Ben Roberts-Smith, el veterano australiano vivo más condecorado, se enfrenta a cargos por crímenes de guerra por las acusaciones de que mató a cinco afganos desarmados mientras prestaba servicio en Afganistán entre 2009 y 2012, según informaron la policía y los medios de comunicación el martes.

La policía no ha confirmado el nombre del ex soldado de 47 años arrestado el martes. Sin embargo, los medios de comunicación han informado ampliamente que se trata de Roberts-Smith, un ex cabo del Regimiento del Servicio Aéreo Especial que recibió la Cruz Victoria y la Medalla al Valor por su servicio en Afganistán.

La policía lo acusó el martes de cinco cargos de asesinato por crímenes de guerra. Permanecerá bajo custodia durante la noche y comparecerá ante el tribunal por primera vez el miércoles, según un comunicado policial.

Es posible que solicite la libertad bajo fianza el miércoles.

Roberts-Smith es solo el segundo veterano australiano de la campaña de Afganistán en ser acusado de un crimen de guerra.

Oliver Schulz, de 44 años y exsoldado del SAS, se declaró inocente del cargo de asesinato por crimen de guerra. Se le acusa de dispararle tres veces en la cabeza al afgano Dad Mohammad en un campo de trigo de la provincia de Uruzgan en mayo de 2012.

El asesinato en el marco de un crimen de guerra conlleva una posible pena de cadena perpetua. En Australia, se trata de un delito federal que se define como el homicidio intencional, en el contexto de un conflicto armado, de una persona que no participa activamente en las hostilidades, como civiles, prisioneros de guerra o soldados heridos.

La policía arrestó a Roberts-Smith en el aeropuerto de Sídney el martes, tras su llegada en un vuelo procedente de Brisbane, según informó la comisionada de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett.

“Se alegará que las víctimas no participaban en hostilidades en el momento de su presunto asesinato en Afganistán. Se alegará que las víctimas estaban detenidas, desarmadas y bajo el control de miembros de las Fuerzas de Defensa Australianas (ADF) cuando fueron asesinadas”, declaró Barrett a los periodistas, refiriéndose a las Fuerzas de Defensa Australianas.

“Se alegará que las víctimas fueron baleadas por el acusado o por miembros subordinados de las Fuerzas de Defensa Australianas (ADF) en presencia del acusado y actuando bajo sus órdenes”, agregó Barrett.

Un tribunal civil ya consideró creíbles acusaciones similares contra Roberts-Smith en una demanda por difamación que interpuso después de que varios periódicos publicaran artículos en 2018 acusándolo de diversos crímenes de guerra. En 2023, un juez federal rechazó las alegaciones de Roberts-Smith y dictaminó que probablemente había matado ilegalmente a cuatro civiles en 2009 y 2012. Si bien el tribunal civil consideró probadas las acusaciones de crímenes de guerra en su mayoría según la preponderancia de la prueba, los nuevos cargos tendrían que probarse en un tribunal penal con un estándar más alto, más allá de toda duda razonable. En septiembre, el Tribunal Superior de Australia anunció que no admitiría la apelación, poniendo fin a sus posibilidades de revocar el fallo.

Los cargos se derivan de un informe militar publicado en 2020 que halló pruebas de que tropas de élite australianas del SAS y de un regimiento de comandos asesinaron ilegalmente a 39 prisioneros afganos, agricultores y otros no combatientes.

Barrett afirmó que pocos soldados estaban involucrados en las nuevas acusaciones.

“La conducta presuntamente relacionada con estos cargos se limita a un sector muy pequeño de nuestras respetadas y confiables Fuerzas de Defensa Australianas (ADF), que ayudan a mantener la seguridad de este país”, dijo Barrett.

“La inmensa mayoría de nuestras Fuerzas de Defensa Australianas enorgullecen a nuestro país. Los cargos presentados hoy no reflejan la realidad de la mayoría de los miembros que sirven bajo nuestra bandera australiana con honor, distinción y con los valores de una nación democrática”, añadió.

La Oficina del Investigador Especial se creó para colaborar con la policía en las denuncias de crímenes de guerra. El director de investigaciones de la oficina, Ross Barnett, declaró que se habían investigado 53 denuncias de crímenes de guerra y que 39 de esas investigaciones habían concluido sin cargos. Alrededor de 40 000 militares australianos sirvieron en Afganistán entre 2001 y 2021, de los cuales 41 fallecieron.

(con información de AP)

Un sismo de magnitud 5,8 sacudió la noche del viernes una amplia región del noreste de Afganistán y el oeste de Pakistán, dejando un saldo de al menos ocho personas fallecidas, un niño herido y una persona desaparecida, según las autoridades afganas.

El temblor, que se registró a las 20:42 hora local, tuvo su epicentro en la zona montañosa de Yamgan, en la provincia de Badajshán, cerca de las fronteras con Tayikistán, Pakistán y la región de Cachemira bajo administración india.

El epicentro del sismo se ubicó en la cordillera del Hindu Kush, aproximadamente a 150 kilómetros al este de la ciudad de Kunduz y a una profundidad de 186 kilómetros, de acuerdo con datos del Centro Sismológico Euro-Mediterráneo y el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Las víctimas confirmadas por la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres afgana corresponden al derrumbe de una vivienda en la zona de Gusfand Dara, en el distrito de Bagram, situado a unos 60 kilómetros de la capital, Kabul.

El portavoz del gobernador de Kabul, Hafizullah Basharat, explicó que todas las víctimas pertenecían a una misma familia y que el incidente ocurrió cuando se desplomó una casa en las afueras de la ciudad.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán también confirmó este balance y señaló que en el distrito de Khak-e-Jabbar, en la misma provincia, algunas viviendas y muros sufrieron daños, aunque no se registraron víctimas adicionales.

Hasta el momento, en territorio paquistaní no se reportaron víctimas ni daños materiales, aunque el evento generó inquietud entre la población.

Ante la emergencia, el Ministerio de Salud del gobierno talibán dispuso la alerta máxima en los hospitales centrales de Kabul y ordenó a las autoridades sanitarias de las provincias vecinas que mantuvieran la máxima preparación ante la posibilidad de que se presentaran más heridos.

El portavoz del Ministerio de Salud, Sharafat Zaman, indicó que todas las instalaciones médicas fueron instruidas para garantizar una respuesta rápida y coordinada en caso de necesidad.

El impacto del sismo se concentró especialmente en las zonas rurales y periféricas, donde las viviendas suelen estar construidas con materiales poco resistentes, como ladrillos de barro y madera, lo que aumenta la vulnerabilidad de la población ante fenómenos de este tipo.

Afganistán enfrenta dificultades persistentes para responder a desastres naturales, sobre todo en regiones apartadas donde la comunicación con la capital tarda varias horas en establecerse.

Desde hace años, Afganistán se encuentra en una región de elevada actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas.

Los terremotos han sido responsables de numerosas tragedias en el país. En agosto del año pasado, un sismo de 6,0 grados generó más de 2.200 muertes en la provincia de Kunar, con aldeas enteras destruidas y decenas de personas atrapadas bajo los escombros.

Posteriormente, en noviembre, un terremoto de 6,3 grados en la provincia de Samangan causó al menos 27 muertos y cerca de 1.000 heridos, además de daños en sitios históricos como la Mezquita Azul de Mazar-e-Sharif y el Palacio Bagh-e-Jahan Nama en Khulm.

En octubre de 2023, un sismo de 6,3 grados y sus réplicas en el oeste afgano provocaron miles de muertes.

(Con información de Europa Press y AP)

Según consignó el Ministerio del Interior de Irak mediante un comunicado difundido en redes sociales, una colaboradora extranjera de prensa fue secuestrada en las inmediaciones del Hotel Palestine, en el barrio capitalino de Karrada. La cartera detalló que personas no identificadas ejecutaron la acción delictiva, consiguiendo huir de la escena. Las acciones de persecución y vigilancia derivaron en la incautación de uno de los vehículos presuntamente empleados en el secuestro y en la detención de un sospechoso vinculado al caso.

El medio Al Monitor reportó que la persona secuestrada es su colaboradora estadounidense Shelly Kittleson, periodista con experiencia en la cobertura de temas relativos al Oriente Próximo y Afganistán. La organización emitió un comunicado exigiendo “su liberación inmediata y segura”, y expresó respaldo a la labor periodística de Kittleson. Además, solicitó su regreso lo antes posible para que retome su actividad profesional en la región.

Tal como publicó el Ministerio del Interior iraquí, las autoridades judiciales y policiales están activando todos los procedimientos y medidas legales “necesarias contra todos los implicados en este acto delictivo de conformidad con la ley”. La declaración de las autoridades incluyó el compromiso de proseguir las indagaciones para identificar y aprehender a todos los responsables del secuestro.

El medio Al Monitor destacó la importancia del trabajo de su colaboradora, enfatizando la necesidad de salvaguardar a los profesionales de la prensa internacional que operan en Irak y en otras zonas de conflicto. En el pronunciamiento hecho público por el medio, se reiteró el pedido de cooperación para lograr la pronta liberación de Kittleson, quien cubre informaciones desde la región para medios internacionales.

La situación representa un nuevo incidente vinculado a la seguridad de los profesionales de la comunicación en Bagdad. Según informó el Ministerio del Interior y recogió Al Monitor, los operativos continúan centrados en rescatar a la periodista, esclarecer completamente las circunstancias del secuestro, y garantizar la aplicación de sanciones legales a quienes resulten responsables de organizar y ejecutar el crimen.

El distrito de Karrada, donde tuvo lugar la acción, ha sido escenario en otras ocasiones de sucesos que afectan a la prensa extranjera. El Hotel Palestine, escenario de este caso, es conocido como lugar de alojamiento para corresponsales y periodistas internacionales en la capital iraquí. Los hechos registrados intensificaron la vigilancia sobre la protección de trabajadores de medios en el país y renovaron la atención sobre los riesgos enfrentados por quienes informan en zonas de alta conflictividad.

Según las declaraciones del Ministerio del Interior de Irak, la actuación de las fuerzas de seguridad pudo desarticular parcialmente la huida de los responsables y arrojó avances en la investigación. No obstante, Al Monitor enfatizó en la gravedad del hecho y en la urgencia de asegurar el bienestar y la libertad de su colaboradora Shelly Kittleson.

Hasta el momento, no se han ofrecido nuevos datos sobre la identidad o situación de los demás individuos implicados, y las autoridades mantienen los operativos en marcha. Los representantes del Ministerio del Interior afirmaron su compromiso de continuar el despliegue de unidades policiales con el fin de localizar a todos los responsables y facilitar el regreso a salvo de Kittleson.

El uso de armas explosivas pesadas en zonas urbanas en Oriente Próximo ha generado temor y ha causado un sufrimiento generalizado entre la población civil, advierte el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Según informó este organismo, la ofensiva desarrollada por Estados Unidos e Israel contra Irán desde finales de febrero ha impactado la vida de millones de personas en toda la región, desencadenando consecuencias que superan las fronteras y amenazan con colapsar la capacidad de respuesta humanitaria. El CICR detalló que la magnitud y la rapidez de estos acontecimientos han debilitado gravemente los pilares fundamentales de la vida civil, con efectos que podrían extenderse mucho más allá del conflicto actual.

De acuerdo con el comunicado emitido por el CICR, en las últimas cuatro semanas han muerto miles de personas a causa de las hostilidades, incluyendo personal de emergencia y trabajadores humanitarios, mientras que cientos de miles de habitantes han sido separados de sus hogares. La infraestructura esencial para la provisión de energía, agua y servicios sanitarios ha sido dañada o destruida, lo que complica aún más la supervivencia diaria de la población afectada. El CICR subrayó que el uso de armamento con amplio radio de destrucción ha intensificado el impacto negativo sobre la población y ha incrementado el número de víctimas y desplazamientos. La organización hizo hincapié en la urgencia de respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario, señalando que “si no se respetan las leyes de la guerra, la población civil seguirá sufriendo consecuencias profundas que podrían prolongarse más allá del conflicto armado actual”.

La situación, alertó el CICR, se agrava debido a la destrucción generalizada de infraestructuras críticas y a la interrupción de servicios básicos, lo que incrementa el riesgo de hambruna, enfermedades y la prolongación de la crisis humanitaria. El organismo resaltó la obligatoriedad de todas las partes, sin excepciones, de respetar las normas humanitarias internacionales, afirmando que “todas las partes, independientemente de cuáles sean, están obligadas por el Derecho Internacional Humanitario, y todos los Estados tienen la obligación de respetar y hacer respetarlo, aun si su adversario no lo hace”.

El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), mediante su secretario general Jan Egeland, advirtió sobre el estado de “incertidumbre extrema” que viven millones de personas en Oriente Próximo un mes después del inicio de las hostilidades. El NRC reportó que más de 2.700 personas han perdido la vida en ataques realizados por fuerzas estadounidenses, israelíes e iraníes, siendo la mayoría de las víctimas habitantes de Irán. Egeland afirmó que “los civiles están pagando el precio más alto de esta guerra” e hizo un llamamiento para que el conflicto llegue a su fin.

El NRC informó que el número de viviendas, hospitales y escuelas destruidos o dañados es incalculable debido a los continuos ataques, lo que ha agravado la situación de quienes permanecen en la región. Egeland, citado por el medio, destacó las condiciones de peligro con las que lidian los equipos humanitarios en Irán, quienes a pesar de las explosiones nocturnas y el miedo constante, continúan su labor apoyando a las familias desplazadas y sin recursos. Además, el NRC alertó sobre la vulnerabilidad de los más de 4 millones de ciudadanos afganos que residen en Irán tras huir de Afganistán. Según información recogida por el NRC, la mayoría de estas personas vive en áreas urbanas sujetas a intensos ataques, sin posibilidad de huir ni permiso para salir del país.

Desde el comienzo de la guerra, más de 35.000 afganos han retornado a Afganistán, mientras que más de un millón en Irán enfrentan el riesgo de deportación, en un contexto en el que Afganistán carece de condiciones para recibir a retornados. El NRC hizo énfasis en la falta de recursos de las organizaciones humanitarias para prevenir el hambre y proporcionar refugio de emergencia, solicitando un incremento inmediato en el apoyo de los donantes para limitar el sufrimiento. Egeland advirtió de que la continuación del conflicto podría desencadenar una catástrofe humanitaria de mayores proporciones, con desplazamientos masivos transfronterizos y una presión adicional sobre una región que ya enfrenta retos significativos.

Según publicó el NRC, la escalada de la guerra coloca en riesgo a millones de personas y pone a prueba la capacidad operativa de las agencias de ayuda, que han visto reducidos sus recursos frente a la magnitud de la crisis. Las advertencias de ambos organismos, el CICR y el NRC, reflejan la preocupación por el deterioro de la seguridad y el bienestar de los civiles en Oriente Próximo, así como la urgente necesidad de respetar el derecho humanitario y de recibir apoyo internacional para atender las crecientes necesidades generadas por el conflicto.

El Gobierno británico ha resaltado que la ayuda al asilo supera en la actualidad los 4.000 millones de libras anuales. De acuerdo con la información difundida por el propio Ejecutivo y citada por diferentes medios, cerca de 16.000 ciudadanos provenientes de Afganistán, Camerún, Birmania y Sudán reciben algún tipo de apoyo financiado por las arcas públicas, y entre ellos se cuentan más de 6.000 alojados actualmente en hoteles. Esta situación ha llevado a las autoridades del Reino Unido a implementar una nueva restricción: la suspensión de la emisión de visados de estudio para nacionales de esos cuatro países que, según denuncia el Gobierno, ha presentado una tendencia al alza en el abuso del sistema migratorio.

Tal como publicó el medio Europa Press, la medida anunciada a inicios de marzo ha entrado en vigor este jueves y supone el cese temporal de la concesión de visados de estudio para ciudadanos afganos, sudaneses, birmanos y cameruneses, así como la paralización de permisos de trabajo para afganos. El Ejecutivo británico argumenta que tomó esta decisión tras identificar un aumento del 470% en las solicitudes de asilo de estudiantes de estas nacionalidades entre 2021 y 2025. Además, señala que la cifra de afganos con visado de trabajo que han solicitado asilo en territorio británico ha sobrepasado la cantidad de permisos laborales emitidos.

El Gobierno ha enfatizado que muchas de las personas beneficiadas por estos visados terminan dependiendo de fondos públicos y que el porcentaje de quienes declaran encontrarse sin recursos económicos resulta superior a la media que presentan los solicitantes de otras nacionalidades. “Una proporción superior a la media (...) se declara en situación de indigencia”, afirmó el Ejecutivo, destacando que el actual sistema representa un coste elevado para el Estado.

Dentro de la misma comunicación, respaldada por declaraciones de la ministra del Interior, Shabana Mahmood, se define la medida como un “freno de emergencia”, instalado ante lo que califican de un uso abusivo de la generosidad del sistema británico. Mahmood sostuvo en un comunicado, citado por Europa Press, que “Reino Unido siempre ofrecerá refugio a las personas que huyen de la guerra y la persecución, pero nuestro sistema de visados no debe ser objeto de abuso”. La ministra remarcó el carácter excepcional de la decisión, que afecta de modo inmediato a los nacionales de los cuatro países señalados.

Según reportó Europa Press, la restricción aparece en un contexto en el que el número de solicitudes de asilo relacionadas con visados educativos y laborales ha crecido considerablemente. Desde la perspectiva de las autoridades, ese fenómeno agrava la presión sobre los servicios públicos y dificulta la gestión de los recursos destinados tanto a la inmigración regular como a la protección de refugiados.

La medida también se suma a otros cambios recientes en la política migratoria británica. Entre ellos figura la reducción de la protección ofrecida a refugiados a la mitad, pasando a una duración de 30 meses de estancia autorizada. El Gobierno justificó este ajuste como un mecanismo para minimizar los incentivos que alimentan los viajes irregulares y a menudo peligrosos, como el cruce en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha.

A pesar de las limitaciones ratificadas, el Ejecutivo ha subrayado que el país sigue manteniendo programas de reasentamiento y acogida. Desde el año 2021, más de 37.000 personas de origen afgano han recibido refugio en Reino Unido, según consignó Europa Press. El Gobierno asegura que, en 2025, se concedieron en total 190.000 visados por razones humanitarias. Además, desde 2010, el país se sitúa como el sexto con mayor número de refugiados reubicados a través de los programas gestionados por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

El Ejecutivo británico ha resaltado la importancia de encontrar un equilibrio entre su política de puertas abiertas para personas en riesgo por conflictos o persecución y la protección del sistema de visados frente al uso fraudulento o abusivo. Con este nuevo paquete de restricciones, busca impedir que los canales de entrada regular sirvan para eludir los procedimientos ordinarios de asilo y, a su vez, reducir el impacto fiscal que los demandantes suponen para el erario público, según detalló Europa Press en su cobertura.

El cese temporal de los ataques paquistaníes, acordado como un alto el fuego durante el Eid al Fitr a solicitud de países islámicos aliados, llegó a su fin tras un letal bombardeo atribuido al Ejército de Pakistán este lunes contra el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid, que según los talibán dejó al menos 400 muertos y 250 heridos. Con este trasfondo, Pakistán ha anunciado este jueves la reanudación de sus operaciones militares contra Afganistán, poniendo fin a la "tregua" asociada a la festividad islámica.

De acuerdo con la información difundida por el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, recogida por el medio que reportó el suceso, Islamabad señaló que estas acciones militares continúan actualmente y tienen carácter “preciso y selectivo”. Andrabi aclaró que la campaña se dirige específicamente contra el liderazgo terrorista y toda su cadena de estructura, incluyendo el mando, la infraestructura, así como redes logísticas y de apoyo dentro de las áreas bajo control de los talibán. Según detalló Andrabi en una rueda de prensa, la “pausa” en las operaciones concluyó a medianoche, lo que marca la reactivación formal de la ofensiva.

Pakistán indicó que mantendrá esta serie de acciones militares hasta que se consigan los objetivos establecidos y hasta que el gobierno talibán de Afganistán cambie, en palabras de Andrabi, su “erróneo apoyo a infraestructuras y grupos terroristas”. El funcionario subrayó que la postura paquistaní responde a esta doctrina oficial, mostrando la determinación de Islamabad de continuar la campaña militar mientras persista la situación que consideran una amenaza a su seguridad.

El contexto inmediato a esta decisión incluye la suspensión de la ofensiva militar por un periodo limitado anunciado el 18 de marzo. En esa fecha, el ministro de Información, Ataulá Tarar, comunicó públicamente que Pakistán suspendía temporalmente la operación en el marco del Eid al Fitr y tras el llamado de países islámicos considerados como “hermanos”. El objetivo de esa tregua provisional buscaba reducir la tensión de un conflicto que, según publicó el medio, tuvo un punto de quiebre en octubre del año pasado, cuando el gobierno paquistaní lanzó una ofensiva de gran intensidad contra los talibán paquistaníes, actuando tanto en la zona fronteriza como en ciudades importantes del país y la capital afgana, Kabul.

Durante años, las autoridades de Pakistán han señalado a sus vecinos afganos, en particular a los talibán, por brindar apoyo y protección a grupos armados responsables de ataques dentro de territorio paquistaní. Esta acusación sostiene buena parte de la política militar desarrollada por Islamabad en la región, según consignó el medio que cubrió los hechos.

La tregua reciente finalizó abruptamente tras uno de los ataques más mortales desde el inicio del conflicto, identificándose como blanco un hospital ubicado en una zona bajo control talibán. El ataque del lunes, negado o no confirmado oficialmente por Islamabad según los reportes, generó fuertes reacciones en el ámbito regional y contribuyó al reinicio de las hostilidades.

Con la declaración de Andrabi acerca de la reanudación de las operaciones, Pakistán reiteró que estas se mantendrán hasta que las condiciones cambiantes permitan considerar cumplidos los objetivos. Además, la diplomacia paquistaní vinculó directamente la continuación de la ofensiva al comportamiento y las decisiones del régimen talibán en Afganistán, especialmente respecto a la supuesta protección brindada a grupos y estructuras consideradas terroristas por Islamabad.

El conflicto ha tenido impacto directo sobre la seguridad interna de Pakistán y sobre la estabilidad de la frontera común, según reportó el mismo medio. Desde el inicio de las acciones militares intensificadas en octubre, se han registrado enfrentamientos y episodios de violencia tanto en áreas remotas como en metrópolis de ambos países, elevando la preocupación internacional y regional sobre la posibilidad de una escalada más amplia.

En la actualidad, la postura del gobierno paquistaní se mantiene firme en cuanto a la necesidad de debilitar la capacidad operativa de los grupos armados que consideran hostiles, mientras que el régimen talibán afgano enfrenta acusaciones internacionales por la presunta protección brindada a estos actores. El reinicio de las operaciones anunciado este jueves marca una nueva fase en el conflicto, con operaciones selectivas concentradas en territorios dominados por los talibán, y refuerza la declaración de Andrabi sobre la continuidad de las acciones hasta lograr los resultados propuestos por Islamabad.

El director de UNICEF en el sur de Asia, Sanjay Wijesekera, expresó que el inicio del curso escolar debería representar un periodo esperanzador para toda la infancia, pero en Afganistán, las niñas continúan enfrentando restricciones para acceder a las aulas, según consignó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Esta situación se produce en el contexto de la imposición de medidas por parte de las autoridades talibán, que han excluido a las menores de cursos superiores al sexto grado de la educación primaria, manteniendo una prohibición que alcanza ya su quinto año consecutivo tras la vuelta al poder de los talibán en agosto de 2021.

UNICEF ha realizado un llamado explícito a los talibán para que permitan la reapertura de los centros educativos dirigidos a niñas, ofreciendo así una oportunidad de retorno a las aulas para más de 2,2 millones de menores que actualmente permanecen fuera del sistema educativo. De acuerdo con las estimaciones oficiales de este organismo, la mayoría de estas niñas se encuentra privada del derecho a la educación desde la instauración de las nuevas restricciones que afectan especialmente a mujeres y niñas afganas.

Según informó el medio, el representante de UNICEF en Afganistán, Tajudeen Oyewale, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que recalcó el derecho de todas las niñas a asistir a la escuela. Oyewale afirmó que la formación de las niñas fortalece las comunidades y contribuye a un futuro más prometedor para toda la sociedad afgana, al tiempo que insistió en la importancia de mantener la esperanza para las menores que aguardan una apertura de oportunidades educativas en el país.

Las restricciones implementadas por los talibán han suscitado reacciones y críticas tanto de Naciones Unidas como de otras organizaciones internacionales, que han alertado sobre las implicaciones de la exclusión educativa para millones de niñas. Según publicó UNICEF, la organización sostiene que el cierre de las aulas a las estudiantes representa un obstáculo significativo para el desarrollo del país y para el futuro de las niñas afectadas.

El regreso de los talibán al poder en agosto de 2021 marcó el inicio de una serie de normativas que limitan considerablemente la vida pública y la participación de mujeres y niñas en múltiples ámbitos, siendo la educación uno de los sectores más impactados. A pesar de haber anunciado que reconsiderarían su política educativa para las menores, las autoridades no han avanzado en medidas concretas para permitir que las niñas accedan a los cursos superiores de primaria y a la secundaria.

El organismo internacional hizo hincapié en que la educación constituye la base de la esperanza, la dignidad y el futuro de un país. Según declaró Wijesekera y recogió UNICEF, reabrir las puertas de las escuelas resulta esencial para ofrecer nuevas perspectivas tanto a las niñas como a la sociedad en su conjunto. La ausencia de acceso a la educación compromete las posibilidades de desarrollo personal, profesional y social de las menores afectadas, así como el progreso futuro de la nación afgana.

En reiteradas ocasiones, Naciones Unidas y UNICEF han instado a las autoridades afganas a reconsiderar sus medidas y a garantizar que el derecho a la educación no sea vulnerado por restricciones impuestas por motivos ideológicos o políticos. El organismo continúa subrayando la urgencia de garantizar entornos seguros y de calidad para el aprendizaje de todas las niñas, poniendo énfasis en que la inversión en la educación repercute en beneficios directos e indirectos para toda la sociedad.

El cierre prolongado de las escuelas ha originado además brechas adicionales en el acceso y la equidad educativa, especialmente para las niñas que residen en zonas rurales o áreas afectadas por conflictos. UNICEF remarca que la educación de las niñas no solo contribuye a mejorar condiciones de vida individuales, sino que también fortalece el tejido social y económico, así como la estabilidad a largo plazo en Afganistán.

El mensaje difundido por UNICEF, tanto desde la oficina nacional como desde la representación regional, refuerza el compromiso del organismo con el derecho universal a la educación y con la necesidad de mantener activa la vigilancia y la denuncia ante situaciones de exclusión, como la que afecta hoy en día a millones de niñas afganas que esperan una solución que les permita retomar sus estudios y proyectar su futuro.

Una investigación desarrollada en septiembre de 2025 en las provincias afganas de Balj, Jauzján, Sar-e-Pul y Faryab, reveló que la falta de recursos, la escasez de alimentos y el desplazamiento están llevando a una cantidad creciente de menores a integrarse en el trabajo infantil. Según Save the Children, el 61% de las personas consultadas indicó que el trabajo de los niños ha aumentado desde 2024, mientras que solo uno de cada cinco niños asiste actualmente a la escuela y casi dos tercios de las familias dependen de sus hijos para conseguir ingresos, en un contexto de sequía prolongada y dificultades económicas crecientes.

El medio Save the Children alertó sobre el impacto de cuatro años consecutivos de sequía en el norte de Afganistán, donde la escasez de agua ha disminuido la productividad de los cultivos y ha alterado los medios de subsistencia rurales. La organización detalló que casi el 80% de la cosecha de trigo de secano en varias provincias se ha perdido, lo que contribuye a un aumento de la inseguridad alimentaria y expone a miles de familias afganas a una situación de vulnerabilidad extrema. A su vez, el 85% de los hogares encuestados mencionó una reducción significativa en el acceso al agua respecto al año anterior, y cerca de la mitad de los menores de estas provincias no tiene acceso diario a agua potable.

Save the Children informó que las situaciones económicas adversas, junto con la necesidad de que los niños trabajen para contribuir a la supervivencia familiar, son los principales factores detrás de la escasa asistencia escolar. El 79% de la infancia consultada no asiste a clases, atribuible tanto a la pobreza como a la presión que ejerce la sequía sobre las familias campesinas. El director de Save the Children en Afganistán, Bujar Hoxha, subrayó que “la sequía está destruyendo silenciosamente la vida de la infancia. Las consecuencias de cuatro años de una grave escasez de agua son evidentes: los niños pasan hambre, trabajan y no asisten a la escuela”. Hoxha también puntualizó que “las tierras que antes cultivaban están resecas. Los medios de subsistencia han quedado diezmados. Los niños no deberían pagar el precio de esta catástrofe climática”, añadiendo que el país afronta “una confluencia de crisis en un momento en que la financiación se ha reducido drásticamente y las necesidades son inmensas”.

Según las cifras compartidas por Save the Children, casi cuatro millones de niños afganos padecen desnutrición aguda. A esto se suma el retorno de más de cinco millones de personas desde Pakistán e Irán, la persistente recuperación tras los terremotos del año anterior, y la presión del incremento en el precio de los alimentos. Estas dificultades se ven agravadas por la suspensión de exportaciones iraníes que representaban el 30% de las importaciones del país, y por la interrupción del comercio con Pakistán debido al conflicto. El encarecimiento de productos básicos deteriora aún más la seguridad alimentaria de la población, principalmente en las zonas afectadas por la sequía.

La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC, por sus siglas en inglés) indicó que cerca de nueve millones de menores, es decir, uno de cada tres niños en Afganistán, se encuentran en situación de hambre severa. Además, 3,7 millones de menores de cinco años sufren desnutrición aguda. Save the Children destacó que dos tercios de los hogares consultados reportaron señales visibles de retraso en el crecimiento de los menores, incluyendo delgadez, y poco más de la mitad de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia afirmaron que comen menos de lo habitual, debido a la falta de recursos.

Belqis, madre de seis hijos, relató a través de Save the Children: “No podemos permitirnos una mejor nutrición. Lo único que toma es leche, y mi leche no es suficiente porque no tengo suficiente comida”. Belqis, residente del norte del país, explicó cómo la sequía ha transformado su vida: “Antes podíamos cultivar y producir la mayor parte de nuestros alimentos. Ahora tenemos que comprarlo todo, incluso el trigo, en el mercado. Antes incluso teníamos nuestros propios melones y sandías”.

Zarin, enfermera de nutrición en una clínica apoyada por Save the Children, describió la situación de los menores en la zona: “Los niños de esta aldea carecen de una alimentación adecuada y la mayoría no se llenan el estómago. Están delgados y su crecimiento es inferior al normal debido a la sequía, la falta de agua potable y la pobreza”.

El reporte de Save the Children también describió la combinación de factores que profundizan esta emergencia, incluyendo el progresivo deterioro de los ingresos familiares, el retroceso en el acceso a servicios educativos y sanitarios, y el aumento en el trabajo infantil, motivado por la necesidad de aportar a la economía doméstica. Los datos recopilados por la organización señalan que las familias identifican las dificultades económicas como causa central para enviar a sus hijos a trabajar, mientras ven cada vez menos oportunidades para el cultivo y la autosuficiencia a causa de la sequía.

Ante este escenario, Save the Children demandó a los donantes internacionales un aumento urgente de la financiación flexible para evitar que más niños se vean forzados a abandonar la escuela y experimentar el hambre, en medio de una situación donde Afganistán aún busca recuperarse de crisis previas y enfrenta una elevada presión migratoria interna debido al regreso masivo de refugiados. Según publicó Save the Children, la evolución de estos factores podría significar una profundización en los índices de pobreza, hambre y deserción escolar entre la infancia afgana si no se implementan medidas inmediatas y adecuadas para responder a la emergencia descrita.

La familia de Mohamed Rahim, último afgano que permanece detenido en la prisión estadounidense de Guantánamo sin cargos desde 2008, renovó esta semana su petición de liberación tras la excarcelación de un ciudadano estadounidense en Afganistán. Según consignó Tolo News en una conferencia de prensa ofrecida en Kabul, Ibrahim Rahim afirmó que su padre “lleva 19 años detenido en Guantánamo y no se ha demostrado que haya cometido ningún crimen hasta ahora”, instando a las autoridades de Estados Unidos a proceder con su liberación. “Hoy, el Emirato Islámico ha liberado a un estadounidense detenido y ha sido entregado a su familia. Pedimos al Gobierno estadounidense que libere a mi padre”, recalcó.

De acuerdo con el Ministerio de Exteriores de Afganistán, el académico estadounidense Dennis Coyle, de 65 años y originario de Colorado, fue liberado este martes en el marco de las celebraciones por el Eid al Fitr, una festividad que marca el final del mes del Ramadán. El medio Europa Press informó que la cartera de Exteriores afgana emitió un comunicado declarando que la medida “refuerza aún más el clima de confianza entre los países” y responde a “compasión humanitaria y buena voluntad”.

El académico había sido arrestado por los servicios de inteligencia de los talibán el 27 de enero de 2025 bajo la acusación de “violar las leyes afganas”, aunque no se presentaron cargos formales en su contra. Europa Press detalló que Coyle llevaba años viviendo en Afganistán motivado por su labor investigadora sobre el pueblo afgano y su dominio de las lenguas locales. Su detención se produjo en un contexto de mayores restricciones para extranjeros en el país. Durante su cautiverio, el estadounidense permaneció en condiciones de casi aislamiento, con estrictas limitaciones para comunicarse. Según denunció su familia a través de una web de apoyo, debía solicitar permiso para usar el baño y no recibió atención médica adecuada.

La liberación de Coyle se logró tras intensas negociaciones diplomáticas que contaron con la mediación principal de Emiratos Árabes Unidos, país al que el Ministerio afgano agradeció la facilitación del proceso. También reconoció la contribución de Qatar, país que, según las autoridades afganas, mantuvo un “apoyo continuo y defensa” por la situación de los estadounidenses detenidos injustamente en Afganistán. El gobierno afgano expresó además su esperanza de que este tipo de procesos permitan en el futuro encontrar soluciones a otras disputas bilaterales mediante el entendimiento mutuo y el diálogo constructivo.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó en un comunicado la excarcelación de Dennis Coyle después de más de un año en cautiverio. Rubio agradeció la participación de Emiratos Árabes Unidos y el respaldo constante de Qatar en las gestiones para la liberación de estadounidenses. “El presidente estadounidense, Donald Trump, está comprometido a poner fin a las detenciones injustas de nuestros nacionales en el extranjero. Dennis se suma a los más de 100 estadounidenses que han sido liberados en los últimos 15 meses durante su segundo mandato”, afirmó Rubio, según reportó Europa Press.

A pesar de considerar positiva la decisión de los talibán, Rubio puntualizó que “aún queda mucho por hacer”. Recordó que Washington sigue reclamando la vuelta inmediata de otros ciudadanos estadounidenses en situación similar, entre ellos Mahmud Habibi, detenido poco antes del ataque en el que murió el entonces líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, y Paul Overby, quien desapareció en la ciudad de Jost, Afganistán, en mayo de 2014 mientras realizaba una investigación. El funcionario estadounidense subrayó que “los talibán deben poner fin a su práctica de la diplomacia de rehenes” y explicó que Afganistán fue recientemente designado como Estado patrocinador de “detenciones injustas” debido a episodios como el arresto de Coyle.

Según la Fundación Foley, Coyle permaneció bajo arresto sin acusaciones formales mientras desarrollaba una investigación sobre la sociedad afgana, apoyado en su conocimiento de las lenguas y costumbres locales. La organización, que defiende la liberación de ciudadanos estadounidenses retenidos de manera arbitraria en el extranjero, subrayó el impacto de las restricciones sufridas por Coyle, tanto a nivel de salud como de comunicación.

El caso de Mohamed Rahim, recordado tras la liberación de Coyle, se remonta a marzo de 2008, cuando, según documentación divulgada por Europa Press, Rahim llegó a Guantánamo acusado de colaboración con la red Al Qaeda. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) lo señaló como traductor y asistente del entonces líder de la organización, Osama bin Laden, y de haberlo ayudado supuestamente a evadir la captura. Su hijo Ibrahim explicó que sólo puede comunicarse con él por videoconferencia durante quince minutos cada cuatro o cinco meses y denunció que el estado de salud del detenido es preocupante. La familia reportó que ha enviado una carta a las autoridades estadounidenses requiriendo su puesta en libertad.

La excarcelación de Dennis Coyle no solo representa la resolución de un caso diplomático entre Washington y Kabul, sino que, según sugirió Europa Press, reaviva las reclamaciones de familias afganas y estadounidenses por la situación de detenidos sin garantías judiciales en ambos países. Las autoridades afganas manifestaron en su comunicado la voluntad de “reforzar el clima de confianza” entre ambos gobiernos mediante gestos humanitarios y el establecimiento de canales de negociación internacionales, agradeciendo oficialmente el papel de mediadores como Emiratos Árabes Unidos.

En el contexto de relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Afganistán, marcado por tensiones y episodios de detenciones cruzadas, los hechos reseñados por Europa Press ilustran tanto los desafíos pendientes como los mecanismos diplomáticos que han permitido la resolución excepcional de este caso.

El Ministerio de Exteriores de Afganistán manifestó que la reciente liberación de Dennis Coyle pretende fortalecer la confianza internacional y allanar el camino al diálogo, según consignó la agencia. Esta acción forma parte de las iniciativas del gobierno afgano para demostrar, según su comunicado oficial, "compasión humanitaria y buena voluntad" en fechas significativas como el Eid al Fitr, celebración que marca el final del mes de Ramadán. La cartera diplomática destacó el papel de Emiratos Árabes Unidos, que facilitó las negociaciones del proceso, y expresó su expectativa de que estos gestos permitan resolver otros asuntos pendientes mediante el entendimiento y la negociación.

Dennis Coyle, un académico estadounidense de 65 años y originario de Colorado, permanecía bajo custodia de los talibán después de haber sido arrestado en enero de 2025. Según detalló el medio, las autoridades afganas justificaron el arresto bajo la acusación de “violar las leyes afganas”, aunque la Fundación Foley, organización dedicada a la denuncia de detenciones arbitrarias de estadounidenses en el extranjero, explicó que Coyle no enfrentó cargos formales en ningún momento. Dicha ONG precisó que el académico residía en Afganistán por motivos laborales, desarrollando investigaciones vinculadas al estudio del pueblo afgano, y que su conocimiento de las lenguas locales resultó central para su trabajo.

La liberación se produjo tras más de un año de cautiverio. De acuerdo con el medio, Coyle vivió ese período en condiciones de casi total aislamiento, sujeto a restricciones severas en la comunicación y con acceso limitado a necesidades básicas: debía solicitar permiso para utilizar el baño y no contaba con una atención médica adecuada. La familia del académico señaló, a través de una página web orientada a solicitar su liberación, que las condiciones de reclusión afectaron su bienestar general.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, difundió un comunicado donde afirmó que el presidente Donald Trump “está comprometido a poner fin a las detenciones injustas” de ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Según el comunicado reproducido por el medio, Rubio subrayó: “Tras más de un año de cautiverio en Afganistán, Dennis Coyle regresa a casa. Dennis se suma a los más de 100 estadounidenses que han sido liberados en los últimos 15 meses durante su segundo mandato”. Rubio también mostró agradecimiento hacia Emiratos Árabes Unidos por su intervención en las conversaciones que permitieron la liberación, y extendió su reconocimiento al “continuo apoyo y la defensa de Qatar en favor de los estadounidenses detenidos injustamente en Afganistán”.

El medio citó además a Rubio señalando que, pese a este avance, aún existen desafíos por resolver. Reiteró que Washington sigue solicitando la liberación “inmediata” de Mahmud Habibi —detenido poco antes del atentado donde murió el líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri— y de Paul Overby, cuyo paradero se desconoce desde mayo de 2014 cuando fue visto por última vez en Jost, Afganistán, recopilando información para un libro. Rubio concluyó: “Los talibán deben poner fin a su práctica de la diplomacia de rehenes”, en referencia a la designación de Afganistán como Estado patrocinador de “detenciones injustas”, una medida anunciada oficialmente por Estados Unidos a comienzos de marzo, a raíz de casos como el de Coyle.

Según publicó la Fundación Foley, el caso de Coyle no representa un hecho aislado en el contexto de detenciones de ciudadanos estadounidenses por parte de las autoridades afganas. La organización detalló que el patrón observado en la detención de Coyle incluyó la ausencia de cargos, la falta de proceso judicial y la reclusión bajo condiciones limitadas. La familia del académico denunció en varias oportunidades que, durante su cautiverio, Coyle carecía de apoyo consular suficiente y sólo podía recibir información de manera esporádica.

Luego de su liberación, las autoridades afganas reiteraron su agradecimiento a Emiratos Árabes Unidos por auspiciar el diálogo diplomático, y remarcaron su intención de mantener abiertos los canales de discusión y entendimiento con Estados Unidos y otras partes internacionales involucradas, esperando progresar hacia acuerdos duraderos sobre la situación de personas detenidas, según reportó el medio.

Diversas organizaciones humanitarias celebraron el desenlace de este caso, expresando su deseo de que sirva como antecedente para futuros procesos de liberación y prácticas diplomáticas orientadas al respeto de los derechos humanos de personas arrestadas en el extranjero.

El gobierno talibán de Afganistán anunció el martes la liberación de un ciudadano estadounidense que llevaba más de un año detenido.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la familia del lingüista e investigador Dennis Coyle había escrito al líder supremo de Afganistán solicitando su liberación para la festividad del Eid.

“El Tribunal Supremo del Emirato Islámico consideró suficiente su período de detención y decidió su liberación”, rezaba un comunicado.

El anuncio se produjo tras una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores, Amir Khan Muttaqi, el ex enviado especial de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Khalilzad, el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Kabul, Saif Mohammed Al-Ketbi, y un miembro de la familia de Coyle.

Los Emiratos Árabes Unidos facilitaron la liberación, indicó el ministerio, añadiendo que Coyle se reunió con su familia en Kabul el martes.

Coyle, de 64 años, fue arrestado por las autoridades afganas en enero de 2025, según la Fundación Foley, que aboga por la liberación de estadounidenses secuestrados o detenidos arbitrariamente en el extranjero.

Un sitio web creado por su familia, freedenniscoyle.com, afirma que estaba “trabajando legalmente para apoyar a las comunidades afganas como investigador académico” cuando fue detenido.

Dijeron que estuvo recluido en “condiciones casi de aislamiento, necesitando permiso incluso para ir al baño, y sin acceso a atención médica adecuada”.

Coyle viajó por primera vez a Afganistán a principios de la década de 2000 “para estudiar la rica diversidad lingüística del país y ayudar a las comunidades afganas a desarrollar recursos en sus propios idiomas”, añadieron.

“Durante sus años de servicio, Dennis mantuvo una casa en Kabul y forjó relaciones profundas y significativas con el pueblo afgano”, se lee en el sitio web.

Quienes lo conocen hablan con profundo aprecio tanto por el hombre como por su trabajo. Dennis siempre ha acogido la cultura afgana con genuina calidez: compartiendo tazas de té verde tradicional, disfrutando de frutos secos y entablando conversaciones sinceras que tienden puentes entre culturas.

Su amor por el pueblo afgano no es solo profesional; es personal y profundamente sentido.

A principios de este mes, el secretario de Estado Marco Rubio declaró que Estados Unidos había incluido formalmente a Afganistán en su lista de países involucrados en “detenciones injustas”.

Las autoridades afganas calificaron esto de “lamentable” y señalaron las conversaciones entre ambas partes y las liberaciones previas con la mediación de Qatar.

En 2025, cinco ciudadanos estadounidenses fueron liberados en lo que las autoridades talibanes calificaron de “gesto de buena voluntad”.

(Con información de AFP)

Madina señaló que, de no existir la prohibición, ahora cursaría undécimo grado, y que ha buscado alternativas a través de programas en línea, sin encontrar un reemplazo a la experiencia educativa presencial. De acuerdo con la cadena Amu TV, sus palabras reflejan la situación de más de 2,2 millones de niñas afganas que, según UNICEF, han quedado excluidas de las aulas desde que los talibán ascendieron nuevamente al poder en Afganistán en agosto de 2021. Este lunes, el país inició su quinto año académico consecutivo sin la presencia de alumnas desde sexto grado en adelante, extendiéndose la prohibición vigente desde la reestructuración política tras la salida de Ashraf Ghani y la retirada de las fuerzas internacionales, detalló el medio Amu TV.

El relator especial de Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett, se manifestó sobre el comienzo de un nuevo curso escolar en estas condiciones. Bennett lamentó públicamente que “las niñas de sexto curso en adelante no podrán continuar su educación en la escuela y las mujeres no podrán ir a la universidad”, en declaraciones recogidas por la cadena. Bennett calificó la situación de “inaceptable” y solicitó a los talibán que pongan fin a las restricciones impuestas al acceso a la educación para mujeres y niñas.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, cuantificó en 2,2 millones las niñas afectadas directamente por la prohibición implementada desde el regreso de los talibán, quienes establecieron numerosas limitaciones a la participación femenina en la vida pública. Estas disposiciones se han dirigido especialmente hacia mujeres y niñas, impidiéndoles avanzar en su formación académica y restringiendo su acceso desde el sexto grado en adelante, reportó Naciones Unidas.

Pese a las promesas de los talibán sobre la reconsideración del acceso femenino a la educación, hasta la fecha no se ha producido ningún cambio, permaneciendo vetado el retorno a las aulas para las estudiantes de cursos superiores a sexto y la entrada de mujeres a la universidad, según reiteró UNICEF. Estas restricciones han suscitado críticas constantes por parte de la comunidad internacional, incluidas múltiples declaraciones tanto de Naciones Unidas como de organizaciones no gubernamentales, las cuales advierten del efecto negativo de estas medidas sobre las niñas afectadas y sobre el desarrollo futuro de Afganistán, consignó Amu TV.

Voceros y activistas han destacado que la imposibilidad de asistir regularmente a la escuela limita considerablemente el futuro académico y profesional de las afectadas. Arzu, otra joven privada de asistir, declaró que “nadie puede sentir lo que ha pasado durante los últimos cuatro años” y expresó su deseo de regresar a la escuela, según Amu TV. Las declaraciones de Arzu suman voz a la preocupación expresada por estudiantes y familias, quienes perciben un daño duradero en las oportunidades de la población femenina.

El contexto que rodea la prohibición se remonta al cambio de poder ocurrido en agosto de 2021, cuando el anterior presidente Ashraf Ghani abandonó el país y las tropas internacionales completaron su retirada. Desde ese momento, los talibán reinstauraron un marco de políticas que incluyen restricciones diversas en ámbitos públicos, con la educación femenina como elemento central de estas limitaciones, detalló la cadena Amu TV.

Naciones Unidas ha reiterado que el mantenimiento del veto educativo a las niñas contradice los compromisos internacionales suscritos por Afganistán, debilitando las perspectivas del desarrollo sostenible y el acceso universal a derechos fundamentales. El medio Amu TV subrayó que la situación actual incrementa la preocupación sobre el futuro social, económico y político del país, poniendo en cuestión no solo los derechos de las niñas afganas, sino también las posibilidades de que el país alcance una recuperación integral.

Las autoridades paquistaníes han advertido que las operaciones militares contra el grupo Tehrik e Taliban Pakistan (TTP) podrían reanudarse con mayor fuerza si algún ataque contra su territorio proviene de Afganistán después del fin de la pausa temporal. Según explicó el Gobierno, la tregua establecida por el Eid al Fitr —que culmina la medianoche del lunes— fue solo una suspensión momentánea en el combate al terrorismo, sin implicar una cesión frente a los riesgos de seguridad nacional.

De acuerdo con la información publicada por los medios paquistaníes y recogida por diversas agencias internacionales, tanto el primer ministro Shehbaz Sharif como el vice primer ministro y ministro de Exteriores, Mohamad Ishaq Dar, reafirmaron el compromiso de Pakistán de eliminar la amenaza del TTP. Ishaq Dar expresó en redes sociales que “Pakistán está decidido a acabar con el terrorismo. En Afganistán, las acciones contra el TTP buscan lograr este objetivo”. Estas declaraciones surgieron durante las celebraciones del día de Pakistán, cuando Ishaq Dar dirigió un mensaje en vídeo donde subrayó la meta de erradicar el terrorismo de modo definitivo.

El primer ministro Sharif, por su parte, intervino en un acto oficial y declaró que no permitirán que se atente contra la paz y seguridad nacionales. “No permitiremos que nada atente contra la paz y la seguridad de nuestro país”, afirmó, según consignaron los medios paquistaníes.

El acuerdo de pausa militar entre Pakistán y Afganistán se estableció el pasado miércoles como un intento de reducir la tensión en la frontera coincidiendo con el final del mes de Ramadán. No obstante, según informó la prensa local, las autoridades de Pakistán dejaron claro que este alto el fuego tendría carácter temporal y advirtieron que ante cualquier ataque fronterizo, incursión con drones o atentado atribuido a fuerzas afganas, responderán con el restablecimiento inmediato y con renovada intensidad de las operaciones militares.

Mientras tanto, en la víspera de la finalización de la tregua, las autoridades ‘de facto’ afganas denunciaron la muerte de un civil en el distrito de Nari, en la provincia de Kunar, por un proyectil supuestamente lanzado por el Ejército de Pakistán. Según detalló el portavoz adjunto del Gobierno talibán, este incidente se sumó a las denuncias previas de violaciones del alto al fuego en la frontera. El Estado Mayor de los talibán, representado por Fasihudin Fitrat, reportó que se registraron episodios aislados donde, según su versión, las fuerzas paquistaníes cruzaron la línea Durand, la frontera que separa ambos países, lo que tensa aún más la relación entre Islamabad y Kabul.

La creación de esta “tregua” provisional respondió a un contexto de enfrentamientos abiertos que alcanzaron su máximo nivel en octubre del año anterior, cuando Pakistán inició ataques a gran escala contra posiciones del TTP tanto en áreas fronterizas como en núcleos urbanos, incluyendo la capital afgana, Kabul. Desde hace años, Islamabad acusa a los talibán afganos de ofrecer refugio al TTP, lo que lleva a continuos episodios de violencia y desconfianza bilateral.

La reciente declaración de alto el fuego se emitió tras un episodio especialmente violento, que según información de los talibán recogida por los medios internacionales, incluyó el bombardeo realizado el lunes anterior por el Ejército de Pakistán sobre el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid. Este ataque habría dejado al menos 400 muertos y otros 250 heridos, representando uno de los momentos más letales del prolongado conflicto en la región, según detalló la misma fuente.

Las tensiones fronterizas, además de su impacto humano y social, afectan la dinámica regional e inciden sobre las relaciones bilaterales entre Pakistán y Afganistán. Según mencionó el medio paquistaní citado, Islamabad sostiene que las medidas adoptadas pretenden proteger la integridad de su territorio y la seguridad de sus ciudadanos frente a cualquier posible amenaza. Las autoridades reiteran que no tolerarán incursiones ni ataques, y advierten que cualquier provocación será respondida rápidamente, bajo la premisa de que la lucha contra el terrorismo constituye un imperativo nacional.

Mientras la tregua se acerca a su final, las poblaciones de ambas naciones permanecen pendientes de posibles nuevos episodios de violencia y del desarrollo de las operaciones militares en una de las fronteras más volátiles del sur de Asia, informó la prensa local.

Tal como publicó el medio Tolo News, el Ministerio de Información de Pakistán rechazó de forma categórica todas las denuncias de incursiones militares en territorio afgano. A través de un comunicado divulgado en redes sociales, el gobierno paquistaní sostuvo que “en la frontera occidental de Pakistán no se ha producido violación alguna de la pausa provisional y declaraciones como estas son absolutamente falsas”. Al mismo tiempo, la Cancillería paquistaní calificó de “frivolidad” las recientes acusaciones realizadas por el jefe militar talibán.

Según consignó Tolo News, la confrontación en la zona fronteriza está enmarcada en una escalada que se intensificó desde octubre del año pasado, cuando Pakistán lanzó una ofensiva a gran escala contra los talibán paquistaníes. Islamabad declaró entonces que la operación perseguía combatir a elementos que, según denuncias recurrentes, encontraban refugio en territorio afgano. La campaña incluyó incursiones tanto en áreas fronterizas como en entornos urbanos, entre ellos la capital, Kabul. El proceso de diálogo resultó en la reciente tregua, formalizada el jueves, cuya finalidad expresada era atenuar la violencia coincidiendo con el final del Ramadán.

El medio Tolo News reportó que el episodio que precipitó la declaración del alto el fuego tuvo relación con un ataque el lunes anterior, cuando, según los talibán, un bombardeo llevado a cabo por el Ejército paquistaní impactó sobre el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid. De acuerdo con las autoridades talibán afganas, el bombardeo produjo al menos 400 personas muertas y unas 250 heridas. Pakistán desestimó toda la atribución de responsabilidad, asegurando que su intervención sobre Kabul se limitó a “bombardeos de precisión”.

La línea Durand, reconocida como la frontera convencional entre Afganistán y Pakistán, es foco recurrente de tensiones vinculadas con la presencia de grupos armados y la circulación de insurgentes. Según informaciones de Tolo News, el enfrentamiento y las acusaciones cruzadas han dificultado la implementación efectiva de pausas humanitarias, especialmente durante periodos religiosos como el Ramadán. Las autoridades locales de Kunar sostienen que, pese a los compromisos de alto el fuego, las operaciones militares han continuado afectando a la población civil.

