La Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos presentados por familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. Así, dejó firmes los sobreseimientos del ex presidente Mauricio Macri, del exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas, de su entonces segunda Silvia Majdalani y de ocho exagentes del organismo, en la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos.

Los familiares habían denunciado maniobras de vigilancia y seguimiento entre 2017 y 2018, cuando reclamaban respuestas por la desaparición del submarino. La acusación sostenía que los imputados ordenaron registrar manifestaciones, misas y acciones públicas, así como recopilar información personal y datos de redes sociales de los allegados a los tripulantes.

La investigación comenzó tras el hallazgo de documentación en la sede de la AFI de Mar del Plata con fichas, informes y registros de actividades de los familiares. En diciembre de 2021, el juez federal de Dolores Martín Bava procesó a Macri, Arribas, Majdalani y otros agentes por presunto espionaje ilegal, al considerar que las tareas buscaban “influir en la situación política e institucional del país”. Se trató de la primera causa penal que enfrentó Macri tras dejar la Casa Rosada.

El 15 de julio de 2022, la Cámara Federal porteña -integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi- revocó el procesamiento y dictó el sobreseimiento de todos los imputados, al sostener que las diligencias estaban justificadas como parte de las tareas de seguridad presidencial.

Ese fallo fue revisado y ratificado por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky. Por mayoría, Yacobucci y Borinsky consideraron que la Cámara Federal había hecho “un tratamiento concreto y pormenorizado de los hechos ventilados en la causa” y descartaron que se hubiera configurado el delito de espionaje.

Casación respaldó que las actividades de la AFI “formaban parte de las tareas que hacían a la seguridad del presidente y descartó la hipótesis de espionaje”. “Aun cuando el magistrado de la instancia haya dejado entrever que la información sobre preguntas o reclamos habría sido alcanzada mediante infiltraciones, lo cierto es que las declaraciones testimoniales de los familiares (...) echan por tierra esa inferencia”, sostuvo el fallo, que agregó: “Los mismos admiten que sus expectativas y reclamos eran comunicados también por medios de información o incluso por videos en redes sociales. Queda descartado cualquier tipo de secretismo entre los familiares respecto de esos datos y su obtención exclusivamente a través de medios ilegales.”

El máximo tribunal penal federal agregó que “ninguna de las actividades explícitamente atendidas en el fallo bajo revisión implicó una extralimitación de las facultades de inteligencia” y que “de ningún modo se podrían erigir como injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada de los sujetos involucrados”. Además, advirtió sobre “los graves riesgos que podría acarrear fallas u omisiones en la seguridad o en el control del entorno de altos mandatarios”.

Las querellas particulares -representadas por Eva Sandoval y patrocinadas por los abogados Mariano Bergés y Valeria Carreras- llevaron el caso a la Corte Suprema mediante recursos extraordinarios, cuestionando la justificación de las tareas de inteligencia y denunciando falta de imparcialidad judicial.

El máximo tribunal, sin ingresar al fondo de la cuestión, desestimó los recursos tras el acuerdo firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Con esta decisión, quedaron firmes los sobreseimientos de Macri, Arribas, Majdalani y los ocho exagentes identificados por sus iniciales —E.W., N.I.B., J.J.V.C., P.J.A., A.P., C.J.G., S.P. y M.C.—, cerrando definitivamente la vía judicial en su contra.

El submarino ARA San Juan implosionó el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, tras una explosión en sus baterías que dejó a su tripulación sin capacidad de maniobra. Sus 44 tripulantes murieron, y desde entonces sus familiares impulsaron varias investigaciones judiciales paralelas, entre ellas la que comenzará a debatirse en la provincia de Santa Cruz por el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público de cuatro marinos.

La reciente liberación de Israel Vallarta, quien pasó dos décadas en prisión sin sentencia, reavivó la atención sobre las circunstancias que rodearon su detención en diciembre de 2005. Vallarta fue arrestado junto con la ciudadana francesa Florence Cassez en un operativo televisado ampliamente por cadenas nacionales.

En entrevistas recientes, Vallarta acusó a elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de manipular la escena y de ejercer tortura durante el proceso, señalando de manera directa a Israel Zaragoza Rico y a una agente identificada como la “comandante Chabelita” como responsables de su tratamiento durante la detención.

En este contexto, Israel Zaragoza Rico, actual titular del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación, Calidad e Inteligencia (C5I) en Hidalgo, ha sido mencionado por Vallarta como uno de los encargados de ejecutar el montaje de “Las Chinitas” y de participar en las acciones que derivaron en una década de litigios y controversias judiciales.

Zaragoza Rico ingresó a la administración pública de Hidalgo en agosto de 2021, primero como director de operaciones del centro estatal de inteligencia, y asumió la titularidad del C5I con la gestión de Julio Menchaca Salazar, quien lo ratificó al frente del organismo tras asumir el gobierno en septiembre de 2022. Previamente, Zaragoza desempeñó cargos en distintas dependencias federales, incluyendo la Guardia Nacional y la Presidencia de la República.

Sobre los señalamientos de Vallarta, el gobernador Julio Menchaca Salazar confirmó que está al tanto de la situación y sostuvo conversaciones con Zaragoza Rico para abordar el tema. Menchaca explicó que los señalamientos son de carácter personal y, de momento, no involucran de manera institucional al gobierno estatal. Subrayó que, según la información disponible, no existe antecedente oficial que relacione al funcionario con sanciones o procedimientos administrativos, por lo que sostuvo la presunción de inocencia.

Señaló que “no hay algún antecedente, cuando menos que tengamos nosotros en este caso; hay un señalamiento anterior, pero oficialmente no hay (...) nosotros no tenemos ningún elemento en donde haya sido sancionado. Está la presunción de inocencia. Ya tendrá él que hacer sus aclaraciones”.

El gobernador planteó la posibilidad de que Zaragoza Rico solicite separarse del cargo temporalmente para dedicar tiempo a aclarar los señalamientos públicos. “Vamos a platicar con él; podría tener más tiempo para atender su caso”, expresó Menchaca Salazar. También reiteró que cada persona acusada tiene derecho a presentar su defensa y que no corresponde hacer juicios anticipados.

El caso de Florence Cassez e Israel Vallarta sigue siendo un referente de montajes mediáticos y violaciones al debido proceso en México.

La invitación pública de Israel Vallarta a Carlos Loret de Mola para dialogar de frente hizo eco en redes sociales tras el mensaje donde el exrecluso expresó su deseo de aclarar asuntos pendientes desde la filmación de su detención. “Sí me gustaría, Carlos Loret de Mola, que escuches esto, ojalá y me quieras invitar a tu programa, porque yo con mucho gusto, desde ahorita, te acepto la invitación si la quieres hacer”, dijo Vallarta, remarcando que no sostiene rencor: “no te odio, porque insisto, todo cae por su propio peso, tú sabes bien por qué saliste de Televisa, y tú y yo lo sabemos, pero esa plática me gustaría tenerla de frente”.

Durante una audiencia judicial del 27 de octubre de 2020, Loret de Mola aceptó un error periodístico al no detectar que la transmisión en la que participó formaba parte de un montaje. No obstante, rechazó de manera categórica haber organizado, colaborado o sido cómplice del mismo operativo. El periodista también señaló durante esa declaración: “He ofrecido disculpas desde hace quince años”, y calificó de “injustos los ataques sistemáticos del presidente López Obrador y sus allegados usando este suceso para desacreditarlo”.

En una posterior comparecencia judicial ocurrida el 12 de julio de 2021, Loret subrayó que los entonces integrantes de su noticiero que lo han señalado como responsable, Laura Barranco y Juan Manuel Magaña, testificaron que ellos tampoco detectaron el montaje en su momento.

Añadió que no existe prueba ni testigo alguno que lo vincule como cómplice o partícipe en el caso y mantuvo su postura de que, aunque asume su error, nunca aceptará ser responsabilizado como artífice o colaborador directo del engaño mediático.

El propio Loret ha sostenido en diversas entrevistas realizadas durante la década de 2000 que desconocía la naturaleza de la detención y fue engañado, igual que otros periodistas presentes. Contrario a esta versión, reportes internos como los de Laura Barranco aseguran que el conductor sí tenía conocimiento previo sobre el montaje, aunque él lo niega de forma persistente.

Por su parte, Israel Vallarta manifestó su disposición para hablar “sin problemas, en tu programa o donde gustes, en el programa de otra persona, si alguien del medio o los medios de comunicación se anima a invitarlo a él, invitarme a mí, también vamos a un terreno neutral sin problemas, Carlos Loret de Mola, aquí estoy, no te deseo nada malo, te deseo bendiciones de corazón y creo que es justo que platiquemos, me debes una plática, me debes una explicación”.

