juez fotografías tomadas por Michelle frente a su domicilio, así como una grabación de audio sin identificar.

Como resultado, el magistrado extendió una orden de restricción temporal previa y concedió al artista cinco años de protección.

La medida estipulaba que Michelle debía mantenerse a un mínimo de 100 metros de Lindsey Buckingham, su esposa Kristen, de 56 años, y su hijo William, de 27 años, además de abstenerse de amenazarlo, acosarlo o contactarlo de cualquier forma.

En su testimonio, el cantante de Fleetwood Mac relató que la acosadora obtuvo el número de teléfono comercial de su esposa y comenzó a llamarla en 2021.

Según declaró el músico ante el tribunal, Michelle dejaba “mensajes largos y elaborados que incluían la afirmación de que era mi hija y amenazas de matarme a mí y a mi familia”.

Buckingham negó categóricamente ser el padre de Michelle y afirmó no conocerla personalmente.

Asimismo, alegó que la acosadora “me culpaba por deformidades faciales que aparentemente sufrió de niña y exigía dinero”.

Tras recibir una advertencia policial en 2022 para que cesara todo contacto, Michelle habría retomado el hostigamiento en 2024, dejando un collage frente a la casa del músico con fotografías de su propio rostro mezcladas con imágenes del artista.

El episodio más grave previo al ataque del miércoles ocurrió cuando la policía llegó al domicilio de Buckingham, lo sacó esposado de su hogar en respuesta a una llamada al 911 que alertaba de que su hijo William pretendía hacerse daño y que “la persona que llamó había escuchado disparos”.

Tras 20 minutos de búsqueda en la propiedad, los agentes constataron que se trataba de una falsa alarma y liberaron al músico.

“Ahora sé que la llamada al 911 fue rastreada al teléfono de [Michelle] y fue la más reciente de un patrón ininterrumpido de acoso y actos amenazantes contra mi familia y contra mí“, declaró Buckingham durante la audiencia del 20 de diciembre de 2024, según documentos judiciales recogidos por el Daily Mail.

Nacido en Palo Alto, California, en 1949, Lindsey Buckingham se incorporó a Fleetwood Mac en 1975 e integró a su entonces pareja sentimental Stevie Nicks a la banda.

Juntos formaron parte de la etapa más productiva del grupo, que dio lugar a álbumes como Rumours, ganador del Grammy al Álbum del Año, y canciones como “Go Your Own Way”, “Tusk” y “Big Love”.

Buckingham fue separado de la agrupación en 2018 luego de que su vínculo profesional con Nicks llegara a un punto de quiebre.

Un año antes, en 2017, había publicado un álbum grabado en conjunto con su excompañera de banda Christine McVie.

El hecho quedó registrado en video, donde se observa al hombre subiendo por la registradora mientras sostiene la herramienta y se dirige directamente al fondo del vehículo.

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Según versiones de usuarios, el altercado comenzó porque el pasajero habría reclamado al vendedor por subirse a vender, lo que provocó una reacción violenta. El vendedor insistía: “¿Me vas a pagar? ¿Me vas a pagar, pirobo? ¿Me vas a pagar o qué?”, mientras se aproximaba al pasajero con actitud amenazante.

El pasajero, buscando evitar la confrontación, repetía: “Para”, y luego intentaba tranquilizarlo: “Cálmese ya, cálmese. Hermano, cálmate ya”. El vendedor, lejos de calmarse, respondía: “¿No ves que es mi trabajo, pirobo? Es que es mi trabajo, hermano”, reiterando su molestia.

La situación se tensó aún más cuando el vendedor gritó: “Tráelo, pirobo. Tráelo, gonorrea. ¿Ah? ¿no? Ahí sí fresco”. Finalmente, otro pasajero intervino para calmar al agresor, y este optó por bajarse del bus sin que la situación pasara a mayores.

La jueza de garantías de la provincia de Los Santos, Indira Moreno, decretó la detención provisional para un ciudadano de 24 años, imputado por la presunta comisión del delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso en grado de tentativa, tras los hechos de violencia registrados en un partido de béisbol en Panamá.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, realizada en el Sistema Penal Acusatorio de Las Tablas, el tribunal consideró que la medida cautelar era necesaria y proporcional, tomando en cuenta la gravedad del hecho, los riesgos procesales y la necesidad de garantizar el proceso penal. Además, se legalizó la aprehensión y se dio por presentada la formulación de cargos, sustentada por la fiscal Liberia Cedeño, de la sección de Homicidio y Femicidio.

El caso se relaciona con los hechos ocurridos la noche del sábado 28 de marzo de 2026, durante el encuentro entre Los Santos y Veraguas, en el estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández, donde un jugador resultó gravemente herido tras recibir un golpe con un bate en la cabeza, en medio de una trifulca que alteró el desarrollo del partido.

El imputado fue identificado como Juan José Aizprúa Rodríguez, señalado por su presunta participación en el ataque contra el pelotero Yeison Austin Thompson Díaz, quien sufrió un traumatismo severo que puso en riesgo su vida, según el informe médico presentado en la audiencia. El tribunal ordenó la detención provisional por seis meses, mientras avanzan las investigaciones del caso.

El abogado de la víctima, Rodney Saavedra, explicó que existen elementos probatorios suficientes que sustentan la imputación, incluyendo el informe médico, que detalla un golpe contundente directo con un bate, lo que refuerza la tesis del intento de homicidio. La defensa del imputado estuvo a cargo del abogado Mario Luis Delgado.

Por su parte, la Policía Nacional informó que la aprehensión del agresor se realizó de forma inmediata, luego de que este golpeara con un bate de béisbol a otro ciudadano durante la trifulca en el estadio. La institución también indicó que no fue contactada previamente por la Federación Panameña de Béisbol para brindar seguridad en el encuentro deportivo correspondiente a esa fecha.

En un comunicado, la Policía reiteró su llamado a la ciudadanía a mantener una conducta pacífica en eventos deportivos y advirtió que cualquier acto de violencia será atendido conforme a la ley, en un contexto donde estos incidentes generan preocupación sobre la seguridad en espectáculos públicos.

A nivel disciplinario, la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) emitió la Resolución No. 02-26CT, en la que impuso sanciones tras los hechos. Entre ellas, se estableció una suspensión de 15 juegos para el director de Veraguas, Abdiel Ramos, así como una suspensión de cuatro años para el jugador Juan Aizprúa.

Asimismo, la comisión sancionadora aplicó cuatro juegos de suspensión a los jugadores de Veraguas Erick Mordock, Jonathan Amaya y Dixon González, además de sanciones a peloteros de Los Santos, incluyendo a Ismael Velasco y Yeison Austin, en función de su participación en los incidentes registrados.

La Federación advirtió que estas conductas afectan la imagen del béisbol nacional y constituyen un mal ejemplo para las futuras generaciones, por lo que reiteró su política de cero tolerancia ante actos que atenten contra la disciplina, el respeto y el juego limpio dentro del deporte.

En paralelo, la Liga Provincial de Béisbol de Veraguas emitió un comunicado en el que expresó su rechazo absoluto a los actos de violencia, al tiempo que manifestó su solidaridad con el jugador afectado y su familia, destacando la gravedad de lo ocurrido dentro de un espacio destinado a la convivencia deportiva.

El caso pone nuevamente en evidencia los desafíos que enfrenta Panamá en el control de la violencia en eventos deportivos, así como la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad, la coordinación institucional y las medidas disciplinarias para evitar que este tipo de hechos se repitan.

Los casos de violencia contra la mujer en México continúan. Esta semana, María Barrón, una joven cineasta, denunció que una persona desconocida la agredió en una de las zonas más concurridas y con alta percepción de seguridad en la capital del país, sin que las autoridades hayan procedido contra el responsable.

En su cuenta de Instagram, la joven relató que la noche del 24 de marzo pasado salió de su lugar de trabajo en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.

Mientras esperaba parada en la calle la llegada de su transporte, un vehículo de la plataforma Uber, una persona se le acercó y la jaló del cabello, lo que inicialmente interpretó como un asalto.

Sin embargo, pocos segundos después su agresora comenzó a golpearla en la cara y otras partes del cuerpo, ocasionando que cayera al suelo.