El gobierno afgano, representado por los talibán, incrementó la presión diplomática y mediática para que Islamabad asuma alguna forma de responsabilidad por las muertes recientes. En tanto, la administración paquistaní ha repetido su postura de negar cualquier intervención ofensiva durante la vigencia de la tregua. El conflicto armado entre ambas repúblicas, según reiteran medios como Tolo News, se encuentra marcado por desconfianza mutua, dificultades en el manejo de la frontera y divergencias persistentes en cuanto a la legitimidad de las operaciones de seguridad a ambos lados de la línea Durand.

De acuerdo con los datos reunidos hasta el momento por Tolo News, el saldo exacto de víctimas no ha sido esclarecido y las autoridades militares paquistaníes todavía no formularon un pronunciamiento específico sobre los bombardeos en la provincia de Kunar. Las denuncias de los talibán insisten en que tanto población civil como infraestructura han resultado impactadas por las operaciones recientes, reclamando garantías para la seguridad y condiciones para la reparación de los daños.

Desde Islamabad, los portavoces oficiales reiteraron mediante distintas plataformas digitales que las informaciones sobre rupturas de la pausa provisional carecen de fundamento. En la misma línea, se subrayó la política de respeto al cese de hostilidades y la voluntad de evitar la expansión del conflicto más allá de los puntos críticos ya identificados por las fuerzas de seguridad de ambos países.

Los antecedentes del conflicto y el reciente proceso de negociación sobre el alto el fuego, según publicó Tolo News, se han visto complejizados por la persistencia de incidentes aislados que ponen en entredicho la viabilidad de la tregua. Mientras las autoridades talibán aseguran que los ataques aéreos y de artillería evidencian una violación del acuerdo, el gobierno de Pakistán insiste en que no existen pruebas verificables de intervenciones militares más allá de los operativos dirigidos contra grupos calificados como amenazas directas a la seguridad nacional.

Las comunidades afectadas en la provincia de Kunar, conforme testimonios recabados por Tolo News, han solicitado la intervención de organismos nacionales e internacionales para documentar los hechos y garantizar atención a las víctimas. El hospital atacado en Kabul, junto con otras instalaciones públicas y residenciales ubicadas en las áreas impactadas, constituye parte central de las denuncias presentadas por las autoridades afganas.

Con el inicio de la tregua, distintos actores regionales esperaban una reducción tangible de la violencia en la línea Durand, de acuerdo con expectativas relevadas por Tolo News. La falta de esclarecimiento sobre los bombardeos recientes y la persistencia de declaraciones contradictorias entre los gobiernos de Kabul e Islamabad mantiene abierta la disputa política y diplomática acerca de la responsabilidad por los ataques, así como el futuro de la paz en la frontera.

Al abordar la conciliación familiar en las Fuerzas Armadas, la cabo primero Adelina Torres Díaz recordó su propia experiencia al ingresar en el Ejército de Tierra en el año 2000 y destacó las dificultades para compatibilizar la vida profesional y familiar, señalando que en aquellos años no existía un marco de conciliación formal. Torres expresó que su caso demuestra que el apoyo es crucial y que resulta posible avanzar en la carrera militar si se cuenta con personas dispuestas a ayudar, según consignó el medio.

El premio ‘Soldado Idoia Rodríguez’ fue entregado este jueves a Torres por la ministra de Defensa, Margarita Robles, en un acto realizado en la sede del Ministerio de Defensa. Tal como detalló la fuente original, la distinción se otorga a militares y civiles cuya labor ha contribuido significativamente al impulso de la igualdad de oportunidades y al reconocimiento del papel de la mujer en las Fuerzas Armadas. El galardón recuerda a la cabo Idoia Rodríguez Buján, fallecida en 2007 en Herat, Afganistán, tras la explosión de una mina durante una misión internacional, siendo la primera mujer militar española que perdió la vida en operaciones en el exterior.

De acuerdo con el medio, la cabo primero Adelina Torres Díaz ha desarrollado una trayectoria marcada por la participación en operaciones internacionales de alto riesgo. Su historial incluye un primer despliegue en Kosovo en 2003, experiencia que calificó como muy formativa. Posteriormente, durante sus misiones en Afganistán en los años 2007, 2011 y 2013, experimentó situaciones complejas, enfrentó “la dureza” de la población local y “la exigencia de las misiones”, perdiendo allí a dos compañeros, hecho que, según sus propias palabras, la marcó profundamente. En 2020 integró la misión de las Fuerzas Armadas en Líbano, actuación que coincidió temporalmente con la pandemia de la Covid-19, añadiendo un nivel adicional de dificultad al operativo.

Sobre el significado del reconocimiento recibido, Torres resaltó que la distinción implica una gran responsabilidad y que “no se premia solo el pasado”, sino que debe ser una guía para sus acciones presentes y futuras. “Recibir el premio es un gran honor y una gran responsabilidad, te condiciona porque tienes que hacerte acreedor del galardón por lo que vas a seguir haciendo, y no solo en honor a Idoia Rodríguez”, afirmó la galardonada, citada por la fuente informativa. También enfatizó que el reconocimiento simboliza el esfuerzo colectivo de muchas mujeres en el Ejército, y no únicamente el suyo personal.

La ceremonia contó con la presencia del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, y del jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general Amador Enseñat y Berea, reportó el medio. La subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, puso de relieve que hoy las mujeres integran el 13,3% de los efectivos totales en las Fuerzas Armadas, subrayando que “la igualdad de oportunidades en las Fuerzas Armadas es hoy una realidad”, según publicó la fuente.

Durante el acto, la ministra Margarita Robles realizó una intervención en la que subrayó el ejemplo de entrega y compromiso representado por la cabo primero Torres. “Ha enseñado que ser militar y llevar uniforme es una filosofía de vida. Es compromiso, compañero, estar siempre con quien lo pasa peor y ser una familia”, declaró Robles, destacando que el hecho de cumplir con el deber en misiones internacionales sirve como referente para las futuras generaciones de militares. La ministra incidió en que las mujeres militares ofrecen un modelo a sus hijos al servir en el extranjero, indicando que “les dan un ejemplo”.

El Ministerio de Defensa destacó en un comunicado oficial que la soldado canaria ha recibido diversas recompensas por su firme compromiso y espíritu de sacrificio, remarcando su comportamiento ejemplar a lo largo de su carrera. Según relató el medio, la constancia y dedicación de Torres la convierten en una referencia para quienes integran y quienes aspiren a formar parte de las Fuerzas Armadas, tanto hombres como mujeres.

El premio ‘Soldado Idoia Rodríguez’ se instituyó en el año 2007 y desde entonces reconoce a quienes han realizado contribuciones relevantes para visibilizar y fortalecer el rol femenino en la institución militar. Tal como reportó la fuente, la ceremonia de entrega de este año se enfocó en destacar que la igualdad y el compromiso continúan avanzando en el ámbito de la defensa, subrayando que la inclusión y la diversidad forman parte de los valores actuales del Ejército español.

Más de 40.000 personas, incluidas 5.600 familias, han tenido que abandonar sus hogares y 76 civiles han perdido la vida a raíz de los enfrentamientos recientes entre Pakistán y Afganistán. Según consignó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), los ataques dañaron o destruyeron 318 viviendas, alterando profundamente los servicios y las comunicaciones en la zona afectada. En este contexto de impacto humanitario, ambos gobiernos confirmaron una suspensión temporal de sus operaciones militares con motivo del Eid al Fitr, tras recibir pedidos de mediación por parte de Arabia Saudí, Qatar y Turquía.

De acuerdo con la información difundida por el ministro paquistaní de Información, Ataulá Tarar, Pakistán interrumpió la 'Operación Ghazab lil Haq', dirigida contra objetivos del grupo Tehrik e Taliban Pakistan (TTP) y su infraestructura en suelo afgano. El cese temporal se estableció desde la medianoche del miércoles hasta la medianoche del lunes 23 de marzo y fue presentado como un gesto de buena fe. El gobierno paquistaní destacó que esta decisión coincide con la festividad del Eid al Fitr y recordó que la acción responde tanto a iniciativas propias como a la petición de países islámicos aliados.

Según detalló el medio Europa Press, Ataulá Tarar declaró en redes sociales que la interrupción de las operaciones busca respetar las normas islámicas, pero advirtió que, ante cualquier ataque fronterizo, uso de drones o atentado atribuido al gobierno de Kabul, Pakistán reanudaría la ofensiva “con renovada intensidad”. El ministro subrayó que la medida es temporal y está condicionada a la calma en la frontera.

En paralelo, el portavoz de los talibán y viceministro de Información afgano, Zabihulá Muyahid, notificó la decisión de suspender las operaciones defensivas de su país utilizando argumentos similares. Muyahid informó que la pausa en sus operaciones responde al pedido de mediación de Arabia Saudí, Turquía y Qatar y al final del Ramadán. Añadió que Afganistán contestará “con valentía” a cualquier intento de agresión, recalcando que proteger la seguridad, la soberanía nacional y la vida de la población afgana constituyen obligaciones legítimas del Estado.

El medio Europa Press reportó que las tensiones recientes entre ambos países se desencadenaron a finales de febrero, cuando el gobierno paquistaní llevó a cabo bombardeos contra presuntos objetivos del TTP y el Estado Islámico en territorio afgano. Estos ataques provocaron que el ejecutivo afgano lanzara contraofensivas en la frontera compartida, desencadenando una escalada en las hostilidades que derivó en una crisis humanitaria.

La OCHA proporcionó cifras sobre el desplazamiento masivo asociado al conflicto, e informó que un total de 213 personas resultaron heridas desde el repunte de la violencia. La entidad alertó sobre el deterioro de la infraestructura civil, cuyo daño ha generado dificultades para el acceso a los servicios básicos, así como interrupciones en las comunicaciones esenciales para la población local. Además, la organización internacional hizo hincapié en el aumento de los precios de productos básicos importados, tales como arroz y aceite vegetal, que subieron entre un 20% y un 40% desde diciembre de 2025.

Las necesidades actuales más urgentes en la región, según la OCHA, incluyen acceso a vivienda, agua potable, servicios sanitarios y asistencia alimentaria. Europa Press reportó que la agencia advirtió sobre los desafíos que enfrenta la logística humanitaria, agravados por la incertidumbre provocada por la expansión del conflicto no solo entre Pakistán y Afganistán, sino también en países cercanos como Irán.

La reacción de organizaciones internacionales no se hizo esperar. Durante una rueda de prensa, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, celebró la suspensión de hostilidades, alineando el anuncio de ambos países con el llamado previo de António Guterres a frenar la escalada, detener los combates de forma inmediata y cumplir con el Derecho Internacional. Dujarric expresó su esperanza de que este cese temporal pudiera prolongarse más allá de las fechas señaladas.

Con la decisión de Pakistán y Afganistán de conceder una pausa en sus operaciones militares, la comunidad internacional vuelve a centrar la atención en la situación humanitaria en la frontera y en el impacto que la violencia ha tenido sobre la población civil, cuyos desafíos inmediatos comprenden la reconstrucción de viviendas, el acceso a servicios básicos y la asistencia para las personas desplazadas.

El contexto de la escalada destaca la complejidad de las relaciones entre ambos países, con el grupo TTP desempeñando un papel central en el deterioro de la seguridad. Europa Press recordó que la actual crisis comenzó cuando Islamabad identificó y atacó objetivos del TTP en Afganistán, lo que llevó a Kabul a tomar represalias. Esta dinámica intensificó la violencia a lo largo de la frontera, desplazó a miles de personas e implicó daños materiales relevantes.

Mientras Naciones Unidas y organizaciones humanitarias piden la extensión del alto el fuego y el acceso sin restricciones para la asistencia humanitaria, las autoridades de Pakistán y Afganistán reiteraron que cualquier provocación reactivaría inmediatamente sus operaciones. La sostenibilidad de esta tregua dependerá, según lo publicado por Europa Press, del comportamiento de los actores en la zona y de la gestión diplomática de los países mediadores.

Por ahora, la población civil en las áreas afectadas enfrenta las consecuencias directas del conflicto: la destrucción de hogares, el encarecimiento de bienes básicos, la interrupción de servicios y la necesidad urgente de ayuda. El llamado de la ONU a mantener la paz y facilitar la atención humanitaria permanece vigente mientras la región evalúa los próximos pasos tras la pausa por el Eid al Fitr.

Las autoridades de Pakistán y Afganistán confirmaron este miércoles una suspensión temporal de las hostilidades coincidiendo con la festividad musulmana del Eid al-Fitr, tras una serie de ataques transfronterizos que intensificaron el conflicto entre ambos países en las últimas semanas.

El anuncio se produjo luego de que un bombardeo en Kabul causó centenares de víctimas, marcando el episodio más letal desde que se reanudaron los enfrentamientos fronterizos a finales de febrero.

Ambos gobiernos informaron que la decisión de detener los combates se adoptó a petición de Arabia Saudita, Qatar y Turquía, países que han buscado mediar desde el inicio de la escalada. La tregua fue ratificada en vísperas del Eid al-Fitr, la celebración que marca el cierre del mes sagrado de Ramadán.

El ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar, detalló que la suspensión de las operaciones militares se mantendrá desde el jueves hasta el lunes próximo y constituye, en palabras del funcionario, “un gesto de buena fe y en consonancia con las normas islámicas”.

La confirmación del alto el fuego llegó pocos días después del ataque aéreo más mortífero en el conflicto reciente. La noche del lunes, fuerzas paquistaníes bombardearon un centro de rehabilitación de adicciones en la capital afgana, lo que generó denuncias de Afganistán sobre la magnitud de la tragedia.

Según las autoridades talibanas, el saldo fue de alrededor de 400 muertos y más de 200 heridos, cifras que no pudieron ser verificadas de manera independiente. Voluntarios de la Sociedad de la Media Luna Roja Afgana ayudaron a trasladar decenas de ataúdes hacia una fosa común en las afueras de Kabul, en una ceremonia fúnebre donde se reunieron familiares y funcionarios.

El portavoz del Ministerio de Salud, Sharafat Zaman, informó que al menos 50 ataúdes llegaron al lugar, aunque la identificación de víctimas seguía en proceso debido al estado de los restos.

Por su parte, el ministro del Interior talibán, Sirajuddin Haqqani, expresó durante el funeral que las personas fallecidas fueron “víctimas inocentes” y advirtió que el gobierno buscará vengar el ataque.

“No queremos la guerra, pero la situación ha llegado a este punto. Intentamos resolver el problema por vías diplomáticas”, declaró Haqqani

El vocero del gobierno talibán, Zabiullah Mujahid, reafirmó que defender Afganistán constituye una obligación nacional y religiosa, y anticipó que cualquier agresión recibirá una respuesta proporcional.

Por su parte, Pakistán rechazó que el blanco del bombardeo haya sido un hospital civil. Según declaraciones de Attaullah Tarar recogidas por The Washington Post, las fuerzas paquistaníes atacaron únicamente infraestructuras militares y depósitos de munición vinculados a grupos insurgentes.

Tarar afirmó que los objetivos eran “estructuras del régimen talibán afgano, su infraestructura terrorista y todas las instalaciones que apoyan o promueven a los terroristas”. Añadió que, tras los ataques, se observaron explosiones e incendios por la presencia de armamento en el lugar. Islamabad calificó de “propaganda” las acusaciones afganas sobre la magnitud de la mortandad civil.

(Con información de AFP y AP)

Las cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) revelan que, como resultado de las recientes hostilidades entre Pakistán y Afganistán, 76 civiles han fallecido, 213 resultaron heridos y unas 40.000 personas, incluyendo más de 5.600 familias, han sido desplazadas. A este escenario se añaden los graves daños en más de 318 viviendas y un evidente impacto en servicios y comunicaciones, mientras que el aumento de los precios de productos básicos ha complicado la situación para la población afectada. En este contexto, el Gobierno de Pakistán ha decidido decretar una pausa temporal en sus operaciones militares contra el grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) en territorio afgano por la llegada del Eid al Fitr, medida adoptada tras recibir solicitudes de Arabia Saudí, Qatar y Turquía.

Según informó el ministro de Información de Pakistán, Ataulá Tarar, la decisión implica suspender la denominada 'Operación Ghazab lil Haq', dirigida contra el TTP y sus redes de apoyo en Afganistán. Tal como publicó la agencia de noticias, la suspensión de los ataques se extenderá desde la medianoche del miércoles hasta la medianoche del lunes 23 de marzo. El ministro enfatizó que este gesto responde tanto a la proximidad del Eid al Fitr como a solicitudes de países musulmanes aliados y manifestó que se trata de un acto de buena fe conforme a las normas islámicas.

No obstante, Ataulá Tarar advirtió, según consignó la fuente, que, en caso de producirse cualquier incursión fronteriza, utilización de drones o atentado atribuido a las autoridades de Kabul en territorio paquistaní durante este periodo, Pakistán reactivará las acciones militares de inmediato y con una intensidad aumentada. El Gobierno paquistaní subrayó que la actual pausa se mantendrá únicamente bajo la ausencia de nuevas agresiones desde Afganistán.

El medio detalló que la serie de enfrentamientos se intensificó a finales de febrero, luego de que Pakistán efectuara bombardeos contra objetivos presuntos del TTP —también conocidos como los talibán paquistaníes— y del Estado Islámico en Afganistán. Estas acciones precipitaron una respuesta de las autoridades afganas, lideradas por los talibán, con operaciones militares en la frontera que une a ambos países.

A partir de estos choques, Naciones Unidas ha hecho públicos datos que reflejan la dimensión humanitaria del conflicto. Además de las víctimas mortales y desplazados, la destrucción de viviendas y el deterioro de la infraestructura inciden en el acceso de la población a servicios básicos y a las comunicaciones. La OCHA también ha informado que, desde diciembre de 2025, el costo de alimentos y otros productos esenciales como el arroz y el aceite vegetal, en su mayoría importados, ha subido entre un 20% y un 40%, incrementando la presión sobre comunidades ya vulnerables.

Entre las necesidades identificadas como más urgentes por la OCHA figuran el acceso a vivienda, agua potable, servicios de salud y asistencia alimentaria. Además, la agencia de Naciones Unidas destacó que la situación creada por la inestabilidad regional —incluida la escalada de tensiones en Irán y otros países— está generando una mayor incertidumbre en cuanto a la logística y capacidad de respuesta humanitaria.

La pausa en las operaciones anunciada por Pakistán tiene lugar en un contexto de presión internacional y regional respecto a la gestión del conflicto en la frontera afgano-paquistaní. Arabia Saudí, Qatar y Turquía, que han pedido a Islamabad ese gesto, actúan como actores diplomáticos influyentes con vínculos con ambos países.

El conflicto entre el Gobierno de Islamabad y el TTP, grupo operando desde bases en Afganistán, ha sido motivo de tensión entre Pakistán y el régimen talibán afgano. El actual cese temporal en los ataques militares se presenta como una ventana para posibles enfoques menos hostiles, aunque, como han aclarado las autoridades paquistaníes, la reanudación de la ofensiva sigue latente ante cualquier alteración del frágil statu quo fronterizo.

De acuerdo con la OCHA, la inseguridad y los desplazamientos derivados de los enfrentamientos han intensificado las necesidades humanitarias, especialmente en sectores esenciales como el alojamiento, la sanidad y la alimentación. Las organizaciones humanitarias han encontrado dificultades para operar con normalidad a causa de los daños a la infraestructura y la mayor volatilidad de precios afecta la capacidad de las familias para acceder a insumos básicos. La incertidumbre también condiciona la planificación frente a eventuales nuevas olas de desplazados.

Según publicó la fuente, la escalada de la violencia y sus repercusiones en la población civil han llevado a distintas organizaciones internacionales a solicitar un mayor acceso humanitario y una contención de las hostilidades. Pakistán, a través de sus canales oficiales, recalca que su gesto busca contribuir a la estabilidad con motivo de la festividad islámica, aunque la advertencia sobre la posible reactivación de la ofensiva deja claro el carácter condicionado de la actual pausa en las operaciones militares.

El comunicado conjunto de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, incidió en la necesidad de que todas las partes implicadas adopten "todas las medidas posibles para minimizar el riesgo de causar daño a la población civil", subrayando la protección que el Derecho Humanitario otorga a instalaciones médicas y civiles, conforme a los Convenios de Ginebra. De acuerdo con la información consignada por el medio, la Unión Europea sostiene que las instalaciones dedicadas al cuidado y atención médica no deben ser blanco de ningún tipo de ataque.

Según informó la Unión Europea, el ataque perpetrado el lunes en Kabul dejó más de 400 muertos y 250 heridos, lo que ha sido considerado por el bloque como una "escalada mortal" en las hostilidades entre Pakistán y Afganistán. La intervención de las autoridades europeas ocurrió luego de que los talibán denunciaran que un bombardeo realizado por el ejército de Pakistán impactó contra el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid, una instalación con capacidad cercana a las 2.000 camas en la capital afgana. El suceso se registró alrededor de las 21:00 horas locales (17:30 horas en España), según precisó el portavoz adjunto del gobierno talibán, Hamdulá Fitrat.

El organismo europeo pidió el cese inmediato de hostilidades e instó a las partes a ejercer la máxima contención para evitar nuevas víctimas y garantizar la protección de los civiles. Mencionó también la obligación de respetar los convenios internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos y la seguridad de infraestructuras civiles. El Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE) también sumó su voz a la comunidad internacional en los llamamientos por un alto el fuego inmediato y la reanudación del diálogo entre Islamabad y las autoridades de facto de Kabul, detalló la Unión Europea.

El Gobierno afgano confirmó que el número de víctimas asciende a al menos 400 personas fallecidas y otros 250 heridos como consecuencia directa del bombardeo que, según afirmó, fue ejecutado por el ejército paquistaní contra el centro especializado en el tratamiento de adicciones. El portavoz Hamdulá Fitrat divulgó estos datos en un mensaje a través de sus redes sociales, reforzando la versión oficial afgana de que el objetivo del ataque fue un entorno estrictamente sanitario.

En contraste, las autoridades de Pakistán negaron que el ataque afectara a un hospital y defendieron que las acciones militares estuvieron dirigidas contra infraestructuras militares en Kabul y la provincia de Nangarhar. Según afirmó el ministro de Información paquistaní, Ataulá Tarar, tras los bombardeos se produjeron detonaciones secundarias, lo que, según declaró, evidenciaría la presencia de grandes acopios de municiones en los sitios atacados. Además, señaló que la infraestructura técnica y los almacenes de armamento en dos localizaciones de la capital afgana quedaron prácticamente destruidos como resultado de estos ataques calificados de precisión.

Tal como publicó la fuente, la situación en la frontera entre Pakistán y Afganistán ha mantenido niveles elevados de tensión y episodios de violencia durante años, agravados por las actividades del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y las acusaciones por parte de Islamabad hacia India y el gobierno de Kabul por un supuesto respaldo a este grupo, acusaciones que ambas capitales han rechazado. La misma fuente detalló que este contexto provocó un incremento en los enfrentamientos a finales de febrero, cuando Pakistán realizó una serie de bombardeos en Afganistán contra presuntos objetivos del TTP y de Estado Islámico, lo que a su vez desencadenó ofensivas militares por parte de las autoridades talibanes afganas en el área fronteriza.

La declaración de la Unión Europea pone énfasis en que el respeto al Derecho Internacional Humanitario y a los convenios internacionales es un deber de todos los actores en conflictos armados, especialmente respecto a la protección de las instalaciones dedicadas a servicios esenciales como la salud. Según consignó el medio, el bloque comunitario insiste en la urgencia de retomar el diálogo entre ambos países y subraya que las operaciones militares nunca deben comprometer a la población civil ni a los recintos de atención médica.

El ataque al hospital en Kabul y la respuesta militar de Pakistán reflejan un escenario de inestabilidad regional que afecta las relaciones diplomáticas y la seguridad de la población en ambos países, según reportó el medio de referencia. Las autoridades europeas reiteraron la importancia de buscar una solución pacífica y colaborativa que frene la escalada de violencia y estabilice la relación bilateral entre Afganistán y Pakistán, mientras continúa el seguimiento internacional sobre el desarrollo de los acontecimientos.

Durante la noche, testigos de la explosión en el hospital de rehabilitación contra las drogas de Kabul describieron escenarios de destrucción total, con cientos de personas buscando a sus familiares entre los restos del edificio. Según publicó Europa Press, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado urgente para que se investigue de forma independiente y transparente este ataque, cuyas consecuencias fatales se suman al agravamiento del conflicto entre Afganistán y Pakistán.

La ONU, a través de su portavoz Thameen al Kheetan, exigió que los responsables rindan cuentas según las normas internacionales. Al Kheetan afirmó que “la trágica explosión registrada esta noche en un centro de rehabilitación contra las drogas en Kabul, que según informaciones disponibles, dejó decenas de pacientes muertos, debe ser investigada de forma rápida, independiente y transparente”, detalló Europa Press. El portavoz añadió que los hallazgos de la investigación deben publicarse y que las víctimas y sus familias tienen derecho a una reparación.

Más de 400 personas han sido reportadas muertas, según las denuncias de las autoridades talibanes, quienes acusaron a Pakistán de perpetrar un bombardeo, señaló Europa Press. El gobierno de Pakistán, por su parte, negó cualquier implicación en el ataque contra el centro médico. Sobre la situación en el hospital, la ONU ha confirmado que los testimonios recabados exponen una escena caótica con numerosas familias tratando de ubicar a los suyos tras la explosión.

En su intervención, al Kheetan remarcó que el Derecho Internacional Humanitario prevé “protecciones específicas y reforzadas para las instalaciones médicas” e hizo énfasis en que los civiles deben estar “totalmente protegidos”, incluso en medio de los enfrentamientos armados entre ambos países. Recordó que las leyes de guerra obligan a cumplir los principios de distinción, proporcionalidad y precaución en todo ataque.

El impacto de las recientes hostilidades, desatadas a finales de febrero, ha sido particularmente severo en la población civil afgana. Europa Press consignó que desde el inicio de estos enfrentamientos, al menos 289 civiles, incluidos 104 niños, han resultado muertos o heridos. El desplazamiento masivo también afecta a decenas de miles de personas, quienes han abandonado sus hogares, sobre todo en las regiones del sur y sureste del país.

El conflicto ha provocado consecuencias en ambos lados de la frontera. En Pakistán, numerosas personas han tenido que huir de sus casas y varias escuelas han cerrado sus puertas, agregó Europa Press. En este contexto, Volker Turk, jefe de Derechos Humanos de la ONU, reiteró la importancia de que todas las partes implementen “medidas efectivas” para salvaguardar a la población civil y autoricen el ingreso de ayuda humanitaria a las zonas afectadas.

La organización Save the Children también se sumó a las voces que exigen protección para la población civil en Afganistán. Bujar Hoxha, director de Save the Children en el país, expresó que “un hospital en Kabul, un lugar al que acuden las personas en busca de ayuda, haya sido atacado, es devastador”. Hoxha destacó que “los civiles que buscan atención médica nunca deberían quedar atrapados en el fuego cruzado. Cuando la violencia llega a los centros de tratamiento y refugio, representa un grave fracaso en la protección de quienes corren mayor riesgo.”

A través de un comunicado difundido por la organización, Hoxha advirtió que la infancia es uno de los grupos más vulnerables ante la persistencia del conflicto y señaló que “todas las partes tienen la responsabilidad de proteger a la infancia en situaciones de conflicto”. Además, Save the Children, que opera en Afganistán desde 1976, renovó su demanda de un cese inmediato de las hostilidades como condición esencial para proteger a niños y niñas de la violencia y otros abusos a sus derechos.

El medio Europa Press amplió que, ante estas circunstancias, el portavoz de la ONU subrayó la necesidad de que los responsables del ataque enfrenten las consecuencias conforme al derecho internacional, y reiteró que las investigaciones deben llevarse a cabo con independencia y sus resultados estar disponibles para el público. Asimismo, la ONU reafirmó que la reparación a las víctimas y sus familias constituye un derecho y una obligación bajo los estándares internacionales.

Por último, la situación humanitaria continúa deteriorándose, sumando presión a las agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales. El acceso a asistencia humanitaria y el respeto a las infraestructuras médicas figuran entre las principales demandas de la comunidad internacional, según reportó Europa Press, en tanto persista la violencia en la región y se mantenga la preocupación por la protección de los derechos fundamentales en escenarios de conflicto armado.

Pakistán llevó a cabo nuevos bombardeos sobre Kabul durante la noche de este lunes, en una ofensiva que, según el régimen talibán de Afganistán, impactó un hospital de rehabilitación para personas con adicciones y causó víctimas civiles.

El régimen talibán confirmó que al menos 400 personas murieron y otras 250 resultaron heridas en el ataque contra el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid de Kabul.

El portavoz del régimen talibán, Zabihullah Mujahid, afirmó que el objetivo alcanzado era un centro médico dedicado al tratamiento de drogodependientes.

“El régimen militar paquistaní ha violado una vez más la soberanía de nuestro país y ha atacado un hospital de rehabilitación de drogodependientes en Kabul, donde varios adictos que recibían tratamiento resultaron muertos y heridos”, declaró.

Mujahid también condenó la operación militar y sostuvo que el ataque contraviene normas humanitarias internacionales.

“Condenamos este crimen y lo calificamos de acto inhumano que viola todos los principios”, agregó el portavoz.

Las explosiones se registraron durante la noche en la capital afgana y fueron escuchadas en distintas zonas de la ciudad. Testigos indicaron que varios aviones militares sobrevolaron el área antes de que se produjeran fuertes detonaciones. Poco después, columnas de humo se elevaron sobre el centro de Kabul.

Según la versión oficial de Islamabad, los bombardeos no estuvieron dirigidos contra instalaciones civiles. El gobierno paquistaní sostuvo que las operaciones tenían como objetivo posiciones insurgentes y estructuras que, según afirma, están vinculadas al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), una organización armada que ha perpetrado numerosos ataques en territorio paquistaní.

Pakistán señaló que las fuerzas armadas atacaron “instalaciones militares e infraestructura de apoyo al terrorismo” en Kabul y en la provincia oriental de Nangarhar, cerca de la frontera entre ambos países. Islamabad rechazó las acusaciones de que un centro médico hubiera sido alcanzado durante la operación.

“Pakistán golpea sus objetivos con precisión y se asegura de que no haya daños colaterales”, indicó el Ministerio de Información paquistaní al referirse a los bombardeos.

La ofensiva aérea ocurre pocos días después de otro ataque realizado por la aviación paquistaní contra Kabul y contra un depósito de combustible en la ciudad de Kandahar. De acuerdo con Afganistán, ese ataque dejó al menos cuatro personas muertas y fue calificado por el régimen talibán como una “agresión flagrante”.

La tensión entre ambos países se ha intensificado desde finales de febrero, cuando Pakistán anunció el inicio de una campaña militar contra supuestas bases del TTP en territorio afgano. Islamabad sostiene que los combatientes de ese grupo operan desde Afganistán y utilizan ese país como refugio para lanzar ataques contra fuerzas de seguridad y objetivos civiles en Pakistán.

Los talibanes han rechazado repetidamente esas acusaciones y niegan que permitan la presencia de insurgentes en su territorio.

La escalada militar ha provocado también ataques de represalia. El viernes pasado, las autoridades paquistaníes informaron que un dron lanzado desde Afganistán impactó el centro militar “Hamza” en el distrito de Islamabad. Según informes oficiales, fue la primera vez que un aparato no tripulado alcanzó la capital paquistaní desde territorio afgano.

Además de los bombardeos, las fuerzas de ambos países mantienen enfrentamientos regulares a lo largo de la Línea Durand, la frontera que separa a Afganistán y Pakistán. Los intercambios de fuego en esa zona comenzaron poco después del inicio de la ofensiva aérea el 26 de febrero y han continuado de manera intermitente desde entonces.

El domingo, Pakistán denunció que al menos cuatro civiles murieron en un ataque con artillería procedente de Afganistán en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa. Los talibanes afirmaron posteriormente que el ataque fue una represalia por los bombardeos paquistaníes.

Las operaciones militares se han concentrado principalmente en Kabul y en varias provincias del este y del sur del país, zonas cercanas a la frontera con Pakistán. La intensificación de los combates ha provocado desplazamientos de población y ha afectado la distribución de ayuda humanitaria en diversas regiones.

(Con información de EFE y AFP)

Equipos de emergencia enfrentaron dificultades en sus labores tras el daño extenso ocasionado en el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid, en Kabul, como resultado de un ataque aéreo ocurrido la noche del lunes. La magnitud de la explosión hizo que varias áreas del hospital quedaran destruidas, mientras decenas de rescatistas continuaban buscando sobrevivientes y víctimas entre los escombros, según informó el portavoz adjunto del Ejecutivo talibán, Hamdulá Fitrat.

De acuerdo con los datos confirmados por el Gobierno talibán, al menos 400 personas fallecieron y otras 250 resultaron heridas tras el bombardeo registrado sobre las 21:00 horas en la capital afgana, Kabul. El centro, especializado en la atención de personas con adicciones, tenía capacidad para alrededor de 2.000 camas. Tal como publicó el vocero Fitrat, el incendio producto de la explosión complica las tareas de socorro, y la principal preocupación se centra en el elevado número de víctimas, muchas de ellas aún por localizar.

El medio consignó que las autoridades afganas elevaron el balance de muertos a lo largo de la jornada, mientras seguía sin precisarse el número total de personas afectadas, dado que las operaciones de rescate mantenían la incertidumbre sobre la cifra definitiva. “Lamentablemente, el número de muertos asciende hasta ahora a 400, mientras que se ha informado de que otras 250 personas han resultado heridas”, publicó Fitrat en sus redes sociales, e indicó que los equipos de rescate estaban enfocados en recuperar los cuerpos.

El Ministerio de Información de Pakistán rechazó cualquier implicación en un ataque contra un hospital de Kabul. Según publicó el medio, Islamabad argumentó que la operación aérea iba dirigida contra “instalaciones militares e infraestructuras de apoyo al terrorismo”, involucrando almacenes de equipo técnico y de municiones presuntamente pertenecientes tanto a los talibán afganos como al grupo Tehrik e Taliban Pakistan (TTP) en Kabul y Nangarhar. Según el Ministerio de Información paquistaní, estos lugares se estaban utilizando para lanzar acciones contra civiles paquistaníes.

El contexto fronterizo entre Afganistán y Pakistán ha sido una fuente habitual de tensiones y episodios de violencia, especialmente relacionados con las actividades del TTP, conocido como los talibán paquistaníes. El medio recordó que Islamabad ha sostenido acusaciones sobre el apoyo recibido por el TTP desde territorio afgano y desde la India, algo que ha sido rechazado por las autoridades de Kabul y Nueva Delhi.

El ataque al hospital Omid se registró en medio de una coyuntura de escalada militar. Según detalló la fuente, a finales de febrero Islamabad había realizado bombardeos contra presuntos objetivos del TTP y del grupo Estado Islámico en Afganistán, lo que ocasionó que el gobierno talibán lanzara operaciones en la frontera común. La continuidad de las hostilidades ilustra el clima de inseguridad crónica en la zona y la difícil relación entre ambos países por la presencia de actores armados que operan a ambos lados de la frontera.

Los bombardeos ocurridos fueron motivo de pronunciamientos encontrados entre las autoridades afganas y paquistaníes. Mientras el Ejecutivo talibán denunció la muerte masiva de civiles y la destrucción de un hospital de alto volumen de pacientes, Islamabad insistió en negar la autoría de un ataque sobre infraestructura civil. Aún así, los rescatistas trabajan en la zona para recuperar cuerpos y asistir a los heridos, con el incendio complicando las labores de auxilio y originando alarma sobre la posibilidad de que las cifras de víctimas sigan aumentando, reportó la fuente original.

El centro hospitalario afectado, dedicado principalmente al tratamiento de adicciones, representaba una infraestructura clave en la prestación de servicios médicos en Kabul, y su destrucción plantea interrogantes sobre el acceso a la atención sanitaria en una ciudad que enfrenta graves dificultades tras años de conflicto. Las imágenes difundidas tras el ataque muestran daños graves en las instalaciones, mientras los trabajadores de emergencia continúan las operaciones para contener la situación y responder a las necesidades urgentes de los heridos y familiares de las víctimas.

Las imágenes difundidas por las cadenas TOLO y Amu TV, junto con contenidos compartidos en redes sociales, muestran el centro de rehabilitación de drogadicción incendiado tras el impacto de un bombardeo en Kabul. Este hecho se produce en el contexto de un operativo realizado por las fuerzas armadas de Pakistán, que, según autoridades afganas, alcanzó de manera directa las instalaciones sanitarias, dejando un saldo de muertos y heridos. Según publicó TOLO News, la acción militar tuvo lugar en el distrito nueve de la capital de Afganistán.

El portavoz talibán y viceministro de Información afgano, Zabihulá Muyahid, comunicó a través de sus redes sociales que el ataque aéreo representó una violación del espacio aéreo por parte de Pakistán y afectó a un hospital dedicado a la rehabilitación de personas con adicción a drogas. Muyahid indicó que entre las víctimas se encuentran pacientes que estaban recibiendo tratamiento en ese momento y calificó el hecho de “crimen contra la humanidad”. Las autoridades afganas, tal como reportó TOLO News, no precisaron el número exacto de fallecidos o heridos provocados por el bombardeo.

Por su parte, el gobierno de Pakistán rechazó la versión afgana y sostuvo que la operación no tuvo como objetivo instalaciones civiles. El Ministerio de Información paquistaní respondió, según consignó TOLO News, que las declaraciones del portavoz talibán son “falsas y engañosas” y constituyen una “tergiversación” destinada a encubrir el presunto apoyo afgano a actividades de terrorismo que cruzan la frontera. Según la posición oficial de Islamabad, la intervención militar estuvo dirigida contra “instalaciones militares e infraestructuras de apoyo al terrorismo”, incluyendo depósitos de equipamiento y municiones en Kabul y Nangarhar. Estas infraestructuras —según la explicación paquistaní— estaban ligadas tanto a los talibán afganos como al grupo Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), e implicaban una amenaza para civiles dentro del territorio pakistaní.

Los episodios de violencia y acusaciones cruzadas entre los dos gobiernos se inscriben en una serie de tensiones históricas a lo largo de la frontera que comparten Afganistán y Pakistán. Las zonas limítrofes han experimentado episodios de inseguridad debido a las acciones del TTP, un grupo identificado por Pakistán como responsable de frecuentes atentados. Islamabad ha atribuido al gobierno de Afganistán y también a la India la provisión de respaldo al TTP, algo que los gobiernos de Kabul y Nueva Delhi han negado públicamente.

La situación se agravó a fines de febrero, cuando tuvieron lugar varios ataques aéreos de Pakistán dirigidos a objetivos del TTP y también del grupo yihadista Estado Islámico en territorio afgano, según informó TOLO News. Las respuestas de las autoridades talibanas incluyeron nuevas ofensivas en la franja fronteriza, lo que intensificó los enfrentamientos y llevó a un incremento de la tensión bilateral.

En la reciente acción, Islamabad reiteró que sus operativos no tienen como blanco a población civil y solamente buscan neutralizar infraestructuras identificadas como puntos logísticos para actividades hostiles contra Pakistán. Desde Kabul, los representantes talibanes mantienen su postura de que los ataques afectan objetivos civiles y vulneran el derecho internacional. El medio TOLO News refleja la falta de confirmación sobre el número exacto de víctimas mientras continúan las investigaciones y la recopilación de información tras el incidente.

La frontera Afganistán-Pakistán ha sido escenario de numerosos incidentes armados y de operaciones en represalia, que han generado alertas internacionales sobre el riesgo de una escalada en la confrontación. El cruce de amenazas y los reclamos por supuestos apoyos a organizaciones armadas han consolidado un ambiente de hostilidad entre ambas capitales. La información recolectada por TOLO News y Amu TV evidencia que los hechos recientes forman parte de un ciclo prolongado de violencia e inseguridad que caracteriza la relación entre Kabul e Islamabad.

El anuncio de la destrucción de un vehículo blindado y otro “vehículo internacional” durante un operativo en la frontera oriental de Afganistán marcó el último episodio de tensiones entre el movimiento talibán afgano y las fuerzas de Pakistán. Según publicó el medio digital, los talibán afirmaron que su ofensiva, que se desarrolló en la zona limítrofe conformada por las afganas provincias de Kunar y Nangarhar en la triple frontera oriental, tuvo como saldo la muerte de 14 militares paquistaníes y dejó heridos a otros once. Esta versión fue rápidamente desmentida por el Ejército de Pakistán, que negó la pérdida de efectivos y calificó la declaración como “falsa, como siempre”.

Tal como reportó la fuente original, el Ministerio de Defensa del gobierno talibán atribuyó esta incursión armada a una represalia por el bombardeo realizado el día anterior sobre el este de Kabul. Ese ataque, según los talibán, resultó en la muerte de cuatro personas, entre ellas mujeres y niños. Para los talibán, la ocupación del puesto fronterizo y la destrucción de los vehículos constituyen una respuesta directa a la acción militar ejecutada por Pakistán, aunque las autoridades paquistaníes insisten en que los informes sobre el resultado de la operación son un intento de manipular a la opinión pública afgana.

El Ejército de Pakistán, por su parte, catalogó la información difundida por los talibán como “un invento diseñado para engañar a la opinión pública interna afgana, que desafortunadamente está experimentando y sufriendo de primera mano bajo estos patrocinadores del terror”, según consignó la misma fuente. La institución militar rechazó la supuesta toma del puesto fronterizo y las bajas reportadas por los talibán, y en cambio, denunció daños recientes a civiles paquistaníes causados por los restos de “rudimentarios drones talibán”. Entre los afectados se encuentran dos niños heridos en la ciudad de Quetta, así como otros dos civiles que sufrieron lesiones en las localidades de Kohat y Rawalpindi.

El ataque atribuido a los talibán ocurrió en la histórica Línea Durand, la divisoria establecida en el siglo XIX que marca la separación fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Esta franja ha sido escenario recurrente de confrontaciones armadas, tensiones diplomáticas y disputas territoriales, principalmente a raíz de la presencia de grupos insurgentes y el flujo de combatientes a través de la porosa demarcación. Las hostilidades incrementaron su intensidad a partir de octubre de 2025, cuando las fuerzas armadas paquistaníes lanzaron una operación de gran escala contra milicianos talibán paquistaníes que operan en la región fronteriza, de acuerdo con lo relatado por el medio original.

En el comunicado difundido por el Ministerio de Defensa talibán a través de redes sociales, la versión ofrecida enfatiza que la incursión en el puesto fronterizo respondió a lo que califican como una violación de su soberanía tras el bombardeo sobre Kabul. El texto denuncia el impacto que tuvo particularmente en población civil afgana, mencionando de forma explícita la muerte de varias mujeres y niños. Sin embargo, Pakistán optó por centrar su respuesta en los daños sufridos por civiles dentro de su territorio por ataques recientes atribuidos a drones de fabricación artesanal operados desde el lado afgano.

El reporte procedente del medio consultado explica que el conflicto armado en la frontera oriental ha derivado en una espiral de represalias que involucra tanto ataques militares directos contra posiciones y vehículos como afectaciones a la población no combatiente en los dos países. A pesar de las afirmaciones cruzadas, no se han presentado de manera independiente pruebas verificables sobre el saldo de militares fallecidos durante la toma del control en el puesto fronterizo, más allá de los comunicados emitidos por cada una de las partes.

El intercambio bélico en la Línea Durand incrementa la fricción entre Kabul e Islamabad, en un contexto donde ambas capitales acusan a la contraparte de proteger a movimientos insurgentes que cruzan la frontera y perpetran atentados en territorio vecino. Las autoridades militares de Pakistán advierten sobre la persistencia de ataques contra población civil en ciudades como Quetta, Kohat y Rawalpindi, mientras que los responsables de defensa de Afganistán centran sus denuncias en los ataques aéreos ejecutados por Pakistán sobre áreas densamente pobladas.

Ante la falta de información independiente proveniente de organismos internacionales u observadores neutrales en la zona, las versiones de ambos gobiernos continúan en conflicto, replicando el patrón de acusaciones mutuas que desde hace varios años caracteriza la relación entre Pakistán y el movimiento talibán afgano. Según consignó el medio digital en su cobertura, este episodio prolonga la secuencia de enfrentamientos que, desde la reanudación de las operaciones militares paquistaníes en 2025, mantiene elevadas las tensiones en toda la región oriental de Afganistán.

Las órdenes directas de restablecer células en regiones como Irak, Siria, Libia y países europeos han confirmado la existencia de una nueva estrategia de expansión por parte de Al Qaeda. Según informó Europa Press, el comité de la ONU que supervisa las sanciones contra Al Qaeda y Estado Islámico, advirtió en julio de 2025 que Saif al Adel, actual jefe de facto del grupo, instruyó a sus altos cargos para reactivar estas estructuras, revelando la intención prolongada de la organización de ejecutar operaciones fuera de sus territorios tradicionales. La noticia principal se centra en la consolidación de Saif al Adel al frente de Al Qaeda, marcada por una mayor organización interna, una visibilidad reducida y un potencial aumento en la peligrosidad global del grupo.

De acuerdo con Europa Press, desde la muerte de Ayman al Zawahiri en un ataque de la CIA en Kabul en 2020, Al Qaeda no ha comunicado formalmente el nombre de su nuevo líder, aunque múltiples informes y evaluaciones internacionales sostienen que Saif al Adel, antiguo oficial del ejército egipcio y miembro histórico de la organización, asumió el liderazgo. La continuidad de Al Adel al frente no ha sido reconocida oficialmente en parte por su residencia en Irán, una situación que genera incomodidad entre algunos sectores por las implicaciones teológicas y operativas de que el dirigente de una organización yihadista suní se encuentre en el país chií más emblemático de la región.

El mismo comité de la ONU, apoyado por información proveniente de distintos Estados miembro, detalló en informes de 2023 y 2024 que, aunque la base tradicional de la dirección de Al Qaeda se situaba en Afganistán, la posición de Al Adel en Irán ha requerido el uso de emisarios para mantener la comunicación con miembros clave en Asia Central. Aun así, los datos recopilados por los especialistas mencionados por Europa Press sostienen la hipótesis de que Saif al Adel continúa gestionando las operaciones y la estrategia global de Al Qaeda desde su lugar de residencia, manteniendo un control efectivo pese a la descentralización geográfica.

El comité de la ONU destacó además, en una publicación del 4 de febrero, que Al Qaeda no ha abandonado su aspiración a realizar ataques externos de gran envergadura. Según este organismo, persisten planes para perpetrar atentados “espectaculares” en escenarios fuera de sus zonas habituales de operación, apoyados en una estructura reorganizada y una modernización significativa en sus tácticas operativas.

Sara Harmouch, fundadora de la consultora H9 Defense, analizó estos cambios en un artículo para el Modern War Institute citado por Europa Press. Según Harmouch, la organización ha entrado en lo que denomina una “tercera fase”, centrada en la reconstrucción interna y la consolidación tras dos etapas anteriores marcadas por figuras como Osama bin Laden y Al Zawahiri. Durante el periodo de Bin Laden, el liderazgo estuvo muy centralizado y dependiente del círculo de confianza del fundador, constituyéndose en una organización de acción significativa en el extranjero, esencialmente dirigida contra intereses estadounidenses, como los atentados del 11 de septiembre de 2001 o el doble ataque a las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania.

Con Al Zawahiri, tras la muerte de Bin Laden en 2011, Al Qaeda viró hacia una doctrina más conservadora, promoviendo la integración local de sus filiales y alentando los vínculos con comunidades y tribus en diversos países, sin priorizar ataques a objetivos occidentales, reportó Europa Press. El resultado fue una expansión descentralizada, enfocada en objetivos regionales y una autoridad que pasó a ser mayormente moral e intelectual, dejando a la organización “intacta pero inerte” en palabras de Harmouch al fallecer Al Zawahiri.

Con el ascenso de Saif al Adel, identificado como un estratega clave y antiguo escolta de Bin Laden, Al Qaeda ha reorganizado su estructura en torno a una lógica más militarizada y profesional. Harmouch sostiene que la organización se ha transformado deliberadamente en una entidad capaz de regenerar capacidades, resistir pérdidas individuales y planificar ataques con precisión selectiva. Los textos publicados por Al Adel, citados por la experta, reflejan una preferencia por el liderazgo efectivo, la disciplina interna, la clara comunicación de órdenes y la valoración del estudio detallado del adversario.

Este nuevo enfoque de Al Adel enfatiza el funcionamiento de unidades pequeñas y móviles, estructuradas de forma que puedan evadir la vigilancia y adaptarse a las necesidades operativas. Europa Press consignó que, según Harmouch, la descentralización estructurada garantiza la supervivencia de la organización y le permite actuar de forma coordinada cuando lo requiere la situación. En esta reconfiguración, las filiales de Al Qaeda han intensificado sus vínculos, compartiendo recursos financieros, combatientes, experiencia técnica y armamento, así como atrayendo a ingenieros y otros especialistas que refuerzan la capacidad operativa del grupo.

Harmouch describe este momento de Al Qaeda como el paso hacia una “empresa militar sostenible y profesional”, favorecida por la reducción internacional en los esfuerzos de lucha antiterrorista, motivada por conflictos y tensiones entre potencias globales. De acuerdo con la experta, el grupo ahora es menos visible, pero también más consistente y capaz de sostener campañas prolongadas, siendo menos vulnerable a la detección o intervención extranjera. Al destacar que “la victoria pertenece a los organizados”, Harmouch indicó que el perfil bajo de las acciones actuales responde a una estrategia deliberada para preservar fuerzas mientras se espera una oportunidad más favorable para operar a gran escala.

El análisis de Harmouch, difundido por Europa Press, subraya que la etapa actual —llamada “Al Qaeda 3.0”— no evidencia la retirada sino la preparación silenciosa de iniciativas transnacionales. La especialista alertó que la interrupción de grandes atentados no representa el fin de las ambiciones internacionales del grupo, y que en caso de un nuevo ciclo de operaciones, estas podrían mostrar un nivel superior de sofisticación y letalidad, incluyendo acciones coordinadas en múltiples ciudades y el uso de tecnologías emergentes.

Los documentos recogidos por el comité de la ONU coinciden en que la dirección mantenida por Saif al Adel fomenta tanto la disciplina interna como la adaptabilidad operativa, valores que han permitido a Al Qaeda sostener su relevancia y capacidad de acción tras años de presión internacional. Este modelo de liderazgo ha sustituido la dependencia de figuras carismáticas por una estructura menos visible y más difícil de desarticular, sin que los cambios hayan disminuido la amenaza que representa la red yihadista global.

El escenario esbozado en los distintos informes y el análisis de expertos apuntan a una Al Qaeda que, bajo la conducción de Al Adel, ha incrementado su nivel de profesionalización y se encuentra fortalecida tanto en capacidad como en estrategia, a la espera de condiciones propicias para volver a incidir de manera significativa en la escena internacional.

El Ministerio de Defensa de los talibán afganos emitió un comunicado en redes sociales donde afirmó que su acción militar fue una respuesta directa a un bombardeo, atribuido a Pakistán, ocurrido este viernes cerca de Kabul y que causó la muerte de cuatro personas, incluyendo mujeres y menores. Según informó el medio, los insurgentes señalaron que el ataque perpetrado por sus fuerzas tenía como objetivo la represalia ante las bajas civiles generadas durante la incursión aérea paquistaní en la capital afgana.

De acuerdo con lo publicado por el medio, el movimiento talibán aseguró que su ofensiva logró la toma de un puesto de control en la frontera entre ambos países, en una zona geográficamente sensible. El ataque ocurrió en la triple frontera conformada por las provincias afganas de Kunar y Nangarhar, en el este de Afganistán, y la zona limítrofe con la región occidental de Pakistán. Esta región sigue marcada por la llamada Línea Durand, una frontera fijada a finales del siglo XIX que desde entonces ha tenido un carácter permeable y ha sido escenario frecuente de enfrentamientos y crisis de seguridad.

Según detalló el comunicado talibán, la operación militar concluyó con la muerte de 14 militares paquistaníes y dejó otros 11 heridos. Además, los insurgentes afganos reportaron la destrucción de un vehículo acorazado y de otro denominado como “vehículo internacional”, aunque hasta el momento no ofrecieron más detalles sobre la naturaleza o procedencia de este segundo vehículo. El Ministerio talibán se refirió a la acción como un éxito estratégico dirigido específicamente a sancionar el ataque que atribuyen al Ejército paquistaní en las horas previas.

El episodio se enmarca en la escalada del conflicto que, según consignó el medio, se intensificó desde octubre de 2025. En ese periodo, Pakistán había lanzado una operación militar a gran escala dirigida contra posiciones de talibán paquistaníes que, según las autoridades pakistaníes, se refugian en territorio afgano. Las hostilidades en la franja limítrofe han provocado un aumento de la tensión bilateral y han agravado la situación de seguridad y protección para la población civil de ambas partes de la frontera.