Luego de la liberación de Israel Vallarta Cisneros este viernes 1 de agosto, quien fue detenido el 9 de diciembre de 2005 junto a Florance Cassez en el rancho Las Chinitas, ubicado al sur de la Ciudad de México, el nombre de Luis Cárdenas Palomino volvió a nombrarse debido a que se le vincula con la realización de dicho operativo.

Cárdenas Palomino en ese entonces se desempeñaba como director general de Investigación Policial de la Agencia Federal de Investigación (AFI), de la cual era titular Genaro García Luna, actualmente sentenciado a 38 años de prisión en EEUU por sus nexos con el Cártel de Sinaloa.

El operativo en el que Cassez y Vallarta fueron detenidos se llevó a cabo por elementos de la AFI, institución que dirigían ambos funcionarios. En ese entonces, las autoridades los presentaron como supuestos líderes de una banda dedicada al secuestro, denominada Los Zodiaco.

La acción fue transmitida por televisión nacional por el periodista Carlos Loret de Mola; sin embargo, en febrero de 2006 fue la también periodista Yuli García quien evidenció las inconsistencias del operativo y que llevó a Florance a desmentir su detención en un rancho y a señalar que fue cuando circulaban a bordo de una camioneta el 8 de diciembre.

De director general en la AFI a ser acusado de tortura

Luis Cárdenas era considerado “mano derecha” de Genaro García Luna por ser el funcionario más cercano a éste. Su experiencia en corporaciones de seguridad comenzó desde finales de los años 80, cuando ingresó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), donde estuvo hasta 1993.

Posteriormente, empezó a trabajar en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), para luego convertirse en el primer jefe del Grupo de Secuestros de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

En el 2000 fue nombrado director de la Policía Judicial Federal, que fue transformada a la AFI más tarde, en la que se desempeñó como director general de Investigación Policial y jefe de despacho hasta 2007. Durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa como presidente de México, asumió varios cargos dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual era dirigida por García Luna.

Sin embargo, pese a ser reconocido en varias ocasiones por su labor como policía, Cárdenas Palomino fue detenido el 5 de julio de 2021 por fuerzas federales por el delito de tortura, ocurrida en el año 2012 en contra de Mario Vallarta, hermano de Israel Vallarta, así como de dos hombres más a quienes habrían obligado a reconocer que eran integrantes de Los Zodiaco.

Desde ese año se encontraba preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, conocido como “Altiplano”.

El pasado 6 de junio un Tribunal Federal dictó auto de formal prisión en contra de Cárdenas Palomino por su probable responsabilidad en el delito de omisión en el operativo Rápido y Furioso, efectuado entre 2009 y 2011, en la que se le acusa por omisión al no impedir la entrada ilegal al país de más de dos mil armas exclusivas del Ejército.

Al salir este viernes del Altiplano, Israel Vallarta afirmó que Cárdenas Palomino ya no se encontraba en el Penal del Altiplano desde el pasado miércoles 30 de julio, día en el que también ocurrió el traslado de 60 reclusos a distintos penales federales.

“Quiero adelantarles, Luis Cárdenas Palomino ya no está en este penal, el día miércoles por la mañana, salió de aquí. No sabemos dónde está, al parecer nos dicen que fue al penal de Santa Marta, otros dicen que no, que fue a Ramos Arizpe, no sabemos", aseguró ante medios de comunicación.

Hasta el momento las autoridades no han brindado mayor información acerca del centro penitenciario en el que se encuentra el exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal.

El Tribunal Oral Federal N° 8 cree que hay más lana en el ovillo que empezó a desarmarse con la denuncia del empresario Pedro Etchebest, gracias a la que este jueves condenaron a 13 años y seis meses de cárcel al falso abogado Marcelo D’Alessio, junto a varios de los cómplices con los que armó una asociación ilícita dedicada a la extorsión y el lavado de activos. En su veredicto, los jueces ordenaron continuar la investigación para echar luz sobre dos terrenos no del todo esclarecidos: el circuito internacional para blanquear el dinero y la filtración de información confidencial desde organismos del Estado.

Durante el debate oral y público se probó que D’Alessio y los ex espías Ricardo Oscar Bogoliuk y Rolando Hugo Barreiro, también condenados a nueve años y medio y seis años, respectivamente, llevaron adelante maniobras de espionaje ilegal para obtener, producir y almacenar “información sobre la vida de diversas personas”, de las cuales varias luego fueron extorsionadas bajo amenaza de ser involucradas en causas judiciales, escraches u operaciones mediáticas.

Esa información la conseguían de fuentes públicas y de bases datos de acceso restringido a las que llegaban, principalmente, por sus conexiones con la Agencia Federal de Inteligencia y el Ministerio de Seguridad. Algunos casos se comprobaron, mientras que otros no. Estos son los que el TOF N° 8 ordenó que sigan bajo averiguación en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini.

Puntualmente, el tribunal señaló cuatro nombres en su veredicto: María Laura Herrera, G.M.S., M.M.J.B. y G.D.C., de quienes se resguarda su identidad por ser agentes de inteligencia. Ella, en cambio, trabajaba en la cartera de Seguridad.

A Herrera la señalan como la persona que buscó datos en la Dirección de Migraciones sobre el empresario petrolero Mario Cifuentes. La base tiene registros de su ingreso el mismo día que D’Alessio recibió la información, según se corroboró luego en la investigación.

A los espías de identidad reservada se les atribuyen maniobras similares. Habrían buscado sistemáticamente información clasificada -por ejemplo, de la modelo Natacha Jaitt, otro caso que formó parte del juicio- que luego llegaba a manos del falso abogado condenado.

Según sostuvieron en sus alegatos los fiscales Marcelo Colombo y Miguel Yivoff, estas presuntas maniobras de espionaje ilegal -habrían operado al margen de las órdenes de la AFI- se daban en un contexto en el que D’Alessio tenía un altísimo “grado de inserción en ciertas esferas públicas”, ya que se había hecho la fama de ser “un experto en narcotráfico”.

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, uno de los mejores ejemplos de esto es la reunión que mantuvieron el 14 de agosto de 2017 D’Alessio, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico Martín Verrier, encuentro que ocurrió en la sede ministerial y fue confirmado por el propio organismo a los investigadores en el marco de esta causa.

El esquema internacional de lavado de dinero

En esta línea de investigación, los jueces Sabrina Namer, Nicolás Toselli y María Gabriela López Iñiguez, del TOF N° 8, le pidieron a Ercolini que avance con los delitos de los que podrían haber participado Teodoro Menes Ortega, Mike Jefferson, Joseph Daniel Ruiz, Eglain Villanueva, Claudia Morales, Aleko Rogachevsky y Joaquim Badia López, los nodos internacionales que tenía la asociación ilícita de D’Alessio y compañía, según apunta la investigación.

Varios de estos nombres se conocieron desde un principio, durante las averiguaciones que llevó adelante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Son las piezas que empezarían a completar el rompecabezas financiero por el que el TOF N° 8 acaba de condenar a Pablo Bloise, Marcelo González Carthy de Gorriti y Aldo Eduardo Sánchez, todos con penas de tres años de prisión condicional por ser miembros de una asociación ilícita conformada para lavar dinero.

Ellos, con la coordinación de Bogoliuk y D’Alessio, conformaban el llamado Grupo Buenos Aires. Lograron conformar una estructura que captaba “clientes” con millonarias sumas de dinero en dólares y euros que no podrían justificar legalmente, y les gestionaban el resguardo de esos fondos en cuentas en el extranjero.

Aunque la mecánica internacional no está del todo esclarecida, la Justicia cree que Bloise era quien tenía contactos en todo el mundo, mientras que González Carthy de Gorriti se encargaba del primer contacto con el dinero negro.

A una de estas operaciones se la llamó “Sánchez” (por Aldo, uno de los condenados). Se cree que este fue quien puso su nombre para transferir varios millones desde una cuenta del Foreign Finance Bank de las Islas Comoras al empresario dominicano Eglain Villanueva, con presuntas conexiones en el Banco de Turquía Is Bankasi. A este hombre de negocios estaría asociada Claudia Morales, otra de las personas a investigar que figura en la lista.

Además, el oficial bancario que facilitó la operación Sánchez fue Mike Jefferson -según se debatió en la investigación-, el mismo que aparece en otro sospechoso giro de 290 millones de euros desde la cuenta bancaria de Joseph Daniel Ruiz en las Islas Comoras a otra en el HSBC de Hong Kong.

Jefferson vuelve a oficiar de nexo en la operación “Contigo Conmigo Con México”, donde el contador mexicano Teodoro Menes Ortega, señalado como titular de la asociación civil que lleva ese nombre, tenía el mismo número de cuenta que Aldo Sánchez.

Durante la investigación también surgió el nombre de un ruso, Aleko Rogachevsky, otro de los “senders” que habría puesto su nombre para girar dinero.