“Me niego a aceptar que en México sea normal que alguien te ataque en plena calle y quede impune. Soy María Barrón, soy filmmaker y esto me pasó saliendo de una grabación. Pedí mi Uber esperando en una esquina y de la nada alguien me agarra del cabello por atrás.

“No entendí qué estaba pasando. Por un momento pensé que me estaban asaltando. En segundos recibí un golpe directo en la cara, en la nariz y luego otro y otro hasta que terminé en el suelo”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

María insistió en que desconoce la identidad de la persona que la agredió y que “nunca la había visto” en su vida. No obstante, lo que ocurrió tras la agresión “fue igual de impactante”.

“Yo no conocía a esta persona, nunca la había visto en mi vida. En un impulso, sin razón, sin contexto, decidió agredirme. Pero lo más fuerte no fue solo los golpes, fue darme cuenta de lo vulnerable que puedes estar en cualquier momento, en cualquier lugar.

“Ni siquiera estaba en una situación de riesgo. Salí de trabajar, una zona que se supone que es segura”, comentó.

El paso de las horas y la burocracia impidieron que se actuara de inmediato contra su agresor. La joven acusó que al pedir ayuda de las autoridades capitalinas, los paramédicos y policías que la atendieron en el lugar intentaron convencerla de no levantar una denuncia y que se “arregle ahí”.

Por ello, considera que, eventualmente, su caso se sumará a los miles y millones que hay y su agresora quedará impune.

“Ambulancias diciéndome que mejor me arreglara ahí, personas de, de seguridad que no valía la pena denunciar, diferentes versiones médicas, horas con la nariz rota yendo de un lugar a otro, trámites que no avanzan y al final, por todo el tiempo que pasó entre una instancia y otra, porque así me trajeron toda la noche, mi caso ya no fue considerado como flagrante.

“Entonces, pues nada más me toman la declaración, se abre una carpeta de investigación como miles y millones que hay, pero pues hasta el momento mi agresora está impune”, puntualizó.

En este sentido, señaló que “esto va mucho más allá”, pues considera que el actuar de las autoridades es evidencia de “un sistema que no funciona”, motivo por el que las personas prefieren no denunciar los delitos.

“Esta vez fue una nariz rota, pero esto va mucho más allá. Esto habla de un sistema que no funciona y entiendo perfectamente por qué hay gente que muchas veces decide no denunciar, porque de verdad es desgastante, porque parece que no pasa nada”, comentó.

María concluye con un llamado a no normalizar la violencia y a exigir justicia, al señalar que la ciudadanía, al igual que las autoridades, tiene la responsabilidad de no permitir que esto siga pasando.

“No podemos agachar la cabeza y decir: así son las cosas. Como ciudadanos también tenemos una responsabilidad de no permitir que esto siga pasando, porque sí hay gente dentro del sistema que no hace su trabajo. Pero también hay gente buena, gente que sí quiere ayudar aunque esté cansada de cómo funcionan las cosas.

“Me duele muchísimo pensar que hoy no te puedes sentir segura ni seguro, ni siquiera saliendo a caminar y que alguien puede ejercer violencia sin consecuencias. Y justo por eso creo que vale la pena hablarlo y compartirlo. Se trata esto de, de justicia, de hacer lo que me toca como ciudadana y no permitir que en nuestro país siga pasando esto“, concluyó.

En declaraciones brindadas a Buenos Días Perú, la madre afirmó que la situación es “inaceptable”, al tratarse de un tutor responsable de más de 20 alumnos. “Se ha acercado a mi hijo de una manera violenta a quitarle un útil escolar (…) y en ese ademán le ha golpeado el mentón con la cabeza”, señaló.

Cuestionamientos al tutor

La denunciante también cuestionó el trato que el tutor mantiene con los estudiantes, al considerar que existe una relación inapropiada que ha deteriorado el respeto en el aula. “Se enfrenta a los alumnos, les habla como si fueran de la misma edad. Se ha perdido el respeto de una manera radical”, manifestó.

De acuerdo con su testimonio, el profesor utilizaría expresiones despectivas hacia los alumnos y adoptaría una actitud confrontacional. “Les dice ‘payasos’ o ‘te crees lo mejor’, se pone a la altura de los chicos de quinto de secundaria, lo cual no es correcto”, indicó, al advertir que este tipo de conductas habría contribuido a que se generen situaciones de tensión.

Reclamos ante el colegio

Tras lo ocurrido, la madre señaló que acudió a la institución educativa para solicitar explicaciones y exigir una investigación interna. Indicó que sostuvo una reunión con la directora, a quien pidió información sobre la formación del tutor y los criterios para asignarle el cargo de tutor.

“Quiero que me demuestren qué tipo de formación tiene este docente para estar a cargo de alumnos de quinto de secundaria”, declaró. Asimismo, cuestionó que, según la información recibida, el profesor sería estudiante de Psicología en octavo ciclo y no habría concluido su formación profesional. “No entiendo cuál es el protocolo para contratar a estudiantes que aún no terminan la carrera”, agregó.

“El practica karate”

La madre informó que el docente fue separado de la institución educativa mientras se evalúa la situación, aunque señaló que no se le ha precisado el tiempo de la medida. En ese sentido, exigió que el profesor sea retirado definitivamente y que se mantenga alejado de su hijo.

Además, advirtió que el incidente pudo tener consecuencias más graves, ya que el adolescente practica karate. “Él está formado para defenderse, pero ha tomado la mesura correspondiente. Si hubiera reaccionado de otra forma, esto habría terminado peor”, sostuvo, al remarcar que su hijo actuó con calma pese a la agresión.

En diálogo con La Gaceta, el propio Pelli sostuvo que el caso tomó repercusión producto de su cargo dentro de la Cámara Baja en el bloque de La Libertad Avanza. “Lo triste es que cuando le sucede a la gente a pie queda en la total impunidad. Lo más grave también, que yo vi en el video posterior, porque cuando recibo el ancazo ya pierdo noción de lo que estaba pasando, fue el accionar de la policía”, señaló.

“Realmente eso me pareció insólito. La desidia con la que actuaron me parece un mensaje muy peligroso el que dieron esos agentes de policía. Frente a los poderosos o a gente vinculada al poder hay impunidad y te damos palmaditas para que te retires. Y con el ciudadano de a pie común actuamos con toda la rigurosidad y con toda la brutalidad del mundo o con la mayor severidad”, apuntó.

En las imágenes que se difundieron en redes sociales, se puede observar cómo todo comenzó con un breve cruce de palabras, en donde el diputado dijo: “¿Quién sos vos para dejar pasar?”. Acto seguido, tras la intención del agresor de no dejar pasar al diputado hacia la mencionada localidad, le pegó con la parte superior de la cabeza y el impacto le rompió la nariz, lo que lo dejó con la cara sangrando. Todo esto ante la vista de un grupo de agentes que estaban en la zona.

De acuerdo a lo que señalaron los médicos que atendieron al diputado, sufrió un traumatismo encefalocraneano y nasal. Le realizaron una tomografía y detectaron que tiene una fractura del hueso nasal, por lo que quedará en observación, ya que no hay lesión cerebral. “Fue una desgracia con suerte”, señaló uno de los profesionales que lo atendieron en el Hospital Regional de Concepción en diálogo con medios locales.

Según la presentación ante la Justicia, la querella sostuvo que “el personal policial presente no solo no observaron ni ejecutaron las leyes cuyo cumplimiento y observancia debieron cumplir, sino que además, de manera dolosa, no solo omitieron, sino que incumplieron sus deberes”.

“El mismo imputado declaró que pidió ayuda y colaboración al personal policial, quienes en vez de proceder a la inmediata aprehensión del encartado, protegían y acompañaban a Segura en vez de solicitar ayuda o personal médico para que atiendan a la víctima de autos”, agregaron.

En ese sentido, desde el lado de Pelli señalaron que, una vez que se produjo la agresión, el personal policial acompañó y protegió al imputado. Es por eso que piden que se incluya a los agentes y se los impute por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario pública.

Mientras tanto, el fiscal Miguel Ángel Varela, a cargo del caso, imputó a Segura por “lesiones graves agravadas por alevosía” y le ordenó una prisión preventiva de cuatro meses y su traslado al penal de Benjamín Paz.