Mientras los talibán afganos reivindicaban su operativo, el Ejército de Pakistán no emitió comentarios directos acerca de la perdida de personal militar ni sobre la supuesta toma del puesto de control. No obstante, las autoridades militares del país se limitaron a informar sobre nuevos incidentes en su territorio relacionados con drones. Según reportó el medio, el Ejército paquistaní denunció que cuatro civiles resultaron heridos recientemente debido a la caída de restos de lo que describieron como “rudimentarios drones talibán”.

De acuerdo a la información difundida por el medio, de los cuatro civiles lesionados, dos se tratarían de menores que sufrieron heridas en Quetta, mientras que otros dos adultos fueron alcanzados en los incidentes registrados en Kohat y Rawalpindi, ciudades también situadas cerca del área de conflicto. Los episodios con drones se suman a las denuncias cruzadas y a la incertidumbre en las zonas fronterizas, donde la hostilidad armada y la utilización de tecnología militar improvisada ha incrementado los daños colaterales contra la población civil.

La ofensiva anunciada por los talibán subraya el deterioro de la seguridad en la línea fronteriza, donde tanto el movimiento integrista como las fuerzas armadas paquistaníes sostienen operaciones militares desde hace meses, según información publicada por el medio. Los constantes enfrentamientos, cruzamientos de frontera y acciones de venganza han debilitado los procesos diplomáticos y han originado un contexto de extrema volatilidad en una región históricamente marcada por la violencia y la movilidad de grupos insurgentes.

El historial reciente incluye operaciones de Pakistán dirigidas contra refugios talibán, bombardeos en áreas próximas a Kabul y represalias desde suelo afgano, conformando un ciclo de violencia que ha escalado en intensidad desde finales de 2025, conforme relató el medio. Las fuentes oficiales de ambos países mantienen posturas opuestas acerca de responsabilidades y consecuencias, mientras la población civil continúa quedando expuesta a los daños directos e indirectos de las acciones militares.

Según el comunicado difundido en redes sociales, los talibán resaltaron su postura de represalia ante los ataques aéreos paquistaníes que han causado víctimas entre la población no combatiente, y justificaron la acción armada de este sábado como respuesta a esas muertes. El mismo documento también reportó que, tras la operación, sus fuerzas se retiraron tras asegurar el control del puesto fronterizo y destruir parte del material militar paquistaní encontrado en la zona.

Las informaciones generadas por ambos bandos muestran diferencias notables respecto al número de bajas y a la magnitud de los daños causados, sin que hasta ahora se disponga de confirmaciones independientes sobre los detalles del ataque ni del balance total de víctimas. El Ejército de Pakistán, según las comunicaciones citadas por el medio, continúa sin pronunciarse públicamente acerca de la gravedad de los enfrentamientos ni sobre las implicaciones de la pérdida del puesto de control en la línea divisoria.

A la par, la situación humanitaria en la frontera sigue agravándose debido a los episodios recurrentes de violencia y a la utilización de armamento poco preciso, incluyendo drones improvisados. El reporte del medio detalla que tanto la inseguridad como las dificultades para acceder a información independiente aumentan la sensación de alarma entre las comunidades situadas en las provincias próximas a la Línea Durand, donde la presencia militar es constante y las hostilidades armadas afectan la vida cotidiana de los civiles.

El desarrollo de estos eventos coloca nuevamente en el foco internacional la fragilidad de las relaciones entre Afganistán y Pakistán, así como la insuficiencia de los mecanismos bilaterales para prevenir ataques transfronterizos y proteger a la población civil. Las autoridades talibán continúan atribuyendo la responsabilidad de la reciente escalada bélica a las incursiones paquistaníes, mientras las fuerzas armadas de Pakistán mantienen el silencio oficial sobre los detalles de la operación militar anunciada y reportan únicamente los incidentes relacionados con la caída de drones.

El conflicto, según dieron a conocer las fuentes oficiales y el medio que elaboró el reporte, permanece sin una solución clara, y la región afectada afronta una nueva fase de inestabilidad, caracterizada por acciones de represalia, ajustes de cuentas entre fuerzas estatales e insurgentes y una elevada presión sobre las poblaciones que residen en la franja fronteriza afgano-paquistaní.

El Ministerio de Información de Pakistán rechazó que aviones de la Fuerza Aérea afgana hubiesen atacado una base militar conocida como Hamza, en la zona de Faizabad de Islamabad, refiriéndose a los comunicados emitidos por el Ministerio de Defensa afgano en redes sociales que hablaban de supuestas “numerosas bajas y daños materiales”. Según informó el medio, desde Pakistán se señaló que “se sabe que las cuentas oficiales del régimen talibán, incluida la de este supuesto Ministerio de Defensa, difunden habitualmente noticias falsas y propaganda, como las recientes afirmaciones sin fundamento sobre el derribo de aviones de la Fuerza Aérea de Pakistán y la captura de pilotos, que posteriormente eliminaron sin ningún pudor”. De este modo, el Ministerio paquistaní insistió en desmentir las alegaciones procedentes del país vecino en torno a los incidentes recientes y acusó a las autoridades afganas de “apoyar a múltiples organizaciones terroristas”.

Según publicó el medio, al menos dos drones impactaron este viernes en Islamabad, la capital paquistaní, en un episodio que las autoridades consideran una represalia por los ataques aéreos realizados poco antes por Pakistán en Afganistán. De acuerdo con el Ministerio de Información de Pakistán, los aparatos eran “drones rudimentarios del grupo terrorista Fitna al Juarij” —denominación utilizada por dicho país para referirse a Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP)—, grupo que Islamabad vincula con el respaldo del régimen talibán afgano. La defensa aérea paquistaní derribó ambos dispositivos antes de que causaran daños considerables, reportó el medio, y solo se registraron perjuicios menores provocados por la caída de los restos tras el derribo.

El sistema de defensa activado logró proteger infraestructuras militares, detalló el Ministerio de Información, el cual reiteró que no se presentaron daños en instalaciones clave. Las autoridades subrayaron que la respuesta a este intento de ataque forma parte de esfuerzos nacionales para contrarrestar la creciente actividad de grupos armados en la región y responsabilizaron al gobierno afgano por su “papel consolidado como principal proxy del terrorismo”. Islamabad sostiene que Afganistán ofrece refugio a múltiples agrupaciones consideradas terroristas por Pakistán y por parte de la comunidad internacional, entre ellas el TTP y Estado Islámico.

En paralelo, la jornada se caracterizó por un incremento notable en la violencia transfronteriza. La Policía de Kabul denunció la muerte de cuatro personas, incluidos mujeres y niños, tras un bombardeo sobre viviendas civiles al este de la ciudad, donde también resultaron heridas quince personas. Kabul responsabilizó a Pakistán de este ataque, así como de otras acciones similares en Kandahar, Paktia y Paktika, zonas situadas al sur y al este de Afganistán, según consignó el medio.

Los enfrentamientos armados en la frontera entre Afganistán y Pakistán se prolongan desde hace dos semanas y han ocasionado varias decenas de muertos y miles de desplazados civiles. A pesar del aumento en las hostilidades, por el momento las partes no han anunciado el inicio de contactos oficiales para negociar la posibilidad de un alto el fuego. Según detalló el medio, los combates comenzaron tras la denuncia afgana ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por una serie de bombardeos ejecutados por Pakistán en territorio afgano. Kabul aseguró que esas operaciones militares provocaron la muerte de más de diez civiles en suelo afgano y expresó su preocupación por las consecuencias humanitarias de los ataques.

Islamabad, por su parte, afirmó que los ataques aéreos respondieron a ofensivas recientes perpetradas desde Afganistán, en particular atentados suicidas atribuidos al TTP y a células del grupo Estado Islámico. Según informó el medio, Pakistán justificó así su operación militar sobre “campamentos y escondites terroristas” de ambos grupos, cuya presencia en el vecino país ha generado preocupación constante por la seguridad en la región, así como un panorama de inestabilidad que afecta tanto a la población civil como a las fuerzas de seguridad de ambos lados de la frontera.

Durante los últimos meses, el territorio paquistaní ha sido escenario de una serie de ataques que han dejado un saldo elevado de muertos, tanto entre civiles como en las filas de las fuerzas de seguridad. Las autoridades paquistaníes consideran que estos ataques están coordinados en gran parte desde el territorio afgano y acusan a Kabul de no actuar para impedir la consolidación de estructuras armadas, particularmente del TTP, que mantiene actividades consideradas terroristas por Islamabad.

El medio detalló que, ante este panorama de enfrentamientos violentos y acusaciones cruzadas, la tensión bilateral se ha incrementado de forma sustancial. Ningún canal diplomático oficial ha anunciado esfuerzos de mediación o iniciativas para desescalar la crisis, y la frontera compartida continúa perfilándose como un foco de conflicto permanente. La escalada coincide con semanas de repunte en los flujos de desplazados internos y refugiados, así como denuncias reiteradas de daños sobre infraestructuras y viviendas civiles en ambas naciones.

La acción militar dirigida contra instalaciones civiles en el distrito 21 de Kabul provocó la muerte de cuatro personas y dejó quince heridas, incluidas mujeres y niños. Según consignó el medio Europa Press, estos hechos se produjeron durante un bombardeo que, de acuerdo con las autoridades afganas, fue ejecutado por Pakistán. El portavoz de la Policía de Kabul, Jalid Zadran, comunicó en redes sociales que las viviendas atacadas albergaban a civiles y atribuyó el ataque al régimen paquistaní, señalando que este tipo de acciones no es un caso aislado, ya que también se han denunciado episodios similares en Kandahar, Paktia y Paktika.

La escalada de violencia responde a una dinámica sostenida entre ambos países desde el 26 de febrero, fecha en la que estalló el conflicto en la zona fronteriza. Tal como reportó Europa Press, el Gobierno talibán, por medio de su portavoz Zabihulá Muyahid, sostuvo que Islamabad ha continuado con una serie de bombardeos, enfocando sus ataques tanto en zonas densamente pobladas como en áreas deshabitadas y desiertos. Muyahid destacó que, en Kandahar, un ataque dirigido por el ejército paquistaní impactó directamente en el almacén de combustible de la aerolínea Kam Air, situado cerca del aeropuerto local. Este depósito abastece de combustible tanto a vuelos civiles como a aviones de Naciones Unidas. Se señaló además un ataque anterior contra otro tanque de combustible perteneciente a un empresario afgano.

La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) confirmó la cifra de víctimas civiles a consecuencia de los bombardeos nocturnos en Pul-e-Charji, Kabul, informando de cuatro fallecidos y catorce heridos, todos entre la población civil, con presencia destacada de mujeres y niños entre los afectados. En un comunicado citado por Europa Press, UNAMA instó al cese inmediato de las hostilidades, argumentando que el costo de la violencia fronteriza recae principalmente en la población civil. UNAMA hizo público que, desde el inicio del conflicto, se han registrado setenta y cinco muertos y ciento noventa y tres heridos entre los civiles afganos durante los enfrentamientos armados.

El medio Europa Press informó que la situación humanitaria se complica con las cifras divulgadas por el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), que calcula alrededor de ciento quince mil personas desplazadas en el este de Afganistán. Jacopo Caridi, director del NRC en Afganistán, manifestó que la combinación del conflicto, la pérdida de hogares y el desplazamiento forzado está dejando a la población en condiciones extremas. Subrayó, según una declaración recogida por Europa Press, la necesidad de que todas las partes respeten el Derecho Internacional Humanitario y protejan tanto a los civiles como a la infraestructura esencial. Caridi explicó que numerosas familias están debiendo refugiarse en campamentos improvisados o depender de la hospitalidad de familias locales, situación agravada por la escasez de acceso a servicios básicos como agua potable, salud y educación.

De acuerdo con Europa Press, el NRC también detalló que más de ochocientas viviendas han resultado dañadas o destruidas a raíz del conflicto, lo que se suma a los recortes en la ayuda internacional al país. Las consecuencias de este recorte han obligado a la organización a suspender programas educativos y sanitarios en la región oriental de Afganistán. Caridi expresó su preocupación por la creciente dificultad que enfrentan las familias, citando también el aumento de los precios de los alimentos y la restricción del paso fronterizo, factores que obstaculizan los esfuerzos por satisfacer las necesidades mínimas de la población afectada.

Las hostilidades, según reportó Europa Press, han persistido durante más de dos semanas sin que se haya dado inicio a conversaciones para un posible alto el fuego entre Afganistán y Pakistán. Las autoridades afganas han llevado las denuncias ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, señalando supuestos bombardeos paquistaníes que habrían causado la muerte de más de diez civiles como parte de la respuesta de Islamabad a la posible existencia de terroristas dentro del territorio afgano.

Por parte del gobierno de Pakistán, Europa Press recogió la defensa de Islamabad, que justificó los ataques aéreos como dirigidos contra campamentos y refugios del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y la organización Estado Islámico, en represalia por recientes ataques suicidas en suelo paquistaní que han causado decenas de bajas tanto entre civiles como integrantes de las fuerzas de seguridad.

Los daños colaterales en la infraestructura civil y en la vida cotidiana de la población han suscitado múltiples llamamientos desde distintas organizaciones para incrementar la protección de las personas afectadas y garantizar la asistencia humanitaria. La continuidad de ataques tanto en zonas habitadas como en áreas desérticas mantiene el nivel de inseguridad elevado, con el impacto más notorio en mujeres, niños y familias desplazadas. Segun publicó Europa Press, el NRC reiteró la urgencia de fondos adicionales para poder mantener y ampliar su apoyo a las familias desplazadas dentro de Afganistán.

El desarrollo del conflicto y la falta de avances hacia una solución negociada mantienen en vilo a cientos de miles de personas, poniendo de relieve el papel fundamental de la comunidad internacional y de los actores sobre el terreno en la protección de la población civil, tal como informaron las organizaciones y recogió Europa Press en su cobertura sobre la situación.

El clima de inseguridad persistente en la región fronteriza entre Pakistán y Afganistán se agudizó tras recientes enfrentamientos entre ambos países, desencadenados luego de bombardeos paquistaníes dirigidos a presuntos bastiones del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y del Estado Islámico dentro del territorio afgano. Según publicó 'Dawn', la inestabilidad en la zona muestra un contexto de violencia reiterada que afecta a las fuerzas de seguridad y a la población civil, donde los ataques atribuidos a grupos extremistas han incrementado las tensiones entre Islamabad y el gobierno instalado en Kabul bajo control talibán. Estas circunstancias se ven agravadas por las acusaciones cruzadas de apoyo a las agrupaciones armadas, lo que añade complejidad al escenario en el área.

Dentro de este marco, al menos siete policías fallecieron en la localidad pakistaní de Laki Maruat, situada en la provincia de Jáiber Pastunjua, tras la explosión de un artefacto explosivo al paso de una patrulla. La bomba detonó cuando el vehículo oficial circulaba por la carretera que conecta Shahdijel y Mastijel, según detalló un portavoz policial al diario 'Dawn'. El ataque no ha sido reivindicado, aunque se enmarca en una serie de agresiones similares ocurridas en la región, donde las fuerzas de seguridad suelen ser objeto de ataques.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades y consignada por el medio 'Dawn', la policía local confirmó la muerte de los agentes y ratificó que continúan las labores de investigación para identificar a los responsables del atentado. Hasta el momento, ningún grupo ha asumido la autoría, mientras el área permanece bajo estricta vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad pakistaníes.

El presidente paquistaní, Asif Alí Zardari, transmitió sus condolencias a los familiares de los policías asesinados y expresó una condena categórica contra el atentado. En un comunicado recogido por 'Dawn', Zardari reiteró la determinación del gobierno paquistaní de "eliminar el terrorismo" y aseguró que las autoridades mantendrán una postura "inamovible" frente a las amenazas armadas en el país.

Según informó el medio, la zona fronteriza de Pakistán, especialmente en la provincia de Jáiber Pastunjua, ha sido escenario frecuente de ataques atribuidos a TTP, conocido también como los talibán paquistaníes. Las autoridades pakistaníes sostienen que la presencia y actividad de este grupo representa uno de los mayores desafíos para la seguridad interna del país, ya que sus miembros suelen operar desde ambos lados de la frontera.

El grupo TTP, según reportó 'Dawn', ha sido señalado reiteradamente por perpetrar atentados contra fuerzas policiales y del ejército, así como contra estructuras estatales en territorios fronterizos. Tanto Islamabad como Kabul han intercambiado acusaciones sobre el presunto apoyo que diversas administraciones han dado al TTP, lo que ha derivado en crisis diplomáticas. Mientras el gobierno de Nueva Delhi y las autoridades afganas han rechazado dichas imputaciones, el conflicto se mantiene sin reconocimiento de culpables concretos respecto al ataque de este viernes.

'El medio Dawn' señaló que la tensión regional se intensificó en febrero, cuando Pakistán llevó a cabo ataques aéreos contra supuestos enclaves de TTP y Estado Islámico dentro de Afganistán. Como respuesta, las autoridades instaladas por los talibán en Kabul iniciaron sus propias operaciones militares en la franja fronteriza, con la intención de controlar el territorio y limitar la presencia de grupos armados en la zona.

La sucesión de incidentes como el de Laki Maruat ilustra la dificultad del gobierno paquistaní para garantizar la seguridad en espacios donde la influencia de grupos insurgentes sigue presente. De acuerdo con 'Dawn', el compromiso reiterado de erradicar el extremismo forma parte del discurso oficial, aunque los hechos recientes ponen de manifiesto los riesgos a los que están expuestas las fuerzas de seguridad destacadas en esas áreas.

En cuanto a las repercusiones sociales del atentado, las autoridades locales establecieron un dispositivo especial de seguridad y reforzaron la vigilancia en las rutas empleadas regularmente por las patrullas policiales, conforme lo reportó el diario paquistaní. La comunidad en la región ha manifestado preocupación por el repunte de ataques, lo que ha generado temor e incertidumbre en la población.

Las investigaciones sobre la explosión permanecen abiertas. Equipos de expertos en desactivación de explosivos y miembros de inteligencia intentan reconstruir las circunstancias exactas del incidente, buscando pistas sobre la identidad de los responsables y la posible implicación de células armadas. Mientras tanto, la familia de los policías caídos recibe el apoyo oficial y la promesa, reiterada por niveles altos del gobierno, de que se agotarán todos los recursos para dar con los autores materiales del atentado.

Distintos sectores dentro de Pakistán reclaman mayor cooperación bilateral con los países vecinos para frenar la expansión de los grupos yihadistas en la región, aunque las diferencias entre los gobiernos y las sospechas mutuas dificultan los avances en esta materia. Según la información de 'Dawn', el mantenimiento de la estabilidad fronteriza constituye un desafío persistente, cuyos efectos repercuten en la gestión del orden público y en la vida cotidiana de las personas residentes en estas áreas.

El portavoz talibán Zabihulá Muyahid declaró que el régimen militar paquistaní atacó el almacén de combustible de la aerolínea privada Kam Air, ubicado cerca del aeropuerto de Kandahar, al sur de Afganistán. Muyahid precisó que la compañía proporciona combustible tanto a aerolíneas civiles como a aviones de Naciones Unidas, agregando que un ataque anterior ya había tenido como objetivo un tanque de combustible perteneciente a un empresario afgano. Con esta información, el Gobierno talibán amplió sus denuncias contra Pakistán al señalar bombardeos sobre infraestructuras clave y zonas habitadas en diversas regiones del país.

Según el informe de la Policía de Kabul, recogido por varios medios internacionales, un bombardeo dirigido contra viviendas en el distrito 21 de la capital afgana dejó un saldo de cuatro muertos, entre ellos mujeres y niños, además de 15 personas heridas. Jalid Zadran, portavoz de la Policía de Kabul, difundió en redes sociales que el ataque atribuido al régimen paquistaní fue realizado sin precisión contra casas de civiles en el este de la ciudad.

El medio informó que esta ofensiva forma parte de una serie de ataques que, conforme a las acusaciones del Gobierno talibán, suman nuevos episodios de tensión a la ya complicada relación entre Afganistán e Islamabad. Muyahid acusó públicamente a Pakistán de “volver a bombardear Kabul, Kandahar, Paktia, Paktika y algunas otras zonas”, calificando estas acciones como una continuación de “sus ataques y crímenes anteriores”. Denunció también que en algunas áreas, las fuerzas paquistaníes atacaron viviendas de civiles, causando fallecimientos entre mujeres y menores, y en otros casos, bombardearon “desiertos vacíos y zonas deshabitadas”.

De acuerdo con el balance publicado por la fuente, los enfrentamientos entre Afganistán y Pakistán han persistido durante más de dos semanas, resultando en decenas de víctimas mortales y miles de desplazados. Hasta el momento, no se han iniciado conversaciones oficiales entre ambas partes para establecer un alto el fuego, a pesar del agravamiento de la situación humanitaria.

El medio señaló que estas hostilidades comenzaron pocos días después de que las autoridades afganas presentaran una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En esa denuncia, Afganistán sostuvo que Pakistán había ejecutado bombardeos dentro de su territorio y aseguraba que esos ataques causaron la muerte de más de una decena de civiles. Según el relato oficial afgano, esos bombardeos representaban una respuesta del gobierno paquistaní ante la supuesta presencia de combatientes armados en suelo afgano.

Ante estas acusaciones, Islamabad defendió su proceder afirmando que las operaciones aéreas estuvieron dirigidas a “campamentos y escondites terroristas” del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como talibanes paquistaníes, y de la organización yihadista Estado Islámico. Argumentaron que la iniciativa militar buscó responder a recientes atentados suicidas perpetrados en territorio paquistaní, que en los meses previos causaron la muerte de decenas de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.

Medios internacionales reportaron que, tras estos hechos, la situación en la frontera entre Afganistán y Pakistán se mantiene tensa, sin señales de diálogo diplomático y con el impacto directo de las operaciones militares reflejado en la población civil y la infraestructura vital de varias zonas afganas. La destrucción de instalaciones clave, como los almacenes de combustibles y las viviendas civiles, se suma al desplazamiento forzado de miles de personas que buscan escapar de la violencia, según las cifras consignadas en los diversos comunicados oficiales.

El relato del portavoz policial Jalid Zadran en redes sociales y la declaración de Muyahid sobre los ataques en distintas provincias dan cuenta de un cuadro de hostilidades que involucra regiones tanto al sur como al este del país. En su balance, el portavoz talibán señaló la extensión de las incursiones pakistaníes a lo largo de varias provincias, enfatizando los daños sobre infraestructuras civiles y la pérdida de vidas no combatientes.

La información recogida del reporte oficial proporciona detalles sobre los métodos empleados, entre los que resaltan bombardeos aéreos contra objetivos adecuados, según Islamabad, a presencia de grupos armados considerados responsables de ataques en territorio paquistaní. Sin embargo, autoridades afganas insisten en que las ofensivas afectan de manera significativa a la población civil y a su capacidad de acceder a servicios básicos, en medio de una crisis prolongada que se agrava por la inestabilidad de la región, describió la cobertura de los hechos.

La acusación de Kabul subraya la falta de mecanismos efectivos de protección para sus habitantes, quienes se ven perjudicados por la escalada de operaciones militares transfronterizas. Los incidentes detallados, como el bombardeo al almacén de combustible de Kam Air o las explosiones en viviendas dentro del distrito 21 de Kabul, constituyen, según las denuncias difundidas, parte de una respuesta que excede los objetivos estrictamente militares.

La fuente también relató que el conflicto entre ambas naciones se enmarca en una serie de reclamos históricos vinculados a la seguridad fronteriza y la presencia en Afganistán de elementos acusados de perpetrar ataques en Pakistán. Frente a la actual escalada, las partes aún no muestran señales de acercamiento diplomático que permita la reducción de la violencia y el restablecimiento de condiciones seguras para la población local.

Al menos dos drones impactaron este viernes en Islamabad, capital de Pakistán, en un episodio que elevó la tensión fronteriza con Afganistán y que las autoridades pakistaníes atribuyeron de inmediato a militantes del Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP).

Según el Ministerio de Información de Pakistán, los aparatos fueron derribados por el sistema de defensa aérea nacional, sin que se registraran daños significativos en infraestructuras ni víctimas entre la población civil.

Las autoridades pakistaníes informaron que los drones fueron interceptados tras penetrar el espacio aéreo de Islamabad, atribuyendo la operación al grupo insurgente TTP, identificado localmente como Fitna al Juarij y señalado como respaldado por el régimen talibán afgano.

En paralelo al ataque en Islamabad, fuerzas de seguridad de Pakistán interceptaron y neutralizaron drones no identificados cerca de la ciudad guarnición de Rawalpindi, informó un funcionario de alto rango.

Horas antes, se reportó la intercepción de otros tres drones lanzados desde Afganistán hacia Kohat, en el noroeste del país. Los aparatos también fueron neutralizados mediante dispositivos electrónicos, sin provocar daños materiales ni personales.

Como medida preventiva, el espacio aéreo sobre la capital fue cerrado de forma temporal, restableciéndose más tarde la normalidad en las operaciones aeroportuarias.

La Autoridad de Aeropuertos de Pakistán confirmó que las actividades en el Aeropuerto Internacional de Islamabad experimentaron “ajustes menores”, pero todos los vuelos retomaron su programación habitual tras el incidente.

Las versiones oficiales de Pakistán y Afganistán presentan discrepancias notables sobre los hechos recientes, reflejando un clima de desinformación y desconfianza entre ambos países.

Mientras Islamabad aseguraba que no hubo daños en instalaciones clave, el Ministerio de Defensa afgano afirmó a través de redes sociales haber atacado una “base militar estratégica” en la zona de Faizabad, en Islamabad, reportando supuestas bajas y daños materiales.

Las autoridades pakistaníes negaron estos datos y acusaron al régimen talibán de difundir “noticias falsas y propaganda”, recordando antecedentes de publicaciones desmentidas sobre la supuesta captura de pilotos pakistaníes y la destrucción de aviones militares.

La tensión se agravó por los continuos intercambios de fuego y bombardeos entre Pakistán y Afganistán. El mismo viernes, la policía de Kabul denunció la muerte de al menos cuatro personas, incluidas mujeres y niños, en un ataque aéreo atribuido a fuerzas pakistaníes en el este de la ciudad.

Otras quince personas resultaron heridas. Las autoridades afganas también responsabilizaron a Islamabad de bombardeos en Kandahar, en el sur, y en las provincias orientales de Paktia y Paktika.

Por su parte, el ministro de Información de Pakistán, Ataullah Tarar, afirmó que las fuerzas del país han eliminado a más de 650 combatientes talibanes afganos y destruido 70 infraestructuras militantes desde el inicio de la actual ola de enfrentamientos.

Los operativos incluyeron ataques nocturnos en varias ciudades afganas. Las autoridades afganas sostienen la postura contraria, acusando a Pakistán de atacar a la población civil y de causar daños en infraestructuras críticas.

(Con información de Europa Press)

Mujeres y niños recién llegados a centros de recepción en Afganistán muestran señales de agotamiento y confusión tras viajes inesperados desde Irán, según declaraciones recogidas por UNICEF en una rueda de prensa celebrada en Ginebra. Este drama humano forma parte de un fenómeno de retorno masivo con potencial para agravar los riesgos que afrontan las familias afganas, detalló el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, al advertir sobre un incremento de las necesidades humanitarias y la incertidumbre que acompaña a quienes abandonan territorio iraní.

De acuerdo con UNICEF, la ofensiva militar lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel sobre Irán ha tenido repercusiones más allá de las fronteras de ese país, al generar nuevos movimientos migratorios forzados. Tajudeen Oyewale, representante de UNICEF en Afganistán, explicó que ese conflicto derivó en riesgos inmediatos para la infancia en la región, en particular para familias afganas que retornan tras viajes marcados por el miedo y la desesperación. El organismo internacional reportó que, solo en lo que va de 2025, cerca de tres millones de afganos regresaron a su país, principalmente desde Irán y Pakistán, y el 60% corresponde a familias con niños.

Muchas de estas personas llegan a la frontera sin certezas sobre su futuro y requieren apoyo humanitario urgente, según Oyewale. UNICEF ha documentado testimonios de quienes describen rutas peligrosas y una sensación de incertidumbre sobre los pasos a seguir, señalando que la mayoría precisa atención médica y orientación para reorientar sus vidas. En las palabras de Oyewale, “ya estamos viendo a demasiadas madres llegar a los centros de recepción con sus hijos e hijas, exhaustas, desbordadas y necesitando apoyo inmediato. Si las llegadas aumentan como se prevé, también crecerán los riesgos a los que se enfrenta la infancia”.

El representante de UNICEF recalcó que este patrón migratorio no es reciente y suele estar motivado por episodios de violencia y el temor. Además, detalló la especial vulnerabilidad de los menores no acompañados, para quienes “su interés superior debe ser una prioridad y se les debe proporcionar el apoyo adecuado, incluidos los esfuerzos para localizar y reunificar a las familias cuando sea necesario”. Si se omite esta atención, advirtió Oyewale, los niños quedan en alto riesgo de protección, expuestos a secuestros o violencia.

La situación se agrava una vez cruzada la frontera, ya que las familias suelen continuar hacia comunidades donde los servicios esenciales están saturados, tal como detalló el medio. UNICEF advirtió que cualquier aumento en el número de retornados puede traducirse en mayor presión sobre los sistemas de salud, nutrición, agua y protección infantil de los que depende la población afgana. Según el mismo organismo, Afganistán afronta múltiples crisis simultáneas, con 11 millones de niños en situación de necesidad humanitaria. Para quienes retornan con muy pocos recursos, este desplazamiento eleva el riesgo de desnutrición y otros problemas de salud, sobre todo para los niños más pequeños y mujeres embarazadas o lactantes.

UNICEF señaló que el escenario de crisis se ve impactado por interrupciones en las cadenas de suministro causadas por la coyuntura geopolítica. Estas demoras bloquean la llegada oportuna de materiales y medicinas, lo que impide, por ejemplo, que los menores con desnutrición accedan a tiempo a alimento terapéutico necesario para salvar vidas, según consignó el organismo internacional.

Además, la situación en la frontera de Afganistán y Pakistán complica todavía más el panorama. UNICEF informó que cerca de 164.000 personas viven desplazadas internamente en las provincias afectadas, entre las que se hallan 30.000 supervivientes de los terremotos del año anterior que se han visto obligadas a moverse por segunda vez. Las restricciones y trastornos en estas zonas fronterizas incrementan la presión sobre sistemas vulnerables y dificultan el trabajo de asistencia, en momentos en que las necesidades aumentan.

La agencia de la ONU recordó la importancia de garantizar una respuesta rápida para que las familias puedan acceder a servicios esenciales y al apoyo básico a medida que crecen los retornos. UNICEF subrayó que la protección de los menores debe asegurarse en todas las etapas del proceso y que la acción temprana es clave para evitar agravios mayores en un escenario marcado por el colapso humanitario regional y la sobrecarga de los servicios básicos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos solicitó el martes la liberación inmediata de Dennis Coyle, Mahmud Habibi y otros ciudadanos estadounidenses arrestados en Afganistán, subrayando que el gobierno talibán continúa aplicando detenciones injustas y prácticas consideradas como “diplomacia de rehenes”. Según comunicó el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y de acuerdo con lo publicado por el medio original, Estados Unidos ha designado oficialmente a Afganistán como un “Estado patrocinador de detenciones injustas”, una categorización con escasos precedentes en la política exterior estadounidense.

El medio detalló que Rubio acusó a las autoridades talibán de emplear tácticas terroristas orientadas a la obtención de rescates o concesiones políticas internacionales. En el comunicado difundido este lunes, Rubio afirmó: “Hoy designo a Afganistán como Estado patrocinador de detenciones injustas”, agregando que “los talibán continúan empleando tácticas terroristas, secuestrando personas para pedir rescate o buscando concesiones políticas”. El jefe de la diplomacia estadounidense recalcó la peligrosidad para los ciudadanos de su país de viajar a Afganistán bajo la administración talibán, y urgió el cese inmediato de estas prácticas. También exigió de manera explícita la liberación de Coyle y Habibi, además de todos los estadounidenses detenidos por motivos considerados arbitrarios por Washington.

La respuesta oficial del Emirato Islámico de Afganistán no se hizo esperar. A través de un comunicado publicado en redes sociales, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Abdulqahar Balji, calificó la decisión estadounidense de “lamentable” y sostuvo que “no hay extranjeros detenidos con el fin de lograr un acuerdo”. Según consignaron las autoridades afganas al medio citado, los arrestos de ciudadanos extranjeros han respondido a supuestas violaciones de la ley afgana, y se ha procedido a la liberación de algunos de ellos tras cumplirse los procedimientos legales respectivos.

Balji indicó que como parte de los contactos mantenidos en el último año entre Kabul y Washington —facilitados por Qatar— el gobierno talibán ha tomado medidas positivas como gesto de buena voluntad en el tratamiento de algunos casos de arresto de ciudadanos estadounidenses, aunque no aportó detalles adicionales sobre cuáles medidas ni en qué casos concretos. Además, Balji comunicó que ambas partes han celebrado discusiones en distintos niveles y se han comprometido a continuar con una interacción constructiva orientada a resolver los casos pendientes. Según el comunicado recogido por el medio, Kabul manifestó su deseo de lograr una solución negociada a la situación actual, aunque, hasta el cierre de la publicación, Washington no había formulado nuevas declaraciones tras la respuesta talibán.

En cuanto a los estadounidenses detenidos, el caso de Dennis Coyle resulta representativo de la situación que denuncia la administración estadounidense. De acuerdo con la información publicada por el medio original, Coyle, investigador académico especializado en lingüística, residía en territorio afgano desde hacía casi veinte años cuando fue arrestado por la inteligencia talibán en enero de 2025. Familiares del detenido han señalado a través de un sitio web creado para allegar apoyos que Coyle permanece en condiciones de aislamiento, con acceso restringido al baño y sin atención médica adecuada.

Por su parte, Mahmud Habibi, también ciudadano estadounidense pero de origen afgano, comenzó a enfrentar su detención en agosto de 2022 cuando las autoridades talibán realizaron una redada en su compañía, arrestando a una treintena de empleados. Según la Fundación Foley —ONG estadounidense dedicada a casos de secuestros y detenciones de estadounidenses en el extranjero y citada por el medio— la mayoría de los trabajadores recuperó la libertad, aunque Habibi permanece privado de ella, sin contacto con su esposa o su hija y sin acceso a representantes consulares. Hasta el momento, las autoridades del Emirato Islámico no han presentado cargos concretos en su contra.

El Departamento de Estado reiteró, según informó el medio, su preocupación por la ausencia de garantías para ciudadanos estadounidenses y extranjeros en Afganistán, así como la falta de transparencia en los procesos de detención. Además, la diplomacia de Estados Unidos insistió en que la política talibán vulnera los compromisos asumidos por ese gobierno ante la comunidad internacional y perpetúa un clima de inseguridad para extranjeros presentes en el país. La designación de Afganistán como “Estado patrocinador de detenciones injustas” agrega presión a una relación bilateral ya marcada por la desconfianza y la ausencia de reconocimiento formal del régimen talibán por parte de Washington.

El medio precisó que la interacción entre Estados Unidos y los talibán en relación con los detenidos ha involucrado la mediación de Qatar y se ha desarrollado a “varios niveles”, aunque no han trascendido detalles sobre la naturaleza de las conversaciones ni sobre los acuerdos propuestos por ambas partes. Mientras tanto, familiares y organizaciones humanitarias continúan reclamando transparencia y el respeto a los derechos humanos básicos para los ciudadanos estadounidenses retenidos, cuyas condiciones de reclusión han sido calificadas de deficientes por distintas ONG.

La situación de Coyle, Habibi y otros ciudadanos extranjeros mantiene en tensión la agenda diplomática entre ambos países. Las autoridades estadounidenses recalcaron la necesidad de que Kabul “se comprometa a cesar la práctica de la diplomacia de rehenes para siempre” y aseguraron que seguirán exigiendo la liberación incondicional de sus ciudadanos. Por su parte, el gobierno talibán manifestó su disposición a resolver los casos pendientes mediante el diálogo, aunque el desacuerdo en torno a la naturaleza y legalidad de las detenciones continúa generando fricciones.

Las autoridades talibán mantienen sin cargos a Dennis Coyle, un investigador académico estadounidense de 65 años, y a Mahmud Habibi, empresario con ciudadanía estadounidense, pese a los reiterados pedidos de su liberación. El primero residía en Afganistán desde hace casi veinte años y fue arrestado por la Inteligencia talibán en enero de 2025, mientras el segundo fue detenido en agosto de 2022 junto a empleados de su compañía, de los cuales la mayoría ya ha sido liberada. A causa de estas y otras situaciones similares, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha declarado que Afganistán es “Estado patrocinador de detenciones injustas”. Esta acusación incluye la exigencia inmediata de liberación de los ciudadanos estadounidenses arrestados y una advertencia sobre el elevado nivel de riesgo para quienes viajan a ese país de Asia central.

De acuerdo con información de la agencia Europa Press, la declaración fue realizada por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de un comunicado publicado por la dependencia estadounidense. Rubio sostuvo que las autoridades talibán “continúan empleando tácticas terroristas, secuestrando personas para pedir rescates o buscar concesiones políticas”, lo que calificó como una práctica que debe detenerse de inmediato. El funcionario subrayó que “no es seguro para los estadounidenses viajar a Afganistán porque los talibán continúan deteniendo injustamente a nuestros compatriotas y a otros ciudadanos extranjeros”.

El secretario Rubio especificó que los talibán deben liberar a “Dennis Coyle, Mahmud Habibi y a todos los estadounidenses detenidos injustamente en Afganistán ahora y comprometerse a cesar la práctica de la diplomacia de rehenes para siempre”. Según difundió Europa Press, Coyle permanece en condiciones de casi aislamiento, sin la posibilidad de usar el baño sin permiso y sin acceso adecuado a atención médica. Esta información se ha hecho pública a través de un sitio web impulsado por los familiares de Coyle, con el objetivo de recabar apoyos para su liberación.

En el caso de Habibi, la Fundación Foley, una organización dedicada a la defensa de estadounidenses detenidos en el extranjero, ha reportado que se encuentra arrestado sin haber podido comunicarse con su esposa o su hija, ni con representantes diplomáticos de Estados Unidos. La organización también ha señalado que, al igual que en el caso de Coyle, las autoridades afganas no han presentado cargos formalmente contra Habibi tras su detención junto a una treintena de trabajadores, la mayoría de los cuales ya han sido puestos en libertad.

La postura del Departamento de Estado enfatizó que la política de “diplomacia de rehenes” adoptada por los talibán constituye una amenaza directa para los ciudadanos estadounidenses y representa un obstáculo para las relaciones con el gobierno de Afganistán. Según remarcó Europa Press, esta designación pretende aumentar la presión internacional y nacional para lograr la liberación de los detenidos y también alertar a los ciudadanos estadounidenses de los peligros existentes en el país asiático.

La situación se suma a las preocupaciones ya existentes en torno a la seguridad y derechos humanos bajo el régimen talibán, factor que, según información publicada por Europa Press, ha generado constantes advertencias oficiales para evitar los viajes hacia esa nación. Los funcionarios de Estados Unidos afirmaron que continuarán reclamando la liberación de cada uno de los ciudadanos estadounidenses privados de libertad, mientras se siguen registrando casos de extranjeros arrestados bajo circunstancias no justificadas ni debidamente explicadas por las autoridades talibán.

El aumento de los desplazamientos tras la reciente oleada de violencia ha generado una presión adicional en sistemas humanitarios ya saturados. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió, según informó el organismo en su último informe difundido este lunes, que cientos de miles de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares tras la intensificación de hostilidades y ataques armados en diversos puntos de Oriente Próximo, especialmente en zonas como Líbano, Irán, Afganistán y Pakistán.

De acuerdo con ACNUR, el contexto regional se ha visto trastocado especialmente por los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní y la posterior reacción del gobierno iraní hacia terceros países del Golfo, además de los enfrentamientos entre fuerzas talibanes y el gobierno de Islamabad. El organismo cifró en 734.700 los nuevos desplazamientos ocasionados por estos episodios de violencia, revelando un deterioro continuado de la situación humanitaria en una región que previamente ya contaba con 24,6 millones de personas forzadas a desplazarse por otros conflictos.

El informe detalla que la situación más crítica se presenta en Líbano, donde unas 517.000 personas han tenido que desplazarse dentro del país desde el inicio de la ofensiva intensificada de Israel contra Hezbolá. Estas operaciones de represalia se produjeron tras el lanzamiento de proyectiles por parte del grupo libanés, en respuesta al asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, ocurrido como consecuencia de la primera oleada de ataques liderados por fuerzas estadounidenses e israelíes, según recogió ACNUR. El desplazamiento masivo no solo afecta al interior del Líbano: cerca de 7.000 ciudadanos libaneses han cruzado hacia territorio sirio, mientras que otros 70.700 ciudadanos sirios, que residían previamente en Líbano, optaron por regresar a Siria a raíz del agravamiento de la violencia en el país anfitrión, reportó el organismo.

En Irán, la escalada de las hostilidades también ha tenido un efecto inmediato. El informe de ACNUR recoge que en los dos primeros días de ataques estadounidenses e israelíes contra localidades iraníes, aproximadamente 100.000 personas salieron de Teherán, siguiendo datos oficiales de autoridades iraníes. El número total de desplazados podría ser superior, advierte la agencia de la ONU, ya que los movimientos internos continúan y la información del terreno resulta parcial debido a las condiciones de inseguridad. Además, se registraron 6.500 salidas de ciudadanos iraníes hacia Turquía, lo que indica una tendencia hacia la búsqueda de refugio en países vecinos.

La crisis también afecta a Afganistán y Pakistán, donde los enfrentamientos entre el movimiento talibán y el Gobierno de Islamabad generaron, según consignó ACNUR, cerca de 115.000 desplazamientos internos en Afganistán y 2.900 en Pakistán. Paralelamente, el organismo señala movimientos de retorno: 27.400 ciudadanos afganos que residían en el extranjero han regresado a Afganistán desde el inicio de esta nueva fase crítica, con 24.000 provenientes de Irán y 3.400 desde Pakistán.

El informe, publicado por ACNUR, recalca que muchos de los países afectados deben afrontar oleadas de desplazamientos con recursos financieros limitados. Esta situación compromete la capacidad de respuesta de los sistemas humanitarios y aumenta la probabilidad de nuevos movimientos tanto internos como hacia estados vecinos en busca de protección y asistencia. El organismo advierte que la falta de fondos agrava aún más la vulnerabilidad de las poblaciones desplazadas y dificulta la tarea de las autoridades locales y de las agencias internacionales de ayuda humanitaria.

La publicación de ACNUR subraya un creciente riesgo de inseguridad alimentaria, pérdida de acceso a servicios básicos y dificultades para la protección de los derechos de quienes han debido abandonar sus comunidades. Las secuelas de los desplazamientos masivos, que se suman a la tensión regional, aumentan la presión sobre los países de acogida, muchos de los cuales ya gestionan importantes cantidades de personas refugiadas y desplazadas desde años previos.

La agencia concluye que la dinámica actual apunta a una prolongación de los desplazamientos y a un empeoramiento de la crisis humanitaria, mientras la región sigue sujeta a la inestabilidad política y militar y las necesidades de las poblaciones afectadas continúan en aumento.

Más de 120 millones de personas desplazadas en el mundo, la mitad de ellas mujeres y niñas, enfrentan niveles alarmantes de violencia de género, especialmente en contextos de crisis humanitarias. Fundación ACNUR Argentina impulsa la campaña “Huir para Vivir” en marzo, Mes de la Mujer, para alertar sobre la magnitud de esta problemática y convocar a la sociedad a aportar soluciones urgentes.

Las mujeres y niñas desplazadas sufren el impacto desproporcionado de la violencia de género: el 70% padece algún tipo de abuso, cifra que duplica el promedio global. La campaña busca concienciar y movilizar recursos para ofrecer protección efectiva mediante servicios médicos, legales y educativos, haciendo un llamado directo a la colaboración social.

Entre 2023 y 2024, la violencia sexual relacionada con conflictos aumentó un 50%. Cada año, 4 millones de niñas sufren mutilación genital femenina, de las cuales más de 2 millones son menores de cinco años. El matrimonio infantil sigue presente: 12 millones de niñas menores de 18 años son obligadas a casarse anualmente, lo que equivale a una adolescente cada tres segundos.

La discriminación legal incrementa la vulnerabilidad. En 2025, veinticuatro países aún impedían que las mujeres transmitieran su nacionalidad en condiciones de igualdad, perpetuando la apatridia y la exclusión social. En regiones en conflicto, la prevalencia del matrimonio infantil es más de 14 puntos porcentuales superior respecto a países sin conflicto.

La situación es especialmente grave en ciertos lugares. En Mozambique, el 54% de las personas desplazadas internas son mujeres, y más de un tercio recurre a mecanismos negativos de supervivencia, como la explotación sexual o el matrimonio infantil, para cubrir necesidades básicas. En Afganistán, el 78% de las jóvenes no accede a la educación, y el 64% de las mujeres se siente insegura al salir de casa, frente al 2% de los hombres.

El tránsito representa una fase de alto riesgo. Se estima que entre el 60% y el 80% de las mujeres migrantes en Centroamérica sufren violencia durante el desplazamiento, muchas veces mientras huyen de situaciones peligrosas en sus lugares de origen. La carencia de documentación, redes de apoyo y acceso a servicios incrementa el peligro.

Riesgos y causas de la violencia de género en mujeres desplazadas

Diversos factores aumentan la exposición de mujeres y niñas refugiadas a la violencia. La guerra, la discriminación, la falta de protección legal, el entorno adverso y la carencia de recursos obligan a muchas a transitar rutas peligrosas.

Normas sociales perjudiciales y leyes discriminatorias limitan el acceso a la justicia y a derechos básicos. La falta de apoyo y recursos facilita que se multipliquen las situaciones de abuso y explotación antes, durante y después del desplazamiento. El momento del tránsito es el más riesgoso, pero la amenaza permanece incluso una vez finalizado.

Frente a este escenario, la campaña “Huir para Vivir” busca derribar barreras a través de acciones concretas. Fundación ACNUR Argentina y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, destacan la importancia de sumar esfuerzos para garantizar servicios esenciales a millones de mujeres y niñas en riesgo.

ACNUR ofrece atención médica y psicológica, espacios seguros, protección legal y acceso a educación y empleo en más de 130 países. Solo en 2024, sus programas de prevención y respuesta ante la violencia de género alcanzaron a 1,7 millones de personas en 86 países. La falta de financiamiento internacional amenaza la continuidad de estos programas, por lo que el apoyo comunitario es clave para sostener y fortalecer la respuesta.

Durante su intervención en los Premios 'Ana Tutor', Óscar López aludió a la situación de mujeres en zonas de conflicto como Irán, Afganistán, Ucrania y Palestina, resaltando que muchas enfrentan regímenes opresivos, violencia y violaciones a sus derechos humanos. De acuerdo con el medio que reportó el evento, el secretario general del PSOE-M y titular de Transformación Digital y de la Función Pública enfatizó que la lucha feminista no solo atraviesa fronteras, sino que también se manifiesta en la defensa del pacifismo y la justicia social en contextos de guerra.

En este contexto internacional, López vinculó sus declaraciones a un llamado a no permitir retrocesos en los avances logrados en materia de igualdad de género. Según publicó el medio, el dirigente socialista subrayó la responsabilidad colectiva de proteger los derechos conquistados tras largas épocas de opresión y explotación de las mujeres. López advirtió que, pese a que el feminismo ha alcanzado importantes victorias en las últimas décadas, aún existen voces que reclaman una vuelta atrás en materia de igualdad, algo que, aseguró, “no debe permitirse”.

Tal como consignó la fuente, el ministro situó al feminismo como un movimiento pacifista y afirmó que serán las mujeres quienes “pararán los pies” a los fascismos en la actualidad. Comparó la coyuntura presente con el ascenso de movimientos autoritarios de hace un siglo y expresó que, en contraste con aquel periodo, las mujeres de Madrid, de España y del mundo actuarán como un dique frente a posibles regresiones democráticas y de derechos: “Hace un siglo los fascismos avanzaron, pero esta vez no lo van a hacer, porque les van a parar los pies las mujeres de Madrid, de España y del mundo”.

López insistió en que, tras muchos siglos marcados por estructuras dominadas por hombres y periodos de clara explotación masculina sobre las mujeres, el tiempo transcurrido desde el inicio de los movimientos feministas constituye solo unas décadas. Según afirmó, esta historia reciente de avances sociales ha motivado una reacción que cuestiona los logros obtenidos, pero reiteró su rechazo a cualquier intento de retroceso.

El medio informó que, en relación con la labor política, López reivindicó el papel histórico del PSOE en el desarrollo legislativo y de derechos en materia de igualdad. Señaló que los mayores avances legales vinculados al feminismo se han producido bajo administraciones socialistas y defendió el lazo histórico del partido con estos movimientos. “Este es el partido que lleva toda la vida luchando de la mano del feminismo por construir un mundo mejor”, proclamó durante su discurso. Además, remarcó: “No hay ni una sola ley, no hay un solo avance en la lucha por el feminismo que no haya venido de los gobiernos socialistas”.

Durante el acto, el ministro también instó a mantener presente la agenda global de los derechos de las mujeres, recordando la situación de aquellas que sufren en contextos de conflicto y represión. Según detalló el medio, hizo mención explícita de las mujeres iraníes, que soportan el régimen de los ayatolás y los bombardeos derivados de una guerra que calificó de injusta e ilegal; de las afganas bajo los talibanes; y de las ucranianas afectadas por los ataques provenientes de Rusia. López también dedicó una mención especial a las mujeres palestinas, declarando que “han sufrido un genocidio”.

El evento proporcionó una nueva plataforma para el debate sobre los derechos de las mujeres y el rol del feminismo tanto a nivel nacional como internacional. Según el balance ofrecido por el medio, el titular de Transformación Digital llamó a no bajar la guardia ni dar pasos atrás. La orientación de su mensaje insistió en la continuidad del compromiso institucional y social con la igualdad, la paz y la justicia, y concluyó con la afirmación de que el aporte de las mujeres resulta decisivo frente al avance de regímenes opresivos y amenazas fascistas en cualquier lugar del mundo.

El presidente de Pakistán, Ali Zardari, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, han expresado su reconocimiento hacia las fuerzas de seguridad tras una serie de operaciones militares en la región de Baluchistán, al sur del país, en las que resultaron muertos al menos 15 supuestos milicianos y se confiscaron explosivos y armamento. Tanto el mandatario como el jefe de gobierno destacaron la implicación de organizaciones extranjeras en el financiamiento y apoyo de los grupos armados activos en territorio paquistaní. Estas declaraciones surgen mientras se registra un incremento en la actividad violenta en la zona, según detalló el medio Europa Press.

Europa Press informó que las fuerzas de seguridad reportaron la muerte de doce presuntos integrantes del grupo Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes, durante un enfrentamiento de alta intensidad en el distrito de Harnai, en la mencionada provincia. Según consignó el Ejército de Pakistán, estos individuos estaban considerados responsables de diversos episodios violentos catalogados como acciones terroristas y mantenían en su poder una cantidad considerable de armas, municiones y explosivos que fueron decomisados durante la operación militar.

En otro hecho relacionado, según reportó Europa Press, se registró la muerte de tres presuntos milicianos en el distrito de Basima, también en Baluchistán. Las autoridades identificaron a estos individuos como posibles miembros de Fitna al Hindustan, término utilizado oficialmente para describir a organizaciones catalogadas como terroristas y presuntamente vinculadas al gobierno de India. El Ejército paquistaní sostuvo que la incautación de material bélico refuerza su posición sobre el riesgo latente que representan estos grupos armados en la región.

La ofensiva militar operada por las fuerzas de Pakistán se enmarca en una escalada del conflicto con el TTP, situación que ha intensificado las tensiones regionales y ha propiciado un enfrentamiento diplomático abierto entre Pakistán y Afganistán. Según publicó Europa Press, las autoridades paquistaníes calcularon que más de 480 presuntos integrantes talibán han resultado muertos en ataques atribuidos al país vecino, llevados a cabo en respuesta a una ofensiva terrestre liderada por milicianos fundamentalistas tras recientes bombardeos efectuados por fuerzas paquistaníes sobre objetivos del TTP al otro lado de la frontera.

El conflicto armado en Baluchistán se mantiene como uno de los principales focos de tensión en Pakistán, no solo por la actividad de grupos locales como el TTP, sino también por la presencia de otras agrupaciones consideradas terroristas por las autoridades nacionales. El medio Europa Press detalló que las operaciones militares, centradas en la lucha contra la insurgencia, han dejado como resultado la confiscación de armas y explosivos, así como la neutralización de individuos señalados por participar en numerosos hechos violentos.

Las declaraciones de los máximos responsables políticos pakistaníes reafirman la posición del gobierno sobre la supuesta intervención de actores extranjeros, entre ellos India, en el sostenimiento logístico y operativo de los grupos armados involucrados en la región. Esta acusación coincide con la narrativa oficial sostenida por Islamabad en diversos foros internacionales, según reseñó Europa Press, donde el conflicto transfronterizo con fuerzas afganas y la inestabilidad interna representan desafíos constantes para la seguridad nacional de Pakistán.