Por último, Joaquim Badia López aparece vinculado a GoldMax Development Limited, la empresa con la que el Grupo Buenos Aires habría gestionado el cobro de sus comisiones, de las que se desconocen los montos o porcentajes.

Según las fuentes judiciales consultadas por Infobae, el juez Ercolini no solo tendrá que avanzar en la mecánica de los movimientos financieros, sino que también deberá esclarecer quiénes son los “verdaderos dueños del dinero” que movieron las personas investigadas.

Madrid, 16 ene (EFECOM).- La Unión Europea obliga desde este viernes al sector financiero a cumplir un nuevo reglamento (DORA, en el argot) que busca asegurar que tanto los bancos, como las compañías aseguradoras y las empresas de inversión seguirán operando en caso de que se produzca un ciberataque a gran escala.

Ante el riesgo cada vez mayor de este tipo de episodios, la UE decidió que había que obligar a las entidades financieras a reforzar su seguridad informática a través del reglamento DORA, que establece requisitos uniformes para la seguridad de las redes y sistemas de información de las empresas que operan en el sector.

Además, también aplica a terceros que presten servicios al sector financiero relacionados con las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), como plataformas en la nube o servicios de análisis de datos.

El reglamento DORA crea un marco regulador sobre la resiliencia operativa digital conforme al cual todas las empresas deben asegurarse de que pueden resistir y responder a cualquier tipo de perturbación y amenaza relacionada con las TIC, es decir, un ciberataque, y recuperarse de él.

Estos requisitos son homogéneos en todos los Estados miembros de la UE y aunque el reglamento entró en vigor el 16 de enero de 2023, se aplicará a partir de mañana, 17 de enero de 2025.

El sector financiero depende cada vez más de la tecnología y de las empresas tecnológicas para prestar servicios financieros, lo que hace que las entidades sean vulnerables a ciberataques o incidentes.

Cuando no se gestionan adecuadamente, los riesgos relacionados con las TIC pueden dar lugar a perturbaciones de los servicios financieros que se ofrecen a través de las fronteras. Esto, a su vez, puede tener un impacto en otras empresas, sectores e incluso en el resto de la economía, lo que subraya la importancia de la resiliencia operativa digital del sector financiero.

Según un estudio realizado por Afi sobre el nuevo reglamento en el sector financiero español, DORA ha tenido un impacto significativo impulsando la transición hacia un enfoque de resiliencia frente a los riesgos tecnológicos, si bien concluye que hay importantes desafíos pendientes en su implementación.

El reglamento supone un cambio de paradigma en el que se promueve el paso de la prevención a la resiliencia operativa digital, es decir, incluir en las estrategias del sector financiero la capacidad de adaptación y recuperación.

Esta transición ya está generando que las entidades consideren con cierta prudencia iniciativas proactivas para fortalecer sus capacidades de respuesta ante incidentes.

A eso se suman los desafíos en la implementación de DORA, ya que la naturaleza transversal del reglamento afecta a múltiples áreas funcionales de las instituciones financieras, desde la tecnología y la ciberseguridad hasta la gestión de riesgos y la gobernanza.

Además, el reglamento fomenta una comunicación entre reguladores y entidades para una mejor comprensión e implantación de la norma, en la que, según el estudio de Afi, aún se debe profundizar en fluidez y transparencia.

En este sentido, explica, es necesario abordar las reticencias existentes a la hora de compartir información sensible sobre incidentes y amenazas y sus posibles riesgos para lograr la eficiencia y eficacia deseadas. EFECOM

Madrid, 30 oct (EFECOM).- El empaquetado genérico de los productos del tabaco en España puede suponer la pérdida de hasta 460 millones de euros y 5.600 empleos, según un estudio de la consultora Afi presentado este miércoles por la Mesa del Tabaco en la patronal CEOE.

El informe sobre el impacto socioeconómico de este tipo de empaquetado advierte de riesgos como el aumento del comercio ilícito, la pérdida de tejido industrial y la banalización del mercado.

La directora general de la Mesa del Tabaco, que agrupa al conjunto del sector del tabaco español, Águeda García-Agullo, ha llamado a reflexionar sobre la implantación de esta medida, que "destruye valor añadido y disminuye el precio", al tiempo que "afecta a la capacidad de elección de los consumidores porque supone la desaparición de la marca y no cumple el objetivo sanitario" marcado.

"Pedimos que, antes de legislar, haya interlocución con los sectores y se tengan en cuenta estudios como este, evidencias científicas y experiencias negativas que ha habido en otros países", ha apuntado García-Agullo.

En España, la cadena de valor del sector del tabaco aporta más de 3.700 millones de euros al PIB, sostiene más de 57.400 empleos -sobre todo en regiones como Canarias, Extremadura y Cantabria- y contribuye con 9.500 millones de euros anuales a las arcas públicas, el 3,7 % de los ingresos tributarios.

El socio director del Área de Economía Aplicada de Afi, Diego Vizcaíno, ha explicado que en los últimos años ha habido una "caída general de los productos ilícitos del tabaco (del 13 % en 2015 al 5 % en 2023) gracias a esfuerzos como la trazabilidad", además de un incremento de las falsificaciones del tabaco.

Se estima que 400 millones de euros de valor añadido bruto quedan fuera del PIB debido a esas actividades ilícitas, sin las cuales habría un incremento del 10,5 % en el aporte económico del sector, según Vizcaíno, que ha añadido que la pérdida de ingresos en las empresas legales debido al comercio ilícito puede traducirse en unos 7.000 empleos no generados.

El experto ha señalado que en los países donde se ha introducido el empaquetado genérico los impactos han sido diversos: en Irlanda ha aumentado el consumo de tabaco, en Arabia Saudí se ha incrementado el comercio ilícito y en el Reino Unido, Francia e Irlanda ha crecido la producción de menor calidad.

En Francia, por ejemplo, la tasa de comercio ilegal de tabaco se ha elevado hasta superar el 33 %, impulsada por la eliminación de la identidad de marca y la uniformidad en el empaquetado, que facilitan la circulación de falsificaciones, según el estudio.

Entre los efectos que puede tener esa medida en España, incluida en el plan integral de prevención y control del tabaquismo 2024-2027, el estudio destaca la caída de la aportación económica y el empleo, el aumento de la economía sumergida y la desaparición de empresas asociadas.

El director general del Instituto de Estudios Económicos, Gregorio Izquierdo, ha criticado el empaquetado genérico por "quebrantar" principios como la libertad de empresa, la propiedad privada, el derecho de propiedad y la libre competencia. EFECOM

“Iba a la tienda a comprar refrescos porque era la hora de la comida, al llegar a la esquina se paró una camioneta Suburban, color dorado. De ahí se bajan como 4 personas con armas vestidas de civil, uno de ellos de acento norteño, me dice ‘tírate al suelo (...) ya valiste madrxs, Policía Federal”', se lee en el relato de hechos por parte de Herminio Cid Herrera, un albañil que fue detenido junto a otras diez personas el 13 de septiembre del 2006, a los cuales, la Agencia Federal de Investigación (AFI), todavía bajo la dirección de Genaro García Luna, los acusó de pertenecer a una peligrosa banda de secuestradores llamada Los Mohamed.

De acuerdo con la denuncia de hechos presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 10 de noviembre del 2022, y a la cual Infobae México tuvo acceso, las once personas fueron detenidas en distintos puntos de la capital del país y del Estado de México, para luego ser trasladados bajo tortura a una casa de la alcaldía de Tláhuac, en donde se creó un montaje de su detención, muy parecido al caso de la francesa Florence Cassez e Israel Vallarta, que fueron detenidos un año antes y señalados de pertenecer a la banda de Los Zodiacos.

Cid Herrera espera desde hace 17 años sentencia junto con otros de sus presuntos cómplices luego de que elementos de la AFI, bajo la dirección de Genaro García Luna, quien meses después se convertiría en el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, los detuviera, torturara y los acusara de manera arbitraria.

“Me subió a la camioneta, me acostó en el asiento de atrás y me empezaron a dar toques con una máquina (…) en la cara, en las costillas, en los testículos y me decían: ‘tú eres secuestrador y (…) eres el gordo’. Luego de más o menos 10 minutos, me aventaron a otra persona arriba de mí, y le empiezan hacer lo mismo…”, recordó Herminio en su exposición de hechos.

El hombre de ahora 41 años agregó que a él y a la otra persona los llevaron a una casa en donde comenzaron a ingresar más varones y a dos mujeres, las cuales las pusieron en la estufa.

“Ustedes se quedan sentados y cuando escuchen que la puerta se abra se tiran al suelo. Escuchamos la puerta y entraron más personas, pero encapuchadas y con uniformes negros y logos de la AFI (...) nos tiramos al piso como nos dijeron. Traían cámaras de filmación y fotografías. Nos dijeron que estábamos detenidos y nos recargaron en la pared, una policía mujer nos preguntaba el nombre, dónde vivo, a qué me dedicaba, en qué trabajaba y me dio un papel diciéndome que dijera lo que decía, que era secuestrador”, apuntó Cid Herrera.