Además, la decisión se fundamentó en la presencia de riesgos de fuga y posibles maniobras para dificultar la investigación, sobre todo por la necesidad de identificar a otros involucrados y de recuperar el teléfono móvil del imputado, quien aseguró haberlo extraviado durante el ataque.

“Pichón” Segura se identificó como empleado público de la comuna de Los Bulacio. De acuerdo a la información a la que accedió este medio, tiene un antecedente penal por tenencia de armas de guerra, en el año 97′.

A través de sus redes sociales, Segura aseguró que estará ausente durante cuatro meses. “Voy a estar incomunicado 4 meses. Dejo mi celular a cargo de una CM. Por favor banquen hasta que todo esto acabe. Y como dijo Eva ‘volveré y seré millones’. Hasta la victoria siempre compañeros y compañeras”, escribió en su publicación.

En la misma cuenta oficial del empleado público se identifica como “tucumano y peronista”. Durante las últimas horas, mientras esperaba que se realizara la audiencia, realizó varias publicaciones asegurando que estaba “más fuerte y más entero que nunca”, y agradeció el apoyo de sus seguidores.

Un turista extranjero y una mujer, señalada como trabajadora sexual, por medios locales como Impacto News, se vieron envueltos en una pelea física junto a la Torre del Reloj, ante la mirada de varios transeúntes.

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Las grabaciones muestran cómo ambos se agreden mutuamente con golpes y patadas, incluso caen al piso en medio de la confrontación. Aunque se especula que la discusión surgió por desacuerdos relacionados con un encuentro sexual, las autoridades no han precisado las causas ni han revelado la identidad de los participantes.

El altercado ha provocado preocupación entre la ciudadanía y turistas, ya que el lugar se considera uno de los puntos turísticos más emblemáticos y concurridos de la ciudad.

La falta de una respuesta inmediata por parte de la Alcaldía y del alcalde Dumek Turbay ha generado críticas sobre la eficacia de los controles en la zona.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, un par de patrulleros separaron a los implicados, pero se desconoce si fueron detenidos. Los habitantes de Cartagena insisten en la urgencia de reforzar la seguridad, sobre todo en horarios nocturnos.

En Cartagena, las riñas públicas pueden acarrear multas y otras sanciones, según lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Las autoridades han pedido mantener el respeto en los espacios públicos para evitar nuevos incidentes.

Entre las reacciones a la pelea, algunos usuarios se refirieron a la escena con ironía y desconfianza: “Eso es lo normal en esa cultura, el hombre tiene porte de turista y ella nativa de la región, qué negocios tendrían”.

Otros internautas se mostraron incómodos por la imagen que proyecta el turismo en la ciudad: “Qué vergüenza con los buenos turistas…”, escribió una persona en una de las publicaciones virales.

El ambiente nocturno de la ciudad también fue objeto de críticas. Una de las frases más replicadas fue: “A las 11 pm el centro de Cartagena sufre una transformación y se convierte en un burdel a cielo abierto”.

El altercado, que ocurrió en una de las zonas más visitadas por extranjeros, reavivó los cuestionamientos sobre la seguridad y el control en el espacio público. “Dónde estaba la policía, qué espectáculo tan feo”, se preguntó un usuario, mientras que otros intentaron restar dramatismo al asunto: “Lo importante es que esa señora no se dejó y también le dio duro”.

Las autoridades de Cartagena respondieron al ambiente de preocupación implementando el Plan Titán en enero de 2024. El alcalde Dumek Turbay Paz emitió el Decreto 003 de 2024, que ordenó la suspensión del ejercicio de la prostitución en el Centro Histórico y limitó la movilidad de menores de 16 años en la zona.

El objetivo de estas medidas fue combatir la explotación y la mendicidad infantil, así como mejorar la percepción de seguridad para residentes y visitantes.

Por otra parte, en Colombia, el trabajo sexual es legal y está reconocido como una actividad laboral, siempre que se realice de manera voluntaria. No existen sanciones penales para quienes ejercen la prostitución por decisión propia, aunque sí hay regulaciones administrativas sobre los lugares y horarios permitidos. El Código Penal sanciona la explotación sexual, el proxenetismo y la imposición forzada de la prostitución, especialmente cuando involucra a menores de edad.

La Ley 1336 de 2009 endureció las penas para quienes participen en explotación sexual, pornografía infantil y turismo sexual. Además, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana clasifica las peleas callejeras como riñas, sujetas a multas y posibles traslados por protección.

Mientras las imágenes continúan circulando, frases como “Cartagena la fantástica” y “Qué lindo, amo cómo la gente de bien resuelve sus diferencias” muestran la mezcla de resignación, sarcasmo y preocupación con la que los ciudadanos perciben la vida nocturna en la ciudad amurallada.

A propósito, La Uribe (Meta), fue escenario de un grave hecho de violencia de género que reavivó el debate sobre el trato hacia las mujeres en entornos públicos y reservados.

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La situación se registró cuando un hombre identificado como David Junior Torres, reconocido en el municipio por ser entrenador de microfútbol, habría golpeado en el rostro a una mujer durante una discusión verbal.

Testigos señalaron que Torres habría consumido bebidas alcohólicas antes del altercado, lo que habría influido en su inaceptable comportamiento.

Detalles de la agresión

En un video difundido en redes sociales se escucha a Torres decir: “Yo soy la chimba porque usted es una boba, y se la tenía que pegar”, declaración que generó rechazo y cuestionamientos al comportamiento del entrenador.

Después de la agresión, el acusado habría mostrado una actitud grosera ante los policías que acudieron a atender la situación, de acuerdo con el reporte inicial. Por esta razón, las autoridades impusieron un comparendo por agresión a servidor público al entrenador, medida contemplada en la normativa vigente. Sin embargo, no se conocen detalles de las repercusiones que tuvo por la cachetada que le propinó a la mujer.

La difusión del video desató una ola de comentarios en redes sociales en la que cuestionan la actitud violenta del sujeto: “O sea un niño le saca la piedra y como lo va a tratar?” ; “Totalmente reprochable sus acciones entrenador” ; “Ya el muy maltratador poco hombre... Salio a darcelas de victima Segun el la culpable es la mujer. Por hombres como este es que hay tanto feminidicio excudándose (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

La excusa del señalado agresor y disculpas

Ante la polémica y la divulgación masiva del video, el entrenador de microfútbol se pronunció públicamente tras la situación en el que propinó una cachetada a una mujer en un establecimiento comercial del municipio del Meta.

En su declaración, Torres explicó que los hechos ocurrieron la noche del martes 17 de marzo, luego de compartir con jugadoras del municipio tras un partido de fútbol de salón. Según su versión, la discusión se originó cuando la mujer llegó al lugar y comenzaron a conversar sobre asuntos personales.

Torres afirmó que, durante el intercambio, recibió “una agresión verbal” por parte de la mujer, relacionada con temas personales de los cuales, aseguró, desconocía detalles y prefirió no exponer públicamente.

El sujeto señaló que la disputa con la mujer tiene antecedentes de más de tres años, y atribuyó a ella la difusión de comentarios sobre su vida sentimental y emocional, lo que, según él, ha generado problemas con terceras personas y afectado su entorno familiar y laboral.

En palabras de Torres: “Mi vida sentimental, mi vida emocional, se ha visto un poco afectada después de todos esos comentarios que han pasado”.

El entrenador reconoció que ninguna razón justifica su reacción y asumió la responsabilidad por lo ocurrido: “Ese tipo de acciones están mal. Tendré que, en algún momento, responder por eso”. También pidió disculpas a todas las mujeres que se hayan sentido afectadas directa o indirectamente por el incidente, así como a la familia y pareja sentimental de la agredida.

Torres admitió que actuó “en un momento de rabia” y lamentó el daño causado a su imagen y a quienes lo rodean. Aunque reiteró que el conflicto con la mujer surgió por comentarios que le han perjudicado, insistió en que “no amerita la acción” que tomó y expresó su deseo de que lo ocurrido no siga generando divisiones.

Finalmente, el entrenador recalcó que está dispuesto a asumir las consecuencias legales y sociales de su comportamiento, al destacar el impacto negativo que el episodio ha tenido en su vida personal y profesional.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo los encargados de la vigilancia, con el rostro cubierto, golpean a un hombre que se encontraba dentro de la estación, mientras numerosos usuarios presenciaban el hecho.