El desarrollo reciente de la violencia en Baluchistán, sumado a los ataques a gran escala a lo largo de la frontera afgana, evidencia el carácter regional de la problemática, bajo un trasfondo de alianzas y rivalidades que involucran a más de un país. Según datos de Europa Press, la suma de víctimas y la reiteración de operaciones militares ha puesto en primer plano la expansión del conflicto, así como la dificultad de las autoridades paquistaníes para estabilizar la región pese a los recursos desplegados y la retórica gubernamental de combate a las células terroristas.

Las operaciones señaladas por el Ejército paquistaní en días recientes se añaden a una lista creciente de intervenciones en las que las fuerzas armadas buscan frenar el avance y reorganización de agrupaciones insurgentes, además de desalentar la colaboración con redes transfronterizas, según detalló Europa Press. La continua presencia de grupos armados en Baluchistán y el incremento de operaciones atribuidas a milicianos reflejan una situación interna marcada por la presión constante sobre la seguridad y el control estatal en áreas sensibles del país.

En una publicación previa desde la red social ‘X’, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España condenó la opresión contra las mujeres en distintos países, haciendo especial énfasis en la gravedad de esta situación en lugares como Irán y Afganistán. En este contexto, la activista Fawzia Koofi respondió valorando las acciones del gobierno español en defensa de las mujeres afganas, lo que propició un intercambio público con el presidente Pedro Sánchez. Según lo publicado por Europa Press, Sánchez reafirmó que España seguirá siendo un espacio seguro y visible para las mujeres afganas hasta que puedan retornar a su país de origen.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizó la misma red social para comunicar de manera directa a Koofi que las mujeres afganas “siempre” contarán con un lugar en España para mostrar su “valentía” y “dignidad”. Sánchez declaró tajantemente: “Nuestra voz será siempre la vuestra. Siempre tendréis en España un lugar donde mostrar vuestra valentía y dignidad hasta que podáis volver a Afganistán”. Esta declaración se ofreció como respuesta explícita a la gratitud expresada anteriormente por Koofi en la misma plataforma, donde la activista agradeció tanto a Sánchez como al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Fawzia Koofi remarcó en su mensaje el papel de España al ofrecer apoyo a mujeres y niñas de Afganistán que, en sus palabras, “sufren algunas de las peores formas de persecución de género” y que esta persecución equivale, según ella, a “crímenes contra la humanidad”. Como reportó Europa Press, Koofi reconoció la “lealtad” tanto del Ejecutivo como de la sociedad española hacia aquellas mujeres y niñas “sin voz” bajo el régimen talibán y destacó que “España ha sido el país líder en brindar espacio y amplificar nuestra voz”.

La activista también hizo referencia a medidas concretas emprendidas por el Gobierno español. Se trata, por ejemplo, del patrocinio de la resolución que promovió la creación de un mecanismo internacional que permite investigar la situación de los derechos humanos en Afganistán. Además, Koofi detalló acciones como la asistencia a cientos de mujeres y niñas calificadas como “vulnerables”, a quienes se proporcionaron documentos de asilo, según recogió el medio Europa Press.

En la publicación mencionada del Ministerio de Exteriores, la diplomacia española condenó la opresión de mujeres “en todo el mundo”, señalando a Irán y Afganistán como focos de especial gravedad. Esa comunicación institucional sirvió de antesala al diálogo público entre la activista y los representantes del Gobierno español. Europa Press citó la declaración final del presidente Sánchez: “Nadie os podrá invisibilizar nunca”, refiriéndose la visibilidad y reconocimiento que España pretende seguir garantizando para las mujeres afganas.

El intercambio entre Koofi y Sánchez pone de manifiesto la continuidad del compromiso del Ejecutivo español con los derechos humanos de las mujeres en Afganistán, en un contexto internacional donde la represión de las libertades y los derechos básicos sigue alarmando a organizaciones y gobiernos. Según reportó Europa Press, la interlocución directa del presidente con una de las figuras más visibles del activismo afgano y el énfasis en un respaldo “siempre presente” profundizan la línea de acción del Gobierno en foros multilaterales y en el terreno de la acogida humanitaria.

Pakistán y Afganistán intensificaron sus ataques fronterizos el viernes, con ambos gobiernos afirmando haber causado decenas de bajas en el bando contrario durante una jornada marcada por la escalada del conflicto armado.

El enfrentamiento, que alcanza ya nueve días consecutivos, fue calificado por Islamabad como una “guerra abierta”, mientras los llamados internacionales a la moderación no han logrado frenar la violencia.

La jornada se agravó tras un atentado suicida con coche bomba en un puesto de control de North Waziristan, en la frontera afgano-paquistaní, donde un civil murió y otras 18 personas resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, según precisó el médico local Mohammad Asif.

Ningún grupo reivindicó el ataque, aunque las sospechas apuntan al grupo Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), que opera habitualmente en la región y ha intensificado sus acciones desde la llegada del Talibán al poder en Kabul en 2021.

Ambos bandos han divulgado balances contradictorios sobre el número de bajas. El Ministerio de Defensa afgano, actualmente bajo control del Talibán, afirmó el viernes que sus fuerzas destruyeron varios puestos militares paquistaníes en las provincias de Nangarhar, Kandahar, Kunar, Paktia y Khost, y mataron a decenas de soldados paquistaníes.

Por su parte, medios estatales paquistaníes informaron que la aviación y las tropas terrestres infligieron “graves pérdidas” a las fuerzas afganas y al TTP, sin detallar cifras. Islamabad sostiene que la ofensiva continuará hasta que Kabul implemente medidas verificables contra los militantes que actúan desde el lado afgano de la frontera.

El impacto humanitario de la crisis es cada vez más visible. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, alrededor de 66.000 personas han sido desplazadas en Afganistán y unas 3.000 en Pakistán, mientras la violencia forzó el cierre de más de cien centros educativos y causó ataques contra al menos dos escuelas en territorio paquistaní.

La Organización de las Naciones Unidas contabiliza 56 civiles afganos muertos, incluidos 24 niños y seis mujeres, y advierte que la situación implica “apilar miseria sobre la miseria” para la población atrapada en los combates.

Además, la ONU ha solicitado un cese inmediato de las hostilidades y la apertura de corredores humanitarios seguros, enfatizando la necesidad de investigaciones independientes sobre posibles abusos y la adopción de medidas para proteger a la población civil conforme al Derecho Internacional.

Sin embargo, mientras la comunidad internacional urge a las partes a negociar, las iniciativas diplomáticas no han conseguido hasta ahora resultados tangibles.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ofreció mediar en busca de un alto el fuego durante una conversación telefónica con el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif.

El jueves, el primer ministro malasio Anwar Ibrahim dialogó con el jefe del Gobierno talibán, Mullah Mohammad Hasan Akhund, en un intento de promover la desescalada.

(Con información de AP)

Dentro de la serie 'Pan, trabajo, libertad', la artista afgana Kubra Khademi ha representado a figuras femeninas internacionales en escenas cargadas de simbología, seleccionando a destacadas líderes como Jacinda Ardern, Roselyne Bachelot, Claudia Sheinbaum, Sanna Marin y Ellen Johnson Sirleaf. Según detalló Europa Press, Khademi ha planteado estas imágenes como respuesta al silencio de estas figuras frente a la situación de las mujeres en Afganistán. El centro de la noticia gira en torno a la venta en ARCO de tres pinturas de Khademi por un total de 60.000 euros, en las que aparecen representadas líderes mundiales como Ursula von der Leyen, Angela Merkel, Hillary Clinton y Kamala Harris en escenas explícitas que han generado debate a nivel internacional.

Según consignó Europa Press, la galería Eric Mouchet, que cuenta con sedes en París y Bruselas, participó en ARCO presentando obras de Khademi que exploran temas feministas a través de representaciones provocadoras, una de ellas mostrando una orgía entre líderes femeninas del poder mundial. Las otras dos pinturas adquiridas presentan, respectivamente, a varias de estas figuras contemplando el arca de Noé y una interpretación de 'La Libertad guiando al pueblo', obra de Eugène Delacroix.

El catálogo de Khademi incluye desnudos de personalidades como Margaret Thatcher y Benazir Bhutto, ambas fallecidas. Según reportó Europa Press, la artista explicó que, al incluirlas en escenas sexuales y afectuosas, busca señalar la posibilidad de un modelo social alternativo al patriarcado dominante. Khademi justificó en sus declaraciones que la representación de estas mujeres responde al papel que han ocupado o que, según su opinión, no han desempeñado de forma activa frente a las violaciones de los derechos de las mujeres afganas.

La presencia de Khademi en el circuito artístico europeo se consolidó tras su exilio en Francia hace diez años. De acuerdo con información de Europa Press, la artista abandonó Afganistán en 2015 después de una ‘performance’ pública en la que lució una armadura al pasear por las calles de Kabul. Esta acción representativa, que pretendía denunciar la vulnerabilidad de las mujeres, desembocó en una condena a muerte emitida en su país natal.

El precio alcanzado por las piezas, de 60.000 euros en conjunto, fue confirmado por fuentes de la galería ante Europa Press. Esta cuantía ha subrayado no solo el valor artístico de la obra, sino también la atención que han generado los contenidos de Khademi en el mercado internacional y en medios de comunicación. El enfoque de la autora, que presenta a las máximas representantes del poder femenino en situaciones sexualizadas, ha provocado diversas reacciones, posicionando el debate sobre los límites del arte contemporáneo, la crítica política y el feminismo.

De acuerdo con los datos proporcionados por Europa Press, las escenas realizadas por Khademi no se limitan al desnudo, sino que están impregnadas de simbolismo, como ocurre en la recreación del famoso cuadro de Delacroix, en la que introduce nuevos sujetos históricos. En una de las piezas, las líderes femeninas vislumbran el arca de Noé, introduciendo referencias bíblicas para sugerir otros modelos de salvación o liderazgo desde una óptica contemporánea y feminista.

Durante la cobertura de Europa Press, la artista relató que ha desnudado pictóricamente a diversas mandatarias internacionales como respuesta a lo que considera una actitud pasiva ante la situación en Afganistán. A través de estas composiciones, Khademi propugna la viabilidad de estructuras políticas ajenas al sistema patriarcal, señalando explícitamente la necesidad de romper el silencio y revisar el papel que desempeñan las figuras femeninas en los espacios de poder.

La trayectoria de Khademi en el arte político ha estado marcada desde sus primeras intervenciones públicas en Kabul, donde la ‘performance’ con armadura buscó posicionarse frente a la represión y la discriminación. A raíz de estas manifestaciones, según publicó Europa Press, la artista se vio obligada a solicitar asilo en Francia, desde donde ha continuado explorando el tema del cuerpo femenino y el poder en su producción artística.

La serie presentada en ARCO por la galería Eric Mouchet ha representado un punto de inflexión al colocar en primer plano obras críticas con líderes reconocidas en el escenario global. La venta de estas piezas en una de las principales ferias de arte contemporáneo ha impulsado la discusión sobre la relación entre arte, activismo político y repercusión mediática, según lo difundido por Europa Press.

A través de sus declaraciones a Europa Press, Khademi reivindicó que su trabajo se sostiene sobre la necesidad de visualizar la opresión que sufren las mujeres en contextos donde se restringen sus derechos. La selección de líderes como protagonistas de sus pinturas responde, según explicó, al deseo de señalar responsabilidades individuales y colectivas, introduciendo a las figuras en el debate sobre la complicidad internacional ante el sufrimiento ajeno.

La recepción de estas obras en ARCO plantea interrogantes acerca del grado de libertad otorgado al arte contemporáneo en la denuncia social, el uso del cuerpo y la representación del poder. La atención mediática e institucional generada por la serie de Khademi evidencia el interés y la controversia que suscitan propuestas artísticas comprometidas con el feminismo y la crítica política, según la información obtenida por Europa Press.

El reciente desplazamiento de aproximadamente 66.000 personas en Afganistán, junto con el cierre de más de un centenar de centros educativos en Pakistán y ataques a dos escuelas, refleja la magnitud del impacto humanitario que generan los combates entre ambos países. Según informó la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, los enfrentamientos, que han persistido durante una semana, ya han provocado la muerte de 56 civiles afganos, entre ellos 24 niños y seis mujeres. Las hostilidades continúan mientras las partes no han iniciado conversaciones oficiales para explorar un alto el fuego.

Tal como publicó la ONU, la persistencia de la violencia ha restringido el acceso a la ayuda humanitaria, dejando a numerosas personas sin la posibilidad de recibir asistencia básica y protección. Volker Turk advirtió que la situación significa "apilar miseria sobre la miseria", ya que los civiles deben abandonar sus hogares debido a bombardeos, fuego de artillería, uso de morteros y disparos en la zona fronteriza. El responsable de derechos humanos del organismo internacional reclamó un cese inmediato del conflicto, subrayando la urgencia de entregar ayuda a quienes se encuentran en circunstancias extremas.

De acuerdo con la información difundida por la ONU, la escalada militar entre Afganistán y Pakistán comenzó tras denuncias de las autoridades afganas de bombardeos ejecutados por Pakistán en territorio afgano, lo que fue presentado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las autoridades afganas reportaron más de una decena de muertes civiles en estos ataques, que Islamabad justificó como una operación dirigida contra campamentos y refugios de grupos considerados terroristas como Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) —conocidos como talibanes paquistaníes— y el grupo yihadista Estado Islámico. Pakistán argumentó que estas operaciones respondieron a recientes atentados suicidas dentro de su territorio, los cuales provocaron decenas de fallecidos entre civiles y miembros de sus fuerzas de seguridad en los últimos meses.

El medio de comunicación internacional subrayó que Volker Turk insistió en la necesidad de que las partes reduzcan la tensión y aborden los desafíos de seguridad a través del diálogo, la negociación y la cooperación bilateral. Además, el Alto Comisionado reiteró la importancia de implementar medidas efectivas para salvaguardar a la población civil, conforme a las obligaciones del Derecho Internacional. En ese contexto, solicitó investigaciones rigurosas y autónomas sobre las alegaciones de violaciones y abusos a la legislación internacional, así como la implementación de mecanismos de rendición de cuentas que cumplan con los estándares globales.

La escalada de enfrentamientos ha expuesto a los habitantes de ambas naciones a riesgos directos, forzando a muchas familias a abandonar sus hogares y verse sin recursos básicos. La falta de canales seguros para la distribución de ayuda humanitaria intensifica la crisis, prolongando el sufrimiento de los afectados. Mientras los líderes de ambas naciones se mantienen sin establecer contactos formales para negociar un alto el fuego, la situación humanitaria continúa deteriorándose en la región fronteriza, detalló el medio.

El organismo de derechos humanos de la ONU enfatizó la obligación de todos los actores implicados de garantizar el acceso humanitario y proteger a quienes quedan atrapados en el fuego cruzado. Las cifras de desplazados y muertes confirman, según la oficina de Volker Turk, la urgencia de adoptar acciones coordinadas que atiendan la emergencia, pongan fin a la dinámica de represalias y eviten una nueva acumulación de sufrimiento para la población civil.

“Leer un libro sola en su habitación es un acto de resistencia para una niña afgana”, sostiene Malala Yousafzai, activista paquistaní y Nobel de la Paz, quien advirtió durante su última visita a Madrid —en entrevista con el diario español El País— que la comunidad internacional no puede normalizar el borrado sistemático de las mujeres afganas y debe reconocerlo explícitamente como crimen de lesa humanidad. El mensaje de Malala se produce cuando Naciones Unidas discute la redacción de un nuevo tratado sobre crímenes contra la humanidad, con la posibilidad de tipificar el “apartheid de género” para llenar el actual vacío legal, lo que permitiría perseguir de manera más eficaz los abusos cometidos contra las mujeres en ese país.

En Madrid, la agenda de Malala fue concentrada: en sólo doce horas mantuvo reuniones institucionales con el presidente Pedro Sánchez y el ministro de Exteriores José Manuel Albares, acompañada por Sahar Halaimzai, directora ejecutiva de Malala Fund. Para Malala, los talibanes representan “el ejemplo más extremo de opresión sistémica contra mujeres y niñas”, privados del derecho a aprender o trabajar y castigados quienes intentan ejercerlos en secreto. Subraya: “Debería alarmar al mundo que tal opresión pueda ocurrir, que la mitad de la población de Afganistán esté siendo borrada de la vida pública”.

Las restricciones no han dejado de profundizarse en los últimos cinco años bajo el dominio talibán, con la imposición de normas como la que prohíbe que una mujer sea vista desde la ventana de su vivienda o limita su acceso a atención médica. Malala describió las estrategias de resistencia desarrolladas actualmente por las organizaciones afganas, a las que su fundación apoya. Según relató, se sostienen formas alternativas de educación por medio de la televisión, la radio y plataformas online. Dice que las niñas afganas que asisten a escuelas clandestinas tienen esperanza.

Malala comparte que recibe mensajes de niñas afganas que describen la dificultad para conseguir libros y el temor a ser descubiertas. Algunas relatan que deben ocultar los textos entre la ropa o bajo el colchón, y que el simple hecho de abrir un cuaderno constituye un riesgo. Así, la cultura escrita se convierte en un territorio que debe protegerse y resguardarse en secreto. La activista insiste en que la lectura es una herramienta de emancipación. Defender el derecho a leer para las niñas afganas no es solo una demanda educativa, sino también una declaración política frente al “apartheid de género” que denuncia.

Esa búsqueda de conocimiento no se ha visto truncada, a pesar de un contexto que la activista califica como de “oscuridad”. Malala afirma: “Las niñas afganas no se rinden. Tienen valentía y determinación, pero necesitan que el mundo esté a su lado”.

La biografía de Malala Yousafzai sigue siendo referencia global de la resistencia por la educación de las niñas. A los once años comenzó su activismo después de la prohibición talibán de escolarizar a las niñas en el valle donde vivía en Pakistán: los talibanes bombardearon escuelas e impidieron a las mujeres trabajar. Tras sobrevivir a un atentado a los quince años y convertirse en la persona más joven premiada con el Nobel de la Paz a los diecisiete, reconoce que ha sentido la presión de “una mano gigante” que la empujó a una vida distinta, según testimonia en su libro más reciente, Finding My Way, publicado en octubre.

Malala subraya en su diálogo con El País que su propia historia no debe ser una excepción: “Me siento muy afortunada por haber podido ir a la universidad y terminar mis estudios, pero no quiero que mi historia sea una excepción. Quiero que todas las niñas puedan completar su educación y decidir su propio futuro”. A nivel mundial, la cifra es contundente: 120 millones de niñas no pueden asistir a la escuela por múltiples causas. Para la activista, la educación representa la base para alcanzar la igualdad.

Malala extiende su preocupación más allá de Afganistán. En su análisis, la situación afgana refleja un desafío global marcado por retrocesos: “Es muy difícil asimilar todos los retrocesos: los recortes en la ayuda internacional, la prohibición de la educación de las niñas por parte de los talibanes, la destrucción del sistema educativo en Gaza y la crisis que sufren mujeres y niñas en muchas partes del mundo”.

Las autoridades de Pakistán informaron que más de 480 presuntos combatientes talibanes han muerto en una serie de ataques contra Afganistán.

Este saldo fue comunicado por el ministro de Información paquistaní, Ataulá Tarar, quien detalló que los operativos se intensificaron tras una ofensiva terrestre de los talibanes afganos en la frontera, en respuesta a bombardeos previos de la aviación paquistaní contra posiciones del Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP).

Desde el inicio de los enfrentamientos, el gobierno paquistaní ha actualizado la cifra de víctimas y daños en territorio afgano, asegurando que las fuerzas de Pakistán han causado 481 muertos y 696 heridos entre los talibanes.

Además, el funcionario indicó que el ejército destruyó 226 puestos de control y capturó otros 35. La ofensiva incluyó la destrucción de 198 vehículos blindados, tanques y sistemas de artillería pertenecientes a las fuerzas talibanes, junto con ataques aéreos sobre 56 objetivos distribuidos en varias provincias de Afganistán.

La escalada militar se produce después de que el régimen afgano denunciara ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas los bombardeos realizados por la aviación paquistaní, en los que se reportaron víctimas civiles.

Las autoridades de Islamabad justificaron la operación alegando que los ataques se dirigieron contra campamentos y escondites de grupos armados, principalmente del TTP y del Estado Islámico, como represalia por una serie de atentados suicidas perpetrados en territorio paquistaní durante las semanas previas.

El conflicto ha generado una preocupación creciente dentro de la comunidad internacional. La intensificación de los combates a lo largo de la Línea Durand, que marca la frontera entre ambos países, ha provocado desplazamientos masivos y un deterioro acelerado de las condiciones humanitarias.

Casi 66.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en el este y sureste afgano, y la continuidad de estos desplazamientos presiona aún más a las comunidades receptoras, que ya enfrentan una capacidad de respuesta limitada tras dos años de crisis y el retorno de más de cinco millones de personas desde 2024.

La situación se complica porque los recientes combates han dañado infraestructuras críticas, incluido un centro de asistencia internacional en la provincia de Nangarhar, que sufrió daños colaterales durante la última semana.

Las operaciones fronterizas en los pasos de Torjam y Bahramcha permanecen suspendidas por motivos de seguridad, lo que restringe la entrega de ayuda humanitaria a una población cuya vulnerabilidad aumenta rápidamente.

La mayoría de estos movimientos ocurrieron bajo condiciones de inseguridad persistente, lo que obstaculiza el acceso a servicios básicos como atención médica y distribución de alimentos.

El impacto sobre la infraestructura hospitalaria ha sido grave en regiones como Paktiyá, Paktiká, Nangarhar, Kunar y Jost, y los combates han dejado sin cobertura alimentaria a hasta 160.000 residentes, luego de la suspensión temporal de la asistencia alimentaria internacional.

(Con información de Europa Press)

El dato de que, desde 2021, casi 135.000 personas solicitaron asilo en Reino Unido empleando rutas académicas motivó el anuncio de la ministra del Interior, Shabana Mahmood, sobre una suspensión inédita de los visados de estudio para Afganistán, Camerún, Birmania y Sudán. Según consignó el medio británico y confirmó el Gobierno, también se bloquearán los permisos de trabajo para ciudadanos afganos, en respuesta a lo que las autoridades califican como un “uso abusivo” de estos mecanismos migratorios.

De acuerdo con la información oficial recogida por el medio, el incremento en las solicitudes de asilo por la vía académica alcanzó un 470% en el periodo comprendido entre 2021 y 2025, afectando principalmente a estudiantes provenientes de Afganistán, Birmania, Camerún y Sudán. Tal como detalló el comunicado ministerial, la decisión pretende restablecer el control fronterizo y frenar el aprovechamiento del sistema de acogida. Mahmood destacó que Reino Unido continuará ofreciendo refugio a quienes huyen de conflictos o persecución, aunque advirtió que este recurso no debe ser objeto de abuso.

El Gobierno británico subrayó que el número de ciudadanos afganos con visados de trabajo que han solicitado asilo en el país supera la cantidad de permisos concedidos en esa categoría. Según publicó la fuente oficial, muchas de las personas involucradas dependen económicamente de ayudas estatales, y una proporción significativa de ellas se declara en condición de indigencia. En total, casi 16.000 ciudadanos de los cuatro países mencionados reciben apoyo del Estado, y más de 6.000 se encuentran alojados en hoteles costeados con fondos públicos.

El costo anual del sistema de acogida de solicitantes de asilo se sitúa actualmente por encima de los 4.000 millones de libras. Ante esta situación, el Gobierno introdujo recortes al apoyo económico que reciben las personas solicitantes de asilo y ha señalado la presión sobre el sistema de asistencia social como uno de los factores que motivaron la revisión de las políticas de visados.

Pese a esta línea restrictiva, las autoridades británicas expusieron que, desde 2021, el país ofreció refugio a más de 37.000 ciudadanos afganos. Además, en 2025 se autorizaron alrededor de 190.000 visados por razones humanitarias. Reino Unido sostiene haber reubicado, desde 2010, al sexto mayor número mundial de refugiados derivados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La política gubernamental adoptada recientemente también se relaciona con el esfuerzo diplomático sostenido por Londres. Según detalló el medio, en el año anterior Reino Unido acordó con las autoridades de Angola, Namibia y la República Democrática del Congo la repatriación de ciudadanos en situación migratoria irregular a cambio de mantener sus regímenes de visados. El Ejecutivo amenazó con suspender todos los visados si no recibía cooperación, logrando así la colaboración de estos países africanos.

Además, el Gobierno británico expresó su compromiso de establecer rutas seguras y legales para la migración, aunque con plazas limitadas, como alternativa al cruce marítimo irregular en embarcaciones pequeñas. Esta iniciativa se encuadra dentro de un enfoque general que, según el Gobierno, busca garantizar la seguridad de los solicitantes y ofrecer opciones viables mientras se refuerzan los controles fronterizos.

Dentro de las justificaciones ofrecidas para las recientes medidas, el Ejecutivo argumentó que el sistema actual favoreció un flujo de solicitantes por vías no previstas para la protección internacional, lo cual generó efectos financieros y logísticos insostenibles en el largo plazo. El Ejecutivo subrayó la importancia de distinguir entre quienes requieren protección genuina y quienes buscan alternativas a los procesos migratorios regulares utilizando vías académicas y laborales para acceder al asilo.

La ministra Shabana Mahmood enfatizó en su comunicado la determinación de frenar los intentos de explotar la “generosidad” del sistema migratorio británico, asegurando que las nuevas directrices responden a la necesidad de restablecer el orden y el control en el ingreso de personas al país. Según reportó la fuente oficial, la respuesta adoptada no solo afectará a solicitantes de los cuatro países señalados, sino que también representa una advertencia para otros contextos en los que, a juicio del Gobierno, se detecten patrones similares de abuso en el uso de visados destinados originalmente a fines genuinos de estudio o trabajo.

El ministro de Información de Pakistán, Ataulá Tarar, comunicó a través de sus redes sociales que la ofensiva llevada a cabo por el ejército paquistaní en territorio afgano culminó con la destrucción de 226 puestos de control y la toma de otros 35. Esta acción militar forma parte de una escalada que, según los últimos datos recogidos por Tarar, ya registra 481 personas fallecidas y 696 heridas entre los integrantes de grupos armados en la zona. A esta información se suma el anuncio de la eliminación de 198 carros de combate, vehículos blindados y sistemas de artillería, e indica que la Fuerza Aérea paquistaní bombardeó 56 posiciones específicas, como publicó la agencia Europa Press.

El aumento de las hostilidades se originó hace una semana cuando, tras ejecutar una serie de ataques contra posiciones afganas, fuerzas fundamentalistas emprendieron una operación terrestre en respuesta a previos bombardeos de Pakistán sobre presuntos campamentos de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), también conocidos como los talibán paquistaníes. Los hechos provocaron una serie de declaraciones cruzadas y denuncias formales. El medio Europa Press señaló que, en días recientes, Afganistán presentó una queja ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la que acusó a Pakistán de perpetrar bombardeos en su territorio, los cuales, según el gobierno afgano, provocaron la muerte de más de una decena de civiles.

Pakistán defendió sus acciones indicando que los bombardeos se dirigieron contra “campamentos y escondites terroristas” tanto del TTP como del Estado Islámico. Según detalló Europa Press, las autoridades paquistaníes calificaron la operación como una respuesta a los recientes ataques suicidas que impactaron dentro de Pakistán y que, según la declaración oficial, se planificaron y ejecutaron desde zonas bajo control de los grupos armados al otro lado de la frontera.

Hasta el momento, los talibán en Afganistán no emitieron respuesta pública a los informes paquistaníes ni confirmaron la información sobre bajas y daños materiales divulgada por Islamabad, informa Europa Press. Tampoco ha existido verificación independiente sobre la cifra de muertos en el país vecino ni evidencia pública acerca de la magnitud de las operaciones militares reportadas y las pérdidas en material bélico.

Europa Press detalló que la secuencia de ataques refleja la persistente tensión bilateral, donde el conflicto transfronterizo involucra reclamos de soberanía y la acusación mutua de permitir la presencia de grupos armados rivales en el respectivo territorio. Pakistán sostiene que las ofensivas buscan neutralizar la capacidad operativa del TTP y evitar la repetición de atentados en su territorio. Por su parte, las autoridades afganas sostienen que actuaciones militares como los bombardeos ponen en riesgo a la población civil y suponen violaciones a la integridad territorial del país.

La operación, según añadió Europa Press, representa una de las respuestas militares más agresivas de Pakistán en los últimos años respecto a incursiones desde suelo afgano, elevando la preocupación de actores regionales y organismos internacionales acerca del impacto humanitario y la escalada del conflicto. La confirmación de daños a infraestructuras militares afganas y la pérdida de vehículos blindados apunta a un enfrentamiento en gran escala, mientras que la ausencia de pronunciamiento talibán deja abiertas preguntas sobre la situación en las áreas afectadas y posibles movimientos de represalia o negociación.

Las cifras difundidas incluyen el dato de que al menos 56 ubicaciones han sido objetivo de la Fuerza Aérea paquistaní. El dato, publicado por Europa Press, sugiere un despliegue coordinado de recursos terrestres y aéreos en la zona fronteriza. Aunque fuentes relacionadas con las partes en conflicto ofrecen versiones diferentes sobre el número de víctimas y combatientes implicados, Pakistán ha hecho énfasis en que sus acciones responden a la necesidad de salvaguardar su seguridad frente a la “amenaza constante” que representan las organizaciones armadas que operan desde el territorio vecino.

La reciente expansión de las hostilidades entre Pakistán y agentes armados afganos ha intensificado la preocupación internacional sobre la posible desestabilización adicional en la región. Europa Press subrayó que la denuncia formal ante Naciones Unidas por parte de Afganistán busca abrir vías diplomáticas de presión, mientras Islamabad insiste en la legitimidad de sus operaciones al buscar frenar ataques atribuidos a milicias extremistas con base transfronteriza.

El escenario internacional muestra un acceso al aborto cada vez más restringido debido a la acción de movimientos contrarios a los derechos de las mujeres, según alertó Amnistía Internacional en su análisis con motivo del Día Internacional de la Mujer. La organización precisó que en países como Afganistán, Argentina, Chile, Estados Unidos y Rusia se advierten políticas públicas que obstaculizan la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva y generan hostilidad hacia quienes defienden o facilitan este derecho. Este fenómeno representa, según consignó Amnistía Internacional, uno de los desafíos principales para las libertades y el bienestar de mujeres y niñas en el contexto actual.

De acuerdo con el informe difundido por el medio, Amnistía Internacional identificó cuatro áreas de alerta vinculadas al incremento de prácticas autoritarias: la aprobación de leyes represivas, la expansión de movimientos que rechazan el reconocimiento de los derechos de las mujeres, el aumento de discursos de odio e incitación a la violencia y el papel de la tecnología en la facilitación de estas amenazas. El organismo señaló que, aunque se focalizó en estas cuatro cuestiones, existen muchas situaciones adicionales que dejan ver una realidad compleja y diversa, tal como sostuvo Beatriz Martos, responsable de derechos de las mujeres en Amnistía Internacional España.

Amnistía Internacional hizo un llamado a los gobiernos de todo el mundo recordando su obligación internacional de combatir cada forma de discriminación y violencia por razones de género. El grupo enfatizó que entre las prácticas a erradicar se incluyen tanto los discursos de odio como la incitación a la violencia proveniente de lo que describió como “movimientos antiderechos”. La entidad subrayó que las tendencias autoritarias ya se manifiestan de forma tangible y que sus consecuencias son particularmente notorias en la vida de mujeres y niñas, mediante restricciones y retrocesos en derechos previamente adquiridos. Referenciando el ejemplo de Estados Unidos, Amnistía Internacional mencionó que la presidencia de Donald Trump produjo lo que denomina una “emergencia de derechos humanos” con efectos profundos para la población femenina.

El caso de Afganistán surge en el informe como de especial relevancia para ilustrar la aplicación de legislaciones restrictivas orientadas a controlar la vida de las mujeres. Según detalló Amnistía Internacional, en dicho país las mujeres enfrentan prohibiciones estrictas para salir de sus hogares sin acompañamiento, trabajar, recibir educación o participar en la esfera política, además de privaciones adicionales en materia de libertad de expresión. Desde el regreso al poder de los talibanes, se han profundizado las restricciones y la represión por motivos de género, con consecuencias directas para la integridad y oportunidades vitales de mujeres y niñas afganas.

Irán quedó señalado en el informe como otro contexto nacional donde las políticas autoritarias ejercen un impacto directo sobre los derechos femeninos. Amnistía Internacional lo caracterizó como un espacio donde la mujer se expone a limitaciones severas en su autonomía mediante regulaciones y dinámicas institucionalizadas que condicionan su participación en la sociedad.

Respecto a Cuba, Amnistía Internacional sostuvo que la represión estatal toma formas particulares cuando se dirige a mujeres. El informe recogió acciones como desnudos forzados, registros corporales invasivos, estigmatización fundamentada en género, edad u orientación sexual, y la utilización de la maternidad y responsabilidades de cuidado familiar como mecanismos de presión e intimidación. La organización consideró que tales acciones cumplen criterios de violencia de género ejercida desde el aparato estatal.

En el caso de Marruecos, la atención se dirigió hacia el procesamiento judicial por blasfemia a la activista Betty Lachgar, cofundadora del Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales, después de calificar al islam de religión “fascista y misógina”. Según publicó Amnistía Internacional, episodios como este demuestran la existencia de medidas de censura y control que pueden dirigirse especialmente hacia mujeres líderes en movimientos sociales.

En relación con Arabia Saudí, Amnistía Internacional advirtió que la vigencia del sistema de tutela masculina, pese a las declaraciones de reformas, limita de modo considerable la autonomía personal de las mujeres y posibilita la reproducción de la discriminación. El sistema sido identificado por la organización como un factor decisivo que obstaculiza avances reales hacia la igualdad de género.

El reporte también destacó a Estados Unidos por su retroceso en materia de derechos relacionados con la identidad de género, expresión sexual y libertades reproductivas. El país, según indicó Amnistía Internacional, implementó políticas y discursos que “cuestionan y atacan” tanto a la población LGBTI como a los derechos sexuales y reproductivos, sumando un factor más de presión sobre los colectivos afectados.

La situación en Argentina fue definida como un retroceso, debido a la desaparición de organismos especializados en la prevención y atención de la violencia de género, por primera vez en casi cuarenta años. La organización detalló que el presupuesto para afrontar estas problemáticas se redujo en un 89% desde 2023, lo que compromete seriamente la capacidad estatal para responder a las demandas y necesidades de mujeres víctimas de violencia.

Según informó Amnistía Internacional, la expansión de discursos de odio y de incitación a la violencia constituye otra amenaza en ascenso, especialmente gracias a la proliferación de espacios digitales. La organización expresó su preocupación específica por el papel de la tecnología, al considerar que facilita la vigilancia sobre las mujeres y multiplica los riesgos asociados a la violencia de género a través de contenidos misóginos. Esta tendencia, explicó el grupo, afecta en particular a las mujeres con participación destacada en la vida pública, quienes se convierten en blanco de campañas coordinadas de acoso y amenazas, frecuentemente amplificadas en plataformas digitales.

Además, Amnistía Internacional criticó la responsabilidad que, a su juicio, tienen las empresas tecnológicas y las redes sociales. Según publicó el medio, la organización acusó a estas compañías de actuar con escasa regulación y de haber reducido las barreras de protección para sus usuarios más vulnerables. Afirmó también que las redes sociales priorizan un modelo de negocio enfocado en la viralización de contenido, lo que permite la circulación de mensajes violentos y discriminatorios, con graves consecuencias para quienes ocupan posiciones de marginalidad o corren mayor riesgo.

La entidad cerró su diagnóstico presentado por el medio con un llamado a la acción dirigido a gobiernos y empresas, instando a la toma de medidas firmes frente a lo que describe como una crisis global de derechos humanos que involucra al conjunto de la sociedad y requiere respuestas coordinadas ante los desafíos de leyes restrictivas, discursos de odio y prácticas discriminatorias, tanto en el espacio físico como en el digital.

Mientras la atención global oscila entre Ucrania, Gaza y Taiwán, una línea trazada en 1893 amenaza con volver a convertirse en un epicentro de inestabilidad regional. La frontera entre Afganistán y Pakistán —la llamada Línea Durand— no es simplemente una delimitación geográfica: es una fractura histórica, étnica y estratégica que hoy combina insurgencia, terrorismo, crisis económica y rivalidad geopolítica.

Lo que ocurre allí no es una guerra declarada. Es algo más complejo y, por eso mismo, más peligroso.

Una frontera que Kabul nunca aceptó

La Línea Durand fue impuesta por el Imperio Británico para separar Afganistán de la India colonial. Con la creación de Pakistán en 1947, Islamabad heredó esa delimitación y la considera frontera internacional definitiva. Kabul, en cambio, jamás la reconoció formalmente.

El problema no es solo jurídico. La frontera divide territorios habitados por la etnia pastún, que vive a ambos lados y mantiene vínculos familiares, comerciales y tribales imposibles de encerrar tras alambradas.

Cada intento pakistaní de reforzar el control fronterizo —incluida la construcción de vallas y puestos militares— es visto en Kabul como una consolidación de una división ilegítima.

El “retorno” que salió mal

Durante dos décadas, Pakistán fue acusado por Occidente de tolerar o facilitar la acción de los talibanes afganos como herramienta de influencia estratégica. La lógica era clara: evitar un Afganistán alineado con India y garantizar lo que Islamabad llama “profundidad estratégica”.

Pero el regreso al poder del Talibán en 2021 no produjo el alineamiento esperado.

Hoy, el principal problema para Pakistán no es Kabul en abstracto, sino el Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), grupo insurgente que busca desestabilizar al Estado pakistaní y que, según Islamabad, opera desde territorio afgano.

El gobierno talibán niega complicidad, pero tampoco ha desarticulado eficazmente esas estructuras. El resultado: bombardeos selectivos pakistaníes en Afganistán, cierres del paso de Torkham y enfrentamientos armados periódicos.

La ironía estratégica es evidente: el instrumento que sirvió para proyectar influencia externa se convirtió en amenaza interna.

Capacidades militares: asimetría clara, riesgo latente

Desde el punto de vista estrictamente militar, la asimetría es evidente. Pakistán dispone de unas fuerzas armadas convencionales robustas —Ejército profesionalizado, Fuerza Aérea con aviones F-16 y JF-17, artillería pesada y capacidad de inteligencia estructurada—, además de ser una potencia nuclear declarada con misiles balísticos de alcance regional. Su doctrina está diseñada principalmente para disuadir a India, pero le permite proyectar fuerza limitada sobre su frontera occidental mediante ataques aéreos selectivos y operaciones de contrainsurgencia.

Afganistán, en cambio, tras la retirada occidental heredó material militar estadounidense —vehículos blindados ligeros, helicópteros, armamento individual—, pero carece de una fuerza aérea operativa comparable, de sistemas de mando integrados y de capacidades convencionales para sostener un conflicto abierto contra un Estado organizado. Su fortaleza radica más en la guerra irregular, el control territorial tribal y la capacidad de movilización ideológica que en la confrontación convencional.

La conclusión es clara: en una guerra abierta, la superioridad pakistaní sería determinante. Pero el conflicto actual no es convencional. Es híbrido. Y en ese terreno, la ventaja tecnológica no garantiza estabilidad.

La crisis interna de Pakistán

El conflicto fronterizo no ocurre en el vacío. Pakistán atraviesa una combinación delicada de crisis económica, polarización política y aumento del terrorismo interno.

Los atentados del TTP han crecido en intensidad. Las fuerzas de seguridad enfrentan un escenario híbrido: insurgencia rural en áreas tribales y riesgo de atentados urbanos. A esto se suma la presión social por la presencia de millones de refugiados afganos, cuya deportación masiva iniciada en los últimos años añade tensión humanitaria.

Un Pakistán nuclearmente armado, con inestabilidad interna creciente y presión insurgente, no es un dato menor para el equilibrio regional.

Afganistán: aislamiento y supervivencia

Por su parte, Afganistán enfrenta un aislamiento internacional casi total. Sin reconocimiento diplomático amplio, con economía colapsada y severas restricciones sociales, el régimen talibán necesita estabilidad fronteriza para sostenerse.

Sin embargo, su estructura ideológica y tribal dificulta una cooperación plena contra el TTP. Existe afinidad doctrinaria y vínculos históricos entre ambas organizaciones, aunque sus agendas no sean idénticas.

Kabul debe equilibrar legitimidad interna, cohesión tribal y supervivencia externa. No es un actor homogéneo ni completamente centralizado.

El tablero mayor: China, India y el vacío occidental

La frontera afgano-pakistaní no es un conflicto aislado: es una pieza dentro de la competencia asiática.

Pakistán es socio estratégico de China a través del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), componente clave de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. La estabilidad en el oeste pakistaní es fundamental para la seguridad de esas inversiones.

India, rival histórico de Islamabad, observa con atención cualquier debilitamiento pakistaní. Un Pakistán absorbido por conflictos internos reduce su margen estratégico frente a Nueva Delhi.

Estados Unidos, tras su retirada en 2021, mantiene una capacidad limitada de influencia directa. El vacío dejado por Washington no fue reemplazado por un esquema de estabilidad, sino por un equilibrio frágil.

El riesgo real: escalada por acumulación

El escenario más probable no es una guerra convencional entre Estados. El riesgo es otro, una escalada gradual por acumulación de incidentes:

• Un atentado mayor atribuido al TTP.
• Un bombardeo pakistaní con víctimas civiles significativas.
• Un cierre prolongado de pasos fronterizos con impacto económico.
• Una reacción nacionalista que obligue a endurecer posturas.

En contextos de fragilidad institucional, las crisis no estallan por grandes decisiones estratégicas, sino por errores de cálculo.

Una frontera que anticipa el siglo XXI

La tensión entre Afganistán y Pakistán es un laboratorio de las guerras del siglo XXI: conflictos sin declaración formal, actores híbridos, dimensión étnica, terrorismo transnacional y competencia geopolítica superpuesta.

No hay tratados en negociación, ni cumbres multilaterales relevantes. Solo una línea heredada del colonialismo, armada hasta los dientes, que separa —y a la vez conecta— dos Estados frágiles en una región nuclearizada.

El mundo está mirando otros frentes. Pero la historia demuestra que las periferias desatendidas suelen convertirse en centros inesperados de crisis.

La lección para la Argentina: el instrumento militar en un mundo sin árbitros

Lo que sucede en esa frontera lejana ofrece una enseñanza estratégica para nuestro país. El sistema internacional atraviesa una transición donde las grandes potencias —Estados Unidos, China, Rusia— recurren cada vez con mayor naturalidad al empleo del poder militar, sea como disuasión explícita o como instrumento efectivo para sostener intereses nacionales. Los organismos multilaterales muestran límites evidentes para contener conflictos cuando chocan intereses vitales.

En ese contexto, la Argentina no puede permitirse pensar la Defensa como un resabio del pasado ni como un gasto prescindible. La protección del Atlántico Sur, la proyección sobre la Antártida, el control de nuestros espacios marítimos y aéreos, y la preservación de recursos estratégicos exigen un instrumento militar moderno, profesional y tecnológicamente actualizado.

No se trata de adoptar una lógica belicista, sino de comprender que en un mundo donde las reglas parecen reescribirse por la fuerza, la capacidad de disuasión vuelve a ser condición de soberanía. Las crisis ya no se resuelven exclusivamente en foros internacionales; muchas veces se previenen —o se pierden— por la credibilidad del poder propio.

Afganistán y Pakistán nos recuerdan que la inestabilidad no siempre anuncia su llegada. Se acumula. Se normaliza. Y cuando finalmente estalla, solo están en condiciones de influir quienes supieron prepararse.

La pregunta, entonces, no es si la Argentina desea un mundo estable. La pregunta es si está dispuesta a dotarse de las capacidades necesarias para navegar uno que claramente no lo es.

La intensificación de los enfrentamientos en las provincias de Kunar y Nangarhar, ubicadas en la mitad norte de la frontera afgana con Pakistán, ha obligado a miles de personas a dejar sus hogares, agravando la situación humanitaria en una región que ya enfrentaba altos niveles de retornados y daños derivados de un terremoto reciente. Según reportó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), además de estos desplazamientos recientes, los centros de tránsito y recepción instalados por el organismo han sufrido daños por ataques directos en las cercanías de los pasos fronterizos estratégicos como Torkham y Spin Boldak, lo que ha dificultado aún más la respuesta humanitaria. Esta situación se enmarca en una crisis regional caracterizada por la gravedad de los desplazamientos forzados a raíz de operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, las represalias de Teherán y el conflicto entre Pakistán y Afganistán.

De acuerdo con lo comunicado por ACNUR este martes, se han puesto en marcha "dispositivos de emergencia desde Irán y Afganistán hasta Líbano y Siria" con el objetivo de asistir a quienes se han visto obligados a abandonar sus lugares de residencia. El organismo señaló que se encuentra "preparado para desempeñar un papel central en la respuesta humanitaria", adaptando sus operaciones a medida que la crisis regional adquiere nuevas dimensiones. A través de un comunicado difundido y citado por diversas plataformas, ACNUR advirtió sobre la sobrecarga que ya enfrentan los países receptores, muchos de los cuales acogen a millones de refugiados y desplazados internos.

El informe de la agencia precisó que Irán alberga cerca de 1,65 millones de personas refugiadas en necesidad de protección internacional, aunque aún no ha podido proporcionarse una cifra exacta de desplazados internos adicionales en ese país. Según detalló el medio atribuyendo la información al organismo, ACNUR mantiene presencia estable con oficinas en Teherán y otros cinco puntos dentro del territorio iraní, garantizando el funcionamiento de centros de recepción y líneas de asistencia telefónica. El personal continúa gestionando servicios esenciales en ámbitos como salud, educación y protección social para apoyar tanto a quienes llegan como a las comunidades afectadas.

ACNUR, citado por las fuentes consultadas, subrayó la importancia de mantener abiertas las fronteras para quienes buscan protección ante la escalada de violencia y advirtió sobre el riesgo de devoluciones forzosas. La agencia también destacó que los centros habilitados en puntos fronterizos iraníes permanecen activos y que se refuerza la capacidad de atención frente a eventuales flujos masivos de personas que huyen de ataques.

En torno a la situación en Afganistán, el organismo expresó su inquietud respecto al bienestar de la población civil y a la seguridad tanto de los refugiados como de quienes han retornado tras ser expulsados de países vecinos. Desde el mes de octubre de 2023, alrededor de 5,4 millones de afganos han regresado a su país de origen procedentes de Irán y Pakistán. ACNUR estimó que unos 232.500 ciudadanos han regresado a Afganistán solo en lo que va de 2026; el desglose por procedencia indica que 146.206 lo hicieron desde Pakistán y 86.253 desde Irán.

Según recogió el medio a partir del informe del organismo, los retornos de esta magnitud generan una presión significativa sobre los servicios y recursos disponibles, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población y crea condiciones propicias para nuevas olas de desplazamientos. La agencia alertó sobre la escasez de recursos, señalando que tras los retornos masivos y los recortes presupuestarios, los fondos disponibles son insuficientes para satisfacer la demanda actual. El presupuesto que ACNUR considera necesario para 2026 asciende a 454,2 millones de dólares (391,5 millones de euros) para atender a personas desplazadas en Afganistán, Irán, Pakistán y Asia Central, aunque hasta finales de febrero solo se habían recaudado fondos equivalentes al 15% de dicho monto.

El cierre del paso fronterizo de Torjam, tras los recientes enfrentamientos, complica los movimientos de quienes tratan de buscar refugio o asistencia. Según informó ACNUR, el centro de tránsito de Omari, próximo a este paso, experimentó daños provocados por ataques, en tanto que el paso de Spin Boldak, al sur de la zona limítrofe, permanece operativo y facilita el regreso de ciudadanos afganos.

El impacto de la crisis regional también afecta al oeste, especialmente en el Líbano, donde las órdenes de evacuación emitidas por Israel ante intensos bombardeos han desencadenado un éxodo masivo de la población local. ACNUR, según reportó el medio, detectó un incremento sostenido de desplazados en áreas como el sur del país, el valle de la Becá y los suburbios meridionales de Beirut, tras la evacuación de residentes de más de 53 localidades. El comunicado del organismo destaca que, para horas recientes, más de 50 personas han perdido la vida como consecuencia directa de la ofensiva.

En el Líbano, el lunes reciente, cerca de 30.000 personas buscaron resguardo en centros colectivos organizados por el gobierno, mientras cientos de familias optaron por pasar la noche en vehículos, a la orilla de las carreteras o atrapadas en largas filas de tráfico cuando huían del sur del país. ACNUR manifestó inquietud por la situación en la frontera con Israel y reiteró la prioridad de proteger a la ciudadanía civil. El organismo distribuyó productos básicos de primera necesidad entre las familias desplazadas que encontraron cobijo en estas instalaciones.

Ante la presión en Líbano, ACNUR también observó un repunte en los movimientos de salida hacia Siria. Los equipos desplegados en los pasos fronterizos contaban con suministros almacenados previamente, en previsión de una posible llegada masiva de nuevos desplazados.

La escalada de tensiones internacionales y la persistencia de conflictos simultáneos han hecho que la respuesta humanitaria de ACNUR se vea cada vez más demandada en un entorno donde los recursos se muestran insuficientes. El organismo solicitó a los países involucrados evitar endurecer aún más el acceso a sus territorios y reiteró el llamado a la comunidad internacional para asegurar la protección de millones de personas cuyo único recurso ha sido abandonar sus hogares en busca de seguridad.

En medio de una escalada militar sin precedentes en la región, Pakistán declaró que continuará su ofensiva en Afganistán hasta eliminar por completo a los grupos militantes que considera una amenaza para su seguridad nacional.

Esta determinación fue comunicada por un alto funcionario de seguridad paquistaní, quien aseguró a reporteros que Islamabad no planea poner fin a sus operaciones mientras persista la presencia de insurgentes que, según el gobierno, utilizan territorio afgano para organizar ataques contra intereses paquistaníes.

El conflicto, que ya suma seis jornadas de combates, surgió tras una serie de ataques aéreos lanzados por Pakistán sobre objetivos militantes en Afganistán, a los que el gobierno talibán respondió con ofensivas terrestres y fuego directo en múltiples puntos de la frontera.

Las hostilidades han dejado decenas de muertos en ambos bandos y han incrementado la tensión entre los dos países, que mantienen una relación marcada por la desconfianza desde el retorno de los talibanes al poder en 2021.

El funcionario paquistaní, cuya identidad se mantuvo en reserva por motivos de seguridad, manifestó que la duración de la campaña dependerá de la colaboración del gobierno talibán para erradicar a los militantes.

Las autoridades afganas informaron que las fuerzas terrestres de Afganistán llevaron a cabo ataques coordinados contra posiciones militares paquistaníes en 16 puntos de la frontera suroccidental y abrieron fuego contra varios puestos en la región noroeste.

La fuente oficial añadió que Pakistán destruyó cerca de 180 sitios utilizados como bases de operaciones militantes y capturó a más de 30 insurgentes.

Los choques en la frontera, especialmente en las regiones de Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán, continuaron con una intensidad inusitada, dejando un saldo de al menos 67 efectivos afganos y un soldado paquistaní muertos.

La información sobre las bajas fue confirmada por el ministro Tarar y, aunque el gobierno afgano no hizo comentarios específicos sobre los números ofrecidos por Islamabad, sí reconoció la gravedad de los enfrentamientos.

Por otro lado, el portavoz adjunto del gobierno talibán, Hamdullah Fitrat, acusó a Pakistán de violar el espacio aéreo afgano y atacar zonas habitadas, incluidas viviendas, mezquitas y campamentos de refugiados en diversas provincias, entre ellas Kabul, Laghman, Nangarhar, Paktia, Kandahar y Kunar.

La misión de Naciones Unidas en Afganistán instó a un cese inmediato de las hostilidades y advirtió que el conflicto agrava la crisis humanitaria en el país, donde al menos 146 civiles han resultado afectados desde el 26 de febrero, con 42 muertos y 104 heridos.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, defendió la ofensiva militar argumentando que se agotaron todas las vías diplomáticas antes de recurrir a la fuerza para enfrentar a los milicianos que operan desde territorio afgano.

Zardari exhortó al gobierno de Kabul a desarmar a los grupos responsables de los ataques en suelo paquistaní.

(Con información de Europa Press)

Kubra Khademi, refugiada en Francia desde hace una década, tuvo que abandonar Afganistán en 2015 tras realizar una acción artística que motivó amenazas contra su vida, según informó Europa Press. En aquella ocasión, Khademi vistió una armadura y caminó por la calle en Kabul, hecho que le supuso recibir una condena a muerte. La experiencia personal de la artista, marcada por la persecución tras la caída de Kabul bajo control talibán en 2021, se refleja en la serie de obras que ahora presenta en la feria de arte contemporáneo ARCO en Madrid.

De acuerdo con Europa Press, la pieza central de la exposición, titulada 'Pan, trabajo, libertad', representa a figuras políticas femeninas de gran repercusión internacional, entre ellas Ursula von der Leyen, Angela Merkel, Hillary Clinton y Kamala Harris. Khademi ha retratado a estas líderes sin ropa y en actitudes afectuosas y sexuales, describiendo su trabajo como una manifestación de que es posible aspirar a otro tipo de sociedad, alejada de estructuras de poder tradicionales. Según reportó Europa Press, la artista expresó que eligió esta representación para evidenciar el silencio de estas dirigentes frente a las violaciones de derechos de las mujeres afganas.