Las personas detenidas por la AFI fueron identificadas como Juan Edgar Armando Quintero González, alias El Gordo, presunto líder de la banda, así como su hermano Marco Antonio; Óscar Rigoberto Flores Padilla, alias El Rigo; Alberto de los Santos González; Nallely Pérez Sánchez; Diana Vázquez Peña; Noé Manjarrez García; Luis Alberto Garduño Pineda, conocido como El Pellejos; Víctor Manuel Cuevas García; Ariel Huerta Morales, alias El Todo Tonto y Herminio Cid Herrera, apodado como El Cholo.

El supuesto rescate y captura de los secuestradores quedó registrado en video por la propia Agencia Federal de Investigación, en donde se puede observar la intervención de los policías en la casa ubicada en la calle Estrella del Amanecer, colonia Aurorita, alcaldía Tláhuac, al suroriente de la capital mexicana.

“Cuando dije que no diría eso apaga la cámara, se acercaban unos policías y empezaban a pegarme con cachetadas, zapes en la cabeza, patadas en las piernas (...) (y) para que ya no me pegaran dije lo que ellos mencionaban”, confesó el hombre que tenía 26 años al momento de su arresto.

Las evidencias del montaje

El equipo jurídico de la Familia LeBarón, que lleva el caso, aseguró a Infobae México que dentro de la grabación y expediente hay varias inconsistencias, como el registro que tiene la de Policía de Nezahualcóyotl en el que se reconoce que dos de las personas detenidas en Tláhuac, fueron capturadas en el municipio mexiquense el 13 de septiembre a las 10:35 horas de la mañana, y no a las 15:30 horas en al suroriente de la capital, como se reportó en el video de la Policía Federal.

En el video de la detención, que dura poco más de 14 minutos, se muestra el momento en que los Policías Federales bajan de dos camionetas rojas y entran a la casa, todo ello mientras una cámara los sigue. Durante el interrogatorio a Luis Alberto Pineda, el agente de la AFI le pregunta “a qué se dedica”, por lo que el supuesto secuestrador responde de manera inmediata y sin titubeos: “al taxi”, pero luego recompone y dice: “... al secuestro”.

En el caso de Edgar Ariel Huerta, el agente federal le preguntó sobre su apodo y este respondió: “no tengo apodos, pregúntele a todos”. Sin embargo, modifica su respuesta en segundos y señala “… Bueno me dicen ‘Todo tonto’, apenas me empezaron a decir”.

Según los abogados que llevan el caso, el padre de la víctima “rescatada” dijo que el entonces director de Secuestro de la AFI, Israel Zaragoza Rico, funcionario señalado por estar en otros “grandes arrestos” como el de Los Zodiaco, y quien hoy trabaja en el estado de Hidalgo como subsecretario del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación, Calidad e Inteligencia de la Policía Cibernética, avisó a las 11 de la mañana que su hijo había sido rescatado en un operativo; sin embargo, en las declaraciones de los policías federales el rescate se hizo a las 15:30.

Otra de las inconsistencias dentro de la investigación, detallan los abogados, es que vecinos de la casa donde se realizó el operativo de rescate, mencionaron que desde las 10 de la mañana llegaron al domicilio personas vestidas de negro y encapuchadas, descripción que coincide con los policías federales, es decir, estuvieron cuatro horas y media antes de que se realizara el supuesto operativo.

SEIDO, lugar de confesiones bajo tortura

Herminio Cid Herrera señaló que una vez pasado el arresto, los sacaron junto con los demás detenidos para trasladarlos a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ).

“Me subieron a una oficina donde habían dos personas, nunca se identificaron por lo que no sabía si eran policías o abogados (...) me sacaron dos hojas y me dijeron firmarlas, lo que no quise hacer porque las hojas estaban llenas, no me dejaron leerlas. Cuando vieron que no quería firmarlas llamó a los policías, me pararon, me sacaron de la oficina y me metieron a un baño”, describió el albañil, al tiempo que agregó que ya en el sanitario lo comenzaron a amenazar y que si no firmaba las hojas irían por su hijo, esposa y sobrina, y “las violarían”.

Agregó que los policías tenían fotos de sus familiares y de la casa de sus papás, por lo que lo amenazaron para que no metieran a su mamá a la cárcel. “Yo no sabía por qué me decían eso, luego empezaron a pegarme, me dieron unas cachetadas y me dijeron que si no firmaba irían por ellas”, dijo Cid Herrera que finalmente aceptó firmar.

En la denuncia de hechos ingresada en noviembre del 2022, en donde son señalados como probables responsables Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, colaborador cercano del “súper policía”, entre otros servidores públicos, se detalla que al menos cinco de los once fueron golpeados dentro del baño para que firmaran los documentos.

En tanto, Juan Edgar Quintero, Herminio Cid Heredia, Óscar Rigoberto Flores Padilla y Luis Alberto Garduño Pineda, cuentan con el Protocolo de Estambul y dictámenes psiquiátricos que avalan que sufrieron de tortura física y psicológica.

El equipo jurídico de la familia LeBarón aseguró que la esposa de Juan Edgar “fue violada por elementos de la AFI afuera de la SEIDO para presionar de manera telefónica a su esposo a confesar ser líder de una banda de secuestradores”. Además, señalaron que no existe una correspondencia entre las confesiones obtenidas bajo tortura en las instalaciones de la SEIDO, con las respuestas en el video grabado en la detención.

Las similitudes de Los Mohamed con Cassez-Vallarta

El 9 de diciembre del 2005, las principales televisoras del país, Televisa y TV Azteca, transmitieron en vivo un supuesto operativo de la AFI en donde detuvieron a Israel Vallarta y a la ciudadana francesa Florence Cassez mientras se encontraban en un rancho de la carretera libre México-Cuernavaca, al tiempo que fueron señalados por pertenecer a la banda de secuestradores Los Zodiaco.

Durante su arresto, el cual fue grabado y transmitido a nivel nacional, se pudo observar la tortura que sufrió Israel Vallarta por parte de los elementos de la Policía Federal cuando eran cuestionados por los reporteros. Además de otras inconsistencias en el proceso.

El caso provocó un conflicto entre México y Francia luego de que se demostrara que la detención fue un montaje, porque de acuerdo con la descripción de hechos en la recomendación de 20/2021 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Israel Vallarta y Florence Cassez fueron detenidos por sujetos vestidos de civil aproximadamente a las 10:30 horas de la mañana el 8 de diciembre, un día antes del “operativo de rescate” presentando en televisión.

“Uno de esos sujetos le indicó que era elemento de la entonces AFI y que le realizaría una revisión de rutina; sin embargo, fueron llevados al centro de la Ciudad de México, por el Monumento a la Revolución, a un lugar, donde fue torturado con la finalidad de auto incriminarse como responsable de la comisión de varios secuestros y a cambio de ello dejarían libre a T (Florence)”, describe el relato de Israel Vallarta entregado a la FGR.

Vallarta señaló que pensó que habían dejado ir a Cassez, que en ese entonces era su novia, pero luego los volvieron a reunir en el domicilio de la carretera libre de México-Cuernavaca, lugar donde fueron presentados a los medios de comunicación en el supuesto operativo.

“Estando en dicho lugar, V y T (Vallarta y Florence) fueron sentados en un sillón, dentro de una de las habitaciones del domicilio, donde se encontraba un televisor, el cual encendieron y apareció una transmisión que se estaba realizando para la liberación de unas personas secuestradas, percatándose que esa transmisión se estaba llevando a cabo en el citado domicilio, donde ellos se encontraban, de inmediato los reporteros ingresaron hacia donde estaban V y T”, apunta el relato de hechos.

Florence Cassez fue liberada en 2013, luego de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, Israel Vallarta, su sobrino y su hermano, siguen en la cárcel en espera de un juicio pese a contar con el Protocolo de Estambul que señala que fueron víctimas de violencia física, psicológica y de tortura.

Los montajes en la captura de los narcotraficantes

Durante el juicio en Estados Unidos contra Genaro García Luna en febrero de 2023, imputado por cinco cargos: tres por tráfico de drogas, uno por delincuencia organizada y otro por falsedad de declaraciones, Harold Mauricio Poveda Ortega, alias El Conejo, narcotraficante colombiano ligado al Cártel de Sinaloa, testificó contra el ex funcionario mexicano señalando que su arresto fue un montaje.

La información oficial, compartida en aquel entonces por Ramón Pequeño García, exjefe de la División Antidrogas de la Policía Federal, sostiene que a Harold Poveda se le arrestó la madrugada del viernes 5 de noviembre de 2010 en su Mansión del Desierto de los Leones, al sur poniente de la capital mexicana.