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Durante la agresión, testigos intervinieron verbalmente con frases como “Basta, ya no más”, intentando detener los golpes. La tensión aumentó cuando un joven intentó intervenir y fue también atacado por tres guardas.

Entre la multitud, algunas voces solicitaron ayuda: “Llamen al cuadrante” y reclamaron “Esa no es la forma”. Los gritos e insultos hacia los vigilantes se multiplicaron, mostrando el rechazo de varios usuarios frente a la respuesta del personal de seguridad.

Entre los reclamos más directos, una persona increpó a un vigilante al decir: “Pegándole bolillo a las mujeres. No es la forma, no es la forma. No es la forma pegándole a una mujer. Por un pasaje no es la forma. A usted no lo van a ascender por eso, por pegarle a una mujer. Ni le van a subir el sueldo.” En fotografías tomadas tras el incidente, se observa a un hombre con el rostro ensangrentado, presuntamente a causa de las agresiones.

La reacción en redes sociales fue polarizada. Algunos comentarios respaldaron a los guardias: “Excelente, literal está robando y así mismo se debe tratar. fin” y “Todo mi apoyo a los guardias de transmilenio, que gran trabajo hicieron, hay que darles garrote hasta que paguen y se comporten”.

Otros advirtieron sobre los riesgos de la violencia excesiva: “El asunto es que paguen, pero un ataque desmedido ya cambia el panorama” y “Después no estén llorando y quejándose cuando vayan armados y empiecen a apuñalar o dispararles a los de personal de seguridad”.

Tras la polémica creadas en redes sociales por la reacción de lo vigilantes ante los colados, la administración del sistema expresó su rechazo a estos hechos y solicitó a la comunidad mantener un comportamiento adecuado dentro del transporte público.

Según las primeras informaciones difundidas por la entidad, las personas involucradas habrían ingresado sin pagar el pasaje durante un operativo de control. No se ofrecieron detalles adicionales sobre la actuación específica de los agentes de seguridad reflejados en el video.

Cabe recordar que el equipo de seguridad de Transmilenio está integrado por personal privado cuya labor se centra en la vigilancia y el control de accesos, así como en evitar la entrada irregular de usuarios. Entre sus responsabilidades destacan la protección de los pasajeros y de las instalaciones, así como el control de conductas que puedan afectar la convivencia en estaciones y buses.

El sistema recordó la importancia del trabajo diario de su personal operativo para el correcto funcionamiento del servicio en la ciudad. Además, reiteró el compromiso de fortalecer acciones preventivas y de acompañamiento que garanticen la seguridad tanto de usuarios como de empleados.

Y es que los vigilantes cumplen funciones como la disuasión de comportamientos indebidos, la restricción del acceso irregular, la protección de los bienes estatales y la atención en emergencias. Algunos también cuentan con apoyo canino para tareas específicas, como la detección de sustancias.

Cabe señalar que, si bien los vigilantes pueden contener situaciones problemáticas, no están facultados para ejercer labores policiales. Su actuación se limita a la prevención y al resguardo de la infraestructura y quienes la utilizan. La administración hizo énfasis en la necesidad de respetar las normas para preservar la integridad de todos quienes usan el sistema.

Un episodio de violencia doméstica escaló a una peligrosa persecución con detonaciones de arma de fuego en el estado de Puebla, luego de que un hombre agrediera físicamente a su pareja e intentara escapar de las autoridades, generando momentos de tensión entre pobladores.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron en el municipio de Juan C. Bonilla, donde el sujeto golpeó a una mujer, presuntamente su pareja sentimental, en la vía pública.

Tras la agresión, testigos dieron aviso a las autoridades, lo que provocó la movilización de elementos policiacos en la zona.

Huida, persecución y disparos

Al percatarse de la presencia policial, el agresor intentó evadir su detención abordando un camión de carga, con el cual emprendió la huida. Durante su escape, el sujeto chocó contra varias patrullas e incluso puso en riesgo a otros automovilistas, mientras se desarrollaba una persecución que se extendió por distintos puntos de la región.

La situación se tornó aún más crítica cuando, en medio del operativo, se registraron detonaciones de arma de fuego, lo que incrementó el nivel de alerta entre los cuerpos de seguridad y la población.

Ante la magnitud del incidente, se desplegó un operativo conjunto en el que participaron policías municipales y estatales, quienes coordinaron acciones para detener al agresor.

Captura y tensión tras la detención

Finalmente, el hombre fue interceptado y detenido en la zona de San Pedro Cholula, donde las autoridades lograron asegurar tanto al conductor como la unidad que utilizó para su fuga.

De acuerdo con los primeros informes, el sujeto se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento de los hechos, lo que habría influido en su conducta violenta.

Sin embargo, la situación no terminó con su captura. Un grupo de personas acudió posteriormente a la comandancia con la intención de liberarlo, lo que obligó a reforzar la seguridad en el lugar para evitar nuevos incidentes.

Violencia que escala y preocupa

El caso ha generado preocupación debido a la rapidez con la que un episodio de violencia de género derivó en un hecho de alto riesgo, con persecución, daños materiales y detonaciones de arma de fuego.

Además, evidencia la complejidad de este tipo de hechos, en los que la violencia doméstica no solo afecta a la víctima directa, sino que puede escalar a situaciones que ponen en peligro a la comunidad en general.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales, quienes determinarán su situación jurídica.

En un video difundido a través de TikTok, el usuario denunció haber sido víctima de un trato violento por parte de cinco agentes de tránsito en la capital.

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Durante la grabación, se observa una secuencia de empujones y gestos agresivos. El propio anfer77 narró: “Volvamos al inicio. Aquí empezó todo. El agente le tomó fotos a mis documentos con su teléfono personal. Presten atención a esto. Se los pondré en cámara lenta”. El video busca poner en evidencia la conducta de los funcionarios.

A lo largo del material, el denunciante ironiza sobre la reacción de los agentes: “Ellos dijeron lo empuje con la excusa de prender todo. Juzguen ustedes si lo empujé. Ni Neymar se atrevió a actuar así”. Además, describe distintos momentos de tensión y acusa a uno de los funcionarios de agredirlo físicamente: “Aquí la señora agente de tránsito me había dado una patada, por eso volteo a ver quién fue”.

En las imágenes también se obsercó cómo el teléfono móvil del conductor terminó en el aire luego de que uno de los funcionarios le diera un manotazo.

El hecho generó una ola de reacciones en redes sociales. Los espectadores no tardaron en manifestar sus dudas y reclamos tanto hacia el motociclista como hacia los funcionarios. Un usuario exigió: “Muestre el motivo de la detención?”. Otros fueron más allá al sugerir acciones legales: “Una demanda en fiscalía por daños y perjuicios y por calumnia”, propuso alguien en la sección de comentarios.

Algunos ciudadanos recomendaron alternativas administrativas para denunciar lo ocurrido. Uno escribió: “Una denuncia en la procuraduría invocando el artículo 6 de la Constitución y acusando el abuso de autoridad”. Otro usuario aportó datos sobre la localización del incidente al comentar: “Más Exacto; Av Guayacanes Con Cali”.

La discusión digital incluyó voces que llamaron a la prudencia antes de emitir juicios. Un participante advirtió: “En estos casos se tiene que ver la opinión de parte y parte antes de hacer comentarios”.

Los Agentes Civiles de Tránsito desempeñan funciones públicas bajo la supervisión de la Secretaría Distrital de Movilidad. Cuando existen inconformidades respecto a su actuación, los ciudadanos pueden presentar quejas ante la Oficina de Control Disciplinario Interno de la entidad, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 10 del Decreto Distrital No. 672 de 2018, modificado por el Artículo 2° del Decreto Distrital 182 de 2022.

El trámite de estos reclamos puede realizarse de varias maneras. De forma presencial, las personas pueden acudir a la Calle 13 N.º 37-35, en el Área de Correspondencia. También existe la opción de canales virtuales: está habilitado el sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (Pqrd). Además, los ciudadanos cuentan con la plataforma ‘Bogotá te escucha’ para hacer llegar sus inquietudes o denuncias.