Tal como detalló Europa Press, la exposición acoge también las imágenes desnudas de otras líderes como Jacinda Ardern, Sanna Marin, Ellen Johnson Sirleaf, Roselyne Bachelot, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Igualmente, aparecen figuras históricas como Margaret Thatcher y Benazir Bhutto, ambas fallecidas. En la explicación que ofreció a Europa Press, Khademi afirmó que su intención no es transmitir odio, sino mostrar humanidad y reclamar atención sobre la situación de millones de mujeres que han perdido derechos fundamentales en Afganistán, como el acceso a la educación o al empleo.

La artista, que pertenece a la minoría étnica hazara, un grupo que representa menos del 15% de la población afgana y que sufrió persecución, relató que tras la reconquista de Kabul por los talibanes escribió cartas a distintas mandatarias globales sin recibir respuesta. Esta ausencia de reacción sirvió como motivación para llevar a cabo su nueva obra, según consignó Europa Press.

La muestra llega a Ifema Madrid, recinto donde se desarrolla la feria ARCO desde el 4 hasta el 8 de marzo, a través de la galería Eric Mouchet, con presencia en París y Bruselas. ‘Pan, trabajo, libertad’ agrupa varios retratos casi a tamaño real, sobre los cuales Khademi ha inscrito repetidas veces el lema que identifica las manifestaciones de las mujeres afganas en Kabul, utilizando pintura dorada según describe Europa Press.

Además de los retratos individuales, la exposición despliega escenas colectivas: líderes representadas en ambientes como un hamán o baño árabe, observando el arca de Noé, posando de pie con armas y recreando episodios históricos como la pintura ‘La Libertad guiando al pueblo’ de Eugène Delacroix. La artista explicó al medio que al ilustrar estos escenarios buscó cuestionar el imaginario común acerca del poder y la gobernanza, poniendo el énfasis en la permanencia de esquemas patriarcales.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Khademi señaló que “si decimos que no necesitamos a los hombres para gobernar el mundo, surgen estas imágenes”, argumentando que la historia reciente gestionada en su mayoría por varones ha desembocado en conflictos y divisiones. A su vez, criticó el desconocimiento o desatención de las dirigentes políticas frente a la situación en Afganistán, subrayando la urgencia de pronunciamientos públicos para aspirar al respeto de los derechos de las mujeres afganas.

La programación de la feria ARCO 2024 incluye también una intervención de la artista afganesa el 8 de marzo en Réplica Teatro, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, tal como informó Europa Press. La propuesta de Khademi, lejos de centrarse en el ataque personal, busca canalizar un mensaje sobre la dignidad humana y la ausencia de represalias contra quienes han callado, remarcando la importancia de mantener el diálogo y la expresión artística en un contexto global donde los derechos fundamentales continúan en disputa.

Según publicó Europa Press, la iniciativa presentada por la galería Eric Mouchet amplía el espacio de la reflexión sobre la implicancia de líderes femeninas en el debate sobre el papel de las mujeres afganas. Así, la protagonista de la exposición invita al público a examinar tanto las responsabilidades políticas como las oportunidades de transformación social a partir del arte contemporáneo.

Unas 16.400 personas han abandonado sus hogares en Afganistán tras los recientes enfrentamientos en la frontera con Pakistán y a esta cifra se suman cientos de desplazados previos al conflicto que aún no han podido regresar a sus comunidades. Según detalló la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), la mayoría de estos desplazamientos se dieron en un contexto donde las hostilidades continúan afectando la vida cotidiana y el acceso a los servicios básicos, como la atención médica y la ayuda humanitaria. Esta situación ocurre mientras hospitales resultaron dañados y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) suspendió temporalmente su asistencia en zonas particularmente afectadas, dejando vulnerables a hasta 160.000 residentes, consigna UNAMA.

El medio Europa Press consignó que la ONU realizó un llamado urgente a la “suspensión de los enfrentamientos” entre Afganistán y Pakistán debido al aumento de víctimas civiles y el impacto en la población local. UNAMA instó a que las partes cumplan con sus obligaciones conforme al Derecho Internacional y protejan a los civiles en medio de los combates. La organización reportó que sigue documentando incidentes con civiles afectados y recalcó que el conflicto, sumado al reciente terremoto de agosto de 2025 —considerado el más letal en Afganistán en tres décadas—, agrava la vulnerabilidad de miles de personas.

De acuerdo con la información brindada por Europa Press, los desplazamientos masivos comprenden tanto a quienes huyen de la violencia reciente como a personas desplazadas previamente por el sismo, a quienes se les recomendó retornar a sus hogares como una medida preventiva para evitar mayores riesgos. Las restricciones de movimiento en la zona fronteriza, impuestas por la persistencia del conflicto, han limitado la capacidad de las agencias humanitarias para proveer asistencia vital y otros apoyos necesarios, lo que impacta especialmente a quienes retornaron a Afganistán desde Pakistán y carecen de recursos inmediatos.

El reporte de Naciones Unidas indica que los civiles han resultado heridos o fallecidos tanto por fuego indirecto en combates transfronterizos que alcanzaron zonas residenciales, especialmente en las provincias de Paktiyá, Paktiká, Nangarhar, Kunar y Jost, como por ataques aéreos en Paktiká y Nangarhar. Los talibán calculan en alrededor de cincuenta el número de civiles fallecidos, mientras que UNAMA reportó al menos cuarenta y dos víctimas mortales, entre ellas menores de edad.

Europa Press recogió declaraciones oficiales en las que las organizaciones humanitarias subrayan la dificultad para registrar el alcance total del impacto debido a la inseguridad y al acceso limitado a las zonas afectadas. El cierre de hospitales y los daños a infraestructuras sanitarias han agravado la situación de quienes requieren atención médica urgente, sumado a la suspensión temporal de la distribución de alimentos básicos por parte del PMA, lo que deja sin cobertura de ayuda alimentaria a decenas de miles de afganos.

Respecto a las operaciones militares, las autoridades afganas indicaron que se han apoderado de al menos cuarenta puestos de control y cuatro bases en la frontera pakistaní tras las recientes ofensivas. El vocero del Ministerio de Defensa talibán, Enayatulá Juarazmi, afirmó —a través de un comunicado difundido en redes sociales y citado por Europa Press— que durante el último día capturaron trece posiciones militares y derribaron cinco drones, mientras que la cifra de fallecidos en filas paquistaníes se sitúa, según el reporte afgano, en cerca de ciento cincuenta soldados. En las últimas horas, también tres militares afganos perdieron la vida.

Las autoridades talibán han denunciado en el comunicado, según documentó Europa Press, que el ejército paquistaní traspasó en numerosas ocasiones el espacio aéreo afgano. Estas incursiones incluyeron ataques contra áreas residenciales, edificios públicos, mezquitas, escuelas y campos de desplazados ubicados en Kabul, Lagmán, Nangarhar, Kunar y Jost, entre otras localidades. Los talibán responsabilizan a las fuerzas pakistaníes por la escalada, mientras que Islamabad sostiene que la operación se cobró hasta este momento aproximadamente cuatrocientos combatientes talibán muertos.

El deterioro en las condiciones humanitarias representa un desafío persistente para la respuesta internacional en Afganistán, recalca Europa Press. Organizaciones en el terreno informan que las limitaciones para actuar en zonas afectadas por los combates, junto a las consecuencias del último gran terremoto, han reducido las posibilidades de acceso a servicios esenciales y asistencia para la supervivencia, incrementando la exposición de la población civil a nuevos riesgos derivados de la inestabilidad en la región.

Este martes en conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que el envío de remesas tengan relación con el lavado de dinero, y respaldó la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) —dependencia de la Secretaría de Hacienda (SHCP) que detecta operaciones sospechosas— para las observaciones de estos envíos en gobiernos anteriores.

“No hay nada en las investigaciones que pudiera orientar a que las remesas tienen que ver con algún asunto de lavado de dinero. La UIF ha hecho la investigación (…) a partir de la información de las entradas de recursos, no hay absolutamente nada que tenga que ver”, aseguró la mandataria.

Respecto a los análisis de reportes financieros de actividades económicas en administraciones pasadas, Sheinbaum recalcó que se está trabajando en ello: “En efecto, hay una evaluación que se tiene que hacer, la cual va a evaluar una parte de Peña Nieto y una parte del periodo del presidente López Obrador, se está trabajando para poder contestar todas las observaciones de lo que se hizo en el periodo anterior”.

Al ser cuestionada por un reportero sobre una presunta transferencia millonaria realizada por un ciudadano desde Afganistán, la presidenta aclaró cómo se catalogan ese tipo de envíos:

“Esas ya no son remesas, son transferencias de recursos. En todo caso, esas transferencias de dinero tienen que investigarse. Las remesas son pequeños montos de recursos que se envían cada mes a las familias mexicanas desde Estados Unidos; en todo caso si hay una transferencia a México de un valor muy grande, hay la obligación de investigar”, concluyó.

con información en desarrollo...

Las fuerzas terrestres de Afganistán atacaron posiciones militares de Pakistán en 16 puntos a lo largo de la frontera suroccidental a primera hora del martes y abrieron fuego contra múltiples puestos en el noroeste, lo que derivó en intensos enfrentamientos en los que murieron 67 miembros de las fuerzas afganas y un soldado paquistaní, mientras los combates entre las naciones vecinas entraban en su quinto día consecutivo, informaron las autoridades.

Pakistán “repelió con éxito estos múltiples ataques” a lo largo de la frontera con Afganistán, señaló el ministro de Información, Attaullah Tarar.

Tarar indicó en un mensaje en X que las fuerzas rivales llevaron a cabo asaltos terrestres en 16 puntos en los distritos suroccidentales de Qilla Saifullah, Nushki y Chaman, en la provincia de Baluchistán. Islamabad respondió con ataques de represalia que causaron 27 bajas entre las tropas afganas, agregó.

Según Tarar, Kabul lanzó también ataques en 25 lugares en las regiones fronterizas de Khyber Pakhtunkhwa, en el noroeste, donde las tropas paquistaníes mataron a 40 efectivos afganos.

Kabul no realizó comentarios acerca de las cifras ofrecidas por Pakistán.

Pakistán y Afganistán han afirmado repetidamente que causaron un gran número de bajas en el bando rival desde el jueves, cuando Afganistán lanzó ataques en represalia por bombardeos aéreos paquistaníes el domingo anterior. Desde entonces, Islamabad ha llevado a cabo operaciones a lo largo de la frontera, y Tarar manifestó el lunes que 435 miembros de las fuerzas de seguridad afganas murieron y 31 posiciones habían sido capturadas en los combates.

En Afganistán, el Ministerio de Defensa ha asegurado repetidamente al mundo, incluyendo los países vecinos, que no permitirá que su suelo sea utilizado contra otras naciones. “Repito una vez más que no permitiremos que ninguna persona o grupo utilice nuestro territorio contra otros países”, afirmó el vocero ministerial, Enayatullah Khawarazmi.

Khawarazmi explicó en un comunicado que las fuerzas afganas también respondieron a los ataques paquistaníes en las últimas 24 horas, destruyendo alrededor de una docena de puestos y matando a cuatro soldados. Hasta el momento, 28 soldados afganos han muerto y otros 42 resultaron heridos en los combates.

Por su parte, Hamdullah Fitrat, portavoz adjunto del gobierno afgano, acusó a Islamabad de violar el espacio aéreo afgano y atacar zonas públicas, incluyendo viviendas, mezquitas, madrasas e instalaciones públicas en las provincias de Kabul, Laghman, Nangarhar, Paktia, Kandahar y Kunar, además de campamentos de refugiados.

Estas operaciones dejaron 110 civiles fallecidos, incluidos 65 mujeres y niños.

“El Emirato Islámico considera la protección del pueblo y la defensa del sistema su derecho legítimo, y luchará contra el enemigo con este derecho legítimo hasta que se detenga esta agresión”, declaró.

Por su parte, la misión de Naciones Unidas en Afganistán pidió un cese inmediato de los combates y advirtió que el conflicto está empeorando la ya grave situación humanitaria del país. En un comunicado, apuntó que desde el 26 de febrero, al menos 146 civiles se han visto afectados por la violencia, con 42 muertos y 104 heridos, incluidas mujeres y niños. Las cifras son preliminares, señaló.

El último anuncio sobre la muerte de miembros de las fuerzas afganas se produjo un día después de que el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, defendió los ataques en curso en Afganistán afirmando que su país había probado todas las vías diplomáticas antes de atacar a milicianos que operan desde territorio afgano. Pidió a Kabul que desarme a los grupos responsables de ataques en Pakistán.

Pakistán ha descrito sus operaciones como una “guerra abierta” con Afganistán, lo que ha alarmado a la comunidad internacional. La zona fronteriza sigue siendo un bastión de los grupos insurgentes, incluyendo Al Qaeda y Estado Islámico.

Pakistán ha experimentado un repunte de la violencia en los últimos meses, que Islamabad atribuye a los ilegalizados talibanes, conocidos como Tehreek-e-Taliban Pakistan o TTP, que operan dentro de Pakistán y desde territorio afgano. Islamabad acusa al gobierno talibán de Kabul de proporcionar refugios seguros al TTP, algo que las autoridades afganas niegan.

Los últimos combates transfronterizos pusieron fin a un alto el fuego mediado por Qatar y Turquía en octubre. Las conversaciones en Estambul no lograron un acuerdo permanente, y las autoridades paquistaníes han dicho que las operaciones continuarán hasta que el gobierno afgano adopte medidas prácticas y verificables para contener al TTP y a otros insurgentes responsables de la violencia en su territorio.

(con información de AP)

El mandatario paquistaní Asif Ali Zardari resaltó que los recientes bombardeos y operaciones militares de Islamabad en la frontera con Afganistán han resultado en la muerte de más de 400 talibán y casi 600 heridos, de acuerdo con cifras proporcionadas por las autoridades. Según consignó el medio Europa Press, estos enfrentamientos se han intensificado tras la serie de ataques atribuidos al grupo Tehrik e Taliban Pakistan (TTP) y al Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), episodios por los que el gobierno paquistaní responsabiliza también a la supuesta intervención de la vecina India.

Durante una comparecencia ante el Parlamento, Zardari abordó la compleja situación de seguridad nacional, subrayando que “el suelo paquistaní es sagrado. No permitiremos que ninguna entidad, nacional o extranjera, utilice el territorio vecino para desestabilizar nuestra paz”. El presidente explicó que estos episodios de violencia se han desarrollado “en ambas fronteras, una tras otra”, haciendo referencia tanto a India como Afganistán, y destacó la reacción militar de Pakistán ante estas amenazas externas. Según indicó Europa Press, el dirigente hizo un reconocimiento explícito al accionar de las Fuerzas Armadas, a las que agradeció su “vigilancia, valentía y servicio”, asegurando que gracias a ellas “nos encontramos seguros en nuestros lugares de trabajo y hogares”.

El presidente Zardari defendió la respuesta de su gobierno ante los atentados perpetrados desde suelo afgano, aseverando que Islamabad ha actuado con “moderación estratégica y firme determinación” frente a los desafíos recientes a la soberanía paquistaní. De acuerdo con Europa Press, Zardari hizo alusión directa a la ofensiva impulsada por el TTP bajo las órdenes de Nur Wali Mehsud y mencionó que la campaña de atentados buscaba, según sus promotores, defender el Emirato Islámico de Afganistán. También aprovechó la sesión parlamentaria para destacar que, ante estos sucesos, “el liderazgo político se mantuvo unido; el pueblo, firme”, resaltando una postura cohesionada frente a la escalada de ataques.

Dentro de su discurso, el presidente insistió en que Pakistán ha intentado evitar una respuesta militar e impulsar la vía diplomática para la resolución de tensiones. Según Europa Press, Zardari manifestó que todas las formas posibles de diálogo se exploraron antes de declarar lo que calificó como una “guerra abierta” contra los grupos armados hostiles en la frontera. Citó como ejemplo las conversaciones mantenidas en Doha, capital de Qatar, donde grupos afganos prometieron no permitir que organizaciones terroristas utilizaran el territorio afgano para atacar a países vecinos. “Todas las promesas que hicieron en Doha, de no permitir que estos grupos terroristas operen desde suelo afgano, han sido olvidadas convenientemente”, denunció el presidente paquistaní ante el Parlamento, según recogió Europa Press.

Zardari también recalcó que Pakistán nunca ha tratado a la población afgana de otra forma que no sea como “parientes”, y reiteró la apertura de su gobierno al diálogo: “Nunca nos hemos alejado del diálogo. El pueblo afgano necesita un respiro de las guerras interminables (…) Les insto a que dejen de ser utilizados por otro país como campo de batalla para sus ambiciones”, declaró el mandatario, según reportó el medio. En esta línea, reiteró su rechazo a cualquier intento de desestabilización de la paz desde el territorio afgano y aseguró que la acción de Islamabad ha dejado “claros (sus) límites” a estas incursiones transfronterizas, tanto del TTP como del BLA, ambos supuestamente respaldados por la India.

Según Europa Press, las hostilidades recientes han provocado reacciones internacionales, luego de que las autoridades afganas denunciaran los bombardeos ejecutados por Pakistán ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Kabul ha afirmado que los ataques paquistaníes causaron la muerte de más de una decena de civiles, mientras que el movimiento talibán afgano elevó a más de medio centenar los civiles fallecidos como resultado de las operaciones militares de Islamabad.

El medio destacó que la cifra presentada por las fuerzas paquistaníes sobre bajas insurgentes difiere de la información ofrecida por los talibán afganos, quienes acusan a Pakistán de afectar a la población civil en el curso de su ofensiva. En medio de este contexto, la administración de Zardari continúa priorizando la seguridad fronteriza ante la amenaza que representan los grupos armados, manteniendo tanto la presión militar en la línea fronteriza como la estrategia diplomática en foros internacionales.

Europa Press recogió además el mensaje de Zardari, orientado a reforzar el sentido de unión nacional y la confianza en las fuerzas de seguridad, en un momento marcado por la tensión y el aumento de enfrentamientos en la zona de frontera compartida con Afganistán. La postura oficial de Islamabad permanece firme en su acusación hacia actores internacionales, particularmente India, sobre el respaldo a facciones hostiles que operan desde suelo afgano y baluchi, y en su compromiso de garantizar la integridad territorial y la estabilidad interna.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, declaró en una entrevista que el país norteamericano no entrará en conflictos prolongados similares a los experimentados en Afganistán e Irak. Según informó la cadena Fox News, Vance insistió en que la actual administración estadounidense, presidida por Donald Trump, mantendrá sus operaciones militares en Irán bajo objetivos claramente definidos y evitará embarcar al país en guerras de larga duración sin un desenlace concreto.

De acuerdo con lo publicado por Fox News y citado por otros medios, las declaraciones del vicepresidente se produjeron después de la ofensiva conjunta realizada el pasado sábado por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, que dejó más de quinientos muertos, incluyendo al ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán. La Media Luna Roja Iraní reportó la muerte de al menos quinientas cincuenta personas y confirmó que más de cien ciudades iraníes resultaron afectadas por los bombardeos.

JD Vance remarcó que, bajo la administración de Trump, Estados Unidos solo considerará la posibilidad de una intervención militar prolongada en la región si existe un objetivo claramente establecido, diferenciándose así de los conflictos anteriores en Afganistán e Irak que, según sus palabras, carecieron de metas definidas y desembocaron en largos periodos de intervención militar. “De ninguna manera —lo dije antes de que comenzara el conflicto y lo repito— Donald Trump va a permitir que este país se vea envuelto en un conflicto de varios años sin un final claro a la vista ni un objetivo claro”, afirmó Vance durante la entrevista.

Entre los objetivos estratégicos mencionados por la Casa Blanca, Vance señaló la exigencia de que Irán no disponga de armas nucleares y establezca un compromiso duradero para no buscar la reconstrucción de su capacidad nuclear. A su juicio, la claridad de este objetivo evita que Estados Unidos se encamine hacia escenarios similares a los vividos en Oriente Medio en décadas pasadas.

Donald Trump, en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca el lunes, amplió detalles sobre la duración prevista de la actual operación en Irán, denominada Operación Furia Épica. Trump declaró que las tareas militares podrían extenderse entre cuatro y cinco semanas, aunque recalcó que Washington tiene la capacidad logística y de recursos para sostener la ofensiva durante un periodo mucho más prolongado, si fuera necesario. “Hemos hecho una proyección de cuatro a cinco semanas, pero tenemos capacidad de durar mucho más allá”, aseguró el presidente según consignó Fox News. Añadió que la continuidad de la operación no depende del interés personal o del cansancio y que las acciones militares no perderán vigencia tras la primera semana.

Los reportes de la Media Luna Roja Iraní indicaron que los bombardeos causaron daños en más de cien núcleos urbanos en Irán, reflejando el alcance geográfico de la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel. El número de víctimas aumentó rápidamente en las horas posteriores al inicio de los ataques, conforme se fueron contabilizando los fallecidos en distintas regiones del país.

El contexto de estas declaraciones refleja el debate sobre la política exterior estadounidense a raíz del reciente ataque y el recuerdo de las consecuencias derivadas de las guerras en Afganistán e Irak. Según el medio Fox News, la administración Trump busca diferenciarse de las estrategias pasadas adoptando objetivos concretos y limitados en sus incursiones militares, buscando evitar la prolongación y escalada de los conflictos.

Conforme han avanzado las operaciones, funcionarios estadounidenses reiteraron que la prioridad fundamental es que Irán no alcance capacidades nucleares ni las reconstruya en el futuro, asegurando que este es el eje principal de las demandas presentadas a Teherán en el contexto actual. Este posicionamiento procura circunscribir la intervención militar a un marco temporal restringido y con demandas específicas que permitan su cierre una vez que se cumplan las condiciones impuestas, señaló Fox News.

Las autoridades estadounidenses transmitieron este mensaje tanto a audiencias nacionales como internacionales, enfatizando en la diferencia de enfoque frente a otras intervenciones militares cuyo desenlace resultó incierto y cuya duración superó los plazos originalmente previstos.

El balance de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, los objetivos políticos y estratégicos declarados por la administración Trump, y las repercusiones sobre la región y la política exterior estadounidense, continuarán siendo objeto de atención, según detallaron los medios citados en el desarrollo de la emergencia.

El ministro de Información de Pakistán, Ataulá Tarar, comunicó que 185 unidades entre tanques, vehículos blindados y piezas de artillería han quedado destruidas, y precisó que los bombardeos han alcanzado 46 localidades en Afganistán. Con ese balance, el funcionario presentó el informe más reciente acerca de la ofensiva militar que Islamabad mantiene contra el grupo Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), conocido como talibán paquistaní. Según publicó Tarar en sus redes sociales, el total de combatientes fallecidos se cifra en 415 y el de heridos supera los 580. El medio El Mundo reportó estas cifras oficiales sobre el impacto de la operación.

El viernes, el gobierno paquistaní declaró una situación de “guerra abierta” con los talibán tras una serie de ataques provenientes de fuerzas afganas el día anterior. Como respuesta, Pakistán ejecutó bombardeos dirigidos no solo contra el grupo TTP sino también sobre la capital afgana y la ciudad de Kandahar. Las fuerzas desplegaron acciones en diversas localidades, marcando un incremento sustancial en el enfrentamiento a lo largo de la frontera entre Afganistán y Pakistán, detalla El Mundo.

Desde Islamabad, las autoridades denominan a los miembros del TTP “talibán paquistaníes”, aunque el fenómeno no corresponde a un vínculo directo con los talibán afganos. Islamabad emplea la expresión “Fitna al Juarij” para el grupo, subrayando que lo considera desviado del camino religioso del islam. La última ofensiva se produce en un contexto de intensificación de la violencia: los ataques perpetrados por TTP han crecido en frecuencia e intensidad durante los meses recientes, ocasionando numerosas muertes entre civiles y fuerzas de seguridad, principalmente en la provincia de Jáiber Pastunjua.

El gobierno de Pakistán sostiene que este repunte de la violencia se atribuye a la presencia del TTP en territorio afgano y a la falta de acciones efectivas por parte de Kabul para contener sus operaciones transfronterizas. El Mundo detalló que, según el movimiento talibán afgano, la ofensiva habría causado la muerte de al menos cincuenta civiles, mientras continúan los enfrentamientos y bombardeos en torno a núcleos urbanos y rurales próximos a la frontera común.

La frontera entre Pakistán y Afganistán representa además el epicentro de una larga disputa territorial. El origen del desacuerdo se remonta a la Línea Durand, establecida en 1893 tras un acuerdo entre el secretario de Exteriores británico en la India, Mortimer Durand, y el emir afgano Abdur Rahman Jan, que determinó las respectivas esferas de influencia en la región. La ausencia de consenso sobre el carácter definitivo de dicha demarcación ha sostenido tensiones que se reflejan ahora en una mayor inestabilidad y en las operaciones armadas descritas por El Mundo.

El TTP, origen del incremento de la actividad armada, ha sido señalada reiteradamente desde Islamabad como responsable de ataques que han afectado la vida cotidiana en varias provincias del noroeste paquistaní. El Mundo consignó que durante los últimos años la agrupación adquirió notoriedad por su capacidad para realizar atentados que combinan tácticas de guerrilla con emboscadas urbanas. Los datos oficiales divulgados indican un número de bajas superior a los 400 combatientes solamente durante la actual ofensiva, que forma parte de una estrategia de Islamabad para limitar la influencia de TTP y restringir su capacidad operativa en la región.

Las consecuencias de la actual operación militar han impactado con fuerza sobre la población civil y la infraestructura local de ambos lados de la frontera. Los informes publicados recogen denuncias sobre daños significativos en viviendas, desplazamientos forzados y el temor creciente entre las comunidades próximas a la Línea Durand. La falta de acuerdo entre Kabul e Islamabad acerca de las rutas y métodos de combate ha complicado la coordinación para la atención a víctimas y la reconstrucción, según reportó El Mundo.

La ofensiva paquistaní responde a una serie de eventos recientes, entre ellos el incremento en las actividades de los denominados talibán paquistaníes y el contexto de inseguridad crónica que caracteriza a la zona limítrofe. Desde ambos gobiernos se han producido intercambios de acusaciones relativas a la protección e impulso de distintos grupos armados, mientras reportes de organismos internacionales evidencian el impacto humanitario tanto en vidas como en desplazamientos internos.

El número de fallecidos y heridos, así como las cifras sobre equipamiento militar destruido, subrayan el carácter sostenido del conflicto y el nivel de violencia que persiste en la frontera. De acuerdo con la última evaluación oficial, recogida por El Mundo, no se estima un descenso inmediato en las hostilidades mientras continúan los ataques y el despliegue militar en el área.

Durante el rezo dominical del Ángelus en la plaza de San Pedro, el papa León XIV expresó su “sentido llamamiento” dirigido a todas las partes implicadas en los recientes acontecimientos que atraviesan Medio Oriente, solicitando que “asuman la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable”. Según publicó la prensa internacional, el pontífice alertó sobre “la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes”, tras los ataques vinculados a las actuaciones de Estados Unidos e Israel en territorio iraní, e instó a fortalecer el camino del diálogo y de la diplomacia en la región.

El medio detalló que el papa utilizó su mensaje posterior al Ángelus para enfatizar que “la estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con las armas, que siembran destrucción, dolor y muerte, sino solo a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable”. Esta declaración llegó luego de las acciones militares recientes en Irán, que han elevado la tensión y generado preocupación internacional por una posible escalada mayor del conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con los reportes, León XIV solicitó que “la diplomacia recupere su papel y se promueva el bien de los pueblos, que anhelan una convivencia pacífica basada en la justicia”. Así, el líder de la Iglesia católica centró su petición en que ninguna de las partes apueste por la confrontación militar como respuesta a las disputas existentes, y llamó a los responsables políticos y militares a priorizar el entendimiento y a buscar soluciones a través de negociaciones responsables.

Según consignó la misma fuente, el papa extendió su preocupación más allá de Oriente Medio, refiriéndose también a la situación en el sur de Asia. Informó que había recibido reportes sobre “enfrentamientos entre Pakistán y Afganistán” y expresó su deseo de que ambas partes retomen de forma urgente las vías de diálogo. León XIV afirmó haber “elevado la súplica por un regreso urgente al diálogo”, señalando la importancia de evitar una escalada de violencia en esa región fronteriza, que nuevamente enfrenta episodios de tensión que afectan la vida de miles de habitantes en la zona.

La intervención del pontífice abordó, además, una tragedia humanitaria en el continente americano. León XIV declaró “estar cerca” de las comunidades del estado brasileño de Minas Gerais que han sufrido el impacto de graves inundaciones. El papa expresó su solidaridad con “las víctimas, las familias que han perdido su hogar y quienes están comprometidos en las operaciones de socorro”, y confirmó sus oraciones por la recuperación de los damnificados.

El llamado de León XIV, según señaló la prensa internacional, se produjo en un contexto internacional marcado por fuertes tensiones geopolíticas y crisis humanitarias en distintos continentes. Sus pronunciamientos tras el Ángelus se orientaron a instar a los líderes mundiales a actuar con responsabilidad y a colocar la dignidad humana y el bienestar de los pueblos en el centro de sus decisiones, favoreciendo la diplomacia y el entendimiento por encima de las respuestas armadas o coercitivas.

Las palabras del papa han sido interpretadas como una exhortación a reflexionar sobre el camino elegido en los conflictos actuales y la necesidad de priorizar alternativas no violentas. El mensaje, transmitido a miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro y seguido por millones en todo el mundo, enfatizó la urgencia de frenar la escalada militar en Irán y sus posibles repercusiones, así como de atender los focos de violencia en otras regiones del planeta.

A lo largo de su alocución, León XIV insistió en el rol de la diplomacia y el diálogo real como únicas vías eficaces para resolver disputas y crisis internacionales, reiterando la petición de que las partes involucradas nunca renuncien a la búsqueda de entendimientos y acuerdos sostenidos sobre la justicia y el respeto recíproco.

El portavoz de Exteriores de la oficina del primer ministro de Pakistán, Mosharraf Zaidi, adelantó en redes sociales que Islamabad ha incluido a los talibán paquistaníes dentro del balance de muertos y heridos que comunica como víctimas talibán afganas. Esta precisión surge mientras se intensifica el conflicto en la frontera entre Pakistán y Afganistán, situación que, de acuerdo con fuentes oficiales citadas por Geo TV, ha elevado el número de fallecidos a 352 entre los talibán, según informó el ministro de Información paquistaní, Ataulá Tarar.

Según publicó Geo TV, el Gobierno de Pakistán actualizó las cifras de la escalada de violencia, incrementando el recuento de talibán muertos de 331 a 352 en un contexto de enfrentamientos más intensos tras los recientes bombardeos del ejército paquistaní sobre posiciones en Afganistán. El ministro Tarar detalló además que los combates han dejado más de 535 afganos heridos y que las fuerzas militares de Pakistán han destruido 130 puestos fronterizos y capturado otros 26. El balance oficial también incluye la destrucción de al menos 171 tanques y vehículos, resultado de ataques dirigidos contra 41 ubicaciones dentro del territorio controlado por los talibán.

Tarar aclaró en sus declaraciones que los datos corresponden a talibán afganos, aunque admitió que en su balance oficial Islamabad hace una integración de los talibán paquistaníes con los afganos, lo que ha sido subrayado por Mosharraf Zaidi en sus comunicados públicos. Este matiz adquiere relevancia en un escenario donde la identificación de las fuerzas enfrentadas y el origen de las bajas permanece confuso, incrementando las disputas discursivas entre los gobiernos de ambos países.

El medio consignó también declaraciones del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, Tahir Hussain Andrabi, quien rechazó las informaciones provenientes de Kabul sobre la presunta destrucción de un avión militar paquistaní y la supuesta detención de su piloto. Andrabi calificó tales afirmaciones, formuladas por las autoridades talibán afganas, como “falsas y sin fundamento”. Durante los combates del sábado, fuentes afganas reportaron el derribo del avión y la captura del piloto, lo que amplificó el cruce de acusaciones sobre la veracidad de los reportes militares.

El viernes previo, Islamabad declaró una “guerra abierta” contra los talibán tras una serie de ataques por parte de las fuerzas afganas el jueves, eventos que motivaron a Pakistán a ordenar bombardeos sobre la capital afgana y otras ciudades clave como Kandahar. Estos ataques se produjeron a pocos días de que Afganistán denunciara ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una ola de bombardeos paquistaníes en su territorio, señalando que los mismos causaron la muerte de más de diez civiles, según informó Geo TV.

De acuerdo con la versión oficial emitida por las autoridades de Pakistán y publicada por Geo TV, Islamabad justificó sus acciones asegurando que los ataques aéreos se dirigieron exclusivamente contra campamentos y refugios considerados terroristas, incluyendo posiciones del Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y del grupo Estado Islámico. Estos bombardeos, según el comunicado, fueron en represalia por recientes atentados suicidas registrados en territorio paquistaní.

En el ámbito internacional, la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, emitió un pronunciamiento condenando la escalada de violencia en la frontera entre ambos países. Kallas solicitó tanto a Pakistán como a Afganistán que aborden sus divergencias a través del diálogo y llamó a una desescalada “inmediata”, subrayando la exigencia de que todas las partes involucradas observen el respeto al Derecho Internacional, según reprodujo Geo TV.

Las hostilidades, que según los reportes de Geo TV han causado una fuerte destrucción material y elevado número de víctimas, mantienen a la región en un estado de alta tensión. Islamabad ha defendido la necesidad de sus operaciones militares como una respuesta directa a los ataques sufridos en su territorio, mientras que Kabul sostiene que los bombardeos paquistaníes han producido víctimas civiles y afectan gravemente la estabilidad del país. En este contexto, numerosos actores internacionales insisten en la urgencia de detener los ataques y buscar un proceso de negociación que reduzca el nivel de enfrentamiento armado.

El impacto de los recientes bombardeos de Pakistán en Afganistán se refleja en la destrucción de viviendas y en los graves perjuicios económicos sufridos por la población civil de distintas provincias, según autoridades afganas. A raíz de estas operaciones militares, el Ejecutivo talibán ha informado que al menos 52 personas murieron, incluidos un elevado número de mujeres y menores, según publicó el medio original. El viceportavoz talibán Hamdulá Fitrat comunicó en redes sociales que los ataques, iniciados la noche del 21 de febrero, afectaron principalmente campamentos para desplazados, espacios residenciales y lugares públicos.

De acuerdo con la información divulgada por Hamdulá Fitrat, el régimen militar paquistaní lanzó acciones armadas contra grandes campos de desplazados en las provincias de Nangarhar, Kandahar, Paktika, Jost, Kunar y Nangarhar. Estos hechos, según publicó la fuente original, provocaron un saldo de 66 personas heridas y causaron la destrucción completa de ocho viviendas, mientras que otras 14 sufrieron daños parciales. Fitrat añadió que los ataques también generaron importantes pérdidas económicas para la población afectada, en su mayoría integrada por civiles.

El Ministerio de Refugiados afgano denunció que el bombardeo de los campamentos de Torjam y Spin Boldak tuvo carácter indiscriminado. El medio original detalló que entre los fallecidos predominan mujeres y niños que se encontraban en esos asentamientos, desplazados por situaciones previas de inseguridad.

Estos acontecimientos se producen en un contexto de creciente tensión entre las autoridades de Pakistán y el Gobierno talibán. Según informa la fuente, Islamabad proclamó una “guerra abierta” contra los talibán el viernes siguiente a una serie de ataques lanzados desde territorio afgano el jueves anterior, acciones que impulsaron la decisión de bombardear varias zonas dentro de Afganistán. Además de la capital afgana, ciudades como Kandahar resultaron alcanzadas por la ofensiva militar paquistaní, reportó el medio citado.

Las declaraciones oficiales del Gobierno de Pakistán atribuyen el inicio de esta escalada militar a una serie de ataques realizados previamente por fuerzas afganas. En respuesta, lanzaron bombardeos sobre objetivos estratégicos en varias provincias de Afganistán, con importantes consecuencias para la población local tanto en términos de víctimas como de daños materiales.

El conflicto actual ha tenido especial incidencia sobre los desplazados internos, una población particularmente vulnerable por las condiciones en las que viven en los campamentos. Las autoridades afganas insisten en que la afectación sobre viviendas civiles y campamentos se traduce en un agravamiento de la emergencia humanitaria, incrementando la vulnerabilidad de menores y mujeres. A raíz de la ofensiva, muchas familias han perdido su lugar de residencia y su fuente de subsistencia, lo cual profundiza la crisis en la región, según detalló la fuente.

El episodio se suma a una serie de acontecimientos que han deteriorado la relación entre ambos países y han colocado a las poblaciones fronterizas bajo un aumento de violencia y precariedad. El Gobierno talibán sostiene que la magnitud del daño sufrido en las distintas provincias aún se encuentra bajo evaluación, mientras persisten las denuncias sobre víctimas civiles y pérdidas materiales a gran escala, según consignó el medio citado.

La cifra de vehículos y tanques destruidos en territorio afgano ha alcanzado los 163, según el último balance detallado por el Gobierno de Pakistán. Estos daños materiales forman parte de una operación militar en la que también se han registrado bombardeos contra 37 localizaciones diferentes bajo control de los talibán afganos. Según informó el medio Tolo News y fue confirmado por las autoridades paquistaníes, Islamabad reportó que más de 331 combatientes talibán afganos murieron durante los recientes enfrentamientos en la frontera entre ambos países, lo que supone un incremento significativo respecto al balance anterior divulgado solo unas horas antes.

El ministro de Información de Pakistán, Ataulá Tarar, explicó en declaraciones públicas que el número de heridos supera los 500. Además, precisó que los militares de Pakistán han destruido 104 puestos fronterizos y capturado otros 22, como parte de la campaña desarrollada por el ejército de su país en respuesta a una serie de ataques armados e incidentes en la frontera. Según publicó Tolo News, Tarar insistió en que estos balances se refieren a talibán afganos, aunque Islamabad acostumbra a agrupar en su conteo tanto a combatientes afganos como pakistaníes vinculados a la insurgencia.

De acuerdo con Tolo News, Mosharraf Zaidi, portavoz de Exteriores de la oficina del primer ministro de Pakistán, recordó que desde el inicio de la operación las autoridades del país consideran a los talibán paquistaníes, conocidos como Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), como parte consustancial de los talibán afganos debido a la relación y cooperación entre ambos movimientos armados. A través de redes sociales, el ministro paquistaní Ataulá Tarar hizo pública su postura: “La complicidad entre los terroristas y el régimen talibán afgano es ahora más que evidente. Hemos reiterado que existe una complicidad entre los atentados suicidas y los atentados terroristas que se llevan a cabo en Pakistán, y que se está utilizando el territorio afgano”, declaró el funcionario.

Según consignó Tolo News, el Gobierno de Pakistán justificó los bombardeos sobre posiciones en Afganistán como respuesta directa al incremento de atentados suicidas, atribuidos tanto al TTP como al grupo Estado Islámico, organizaciones consideradas apoyadas o amparadas por el régimen instalado en Kabul. Según informaron medios oficiales, la escalada bélica incluyó ataques a la capital afgana y otros centros urbanos como Kandahar, lo que marcó un aumento significativo de las hostilidades.

Durante la madrugada del sábado, los enfrentamientos en la frontera prosiguieron: de acuerdo con Tolo News, la destrucción de puestos fronterizos provocó que parte del personal afgano se retirara de las zonas atacadas. Por su parte, las autoridades afganas informaron sobre la destrucción de un avión militar paquistaní y la captura del piloto, según la información transmitida por la cadena afgana.

Tolo News también sostuvo que los ministros de Exteriores de Pakistán y Afganistán mantuvieron conversaciones telefónicas con el responsable de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, para abordar la situación fronteriza y explorar vías diplomáticas para reducir la tensión. Según comunicó el Ministerio de Exteriores afgano tras el contacto, “El príncipe Faisal bin Farhan acogió con satisfacción la posición de Afganistán que pide diálogo y medios políticos para resolver las disputas, y destacó los continuos esfuerzos del Reino para apoyar los esfuerzos encaminados a lograr la calma y la estabilidad”, en referencia al papel de mediación que busca desempeñar Arabia Saudí en la crisis.

La actual ofensiva militar paquistaní se formalizó después de que, la mañana del viernes, Islamabad declarara el inicio de una “guerra abierta” contra los talibán, en respuesta a una serie de ataques por parte de fuerzas afganas durante el jueves. Esta declaración de guerra vino acompañada de la intensificación de bombardeos contra la capital afgana y otras ciudades, lo que ha provocado una espiral de violencia que afecta al personal y a las infraestructuras en la frontera entre los dos países vecinos.

En las últimas jornadas, según detalló Tolo News, las denuncias y acusaciones cruzadas entre ambos gobiernos se han incrementado, mientras la comunidad internacional observa la evolución de una crisis que involucra múltiples actores regionales. El conflicto entre Pakistán y Afganistán mantiene la atención sobre la frontera, en un contexto en el que continúan las operaciones militares, los enfrentamientos y la destrucción de posiciones estratégicas, en paralelo a intentos de mediación externa como los liderados por Arabia Saudí.

El señalamiento por parte de las autoridades talibán afganas de que los recientes bombardeos lanzados por el Ejército de Pakistán han causado al menos 19 civiles muertos y 26 heridos solo en las provincias de Jost y Paktika ha marcado una nueva etapa de tensión en la región, con la mayoría de las víctimas identificadas como mujeres y niños, según el portavoz adjunto de los talibán, Hamdulá Fitrat. Frente a este panorama, la Unión Europea ha intervenido solicitando con urgencia una desescalada y respeto al derecho internacional tras el repunte de violencia entre Afganistán y Pakistán. De acuerdo con información difundida por el Consejo Europeo a través de sus redes sociales y recogida por diversas plataformas informativas, Bruselas instó a ambas partes a buscar soluciones a través del diálogo y el respeto pleno del derecho humanitario, especialmente en lo concerniente a la protección de la población civil.

Según publicó el medio, la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, condenó de forma tajante el aumento de la violencia fronteriza, en especial los ataques transfronterizos y los incidentes registrados en las últimas 24 horas, subrayando que esta escalada puede acarrear graves consecuencias para la estabilidad regional. “Hacemos un llamamiento a todos los actores para que desescalen de inmediato y cesen las hostilidades”, se expresó en el comunicado distribuido oficialmente por el Consejo Europeo. La declaración remarcó la preocupación de la UE por el uso del territorio afgano en operaciones que puedan amenazar la seguridad de otros países, solicitando las “medidas eficaces” por parte de las autoridades de facto afganas para enfrentar a todos los grupos terroristas presentes en su territorio o que actúen desde allí.

En los pronunciamientos de Bruselas, la exigencia de un respeto absoluto al derecho humanitario ha ocupado una posición central. Se recalcó la necesidad de evitar daños a civiles y la destrucción de infraestructuras esenciales. “Deben tomarse todas las precauciones posibles para evitar más daños a la población civil”, insistió Kallas en el mismo comunicado, citado por el Consejo Europeo.

Esta crisis en la frontera se desató tras la denuncia de Afganistán ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por una serie de bombardeos efectuados por la aviación pakistaní en territorio afgano. El Gobierno afgano atribuyó estos ataques a operaciones militares paquistaníes llevadas a cabo como represalia a incidentes recientes, informando que las acciones se cobraron la vida de más de una decena de civiles. Islamabad, por su parte, sostuvo que los bombardeos se dirigieron contra “campamentos y escondites terroristas” pertenecientes al grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), el conocido como los talibán paquistaníes, así como al grupo yihadista Estado Islámico, como respuesta a una serie de ataques suicidas ocurridos recientemente en territorio paquistaní.

El Ejército de Pakistán proporcionó sus propios balances sobre la operación, estimando en 297 el número de presuntos talibán y “terroristas” muertos durante los bombardeos realizados en numerosas localizaciones dentro de Afganistán, incluyendo la capital, Kabul. El ministro de Información paquistaní, Ataulá Tarar, elevó además a más de 450 los heridos, detallando que en el curso de la ofensiva se destruyeron 89 puestos de control, se capturaron 18 posiciones y se destruyeron 135 tanques y vehículos armados en 29 ubicaciones repartidas por todo Afganistán. El comunicado oficial paquistaní también reportó la muerte de al menos 12 militares de ese país, una cifra considerablemente menor a la presentada por las autoridades afganas, lo que pone en evidencia la diferencia de percepciones y el desacuerdo en torno a las cifras.

El contexto de estos enfrentamientos aparece marcado por acusaciones mutuas y una tensión creciente en la frontera, circunstancia que ha impulsado a la Unión Europea a multiplicar sus llamados a la moderación y al uso de canales diplomáticos para resolver las diferencias entre ambos Estados. Tal como detalló el Consejo Europeo, Bruselas llamó de forma directa a las autoridades afganas a que actúen contra los grupos armados que operan dentro de su país, en alusión tanto a organizaciones vinculadas al terrorismo internacional como al TTP, cuya actividad sostiene Islamabad como fuente de inseguridad y ataques en su propio territorio.

La declaración de la Alta Representante de la Unión Europea pide a ambos Estados que prioricen la vía del diálogo y las soluciones diplomáticas, considerando la urgencia de detener la escalada y proteger a las personas ajenas al conflicto. Las hostilidades recientes, centradas principalmente en la línea fronteriza y acentuadas por los ataques aéreos y terrestres, han incrementado la preocupación internacional sobre la posibilidad de nuevos episodios de violencia y desplazamientos forzados.

Dentro del balance de víctimas civiles proporcionado por los talibán afganos, Fitrat manifestó sus condolencias por los fallecidos, señalando la magnitud del daño humano y subrayando que se trató principalmente de una afectación a mujeres y menores de edad. Expresó también deseos de pronta recuperación para los heridos a través de mensajes difundidos en redes sociales.

Las posiciones divergentes entre Kabul e Islamabad en cuanto a los resultados de los ataques, así como las justificaciones ofrecidas por ambos gobiernos, han dificultado hasta ahora la instauración de mecanismos de solución o investigación conjunta. Según los reportes recogidos por el Consejo Europeo, la falta de entendimiento sobre el alcance del daño producido por las acciones militares, sumada a la persistencia de actividades de grupos armados en la zona, sostiene la tensión en los niveles más altos de los últimos meses.

Los comunicados europeos han remarcado especialmente el riesgo que supone la recurrencia de ataques de represalia y la utilización de territorio afgano como base para operaciones hostiles en terceros países. En este sentido, la Unión Europea pidió directamente a las autoridades de facto afganas la implementación de acciones concretas y verificables contra cualquier agrupación armada que opere desde su territorio, en línea con los compromisos internacionales de Afganistán tras la retirada de las fuerzas extranjeras.

Mientras la situación humanitaria en las zonas afectadas continúa agravándose, la demanda internacional de respeto a los derechos humanos y la protección de los civiles adquiere cada vez más peso en los foros regionales y globales. Al mismo tiempo, la presión de la UE sobre ambas partes apunta tanto a prevenir nuevas crisis como a establecer un proceso de diálogo abierto, en el que se prioricen la estabilidad y la seguridad en toda la región fronteriza.

El Gobierno peruano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, expresó su preocupación por los recientes enfrentamientos militares ocurridos en la frontera entre Pakistán y Afganistán. En un comunicado oficial, la Cancillería indicó que las hostilidades han afectado a la población civil y comprometido la estabilidad y la paz regionales.

El pronunciamiento señala que el Perú se suma a la exhortación formulada por el Secretario General de las Naciones Unidas, quien pidió un cese inmediato de las hostilidades. Asimismo, la Cancillería peruana instó a ambas partes a privilegiar los canales diplomáticos y el diálogo directo como mecanismos para reducir las tensiones y prevenir nuevos enfrentamientos.

Respeto del derecho internacional

El comunicado enfatiza la necesidad de respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario y los propósitos y principios de la Carta de la ONU, reiterando el compromiso del Perú con la solución pacífica de controversias y la protección de la población civil.

La Cancillería subraya que la vía diplomática debe prevalecer sobre cualquier confrontación militar, destacando que la comunidad internacional ha instado a evitar acciones que puedan escalar el conflicto en la región surasiática, donde la estabilidad geopolítica es frágil y la población civil ha sido gravemente afectada.

Declaración de guerra

El conflicto se intensificó tras la declaración de “guerra abierta” emitida por el gobierno de Pakistán contra las autoridades talibanas en Afganistán. En los últimos días, fuerzas afganas atacaron tropas fronterizas pakistaníes en represalia por bombardeos previos, mientras que Pakistán respondió con ataques aéreos sobre varias ciudades afganas, incluida la capital Kabul.

Estas acciones reanudaron un ciclo de violencia que ha generado preocupación internacional, dado que Pakistán es una potencia nuclear y cualquier escalada podría tener repercusiones regionales y globales. El Gobierno peruano hizo un llamado a la contención y al uso de la diplomacia para garantizar la protección de los civiles y la estabilidad en la región.

¿Por qué Pakistán y Afganistán están en guerra?

Las hostilidades entre Pakistán y Afganistán alcanzaron un nuevo nivel tras una serie de ataques transfronterizos que provocaron decenas de víctimas y una mayor inestabilidad en la región. Con base en fuentes de CNN, el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, declaró que la paciencia de su país se había agotado frente a las acciones del gobierno talibán afgano, catalogando la situación como una “guerra abierta”. La ofensiva militar, denominada “Operación Furia Justa”, incluyó bombardeos aéreos paquistaníes sobre ciudades clave como Kabul, Paktia y Kandahar, dirigidos a instalaciones de defensa bajo control talibán.

El conflicto actual tiene raíces complejas. Tras la retirada de Estados Unidos y el regreso del Talibán al poder en Afganistán en 2021, Pakistán comenzó a experimentar un aumento en la violencia islamista en su territorio. Islamabad responsabiliza a los militantes del Talibán pakistaní —un grupo diferente, pero ideológicamente cercano— de estos ataques y acusa a Kabul de brindarles refugio. De acuerdo con datos del ejército paquistaní citados, más de 1.200 personas murieron en ataques insurgentes en Pakistán en 2025, una cifra que duplica la registrada tras la retirada estadounidense.

Las diferencias militares entre ambos países son notables. Pakistán dispone de un ejército altamente equipado, con unos 660.000 efectivos activos y tecnología moderna, incluidas fuerzas aéreas y armamento de fabricación estadounidense y china. En contraste, el Talibán afgano opera con menos de 200.000 combatientes y carece de fuerza aérea funcional, aunque ha incorporado drones y armamento abandonado tras la retirada de EE.UU. De acuerdo a especialistas, la escalada podría derivar en una ola de violencia urbana si no se retoman negociaciones, mientras ambos gobiernos intercambian acusaciones sobre el apoyo a grupos insurgentes y la protección de líderes extremistas.

El Departamento de Estado, a través de un portavoz citado por Europa Press, afirmó que "Estados Unidos apoya el derecho de Pakistán a defenderse frente a los ataques de los talibán". Según el mismo portavoz, el grupo talibán "no ha cumplido de forma sistemática con sus compromisos en la lucha contra el terrorismo" y ha "permitido" con ello una escalada de violencia que afecta la estabilidad regional. Washington indicó, además, que "los grupos terroristas utilizan Afganistán como plataforma para lanzar sus atroces ataques". Este posicionamiento incluye referencia clara a la preocupación estadounidense por actividades de grupos considerados de alto peligro, como el Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y Estado Islámico.

Reportó Europa Press que la Administración Trump manifestó su pesar por las víctimas mortales derivadas de la más reciente escalada de enfrentamientos entre fuerzas pakistaníes y talibán. Las tensiones se intensificaron luego de que Islamabad declarara una "guerra abierta" contra los talibán, tras una serie de ataques desde Afganistán el jueves, lo que desencadenó bombardeos pakistaníes sobre la capital afgana y zonas como Kandahar.

En este contexto, la embajada estadounidense reiteró su llamado a la prudencia y recordó a sus ciudadanos la importancia de observar buenas prácticas de seguridad, actualizar el registro en el sistema STEP, evitar multitudes y seguir la información de los medios locales. Esa recomendación surge un día después de que Estados Unidos elevara a nivel 3 el aviso de viaje para Pakistán, lo que implica la recomendación de "reconsiderar los viajes" hacia ese país por el riesgo de terrorismo y de conflicto armado inminente. En dicha alerta se señala que "algunas zonas presentan mayor riesgo" y se desaconseja todo tipo de desplazamiento a Baluchistán y Jaiber Pastunjuá, incluida la antigua FATA y zonas inmediatas a la línea de control, calificadas como de nivel 4, el máximo nivel de advertencia.

El deterioro de la seguridad fronteriza se produjo luego de la denuncia de las autoridades afganas ante el Consejo de Seguridad de la ONU por bombardeos ejecutados por Pakistán, en los que, según Kabul, murieron más de una decena de civiles. Islamabad, por su parte, sostuvo que los ataques aéreos estuvieron dirigidos contra campamentos y refugios del TTP y del Estado Islámico, como parte de una operación de represalia tras varios atentados suicidas ocurridos recientemente en territorio pakistaní.

Europa Press detalló que el ambiente de tensión se ha intensificado tras varias jornadas de violencia, con ataques y bombardeos que han afectado ciudades fronterizas y mantenido el riesgo en niveles considerados extremos por varios gobiernos. Estados Unidos insistió en que la población extranjera en Pakistán debe atender las medidas de precaución, pues la situación sigue siendo incierta ante el recrudecimiento de las hostilidades y el despliegue de operaciones militares en las zonas en conflicto.