Sin embargo, El Conejo reveló que fue capturado la madrugada del 4 y no fue presentado ante un juez ni en las instalaciones de la entonces Procuraduría General de la República, sino que lo llevaron a una casa en donde fue torturado a golpes y toques eléctricos para obligarlo a grabar en video de una falsa confesión.

“Me empiezan a poner agua mineral por la nariz y me cubren la boca (...) Me vendaron los ojos, me pusieron una bolsa de plástico para ahogarme (...) Me desnudaron, me dieron toques eléctricos (...) Hasta que ya no pude más”, confesó Poveda Ortega ante el jurado de la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York.

Según su versión, los policías querían saber las direcciones de sus casas para ir a saquearlas. El Conejo fue presentado a medios de comunicación hasta el 5 de noviembre.

“Fuimos testigos de su actuar criminal”

Por otro lado, ocho de las once personas detenidas y señaladas de pertenecer a Los Mohamed solicitaron el 18 de enero del año pasado, testificar en el juicio contra de Genaro García Luna en los Estados Unidos.

“No solo fuimos víctimas del abuso de autoridad, sino que fuimos testigos de su actuar criminal, fuimos testigos de cómo operaba para encubrir a criminales, cómo fabricaba escenas de crímenes inculpando gente inocente para cerrar las investigaciones y dejar en libertad a miembros del crimen organizado”, se lee en la carta enviada a la jueza Margo K. Brodie que estuvo presente en la selección del jurado al comienzo del juicio.

Señalaron que no han sido llevadas a juicio y fueron encarceladas para hacerlos pasar por criminales “mientras los verdaderos (…) vivían bajo su protección y mando”.

“También sabemos del lugar donde se encontraban cuerpos sin vida, donde iban él y sus cómplices a deshacerse de sus víctimas, por lo tanto, nos sentimos con el deber moral de ponernos a su disposición para hacer justicia”, se lee en el texto.

García Luna pasará más de 38 años en la cárcel

Tras más de un año del jucio de García Luna donde fue declarado culpable por un jurado, este jueves 16 de octubre el juez Brian M. Cogan dictó sentencia de más 38 años de cárcel al ex secretario de Seguridad Pública de México durante el sexenio de Felipe Calderón.

“El ex funcionario de mayor rango de las fuerzas de seguridad en México recibió millones de dólares en sobornos por parte del Cártel de Sinaloa y permitió el transporte de más de un millón de kilogramos de cocaína a Estados Unidos”, informó el Departamento de Justicia de los EEUU.

El juez Cogan dictó 466 meses de prisión y una multa de 2 millones de dólares por su ayuda durante una década al Cártel del Pacífico a cambio de millones de dólares en sobornos.

El gobierno nacional, a través de la Oficina del Presidente, anunció que Javier Milei decidió disolver la AFI y que el organismo vuelva a ser una secretaría, por lo que su nombre será nuevamente SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), como lo fue en la década del 90. Además, habrá más cambios en el Sistema de Inteligencia Nacional ya que se crearán cuatro organismos: Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), Agencia de Seguridad Nacional (ASN), Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y División de Asuntos Internos (DAI).

“El Presidente Javier Milei ha ordenado la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a partir de los resultados obtenidos en el marco de la intervención de la agencia que tuvo lugar el pasado 12 de diciembre de 2023. En su lugar, el órgano rector del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) será una Secretaría de Estado”, comienza el comunicado.

Y continúa: ”La desnaturalización del rol de la agencia de inteligencia durante décadas fue total; lejos de poner sus recursos al servicio de la protección del pueblo argentino, el organismo fue utilizado para actividades espurias como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política e ideológica”.

“Sin una supervisión efectiva, producto de intervenciones que se extendieron durante años, la proliferación de estas conductas constituyó una deuda con el sistema democrático y republicano que hoy comenzamos a saldar”, agrega.

Luego, explica cuáles son los nuevos organismos que se crearon y cuáles serán sus funciones. “De esta manera, se dispone la creación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) dependiente directamente del Presidente de la Nación, la cual tendrá control operativo de cuatro agencias creadas con el fin de transformar y modernizar el sistema de inteligencia, promoviendo la excelencia y el profesionalismo en el desarrollo de sus tareas. La SIDE estará a cargo del Secretario Sergio Neiffert”.

“El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA) tendrá entre sus funciones la recopilación de información estratégica alrededor del mundo, así como también la cooperación con agencias de inteligencia aliadas para la prevención y la disuasión de amenazas a nuestro país. El SIA estará a cargo del Director Lic. Alejandro Walter Colombo”.

“La Agencia de Seguridad Nacional (ASN) se encargará de advertir de forma temprana y generar información sobre delitos federales complejos dentro del territorio nacional, así como también de vigilar amenazas coordinadas provenientes de organizaciones criminales y terroristas. El Director de la ASN será el Comisario General (ret.) Alejandro Pablo Cecati”.

“La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) evaluará, planificará y desarrollará soluciones para la detección y contención de ciberataques contra la infraestructura informática crítica en el país, así como también de la capacitación del capital humano del Estado para la prevención de amenazas y fallos de seguridad. El Director de la AFC será el Dr. Ariel Waissbein”.

“La División de Asuntos Internos (DAI) supervisará y auditará el manejo de los recursos de las agencias que operan bajo la órbita de la SIDE, y velará por el respeto jurídico e institucional en el ejercicio de sus facultades”.

En el final del comunicado, Presidencia informa que la SIDE manejará las operaciones y el presupuesto de dos direcciones que dependen de Seguridad y Defensa: “A su vez, la SIDE, como órgano rector del Sistema de Inteligencia Nacional, tendrá a su cargo la coordinación operativa y el control presupuestario de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), dependientes del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Defensa respectivamente”.

“Este conjunto de modificaciones sobre la estructura del Sistema de Inteligencia Nacional permitirá la consolidación de una visión estratégica y moderna, y garantizará el balance entre las distintas agencias, alejando cualquier interés personal, partidario o contrario al engrandecimiento de la Patria”, cierra la misiva.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, busca apurar la conformación de una de las comisiones más relevantes -por afuera de las económicas- del Congreso de la Nación: la bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia.

El lunes, el titular de la Cámara baja firmó la Resolución Presidencial en donde llama a la conformación de la bicameral. Hasta ahora los bloques que participan presentaron el listado de los senadores y diputados que formarán parte de esta comisión que es “secreta” en su funcionamiento, pero faltan los nombres de Unión por la Patria.

“El lunes Menem llamó pidiendo los nombres de nuestro bloque”, confirmaron a Infobae fuentes de UP. “Durante siete meses durmió la comisión y ahora les agarró el apuro, por eso ya firmó la Resolución con los nombres de los diputados y senadores de los bloques que enviaron la lista de sus representantes”.

En el kirchnerismo denuncian desde el comienzo de la conformación de comisiones que el oficialismo les sacó una silla. En el caso de la bicameral, reclamaba cuatro sillas por Cámara, pero Victoria Villarruel y Menem les asignaron tres, dejándolos en minoría si hay acuerdo con el resto de los bloques dialoguistas.

Por el lado del oficialismo, el apuro, aseguran, tiene que ver con que estos siete meses “Unión por la Patria no pudo resolver su interna” respecto de quienes van a formar parte de la estratégica comisión y que no van a esperar más.

La comisión pone 14 butacas, por lo que la división será de cuatro y tres. Como el kirchnerismo no había informado sobre sus representantes en la Cámara Alta, Villarruel avanzó con las designaciones y nombró Martín Goerling Lara del PRO, Mariana Juri, por el radicalismo, al peronista disidente Edgardo Kueider (Entre Ríos); y a Edith Terenzi, aliada al gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

La representación de Diputados hasta ahora está compuesta por los libertarios Gabriel Bornoroni y César Treffinger; Cristian Ritondo y Mariela Coletta de la Unión Cívica Radical.

El kirchnerismo tiene que aportar seis nombres -tres del Senado y otros tres de Diputados-. Ayer ingresaron los tres representantes de la Cámara Alta: Oscar Parrilli, Eduardo “Wado” De Pedro y Florencia López.

El año pasado, la bicameral estuvo presidida por el ex radical y actual diputado cristinista Leopoldo Moreau, por lo que este año la presidirá un senador. Como La Libertad Avanza no tiene ningún representante, el elegido sería el radical Goerling Lara.

La comisión es una de las más jugosas y delicadas del Congreso, entre otras razones porque funciona con secretismo. Sus encuentros son a puertas cerradas. Ni siquiera suceden dentro del Palacio Legislativo sino que lo hacen en un salón ubicado en el quinto piso del Anexo del Senado, lejos de las miradas indiscretas.