La labor principal de los agentes de tránsito y de movilidad en Bogotá consiste en regular el flujo vehicular y peatonal, garantizar el cumplimiento de las normas viales, imponer comparendos, inmovilizar vehículos mediante grúa o cepo y levantar informes cuando ocurren accidentes. Estas tareas buscan fortalecer la seguridad vial, desarrollar actividades pedagógicas y contribuir a que el tráfico sea más fluido, sobre todo en los corredores prioritarios.

Los agentes trabajan en conjunto con la Policía de Tránsito, asegurando la coordinación en operativos y medidas preventivas. De esta manera, para quienes deseen integrarse al equipo de Agentes Civiles de Tránsito, se exige contar con técnico certificado en Seguridad Vial, demostrar vocación de servicio y tener licencia de conducción categoría A1.

El caso, reportado por la cadena de noticias Fox News, ocurrió el 23 de febrero y tuvo lugar cerca del Mall at Millenia, según información del Departamento de Policía de Orlando, la autoridad policial local.

La imputada enfrenta cargos por agredir a una mujer mayor, a un policía y por asalto agravado

El reporte de Fox News detalla que Shaffer-Brockwell enfrenta cargos por agresión a una persona de 65 años o más, agresión agravada contra un funcionario policial, robo con asalto a un vehículo y resistencia violenta a la autoridad.

La policía difundió una fotografía de las lesiones sufridas por la víctima de mayor edad, en la que se observan hematomas y rasguños en el rostro.

La secuencia de hechos comenzó cuando Shaffer-Brockwell habría detenido su vehículo varias veces frente al automóvil de la mujer embarazada, obligándola a cambiar de carril en un intento de evadirla, conforme al testimonio recogido por las autoridades y citado por la cadena de noticias Fox News.

La discusión escaló cuando Shaffer-Brockwell descendió de su auto, se aproximó al otro vehículo, se subió al capó y, tras forzar la puerta del conductor, habría lanzado varios golpes al rostro de la conductora.

La mujer atacada declaró a la policía que su hijo también se encontraba en el interior del auto durante el episodio. La agresora gritó: “Vuelve a tocar la bocina, p...”, según consta en el informe al que accedió Fox News.

Testigos, intervención policial y resistencia

La intervención de una mujer de edad avanzada, testigo del altercado, derivó en una segunda agresión. El parte policial indica que la implicada la increpó con la frase: “Vuelve a tu maldito auto”, antes de golpear y arañar el rostro de la testigo. La fotografía difundida por la policía de Orlando muestra lesiones visibles debajo de uno de los ojos de la víctima.

Uno de los afectados proporcionó la descripción física y vehicular de Shaffer-Brockwell, lo que permitió a las fuerzas de seguridad localizarla rápidamente, según informó la policía a la cadena de noticias. El intento de arresto se tornó violento cuando la acusada opuso resistencia; la cámara corporal del agente registró el momento en que mordió la muñeca del policía al intentar evitar ser esposada.

Durante el forcejeo, Shaffer-Brockwell expresó su malestar insultando de forma reiterada al oficial. En el intercambio, registrado por el dispositivo, se escucha la advertencia del agente: “No me muerdas”, y la respuesta de la imputada: “Quítate de encima, c...”. Finalmente, el oficial logró reducirla y la trasladó bajo custodia.

El Departamento de Policía de Orlando, la autoridad policial local, confirmó a la cadena de noticias Fox News que las acciones de Mandolyn Ann Shaffer-Brockwell reúnen elementos suficientes para los cargos presentados y demuestran una cadena de agresiones.

Las cuales fueron iniciadas a partir de un conflicto vehicular que derivó en la afectación de una conductora embarazada, una testigo mayor y un agente de la ley durante el procedimiento de arresto.

Alan Ritchson, estrella de la serie Reacher, está siendo investigado tras un incidente ocurrido el domingo en un suburbio residencial de Nashville, Tennessee, en el que presuntamente agredió físicamente a un vecino en presencia de sus hijos menores de edad.

El presunto afectado, Ronnie Taylor, declaró a TMZ que el origen del conflicto se remonta al sábado, cuando Ritchson habría circulado a alta velocidad por el tranquilo vecindario montando una motocicleta Kawasaki de color verde.

De acuerdo al testimonio, el actor hizo sonar el motor de forma reiterada y perturbando la calma del lugar.

Taylor reconoció ante el mismo medio haber realizado un gesto obsceno al artista, quien habría respondido de la misma manera.

Al día siguiente, cerca del mediodía del domingo, Ritchson regresó al vecindario, esta vez acompañado de dos de sus hijos, quienes montaban sus propias motocicletas.

Según el relato de la víctima a TMZ, cuando le pidió al actor que dejara de hacerlo —con una frase que incluyó una palabrota—, la situación escaló hasta convertirse en un enfrentamiento físico.

Ronnie Taylor declaró a las autoridades que Alan Ritchson lo golpeó en el rostro y le dio una patada, y que tras caer al suelo fue golpeado en la parte posterior de la cabeza.

Según su versión, la celebridad lo habría golpeado “al menos cuatro veces” mientras estaba en el suelo, lo que le causó hematomas e inflamación visibles. Fotografías del rostro de Taylor con evidentes marcas fueron obtenidas y publicadas por TMZ.

Taylor indicó al portal que no requirió atención hospitalaria y que presentó una denuncia ante la policía.

El incidente fue registrado en video. Las imágenes muestran a Ritchson golpeando a un hombre que se encontraba arrodillado en el suelo, mientras dos menores, reportados por TMZ como los hijos del actor, observan la escena desde sus motocicletas.

Fuentes cercanas al actor ofrecieron una versión distinta de los hechos a TMZ. Según estos testimonios, fue Taylor quien se acercó a Ritchson de manera “muy agresiva” e intentó interferir con su motocicleta, lo que habría provocado que el actor cayera en dos ocasiones.

Estas fuentes sostienen que fue Taylor quien “inició e instigó” el incidente. De acuerdo con esta versión, Ritchson resultó con una lesión leve en un dedo, además de cortes y moretones.

Fuentes policiales confirmaron a TMZ que existe una investigación en curso derivada del incidente, aunque hasta el momento no se ha efectuado ningún arresto.

Los representantes del actor no respondieron a las solicitudes de comentario formuladas por distintos medios.

Alan Ritchson, de 43 años, es ampliamente reconocido por interpretar al exoficial de la policía militar del ejército estadounidense Jack Reacher en la serie homónima de Amazon Prime Video, personaje basado en los bestsellers del escritor Lee Child.

La producción fue elogiada, entre otros aspectos, por el parecido físico del actor con la descripción original del personaje: un hombre de aproximadamente 1,95 metros y 113 kilogramos.

El programa de acción y crimen se emite a través de Prime Video desde 2022 y actualmente cuenta con tres temporadas, con una cuarta en camino que ya se filmó el año pasado.

El artista también es recordado por su participación en la serie Smallville.

En el plano personal, Ritchson está casado desde mayo de 2006 con Catherine Ritchson, con quien tiene tres hijos.

En declaraciones publicadas por la revista Men’s Health en marzo de 2024, explicó que su familia optó por vender su residencia en Florida para vivir en hoteles y apartamentos temporales mientras trabaja en distintas locaciones, con el objetivo de no separarse durante los rodajes.

Ni el actor ni su esposa han publicado nada en redes sociales desde que el incidente se hizo público.

Tres de los jóvenes detenidos por la agresión ya contaban con antecedentes policiales, lo que, según informó el medio, añade relevancia a la investigación y a la intervención que se produjo anoche en el distrito madrileño de Chamartín. Según publicó la fuente oficial consultada por el medio, cinco adolescentes de entre 16 y 17 años, de nacionalidades española, dominicana y hondureña, resultaron arrestados tras participar presuntamente en la agresión con arma blanca a un joven de 14 años. El ataque ocurrió en las proximidades de la calle Clara del Rey, aproximadamente a las 22 horas.

Tal como detalló la información policial difundida en medios, los hechos comenzaron con una llamada de emergencia por un menor herido en la vía pública. El Servicio de Asistencia Municipal de Urgencias-Protección Civil (Samur-PC) atendió inmediatamente al adolescente, quien presentaba dos heridas graves, localizadas en el tórax y la ingle. Finalmente, el joven fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Seguido al ataque, la Policía Nacional desplegó un dispositivo de búsqueda en la zona para localizar a los posibles autores. Tras varias batidas por la zona, agentes consiguieron detener a los cinco menores presuntamente involucrados en el suceso. Según informó la fuente policial y consignó el medio, los adolescentes fueron imputados por un delito de tentativa de homicidio.