La respuesta de las autoridades pakistaníes estuvo marcada por la justificación de sus bombardeos como acción necesaria frente al incremento de los ataques atribuidos a talibán paquistaníes y militantes del Estado Islámico. El uso de la fuerza por parte de Islamabad, según explicaron fuentes oficiales a Europa Press, está directamente vinculado a la detección de actividades coordinadas por parte de grupos yihadistas desde territorio afgano, lo que llevó al desarrollo de operaciones aéreas focalizadas.

En el comunicado difundido por la embajada estadounidense se incluyeron recomendaciones para los ciudadanos que permanecen en Pakistán, orientadas a reducir su exposición y aumentar su seguridad personal a través de la vigilancia constante del entorno y la minimización del contacto con áreas de alto flujo de personas. La embajada reforzó el llamado a la actualización de los datos de viaje y a la consulta permanente de fuentes informativas locales para conocer la evolución de la situación de seguridad.

Europa Press subrayó que, en este contexto, la cooperación y coordinación internacional en materia de seguridad adquiere un papel central, dada la complejidad de los eventos y la presencia de actores armados no estatales involucrados en acciones violentas a ambos lados de la frontera. La postura estadounidense, según lo publicado por Europa Press, remarca la expectación y preocupación ante la posible propagación de la conflictividad hacia otras regiones, así como el impacto que estos enfrentamientos pueden tener sobre la estabilidad regional y la seguridad de la población civil, incluidos los ciudadanos extranjeros residentes en el área.

La recomendación de evitar desplazamientos y extremar precauciones permanecerá vigente mientras persistan las amenazas vinculadas a la actividad de grupos armados y la escalada de hostilidades entre Pakistán y los talibán. Estados Unidos continuará actualizando sus advertencias en función de la evolución de los acontecimientos, reportó Europa Press.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos ha señalado que los talibán “no han cumplido de forma sistemática con sus compromisos” en materia de lucha contra el terrorismo, permitiendo que la violencia continúe amenazando la estabilidad regional. En este contexto, la Administración estadounidense ha trasladado su respaldo público al derecho de Pakistán a responder a los ataques transfronterizos por parte de grupos armados en Afganistán, según consignó Europa Press.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, representantes del Gobierno estadounidense confirmaron que apoyan la postura defensiva de Islamabad, mencionando específicamente que los talibán han permitido que Afganistán se convierta en base de operaciones para organizaciones consideradas terroristas a nivel internacional. Un portavoz oficial declaró que “Estados Unidos apoya el derecho de Pakistán a defenderse frente a los ataques de los talibán, un grupo designado a nivel global como terrorista”.

Las declaraciones de Washington surgen tras una serie de enfrentamientos violentos que causaron decenas de víctimas fatales en las últimas horas. Tras una escalada de ataques atribuidos a las fuerzas afganas, el Gobierno de Pakistán declaró el viernes una “guerra abierta” contra los talibán, informó Europa Press. Como parte de dicha respuesta, Islamabad ordenó bombardeos sobre posiciones en la capital afgana y en otras ubicaciones, incluidas Kandahar y urbes cercanas.

Según detalló Europa Press, las recientes hostilidades entre ambos países se produjeron poco después de que representantes afganos denunciaran ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una serie de ataques aéreos realizados por Pakistán en Afganistán, los cuales, de acuerdo con las autoridades locales, se cobraron la vida de más de diez civiles. Las autoridades paquistaníes justificaron la ofensiva alegando que los bombardeos apuntaban a “campamentos y escondites terroristas” tanto del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), más conocido como los talibán paquistaníes, como del Estado Islámico.

La respuesta de Islamabad se presentó como una medida directa tras los recientes atentados suicidas que afectaron a territorio paquistaní. Según informó el medio Europa Press, el Gobierno de Pakistán argumentó que la decisión de atacar objetivos específicos dentro de Afganistán buscaba neutralizar infraestructuras de grupos armados responsables de estos actos violentos.

Por otro lado, Washington manifestó “tristeza” por la pérdida de vidas producto de la escalada de tensión y violencia reciente en la región, tal como reportó Europa Press. El portavoz del Departamento de Estado reiteró que los terroristas continúan utilizando Afganistán como base para la organización y ejecución de ataques, sumando presión sobre los talibán para que detengan este flujo de violencia y cumplan sus obligaciones internacionales contra el terrorismo en la región.

El conflicto bilateral entre Pakistán y Afganistán ha adquirido mayor visibilidad internacional por la intervención de Naciones Unidas, luego de que las autoridades afganas presentaron sus denuncias ante el organismo multilateral. Europa Press expuso que la tensión actual incrementa el riesgo de inestabilidad en la zona fronteriza. Estados Unidos, por su parte, mantiene su respaldo a las medidas adoptadas por Islamabad y, al mismo tiempo, insiste en la necesidad de que los talibán cumplan los compromisos que asumieron para frenar la actividad de grupos terroristas en suelo afgano.

El ministro de Información de Pakistán, Ataulá Tarar, afirmó que las fuerzas paquistaníes han causado 297 muertes y más de 450 heridos entre combatientes talibanes e insurgentes tras una serie de bombardeos recientes, así como la destrucción de 89 puestos de control y 135 vehículos blindados en 29 puntos dentro de Afganistán. Según lo consignó el medio original, estas operaciones militares tuvieron lugar tras intensos enfrentamientos en áreas fronterizas, involucrando ataques aéreos sobre un amplio territorio afgano, incluida Kabul.

En contraste, las autoridades talibanes afganas han presentado un balance diferente sobre el impacto de estos ataques. De acuerdo con lo informado por el portavoz adjunto de los talibán afganos, Hamdulá Fitrat, al menos 19 civiles han muerto y 26 han resultado heridos en los ataques atribuidos al Ejército de Pakistán en las provincias de Jost y Paktika. El reporte de los talibán destaca que entre las víctimas mortales y los heridos se encuentran principalmente mujeres y niños. Fitrat publicó en redes sociales palabras dedicadas a quienes, según sus datos, perdieron la vida, señalando: "Rezamos para que todos los mártires alcancen el paraíso y por la pronta recuperación de los heridos".

El medio detalla que la disparidad entre los datos proporcionados por ambas partes es considerable. Mientras Afganistán enfatiza las bajas civiles, Pakistán hace hincapié en los supuestos éxitos militares contra combatientes talibanes y describe las acciones como reacciones a los combates transfronterizos. El recuento proporcionado por el ministro de Información paquistaní también agrega que, en estas operaciones, el ejército habría capturado 18 puestos de control y se habrían producido al menos doce bajas militares del lado paquistaní, una cifra que difiere significativamente del balance que dan las autoridades afganas.

Según publicó el medio, los enfrentamientos en la frontera entre Afganistán y Pakistán han escalado en intensidad desde la madrugada del día señalado, con episodios de violencia que afectan a una población mayoritariamente no beligerante en las zonas atacadas. Los ataques aéreos se registraron en Jost y Paktika, dos provincias afganas limítrofes con Pakistán que suelen ser escenario de tensiones por la presencia de grupos armados en la región.

El Ejército de Pakistán sostiene que la ofensiva responde a actividades de insurgentes que, según acusa, cruzan la frontera desde Afganistán para cometer ataques en territorio paquistaní. Según la información facilitada al medio, Pakistán afirma que su campaña militar busca desmantelar redes de militantes y reducir las operaciones de grupos a los que considera responsables de la inestabilidad en la zona. Las operaciones han incluido bombardeos aéreos y el uso de armamento pesado, lo que, de acuerdo con las cifras oficiales paquistaníes, ha resultado en la neutralización de cientos de insurgentes.

A pesar de la narrativa paquistaní sobre la efectividad de estas acciones militares, las autoridades talibanes rechazan la justificación enérgicamente. Hamdulá Fitrat, representante de los talibán citado en el medio, sostiene que las víctimas han sido en su mayoría personas ajenas a los combates, y recalca la presencia de numerosos niños y mujeres entre los afectados. La divergencia en el recuento y la naturaleza de las bajas reflejan las tensiones políticas y la falta de entendimiento entre ambos países sobre la administración de los territorios fronterizos y la identificación de objetivos en estos episodios armados.

La cifra de doce soldados paquistaníes muertos, aportada por el ministro de Información Ataulá Tarar según consignó el medio, contiene una diferencia significativa con los reportes afganos anteriores sobre bajas del ejército de Pakistán. Ambos lados han publicado balances de pérdidas humanas y materiales que subrayan aspectos diferentes del conflicto, con Pakistán cifrando objetivos militares alcanzados y Afganistán denunciando el impacto sobre la población civil.

Los combates han generado inquietud por el posible agravamiento de la crisis humanitaria en las zonas fronterizas. Numerosos residentes han visto dañadas sus viviendas e infraestructuras locales, mientras la comunicación entre ambos gobiernos no ha logrado establecer una narrativa común ni reducir las hostilidades. Tanto los datos ofrecidos por autoridades paquistaníes como los proporcionados por los representantes talibanes, según sigue detallando el medio original, evidencian la falta de consenso y el elevado impacto humano y material que dejan los episodios recientes de violencia en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

El ministro de Información de Pakistán, Ataulá Tarar, afirmó que el régimen talibán ha promovido una interpretación de la religión que, según sus declaraciones, sirve para apuntalar su legitimidad política y perpetuar prácticas consideradas discriminatorias, especialmente hacia las mujeres, quienes, según él, han visto restringido su acceso a la educación y otros derechos bajo la administración actual. Tras estas declaraciones, el gobierno paquistaní proporcionó un balance actualizado de las acciones militares realizadas en Afganistán, explicando que la ofensiva se debió al recrudecimiento de los enfrentamientos en la frontera entre ambos países.

De acuerdo con lo publicado por el medio Dawn y otros canales oficiales, las fuerzas armadas de Pakistán reportaron la muerte de al menos 297 combatientes identificados como talibán y “terroristas” durante una serie de bombardeos ejecutados sobre territorio afgano en las últimas horas, incluidos ataques en la capital, Kabul, y ciudades estratégicas como Kandahar. El ministro Ataulá Tarar detalló que los ataques también dejaron más de 450 heridos, destruyeron 89 puestos de control, permitieron la toma de 18 posiciones defensivas y acabaron con 135 tanques y vehículos armados, tras operaciones coordinadas en un total de 29 ubicaciones distintas.

La ofensiva paquistaní, producto de los recientes combates fronterizos, se habría saldado además con al menos doce militares pakistaníes muertos y 27 heridos, de acuerdo con la información aportada por el jefe del Ejército, Ahmed Sharif Chaudhri. El mismo alto mando militar informó que la respuesta afgana provocó la desaparición de un soldado y confirmó la destrucción de 115 carros de combate y vehículos blindados en manos de las fuerzas afganas. Las autoridades de Islamabad sostienen que todos los objetivos atacados eran de carácter militar, e insistieron en la selectividad de las operaciones para evitar bajas civiles.

Chaudhri indicó, según consignó Dawn, que las operaciones militares siguieron lineamientos estrictos de inteligencia y que todos los objetivos fueron “elegidos cuidadosamente”, abarcando “sedes centrales de las fuerzas talibán, puestos de brigada, batallón y sector, además de almacenes de municiones, bases logísticas y refugios de elementos considerados terroristas”. Aseguró también que “todas las posiciones artilladas, posiciones de carros de combate y sedes tácticas fueron neutralizadas”. El jefe militar desmintió informaciones que apuntan a víctimas civiles e hizo énfasis en que “no se ha atacado ninguna instalación civil”.

En cuanto a la operación militar, las autoridades pakistaníes recordaron que las actuales acciones bélicas respondieron a una ola de ataques y atentados suicidas recientemente perpetrados en suelo paquistaní, por lo que Islamabad definió la campaña aérea como una reacción “efectiva, inmediata y contundente” ante los hechos. Chaudhri enfatizó que la iniciativa busca “proteger los derechos soberanos y los intereses de seguridad de Pakistán”, y advirtió que quienes participen o faciliten actos de terrorismo en territorio paquistaní “no tendrán donde ocultarse”.

El gobierno de Pakistán anunció la madrugada de este viernes la existencia de una “guerra abierta” con los talibán tras los nuevos episodios violentos surgidos el jueves, lo que condujo a la orden de bombardeos sobre objetivos en Kabul y otras ciudades afganas. Según lo reportado por Dawn, Islamabad argumentó que los ataques se realizaron contra “campamentos y escondites terroristas” utilizados por el Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y el grupo Estado Islámico, en respuesta directa a recientes acciones suicidas sufridas dentro de Pakistán.

El balance oficial sobre el número de bajas difiere de manera significativa del presentado en primer término por las autoridades afganas, que cifraron un número diferente de víctimas, incluyendo la denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la existencia de más de una decena de civiles fallecidos por los bombardeos. Islamabad rechazó esas acusaciones, reiterando que todos los objetivos tenían valor militar y que se implementaron medidas para minimizar riesgos para la población civil.

Dentro del discurso oficial, el ministro de Información, Ataulá Tarar, reiteró que Islamabad engloba tanto a los talibán afganos como a los talibán paquistaníes en la misma categoría de enemigos, lo que ha sido recordado en medios y redes sociales por voceros como Mosharraf Zaidi, portavoz de Exteriores de la oficina del primer ministro. El mensaje desde el gobierno paquistaní hace un llamado a que el régimen talibán afgano defina una postura clara respecto a su vinculación con grupos como el TTP, el Ejército de Liberación de Baluchistán o agrupaciones como Al Qaeda y el Estado Islámico, frente a Pakistán.

Durante sus declaraciones, el jefe del Ejército de Pakistán sostuvo que, además de la amenaza interna representada por estos grupos, existe un “patrocinio, respaldo y diseño” por parte de India detrás de los recientes actos de terrorismo perpetrados en Pakistán, y que el régimen talibán afgano serviría de plataforma operativa para estos fines. Nueva Delhi ha rechazado este tipo de acusaciones en repetidas ocasiones.

Las autoridades paquistaníes insisten en que la actual campaña militar contra objetivos en Afganistán representa un mensaje directo dirigido tanto a los militantes como a sus presuntos facilitadores y estructuras de apoyo regional, y aseguran que esta decisión responde a una política sostenida de defensa nacional. La acción y el discurso oficial se insertan dentro de un contexto de creciente tensión bilateral y escalada militar en la frontera afgano-paquistaní tras los recientes sucesos.

Un informe reciente del vocero del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, expuso que años de conflicto, pobreza y catástrofes naturales, incluidas sequías y terremotos, han llevado a que aproximadamente 22 millones de afganos —casi la mitad de la población— requieran ayuda humanitaria. Según publicó la ONU, este número podría crecer si las hostilidades y enfrentamientos en la región continúan o se agravan. En este contexto, Naciones Unidas confirmó la ocurrencia de un “incidente” en un centro de tránsito y recepción ubicado en Torjam, un paso fronterizo estratégico entre Afganistán y Pakistán, mientras persisten los choques entre las fuerzas afganas de facto y el Ejército paquistaní.

De acuerdo con lo declarado por Dujarric y reproducido por el medio, el llamado de Naciones Unidas a las partes involucradas en el conflicto es claro: deben cumplir sus obligaciones bajo el Derecho Humanitario, especialmente en lo que respecta a la protección de civiles y de la infraestructura necesaria para la población. El paso fronterizo de Torjam, fundamental para el flujo de personas y mercancías entre Pakistán y Afganistán, se ha convertido en una zona de alto riesgo en medio de este repunte de violencia.

El portavoz de la ONU no ofreció detalles adicionales sobre la naturaleza específica del incidente registrado en el centro de tránsito y recepción gestionado por el organismo, pero insistió en la preocupación creciente por quienes se ven afectados por los choques armados en la región. Según consignó la ONU, la seguridad de las instalaciones que prestan asistencia humanitaria y la integridad de los civiles se ve amenazada en la medida en que las tensiones fronterizas siguen en aumento.

Los eventos recientes se sitúan en el contexto de ataques reportados por el Ministerio de Defensa de las autoridades talibán. Según detalló la citada fuente, se produjeron “intensos bombardeos hacia el este y el sureste” en la línea fronteriza, en áreas próximas a las provincias afganas de Paktika, Paktia, Jost, Nangarhar, Kunar y Nuristán. Estas acciones han resultado, hasta el momento, en al menos trece civiles heridos, entre los que se encuentran mujeres y niños, a causa de un ataque con misiles dirigido contra un campo de refugiados en Nangarhar, según informaron las fuentes afganas a la ONU.

El medio Naciones Unidas subrayó que la escalada de enfrentamientos no solo agrava la situación de seguridad, sino que también pone en riesgo la continuidad de los corredores de ayuda, esenciales para atender las necesidades de millones de habitantes en Afganistán. Las disputas y ataques en la zona de Torjam podrían restringir aún más el acceso de los equipos humanitarios a quienes dependen de suministros médicos, alimento y refugio.

Por lo tanto, la preocupación internacional se centra no solo en la violencia directa, sino también en las consecuencias indirectas sobre una población vulnerable que ya enfrenta dificultades para satisfacer sus necesidades básicas debido a las crisis superpuestas de conflicto armado y desastres naturales. Naciones Unidas reiteró que el respeto al Derecho Internacional Humanitario por parte de quienes participan en el conflicto es determinante para evitar mayores daños civiles y garantizar el funcionamiento de la infraestructura vital.

El relato de Naciones Unidas, sumado a los reportes del Ministerio de Defensa talibán, aporta contexto a una crisis regional en la que la protección de civiles, la provisión de ayuda y la estabilidad fronteriza son elementos decisivos. Torjam, dado su carácter estratégico, continúa en el centro de la tensión geopolítica y humanitaria que afecta a millones de personas en la región.

La dirección del grupo Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) instó a sus miembros en primera línea a registrar en video sus acciones y difundirlas inmediatamente en redes sociales, considerando que la influencia de los medios resulta determinante en la situación actual. Esta instrucción forma parte de una orden dada por el líder de los talibanes paquistaníes, Nur Wali Mehsud, quien este viernes pidió el inicio de una ofensiva de ataques coordinados en Pakistán tras los bombardeos efectuados por el ejército paquistaní en Afganistán. Según informó el comunicado reproducido por medios paquistaníes, el propósito expuesto es “quebrar la fuerza del enemigo” y expresar apoyo efectivo al gobierno talibán afgano.

De acuerdo con medios pakistaníes, Mehsud anunció este viernes el comienzo de la campaña ofensiva, enmarcando la decisión como una acción en “defensa del Emirato Islámico de Afganistán”, nombre oficial adoptado por las autoridades talibanes afganas. Tras una serie de bombardeos realizados por el ejército de Pakistán sobre la capital afgana y la ciudad de Kandahar, el liderazgo del TTP ordenó acciones armadas en distintos puntos del territorio paquistaní y especificó la obligación de documentarlas para reforzar la propaganda del grupo.

El viernes temprano, el gobierno de Pakistán declaró una situación de “guerra abierta” contra el TTP, tras los sucesivos atentados atribuidos al grupo y las respuestas militares de ambos bandos, reportó la prensa local. Las tensiones militarizadas han escalado después de que, durante el jueves, fuerzas afganas ejecutaran ataques hacia territorio paquistaní, lo que llevó a las fuerzas armadas de Islamabad a ordenar bombardeos en Kabul y en otras ciudades importantes de Afganistán.

Las recientes operaciones se producen pocos días después de que representantes afganos acudieran al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas denunciando ataques aéreos realizados por Pakistán en zonas del país. Según denunció el gobierno de Afganistán, estos bombardeos causaron la muerte de más de una decena de civiles y aumentaron la preocupación regional sobre el recrudecimiento del conflicto.

Pakistán defendió sus acciones argumentando que los bombardeos estaban dirigidos contra “campamentos y escondites terroristas” tanto del TTP como del grupo Estado Islámico. Islamabad sostuvo que la operación fue una respuesta a los recientes ataques suicidas perpetrados en su territorio, atribuidos a grupos armados afganos.

El comunicado difundido por el liderazgo del TTP subraya la intención de escalar las hostilidades y señala el uso de las redes sociales y las grabaciones de las acciones como herramientas clave para su estrategia de comunicación, según detalla la prensa paquistaní. El texto, dirigido a los combatientes del grupo, remarca la necesidad de “llevar a cabo feroces ataques en todo Pakistán” como parte de su apoyo al régimen talibán en Afganistán frente a lo que describen como “el ejército anti-islámico que se está imponiendo en Pakistán”.

Por otra parte, el trasfondo de esta situación se agrava por las relaciones históricas entre Pakistán y Afganistán, caracterizadas por tensiones en las zonas fronterizas y acusaciones recurrentes sobre el apoyo mutuo a diferentes facciones armadas. Los incidentes más recientes, detallados por varios medios pakistaníes, reflejan un aumento de la confrontación directa, tanto en la frontera como mediante ataques aéreos y atentados coordinados.

El llamado de Nur Wali Mehsud coincidió con la intensificación de medidas de seguridad en varias ciudades y la activación de respuestas militares paquistaníes, según indica la cobertura de los medios nacionales. Las autoridades de Islamabad han reafirmado públicamente su derecho a continuar las operaciones militares contra lo que consideran amenazas terroristas procedentes tanto de territorio afgano como de células activas en Pakistán.

Los acontecimientos actuales no solo representan un recrudecimiento del enfrentamiento entre el TTP y el Estado paquistaní, sino que agravan la inestabilidad en la región y afectan a la población civil, según denunciaron funcionarios afganos ante la ONU. A medida que ambos países intercambian acusaciones sobre la responsabilidad de los ataques y bombardeos, la crisis humanitaria y la inseguridad han adquirido dimensiones internacionales, interviniendo organismos multilaterales ante los reportes de víctimas civiles en Afganistán.

La intensificación de acciones violentas y la insistencia en la utilización mediática de las mismas introduce nuevos elementos en el desarrollo del conflicto, mientras las partes implicadas mantienen posturas irreconciliables y refuerzan sus respectivas justificaciones para el uso de la fuerza armada, según concluye la información publicada por los medios paquistaníes y recogida en sus últimos reportes.

La cifra de muertes provocada por los recientes ataques entre Afganistán y Pakistán supera las 200 personas en ambos territorios, según reportó el medio de comunicación que recogió el pronunciamiento de la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric. En este contexto, Spoljaric solicitó este viernes una reducción inmediata de los enfrentamientos transfronterizos y destacó que la población civil continúa enfrentándose a las consecuencias de la intensificación de los combates.

De acuerdo con lo informado por la fuente, Spoljaric expuso en un comunicado que estas comunidades llevan décadas experimentando los efectos devastadores de la guerra, el desplazamiento y la pérdida de seres queridos. Señaló que la escalada de violencia agrava la ya precaria situación humanitaria en la región y enfatizó la necesidad de proteger tanto a los civiles como a los heridos, y a quienes ya no participan en las hostilidades o nunca tomaron parte en ellas.

Según publicó el medio citado, la presidenta del CICR insistió en que la asistencia humanitaria debe llegar de manera efectiva a todas las personas afectadas. Spoljaric subrayó la importancia de que los hospitales funcionen sin interrupciones y que los servicios esenciales se mantengan accesibles en ambas zonas afectadas por los combates. Además, recordó que tales medidas no constituyen favores, sino obligaciones establecidas por el Derecho Internacional Humanitario, que demandan la protección de la población civil y el respeto a los servicios médicos en contextos de conflicto.

El medio detalló que la Cruz Roja, junto a la Media Luna Roja Afgana y la Media Luna Roja Paquistaní, así como a las autoridades de ambos estados, prepara acciones coordinadas para responder a las necesidades humanitarias surgidas tras los enfrentamientos. La ayuda se centra en el apoyo a los centros de salud que asisten a personas heridas en el contexto de los recientes ataques transfronterizos. No obstante, Spoljaric advirtió —citada por la publicación— que ningún tipo de respuesta humanitaria logra suplir la importancia de una voluntad política enfocada en respetar las normas de la guerra y en priorizar la desescalada de las tensiones entre ambas naciones.

La escalada de hostilidades ocurre poco después de que Afganistán presentara una denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Según consignó el medio, las autoridades afganas acusaron a Pakistán de realizar bombardeos sobre su territorio, que resultaron en la muerte de más de diez civiles, de acuerdo con el reporte afgano. Por su parte, el gobierno de Islamabad sostuvo que sus ofensivas aéreas se dirigieron contra “campamentos y escondites terroristas” en territorio afgano, como una represalia ante atentados suicidas recientes ejecutados dentro de suelo paquistaní.

El CICR alertó que mientras esto continúa, el sufrimiento de las comunidades en la frontera aumenta, pues se enfrentan no solo a las consecuencias directas del conflicto, sino a las dificultades para acceder a la atención médica y a los servicios básicos. Spoljaric y el organismo reiteraron que la protección de los civiles y la facilitación del acceso humanitario constituyen condiciones mínimas para evitar un deterioro aún mayor de la situación, según detalla la publicación original que recoge la declaración.

A lo largo de la crisis, el CICR manifestó su disposición para colaborar con los equipos de la Media Luna Roja de ambos países y con las autoridades estatales, con el objetivo de fortalecer la atención a las víctimas y garantizar el funcionamiento de los centros de salud en medio del conflicto, reportó el medio citado. La organización internacional también destacó que la asistencia a las personas heridas y desplazadas depende en gran medida del respeto a las normas de guerra y la cooperación de las partes beligerantes, pues únicamente la reducción de la violencia permitirá una mejora significativa en las condiciones humanitarias.

En su comunicado, Spoljaric reafirmó la posición del CICR en defensa del Derecho Internacional Humanitario, subrayando que sus principios buscan proteger a aquellas personas que soportan los efectos más duros de los conflictos armados. Destacó que las acciones de ayuda impulsadas en la región buscan cubrir carencias críticas, aunque resaltó que la distensión y el respeto efectivo a los derechos humanos permanecen como requisitos esenciales para evitar mayores consecuencias negativas sobre los habitantes fronterizos de Afganistán y Pakistán, de acuerdo con la información publicada por el medio especializado en asuntos internacionales.

El jefe del Ejército de Pakistán, Ahmed Sharif Chaudhri, señaló que cerca de 115 carros de combate y vehículos blindados de combate pertenecientes a las fuerzas afganas han quedado fuera de servicio tras los recientes bombardeos, mientras continúa el enfrentamiento militar en la frontera entre ambos países. Según publicó el diario paquistaní 'Dawn', Chaudhri indicó que la cifra de talibán y supuestos "terroristas" muertos asciende a aproximadamente 275, como resultado de una operación lanzada tras una serie de ataques por parte de fuerzas afganas, que también dejó al menos doce militares paquistaníes fallecidos, cifra inferior a la reportada por las autoridades de Afganistán.

De acuerdo con la información difundida por 'Dawn', la ofensiva paquistaní incluyó bombardeos en diversas regiones de Afganistán, incluidas zonas como Kabul y Kandahar, y se saldó además con unos 400 heridos, así como la destrucción de alrededor de 75 puestos de control. En el balance proporcionado por el Ejército de Pakistán, además de los doce militares muertos, se reportan 27 soldados heridos y uno desaparecido tras los ataques que las fuerzas afganas llevaron a cabo el jueves. El Gobierno paquistaní ha calificado la situación como una "guerra abierta" contra los talibán y atribuye la escalada a las acciones previas de grupos armados afgano-paquistaníes.

El general Chaudhri subrayó que todas las acciones militares emprendidas por Pakistán han tenido como blanco exclusivo objetivos estratégicos y de carácter militar, y que los ataques respondieron a la necesidad de "proteger los derechos soberanos y los intereses de seguridad" nacionales. "Todos los objetivos fueron seleccionados muy cuidadosamente a partir de información de Inteligencia. Son objetivos militares y se tuvo mucho cuidado para no causar daños civiles colaterales", citó 'Dawn'. Detalló que los objetivos incluyeron sedes centrales, instalaciones de brigada y batallón, depósitos de munición, bases logísticas y refugios de presuntos terroristas, además de posiciones artilladas y de carros de combate.

La campaña, que representa una de las respuestas más contundentes de Islamabad en los últimos años, se describe como "efectiva, inmediata y brutal" frente a las acciones de los talibán afganos y de supuestos miembros de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP). El Ejército de Pakistán insistió en que ninguna instalación civil fue objetivo de los ataques; Chaudhri rechazó las "mentiras" sobre bajas civiles, y aseguró que se trató exclusivamente de instalaciones militares. "No se ha atacado ninguna instalación civil. Son todo instalaciones militares", dijo el jefe militar, de acuerdo con 'Dawn'.

La ofensiva de Pakistán responde a una sucesión de atentados suicidas recientes en su territorio, atribuidos, según las autoridades paquistaníes, a elementos del TTP y del autodenominado Estado Islámico. Islamabad argumentó que los bombardeos fueron dirigidos a campamentos y escondites pertenecientes a estos grupos, después de que las fuerzas afganas lanzaran ataques el jueves que resultaron en un número significativo de bajas en las filas paquistaníes, según información recopilada por el medio.

El Gobierno afgano, por su parte, denunció los ataques paquistaníes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, afirmando que más de una decena de civiles han perdido la vida en los bombardeos lanzados por Islamabad en territorio afgano. Pakistán, a través del portavoz militar, volvió a negar estas acusaciones y subrayó que las operaciones tuvieron un carácter estrictamente militar.

Durante la declaración oficial, el general Chaudhri también acusó al Gobierno indio de participar en la reciente ola de atentados ocurridos en Pakistán, señalando que "detrás de cada ataque terrorista hay patrocinio, respaldo y diseño por parte de India" y que la base de operaciones se encuentra, según su versión, en el régimen talibán en Afganistán. Estas afirmaciones han sido rechazadas anteriormente por las autoridades de Nueva Delhi, pero Islamabad sostiene su posición acerca del presunto involucramiento externo en el equipamiento y financiamiento de los grupos armados que operan en la región.

En cuanto a las posibles proyecciones del conflicto, Chaudhri remarcó la postura oficial paquistaní, advirtiendo que aquellos que ejecuten o faciliten cualquier acción terrorista en suelo paquistaní "no tendrán donde esconderse". Además, hizo un llamado al gobierno talibán en Afganistán para que elija entre los grupos armados considerados terroristas y el establecimiento de relaciones con Pakistán, agregando que la elección de Islamabad es clara y coloca la seguridad nacional por encima de cualquier otra consideración.

Los ataques y la respuesta militar paquistaní se presentan en un contexto de recrudecimiento de la violencia en la frontera común, donde antiguos acuerdos de distensión han quedado en suspenso tras las recientes acciones atribuidas tanto al TTP como a otros grupos armados señalados por Pakistán como responsables de los atentados. De acuerdo con el balance compartido por ‘Dawn’, las operaciones de Islamabad pretenden contener la expansión de estos grupos, cuyos integrantes —según las autoridades paquistaníes— reciben cobijo y recursos desde Afganistán.

En el marco de la intensificación de los enfrentamientos, tanto las bajas materiales como las humanas han aumentado a escala significativa, conforme los dos Estados se acusan mutuamente de violar la soberanía y de permitir la actividad de grupos armados transnacionales en sus respectivos territorios. El endurecimiento de la postura paquistaní, reflejado en los bombardeos recientes y en las declaraciones de mando militar, añade un nuevo capítulo a la tensa relación bilateral marcada por años de conflictos fronterizos.

El medio 'Dawn' precisó que este repunte de la violencia llega días después de la denuncia formal interpuesta por las autoridades afganas ante la ONU, lo que suma presión internacional sobre ambos gobiernos en una región donde la seguridad fronteriza y la lucha contra el terrorismo se han convertido en factores centrales de la política.

Según declaraciones públicas recogidas tras recientes enfrentamientos en la frontera, el portavoz del gobierno afgano, Zabihulá Muyahid, descartó cualquier amenaza proveniente de Afganistán hacia Pakistán y señaló que Kabul busca resolver la crisis con Islamabad a través de mecanismos diplomáticos. Muyahid expuso que el Ejecutivo afgano sostiene el compromiso de no permitir que su territorio sea utilizado como base para agredir a países vecinos, en respuesta a las acusaciones de Pakistán sobre el apoyo o tolerancia hacia grupos armados en la frontera común. De acuerdo con la información difundida por el medio oficial talibán Alemarah, también se rechazó que Afganistán tenga relación con las recientes violencias internas de Pakistán.

Tal como informó Alemarah, el portavoz Muyahid indicó que el actual gobierno en Kabul busca mantener relaciones positivas con todos los países y ha insistido en la necesidad de entablar un diálogo para solucionar el conflicto. El funcionario sostuvo que el “Emirato Islámico” considera esencial impulsar la seguridad y la estabilidad en la región, descartando cualquier intención de perjudicar a otros Estados. En este contexto, subrayó que las operaciones contra el Estado Islámico y otros grupos en territorio afgano no solo favorecieron la seguridad nacional, sino que incidieron sobre la situación de toda la región.

El portavoz insistió en que Afganistán ha hecho saber tanto a sus vecinos como a la comunidad internacional el compromiso de evitar que su suelo se emplee para lanzar agresiones, aludiendo específicamente a las acusaciones paquistaníes sobre el uso de territorio afgano por parte de Tehri-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes. “Nuestra política exterior está basada en el respeto mutuo y no queremos dañar a nadie”, afirmó el representante afgano ante medios oficiales, según recogió Alemarah.

Abordando el trasfondo del conflicto, Muyahid remarcó que la guerra con el TTP y el Ejército paquistaní se mantiene desde hace casi dos décadas y que las tensiones que enfrenta actualmente Pakistán son asunto interno de ese país. Criticó la postura de Islamabad, que, según el portavoz afgano, pretende hacer de sus problemas internos una cuestión imputable a Afganistán, mientras recalcó que no es razonable trasladar a Kabul un conflicto antiguo y ajeno.

El vocero del gobierno de Kabul lamentó que Pakistán recurriera recientemente a incursiones aéreas en territorio afgano, bombardeos que afectaron zonas residenciales y provocaron víctimas civiles, incluidos niños y mujeres. Calificó estos hechos como una violación del Derecho Internacional y recordó que ataques similares han ocurrido en ocasiones anteriores. Según detalló Alemarah, Afganistán considera que Islamabad está intentando imponer a su vecino las consecuencias de su propia inestabilidad política y de seguridad.

Por otra parte, Muyahid recalcó que el gobierno talibán sigue apostando por el entendimiento mutuo y la vía diplomática, y acusó a Pakistán de evitar la solución dialogada al conflicto. Expresó que Kabul mostró “durante mucho tiempo” su voluntad de negociar, y afirmó que la respuesta del gobierno afgano consistió en ejercer el derecho a la legítima defensa.

El medio Alemarah indicó que el gobierno paquistaní declaró a primeras horas de este viernes una “guerra abierta” con los talibanes tras los nuevos choques fronterizos, lo que llevó al Ejército de Pakistán a lanzar bombardeos sobre Kabul y otras ciudades, entre ellas Kandahar. Estas acciones se desencadenaron poco después de que Afganistán denunciara ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas bombardeos realizados por fuerzas paquistaníes, que según autoridades afganas causaron la muerte de más de una decena de civiles.

En contraste, Islamabad justificó los bombardeos asegurando que estos se dirigieron contra campamentos y escondites de miembros del TTP y del grupo yihadista Estado Islámico en Afganistán. El gobierno paquistaní afirmó ante los medios que la operación respondió a recientes ataques suicidas perpetrados en territorio paquistaní, cuyos responsables, según sostuvo, se habrían refugiado en suelo afgano.

El intercambio de acusaciones entre ambos gobiernos refleja el nivel de tensión actual en la frontera, con Afganistán negando cualquier respaldo a grupos responsables de violencia en Pakistán y reiterando su propuesta de resolver las diferencias por medios pacíficos. Mientras tanto, Islamabad sostiene que las operaciones militares responderán de forma inmediata a cualquier amenaza percibida que tenga origen en Afganistán, argumentando que la protección de su seguridad nacional justifica las recientes incursiones aéreas.

Los hechos se producen dentro de un marco de conflictividad persistente desde la llegada de los talibanes al poder en agosto de 2021, situación que según fuentes consultadas por Alemarah, no ha resultado en una disminución notable de la tensión fronteriza con Pakistán. Autoridades afganas subrayan que su lucha contra grupos como Estado Islámico demuestra el esfuerzo por garantizar la estabilidad de Afganistán y la región, mientras que el gobierno de Pakistán mantiene la acusación sobre la presencia y actividades de TTP en el país vecino.

El desarrollo del conflicto seguirá ocupando la agenda de ambos gobiernos, con llamados a la defensa de la población civil y exigencias mutuas de respetar la soberanía territorial. Las demandas afganas ante organismos internacionales, como la reciente presentación ante el Consejo de Seguridad, intentan sumar apoyo diplomático ante las acciones paquistaníes, mientras las operaciones militares continúan generando víctimas y desplazados a ambos lados de la frontera.

Las tensiones entre Pakistán y el Talibán afgano han escalado a una nueva fase de enfrentamiento abierto, tras una serie de ataques transfronterizos que han dejado centenares de muertos e incrementan el riesgo de desestabilización regional.

El ministro de defensa de Pakistán, Khawaja Asif, declaró que la “paciencia” de su país se había agotado ante las acciones del gobierno talibán en Afganistán, calificando la situación como una “guerra abierta”, según informó CNN.

El viernes por la mañana, Pakistán informó la destrucción de 73 posiciones talibanes y la captura de más de una docena de sitios adicionales a lo largo de la frontera. La ofensiva, denominada “Operación Furia Justa” (Ghazab Lil Haqq), implicó ataques aéreos sobre Kabul, la provincia de Paktia y Kandahar, esta última considerada el centro espiritual del movimiento talibán y lugar donde reside su líder Hibatullah Akhundzada. Según autoridades pakistaníes, los ataques aéreos se centraron en instalaciones de defensa afganas.

La serie de enfrentamientos recientes tuvo su punto de partida la noche del jueves, cuando fuerzas militares talibanes lanzaron ataques contra posiciones pakistaníes repartidas a lo largo de los 2.575 kilómetros de frontera montañosa y desértica, cuyo trazado aún es objeto de disputa entre ambos países. Funcionarios afganos afirmaron que estos ataques actuaron en represalia a bombardeos paquistaníes realizados el fin de semana en supuestos campamentos militantes, donde murieron al menos 18 personas.

Cifras dispares y temor en la población civil

El viernes por la tarde, el ejército pakistaní aseguró haber matado a 274 combatientes talibanes afganos y herido a 400 más, una cifra que contrasta con la información proporcionada por las autoridades afganas, que reportaron ocho soldados fallecidos en el mismo episodio. CNN advirtió que no pudo verificar de manera independiente estos datos debido a la inaccesibilidad de la región en conflicto.

En el distrito de Bajaur, al noroeste de Pakistán, un proyectil disparado por las fuerzas talibanes afganas impactó en una vivienda civil, causando cinco heridos, entre ellos dos menores de edad y una mujer, según informó el oficial de policía Fazal Akbar. Además, el ministro de información paquistaní, Attaullah Tarar, indicó que militantes del Talibán pakistaní intentaron lanzar ataques con drones desde el noroeste, acción que fue frustrada por sistemas antidrone del ejército.

La situación desencadenó episodios de terror entre civiles. Una residente de Kabul, consultada por CNN bajo anonimato por motivos de seguridad, relató que su familia fue despertada por una fuerte explosión: “Estaba aterrorizada. Luego escuchamos disparos. Al mirar por la ventana, vimos llamas como balas cruzando el cielo”. Añadió que el temor les impidió dormir, y que observaba cómo “la luz de la mayoría de las casas y departamentos” permanecía encendida ante el temor de un próximo ataque aéreo.

Desde el lado paquistaní, Muhammad Ullah, vecino del distrito de Baizai, describió una sucesión de explosiones que se mantuvo desde el jueves por la noche hasta la mañana.

Escalada tras la retirada de Estados Unidos y tensiones cambiantes

La relación entre ambos países está marcada por décadas de vínculos complejos. Tras la caída del Talibán afgano en 2001 a manos de fuerzas de la OTAN, Pakistán se convirtió en su principal respaldo, ofreciendo refugio y apoyo logístico para su insurgencia contra el gobierno afgano respaldado por Estados Unidos. Este respaldo fue un eje en el conflicto que acabó siendo la guerra más extensa en la historia estadounidense.

Con la frágil retirada de Estados Unidos y la vuelta al poder del Talibán afgano en 2021, Pakistán experimentó un aumento notable de la violencia islamista en su territorio. Islamabad responsabiliza a los militantes del Talibán pakistaní de gran parte de estos ataques, y acusa a Kabul de ofrecerles refugio.

CNN informó que más de 1.200 personas —entre militares y civiles— murieron en ataques insurgentes dentro de Pakistán en 2025, el doble de lo registrado en 2021 tras la retirada estadounidense y el regreso de los talibanes al gobierno en Kabul.

Según datos compartidos con CNN por las fuerzas armadas paquistaníes, muchos de estos atentados fueron perpetrados con armas de fabricación estadounidense abandonadas durante la retirada. El Talibán afgano niega que albergue a líderes o combatientes de su rama pakistaní.

El ministro de defensa Asif reveló en noviembre que muchos miembros destacados del Talibán afgano mantienen propiedades y familias en suelo paquistaní. Al ser consultado sobre si el actual aumento de violencia podría considerarse un efecto adverso de esa relación histórica, respondió: “Sí, lo creo”.

En acusaciones recientes publicadas en redes sociales, Khawaja Asif afirmó: “Afganistán está reuniendo a todos los terroristas del mundo y exportando terrorismo”, al tiempo que priva a su población de derechos humanos. “Nuestra paciencia ha terminado”, escribió el ministro en la red X, concluyendo: “Ahora es una guerra abierta entre nosotros y ustedes”.

El poderío militar de Pakistán frente al Talibán

Existe una marcada diferencia en la capacidad de ambos ejércitos, según el informe “Military Balance 2025” del International Institute for Strategic Studies (IISS). Pakistán cuenta con un ejército fortalecido históricamente por golpes de Estado y modificaciones constitucionales, y es considerado la institución más poderosa del país. Además del poder nuclear, posee una infraestructura militar que incluye ejército de tierra, marina, fuerza aérea y cuerpo de infantería de marina, con 660.000 efectivos activos y unidades paramilitares y policiales que suman casi 300.000 adicionales.

Este contingente dispone de un equipamiento moderno, con aviones F-16 de fabricación estadounidense, cazas Mirage franceses y el JF-17, producido en conjunto con China, principal socio defensivo de Islamabad.

En contraste, el Talibán afgano opera como una sola fuerza cohesiva con menos de 200.000 integrantes. Carecen de fuerza aérea funcional y dependen de helicópteros soviéticos envejecidos y algunos aviones de transporte abandonados por Estados Unidos, además del uso de drones cuatricóptero. Su fortaleza reside en la resistencia asimétrica, la disciplina ideológica y décadas de experiencia en guerra de guerrillas.

Riesgos de un nuevo ciclo de violencia urbana

Fluctuaciones similares en el pasado se han contenido tras algunos días de enfrentamientos mediante la intervención de gobiernos extranjeros, como Arabia Saudita y Turquía. Especialistas alertan que si la crisis escala, pueden multiplicarse los escenarios de violencia.

El analista Abdul Basit, del S. Rajaratnam School of International Studies, advirtió que “se avecinan tiempos peligrosos” y señaló que, si se produce una represalia afgana, “será en los centros urbanos de Pakistán. Esto es una receta para el caos, y el caos es lo que buscan las redes terroristas para prosperar”.

Basit subrayó el potencial de los drones como “la fuerza aérea del pobre”. En sus palabras: “El Talibán afgano tiene drones, tiene suicidas, son innovadores”.

Por su parte, Samina Ahmed, directora de proyectos para Asia del Crisis Group, afirmó que Pakistán ha dejado claro que actuará nuevamente si el Talibán afgano no toma medidas contra líderes y combatientes del Talibán pakistaní en suelo afgano. Ahmed recomendó retomar las negociaciones con facilitadores de confianza como Turquía, Qatar y Arabia Saudita, ante el peligro de un deterioro mayor en la seguridad de la región.

El Gobierno de los talibanes aseguró este viernes que al menos 75 soldados paquistaníes han muerto y otros 84 han resultado heridos en el marco de las operaciones lanzadas por sus fuerzas desde la pasada noche, una cifra no contrastada por fuentes independientes ni reconocido por el mando militar de Islamabad.

“Los ataques de represalia contra centros del régimen militar paquistaní cerca de la Línea Durand resultaron en la muerte de 75 soldados paquistaníes y heridas a otros 84”, declaró el portavoz del 201 Cuerpo Khalid bin Walid, Mawlawi Wahidullah Mohammadi, en una entrevista con la Radio y Televisión Nacional de Afganistán.

Según el portavoz, estos ataques habrían golpeado instalaciones militares en Abbottabad, Nowshera y las proximidades de Islamabad, en una jornada en la que el mando afgano asegura haber capturado dos bases y 19 puestos militares cerca de la Línea Durand, manteniendo bajo custodia los cuerpos de 23 militares y a varios individuos capturados tras los enfrentamientos.

Este balance de bajas se produce de forma paralela a las denuncias de ataques contra la población civil en suelo afgano, donde la televisión estatal informó de bombardeos nocturnos de la aviación paquistaní contra áreas residenciales en el distrito de Barmal, en la provincia de Paktika, que habrían causado la muerte de tres personas, incluidos dos niños.

En el cómputo global de las últimas horas, el mando talibán solo reconoce haber sufrido ocho bajas en sus propias filas y sitúa el total de víctimas civiles en tres fallecidos y 20 heridos, mientras que Islamabad ninguna.

Esta escalada es parte de una espiral de hostilidades iniciada el pasado 22 de febrero que se intensificó tras un bombardeo paquistaní en la provincia de Nangarhar que causó 17 muertos, desencadenando la actual respuesta militar del régimen talibán en territorio paquistaní.

Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, aseguró el viernes que las fuerzas armadas de su país pueden “aplastar” cualquier intento de agresión, al referirse a los recientes ataques aéreos en Afganistán.

“Nuestras fuerzas tienen plena capacidad para aplastar cualquier ambición agresiva”, afirmó, según un mensaje publicado en la cuenta oficial del gobierno paquistaní en X. A su vez, remarcó que “toda la nación apoya hombro con hombro a las fuerzas armadas de Pakistán”.

El Gobierno paquistaní declaró este viernes una “guerra abierta” contra las autoridades talibanas de Afganistán y lanzó bombardeos sobre varias ciudades afganas, incluida Kabul, tras meses de ataques mortales entre ambos países en la zona fronteriza.

Las hostilidades se reanudaron el jueves por la noche y continuaron durante la madrugada del viernes, cuando fuerzas afganas atacaron tropas fronterizas paquistaníes en represalia por bombardeos previos.

Las relaciones entre Pakistán y Afganistán, que habían sido cercanas durante años, se volvieron tensas desde la toma de Kabul por los talibanes en 2021. Islamabad acusa a los talibanes afganos de proteger a militantes que atacan territorio paquiistaní, acusación que las autoridades afganas rechazan.

“Nuestra paciencia ha llegado al límite. A partir de ahora, es la guerra abierta entre nosotros y ustedes”, declaró el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, a través de X. Poco antes, periodistas en Kabul y Kandahar reportaron fuertes explosiones y vuelos de aviones sobre las ciudades.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, calificó los ataques contra Afganistán como una “respuesta adecuada” a las acciones previas de su vecino. Por su parte, el portavoz talibán Zabihullah Mujahid anunció que Afganistán reanudará operaciones aéreas a gran escala contra posiciones paquistaníes.

(Con información de EFE)

El ataque aéreo ejecutado por la Fuerza Aérea afgana en respuesta a las incursiones de Pakistán dejó, según cifras del gobierno en Kabul, más de 50 militares paquistaníes muertos a lo largo de la Línea Durand, la frontera de 2.640 kilómetros que separa a ambos países. Islamabad, por su parte, sostiene que sus bombardeos mataron a más de 130 presuntos talibán en nuevas hostilidades que se suman a una reciente oleada de violencia entre Afganistán y Pakistán. Según consignó el medio que recogió la información oficial, esta escalada sigue a operaciones militares y ataques recíprocos en varios puntos estratégicos y urbanos.

Las autoridades talibán que controlan Afganistán desde agosto de 2021 informaron el viernes sobre el inicio de una serie de bombardeos en territorio paquistaní, alcanzando puntos cercanos a la capital Islamabad. De acuerdo con el reporte publicado por el medio, el Ministerio de Defensa afgano detalló que los ataques, lanzados a las 11 de la mañana (hora local), se dirigieron contra campamentos militares en Faizabad, instalaciones en Noushera, posiciones en Jamrud y objetivos en Abbottabad. Kabul afirmó que la ofensiva aérea se dirigió a bases militares, centros de mando y otras infraestructuras consideradas estratégicas, y aclaró que estos movimientos constituyeron una represalia por las incursiones previas de tropas paquistaníes en localidades afganas, incluyendo Kabul, Kandahar y Paktia.

El gobierno paquistaní, a través del ministro de Información Ataulá Tarar, ofreció detalles sobre la reacción a los ataques aéreos. Según la información divulgada por el mismo medio, Tarar explicó que los sistemas antidron paquistaníes lograron interceptar y derribar todos los drones enviados hacia Abbottabad, Suabi y Noushera, y precisó que no se registraron daños a personas. El funcionario añadió que estos hechos, según Pakistán, ponen en evidencia los lazos directos entre las autoridades talibán en Afganistán y organizaciones terroristas que operan en territorio paquistaní.

La tensión incrementó tras la declaración oficial de Islamabad sobre el inicio de una "guerra abierta" contra los talibán afganos. Esta postura se anunció después de una jornada de intensos ataques aéreos procedentes de Afganistán, que desencadenaron acciones militares paquistaníes bajo la operación denominada "Ira de la Verdad." Según lo reportado, Islamabad sostuvo que los objetivos de sus operativos incluyeron tanto la capital afgana como ciudades como Kandahar, señalando que las bajas entre los grupos armados superaron el centenar.

El trasfondo inmediato de la confrontación incluye la denuncia presentada por autoridades afganas ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre bombardeos previos de Pakistán en suelo afgano, que según Kabul ocasionaron la muerte de más de diez civiles. Islamabad argumentó que sus ataques tuvieron como objetivo campamentos y refugios vinculados al grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y a la organización Estado Islámico en Afganistán. De acuerdo con Pakistán, la operación constituyó una respuesta a recientes atentados suicidas registrados en su territorio.

El incremento de ataques en la frontera se da en un contexto de acusaciones mutuas respecto al apoyo o la tolerancia de actividades armadas en la región. Según reportes del medio, Pakistán ha señalado de forma reiterada la presencia de elementos del TTP en Afganistán, mientras que el gobierno afgano mantiene que las operaciones militares paquistaníes han afectado a civiles y vulneran la soberanía nacional.

Ambos países mantienen una relación marcada por desconfianzas históricas en torno al control de grupos armados a lo largo de la Línea Durand. En este sentido, el Ministerio afgano de Defensa reiteró en su comunicación difundida en redes sociales que los más recientes bombardeos constituyen una respuesta a lo que consideran violaciones de su espacio aéreo y ataques contra localidades afganas. Islamabad, por su parte, insiste en que las acciones emprendidas buscan neutralizar amenazas terroristas que afectan la estabilidad regional.

Las operaciones militares, tanto de Afganistán como de Pakistán, se desarrollaron en paralelo a declaraciones cruzadas en medios de comunicación y espacios internacionales. El reporte indica que la escalada de violencia se produce apenas días después de que Afganistán solicitase la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras Islamabad defiende la legitimidad de sus acciones como respuesta a atentados que atribuye a grupos asentados en territorio afgano.

Las localidades afectadas por los ataques abarcan áreas de importante presencia militar y relevancia estratégica para ambas naciones. Faizabad, Noushera, Jamrud y Abbottabad figuran entre los puntos precisados en el comunicado afgano, mientras que las ciudades afganas señaladas por Islamabad incluyen Kabul y Kandahar, epicentros de actividad tanto militar como civil. La zona fronteriza de la Línea Durand, a lo largo de sus 2.640 kilómetros, ha sido epicentro de recurrentes enfrentamientos y movimientos armados en el marco de la compleja situación de seguridad que atraviesa la región.

Las hostilidades recientes configuran un nuevo episodio en la difícil relación entre Afganistán y Pakistán, caracterizada por la disputa sobre la ruta y actividades de grupos militantes, y por la permanencia de la inestabilidad en torno a una de las fronteras más extensas y volátiles de Asia Central.

El ministro de Defensa de Pakistán, Jawaya Asif, acusó públicamente a los talibán afganos de haberse convertido en “un aliado de India” y defendió que la paciencia de Islamabad “se ha agotado”, lo que llevó a anunciar el comienzo de una “guerra abierta” contra Afganistán. Según informó Europa Press, las declaraciones del ministro se sumaron a la intensificación de ataques militares en la región fronteriza y el bombardeo de la capital afgana, Kabul, así como de otras localidades, en una escalada inédita de violencia en las últimas horas.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, las fuerzas paquistaníes realizaron bombardeos en Kabul, Kandahar y Paktia durante la madrugada del viernes, como parte de la operación denominada “Ira de la Verdad”. En un informe publicado en redes sociales a las 3.40 (hora local), el ministro de Información de Pakistán, Ataulá Tarar, afirmó que estos ataques contra objetivos talibán dejaron, según el conteo del Gobierno pakistaní, al menos 133 milicianos afganos muertos y más de 200 heridos. Además, Tarar señaló la destrucción de más de 80 tanques, piezas de artillería y vehículos blindados, así como la eliminación de 27 posiciones talibán y la captura de otras nueve.