Entre sus facultades está la de citar a los espías y obligarlos a declarar explicando cuáles son sus tareas. También cuenta con un presupuesto propio que no rinde cuentas y que le permite a los diputados y senadores contratar asesores exclusivos con salarios bastante más altos que los que cobran el resto en las diferentes comisiones. Un dato no menor es que todo lo que ahí se debate y se discute se lo hace siempre bajo una estricta confidencialidad. No hay documentos públicos del trabajo de la bicameral.

Uno de los primeros puntos a debatir será el nuevo formato de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que ahora depende directamente del Presidente de la Nación. El segundo es que podrían investigar al ex jefe de Gabinete Nicolás Posse por presunto espionaje ilegal con la AFI.

Desconocida para el gran público, María Ibarzabal Murphy no para de absorber funciones. Fue una decisión de su amigo Santiago Caputo, el asesor estrella de la Casa Rosada que está en boca de todos y que, después del verano, la convocó formalmente a su mesa chica y la ungió como su principal consejera legal, es decir, como una de las espadas jurídicas del gobierno.

Ibarzabal Murphy fue designada en abril como secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de la Secretaría General de la Presidencia, bajo el paraguas formal de Karina Milei, la hermana del presidente que integra, junto al consultor y Javier Milei, el tridente por el que pasan todas las decisiones de gobierno. Antes de ser nombrada, la abogada ya funcionaba, en los hechos, como una asesora part-time de Caputo mientras todavía formaba parte del staff del estudio Cassagne, líder en derecho público y regulación económica, uno de los bufetes que alimentó al gabinete libertario y que aún colabora informalmente con la gestión.

La abogada conoció a Caputo por su pareja, uno de los mejores amigos del consultor, de íntima vinculación, al que alguna vez invitaron a la casona familiar del country Cumelén, en Villa La Angostura, un paraíso selecto rodeado por lagos y montañas que en la temporada de verano recibe a parte de la elite empresaria y política, desde Luis y Nicolás Caputo hasta Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Cuando el consultor y discípulo de Jaime Durán Barba la invitó formalmente a desembarcar en el gobierno, Ibarzabal Murphy ya lo había asesorado en algunos rubros. En particular, en el pulido de la ley bases después de la primera versión enviada al Congreso bajo el copyright de Federico Sturzenegger que fracasó en pleno verano por la complejidad de su entramado jurídico y político y la inexperiencia de La Libertad Avanza para la negociación parlamentaria. Después de eso, dejó el estudio Cassagne y se sumó a la gestión, y se convirtió en los ojos de Caputo en las tratativas con los bloques aliados del Congreso para la sanción de la mencionada ley y el paquete fiscal junto a José “Cochi” Rolandi -algunos funcionarios sugirieron que funcionó como una especie de supervisora del ahora vicejefe de Gabinete-, que sobrevivió a la salida de Nicolás Posse por la relación que llegó a trabar con el propio Milei durante la campaña.

“Tiene un poder delegado”, aseguraron esta semana en Casa Rosada en alusión a Ibarzabal Murphy y a su amigo, y jefe, Caputo. La abogada pasa buena parte del tiempo en el primer piso de la Casa Rosada, en la mesa reservada para los colaboradores más cercanos del consultor, en la que también tiene lugar de manera informal su hermano Francisco.

En estos días, según fuentes oficiales, la funcionaria trabaja en tres iniciativas claves para el gobierno: la reglamentación de parte de los capítulos de la Ley Bases y del paquete fiscal -este lunes, su promulgación sería publicada en el Boletín Oficial-, la elaboración del paquete de reforma electoral que comparte con Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior, de extremísima confianza de Guillermo Francos -se reunieron el pasado lunes para empezar a esbozar el proyecto que el gobierno pretende enviar al Congreso después del receso invernal, un encuentro que lideró la funcionaria-, y la reestructuración de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), un rubro de especial interés para Caputo y algunos de sus socios: el estratega colocó en la intervención de la agencia a Sergio Neiffert, un dirigente del Gran Buenos Aires con buenos lazos con el sistema político y llegada a algunos sectores de la administración norteamericana.

El viernes, un borrador con la reorganización de la AFI que pretende la Casa Rosada -pasará a llamarse nuevamente Secretaría de Inteligencia (SIDE), como en los viejos tiempos- circuló por algunos despachos oficiales: la nueva estructura y sus funciones podría publicarse la semana entrante en el Boletín Oficial.

Caputo delegó en una funcionaria de tal confianza como Ibarzabal Murphy la reestructuración de la AFI por la extrema sensibilidad del rubro, y tras los serios trascendidos internos que contaminaron la salida de Posse y del ex titular del área, el abogado Silvestre Sívori, que llegó a ese lugar por el ex jefe de Gabinete.

Cerca de Sívori, un cuadro técnico de trayectoria en el PRO que, tras unas vacaciones, tiene previsto volver a su anterior vida como parte del estudio Izura, Seoane & Sívori, juran que fue un chivo expiatorio que pagó los platos rotos de la feroz disputa entre Posse y el “triángulo de hierro” que terminó con el ex jefe de ministros eyectado del gobierno. Cómo Sívori, Posse también prepara su nueva vida tras la salida del gabinete. El martes, el ex funcionario estuvo en el festejo del 4 de julio en la embajada de Estados Unidos. “Era mudo antes, imaginate ahora”, le dijo en broma a un periodista que lo abordó en medio de la multitud.

Sus últimos días al frente del staff de ministros fueron un calvario. Insostenibles hasta que Milei propició su renuncia. El presidente nunca terminó de explicar por qué se desprendió así de un amigo de tantos años.

La salida de Posse oxigenó el gabinete, a pesar de que todavía persisten una serie de tensiones internas. El sistema de gestión que había ideado el ex director de la Corporación América provocaba resistencia en el resto del elenco. El ascenso de Francos trajo alivio puertas adentro, y mucha menos centralización por parte de la Jefatura de Gabinete al menos en los aspectos vinculados a la gestión diaria. Por ejemplo, las reuniones formales de ministros, que tenían lugar los martes y los jueves a las 8 y media de la mañana, pasaron a ser solo los martes, y medio hora más tarde, a las 9, con mayor laxitud en cuanto a la puntualidad.

En la última, sin embargo, hubo un acalorado debate por una modificación relacionada con la Justicia. Con Caputo como uno de los focos de atención.

Es que, en paralelo a la salida de Posse y del reordenamiento del gabinete puertas adentro, el principal estratega de la Casa Rosada sumó cada vez más atribuciones. Desde la AFI y energía al resto del gabinete. Supervisa todas las áreas.

Justicia es, por caso, uno de los rubros que tiene al estratega como uno de los grandes protagonistas. Es un área que lo seduce. Era una cartera en la que, en el diseño del gobierno, el ex presidente Mauricio Macri pretendía tener injerencia: no tuvo éxito. Caputo fue, por ejemplo, quien le avisó al juez Ariel Lijo la noche anterior al anuncio del gobierno con el envío del pliego al Senado junto al de Manuel García-Mansilla. En la cartera de justicia las decisiones de mayor trascendencia pasan por Sebastián Amerio, el secretario de Justicia y consejero de la magistratura, hombre de convicciones de acero y lealtad indestructible hacia Caputo con quien tiene una antigua amistad, tanto con el consultor como con su familia. Es el vice de Mariano Cúneo Libarona, el ministro sobre el que hace rato se mencionan trascendidos sobre su permanencia. Alimentados, según aseguran, por él mismo. Arrastra además una dolencia en su rodilla que lo tiene a maltraer.

Al principio de la gestión, circuló la posibilidad de que el abogado Santiago Viola, cercano al “triángulo de hierro”, fuera el elegido para ocupar la Secretaría Legal y Técnica. No prosperó -tampoco su potencial nombramiento como auditor general en la Auditoría General de la Nación (AGN), a veces pulula por el primer piso de la Casa Rosada, y al final se designó en esa oficina de la planta baja de la Casa Rosada a Javier Herrera Bravo, un funcionario con trayectoria en la función pública, que trabajó para la campaña de Patricia Bullrich y que, en los papeles, es la instancia de revisión final de las resoluciones de gobierno. Es otra de las espadas jurídicas de la gestión, con línea directa con Milei: en su entorno dicen que es “un soldado del presidente”.

Herrera Bravo tiene un perfil estrictamente técnico. En gobierno aseguran que se complementa bien con Ibarzabal Murphy que, a diferencia del secretario Legal y Técnico, agrega una visión política a sus trabajos. Es que es bien del riñón, de extrema confianza -por eso la convocó- y conoce a la perfección cómo piensa y qué quiere el asesor más encumbrado de la Casa Rosada. Uno de los cerebros de Milei.