Los cinco detenidos fueron puestos bajo disposición del Grupo de Menores (GRUME), unidad encargada de gestionar las diligencias y la investigación de delitos que involucran a menores de edad. El medio aclaró que entre los arrestados, tres ya tenían antecedentes previos, lo que se sumó a la gravedad del hecho y a la preocupación de las autoridades por la reincidencia en este grupo de jóvenes.

La información difundida por fuentes oficiales reflejó que la intervención se desarrolló con rapidez, dada la urgencia que implicaba el estado del menor herido y la necesidad de evitar la huida de los agresores. La Policía Nacional continúa trabajando en la recopilación de pruebas y testimonios para clarificar las circunstancias que rodearon el ataque, al tiempo que se evalúan posibles motivaciones y vínculos entre los implicados, según reportó el medio.

La agresión y posterior actuación policial generaron alarma entre los residentes del distrito de Chamartín, donde se produjo el incidente. Las autoridades han recordado la importancia de la colaboración ciudadana en casos de violencia juvenil y han mantenido presencia policial en la zona para prevenir nuevos incidentes de este tipo, tal como señaló la información publicada por la fuente.

De acuerdo con los datos conocidos hasta el momento y difundidos por el medio, el menor agredido evoluciona bajo supervisión médica tras el traslado hospitalario, mientras continúa el desarrollo de la investigación policial sobre las circunstancias y los posibles móviles de la agresión. La actuación conjunta entre Samur-Protección Civil y la Policía Nacional resultó clave para evitar consecuencias mayores para la víctima y detener con rapidez a los presuntos responsables.

Un hombre de 31 años fue condenado a 15 meses de prisión efectiva luego de admitir en un juicio abreviado que agredió con piedras a un grupo de Policías y un patrullero en el barrio porteño de Constitución. El hecho ocurrió cuando impidió que usuarios del Subte E ingresaran a una estación.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el hecho se registró en la boca de subte de la estación San José de la línea E, ubicada en la avenida San Juan al 1300. Allí, el imputado obstruía el acceso de los pasajeros que intentaban ingresar al subterráneo.

Al arribar personal policial, le solicitaron que se retirara, pero el hombre reaccionó con insultos y amenazas. Según consta en el expediente, desafió verbalmente a uno de los efectivos al decirle: “Porque tenés un chaleco te hacés el poderoso, sacate el chaleco y vamos a pelear”.

La condena fue acordada por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N°12, a cargo de Sebastián Fedullo, y homologada por el juez Alejandro Villanueva del Juzgado N° 25.

Frente a la negativa del hombre a colaborar, la situación escaló. El imputado tomó varias piedras y las arrojó contra los policías y el patrullero que se encontraba en el lugar. Uno de los proyectiles impactó en el vehículo oficial y provocó la rotura del faro trasero. Tras la agresión, el acusado intentó huir corriendo por avenida San Juan.

El intento de fuga fue frustrado rápidamente: a pocos metros, en la esquina con la calle San José, los efectivos lograron reducirlo y proceder a su detención.

La Fiscalía tomó intervención inmediata en el caso. Se recabaron pruebas testimoniales de personas que presenciaron la secuencia de agresión y el ataque al patrullero. Sobre la base de estos elementos, se imputó al detenido por atentado y resistencia a la autoridad y daños agravados, por tratarse de un bien público, según los artículos 239 y 184 inciso 5 del Código Penal.

“Finalmente, en un acuerdo de avenimiento, se solicitó la condena de 3 meses de prisión, la cual se unificó con una pena anterior que tenía del ámbito nacional, imponiéndole una pena única de 1 año y 3 meses de efectivo cumplimiento, todo lo cual fue posteriormente homologado por el Juzgado”, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

El hecho, captado en un video que acompaña esta nota, ocurrió en la madrugada del sábado a la salida del boliche Wabi Fun, en Luján de Cuyo.

La víctima, identificada como Agustín, había salido con su novia y amigos esa noche. En las imágenes registradas por un testigo y que se viralizaron posteriormente, se observa cómo, al intentar separar a dos jóvenes que se estaban peleando, recibió un golpe directo en la cara que lo dejó inconsciente.

Agustín cayó al piso y, según reconstruyeron medios locales, actualmente se encuentra internado en un centro de salud. Sufrió una fractura en el maxilar, una fisura en el pómulo y deberá someterse a una intervención quirúrgica por la contusión en el ojo.

“Fue terrible lo que vivimos. Ya radicamos la denuncia, lo vio el médico forense y el agresor está identificado”, relató su madre, en declaraciones a Los Andes. El padre, en tanto, siguió: “El video lo pude ver una sola vez. No entiendo el nivel de maldad y violencia de estos golpeadores, porque salen a buscar problemas nada más”.

De acuerdo con el relato de la víctima, los problemas con los agresores comenzaron dentro del club. El mismo joven que golpeó a Agustín habría estado hostigando, junto a sus amigos, al grupo; según denunciaron, incluso llegó a tomar del cuello a una de las amigas de la víctima. Los cruces continuaron una vez que salieron de la fiesta.

Tras recibir el golpe que lo noqueó, Agustín logró recuperarse y regresar a su casa cerca de las 07:30. Sin embargo, su familia denunció que fue abandonado tanto por los policías presentes como por las autoridades del boliche: “Ni los patovicas ni los policías que estaban en el lugar lo asistieron ni llamaron a una ambulancia”, sostuvo Vanesa, la madre.

“No entiendo cómo nadie hizo nada, no lo puedo creer. Tienen que entender que esto le puede pasar a cualquiera, estos chicos salen con la intención de atacar, no buscan nada más”, agregó Fernando, el padre.

“Le arruinaron la vida a mi hijo”

Al llegar a su casa, el joven le dijo a su madre: “Ma, me pegaron”, y se volvió a acostar, mientras ella salía a trabajar. Aunque permaneció en reposo, los dolores continuaron, por lo que el domingo sus padres lo trasladaron a una guardia en Maipú.

Los estudios médicos confirmaron que Agustín sufrió lesiones en el maxilar y en un ojo, y ahora espera ser intervenido en el hospital Santa Isabel de Hungría.

Según medios locales, tras la viralización de las imágenes, el agresor fue identificado. La denuncia fue presentada en la Oficina Fiscal N° 10 de Maipú, y ahora la Justicia deberá avanzar con las pruebas recopiladas.

“Lo hemos identificado por los videos. Me han llegado muchísimos mensajes, tenemos los nombres, pero todo lo tiene mi abogada, para que lo remita a la Justicia así pueden avanzar”, continuó Fernando. Y cerró: “Se viene una larga recuperación. Le arruinaron la vida a mi hijo que trabaja, estudia y había salido solo a divertirse con sus amigos”.

Ese mismo sábado, en medio de una pelea a la salida de un boliche en la ciudad de Rosario, una joven fue atacada con un objeto punzante en el rostro y la cabeza, por otra mujer. La pelea entre las dos jóvenes ocurrió sobre la calle Urquiza al 1800 y quedó registrada en un video capturado por los testigos.

Según informó el portal Rosario3, el episodio ocurrió el sábado por la madrugada afuera del local bailable. Durante el enfrentamiento la agresora sacó una tijera y propinó cortes en el cuero cabelludo y en un pómulo a la joven de 18 años.

La víctima debió ser asistida en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), que determinó que, pese a la gravedad de las lesiones, la joven se encontraba fuera de peligro y no requirió traslado hospitalario.

Este miércoles 18 de marzo agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron agredidos a balazos por un grupo de motociclistas en el municipio de Mazatlán tras un un intento de revisión que provocó una persecución.

El hecho, enmarcado en los patrullajes derivados de la coordinación interinstitucional por la seguridad en la entidad, fue informado por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP).

El ataque fue realizado por cuatro personas, sin embargo, únicamente fue posible la detención de una, la cual fue trasladada para recibir atención medica por heridas de bala.

Detonaciones tras intento de revisión

De acuerdo con las autoridades, el incidente se produjo cuando personal de la corporación realizaba recorridos de vigilancia. Al circular sobre un camino estatal, los agentes detectaron a cuatro civiles junto a dos motocicletas en el entronque al poblado Cerritos, hacia la autopista Culiacán-Mazatlán.