Mientras Pakistán hacía públicos estos datos, el Gobierno afgano contradijo el balance de víctimas ofrecido por Islamabad. El portavoz afgano, Zabihulá Muyahid, declaró en redes sociales que “nadie ha resultado herido” en los ataques reportados por Pakistán, aunque sí reconoció el lanzamiento de bombas en zonas de Kabul, Kandahar y Paktia. Muyahid calificó al ejército pakistaní de “cobarde”, en declaraciones atribuidas por Europa Press, desestimando la magnitud del impacto comunicado por su contraparte.

El cruce de ataques no se limitó al avance pakistaní. Horas antes, el Ministerio de Defensa afgano comunicó el inicio de una ofensiva sobre instalaciones y bases de Pakistán a lo largo de la Línea Durand, la frontera de 2.640 kilómetros que separa ambos países. Según la versión oficial afgana recogida por Europa Press, estas acciones se produjeron en respuesta a insurgencias originadas en “círculos militares paquistaníes” y estuvieron focalizadas en el este y sureste de la frontera, específicamente en provincias como Paktika, Paktia, Khost, Nangarhar, Kunar y Nuristán. El Gobierno de Afganistán informó sobre la ocupación de dos bases y la toma de 19 puestos pertenecientes a fuerzas paquistaníes, así como la muerte de 55 soldados pakistaníes. Además, se trasladaron a Afganistán los cuerpos de algunos militares paquistaníes y se capturó a varios soldados con vida.

El Ministerio de Defensa afgano también detalló que los enfrentamientos duraron cuatro horas y finalizaron a medianoche, por decisión del Jefe de Estado Mayor del Emirato Islámico. Reconoció la muerte de ocho militares afganos, la existencia de ocho heridos en las filas del ejército y aseguró que trece civiles, incluidos mujeres y niños, sufrieron heridas tras el impacto de misiles lanzados por Pakistán sobre un campo de refugiados en Nangarhar.

Este episodio representa una nueva etapa de agravamiento en las tensiones binacionales. Europa Press indicó que la ofensiva paquistaní se produjo tras las denuncias de Kabul ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, después de que, durante el fin de semana anterior, los ataques atribuidos a Pakistán en el territorio afgano causaran la muerte de más de una decena de civiles. Desde la perspectiva afgana, esos bombardeos tuvieron como objetivo campamentos y escondites de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) —conocido como los talibán paquistaníes— y del grupo Estado Islámico, tras una serie de atentados suicidas ocurridos en suelo paquistaní.

El contexto que reportó Europa Press expone un abanico de acusaciones cruzadas: mientras Islamabad argumenta una ofensiva necesaria ante la supuesta agresión talibán y subraya su tradicional hospitalidad hacia refugiados afganos —”Ha acogido a 5 millones de afganos durante 50 años. Incluso hoy, millones de afganos se ganan la vida en nuestra tierra”, afirmó el ministro Jawaya Asif—, las autoridades de Kabul insisten en que Pakistán emplea bombardeos con motivaciones propias y que los campamentos afectados albergan civiles.

Actualmente, la situación sobre el terreno incorpora encarnizados intercambios de fuego en toda la franja fronteriza, reportó Europa Press, afectando a regiones densamente pobladas y a campos de desplazados, lo que incrementa la preocupación por el impacto humanitario. Las posiciones militares, bases, y equipamiento pesado han sido blanco de las operaciones de ambos bandos, con pérdidas materiales y personales significativas. La extensión del conflicto deja en incertidumbre la capacidad de ambos países para controlar nuevas escaladas y garantizar la seguridad de la población civil en las zonas limítrofes.

Pakistán declaró el inicio de una “guerra abierta” contra los talibanes de Afganistán. Islamabad llevó a cabo bombardeos el viernes contra varias ciudades importantes de Afganistán, incluida Kabul. La ofensiva paquistaní ocurrió después de que fuerzas afganas atacaran posiciones fronterizas la noche del jueves, en respuesta a ataques aéreos previos desde Islamabad.

Las relaciones entre ambos países se deterioraron considerablemente en los últimos meses, y los pasos fronterizos terrestres permanecen prácticamente cerrados desde los combates de octubre, que dejaron más de 70 muertos en ambos bandos.

Ambos bajo gobiernos islámicos, ahora se enfrentan en una disputa armada a lo largo de una frontera de más de 2.600 kilómetros cuya legitimidad sigue en disputa, la Línea Durand.

La zona fronteriza se caracteriza por su diversidad étnica y por la existencia de vínculos culturales, lingüísticos, religiosos e históricos entre las comunidades situadas a ambos lados.

La Línea Durand, establecida en 1893 para delimitar intereses coloniales británicos, divide comunidades pastunes y ha sido fuente de disputas desde entonces. Pakistán la reconoce como su frontera internacional, mientras que Afganistán la rechaza por considerarla una imposición colonial.

Esta delimitación fue establecida por autoridades británicas en la década de 1890, durante el periodo de expansión colonial conocido como el “Gran Juego”.

La tensión en la región limítrofe gira en torno al grupo militante Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), un grupo yihadista surgido en 2007 en el noroeste de Pakistán, integrado por militantes pastunes y modelado según los talibanes afganos, pero con una postura aún más radical y alineada con Al Qaeda.

Durante años, el TTP perpetró atentados en Pakistán contra mercados, mezquitas, instalaciones militares y escuelas. En 2014, el ataque a una escuela en Peshawar dejó más de 130 niños muertos y motivó una ofensiva militar que forzó al grupo a refugiarse en territorio afgano.

Pakistán inicialmente celebró el regreso de los talibanes al poder en Kabul en 2021, pero pronto quedó claro que la afinidad ideológica no garantizaba cooperación. Desde ese momento, los ataques del TTP en Pakistán aumentaron. Islamabad sostiene que el liderazgo del TTP y muchos de sus combatientes operan desde Afganistán, algo que Kabul niega.

El Centro de Investigación y Estudios de Seguridad de Islamabad registró al menos 2.414 muertes en Pakistán en los primeros nueve meses de 2025 atribuidas a ataques del TTP, lo que podría convertir este año en no de los más sangrientos para el país.

El levantamiento de cercas por parte de Pakistán desde 2017 incrementó la tensión entre ambos países y con las comunidades locales.

Por el momento, la frontera permanece cerrada, los muertos aumentan y la hostilidad persiste, alimentada por diferencias históricas, lealtades fracturadas y una frontera que nunca ha sido plenamente reconocida por ambos estados.

Horas después de que las autoridades afganas confirmaran la denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre recientes bombardeos paquistaníes en territorio afgano con víctimas civiles, el Ministerio de Defensa del gobierno establecido por los talibán en Afganistán comunicó este viernes la realización de ataques aéreos contra diversos objetivos estratégicos en Pakistán, incluidas zonas cercanas a la capital Islamabad. Según informó el medio, la ola de bombardeos se inscribió en la escalada de enfrentamientos entre ambos países y tomó como blanco instalaciones militares y puntos considerados clave desde el punto de vista estratégico por el gobierno afgano.

De acuerdo con lo publicado en redes sociales por el Ministerio de Defensa afgano, la Fuerza Aérea lanzó estos ataques aproximadamente a las 11.00 horas, hora local, siendo algunos de los objetivos un campamento militar situado en las cercanías de Faizabad, próximo a Islamabad, una base militar en Noushera, posiciones militares en Jamrud y otros enclaves en Abbottabad. "La operación aérea se ejecutó con éxito, teniendo como objetivo bases militares, centros de mando e instalaciones estratégicas clave de Pakistán", detalló el Ministerio, señalando que la acción buscaba responder a incursiones previas de la fuerza aérea paquistaní en Kabul, Kandahar y Paktia.

Tal como consignó el medio, el gobierno paquistaní no emitió una reacción inmediata ante las declaraciones del gobierno afgano sobre estos ataques. No obstante, horas antes, voceros oficiales de Islamabad confirmaron una postura de "guerra abierta" con los talibán tras una serie de ataques de fuerzas afganas ocurridos durante el jueves, lo que desencadenó una operación militar paquistaní denominada “Ira de la Verdad”. El ministro de Información de Pakistán, Ataulá Tarar, afirmó ese viernes que las operaciones paquistaníes resultaron en la muerte de más de 130 combatientes identificados como talibán.

Paralelamente, según reportó la fuente, las autoridades de Kabul afirmaron que los bombardeos del jueves por parte de sus fuerzas causaron la muerte de más de 50 integrantes del ejército paquistaní a lo largo de la Línea Durand, un trazado fronterizo que se extiende por 2.640 kilómetros y que históricamente ha sido foco de tensiones entre ambos países. Frente a esta escalada, el gobierno talibán justificó sus ataques del viernes como respuesta directa a las operaciones militares paquistaníes en suelo afgano, que previamente habrían provocado una decena de víctimas civiles, según la denuncia presentada ante las Naciones Unidas.

En cuanto a la justificación ofrecida por Islamabad para sus operaciones militares en Afganistán, el gobierno paquistaní sostuvo que sus bombardeos pretendían desarticular “campamentos y escondites terroristas” pertenecientes tanto al Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, como al grupo Estado Islámico. Esta actuación, según Islamabad, respondió al aumento de atentados suicidas en territorio paquistaní atribuidos a estos actores armados, que operan a ambos lados de la frontera común.

El medio también detalló que los recientes enfrentamientos constituyen una de las mayores escaladas armadas entre Afganistán y Pakistán desde el regreso al poder de los talibán en Kabul, en agosto de 2021. Las operaciones aéreas declaradas por ambos lados incluyen bombardeos a ciudades principales y bases militares, lo que eleva la tensión militar en una región históricamente inestable. Tanto la cifra de muertos comunicada por fuentes afganas como la anunciada por autoridades paquistaníes no pudo ser verificada de manera independiente en el momento de la publicación, dada la dificultad de acceso a las zonas fronterizas y la naturaleza restrictiva de la información oficial.

Por su parte, las autoridades afganas reiteraron en su denuncia ante la ONU que los ataques paquistaníes en las provincias de Kabul, Kandahar y Paktia no solamente causaron daños materiales sino también víctimas civiles, agregando un elemento de presión internacional en el contexto del conflicto. La Línea Durand, mencionada como escenario de estos enfrentamientos, ha sido un factor constante de disputas fronterizas, siendo utilizada frecuentemente tanto por el gobierno afgano como por el paquistaní como argumento para justificar operaciones militares del otro lado de la frontera.

La cronología inmediata de los hechos incluye el bombardeo paquistaní a la capital afgana y otras urbes, la posterior respuesta aérea afgana contra objetivos militares en Pakistán y la declaración pública de estrategias como “Ira de la Verdad” por parte de Islamabad, destinada a intensificar operaciones contra grupos identificados como responsables de atentados recientes en el país. Estas acciones han elevado la preocupación internacional respecto a la estabilidad en la región y el posible impacto de la violencia sobre la población civil y el equilibrio geopolítico a lo largo de la frontera afgano-paquistaní.

Un mensaje divulgado por el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, subrayó la importancia de que Afganistán y Pakistán gestionen sus diferencias por vía pacífica durante el mes sagrado del Ramadán, instando a ambas partes a optar por el diálogo y la convivencia vecinal. Según informó Europa Press, la República Islámica de Irán expresó su disposición a facilitar cualquier proceso que refuerce el entendimiento entre los dos países, tras un repunte del conflicto que involucró ataques aéreos, armamento pesado y numerosas víctimas civiles y militares.

De acuerdo con Europa Press, la última escalada se desencadenó después de una serie de ofensivas coordinadas llevadas a cabo por fuerzas afganas contra territorio paquistaní. Frente a estos ataques, el Gobierno de Pakistán proclamó el inicio de una “guerra abierta” contra los talibán y lanzó bombardeos dirigidos a la capital afgana, Kabul, así como a la ciudad de Kandahar, acción que ha intensificado la preocupación internacional por el riesgo de una desestabilización más amplia en la región.

El Ministerio de Exteriores de Rusia comunicó su inquietud ante lo que denominó un “drástico repunte de los enfrentamientos armados” en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Según detalló el ministerio ruso en un comunicado citado por Europa Press, la confrontación involucra a unidades regulares de ambos ejércitos, que emplean medios aéreos y armas pesadas, y ya ha dejado víctimas en ambos lados, incluyendo entre la población civil. En ese mismo texto, el gobierno ruso exhortó a ambas naciones a poner fin a la confrontación y a retomar las negociaciones, recalcando la necesidad de resolver cualquier disputa por métodos políticos y diplomáticos.

Por su parte, el Gobierno chino manifestó su “profunda preocupación” por el incremento de la violencia en la región, según publicó Europa Press. Mao Ning, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, declaró en conferencia de prensa que China observa estrechamente el desarrollo del conflicto, aludiendo al hecho de que Afganistán y Pakistán, además de ser vecinos entre sí, también lo son de China. Mao Ning afirmó que “China apoya la lucha contra todas las formas de terrorismo” y pidió calma y contención a las partes implicadas. La funcionaria también propuso canalizar la resolución de diferencias a través de consultas y diálogo con el objetivo de alcanzar un alto el fuego que prevenga más sufrimiento para ambas sociedades. China reiteró su disposición definitiva para actuar como mediador y ofreció ayuda a sus ciudadanos si fuera necesario, recogiéndose la información en el diario ‘Global Times’, aunque hasta el momento no se ha planteado una evacuación formal.

El ministro de Información de Pakistán, Ataulá Tarar, explicó que la operación militar denominada ‘Ira de la Verdad’ resultó en la muerte de más de 130 individuos calificados como supuestos talibán. Además, Tarar anticipó que la cifra total de bajas aún podría ser mayor, sumando ataques adicionales efectuados contra objetivos militares en Kabul, Paktia y Kandahar. Las autoridades paquistaníes han justificado estos bombardeos al señalar que las operaciones se centraron en “campamentos y escondites terroristas” de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y del grupo yihadista Estado Islámico, actuación que estaría orientada a responder a recientes atentados suicidas en territorio paquistaní, según informó Europa Press.

El representante de los talibán, Zabihulá Muyahid, también confirmó los ataques aéreos llevados a cabo por Pakistán, aunque negó la existencia de víctimas, y subrayó que, por su parte, la ola de ataques desde Afganistán se habría cobrado la vida de más de cincuenta militares paquistaníes en la zona de la Línea Durand, frontera que se extiende a lo largo de 2.640 kilómetros que demarcan a los dos países. Este episodio sucede tras la denuncia por parte de las autoridades afganas ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respecto a bombardeos de Pakistán que, según su versión, provocaron la muerte de más de una decena de civiles.

En respuesta a la crisis, los gobiernos de Rusia, China e Irán han emitido llamados a la contención y el diálogo, mostrando preocupación por la implicación de unidades militares regulares y el uso de armamento de alto calibre. Según consignó Europa Press, estos países consideran que el cese de hostilidades y la apertura de negociaciones contribuirían no solo a la estabilidad de la frontera, sino también a la paz y seguridad en el conjunto de la región. En todas las declaraciones oficiales, se destacó la importancia de evitar más víctimas y de buscar mecanismos diplomáticos de resolución.

Rusia, China e Irán, cada uno con intereses geoestratégicos en Asia Central, han reiterado su disposición a facilitar el reencuentro entre Kabul e Islamabad. Según reportó Europa Press, los tres países han expresado su voluntad de ejercer un rol activo en la mediación, ya sea canalizando conversaciones directas u ofreciendo su apoyo logístico y político a ambas partes para rebajar la tensión en la región. Estos posicionamientos refuerzan el peso que atribuyen Moscú, Pekín y Teherán a la estabilidad vecinal y a la prevención de un conflicto armado de mayor alcance que involucre a actores estatales y no estatales en un área de fuerte volatilidad.

La escalada del conflicto se origina en una compleja red de acusaciones cruzadas entre los gobiernos de Kabul e Islamabad. Afganistán ha denunciado en instancias internacionales las operaciones militares paquistaníes dentro de su territorio. En respuesta, Pakistán ha justificado estas acciones alegando que las mismas están dirigidas contra grupos responsables de atentados perpetrados dentro de sus fronteras, incluyendo organizaciones como Tehrik-i-Taliban Pakistan y Estado Islámico, según la información recogida por Europa Press. El ciclo de ataques y represalias ha contribuido a que aumenten la tensión y las bajas, generando preocupación tanto entre la población civil como en los gobiernos de la región y organismos internacionales.

Diversos análisis recogidos por Europa Press destacan que la prolongación del conflicto podría tener consecuencias negativas para la estabilidad regional, involucrando no solo a fuerzas regulares de ambos países, sino también factores internos y externos con intereses en la región. Frente al actual contexto de hostilidades, los llamados al diálogo y la distensión de los gobiernos de Rusia, China e Irán buscan evitar la consolidación de una crisis que pueda extenderse más allá de la línea fronteriza que separa a Afganistán y Pakistán.

El ministro de Información de Pakistán, Ataulá Tarar, detalló que la operación militar denominada 'Ira de la Verdad' ha resultado en la muerte de más de 130 personas identificadas como supuestos talibán, tras ataques llevados a cabo en varias ciudades de Afganistán, como Kabul, Kandahar y Paktia. Estas acciones se producen luego de una serie de ataques armados a lo largo del jueves, en los que, según autoridades afganas, habrían muerto más de 50 militares paquistaníes en la zona de la Línea Durand, una frontera de 2.640 kilómetros que separa a ambos países. En este contexto de escalada militar, el relator especial de Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett, ha urgido a una inmediata desescalada de la violencia, destacando la importancia de proteger a la población civil debido a la gravedad de los acontecimientos recientes.

Según informó la ONU, se ha emitido un llamado urgente a la "calma" ante la creciente tensión y los enfrentamientos armados que involucran tanto a las fuerzas afganas como a las paquistaníes. El gobierno de Pakistán declaró el viernes una situación de "guerra abierta" con los talibán, movimiento que gobierna Afganistán desde 2021, lanzando así bombardeos contra puntos estratégicos en la capital afgana y en otras localidades. El portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, confirmó la existencia de bombardeos ejecutados por Pakistán, pero negó que hayan causado víctimas, versión que contrasta con los registros paquistaníes y las denuncias de las autoridades afganas sobre la cantidad de bajas militares.

Tal como publicó la fuente original, la reciente oleada de violencia tuvo lugar pocos días después de que autoridades afganas presentaran una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por los bombardeos realizados por Pakistán en territorio afgano. El reclamo oficial indica que más de una decena de civiles habrían perdido la vida a causa de estos ataques aéreos. El gobierno paquistaní justificó estos ataques afirmando que su objetivo eran campamentos y refugios de los grupos Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) — más conocidos como talibán paquistaníes — y células del grupo yihadista Estado Islámico. Según la versión de Islamabad, estas operaciones constituyen una represalia inmediata tras una serie de atentados suicidas perpetrados en diversas zonas de Pakistán en fechas recientes.

De acuerdo con la cobertura del medio original, el relator especial de la ONU, Richard Bennett, subrayó la necesidad de priorizar el respeto al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con énfasis en salvaguardar a los civiles mientras persisten las tensiones entre Afganistán y Pakistán. "Una vez más, hago un llamamiento a la calma y al respeto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular la protección de los civiles, en las tensiones actuales entre Pakistán y Afganistán, que lamentablemente han desembocado en violencia", expresó Bennett, reiterando la importancia de que ambas partes procedan a una desescalada inmediata del conflicto.

La secuencia de hechos comenzó cuando las fuerzas afganas llevaron a cabo una serie de ataques a lo largo de la Línea Durand, defensa natural y a menudo escenario de confrontaciones entre ambos estados. Como reacción, Pakistán respondió mediante bombardeos selectivos que, según sus portavoces, buscaban desmantelar infraestructuras de insurgentes responsables de recientes ataques suicidas en territorio paquistaní. Pakistán sostiene que estos grupos operan desde Afganistán y que sus acciones están dirigidas a garantizar la seguridad interna, especialmente tras el incremento de incidentes atribuidos al TTP y al Estado Islámico.

Mientras Islamabad enfatiza que sus operaciones tienen carácter preventivo y están dirigidas contra objetivos militares y logísticos de los mencionados grupos armados, Kabul y los representantes talibán rechazan que los ataques paquistaníes hayan provocado víctimas entre su personal, negando la cifra de bajas presentada por el gobierno paquistaní. Esta divergencia de versiones refuerza el ambiente de incertidumbre y desinformación en la región fronteriza, donde las comunicaciones y el acceso internacional resultan complejos.

Según consignó la fuente original, ambas partes han intensificado su retórica y operaciones tras incidentes recientes en los que la atribución de ataques y la cantidad concreta de víctimas siguen siendo motivo de disputas. Las poblaciones civiles ubicadas en ciudades fronterizas y zonas cercanas a la Línea Durand se enfrentan a un contexto de riesgo creciente, frente al temor de una nueva escalada militar y al impacto directo de los bombardeos.

El mes en curso se ha caracterizado por una mayor tensión en la relación bilateral Afganistán-Pakistán, marcada por el cruce de acusaciones y la denuncia de ataques cruzados, con el trasfondo de la lucha contra organizaciones armadas consideradas terroristas por el gobierno paquistaní. La intervención de la ONU busca situar el foco internacional en la protección de la población civil y el cumplimiento de acuerdos internacionales, frente a la posibilidad de una nueva y prolongada crisis humanitaria en la región.

Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, aseguró el viernes que las fuerzas armadas de su país pueden “aplastar” cualquier intento de agresión, al referirse a los recientes ataques aéreos en Afganistán.

“Nuestras fuerzas tienen plena capacidad para aplastar cualquier ambición agresiva”, afirmó, según un mensaje publicado en la cuenta oficial del gobierno paquistaní en X. A su vez, remarcó que “toda la nación apoya hombro con hombro a las fuerzas armadas de Pakistán”.

El Gobierno paquistaní declaró este viernes una “guerra abierta” contra las autoridades talibanas de Afganistán y lanzó bombardeos sobre varias ciudades afganas, incluida Kabul, tras meses de ataques mortales entre ambos países en la zona fronteriza.

Las hostilidades se reanudaron el jueves por la noche y continuaron durante la madrugada del viernes, cuando fuerzas afganas atacaron tropas fronterizas paquistaníes en represalia por bombardeos previos.

Las relaciones entre Pakistán y Afganistán, que habían sido cercanas durante años, se volvieron tensas desde la toma de Kabul por los talibanes en 2021. Islamabad acusa a los talibanes afganos de proteger a militantes que atacan territorio paquiistaní, acusación que las autoridades afganas rechazan.

“Nuestra paciencia ha llegado al límite. A partir de ahora, es la guerra abierta entre nosotros y ustedes”, declaró el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, a través de X. Poco antes, periodistas en Kabul y Kandahar reportaron fuertes explosiones y vuelos de aviones sobre las ciudades.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, calificó los ataques contra Afganistán como una “respuesta adecuada” a las acciones previas de su vecino. Por su parte, el portavoz talibán Zabihullah Mujahid anunció que Afganistán reanudará operaciones aéreas a gran escala contra posiciones paquistaníes.

El jueves, el ejército afgano atacó instalaciones militares fronterizas en Pakistán, al alegar que actuaba en represalia por bombardeos previos. Según Mujahid, más de 15 puestos paquistaníes cayeron en dos horas y “decenas de soldados han muerto”, aunque el gobierno de Pakistán negó la pérdida de posiciones y afirmó haber causado “graves pérdidas” a las fuerzas afganas.

El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, confirmó ataques contra “objetivos de la defensa talibán afgana” en Kabul, Kandahar y la provincia de Paktia. Estos operativos sucedieron después de bombardeos paquistaníes el pasado fin de semana en Nangarhar y Paktika, tras atentados suicidas en territorio paquistaní.

Un residente en Kabul describió que los ataques produjeron hasta ocho explosiones, algunas tan cercanas que sacudieron las viviendas de la zona. “El primer par de explosiones ocurrió lejos de nuestra ubicación. Las últimas fueron mucho más próximas, sacudieron la casa y tras cada detonación se escuchaban aviones de combate”, relató el testigo, que pidió no revelar su identidad por razones de seguridad.

Las autoridades afganas aseguraron haber capturado varios puestos militares y soldados paquistaníes con vida durante los recientes enfrentamientos. Sin embargo, el portavoz del primer ministro Shehbaz Sharif, Mosharraf Ali Zaidi, desmintió estas afirmaciones: “Hasta este momento, no ha habido soldados paquistaníes capturados ni martirizados. Cualquier afirmación sobre daños en Pakistán es poco más que una fantasía de los representantes de la India en Afganistán”.

La Línea Durand, frontera de unos 2.600 kilómetros trazada por el Imperio Británico en el siglo XIX, separa Afganistán de Pakistán y sigue siendo un punto de tensión constante. El gobierno afgano nunca reconoció oficialmente esta demarcación, lo que ha originado disputas recurrentes sobre soberanía, seguridad y control territorial.

Las relaciones entre ambos países se han deteriorado aún más en los últimos meses, con pasos fronterizos cerrados desde los combates de octubre y más de 70 muertos en ambos bandos. A pesar de rondas de negociaciones tras un alto el fuego inicial facilitado por Qatar y Turquía, no se alcanzó un acuerdo duradero. Arabia Saudita intervino recientemente para lograr la liberación de tres soldados pakistaníes capturados en octubre.

Cuál fue la reacción del mundo ante la declaración de guerra

Este viernes, el régimen iraní ofreció su disposición para “facilitar el diálogo” entre Afganistán y Pakistán, luego de que Islamabad atacara a los talibanes afganos y ejecutara ataques aéreos sobre Kabul tras meses de enfrentamientos en la frontera.

“La República Islámica de Irán está dispuesta a proporcionar toda la ayuda necesaria para facilitar el diálogo y mejorar el entendimiento y la cooperación entre los dos países”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, vía X.

Por otra parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a Pakistán y Afganistán a solucionar sus disputas mediante el diálogo diplomático luego de los recientes enfrentamientos fronterizos que provocaron más de 50 muertes. A través de un comunicado difundido por su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres llamó a ambas partes a respetar sus obligaciones conforme al Derecho Internacional y a garantizar la protección de los civiles.

(Con información de AFP)

Las estimaciones oficiales procedentes del interior de Afganistán apuntan al fallecimiento de 55 militares paquistaníes durante enfrentamientos en la frontera, según informes del Ministerio de Defensa afgano. El mismo organismo comunicó la captura de dos bases y diecinueve puestos pertenecientes a las fuerzas de Pakistán, así como la detención de varios efectivos y el traslado de cuerpos de soldados a territorio afgano. Esta contraofensiva, que involucró ataques en las provincias de Paktika, Paktia, Khost, Nangarhar, Kunar y Nuristán, se desarrolló a lo largo de cuatro horas y concluyó a medianoche bajo las órdenes del Jefe de Estado Mayor del Emirato Islámico, conforme detalló el ministerio afgano en un comunicado citado por medios internacionales. Al mismo tiempo, Kabul reconoció la pérdida de ocho de sus propios militares y reportó trece civiles heridos, incluyendo mujeres y niños, tras un ataque con misiles dirigido al campo de refugiados en Nangarhar.

De acuerdo con la información volcada por el medio, la escalada militar entre Pakistán y Afganistán se intensificó luego de que el gobierno pakistaní anunciara el inicio de operaciones aéreas sobre Kabul y otras localidades afganas en la madrugada del viernes. El ministro de Defensa de Pakistán, Jawaya Asif, calificó la situación actual como una “guerra abierta” y atribuyó la muerte de al menos 133 talibán afganos a estas intervenciones, en el marco de lo que las autoridades pakistaníes llamaron operación “Ira de la Verdad”. El ministro de Información pakistaní, Ataulá Tarar, divulgó un informe en redes sociales en el que puntualizó la destrucción de más de 80 tanques, piezas de artillería y vehículos blindados enemigos, junto a la eliminación de 27 puestos talibán y la captura de otros nueve.

Tal como publicó el medio, el portavoz del gobierno afgano, Zabihulá Muyahid, repudió estos hechos a través de mensajes en redes sociales. Si bien confirmó ataques en Kabul, Kandahar y Paktia perpetrados por el ejército paquistaní, sostuvo que “nadie ha resultado herido”, rebatiendo así la versión sostenida por Islamabad respecto al número de bajas afganas.

Por su parte, el ministro de Defensa de Pakistán, Jawaya Asif, afirmó en una publicación pública que el gobierno talibán se ha convertido en un aliado de la India, pese a que, según sus palabras, “el papel de Pakistán en el pasado ha sido positivo”. Asif remarcó que el país ha acogido a 5 millones de afganos durante 50 años y que actualmente millones viven en territorio pakistaní. Aseguró que la paciencia de su país “se ha agotado” y declaró: “Ahora tendremos una guerra abierta con vosotros”. Según consignó el medio, justificó así los recientes bombardeos, que calificó como una respuesta “decisiva” a intentos de agresión desde Afganistán.

En el contexto de este conflicto, el medio detalló que la situación en la frontera responde no solo a las operaciones más recientes, sino también a episodios previos. Kabul había presentado una denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el lunes anterior, responsabilizando a Pakistán por bombardeos el fin de semana que dejaron más de diez civiles fallecidos. Las autoridades afganas sostuvieron que Islamabad buscaba atacar campamentos y refugios de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán pakistaníes, y de la organización Estado Islámico, como represalia por ataques suicidas cometidos en suelo pakistaní.

El Ministerio de Defensa afgano subrayó, mediante el comunicado recogido por el medio, la intensidad de los bombardeos hacia el este y sureste del país, haciendo hincapié en la línea Durand —frontera de 2.640 kilómetros que separa ambos estados— como epicentro de los enfrentamientos. Según sus declaraciones, las operaciones buscaban responder a “insurrecciones” impulsadas por sectores militares pakistaníes.

En los últimos días, ambas naciones se atribuyeron la responsabilidad por las numerosas víctimas y daños materiales. Islamabad sostuvo, según cifras oficiales de su gobierno, que 133 talibán afganos murieron en los ataques, mientras que Kabul fijó el número de bajas pakistaníes en 55 militares. Respecto a los daños materiales, Pakistán detalló la destrucción de equipos pesados del adversario, mientras que Afganistán reportó la captura de puestos fronterizos clave.

Los reportes recogidos por los medios internacionales incluyeron también información sobre las consecuencias para la población civil. Los ataques con misiles contra el campo de refugiados de Nangarhar dejaron trece civiles heridos, incluidos mujeres y niños. La información difundida por las autoridades afganas puntualizó que los combatientes involucrados en estas operaciones provenían de las zonas limítrofes y que los bombardeos se concentraron en áreas estratégicas tanto urbanas como rurales.

En el plano diplomático, el intercambio de acusaciones se agudizó, con Islamabad responsabilizando al gobierno talibán afgano de cooperar con la India, al tiempo que Kabul denunció la presencia de campamentos enemigos en su territorio. Según indicó el medio, ambas partes intensificaron la retórica y el tono de sus comunicaciones públicas, lo que puso de manifiesto una crisis militar en aumento en la región.

A pesar de afirmar el éxito de sus ofensivas, Islamabad expresó preocupación por la continuidad de ataques suicidas dentro de su territorio, acto que utilizaron para justificar su acción militar transfronteriza. A su vez, Kabul consideró los bombardeos como atentados directos que contravienen los acuerdos bilaterales existentes.

El medio precisó que el conflicto actual surge en un entorno de prolongadas tensiones entre ambos países, marcado por históricas disputas fronterizas y la actividad de diversos grupos armados que operan a ambos lados de la línea Durand. Las recientes operaciones militares y la magnitud de los daños reportados acentúan la gravedad de la crisis y la dificultad de restaurar un escenario de estabilidad entre las partes involucradas.

El informe actualizado a las 3:40, hora local, señala que la operación denominada “Ira de la Verdad” ha dejado, según el Ministerio de Información de Pakistán, la destrucción de más de 80 tanques, piezas de artillería y vehículos blindados, así como la eliminación o captura de un total de 36 puestos talibán, en una serie de ataques que incluyeron la ciudad de Kabul, la provincia de Paktia y la región de Kandahar. Además, desde la versión oficial pakistaní, se ha confirmado la muerte de 133 combatientes talibán afganos y se contabilizan más de 200 personas heridas como consecuencia de los bombardeos. Según consignó la agencia de noticias, este balance ha sido difundido en la madrugada del viernes, mientras las hostilidades continuaban.

En paralelo a la información proporcionada por el gobierno de Pakistán, el portavoz oficial afgano, Zabihulá Muyahid, reportó en redes sociales que los bombardeos ocurrieron contra determinadas ubicaciones en Kabul, Kandahar y Paktia. No obstante, en contraste con el parte pakistaní, negó víctimas entre la población y desestimó daños personales resultantes de los ataques. Estas declaraciones se producen en un momento en que las cifras y el alcance de los daños reportados por ambos países resultan contradictorios y subrayan la compleja situación que atraviesa la región.

Tal como publicó la prensa internacional, el ministro de Defensa pakistaní, Jawaya Asif, calificó los hechos como una “guerra abierta” contra Afganistán. En mensajes difundidos por redes sociales, el funcionario acusó a los talibán afganos de cooperar con la India y cuestionó la postura actual del movimiento islámico, contrastando con lo que consideró un “papel positivo” de Pakistán en décadas recientes. Asif indicó: “Ha acogido a 5 millones de afganos durante 50 años. Incluso hoy, millones de afganos se ganan la vida en nuestra tierra”. Según el medio, el titular de Defensa manifestó en su publicación: “Nuestra paciencia se ha agotado. Ahora tendremos una guerra abierta con vosotros”. Además, aseguró que frente a los presuntos intentos agresivos de los talibán contra Pakistán, el país asiático dará una respuesta tajante mediante operaciones militares.

En la víspera de estos ataques, el vocero talibán en Afganistán manifestó que las fuerzas armadas afganas habían lanzado ataques contra “bases e instalaciones paquistaníes a lo largo de la Línea Durand”, la frontera oficial de 2.640 kilómetros entre ambos países. Muyahid comunicó que estas acciones pretendían ser una respuesta a las actividades de “los círculos militares paquistaníes”, acusados de realizar operaciones armadas en zonas limítrofes. Detalló, según consignó el medio, que alrededor de cuarenta militares de Pakistán murieron en la ofensiva afgana, y que se habían recuperado trece cadáveres de soldados afganos tras los combates. La confrontación directa a lo largo de la frontera ha generado un nuevo aumento en la tensión regional.

De acuerdo con los antecedentes reportados por medios internacionales, Kabul denunció el lunes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una serie de bombardeos por parte de la aviación de Pakistán durante el fin de semana anterior. Según el comunicado presentado por las autoridades afganas, los ataques dejaron un saldo de al menos una decena de civiles fallecidos. Afganistán sostuvo ante la ONU que estos hechos estuvieron dirigidos contra “campamentos y escondites terroristas” pertenecientes tanto al grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), también denominados talibán paquistaníes, como a células asociadas al Estado Islámico. El gobierno afgano afirmó que los bombardeos respondieron a recientes atentados suicidas efectuados sobre territorio de Pakistán, perpetrados por dicho grupo, lo que habría motivado la represalia militar pakistaní en suelo afgano.

Los reportes publicados por la prensa internacional muestran que la relación entre Islamabad y Kabul presenta un deterioro acelerado a raíz de esta escalada armada. Desde Pakistán, las autoridades insisten en la destrucción de infraestructura clave talibán y en la eliminación de cientos de combatientes enemigos, mientras el gobierno de los talibán sólo reconoce daños materiales y minimiza el alcance humano de la ofensiva. Estas versiones contrapuestas intensifican la incertidumbre respecto a la magnitud real de la confrontación y sus consecuencias para la estabilidad regional.

En la cronología de los hechos recabada por los medios, los ataques coordinados han tenido lugar en puntos estratégicos, con Kabul como uno de los principales escenarios afectados. Islamabad proyecta que la operación “Ira de la Verdad” representa el inicio de una etapa distinta en la relación bilateral, marcada por un enfrentamiento directo con el régimen talibán, después de años de tensiones cruzadas e incidentes fronterizos recurrentes. El intercambio de acusaciones sobre la protección y apoyo a grupos insurgentes ha sido fuente de controversias múltiples.

La frontera definida por la Línea Durand permanece como uno de los puntos de discordia mayor, ya que involucra cuestiones políticas, étnicas y de operación militar que han dificultado por décadas el entendimiento entre los dos países. Los ataques recientes y el cruce de comunicados oficiales agudizan este escenario, con declaraciones como la del ministro Asif, quien responsabiliza a los talibán de aliarse con la India y de representar una amenaza directa a la seguridad de Pakistán.

El medio internacional que reportó estos eventos subrayó que el ciclo de ataques y contraataques incorpora también la dimensión humanitaria, dada la cifra de desplazados y la vulnerabilidad de la población civil. Pakistán sostiene que su intervención militar busca protegerse contra amenazas provenientes de territorio afgano y controlar la actividad de grupos armados islamistas vinculados a operaciones recientes en Pakistán. Por su parte, el gobierno afgano denuncia que el objetivo de las ofensivas paquistaníes ha sido infraestructuras civiles y responsabiliza a Islamabad por la muerte de no combatientes.

Las cifras proporcionadas por ambos gobiernos mantienen diferencias significativas, lo que alimenta la confusión sobre los efectos exactos de la escalada bélica. Los organismos internacionales observan el desarrollo del conflicto, que podría tener implicaciones para la seguridad en el sur y centro de Asia. La región permanece en alerta ante el riesgo de una intensificación aún mayor de los enfrentamientos, mientras las autoridades de ambos países insisten en su versión respecto a las bajas y daños sufridos.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, solicitó a Pakistán y Afganistán que resuelvan sus diferencias por la vía diplomática tras los recientes enfrentamientos fronterizos que dejaron más de 50 fallecidos.

La petición fue transmitida mediante un comunicado de su portavoz, Stéphane Dujarric, quien instó a las partes a cumplir con sus obligaciones bajo el Derecho Internacional y a proteger a la población civil.

Las autoridades instauradas por los talibanes en Afganistán informaron sobre ataques contra objetivos militares en Pakistán, en respuesta a lo que calificaron como “reiteradas violaciones fronterizas”.

Durante la madrugada siguiente al anuncio de la ofensiva afgana, fuertes explosiones estremecieron Kabul cerca de la 1:50, hora local.

Distintos puntos de la ciudad se vieron afectados por las detonaciones y el sobrevuelo de aviones de combate, según testimonios de residentes recogidos bajo anonimato. Se registraron hasta ocho explosiones, algunas lo suficientemente cercanas para sacudir viviendas.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Afganistán informó que las operaciones militares se desplegaron en cinco provincias orientales.

La narrativa del conflicto está marcada por declaraciones cruzadas y versiones opuestas de cada gobierno, lo que dificultó establecer un relato unificado sobre los hechos.

El portavoz afgano, Zabihullah Mujahid, justificó la ofensiva al señalar que respondía a las “repetidas rebeliones e insurrecciones” del ejército paquistaní y explicó que las acciones se centraron en la Línea Durand, la frontera de más de 2.600 kilómetros establecida por el Imperio Británico en el siglo XIX, que sigue siendo foco de conflicto recurrente.

Mientras tanto, el gobierno de Pakistán desmintió la magnitud de los resultados anunciados por Afganistán. Mosharraf Ali Zaidi, portavoz del primer ministro Shehbaz Sharif, rechazó que hubiera soldados paquistaníes capturados o muertos, calificando las declaraciones afganas de “fantasía”.

Asimismo, Pakistán aseguró que su respuesta a los ataques fue inmediata y que logró causar “numerosas bajas en el lado afgano, así como la destrucción de puestos y equipos”, según su Ministerio de Información.

Cabe señalar que la escalada de violencia en la frontera se ha intensificado en los últimos meses. En octubre ocurrieron enfrentamientos armados con decenas de víctimas, tanto entre soldados como entre civiles y presuntos militantes.

Las tensiones aumentaron tras explosiones en Kabul que funcionarios afganos atribuyeron a Pakistán, lo que llevó al ejército paquistaní a ejecutar bombardeos en territorio afgano bajo el argumento de perseguir refugios insurgentes.

El domingo previo a los recientes combates, Pakistán realizó ataques aéreos en la franja limítrofe e informaron la muerte de al menos 70 militantes.

Aseguraron que entre las víctimas había decenas de civiles, incluidas mujeres y niños, y denunciaron daños en zonas residenciales, una escuela religiosa y varias viviendas.

En ese contexto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi, defendió los ataques previos. Afirmó que se trataba de “ataques de precisión” contra campamentos de entrenamiento del Talibán paquistaní en la frontera afgana, en respuesta a atentados recientes en Pakistán.

Andrabi subrayó que la violencia insurgente se incrementó durante el último año y aseguró que su país no tiene nada contra la población afgana.

(Con información de AP y Europa Press)

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, declaró en horas de la noche de este jueves el inicio de una “guerra abierta” contra los talibanes de Afganistán, tras una serie de choques armados entre ambos países.

“Nuestra paciencia ha llegado a su límite. Ahora es guerra abierta entre nosotros y ustedes”, publicó Asif en la red social X, oficializando el quiebre de relaciones y el comienzo de una nueva fase en el conflicto bilateral.

El anuncio se produce en un contexto de fuerte tensión en la región, marcada por recientes enfrentamientos militares a lo largo de la frontera.

En la madrugada, fuertes explosiones sacudieron Kabul. Los estallidos comenzaron alrededor de la 1:50 y se escucharon en varios sectores de la ciudad, acompañados por el sonido de aviones de combate.

Un residente relató que se registraron hasta ocho explosiones, algunas de ellas tan cercanas que llegaron a sacudir viviendas. Posteriormente, se oyeron ráfagas de disparos en el centro de la capital hasta cerca de las 2:30.

“El primer par de explosiones ocurrió lejos de nuestra ubicación. Las últimas fueron mucho más próximas, sacudieron la casa y tras cada detonación se escuchaban aviones de combate”, relató un residente bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.

Más temprano, el ejército de Afganistán lanzó un ataque contra posiciones militares de Pakistán en la frontera común, en respuesta a los bombardeos aéreos que fuerzas paquistaníes realizaron días antes sobre territorio afgano.

El Ministerio de Defensa de Afganistán indicó que las operaciones se desplegaron en cinco provincias del este y reportó la captura de 17 puestos militares paquistaníes y la muerte de 40 soldados.

“En respuesta a las repetidas rebeliones e insurrecciones del ejército paquistaní, se lanzaron operaciones ofensivas a gran escala contra bases e instalaciones militares paquistaníes a lo largo de la Línea Durand”, afirmó el portavoz afgano Zabihullah Mujahid.

La Línea Durand, una frontera de aproximadamente 2.600 kilómetros establecida por el Imperio Británico en el siglo XIX, separa Afganistán de Pakistán y es un punto de fricción permanente. El gobierno afgano nunca ha reconocido oficialmente esta demarcación, lo que ha generado disputas constantes sobre soberanía, seguridad y control territorial.

Las autoridades afganas aseguraron que sus fuerzas capturaron, además de los puestos militares, a varios soldados paquistaníes con vida.

Entretanto, el gobierno de Pakistán rechazó la versión afgana sobre el alcance y los resultados de la ofensiva.

“Hasta este momento, no ha habido soldados paquistaníes capturados ni martirizados. Cualquier afirmación sobre daños en Pakistán es poco más que una fantasía de los representantes de la India en Afganistán”, señaló el portavoz del primer ministro Shehbaz Sharif, Mosharraf Ali Zaidi.

Según la versión oficial paquistaní, sus fuerzas respondieron a los ataques y causaron “numerosas bajas en el lado afgano, así como la destrucción de puestos y equipos”.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el Ministerio de Información de Pakistán comunicó que Afganistán abrió “fuego no provocado” en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa.

El texto añadió que la respuesta paquistaní fue “inmediata y efectiva” y subrayó: “Pakistán tomará todas las medidas necesarias para garantizar su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos”.

El conflicto fronterizo entre ambos países ha escalado en los últimos meses. En octubre ocurrieron enfrentamientos armados que dejaron decenas de víctimas mortales entre soldados, civiles y presuntos militantes. Tras explosiones en Kabul atribuidas por funcionarios afganos a Pakistán, el ejército paquistaní lanzó bombardeos en territorio afgano argumentando que perseguía refugios de insurgentes.

El domingo anterior a los nuevos combates, Pakistán llevó a cabo ataques aéreos en la franja limítrofe, informando la muerte de al menos 70 militantes.

La administración afgana desmintió esa cifra y sostuvo que entre las víctimas había decenas de civiles, incluidas mujeres y niños. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Defensa de Afganistán, los bombardeos dañaron zonas residenciales, una escuela religiosa y varias viviendas. La cartera calificó los ataques como una “violación del espacio aéreo y la soberanía” nacional.

Poco antes de la ofensiva afgana, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi, defendió en conferencia de prensa los bombardeos previos realizados por su país.

“Esos ataques de precisión se realizaron contra campamentos de entrenamiento del Talibán paquistaní en la frontera afgana, en respuesta a recientes atentados en Pakistán”, declaró Andrabi.

El funcionario añadió que la violencia insurgente “se ha incrementado en el último año” y subrayó: “No tenemos nada contra el pueblo de Afganistán”.

La situación de seguridad interna en Pakistán se ha deteriorado progresivamente. El gobierno de Pakistán responsabiliza al Talibán paquistaní (conocido como TTP) y a grupos separatistas baluches por el aumento de los ataques en su territorio.

Islamabad sostiene que el TTP opera desde bases en Afganistán, una acusación que tanto el gobierno afgano como el propio TTP rechazan. El TTP mantiene lazos con el Talibán afgano, aunque actúa de manera independiente.

Pese a un alto al fuego negociado por Qatar, los enfrentamientos a lo largo de la frontera se han mantenido y las conversaciones de paz celebradas en noviembre no arrojaron resultados concretos. El ambiente sigue siendo tenso y ambos gobiernos se acusan mutuamente de provocar la escalada de violencia y de violar acuerdos previos.

(Con información de AFP, AP y EFE)

El cruce de acusaciones entre las autoridades instaladas por los talibán en Afganistán y las de Pakistán ha derivado en la denuncia de ataques militares, que, según las cifras conocidas hasta el momento, han provocado más de cincuenta víctimas mortales. A raíz de esta situación, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, solicitó a ambos gobiernos evitar que la tensión derive en una escalada de violencia armada. Según publicó el medio Europa Press, Guterres transmitió este mensaje a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, quien instó tanto a Islamabad como a Kabul a buscar una solución diplomática al conflicto fronterizo.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, el portavoz Dujarric indicó que Guterres insistió en la importancia de que las autoridades respeten sus compromisos internacionales y recordó que estas obligaciones incluyen el Derecho Internacional Humanitario. El comunicado emitido por Naciones Unidas subraya la necesidad de proteger a la población civil en todo momento y advierte sobre los riesgos que puede acarrear cualquier escalada en la región limítrofe.

Según la información difundida, el propio Guterres señaló que observa con preocupación los choques fronterizos entre las fuerzas paquistaníes y los cuerpos de seguridad bajo control talibán. En este contexto, destacó los intentos de mediación desarrollados por distintos Estados miembros de la comunidad internacional en los meses recientes, destacando la relevancia de estos esfuerzos en la prevención de mayores hostilidades. Europa Press detalló que el conflicto registrado ha supuesto la muerte de al menos cincuenta personas, aunque no se precisa en el reporte la procedencia o el estatus de las víctimas.

El antecedente inmediato de la escalada incluye un ataque de las fuerzas afganas contra objetivos militares en suelo paquistaní. Según informaron funcionarios vinculados al gobierno talibán, esta incursión respondió a lo que consideran "reiteradas violaciones fronterizas" por parte de Pakistán. Estas hostilidades se enmarcan en un largo historial de tensiones entre ambos países por la denominada Línea Durand, un tramo de 2.640 kilómetros que delimita el territorio a partir de un acuerdo firmado en 1893 por Mortimer Durand, secretario de Exteriores británico en la India, y el emir afgano Abdur Rahman Jan. Desde la independencia paquistaní, Islamabad reconoce esta demarcación como su frontera con Afganistán; sin embargo, Kabul nunca ha aceptado formalmente esta línea divisoria.

Según explicó Europa Press, la Línea Durand atraviesa comunidades pashtunes y baluches radicadas a ambos lados de la frontera. Esta división administrativa ha generado históricas disputas debido a la fragmentación de la estructura social tradicional de estos grupos étnicos. El desacuerdo sobre la legitimidad y el reconocimiento de la frontera ha sido fuente frecuente de desencuentros políticos y militares durante décadas.

El medio Europa Press remarcó que Naciones Unidas puso énfasis en la obligación de proteger a la población no combatiente, un principio recogido por el Derecho Internacional Humanitario y expuesto por Dujarric en nombre de Guterres. La demanda de contención y diálogo, así como el reconocimiento de los esfuerzos diplomáticos por parte de terceros estados, forman parte del llamado del secretario general para que Pakistán y Afganistán contribuyan activamente a la estabilidad regional.

En el contexto de estos enfrentamientos, persiste la preocupación internacional por el impacto humanitario de las hostilidades fronterizas. Los pueblos pashtunes y baluches, divididos artificialmente por la Línea Durand, enfrentan las consecuencias directas de los episodios de violencia. Europa Press reportó que el desarrollo de esta crisis ha puesto en foco la necesidad de una solución pacífica y el respeto a las garantías mínimas previstas en los acuerdos internacionales.

Guterres, a través de su portavoz, reiteró la disposición de la ONU a respaldar iniciativas que contribuyan a disminuir las tensiones y priorizó la importancia de evitar cualquier actuación militar que ponga en riesgo la integridad de la población civil. El compromiso de la organización internacional con la estabilidad fronteriza se mantiene en medio de llamados reiterados a la diplomacia y al cumplimiento del marco legal internacional por parte de las autoridades implicadas.

Fuentes de seguridad señalaron que quince puestos de control fueron capturados durante una operación militar afgana que se desarrolla a lo largo de la frontera con Pakistán, incautando armas y equipamiento en el proceso. Según detalló Tolo News, los combates se concentraron mayormente en áreas de la disputada Línea Durand, una región históricamente conflictiva.

De acuerdo con la información publicada por Tolo News, las autoridades establecidas por los talibán en Afganistán desde 2021 reportaron que el ejército afgano lanzó ataques contra posiciones paquistaníes en represalia por lo que califican como "reiteradas violaciones fronterizas". Las primeras estimaciones difundidas sitúan el número de víctimas mortales en más de cincuenta. Entre ellas figuran aproximadamente cuarenta miembros del ejército paquistaní fallecidos en la provincia de Kunar, ubicada en el noreste afgano y vecina a Pakistán, así como trece soldados afganos cuyos cuerpos fueron recuperados, informó el portavoz talibán Zabihulá Muyahid.

El portavoz Muyahid indicó, a través de un comunicado difundido en redes sociales y citado por Tolo News, que las operaciones afganas "contra el régimen militar paquistaní" han comenzado y que las fuerzas afganas aprovecharon la noche para lanzar la ofensiva. Muyahid sostuvo que las unidades afganas “eliminarán fácilmente todas las fuerzas enemigas en movimiento”, en alusión a las tropas paquistaníes desplegadas en la región fronteriza. Informó que las acciones militares incluyeron ataques directos a "bases e instalaciones paquistaníes a lo largo de la Línea Durand".

El medio Tolo News puntualizó que, durante las operaciones, los talibán capturaron y aseguraron quince puestos de control ubicados principalmente en la frontera, así como una cantidad significativa de armamento. Según Tolo News, la ofensiva se centró en diversas provincias limítrofes, generando un incremento de las tensiones bilaterales al tiempo que las consecuencias humanas y materiales todavía están siendo evaluadas por ambas partes.

Tras los primeros ataques reportados, las autoridades paquistaníes reaccionaron señalando que la ofensiva carecía de justificación y advirtieron de una pronta respuesta. Según consignó el Ministerio de Información de Pakistán en un comunicado citado por Tolo News, "habrá una respuesta efectiva e inmediata" por parte de las fuerzas de seguridad. Islamabad afirmó que los ataques de los talibán se produjeron en diferentes zonas fronterizas de la provincia de Jáiber Pastunjua y que el aumento de la violencia no tenía justificación estratégica.

El gobierno paquistaní aseguró además que, de acuerdo con datos preliminares, se habían ocasionado numerosas bajas en el lado afgano, junto con la destrucción de varios puestos de control y equipamiento militar. El ministerio paquistaní insistió en que el país tomará "todas las medidas necesarias para garantizar su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos", destacando ante los medios su determinación frente a los ataques de las fuerzas afganas.