Decidido a modificar profundamente la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el Gobierno acelera los detalles del decreto con el que planea implementar los cambios en el organismo y entre los planes es prioritario que se transforme nuevamente en una secretaría. Volvería a denominarse con sus viejas siglas, SIDE (por Secretaría de Inteligencia del Estado), las que tuvo hasta que Cristina Kirchner la disolvió en 2014 para atenuar el impacto de la crisis por el caso del fiscal Alberto Nisman.

El empoderado consultor todoterreno del Presidente, Santiago Caputo, que interviene en un sinfín de áreas, incluida las negociaciones por la Ley Bases, quedó a cargo de la transformación de la agencia desde que Silvestre Sívori, que respondía al ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse, fue expulsado del mando de los servicios, acusado por supuesto espionaje interno por orden de su jefe. Una versión que desde el entorno de Sívori rechazan y que nunca fue confirmada, pero tampoco desmentida por la administración libertaria, que por otro lado no presentó ninguna denuncia formal hasta ahora.

Después de nombrar como “Señor 5″ a un amigo de su padre, Sergio Neiffert, con el que tiene un vínculo de extrema confianza, Caputo trabaja a diario en el nuevo diseño con la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy, una de las soldados principales de su cada vez más poderosa tropa en Balcarce 50.

Con oficina en el Salón Martín Fierro del primer piso del palacio, la abogada ingresó en abril al Gobierno, cuando le crearon la secretaría a medida. Está encargada de la redacción de la norma con los cambios que saldría publicada la semana que viene o, a más tardar, la siguiente. “Es un tema muy delicado y sobre todo complicado, necesitamos tiempo para hacerlo bien”, dijeron sobre el trabajo de la letrada, que actúa en paralelo al secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo; estuvo en funciones durante el gobierno de Mauricio Macri e integró el estudio jurídico Cassagne, especializado en Derecho Público y Regulación Económica, cuyos equipos colaboraron con el DNU 70 y la Ley Bases de Milei.

La demora, sin embargo, no sólo se debe a lo intrincado del área, sino a la dilación de la sanción de la Ley Bases, que le permitiría al Presidente contar con las facultades delegadas para, entre otras cosas, avanzar sobre el organismo de manera exprés.

Muy interesado en los temas vinculados a la ciberseguridad -estudió ingeniería informática en el Ejército durante tres años antes de pasarse a la carrera de Ciencia Política en la UBA-, Caputo planea dividir la polémica agencia, que tuvo implicaciones en abusos de poder y violaciones de derechos humanos, en tres áreas: Defensa, Seguridad Interior y Tecnología. Y evalúa crear un órgano de contralor dentro del área, para que la fiscalice en paralelo a la Comisión Bicameral de Inteligencia. Su titular respondería al propio Neiffert, cuya designación salió publicada en el Boletín Oficial anteayer, una muestra de la intención del Gobierno de acelerar las modificaciones en el área.

Francos avala estos movimientos. “La AFI se ha utilizado en épocas anteriores para otras cuestiones que poco tienen que ver con la inteligencia interior y exterior. Debiéramos tener un organismo, o dos organismos, divididos, donde cada uno con esa función se ocupen de analizar estos temas que son importantes para cualquier decisión estratégica del país”, había dicho a la prensa cuando empezaron los cambios.

De hecho, Caputo empezó a coordinar acciones con el nuevo secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila, que reemplazó al polémico ex brigadier de la Fuerza Aérea y alfil de Posse, José Antelo. Vila es un hombre de Francos, con quien el ex Durán Barba empezó a ponerse en órbita en una larga reunión esta misma semana, en paralelo al debate caliente de la Ley Bases en el Congreso.

“Tuvieron muy buena sintonía, José Luis tiene muchísima experiencia y está aportando lo que sabe”, dijeron en la Casa Rosada sobre el ex funcionario del gobierno de Raúl Alfonsín, que también integró la SIDE y se especializó en temas de defensa e inteligencia. Últimamente era representante de Nación en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), y había tenido un paso por el Consejo Escolar del ex intendente de Malvinas Argentinas de Juntos por el Cambio, Jesús Cariglino.

Los nombres para las sub-agencias no están definidos, pero se descuenta que tendrán el aval de Caputo y, por extensión, de sus jefes directos, Karina y Javier Milei, admiradores del gobierno de Carlos Menem en la década del 90, cuando la SIDE estuvo involucrada en varios escándalos de espionaje interno y corrupción.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se encuentra en un momento decisivo. Tras la salida de Nicolás Posse del Gabinete, supuestamente salpicada por acusaciones de espionaje interno, vuelve a ser novedad la discusión sobre su eficiencia y función.

Tal vez cueste asumirlo, pero probablemente desde su fundación –con otro nombre– en 1946 hasta la actualidad, no hubo presidente que no haya utilizado sus “servicios” para resolver algún que otro “asuntito” interno, así que la moralina partidaria no tiene lugar acá.

A su vez, también tengo que reconocer que fueron varios los intentos a lo largo de la historia por hacer “más transparente” su funcionamiento y el uso de sus fondos reservados. Tal vez el último intento fue en 2015 cuando Cristina Fernández de Kirchner cambió su nombre, estructura y le sacó un poderoso e histórico brazo para entregárselo al Poder Judicial: la famosa “OJOTA” (después DICOM) que tenía a cargo las escuchas telefónicas.

Tal vez la próxima oportunidad de transformación la tenga el presidente Javier Milei y esta esté más cerca que lejos; de hecho, tal vez la tecnología tenga mucho que ver en esta transformación y termine convirtiendo a la AFI en una verdadera agencia de lucha contra el crimen organizado.

Interés político y tecnología

La implementación de tecnología avanzada no es solo una oportunidad para modernizar sus operaciones, sino también para transformar su imagen y eficacia. La tecnología puede ser el puente que lleve a los organismos de inteligencia argentinos (no solo a la AFI) desde las sombras del secretismo hacia la luz de la transparencia y la lucha efectiva contra el crimen organizado.

Para que la AFI se convierta en un modelo eficiente, es imperativo que exista un interés político genuino en su reforma. Sin este compromiso, los presidentes podrían sucumbir a la tentación de mantener “espías” en lugar de perseguir un organismo eficiente y transparente. La tecnología no debe ser un mero instrumento de poder, sino un catalizador para el cambio y la integridad institucional.

¿Una Inteligencia Artificial propia para la AFI?

La AFI debería tomar la iniciativa de diseñar su propio sistema de inteligencia artificial y análisis de datos, completamente autónomo y cerrado a actores externos. Aunque esto representaría una inversión significativa, es una inversión necesaria para garantizar la integridad y seguridad de la información manejada. La AFI tiene el presupuesto y, más importante, la responsabilidad de asegurar que su infraestructura tecnológica esté a la altura de los desafíos actuales.

Por otro lado, esto implicaría reclutar especialistas en la materia: ingenieros, científicos de datos, especialistas en Procesamiento de Lenguaje Natural o hasta incluso matemáticos, que previo paso por la Escuela Nacional de Inteligencia puedan trabajar en el desarrollo del proyecto.

Lucha contra el crimen organizado y delitos informáticos

La ciberseguridad preventiva debe ser una prioridad para el sector privado, pero cuando se comete un delito, es ahí donde la AFI podría intervenir con fuerza auxiliando a la Justicia. Esta hipotética nueva Agencia de lucha contra el crimen organizado podría ser un ente activo en la investigación y resolución de delitos informáticos, trabajando en conjunto con otras instituciones, tanto públicas como privadas, para proteger la economía nacional.

Los delitos informáticos se encuentran a la luz del día y su impacto es cada vez mayor: mientras que una PyME puede perder $10.000.000 por día en un ataque, una compañía de mayor envergadura multiplicaría sus pérdidas de forma directamente relacional a su facturación.

Por ende, insertar a los delitos informáticos dentro de su lógica de trabajo habitual, permitiría sostener un sistema financiero mucho más sólido a nivel nacional.

Presupuesto basado en resultados

El presupuesto de la AFI podría estar condicionado a su rendimiento, utilizando indicadores clave de desempeño (KPI) como el número de crímenes resueltos que resulten en sentencias firmes por parte de un Juzgado. Esto alentaría una cultura de resultados y responsabilidad, asegurando que los recursos se utilicen de manera efectiva trabajando en cada caso investigado con certezas absolutas y no con suposiciones vagas.

Hasta en el caso de las personas prófugas de la Justicia, podría absorber las recompensas que el Ministerio de Seguridad otorga a quienes aporten información fidedigna de los prófugos cuando estos son localizados.

Tal vez solo una ilusión, tal vez una oportunidad

Estas ideas son solo el comienzo de una discusión más amplia que se necesita sobre la reforma del Sistema de Inteligencia Nacional y que por supuesto siempre estará salpicada por intereses políticos dispares, sobre todo entre los diferentes organismos de inteligencia criminal que forman parte del mismo Gobierno.

Una columna de opinión no puede abarcar la complejidad del tema, pero es un paso hacia el reconocimiento de que la AFI y sus homólogos necesitan una reforma profunda y tecnológicamente adecuada.