Según el reporte oficial, al menos dos de los individuos portaban armas cortas fajadas a la cintura, por lo que las autoridades buscaron revisarlos.

Al percatarse de la presencia de las autoridades, los civiles intentaron escapar. Uno de ellos disparó contra los policías federales, lo que provocó la reacción armada de los agentes federales.

En este intercambio de disparos, un civil resultó herido y capturado en el lugar.

Aseguramiento de arma y motocicletas robadas

En la sitio los elementos de la SSPC lograron asegurar un arma corta calibre 9 milímetros abastecida con ocho cartuchos útiles, además de dos casquillos percutidos. Las imágenes compartidas por las agencias de seguridad revelaron que se trata de una pistola tipo escuadra de la marca Glock.

También recuperaron dos motocicletas con reporte de robo.

La SSP informó que fue desplegado un operativo de búsqueda para ubicar a los otros tres civiles involucrados, pero no se logró su localización durante esa jornada.

La persona detenida fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital bajo resguardo de las autoridades. Tanto el arma, las motocicletas y el civil asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, responsable de continuar con las investigaciones, detalló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sinaloa.

Coordinación interinstitucional y seguimiento

El comunicado de la SSP remarcaron que la importancia de la colaboración entre fuerzas estatales y federales para enfrentar situaciones de riesgo en la región.

La dependencia reiteró que las labores conjuntas de patrullaje continuarán en las inmediaciones de Mazatlán y zonas aledañas.

Las autoridades subrayaron que el operativo es parte de las acciones para fortalecer la seguridad y responder a hechos delictivos en el estado, mediante las acciones del grupo interinstitucional. Tal grupo es integrado por instituciones como la SSPC, además de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Marina), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).

Un partido de exhibición entre exfutbolistas mexicanos terminó envuelto en polémica luego de un altercado protagonizado por Adolfo Bautista durante el duelo de leyendas entre Monarcas Morelia y el América, celebrado en territorio estadounidense.

El encuentro, disputado en el Santa Ana Stadium, en Santa Ana, tenía como objetivo reunir a figuras históricas del futbol mexicano para revivir viejas rivalidades en un ambiente festivo. Sin embargo, la tensión se desbordó en pleno terreno de juego cuando el exjugador conocido como “Bofo” reaccionó de forma violenta ante una jugada.

De acuerdo con testigos y videos difundidos en redes sociales, Bautista persiguió por varios metros a Israel Martínez, a quien intentó agredir mientras lanzaba insultos y amenazas. La escena sorprendió tanto a los asistentes como a los propios participantes, quienes no esperaban un episodio de esta naturaleza en un partido amistoso.

La situación obligó a la intervención inmediata de otros exjugadores presentes en el compromiso. Entre ellos destacó Cuauhtémoc Blanco, quien junto a varios compañeros trató de contener a Bautista para evitar que el conflicto escalara. Pese a los intentos por calmarlo, el exfutbolista de Chivas se mostró visiblemente alterado durante varios segundos.

Por su parte, Martínez optó por mantener la compostura en todo momento. Lejos de responder a las provocaciones, decidió retirarse del campo entre aplausos del público, que reconoció su actitud ante la tensión vivida. Su salida marcó el momento más tenso del encuentro, que pasó de ser una celebración a un episodio incómodo para los organizadores.

El partido también contó con la presencia de otras figuras reconocidas del futbol mexicano como Moisés Muñoz, Adrián Morales, Isaac Terrazas y Juan Carlos Mosqueda, quienes formaron parte del espectáculo deportivo que reunió a distintas generaciones.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha emitido declaraciones oficiales sobre lo sucedido. Tanto Bautista como Martínez han mantenido silencio en sus redes sociales, lo que ha incrementado la expectativa entre aficionados que esperan una postura tras lo ocurrido.

Según la información confirmada por el médico jefe de la clínica, César Pizcoya —citada por Exitosa—, los hechos se desencadenaron cuando la camioneta negra, conducida por Pinto Briseño, se detuvo cerca de las 2:00 a. m. para arrojar la caja con los animales. La clínica cuenta con cámaras de seguridad que permitieron verificar la secuencia y facilitar la intervención del serenazgo, con respaldo de la Municipalidad de Surco.

Ocho cachorros fueron abandonados en Animal Surco. En este momento, siete permanecen en observación y uno se encuentra en la unidad de cuidados intensivos debido a su delicado estado de salud, informó César Pizcoya a Exitosa. Los cachorros, que tienen apenas una semana de vida, serán puestos en adopción en las próximas semanas. Las autoridades buscan generar conciencia sobre la sanción que implica este tipo de conductas en Perú. La Ley 3047 de protección y bienestar animal sanciona con penas de hasta cinco años de prisión el abandono y el maltrato.

Médico abandonó a ocho cachorros en la veterinaria Animal Surco

El abandono fue perpetrado en la madrugada en la clínica veterinaria Animal Surco. El hecho, informado por RPP Noticias, señala que Yoser Pinto Briseño lanzó la caja con los ocho cachorros en la puerta del establecimiento. El veterinario de guardia, Gonzalo Roque, junto a la recepcionista, intentó evitar el abandono e insistió en que el protocolo para la entrega responsable de animales exige ser realizado durante el día y con formalización previa, algo que el implicado rehusó acatar.

De acuerdo con el testimonio de César Pizcoya, citado por RPP Noticias, el agresor no solo ignoró el pedido de cumplir los protocolos, sino que desafió al personal indicando: “No me importa si me denuncian”. En el momento del incidente, Pinto Briseño mostró un carnet que lo identificaba como médico y manifestó su profesión, aparentando inmunidad. Se verificó después en el Colegio Médico del Perú que figura como médico colegiado con código activo.

Imágenes captadas por las cámaras de la clínica permitieron a la Municipalidad de Surco —según relató César Pizcoya a Exitosa— identificar y retener al responsable, quien fue derivado por el serenazgo a la comisaría local para las diligencias legales correspondientes.

Agresión física al veterinario tras el reclamo por el abandono

Después de que el personal lo interpelara por el abandono de los cachorros, Yoser Pinto Briseño agredió físicamente al veterinario de turno, Gonzalo Roque, lanzándole más de cinco puñetazos en el rostro, según explicó César Pizcoya en diálogo con Exitosa. Dos mujeres acompañantes también participaron de la agresión, con cachetadas y arañazos. El ataque tuvo lugar alrededor de las 2:00 a. m. y dejó a Roque con lesiones en el rostro que requirieron atención de emergencia en un hospital local y la evaluación por parte del médico legista, informó RPP Noticias.

El agresor, al descender de su vehículo para atacar, reiteró su desinterés por la denuncia y mantuvo una actitud desafiante frente al personal y las autoridades. De acuerdo con testigos, el protocolo institucional de la veterinaria busca garantizar la adopción responsable de animales y prevenir el abandono, con entregas pactadas en horario diurno y mediante registro previo.

La rápida intervención del personal de la clínica y el respaldo de agentes municipales permitió la detención de Pinto Briseño, que fue trasladado a la comisaría distrital para la apertura de la denuncia penal por maltrato animal y agresión física a un profesional de salud, conforme a la normativa vigente en el país.

Estado de los cachorros y proceso de adopción tras el incidente

Los ocho cachorros arrojados en la puerta de la veterinaria presentan diferentes estados de salud. Según detalló César Pizcoya a Exitosa, uno de ellos permanece en la unidad de cuidados intensivos, mientras el resto sigue en observación bajo la vigilancia del equipo médico. El proceso de adopción se iniciará en unas semanas, garantizando prioridad al bienestar de los animales durante el periodo de recuperación.

La clínica Animal Surco, ubicada en Tomás Marsano 4391, promueve la adopción responsable e invita a la ciudadanía interesada en ofrecer un hogar a estos cachorros a contactarse próximamente al número 907 092 153, proporcionado por el centro veterinario y transmitido por Exitosa. Esta medida busca tanto salvaguardar la vida de los animales como generar conciencia sobre el alcance legal y ético del abandono en el país.

El caso ha reforzado la vigencia de la Ley de Protección y Bienestar Animal – Ley 3047, que estipula responsabilidad penal para delitos como abandono y maltrato. Continúan las investigaciones contra Yoser Pinto Briseño, mientras las autoridades exhortan a la comunidad a reportar casos similares para proteger la integridad de los animales y asegurar la aplicación de la legislación.