El historial de enfrentamientos en la frontera afgano-paquistaní ha sido extenso en los últimos meses. El pasado 23 de febrero, el gobierno talibán presentó una queja formal ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras una serie de bombardeos realizados por el ejército paquistaní. Dichos bombardeos, según denunciaron las autoridades afganas y recogió Tolo News, dejaron un saldo de diecisiete civiles muertos. Pakistán identificó al grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), así como a combatientes yihadistas del Estado Islámico, como los objetivos de estos ataques, justificando las acciones como una respuesta a recientes atentados suicidas registrados en territorio paquistaní.

El trazado geográfico de la disputa se encuentra en la Línea Durand, la cual se extiende a lo largo de 2.640 kilómetros y actúa como frontera de facto entre Afganistán y Pakistán. Dicha línea fue impuesta en 1893 mediante un acuerdo entre el representante británico en la India, Mortimer Durand, y el emir afgano Abdur Rahman Jan; el trazado acabó dividiendo a numerosas comunidades pashtunes y baluches, lo que ha complicado durante décadas las relaciones bilaterales. Mientras Islamabad reconoce la Línea Durand como frontera oficial tras la independencia de Pakistán, Kabul nunca ha reconocido formalmente esa delimitación, reportó Tolo News.

El conflicto fronterizo ha experimentado episodios de escalada militar en varias ocasiones. Tolo News documentó que el pasado octubre se registraron dos días de enfrentamientos intensos, incluyendo bombardeos y fuego cruzado en distintos puntos limítrofes, lo que aumentó la preocupación por una posible desestabilización regional. Esta nueva ofensiva y las amenazas de respuesta subrayan la persistencia de la inestabilidad en la frontera y la ausencia de acuerdos bilaterales sólidos sobre la gestión de incidentes armados.

Las fuentes consultadas por Tolo News subrayaron que tanto los combates como la toma de posiciones militares en zonas de difícil acceso representan una nueva fase de confrontación entre los dos países. El cruce de acusaciones sobre la presencia de grupos armados y la defensa de la integridad territorial aparecen sistemáticamente como argumentos en los comunicados oficiales de ambas partes.

A la espera de la evolución del conflicto, las autoridades de Afganistán y Pakistán mantienen sus tropas en estado de alerta, mientras los gobiernos de ambos países defienden sus acciones como necesarias para preservar la seguridad en la región y proteger sus respectivos territorios frente a las incursiones transfronterizas.

El Ejército afgano realizó operaciones militares en la frontera con Pakistán y, según consignó la cadena Tolo News, las fuerzas afganas capturaron al menos quince puestos de vigilancia durante las acciones desplegadas en varias provincias bajo disputas territoriales. La ofensiva, reportó el mencionado medio, se centró en posiciones situadas a lo largo de la Línea Durand. Esta franja fronteriza no solo fija el límite entre ambos países, sino que históricamente ha generado tensiones al dividir comunidades pashtunes y baluches en ambos lados.

Las autoridades instauradas por los talibán, que gobiernan Afganistán desde 2021, anunciaron el inicio de los ataques contra objetivos militares paquistaníes. De acuerdo con Tolo News, el portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, confirmó que el Ejército afgano comenzó a atacar “bases e instalaciones paquistaníes a lo largo de la Línea Durand” como respuesta a lo que calificaron como “reiteradas violaciones fronterizas” por parte de las fuerzas del país vecino. Muyahid declaró en redes sociales que estas operaciones constituyen una respuesta a “insurrecciones de los círculos militares paquistaníes” y que se han lanzado iniciativas de “contrainsurgencia a gran escala”.

Según publicó Tolo News, el portavoz insistió en que las unidades afganas desplegarán sus acciones bajo el amparo de la oscuridad, señalando que buscarán eliminar “todas las fuerzas enemigas en movimiento”. El medio afgano detalló además que las operaciones están dirigidas específicamente “contra el régimen militar paquistaní”.

La Línea Durand se extiende a lo largo de 2.640 kilómetros y fue establecida en 1893 mediante un acuerdo entre el secretario de Exteriores británico en India, Mortimer Durand, y el emir afgano Abdur Rahman Jan. Pese a que tras la independencia de Pakistán el gobierno de Islamabad reconoció esta línea como frontera, Kabul nunca adoptó tal reconocimiento oficial, lo que ha alimentado un conflicto fronterizo persistente. Tolo News recordó que esta división afecta directamente a las comunidades pashtunes y baluches, cuya cohesión social y territorial quedó fragmentada a raíz de la demarcación.

El aumento de las hostilidades se suma a episodios recientes que incrementaron la tensión bilateral. Según reportó Tolo News, el 23 de febrero las autoridades afganas presentaron una “queja formal” al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras denunciar bombardeos paquistaníes en su territorio, hecho que habría causado más de una decena de muertes civiles. Informaciones anteriores señalaban un saldo de diecisiete víctimas fatales, aunque Pakistán afirmó que sus ataques se dirigieron únicamente contra “campamentos y escondites terroristas” del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y del Estado Islámico. El gobierno paquistaní sostuvo que las acciones respondieron a ataques suicidas recientes perpetrados dentro de su territorio.

Este no es el primer episodio de confrontación militar a lo largo de la disputada frontera. Tolo News rememoró que durante el pasado otoño se produjo un enfrentamiento caracterizado por bombardeos cruzados y disparos sostenidos durante 48 horas, concretamente entre los días 10 y 11 de octubre. Estos sucesos contribuyeron de modo significativo al deterioro de las relaciones entre Kabul e Islamabad.

Las fricciones sobre la Línea Durand, informó Tolo News, se ven agravadas por factores históricos y sociales. La división artificial entre Afganistán y Pakistán ha servido como fuente continua de disputas, con denuncias habituales de incursiones y agresiones a lo largo de la línea fronteriza. Al mismo tiempo, la presencia de grupos armados en la región ha propiciado operaciones militares por ambos bandos, quienes justifican sus acciones en nombre de la seguridad fronteriza y el combate al terrorismo.

Como resultado de los enfrentamientos y ataques denunciados por ambas partes, la situación humanitaria y la estabilidad regional enfrentan nuevos riesgos. Los episodios de violencia han dejado víctimas civiles y daños a infraestructuras locales, aumentando el temor por una posible escalada que involucre mayores recursos militares y la intervención de organismos internacionales. Tolo News enfatizó que pese a los llamados presentados en foros multilaterales, la franja fronteriza continúa como escenario de disputas y acciones militares, sin una resolución clara a corto plazo.

Durante la reunión celebrada en el Palacio de La Moncloa, Malala Yousafzai agradeció al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el apoyo de España a la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres afganas, tal como informó el medio. En este contexto, Yousafzai subrayó la importancia del posicionamiento español frente al retroceso de libertades en Afganistán, país donde la situación de mujeres y niñas ha experimentado importantes restricciones, haciendo énfasis en la relevancia del respaldo internacional.

Según publicó la fuente, el presidente español transmitió su agradecimiento a la Premio Nobel de la Paz por sus años de activismo en favor de los derechos de las mujeres y las niñas. Durante el encuentro, Sánchez señaló que el feminismo constituye una cuestión relacionada con los derechos humanos y una fuerza impulsora de la transformación social en España. El presidente detalló que cada una de las políticas públicas promovidas por el actual Ejecutivo incorpora la perspectiva de género tanto en el diseño como en la aplicación de las mismas.

El medio consignó que el Gobierno español mantiene su compromiso de impulsar una política exterior feminista. Esta política aborda de modo integral la acción humanitaria y la protección internacional, así como la defensa activa de los derechos de las mujeres y niñas en los foros multilaterales. La fuente destacó que España sostiene su participación en iniciativas internacionales, como las conferencias HearUs, orientadas a promover la rendición de cuentas en casos de violaciones de derechos humanos y a respaldar el avance global en materia de igualdad de género.

Asimismo, el Ejecutivo español reiteró la inclusión de la perspectiva de género en cada medida adoptada, asegurando que esta visión atraviesa toda la acción gubernamental. Según reportó la fuente, esta orientación forma parte de un esfuerzo mayor por fortalecer la posición de España como referente en el impulso de políticas igualitarias, tanto a nivel nacional como internacional.

En el marco del encuentro, la figura de Malala Yousafzai, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, adquirió especial relevancia como símbolo del activismo por la escolarización y los derechos de mujeres y menores. La reunión sirvió para poner de manifiesto la colaboración entre el Gobierno de España y líderes internacionales comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la promoción de la igualdad.

De acuerdo con lo informado, el Gobierno enfatizó la importancia de mantener una postura firme en la protección de las mujeres frente a las violaciones de derechos humanos, incluyendo la participación activa de España en mecanismos internacionales de rendición de cuentas. Esta estrategia busca garantizar que todos los actores responsables de vulneraciones sean identificados y sancionados en los foros pertinentes.

En el transcurso del diálogo, la defensa de los derechos de las mujeres afganas cobró un lugar central, dado el contexto de retroceso de libertades en ese país. Tal como consignó la fuente, Yousafzai valoró de manera positiva el apoyo mostrado por el Ejecutivo español a la causa, remarcando el papel que puede desempeñar la comunidad internacional para revertir las restricciones impuestas al sector femenino de la población afgana.

El encuentro puso de relieve la prioridad del Gobierno en integrar la perspectiva de género tanto en la política interna como externa, y remarcó la conexión entre el activismo global y el desarrollo de políticas públicas en España, según detalló la fuente original.

Desde que supo que sus hijos vivían en Alemania con su padre y que las posibilidades de contacto eran cada vez más limitadas, la periodista afgana Khadija Amin enfoca sus esfuerzos en la obtención de la nacionalidad española con la esperanza de facilitar los trámites para reunirse con ellos. Según consignó el medio, Amin permanece en Madrid desde su llegada a España en 2021, donde fue recibida por la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras huir de Afganistán en un contexto marcado por la toma de poder de los talibanes.

El medio detalló que la reportera estrenó el documental titulado '¿Dónde están mis hijos?', en el que relata la travesía de búsqueda de sus tres hijos después de haber sido declarada muerta oficialmente en su país de origen. En el encuentro con la prensa realizado en la capital española, Amin agradeció al Gobierno de España por la ayuda prestada en su salida de Afganistán y manifestó su reconocimiento por el papel desempeñado por representantes como la ministra Robles. Explicó que la autoridad española le ofreció cuatro plazas en un avión militar para evacuar tanto a sus hijos como a su exmarido, quien rechazó la oferta y cortó toda comunicación desde entonces.

Tal como publicó la fuente, Amin aseguró que las secuelas del exilio, la violencia experimentada y la imposibilidad de demostrar su maternidad han dificultado gravemente el reencuentro con sus hijos, quienes ya no desean hablar con ella. "Me permite hablar con ellos muy poco, la última vez que hablé con ellos me dijeron 'ya no queremos hablar contigo'. Mi hijo mayor me dijo 'mamá, por favor no nos llames porque nuestro padre nos cuida muy bien. Tú fuiste, tú nos abandonaste y ahora ya no quiero hablar contigo'", relató la periodista durante la presentación del documental. Refirió que interpreta estas palabras como influencia directa de su padre, señalando que anteriormente sus hijos expresaban el deseo de vivir a su lado y le preguntaban "¿mamá, dónde podemos ir a decir que queremos vivir contigo?".

De acuerdo con la crónica proporcionada, Amin presentó casos de violencia física, emocional y actualmente vicaria. Ha narrado cómo en el pasado denunció a su exmarido por malos tratos y consiguió divorciarse, aunque el acuerdo no recogía de forma fehaciente la existencia de los tres menores como hijos en custodia, lo que ha agravado su situación legal y familiar. Dentro del documental, disponible a partir del 26 de febrero en Movistar Plus+, se describe el seguimiento virtual que la periodista realizó para localizar a sus hijos en Kabul, utilizando herramientas como Google Maps, e identifica el colegio al que asistían.

El medio consignó también que algunas personas vinculadas al régimen talibán le ofrecieron la extracción de sus hijos a cambio de 20.000 euros, argumento que pone de manifiesto las dificultades y el riesgo de intentar su recuperación en una situación de exilio. Amin recalca que, a pesar de los traumas personales y las afectaciones psíquicas, continúa trabajando con otras mujeres afganas en situaciones similares, convencida de que su testimonio puede servir como carta audiovisual para sus propios hijos y como símbolo para millones de mujeres afganas que, en sus palabras, "están encarceladas en Afganistán".

Amin afirmó durante la rueda de prensa que en su país natal figura oficialmente como fallecida, lo que suma desafíos a los trámites internacionales y a la posibilidad de probar su identidad materna. Ha señalado que el régimen talibán ha eliminado derechos fundamentales de las mujeres, restringiendo por completo su movilidad, su seguridad jurídica e impidiéndoles acceder a medios de vida. Señaló que, según la nueva legislación afgana, el marido tiene permitido ejercer violencia física grave contra la esposa, mientras que "todas las mujeres en Afganistán se quedaron sin derechos".

El codirector del documental, presente en la conferencia de prensa y citado en la misma publicación, aseguró que el exmarido de Amin nunca ha mostrado intención de restablecer el contacto entre los niños y su madre, pese a conocer la existencia de la obra audiovisual. Por su parte, Amin subrayó el objetivo de mantener fortaleza para el futuro de los menores y la intención de que ellos comprendan que nunca cesó en su esfuerzo: "Quiero que vean cómo su madre sigue siendo una mujer fuerte, luchadora. Y que vean que no he luchado solo por ellos".

Según recordó el medio, durante el proceso de solicitud de la nacionalidad española —en trámite desde hace seis meses— Amin expresa la esperanza de que esta condición jurídica facilite los mecanismos para recuperar el contacto legal y físico con sus hijos, que se encuentran bajo la custodia exclusiva del padre. Explicó que la distancia física con Afganistán dificultaba el seguimiento de los menores, pero la posterior reubicación de la familia en Alemania, sumada a la negativa paterna de permitir comunicaciones, ha endurecido las barreras administrativas y emocionales.

La crónica de la experiencia de Amin —según publicó la fuente— ilustra la situación de muchas mujeres afganas que, tras denunciar malos tratos, se enfrentan a la marginación social, la ausencia de amparo legal y la pérdida de vínculos familiares. Narró que, en su familia afgana, es considerada una paria y que el contexto de represión hacia las mujeres dificulta no solo la reconstrucción personal, sino también la defensa de los derechos de los hijos.

El documental, con dos capítulos, ofrece un recorrido por el drama vivido, abordando desde la imposición institucional de desaparecidos —al declararla muerta— hasta la negociación con actores que ofrecen, mediante pago, la extracción ilegal de menores, pasando por la experiencia de reubicación en un contexto donde figuras femeninas en cargos de liderazgo, como la ministra Robles, representaban una realidad desconocida para la periodista. Amin señala que, si bien el testimonio audiovisual revive el dolor, también le brinda una oportunidad de sanar parcialmente y de proyectar esperanza a quienes atraviesan circunstancias análogas.

Según aportó el medio, Amin insiste en que el abandono de miles de mujeres afganas por parte de la comunidad internacional ha dejado a muchas en manos de los talibanes y que el proyecto audiovisual busca darles visibilidad. "Esta es una historia de millones de mujeres afganas que están encarceladas en Afganistán. Quiero que sea (este documental) para darle visibilidad a las niñas y mujeres. La comunidad internacional nos abandonó a manos de terroristas", declaró Amin, quien afirma que, pese a la distancia y las dificultades, continúan sus acciones de acompañamiento y apoyo desde España a quienes se han visto obligadas a huir de su país.

El envío de refuerzos policiales a la zona y la apertura de una investigación ocurrieron tras el ataque armado que terminó con la vida de seis agentes, incluidos mandos de alto rango, en una carretera del distrito de Kohat, provincia de Jáiber Pastunjua, Pakistán. Según informó el diario paquistaní Dawn, la acción violenta tuvo como blanco el vehículo ocupado por el subcomisario de la zona de Laichi, cerca de la frontera con Afganistán, y aún no existe reivindicación de la autoría.

El atentado, ocurrido este martes, utilizó armas de fuego en contra de los agentes que viajaban por una vía local, tal como reportó el medio Dawn. La cifra de bajas incluye al menos un alto cargo, que ejercía como ‘número dos’ del superintendente local. Este tipo de incidentes en la región fronteriza ha sido frecuente, en un contexto de persistente inseguridad atribuido en el pasado a la actividad del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, detalló Dawn.

La policía paquistaní desplegó operativos de seguridad adicionales en la zona inmediatamente después del ataque, con el objetivo de dar con los responsables. Hasta el momento, no se han producido detenciones relacionadas con el incidente, según consignó Dawn. La apertura de la investigación busca esclarecer tanto la motivación como la autoría del atentado, del que por ahora ningún grupo u organización ha asumido la responsabilidad.

El gobernador de Jáiber Pastunjua, Faisal Karim Kundi, condenó el ataque de forma enérgica y se refirió a la muerte de los agentes como un hecho lamentable para la seguridad local, según publicó Dawn. Kundi expresó el apoyo oficial a las familias de las víctimas y reiteró el compromiso de su administración con la lucha contra la violencia que afecta la provincia.

Jáiber Pastunjua colinda con Afganistán y ha vivido episodios repetidos de violencia, muchos atribuidos a facciones insurgentes. De acuerdo con las informaciones del medio Dawn, el área enfrenta desde hace años un entorno de inseguridad elevado, especialmente por los ataques perpetrados por el TTP. Las autoridades han señalado en diversas ocasiones a India y a los talibán afganos como presuntos patrocinadores del grupo armado, aunque tanto Nueva Delhi como Kabul rechazan esas acusaciones.

El ataque la jornada del martes representa uno de los episodios más recientes en una cadena de acciones violentas que afectan tanto a fuerzas de seguridad como a civiles en la zona limítrofe. Las investigaciones siguen en curso para determinar los detalles completos del atentado y detener a los responsables, según dieron a conocer las autoridades policiales paquistaníes citadas por Dawn.

La situación en la región fronteriza permanecía tensa al cierre de la jornada, mientras las fuerzas de seguridad revisaban la zona y ampliaban los controles ante posibles nuevos incidentes relacionados con células insurgentes activas en el área, según la información publicada por el diario Dawn.

Entre las consecuencias de este accidente, las autoridades confirmaron que entre los fallecidos se incluyen menores de edad y varios de los heridos permanecen en estado crítico, por lo que el número de víctimas podría aumentar en las siguientes horas. Según reportó Amu TV, el incidente involucró a un autobús que se desplazaba por la provincia de Badgis, en el oeste de Afganistán, transportando pasajeros entre Herat y Qala-e-Nau.

De acuerdo con información difundida por Amu TV y citada por las autoridades locales instauradas tras la llegada de los talibán al poder en agosto de 2021, el accidente ocurrió cuando el conductor del vehículo perdió el control, lo que provocó que el autobús se saliera del camino y volcara a la altura del área de Sabzaq. El portavoz de la Policía provincial, Sediqulá Sediqi, explicó que la causa principal del siniestro fue “negligencia” por parte del conductor.

El balance provisional establece el fallecimiento de nueve personas, incluidas varias niñas y niños, y un total de 35 pasajeros heridos según consignó Amu TV, generando preocupación entre los responsables sanitarios y autoridades locales por la gravedad de algunas lesiones. Varios heridos presentan una condición crítica, lo que impide descartar nuevas muertes en el corto plazo.

Amu TV detalló que los servicios de emergencia y equipos sanitarios acudieron al lugar del accidente poco después del siniestro, asistiendo a los heridos y trasladando a los más graves a centros médicos de la provincia de Badgis. Las autoridades policiales iniciaron procedimientos para investigar el estado del autobús y las circunstancias precisas del vuelco, con especial atención al papel del conductor.

Según publicó Amu TV, este tipo de accidentes de tráfico representan un desafío en la región, donde las carreteras suelen carecer de mantenimiento adecuado y los controles de seguridad vehicular presentan deficiencias. La provincia de Badgis, situada en el oeste del país, conecta varias ciudades principales y es transitada habitualmente por vehículos de pasajeros, lo que incrementa el riesgo de incidentes de este tipo.

El medio Amu TV indicó que, tras el accidente, familiares de las víctimas se desplazaron a los hospitales locales para obtener información sobre el estado de los heridos y los fallecidos. Las autoridades confirmaron que los equipos de rescate y los cuerpos de seguridad seguirán colaborando en las labores de auxilio y asistencia a las personas afectadas por el siniestro.

Las investigaciones abiertas intentarán esclarecer si otros factores contribuyeron al accidente, además de la posible negligencia atribuido al conductor, y si existen responsabilidades adicionales relacionadas con el estado del autobús o las condiciones de la carretera. Mientras tanto, la situación médica de varios pasajeros continúa siendo de suma atención para las autoridades de salud de Badgis y para los organismos encargados de la gestión de emergencias, según informó Amu TV.

Hasta el momento, las autoridades talibán respaldadas en la región han reiterado su compromiso con la mejora de los estándares de seguridad en el transporte y la necesidad de aumentar la vigilancia para prevenir nuevos accidentes de esta magnitud. El evento ha reavivado la discusión local sobre las condiciones del sistema vial afgano y la atención a víctimas en entornos rurales, según detalló Amu TV. La cifra provisional de víctimas y el alcance del suceso se mantienen en revisión, de acuerdo al seguimiento oficial proporcionado por la Policía provincial y los servicios sanitarios consultados por el mismo medio.

Nasir Faiq, encargado de negocios de los talibán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solicitó una investigación internacional sobre los recientes bombardeos realizados por Pakistán contra territorio afgano, tras informar que los ataques causaron la muerte de más de una decena de civiles, entre los que se encontraban mujeres y menores. Según consignó el medio que dio a conocer la noticia, Faiq también exigió ante el Consejo de Seguridad de la ONU la suspensión inmediata de estas operaciones militares y una evaluación independiente sobre lo ocurrido en la frontera.

De acuerdo con lo detallado por la fuente, las actuales autoridades en Kabul, instauradas en 2021 tras el regreso de los talibán al poder, formalizaron su queja por escrito ante el principal órgano de seguridad internacional. “La misión permanente de Afganistán presentó formalmente una queja ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en relación con esta grave violación”, comunicó Faiq en un mensaje difundido mediante redes sociales. En esa declaración pública condenó la ofensiva y enfatizó la “trágica pérdida de vidas civiles, incluidas mujeres y niños”.

El diplomático reclamó el cese inmediato de los ataques, una revisión minuciosa y neutral de los hechos reportados y el respeto íntegro a la soberanía nacional afgana. Asimismo, Faiq demandó la adhesión estricta a la Carta de Naciones Unidas y la observancia del Derecho Internacional. Las críticas a Islamabad por incursiones transfronterizas han sido sostenidas por parte de las autoridades afganas, especialmente luego de los episodios más recientes.

Según publicó la misma fuente, los talibán acusaron el pasado domingo a fuerzas armadas paquistaníes de haber causado la muerte de 17 personas en los ataques, señalando que se trató de civiles. Pakistán, por su parte, justificó la operación como una acción de represalia frente a recientes atentados suicidas cometidos en su territorio. El gobierno de Islamabad afirmó que sus fuerzas dirigieron los ataques contra supuestos campamentos y refugios de milicianos del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como talibanes paquistaníes, así como del grupo Estado Islámico.

El medio detalló que la frontera entre Afganistán y Pakistán es una zona con altos índices de inseguridad desde hace años, debido a la actividad de organizaciones armadas como el TTP. Islamabad sostiene que tanto los talibán afganos como la India han colaborado o facilitado apoyo para operaciones del TTP, aunque tanto Kabul como Nueva Delhi han rechazado esas acusaciones públicamente.

En informes anteriores, la fuente recordó que el peor momento de escalada militar reciente se produjo en octubre del año pasado, cuando durante dos días se registró un cruce intenso de bombardeos y tiroteos en varios puntos fronterizos. Según registros del ejército paquistaní, esos enfrentamientos del 10 y 11 de octubre de 2023 dejaron un saldo de 23 soldados muertos y 29 heridos de sus filas, junto a unos 200 militantes talibanes abatidos. Desde el bando talibán no se notificó el número de bajas propias, pero indicaron que la cifra de efectivos paquistaníes fallecidos habría alcanzado los 60.

Tras cada uno de estos incidentes, las versiones y denuncias cruzadas han incrementado las tensiones diplomáticas y militares en la zona, marcando una tendencia de hostilidad y agravamiento de la situación humanitaria, de acuerdo con los reportes de la fuente. Frente a la continuidad de ataques e imputaciones por supuestos apoyos a grupos armados, la situación en la frontera sigue sin una resolución estable y con nuevas peticiones de intervención internacional, como la elevada esta semana ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

La operación aérea pakistaní dirigida a posiciones de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y Estado Islámico en territorio afgano incluyó el bombardeo completo de una vivienda en Beshud, en la provincia de Nangarhar, donde se encontraban cerca de veinte personas. De acuerdo con la información suministrada por el régimen talibán afgano, el impacto dejó al menos 17 fallecidos, entre ellos 11 menores, y hasta el momento se mantienen las labores de recuperación de los cuerpos. Según reportó la filial en pastún de la BBC, también se registraron cinco heridos que permanecen bajo atención médica y presentan un estado de salud estable. La noticia principal, según publicó el medio de comunicación, es que las fuerzas armadas de Pakistán ejecutaron bombardeos durante la última noche en siete objetivos considerados "campamentos y escondites terroristas" del TTP y de Estado Islámico en la región fronteriza con Afganistán.

El medio BBC informó que la ofensiva aérea surge como respuesta directa a una reciente serie de atentados suicidas ocurridos en Pakistán, entre los que se destaca un ataque en Islamabad con más de 30 muertos, otro en Bajaur con más de 20 víctimas mortales y un tercero en Bannu, ocurrido el pasado sábado, donde al menos dos militares paquistaníes perdieron la vida cuando explotó una carga transportada por un miembro suicida del TTP. Según informó la cadena británica citando fuentes oficiales paquistaníes, el Ministerio de Información y Radiodifusión de Pakistán indicó que las operaciones se enfocaron en siete objetivos tras obtener información de inteligencia sobre los implicados, con la intención de garantizar la precisión de los ataques.

Un comunicado oficial de las autoridades paquistaníes, citado por la BBC, señaló que la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán se utilizó como base de operaciones por grupos armados responsables de estos atentados, y responsabilizó tanto al TTP como a Estado Islámico de la autoría de los ataques recientes. Desde Islamabad se recalcó que existen "pruebas concluyentes" sobre la implicación de ambas organizaciones en las acciones terroristas, y que el Gobierno talibán de Afganistán no adoptó medidas suficientes para impedir el uso de su territorio con fines de violencia transfronteriza.

El Ministerio de Información y Radiodifusión de Pakistán, citado por la BBC, defendió que el país "siempre se ha esforzado por mantener la paz y la estabilidad en la región", aunque sostuvo que "la seguridad de nuestros ciudadanos sigue siendo nuestra principal prioridad". En el mismo comunicado, Islamabad hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que inste al Gobierno talibán a cumplir compromisos que considera esenciales para la paz y la seguridad tanto regional como mundial.

Por su parte, el Ministerio de Defensa afgano condenó las acciones armadas a través de un comunicado en sus redes sociales, denunciando la "flagrante violación y crimen de la integridad territorial nacional de Afganistán". El gobierno afgano calificó estos bombardeos de Pakistán como una acción contraria al derecho internacional, los principios de convivencia entre naciones y los valores islámicos. Además, señalaron que entre los objetivos atacados se encontraba un centro religioso y mencionaron que los bombardeos afectaron zonas civiles, con decenas de heridos.

Las autoridades afganas alertaron sobre una respuesta futura, planteando que "darán una respuesta apropiada y calculada en el momento oportuno". El comunicado publicado en redes sociales agregó que los ataques a objetivos civiles y centros religiosos reflejan, desde su perspectiva, deficiencias en la inteligencia y seguridad del ejército pakistaní, por lo que, a juicio del gobierno afgano, dichas operaciones militares no logran ocultar problemas internos en el país vecino.

En relación a los antecedentes de la violencia en la zona, la BBC recordó que la región fronteriza entre ambos países sufre una situación de gran inestabilidad y ha sido escenario de numerosos incidentes. Se han presentado acusaciones cruzadas entre Pakistán, Afganistán y la India sobre presunto apoyo a grupos armados, aunque tanto Nueva Delhi como Kabul han rechazado estas imputaciones. Durante el otoño pasado, se registró un aumento de las hostilidades con una serie de enfrentamientos armados y bombardeos, particularmente los días 10 y 11 de octubre, que costaron la vida a al menos 23 efectivos paquistaníes y según el ejército de Pakistán, dejaron heridos a 29 personas y provocaron la muerte de cerca de 200 talibanes. El gobierno talibán no validó esas cifras y sostuvo que el número de militares paquistaníes fallecidos fue de aproximadamente 60.

El reciente ataque suicida en Bannu formó parte de una operación militar paquistaní dirigida al TTP, en la provincia de Jíber Pastunjua, y según reportó la BBC, la detonación de explosivos ocurrió cuando los militares interceptaron el vehículo utilizado por el atacante. Las fuentes oficiales paquistaníes han mantenido que la escalada de violencia responde a la necesidad de proteger a la población y de frenar el establecimiento de redes terroristas en la frontera común.

En el contexto de la actual crisis, tanto Pakistán como Afganistán mantienen posturas opuestas en torno a la gestión de los grupos armados y el uso del territorio fronterizo para actividades violentas. Mientras Islamabad cuestiona la falta de acción desde Kabul para desmantelar los campamentos del TTP y Estado Islámico en Afganistán, el gobierno afgano acusa a Pakistán de atentar contra civiles, violando acuerdos y principios internacionales. Ambas partes han solicitado apoyos y mediación internacional para abordar el conflicto y responder a las consecuencias del último episodio de violencia en la región.

El gobierno talibán de Afganistán ha asegurado que las acciones militares paquistaníes han afectado áreas civiles y provocado decenas de heridos, tras los recientes ataques aéreos realizados por el Ejército de Pakistán en la frontera compartida por ambos países. Kabul se ha comprometido a responder a estos bombardeos en el momento que considere adecuado. De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Defensa Nacional afgano, las operaciones paquistaníes constituyen una violación de la integridad territorial de Afganistán y transgreden tanto el derecho internacional como los principios de buena vecindad y los valores islámicos. La declaración afgana agrega que entre los objetivos golpeados figuraba un centro religioso y argumenta que estas acciones reflejan deficiencias de inteligencia y seguridad militares por parte de Pakistán. La postura afgana sostiene que “estos repetidos ataques nunca ocultarán sus fallas internas”.

Según reportó el Ministerio de Información y Radiodifusión de Pakistán, la fuerza aérea paquistaní efectuó bombardeos selectivos sobre siete campamentos y refugios identificados como pertenecientes al grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), también conocido como los talibán paquistaníes, así como a filiales del Estado Islámico. Estas operaciones se ubicaron en la región fronteriza que comparten Pakistán y Afganistán, y fueron descritas por Islamabad como ataques de precisión ejecutados con base en información de inteligencia.

El medio detalló que esta ofensiva surgió tras una serie de atentados suicidas atribuidos a estos grupos armados, que han golpeado a Pakistán en las semanas previas. Las autoridades paquistaníes contabilizaron tres ataques suicidas recientes: uno en Islamabad, que provocó más de treinta víctimas mortales; otro en Bajaur, donde la cifra de fallecidos supera la veintena; y un tercero en Bannu. Islamabad sostiene que existen “pruebas concluyentes” que vinculan a TTP y Estado Islámico con estos atentados.

El gobierno paquistaní responsabilizó al régimen talibán afgano por no actuar para impedir que su territorio se utilice para planear y lanzar operaciones violentas contra Pakistán. “El régimen talibán afgano no adoptó ninguna medida sustancial contra ellos”, declararon las autoridades, citadas por el medio. Además, Islamabad reafirmó que la protección de sus ciudadanos ocupa el primer lugar entre sus prioridades y remarcó el esfuerzo sostenido por preservar la estabilidad regional. El Ministerio de Información y Radiodifusión reiteró la petición hecha a la comunidad internacional para que presione al gobierno talibán a cumplir sus compromisos en materia de seguridad, considerándolo un punto clave para la paz tanto regional como global.

Por su parte, informó la agencia, el Ministerio de Defensa afgano manifestó en un comunicado oficial que rechaza los argumentos de Pakistán y califica las incursiones militares como un delito contra la soberanía y la integridad nacional de Afganistán. El documento circulado en redes sociales subrayó que el bombardeo de lugares civiles y religiosos constituye “una clara evidencia de las fallas de inteligencia y seguridad del ejército pakistaní”.

Según los últimos reportes publicados, la violencia asociada con los grupos armados ha dejado nuevos incidentes en la frontera. En Bannu, dos militares paquistaníes murieron tras el estallido de un vehículo cargado de explosivos, acción perpetrada por miembros del TTP o sus aliados, según señalaron fuentes paquistaníes citadas por el medio. Antes de la explosión, los efectivos del Ejército lograron abatir a un atacante que conducía el automóvil.

La región fronteriza entre Afganistán y Pakistán permanece inestable desde hace años, habiéndose registrado repetidos ataques atribuidos al TTP. Además, han circulado acusaciones sobre supuestos apoyos de India y del propio gobierno afgano a estos grupos armados, señalamientos rechazados por Nueva Delhi y Kabul.

El Ministerio de Información y Radiodifusión de Pakistán recalcó que “Pakistán siempre se ha esforzado por mantener la paz y la estabilidad en la región, pero al mismo tiempo la seguridad de nuestros ciudadanos sigue siendo nuestra principal prioridad”. Islamabad subrayó la importancia de la cooperación internacional para contener actividades violentas en la frontera y reiteró su mensaje a la comunidad global para ejercer presión sobre las autoridades talibanes afganas.

Las tensiones entre ambos países se han agravado tras la serie de enfrentamientos y bombardeos, complicando el panorama de seguridad en la zona y consolidando la percepción de una crisis regional que involucra no solo a actores internos, sino también a intereses y posturas de países vecinos.

Las fuerzas armadas de Pakistán incrementaron la presión sobre los grupos armados en la frontera norte, luego de que varias zonas del país sufrieran atentados suicidas en puntos como Islamabad, Bajaur y Bannu. Según informó el Ministerio de Información y Radiodifusión, la operación se dirigió específicamente contra siete localizaciones identificadas corno campamentos y refugios utilizados por Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y aliados vinculados a Estado Islámico.

De acuerdo con el comunicado oficial publicado por el medio, la ofensiva aérea fue ejecutada con base en información de inteligencia que identificaba estos lugares como centros de actividad de los talibán paquistaníes y de grupos asociados, situados en la franja fronteriza entre Pakistán y Afganistán. El Ministerio detalló que se realizó una “respuesta selectiva y precisa” después de los ataques suicidas, atribuyendo la autoría a los mencionados grupos armados.

El medio informó que las autoridades responsabilizaron a estos actores de tres atentados recientes, uno registrado en la capital, Islamabad, otro en la región de Bajaur y un tercero en Bannu. Pakistán ha declarado disponer de pruebas que confirman la implicación directa de TTP y Estado Islámico en estos sucesos, los cuales se cobró la vida de al menos dos militares en el municipio de Bannu, provincia de Jíber Pastunjua. Según publicó el medio, durante el ataque en Bannu los militares abatieron a tiros al conductor de un vehículo cargado con explosivos, aunque la carga explotó poco después.

El gobierno paquistaní señala que el Ejecutivo talibán de Afganistán ha fallado en aplicar acciones efectivas destinadas a evitar el uso de su territorio para planificar ataques contra Pakistán. “El régimen talibán afgano no adoptó ninguna medida sustancial contra ellos”, citó el comunicado recogido por el medio. Islamabad intensificó así sus exigencias hacia Kabul, solicitando medidas firmes para impedir la operación de estos grupos armados transfronterizos.

Desde la perspectiva de las autoridades de Islamabad, la estabilidad interna y la seguridad ciudadana figuran como prioridades fundamentales. Según consignó el Ministerio de Información y Radiodifusión, “Pakistán siempre se ha esforzado por mantener la paz y la estabilidad en la región, pero al mismo tiempo la seguridad de nuestros ciudadanos sigue siendo nuestra principal prioridad”.

En respuesta a la reiteración de incidentes violentos, el gobierno paquistaní ha vuelto a exhortar a la comunidad internacional para que intervenga en el proceso diplomático. Islamabad instó a los actores globales a reforzar la presión sobre el régimen talibán afgano, con el objetivo de que cumpla los compromisos internacionales respecto a la prevención de actividades terroristas en su territorio. El comunicado oficial sostiene que el cumplimiento de estos compromisos por parte de Kabul es indispensable para preservar la seguridad regional y mundial.

Durante los ataques señalados, la operación militar también fue acompañada de la expresión pública de luto por la muerte de dos militares en Bannu. Además de la condena de los atentados, el gobierno valoró la respuesta de los efectivos involucrados, señalando que la acción rápida de los militares permitió abatir a uno de los atacantes antes de la detonación, aunque la explosión subsiguiente produjo víctimas y daños materiales.

Las acciones militares y diplomáticas han generado preocupación en la región fronteriza, considerando que la zona es histórica y geográficamente sensible a las operaciones transfronterizas, según consignó el medio. La tensión entre Pakistán y Afganistán ha aumentado tras los ataques, provocando un endurecimiento de las exigencias de Islamabad hacia Kabul y un llamado renovado a los socios internacionales para actuar frente a la situación.

El Ministerio de Información y Radiodifusión concluyó su comunicado enfatizando el compromiso de Pakistán en la lucha contra el terrorismo, así como la importancia de la colaboración internacional y regional para prevenir ataques que afecten la estabilidad de Asia meridional. Según reportó el medio, la crisis actual lleva a Pakistán a redoblar esfuerzos en materia de seguridad doméstica y fronteriza, centrando la respuesta del Estado tanto en acciones militares directas como en la presión diplomática externa sobre el gobierno talibán de Afganistán.

El Ejército de Pakistán identificó a las víctimas como un coronel de 43 años y un militar de 28 años, quienes perdieron la vida al sufrir las consecuencias de una explosión durante una operación contra militantes. De acuerdo con la información publicada por el medio original, el suceso se produjo cuando las fuerzas interceptaron un vehículo cargado con explosivos en la ciudad de Bannu, ubicada en la provincia de Jíber Pastunjua.

Según informó el medio, la explosión ocurrió durante un operativo militar dirigido a contrarrestar actividades de los talibán paquistaníes, un grupo armado con presencia en la frontera entre Pakistán y Afganistán que desde hace años mantiene enfrentamientos regulares con las autoridades paquistaníes. Las fuerzas armadas detallaron que, antes de la detonación, lograron abatir al conductor del vehículo, identificado como un atacante suicida, con el objetivo de impedir que alcanzara destinos civiles o fuerzas policiales.

El portavoz militar consignó que la acción de los uniformados frenó un daño mayor, ya que el objetivo de los atacantes consistía en ejecutar un ataque suicida de gran magnitud en zonas con presencia de civiles y policías en Bannu. El Ejército subrayó que la reacción del grupo líder permitió frustrar "su nefasto plan de atacar a civiles inocentes y personal policial en la ciudad de Bannu, evitando una catástrofe mayor", según describió la oficina de comunicación militar.

El ataque, atribuido oficialmente a los talibán paquistaníes, se inscribe dentro de una ola de movimientos armados que, según reportó la fuente, utiliza la región fronteriza con Afganistán como refugio y base de operaciones. Durante esta operación específica, los efectivos militares actuaron con rapidez para neutralizar al atacante, aunque la carga explosiva detonó a pesar de las medidas adoptadas.

La dirección de comunicación del Ejército resaltó que el operativo tenía como objetivo impedir atentados de mayor envergadura contra la población civil. Añadió que la presencia de explosivos en el vehículo interceptado representaba una amenaza significativa para la comunidad local y para los propios efectivos desplegados en la zona.

El presidente de Pakistán, Asif Alí Zardari, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, expresaron públicamente su condena al acto y declararon su solidaridad con las familias de los fallecidos. Ambos líderes catalogaron el atentado como un "cobarde ataque terrorista", una expresión que, según publicó el medio, refleja la gravedad con que el Gobierno observa los sucesos en la provincia de Jíber Pastunjua.

En la declaración presidencial, recogida por el medio de referencia, Zardari manifestó: “El sacrificio supremo de los mártires es el patrimonio de la nación”, reafirmando la perspectiva oficial sobre los soldados caídos en acciones armadas contra grupos insurgentes. Voceros gubernamentales añadieron que el duelo nacional acompaña los esfuerzos sostenidos por parte de las fuerzas armadas para restaurar la seguridad en el noroeste del país.

Según detalló la fuente original, el grupo armado detrás del atentado ha sido responsable de numerosos episodios violentos en la zona fronteriza, donde la situación de seguridad sigue siendo inestable debido a la presencia continua de facciones militantes y a la complejidad del terreno. El municipio de Bannu, escenario del ataque, se encuentra en una región que ha registrado incidentes similares durante la última década, en una dinámica de enfrentamientos frecuentes entre el Estado y actores insurgentes.

La información publicada subraya que la capacidad de los talibán paquistaníes para organizar ataques suicidas persiste, a pesar de los esfuerzos militares. El operativo que derivó en la muerte de los dos oficiales se inscribe dentro de una estrategia más amplia para contener la actividad insurgente y limitar su influencia sobre la población local y los recursos estratégicos del país.

El incidente refuerza la atención del Gobierno y de las fuerzas armadas sobre la provincia de Jíber Pastunjua, un área prioritaria en la lucha contra el extremismo armado. El reporte añade que, aunque se evitó una tragedia mayor, la detonación del vehículo provocó la pérdida de vidas y puso una vez más de relieve los desafíos asociados a la seguridad fronteriza.

El suceso ha tenido un impacto inmediato tanto en la comunidad de Bannu como en las fuerzas de seguridad paquistaníes, que continúan desplegando recursos y adoptando medidas de control en la región. Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de la población civil y la neutralización de amenazas provenientes de grupos vinculados con la insurgencia en Afganistán, según reiteró el medio original.

Las operaciones, ejecutadas en la madrugada del domingo, no detallaron las ubicaciones específicas de los objetivos. El gobierno paquistaní calificó la ofensiva como “operaciones selectivas basadas en inteligencia” contra campamentos de extremistas responsables de varios ataques.

Tarar indicó que Pakistán dispone de “pruebas concluyentes” de que los últimos atentados, incluida la explosión suicida contra una mezquita chií en Islamabad a inicios de mes que causó 31 muertes, fueron organizados por extremistas guiados por líderes radicados en Afganistán. Además, sostuvo que Pakistán “siempre se ha esforzado por mantener la paz y la estabilidad en la región”, pero la seguridad nacional es su máxima prioridad.

Islamabad acusa de modo repetido a las autoridades talibanes afganas de permitir el uso de su territorio por grupos armados extremistas. El ejército paquistaní ha advertido que las operaciones contra los responsables seguirán “independientemente de su ubicación”.

Hasta el momento el régimen talibán afgano no ha dado ninguna reacción oficial sobre los ataques.

Días antes, las autoridades afganas liberaron a tres soldados pakistaníes que estaban capturados desde octubre de 2025, tras una mediación diplomática encabezada por una delegación oficial de Arabia Saudita. El portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, explicó en un comunicado que esta medida se adoptó para mantener relaciones positivas y con motivo de la llegada del mes sagrado del Ramadán, reconociendo la intermediación saudí. La entrega de los prisioneros ocurrió en Kabul el miércoles pasado, con el propósito de reducir la tensión en la frontera.

La violencia en la zona limítrofe tuvo un nuevo episodio con el atentado en el distrito de Bajaur, provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, donde un atacante suicida apoyado por hombres armados detonó explosivos contra un puesto de seguridad, dejando 11 soldados y un menor muertos. Las autoridades detallaron que el atacante era ciudadano afgano. Horas antes, otro atentado suicida afectó un convoy de seguridad en el distrito de Bannu, causando la muerte de dos soldados, entre ellos un teniente coronel.

Pakistán atribuye la autoría de estos atentados al TTP, subrayando su estrecha relación con los talibanes afganos, aunque sostiene que operan de manera independiente. Islamabad insiste en que ha solicitado sin éxito a las autoridades de Kabul que adopten medidas concretas para impedir que grupos armados utilicen territorio afgano para lanzar ataques. Por su parte, las autoridades afganas rechazan de forma constante estas acusaciones.

Las relaciones entre Pakistán y Afganistán están marcadas por la desconfianza desde octubre, cuando enfrentamientos armados a lo largo de la frontera dejaron decenas de soldados, civiles y presuntos combatientes muertos. Aunque permanece en vigor un alto el fuego mediado por Qatar, las conversaciones en Estambul no lograron un acuerdo formal, manteniéndose una atmósfera de rivalidad y recelo.

En este contexto, Islamabad ha solicitado a la comunidad internacional que incremente la presión sobre Kabul, exigiendo que garantice que su territorio no sea utilizado como base para actividades hostiles contra otros países.

El Gobierno talibán condicionó la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Afganistán a un posible canje con un ciudadano afgano preso en Guantánamo, de acuerdo con declaraciones recientes recogidas por Europa Press. Estas gestiones ocurren mientras Washington ha solicitado reiteradamente la liberación “inmediata” de todos los estadounidenses bajo custodia en el país asiático, y la administración estadounidense considera clave este punto para avanzar en cualquier tipo de acercamiento bilateral.

Según reportó Europa Press, fuentes oficiales del Emirato Islámico de Afganistán confirmaron la existencia de conversaciones con representantes estadounidenses sobre el caso de los detenidos. El viceportavoz del gobierno talibán, Hamdulá Fitrat, señaló que “hay contactos con oficiales estadounidenses sobre este asunto para ver si podemos lograr una conclusión”. La noticia salió a la luz después de que Zabihulá Muyahid, portavoz gubernamental afgano, explicara en la cadena de televisión Tolo TV que los ciudadanos estadounidenses encarcelados en Afganistán habrían infringido la ley local en el momento de su arresto.

En el contexto internacional, la ‘número dos’ de la delegación de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Tammy Bruce, manifestó que los talibán utilizaron a los presos como instrumentos de presión en las negociaciones, tanto con Estados Unidos como con otros gobiernos. “Por ejemplo, a cambio de los estadounidenses actualmente detenidos, los talibán han pedido abiertamente la liberación de un miembro de Al Qaeda detenido en la bahía de Guantánamo, al tiempo que, paradójicamente, han prometido cumplir con sus compromisos en materia de lucha contra el terrorismo”, explicó Bruce. A ello añadió que la gestión de la ONU, instaurada en 1988 respecto al régimen de sanciones aplicadas sobre Afganistán y su equipo de monitoreo, continúan siendo herramientas para exigir responsabilidades a las autoridades de Kabul.

Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, aseguró a Europa Press haber abordado de manera directa con los talibán la situación de los ciudadanos detenidos. Un portavoz señaló que Washington mantiene el tema en las conversaciones bilaterales, sobre todo a raíz de la declaración de disposición por parte de los talibán para liberar a dos “prisioneros estadounidenses” a cambio de la excarcelación de un ciudadano afgano recluido en Guantánamo.

Tanto el viceportavoz Fitrat como el portavoz Muyahid sostuvieron que las detenciones de ciudadanos extranjeros no forman parte de movimientos políticos sino que responden al cumplimiento estricto de la ley vigente en Afganistán, según consignó Europa Press. Muyahid subrayó en sus intervenciones televisivas que los estadounidenses actualmente en prisión no habrían sido capturados por motivos distintos a transgresiones legales documentadas por las autoridades nacionales.

Diversos funcionarios estadounidenses han reiterado la posición de que la liberación de sus compatriotas retenidos se considera una condición necesaria para futuras mejoras en la relación bilateral. A finales de enero, Washington solicitó a las autoridades talibanes terminar con la llamada “diplomacia de rehenes” y proceder a liberar inmediatamente a todos los estadounidenses encarcelados en Afganistán, lo cual representa un obstáculo considerable en los actuales intentos diplomáticos. Según las autoridades estadounidenses, el uso de personas detenidas como “contrapeso en las negociaciones” obstaculiza avances y marca un punto de fricción relevante en el diálogo entre ambos gobiernos.

Las declaraciones de la funcionaria estadounidense ante la ONU incluyeron un llamado directo a los talibán para cesar “todas las formas de toma de rehenes y detenciones injustas”. Bruce indicó que la comunidad internacional dispone aún de instrumentos, como el régimen de sanciones y las misiones de vigilancia, capaces de presionar y monitorear el comportamiento de las autoridades afganas. Para la administración estadounidense, la detención de ciudadanos extranjeros bajo acusación de infracción legal se percibe en algunos casos como parte de una táctica más amplia destinada a fortalecer la posición negociadora del gobierno de Kabul.

El cruce de posturas entre Washington y Kabul, que incluye acusaciones mutuas sobre el trasfondo de estas detenciones, ocurre en un contexto de persistente desconfianza y ausencia de reconocimiento formal al gobierno talibán por parte de la mayoría de los países occidentales. Las conversaciones entre ambas partes acerca de posibles canjes y condiciones para la liberación de detenidos reflejan el estado sensible de las relaciones diplomáticas que persiste desde la salida de tropas extranjeras del país centroasiático y la vuelta al poder de los talibán.

Mientras tanto, los procesos de monitoreo bajo el mandato de la ONU y el mantenimiento de sanciones internacionales siguen marcando el tono de la relación multilateral con Afganistán. Según Europa Press, la combinación de estas presiones, junto con las demandas directas de Estados Unidos y la defensa por parte de las autoridades afganas de su marco legal, constituye el escenario sobre el que avanzan, con lentitud y bajo tensión, las conversaciones alrededor de los ciudadanos estadounidenses privados de libertad en el país asiático.

La recuperación de armas y municiones tras el enfrentamiento en Jáiber Pastunjua marca uno de los aspectos destacados en la respuesta militar de Pakistán contra presuntos miembros del Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), según informó el Ejército de Pakistán. De acuerdo con la comunicación castrense, el hallazgo corresponde a los sospechosos abatidos, quienes habrían participado en diversas actividades consideradas terroristas en la región. La operación, realizada en el distrito de Laki Maruat, cerca de la frontera con Afganistán, concluyó con la muerte de cuatro personas identificadas como presuntos integrantes del TTP, organización conocida como los talibán paquistaníes.

El medio de comunicación español informó que la acción se produce después del atentado perpetrado en Jáiber Pastunjua, donde murieron una niña y once soldados paquistaníes. Según detalló el Ejército paquistaní, las fuerzas llevaron a cabo un ataque directo sobre la posición señalada de los sospechosos y, tras un intercambio de disparos, lograron neutralizar a los supuestos combatientes del TTP. Además, el Ejército resaltó que las armas confiscadas estaban en posesión de los implicados, quienes han sido vinculados en el sector oficial a redes respaldadas desde el extranjero.

De acuerdo con el comunicado militar citado por el medio, en la actualidad siguen desplegadas operaciones en la zona para localizar a cualquier otra persona sospechosa de complicidad con el grupo, con la intención de erradicar la presencia de células consideradas terroristas. El documento enfatizó la continuidad de los esfuerzos antiterroristas, describiendo las campañas como “incansables” y declarando la voluntad de eliminar la amenaza atribuida al terrorismo dirigido o auspiciado por actores foráneos.

Tal como consignó el medio, el anuncio del Ejército pakistaní se conoció después de que Islamabad presentara una protesta formal ante las autoridades talibán en Afganistán. Esta comunicación oficial ocurrió tras la toma del poder en Kabul por parte del movimiento talibán en agosto de 2021. La protesta estuvo relacionada directamente con el atentado del 16 de febrero en Bajaur, un ataque que según fuentes oficiales paquistaníes fue ejecutado “de forma cobarde” y requirió la convocatoria del segundo diplomático en la embajada afgana para expresar el malestar del gobierno pakistaní. En palabras del Ministerio de Exteriores, la situación fue descrita como “preocupante”.

En su explicación del ataque, el Ejército denunció que militantes del TTP habrían utilizado un coche bomba en el sitio blanco del atentado, lo que produjo el colapso de la estructura y daños materiales en viviendas de la zona. Las autoridades paquistaníes mantuvieron la acusación de que el TTP opera con cierto grado de apoyo por parte de algunos sectores afganos y del gobierno indio, una postura que ha sido rechazada oficialmente tanto por Nueva Delhi como por Kabul, según relató la cobertura informativa del medio.

El contexto de inseguridad en la región fronteriza con Afganistán ha persistido desde hace años, con sucesivos incidentes atribuidos al TTP, grupo señalado por el Ejecutivo paquistaní como responsable principal de los atentados recientes. Hasta el momento de la publicación, la organización no había emitido comentario sobre el ataque mencionado en Bajaur, pese a la reiterada vinculación mencionada por fuentes pakistaníes. Las tensiones diplomáticas y militares se han mantenido en un nivel elevado, en parte debido al cruce de acusaciones sobre el respaldo externo que permitiría la continuidad de las operaciones armadas del TTP en territorio paquistaní.

En este ambiente, el Ejército reiteró que las intervenciones en curso buscan impedir futuros eventos violentos y desmantelar redes a las que se asocia con actividades armadas en tierras fronterizas. El seguimiento operativo se extenderá según las autoridades para garantizar la seguridad en zonas consideradas vulnerables a incursiones de grupos armados, mientras el Ministerio de Exteriores de Pakistán mantiene abierta la vía diplomática para exigir una mayor colaboración de las autoridades afganas en el control de los grupos que actúan en el límite entre ambos países.