Sin dudas es una discusión que tenemos que dar, pero es relevante que los ciudadanos aportemos ideas para tal fin. De todos modos, somos nosotros quienes debemos estar protegidos, ¿verdad?

La salida de Nicolás Posse del Gabinete a finales de mayo estuvo acompañada por otros cambios dentro del equipo del Ejecutivo nacional; sobre todo, en áreas que dependían de la Jefatura de Gabinete. En este sentido, el Gobierno nacional designó al nuevo interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que reemplazará a Silvestre Sívori.

A través del decreto 505/2024, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, nombraron a Sergio Darío Neiffert como el interventor de la AFI, que depende directamente del presidente Javier Milei. Desde diciembre hasta la salida de Posse, el organismo dependía del antiguo jefe de Gabinete.

Sívori dependía de Nicolás Posse porque por primera vez el jefe de los espías dejó de ser un funcionario con línea directa con el presidente de la Nación. Milei siempre tuvo aversión por el mundo del espionaje y en varios momentos pensó en redefinir su rol y su ubicación en el organigrama. Lejos de lo que fueron otros jefes de Estado, que tenían con el “Señor 5″ —como se lo llama en la jerga— a uno de sus colaboradores de mayor cercanía y confianza, con Sívori el Presidente nunca tuvo relación y ni siquiera concretó una reunión a solas.

El ex interventor de la AFI renunció poco después de que Posse fuera desplazado del Gobierno y reemplazado por Guillermo Francos. En ese momento, el nombre de Neiffert ya resonaba como posible nuevo titular de los espías. Hasta el momento, el funcionario designado se desempeñaba como representante del Poder Ejecutivo ante la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).

Con la designación de Sívori, se oficializó la intervención del organismo. Así, el Gobierno nacional inició una etapa de la AFI que tenía como objetivo “revisar la utilización de fondos reservados” y las compras y contrataciones llevadas a cabo durante la gestión anterior.

En esa oportunidad, el decreto estableció un ajuste en el que se va pasar a disponibilidad a personal que el interventor considere conveniente y se dispone una “jubilación extraordinaria de aquellos agentes que, sin perjuicio de su edad, hayan reunido los requisitos para obtener la jubilación voluntaria, y no sean necesarios sus servicios”. La intervención apunta a detectar “alguna anomalía o incumplimiento” en las responsabilidades del organismo a fin de dar inicio a posibles investigaciones y denuncias.

La AFI adquirió mayor interés para el Presidente cuando alineó la política exterior argentina con Estados Unidos e Israel en medio de un mundo convulsionado por los ataques terroristas de Hamas y la guerra que inició Rusia contra la OTAN, hechos que suponen riesgos para la seguridad nacional y una sintonía con los principales organismos de inteligencia.

Al confirmarse la salida de Sívori, el ahora jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que se pondrá en marcha un nuevo proceso de reforma en el esquema de funcionamiento de la AFI.

“Hay que pensar exactamente en una reorganización de la inteligencia en la Argentina. Tiene que haber inteligencia exterior para tener en claro lo que está pasando en el mundo. Y tiene que haber inteligencia interior, para pensar lo que está pasando con el crimen organizado, con el narcotráfico, con las fronteras. Para eso hay que usar especialistas que hay y que no hay tampoco en el país”, afirmó el jefe de Gabinete.

Al respecto, Francos reconoció que “muchas veces la AFI, como es de público conocimiento, se ha utilizado en épocas anteriores para otras cuestiones que poco tienen que ver con la inteligencia interior y exterior y debiéramos tener un organismo o dos organismos divididos, donde cada uno con esa función se ocupen de analizar estos temas que son importantes para cualquier decisión estratégica del país”.

Poco antes de despegar rumbo a los Estados Unidos, el presidente Javier Milei le aceptó la renuncia al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien será reemplazado por el ministro del Interior, Guillermo Francos, una persona de extrema confianza del mandatario nacional y que, a pesar de su nuevo rol, mantendrá las responsabilidades que tenía hasta el momento.

De esta manera, el hasta ahora titular de la cartera política se convertirá en una de las figuras con mayor peso dentro de la administración libertaria y, además, en uno de los funcionarios que más atribuciones tendrá en la historia de la democracia argentina.

“La Jefatura absorberá las competencias del Ministerio del Interior en una Secretaría de Interior, a cargo del Dr. Lisandro Catalán. Francos aportará su profesionalismo, experiencia y capacidad política a la Jefatura de Gabinete”, precisó la Oficina del Presidente.

De esta manera, Francos seguirá estando a cargo, entre otras cuestiones, de la relación con los gobernadores e incluso con los líderes de la oposición en el Congreso, como viene haciendo en el marco de los esfuerzos para que avancen los proyectos de Ley Bases y paquete fiscal.

De hecho, en esta tarea lo venía acompañando Catalán, que pasaría ahora a tener aún más protagonismo, y el secretario ejecutivo de Gobierno, José “Cochi” Rolandi, de ahora un futuro incierto, ya que dependía formalmente de Posse, aunque solía interactuar con Interior.

Fue Francos, por ejemplo, el que recibió en su oficina de la Casa Rosada a los mandatarios de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, tanto en conjunto como individualmente, y también a varios de los jefes de los bloques “dialoguistas” de la Cámara de Diputados.

La vicepresidenta Victoria Villarruel lo espera este martes en el Senado para encabezar juntos una reunión con los líderes del PRO, de la UCR y de bancadas más pequeñas, con el objetivo de destrabar los proyectos que continúan siendo discutidos en comisiones.

Asimismo, el flamante jefe de Gabinete seguirá teniendo el control de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los fondos que el Poder Ejecutivo Nacional reparte a discreción a las provincias para financiar obras o asistirlas ante una emergencia, y que por decisión de Milei tiene un control exhaustivo y se transfieren en casos muy específicos.

Por otra parte, si bien no estará directamente dentro de su obra, Francos podría quedar también con vínculos aceitados en el área de inteligencia, a partir de la renuncia del interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvestre Sivori, muy cercano a Posse.

El abogado presentó su renuncia al cargo inmediatamente después de que se conociera la salida del jefe de los ministros, que fue quien lo había acercado en 2023 a los equipos técnicos de la Libertad Avanza.

Más allá de su relación personal con Sívori, que incluso motivó ciertos rumores de espionaje a ministros del actual Gobierno que circularon los días previos a su desplazamiento, Posse también forjó lazos con la CIA y hasta se reunió en marzo último en la Casa Rosada con el titular del organismo estadounidense, William J. Burns.

En aquella oportunidad, el encuentro sirvió para establecer una hoja de ruta que permita coordinar esfuerzos entre Argentina y Estados Unidos destinados a reprimir al narcotráfico internacional y a las células terroristas apoyadas por Irán que operan desde la Triple Frontera.

Esa no fue la única vez que Posse y Burns estuvieron juntos, sino que se reunieron en otras dos ocasiones: la primera fue en enero, en Washington, y la segunda, a mediados de abril, cuando visitaron junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, las oficinas de la CIA en Langley, en el estado de Virginia.

Con la salida de Sívori de la AFI, ahora el Gobierno deberá encontrar a un reemplazante que podría tener también buena sintonía con el jefe de Gabinete, aunque estrictamente, la agencia de inteligencia se encuentra dentro de la órbita de Presidencia.

Al tener bajo su ala a la Secretaría del Interior de Catalán, Francos mantendrá también la decisión final de varios sectores que ya dependían de él, como la relación con los municipios; las políticas de turismo, deporte y ambiente; la administración de los parques nacionales; el Renaper y la Dirección de Migraciones.

Al mismo tiempo, sumará las responsabilidades de la Jefatura de Gabinete, que además de coordinar el trabajo de todos los Ministerios y de sus funcionarios, se ocupa de la modernización del Estado; de las iniciativas en ciencia y tecnología; de la coordinación legal y administrativa, y de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias y con la Sociedad Civil, que encabeza Omar de Marchi.

Asimismo, tiene el manejo de todas las empresas y sociedades del Estado, un área clave en el marco de los objetivos de privatización de la actual gestión; de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE); del Conicet y del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), entre otros organismos descentralizados.

Con todos estas atribuciones, Francos se convertirá, una vez que sea designado formalmente en su nuevo puesto, en uno de los funcionarios con más poder en la historia de la democracia argentina, superando incluso al “Super Ministerio de Economía” que en su momento encabezó Domingo Cavallo durante la gestión de Carlos Menem.

En más de una oportunidad, el propio Milei sostuvo que la primera administración del fallecido presidente riojano fue “la mejor de la historia argentina”, debido a la efectividad que logró el plan de convertibilidad para controlar los precios tras la hiperinflación que se desató durante el mandato de Raúl Alfonsín.