Médico brinda asegura que agresión fue en defensa propia

El médico Yoser Pinto Briseño ofreció su versión de los hechos en diálogo con Buenos Días Perú de Panamericana Televisión, tras ser señalado por abandonar ocho cachorros y agredir a un veterinario en Surco. Pinto Briseño aseguró que no cometió un abandono, sino que recogió a los cachorros de un basurero y los llevó a una clínica veterinaria que, según él, promueve la adopción de animales. “Los perros estaban en un basurero y se los llevé a esta gente que hace publicidades engañosas diciendo que rescatan perros y los dan en adopción”, afirmó.

Respecto a la falta de coordinación, Pinto Briseño argumentó que la situación fue imprevista y que acudió a la veterinaria porque era la única opción disponible a las dos de la mañana. Criticó al establecimiento por, supuestamente, cobrar “ciento cincuenta soles por perro” para gestionarlos en adopción, y reclamó que no se mostraran todos los videos de las cámaras de seguridad, insinuando que la difusión de los hechos es parcial.

Sobre la agresión denunciada por el personal veterinario, Pinto Briseño negó haber iniciado el ataque y sostuvo que actuó en defensa propia tras un altercado con el médico de guardia. Reiteró que no tiene denuncia formal en su contra y recalcó que está colegiado y habilitado para ejercer la medicina en el país. Solicitó públicamente que se difundan las grabaciones completas para esclarecer el incidente.

El servicio nocturno de transporte público entre Langreo y Oviedo, uno de los más utilizados durante los fines de semana, quedó interrumpido en la madrugada tras un ataque con arma blanca que sufrió uno de los conductores. Según informó Europa Press, la empresa Transportes Zapico SL, responsable de la prestación de este servicio conocido como “búho”, difundió en sus redes sociales la decisión de suspender todas las operaciones durante la noche, después de que uno de sus empleados resultara herido en una agresión catalogada como grave por la compañía.

De acuerdo con la publicación de Europa Press, la agresión ocurrió durante el primer trayecto de la línea nocturna, que partió de Sama de Langreo a las 23:30 horas del sábado. El trabajador atacado se encontraba cubriendo la ruta entre Langreo y Oviedo cuando fue apuñalado, hecho que llevó a la empresa a interrumpir el traslado de pasajeros durante el resto de la madrugada, priorizando la seguridad de sus empleados.

La empresa Transportes Zapico SL expresó que la integridad física de quienes forman parte de su plantilla constituye “una absoluta prioridad”. En el comunicado, la compañía deseó la “pronta recuperación” del conductor herido, aunque hasta el momento de elaboración de este informe no se había difundido información oficial sobre su estado de salud o el posible móvil del ataque, recogió Europa Press.

En cuanto a la respuesta policial y judicial, hasta ahora no se conocen detalles acerca de la identificación o detención de los presuntos responsables de la agresión, informó Europa Press. El hecho, que causó conmoción entre los usuarios del servicio, se suma a otras situaciones que afectan la seguridad en el transporte público nocturno, aunque desde la empresa no se han anunciado medidas adicionales más allá de la suspensión temporal del servicio.

El servicio de “búho” que une Langreo con Oviedo constituye una de las líneas clave para la movilidad nocturna en la región, especialmente los fines de semana, cuando usuarios del área metropolitana de Asturias recurren al servicio para sus desplazamientos entre ambas localidades. Tras el ataque, la empresa reportó un impacto directo en los planes de viaje de numerosos pasajeros, recalcando que la suspensión se mantendría hasta nueva orden, a la espera de que las condiciones de seguridad permitan reanudar las operaciones.

En sus declaraciones públicas, Transportes Zapico SL reiteró su preocupación por la integridad de sus conductores y trabajadores en general, manifestando que tomará todas las medidas necesarias para proteger al personal durante el desempeño de sus funciones, según consignó Europa Press. Se espera que la reactivación del servicio nocturno se realice una vez que las autoridades evalúen la situación y se garantice la seguridad tanto del personal como de los usuarios.

El hecho registrado no solo provocó la cancelación temporal de la línea Langreo-Oviedo, sino que también generó inquietud sobre la protección de quienes trabajan en turnos nocturnos del transporte público. Según indicó Europa Press, la investigación sobre las circunstancias y el responsable o responsables del apuñalamiento continúa abierta, sin que hasta el momento se hayan difundido detalles sobre el posible motivo del ataque o los pasos seguidos en la investigación policial.

La empresa ha subrayado que toda la información relacionada con la evolución del estado del conductor herido y la reanudación del servicio será comunicada a través de sus canales habituales, a medida que se disponga de nuevos datos.

La circulación de imágenes del presunto responsable de la agresión a Miguel Ángel Llamas ha generado preocupación en su entorno cercano, que alega que la difusión se realizó sin autorización y repercutió en su bienestar. De acuerdo con un comunicado dirigido a Europa Press, la familia del señalado afirma que representantes políticos divulgaron sin consentimiento expreso fotografías que identifican a su familiar, incluyendo las imágenes divulgadas por el propio Llamas en la red social X cuando narró el incidente.

La familia sostiene que el acusado cuenta con un grado de discapacidad y de dependencia reconocido oficialmente. Según publicó Europa Press, los familiares han solicitado respeto para su situación y subrayan que el denunciado es una persona tranquila que evita enfrentamientos o situaciones conflictivas. “Queremos recalcar que es una persona pacífica y tranquila y que rehuye de comportamientos violentos o cualquier tipo de altercado”, afirmó la familia en el comunicado recogido por el medio.

El hecho ocurrió en la calle Santiago de Valladolid y tuvo como víctima a Miguel Ángel Llamas, cabeza de lista de Podemos-Alianza Verde en las elecciones autonómicas. La familia del presunto autor rechaza la hipótesis, planteada por Llamas, de que existan motivaciones políticas o ideológicas detrás de la agresión. Según el comunicado citado por Europa Press, el entorno del acusado explica que, debido a su discapacidad, su madurez mental corresponde aproximadamente “a la de un niño de seis años”. Para los allegados, esta circunstancia elimina la posibilidad de que el acusado identificara a Llamas o asociara su figura con alguna ideología política, según reportó Europa Press.

La familia informó que todos los hechos están puestos en conocimiento de la Policía Nacional. Además, denunciaron que la divulgación de las imágenes ha provocado temor al acusado, quien ahora teme salir de su domicilio por posibles represalias, detalló Europa Press.

En su escrito, la familia apeló al respeto y solicitó el cese en la difusión de la imagen de su familiar para evitar una mayor exposición y sufrimiento, puntualizando que corresponde a la justicia determinar lo sucedido. “Rogamos respeto y que sea la justicia la que determine qué pasó”, concluyeron en el mensaje dirigido a los medios, según recopiló Europa Press.

El caso ha suscitado un debate sobre el tratamiento de la privacidad de las personas con discapacidad en contextos judiciales y mediáticos. Las manifestaciones de la familia, recogidas por Europa Press, reiteran que el presunto responsable de la agresión carece de intencionalidad violenta y está afectado por graves limitaciones cognitivas. A raíz de la denuncia y la repercusión pública, el entorno del acusado insiste en la necesidad de garantizar tanto la presunción de inocencia como el trato digno a personas en su situación, informó Europa Press.

Miguel Ángel Llamas, por su parte, comunicó a través de sus redes sociales que había sido agredido y compartió imágenes del presunto agresor. Este hecho provocó una rápida difusión en el ámbito político y mediático, lo que la familia del acusado considera injusto e inapropiado dada la condición de vulnerabilidad de su allegado. Europa Press consignó que la familia lamenta que la publicación de esas imágenes se haya realizado sin solicitar autorización y que la identificación de su familiar contribuyó a un aumento de su ansiedad y miedo ante eventuales consecuencias.

Las autoridades policiales ya han recibido las denuncias correspondientes, conforme a la declaración familiar citada por Europa Press. La familia del acusado mantiene su posición de que el caso no reviste motivaciones políticas ni personales y solicita el tratamiento judicial ajustado a derecho, enfatizando la necesidad de respeto y confidencialidad para quienes padecen discapacidades severas.